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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 116, de 20/12/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1994 Núm. 116 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 115
celebrada el martes, 20 de diciembre de 1994
Página
ORDEN DEL DIA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, mediante la
que se garantiza la presencia judicial en los registros
domiciliarios. «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie B, número 54.1, de 4 de enero de 1994 (número de
expediente 122/000043) (Página 6236)
--Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre
medidas contra la morosidad causada por cheques sin provisión
de fondos. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B,
número 70.1, de 12 de abril de 1994 (número de expediente
122/000057) (Página 6239)
Modificación del orden del día (Página 6246)
Proposiciones no de Ley:
--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre continuidad del
espacio aéreo bajo control español. «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie D, número 157, de 4 de noviembre de
1994 (número de expediente 162/000149) (Página 6246)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
promoción y coordinación de la formación profesional. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 126, de 26
de julio de 1994 (número de expediente 162/000124) (Página 6249)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre la política general de
transportes y, en particular, sobre las irregularidades de
gestión, contratación y seguridad en la empresa FEVE, durante
el período comprendido entre los años 1991 y 1994 (número de
expediente 173/000065) (Página 6255)
--Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre el
resultado del acuerdo alcanzado por los Ministros de Asuntos
Exteriores de la Unión Europea sobre negociación con Marruecos
relativa a las exportaciones de tomate (número de expediente
173/000066) (Página 6262)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
medidas que pondrá en marcha el Gobierno para solucionar los
múltiples conflictos y problemas que afectan a la Sanidad
pública española (número de expediente 173/000067) (Página 6264)
Elección de un Consejero del Tribunal de Cuentas (Página 6276)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número
117, de 21 de diciembre de 1994.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley (Página 6236)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, mediante la
que se garantiza la presencia judicial en los registros
domiciliarios (Página 6236)
El señor Arqueros Orozco defiende la proposición de ley del
Grupo Popular, manifestando que el objeto de la misma no es
otro que el de garantizar la asistencia del Secretario
Judicial en las entradas y registros domiciliarios como
garantía procesal de veracidad y legitimidad. Antes de la
reforma del artículo 569 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
por ley 10/92, de 30 de abril, la ausencia del Secretario del
Juzgado en el registro generaba la nulidad o invalidez de la
prueba obtenida. El artícu-lo 281 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial es más preciso aún, si cabe, al explicar que el
Secretario es el único funcionario competente para dar fe con
plenitud de efectos de las actuaciones judiciales, ostentando
el carácter de autoridad en el ejercicio de sus funciones. Se
considera, por tanto, como si fuera un notario en el
procedimiento.
Añade que aunque la Ley 10/92 no viene a modificar plenamente
la situación anterior, sí resulta aconsejable rectificar esa
reforma legal en el sentido de que el registro se practique
siempre en presencia del Secretario del Juzgado o del Tribunal
que lo hubiese autorizado o, en su ausencia, del Secretario
del Servicio de Guardia que le sustituya, que es la finalidad
que persigue esta proposición de ley. Afirma que con la
reforma realizada en el 92 a través de una enmienda de última
hora en la Comisión de Justicia e Interior, sin que pudiera
ser estudiada, por tanto, por el Consejo General del Poder
Judicial, se están poniendo en cuestión varios problemas, como
es, en primer lugar, saltarse a la torera la presencia del
Secretario de Juzgado en las diligencias de entrada y registro
y originándose un galimatías por lo que se refiere a las
facultades del
juez, al permitir delegar una facultad que no tiene, ya que
las suyas están perfectamente basadas en la Constitución y las
leyes. Informa que la reforma del mencionado artículo 569.4 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha sido causa de un elevado
número de nulidades de entradas y registros y subsiguientes
absoluciones de los inculpados, significando unos costes
económicos adicionales.
Se trata de una reforma que también ha sido fuente de
numerosos conflictos constitucionales, algunos de los cuales
se encuentran por tanto en este momento en el Tribunal
Constitucional. En definitiva, la reforma en cuestión no ha
supuesto ninguna mejora y más bien ha originado ciertas
dificultades antes inexistentes, restando eficacia a las
actuaciones procesales y empeorando la situación anterior.
Concluye dando lectura al texto que proponen para el artículo
569.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Camp i
Batalla, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); López
Garrido, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, y García Espinosa, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se aprueba la proposición de ley debatida
por 251 votos a favor y una abstención.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre
medidas contra la morosidad causada por cheques sin provisión
de fondos (Página 6239)
El señor Homs i Ferret defiende la proposición de ley del
Grupo Catalán (Convergència i Unió), postulando la
incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de un conjunto
de cambios cuya finalidad última es la de reforzar la
seguridad jurídica de algunos efectos mercantiles, en especial
del talón y el cheque bancarios. Esta medida se enmarca en el
conjunto de iniciativas que está proponiendo su Grupo para
combatir los problemas de la morosidad que existe hoy en
nuestra sociedad. Expone que existe una honda preocupación en
los medios económicos y empresariales por las graves
repercusiones que la morosidad está teniendo en el normal
desarrollo de la situación económica de las empresas, al
incrementarse en los últimos años hasta cotas inadmisibles,
con un elevado número de efectos que diariamente quedan
impagados, produciendo este hecho importantes pérdidas y
distorsión en nuestro sistema productivo, sobre todo en torno
a la pequeña y mediana empresa.
Como causa y motivo de todo ello, menciona la pérdida de
confianza y el deterioro sufrido por los títulos ejecutivos,
sean las letras de cambio, los pagarés o el cheque en
especial. Son estos los instrumentos de pago operativos en el
tráfico jurídico mercantil que han quedado devaluados y la
práctica está demostrando la existencia de una realidad
consistente en unos procesos de impago como consecuencia de la
utilización de estos instrumentos de pago. Consiguientemente,
se hace ineludible, a su juicio, que los poderes públicos,
tanto el Ejecutivo como el Legislativo, acometan y agilicen
todas las iniciativas y actuaciones legislativas que se
estimen oportunas pra devolver al cheque en particular, y al
resto de los medios de pago en general, la seriedad, confianza
y solvencia necesarias para poder hacer que este país, en el
marco europeo donde está inmerso, pueda realmente avanzar en
el objetivo de ser un país competitivo, sólido y de progreso.
Señala que la medida que proponen tiene su origen en la honda
y general preocupación que detectan en nuestra sociedad en
torno a la seguridad de un instrumento de pago en el tráfico
económico. Para resolver la grave situación planteada, propone
aislar a los titulares de cuentas corrientes que extiendan
talones sin fondo y llegar a impedirles en el futuro la
tenencia de talonarios de cualquier entidad financiera durante
el período de cinco años. A tal efecto, se crearía un registro
en el Banco de España en el que constasen todas las
incidencias derivadas del impago de cheques y a los que las
entidades financieras tendrían la obligación de acudir antes
de entregar cualquier talonario.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Olarte
Cullen, de Coalición Canaria; Zabalía Lezámiz, del Grupo Vasco
(PNV); López Garrido, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, Cabezas Enríquez, del Grupo Popular, y Martínez
Noval, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se aprueba la proposición de ley por 171
votos a favor, 120 en contra y una abstención.
Modificación del orden del día (Página 6246)
El señor Presidente propone a la Cámara, de conformidad con lo
previsto en el artículo 68.1 del Reglamento, la exclusión del
orden del día de la presente sesión del debate de totalidad
del proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, que figura como número 42.
Se aprueba por asentimiento.
Proposiciones no de Ley (Página 6246)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre continuidad del
espacio aéreo bajo control español (Página 6246)
El señor Martinón Cejas, en nombre del Grupo Socialista,
defiende la proposición no de ley presentada, que se refiere a
un asunto que considera importante, aunque no urgente. Llevan
con él muchos años y cree que exige la atención de las fuerzas
políticas y de las instituciones públicas españolas. El
problema consiste en que el espacio aéreo bajo control español
se divide en dos zonas inconexas, una dependiente del Centro
de Control de Canarias y otra dependiente de los distintos
centros ubicados en el resto del territorio nacional. Esto
obliga a que las aerovías que tienen que utilizar los aviones
que unen Canarias con el resto del territorio nacional y, en
general, con el resto del territorio europeo, tengan que
discurrir por espacios aéreos que o bien están bajo control de
Portugal o bien bajo el control de Marruecos. El discurrir por
aerovías bajo control de Portugal alarga los trayectos y, por
tanto, los encarece, mientras que los que están bajo control
de Marruecos tienen un trayecto más corto y, por tanto,
permiten un vuelo más económico.
Agrega que tal situación, a juicio de los socialistas, debe
terminar, y a ello obligan razones de carácter económico y
razones de otro tipo que podrían resumirse en razones de
consideración nacional. La modificación del actual «status»
obliga, por otro lado, a un acuerdo con Marruecos y a la
aprobación posterior de ese acuerdo por parte de la
Organización de Aviación Civil Internacional, lo que exigirá
del Gobierno español una labor diplomática importante,
delicada y sutil, como la mayoría de las gestiones
diplomáticas.
Con la propuesta de esta tarde pretenden dar un paso más en la
resolución de este problema, animando al Gobierno a que en su
agenda de relaciones con Marruecos se incluya este tema como
algo importante, a la vez que respaldan la acción del Gobierno
en la resolución de este problema.
Termina solicitando el voto favorable de los diversos Grupos
de la Cámara a esta proposición no de ley.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; Sedó i Marsal, del
Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Soriano Benítez de
Lugo, del Grupo Popular.
Sometida a votación la proposición no de ley, se aprueba por
281 votos a favor.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
promoción y coordinación de la formación profesional (Página 6249)
El señor Ollero Tassara defiende la proposición no de ley del
Grupo Popular. Comienza señalando que existe un acuerdo entre
los Grupos de la Cámara, que además se plasmó en resoluciones
tras el debate sobre el estado de la nación, sobre el
desequilibrio existente en nuestro sistema educativo. Añade
que es bien conocido que no hay una alternativa a la
universidad en la enseñanza postsecundaria, lo que origina
también algunos desfases perturbadores, y es bien conocido el
raquitismo de nuestra formación profesional. Todo ello, como
el propio Ministro ha reconocido recientemente en el Senado,
tiene una clara repercusión sobre el desempleo juvenil, al
traducirse en un desfase entre ofertas de trabajo y
titulaciones. De ahí que su Grupo presentara hace ya tiempo
esta proposición, señalando unos mínimos sin los cuales
entiende que era imposible dar por hecho que la formación
profesional estaba funcionando en nuestro país después de la
reforma. En aquel momento el señor Ministro indicó que esos
mínimos iban a ser cubiertos a corto plazo, y de ahí que
voluntariamente dilatasen el debate de la proposición. Le han
dado todo un trimestre, pero llegamos a diciembre y lo único
que han tenido que hacer ha sido una enmienda para cambiar
determinados plazos, ya obviamente superados.
Alude seguidamente al contenido de la enmienda presentada por
el Grupo Socialista, fijando su posición sobre la misma, y
termina pidiendo el voto favorable de la Cámara a la
proposición no de ley.
La señora Romero López defiende la enmienda del Grupo
Socialista.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Hinojosa i
Lucena, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y González
Bláquez, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Sometida a votación, se rechaza la proposición debatida por
137 votos a favor y 155 en contra.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 6255)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre la política general de transportes y, en
particular, sobre las irregularidades de gestión, contratación
y seguridad en la empresa FEVE, durante el períodocomprendido
entre los años 1991 y 1994 (Página 6255)
El señor García Fonseca defiende la moción del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, manifestando que las
distintas cuestiones planteadas en la misma se han agrupado en
un segundo apartado en el cual se recogen todos los temas que
tenían previsto incluir antes del debate de la interpelación,
incorporando un primer apartado en el que se pide la creación,
anunciada durante aquel debate, de una ponencia especial en la
Comisión de Infraestructuras y Medio Ambiente para analizar y
elaborar un informe sobre las irregularidades de gestión,
contratación y seguridad de la empresa FEVE durante el período
comprendido entre los años 1991 y 1994. Recuerda que, tras la
peculiar intervención del señor Ministro durante el debate de
la interpelación, anunció esta propuesta como consecuencia de
la actitud tibia y justificadora por parte del señor Borrell
de las actuaciones del ex Presidente de FEVE, que incluso
posteriormente ha tenido ocasión de congratularse del apoyo
recibido del señor Ministro a su buena gestión, diciendo que
se ha ido porque ha querido y que nadie le ha echado, como si
no hubiera habido ninguna irregularidad e ilegalidad. Ocurre,
además, que el señor Martín Baranda informó a su Consejo de
Dirección que no les abandonará y que desde el importante
puesto que le han ofrecido en Renfe, y que no está autorizado
a revelarles, seguirá con ellos, al paso que anuncia con
nombre y apellidos el nombre del próximo presidente de FEVE.
Menciona, por último, el contenido de los seis puntos que
integran el segundo apartado de la moción, haciendo hincapié
en la necesidad de la adopción de medidas para evitar que FEVE
continúe por más tiempo paralizada, lo que podría llevar a la
desaparición de la misma, y pide el voto favorable de la
Cámara a la moción.
El señor Camisón Asensio defiende la enmienda presentada por
el Grupo Popular.
El señor García-Arreciado Batanero defiende la enmienda del
Grupo Socialista.
Para fijación de posiciones interviene el señor Sedó i Marsal,
del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación, se rechaza la moción debatida por 140
votos a favor, 159 en contra y una abstención.
Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre el
resultado del acuerdo alcanzado por los Ministros de Asuntos
Exteriores de la Unión Europea sobre negociación con Marruecos
relativa a las exportaciones de tomate (Página 6262)
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, el señor Olarte
Cullen expone diversas consideraciones en torno a las
relaciones con Marruecos y concluye retirando la moción
presentada.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas
que pondrá en marcha el Gobierno para solucionar los múltiples
conflictos y problemas que afectan a la Sanidad pública
española (Página 6264)
El señor Fernández-Miranda y Lozana defiende la moción del
Grupo Popular, manifestando que la misma consta de dos partes
diferenciadas, desglosadas en cuatro puntos, que someterá en
su momento a votación, dos de ellos dedicados al problema de
la aplicación de la Directiva comunitariaque permite la
formación de médicos generalistas y otros dos puntos que
intentan poner orden en el gasto público realizado en Sanidad,
buscando la garantía de que estos fondos públicos se utilicen
en beneficio exclusivo de los ciudadanos españoles.
Alude a algunas de las manifestaciones realizadas por la
señora Ministra de Sanidad en el debate de la interpelación
realizado el pasado 14 de diciembre y termina exponiendo a la
Cámara el contenido concreto de cada uno de los puntos
integrados en la moción.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los
señores Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV);
Palacios Alonso, del Grupo Socialista, y Cardona i Vila, del
Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Para fijación de posiciones intervienen los señores Mur
Bernad, del Grupo Mixto y Olarte Cullen, de Coalición Canaria,
y la señora Maestro Martín, del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación, es rechazada la moción del Grupo Popular.
Elección de un Consejero del Tribunal de Cuentas (Página 6276)
Para fijación de posiciones interviene el señor González
Blázquez, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Realizada la votación mediante papeletas y verificado el
escrutinio, el señor Presidente dijo que el resultado del
mismo era de 294 votos emitidos, votos nulos cuatro, en blanco
18 y a favor de don Andrés Fernández Díaz 272. Habiendo
obtenido los tres quintos de los votos exigidos, queda
designado Consejero del Tribunal de Cuentas don Andrés
Fernández Díaz.
Se suspende la sesión a las nueve y cincuenta y cinco minutos
de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, MEDIANTE LA
QUE SE GARANTIZA LA PRESENCIA JUDICIAL EN LOS REGISTROS
DOMICILIARIOS (Número de expediente 122/000043)
El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión.
Punto primero del orden del día: Toma en consideración de
proposiciones de ley. Proposición del Grupo Popular mediante
la que se garantiza la presencia judicial en los registros
domiciliarios.
En nombre del Grupo proponente, tiene la palabra el señor
Arqueros.
El señor ARQUEROS OROZCO: Señor Presidente, señorías, el
objeto que persigue la presente iniciativa no es otro, como en
su propia exposición de motivos figura, que el de garantizar
la asistencia del secretario judicial en las entradas y
registros domiciliarios como garantía procesal de veracidad y
legalidad.
El artículo 569 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tras su
modificación por la Ley 10/1992, de 30 de abril, de medidas
urgentes de reforma procesal, en su párrafo cuarto dice: El
Registro se practicará en presencia del secretario o, si así
lo autoriza el juez, de un funcionario de la policía judicial
o de otro funcionario público que haga sus veces, que
extenderá acta que firmarán todos los concurrentes.
Antes de la reforma del párrafo cuarto del artículo 569 por la
Ley citada 10/1992, de 30 de abril, la ausencia del secretario
del juzgado en el registro generaba la nulidad y/o invalidez
de la prueba obtenida (sentencias del Tribunal Supremo, por
ejemplo, del 18 de octubre de 1990, del 3 de diciembre de
1991, del 3 de febrero de 1992, de 24 de marzo de 1992 y 30 de
marzo de 1992). No ocurrirá lo mismo con la ausencia de dos
testigos, dada la plenitud de la fe pública que otorga al
secretario el artículo 281.2 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de 1985.
Después de la Ley 10/1992, que comentamos, la ausencia del
secretario judicial sigue generando las mismas nulidades. Por
ejemplo, cabe citar la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de
enero de 1994, cuyo ponente era el Magistrado señor García
Miguel. La citada sentencia dice: La falta del secretario
judicial en una diligencia de entrada y registro en un
domicilio produce la nulidad de pleno derecho de la
diligencia, que no puede ser convalidada por las declaraciones
que posteriormente puedan prestar, en el acto del juicio oral,
los agentes de la policía que hayan intervenido en la
diligencia por hallarse contaminados, de manera que el
entender que el defecto pueda ser subsanado por sus
declaraciones supondría dar validez o eficacia a la diligencia
nula, lo que equivaldría a un auténtico fraude de ley. Y añade
la sentencia: Por lo que hay que entender que la presencia o
ausencia del secretario judicial en la diligencia de entrada y
registro en domicilio es directamente conectado con los
derechos fundamentales consignados en los artículos 18.1 y
24.2 de la Constitución española. En cuanto que es realidad
que su contenido ha quedado plenamente respetado al llevar a
efecto la práctica de la diligencia, únicamente queda
garantizado con la intervención del secretario.
Ello encuentra también eco en la jurisprudencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, sentencia de 27 de septiembre de
1990, en el famoso caso Wassink, donde, ante la ausencia del
secretario judicial, declaró violado el artículo 5.1 del
Convenio Europeo de Derechos Humanos por falta de la garantía
que supone la fe pública judicial en las diligencias donde se
comprometen derechos fundamentales de las personas.
Por otra parte, el artículo 281.1 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial es más preciso aún, si cabe, al expresar que el
secretario es el único funcionario competente para dar fe, con
plenitud de efecto, de las actuaciones judiciales, ostentando
el carácter de autoridad en el ejercicio de sus funciones. El
secretario judicial es, pues, como si fuera un notario en el
procedimiento.
Volviendo a la cuestión que nos interesa, y que es objeto de
esta iniciativa, con posterioridad a la reforma de abril de
1992 parece que, aun cuando no sea nula la diligencia de
investigación instructora en la que no esté presente el
secretario judicial, sí carecerá de valor como fuente de
prueba autónoma el acta del registro en el acto del juicio
oral, a no ser que sea suplido por otra prueba, como la
confesión del acusado. (Sentencia, también del Supremo, del 30
de marzo de 1992.)
Llegados a este punto, resulta aconsejable rectificar la
reforma operada por la Ley 10/1992 en el párrafo cuarto del
citado artículo 569 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en
el sentido de que el registro se practique siempre en
presencia del secretario del juzgado o tribunal que lo hubiera
autorizado o, en su caso, del secretario del servicio de
guardia que le sustituya, que es la finalidad que persigue
esta proposición de ley. Ello es necesario porque, tras la
aprobación de la reforma relativa al párrafo cuarto del tan
citado artículo 569 que hemos comentado, se ha conseguido, por
un lado, evitar la necesidad de obtener autorización judicial
para entrar en un domicilio --como exige el artículo 18.2 de
la Constitución Española-- en determinados casos. En todos los
demás, se ha permitido obviar, por la vía de los hechos, la
presencia del secretario del juzgado, puesto que se ha llegado
a la situación de que un policía podía dar fe de lo hecho por
otro policía.
Con estas reformas, dicho sea de paso, por lo que se refiere
al artículo 569, párrafo cuarto, de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, fue introducida una enmienda de última hora en la
Comisión de Justicia e Interior del Congreso y, por tanto, su
redacción nunca fue estudiada por el Consejo General del Poder
Judicial, ya que ello no figuraba en el anteproyecto de la
mencionada ley. Aquí se están poniendo en cuestión varios
problemas, que pasamos a comentar brevemente. Esta enmienda
fue presentada por el Grupo del CDS, pero reformada por el
Grupo Socialista en el Congreso y presentada como
transaccional, la cual fue aprobada con seis votos en contra.
En primer lugar, toda la magnífica elaboración jurisprudencial
sobre la necesidad de presencia del secretario del juzgado en
la diligencia de entrada y registro se ha saltado a la torera,
inclinándose claramente la balanza hacia el lado del extinto
Ministerio del Interior, transformándose con ello todo el
contenido de la delegación judicial.
Por otra parte, con esta reforma se ha originado un galimatías
por lo que se refiere a las facultades del juez. Como se ha
citado anteriormente, el único funcionario con carácter de
autoridad, en efecto, es el secretario, único ostentador de la
fe pública en el proceso, funciones que, según su reglamento
orgánico, en perfecta sintonía con la Ley Orgánica del Poder
Judicial ejerce con autonomía e independencia.
En consecuencia, señorías, si se permite que el juez delegue,
nos encontramos con que el juez, que tiene sus facultades
perfectamente tasadas en la Constitución y en las leyes, está
delegando una función --la de dar fe-- que no tiene o no le
corresponde, lo que resulta, además de una incongruencia, una
contravención al espíritu de la Ley Orgánica del Poder
Judicial.
A mayor abundamiento, hemos de significar que el pleno de la
Sala Segunda del Tribunal Supremo, con fecha 5 de noviembre de
1991, tomó acuerdo, por mayoría, en el sentido de exigir la
presencia del secretario judicial para dar validez a la
diligencia de entrada y registro en un domicilio, sin la cual
la entrada y registro no tendría valor de prueba
preconstituida.
La reforma de este artículo 569.4 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal ha sido la causa de un número elevadísimo de
nulidades de diligencias de entradas y registros y
subsiguiente absolución de los inculpados y, como consecuencia
derivada, ha significado unos costes económicos adicionales
producidos por los permisos y traslados de los miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para la ratificación
de los atestados, porque éste es el valor que efectivamente
tiene un registro domiciliario sin existencia de la fe
pública, residenciada únicamente en el secretario judicial, y
como todo atestado, para tener el simple valor de denuncia ha
de ser ratificado por la fuerza instructora.
La reforma de este artículo también ha sido fuente de
numerosos conflictos constitucionales, algunos de los cuales
aún hoy se encuentran pendientes en el Tribunal
Constitucional, entre los que me viene a la memoria una
cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Audiencia
Provincial de Madrid.
En los momentos actuales, cuando la sociedad española está,
más que sensibilizada, alarmada con el tráfico de drogas,
cuando la sociedad reacciona casi enfurecida contra los
tribunales de justicia, cuando sus sentencias no se ajustan a
la firmeza que la sociedad reclama, se hace necesario la
reflexión y estudio de las causas que, en muchas ocasiones,
son las responsables de que personas inculpadas en procesos de
narcotráfico sean absueltas por falta de pruebas y puestas en
libertad por no haber preconstituido prueba legal, como, por
ejemplo, el tristemente famoso caso Nécora.
Por último, hay que hacer mención a otro problema, no menos
importante que los ya citados, que plantea esta reforma, y es
el relativo a la cuestión de la notificación del auto judicial
de entrada y registro, que ocasiona un vacío importante al
respecto, ya que si concurre el secretario, es él quien lo
notifica, pero si concurre la policía, nada dice la ley en
este sentido. Hoy por hoy, la policía no puede notificar nada,
ya que, como es de sobra conocido, la Ley Orgánica del Poder
Judicial reserva esta función exclusivamente al secretario
judicial o al oficial que éste habilite.
En suma, la reforma que comentamos del actual artículo 569.4
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no ha mejorado en nada
las cuestiones de referencia, sino que más bien ha originado
ciertas dificultades antes inexistentes, ha restado eficacia a
las actuaciones procesales, que han gozado de las máximas
garantías, ha empeorado la situación y, lo que es más
preocupante aún, ha quebrado la intervención del secretario
judicial en estas diligencias, lo que supone, asimismo, una
quiebra de la máxima transparencia en las diligencias de
entrada y registro domiciliario. El secretario judicialda fe
con plenitud de efectos, pudiendo alcanzar las diligencias,
con su presencia, la naturaleza de prueba preconstituida. Si
comparece otro funcionario designado por el juez, será una
diligencia más de investigación.
Esta cuestión que debatimos está, como se ha visto hasta
ahora, respaldada por la legislación española y por la
jurisprudencia, y hemos de hacer notar que esta postura
también goza del apoyo doctrinal, debiendo citar, entre otros
juristas y catedráticos de derecho procesal, a Vicente Gimeno
Sendra, Ernesto Pedraz Penalva, Concepción Benedí Andrés,
Miguel Miravet Hombrados y José Miguel Guillén Soria.
Por todo lo expuesto, proponemos a SS.SS. que el artículo
569.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal quede redactado de
la siguiente forma: El registro se practicará siempre en
presencia del secretario del juzgado o tribunal que lo hubiere
autorizado, o del secretario del servicio de guardia que lo
sustituya, quien levantará acta del resultado de la diligencia
y de sus
incidencias y que será firmada por todos los asistentes, sin
que en ningún caso quepa delegación o habilitación en otros
funcionarios. Todo ello con su disposición final, en el
sentido de que la presente ley entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arqueros.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Camp i Batalla.
El señor CAMP I BATALLA: Gracias, señor Presidente.
Intervengo para anunciar que nuestro Grupo no se va a oponer a
la toma en consideración de esta proposición de ley, si bien
sí añadiría ya desde ahora que vamos a intentar modificar su
texto en el trámite de enmiendas, puesto que entendemos que la
presentación que se hace es excesivamente restrictiva y que
las garantías que se pretenden perseguir con esta iniciativa
legislativa podían, a su vez, llegar a representar una cierta
paralización, en algunos casos, de la eficacia con que este
tipo de actuaciones se han de llevar a término.
Nos preocupa --vale la pena decirlo-- que detrás de esta
modificación no se quiera ver un cierto recelo hacia las
funciones que en su momento se encomendaron a los cuerpos que
actúan en función de policía judicial. Creemos que en este
caso se ha de ser confiados en las propias garantías de estos
cuerpos y en la eficacia de los mismos; por consiguiente, la
redacción que en la Ley 10/1992 se dio a este aspecto no
podíamos considerar tampoco que fuera desafortunada al cien
por cien. No lo creemos así, en su día no la cuestionamos,
entendemos que merece un cierto debate toda la jurisprudencia
que en este momento existe al respecto, que este debate se
puede producir con tranquilidad, sin afectar en ningún momento
las garantías que se persiguen con esta iniciativa
legislativa, y por ello ya digo que nuestro Grupo no va a
manifestarse contrario a la toma en consideración de esta
proposición de ley.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Camp.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor López Garrido.
El señor LOPEZ GARRIDO: Gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo va a votar favorablemente la toma en
consideración de esta proposición de ley mediante la que se
garantiza la presencia judicial en los registros domiciliarios
a través de una reforma del artículo 569 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, que señala que tiene que estar
siempre presente en el registro el secretario del juzgado o
tribunal que le hubiera autorizado.
Se trata de una cuestión de importancia en el conjunto de las
garantías que deben rodear a los actos de averiguación del
delito. El registro domiciliario es uno de los posibles actos
de averiguación, de persecución del delito, el acopio de
pruebas para el desarrollo posterior de la instrucción y, en
su caso, del juicio. Es cierto que la mayor parte de estos
actos de averiguación pueden afectar a los derechos
fundamentales. Esta es la razón por la cual es importante la
regulación del registro domiciliario, que debe estar rodeado
de todas las garantías. Garantías que no solamente se refieren
a la presencia del secretario en el acto del registro, sino
garantías que son, primeramente, la necesidad de que haya unos
presupuestos, unos indicios suficientes que desencadenen el
registro, y que no sea una decisión caprichosa del juez;
necesidad de que asistan una serie de personas, en este caso
el secretario judicial también, y necesidad de que haya una
forma determinada de practicar ese registro.
Aquí viene la importancia de la cuestión de la presencia del
secretario judicial, y es que, aunque no tendría que estar
necesariamente, según ha señalado algún auto del propio
Tribunal Constitucional, es cierto que durante la realización
del registro podría producirse la violación de algún derecho
fundamental. Por eso es importante que esté presente el
secretario judicial a ese respecto y también para que dé fe de
las pruebas recabadas, porque luego van a ser valoradas por el
tribunal. En este sentido es oportuna la proposición de ley,
ya que la Ley 10/1992 suprimió esa necesidad de la presencia
del secretario judicial.
Tenemos que señalar, por nuestra parte, que también debería
tenerse en cuenta que la presencia de la figura del secretario
judicial va a condicionar, al menos, la tipificación, la
regulación futura de esa figura (que no es una figura que sea
pacífica en este momento) en cuanto a su contenido, a sus
competencias. Creemos que esto no debe condicionarlo en toda
su intensidad, queda pendiente ese problema. Pero hasta que no
haya una fijación concreta, a través de una reforma de la Ley
Orgánica del Poder Judicicial, de en qué queda ese papel del
secretario judicial, creemos que es oportuna esta proposición
de ley. Se trata solamente de una toma en consideración, y
aquí valoramos la oportunidad de esa valoración. Por tanto,
nos reservamos la posibilidad segura de que nuestro Grupo
presente enmiendas, en el trámite posterior, que se referirán
concretamente a la intervención del secretario judicial y
también a otros aspectos del procedimiento y las garantías que
deben rodear a los registros domiciliarios.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Garrido.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor García
Espinosa.
El señor GARCIA ESPINOSA: Señor Presidente, voy a intervenir
con absoluta brevedad para fijar la posición del Grupo
Socialista, que va a ser favorable a la toma en consideración
de la proposición que hoy discutimos. En consecuencia, no
entraré en contradicción con los argumentos que ha expuesto el
representante del partido Popular al defender su proposición.
El objetivo que pretende la proposición que hoy se nos plantea
es volver a la regulación anterior a la reforma que esta misma
Cámara produjo en el año 1992, en el sentido de obligar la
presencia del secretario judicial en todos y cada uno de los
registros que, por mandamiento, por orden judicial, se
efectúen en España. Sí haré, en cambio, unas consideraciones
sobre alguno de los elementos del texto de la proposición que
se nos plantea.
En primer lugar, quiero expresar las dudas que tiene mi Grupo
sobre la calificación de orgánica de esta proposición de ley,
puesto que entendemos que no existe ningún tipo de desarrollo
constitucional, y la presencia del secretario judicial no
forma parte del derecho constitucional o de elemento de
relevancia constitucional alguno protegido por nuestra norma
fundamental.
En cualquier caso, quiero subrayar el argumento que ha
expuesto el señor Arqueros en la Tribuna y que para nosotros
es determinante para la toma en consideración, como son las
sucesivas sentencias que el Tribunal Supremo ha producido en
esta materia, y que si bien es unánime al considerar que el
acta levantada sin la presencia del secretario carece del
valor de prueba preconstituida, no tiene unidad de criterio a
la hora de decir si las informaciones que han recogido los
agentes judiciales pueden subsanarse posteriormente en el
juicio o adolecen de nulidad radical de las contempladas en el
238 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En consecuencia, la producción de este tipo de sentencias es
para nosotros determinante a la hora de votar favorablemente.
Pero como ya han dicho todos los intervinientes, señor
Presidente, el registro efectuado sin la presencia del
secretario no incorpora fe pública y, por tanto, priva al acta
de cualquier tipo de valor probatorio. En consecuencia,
votaremos favorablemente, no sin antes anunciar que
presentaremos enmiendas en sucesivos trámites parlamentarios
para posibilitar algún tipo de delegación de los propios
secretarios, tal como contempla el artículo 282 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial ya que, en cualquier caso,
parecería difícil prohibir el hecho de delegar funciones
propias.
En resumen, señor Presidente, votaremos favorablemente,
anunciando nuestra voluntad de enmendar el texto de la
proposición que hoy vamos a aprobar, entre otras cosas para
poder hacerla realidad en la práctica.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Espinosa.
¿Se encuentran en el hemiciclo los Diputados que van a
intervenir en el siguiente punto, proposición de ley del Grupo
Catalán? (Pausa.)
Vamos a proceder, por consiguiente, a la votación de la
proposición debatida.
Votación para la toma en consideración de la proposición de
ley del Grupo Popular, mediante la que se garantiza la
presencia judicial en los registros domiciliarios.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 252; a favor, 251; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), SOBRE
MEDIDAS CONTRA LA MOROSIDAD CAUSADA POR CHEQUES SIN PROVISION
DE FONDOS (Número de expediente 122/000057)
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), sobre medidas contra la morosidad
causada por cheques sin provisión de fondos.
En nombre del Grupo proponente, tiene la palabra el señor
Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Intervengo para razonar los elementos que han llevado al Grupo
parlamentario Catalán (Convergència i Unió) a presentar en
esta Cámara una proposición de ley con objeto de incorporar a
nuestro ordenamiento jurídico un conjunto de cambios, cuyo
destino sea reforzar la seguridad jurídica de algunos efectos
mercantiles, en especial el talón y el cheque bancario.
Esta medida que proponemos a la Cámara se enmarca en el
conjunto de iniciativas que está proponiendo este Grupo
parlamentario al que represento para combatir los problemas de
la morosidad que existe hoy en nuestra sociedad; iniciativas
que empezaron al comienzo de la legislatura con la
constitución en este Congreso de los Diputados de una ponencia
especial, en el seno de la Comisión de Economía, encargada de
analizar y estudiar el problema de la morosidad, pero también
el problema del aplazamiento de pago entre las empresas y las
entidades distribuidoras. También presentamos en su momento
iniciativas legislativas dirigidas a afrontar soluciones a
este problema, que se debatieron en una moción que se presentó
en esta Cámara para reformar la Administración de justicia,
con el fin de reforzar hoy los mecanismos de seguridad en
todos los procesos de pago en nuestra sociedad.
Señorías, existe una honda preocupación en los medios
económicos y empresariales en nuestra sociedad por las graves
repercusiones negativas que la morosidad está teniendo en el
normal desarrollo de la situación económica de las empresas.
En los últimos años ha ido incrementándose hasta cotas
inadmisibles, a mi juicio, el número de efectos que
diariamente quedan impagados, produciendo este hecho
importantes pérdidas y distorsiones en nuestro sistema
productivo, sobre todo en el entorno de la pequeña y mediana
empresa; causa y motivo de ello ha sido, sin lugar a dudas, la
pérdida de confianza y el deterioro sufrido por los títulos
ejecutivos, sean las letras de cambio, pagarés o cheque en
especial. Creo que son estos los instrumentos de pago
operativos en el tráfico jurídico mercantil que han quedado
debilitados y la práctica está demostrando que existe una
realidad que pone de manifiesto unos procesos de impago en esa
utilización de estos instrumentos de pago.
Se hace pues, a nuestro juicio, señorías, ineludible y
necesario que los poderes, tanto el Ejecutivo como el
Legislastivo de este país, adopten y agilicen todas aquellas
iniciativas y actuaciones legislativas que se estimen
oportunas para devolver al cheque en particular, y al resto de
los medios de pago en general, la seriedad, confianza y
solvencia necesarias para poder hacer que este país, en el
marco europeo en el que está inmerso, pueda realmente avanzar
con el objetivo de que seamos competitivos, sólidos y de
progreso.
Señorías, esta medida que proponemos, la proposición de ley,
nace y tiene su origen en esa general y honda preocupación que
detectamos en nuestra sociedad en torno a la seguridad de los
instrumentos de pago hoy en el tráfico económico. La
morosidad, señorías, no es un problema ficticio que nos
inventemos en estos momentos. Si nos aproximamos mínimamente a
algunas estadísticas que reflejan la importancia y la
evolución que ha tenido este asunto, se puede observar
clarísimamente el volumen y su importancia del problema al
cual nos estamos refiriendo. Las estadísticas del año 1993
ponen de manifiesto que sólo en ese año hubo en España 18
millones de efectos comerciales protestados, impagados. Estos
18 millones venían a representar un volumen de un poco más de
3 billones de pesetas devueltos por impago en efectos de
comercio.
Si acumulamos la cifra de los últimos cinco años, estamos
hablando en ese período de casi 90 millones de efectos de
comercio impagados. Sin duda se trata de una cifra importante,
que viene a representar en torno a 13 billones de pesetas en
los últimos cinco años de efectos mercantiles en el campo del
comercio que han sido devueltos por impago.
Se trata, pues, de un problema importante. El reto de la
competitividad también se juega y se gana en afrontar esa
problemática y adoptar las medidas necesarias para reforzar
los elementos jurídicos que deben dar mayor seguridad a los
elementos de cambio y de pago en nuestra sociedad.
Por eso, señorías, nuestro Grupo propone a la Cámara tomar en
consideración esta proposición de ley. Se trata en este caso,
a nuestro entender, de restablecer la confianza en el cheque o
talón como medio de pago y de evitar la práctica casi
demasiado habitual de extender cheques sin fondos,
aprovechando las posibilidades que otorga este documento para
crear una solvencia económica meramente ficticia y aparente en
la que quien recibe el cheque sin fondos queda sometido a un
procedimiento largo y costoso para poderlo cobrar en el ámbito
de la Administración de Justicia.
El objetivo, pues, de esta proposición de ley que sometemos a
su consideración es aislar a los titulares de cuentas
corrientes que extiendan talones sin fondos y llegar a
impedirles en un futuro la tenencia de talonarios de cualquier
entidad financiera durante el período de cinco años. Con esta
finalidad la proposición de ley propone dos instrumentos que
creemos fundamentales para eliminar el libramiento de cheques
sin fondos. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la
Presidencia.)
El primero de estos instrumentos es la creación de un registro
de datos en el Banco de España que anote todas las incidencias
derivadas del impago de cheques y al que las entidades
financieras tendrán la obligación de acceder antes de entregar
cualquier talonario.
El segundo instrumento es la puesta en marcha del mecanismo de
denuncia bancaria que podrá efectuar cualquier persona
afectada por la devolución de un cheque, que desencadenará el
procedimiento de la prohibición al titular de librar talones
durante los cinco años siguientes.
Otra medida que contiene esta proposición de ley es la
obligación de las entidades financieras de pagar cualquier
cheque por un valor igual o inferior a la cifra de 5.000
pesetas, tanto si la cuenta del talonario tiene fondos como si
no los tiene. Por esta vía se obliga a las entidades
financieras a entregar los talonarios de cheques limitados en
su cuantía a sus clientes con mayores cautelas de las que en
la actualidad se adoptan, y devolver por esta vía al talón,
por cuantías limitadas, mínimas, hasta 5.000 pesetas, la total
seguridad del instrumento cambiario.
La tercera medida, señoría, que presentamos a la Cámara en
esta proposición de ley, es la obligación que tendrá, a partir
del momento en que se apruebe esta iniciativa legislativa,
cualquier institución financiera de consultar al registro del
Banco de España antes de entregar cualquier talonario, para
que pueda verificar si el titular del mismo no está incluido
en el registro de impagados. En caso de incumplimiento de este
requisito, las instituciones financieras estarán obligadas o
sometidas a dar garantía del pago de todo cheque que se le
presente, con independencia de si hay fondos o no
en esta cuenta. Es verdad que este punto genera algunas dudas
de inseguridad a las instituciones financieras, pero en el
desarrollo de esta proposición que sometemos a consideración
de SS.SS., podrían establecerse todas las cautelas necesarias
para que esta exigencia no pueda dar pie a desvirtuar y
desnaturalizar el objetivo que pretende la propuesta.
La sistemática de funcionamiento que pretende la proposición
de ley es una adpatación al sistema hoy vigente de nuestro
país vecino, en Francia, que tan buenos resultados y
fiabilidad ha otorgado al cheque como instrumento de pago. En
el caso de la economía española, entiende nuestro Grupo que,
de adoptarse esa iniciativa, se va a permitir reforzar la
seguridad y solvencia del cheque, de manera que en unos meses
cabe esperar que se produzca la desaparición de la actividad
mercantil en los avisos de «no se admiten talones» en nuestros
establecimientos comerciales y que se reduzca
significativamente el número de cheques protestados en nuestra
sociedad.
Es esta, señorías, una primera medida destinada a reducir la
morosidad en las transacciones mercantiles; medida que, en el
futuro, deberá venir acompañada sin duda de otras actuaciones
propuestas por el Gobierno, por este Congreso de los Diputados
en el marco de los trabajos que está efectuando la ponencia
especial, constituida a instancias del Grupo Parlamentario
Catalán, para analizar los plazos de pago entre las empresas
de distribución y los derivados del creciente número de
impagados, que ya prácticamente ha concluido sus trabajos;
pero falta todavía extender esta reflexión al ámbito de la
problemática, de la morosidad en los instrumentos de pago.
Creo, señorías, que también vamos a tener oportunidad de
conocer otras iniciativas de distintos Grupos, dirigidas todas
ellas a combatir esa problemática hoy existente que es la
morosidad.
Estos son los tres elementos fundamentales que contiene la
iniciativa que planteamos, de la que creemos que se puede
desprender una adaptación de la Ley vigente del Cheque y del
Talón Bancario, para introducirle unos cambios elementales y
mínimos para darle mayor, repito, seguridad instrumental a
esos efectos cambiarios. La verdad, veo en la posición que
pueden expresar los distintos Grupos Parlamentarios, que en
torno a la propuesta que plantea nuestro Grupo Parlamentario
se puede iniciar un debate con los Grupos para poder terminar
de ajustar los mecanismos que en ella se contienen y poder
hacer todo lo eficaz que sea posible esa adaptación que
proponemos, para que el resultado de la misma resulte un paso
adelante en el objetivo de combatir, de reducir la morosidad
en nuestra economía.
El destinatario de esta iniciativa es, sin duda, básicamente
la actividad económica radicada en el ámbito de las pequeñas y
medianas empresas, que son quienes hoy utilizan de forma más
generalizada este instrumento, el talón y el cheque.
En estos momentos está nuestro Grupo parlamentario planteando
con mucho interés la reordenación de la política económica
para poder ser sensible a las necesidades y a las
problemáticas que hoy tienen las empresas situadas en el
ámbito de la economía productiva. Economía productiva que,
quiero recordarles, es la única realidad económica capaz de
generar empleo en nuestra, sociedad, capaz de generar
actividad económica, capaz de generar crecimiento en un marco
de estabilidad.
Creo, pues, que la propuesta que presentamos es una buena
iniciativa que puede ir en la dirección de dar mayor seguridad
y estabilidad a la actividad económica en nuestro país.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Turno en contra?
(Pausa.)
¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Olarte.
El señor OLARTE CULLEN: Seré muy breve, señor Presidente.
Coalición Canaria apoyará la iniciativa del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), siguiendo nuestra línea de respaldar
las tomas en consideración que se presentan en esta Cámara,
salvo que fuesen absolutamente irracionales, ya que en el
trámite siguiente es perfectamente posible corregir cualquier
imperfección de que pudieran adolecer originariamente.
Nosotros consideramos que, en principio, son válidos los
argumentos del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tanto por
lo que respecta a la creación del registro de datos que
residencia en el Banco de España, como a la puesta en marcha
que proponen del mecanismo de la denuncia bancaria, así como
un conjunto de consideraciones que, como antes decía,
demuestran y acreditan la racionalidad de su iniciativa, lo
cual merece desde la perspectiva de Coalición Canaria el apoyo
que le daremos con nuestro voto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Olarte.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: El Grupo Catalán (Convergència i
Unió) presenta hoy ante la Cámara esta proposición de ley de
reforma de la ley cambiaria y del cheque. Es indudable que el
cheque, lo mismo que la letra de cambio, han perdido ese valor
intrínseco como compromiso de pago que tuvieron en épocas
anteriores. Esta pérdida de valor como compromiso de pago no
se deriva, a nuestro entender, tanto de los defectos o
carencias de reglamentación y de formalización de
los mismos como de un cambio de mentalidad, que está más bien
relacionada con la pérdida de algunos valores personales tales
como la seriedad, la lealtad, el compromiso por la palabra
dada, la honestidad, valores que en su día estaban más
presentes en las relaciones mercantiles, cuando se consideraba
que el cheque o la letra de cambio casi eran compromisos
sagrados.
Hoy estos compromisos han quedado totalmente desvirtuados. Se
extienden cheques sin fondos o se aceptan letras al margen de
las posibilidades de hacer frente a estos compromisos de pago,
sin el rigor necesario.
Por eso a nuestro Grupo parlamentario le parece bien cualquier
regulación que intente devolver a estos sistemas de pago la
fuerza del compromiso adquirido. Tal como se establece en la
exposición de motivos, se intenta restablecer la confianza en
el cheque o talón como medios de pago. Consideramos, sin
embargo, que para el restablecimiento de esta confianza tiene
tanta o más importancia la recuperación de los valores éticos
que la represión de una conducta delictiva.
Al margen de estas consideraciones, entendemos que esta
proposición de ley puede ayudar a proteger adecuadamente los
créditos incorporados en estos documentos, por lo que nuestro
grupo parlamentario dará su voto favorable a esta toma en
consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo
Parlamentario (Convergència i Unió).
Sin embargo, hay algunos aspectos que será necesario estudiar
más detenidamente, puesto que pueden representar serios
inconvenientes para las entidades financieras. Me refiero
fundamentalmente a las consecuencias de la inclusión del
nombre del titular de la cuenta contra la que el mismo debe de
ser pagado, el problema de la sustitución de todos los
talonarios de los clientes de las entidades bancarias, el
nacimiento, de hecho, de un nuevo contrato además del de
cuenta corriente, los nuevos costes operativos e informáticos
que van a tener que soportar las entidades financieras, la
nueva relación cliente-banco como consecuencia de la nueva
naturaleza de la cuenta corriente y las consecuencias de un
nuevo procedimiento de devolución, denuncia y registro de los
cheques impagados. Consideramos que todas estas cuestiones
deben ser estudiadas detenidamente por la implicación y las
consecuencias que van a tener para el tráfico mercantil.
Esperamos debatir estos y otros aspectos en su caso, y nuestro
Grupo parlamentario presentará las enmiendas que crea
oportuno. Por lo demás, como hemos dicho, daremos nuestro voto
favorable a la toma en consideración de esta proposición de
ley.
Nada más. Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Zabalía.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor López Garrido.
El señor LOPEZ GARRIDO: Gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo parlamentario también va a votar favorablemente
la toma en consideración de la proposición de ley presentada
por el Grupo Catalán (Convergència i Unió). Sin embargo,
tenemos que señalar en esta intervención algunas reflexiones
sobre la oportunidad y sobre el contenido de la proposición de
ley. Hay que decir que ya la Ley de 1985 estableció una
fórmula en cuanto al cheque --se refería a la letra de cambio,
al pagaré y al cheque--, incluyendo unas innovaciones que
reforzaban la posición de los tenedores y la credibilidad
social y económica del documento. Había algunas innovaciones
significativas, como que el pacto de cheque dejaba de ser una
condición o requisito previo para su libramiento, o en el caso
de las acciones pecuniarias cuando se produce un impago de un
cheque por falta de provisión de fondos, o la prohibición de
inserción en los cheques de cláusulas de intereses, o el tema
de la posdatación del cheque, o la dilatación de los plazos de
presentación del título de pago. Todos estos eran elementos
que contribuían al reforzamiento de esa figura de pago.
Ahora se nos presenta una proposición de ley en la que se
refuerza aún más, y en el sentido de que el cheque sea un
medio sólido y serio de pago no hay nada que oponer, ya que
existe una relación supuestamente de confianza entre el
librador, el librado y el tenedor y, por tanto, en cuanto a la
filosofía de fondo reitero que no tenemos nada que oponer. Sin
embargo, hay algunos aspectos del contenido de esta
proposición de ley que, a nuestro juicio, deberían ser
reformados, examinados con detenimiento en el trámite
posterior. Algunoshan sido señalados ya por el Diputado que ha
hablado en nombre del Grupo Parlamentario Vasco, a los que
nosotros añadiríamos, por ejemplo, el hecho de la
automaticidad excesiva de la reclamación de los talonarios
cuando simplemente se produzca una denuncia bancaria ante el
Banco de España --esto habría que matizarlo-- o el caso de que
el Banco de España comunique automáticamente, en cuanto que
reciba una denuncia, ese hecho a todas las entidades
bancarias, o que las entidades bancarias, todas, tengan acceso
al registro de denuncias, que a nuestro juicio puede tener
consecuencias peligrosas para la defensa del derecho a la
intimidad --esto también hay que matizarlo y cuidarlo--, o la
complicación burocrática que puede suponer todo lo que lleva
ese registro de denuncias que se propone que exista en el
Banco de España. Son aspectos que hay que examinar en el
trámite posterior, que nuestro Grupo va a enmendar.
El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya siempre ha tenido una posición de presunción
favorable a la admisión a trámite de las proposiciones de ley.
Esta es una manifestación de ello, y aunque no estemos
absolutamente de acuerdo con el
contenido, sí con la filosofía de fondo --si no, no se votaría
a favor de esta proposición de ley--, nuestro Grupo se
muestra, como en tantas otras ocasiones en relación con
proposiciones de ley, favorable a esta iniciativa, ya que las
proposiciones de ley deben incentivarse como medio para que
haya una participación de los grupos parlamentarios en la
labor legislativa desde su inicio.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor López
Garrido.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Cabezas
Enríquez.
El señor CABEZAS ENRIQUEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, nuestro Grupo quiere entender esta iniciativa, y así
lo hace, como una inquietud preocupante del Grupo Catalán
(Convergència i Unió) hacia algo que, desgraciadamente,
protagoniza en parte el tráfico mercantil.
Consideramos oportuno atajar de una vez por todas este
fenómeno que genera desconfianza a la hora de abordar
inversiones de carácter productivo, y nuestro Grupo así lo ha
manifestado en diferentes ocasiones instando al Gobierno a
modificar las normas procesales para agilizar el cobro de
impagados de modo que se acorten los procesos judiciales.
Ibamos un poco más lejos y solicitábamos también medidas para
la cancelación de las deudas contraídas por las
administraciones públicas con las pequeñas y medianas
empresas. De esta forma, y dentro de las medidas de carácter
urgente para la reactivación de la economía española
propuestas por nuestro Grupo, considerábamos este tema
fundamental para impulsar sectores claves de nuestra economía,
como es el caso de las pymes.
Lo definíamos en su día como la creación de un marco
financiero favorable a la pequeña y mediana empresa para
introducir medidas necesarias para acabar con la morosidad en
el sector público, eliminando esa incertidumbre que existe
sobre el momento en que se va a producir el cobro, origen,
como todos sabemos, de importantes costos financieros.
Pues bien, aunque el Grupo proponente en su día no nos ayudó
en aquella moción de medidas de apoyo a la economía productiva
y a la pequeña y mediana empresa, parece que hoy, ante esta
Cámara y por la lectura de la exposición de motivos, está
sensibilizado en este sentido y por eso he dicho al inicio de
mi exposición que no entendemos, aunque pudiéramos no
comprender, la forma y el modo en que lo plantea.
Parece que la complejidad y abundancia de nuestros
planteamientos ha sido siempre la causa de posicionamientos en
contra ante nuestras iniciativas parlamentarias, y lo que
ahora se llama una primera medida, como así se lee en el texto
de la presente proposición de ley --dicen--, restablecerá la
confianza necesaria en este medio de pago --el cheque-- que
distorsiona el sistema productivo.
Pues bien, aunque el problema del cheque es preocupante y hay
que darle una solución legal, no es este documento mercantil
el que, a nuestro juicio, distorsiona dicho sistema.
Independientemente de nuestra apreciación y de lo que por
desgracia nos toca vivir a algunos --no todos los días porque
sería excesivamente desgraciado, pero sí muchos días del
año--, por la lectura de esa exposición de motivos entendemos
que el Grupo proponente tiene una idea, que subyace en el
fondo, parecida a la que nosotros tratamos de exponer aquí en
este momento, pero aplica posteriormente unas medidas
necesarias de alguna forma en una dirección como concepto para
solucionar el problema, aunque incompletas para lo que se ha
de pretender, como es mejorar la competitividad de nuestra
economía.
En la exposición de motivos se dice que es en relación al
elevado número de efectos --dice efectos y no cheques-- que
diariamente quedan impagados en la economía española,
problemática que afecta principalmente a la pequeña y mediana
empresa. Efectos y pequeña y mediana empresa que son dos
argumentos básicos en nuestra exposición y que, desde luego,
no tienen nada que ver con el cheque como elemento fundamental
de centro de la diana en la que ustedes lanzan los dardos con
esta proposición de ley.
Si estos dos son los fundamentos básicos, y ustedes así
también lo señalan (teniendo en cuenta que la pequeña y
mediana empresa representa el 98 por ciento de las empresas
españolas, el 80 por ciento de la población activa y
contribuye de una forma importante al producto interior bruto
de este país), y queremos sentar unas bases sólidas para el
progreso de todas ellas en el sentido que hoy nos ocupa, no es
sólo el cheque el que tiene que ser objeto de nuestra
atención, sino todos aquellos documentos mercantiles de
tráfico que habitualmente se utilizan. Les aseguro que el
cheque no es el preferentemente requerido para ello, y les doy
un dato y es que en el año 1993 sólo el 1,9 por ciento de los
cheques compensados han sido impagados por un importe aún
inferior a ese porcentaje sobre la totalidad de lo
transaccionado.
Esta proposición de ley, sin entrar en otros análisis, aunque
ahora matizaremos algunas cosas, haría desaparecer
definitivamente el cheque como instrumento de pago, hoy
residual, en la actividad empresarial. Nosotros pensamos que
no tiene que desaparecer, sino que hay que reforzarlo pero con
otras medidas más completas que la que hoy discutimos en esta
Cámara.
En esa matización de la que hablo y sin que sea mi
argumentación básica quiero puntualizar algunos temas. Es una
modificación de ley cambiaria menor, no
existe un endurecimiento de las penas. Mantiene el cheque
prácticamente como ahora, lo formaliza simplemente algo más.
Niega, ante el impago de un talón, los talonarios con la
creación de un registro formalizado; es decir, una especie de
RAI donde entrar es muy fácil y salir es tremendamente
difícil; problemas que se le podían ocasionar a algún
empresario cuya práctica habitual no sería la devolución de
cheques y que, sin embargo, por medidas coyunturales y
pasajeras se encontraría ante una situación difícil, con lo
que eso podría generar de negativo para su cuenta de
explotación y, por supuesto, su generación de riqueza y de
empleo. Se condenaría a un ciudadano, sin juicio previo, lo
que tiene una aplicación práctica difícil y judicialmente
irresoluble. Se obliga al banco o entidad financiera que haya
entregado talonarios a hacerse cargo de todos los cheques que
hayan sido impagados por una cuantía inferior a las 5.000
pesetas, ni qué decir tiene que a partir de ese momento los
bancos, a la vez que entregan un talonario, le dan un préstamo
a ese cliente, y por el volumen del talonario, número de
cheques, realmente nos daríamos cuenta de cuál es la solvencia
de ese cliente, independientemente de que proliferarían las
compras con cheques por cuantía inferior a 5.000 pesetas a
partir de ese momento. Yo creo que esta es una norma vigente
en Francia, pero cuando se aplicó, en su momento, las
condiciones que existían en cuanto a las tarjetas de crédito
no eran las mismas que las que existen ahora mismo aquí en
nuestro país. Por lo tanto, creo que no es oportuna una medida
de este tipo porque las transacciones se harían en vez de con
la tarjeta de crédito, que es más segura, con cheques por
cuantías inferiores a 5.000 pesetas.
Quizá en esta última exposición he ironizado algo, pero tienen
que entender que a muchos ciudadanos y empresarios que esperan
cobrar cuando han vendido algo en cualquier lugar de España,
en Cataluña, en Castilla, en Galicia, no se nos puede decir
que con esta medida que hoy se plantea en la Cámara se
resuelve, en cierto modo, el problema de la morosidad. No
podemos seguir malgastando palabras y tiempo en hacerles
pensar a los ciudadanos y a las empresas que de verdad sufren
esa morosidad que con medidas parciales e incompletas como
ésta se resuelve un problema profundoque cercena multitud de
posibles iniciativas empresariales, con lo que ello supone de
generación de empleo. El problema es cobrar, no vender, eso es
lo que se oye cuando un empresario que ejerce su actividad
manifiesta sus preocupaciones, y cuando alguien que quiere ser
empresario y tiene esa intención dice: el problema es cobrar y
no vender. Realmente eso retrae de una forma importante muchas
iniciativas empresariales de futuros empresarios que podían
serlo y que no lo son porque se dan las circunstancias que se
dan ahora y que, repito, no se resuelven con esta proposición.
Nuestro Grupo quiere, porque entiende que es lo mejor para
todos y para los fines manifestados, que se solucione el
problema de la morosidad de una forma global, actuando sobre
todos y cada uno de los documentos de tráfico existentes. Eso
no se consigue con proposiciones de ley como ésta. Que no se
nos diga que es complejo el abordarlo en su conjunto. Yo creo
que es algo que requiere esfuerzo y trabajo, pero por
supuesto, muchísimo menos trabajo que el que hoy los
empresarios están dedicando a gestionar impagados, gastando
energías en ese tipo de actividades cuando tendrían que
gastarlas en otras actuaciones dentro de su empresa que
seguramente les daría muchos más beneficios, se generaría más
riqueza y mucho más empleo. Yo creo que es importante y ese
trabajo hay que hacerlo en cosas verdaderamente positivas que
con esta proposición de ley desde luego no se consiguen.
Como se puede extraer de mi intervención vamos a votar en
contra de esta proposición de ley, pero quiero que entiendan
que lo hacemos por elevación, en el sentido que nos estamos
manifestando. Si esto se aprueba hoy así, señorías, se murió
el cheque y viva el pagaré. Entendemos como necesarias, si
verdaderamente queremos devolver la confianza a la sociedad en
materia de garantías de cobro, abordar una serie de medidas;
citaré dos de ellas. Un proyecto de ley orgánica de
modificación del Código Penal que agrave las penas por falta
de atención del cheque, actualizando el contenido de la
tipificación penal, extendiendo el supuesto a los de falta de
atención de la letra de cambio, pagarés y otros documentos
mercantiles análogos. Un proyecto de ley por el que se
establezca la responsabilidad de quienes estampen su firma en
los documentos mercantiles de pago. De esta forma, señorías,
sí que responderíamos a las necesidades que referente a la
morosidad tienen las personas y las empresas en nuestro país,
dando soluciones integrales a problemas como el que hoy nos
ocupa y que con proposiciones como la del Grupo Catalán
(Convergència i Unió) presentada en el día de hoy se
levantarían muchas más expectativas que resultados positivos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Cabezas.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Martínez
Noval.
El señor MARTINEZ NOVAL: Señor Presidente, señorías, estamos
en el trámite de aceptación o rechazo de una proposición de
ley que trata de reformar parcialmente los artículos 106 y 108
de la Ley Cambiaria y del Cheque. La primera pregunta que
debería hacerse en este trámite, puesto que no tiene sentido
desde mi punto de vista entrar en la discusión detallada del
contenido de la proposición, sería responder a la pregunta de
a qué motivo obedece esta proposición, qué es lo que justifica
que un grupo parlamentario presente en las circunstancias
actuales esta proposición.
El proponente ha dicho --y creo que es de razón-- que una
proposición que trate de reformar esos dos artículos a los que
me refería intente reforzar la credibilidad de un medio de
pago habitual en la actividad económica en nuestro país. Un
medio de pago --todo hay que decirlo, creo que también lo
decía el proponente-- que está en retroceso en nuestro país,
tanto en lo que se refiere a transacciones de cierto volumen
--en esas transacciones los talones ceden terreno a las
letras, a los recibos y a las transferencias, como bien saben
SS.SS.--, como en lo que se refiere a las transacciones de
pequeño volumen, en el menudeo comercial de todos los días en
el uso de la actividad económica de nuestro país, porque todos
los días está siendo sustituido ese medio de pago bien por el
dinero plástico, las tarjetas de crédito, o por otro tipo de
transacciones que incorporan menor coste y menor riesgo que
los talones y los cheques.
Por consiguiente, habría que justificar este retroceso.
Nosotros no tenemos la convicción de que el retroceso del
cheque sea debido a la morosidad que se ha ido incorporando al
mismo, porque quizá en eso discrepemos del proponente. No
entendemos que el nivel en el que en estos momentos se sitúa
la morosidad en relación con los cheques tenga unos caracteres
que puedan provocar alguna alarma entre los agentes
económicos. Por lo tanto, no creemos que sea la morosidad
incorporada --que no consideramos muy elevada en relación con
los cheques--, sino otro tipo de razones las que están
conduciendo a que en estos momentos en la realidad económica
española estemos asistiendo a un retroceso de los cheques y a
un avance de otros medios de pago.
Partiendo de esa premisa, la segunda pregunta que habría que
hacerse es qué tipo de respuesta se da a ese problema, porque
supongamos que tiene sentido que se refuerce la credibilidad
de todos los medios de pago, principio con el que nosotros
estamos plenamente de acuerdo, pero, ¿qué tipo de respuesta se
da? El proponente lo ha dicho. Se da una respuesta que, sin
ánimo de molestar a nadie, se pueda llamar afrancesada. Este
es el sistema por el que los franceses regulan y han regulado
tradicionalmente la utilización de los talones y los cheques,
y lo cierto es que los resultados son buenos, como decía el
proponente. Pero la duda que tiene mi Grupo y que yo le
manifiesto, señoría, es si la realidad económica española, si
la tradición comercial española puede equipararse a la
francesa y, por lo tanto, una norma parecida a la francesa
puede producir en nuestro país los mismos resultados. Tenemos,
señoría, serias dudas de que ésta sea la mejor respuesta que
se puede dar en estos momentos para el fortalecimiento de la
credibilidad de un medio de pago como el cheque. No quiero
entrar en el contenido exacto de cada uno de los artículos de
la proposición --otros portavoces lo han hecho--, pero sí
quiero poner de manifiesto que mi Grupo Parlamentario entiende
que hay aspectos que deben ser modificados necesariamente y
que, al final, el resultado debería ser la consecuencia de un
trabajo muy sosegado y profundo para encontrar un equilibrio
entre la penalidad que se produzca al librador en el caso de
incumplimiento, el incremento de coste que ello va a suponer
para el librado y las garantías que se quieran reforzar del
tenedor; es decir, que en toda operación de cheque hay tres
protagonistas: librador, librado y tenedor, y los intereses de
esos tres protagonistas o actores del tráfico comercial deben
estar equilibrados de una manera justa, para que, en último
término, la modificación no conduzca a un incremento del coste
de uso para el librador o para el tenedor.
En todo caso, el proponente ha hecho una repetida referencia a
la ponencia de plazos de pago en el sector de la distribución
y al estudio de la morosidad en el tráfico mercantil --además
una ponencia que tengo entendido que preside el propio
proponente-- y, por tanto, mi Grupo Parlamentario va votar
favorablemente la aceptación de la propuesta, pero manifiesta
que deberíamos activar el trabajo en esa ponencia para que el
resultado final de esta proposición sea producto del trabajo
de esa ponencia con las comparecencias necesarias, que
probablemente representen intereses bancarios, asociaciones de
empresarios, organizaciones patronales, que represente también
el criterio del Banco de España, de modo que, al final, esta
proposición de ley reciba un tratamiento que conduzca en
paralelo la ponencia legislativa habitual con la ponencia
creada en el seno de la Comisión de Economía.
Con esto, señor Presidente, manifiesto el apoyo de mi Grupo
Parlamentario a la toma en consideración de la proposición de
ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Martínez Noval.
Vamos a someter a votación la toma en consideración de la
proposición de ley debatida. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación para la toma en consideración de
la proposición de ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió)
sobre medidas contra la morosidad causada por cheques sin
provisión de fondos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 292; a favor, 171; en contra, 120; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración.
MODIFICACION DEL ORDEN DEL DIA:
El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de pasar al siguiente
punto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del
Reglamento, se somete al Pleno la exclusión del orden del día
de la presente sesión del debate de totalidad del proyecto de
ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19
de junio, del Régimen Electoral General, que figura como punto
número 42.
¿Lo acuerda la Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobada su exclusión del orden del día.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE CONTINUIDAD DEL
ESPACIO AEREO BAJO CONTROL ESPAÑOL (Número de expediente
162/000149)
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Proposiciones
no de ley.
Proposición del Grupo Socialista sobre continuidad del espacio
aéreo bajo control español.
Tiene la palabra el señor Martinón.
El señor MARTINON CEJAS: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista
planteo un asunto que es importante, aunque sin duda no es
urgente. Llevamos con él muchos años, pero creemos que es un
asunto que exige la atención de las fuerzas políticas y de las
instituciones públicas españolas.
El problema, señorías, sucintamente, consiste en lo siguiente.
El espacio aéreo bajo control español se divide en dos zonas
inconexas: una dependiente del Centro de control Canarias y
otra dependiente de los distintos centros ubicados en el resto
del territorio nacional. Esto obliga a que las aerovías, las
carreteras del aire que tienen que utilizar los aviones que
unen Canarias con el resto del territorio nacional y, en
general, con el resto del territorio europeo, tengan que
discurrir por un espacio aéreo que, o bien está bajo el
control de Portugal, o bien está bajo el control de Marruecos.
El discurrir por aerovías bajo el control de Portugal alarga
el trayecto y, por lo tanto, lo encarece, mientras que las que
están bajo control de Marruecos tienen un trayecto más corto y
un vuelo más económico. Esta situación, a juicio de los
socialistas, debe finalizar, y a ello obligan razones de
carácter económico, razones de carácter militar y otro tipo de
razones que podrían resumirse en razones de cohesión nacional.
La modificación del actual «status» obliga, por un lado, a un
acuerdo con Marruecos y a la aprobación posterior de ese
acuerdo por parte de la Organización de Aviación Civil
Internacional. Esto exigirá del Gobierno español una labor
diplomática, importante, delicaday sutil, como la mayoría de
las gestiones diplomáticas. Con la propuesta que el Grupo
Parlamentario Socialista hace esta tarde en este Congreso de
los Diputados, lo que pretendemos es dar un paso más en la
resolución de este problema, ya el Senado se ha pronunciado
por unanimidad hace pocos meses. Se trata, por lo tanto, de
animar al Gobierno a que en su agenda de relaciones con
Marruecos incluya este tema como un tema importante y
respaldarle en su actuación.
A todos los grupos parlamentarios solicitamos el apoyo a esta
proposición no de ley que, insisto, creemos que supone la
contribución a la resolución de un problema que es importante,
aunque sin duda no es urgente, pero no por no ser urgente
vamos a dejar de abordarlo en algún momento.
Gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martinón. ¿Grupos que
desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías,
Coalición Canaria va a dar su voto de apoyo a esta proposición
no de ley que ha presentado el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista señor Martinón.
Efectivamente, hoy existe una curiosidad en las cartas de
navegación aérea, tanto de la aviación comercial como de la
aviación militar española, y es que al tratar de unir en sus
vías aéreas el archipiélago canario con el territorio
peninsular se ven obligados técnicamente a depender de dos
controle aéreos, según la ruta elegida; bien el control aéreo
de Portugal, bien el control aéreo marroquí con base en
Casablanca. Parece algo verdaderamente anacrónico que a la
altura del avance de las comunicaciones radioeléctricas,
electrónicas, con radares vía terrestre o comunicaciones vía
satélite, y en las seguridades que las rutas de la aviación
militar tienen que tener en la defensa del espacio aéreo
español, nos encontremos con esa situación. No sucede así, por
ejemplo, en las aerolíneas y en las aerovías que hacen los
trayectos desde el Reino Unido hacia Canarias, que pueden ir
normalmente por el control portugués.
Lo que desde luego no es aceptable, a la altura de los tiempos
y en los planes de seguridad españoles, es que lo hagamos
solamente por cuestiones militares o económicas, sino que,
fijándome en el propio etcétera que trae la proposición no de
ley del Grupo Parlamentario Socialista, hay que hacerlo hasta
por circunstancias de prestigio nacional. Este es un valor
entendido. Entonces, creemos que el Gobierno español debe
actuar con decisión propia de los organismos de Aviación Civil
y llevar esta petición a los organismos internacionales, para
que no exista esa fractura de que una aeronave,
civil o militar --más frecuentemente civil, por el tráfico
comercial--, salga, por ejemplo, desde Barcelona hacia el
archipiélago canario, una vez que el subcentro de Barcelona se
lo pase al control Madrid, de Paracuellos del Jarama, éste en
un momento determinado, se lo pase al subcentro de Sevilla,
pero resulte que el subcentro de Sevilla se lo tiene que pasar
bien al control Casablanca o, algunas veces, al control
portugués. Muchas veces el centro de Paracuellos lo pasa
también directamente, en la ruta alternativa superior, al
control portugués.
Esto, en circunstancias normales, no llamaría la atención,
pero en circunstancias en que puede haber tensiones en el
Magreb, las aeronaves españolas necesitan fundamentalmente del
principio de seguridad aeronáutica, porque son los centros de
control los que señalan a las aeronaves españolas el nivel de
vuelo en el cual tienen que hacer la trayectoria e ir
comunicando sus incidencias. En el caso marroquí, hay momentos
del desplazamiento de una aeronave española, militar o
comercial, en que depende, a todos los efectos de seguridad y
de regulación del tráfico aéreo del nivel
que le asignan a la aeronave, del propio centro de Casablanca.
Nosotros creemos que esto tiene que ser página pasada en la
navegación aérea española. Por tanto, que ante los organismos
se haga la solicitud pertinente, se acepte, porque no hay
ninguna razón en contrario, y que España obtenga la plena
soberanía de las rutas de control aéreo entre
península-Canarias, Canarias-península y, por tanto, al resto
del territorio europeo, puesto que en este momento, con las
directrices de rutas de la Unión Europea, una cosa que llama
la atención es que una aeronave de la Unión Europea procedente
de aeropuertos franceses, alemanes, belgas, etcétera, cuando
va con destino a Canarias (significando a SS.SS. que en este
momento el Reino Unido, igual que Alemania, ocupan el primer
renglón en el tráfico charter con el archipiélago canario)
tenga que entrar en dependencia del centro de control
Casablanca porque un país de la Unión Europea llamado España
no tiene regulado ni legislado ni la soberanía plena para
ofertar a otro país de la Unión Europea que la aéreo-ruta sea
siempre de un país de la Unión Europea y no entre en
dependencia del control marroquí de Casablanca.
No quiero ahondar, señorías, en ninguna diferencia de política
exterior o internacional con Marruecos en este momento, porque
me parece algo obvio ante la Cámara. Por esta razón, nos
sumamos a la propuesta para que el Gobierno español pida ante
los organismos internacionales que las nuevas cartas de
navegación permitan un control aeronáutico español desde
Barcelona-Madrid-Sevilla-Canarias en pleno uso de la soberanía
comercial de defensa, militar y de seguridad española.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Gracias, señor Presidente.
Intervengo para fijar la posición de nuestro Grupo en esta
proposición no de ley.
Nuestro voto será favorable, no tenemos duda en ello. Ahora
bien, vemos claramente que el tema es de difícil solución. Los
acuerdos internacionales que fijan lo que podríamos llamar la
retícula de espacios bajo control de diversos centros son
difíciles de modificar. Así, vemos que cuando se producen
distorsiones los problemas llegan a los distintos países. Por
ejemplo, este verano pasado hemos tenido las distorsiones de
centros que provocaron conflictos en Baleares, pero los que
tenían el conflicto eran centros contiguos. En realidad,
dentro del espacio aéreo español, de Baleares a la Península,
no había problemática en el movimiento de las aeronaves. No
sucede exactamente así en Canarias, sino que un espacio, como
ya se ha dicho, perteneciente al centro del control de
Casablanca se intercala entre los espacios bajo control de la
Península y de Canarias. Es interesante que haya una
continuidad en el control del espacio aéreo español. Por lo
tanto, la solución que se pide debería pasar por el recorte
del espacio que tiene la retícula el control de Casablanca
para establecer una unión entre los distintos centros bajo el
control español. Con ello se evitarían distorsiones en los
vuelos nacionales. No entramos ya en los internacionales, que
pueden venir desde Inglaterra y pasar por la zona de Portugal.
Lo que sí creemos que es interesante es unir los centros que
dependen de la Península y de Canarias.
Por lo tanto, nuestro voto va a ser a favor de la proposición
no de ley.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sedó.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: Gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir aunque sea únicamente para anunciar el voto
favorable del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya a una proposición no de ley que
consideramos razonable y que, por lo menos, viene a hacer que
el Congreso adopte una posición ante un asunto que debería
haber tenido una solución mucho antes de la que hoy propone
este Congreso, y que nos parece bastante razonable, no por
ninguna razón de animadversión hacia ningún tipo de control
aéreo de otro país o de otra comunidad, sino porque parece
lógico que siendo la mayoría de los vuelos con Canarias con
origen en países de la Unión Europea, sea ésta la que realice
todo el control aéreo de la navegación que va hacia Canarias.
Por lo tanto, el Grupo Parlamentario que represento votará
afirmativamente la proposición no de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Andreu.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Soriano.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Señor Presidente, señorías,
los Grupo Populares tanto del Senado como de esta Cámara han
venido planteando en reiteradas ocasiones el poblema que se
deriva de la congestión del espacio aéreo. Sin ir más lejos,
el 5 de octubre pasado se debatía en el Senado una moción
similar a la que hoy se plantea en esta Cámara y allí el
Partido Popular tuvo la oportunidad de manifestar su opinión.
El Diputado que habla en estos momentos ha tenido también la
oportunidad de formular una pregunta en esta misma Cámara, con
respuesta escrita, solicitando información sobre si el
Gobierno español tiene prevista alguna solución alternativa a
la torre de control de Casablanca en el tráfico aéreo con las
Islas Canarias y, en caso afirmativo, en qué consiste dicha
solución alternativa. Pues bien, a pesar de haberse publicado
en el Diario de la Cámara del día 18 de octubre y de haber
transcurrido con exceso el plazo previsto en el artículo 190
del Reglamento de la Cámara, hasta la fecha el Gobierno no ha
dado respuesta a esta pregunta, que estuvo de máxima
actualidad en el pasado verano como consecuencia --afectando
en este caso al archipiélago balear-- de los problemas
derivados de la torre de Marsella, en Francia.
En todo caso, nosotros habíamos observado una pequeña
diferencia entre la moción presentada en el Senado y la que
hoy se debate en esta Cámara. En el Senado decía la moción del
Grupo Socialista que se instaba al Gobierno para que iniciara
negociaciones con Marruecos, al objetivo de buscar uan
realineación de las regiones de información de vuelo de
Casablanca y Canarias. En estos momentos no se habla de
negociaciones con Marruecos, y yo había entendido que se había
hecho caso a la observación formulada por el Partido Popular
en el Senado, entendiendo que esta negociación deberá llevarse
a cabo exclusivamente en el marco de los convenios
establecidos con la Organización Internacional de Aviación
Civil (OACI), en negociaciones con Eurocontrol, en el ámbito
de la IATA, que, al agrupar a las más importantes compañías de
transporte aéreo del mundo, puede contribuir a racionalizar
los vuelos en esta región y en cualquier otro ámbito de los
organismos correspondientes de la Unión Europea. Es más,
apuntábamos la conveniencia de que fuese la propia Unión
Europea la que llevase a cabo las negociaciones convenientes
con Marruecos.
El Gobierno debe exigir ante los organismos internacionales la
existencia de un amplio pasillo aéreo, dotado de rutas ARN,
que es tal como se conoce en el mundo técnico de la
aeronáutica, para unir la Península con Canarias, o bien una
reasignación del espacio aéreo internacional que dé un
tratamiento adecuado a los intereses españoles y europeos, o
lo que es lo mismo, que los FIR Canarias lleguen hasta los
límites meridionales de los FIR Madrid. Ante esta observación,
el Senador Segura, que hablaba en el Senado en nombre del
Partido Socialista, vino a decir que en realidad esta
observación del Grupo Popular le parecía correcta y quizás
ingenuamente hablaba de que se podría recoger en ese futuro
convenio euromagrebí, en avanzado estado de gestación
entonces, a cambio de las cesiones realizadas por parte del
Gobierno español y muy en concreto referidas a intereses
canarios, aprovechando la coyuntura de este tratado
internacional para poder introducir la necesidad de que el
control de Casablanca no esté utilizado en exclusiva. Sin
embargo, todos sabemos que en este tratado internacional
recientemente firmado, lejos de tener trascendencia para
ciertos sectores económicos de Canarias, como pueda ser el
tomate, no se ha aprovechado la coyuntura para insistir en
algo que afecta fundamentalmente a Canarias y que voy a
excusar a SS.SS. de volverlo a plantear, puesto que ha sido
expuesto sobradamente por los portavoces que han hablado con
anterioridad.
Por consiguiente, el Grupo Popular va a votar afirmativamente
a esta proposición, pero insistiendo una vez más en que, en
lugar apuntar hacia una negociación bilateral con el Gobierno
de Marruecos, resulta de la mayor importancia que se haga un
tratamiento de carácter internacional, para eso estamos en la
Unión Europea y Marruecos no lo está, y la torre de control de
Casablanca --no lo olvidemos-- no es sólo utilizada por las
aeronaves españolas civiles o militares, sino que también es
utilizado el corredor de Casablanca por las naves procedentes
de Europa. En consecuencia, nosotros volvemos a insistir, como
lo hicimos en el Senado, en que debe haber una tratamiento
internacional a través de la Unión Europea, y no una relación
bilateral con Marruecos, que sin duda alguna va a conducir a
añadir tensión una vez más a unas relaciones ya de por sí
conflictivas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soriano.
Vamos a proceder a la votación.
Votación relativa a la proposición no de ley del Grupo
Socialista, sobre continuidad del espacio aéreo bajo control
español.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 281; a favor, 281.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
PROMOCION Y COORDINACION DE LA FORMACION PROFESIONAL (Número
de expediente 162/000124)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular,
sobre promoción y coordinación de la formación profesional.
Tiene la palabra el señor Ollero. (El señor Vicepresidente,
Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor OLLERO TASSARA: Señor Presidente, señorías, sin duda
existe un acuerdo entre los grupos de esta Cámara, que además
se plasmó en resoluciones tras el debate sobre el estado de la
nación, sobre los desequilibrios existentes en nuestro sistema
educativo. En concreto, recientemente, a raíz del último
Consejo de Universidades, el señor Ministro aludía al desfase
entre titulados de ciclo largo y titulados de ciclo corto. Es
bien sabido, igualmente, cómo no hay una alternativa a la
Universidad en la enseñanza possecundaria, lo cual también
origina algunos desfases perturbadores, y es bien conocido el
raquitismo de nuestra formación profesional. Mientras que en
Europa la media de porcentaje de alumnos que hace formación
profesional es del 49,6, España figura entre los tres Estados
últimos, con un porcentaje que pasa apenas del 35 por ciento
del total de los alumnos. Todo esto, como el propio Ministro
ha reconocido recientemente en el Senado, tiene una clarísima
repercusión también sobre el desempleo juvenil al traducirse
en un desfase entre ofertas de trabajo y titulaciones. De ahí
que nuestro Grupo presentara hace ya tiempo, en julio, esta
proposición no de ley señalando unos mínimos sin los cuales
entendemos que era imposible dar por hecho que la formación
profesional estaba funcionando en nuestro país después de la
reforma.
De todas maneras, como en aquel momento se apuntó por el
Ministerio que esos mínimos iban a ser cubiertos a corto
plazo, quisimos evitar la apariencia quizás un poco infantil
de hacer una proposición que se aprobara en esta Cámara casi a
la vez que el Ministerio lograba los objetivos propuestos, y
de ahí que voluntariamente hayamos dilatado el debate de esta
proposición no de ley, en teoría arriesgándonos a que el
Ministerio pusiera en práctica los objetivos que nosotros
fijábamos --le hemos dado todo un trimestre desde septiembre
que empezó este período de sesiones hasta ahora--; sin
embargo, a la hora de la verdad llegamos a diciembre y lo
único que hemos tenido que hacer es una enmienda para cambiar
determinados plazos, ya obviamente superados, porque a pesar
del desfase de un trimestre, el Gobierno sigue sin conseguir
esos mínimos. Sigue sin ofrecer algo tan elemental como un
mapa de las titulaciones que se van a ofertar a los presuntos
aspirantes a cursar formación profesional, a pesar de que las
comisiones provinciales ya han evacuado el trámite de
propuesta, y sobre todo no ha llegado a cerrar algo que, según
compromisos del propio Gobierno, debería de haberse terminado
en junio de 1993. Son las titulaciones, las llamadas familias
de módulos profesionales que deberían de haber estado
terminadas en junio de 1993, respecto a las cuales el desfase
es fácilmente observable. Por ejemplo, las de electricidad y
electrónica que deberían de estar terminadas en septiembre de
1992, según la última información en este momento, han sido
enviadas a informes preceptivos previos a que vayan a Consejo
de Ministros. Igualmente ocurre, por buscar otros desfases
menos desfavorables para el Ministerio, pero aun así muy
elocuentes, con información, imagen y sonido que son las
últimas que deberían de haber salido en junio de 1993 y que ni
siquiera han sido enviadas para informe.
Esta es la situación de desfase que hace que el panorama
actual pueda resumirse del siguiente modo. Del total de 22 o
24 familias, porque algunas se están subdividiendo en el
proceso, hay publicadas oficialmente 10. En nuestra
proposición hablábamos de 6; por tanto, en todo este tiempo,
sólamente 4 más. De inminente envío al Consejo de Ministros,
una vez informadas, hay 3. Sometidas en este momento a
información, una o dos, porque, al parecer, ha habido una
subdivisión. Pendientes de remisión para informe, 4, y más
atrasadas según el Ministro, por lo tanto ni siquiera en
condiciones de que se remitan para informe, 5 más. Esto
respecto a algo que condiciona, que es un cuello de botella y
que hace imposible que el sistema de formación profesionalse
pueda poner en práctica, sobre todo si recordamos que el
Programa Nacional de Formación Profesional, en su anexo I, ya
decía con claridad, aun superando estos topes a los que me he
referido, que en 1994 deberían de estar terminadas estas
titulaciones, y aunque en esta Cámara se han aprobado dos
resoluciones, la 35 y la 78, después del debate del estado de
la nación que tuvimos en abril, de un tenor muy claro: El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que publique,
antes de final del presente año, las 23 familias de módulos de
formación profesional. No sé cómo la portavoz (me perdonará
que diga portavoz, porque lo de portavoza no me sale muy bien)
o la vocera (quizá por decirlo en plan latinoamericano) del
Grupo Socialista va a justificar ahora un cambio de postura.
En el punto 78, votado también por el Grupo Socialista, se
decía: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
aprobar antes de finalizar 1994, conforme a lo establecido en
el Programa Nacional de Formación Profesional, del propio
Gobierno, el catálogo de títulos y certificados
correspondientes al sistema nacional de cualificaciones
profesionales, de acuerdo con lo establecido en la normativa
comunitaria.
Que el Grupo Socialista no mantuviera ahora esto sería
sorprendente. Que no lo mantengan otros grupos
que también lo votaron sería más sorprendente todavía por
razones obvias, pero en esta casa la capacidad de sorpresa va
siendo ya reducida.
Por otra parte, realmente publicados hay sólo tres familias.
Concretamente en la publicación Comunidad Escolar, a la que me
refiero como órgano de propaganda del Gobierno habitualmente,
el día 14 de este mes se daba noticia de que se ha comenzado a
publicar en una colección los nuevos ciclos formativos y se
publican sólo los tres primeros; los otros están en el Boletín
Oficial para aquellos que lo consulten, pero no se han
difundido con la lógica capilaridad. La memoria del
presupuesto del año 1994 insistía también en que para este año
deberían de estar estas titulaciones; bien es verdad que en la
memoria de 1995 repite exactamente el mismo párrafo, pero
trasladándolo un año después, lo cual da una idea de la falta
de dinamismo en la que se encuentra encerrado el Gobierno.
En cuanto a títulos, según el Ministro el total son 150. Según
él se han publicado 60. Eso da idea de dónde estamos. De todas
maneras, quizás en un alarde de optimismo él asegura que para
fin de año el 80 por ciento estaría en el Boletín Oficial,
mientras que el resto estaría a primeros de año. La realidad
es que en estos momentos se han publicado, que nosotros
tengamos noticia, 57: 28 de grado medio y 29 del superior, y
lo previsto eran 164; por tanto, el desfase es notable.
En cuanto a la figura del profesor especialista es
imprescindible para conseguir de verdad algo a lo que todos
aspiramos, que es entroncar la formación profesional con la
actividad en la empresa. Ese profesor especialista tiene que
estar en la empresa ayudando a esa tarea. De todas maneras no
se ha regulado esa figura, lo cual es sorprendente porque ya
en abril de este año se habló de la existencia de un proyecto
de real decreto que sin embargo sigue sin salir.
Nos preocupa especialmente la clara falta de coordinación
entre esta formación profesional reglada propia del Ministerio
de Educación y la formación profesional ocupacional propia del
Ministerio de Trabajo. Nosotros hemos defendido una y otra vez
la necesidad de unificar esas dos vías. Pues bien, nos
encontramos con el siguiente panorama --no sé si este dato es
conocido, pero la verdad es que es inquietante--. Resulta que
el Inem ha encargado a una serie de empresas ajenas al
Ministerio, empresas privadas, la confección del catálogo de
cualificaciones, en un momento en que el Ministerio de
Educación tiene hechas prácticamente, según dice el señor
Ministro, sus propias titulaciones. Ese encargo va a costar
1.300 millones de pesetas, que se van a dar a determinadas
empresas. Se asegura incluso que se está dando la picaresca de
que esas empresas están yendo a los técnicos de Educación que
han hecho esas titulaciones para copiarlas previo pago.
Probablemente es mentira. De todas maneras, en el mejor de los
casos, imaginemos que esas empresas hacen unos catálogos ahora
idénticos a los que ya ha hecho el Ministerio de Educación,
que es lo mejor que puede pasar: nos habrán costado 1.300
millones de pesetas. Pero imaginemos que los hacen distintos.
Entonces no se entiende en absoluto cómo se está organizando
esta cuestión. Que el Inem esté haciendo ahora por su cuenta
un catálogo de cualificaciones, cuando el Ministerio de
Educación tiene hechas las titulaciones y ambas tienen que
confluir, no se entiende, porque también el resultado de la
formación ocupacional que hace el Inem va a ser convalidado
luego a efectos académicos, como todos aspiramos. No se
entiende en absoluto esta situación.
Este es, por tanto, el contenido de nuestra propuesta.
Aspiramos a algo tan simple como que contemos con los
elementos mínimos para que de verdad la formación profesional
de una vez se ponga en marcha. Por esa confianza --confianza
infundada, como se ha demostrado-- que le hemos dado al
Gobierno de concederle todo un trimestre para que lograra esos
mínimos objetivos que hemos señalado, nos hemos visto
obligados a presentar una enmienda que corrige mínimamente
nuestras cinco propuestas.
La primera de ellas, la del mapa con la oferta de titulaciones
que la habíamos planteado para este curso, lógicamente, como
no queremos agobiar, con que esté para el curso próximo sería
suficiente y así lo hacemos notar en nuestra enmienda.
En cuanto a lo relativo a los catálogos de las familias de
módulos, por lo que ya viene dicho, aparte de que respetamos
nuestro voto a dos resoluciones posteriores al debate del
estado de la nación, es que es el cuello de botella que
condiciona todo lo demás, sin eso no podemos andar. Por tanto,
ahí sí que mantenemos ese punto de final de 1994 que, insisto,
está presente en el Plan Nacional de Formación Profesional,
está presente en las resoluciones de esta misma Cámara y
creemos que debe mantenerse, porque, de lo contrario, ponemos
en peligro el resto.
En cuanto a las restantes exigencias, la regulación del
profesor especialista, el contar con los materiales didácticos
para profesores y alumnos, etcétera, todo eso cualquier
persona --y es el caso sin duda de la portavoz del Grupo
Socialista--, cualquier profesional...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ollero, vaya
terminando.
El señor OLLERO TASSARA: Voy terminando, señor Presidente.
Cualquier profesional riguroso, como ella lo es, de la
enseñanza sabe que la preparación de un curso arranca del
último trimestre del curso anterior. Por eso hemos puesto esa
fecha de abril de 1995, que, por otra parte, deja sin duda un
margen más que suficiente para lograr elementos que en algún
caso se han anunciado ya hace casi medio año.
Este es, por tanto, nuestro objetivo, esta es nuestra
intención, simplemente convertir en algo práctico y traducida
en compromisos, como ya ha ocurrido en otras ocasiones en esta
Cámara --por tanto, a lo que no vamos a contribuir es a
levantar esos compromisos--, esta preocupación que todos
tenemos porque la formación profesional deje de ser la
cenicienta del sistema educativo español, con tan grave
quebranto para los jóvenes españoles que luego no encuentran
al llegar al mundo del trabajo el acomodo lógico, porque están
faltos de la preparación imprescindible.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ollero.
A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por
parte del Grupo Socialista.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Romero.
La señora ROMERO LOPEZ: Gracias, señor Presidente.
Permítame, señor Ollero, que comience mi intervención dándome
un pequeño gustazo lingüístico; no se puede decir «portavoza»,
que es una palabra compuesta, lógicamente, que no admite el
femenino. (Un señor Diputado del Grupo Popular: ¡Tampoco se
puede decir «jóvena»!) Hay que decir portavoz.
Después de esta primera matización lingüística, que espero que
no se tome a mal, sí quisiera entrar en el fondo de la
cuestión.
Señor Ollero, no sé si a última hora le han encargado que haga
la defensa de su proposición no de ley o si realmente es usted
el autor del texto que se publicó en el «Boletín Oficial» de
julio de este año 1994.
La verdad es que oyéndole he tenido la duda de si realmente
usted siguió el debate del Ministro cuando estuvo en la
Comisión y presentó la alternativa para la formación
profesional, justamente en mayo. Después de mayo surge esta
proposición no de ley que lo único que hace es adelantar los
plazos que el Ministro había fijado, como suele ser habitual
en su Grupo; si el Ministro tiene un plazo de ejecución de un
año, suelen ustedes adelantarlo al año anterior. Esta es una
tónica que siguen en muchas otras cuestiones y que también han
seguido aquí, al hacer esta proposición no de ley.
Han sido muchos documentos los que se han elaborado, muchas
veces las que hemos discutido de este tema, y yo quisiera
comenzar diciéndole que hemos presentado una enmienda de
sustitución para algunos de los puntos que su proposición
reclama. Nuestra enmienda fija un plazo de tres meses para el
mapa que incluya la oferta del ciclo formativo, teniendo en
cuenta que su proposición no de ley hablaba del mapa que
tendrían que tener los centros en el curso 1994-1995 y que,
lógicamente, han tenido; el mapa de los ciclos formativos
existentes, existentes, no el mapa global, que es el que está
por finalizar.
Nuestra enmienda marca también unos plazos para la
finalización del catálogo de títulos, preocupación nuestra que
también ha exigido este Grupo en numerosas ocasiones.
Igualmente, fija unos plazos a lo largo de este curso para la
presentación del material de apoyo para la regulación de la
figura del profesor especialista y no fija ningún plazo para
el último punto de su proposición no de ley, porque existe ya
un Real Decreto, el 676/1993, que regula las directrices de
las enseñanzas de formación profesional y un documento base
sobre los módulos a que hace referencia su señoría en la
proposición no de ley.
Por tanto, nosotros creemos que esta enmienda recoge las
preocupaciones de nuestro Grupo, mostradas ya en sucesivas
intervenciones, y pensamos que es una enmienda que va
justamente a poner en marcha algo que para nosotros es
sustancial, que es el programa de formación profesional,
presentado en mayo de 1993 y que resume los dos planes
presentados también en esta Cámara, uno para formación reglada
y, otro, para la formación ocupacional.
Pero lo que nos admira --a estas alturas todavía nuestra
capacidad de admiración es grande-- no son sólo los
comentarios que ha hecho usted ahora, sino los fundamentos de
su proposición no de ley, porque yo creo que hay que entrar en
el fondo de esos fundamentos.
Afirma usted que España figura entre los tres Estados de la
Unión Europea con menor porcentaje de alumnos y cita la media
europea del 49 por ciento. Yo quisiera preguntarle, señor
Ollero, qué fuentes ha utilizado usted para sacar esas cifras,
porque los datos que nosotros tenemos, procedentes de Eurostat
y de la OCDE --se los muestro aquí-- y de la propia Unión
Europea sitúan a España en el segmento intermedio, por delante
de los clásicos --Portugal, Grecia e Italia--, por delante de
Irlanda y del Reino Unido y por delante de Estados Unidos y
Japón, fuera de la Unión Europea.
Es cierto que existen más alumnos en Alemania, Dinamarca, en
todas esas órbitas. Pero yo creo que no se puede hacer
demagogia con este tema. Si usted pretende que haya más
alumnos en formación profesional, que podamos llegar al 80 por
ciento o al 70 por ciento, como tienen Dinamarca u Holanda,
¿ustedes están dispuestos a pagar el precio que esos países
han pagado? ¿ustedes estarían dispuestos a volver a poner en
marcha las reválidas que antes existían en los ciclos de la
enseñanza media y de la superior para poder tener una
enseñanza universitaria no masificada y una formación
profesional del 80 por ciento? ¿Ustedes estarían dispuestos a
poner una selectividad muy fuerte, que es el mecanismo que han
establecido otros países para que la formación profesional sea
mayoritaria y la universidad sea minoritaria? ¿Estarían
ustedes dispuestos a hacer eso? Porque eso hay que decirlo
aquí. No se puede afirmar simplemente que tenemos muy pocos
alumnos en la formación profesional sin dar absolutamente
ninguna
alternativa. Así es muy fácil hacer política. Ustedes tienen
que dar una alternativa en ese punto. ¿Qué quiere decir que
hay pocos alumnos? ¿Significa que ustedes querrían que hubiera
más alumnos a costa de una selectividad muy fuerte o a costa
de reorientar a los alumnos desde los 11 años para que fueran
directamente a la formación profesional?
¿Usted quiere, señor Ollero, anticiparse a aquella Ley Villar
del año 1970, donde había dos educaciones diferentes, para los
ricos y para los pobres? (Rumores.--Laseñora De Palacio
Valle-Lersundi: ¡Pero qué tonterías dice!) ¿Ustedes quieren
eso, como entonces, como antes de la Ley de 1970? (Rumores.)
Eso lo tienen que decir, señor Ollero. Cuando afirman que el
80 por ciento de los alumnos en esos países son de formación
profesional es porque ustedes pretenden volver a la situación
anterior a la Ley Villar Palasí, que usted recordará igual que
yo, porque ambos somos docentes.
Segundo punto. Dice que el Gobierno ha sido incapaz de
articular una formación profesional vinculada al mundo
empresarial. Las cifras que da en su proposición no de ley,
señor Ollero, son falsas. No hay 13.000 alumnos haciendo
prácticas en alternancia ni en los módulos de prácticas
obligatorias que fija la LOGSE. No hay 13.000 alumnos. En
todos estos años, en las fichas de los presupuestos que usted
conoce, como yo, la cifra ha variado entre 24, 25, 26 del año
1993. Y, desde luego, a nosotros no nos satisface. Tampoco
comprendemos de dónde ha sacado la cifra de 190.000 alumnos de
formación profesional, a qué cohorte se refiere: ¿al tercer
curso de formación profesional de segundo grado, que no llega
ni con mucho a esa cifra?
Yo creo, señor Ollero, que lo mínimo que se puede esperar de
un catedrático de universidad es que confronte sus cifras
cuando viene aquí y hace una intervención tan difícil como es
aventurar una posición en formación profesional. Usted tendría
que tener el rigor que otros intervinientes del Grupo Popular,
desgraciadamente, en este tema no han tenido; de usted sí se
exige ese rigor. Por eso le pediría que citara las fuentes de
su proposición no de ley.
Cuando dice que hemos sido incapaces de articular una
formación profesional vinculada al mundo empresarial, yo le
contestaría: No, nosotros tampoco estamos satisfechos.
Nosotros quisiéramos que hubiera más empresas que ofertaran
puestos para que se hicieran las prácticas obligatorias
contempladas en la LOGSE. ¡Claro que sí! Pero, ¿por qué no
podemos hacerlo? Todavía no les hemos oído a ustedes ni una
sola vez reclamar a los empresarios que inviertan en formación
profesional, ni una sola vez les hemos oído decir que los
empresarios en España invierten siete veces menos que en la
Unión Europea en formación profesional. (Rumores.--El señor
Martínez Martínez, Miguel Angel: ¡Muy bien!) Todavía no les
hemos oído decir ni una sola vez que es su responsabilidad y
no la del Gobierno, porque llegará un momento en que del
presupuesto público ya no estemos dispuestos a dar ni una
peseta más para formación profesional.
Dice su Grupo, cuando viene el Ministro a intervenir en la
Comisión, que las cifras bailan cuando hablamos de 83.000
millones destinados en el próximo trienio para la formación
profesional reglada; no vamos a hablar ahora del acuerdo de
formación continua. Ya es el momento de que su Grupo apele a
la responsabilidad de los empresarios para que no hagan unas
actuaciones en sus respectivas empresas que lleven nada más
que a la rentabilidad a corto plazo, que no contemplen el
desempleo joven como una auténtica lacra social y como una
concesión social que tienen que tener también los empresarios,
y para que de una vez por todas apuesten por la formación
profesional. (Un señor Diputado: ¡Primero!) No, primero, no,
vamos por el tercero.
Tercer punto. Dicen ustedes en los fundamentos de su
proposición no de ley: Se mantiene la falta de coordinación de
la formación reglada y la ocupacional. Señor Ollero, es que
usted desgraciadamente no ha llevado los temas de formación
profesional y usted no se ha enterado de que existe ya un
programa que ha unificado los dos planes, el de formación
reglada y el de la ocupacional. Por cierto, que una Diputada
de su Grupo dijo que merecía estar en un concurso literario.
Muy bien, si aceptan ese modelo, no digan que existe una falta
de coordinación porque está ahí ese programa. Otro tema será
el de sus dificultades a la hora de la puesta en práctica y a
la hora de su calendario, pero no digan que falta esa
coordinación porque está ahí. Y está creada también esa unidad
interministerial justamente para anticipar todas las
cuestiones que se refieren a ambos ministerios.
Dice, además, en los fundamentos: El Gobierno en diez años ha
presentado diez documentos distintos. No, señor. Ha presentado
un solo documento, que es el programa, y dos planes previos, y
después muchos borradores y preproyectos. ¡Claro! Lo que pasa
es que a los borradores y preproyectos ustedes les suelen
llamar otros documentos referidos a formación profesional. ¿Es
que ustedes no saben que el procedimiento de consulta es hacer
borradores y preproyectos? ¿Ustedes no creen que ése sea el
procedimiento normal hasta llegar a redactar un programa que
tiene que conjugar tantos intereses como un programa de
formación profesional?
Dice al final, como su gran alternativa a este modelo, al que
califican merecedor de un concurso literario, su gran
alternativa es: proponemos su reglamentación. Pero no dicen
reglamentación de qué, ni normativa de qué. La próxima vez que
hablen de reglamentación o normativa, más vale que se vean la
normativa correspondiente o la reglamentación.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Romero, vaya
concluyendo, por favor.
La señora ROMERO LOPEZ: Voy concluyendo.
No es cuestión de una reglamentación en abstracto. Será
cuestión de que ustedes definan qué tipo de proyecto, qué tipo
de modelo tienen en mente, porque se lo sacarán de la manga
para que entonces den su gran baza en formación profesional.
O, como dicen al final de sus fundamentos, lo que proponen es
una gran campaña de dignificación social de la formación
profesional. ¿De verdad creen ustedes que ésa es su
alternativa? ¿Ese es su gran modelo? ¿Una gran campaña de
dignificación? (La señora De Palacio Valle-Lersundi: ¡Pues
anda que el suyo!) ¿Esa es la manera de atraer alumnos a la
formación profesional? Francamente, me deja obnubilada, señor
Ollero. (La señora De Palacio Valle-Lersundi: ¡Si lo está
siempre!) Si ésa es su gran alternativa, me deja obnubilada.
Señor Ollero, de verdad creo que usted no se merecía haber
hecho esta intervención, francamente se lo digo. Es una
constante en su Grupo la falta de rigor en estos temas. Señor
Ollero, no se llama catálogo de certificaciones. Es el
catálogo de títulos. El equivalente en el Ministerio de
Trabajo es el repertorio. Se lo he dicho ya muchas veces a sus
intervinientes. Es el repertorio de certificaciones. Es que,
desgraciadamente, no se enteran, señor Ollero, y tengo que ir
corrigiéndoles paso a paso. (Rumores.) Ya es mucho que
tengamos aquí que establecer esa polémica tan elemental. ¿No
le parece que deberíamos avanzar algo más?
Esa constante que hacen ustedes en sus intervenciones y en
otras intervenciones referidas a estos mismos temas nos lleva
a pensar que ustedes son de una gran irresponsabilidad. Tienen
interés en que se regule la figura del profesor especialista,
pero, ¿por qué no lo dicen igual en la Comunidad Autónoma de
Galicia, o donde están ustedes gobernando? ¿Por qué no
agilizan los mismos plazos para donde ustedes gobiernan? ¿O
solamente hacen la actitud farisaica de ver la paja en el ojo
ajeno y no ver la viga en el propio? ¿Es que ésa es la
constante que van a usar ustedes, la falta de responsabilidad,
la falta de rigor y la actitud farisaica que mantienen? ¿Ese
es el proyecto que presentan para la formación profesional?
(Fuertes rumores.) Pues si es ése, esperemos que tarden mucho
tiempo en gobernar.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos y rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Romero.
¿Grupos que deseen fijar su posición en este debate? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Hinojosa.
El señor HINOJOSA I LUCENA: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, mi Grupo cree que esta
proposición no de ley presentada hoy aquí por el Grupo Popular
es oportuna porque nos permite debatir sobre un tema que a
todos nos preocupa. Todo lo que se haga por racionalizar la
formación profesional es bienvenido porque de ahí saldrán
luego nuestros jóvenes competitivos respecto a los países de
nuestro entorno. Por tanto, nos parece bien y acertada la
presentación de esta proposición no de ley.
Ahora bien, nosotros creemos que entre la proposición no de
ley y las enmiendas que presenta el Grupo Socialista no hay
sustancial diferencia. Nosotros estaríamos encantados de que
esta proposición no de ley fuese enriquecida con las enmiendas
presentadas por el Grupo Socialista porque ello nos permitiría
votar favorablemente este tema; todos necesitamos regularizar,
regular, empujar y apoyar entusiásticamente la clarificación
de las vías de formación profesional de nuestros jóvenes.
Si el Grupo Popular, más allá de los cruces de intenciones y
de las frases fuertes que pueda haber, logra serenarse y
aceptar las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista,
creo que podríamos hoy, en esta Cámara, votar favorablemente
una proposición que sería eficaz en el desarrollo de ese
empuje que hemos de dar a la formación profesional en nuestro
país.
Nada más, señor Presidente.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Hinojosa.
Por el Grupo parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor González Blázquez.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Gracias, señor Presidente.
La verdad es que uno no entiende nada. Se presenta en este
Pleno una proposición no de ley, por una vez en temas de
educación, perfectamente razonable, del Grupo Popular; se
presentan unas enmiendas del Grupo Socialista, que, si cabe,
son más restrictivas para su cumplimiento por parte del
Gobierno, y se produce un debate agrio que parece como si se
estuviera buscando alguna excusa para no votar algo razonable
para la formación profesional.
Mi Grupo ha venido a intentar ponerles a ustedes de acuerdo, y
la propuesta razonable del Grupo Popular --lo repito-- queda
más enriquecida con las enmiendas del Grupo Socialista.
Pónganse ustedes de acuerdo y permítannos sacar por unanimidad
algo para la formación profesional; si no, esta tarde el señor
Ollero saldrá cargado de razón, la señora Romero cargada de
razón, pero aquí no se va a aprobar nada.
Nuestro Grupo, ya en su momento, con motivo de la
comparecencia del señor Ministro de Educación, puso de
manifiesto la necesidad de planificar la oferta de formación
profesional.
Criticábamos que las comisiones provinciales con participación
de agentes sociales, que elaboraron una propuesta del mapa de
la FP, habían sufrido un recorte vía presupuestaria de casi el
50 por ciento. Manifestábamos igualmente la necesidad de
conocer la red de centros para que todos los municipios
conocieran dónde iba a haber oferta de cada familia y para que
los alumnos aclararan una situación en la que convivían tres
sistemas educativos simultáneamente en la FP: la FP antigua,
los módulos y la anticipación de la reforma.
Es necesario también recordar que, por fin, parecía que este
año iba a ser el año de la FP, o el próximo, después de que
los ministros anteriores al señor Suárez Pertierra lo habían
proclamado.
Reclamábamos también de la Administración una mayor atención
al profesorado y decíamos que tenía que partir del perfil que
tenía en la actualidad, no sólo por el cuerpo de experiencia
profesional o laboral, sino también por la formación y
capacidad para diseñar las estrategias formativas que nos
encaminaran al perfil final del profesorado que se iba a
necesitar. En este campo el Ministerio entendemos nosotros que
ha adolecido de una excesiva improvisación sin que se haya
ofertado ningún mapa de necesidades ni plan alguno para
superarlas.
Urge una formación del profesorado que parta de lo existente y
se proponga, en un breve plazo, completar la actualización del
profesorado, un plan que contemple la tecnología de la ESO y
la formación específica y que se pueda desarrollar tanto en
las empresas como en los centros y en las universidades.
Entendíamos que la formación y los períodos sabáticos debían
servir también para posibilitar el cambio de especialidades
que la reconversión de ramas y familias pueden demandar en
función de la adecuación provincial. Este cambio voluntario
debe ser una de las posibilidades que se abran para solventar
los problemas de las familias que hoy tienen escasez de
demanda.
En los títulos conocidos hasta el momento se ha planteado
también un problema que habría que solucionar y que conviene
que tengamos en cuenta. Algunas familias contemplan dos
especialidades distintas dentro de un mismo cuerpo. Esta
división puede considerarse positiva si camina hacia una mayor
especialización del profesorado que en múltiples ocasiones se
ha quejado de la amplitud y heterogeneidad de algunas áreas,
pero también genera inconvenientes al complicar el proceso de
adscripción diversificando las opciones y reduciendo las
posibilidades de movilidad del profesorado al disminuir las
vacantes de cada especialidad. Todo ello exige una
participación del profesorado en los planes de viabilidad de
los centros y es necesario también un período, breve pero
transitorio, para poder llevar a cabo la sustitución de la FP
de primer y segundo grado por los ciclos formativos.
Era necesario también, como manifestábamos en la comparecencia
del señor Ministro, encontrar vías alternativas claras para la
pequeña empresa, las profesiones emergentes y las comarcas con
un desarrollo económico limitado, y me estoy refiriendo a la
búsqueda de empresas para prácticas de los alumnos.
Para ello había de contemplar, decíamos también, algunas
posibilidades, como era la realización de la formación en
centros de producción alejados del entorno del centro
educativo, apoyándolo con becas o estancias en residencias de
estudiantes. Cambiar la formación en centros de trabajo por la
formación en otros centros educativos, por ejemplo, en los
centros de innovación. Crear empresas especializadas,
cooperativas. Establecer programas alternativos para realizar
en el centro educativo para suplir los PCT. Insistíamos,
además, en la necesidad de que el profesorado, como decía
antes, participara en estos módulos y que tuviera también una
formación específica en la que se estableciera un marco legal
que determinara la responsabilidades y garantías de las partes
que participen en la formación y en que se cumplan unos
requisitos mínimos comunes que garanticen que el alumnado no
sería utilizado en puestos productivos y no formativos.
Los tres ejes, finalmente, señor Presidente, que permitirían,
según nuestra opinión, que la reforma se llevara a cabo en
condiciones de calidad podían ser: la necesidad de incrementar
y planificar la formación; la dotación no sólo de medios sino
también de recursos pedagógicos y materiales de apoyo y la
adecuación de la jornada para falicitar coordinación y trabajo
en equipo.
Pero hoy, como decía al principio, nos encontramos con una
proposición no de ley que, oportunista o no, hecha o no
después de la comparecencia del señor Ministro, aprovechada o
no por un Diputado para lucirse, lo cierto es que es
razonable. Nos encontramos, como decía --e insisto--, con unas
enmiendas que enriquecen y, además, controlan, si acaso más,
la acción del Gobierno para hacer propuestas en formación
profesional.
A nosotros nos gustaría votar esta tarde la proposición no de
ley con las enmiendas del Grupo Socialista y apelamos, como
hacía otro grupo, a que se pongan ustedes de acuerdo y nos
permitan aprobar hoy una proposición que dé respuesta a muchas
demandas en formación profesional.
Muchas gracias y nada más, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
González.
Tiene la palabra el señor Ollero para indicar la aceptación o
no de la enmienda presentada por el Grupo Socialista.
El señor OLLERO TASSARA: Estimo que la portavoz socialista no
sólo ha contradicho mi intervención, sino que me ha sometido a
un vapuleo inmisericorde. Por ello, solicito dos minutos. Ella
ha desahogado su envidiable energía y yo algo tengo que decir.
Me ha llamado hasta catedrático, además con retintín. (Risas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ollero, sabe que
el turno es para indicar la aceptación o no de la enmienda.
Bien es cierto que el que defiende una enmienda a la vez fija
la posición; no obstante, brevemente y en el turno de expresar
las razones por las que S.S. acepta o no, puede hacer alguna
indicación. Pero sólo tiene un minuto.
El señor OLLERO TASSARA: O sea, que lo haga habilidosamente.
Muchas gracias, señor Presidente.
La enmienda socialista tiene cuatro puntos, en vez de tener
cinco, por lo tanto, es menos concreta que la nuestra, es más
vaga. En cuanto al primer punto, nosotros proponemos que se
publique el mapa antes del curso 1995-1996, señora portavoz,
no que existan titulaciones, que se publique antes de dicho
curso y se pueda conocer, no como ocurre ahora que no se
conoce.
Ha dicho S.S. que nosotros lo que hacemos es restringir los
plazos. En este caso los que casualmente restringen los plazos
son ustedes, porque, en vez de aprovechar que hemos dicho
1995-1996, dice que no, que tres meses; por tanto, es S.S. la
que restringe los plazos. Ha perdido ahí una estupenda
oportunidad de no utilizar ese argumento, sino otro más
acertado.
Por otra parte, al hacerlo ustedes así, demuestran su poca
credibilidad en el Ministro, porque el Ministro acaba de decir
el mes pasado en el Senado que ese mapa estará a principios de
1995. Ustedes no se lo creen y le dan tres meses, seguros por
lo visto de que va a incumplir lo que acaba de decir hace un
mes.
En cuanto al segundo punto, insistimos en que hay unos
compromisos de esta Cámara que ustedes, por lo visto, no
piensan respetar, ni algún otro grupo que tendrá sus razones
ajenas a la formación profesional para votar lo que ustedes
voten, sea lo que sea. Ese es otro problema.
Dice S.S. que no hay diez documentos; el texto dice
documentos. Plan de reforma de la formación profesional. Me
admitirá que es un documento. En este documento se decía que
el plazo terminaba en junio de 1993. Hay otra cosa que se
llama programa nacional de formación profesional. Me admitirá
que es un documento. Otro documento ¿o el mismo reencarnado?
No, es otro documento. (La señora Romero López: es el
documento, es el documento.) Aquí dice que en el año 1994, y
así ha habido diez documentos. Son cosas distintas. (La señora
Romero López: ¡No se enteran!) Usted dice que hay un solo
plan, no sé yo a qué le llama usted plan. Debe ser un plan
dialéctico hegeliano que se va desglosando por tesis,
antítesis y síntesis, como dicen los catedráticos...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ollero, no es un
turno en contra.
El señor OLLERO TASSARA: Punto tercero de la enmienda.
(Rumores.) En este punto ustedes enmiendan dos cosas. Por un
lado, nosotros pedimos material didáctico para alumnos y
profesores. Ustedes a los alumnos les quitan de enmedio, no sé
por qué, como usted no ha hecho la enmienda, tampoco lo sabrá.
Pero a los alumnos se los han quitado de enmedio. (Risas.)
Por otra parte, nosotros proponemos que sea en el mes de
abril, porque en el último trimestre es cuando se prepara el
curso, como S.S. muy bien sabe cuando no ejerce de señoría,
sino de profesora. No se entiende que usted admita que en
septiembre se pueda publicar eso ni se entiende que en
septiembre se pueda dar paso a la figura del profesor
especialista.
Nosotros hemos señalado que las familias de módulos son un
cuello de botella que impide que esto se desarrolle. Usted me
dice que si selectividad o no. Es decir, que acaba confesando
que si ustedes no impulsan más la formación profesional es
porque no quieren poner selectividad --es una confesión de
parte-- y, además, echa la culpa a nuestro Grupo de que los
empresarios no den más dinero. Eso es problema de ustedes, que
están gobernando. Para empezar, los 1.300 millones de pesetas
que han regalado ustedes a Dios sabe qué empresario para que
haga lo que está hecho, pónganlos ustedes para la FP y algo
han ahorrado. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ollero, entiende
la presidencia que no aceptan la enmienda de sustitución
presentada por el Grupo Socialista.
El señor OLLERO TASSARA: Es grande la agudeza de S.S. En
efecto.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Ollero.
Vamos a pasar a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular,
sobre promoción y coordinación de la formación profesional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 292; a favor, 137; en contra, 155.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE LA POLITICA GENERAL DE
TRANSPORTES Y, EN PARTICULAR, SOBRE LAS IRREGULARIDADES DE
GESTION, CONTRATACION Y SEGURIDAD EN LA EMPRESA FEVE, DURANTE
EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS AÑOS 1991 Y 1994 (Número de
expediente 173/000065)
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: Mociones
consecuencia de interpelaciones urgentes.
Moción del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
consecuencia de interpelación, sobre la política general de
transportes y, en particular, sobre las irregularidades de
gestión, contratación y seguridad en la empresa Feve, durante
el período comprendido entre los años 1991 y 1994.
Tiene la palabra el señor García Fonseca.
El señor GARCIA FONSECA: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, subo a esta tribuna para
defender, en nombre de mi Grupo Parlamentario, Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, las mociones consecuencia de
la interpelación que hemos debatido en el Pleno anterior,
indicándoles que, como aparece en el texto que ustedes tienen,
se han agrupado las distintas cuestiones en sólo dos mociones,
de tal modo que en la segunda se encuentran los temas que mi
Grupo tenía previstos antes de la interpelación, dejando
reflejado monográficamente en la primera la creación, que
anuncié durante el debate de interpelación, de una Ponencia
especial en la Comisión de Infraestructuras y Medio Ambiente.
El texto que tienen en sus manos, dice así: El Pleno del
Congreso de los Diputados acuerda crear una Ponencia especial,
en el seno de la Comisión de Infraestructuras y Medio Ambiente
de la Cámara, que analice y elabore un informe sobre las
irregularidades de gestión, contratación y seguridad en la
empresa Feve, durante el período comprendido entre los años
1991 y 1994.
Como recordarán, anuncié esta moción en la interpelación al
señor Ministro, tras su peculiar intervención. El señor
Borrel, entre cosas, dijo textualmente: No soy un auditor
profesional, señoría. Yo no me pongo a leer y a verificar
personalmente lo que me dice usted sobre tal caso concreto, y
usted comprenderá que no tengo por qué dedicarme a hacer de
inspector, llamando personalmente a trabajadores de Feve, que
es lo que ha sugerido el señor García Fonseca.
Señorías, el señor García Fonseca había sugerido que el
Ministro, o persona de confianza en que él delegara, si quería
verificar muchos de los extremos, casi todos, que yo vertía
sobre el informe del que hemos hablado muchas veces, bastaba
con que, directa o indirectamente, a través de persona de su
confianza, se dirigiera personalmente a los distintos jefes de
departamento, a los distintos directivos de la empresa.
Nosotros, que sí solemos cumplir lo que aconsejamos a los
demás, y como no queremos perdernos demasiado en las alturas
--a pesar de tampoco ser auditores, como no lo es el señor
Ministro--, hemos hablado con los trabajadores de las empresas
públicas, con sus directivos, con sus cuadros técnicos y
sindicales, y entendemos que si el entorno más cercano al
señor Borrell y su Ministerio hubiese atendido, hace meses, a
aquellos directivos y trabajadores, algunos de ellos
militantes de su propio Partido, que estaban dispuestos a
explicarle lo que estaba sucediendo en Feve, le hubiesen
ahorrado muchos disgustos, y los que quizás aún quedan por
venir, al señor Ministro.
Como consecuencia de la actitud tibia y justificadora del
señor Borrell, el ex presidente de Feve, señoras y señores
Diputados, incluso ahora, ya ha tenido tiempo para
congratularse ante su ex consejo de dirección --concretamente,
el jueves pasado-- de la constatación del apoyo que ha
recibido del Ministro Borrell, de su buena gestión y, lo que
es más importante, de que ha sido porque él ha querido y que
nadie le ha echado. Ni una irregularidad, ni una ilegalidad.
Ya lo dijo el señor Ministro: De aquellos errores en los
procedimientos, lo de sus gastos de representación quedó
claro. Ya dijo también el señor Ministro que no era ilegal.
Todas éstas son expresiones cuasi-literales del señor Martín
Baranda.
Pero no acaba ahí, don Gonzalo Martín Baranda informa a su ex
consejo de dirección que no les abandonará y que desde el
importante puesto que le han ofrecido en Renfe, que no está
autorizado a revelarles, seguirá con ellos. Por último --por
eso le recomiendo incluso al señor Borrell que piense quizás
en ceder su puesto al señor Martín Baranda--, ya ha anunciado
quién va a ser el próximo presidente de Feve y lo ha dicho con
nombre y apellidos, Julén de Elorriaga, provinente de Enatcar,
que se ha negado en dos ocasiones, pero que, al final, se ha
visto obligado a aceptar porque es muy disciplinado y, como
mal menor, ha pedido un mes de plazo.
Uno se podía preguntar para qué necesitamos un ministro si
resulta que el ex presidente de Feve se toma estas
atribuciones o si existe un Secretario de Transportes, como el
señor Panadero, que, durante estos años, ha sido realmente
quien ha llevado el timón del Ministerio en los asuntos de
transportes y así nos ha lucido el pelo.
El informe que este Diputado ha presentado al señor Borrell
sobre Feve es un pequeñísimo ejemplo de lo que estaba
intentando explicar, en cuanto que está dispuesto a escuchar a
aquellos que llevan meses queriendo hablar, a los que el
Ministerio del señor Borrell no ha querido escuchar y ha
permitido que, finalmente, fuesen represaliados por el señor
Martín Baranda semanas antes de ser cesado o de dimitir en su
cargo.
El señor PRESIDENTE: Señor García Fonseca, le recuerdo que el
debate que está en curso no es una continuación de la
interpelación, no están aquí los sujetos que intervienen en el
debate de la interpelación. Es para explicar la moción
consecuencia de la interpelación.
Sabe S.S. que yo no suelo interferir en el contenido de esas
intervenciones, pero sí en el tiempo, y el tiempo
que consuma en esto después no lo podrá consumir en la defensa
de la moción.
El señor GARCIA FONSECA: En todo caso, intentaré hacerlo con
brevedad, ateniéndome al motivo de esta intervención.
La justificación de la petición de una ponencia en la Comisión
de Infraestructuras y Medio Ambiente está implícita en todo el
proceso del caso Feve, que ha tenido como corolario la
intervención del Ministro responsable en el Pleno de la semana
pasada.
El resto de elementos que hemos encuadrado bajo una sola
moción reúne lo que, a juicio de nuestro Grupo, han de ser las
medidas tanto preventivas, profilácticas, cuanto de justicia,
y, por último, y fundamentalmente, de futuro para que Feve
deje de ocupar primeras planas en la prensa por episodios nada
edificantes.
El encabezamiento de esta segunda moción, con seis puntos,
dice textualmente: «El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a que de manera urgente se adopten las siguientes
medidas en la empresa Feve». Permítanme algún breve
comentario, poco usual, a lo que es un encabezamiento que
parece protocolario. Para mi Grupo es fundamental que el
Gobierno de una vez se tome en serio Feve y que se acuerde de
ella más allá de los arrebatos que le sacuden en aras a cerrar
líneas o a reducir sus servicios. La urgencia que reclamamos
en las medidas a acometer se basa en la necesidad que tiene la
compañía de desbrozar la jungla en la que el señor Martín
Baranda ha convertido todos sus estratos operativos.
Feve no puede continuar más tiempo paralizada. La esclerosis
funcional a la que los responsables del Ministerio la han
sometido desembocará, si se sigue por este camino, en la
desaparición de la empresa.
El primer punto de esta segunda parte de la moción se centra,
precisamente, en demandar una auditoría externa que elimine
las dudas razonables que, respecto a la bondad de los métodos
empleados por el Ministerio en su investigación propia, han
despertado las supuestas primeras conclusiones presentadas
tanto por el señor Panadero, como por el señor Borrell.
Nosotros, como el señor Borrell, no dudamos de la
profesionalidad de los funcionarios de la IGAE ni de los
pertenecientes a la Subdirección de Control de Organismos y
Entes Públicos. Incluso, vamos más lejos. Las conclusiones de
los funcionarios, al contrario de las que ya ha anticipado el
Ministro de «motu proprio», sí que nos merecen la confianza.
Los problemas en las auditorías propias --y subrayo lo de
propias, por eso en este punto nosotros pedimos una auditoría
externa-- nacen cuando o bien se indica dónde hay que mirar o
bien se indica dónde no hay que mirar, o incluso no se tienen
los elementos de juicio como para evaluar en profundidad el
cumplimiento de unas normas de una gestión en su globalidad.
Creemos que éste ha sido el caso de Feve, y por eso, repito
solicitamos una auditoría externa a la que nadie pueda
presionar.
Para que el resto de los Diputados puedan hacerse una correcta
idea de la importancia de este primer punto, les voy a aclarar
las actuaciones investigadoras del Ministerio hasta el
momento. Los organismos intervinientes han sido la
Subdirección de Control de Organismos y Entes Públicos, la
Inspección General de la Administración del Estado --IGAE--, y
la propia Secretaría General para los Servicios de
Transportes, personificada en el señor Panadero.
Las actuaciones emprendidas por estos organismos han sido las
siguientes. Primera, inspección sobre los procedimientos de
contratación de personas, bienes y servicios, a cargo de la
Subdirección de Control de Organismos y Entes Públicos.
Segunda, inspección anual para elaborar un informe que
justifique la petición de subvención del déficit de
explotación, a cargo de la Inspección General de la
Administración del Estado. Tercera, auditoría de gestión, a
cargo de la Inspección General de la Administración del
Estado.
Al análisis de procedimientos y control, había que preguntarle
qué explicación encuentra para los siguientes casos, entre
otros. Las irregularidades en la concesión a GMP de la
elaboración del inventario inmobiliario en Feve, que ni era la
mejor ni la más barata, pero sí la que aparece en el asunto de
los comisionistas de AVE. Era la empresa estatal SGV la que
ofrecía el mejor precio y obtenía la mejor puntuación de la
Dirección de Administración y Finanzas. Sin embargo, el
Presidente de Feve, en un medio de comunicación contesta que
se concedió a la más barata, y, en otro, que no se concedió a
la SGV porque ya había hecho para Feve un trabajo previo sobre
el mismo tema. Por lo demás, si no se pensaba concederles el
trabajo, se podía uno preguntar para qué se le invitó a
concursar.
El señor PRESIDENTE: Señor García Fonseca, le ruego concluya.
El señor GARCIA FONSECA: Con relación a la propia auditoría
--por llamarla de alguna manera-- que, por encargo explícito
del señor Borrell, llevó directamente el Secretario General de
Transportes, señor Panadero, simplemente deseo decirles que si
bien el señor Ministro reconoció en el Pleno pasado que, al
menos en los temas de los gastos de representación, creía que
había cosas reprochables, hasta tal punto que justificaba la
aceptación de la dimisión del Presidente de Feve, sin embargo,
el señor Panadero, en la última carta que remite a este
Diputado, dice que los gastos de representación que tiene
adjudicados la Presidencia de Feve deben ser justificados
mediante facturas y posteriormente fiscalizados
administrativamente, lo que garantiza su correcta
aplicabilidad presupuestaria. Además,
son auditados anualmente, de forma ordinaria, junto con los
demás gastos de la empresa, y hasta la fecha no se ha recibido
ninguna notificación de irregularidades cometidas en este
concepto. ¿En qué quedamos?
Ustedes entenderán --con esto termino, señor Presidente-- que
mi Grupo haga hincapié en el resto de los apartados de esta
segunda parte de la moción, cuando decimos: esclarecimiento y
exigencia de las responsabilidades que se deriven de la citada
auditoría; cuando pedimos un plan de empresa, aceptado ya a
propuesta de Izquierda Unida, pero que creemos que es
necesario adjetivarlo con las especificaciones que señalamos
en este punto 3; cuando pedimos la reforma del Estatuto de
Feve para dar paso a las comunidades autónomas en su gestión;
cuando pedimos que se vuelva atrás en la estructura impuesta
por el ex presidente de Feve, cuya finalidad no ha sido otra
que eliminar o represaliar de alguna manera a los directivos
que simplemente no pensaban como el presidente y que primero
se haga un plan de empresa y, a tenor de ese plan, que se haga
la estructura que responda al mismo; o cuando pedimos que una
comisión técnica efectúe un seguimiento sistemático del
compromiso-marco entre el Ministerio tutelar y Feve.
Estas son las mociones que sometemos a su consideración.
Nosotros pensamos que el futuro de Feve, en buena medida,
depende de que SS.SS. puedan apoyarlas con su voto afirmativo.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Fonseca.
Enmienda del Grupo Popular a esta moción. Para su defensa,
tiene la palabra el señor Camisón.
El señor CAMISON ASENSIO: Señor Presidente, señorías, voy a
intentar exponer las enmiendas que mi Grupo presenta a esta
moción de Izquierda Unida y también a fijar la posición del
Grupo Parlamentario Popular sobre la moción.
La moción solicita que una auditoría externa clarifique muchas
cuestiones. Esta insistencia y objetivo de la moción creo que
es oportuna porque, a lo largo de todo el debate, tanto en la
comparecencia del presidente de Feve, como en el debate de la
interpelación, se han empleado muchos argumentos
contradictorios, algunos sin pie ni cabeza, incluso algunos
afrentando a la capacidad de raciocinio de los individuos. Se
llegó a argumentar que el escándalo de adjudicar a Feve, por
parte de CAE, no afectaba al señor Palomino porque este señor
dejó su relación con CAE a finales de 1991 y la adjudicación
se realizó en 1993, argumento que es demencial porque, de
admitirlo, se estaría negando que ha podido existir un pago
aplazado por parte del Gobierno. ¿Qué impide que el Gobierno
pagara a CAE en 1993 un favor de CAE consumado en 1991? Nada
lo impide. Por tanto, argumento que hay que clarificar;
argumento que es rebuscado e inconsistente.
Se han hecho otros a la desesperada, por ejemplo, cuando se ha
dicho que hubo otras obras que no se adjudicaron a CAE, y se
dijo como exculpación. Ya dijimos en la comparecencia del
señor Martín Baranda que estaría bueno que todas las obras de
Feve se hubieran adjudicado a CAE. Ya dijimos que con tan sólo
una corrupción potencial entre mil perfecciones, la conducta
sería execrable. Y se ha esgrimido también en la interpelación
el argumento, que es fallido, de que CAE pidió 300 millones
para reformados en la obra objeto del escándalo y sólo se le
concedieron 115 millones, con lo que se consumó la gran
injusticia contra la otra empresa concursante.
Y es que el Ministerio de Obras Públicas, y más concretamente
la Secretaría General de los Servicios de Transportes, nos
tiene ya muy acostumbrados a este truco clásico que tanto
prodiga, incluso con las licencias de transportes de viajeros
por carreteras. De ahí la oportunidad de la moción cuando
implica en esas responsabilidades no sólo al presidente de
Feve, sino al Secretario de Transportes; truco que consiste en
adjudicar barato a un preferido, a un paniaguado, se ahuyenta
con ello la competencia, se presenta luego un reformado de
alto presupuesto, después se le rebaja y se le concede un
reformado de presupuesto normal, con lo cual se ha favorecido
al elegido y encima queda como una víctima; actuación que
habrá que clarificar, porque es claramente indecorosa.
Añádase que el Gobierno, vía Secretaría General del Servicio
de Transportes, ha ocultado al Parlamento que Feve favoreció a
otras empresas, como por ejemplo a GMP, o las contradicciones
permanentes del Secretario General en el tema de los
apartamentos de Feve en Madrid.
La moción también aboga por que se clarifique el grado de
incumplimiento de la normativa. Efectivamente, creo que
también es oportuno, porque dentro del patetismo de la
conferencia del ex presidente de Renfe en esta Cámara, éste
tuvo otro gesto angelical de sinceridad. Fue cuando inculpó a
este Grupo Parlamentario que represento de ser el causante de
sus problemas en Feve. Textualmente dijo: «Si usted no hubiera
exigido que se cumplieran las directivas comunitarias, mis
problemas y las filtraciones a la prensa no se hubieran
producido».
Es hora, por tanto, durante la interpelación, ahora en la
moción y en la ponencia si se crea, de clarificar también
quién daba las instrucciones al Presidente de Fevepara cometer
la ilegalidad de no cumplir la normativa comunitaria, o quién
se lo consintió durante tanto tiempo, con lo cual vemos que,
efectivamente, las responsabilidades políticas exceden del
Presidente cesado de Feve.
La moción aboga, asimismo, por un plan de empresa con
objetivos comerciales. Ya lo hemos dicho en los debates
anteriores. Por ejemplo, el 19 de octubre de 1992, este
Diputado suscribía una iniciativa parlamentaria en el mismo
tramo Bilbao-Balmaseda, referida a la electrificación, que
supuso un despilfarro de 88 millones de pesetas, con una
adjudicación también saltándose las normas en cuanto se
perjudicó a otra empresa que tenía más experiencia técnica, un
informe favorable de los servicios técnicos y que había
ofertado 88 millones de pesetas menos. Habrá que clarificar,
en esa ponencia que se propugna, por qué el Secretario General
y el propio Ministro han tardado dos años, desde el 19 de
octubre de 1992, fecha de nuestra denuncia parlamentaria, en
reaccionar hasta cesar al Presidente de Feve.
Como ven, señorías, intento dejar claro que existe una postura
de bastante identidad por parte de nuestro Grupo a favor de
esa auditoría externa que se pide que clarifique esta
cuestión. En líneas generales, mi Grupo está bastante de
acuerdo con la moción. No obstante, se puede mejorar, y por
eso hemos presentado dos enmiendas de adición. Una se refiere
a que por fin aparezca en esa ponencia de estudio el efecto
político fundamental de la cuestión, que es lo que pudiera
afectar a la empresa CAE-Raíl. No tendría sentido haber estado
debatiendo sobre este tema en la interpelación y que luego en
esta moción no quedara aprobado el compromiso de entrar a
fondo en las adjudicaciones de Feve a la empresa CAE-Raíl.
La segunda enmienda de nuestro Grupo se refiere a que nosotros
seguimos --y lo hemos manifestado en varias ocasiones--
defendiendo la integración de Feve en Renfe como una unidad de
negocio más. Hemos dado ya razones suficientes de todo tipo,
en Comisión en varias ocasiones y en este Pleno hace
escasamente un mes la última vez, y por tanto libero a SS.SS.
de repetir tales razonamientos.
En base a todo lo expuesto, pido el voto para ambas enmiendas
del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Camisón.
Enmienda del Grupo Socialista. Para su defensa, tiene la
palabra el señor García-Arreciado.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Muchas gracias, señor
Presidente.
Señoras y señores Diputados, como no hemos venido a hablar del
señor Martín Baranda, ni del señor Panadero, me voy a ceñir a
la intervención del señor García Fonseca, que tiene que ver
con la moción que hoy nos ha planteado. Voy a pasar también de
puntillas sobre la intervención del señor Camisón, a la que
siempre nos tiene acostumbrados. Hoy yo creo que se ha
superado, se ha esmerado en su absoluta falta de escrúpulos en
el uso de este idioma, dada la facilidad con que asigna a los
comportamientos de las personas calificativos injuriosos.
Usted está instalado permanentemente en el prejuicio doloso;
mezcla los datos y llega a tener la falta de visión de decir
que no se puede garantizar que el señor Palomino cesó en CAE
dos años antes de la adjudicación de la obra, en el año 1993,
que no está nada claro que no se trate de un pago anticipado
de una obra que ni siquiera estaba convocada, ni licitada, ni
adjudicada, ni en la mente de los gestores de FEVE. No me voy
a referir a su intervención, pero sí quiero dejar clara mi
protesta, como tantas veces, por la absoluta --insisto-- falta
de escrúpulos con que usted utiliza este idioma y el uso de
las palabras que entran de lleno en la injuria personal.
Respecto a la moción que estamos viendo, estamos bastante de
acuerdo en el contenido de lo que usted pretende, señor García
Fonseca. Usted sostiene la tesis de que en FEVE hay una
gestión digna de ser analizada y estudiada. Habla usted de
actuaciones irregulares, alguna de las cuales, dice y
sostiene, se sitúan claramente en el terreno de la corrupción.
Nosotros creemos que no es cierto. Nosotros creemos que la
gestión de FEVE es una gestión que responde a los objetivos
que le habían marcado desde el centro director responsable de
ella. Hay una importante mejora en la gestión económica; un
importante aumento en el tráfico de pasajeros y de mercancías,
en los ingresos, en las inversiones, en la seguridad, en la
puntualidad, en la regularidad; es decir, en todos los
parámetros que definen la gestión. No obstante, usted sostiene
que esa gestión no está clara, y para ello aporta un documento
al que hay que darle, señor García Fonseca, el valor que
tiene. El valor, sin duda estimable, de ser un esfuerzo
importante de tiempo que usted ha dedicado a redactarlo, y
que, según su criterio, resume, con un valor absolutamente
taumatúrgico, la realidad de las cosas en FEVE. No se le
escapa a usted que ese informe ha sido desmontado, pieza por
pieza, por un contrainforme hecho por la empresa;
contrainforme del que se le ha ido dando a usted la
información necesaria en las cinco cartas que, con tal motivo,
le ha dirigido a usted, en los meses de julio y octubre, el
señor Panadero, dándole cuenta y ajustando a esas cartas los
contenidos del contrainforme de FEVE, que desmontaba el que
usted había presentado.
Estamos, por tanto, en una situación difícil. Usted sostiene
una tesis y nosotros sostenemos las contrarias. Vamos a hacer
los dos, y solicito de la Cámara que haga el mismo esfuerzo,
una dejación de nuestros respectivos perjuicios. Vamos a
establecer un sistema de trabajo que nos permita conocer la
realidad de la gestión de FEVE y nos permita emitir un juicio
valorativo de esa gestión, que hoy se ofrece con valoración
diferente desde su punto de vista y desde el nuestro. Vamos a
demostrarnos todos que estamos por la labor de
conocer la realidad de las cosas y no de condenar, con
carácter previo, unas actuaciones sobre las cuales no tenemos
bastante información.
Yo creo que para alcanzar ese objetivo que nos une a su Grupo
y al nuestro, y espero que a los restantes grupos de la
Cámara, es suficiente el texto alternativo de moción que hemos
planteado. Dése tiempo a la Intervención General de la
Administración del Estado, sobre cuyo rigor en los trabajos
que efectúan no parece que haya dudas en esta Cámara, a
terminar una labor que ha iniciado y que considerará
exhaustivamente la realidad de la gestión habida en FEVE en
los últimos años; solicitemos del Gobierno, como consta en el
texto alternativo que hemos presentado, que remita a esta
Cámara ese informe de auditoría externa, que lo es, es
auditoría y es externa porque no está hecha por el propio
órgano auditado sino por un órgano exterior, además
extremadamente celoso en el trabajo que efectúa; conozcamos
ese informe remitido a la Comisión, y creemos una ponencia en
el interior de la misma, que, como decimos en nuestro texto,
permita emitir un juicio de valor sobre una gestión que hoy es
considerada de manera diferente por los grupos de esta Cámara,
ya que posiblemente el conocimiento de la información de esta
Intervención General nos permita hallar puntos de encuentro
que hoy son diferentes, porque es diferente la información que
manejamos usted y yo en concreto.
El resto de los contenidos de su moción entra, permítame que
se lo diga, en el terreno de directrices de gestión en la
empresa. El propio día 15 de noviembre se aprobó en Comisión
una proposición no de ley por la cual se insta a FEVE a que
redacte, en el menor plazo posible, un plan estratégico, plan
de empresa lo llama usted en su moción. Ese plan estratégico
permitirá redactar un contrato-programa, igual que en el caso
de Renfe, entre la Administración y FEVE, y al mismo tiempo se
están redactando los nuevos estatutos de FEVE, de forma que, a
la finalización de los mismos y de este nuevo
contrato-programa que se debe de firmar, como en todos los
casos en los que existe se crea una comisión técnica de
seguimiento de ese nuevo contrato-programa.
Por tanto, la mayoría de los contenidos de su moción, o están
incluidos en la nuestra, o están en la realidad de las cosas
que están ocurriendo en estos momentos. Solamente hay un punto
que nos separa. Ustedes quieren desmontar la estructura
administrativa de la que se ha dotado FEVE en los últimos
tiempos. No es posible eso. Esa estructura se ha montado en
cumplimiento de las directivas comunitarias, que establecen
una forma de organización de las empresas ferroviarias, unos
centros de coste, unos centros de dirección, unos centros de
responsabilidad. Esa estructura se ha hecho por FEVE, ha sido
comunicada a los órganos que tienen la competencia de
controlarla, y ha sido aprobada. Insisto, es el único punto
que nos separa. El resto está comprendido o bien en nuestra
moción, o en los trabajos que, sin necesidad de esta moción,
ya están en curso.
Yo les ruego a ustedes que acepten esta moción, que da
satisfacción al interés sustantivo de su Grupo, que es conocer
la realidad de la gestión de FEVE, y poder emitir un juicio de
valor, y todas las responsabilidades, como es lógico, que se
pudieran deducir del juicio de valor que esta Cámara emita
sobre esta gestión. Para ello es suficiente nuestra moción, y
a su grupo, y al resto de los grupos de la Cámara, les pido
que la tomen en consideración para que pueda salir adelante
con el apoyo de todos los grupos parlamentarios.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García-Arreciado.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Señor Presidente, señorías, la
posición del Grupo Catalán ante la moción que estamos
debatiendo es categóricamente de voto negativo.
Según la interpelación que he estado repasando, se decía que
existía documentación suficiente. Así se presentó en la
Comisión hace unos días cuando compareció el Presidente de
FEVE. Se nos dijo, y también se deduce de la intervención del
señor Ministro, que se están realizando las inspecciones
correspondientes por parte de la Intervención General del
Estado. Si el Ministerio está esperando los informes, creemos
que el Ministerio debe actuar como lo está haciendo en estos
momentos a través de la Intervención y después resolver.
Posteriormente, la Cámara debería conocer, en comparecencia,
los resultados de toda la actuación del Ministerio y de la
Intervención.
Analizando a fondo las distintas intervenciones de la
interpelación y según lo que he escuchado esta tarde al señor
interviniente en defensa de la moción, veo que nos hablaba de
la peculiar intervención del señor Ministro, que sí lo fue.
Pero hay que decir que también fue una peculiar intervención
la del interpelante en algunos momentos, como figura en la
página 6.129 del «Diario de Sesiones», donde llega a decir:
«Ustedes lo van a tener muy difícil; usted va a sudar la gota
negra, señor Ministro; fíjese lo que le digo y repito, no son
amenazas vanas...». Creemos que este no es nuestro juego y es
la justificación clara de nuestro voto negativo.
Entrando más en detalle en la moción, en su punto uno se pide
crear una ponencia que elabore un informe. No estamos de
acuerdo con este punto. La ponencia no tiene que elaborar y
analizar un informe. En todo caso, aceptaríamos que se
analizase en una ponencia un informe que nos podría llevar hoy
a un voto positivo
si fuese así, pero este informe podría ser el que está
elaborando la Intervención General del Estado.
Además, en estos momentos la Comisión de Infraestructuras
tiene una saturación de temas a debatir, incluso con la
necesidad de habilitar el mes de enero para la ponencia del
PDI. Hay solicitadas más de cien comparecencias. La Comisión
de Infraestructuras no podría tener trabajando a una ponencia
para analizar y elaborar un informe de todo lo que se nos pide
en el punto uno de la moción.
Si en el punto uno se pide un informe, en el punto dos se
aplica parte de lo que se debería informar por la ponencia. Es
una incongruencia aumentada, porque cuando se pide la
elaboración de una auditoría externa, se da más importancia a
la auditoría externa que a la que podría ser el informe de la
intervención del Estado. Además, en el punto tercero, como ya
se ha citado, se está pidiendo la plasmación de un plan de
empresa, cosa aprobada ya en Comisión hace aproximadamente un
mes. Por tanto, en este segundo punto no podemos estar de
acuerdo.
En cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo Popular,
afirman nuestro voto negativo. No las podemos considerar en el
caso de que fuesen aceptadas por el grupo proponente. Hablando
de ferrocarriles podríamos decir que la intención de estas
enmiendas es clara y están dirigidas hacia otras vías. Repito,
nosotros no podríamos votar estas enmiendas si fuesen
aceptadas.
Posteriormente a la preparación de mi intervención se presenta
la enmienda socialista, y veo que en realidad contiene un
resumen parcial de lo que he dicho a lo largo de mi
intervención, puesto que propone que una ponencia conozca el
informe de la Intervención General del Estado. Esto en
realidad no es más que lo que yo decía, que la Comisión
conociese en comparecencia lo que se hubiese dictaminado.
Por tanto, nuestro voto he de decir que es negativo en origen,
pero dependerá de la aceptación o no de enmiendas el que
podamos variarlo y, en aras de un consenso total de la Cámara,
esperamos la definición por el Grupo proponente en cuanto a la
aceptación o no de las enmiendas.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sedó.
En nombre del Grupo proponente de la moción, para expresar la
aceptación o rechazo de las enmiendas defendidas, tiene la
palabra el señor García Fonseca.
El señor GARCIA FONSECA: Señor Presidente, en primer lugar, si
me lo permite --creyendo que no me salgo de la tarea que se me
encomienda reglamentariamente--, quisiera hacer una aclaración
por si esto pudiera servir para situar mejor el voto, tanto
del Grupo Socialista como de Convergència i Unió, porque
refiriéndose a la moción primera de mi Grupo, donde se dice
que una ponencia en la Comisión de Infraestructuras analice y
elabore un informe, obviamente --pero parece que no quedó
claro--, no me refiero, como creo que entendió el portavoz
socialista, al informe que este Diputado presentó en su día al
señor Ministro, me refiero a un informe que haga la ponencia.
Tampoco me refiero, dicho eso, a que la ponencia va a trabajar
sobre un informe previo, digo que analice y que elabore un
informe sobre las irregularidades, que es lo que debe hacer
una ponencia, elaborar un informe para que luego lo transmita
a la Comisión, al Pleno o donde estimara oportuno.
En todo caso, lo que quiero que quede claro y no se
malinterprete es el sentido del punto número uno de la moción
que mi Grupo presenta.
Yendo ya directamente a las enmiendas presentadas, empezando
por las enmiendas del Partido Popular, mi Grupo no es que esté
en desacuerdo con ellas materialmente, lo que sucede es que me
parece que no añaden nada de particular a la moción, y aunque
sólo fuera por la posibilidad de que algunos grupos no
pudieran estar de acuerdo con toda la moción en cada uno de
sus puntos y pidieran votación separada, lo cual no sería
posible si acepto alguna enmienda particular, aunque sólo sea
por esa razón, sumada sobre todo a la primera, y es que me
parece que la moción presentada implícitamente incluye esos
puntos, mi Grupo no va a aceptar las enmiendas del Grupo
Popular, añadiendo que, además, en cuanto al tema de CAE-Raíl,
mi Grupo da por supuesto que en la comparecencia que ya tuvo
lugar del ex presidente de FEVE, me parece que quedó
suficientemente claro lo que pretendíamos que quedara claro,
que era un trato de favor por parte de FEVE a CAE-Raíl.
En cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista,
como lo cortés no quita lo valiente, primero quiero
agradecerle al señor García-Arreciado el tono y el intento de
llegar a alguna aproximación, pero mi Grupo, por una razón
similar a la expuesta de carácter reglamentario o metodológico
al Partido Popular, no va a aceptar las enmiendas, pero además
no las acepta por algunas otras razones que brevemente
explico.
El señor PRESIDENTE: Señor García Fonseca, las discrepancias
de posición en relación al fondo de la cuestión se entiende
que han sido expuestas en el curso del debate y se trata ahora
sólo de expresar si se acepta o no la enmienda.
El señor GARCIA FONSECA: No las vamos a aceptar. Me hubiera
gustado, señor Presidente, sólo por cortesía, poder explicar
por qué, pero si la Presidencia entiende que no es pertinente,
acepto.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Fonseca.
Vamos a proceder a la votación.
Moción del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 300; a favor, 140; en contra, 159; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICION CANARIA, SOBRE EL
RESULTADO DEL ACUERDO ALCANZADO POR LOS MINISTROS DE ASUNTOS
EXTERIORES DE LA UNION EUROPEA SOBRE NEGOCIACION CON MARRUECOS
RELATIVA A LAS EXPORTACIONES DE TOMATE (Número de expediente
173/000066)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo de Coalición Canaria,
subsiguiente a interpelación, sobre el resultado del acuerdo
alcanzado por los Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión
Europea sobre negociación con Marruecos relativa a las
exportaciones de tomate.
Tiene la palabra el señor Olarte. (El señor Vicepresidente,
Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor OLARTE CULLEN: Señor Presidente, señorías, hemos
dicho en alguna ocasión que España se ha venido conduciendo
siempre en el orden internacional, en el orden europeo y en
las relaciones con el Magreb presionada por dos temores: por
un temor que es una especie de complejo con respecto a los
países que inicialmente conformaron la Comunidad Europea, los
poderosos, la llamada Europea verde, que en una serie de temas
agrarios hacen que se adopte algo así como una sumisión a los
intereses de países poderosos, como son Holanda, Francia y
otros, y una especie de temor también con respecto a
Marruecos, que se convierte en ocasiones, desde nuestro punto
de vista, más que en temor, en miedo insuperable, que en algún
caso tiene como telón de fondo el problema de Ceuta y Melilla
--por qué no reconocerlo sin rodeos y claramente-- y que bien
recientemente se puso de manifiesto con motivo de las
reivindicaciones que se produjeron en el Parlamento alauita y
que posteriormente se reprodujeron con la intervención del
Ministro de Asuntos Exteriores, Filali, en la ONU, y decía el
otro día yo: la vista de ciencia y paciencia y con el silencio
del Ministro español de Asuntos Exteriores.
El Ministro español de Asuntos Exteriores el otro día ejercía
aquí casi más como ministro marroquí, hasta tal punto que
cuando brinde estos días con motivo de la consecución de sus
pretensiones en el acuerdo euromarroquí seguro que lo tendrá
que hacer necesariamente con Coca-Cola. Tal es el grado de
adhesión que se ha producido a la causa marroquí.
Hemos solicitado la intervención del señor Ministro en la ONU
y, sin embargo, no hemos visto ninguna alusión a aquella
reivindicación. Mientras tanto, sigue avanzando posiciones el
Reino de Marruecos, sigue consolidando su exportación tomatera
--la duplica con respecto a la de hace cuatro o cinco años-- y
he aquí que nosotros en absoluto hemos mantenido el que se
corte la posibilidad exportadora de un país integrado en el
área del Magreb, sino, por el contrario, que no se cercenen
las posibilidades de desarrollo del archipiélago canario y que
no se proteja a terceros en perjuicio de quienes formamos
parte del Estado español. Y no me refiero sólo a los canarios,
sino a otras áreas de la España peninsular que se han visto
sensiblemente perjudicadas y que están muy preocupadas por la
progresión del acuerdo euromarroquí, como se ha puesto de
manifiesto incluso en las últimas horas, con presencia de
representantes de los sectores afectados ante el Parlamento
europeo.
Hay que reconocer que, una vez más, Marruecos ha seguido una
estrategia que le ha dado resultado. Incluso después de haber
llegado a un preacuerdo indiscutible da muestras de reticencia
para evitar que se consolide su pretensión inicial y vienen a
decir que no estaban de acuerdo con él e incluso cesan a un
alto cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores, atribuyéndole
una mala negociación. ¿Para qué? Para que el preacuerdo se
consolidase. La Unión Europea manifestó la existencia de tal
preacuerdo. Nosotros, que lo veíamos venir, ya hemos expresado
en esta Cámara en multitud de ocasiones nuestra preocupación,
lo hemos expresado en más de una docena de comisiones, lo
hemos expresado en el Pleno, e incluso hemos solicitado que,
por favor, se hiciera lo posible para que el Comisario Marín
no ejerciera de Presidente de la Cámara agraria marroquí.
Hace dos meses solicitamos la presencia en esta Cámara del
señor Presidente del Gobierno para que nos explicase si las
recientes reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla podían tener
alguna incidencia en el acuerdo euromarroquí y si iba a
resultar perjudicada la exportación tomatera canaria y también
peninsular. El señor Presidente no compareció, haciendo uso de
esa capacidad selectiva de preguntas de que dispone --esta es
la hora en que no comprendo cómo la oposición pacientemente ha
aceptado-- y envía al señor Ministro de Asuntos Exteriores, el
cual paradójicamente también sustituye al Ministro de
Agricultura con motivo de la presentación de la interpelación
por Coalición Canaria en el Pleno de la semana pasada; no
comparece el Ministro de Agricultura --yo decía el otro día
que aquí nunca comparece quien tiene que comparecer-- y es
sustituido por el Ministro de Asuntos Exteriores, el cual hace
la cálida, la ferviente defensa de los intereses marroquíes a
que habíamos hecho referencia.
Inicialmente presentamos una interpelación para que se
explicasen las razones por las cuales se había verificado ese
cambio de posición por parte de España, representada
precisamente por el Ministro señor Solana --el cual hacía gala
y presumía el otro día de ello--, en los acuerdos del GATT.
Nosotros en su momento, como miembros de Coalición Canaria, le
felicitamos por una serie de planteamientos que allí se
contenían, pero lo que no podemos es extender la felicitación
a las contravenciones de lo contenido en los acuerdos del GATT
como es, en concreto, el establecimiento de esos precios de
entrada que se reducen en un 40 por ciento y que
paradójicamente se producirán durante todo el período en que
tiene lugar la producción y exportación española y de una
manera muy especial la canaria, que para que empiece a entrar
en vigor lo establecido en el GATT, los 920 ¿a partir de
cuándo? A partir del 1 de abril. ¿En beneficio de quién? de
Holanda y de otros países poderosos. En su día nosotros lo
planteábamos, lo manteníamos y, además, nos parecían
irrazonables los contingentes establecidos con un 10 por
ciento de posible variación (así lo reconoció posiblemente en
un lapsus, porque si llega a poder no lo reconoce, el Ministro
de Asuntos Exteriores español) sobre las 130.000 toneladas,
que precisamente ha de recaer durante estos meses en que tiene
lugar la producción y exportación canaria.
Nosotros en ningún momento hemos hecho cuestión de gabinete el
que la defensa legítima de nuestros intereses pase por encima
de criterios y de principios de solidaridad. Lo que no
aceptamos de ninguna manera es que esa solidaridad tenga que
ser a costa de determinadas zonas, de determinados sectores
del pueblo español y que, además, no contribuyan a la
satisfacción de la misma, a ese favor y a esa preocupación por
el área del Magreb países que se encuentran en la zona
privilegiada de la Europa comunitaria. De ahí que nosotros en
nuestra última intervención ya habíamos anunciado cuáles iban
a ser los planteamientos que se podían contener en una moción
que hemos formulado dentro de plazo.
En primer lugar decíamos que el Congreso de los Diputados
respaldase la adopción de cuantas decisiones sea preciso en
favor del desarrollo del Magreb y, por tanto, lo que se
refiere a su producción tomatera para la exportación, siempre
que no tenga lugar en perjuicio de las zonas productoras del
Estado español. De suerte que la deseable solidaridad con el
área magrebí se distribuya o soporte por igual y
equitativamente entre todos los Estados productores de tomate
de la Unión Europea, cosa que no va a ocurrir en función del
acuerdo establecido por el Consejo de Asuntos Generales de
fecha de ayer y que, por el contrario, parecía fundamental
establecer.
De conformidad con el principio precedente, solicitábamos que
en el acuerdo euromarroquí que habría de aprobarse
próximamente por el Consejo de Asuntos Generales de la Unión
Europea, España defendiera el mantenimiento de los Acuerdos
del GATT en general, y por lo que atañe al nivel de precio de
entrada ya fijado de 920 ecus/tonelada, lo que se va a hacer
para cuando comience la producción holandesa y se debiera
hacer durante todo el tiempo en que se produce la canaria y la
de otras zonas del Estado español.
En tercer lugar que, por las mismas razones, en ningún caso se
admitiera por España que el contingente de 130.000 toneladas
que pretendía asignarse a Marruecos lo fuese en relación a una
temporada o conjunto de meses del año, sino que se asignara a
la producción de todo el año, mes por mes.
Finalmente, que por España se ejercitaran, si preciso fuere,
cuantas acciones permitieran la normativa y práctica
comunitaria para impedir, en su caso, un acuerdo en que no se
recogieran los puntos precedentes, en coherencia con los
Acuerdos del GATT.
El señor Ministro hablaba el otro día de que la reunión del
Consejo de Asuntos Generales tendría lugar antes de terminar
el año. No la precisaba, aunque nosotros teníamos datos en
virtud de los cuales se ha corroborado la idea que teníamos de
que la reunión se iba a celebrar en el día de ayer y que hoy
continuaría.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vaya concluyendo,
señor Olarte.
El señor OLARTE CULLEN: Estoy concluyendo, señor Presidente.
Sin embargo ayer, deprisa y corriendo, en presencia de una
manifestación que, a las puertas de donde se iba a celebrar la
sesión convocaron una serie de representantes de todos los
sectores del Estado español, se aprueba el acuerdo. Solamente
está pendiente de que Marruecos diga que sí al mismo --cómo va
a decir que no--, porque en otro caso se aplicaría el GATT.
Por tanto, quedan estériles los puntos dos y tres de nuestra
moción. ¿Cómo va a ejercitar España ya, si preciso fuere, una
serie de acciones que permitan la aplicación del GATT si la
inaplicación del mismo ya se ha producido precisamente por los
actos realizados por el Gobierno español?
No cabe duda de que esta moción ha quedado desfasada debido a
la anticipación que se ha producido ayer en perjuicio evidente
de nuestra pretensión, que no era otra que la que otros Grupos
parlamentarios habían formulado, en concreto Izquierda Unida y
el Grupo Popular, adhiriéndose a la nuestra y que hoy no tiene
ya consecuencias prácticas.
Habida cuenta de que ya se nos diría, en una hipotética
contestación a nuestra intervención, que nuestra idea y
nuestra moción ya no tenían razón de ser y habían quedado
desfasadas en el tiempo, tenemos que resignarnos a que hoy no
sea votada. Tenemos que
resignarnos a ello, sin extender la resignación a la
correspondiente proposición no de ley, que formularemos en
fechas muy próximas y a la mayor brevedad, en virtud de la
cual podamos traer a esta Cámara las propuestas
correspondientes para que ese dislate, ese descalabro, se
aminore, estableciendo las ayudas compensatorias por la
diferencia de precios y que para nosotros, a través de los
conceptos que ya están articulados en el Poseican...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Termine, señor Olarte.
El señor OLARTE CULLEN: Termino en quince segundos, señor
Presidente.
Digo que a través de los conceptos que están articulados en el
Poseican, se puedan aminorar estos efectos, mediante las
ayudas pertinentes al transporte del tomate a los puertos
europeos y a una serie de índices correctores en la renta por
lo que se refiere a nuestras producciones tomateras.
En consecuencia con ello, considero, señor Presidente, que no
ha lugar ya a que continúe el trámite de la presente moción,
pero sí quería explicar las razones por las que es innecesario
que se someta a votación.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Retirada la moción del
Grupo de Coalición Canaria, no ha lugar al debate.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
MEDIDAS QUE PONDRA EN MARCHA EL GOBIERNO PARA SOLUCIONAR LOS
MULTIPLES CONFLICTOS Y PROBLEMAS QUE AFECTAN A LA SANIDAD
PUBLICA ESPAÑOLA (Número de expediente 173/000067)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pasamos al debate de
la moción, consecuencia de interpelación urgente del Grupo
Popular, sobre medidas que pondrá en marcha el Gobierno para
solucionar los múltiples conflictos y problemas que afectan a
la sanidad pública española.
Para su presentación, tiene la palabra el señor
Fernández-Miranda. Señorías ocupen sus escaños.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor
Presidente, señorías me corresponde la presentación y defensa
de la moción presentada por el Grupo parlamentario Popular
consecuencia de la interpelación vista la semana pasada.
Consta la moción, al igual que la interpelación que he
mencionado, de dos partes perfectamente diferenciadas; de
cuatro puntos que pediremos se sometan a votación en su
momento, dos de ellos dedicados al problema de la aplicación
de la directiva comunitaria que permite la formación de
médicos generalistas y otros dos puntos para poner orden,
digamos, en el gasto público realizado en sanidad, buscando la
garantía de que estos fondos públicos se utilicen en beneficio
exclusivo de los ciudadanos españoles.
Con respecto a la primera parte de la moción, quiero recordar
brevemente las afirmaciones que la señora Ministra de Sanidad
hizo el día 14 de diciembre en esta Cámara en su turno de
réplica a la interpelación presentada por el Grupo
parlamentario Popular. Dijo en un momento determinado: la
directiva nos impone la necesidad de otorgar una formación
específica en medicina general que habilite a los licenciados
para ejercer como médicos generales en los sistemas públicos
de la Seguridad Social. En otro momento afirmó: Afecta a los
médicos que quieran hacer medicina general y afecta en su
situación a las posibilidades de contratación en el sistema
sanitario público. Por último su preocupación se expresaba
diciendo: ¿cómo vamos a hacer compatible ese derecho de los
estudiantes con la preservación del sistema de formación?
Pues bien, el Grupo parlamentario Popular ha presentado en
esta Cámara cuál es, desde su punto de vista, esa forma de
solucionar lo que parece irreconciliable desde la óptica del
Ministerio de Sanidad y Consumo y también --no lo olvidemos
porque parece que no existe en este debate el problema que
estamos analizando-- del Ministerio de Educación y Ciencia
que, en definitiva, es el que a la postre titula formalmente a
nuestros especialistas y a nuestros generalistas médicos.
En el primero de los dos puntos se pone de manifiesto --y no
se lo voy a leer textualmente, puesto que los distintos grupos
parlamentarios están en posesión del texto-- que hay que
proceder a presentar una normativa, diferenciando netamente la
formación de especialistas de la formación de generalistas,
que es además lo que expresa clarísimamente la directiva
comunitaria. Lo dije el miércoles pasado y quiero reiterarlo
brevemente. Es imposible especializar generalistas. Hablamos,
por lo tanto, de dos perfiles profesionales completamente
distintos y que precisan de dos desarrollos distintos en sí
mismos.
Planteamos en el segundo punto cómo creemos que se debe
afrontar la formación de estos médicos generalistas, de los
médicos generales que después hemos de denominar como SS.SS.
quieran, como médicos de cabecera, como médicos de familia,
como médicos generalistas simplemente, que no es poco, y
haciendo caso de lo que recomienda la directiva comunitaria
sin discutir, por favor, desde el Grupo Socialista --no lo
reiteren porque no es cierto-- el sistema MIR en su
globalidad; sin querer ni siquiera tocarlo en este momento;
sin cuestionar que es un excelente sistema de especialización,
bien es cierto que limitado por su decisión
de mantenerlo exclusivamente dentro del sistema nacional de
salud, queremos abrir una segunda vía, la vía de médicos
generalistas en un sistema distinto.
Tenemos el sistema MIR para los especialistas y planteamos el
sistema de prácticas tuteladas por los generalistas, impartido
también en el sistema nacional de salud en donde, además,
deben participar --y lo hemos dicho en el sistema MIR y en los
últimos Presupuestos Generales del Estado-- otras
instituciones públicas o privadas previamente homologadas por
los Ministerios de Sanidad y de Educación y Ciencia.
Al hacer una imposición de la directiva comunitaria, hay que
realizarlo --tenemos obligación de hacerlo, señorías-- sin
selección previa, con acceso directo para aquellos médicos que
así lo deseen. Debe tener una duración de dos años.
Asociaciones científicas, así como el grupo de decanos
reunidos recientemente en la Universidad Complutense de
Madrid, opinan que estos dos años pueden ser suficientes para
las prácticas tuteladas de estos médicos generalistas. La
realización de estas prácticas debe ser sustancialmente
extrahospitalaria, aunque sin duda seis meses deben
transcurrir en los hospitales, fundamentalmente a efectos de
formación práctica en exploraciones complementarias, como
radiología, ecografía, resonancia magnética, etcétera. Creemos
que han de desarrollarse doce meses en la asistencia primaria
reglada y seis meses en aquellos centros en los que haya
urgencias o, como dice la directiva comunitaria, primeros
auxilios. Queremos formar médicos generalistas capaces de
atender, con una calidad mayor de la que en este momento se
consigue a través de la licenciatura, a la población que acuda
a este nivel asistencial.
Deben participar además, porque lo dice expresamente la
directiva comunitaria, en la responsabilidad de la asistencia.
Deben hacer asistencia sanitaria en su formación práctica. Por
lo tanto, estos profesionales con su trabajo van a descargar
de parte de la presión asistencial existente, para lograr la
asistencia deseada en estos niveles. Eso nos lleva,
inevitablemente, a que deben ser prácticas tuteladas y
remuneradas.
Esta es la opinión que hemos concretado en nuestro escrito;
esta es la opinión que ha expresado otros grupos e
instituciones. No hay acuerdo, lamentablemente, ni siquiera en
el consejo interterritorial que se reunió en el día de ayer,
en el que consejeros como el de Cataluña, Castilla-La Mancha,
Valencia, Andalucía, Castilla y León, Baleares y Navarra han
puesto de manifiesto sus dudas hacia que sea la vía MIR,
formando como especialistas a los generalistas la que debe ser
aplicada para solucionar este conflicto que, señorías, señores
del Grupo Socialista, les ha explotado en las manos sin darse
cuenta de que es una directiva que está en vigor como
recomendación desde el año 1986.
No podemos en este momento plantear soluciones que no
responden a la filosofía de la directiva comunitaria, que ha
obligado, entre otras cosas, a los estudiantes que estaban
negociando con el Ministerio de Sanidad y Consumo a levantarse
de la mesa esta misma mañana sin aceptar las soluciones que se
están planteando desde el Ministerio, ofreciendo fórmulas
precipitadas, poco testadas con otros grupos que deben ser
oídos en sus opiniones y que yo no quisiera pensar que están
simplemente respondiendo a la defensa corporativa de una
especialidad en concreto, especialidad que, por cierto, nutre
a numerosos altos cargos del actual Ministerio de Sanidad y
Consumo.
Hacemos este planteamiento de forma absolutamente abierta,
pensando que respondemos estrictamente al espíritu de la
directiva comunitaria.
La segunda parte de la moción, en sus puntos 3 y 4, viene a
recoger lo que fueron las denuncias realizadas por el Grupo
Parlamentario Popular el miércoles de la semana pasada, que
son reiteración, que son abundancia de las que ya formulamos
en mayo de 1994 en la interpelación anterior, concretamente el
18 de mayo de este año. Además, vienen a confirmar lo que son
las afirmaciones reiteradamente expresadas de las auditorías
internas realizadas desde 1983 a 1994; vienen a confirmarse
parcialmente en el informe de fiscalización del Tribunal de
Cuentas, que atiende específicamente a los gastos producidos
en el Capítulo 2 en los años 1990, 1991 y 1992, las denuncias
expresadas por este Grupo Parlamentario Popular, y que además,
como bien saben SS.SS. porque obra en su poder dicho informe,
no ha aceptado ninguna de las alegaciones planteadas por el
Ministerio en el trámite correspondiente.
Señorías, es importante el hecho de depurar responsabilidades
políticas, el hecho de depurar responsabilidades sobre lo que
sin duda alguna ha sido un despilfarro nada deseable de fondos
públicos que deberían ir a nutrir esas necesidades que ustedes
han tenido de recortar de 750 medicinas, de verse abocados a
plantear un catálogo de recortes de la asistencia sanitaria
para el año 1995 ya anunciado por la señora Ministra, que está
obligando a numerosos españoles a anticipar el pago de
prótesis externas, de sillas de ruedas, de bastones, recortes
que no son nada deseables, perdiéndose en gran parte el
concepto de universalidad y de gratuidad que hasta ahora tenía
la sanidad pública.
Es imprescindible que en el plazo de un mes (siendo
conscientes todos de que esto sucede así, porque la Ministra,
hoy ausente, vino a reconocer que, efectivamente, se cometían
errores) se presente en esta Cámara un programa detallado, que
es el punto 4 de nuestra moción del día de hoy, que haga
simplemente que se cumpla --y no deja de ser sorprendente que
haya que decirlo aquí-- la legislación vigente: la Ley de
Contratos del Estado y la Ley de Presupuestos Generales del
Estado, que se están incumpliendo sistemáticamente en el
manejo de fondos públicos, para hacer realidad el Capítulo 2
del Ministerio de Sanidad y Consumo.
La investigación ya está hecha. Por tanto, la afirmación de la
Ministra de que el viernes pasado se iba a abrir una nueva
investigación o de que ya se había abierto una investigación
no querrá decir que haya que ratificar las que ya están
hechas; que haya que reinvestigar a los auditores, a los
inspectores de la propia Seguridad Social o que haya que
reinvestigar las afirmaciones del informe de fiscalización del
Tribunal de Cuentas. Está hecha la investigación, están los
datos encima de la mesa de los señores Diputados de la señora
Ministra y de las autoridades ministeriales. Por tanto, falta
poner fin, poner coto a estos abusos. Insisto, no vaya a ser
que confundamos también los términos en los cuales se presenta
esta moción, que han sido denunciados previamente por este
Grupo Parlamentario, que aparecen en todas y cada una de las
auditorías internas hechas desde 1983 hasta 1994 --no
confundamos los términos de la moción-- y que viene, en
definitiva, a ser ratificada parcialmente, pero valga como
ejemplo tremendamente valioso, por el informe de fiscalización
del Tribunal de Cuentas, que, sin duda, tendrá su trámite en
la Comisión correspondiente de esta Cámara.
Estos son los puntos que sometemos a la consideración de esta
Cámara y es para todos ellos para los que pedimos a SS.SS. el
voto afirmativo.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Fernández-Miranda.
A la presente moción se han presentado enmiendas, de un lado,
por parte del Grupo Vasco (PNV) y, de otro lado y
conjuntamente, por parte de los Grupos Socialista y Catalán
(Convergència i Unió).
Para la defensa de la enmienda del Grupo Vasco (PNV), el señor
Gatzagaetxebarría tiene la palabra.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Voy a fijar la posición del Grupo Vasco en relación a la
moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular y, a su
vez, voy a hacer la defensa de la enmienda presentada por
nuestro Grupo Parlamentario a dicha moción.
Señorías, la cuestión que plantea el Grupo Parlamentario
Popular en sus puntos 1 y 2 es difícil, es una cuestión
importante. Es una cuestión en la que entendemos, desde el
Grupo Vasco, que debemos hacer una autocrítica todos los
grupos políticos; debe hacer autocrítica la Universidad
española, tiene que hacer autocrítica el Gobierno y, en
definitiva, todos los agentes que intervenimos en la vida
política, en la vida pública.
La normativa en cuestión, señor Presidente, fue aprobada hace
ocho años, y yo creo que los diferentes agentes u operadores
políticos, en mayor o menor responsabilidad, se esté en el
Gobierno o se esté en la oposición, pero todos con algún nivel
de responsabilidad, debíamos haber abordado este tema con
mayor premura, con mayor rigor y con mayor profundidad y
seriedad. Estamos a 11 días de la entrada en vigor de la
transposición al Derecho interno español de la Directiva 457,
de 1986, que el año pasado fue objeto de un texto refundido en
la Directiva 16/93.
Señor Presidente, este es un problema difícil, y la solución
que se ha pretendido dar en las negociaciones políticas
habidas el día de ayer en el Consejo Interterritorial, a
juicio del Grupo Parlamentario Vasco, suponen un avance
importante; supone entrar en la vía de la solución, quizá
tardíamente, deprisa, a mucha velocidad, pero entramos en el
camino de buscar una solución adecuada a la petición de miles
y miles de estudiantes españoles, que demandan de los poderes
públicos la formación necesaria que tiene su soporte en la
Directiva 16/93.
A nuestro Grupo parlamentario le parece que el acuerdo
alcanzado ayer entre las administraciones sanitarias de las
comunidades autónomas y los representantes de los Ministerios
de Sanidad y Educación es positivo, en el que se establece y
consolida el sistema de acceso a la formación de médico
especialista a travésde la vía MIR y, por tanto, apoyamos este
instrumento formativo. Entendemos que es un cauce
procedimental formativo idóneo, es un cauce que se ha
constatado, académica y científicamente, que otorga una
formación de calidad a los estudiantes que habiendo terminado
la carrera acceden a esta formación en sus diversas áreas o
modalidades de especialización, y por tanto entendemos que el
acuerdo político de mantener y de potenciar el acceso a la
especialización a través de la vía MIR es el adecuado.
En segundo lugar, nos parece que, simultáneamente a ello, el
abrir una vía que pretenda dar una solución política, una
solución administrativa a la capacitación general que los
licenciados en medicina y cirugía han de disponer para el
ejercicio de su función profesional en el ámbito de la sanidad
pública, la vía que ayer se plasmó y que de, alguna manera,
tendrá que tener su amparo legal o su amparo reglamentario en
una disposición que emane de los poderes centrales del Estado,
es una vía oportuna. Una vía a partir de la cual habrá un
período de formación para otorgar una capacitación general
para el desempeño de la condición de médico en la sanidad
pública; una vía diferenciada de la vía MIR, que dispone de
una mayor formación, una mayor dosis de especialización y
mayores conocimientos en cada uno de los ámbitos sectoriales
de la medicina.
Asimismo, señor Presidente, el asignar la responsabilidad de
la capacitación general a las administraciones sanitarias, y
no a las universidades, nos parece oportuno. Y nos parece
oportuno porque entendemos que las universidades españolas no
disponen de la infraestructura,
no disponen de los medios adecuados y satisfactorios para
otorgar esa capacitación general, y, en definitiva, tampoco
van a disponer de los medios presupuestarios necesarios al
respecto. Por tanto, una economía de escala y un ahorro de los
medios de formación, a nuestro juicio, hacía necesario --y así
se ha acordado políticamente-- que la formación se diera por
parte de las administraciones sanitarias, bien a través del
Insalud, bien a través de las comunidades autónomas que tienen
transferida la competencia de la asistencia sanitaria pública.
Estamos de acuerdo en que sean las instituciones sanitarias
del Sistema Nacional de Salud las que ofrezcan la formación
que va a otorgar la capacitación general para el desempeño de
la profesión de médico en el ámbito público.
Señor Presidente, antes de pasar a defender la enmienda de
nuestro Grupo, quiero hacer un recordatorio, a modo de
reflexión, acerca de que, durante los últimos veinte años,
fundamentalmente en la década de los años 1970 a 1980, hubo un
ingreso masivo de estudiantes universitarios en las facultades
de Medicina. Eso es lo que está originando unos excedentes en
el mercado --entre comillas-- de los profesionales de la
medicina, que en este momento hace que exista lo que
constituye la bolsa histórica, unos diez mil médicos; existen
16.000 médicos formándose en la vía MIR, y, actualmente,
además existen 30.000 universitarios estudiando en las
facultades españolas de Medicina, todo lo cual hace, señor
Presidente, un número de profesionales de la medicina de
56.000 personas.
Nosotros, a través de nuestra enmienda, queremos hacer un
recordatorio a las autoridades universitarias, al Consejo
General de Universidades como órgano encargado de la
coordinación, de la planificación y, en definitiva, de la
gestión general de las administraciones universitarias
españolas, órgano que nace de la voluntad de esta Cámara y de
la regulación y de las potestades que esta Cámara, a través de
la legislación en materia universitaria, ha otorgado al
Consejo General de Universidades. Nuestro Grupo Parlamentario
plantea, señor Presidente, que la Cámara requiera al Consejo
General de Universidades que haya una adecuación entre el
acceso a la carrera de Medicina con las necesidades del
Sistema Nacional de Salud, en definitiva, con el interés
general que existe en la sociedad española; hay que conjugar
el interés general público con el interés que pueda tener un
ciudadano español, un joven español de acceder al estudio de
la medicina. Por lo tanto, entendemos que ha de haber una
adecuación de las necesidades reales en materia de
especialistas y generalistas en medicina con el interés
general que es el que ha de inspirar la actuación de los
poderes públicos.
Este es el sentido de la enmienda que presentamos a la moción
del Grupo Parlamentario Popular. Pero nuestro Grupo, señor
Presidente, estaría dispuesto a integrar nuestra enmienda
también en la enmienda que plantea el Grupo Parlamentario
Socialista en aras a poder alcanzar un consenso generalizado
sobre esta cuestión.
Por ello, señor Presidente, estando de acuerdo en que se vaya
a una capacitación general por una vía simultánea al MIR,
hacemos un llamamiento al Gobierno, que es el que va a tener
que regular por vía reglamentaria una serie de cuestiones para
dar solución a esta capacitación general. A nuestro juicio,
podíamos mejorar incluso la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista --lo defiendo, señor Presidente, «in voce»-- cuando
plantean en el punto último una línea de diálogo permanente
con todos aquellos colectivos implicados en la problemática
creada, haciendo referencia al diálogo permanente con las
comunidades autónomas, puesto que el acuerdo político
alcanzado ayer va a suponer que sean las comunidades autónomas
con competencia en materia de asistencia sanitaria las que
tendrán que otorgar también una capacitación general a estos
universitarios españoles. Señor Presidente, nosotros
entendemos que el Gobierno, a la hora de regular tal cuestión,
tendrá que contar con las comunidades autónoma, en un diálogo
permanente con el colectivo de afectados, y, por ello,
planteamos esta pequeña adición a la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista, porque hay una serie de problemas
muy importantes pendientes.
¿Qué va a ocurrir con estos licenciados en Medicina, que van a
ser capacitados con carácter general en el Insalud o en las
comunidades autónomas? ¿Qué nivel de vinculación va a haber?
No va a haber una vinculación funcionarial, no va a haber una
vinculación laboral. ¿Qué va a ocurrir con la responsabilidad
civil? ¿Qué potestades van a tener las administraciones
sanitarias, el Insalud y las comunidades autónomas sobre el
régimen disciplinario de estos licenciados en Medicina cuando
la administración sanitaria vea que no están obrando con las
debidas condiciones a la hora de la prestación del servicio en
la Sanidad? ¿Qué efectos va a tener el que a los profesionales
actualmente de la Sanidad pública se les diga que van a tener
al lado una persona a la que tendrán que dar una formación
general para su capacitación, pero eso va a suponer para los
profesionales en este momento de las administraciones
sanitarias un trabajo extra. ¿Va a implicar una remuneración
extraordinaria para ellos? Evidentemente, aquí se está creando
un problema complejo que tendrán que solucionar el Insalud y
las comunidades autónomas en el seno del Consejo
Interterritorial.
Señor Presidente, ¿cómo se van a distribuir, a lo largo de las
diferentes administraciones sanitarias, los médicos que van a
ser objeto de capacitación general? ¿Con qué criterios? ¿Con
el criterio de población protegida? ¿Con el criterio de
financiación? En definitiva, seño Presidente --con esto
termino--, nosotros estamos conformes con el acuerdo político
alcanzado el día de ayer, pero entendemos que, cuando el
Gobierno vaya a
regular tal cuestión por vía reglamentaria, ha de haber una
interlocución fluida, una interlocución buena entre el
Gobierno y los agentes afectados por el tema, que son los
próximos licenciados en Medicina y Cirugía, y, sobre todo, con
las comunidades autónomas que tienen competencia en materia de
asistencia pública, que son las que, en sus ámbitos
territoriales, van a capacitar, con carácter general, a dichos
licenciados.
Por ello, señor Presidente, en este contexto general y con
estas consideraciones, nuestro Grupo parlamentario está
dispuesto a alcanzar un consenso, partiendo del planteamiento
del Grupo Popular, pero coincidiendo más con la enmienda del
Grupo Parlamentario Socialista, a cuyo texto también
presentamos esas enmiendas «in voce», y estamos dispuestos a
incorporar nuestra enmienda por escrito. Creemos que, a través
de esta vía, podemos lograr un consenso generalizado y dar
solución, con el acuerdo político alcanzado, a un problema que
existía para los universitarios españoles en materia de
medicina.
Nada más, Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Gatzagaetxebarría.
Para la defensa de la enmienda presentada por los Grupos
Socialista y Catalán de Convergència i Unió, y al mismo tiempo
para fijar la posición de uno y otro grupo respecto a la
moción, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Palacios,
por el Grupo Socialista, y después el señor Cardona, por el
Grupo Catalán.
El señor Palacios tiene la palabra.
El señor PALACIOS ALONSO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores parlamentarios, vamos a presentar una
enmienda de sustitución al texto del Grupo Parlamentario
Popular por entender, señor Presidente, que ha de darse
solución a una cuestión tan importante como es la planteada
por la legítima reivindicación de los estudiantes de Medicina
que terminan la carrera este año de ser formados en el
posgrado, tal como establece la Directiva 457 de 1986, así
como la Directiva posterior 9316.
Por ello, señor Presidente, consideramos en nuestra enmienda
la necesidad de garantizar un procedimiento de formación
posgraduada a todos los médicos que obtengan la licenciatura a
partir del 1 de enero de 1995, dando cumplimiento a lo
establecido en las directivas citadas, más recientemente en la
9316, en su artículo 30 y reversión al 3. Creemos que esto
satisface la demanda fundamental de este colectivo; demanda
que ha producido las movilizaciones de los últimos días y que
todos quisiéramos, señor Presidente, que en el ánimo del
estricto cumplimiento de esta directiva, en el ánimo de la
madurez, de la cordura y de la responsabilidad de todos, pueda
cuajar en un entendimiento adecuado que satisfaga a todas las
partes.
En relación con el planteamiento que aquí se ha hecho, señor
Presidente, parece ser que en la moción presentada por el
Grupo Popular hay una estricta coincidencia con lo que es el
deseo --y así se ha expresado su portavoz-- de diferenciar lo
que es la medicina especializada por la vía MIR o la formación
específica en medicina general que plantea la directiva
aludida. En cualquier caso, señor Presidente, al hilo de la
primera parte de la intervención del señor Fernández-Miranda,
que hablaba de globalidad de formación en la especialización
por la vía MIR, al final me causa perplejidad, puesto que
plantea si no se estará apoyando con nuestra enmienda y con
estas actuaciones a una especialidad concreta que nutre a
muchos cargos del Ministerio. Esto, señor Presidente, unido a
que en la enmienda no se hace referencia en absoluto a los
médicos de familia y comunitaria, me suscita la duda de si
aquello que se plantea en la moción es poder perjudicar a este
colectivo, cosa que nosotros, en el punto 2, evidentemente
combatimos, al incrementar y fortalecer el ejercicio y las
plazas para la especialidad de medicina familiar y comunitaria
de formación de tres años, que se inició en nuestro país en
1978 y que tan buenos resultados está dando.
Por lo tanto, en este sentido, señor Presidente, coincidimos
específicamente en los puntos 1 y 2, salvo en dos cuestiones,
la que se refiere a esta duda sobre la medicina de familia y
comunitaria y la segunda en cuanto a que el período formativo,
esta formación posgrado que la directiva exige, sea
remunerado, cosa que nosotros en este momento entendemos que
no es procedente y que tampoco está en la demanda inicial que
condujo a las protestas actuales de los estudiantes de
medicina.
Por lo tanto, como tercer punto, señor Presidente, queremos
mantener y potenciar el sistema MIR, como vía única para la
formación de especialistas, y así se lo hacemos saber en
nuestra moción al Gobierno y al Ministerio, para que actúen en
consecuencia.
Es preciso, como punto cuarto, establecer las disposiciones
legales oportunas que aseguren el cumplimiento de las
anteriores premisas. Y, como punto quinto de nuestra enmienda,
señor Presidente, consideramos que para alcanzar una
definición final de esta alternativa se ha de mantener abierta
una línea de diálogo permanente con aquellos colectivos
implicados en la problemática planteada por la puesta en
marcha de esta directiva. Y, al hilo de este punto quinto,
recojo el planteamiento del portavoz del Partido Nacionalista
Vasco, en el sentido de que en el apartado 5 se pudiera
incorporar a nuestra propuesta el hecho de que las comunidades
autónomas participen en este diálogo.
Creemos, señor Presidente, que estamos aportando una solución
al problema. Sabemos que en los dos puntos finales de la
enmienda se abren un sinfín de posibilidades que pueden
permitir un diálogo en distintas
direcciones. Pero, en cualquier caso, yo quisiera apelar al
sentido de la responsabilidad, al sentido de la madurez y al
sentido de querer solucionar este problema de todos, para que
pueda aprobarse esta enmienda de sustitución como punto de
partida para un diálogo fructífero, para un diálogo positivo
para todas las partes implicadas en nuestro sistema formativo
nacional, en el Sistema Nacional de Salud.
Señor Presidente, creemos que somos perfectamente claros al
proponer desde ambos grupos el que se cumpla la principal y
primera exigencia de este colectivo de médicos, que lo serán a
partir del día 1 de enero, en cumplimiento estricto de lo
establecido en las directivas referidas, y con la convicción
de que nuestro sistema sanitario público dispone de
profesionales y de recursos para dotar en esta fase de
formación de posgrado a estos profesionales de una formación
adecuada, como la ciudadanía demanda para el ejercicio de la
medicina general.
Señor Presidente, en relación con el punto tercero he de
plantear que me sorprende que, conociendo como conocen el
señor representante y los portavoces del Grupo Popular cuál es
el procedimiento de tramitación de informes de fiscalización
del Tribunal de Cuentas, teniendo en el Congreso de los
Diputados una Comisión mixta para las Relaciones con el
Tribunal de Cuentas que establece que el mecanismo se hace por
remisión del informe por el Presidente del Tribunal, etcétera,
con todos los puntos que ya conoce, adelantándose a este
proceso, lo haya planteado por una vía que no nos parece otra
cosa que soslayar lo que podía ser una competencia de esta
Comisión.
En cualquier caso, hemos de decirle al señor Fernández-Miranda
que, a tenor de los planteamientos hechos aquí, la señora
Ministra y el Gobierno, con tiempo anterior al de la
presentación de su moción, ya el día 2 de diciembre --y
ustedes me parece que han presentado su moción el día 13-- han
hecho un planteamiento no solamente en la línea de pedir a los
inspectores que actúen como inspectores de sí mismos, sino
también que se tomen todas las medidas concretas que
resultennecesarias para subsanar las anomalías que se hayan
producido, incluida la incoación de los procedimientos
disciplinarios o de la exigencia de responsabilidad a que haya
lugar. Repite en alguna medida, pero se adelanta bastante a la
exigencia que S.S. plantea también en su moción. Yo creo que
todos estamos en la línea de que esto se aclare, de que estas
responsabilidades se depuren, pero no se queda en la mera
intención, sino que se exige por parte de la Administración
que se vaya hasta el fin para incoar los procedimientos
disciplinarios precisos y que se exijan las responsabilidades
a que haya lugar.
A tenor del cuarto punto, señor Presidente, me sorprende que
el señor portavoz haga tan sutilmente una insinuación de que
no se marcha acorde con lo que son las obligaciones de las
instituciones integradas en las administraciones públicas. Su
señoría conoce perfectamente que el Insalud está sometido a
todas las leyes que rigen la actuación de los entes
administrativos, lo sabe perfectamente S.S., y que en
consecuencia se está siguiendo el ordenamiento tal y como se
establece. En cuaquier caso, esta afirmación velada, señor
Fernández-Miranda, no contribuye en absoluto a clarificar lo
que todos queremos clarificar: que realmente se proceda en
función de las obligaciones que estas instituciones tienen en
relación con el Tribunal de Cuentas y otras instancias.
Sin más, señor Presidente, yo insisto en la necesidad de que,
en lo que concierne a los puntos primero y segundo, a la
moción en su conjunto, podamos facilitar a partir de ahora el
diálogo con todos estos afectados que terminen la carrera el
día 31 y que cumplamos sus requisitos fundamentales, sus
exigencias fundamentales, que son las del cumplimiento de los
contenidos de esta directiva.
Muchas gracias, señor Presidente. En esa línea va nuestra
enmienda.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Palacios.
Tiene la palabra el señor Cardona.
El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, tengo la satisfacción de subir a
esta tribuna para fijar la posición de nuestro Grupo en
relación a la moción del Grupo Popular sobre las medidas que
pondría en marcha el Gobierno para solucionar el conflicto que
afecta a la sanidad pública.
En primer lugar, hemos de señalar que, a pesar de que el
sistema MIR pueda criticarse tanto desde criterios políticos,
ya que es un sistema preconstitucional que aún no se ha
adaptado a la realidad política del Estado en su totalidad,
como desde criterios técnicos, ya que es poco flexible,
fragmentador, no evaluado y por tanto mejorable, hemos de
decir también que constituye en sí mismo la reforma más
importante del proceso educativo de los últimos cincuenta años
y ha permitido mejorar el funcionamiento del sistema
asistencial sanitario.
La propuesta que se nos presenta puede significar graves
inconvenientes para este sistema MIR y, por tanto, las
consecuencias de intentar resolver un problema podrían ser
peores, desde nuestro punto de vista, que el propio problema
en sí; en términos sanitarios, podríamos decir que el remedio
es peor que la enfermedad. Además, entendemos que hay otras
vías de solución al problema, es decir, el desfase actual
entre el número de licenciados que se gradúan y el de plazas
que se ofertan. Este desfase, actualmente y en un próximo
futuro aún más, ha de invertirse, sin olvidar tampoco que no
todas las salidas profesionales de los médicos han de tener un
cariz asistencial. Por tanto, la posición que defendemos no va
por el mismo camino que se nos propone, en base a que la
necesidad de mejorar y actualizar política y técnicamente el
sistema MIR, ajustando su fuerza a las necesidades poblaciones
del sistema asistencial, no significa la creación de vías
alternativas que generen confusión al problema del desfase
histórico en el número de licenciados en medicina, algunos de
los cuales se produjeron antes de 1979, cuando se implantó la
selectividad universitaria. Este es otro problema que se
actualiza cuando se dice que hay un desfase entre la oferta de
formación de MIR y el número de solicitantes. De ahí, pues,
que no podamos dar nuestro apoyo a la moción tal cual ahora se
nos presenta.
Sin embargo, señor Presidente, señorías, el problema existe y,
además, urge la solución del mismo, como decíamos en el debate
de la interpelación la semana pasada. Por ello, nuestro Grupo
ha presentado una enmienda, conjuntamente con el Grupo
Parlamentario Socialista. Reconocemos que puede entenderse
como un acuerdo de mínimos, es verdad, pero deja clara nuestra
posición en relación al sistema MIR, intentando mejorarlo en
aquello de lo que puede adolecer, es decir, en su
insuficiencia, y, asimismo, intenta garantizar la cuestión
derivada de la directiva comunitaria.
No obstante, no perdamos de vista que no puede haber una buena
solución para los licenciados pos-1995 si previa o
simultáneamente no se da solución para la bolsa histórica de
los médicos que no tienen el título de especialidad debido a
una mala planificación en el equilibrio que debe existir entre
el acceso a las facultades de Medicina y los recursos docentes
de posgrado.
Por tanto, es necesario y con urgencia incentivar la
acreditación para la docencia de todos aquellos centros
sanitarios, públicos y privados, capaces de ofrecer una
formación de calidad. En este sentido, nuestro Grupo
Parlamentario entiende que, sin renunciar a la calidad de la
formación tanto en su contenido como en su duración, debe
ofrecerse la posibilidad a todos los médicos generales y a
todos los médicos sin título oficial de la especialidad, los
conocidos como mestos, el acceso a la formación específica de
calidad conducente a la obtención del título de especialista,
en el bien entendido que estos programas de formación, de
duración y contenido igual al sistema MIR, no fueran
retribuidos, se realizaran en el ámbito territorial donde
están ejerciendo y se respetara un mérito preferencial en los
baremos, para el acceso a las plazas del sector sanitario
público, a los especialistas que obtuvieron su título a través
del sistema MIR.
Desde nuestro punto de vista es necesario también que todos
tomemos conciencia de que las facultades de Medicina no forman
licenciados médicos con capacidad de ejercer. Esto es así. Es
conveniente también redefinir los objetivos y la estructura
del examen MIR para que sirva de enlace entre la formación pre
y posgraduada, haciendo que las facultades de Medicina dejen
de ser una especie de academias de preparación para superar la
prueba de acceso al MIR.
Finalmente, también sería adecuado informar oportunamente a
los alumnos del Curso de Orientación Universitaria de cuál es
la carrera formativa que para los profesionales de la medicina
se ha diseñado. En este sentido nos parece oportuna la
enmienda del Grupo Parlamentario Vasco de adición de un nuevo
apartado, añadiendo, por nuestra parte, sí así lo acepta el
Grupo Parlamentario Vasco, y en forma de transaccional, «en
centros públicos y privados» (se entiende por privados los
concertados), en caso de que fuera aceptada nuestra enmienda
conjunta con el Grupo Socialista por parte del Grupo Popular
que presenta la moción.
En relación a los puntos 3 y 4 de la misma, entendemos que no
es el lugar adecuado, y mucho menos oportuno, de mezclar estos
temas de conflictos y problemas como lo entendíamos en la
interpelación de la semana pasada. Intentemos entre todos
colaborar en la solución de los conflictos, ya que ello urge
de forma inmediata. Los problemas también han de solucionarse
pero por otras vías. Los conflictos están en la calle y hay
que hallar una solución que les permita poder desarrollar a
esos futuros profesionales su actividad en las mismas
condiciones que lo pueden hacer los profesionales de los
países comunitarios. Desde esta perspectiva tendríamos que
votar en contra, si no es admitida la enmienda que proponemos
con la adición a la del Grupo Parlamentario Vasco.
Señor Presidente, señorías, termino diciendo que tenemos que
hacer el esfuerzo necesario para llegar a un acuerdo de
mínimos. La actual situación lo requiere, aun cuandounos y
otros tengamos que renunciar a cotas que podamos entender
justificadas y, sin lugar a dudas, bien legítimas. Vale la
pena renunciar a algo en aras al consenso.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Cardona.
¿Grupos Parlamentarios que no hayan intervenido hasta ahora en
el debate y que deseen fijar también su posición con respecto
al mismo? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, el señor Mur tiene la palabra.
El señor MUR BERNAD: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, intervengo en nombre del Partido
Aragonés para fijar la posición en esta iniciativa que estamos
debatiendo como consecuencia de la interpelación de la semana
pasada.
Empezaré diciendo que nuestro voto va a ser de apoyo a esta
moción, con aquellas enmiendas de las que
se han presentado que sean admitidas por el grupo proponente y
que tiendan a mejorar la moción presentada.
Señorías, lo que hoy estamos aquí debatiendo, para todos creo
que resulta importante, pero comprenderán SS.SS. que en
Aragón, donde no tenemos competencias ni en educación ni en
sanidad y, por tanto, dependemos al cien por cien en el
tratamiento de estos temas de lo que aquí se diga o de lo que
aquí se apruebe, seamos especialmente sensibles a esta
problemática.
Recordaré que desde el debate de la semana pasada nada ha
cambiado a mejor. Más bien, yo diría que los problemas que
afectan a la sanidad públia española se han agravado. las
expectativas de los estudiantes de medicina no se han
resuelto. La incapacidad del Ministerio de Sanidad y, en su
caso, del Ministerio de Educación para tomar algún tipo de
medida, creo que ha conseguido llevar el problema a extremos
inaceptables en estas fechas. Un problema que es conocido
desde hace muchos años; una solución que no se ha buscado más
que bajo la presión, bajo la manifestación y bajo la protesta;
es decir, en un ambiente crispado, en un ambientefalto de
diálogo, en un ambiente falto de colaboración, y no será
porque el Gobierno no haya tenido tiempo para dialogar, para
reflexionar, para buscar consensos y para marcar las
normativas que nos eran exigibles desde la Unión Europea.
Todo ello ha llevado a la frustración de tantos estudiantes
que comprueban cada día cómo el Gobierno es incapaz de
aprovechar su formación conseguida tras tantos años de estudio
y de trabajo y, sobre todo, cómo no se pueden aprovechar las
ganas que tienen de servir a la sociedad, una sociedad que
está, a su vez, necesitada de unos mayores y mejores servicios
sanitarios. Es algo que no se entiende desde los ciudadanos;
es el despilfarro de los escasos recursos públicos, y ahora,
cuando ya se ha terminado la formación académica de estos
estudiantes que van a terminar el año próximo, vemos cómo no
sirven a la sociedad a la que ellos creían que podrían servir
tras sus estudios.
Son ustedes, señores del Gobierno, los únicos culpables de lo
que está ocurriendo y de lo que ocurra a partir de ahora. A
los estudiantes ustedes no los han tomado en serio más que
cuando se han manifestado, y yo creo que a los estudiantes,
como jóvenes y rebeldes que son, se les acabará pronto la
paciencia como ustedes no les tomen en serio, y ustedes serán
los culpables de lo que pueda ocurrir, porque creo que se
sienten engañados y con toda la razón.
La moción que hoy se somete a debate creemos que puede
colaborar, aunque sea de manera imprecisa, incompleta y
tardía, a la solución del problema que estamos tratando, pero
me gustaría también abordar el punto cuarto de la moción que
ha presentado el Grupo Popular, ese en el que el Congreso
insta al Gobierno a que se remita un programa detallado de
actuaciones para garantizar... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor Mur.
Por favor, ruego a SS.SS. que guarden silencio. (Pausa.).
Cuando quiera, señor Mur.
El señor MUR BERNAD: Gracias, señor Presidente.
Decía que el punto cuarto, en el que se pretenden actuaciones
para garantizar el gasto del Sistema Nacional de la Sadud, nos
parece muy oportuno traerlo aquí en estos momentos. Controlar
el gasto siempre es necesario, y más cuando los recursos son
escasos y vemos el grado de irresponsabilidad con el que se
acometen algunas obras.
Permítanme SS.SS. que les traiga un caso concreto de lo que no
debe ser, de lo que no se puede hacer cuando se acometen obras
de construcción, de remodelación o de mejora de algunos
centros hospitalarios. Hoy es triste actualidad el Hospital
San Jorge de la Seguridad Social de Huesca. Llevamos, en muy
pocos días, dos fallecidos por los problemas que están
ocasionando las obras del Hospital San Jorge de Huesca, y todo
ello por una mala planificación de las mismas, en definitiva,
por un despilfarro en el gasto, con lo que se consigue gastar
más, un menor rendimiento, una atención médica durante
muchísimos meses en malas condiciones, porque hay que seguir
atendiendo a los pacientes en un hospital que parece un
hospital de guerra, en medio de andamios, en medio de
cascotes, con quirófanos llenos de polvo. Eso está sucediendo
en este momento en la provincia de Huesca. Creo, señores del
Grupo Socialista que muestran cierta incredulidad, que
deberían acercarse por ese hospital y ver la alarma social que
se ha creado, ver cómo se desconfía de los servicios que se
prestan allí, a pesar del enorme esfuerzo que hacen los
profesionales que trabajan en ese hospital. Y todo ello,
señorías, porque no se han hecho las cosas bien, porque los
cientos de millones de pesetas que se van a gastar en esa obra
necesaria no se han planificado bien, no se ha hecho bien el
proyecto, no se ha visto que eran incompatibles unas obras con
mantener la asistencia médica y quirúrgica en un hospital en
plena obra. Eso creo que debería de evitarse en el futuro
próximo, eso debería de ser una llamada de atención para que
desde el Gobierno, desde el Ministerio, se tuviera una mayor
sensibilidad a la hora de planificar este tipo de obra, que no
es la obra de una carretera o de un puente, son obras que
afectan muy directamente a los ciudadanos en un momento de
especial sensibilidad, cuando están privados de la salud,
cuando han sido víctimas de un accidente y cuando tienen que
acudir a un hospital que no les ofrece las mínimas garantías
de asistencia. Todo esto, señores Diputados, con la
sensibilización que puede quedar esta tarde aquí con esta
moción, y ya es triste que tengan que suceder hechos como el
que estoy narrando o manifestaciones de los estudiantes para
que, ocho años después, el Gobierno Socialista se dé cuenta de
que la normativa europea entra en vigor el día 1 de enero de
1995, ya es triste su impresión, su incapacidad, que acaba
perjudicándonos a todos y que entre todos tendremos que pagar.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo de
Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Olarte.
El señor OLARTE CULLEN: Muy brevemente, señor Presidente, a
estas alturas del debate --el trancurso del mismo lo impone--,
para expresar, en primer lugar, nuestra conformidad de un
porcentaje notabilísimo, casi el cien por cien, con el
contenido de la intervención del señor Mur, en representación
del Partido Aragonés integrado en el Grupo Mixto.
El señor Mur ha hecho una referencia diciendo: son ustedes,
los señores del Gobierno... Ahí es dónde únicamente tengo una
discrepancia con él...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Olarte, por
favor, la intervención que usted está haciendo es un turno...
El señor OLARTE CULLEN: Bien, señor Presidente. Lamentando la
falta de presencia...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡Señor Olarte!, espere
un momento que acabe de hablar la Presidencia. El turno que
S.S. está consumiendo es para fijar su posición, no con
respecto a la intervención del señor Mur, sino con respecto al
texto de la moción y a las intervenciones, bien de la moción,
bien de las enmiendas.
El señor OLARTE CULLEN: Sí, señor Presidente. Intuyendo lo que
el señor Presidente iba a expresar, parto de la base de que
lamento la falta de presencia hoy del Gobierno a lo largo de
este debate, concretamente en este punto, y quiero fijar mi
posición expresando que la Directiva 457 de 1986 exige dos
años de formación para que quienes hayan de ejercer la
medicina general puedan hacerlo en los sistemas nacionales de
salud de los Estados miembros. Lo comprendemos así, eso es
inexorable, al igual que es preciso recordar que en España
desde 1978 la sanidad pública tiene establecido el sistema MIR
para dar la formación a los médicos especialistas en el
sistema público, una de cuyas especialidades es la de medicina
familiar y comunitaria.
Somos conscientes de que en 1990 el Gobierno español se
dirigió a la Comisión expresando que para aplicar la Directiva
España elegía la vía MIR, tanto en la medicina familiar como
en la comunitaria, y compartimos la gran preocupación de que
se puedan conculcar los derechos previstos en el título IV de
la Directiva al confundirse lo que es el concepto del examen
en sí con una verdadera oposición, y que una cantidad de
titulados puedan quedar, después de haber rebasado las
pruebas, sin posibilidad de ejercer la medicina en los
sectores expresados.
No podemos sustraernos a las cifras. El hecho de que sean
30.000 los estudiantes que actualmente están cursando sus
estudios universitarios, que sean 16.000 los que están
preparando el MIR y más de una decena de millares los que han
fracasado en el mismo hace que sean 56 o 57.000 los médicos
existentes en el país que desde luego el sistema no puede
absorber fácilmente. Por ello, analizando cuidadosamente no
sólo la moción expresada por el Grupo Popular sino las
enmiendas de sustitución --entendemos que a sus dos primeros
apartados-- formuladas por parte de los Grupos Socialista y de
Convergència i Unió, en cuanto instan al Gobierno a mantener y
potenciar el sistema MIR como vía única para la formación de
especialistas, incrementando en lo posible, como solicitan,
las plazas para la especialidad de medicina familiar y
comunitaria, garantizando el procedimiento de formación
posgraduado en los términos en que se expresa en la enmienda y
estableciendo las normas legales oportunas que en definitiva
aseguren que se van a cumplir las premisas que se contienen en
las tres enmiendas del Grupo Socialista y lamentando que para
alcanzar esa definición final que se propugna no se haya
establecido la línea de diálogo permanente que evidentemente
no ha existido, como quien me precedió en el uso de la palabra
expresaba, queremos decir que apoyamos estas enmiendas, al
igual que la enmienda de adición de un nuevo apartado,
propuesta por el Grupo Vasco, en cuanto es preciso establecer
las medidas efectivas precisas para alcanzar el equilibrio que
debe existir entre el número de estudiantes de medicina y las
necesidades del Sistema Nacional de Salud.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Olarte.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, la señora Maestro tiene la
palabra.
La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar, quiero manifestar mi sorpresa
porque ante una interpelación de la envergadura política que
se le dio por parte del Grupo Popular al análisis de la
situación global del sistema sanitario, situación que se
calificaba en la exposición de motivos, recuerdo, como
infinanciable, inviable e insolidaria, la moción para
solucionar problemas tan graves abarca dos propuestas
relativas a la formación de médicos especialistas
o médicos generales y otras dos que más o menos vienen a decir
que se aplique la Ley de Contratos del Estado. Realmente si
los problemas fueran tan graves, sorprende que soluciones tan
parciales cuando menos pudieran servir como paliativo a la
situación del sistema sanitario público.
Con respecto a la moción que se refiere a la situación
planteada a los licenciados a partir de 1 de enero de 1995 por
la aplicación de la Directiva 457 del año 1986, no compartimos
ninguna de las dos propuestas que realiza el Partido Popular.
En cualquier caso, no estamos de acuerdo con que se planteen
dos vías de acceso a la formación de médicos especialistas.
Creemos que nuestro país, desde el año 1978, tiene regulado
suficientemente el espíritu de la Directiva europea. A la hora
de buscar el espíritu de las directivas resulta una cosa
complicada, pero me parece que es elemental identificar que el
objetivo de la Directiva europea es incrementar con una
formación teórica y práctica posgrado la capacitación de los
médicos generales que accedan al sistema sanitario público.
Señorías, en este mismo sentido quiero manifestar mi sorpresa
y mi decepción por la enmienda planteada por el Grupo
Socialista. Jamás creí que después de intervenciones como las
que se hicieron aquí, después de planteamientos de defensa del
sistema MIR, como se plasma en el primer punto, se presentara
una enmienda como ésta. Señor Palacios, señores del Grupo
Socialista, si el señor Fernández-Miranda no acepta los puntos
fundamentales de su enmienda, será por otras razones no porque
no sean compatibles con los contenidos de la propuesta del
Partido Popular. Quiero denunciar aquí cómo en las
interpelaciones se hacen debates furibundos de contenidos
políticos aparentemente antagónicos, cuando en las mociones se
coincide en lo fundamental de las propuestas.
Señor Palacios, señores del Grupo Socialista, cómo se va a
mantener y potenciar el sistema MIR como vía única para la
formación de especialistas cuando ustedes de facto están
definiendo una segunda vía que además es una estafa para los
estudiantes, por cuanto plantea una formación de dos años, tal
y como dicen los mínimos de la Directiva europea, a través de
los cuales no tendrán ninguna titulación de especialistas y
simplemente podrán ejercer en el sistema sanitario público.
Señor Palacios, no sé si ha sido un lapsus, pero aquí no dice
en ningún momento que esa segunda vía que ustedes pretenden
garantizar se realice dentro del sistema público, del sistema
educativo y del sistema sanitario público, con lo cual están
ustedes aceptando el fondo real de la moción que plantea el
Grupo Popular, que es abrir una vía privada a la formación de
especialistas. En cualquier caso, no lo dice en la moción.
Aquí habla de garantizar un procedimiento de formación
posgraduada a todos los medicos que obtengan la licenciatura a
partir del 1 de enero de 1995, dando cumplimiento a lo
establecido en la Directiva 93/16 de la Comunidad Europea, y
no habla en ningún momento de que sea dentro del sistema
educativo público o del sistema sanitario público donde se dé
realmente la formación posgraduada de estos médicos en
medicina general. En cualquier caso, sería una grave
irresponsabilidad que ustedes, como parte de los partidos que
sostienen al Gobierno en estos momentos, estuvieran abriendo
la vía a la formación de dos tipos de profesionales: los
especialistas en medicina familiar y comunitaria y estos
nuevos profesionales devaluados de dos años, que no
corresponden a las necesidades del sistema sanitario en
absoluto y que sí crearían una conflictividad de la cual, por
supuesto, saldrían beneficiados aquellos que mejor titulación
tuvieran.
Por tanto, Izquierda Unida va a votar no tanto a la moción del
Grupo Popular como a los planteamientos del Grupo socialista
--en el caso de que el Grupo Popular lo aceptara--, por cuanto
entendemos que los planteamientos de fondo son coincidentes,
definen dos tipos de especialistas de formación básica en
medicina general y, además, no se explicita que la formación
posgrado se realice dentro del sistema sanitario público.
Nosotros planteamos que a partir del 1 de enero de 1995 y en
correspondencia con un sistema sanitario público que necesita
profesionales de atención primaria de la calidad con la que se
están formando en el MIR de medicina familiar y comunitaria,
esta sea la única vía en España para el acceso al ejercicio
profesional en el sistema sanitario público, sin retrocesos de
ningún tipo con respecto a los niveles de calidad obtenidos
vía MIR en la especialidad de medicina familiar y comunitaria
que se tienen en nuestro país desde el año 1978, para lo cual,
necesariamente, el MIR, a partir del 1 de enero de 1995, en
las próximas convocatorias debería no ser selectivo sino
distributivo para todas las especialidades, de manera que se
corresponda también con un sistema sanitario público con una
cobertura del 99 por ciento de la población.
Compartimos la segunda parte de la moción del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso. Creo que es difícil, es
casi imposible votar en contra de la aplicación de la
legislación vigente, en especial de la Ley de Contratos del
Estado y de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Evidentemente, si esto es necesario plantearlo como una
definición de voluntad política del Congreso de los Diputados
es porque hay un informe del Tribunal de Cuentas que analiza
solamente uno de los aspectos, una de las vías de la
contratación de prótesis en el sistema sanitario público, en
el que se denuncia que en el 77 por ciento de los casos las
adjudicaciones fueron directas, sin que mediara concurso
público alguno.
Asimismo, creemos oportuno que se depuren las
responsabilidades políticas pertinentes. Sin embargo, quiero
anunciar aquí que, independientemente del destino
final de estos puntos de la interpelación, nosotros creemos
que el informe del Tribunal de Cuentas sobre la adquisición de
prótesis en el sistema sanitario público debe ser analizado en
profundidad por este Congreso de los Diputados, no tanto ya
por cuanto señala responsabilidades políticas o posibles
responsabilidades penales en la contratación y en la
adquisición de material, sino por lo que a mi Grupo le parece
mucho más importante, y es porque el momento en que empiezan a
dispararse las actividades en la compra de prótesis y en la
implantación de éstas coincide con la implantación de medidas
de gestión, con medidas de organización del sistema sanitario
público que caminan en la filosofía de su definición como
entes públicos de derecho privado, es decir, en definitiva,
hurtándose al control político, al control democrático, al
control administrativo que debe tener toda adquisición de
material por parte de un organismo público a juicio de
Izquierda Unida.
Por tanto, repito --y termino, señor Presidente--, en
cualquiera de los casos, incluso si no se aceptan las
propuestas de enmienda presentadas por el Grupo Socialista,
nosotros votaríamos en contra de la forma en la que se
pretende regular la formación de posgrado de los profesionales
en medicina general y, en su caso, votaríamos a favor de las
dos partes de la moción del Grupo Popular que se refieren a la
transparencia en la gestión y a la depuración de
responsabilidades políticas.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor
Fernández-Miranda tiene la palabra para indicar si acepta o no
las dos enmiendas presentadas.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor
Presidente.
Intervengo para expresar la aceptación o no de las distintas
enmiendas, comenzando por la enmienda propuesta por el Grupo
Socialista y el Catalán (Convergència i Unió), apoyada
sustancialmente tanto por el Grupo Vasco (PNV) como por
Coalición Canaria.
Desearía, en aras de ese diálogo, de esa responsabilidad y de
esa madurez que me pedía el señor Palacios --ya se podían
haber acordado de ella en 1986 en vez de en 1994--
(Rumores.--Un señor Diputado: ¡Venga ya!), proponer una
transaccional en este momento, obviando entender la enmienda
como de sustitución, que en definitiva complica la voluntad de
hacer posible un acuerdo, con la presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, aceptando el punto 1 de la propuesta
del Grupo Socialista y Catalán (Convergència i Unió), que
pasaría a ser el punto número 1 de la moción.
Aceptaríamos el punto 3 de la enmienda del Grupo Socialista y
del Grupo Catalán (Convergència i Unió), que añadiríamos
textualmente a continuación del punto 1 de la moción
presentada por el Grupo Parlamentario Popular, con lo cual
diría: «y garantizar con ello...» y el texto completo del
punto 3.
Mantenemos el número 2 de la moción presentada por el Grupo
Parlamentario Popular. El número 4 de la enmienda del Partido
Socialista y Convergència i Unió, sería a su vez el número 4
de la nueva moción. El número 5 de esta nueva moción,
aceptándolo también, sería la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Vasco, incluso añadiéndole, si es expresada
afirmativamente su voluntad de aceptarlo, el añadido propuesto
por el Grupo Parlamentario Catalán hablando de centros
públicos y privados, lo aceptaríamos en su globalidad con las
dos propuestas de los dos grupos. Y aceptaríamos también, y
por tanto constituiría el punto 6 de la moción resultante de
la aceptación de estas enmiendas, el número 5 de la propuesta
hecha por el Partido Socialista y por Convergència i Unió. Sin
embargo, no aceptamos el punto número 2 de la enmienda
planteada por el Grupo Parlamentario Socialista y Convergència
i Unió, entre otras cosas porque con esto, señorías, yo no sé
si son conscientes de que vamos a mantener en España una doble
vía, un doble camino, uno de primera y otro de segunda, uno de
dos años y otro de tres, uno con selección y otro sin
selección, uno remunerado y otro no remunerado, como quiere el
Gobierno y el Grupo Socialista, para el mismo título, para el
mismo título partiendo de una afirmación que hizo la señora
Ministra el 14 de diciembre de 1994 en su réplica a este
Diputado en la interpelación de la semana pasada, en cuya
discusión dijo textualmente: En el año 1990 se notificó a la
Comunidad Europea que en España era la especialidad MIR de
medicina familiar y comunitaria la que venía a responder con
respecto a títulos, diplomas y certificados, al requerimiento
de 1986.
Por tanto, la Ministra reconoce que es el mismo título el que
se va a dar y, en consecuencia, ésa es la razón por la cual no
vamos a aceptar el punto número 2 de la moción, titular por
dos vías distintas una y otra.
En cuanto a los puntos 3 y 4 procedo, señor Presidente, en
este momento --y le agradezco a la señora Maestro su apoyo; lo
dejaremos de momento ya que tendremos tiempo para hablar de
ello y el otro asunto nos vence el 31 de diciembre, tendremos
tiempo para hablar de ello--, a anunciar que retiramos los
puntos 3 y 4 de la moción para introducir la máxima claridad
posible respecto al problema que estamos tratando en este
momento, que es la titulación de nuestros médicos, de los
médicos generalistas que a partir del 1 de enero de 1995 va a
precisar de la aplicación de la moción.
Señor Presidente, creo que ha quedado suficientemente clara
nuestra propuesta aceptando la enmienda del Partido
Nacionalista Vasco, admitiendo todos los puntos, salvo uno, de
la enmienda planteada tanto por
el Partido Socialista como por Convergència i Unió, y, en
definitiva, respondiendo a aquellos grupos parlamentarios que
van a apoyar las propuestas previamente realizadas. Esperamos
que el voto afirmativo nos lleve a solucionar antes del 31 de
diciembre este problema que está preocupando muy seriamente no
solamente a los actuales estudiantes, sino a la sociedad
española.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Fernández-Miranda.
Para que queden muy claros los términos de la votación después
de consultar con los grupos que habían presentado las
enmiendas, la moción quedaría de la siguiente manera: como
punto 1 el punto de la enmienda firmada conjuntamente por el
Grupo Socialista y el Grupo de Convergència i Unió; como un
segundo apartado de este mismo punto 1 el punto número 3 de
esa enmienda conjunta. (El señor Fernández-Miranda y Lozana
pide la palabra.) Diga, diga, señor Fernández-Miranda.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: No, señor Presidente.
Sería el punto número 3 de la enmienda del Grupo Socialista y
de Convergència i Unió añadido a continuación del punto número
1 de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular,
añadido textualmente con una coma «y garantizar con ello...» y
el texto completo del punto número 3.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Repito entonces.
Como punto número 1 iría el punto de la enmienda conjunta.
Como punto número 2 el punto número 1 de la moción, con un
segundo párrafo, que sería el número 3 de la enmienda
conjunta. Como punto número 3 iría el punto número 2 de la
moción. Como punto 4 el mismo número de la enmienda conjunta.
Como punto número 5 la enmienda de adición del Grupo Vasco
(PNV). Y como punto número 6 el punto número 5 de la enmienda
conjunta, con la corrección de que cuando se abra una línea de
diálogo permanente sería con comunidades autónomas y con todos
aquellos colectivos..., que es la enmienda transaccional a la
del señor Gatzagaetxebarría.
¿Sería ésa la fórmula?
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Sí, señor Presidente,
añadiendo incluso, en la enmienda de adición presentada por el
Grupo Vasco (PNV), al final de su párrafo, «en centros
públicos y privados», que era también una propuesta realizada
por el señor Gatzagaetxebarría.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): De acuerdo.
Inicialmente, señor Gatzagaetxebarría, ¿usted acepta la
transaccional con su enmienda?
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Sí, señor Presidente. El
Grupo Parlamentario Vasco acepta la transaccional propuesta
por el Grupo Catalán (Convergència i Unión).
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): De acuerdo.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Lo que también queríamos,
y aprovecho este turno, es que el Grupo Socialista nos
aclarara la posición que iba a tener sobre esa enmienda.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Lógicamente.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias. (El señor
Palacios Alonso pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Palacios.
El señor PALACIOS ALONSO: Señor Presidente, nosotros
presentamos la enmienda como un todo y esta enmienda se acepta
o no se acepta. En cualquier caso, agradecemos al señor
Fernández-Miranda que, tal como era mi supuesto al intervenir,
haya dejado perfectamente claro que quiere terminar con la
especialidad de medicina de familia y comunitaria, a su
entender la de primer grado o primera calidad, puesto que si
quiere eliminar el apartado 2 de nuestra enmienda, señor
Presidente, ha quedado perfectamente claro cuáles eran las
intenciones, y le agradecemos que haya sido tan explícito.
Por tanto, señor Presidente, sometemos la enmienda completa o
no hay posibilidad. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Cardona, dado
que la enmienda es conjunta, no puede ser aceptada. Así es que
la moción quedaría en los términos iniciales del texto
propuesto por el Grupo Popular con la adición --entiendo--
como apartado 5, de la enmienda del Grupo Vasco. (El señor
Fernández-Miranda y Lozana pide la palabra.)
Señor Fernández-Miranda.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Señor Presidente, dado
que obviamente, por la opinión del Grupo Socialista y del
cofirmante de la enmienda, el Grupo Catalán (Convergència i
Unió), no es posible llegar a un acuerdo o consenso en torno a
nuestra propuesta para solucionar la formación de médicos
generalistas, no aceptamos ninguna de las enmiendas
--ninguna de ningún grupo-- y solicitamos a la Presidencia la
votación separada de los puntos 1 y 2 y de los puntos 3 y 4.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): De acuerdo, Gracias.
Vamos a pasar a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular.
Votación correspondiente a los apartados 1 y 2 de dicha
moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 302; a favor, 133; en contra, 169.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados los dos apartados.
Votamos los apartados 3 y 4 de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 302; a favor, 145; en contra, 157.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados los apartados 3 y 4.
ELECCION DE UN CONSEJERO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS:
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto IV del orden del día:
Elección de un Consejero del Tribunal de Cuentas. (El señor
González Blázquez pide la palabra.)
Señor González.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Señor Presidente, como quiera que
la propuesta es de dos grupos parlamentarios, entendemos que
el resto de los grupos que quieran fijar su posición tendrán
derecho reglamentario a hacerlo. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor González, el Reglamento habla de
turno a favor de las propuestas. Si no hay turno a favor de
las propuestas lógicamente no hay turno en contra. (El señor
Romero Ruiz: El turno a favor es la propia
propuesta.--Rumores.) Yo le agradecería que dejase que la
Presidencia dirija el debate y ordene la sesión.
No habiendo turno a favor, no corresponde turno en contra de
las propuestas; no obstante, si los grupos que no son autores
de la propuesta quieren fijar la posición, les ruego lo hagan
con la máxima brevedad.
Tiene la palabra el señor González. (Rumores.)
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Gracias, señor Presidente. Con
mucha brevedad. (Rumores y protestas.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio. El
señor Diputado está haciendo uso de un derecho reglamentario,
la Presidencia le ampara y espero que SS.SS. le guarden la
cortesía correspondiente.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Si no fuera porque el simil de la
pinza ya está muy gastado, en este caso y en este momento yo
desarrollaría una teoría con ejemplos prácticos de lo que es
una pinza. (Rumores y protestas.) Una pinza realizada por dos
personas solamente (Un señor Diputado: ¡Sevilla, Sevilla!),
con premeditación, con alevosía (Rumores.) y en este caso
también con nocturnidad (Fuertes protestas.) y con cierta
suerte, porque desgraciadamente hay acontecimientos
suficientes hoy en el país para que su propuesta quede un poco
en la clandestinidad.
Se ha producido una falta de respeto a esta Cámara cuando esta
mañana, señoras y señores Diputados, ya alguien nos decía,
antes de votar SS.SS., antes de que se reuniera el plenario
del Tribunal de Cuentas, quién iba a ser la Presidenta del
Tribunal de Cuentas. Esta es una falta de respeto inadmisible
a esta Cámara. (Rumores y protestas.) Para actuar así, yo creo
que hubieran podido utilizar el procedimiento que se empleaba
en 1953 (El señor Sanjuán de la Rocha: Este es tonto.) cuando
los organismos de control entonces existentes eran elegidos
por el jefe del Estado a propuesta del Ministerio de Hacienda.
(Fuertes rumores y protestas.--Un señor Diputado: ¡Venga
hombre!)
Porque el Tribunal de Cuentas, señorías, supremo órgano
fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del
Estado y del sector público, depende directamente de las
Cortes Generales y ejerce sus funciones por delegación de
éstas. Por lo tanto, una de las funciones propias de este
órgano será la fiscalización externa de la actividad
económico-financiera del sector público. Siendo así, es claro
que su funcionamiento constituye uno de los pilares básicos de
un eficiente control del gasto público, de manera que la
elección de consejeros, no sólo de reconocida competencia,
sino y sobre todo de independencia probada, es indispensable
para evitar las irregularidades que en algunos casos han
degenerado en auténticos casos de corrupción. (Rumores.)
Sin embargo, el balance de su actuación fiscalizadora, hasta
la fecha, no puede ser más pobre. Ni uno solo de los supuestos
de corrupción que han escandalizado a la opinión pública en
los últimos años había sido detectado previamente por el
Tribunal, a pesar de que es obvio que las irregularidades del
gasto van acompañadas casi necesariamente, y muchas veces
precedidas, de irregularidades contables. Esta negligente
actuación tiene su causa en el procedimiento de designación de
consejeros. La elección se ha realizado siempre por
distribución de sus miembros entre las dos formaciones
políticas mayoritarias, confundiendo así un sistema de
consenso o elección por mayoría cualificada con un sistema de
reparto por cuotas, cuya finalidad, más que hacer posible el
enjuiciamiento contable de la actividad económico-financiera
del sector público, ha sido la de ocultar las irregularidades
que se hubieran podido producir en las administraciones
públicas gestionadas por estas formaciones políticas. Con esta
premisa no es extraño que la característica principal de los
candidatos a la cobertura de vacantes del Tribunal no haya
sido su reconocida competencia, sino más bien la confianza de
los partidos que los han asignado.
La elección de la vacante que ahora se realiza tiene otra
circunstancia que viene a enturbiar más el procedimiento de
designación, ya que las conversaciones sobre los candidatos se
han producido entre un partido de la oposición y el Gobierno
de la nación. Ha entrado así en el juego de los nombramientos
uno de los sujetosque, al menos en teoría, va a ser «a
posteriori» objeto de fiscalización. Si ya era peligroso, y se
ha demostrado ineficaz, que los consejeros fueran personas de
confianza de los partidos mayoritarios, lo que es aberrante es
que lo sean de las administraciones cuya actividad va a ser
fiscalizada. En esta lógica, el próximo paso podría ser que el
Tribunal de Cuentas pasara de ser un órgano directamente
dependiente de las Cortes Generales a ser un órgano adscrito
al Ministerio de Economía y Hacienda.
El único conocimiento que la Cámara tiene de los candidatos
propuestos es su currículum vitae, y en base a estos
currículum, justo es reconocerlo, cualquiera de ellos
merecería ser nombrado para ejercer dignamente este u otros
cargos en este órgano o en las administraciones públicas.
El señor PRESIDENTE: Señor González, le ruego concluya.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Concluyo ya, señor Presidente.
Pero ninguno de ellos goza de la confianza del Congreso para
el ejercicio competente de sus funciones en el Tribunal. La
única confianza en ellos depositada es la del Gobierno y la
del Grupo Parlamentario Popular.Es más, la mayoría de tres
quintos en el Congreso, que según Ley es un acto fundamental
de elección del candidato, ha pasado a ser un mero trámite sin
ninguna relevancia; antes de producirse la sesión plenaria de
la Cámara en que va a efectuarse la votación ya se ha
convocado, a menos de 48 horas, la reunión del Tribunal para
elegir Presidente con la asistencia del nuevo Consejero.
Por tanto, queda puesta de manifiesto la falta de interés de
los dos grupos mayoritarios por llevar a cabo una política de
lucha contra la corrupción, que necesariamente debe pasar por
nuevas y eficaces técnicas de control del gasto público,
control que con la actual composición y método de elección del
Tribunal resulta casi una quimera.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.
Vamos a proceder a la votación.
Comienza la votación.
Por los señores Secretarios se procede al llamamiento de los
señores Diputados.
Terminada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: ¿Hay alguna señora o señor Diputado que
no haya sido llamado? (Pausa.)
Concluida la votación, vamos a proceder al escrutinio.
(Pausa.)
Efectuado el escrutinio, dijo
El señor PRESIDENTE: El resultado de la votación es el
siguiente: votos emitidos, 294; votos nulos, cuatro; en
blanco, 18; votos a favor de don Andrés Fernández Díaz, 272.
Habiendo obtenido los tres quintos de los votos exigidos,
queda designado consejero del Tribunal de Cuentas don Andrés
Fernández Díaz.
El Pleno se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las nueve y cincuenta minutos de la noche.