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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 119, de 27/12/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1994 Núm. 119 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 118
celebrada el martes, 27 de diciembre de 1994
Página
ORDEN DEL DIA:
Modificación del orden del día (Página 6364)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
--Proyecto de Ley Orgánica de Estatuto de Autonomía de la
ciudad de Ceuta. «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie A, número 88.1, de 14 de noviembre de 1994 (número de
expediente 121/000062) (Página 6365)
--Proyecto de Ley Orgánica de Estatuto de Autonomía de la
ciudad de Melilla. «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie A, número 89.1, de 14 de noviembre de 1994 (número de
expediente 121/000064) (Página 6373)
Enmiendas del Senado:
--Al Proyecto de Ley reguladora de las organizaciones
interprofesionales agroalimentarias. «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie A, número 60.1, de 16 de mayo de 1994
(número de expediente 121/000046) (Página 6379)
--Al Proyecto de Ley de ordenación del Sistema Eléctrico
Nacional. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A,
número 67.1, de 24 de junio de 1994 (número de expediente
121/000053) (Página 6384)
--Al Proyecto de Ley de incorporación al Derecho español de la
Directiva 92/100/CEE, de 19 de noviembre de 1992, sobre
derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los
derechos de autor en el ámbito de la Propiedad Intelectual.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número
66.1, de 27 de mayo de 1994 (número de expediente 121/000052)
(Página 6389)
--Al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para
1995. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A,
número 80.1, de 1 de octubre de 1994 (número de expediente
121/000067) (Página 6396)
--Al Proyecto de Ley sobre Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social. «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie A, número 83.1, de 13 de octubre de 1994 (número de
expediente 121/000070) (Página 6396)
Convalidación o derogación de Reales decretos-ley:
--Real Decreto-ley 13/1994, de 23 de diciembre, sobre
concesión al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de un
suplemento de crédito, por importe de 45.780.074.000 pesetas,
para atender insuficiencias producidas en obligaciones
derivadas de prestaciones por desempleo, correspondientes al
ejercicio 1994 (número de expediente 130/000024) (Página 6404)
Avocación por el Pleno de proyectos de ley:
--Del proyecto de ley por la que se regula el régimen jurídico
de enajenación de participaciones públicas en determinadas
empresas (número de expediente 121/000074) (Página 6407)
--Del proyecto de ley reguladora de la utilización y control
de los créditos destinados a gastos reservados (número de
expediente 121/000071) (Página 6408)
Prórroga de plazo (Página 6408)
Solicitud de tramitación directa y en lectura única de
proyectos de ley:
--Proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica
5/1985, de Régimen Electoral General (número de expediente
121/000075) (Página 6408)
Votaciones (Página 6408)
SUMARIO
Se abre la sesión a las diez y veinte minutos de la mañana.
Antes de entrar en el orden del día, el señor Presidente
somete a la decisión del Pleno la inclusión de un nuevo punto
en el orden del día consistente en la convalidación o
derogación del Real Decreto-ley 13/94, de 23 de diciembre,
sobre concesión al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de
un suplemento de crédito para atender incidencias producidas
en obligaciones derivadas de prestaciones por desempleo,
correspondientes al ejercicio 1994.
Se aprueba por asentimiento la inclusión del nuevo punto en el
orden del día.
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas
(Página 6365)
Proyecto de ley orgánica de Estatuto de Autonomía de la ciudad
de Ceuta (Página 6365)
El señor Ríos Martínez defiende las enmiendas del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, señalando que el
objetivo fundamental de las mismas es proyectar a los
distintos artículos del proyecto de ley las diferentes
filosofías que fueron defendidas ya en este Pleno con motivo
del debate de totalidad. En el debate en Comisión se
argumentó, para rechazar estas enmiendas, que el proyecto de
ley perseguía ultimar el marco constitucional del Título VIII
de nuestra Constitución y, sobre todo, que se dotara a la
ciudad de Ceuta de un volumen importante de competencias
nuevas que la harían funcionar con un régimen de cuasi
comunidad autónoma. Precisamente las enmiendas de Izquierda
Unida pretendían eliminar ese «cuasi» y corregir así los
defectos del proyecto de ley.
A continuación expone el señor Ríos Martínez el contenido de
dichas enmiendas al articulado.
En turno en contra de las enmiendas al proyecto de ley
interviene, en nombre del Grupo Socialista, el señor Bassets
Rutllant, expresando su satisfacción por la colaboración que
se ha producido en los trámites de Ponencia y Comisión y que
ha servido para enriquecer el texto que el Gobierno presentó a
la Cámara.
Agradece también la moderación que ha existido en los debates
en torno al proyecto de ley, que ha permitido la incorporación
al dictamen de varias enmiendas, aunque no así las de
Izquierda Unida, lamentando que los argumentos expuestos en
Ponencia y en Comisión no les convencieran, argumentos que no
va a repetir en este debate. Simplemente lamenta de nuevo no
poder aceptar ninguna de las enmiendas que el señor Ríos acaba
de defender.
Replica el señor Ríos Martínez, duplicando el señor Bassets
Rutllant.
Para fijación de posiciones interviene el señor González
Pérez, del Grupo Popular.
Proyecto de ley orgánica de Estatuto de Autonomía de la ciudad
de Melilla (Página 6373)
El señor Ríos Martínez defiende las enmiendas del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, limitándose a
recordar a la Cámara el contenido de cada una de ellas.
En turno en contra interviene el señor Bassets Rutllant, del
Grupo Socialista, fijando la posición contraria de su Grupo en
relación con las enmiendas del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
Para fijación de posiciones interviene el señor Fernández
Díaz, en nombre del Grupo Popular.
Enmiendas del Senado (Página 6379)
Proyecto de ley reguladora de las organizaciones
interprofesionales agroalimentarias (Página 6379)
Para fijación de posiciones intervienen los señores
Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV) y Vidal i
Sardó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió);
la señora Rivadulla Gracia, del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, y los señores Pascual Monzo,
del Grupo Popular, y Torres Sahuquillo, del Grupo Socialista
Proyecto de ley de ordenación del Sistema Eléctrico Nacional
(Página 6384)
Para fijación de posiciones intervienen los señores Albistur
Marín, del Grupo Mixto; Molins i Amat, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió); García Fonseca, del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Gamir Casares, del
Grupo Popular, y Sáenz Lorenzo, del Grupo Socialista.
Proyecto de Ley de incorporación al Derecho español de la
Directiva 92/100/CEE, de 19 de noviembre de 1992, sobre
derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los
derechos de autor en el ámbito de la Propiedad Intelectual
(Página 6389)
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los
señores González de Txábarri Miranda, del Grupo Vasco (PNV);
Baltá i Llopart, del Grupo Catalán (Convergència i Unió);
Alcaraz Masats, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya; la señora García-Alcañiz Calvo, del Grupo Popular,
y el señor Clotas i Cierco, del Grupo Socialista.
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1995
(Página 6396)
Proyecto de Ley sobre Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social (Página 6396)
Para fijación de posiciones intervienen los señores Mauricio
Rodríguez, del Grupo Coalición Canaria; Zabalía Lezámiz, del
Grupo Vasco (PNV); Roca i Junyent, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió); Ríos Martínez, del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, Aguirre Rodríguez, del
Grupo Popular, y Hernández Moltó, del Grupo Socialista.
Se suspende la sesión a las dos y cuarenta minutos de la
tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y quince minutos de la
tarde.
Convalidación o derogación de Reales Decretos-ley (Página 6404)
Real Decreto-ley 13/1994, de 23 de diciembre, sobre concesión
al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de un suplemento
de crédito, por importe de 45.780.074.000, para atender
insuficiencias producidas en obligaciones derivadas de
prestaciones por desempleo, correspondientes al ejercicio 1994
(Página 6404)
En nombre del Gobierno expone las razones que han motivado la
promulgación del Real Decreto-ley el señor Ministro de
Economía y Hacienda (Solbes Mira), manifestando que la
necesidad de financiación mediante aportación del Estado para
atender insuficiencias producidas en obligaciones derivadas de
prestaciones por desempleo correspondientes al ejercicio 1994
asciende a 45.780 millones de pesetas, como consecuencia de
los mayores gastos de prestaciones por desempleo de 58.689
millones menos los mayores ingresos por cuotas de desempleo,
por un importe total de 12.909 millones. Señala que el
suplemento del crédito se reflejará en los vigentes
presupuestos de ingresos y gastos del organismo autónomo Inem
y que el mismo ha sido informado favorablemente por el Consejo
de Estado y se financiará con deuda pública, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 101 del texto refundido de la Ley
General Presupuestaria.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Peralta
Ortega, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya;
Aparicio Pérez, del Grupo Popular, y Arnau Navarro, del Grupo
Socialista.
Avocación por el Pleno de Proyectos de Ley (Página 6407)
El señor Presidente manifiesta que la Mesa ha acordado, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del
Reglamento, proponer al Pleno la avocación de la deliberación
y votación final del Proyecto de Ley por el que se regula el
régimen jurídico en caso de enajenación de participaciones
públicas en determinadas empresas.
Se aprueba por asentimiento.
Asimismo el señor Presidente informa que la Mesa ha acordado,
de conformidad con el mismo artículo del Reglamento citado
anteriormente, proponer al Pleno la avocación de la
deliberación y votación final del Proyecto de Ley reguladora
de la utilización y control de los créditos destinados a
gastos reservados.
Se aprueba por asentimiento dicha avocación.
Prórroga de plazo (Página 6408)
El señor Presidente manifiesta que la Mesa ha acordado someter
al Pleno la solicitud formulada por la Ponencia encargada del
estudio de la pobreza en el Estado español de que el plazo
para la emisión de su informe sea ampliado hasta la conclusión
del próximo período de sesiones.
Se aprueba por asentimiento dicha prórroga de plazo.
Solicitud de tramitación directa y en lectura única del
Proyecto de Ley orgánica de modificación de la Ley orgánica
5/85, de Régimen Electoral General (Página 6408)
Finalmente, el señor Presidente manifiesta que la Mesa, oída
la Junta de Portavoces y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 150 del Reglamento, ha acordado someter a la
aprobación de la Cámara la tramitación directa y en lectura
única por el propio Pleno del Proyecto de Ley orgánica de
modificación de la Ley orgánica 5/85, de Régimen Electoral
General.
Se aprueba por asentimiento la tramitación directa y en
lectura única del citado Proyecto de Ley.
Votaciones (Página 6408)
Se procede a las votaciones de las enmiendas debatidas a lo
largo de la sesión, así como de los dictámenes
correspondientes.
Se levanta la sesión a las cinco y veinticinco minutos de la
tarde.
Se abre la sesión a las diez y veinte minutos de la mañana.
MODIFICACION DEL ORDEN DEL DIA:
El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión.
Antes de abordar el tratamiento del orden del día para esta
sesión plenaria, se somete al Pleno la inclusión
en el orden del día de esta misma sesión de un nuevo punto
consistente en la convalidación o derogación del Real
Decreto-ley 13/1994, de 23 de diciembre, sobre concesión al
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de un suplemento de
crédito para atender insuficiencias producidas en obligaciones
derivadas de prestaciones por desempleo, correspondientes al
ejercicio 1994.
¿Lo acuerda la Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobada la inclusión en el orden del día de la
convalidación o derogación de este Real Decreto-ley, debate
que tendrá lugar como último punto de esta sesión plenaria.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
--PROYECTO DE LEY ORGANICA DE ESTATUTO DE AUTONOMIA DE LA
CIUDAD DE CEUTA (Número de expediente 121/000062)
El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día:
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.
Dictamen relativo al proyecto de ley orgánica del Estatuto de
Autonomía de la ciudad de Ceuta.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ha
mantenido para su debate en Pleno las enmiendas al articulado
de los proyectos de estatutos de Ceuta y Melilla. Por tanto,
voy a defender las enmiendas que van dirigidas al proyecto de
ley orgánica del Estatuto de Autonomía de la ciudad de Ceuta.
La verdad es que el objetivo fundamental de nuestras enmiendas
viene a proyectar a los distintos artículos del proyecto de
ley las distintas filosofías que fueron defendidas ya en este
Pleno con motivo del debate de totalidad. (El señor
Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
En el debate de estas enmiendas en la Comisión, las
argumentaciones para rechazar nuestras enmiendas se cifraron
en que el proyecto de ley consigue ultimar el marco
constitucional del Título VIII de nuestra Constitución y,
sobre todo, que se dota a la ciudad de Ceuta de un volumen
importante de competencias nuevas que la hará funcionar con un
régimen cuasi parecido al de comunidad autónoma. Sin embargo,
las enmiendas que pretende defender Izquierda Unida vienen a
corregir lo que nosotros creemos que debe eliminarse, que es
el cuasi. Se decía en el debate que parecía que había un
excesivo planteamiento, por así decirlo, retórico. Qué más da
que sea comunidad autónoma como punto de partida, qué más da
que sea un ayuntamiento con estatuto. Lo cierto y verdad es
que no es lo mismo.
Nuestro régimen constitucional podría haber facilitado que el
proceso de desarrollo autonómico para las ciudades de Ceuta y
Melilla hubiese sido constituirse en comunidad autónoma, con
independencia del techo competencial, de la capacidad
legislativa mayor o menor de esa cámara; facilitaba, con una
voluntad clarísima, la posibilidad de ultimar el marco para
que todos los ciudadanos españoles, vivieran donde vivieran,
tuvieran el mismo techo o la misma estructura competencial del
Estado. Por tanto, nuestra enmienda va dirigida a introducir
en el primer párrafo de la exposición de motivos, cuando dice
que el presente Estatuto de Autonomía es la expresión jurídica
de la entidad de la ciudad de Ceuta, lo que de verdad creemos
que define un estatuto de autonomía, que es precisamente una
comunidad autónoma. Por tanto, proponemos: «... para lo que se
constituye en comunidad autónoma, ejerciendo el derecho
previsto en la Constitución».
Cuando defendía en esta Cámara, en el debate a la totalidad,
nuestro texto alternativo, se me corrigió diciendo que el
artículo 144,b) se había utilizado para otras experiencias
autonómicas. Desde los bancos socialistas se me corrigió y se
me dijo que también Segovia. Bueno, pues estaba mal informado
el corrector, puesto que sólo fue utilizado el 144,c) para el
trámite de Segovia, pero no el 144,b). ¿Por qué hago esta
matización? Fundamentalmente porque para Izquierda Unida el
camino del 144,b), elegido por el Gobierno, está
consustancialmente vinculado y unido a lo que es la
transitoria quinta. Por tanto, el Gobierno pretende utilizar
el camino del 144,b) para establecer un régimen especial. Yo
creo que es una equivocación. ¿Por qué? Porque en realidad
hacemos un régimen especial para la ciudad de Ceuta basado
--dice el informe de los Letrados de las Cortes-- en que el
proyecto del año 1986 y el del año 1994 son muy parecidos. Hay
algunas diferencias, que después enumeran una a una, pero la
verdad es que es más bien un estatuto de ciudad que un
estatuto de autonomía, porque después no culmina el desarrollo
de ese estatuto de autonomía que, según nuestro artículo 143
de nuestra Constitución, está circunscrito a las comunidades
autónomas. El régimen de autogobierno es el régimen que regula
las comunidades autónomas. El régimen de autonomía está
cifrado para todos los apartados del Estado, sea municipio,
sea provincia, sea comunidad autónoma; tienen autonomía para
regularse según nuestro artículo 137. Sin embargo, lo cierto y
verdad es que le falta un pelín más. No obstante, fíjense en
el razonamiento que se ha dado. Ultimamos el modelo de Estado
regulado en nuestro Título VIII, pero no se ultima de la forma
que nosotros creemos que debiera darse también para Ceuta y
Melilla. Se ultima con un modelo especial.
Se me hacía mucho hincapié por parte de quien apoyaba
la propuesta, el portavoz del Grupo Popular, en el debate de
la Comisión, en el sentido de que nuestra intervención en la
ciudad estaba exagerando los miedos que podía haber allí hacia
una no definitiva legitimidad española de las propias ciudades
y a la presencia marroquí. Miren ustedes, el miedo lo facilita
el que no lo ultimemos de manera normal, al igual que todos
los españoles lo tienen. Si lo ultimáramos como comunidad
autónoma, desaparecerían todos los miedos, porque el miedo es
libre, cada ciudadano tiene el que él tiene y los ciudadanos
de Ceuta lo han cifrado precisamente en ser comunidad
autónoma.
Además, el informe de los letrados que se hizo en 1986, y que
es calcado al informe de ahora, en el debatedel camino a
utilizar si el del 144,b) o el de la transitoria viene a decir
que establece dos requisitos imprescindibles para acceder a la
autonomía de esas ciudades: Uno, el pronunciamiento de la
ciudad, el que el Ayuntamiento lo remitiese a nivel de
propuesta por decisión de la mayoría absoluta de sus miembros;
y, otro, que hubiese una ley orgánica en esta Cámara. Tanto es
así que en el debate constitucional, cuando se discutía la
propuesta, por parte de UCD entonces, de una adicional, se
decía que la disposición transitoria pretende, desde un punto
de vista técnico, que los estatutos de Ceuta y Melilla no
puedan ser otorgados unilateralmente por las Cortes sin contar
con ambas poblaciones.
Ese es el problema que para nosotros tiene, en el caso de
Ceuta, este estatuto. Se está haciendo sin contar con la
población, precisamente la previsión que constitucionalmente
se marcaba en nuestro ordenamiento y precisamente lo que dicen
los dos informes: el informe jurídico de esta casa en el año
1986 y el informe de ahora. Unía y decía que eran
indispensables los dos procesos, que se dieran las dos
condiciones. Es cuestión de leerlo. Como en el debate de
Comisión usted me hacía referencia a que no había leído bien
la Memoria ni los informes, me los he leído y resulta que
precisamente avalan esto que le estoy diciendo.
Pues bien, señor Presidente, señorías, las enmiendas de
Izquierda Unida pretenden desarrollar esta filosofía,
mejorando esta denominación de los estatutos de autonomía,
solucionando así algo fundamental. ¿Por qué entonces el
Gobierno presentaba una ley ordinaria? Porque no quería un
Estatuto de autonomía para el cual era necesaria una ley
orgánica. ¿Por qué hoy presenta una ley orgánica? Para dar un
barniz, para dar un tinte, que yo tengo que reconocer que es
positivo, como reconocí en el debate de totalidad.
Con la enmienda al artículo 7.1 que nosotros presentamos
precisamente intentamos que el sistema electoral que se pueda
regular en la ciudad no sea el de las elecciones locales, sino
que se añada: «elecciones autonómicas y locales», haciendo así
referencia a que tenemos una institución autonómica al crear
esa asamblea.
La enmienda siguiente al mismo artículo 7 pretende dotar a los
diputados concejales o concejales diputados de Ceuta de las
mismas condiciones de inviolabilidad en lo que pueda ser la
actuación de su cargo, al igual que lo tienen los demás
diputados de las restantes comunidades autónomas.
Nuestra enmienda al artículo 8.3 pretende también fijar la
fecha de las elecciones, al igual que para las elecciones
autonómicas y municipales.
Otro bloque de enmiendas va dirigido a la composición de la
asamblea. Hacen un lavado de cara al proyecto dotando a la
ciudad de Ceuta, además de un alcalde o un presidente, de una
asamblea que va a tener --y esto sí que es novedoso con
respecto al año 1986-- capacidad de iniciativa legislativa,
pero iniciativa legislativa ante las Cortes. En el año 1986
era iniciativa legislativa ante el Gobierno. Se dotan ustedes
de una Asamblea exclusivamente sin capacidad legislativa o de
regular por medio de normas y sin capacidad de control; ni
siquiera va a ser presidida por alguien distinto de quien
gobierna. Esto es tongo. ¿Cómo se va a controlar a sí mismo el
que está mandando? Por lógica debiera ser distinta persona.
¿Qué es lo que propone Izquierda Unida en esta enmienda?
Precisamente que el presidente del parlamento o de la asamblea
de Ceuta sea persona distinta de quien gobierne; que el pleno
pueda constituir comisiones de investigación; que además las
Asamblea se reúna, al igual que se reúnen las demás asambleas,
con períodos ordinarios y con períodos extraordinarios; dotar
de mayores competencias a la asamblea para que tenga un
protagonismo de verdad y no sea solamente el presidente de la
comunidad; y pretende también que el sistema electoral o la
regulación que pueda existir para el propio presidente no
tenga una relación de preponderancia total, como pasa en el
caso de los ayuntamientos.
Fíjense si ustedes han regulado un ayuntamiento en grande, que
al presidente le hacen presidir la asamblea y además le hacen
elegir, no de las candidaturas que se han presentado, sino que
es el cabeza de lista de las candidaturas que se ha
presentado, cosa que, como ya le dije en Comisión, por fuerza
no se cumple ni en la vida municipal; en la mayoría de los
casos sí, pero hay casos donde no se cumple, donde el que va
en el puesto 7, sin que ni siquiera cese el que va en el
número 1, simplemente quedándose como concejal, va a continuar
y es elegido otro miembro de su propia candidatura.
En suma, todas nuestras enmiendas pretenden dotar de autonomía
plena a esta ciudad.
Es verdad que en las enmiendas que mantenemos para este Pleno,
en cuanto a las competencias que debe tener esa comunidad
autónoma, son las mismas que las que les hemos dotado a las
comunidades del 143, y me podía decir: ¿Y por qué para Ceuta
tienen que ser la mismas? Me decía inclusive que era una
especie de cliché que yo tenía para repetirlo. Yo les tendría
que haber dicho que han utilizado la misma plantilla para
Ceuta y para Melilla que la que utilizaron entonces. Pero no
es el problema.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ríos, vaya
concluyendo, por favor.
El señor RIOS MARTINEZ: Termino, señor Presidente.
Nosotros aceptamos que las limitaciones competenciales
pudieran establecerse en inicio, para que fuera la propia
ciudad, en función de su desarrollo. Yo estaría dispuesto a
aceptar transacciones a esa propuesta. A lo que no estaría
dispuesto a aceptar --y no la he aceptado en Comisión--
transacción es a la constitución o no como comunidad autónoma
para así tranquilizar y cumplir con algo muy importante, que
esa es la voluntad del pueblo de Ceuta votado en su propio
municipio, y además el sentir general. En todo caso, por la
buena evolución de la aplicación de esta norma que ustedes
proponen que entre en vigor en las próximas elecciones del año
1995, lo que me parece muy positivo, espero que si no es la
voluntad mayoritaria de la ciudad, por mucho que sea la
voluntad propuesta desde aquí, se le dé cauce de opinión a la
ciudad a través de una composición distinta a la del propio
municipio y que, una vez constituido, pueda pronunciarse el
municipio, y si el municipio sigue manteniendo su opinión de
constituirse en comunidad autónoma, que ustedes hagan un
referéndum para que los ceutíes puedan pronunciarse sobre qué
autonomía quieren. Les puedo asegurar, señorías, que en este
caso estamos dando una autonomía otorgada, cosa que no se nos
ocurriría hacer para ningún otro territorio del Estado
español.
Nada más, señor Presidente, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Turno en contra?
(Pausa.)
Tiene la palabra el señor Bassets.
El señor BASSETS RUTLLANT: Muchas gracias, señor Presidente.
Subo a la tribuna en nombre del Grupo Socialista con la
satisfacción de ver que la colaboración que ha habido en el
debate estos días, tanto en Ponencia como en Comisión, ha
servido para enriquecer el texto que el Gobierno ha presentado
en el Congreso de los Diputados. Agradezco también la
moderación que ha existindo en todos los debates durante estos
días.
Es verdad que este proyecto de ley ha sido presentado a
petición del Gobierno por el procedimiento de urgencia y esa
urgencia está basada precisamente en lo que decía el señor
Ríos, en que queremos que en las próximas elecciones que se
celebren el 28 de mayo sean para elegir a los miembros de la
Asamblea de la ciudad de Melilla.
Quiero manifestar mi satisfacción porque en las enmiendas que
se han incorporado --creo que han sido 14-- sigue existiendo
el consenso y el acuerdo entre los grupos parlamentarios
Socialista y Popular. También tengo que decir que otras
enmiendas, presentadas tanto por el Grupo Socialista como por
el Grupo Popular, no han sido incorporadas al texto, pero
tengo que resaltar que han sido desestimadas por ambos grupos
después de una conversación y en aras del consenso y el pacto
que hemos tenido.
En la tramitación efectuada por el procedimiento de urgencia,
han colaborado todos los grupos con el fin de la prisa que nos
hemos dado para que dicha norma entrara en vigor en las
próximas elecciones. El procedimiento de urgencia comenzó el
jueves 15 de diciembre, en el trámite de enmiendas a la
totalidad, y, posteriormente, el día 16 de diciembre ya se
estaba tratando en Ponencia; el día 21 de diciembre se debatió
en Comisión y hoy lo estamos tratando aquí en el Pleno.
Quiero añadir, para conocimiento de SS.SS., que se han
presentado algunas enmiendas que quizá no conozcan, por lo que
voy a enumerarlas rápidamente. En el preámbulo, después de
hacer referencia a «el presente Estatuto de Autonomía», se
añade «establecido de acuerdo con lo previsto en el artículo
144 b) de la Constitución Española». Se pretende que quede
clara la vía de acceso, que no es la de comunidad autónoma,
como pretende el señor Ríos, puesto que este debate se superó
en el debate que tuvo lugar el jueves 15 de diciembre.
En el título preliminar se han introducido dos enmiendas,
cuando se hace referencia a Ceuta o Melilla, para no repetirlo
en el debate posterior. En el artículo 1, depués de donde
dice: «Ceuta, como parte integrante de la Nación española» se
añade a continuación «y dentro de su indisoluble unidad...» En
el mismo artículo cuando se dice «... en los términos del
presente Estatuto y en el marco de la solidaridad con todos
los territorios de España...», en Ponencia se ha sustituido la
preposición «con» por la de «entre». En el artículo 3 se ha
hecho una modificación respecto a Ceuta solamente en cuanto al
color de la bandera, puesto que hay que reconocer que los
ceutíes iban a cambiarla.
En el artículo 5 h), sólo para Melilla, hemos incluido el
aspecto lingüístico y ha quedado redactado de la siguiente
manera. «La promoción y estímulo de los valores de
comprensión, respeto y aprecio de la pluralidad cultural y
lingüística de la población melillense».
En el artículo 8, punto 1, se ha introducido, «si bien tanto
en la documentación que se tramite como en las papeletas de
voto constará expresamente la mención «elecciones a la
Asamblea de Ceuta».
En el artículo 9, donde se dice que la mesa estará presidida
por un presidente y un vicepresidente, proponemos que sean dos
vicepresidentes.
En el artículo 15, relativo al nombraminto del presidente de
la ciudad de Ceuta y de la ciudad de Melilla, se añade que
dicho nombramiento será hecho por el
Rey. También se ha cambiado la palabra «proclamado» por
«designado», precisamente por el motivo anterior.
En el artículo 19 hemos introducido dos enmiendas, una
respecto a la cuestión de confianza y otra respecto a la
moción de censura, en el sentido de que serán los
vicepresidentes de la Asamblea de Ceuta o de Melilla los que
presidan estas sesiones, e incluso en la relativa a la
cuestión de confianza será el vicepresidente el que convoque
la siguiente.
Dentro de las competencias, se ha incluido también la de caza,
que no aparecía anteriormente, principalmente para la
protección de aves migratorias.
En el artículo 22 se ha introducido también otra competencia
respecto a la ejecución de la legislación del Estado sobre
propiedad intelectual.
En el artículo 36, relativo al tema económico y financiero, al
hablar del Fondo de Compensación Interterritorial se hace
referencia a las transferencias derivadas de ese Fondo de
Compensación y se añade un punto 9.º, en el que se alude a los
rendimientos de los tributos del Estado que les sean cedidos
por éste, de acuerdo con la reivindicación hecha por parte de
Izquierda Unida y por parte de otros grupos en el sentido de
que se hiciese mención a los tributos cedidos.
También aparece un Título VI nuevo referido a la reforma del
estatuto, petición que habían formulado otros grupos
parlamentarios.
Por lo que se refiere a las disposiciones adicionales, se ha
añadido una nueva, la sexta, que dice textualmente: «Mediante
la correspondiente normativa del Estado, se adecuará la planta
judicial a las necesidades de Ceuta».
En cuanto a la transitoria primera, puesto que no se sabía
cuando iba a tener entrada el proyecto y cuando se iba a
aprobar, decía que el alcalde actual sería transitoriamente el
presidente de la Asamblea de la ciudad de Ceuta o de Melilla,
pero debido a que el decreto de convocatoria para las próximas
elecciones tiene que estar aprobado el día 3 de abril de 1995,
se ha modificado esa disposición transitoria en el sentido de
que las próximas elecciones, a celebrar el 28 de mayo de 1995,
se convocarán para elegir a los miembros de la Asamblea de
Ceuta o de Melilla, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 7.
Por último, se ha añadido una disposición final, en el sentido
de que el presente estatuto entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», lo cual
no aparecía en el texto anterior.
Con respecto a las enmiendas presentadas por Izquierda Unida,
para no repetir el debate del jueves pasado, reitero lo que
dije en aquella sesión, puesto que el señor Ríos sigue usando
los mismos argumentos y lamento que no le hayamos podido
convencer ni en Ponencia ni en Comisión. Es verdad que este
estatuto es para una ciudad que cierra el mapa autonómico
español y que no sólo es importante el texto en sí, sino el
consenso que ha existido; consenso que es fundamental puesto
que, como decía en el debate anterior a que he hecho
referencia, en los temas de desarrollo estatutario no
solamente se tiene en cuenta el texto, letra por letra de la
Constitución española, sino también los pactos de Estado, las
sentencias del Tribunal Constitucional, los antecedentes, los
acuerdos y el consenso. Así se han desarrollado muchos
estatutos de autonomía de comunidades autónomas y ésa es la
vía que nosotros pretendemos y mantenemos, no solamente con el
apoyo del Partido Popular sino también con el del resto de los
grupos parlamentarios, incluido el suyo.
En cuanto a la vía de acceso, ya le hablé el pasado jueves de
las posibilidades de las ocho vías de acceso que establecía la
Constitución. Nosotros hemos escogido la del artículo 144,
pero a mí me gustaría que usted se leyera la intervención mía
de ese día, puesto que yo nunca dije --en el «Diario de
Sesiones» se podrá comprobar-- que el punto b) del artículo
144 se hubiese usado para Segovia; dije que era el c) el que
se había usado para Segovia y para Almería, y que el b) no se
había usado. Yo lo decía, y usted me reconocía que como no se
había usado, que Ceuta y Melilla escogieran esa vía de acceso,
así como otros territorios fuera de la provincia, como podría
ser Gibraltar.
Yo quiero decirle, señor Ríos, que dentro de sus enmiendas hay
una faceta importante que usted no ha tenido en cuenta en todo
su discurso. Yo le decía en Comisión que usted no había
presentado ninguna enmienda al Título V. En el Título V se
recoge el régimen económico y financiero, y ese régimen
económico y financiero ha sido el que ha condicionado muchas
partes del texto de las enmiendas que usted ha presentado.
A mí me llena de satisfacción que se haya leído usted la
memoria, pero lo que sí puedo manifestarle, después de lo que
ha dicho usted desde esta tribuna, es que no se ha leído el
informe de los letrados, porque el informe de los letrados lo
tendrá usted ahí pero no se lo ha leído, y si se lo ha leído
es pensando en lo que usted quiere, no en lo que ponen los
letrados. El informe actual no es como el del año 1986, no se
parece en nada; solamente se parece en un punto en el que dice
que en el año 1986 hubo otro informe que decía lo
siguiente..., y ese punto, que no es del informe actual sino
del anterior, es lo que usted nos ha leído aquí.
Por último, también quiero decirle que ha quedado claro en el
debate plenario y hoy en esta intervención, que la mayoría de
los Diputados que estamos sentados aquí queremos que la vía de
acceso sea por el artículo 144 b), no por la transitoria
quinta, y tan constitucional es una vía como la otra vía, como
usted me reconocía el otro día.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Bassets, vaya
concluyendo, por favor.
El señor BASSETS RUTLLANT: Voy concluyendo, señor Presidente.
Ha quedado claro que el ayuntamiento no puede desaparecer como
ayuntamiento, y ha quedado claro que es un estatuto de
autonomía para una ciudad y no es una carta municipal, y ha
quedado claro que es una cuestión de Estado, que no es una
cuestión de estados --en plural--, es una cuestión de Estado,
y la cuestión de Estado afecta a todos los españoles, por lo
cual lo estamos tratando en el Congreso de los Diputados y,
posteriormente, en el Senado.
También ha quedado claro (por su parte, no lo sé) que, cuando
usted habla de la asamblea en todas sus enmiendas, no se está
refiriendo a la Asamblea de la ciudad de Melilla que viene en
el texto del Gobierno, se está refiriendo usted a la asamblea
de cámaras legislativas, que no tiene que ver nada con la vía
que hemos cogido ni con el 144 b).
Por último, tengo que decirle que dentro de las competencias
que usted acaba de mencionar, las del 143, que sean las que se
incorporen a los estatutos de autonomía de Ceuta y Melilla, yo
le dije en Comisión que no solamente se han puesto las del 143
en el proyecto del Gobierno sino que hay algunas que son del
151 y no son del 143.
Otra cosa que ha quedado clara, que me parece que es muy
importante, es que el ayuntamiento no tiene más competencias,
o sea, con este proyecto de ley que propone el Gobierno y que
nosotros estamos defendiendo el Ayuntamiento de Melilla y el
Ayuntamiento de Ceutano tienen más competencias, tienen las
mismas competencias que cualquier ayuntamiento de España,
cualquiera de los 8.100 ayuntamientos aproximadamente, las
mismas. Lo que ocurre es que la Asamblea de la ciudad de
Melilla y de la ciudad de Ceuta, como ente autonómico, sí
tiene las competencias del ayuntamiento, sí tiene las
competencias o tendrá las de las diputaciones y sí tendrán
aquellas competencias que se transfieran por parte del Estado.
Por lo tanto, ése es el esquema que yo creo que ha quedado
meridianamente claro.
Señor Ríos, no voy a entrar una por una en las enmiendas --si,
después, viene al caso, sí--, puesto que ya las hemos debatido
en profundidad en la Comisión que tuvimos el otro día durante
las tres horas y media de debate, pero globalmente le diré que
gran parte de sus inquietudes se ha recogido en las nuevas
enmiendas que se han incorporado y que parte de su filosofía
también está dentro. Yo agradezco el interés que ha tomado
Izquierda Unida, concretamente usted, porque está defendiendo
algunas veces las enmiendas con cierto apasionamiento, porque
las paternidades son siempre muy malas, y yo reconozco que
usted ha hecho un trabajo personal e importante, y quiero
defenderlo.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Bassets, termine
por favor.
El señor BASSETS RUTLLANT: Termino, señor Presidente.
Debo reconocerle el acercamiento en las posiciones y en el
intento de tener el mejor Estatuto de Autonomía para Ceuta y
para Melilla. Por lo tanto, señor Ríos, lamentamos mucho no
poder aceptar ninguna de las enmiendas que ha presentado usted
en este Pleno.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Bassets.
Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, la verdad
es que el señor Bassets ha hecho una defensa de la propuesta
del Gobierno y de la mejora que hicimos en Comisión; mejora
que usted ha calificado de muy sustancial. Fíjese que la ha
valorado fundamentalmente porque se ha añadido la competencia
de la caza para proteger a las aves. La verdad sea dicha, la
caza para proteger a las aves es una complicación un tanto
relativa.
Luego ha hecho una serie de mejoras que amplían la propuesta
del año 1986. Usted me decía, rechazando nuestra propuesta,
que le hablo de una asamblea de cámara legislativa que no se
parece en nada a la que ustedes proponen aquí. Pero, ¿me
podría decir cuál es la que proponen aquí? ¿En qué se
diferencia esta asamblea de un ayuntamiento pleno? Porque
resulta que esta asamblea, que desarrolla la capacidad de
autonomía del pueblo de Ceuta, no puede ni controlar al
Ejecutivo, porque la preside él mismo, ni puede regular por
medio de normas, ni legislar. Dígame cuál es la innovación
revolucionaria que añaden al derecho autonómico con esta
figura porque, si no, no voy a poder entender cuál es la gran
diferencia.
En segundo lugar, fíjese si lleva razón esta argumentación que
¿sabe el nombre que le dan a los miembros de esta asamblea? No
tienen ni nombre. Dicen que los miembros de la asamblea
ostentan también la condición de concejales, pero no tienen
nombre. No sabemos si son concejales, si son diputados o si
son diputados concejales. ¿Cuál es el nombre de estos miembros
de la asamblea para comprender de verdad la innovación
autonómica que ustedes le añaden a esta ciudad? Ese es el
motivo por el que le he estado insistiendo en el
planteamiento, no porque sea una propuesta mía, personal, sino
porque me comprometí con los miembros de la corporación de
Ceuta a traerlo aquí.
Usted ha dicho que el informe actual no hace la referencia que
le leí a usted. Le voy a leer taxativamente la página 13. Dice
el informe actual de los letrados: comparación de los textos
de 1986 y 1994. El examen comparativo
de los proyectos de 1986 y de 1994 pone de relieve un elevado
grado de coincidencia. Eso dice este informe que usted dice
que no me he leído o del que usted ha leído lo que ha querido.
No hay peor canción que pegarse a la música que a uno le
gusta, pero si a usted le gusta un tango y baila el pasodoble,
son cosas distintas.
El informe del año 1986 hablaba de la vía. Parece que aquí
estamos discutiendo el problema fundamental de la vía. La vía
del 144.b) es para constituirse en comunidad autónoma. Dice el
informe de entonces, que se lo voy a leer para que no sea mi
interpretación: Para evitar que las Cortes pudiesen acordar
unos estatutos de autonomía para Ceuta y Melilla de manera
unilateral y sin intervención ninguna de los territorios
afectados, se introdujo por vía de enmienda in voce una
determinada propuesta. Y dice más: Aunque se ha advertido una
aparente contradicción entre el artículo 144 y la disposición
transitoria quinta, debe optarse por una interpretación
armonizadora de ambos preceptos que concluya en la necesidad,
para que Ceuta y Melilla accedan a la condición de comunidad
autónoma, de que se produzcan sucesivamente dos actos:
decisión en tal sentido de sus ayuntamientos y autorización de
las Cortes Generales mediante ley orgánica.
Eso es lo que estoy intentando proponer como vía para
constituir una comunidad autónoma. Además, le estoy arreglando
un sinfín de problemas con esta propuesta y con estas
enmiendas. Fíjese: ¿a qué alcalde nombra o designa el Rey? A
ninguno. ¿Qué alcalde preside una asamblea legislativa? ¿Qué
ayuntamiento tiene capacidad de iniciativa legislativa? Es
decir, ustedes han hecho un ente sistemáticamente ligado al
régimen local. Yo le reconozco que hay un avance, un lavado,
un tinte de autonomía, que han ampliado en el régimen
económico respecto a 1986 sobre algunas competencias de las
que se les han dotado e inclusive en la nueva nominación, pero
a mí lo que me gustaría, a ser posible, se lo digo
sinceramente --usted vive en uno de esos municipios; yo no
vivo allí-- es que como nos encontramos en vísperas de lo que
nos encontramos, estos proyectos no sean la inocentada para
Ceuta y para Melilla sino el principio de partida. El tiempo
nos dará la razón o nos la quitará. Con el tiempo veremos si
superan los tintes de miedo o de relación y si de verdad
acceden a autonomía o autogobierno. Lo vamos a ver en la
evolución de la gestión. En todo caso, es un punto de partida
que yo no comparto. Me gustaría, como al Ayuntamiento de
Ceuta, que fuese otro distinto y que el punto de partida, en
lugar de ser un régimen especial, con asamblea, fuese el de
comunidad autónoma con asamblea legislativa. Esa es la gran
diferencia de nuestras enmiendas sobre la propuesta que usted
hace. En todo caso, arrieros somos y en el camino nos vemos.
Nada más, señor Presidente; nada más, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.
El señor Bassets tiene la palabra.
El señor BASSETS RUTLLANT: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ríos, en primer lugar, tengo que decirle que esto no es
una inocentada. No diga esas cosas después de que en Ceuta y
Melilla hemos estado tantos años esperando este deseado
estatuto de autonomía; éste y no otro. No es una inocentada,
primero porque no es el día 28. Tampoco es, como usted decía
el otro día, un regalo de Navidad. A los ciudadanos de Ceuta y
Melilla no les está regalando nadie nada, ni esta Cámara
tampoco. Es un derecho constitucional que tiene; derecho que
tiene varias vías, de las que se ha elegido una. Usted
reconoce que hay varias vías y se ha elegido la que se
considera mejor. ¿Usted está de acuerdo con el Título V? ¿Está
de acuerdo, por ejemplo, con la financiación? Si está de
acuerdo con la financiación, porque no ha presentado ninguna
enmienda, quiere decir, entre otras cosas, que muchos de los
argumentos que ha expuesto están condicionados a ese Título V.
¿Es que no somos capaces de que usted entienda que el
ayuntamiento no tiene más competencias? ¿Usted se ha leído el
artículo 25? El artículo 25 dice que la ciudad de Melilla
ajercerá, además, todas las competencias que la legislación
estatal atribuye a los ayuntamientos, así como las que
actualmente ejerce de las diputaciones provinciales y las que
en el futuro puedan atribuirse a éstas por ley del Estado.
Y el artículo 7.2, que por lo visto tampoco se lo ha leído, o
no quiere interpretarlo, dice: Los miembros de la asamblea
ostentarán también la condición de concejales. No dice que los
concejales también ostentarán la condición de miembros de la
asamblea. No lo dice, dice lo contrario. Por lo tanto, deje
tranquilo al alcalde.
Como cosa anecdótica, debo decirle que no me parece bien que
el enriquecimiento que hemos hecho durante estos últimos
quince días con la colaboración de todos lo resuma usted en la
caza. ¡Por favor! Hay muchos temas importantes. Se ha
introducido la reforma de los estatutos, los tributos que
pueden ser cedidos, el nombramiento regio. Hay otros temas
mucho más importantes que éste que ha citado. Yo simplemente
me he limitado a informar a S.S. de las modificaciones que
hemos introducido.
Le voy a decir también otra cosa muy rápidamente. Usted ha
presentado una enmienda, que no la ha retirado, la número 44,
que habla de la organización judicial. La motivación es la
creación de un Tribunal Superior de Justicia. En el texto no
viene nada de eso. Dice: Los ciudadanos de Ceuta, y los de
Melilla en su caso, son titulares de los derechos y de los
deberes establecidos en la Constitución. A mí me gustaría
saber si con sus enmiendas pide la creación de un Tribunal
Superior de
Justicia, porque no lo sé, esa enmienda no existe. Supongo que
habrá sido un error de transcripción, pero esa enmienda no
existe; solamente existe la motivación, pero el texto no tiene
absolutamente nada que ver con lo que está diciendo. Y si ésa
era su inquietud, debo decirle que ya está incorporada al
texto del dictamen la disposición adicional sexta, que
nuevamente leo, para que quede constancia: Mediante la
correspondiente normativa del Estado, se adecuará la planta
judicial a las necesidades de Ceuta o de Melilla. Por tanto,
supongo que estará satisfecho con la redacción de esta
enmienda que debatimos en Comisión y que ha sido incorporada.
También he de decirle que usted ha hablado de mayores
competencias. Se han incorporado más competencias, no
solamente las del artículo 143 de la Constitución, sino como
ha dicho, alguna del artículo 151.
Sobre la enmienda número 45, en la que habla de los convenios
que hará la ciudad de Ceuta con otras comunidades, le dije en
Comisión, y se lo repito ahora, que está perfectamente
recogido en el artículo 12.i) y en la disposición adicional
quinta. El artículo 12.i) dice: «aprobar los convenios a
celebrar con cualquiera de las comunidades autónomas y con la
ciudad de Ceuta, y los acuerdos de cooperación con aquéllas o
ésta que sean precisos». La disposición adicional a la que
estoy haciendo referencia, que es la quinta, dice: «La ciudad
de Melilla podrá establecer con la Comunidad Autónoma de
Andalucía y con la Ciudad de Ceuta relaciones de especial
colaboración». Es como si hubiésemos hecho una transacción, lo
que pasa es que la ha hecho usted con el texto que manda el
Gobierno y, por tanto, estamos de acuerdo.
En relación con las competencias, usted presenta una enmienda,
la número 43, en la que dice que «la Comunidad Autónoma» --ya
hemos dicho que no es la vía de acceso que hemos elegido--,
«tendrá la función ejecutiva de las siguientes materias», y
relaciona usted un listado de materias. Quiero decirle que
están recogidas absolutamente todas en el texto, entre los
artículos 21 y 22; solamente se diferencia en que en vez de
poner «la función ejecutiva» dice: «la correspondiente
ejecución». Cuando habla usted de las obras públicas que no
sean de interés general del Estado, está regulado en el
artículo 21.1.2.º La letra b) de su relación dice: «la
instalación, ampliación y control industrial», que está en el
artículo 22.1.3.º Cuando habla usted de protección civil, está
en el artículo 22.1.4.º, cuando habla usted de la agricultura
y la ganadería, figura en el artículo 21.1.5.º, cuando habla
usted de los casinos, juegos y apuestas, está en el artículo
21,1.21.º, y cuando habla usted de vertidos industriales,
contaminantes, etcétera, está recogido en el artículo 22.1.1.ª
Están todas absolutamente recogidas.
Por tanto, si S.S., y para su satisfacción, considera que está
recogida en el texto esta enmienda que usted ha presentado, no
ya pactado posteriormente en Ponencia y en Comisión, sino en
el texto que remitió el Gobierno, le agradecería que retirase
esa enmienda y no la sometiera siquiera a votación.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Bassets.
¿Grupos Parlamentarios que deseen fijar su posición en este
debate? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor González
Pérez.
El señor GONZALEZ PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, voy a empezar leyendo algo que el
Portavoz de Izquierda Unida manifestó en la Comisión
Constitucional: Yo le reconozco --se lo he reconocido en todos
los sitios--, que esta propuesta es un avance sobre lo que
tenían Ceuta y Melilla antes de hacer el Estatuto. Y seguía
diciendo: Espero --y esto lo digo con total sinceridad-- que
lo que hoy se pone en marcha de verdad suponga una realidad
distinta a lo que se está poniendo como punto de partida, y el
ejemplo que utilizo es el de la comunidad a la que he
pertenecido. En un principio estas comunidades del artículo
143 nacían, diría yo, constreñidas, y la propia realidad ha
hecho parlamentos vigentes, fuertes, muy fortalecidos; espero
que esto que se pone en marcha en Ceuta, hoy, de la realidad y
la voluntad de las ciudades, sea, de verdad, un desarrollo
autónomo que culmine en lo que es la ordenación de todos los
territorios españoles que tenemos las demás comunidades o los
demás territorios, es decir, la ordenación autónoma y el
autogobierno a través de la comunidad autónoma.
Pues bien, el portavoz de Izquierda Unida coincide
fundamentalmente con lo que el Grupo Popular ha venido
demandando durante todo este tiempo. Lo que pasa es que, a
veces, cuando se escucha a los portavoces que suben a esta
tribuna y manifiestan cosas, no deja de quedarse uno muy
sorprendido, y la sorpresa viene fundamentalmente, cuando
durante todos estos años desde 1981, desde que se pronunció
por primera vez un ayuntamiento como es el de Ceuta en este
caso, esas personas que hoy están defendiendo posturas que
pueden parecer maximalistas en cierta medida, no aparecieron,
no estaban en ningún lado, no se sintió el calor de su mano
para aquellos que estábamos en esas manifestaciones reclamando
algo sobre lo que hoy intentamos dar un primer paso. Y no
solamente eso, sino que aquí se habla de inocentada. Mire
usted, inocentada, no. Lo que en algunos momentos ha dado
miedo no ha sido una inocentada o una broma, han sido las
posturas de Izquierda Unida, y a eso es a lo que tienen miedo
los ciudadanos. Eso le reclamaba yo al portavoz de Izquierda
Unida en la Comisión Constitucional. Le reclamaba que
de alguna manera manifestara que esos miedos no tenían por qué
producirse, y no solamente no lo manifiesta, sino que deja la
ambigüedad para que ese miedo siga produciéndose y la
irresponsabilidad que eso conlleva es tener a una ciudad
crispada.
Aquí hay que decir con toda rotundidad, con absoluta
rotundidad, que la aprobación de este estatuto de autonomía,
que no es del Grupo Popular, que es del Gobierno y que hemos
conseguido mejorarlo con la incorporación de enmiendas,
garantiza absolutamente que ese miedo desaparezca, lo
garantiza con total y absoluta rotundidad; lo garantiza tanto
que yo estoy aquí defendiéndolo, y no soy una persona que va
de visita a Ceuta, sino que vive en Ceuta y que, además,
mantiene una familia allí, unos amigos, su trabajo y todo
aquello que va a ser el desarrollo del futuro de la ciudad de
Ceuta; eso hay que dejarlo claro no solamente de visita, sino
con la permanencia.
Diferencias. ¡Claro que hay diferencias! Las diferencias
tienen que partir de una base fundamental, y es que para
nosotros lo ideal hubiera sido que en ese consenso, al cual se
hacía mención desde Izquierda Unida, también hubieran
participado ellos, pero nunca han aparecido; siempre han
estado en el debate, siempre en aquello de «ahora voy yo que
ya lo demás está hecho, pero voy a poner la guinda». Ha sido
mucho tiempo. Y decir que el proyecto de 1986 se parece al
proyecto de 1994 es tanto como no decir la verdad. ¿Por qué
digo esto? Mire usted, durante cerca de un año ha habido
conversaciones permanentes con el Gobierno, partiendode la
postura del Gobierno y de la del Grupo Popular, ambas se han
ido acercando, se han ido concretando, y se ha avanzado
sustancialmente sobre el proyecto de 1986. Usted mismo ha
reconocido desde esta tribuna que el avance es importante. Y,
mire usted, no se puede denominar a un avance autonómico de
barniz bajo ningún concepto. ¿Qué saben los que no han
participado de ese intento de sacar más --perdón por la
expresión-- tajada de lo que se pretendía en un principio?
¿Qué saben aquellos que vienen aquí a decir --sobre algo en lo
que no han participado-- cuál ha sido el trabajo y el
sacrificio que han tenido que hacer aquellas personas que con
tal de incluir a Ceuta y a Melilla en el mapa autonómico han
tenido que hacer dejación de parcelas de autogobierno?
El hecho de tener unas elecciones cercanas implica mensajes
que al final se quedan en «hoy lo digo y a partir de mañana ya
ni me acuerdo». Espero que no sea así, y desde aquí hago un
llamamiento a Izquierda Unida para que contribuya, como he
dicho en muchas ocasiones, a que esos miedos desaparezcan con
el trabajo de todos nosotros, ceutíes, melillenses y los
Diputados de esta Cámara. Cuando esa asamblea mande aquí
iniciativas legislativas y se discutan esas leyes para mejorar
el desarrollo económico, social y cultural de la ciudad de
Ceuta, sería bueno que ellos participen también en la
introducción de enmiendas para mejorar dichos proyectos, y no
desde la crítica, sino desde la suma de fuerzas políticas que,
lógicamente, den una estabilidad importante a un proceso
autonómico que es incipiente, que se inicia ahora. Eso es lo
que pedimos desde Ceuta; eso es lo que pretendemos desde
Ceuta, y no continuamente estar haciendo referencia a si esto
es mejor que lo otro. No, aquí hay una cosa que es evidente:
Claro que todo es mejorable, pero contribuyamos todos a
mejorarlo, contribuyamos todos anteriormente a ese consenso,
no a pedir el consenso para luego partir con enmiendas desde
el disenso. Lo he dicho una y mil veces y lo volveré a
repetir, si nosotros estuviéramos planteando el tema de
aceptar lo que Izquierda Unida ha venido proponiendo hasta
ahora --que era lo que el Partido Popular había propuesto en
anteriores ocasiones y que Izquierda Unida no quería porque no
existía el consenso--, hoy y a partir de mañana Ceuta y
Melilla seguirían siendo municipios, seguirían siendo
ayuntamientos y no iniciarían su proceso autonómico, y eso sí
que es grave, porque nosotros apostamos, sin ningún género de
dudas, por el futuro de Ceuta y el de Melilla, y el futuro de
Ceuta y Melilla se hacen caminando, se hacen trabajando y se
hacen, lógicamente, con planteamientos que intentan arropar a
esos ciudadanos que hasta el día de hoy han estado
desasistidos. Y eso hay que dejarlo muy claro.
Cuando se hablaba en esta tribuna de referéndum --fíjese si
cambian las cosas-- el Partido y el Grupo Popular en Ceuta
llegaron a manifestar que estaban dispuestos a que se
realizara un referéndum, a que se hiciera la petición de
referéndum, y aquellos que hoy están protestando por lo que
dicen que no es un estatuto de autonomía de comunidad
autónoma, dijeron que el Partido Popular había cambiado de
postura pidiendo un referéndum y que, por tanto, su
compromisode aprobar y apoyar aquello que ellos habían
manifestado que era bueno, de golpe, es malo. Lo que se pide
es seriedad, y no lo digo solamente a los señores de Izquierda
Unida.
Ese reconocimiento al avance que hace Izquierda Unida es un
reconocimiento que lo acepto de sumo grado, y además lo
agradezco, porque significa que Izquierda Unida va a
participar, sin ningún género de dudas, en lo que después de
que se apruebe el proyecto será el avance que todos queremos.
¿O empezaremos a poner piedras en el camino para que ese
avance no llegue a su consolidación definitiva? Porque hemos
dicho, y lo repito desde esta tribuna, que el Grupo Popular no
renuncia, bajo ningún concepto --cuando el devenir político
cambie y cuando la estructura de esos bancos azules cambie
también-- a aplicar en un futuro la transitoria quinta. Y ese
es un reconocimiento que no sólo se hace desde esta tribuna,
se ha hecho por parte de aquellas personas que han estado en
la negociación, y se ha reconocido incluso por el Ministro de
Administraciones
Públicas, al cual agradezco su presencia en este debate.
Señores, solamente me queda por decir que es importante, que
es fundamental que desde esta tribuna se manifieste y se evite
ese temor. Señor portavoz de Izquierda Unida, lo que le estoy
diciendo no me lo estoy inventando, lo estoy viviendo día a
día en la ciudad de Ceuta. Y es necesario que todo el mundo
tenga clara una cosa: Ceuta y Melilla son españolas, pero no
sólo sus habitantes, sino sus territorios, y eso es lo que
pretendemos siempre dejar muy claro desde el Grupo Popular. No
como otros, que aunque cambien de postura --y bienvenidos
sean-- pensaban de otra forma.
Para terminar, porque creo que es bueno el manifestar estas
cosas, quiero decir que el compromiso que adquiere el Grupo
Popular es un compromiso, como todos los que ha adquirido, de
avance. Y ese avance implica, sin ningún género de dudas, el
rechazo de sus enmiendas y el apoyo a ese texto consensuado
del Gobierno y del Grupo Popular.
Señoras y señores Diputados, yo espero de esta Cámara que haya
la máxima unanimidad posible para este inicio de avance.
Entiendo perfectamente la vehemencia que se pone en la defensa
de enmiendas que se han trabajado, y eso es bueno, pero lo que
pido desde aquí, señoras y señores Diputados, es que todos los
grupos entiendan que existe un consenso importante en esta
Cámara, que ese consenso da garantías de estabilidad a dos
ciudades como Ceuta y Melilla y que ese consenso será,
lógicamente, el inicio de un régimen de autogobierno mayor.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
González Pérez.
--PROYECTO DE LEY ORGANICA DE ESTATUTO DE AUTONOMIA DE LA
CIUDAD DE MELILLA (Número de expediente 121/000064)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Concluido el dictamen
de la Comisión sobre el proyecto de ley orgánica de la ciudad
de Ceuta, pasamos al debate sobre el dictamen de la Comisión
Constitucional acerca del proyecto de ley orgánica de estatuto
de autonomía de la ciudad de Melilla.
Quedan vivas unas enmiendas del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida. Para su defensa, tiene la palabra el señor
Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, la verdad
es que lo último que esperaba encontrarse este Diputado es que
le dijeran que defiende sus enmiendas con vehemencia. Lo
cierto es que jamás ha pretendido, al defender una enmienda y
coincidiendo posicionalmente con otra formación política, que
su posición dé miedo, porque si la posición de IU da miedo
hoy, cuando coincide con la que defendía otro grupo hace
apenas un año, es que da miedo también la posición de ese
grupo. Por tanto, si la ciudad está crispada, no se nos dé más
mérito que el que tenemos, porque a lo mejor la crispan los
que han estado teniendo en su seno posiciones y ahora las
varían. No se nos echen más responsabilidades de las que
tenemos, no vaya a ser que sin tener ni siquiera un concejal
allí, vayamos a ser responsables ahora hasta de la muerte de
Manolete. No es posible que se nos quiera plantear la
discusión de un estatuto de autonomía de esta manera.
Señor Presidente, señorías, desde la óptica de que el punto de
partida sea mejor del que propone el informe de la ponencia,
desde la óptica de que pudiese andarse en la ciudad de Melilla
con un estatuto de autonomía de verdad, accediendo al
autogobierno desde el punto de partida de comunidad autónoma,
yo tengo que reconocer aquí que estoy defendiendo una posición
minoritaria en Melilla. La posición de Melilla es distinta de
la de Ceuta, puesto que el Ayuntamiento sí que ha respaldado
la propuesta del Gobierno, y aquí yo acepto que el camino del
144, b) sea posible usarlo. ¿Por qué? Porque hay coincidencias
entre la declaración del Ayuntamiento y el posicionamiento de
la propuesta que a las Cortes se nos trae.
Pero en todo caso, señor Presidente y señorías, valga aquí dar
por repetida toda la argumentación dicha para el Estatuto de
Ceuta sobre una asamblea de pleno poder, valga aquí lo
argumentado antes de acceder a comunidad autónoma que facilite
el autogobierno de la ciudad de Ceuta para el Estatuto de
Melilla. Pero me gustaría resaltar una enmienda que fue
bastante debatida, que además tiene otras parecidas o
similares defendidas en el curso de la discusión en Comisión
de otros grupos parlamentarios, y es algo que define, que
diferencia, desde mi punto de vista --es verdad que desde el
punto de vista no de una persona que vive y habita allá--, y
es que en la ciudad de Melilla hay un porcentaje muy alto de
la cultura bereber, en torno a un 35 o 40 por ciento --la
cifra es lo de menos--, que ya habla la lengua del tamazight,
que ya la usa para su propia discusión diaria, e inclusive hay
aulas, hay escuelas públicas del Estado español, donde se usa
esa lengua a la hora de poder actuar dentro de ella.
Por consiguiente, la enmienda que vamos a defender aquí sería
que en el artículo 5 --yo, la verdad, es que la proponía para
el artículo 4, pero puede estar equivocada la ubicación de
nuestra enmienda--, apartado 2, letra h), donde pone: «La
promoción y el estímulo de los valores de comprensión, respeto
a la pluralidad cultural», y ha añadido la ponencia: «y
lingüística», se recoja también: «La ciudad de Melilla
considera la lengua del tamazight como un patrimonio cultural,
que será
su investigación, estudio y desarrollo, y que se concretará en
la creación de un centro de investigación y documentación de
la lengua y cultura tamazight».
¿Cuál es el objetivo de esta enmienda? Que el primer paso, el
punto de partida de declaración de la ciudad recoja esa
realidad plural de la ciudad de Melilla, y facilite, como
punto inicial, algo que tienen muchos estatutos de autonomía
sin ni siquiera tener este porcentaje o este volumen. Por
poner un ejemplo, el artículo 5 del Estatuto de Autonomía de
Asturias recoge una declaración muy similar para la protección
del bable, una lengua que todavía no tiene un desarrollo tan
importante como para ser declarada de cooficialidad.
Por tanto, la posición de Izquierda Unida sería que el
Estatuto de Autonomía de Melilla recoja, entre sus derechos y
deberes, o en el trabajo de sus instituciones, esta
declaración de intenciones, que al final, cuando se pueda
desarrollar, pudiera tener una concreción escrita.
Cuando se discutió la enmienda a la totalidad, ya les traje el
tema de la transcripción escrita bien con caracteres del
tinifag o bien con caracteres latinos, y hoy todavía no está
desarrollada, aunque hay que reconocer que hay un diccionario
publicado de un volumen de palabras bastante importante del
tamazight y que, además, hay un desarrollo importante, pero no
está escrita para poder hablar de una realidad como pueda ser
el habla que ahora mismo pueda existir en otros territorios de
nuestro Estado.
Señor Presidente, señorías, el objetivo de las enmiendas de
Izquierda Unida es mantener, por tanto, la constitución de una
comunidad autónoma en Melilla, que tenga una asamblea y un
presidente diferenciado del presidente del propio Gobierno y,
a su vez, que parta en origen de esa declaración y
reconocimiento de la pluralidad cultural y lingüística que
tiene nombre y apellidos. Aunque hay que reconocer que se ha
dado un paso adelante con la transacción, el acuerdo o la
enmienda que se produjo en el seno de la Comisión, nosotros
creemos que esto es importante como paso adelante.
Es cierto que hay otro grupo en la Cámara, el PNV, que
proponía que se declarase la cooficialidad. Izquierda Unida no
se pronuncia en ese sentido, porque la propia comunidad
musulmana, o como se le quiera denominar allá, islámica o de
las culturas árabes del Magreb, no se ha pronunciado en ese
sentido, pero sí que debiéramos de reconocer la lengua materna
como punto de partida.
Nada más, señor Presidente. Nada más, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.
¿Turno en contra de las enmiendas del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya? (Pausa.)
El señor Bassets tiene la palabra.
El señor BASSETS RUTLLANT: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero decir, como le dije en Comisión al señor Ríos, que
nosotros no estamos en contra de ninguna de estas enmiendas,
ni de la que ha propuesto usted, ni de las que han propuesto
los otros grupos. Lo que también le dije, y le repito ahora,
es que se ha incorporado una enmienda, en el artículo 5.h),
que dice: «La promoción y estímulo de los valores de
comprensión, respeto y aprecio» --que algunas de esas palabras
no estaban en su enmienda-- «de la pluralidad cultural y
lingüística de la población melillense».
En el debate en Comisión, el Diputado por Barcelona del
Partido Popular que la defendió le decía que eso se había
puesto precisamente por el tamazight, que la diversidad
lingüística en Melilla no es del aranés. Es verdad que se ha
puesto por ese motivo, pero también quiero decirle --lo decía
en Comisión--, que el Grupo Socialista ha propuesto esta
enmienda y le agradecía al Grupo Popular no solamente que la
apoyara, sino que la defendiera y la presentásemos
conjuntamente.
También quiero recordarle que el tema de la diversidad
lingüística y cultural está recogido en el texto que manda el
Gobierno al Congreso de los Diputados. En el preámbulo se dice
textualmente: «Estimulando el respeto, comprensión y aprecio
de la pluralidad cultural de su población». En el artículo 5.2
que es el que acabo de leerle, se dice: «Las instituciones de
la ciudad de Melilla, dentro del marco de sus competencias,
ejercerán sus poderes con los siguientes objetivos básicos: »,
y dentro de esos objetivos básicos están los de la diversidad
lingüística y cultural.
Pero es que en el artículo 21.14 se habla también de la
promoción y fomento de la cultura en todas sus manifestaciones
y expresiones; tampoco ha presentado usted enmienda a este
texto concreto porque está de acuerdo con él. Ahí están
recogidas, en la literalidad de las palabras, las ideas que
usted está desarrollando.
El artículo 23 habla de que, en el marco de la programación
general de la enseñanza, la ciudad de Melilla propondrá a la
Administración del Estado las peculiaridades docentes a
impartir en los centros, atendiendo las necesidades que se
estimen prioritarias por la comunidad melillense.
También quiero decirle que por el Grupo Socialista no
solamente se ha propuesto esta enmienda, sino que su
sensibilidad ha ido más allá. Por ejemplo, desde los años
1987-1988 y 1989-1990, como forma experimental, y
posteriormente en todos los cursos desde el de 1989-1990 hasta
hoy, y sigue manteniéndose, desde el Ministerio de Educación y
Ciencia se han puesto en marcha unos programas de educación
compensatoria de atención a la diversidad. Ese programa de
educación compensatoria que, repito, sigue vigente, es para
los niños, pero también ha existido otra parte de la población
melillense que ha tenido dificultades con el idioma,
con el tamazight, y esas dificultades se han obviado poniendo
en marcha un plan piloto experimental que ha durado tres años,
y que se llama Plan piloto de formación integral ciudadana.
Las personas adultas que han pasado por este plan experimental
han sido casi 2.500; hablaban tamazight, hablaban sheja y se
han incorporado a estas clases del plan piloto. Tengo la
satisfacción de decir que el 90 por ciento de estas 2.500
personas que han estado en este plan piloto se han incorporado
posteriormente al Plan EPA, que es un convenio entre el
Ayuntamiento y el Ministerio de Educación y Ciencia, o se han
integrado directamente en los centros de adultos.
Por último, quiero decirle que las personas que daban estas
clases eran tamazight-parlantes en un 92 por ciento; aunque es
verdad que existían otras personas que hablaban otros idiomas
de minorías, como puede ser el caló.
También tengo que decirle, como cosa anecdótica, pero que
quizá refleje el punto de interés del Grupo Socialista, que se
ha hecho un diccionario tamazight-español y español-tamazight
que nos lo están solicitando universidades tan prestigiosas
como la de París.
Por tanto, le repito que nosotros estamos de acuerdo con lo
que usted está diciendo; estamos conformes con que se recoja
en el estatuto no solamente la diversidad cultural, sino la
diversidad cultural y lingüística, y en aras del consenso y
este texto que hemos acordado y aprobado mayoritariamente los
Diputados de esta Cámara pertenecientes, al menos, a dos
grupos políticos, espero y deseo que, como usted ha dicho
desde esta tribuna hace un momento que no está en contra y que
acepta los planteamientos en el caso concreto de Melilla,
porque mayoritariamente el Ayuntamiento de Melilla ha apoyado
este texto, que si usted acepta, repito, ese planteamiento de
los ciudadanos y del Ayuntamiento de Melilla, al menos apoye
este estatuto. Quiero rogarle que cuando se terminen los
debates apoye también, insisto, el texto que se ha presentado
en el Congreso de los Diputados por el Gobierno como Ley
Orgánica para los estatutos de Autonomía tanto de Ceuta como
de Melilla.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Bassets.
Tiene la palabra el señor Ríos para consumir un turno de
réplica.
El señor RIOS MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
La verdad es que el consenso es importante. El Senado aprobó
hace un año, a propuesta en su momento también de nuestro
Grupo, el que se produjera un consenso entre los grupos
parlamentarios y los grupos con presencia en los ayuntamientos
de Ceuta y Melilla para proceder al desarrollo del
autogobierno en esas dos ciudades; nosotros no hemos entrado
en ese consenso. Pero cifrar el que en aras al consenso
nosotros hagamos dejación de nuestras posiciones arrimándonos
al consenso establecido entre otras dos formaciones,
renunciando a algo que creemos básico, no es posible.
Por tanto, al margen de respetar el consenso legítimo que se
haya producido en esta Cámara, ya le anuncio a su señoría que
volveremos a presentar nuestras enmiendas en el trámite del
Senado, no serán igual o serán de manera diferente, y
utilizaremos todos los cauces para defender nuestras
opiniones. Eso no quiere decir --defender lo que uno opina, lo
que uno piensa-- que estemos en contra o estemos echando
piedras a lo que se pone en marcha; pero, en todo caso, sirva
como argumentación a favor de la inclusión del tamazight en el
estatuto todo lo que ha dicho el portavoz socialista. Fíjese
que el portavoz ha dicho que ellos han introducido las
palabras «respeto» y «aprecio» que nosotros no poníamos;
fíjese que ha dicho que hay un artículo en el estatuto de
autonomía que hace referencia al fomento de la cultura,
igualico que en mi estatuto de autonomía, y hay otro artículo
--el 23-- que habla de que se remitirán al mes las
peculiaridades docentes de la ciudad de Melilla, igual que
puede existir en otras comunidades autónomas. Lo que estoy
pidiendo es que, igual que en el Estatuto de Asturias en su
artículo 5.º se reconoce el fomento, el apoyo de las
instituciones autónomas a la cultura y habla del bable, aquí
se recoja algo que ya es utilizado, según él ha dicho, por el
35 o el 40 por ciento de la población de Melilla. Pero es más,
ya hay cursos en ese sentido: hay una actuación del MEC, con
un plan piloto de formación integral, hay un diccionario, ...
Todas esas informaciones que nos ha dado van a recoger esa
especificidad. ¿Qué problema hay para reconocer el tamazight
dentro de lo que es la pluralidad cultural y lingüística? ¡Si
todos sabemos que nos referimos a eso! Pongámosle el nombre a
lo que nos referimos. ¿Por qué no ponerlo? ¿Cuáles son los
miedos? ¿Qué problema habría con ponerlo? ¿Que tendría una
connotación determinada hacia otra? Pues añádaseal tamazight
las demás lenguas que puedan hablar otras minorías en la
propia ciudad de Melilla, minorías que existen de verdad y que
tienen un volumen importante.
Por tanto, no se utilice que hay otra realidad plural de
minorías étnicas pequeñas para no hacer una realidad patente.
La pluridad de Melilla recoge a personas que hablan el
castellano o el español y a personas que hablan el tamazight.
Recojámoslo como punto de partida de este estatuto. Ya no
estoy hablando de asambleas, ya no estoy hablando de
presidente; estoy hablando exclusivamente del punto de partida
de este estatuto y de esa pluralidad cultural.
Nada más, señor Presidente; nada más, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor); Gracias, señor Ríos.
Señor Bassets.
El señor BASSETS RUTLLANT: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ríos, precisamente todo lo que usted ha dicho respecto
al consenso es lo que hemos hecho. Para nosotros es
fundamental el consenso; no sé por qué usted se extraña de ese
consenso. Y no solamente quiero decirle que ese consenso ha
sido entre dos grupos parlamentarios y en el que ambos grupos
parlamentarios han cedido en algo --uno más que otro, hay que
reconocerlo--; usted también tiene que ceder no digo en este
punto sino en cualquier otro, en el sentido de que si quiere
un consenso, usted no puede decir que no retira ninguna de sus
ideas buscando el consenso. Tendremos que ceder todos.
También quiero decir que ese consenso para mí hasta este
momento no solamente era importante sino duradero. Me ha
extrañado profundamente la intervención del Diputado del
Partido Popular al decir que esto es un primer paso y que en
el futuro se puede intentar cambiar este estatuto. Aunque no
sea réplica sino una reflexión en alta voz, quiero indicarle
que este consenso se ha hecho precisamente desde una mayoría
durante estos años por parte del Grupo Socialista; no se ha
impuesto ese consenso ni se ha tomado una decisión de aprobar
el estatuto sin el acuerdo del resto de los partidos. Hemos
estado muchos años buscando ese consenso con el Partido
Popular y, ahora que lo tenemos, no me parece correcto que se
diga que en un futuro se va a modificar porque supongo que si
en principio ustedes piensan eso, intentarán respetar también
la mayoría de los grupos parlamentarios de esta Cámara y
contar con el acuerdo y el consenso del Partido y del Grupo
Socialista, suponiendo que alguna vez ustedes puedan tener una
mayoría mayor de la que tienen.
Por tanto, espero y deseo que este consenso que nos ha llegado
hasta ahora en este acuerdo no solamente se termine aquí sino
que sea duradero en principio e inclusive por las enmiendas
que hemos propuesto, especificando en el estatuto por ley
orgánica la tramitación por el artículo 144,b).
Nada más y muchas gracias. (El señor González Pérez pide la
palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor González
Pérez tiene un minuto por alusiones.
El señor GONZALEZ PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Simplemente decirle al portavoz del Grupo Socialistaque la
voluntad política es algo que no la va a manifestar nadie nada
más que en este caso el Grupo Popular.
Una vez que se ha llegado al consenso en donde, como bien se
ha reconocido, unos ceden más que otros, nosotros intentamos
de alguna manera (y por eso se han introducido enmiendas por
parte del Grupo Popular que han sido aceptadas por el Grupo
Socialista) mejorar eso que nosotros entendemos que es
mejorable. Desde aquí, sin ningún género de dudas, desde este
consenso, desde la aprobación de este estatuto, reclamamosun
nuevo consenso en un futuro, porque estoy absolutamente
convencido de que los pueblos de Ceuta y Melilla y las dos
asambleas demostrarán que esto que se aprueba ahora con el
tiempo se quedará pequeño, y como cuando un traje se queda
pequeño hay que comprar otro más grande a la talla adecuada,
esto quedará lógicamente en la voluntad de ambos pueblos a
través de las asambleas. Cuando demostremos, tanto en Ceuta
como en Melilla, que ese traje se nos queda pequeño, ese
consenso va a ser imprescindible para avanzar en eso.
Por tanto, manifestar que la voluntad política del Grupo
Popular es que, en un futuro, cuando se demuestre lógicamente
que esto que aprobamos ahora se queda corto para los deseos y
para el trabajo que vamos a desarrollar en Ceuta y en Melilla,
necesitaremos lógicamente avanzar.
Simplemente era eso, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Grupos Parlamentarios
que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Fernández Díaz.
El señor FERNANDEZ DIAZ: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, lo primero que quiero significar, en nombre de mi
grupo parlamentario, porque creo que también es importante a
efectos de que conste en el «Diario de Sesiones» y también
para poder interpretar con autoridad la voluntad auténtica del
legislador, es que este proyecto de ley --ahora ley orgánica--
para dotar de estatuto de autonomía a la Ciudad de Melilla,
como antes lo fue el proyecto de ley orgánica para dotar de
estatuto de autonomía a la ciudad de Ceuta, tienen causa en el
denominado pacto autonómico, de 1992, entre el Gobierno, el
Partido Socialista y el Partido Popular. Por tanto, estamos
hablando de algo que afecta sustancial y nuclearmente a la
organización territorial del Estado definida en el Título VIII
de la Constitución.
Como hablábamos de consenso recordar que precisamente el
consenso, que no es un bien en sí mismo evidentemente, sino
que es un instrumento para avanzar y desarrollar aspectos que
afectan de manera también nuclear a nuestra convivencia y que,
por tanto, es importante que queden al margen de la lucha
partidista que puede variar en cuanto a mayorías y minorías
con ocasión de cada uno de los procesos electorales. Que por
consenso aprobamos la Constitución; por consenso
se aprobaron los estatutos de autonomía, con excepción del
proceso andaluz que precisamente de su mal ejemplo después
devinieron los acuerdos autonómicos de 1981 entre el Gobierno
entonces de UCD y el Partido Socialista, y el mismo Partido de
UCD que daba apoyo mayoritario desde este Congreso de los
Diputados a aquel Gobierno; por consenso se aprobó la Ley
Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, en
1980; y también por consenso, en 1992, acordamos cómo proceder
a ampliar las competencias de las comunidades autónomas que
habían accedido al autogobierno por la vía del artículo 143 de
la Constitución, tras haber transcurrido cinco años desde la
aprobación de aquellos estatutos de autonomía, tal y como reza
la Constitución.
Pues bien, ¿cómo llegamos a ese consenso? Insisto, en ese
pacto autonómico se habla de Ceuta y Melilla, como ahora
referiré. El Partido Socialista y fundamentalmente el Gobierno
querían que se procediera a ampliar las competencias de las
comunidades del 143 mediante la aprobación por las Cortes
Generales de una Ley orgánica, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 150.2 de la Constitución que, como SS.SS. saben,
dice que el Gobierno, previa aprobación por ley orgánica de
las Cortes Generales, podrá transferir o delegar competencias
y facultades correspondientes a materias de titularidad
estatal en las comunidades autónomas, al amparo, digo, de esa
ley orgánica, mientras que el Partido Popular había mantenido
la posición de que debía procederse a incrementar esas
competencias en el marco del 149 de la Constitución con una
reforma de estatutos.
Pues bien, ¿qué hicimos en el pacto autonómico? Pactar que lo
haríamos en un proceso de dos fases que incorporaría la
transferencia o gestión de competencias de titularidad
estatal, en una primera etapa, mediante una ley orgánica del
150.2 de la Constitución, lo que después fue la Ley 9/1992, y
que posteriormente reformaría algunos estatutos, incorporando
esas competencias de la Ley 9/1992 como propias a las
comunidades mediante su inclusión en los estatutos de
autonomía.
En los pactos autonómicos de 1992 hacíamos referencia expresa
a dónde nos había llevado el consenso y citábamos, entre
otros, que por razones políticas, económicas y financieras el
Gobierno no consideraba oportuno transferir el Insalud a las
comunidades del artículo 143 o llegábamos a unos acuerdos en
relación con las Comunidades Canaria y Valenciana mediante una
referencia a la Lotraca y a Lotrava (como comúnmente se
conocen las leyes orgánicas de transferencias, meidante el
artículo 152 de la Constitución a dichas comunidades
autónomas) y aludíamos también a Ceuta y Melilla diciendo que
el Gobierno, el Partido Socialista y el Partido Popular habían
considerado que en esos momentos no podían llegar a un
consenso sobre el autogobierno de dichas ciudades y que
asumían el compromiso de seguir hablando con vocación y
voluntad de llegar a un acuerdo en el futuro. Eso es lo que
hemos seguido haciendo y es lo que felizmente ha visto luz
mediante el consenso que ahora está tras el proyecto de ley
que estamos debatiendo otra vez en el Congreso de los
Diputados, consenso que significa una renuncia parcial de
posiciones por parte de cada uno de los que han llegado al
mismo. Ya dije en su momento que si no fuera así, estaríamos
en presencia no de un consenso sino de la imposición de la
voluntad de una de las partes signatarias sobre la otra. Este
consenso no es unánime, pero sí muy mayoritario en la Cámara
puesto que, como se verá después (ya lo vimos en la Comisión
Constitucional, la semana pasada, y lo vimos hace quince días
en esta Cámara en el debate de totalidad) son largamente más
de 300 diputados los que han votado a favor ese proyecto de
ley. Por consiguiente, es evidente que hay un importante
consenso.
Es bueno mantener este consenso porque así hemos podido
consolidar el cierre de la ordenación territorial del Estado
de acuerdo con el Título VIII y porque, además, seguimos la
tónica de continuidad que, desde la aprobación de la
Constitución --como someramente he recordado antes--, ha
venido presidiendo el desarrollo constitucional en el ámbito
autonómico en España. Por tanto, quede claro que ese nexo
causal del desarrollo institucional y orgánico de Ceuta y
Melilla, puesto que hay tanta sensibilidad en relación con si
es o no comunidad autónoma, si es o no simplemente un
ayuntamiento lo que estas Cortes Generales dotan institucional
y orgánicamente a las ciudades de Ceuta y Melilla se hace en
el contexto del desarrollo autonómico del Estado, del proceso
del desarrollo constitucional que en el ámbito autonómico ha
tenido el legislador español desde la aprobación de la
Constitución.
Tengo que decir también que de la misma manera que los
ayuntamientos de Ceuta y Melilla no son similares a los más de
8.000 que hay en España, tampoco, sin más, podíamos decir que
son comunidades autónomas como las restantes 17 comunidades
autónomas que hay en España. La singularidad y especificidad
de Ceuta y Melilla requería de una organización institucional
y orgánica que se adaptara como un traje a la piel de las
ciudades de Ceuta y Melilla y creo que por eso --si se me
permite la expresión-- era necesario realizar un ejercicio
especial de imaginación política para que, evidentemente, no
legisláramos sobre una realidad artificial, sino sobre una
realidad social, como son hoy las ciudades de Ceuta y Melilla.
Con toda humildad pero con toda franqueza y sinceridad podemos
decir que estos estatutos de autonomía se adaptan muy bien a
la realidad social, política, cultural y económica que son hoy
las ciudades de Ceuta y Melilla. Como muy bien decía la
Memoria de la Secretaría General del Congreso de los
Diputados, a raíz de glosar la Memoria que acompañaba a estos
proyectos
de ley y también como decían los acuerdos de la Mesa y de la
Junta de Portavoces cuando admitían a trámite y calificaban
estos proyectos de ley como proyectos de ley orgánica que se
tramitaban al amparo del artículo 144, b) de la Constitución,
etcétera, hemos llegado hoy a una solución absolutamente «sui
generis» en el desarrollo constitucional español, porque
también es muy «sui generis» la situación y realidad de Ceuta
y Melilla, absolutamente incardinadas en la unidad indisoluble
de la unidad de la nación española, pero desde el punto de
vista de su desarrollo institucional y orgánico debiera
atender a esas singularidades y especificidades.
Que es sólo una corporación local; evidentemente no es sólo
una corporación local. Agradezco al señor Ríos que después del
debate de totalidad y del que tuvo lugar en la Comisión
Constitucional, por lo menos en lo que hace al proyecto de ley
orgánica que dota de estatuto de autonomía a la ciudad de
Melilla, reconozca que los argumentos que aquí ha utilizado
para Ceuta no le valen para Melilla, porque aquí sí hay una
abrumadora mayoría del ayuntamiento que apoya este proceso, lo
que ocurre es que la coherencia, señor Ríos, me da la
impresión que se ha quedado a mitad de camino, porque ya que
el ayuntamiento apoya este proceso --sin cuestionar el derecho
que tienen ustedes a presentar cuantas enmiendas quieran-- lo
lógico hubiera sido decir que esta enmienda de totalidad tiene
su legitimidad en el perfeto derecho que tienen ustedes, como
grupo parlamentario, para presentar una enmienda de totalidad,
pero no en la voluntad mayoritariamente expresada en la
población de Melilla, porque de esta manera no se ha
pronunciado.
En todo caso, quisiera resaltar, señor Presidente, señorías,
que la sistemática del estatuto es la propia y que es paralela
a la seguida por las comunidades autónomas del artículo 143, e
incluso las del artículo 151 de la Constitución, puesto que
habla de territorio, bandera, escudo, himno, derechos y
deberes de los ciudadanos, etcétera. Los órganos
institucionales, en este caso de la ciudad de Melilla, también
son los propios, con carácter básico, de una comunidad
autónoma (Asamblea Legislativa, Consejo de Gobierno,
Presidencia). Se me podrá decir, como hizo el señor Ríos en
Comisión, que una asamblea presuntamente legislativa que no
tiene capacidad de producción legislativa no es un Parlamento
sino más bien un Pleno del Ayuntamiento, pero como decía y
recuerdo ahora, me gustaría que me dijese que ayuntamiento
español, de los más de 8.000 que existen en nuestro país,
tiene capacidad para proponer un proyecto de ley al Gobierno,
o tiene capacidad de iniciativa legislativa, mediante la
posibilidad de remitir una proposición de ley ante la Mesa de
este Congreso de los Diputados; eso no existe, en cuanto a
competencias, en el Pleno de ningún ayuntamiento. Volvemos
también aquí a esa singularidad, a esa especificidad de la
ciudad de Melilla y, en consecuencia también, a la
singularidad y especificidad de su organización institucional
y de sus competencias. Hablando de competencias, es evidente
que el ámbito material de las mismas, o las que se proyectarán
en el ejercicio de autogobierno por parte de la ciudad de
Melilla, es el propio de las Comunidades autónomas del 143;
usted sabe que ese ámbito material competencial es el del
artículo 148 de la Constitución, si bien le reconozco que,
evidentemente, el nivel de autogobierno se ejercerá de acuerdo
con las competencias de administración, inspección y sanción y
capacidad normativa reglamentaria, que son las propias de una
corporación local. Estamos en esa síntesis entre la necesidad
de mantener un ayuntamiento como organización representativa
del ente local (municipio), exigido por el artículo 137 de la
Constitución, y la necesidad de darle un tratamiento adecuado
a la ciudad de Melilla, acorde con la voluntad de sus
ciudadanos, concorde y coherente con lo que es el desarrollo
autonómico en España y la necesidad de cerrar la ordenación
territorial de España en el marco del Título VIII de la
Constitución.
Termino, señor Presidente, diciendo que creo conviene también
recordar --como han señalado otros intervinientes en este
debate-- que el trámite parlamentario no ha sido tampoco en
esta ocasión un trámite meramente formal exigido por la
Constitución, sino que, en la Comisión Constitucional, se han
incorporado enmiendas signadas conjuntamente por los grupos
que habían establecido ese consenso (el Grupo Parlamentario
Socialista y el Popular, al que en este momento represento)
que mejoran notablemente el proyecto de ley. Si hablamos de
sensibilidad, de miedos y de temores, que en lo que tienen de
irracional no son racionalmente respondibles, tengo que
decirle que esa referencia que se hace en la exposición de
motivos y en el artículo 1.º a la incardinación de este
proyecto de ley en el desarrollo constitucional español, el
recordatorio de que el pueblo melillense se integra en el
conjunto del pueblo español y que Melilla pertenece a la
nación española, una e indisolublemente unida, de acuerdo con
lo que dice el texto de la Constitución, evidentemente son
aspectos que, de alguna manera, intentan dar respuesta a esos
temores, que si bien nosotros podemos considerar que son
infundados, son absolutamente respetables por parte de la
población. En el nombramiento Real correspondiente al
Alcalde-Presidente de la ciudad de Melilla, como también en el
de la ciudad de Ceuta, vuelve a existir el mismo paralelismo a
que hacía alusión anteriormente; no hay alcalde de ningún
municipio español que sea nombrado por el Rey, ése es un
aspecto del estatuto de Melilla que va en la línea del
paralelismo con lo que es una comunidad autónoma, porque,
evidentemente, los presidentes de las comunidades autónomas,
tras ser investidos presidentes en sus respectivos
parlamentos autonómicos, son nombrados por el Rey.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Fernández Díaz,
termine por favor.
El señor FERNANDEZ DIAZ: Termino, señor Presidente.
Esos presidentes autonómicos sí son nombrados por el Rey. Lo
mismo va a pasar con el Alcalde-Presidente de la ciudad de
Melilla, igual que con el Alcalde-Presidente de la ciudad de
Ceuta.
En definitiva, señor Presidente, señorías, lo que este
proyecto de ley intenta conseguir, y creo que consigue
felizmente, es recorrer el trecho que va del mantenimiento del
«statu quo» actual y la consideración de las ciudades de Ceuta
y Melilla como ciudades que requerían una norma institucional
básica que las integrara en el conjunto del desarrollo
constitucional español en el ámbito autonómico y que les
permitiera ejercer su autogobierno, de acuerdo con lo que es
la problemática actual de esas ciudades de Ceuta y Melilla y
de sus respectivas poblaciones. En la medida en que damos
respuesta, afortunada creo yo, a las demandas de las ciudades
de Ceuta y Melilla, y en la medida que las incardinamos
orgánica, estatutaria y constitucionalmente en el entramado
jurídico constitucional español, creo que podemos sentirnos
satisfechos, y con ese deseo y esa esperanza, señor Ríos, le
doy respuesta, de alguna manera, a su enmienda de totalidad, a
la vez que les invito a que se incorporen a ese consenso,
porque, sin duda, esa incorporación no es sólo buena para
ustedes, será buena para los ceutíes y los melillenses, que es
algo en lo que, estoy seguro, no discrepamos usted y yo.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Fernández Díaz.
ENMIENDAS DEL SENADO:
--PROYECTO DE LEY REGULADORA DE LAS ORGANIZACIONES
INTERPROFESIONALES AGROALIMENTARIAS (Número de expediente
121/000046)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Punto segundo del
orden del día: Enmiendas del Senado.
En primer lugar, enmiendas del Senado al proyecto de ley
reguladora de las organizaciones interprofesionales
agroalimentarias.
Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición.
(Pausa.--Rumores.)
Por favor, señorías, guarden silencio y ocupen sus escaños.
(Continúan los rumores.)
Ocupen sus escaños, señorías. (Pausa.) Guarden silencio.
Recuerdo a los señores que van a intervenir para fijar la
posición, que este turno es para fijar la posición respecto a
las enmiendas presentadas o introducidas por el Senado al
proyecto de ley, no es otro debate de totalidad sobre el
proyecto de Ley.
Por el Grupo Vasco (PNV), el señor Gatzagaetxebarría tiene la
palabra.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Brevemente, para fijar la posición del Grupo Vasco a las
enmiendas introducidas por el Senado.
Las enmiendas del Senado a la Ley de las organizaciones
interprofesionales agroalimentarias son unas enmiendas muy
puntuales y nada alteran el consenso y el acuerdo político
alcanzado en el Congreso entre los diferentes grupos
parlamentarios. Nos parece que son unas enmiendas de matiz,
tanto en la regulación del régimen disciplinario, del régimen
sancionador, como las contenidas en la disposición transitoria
nueva o pequeñas adiciones a la disposición adicional.
Por tanto, señor Presidente, nosotros estamos a favor de estas
modificaciones puntuales que se han introducido, que van en
consonancia con ese acuerdo político que alcanzamos entre los
grupos políticos en el Congreso y, en definitiva, la
aprobación de este nuevo instrumento legislativo para el
sector primario español a la hora de autodisciplinar, de
autorregular la transformación, la producción y la
comercialización, nos pareceun avance fundamental. Este
instrumento va a otorgar al sector primario español la
facultad, la potestad de autoorganizarse de mejor manera a
como se está realizando en estos momentos y, en definitiva,
con la entrada en vigor el próximo día 1.º de enero de los
acuerdos de la Organización Mundial del Comercio en el ámbito
agrícola, que en España podamos disponer de un instrumento de
estas características, nos parece, señor Presidente, muy
necesario y muy conveniente. Por tanto nos congratulamos de la
aprobación de esta iniciativa legislativa y del consenso
político alcanzado.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Vidal.
El señor VIDAL I SARDO: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores diputados, con este acto de debate y
aprobación de las enmiendas del Senado finaliza el trámite
parlamentario de la ley reguladora de las organizaciones
interprofesionales agroalimentarias. Es una ley importante que
necesitaban los diversos sectores y la propia política agraria
del país, que nuestro
grupo solicitó mediante moción recién iniciada la legislatura.
La ley era necesaria, primero, para ordenar las producciones
agrarias y adaptarlas a las preferencias y necesidades del
mercado; segundo, para mejorar las estructuras productivas,
las de transformación y comercialización de cada producto
agroalimentario; y, tercero, para instaurar una mayor eficacia
y transparencia en todo el proceso, favoreciendo una mejor
distribución de los beneficios entre toda la cadena
agroalimentaria.
Con esta ley, nuestro país se dota del instrumento que ya
gozaban la mayoría de los Estados de la Unión Europea, y que
debe sustentar la política de calidad y competitividad en los
sectores agrarios y ganaderos, forestales y pesqueros del
país.
Nuestro grupo parlamentario presentó pocas enmiendas al
proyecto, porque, básicamente, estábamos de acuerdo con su
contenido, pero ello no nos impide reconocer que tanto en su
paso por el Congreso como por el Senado se ha mejorado
sustancialmente.
La aportación del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) estuvo dirigida especialmente a que fuera posible la
pertenencia a las organizaciones interprofesionales estatales
de organizaciones fuertes a nivelautonómico, aunque su
participación estatal fuera reducida y en aquellas
producciones o ramas profesionales que supongan una parte
importante de la producción de las comunidades autónomas. Otro
aspecto fundamental a juicio de nuestro grupo de la ley para
la eficacia de la interprofesión, fue el procedimiento de
extensión de la norma, con la obligación para todo el sector
del cumplimiento de los acuerdos de la interprofesional cuando
el Ministerio de Agricultura así lo asuma. Con nuestra
enmienda, añadimos a la obligación del ministerio de publicar
las propuestas de resolución en el «Boletín Oficial del
Estado» otorgar un plazo para la presentación de alegaciones.
Nuestro grupo entendía que era una cautela necesaria para que
las organizaciones interprofesionales tuvieran un trámite de
audiencia antes de que la petición de extensión de norma fuera
denegada por el ministerio, dando a éste opción a reconsiderar
la denegación antes de que la misma fuera definitiva.
La otra enmienda de contenido esencial --ésta introducida en
el Senado por el Grupo Socialista-- se refiere a la
disposición transitoria nueva por la que se pretende fomentar
una mayor participación del sector productor, para impulsar la
constitución de las organizaciones interprofesionales y se
suspenden durante los dos primeros años los requisitos de
acreditar una representatitividad mínima del 5 por ciento de
la rama productora profesional correspondiente. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.)
El tiempo dirá, señorías, si esta medida fomentará el proceso
de vertebración del sector productor y si ayudará a establecer
una auténtica representatividad de las diferentes
organizaciones profesionales en las distintas ramas de la
producción. Decimos esto porque podría darse el caso, no
deseado, de que como para la puesta en marcha de las
organizaciones interprofesionales se precisa del concurso y de
la ilusión de todos los sectores implicados, la no exigencia
--todo lo transitoria que se quiera-- a una de las partes de
probar su representatividad pudiera inhibir el impulso de las
otras partes de la interprofesional; pero como en los inicios
de la aplicación de la ley también existe el peligro de una
excesiva atomización del sector productor, con la consiguiente
vulnerabilidad dentro de la interprofesión, nuestro grupo
tiene la esperanza de que se impondrá el buen juicio y un uso
racional de la ley.
Con esta esperanza y la de que la ley sirva para la definitiva
consolidación de un sector agroalimentario español fuerte y
capaz de competir en el seno del Mercado Unico Europeo,
nuestro grupo parlamentario votará favorablemente las
enmiendas procedentes del Senado.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vidal.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya la
señora Rivadulla tiene la palabra.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, señorías,
nuestro grupo participa de la opinión de los grupos que me han
precedido en el uso de la palabra en el sentido de que ésta es
una ley realmente importante para el sector agroalimentario
español. Discrepamos con lo planteado por el representante del
Grupo Parlamentario Vasco (PNV) en el sentido de que nosotros
consideramos que las enmiendas del Senado han sido
importantísimas, sobre todo la nueva transitoria que se ha
añadido.
Desde que por parte del Gobierno se planteó el proyecto de ley
de organizaciones interprofesionales agrarias nuestro grupo ha
mantenido la necesidad de que se estableciera una paridad
entre los distintos sectores que componen la interprofesional
agraria: el sector de la producción y el de la
comercialización y transformación.
Es cierto que con esta ley nos ponemos a la altura de los
países de la Unión Europea, donde las Interprofesionales
agrarias han surgido de la propia experiencia, de la necesidad
de las organizaciones de producción, de transformación y
comercialización. Nosotros vamos con muchos años de retraso,
pero corríamos el peligro de que si el proyecto de ley que
había presentado el Gobierno se hubiese mantenido en sus
mismos términos, no se hubiese producido el equilibrio
necesario entre la parte de la producción, de la
comercialización y de la transformación. Es por eso por lo que
las enmiendas de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
fueron en un doble sentido: por una parte, garantizar la
paridad y, por otra parte, garantizar que,
dentro de las organizaciones interprofesionales, no se daría
un proceso de atomización que haría que los intereses, sobre
todo del sector de la producción, quedasen de alguna manera en
mala situación.
Esta ley de interprofesión, que puede ser muy positiva, podría
dar lugar, si no se corrige a tiempo --y en parte la
disposición transitoria nueva viene a hacerlo--, a que las
grandes sectoriales que agrupan a productores, que
comercializan, transforman y funcionan en régimen de
integración, pusiesen en situación muy difícil a la
explotación familiar agraria. Por eso mantuvimos enmiendas en
el sentido de la paridad necesaria, que el Grupo Socialista
votó a favor en la Comisión, y manteníamos asimismo la idea de
que las organizaciones profesionales agrarias de ámbito
nacional y de interés general debían estar en toda
organización interprofesional. Las enmiendas del Senado no
vienen a cumplir con los deseos de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya en su totalidad, pero la disposición transitoria
nueva garantiza por lo menos un período de dos años en el que
las organizaciones agrarias de ámbito general podrán estar
presentes en todas las organizaciones interprofesionales que
se formen.
Señorías, hemos de tener presente que en la Unión Europea son
las OPAS, las organizaciones profesionales agrarias, las que
tienen la capacidad de interlocución; no son las sectoriales,
sino las organizaciones profesionales agrarias. En nuestro
país hemos sufrido un proceso de debilitamiento de las
organizaciones agrarias. Ha habido también momentos de ataques
frontales contra los sindicatos de clase, como pueden ser UGT
y Comisiones Obreras, pero las organizaciones agrarias todavía
han tenido peor tratamiento por parte de las administraciones.
Pensemos, señorías, que hasta este momento solamente en
Cataluña se han producido organizaciones en el campo y que en
el resto del Estado todavía no se ha podido medir la
representatividad de las organizaciones agrarias. Es cierto
que ésta no es una ley de sindicalismo agrario, pero es cierto
también que si al sector de la producción no le damos el peso
que merece, las organizaciones agrarias podrían salir muy
perjudicadas.
Es por eso, señorías, por lo que Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya a votar a favor de las enmiendas que suponen una
mejora técnica, como son las enmiendas a los artículos 9.º, 10
y 12, pero votaremos en contra de la enmienda al artículo 4.2,
por cuanto pensamos que las organizaciones de ámbito de
comunidad autónoma tienen su papel en las interprofesionales
de comunidad autónoma, según nuestro criterio de que deben ser
de ámbito estatal las que estén en la interprofesional de
ámbito estatal, y votaremos a favor de la transitoria nueva.
Aunque sólo se trata de un período de dos años, pensamos que
durante este período las organizaciones agrarias puede
experimentar un impulso en aquellos sitios donde no tengan la
representación que establece el artículo 4.º, y que es un paso
adelante. La verdad es que nos hubiese gustado que esta
enmienda no fuera transitoria, sino que fuera definitiva,
pero, en cualquier caso, como más vale esto que nada, vamos a
votar a favor.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rivadulla.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Pascual.
El señor PASCUAL MONZO: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a fijar la postura, en nombre del Grupo Parlamentario
Popular, sobre las enmiendas del Senado al proyecto de ley de
organizaciones interprofesionales agroalimentarias. La postura
de nuestro Grupo es dividir las seis enmiendas procedentes del
Senado en tres grupos: vamos avotar favorablemente tres
enmiendas, en dos nos vamos a abstener y una la vamos a votar
negativamente.
Antes de empezar mi intervención quisiera agradecer la
asistencia a este debate del señor Ministro de Agricultura,
que está presente en la Cámara. Ya que criticamos la ausencia
de los ministros cuando se discuten leyes importantes en esta
Cámara, es digno de resaltar también que el señor Ministro
haya asistido a esta sesión que, además, tome nota, porque el
Grupo Parlamentario Popular no está, en general, tan de
acuerdo con la conclusión de este proyecto de ley y,
próximamente, ley.
De las enmiendas que va a apoyar el Grupo Parlamentario
Popular, dos son mejoras técnicas: la primera es la que se
refiere al artículo 9.º, sobre la aportación económica en caso
de extensión de norma, por la que se mejora la redacción y se
precisa más, y la segunda es la relativa al artículo 12, sobre
tipificación de las infracciones.
La tercera enmienda que vamos a apoyar es al artículo 10,
sobre el trámite de audiencia. Esta enmienda la presentó el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, se aceptó, y creemos
que con ella se cubre el vacío de indefensión en que quedaban
las organizaciones profesionales agroalimentarias ante la
posible negativa del MAPA a la concesión de extensión de norma
solicitada por las citadas interprofesionales. Dichas
organizaciones van a disponer de un plazo de quince días de
trámite de audiencia en el que van a poder examinar el
expediente y alegar y presentar los documentos que estimen
oportunos, ante una negativa de petición de extensión de
norma.
Nos vamos a abstener en el segundo grupo de enmiendas porque,
aunque desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Popular
mejoran los textos iniciales, no estamos de acuerdo ni con los
citados textos ni con las enmiendas que los pretenden
modificar. Estos textos,
señorías, ya fueron incorporados como enmiendas en el trámite
parlamentario del Congreso al inicial proyecto de ley y a las
que el Grupo Parlamentario Popular se opuso votando en contra.
Esto supone, señorías, dotar de un carácter autonómico a las
organizaciones interprofesionales, lo cual no tiene nada que
ver.
La segunda enmienda a la que nos vamos a abstener es la
relativa al reconocimiento de las organizaciones
interprofesionales agroalimentarias. Se pretende garantizar la
presencia de organizaciones de ámbito autonómico que cumplan
una serie de requisitos. Esto, señorías, fomenta la
atomización del movimiento asociativo en el sector
agroalimentario, va en contra de la misma esencia de lo que
deben ser las interprofesionales, que deben llegar mediante el
diálogo a consensos que abarquen a los sectores implicados y
que posteriormente se pueda pedir y aplicar la extensión de
norma, para que tenga efectividad en el mercado. Con esta
enmienda lo que se hace es precisamente todo lo contrario:
favorecer la dispersión de las organizaciones, aumentar el
número de interlocutores, dificultar el consenso y llegar a
acuerdos. En definitiva, señorías, nos estamos cargando la
efectividad que puedan tener las organizaciones
interprofesionales el día de mañana.
Todas las asociaciones, señorías, tienen sus canales, tienen
sus vías de representatividad y, a través de ellos, tienen que
desarrollarse. Lo que no se puede hacer es dar
representatividad a asociaciones de ámbito autonómico, cuando
precisamente lo que tenían que hacer estas organizaciones
interprofesionales es aglutinar a las organizaciones
profesionales.
La disposición adicional segunda, dice: «Las Comunidades
Autónomas podrán regular el régimen de las Organizaciones
Interprofesionales Agroalimentarias correspondientes a su
ámbito». Si bien es verdad que se suaviza el texto enviado por
el Congreso, puesto que se hablaba de que regularían y ahora
se dice que podrán regular, ni con el suavizante que han
aplicado se puede admitir esta enmienda. No se puede admitir
porque queda una redacción ambigua y, al mismo tiempo,
indefinida. Ambigua porque parece que quiere decir varias
cosas e indefinida, porque no dice nada claramente.
El proponente de la enmienda en el trámite parlamentario del
Congreso, el portavoz del Grupo Vasco, presentaba la enmienda
precisamente para que las organizaciones interprofesionales
agroalimentarias que pudiera haber de ámbito autonómico
pudieran tener su viabilidad. Pero, señorías, estamos en una
contradicción con el artículo 2.º del proyecto de ley, donde
se habla de que las organizaciones interprofesionales serán de
ámbito estatal o superior al de una comunidad autónoma. Si es
superior al de una comunidad autónoma hay una contradicción,
porque para eso se tenía que haber especificado en la enmienda
la excepcionalidad del posible carácter autonómico de alguna
organización interprofesional porque así se requiriera en
algún producto, cosa que la enmienda no recoge. Además,
señorías, está la imposibilidad real de que se pueda hacer una
organización interprofesional de carácter autonómico, porque
el mismo artículo 2.º habla de los sectores implicados en las
organizaciones interprofesionales. Habla de organizaciones
representativas de la producción, de la transformación y, en
su caso, de la comercialización. Por tanto, es muy difícil que
un producto se circunscriba solamente a una comunidad autónoma
y, si no, pensemos, por ejemplo, en el caso del plátano. Si
bien es verdad que la producción del plátano está en Canarias,
la distribución no está en Canarias, sino que está en la
península también, con lo cual, a la hora de hacer una
organización interprofesional, no se puede circunscribir
solamente a Canarias, sino al ámbito nacional. Creemos que
esta enmienda no tiene razón de ser.
Por otro lado, estimamos que la ambigüedad de la redacción
tiene un peligro del que parece desprenderse otra
consecuencia: que cada comunidad autónoma pueda legislar,
pueda inmiscuirse en el régimen de cada organización
interprofesional agroalimentaria que esté en su ámbito. He
leído muchas veces este párrafo, he observado varias lecturas
y, al mismo tiempo, está la ambigüedad de la que le estaba
hablando. Como decía, parece que se puede dar pie a las
comunidades autónomas a inmiscuirse, a influir en el régimen
de las organizaciones interprofesionales, con lo cual estamos
tirando por el suelo el carácter de uniformidad de una
organización interprofesional. Y no quiero ni pensar en la
cantidad de burocracia que se podría crear si esto fuera así,
cosa que de la lectura de la citada enmienda no se ve
claramente que no puede llegar a ocurrir.
En lo que se refiere al tercer grupo de enmiendas, hay una a
la que el Grupo Parlamentario Popular se va a oponer, porque
nos parece improcedente y no estamos de acuerdo con lo que
decía el portavoz vasco sobre que estas enmiendas del Senado
no difieren apenas del proyecto de ley. Difieren y mucho,
señor portavoz del GrupoParlamentario Vasco. Esta enmienda
difiere muchísimo de lo que va a ser el funcionamiento de una
organización interprofesional. En el artículo 1.º se dice que
las organizaciones interprofesionales serán entes de
naturaleza jurídica privada, y con esta enmienda están ustedes
queriendo decir quién va a tener representatividad en estos
entes de naturaleza jurídica privada. Y esto, señor Torres
Sahuquillo, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor
Ministro, huele un poco a sindicalismo vertical.
En el Grupo Parlamentario Popular estamos de acuerdo en el
debate sobre el porcentaje de representatividad que tiene que
haber, si el cinco por ciento que ustedes trajeron con el
proyecto de ley o el diez por ciento que ha presentado el
Grupo Parlamentario Popular en las enmiendas del Congreso y
del Senado; el listón ha de fijarse en el diez por ciento,
listón que también fijó el dictamen del Consejo Económico y
Social y que
es el que figura en la Ley del Estatuto de los Trabajadores
para las organizaciones que tengan representatividad a la hora
de sentarse a negociar los convenios.
El señor PRESIDENTE: Señor Pascual, le ruego concluya.
El señor PASCUAL MONZO: Voy concluyendo, señor Presidente.
Desde luego, no aceptamos que la representatividad tenga que
venir dada por esta Cámara, por el Gobierno o por algún grupo
parlamentario, porque, señorías --ya se ha dicho aquí antes--,
lo que en un principio era un aceptable proyecto de ley, que
tanto por el Grupo Parlamentario Popular como por este
Diputado fue recibido con ilusión, porque en el erial
legislativo sobre vertebración del sector agroalimentario
español era la primera ley que los socialistas traían a la
Cámara después de 12 años, al final, tengo que decir que se ha
desmejorado, y bastante. Se ha desmejorado porque va a ser muy
difícil llegar al diálogo que se requiere para conseguir un
consenso entre las partes que tengan algo que decir. No puede
haber alguien que tome decisiones sobre cuestiones que no le
afectan porque no representa a nadie. Tienen que estar
presentes los que tienen algo que decir porque representan
algo y a alguien.
Aprovechar esta ley, señores socialistas, señor Ministro, para
intentar enmendar la asignatura pendiente que tienen ustedes
en el campo español, que es el del sindicalismo agrario y las
organizaciones profesionales agrarias, me parece una auténtica
barbaridad. Hay otros medios, hay otros procedimientos.
Ustedes no los han utilizado hasta ahora; háganlo. Nuestro
Grupo está de acuerdo en que hay que ayudar y potenciar a las
organizaciones profesionales agrarias, pero no es éste el
cauce, no es éste el momento ni es ésta la ley. Desde luego...
El señor PRESIDENTE: Señor Pascual, le ruego concluya.
El señor PASCUAL MONZO: Acabo, señor Presidente. Muchas
gracias
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pascual. Por el Grupo
Socialista, tiene la palabra el señor Torres Sahuquillo.
El señor TORRES SAHUQUILLO: Gracias, señor Presidente.
Voy a fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista
respecto a las enmiendas que el Senado ha introducido en el
proyecto de ley reguladora de las organizaciones
interprofesionales agroalimentarias.
De entrada, conviene poner de manifiesto que éste es un
proyecto de ley que ha suscitado un amplio consenso entre los
grupos parlamentarios de esta Cámara. Consenso que ha venido
determinado, a mi entender, por dos principales razones. La
primera, el sentimiento generalizado en todos los grupos de
dotar al sector agroalimentario de un instrumento jurídico
útil que establezca entre los distintos intervinientes de la
cadena agroalimentaria la necesaria colaboración y
coordinación, en orden a una mayor eficacia y transparencia de
los mercados. La segunda, por considerar que el texto remitido
por el Gobierno era un documento básicamente adecuado para los
fines que se persiguen y suficientemente ponderado para dar
cabida a los distintos intereses puestos en juego.
Es éste un proyecto de ley que sirve de soporte y de marco
jurídico de referencia en la constitución y funcionamiento de
las organizaciones interprofesionales agroalimentarias y cuyo
objeto es el reconocimiento de las mismas como entes de
naturaleza jurídica privada y la de sus finalidades. Su ámbito
de aplicación se refiere únicamente a las organizaciones de
carácter estatal o superior al de una comunidad autónoma,
respetando así las competencias exclusivas que sobre la
materia tienen reconocidas las administraciones autonómicas.
El entramado organizativo que el proyecto de ley permite crear
es nuevo en España, pero de gran arraigo en varios países de
la Unión Europea que se encuentran entre los más competitivos
en su estructura productiva. Ello crea una desventaja
comparativa hacia nuestros productos a la hora de competir con
los de estos otros Estados. Trata, pues, el proyecto de ley de
corregir esta desventaja, aprovechando además en su
formulación la experiencia habida en otros países, así como
dictámenes que al respecto se han producido por la Comisión de
la Unión Europea.
Este instrumento jurídico, que espero que a partir de hoy se
convertirá en ley, es también respetuoso con estructuras que
tienen profundo arraigo en nuestro país y que se han
demostrado eficaces a lo largo de muchos años, tales como
denominaciones de origen y específicas, denominaciones e
indicaciones de calidad, o indicaciones y denominaciones
geográficas, puesto que sólo les será de aplicación en
aquellos aspectos no regulados por sus respectivos
reglamentos.
Se trata, pues, de poner al servicio de productores, de
transformadores y de comercializadores una norma que les
permita asociarse para la mejora de la eficiencia de sus
estructuras y de la calidad de sus productos. En definitiva,
señorías, el objetivo es facilitar la presencia y la
competitividad de los productos agroalimentarios españoles en
los mercados europeos e internacionales, y ello con
escrupuloso respeto a las normas reguladoras de la competencia
que dimanan del Derecho comunitario, así como a nuestro
ordenamiento jurídico.
El Grupo Parlamentario Socialista entiende que con
la redacción final ninguna entidad asociativa de las
existentes en España queda excluida de participar en el
proceso asociativo que ahora comienza. Estoy pensando, por
ejemplo, en las cooperativas agrarias, en las sociedades
agrarias de transformación, en las asociaciones de productores
agrarios, etcétera. Todos los grupos parlamentarios hemos
contribuido con nuestras enmiendas a mejorar el proyecto de
ley remitido por el Gobierno. A juicio de mi Grupo, el Senado
también ha mejorado el proyecto con sus enmiendas. Paso a
referirme a ellas.
El Senado nos envía un mensaje motivado que contiene seis
enmiendas aprobadas en el seno de su Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca. De ellas cuatro son de mejora técnica del
texto en los artículos 4.2, 9 segundo párrafo, 12 primer
párrafo, 12.1, la enumeración de este artículo 12 sustituyendo
los guiones por letras y, finalmente, la disposición adicional
segunda. Todas ellas son asumibles para el Grupo Parlamentario
Socialista ya que mejoran el texto. Las dos enmiendas
restantes tienen mayor calado y a ellas me referiré
rápidamente. La enmienda al artículo 10 introduce un nuevo
párrafo por el que se da trámite de audiencia a las
organizaciones interprofesionales una vez que, de acuerdo con
los supuestos regulados en los artículos 8 y 9 de la presente
ley, existe propuesta de resolución y se les concede un plazo
de quince días para que puedan examinar el expediente, alegar
y presentar los documentos que estimen oportunos. Esta
enmienda supone una mejora substancial del texto enviado por
el Congreso de los Diputados al Senado por cuanto da mayor
seguridad jurídica a las organizaciones interprofesionales
afectadas. Por consiguiente, esta enmienda nos parece asumible
y contará con el voto favorable de mi Grupo.
Finalmente, el Senado introduce una disposición transitoria
nueva que pretende favorecer la constitución de las
organizaciones interprofesionales agroalimentarias. Para ello
dispone la no exigencia de los requisitos establecidos en el
artículo 4.2 punto a) durante los dos primeros años a partir
del reconocimiento de una organización interprofesional a las
organizaciones representativas de los sectores productivos que
formen parte del Consejo General de las organizaciones
interprofesionales agroalimentarias.
Conseguir la suficiente vertebración del campo es, sin duda,
un objetivo irrenunciable. Para ello habrá que superar una
larga tradición de individualismo y de desconfianza del
agricultor español, que puede provocar un lento y costoso
proceso de implantación de las estructuras que estamos
promoviendo. Eliminar durante dos años las limitaciones que
para la participación establece el proyecto de ley, nos parece
una medida prudente y acertada que, sin duda, contribuirá al
pronto nacimiento y consolidación de organizaciones
interprofesionales fuertes y consolidadas. Si se logra este
objetivo no sólo habremos hecho posible una mayor rentabilidad
de las explotaciones agrarias españolas, sino que también
habremos conseguido que nuestros productos alcancen unos
niveles de calidad y satisfacción para el consumidor que los
sitúen entre los más apreciados del mercado,
Por lo expuesto, mi Grupo también votará a favor de esta
enmienda del Senado en el convencimiento de que hemos puesto
todo cuanto estaba en nuestras manos para favorecer los
intereses de los agricultores españoles, que no son otros que
los intereses de España.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Torres.
--PROYECTO DE LEY DE ORDENACION DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL
(Número de expediente 121/000053)
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate correspondiente a las
enmiendas a este proyecto de ley, pasamos al debate de las
enmiendas del Senado al proyecto de ley de Ordenación del
Sistema Eléctrico Nacional. ¿Grupos que desean fijar su
posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.
Expondré personalmente también las ideas y criterios del Grupo
Vasco que han sido manifestadas ya en este hemiciclo, tanto en
la enmienda a la totalidad presentada en su día a la ley de
ordenación del Sector Eléctrico, como en las treinta y tantas
enmiendas que se presentaron en su momento al texto articulado
en este Congreso y en el Senado, y que han corrido suerte
diversa precisamente porque la discusión de esta importante
ley de ordenación del Sector Eléctrico ha pasado a excesiva
velocidad por este Parlamento y yo diría que también entre los
medios de comunicación y en la propia opinión pública.
Yo creo que tenemos que congratularnos porque, pese a este
maratoniano esfuerzo, han quedado precisadas en esta ley
funciones que estaban dispersas en un sector que es un
servicio público --no olvidemos--, y han quedado concretadas
funciones del Estado, de las comunidades autónomas, de las
empresas privadas y del propio papel del sector público. Ha
quedado también precisado el papel a cumplir, dentro de un
servicio público, por las funciones empresariales, que deben
ser dedicadas sólo a producir, transportar y distribuir,
olvidándose de otros sueños que quizás empezaron a existir en
el sector, tanto por la iniciativa privada como por la
iniciativa pública.
Encontramos elementos positivos al final de esta ley.
En primer lugar, la explotación unificada pero entendida
precisamente por tener que realizarse por una empresa no
estatal solamente, con lo que este término tiene de
restrictivo, sino de mayoría pública. Ahora hay que garantizar
en un próximo futuro una correcta presentación de lo que
significa la mayoría pública, dado que el sector público somos
todos, Estado y comunidades autónomas.
Ha existido también un reconocimiento de competencias de
comunidades autónomas que han sido defendidas por nuestro
Grupo y por el Grupo Catalán yo diría que con buen resultado,
aunque, a nuestro modo de entender, podíamos y deberíamos
haber optado por una comprensión más amplia de las
competencias de las comunidades autónomas.
Ha quedado también garantizada la representación de las
comunidades autónomas en la Comisión del Sector Eléctrico
Nacional a través de su Consejo Consultivo, y esperamos que se
aplique con racionalidad, con prudencia y, sobre todo, con
justicia la representación. Asimismo, el carácter ejecutivo de
la Comisión del Sector Eléctrico Nacional también ha quedado
marcado frente a unas funciones diluidas y prácticamente
representativas como existían inicialmente. También se da un
reconocimiento al sistema independiente que, a nuestro modo de
entender, debería haber sido atendido por esta ley de forma
más explícita. Y se ha producido también la deseada separación
de actividades en el sistema integrado. Aunque nos hubiera
gustado --y así lo tengo que decir--, otro tipo de tratamiento
jurídico, se proporciona una solución a la paralización y
moratoria nuclear de la que habrá que hacer un estricto
seguimiento.
Yo destacaría sobre todo el aprovechamiento de sus activos e
instalaciones actualmente en desuso, para que sean pronto
puestas en marcha dentro del propio sector o para otras
actividades, en colaboración con las comunidades autónomas,
para contribuir a sus políticas de desarrollo. Nuestras
enmiendas iban por esta línea, no han sido atendidas y
esperemos que haya una mentalidad más amplia, una vez aprobada
la Ley, en el propio Ministerio de Industria, para que, en
colaboración con las propias comunidades autónomas que tienen
proyectos económicos destacados, puedan ponerse en marcha.
Seguimos manifestando nuestro desacuerdo, sin embargo, en lo
que significa la remisión al reglamento. Esta remisión a
procesos reglamentarios posteriores no solamente no fue
atendida en el proceso de enmiendas, sino que ha quedado
reforzada también en el paso por el Congreso y por el Senado.
Hemos detectado cierta postura defensiva en el Ministerio de
Industria que nos gustaría que desapareciera, porque
consideramos que el tratamiento de esta ley en el futuro
precisa apertura y negociación.
La ley --una ley compleja, una ley que ha puesto prácticamente
de uñas al sector, pero creo que en estos momentos ya existen
posiciones mucho más moderadas y dispuestas a entenderse--,
debe aplicarse con una amplia negociación con las empresas del
sector y con las comunidades autónomas que ejercen y quieren
ejercer sus competencias y que además tienen iniciativas
dentro del sector que pueden ser provechosas para el ahorro
energético y para la planificación energética.
Estamos en desacuerdo por la limitación de las instalaciones
de cogeneración y otras formas de producción de electricidad,
que están asociadas a actividades no eléctricas y cuya
limitación está hecha a 100 megavatios. En particular cuando
se utilizan como energía primaria energías renovables no
hidráulicas o residuos agrícolas, industriales y urbanos.
La ley parte de un principio director del sector como es la
planificación, y planificar entendemos que no es limitar desde
el texto de la ley, sino atender, estudiar y recoger aquellas
iniciativas que merecen, como he dicho anteriormente, una
atenta resolución de lo que significa ahorro energético y
aplicación de energías renovables, que desde luego lo que van
a hacer es reducir la tarifa de forma significativa.
Finalmente, quedan tareas importantes que abordar, entre ellas
la tarifa eléctrica precisamente para ponernos en comparación,
diríamos, con el sector en Europa y que incida en una mejora
de la competitividad del sector industrial y de servicios,
tarea que no está garantizada con la ley, pese a la
minuciosidad de la reglamentación que en ella se establece,
sino que se va a garantizar en la gestión y seguimiento que se
haga desde la Comisión Nacional del sector eléctrico y la
colaboración con las empresas productoras, distribuidoras y de
transporte. Lamentamos también que al final haya quedado la
disposición final primera, donde se regulan y se consideran
básicos principios de esta ley. Creemos que no era ni el
procedimiento ni el momento para haber, de alguna forma, dado
una vuelta de rosca a competencias de las comunidades
autónomas, pero el tiempo nos dará la razón.
Esperemos que esta ley sea provechosa para el sector, y para
el sector industrial en general, y que podamos un día llegar a
mejorarla en este Parlamento, cuando nos toque tratar en los
sucesivos años precisamente los temas relacionados con la
planificación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.
Por el Grupo Catalán (Convergéncia i Unió), el señor Molins
tiene la palabra.
El señor MOLINS I AMAT: Muchas gracias, señor Presidente. Muy
brevemente.
Recordarán SS.SS. que en la discusión del proyecto de Ley en
este Pleno antes de su paso hacia el Senado, nuestro Grupo
Parlamentario comentó cómo del conjunto
de la ley existían simplemente dos pequeños extremos en los
cuales nuestro Grupo no había conseguido concertar un acuerdo
con el Grupo Socialista.
Por tanto, quedaban dos puntos del Proyecto de Ley que se iba
a aprobar en aquel momento, sobre los que manteníamos
discrepancias. Se trataba de la disposición adicional octava,
sobre la financiación de la paralización nuclear, y de la
disposición final primera, sobre la consideración de los
principios básicos de la ley.
Debo decir, señor Presidente, que con las enmiendas aprobadas
por el Senado estos dos extremos han sido resueltos a plena
satisfacción de nuestro Grupo Parlamentario. La disposición
adicional octava permitirá, a nuestro entender, financiar la
paralización nuclear con unas perspectivas más cercanas a la
realidad de los mercados financieros; que hará posible la
financiación de esa paralización nuclear en los límites que ya
introdujimos con una enmienda aquí en el Congreso, en el
primer paso de la ley por esta Cámara, que es ese límite del
3,54 de la tarifa eléctrica. Nuestro Grupo Parlamentario puso
el acento en ese extremo, es decir, que en ningún caso la
financiación de la paralización nuclear pudiera representar
más allá de ese porcentaje de la tarifa eléctrica, y así viene
también del Senado. Por lo que hace referencia a la
disposición final primera, y fundamentalmente con el mismo
contenido con que salió del Congreso, a nuestro entender en el
Senado ha sido mejorada y, por tanto, también nuestro acuerdo
a ese respecto.
También en el Senado, señor Presidente, se ha introducido una
mejora que, a nuestro juicio, es sustantiva y de la que no
habíamos llegado a ver su necesidad en el debate en el
Congreso. Se trata de la nueva disposición transitoria séptima
que contiene ahora el Proyecto de Ley, que pretende que a los
distribuidores, a los que no es de aplicación el Real Decreto
15/38, de 11 de diciembre de 1987, es decir, los pequeños
distribuidores, y entre tanto no se desarrollen
reglamentariamente los mecanismos complementarios contemplados
en el artículo 16 de la Ley, se les pueda seguir aplicando el
régimen económico actual. Tal como habíamos aprobado la ley en
el Congreso quedaba una indefinición; podía interpretarse que
ya el artículo 16 contemplaba esa posibilidad, pero creemos
que mejora sustantivamente y tranquiliza a ese sector tan
importante de los distribuidores esta nueva disposición
transitoria séptima que se ha introducido a su paso por el
Senado. En cualquier caso, señor Presidente, y recordando
nuestra intervención en el Congreso, para nosotros el sistema
eléctrico no es más que un «input» del sistema productivo
general; por tanto, nuestra aproximación a la ley ha sido en
todo momento intentar que, con los nuevos mecanismos
contemplados en este Proyecto de Ley, los costes de la energía
puedan tender a hacer más competitivo el sistema productivo
general, y en este sentido podría ser una buena noticia el
anuncio realizado por el Ministerio de que el incremento de la
energía en el próximo año va a ser muy inferior al del coste
de vida.
Insisto, señor Presidente, quisiéramos que así fuera y que
esta nueva ordenación del sistema eléctrico general permita
una mayor competitividad al sistema productivo español.
Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores Diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Molins.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor García Fonseca.
El señor GARCIA FONSECA: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, intervengo simplemente para fijar la posición de mi
Grupo sobre las enmiendas que a un Proyecto de Ley tan
importante como el que en estos momentos vamos a finalizar en
su tramitación parlamentaria se han introducido por el Senado.
Quiero empezar diciendo que este paso por el Senado no ha
significado cambios sustanciales en el Proyecto de Ley. Ha
habido algunas modificaciones, la mayor parte de ellas de
carácter puramente técnico o gramatical y algunas otras, las
que no son de carácter formal, las que entran en algún tipo de
contenido sustantivo, mi Grupo entiende que aunque no de forma
grave, porque la ley ya estaba suficientemente trabajada, la
cambian de manera más bien negativa, como después expresaremos
a la hora de señalar la intención de voto de mi Grupo a cada
una de las enmiendas. Quiero añadir que mi Grupo hubiera
deseado para esta ley tan importante, como decía el portavoz
del Grupo Vasco (PNV) hace unos minutos, un procedimiento
bastante menos acelerado, un procedimiento bastante más
riguroso y más profundo; que se hubiera abierto un amplio
debate no solamente en esta Cámara sino en la sociedad,
porque, repetimos, es una de las leyes con mayor trascendencia
y de mayor fondo económico de las que hayan pasado por esta
Cámara en este año.
En segundo lugar, quiero decir que, en el tramo final y
después de su paso por el Senado, la ley no ha sufrido, como
decía al principio, modificaciones sustanciales. Esta ley,
digamos, podíamos dividirla casi en dos, como los
Mandamientos: toda la ley y la disposición octava. Toda la
ley, efectivamente, contribuye excluyendo la disposición
octava, a hacer una legislación relativa al sector eléctrico
un poco más ordenada, un poco más coherente, con mayor lógica
interna, con mayor distribución de responsabilidades entre las
distintas administraciones, etcétera. Pero esta ley --nosotros
lo hemos dicho ya en la primera intervención--, después de su
paso por el Senado, pensamos que continúa sustancialmente
igual, lo que supone en uno de sus núcleos, ni más ni menos,
liquidar --y, a nuestro juicio, de manera realmente
escandalosa-- el tema de la moratoria nuclear.
El Senado no ha tenido en cuenta, desde luego, los debates que
mi Grupo al menos ha planteado en los trámites anteriores
cuando, entre otras cosas, indicábamos algo que nos parece tan
lógico y tan elemental que nos sorprende --si tuviéramos
todavía a estas alturas capacidad de sorpresa en estos
trámites-- que no haya sido tenido en cuenta, y es que estamos
en un sistema ecónomico, como se dice, abierto, libre,
etcétera, donde, por lo tanto, cualquier inversión supone un
riesgo, y aún más tratándose de una inversión como la
realizada en la construcción de centrales nucleares,
claramente innecesaria, como se podía haber previsto ya en su
día y como desde luego ha quedado puesto de manifiesto por los
hechos. Simplemente hay que pensar que en ningún caso el
consumo eléctrico, ni siquiera en sus momentos más álgidos, ha
llegado a sobrepasar prácticamente la mitad de la capacidad
instalada en nuestro país de producción de energía eléctrica.
Además, no hay nada que haya obligado a las empresas
eléctricas a embarcarse en una aventura con inversiones tan
cuantiosas. El único argumento empleado por otros grupos para
que el Estado tenga ahora que subvencionar, mejor dicho, los
usuarios tengamos ahora que pagar, en base a la tarifa, el
error de cálculo --entre comillas lo de error-- de las
empresas eléctricas nos parece tan inconsistente que yo creo
que debiera haberse buscado al menos una fórmula menos
descarada. El decir que como, de hecho, la moratoria ha sido
impuesta por el Gobierno mediante un decreto, hay que
compensar a las eléctricas por las consecuencias de esta
moratoria, cuando se sabía --y lo sabía en primer lugar el
sector eléctrico-- que esta moratoria era absolutamente
necesaria --y me remito a lo que acabo de decir en cuanto a la
sobrecapacidad-- y que hubiera sido la ruina para todo el
sector eléctrico y, por lo tanto, se hubiera provocado una
crisis inmensa en el país, si se hubiese seguido adelante con
esa aventura, ya inicialmente sin sentido, se traduce en estos
momentos en que los grupos de esta Cámara que permanentemente
están manifestándose contra el incremento de la deuda pública
cuando se trata de gastos sociales, vayan a dar el paso final
para que se aprueben 730.000 millones de pesetas en 25 años al
sector eléctrico, en base a la tarifa pero sobre una especie
de bonos del Estado, en todo caso, sobre una deuda con
garantías del Estado. Este es el punto nuclear o, al menos, el
más fuerte, y, desde luego, un auténtico regalo navideño para
las empresas eléctricas y por lo que mi Grupo se opuso
radicalmente a esta ley desde el principio. Ahora contemplamos
que su paso por el Senado, en este punto sustancial, no lo ha
mejorado en absoluto.
En cuanto al resto de los puntos, simplemente señalar, y
termino, señor Presidente, la posición de mi Grupo en cuanto a
las enmiendas del Senado. Repito que algunas enmiendas son de
carácter puramente gramatical o en todo caso de un carácter
puramente formal, sin ninguna incidencia en el contenido
sustantivo. Vamos a votarlas favorablemente, pero vamos a
votar en contra de las enmiendas para las que pediré votación
separada. Generalmente son enmiendas que, sin tener una gran
trascendencia, sin embargo, corrigen, a nuestro juicio de
manera negativa, el texto que llegó al Senado. Se trata, en
general, de posiciones que lo que consiguen, si la enmienda
termina por ser aprobada en este último trámite, es dar al
sector eléctrico una mayor arbitrariedad o, en todo caso,
disminuir las posibilidades de control por parte de las
distintas administraciones. Por ejemplo, cito simplemente
algunas, la enmienda al artículo 48.1, que concede mayores
facilidades a la interrupción y suspensión del suministro
energético por parte de las empresas, o al artículo 3.º,
apartado 3, c), que sustrae de la inspección de la
Administración las condiciones técnicas y económicas de las
instalaciones de las empresas eléctricas, u otras varias de la
misma naturaleza que --repito--, a juicio de mi Grupo, no sólo
no mejoran el texto, sino que lo empeoran en cuanto a
posibilidades de control por parte de la Administración del
quehacer eléctrico.
Como les decía, mi Grupo señalará a la hora del voto, señor
Presidente, para qué enmiendas pide votación separada, en cuyo
caso nuestro voto será negativo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Fonseca.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Gamir.
El señor GAMIR CASARES: Señor Presidente, señorías, éste es un
turno para la toma de posición de nuestro Grupo sobre las
enmiendas del Senado. Hay enmiendas del Senado que mejoran la
ley en aspectos concretos y como tal las votaremos a favor,
pero hay alguna en la que no ocurre así.
En todo caso, los cambios no son trascendentales, salvo
algunos de ellos, y tenemos que seguir anunciando que cuando
la sociedad decida que el Partido Popular tenga mayoría en
este Congreso habrá cambios profundos en esta ley. No voy a
detenerme en todas las enmiendas, una a una, que han pasado
por el Senado por razones obvias de tiempo. Voy a coger dos
enmiendas emblemáticas, simbólicas, de lo que ha aprobado el
Senado, y me voy a fijar en ellas. Las voy a llamar: una, la
enmienda de la transparencia y, la otra, la enmienda de la
planificación. La enmienda de la transparencia, explicándola
muy brevemente, pide que en las tarifas eléctricas que
recibimos todos los usuarios en nuestras casas, se introduzca
lo que pagamos, ya que pagamos no sólo la electricidad, sino
también las amortizaciones de la política de energía nuclear
realizada, por determinadas ayudas al carbón, determinadas
tarifas especiales, etcétera. Eso tiene que quedar claro en la
tarifa que
recibe cada usuario en su casa. Enmienda de la transparencia.
¿Qué ha pasado con esta enmienda? Que ha tenido una especie de
devenir en este Parlamento un tanto curioso, y permitidme
hacer un pequeño juego de manos al respecto. En el proyecto de
ley que mandó el Gobierno a las Cortes no existía la
transparencia. En una mano apuntemos un punto contra la
transparencia. En el debate celebrado aquí, en el Congreso, el
Grupo Popular presentó una enmienda a favor de la
transparencia, con la que curiosamene el Ministro de Industria
dijo que estaba de acuerdo. Dos puntos a favor de la
transparencia contra uno en contra. En las votaciones en
Comisión y en Pleno, en el Congreso, el Grupo Socialista, en
contra de lo dicho por el Ministro, votó en contra de la
transparencia; gana 3-2 la no transparencia. En el Senado, en
Comisión, volvieron a votar en contra de la transparencia; 4-2
en contra de la transparencia. Pero, en el Pleno del Senado
votaron a favor de la transparencia. El 4-3 se decidirá aquí;
un nuevo voto de toda la Cámara, pero especialmente del Grupo
Parlamentario Socialista que es el que ha tenido estas,
llamémoslas, oscilaciones en su voto, empataría a 4 y aquí el
empate curiosamente sería a favor de la transparencia. Yo
quisiera constatar que en la postura del Grupo Parlamentario
Popular y de otros grupos no ha habido oscilaciones; de la
primera a la última, las dos manos, todas las intervenciones a
favor de la transparencia, porque es importante que sepamos lo
que pagamos cuando pagamos el recibo de la luz. Yo espero, en
todo caso, que el voto final de esta Cámara sea un voto final
a favor de la transparencia.
Paso a la enmienda de planificación. En conversaciones que en
esta Cámara existen, y que son normalmente entre Grupos
Parlamentarios, el portavoz del Grupo Socialista y este
portavoz hablamos de algunos puntos de la ley. Uno de ellos,
que se aclarase qué camino seguía la planificación eléctrica,
y el acuerdo era que el camino que se siguiera fuera el del
artículo 198 del Reglamento --que es, por ejemplo, utilizado
en el PEN-- y de pronto, nos encontramos con que en el Senado
desaparece y como tal deja abierta cualquier otro tipo de
planificación. Nos parece que por razones de fondo doble:
porque es conveniente que sea ese artículo y ese tipo de
planificación y porque es bueno que haya credibilidad en lo
que aquí se habla y en los acuerdos a que se llega --aunque
comprendemos que pueda haber una desconexión en el Senado--,
al final, aquí, se vote lo que se ha acordado. Por esa doble
razón de fondo, del tipo de planificación y del cumplimiento
del acuerdo, esperamos también que en este caso se vote a
favor del acuerdo, se vote a favor de lo que votó el Congreso
en su día y no de lo que ha votado el Senado.
En definitiva, Presidente, señorías, yo pediría a esta Cámara
que ponderase su voto a las enmiendas, algunas de ellas
importantes (y en algunas se puede votar de manera diferente),
sobre todo en las dos más emblemáticas: en la enmienda de la
transparencia y en la enmienda de la planificación. Esperemos
que en el lenguaje de los hechos la votación de esta Cámara
ratifique un sistema algo menos negativo en esta Ley de
Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional del que estamos
hablando.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gamir.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Sáenz
Lorenzo.
El señor SAENZ LORENZO: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, el debate de esta ley que hemos
tenido en esta Cámara, yo creo que no ha sido en modo alguno
un debate precipitado. Ha habido un debate en la sociedad,
este texto legal fue presentado ya en la legislatura pasada,
ha habido ocasión de conocerlo y discutirlo suficientemente a
todos los niveles, la tramitación en esta Cámara ha tenido una
duración de seis meses y, por lo tanto, creo que ha sido un
debate enriquecedor de la ley. En la ley se han introducido
muchas modificaciones, algunas de ellas bastante
significativas, y yo creo que han sido modificaciones que
enriquecen el proyecto y que integran en el mismo posiciones
de los distintos grupos parlamentarios de esta Cámara. Por
tanto, estoy en desacuerdo con decir que no ha habido debate
social; sí que lo ha habido. Estoy en desacuerdo con decir que
esta ley se ha tramitado precipitadamente; yo creo que no
solamente se ha tramitado adecuadamente sino con grandes y
significativas aportaciones de esta Cámara en el texto
definitivo.
El señor Gamir vuelve a decir que cuando lleguen
hipotéticamente al poder van a cambiar sustancialmente la ley.
No sabemos en qué dirección, señor Gamir. Después de este
debate, después de todas estas discusiones y planteamientos,
no sabemos cuál es su posición, cuál es su texto alternativo
real, porque no existió en su momento, y no sabemos cuál es su
modelo, si es que hay un modelo distinto. Como en tantos otros
temas siguen sin tomar una posición definida a ese respecto.
Respecto a las enmiendas a las que se ha referido S.S. no ha
habido una oscilación del Grupo Socialista. El Grupo
Socialista ha estado pensando en las distintas enmiendas que
se plantean. En la enmienda que usted denomina de la
transparencia hemos buscado una transacción y, al final, en el
momento en el que se ha dispuesto de un texto suficientemente
convincente, se ha aprobado esa transacción. Nuestra posición
no ha cambiado, en absoluto, en ningún momento, y vamos a
votar, lógicamente, a favor de esa enmienda que se introdujo
en el Pleno del Senado.
Vamos a votar a favor de todas las propuestas del Senado.
Usted menciona el tema de la planificación y hace referencia
al artículo 198 del Reglamento. Nosotros no tenemos, señor
Gamir, una discrepancia de fondo. Pensamos que se debe
tramitar como se ha tramitado hasta ahora, pero por cuestión
simplemente de técnica legislativa no es bueno que haya
referencias explícitas a determinados artículos de un
reglamento que puede cambiar hoy o mañana. Por tanto, pensando
que la tramitación debe ser la que hoy establece el artículo
198 del Reglamento, no es necesario hacer una referencia
explícita del tema porque, además, ya hay una tradición en
relación a la tramitación de los planes energéticos que creo
que debe continuar, realizándose en los mismos términos en que
se ha realizado hasta ahora.
La ley se ha modificado, en primer lugar, introduciendo los
criterios de gestión de la demanda con más fuerza de los que
ya estaban en la ley, tanto en el planteamiento de la
planificación energética como en el reconocimiento de costes.
Nos parece importantísimo que estos elementos de ahorro y de
mejora de la eficiencia no solamente estén en los criterios
generales de planificación, sino que también se reconozcan
como costes, para que las empresas tengan un interés económico
en llevar a cabo las modificaciones correspondientes.
También se ha modificado la ley sustancialmente en el papel
que deben desempeñar las administraciones públicas. Se regula
un sistema eléctrico que va desde las grandes unidades de
producción hasta cada una de las casas de los consumidores y,
por tanto, hay distintas competencias de las administraciones.
Creo que a lo largo de la ley con las enmiendas que se han
introducido se ha buscado cohonestar el papel y las
competencias de cada una de las administraciones que pueden
intervenir en el proceso, manteniendo --eso sí-- los criterios
básicos que informaban la ley, como el carácter de servicio
público, la necesidad de regulación homogénea, la garantía de
suministro, la explotación unificada con criterios de
optimización económica y la introducción de mayores criterios
de competitividad y transparencia, tanto en generación como en
distribución. También se ha potenciado el papel de la Comisión
y se ha potenciado igualmente el papel del Consejo consultivo.
Finalmente, se afronta el tema de la paralización de las
centrales en moratoria, que era un problema que teníamos
pendiente, y yo creo que se afronta con rigor y con seriedad.
No estoy de acuerdo con las apreciaciones del señor García
Fonseca --ya lo hemos debatido varias veces y no voy a hacer
más hincapié en ello-- porque, efectivamente, las decisiones
las tomaron en parte las empresas, pero también, en buena
parte, la Administración. En el Plan Energético de 1979 este
sector estaba plenamente regulado, las decisiones no las
podían tomar las empresas por sí mismas, sino que tenían que
tomarlas de acuerdo con la Administración. Con el Plan
Energético de 1979 nosotros no estábamos de acuerdo, estamos
en radical desacuerdo --y en esta Cámara lo pusimos de
manifiesto-- pero de las decisiones de la Administración debe
responsabilizarse la propia Administración y como consecuencia
de ellas está la situación que creo que se resuelve
adecuadamente en esta ley.
Por tanto, nuestro Grupo va a votar favorablemente a todas las
enmiendas del Senado que se presentan en este trámite, que van
en la misma dirección que las enmiendas del Congreso y que,
algunas de ellas, establecen especial cuidado en proteger los
derechos de los pequeños distribuidores o en señalar que las
cooperativas puedan también actuar en producción en el régimen
especial, temas que habíamos debatido en el Congreso pero que,
finalmente, se han incorporado al texto mediante las enmiendas
del Senado.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sáenz Lorenzo.
--PROYECTO DE LEY DE INCORPORACION AL DERECHO ESPAÑOL DE LA
DIRECTIVA 92/100/CEE, DE 19 DE NOVIEMBRE DE 1992, SOBRE
DERECHOS DE ALQUILER Y PRESTAMO Y OTROS DERECHOS AFINES A LOS
DERECHOS DE AUTOR EN EL AMBITO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
(Número de expediente 121/000052)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las enmiendas del Proyecto de
Ley de incorporación al Derecho español de la Directiva
92/100/CEE, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de
alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de
autor en el ámbito de la propiedad intelectual.
¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Vasco (PNV) tiene la palabra el señor González de
Txábarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor
Presidente.
El sentido o el objetivo fundamental de la Ley de Propiedad
Intelectual de 1987 y, evidentemente, de los contenidos de la
Directiva europea al respecto que tratamos ahora de incorporar
a la legislación del Estado es el de garantizar flujos
económicos que soporten la actividad intelectual, libremente
ejercida, en una legislación que responda a las necesidades de
una sociedad moderna. Se trata, en definitiva, señorías, de
establecer mecanismos legales y fiscales que garanticen la
financiación plural y autónoma de la acción cultural para sus
propios agentes, reduciendo así significativamente el
intervencionismo de las instituciones del Estado.
La dificultad de fijar y hacer efectiva la remuneración
a los autores ha conducido a distintas alternativas legales
que descansan en bases jurídicas bien distintas. Es evidente
que existen distintos modelos; aquí, en el Estado español, se
optó por uno determinado, y en esta Cámara nos hemos
pronunciado, por unanimidad diría yo, partidarios de las
tendencias normativas dominantes en el marco de los Estados
miembros de la Unión Europea. Por ello, los aspectos
fundamentales de la Ley de Propiedad Intelectual española
enlazan de forma evidente con legislaciones comparables sobre
el derecho de autor francés y alemán. La regulación del
derecho de autor en el Estado contiene numerosos elementos de
una síntesis europea que ha facilitado, significativamente, la
trasposición de la directiva que ahora nos ocupa. Este modelo
establecido, la síntesis realizada en los trabajos de esta
Cámara, ha conocido sin embargo y por sorpresa, un duro revés
en el Senado, al introducirse un nuevo párrafo al artículo 7
del proyecto; párrafo, señorías, que reduce significativamente
los ingresos de los autores, de los intérpretes, de nuestros
agentes culturales, hasta el 40 por ciento, según algunas de
las estimaciones que se han realizado en estos días y, además,
sin compensaciones alternativas.
Esta enmienda, en opinión del Grupo Vasco, pone en trance de
desaparición, por no decir que suprime de un solo golpe, el
derecho de emisión o transmisión en lugar accesible al
público, mediante cualquier instrumento idóneo, de la obra
difundida por radio o televisión, que aparece recogido
expresamente en el artículo 20.2, letra f), de la Ley de
Propiedad Intelectual. Supone, por tanto, una disminución
pertinente de la protección de que viene gozando el autor
desde el año 1951. Además, señorías, la aprobación de esta
enmienda afectaría, en la práctica, a los compromisos de
carácter internacional asumidos por el Estado español como
consecuencia de su pertenencia al Convenio de Berna. Quiere
esto decir que estaríamos ante una discriminación negativa
entre los autores ciudadanos de este Estado, a los que les
privaría del derecho mencionado, y los autores del resto de
los países miembros del Convenio de Berna, que mantendrían
este derecho.
En consecuencia, los únicos autores que no podrían acogerse a
ello serían, precisamente, los del Estado, y de esta suerte,
la enmienda de referencia, instauraría en el Estado español
dos niveles de protección, el más bajo de los cuales
correspondería, precisamente, a sus propios ciudadanos.
Semejante discriminación, señorías, en opinión del Grupo
Vasco, no es justificable en modo alguno. Además, desde el
punto de vista de la Unión Europea, esa discriminación es
menos justificable todavía y podría tener graves
consecuencias. Cabe plantearse la pregunta de en qué medida se
cumple con una directiva de armonización, en materia de
derecho de autor y derechos afines, cuando precisamente se
aprovecha su trasposición para desarmonizar la aplicación de
las disposiciones del Convenio de Berna en el interior de la
Unión Europea, haciendo del Estado español una excepción para
sus propios ciudadanos.
Por todo ello, señor Presidente, por coherencia con las
posiciones mantenidas tradicionalmente en el Partido
Nacionalista Vasco en materia de propiedad intelectual, por
entender que el artículo 7.6 rompe el equilibrio establecido
en los trabajos en esta Cámara entre los distintos agentes que
intervienen en el conjunto de la actividad cultural; porque,
de aprobarse esta enmienda, se produciría una clara
discriminación negativa de los autores del Estado para con los
autores europeos, y, en definitiva, porque con estos
contenidos en vez de armonizar se desarmoniza y se descafeína
el derecho del autor en el Estado, el Grupo Vasco solicita a
SS.SS. el rechazo de la adición sexta al artículo 7
incorporada en el trámite del Senado.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González de Txábarri.
Por el Grupo Catalán (Convergència y Unió), tiene la palabra
el señor Baltá.
El señor BALTA I LLOPART: Señor Presidente, señorías, la
tramitación legislativa de la nueva Directiva comunitaria
sobre derechos de alquiler y préstamo y sobre derechos afines
a los derechos de autor ha superado, creando la polémica, las
anteriores directivas que afectaban al texto de la vigente Ley
de Propiedad Intelectual. Quizá porque en el primer momento de
la tramitación se pretendió enmendar alguna otra directiva
cuyo contenido no había resuelto satisfactoriamente el impacto
de los derechos afines a la propiedad intelectual que se
incorporaban al ordenamiento jurídico español y no se acabó de
entender que la demanda había surgido en los diferentes
sectores confrontados del sector, quizá por ello se produjo el
debate en el seno de la Cámara desde una confrontación verbal
que, para el caso, no se había producido en la sociedad. Sin
embargo, superada aquella situación, mi Grupo valora con
satisfacción el haber aportado el texto de la enmienda que,
más allá de la polémica, resolvía los aspectos de otras
directivas que producían un grave quebranto económico al
ámbito de la creación artística e intelectual, pero también a
la industria audiovisual.
Celebramos la coincidencia con el Grupo Socialista,
mayoritario en esta Cámara, en la voluntad de enmendar una
situación creada a raíz de la aprobación de un texto legal
que, al aplicarlo, modificaba el propio mercado, situando en
la práctica parte del mismo al margen del contexto de la
legalidad que precisamente se pretendía ordenar. La
coincidencia con el Grupo Socialista fue incluso más allá en
cuanto a la protección de los derechos afines a los derechos
de autor, procurando una mayor protección de los creadores
artísticos al
fortalecer el papel de las sociedades de gestión, y, sobre
todo, al considerar irrenunciables ciertos derechos, apartando
del momento de la negociación contractual el impacto que el
objeto de la misma pudiera tener en el futuro. Esta cuestión
que se concretó en el debate del Congreso se acabó de plasmar
en el texto legal al debatirlo en el Senado. Sin embargo, la
prolongación temporal del debate por cuestiones de calendario
y los contrastes del mismo activaron la reacción de la
sociedad también implicado en el mismo, pasivos en el primer
momento del procedimiento legislativo, que aportaron una nueva
dimensión del mismo al poner en cuestión los mecanismos,
digamos, históricos de la recaudación de los derechos de
autor.
La vieja polémica respecto a quién debía ser el objeto de la
cotización de los derechos, sea al emisor o al receptor,
cuando autoriza el producto artístico e intelectual, creando
un nuevo ámbito del lucro, surgió en el debate del Senado por
medio de enmiendas que fueron presentadas por distintos grupos
parlamentarios, entre ellos el de Convergència i Unió, que
nuevamente se hacía eco de una inquietud que había surgido
desde el mismo momento en que fueron aplicados los derechos de
autor estableciéndose la confusión entre lo que es un legítimo
derecho a percibir, según la práctica vigente, por convenio, y
la imagen conseguida desde una cierta imposición de que se
trata de un impuesto más. La cantidad de pleitos que ha
originado esta situación nos ha llevado a que el recaudador de
los derechos de autor sea una de las imágenes más degradadas
entre cuantas se dedican a la recaudación, confundiéndolos con
los recaudadores de impuestos, tan poco gratos entre la
población.
Además, una rápida comparación entre las cifras posibles de
recaudación y las de recaudación real que se produce aporta
claridad sobre la capacidad de resistencia que existe entre
quienes deben cotizar los derechos de autor, alcanzándose
niveles de impagados y de conflictividad dignos de tener en
cuenta en el momento de considerar si el actual sistema legal
--me refiero más a la indefinición de la ley que a la eficacia
en la gestión de la Sociedad de Autores-- es el más apropiado
en beneficio de quienes por su capacidad artística o
intelectual ostentan legítimos derechos de la propiedad
intelectual. Esta duda trae a colación otra, si esos derechos
deben ser cotizados por el emisor o por el receptor, por más
que algunos, a su vez, los capitalicen al divulgarlos en su
establecimiento público.
La cuestión aumenta su importancia cuando en el contexto de la
realidad que originó el diseño de un mecanismo para la
cotización de unos derechos existe la jurisprudencia que la
Sala Primera del Tribunal Supremo estableció en fecha
reciente, que obliga a obtener la previa y preceptiva
autorización de comunicación pública de las obras sujetas a
derechos de autor, base de la cuestión y de la demanda; que
también existe el Convenio de Berna, ratificado por España al
año siguiente de su promulgación, hace un siglo, revisado en
1979 y de nuevo ratificado en nuestro país recientemente, pero
la cuestión emisor/receptor sigue sujeta a opiniones diversas,
dado que el sector afectado se encuentra en constante
evolución, sea por su propio dinamismo, sea porque las nuevas
tecnologías inciden sobre el mismo de un modo inmediato o por
la reciente privatización de los medios de comunicación
social.
Ciertamente, la televisión y la radio siguen siendo servicios
públicos, cosa que en su momento pudo justificar el traspaso
de la cotización de derechos a los receptores. Sin embargo,
están sujetos a los mecanismos de funcionamiento de la empresa
privada y utilizan las obras que están sujetas a los derechos
de autor, ya ahora a los derechos afines, para mejorar el
nivel de audiencia y no hay duda de que un televisor situado
en lugar público puede mejorar dicho nivel de audiencia. No
podemos olvidar que los índices de audiencia son la base sobre
la que se calculan los precios de la publicidad que se emite
por las cadenas públicas y privadas de televisión y por las
emisoras de radio.
Desde esta perspectiva, los periódicos y las revistas que se
ponen a nuestro alcance en cualquier cafetería, o en la sala
de espera de un médico o de un abogado, o sencillamente en una
peluquería, debieran ser adquiridos a mayor precio o los
editores debieran arbitrar un mecanismo de recaudación por los
periódicos que van a parar a los lugares donde se produce este
mayor índice de audiencia. Sin embargo, hacen todo lo
contrario: medir dicho índice olvidando el viejo concepto de
la tirada de ejemplares para basar su supervivencia económica
en la extensión de su audiencia, es decir, en el número de
lectores. Sé que la cuestión no es idéntica, que en los bares,
cafeterías y hoteles está además el ambiente musical, que
también cotiza derechos, pero no cabe duda de que el mecanismo
de financiación de unos y otros medios --radio o televisión
pública o privada--, es la publicidad, y por poco que SS.SS.
se documenten descubrirán que las agencias de publicidad
trabajan con los índices de audiencia, con lo que los
titulares de los establecimientos públicos donde se divulgan
las ondas que llegan a sus receptores se convierten en
colaboradores, al ayudar a aumentar los referidos índices,
que, por cierto, se producen en aquellos locales cada vez más
a causa de sectores de la programación, especialmente
televisiva, muy distintos e incluso a menudo no sujetos a
derechos de autor, sino a derechos que ya se han articulado
desde otras modalidades de cotización. Todo ello, además de la
realidad actual, tan alejada de aquella que se producía
cuarenta años atrás, justifica que nuestro Grupo Parlamentario
en el Senado introdujera una enmienda al artículo7, intentando
precisar quiénes son los titulares de los derechos de
propiedad intelectual, que, consensuada con otros grupos, fue
aprobada en el Senado. Sabemos
que, de mantenerse en el Congreso, significaría un cambio
profundo de los mecanismos actuales de gestión de los derechos
de autor y de los derechos afines que, junto a los de alquiler
y préstamo, son objeto de la adaptación de la directiva
comunitaria. Significaría también un cambio en la recaudación
de derechos internacionales de España; cambio que,
lógicamente, el Grupo Parlamentario Socialista ve desde la
dimensión de los compromisos adquiridos y los pactos firmados
por el Gobierno, sobre todo en el ámbito de la legislación
internacional, ya descrita por la portavoz del Grupo Vasco.
Pero, salga adelante o no la enmienda referida, el problema
estará ahí y habrá que resolverlo, siempre desde el respeto a
los derechos de autor que en otra enmienda de mi Grupo,
recogida en el texto, son considerados irrenunciables; derecho
que muy a menudo ha sufrido las consecuencias de contratos
draconianos que han hecho firmar la renuncia de derechos que
ni siquiera eran previsibles cuando el acto se producía.
Nuestros creadores artísticos e intelectuales han vivido con
demasiada frecuencia la situación que el texto que aprobaremos
imposibilita en el futuro.
Por lo demás, señor Presidente, celebramos las coincidencias
que se han producido en la línea de la defensa y clarificación
de la legislación que afecta a los derechos de autor y a otros
derechos afines que han quedado plasmados en el texto que nos
ha devuelto el Senado.
Nada más, señorías. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Baltá.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: El Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya anuncia que con respecto --y me
voy a centrar en ella-- a la enmienda de adición al artículo
7, es decir, la adición del punto6, vamos a cambiar el voto
que emitimos en el Senado.
Señor Presidente, a lo largo del debate hemos llegado a la
conclusión de que no estamos ante un conflicto de sectores
confrontados y mucho menos ante un impuesto más. Posiblemente,
estamos ante una agresión a algo que es clave para los
autores. Nos referimos a los derechos de autor que, en
definitiva, son el salario del autor. Por lo tanto, no se
puede hablar de protección a un sector sin tener en cuenta que
quedan afectados gravísimamente los derechos de autor, ese
salario que se cobra por esta razón de tipo legal que todos
defendemos y ocultando las consecuencias que puede tener con
respecto a este tema de enorme importancia.
El portavoz del Grupo Catalán de Convergència i Unió acaba de
reconocer que esta enmienda supondría un cambio profundo en
toda la sistemática, en toda la estructura de percepción de
los derechos de autor; derecho profundo que afectaría de lleno
a los derechos fundamentales de los autores y que incluso
implicaría una contradicción con respecto a convenios
internacionales.
El artículo 11, bis, del Convenio de Berna, en su párrafo
primero, establece que toda comunicación pública de una obra
radiodifundida por el medio que sea está sometida al régimen
de autorización por su autor y la correspondiente remuneración
por parte del usuario. Por lo tanto, si en un establecimiento
público, ya que se ha citado el tema, se instalara un aparato
de radio o de televisión para entretener a la clientela,
estaríamos ejecutando un acto de comunicación pública que
entraría en la hipótesis de la citada norma del Convenio de
Berna.
Consecuentemente, si se introduce, como así se pretende por el
Grupo de Convergència i Unió y por otros grupos que
intervendrán posteriormente, el concepto de simple recepción
nos encontramos con que se puede, de hecho se evade, la
autorización y consecuente retribución por el uso de obras
ajenas. Por lo tanto, nos mostramos en contra de esta enmienda
de adición, es decir, del número 6 nuevo al artículo 7. De
prosperar esta iniciativa, señor Presidente, la sufrirían
fundamentalmente --yo diría que exclusivamente-- los autores
de obras nacionales; afectaría a las obras de los autores
españoles. El resto de las obras extranjeras continuaría
sujeto al régimen de autorización y pago a que obliga el
artículo 11, bis, apartado 1, del Convenio de Berna citado,
por cuanto los Estados miembros, que son 112, están obligados
a respetar los estándares mínimos previstos en la norma
internacional para la protección de dicha obra.
Por lo tanto, señor Presidente, intentamos que la
desprotección endémica que sufren los autores españoles no se
vea radicalmente agravada con esta enmienda de adición que
intenta introducir el Grupo de Convergència i Unió y creo que
también Coalición Canaria y el Partido Popular. Estamos ante
la producción artística. Tengan en cuenta el término de
creación, porque a veces parece que la música viene del cielo,
que nadie la produce; es la consecuencia de un trabajo al que
muchas veces no se le presta atención y consecuentemente no se
le intenta dar la retribución oportuna. Consecuentemente,
señor Presidente, para intentar superar la desprotección
endémica --repito-- que sufren los autores españoles, y ese es
un trabajo como otro cualquiera --y no estamos ante un
problema de sectores confrontados sino de respeto a ambos
sectores, en la parte que le corresponde a cada uno--, vamos a
votar en contra --cambiando incluso nuestro voto en el
Senado-- de la enmienda al apartado 6, nuevo, del artículo 7.
Pedimos, señor Presidente, por lo tanto, que se vote
segregadamente esta enmienda de adición.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora
García-Alcañiz.
La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Gracias, Presidente.
Señorías, llegamos hoy al final de esta accidentada
tramitación de este proyecto de ley con las enmiendas del
Senado, para ser ratificadas en esta Cámara, aunque nos vamos
a centrar, como no podía ser de otra forma, en la valoración
que nuestro Grupo hace de las enmiendas que han resultado
efectivamente incorporadas y que, aparte de meras correcciones
gramaticales, es claramente favorable en dos casos y
desfavorable en otros dos, aunque parece ser que puede haber
algunas modificaciones, por lo que algunas señorías acaban de
exponer.
Asimismo, al ser éste el punto final de la tramitación del
proyecto y al no poder distinguir, en la valoración de nuestra
postura, respecto a la globalidad del mismo, haremos
--permítame, Presidente-- una referencia diciendo que es
profundamente negativo, en términos generales, no por la
Directiva que se acaba de trasponer sino por los añadidos,
metidos de tapadillo, que se han llevado a cabo en los
distintos trámites parlamentarios y fundamentalmente por el
Partido Socialista.
Permítame, señor Presidente, que, en primer lugar, me refiera
a las enmiendas que se han incorporado, de forma, a nuestro
juicio, desafortunada en el Senado. Esta forma poco afortunada
se refiere a estas dos enmiendas relativas a las excepciones
al derecho de préstamo (artículo 4) y al canon de copia
privada (disposición adicional segunda).
En lo que se refiere al artículo 4, debemos denunciar aquí un
hecho insólito, y es que después de haber quedado incorporada
en el Congreso una enmienda aprobada en Comisión por
unanimidad, el Grupo Socialista en el Senado ha presentado y
sacado adelante una enmienda que decía absolutamente todo lo
contrario. La cosa no pasaría de ser una contradicción más
entre las filas socialistas si no fuese porque fue aprobada en
el Congreso por todos los grupos parlamentarios y porque
afecta a un tema que creemos que es muy importante, como son
las industrias culturales. Por ello, vamos a pedir --no sé con
qué éxito-- su no ratificación, en un ejercicio no sólo de
coherencia, sino también de responsabilidad, porque, de
permitir el préstamo público de vídeos, fonogramas y programas
de ordenador, no sólo se estará, de entrada, condenando a
muerte a los vídeo-clubes --sector que, por cierto, se
encuentra en situación delicada--, sino que, con ello, se
estará fomentando la piratería y atentando contra la
viabilidad de las industrias culturales.
En cuanto a la supuesta justificación de tal enmienda, hay que
decir que el acceso de los ciudadanos a estos productos
culturales está suficientemente garantizado mediante su
difusión gratuita de los medios de comunicación y, sobre todo,
mediante la posibilidad de consulta in situ en fonotecas o
videotecas, operación ésta excluida expresamente en el
concepto del préstamo. Está claro que nos encontramos, pues,
ante supuestos distintos de préstamo de libros, cuya no
difusión, gratuita y difícil consulta in situ, en algunos
casos por su duración y su amplitud, hacen aconsejable que sí
puedan ser objeto de préstamos para poderlos llevar a casa.
Por tanto, sí cabe distinguir entre diferentes soportes o
productos culturales de cara a autorizar el préstamo en unos
casos y en otros no. Con ello no se limita la labor de interés
general que desarrollan los establecimientos docentes y
culturales, ya que los que no puedan ser prestados siempre
podrán ser utilizados dentro de dichos establecimientos con un
conveniente apoyo y orientación que, sin duda alguna, hará
fructífera la consulta, y, también, bajo una deseable
supervisión que evitará el riesgo de la piratería.
En lo que se refiere al canon de copia privada, he de decir
que nos oponemos a la enmienda socialista incorporada en el
Senado porque a pesar de haberse bajado ya del burro de la
superentidad o asociación obligatoria --no sabemos hasta qué
punto--, mantiene, en el caso de que ésta se produzca, un
régimen obligatorio de comunidad de bienes limitando así la
libertad de asociación, una de las libertades que todos los
ciudadanos deben tener.
En segundo lugar, señor Presidente, me referiré a las
enmiendas que, a nuestro juicio, han sido incorporadas con
buen criterio. Frente a las dos enmiendas inadecuadas que
acabo de mencionar, existen otras dos cuya incorporación ha
sido acertada y que suponen aclaraciones y matizaciones
importantes en la aplicación no sólo de este proyecto de ley
sino también de algún precepto de la Ley de Propiedad
Intelectual que desde hace tiempo venían siendo objeto de una
ardua polémica. Nos referimos a la enmienda que añade un nuevo
apartado 6 al artículo 7 --no sabemos cuál va a ser su final
al término de esta sesión de la mañana--, sobre la
comunicación pública en lugares accesibles al público y a la
enmienda que añade una nueva disposición final segunda sobre
la aplicación de remuneración por copia privada en Ceuta y
Melilla. Ambas enmiendas habían sido introducidas por el Grupo
Popular en el Senado y hay que señalar que los demás grupos
tuvieron a bien en su momento acogerlas y apoyarlas, aunque
hay que decir que con distinto alcance: por supuesto el del
Socialista fue bastante flojo.
Por lo que respecta a la comunicación pública en lugares
accesibles, señor Presidente, hay que señalar que el nuevo
apartado viene a precisar el artículo 20.2.f) de la Ley de
Propiedad Intelectual que venía siendo interpretado y aplicado
por algunos sectores de forma inadecuada, forzando su
literalidad que, a nuestro juicio,
debe ser el primer criterio a seguir siempre en la
interpretación de una norma. A partir de ahora veremos por lo
que discurre este artículo 20.2.f) que dice textualmente lo
siguiente: La emisión o transmisión en lugar accesible al
público mediante cualquier instrumento idóneo de la obra
difundida por radio o televisión. Pues bien, dicho artículo se
refiere expresamente a la emisión o transmisión. Este artículo
ha querido ser aplicado por algún sector a la simple
recepción, pretendiendo con ello cobrar una tasa a todos los
establecimientos accesibles al público que contasen con un
aparato receptor --que así se llama, señorías, el receptor de
radio o de televisión--. Si esto ocurriese, amén de cobrar los
respectivos derechos las entidades emisoras de radio o
televisión, que ya pagan por emitir o transmitir dichas obras,
se haría un doble cobro por un mismo servicio. Igual
acontecería si se cobrase también a los taxistas porque ellos
llevan un aparato receptor de radio en sus coches.
Con este nuevo apartado, si se aceptase, quedaría claro que
sólo deberá pagar el receptor, señorías, cuando cualquier
sistema o aparato reproductor lo vuelva a emitir o a
transmitir públicamente, percibiendo por ello una
contraprestación económica. Esto, señorías, es lo que dice el
artículo 20 de la Ley de Propiedad Intelectual y así lo
habíamos entendido todos los grupos parlamentarios, con la
única excepción del Grupo Socialista, que dicho sea de paso,
señorías, no sabemos si actúa en este tema, como en otros
muchos a que nos tiene acostumbrados, como Grupo Parlamentario
con criterios propios o como correa de transmisión de alguna
entidad de gestión con unos intereses recaudadores, a nuestro
juicio, muy poco claros (Rumores.) Esto lo decimos porque el
día anterior a que se votara esta enmienda en el Senado, el
Grupo Socialista presentó una enmienda transaccional en la que
se mostraba dispuesto a aceptar esta interpretación con
respecto a los artistas y productores, siempre y cuando y esto
hay que subrayarlo --el subrayado es nuestro, aunque la
afirmación fue de ellos--, la Sociedad General de Autores
pudiera cobrar por este concepto. Y sólo cuando comprobó que
con la redacción de la transaccional propuesta por el Grupo
Popular a Convergència i Unió y a Coalición Canaria,
finalmente admitida, se daba a todos los sectores el mismo
trato --¿señores, vamos a hacer diferencias tratando de forma
desigual a los iguales?--, el Grupo Socialista, entonces,
señorías, se mostró contrario a la misma.
Por último, señor Presidente, queremos señalar de forma
explícita que en modo alguno, como aquí se ha dicho, esta
interpretación del artículo 20.2.f) contradice el artículo 11
bis del Convenio de Berna, como algunas voces claramente
interesadas pretenden hacer creer. Las mismas que, según
parece, dicen que van a denunciar al Parlamento español y que
han articulado con falsas acusaciones un burdo sistema de
presión internacional, que supuestamente era espontáneo pero
con cierta ayuda o colaboración socialista.
No obstante, señorías, nosotros volveremos sobre este punto y
tendremos la oportunidad de hacerlo cuando se traiga aquí la
incorporación de la directiva de satélite y cable.
Respecto a la otra enmienda, señor Presidente, felizmente
aprobada en el Senado, sólo quiero agradecerlo y
congratularnos de la unanimidad lograda, en consideración de
las especiales circunstancias del mercado en las ciudades de
Ceuta y Melilla, en la aplicación del canon por copia privada.
En último lugar, permítame, señor Presidente, referirme a unas
enmiendas que no fueron aprobadas y que nosotros creemos que
son muy importantes. Nos referimos a las que consagraban la
gestión colectiva voluntaria de la remuneración por alquiler,
artículo 3.º 2, y comunicación pública, artículo 7.º 4, y
aquella otra que unificaba los distintos fondos asistenciales
y culturales de las entidades de gestión en un solo fondo, en
una nueva disposición adicional.
En lo que se refiere a la gestión colectiva --y voy
terminando, señor Presidente-- de los derechos de la propiedad
intelectual hay que recordar, una vez más, que la regla
general consagrada en nuestra Ley de Propiedad Intelectual es
la de la libertad y la voluntariedad. La obligatoriedad que se
impone a este Proyecto de Ley para la gestión de los derechos
de remuneración por alquiler y la comunicación pública choca,
como hemos dicho muchas veces, con la parte fundamental de
nuestra Ley de Propiedad Intelectual, que consagra...
El señor PRESIDENTE: Señora García-Alcañiz, le ruego concluya.
La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Voy terminando, señor
Presidente. (El señor Padrón Delgado: ¡Tiempo!)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora García-Alcañiz.
¡Señor Padrón!
Señora García-Alcañiz, le ruego concluya.
La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Gracias, señor Presidente,
concluyo.
Lamentamos que no se haya querido introducir, con la excusa de
que no estaba contemplada en la directiva, pero tampoco
estaba, señorías, el canon de copia privada.
En cualquier caso, señor Presidente, nosotros trataremos de
seguir en esta misma línea y el Grupo Popular cree, no
obstante, que se deben aunar esfuerzos y hacer más
transparente la importante labor de la promoción cultural que
realizan las entidades de gestión, pero, señorías, todas las
entidades de gestión.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García-Alcañiz.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Clotas.
El señor CLOTAS CIERCO: Señor Presidente, con la brevedad que
acostumbra a tener este trámite final, respecto a la ley que
incorpora al Derecho español la directiva europea sobre
préstamo y alquiler y los derechos afines, voy a consumir un
turno para explicar la postura del Grupo Socialista.
El Senado ha introducido algunas modificaciones en la ley. La
mayoría de ellas no cambian sustancialmente ningún punto
importante, aunque introducen, eso sí, mejoras formales muy
apreciables y armonizan, en algún caso, el texto de la
exposición de motivos con el posterior desarrollo de la ley.
En este sentido, la exposición de motivos ha sido notablemente
mejorada; también se han corregido algunos errores que todavía
subsistían en la denominación de obra audiovisual en lugar de
grabación audivisual, y, señorías, se ha corregido lo que en
realidad era un simple y lamentable error, que era la
aprobación en el artículo 4 de una enmienda que limitaba de
una manera notable y desde luego no querida ni por el Gobierno
ni por el Grupo Socialista las excepciones en cuanto a los
derechos de préstamo.
Por un simple error en la votación se aceptó una enmienda que
reducía las excepciones a determinados soportes y, en cambio,
no afectaba a otros. Es bien claro en el espíritu de la
directiva y en el de la ley que la incorpora al Derecho
español que lo que se quería exceptuar eran determinadas
instituciones que, por su carácter cultural, educativo o
investigador, no debían ser penalizadas con una carga más al
utilizar lo que para estas instituciones es un material
imprescindible y necesario. Por tanto, ahí no cabía distinguir
entre un soporte y otro. Además, señorías, hay que tener en
cuenta que la diferencia entre los soportes tiende a
desaparecer, aunque lentamente. Hoy ya muchos libros aparecen
en un soporte que no es el tradicional. De modo que no estaba
en el espíritu del Grupo Socialista aceptar esa enmienda,
pero, por un error en la mecánica de una votación compleja,
como ha sido todo el debate de esta ley, se aceptó una
enmienda que el Senado ha subsanado eliminando ese párrafo.
Hay otras modificaciones que creo que mejoran la ley. Quisiera
referirme también al tema que ya ha sido aducido aquí por
otros portavoces, como el que habla de las especiales
circunstancias del mercado de Ceuta y Melilla; creo que fue
aceptada por unanimidad y, desde luego, el Grupo Socialista va
a votar a favor.
El Grupo Socialista va a votar a favor de todas estas
enmiendas introducidas en el Senado excepto de una que se ha
convertido un poco en el debate final de la ley; es la
enmienda al artículo 7, de la comunicación pública de la ley.
Yo quiero congratularme y agradecer la postura del Grupo Vasco
y de Izquierda Unida, que han explicado con claridad los
motivos por los que van a apoyar la posición que también va a
mantener el Grupo Socialista, que es no apoyar la enmienda
introducida por el Senado.
Señorías, la enmienda introducida por el Senado representa una
restricción muy clara a los derechos de autor, una restricción
muy clara que redundaría en un perjuicio enorme para la
creación cultural en nuestro país. Yo he leído en la prensa
alguno de los argumentos a favor de mantener esa adicional.
Alguno de esos argumentos hablan de que este país es un país
turístico. Es cierto, pero este país es un país de artistas y
de creadores y no creo que esto pueda olvidarse cuando vamos a
adoptar una decisión que puede afectar en muy poco al sector
turístico, pero mucho a la creación, al arte y a la cultura de
nuestro país. Eso bastaría, señorías. Sin embargo, como
también han dicho otros portavoces que me han precedido en el
uso de la palabra, la adicional que se pretende vulnera
claramente el artículo 11 del Convenio de Berna. Convenio que
dice --y no quiero aludir a ninguno de los que han contradicho
este argumento--, que los derechos de autor deben apoyarse y
deben protegerse en la emisión, en la transmisión y en la
recepción, y estamos en un caso claro de derechos de autor
referidos a la recepción.
Podríamos extendernos mucho en la defensa de este derecho,
podríamos aducir también que, al adoptar esta modificación del
artículo 7 de la comunicación pública, introduciríamos algo
que va contra el espíritu de la directiva, que pretende
armonizar los distintos derechos de los países que integran la
Unión Europea. Pues bien, introduciríamos una modificación que
nos haría desiguales, por la cual, los autores españoles o
extranjeros en España, tendrían un trato distinto en nuestro
país que los autores españoles o extranjeros en cualquier otro
país de la Unión Europea. No creo que sea el momento de
alargar más el debate. Esta ley ha tenido un debate importante
que creo que la ha mejorado y ha servido, sin duda, para que
el consenso político y también el consenso social haya sido
mayor al terminar el proceso que al iniciarlo.
Por tanto, el Grupo Socialista se congratula de todos los
acercamientos que se han producido, como digo, tanto en la
sociedad como en esta Cámara y en el Senado, y lamenta que
esta ley al final no pueda tener una votación unánime, ya que
representa una mejora en nuestro ordenamiento jurídico que va
a beneficiar muy positivamente a los creadores y a la cultura
de este país, nos va a hacer más justos y va a hacer el
proyecto europeo más realidad en el terreno de la cultura y de
la creación.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Clotas.
--PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA
1995 (Número de expediente 121/000067)
--PROYECTO DE LEY SOBRE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y
DEL ORDEN SOCIAL (Número de expediente 121/000070)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de las enmiendas del
Senado al proyecto de ley de presupuestos generales del Estado
para 1995 y al proyecto de ley sobre medidas fiscales,
administrativas y del orden social.
¿Grupos que desean fijar su posición en relación con las
enmiendas a estos proyectos de Ley? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mauricio.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
En aras de la brevedad de mi intervención, hablo desde el
escaño para fijar en este punto del orden del día la posición
de Coalición Canaria con respecto a las enmiendas del Senado.
Por supuesto, queremos señalar de antemano que nuestras
discrepancias de fondo con los presupuestos generales del
Estado para 1995 se mantienen, en cuanto que las
modificaciones introducidas en el Senado no cambian
sustancialmente el proyecto de ley. Con respecto a esas
enmiendas del Senado, nosotros estamos a favor de la mayoría
de ellas, porque creo que corrigen, aunque no entran en el
fondo, algunos de los aspectos principales del proyecto de
ley. Por tanto, vamos a votar a favor de muchas de las
enmiendas, de casi todas ellas, sin que ello modifique nuestra
discrepancia central con respecto a los presupuestos generales
del Estado.
Aprovecho esta última intervención de Coalición Canaria en el
Pleno del Congreso de los Diputados para mostrar, en este
punto del orden del día, un homenaje, en nombre de Coalición
Canaria, de admiración y respeto a la figura de don Miguel
Roca, portavoz de Coalición Canaria (Risas.), de Convergència
i Unió, y portavoz de los nacionalistas de todo el Estado, que
ha sabido integrar --de ahí la confusión de mi subconsciente--
los elementos de defensa de una nacionalidad con los elementos
de defensa del Estado. Sin duda, hemos tenido importantes
discrepancias con sus intervenciones, pero esas discrepancias
no pueden esconder que el resumen final de su actuación a lo
largo de 17 años en este Congreso de los Diputados significa
una contribución importantísima al desarrollo democrático de
este país. Y de ahí nuestro reconocimiento, nuestro homenaje,
nuestra admiración y nuestro respeto.
Muchísimas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mauricio.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, como era previsible, tras el trámite del Senado, los
presupuestos generales del Estado para 1995 van a quedar sin
modificaciones sustanciales, lo que nos obliga a seguir
manteniendo los mismos criterios que expusimos en su
presentación ante esta Cámara sobre estos proyectos de ley.
Seguimos insistiendo en que el Gobierno debería haber
realizado un mayor esfuerzo en estos presupuestos, mayor
esfuerzo centrado en la reducción del déficit público a través
de una política de mayor austeridad del gasto público,
aprovechando la favorable coyuntura de la actividad económica,
una coyuntura que no sólo está cumpliendo con los objetivos de
crecimiento económico previstos, 1,7 por ciento para 1994,
sino que según los informes del Banco de España, la economía
española creció por encima del 2 por ciento en tasa interanual
durante el tercer trimestre del año, por lo cual se puede
afirmar que al menos se cumplirán los objetivos previstos para
el año 1994. Estamos acercándonos a la media de crecimiento de
los países de la Unión Europea, punto clave de referencia,
puesto que será necesario crecer por encima de esta media si
queremos consolidar un crecimiento sostenido en la creación de
empleo.
A pesar de estas optimistas perspectivas de la actividad
económica, subyacen en nuestra economía los mismos fantasmas
que han estado presentes durante la crisis económica: una
inflación que se resiste a bajar la barrera del 4 por ciento,
un estancamiento en la bajada de los tipos de interés
oficiales a corto plazo, con expectativas que van más hacia la
tendencia alcista que hacia la baja sostenida.
Mayor incógnita supone la reducción del déficit público, que,
si bien para 1994 puede quedar en el 6,7 por ciento, mucho más
dudoso es poder cumplir con los objetivos establecidos en el
Plan de Convergencia revisado y aprobado en Bruselas que sitúa
el déficit presupuestario en el 3 por ciento para el año 1997.
Volviendo al debate sobre los presupuestos que hoy nos ocupa,
debo reconocer que algunas de nuestras propuestas han sido
consideradas favorablemente e incorporadas al proyecto de ley,
si bien la práctica totalidad de las mismas lo han sido en el
trámite del Congreso. Otras no han tenido éxito. Eramos
conscientes de que su inclusión en algún caso iba a ser
difícil, principalmente en aquellas enmiendas sobre la
normativa tributaria, que implicaban en cierto modo un
replanteamiento de la política tributaria. Podemos decir, por
tanto, que mantenemos nuestra aceptación a estos presupuestos
generales para 1995, con las reservas que hemos
apuntado y las observaciones que hicimos en su día.
El trámite de debate presupuestario en el Senado no ha
servido, como es habitual, para introducir cambios de
importancia, lo que a nuestro Grupo Parlamentario nos hace
reflexionar sobre la necesidad de replantearnos este largo,
tedioso y estéril procedimiento, proceso que ha estado en
estudio en la Comisión para la Reforma de la Ley General
Presupuestaria, hoy sin actividad y que sería conveniente
reabrir. Con un procedimiento más ágil y racional se tendría
no sólo ahorro de tiempo y de trabajo; además se evitarían
situaciones como las que desgraciadamente nuestro Grupo
Parlamentario está habituado a sufrir: enmiendas aprobadas en
el Congreso son reformadas en el Senado y viceversa. Estos
hechos, desde luego, no son imputables a la mecánica del
proceso parlamentario, sino a la predisposición del Grupo
mayoritario, que sostiene al Gobierno a incumplir pactos ya
cerrados, con la consiguiente inseguridad que produce, además
de una falta de ética parlamentaria evidente.
En cuanto a las enmiendas aprobadas en el Senado, me voy a
referir a una que nuestro Grupo Parlamentario va a votar en
contra en este trámite de ratificación. Me refiero a la
enmienda número 270, que modifica el artículo 33 de la Ley de
Medidas de Reforma de la Función Pública, por la que se
establece la jubilación de los funcionarios públicos
pertenecientes al grupo A en 65 años de edad a petición propia
o en 70 años con carácter obligatorio. Creemos que esta medida
rompe la homogeneidad de la política laboral existente en las
administraciones públicas; es, además, una medida
discriminatoria dirigida a un colectivo muy concreto del alto
funcionariado; es una medida de normativa básica que afecta a
todas las administraciones, a la administración central,
autonómica y local y que, sin embargo, se intenta poner en
marcha sin la más elemental consulta a las administraciones
periféricas. Es una medida, en definitiva, que ni siquiera ha
tenido en cuenta los trabajos que sobre la reforma de la
financiación de la Seguridad Social está realizando la
Comisión creada al efecto. Por todas estas razones, anunciamos
nuestro voto en contra a esta enmienda, como ya he manifestado
anteriormente.
Señor Presidente, señorías, en el debate de presentación de
estos proyectos de ley, en el mes de septiembre, dije, y
repito hoy, que con los presupuestos no concluyen las medidas
de política económica que debe establecer el Gobierno, quedan
muchas reformas pendientes; reformas en el ámbito del mercado
de trabajo y sobre la financiación de la Seguridad Social;
reformas sobre la normativa tributaria, me refiero a la Ley
General Tributaria, a la Ley del Impuesto sobre Sociedades, a
la reforma de la fiscalidad del ahorro y a la regulación del
fraude fiscal, entre otras; reformas en el ámbito de la
política financiera, tales como la regulación y ordenación del
seguro privado y la potenciación del segundo mercado de
valores; y, finalmente, la reforma de la Administración
Pública. De estas reformas, algunas ya están en marcha y otras
están pendientes de aprobar.
Hoy quedarán aprobados los presupuestos para el año 1995; han
pretendido ser austeros y podrían haberlo sido más; han
pretendido ser los presupuestos de la recuperación económica y
pueden serlo. Sin embargo, hay algo que al Grupo Parlamentario
Vasco le preocupa más que el propio presupuesto y es la falta
de confianza del sector productivo, de los agentes sociales,
de los inversores y de la sociedad en general; falta de
confianza, en gran medida producto de los acontecimientos
ocurridos este año que finalizamos. Acontecimientos en torno a
los casos de corrupción, con implicación de personas
relacionadas con la vida pública y privada, acontecimientos
como los que estamos viviendo estos días y que están poniendo
en entredicho a personas que tuvieron responsabilidad de
Gobierno y concretamente en la lucha contra el terrorismo,
personas que equivocaron sus estrategias y sus métodos y que
deben pagar por ello. Porque, señorías, no compartimos la
máxima de Maquiavelo de que el fin justifica los medios.
El año pasado, con motivo del debate de los presupuestos, me
dirigí al Gobierno desde esta tribuna pidiendo al Presidente
que liderara el proceso de lucha contra la crisis; me oyó pero
no me ha hecho mucho caso. El Presidente del Gobierno no ha
liderado la lucha contra la crisis, sigue sin saltar a la
arena de la política real, sigue sin tomar las riendas de los
graves problemas que tiene el Estado, sigue, en definitiva,
sin tomar las riendas de la gobernabilidad del día a día. Esto
es lo que verdaderamente nos preocupa y lo que creemos que es
grave.
En los últimos días hemos comprobado la debilidad de la peseta
frente a las monedas europeas, las bolsas de valores tampoco
están en su mejor momento y todo ello debido en gran parte a
la falta de confianza del futuro de la economía española y a
la falta de seguridad de que el Gobierno afronte decididamente
las reformas estructurales que necesita nuestra economía. Por
ello, volvemos a hacer una llamada de atención al Presidente
del Gobierno para que lidere la etapa de recuperación
económica. Está pasando el tren de la recuperación económica y
es el momento de hacer todos los esfuerzos necesarios para
subirnos al mismo. Podemos hacerlo en los vagones de delante o
en el furgón de cola, y si nos descuidamos, ni siquiera vamos
a subir a él; todo va a depender del esfuerzo colectivo pero,
de forma especial, de la confianza que el Gobierno sea capaz
de transmitir y de la responsabilidad que seamos capaces de
asumir los políticos.
Antes de finalizar, quisiera hacer una breve alusión a la
despedida del que ha sido hasta ahora uno de los, creo yo,
pilares en este Parlamento y en la construcción
de esta democracia. Desde mi Grupo parlamentario queremos
agradecerle todos los esfuerzos que ha hecho y desearle toda
la suerte del mundo en su nueva etapa. Don Miguel Roca
Junyent, desde el Grupo Parlamentario Vasco le deseamos todos
los éxitos del mundo.
Mucha gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Roca.
El señor ROCA JUNYENT: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, voy a circunscribirme exactamente a lo que
corresponde, que es examinar las enmiendas que en este trámite
parlamentario nos llegan, para conocimiento de esta Cámara,
procedentes del paso de los presupuestos generales por el
Senado.
Quisiera decir que podemos señalar hoy, afortunadamente, que
estos presupuestos vienen a consolidar una política económica
iniciada en esta legislatura, sobre la que han existido
ciertamente discrepancias, matices, opiniones diversas, pero
que tiene, frente a ello, dos grandes constataciones. Hoy no
se puede negar que la economía española ha iniciado un proceso
de recuperación y, en segundo término, que la dirección de la
política económica va en la línea que todos coinciden en
señalar como positiva. Otra cosa sería que para algunos fuera
más necesario insistir en los matices, apuntar mayores
intensidades, señalar grados distintos, pero lo cierto es que
nunca había existido, desde, diríamos, prácticamente los
inicios de la democracia española en 1977, tanta coincidencia
sobre los aspectos básicos de la política económica española.
Podemos, pues, congratularnos de que este sea, efectivamente,
el bagaje que hoy examinamos. Podríamos decir --y lo podemos
decir--, que hoy las noticias positivas nos llegan de la
economía. Hace muy poco esto no era así. Hoy las noticias
positivas miran hacia las expectativas que 1995 puede albergar
para todos los ciudadanos españoles, en las que mayores tasas
de crecimiento económico, como todos los indicios auguran,
deben permitir una recuperación en la creación de empleo que
pueda generar para España la cohesión social que todos
necesitamos.
Hemos hecho un esfuerzo en el campo de esta economía
productiva, hemos hecho un esfuerzo en el campo de la
competitividad, hemos avanzado en el campo de la
internacionalización de nuestra economía y lo hemos hecho con
los bagajes y con los elementos de que podíamos disponer en
este momento concreto. No siempre todo es posible a la vez ni
todo es posible hacerlo de acuerdo con las satisfacciones y
necesidades más inmediatas de los ciudadanos. Sabemos que un
proceso de esta naturaleza comporta --y estos presupuestos lo
representan--, sacrificios para unos pero también representan
para el conjunto de la sociedad abrir perspectivas mucho más
optimistas, mucho más positivas para 1995. Y desde esta
constatación nuestro Grupo parlamentario se ha acercado hoy a
este debate con la satisfacción, con el orgullo de haber
podido participar de una manera decisiva en estos presupuestos
en términos de aportación de ideas, de sugerencias, de
criterios que han sido en buena parte recogidos.
Por lo que hace referencia al trámite ante el Senado, yo
quisiera simplemente señalar tres aspectos fundamentales que
se recogen en las enmiendas que hoy pueden tener, si SS.SS. lo
desean, la ratificación de esta Cámara. Por un lado, por
primera vez en la historia presupuestaria española existe un
compromiso normativo de aceptar la sobrerrecaudación de
ingresos para que se destine a la reducción del déficit
público. Este es un compromiso novedoso, importante y
transcendente, que debería ser muy tenido en cuenta,
especialmente cuando tantas veces entre todos hemos denunciado
que una de las grandes deficiencias de nuestra situación
económica radica precisamente en el descontrol en el campo de
las finanzas públicas.
En segundo lugar, hemos podido introducir en el Senado
elementos que se dirigen muy directamente a activar la
economía por parte de aquellos agentes económicos que más
responsabilizados pueden estar, como en el mundo de los
trabajadores autónomos o en el mundo de los pequeños y
medianos empresarios. La reducción en el campo de los
rendimientos de los trabajadores autónomos con una minoración
del 8,5 por ciento representa hoy una muy buena noticia para
este sector, que es en el que podemos hacer descansar las
mayores posibilidades de recuperación económica y de creación
de empleo para el próximo año.
Y, en tercer lugar, son unos presupuestos que han podido
mantener, con un escaso margen, manifestaciones de
sensibilidad social y en los que se recoge también de manera
fundamental lo que debía ser una preocupación muy notable para
colectivos importantes del país. Todo lo que hace referencia a
los pensionistas. Saben que se ha cumplido con el compromiso
de mantener el nivel adquisitivo de sus pensiones y no lo
saben desde la retórica, sino desde la práctica que estos
presupuestos van a conservar.
Estamos de acuerdo con las enmiendas que vamos hoy a someter a
la votación de todos nosotros y, por lo tanto, nuestro Grupo
parlamentario va a votar de conformidad a todas ellas.
Si permite, señor Presidente, y abusando de su tolerancia,
quisiera aprovechar esta ocasión para unas muy breves
manifestaciones personales.
Después de diecisiete años y medio de ejercicio ininterrumpido
como parlamentario, mañana voy a renunciar a mi acta de
Diputado. Esta será, pues, mi última intervención desde esta
tribuna, y por ello me parece una obligación de elemental
cortesía utilizar este trámite para despedirme de todas
SS.SS., agradecerles su
consideración durante todos estos años, pedirles excusas por
si en el acaloramiento de algún debate, en algún momento mis
palabras han podido molestar o herir sus sentimientos y
testimoniarles mi respeto tanto personal como por las ideas
cuya defensa asumen ustedes ante esta Cámara. Pero, sobre
todo, quiero manifestarles mi satisfacción por haber
compartido con todas SS.SS. la más noble de las funciones
políticas: la de representar a la soberanía popular.
En estos tiempos de zozobra e inquietud, pero también de
esperanza y de confianza, nos corresponde el derecho y aun el
deber de mirar con orgullo cuanto hemos hecho entre todos para
arraigar la democracia en nuestro país, para defender la causa
de las libertades individuales y colectivas, para asegurar
mayores cotas de progreso para toda nuestra sociedad. Y aún
con mayor orgullo cuando constatamos que hemos servido estas
causas con las armas del diálogo, del respeto, de la
tolerancia, del pluralismo y de la convivencia.
Que estos valores guíen para siempre el futuro de este país.
Señor Presidente, muchas gracias por su benevolencia. A todas
SS.SS., hasta siempre. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Roca, por estas
palabras y por todas las que ha pronunciado durante los
últimos diecisiete años. Muchas gracias por su contribución a
la vida parlamentaria, que es tanto como decir a la vida
constitucional y a la democracia de este país.
Muchas gracias.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MART'INEZ: Señor Presidente, señorías, en nombre
del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
quiero desear también al señor Roca que la brillantez que ha
tenido en sus intervenciones, pese a no compartir lo que ha
sido su posicionamiento político pero respetándolo, le
acompañe también en las nuevas tareas que parece ser va a
encaminar.
Señor Presidente, viene a demostrarse en este trámite, cuando
se nos plantea respaldar, aprobar o rechazar las enmiendas que
el Senado ha introducido a los dos Proyectos de Ley --el de
acompañamiento y el de Presupuestos--, y a valorarse por mi
Grupo, que el trámite del Senado ha servido en este caso
precisamente para mejorar y precisar lo que había aprobado el
pacto de los Presupuestos en el Congreso, pero desde nuestro
punto de vista agrava la filosofía del modelo del cual se
decantaba. Desde nuestro punto de vista, las enmiendas que ha
introducido el Senado incrementan los gastos fiscales, es
decir, reducen la capacidad de ingresos del propio Estado, y
sobre todo, y más importante, renuncia, a través de una
enmienda, a destinar todo lo que sean mayores ingresos hacia
la reducción del déficit público, hacia políticas activas, que
tanto necesita nuestro país para desarrollar una economía
productiva endógena y a nivel de políticas sociales. Es decir,
hay un posicionamiento conservador en las enmiendas que el
Senado ha introducido que más bien empeora lo que aquí
aprobamos.
No obstante hay que reconocer que hay algunas mejoras que se
han ido precisando desde la filosofía de que cuatro ojos ven
más que dos. Por ejemplo, se ha enmendado el artículo 10.5,
aunque empeora lo que proponíamos aquí; se ha enmendado el
artículo 11.1, y dentro de la filosofía de los centros
concertados, se ha sustituido la idea de equipos docentes por
la idea de profesores. En todo caso, señor Presidente,
nosotros vamos a votar afirmativamente una serie de enmiendas,
aunque vamos a rechazar todas las propuestas que nosotros
consideramos regresivas. Me gustaría hacer referencia a
algunas de las enmiendas que ha introducido el Senado y que
han empeorado el proyecto que salió del Congreso.
Por ejemplo, en el artículo 105, a), se añade la cotización a
la Seguridad Social de los aprendices para cobrar la
formación. Es verdad que esa cotización de los aprendices para
formación se añade tanto en la cotización de los empresarios
como en la de los propios trabajadores.
En la disposición adicional segunda, que nosotros vamos a
votar negativamente, se introduce también el criterio de la
cotización para formación.
En la enmienda a la disposición adicional vigésima lo que
introduce el Senado es precisamente una corrección a algo que
aquí supuso darle respuesta valiente a la demanda de la
sociedad. Este Congreso, recogiendo lo que fue la campaña del
0,7, introdujo una enmienda transaccional, a propuesta del
Grupo Socialista --transaccional a su propia enmienda--, donde
cifraba un compromiso de caminar hacia el 0,5 por ciento para
este año, con un punto de partida de 32.000 millones de
pesetas. Sin embargo, el Senado ha reducido ese compromiso
inicial de 32.000 millones de pesetas a 24.000, aunque es
cierto que ha declarado ampliable los otros 8.000, pero el
vector de ampliación en los créditos destinados a la ayuda al
desarrollo se ha visto superado por el volumen que aquí se
aprobaba. Es decir, han modificado los compromisos que
contrajimos todos los grupos parlamentarios en esta Cámara,
cuando ya decíamos que iba a ser difícil que se cumpliese lo
que allí se hablaba, ya que se ponía en el papel una cosa y se
decía en la intervención otra muy distinta. En todo caso,
esperemos que la evolución no siga en ese camino.
Se introduce también en el Senado, y vamos a votar en contra,
una especie de ayuda a la Cruz Roja. La verdad es que la Cruz
Roja está mal, que necesita ayuda,
pero hay que poner los números concretos que desde el Estado
derivamos hacia allí y no una declaración de que habrá un
sorteo especial que significará mayores ingresos.
En las disposiciones vigésima octava y vigésima novena,
nosotros creemos que empeora sustancialmente el texto del
Gobierno.
Señorías, el objetivo, por tanto, de nuestra posición hoy es
aceptar las mejoras de todas las secciones, y voy a decir por
qué. En el trámite del Congreso se nos dijo a algunos grupos
que habíamos traído muchas enmiendas de campanario, porque
proponíamos actuaciones concretas para una carretera
determinada, para una autovía determinada, y sobre todo para
invertir en ferrocarril. Pues bien, en el Senado se han
introducido muchas enmiendas de campanario, que en unos casos
van para satisfacer determinadas demandas concretas o algunas
imprevisiones, como, por ejemplo, la Conferencia Internacional
de Pekín, que se suple con 23 millones de pesetas; o el
incremento a los parques nacionales, con 150 millones; o esa
denominación nueva de la Nacional-III, que va de Madrid a
Valencia, llamándose autovía de Valencia-Madrid. En suma,
vamos a apoyarla porque creemos que da una mayor concreción a
las inversiones que el Estado anuncia, pero tendrán ustedes
que reconocer que este camino confirma que el objetivo de los
grupos parlamentarios está desde la discusión en su conjunto
hasta la discusión en concreto.
En cuanto a la ley de acompañamiento, nuestro Grupo cree que
se ha empeorado, fundamentalmente en dos cosas. En el artículo
8, donde aplaza los Impuestos de Sucesiones, y en los
artículos 1 y 2 y otros, como el 10.7 y el 10.8, en que se
incrementan los gastos fiscales y se baraja la teoría de que
declarando exentas a determinadas actividades productivas
--industrias, empresas-- se va a generar más inversión.
Nosotros no compartimos esa teoría.
Pero lo más importante es que hay una modificación --parece
ser que ha sido producida por ese afán de mejorar hacia la
derecha los Presupestos del Gobierno o hacia una filosofía
distinta-- en relación a la idea de la jubilación, que se
amplía hasta los 70 años. También se añade en una disposición
la posibilidad de decisión en los ayuntamientos, cada
ayuntamiento podrá ampliar un año la jubilación de
determinación cuerpos, eso sí, los cuerpos del grupo A o los
cuerpos de los grupos habilitados. Nosotros no compartimos esa
filosofía.
Nos gustaría resaltar --porque este trámite de segunda lectura
del Senado está deteriorado y no ha significado solución-- la
enmienda al artículo 50, en su apartado 1.2. Esta enmienda que
introduce el Senado --y la pongo como ejemplo para demostrar
que no ha funcionado el dicho de que cuatro ojos ven más que
dos-- hace referencia al personal militar con pérdida temporal
de las condiciones psicofísicas y hace mención a la Ley
17/1989, pero el texto que figura es el relativo a la Ley de
Reforma Parcial y Adaptación de la Legislación Mercantil. Esa
Ley no es ésta. Me gustaría que los letrados tomaran nota
porque esa Ley es la 19/1989 y el texto real que debe figurar
aquí es el de la Ley Reguladora del Personal Militar
Profesional. Por ello pongo como ejemplo que ni siquiera el
Senado ha servido para realizar una segunda lectura. Espero
que hoy aquí este debate sirva para confirmar que las mejoras
del Senado y los presupuestos en su conjunto sirvan para el
objetivo que los movió.
En este sentido, nosotros no compartimos esa alegría
generalizada a la que todo el mundo se suma porque estamos
creciendo económicamente. Las buenas noticias vienen por el
sector económico. Es verdad, estamos creciendo económicamente,
lo malo es que crecen económicamente los de siempre y no llega
para generar empleo para todos los ciudadanos. Ese ha sido el
objetivo de las enmiendas de Izquierda Unida durante todo el
trámite parlamentario.
En todo caso, vamos a vigilar con lupa la ejecución de estos
presupuestos, porque por lo menos debe ser un compromiso que
no tenga el volumen de deslizamiento que han tenido todos los
anteriores. Vamos a comprobar trimestral o semestralmente cuál
es el grado de cumplimiento de los compromisos políticos, de
los programas y los objetivos que el Gobierno se ha marcado,
para ver si es verdad que aquí lo prometido se cumple y se da
esa unidad de prometer y cumplir. Si no es así, estaremos
ávidos de presentar propuestas que amplíen la filosofía que ha
orientado la política presupuestaria del Gobierno y de sus
propios socios.
Nada más, señor Presidente y señorías.
El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Aguirre.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Hace aproximadamente tres meses iniciábamos este debate de
presupuestos y lo hacíamos en un clima que no fue ni era
precisamente favorable. Un clima en el que se podía reconocer
la tensión social que se vivía, un clima en el que se podía
reconocer la crispación política que se registraba, un clima
en el que se proyectaba una imagen de España que,
fundamentalmente, lo que venía era a generar desconfianza de
los mercados en la economía española y un clima en el que, en
definitiva, la inseguridad en la que el Partido que sustenta
al Gobierno transmitía, generaba en sí mismo inseguridad en
toda su política, tanto económica como presupuestaria.
Este clima, señoras y señores Diputados, se ha mantenido y, a
nuestro entender, se ha empeorado; y se ha empeorado porque,
de alguna manera, está influyendo
cada vez más negativamente en la política económica y
presupuestaria del Gobierno, y a las pruebas nos remitimos. En
las últimas fechas tenemos certificados de la falta de
confianza que los mercados están dando, en el empeoramiento
que se está registrando en la política y en el clima de la
política española. Ahí tenemos los nubarrones negros que están
ensombreciendo el tipo de cambio de nuestra peseta, ahí
tenemos el éxodo inversor que se está produciendo, y ahí
podemos registrar cómo se está comportando el mercado de la
deuda.
Después de estos tres meses, a nuestro entender no sólo ha
empeorado el clima político, sino que permanecen intactas
todas las alertas que se pusieron de manifiesto y que se
despertaron en aquel septiembre de 1994. Se siguen registrando
las influencias perversas del incremento de los impuestos, las
tensiones por el incremento de los tipos de interés, las
tensiones inflacionistas, el débil y escaso recorte de gastos
que se ha producido, el mantenimiento de un excesivo déficit
en estos Presupuestos, una deuda galopante y una tasa de paro
lacerante.
El Senado ha presentado 141 enmiendas que, a nuestro modo de
ver, son enmiendas en su mayoría de carácter técnico, cuando
no simples enmiendas de corrección de orden. Estas enmiendas
--hay que decirlo hoy aquí-- significan un incremento del
gasto público de aproximadamente 98.000 millones, y
significan, al mismo tiempo, una minoración de los ingresos de
3.800 millones, lo que nos viene a reconocer, señores de la
mayoría, que después del paso por el Senado de estos
Presupuestos se ha ensanchado el déficit en 100.000 millones.
Nosotros, señor Presidente, en este trámite no vamos a
obstaculizar con nuestras votaciones todas aquellas enmiendas
que, como decía anteriormente, lo son de carácter técnico o
son meras correcciones de orden. En ese sentido, no nos
atreveríamos a votar en contra de la disposición adicional
vigésima, por la que se suprime el Consejo de Cooperación al
Desarrollo, porque, como SS.SS. pueden comprobar, esa
supresión luego se traspasa mediante su creación en el texto
de la ley de acompañamiento. Tampoco nos atreveríamos a votar
en contra, ni por supuesto a favor, de la adicional
decimoséptima, mediante la cual el Ministerio de Economía y
Hacienda toma para sí ya no sólo la gestión, ya no sólo la
modificación normativa, sino la presupuestación del Insalud.
Es decir, como consecuencia de esta enmienda, el Ministerio de
Economía y Hacienda toma para sí la capacidad normativa para
presupuestar el Insalud, lo que desde luego deja un tanto en
precario a los dirigentes del Ministerio de Sanidad, que tan
atentamente escuchan la exposición de este portavoz.
Tampoco vamos a obstaculizar con nuestro voto esas enmiendas
de campanario que han aparecido, sobre todo en la Sección 17 y
en la Sección 24, que, a nuestro entender, son enmiendas con
un excesivo incienso territorial hacia una comunidad autónoma;
pero no las vamos a obstaculizar con nuestros votos. Por
tanto, en este trámite, procederemos a abstenernos cuando se
produzca la votación de estas enmiendas de campanario, que
luego se dice que son enmiendas para apoyar la gobernabilidad
o la estabilidad del Gobierno.
Como es lógico, votaremos favorablemente todas aquellas
cuestiones que responden a compromisos ya adquiridos.
Votaremos positivamente a las previsiones para recuperar el
poder adquisitivo de las pensiones, que no es ninguna
conquista de ningún grupo parlamentario de esta Cámara, señor
Roca, sino que significa cumplir con un compromiso adquirido.
Votaremos afirmativamente, como no puede ser menos, a que por
primera vez se haya incorporado a estos Presupuestos un
precepto por el que el Gobierno se compromete a destinar el
exceso de recaudación a eliminación de déficit. Señor Roca, se
lo recuerdo, esta enmienda la votaron ustedes aquí en contra;
por tanto, ustedes lo que han hecho ha sido copiar, si no
literalmente, sí el sentido y el espíritu de aquella propuesta
del Partido Popular.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Aguirre, el
turno que S.S. está utilizando es de fijación de posiciones
con respecto a las enmiendas del Senado, y no para abrir un
debate con el señor Roca.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: No es mi afán abrir un debate con
el señor Roca, sino recordarle algunas contribuciones que este
Grupo Parlamentario ha hecho a los Presupuestos, y ésta es una
de ellas.
Gracias, señor Presidente.
También vamos a votar a favor las enmiendas relativas a las
propuestas fiscales que contiene el pase por el Senado de los
Presupuestos, fundamentalmente las referentes a los artículos
62, 74, 76, 78, 84 y 85. Son meros retoques, señorías, son
retoques que no dañan, son retoques prácticamente técnicos, y
sólo cabría ver algún tipo de trascendencia en las enmiendas
que hacen aportaciones en materia del IVA, que de alguna
manera, guardan relación con legítimas aspiraciones de
sectores, como pueden ser los de bebidas refrescantes sin
alcohol y el de las flores y plantas.
El resto de las enmiendas, señor Presidente, las vamos a votar
en contra. Sobre todo, vamos a votar en contra de todas
aquellas enmiendas que vienen a retirar técnicas
presupuestarias que se han manifestado claramente perniciosas.
Vamos a votar en contra de la enmienda al artículo 8, por la
que se hace un incremento de las excepciones a los límites
para las modificaciones presupuestarias. Vamos a votar en
contra, señores de la mayoría, del artículo 43, porque aumenta
el límite del endeudamiento autorizado para el Estado y, ¿por
qué no?, vamos también a votar en contra de los seis nuevos
créditos ampliables. Es volver a abrir ventanas
para el desbordamiento del gasto, es volver a hacer una
presupuestación carente de rigor.
Por consiguiente, todo aquello que relaja el rigor de los
presupuestos y que abre ventanas para el desbordamiento del
gasto público no va a contar con nuestro voto favorable.
Por supuesto, señor Presidente, vamos a votar en contra de la
transitoria sexta, un préstamo a la Seguridad Social y las
características de su amortización, porque nos parece que se
pretende sortear las normativas de la Unión Europea respecto a
cómo se tiene que financiar el déficit público, que nos parece
que se pretende ocultar durante cinco años la amortización de
una deuda que es real dentro de la Seguridad Social y que nos
parece que quiere condicionar la forma de presupuestar de los
sucesivos gobiernos de España ni más ni menos que hasta el año
2019. No va a contar con nuestro apoyo, igual que tampoco va a
contar con nuestro apoyo la adicional trigésima, que es una
condonación de deuda con la Seguridad Social de instituciones
sanitarias.
Señor Moltó (supongo que será usted el que vaya a subir a la
tribuna), hay que decir aquí cuál es el verdadero alcance de
esta condonación, cuánto dinero va a costar esta enmienda
adicional trigésima, a quién estamos condonando la deuda.
¿Estamos o no estamos procediendo a una discriminación entre
unos señores que tengan deudas con la Seguridad Social y otros
que también las tengan y que ahora no se les condona?. Estas
preguntas, señores de la mayoría, hay que contestarlas.
Con estas posiciones y valoraciones respecto a las enmiendas
del Senado de la Ley de Presupuestos daríamos paso a nuestra
valoración política y posición respecto a las enmiendas de la
Ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social,
que, por su intrascendencia, por contener prácticamente en
algunos casos el sentido de enmiendas ya propuestas por el
Grupo Popular, por ser, por así decirlo, enmiendas técnicas,
si me apuran hasta enmiendas de gestos a la galería, van a
contar la mayoría de ellas con nuestro apoyo, y
fundamentalmente va a contar con nuestro apoyo en materia de
medidas administrativas la concerniente al artículo 66, por la
que se facilita la jubilación al grupo A hasta los 70 años, y
en el caso en que así lo quieran a partir de los 65 años.
Concluyo, señor Presidente, diciendo que el paso por el Senado
de estos Presupuestos no ha aportado nada nuevo, si
exceptuamos la copia de una enmienda del Grupo Popular para
eliminar déficit con el exceso de recaudación que se pueda
producir en el año 1995. Por primera vez se ha podido
incorporar este mandato al Gobierno en un precepto de los
Presupuestos, voluntad que anteriormente no se daba en esta
Cámara. Creemos, señor Presidente, que estos Presupuestos,
como he dicho al inicio de mi intervención, no aportan rigor,
no aportan seriedad a la política presupuestaria y van a
volver a trabajar en contra de la credibilidad de la
institución presupuestaria de España.
Señor Presidente, antes de abandonar esta tribuna quisiera, en
nombre del Grupo Popular, no por obligación elemental de
cortesía, sino desde el afecto y desde el respeto, manifestar
a don Miguel Roca que desde la discrepancia en las
estrategias, pero desde luego desde el reconocimiento a su
perfil respetuoso, a su perfil tolerante y a su trayectoria de
contribución a la democracia, le deseamos el mejor destino
para sus nuevos objetivos políticos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Aguirre.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Hernández
Moltó.
El señor HERNANDEZ MOLTO: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, consumo este turno para fijar la
posición del Grupo Parlamentario Socialista en relación a un
trabajo parlamentario que considero de la máxima eficacia, que
es el que ha tenido este proyecto de ley de Presupuestos, y su
consiguiente ley de acompañamiento, en el Senado, en el que,
lógicamente, los 33 billones de pesetas que supone el gasto
público del conjunto de las administraciones para el próximo
1995 no se han visto sustancialmente modificados en ese
trámite parlamentario, por suerte; no podía ser de otra
manera.
El trámite del Senado cumple una serie de requisitos y, desde
el punto de vista del Grupo Parlamentario Socialista, han sido
cumplidos con amplitud, porque, evidentemente, no está el
trámite del Senado para modificar la voluntad del Gobierno o
de la mayoría de este Congreso, sino para mejorar precisamente
los trámites y los perfiles de estos proyectos de ley, y a fe
que ha cumplido, repito, con amplitud, los tres objetivos que
tenían los dos proyectos de ley: el objetivo político, el
objetivo cuantitativo de la popia ley y el objetivo
cualitativo.
El objetivo político está a la vista. Tres meses después del
inicio del debate presupuestario este proyecto de ley, y por
tanto el escenario económico para el próximo ejercicio, está
garantizado. Los ciudadanos, los inversores, los mercados, los
empresarios y los trabajadores pueden ver con tranquilidad
cómo el próximo ejercicio económico, gracias al acuerdo
parlamentario, gracias al diálogo, gracias a la puesta en
marcha de una mecánica parlamentaria que los ciudadanos
quisieron que fuera ésta y no otra en las últimas elecciones
generales, han hecho posible, con la responsabilidad que cada
grupo ha considerado oportuno, que haya ley de Presupuestos
para el año 1995. Probablemente, el objetivo
de algunos otros grupos no hubiera sido que el proyecto fuera
éste u otro mejor o peor, sino simplemente que no hubiera
habido ley de Presupuestos para este año. Por tanto, el
objetivo político que nos proponíamos a esta vuelta del Senado
está consolidado y garantizado.
El objetivo cualitativo también lo está, sin duda alguna. Las
enmiendas que desde nuestro punto de vista han sido
introducidas en el Senado han añadido elementos que
probablemente sea necesario y conveniente que sean
incorporados a la gestión de estos Presupuestos. Ha mejorado
su transparencia, ha mejorado su control, ha mejorado su
austeridad, han mejorado, en definitiva, algunas cuestiones
que vienen siendo reclamadas sistemáticamente en esta Cámara y
que algunos hoy, curiosamente, no van a aceptar cuando han
sido incorporadas en este segundo trámite, pero se han
afianzado y consolidado también los objetivos cuantitativos y
económicos.
Discutir de los Presupuestos Generales aproximadamente dos
meses después de su inicio en esta Cámara, nos da cierta
satisfacción: la de comprobar cómo los objetivos, el escenario
económico que el Gobierno proponía al Parlamento se está
cumpliendo con creces. Hoy ya nadie discute lo que eran puntos
incluso de cierto dramatismo por parte de algún grupo político
hace algunas semanas. Hoy nadie discute, dentro ni fuera de
esta Cámara, ni en ámbitos académicos o profesionales,
económicos o financieros, que las expectativas de crecimiento
para el año 1995 son las que fijan el presupuesto o
superables; que el nivel de cumplimiento del 3,5 de inflación
para el año 1995 será un objetivo que se puede cumplir
perfectamente. Hoy ya nadie se permite hacer excursiones
intelectuales vacías sobre el impacto que algunas medidas
fiscales tendrán sobre el posible cumplimiento o no del IPC
para el año 1995. Hoy nadie pone en tela de juicio la
posibilidad real de que el déficit público para el año 1995 no
sólo alcance cifras en torno al 5,1 y, por tanto,
disminuciones sustanciales respecto a este año, sino que muy
posiblemente se vea disminuido también ese nivel de
deficiencia en nuestras cuentas públicas. Hoy ya nadie pone en
tela de juicio que el nivel de deuda que este país va a tener
a final del año 1995 será sustancialmente menor del que
tenemos en este momento y no será un impedimento de cara a
1997 para cubrir ese indicador de Maastricht. Hoy, desde
luego, entiendo que nadie pone en tela de juicio que estos
presupuestos van a permitir la mejora en la competitividad de
nuestra economía para el año 1995.
Al señalar este objetivo, habrá que señalarlo también con el
acompañamiento responsable que, día a día, están manteniendo
las centrales sindicales en esa posición de moderación
salarial que va a hacer posible que 1995 sea un año de mejora
importante en estas cuotas de competitividad. Ya nadie pone en
tela de juicio, a tenor del comportamiento que el mercado de
empleo está teniendo en el año 1994, que el año 1995 será un
importante año para la generación de puestos de trabajo, un
importante año que estará muy por encima de las previsiones
que estos propios presupuestos están incorporando.
Por tanto, desde que iniciamos el debate presupuestario hasta
hoy, han mejorado muchas cosas, pero, aunque no se diga
formalmente y aunque no se quiera reconocer desde algunos
ámbitos, estos presupuestos para el año 1995 se inician con el
elemento añadido probablemente más importante que hayan tenido
los últimos presupuestos que han aprobado estas Cámaras; el
elemento de credibilidad. Hoy vamos a aprobar definitivamente
dos proyectos de ley que componen sustancialmente el escenario
económico y financiero para el año 1995 que esta Cámara se
cree, que esta sociedad se cree y que los agentes económicos y
sociales saben que se va a cumplir. Evidentemente, esto va a
generar un ámbito de estabilidad, de colaboración a estos
presupuestos, que tendrán que venir acompañados no de nuestras
iniciativas parlamentarias en exclusiva, sino de las
iniciativas de los agentes económicos y sociales. Ahora le
toca el tiempo a la sociedad civil, a los sindicatos con
posiciones responsables en sus negociaciones y a los
empresarios acertando adecuadamente, no jugando a cosas que no
sean la economía y la empresa, con sus iniciativas
empresariales en sus propios ámbitos de funcionamiento. Ahora
es la hora en la que, a partir del día 1.º de enero otra vez
habrá una corresponsabilidad del sector público y del sector
privado. Si conseguimos que los árboles nos permitan ver el
bosque, mi grupo está convencido de que hoy es un día que
generará una buena noticia para la sociedad, que en 1995 se
van a abrir unas importantes cuotas de actividad económica, de
recuperación económica, de recuperación y de estabilidad
política.
Pero hoy es un día algo más que de bienvenidas a unos
Presupuestos o de aprobación de los mismos. Hoy es un día
también de despedidas y mi grupo parlamentario, desde luego,
no quería ser ajeno a lo que es un acto emotivo en una
institución como ésta, cuando le toca despedir a algo más que
a un Diputado, a alguien que ha representado, sin duda alguna,
una parte importante de lo que en esta Cámara se ha hecho
desde el inicio de la democracia. Entenderá, señor Roca
--ganas me dan de llamarle Miguel--, que nos movamos en una
doble condición: la de intentar desearle una suerte que tendrá
que estar restringida al terreno personal, pero que no podrá
venir reñida en ningún caso con una manifestación pública, que
así deseamos que sea, de los afectos que usted deja en este
grupo político adversario y del reconocimiento político por su
trabajo de tantos y tantos años; un reconocimiento y un afecto
que, aunque no sea habitual, sería justo que usted trasladara
a su familia, que habrá sido también pieza fundamental
en el esfuerzo que usted ha generado durante estos años y su
contribución a la vida pública española. Una contribución que
esperamos y deseamos sinceramente que haya dejado escuela en
su grupo para los próximos meses y para los próximos años, en
lo que yo estoy seguro que, a pesar de las discrepancias
políticas, que probablemente se agudizarán con usted en las
próximas semanas, habrá momentos en esta Cámara en que incluso
le echaremos de menos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hernández Moltó.
Antes de suspender la sesión, quiero comunicar al Pleno que
las votaciones de conjunto correspondientes al carácter de
leyes orgánicas de los dictámenes que figuran como puntos 1 y
2 correspondientes a los Estatutos de Autonomía de las
ciudades de Ceuta y Melilla tendrán lugar en el momento que el
debate lo permita, a partir de las cuatro y cuarto de la
tarde.
El debate, al reanudar la sesión, se iniciará con la
convalidación o derogación del Real Decreto-ley que ha sido
incluido en el orden del día al inicio de la sesión y
posteriormente procederemos a todas las votaciones.
El Pleno se reanudará a las cuatro y cuarto.
Se suspende la sesión.
Eran las dos y cuarenta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y quince minutos de la
tarde.
CONVALIDACION O DEROGACION DE REALES DECRETOS-LEY
--REAL DECRETO-LEY 12/1994, de 23 DE DICIEMBRE, SOBRE
CONCESION AL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE UN
SUPLEMENTO DE CREDITO, POR IMPORTE DE 45.780.074.000 PESETAS,
PARA ATENDER INSUFICIENCIAS PRODUCIDAS EN OBLIGACIONES
DERIVADAS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO, CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO 1994 (Número de expediente 130/000024)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Se reanuda la sesión.
Vamos a pasar al debate del punto incorporado por acuerdo del
Pleno esta mañana. Es la convalidación o derogación del Real
Decreto-Ley 13/1994, de 23 de diciembre, sobre concesión al
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de un suplemento de
crédito, por importe de 45.780.074.000 pesetas, para atender
insuficiencias producidas en obligaciones derivadas de
prestaciones por desempleo, correspondientes al ejercicio
1994.
Para exponer las razones que ha tenido el Gobierno para la
promulgación del presente Real Decreto-ley, tiene la palabra
el señor Ministro de Economía y Hacienda.
El señor SOLBES MIRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, la prestación por desempleo de nueva regulación en
el Título III del Real Decreto-Ley 1/1994, de 20 de junio, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, se financia mediante la cotización de
empresarios y trabajadores y la aportación del Estado. Durante
el ejercicio de 1994, la evolución de los gastos relativos a
los créditos, con cargo a los cuales se satisfacen las
prestaciones por desempleo, ha puesto de manifiesto una
insuficiencia hasta el final del ejercicio. Por otra parte, y
en virtud de lo establecido en el Real Decreto 625/1985, la
Tesorería General de la Seguridad Social efectúa por cuenta
del Inem el pago de las prestaciones por desempleo. Con el fin
de poner a disposición de la Seguridad Social con carácter
urgente los fondos necesarios para atender dichos pagos
correspondientes a las citadas prestaciones, se hace necesario
utilizar el instrumento de Real Decreto-ley con objeto de
hacer la financiación necesaria para este año.
El gasto de prestaciones por desempleo, a 31 de diciembre de
1994, se estima que ascenderá a una cifra total de dos
billones 29.777 millones 740.000 pesetas. Las diferencias
fundamentales respecto al presupuesto anterior, que es de un
total de 58.689 millones de pesetas, es consecuencia de un
incremento de las prestaciones contributivas por desempleo de
53.760 millones de pesetas, del subsidio de desempleo de
10.000 millones de pesetas y del subsidio por desempleo en el
Régimen Especial Agrario por 7.387 millones de pesetas.
Los créditos inicialmente dotados para hacer frente a los
gastos del Inem ascendían a un billón 971.000 millones de
pesetas. De ahí esa diferencia de 58.689 a la que he hecho
referencia anteriormente. Para hacer frente a esos gastos
disponíamos también de una previsión de ingresos de un billón
181.395 millones de pesetas por cuota de desempleo más las
correspondientes aportaciones del Estado, tanto para desempleo
como para reconversión. Sin embargo, las cifras finales han
supuesto un incremento de 12.909 millones de pesetas respecto
a la previsión inicial del ejercicio presupuestario. Como
consecuencia de lo anterior, la necesidad de financiación
mediante aportación del Estado asciende a 45.780 millones de
pesetas, consecuencia de los mayores gastos de prestación por
desempleo de 58.689 millones, menos los mayores ingresos por
cuota de desempleo por un importe total de 12.909 millones.
Con
el Real Decreto aprobado por el Gobierno, que hoy se trae a
convalidación, lo que se hace es conceder un suplemento de
crédito por importe de esa diferencia entre los 58.689
millones y los 12.909 millones, es decir 45.780 millones de
pesetas con cargo a la Sección 19, Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, a organismos autónomos administrativos,
concepto 412, con aportación del Estado al Inem por desempleo.
El suplemento de crédito se reflejará en los vigentes
presupuestos de ingresos y gastos del organismo autónomo Inem,
con la siguiente enumeración: Prestaciones contributivas de
desempleo, 27.868 millones de pesetas; pago de cuotas,
subvenciones y bonificaciones a la Seguridad Social en
beneficiarios de prestaciones contributivas, 17.739 millones;
y pago de cuotas, subvenciones y bonificaciones a la Seguridad
Social en el caso de beneficiarios del subsidio de desempleo
por 173 millones de pesetas. El suplemento de crédito ha sido
informado favorablemente por el Consejo de Estado y se
financiará con deuda pública, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 101 del Texto Refundido de la Ley General
Presupuestaria.
Estos son los datos y esta razón de la insuficiencia es la
justificación de este Real Decreto-ley cuya convalidación
planteo hoy a la Cámara. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro.
¿Algún grupo desea consumir un turno en contra de la
convalidación? (Pausa.)
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición en este
debate? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor
Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, es de todos sabido que el crecimiento del paro en
estos últimos años determinó, y sigue determinando, un
crecimiento importante en los gastos de protección por
desempleo. El control de ese crecimiento, convertido en un
objetivo importante del Gobierno en el marco general de su
lucha contra el déficit, se ha buscado, de una parte, por la
vía del recorte de las prestaciones, y así se explica el
conocido como decretazo de 1992 y las medidas contenidas en la
Ley de acompañamiento en los Presupuestos de 1994, y de otra,
por la vía de la precarización laboral y la multiplicación del
trabajo a tiempo parcial, que es en definitiva la sustancia de
la reforma laboral recientemente aprobada. El costo social de
estas medidas es innegable y sus resultados en el recorte del
gasto de protección por desempleo evidentemente limitados,
como se constata con este Real Decreto-ley. Y ello porque, en
definitiva, señorías, el paro, tanto el rotatorio como el
estructural, parece haberse convertido en un elemento
estructural en nuestro sistema económico.
En Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya creemos que es
posible ofrecer al pueblo español una alternativa distinta de
la del trabajo precario y el paro sin protección. Ello
requeriría, sin lugar a dudas, de un gran esfuerzo colectivo;
esfuerzo colectivo que este Gobierno parece incapaz de
concitar. Nosotros, en todo caso, señorías, estamos por esa
labor y, mientras ello se produce, apoyaremos medidas que,
como este Real Decreto-ley, posibilitan el pago de la
prestación a esa parte, cada vez menor, de los parados
españoles que perciben algún tipo de prestación.
Nada más y gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Peralta.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Aparicio.
El señor APARICIO PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Desde el Grupo Parlamentario Popular, y a la hora de fijar
nuestra posición en relación a este Real Decreto-ley...
(Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor
Aparicio.
Por favor, señorías, ocupen sus escaños y guarden silencio.
(Pausa.)
Cuando quiera, señor Aparicio.
El señor APARICIO PEREZ: Gracias por su amparo, señor
Presidente.
Decía que, en relación a este Real Decreto-ley, resulta
evidente pero necesario afirmar que hubiese sido bueno que no
se sometiese a la consideración de esta Cámara; hubiese sido
bueno que las previsiones presupuestarias se cumplieran con
mayor rigor y precisión; sería bueno que algunas afirmaciones
euforizantes, en materia de contratación y de afiliación a la
Seguridad Social, se hubiesen sometido a la prueba del algodón
de haber generado fondos suficientes para cubrir las
prestaciones por desempleo; y sería también buena señal que no
hubiese que recurrir, una vez más, a la caja única y base de
la Seguridad Social para hacer frente a los pagos. No es
correcto --y bien lo saben los redactores de la exposición de
motivos, y tal vez mejor que ellos el señor Ministro de
Trabajo-- crear la sensación de que si nos oponemos a la
tramitación, estamos impidiendo que los desempleados puedan
cobrar sus prestaciones, porque ustedes han abusado
sistemáticamente de los anticipos de la Tesorería para hacer
frente a las obligaciones del Inem. Si su memoria no es
frágil, como parece ser su propia estabilidad, recordarán los
bochornosos espectáculos de afloramiento de deudas del Inem en
períodos de gestión socialista.
La Constitución Española, que también es invocada en esa joya
literaria de exposición de motivos que ha leído el señor
Ministro de Economía y Hacienda, ampara pero nunca aconseja la
urgencia. Será legal y constitucional la fórmula que utilizan,
pero cuesta creer que sólo a fecha 27 de diciembre tienen
ustedes una idea cabal de la evolución del desempleo en España
a lo largo de 1994. Si entramos en los pormenores de esta
escueta Memoria económica que acompaña al Real Decreto-ley,
vemos que el grueso de la desviación se sitúa en el apartado
de prestaciones contributivas.
Desde el Grupo Popular confiamos en que se abra una reflexión
sincera sobre los efectos de rotación y sobrecarga que en el
sistema de protección social está teniendo la incesante
sustitución de empleo estable por empleo temporal, que en el
pasado mes de noviembre ha alcanzado un récord histórico. Este
preocupante aumento se agrava a la vista de las propuestas que
algún Grupo Parlamentario, quizás entusiasmado por su
creciente influencia, nos hace llegar en materia de
temporalidad susceptible de incrementar dicha rotación.
Por cierto, tampoco parece lógico afirmar, con tanta
contundencia como cerrazón, que todo está bien como está,
porque las tendencias sí que son fuertes y claras y a este
paso va a resultar extraño encontrar o suscribir contratos
indefinidos o, si lo prefieren, contratos estables. Bueno
sería para propiciar esa reflexión y ese debate que se
admitiese la tramitación del Real Decreto-ley como Proyecto de
Ley. Pero mucho nos tememos que la predisposición al diálogo,
una vez más, no se vea confirmada por los hechos.
Para enjuiciar esta desviación conviene recordar que estamos
viviendo ya la plena vigencia del efectivo recorte de
prestaciones que hace dos años se produjo a través del llamado
decretazo, y que esos 45.000 millones de pesetas se sumarán a
la deuda pública española. Son dos datos más para explicar
nuestra posición.
Vamos a finalizar 1994 con unas cifras malas en materia de
desempleo, malas en términos relativos, porque seguimos,
desgraciadamente, más que duplicando la media de tasa de paro
de la Unión Europea; y mala en términos absolutos, porque no
se cumple la predicción clave de su política económica.
Ustedes nos decían que, una vez aprobada la reforma laboral,
los incrementos de producto interior bruto necesarios para
crear empleo ya no serían del 3,5 por ciento o más, sino que
bastarían incrementos en torno al 1,5 o al 2 por ciento. Pues
bien, ya tenemos esos niveles de crecimiento del PIB y tenemos
ya cifras de empleo. El año 1994 será tal vez menos malo que
1993, y utilizarán aquella pésima referencia como aval de
informaciones o apellidos de creación neta de empleo. Mucho me
temo, porque a mi Grupo no le complace lo más mínimo que la
recuperación en España sea inferior a la de nuestros más
directos competidores, que sólo van a sacar en limpio una
conclusión, y ésta es que la confianza no puede imponerse ni
con mayorías absolutas ni con coaliciones parlamentarias. La
confianza social no se exige ni se impone por Real Decrto-ley,
sino que se construye desde la ejemplaridad y la autoridad
moral.
¿Por qué quienes no supieron aprovechar una extraordinaria
bonanza económica van a ser ahora capaces de rentabilizar una
leve recuperación? ¿Por qué quienes no se sujetaron a una
disciplina fiscal y presupuestaria durante tantos años van a
ser quienes, con una franciscana austeridad, cumplan unos
presupuestos cargados de contradicciones como los que hoy se
han aprobado? Esas son las dudas que planean sobre la sociedad
española y que ustedes no saben despejar.
Nuestro Grupo no va a apoyar este Real Decreto-ley, aunque
tampoco les dará ocasión a actuar con la acostumbrada
demagogia en la interpretación de nuestro voto de abstención.
Vamos a pedir, y pido formalmente, su tramitación como
Proyecto de Ley, y espero sinceramente que sea el último de
estas características, mucho más por las fechas e incluso las
horas en que nos movemos que por su proverbial corrección
presupuestaria.
Muchas gracias. (Rumores.--Aplausos en los escaños del Grupo
Popular.--Varios señores Diputados: ¡Muy bien!)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Aparicio.
Por el Grupo Socialisa, tiene la palabra el señor Arnau.
El señor ARNAU NAVARRO: Gracias, señor Presidente.
La cuantía del suplemento de crédito cuya aprobación se
solicita hoy a la Cámara asciende, como ha dicho el señor
Ministro de Economía y Hacienda, a 45.780 millones 074.000
pesetas.
Dicho suplemento fue aprobado en el último Consejo de
Ministros del día 23 de diciembre y su justificación, sin
buscar los tres pies al gato, como parece que ha hecho el
representante del Grupo Popular, como claramente ha expuesto
el señor Ministro de Economía y Hacienda, reside en el exceso
de gastos sobre el crédito inicialmente previsto en los
presupuestos del Inem para 1994. No hay que buscar, señor
Aparicio, los tres pies al gato, porque, efectivamente, lo que
hay aquí es un mayor gasto, por un importe de alrededor de los
58.000 millones de pesetas, pero también debía usted haberse
referido al incremento de ingresos, por un importe de 13.000
millones de pesetas, lo cual es importante puesto que supone
que existen más cuotas, mayores posibilidades de financiación
de nuestro sistema de protección por desempleo. La diferencia
la cubre el Estado, y esta diferencia asciende a los 45.000
millones de pesetas, en términos redondos, cuya aprobación se
solicita hoy de la Cámara. Sabido es que la
protección por desempleo se financia o bien con las cuotas de
los empresarios y de los trabajadores o bien con aportaciones
del Estado, y lo que se hace aquí es, ni más ni menos, que
incrementar la aportación del Estado a la financiación del
desempleo en 1994.
En cuanto al origen de estas diferencias, que es en definitiva
de lo que tendríamos que hablar, es sabido que se está creando
empleo, pero no se está creando el suficiente como para evitar
que estas diferencias o estos desequilibrios financieros se
sigan produciendo en el Inem. A crear empleo saben SS.SS. que
se dirigió la reforma laboral, que ya está produciendo
efectos; y a crear empleo se están dirigiendo muchas de las
medidas que estamos aprobando y que vamos a aprobar en
relación con los Presupuestos del Estado de 1995 y con su ley
de acompañamiento.
Es sabido también que el sistema de protección por desempleo
fue creado en España en 1961 y que actualmente es un sistema
mixto, financiado con cuotas y con aportaciones del Estado.
Hasta 1983, la capacidad de cobertura de nuestro sistema de
protección por desempleo bajaba continuadamente, de modo que,
mientras que en 1976 esa tasa de cobertura se situaba en el 62
por ciento, en 1983 era del 26 por ciento. Usted sabe de esto,
señor Aparicio, porque perteneció a un partido que vino a
apoyar esta ley básica de empleo que hizo que descendiera la
tasa de cobertura en nuestro país. En sólo dos años, la tasa
de cobertura bajó del 48 al 26 por ciento, como consecuencia
de aquella ley de 1980; en términos absolutos, 200.000
personas quedaron fuera de la protección. Sin embargo, en 1984
se aprueba una Ley de Protección por Desempleo y en 1989 se
aprueba el Real Decreto Ley 3/89 de Medidas Adicionales de
Carácter Social, que hicieron remontar la tasa de cobertura
del desempleo. En 1985 ésta se situaba en el 38,43 por ciento,
en 1990 en el 53 por ciento y el año pasado estaba ya en el
75,11 por ciento.
El impacto del incremento en el número de beneficiarios en el
gasto del Inem ha sido muy importante. (El señor Presidente
ocupa la Presidencia.) Por ejemplo, en 1987, el coste total de
las prestaciones por desempleo ascendía a 886.000 millones de
pesetas, mientras que en 1991 ya se duplicaba esta cifra,
ascendiendo a un billón 600.000 millones, y a finales de 1992
el gasto rondaba ya los dos billones de pesetas. El sistema se
mantuvo en equilibrio financiero hasta, aproximadamente, 1989.
Por diversas razones, en las cuales no voy a entrar ahora, ese
equilibrio desapareció en ese año, situándose el déficit en
1990 en 100.000 millones de pesetas y en 1991 en 333.000
millones de pesetas. En resumen, desde junio de 1992 hasta el
Real Decreto-Ley de octubre de 1993, el Gobierno necesitó
recurrir al crédito extraordinario, por un importe total de en
torno a los 700.000 millones de pesetas, para hacer frente a
estas insuficiencias financieras.
El Gobierno no ha permanecido pasivo ante la situación de
incremento del gasto: en 1992 aumenta un punto el tipo de
cotización, lo que supuso un incremento adicional de 150.000
millones de pesetas; pone en práctica un programa de
inspección, un programa de mejora de la gestión, con el fin de
evitar irregularidades en la percepción de subsidios por parte
de las empresas y de prestaciones por parte de los
trabajadores; además, aprueba un Real Decreto-Ley --al cual
usted le ha llamado el decretazo--, Ley de Medidas Urgentes
sobre Fomento del Empleo y Protección del desempleo
(actualmente Ley 22/1992), que constituyó un instrumento de
urgencia para mitigar los efectos negativos del incremento
desproporcionado en el gasto de desempleo.
En aquella ocasión también el Grupo Popular se abstuvo, es
decir, que se abstienen en la aprobación de créditos
extraordinarios, pero también se abstienen a la hora de
adoptar medidas de fondo para evitar los desequilibrios
financieros del Inem. Se han tomado, por tanto, medidas
suficientes para tratar de equilibrar estos gastos. Además, se
han tomado medidas de lucha contra el fraude, hasta el punto
también, y les informo, señor Aparicio y señorías, de que el
Grupo Socialista tiene solicitada la comparecencia ante la
Comisión de Política Social y Empleo del Secretario General de
Empleo y Relaciones Laborales, a efectos de que exponga todas
las actuaciones llevadas a cabo en materia de lucha contra el
fraude en el desempleo.
Si se piensa que en cuatro años, entre 1990 y 1993, la
insuficiencia presupuestaria superó el billón de pesetas, es
decir, a una media de 250.000 millones de pesetas por año, la
insuficiencia de 1994 de 45.000 millones es exigua, por no
decir ridícula, y además se plantea su regularización antes
del final del ejercicio. Por lo que, teniendo en cuenta todo
esto, solicito de la Cámara la convalidación de este Real
Decreto-Ley.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arnau.
Vamos a proceder a las votaciones.
VOCACION POR EL PLENO DE PROYECTOS DE LEY:
--DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULA EL REGIMEN JURIDICO
EN CASO DE ENAJENACION DE PARTICIPACIONES PUBLICAS EN
DETERMINADAS EMPRESAS (Número de expediente 121/000074)
El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de iniciar las votaciones
correspondientes a los puntos que han sido objeto de debate,
la Mesa, habiendo oído la Presidencia a los Portavoces, ha
acordado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1
del Reglamento, proponer al Pleno la avocación de la
deliberación y votación final del proyecto de ley por la que
se regula el
régimen jurídico en caso de enajenación de participaciones
públicas en determinadas empresas.
¿Acuerda el Pleno la avocación? (Asentimiento.)
Queda acordada.
--DEL PROYECTO DE LEY REGULADORA DE LA UTILIZACION Y CONTROL
DE LOS CREDITOS DESTINADOS A GASTOS RESERVADOS (Número de
expediente 121/000071)
El señor PRESIDENTE: Del mismo modo, la Mesa, habiendo oído la
Presidencia a los Portavoces, ha acordado, de conformidad con
el mismo artículo del Reglamento, proponer al Pleno la
avocación de la deliberación y votación final del proyecto de
ley reguladora de la utilización y control de los créditos
destinados a gastos reservados.
¿Acuerda el Pleno la avocación? (Asentimiento.)
Queda acordada.
PRORROGA DE PLAZO
El señor PRESIDENTE: La Mesa ha acordado someter al Pleno la
solicitud formulada por la Ponencia encargada del estudio de
la pobreza en el Estado español de que el plazo para la
emisión de su informe sea ampliado hasta la conclusión del
próximo período de sesiones.
¿Acuerda la Cámara la ampliación? (Asentimiento.)
Queda acordada la ampliación.
SOLICITUD DE TRAMITACION DIRECTA Y EN LECTURA UNICA DE
PROYECTOS DE LEY.
--DEL PROYECTO DE LEY ORGANICA DE MODIFICACION DE LA LEY
ORGANICA 5/1985, DE REGIMEN ELECTORAL GENERAL (Número de
expediente 121/000075)
El señor PRESIDENTE: Finalmente, la Mesa, oída la Junta de
Portavoces, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150
del Reglamento, ha acordado someter a la aprobación de la
Cámara la tramitación directa y en lectura única por el propio
Pleno del proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley
Orgánica 5/1985, de régimen electoral general.
¿Lo acuerda la Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobada la tramitación directa y en lectura única.
VOTACIONES:
--DEL PROYECTO DE LEY ORGANICA DE ESTATUTO DE AUTONOMIA DE LA
CIUDAD DE CEUTA (Número de expediente 121/000062)
El señor PRESIDENTE: Votaciones correspondientes al dictamen
relativo al proyecto de ley Orgánica de Estatuto de Autonomía
de la ciudad de Ceuta.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 325; a favor, 17; en contra, 307; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votación del dictamen de la Comisión relativo a este proyecto
de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 326; a favor, 308; en contra, 17; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
--DEL PROYECTO DE LEY ORGANICA DE ESTATUTO DE AUTONOMIA DE LA
CIUDAD DE MELILLA (Número de expediente 121/000064)
El señor PRESIDENTE: Enmiendas al proyecto de ley Orgánica de
Estatuto de Autonomía de la ciudad de Melilla.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Comienza la votación (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 326; a favor, 18; en contra, 306; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votación relativa al dictamen de este Proyecto de ley
orgánica.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 327; a favor, 309; en contra, 17; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Votación de conjunto correspondiente al carácter de ley
orgánica del Proyecto de Ley de Estatuto de Autonomía de la
ciudad de Ceuta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 327; a favor, 308; abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el Proyecto de Ley
orgánica.
Votación de conjunto correspondiente al carácter de Ley
orgánica del Proyecto de Estatuto de Autonomía de la ciudad de
Melilla.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 326; a favor, 307; abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el Proyecto de Ley
orgánica.
ENMIENDAS DEL SENADO:
--PROYECTO DE LEY REGULADORA DE LAS ORGANIZACIONES
INTERPROFESIONALES AGROALIMENTARIAS (Número de expediente
121/000046)
El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado.
Enmiendas al Proyecto de Ley reguladora de las organizaciones
interprofesionales agroalimentarias.
Enmienda al artículo 4, apartado 2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 328; a favor, 179; en contra, 19; abstenciones, 130.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmienda a la disposición adicional segunda.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 329; a favor, 194; en contra, tres; abstenciones,
132.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmienda del Senado consistente en la adición de una
disposición transitoria nueva.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 329; a favor, 196; en contra, 132; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Restantes enmiendas del Senado a este Proyecto de Ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 328; a favor, 327; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
--AL PROYECTO DE LEY DE ORDENACION DEL SISTEMA ELECTRICO
NACIONAL (Número de expediente 121/000053)
El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al Proyecto de Ley
de ordenación del sistema eléctrico nacional.
Enmiendas al artículo 3.3, apartado c), y artículo 6.5.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 329; a favor, 180; en contra, 149.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas a los artículos 4.2, 18.2, 33, 63.1, disposición
transitoria quinta, en lo que afecta tanto a la denominación
como a su contenido, y disposición derogatoria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 329; a favor, 177; en contra; 134; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas a los artículos 3.1, 16.1.c), 21.4, 23.1, 26.1.b),
39.4, 44.2, 48.1, disposición adicional tercera, disposición
adicional octava, transitoria tercera, apartado 4, y
disposición transitoria séptima.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 329; a favor, 310; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Restantes enmiendas del Senado a este Proyecto de Ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siugiente resultado: votos
emitidos, 329; a favor, 311; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
--AL PROYECTO DE LEY DE INCORPORACION AL DERECHO ESPAÑOL DE LA
DIRECTIVA 92/100/
CEE, DE 19 DE NOVIEMBRE DE 1992, SOBRE DERECHOS DE ALQUILER Y
PRESTAMO Y OTROS DERECHOS AFINES A LOS DERECHOS DE AUTOR EN EL
AMBITO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (Número de expediente
121/000052)
El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley
de incorporación al derecho español de la Directiva sobre
derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los
derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual.
Enmiendas al artículo 4 y a la disposición adicional segunda.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 330; a favor, 197; en contra, 133.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmienda consistente en la introducción de un nuevo artículo
7, apartado 6.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 330; a favor, 151; en contra, 179.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda consistente en la introducción de una disposición
final segunda.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 330; a favor, 330.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Restantes enmiendas del Senado a este proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 329; a favor, 196; en contra, dos; abstenciones,
131.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
--AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA
1995 (Número de expediente 121/000067)
El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley
de Presupuestos Generales del Estado para 1995.
Enmiendas a los artículos 1, apartado 2, 11.1, 12.3, 32.2, 33
a 42, 62.7, 78.2, apartado 9, disposición adicional sexta,
adicional séptima y adicional 24.ª
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 330; a favor, 330.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmienda al artículo 25, apartado 2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 330; a favor, 196; en contra, 133; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmiendas a los artículos 16, 76, 78.2, apartado 12; 85.3,
disposición adicional 17.ª, adicional 18.ª y adicional 23.ª
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 330; a favor, 197; en contra, uno; abstenciones,
132.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas al artículo 13; artículo 90.3, al artículo 91.4, al
105.7.1 2.ª, a la disposición adicional 18.ª, adicional 25.ª,
26.ª, 27.ª, 28.ª, 29.ª, 31.ª, 32.ª; enmienda de adición de un
nuevo párrafo al final del anexo séptimo; Sección 07, programa
314B; Sección 13, programa 14.2A; Sección 13, modificación a
la rúbrica del organismo 101; Sección 17, programa 512A;
Sección 17, programa 513A; Sección 17, modificación del
proyecto 95 17390610; Sección 19, programa 315A; programa
314J, programa 314 H, 311 A; Sección 20; Sección 21, programa
712C; Sección 29; Sección 32, programa 911D, aplicación 455;
Sección 60, conceptos 328, 395 y 399.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 329; a favor, 311; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas a los artículos 8.1, 43 y 45 y disposición adicional
segunda.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 331; a favor, 176; en contra, 154; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas a los artículos 10.5 y 11.4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 330; a favor, 179; en contra, 22; abstenciones, 129.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas al artículo 12.1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 330, a favor, 309; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmiendas a los artículos 74.1.2 letra b), 78.2, 84 y
disposición adicional decimoquinta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 331; a favor, 313; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas a las disposiciones adicionales 20.ª y a la 20.ª
antigua.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 329, a favor, 176; en contra, 22; abstenciones, 131.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas a los artículos 2, 4, 48.2 y 102, a la disposición
adicional decimoséptima, anterior decimosexta; enmienda de
adición de una nueva disposición adicional 30.ª; enmienda a la
disposición transitoria sexta, los Anexos I y II; enmienda de
adición de un nuevo Anexo X; a la Sección 13, Programa 313C; a
la misma Sección 13, Programa 144A; Sección 15, enmienda
consistente en el aumento para el Programa 612D; enmienda a la
Sección 17, Programa 413A, concepto 743, Sección 17,
aplicación 17.26.800X.430.00; enmienda a la Sección 32,
concepto 453, Programa 911D.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 330; a favor, 174; en contra, 134; abstenciones, 22.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Restantes enmiendas del Senado a este Proyecto de Ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 330; a favor, 175; abstenciones, 155.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
--AL PROYECTO DE LEY SOBRE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y
DEL ORDEN SOCIAL (Número de expediente 121/000070)
El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al Proyecto de Ley
sobre Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Enmiendas al artículo 17, apartado 8.2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 331; a favor, 197; abstenciones, 134.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmiendas a los artículos 19.2, 29.9,3; 29.10,1; 29.13;
51.1,3; 54, 69 y 74; disposición adicional 3.ª, adicional 14.ª
y disposición final 7.ª
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 330; a favor, 327; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmienda consistente en la introducción de un artículo 45,
nuevo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 331; a favor, 198; abstenciones, 133.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmienda al artículo 61.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 331; a favor, 329; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmienda al artículo 66.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 331; a favor, 154; en contra 177.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmiendas a las disposiciones adicionales 3.ª, 20.ª, 21.ª y
29.ª.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 330; a favor, 199; en contra uno; abstenciones, 130.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmienda a la disposición final 6.ª.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 331; a favor, 176; en contra uno; abstenciones, 154.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmienda a los artículos 1.º, 2.º.2, 2.º.7, 8.º, 10.2, 10.7,
10.8 y 29.7,5; disposiciones adicionales 15.ª, 16.ª, 23.ª,
24.ª a 32.ª.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 330; a favor, 311; en contra 18; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmienda a la disposición adicional 33.ª.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 331; a favor, 176; en contra 155.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda a la disposición transitoria 15.ª.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 331; a favor, 158; en contra 172; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda al artículo 17.1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 331; a favor, 176; en contra 22; abstenciones, 133.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda al artículo 30.3, n).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 330; a favor, 176; en contra 19; abstenciones, 135.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda al resto del punto 3 del artículo 30.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 331; a favor, 179; abstenciones 152.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda al artículo 64.3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 330; a favor, 174; en contra 151; abstenciones,
cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmiendas al resto del artículo 17, enmiendas de adición de
una nueva disposición adicional 15.ª, de adición de una nueva
disposición adicional 16.ª, de adición de una nueva
disposición adicional 18.ª, de adición de una nueva
disposición adicional 19.ª, de adición de una nueva
disposición adicional 22.ª, de una nueva disposición adicional
23.ª, de una nueva disposición adicional 26.ª, de una nueva
disposición adicional 27.ª, de una nueva disposición adicional
28.ª, de una nueva disposición adicional 30.ª, de una nueva
31.ª y de una nueva 32.ª.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 331; a favor, 176; en contra 20; abstenciones, 135.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Restantes enmiendas del Senado a este proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 331; a favor, 177; en contra uno; abstenciones, 153.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
--DEL REAL DECRETO-LEY 13/1994, DE 23 DE DICIEMBRE, SOBRE
CONCESION AL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE UN
SUPLEMENTO DE CREDITO, POR IMPORTE DE 45.780.074.000 PESETAS,
PARA ATENDER INSUFICIENCIAS PRODUCIDAS EN OBLIGACIONES
DERIVADAS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO, CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO 1994 (Número de expediente 130/000024)
El señor PRESIDENTE: Votación para la convalidación o
derogación del Real Decreto-ley 13/1994, de 23 de diciembre,
sobre concesión al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de
un suplemento de crédito para atender insuficiencias
producidas en obligaciones derivadas de prestaciones por
desempleo, correspondientes al ejercicio 1994.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 326; a favor, 195; abstenciones, 131.
El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el Real Decreto-ley.
Votación relativa a la tramitación como proyecto de ley, por
el procedimiento de urgencia, del Real Decreto-ley
convalidado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 328; a favor, 136; en contra 191; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la tramitación como
proyecto de ley del Real Decreto-ley convalidado.
Señorías, si pueden esperar, les deseo un feliz año; si no, se
levanta la sesión.
Eran las cinco y veinticinco minutos de la tarde.