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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 113, de 13/12/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1994 Núm. 113 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 112
celebrada el martes, 13 de diciembre de 1994
Página
ORDEN DEL DIA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
modificación de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido
(IVA) al objeto de favorecer el asociacionismo agrario.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número
81.1, de 26 de julio de 1994 (número de expediente 122/000063)
(Página 6027)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, sobre supresión en el Código Penal
de los denominados delitos contra el deber de prestación del
servicio militar (Orgánica). «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie B, número 87.1, de 30 de septiembre de 1994
(número de expediente 122/000069) (Página 6027)
Proposiciones no de Ley:
--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre constitución de una
Ponencia que estudie los accidentes de tráfico ocurridos en
carretera por la práctica del ciclismo. «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Serie D, número 142, de 3 de octubre de
1994 (número de expediente 162/000134) (Página 6037)
Modificación del orden del día (Página 6043)
Avocación por el Pleno de Proyectos de Ley:
--Del Proyecto de Ley de declaración de Parque Nacional de los
Picos de Europa (número de expediente 121/000049) (Página 6043)
--Del Proyecto de Ley de modificación de determinados
preceptos del Código Penal relativos a los delitos contra la
Hacienda pública y la Seguridad Social (número de expediente
121/000069) (Página 6043)
Prórroga de plazo (Página 6043)
Proposiciones no de Ley (Continuación.):
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a
las bases de una política española sobre paz y seguridad.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número
130, de 12 de septiembre de 1994 (número de expediente
162/000130) (Página 6043)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, sobre política general del Gobierno
respecto al transporte aéreo y, en concreto, sobre las causas
de la situación actual y perspectivas de futuro de la empresa
pública Iberia (número de expediente 173/000062) (Página 6051)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
medidas para garantizar la eficacia del gasto público en los
supuestos de contratación por concurso o de contratación
directa con carácter general, y, en concreto, en la
contratación del sector público estatal con el grupo «Control
y Aplicaciones, S.A.» (CAE) desde 1989 a 1992 (número de
expediente 173/000063) (Página 6062)
--Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre
mantenimiento del volumen de producción de las fábricas de
tabaco canarias (número de expediente 173/000064) (Página 6067)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número
114, de 14 de diciembre de 1994.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 6027)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
modificación de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido
(IVA) al objeto de favorecer el asociacionismo agrario
(Página 6027)
El señor Ramírez González, en nombre del Grupo Popular, retira
esta proposición de ley, presentada elpasado 29 de julio, una
vez que los Presupuestos para 1995, en trámite en el Senado,
recogen textualmente la pretensión de la proposición, con lo
que, lógicamente, su Grupo queda satisfecho.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre supresión en el Código Penal de los
denominados delitos contra el deber de prestación del servicio
militar (Orgánica) (Página 6027)
El señor Romero Ruiz defiende la proposición de ley del Grupo
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, manifestando que
varias decenas de jóvenes de nuestro país se encuentran en
prisión por mantener una posición activa en favor de una
sociedad
desmilitarizada, y pudieran ser bastantes más ya que hay cerca
de 4.000 ciudadanos que se han declarado insumisos, lo cual
conduce a una situación más que preocupante. Se trata de una
actitud que socialmente no es considerada como criminal y que
ha colocado a nuestro país, a resultas de una legislación
equivocada, en la nada honrosa lista de países con presos de
conciencia, elaborada anualmente por Amnistía Internacional.
La vigente Ley del Servicio Militar se viene revelando como
uno de los más claros ejemplos de cómo desde el Gobierno se
actúa de espaldas a la realidad de nuestro pueblo, y lo más
grave es que la actitud del Gobierno está llevando a la cárcel
a jóvenes que nadie, desde una óptica penal, se atreve a
calificar como criminales o delincuentes.
Añade que los popularmente conocidos como delitos de
insumisión contemplados en la Ley 13/1991, del Servicio
Militar, que los incorpora a nuestro Código Penal, generan
situaciones de difícil tratamiento criminal, dado que la
conducta que se tipifica no responde socialmente a una
conducta criminal sino a una posición o actitud de conciencia
y de marcado carácter social. La identificación de un gran
número de jóvenes de nuestro país con lo que erróneamente se
ha calificado de delito genera un grave problema social,
judicial y penitenciario, puesto que las aspiraciones de
muchos de nuestros jóvenes se decantan por posiciones de
marcado talante no militarista que chocan con un sistema de
servicio militar obligatorio y de un Ejército de leva, que
diseña una prestación sustitutoria penalizadora para los
objetores de conciencia.
Recuerda, por otra parte, el contenido del artículo 25 de la
Constitución y la doctrina penal y penitenciaria, señalando
como fin de las penas de privación de libertad la reeducación
y la reinserción social, nada de lo cual se produce en el caso
que les ocupa, ya que la actitud de los jóvenes no merece
reproche social ni cabe tampoco pretender evitar repeticiones
de estas conductas, ya que sólo se incumple una vez el deber
de prestación.
Consiguientemente, entiende que se hace necesariay urgente la
derogación de la disposición adicional séptima de la Ley
Orgánica del Servicio Militar, despenalizando estas conductas,
lo que conduciría a que los jueces y tribunales procedieran de
oficio a rectificar las sentencias condenatorias que se
hubieran dictado con anterioridad a la entrada en vigor de la
nueva ley. De esta forma se haría también realidad lo aprobado
recientemente por el Senado, a través de la Ponencia
constituida en el seno de la Comisión Especial de la Juventud.
En turno en contra, en nombre del Grupo Socialista, interviene
el señor Moya Milanés, manifestando que a nadie se oculta que
están ante el tratamiento de un tema delicado, que tiene una
sensibilidad especial en la opinión pública, dentro del cual
subyacen algunas demandas sociales. Sin embargo, en la
intervención del representante de Izquierda Unida se ha
tratado de mezclar, a su juicio interesadamente, lo que es el
contenido de la proposición con otras cuestiones que poco
tienen que ver con el contenido literal de la misma.
Anuncia que el Grupo Socialista se opondrá a la toma en
consideración de esta proposición de ley en base a diversas
razones. En primer lugar, porque con la despenalización
absoluta de las conductas denegativas al cumplimiento del
servicio militar se está pidiendo una ausencia de todo tipo de
sanción al incumplimiento de obligaciones constitucionales que
tienen amparo y traducción en las leyes vigentes. Menciona
algunas sentencias del Tribunal Constitucional, claras y
rotundas, sobre esta prestación y la necesidad de sancionar la
negativa a la misma, añadiendo que la proposición de ley
obedece a un modelo distinto de Fuerzas Armadas, no teniendo
en absoluto encaje en el modelo vigente en España en estos
momentos.
En segundo lugar, el conflicto entre la conciencia y la ley no
tiene en esta caso cabida, porque cualquier colisión en la
conciencia queda solventada en la propia Constitución, a
través de la objeción de conciencia, como claramente
manifiesta el Tribunal Constitucional en su reciente sentencia
de 8 de noviembre pasado. A su juicio, subyace en la
proposición una artificiosidad peligrosa, consistente en
contraponer legalidad y legitimidad.
En tercer lugar, manifestaba el proponente que España estaba
siendo objeto de atención desde distintos foros en relación
con esta legislación, cuando el señor Romero debe saber que el
Derecho comparado no le da la razón en ningún caso y que todos
los países tienen un ordenamiento jurídico en el que el
servicio militar tiene carácter obligatorio de alguna manera y
contemplan algún tipo penal para conductas relacionadas con la
negativa a la prestación del servicio militar.
En cuarto lugar, y dado que constitucionalmente la proposición
de ley no tiene ningún encaje y tampoco encuentra ningún
parangón posible en ningún ordenamiento jurídico de nuestro
entorno, el Grupo Socialista se ve obligado a rechazarla.
Concluye manifestando que el Grupo Socialista es consciente y
sensible ante la existencia de un problema real que merece una
respuesta probablemente distinta de la que en este momento
tienen los tipos penales del Código Penal, para lo cual el
Gobierno ha enviado ya a la Cámara un proyecto de ley de nuevo
Código Penal con una solución alternativa, sancionando estas
conductas con la pena de inhabilitación en lugar de la pena de
privación
de libertad. Esta sensibilidad del Grupo Socialista le ha
llevado también a votar a favor de la resolución aprobada por
una comisión especial del Senado, a la que aludía el
proponente.
Réplica el señor Romero Ruiz, duplicando el señor Moya
Milanés.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Albístur
Marín, del Grupo Mixto; Olarte Cullen, del Grupo de Coalición
Canaria; González de Txábarri Miranda, del Grupo Vasco (PNV);
Carrera i Comes, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y
López Valdivielso, del Grupo Popular.
Sometida a votación, se rechaza la proposición debatida por 23
votos a favor, 152 en contra y 24 abstenciones.
Proposiciones no de Ley (Página 6037)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre constitución de una
Ponencia que estudie los accidentes de tráfico ocurridos en
carretera por la práctica del ciclismo (Página 6037)
En nombre del Grupo Socialista, el señor Martín del Burgo
Simarro manifiesta que el ciclismo es duro y que el ciclista
es frágil en su discurrir por las distintas vías. Cree
interpretar la preocupación ciudadana y la del mundo del
deporte al defender esta proposición relacionada con el auge
de la práctica del ciclismo y, como consecuencia de su
extensión, con el alarmante número de accidentes con víctimas
humanas y con resultado fatal de muerte en bastantes casos.
Alude a la popularidad de este deporte, a su creciente número
de practicantes, calculándose «grosso modo» que más de medio
millón de españoles salen los fines de semana en bicicleta por
las carreteras de la Península y de las islas, con la nota
luctuosa, según datos de Tráfico, de que desde 1990 hasta
octubre del corriente año el número de usuarios de bicicleta
muertos se eleva a 593 y casi 11.000 heridos. Menciona también
algunas de las recomendaciones más comunes en favor de la
seguridad del ciclista y la tradición de este deporte en
nuestro país, habiendo ganado nuestros profesionales y
aficionados las más importantes competiciones mundiales.
Termina solicitando el apoyo de la Cámara para la proposición
no de ley que pretende la constitución, en el seno de la
Comisión de Educación y Cultura, de una ponencia que estudie
los accidentes de tráfico ocurridos por la práctica ciclista,
tratando de buscar las fórmulas coordinadas más adecuadas para
prevenir y corregir los accidentes y su número de víctimas.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Catalán
(Convergència i Unió), interviene el señor Recoder i Miralles.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los
señores Albístur Marín, del Grupo Mixto; González Blázquez, de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y Carreño Rodríguez-
Maribona, del Grupo Popular.
Sometida a votación la proposición del Grupo Socialista, en
los términos de la aceptación de la enmienda del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), con la transacción aprobada en el curso
del debate, es aprobada por 300 votos a favor y una
abstención.
Modificación del orden del día (Página 6043)
El señor Presidente somete al Pleno de la Cámara, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del
Reglamento y por acuerdo unánime de la Junta de Portavoces, la
exclusión del orden del día de la presente sesión de la
comparecencia del Gobierno ante el Pleno para informar sobre
el Congreso celebrado en Essen los días 9 y 10 de diciembre,
que figura como punto número VIII.
Se aprueba por asentimiento.
Avocación por el Pleno de proyectos de ley (Página 6043)
Del proyecto de ley de declaración de parque nacional de los
Picos de Europa (Página 6043)
Del proyecto de ley orgánica por el que se modifican
determinados preceptos del Código Penal relativos a delitos
contra la Hacienda pública y contra la seguridad social
(Página 6043)
El señor Presidente informa que la Mesa, oída la Junta de
Portavoces y de conformidad con el artículo 949.1 del
Reglamento, ha acordado proponer al Pleno la avocación de las
deliberaciones y votaciones finales de los proyectos de ley
reseñados más arriba.
Se aprueban por asentimiento ambas propuestas.
Prórroga de plazo (Página 6043)
El señor Presidente informa asimismo que la Mesa de la Cámara,
oída la Junta de Portavoces, ha acordado someter al Pleno la
solicitud formulada por la Ponencia encargada de estudiar la
situación actual de la familia en España y de conocer y
proponer actuaciones al Gobierno con motivo del Año
Internacional de la Familia, de que el plazo de emisión de
este informe sea ampliado hasta la conclusión del próximo
período de sesiones.
Se aprueba por asentimiento.
Proposiciones no de ley (Continuación) (Página 6043)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las
bases de una política española sobre paz y seguridad (Página 6043)
En representación del Grupo Popular, el señor Rupérez Rubio
defiende la proposición no de ley. Recuerda que hace poco más
de 10 años el Presidente del Gobierno, don Felipe González,
desde esta misma tribuna sometió a la consideración de la
Cámara una primera aproximación a una definición conceptual de
una política de paz y de seguridad de España. Lo hizo en un
momento histórico, en que España no era todavía miembro de la
OTAN ni de la Comunidad Económica Europea, y reconoce que
aquella propuesta contribuyó a abrir un camino que luego se ha
mostrado suficientemente razonable para seguir investigando lo
que debería ser nuestra política de paz y seguridad.
Sin embargo, los cambios habidos en estos 10 años en la
historia europea son enormes y profundos y, consiguientemente,
las necesidades de redefinición de la política exterior y de
seguridad española son también evidentes. Desde la nueva
perspectiva política conceptual e histórica en que nos
encontramos someten a la consideración de la Cámara un nuevo
decálogo en que, incluso manteniendo los 10 puntos del
decálogo inicial, proceden a su reforma con un cierto sentido
de la continuidad, a la vez que pretenden continuar
investigando y profundizando sobre nuestras necesidades de
seguridad y de paz, adaptadas a lo que es el momento actual y
teniendo en cuenta los cambios habidos en el escenario
internacional en los últimos años.
Concluye el señor Rupérez exponiendo el contenido de los 10
puntos que someten a la consideración de la Cámara.
El señor Estrella Pedrola defiende la enmienda presentada por
el Grupo Socialista.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; Carrera i Comes, del
Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Espasa Oliver, del
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación, es rechazada la proposición no de ley del
Grupo Popular por 125 votos a favor, 172 en contra y una
abstención.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 6051)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre política general del Gobierno respecto al
transporte aéreo y, en concreto, sobre las causas de la
situación actual y perspectivas de futuro de la empresa
pública Iberia (Página 6051)
El señor Andreu Andreu defiende la moción del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Recuerda el debate
celebrado hace dos semanas al tratar la interpelación
correspondiente, así como la comparecencia del Presidente de
Teneo, señor Salas, en la Comisión de Industria, como hitos
políticos importantes en el conflicto de Iberia, en cuanto que
permitieron a todos los grupos, al menos verbalmente,
manifestar su apoyo a la continuidad de esta empresa.
Izquierda Unida considera que, en unos momentos tan delicados
como los que estaba viviendo esa compañía, tal pronunciamiento
tenía un valor en sí mismo y fue extraordinariamente positivo
para que en este momento se vea con cierta luz y con cierta
posibilidad de éxito que la Compañía Iberia salga del abismo
en que se ha encontrado en los últimos días.
Añade que la moción de su Grupo, que ahora defiende, va con
ese mismo espíritu de conseguir el consenso de todos los
grupos de la Cámara, pero esta vez ya no sólo verbalmente sino
comprometiéndose con el futuro de la compañía y planteando
resoluciones concretas que obliguen al Gobierno a adoptar
políticas determinadas para que Iberia salga a flote y
continúe siendo una compañía de bandera en un mercado
competitivo y de liberalización de las tarifas, como el que se
está dando en todo el mundo, y pueda seguir manteniendo los
mercados que tiene y que, a la vez, preste unos servicios
sociales importantes de tráfico entre determinadas líneas del
Estado español, independientemente de que a veces esas líneas
signifiquen pérdidas económicas concretas.
A continuación alude a los errores cometidos por los gestores
de la Compañía, fundamentalmente los anteriores, aclarando que
en modo alguno van a pedir la dimisión del actual equipo
gestor, porque ello implicaría castigar al plan de viabilidad
y la posibilidad de que Iberia sobreviva como empresa pública.
Izquierda Unida plantea exactamente en este punto una crítica
a la gestión anterior y un deseo de que se corrijan
puntualmente todos los errores que se han venido cometiendo en
Iberia.
Piden, por otra parte, la elaboración de un contrato programa,
al igual que existe, por ejemplo, con Renfe, comprometiéndose
el Estado, a través de dicho contrato, para que determinadas
líneas deficitarias sean atendidas. Por último, atribuyen un
gran valor al plan de viabilidad, conseguido mediante acuerdo
entre los sindicatos mayoritarios y la compañía, al que
consideran el mejor de los posibles y que puede servir para
salvar a Iberia. Piensan que la Cámara debe expresar su apoyo
a dicho plan de viabilidad para que el Gobierno pueda exigir
en Bruselas la autorización para la recapitalización de
Iberia.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los
señores Soriano Benítez de Lugo, del Grupo Popular, y Marcos
Merino del Grupo Socialista.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Albístur
Marín, del Grupo Mixto; Olarte Cullen, del Grupo de Coalición
Canaria, y Sánchez i Llibre, del Grupo Catalán (Convergència i
Unió).
Sometida a votación, se rechaza la moción debatida por 151
votos a favor y 163 en contra.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas
para garantizar la eficacia del gasto público en los supuestos
de contratación por concurso o de contratación directa con
carácter general y, en concreto, en la contratación del sector
público estatal con el grupo «Control y Aplicaciones, S.A.»
(CAE) desde 1989 a 1992 (Página 6062)
El señor Fernández de Trocóniz Marcos defiende la moción del
Grupo Popular, manifestando que es reproducción natural de la
interpelación que en su día formularon sobre el mismo tema y
que consta de dos puntos básicamente. Por un lado, que se
fomulen las inspecciones necesarias de la Administración para
controlar la discrecionalidad que se produce en las
adjudicaciones de contratos de las administraciones públicas,
bien por contratos bien por adjudicación directa, a fin de
evitar en lo posible la arbitrariedad y, como consecuencia,
los casosdenunciados de corrupción. Considera
importanteconocer la relación de las obras, servicios y
suministros adjudicados por estas dos vías de contratación, a
los efectos de conocer y poder determinar la justeza del
procedimiento empleado, de la adjudicación realizada y de la
finalidad perseguida por estas contrataciones.
En segundo lugar, pide la creación de una comisión de
investigación que conozca e investigue parlamentariamente el
caso Palomino, ya que, una vez más, se encuentran ante un
supuesto pago elevado por algo que no vale nada o muy poco.
Consideran que el Parlamento debe investigar y conocer la
verdad hasta las últimas consecuencias, lo cual no supone
acusar y sí averiguar si son ciertas o no las sospechas sobre
la existencia de regalo o, en la terminología al uso en los
últimos tiempos en España, de «pelotazo». Considera, que no es
bueno tener abierto permanentemente el caso Palomino ni
abierto un interrogante sobre la conducta pública y la
honestidad del Presidente del Gobierno.
El señor Ríos Martínez, en nombre de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, manifiesta que la enmienda
presentada por su Grupo tiene el objetivo de mejorar la
propuesta del Partido Popular e intentar que se puedan
investigar en esta Cámara, de verdad, las actuaciones en el
caso Palomino. Da por defendida la enmienda y espera que sea
asumida por el Grupo Popular.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Molins i
Amat, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Roncero
Rodríguez del Grupo Socialista.
Sometida a votación la moción del Grupo Popular es rechazada
por 140 votos a favor, 158 en contra y cinco abstenciones.
Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre
mantenimiento del volumen de producción de las fábricas de
tabaco canarias (Página 6067)
El señor Martín Menis defiende la moción del Grupo de
Coalición Canaria, manifestando que la misma se basa en un
acuerdo adoptado por todas las fuerzas políticas con
representación en el Parlamento canario y por todas las
fuerzas sindicales. Se trata de un acuerdo concreto, porque el
anterior fue incumplido, como se han venido incumpliendo
reiteradamente todos los acuerdos, a lo largo de la historia,
entre Tabacalera y Canarias.
Seguidamente expone el señor Martín el contenido de los puntos
que integran la moción.
El señor Padrón Delgado defiende la enmienda presentada por el
Grupo Socialista.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Cabrera
Pérez-Camacho, del Grupo Popular, y Ríos Martínez, del Grupo
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación la moción del Grupo de Coalición Canaria,
en los términos derivados de la aceptación de la enmienda del
Grupo Socialista, con las transacciones resultantes del
debate, es aprobada por 274 votos a favor y dos en contra.
Se suspende la sesión a las nueve y cuarenta y cinco minutos
de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
MODIFICACION DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
(IVA) AL OBJETO DE FAVORECER EL ASOCIACIONISMO AGRARIO (Número
de expediente 122/000063)
El señor PRESIDENTE: Señorías, ocupen sus escaños, vamos a
iniciar la sesión.
Comienza la sesión.
Punto I del orden del día: Toma en consideración de
proposiciones de ley. Proposición del Grupo Popular, sobre
modificación de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido al
objeto de favorecer el asociacionismo agrario.
En nombre del Grupo proponente, tiene la palabra el señor
Ramírez.
El señor RAMIREZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Con brevedad, para anunciar a la Cámara que el Grupo
Parlamentario Popular va a retirar en este momento la
proposición de ley que presentamos el pasado 29 de julio, por
la que pretendíamos modificar el régimen del IVA que gravaba
las prestaciones de servicio entre las cooperativas y sus
asociados. Mediante esta proposición pretendíamos que no se
sancionaran los trabajos, los servicios, el tráfico interno en
el régimen cooperativo que, a través de la entidad, satisfacía
las demandas de los agricultores, de los asociaciados, y
también a través de ella atendía sus necesidades. Entendíamos
que el régimen del IVA, establecido desde 1992, sancionaba
directamente a estas entidades asociativas habida cuenta que,
paradójicamente, establecía el IVA en el 15 por ciento,
mientras que los mismos servicios prestados en una asistencia
mutual entre los agricultores, a título particular, solamente
podrían estar gravados con un 6 por ciento.
Es conocido que la ley de Presupuestos que hemos aprobado
recientemente en esta Cámara, y que ha sido remitida al
Senado, modifica sustancialmente el impuesto del IVA y que en
la Sección 02, artículo 78, recoge textualmente que los
servicios que se presten a los titulares de explotaciones
agrarias (que comprende una larga prestación de servicios,
entre los que están la práctica totalidad de aquellos que
precisa la explotación agraria en su desarrollo económico,
tanto si estos servicios son prestados por las cooperativas,
objeto inicial de nuestra pretensión, como si son prestados
por otro tipo de entidades que no sean de carácter asociativo)
tendrán una regulación del tipo medio del IVA, es decir, del 7
por ciento.
Esta modificación ha llegado con retraso al sector. Recuerden
que habíamos pretendido su modificación el pasado junio y
estábamos intentando rectificar un error, que reconoce el
propio Gobierno, que se contenía en la legislación desde 1992.
Con esta modificación que se incorpora a la ley de
Presupuestos, que entrará en vigor el 1 de enero de 1995,
nuestro Grupo queda satisfecho. Por lo tanto, señor
Presidente, en este acto retiramos nuestra pretensión.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramírez.
Queda retirada la proposición de ley del Grupo Popular.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE SUPRESION EN EL CODIGO PENAL
DE LOS DENOMINADOS DELITOS CONTRA EL DEBER DE PRESTACION DEL
SERVICIO MILITAR, ORGANICA (Número de expediente 122/000069)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate correspondiente a la
proposición de ley del Grupo Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, sobre supresión en el Código Penal
de los denominados delitos contra el deber de prestación del
Servicio Militar, orgánica. (Pausa.)
Queda decaída. (Pausa.)
Señorías, vamos a intentar ajustar el desarrollo del Pleno a
las previsiones de los Diputados que tuviesen intención de
intervenir y que pueden haberse visto sorprendidos por la
circunstancia de la retirada de la proposición de ley del
Grupo Popular.
Vamos a suspender durante cinco minutos el Pleno. (Rumores.)
¡Señorías, guarden silencio! Ruego a los portavoces que cuiden
de que los Diputados que tengan que intervenir en los puntos
del orden del día inmediatamente posteriores, estén preparados
al reanudar la sesión.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Tiene la palabra el señor Romero.
El señor ROMERO RUIZ: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya viene a este Pleno a formular y a
defender una proposición de ley de derogación del delito
conocido como de insumisión del deber de prestación del
servicio militar o de la prestación social sustitutoria.
Varias decenas de jóvenes de nuestro país se encuentran en
prisión por mantener una posición activa en favor de una
sociedad desmilitarizada, pero pudieran ser bastantes más,
porque hay cerca de 4.000 ciudadanos que se han declarado
insumisos, lo cual conduce a una situación algo más que
preocupante. Una actitud que socialmente no es considerada
como criminal ha colocado a nuestro país, a resultas de una
legislación equivocada, en la nada honrosa lista de los países
con presos de conciencia elaborada anualmente por Amnistía
Internacional. La vigente Ley del Servicio Militar, por la que
se mantiene la obligatoriedad del deber de la prestación y
deja abierta la posibilidad de la prestación sustitutoria, que
penaliza a los objetores, se está demostrando, se viene
revelando como uno de los más claros ejemplos de cómo desde el
Gobierno se actúa de espaldas a la realidad de nuestro pueblo.
Lo más grave es que esta actitud del Gobierno de Felipe
González está llevando a la cárcel a jóvenes que nadie, desde
una óptica penal, se atreve a calificar como criminales o
delincuentes. Por ello muchos nos atrevemos a pensar, y somos
la mayoría, por qué esta situación, que repele al Estado
democrático y de Derecho, como se reclama el nuestro.
La disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 13/1991,
de 20 de diciembre, del Servicio Militar, creó una nueva
sección en el Código Penal con la rúbrica de «Delitos contra
el deber de la prestación del Servicio Militar», los
popularmente conocidos como delitos de insumisión. La
incorporación de estos nuevos tipos penales en nuestro Código
Penal ha generado una situación de difícil tratamiento
criminal, dado que la conducta que se tipifica no responde
socialmente a una conducta criminal, sino a una posición o
actitud de conciencia y de marcado carácter social. Esta
identificación de gran número de ciudadanos, de jóvenes de
nuestro país, con lo que erróneamente se ha calificado un
delito, ha generado un grave problema social, judicial,
penitenciario, público. Se ha generado un problema social,
puesto que las aspiraciones de nuestra sociedad, y en concreto
de los jóvenes, se decantan por posiciones de marcado talante
no militarista, que choca con un sistema de servicio militar
obligatorio y de un ejército de leva que diseña una prestación
sustitutoria penalizadora para los objetores de conciencia; un
problema judicial, al criminalizar una conducta que
objetivamente no es tal, provocando un fuerte conflicto en la
magistratura; un problema penitenciario, al condenar a decenas
de jóvenes a los que difícilmente se les puede calificar de
delincuentes con penas de reclusión menor en su grado mínimo.
La Constitución Española, en su artículo 25, así como la
doctrina penal y penitenciaria, son taxativas a la hora de
señalar como el fin de las penas de privación de libertad el
de la reeducación y la reinserción social. Con el objeto de
evitar, en la medida de lo posible, incumplir el fin
constitucional previsto, es necesario que la comisión de un
nuevo tipo delictivo se solucione con la reinserción social o
la reeducación. Ninguna de estas consideraciones, señoras y
señores Diputados, parece que se tuvo en cuenta, en su día, a
la hora de tipificar penalmente el delito contra el deber de
la prestación del servicio militar.
No nos encontramos en este caso ante la necesidad de reeducar
o reinsertar socialmente a jóvenes cuya actitud no merece
reproche social y que, por tanto, no les sería de aplicación
un derecho de mínimos como es el Derecho penal, ni tampoco
cabe el pretender evitar mediante la pena de repetición de
estas conductas, puesto que dicha posibilidad es inexistente;
sólo se incumple el deber de prestación en una ocasión. Es un
hecho contrastable que la Ley Orgánica 13/1991, de 20 de
diciembre, y en concreto su disposición adicional séptima, no
sólo no apuntó soluciones adecuadas para nuestras necesidades
de defensa, sino que vino a agravar judicial y socialmente la
situación, criminalizando a centenares de personas, lo cual
provoca que se dirijan a nuestro país las atentas miradas
desde otros foros jurídicos y de defensa de los derechos
humanos, que en algunos casos no han dudado en considerar a
estos jóvenes que se declaran insumisos como presos de
conciencia, lo cual es una situación grave para la imagen de
nuestro Estado, que se reclama, repito, democrático, social y
de Derecho.
Por todo ello se hace muy urgente la derogación de esta
disposición adicional séptima de la Ley Orgánica,
despenalizando estas conductas, lo que conduciría a que los
jueces y tribunales procedieran de oficio a rectificar las
sentencias condenatorias que se hubieran dictado con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley.
El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, con esta proposición de ley por la que se
despenalizan estas conductas, no persigue otro objetivo que el
que se haga realidad lo aprobado recientemente por el Senado.
En el «Boletín Oficial de las Cortes Generales» (Senado) se ha
publicado un informe de la Ponencia constituida en el seno de
la Comisión Especial de Juventud, con los portavoces de todos
los grupos parlamentarios que estamos representados en esta
Cámara. Al final, en la conclusión o recomendación número 23,
en materia de objeción de conciencia, se plantea lo siguiente:
La Comisión estima que la negativa en tiempo de paz a la
realización de la prestación social sustitutoria debe ser
sancionada con la inhabilitación para ocupar cargo o empleo
público o para contratar con las administraciones públicas,
pero no con penas privativas de libertad. Palacio del Senado,
14 de noviembre de 1994.
Señorías, con las más mínima coherencia, no se puede defender
en el Senado, hace unas semanas, una propuesta o una
recomendación por todos los grupos políticos que tienen
representación en esta Cámara y
actuar aquí de distinta forma. De lo que se trata es de que se
tome en consideración nuestra proposición de ley. Luego se
puede enmendar y se le pueden añadir artículos e
incorporaciones que reflejen algún tipo de sanción y que
desaparezca lo que para nosotros es fundamental cuando se tome
en consideración nuestra propuesta: el hecho de que se
encarcele a los jóvenes que se declaran insumisos. Un país que
encarcela a jóvenes que se declaran insumisos a la prestación
social sustitutoria y al serviciomilitar obligatorio y pone en
libertad a narcotraficantes de Galicia, es un país donde las
cosas no funcionan. Se debe actuar desde el Congreso de los
Diputados para que este delito contra un deber de la
prestación (se pretende asegurar que el correcto
funcionamiento del servicio en que consiste la prestación
social sustitutoria es importante) merezca el mayor reproche
sancionador de que es capaz un Estado de Derecho. ¿Un joven
que se niegue a ir a lo que hoy es la prestación social
sustitutoria merece el mayor reproche y la cárcel? ¿Un joven
universitario, un joven con formación, un joven que no desea
actuar en ese marco? Y no pueden ustedes pedir aquí que la
juventud sea insolidaria porque se declare insumisa, cuando el
futuro que tiene por delante son los contratos-basura, que es
la mayor insolidaridad para que la juventud se integre con
todos los derechos en el sistema social y de Derecho. Está
claro que hay documentaciones de Jueces para la Democracia;
que hay documentaciones de colectivos de la Asociación de
Derechos Humanos; que hay sentencias de los tribunales que, al
tiempo que condenan técnicamente, tal y como dispone la ley, a
un joven que se declara insumiso, piden, a continuación, los
que han sancionado con esa condena, el indulto para ese joven
insumiso, porque hay un conflicto de conciencia en el
ejercicio de la Administración de Justicia en nuestro país.
Por eso es muy importante que esta proposición se abra camino,
que en España avancemos --y por eso nuestra ley es clara y
contundente-- para que no ocurra como en la actualidad que hay
50 personas en la cárcel y en tercer grado varias decenas, lo
que hace un total de 200 jóvenes.
Hoy veremos en este debate las posiciones políticas de los
Grupos Parlamentarios y la responsabilidad que se contrae. Hay
muchos miles de jóvenes pendientes de este debate y de la
decisión de si se va a despenalizar o no el delito de
insumisión y si se va a despenalizar o no la encarcelación de
los jóvenes que se declaren insumisos. Veo que algunos
Diputados se sonríen y son precisamente los que tienen la
llave de las celdas donde los jóvenes están encarcelados.
Muchas gracias. (Rumores y protestas.--Varios señores
Diputados: ¡Muy bien!)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Moya.
El señor MOYA MILANES: Gracias, señor Presidente.
Señorías, a nadie se nos oculta que estamos ante el
tratamiento de un tema delicado, que tiene una sensibilidad
especial en la opinión pública, dentro del cual subyacen
algunas demandas sociales a las que me referiré en mi
intervención. En la intervención del Grupoproponente,
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, interesadamente, a
mi juicio, se ha tratado de mezclar lo que es el contenido de
su proposición de ley con otras cuestiones que poco tienen que
ver con los términos literales de la misma.
Quiero empezar anunciando que mi Grupo se va a oponer a la
toma en consideración de esta proposición de ley, por diversas
razones. Tenemos que preguntarnos, ante todo, qué es lo que
nos presenta el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya en esta proposición; y tenemos que preguntárnoslo
porque, sin duda, al hilo de la intervención del señor Romero,
a algunos o a muchos les habrá cabido la duda de qué es lo que
realmente contiene esta propuesta. Pues bien, esta propuesta,
simple y llanamente, contiene la despenalización absoluta de
las conductas de negativa al cumplimiento del servicio
militar, llamado delito de insumisión. No estamos discutiendo
en esta proposición de ley la idoneidad o no de los tipos
penales vigentes que sancionan esas conductas. Se está
pidiendo la ausencia de todo tipo de sanción al incumplimiento
de obligaciones constitucionales que tienen amparo y
traducción en las leyes orgánicas vigentes. Ya que la
exposición de motivos y la propia intervención del señor
Romero parece que ponen en duda la constitucionalidad de una
tipificación y de un tratamiento penal a estas conductas, debo
decir que la jurisprudencia constitucional es bastante clara y
rotunda al respecto. Por ejemplo, la sentencia del Tribunal
Constitucional 160/1987 dice expresamente que se trata de una
obligación constitucionalmente impuesta, protege el interés
del Estado de la defensa de España y es congruente con la
obligatoriedad del propio servicio militar, que significa
también coerción y forzosidad.
Y otra sentencia, también del Tribunal Constitucional, la
60/1991, que expresamente manifiesta que se trata de tutelar
el bien jurídico consistente en el cumplimiento del servicio
militar, que tiene por finalidad asegurar la igualdad en el
efectivo cumplimiento de una obligación constitucionalmente
impuesta.
Se trata, por tanto, de una tipificación, de la necesidad de
sancionar conductas que tienen claramente una jurisprudencia
constitucional que avala dichas prácticas.
Su proposición de ley obedece a un modelo distinto de Fuerzas
Armadas, modelo donde no tienen cabida ni estas figuras
delictivas ni ninguna de las tipificadas en el Código Penal
referentes al militar de reemplazo como sujeto activo, pero no
tienen cabida en un modelo mixto que contempla un servicio
militar obligatorio,
donde claramente una propuesta de despenalización absoluta no
tiene ningún encaje.
En segundo lugar, subyace en su proposición de ley una
apelación a conflictos ideológicos o de conciencia, y debo
decirle que esos conflictos ideológicos o de conciencia, o la
apelación a los mismos, está prevista y resuelta en la propia
Constitución con el recurso a la figura de la objeción de
conciencia.
El conflicto entre la conciencia y la ley no tiene en este
caso cabida porque cualquier colisión queda solventada en la
propia Constitución a través de la objeción de conciencia,
como claramente manifiesta la reciente sentencia del Tribunal
Constitucional de 8 de noviembre pasado, que dice
expresamente: El derecho a la libertad ideológica, reconocido
en el artículo 16 de la Constitución, no resulta suficiente
para eximir a los ciudadanos, por motivos de conciencia, del
cumplimiento de deberes legalmente establecidos con el riesgo
aparejado de relativizar los mandamientos legales.
Subyace, además, en su proposición de ley un artificiosidad,
peligrosa en democracia y en estado de Derecho, consistente en
contraponer legalidad y legitimidad. Por ese camino
llegaríamos a considerar la conciencia o las convicciones el
último reducto válido para dirimir la validez de una conducta
social, eludiendo la obligatoriedad del cumplimiento de las
leyes. Por extensión, y desde esa óptica, alguien podría
predicar también como legítima, aunque no legal, la objeción
fiscal o cualquier otra resistencia por convicciones íntimas
al cumplimiento de los deberes legales.
En tercer lugar, en la exposición de motivos de su proposición
se dice también que estamos siendo objeto de atención y de
mirada en España desde distintos foros --da la impresión que
desde el exterior-- en relación con nuestra legislación al
respecto. Yo debo decirle, y usted debe saberlo, que el
Derecho comparado no le da la razón en ningún caso. Todos los
países que contemplan una legislación y tienen un ordenamiento
jurídico en el que el servicio militar tiene carácter
obligatorio, de alguna manera contemplan algún tipo penal para
conductas de esta naturaleza relacionadas con la negativa a la
prestación del servicio militar. Se sorprendería la Cámara si
le relatara que este tipo penal es, en la Europa democrática,
más puro que nuestras leyes vigentes. Yo voy a ahorrar relatar
cuáles son las penas que este tipo de conductas mantienen en
los ordenamientos jurídicos de distintos países de Europa
Occidental.
En cuarto lugar, debo decirle que, a la vista de que
constitucionalmente su proposición de ley no tiene ningún
encaje, porque pretende eliminar cualquier tipo de sanción a
conductas antijurídicas que intentan eludir el cumplimiento de
obligaciones amparadas por nuestras leyes y que, además, es
una proposición que no encuentra parangón posible en ningún
ordenamiento jurídico de nuestro entorno, nosotros nos vemos
obligados a rechazar su proposición de ley.
Dicho esto, hablemos de sensibilidad ante el problema social e
individual que este tipo de conductas generan en una parte de
la juventud.
A usted, que ha apelado a la sensibilidad de los grupos
políticos para dar una solución al problema de la insumisión o
al problema de las penas de privación de libertad, le diré que
ese no es el contenido de su proposición de ley. Lo he
expuesto ya con toda claridad y se lo vuelvo a reiterar: su
proposición de ley pretende, simple y llanamente, eludir
cualquier tipo de sanción penal, de la clase que sea, al
incumplimiento de obligaciones vigentes en las leyes.
El Grupo Socialista es consciente y sensible de la existencia
de un problema real, que no es el de su proposición de ley y
que sí es el de la imposición de penas de privación de
libertad para los delitos llamados de insumisión. Ese sí
entendemos que es un problema que merece una respuesta
probablemente distinta de la que en este momento tienen los
tipos penales en el actual Código Penal. Por ello, la
sensibilidad del Grupo Socialista ha llevado a lo siguiente en
esta materia.
En primer lugar, el Gobierno ha enviado a esta Cámara un
proyecto de ley de Código Penal que contiene una solución
alternativa consistente en sancionar dichas conductas con la
pena de inhabilitación en lugar de la pena de privación de
libertad. Por tanto, se trata de una decisión del Gobierno que
ya está en esta Cámara, puesto que está contenida en el
proyecto de ley de Código Penal. Me parece que este es un
elemento decisivo en la línea de resolver de una manera
equilibrada el problema que tenemos planteado, conjugando las
obligaciones del Estado en el ámbito de la Defensa con los
derechos de los ciudadanos y con la proporcionalidad de las
sanciones penales.
En segundo lugar, además de enviar el Gobierno este proyecto
de ley a la Cámara proponiendo la modificación del tipo penal,
eliminando las sanciones de privación de libertad y
sustituyéndolas por inhabilitación, esta sensibilidad ha
llevado al Grupo Socialista en el Senado a votar
favorablemente una resolución de una comisión especial sobre
problemas de la juventd, que en el punto referido a esta
cuestión dice expresamente: El Senado estima que la negativa
en tiempo de paz a la realización de la prestación social
sustitutoria no debe ser castigada con penas de privación de
libertad. En consecuencia --sigue diciendo la resolución--, se
deben tomar aquellas medidas legislativas que anticipen una
nueva regulación de esta situación. Nosotros hemos votado
favorablemente esta resolución, y se ha aprobado por
unanimidad en el Senado.
En tercer lugar, al Grupo Socialista ratifica hoy en este
trámite nuestro compromiso con esa resolución, ratifica
también nuestro compromiso con el desarrollo de lo contenido
en el proyecto del Código Penal y, en consecuencia, intenta
agilizar y acelerar las medidas legislativas que conduzcan a
una resolución del problema
en la línea ya expresada en el proyecto de Código Penal y,
consiguientemente, a instrumentar, a través de los mecanismos
reglamentarios y procedimentales oportunos, un tratamiento que
permita una rápida resolución del mismo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Moya.
Señor Romero, tiene la palabra.
El señor ROMERO RUIZ: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, señor Moya, que ha utilizado el
turno en contra de nuestra proposición de Ley de
despenalización de los delitos conocidos como delitos de
insumisión, ha hecho una serie de afirmaciones saliéndose de
un texto y yendo a un modelo al que yo me voy a referir ahora,
porque no sólo hacemos esta propuesta desde nuestro modelo de
Fuerzas Armadas, sino desde nuestra concepción de un problema
social, jurídico, penitenciario y político que tiene planteado
España y que consiste en que hay dos centenares de jóvenes de
nuestro país en las cárceles, y además hay 4.000 jóvenes que
se han declarado insumisos pendientes de comparecer ante
juicio.
Hay, al mismo tiempo, notas, expresiones, condenas de Amnistía
Internacional, de asociaciones de juristas, de gente que
observa este fenómeno como un fenómeno preocupante. Nosotros
planteamos la despenalización total. Ustedes pueden enmendar
en el trámite de debate en Ponencia y Comisión incluyendo una
penalización parcial, pero ustedes dicen que no a esta ley y
han tenido la posibilidad, de presentar una enmienda o un
texto que sea acorde con lo que estipula el Senado: que se
reforme la legislación vigente para que no vayan a la cárcel
los jóvenes en España que se declaran insumisos. Pero en el
Senado se vota una cosa y aquí se vota otra. Nunca hemos
compartido nosotros el travestismo político, señor Moya; no se
puede votar una cosa hace cuatro semanas en el Senado y otra
aquí.
Los Diputados de Navarra, que tanto hablan allí, que tiene el
mayor número de jóvenes insumisos en prisión, aquí tienen la
oportunidad ahora de ejercer su derecho al voto. Se pueden
declarar insumisos a sus grupos Parlamentarios si quieren
atender una demanda que en Navarra tiene unas proporciones
importantísimas.
Nosotros hemos pedido la despenalización total. Usted puede
enmendar parcialmente. La Constitución y la sentencia del
Tribunal Constitucional dicen que hay dos opciones: o el
servicio militar obligatorio o la prestación social
sustitutoria si un joven se declara objetor de conciencia. Eso
es lo que dice la sentencia del Tribunal Constitucional, pero
no dice que los jóvenes vayan a prisión y sean condenados a
dos años y varios meses de cárcel si se declaran insumisos.
Eso no lo dice la sentencia del Tribunal Constitucional, sino
que interpreta, insisto, que hay dos posibilidades, y las
resuelve: o el servicio militar o la prestación social
sustitutoria. De nosotros depende si en la legislación hacemos
un reproche social o una penalización menor que no suponga el
ingreso en prisión. Ese es el problema, y esa es la verdad de
la literalidad de la sentencia del Tribunal Constitucional. El
conflicto de conciencia lo garantiza, pero el conflicto de
desobediencia a la prestación social sustitutoria depende de
la penalización que las leyes establezcan para ese tipo de
delitos. Así es que tome usted nota en puridad jurídica para
que sepamos cómo tenemos que abordar este asunto. ¿El modelo
actual de Ejército es constitucional? Sí que lo es, es un
modelo perfectamente constitucional el del servicio militar
obligatorio. Pero también es un modelo perfectamente
constitucional el ejército profesional. Si fuésemos al
ejército profesional, en España no tendría sentido la
prestación social sustitutoria y la objeción de conciencia
ligada a la obligatoriedad del servicio militar, no tendría
sentido el delito de insumisión. Eso es así de claro, y de
sencillo. Yo creo que sería conveniente que no se perdiera por
la ramas y entrara en el fondo de lo que hoy nos trae aquí.
Las leyes pueden cambiarse, y nosotros venimos al Parlamento
para cambiarlas. Lo mismo que se plantea que se avance en la
despenalización del aborto, y ahora mismo hay una Ley en vigor
que está contestada en la sociedad; lo mismo que la gente no
tolera que una mujer vaya a prisión condenada por delito de
aborto, y se puede ir, sin embargo con la ley actual, en el
tema de la insumisión puede haber otro reproche que no lleve
aparejado la prisión.
Hay una demanda social, no se puede ignorar eso. Decían los
clásicos que desgraciados los tiempos en los que hay que
demostrar lo evidente, y lo evidente es que hay encuestas del
Centro de Investigaciones Sociológicas, que hay jóvenes que no
se pueden tildar de insolidarios, de ajenos a la sociedad
civil o a los valores de paz y de solidaridad, porque trabajan
en ONG, porque trabajan en otras actividades del servicio
público, y usted se enfrenta en esta proposición no de ley a
la despenalización.
¿Qué país europeo, señor Moya, tiene en sus cárceles decenas
de jóvenes que se han declarado insumisos? ¿Qué país tiene 200
jóvenes en la cárceles condenados y 4.000 jóvenes pendientes
de juicio? ¿Qué país de la Unión Europea tiene esa situación?
Ni uno. Hay penalizaciones teóricas en los códigos que no se
aplican, y puede haber algún caso aislado, pero ninguno tiene
200 jóvenes presos, fundamentalmente de Navarra, del País
Vasco y de Cataluña, aunque también de Madrid y de otros
lugares del Estado, pero es ahí donde tiene mayor incidencia
la objeción de conciencia y el delito de insumisión.
Usted plantea cómo acelerar el procedimiento y dice que,
efectivamente, se puede estudiar un reproche
social que no conlleve la prisión, pero que lo harán en su
momento en el debate del nuevo Código Penal o en otro debate,
y mantienen ustedes la prisión, el sistema judicial en España
que condena a una serie de jóvenes y a otros que están
pendientes de juicio. Señor Moya, señoras y señores Diputados,
este es un tema muy grave en nuestro país que necesita de una
solución adecuada. Si no está de acuerdo con la literalidad de
nuestra proposición de ley, plantee su toma en consideración y
enmiéndela posteriormente con una penalización menor y
distinta al ingreso en prisión. Pero si hoy, después del
debate en este Pleno, continúa habiendo jóvenes en las
cárceles de nuestro país por declararse insumisos al servicio
militar obligatorio y a la prestación social sustitutoria, no
será con responsabilidad de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sino con responsabilidad de otros que ejercen su
voto en la dirección de mantener este estado de cosas tan
lamentable y tan alejado de un estado moderno y de una demanda
de nuestra juventud.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
Tiene la palabra el señor Moya.
El señor MOYA MILANES: Gracias, señor Presidente.
Señor Romero, a veces no es fácil debatir con usted, no por
ninguna razón misteriosa, sino porque tiene capacidad para
envolver distintas argumentaciones en temas que mezcla
deliberadamente para crear cierta confusión. Hay un abismo
jurídico y político entre lo que han planteado en su
proposición de ley y lo que dice nuestro proyecto de Código
Penal; hay un abismo entre lo que ustedes dicen en su
proposición de ley y lo que dice la resolución que nosotros
también hemos votado en el Senado. Pero lo mezcla todo y nos
dice que da igual, que piden la despenalización absoluta; en
algún momento han llegado a decir que a lo mejor algún tipo de
sanción.
No puede ser todo a la vez, señor Romero. Si presentan una
proposición de ley en los términos tan rotundos y tan claros
en que se han manifestado, pidiendo la despenalización
absoluta y la supresión de todo tipo penal, no pueden, a la
vez, apuntarse a la resolución del Senado, que lo que dice es
que se eliminen las penas de privación de libertad. Pero esas,
no dice todas. No dice que no haya ninguna tipificación. Usted
lo mezcla todo, insisto, y vuelve otra vez a la resolución del
Senado, al Código Penal y a su proposición de ley. Separemos
racionalmente las cosas.
Dice que yo en mi intervención me he salido del texto o del
contexto. Yo creo que usted se ha salido del texto, del
contexto, del tiesto y de todo, porque nada ha tenido que ver
su intervención, y sobre todo su réplica, con lo que dice su
proposición de ley. Nosotros estamos jurídica y políticamente
legitimados para decir que no a esa proposición de ley. Sabe
perfectamente que podemos mantener una coherencia total entre
el no a esa proposición de ley y el sí a la resolución del
Senado, que he vuelto a ratificar nuevamente aquí con el
compromiso del Grupo Socialista de agilizar ese debate.
Me dice que le cite algún país de la Unión Europea que
contemple tipos penales sancionadores de privación de
libertad. Yo creí que usted lo sabía. Alemania, hasta cinco
años de prisión; Bélgica, hasta tres años de prisión;
Dinamarca, hasta nueve meses de prisión; Francia, hasta dos
años de prisión; Grecia, hasta cinco; Holanda, hasta siete
meses, y podría seguir la lista. (El señor Romero Ruiz: Yo
digo jóvenes en la cárcel.)
Esta es la tipificación que en estos momentos existe en los
países de la Unión Europea. Lo digo, no porque yo pretenda
apoyarme en esto para ningún tipo de discurso, lo digo,
simplemente, para deshacer esa falacia y esa argumentación que
ha pretendido contar de que aquí estamos en el peor de los
mundos y en Europa lo tienen ya despenalizado. No es verdad,
señor Romero. Le vuelvo a insistir nuevamente que el
compromiso del Grupo Socialista está explicitado en el apoyo
expreso al Gobierno de traer en el proyecto del código Penal
la despenalización de las penas privativas de libertad para
estas conductas. Le vuelvo a reiterar el compromiso del Grupo
Socialista, que ya se expresó en el Senado de manera clara y
rotunda con esa resolución que le he leído y usted se ha
apuntado a ella después de la intervención en defensa de su
proposición de ley, que nada tenía que ver con ella, y le
vuelvo a reiterar --y se lo he dicho también en mi primera
intervención-- el compromiso, hoy, de este Grupo de poner las
medidas adecuadas para que el tratamiento de este tema sea lo
más rápido y urgente posible.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Moya.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, el señor Albistur tiene la palabra.
El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.
Con brevedad, y tratando de ser conciso --aunque el tema sí
que creo que merece atención y precisión--, voy a manifestar
que vamos a apoyar la proposición de ley presentada por
Izquierda Unida, ya que estamos de acuerdo con los principios
que se establecen en su exposición de motivos respecto a que
la incorporación de estos nuevos tipos penales en nuestro
Código Penal han generado una situación de difícil tratamiento
criminal, dado que la conducta que se tipifica no responde
socialmente a la de una conducta criminal, sino de posición o
actitud de marcado carácter social.
He dicho que estamos de acuerdo en que no vayan a la cárcel
los que se declaran insumisos, pero no solamente con esto,
sino que queremos también que salgan de la cárcel, y ese en el
desacuerdo que quiero manifestar con la proposición de ley que
aquí se plantea. Pedimos
la despenalización porque existe la «mili» obligatoria; si no
existiera la milicia obligatoria no sería más que una falta si
se pudiera calificar como tal. Ya el Parlamento Vasco, en mayo
de 1993, declaraba:
Solicitamos a los poderes públicos la adopción de medidas para
resolver el problema de la insumisión, y en concreto proceder
a su despenalización como demanda una sensibilidad social
mayoritaria en el País Vasco, que cada vez ha sido más
mayoritaria en todo el Estado. También el Parlamento navarro,
en el año 1993 y en octubre del año 1994, ha ido manifestando
una posición similar planteada por todos los grupos. Por
tanto, los partidos vascos democráticos hemos ido manifestando
nuestra oposición clara a todo lo que pudiera ser la
penalización.
También fue presentada en el propio Senado una solicitud, un
planteamiento y una proposición de despenalización en el mes
de junio pasado. El objetivo fundamental es que se quiten las
penas de cárcel. La despenalización solicitada ahora no evita
este hecho. El Tribunal Constitucional, en una reciente
sentencia, precisamente ha planteado este problema por
continuar la milicia obligatoria.
Desde este punto de vista, esta proposición de ley (tengo que
decirlo cordialmente, pero tengo que decirlo) es puro
testimonialismo. Creo que deben plantearse iniciativas con
objetivos que sean alcanzables, y en el tema de la
despenalización, lo hemos visto en esta Cámara, no hay
consenso, y si no hay consenso los temas y los objetivos
seguirán igual. Pero sí creemos que existe consenso para que
los insumisos que actualmente están en la cárcel salgan de
ella, y pediría al representante de Izquierda Unida que
plantee un esfuezo en esta línea.
En muy poco tiempo, el Parlamento de Navarra presentará en
esta Cámara un acuerdo del pasado mes de noviembre donde se
pide legislar con la mayor celeridad posible para evitar que
la ley no meta en la cárcel a aquellos que se declaran
insumisos, a esos 180 jóvenes de los que actualmente 80 están
en tercer grado, aproximadamente, y cien en el segundo grado.
Lo urgente es excarcelar, y aunque he dicho anteriormente que
vamos a manifestar nuestro apoyo a esta proposición de ley, el
objetivo real conseguible sería precisamente el terminar con
la situación actual de presencia en las cárceles o peligro de
ir a las mismas a los que actualmente se declaran insumisos.
Lo que habría que haber hecho precisamente con una proposición
de ley es atrevernos a declarar que la «mili» no sea
obligatoria. Hoy existen fórmulas en nuestro propio Estado,
existen fórmulas en la Unión Europea, donde nos encontramos,
que permiten avanzar hacia un ejército profesional, donde la
adscripción sea puramente voluntaria y profesional, como su
propio nombre indica.
Desde ese punto de vista, no podemos manifestar una
conformidad total con la proposición de ley, que lo único que
hace es plantear cuestiones testimoniales, pero que no ataca
el fondo del problema, que sería precisamente conseguir el
consenso, que es posible, no sólo para la despenalización,
sino para evitar que los insumisos estén actualmente en la
cárcel.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Olarte.
El señor OLARTE CULLEN: Señor Presidente, señorías, hace unos
meses Coalición Canaria expresaba una posición favorable a la
iniciativa que entonces traía ante este Pleno Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya en relación con un tema colateral al
que hoy es objeto de debate, y concretamente por lo que atañía
a la objeción de conciencia en sí considerada. Hoy nosotros
mantenemos también nuestras tesis iniciales, y al igual que el
1 de marzo de 1994, expresamos nuestra adhesión a la
iniciativa formulada por Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. Nosotros tratamos simplemente de respaldar esa
iniciativa haciendo posible que se tome en consideración la
misma, y oportunidad tendrán quienesconsideren que cabe hablar
de cualquier tipo de imposición de una sanción a quienes se
nieguen a realizar la prestación social sustitutoria, por la
vía de la tramitación correspondiente y a través de las
enmiendas oportunas. Hoy, sin embargo, a nosotros nos parece
oportuna y afortunada esta iniciativa.
Tenemos que recordar que, ya que se ha hablado de Holanda y
Alemania, en una ocasión anterior hablamos nosotros de estos
dos países, al igual que de la resolución del 13 de octubre de
1989 del Parlamento Europeo en relación a la objeción de
conciencia. Nosotros nos mantenemos en las tesis de siempre:
que hay que dar paso a la objeción sobrevenida, como estos
países; que hay que establecer la máxima agilidad en toda la
tramitación correspondiente para la incorporación de los
jóvenes a la prestación social sustitutoria, ya que lo
contrario constituyen medidas de efecto disuasorio que, en
definitiva, lo que hacen es impedir o perturbar a quien quiera
decidirse por esa prestación social sustitutoria.
Exactamente igual era preciso --y lo seguimos manteniendo
también-- establecer el mismo tiempo de duración en la
prestación social sustitutoria que en el servicio militar.
Pero, en definitiva, de lo que tenemos que darnos cuenta es
que lo que late aquí --y por eso se manifiesta periódicamente,
como la representante entonces del Grupo Socialista expresaba-
- es un tema tradicional que se plantea en esta Cámara, que ni
el Gobierno Socialista ni el Partido que lo apoya se han
atrevido a afrontar, y es la cuestión atinente al ejército
profesional. Ese es el problema que hay que resolver de una
vez. Si eso se hubiese solucionado de la manera
que de forma más creciente demanda nuestra sociedad,
evidentemente hoy no estaríamos planteando un tema tan lógico,
tan legítimo, que tiene una razón de ser social y política tan
importante como es la despenalización que hoy se pretende por
el Grupo de Izquierda Unida.
Desde el año 1985 hasta la actualidad hemos seguido con mucho
cuidado las estadísticas numéricas correspondientes al
incremento que se ha producido en la objeción de conciencia, y
nos encontramos con lo que se preveía para el año 1994:
después del número de 68.000 objetores en 1993, que
contrastaba con los 6.000 de 1986 y con los 9.000 de 1987, hoy
estamos en presencia de casi un centenar de miles de objetores
de conciencia. Ello tiene necesariamente que hacer que
pensemos si es que no estaremos equivocándonos y,
evidentemente, el Grupo Socialista tiene que hacer un examen
de conciencia muy claro al respecto, a propósito de tener que
afrontar la necesidad de profesionalizar el Ejército. El tema
de la insumisión, al igual que el de la objeción de
conciencia, ortodoxamente hablando, nada tiene que ver con la
defensa en sí, como ocurre en otros países que hoy se
mencionaban, y tratadistas bien ilustres así lo ponen de
manifiesto; es un tema que descansa, fundamentalmente, en la
Constitución y, por tanto, la pretensión con que hoy comparece
a defender su iniciativa, a la que nosotros nos sumamos,
Izquierda Unida, nada tiene que ver ni con la sentencia
reciente del Tribunal Constitucional ni con un ataque a la
Constitución. Lo que establece la Constitución es la
posibilidad de optar o bien por el servicio militar o bien por
la objeción de conciencia y, en cualquier caso, el supuesto de
que se despenalice lo que hoy se pretende despenalizar, de
ninguna manera puede ir en contra de la Constitución, sino,
por el contrario, es una cuestión de política criminal, en
virtud de la cual los poderes públicos, y concretamente el
Parlamento, lo que tiene perfecto derecho a establecer es si
la insumisión tiene necesariamente que ser castigada y si,
siendo castigada, tiene necesariamente que serlo con pena
privativa de libertad, como ocurre en el momento actual. Desde
luego, resulta brutal el hecho de que hoy pueda hablarse de
5.000 insumisos potenciales, o más que potenciales, y que dos
centenares de ellos se encuentren ya privados de su libertad.
Esto es lo que realmente a nosotros nos preocupa. Por ello
consideramos que es preciso no poner puertas al campo. No
podemos nosotros, ni por decreto ni por ley, cambiar los
criterios de la sociedad, sino encauzarlos. Y cuando en el
momento actual se habla de 100.000 objetores en este año, de
los que miles de ellos optarán por la insumisión, qué duda
cabe que algo está fallando, y precisamente la responsabilidad
de evitar que ese fallo no se produzca en el seno de nuestra
sociedad la tenemos nosotros. Por ello, Coalición Canaria
votará afirmativamente la iniciativa de Izquierda Unida.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olarte.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor González
de Txábarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor
Presidente.
Señoras y señores Diputados, en el Grupo Vasco compartimos las
argumentaciones o los presupuestos teóricos contenidos en la
exposición de motivos y la propuesta legislativa que acaba de
realizar, en nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, el señor Romero, vehemencias arriba
o abajo. Entendemos que la exposición de motivos de esta
proposición de ley es suficientemente rigurosa, respondiendo a
un problema social acuciante de una juventud que se rebela
ante los ordenamientos jurídicos del Estado y que es capaz de
ser consecuente con su propio testimonio, con sus propias
decisiones, llevando incluso hasta posturas muy difíciles la
propia situación y la propia experiencia personal. Entendemos
también que es muy oportuna esta proposición que realiza el
Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
porque responde precisamente a un problema social que está en
la calle y que tenemos en torno a nosotros, que afecta a unos
jóvenes que toman esta decisión, que afecta a sus familias,
que afecta a un entorno social importante y que, en
definitiva, nos debe ocupar a nosotros, como legisladores,
para dar respuesta a una juventud que ya no es igual que
nosotros, que ve las cosas de distinta manera y que,
indudablemente, tiene unos niveles de compromiso importantes,
tan importantes como para saber tomar decisiones personales de
la trascendencia que nos ocupa. Son, evidentemente, decisiones
nada fáciles de adoptar por parte de determinadas personas y
de sus familias, pero son unas decisiones que ahí están, y
ante las cuales nosotros, como legisladores, no podemos cerrar
los ojos.
En el País Vasco, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en
Navarra, estamos conociendo estos hechos con una trascendencia
social importante. También se están dando situaciones de este
nivel en el conjunto del Estado, y flaco favor haríamos,
señorías, a estos jóvenes si no fuésemos capaces de
responderles precisamente ante la acuciante situación en la
que ellos se encuentran.
Hablamos muchas veces de que la clase política está disociada
de la sociedad, que tenemos que ser capaces de ilustrar a los
jóvenes, pero ¿cómo vamos a ser capaces si lo único que
queremos es que entren allí por donde nosotros les decimos y
no somos, de alguna forma, receptivos con las problemáticas
que ellos nos plantean? Además, señor Presidente, desde el
punto de vista penal, entendemos en el Grupo Vasco que la
actual situación es impresentable. Las penas o medidas de
seguridad que prevé el ordenamiento punitivo deben
fundarse en la peligrosidad criminal del sujeto al que se
impongan, y en el ámbito de la conducta a la que se califica
de insumisión al servicio militar o a la prestación social
sustitutoria, entendemos que no concurren en ningún caso las
circunstancias de reproche social mayoritario o de
peligrosidad objetiva de conducta que nuestro ordenamiento
penal prevé para este tipo de penas. ¿Tiene algún sentido que
estas penas se impongan en la misma medida que el robo con
fuerza que causa lesiones, o la inducción a la prostitución a
menores de dieciocho años, o con causas como torturas graves o
por la revelación de secretos e informaciones relativas a la
defensa nacional, si es por imprudencia grave? Señorías, no
tiene ningún sentido. No es que la juventud lo diga, es que
una persona que se pone a pensar con suficiente raciocinio
entiende que esta situación legalmente es impresentable, y a
nosotros nos corresponde, señorías, como legisladores el
reformar esta situación.
¿Entiende alguien que los insumisos son percibidos por la
sociedad como individuos peligrosos cuya resocialización o
reingreso en la sociedad deba ser provista por las autoridades
del Estado, y por ello deban de ser de aplicación las penas de
privación de libertad para esta conducta? ¿Entiende alguien,
razonablemente, que, en el conjunto de Europa, el Derecho
comparado diga, como decía el señor Moya, que existen
situaciones más duras? Evidentemente, así es, y asiste la
razón desde ese punto de vista, pero algo tendremos que
enseñar a Europa, señorías; en algo deberemos ser consecuentes
con nuestras propias posiciones, con una juventud que nos está
diciendo que la orientación del compromiso de los jóvenes va
por otra línea, y otras líneas existen. Conocemos una juventud
muy implicada en el ámbito del voluntariado, una juventud que
está dispuesta a dedicar sus horas, a dedicar su trabajo en
aras de actividades de interés general que están en sintonía
con los propios intereses de la juventud. Entendemos, señor
Presidente, que, desde esa perspectiva, existen soluciones y
que no cabe achacar en ningún caso a insolidaridad de esa
juventud el que no quiere cumplir con lo que se llamaba la
defensa nacional.
Compartimos con el Portavoz de Coalición Canaria su exposición
en relación a que este tema poco tiene que ver con la defensa
nacional. Aducir a estas alturas que estos jóvenes están
cumpliendo unas labores de defensa nacional llama a la
hilaridad, señor Presidente, y existe suficiente legislación,
suficientes resoluciones, tanto del Parlamento europeo como la
Comisión Europea de Derechos Humanos o la Comisión de Derechos
Humanos de la ONU, en este sentido, haciendo ver la
procedencia y la compatibilidad de estos ámbitos que estamos
intentando manifestar.
Por otra parte, la misma práctica judicial en el tratamiento
de la insumisión ha consolidado una doctrina más avanzada que
lo que el puro planteamiento legal indica en este momento.
Señoras y señores Diputados, nos encontramos con el fenómeno
social de una juventud que tiene sus preocupaciones, que no
está por comulgar con ruedas de molino y que está intentando
dar nuevas respuestas a una problemática específica que ellos
viven, una problemática específica que afecta a su propia
familia, que afecta a su propio entorno social y que crea unas
situaciones no buscadas por el legislador.
Queremos indicar también, señor Presidente, al hilo de este
debate, que se está incumpliendo una resolución del debate del
estado de la Nación presentada por el Grupo Vasco en torno a
la objeción de conciencia. El Gobierno tenía seis meses para
presentar un nuevo proyecto de ley en torno al servicio
militar, a la objeción de conciencia, adecuando la legislación
referida a estas materias, para dar respuesta a esta
problemática social que la juventud nos está presentando en el
país y seguimos sin recibir ese proyecto de ley. Fue una
resolución aceptada por unanimidad en la Cámara, a propuesta
del Partido Nacionalista Vasco, y queremos aprovechar la
oportunidad para dejar constancia del incumplimiento, por
parte del Gobierno, de esta resolución aprobada en esta
Cámara.
Vamos a votar, por lo tanto, señor Presidente, positivamente
la toma en consideración de esta proposición de ley orgánica
de supresión en el Código Penal de los denominados delitos
contra el deber de prestación del servicio militar,
coincidiendo con la opinión manifestada por muchos colegios de
abogados, por asociaciones de derechos humanos, por muchas
universidades del Estado y por otros colectivos, que entienden
que esta problemática necesita una respuesta mucho más
adecuada por parte de esta Cámara.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González de Txábarri. Por
el Grupo Catalán, tiene la palabra el señor Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, la situación que se está planteando con el
encarcelamiento de decenas de jóvenes por insumisión al
servicio militar obligatorio es realmente muy grave. Esta
situación ha provocado una enorme alarma social porque en este
momento, y es cierto, la sociedad en general no concibe que
una conducta como la insumisión sea castigada con penas de
cárcel. Nuestro grupo parlamentario está realmente en esta
línea. Por tanto, rechazo totaly frontal a las penas de cárcel
en los casos de insumisión.
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya presenta hoy en esta
Cámara una proposición de ley de supresión en el Código Penal
de los denominados delitos contra el deber de prestación del
servicio militar.
La fijación de posición a la toma en consideración a esta
iniciativa no es fácil, y no lo ha sido, de verdad,
señor Romero, por parte de nuestro grupo parlamentario.
Estando en contra, repito, de las penas de cárcel, no veo
posible apoyar la iniciativa que hoy se nos plantea. Llego a
pensar, incluso, que no tiene por dónde cogerse esta
iniciativa.
La amplitud y la ambigüedad de la misma, el que pueda ser
constitucional o no, prescindiendo incluso de los datos y de
las cifras que con anterioridad se han barajado en este debate
referentes a otros países, los cuales, sin duda, no han
influido en absoluto en la posición de nuestro grupo
parlamentario, el que estando en vigor una ley que dice que se
modifica derogando una disposición final, sin matizaciones,
sin encuadrar los distintos casos, sin plantear alternativas,
sin clarificar en absoluto ningún supuesto, sin ningún tipo de
penalización mayor o menor, nos hace difícil votar
favorablemente la proposición de ley de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya.
Y, dicho esto, permítame, señor Presidente, que me dirija al
Grupo Parlamentario Socialista para decirle lo siguiente: de
esta situación insoportable, de esta situación injusta son
ustedes los culpables.
Ha sido interesante y, ¿por qué no decirlo?, decisivo, de
verdad se lo digo, escuchar al portavoz del Grupo Socialista
dejando constancia de las previsiones que recoge la
modificación del Código Penal, incluso más: la posibilidad de
avanzar la presentación y, por tanto, su debate, de una parte
de esta modificación que haría referencia a la cuestión que
hoy debatimos. Pero, repito, el deterioro de la situación y su
gravedad requerían de su parte una mayor aceleración.
Lamento, de verdad, que el texto de la proposición de ley del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya no permita, a mi entender, que pueda ser apoyada
hoy. Creemos que es urgente la prevista modificación del
Código Penal, pero muchísimo más urgente que la parte que haga
referencia a la penalización de los delitos contra el deber de
prestación del servicio militar coja este ritmo de mayor
rapidez.
Por tanto, señor Presidente, señoras y señores Diputados, no
es cuestión, por lo menos por nuestra parte, de hacer un
seguimiento de si esta modificación anticipada llega o no en
el transcurso del tiempo. Yo creo que es cuestión de algo
mucho más importante, y anticipo que, transcurrido un tiempo
prudencial, pero mínimo --por tanto, me atrevo a pensar en el
próximo mes de febrero--, si por parte del Gobierno no se
hubiera presentado esta iniciativa que han avanzado, nuestro
grupo parlamentario, sin ningún ánimo de protagonismo,
planteándolo al resto de los grupos parlamentarios de esta
Cámara, promoverá una nueva iniciativa que permita resolver
una situación actual, con la que estamos totalmente en contra.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carrera.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
López Valdivielso.
El señor LOPEZ VALDIVIELSO: Gracias, señor Presidente.
Para que no quede ninguna duda respecto a cuál es la posición
del Grupo Parlamentario Popular en relación con este asunto,
quiero comenzar mi intervención con una afirmación rotunda, y
es que estamos en contra de la destipificación de los delitos
contra el deber de prestación del servicio militar y, por
tanto, de la posibilidad de que se proceda a la derogación de
la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 13/1991,
del Servicio Militar, y de los artículos 135 bis h), y 135 bis
i) del Código Penal. Es preciso dejar muy claro que de lo que
estamos hablando hoy, si nos atenemos a la letra de la
proposición, no tiene nada o casi nada que ver con el problema
de la objeción de conciencia y con el de quienes, habiéndose
declarado objetores, se niegan después a cumplir la prestación
social sustitutoria. Podríamos decir que hay cierta confusión
social en la utilización de los términos que, por otra parte,
algunos tienen interés en fomentar y fomentan y que es preciso
aclarar. Los artículos del Código Penal cuya derogación se
pretende se refieren a las conductas de quienes, no habiéndose
declarado objetores y habiendo sido citados para cumplir el
servicio militar, no se incorporan, simplemente se niegan, sin
causa legal que lo justifique, a su cumplimiento.
A la vista de la normativa aplicable, es claro que nuestro
ordenamiento jurídico establece como deber primario el de
defender a España y, en tanto en cuanto siga siendo necesario,
la obligación de cumplir el servicio militar, y esta
obligatoriedad significa coerción y forzosidad, ya que su
realización determina una restricción de la libertad personal,
y por ello, como ha declarado el Tribunal Constitucional en
diversas sentencias, se legitima al legislador para establecer
las medidas de coerción que estime adecuadas para asegurar el
cumplimiento de dicho servicio, y esto hay que decirlo así
claramente, porque estamos hablando de derecho positivo y
nosotros, al margen del discurso político, somos legisladores.
Sin embargo, este deber no es absoluto e insoslayable, ya que
se prevé la posibilidad de excepcionar su cumplimiento por
motivos de convicciones religiosas, éticas, morales u otras
similares en virtud de la objeción de conciencia, y esta
institución, como es sabido, respecto al deber de prestar el
servicio militar, es un derecho reconocido en el ordenamiento
constitucional español tanto explícitamente --artículos 30 y
53 de la Constitución-- como implícitamente, al ser un
supuesto de la libertad de conciencia recogido en el artículo
16 de nuestra carta magna. Sin embargo, es preciso matizar
que, en cuanto a su naturaleza jurídica, el Tribunal
Constitucional ha declarado que la objeción de conciencia no
es el derecho a no prestar el servicio militar, sino el
derecho a ser declarado exento del deber general de prestación
y ser sometido, en su caso, a una prestación social
sustitutoria.
Por ello, si, prevista constitucionalmente la obligación de
prestar el servicio militar o, en su caso, la prestación
social sustitutoria y si, pudiendo y debiendo cumplirlas, no
se cumplen, el individuo es responsable de este comportamiento
y el incumplimiento se debe de tipificar legalmente como
delito. Con esta tipificación, sanción legal, se asegura algo
nada desdeñable, como la igualdad de todos los españoles en el
cumplimiento de una obligación legalmente impuesta, y se
protege, asimismo, el interés del Estado en la Defensa
militar.
En definitiva, entendemos que la conducta de la insumisión al
servicio militar está perfectamente tipificadaen nuestro
ordenamiento jurídico y que la despenalización de la negativa
a la incorporación al servicio militar supondría atentar
contra los principios constitucionales de igualdad y de que
todos los ciudadanos deben contribuir a la defensa del Estado.
El incumplimiento de los deberes relativos al servicio militar
no puede ampararse, como aquí se ha dicho, en el derecho a la
libertad ideológica. Lo decimos nosotros y lo ha dicho el
Tribunal Constitucional en una reciente sentencia que no voy a
repetir porque ya se ha leído en esta sesión.
Por todo ello, consideramos que el servicio militar es un
deber legalmente establecido y que su cumplimiento no puede
quedar al arbitrio de los ciudadanos. Por tanto, la negación
sin más al deber de cumplir el servicio militar debe ser
sancionada como delito, ya que se trata de una conducta de
negacion del cumplimiento de una obligación que lo es de todo
varón que no sea eximido, por la causa que sea, de su
cumplimiento. Esto es así hoy, y el porqué es así o si podría
ser de otra manera es otro debate, pero el debate que hoy nos
trae aquí parte de que el servicio militar, hoy por hoy, es
una obligación que tienen los jóvenes españoles.
Por tanto, no podemos votar a favor de la proposición de
Izquierda Unida, y no podemos votarla porque un voto
afirmativo podría entenderse como que estábamos de acuerdo con
las destipificaciones que propone, pero tampoco vamos a votar
en contra de su toma en consideración.
La cuestión de la objeción de conciencia, de la insumisión en
todas sus vertientes, del rechazo al servicio militar, ha
dejado de ser problema estrictamente jurídico, ni siquiera es
sólo un problema político; es, incluso, una cuestión que
afecta ya a toda la sociedad. Ese carácter no sólo viene dado
por el creciente número de insumisos, ni siquiera porque
cuando una ley es desobedecida o rechazada mayoritariamente
debe de llevar necesariamente a algún tipo de reflexión
política, sino también por las diferentes y, a veces,
contradictorias interpretaciones que el poder judicial está
realizando de la legislación. Por eso digo que éste no es un
problema estrictamente jurídico, ni siquiera sólo político,
sino que va incluso mas allá. Por tanto, todo este asunto
merece una reflexión política y el debate de esta proposición
de ley puede ser el marco para esa reflexión. Por eso, el
Grupo Popular se va a abstener. Ya he dicho por qué no la
votamos afirmativamente, pero no queremos obstaculizar su toma
en consideración si el Grupo mayoritario y sus cuasi
coaligados lo consideran políticamente oportuno.
No olviden que de gran parte de este problema es culpable la
política llevada a cabo por el Gobierno y que es al Gobierno y
al Grupo que le apoya a los que corresponde la iniciativa para
dar soluciones.
Hay una cuestión, señor Presidente, que quiero plantear, y con
ello termino. Así como estamos en contra de la
despenalización, consideramos que es necesario estudiar un
sistema de penas alternativas porque las privativas de
libertad no parecen las más adecuadas para disuadir de este
tipo de conductas. Respecto a esto creo que aquí hay bastante
consenso.
Nuestro Grupo Parlamentario, señor Presidente, ofrece su mejor
disposición y su voluntad política para encontrar entre todos
otras soluciones, puesto que, desde luego, el problema de la
objeción y el de la insumisión, en todas sus variantes, no se
resuelven con penas privativas de libertad.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Valdivielso.
Vamos a proceder a la votación de la toma en consideración de
la proposición de ley del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 299; a favor, 23; en contra, 152; abstenciones, 124.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE CONSTITUCION DE UNA
PONENCIA QUE ESTUDIE LOS ACCIDENTES DE TRAFICO OCURRIDOS EN
CARRETERA POR LA PRACTICA DEL CICLISMO (Número de expediente
162/000134)
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día. Proposiciones
no de ley.
Proposición del Grupo Socialista del Congreso, sobre
constitución de una Ponencia que estudie los accidentes de
tráfico ocurridos en carretera por la práctica del ciclismo.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Martín del Burgo. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor,
ocupa la Presidencia.)
El señor MARTIN DEL BURGO SIMARRO: Gracias, señor Presidente.
(Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señorías, ocupen sus
escaños, por favor, y guarden silencio.
Cuando quiera, señor Martín del Burgo.
El señor MARTIN DEL BURGO SIMARRO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el ciclismo es duro, el ciclista es frágil en su
discurrir por las distintas vías. Interpretamos la
preocupación ciudadana, la del mundo del deporte, la del
ciclismo, la de los medios de comunicación, la de responsables
de las distintas administraciones y la de todas aquellas
asociaciones e institutos con implicaciones y competencias
deportivas y viales en este novedoso y en auge fenómeno de la
práctica del deporte del pedal, modalidad que, como
consecuencia de su extensión, puede derivar, como veremos a lo
largo del trámite, en un alarmante número de accidentes con
víctimas humanas y con resultado fatal de muerte en más
ocasiones de las deseables. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor
Martín del Burgo, por favor.
Silencio, señorías.
Continúe cuando quiera, señor Martín.
El señor MARTIN DEL BURGO SIMARRO: De ahí, señor Presidente,
la oportunidad de esta iniciativa parlamentaria presentada por
el Grupo Socialista.
No es éste el primer trámite en virtud del cual las Cámaras se
detienen en el estudio de los detalles, causas, consecuencias
y medidas correctoras que palíen los efectos perturbadores y
de fatal desenlace que acontecen en torno al fenómeno
deportivo y su práctica. Así, hemos de recordar que el Senado
creó en su día una Comisión de estudio que analizó la
violencia en los estadios deportivos, aprobando por unanimidad
una serie de medidas y de resoluciones de gran valor para el
legislador y para la sociedad, de tal forma que la vigente Ley
del Deporte, tras incorporar los aspectos básicos del trabajo,
dedica un título completo de este tenor en su articulado.
Podemos afirmar que hoy los estadios deportivos en nuestro
país son más seguros y menores los riesgos de accidente por
actos violentos o vandálicos. El trabajo de la Comisión
especial del Senado sobre problemas derivados del uso del
automóvil y de la seguridad vial con relación al objeto de
esta iniciativa parlamentaria, es decir, accidentes por
práctica del ciclismo, sólo lo refleja tangencialmente, no
entra en ellos porque lo trata desde una perspectiva global.
«Las bicicletas son para el verano» reza el título de una
simpática película española de Jaime Chávarri. Pero, señorías,
las bicicletas en los últimos años han dejado de ser vehículo
estacional. Así, en 1992 se vendieron en España dos millones
de estas máquinas de dos ruedas. Este romántico y bucólico
título de nuestra cinematografía tiene su contrapunto en otro
clásico film español: «La muerte de un ciclista», de Bardem;
cara y cruz de una misma moneda, la bicicleta y su jinete que
la monta, hombre o mujer.
La dimensión deportiva de ocio, de tiempo libre, de turismo
que brinda sigularmente el ciclismo, adquiere arraigo,
extensión, popularidad y creciente número de prácticantes. Se
calcula, «grosso modo», que más de medio millón de españoles
salen los fines de semana en bicicleta por las carreteras de
la península e islas.
La nota luctuosa, según datos de Tráfico, indica que, desde
1990 hasta octubre de 1994, el saldo de accidentes en
carretera y zonas urbanas en nuestro país arrojanúmeros muy
significativos por indicativos y preocupantes: un total de 593
muertos y casi 11.000 víctimas, todos usuarios de bicicletas.
La bicicleta, señorías, presenta un coeficiente de gravedad
por accidentes mortales superior a la media, sólo superado por
el número de accidentes de camiones pesados, no siendo
desdeñable el de víctimas cuando son peatones.
El uso de la bicicleta como signo externo de calidad de vida
asociado el deporte ha hecho furor en los últimos años,
poniéndose en tela de juicio su compatibilidad con el resto de
vehículos que circulan por las carreteras y ciudades. Se hace
precisa, pues, la integración de los ciclistas en la
circulación, la convivencia no accidentada entre vehículos y
ciclistas en carreteras y vías urbanas.
Según trabajos de Tráfico y de la Federación Española de
Ciclismo --cito al profesor Algarra--, más del 60 por ciento
de los ciclistas estiman estar en peligro cuando un vehículo
les adelanta muy de cerca, especialmente camiones, y
singularmente cuando se desplazan en una circulación densa. Un
60 por ciento de los automovilistas declaran entrar en
situación conflictiva con los ciclistas, reducen la velocidad
cuando adelantan, pero la limitación de velocidad no es
suficiente para disminuir los riesgos. Automovilistas,
ciclistas y peatones se molestan entre sí, entorpeciendo su
discurrir recíprocamente en vías urbanas o interurbanas, según
los casos. Según las mismas fuentes, un 90 por ciento de la
población desea un mayor número de pistaspara ciclistas, un 55
por ciento de personas consultadas, y en menor medida, por la
incomodidad, los cilistas, son favorables al uso del casco.
Señorías, si en España hubiera anualmente el mismo número de
accidentes ciclistas que en Alemania, proporcionalmente el
número de muertos sería cinco veces mayor que el cifrado en el
país germano.
Las organizaciones sociales europeas de tráfico y de medio
ambiente dedicadas a los distintos aspectos de la seguridad
vial llevan muchos años realizando campañas
y estudios para reducir la velocidad de circulación de los
vehículos motorizados. Cito, en el seno de la Unión Europea,
al grupo de expertos de alto nivel, que ha elaborado un
informe para la política de seguridad vial, con el triple
objetivo de reducir un 20 o 30 por ciento el número de muertos
y heridos hasta el año 2000, armonizar las situaciones de
todos los países de la Unión Europea y promover una tipología
sosegada de la conducción.
Se observa que las diversas medidas adoptadas en los últimos
años han repercutido favorablemente en la tendencia
descendente constatada en los países de la Comunidad. Este
descenso en el número de accidentes mortales, refiriéndonos
siempre a vehículos, es también de aplicación a España desde
1991.
Como recomendaciones más comunes y como asignaturas pendientes
para la seguridad del ciclista, se suelen citar la educación
vial, la concienciación ciudadana, las infraestructuras
específicas y adecuadas para el discurrir de la bicicleta,
señalizaciones, ensanchamiento de arcenes y su limpieza,
recorridos alternativos, como rutas protegidas y señalizadas
para ciclistas con limitación de velocidad, definición de
itinerarios con alto riesgo, carril bici en ciudad, la defensa
y protección de los más indefensos, la circulación en paralelo
de los ciclistas como protección y el uso del casco; y en el
campo de las cauciones y coberturas para el usuario, la
responsabilidad civil del ciclista, en definitiva, su
aseguramiento. Una combinación apropiada de estas sinergias
incidiría en beneficio de la seguridad de los actuantes.
La inexperiencia y la agresividad, la inobservancia de las
normas al uso y la fatalidad del ciclista y automovilista
respectivamente, y no en todos los casos, aparecen asimismo
como otros elementos causantes de los accidentes.
Señorías, en este contexto sería apropiado modificar el
concepto, como cultura vial, de que el tráfico es considerado
esencialmente como un fenómeno derivado de la utilización de
vehículos de motor, a los que se añaden algunos elementos
extraños, como son los peatonesy las bicicletas. Las normas e
instrucciones de Tráfico han de contemplar en su consideración
tradicional y disposiciones al uso la propia seguridad de la
bicicleta. Parece, pues, imprescindible una instrucción de
Tráfico complementaria o de desarrollo de la vigente
legislación atinente a la seguridad vial definitoria de la
utilización deportiva de la carretera. Todo conductor, en
horas de la mañana puede ser ciclista, cicloturista por la
tarde y viceversa.
Nuestra cultura vial, señorías, data de 1934, fecha de entrada
en vigor del superado en parte Código de Circulación. Pero si
la dimensión de práctica del ciclismo, de uso del caballo de
hierro como afición, deporte espontáneo, de ocio, tiempo
libre, turismo, recreación, medio de locomoción en zona urbana
y distancias cortas es muy considerable, no es nada
despreciable el efecto estimulador del ciclismo profesional
español para el fomento del deporte base, que por cierto viene
viviendo sus momentos y años más brillantes. España es un país
con tradición y progresión ascendente en la emergencia de
figuras del pedal. Por siete veces un español ha ganado el
Tour de Francia, primera carrera del calendario internacional;
Indurain por cuatro veces consecutivas, «record» y camino de
la mitología, Delgado, Ocaña y Bahamontes. España es,
asimismo, señorías, un país donde el ciclismo «amateur» y
neoprofesional arroja un excelente balance. Por cinco veces un
español es vencedor del Tour del Porvenir, Casero, Indurain,
Martínez Heredia, Mariano Díaz y Gómez del Moral, ahorrándome
citar epopeyas en las grandes vueltas por etapas con nombres
de todos conocidos, o los excelentes resultados en campeonatos
de carácter internacional obtenidos por juveniles y categorías
inferiores. Cito a Miguel Morras, campeón del mundo «junior»
en el año 1994 o a José Manuel Moreno, campeón olímpico en
Barcelona 92. Profesionales, «amateurs» y cicloturistas
precisaron y precisan la carretera para su entrenamiento y
rodaje. El joven de hoy, circulando por vías seguras, puede
ser en potencia un campeón del mañana.
Termino, señorías, solicitando su apoyo para esta proposición
no de ley, que pretende la constitución, en el seno de la
Comisión de Educación y Cultura, una ponencia que estudie los
accidentes de tráfico ocurridos por la práctica del ciclismo,
y lo hago apelando a la buena conciencia política de esta
Cámara, desde la consideración sincrética de hacer compatible,
con las dificultades que entraña, la práctica del ciclismo con
el tráfico rodado. El ciclismo es deporte, cultura cívica, al
manifestarse igualmente como medio de transporte urbano;
actividad que favorece el turismo social y medioambiental,
para todas las edades, sexo y condición. Busquemos, pues, las
fórmulas coordinadas más adecuadas que, actuando e incidiendo
simultáneamente sobre el fenómeno, prevengan y corrijan los
accidentes y su número de víctimas, reduciendo la
siniestralidad.
Carlos Benz, en 1886, al presentar en Alemania el primer
automóvil, no imaginaba su trascendental rol en el siglo XX,
cambiando radicalmente el curso de la humanidad. No podíamos
imaginar o adivinar que el uso y disfrute de paseo del
biciclo, ideado por el inglés Lawson en 1879, alcanzaría los
niveles de práctica y relevancia deportiva adquiridos por el
ciclismo y sus variantes en la antesala del siglo XXI. Están
en juego, señorías, vidas de seres humanos, de ciclistas, de
peatones y de automovilistas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Martín
del Burgo.
A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por
parte del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Para su defensa, tiene la palabra el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, señorías,
nuestro Grupo Parlamentario ha presentado una enmienda a esta
proposición no de ley del Grupo Socialista, referida a los
accidentes de tráfico en carretera derivados de la práctica
del ciclismo.
Quiero decir, en primer lugar, que esta iniciativa nos parece
interesante y oportuna. Es más, la considero necesaria porque,
como ha quedado patente en la intervención del portavoz del
Grupo Socialista, la gravedad de este problema merece una
especial atención por parte de las instituciones públicas,
máxime cuando el uso de la bicicleta, ya sea como medio de
transporte alternativo, como vehículo de paseo y ocio o como
instrumento de práctica deportiva, aunque sea ocasional, está
en auge, hecho que debería llenarnos de satisfacción a todos.
En la raíz de la expansión de las dos ruedas mucho tienen que
ver, como ha expuesto largamente el portavoz del Grupo
proponente, los grandes éxitos deportivos logrados en los
últimos años por deportistas, como es el caso de Induráin.
Pero también tiene que ver en ese auge la aparición de las
denominadas bicicletas de montaña, que han abierto nuevas y
amplísimas posibilidades a este deporte al acercarlo a la
naturaleza y, cómo no, también la cultura deportiva y
medioambiental de la cual se va impregnando día a día nuestra
sociedad. En ese sentido, la bicicleta ofrece, además de la
posibilidad de practicar un deporte solo o en compañía, en el
que el esfuerzo a realizar se lo impone uno mismo, el valioso
regalo del silencio.
Sin embargo, piensa el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) que el problema que se plantea como
objeto de estudio en la Ponencia a que se refiere la
proposición no de ley, podría y debería ampliarse a los
accidentes de tráfico de los que son víctimas los denominados
elementos débiles del tráfico, es decir, los ciclistas, los
peatones y un fenómeno últimamente en auge, los patinadores.
Sería conveniente que la Cámara realizara un estudio en
profundidad de esos accidentes, con el objetivo de buscar las
soluciones que se consideraran precisas para reducirlos. En
ese sentido, quiero resaltar las elevadas estadísticas de
mortalidad de peatones incluso en carretera.
Hemos estudiado, antes de presentar esta enmienda a la
proposición no de ley que debatimos, los antecedentes
parlamentarios existentes al respecto, y la conclusión a la
que se llegó, tanto en el Congreso como en la Ponencia que se
constituyó en la pasada legislatura --si no recuerdo mal-- en
el Senado, sobre los problemas derivados del uso del automóvil
y de la seguridad vial, fue que la especificidad global de los
elementos débiles del tráfico sólo se contemplaba de una forma
tangencial, ya que el trabajo e incluso las propuestas,
incluso algunas de tipo legislativo de la Ponencia se referían
a todos aquellos vehículos propulsados a motor.
Por ello, con la intención de completar y aprovechar incluso
la oportunidad que nos brinda esta proposición no de ley del
Grupo Socialista, nosotros proponemos la enmienda que tienen
SS.SS., en la cual se sustituiría la expresión referida al
ciclismo por la de los accidentes de los cuales son víctimas
los elementos débiles del tráfico. Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Recoder.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Fundamentalmente, tomo la palabra para manifestar nuestro
apoyo, en nombre propio y del Grupo Vasco (PNV) también, a la
proposición no de ley del Grupo Socialista, que viene al
Parlamento por considerarla oportuna, así como a la enmienda
propuesta por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), porque,
ciertamente, la debilidad frente a los actuales medios de
transporte en carreteras que todavía no adquieren la
titularidad de lo que puede ser el objetivo europeo, parece
ser que es una encomienda sumamente interesante y creo que
deseada por el público.
Esperemos que esta Ponencia tome con sensibilidad algo que
entre millones de practicantes de la bicicleta, practicantes
del paseo o de otros deportes, como el caso del patín que aquí
se ha citado, supone un desahogo, no solamente individual sino
también colectivo y familiar.
Me gustaría que no sólo los que estamos aquí presentes sino
también los ausentes, alguna vez tomáramos la bicicleta y
pudiéramos salir por la carretera para poder disfrutar de lo
que significa pedalear con tranquilidad, en paz, con la propia
soledad o en compañía, con los amigos; poder recuperar unas
horas de esfuerzo personal y compartirlas colectivamente con
mucha gente de la sociedad, de todo tipo de clases sociales,
que hoy invade nuestras carreteras.
Nos encontramos en las diferentes comunidades autónomas con
una afición cada vez más creciente y con una industria que ha
sido francamente productiva para nuestras propias comunidades.
Esperemos que el trabajo que salga de esta Ponencia pueda,
sobre todo, quitar los temores que muchos ciudadanos padecen.
También habría que aprovechar la oportunidad para hacer un
llamamiento, en primer lugar, al responsable del Ministerio de
Obras Públicas para todo lo que significa limpieza de arcenes
y cunetas, para que cuando se proyecte una carretera no sólo
se piense en el transporte pesado o en vehículos que van a más
de cien kilómetros por hora, sino también en que por allí se
comunican pueblos, ciudades y personas. Digo esto porque no se
limpian las carreteras y en los arcenes por
los que precisamente van muchos ciudadanos, disfrutando del
poco o del mucho ocio de que disponen, se encuentra muchas
veces lo peor que se ha expulsado del centro de la carretera.
Hay animales muertos, hay gravilla, hay chatarra y hay mucho
peligro.
Esperemos que esta ponencia tenga la posibilidad de conectar
con muchos medios sociales --federaciones de ciclismo,
federaciones o grupos de cicloturismo-- y sepamos recoger la
iniciativa popular que existe y que muchas veces no ha
encontrado la voz adecuada. Muchas instituciones han recogido
estas voces, pero pocas veces se ha puesto en marcha ninguna
iniciativa concreta y práctica. Esperemos que exista, a partir
de ahora, una campaña de sensibilización y que nos tomemos en
serio, muy en serio, esta ponencia para que los resultados y
conclusiones que de ella se deriven puedan ser aplicados
institucionalmente.
Como nota de humor, ya que ha sido citado tantas veces por los
ponentes que me han precedido en el uso de la palabra, le
pondría a esta ponencia un nombre emblemático: Ponencia Miguel
Indurain. Incluso le daría la presidencia y ya verían ustedes
qué eficaz resultaría.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Albístur.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor González Blázquez.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Señor Presidente, señorías, el
Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya va a
apoyar la proposición no de ley del Grupo Socialista que
acuerda la creación de una ponencia en el seno de la Comisión
de Educación y Cultura, encargada de abordar el estudio y
seguimiento de los accidentes de tráfico ocurridos en
carretera por la práctica del ciclismo. Sin embargo, me van a
permitir SS.SS. que les recuerde que nuestro Grupo presentó ya
el 25 de marzo de 1993 también una iniciativa, evidentemente
oportuna en este sentido, que pedía que se realizara una
progresiva señalización de las carreteras, dirigida a
sensibilizar a los conductores de vehículo a motor sobre el
respeto que merecen los deportistas que por ellas circulan, y
que también instaba al organismo competente a habilitar en las
carreteras existentes o de futura construcción una vía
diferenciada exclusiva para el deporte y distinta del arcén,
así como a incrementar la vigilancia.
Esta iniciativa era oportuna, como lo es la de hoy, pero
entonces no mereció la atención del Grupo proponente. No
renunciamos a seguir prestando ideas al Grupo Socialista, para
que después les asuma y finalmente, al cabo de dos o tres
meses, puedan ser aprobadas en esta Cámara.
Me van a permitir que también haga referencia a algún dictamen
de la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo, que ya
se hacía eco hace varios años de este problema y constataba
que uno de los factores que limitaba las posibilidades de la
bicicleta como medio de transporte era la justificada
sensación de inseguridad que experimentaba el ciclista frente
al tráfico rodado, como la provoca a veces también en los
demás usuarios de la vía pública. Además, esa sensación de
inseguridad como factor obstaculizante para una plena
utilización de la bicicleta sólo se podía eliminar mediante
una separación del tráfico rodado, es decir, mediante la
creación de carriles para bicicletas donde lo justifique la
intensidad del tráfico. Asimismo observaba que debía prestarse
una atención particular a los recorridos protegidos en los
barrios, a fin de fomentar la seguridad en los desplazamientos
en general. Además, consideraba que debían dotarse de carriles
para bicicletas muchas vías públicas, tanto urbanas como
interurbanas y que esto se tendría en cuenta en la fase de
planificación en el caso de construcciones o nuevos trazados
de carreteras.
Señalaba, finalmente, que, en el marco del sistema de
compensación de costes relativos a las vías públicas, estaba
justificado que los propietarios de vehículos a motor se
hicieran cargo de los costes de los carriles para bicicletas,
puesto que el peligro tenía su origen, sobre todo, en la
utilización de la misma vía por vehículos a motor y ciclistas,
y que por este motivo los carriles de bicicletas se podían
financiar entre otros mediante los impuestos sobre los
automóviles y los carburantes.
La única preocupación que nos causa el título de la
proposición no de ley: «Sobre constitución de una Ponencia que
estudie los accidentes de tráfico ocurridos en carretera por
la práctica del ciclismo», es que parece que este título
intenta culpabilizar de antemano a la práctica del ciclismo de
los accidentes. Evidentemente, si no hubiera viejecitas los
coches no las atropellarían, pero las viejecitas y los
ciclistas tienen tanto derecho como el que más a existir. Esta
Ponencia, que nos parece oportuna en el seno de la Comisión de
Educación y Cultura, tendría que contemplar algunos aspectos
que me voy a permitir señalarles brevemente. Tendría que
contemplar la situación legal y real de los derechos del
peatón y del ciclista; movimientos sociales en ese sentido,
información y participación social. Tendría que hablar también
de fomento y apoyo al transporte público, reducciones de
velocidades límite, regulados en fábrica;
redistribución del espacio vial urbano y en carretera en favor
de los modos más recomendables. Tendrá que contemplar aspectos
de financiación y fiscalidad, incentivos y tasa finalista.
Finalmente tendría que hablar también de información,
participación, educación social y colectivos estratégicos de
apoyo.
Como decía que es oportuna y tendremos tiempo, durante el
transcurso de la ponencia, de incorporar todos
aquellos aspectos que pudieran haber sido olvidados por los
proponentes, nuestro Grupo la va a apoyar. Consideraría
oportuno que se aceptara la enmienda del Grupo Catalán
(Convergència i Unió) que viene a completar y ampliar los
beneficiarios de los estudios de esta Ponencia.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
González Blázquez. Para fijar la posición del Grupo Popular,
tiene la palabra el señor Carreño.
El señor CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA: Muchas gracias, señor
Presidente.
La seguridad vial, en general, no sólo la de los ciclistas,
preocupa a todas las instituciones, administraciones y
ciudadanos.
Ya el Senado --se ha citado antes-- realizó y concluyó el 7 de
octubre de 1991, desde una Comisión especial, una encuesta e
investigación sobre los problemas derivados del uso del
automóvil y de la seguridad vial. Entre sus conclusiones
estaban y están la elaboración de un plan estratégico y la
formulación y adopción de un pacto social sobre seguridad
vial.
El Plan estratégico básico de seguridad vial fue aprobado en
Consejo de Ministros el 5 de marzo de 1993. El Pacto social
sobre seguridad vial no fue suscrito en el Senado casi hasta
tres años después de aquella encuesta e investigación hecha
por el Senado, exactamente el 26 de abril de 1994. Creo que a
él debiera adherirse el Congreso, al menos moralmente, si no
es posible legalmente.
Precisamente ese mismo día 26 de abril de 1994 se debatía en
la Comisión de Justicia e Interior del Congreso una
proposición no de ley que ha citado el portavoz de Izquierda
Unida-Iniciativa por Cataluña. No fue aprobada por
considerarla, por un lado, insuficiente, y requerir un estudio
previo por el coste económico derivado de la aplicación de
aquella proposición no de ley.
Paralelamente a aquellos estudios, proposiciones y pacto,
mientras en el período 1990/1993 los accidentes de tráfico se
han reducido un 25 por ciento, las muertes de ciclistas en las
carreteras se han incrementado espectacularmente. Ya se ha
indicado por el portavoz Socialista las 400.000 en aquel
cuatrienio 1990/1993 y van más de 100 en el año actual hasta
esta fecha.
La seguridad vial depende, en primer lugar, de las
características técnicas, estado y señalización de la red
viaria. Nuestro Grupo en su momento echó en falta en el primer
Plan General de Carreteras las vías complementarias de las
autovías. Las consecuencias ahí están o pueden estar en parte.
También fue y es responsabilidad del Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente los paseos marítimos
que se están realizando en zona costera, en zonas turísticas,
y en los cuales encajaría perfectamente solucionar ese carril-
bici o la solución de tráfico alternativo de peatones y de
bicicletas.
De ahí que nuestro Grupo también eche en falta en el Plan
Director de Infraestructuras que, dentro de las actuaciones en
medio urbano, no se haga referencia a la seguridad vial.
Echamos en falta que en el capítulo dedicado a investigación y
desarrollo no se mencione ninguna actuación ni línea
prioritaria de investigación relativa a la seguridad vial o al
análisis de accidentes. Tan sólo en el apartado de sistemas de
explotación de transportes se contempla la seguridad vial. La
solución al problema que nos ocupa no es sólo de la carretera;
debe ser tratado en el marco de una política global de
seguridad vial desde la mejora de arcenes, áreas de descanso,
en especial en los ascensos de puertos de montaña, hasta el
fomento de la educación vial. Así lo ha entendido el
Parlamento Europeo. Antes se citaba una iniciativa de hace
varios años. Todavía el pasado 16 de febrero, y desde la
Comisión de Transportes y Turismo del Parlamento Europeo, se
ha emitido un informe del que destaco dos propuestas: la
necesidad de formular exigencias comunitarias de calidad para
las bicicletas y accesorios importantes en ellas y la
prioridad de la que deben gozar en toda acción nacional de
seguridad vial los más vulnerables (peatones, ciclistas,
motocicletas), expuestos a riesgos más elevados en la
circulación en carretera.
Los 50.000 ciclistas que circulan por las carreteras
madrileñas, provincia de mayor número de accidentes de
ciclistas, los fines de semana y festivos, constituyen un 10
por ciento del total español, según estimaciones de las
Federaciones Española de Ciclismo y Madrileña de Ciclismo.
Para ellas el carril-bici parecía solución ideal, aunque
evidentemente de gran coste y que, en todo caso, requiere una
implantación selectiva y progresiva. Sin embargo,
recientemente ha cobrado su primera víctima.
Por todo ello, por todo lo expuesto, creemos necesaria la
constitución de la Ponencia de estudio propuesta por el Grupo
Socialista, con la enmienda presentada por el Grupo Catalán
(Convergència i Unió), y nuestro Grupo la votará
favorablemente.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Carreño.
El señor Martín del Burgo tiene la palabra a los efectos de
indicar si acepta o no la enmienda presentada a su proposición
no de ley por el Grupo Catalán (Convergència i Unió).
El señor MARTIN DEL BURGO SIMARRO: Señor Presidente, quiero
ofrecer una enmienda transaccional a la presentada por el
Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, que sería del
siguiente tenor: De adición; al final del texto, donde dice «y
corrección de los mismos»,
añadir: haciéndola extensiva a otros elementos débiles del
tráfico. Con esto, elementos que pueden entrar en conflicto y
motivar accidentes, siendo sujetos activos o pasivos de los
mismos, estarían contemplados y, al mismo tiempo,
conseguiríamos mantener el objetivo básico de la proposición,
incluyendo también el estudio de esos otros posibles agentes
perturbadores o sujetos pasivos de los accidentes.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Martín
del Burgo.
Tiene la palabra el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Gracias, señor Presidente. Siendo
el señor Martín del Burgo el proponente de la iniciativa y
conociendo, como conocemos, sus aficiones ciclistas, que
compartimos, no puedo menos que aceptar su enmienda, en tanto
en cuanto, además de figurar en un lugar destacado la práctica
del ciclismo, permite que el trabajo de la Ponencia se pueda
extender a los otros elementos débiles del tráfico.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Recoder.
Vamos a someter a votación la proposición no de ley con las
modificaciones indicadas. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación relativa a la proposición no de
ley del Grupo Socialista, en los términos de la aceptación de
la enmienda del Grupo Catalán Convergència i Unió, con la
transacción acordada en el curso del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 301; a favor, 300; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
MODIFICACION DEL ORDEN DEL DIA:
El señor PRESIDENTE: De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 68.1 del Reglamento y por acuerdo unánime de la Junta
de Portavoces, se somete el Pleno de la Cámara la exclusión
del orden del día de la presente sesión de la comparecencia
del Gobierno ante el Pleno, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 203 del Reglamento, para informar sobre el
Consejo Europeo celebrado en Essen los días 9 y 10 de
diciembre, que figura como punto número 8. ¿Lo acuerda la
Cámara? (Asentimiento.)
AVOCACION POR EL PLENO DE PROYECTOS DE LEY:
--DEL PROYECTO DE LEY DE DECLARACION DE PARQUE NACIONAL DE LOS
PICOS DE EUROPA (Número de expediente 121/000049)
El señor PRESIDENTE: La Mesa, oída la Junta de Portavoces, ha
acordado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1
del Reglamento, proponer al Pleno la avocación de la
deliberación y votación final del proyecto de ley de
declaración de parque nacional de los Picos de Europa.
¿Acuerda el Pleno recabar para sí la deliberación y votación
final del proyecto? (Asentimiento.) Queda aprobada.
--DEL PROYECTO DE LEY ORGANICA POR LA QUE SE MODIFICAN
DETERMINADOS PRECEPTOS DEL CODIGO PENAL RELATIVOS A LOS
DELITOS CONTRA LA HACIENDA PUBLICA Y CONTRA LA SEGURIDAD
SOCIAL (Número de expediente 121/000069)
El señor PRESIDENTE: Igualmente, la Mesa ha acordado, de
conformidad con el artículo 149.1 del Reglamento, proponer la
avocación de la deliberación y votación final del proyecto de
ley orgánica por la que se modifican determinados preceptos
del Código Penal relativos a los delitos contra la Hacienda
pública y contra la Seguridad Social. ¿Se aprueba la propuesta
de avocación? (Asentimiento.) Queda aprobada.
PRORROGA DE PLAZO:
El señor PRESIDENTE: Finalmente, la Mesa de la Cámara, oída la
Junta de Portavoces, ha acordado someter al Pleno la solicitud
formulada por la Ponencia encargada de estudiar la situación
actual de la familia en España y de conocer y proponer
actuaciones al Gobierno con motivo del año internacional de la
familia de que el plazo para la emisión de su informe sea
ampliado hasta la conclusión del próximo período de sesiones.
¿Aprueba la Cámara la ampliación del plazo? (Asentimiento.)
Queda aprobado.
PROPOSICIONES NO DE LEY (Continuación.):
--PROPOSICIONES NO DE LEY DEL GRUPO POPULAR EN EL CONGRESO,
RELATIVA A LAS BASES DE UNA POLITICA ESPAÑOLA SOBRE PAZ Y
SEGURIDAD (Número de expediente 162/000130)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular
relativa a las bases de una política española sobre paz y
seguridad.
El señor Rupérez tiene la palabra.
El señor RUPEREZ RUBIO: Gracias, señor Presidente.
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, subo a esta
tribuna en nombre del Grupo Popular para presentar y defender
ante SS.SS., y solicitar, si así les place, el voto favorable
a la misma, la proposición no de ley que presenta mi Grupo
sobre paz y seguridad.
Quisiera comenzar por recordarles al efecto que han
transcurrido apenas diez años, unas pocas semanas más de los
diez años, desde que el Presidente del Gobierno, don Felipe
González, desde esta misma tribuna sometiera a la
consideración de esta Cámara una primera aproximación a una
definición conceptual de una política de paz y de seguridad de
España. Lo hizo en un momento histórico determinado, impulsado
también por unas necesidades políticas y partidistas
determinadas. Recordamos que en aquel momento España no era
todavía miembro de la OTAN, no era todavía miembro de la
Comunidad Europea, no era, por consiguiente, miembro de la
Unión Europea Occidental, tenía todavía un amplio sector de
definición de su política exterior y de su política de
seguridad y hay que reconocer que, cualesquiera que fueran las
consideraciones o los impulsos inmediatos e incluso
coyunturales de aquella propuesta del Presidente del Gobierno
hace diez años, contribuyó a abrir un camino que luego se ha
demostrado suficientemente razonable para seguir investigando
lo que debiera ser nuestra política de paz y seguridad. Pero
han transcurrido diez años, diez años que no son precisamente
anónimos en la historia de este país, diez años que no son
precisamente anónimos en la historia de la humanidad. Los
cambios habidos en la historia europea son enormes y
profundos, como no se conocían desde hace al menos 60 años y,
consiguientemente, las necesidades de redefinición de la
política exterior y de seguridad española son también
evidentes. Ha caído el muro de Berlín, ha desaparecido la
Unión Soviética, la OTAN, a la cual pertenecemos desde 1982,
se ha visto obligada a cambiar alguno de sus supuestos
estratégicos y tácticos básicos, y, al mismo tiempo, España ha
conseguido ser ya miembro pleno de todas las instituciones que
conforman el mundo occidental.
Es esa perspectiva política, conceptual, histórica, la que nos
ha llevado a considerar la conveniencia de que diez años
después de aquella primera ocasión volviéramos a considerar en
esta Cámara, en la representación suprema de la soberanía
popular, la necesidad no tanto de indicar una ruptura básica
con los planteamientos y con los puntos que en aquel momento
sometió el Presidente del Gobierno a la consideración de la
Cámara, sino de hacer un esfuerzo de imaginación y de
continuación con respecto a aquellos mismos puntos.
Es por ello por lo que, señor Presidente, señorías, sometemos
a la consideración de la Cámara este decálogo que, incluso
manteniendo aquellos diez puntos del decálogo inicial,
pretende reformar en un cierto sentido de la continuidad,
pretende continuar investigando y profundizando sobre nuestras
necesidades de seguridad y de paz adaptadas a lo que es el
momento actual y teniendo en cuenta cuáles han sido los
cambios habido en el escenario internacional en estos últimos
años.
Proponemos a la consideración de esta Cámara esos diez puntos
que, en sustancia, son los siguientes: En primer lugar, hay
que recordar que España se convirtió en miembro pleno de la
OTAN en 1982 y que las razones por las cuales lo hizo, lo
hicimos, y la experiencia común adquirida desde entonces,
corroboran plenamente, a nuestro juicio, aquella decisión, que
ha contribuido y que debe seguir contribuyendo a conformar lo
que nosotros estimamos ser el ejer fundamental de la política
española de seguridad y de defensa.
En efecto, estimamos que sería difícil concebir esta
redefinición de la política española de seguridad si no
partiéramos y si no comenzáramos por esta reafirmación de
nuestra pertenencia y de nuestra voluntad de colaboración en
el seno de la OTAN.
En segundo lugar, es también absolutamente imprescindible
recordar que España comenzó a formar parte de lo que era
entonces la Comunidad Económica Europea, y hoy es la Unión
Europea, en 1986 y ha participado plenamente en todos sus
desarrollos posteriores; en particular, en el que hizo nacer
en 1991 la Unión Europea y con ello la política exterior y de
seguridad común. Nos parece que un lógico corolario de esa
constatación es también la necesidad de que España siga
participando plenamente en la consolidación y en la
operatividad de la Unión Europea Occidental, concebida como el
pilar europeo de la seguridad en el marco de la OTAN. Así
creemos afirmar un dato absolutamente fundamental, cual es que
la pertenencia a los organismos europeos de seguridad, siendo
absolutamente imprescindible, sin embargo, no puede ni debe
ser comprendida como un dato contrario o como un dato que
fuera en contra de los planteamientos o de las necesidades de
la misma Alianza Atlántica.
En tercer lugar, nos parece importante recordar que, a través
de estos últimos años, desde el momento en que entramos en la
Alianza Atlántica, España ha adquirido un alto grado de
integración militar en la Alianza y que ello se ha demostrado
positivo para la eficacia de nuestra colaboración en la
Alianza y para la potenciación de nuestros propios intereses
nacionales. Querríamos recordar también que hace apenas unos
meses, tanto la Unión Europea Occidental como la Alianza
Atlántica, recordaron que deben colaborar en unos márgenes
que ellas mismas definieron de complementariedad y de
transparencia, y que, consiguientemente, resulta conveniente
que esos mismos grados de integración se produzcan, por parte
de nuestro país, de la misma manera, de forma que no se
produzcan disfunciones o distorsiones a la hora de
instrumentar nuestra participación en ambas instituciones de
seguridad.
En cuarto lugar, hay que recordar, descendiendo un poco más en
lo que son las organizaciones concretas de seguridad --ésa es
nuestra convicción y esperamos que sea también la convicción
de la Cámara--, que España reforzará su seguridad y la
eficacia de su defensa participando en otros esquemas
bilaterales o multilaterales en este terreno. Y, a efectos
únicamente ejemplares, mencionamos el Cuerpo del Ejército
Europeo o la Fuerza Aeronaval del Mediterráneo. Recordamos,
sin embargo, y nos parece importante hacerlo, que la
participación española en esos esquemas tendrá siempre en
cuenta la necesidad de no afectar negativamente la eficacia de
la Alianza Atlántica ni de producir duplicaciones. Nos parece
que se puede llevar a cabo perfectamente la participación en
esos esquemas, junto con la participación en la OTAN y en la
Unión Europea, respondiendo a un proyecto conjunto de
seguridad, siempre que se haga de manera que las mismas
misiones, que las mismas tropas, que los mismos mandos sean
los que tengan una visión global de las participaciones y no
se produzcan duplicaciones o distorsiones.
En quinto lugar, nos parece importante reafirmar y reforzar
las necesidades de las relaciones de seguridad bilateral con
Estados Unidos, país fundamental en la estrategia y en el
mantenimiento de la seguridad, tal y como funciona la Alianza
Atlántica, y país con el que hemos mantenido y deberemos
seguir manteniendo un alto nivel de entendimiento defensivo.
En sexto lugar, nos parece importante referirnos a la
necesidad de que la política española de paz y de seguridad
tenga un acento específicamente mediterráneo. Y en esa
política de seguridad mediterránea creemos que España debe
combinar medidas económicas y políticas dirigidas a la
obtención de un marco de estabilidad en la zona, junto con
otras unilaterales, bilaterales o multilaterales de tipo
directamente defensivo y que sean capaces, en última
instancia, de conjugar cualquier tipo de peligro militar que
se pudiera producir en este terreno. Nos parece importante
subrayar ese carácter mediterráneo de nuestra seguridad, no
porque sea excluyente ni exclusivo, sino porque nos parece
que, dada la situación geográfica y la situación histórica de
vecindad con la que nos enfrentamos, ese subrayado
mediterráneo, esa necesidad de plantearse exactamentecuáles
sean las competencias mediterráneas de nuestraseguridad, sigue
siendo un componente imprescindible de esa política de
seguridad.
En séptimo lugar, nos parece también importante --como en su
momento hizo el Presidente del Gobierno hace 10 años--
recordar que la política española de paz y seguridad
difícilmente podrá entenderse que ha contribuido a cerrar su
ciclo si no se ha producido previa y plenamente la
recuperación de la soberanía sobre el Peñón de Gibraltar. Y
queremos recordar también que la articulación de acciones
unilaterales, bilaterales y multilaterales, tanto en el
terreno de la Unión Europea como en el terreno de la Alianza
Atlántica, de las resoluciones, que siempre conviene recordar,
de Naciones Unidas y de las relaciones bilaterales con Gran
Bretaña, deben proseguir, sin prisa ni pausa, ese objetivo
fundamental.
En octavo lugar, introducimos, como creemos que es
absolutamente imprescindible hacerlo, la consideración de uno
de los datos más importantes aparecido en los últimos años en
el marco de la seguridad global, cual es las operaciones del
mantenimiento de la paz, de diplomacia preventiva y de
diplomacia humanitaria, en el marco de las Naciones Unidas, en
el marco de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación
en Europa, o en el marco de la recientemente creada Asociación
para la Paz. Y creemos también que las Fuerzas Armadas
españolas deberían seguir incluyendo entre sus tareas la de
cooperar en tales misiones en términos y límites comprensibles
para la opinión pública nacional y asumibles por nuestras
capacidades presupuestarias.
En noveno lugar y penúltimo, nos parece que, al mismo tiempo,
es necesario reafirmar algo evidente pero quizá no siempre
debidamente recordado cual es que la política de seguridad
española no puede entenderse sin su fundamental componente
defensivo ni basarse exclusivamente, ahora o en el futuro, en
la pertenencia a determinadas organizaciones internacionales.
Nadie ni nada podrá suplir el esfuerzo nacional que realicemos
para dotar adecuadamente a nuestra Defensa y a nuestras
Fuerzas Armadas de la capacidad de defensa que, en definitiva,
será la que mejor garantice esa seguridad propia nacional y la
seguridad multilateral a través de la OTAN o a través de la
UEO. Y también queremos recordar, como hizo esta Cámara en su
momento, que deberíamos recuperar la tasa del dos por ciento
del producto interior bruto de gastos de defensa en los
términos que en su momento recordó la Ponencia sobre el modelo
de Fuerzas Armadas.
Finalmente, en décimo lugar, queremos situar toda la temática
de la paz y seguridad en un marco más general. Paz y seguridad
no pueden entenderse de una manera abstracta, autónoma o
anónima, porque querríamos que España concibiera su política
de seguridad y defensa como integrante de un modelo más amplio
que, en lo posible, evite las zonas de seguridad desigual y
colabore plenamente, sobre todo en la constitución de una
noción de seguridad basada en la estabilidad, porque creemos,
y esperamos que así lo comparta plenamente esta Cámara, que
sólo la generalización de modelos democráticos de
funcionamiento político, del
respeto universal a los derechos de la persona y del
reconocimiento nacional e internacional de respeto al Estado
de Derecho permitirían alcanzar el ideal de un mundo sin
conflictos, sin armas de destrucción masiva o convencionales,
sin hecatombes humanas o materiales.
El señor PRESIDENTE: Señor Rupérez, le ruego concluya.
El señor RUPEREZ RUBIO: Voy acabando, señor Presidente.
Creemos firmemente que esos principios deben constituir la
última y primera «ratio» de las políticas españolas de
seguridad y defensa en todos los planos de la actividad
nacional.
Como podrán comprobar SS.SS., no hemos querido hacer en la
presentación de esta proposición no de ley otro ejercicio que
no fuera el de buscar honestamente el acuerdo de toda la
Cámara o por lo menos de una amplia mayoría de la misma en
torno a los temas que nos parecen absolutamente vitales para
el futuro del país y al mismo tiempo necesitados de un
consenso muy amplio.
Hemos cuidadosamente evitado cualquier tipo de aspecto que
pudiera ser entendido como arriscado o como crítico frente a
otros planteamientos matizada o totalmente diferentes a los
nuestros; hemos querido por encima de todo buscar el consenso
y el acuerdo en esta proposición no de ley y así querríamos
que esta proposición fuera entendida y adoptada por la
mayoría, si no por la unanimidad de esta Cámara, porque nos
parece que efectivamente sólo desde un punto de vista de la
concepción de una política de seguridad de Estado, nacional,
compartida ampliamente por todos los grupos parlamentarios,
España podrá dotarse de esa política propia, buena, para
nuestros intereses y respetada desde los intereses ajenos. Al
fin y al cabo, hemos querido hacer lo que hace diez años decía
el Presidente del Gobierno: Con este proceder, podremos lograr
que la política española de paz y seguridad disponga de tan
amplio respaldo entre los representantes de la soberanía
pupular, y confío también que entre los representados --decía
el Señor González--, que existan garantías para su permanencia
más allá de las normales alternancias en el Gobierne de un
sistema democrático.
Ese ha sido nuestro propósito, ésa ha sido nuestra intención,
ése ha sido el aliento que está detrás de esta proposición que
ahora sometemos a la consideración de sus señorías.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rupérez.
Se ha presentado a esta proposición no de ley una enmienda por
el Grupo Socialista.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Gracias, señor Presidente.
En la proposición no de ley que presenta el Grupo
Parlamentario Popular destaca, en primer lugar, y ése es
quizás unos de los aspectos positivos de la proposición, el
amplio grado de significativo consenso alcanzado en torno a la
política española de paz y seguridad; una política que, como
se ha recordado, tiene su origen en las propuestas presentadas
ante el Congreso de los Diputados por el Presidente del
Gobierno en 1984, el denominado decálogo. La proposición del
Grupo Popular plantea también la necesidad de reproducir el
ejercicio realizado ahora hace diez años, a fin de disponer de
un nuevo cuerpo declarativo que contemple los cambios
producidos en la situación internacional.
Es obvio, aunque no lo diga expresamente la proposición, que
el llamado decálogo sigue teniendo hoy plena vigencia, como
marco de nuestra política de paz y seguridad. Diez años
después de su presentación, la mayor parte de sus objetivos se
han cumplido, pero no cabe la menor duda que algunos de ellos,
como por ejemplo la política de desarme, requieren una acción
continua y permanente. En segundo lugar, aquella definición se
ha ido enriqueciendo y desarrollando en un marco de total
transparencia y amplio consenso parlamentario, abordando las
consecuencias que sobre los intereses de la política de
seguridad española tienen los cambios profundos que se han
producido en la escena internacional. Esa labor se ha hecho a
través de los debates sobre el estado de la nación, a través
de numerosas comparecencias de los Ministros de Asuntos
Exteriores y de Defensa en las Comisiones respectivas. Se
trataría, por tanto, lo entendemos así, de hacer no «ex novo»,
sino en todo caso de codificar, de agrupar en una sola
declaración, las formulaciones vigentes de nuestra política de
paz y seguridad.
El Grupo Parlamentario Socialista comparte plenamente este
objetivo. Nos sorprende, eso sí, que una proposición que dice
buscar el entendimiento común sobre cuestión tan trascendente
como es la política nacional de seguridad y defensa --y cito
textualmente-- se inicieen la exposición de motivos con una
diatriba cargadade descalificaciones y de retórica vacía que,
sinceramente, da una invitación al voto en contra.
Pero pasemos por alto esta subjetiva exposición de motivos,
que está cargada de juicios de valor. Yendo a los contenidos
de la proposición, el Grupo Popular pideque el Gobierno
elabore una nueva definición de la política de paz y seguridad
para ser debatida en la Cámara, es decir, pide que el Gobierno
adopte una iniciativa --a la que no se fija plazo ni se
determina modalidad--, sobre la política de paz y seguridad;
pero, a continuación, el Grupo Popular señala al Gobierno qué
aspectos concretos y en qué orden deben formar parte de la
definición que se solicita y finalmente indica también al
Gobierno los términos y hasta el lenguaje que debe contener la
definición.
El Grupo Parlamentario Socialista entiende que esto no tiene
mucha lógica, desde el punto de vista político, porque además
es contradictorio con los objetivos que declara la
proposición, y significaría duplicar el debate. Consideramos
también que, desde luego, no se corresponde con la práctica
derivada de nuestro sistema constitucional, un sistema que
asigna al Gobierno la dirección de la política exterior, de
seguridad y de defensa y así lo ha venido entendiendo el
Parlamento español, que ha ejercido sus responsabilidades en
la aprobación de la política de seguridad definida por el
Ejecutivo. Lo contrario, entedemos, sería desvirtuar el orden
de responsabilidades institucionales.
El Grupo Parlamentario Socialista presenta una enmienda que es
respetuosa con la práctica derivada del orden constitucional y
es, desde luego, más ambiciosa y concreta que la solicitud del
Grupo Popular. Se pide al Gobierno, en un plazo determinado,
que sería el próximo período de sesiones, que presente a la
Cámara una comunicación sobre la política española de paz y
seguridad. Dicha comunicación, en los términos de los
artículos 196 y 197 del Reglamento, sería la base para un
debate tras el que los grupos parlamentarios podrían presentar
propuestas de resolución. Entendemos que la vía que propone el
Grupo Socialista, coherente con los fines que persigue la
proposición, tiene, desde luego, más alcance político y más
calado parlamentario, por lo que esperamos sea aceptada por el
grupo proponente y los restantes grupos de la Cámara.
Pero, señor Presidente, sería descortés no referirnos,
siquiera sea someramente, al resto de los contenidos de la
proposición del Grupo Popular; un texto que se apoya, sin
decirlo, en algunas de las acciones contenidas en el decálogo,
no en todas, desde luego, y en algunas de las decisiones
ulteriores adoptadas por el Gobierno y debatidas en la Cámara.
Todo ello para construir un discurso que a nuestro juicio,
señor Presidente, es pobre, desordenado (quizá deliberadamente
desordenado), y excesivamente superficial; unas reflexiones
tan cargadas de adjetivos como vacías, quizá, en lo
sustantivo.
No podemos ser mezquinos con nuestra propia historia. Cuando
se afirma, por ejemplo, la incorporación de España como
miembro pleno de la Alianza Atlántica, en 1982, es cierto y
forma parte de nuestra propia historia, y tenemos que asumirlo
así, pero no puede ignorarse que fue el referéndum de 1986 el
que fijó los términos y las condiciones de nuestra
permanencia. Es evidente que el Partido Popular fue la única
fuerza presente en la Cámara que decidió inhibirse y que hizo
dejación de sus responsabilidades en aquel referéndum, pero
entendemos que el derecho al ejercicio de la frivolidad, que
es consustancial con la naturaleza humana, no exime del
respeto por la realidad, sobre todo cuando esta realidad
contiene elementos definitorios de nuestra política de
seguridad y defensa: el modelo de contribución, por ejemplo,
la no incorporación a la estructura militar integrada, la no
nuclearización de nuestro territorio o la reducción sustancial
de la presencia de fuerzas de Estados Unidos en España, país
con el que se ha establecido un nuevo marco de relaciones
sobre la base del Convenio de 1989.
A nuestro juicio, la presencia de España en la Alianza
Atlántica no puede ser considerada como un fin en sí mismo. No
es cuestión de discutir la importancia o no del mismo, la
tiene y es un vínculo esencial, pero tendremos que concluir
que esa decisión adoptada tras el referéndum de 1986 adquiere
su pleno sentido y su auténtica dimensión en la incorporación
de España al proyecto de construcción europea, incluida su
dimensión de seguridad, de política exterior y de defensa. Ese
es el criterio del Grupo Socialista; una dimensión que se
consagra con el Tratado de la Unión Europea.
También entendemos, y nos parece percibir lo contrario en la
elaboración del Grupo Popular, en sus reflexiones, que el
escenario de la seguridad europea no es algo estático e
inamovible. Por tanto --y el propio proponente lo decía en su
intervención en la tribuna-- no pueden ser rígidas nuestras
respuestas a los cambios que se producen. El fin de la
confrontación entre los bloques ha dado paso a una situación
en la que sin duda existe un mayor grado de entendimiento,
pero al mismo tiempo se están produciendo nuevos fenómenos en
que los riesgos para la seguridad derivan más de la
incertidumbre que de amenazas específicas: las consecuencias
de esta nueva situación sobre la doctrina militar, sobre los
conceptos estratégicos, en definitiva, sobre los parámetros de
la seguridad son evidentes.
El proceso de transformación de la Alianza, algo que también
ignora el Grupo Popular en sus reflexiones, iniciado en
Londres y París e impulsado claramente en Bruselas a comienzos
de este año, va dirigido precisamente a dar respuesta a
algunos de estos nuevos retos. El respaldo al desarrollo de
una identidad europea de seguridad y defensa, por ejemplo,
cuyo componente de defensa sería la Unión Europea Occidental
que, sin duda, es también expresión del pilar europeo de la
Alianza; la cooperación entre la OTAN y la UEO sobre la base
de principios acordados de complementariedad y transparencia,
como recordaba el portavoz del Grupo Popular hace un momento;
la no duplicación de esfuerzos, que no basta con reclamarla,
sino que tiene que hacerse efectiva a través de mecanismos
concretos que permitan, por ejemplo, el concepto de fuerza
operativa conjunta combinada, que puedan poner a disposición
de los europeos las capacidades y recursos que son colectivos,
o que se puedan utilizar capacidades de la OTAN en misiones
que están al margen del artículo quinto. Lo contrario sería
una invitación a esa duplicación de recursos.
Sobre las transformaciones necesarias en la estructura y en la
composición de las Fuerzas Armadas, algo dice el texto del
Grupo Popular, pero el Congreso hizo
bastante más que fijar en el 2 por ciento, un simple objetivo
presupuestario en 1991, porque lo que el Congreso hizo
entonces fue definir un modelo de Fuerzas Armadas, unas
Fuerzas Armadas más reducidas, más eficaces, más flexibles,
con una composición mixta, donde el 50 por ciento de sus
componentes serían profesionales. Hay olvidos clamorosos en
las reflexiones del Grupo Popular, como los principios de la
no nuclearización, sancionados por el referéndum, o la
política en defensa para eliminar armas de destrucción masiva,
etcétera.
A la política mediterránea y otras cuestiones ya se ha
referido el Portavoz Popular. Nos entenderemos en el momento
que haya un debate sobre estas cuestiones en los términos que
proponemos.
Señor Presidente, querríamos agotar aquí estas reflexiones,
que hemos hecho, más por cortesía parlamentaria que por entrar
en profundidad en un debate que, según nuestra proposición,
debiera producirse a partir de una iniciativa del Gobierno, de
una comunicación del Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Le ruego concluya, señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Termino, señor Presidente.
Creemos que la fórmula que propone el Grupo Socialista --esa
comunicación--, tiene encaje parlamentario, tiene mayor calado
que cualquier otra alternativa. Parece evidente que pedir al
Gobierno que aborde la elaboración de una nueva definición, no
es posible discernir qué es exactamente lo que se le está
pidiendo al Gobierno, o pedirle que haga una «redefinición» --
palabra que, por cierto, no aparece en el diccionario--
tampoco tiene un encaje reglamentario. Nosotros planteamos una
propuesta de mayor grado de compromiso y estaremos encantados
de compartir nuestras reflexiones sobe la base de esa
comunicación que presente el Gobierno; iniciativa que,
cualquiera que sea el resultado de este trámite, estamos
dispuestos a traer a la Cámara, estamos dispuestos a pedir al
Gobierno que la traiga a la Cámara, insisto, cualquiera que
sea el resultado de este trámite.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Estrella.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías,
Coalición Canaria comienza haciendo la declaración de
considerar la política de seguridad, defensa, paz, como uno de
los pilares fundamentales que definen una política de Estado.
Junto con la política económica, la política social y
cualquier otra que atienda a un bien común consagrado en
nuestra Constitución, la defensa es uno de ellos.
Quiere también aprovechar la oportunidad para decir al grupo
proponente, el Grupo Parlamentario Popular, que nos ha
parecido muy oportuno traer aquí esta motivación, porque esta
Cámara está ayuna, desde hace años, de un gran debate
precisamente sobre paz y seguridad, sobre la implicación de
las Fuerzas Armadas españolas y la política del Gobierno en
los conciertos internacionales, como en la propia definición
de la defensa del territorio que le encomienda la
Constitución.
Dicho eso, también tengo que decir al Grupo Popular que
consideramos que lo importante aquí es incentivar, incitar y
motivar al Gobierno a traer el debate con una comunicación y
en esto, coincidimos con la oferta que ha hecho el portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista. Sería la manera de que con
una comunicación (cuyo hábito de traer por parte del Gobierno
a la Cámara comunicaciones en política exterior, en política
de defensa o en política económica y laboral se ha perdido) se
motive e incite a los distintos grupos parlamentarios a
presentar propuestas de resolución que enriquezcan, buscando
un consenso, puesto que si algo necesita un consenso es una
política de defensa, como política de Estado por antonomasia,
llevándolo también dentro de un respeto a lo que son nuestras
normativas constitucionales.
En este punto me quedaría con la entradilla que en la
proposición no de ley hace el Grupo Parlamentario Popular, y
nada más, junto a la enmienda que ha planteado el Grupo
Parlamentario Socialista. Lo demás son argumentos para
poderlos incorporar a propuestas de resolución que, como digo,
enriquezcan ese debate. A nosotros lo que nos interesa y por
lo que vamos es porque el Gobierno se comprometa aquí con una
comunicación en la que ponga negro sobre blanco con claridad
cuál es su política de defensa. Este es un derecho que la
Cámara no puede hurtar al Gobierno, porque el artículo 97 de
la Constitución señala claramente que la dirección de la
política de defensa, igual que la de exteriores, corresponde y
es competencia del Gobierno, del Ejecutivo; él es el que
tiene, por tanto, que diseñar la partitura sobre la cual las
fuerzas políticas de esta Cámara opinen al respecto.
Quiero significarles, tanto a unos como a otros de los que han
intervenido por el grupo proponente o por el grupo enmendante,
que entrando en el análisis de las circunstancias que deben
definir una política de defensa, está, precisamente, aclarar
en este momento, ante los eventos que ha habido, no solamente
desde 1982 sino desde 1986, con el referéndum sobre ingreso y
la permanencia de España en la OTAN, que se aclaren
determinados conceptos, puesto que no se puede trasladar
tampoco a la opinión pública española situaciones
como lo que en el punto 3.º de la exposición del grupo
proponente se llama un alto grado de cooperación efectiva con
la estructura militar integrada de la OTAN. El Gobierno deberá
explicar aquí, si con ello está conforme el Grupo Popular,
cómo se puede mandar para actuar con la OTAN en Yugoslavia
fuerzas del Ejército del Aire, los F-18, sin estar conculcando
--a juicio de Coalición Canaria--, el referéndum de la OTAN
que prohibía taxativamente y decía claramente que España
estaría en la OTAN pero sin integrarse en la estructura
militar de la misma. Lo que ha ocurrido recientemente en la
Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa y la
dislocación que en este momento se encuentra la propia OTAN
con sus planteamientos de prolongación hacia el Este de los
antiguos países de la órbita de la Unión Soviética, incluido
Rusia, creo que hacen necesario que el Gobierno español traiga
aquí su comunicación para ver cuáles son los parámetros en que
quiere incardinarse esta nueva política de defensa. Esto hay
que hacerlo con un tremendo respeto, tanto a la prerrogativa
que el artículo 97 de la Constitución da precisamente a
nuestro Gobierno, como a las competencias de los grupos
parlamentarios para enriquecer esa política de paz y de
seguridad. Cuando estamos viendo precisamente las
dislocaciones que, por no existir en este momento un liderato
claro por parte de Estados Unidos en toda esta política de paz
y seguridad exterior, España necesita que su Gobierno sí tenga
las cosas clara para definir dicha política.
Nosotros le pediríamos también al grupo proponente que cuando
se hable de paz y seguridad vayamos a los organismos de máxima
representación democrática y plurinacional que existen en el
mundo y me estoy refiriendo a Naciones Unidas. Plantear una
proposición no de ley, con una ausencia total de la
vinculación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a una
definición de compromiso de paz y seguridad, sobre todo en
misiones al exterior, es insuficiente. Conste, señor Rupérez,
que nosotros valoramos como muy oportuna una serie de
reflexiones y por qué plantean ustedes, precisamente, la
necesidad de esta comunicación o de este debate con estas
premisas que traen a continuación.
Estamos de acuerdo en vincular la participación de las Fuerzas
Armadas españolas en misiones de paz y seguridad en el
exterior, pero queremos que eso se haga siempre bajo el
sendero marcado por Naciones Unidas y la posición española,
para que se modifiquen las circunstancias en que se toman
determinadas decisiones de intervención de fuerzas de
protección de Naciones Unidas, como en el caso de la ex
Yugoslavia, con unos mandatos que tienen que ser claros y
compartidos por el Consejo de Seguridad.
Nosotros, por tanto, no vamos a apoyar los argumentos que trae
aquí esta proposición no de ley sobre política española de
seguridad compartiendo solamente la entradilla y entendiendo
que la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Socialista
permite incentivary estimular al Gobierno a que traiga esa
comunicación aquí, donde pueden tener encaje en el debate
dialéctico frente al Gobierno muchas premisas de estos
artículo que nosotros sí compartimos en ese otro marco de
debate.
Nos gustaría que ese día, aparte del señor Presidente del
Gobierno estuvieran aquí los señores Ministros de Defensa y de
Asuntos Exteriores, porque no se puede hacer este debate con
estas ausencias (no trato ahora de ponerlo en evidencia, sólo
lo digo por el hecho procesal en que estamos en este momento
en la Cámara) ya que es imprescindible que las opiniones de
los grupos parlamentarios las escuchen estas tres máximas
autoridades representativas del Gobierno de la nación para
definir una política de paz y de seguridad. También nos
gustaría que los compromisos que en este momento tiene España
contraídos con la Unión Europea, con la Unión Europea
Occidental, con la Alianza Atlántica y con cualquier otro foro
u organismo tengan prioridad en el marco más democrático que
tenemos, que es la Asamblea General de Naciones Unidas, ver
cuáles son sus directrices y ver precisamente también cuál es
el comportamiento que en una política de paz y seguridad de
España debe de tener el Consejo de Seguridad, porque si no
estamos haciendo un flaco servicio a lo que es una
coordinación con todas las fuerzas del orden que existen hoy
en día para la paz y la seguridad en occidente.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Popular presenta un decálogo sobre la
definición de la política española de paz y seguridad. A esta
iniciativa el Grupo Socialista intenta introducir un texto que
remite este decálogo --o si se quiere sin decálogo-- a través
de una comunicación para que el debate, con el mayor
conocimiento y amplitudposible, llegue al consenso sobre un
tema de trascendencia e importancia como es la política
española de paz y seguridad.
No sé cuál va a ser la posición del grupo proponente. Aparte
de quien asuma el protagonismo o no, creo que en política de
paz y seguridad es fundamental el consenso que tantas veces
reclamamos. En esta línea nuestro grupo estaría de acuerdo con
que se canalice esta propuesta a otro tipo de iniciativas. En
este trámite nos vemos incapaces de analizar, debatir e
incluso definir nuestra posición en base a un decálogo que,
reconozco al señor Rupérez, tiene un profundo
contenido, pero quisiéramos desmenuzarlo con tiempo y
contrastar incluso otros pareceres.
Hay puntos y conceptos que comparto totalmente como que la UEO
sea el pilar europeo en el marco de la OTAN; que se ha
alcanzado un alto grado de cooperación; el cuerpo de Ejército
Europeo y toda la referencia que se hace al Mediterráneo; la
importancia de las acciones de la diplomacia preventiva
humanitaria y mantenimiento de la paz; toda la referencia a la
CSCE y la idea de la seguridad basada en la estabilidad,
serían un punto significativo de la muestra de nuestro acuerdo
con esta iniciativa, pero también digo que hay otros puntos
que, a nuestro entender, deberían matizarse e incluso otros
con los que no estaríamos de acuerdo. Por todo ello, nos
parecería oportuno seguir otro trámite, si se quiere más
complejo, pero también más necesario.
Valoro las palabras del portavoz del Grupo Popular al final de
su intervención, cuando hacía referencia no solamente al
consenso, sino a compartir la política de paz y seguridad. Por
tanto, creemos de verdad que la aceptación por parte del grupo
proponente de la enmienda planteada sería no sólo interesante,
sino positiva.
Nada más. Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carrera.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el
señor Espasa tiene la palabra.
El señor ESPASA OLIVER: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores diputados, después de estudiar atentamente
la proposición no de ley del Grupo Popular y de escuchar a su
portavoz, hemos de decir --y lo decimos con todo respeto--,
que es una proposición no de ley que podría ser calificada
como demasiado contenido para poco continente; es decir, creo
que a SS.SS. no se les ha escapado el momento en que se ha
producido esta proposición no de ley --27 de julio--, que
pretende ser todo un programa de «Gobierno» --entre comillas--
que plantea el Grupo Popular, pero, por su misma enjundia, por
su misma importancia, el contenido rebosa y rebasa ampliamente
el continente y el vehículo legislativo: una proposición no de
ley. El señor Rupérez y el Grupo Popular no pueden pretender
que un tema tam importante, tan controvertido, en el que en
algunos casos hemos conseguido en esta Cámara consensos
importantes en política de Estado, en política exterior pero
en otros hay posiciones muy distintas y muy diferentes (me
estoy refiriendo a la continuidad de la pertenencia de nuestro
país a la OTAN y al futuro de esta misma Alianza Atlántica) se
pueda ventilar por la adopción o no de un nuevo decálogo por
parte de un grupo de la Cámara que, aunque sea el más
importante de la oposición, es un grupo que está en la
oposición. Por tanto, desgraciadamente, demasiado contenido
para tan poco continente, señor Rupérez. No creo que ésta sea
la mejor forma de hacer avanzar sus posiciones.
Creemos que sería bueno, y en eso sí estamos de acuerdo con
usted y con su grupo, promover un nuevo debate general sobre
paz y seguridad, un debate en el que quizá previa comunicación
del Gobierno, pudiésemos discutir, debatir, presentar
resoluciones y reelaborar un nuevo catálogo, un nuevo
decálogo, tablas de la ley, o llámese como quiera, de paz y
seguridad para España y para una España situada ya en 1994;
por tanto, una España, una paz y una seguridad en un mundo
nuevo y distinto. Su decálogo, señor Rupérez, incluso está
antiguo y no sólo es antiguo sino que está anticuado.
Comprendo que está redactado en julio de 1994, pero, por citar
el ejemplo más reciente, el último acuerdo, la última cumbre
de jefes de Estado y de gobierno de la CSCE en Budapest va en
una línea mucho más avanzada, en la línea de reconocer la
nueva situación mundial, donde ha desaparecido la bipolaridad,
donde quiere emerger una auténtica multipolaridad, que no es
lo que usted nos plantea. Usted nos plantea más de lo mismo;
más OTAN, más hegemonía de los Estados Unidos, más UEO, más de
lo viejo.
Si usted repasa, y seguro que lo ha hecho, los veintidós
puntos de la Declaración de Budapest de la CSCE, verá, por
ejemplo, que ni la OTAN ni la UEO son mencionadas en esta
importantísima declaración y en cambio se plantea cambiar el
nombre, como ya se ha hecho, de conferencia a organización de
la CSCE. ¿Por qué? Porque se apuesta fundamentalmente por una
nueva estructura de seguridad compartida, regional, tutelada
por Naciones Unidas, por supuesto, que va de Vancouver a
Vladivostok. Esto es lo nuevo, señor Rupérez, la CSCE, la
Unión Europea; lo viejo es la OTAN, la UEO. Lo nuevo es la
identidad europea de defensa.
Desde Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, hemos dicho
que estaríamos por una identidad europea de defensa sujeta al
poder civil de la Unión Europea, no por el subarriendo a una
antigua alianza militar, la UEO. Por cierto, en 1996 podemos
cambiarla. Podemos coincidir en cambiar aquella estructura
militar. La OTAN es el pasado, señor Rupérez. El futuro está
en la CSCE y está en la ONU. Al menos nosotros creemos que
debe estar en la CSCE y en la ONU. Hoy, en Europa se está
produciendo un debate profundo, con aristas a veces, a veces
muy soterrado pero un debate importante, sobre quién avanza
más, si una estructura fundamentalmente militar, que recoge el
hegemonismo de Estados Unidos, la OTAN y su asociación para la
paz, o la CSCE. Y en esta opción, OTAN o CSCE, nuestro Grupo
Parlamentario se sitúa claramente en favor de la CSCE y que la
CSCE sirva para superar a la OTAN y a la UEO, que la CSCE
sirva para que Europa se reencuentre en toda su dimensión,
para no arrinconar a nadie en Europa, ni a la Federación rusa,
señor Rupérez, y usted sabe cómo se ha producido el Ministro
de Asuntos Exteriores, señor Kózirev, en esta cumbre de
Budapest.
Su decálogo --lo siento, pero así lo vemos en nuestro Grupo--
es antiguo y anticuado. Se apoya en estructuras que nosotros
quisiéramos ver superadas, que nosotros hubiésemos postulado -
-y así lo hicimos en el referéndum-- que nuestro país no debía
estar en ellas. Acatamos el resultado del referéndum, por
supuesto que sí; pero mirando hacia el futuro y recogiendo el
mundo nuevo que se ha producido después de 1991, como usted
nos recuerda repetidamente; hemos tomado perfecta nota de lo
que ha sucedido entre los años 1989 y 1991 en toda Europa, y
estamos en otro mundo, pero este mundo es el de la Unión
Europea, el de la ONU, el de la CSCE, no el de las viejas
alianzas militares para configurar y para vertebrar programas
de seguridad compartida.
El único y el auténtico programa de seguridad compartida en
toda Europa, para nosotros es la organización de la
Conferencia de Seguridad Europea, complementada por una
conferencia de seguridad en el Mediterráneo. Este es nuestro
proyecto de inserción, de defensa y de seguridad compartida.
Si otros grupos parlamentarios están dispuestos a transitar
por este esquema de valores, podemos coincidir con ellos, pero
--insisto-- no queriendo revitalizar cosas que son antiguas,
que están anticuadas, que no van a desaparecer de hoy para
mañana --lo sabemos perfectamente--, pero que políticamente
quisiéramos superarlas en otras organizaciones mucho más del
nuevo mundo que ha empezado en 1991 y éstas son Naciones
Unidas, CSCE, Conferencia para la Seguridad y la Cooperación
en el Mediterráneo. Y si de defensa europea hemos de hablar,
identidad europea de defensa totalmente sometida al poder
civil de una Unión Europea con cohesión económica y con unidad
política de gobierno y de dirección.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Espasa.
Para expresar en nombre del Grupo proponente la aceptación o
rechazo de la enmienda defendida por el Grupo Socialista,
tiene la palabra el señor Rupérez.
El señor RUPEREZ RUBIO: Señor Presidente, no vamos a aceptar
la enmienda presentada por el Grupo Socialista. Seguramente
puedo contar con su benevolencia, dado que he sido ampliamente
contradicho, para consumir un brevísimo turno de explicación
de por qué no vamos a aceptar esa enmienda.
Naturalmente, en esta Cámara todos somos libres de explicar
las razones por las cuales aceptamos o no aceptamos las cosas.
Lo que sí me parece preocupante, por parte del Grupo
Socialista y por parte de otros grupos que han apoyado su
propuesta, es que voluntariamente se renuncie a la soberanía
del Parlamento. Sabemos todos que el Gobierno puede comparecer
en esta Cámara cuando y como quiera, en los términos
reglamentarios, para someter a su consideración cualquier tipo
de disposición. Pero esa proposición, realmente aberrante, que
consiste en decir --lo ha dicho el portavoz socialista, y
desgraciadamente he visto que otros portavoces le apoyaban--
que esta Cámara no se puede mover mientras no se mueva el
Gobierno, es algo que nosotros no aceptamos ni hemos aceptado
ni aceptaremos, por la propia capacidad de representación de
esta Cámara y por la propia soberanía de esta Cámara.
En el fondo sus argumentos son absolutamente vicarios y
demuestran una enorme oquedad en la cabeza, y siento que se
haya negado el Grupo Socialista y otros Grupos a entrar en el
mérito de las propuestas que hemos hecho.
Por estas razones, señor Presidente, no podemos aceptar la
enmienda propuesta por el Grupo Socialista y pedimos que se
someta la proposición no de ley, tal como estaba, a la
consideración de la Cámara.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rupérez.
Vamos a proceder a la votación.
Votación de la proposición no de ley, del Grupo Parlamentario
Popular, relativa a las bases de una política española sobre
paz y seguridad.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 298; a favor, 125; en contra, 172; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE POLITICA GENERAL DEL GOBIERNO
RESPECTO AL TRANSPORTE AEREO Y, EN CONCRETO, SOBRE LAS CAUSAS
DE LA SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE FUTURO DE LA EMPRESA
PUBLICA IBERIA (Número de expediente 173/000062)
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: Mociones
consecuencia de interpelaciones urgentes.
Moción del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
subsiguiente a la interpelación, sobre política general del
Gobierno respecto al transporte aéreo y, en concreto, sobre
las causas de la situación actual y perspectivas de futuro de
la empresa pública Iberia.
En nombre del Grupo proponente de la moción, tiene la palabra
el señor Andreu. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa
la Presidencia.--Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡Silencio, señorías!
Ocupen sus escaños. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: Gracias, señor Presidente.
La interpelación que se vio hace dos semanas en esta misma
Cámara ante el Ministro de Industria, promovida por Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, y un posterior debate que hubo
en la Comisión de Industria, con la comparecencia del
Presidente de Teneo, señor Salas, a nuestro juicio,
constituyeron dos importantes hitos políticos en el conflicto
que está viviendo Iberia en esos momentos, y creemos que tuvo
una importante utilidad social porque significó que todos los
Grupos parlamentarios, al menos verbalmente, manifestaran su
apoyo a la continuidad de la compañía Iberia, así como que
políticamente todos ellos apostaban por su continuidad.
Nosotros consideramos que, en unos momentos tan delicados como
los que se vivieron entonces por esa compañía, eso tenía un
valor en sí mismo y fue extraordinariamente positivo para que
hoy en día se vea, con cierta luz y con cierta posibilidad de
éxito, que Iberia puede salir del abismo en el que se ha
encontrado durante estos últimos días.
La moción que hoy trae el Grupo Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya va con ese mismo espíritu de
conseguir el consenso de todos los Grupos parlamentarios, pero
esta vez ya no sólo verbalmente, ya no sólo en las
intenciones, sino compromentiéndose con el futuro de Iberia y
planteando resoluciones concretas que obliguen al Gobierno a
adoptar políticas determinadas para que Iberia salga a flote y
continúe siendo una compañía de bandera, y que en un marco
competitivo y de liberalización de tarifas como el que se está
dando en todo el mundo pueda siguir manteniendo los mercados
que tiene, pueda seguir siendo una compañía global y a la vez
preste unos servicios sociales importantes de tráfico entre
determinadas líneas del Estado español que necesitan de ellos
independientemente de que a veces esas líneas signifiquen
pérdidas económicas concretas.
La moción que presenta el Grupo Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya no puede soslayar, de ninguna de las
maneras, que en Iberia se hayan producido insuficiencias,
defectos importantes en la gestión de la compañía. Es probable
que, aunque la gestión hubiera sido la mejor y la más
brillante, nos hubiéramos encontrado con que la compañía
tendría a final de año un balance en número rojos. La
liberalización del tráfico aéreo ha llevado a todas las
compañías aéreas a situaciones francamente difíciles. A veces,
cuando se hace esa exaltación del mercado, cuando se hace esa
exaltación de la liberalización, sin ningún tipo de valladar,
se producen situaciones como las que se han ocurrido con la
liberalización del tráfico aéreo. Pero a ese factor --que es
un factor externo-- hay que sumar los importantes errores que
han cometido los gestores de Iberia. No me refiero a los que
haya podido cometer el último grupo de gestores (que en última
instancia pueden ser mínimos comparados con los de los
inmediatos antecesores, llevando a la compañía a situaciones
que no voy a reiterar porque ya se plantearon en la
interpelación y que no se han dado ni por asomo en el resto de
los gestores de las compañías europeas y mundiales) en un
marco de liberalización de tarifas, que no querían enterarse
de lo que estaba pasando, y que llevaron políticas
absolutamente suicidas desde el plano gerencial. Esto no se
puede soslayar. Y una moción en el Congreso de los Diputados
debe recoger un punto en el que, en su justa medida, figure
ese aspecto.
La moción que presenta el Grupo Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya no va en el sentido que pretenden
algunos sectores de liquidar, junto con los gestores, la
Compañía. Hay sectores --me refiero concretamente al SEPLA y a
todo ese grupo-- que a través de determinados órganos de
prensa económica están luchando por liquidar, junto con los
gestores, todo el bagaje de la Compañía, trocearla y venderla
a cachos. Con esta operación lo que pretenden es dilapidar un
patrimonio que ha costado muchísimo a esta nación. Ese no es
el sentido. Por tanto, la moción va a ir en su justa medida.
No vamos a plantear que, junto con una crítica a la gestión,
se pida la dimisión del equipo que ha gestionado el acuerdo
con los sindicatos, y el plan de viabilidad. Lo que se
pretende con esa situación no es castigar a los gestores. Lo
que se pretende es castigar al plan de viabilidad y la
posibilidad de que Iberia sea una empresa pública. Por tanto,
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya no va a entrar en ese
aspecto. Lo que se plantea en este punto es una crítica a la
gestión anterior y un deseo de que se corrijan puntualmente
todos los errores que se han venido cometiendo en Iberia. Un
segundo punto que se plantea en la moción, y que creemos que
es importante que se recoja, es lo que hemos dicho en el
preámbulo de esta intervención: que Iberia tiene que ser una
compañía de servicios en el nuevo marco de la liberalización
que, nos guste o no, es el que existe; que, además de una
compañía de servicios tiene que ser una compañía de bandera
que preste determinados servicios que tienen pérdidas. No
queremos una compañía que tenga pérdidas, ni muchísimos menos,
pero tenemos que compreder que hay líneas que forzosamente van
a tener pérdidas. Consideramos, por lo menos desde la visión
de mi Grupo parlamentario, que, aunque tengan pérdidas
determinadas líneas, esas pérdidas no justifican el que
desaparezcan. Y no es pensable que ninguna supuesta compañía
privada vaya a ir precisamente a esos sitios en que existen
pérdidas.
Lo que nosotros conocemos, hasta ahora, de las experiencias de
liberalización de líneas en España es que van donde existen
ganancias importantes. Han ido precisamente a las líneas de
Iberia que han supuesto el mantenimiento de las otras líneas
que suponían pérdidas.
Se debe racionalizar esa situación y, por tanto, al igual que
Renfe tiene un contrato-programa para solventar los trenes de
cercanías que significan un servicio social importante en las
grandes ciudades, nosotros consideramos que el Estado debe
comprometerse con Iberia, a través de un contrato-programa,
precisamente para que esas líneas, que difícilmente van a
tener ganancias, pero que son importantísimas (y cualquiera
que viva en el archipiélago balear o canario lo entenderá
perfectamente, por no decir otros puntos de la geografía
española), sean atendidas. Creemos que debe ser un compromiso
de una empresa como Iberia, que nosotros además apostamos
porque sea empresa pública, independientemente de los
contenidos exactos y estrictos de esta moción.
Nosotros damos un gran valor al plan de viabilidad que se ha
conseguido mediante el acuerdo entre los sindicatos
mayoritarios y la compañía. Desde luego, hemos contactado con
todos los sectores interesados en el problema que así lo han
querido, no solamente con los sindicatos mayoritarios, sino
también con otros sectores que no han estado exactamente de
acuerdo o que han planteado alternativas diferentes, pero
desde luego con una posición independiente, como la que
mantiene el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Desde una posición independiente nosotros consideramos que,
una vez que se ha obtenido ese acuerdo, es el mejor de los
posibles, si ustedes quieren el menos malo de los posibles,
como ustedes deseen, pero es un acuerdo que puede salvar a la
compañía. Es un acuerdo que tiene conquistas importantes, como
es el hecho de que los representantes de los trabajadores, los
sindicatos, entren en la gestión de Iberia. En todas las
críticas que ha habido a este proceso, parece que en muchos
sectores duele el que los representantes de los trabajadores
puedan entrar en la gestión; parece como si cosas que se han
conseguido en otros países europeos desde hace décadas --como
una gestión responsable, una cooperación y una
corresponsabilidad responsable de los trabajadores en la
gestión de una empresa-- levantaran ampollas en determinados
sectores económicos de este país; parece como si se quisiera
echar eso para atrás, no vaya a ser que cunda el ejemplo, no
vaya a ser que otros sectores también pongan su plataforma
reivindicativas y consigan que los trabajadores participen en
la gestión, y no vaya a ser que se consiga el mantenimiento de
una empresa pública en situaciones difíciles.
Desde esa perspectiva, creemos que con ese plan de viabilidad
hay que manifestar el apoyo de la Cámara para que el Gobierno
pueda exigir en Bruselas que las ayudas necesarias para la
recapitalización de Iberia sean permitidas por parte de la
Unión Europea y por parte de la Comisión Europea, como su
órgano ejecutivo. Nos parece muy importante. Sería un desastre
que la Comisión Europea no autorizase esa posible
recapitalización de Iberia. Creemos que no va a haber
argumentos contra ella, pero sería positivo que llenáramos de
argumentos la posición española a la hora de negociar esa
posible recapitalización, esa segura recapitalización.
Este tercer punto que plantea Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya va en ese sentido: que la Cámara preste un apoyo,
que nosotros desearíamos unánime, para que se pueda conseguir
que no haya problemas para la recapitalización de Iberia y que
siga siendo una compañía aérea importante dentro del mercado
europeo y del mercado mundial.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Andreu.
A esta moción se han presentado dos enmiendas, una por parte
del Grupo Popular y otra del Grupo Socialista.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Popular, tiene la
palabra el señor Soriano Benítez de Lugo.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Señor Presidente, señorías,
en primer lugar, quisiera dejar claro que la posición del
Grupo Popular es la de defender a ultranza la continuidad de
la compañía Iberia como compañía de bandera de España. Creemos
firmemente que la compañía tiene solución, pero en lo que no
creemos es en el plan de viabilidad propuesto por el Gobierno
y por el actual equipo directivo de Iberia.
Centrándonos en la moción presentada por Izquierda Unida,
tendríamos que empezar diciendo que es pura ficción referirse
en el mismo prólogo a que el Congreso de los Diputados
manifiesta su voluntad de que la empresa pública Iberia Líneas
Aéreas, perteneciente al grupo Teneo, mantenga su dimensión
actual. Señorías, el Congreso de los Diputados no puede
engañarse a sí mismo. Es materialmente imposible que la
compañía Iberia siga manteniendo las dimensiones actuales,
porque si ya en términos de empleo se empieza con una
reducción de 2.120 puestos de trabajo, no cabe duda que aquí
hay una reducción en la dimensión de la empresa. Y desde el
punto de vista de los activos, nos referimos en términos
económicos, hay que tener en cuenta que ya se ha vendido parte
de esos activos y que la empresa tiene que reducirse
necesariamente.
Cuando en el punto primero de la moción se dice: Realizar
todas las acciones conducentes a solventar los notables
defectos en la gestión de la compañía, nosotros consideramos
que aquí es precisamente donde está el problema de Iberia. En
estos momentos no cabe
decir, como hacía el representante del grupo proponente, que
hay que criticar la gestión de la compañía Iberia. En esta
Cámara estamos para exigir responsabilidades políticas. Y no
cabe duda que los defectos de gestión ponen de manifiesto una
exigencia de responsabilidades por parte del equipo gestor, y
su sustitución inmediata por incompetencia e incapacidad. Si
tenemos en cuenta que a lo largo de estos últimos años, en los
distintos planes estratégicos, jamás se ha cumplido ni una
sola de las previsiones contenidas en esos planes, habrá que
concluir que poca confianza nos puede merecer un equipo
gestor, unos directivos que han llevado a la compañía Iberia a
la situación de quiebra técnica en la que se encuentra en la
actualidad.
En segundo lugar, quisiéramos decir que el propio plan de
viabilidad pone de manifiesto que no se conocen en la
actualidad las circunstancias y la situación en concreto de la
compañía Iberia por dentro. Si tenemos en cuenta que en el
plan de viabilidad se contempla la creación de una comisión
técnica paritaria, con vigencia hasta que se analicen y
definan las siguientes materias, que enumeraré a continuación,
habrá que llegar a la conclusión de que en estos momentos no
se conoce la realidad de la compañía.
Si necesitamos tres meses para conocer los objetivos del grupo
y de cada una de sus empresas, para, según se dice entre los
objetivos de esta comisión técnica, la independencia de la
gestión, para la situación financiera de cada una de las
empresas del grupo, para conocer una visión preliminar de la
reorientación del negocio y de la organización, para
establecer el perfil del equipo directivo necesario para la
nueva gestión y política retributiva de los mismos, para el
ajuste de los resultados de operación de cada una de las
empresas del grupo, para conocer la competitividad real de
cada una de las actividades de cada negocio por cada empresa
del grupo y para el desarrollo de un proyecto de negocio y la
organización para el éxito competitivo; si todas estas
cuestiones deben ser analizadas por esa comisión paritaria que
prevé el plan de viabilidad, tendremos que llegar a la
conclusión de que no conocemos en la actualidad nada de la
situación real de la compañía Iberia, puesto que en este plan
de viabilidad se contempla la creación de una comisión que
vaya a estudiar precisamente todos estos problemas.
Se dice en el documento firmado por ambas partes que éstas se
comprometen a terminar los trabajos de esta comisión técnica
paritaria tres meses después de la firma del presente
contrato. Por ello pedimos la comparecencia urgente ante esta
Cámara del Gobierno para que informe sobre el plan de
viabilidad y para que se lleve a cabo una auditoría que ponga
de manifiesto la realidad concreta de la empresa, que
desconocemos en estos momentos. Por eso, una de nuestras
enmiendas va encaminada a exigir, como digo, la comparecencia
urgente del Gobierno para informar sobre ese plan de
viabilidad que desconocemos por completo. Convendría también
prever la comparecencia de los distintos presidentes de la
compañía, que a lo largo de estos últimos años han conducido
al desastre en el que nos encontramos en la actualidad. En
cuanto a la aprobación de un contrato-programa entre el Estado
y la compañía, compartimos plenamente los términos de la
propuesta, puesto que, como bien ha dicho el Diputado que ha
intervenido con anterioridad, se trata de garantizar un
servicio público en rutas que al no ser rentables para la
iniciativa privada, difícilmente se podrá resolver. En
consecuencia, si tenemos en cuenta determinadas islas menores
de los dos archipiélagos y si tenemos en cuenta determinados
lugares de difícil comunicación, tendremos que garantizar, a
través de una compañía de bandera y a través de un contrato-
programa entre el Estado y la compañía Iberia, que esas rutas
van a tener servicio por encima de su rentabilidad económica.
Comprendemos y apoyamos también la autorización de la Comisión
Europea, de acuerdo, dice el texto de la moción --y aquí los
duendes de las erratas a veces aciertan-- «a gestionar ante la
Comisión Europea la autorización para las ayudas económicas
necesarias para el mantenimiento de la compañía, de acuerdo a
imprevisiones del plan de viabilidad». Aquí precisamente es
donde ustedes aciertan. Son las imprevisiones del plan de
viabilidad, tal como consta en el texto de la moción --y
entiendo que ha sido una errata, supongo que se quería decir
las previsiones-- precisamente la tesis que nosotros venimos
manteniendo, las imprevisiones, insisto, del plan de
viabilidad. De manera que la errata ha sido afortunada, porque
ha puesto de manifiesto la tesis que el Grupo Popular ha
venido manteniendo a lo largo de esta legislatura y de la
anterior.
Por último, quisiera dejar muy claro que no hay nadie más
interesado que el Grupo Popular en resolver los problemas de
Iberia, entre otras razones porque el día que gobernemos, que
cada vez se aproxima más, queremos recibir una compañía en
pleno reflotamiento, en plena rentabilidad, y no tener, como
por desgracia va a ocurrir, que resolver los problemas y la
situación de una compañía a la que el Gobierno actual ha
llevado a la situación de quiebra en la que se encuentra en la
actualidad.
Nosotros creemos que el plan de viabilidad propuesto por la
compañía y por las partes firmantes del acuerdo no es, en
realidad, un plan de viabilidad, sino que es una mera
reducción de costes que sólo pretende obtener la autorización
de Bruselas para inyectar 130.000 millones de nuevo capital.
Estamos de acuerdo en que esta autorización debe lograrse y
debemos aprovechar la coyuntura de que el actual Comisario de
Transportes es un español, que como todos sabemos en el
próximo año dejará de serlo, y tendremos que conseguir esa
autorización con la máxima velocidad a efectos de resolver o
al menos intentar resolver los problemas de la compañía.
Creo que hay que tener fe en el futuro de Iberia y es
precisamente esto lo que actualmente le podemos achacar al
equipo directivo de la misma. Un equipo directivo que ha
llevado a la ruina a la compañía no puede tener fe en el
futuro, por eso exigimos también, en una de nuestras
enmiendas, su remoción.
No nos engañemos, el plan A pretende equilibrar resultados en
1995, pero si se cumplen estas previsiones y nos atenemos al
incumplimiento de las anteriores, con unas tarifas que, no nos
engañemos, van a seguir bajando porque la competencia cada vez
será mayor, difícilmente se podrán equilibrar esos resultados
si no se adopta un plan de viabilidad con plenas garantías. La
historia de los diez últimos años de Iberia se ha
caracterizado por una falta de liderazgo interno, por la
incapacidad progresiva de los gestores, que carecen de un
diseño estratégico más allá de proponer una ampliación de
capital o una reconducción de costes para sobrevivir. Optar
entre distintas alternativas y aplicarlas requiere liderazgo
empresarial con una dirección fuerte, profesionalizada y poco
mediatizada. De ahí que la única alternativa que puede el
Gobierno tener en estos momentos, no nos engañemos, es la de
designar un nuevo equipo profesional revestido de suficientes
garantías de autoridad y de estabilidad, capaz de liderar un
proceso imaginativo de reconversión con los menores costes
sociales.
Por eso, y resumiendo la posición del Grupo Popular, puedo
decir, en nombre del mismo, que vamos a apoyar esta moción,
pero que sin duda alguna nos gustaría ver recogidas las
enmiendas que hemos presentado, que, resumiendo, se reducen a
dos. Una, determinar las responsabilidades del equipo gestor,
procediendo a su sustitución inmediata, convencidos como
estamos de que las mismas personas que han llevado a la ruina
a la compañía no pueden ser las que ahora traten de salvarla.
Por otro lado, hemos presentado una enmienda para lograr la
comparecencia urgente del Gobierno en la Comisión
correspondiente para que explique el plan de viabilidad, el
acuerdo alcanzado entre las partes, porque entendemos que en
estos momentos no se conoce, ni por parte de la propia
compañía, la situación real de ésta. Para que ese plan de
viabilidad pueda tener éxito es preciso conocer la situación
actual, y ésta, insisto, no se conoce, como he puesto de
manifiesto anteriormente y, según se desprende del propio
contenido del acuerdo firmado entre las partes.
Por consiguiente, solicitamos de los distintos grupos de la
Cámara el apoyo a estas enmiendas que consideramos que
perfeccionan y completan la moción presentada por el Grupo
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Soriano.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo
Socialista, tiene la palabra el señor Marcos Merino.
El señor MARCOS MERINO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, mi Grupo venía hoy a este debate pensando que lo que
teníamos que hacer era trasladar desde aquí a los trabajadores
y a la empresa, a los directivos de Iberia, todo nuestro
apoyo, toda nuestra solidaridad para que sigan trabajando y
sacar la empresa adelante, para que la consoliden de cara al
futuro manteniendo el máximo posible del aparato industrial,
porque para nosotros no sólo se trata de una empresa de
bandera, sino que tiene una proyección internacional
consolidada a todos los efectos.
Con esta convicción que traíamos pensábamos que la Cámara
debía respaldar el proceso de negociación que han estado
planteando desde hace unas semanas o unos meses el comité, los
sindicatos y la empresa para garantizar la viabilidad de la
misma. Sin embargo, hemos comprobado que lo que aquí se
discute hoy no es eso, sino si apoyamos realmente ese acuerdo
que han suscrito los sindicatos, los trabajadores con la
dirección de la empresa o, por el contrario, apoyamos a
aquellos colectivos que están en contra de este proyecto, que
están dificultando la salida de la crisis de la empresa, que
están anteponiendo sus intereses a los de la compañía y, por
tanto, haciendo un flaco favor con una actitud absolutamente
insolidaria.
Por eso nos preocupa ver aquí que el enfoque que se da por
algunos grupos al problema de Iberia es exclusivamente la mala
gestión. Creo que eso no sólo no es verdad, sino que, además,
estamos simplificando el problema, porque si eso fuera verdad
tendríamos que llegar a la conclusión de que ninguna de las
empresas del resto del mundo, concretamente, y más en nuestro
ámbito, de Europa, habrían padecido los mismos problemas que
estamos padeciendo nosotros ahora. Sus señorías habrán podido
ver, a través de los medios de comunicación, como lo he podido
ver yo y como lo han podido ver todos los ciudadanos, que
prácticamente todas las compañías europeas e internacionales
están sufiendo el mismo tipo de problemas, están afrontando
los mismos procesos de reconversión, están haciendo frente a
las cuestiones de la misma manera que lo estamos intentando
hacer nosotros; es decir, reducir costos, mejorar los ingresos
provocando un saneamiento financiero, ya que a consecuencia de
la crisis se ha producido una caída en las tarifas y una
disminución de la demanda. Además, se ha producido una
liberalización del mercado, lo que ha hecho que las cosas se
hayan complicado aún más. Por tanto, me parece que no se puede
centrar el problema que viven hoy día Iberia y sus
trabajadores en una mala gestión, porque no sería justo ni
sería una manera razonable de buscar soluciones al problema.
Me parece que la solución está en que se adopten las medidas
que son precisas, y en ese sentido creo que el marco que han
elaborado tanto sindicatos como trabajadores y empresa es el
marco en el que todos nos tenemos que mover. Ahí se aportan
las soluciones que son necesarias: se plantea la reducción de
gastos; se habla del aumento de ingresos; se produce un
saneamiento financiero; se plantea un nuevo marco de
relaciones laborales donde se incorporan elementos, como una
nueva política de empleo, nuevas condiciones de trabajo y
nueva política salarial. En definitiva, se adoptan todas las
medidas que en este marco es posible plantear, además de un
nuevo plan de inversiones.
Aparte de ello, se establece algo que es lo que yo creo que
más rechazo genera en algunos sectores de este Parlamento: un
nivel de participación de los agentes sociales, no sólo en el
Consejo de Administración de la empresa, sino también en la
Comisión Ejecutiva. Además, se crean una serie de comisiones
de seguimiento y control del propio desarrollo del plan, lo
cual es razonable, porque nadie puede imaginar, como aquí se
está planteando, que, de la noche a la mañana, se firma un
plan y a partir de ese momento ya está todo decidido y ya está
todo hecho; el plan necesita un desarrollo, y para controlar
su eficacia y su correcta aplicación es necesario que todos
los agentes que han participado en su negociación mantengan su
presencia. Yo creo que esto es correcto, esto es importante, y
es algo que viene a consolidar una estrategia de futuro para
la compañía Iberia. Creo que con este plan se va a garantizar
el futuro de la empresa en condiciones competitivas para
luchar en un mercado abierto como el que en este momento
tienen que luchar tanto Iberia como el resto de las compañías.
Todo ello no elude que se puedan ir adoptando medidas
complementarias, como puedan ser las posibles alianzas que, al
final, lo que van a permitir es consolidar nuestra presencia,
mejorar nuestra capacidad de influencia en el mundo y, por
tanto, mejorar nuestra rentabilidad y nuestra gestión
empresarial.
Entrando ya en el fondo del asunto, tengo que decir que
nuestro Grupo venía con la intención, como he dicho al
principio, de sacar de aquí una moción consensuada por la
mayoría de los grupos, puesto que ello supondría el respaldo
de la gestión realizada por los sindicatos y la Dirección de
la empresa; sin embargo, tal y como está planteada la moción,
creemos que no se va a poder conseguir.
El primer punto de la moción, que habla de los defectos de la
gestión, creemos que se está refiriendo al pasado, y nosotros
pensamos que este planteamiento debe ser de futuro. No creo
que nadie pueda argumentar con rigor que la situación actual
de Iberia es el resultado de una mala gestión, porque vuelvo a
repetir que entonces el resto de las compañías aéreas no
tendrían ningún problema y tienen los mismos que nosotros. Por
tanto, lo que tendríamos que hacer es plantear que hay que
garantizar una mejora de la gestión que nos permita garantizar
su viabilidad de cara al futuro.
El segundo punto, que habla del contrato-programa, creemos que
es contradictorio con el punto tercero, puesto que, por un
lado, estamos planteando que hay que ir a Europa a pedir la
ayuda que provoque ese saneamiento financiero, y, sin embargo,
el punto número 2 lo que hace es incorporar dificultades, ya
que estamos planteando una subvención permanente de la
empresa. Creemos que esto no es así y que incluso éste es un
elemento que ha sido tratado en la negociación por parte de
los agentes sociales y de la dirección y que no debiéramos de
incorporar ningún elemento nuevo que distorsione el propio
proceso de negociación que ha tenido lugar entre las partes.
Nosotros proponemos cambiar lo que dice ese punto 2 por otro
que diga: estimular el acuerdo entre los agentes sociales y la
dirección.
En el punto tercero estamos de acuerdo, pero siempre
condicionado a que haya concluido el proceso de negociación,
que está abierto y que ya cuenta con un acuerdo, que además ha
sido respaldado por el conjunto de los trabajadores y que, por
tanto, plantea una mayor seguridad en el sentido de que este
plan tiene muchas posibilidades, por no decir todas, de salir
adelante y de permitir que en el futuro esta compañía se
consolide de manera clara y definitiva. Yo creo que lo que
deberíamos de decirdir hoy en este Parlamento es el apoyo del
acuerdo que han suscrito los trabajadores, los sindicatos y la
dirección de la empresa, estimularles para que sigan avanzando
en el desarrollo del plan y animarles a que fijen todas las
variables que se puedan producir, a la vista de lo que ha sido
hasta este momento la evolución del propio sector. Hay que
tener en cuenta que la caída del mercado y la caída de precios
no es algo que haya pillado a contra pie a Iberia ni al resto
de las compañías europeas e internacionales, sino que ha
pillado a contra pie a la propia Comunidad Económica Europea,
porque si ustedes se han leído el informe que hizo dicha
Comisión Económica Europea, se habrán dado cuenta de que
ninguno de los parámetros que en precios y en mercados ellos
habían establecido se ha cumplido, es decir, estamos ante una
situación que ha sido mucho peor de lo que todos preveíamos.
En este sentido, yo creo que el Parlamento --reitero-- debiera
apoyar el acuerdo que han suscrito los trabajadores, los
sindicatos y la dirección de la empresa, porque así estamos
apoyando una solución de futuro para Iberia y sus trabajadores
y una empresa importante para España y para el mundo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Marcos.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición en este
debate? (Pausa.) Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor
Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.
Hablaré también en representación del Grupo Vasco, en este
caso, para manifestar que la moción es oportuna, pero, a
nuestro modo de entender, insuficiente para un tema tan grave
como el que estamos tratando en estos momentos.
Yo creo que ni podemos ni debemos acoger y despedir este tema
con esta propuesta, y menos someterla a votación, ya que
prácticamente deja la situación como está ahora, sin esperar a
la aplicación de un plan de viabilidad, lo que parece muy
necesario.
No parece tampoco oportuno obligar a posicionarse al
Parlamento sobre soluciones a favor de la publicidad o
privatización, a favor o en contra de la gestión y a favor de
solicitar ayudas a otras instancias, cuando todavía nos
encontramos en una situación de negociación.
Apoyar el apartado dos, sobre aprobar un contrato-programa
entre el Estado y la compañía Iberia, nos dejaría en la misma
situación en que estamos y, sobre todo, no nos llevaría a
avanzar en una solución que el plan de viabilidad, que
desconocemos, no nos ha mostrado.
Por otra parte, tampoco podemos instar a nadie, en este caso
al Gobierno, a solicitar autorización para ayudas a la
Comisión Europea, sin conocer --insisto-- el plan de
viabilidad y sus consecuencias. Por supuesto que estamos por
mantener Iberia, pero después de un plan de saneamiento
general y de conocer los planes de futuro de sus respectivas
secciones o de compañías incorporadas a la compañía general.
Este Parlamento, insisto, desconoce el plan. Tenemos
información podría decir que casi a título individual a través
de los medios de comunicación, y esta situación no nos gusta
en absoluto, y mucho menos tener que debatir esta moción y
tomar una decisión. Por eso creemos que, en breve plazo, debe
cambiar la situación de desinformación en la que nos
encontramos.
Por todo lo anterior, estamos de acuerdo con la enmienda
presentada por el Partido Popular cuando plantea que «el
Congreso de los Diputados acuerda la comparecencia urgente del
Gobierno en la Comisión correspondiente para que informe en
relación a la situación de la compañía Iberia, específicamente
en los siguientes puntos», y cita puntos que, como están en
manos de todos los parlamentarios y las señorías aquí
presentes, no los voy a leer. Pero lo que sí nos hubiera
gustado es que hubiera añadido que la comparecencia del
Gobierno en la Comisión correspondiente --que yo propondría
que fuera la de Industria-- incluyera, además de los puntos
que indica la enmienda, también el plan de viabilidad
propuesto por la empresa.
Además, quisiera aprovechar esta oportunidad para manifestar
nuestro acuerdo con las enmiendas planteadas por el Partido
Socialista, sobre todo aquella que está instando a la
negociación y al acuerdo entre los sindicatos y la dirección
de Iberia. Hoy por hoy creemos que es la postura más adecuada
para fomentar el acuerdo y favorecer la negociación. Por eso
apoyaremos esa enmienda y no la segunda presentada por el
Grupo Popular, porque aunque podemos ser críticos con la
gestión, no nos parece que corresponde al Parlamento el
decidir quiénes deben ser los gestores de la compañía.
También aprovecho la oportunidad para instar al Gobierno a que
se adopten actitudes e iniciativas más valientes y que se
actúe previamente para el saneamiento de las empresas
públicas. Porque llegar a situaciones como las que ahora
estamos no favorecen ni la actuación parlamentaria ni la
actuación del Gobierno, y dejan a las compañías en una grave
crisis social y no sólo laboral.
Por eso consideramos que quizás lo oportuno hubiera sido --y
si se tomara la palabra me gustaría que así fuera-- crear,
dentro de la Comisión de Industria, una Ponencia de
seguimiento de la situación de Iberia, porque se daría
información al Parlamento y se podría actuar con un criterio
más amplio que el que actualmente tenemos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Albistur.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Olarte.
El señor OLARTE CULLEN: Señor Presidente, señorías, no es
preciso hacer gala de una sensibilidad especial por parte de
Coalición Canaria a la hora de acreditar y de expresar en esta
Cámara la preocupación profundísima que nos suscita la grave
situación económica por la que atraviesa la compañía aérea
Iberia, que tantos servicios ha prestado y que tiene que
continuar prestando en un archipiélago como el canario y, como
tal, tan fragmentado y con dificultades enormes de
comunicación entre nosotros mismos y con respecto al exterior.
No es preciso acreditar, al propio tiempo, cómo nosotros
estamos de acuerdo con la liberalización creciente y con la
competencia, porque es fundamental, entre otras razones, para
el acercamiento de las islas entre sí y con respecto al mundo
exterior, acercamiento que en los últimos tiempos precisamente
no se preocupó siempre de conseguir con sus tarifas la
compañía aérea.
Y no es preciso aludir al derecho que también tenemos a que
este servicio se plantee desde la perspectiva de la
consagración del hecho insular en el artículo 138 de la
Constitución y de la necesidad de que se compatibilicen los
contratos-programa, atendiendo de manera muy especial a
aquellos lugares, aquellas zonas territoriales que no disponen
de otras posibilidades alternativas de comunicación.
Por supuesto que a Coalición Canaria dos son las
preocupaciones fundamentales que esta cuestión le merecen. En
primer lugar, la situación de tantos miles y miles de
trabajadores dependientes de la compañía Iberia y que desde
hace mucho tiempo se encuentran sumidos en la más profunda de
las preocupaciones, dada esta situación de quiebra en que está
la compañía y que no ha hecho precisamente vaticinar augurios
muy favorables de cara a un futuro que todos deseamos se
resuelva satisfactoriamente. Ello, unido a la necesidad de la
garantía en el servicio que para nosotros los canarios es
preocupación también fundamental y en parangón con lo
anterior, hace innecesario que continúe profundizando en esta
cuestión.
Lo que sí me parece oportuno es recordar que hace un mes
aproximadamente Coalición Canaria solicitó la comparecencia
ante la Comisión correspondiente del Presidente de la compañía
Iberia para informar sobre la situación actual del grupo, y de
manera muy especial de las perspectivas de presente y de
futuro en el Estado español y en el archipiélago canario
concretamente. Por tanto, no es que nosotros quisiéramos hacer
un análisis retrospectivo ni mirar hacia el pasado, sino que
el futuro es algo que nos preocupaba, y mucho, como al
principio de mi intervención había dicho.
Han pasados días, semanas, y esta comparecencia, que para
nosotros era fundamental, no ha tenido lugar, al igual que
tampoco tuvo lugar otra que preocupaba mucho a Coalición
Canaria, como era la del Presidente de Tabacalera tras cuya
solicitud dos interpelaciones y una moción, que se verá a
continuación de mi intervención, han tenido lugar precisamente
en esta Cámara. Y nosotros esperando, esperando y esperando.
Habría sido muy buena la comparecencia del Presidente de la
compañía de Iberia, señorías, entre otras cosas para que hoy
nos pudiese dar un detalle de una cantidad de cuestiones que
no se han planteado en las anteriores intervenciones y que
creemos que son del máximo interés. En primer lugar, por qué
el famoso plan Indebo, en el que se habían depositado tantas
esperanzas en 1985 aproximadamente, no fue seguido, por qué
razón a la vista de quienes tenían algo que expresar al
respecto se produjeron unas desviaciones tan importantes en
este plan.
El problema de Iberia se remonta precisamente a la entrada en
el poder de los socialistas en 1982, y es curioso, porque fue
en ese año cuando se descartó la creación de los llamados
terceros niveles, que podían haberse apoyado perfectamente en
los «focker» que tenía la compañía Iberia y que fueron
malbaratados cuando podían haber prestado un servicio
extraordinario, y, sin embargo, para satisfacer los intereses
de CASA, se prefirió invertir miles y miles de millones de
pesetas en unos aparatos que no pueden llevar mercancías,
aunque en algunos lugares donde el territorio es fragmentado y
donde no hay otra posibilidad de comunicaciones rápidas eran
fundamentales, sobre todo para el transporte de mercancías
perecederas, y ni siquiera se compatibiliza el traslado de un
número más o menos importante de pasajeros con un número de
bultos realmente exiguo, pero había que atender los intereses
de CASA, y, lógicamente, Iberia tenía algo que pagar en la
cuestión.
Lo mismo cabe decir de la compañía Aviaco, dedicada a los
vuelos «charter», compañía que movía el 25 por ciento de todo
el tráfico germano hacia España, y en vez de mejorar su flota
y de depositar el tráfico «charter» en esa compañía, que casi
en la totalidad de sus acciones eran propiedad de Iberia, sin
embargo, no sabemos porque, se crea Viva-Air con Lufthansa,
posteriormente Lufthansa por una dirección inadecuada se
aparta de Viva-Air y, sin embargo, ¿qué es lo que se produce?
La adquisición de unos aparatos que cuestan miles y miles de
millones de pesetas ante la incomprensión de quienes podían
tener una mayor capacidad para compreder por qué se habían
producido aquellas adquisiciones.
¿Por qué posteriormente se produce la inversión en Aerolíneas
Argentinas? ¿Por qué estaba a punto de producirse en estos
días la inversión en Cubana de Aviación, similarmente a como
se había producido en Aerolíneas Argentinas? Yo me pregunto
por qué estuvieron durante años esa media docena de airbuses
modelo 300 inoperativos en el aeropuerto de Barajas. ¿Cuánto
ha supuesto, no ya de lucro cesante sino de costes financieros
la paralización de seis airbuses durante años en las pistas de
Barajas?
Nos gustaría saber las respuestas a todas estas preguntas.
Nosotros no defendemos al SEPLA, ni al grupo de pilotos de
Iberia en absoluto, pero de lo que no cabe duda es que de una
manera habilidosa se ha tratado de desviar la atención pública
hacia las percepciones millonarias de los comandantes y de los
segundos comandantes de la compañía Iberia, sin reparar en
que, con la excepción de British, tanto Lufthansa, como KLM,
Suisse-Air y, Air France tienen unos salarios similares a los
que existe en la compañía Iberia. Y he aquí que cuando ellos
proponen una profundización en el plan de viabilidad --las
consecuencias de la reducción del 15 por ciento en los
salarios de los comandantes y de los segundos comandantes iban
a ser mínimas si se compara con el objetivo a conseguir, la
viabilidad de Iberia--, sin embargo, ahí se produce una
maniobra de distracción realizada inteligentemente, es
indiscutible, porque habiendo tanto paro y tantos salarios de
miseria, poco o nada proclive sería la opinión pública a
considerarles como privilegiados sin entender la difícil
misión y la altísima responsabilidad que tienen los
conductores de aparatos tan caros en los que viajan miles de
personas.
Estamos en presencia de un tema no complejo, complejísimo; de
un tema que no se puede solucionar en
el reducido ámbito temporal de estas intervenciones de tres
cuartos de hora en conjunto; de un tema que desde luego
habríamos podido plantear mucho mejor si hubiéramos tenido la
posibilidad de que el Presidente de Iberia, como Coalición
Canaria solicitó hace cuatro semanas, hubiese explicado
anteriormente ante los distintos grupos parlamentarios la
situación real de la Compañía y se hubiese sometido a las
preguntas respecto de la Compañía y del grupo Iberia.
Creemos que se ha simplificado excesivamente, lo cual no es
obstáculo para que valoremos como positiva la incorporación de
una de las enmiendas del Grupo Popular. Me refiero
concretamente a una que no está numerada, es la única enmienda
de adición, que tiene por objeto la comparecencia del Gobierno
en la comisión correspondiente para especificar la situación
de la Compañía en cuanto a una serie de puntos que aquí se
contienen: la misión y objetivos del grupo, de cada una de las
empresas, la situación financiera de cada una de las mismas,
la visión preliminar de la reorientación del negocio y la
organización, el desarrollo de un proyecto de negocio, la
organización para el éxito competitivo, etcétera. Nos parece
positivo y apoyaríamos esta parte de la iniciativa de
Izquierda Unida si se incorporase algo que sería, como mínimo,
extraordinariamente ilustrativo para la Cámara a la hora de
tomar otras decisiones que tienen que venir, que tienen que
venir porque no en balde nos encontramos en presencia de una
situación crítica para un servicio fundamental por parte de
una de las empresas públicas más importantes y, por supuesto,
algo que en el presente momento está concitando la
preocupación de todos los españoles.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Olarte, vaya
terminando, por favor.
El señor OLARTE CULLEN: Termino ya, señor Presidente.
Sabemos que hay problemas, la desaparición del monopolio, los
mercados cautivos, la guerra de las competencias, sabemos que
esa crisis tiene que producirse con un impacto mucho más
notable en empresas configuradas en una dimensión de lo
tradicional, vamos a decirlo así, pero, evidentemente, no es
de recibo que continuemos en la situación en que nos
encontramos y que nosotros podamos tomar decisiones sin un
conocimiento previo y mínimo de algo tan importante como esto,
que incluso para algunas personas, que puedan encontrarse en
la Cámara y que están versadas en la cuestión, resulta
imposible determinar en el presente momento sin ese
conocimiento exhaustivo que hace un mes solicitó Coalición
Canaria a través de la comparecencia del Presidente de Iberia,
que hoy nosotros mantenemos, a la par que lo conjugamos con la
necesidad de que comparezca el representante responsable del
Gobierno para explicarnos en la comisión correspondiente cuál
es la situación de presente y, sobre todo, la situación de
futuro.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Olarte.
Para fijar la posición del Grupo Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores diputados, sería injusto negar el acierto
político de la iniciativa parlamentaria que ha presentado el
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya respecto a
la moción para discutir el futuro de Iberia, cuando realmente
todos los grupos parlamentarios de esta Cámara sabemos que se
está cociendo el futuro de esta gran compañía a través de las
negociaciones que están manteniendo los diferentes agentes
sociales en las distintas negociaciones que estamos observando
cada día a través de los medios de comunicación.
He de manifestar al Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya que desde Convergencia i Unió también compartimos la
preocupación de este problema gravísimo de la Compañía Iberia;
preocupación que ya manifestamos durante la última
comparecencia en la Comisión de Industria del Presidente del
grupo Teneo y del grupo Iberia, señor don Javier Salas,
durantela que nosotros ya expusimos nuestra posición respecto
a las posibles soluciones de este problema tan serio como es
la competitividad en el futuro de la Compañía Iberia.
Seguramente compartimos en el fondo la preocupación de la
continuidad de la misma; lo que pasa es que tenemos diferentes
puntos de vista de cara a las posibles soluciones para
intentar salvar la Compañía, para poderla dotar de
competitividad, para modernizarla, para aplicarle criterios de
gestión como los que están siguiendo otras compañías públicas
que han pasado por diferentes procesos de reconversión y que
hoy afortunadamente están saliendo de la crisis. Antes de
decir cuál va a ser la posición de nuestro Grupo, quisiera
manifestar, tal como lo hicimos en la Comisión de Industria,
cuáles han sido los criterios que, desde nuestro punto de
vista, han llevado a la situación de la Compañía Iberia en
estos momentos. Nosotros observamos que, para solucionar el
problema gravísimo de la Compañía Iberia, se ha de dar una
vuelta de 180 grados a la gestión de la misma. La gestión que
han llevado a cabo los últimos gestores de Iberia nosotros la
hemos calificado como deficiente, que ha llevado al desastre
económico a la Compañía hasta unos límites caside quiebra
técnica, con el peligro que esto comportaría de cara a la
continuidad de los puestos de trabajo, de cara a la
competitividad de la misma. Llegamos a decir en la Comisión,
incluso, que era una gestión temeraria,
ya que en los últimos cuatro años se ha llegado a unas
pérdidas de 200.000 millones de pesetas, pérdidas acumuladas
básicamente por unas inversiones equivocadas que se hicieron a
finales de la década de los 80 en aparatos importantes de la
Compañía McDonnell-Douglas, Boeing, Airbús, que finalmente,
por deficiencias de tesorería, tuvieron que abandonar estos
contratos y estos aviones, ya que no se podían atender los
pagos de los alquileres de los mismos. También nosotros
calificamos de negativas las inversiones efectuadas en las
compañías latinoamericanas, que, a pesar de que iban
orientadas a penetrar en el mercado de Estados Unidos, dejaron
un pasivo financiero de 300.000 millones de pesetas, no
pudiendo en la actualidad la Compañía Iberia hacer frente al
pago de los intereses que comporta dicho pasivo financiero. De
cara a la aportación de soluciones futuras, nosotros también
insistimos en la Comisión al Grupo Parlamentario Socialista y
al actual equipo dirigente en que sería importante ver lo que
han hecho otras compañías de los países de la Unión Europea y
de otros países americanos. Tenemos el ejemplo demostrativo de
la Compañía Lufthansa. ¿Cómo ha resuelto esta Compañía los
problemas gravísimos de reconversión por los que atravesaba en
los últimos dos años? Hizo un plan de reestructuración muy
fuerte. Privatizó dos millones de acciones, y a finales del
mes de septiembre del año 1994 la Compañía Lufthansa estaba
privatizada en un 68 por ciento y con posibilidad de
generación de beneficios de cara al año 1995 o al año 1996.
Posibilidad de privatización que nuestro Grupo compartía.
Afirmábamos que era necesario aplicarla a mediados de 1993,
antes de que la crisis pudiera llegar a los términos a que ha
llegado últimamente. Hoy, desgraciadamente, es totalmente
imposible efectuar esta privatización, ya que difícilmente
encontraremos capital privado que pueda ir a una compañía que
está quebrada técnicamente. Difícilmente, también, podríamos
incorporar la privatización a través de la Bolsa, ya que es
una Compañía que se encuentra en pérdidas y no lo aceptaría la
Comisión Nacional de Valores.
También poníamos el ejemplo de la situación que habían
padecido las compañías en Estados Unidos. Las compañías que
han privatizado una parte de su capital a los técnicos,
directivos, pilotos y auxiliares, hoy están realmente saliendo
de la crisis. Hay ejemplos muy paradigmáticos, como la
Compañía United Airlines, que con un 55 por ciento del capital
en manos de los trabajadores, de los técnicos y de los pilotos
prácticamente tienen el plan de viabilidad resuelto con
expectativas importantes de beneficios. También hay otras
compañías norteamericanas que han seguido el ejemplo de United
Airlines, como son las compañías Southwest y Northwest, cuyo
capital, que antes estaba en manos privadas, lógicamente, lo
han privatizado a través de los diferentes agentes sociales de
la compañía y, aunque ha sido en porcentajes menores, también
les está dando un buen resultado de rentabilidad y de
competitividad.
Yo pienso que realmente el problema por el que hoy están
atravesando las compañías aéreas internacionales es un
problema de competitividad y de costes.
Por último, no quisiera dejar de detallar que ha habido otros
países europeos que han resuelto el problema de la crisis de
las compañías aéreas a través de privatizaciones muy
importantes, muy bruscas, que nosotros entendemos que hoy el
gobierno español no está en condiciones de poderlas afrontar,
como es el caso de la privatización de la Compañía British
Airways, inglesa, que teniendo una plantilla de 40.000
trabajadores, habiéndola incrementado en un 100 por cien,
habiendo pasado los últimos años de 20.000 trabajadores a
40.000 trabajadores, va a obtener unos beneficios de 100.000
millones de pesetas en el año 1994.
También hay que dejar constancia de que hay otros países que
quizá tecnológicamente están mucho más avanzados que el
nuestro y que no han resuelto el problema de las compañías
aéreas, como es el caso de Francia, que está esperando la
solución de la subvención o de la ampliación de capital que ya
le ha autorizado la Unión Europea, y también hay otros países
como Italia, cuya compañía Alitalia está en un proceso de
privatización, pero con grandes dificultades financieras. Por
tanto, nuestro Grupo Parlamentario va a apoyar todas aquellas
iniciativas que vayan encaminadas a un acuerdo rápido para que
la dirección de la Compañía y los sindicatos aprueben un plan
de competitividad para que finalmente la comisión europea
pueda autorizar la ampliación de capital y para que esta
compañía sea competitiva, podamos impedir el desglose de la
Compañía Iberia, ya que nuestro Grupo siempre ha manifestado
que no está en absoluto de acuerdo con esta solución y, en
definitiva, para dotar a la Compañía Iberia de una solución
coyuntural para que pueda ser competitiva a través de estas
ayudas que han de venir autorizadas por la Comisión Europea,
siempre y cuando el plan de viabilidad sea competitivo, sea
objetivo y sea real.
Así, pues, nosotros vamos a apoyar esta iniciativa que ha
presentado Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, siempre y
cuando pueda incorporar en su detalle las enmiendas que ha
presentado el Grupo Socialista, ya que entendemos que van en
esta dirección de competitividad, de objetividad y de
seguramente la aprobación definitiva de la Comisión Europea a
través de un plan real que pueda dar salida a la
competitividad de la Compañía Iberia.
Por tanto, señoras y señores Diputados, nuestra posición va a
ser el voto favorable a esa iniciativa, siempre y cuando se
puedan incorporar estas enmiendas del Grupo Socialista que
reflejan en parte la preocupación nuestra y del Grupo de
Izquierda Unida para poder dar
salida a esta crisis que está afectando al sistema aéreo
internacional de toda la Unión Europea.
Muchas gracias, señoras y señores Diputados y señor
Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Sánchez i Llibre.
El señor Andreu tiene la palabra para indicar si acepta o no
las enmiendas presentadas por los Grupos Popular y Socialista.
El señor ANDREU ANDREU: Muchas gracias, señor Presidente. Seré
breve, pero mínimamente explicaré, por la complejidad de la
moción resultante, la transacción que ofrezco a los diferentes
grupos parlamentarios que han presentado enmiendas a la
moción.
En primer lugar, a la enmienda número 1, del Grupo
parlamentario Socialista, que se presenta al punto 1, le
ofrezco la transaccional que diga literalmente... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor
Andreu.
¡Silencio, señorías! Si no, es imposible poder atender las
transacciones que en este momento está planteando el señor
Andreu.
Continúe, por favor.
El señor ANDREU ANDREU: Gracias, señor Presidente.
Ofrezco una transacción que diga, literalmente: «Realizar toda
las acciones conducentes a superar las insuficiencias en la
gestión de la compañía».
Con eso consideramos que se encuentra en un sentido positivo,
tal y como reclamaba el Grupo enmendante, y desde luego en
unos tonos bastante constructivos y con una crítica incluso
menos feroz que la que se plantea desde otras intervenciones.
En cuanto a la enmienda que se plantea al punto número 2 por
parte del Grupo Socialista, ofrezco a ese Grupo la posibilidad
de que esa enmienda, en vez de ser de sustitución, se
convierta en una enmienda de adición, con lo cual el segundo
punto de la moción, que planteo como transacción, quedaría tal
cual está plateado en la moción presentada por Izquierda
Unida.
El segundo punto quedaría: «Aprobar un contrato-programa entre
el Estado y la compañía Iberia que cubra el servicio público
realizado por la misma». Creo que ha habido en esta Cámara
intervenciones suficientemente expresivas como para explicar
el porqué del mantenimiento de este punto.
Quedaría un tercer punto, que sería la sustitución, que
Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluña convierte en adición,
y que quedaría así: «Estimular el acuerdo entre los sindicatos
y la dirección de Iberia para aprobar, con el máximo apoyo
posible, el plan de viabilidad suscrito por la dirección de la
empresa y los sindicatos, que permita hacer de Iberia una
empresa solvente, competitiva y de futuro».
El cuarto punto, que sería también una transacción con el
Grupo Socialista relativa a la enmienda número 3, quedaría:
«Una vez que culminen las negociaciones emprendidas entre la
dirección de Iberia y las centrales sindicales mayoritarias,
cuyos objetivos han sido ratificados en referéndum por los
trabajadores, gestionar ante la Comisión Europea la
recapitalización prevista en la empresa».
Por último, un quinto punto sería una transacción que le
ofrezco al Partido Popular sobre la enmienda adicional que
propone. Con la transacción, quedaría del siguiente tenor: «El
Congreso de los Diputados acuerda la comparecencia urgente en
la Comisión correspondiente para que informe en relación a la
situación de la Compañía Iberia y del plan de viabilidad
propuesto».
Con ello, señor Presidente, consideramos que queda una moción
perfectamente equilibrada, que toca los temas que realmente
son problemáticos en la compañía y que, además, intenta buscar
una solución con el mayor consenso posible de la Cámara, pero
sin obviar ninguno de los problemas reales que tiene la
Compañía Iberia.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Andreu.
Señor Marcos Merino, ¿acepta la enmienda transaccional
propuesta por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya?
El señor MARCOS MERINO: Aceptaríamos las enmiendas que ha
planteado, salvo en el punto número 2, ya que es una
modificación al acuerdo suscrito entre los sindicatos y la
propia dirección de la empresa y que, además, es una
dificultad añadida a la posibilidad de conseguir la aprobación
del plan por parte de la Comunidad Económica Europea. Por
tanto, no podemos estar de acuerdo.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Es decir, que
únicamente aceptaría la transaccional si se eliminara el punto
2.
El señor MARCOS MERINO: Efectivamente, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Señor Andreu?
El señor ANDREU ANDREU: Según el criterio de mi Grupo
Parlamentario, eso no sería posible, porque sería tanto como
negar uno de los problemas fundamentales
que tiene Iberia, como es el del tráfico en lugares que son un
servicio público y, obviamente, el Grupo Socialista, de forma
inexplicable, no lo quiere abordar en esta moción.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): En consecuencia, en
los puntos 1, 2 y 3 la moción queda en los términos planteados
por el Grupo de Izquierda Unida.
Señor Soriano, ¿acepta el Grupo Popular la propuesta de
transacción planteada por el señor Andreu a su enmienda?
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Indudablemente, nosotros
aceptamos la introducción del punto referente a la
comparecencia urgente en la Comisión correspondiente por parte
del Gobierno para explicar la situación de Iberia y el plan de
viabilidad propuesto, lo que no podemos aceptar son los puntos
3 y 4 porque parten de la base...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Perdón, señor Soriano.
Como el Grupo Socialista no ha aceptado la transaccional, lo
que se sometería a votación en este momento, en el caso de que
S.S. aceptara la enmienda, serían los puntos 1, 2 y 3 de la
moción del Grupo de Izquierda Unida en su redacción original,
más la transacción que propone a la enmienda del Grupo
Popular.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Entonces, aceptamos la
enmienda transaccional.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias.
En los términos de mantener los tres puntos de la moción en el
texto inicial de Izquierda Unida, más la enmienda
transaccional de adición presentada al Grupo Popular, se
someterá a votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, que se somete a votación en los
términos resultantes de la aceptación parcial de la enmienda
del Grupo Popular, con la transacción resultante del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 314; a favor, 151; en contra, 163.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción. --DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS PARA
GARANTIZAR LA EFICACIA DEL GASTO PUBLICO EN LOS SUPUESTOS DE
CONTRATACION POR CONCURSO O DE CONTRATACION DIRECTA CON
CARACTER GENERAL Y, EN CONCRETO, EN LA CONTRATACION DEL SECTOR
PUBLICO ESTATAL CON EL GRUPO «CONTROL Y APLICACIONES, S.A.»
(CAE), DESDE 1989 A 1991 (Número de expediente 173/000063)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular, subsiguiente a
interpelación, sobre medidas para garantizar la eficacia del
gasto público en los supuestos de contratación por concurso o
de contratación directa con carácter general y, en concreto,
en la contratación del sector público estatal con el grupo
«Control y Aplicaciones, S.A.», desde 1989 a 1992.
En nombre del Grupo proponente, tiene la palabra el señor
Fernández de Trocóniz. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio, por favor. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Fernández de Trocóniz.
El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Señor Presidente,
señoras y señores Diputados, me imagino que habrán recordado
SS.SS. que hoy es martes y 13, día aciago para algunos, día,
tal vez, señalador de mala suerte, pero les puedo garantizar,
señoras y señores Diputados, señor Presidente, señor Ministro
de la Presidencia, Pérez Rubalcaba, al cual agradezco
enormemente su presencia hoy para discutir la moción
consecuencia de interpelación formulada hace 15 días,
ciertamente --les decía--, señoras y señores Diputados, que no
soy supersticioso. Por consiguiente, no creo que los hados
vayan a dar como consecuencia del debate de esta moción ni
mala suerte en cuanto a su, tal vez, aprobación o no
aprobación, en cuanto al desenvolvimiento futuro de los
acontecimientos que hoy se dimanen como resultado de esta
moción.
La moción, lógicamente --y es bueno decirlo--, es reproducción
natural de la interpelación que ya en su día formulamos sobre
lo mismo; es decir, consta de tres puntos básicamente. Por un
lado, que por parte del Gobierno no solamente, porque no es
bastante a través de la reforma que pretende introducir en la
contratación de las Administraciones Públicas, que básicamente
no contempla el supuesto que nosotros formulábamos en la
moción, que se cree, que se implemente, que se formulen las
inspecciones internas necesarias de la Administración para
controlar la discrecionalidad que se produce en la
adjudicación de los contratos de las Administraciones
Públicas, bien por concurso, bien por adjudicación directa, a
los efectos de conocer el margen de discrecionalidad que se
viene utilizando, para evitar, en la medida de lo posible, la
arbitrariedad que se da en la contración por parte de las
Administraciones
Públicas, y buena razón de que existe este portillo, de que
existe esta puerta abierta en estos supuestos de arbitrariedad
son los casos denunciados de corrupción en nuestra
Administración, y aquí está el señor Ministro de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente que precisamente acaba
de invitar nuevamente a los contratistas a que se abstengan de
hacer prácticas no ortodoxas en lo que se refiere a todas la
materia de contratación. Lamento que no me escuche, pero se lo
vuelvo a repetir. (Rumores.) En materia de contratación por
concurso o adjudicación directa existe una puerta abierta,
siempre innecesariamente, a la discrecionalidad que puede
devenir en arbitrariedad, y solamente a través de la
inspección de la contratación realizada no sólo, por supuesto,
por la Administración del Estado, sino también por todo tipo
de Administraciones públicas, comunidades autónomas, estén
gobernadas por ustedes, estén gobernadas por el Partido
Popular o sea quien sea quien las gobierne, así como por
ayuntamientos, diputaciones, corporaciones locales y entes
públicos en general, es muy importante conocer cuál es la
relación de obras adjudicadas, suministros adjudicados,
servicios públicos adjudicados por estas dos vías de
contratación, a los efectos de conocer y poder determinar la
justeza del procedimiento empleado, la justeza de la
adjudicación realizada, la justeza de la finalidad perseguida
por las contrataciones.
Esta inspección, necesaria dentro de la Administración, no
puede referirse, como es lógico, sólo a la contratación
realizada en los últimos cinco años, como pedimos en el primer
punto de nuestra moción, sino que es necesario que se realice
anualmente y se informe a la Cámara adecuadamente del buen y
útil gasto que se ha realizado de los Presupuestos que esta
Cámara aprueba cada año para que el Gobierno disponga de
ellos.
Es una medida que consideramos ciertamente innovadora en
nuestro ordenamiento; es una meidida que consideramos
ciertamente incómoda para algunas administraciones; es una
medida que, sin embargo, adivinamos ciertamente útil para el
adecuado desenvolvimiento y la eficacia de las
administraciones públicas en general.
Junto a ello hemos de volver a incidir en aquello que pedimos,
en aquello que se dice de que queremos convertirlo en algo así
como un tribunal de la Inquisición, lo que usted decía señor
Ministro que queríamos convertir en autos de fe respecto a
algo que sinceramente no lo es.
El Grupo Popular pide la creación de una comisión de
investigaciójn que conozca e investigue parlamentariamente el
caso Palomino. Necesario es repetir aquí y ahora, una vez más,
que nos encontramos ante un supuesto de pagar mucho por algo
que no vale nada o muy poco. Se pagan nada menos que
trescientos millones de pesetas, se hace un buen regalo, se
hace un regalazo a una persona que, como consecuencia de ser
vos quien sois --y este vos no es nada menos que el hermano
político del Presidente del Gobierno--, hace inducir a la
sospecha en cuanto a la razón del regalo, a la finalidad del
regalo, en definitiva, a por qué sucede este --en la
terminología al uso en los últimos tiempos en España--
pelotazo.
Señoras y señores Diputados, en la medida en que nos
encontramos con esta serie de connotaciones, con estas causas,
entendemos que el Parlamento debe investigarlo, debe conocer
la verdad hasta las últimas consecuencias. Se lo repito,
conocer la verdad no supone acusar. Conocer la verdad supone
investigar, supone conocer los hechos para averiguar si es
cierto o no es cierto, porque existen indicios suficientes
para realizarlo. Existen indicios, porque si existieran
realidades acreditadas, el supuesto evidentemente no sería una
comisión de investigación. Sería o bien directamente de
juzgado de guardia o bien directamente de pedir y exigir la
dimisión de determinadas personas, cosa que por cierto ni
pedimos ni exigimos, pero sí, en la medida en que existen
indicios, que se sepa, que se averigüe, que se investigue. En
este caso nos encontramos con que el Gobierno pide, de
repente, la comparecencia de ocho altos cargos que
sinceramente no han aclarado nada. Y no es que no hayan
aclarado nada, es que, como consecuencia de estas
comparecencias, se ha producido el cese del Presidente de
Feve. Y no sólo no es que no se haya aclarado nada, no es sólo
que de esas ocho comparecencias caiga uno de los
comparecientes, es que además de estas comparecencias no sale
nada claro.
Por ejemplo, en materia de centros penitenciarios, tenemos que
por parte de la Dirección General de Administración
Penitenciaria se le hicieron una serie de contrataciones a
Control y Aplicaciones, S.A., concretamente en los centros
penitenciarios de Alhaurín de la Torre y de Canarias, que
cuentan con informes desfavorables en cuanto a los sistemas de
seguridad implantados en los mismos y, sin embargo,
posteriormente, se le adjudica la seguridad del centro
penitenciario de mi querida provincia de Salamanca. Si éstas
no son irregularidades, si esto no es trato de favor, aclárese
y dígase por qué se hace así una cosa y por qué no se hace de
la otra manera.
Si el Presidente de Feve no ha actuado irregularmente, ¿por
qué se le cesa? Se puede decir: Es que no se le ha cesado
porque haya contratado o haya tenido un trato de favor con
CAE, sino por irregularidades en general. Aclarémoslo porque,
si no lo aclaramos, la duda estará permanentemente ahí. Una
comisión de investigación ha de tener tiempo cierto,
determinado y corto, si se quiere, para que se investigue de
una vez por todas lo que ha sucedido con todos estos eventos.
Además, nos encontramos con que recientemente surge otra
adjudicación, en el mes de septiembre de 1989,
por un importe de 448 millones de pesetas para la fabricación
y colocación de las pérgolas en la Expo de Sevilla, adjudicada
a Talleres Palomino directamente por la Sociedad Estatal
Expo-92. Si esto no es trato de favor, que vengan los
responsables correspondientes y lo digan. ¿Por qué ustedes no
quieren que vengan los dos implicados básicos y fundamentales
en la materia, es decir, el señor Palomino y el señor Alcalde?
Que vengan y lo digan: Señores, yo vendí a buen precio porque
la empresa que yo vendí valía este dinero, por esta razón y
por esta otra. Estupendamente. No hay que preguntar nada más.
El asunto está aclarado, pero ya me van a decir ustedes cómo
van a comparecer ante esta Cámara si ustedes y sus
corresponsables parlamentarios se niegan tanto a la
comparecencia del señor Palomino como a la del señor Alcalde.
Difícilmente podremos llegar a conocer la verdad nunca, pero
tengan en cuenta una cosa importante: la verdad puede que no
se conozca nunca a través de una comisión de investigación,
pero es mucho peor que permanentemente vayan apareciendo
noticias en prensa, rumores contrastados y no contrastados
acerca de lo mismo.
No es bueno tener permanentemente abierto el caso Palomino. No
es bueno tener permanentemente abierta una interrogante sobre
la conducta pública y la honestidad del Presidente del
Gobierno. No es bueno. Sepámoslo, de una vez por todas, y
difícilmente vamos a saberlo si no es a través de una comisión
de investigación.
Poco más tengo que decirles porque sería repetir lo dicho una
vez, otra vez y otra vez más. Aquí ya no hay más palabras que
decir. Entiendo que está todo dicho.
Los argumentos expuestos, si no los quieren escuchar, no los
escuchen.
De igual manera que al principio de esta alocución les decía
que hoy es martes y 13, y mucho me temo que la mala suerte me
acompañe en cuanto a la fortuna de la moción que hoy
proponemos, también les tengo que decir otra cosa. Hoy, además
de martes y 13, es Santa Lucía y espero que a todos ustedes
les ilumine para que en un futuro actúen con justeza y
equidad, que este caso se resuelva y que se haga la luz para
todos. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de
Trocóniz.
Se ha presentado a esta moción una enmienda por el Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
El señor Ríos tiene la palabra.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, el objetivo de
Izquierda Unida es mejorar la propuesta que hace el Partido
Popular e intentar que, de verdad, se pueda investigar en esta
Cámara la actuación en el caso Palomino.
Por tanto, yo la doy por defendida y espero que sea asumida
por parte del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Molins.
El señor MOLINS I AMAT: Gracias, señor Presidente.
El señor Fernández de Trocóniz, en nombre del Grupo Popular,
intenta justificar la petición que incluye la moción sobre la
necesidad de esclarecer determinados extremos de la relación
del señor Palomino con la empresa CAE, de CAE con el Gobierno,
teniendo en cuenta la relación familiar del citado señor con
el Presidente del Gobierno.
El día de la intervención en la interpelación al Gobierno
establecía el señor Fernández de Trocóniz dos ámbitos
distintos que hoy ha repetido que, según él, ofrecen sombras
de duda. En primer lugar, un ámbito centrado en la venta de la
empresa por parte del señor Palomino. Se interroga el porqué
de un pago de 300 millones por una empresa, según él,
quebrada.
Nuestro Grupo Parlamentario entiende, señor Presidente, que,
al margen de la valoración de las informaciones aparecidas
posteriormente en el sentido de que la valoración de la
empresa no parece desproporcionada a precios de mercado, al
margen, repito, de esa posible valoración, el Congreso de los
Diputados no debe investigar el porqué de una transacción
entre privados que en nada implica intereses públicos. No es,
señorías, de nuestra incumbencia.
El Grupo Popular lo convierte en motivo para su investigación
al afirmar, sin pruebas por cierto, que dicho precio
desmesurado sería producto de un esperado trato de favor, por
parte del comprador, de parte de la Administración, teiendo en
cuenta la personalidad del vendedor. Ese sí podría ser, a
nuestro entender, motivo suficiente para la creación de una
comisión de investigación: la existencia de dudas razonables
sobre la posibilidad de un trato de favor de la Administración
a una empresa contratista de obras.
¿Tenemos hoy todavía dudas razonables de la existencia de ese
trato de favor? El señor Fernández de Trocóniz las fundamentó
sus dudas el día de su intervención en los siguientes
extremos. En primer lugar, el volumen de contratación de CAE -
-dice-- con las administraciones públicas, en el período
1989/1991, pasa de 20.000 millones de pesetas a 39.000
millones, es decir, prácticamente se duplica en esos tres
años.
Escuchamos atentamente la argumentación de respuesta del señor
Ministro de la Presidencia el día de la interpelación: «¿Está
usted seguro, señor Fernández de Trocóniz» --le decía el
Ministro-- «de que ese incremento corresponde a la
contratación con el Estado, o también incluye la contratación
con ayuntamientos y comunidades autónomas?»
Ni en el segundo turno, ni hoy tampoco, el señor Fernández de
Trocóniz dijo nada al respecto. Pero es que
incluso, siguiendo con su argumentación, no debe olvidarse que
en esos años, por la positiva evolución económica y por la
construcción de infraestructuras para los Juegos de Barcelona
y la Expo de Sevilla, el incremento de contratación de las
administraciones públicas fue espectacular. Según datos
suficientemente conocidos, el Ministerio de Obras Públicas de
contratar 174.000 millones de obra en 1987, pasó a 350.000
millones en 1989, y 810.000 millones en 1990.
Voy a dar otro dato que conozco bien: el Departamento de Obras
Públicas de la Generalitat de Catalunya pasó de un presupuesto
inferior a los 30.000 millones en 1988, a otro de casi 100.000
millones en 1991. Es decir, en los años objeto de análisis la
contratación en obra pública prácticamente se triplicó. ¿Es en
ese contexto sospechoso que la contratación de la empresa CAE
se duplique?
Visto ya, a nuestro entender, que el incremento de
contratación de CAE en esos años no debe inducir a sospecha (a
nuestro entender, repito), por cuanto, como podría fácilmente
comprobarse, de acuerdo con los datos de contratación del
propio sector, el volumen de contratación de CAE crece menos
de lo que crece la media de contratación del sector, podríamos
aún así seguir teniendo sospechas respecto a tratos de favor.
Para dilucidar esas sospechas el Gobierno ha propiciado la
comparecencia ante diversas Comisiones de la Cámara en estas
últimas semanas del Presidente de Aena, del Presidente de
Feve, la Presidenta de Renfe, el Director General de Tráfico,
el Presidente de Sepes, el Secretario de Estado de Defensa, el
Director General de Instituciones Penitenciarias, el propio
Ministro de la Presidencia ante la Comisión de Secretos
Oficiales, y el Presidente de Initec; es decir, todas aquellas
personas pertenecientes a la Administración pública que a lo
largo de esos años han contratado con la empresa CAE.
De las muy extensas y en la mayor parte de los casos
perfectamente documentadas intervenciones de los
comparecientes, ha quedado claro para nuestro Grupo
Parlamentario que no puede sostenerse la existencia de trato
de favor de esos órganos de la Administración respecto a CAE.
Una sombra persiste en esa valoración general: en la
comparecencia del Director General de Instituciones
Penitenciarias, éste prometió enviar a la Cámara nueva
documentación para confirmar su afirmación de transparencia en
la contratación con CAE.
Nuestro Grupo Parlamentario está a la espera de esa
documentación, que no por afectar a un pequeño volumen de
contratación --alrededor de 30 millones de pesetas-- nos
parece menos importante.
También en la comparecencia del Presidente de Feve, éste
justificó una adjudicación a CAE, en contra del informe
técnico, por unanimidad del Consejo de Administración. De este
incidente nos interesa retener que, en todo caso, se produce
en un momento posterior al período que se pretendería
investigar con la creación de la comisión de investigación
propuesta.
En definitiva, señor Presidente, el Congreso de los Diputados
ha analizado en el transcurso de las últimas semanas las
informaciones aparecidas en medios de comunicación o aportadas
por diversos grupos parlaÙmentarios respecto al posible trato
de favor de la Administración a la empresa CAE. De ese estudio
y del análisis de los hechos hoy no puede inferirse la
existencia de una sospecha que pueda hacer necesaria la
creación de una comisión de investigación, como pretende la
moción planteada por el Grupo Popular. Es por ello, señor
Presidente, por lo que nuestro Grupo, que no ha dudado en
apoyar, e incluso impulsar, la creación de comisiones de
investigación en esta misma legislatura cuando ha entendido
necesario hacerlo, hoy votará en contra por entender que no
existe el mínimo indispensable que justifique su creación.
Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores Diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Molins.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Roncero.
El señor RONCERO RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Fernández de Trocóniz, entre que es martes y trece, al
inicio y al final, y que mañana con toda seguridad es
miércoles catorce, repetir la misma intervención de la semana
pasada no ha aportado ningún dato nuevo. En algunos momentos
hasta parecía que se estaba refiriendo no ya a la
Administración del Estado, a la que parece cuestionar en esta
intervención, sino a otra administración quizá más cercana a
ustedes como la Junta de Castilla-León que en esas
discrecionalidades tiene portillos más anchos. Pero no es éste
el tema.
Sí me voy a referir a su moción que, como decíamos el otro
día, es una excusa para debatir un objetivo tasado, como es la
creación de una comisión de investigación sobre las relaciones
de CAE con la Administración, en el período 1989-92.
En cuanto a la inspección de la contratación piden tres cosas:
un informe de los últimos cinco años; que en el futuro se haga
un informe anual sobre esa contratación y que se cree la
comisión de investigación. En cuanto al primer punto, lo que
están haciendo es establecer un proceso general al
cumplimiento de la legalidad por parte de funcionarios,
autoridades, personal de empresas públicas y responsables del
control de ese gasto, tanto internos como externos:
Intervención general y delegadas en las diferentes
administraciones, y el control externo del Tribunal de
Cuentas. Son controles ya verificados. La Ley de Contratos del
Estado en su artículo 5.º, los establece; la Ley General
Presupuestaria
en los artículos 95.3 y 99.5 los establece de forma previa,
con fiscalización limitada, y posteriores a los que usted
tanto se refería la semana pasada; y el Tribunal de Cuentas
verifica los contratos, de acuerdo con su propia legislación
controlada por estas Cortes Generales. Igualmente existe un
registro público de contratos del Estado establecido por la
legislación contractual, vigente para las administraciones
públicas, al que se puede tener acceso a través de las Cámaras
igual que a esas verificaciones, tanto del Tribunal de
Cuentas, como de las Intervenciones general y delegadas a que
me he referido anteriormente. Lo que ustedes están poner en
cuestión aquí es el cumplimiento de la legalidad por parte de
funcionarios, autoridades, personal y responsables del control
interno y externo de las administraciones.
De cara al futuro, solicitan la creación de algún tipo nuevo
de control, duplicándolos. No parece que hayan tenido interés
en suscitarlo donde podían porque eso necesitaría una reforma
legal adecuada, como es la Ley de Contratos de
Administraciones Públicas, y su Grupo Parlamentario no ha
presentado ninguna enmienda. Ni siquiera han enmendado el
llamado procedimiento negociado por las directivas
comunitarias, que se traslada a nuestra legislación, en el más
discrecional de esos criterios, que es el de la cuantía del
contrato, mientras que nuestro Grupo si lo ha hecho hasta
reducirlo a la cuantía de los contratos menores.
Fíjense ustedes la diferencia entre lo que ustedes proponen en
unos momentos y lo que en la práctica se hace a la hora de
hacer efectiva y de llevar adelante las propuestas y modificar
los proyectos legales. Es la difeÙrencia entre el lenguaje de
la conveniencia y la prácticade la realidad, de lo conveniente
(no de la conveniencia, sino de lo conveniente) para el
interés general y para la legislación del país.
Entramos en el último punto, que es el de la controvertida
creación de la comisión de investigación. Es el interés de su
Grupo no ya la creación de la comisión de investigación, sino
el debatir y continuar mareando la perdiz, dándole aire a este
globo que, como decíamos la semana pasada, está bastante
desinflado. No han aportado --como ha sido expuesto por el
portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra-- ningún
dato nuevo, ningún indicio razonable que pueda permitir
sostener que es necesaria una comisión de investigación.
La comisión de investigación en función del interés público
estaría justificada en la existencia de indicios o dudas
razonables, como ha sido expuesto, de un posibletrato de favor
de la Administración pública a la empresa CAE, en esos años,
por su relación con determinadas personas. De las
informaciones facilitadas incluso por los medios de
comunicación (parece que ustedes sólo han leído un medio de
comunicación, no leen los medios de comunicación que hacen
análisis rigurosos, que hacen análisis de verdad de los
balances de la empresa, de la realidad de la empresa, de los
precios de mercado, de los registros, de la realidad de los
registros, no de lo que unos dicen de parte de los registros
y no de la totalidad), de las comparecencias del Gobierno, de
las aclaraciones del Gobierno, de todo lo que conocemos no hay
ningún indicio que permita mantener esa duda razonable sobre
el trato de favor, que es lo que nos debería llevar a crear la
comisión de investigación. Repito que ustedes tenían ese
objetivo tasado de mantener el clima de desconfianza, de
inducir conclusiones como esos medios de comunicación que
dando medias verdades y datos a medias llevan a conclusiones a
los lectores. Ustedes están induciendo conclusiones
tendenciosas de datos que no pueden de ninguna manera
manejarse así y, desde luego, no parece que les interese la
verdad. La verdad es que no ha habido trato de favor del
sector público estatal hacia la empresa CAE en esos años.
Señor Fernández de Trocóniz, voy a acabar mi intervención
devolviéndole el final de su intervención la semana pasada,
con algunas correcciones, naturalmente: No es posible,
desgraciadamente, que dos personas se pongan de acuerdo si una
está absolutamente cerrada en algo que es palpable,
demostrable, demostrado con la información que ha sido
requerida y recabada. La tienen ustedes, consta en los
«Diarios de Sesiones» y en los registros públicos y, sin
embargo, no quieren enterarse. ¿Por qué no quieren enterarse?
Señoras y señores Diputados del Grupo Popular, no quieren
enterarse porque ustedes, igual que los señores de Izquierda
Unida y el señor Ramírez, que es quien debería dar nombre a
este asunto, lo que no quieren, y la saben, es descubrir la
verdad, y es que no ha habido trato de favor.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Roncero.
El señor Fernández de Trocóniz, tiene la palabra para expresar
la aceptación o rechazo de la enmienda del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Sí.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Trocóniz.
Vamos a proceder a la votación.
Moción del Grupo Popular. Se somete a votación en los términos
resultantes de la aceptación de la enmienda formulada por el
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 303; a favor, 140; en contra, 158; abstenciones,
cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICION CANARIA, SOBRE
MANTENIMIENTO DEL VOÙLUMEN DE PRODUCCION DE LAS FABRICAS DE
TABACO CANARIAS (Número de expediente 173/000064)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo de Coalición Canaria,
consecuencia de interpelación, sobre mantenimiento del volumen
de producción de las fábricas de tabaco canarias.
En nombre del Grupo proponente, tiene la palabra el señor
Martín. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la
Presidencia.)
El señor MARTIN MENIS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, volvemos hoy a traer a esta
Cámara una moción relativa a un problema que puede resultar
reiterativo pero que, sin embargo, para Canarias es
importante.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor
Martín.
Por favor, señorías, guarden silencio y ocupen sus escaños.
El señor MARTIN MENIS: Un problema que además se puede agravar
en una autonomía como la canaria, donde estamos en los mayores
índices de paro de todo el Estado.
¿Por qué traemos una nueva moción, cuando ya fue aprobada otra
por unanimidad en esta Cámara? Señoras y señores Diputados,
simplemente porque creemos que se ha incumplido el acuerdo
adoptado por la Cámara y porque los últimos acontecimientos
demuestran que era necesario volverla a traer. Por eso, porque
pura y simplemente se ha incumplido ese acuerdo, volvemos hoy
a traer este tema que consideramos fundamental.
La moción que presentamos se basa en un acuerdo adoptado por
todas las fuerzas políticas con representación en el
Parlamento canario y por todas las fuerzas sindicales. Se
trata de un acuerdo concreto, excesivamente concreto para esta
Cámara. ¿Por qué se produce ese acuerdo tan concreto?
Simplemente, porque el acuerdo anterior se ha incumplido. Y
más aún, porque, reiteradamente, a lo largo de la historia, se
han ido incumpliendo todos los acuerdos a que se ha llegado en
momentos determinados (hablo de los últimos 30 años) entre
Tabacalera y Canarias.
Querríamos clarificar dos asuntos muy concretos referidos a la
intervención del Ministro en la interpelación a que
corresponde esta moción, no con el ánimo de responder al
Ministro, que no está en estos momentos, sino con el ánimo de
clarificar a esta Cámara. Queremos decir que los únicos
ajustes reales habidos en los últimos 10 años en el mundo del
tabaco --y estamos hablando de unos 10.000 u 11.000
trabajadores-- han tenido lugar en Canarias. Entre los años
1989 y 1991 se produjo una reducción de casi 1.000 puestos de
trabajo, mientras que en esos mismos años se estaban
aumentando puestos de trabajo en las fábricas peninsulares; y
eso es una realidad. Queremos clarificar esto porque las
palabras del señor Ministro parecían indicar que ya se habían
producido los ajustes en la Península y que ahora pedíamos
nosotros corresponsabilidad. No, no, es que lo ajustes se han
producido allí y lo único que queremos es que no se sigan
produciendo única y exclusivamente allí; lo que queremos ahora
es que haya corresponsabilidad y ya hemos dado por perdidos
aquellos puestos de trabajo, cuando los podíamos estar
reclamando.
Cerrado ese capítulo, queríamos decir otra cosa. El Ministro
decía si desde este Parlamento íbamos a gestionar las empresas
públicas y cómo se nos podría ocurrir gestionar una empresa
privada. Lo digo para aclarar por qué el acuerdo que
proponemos es tan concreto. Y lo hacemos así porque creemos
que si no tenemos esa concreción, si no buscamos un acuerdo y
la voluntad de su cumplimiento, los acuerdos del Parlamento no
sirven para nada, son letra mojada. Por ello nos hemos visto
obligados a entrar en el detalle. Es tan simple como esto.
¿Se puede o no se puede dar, desde este Parlamento, criterios
al Gobierno para que las empresas públicas actúen de forma
prioritaria en aquellos lugares que reúnan ciertas
condiciones? Si fijáramos esas condiciones, estoy
completamente convencido de que le diríamos que, si pueden, se
concentren en las autonomías de más paro, y Canarias es la de
más paro. Que intenten colaborar en equilibrio entre los
diferentes sectores; en este caso es un sector industrial que
en Canarias supone la mitad del peso en el producto interior
bruto que en el resto de las autonomías y en la media de todo
el Estado español. Que aprovechen las condiciones y
tradiciones de una mano de obra cualificada; la tenemos hace
treinta años. Que aprovechan los acuerdos internacionales que
lo favorezcan; tenemos acuerdos expresos de Europa para que se
favorezca la producción de Canarias y están recogidos
expresamente en el Poseican, para mantener esa industria
tradicional o para potenciar la intervención de las empresas
públicas en aquellas autonomías donde no existen empresas
públicas. Y es que una donde no existe es Canarias; excepto la
empresa Unelco, de Endesa, no existe una sola empresa del
sector INI en Canarias; quedaba Sodican, que prácticamente
están en acuerdo en este momento con el Gobierno canario.
Así podríamos seguir dando criterios y estoy convencido de que
se den los criterios que se den en esta Cámara, al final, debe
salir reflejado Canarias.
Los datos fríos son que lo que se ha hecho desde el sector
público en Canarias es exactamente lo contrario.
Por eso, traemos esta moción con un primer compromiso donde se
pide mantener una participación, que el mercado suba y baje
con el resto del mercado, de la producción de todo el Estado y
que se respeten unos acuerdos que se tomaron entre Coalición
Canaria, Partido Socialista, Partido Popular, UGT, comisiones
obreras, la intersindical canaria y los sindicatos
independientes; básicamente lo que pretenden es que se sigan
produciendo allí las mismas labores que se venían produciendo,
que en este momento están licenciadas por Philip Morris a
Tabacalera --el 50 por ciento es de Marlboro y el 50 por
ciento de los nuevos productos licenciados que se fabriquen en
Canarias-- y que si hay una concentración de unidades
productivas y hubiera que reducir empleos se busquen
alternativas con el fondo de capital riesgo que ha ofrecido
Tabacalera. Se pide además que haya una participación de las
fuerzas sindicales para que no se vean afectadas por otra
regulación, como la vez anterior, donde perdieron mil puestos
de trabajo y prácticamente no se cumplió ni uno solo de los
acuerdos a que se había llegado entre todos los sindicatos.
El último punto es que en esas industrias, en igualdad de
condiciones y de competencia, se estimule la demanda de la
industria auxiliar de aquella isla para que tenga un peso
mínimo. No parece que sea pedir mucho.
Después de tantos años de historia y de haber fabricado casi
la mitad del consumo de la totalidad del Estado, hoy estamos
en el 30 por ciento, según el Ministerio, en el 27 por ciento,
según nuestras cuentas, y con una
clara disminución. Parece claro que no es el camino adecuado
para una industria con una mayoría pública que debe intentar
en condiciones de competitividad, que las tiene, favorecer
aquellas zonas que están pasando mayores dificultades.
Por eso, traemos esta moción y esperamos que la Cámara pueda
votarla positivamente lo cual estoy convencido de que
redundará en beneficio de Canarias y en beneficio de todo el
Estado español.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Martín.
A la moción de Coalición Canaria se ha presentado una enmienda
por parte del Grupo Socialista. Para su defensa, tiene la
palabra el señor Padrón.
El señor PADRON DELGADO: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, es la tercera vez que subo a esta tribuna en
relación con el problema planteado en un sector industrial en
Canarias, casi el único de los existentes y de los posibles,
como consecuencia de la retirada de la fábrica de Philip
Morris en Tenerife, que ha puesto en peligro la continuidad de
este sector industrial en Tenerife y, lo más grave de todo,
con la pérdida de 460 puestos de trabajo.
El 13 de septiembre se aprobó aquí una moción por unanimidad
en la que se requería al Gobierno para que, a través de
Tabacalera, procediese al mantenimiento de la antigua fábrica
de Philip Morris en defensa del sector, en defensa de los
puestos de trabajo, a la vez que se le indicaba otra serie de
medidas, como la lucha contra el contrabando e informar
adecuadamente de las conversaciones finales de Tabacalera con
Philip Morris Internacional.
Algunos acontecimientos habidos posteriormente por prácticas
totalmente condenables, que ponían en peligro la continuidad
del empleo, hechas no directamente por Tabacalera, pero sí por
personas que parece que tenían alguna posible responsabilidad,
abrieron otra vez la preocupación. Y ésa es la razón por la
que se produjo una nueva interpelación y la moción
correspondiente que ha defendido el representante de Coalición
Canaria.
Yo quiero ratificar lo que en el mes de junio dije en esta
tribuna: que, efectivamente, en Canarias, entre los años 1989
y 1991 hubo una reconversión muy fuerte del sector tabaquero,
que afectó a 850 puestos de trabajo, desapareciendo dos
fábricas pertenecientes a Tabacalera, como eran Tabacanarias y
Cigarcanarias. Manifesté la preocupación en aquel momento,
como en la moción a que dio lugar dicha interpelación, por el
hecho de que Canarias ha participado históricamente en un
porcentaje importante en la producción de tabaco, de
cigarrillos, del orden del 25 al 30 por ciento del consumo
nacional, bien directamente por Tabacalera, bien asociadas con
fábricas o firmas multinacionales. Expresaba la preocupación,
como no podía ser menos, en una región donde el desempleo
alcanza al 28 por ciento y en donde, según la encuesta de
población activa, tenemos 170.000 parados. Las razones de
nuestra preocupación venían dadas porque la posible
desaparición de esta fábrica conllevaba de forma directa la
pérdida de 460 puestos de trabajo, más los posibles
indirectos, estimados en más de 700.
Por estas razones, tenemos que reconocer que es necesario
insistir nuevamente en que este sector industrial es
importante, es vital, es el único de los posibles en Canarias.
Con motivo de la moción aprobada el 13 de septiembre, se hacía
mención expresa a las posibilidades que tienen las empresas
tabaqueras instaladas en Canarias de hacer uso de uno de los
artículos recogidos en el Poseican, que permite la
importación, sin pagar arancel, de tabaco en rama procedente
de terceros países en unas cantidades que no están siendo
utilizadas en su totalidad.
Por otra parte, si en algo nos movimos los socialistas en el
pasado mes de junio en la defensa de nuestras enmiendas a la
modificación del Régimen Económico Fiscal de Canarias con una
serie de incentivos fiscales a las empresas que creasen
puestos de trabajo, no podíamos estar estableciendo medidas
fiscales para el establecimiento
de empresas comerciales en Canarias y, por otro lado, estar
dando conformidad o quedar pasivos ante una posible nueva
reconversión industrial para Canarias, en este caso para la
isla de Tenerife.
El Grupo Socialista, examinando la moción presentada por el
Grupo de Coalición Canaria, considera que los puntos recogidos
en su moción son demasiado explícitos, demasiados taxativos y
se entrometen en demasía en lo que debe ser la marcha de una
actividad de una empresa con parte de capital público, pero
con parte también de capital privado, en la que se establece
una serie de requisitos que consideramos demasiado
intervencionistas. Por esta razón, hemos presentado una
enmienda, consideramos que la moción aprobada por esta Cámara
unánimemente el 13 de septiembre tiene que cumplirse. Si en
aquella moción considerábamos el mantenimiento de las
producciones de la fábrica de Philip Morris como condición
indispensable para el sostenimiento de este sector industrial
y la máxima estabilidad en el empleo, en este momento, además
de ratificar lo que allí decíamos requerimos al Gobierno para
que se prosiga en el cumplimiento de aquellos puntos de la
moción, procurando que en el ámbito de su responsabilidad se
mantengan los niveles de producción de los últimos tres años,
que estimamos que están por encima de los 350 millones de
cajetillas, como condición indispensable para el mantenimiento
de la mayor parte de los puestos de trabajo. Cualquier
variación en esos niveles de producción en esa fábrica tendrán
que adecuarse a los cambios que pudieran darse a nivel
nacional, tanto al alza como a la baja, como consecuencia de
la disminución o aumento de la producción nacional y del
consumo.
Por tanto, señoras y señores Diputados, señores del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, que ha defendido esta
iniciativa --y comprendemos las razones que han movido al
Grupo de Coalición Canaria porque, efectivamente, en todo la
sociedad, por lo menos en la isla de Tenerife, ha existido en
los últimos meses una preocupación, manifestándose los
trabajadores, en defensa de los puestos de trabajo de cuya
continuidad dudan--, en este aspecto consideramos que a casi
todas las fuerzas políticas por no decir a todas nos ha unido
una sola preocupación: requerir que por parte de esa empresa
pública que es Tacalera, y que, por tanto, depende de las
instrucciones o criterios que establezca el Gobierno, no se
permita lo que ocurrió en el año 1988-1989, que fue la
desaparición de una importante fábrica y la pérdida de mil
puestos de trabajo, y que en esta ocasión se arbitren estas
medidas consecuentes para el mantenimiento de este sector
industrial, de los pocos posibles en Canarias y de la máxima
estabilidad en el empleo.
Por todas estas razones, yo apelo a los diferentes grupos --a
Izquierda Unida, que, en el ámbito de la comunidad canaria, se
ha movido en este tema en defensa de los puestos de trabajo,
así como al Grupo de Coalición Canaria y al Grupo Popular, que
en alguna situación hemos coincidido en la defensa de este
sector-- para que, en la medida de sus posibilidades, con su
voto apoyen esta enmienda presentada a la formulada por el
Grupo de Coalición Canaria, entendiendo que, tal y como se
expresa, ponemos una pica para que, efectivamente, este sector
industrial y los puestos de trabajo que conlleva se sigan
manteniendo para, así, evitar que sigan produciéndose en
Canarias situaciones de alarma social; que las corrijan y que,
en consecuencia, no incrementen la ya alta tasa de desempleo
que, como digo, es de las primeras a nivel nacional --estamos
en el 28 por ciento de desempleo-- y su situación de lejanía y
de insularidad no permite establecer otro tipo de industrias,
otro tipo de actividades. Por tanto, defendemos, como mínimo,
las que ya tenemos, como condición indispensable para el
mantenimiento de este sector.
Nada más.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Padrón.
¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición en este
debate? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el
señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, la verdad
es que reiteradas veces hemos discutido en la Cámara la
situación de la industria tabaquera en Canarias, pero en todo
caso aquí debiéramos aplicar ese viejo refrán: Obras son
amores y no buenas razones.
¿Por qué digo esto? Porque siempre que se dice que hay que
tomar medidas, que hay que abordar la situación de las
empresas, se hace fundamentalmente desdela óptica del
funcionamiento de las propias empresas, desde la idea de
sanear la cuenta de explotación o los déficit de las empresas
o hacerlas más competitivas con medidas administrativas, pero
nunca desde la óptica del primer problema que tiene el país:
evitar la pérdida de empleo. Creo que uno de los objetivos de
cualquier actuación industrial hoy es que no se incrementen
los puestos de trabajo desaparecidos, que no se incrementen
las personas que van al desempleo.
Lo cierto y verdad es que el sector industrial del tabaco en
Canarias fue muy boyante en los años setenta, tenía
aproximadamente unos 12.000 empleos; hoy todavía puede haber,
dentro de la actividad canaria, unos 3.000 empleos directos y
unos 1.000 indirectos, pero la evolución ha ido en
decrecimiento.
El señor Padrón en su intervención mencionaba que la
referencia está en la salida de la multinacional Philip Morris
de las islas, pero no es así como debiéramos
plantearlo, sino qué actuación, intervención y presencia ha
tenido Tabacalera y qué puede aportar Tabacalera para que se
mantenga una actividad industrial dentro de las mismas islas.
Sobre el tabaco, debiéramos hablar no solamente de lo que es
el mercado del tabaco, de la reducción que afortunadamente se
puede dar en el uso de fumar; junto con esta cuestión está el
contrabando. Todavía hay un volumen altísimo de contrabando,
de 400 a 500 millones de cajetillas.
¿Cuál sería la propuesta de Izquierda Unida en cuanto a la
intervención del Grupo proponente de esta moción, al igual que
lo fue el día 23 de septiembre en la Cámara? Nosotros creemos
que no solamente no se ha cumplido lo que fue una decisión del
Parlamento, sino que la evolución de las cosas ha ido por un
camino distinto y hoy, a pesar de que la empresa, a nivel
general, ha visto reducida en su conjunto un 6 por cierto la
mano de obra, desde 1989 a 1993, en Canarias, la reducción de
los puestos de trabajo es de un 41 por ciento. Se ha ido
reduciendo la producción.
La propuesta que hace el Grupo de Coalición Canaria pretende
que una de las conclusiones de este Congreso, después de la
intervención del propio Ministro y de la evolución del acuerdo
de septiembre, sea seguir con una declaración de mantener la
participación de Canarias en la producción tabaquera nacional.
Nosotros seguimos pensando que es fundamental. Lo cifra en que
sea el 25 por ciento de la producción nacional; más adelante,
en una enmienda que ha presentado la propia Coalición Canaria,
cifra la media en un 26 y pico por ciento. Con el 25 o el 26
por ciento, en suma, se intenta que se mantenga el nivel de
producción, pero tiene que ir unido a otro tema, el
mantenimiento del empleo. No es posible, por lo menos
razonablemente, hablar del mantenimiento de la producción sin
abordar el mantenimiento del propio empleo.
Por eso, vamos a apoyar el punto primero de la moción del
Grupo de Coalición Canaria, igual que todos los demás, aunque
después haré referencia a lo que debiera ser una matización
desde nuestro punto de vista.
En el punto segundo hace referencia a un acuerdo firmado en
Canarias por los sindicatos y por las fuerzas políticas, que
nosotros suscribimos. Es verdad que entra prolijamente en un
detalle, qué debe hacer la empresa Tacisa, que ha heredado la
planta de Tenerife de Philip Morris; es verdad que luego
también habla de una actuación determinada en cuanto a los
incrementos de nuevas marcas de producción. Y hay un apartado
d) que yo creo importante que aquí vuelva a aprobarse, aunque
sea muy concreto. Con esta decisión no vamos a maniatar al
Gobierno de la nación ni a la propia empresa. Cuando decimos
que, consecuentemente con todos los consejos anteriores,
Tacisa debe mantener los mismos niveles de empleo existentes
en la planta de Philip Morris, estamos yendo a una
orientación, aunque podemos evolucionar de una manera más o
menos distinta. Sin embargo, vamos a pedir al proponente que
retire una palabra. Nuestra gran discrepancia con toda la
propuesta es una palabra, pero una palabra importante; hace
referencia a que, manteniendo la inversión industrial para
asegurar el mantenimiento de los niveles de empleo, sin que
sea adoptable política alguna de regulación de empleos y --
dice-- bajas incentivadas de carácter individual
generalizadas. Eso quiere decir que sí se pueden producir
bajas individuales; no pone un marco, no dice bajas
individuales a nivel reducido, en un 10 por ciento, en un 20
por ciento, dice generalizadas. Prácticamente, al hablar de
generalizadas, lo que está diciendo es cualquier evolución de
esas bajas incentivadas de carácter individual. Y hoy, después
de la evolución de los últimos años, debiera partirse de no
perder ni un solo empleo; en todo caso que sean los menos
posibles. Por eso vamos a proponer que se retirara esa palabra
o sustituirla por otra que pudiera ser más precisa que esa
posición de bajas incentivadas de carácter individual.
Termino, señorías, haciendo mención a la propuesta de
sustitución que hace el Grupo mayoritario de la Cámara al
proponente. La evolución es importante puesto que repite lo
que aprobamos el día 13 de septiembre, pero hace dos
comentarios con los que nosotros no estamos de acuerdo.
Primero, que la responsabilidad que debe tener la empresa, o
la Administración, o Tabacalera, debe ser manteniendo los
niveles de producción. Nosotros creemos que debe decir de
producción y de empleo. Segundo, dice: Salvo en la parte
proporcional que pudiera corresponder derivada a una
disminución o aumento en la producción nacional. No. No.
Porque uno de los problemas que se está planteando es desviar
la producción de allí hacia otros centros de la propia empresa
dentro de la península. La redacción que hace la moción de
Coalición Canaria lo deja más explícito; pone en relación que
debe evolucionar de forma pareja tanto en Canarias como en la
península, para que sea una evolución más razonable. En ese
sentido es en el que nosotros no podríamos respaldar estos
criterios, si no se precisan esos dos elementos.
En todo caso, nosotros estamos convencidos de que, al igual
que el 13 de septiembre, en la Cámara deberíamos tomar una
decisión por unanimidad que, de verdad, fuera un decisión que
dirija la actuación del Gobierno. Bastantes son las decisiones
que tomamos en la Cámara que luego el Gobierno las pasea por
los despachos pero no las cumple. Esperemos que en esta
ocasión sea de aprobar y de cumplir.
Nada más, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Cabrera.
El señor CABRERA PEREZ-CAMACHO: Señor Presidente, señorías, de
todo es sabido, por las tres intervenciones anteriores que ha
motivado el grave problema del sector tabaquero en Canarias,
la enorme preocupación de nuestro Grupo parlamentario por
buscar una solución razonable y equilibrada a la gravísima
situación del sector. Esto lo hemos considerado como una causa
justa y en ella hemos comprometido nuestro apoyo y prometido
nuestros votos. Creemos que es una causa justa por la
inestabilidad del sector, por la situación casi de guerras que
ha habido en el mismo, por la gran crispación social que se ha
producido en Canarias y por la honda preocupación en todas las
familias que dependen de los puestos de trabajo que, en un
momento dado, pueden destruirse, y, en general, por la posible
supervivencia de una empresa que, si no queda garantizada,
todos los intereses y objetivos que hemos mencionado con
anterioridad también estarían puestos en tela de juicio. Este
es nuestro propósito, este es el fundamento de nuestra
fijación de posiciones. Nosotros queremos conseguir que de
esta Cámara, igual que han dicho los portavoces de Izquierda
Unida y del Grupo Socialista, pueda salir un acuerdo unánime
que sea algo más que un mandato parlamentario, que sea un
contrato político que nos obligue a todos, pero, además, que
queramos cumplirlo, no porque nos venga impuesto como ley,
sino como pacto político. Todos, desde el primer grupo
parlamentario hasta el más pequeño, desde el Ministro de
Hacienda hasta Tabacalera, deben marchar por la senda de la
resolución que hoy sea aprobada en esta Cámara.
En este sentido, voy a hacer dos propuestas, una al grupo
parlamentario enmendante y otra al grupo parlamentario
enmendado, junto con un ruego a todos los demas grupos
parlamentarios para que sea posible que se llegue a tal
unanimidad.
En cuanto a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, yo solamente le añadiría dos frases. Al terminar
el inciso de ustedes pondría: con la finalidad de que no se
produzca la destrucción de los actuales puestos de trabajo. De
cualquier hecho relevante de la situación empresarial de
Tacisa se tendrá puntualmente informados a los representantes
de los trabajadores.
Pienso que con estos dos añadidos se pueden cubrir
perfectamente incluso parte de las objeciones que ha hecho el
portavoz de Izquierda Unida, quedaría mucho más centrado el
tema de la no destrucción de los actuales puestos de trabajo,
estaríamos haciendo una referencia al momento de hoy, lo cual
traería tranquilidad necesaria a todas luces para el sector;
y, por otra parte, se haría algo que hasta ahora, por dejación
política, no se ha hecho. Hasta ahora ni siquiera a esta
Cámara se le ha tenido puntualmente informada, tal y como se
aprobó en la primera moción que tuvo lugar en este Parlamento,
de los acontecimientos que se han sucedido. Pienso que si no a
esta Cámara, por lo menos a los trabajadores, al sector social
implicado hay que tenerlo clara y puntualmente informado. Esta
es la sugerencia al grupo enmendante.
Al grupo enmendado yo le pido que en aras de ese consenso que
todos deseamos y que, además, en Canarias muchas familias
están esperando, acceda a estos añadidos y a las enmiendas
propuestas por el Grupo Socialista.
Señorías, ¡ojalá! hoy se llegue al consenso que ya se reiteró
en anteriores circunstancias. Creo que todos nosotros,
Canarias y el sector industrial del tabaco, serían los únicos
beneficiados.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Cabrera.
Señor Martín, tiene la palabra a los efectos de indicar si
acepta o no la enmienda del Grupo Socialista.
El señor MARTIN MENIS: Parece que todos estamos de acuerdo,
pero también parecía que estábamos de acuerdo en la moción
anterior y después los hechos no se han producido así. Por
tanto, en aras de coger lo esencial de la moción y poder
construir un acuerdo que fuera aprobado por unanimidad
haciendo una transacción, me gustaría realizar alguna
puntualización.
Sería muy importante que hubiera una comisión de seguimiento
para conocimiento de estos acuerdos la representación por los
trabajadores. Así pues, Coalición Canaria aceptaría la
propuesta que ha hecho el Grupo Popular; o sea, la enmienda
del Grupo Socialista con la incorporación en el párrafo último
de lo que propone el Grupo Popular que dice: De cualquier
hecho relavante en la situación empresarial de Tacisa se
tendrá puntualmente informados a los representantes de los
trabajadores. Yo creo que habría que decir un poquito más:
debe haber una comisión designada al efecto de seguir estos
acuerdos. Simplemente eso.
Hay otro hecho que nos parace muy importante. Al final de la
enmienda del Partido Socialista, cuando habla de cantidades de
producción de los tres últimos años, que es el objetivo de la
moción, habría que intercalar «con las marcas licenciadas por
Philip Morris a Tabacalera», para que quede claro también que
es la producción usual que tiene y ha tenido esa fábrica y a
la que están acostumbrados sus trabajadores.
Por tanto, yo diría, para fijar la postura que estamos de
acuerdo con la propuesta que hace el Grupo Popular de enmendar
de alguna forma la enmienda del Grupo Socialista añadiendo
«con las marcas licencias por Philip Morris a Tabacalera» en
la última parte de la enmienda y que además, al final del
último párrafo que ha propuesto el Grupo Popular, se añada,
«una comisión designada al efecto de seguir estos acuerdos».
Creo que con esto también cumpliríamos los requisitos que ha
puesto Izquierda Unida, porque yo personalmente
estoy de acuerdo en que la expresión «bajas incentivadas de
carácter generalizado» no es la que debía estar, pero ésos
fueron los acuerdos que se produjeron en Canarias. Por tanto,
con las emniendas presentadas creo que queda asegurado el
empleo, que era el objetivo que ha puesto Izquierda Unida, y
podríamos conseguir un acuerdo por unanimidad.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor
Martín.
Si la Presidencia no ha entendido mal, el grupo proponente
aceptaría, en primer lugar, la sustitución del texto de su
moción por la enmienda del Grupo Socialista, con tres
adiciones: dos, las que ha indicado el señor Cabrera --una
habla de que no se produzca destrucción de los actuales
puestos de trabajo; la segunda se refiere a la información a
los representantes de los trabajadores-- y una tercera, que
usted añade, y es la creación de una comisión de seguimiento
de los acuerdos. ¿Es ésa la propuesta que usted hace al Grupo
Socialista?
El señor MARTIN MENIS: Sí, y añadir a la enmienda del Partido
Socialista, en su último párrafo, una frase que diría «con las
marcas licenciadas por Philip Morris a Tabacalera» No tengo
delante la enmienda del Partido Socialista y no puedo decir
exactamente donde está integrada la frase, pero tengo un
acuerdo con el Partido Socialista, que lo aceptaría.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): De acuerdo.
¿El Grupo Socialista aceptaría esa transaccional?
El señor PADRON DELGADO: Señor Presidente, efectivamente, en
aras de conseguir el voto unánime en esta Cámara habíamos
hablado de una serie de temas en relación con las enmiendas,
pero, quiero clarificar, primero, que en el párrafo segundo de
la enmienda presentada por el Grupo Socialista, donde dice
«fábrica de Philip Morris en Tenerife», debería decir:
«preferentemente con las marcas licenciadas por Philip Morris
a Tabacalera». Ese fue el acuerdo que habíamos ofrecido a don
Adán Martín.
También daríamos conformidad a la propuesta del Grupo Popular,
pero terminando en que se tendrá puntualmente informados a los
trabajadores. Hablar de comisiones y demás no nos parece
adecuado. Existen comités de empresa, existen sindicatos y,
por tanto, rogamos al señor Martín Menis que esa parte
relativa a la comisión, que el señor Cabrera ni siquiera ha
formulado, en aras de concluir y no marear más a los
parlamentarios con este tema, acepte que no figure. El Grupo
Socialista acepta las enmiendas en los términos precisos que
habíamos hablado.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Martín.
El señor MARTIN MENIS: Totalmente conforme con la primera
propuesta y, en cuanto a la segunda, por lo menos decir en
dónde, es decir, en los órganos correspondientes. Me refiero a
que no vaya a pasar que después nos encontremos con que esa
información es en él la última esquina del tablón de anuncios.
Que sea en los órganos correspondientes; como hemos visto
mucho de esto, queríamos precisarlo. Algo tan simple como «en
los órganos correspondientes», pero que sea en algún lado que
no sea el tablón de anuncios. Imagino que el Partido
Socialista no tendrá incoveniente en incluir eso.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Señor Padrón?
El señor PADRON DELGADO: El Grupo Socialista no tiene
inconveniente en que figure «en los órganos correspondientes».
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Entonces,
definitivamente, quedaría de la siguiente forma. En el párrafo
segundo de la enmienda del Grupo Socialista, en la cuarta
línea, después de «Tenerife», se añadiría «preferentemente en
las marcas licenciadas por Philip Morris con Tabacalera». Al
final del texto figurarían dos incisos nuevos. Uno diría: con
la finalidad de que no se produzca destrucción de los actuales
puestos de trabajo; y el segundo: de cualquier hecho relevante
en la situación empresarial de Tacisa se tendrá puntualmente
informados a los trabajadores a través de los órganos
correspondientes. ¿Conformes? (Asentimiento.)
En esos términos va a someterse a votación la moción que se
acaba de debatir. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo de Coalición Canaria,
que se somete a votación en los términos resultantes de la
aceptación de la enmienda del Grupo Socialista, con las
transacciones realizadas en el debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 276; a favor, 274; en contra, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción.
El Pleno se reanudará mañana, a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las nueve y cuarenta y cinco minutos de la noche.
RECTIFICACION: En el «Diario de Sesiones» número 105,
correspondiente a la sesión plenaria celebrada el día 17 de
noviembre último, en la intervención de la señora Pelayo
Duque, en la última línea de la segunda columna de la página
5.401, falta una «o», de manera que el párrafo debe decir: «o
bien de las sociedades personalistas». En la página 5.402,
penúltima línea del apartado segundo de la primrea columna, en
lugar de «la introducción en la legislación de responsabilidad
limitada», debe entenderse «introducir en la legislación
deresponsabilidad limitada». Asimismo, el último párrafo del
siguiente apartado de esta misma columna diría: «o que piden
la supresión del precepto o que las consideramos innecesarias,
y es por esas razones por las que las hemos rechazado». Por
último, en la línea 10 del último apartado de la segunda
columna de esta misma página 5.402, debe decir: «La no
necesidad de los expertos...» en lugar de «La necesidad de los
expertos».