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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 123, de 14/02/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1995 Núm. 123 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 121
celebrada el martes, 14 de febrero de 1995
Página
ORDEN DEL DIA:
Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución por
nuevos señores Diputados (Página 6527)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de
modificación de los artículos 82 y 83 de la Ley 17/1989,
Reguladora del Personal Militar Profesional. «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Serie B, número 35.1, de 1 de
octubre de 1993 (número de expediente 122/000025) (Página 6527)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, por la que se crea el Consejo
Económico y Social. «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie B, número 89.1, de 17 de octubre de 1994 (número de
expediente 122/000071) (Página 6535)
Proposiciones no de Ley:
--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre información a los
ciudadanos respecto de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número
160, de 14 de noviembre de 1994 (número de expediente
162/000151) (Página 6543)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
criterios y objetivos de la presidencia española de la Unión
Europea (UE) (segundo semestre de 1995). «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Serie D, número 178, de 2 de enero de
1995 (número de expediente 162/000164) (Página 6549)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número
124, de 15 de febrero de 1995.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por
nuevos señores Diputados (Página 6527)
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 6527)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de
modificación de los artículos 82 y 83 de la Ley 17/1989,
Reguladora del Personal Militar Profesional (Página 6527)
El señor Fernández de Mesa Díaz del Río, en nombre del Grupo
Popular, defiende la proposición de ley manifestando que a
través de la misma no se pretende más que adecuar la Ley
17/1989, Reguladora del Régimen Profesional del Personal
Militar, en sus artículos 82.1 y 83, apartados 2 y 3, con el
único objetivo de conseguir que se haga de una manera más
justa lo que son los ascensos por selección en determinados
empleos de las Fuerzas Armadas. Da lectura a la nueva
redacción propuesta para dichos artículos, a la par que
menciona algunos ejemplos de lo ocurrido con la legislación
vigente, con unos resultados que no considera los más
ajustados y equitativos, afirmando que, con la aprobación de
la proposición de ley que ahora defiende, no se hace más que
llevar serenidad y tranquilidad al ánimo de unos oficiales
determinados de las Fuerzas Armadas, a la vez que se
beneficiaría grandemente al conjunto, llevando sosiego y
tranquilidad a aquellos que ven en mu-chas ocasiones, con la
aplicación de esta ley, determinados servilismos, privilegios
o favoritismos.
En turno en contra de la proposición de ley interviene, en
nombre del Grupo Socialista, el señor Sanz Díaz, que expone
que la iniciativa del Grupo Popular pretende modificar los
artículos 82 y 83 de la Ley de 1989 que tiene por finalidad
que el ascenso a Teniente Coronel en las escalas superiores se
produzca por el sistema de antigüedad y no por el sistema de
selección que introdujo la Ley que comentan. Paralelamente
proponen, como cuestión colateral, la supresión de un párrafo
de otro artículo para que se suprima la referencia al cupo
mínimo de establecimiento para la selección. Anuncia que el
Grupo Socialista se opone a esta iniciativa porque considera
que la Ley vigente es equilibraday viene aplicándose con
prudencia, realizándose informes anuales y otras evaluaciones
con criterios y baremos públicos que conocen todos los
afectados, sin que se produzca discrecionalidad alguna. Se
trata de criterios objetivos y estrictamente profesionales,
sin que entre ningún otro elemento ajeno a los que las Fuerzas
Armadas estiman que son los que se deben tener en cuenta, de
acuerdo con tales perfiles y baremos objetivos. No niega que
puedan existir algunos casos particulares, como alguno de los
señalados por el proponente, pero insiste en que los criterios
aplicables son públicos, y cuando se ve que esos criterios
producen disfunciones se procede a su modificación.
Termina señalando que se trata de una Ley de equilibrios en la
que si se toca una parte se afecta a todas las demás, por lo
que es preferible esperar a que se cumpla completamente la Ley
y, una vez cumplida, podrán ver cuál es el resultado y, si
procede introducir alguna modificación.
Replica el señor Fernández de Mesa Díaz del Río, duplicando el
señor Sanz Díaz.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria;
Carrera i Comes, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y
López Garrido, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación, se rechaza la proposición de ley del
Grupo Popular por 126 votos a favor, 171 en contra y una
abstención.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, por la que se crea el Consejo Económico y
Social (Página 6535)
El señor Peralta Ortega defiende la proposición de ley del
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, señalando
que el objetivo de la misma es desarrollar el artículo 131 de
la Constitución, haciendo realidad la Ley reguladora de la
composición y funciones del Consejo, prevista en el segundo
precepto del artículo citado. Transcurridos diecisiete años de
vigencia de la Constitución, la primera pregunta que les
asalta es cuál puede ser la razón de esta demora en el
desarrollo de ese precepto concreto de la Constitución.
Entienden que sería impensable que la razón fuera la
desconfianza de la mayoría de esta Cámara, en relación con la
propia Constitución, por lo que descartan esta motivación.
También sería impensable la posible desconfianzahacia el
consenso, tan reiterado, con que se elaboró la Constitución.
Otorgan un mínimo de credibilidad o sinceridad a los
requerimientos al consenso que se practican, con frecuencia,
desde la mayoría parlamentaria de esta Cámara en los últimos
tiempos. Como tampoco cabe pensar que la causa de la demora
sea la desconfianza hacia los componentes del Consejo, parece
que la verdadera explicación se encuentra en una desconfianza
en relación con las funciones que, constitucionalmente, se
asignan a ese Consejo en el artículo 131.2 de la Constitución
y que Izquierda Unida trata de hacer realidad con la
aprobación de esta proposición de ley.
Considera que no hay razón alguna de peso que justifique esa
demora. Y, si se trata de criterios de oportunidad, entiende
que la proposición que ahora defiende es especialmente
oportuna. Por eso la han presentado y piden para ella el voto
favorable de la Cámara, tanto si atiende a parámetros
políticos, uno de los cuales sería el impulso democrático
traducido en realidades operativas en el terreno económico y
social, como si se tratara de parámetros de desarrollo
económico o de participación plena de nuestro país en el
proceso de construcción de la Unión Europea, todos ellos
grandes ejes de trabajo de esta legislatura.Concluye aludiendo
al actual Consejo Económico y Social, destacando la
importancia que conceden al trabajo de ese Consejo, pero
considerando que no es exactamente el Consejo contemplado en
el artículo 131 de la Constitución. Expresa asimismo la
voluntad política de su Grupo de trabajar en la búsqueda de
consenso y acuerdos con los demás grupos de la Cámara y tiempo
tendrán entre todos de lograr fórmulas que mejoren la
propuesta inicial que han presentado.
En turno en contra, en nombre del Grupo Socialista, interviene
el señor Barrionuevo Peña, que comienza preguntándose por la
razón de esta proposición de ley, cuando es evidente que
existe un Consejo Económico y Social, constituido por una ley
aprobada en esta Cámara y que aún no tiene dos años de
funcionamiento efectivo. El propio señor Peralta, con la
sinceridad que le honra, reconoce el buen trabajo realizado
hasta el momento por ese Consejo Económico y Social, criterio
que el Grupo Socialista comparte. Si ello es así, pregunta
nuevamente por qué proponer la creación de un Consejo
Económico y Social cuando ya existe.
Se ha aludido a tres razones fundamentales en apoyo de la
proposición de ley, pero recuerda que sobre ellas ya se
pronunció esta Cámara, puesto que el mismo Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya presentó este mismo texto en el
debate de totalidad de la Ley de 1991, creadora del Consejo
que actualmente existe y cuyo texto alternativo fue rechazado
entonces por la Cámara. Aclara que el Consejo creado no es el
del artículo 131 de la Constitución, al que reiteradamente ha
aludido el señor Peralta, agregando que el Grupo Socialista no
cree oportuno desarrollar esa facultad del artículo 131 en las
actuales circunstancias ni en un futuro inmediato.
Replica el señor Peralta Ortega, duplicando el señor
Barrionuevo Peña.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Hinojosa i
Lucena, del Grupo Catalán, y Aparicio Pérez, del Grupo
Popular.
Sometida a votación, se rechaza la proposición de ley del
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya por 115
votos a favor, 57 en contra y 154 abstenciones.
Proposiciones no de ley (Página 6543)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre información a los
ciudadanos respecto de la Ley de Arrendamientos Urbanos
(Página 6543)
El señor Morlán Gracia defiende la proposición no de ley del
Grupo Socialista, manifestando que, una vez aprobada por las
Cámaras esta importante Ley, que afecta a muchos sectores
sociales y cuya complejidad es indudable, el Grupo Socialista
entendió que debía realizarse un esfuerzo complementario para
que la aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos
supusiera el menor problema posible para aquellos ciudadanos
que iban a verse afectados por el nuevo marco jurídico. Todos
conocen que si bien para los arrendamientos futuros la Ley
establece un régimen arrendaticio que no presenta especial
dificultad en sus aspectos más destacados, no ocurre lo mismo
con todo lo relativo al régimen transitorio, tanto en lo
referente a viviendas como a locales de negocios, donde la
dificultad es bastante mayor, porque la casuística que existe
es múltiple y así se ha puesto de manifiesto en todo el debate
de la Ley.
El Grupo Socialista, nada más aprobarse la Ley de manera
definitiva por este Congreso de los Diputados, consideró
oportuno y necesario que la discusión de su contenido se
llevara a cabo con la mayor rapidez, que la información fuera
lo más clara y sencilla posible, facilitando a los afectados
el lugar más adecuado y próximo posible para que sus dudas
pudieran ser consultadas y resueltas personalmente.
Termina señalando que, a través del conjunto de la proposición
no de ley y de las enmiendas planteadas por los Grupos de
Convergència i Unió y Popular, se va a incrementar el volumen
de información a que tienen derecho los ciudadanos y
posibilitar que esa información les llegue en mejor medida y
de forma más completa. Con ello van a suprimir una necesidad
que puede existir en muchos colectivos sociales, permitiendo
que la Ley de Arrendamientos Urbanos pueda ser conocida en
todos sus términos y perfectamente entendida por todos los
ciudadanos afectados, tanto desde el punto de vista del
arrendador como desde el punto de vista del arrendatario.
Los señores Recoder i Miralles y Gómez Darmendrail, en nombre
de los Grupos Catalán (Convergència i Unió) y Popular,
defienden las enmiendas presentadas a la proposición no de
ley.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria, y Andreu Andreu, de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación, se aprueba la proposición no de ley
debatida por 293 votos a favor y uno en contra.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
criterios y objetivos de la Presidencia española en la Unión
Europea (UE). (Segundo semestre de 1995) (Página 6549)
El señor Arias-Salgado Montalvo defiende la proposición de ley
del Grupo Popular sobre criterios y objetivos de la
presidencia española de la Unión Europea, manifestando que
existe una razón para la presentación de la misma. Expone que
el Grupo Popular desea el éxito a la presidencia española y
cree que uno de los elementos que pueden contribuir a ese
éxito radica en que obtenga el máximo respaldo de esta Cámara,
pues cree que una presidencia con pleno respaldo parlamentario
está en mejores condiciones para realizar una labor eficaz.
Agrega que se trata de una presidencia que es de España y, por
consiguiente, debe ser de todos los españoles y para todos los
españoles y, en virtud de esa consideración, parece obligado
colaborar en el buen éxito de esa presidencia. El Grupo
Popular lo hace en esta ocasión presentando una iniciativa que
califica de constructiva y que, aunque no fuera más que por
esa razón, debería recibir el voto mayoritario de la Cámara.
Señala, por otra parte, que a través de la proposición no de
ley se trata de establecer un marco genérico, unos criterios
generales y unos objetivos básicos dentro de los cuales poder
señalar prioridades que, siendo buenas para España, sean
también buenas para la construcción europea.
La proposición contiene también un rasgo que consiste en la
introducción de mecanismos de información y de seguimiento
parlamentario, tanto de la preparación de la presidencia como
del ejercicio de la presidencia misma.
Expone, por último, algunas reflexiones sobre el momento en
que se va a producir la presidencia europea, a la que vuelve a
desear el mayor éxito.
El señor Costa Costa defiende la enmienda presentada por el
Grupo Socialista.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Carrera i
Comes, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
y Vázquez Romero, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Sometida a votación, se rechaza la proposición no de ley del
Grupo Popular por 125 votos a favor, 166 en contra y dos
abstenciones.
Se suspende la sesión a las siete y cuarenta y cinco minutos
de la tarde.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCION POR
NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS:
El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión.
Con carácter previo al tratamiento del orden del día, vamos a
proceder al juramento o promesa de acatamiento de la
Constitución por parte del Diputado proclamado electo por la
Junta Electoral Central don Roberto Alvarez Fernández, en
sustitución de don Ventura Pérez Mariño.
Don Roberto Alvarez Fernández, ¿jura o promete acatar la
Constitución?
El señor ALVAREZ FERNANDEZ: Sí, prometo.
El señor PRESIDENTE: Don Roberto Alvarez Fernández ha
adquirido la condición plena de Diputado. Bienvenido a la
Cámara.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE
MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 82 Y 83 DE LA LEY 17/1989,
REGULADORA DEL PERSONAL MILITAR PROFESIONAL (Número de
expediente 122/000025)
El señor PRESIDENTE: Punto I del orden del día: Toma en
consideración de proposiciones de ley. Proposición del Grupo
Popular, de modificación de los artículos 82 y 83 de la ley
17/1989, Reguladora del Personal Militar Profesional.
Tiene la palabra el señor Fernández de Mesa.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Señor Presidente,
señorías, presentaba el Grupo Parlamentario Popular en el mes
de septiembre del año 1993 esta proposición de ley para su
debate en Pleno, que por fin hoy vemos, y en la que tratábamos
de introducir una modificación en la Ley 17/1989, de 19 de
julio, Reguladora del Personal Militar Profesional en sus
artículos 82.1 y 83 apartados 2 y 3.
Realmente no se pretende más que adecuar aquella Ley del año
1989, que supuso para las plantillas de las Fuerzas Armadas un
auténtico revulsivo después de un período muy largo en el que
prácticamente no había habido modificación alguna en las Leyes
que regían los ascensos, destinos y, en general, todos
aquellos que estaban destinados a realizar las modificaciones
pertinentes dentro de las plantillas de las Fuerzas
Armadas.Nosotros presentamos hoy esta modificación con el
único objetivo de conseguir que se haga de una manera más
justa lo que son los ascensos por selección en determinados
empleos de las Fuerzas Armadas. Así, por ejemplo, en el
artículo 82.3 lo que propone el Grupo Parlamentario Popular es
que quede redactado de la siguiente manera: El número de
vacantes para el ascenso, a cubrir por orden de clasificación
en cada cuerpo, escala y empleo, se fijará por el Ministro de
Defensa a propuesta del Jefe de Estado Mayor del Ejército
correspondiente.
¿En qué varía este artículo del que está hoy en vigor?
Simplemente, en que suprime un porcentaje obligatorio de
clasificación, de entre un 10 y un 50 por ciento de oficiales,
que deberán acceder al grado superior mediante un proceso de
selección del frente de ascenso que corresponda. Desde nuestro
punto de vista es mucho más ecuánime que, como mucho, se pueda
poner el tope de que al menos ascenderán hasta un 10 por
ciento, que obligar de manera sistemática a que, sean mejores
o no que otros compañeros, tengan que ascender
obligatoriamente en cada frente de ascenso entre un 10 y un 50
por ciento. Para demostrar esto, que se puede perder en
palabras, más vale poner un ejemplo para cada uno de los tres
ejércitos.
El Grupo Parlamentario Popular ha denunciado en esta Cámara en
otras ocasiones ejemplos muy claros a los que me voy a
referir. Uno de ellos es el de un capitán de infantería que,
por haber tenido cumplidos todos los requisitos para el
ascenso a Comandante, saltó a ocho compañeros de promoción que
estaban en buenos destinos, bien remunerados o de mayor
prestigio que el estar cumpliendo condiciones, ocupó un puesto
de comandante, cumpliendo la ley, y sin ni siquiera haber
pasado 15 días de este ascenso, salió un Real Decreto diciendo
que todos aquellos a los que se había saltado, en el momento
en que perfeccionaran sus condiciones para poder ascender a
comandantes, ocuparían el puesto que les correspondería en el
escalafón por delante de aquel compañero. La segunda parte de
la historia es preferible no contarla. Ahí está la evidencia
de que no siempre cuando se selecciona a una persona para el
ascenso se hace con todas las consecuencias o por lo menos se
mantiene.
No hace ni un año, en el Cuerpo General de la Armada había que
seleccionar entre determinados capitanes de fragata para el
ascenso a capitanes de navío en este frente de selección entre
el 10 y el 50 por ciento. Se dio la circunstancia de que un
capitán de Fragata, seguramente muy bueno, seguramente de los
mejores de su promoción, saltó a una promoción completa
integrada por 40 o 45 miembros, dándose la paradoja de que
entre los compañeros que habían visto relegada su posición en
el escalafón se encontraban comandantes de barcos y de
unidades destinados en la guerra del Golfo o, más
recientemente, en el conflicto de Yugoslavia. Les
había pasado un compañero de una promoción anterior que, en
méritos, estaría por demostrar si efectivamente reunía mejores
condiciones o no que compañeros suyos que tenían más días de
mar, tantos cursos como él de guerra o de Estado Mayor y que,
en definitiva, por obligatoriedad de la ley, hubo que
ascenderlo saltando a toda una promoción.
Por último, por poner un ejemplo, el más reciente, de los
últimos ascensos que se están llevando a efecto en el Ejército
del Aire, de un frente de ascensos de 50 personas se pretendió
poner en el escalafón al 10 por ciento de ese frente, y
curiosamente no se pudo cumplir la ley puesto que los cinco
que habían sido seleccionados para poder ascender eran los
colocados en la cabeza del escalafón.
Nosotros creemos que para premiar a determinados cargos o
determinados empleos dentro de los diferentes cuerpos de las
Fuerzas Armadas están los destinos. Y si un comandante o un
teniente coronel es diplomado de Estado Mayor podrá
destinársele a tal o cual empleo, y si tiene cursos
determinados de idiomas podrá ir a las agregadurías de defensa
militares. Eso es lo suficientemente lógico como para pensar
que no obligatoriamente tienen por qué saltarse a compañeros
de promociones anteriores. Para eso está también el artículo
76 de la misma ley que refleja los destinos de libre
designación, aunque no sería ocioso recordar un ejemplo
reciente. El de un comandante que ocupa un destino de libre
designación y que sin haber cumplido el año de permanencia en
ese destino se vio beneficiado, saltándose esta ley, por un
destino en Estados Unidos. Me refiero concretamente al
programa de «Harrier AV8-plus».
Y dirán ustedes que puede tener más o menos importancia. La
tiene por cuanto destino de prestigio y la tiene por cuanto
que estamos hablando de un colectivo escasamente remunerado y
en el que, desde luego, ocupar destinos en el extranjero
supone un beneficio importante durante tres o cuatro años en
la vida profesional de cada uno de los militares.
¿Por qué pedimos la modificación del artículo 83, en sus
apartados 1 y 2? Porque entendemos que no tiene por qué estar
discriminada la escala superior con respecto a la básica o a
la escala media. Consideramos que si hay un solo ascenso en la
escala básica y un solo ascenso en la escala media por este
procedimiento no tiene por qué ser distinto en la escala
superior, donde hay que recordar, señorías, que los oficiales
superiores de los tres Ejércitos ya se someten a un proceso de
elección para el ascenso a oficial general.
Por ello proponemos que el apartado 1 del artículo 83 quede
redactado de la siguiente forma: «Se efectuarán por el sistema
de antigüedad los ascensos a los empleos de teniente coronel,
comandante y capitán de las escalas superiores, a los de
capitán y teniente en las escalas medias y a los de brigada y
sargento primero en las escalas básicas». Lo que hacemos es
incluir la graduación de teniente coronel o capitán de fragata
que estaba suprimida en este apartado.
En el segundo punto proponemos la nueva redacción que dice:
«Se efectuarán por el sistema de selección los ascensos al
empleo de coronel» (se suprime el de teniente coronel) «de las
escalas superiores a los de comandantes de las escalas medias
y al de subteniente de las escalas básicas».
El Grupo Parlamentario Popular, que hay que recordar que votó
favorablemente esta ley 17/1989, de 19 de julio, es consciente
también de que una ley que ha sufrido posteriormente el
acoplamiento de la última ley de plantillas para las Fuerzas
Armadas, ha generado una convulsión que es necesario readaptar
y en muchas ocasiones redefinir y amoldar, después de haber
visto su funcionamiento durante los últimos años.
No voy a recordar aquí lamentables episodios que se produjeron
con la incorporación de las diferentes escalas en los cuerpos
comunes de la defensa, donde están metidos en un mismo saco
abogados, jurídicos interventores, farmacéuticos, médicos o
veterinarios, y lo que es más grave, donde aquellos que
habiendo superado una oposición en un momento determinado
vieron degradada su postura, pasaron de capitán nuevamente a
las academias para volver a ascender poco a poco, cuando hay
que recordar que se les ofertó con esta nueva ley la
integración de las escalas superiores de aquellos que
precisamente no habían aprobado esas oposiciones,
ensamblándose con ellos y ocupando puestos superiores en el
escalafón.
Señor Presidente, señorías, termino creyendo que con la toma
en consideración de esta proposición de ley que presenta el
Grupo parlamentario Popular no se hace más que llevar
serenidad y tranquilidad al ánimo de unos oficiales que están
en plenitud de carrera, empezándola prácticamente en los
grados de capitán o de comandante, cuando todavía tienen entre
35 y 40 años, cuando todavía están en edad de realizar cursos
de Estado Mayor o todo tipo de cursos que mejoren y
perfeccionen lo que es su formación para un mejor servicio a
las Fuerzas Armadas. Ello sería un beneficio para el conjunto
y llevaría sosiego y tranquilidad a aquellos que ven en muchas
ocasiones, en la aplicación de los apartados de esta ley,
determinados servilismos, privilegios o favoritismos o, en
definitiva, y lo que es más grave, poder realizar la carrera
militar a la sombra del mando, en lugar de hacerlo por méritos
propios.
Muchas gracias, señor Presidente.
Gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Mesa.
Para un turno en contra, tiene la palabra el señor Sanz, del
Grupo Socialista.
El señor SANZ DIAZ: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Popular presenta una iniciativa para modificar los
artículos 82 y 83 de la Ley que regula el régimen del personal
militar profesional, con la finalidad de que el ascenso a
teniente coronel en las escalas superiores se produzca por el
sistema de antigüedad y no por el sistema de selección que
introdujo la Ley que comentamos.
Paralelamente propone como cuestión colateral, y entiendo que
solamente subordinado a ello, la supresión de un párrafo de
otro artículo a efectos de que se suprima la referencia al
cupo mínimo de establecimiento para la selección.
El Grupo Socialista se va a oponer a esta iniciativa porque
considera que la ley, lo mismo que también ocurre en otros
aspectos, es equilibrada; lo es en el sistema de ascensos que
conjuga la antigüedad, la selección y la elección.
Refiriéndonos en concreto a las escalas superiores, que son
las únicas a las que se refiere la proposición de ley, se
ingresa como teniente, se asciende a capitán y a comandante
por antigüedad, es decir, por el currículum durante los
estudios de la academia más la promoción; se asciende a
teniente coronel y a coronel por selección y finalmente por
elección, es decir, por designación, teniendo en cuenta los
méritos profesionales, a general de brigada, de división o
teniente general.
Se trata, por tanto, de una distribución que conjuga tres
sistemas, en los cuales diríamos que el de selección es a su
vez un intermedio con los otros dos, puesto que el de
selección es entre un 10 como ha indicado el proponente, y un
50 por ciento, que en este momento está entre el 15 y el 20
por ciento, es decir, la Ley está aplicada todavía con
prudencia. Estos se realizan por un sistema, que es el de
méritos, durante la carrera profesional, durante el ejercicio,
que es lo que se denomina el «orden de clasificación», y el
resto, es decir, entre un 50 por ciento al menos y hasta un 80
u 85 por ciento, como ocurre hoy, por simple antigüedad.
Por tanto, me parece que tal como están las cosas lo que está
indicando es dar una preeminencia, un premio, un estímulo a
aquellos militares especialmente destacados en el ejercicio
efectivo de la carrera, que de este modo no se verían
solamente reconocidos por lo que hicieron durante sus estudios
en la academia, sino durante el ejercicio profesional.
Hay que tener en cuenta que los empleos a los que nos
referimos son empleos superiores que hacen referencia a
responsabilidad y que además van aclarando el panorama para
las fuerzas armadas --me refiero para los cuarteles
generales-- y también para los propios militares afectados; lo
van clarificando en cuanto que van despejando sus expectativas
profesionales comparativamente con sus compañeros, de tal
manera que unos, digamos, pasan por delante y otros van
quedando más rezagados.
En este sentido, dos cuestiones a considerar desde nuestro
punto de vista serían las relevantes: por un lado, la
objetividad y, por otro lado, las oportunidades. ¿Existen
criterios para la objetividad en el sistema de selección en la
parte que afecta al orden de clasificación? La ley lo
establece con claridad. Existen unas juntas de evaluación, que
son órganos colegiados que realizan su misión de acuerdo con
lo que establece el artículo 89, teniendo en cuenta el
historial militar, la información complementaria que el propio
interesado pueda aportar en relación con lo que estime que es
conveniente y que puede ser valorado positivamente pero que no
figura en su historial militar, las evaluaciones anteriores
--quiero recordarles que existen evaluaciones anteriores según
los casos-- y también informes anuales de los jefes en los
cuales se tienen en cuenta tanto cómo se ha desempeñado el
servicio como otras características personales y profesionales
y también cualquier otro informe que se estime necesario.
Por tanto, existen estos informes anuales; existen otras
evaluaciones, por ejemplo las que corresponden a las
realizaciones de los cursos obligatorios, en el caso que nos
afecta el curso de comandante, y existen criterios y baremos
públicos que establece previamente el Ministerio de Defensa y
que conocen todos los afectados, de tal manera que a la hora
de elegir sus destinos, de realizar cursos o de establecer, en
definitiva, un perfil profesional deben tenerlos en cuenta --y
sin duda los tienen-- para llegar al punto que ellos estiman
conveniente en cuanto a los objetivos de su carrera.
Por último en este punto, las juntas de evaluación elevan su
informe al Estado Mayor, que añade otro informe, éste al Jefe
del Estado Mayor, que añade su propia valoración, y termina en
manos del Ministro, no existiendo discrecionalidad alguna.
Quiero destacar este aspecto, porque se trata de criterios
objetivos y estrictamente profesionales, sin que entre ningún
otro elemento ajeno a los propios elementos que las Fuerzas
Armadas estiman internamente que son los que se deben tener en
cuenta de acuerdo con perfiles objetivos, con baremos.
No niego que puedan existir casos particulares y el proponente
del Partido Popular nos ha señalado algunos. No lo niego, esto
es posible. Es posible en parte porque, por ejemplo, de los
informes anuales o de los informes de los jefes que se
producen algunos hacen referencia a una carrera de hace 10, 12
o 14 años --y ahora con la nueva Ley, con el espíritu de la
Ley, los criterios se están cambiando, porque se están
adaptando al ver las dificultades de los problemas que
surgen-- y quizá en aquel momento pudieron hacerse de una
manera diferente a como sin duda hoy se hacen con un criterio
muy riguroso. Y ni siquiera entre todos los ejércitos se ha
seguido la misma pauta a la hora de realizar estos informes,
de modo que en algunos casos se tenía una tradición mayor y en
otros se han incorporado unos criterios más rigurosos.
Por tanto en este sentido, sin negar que puedan existir casos
particulares y que efectivamente puede haber un militar al que
le coincidan una serie de circunstancias ajenas a su voluntad
que al final puedan perjudicarle, en el conjunto de lo que es
la carrera, no se producen.
Es más, existiendo a lo largo de la carrera profesional hasta
tres evaluaciones más las correspondientes a los cursos, más
los informes anuales, en realidad al final las juntas de
evaluación tienen un currículum muy amplio para discernir con
claridad.
En lo que se refiere al segundo aspecto, que es el de las
oportunidades, hay que señalar que existe la selección de los
cursos, la selección de los destinos, la definición por los
propios militares de una carrera profesional, los años de
mando y la petición de determinados destinos. En definitiva,
señalaría que los propios afectados saben lo que les conviene,
los criterios son públicos e incluso cuando estos criterios se
ve --porque la práctica así lo demuestra-- que producen
disfunciones se cambian, se están cambiando.
Señalaría que la cuestión es si para un empleo como el de
teniente coronel se mantiene exclusivamente --que ya se
mantiene en buena parte-- el modelo de la foto fija del
escalafón, es decir, tal como cada uno salió a los
veintitantos años al acabar la carrera, o si se incorporan
esos 18 años. Piénsese que la carrera de teniente, capitán y
comandante, tal como fija la ley, es de una media de 20 años,
y la evaluación pongamos que se haga unos dos años antes, con
lo que estamos en 18 años. ¿Es que es ilógico que no se tengan
en cuenta los esfuerzos y el perfil profesional, la
dedicación, la aptitud para el mando observada por sus
superiores, los cursos realizados que se han ido desarrollando
a lo largo de 18 años? A nuestro juicio es absolutamente
razonable. Y más cuando lo único que se hace es colocar a
algunos, una pequeña parte, en este momento entre el 15 y el
10 por ciento, a la cabeza, ni siquiera se varía todo el
escalafón. Debo añadir que ascienden todos. No estamos
diciendo que algunos se quedan fuera y otros entran por este
sistema. Salvo aquellos que queden fuera de clasificación por
su conducta o por otras circunstancias, en su totalidad, por
decirlo en términos globales, todos ascienden.
Estamos hablando en realidad de algo que lo que hace es
definir las posibilidades de ascenso que luego va a tener,
mostrar incluso a veces a sus jefes errores que se puedan
haber cometido. Usted ha señalado --yo no sé si eso es un
error-- casos en que se puede percibir después que han podido
colocarse en una situación inadecuada y luego, en futuras
evaluaciones, no va a ocurrir así, porque precisamente los
propios compañeros de carrera son conscientes de que se ha
producido alguna disfunción y en próximas evaluaciones se
produce un cambio.
Este sistema es en interés del servicio, favorece el estímulo
personal y en realidad, sin negar el aspecto de la antigüedad,
que está arraigado en las fuerzas armadas, va haciendo que
cada vez sea más importante el otro aspecto, que es el de los
méritos en la carrera. No es razonable, a nuestro juicio, que
no se tengan en cuenta.
Lo relativo al porcentaje creo que no es muy importante. El
planteamiento, tal como se ha presentado, afectaría no sólo a
los tenientes coroneles, sino a todos. Yo creo que eso crearía
algunos problemas y el dejarlo en el 10 por ciento, como dice
S.S. --no lo pone así en la proposición, pero lo ha
indicado--, nos parece que sería poco. Creemos que es más
razonable mantener este arco. Hay algunas voces que dentro de
la propia corporación están pugnando porque se incremente este
porcentaje, que es estimulante para los propios militares. En
todo caso, nos parece que tal como se está aplicando, con
mucha prudencia, estando entre el 15 y el 20 por ciento, hay
que dejar que la ley funcione a ver si se llega a ese 50 por
ciento y después ya veremos.
Por último, una observación de carácter general. Esta ley se
aprobó en el año 1989. Desde entonces la oposición ha
presentado hasta 10 iniciativas para modificar una ley de
estas características, una ley de equilibrios, una ley en la
que cuando se mueve un punto, un párrafo, a veces una coma
--dicho gráficamente, aunque exagerando--, afecta a unos para
favorecerles y a otros para perjudicarles, directamente o en
sus expectativas.
Cuando elaboramos esta Ley establecimos una serie de
equilibrios, incluso una serie de disposiciones transitorias,
de tal manera que teníamos un modelo antiguo, un modelo nuevo
que todavía no es y un modelo intermedio que estamos
aplicando, que es el de las disposiciones transitorias. A
nuestro juicio, no es conveniente modificar esta Ley. Sí que
hay que reflexionar sobre ella, sí que hay que ver si se
producen disfunciones, si entre todos, con la experiencia que
podamos tener, se pueden proponer algunas mejoras futuras.
Pero en este momento, cuando la ley apenas ha empezado a
aplicarse, cuando este sistema en concreto que comentamos
solamente se ha aplicado en cuatro ciclos, en cuatro
anualidades, para entendernos, no es lógico ni modificarla en
este punto ni creo que en los demás.
Fíjense ustedes que esta ley ha tenido un tiempo para su
desarrollo, 21 reales decretos que han tenido que hacerse, --y
queda alguno--, 26 normas de rango inferior, 47 normas en
total. Se está desarrollando. Por tanto, pediríamos a los
grupos de oposición, puesto que es una ley de equilibrios, en
la que si se toca una parte se afecta a todas las demás, que
esperaran a que se cumpla completamente para que podamos ver
cuál es el resultado y, si procede, introducir alguna
modificación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz.
Tiene la palabra el señor Fernández de Mesa.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor
Presidente.
Señor Sanz, yo parto de la base de que todos estamos
reflexionando sobre esta ley. Realmente, usted ha reconocido
algo muy importante, y es que nosotros votamos a favor de esta
Ley en el año 1989 y que toda gran ley, como lo fue ésta, que
supone una reforma para todo el personal profesional militar,
deja algunos flecos que afectan a colectivos, unas veces más
pequeños y otras mayores, que necesariamente tienen que ser
corregidos. Usted ha dicho que han pasado cuatro evaluaciones
en los seis años de vigencia, que aún no los ha cumplido, de
la ley 17/1989.
Pues bien, esas modificaciones que nosotros hemos planteado, y
que, por cierto, no han salido adelante, no iban más que
encaminadas a reflexionar sobre esta ley y a tratar de
mejorarla algo, que yo creo que está en el ánimo de todos los
miembros que componemos esta Cámara, y tratar de conseguir las
menores desigualdades y agravios comparativos entre miembros
de las Fuerzas Armadas. Precisamente reflexionando sobre ello
nosotros hemos visto que después de cuatro evaluaciones
realizadas sobre ésta, concretamente sobre el procedimiento de
ascensos por selección, hay disfunciones importantes.
Mire usted, de momento ascienden todos, pero me imagino que
usted sabrá perfectamente que precisamente a partir de ahora
ya no van a ascender todos. ¿Y por qué? Porque entra en vigor
lo de los treinta años de servicio; de manera que habrá
cantidad de tenientes coroneles o de coroneles que cuando
lleguen a los treinta años de servicio y no hayan ascendido a
oficial general no podrán continuar en activo en ninguna de
las escalas de las Fuerzas Armadas. Y, efectivamente, no se
cita un porcentaje. Dice usted: Aunque la propuesta no lo
dice, intuyo que decir que hasta un 10 por ciento sería bueno.
Pero nosotros no decimos eso. Nosotros decimos que no se
obligue en cada frente de ascensos a que haya un mínimo para
ascender obligatoriamente por selección; es lo que
consideramos que no es lógico. Se presentan a un frente de
selección diez personas y obligatoriamente en ese frente de
ascenso de diez personas tendrá que haber un tanto por ciento
obligatorio que tenga que saltarse al resto. Lo que nosotros
decimos es lo siguiente: a propuesta del Jefe del Estado Mayor
correspondiente, el Ministro de Defensa determinará si
efectivamente asciende o no asciende. No poner un mínimo ni un
máximo, sino dejar abierta la puerta a que no sea uno ni dos;
a lo mejor deben de ser todos. Es decir, ¿por qué hay que
encasillar entre el 10 y el 50 por ciento o entre el 15 y el
20 que usted me dice si a lo mejor da la casualidad de que
ninguno sirve para ser seleccionado o a lo mejor da la
casualidad de que sirven todos? No nos parece el procedimiento
más adecuado para que se produzca esa selección. Dejen ustedes
la puerta abierta no al 10 por ciento, al cien por cien a lo
mejor, pero no encasillemos entre el 10 y el 50 por ciento el
número de oficiales superiores, y en este caso comandantes,
que en un momento determinado tendrán que saltar a compañeros
que a lo mejor están igual de bien clasificados que lo
pudieran estar ellos. Porque, mire usted, señor Sanz, después
de haberrealizado una oposición, después de haber salido
teniente o alférez de navío a los cinco años de carrera,
cuando un oficial se encuentra en la vida militar, aparte de
realizar los destinos primeros de cada uno de su carrera,
tiene que empezar a perfeccionar su carrera, y tiene que
empezar a realizar cursos, y cursos de idiomas hoy en día,
como es lógico, preferentes, cursos de especialidad o
especialización, como artillería, armas, electricidad,
electrónica, telecomunicaciones, cursos de estado mayor o de
estados mayores conjuntos o salir al extranjero, y eso se
forma desde el período en el que uno sale teniente o alférez
de navío hasta que alcanza el grado de comandante, donde
todavía no se ejercen responsabilidades directas de mando.
Por tanto, señor Sanz, nosotros entendemos que no es
conveniente que cuando una persona es comandante recién
ascendido, que puede estar situado en torno a los 30, 35 años
y que prácticamente está iniciando su formación militar, se
establezca un baremo ya determinado para seleccionar a los que
serán mejores o peores. Quizá también hayamos realizado una
propuesta en la que se decía claramente cuáles van a ser las
expectativas de carrera después del desarrollo de los primeros
años de ejercicio de la profesión militar, y eso no se ha
conseguido; de manera que nos encontramos con personas de
cincuenta o cincuenta y tantos años con hijos, con necesidad
de conocer cuáles van a ser sus destinos para cambiar de
alojamiento, para cambiar de ciudad, de circunscripción, y
hasta un mes antes o unos días antes no saben qué va a ser de
su vida. A lo mejor, resolver esos aspectos sería mucho más
importante que entrar en un porcentaje fijo de selección para
el ascenso. Y, desde luego, está claro, señor Sanz, que no hay
publicidad a los criterios que se otorgan y, además, hay una
cosa muy clara: los informes que se realizan en cada uno de
los destinos por el superior jerárquico suelen ser en todos, a
no ser los casos excepcionales que usted ha citado, suelen ser
informes medianamente favorables. Lo que ya no podemos
entender es que emita un informe complementario un Jefe de
Estado Mayor en un momento determinado, que sea el que
definitivamente influya a la hora de que el Ministerio de
Defensa otorgue o no el ascenso por selección en este caso
concreto.
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández de Mesa, le ruego
concluya.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Termino, señor
Presidente, diciendo que hay otro tipo
de ascensos, hay otro tipo de premios y recompensas: destinos.
Destinos de Estado Mayor, destinos del órgano central, donde,
desgraciadamente, hoy en día están haciendo carrera incluso
los marinos de guerra en lugar de estar destinados en las
bases o mandando barcos; destinos, digamos; del SEDAM, como
aparecen en el escalafón, y usted, yo y muchos miembros de la
Cámara sabemos perfectamente a qué me refiero, que están
ascendiendo y saltando a compañeros que están ocupando
destinos en determinadas zonas o puestos de responsabilidad y
ejerciendo el mando, y por estar creciendo al amparo del poder
o al amparo, en este caso concreto, de determinados órganos,
están realizando carrera militar mejor que aquellos que están
destinados donde les corresponde; no es una valoración justa
para determinar en cada momento quién puede y quién no puede
ascender por selección.
Termino, señor Sanz, diciéndole que acabamos de ver no hace
mucho tiempo una ley de plantillas para las Fuerzas Armadas.
Yo quiero decirle que, lamentablemente, ante lo que nosotros
proponíamos, seguimos teniendo prácticamente el mismo número
de oficiales generales que en el año 1983 o, lo que sería más
patético a la hora de comentar, más almirantes que barcos en
la zona marítima del Estrecho. Es realmente lamentable, y lo
único que pedimos, señor Sanz, es empezar a racionalizar la
Ley de Plantillas de las Fuerzas Armadas para que se ajuste a
ese modelo de Fuerzas Armadas que todos aprobamos en esta
Cámara en el año 1991.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Mesa.
Señor Sanz.
El señor SANZ DIAZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Fernández de Mesa, simplemente para contestarle a un par
de cosas, porque entiendo que en realidad no ha habido
argumentos nuevos, como era natural.
Me dice S.S. que en el futuro no van a ascender. La verdad es
que cuando debatimos esta Ley justamente establecimos un
perfil de carrera de treinta y dos años para asegurar que
todos los militares que ingresaban de teniente --hablo de las
escalas superiores-- acabarían como coronel. Esto es lo que
pensamos al hacer la Ley y lo que sin duda se va a cumplir,
puesto que se hicieron los cálculos para que así pudiera ser.
Eso se ha tenido en cuenta en la Ley de Plantillas al
elaborarla el Ministerio de Defensa cuando la presentó como
proyecto de ley. Por tanto, yo creo que el problema no está
aquí. Todos ascienden y van a seguir ascendiendo. Otra cosa es
que pueda premiarse y diferenciarse a aquellos que en los
últimos años han hecho una carrera brillante, porque en
realidad nos estamos refiriendo al sector de aquéllos más
destacados. Piénsese en que sólo ese 15 o 20 por ciento de que
hablamos son los que pasan. Los demás siguen exactamente
igual, es decir, siguen en sus escalafones sin que se
modifiquen. Por tanto, de lo que estamos hablando no es de que
se cambia todo el escalafón, sino sólo la cabeza. Y se cambia
si procede, porque usted ha dicho que no se obligue a que haya
un mínimo fijo. ¿Es que no va a haber ningún militar --yo creo
que usted ha puesto un ejemplo exagerado-- o unos pocos que
estén en condiciones de ser ese 10 por ciento? ¿No va a haber
un 10 por ciento de militares que estén en condiciones de ser
clasificados? Eso no quiere decir que no tenga por qué ser el
número uno de la promoción, que seguirá entonces como número
uno.
Por tanto, cuando hablamos de los clasificados, no estamos
diciendo que necesariamente tenga que haber cambios en el
escalafón. No, estamos hablando de que a algunos se les va a
destacar especialmente. Pero muy bien podría ocurrir que se
diera que los destacados son justamente los primeros números
de su promoción y sin duda, además, como es natural, esto se
dará, si no en su totalidad, sí en el grueso de los que estén
en esta situación.
El hecho de que exista un mínimo fijo no quiere decir que se
vaya a perturbar, digamos, la racionalidad o se vayan a
perturbar criterios lógicos para el ascenso. No, lo que se
hace es que si verdaderamente pudieradarse que el escalafón,
tal como se salió de la Academia, se mantiene rígidamente
porque los primeros son los mejores también en el ejercicio
profesional, se va a producir este 10, 15 o hasta 50 por
ciento sin variar uno solo de los puestos. Por tanto, yo creo
que esto no crea ningún problema dentro de las Fuerzas
Armadas.
Me hablaba usted de los 35 años. Yo creo que es una edad
demasiado temprana para lo que estamos hablando. Piense en 24
o 25 años, 18 años de carrera; por lo tanto, estamos hablando
de 42 o 43 años. Calculo que entre 40 o 42 es cuando se puede
producir esto. Cuarenta es, quizá, un poco prematuro.
No veo que pueda plantearse esa incertidumbre de que usted
habla; no es verdad. Sencillamente, hay algunos profesionales
que han elegido bien, que se han esforzado más, que han hecho
más cursos o más acertadamente, que han desempeñado destinos
normalmente más incómodos, que, por lo tanto, han tenido mando
y ello requiere un premio, etcétera. Todos estos elementos
también se evalúan donde no hay mando y además adecuadamente,
pero con los criterios propios de las Fuerzas Armadas, con los
que son tradicionales y con los que son nuevos, porque en las
Fuerzas Armadas los están revisando continuamente.
Pues bien, yo creo que es absolutamente razonable que haya un
pequeño o mediano porcentaje --además, estoy de acuerdo con
usted-- cada vez más y creo que, además, es el sentir de
algunos sectores de las Fuerzas Armadas que creen que sería
deseable el que se les pudiese
premiar la carrera a todos y no hasta ese 50 por ciento, que
hoy es un 20 por ciento. En todo caso, creo que es bastante
razonable.
Le quiero aclarar, ya que usted ha hecho referencia a órganos
centrales, que no hay discrecionalidad; no es posible. Los
criterios son estrictamente profesionales, se desarrollan
dentro de las Fuerzas Armadas y el Ministro simplemente se
limita a aprobar lo que el Jefe del Estado Mayor le ha
presentado, porque además es lo lógico.
Finalmente le diría que lo importante es que los militares,
también en este empleo, que es el de teniente-coronel, puedan
tener ese estímulo y, sobre todo, puedan ir clarificando su
carrera, de tal manera que ya con 18 años de ejercicio
profesional se les pueda ir premiando y distinguiendo
adecuadamente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente, y
con gran brevedad.
Coalición Canaria considera necesario en una valoración de la
proposición de ley que nos presenta el Grupo Popular, un
período de reflexión. La consideramos, por tanto, en este
momento pertinente y oportuna, porque desde la entrada en
vigor de la Ley 17 de 1989, reguladora del personal militar
profesional, entendemos que hay que hacer un seguimiento muy
puntual e inmediato de la mismaa, porque al aplicarse se está
jugando aquí, fundamentalmente con los criterios de selección
para los ascensos a teniente-coronel y a coronel, con algo tan
importante en cualquier colectivo como es la carrera
profesional.
Yo estoy de acuerdo, por supuesto, con lo que ha dicho el
portavoz socialista de que la Ley de 1989 tiene que buscar un
sentido del equilibrio, pero ese sentido del equilibrio dentro
de la carrera profesional de las Fuerzas Armadas hay que
hacerlo compatible con la carrera en sí misma, y, a la vista
de la experiencia acumulada en estos cuatro últimos años, no
parece que lo tenga la selección consecutiva para los ascensos
a teniente-coronel y a coronel. Además, el coronel se va a
encontrar con que es ya el empleo inmediatamente anterior al
generalato donde ya no hay ninguna escala de antigüedad, sino
de selección, lo que es recibir un mazazo de ser comandante ya
o teniente-coronel. Resulta que estamos corriendo la selección
en la carrera militar hacia abajo, no hacia arriba. Lo hemos
aceptado plenamente para los ascensos a teniente general,
general de división o general de brigada y, por supuesto, no
lo hemos discutido, pero que bajemos la selección a la vista
no ya solamente del ascenso inmediato a general, como es el de
coronel, sino también el de teniente coronel, va a producir
fundamentalmente frustración. A mí me preocuparía menos la
frustración si no estuviéramos también dañando el grado de
profesionalidad de nuestras Fuerzas Armadas al dejar
solamente, por una vía de antigüedad, los grados de capitán y
de comandante, incluido, por supuesto, el de teniente. Porque,
¿en qué medidas estamos también premiando un expediente de
estudios en la academia? Si nosotros hemos hecho unos planes
de estudio para estimular esa formación académica, resulta que
cuando sale de la misma con sus notas de la promoción se
encuentra con la única posibilidad de ascenso por antigüedad.
Nosotros entendemos que la proposición que trae el Grupo
Popular tiene sentido común y la vamos a apoyar. Yo no pongo
en duda que se apliquen criterios profesionales y que se haya
dicho aquí por el portavoz socialista que el Ministro se
limita a firmar lo que le propone el Jefe del Estado Mayor de
la Defensa; yo lo doy por supuesto, lo creo, no sé si será
realidad en todos los casos de ascensos a coroneles, pero voy
a darlo por bueno porque le concedo el beneficio de la duda.
Ahora bien, hagamos una graduación de los ascensos dejándolos
aquí reducidos al sistema de selección para los coroneles y
que la antigüedad rija con un sentido del premio que traen de
sus estudios académicos, de su clasificación académica de la
escuela en el escalafón, que no es una cosa cualquiera. Porque
aquí parece que están los tenientes sin un antecedente del
expediente de la Academia y de su clasificación en la
promoción.
Entendemos que también tendría un sentido de equilibrio y de
un respeto a una serie de promociones mantener --como propone
aquí el Grupo Popular-- esa antigüedad para las
correspondientes escalas y en la escala superior para
tenientes, capitanes y comandantes.
Por esta razón, señor Presidente, nosotros vamos a apoyar con
nuestro voto la proposición de ley del Grupo parlamentario
Popular.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el
señor Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, estamos debatiendo una proposición no de ley
presentada por el Grupo parlamentario Popular de modificación
de los artículos 82 y 83 de la Ley 17/1989, reguladora del
régimen del personal militar profesional. Esta modificación se
pide en base a que en su artículo 82 la Ley regula los
sistemas de ascensos. En el artículo 83 se dispone que se
efectuarán, por el sistema de selección los ascensos a los
empleos de coronel y teniente coronel en las escalas
superiores.
Según se manifiesta en la proposición de ley, esto da origen a
que en las escalas superiores existan dos ascensos por
selección, mientras que en las escalas medias y básicas tan
sólo existe uno. Se añade que, normalmente, en las escalas
superiores, en los empleos de teniente, capitán y comandante,
no es frecuente desempeñar destinos con responsabilidad
personal del ejercicio de mando y las oportunidades no han
sido las mismas, así como tampoco la posibilidad de realizar
cursos que, según el artículo 48 de la citada Ley tienen el
derecho y el deber de realizar. (Rumores.) Se finaliza
diciendo que al no haber existido la mencionada igualdad de
oportunidades, se hace imposible efectuar una clasificación
que garantice la mayor o menor valía de los clasificados y se
pasa a proponer, básicamente, que se efectúe por antigüedad
una serie de ascensos y por selección otra serie de ascensos.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Carrera.
Señorías, les ruego guarden silencio. (Pausa.)
Continúe, señor Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Ante esta proposición de ley, la
posición del Grupo Catalán (Convergència i Unió) es la
siguiente: primero, todo lo que hace referencia a la Ley
17/1989 merece nuestra máxima atención, por la incidencia que
sin duda tiene en las propias Fuerzas Armadas; segundo,
además, todo lo que aborde cuestiones de ascensos y escalas
más todavía, por la repercusión directa a colectivos que,
asimismo, pueden afectar a otros, y tercero, cada vez que nos
proponen modificaciones se nos plantea --y es verdad-- el
mismo interrogante o, si quieren, la misma duda: si habremos
sido capaces de valorar adecuadamente la propuesta
correspondiente y, por tanto, acertar finalmente en la
posición de nuestro Grupo Parlamentario. ¿Saben por qué,
señorías? Porque, en general, la decisión no es nada fácil. La
proposición de ley ha quedado expuesta por parte del grupo
proponente, que es el Grupo Popular; en el turno en contra se
han aportado puntos de vista y valoraciones negativas a este
proyecto de ley y de las mismas, de estas valoraciones
negativas, yo remarcaría las siguientes. Los ascensos a los
empleos de capitán y comandante en las escalas superiores, a
sargento primero y brigada en las escalas básicas y a teniente
y capitán en las escalas medias se efectúan por el sistema de
antigüedad; sin embargo, los ascensos en los restantes empleos
en las diferentes escalas se efectúan por el sistema de
selección.
El Reglamento general de evaluaciones, clasificaciones y
ascensos del personal militar profesional establece que para
el ascenso a las escalas superiores es preceptivo haber
ocupado destinos con responsabilidad de personal en el
ejercicio de mando en los empleos de teniente, capitán y
comandante durante un mínimo de tiempo, según marcan las
propias manifestaciones indicadas, y que durante estos años
los oficiales son objeto de informe personal anual y, por otra
parte, pueden realizar los diferentes cursos de
perfeccionamiento que respondan a las exigencias de los
perfiles profesionales requeridos. Por tanto, de lo que
antecede se deduce que existe igualdad de oportunidades para
todos los militares de carrera de la escala superior y
conocimiento suficiente de sus propias carreras.
Finalmente, en algún comentario o informe recabado al respecto
incluso se nos llegaba a decir que con la posible aprobación
de esta proposición de ley se rompería la coherencia y
estructura de la propia Ley 17/1989, aunque en este punto no
nos pronunciamos en absoluto.
En definitiva, señorías, una vez analizados los pros y los
contras de la iniciativa que ahora debatimos, asumiendo,
repito, el interrogante que, como dije con anterioridad,
siempre se nos plantea en casos similares, el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) no va a apoyar la
toma en consideración.
Nada más. Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carrera.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el
señor López Garrido tiene la palabra.
El señor LOPEZ GARRIDO: Gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo Parlamentario no va a apoyar esta proposición de
ley presentada por el Grupo Popular de modificación de dos
artículos del régimen de personal militar profesional.
En realidad, la modificación es muy puntual. El cambio
respecto de la situación actual sería simplemente que el
ascenso al empleo de teniente coronel, en opinión del Grupo
Popular, debería ser sólo por antigüedad y en este momento es
por el sistema de selección: una parte por antigüedad y una
parte pequeña por lo que se llama orden de clasificación; es
decir que para una parte pequeña de quienes ascienden a
teniente coronel se tienen en cuenta méritos más allá de lo
que es la mera antigüedad, méritos acumulados a lo largo de la
carrera, y la intervención del representante del Grupo Popular
se apoya en una filosofía de fondo de la que se deduce que es
mejor la antigüedad que el orden de clasificación, es decir
que los méritos se pueden ir acumulando a partir de la salida
de la academia, filosofía con la que nuestro Grupo no está de
acuerdo. Por tanto, discrepamos de esa filosofía de fondo;
divergemos de la argumentación de fondo que ha hecho el
representante del Grupo Popular. En este momento, como decía,
hay una parte, un porcentaje, que en la práctica está en torno
al 20 por ciento, que asciende por orden de clasificación y
entendemos que, siempre, el tener en cuenta todos los méritos
es algo que estimula en la carrera profesional, tanto en el
ejército como en
cualquier otra actividad de la vida. No entendemos que pueda
haber frustración, como señalaba el señor Mardones, porque
también podría pensarse que habría frustración en quien,
habiendo acumulado unos méritos después de salir de la
Academia Militar, no se le tiene en cuenta en absoluto para su
ascenso a teniente-coronel, en caso de que prosperase la
proposición de ley del Grupo Popular, con lo cual el argumento
de la frustración puede también utilizarse para defender el no
a esta proposición de ley. Además, no olvidemos que los
méritos acumulados en la Academia Militar no desaparecen, sino
que, naturalmente, se tienen en cuenta también a la hora de
establecer la clasificación.
Quizá nos ha sorprendido, de la exposición del Grupo Popular,
que, después de hacer una crítica muy importante a una
filosofía basada en el mérito después de la salida de la
academia, así como una crítica también muy importante a cómo
se está clasificando en estos momentos, sin embargo la
proposición de ley, realmente, propone una modificación muy
pequeña; simplemente se trata de que el ascenso a
teniente-coronel, y sólo en ese empleo, sea todo por
antigüedad y no como pasa ahora que hay una pequeña parte que
es por orden de clasificación. Es decir, la crítica ha sido
muy de fondo --casi a la filosofía de la Ley de 1989-- y, sin
embargo, la modificación es muy pequeña. No existe una
correspondencia real entre la gran crítica, casi política, que
se hace en esa proposición de ley a la forma en que se está
aplicando con la pequeñísima modificación que, en la práctica,
va a ser el hecho de que sea solamente en lo que respecta a
teniente-coronel cuando se produzca esa modificación. La
verdad es que esos mismos argumentos valdrían aplicados al
ascenso a coronel, también valdrían. Una vez que se aceptase,
en su caso, la proposición del Grupo Popular, podríamos
replantearnos también el tema del ascenso a coronel y, sin
embargo, eso no lo propone en su modificación el Grupo
Popular.
Por todas estas razones, nuestro Grupo Parlamentario no va a
apoyar la proposición de ley del Grupo Popular.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Garrido.
Vamos a proceder a la votación.
El señor PRESIDENTE: Votación para la toma en consideración de
la proposición de ley del Grupo Popular, de modificación de la
Ley Reguladora del Personal Militar Profesional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 298; a favor, 126; en contra, 171; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, POR LA QUE SE CREA EL CONSEJO
ECONOMICO Y SOCIAL (Número de expediente 122/000071)
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por la que se crea
el Consejo Económico y
Social.
Tiene la palabra el señor Peralta. (El señor Vicepresidente,
Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, la proposición de ley que tengo el honor de defender
esta tarde en nombre del Grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya tiene por objeto desarrollar el
artículo 131 de la Constitución española haciendo realidad la
ley reguladora de la composición y funciones del Consejo
previsto en el segundo párrafo de dicho precepto. Si ello es
así, señorías, y si ya hace más de diecisiete años de la
vigencia de la Constitución, sin lugar a dudas, la primera
pregunta que nos asalta, que debe asaltar a esta Cámara y a
todos los ciudadanos, es cuál es la razón de esta demora en el
desarrollo de ese precepto concreto de la Constitución. Sería
impensable, señorías, que la razón fuera la desconfianza de
esta Cámara, de la mayoría de esta Cámara en relación con la
propia Constitución; sería absolutamente impensable y, por
tanto, descartemos esa motivación. También sería impensable la
posible desconfianza hacia el método, el consenso tan
reiterado con el que se elaboró la Constitución. Debemos
descartar esa motivación si otorgamos un mínimo de
credibilidad o de sinceridad a los denostados requerimientos
al consenso que se practican con frecuencia, al menos desde la
mayoría parlamentaria de esta Cámara en los últimos tiempos.
Por tanto, parece que también podemos descartar esa
motivación.
¿Cabe pensar, señorías, que la causa de esta demora sea la
desconfianza hacia quienes tienen que ser componentes de ese
Consejo, los agentes económicos, sociales, las comunidades
autónomas? Creemos, señorías, que no se correspondería, en
todo caso, esa desconfianza con el importante papel que se les
asigna a esos agentes. Pensemos, simplemente, en lo que dice
el artículo 7 de la Constitución en relación con los
sindicatos; no digamos ya de las comunidades autónomas, pieza
básica del actual Estado español; tampoco sería creíble que
ésa fuera la motivación si atendemos a la importancia que se
atribuye, al menos desde la mayoría de la Cámara, a los
acuerdos que, puntualmente, esporádicamente
y de forma parcial, se obtienen por parte de los agentes
sociales.
Parece, pues, señorías, que la verdadera explicación de esta
demora se encuentra en una desconfianza en relación con las
funciones que constitucionalmente se asigna a ese Consejo del
apartado 2 del artículo 131 de la Constitución, que nosotros
tratamos de hacer realidad con esta proposición de ley.
Funciones que, dicho claramente, señorías, son la
planificación, la programación, cualquier terminología de este
orden que ustedes prefieran utilizar, pero que, en definitiva,
señorías, pongan de manifiesto e intenten describir lo que es
la realidad de ese concepto e intentar subordinar el conjunto
de la actividad económica a la voluntad y a la conciencia de
los ciudadanos; insisto, señorías, en la voluntad y la
conciencia. Escindir cualquiera de estos dos conceptos serían
gravísimos errores y la historia pone de manifiesto los
resultados dramáticos que produce. Pero, sin lugar a dudas, la
planificación supone la subordinación a la voluntad y a la
conciencia de los hombres y mujeres, los ciudadanos, y hay
pocas cosas más nobles que esa. Esa es la labor de los
políticos: intentar subordinar el devenir social, el devenir
económico, el devenir de las instituciones a la voluntad y a
la conciencia de los ciudadanos, de la mayoría de los
ciudadanos. Y así entendido, señorías, no cabe duda de que ese
concepto de planificación, de programación, no puede ser
denostado. En anteriores ocasiones en que hemos presentado
esta proposición de ley se ha hecho hincapié en ese argumento.
Ya tuvimos oportunidad en esas ocasiones de poner de
manifiesto cómo este concepto no puede ser denostado a tenor
de la realidad, no ya desde posiciones ideológicas, sino
simplemente atendiendo a la realidad.
Permítanme, señorías, que recuerde no ejemplos ya citados en
anteriores ocasiones de debate de esta proposición de ley,
ejemplos recientes, no sólo a nivel de nuestro país, a nivel
más amplio, a nivel europeo.
Todo el proceso de construcción europea se intenta llevar a
cabo, basándose en las previsiones, a la programación de un
plan de convergencia, un plan de convergencia en el que se
observan grandes parámetros de la actividad económica general,
a cuya evolución y previsión futura se pretende acomodar el
desarrollo, la actividad, la política y la programación de los
distintos Estados nacionales. Y ésta es la realidad europea en
estos momentos.
No digamos ya de fronteras para adentro. En esta Cámara se
tramita en estos momentos un plan --así denominado-- tan
importante como el plan director de infraestructuras; no un
plan concreto de alguna infraestructura, como en tiempos
ocurría con el plan de transportes ferroviarios, por citar un
ejemplo antiguo. No, no, un plan director de infraestructuras,
en su globalidad, y en una previsión de muchos años. Ese es un
asunto que hoy, en estos momentos, se debate en esta Cámara.
No digamos ya, por citar otro ejemplo que desgraciadamente
todavía no está en esta Cámara, señal de que lleva un retraso
que contradice la acuciante necesidad que sienten las tierras
y las personas de este país. Me refiero al plan hidrológico
nacional.
Por tanto, señorías, la realidad impone y pone de manifiesto
la necesidad de esa labor, que es lo que justifica la
actividad política: intentar subordinar el devenir económico,
social, cultural e institucional a la voluntad consciente de
los ciudadanos.
En consecuencia, señorías, entendemos que no hay razón alguna
de peso, con fundamento, que justifique esta demora. Y si no
hay razón que justifique la demora, veamos si es que no es
oportuna esta proposición de ley.
En opinión de mi Grupo, Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, ocurre todo lo contrario. Esta proposición de ley
hoy es especialmente oportuna; en esta legislatura es
especialmente oportuna y, por ello, la hemos presentado y se
defiende en estos momentos y pedimos su voto favorable a la
misma.
Recordemos, señorías, que esta legislatura se inicia bajo tres
grandes parámetros políticos a tenor, al menos, de la mayoría
que hoy día ostenta esta Cámara. Uno de esos parámetros
políticos sería el impulso democrático. En relación con este
apartado concreto, con este eje de actuación política, en
nuestro Grupo, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
manifestamos nuestra voluntad de trabajar en relación con el
mismo en colaboración con las otras fuerzas parlamentarias.
Pero pusimos de manifiesto cómo desde nuestra perspectiva, que
entendemos que es una perspectiva constitucional, ese impulso
democrático no puede limitarse a una simple provisión de
puestos vacantes en determinadas instituciones, no puede
limitarse a una simple reforma de determinados reglamentos de
instituciones importantes, cruciales, con toda la importancia
que hay que dar a esas reformas, sino que ese impulso
democrático debía traducirse también en realidades operativas
en el terreno económico y social. Nos parecía que era
necesario llevar a la realidad socioeconómica de este país, a
la vida cotidiana de millones de ciudadanos ese impulso
democrático.
Desde esa perspectiva, la creación de este Consejo, el
desarrollo del artículo 131 de la Constitución, es
particularmente fundamental. Por tanto, señorías, creemos que
se justifica la oportunidad de esta proposición de ley desde
la consideración de ese parámetro.
Un segundo parámetro de esta legislatura sería el desarrollo
autonómico. Es tal la convicción y el consenso de toda esta
Cámara en la necesidad de trabajar en esa dirección, que hoy
podemos constatar con satisfacción el nacimiento y el inicio
de sus trabajos de una Ponencia en el Senado que estudia la
reforma de la Constitución. Si hemos alcanzado ese nivel de
conciencia unánime acerca de la necesidad de reformar la
Constitución para avanzar en el desarrollo autonómico es que
no habremos caído todavía en la consideración de que, antes de
llegar a ese nivel, deberíamos haber completado ese nivel
previsto en la Constitución de crear un Consejo en el que
participaran las comunidades autónomas y que atendiera esos
fines de ordenación general económica. Parece evidente,
señorías, que ese paso importante, que nosotros celebramos y
en el que vamos a participar, de reforma constitucional,
debería haber ido precedido, lógicamente, cronológicamente,
del pleno desarrollo de los mandatos constitucionales. No ha
sido así, pero en todo caso, señorías, ahora estamos en
condiciones de dar cumplimiento a ese mandato constitucional
del artículo 131.
Por último, señorías, el tercer gran eje de trabajo en esta
legislatura sería el de la plena participación de nuestro país
en el proceso de construcción de la Unión Europea, plena
participación contribuyendo al desarrollo equilibrado de la
misma, aspecto sobre el que nosotros hemos centrado buena
parte de nuestro discurso, insistiendo en la necesidad de
fortalecer los aspectos de cohesión social, corrigiendo el
desequilibrio en esa materia y los déficit democráticos de ese
proceso de construcción de la Unión Europea.
Pues bien, si eso es así, si ese es un reto importante que
tiene planteado nuestro país, ¿qué mejor que colaborar en el
mismo desde un consenso en el que participen plenamente la
sociedad española, los agentes económicos, los agentes
sociales y los distintos agentes institucionales? En
definitiva, señorías, esta proposición de ley del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya es especialmente
oportuna en esta legislatura.
Terminaría, señorías, poniendo de manifiesto que no he hecho
referencia en ningún momento de mi intervención, como han
podido ustedes constatar, al actual Consejo Económico y
Social. Quiero aprovechar aquí para hacer una referencia al
mismo, en el sentido de manifestar la importancia que
concedemos al trabajo de ese órgano en lo que es su ámbito de
competencias y nuestro deseo de que siga trabajando en esa
dirección. Entendemos que no es en absoluto utilizable el
trabajo de ese órgano, positivo en nuestra opinión, de
búsqueda de colaboración y consensos en temas laborales y
sociales, con lo que es el Consejo del artículo 131 de la
Constitución. Y ello no es opinión de este Diputado que les
habla; esa fue la opinión del propio Gobierno y del entonces
Ministro de Trabajo, cuando presentaba en la anterior
legislatura la ley reguladora de ese Consejo Económico y
Social. Puso de manifiesto que no era el Consejo previsto en
el artículo 131 de la Constitución, sino otro distinto que el
Gobierno decidía crear en uso de su capacidad
autoorganizativa. Por tanto, quede constancia de nuestro
reconocimiento a esos trabajos y nuestro deseo de que su
labor, que elogiamos, no sea utilizada ni mezclada en el
debate de este Consejo, que no tiene ninguna relación con el
mismo.
Tampoco he hecho ninguna referencia, señorías, y así lo habrán
apreciado ustedes, a lo que es el contenido concreto de
nuestra proposición de ley. Quiero dejar claro, señorías, que,
sin perjuicio de ser esa la posición inicial de nuestro Grupo,
nos parece importante una reflexión que les traslado. Si
tratamos de desarrollar la Constitución, y es evidente que de
eso se trata con esta proposición de ley, en concreto el
artículo 131, queremos que la misma se haga tal como se hizo
la Constitución: por el consenso y el acuerdo de todos los
grupos parlamentarios.
No he hecho referencia al contenido concreto de nuestra
proposición porque debe quedar clara nuestra voluntad desde el
principio de trabajar en el consenso y en el acuerdo de todos
los grupos parlamentarios en su contenido concreto. En estos
momentos, señorías, y con esa manifestación de voluntad, yo
sólo les pido la toma de posición política favorable a su
tramitación por esta Cámara. Tiempo tendremos, a lo largo de
ese proceso, de lograr entre todos las fórmulas que mejoren la
propuesta inicial de nuestro Grupo en la línea de desarrollo
de la Constitución.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Peralta.
¿Turno en contra?
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Barrionuevo.
El señor BARRIONUEVO PEÑA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el señor Peralta en la defensa de esta proposición
de ley, ha señalado, en la parte final de su exposición, que
no quería hacer una referencia expresa y pormenorizada del
actual Consejo Económico y Social y de su funcionamiento. Y
comenzaba su exposición también con una interrogación,
diciendo: ¿Cuál es la razón del no desarrollo de lo previsto
en el artículo 131 de nuestra Constitución?
Usando estas dos partes de su intervención quizá también
cabría en la mía casi comenzar con una interrogación: ¿Cuál es
la razón de esta proposición de ley? Porque la proposición de
ley es: proposición de ley por la que se crea el Consejo
Económico y Social, pero es evidente que existe un Consejo
Económico y Social, un Consejo Económico y Social que se ha
constituido por una Ley aprobada en esta Cámara; un Consejo
Económico y Social que aún no tiene dos años de funcionamiento
efectivo, teniendo en cuenta que tuvo que constituirse,
aprobar su reglamento e iniciar su andadura. Ha celebrado muy
recientemente su segundo aniversario, aunque su primer
dictamen todavía, insisto, tiene menos de dos años.
El señor Peralta, con la sinceridad que le honra, se muestra
favorable y reconoce el buen trabajo que ha
realizado hasta este momento el Consejo Económico y Social que
existe. Nosotros compartimos ese buen criterio, pensamos que
este Consejo Económico y Social, como órgano de participación
de los agentes sociales y con las funciones consultivas que le
asigna la ley, ha realizado efectivamente un buen trabajo y ha
ejercido sus funciones de una forma correcta y eficiente, de
una forma perfectamente comparable --y se puede establecer ese
paralelismo de una forma beneficiosa para el nuestro-- con los
otros consejos económicos y sociales que existen en el ámbito
de la Comunidad Europea, incluso el que existe como propio
órgano de la Comunidad.
El trabajo en dictámenes, en informes emitidos, en la memoria
que ha desarrollado como tal órgano de participación, es
eficiente. Insisto en que lo ha reconocido el señor Peralta y
a mí también me complace subrayarlo. Por eso, la interrogación
que él se hacía al comienzo de su exposición pienso que es
trasladable y que nos sume, también, en una cierta
perplejidad. Si esto es así, ¿por qué proponer la creación de
un Consejo Económico y Social, cuando ya existe?
Se ha razonado, a lo largo de la exposición, una serie de
posibles fundamentaciones de esta proposición. Creo que
podríamos sintetizar que son tres las causas o los fundamentos
de esta proposición de ley. Una, tratar de que el fundamento
del Consejo Económico y Social sea el artículo 131.2 de la
Constitución. Dos, que participen como miembros de este
Consejo Económico y Social representantes de las comunidades
autónomas. Tres (no se ha referido a ello el señor Peralta
España; creo que no lo ha mencionado siquiera, porque ha dicho
que no quería entrar en el contenido estricto de la
proposición de ley), y creo que es la tercera diferencia con
el Consejo Económico y Social que tenemos, es que a sus
competencias se añada la de poder deliberar, debatir y
dictaminar, previamente a su sometimiento a las Cámaras
políticas, Congreso y Senado, sobre los presupuestos generales
del Estado. Estas serían las tres razones que fundamentan la
proposición de ley. Hay que recordar, no obstante, que sobre
ellas ya se había pronunciado esta Cámara, puesto que el mismo
Grupo de Izquierda Unida presentó este mismo texto en el
debate de enmiendas a la totalidad de la Ley de 1991, que creó
el actual Consejo Económico y Social, como texto alternativo
al que está vigente, y fue rechazado por la Cámara.
Examinemos, siquiera sea sucintamente, las tres razones que
justifican, según la exposición del señor Peralta, la
presentación de esta proposición de ley, en cuanto al
fundamento constitucional. Ha insistido --y así es-- que desde
nuestro Grupo se ha señalado que el actual Consejo Económico y
Social no tiene su fundamento en el artículo 131 de la
Constitución, sino que esa fundamentación habría que buscarla
en los artículos 105 y 9.2 de la propia Constitución.
La verdad es que, aunque haya algún debate doctrinal y alguna
polémica sobre la materia, parece claro que el artículo 131
está referido a una facultad del Estado y del Gobierno que no
se ha ejercitado y que no existe la intención de ejercitarla
en estos momentos ni en un futuro previsible, que es la de la
planificación general de la economía. El señor Peralta se ha
referido, con habilidad, a algunas decisiones políticas, bien
del Gobierno, bien de las Cámaras legislativas, que tienen la
denominación de plan. La verdad es que, aun siendo esto así y
diciendo, además, que estos denominados planes parciales sí
son sometidos, muchos de ellos, a la consideración del actual
Consejo Económico y Social, no tienen, ni mucho menos, esa
calidad de planificación general de la economía en el sentido
a que se refiere, con este concepto, el artículo 131 de la
Constitución. Incluso el Tribunal Constitucional se ha
referido al Consejo, que menciona el artículo 131 como
relacionado con esta posibilidad que existe, pero ni se ha
ejercitado, ni se tiene intención de ejercitar.
Aunque pudiera discutirse el tema --todo es discutible--, la
vinculación a ese concepto le ha llevado al Gobierno y a
nuestro Grupo a razonar y a insistir en que el Consejo
Económico y Social que está funcionando no encuentra su
fundamento en ese precepto y sí en estos otros.
Nosotros pensamos que aunque exista esa posibilidad en la
Constitución y, por lo tanto, pueda ser lícitamente defendida
por cualquier grupo, el Consejo que se menciona en ese
artículo, además de esa resolución del Tribunal
Constitucional, comporta una competencia y unos objetivos que
estimamos que no son adecuados en este momento. Insistimos en
que este Consejo no es el del artículo 131 y no creemos
oportuno que se desarrolle esa posibilidad en las actuales
circunstancias ni, como digo, en un inmediato futuro.
El segundo elemento sería el relativo a la composición del
Consejo, tratando de dar entrada en el mismo a una
representación directa de las comunidades autónomas. Esto
sería confundir los términos. Las comunidades autónomas pueden
relacionarse con el Gobierno para cuestiones económicas y
sociales por otros cauces, y esas relaciones pueden
desarrollarse con facultades que no son únicamente
consultivas. Dentro de ese objetivo que marcaba el señor
Peralta de desarrollo autonómico, no vemos cuál sería la
ventaja para las comunidades autónomas de estar en minoría y
revueltas con otras instituciones muy respetables, pero que
responden a otros criterios de representación y de defensa de
otros intereses.
La representación de las comunidades autónomas, bien en las
Cámaras legislativas, de una forma directa a través de los
partidos, o en el Senado en su día, a través de las propias
comunidades autónomas, es una representación política general.
Sus relaciones en el ámbito Legislativo o Ejecutivo se
desarrollan con esa
representación general. Nos parece que sería crear una
confusión no deseable, y en absoluto ventajosa, el mezclarlo
con la representación de unos intereses muy concretos, que son
los que representan los agentes sociales que están hoy en el
Consejo Económico y Social. Incluso si aceptáramos la tesis de
que el fundamento del Consejo está en el artículo 131 de la
Constitución, el número 2 de dicho artículo da unas
competencias y unas facultades distintas a las comunidades
autónomas, a los sindicatos y a las otras representaciones
profesionales. El artículo 131.2, de la Constitución, al
referirse a las comunidades autónomas, en esa planificación
que menciona, dice que su función sería suministrar al
Gobierno las previsiones necesarias para poder proceder a la
planificación general de la economía. Ese supuesto ideal es un
estadio previo. Las comunidades autónomas suministrarían al
Gobierno los elementos necesarios para proceder a esa
planificación general. Asimismo, el citado artículo 131.2 de
la Constitución dice que la función de los sindicatos y las
otras organizaciones profesionales, empresariales y
económicas, sería la de prestar asesoramiento y colaboración
para la elaboración de los proyectos de planificación. Es
evidente que la Constitución distingue dos funciones muy
distintas entre las comunidades autónomas y las
representaciones profesionales o sociales que están hoy en el
Consejo Económico y Social. Incluso con esa función del
artículo 131, sería una confusión. No sería, a nuestro modo de
ver, correcto el situarlos en el mismo plano, porque están en
planos distintos según la propia Constitución.
Es significativo, por otra parte --y me refiero ya al último
punto--, que, en cuanto al contenido, la modificación
principal es la de tratar de que se incluya el debate,
deliberación y dictamen sobre los Presupuestos Generales del
Estado, que hoy están expresamente excluidos, por la Ley de
1991, de las funciones del Consejo Económico y Social. Decía
que es significativo en este punto que en los consejos
económicos y sociales que se han creado en doce comunidades
autónomas, aunque no en todas ellas se han puesto en
funcionamiento efectivo, está excluida la competencia que
ahora comentamos, la de dictaminar o deliberar sobre los
presupuestos de las comunidades autónomas.
En cuanto a este último punto, señorías, señor Diputado
proponente, pensamos que de aceptarlo incurriríamos en un
defecto porque alteraríamos --y sería lo de menos-- los
tiempos previstos para la elaboración de los Presupuestos
Generales del Estado. Pensemos que hoy, teniendo en cuenta el
compromiso constitucional del Gobierno en cuanto a la fecha de
presentación, el Gobierno tiene que terminar la deliberación,
debate en su seno y consiguiente aprobación dentro del mes de
septiembre de cada año. Si el Consejo Económico y Social
tuviera esta competencia de dictaminar previamente, esa
aprobación tendría que producirse considerablemente antes para
llegar a tiempo, con lo cual nos iríamos ya a unas fechas
excesivamente prematuras.
Por otra parte, insistimos en algo que parece que es la razón
fundamental de la existencia del Consejo Económico y Social,
tal y como funciona en estos momentos y como está previsto en
la Ley de 1991, y es que supone introducir la posibilidad de
que los agentes o los interlocutores sociales que tienen una
representación de intereses y una competencia determinada --no
es una competencia general, como las fuerzas políticas--
debatan sobre la generalidad de los gastos públicos, lo que no
parece adecuado teniendo en cuenta la distinción existente en
todas las democracias entre una representación política
general y una representación de intereses sectorial, que es la
que tienen los agentes o los interlocutores sociales.
Además, señorías --y lo conoce muy bien, sin duda, el Diputado
que ha defendido la proposición de ley--, en la actualidad los
agentes sociales ya participan en aquellas cuestiones que
afectan a esos intereses que defienden, por ejemplo, la
fijación de las retribuciones en los sectores públicos...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Barrionuevo,
vaya concluyendo, por favor.
El señor BARRIONUEVO PEÑA: Concluyo en este instante, señor
Presidente.
Y como es también la determinación del nivel de las pensiones
tanto para los empleados públicos, como para el conjunto de
los trabajadores por cuenta ajena.
Por consiguiente, nos parece que esos agentes sociales, en la
parte en la que tienen de defensa de intereses reconocida, ya
participan también en lo que se refiere a la elaboración de
los Presupuestos Generales del Estado y, sin embargo, no es
conveniente, insisto, esa atribución sobre los gastos y los
ingresos públicos de carácter general, que parece más bien una
función política.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Barrionuevo.
El señor Peralta tiene la palabra.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señor Barrionuevo Peña, decía usted que había intervenido
anteriormente con sinceridad. En uso de esa sinceridad, que yo
le agradezco y que, a su vez, le reconozco, le voy a decir que
su discurso me ha parecido muy antiguo. Un discurso mirando al
pasado, y le voy a dar un detalle concreto. Se ha referido
usted a mí como el señor Peralta España. Yo no sé si la Cámara
conoce a esta persona, que existió en su día en la historia
de este país, pero que pertenece al pasado y que, además, se
movía en unos ambientes políticos absolutamente alejados de
los míos. Creo que estaba usted pensando en ese tipo de
persona. Incluso a ese tipo de persona le decía usted: No,
nosotros no vamos a planificar; no se preocupen ustedes que no
vamos a planificar.
Señor Barrionuevo, la planificación --usted lo ha dicho-- es
una opción legítima dentro de la Constitución. Pero quiero
llamarle la atención sobre una cosa. Primero, aunque ustedes
no pensaran planificar --no lo digo yo, lo ha dicho usted--
tendrían que ser suficientemente respetuosos con el juego
democrático como para constituir el Consejo que permita a
otras opciones políticas llevar a cabo esa labor, si lo
quieren hacer. Porque imagínese usted que en su día --yo creo
en ello-- habrá fuerzas políticas, no exclusivamente la
nuestra, otras, que reconozcan la realidad y que se den cuenta
de que se están planificando hoy los grandes sectores
privados. En el futuro confíemos que todos los ciudadanos
participen en esa planificación y que decidan llevar a cabo
ese tipo de opciones desde el Gobierno. Tendrían que empezar,
de acuerdo con la Constitución, por crear un consejo, que ese
consejo empezara a proporcionarles todas las directrices y
posiblemente se les pasaría todo el mandato sin haber podido
llevar a cabo su legítima y mayoritaria opción política, en la
medida en que hubieran ganado unas elecciones.
Señor Barrionuevo, por simple compromiso democrático con el
juego político de la Constitución, ese consejo debería
crearse, con independencia de que después cada opción política
haga uso de los trabajos de dicho consejo, de las
recomendaciones del mismo y le asigne funciones específicas o
no. Eso forma parte, señor Barrionuevo, del juego y del marco
político de esta Constitución.
Con independencia de esa causa, que creo que es simple
compromiso con el marco constitucional --y ésa es la causa
fundamental de esta proposición de ley, señor Barrionuevo, el
artículo 131 de la Constitución--, con independencia de esa
causa, repito, tengo que insistir en que hoy, aquí, en nuestro
país, con el Gobierno en el que ustedes son mayoría, al que
mayoritariamente apoyan, en nuestro país se está planificando,
se está programando --llámelo usted como quiera--, se está
haciendo. Se está haciendo, por supuesto, desde instancias
privadas y, en ocasiones, con repercusiones importantes en
toda la colectividad. Pero se está haciendo también desde
instancias públicas.
Usted me dice que el Plan Director de Infraestructuras es una
cosa parcial. Es el Plan Director de Infraestructuras, nada
menos. De infraestructuras hidráulicas, de transporte
ferroviario, de transporte terrestre, de transporte aéreo,
etcétera. Planes de vivienda, planes de reconversión de todo
tipo. Se está planificando. Negar eso, señor Barrionuevo
--permítame que se lo digacon claridad--, es mirar muy atrás.
Si hay algo en la democracia y que da legitimación al trabajo
de los políticos es eso; contribuir desde nuestros programas,
desde nuestros planes políticos a intentar encauzar el
desarrollo de la sociedad, sabiendo que son distintos los de
ustedes, los nuestros, los de estos señores, etcétera. Pero
todos tenemos planes, programas políticos. Nosotros --y lo
sabe usted, señor Barrionuevo-- damos mucha importancia a esos
programas. Eso es así, señor Barrionuevo. Esa es la realidad
política. Negarlo, de verdad, es mirar al pasado, muy al
pasado.
Señor Barrionuevo, algunas de las causas que usted establecía
no se corresponden con la realidad. Ha dicho usted, por
ejemplo, que la participación de las comunidades autónomas no
se lleva a cabo en el mismo nivel que la de los agentes
sociales. Si eso es así, según su criterio, usted mismo se
desautoriza cuando dice que no hay que mezclar una con otra.
No. ¡Si la Constitución distingue perfectamente lo que hace
una y lo que hace otra! Ahora bien, señor Barrionuevo, el que
establezcamos un ámbito concreto donde se produce la
interrelación de unos y otros no supone mezclar sus funciones,
en absoluto. Simplemente es establecer un ámbito donde todos
ponen lo que cada uno representa.
Hoy, señor Barrionuevo, no hay instancias donde se puedan
debatir planes como el hidrológico o el director de
infraestructuras. Tiene que reunirse el Gobierno con una
comunidad autónoma, con otra, y no hay ningún ámbito donde se
reúnan todos, donde la Comunidad Autónoma valenciana, por
ejemplo, de la que yo soy Diputado, pueda entender las razones
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en torno a los
regadíos, o de la Comunidad Autónoma de Murcia en torno a las
infraestructuras ferroviarias, o de la catalana en torno a los
trasvases.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vaya concluyendo,
señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Voy concluyendo, señor Presidente.
Hace falta un ámbito concreto donde todas las comunidades
autónomas y los agentes económicos y sociales asuman la
realidad de este Estado, integrada por esa pluralidad, que no
confundimos, que es real. Lo que pretendemos es establecer un
sitio concreto donde todos confluyan, entiendan y asuman las
razones de cada momento.
Ha dicho usted, señor Barrionuevo, que otra de las razones que
buscábamos era que se debatiera la Ley de Presupuestos
Generales del Estado, a lo cual usted se ha opuesto con dos
razones. La primera de ellas, señor Barrionuevo, es la de que
se alterarían los plazos. Señor Barrionuevo, qué plazos tendrá
la Ley de Presupuestos que hoy, hoy ya, han comenzado ustedes,
el Gobierno al que ustedes apoyan, a debatirlo con
Convergència i Unió. Eso está publicado en los medios de
comunicación.
Estamos en febrero de 1995 y ya han empezado ustedes los
contactos con otras fuerzas políticas para hablarde los
presupuestos, incluso se nos anticipan recortes tremendos en
relación con esos Presupuestos. Me dice usted: Sí, con esa
fuerza política se puede hacer; con los agentes económicos y
sociales, no. ¿Por qué, señor Barrionuevo? ¿Por qué?
Ha esgrimido, como segunda razón, que a los agentes económicos
y sociales no hay que alterarles sus funciones, no hay por qué
hacerles participar en un debate sobre la generalidad de los
gastos públicos. Señor Barrionuevo, recuerde usted las veces,
la reiteración con que el Presidente del Gobierno, su líder,
el señor González, decía a los sindicatos que estaba dispuesto
a negociar con ellos la totalidad de las cuentas del Reino.
¿Se acuerda usted, señor Barrionuevo? Pues, sinceramente, sigo
creyendo que don Felipe González no es que mandara más que
usted, es que en ese punto concreto estaba más en la razón que
usted. Pueden hacerlo perfectamente. No hay ningún impedimento
constitucional a eso que, por otra parte, sería positivo.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Termine ya, señor
Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Concluyo, señor Presidente.
Señor Barrionuevo, creo, de verdad, que el dato formal de que
usted haya utilizado un turno en contra de una proposición de
ley de desarrollo de la Constitución pone de manifiesto que su
discurso es demasiado chapado a la antigua. Formalmente
hubiera sido mejor una simple fijación de posiciones aunque,
al final, ustedes votaran en contra.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Peralta.
El Señor Barrionuevo tiene la palabra.
El señor BARRIONUEVO PEÑA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Peralta Ortega, don Ricardo, en primer lugar,
mis disculpas por la confusión en la que no he reparado. La
verdad es que lleva usted con mucha dignidad tanto su nombre
como sus apellidos y siento haberme confundido.
En la respuesta a mi intervención usted se ha referido
nuevamente a la planificación. Antigua o moderna --para qué
vamos a detenernos en eso--, en este momento ustedes tampoco
creen en esa planificación general de la economía a la que se
refiere el artículo 131 de la Constitución. En primer lugar,
usted no la ha defendido y, además, en esta proposición de ley
que presentan, de Consejo fundamentado en ese artículo de la
Constitución, en absoluto se refieren a esa posibilidad. Hacen
algún comentario de carácter genérico en el preámbulo respecto
a lo que establece el artículo 131, pero no se refieren a esa
posibilidad en relación con las competencias que proponen para
este Consejo, que es la que menciona el artículo 131. Me ha
dado la sensación de que en materia de planificación general
de la economía ustedes no son ciertamente practicantes, pero
me parece que tampoco son creyentes en este momento. Por
tanto, no estamos demasiado alejados, a pesar de lo que usted
manifestaba.
En cuanto a la forma de ponerse en relación el Gobierno con
las comunidades autónomas, se le ha pasado a usted mencionar
en su segunda exposición que en estas cuestiones sectoriales
existen conferencias o consejos sectoriales en los que se
pueden tratar diversas cuestiones. Lo más conocido es el
aspecto económico y fiscal, pero existen y funcionan en todos
los demás sectores, quizá no con tanta asiduidad en los demás
sectores de la Administración, y son perfectamente posibles
esas formas de relacionarse y de poner en común las distintas
posiciones.
Finalmente, respecto al ejemplo de los Presupuestos que usted
ha puesto, usted ha dicho que no sabe si Felipe González manda
más que yo, pero que sabe más que yo. Además de saber más,
manda más que yo. Pero se refería usted a esa proposición de
debatir las cuentas del Reino, y quizás el resultado de esa
propuesta se acerca más a mi postura que a la que usted ha
defendido, señor Peralta, porque usted sabe muy bien cuál fue
la contestación de los agentes sociales a esa propuesta de
debate general.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Barrionuevo.
¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición en este
debate? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Hinojosa.
El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor Presidente, señoras y
señores Diputados, señor proponente, mi Grupo va a votar en
contra de la toma en consideración de esta proposición de ley.
¿Por qué vamos a votar en contra, señor Peralta? Consideramos
que el Consejo Económico y Social ya existe, ya funciona. El
otro Consejo Económico y Social ya lo debatimos aquí y no fue
aprobado. El que existe es el que esta Cámara quiso que
existiera.
No entraré, señoría, en el debate que ustedes acaban de tener.
No quiero ir más allá de una simple justificación de nuestro
rechazo de esta proposición de ley, y no quiero entrar en
razones ideológicas. En su momento, entramos. Ahora no es
necesario pues la Cámara ha fijado su posición y sabe los
puntos de vista de unos y de otros. Entraré en el contenido de
su proyecto para
justificar por qué votaremos en contra, además de por esas
otras razones de fondo.
La proposición de ley pretende crear un Consejo Económico y
Social que sea un instrumento consultivo del Estado. A
nosotros nos parece bien que sea un instrumento consultivo del
Gobierno. Primera discrepancia.
Segunda discrepancia. Pasamos de 61 participantes a 95 y se da
entrada a las comunidades autónomas y a las universidades.
Esta sería una razón atractiva para decir que sí al menos en
este artículo, pero le digo que no porque, contrariamente a lo
que pueda parecer, a nosotros, a las comunidades autónomas
(quizá no tengo autoridad para hablar en nombre de las
comunidades autónomas, pero sí en nombre de una coalición de
una comunidad autónoma) no nos es atractivo participar en
organismos centralizadores en los que aportamos algo, pero
desdibujamos lo que queremos que sea el Estado de las
autonomías, que es tener autonomía, tener competencia.
Las comunidades autónomas tienen la facultad y algunas ya
tienen los consejos económicos y sociales, con ese nombre o
con otro parecido. Al que yo pertenezco tiene el nombre de
Consell de Treball, el Consejo de Trabajo, donde se pueden
integrar todas las materias --de hecho, se integran-- que el
Consejo Económico y Social del Estado normalmente debate.
Hay otras razones. Su señoría pretende que el CES de nueva
creación dependa del Ministerio de Economía y Hacienda. A
nosotros nos parece que está bien donde está y que dependa de
Trabajo.
Hay un tema fundamental que me parece no han tenido en cuenta
ni el redactor de su proyecto ni S.S. en su defensa: no se
manifiesta si los dictámenes vinculan o no. Es un tema
importante. Yo prefiero que no vinculen. Supongo que S.S.
también y quizá por eso no lo ha mencionado.
A mi criterio, hay una contradicción, porque, por un lado, se
dice que si un órgano como el Congreso o el Senado pidiese la
presidencia del CES, éste debería venir en representación
proporcional a su composición o, en todo caso, delegar
expresamente en el presidente, mientras que en el artículo 9.º
de la proposición de ley se dice explícitamente que el
Presidente representa al CES. Claro que S.S. me puede decir
que todo lo que digo es enmendable, pero es que esto es además
del fondo.
Hay un tema que es fundamental y es que el Consejo Económico y
Social que saliera de esta proposición pudiera entrar a
debatir el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Ahí
no debemos movernos del artículo 134 de la Constitución, que
dice taxativa y contundentemente quién puede debatir el
Presupuesto del Estado: las dos Cámaras y, de ninguna manera,
el Consejo Económico y Social.
Estas son las razones básicas por las que hoy vamos a votar en
contra de su proposición de ley. Les ahorro a la Cámara y a
usted mismo otro tipo de debate que han iniciado usted y el
interviniente del Grupo Socialista.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Hinojosa.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor
Aparicio. (Rumores.)
Por favor, señorías, guarden silencio.
El señor APARICIO PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Una vez oída la primera parte del debate, en la que yo creo
que ha habido una enorme tenacidad y prolijidad de argumentos
en favor y en contra de la iniciativa, al anunciar no sólo lo
que será la posición del Grupo Popular en relación a esta
proposición sino el sentido de nuestro voto, yo creo que hay
que partir de un menor dramatismo del que a lo mejor han
podido tener algunas de las primeras intervenciones, y lo digo
desde el respeto y el afecto al interviniente, que sé que pone
todo su empeño y su entusiasmo en cualquier iniciativa.
Existe, como bien se ha dicho, un Consejo Económico y Social,
creado recientemente, allá en el mes de junio del año 1991, al
que yo creo que hay que darle un margen de confianza y año
tras año el apoyo presupuestario y político que creo que todos
los grupos de esta Cámara estamos dispensándole y al menos
desde el Grupo Popular con razonable asiduidad. Las demandas
materiales presentadas por el Consejo Económico y Social han
sido atendidas este año y años anteriores.
Se ha dicho, y con razón, que existen igualmente doce consejos
económicos y sociales de ámbito autonómico con diferentes
titulaciones, lo cual nos lleva a pensar que el modelo inicial
del año 1991 es al menos razonable y transponible en este caso
a algunas de las comunidades autónomas. Si desde esa
perspectiva tenemos la tranquilidad de que ya está funcionando
un Consejo Económico y Social, nos quedaría la otra gran
variable, la otra gran materia de debate que suscitaba el
señor Peralta: cómo se integran las voluntades de las
comunidades autónomas en materias importantes, en materias de
Estado. Porque yo no la circunscribiría sólo al hecho de
configurar una voluntad autonómica para un asunto de
planificación, utilizada la palabra planificación en el
sentido tal vez obsolescente de la misma o utilizada desde una
desagregación sectorial. Yo creo que por pura consecuencia de
nuestros actos, si recientemente casi todas las fuerzas
políticas hemos convenido en que esta asignatura pendiente del
ordenamiento constitucional español, como es la integración y
formación de voluntades autonómicas en una única voluntad,
bien sea para acudir a los procesos europeos, de conformación
de la voluntad nacional de la posición española frente a otros
países de la Unión Europea, bien sea
en una materia como de las que hoy se ha hecho un amplio
catálogo, como digo, yo creo que todos hemos convenido en que
tiene un marco natural también sujeto a debate, sujeto a
reflexión y probablemente a reforma, que se llama el Senado.
Permítame, en consecuencia, que le diga que nosotros creemos
que este debate es una pieza más de ese debate ya en marcha y
al que estamos contribuyendo con nuestro más leal y sincero
esfuerzo en el Senado y que ciertamente hoy no nos vamos a
oponer a que sea tramitada esta iniciativa, pero tampoco
podemos incluirla en el seno de nuestras prioridades o
preferencias, o de lo que entendemos que son materias más
imprescindibles para este momento.
Por esa congruencia con el debate que hemos iniciado y en el
que estamos cooperando con nuestros mejores conocimientos en
el Senado, desde el respeto a la exposición que ha habido y
valorando positivamente algunos de los planteamientos que ha
expuesto el señor Peralta, quiero anunciarles que lamentamos
no poder apoyar esta iniciativa.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Aparicio.
Finalizado el debate vamos a pasar a la votación de la toma en
consideración de la proposición de ley debatida. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación para la toma en consideración de
la proposición de ley, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, por la que se crea el Consejo Económico y
Social.
Comienza la votacion. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 296; a favor, 15; en contra, 157; abstenciones, 124.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE INFORMACION A LOS
CIUDADANOS RESPECTO DE LA LEY DE ARRENDAMIENTOS URBANOS
(Número de expediente 162/000151)
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Proposiciones
no de ley. Proposición del Grupo Socialista sobre información
a los ciudadanos respecto de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Tiene la palabra el señor Morlán. (Rumores.)
Señorías, estamos en sesión. Guarden silencio y ocupen sus
escaños. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Morlán.El señor MORLAN GRACIA: Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, finalizado el debate en estas
Cámaras de esta importante ley, que afecta a muchos sectores
sociales y cuya complejidad es indudable, el Grupo
Parlamentario Socialista entendió que debía hacerse un
esfuerzo complementario para que la aplicación de la ley de
Arrendamientos Urbanos supusiera el menor problema posible
para aquellas personas, para aquellos ciudadanos que iban a
verse afectados por este nuevo marco jurídico.
Todas SS.SS. saben que si bien para los arrendamientos
futuros, tal y como establece la propia norma, la ley
establece un régimen arrendaticio que no presenta una especial
dificultad, tanto en sus aspectos más destacados como son la
duración del contrato, la renta, la actualización, la fórmula
de subrogación como en aquellos otros, que tienen una menor
incidencia, relacionados con los costes, con los gastos de
mantenimiento de las fincas urbanas, no ocurre lo mismo con
todo el régimen transitorio, tanto en lo referente a viviendas
como a locales de negocio, donde la dificultad es bastante
mayor porque la casuística que existe es múltiple, y así se ha
puesto de manifiesto a lo largo de todo el debete de esta ley,
en el que el deseo de los grupos ha sido el de buscar las
fórmulas que hemos entendido más adecuadas para dar solución a
los problemas que existen en los distintos tipos de contratos
de arrendamiento. Una simple lectura del iter parlamentario
que ha tenido el régimen transitorio, y sobre todo de las
disposiciones transitorias segunda y tercera, nos puede dar
una idea del número de aportaciones y modificaciones que se
han ido introduciendo como consecuencia de los debates y
reflexiones que han motivado el estudio, el análisis y las
soluciones más idóneas de los casos que se iban planteando y
su incidencia en las relaciones arrendaticias. Hemos
pretendido actualizar los contratos de arrendamiento
modificando algunos contenidos importantes de las relaciones
arrendador-arrendatario. El régimen de subrogaciones ha
experimentado unas variaciones sustanciales. Los plazos de
duración de los contratos también han sido modificados. Las
fórmulas de actualización de rentas y las fases o períodos de
repercusión en el arrendatario también han experimentado una
novedosa regulación en la que la aplicación de la fórmula
matemática aprobada, que tiene en cuenta el IPC, rentas
iniciales y rentas existentes a lo largo de los últimos años,
lleva aparejada una cierta complejidad. La repercusión de
costes y gastos de comunidad, obras de conservación, etcétera,
también han sido variados y muy importantes.
En definitiva, muchas son las novedades que introduce la ley
de Arrendamientos y que están afectando a intereses muy
directos de ciudadanos de este país, muchos de ellos con
escasas posibilidades de disponer por sí mismos de la
información más adecuada para poder
analizar la repercusión de esta ley en su ámbito familiar,
comercial, profesional o empresarial. Todo ello ha motivado
que nada más aprobarse esta nueva Ley de Arrendamientos de
manera definitiva por el Congreso de los Diputados, el Grupo
Socialista estimara oportuno y necesario que la difusión de su
contenido se llevara a cabo con la mayor rapidez, propiciando
para ello no sólo que esa información fuera lo más clara y
sencilla posible, y por tanto perfectamente entendible, sino
también facilitando a los afectados el sitio más adecuado y
más próximo posible para que sus dudas pudieran ser
consultadas y resueltas personalmente. La edición de un
folleto de divulgación como el que conocen SS.SS. y la
colaboración de las comunidades autónomas, cuya competencia en
materia de vivienda es incuestionable, entendimos que era la
forma más correcta para hacer llegar a los ciudadanos
afectados la información que necesitaban. De ahí que, con
fecha 3 de noviembre de 1994, presentaramos ante esta Cámara
esta proposición no de ley que hoy debatimos y en la cual
solicitamos la elaboración de ese folleto divulgativo que
todas SS.SS. conocen, así como que se concierte con las
comunidades autónomas un procedimiento de atención a las
consultas que pudieran efectuar los ciudadanos.
Entendimos en aquel momento y seguimos entendiendo ahora que
esta proposición era necesaria y que si bien se había cumplido
uno de los factores, cual es la elaboración y difusión de ese
folleto, también era conveniente que estos acuerdos con las
comunidades autónomas se llevaran a cabo a través de esas
jornadas, debates y reuniones en las que se ha puesto de
manifiesto la necesidad de que esta ley fuera explicada a
todos los ciudadanos de este país.
A esta proposición no de ley han sido presentadas dos
enmiendas que me gustaría comentar brevemente para fijar la
posición de mi Grupo respecto al contenido de las mismas.
Indudablemente, estas dos enmiendas vienen a mejorar el texto
de la proposición no de ley y a actualizar un poco los niveles
de exigencia de información que se plantean con el desarrollo
de esta Ley de Arrendamientos Urbanos.
La propuesta que hace el Grupo de Convergència i Unió, que
aceptamos y que vendría a sustituir el punto número 1 de
nuestra proposición no de ley, establece la necesidad de que
se realice una campaña más amplia, en la que además de hablar
de lo que son los arrendamientos de futuro se hiciese una
especial incidencia --como dice la proposición no de ley-- en
aquellos temas que tienen que ver con las disposiciones
transitorias, es decir, con lo que son viviendas y locales de
negocio, puesto que, como he indicado anteriormente, son los
que mayor trascendencia social tienen ya que afectan a rentas
y alquileres anteriores a 1985, e incluso anteriores a la
propia aprobación de la ley. Nosotros pensamos que es una
aportación muy importante y por ello la aceptamos como
sustitución de nuestro punto número 1.
Respecto a la enmienda que presenta el Grupo Popular, hemos de
indicar que, sustancialmente, en su punto 1 viene a coincidir
con la propuesta de Convergència i Unió, proponiendo también
la necesidad de un folleto de divulgación. Nosotros entendemos
que el folleto que ha elaborado el Ministerio y que ha sido
divulgado por todo el país ya contempla las necesidades que
plantea la enmienda del Grupo Popular, en su punto 1, por lo
que creemos que se produciría una concomitancia entre las dos
enmiendas. De ahí que, aceptando la enmienda de Convergència i
Unió, de hecho aceptaríamos también el fondo y gran parte de
la forma de la enmienda que presenta el Grupo Popular.
En cuanto al punto 2 de la enmienda del Grupo Popular,
nosotros entendemos que presenta serias dificultades; serias
dificultades porque el Grupo Popular plantea un concierto con
otro tipo de instituciones o corporaciones de Derecho público,
que lo único que supondría sería una dispersión en lo que son
las labores de información que tiene que prestar la
Administración pública respecto al contenido de una ley que
tiene gran incidencia. Cualquier dispersión, no sólo en la
información sino también en la valoración y tratamiento de esa
información, puede inducir a confusiones y a fórmulas de
litigio que en modo alguno tienen que estar en el ánimo de las
instituciones o de los entes que tienen que dedicarse a
difundir esa información. Por ello pensamos que nuestro punto
2, que dice que se concierte con las comunidades autónomas, si
ello resulta posible, un procedimiento de atención a las
consultas que pudieran efectuar los ciudadanos, da perfecta
cobertura a todas aquellas inquietudes, a todos aquellos
problemas que se planteen en la interpretación de los
contratos de cada familia, de cada empresa o de cada sociedad.
Nosotros entendemos que a través de las comunidades autónomas,
que tienen competencias en temas relacionados tanto con la
vivienda como con el comercio y la industria, los ciudadanos
pueden percibir de mejor manera la información que necesitan.
Otra cosa es que esa información que se les da tenga que ser
objeto o no de litigio. Y para evitar cualquier tipo de
problema en esa dirección, porque entendemos que ése es otro
ámbito que ha de tratarse en los tribunales, pensamos que la
información que puede darse desde las comunidades autónomas,
como ya he indicado, es la más correcta y adecuada.
Haciendo una valoración tanto del conjunto de la proposición
no de ley que presentamos como de las enmiendas que plantean
los dos grupos parlamentarios, Convergència i Unió y Popular,
entendemos que vamos a incrementar el volumen de información
al que tienen derecho los ciudadanos, vamos a posibilitar que
esa información llegue en mejor medida ya no sólo con la
intervención de las administraciones sino con la existencia
de mayores debates, de charlas, de jornadas, como se está
planteando que se haga desde la óptica del Gobierno en las
próximas fechas. Entendemos que con todo ello vamos a cubrir
una necesidad que puede existir en muchos colectivos sociales
y que, sin lugar a dudas, va a permitir que la Ley de
Arrendamientos Urbanos pueda ser conocida en todos sus
términos y pueda ser perfectamente entendida por todos los
ciudadanos afectados, tanto desde el punto de vista del
arrendador como desde el punto de vista del arrendatario.
Por eso, señorías, la proposición no de ley que nosotros
pensamos que puede ser sometida a consideración es la
siguiente. El punto primero sería la enmienda presentada por
el Grupo Catalán (Convergència i Unió) y el punto segundo
sería el que mantenemos nosotros en nuestra proposición no de
ley.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Morlán.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Catalán
(Convergència i Unió) y la fijación de la posición de este
Grupo, tiene la palabra el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, señorías, a
nuestro Grupo Parlamentario le preocupala aplicación de la
nueva Ley de Arrendamientos Urbanos o, para ser más exactos,
la aplicación de sus disposiciones transitorias.
Ya sabemos que hace poco más de un mes que esta ley ha entrado
en vigor y es muy notable el número de cuestiones que su
aplicación práctica está planteando. ¿Por qué se está
planteando esta situación que ya estaba en parte prevista? En
primer lugar, es evidente que ésta es una ley que afecta a un
colectivo muy importante de ciudadanos, pero es que además
afecta a una materia, la de los arrendamientos urbanos, que ya
de por sí es compleja. En segundo lugar, esta ley viene a
incidir en una cultura arrendaticia que está muy arraigada,
que viene de muy lejos. Todo el mundo tenía claro hasta ahora
cuáles eran sus derechos, cuáles eran sus deberes en el marco
de esta relación, puesto que se alarga el origen de esta
cultura mucho más allá del texto refundido del año 1964 y
ahora hemos aprobado una nueva ley que viene a modificar este
statu quo tan arraigado, como decimos. Y en tercer lugar, a la
complejidad de la propia ley --complejidad originada en el
hecho de que esta ley no se ha inclinado siempre por las
soluciones más sencillas a los problemas que tenía
planteados-- hay que añadir algo que este Grupo Parlamentario
ya manifestó durante el debate --y lo manifestó como un
aspecto que nos preocupaba y que nos sigue preocupando-- que
es la, a veces, falta de claridad de la misma ley.
Decíamos entonces que a pesar de que en este aspecto la ley
había mejorado mucho a su paso por el Parlamento, creíamos que
se podía haber dado un paso más, deseando, sin embargo, que el
tiempo no nos diera la razón y que la aplicación de la ley se
realizara con las menores controversias posibles. Decíamos
esto porque teníamos la sensación de que a menudo, cuando
estábamos procediendo a la redacción definitiva de los
diversos artículos y especialmente disposiciones transitorias,
sobre todo la segunda y tercera de la ley, no se estaba
plasmando exacta y claramente aquello que nosotros, que el
legislador quería realmente decir. Y, por último, estamos
observando cómo a menudo, amparándose en la propia complejidad
de la ley, se están realizando interpretaciones que, lejos del
equilibrio que ésta buscaba, son sumamente interesadas o
parciales; es decir, barren descaradamente hacia un lado. Y
aunque no dudo que los tribunales de justicia se encargarán de
restablecer este equilibrio, de momento se están generando
problemas e incluso una cierta alarma o preocupación social.
Quiero simplemente poner sobre la mesa una práctica que viene
siendo bastante usual en algunas ciudades importantes de
nuestro país, como es el hecho de remitir a inquilinos una
carta reclamándoles desde la declaración de la renta hasta la
declaración del Impuesto sobre Actividades Económicas y el
certificado del padrón municipal, entre otros documentos.
Incluso se concede un plazo, de una forma que podría parecer
que es legal, para proceder a remitir estos documentos. Ello
genera alarma y preocupación en el receptor de esta carta,
pero es evidente y todos sabemos que obedece a una iniciativa
de algunos propietarios o de algunas personas responsables de
aplicar la ley. En cualquier caso, es un procedimiento que no
está en ningún supuesto previsto en la propia ley y, en
cambio, se está produciendo con la consiguiente alarma y
preocupación social, como decía hace un momento.
Por todo ello, pensamos que no sólo es conveniente, sino que
además es urgente, que se realice una activa campaña acerca de
los principales aspectos novedosos de la ley, haciendo un
especialísimo hincapié, por no decir exclusivo, en el régimen
transitorio. Realmente, los problemas graves de interpretación
de la ley vienen en lo que se refiere al régimen transitorio y
muy especialmente en cuanto a la disposición transitoria
segunda, es decir, contratos de alquiler anteriores al Decreto
Boyer, que hace referencia a vivienda, y la disposición
transitoria tercera, en cuanto a los locales comerciales. Una
campaña que, además de la distribución masiva del folleto que
ya ha editado el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente, debería recurrir, entiende este Grupo
Parlamentario, a los medios de comunicación para llegar a los
ciudadanos. Entendemos que no es suficiente la edición de este
folleto, que ya va por su segunda edición porque la primera,
si no estoy equivocado, salió al mercado con una serie de
errores que posteriormente se corrigieron, sino que este
folleto tiene que llegar a los ciudadanos y éstos tienen que
tener la posibilidad de hacer uso del mismo; pero no sólo del
folleto sino de la información que contiene. Entendemos
nosotros que sería bueno y positivo para los ciudadanos
afectados por esta ley que, a través de los medios de
comunicación, se les descifraran las principales claves de su
aplicación.
¿Qué aspectos son los más importantes para nosotros?
Fundamentalmente y en primerísimo lugar todo lo relativo a la
actualización de rentas; que los ciudadanos, por ejemplo,
conozcan exactamente cuál es la fórmula de actualización. Creo
que ello es importante y urgente porque están apareciendo
fórmulas que, en cualquier caso, no tienen que ver
prácticamente nada con lo que dice la ley que aquí aprobamos.
Por ejemplo, qué posibilidades tiene la propiedad de efectuar
determinadas repercusiones fiscales al inquilino, cómo se van
a repercutir en estos contratos antiguos las obras, servicios
y suministros, qué incidencia tiene el importe global que
viene pagando el inquilino por concepto de obras, servicios y
suministros en la renta revalorizada o cuál es --otra cuestión
que nos parece sumamente importante-- el régimen de extinción
de locales de negocio; régimen que, como saben los señores
Diputados y muy especialmente los ponentes de la ley, es
ciertamente complejo.
Entendemos que debería ser una campaña activa, que debería
llegar a mucha gente, y que todo ello debe realizarse
urgentemente para evitar injusticias y lecturas interesadas.
Por ello hemos presentado esta enmienda que viene a recomponer
el sentido de la proposición no de ley del Grupo Socialista,
un tanto desfasada después de la publicación urgente del
folleto. Pero no sólo eso sino que, como he dicho a lo largo
de mi exposición, viene a poner de manifiesto la preocupación
de este Grupo Parlamentario, que esperamos que se transforme
en preocupación de toda la Cámara, acerca de la aplicación
correcta de esta ley.
Eso es todo, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Recoder.
Para defender la enmienda del Grupo Popular y fijar la
posición de dicho grupo, tiene la palabra el señor Gómez
Darmendrail.
El señor GOMEZ DARMENDRAIL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en nombre del Grupo Popular, trataré de fijar la
posición en esta proposición no de ley que se presenta a los
45 días de haber entrado en vigor la Ley de Arrendamientos
Urbanos y a los tres meses de haber sido aprobada por este
Parlamento.
Esta proposición no de ley pretende, en primer lugar, que el
Gobierno edite un proyecto divulgativo de la Ley de
Arrendamientos Urbanos; y, en segundo lugar, que concierte con
las comunidades autónomas un procedimiento de atención a las
consultas que pudieran efectuar los ciudadanos.
Adelanto ya que mi grupo votaría a favor porque, como es
natural, no está en nuestro ánimo oponernos a una mayor
información de los españoles ni a que el Gobierno concierte
con las comunidades autónomas un auxilio al ciudadano en
materia tan compleja como la que nos ocupa. No obstante, hemos
presentado una enmienda que pretende mejorar la propuesta
socialista y que posteriormente defenderé. Previamente, hay
que decir aquí con toda rotundidad que esta proposición no de
ley no es sino otro botón de muestra de las contradicciones y
la improvisación que caracteriza esta legislatura, como
trataré de demostrar a SS.SS.
Empezando por el final, el segundo y último punto de la
proposición que nos ocupa, dice: El Congreso de los Diputados
insta al Gobierno --y leo literalmente-- a que: «Concierte con
las Comunidades Autónomas, si ello resulta posible, un
procedimiento de atención a las consultas que pudieran
efectuar los ciudadanos». Me van a permitir que lo repita: «un
procedimiento de atención a las consultas que pudieran
efectuar los ciudadanos». Señorías, con este sencillo acto --y
yo me felicito de ello--, pretenden reinventar las Cámaras de
la Propiedad Urbana. Efectivamente, esas corporaciones, cuya
disolución propiciaron hace cinco meses por decreto y por
motivos de urgencia --a la vista está la urgencia--, estas
corporaciones, digo, tienen como función primordial atender
las consultas y, fundamentalmente, las relativas a
arrendamientos urbanos.
¿No les parece una contradicción o, cuando menos, un monumento
a la estulticia destruir lo que está consolidado, prestigiado
y prestando un servicio importante a la sociedad? ¿No les
parece una contradicción que precisamente en estos momentos el
ministerio esté nombrando delegados en las cámaras de la
propiedad, que aparte de provocar un serio conflicto de
competencias de difícil solución, entorpecen el normal
desarrollo de sus actividades? ¿No les parece una
contradicción tratar de eliminar de un plumazo, precisamente
el año en que entra en vigor la ley, a letrados y empleados
especializados en temas de arrendamientos urbanos que están
evacuando consultas desde el día siguiente de ser aprobada la
ley? Todo ello, señorías, con dos recursos de
inconstitucionalidad pendientes de resolución. Señorías, esto
es lo que Groucho Marx llamaba avanzar orgullosamente hacia
atrás.
Por lo que respecta al primer punto, ya veo que han aceptado
una enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió). De todas
formas, no parece que el Congresodeba instar al Gobierno a
editar un folleto explicativo; al parecer, el Gobierno ya se
ha instado solo, como lo demuestra esta guía explicativa de la
Ley de Arrendamientos Urbanos.
No creo que el asunto merezca mayor comentario, pero seguro
que cuando el señor Borrell vio esta guía llena
de errores --dicen que la segunda edición está mejor, porque
la primera estaba llena de errores--, debió hacer una
exclamación similar a la que hizo cuando opinó sobre las
propuestas de CiU, y que no repetiré por respeto a esta
Cámara.
En segundo lugar, instar al Gobierno para que concierte con
las comunidades autónomas con el fin de crear un sistema
nuevo, que sustituye a otro ya existente y que el propio
Gobierno pretende disolver.
Como ven, esta proposición no de ley es todo un desecho de
sentido común. Descartes decía que la única cosa bien
repartida en el mundo es el sentido común, pero lo decía
porque no les conocía a ustedes; en otro caso, no hubiera
escrito nunca el «Discurso del método».
Por todo ello, el Grupo Popular ha presentado una enmienda que
dice lo siguiente: «El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno para que: 1.º El Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente realice una campaña de
información sobre la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos
dirigida a los ciudadanos y pymes, a fin de explicar los
aspectos en que ésta les afecta. Esta campaña debe incluir,
entre otras cosa, un documento que explique con detalle todos
los aspectos de esta nueva Ley».
Como pueden ver, este primer punto es muy similar al que ha
presentado el Grupo Catalán (Convergència i Unió) y que ha
sido aceptado por el Grupo Socialista. La única diferencia es
que nosotros, aparte de la campaña de información, pedimos un
folleto; pero un folleto de verdad, no este bodrio, señor
portavoz.
«2.º El Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente concierte con las Comunidades Autónomas,
Corporaciones locales, Cámaras de Comercio y Cámaras de la
Propiedad Urbana, un procedimiento de atención a las consultas
que pudieran efectuar los ciudadanos y las pymes.»
Nosotros entendemos que se mejora el texto inicialmente
propuesto al no tratarse de un simple folleto, ya editado por
el MOPTMA, y malo --como hemos dicho--, sino una campaña de
información.
Por otra parte, se contempla un mayor abanico de posibilidades
para acercar la información y las consultas a los ciudadanos,
dada la complejidad del régimen transitorio, que se puede
traducir en numerosos litigios.
Hay que recordar --y SS.SS. lo saben bien-- que ya en su largo
trámite esta ley tuvo un gran eco social entre los diversos
colectivos afectados; se produjeron gran cantidad de
comunicaciones a todos los grupos políticos para explicar sus
posiciones e inquietudes, especialmente en lo referente al
derecho transitorio. Los ciudadanos no sólo necesitan un
folleto, sino una campaña de información donde se explique
claramente la nueva legislación de contratos «ex novo» y la
nueva situación en que quedan los contratos en función de su
fecha, lo relativo a la renta, subrogaciones, etcétera. En el
caso de contratos nuevos, es necesaria la existencia de
contratos-tipo, a fin de que arrendadores y arrendatarios
sepan los derechos y obligaciones contemplados en esta nueva
Ley. En el caso del derecho transitorio, se debe distinguir
entre lo relativo a vivienda y a locales de negocio. Hay que
tener en cuenta que los contratos de vivienda afectan a
arrendadores y arrendatarios en múltiples aspectos, y con una
complejidad que hacenecesario, en la mayoría de los casos, un
asesoramiento especializado. En los contratos de local de
negocio, la situación es igualmente preocupante, agravada si
cabe por el hecho de afectar a las pymes, columna básica de
nuestra economía.
Por otra parte, la iniciativa no gubernamental ha realizado ya
multitud de seminarios, conferencias, charlas-coloquio, mesas
redondas u otros actos de debate y clarificación de los
aspectos más conflictivos de esta nueva ley. Entre ellos
destacan los actos convocados por las cámaras de comercio,
colegios profesionales, asociaciones, cámaras de la propiedad
urbana, etcétera. Asimismo, la iniciativa privada ha producido
guías o manuales sobre esta ley que incluyen programas
informáticos para calcular las rentas actualizadas. El Grupo
Popular lamenta la escasa sensibilidad del Gobierno en actuar
para difundir entre la ciudadanía y las pymes los aspectos de
esta compleja ley. Es lamentable que tres meses después de la
publicación de esta ley la propuesta que hoy se discute del
propio Grupo Socialista siga siendo necesaria, aunque
insuficiente. Por ello, el Grupo Popular entiende que es
necesaria la edición de un documento explicativo de esta ley
--no un folleto--, inteligible por los ciudadanos de a pie y
pequeños y medianos empresarios, con casuística completa y
adecuados programas para el cálculo de rentas actualizadas,
dentro de una campaña de información que debe incluir la
utilización de oficinas de atención a las consultas de los
ciudadanos afectados, aprovechando, por cierto, las
estructuras existentes. Es por lo que el concierto para la
atención de consultas debe hacerse, a nuestro juicio, no sólo
con las comunidades autónomas, sino con las corporaciones
locales --las que puedan tener infraestructura--, cámaras de
comercio y cámaras de la propiedad urbana.
Por todo ello, mi grupo espera y desea que SS.SS. acepten la
enmienda que presentamos. Ya ha dicho el portavoz del Grupo
Socialista que no la acepta, con lo cual me temo lo peor, pero
el objetivo no era otro que mejorarla y hacerla más eficaz
para resolver el problema que se plantea a los ciudadanos y a
las pymes.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gómez Darmendrail.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Coalición Canaria va a dar su apoyo a esta proposición no de
ley, sean cuales sean las enmiendas que acepte el grupo
parlamentario proponente, el Grupo Socialista, porque nos
parece oportuna, y más en el momento de confusionismo o de
falta de información que una nueva Ley de Arrendamientos
Urbanos, por lo complejo que es en sí mismo el tema, puede
producir en los usuarios.
Estando de acuerdo en la oportunidad del fondo, porque se
trata sencillamente de un proceso de divulgación informativa,
lo importante es la manera en que esto se instrumentaliza y
quiénes son los instrumentos idóneos o adecuados. En este
primer punto, nos parece más correcta la enmienda que ha
presentado el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) --y he oído que se va a aceptar por el Grupo
proponente--, porque hace remisión general a una campaña de
divulgación por parte de la Administración, y no
específicamente por parte del Ministerio de Obras Públicas del
Gobierno central. Tengan en cuenta, señorías, que este
instrumento del propio Ministerio, en muchas comunidades
autónomas, está reducido por las competencias que en materia
de medio ambiente, etcétera, ostenta la propia comunidad
autónoma. La Administración local tiene mucha más estructura
de oficinas, de ventanillas y de instrumentos informativos a
nivel de la provincia y de la comunidad autónoma, por
supuesto, que el propio departamento ministerial; por tanto,
nos inclinamos en el punto primero por la articulación y el
texto que propone el Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Respecto al segundo punto, tal como viene en la proposición
del Grupo Socialista, a nosotros nos parece muy limitado decir
solamente que concierte con las comunidades autónomas. Aquí la
enmienda que propone el Grupo Parlamentario Popular nos parece
más realista, más adecuada, al utilizar, junto a las
comunidadesautónomas, todas aquellas oficinas, ventanillas o
instrumentos de la Administración local, de los ayuntamientos,
que son los que ostentan la titularidad de determinados
factores impositivos, como es la denominada antiguamente
contribución urbana, y es el ciudadano de a pie el que ostenta
la propiedad de una vivienda quien ha de tener la inmediatez
del centro de consulta donde evacuar la misma, y esta
inmediatez es el ayuntamiento; la Administración más próxima
al administrado es el ayuntamiento, y se va a la oficina
correspondiente del ayuntamiento donde le informarán de estas
peculiaridades.
En caso contrario, y esto sí lo tiene una dependencia de la
Administración del Estado, es la oficina del Catastro, oficina
que también está a nivel provincial, y es uno de los
instrumentos donde, aparte del folleto, en que se está dando
por supuesto que todos los españoles saben leer y escribir
para que lean un folleto o llegue a ellos, quienes pisamos el
ámbito local sabemos que la consulta verbal es una de las más
frecuentes que realiza el administrado y aunque el
administrado sepa leer y escribir y sepa entender --si lo
entiende-- un folleto de la Administración, termina
acercándose a un funcionario de Administración local o a una
institución de rango competente para que le explique la
peculiaridad de si debe alquilar o no una vivienda.
Nosotros creemos también que hay que darle juego en este
proceso informativo a otras entidades de base que tiene el
administrado en la inmediatez de su territorio, como son las
cámaras de comercio, industria y navegación y las cámaras de
la propiedad urbana que prácticamente, como bien ha señalado
el portavoz del Grupo Popular, son las instituciones que por
su reglamento y por su ley vigente precisamente tienen
asignada esta función informativa.
Por estas razones, y estando conformes en el fondo, nosotros
desearíamos que se llegara a un texto lo más útil posible y
útil no para la Cámara sino para el usuario español que
necesite obtener respuesta con una información pertinente.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene
la palabra el señor Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, señoras y señores
diputados, mi grupo parlamentario, a pesar de que fue el grupo
que más claramente se opuso a la redacción de la Ley de
Arrendamientos Urbanos, en medio del debate ya sostuvo que era
necesario que se planteara una información al conjunto de la
ciudadanía sobre cuáles eran los contenidos de la ley.
Ya decíamos en ese momento que, además de que nos parecía un
texto negativo socialmente, lo considerábamos
extraordinariamente confuso, con lo cual podía ser aún más
negativo, porque el abuso que se podría hacer del texto está
siendo, tal y como nosotros preveíamos; se está haciendo un
uso excesivo del texto a los contenidos que incluso tiene.
Por tanto, mi grupo parlamentario va a estar de acuerdo con
toda iniciativa que vaya en el sentido de que se expanda el
contenido de la Ley de Arrendamientos Urbanos y, en
consecuencia, va a ser favorable a que esta proposición no de
ley, cualquiera que sea el contenido de la misma, se apruebe.
Si SS.SS. están atentos al debate que se ha producido en las
últimas intervenciones, creo convendrán conmigo que estamos
ante una situación francamente espeluznante, en la cual todos
los ponentes de una ley que se ha aprobado hace apenas dos
meses están de acuerdo en que no la entiende nadie y, lo que
es peor, que encima se está abusando tremendamente de ella.
Sinceramente, señoras y señores diputados, creo que
estamos ante un fracaso colectivo del Congreso de los
Diputados, que ha hecho una ley que a los dos meses es
absolutamente incomprensible por el conjunto de la sociedad;
una ley a la que si organismos tan conocedores, tan cultos
como los colegios de abogados se están planteando la necesidad
de presentar recursos de inconstitucionalidad porque
consideran que vulnera sus intereses, ¿qué me dirán ustedes de
todas esas personas que están por debajo de 2,5 veces el
salario mínimo interprofesional, que su nivel cultural no es
tan amplio, que no pueden defenderse de igual manera y que se
están cometiendo abusos con ellos? ¿En qué situación se
encuentran todos estos señores?
Señoras y señores diputados, creo realmente que es un poco
esperpéntico --permítanme la palabra-- oír cómo unos grupos
parlamentarios acusan a otros de haber sido los causantes de
esta desdicha, cuando tanto el Grupo Socialista como el Grupo
Popular y el Grupo Catalán (Convergència i Unió) son autores,
coautores, responsables, corresponsables del texto que ha
salido, un texto que está dando lugar a que en muchos casos se
esté amenazando a personas de que se les va a expulsar de la
casa, se les esté amenazando con que tienen que dar su
Declaración de la Renta para que los caseros puedan investigar
si están por debajo de 2,5 veces el salario mínimo
interprofesional.
En todas estas cuestiones hay que informar a la gente, pero no
con un texto de una amplia casuística o una casuística menos
amplia sino diciendo cosas muy claras. Por ejemplo, si los
inquilinos tienen obligación o no de dar su Declaración de la
Renta de las Personas Físicas a los caseros. Creo sería
interesante que en un texto se dijera esto. Las señoras y
señores diputados que han acudido conmigo a algunas charlas
saben que lo primero que preguntan los caseros es: ¿Le puedo
exigir al inquilino que me dé su Declaración de la Renta para
poder saber si llegan a 2,5 o no? Que se diga en el texto:
Señores inquilinos, ustedes no tienen que dar su Declaración
de la Renta de las Personas Físicas a nadie. Eso tiene que
decirse en ese cuadernillo y no vaguedades o intentar hacer
una vulgata de un texto que, en última instancia, no sirve
para nada. Que se digan cosas tan simples como esas. Que se
diga a los inquilinos: Señores inquilinos, cada vez que paguen
ustedes la renta que les den un recibo para que luego no les
puedan engañar. Que se digan cosas tan claras como esas. Que
se diga a los inquilinos: Señores inquilinos, por todos los
medios impidan ustedes que vayan a un desahucio, porque al
segundo no les libra nadie. Este tipo de cosas con absoluta
claridad, sin meterse en mayores y frondosas explicaciones
intentando hacer una vulgata de una ley que ya de por sí es
absolutamente incomprensible.
Desde luego, señoras y señores diputados, uno tiene la
tentación de decir que lo más sensato sería presentar una
proposición no de ley pidiendo que se derogara el texto que se
ha aprobado hace dos meses. Eso sería lo más sensato; pero,
como las mayorías parlamentarias existentes hoy día en esta
Cámara realmente harían que eso fuera un ejercicio
melancólico, por lo menos puedo permitirme decirles que hagan
un folleto tremendamente claro. No hagan literatura porque la
gente está enormemente confusa y se están produciendo abusos
tremendos con la aplicación de esta Ley de Arrendamientos
Urbanos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Andreu.
Señor Morlán, si tiene que añadir algo a la formulación que ha
hecho sobre la aceptación o rechazo de las enmiendas, ahora es
el momento.
El señor MORLAN GRACIA: Para ratificar lo que he dicho
respecto de la aceptación de la enmienda del Grupo Catalán
(Convergència i Unió) y rechazar la enmienda del Grupo
Popular.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Morlán.
Vamos a proceder a la votación.
Proposición no de ley del Grupo Socialista sobre información a
los ciudadanos respecto de la Ley de Arrendamientos Urbanos
que se somete a votación en los términos resultantes de la
aceptación de la enmienda del Grupo Catalán (Convergència i
Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 294; a favor, 293; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA UNION
EUROPEA (UE), SEGUNDO SEMESTRE DE 1995 (Número de expediente
162/000164)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular
sobre criterios y objetivos de la Presidencia española de la
Unión Europea (UE), segundo semestre de 1995.
Tiene la palabra el señor Arias-Salgado.
El señor ARIAS-SALGADO MONTALVO: Señor Presidente, señorías,
subo a la tribuna para pedir el voto favorable de SS.SS. a la
proposición no de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario
Popular sobre criterios y objetivos de la Presidencia española
de la Unión Europea. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor,
ocupa la Presidencia.)
Existe una razón para la presentación de esta proposición no
de ley. El Grupo Parlamentario Popular desea el éxito de la
Presidencia española. Creemos que uno de los elementos que
pueden contribuir a ese éxito radica en que obtenga el máximo
respaldo de esta Cámara, del Congreso de los Diputados o, en
todo caso, de las Cortes Generales. Creo que una Presidencia
con pleno respaldo parlamentario está en mejores condiciones
para realizar una labor eficaz. El motivo último de todo ello
es que la Presidencia de la Unión Europea corresponde a
España, es una Presidencia de España y que, por consiguiente,
debe ser de todos los españoles y para todos los españoles. En
virtud de esta consideración, por otra parte obvia, parece
obligado colaborar en el buen éxito de esa Presidencia. El
Grupo Parlamentario Popular lo hace en esta ocasión
presentando una iniciativa que es constructiva y que, aunque
no fuera más que por esa razón, debería recibir el voto
mayoritario de esta Cámara.
Los rasgos de la proposición no de ley que presenta el Grupo
Parlamentario Popular se podrían resumir en uno básico: no es
el programa de la Presidencia española, es un texto de
criterios y de objetivos dentro de los cuales cabe enmarcar
algunas prioridades básicas por las que debe luchar y trabajar
la Presidencia española y para lo cual, a nuestro juicio,
necesita de ese respaldo parlamentario. Se trata, por tanto,
de establecer un marco genérico, unos criterios generales y
unos objetivos básicos dentro de los cuales poder señalar
prioridades que siendo buenas para España lo son también para
la construcción europea. Esta es nuestra aportación al debate
que debe presidir el proceso de construcción europea visto
desde la Presidencia española.
La proposición no de ley, como es lógico, contiene también un
último rasgo y es que introduce mecanismos de información y de
seguimiento parlamentario tanto de la preparación de la
Presidencia como del ejercicio de la Presidencia misma. Por
ello, es importante, aunque sea brevemente, reflexionar sobre
el momento en que se va a producir la Presidencia española, el
momento visto desde la perspectiva europea, naturalmente. Es
un momento que se podría caracterizar por cuatro rasgos. Es un
momento en que la Unión Europea atraviesa cierta crisis de
identidad. No se sabe muy bien por dónde avanzar. No se sabe o
no se tienen ideas claras de cómo avanzar. Ello deriva, en
buena parte, de las dificultades que encontró la entrada en
vigor del Tratado de Maastricht, la división de la opinión
pública en no pocos de los países miembros de la Unión y la
subsiguiente contestación a un método de construcción europea
que había alejado a la propia Unión Europea de las corrientes
mayoritarias de opinión pública en no pocos Estados miembros
de la Unión.
Por otra parte, esa crisis de identidad tiene una lógica,
porque se plantea en un marco en el que han cambiado
profundamente las circunstancias internacionales, y hay que
encontrar un papel para la Unión Europea en ese cambio de
circunstancias que se ha producido en la escena internacional
desde la caída del muro de Berlín.
Finalmente, crisis de identidad debida en parte a la
existencia de una recesión económica, de la que ahora se
empieza a salir, que ha dificultado el desarrollo y la puesta
en práctica efectiva de no pocas disposiciones del Tratado de
la Unión.
El segundo elemento que caracteriza el momento en que se
produce la presidencia española es que la Unión se enfrenta a
un proceso de ampliación que afecta a las instituciones, que
afecta a la financiación de la Unión y que implica un grave
riesgo, bien de desequilibrio interno, bien de disolución del
proceso de integración o de la cohesión de la Unión.
Y es que una Unión Europea que previsiblemente puede alcanzar
hasta casi los 30 miembros ha de considerar todo su sistema
institucional, ha de reconsiderar su sistema de financiación y
ha de reconsiderar por dónde reecuentra un equilibrio interno
que no produzca ni un desequilibrio hacia el norte, ni un
desequilibrio hacia el sur ni una frontera entre países ricos
y países pobres dentro de la Unión.
El tercer rasgo del momento en que se produce la presidencia
española es la necesidad misma de revisar el Tratado de
Maastricht, por disposición del propio Tratado, y de ahí el
proceso que se abre, a través de una conferencia
intergubernamental que será preparada por un grupo de
reflexión presidido también por un español, nombrado por el
Gobierno español.
Y la presidencia española ha de trabajar en conexión con el
grupo de reflexión, por una parte, y, por otro lado, teniendo
siempre presente que la conferencia intergubernamental habrá
de celebrarse en 1996 y que corresponderá a la Presidencia
española establecer algunas medidas para que se pueda celebrar
en condiciones adecuadas y, de ser posible, con éxito.
Finalmente, el cuarto rasgo del momento --y éste es
favorable-- es que nos encontramos en un momento de
recuperación económica que permite un mayor margen de maniobra
para que el debate sobre la construcción europea y sobre la
verdadera naturaleza de la Unión --el debate, repito-- pueda
prescindir, por lo menos en parte, de la preocupación que
suponía la existencia de una grave crisis económica.
Pues bien, en estas coordenadas se va a producir la
presidencia española. ¿Qué es lo que se puede hacer desde la
presidencia? ¿Es el momento más adecuado para defender los
intereses españoles? Yo diría que la primera reflexión que hay
que hacer es que la presidencia de la Unión Europea es una
presidencia de todos los europeos y que ello, naturalmente,
supone unas ciertas limitaciones. Esa sería la premisa mayor.
Pero hay una premisa que aparece a renglón seguido, y es que
no es difícil encontrar intereses nacionales que coincidan
con el interés de la construcción europea. Y hay ejemplos muy
recientes que afectan a la presidencia alemana y a la
presidencia francesa.
La presidencia alemana ha hecho presión, hasta el límite, para
acelerar la ampliación de la Unión Europea hacia el este y
ello tiene profundas repercusiones institucionales y
financieras, y, sin embargo, se ha iniciado, de hecho, el
proceso negociador incluso antes de la conferencia
intergubernamental. Y ahora mismo la presidencia francesa
lucha por algo que es dudosamente de interés para la
construcción europea, que es la famosa excepción cultural,
teóricamente destinada a defender la identidad cultural
europea; excepción cultural que España no puede suscribir, por
lo menos en los mismos términos en que la defiende Francia,
porque eso afecta a países como España y Portugal,
concretamente a España, que tiene una lengua cuasi planetaria
y todo el mundo en el que desarrollar su industria cultural.
Por consiguiente, cualquier elemento proteccionista no
solamente contrario a lo que es la naturaleza de la cultura,
sino que bajo el pretexto de defender la identidad europea
trate de introducir limitaciones, será altamente perjudicial
para la expansión de la cultura española, para la expansión de
la lengua española y para la introducción en el mercado de
habla hispana de todos los productos de nuestra industria
cultural. Sin embargo, Francia lo presenta como un interés
para la construcción europea y lo ha hecho prioridad de su
presidencia cuando es, obviamente, a nuestro juicio de una
manera predominante, un interés nacional francés, por ser
Francia quien tiene un predominio claro dentro de Europa en lo
que afecta a la producción de bienes culturales. Por tanto, es
posible encontrar temas de interés para la construcción
europea que coincidan con el interés nacional español.
Se pueden fijar unas prioridades. Eso es lo que pretende en
última instancia esta proposición no de ley, señalando unos
criterios objetivos. Qué duda cabe que es una prioridad para
la presidencia española impulsar todas aquellas políticas que
permiten mejorar la competitividad de las economías europeas y
de la economía española en aras de la creación de empleo. Qué
duda cabe que es de interés para España hacer una
interpretación razonable de los requisitos necesarios para
pasar a la tercera fase de la unión monetaria, exigiendo a los
países el cumplimiento de la legalidad vigente, que es el
Tratado de Maastricht, y asumiendo el compromiso de hacer los
esfuerzos para cumplir los requisitos de convergencia. Qué
duda cabe que la política agraria común, que está actualmente
en un proceso de simplificación y con riesgo de que se
produzca un desequilibrio entre las agriculturas nórdicas y
las mediterráneas, constituye un interés para la construcción
europea y para España.
En la presidencia española continuará debatiéndose la
organización común de mercados del vino, frutas y hortalizas,
que afectan de manera muy decisiva a la agricultura española.
Qué duda cabe que, en lo que afecta a la política exterior y
de seguridad común, todo lo que es la dimensión mediterránea,
la cooperación con el norte de Africa o incluso un nuevo
concepto de la relación trasatlántica para incluir a todo el
continente americano, no solamente a Estados Unidos y Canadá,
sino también al continente sudamericano, debe ser prioridad de
la presidencia española para fortalecer la dimensión de la
Unión Europea.
Qué duda cabe que de cara a la ampliación se producen unas
consecuencias financieras que van a llevar a una
reconsideración inevitable de lo que es el presupuesto y las
formas de financiación de dicho presupuesto por parte de la
Unión. Bajo la presidencia española se puede iniciar un
proceso de cara a establecer las perspectivas financieras que
han de sustituir a las actualmente vigentes y que concluyen en
el año 1999.
Concluyo, señor Presidente, indicando que el Grupo
parlamentario Popular hace el esfuerzo de presentar una
aportación que estima fundamentalmente constructiva. Se ha
buscado una orientación destinada a conseguir el mayor apoyo
posible de esta Cámara. Entiendo que si se produce un voto
negativo habrá de estar bien fundado en razones de fondo,
puesto que de otra manera no se podría comprender que una
aportación constructiva y positiva sea rechazada, y con ello
hago apelación a la voluntad de los grupos que constituyen la
coalición parlamentaria que apoya al Gobierno. No estar de
acuerdo con esta proposición no de ley es tanto como decir no
a una iniciativa constructiva, es decir no a la participación
de este Parlamento en algo que afecta a toda España y a los
españoles, como es la presidencia de la Unión Europea.
Por lo expuesto me permito solicitar el voto afirmativo de
todos los grupos parlamentarios, esperando que esta aportación
que hace el Grupo Popular para llegar a un acuerdo que sirva
de respaldo al Gobierno en el momento de ejercer la
presidencia española (que no es más que un documento de
trabajo, que no aspira, como no podría ser de otra manera, a
ser el programa de la presidencia española) merezca el voto
afirmativo de los grupos de esta Cámara.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Arias-Salgado.
A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por
parte del Grupo Socialista. Para su defensa, tiene la palabra
el señor Costa.
El señor COSTA COSTA: Señor Presidente, señorías, hemos oído
al portavoz del Grupo Parlamentario Popular hacer una
presentación de una proposición no de ley de la que ha dicho
que es una iniciativa constructiva,
que no es un programa, que es la defensa del modelo europeo
que debe ser objeto de la conferencia intergubernamental de
1996, que está en consonancia con la defensa de los intereses
nacionales y que fija una serie de prioridades basadas en el
libro blanco, la unión económica y monetaria, la política
agrícola común, la política exterior y de seguridad común, los
recursos propios de la Comunidad y que no hay razones de fondo
para que este Pleno no la apruebe.
Señorías, me voy a permitir empezar por lo último: las razones
de fondo para que este Pleno no apruebe esta proposición no de
ley aun considerándola constructiva. Le voy a decir la razón
de fondo.
En el inicio de su proposición no de ley se dice que el
Congreso de los Diputados, teniendo en cuenta todas estas
circunstancias --las que exponen--, insta al Gobierno a
preparar un programa para la presidencia española en
coordinación con las presidencias anterior y posterior,
tomando en consideración, entre otros, los siguientes
criterios y objetivos. Esto no es otra cosa que el programa
que ustedes consideran que debe ser objeto de la presidencia
europea, no española.
Reflexionen ustedes solamente un momento respecto a lo inusual
de que un grupo de la oposición de un Parlamento nacional sea
el que establezca el programa de una presidencia europea, que
no es una presidencia española, que es una presidencia del
conjunto de todos los países europeos. ¿Les parece ésta poca
razón de fondo para rechazar esta proposición no de ley? ¿No
les parece un fundamento suficiente para rechazar esta
iniciativa en los términos en que está planteada? Yo creo que
sí, sinceramente. Ustedes, estoy convencido, opinan lo mismo.
(Varios señores diputados del Grupo Popular: ¡Bravo!--Risas en
los bancos del Grupo Popular.) Estoy convencido de que opinan
lo mismo y que no se les ha ocurrido, porque si hubieran
reflexionado a fondo sobre este tema seguramente hubieran
retirado esta iniciativa y hubieran aceptado nuestra enmienda,
que permite exactamente los mismos objetivos que ustedes
persiguen y que no son otros que buscar el máximo apoyo
parlamentario, el máximo apoyo del conjunto de fuerzas
políticas para que España pueda ejercer la presidencia europea
en defensa de los intereses nacionales y de los intereses
generales de Europa.
En su exposición usted ha hecho referencia escasamente dos
minutos a lo que es la presidencia española. Se ha parado muy
poco ahí. Lo que usted ha planteado como el grueso para avalar
esta propuesta es el corolario de temas que estamos
discutiendo ya en una ponencia en este Parlamento en el seno
de la Comisión Mixta para la Unión Europea y que no son otros
que los que tiene por objeto la conferencia intergubernamental
de 1996.
La unión económica y monetaria, la política agrícola común, la
política exterior y de seguridad común, los recursos propios
de la Comunidad no se van a terminar --simplemente van a
seguir canalizándose en la presidencia española--, pero sí van
a verse reformados algunos de ellos en la conferencia
intergubernamental de 1996.
Yo les haría una propuesta: tengamos una perspectiva española
de la presidencia europea y que esa perspectiva la hagamos en
el ámbito natural de este Parlamento, que no es otro que el de
la Comisión Mixta para la Unión Europea, y que hagamos esto en
la perspectiva de hacer que la presidencia española de la
Unión Europea funcione. Este es el interés nacional, de
verdad, que atañe al Parlamento, que atañe al conjunto de las
fuerzas políticas representadas en este Parlamento y que
beneficia al conjunto de ciudadanos españoles: hacer que la
presidencia de la Unión Europea ejercida por España funcione.
Hablan ustedes del interés nacional en la presidencia europea.
Pues, miren, a nuestro entender, el interés nacional lo
encontramos en que Europa es para España un sólido factor de
estabilidad y prosperidad. La presidencia española de la Unión
Europea debe estar al servicio de las prioridades europeas que
son coincidentes con las prioridades nacionales, y en eso
también coincidimos, y a nuestro entender las podemos
condensar en cuatro ejes de actuación: en primer lugar, sentar
las bases de la Europa del futuro a través de la presidencia
del grupo de reflexión, buscando los elementos que permitan un
amplio consenso nacional, que permitan profundizar y ampliar
la Unión Europea en un marco institucional único. A esto tengo
que añadir que estamos en el camino correcto para lograrlo en
la Comisión Mixta para la Unión Europea y en la Ponencia que
se ha creado especialmente a estos efectos. Por tanto, esta
iniciativa no aporta nada nuevo, sino que superpone los mismos
elementos y lo que hace es confundir al conjunto de los
ciudadanos y al Parlamento, que a veces también desconoce sus
propios mecanismos.
En segundo lugar, consolidar el crecimiento económico
profundizando en las medidas propuestas por el libro blanco
sobre crecimiento, competitividad y empleo. En esto sí estamos
de acuerdo en que es uno de los elementos propios de la
presidencia europea y que debe ser priorizado por España,
especialmente en todo aquello relacionado con nuevas
tecnologías, con investigación y creación de empleo. Que
hagamos una presidencia que siga en el camino de una Europa
más abierta al mundo, estable, segura, libre y solidaria y que
las prioridades que fijemos, no el corolario de temas que
componen toda la política europea, sino que las prioridades
que fijemos sean asumibles dentro de la política española como
hechos singulares, no como seguimiento de los temas que ya
están tratados por las diferentes presidencias europeas, y ahí
yo señalaría dos elementos extraordinarios que van a tener una
especial incidencia durante la presidencia española: la
conferencia sobre el Mediterráneo que se va a celebrar en
Barcelona
--hagamos de éste un tema de especial interés para España-- y
la dimensión atlántica de la Unión Europea, además de seguir
con todos los temas que ya vienen abordando todos los consejos
europeos últimos: el de Essen, el de Bruselas, el de Corfú,
etcétera. Hagamos, pues, que Europa sea más estable y
próspera, con una política de vecindad, con un enfoque
equilibrado y apoyado en una política global mediterránea,
profundicemos en los mecanismos de futuras ampliaciones y
trabajemos por consolidar el pacto de estabilidad en Europa;
hagamos una Europa más democrática, eficaz y transparente.
Tomemos esto como una opción de España en la Comunidad.
Hagamos que la construcción europea y el futuro de la Unión
Europea se realicen por el conjunto de ciudadanos. En esto
también nos podemos encontrar. Que se haga en la estrecha y
leal cooperación con las distintas instituciones, en especial
con el Parlamento Europeo y con los parlamentos nacionales;
que se desarrolle el concepto de ciudadanía, especialmente con
una carta de los derechos de los ciudadanos; que reforcemos la
identidad y la pluralidad europea; que creemos un espacio de
libertad y seguridad, cooperando en la lucha contra el
terrorismo, el tráfico de drogas y el crimen organizado.
En conjunto y para concluir, su proposición no de ley es una
singularidad que estoy seguro no tiene ejemplos en otros
parlamentos europeos. Estoy convencido de que a ningún grupo
de la oposición se le ocurriría desde un parlamento nacional
decidir cuál debe ser la política de una presidencia europea.
Estoy seguro de que ustedes no tienen un ejemplo equiparable a
esto. Acepten la enmienda que nosotros presentamos, porque su
proposición no de ley no cumple con los requisitos mínimos
necesarios para lograr el alto grado de consenso y de acuerdo
entre los grupos parlamentarios y el Gobierno. Es más bien un
catálogo de temas que son objeto de la política europea, sin
priorizar cuáles son los más importantes para España y Europa
y cuáles se pueden concluir en la presidencia española.
Creemos que el método empleado no se ajusta al fin perseguido
en los discursos, es decir, con citar un amplio acuerdo entre
los Grupos Parlamentarios y el Gobierno. El contenido de la
propuesta es, además, discutible en bastantes aspectos en su
formulación actual.
En conjunto, entendemos que esta proposición no de ley no debe
ser objeto de aprobación por el Pleno para preservar el mayor
grado de acuerdo entre los Grupos Parlamentarios y el Gobierno
y por ello hemos presentado una enmienda que reconduce a
términos razonables la intención acertada del Grupo
Parlamentario Popular de introducir el máximo acuerdo posible
entre los Grupos parlamentarios y el Gobierno, mandatando a la
Comisión Mixta para la Unión Europea para que, en colaboración
con el Gobierno, establezca los criterios y objetivos de la
Presidencia española de la Unión Europea en el segundo
semestre de 1995.
Gracias, señorías.El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor):
Gracias, señor Costa.
¿Grupos que desean fijar su posición en este debate? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, estamos ante una proposición no de ley importante
sobre criterios y objetivos de la presidencia española de la
Unión Europea que es densa, con un preámbulo de seis puntos y
un texto que abarca ocho capítulos sobre distintos ámbitos de
actuación, pero también es una iniciativa difícil, ya que es
sumamente compleja, no sé si deliberadamente compleja.
Es cierto, señor Arias-Salgado, que España asumirá la
Presidencia de la Unión Europea en un momento de amplio debate
sobre el porvenir de la Unión y su configuración futura. Es
cierto que es necesario alcanzar un consenso básico con el
Gobierno y con las fuerzas políticas con representación
parlamentaria que permita fortalecer la Presidencia española,
y lo es que el debateen Europa se ha iniciado con un cierto
clima de incertidumbre derivado en parte de las grandes
transformaciones que se están produciendo en el mundo, entre
otras causas por la crisis económica y por la falta de acuerdo
sobre los objetivos finales. Sin embargo, aquí --y sólo
estamos en el punto segundo del preámbulo-- terminaría
virtualmente nuestra posición favorable, no porque el resto de
puntos no sea importante, que lo son; no porque no sean
significativos, que también lo son y se pueden compartir en
gran parte, sino porque entendemos que, si acaso, deberían ser
sólo enunciativos y no con tanta amplitud y detalle, ya que
cada uno de ellos podría ser sin duda la base de una
proposición no de ley.
La integración de los países de la Europa central, oriental y
sus repercusiones; la aplicación del coste de los excedentes
agrícolas; la política exterior de seguridad o la plena
realización de la libre circulación de personas no deberían
tener todos estos temas la consistencia que adquieren en el
propio preámbulo, y si éstas son, en parte, nuestras dudas,
más todavía lo es el contenido del texto y la amplitud de la
proposición no de ley. Casi me atrevería a decir, señores del
Congreso, que todo ello podría tener cabida en cualquier otra
iniciativa, menos en la que hoy se nos presenta.
Es difícil no sólo debatir todos los puntos, sino, diría,
incluso analizarlos; por tanto, de llegar también a un
consenso, tan necesario, al que ustedes, y con toda razón,
también aluden.
En el ámbito socioeconómico, cuando hacen referencia a las
medidas del plan de acción y del libro blanco, creo que los
llegan a detallar todos: competitividad, política de empleo,
fondo social europeo, déficit público,
mercado interior, circulación de personas, Gibraltar, I+D,
financiación, sociedad de la información, pymes, y, además,
hacen referencia, por ejemplo, a una formación de un núcleo
duro o a la simplificación de las PAC e incluso se está
hablando de ecosistemas, y sólo, repito, estamos en este punto
primero de la propia proposición. Pero es que en el resto
siguen ustedes en la misma línea: fortalecer la PESC, diálogo
estructurado, Magreb y un programa MED comparable al PHARE que
se aplicará a los PECOS de Marruecos, Túnez, Israel y también
Argel. Y cuando se habla de países iberoamericanos, seguimos
igual: Chile, Méjico, Pacto Andino, Cuba, etcétera.
Es realmente difícil, por no decir imposible, asumir todos sus
argumentos. Fíjense bien lo que les digo: aunque éstos sean
válidos, que lo son, porque todavía sigueesta densidad de su
propuesta: mecanismos de extradición y coordinación en la
lucha terrorista, EUROPOL, inmigración, racismo, sufragio
activo y pasivo, enseñanza, normas para la reforma del
presupuesto, y todo, absolutamente todo lo que debería hacerse
en relación con la Conferencia Intergubernamental de 1996.
Yo diría que más, imposible. No vamos a apoyar, por tanto, la
proposición no de ley del Grupo Popular. Nos parece demasiado
amplia, supongo que deliberadamente ambiciosa, dentro, quizá,
de una estrategia del Grupo Popular que yo, desde luego, no
voy a valorar y menos en este trámite.
Estoy convencido, señor Arias-Salgado, de que ustedes son
europeístas, de verdad se lo digo, que conocen la problemática
europea, seguro, y también sus entresijos; saben, por tanto,
que en el fondo no puede prosperar una propuesta de estas
características, ya que se requiere, sin duda, firmeza, estoy
de acuerdo, pero también cautela, a fin de lograr, en las
cuestiones europeas, el consenso necesario.
La semana pasada, dentro de la propuesta de resolución
aprobada, había cuatro puntos que hacen referencia a la
presidencia española de la Unión Europea. Puede que sean
pocos, quizás, de verdad, pero significativos y a ellos
finalmente me remito, porque, en el fondo, están incluso en
línea con la propuesta de enmienda de sustitución ofrecida,
que sin duda apoyamos, por esta coherencia y por estar en
línea con lo que apoyamos la semana pasada y que contempla que
la Comisión Mixta para la Unión Europea establezca contenidos
y objetivos en colaboración con el Gobierno, así como alcanzar
el mayor grado de coincidencia posible, lo que sin duda
permitiría sentar estas bases de funcionamiento, información y
colaboración necesarias con vistas a la presidencia española
de la Unión Europea.
Nada más por mi parte y gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para fijar la posición
del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene la
palabra el señor Vázquez.El señor VAZQUEZ ROMERO: Gracias,
señor Presidente.
Señor Arias-Salgado, empezaré por decirle que comparto algunas
de las afirmaciones que usted ha expresado al presentar esta
proposición no de ley, por ejemplo, cuando usted hace
referencia a que ésta será la presidencia de España, es decir,
de todos, no la presidencia del Gobierno. Coincido también en
la necesidad de encontrar los cauces para que el mayor
consenso posible se realice. En aras de esa consecución
respecto a los objetivos y criterios que deben animar la
presidencia española, considero que su proposición ha
utilizado el cauce inadecuado. El índice de temas que ustedes
tratan en la misma es fácilmente compartible, porque es un
índice de temas que está en las agendas de todas las personas
preocupadas por la construcción europea, sin entrar en más
detalle de cómo encontrar los instrumentos para que algunos de
los desiderátum que están plasmados en su proposición puedan
llevarse a cabo. Es un buen listado de temas a discutir, es un
buen listado que prácticamente abarca la totalidad de los
temas que están en el día a día de la construcción europea,
pero no nos dice usted en ningún caso --seguramente porque
piensa que eso es responsabilidad del Gobierno-- cómo
conseguir que eso se lleve a la práctica.
Yo creo que la mejor forma de que disponemos todos los grupos
parlamentarios para que el Gobierno no solamente haga
declaraciones genéricas de principios, que son fácilmente
compartibles, sino que concrete cómo conseguir algunos de esos
objetivos, es precisamente a través de ese necesario consenso.
Una proposición no de ley tan extensa y tan prolija como la
que ustedes presentan en un trámite parlamentario como éste no
va a ser fácil que encuentre ese consenso.
Repasando todos los temas que S.S. plantea en esta proposición
no de ley que presenta su Grupo, es difícil no estar de
acuerdo. Nosotros estuvimos dudando hasta última hora si
presentar o no enmiendas a algunos de los temas en los que
podíamos tener alguna discrepancia, que, repito, son
minoritarios --con la mayoría estamos de acuerdo--, pero al
final optamos por no hacerlo, precisamente por ese problema de
procedimiento y también por otra razón. Si aprobáramos hoy esa
proposición no de ley, ese listado de temas a discutir,
prácticamente estaríamos vaciando de contenido el trabajo
--que ya está en marcha-- de la propia Comisión de la Unión
Europea, que, como bien sabe, preside su compañera de Grupo,
la señora Tocino. De todos los temas a tratar, el que, desde
nuestro punto de vista, tiene más enjundia es la preparación
de la Conferencia Intergubernamental de revisión del Tratado
de la Unión, que empezará sus trabajos durante la presidencia
española. Sería necesario conseguir que haya consenso sobre
los criterios que el Gobierno debe tener como propuestas para
la revisión del Tratado de Maastricht; creemos que
probablemente ésta es la parte más
esencial de la próxima presidencia española. Para lograr este
objetivo, para llegar al necesario consenso, ya hay una
ponencia de esa Comisión de la Unión Europea que está
trabajando específicamente en los temas que animará la
política del Gobierno respecto a la revisión de Maastricht. Si
aprobáramos hoy su proposición no de ley habíamos vaciado de
contenido la propia Comisión, la ponencia y prácticamente
habríamos hecho un listado genérico de temas que a todos nos
pueden preocupar.
Creo que el trabajo que SS.SS. han realizado puede ser útil en
el seno de la Comisión de la ponencia que está estudiando lo
que debe ser la preparación de la Conferencia
Intergubernamental, puede ser un buen documento que ustedes
aporten para la discusión tanto en la ponencia como en la
Comisión, pero no un documento para que lo aprobemos aquí y
que, de alguna manera, prefije ese listado de temas; es
necesaria la concreción. Porque si entramos a un nivel de
concreción mayor encontraremos dificultades para que ese
consenso se produzca.
A título de ejemplo usted antes hacía referencia a la defensa
francesa de la exclusión cultural, la cláusula de defensa de
la identidad cultural europea, pensando que es
fundamentalmente interés francés y que a partir del interés
francés quiere que también sea interés de la posición europea.
Yo no estoy de acuerdo con su apreciación, estoy más de
acuerdo con la posición francesa y también estoy más de
acuerdo en que haya dedicación por parte de los gobiernos para
preservar esa identidad cultural. Uno de los mecanismos más
importantes para el mantenimiento de esa identidad cultural
son, sin duda, los medios audiovisuales en un mundo como el de
hoy. En un mundo como el de hoy puede que esa defensa del
audiovisual europeo nos cree algunos problemas por nuestra
vinculación con latinoamérica y nuestra lengua común, pero,
sin duda, algo nos defiende, algo nos protege, por ejemplo, de
quien ya ocupa más del 80 por ciento de nuestras cuotas de
pantalla; es decir que usted tiene una visión de esa posición
francesa muy diferente a la que tiene mi Grupo. Por limitarme
sólo al ejemplo que usted ha utilizado, en este caso un mal
ejemplo de utilización de un interés nacional, haciendo
traslación del mismo al interés general europeo, en este caso
yo sí coincidiría con la presidencia francesa.
Acabo, señor Arias-Salgado, insistiendo en que nos parece que
el trabajo que ustedes han realizado al elaborar esta
proposición no de ley es un trabajo que no debe quedar fuera
de juego, que debe ser aportado a la Ponencia que está
preparando lo que será la posición española, que debe ser
aportado a la Comisión y que, en el marco de la Ponencia y de
la Comisión, sin duda podremos encontrar ese necesario
consenso que, al final, consiga que el Gobierno baje el nivel
de concreción de lo que hoy, en su proposición, son
fundamentalmente propuestas genéricas y, más o menos,
desiderátum.
En el supuesto de que ustedes aceptaran la enmienda que ha
presentado el Grupo Socialista, apoyaríamos esa enmienda de
sustitución y, en caso contrario, votaríamos negativamente.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Vázquez.
El señor Arias-Salgado tiene la palabra a efectos de indicar
si acepta o no la enmienda presentada por el Grupo Socialista.
El señor ARIAS-SALGADO MONTALVO: Muchas gracias.
Este Grupo Parlamentario no puede aceptar la enmienda de
sustitución que presenta el Grupo Parlamentario Socialista
porque, señor Presidente, lo que la enmienda propone es, ni
más ni menos, que el Pleno de la Cámara rechace la proposición
no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, pero
que la volvamos a presentar en la Comisión mixta. El argumento
es verdaderamente espectacular por su solidez y por su
fortaleza.
Yo lamento que el representante del Grupo Parlamentario
Socialista no haya dado ni una sola razón de fondo, ni una
sola razón de discrepancia...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Perdón, señor
Arias-Salgado, pero no es un turno en contra.
El señor ARIAS-SALGADO MONTALVO: Estoy explicando por qué no
puedo aceptar la enmienda, y no la puedo aceptar porque el
señor representante del Grupo Parlamentario Socialista no ha
dado ni una sola razón de fondo que permita apoyar esa
enmienda, ni una sola razón de fondo que discrepe de lo que
plantea la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista.
Yo, señor Presidente, a la vista de la actitud del Grupo
mayoritario de esta Cámara con respecto a lo que es una
aportación constructiva, desgraciadamente, tengo que pensar,
por lo menos hay indicios para pensar que no se busca...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Perdón, pero eso ya es
un turno en contra y el turno era exclusivamente para indicar
si acepta o no la enmienda y dar una mínima explicación. Ya la
ha dado.
El señor ARIAS-SALGADO MONTALVO: El Parlamento es para alegar
razones, señor Presidente. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Si le diera la
palabra, el portavoz del Grupo Socialista se sentiría
contradicho y tendría que pedir un turno y éste es un debate
tasado y éste es el turno.
El señor ARIAS-SALGADO MONTALVO: Señor Presidente, usted me
pide que dé las razones de la posición de este Grupo.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Ya las ha dado, señor
Arias-Salgado.
El señor ARIAS-SALGADO MONTALVO: No las he dado.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): La Presidencia
entiende que el debate está concluido.
Muchas gracias, señor Arias-Salgado.
El señor ARIAS-SALGADO MONTALVO: Protesto...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No tiene la palabra,
señor Arias-Salgado.
El señor ARIAS-SALGADO MONTALVO: Protesto porque es una
actitud sectaria, señor Presidente. (Fuertes protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Arias-Salgado,
le ruego, por favor, que repase el Reglamento. Esta
Presidencia le agradecería que entendiera que su posición no
es sectaria en ningún momento.
Vamos a pasar a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular
sobre criterios y objetivos de la presidencia española de la
Unión Europea.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 293; a favor, 125; en contra, 166; abstenciones,
dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
El Pleno se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las siete y cuarenta y cinco minutos de la tarde.