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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 106, de 21/11/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1994 V Legislatura Núm. 106
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 105
celebrada el lunes, 21 de noviembre de 1994
Página
ORDEN DEL DIA:
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
--Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para
1995 (número de expediente 121/000067) (Página 5437)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones», número
107, de 22 de noviembre de 1994).
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas
(Página 5437)
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1995
(Página 5437)
Proyecto de Ley sobre Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social (Página 5437)
Título I (Página 5437)
El señor Aguirre Rodríguez defiende las enmiendas del Grupo
Popular. Comienza expresando el rechazo y condena de su Grupo
al brutal asesinato producido en la madrugada de hoy de dos
taxistas madrileños y que ha dificultado el acudir
puntualmente a esta sesión a los señores Diputados para
debatir el importante Título I del Proyecto de Ley.
Recuerda que el debate presupuestario comenzó a finales de
septiembre, en un clima político marcado por la necesidad del
Gobierno de hacer de este trámite un punto de referencia a su
cuestionada estabilidad política y conseguir recuperar la
credibilidad perdida en la institución presupuestaria, para lo
cual, a juicio del Grupo Popular, ese Título I debería haber
contenido la estructura de gastos, la distribución de
créditos, la estimación de ingresos y las normas legales que
hicieran posible contribuir de forma positiva a la estabilidad
de la economía y la recuperación de la credibilidad perdida.
Añade que el Grupo Popular no encuentra signos de austeridad
en el modelo de distribución de gastos que se propone en el
artículo 1.º del proyecto, ni tampoco signos de rigurosidad en
el estado de ingresos, donde advierten que la estimación de
los ingresos que hace el Gobierno es inferior al cálculo
matemático con el que se ha elaborado esa estimación. Su Grupo
desearía saber qué datos pretende esconder el Gobierno al
resistirse a enviar el cálculo de elasticidad con el que se ha
realizado la estimación de ingresos que se quiere ocultar a
esta Cámara, a la soberanía popular, no desvelando los
cálculos internos que tiene el Gobierno en materia de
estimación de ingresos para el ejercicio de 1995. Considera
que dar la callada por respuesta a la petición de información
sobre estos presupuestos supone arrojar todavía más sospechas,
dañar a una institución presupuestaria que se encuentra hoy
muy degradada e incrementar la falta de credibilidad de la
política presupuestaria. El Grupo Popular no encuentra signos
de austeridad en el capítulo de gastos, como tampoco encuentra
signos de rigurosidad en el capítulo de ingresos y denuncia
que los beneficios fiscales expresados en el artículo 3.º
están cifrados en exceso, razones todas ellas que serían
suficientes para justificar una enmienda a la totalidad a este
título.
Pasando a las enmiendas del Grupo Popular a este mismo título,
expone que buena parte de las mismas van destinadas al
artículo 11 del Proyecto de Ley, artículo que, a su juicio, es
un ejemplo nítido del escaso control que el Gobierno tiene
sobre la situación de las cuentas del Estado o, en su defecto,
es una ocultación o una oculta intención de no poner de
relieve el auténtico alcance y la auténtica dimensión de las
deudas que se tienen con el Insalud y con las Comunidades
Autónomas.
Se refiere también a los créditos ampliables en relación con
los cuales han presentado las enmiendas números 1.009 a 1.018
al Anexo II, por entender que aquéllos vulneran el contenido
de las votaciones que se celebran en esta Cámara, generan
inestabilidad democrática, desprestigio internacional y
sucesivos pronunciamientos desfavorables del Tribunal de
Cuentas. Pregunta por qué no se reducen los créditos
ampliables a casos muy excepcionales, como establece la Ley
General Presupuestaria, y alude finalmente a las enmiendas
números 1.058 y 1.063, proponiendo seis disposiciones
adicionales nuevas en concordancia con el espíritu que inspira
la alternativa del Grupo Popular al Título I y que quiere
poner fin a la falta de transparencia, de credibilidad y de
confianza, habida cuenta de que la degradación de las cuentas
públicas está siendo denunciada no sólo por la oposición y
requiere la adopción de medidas complementarias y reformar el
marco normativo, con el fin de recuperar la credibilidad y la
confianza perdidas.
El señor Ríos Martínez defiende las enmiendas del Grupo
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Acusa al proyecto
del Gobierno de estar lejos de lo que debería ser una técnica
presupuestaria objetivada, programada, planificada, haciendo
más fácil el seguimiento, pero, dado que no es éste el caso,
el objetivo de las enmiendas de Izquierda Unida es ver de qué
manera las partidas presupuestarias que se presentan pueden
funcionar más ajustadamente, más transparentemente y con menos
deslizamientos. En esta línea, las enmiendas de su Grupo
pretenden ceñir realmente los gastos y los ingresos a una
previsión con el menor número de modificaciones y con una
gestión lo más transparente posible.
A través de otras de sus enmiendas pretenden conocer
cuál es la política inversora del Gobierno, cómo se
territorializa la misma y de qué manera los nuevos proyectos a
acometer por el Gobierno son fruto de las nuevas políticas de
este año o bien de políticas anteriores que se culminan en
este ejercicio.
Respecto a la relación de puestos de trabajo que se les
adjunta piden que se les diga cuáles están cubiertos y cuáles
están vacantes.
En cuanto a los ingresos, creen que el Gobierno parte de una
declaración de buenas intenciones del señor Ministro sobre la
lucha contra el fraude pero no se objetivan ni se marcan
compromisos concretos. Consiguientemente, la enmienda de
Izquierda Unida pretende fijar un objetivo de lucha contra el
fraude y comprometer una cuantificación de ese objetivo,
habida cuenta de que todos los números que figuran en el
proyecto son de estimaciones o de autorizaciones al Gobierno
para su propia actuación. Sobre este particular cifraría la
lucha contra el fraude en 750.000 millones de pesetas y, al
final, podrían comprobar si se cumple o no dicho objetivo.
Alude a otros grupos de enmiendas, dirigidas fundamentalmente
a los gastos fiscales, tendentes a favorecer la inversión y,
consiguientemente, la generación de empleo, objetivos que no
siempre se van a poder cumplir, y al establecimiento de caja
única, pidiendo, por último, la utilización de la informática
como fórmula más sencilla y mejor para controlar el gasto
público y conocer su evolución, sin recurrir a montañas de
papeles que, al final, lo que significan es ocultación de
información. Como cree que es el propio Gobierno el más
interesado en la transparecencia y que no tiene nada que
ocultar, no debe tener problemas para ser controlado de esta
forma.
En turno en contra de las enmiendas al Título I interviene el
señor Padrón Delgado, en nombre del Grupo Socialista,
manifestando que, como se temía y ya ocurrió en Comisión, se
ha utilizado el debate parcial del Título I de la Ley de
Presupuestos de 1995 para insistir en la descalificación
permanente que por parte del Grupo Popular se está haciendo al
Gobierno, a este Presupuesto y a todo proyecto de ley que
entra en la Cámara.
Tenía la ligera esperanza de que en este trámite el Grupo
Popular se limitaría a defender aquellas enmiendas que
proponen textos alternativos, cantidades alternativas, o
presentaría enmiendas transaccionales en relación con el
déficit público y con la situación económica para ver qué es
lo que pretende el Grupo Popular, pero, una vez más, se han
encontrado con la misma cantilena de siempre, en el sentido de
que estos Presupuestos tienen partidas ocultas, están mal
presupuestados y el déficit sigue la misma senda, al igual que
ya se expuso en el debate de totalidad.
Desea recordar al Grupo Popular que este Presupuesto ha sido
el más plenamente acordado con sectores económicos y sociales,
con sindicatos de funcionarios, comunidades autónomas y la
Federación Española de Municipios y Provincias y que el gasto
público para el próximo año y el crecimiento del mismo está
por debajo del crecimiento económico previsto, por lo que esas
continuas descalificaciones carecen de sentido. Reconoce la
existencia de un cierto desfase en la ejecución del
Presupuesto en años anteriores, por ejemplo, en el gasto
sanitario y las prestaciones por desempleo, pero niega la
existencia de ocultaciones, habiéndose producido únicamente
correcciones para atender esas cantidades, que, por otra
parte, estaban sostenidas por leyes que había que cumplir.
Anuncia el rechazo de todas las enmiendas del Grupo Popular al
Título I, capítulos I y II, en los términos en que se han
defendido, ya que su aprobación significaría la no aprobación
del presupuesto, la continuación de la anterior congelación de
los salarios de los funcionarios y de pensiones, etcétera,
respecto a lo cual el Grupo Popular no ha presentado ninguna
alternativa. En cuanto a las enmiendas del Grupo de Izquierda
Unida recuerda que algunas ya fueron aprobadas en Comisión,
mostrando en este momento una posición contraria a la mayoría
de las defendidas por el señor Ríos, salvo en el caso de
algunas de ellas, como, por ejemplo, la número 500, a la que
presentarán alguna enmienda transaccional, al igual que sucede
con las números 885 y 1.029 del Grupo Popular y de cuyo texto
hace entrega a la Mesa.
Replican los señores Aguirre Rodríguez y Ríos Martínez,
duplicando el señor Padrón Delgado.
Título II (Página 5446)
El señor González de Txabarri Miranda defiende las enmiendas
del Grupo Vasco (PNV) números 271 a 289, referentes al tema
educativo. Entienden que en el proyecto de ley de
Presupuestos, concretamente en este título, se recogen una
serie de medidas fundamentales para el correcto
desenvolvimiento de los centros educativos, sus subvenciones y
conciertos, pero igualmente entienden que existen problemas
que todavía no se han subsanado suficientemente como para dar
vía a que los centros educativos concertados puedan tener la
disponibilidad social suficiente para responder a los
condicionamientos que desde el propio proyecto de ley se van
defendiendo. Señala que para que se cumplan
la LODE y la LOGSE existen una serie de matizaciones que es
oportuno realizar de cara a estos Presupuestos para que puedan
contar con los recursos suficientes para la consecución de sus
objetivos.
Concluye dando cuenta del contenido concreto de las enmiendas
citadas anteriormente.
El señor Ríos Martínez defiende las enmiendas del Grupo
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, manifestando que a
través de las mismas pretenden, en relación con los centros
concertados y el establecimiento o aplicación de los convenios
colectivos de la enseñanza privada, que la solicitud del pago
a cuenta pueda hacerse a petición de las organizaciones
empresariales, y también de los sindicatos y no simplemente
consultando a éstos como se propone en el proyecto del
Gobierno.
Otra de las enmiendas de su Grupo va dirigida a mantener en la
misma cifra que el año pasado las cantidades que los centros
van a percibir de los alumnos en concepto de financiación
complementaria a los fondos públicos. Finalmente, da cuenta
del contenido concreto de las enmiendas 519 y 520 relacionadas
con los profesores de apoyo.
El señor Ollero Tassara defiende las enmiendas del Grupo
Popular. Alude principalmente a la número 905, que resume la
actitud de su Grupo ante este título y que supone
prácticamente una enmienda a la totalidad del mismo, pero el
realismo parlamentario y su afán de colaborar en la mejora del
Presupuesto les ha llevado a formular otras enmiendas de
detalle a las cantidades referidas y que quisiera que por el
Grupo Socialista se entendieran como lo que son, una expresión
de su afán de tomarse en serio, en beneficio de los
ciudadanos, unas leyes sobre las que no han ocultado sus
discrepancias, pero que ya han sido aprobadas por la Cámara al
contar con la mayoría suficiente por los mismos que las
promovieron y que deben asumir la responsabilidad de llevarlas
a buen fin. En relación con los centros concertados
contemplados en este título de la Ley manifiesta que existe un
punto de partida común entre los diversos grupos y es su
acuerdo sobre los mismos, lo cual es explicable por haber
aceptado, en el marco de la Constitución, que exista un
sistema de centros sostenidos con fondos públicos que
garanticen la gratuidad de la enseñanza. Existen, sin embargo,
discrepancias también conocidas como, por ejemplo, sobre el
alcance de esa gratuidad, tema sobre el que el Grupo Popular
defiende una y otra vez la gratuidad en la enseñanza infantil,
que no la hay porque el Partido Socialista la niega una y otra
vez.
Defienden, por otra parte, que todos los centros sostenidos
con fondos públicos reciban las dotaciones necesarias para que
puedan impartir la LOGSE con los requisitos de calidad que esa
misma Ley establece. Este es justamente el sentido de sus
enmiendas, cuyo contenido detallado expone a continuación. En
turno en contra de las enmiendas al Título II interviene el
señor Padrón Delgado, en nombre del Grupo Socialista,
manifestando que dicho título, referente a las normas de
gestión de los centros concertados, plantea todos los años en
este trámite una serie de consideraciones que obedecen a
peticiones de las organizaciones patronales de la enseñanza,
pero sin decir nada de los acuerdos que estas organizaciones
realizan con el Ministerio de Educación. Agrega que toda esta
parte del Título II se refiere a un estricto cumplimiento de
los acuerdos entre el Ministerio y los centros concertados y
la introducción de unas modificaciones como las que se
pretenden, por ejemplo, con la enmienda 906 del Grupo Popular,
significarían un aumento de gastos que afectaría ya al último
trimestre del año 1995. Mientras que se les critica por no
controlar el déficit público, paralelamente unos y otros
grupos presentan enmiendas que suponen aumentos de gastos,
cualquiera que sea la consideración que se les quiera dar.
A continuación fija la posición del Grupo Socialista en
relación con las enmiendas concretas de los diversos grupos de
la Cámara, remitiéndose a lo expuesto en Comisión para el caso
de que no haya aludido directamente a alguna de tales
enmiendas.
Replican los señores Ríos Martínez y Ollero Tassara,
duplicando el señor Padrón Delgado.
Título III (Página 5454)
El señor Núñez Pérez defiende las enmiendas del Grupo Popular.
Recuerda que la pieza clave del debate de este título en los
presupuestos para 1994 fue la congelación salarial, que, por
segundo año consecutivo y debido a la nefasta política
económica del Gobierno socialista, helaba las retribuciones de
los funcionarios y empleados públicos, que siguieron perdiendo
poder adquisito hasta superar los siete puntos en dos años. La
posición del Grupo Popular fue clara entonces y ahora, en el
sentido de no a la congelación salarial y sí a la inevitable
moderación. Eran tiempos de dura crisis económica y el
sacrificio había que repartirlo entre todos.
Añade que en los Presupuestos para 1995 no hay congelación,
pero sí una durísima moderación salarial, que se aplica de
forma lineal a todos los funcionarios,
sin repartir la carga con equidad y según las circunstancias
de cada grupo. El aumento de la remuneración de los empleados
del sector público será del 3,5 por ciento, de acuerdo con lo
pactado entre Gobierno y sindicatos de funcionarios,
incremento que equivale a la previsión de inflación del
próximo año, estimación de difícil cumplimiento por el efecto
negativo que tendrá la subida de la imposición indirecta y por
la aplicación de las cláusulas de revisión salarial que
figuran en la mayoría de los convenios firmados para 1994. Por
tanto, cabría esperar una desviación al alza en esta partida
presupuestaria si el Gobierno cumpliera los compromisos que
figuran en el citado acuerdo con los sindicatos, aprobado en
el Consejo de Ministros de 16 de septiembre pasado.
Consiguientemente, no sabe cuánto crecerá esta partida a
finales de 1995, porque no saben lo que se desviará la
inflación prevista y cómo se comportará la economía. Por
tanto, votará un año más tarde este capítulo sin conocer el
contenido real de las distintas partidas del mismo.
Añade el señor Núñez que, aceptando que el aumento de las
retribuciones sea el 3,5 por ciento, cabe tener una
consideración especial con ese medio millón de funcionarios
subalternos, auxiliares, administrativos, etcétera, con
salarios de 80.000 a 100.000 pesetas al mes, e introducir en
el sistema retributivo correcciones en aplicación de
principios de elemental justicia distributiva. Respecto a la
recuperación del poder adquisitivo de 1993 y 1994 y al sistema
de compensación para posibles desviaciones del IPC en 1995, el
Grupo Popular no entiende por qué no se han reflejado en los
Presupuestos algunas cláusulas parecidas a las que se recogen
en la disposición adicional decimoséptima para las pensiones.
El Grupo Popular no puede por menos que dejar constancia de
las graves dudas y reservas acerca del propósito sincero del
Gobierno de cumplir lo acordado.
Concluye el señor Núñez dando cuenta del contenido de las
numerosas enmiendas parciales presentadas a este título del
proyecto de ley y llamando la atención sobre la introducción
de torpes innovaciones, tanto en el régimen de retribuciones
como en la oferta de empleo público en la carrera
administrativa, la consolidación de empleo temporal, etcétera,
cuestiones que son piezas esenciales del Estatuto de la
función pública y que deben ser contempladas cuando se debata
ese proyecto de ley tantas veces prometido por el Gobierno. El
señor Gatzagaetxebarría Bastida defiende las enmiendas del
Grupo Vasco (PNV). Manifiesta que las mismas van dirigidas
fundamentalmente al artículo 18 del proyecto de ley. Su Grupo
mantiene una posición de discrepancia de fondo, de
discrepancia política, de discrepancia de concepción del
Estado autonómico en relación al modelo de regulación que se
diseña en el artículo 18. A su juicio, no constituye base de
coordinación de la actividad económica la regulación genérica
que ahí se plantea en cuanto a establecer una regulación
única, homogénea, uniforme y unitaria para todo el Estado en
lo que concierne al régimen retributivo de los funcionarios
del Estado y, en general, del personal al servicio de las
administraciones públicas. Se incluye en el ámbito de
aplicación del sector público al personal empleado público
dependiente de las comunidades autónomas y de las
corporaciones locales, con lo que, a su juicio, está en
peligro la esencia del Estado autonómico, la esencia de las
comunidades autónomas, que es la autonomía política normativa
y ejecutiva en esta materia, y está en peligro la autonomía
municipal prevista en el artículo 140 de la Constitución.
Les llama la atención y les preocupan regulaciones como las
previstas en el artículo 18.5, en una actuación, a su modo de
ver, atentatoria a lo que es la autonomía política de las
comunidades autónomas y de las corporaciones locales, y de
ninguna manera pueden aceptar que se establezca que esa
autonomía financiera, reflejo de la autonomía política, quede
vinculada de forma tan estricta y obligatoria como se contiene
en ese artículo 18. Muestra asimismo su discrepancia con el
artículo 19 regulador de las retribuciones básicas y
complementarias, al permitir al Gobierno hacer lo que estime
más oportuno, estableciendo una serie de «sin perjuicios» que
darán soporte a lo que el Gobierno quiera realizar.
El señor Ríos Martínez defiende las enmiendas del Grupo
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Comienza realizando
una valoración positiva del acuerdo alcanzado entre el
Gobierno y los sindicatos en materia de función pública, a
pesar de lo cual las enmiendas de su Grupo Parlamentario
promueven tres grandes objetivos, como son: primero, el
mantenimiento de la capacidad adquisitiva del funcionamiento
público, no conseguida nítidamente, por lo que es necesario el
establecimiento de una cláusula de revisión en los
presupuestos y que funcione de manera automática; en segundo
lugar, el fortalecimiento por todos los medios de la
negociación colectiva y, por último, intentar congelar lo
graciable o, lo que es lo mismo, congelar la productividad y
la gratificación y proyectar las subidas hacia el salario.
En turno en contra de las enmiendas al Título III interviene
el señor Morlán Gracia, en nombre del Grupo Socialista. Aclara
que este Título III de la Ley contempla tres aspectos
fundamentales en su
desarrollo, como son los aspectos básicos de las
retribuciones, por un lado, las especifidades de cada
retribución, por otro, y, finalmente, el aspecto importante de
los recursos que pueden percibir los empleados públicos.
Aclara lo anterior porque a veces da la impresión, cuando se
redactan las enmiendas correspondientes, de que no se está al
corriente de lo que se dice en el proyecto de ley y que lo que
se quiere decir no es lo que después se plantea desde esta
tribuna.
Rechaza las argumentaciones del señor Gatzagaetxebarría
respecto a la posibilidad y necesidad de que el Estado
establezca unos límites en materia salarial, sin que ello
signifique vulneración de la autonomía financiera y política
de las comunidades autómas, ya que a la hora de presentar esta
fórmula no sólo se acogen a lo que dice la Constitución sino
también a lo que dicen las sentencias del Tribunal
Constitucional que amparan perfectamente la posibilidad de que
en los Presupuestos Generales se pongan límites a lo que son
las masas salariales, dada su importante incidencia en lo que
es toda la esfera económica y de planificación general de
nuestra economía. El Grupo Socialista piensa que se trata de
criterios básicos que tienen que seguir las distintas
administraciones a la hora de elaborar sus presupuestos.
En cuanto al señor Ríos, le agradece su posición en relación
con los acuerdos a que el Gobierno y los sindicatos han
llegado y que indudablemente hay que respetar.
Respecto a las numerosas enmiendas relacionadas con lo que
llaman discrecionalidad, con la forma de aplicar los distintos
complementos que constituyen las retribuciones básicas y
complementarias, justifica la posición del Gobierno en
numerosas leyes vigentes, en primer lugar la Ley 30/1984.
Aclara, en todo caso, que más que de discrecionalidad habría
que hablar de excepcionalidad, porque lo que se está
planteando desde la Administración es que se produzcan esas
posibles percepciones motivadas por circunstancias ajenas
objetivas y que nada tienen que ver con el normal
funcionamiento de la Administración, y de ahí ese «sin
perjuicio» contenido en el proyecto de ley. Entiende que se
utiliza la excepcionalidad, que no es discrecionalidad, y
lamenta que, a veces, cuando se ataca al proyecto de Ley de
Presupuestos, a lo mejor no se haga con la intención de
mejorarlo y sí, quizás, en contra de un buen funcionamiento de
la Administración pública.
Concluye que este proyecto de Presupuestos va unido a un
acuerdo que considera que hay que respetar, pero que en otro
caso habría que renegociarlo, ya que no se puede decir que un
acuerdo que todos han deseado y vieron como positivo lo
modifican aquí de manera que implique un mayor gasto sin
renegociar de nuevo con los sindicatos. Cree que es un acuerdo
correcto que implica un mantenimiento del poder adquisitivo de
los salarios y fortalece la negociación colectiva. Replican
los señores Núñez Pérez, Gatzagaetxebarría Bastida y Ríos
Martínez, duplicando el señor Morlán Gracia.
Título IV y Sección 07 (Página 5468)
El señor Núñez Pérez defiende las enmiendas del Grupo Popular.
Recuerda el debate en Comisión, donde el ponente socialista,
señor Cercas, manifiestaba que, de aceptarse dichas enmiendas,
se produciría una avería considerable a la propia viabilidad
del sistema de la Seguridad Social, a lo que contesta que, en
caso de ser aceptadas todas ellas y en la forma más generosa
posible, no se produciría trastorno alguno, ya que para
financiarlas bastaría utilizar una pequeña parte de los
220.000 millones de pesetas que proponen deducir de los gastos
corrientes.
Agrega que el Grupo Popular acepta el aumento de las pensiones
en el 3,5 por ciento, de acuerdo con lo pactado entre el
Gobierno y los sindicatos y que equivale a la previsión
oficial de inflación para 1995, y acepta también la cláusula
de revisión de la disposición adicional decimoséptima para el
caso de que la previsión de la inflación no se cumpla.
Precisamente el año anterior exigían una cláusula de esta
naturaleza, que el Grupo Socialista se negó a aceptar por
razones de técnica presupuestaria. Este año, sin embargo, la
incluyen, a su juicio, por puro oportunismo político.
Asimismo se han visto obligados a presentar algunas enmiendas
parciales que tratan de superar situaciones lacerantes,
eliminar discriminaciones que aún existen en clases pasivas y
elevar determinados niveles mínimos, todo lo cual exige que el
título y la sección se devuelvan al Gobierno para su
corrección. Aclara que, en todo caso, se trata de una
revalorización legal de las pensiones y no de una concesión
graciable del Presidente del Gobierno, como tantas veces se ha
pretendido hacer creer.
Insiste, por último, en la existencia de situaciones que
demandan especial atención y en la urgencia de terminar con la
congelación que año tras año vienen experimentando las
pensiones asistenciales y las prestaciones de la Lismi. El
señor Chiquillo Barber, del Grupo Mixto, defiende las
enmiendas números 29 y 30. Con la primera de ellas solicitan
la modificación del artículo 35 respecto a la determinación
inicial de pensiones no
contributivas de la Seguridad Social, proponiendo que la
cuantía de pensiones de jubilación e invalidez, en su
modalidad de no contributiva, se fije en 40.000 pesetas
mensuales.
La número 30 propone la supresión del artículo 38, por
considerar que, si se hace el justo esfuerzo de revisar las
pensiones, no se deben establecer excepciones a la
revalorización de las mismas.
El señor Peralta Ortega, en nombre del Grupo Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, alude a la dispersión de la amplia
materia relativa a la Seguridad Social en distintos títulos,
disposiciones de la Ley de Presupuestos y la conocida como Ley
de acompañamiento y el método de debate de las mismas, lo que
les obliga a un discurso que, cuando menos, se presta a falta
de coherencia. Desde Izquierda Unida consideran que en un tema
tan importante como el de la Seguridad Social que afecta a
millones de ciudadanos de nuestro país es importante, cuando
menos, un discurso coherente. Por ello, consideran necesario
abordar la totalidad de la problemática de la Seguridad Social
limitándose en este trámite a dar por defendidas las enmiendas
presentadas a este título y reservándose para realizar ese
debate de totalidad cuando traten el Título VIII y las
Secciones 19 y 60.
En turno en contra de las enmiendas al Título IV interviene,
en nombre del Grupo Socialista, el señor Cercas Alonso. En
relación con las enmiendas de totalidad presentadas a este
título, y dado que el representante de Izquierda Unida se ha
reservado para su defensa en otro trámite de la ley, aludirá
únicamente al portavoz del Grupo Popular diciéndole que se
encuentran, como tantas otras veces, en presencia de una
enmienda presentada y no defendida, como ocurrió también en el
debate de la Comisión el pasado día 7, según es fácil de
observar en el «Diario de Sesiones». Cree que, efectivamente,
no existe un programa alternativo de gasto por parte del Grupo
Popular y están huérfanos en este momento de cualquier
razonamiento lógico que pretenda apoyar la devolución del
proyecto al Gobierno, y sin ningún tipo de argumentación que
se sostenga en sus propios términos. Cree que es necesario
exigir una cierta lógica cuando se trata de una medida de esta
naturaleza, nada menos que la devolución de un presupuesto que
afecta a más de 7 millones de familias, por lo que deben
exigir razones muy poderosas para pedir su devolución, no
bastando con un cúmulo de palabras por juicios o soflamas
políticas.
Añade que el problema se agrava cuando se observa que el Grupo
Popular mantiene un texto alternativo, o más bien se temen que
no quieren presentarlo, respecto al proyecto de ley de
pensiones del Grupo y del Gobierno socialistas. En la
situación descrita, y en una actuación que califica de pura
cortesía parlamentaria, no le parecía lógico que tuvieran ese
debate en Comisión, pero si hoy el señor Núñez expone desde
esta tribuna una política alternativa a la de los socialistas,
no tienen inconveniente en discutirla. Sin embargo, hasta
ahora, si la tienen, la callan, por razones fácilmente
explicables, solicitando la devolución del proyecto al
Gobierno, como hacen por sistema con tantos programas
gubernamentales, por inercia o porque no saben, descalificando
por descalificar.
Termina resaltando el interés de los socialistas en defender
la coherencia del sistema de Seguridad Social y su viabilidad
financiera, razones por las que se opondrán a todas y cada una
de las enmiendas del Grupo Popular y también a las del señor
Chiquillo Barber.
Replica el señor Núñez, duplicando el señor Cercas Alonso. El
señor Homs i Ferret interviene para formular una enmienda
transaccional a la número 1.823 del Grupo Popular al primer
título del proyecto de ley, con el propósito de que todos los
sobreingresos que puedan realizarse en el ejercicio de 1995 se
dediquen a reducir el déficit público.
En nombre del Grupo Popular interviene el señor Arias-Salgado
Montalvo, señalando que no pueden aceptar la enmienda
transaccional propuesta, aunque comparten la misma
preocupación, ya que, frente a la misma, lo lógico es
introducir en la Ley de Presupuestos un mandato normativo y no
una mera declaración de intenciones en la exposición de
motivos.
Se procede a la votación de las enmiendas debatidas a lo largo
de la tarde, así como del dictamen correspondiente, que es
aprobado de la siguiente forma: Título I, por 165 votos a
favor, 147 en contra y tres abstenciones; Título II, por 160 a
favor, 139 en contra y 16 abstenciones; Título III, por 172
votos a favor, 140 en contra y dos abstenciones, y Título IV y
Sección 07, por 169 votos a favor, 133 en contra y 13
abstenciones.
Título V y Sección 06 (Página 5481)
El señor Montoro Romero defiende las enmiendas del Grupo
Popular, cuya intención es doble. En primer lugar, frenar el
incremento de la deuda pública en nuestro país y, en segundo
lugar, clarificar las operaciones financieras del Estado, la
cuenta financiera de nuestras administraciones públicas
centrales. El señor Chiquillo Barber, del Grupo Mixto,
defiende las enmiendas 31 a 33, a los artículos 43, 45 y
46, dando cuenta de su contenido y manteniéndolas a efectos de
votación por considerar que la deuda pública no puede frenar
el progreso de nuestro país. Asimismo solicita que se dé por
defendida en sus propios términos la enmienda número 440 al
Título V, de Coalición Canaria.
El Señor Albistur Marín, del Grupo Mixto, defiende una
enmienda encaminada al incremento de la ayuda a la
exportación, al considerar que la actual cifra para este fin
resulta insuficiente para los objetivos formulados por el
Ministerio de Comercio y el Instituto de Comercio Exterior.
El señor Frutos Gras defiende las enmiendas del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, remitiéndose, con
relación al conjunto de este Título, a la posición mantenida
por su Grupo en la enmienda de totalidad, que se resumía, en
lo fundamental, en contener el déficit, pero no a costa del
gasto social sino de otros gastos, a los que en su momento se
ha referido de forma clara y concreta.
En turno en contra de las enmiendas a los Títulos V y Sección
06 interviene el señor Martínez Noval, en representación del
Grupo Socialista. En relación con las manifestaciones del
señor Montoro, considera muy difícil justificar en estos
momentos que la deuda pública en el nivel en que se encuentra
en nuestro país pueda significar un impedimento o un factor
limitativo del crecimiento. Aun reconociendo que el aumento de
la deuda pública ha sido importante en los últimos años,
recuerda también que no somos ningún caso peculiar,
encontrándose nuestra deuda en el momento actual en un nivel
razonable, si se compara con la situación de otros países.
Anuncia, por último, el rechazo por parte del Grupo Socialista
de las enmiendas del Grupo Popular, con excepción de la número
161 al artículo 56.1, e igualmente rechaza las enmiendas
defendidas por los señores Chiquillo, Albistur y Frutos.
Título VI (Página 5490)
El Señor Costa Climent defiende las enmiendas del Grupo
Popular, afirmando que los Presupuestos presentados por el
Gobierno ofrecen a los españoles un incremento de la presión
tributaria introducida como consecuencia de una elevación
normativa de los ingresos, ya que estos Presupuestos acuerdan
una subida del IVA y una subida de los impuestos especiales,
que recaerán fundamentalmente sobre las economías familiares
con rentas más bajas. Las enmiendas del Grupo Popular tienen
como finalidad dotar a la actividad económica de un marco
impositivo más neutral, que proporcione mayor seguridad
jurídica y que no reste ni encarezca recursos económicos para
financiar la actividad productiva.
El señor Ríos Martínez defiende las enmiendas del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, aludiendo a los
impuestos que deben potenciarse, desde la óptica de su Grupo,
y los impuestos que creen que pueden provocar una proyección
inflacionaria sin solucionar los problemas que teníamos, y a
la política de exenciones fiscales dirigidas a las capas
populares más desfavorecidas.
El señor Zabalía Lezámiz, en nombre del Grupo Parlamentario
Vasco (PNV), considera sobradamente defendidas las enmiendas
presentadas al Título VI y por las que pretenden mejorar las
medidas tributarias recogidas en este Capítulo en relación con
la fiscalidad, tanto de las personas físicas como de las
jurídicas, intentando adaptarlas al nuevo contexto económico,
de clara recuperación, frente al pasado período de profunda
crisis económica que hemos padecido. Los objetivos perseguidos
con sus enmiendas son, por una parte, volver a las escalas
previstas por la Ley 18/1991 y, por otro, reducir la presión
fiscal sobre la renta de las personas físicas.
Asimismo consideran como uno de los objetivos prioritarios a
abordar por el Gobierno en materia tributaria la reforma del
Impuesto sobre Sociedades, reformando el apoyo fiscal de cara
a la competitividad empresarial. El señor Olabarría Muñoz
completa la defensa de las enmiendas del Grupo Vasco,
refiriéndose a las presentadas al artículo 78 del proyecto de
ley por las que se pretenden aplicar el tipo superreducido del
IVA a las bebidas refrescantes no alcohólicas, e igualmente a
todas las viviendas calificadas administrativamente como de
protección oficial.
El señor Chiquillo Barber, del Grupo Mixto, pide que se den
por defendidas las enmiendas de la señora Rahola i Martínez.
Respecto a las suyas propias afirma que van dirigidas a
reformar la estructura fiscal para que se coloque al servicio
de la inversión y ayuda al pequeño comerciante y empresario,
motores de nuestra economía.
El señor Olarte Cullen defiende la enmienda 441 del Grupo de
Coalición Canaria, al artículo 84, que postula la sustitución
del 11 por ciento contenido en el proyecto por el 10.
El señor García Ronda, en nombre del Grupo Socialista,
contesta a los enmendantes al Título VI del proyecto de ley,
aludiendo con detalle al contenido de las numerosas enmiendas
a dicho título y a los argumentos expuestos por los portavoces
de los diversos grupos parlamentarios.
Se suspende la sesión a las once y cuarenta y cinco minutos de
la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
--PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA
1995 (Número de expediente 121/000067)
--PROYECTO DE LEY SOBRE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y
DEL ORDEN SOCIAL (Número de expediente 121/000070)
El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión.
Punto único del orden del día: Dictámenes de las Comisiones de
Presupuestos y de Economía y Hacienda, relativos a los
proyectos de Ley de Presupuestos Generales del Estado para
1995 y sobre Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social.
Título I
Enmiendas al Título I del texto articulado del proyecto de Ley
de Presupuestos Generales del Estado.
Enmiendas del Grupo Popular.
Tiene la palabra el señor Aguirre.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Esta tarde es difícil ser puntual en esta Cámara debido al
brutal asesinato de dos taxistas madrileños que se ha
producido en la pasada madrugada, que mi Grupo rechaza y
condena, y que produce el que hoy en esta Cámara la
puntualidad y la asistencia sean precisamente un obstáculo
para realizar un debate en los términos de aptitud que
corresponde a este Título I del proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado.
Señor Presidente, señorías, comenzamos hoy un trámite de
debate en Pleno de los presupuestos para 1995 con la defensa
de las enmiendas presentadas por el Grupo Popular al Título I
del articulado de esta ley; un debate presupuestario que
comenzó a finales del mes de septiembre y que culminará a
últimos del mes de diciembre; un debate presupuestario que
comenzó en un clima político marcado por la necesidad del
Gobierno de hacer de este trámite un punto de referencia a su
cuestionada estabilidad política y conseguir en este tiempo
recuperar la credibilidad perdida en la institución
presupuestaria.
Al entender del Grupo Popular, este Título I debería haber
contenido la estructura de gastos, la distribución de
créditos, la estimación de ingresos y las normas legales que
hicieran posible contribuir, de una forma positiva, a la
estabilidad de la economía y contribuir, igualmente, de una
forma favorable a la recuperación de la credibilidad perdida.
Señorías, el Grupo Popular no encuentra signos de austeridad
en el modelo de distribución de gastos que nos propone el
artículo 2.º de estos presupuestos. Igualmente no encontramos
signos de rigurosidad en el estado de ingresos donde llegamos
a advertir, y así queremos dejar constancia hoy en esta
tribuna, que la estimación de los ingresos que hace el
Gobierno es inferior al cálculo matemático con el que se ha
elaborado esa estimación.
Mi Grupo quisiera saber qué datos pretende esconder el
Gobierno al resistirse a enviar a este Grupo parlamentario el
cálculo de elasticidad con el que se ha realizado la
estimación de ingresos; qué se quiere ocultar a esta Cámara, a
la soberanía popular, no desvelando los cálculos internos que
tiene el Gobierno en materia de estimación de ingresos para el
ejercicio de 1995. Señor Ministro, dar la callada por
respuesta a la petición de información sobre el cálculo de
elasticidad que ha concluido con la estimación de ingresos que
contiene estos presupuestos es, a nuestro juicio, arrojar
todavía más sospechas; es, a nuestro juicio, dañar una
institución presupuestaria que se encuentra hoy muy degradada;
es incrementar la falta de credibilidad en su política
presupuestaria.
Señorías, mi Grupo no encuentra signos de austeridad en el
capítulo de gastos; tampoco encontramos signos de rigurosidad
en el capítulo de ingresos, y debemos denunciar que los
beneficios fiscales expresados en el artículo 3, a nuestro
entender, están cifrados en exceso, como se puede comprobar si
se realiza una mínima observación de la serie que constituye
el comportamiento de cada una de las partidas que componen el
presupuesto de gastos fiscales. Señor Ministro, estas tres
observaciones serían razones suficientes para justificar la
enmienda a la totalidad de este Título I. Pero, señorías de la
mayoría, este Título no deja de aportar sorpresas, sobre todo
en el terreno de la confianza. Mejor dicho, en el terreno de
la desconfianza; de la desconfianza que genera observar que no
se propone un solo instrumento, que ni un solo precepto de los
que plantea su proyecto de ley tiene como objetivo acelerar la
eliminación del déficit, impedir el desbordamiento del gasto,
obstaculizar las desviaciones consentidas en la ejecución
presupuestaria. Este y otros portavoces de mi Grupo que me van
a seguir en este debate hemos insistido en distintas
ocasiones, señor Ministro, en que la falta de credibilidad de
su Gobierno, la falta de credibilidad de su política
presupuestaria tienen su origen en la distancia existente
entre los presupuestos autorizados por este Parlamento y los
presupuestos ejecutados por el Gobierno
Socialista. Ninguna de SS.SS. va a poder subirse a esta
tribuna y negar que desde el 18 por ciento de desviación con
que se cerró el ejercicio de 1985 hasta el 117 por ciento de
desviación con que se cerró el ejercicio de 1987, los
gobiernos socialistas, en sus mandatos, han conseguido, como
media, que se produzca una desviación del 33 por ciento de los
créditos autorizados respecto de los créditos finales.
El Grupo Popular no es en esta ocasión una voz solitaria, no
es una voz en el desierto cuando critica las normas de
modificación y de ejecución presupuestaria; no es ni una
crítica sistemática. Hoy día, señor Ministro, los centros de
análisis económicos, la universidad, ahora hasta los
organismos internacionales, manifiestan su desconfianza en la
forma de ejecutar los presupuestos de los sucesivos gobiernos
socialistas. Podríamos afirmar que todas las voces se vuelven
en contra de su forma de ejecutar los presupuestos y a
ustedes, a usted concretamente, todo lo que se le ha ocurrido
es anunciar que van a realizar un seguimiento mensual de cómo
gastan los ministerios. Dicho en lenguaje doméstico, señor
Ministro, el lunes empezamos el plan de adelgazamiento. Lo que
ocurre es que no nos dice de qué mes ni de qué año es ese
lunes al que se refiere, ni nos quiere identificar en qué
consiste ese plan de adelgazamiento.
Mientras la condena a la ejecución presupuestaria es un
mensaje ampliamente compartido, el Capítulo II de este Título
I deja incólume toda la maraña de modificaciones
presupuestarias, no aporta ni un solo mecanismo para construir
caminos para la reducción del déficit y mantiene abiertas
absolutamente todas las ventanas de la institución
presupuestaria para una ejecución marcada por la laxitud y por
el desbordamiento del gasto. El conjunto de preceptos sobre
modificaciones de créditos de su proyecto inicial insisten en
permitir las transferencias entre capítulos, posibilitando que
créditos destinados a inversiones reales sean detraídos de
estos proyectos y se destinen a financiar gasto corriente
innecesariamente incrementado. Será gracias a una enmienda del
Grupo Popular, concretamente la 893 (aprobada en trámite de
comisión gracias a la sensibilidad de otros grupos, que
confiamos no sea una sensibilidad interesada ni se trate de
una sensibilidad temporal), como se ponga fin a la práctica
perversa de que se puedan atender gastos de funcionamiento con
fondos destinados a inversiones reales.
El conjunto de enmiendas que el Grupo Popular presenta a este
Título I se detienen de una manera especial en el artículo 11
de este Título. Como S.S. conoce, este artículo 11 es el ya
tradicional artículo 10 de supuesta autodisciplina
presupuestaria; y decimos supuesta autodisciplina porque los
efectos de su actual redacción no han sido tanto en limitación
del gasto público como de escondite, un escondite que genera
un agujero que, posteriormente, nos vemos en la necesidad de
sanear.
Señor Ministro, un artículo de supuesta autodisciplina en el
marco de una institución presupuestaria condenada por
indisciplinada habría merecido, como mínimo, una respuesta que
introdujera elementos de rigor. Por el contrario, el Gobierno
nos ha sorprendido con un añadido a la tradicional redacción
de este artículo, exceptuando de los límites de gastos los
créditos destinados a financiar las liquidaciones de 1993 y de
1994 del Insalud y los créditos destinados a financiar a las
comunidades autónomas por su participación en los ingresos del
Estado relativos a las liquidaciones de ejercicios anteriores.
La falta de credibilidad de nuestra institución presupuestaria
radica en un déficit excesivo; déficit excesivo que proviene
siempe del lado de los gastos. El 70 por ciento de las
desviaciones de los gastos vienen justificadas por la
ejecución del presupuesto a través de créditos ampliables. Es
decir, los créditos ampliables están en el origen de la
perturbación presupuestaria, y ustedes, lejos de abandonar
esta práctica, nos proponen dos nuevos créditos ampliables, y
qué casualidad, dos créditos ampliables que vienen a cubrir
gastos y deudas de ejercicios anteriores, siendo incapaces de
identificar a cuánto ascienden las deudas que el Estado tiene
con el Insalud y con las comunidades autónomas, deudas de
ejercicios anteriores, de ejercicios ya cerrados. A nuestro
entender, este artículo 11 es un ejemplo nítido del escaso
control que el Gobierno tiene sobre la situación de las
cuentas del Estados o, en su defecto, es una ocultación, o una
oculta intención de no poner de relieve el auténtico alcance y
la auténtica dimensión de las deudas que se tienen con el
Insalud y con las comunidades autónomas. En este sentido, el
Grupo Popular, en sus enmiendas 898, 899, 900, 901 y 902
rechaza que deudas de ejercicios anteriores, y que por tanto
tendrían que ser conocidas, se traten, en este presupuesto, a
través de créditos ampliables. Y queremos aprovechar esta
mención que hacemos de los créditos ampliables para defender
el paquete de enmiendas que el Grupo Popular ha presentado al
Anexo II, concretamente las enmiendas 1.009 a 1.018. Para
ello, vamos a retomar argumentos que acabamos de utilizar. Las
desviaciones de crédito que se producen entre los créditos
autorizados y los créditos liquidados finalmente por el
Gobierno socialista, señor Ministro, no sólo ponen en cuestión
la vida presupuestaria en términos económicos, sino que, a
nuestro entender, alteran el sentido, vulneran el contenido de
votaciones que se celebran en esta Cámara, con la repercusión
que esta actitud tiene sobre la imagen internacional y, por
qué no decirlo, con la repercusión que esta actitud tiene en
la perspectiva de la consolidación democrática. Ha oído bien,
en la perspectiva de la consolidación democrática,
señor Ministro. Sus gobiernos han desviado como media anual --
ya lo he dicho anteriormente-- el 33 por ciento del
presupuesto de gastos. Como sabe usted, la estructura de esta
desviación se concreta en que en el 69 por ciento de las veces
que se produce la misma tiene su origen en créditos
ampliables, el 19 por ciento en incorporaciones de crédito y
el 11 por ciento en créditos extraordinarios. Por tanto, señor
Ministro, volvemos a identificar que los créditos ampliables
son la auténtica razón, son el origen de una ejecución
presupuestaria que genera inestabilidad económica,
desprestigio internacional, así como sucesivos
pronunciamientos desfavorables del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE: Señor Aguirre, le ruego concluya.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente, voy
concluyendo. A nuestro entender, cabría preguntarse, señor
Ministro, por qué no han quedado reducidos los créditos
ampliables a casos muy excepcionales, como establece la propia
Ley General Presupuestaria.
No corregir, señor Ministro, no corregir. Las graves
debilidades que aquejan al proceso de ejecución
presupuestaria, conociendo como se conocen, dónde se producen
y cuáles son sus causas, para el Grupo Popular constituye una
intolerable combinación de desidia y de desprecio a la
institución presupuestaria, que está en la esencia misma de la
democracia. Para ir concluyendo, restaría defender en este
turno las enmiendas 1.058 a 1.063, seis enmiendas que proponen
seis disposiciones adicionales nuevas en concordancia con el
espíritu que inspira nuestra alternativa al Título I;
alternativa que quiere poner fin, por un lado, a la falta de
transparencia, a la falta de credibilidad y a la falta de
confianza. Los sucesivos informes del Tribunal de Cuentas
vienen denunciando la existencia de déficit acumulado y no
aflorado. El Banco de España advierte de la existencia de
déficit ocultos en el sector público empresarial. El alto
Tribunal fiscalizador, señor Ministro, insiste en que se
producen reiteradas infracciones de las normas presupuestarias
y de las normas contables, que estas infracciones y que estas
salvedades limitan el reflejo de la actividad económica y
financiera del Estado en las cuentas públicas, y que, de igual
manera, no se refleja fielmente la situación patrimonial del
Estado y de sus organismos autónomos.
La degradación de las cuentas públicas, que está siendo
denunciada, señor Ministro, no sólo por la oposición,
requiere, a nuestro entender, adoptar medidas complementarias
y reformar el marco normativo con el fin de recuperar
credibilidad y confianza perdidas.
El Parlamento debe tener un seguimiento próximo, y con
carácter permanente, de la evolución de las cuentas públicas.
El ciudadano no puede dudar que el Parlamento conozca la
actividad económica y financiera y la situación patrimonial
del Estado. El Ministerio de Economía, el Tribunal de Cuentas,
la Intervención General no pueden permanencer en la
discrepancia sobre criterios contables, o en la discrepancia
sobre la verdadera magnitud de los déficit, y el Tribunal de
Cuentas no puede estar realizando su función fiscalizadora con
tres o cinco años de retraso.
Señorías, realicemos una auditoría de las cuentas públicas,
dotemos al Tribunal de Cuentas de un marco normativo de medios
humanos, de medios económicos, que corrija sus insuficiencias
y sus retrasos, garanticemos a los ciudadanos que su
Parlamento tiene un control con carácter permanente y
sostenido de la ejecución presupuestaria, de la gestión de
cada Ministerio a través de una oficina presupuestaria
enmarcada en los servicios de esta Cámara. Superemos las
discrepancias de criterios contables y la maraña normativa de
la Institución presupuestaria a través de una reforma urgente
de la Ley General Presupuestaria. Señor Presidente, concluimos
este turno con la defensa de nuestra enmienda al Anexo I, la
número 1.008. El Grupo Popular ha presentado 1.046 enmiendas a
los Presupuestos Generales para 1995; 1.046 enmiendas que
representan una alternativa del Partido Popular a todo el
articulado de esta ley, a las secciones ministeriales de esta
ley, y, por ende, a las dotaciones de crédito contenidas en
ese Anexo número I; una distribución de créditos por programas
que se totaliza en 30 billones de pesetas, que refleja el
carácter, a nuestro entender, expansivo de este presupuesto,
que representa una continuidad en una política presupuestaria
hoy ampliamente criticada, señor Ministro, y también
sancionada inclusive por la Comisión Europea y por otros
organismos internacionales; una política presupuestaria que ha
llevado al déficit español a ser considerado excesivo, que
está colocando nuestra deuda en una senda de crecimiento
insostenible, merecedora de la desconfianza de los mercados,
como señala el aumento del diferencial del tipo de interés a
diez años, en referencia con el alemán. Desconfianza, señor
Ministro --con esto termino, señor Presidente--, que se ve
agravada por la inseguridad política, que crea el clima de
corrupción, clima de corrupción que está enmarcando esta
política presupuestaria continuista, permisiva con la
degradación de nuestras cuentas públicas.
Señor Presidente, éstas son las razones por las que pedimos el
voto favorable para las enmiendas presentadas por el Grupo
Popular al Título I, adicionales, Anexo I y Anexo II,
defendidas en este turno.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aguirre.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. Tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, la verdad
es que Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya aborda este
debate plenario con la convicción de que la teoría que
debiéramos de aplicar a nuestros debates sería qué
modificaciones podríamos introducir a un texto que deviene ya
de un debate de totalidad y de qué manera podríamos mejorar
esta propuesta del Gobierno, que nosotros consideramos que
obedece a una acción política en su conjunto, que es parte de
la política global económica del Gobierno y que, como técnica
presupuestaria para conseguir esa política, dista de lo que
debiera de ser una técnica presupuestaria objetivada,
programada, planificada o como queramos denominar. La verdad
es que se mantiene la técnica presupuestaria en una estructura
funcional más que en una objetivación. Pero, además, el
seguimiento de los objetivos que el Gobierno se propone, de
las iniciativas que el Gobierno intenta plasmar en los
presupuestos, se hace bastante difícil. Tenemos dificultad
para ver de qué manera, durante el ejercicio presupuestario, y
en función de la ejecución del presupuesto, el Gobierno va
cumpliendo sus objetivos.
¿Cuál es, por tanto, el objetivo de las enmiendas de Izquierda
Unida? Una vez rechazada nuestra filosofía de incidir de
verdad en la realidad productiva, considerar raquítica la
propuesta presupuestaria, ver de qué manera estas partidas
presupuestarias pueden funcionar más ajustadamente, más
transparentemente y con menos deslizamientos, por así decirlo.
Nos gustaría que se rompiera en la técnica presupuestaria del
debate ese viejo dicho de que una cosa es predicar y otra dar
trigo. Queremos que el presupuesto que aquí se apruebe se
parezca al final de la ejecución, yo no diría que como dos
hermanos gemelos, porque sería difícil, pero por lo menos como
primos hermanos para que, lo que se propone, al final pueda
asemejarse. ¿Cuál sería, por tanto, la línea de enmienda a
este primer Título con el que iniciamos el debate
presupuestario del texto articulado, que dice: la aprobación
de los presupuestos y de sus modificaciones? Pues ceñir de
verdad los gastos y los ingresos a una previsión con el menor
número de modificaciones y con una gestión lo más transparente
posible.
Nuestra primera enmienda va dirigida al Título I para que en
los Presupuestos se recoja también una parte del esfuerzo del
Estado, que es el esfuerzo de las empresas públicas. Por
consiguiente, nuestra primera enmienda pretende que cuando se
dice de qué constan los Presupuestos Generales del Estado --de
los organismos autónomos, de los organismos comerciales, del
subsector Estado, de la Seguridad Social--, apareciera un
apartado con las empresas públicas en las que el Estado
participa con más del 20 por ciento.
Es verdad que unas empresas públicas tienen capital
mayoritario o mayoría absoluta del Estado. Como es difícil
saber si tenemos peso específico dentro de una empresa,
debemos establecer un porcentaje. Hay grandes empresas que se
dirigen con el 5 y con el 10 por ciento, pues algunos bancos
no necesitan tener el 20 por ciento para poder decidir
posiciones políticas. La segunda enmienda recoge en qué
debieran constar los tomos que el Gobierno nos aporta.
Señorías, en muchos documentos y en muchos papeles se puede
ocultar la información. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos?
Conocer cuál es la política inversora del Gobierno, cómo se
territorializa esa política inversora y de qué manera esos
proyectos que va a acometer el Gobierno son fruto de las
nuevas políticas de este año o vienen de políticas anteriores;
es decir, si se han deslizado de años anteriores o están
culminándose en este ejercicio. Queremos conocer con total
nitidez cuáles son los compromisos que el Gobierno contrae con
esta Cámara al pedirnos estos créditos del gasto. Por último,
en la relación de puestos de trabajo que se nos adjunta
pedimos que se nos diga cuáles están cubiertos y cuáles están
vacantes. La enmienda 492 se refiere precisamente a qué
material debe aprobarse en la discusión parlamentaria.
En cuanto a los ingresos, el Gobierno parte de una declaración
de buenas intenciones del señor Ministro en el debate que
hemos tenido en la Cámara y en otros sobre la lucha contra el
fraude fiscal, pero no se marcan nortes ni compromisos
concretos. La enmienda de Izquierda Unida pretende fijar un
objetivo de lucha contra el fraude y comprometer una
cuantificación de ese objetivo. Se me podrá decir que eso es
difícil, que habría que ver el impuesto o la actuación a
realizar y podríamos llegar a una no concreción
presupuestaria. Pero, señorías, todos los números que figuran
en los ingresos y en los gastos son estimaciones o
autorizaciones al Gobierno para su propia actuación. De esta
forma, en la liquidación del presupuesto de este año vamos a
ver cómo el IRPF o el IVA tienen un volumen mayor de
ejecución. ¿Cómo es posible? Quizá por mejor gestión, quizá
porque haya una derivación de la lucha contra el fraude
fiscal, quizá por cualquier otra actuación. Al final puede
parecer que hay una buena gestión, porque hemos hecho una
buena administración, pero no un compromiso. ¿Qué es lo que
nosotros queremos? Cifrar esa lucha contra el fraude fiscal en
750.000 millones de pesetas y ver si se cumple o si no se
cumple. Nos habremos quedado más cerca o más lejos del
objetivo en función de una gestión, pero estableciendo un
compromiso. Si esta cifra no les sirve, aceptaríamos otra
cifra indicativa. Decía el señor Ministro en el debate que
solamente las actas de inspección que se habían realizado en
el último año estaban por encima de los 450.000 millones de
pesetas.
El siguiente paquete de enmiendas va dirigido a intentar que
el texto que aprobamos aquí se parezca, en la medida de lo
posible, a lo que se ha informado
a todos los Diputados y ciudadanos. Cuando se habla de los
compromisos de ingresos, pretendemos un nivel de desagregación
por lo menos similar al del gasto. Por ello hemos presentado
el siguiente grupo de enmiendas: 494, 496, 497, 498 y 499, que
lo que buscan es que cada bloque de ingresos esté subdividido.
Cuando decimos que el Estado va a ingresar exactamente 13,7
billones de pesetas, debe decirse que va a ingresar tanto en
el IRPF, tanto en el Impuesto de Sociedades, tanto en
el IVA, tanto en impuestos indirectos, etcétera. Es decir,
pretendemos una desagregación mayor que la del texto.
Lo mismo podemos decir de la enmienda 499, dirigida a los
ingresos de los organismos autónomos, de la que se refiere a
los ingresos de los organismos comerciales, a los ingresos de
la Seguridad Social, así como a los ingresos de los entes
públicos, que recoge el artículo 1.º e) de la presente ley. La
enmienda 495 pretende una mayor claridad del texto al aprobar
el estado de gasto consolidado, el compromiso de este
presupuesto para nuestra actuación administrativa. Hay un
presupuesto consolidado de 33,8 billones de pesetas. Ese
presupuesto recoge el gasto del Estado, el gasto de los
organismos autónomos y comerciales, de la Seguridad Social y
de los entes públicos. ¿Qué proponemos nosotros? Que también
aparezca el estado de ingresos consolidados de estos cuatro
apartados.
La enmienda número 500 tiene una filosofía que nos diferencia
de la propuesta del Gobierno, que es reducir los gastos
fiscales. Señorías, los gastos fiscales se están incrementando
fundamentalmente para conseguir dos objetivos, según el
Gobierno: primero, para favorecer la inversión y, segundo,
para generar más empleo. La realidad es que sin dirigir los
gastos fiscales a esos compromisos, hechos por lo general a
todas las empresas y a todas las actuaciones, no van a
conseguir esos objetivos.
Lo que proponemos para este año, en el que tiene que haber una
austeridad en la gestión pública, es contener esos gastos
fiscales. Fíjense SS.SS. que ni siquiera proponemos
retrotraerlo a la cifra del año anterior. Proponemos que el
gasto fiscal de este año quede en 200.000 millones de pesetas
menos. Si acaso no se aceptara esa reducción de los 2,2, casi
3 billones de pesetas de gasto fiscal, ¿cuál es la otra
propuesta? Especifíquennos ustedes cuál es la distribución del
gasto fiscal, no pongan aquí en su conjunto 2,3 billones de
pesetas. Digan tanto en gasto fiscal, tanto en IRPF, tanto en
el Impuesto sobre el Patrimonio, tanto sobre el Impuesto de
Sociedades. Porque, señorías, siguiendo esta filosofía de
gasto fiscal, en este país el Impuesto sobre el Patrimonio lo
paga muy poca gente. Tenemos casi un 86 por ciento de gasto
fiscal en el Impuesto sobre el Patrimonio, dicho de otra
manera, de beneficios fiscales.
La enmienda 502 pretende introducir el grupo Teneo
especificado como empresa. La enmienda 505 pretende que las
modificaciones presupuestarias del Gobierno se sujeten a lo
que pudiéramos llamar justificación de los objetivos que se
renuncian y de los objetivos que se añaden, que cada
modificación presupuestaria lleve aparejada esa actuación.
La enmienda 507 propone ampliar los créditos vinculantes. La
propuesta del Gobierno contiene una serie de créditos
vinculantes, cuatro en concreto. Como digo, nosotros
proponemos ampliar esos créditos vinculantes a los productos
alimenticios. El proyecto del Gobierno dice que sí pero para
los productos alimenticios de Defensa, los demás productos
alimenticios no son vinculantes. Queremos hacer más vinculante
el concepto 221.05.
La enmienda 508 va dirigida precisamente a las competencias en
materia de modificación presupuestaria. Nosotros creemos que
respecto a los convenios que se suscriban después de la
aprobación de Presupuestos el Gobierno puede estar autorizado
a introducir esas modificaciones, pero no en cuanto a los que
estén ya en vigor. Por tanto, no se debe autorizar al Gobierno
a introducir modificaciones en convenios anteriores.
Termino, señor Presidente, con un grupo de enmiendas que van
dirigidas al concepto de caja única. Se tratade no autorizar
al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Sanidad a que
tengan su caja de ingresos y su caja de gastos, porque eso
funciona mal; tiene que regir el principio de caja única para
toda la Administración y tener previstos los ingresos y los
gastos de cada organismo. Las propuestas que nosotros hacemos
tienen por objetivo contener la limitación presupuestaria al
crédito extraordinario al 2 por ciento; es decir, que el
Gobierno pueda solicitar créditos extraordinarios ante las
Cortes hasta 600.000 millones de pesetas. ¡Se dice muy pronto
el volumen de esta cifra! El Gobierno propone un 3 por ciento,
900.000 millones de pesetas. Además, proponemos que las
modificaciones presupuestarias, todas las que se produzcan y
cuando se aprueben, se remitan a la Cámara.
Señorías --y termino con esta enmienda--, nosotros creemos que
la mejor forma de controlar el gasto público, al margen de que
vengamos aquí cada año a decir que se ponga en marcha la
oficina presupuestaria, de que vengamos todos a decir que en
esta Cámara debe funcionar una Comisión que controle, la forma
más sencilla es utilizar la informática: si está informatizada
la Intervención General del Estado, con que los grupos
parlamentarios tengan acceso a ese ordenador estaremos
enterados de todo, y conoceremos los detalles de pe a pa sin
necesidad de las montañas de papeles que al final lo que
significan es ocultación de la información. Ese es el mayor
grado de transparencia. Y ¿quién está más interesado en la
transparencia? Yo creo que el propio Gobierno; quien no tiene
nada que ocultar, no tiene por qué tener por problemas en ser
controlado. Quien tiene limitación para ser controlado es el
que puede tener algún tipo de duda. Yo estoy convencido de que
esta propuesta que hace Izquierda Unida beneficiaría a la
transparencia, nos ahorraría un sinfín de papeles y agilizaría
crear aparatos paralelos que a lo mejor no son los más útiles,
porque que en la Cámara haya un grupo de economistas o de
interventores que puedan ir funcionando paralelamente a los de
la propia Administración a lo mejor no va a funcionar. Ese
grado de transparencia sería el máximo.
Señor Presidente, doy por defendidas las demás enmiendas
porque tienen la misma filosofía. Estoy convencido de que en
el debate de este Pleno avanzaremos un paso más en comparación
con el debate en Comisión.
Señorías, tengan el convencimiento de que la voluntad de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya es persistir en los
planteamientos, porque estamos convencidos de que a la larga
se van asentando y se van aceptando, por lo menos, en lo que
significa calor del debate y si no, al tiempo, porque nos
hemos de ver en muchas situaciones parecidas.
Nada más, señor Presidente. Nada más, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gacias, señor Ríos.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Padrón.
El señor PADRON DELGADO: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, mucho nos temíamos que, al igual que ocurrió en
Comisión, se utilizara el trámite parcial del debate del
Título I de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
1995 para volver a insistir en la descalificación permanente
que el Grupo Popular está haciendo al Gobierno, a este
presupuesto y a todo proyecto de ley que entra en esta Cámara.
Si hubo un debate de totalidad ampliamente contestado por el
señor Ministro, si en el debate en Comisión se utilizó la
discusión de los Títulos I y otros para volver a insistir en
lo mismo, teníamos la ligera esperanza, frustrada en esta
ocasión, de que en este momento, en este trámite, el Grupo
Popular se limitara a defender aquellas enmiendas que proponen
textos alternativos, cantidades alternativas o, al menos, que
hubiera traído enmiendas transaccionales para iluminarnos con
esa política tan salvadora del déficit público y de la
situación económica, que es lo que pretende el Grupo Popular.
Pero, al final, siempre es la misma cantilena, en el sentido
de que este presupuesto tiene partidas ocultas, está mal
presupuestado, el déficit sigue la misma senda, etcétera; lo
mismo que se dijo cuando tuvimos el debate de totalidad de
esta Cámara.
Hay que recordar al Grupo Popular que este presupuesto ha sido
el más ampliamente acordado con sectores económicos y
sociales, con sindicatos de funcionarios, comunidades
autónomas, Federación Española de Municipios y Provincias; que
el gasto público se contiene para el año próximo y que el
crecimiento del gasto está por debajo del crecimiento
económico previsto. Por tanto, esas continuas
descalificaciones no tienen ningún sentido. Es cierto que ha
habido un cierto desfase en la ejecución del presupuesto en
años anteriores, por ejemplo, en el gasto sanitario y las
prestaciones por desempleo; pero no ha habido ocultación,
únicamente ha habido correcciones para contener esas
cantidades que, por otra parte, estaban sostenidas por leyes
que había que cumplir.
La ejecución del presupuesto para el año 1994 va a tener una
desviación en torno al 1 por ciento, según datos del
Ministerio de Economía. Los créditos ampliables, que tanto
tiempo han llevado al señor Aguirre, se han reducido en un
tercio, y analizando crédito por crédito de los que figuran en
el anexo II del Presupuesto, todos están respaldados por leyes
sustantivas que obligan al Estado a mantener una flexibilidad
a la hora de ejecutar esos créditos. Pasando a las enmiendas
particulares del Grupo Popular, tengo que manifestar que,
según los términos en que se han defendido, rechazamos todas
las presentadas al Título I, capítulos I y II, ya que la
aprobación de esas enmiendas significaría la no aprobación del
presupuesto, la congelación del presupuesto anterior, la
congelación de salarios de funcionarios, de pensiones,
etcétera. El Grupo Popular no ha presentado ninguna
alternativa a esta política. Por tanto, rechazamos todas las
enmiendas que significan devolución. Tenemos la voluntad de
presentar alguna enmienda transaccional a ese continuo debate
en cuanto a que no hay transparencia, que hay ocultación en el
presupuesto. A la enmienda que, como dijimos en Comisión, es
insostenible, que pretende que en los meses de mayo y
septiembre se informe sobre la ejecución de los gastos
fiscales que contempla el presupuesto, vamos a presentar una
transaccional que, de acuerdo también con otra enmienda de
Izquierda Unida, quiere otorgar mayor información a partir del
presupuesto de 1996 y con referencia a ejercicios anteriores.
No tengo más que añadir porque los argumentos en contra de las
enmiendas del Grupo Popular ya fueron expuestos ampliamente en
Comisión y no hay ningún elemento nuevo que requiera una
contestación más amplia.
Con respecto a las enmiendas de Izquierda Unida, algunas se
aprobaron en Comisión. Vuelve a insistir su portavoz en que se
incluya en la Ley de Presupuestos los datos correspondientes a
las sociedades participadas por el sector público en más de un
20 por ciento. Quiero manifestar que aunque no se contempla el
artículo 6.1 de la Ley General Presupuestaria, desde el punto
de vista del derecho español, del derecho comunitario y de
cualquier otro criterio económico, parece
rozar la posible inconstitucionalidad el que empresas
privadas, por el hecho de que tengan una participación del 21
ó el 22 por ciento del sector público, tengan que venir a los
presupuestos.
En cuanto a la enmienda que pretende un incremento de los
ingresos en base a una especial atención a la lucha contra el
fraude, le manifiesto lo mismo que en Comisión. La previsión
de ingresos para 1994, señor Ríos, está en 13 billones 201.000
millones. La previsión de ingresos para el año 1995 está en 14
billones 149.000 millones. Teniendo en cuenta que hay
deflactación de la tarifa y que, por otra parte, se contemplan
nuevas desgravaciones fiscales, que usted mismo también ha
criticado, el incremento de los ingresos está por la mejora en
la gestión de la Agencia Tributaria y en la lucha contra el
fraude. Por esta razón no aceptamos las enmiendas.
Por la misma razón no aceptamos la enmienda que hace
referencia a una disminución del gasto fiscal en 200.000
millones puesto que, efectivamente, habría que modificar leyes
sustantivas como la ley de medidas económicas, financieras, la
ley de acompañamiento, etcétera, para reducir todas esas
ventajas fiscales que usted sabe van orientadas a estimular la
inversión, la creación de empleo, que van, con un sentido
positivo, a estimular la actividad económica, señor Ríos.
Luego hay una serie de enmiendas en las que usted pretende que
en una parte del articulado de la ley, en los artículos 2.º y
3.º, figuren con todo detalle los ingresos. Tengo que
manifestarle que, en principio, vamos a rechazarlas por
motivos de presentación presupuestaria, puesto que en la
página 103 del propio Boletín de las Cortes y en la
documentación que remite el Gobierno se contempla con todo
detalle, concepto por concepto, los ingresos del Estado
referidos a los 14,213 billones. No sé si ha hecho referencia
a ello, pero en el artículo dos, en la página 4, estos cuadros
se refieren a las transferencias internas que recibe el Estado
de los propios organismos autónomos de la Seguridad Social por
427.000 millones. Lo mismo ocurre con lo relativo a incorporar
al artículo 2.º el detalle del capítulo de ingresos de la
Seguridad Social, puesto que en las páginas 163 y 167 del
Boletín de las Cortes, y, por tanto, cuando se aprueban los
presupuestos de la Seguridad Social, figuran los detalles que
usted solicita. No lo creemos, por lo tanto, necesario.
Con respecto a la enmienda número 500, ya le he dicho --ahora
la leeré-- que tenemos una enmienda transaccional relativa a
que, a partir del presupuesto del año 1996, figure una
explicación, una memoria de los gastos fiscales. En cuanto a
la enmienda 505, al artículo 8.º, uno, segundo, en donde usted
propone que cualquier modificación de créditos además de
indicar los objetivos a conseguir con ese incremento
especifique también la incidencia en los objetivos que afectan
al crédito reducido, le manifestamos que vamos a pedir
votación separada de la misma, puesto que creemos que es
lógico que en ese expediente figuren esos datos. Por tanto,
votaremos favorablemente.
No podemos hacer lo mismo con la enmienda 506, de autorización
de modificaciones de crédito, porque la autorización la da el
Ministerio de Economía y Hacienda cuando se refieren a
créditos de personal y se notifican al Ministerio de
Administraciones Públicas.
Para ir concluyendo, señor Presidente, en cuanto a las
enmiendas referidas a la supresión del artículo 10 sobre la
generación de créditos por el Ministerio de Defensa por la
venta de productos farmacéuticos, servicios hospitalarios,
etcétera, quiero decir que es una facultad que está
establecida en el artículo 71.1 apartados b) y c) de la Ley
General Presupuestaria. Y, por otra parte, significaría
trámites engorrosos el que por cualquier prestación sanitaria
o por la venta de productos farmacéuticos un hospital militar
tenga que realizar los trámites consiguientes para efectuar
esos ingresos al Tesoro. Por otro lado, si los datos figuran
convenientemente contabilizados y existe una previsión legal
de que se puede hacer, no existe razón para ello.
Con respecto a la limitación que usted pide del 2 por ciento
de los créditos extraordinarios, ya le he dicho que la
ejecución del presupuesto para 1994 tiene una desviación del 1
por ciento y que existe una autolimitación establecida en la
Ley de Presupuestos muy superior a la que se contemplaba en la
Ley General Presupuestaria de ejercicios anteriores. Es más
que suficiente recoger el 3 por ciento, porque la contención
del gasto público tiene que ir por la vía de concienciar y
mejorar todos los servicios administrativos del Estado; no es
suficiente imponer una cláusula que establezca una limitación
del 2 por ciento, porque otra ley podría elevar ese límite.
Yo creo que he contestado a casi todas las enmiendas. No ha
habido nuevas razones que aconsejen tener en cuenta otras
consideraciones presentadas por los grupos.
Facilito a la Mesa, señor Presidente, la propuesta de enmienda
transaccional que se refiere a las enmiendas 500, del Grupo de
Izquierda Unida; 885, del Grupo Popular; y 1.029, que aunque
va referida a una disposición adicional nueva y tiene que ver
con el tema de los beneficios fiscales que se ha debatido,
figura en el artículo 2.º de la ley. La paso a la Mesa y luego
los grupos manifestarán si la aceptan o no.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Padrón.
El señor Aguirre tiene la palabra.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Padrón, dudaba de subir a la tribuna a contestar
una intervención tan escasa en argumentos. Desconozco cuál es
el motivo de la sequía de argumentos que usted acaba de
exhibir en esta tribuna. Desconozco si es que lo que usted
trata es de ampararse en el segundo turno que tiene de réplica
para, desde ese turno en el que la oposición, mi Grupo y este
portavoz no tendrán posibilidad de réplica, lanzar argumentos
más sólidos, argumentos que intenten, de alguna manera
desmontar los exhibidos en esta tribuna por mi intervención
anterior; o bien existe una sequía de argumentos para rechazar
las enmiendas.
Ha ocupado en su intervención 4 minutos para despachar --y
digo despachar--veintidós enmiendas de este Grupo. Veintidós
enmiendas que, discrepo de usted, presentan toda una
alternativa al control, a la transparencia, a la recuperación
de la credibilidad, a la recuperación de la confianza en la
ejecución presupuestaria.
Yo no sé si usted y su Grupo son conscientes de que, de unas
fechas a esta parte, ya no es sólo el Grupo Popular el que
pone en cuestión su forma de ejecutar los presupuestos. Me
parece que puede usted leer todos los días artículos que ponen
en cuestión esa forma de ejecutar. Me parece que son muy
recientes algunos informes que, no es que vengan a
descalificar, yo creo que vienen a calificar adecuadamente su
forman de ejecutar los presupuestos. Creo que tiene usted
cuadernos enteros sobre centros de análisis económicos que
vienen a decirle cuál es la forma, absolutamente
inconveniente, de ejecutar los presupuestos: de la
universidad, de organismos internacionales... y a ustedes todo
lo que se les ocurre es subir a esta tribuna, dar un capotazo
a 22 enmiendas sin ningún argumento, basándose --me imagino
yo-- en esa (perdone, señor ministro, que se lo diga así, con
afecto) infantil propuesta de controlar el gasto de los
Ministerios mensualmente. Qué pasa, ¿que no se hacía
anteriormente? ¿Es que están ustedes reconociendo claramente
que cada Ministerio hacía con su presupuesto de gastos
exactamente lo que le venía en gana? Algo de eso debe haber
cuando la serie de las desviaciones en programas y en
Ministerios del presupuesto de gastos es la que es. Yo no
quiero leérsela, porque se la sabe usted de memoria, porque si
no no hubiera dicho lo que ha dicho. Pero fíjese usted, desde
1985: 18 por ciento, 22 por ciento, 23 por ciento, 31 por
ciento... así hasta llegar a una media del 33 por ciento del
presupuesto de gastos. ¿Qué institución presupuestaria aguanta
crédito internacional desviándose el 33 por ciento de sus
créditos autorizados en este Parlamento? Señor Ministro, eso
es vulnerar las votaciones de este Parlamento. Eso es entrar a
hurgar en las esencias mismas de la democracia. Y aquí se
suben a la tribuna cuatro minutitos a despachar 22 enmiendas
que proponen toda una alternativa, señor Padrón; toda una
alternativa. Le hemos hablado de defender la propuesta de una
auditoría; le hemos hablado de defender la puesta en marcha de
una oficina presupuestaria; le hemos hablado de unificar
criterios contables; le hemos hablado de suscribir, con
carácter de urgencia, una ley general presupuestaria nueva,
que unifique toda la maraña de normativas y modificaciones
presupuestarias; le hemos hablado de dar información a esta
Cámara; le hemos hablado de impedir la práctica habitual de
créditos ampliables; le hemos hablado de impedir la
transferencia entre el capítulo VI y el capítulo II.
¿Quiere que le siga diciendo cuál es la propuesta alternativa
de esas 22 enmiendas? Yo no quiero aburrir a la Cámara
volviendo a repetir mi intervención anterior, señor Padrón. Si
a usted lo que le ocurre es que no le interesa contestar,
porque se les ha visto el plumero de cómo ejecutan los
presupuestos, de una manera absolutamente perversa, y yo diría
que poco democrática, de poco respeto a este Parlamento, no me
despache usted 22 enmiendas, señor Padrón, con cuatro
minutejos, sin un solo argumento. Si lo que va a ocurrir, como
decía, es que se va a subir usted ahora a la tribuna (cuando
yo no tengo turno) y va a empezar a argumentar, ya veremos,
porque en el trámite de todas las enmiendas, de las 1.046
enmiendas presentadas a los sucesivos títulos, a las secciones
y a los anexos, mis compañeros también tendrán oportunidad de
recoger el guante que, a lo mejor, usted me deja aquí sin
poder contestar.
En cualquier caso, estoy deseoso de escuchar argumentos en
contra de todo este grupo de enmiendas que plantean una
alternativa para evitar el descontrol que tienen ustedes de
las cuentas públicas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aguirre.
El señor Ríos tiene la palabra.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, en la
Comisión estuvimos discutiendo, una a una, todas las
enmiendas. Usted nos dio la información precisa de cuáles eran
las razones por las que no las veían bien, pero hoy ha subido
aquí y, mientras el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya le ha hecho a usted un bloque de
propuestas (porque las enmiendas son posibilidades de
modificación, cada una de ellas es una posibilidad de mejorar
el texto del Gobierno), usted no me ha dicho por qué no son
buenas algunas de las propuestas. Ha dicho que no valen, pero
no ha dicho por qué. Por ejemplo, ¿en qué perjudica a la
política presupuestaria el compromiso sobre el fraude fiscal?
Yo le voy a leer la liquidación de los Presupuestos iniciales
para el año 1994 y la ejecución final que el Gobierno ha
adjuntado en el libro amarillo, no en el rojo. Impuesto sobre
sociedades. Previsión inicial, 820 millones; previsión de
recaudación al final del año, 1.090 millones de pesetas. Es
decir, ha crecido
sobre la previsión inicial. ¿Por qué? ¿Porque lo habían medido
muy bien? ¿Porque se ha proyectado una mejor gestión? ¿Porque
se ha actuado mejor de una manera determinada? Porque se han
marcado unos objetivos, no vengan diciendo después: Es que
somos muy majos. Márquense un objetivo existente y después
veremos si lo cumplen o no lo cumplen, en cuanto al fraude
fiscal o al IVA. En el IVA, ustedes tenían una previsión
inicial de 3.112 millones de pesetas y ahora la previsión
final es de 3.190 millones de pesetas. ¿Por qué? ¿Porque han
sido eficaces en la lucha contra el fraude? Es que si no se
marcan unos objetivos aquí, luego, sea cual sea la gestión, es
bueno o es mala en función de una actuación, al margen del
propio plenario.
Yo le he hecho una serie de propuestas de especificación de
los ingresos. ¿Por qué es malo poner el gasto consolidado
junto con los ingresos consolidados del propio Estado? Además,
no coinciden las cifras que ustedes aportan en el libro
amarillo con las que después ponen en el propio anexo. ¿Por
qué es malo para esta Cámara que pudiéramos plantearnos una
mayor transparencia en la gestión de los Presupuestos? ¿Por
qué es malo tener una información directa de la Intervención
General de los presupuestos generales, conforme se vayan
ejecutando, mes a mes, día a día, en cualquier partida
presupuestaria? ¿Por qué es malo para los presupuestos el que
eso se produzca? ¿Por qué es malo incorporar las empresas
públicas? Usted ha dicho: Es que no pueden ponerse en los
presupuestos. Yo acepto que no se ponga en los presupuestos el
conjunto de las empresas, pero pongan ustedes la parte de
dinero que sí pone el Estado en esas empresas y lo que se
deriva de esa participación en los compromisos del ejercicio
presupuestario de esas empresas. Conozcamos cuánto arriesgamos
dentro de esa acción empresarial. ¿Por qué es malo que los
presupuestos sean transparentes? Nosotros proponemos hacer
vinculantes los productos alimenticios. ¿Por qué es malo que
sean vinculantes? ¿Por qué es bueno que sea vinculante para
Defensa y es malo que lo sea para los servicios sociales o
para sanidad? ¿Por qué es malo que pudiéramos contener la
autorización de créditos extraordinarios y eliminar las
modificaciones presupuestarias? ¿Por qué es malo limitar la
autorización del Gobierno a las modificaciones en función de
convenio, limitándola a los convenios que se produzcan «ex
novo» y no a los convenios que ya tenemos establecidos antes
de presentar la ley de presupuestos? Imagino que el Gobierno,
cuando propone los Presupuestos, parte de lo que conoce, de
los convenios firmados, de las previsiones que tiene. Además,
si muchos de esos convenios son plurianuales, ¿por qué
perjudica esa transparencia? Señor Presidente, ¿por qué es
malo que de todas las modificaciones se remita copia a todos
los grupos parlamentarios --que es lo que plantea nuestra
enmienda 511--, por qué eso es perjudicial? ¿Por qué es malo
que haya un nivel de desagregación en la liquidación
presupuestaria? Es más, se puede hacer, a no ser que ustedes
tengan ordenadores distintos según sea el Ministerio. Por
ejemplo, aquí ha comparecido el Ministerio de Economía y
Hacienda y nos ha dado un nivel de ejecución presupuestaria,
al mes de junio, desagregado al nivel de subconcepto, no
concepto; sin embargo, otros ministerios nos lo dan a nivel de
capítulo. Dennos ustedes la ejecución del presupuesto al mismo
nivel de desagregación que figura en los anexos de inversión,
para así conocer qué han invertido ustedes, qué han ejecutado
ustedes, en qué se lo han gastado, en qué proyecto y en qué
subproyecto. Queremos conocer cómo ha evolucionado. Por tanto,
hay un mayor volumen de transparencia.
¿Por qué sería malo para la ejecución presupuestaria que se
vaya uniendo la ejecución a los objetivos, a la objetivación
por programas, a lo que son los objetivos de cada uno de los
programas? Cuando viene la liquidación, a nivel del ejercicio
total liquidado, ¿cuáles son los objetivos que no hemos
cumplido, que, además, han obedecido a las modificaciones
presupuestarias, en su conjunto, cuáles son los que hemos
implementado y creado «ex novo»? Porque incluso se autoriza
aquí al Gobierno a que haga un sinfín de modificaciones
presupuestarias creando, desagregando, produciendo incluso los
propios programas. En suma, señor Presidente, señorías --y
termino--, no se nos ha dado explicación o razones de por qué
empeoran nuestras enmiendas, por qué no son buenas. Puede ser
que lo más fácil y lo que vendría bien a quien gobierna --y yo
no quisiera ponerme en el pellejo de quien gobierna ahora
mismo, porque no tengo ese compromiso--, lo que le gustaría
que le dijeran es: Le autorizamos una previsión de ingresos de
30 billones de pesetas y le autorizamos una previsión del
gasto de 30 billones de pesetas; ya vendrá usted aquí a
explicarnos en qué y cómo. Ese es el mayor margen de maniobra.
Pero entre eso y lo que estamos proponiendo hay todo un
trecho. ¿Cuál sería, por tanto, el mayor compromiso para el
seguimiento presupuestario? La mayor transparencia. En todas
las enmiendas que hemos propuesto fíjense SS.SS. que no hemos
entrado a discutir la previsión de ingresos, no hemos entrado
a hablar sobre los impuestos que ustedes proponen ni en la
previsión de ingresos de los impuestos, no hemos entrado en
todo eso. Hemos dicho, compromiso de gastos fiscal: reducirlo;
compromiso de fraude fiscal: fijarlo y hacer transparentes los
presupuestos. Eso resume todas nuestras enmiendas. La
propuesta ha sido que nos van a transaccionar una enmienda en
cuanto a los objetivos y parece ser que van a aceptar otra. Y
se lo agradezco, porque es un paso adelante. Por ello le decía
antes en mi intervención: pasico a pasico se puede ir haciendo
todo un camino y grano a grano haremos un granero; todo es
empezar. Todo es empezar y tendrá usted
que reconocer la discusión que tenemos en estos presupuestos
con la que comenzamos esta tarde.
Nada más, señor Presidente, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Señor Padrón.
El señor PADRON DELGADO: Señor Presidente, muchas gracias. En
primer lugar, diré al señor Aguirre, que dice que solamente he
dedicado cuatro minutos a la contestación a las enmiendas
defendidas, que la mayor parte de su tiempo lo ha dedicado a
una descalificación permanente al Gobierno, además con
palabras que son habituales en todos los trámites que está
habiendo sobre cualquier proyecto de ley: escaso control,
ocultación, clima de corrupción...; es decir, el tema
permanente que ustedes utilizan para descalificar al Gobierno.
Y usted no ha defendido casi ninguna enmienda; únicamente
defendió las enmiendas sobre las modificaciones establecidas
en la consideración de créditos ampliables a los Anexos II, 12
B, 15 B, referidos a la liquidación de la participación de las
comunidades autónomas en los ingresos del Estado, que usted
sabe que hay una liquidación provisional y posteriormente
tiene que haber una liquidación definitiva y, por tanto, el
crédito tiene que ser ampliable, porque en el momento de
redactar el presupuesto no está cerrado el ejercicio de 1994,
y la liquidación de 1993 tiene que someterse a revisión. Lo
mismo digo con respecto al crédito al Insalud, porque si bien
hay una liquidación provisional del año 1993, tiene luego que
someterse a la consideración de las partes y estudiarse
partida por partida para efectuar la liquidación definitiva. Y
así podríamos seguir.
Usted lo que ha dicho es que la consideración de créditos
ampliables es el caballo que se desboca y que haceque haya un
aumento considerable del déficit presupuestario, pero no nos
ha dicho, en todas las partidas referidas a las cesiones,
cuáles serían los créditos ampliables que usted suprimiría,
desde las indemnizaciones correspondientes a los dañados por
la presa de Tous o a las personas que sufren atentados
terroristas y que tiene que indemnizar el Estado «adversae» a
decreto; en fin, toda una serie de artículos referidos a los
créditos en cada una de las cesiones en donde difícilmente
podrían ser créditos cerrados y permanentemente habría que
estar tramitando créditos extraordinarios con el tiempo
consiguiente para que los beneficiarios pudieran cobrar. Por
tanto, no se extrañe de que haya dedicado escasa atención a
sus veintitantas enmiendas, porque la mayorparte de ellas son
de supresión y solamente en algunas que tienen alguna
consideración positiva he ofrecido transacción. He olvidado
decir que la correspondiente (no para que figure en el
artículo 4, sino en la exposición de motivos, que, en su
momento, pasaremos a la Mesa) a la enmienda 1.823, en donde
aceptamos la consideración de que el exceso de ingresos sobre
la previsión que contempla el presupuesto vaya destinado a la
cancelación del déficit público, a la cancelación de deuda
emitida. Está en los términos en que ustedes lo plantean, pero
referido a la exposición de motivos. Por lo demás, no creo que
tengamos sequía de razones, señor Aguirre. Ustedes lo que
tienen es sequía de mollera, y, por muchas argumentaciones y
explicaciones que se les han dado sobre todas las medidas
positivas que contempla la ley de presupuestos para 1995,
orientadas a que continúe el relanzamiento económico, la
creación de empleo, la lucha contra la inflación, todos estos
argumentos que se contemplan en los artículos de la ley, junto
con la ley de acompañamiento de la ley de presupuestos, para
ustedes no tiene ningún valor, no tiene ningún mérito y
solamente se limitan a efectuar la descalificación permanente,
además, aduciendo el clima de desconfianza y de inestabilidad
política que con tanto decirlo se lo van a creer hasta
ustedes.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Padrón.
Concluido el debate de las enmiendas al Título I, pasamos al
debate de las enmiendas al Título II.
Enmiendas del Grupo Vasco (PNV) y del señor Albistur.
Tiene la palabra el señor González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor
Presidente. Las enmiendas que presentan el Grupo Vasco y el
señor Albistur a este Título II, las numeradas entre la 281 y
la 289, hacen referencia al tema educativo. Entendemos que en
el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado en
este Título se recogen una serie de medidas fundamentales para
el correcto desenvolvimiento de los centros educativos, sus
subvenciones y sus conciertos. (El señor Vicepresidente, Beviá
Pastor, ocupa la Presidencia.) Entendemos también, señor
Presidente, que existen problemas que todavía no se han
subsanado suficientemente para dar vía a que los centros
educativos concertados puedan tener la disponibilidad social
suficiente para responder a los condicionantes que desde el
propio proyecto de ley se van definiendo.
Para que se cumplan la Lode y la Logse, proyectos de ley que
han sido aprobados también por el Grupo Vasco, existen una
serie de matizaciones que consideramos oportuno realizar de
cara a estos presupuestos generales del Estado, máxime en un
momento en que esta
misma Cámara ha aprobado la ley conocida como Ley de
Mecenazgo, para que los agentes sociales puedan realizar las
actividades de interés general con un marco suficiente para
que no exista un intervencionismo excesivo de cara a que esos
agentes sociales puedan realizar su labor y, además, para que
puedan contar con los recursos suficientes para la consecución
de sus objetivos. Nos parece, señor Presidente, que las
enmiendas 281 a 289 pretenden fundamentalmente que estos
centros concertados puedan realizar así esta labor.
Presentamos asimismo esta enmienda por coherencia, porque en
la Comunidad Autónoma Vasca, donde el Partido Nacionalista
Vasco es el responsable de estas materias, muchas de las
cuestiones que se exponen en estas enmiendas se realizan de
esta forma.
Pensamos que se debe producir un equilibrio suficiente entre
los condicionantes que la Ley General de Ordenación del
Sistema Educativo o la propia Lode pone a estos centros
concertados y los recursos y condicionantes que se les impone
en el marco legal, en esas leyes o en esta ley de presupuestos
generales del Estado.
Para ello proponemos en estas enmiendas una serie de medidas
que creemos necesarias de cara a que estos agentes sociales,
que trabajan en los centros concertados de iniciativa social,
puedan realizar su labor con la debida dedicación y con los
debidos recursos.
En una de las enmiendas, la número 283, proponemos que, en
caso de que el Grupo Socialista no vea forma de atender las
necesidades que aquí se indican, por lo menos se constituya
una Comisión de seguimiento para la utilización de la partida
de gastos variables, fijando como objetivo de esa comisión la
comprobación y el análisis de la utilización real que los
centros concertados realizan del crédito presupuestario
destinado a la partida de gastos variables, que es la partida
que produce las disfunciones que en los distintos análisis que
se realizan de estas partidas se vienen observando. Entendemos
que una comisión de seguimiento integrada, de una parte, por
la Administración y, de otra, por los propios agentes sociales
podría, de alguna forma, dictaminar de manera consensuada la
aplicación de esta partida y verificar su suficiencia, si
existe alguna duda todavía.
Desde un planteamiento genérico de que los centros
concertados, de iniciativa social, puedan contar con los
recursos económicos suficientes para poder atender las
demandas que la propia legislación impone, en un segundo nivel
presentamos una enmienda en el sentido de que, si no existen
datos suficientes para poder comprobar esa insuficiencia, se
constituya una comisión mixta entre la Administración y los
propios centros, a fin de poder constatar la suficiencia o no
de esos recursos.
Y, señor Presidente, una serie de enmiendas van dirigidas a
que se pueda potenciar la implantación anticipada del primer
ciclo de educación secundaria obligatoria, dado que este
proceso se está realizando con celeridad en los centros
públicos, y que exista igualdad de oportunidades, tal y como
se planteaba en nuestra opinión en la Logse, para los centros
de iniciativa social que quieran implantar esta enseñanza
secundaria obligatoria abriendo nuevos niveles educativos. Nos
parece que resulta necesario continuar con este proceso de una
forma equilibrada y que no se recoge suficientemente este
planteamiento en el actual proyecto de ley que estamos
debatiendo.
Otra serie de enmiendas van dirigidas a cambiar algunas formas
verbales, entendiendo que en la redacción del proyecto de ley
existe excesivo intervencionismo de la Administración y,
además, escasez de recursos para los objetivos que en la
propia ley y que en la Ley de Ordenación del Sistema Educativo
se plantean. Proponemos fórmulas que creemos más educativas a
los objetivos que, desde los planteamientos educativos,
deberían recogerse en el proyecto de ley de presupuestos
generales del Estado.
Por último, la enmienda 286 hace referencia, dentro del
desarrollo de los niveles educativos, a que se hable de
currículum, en lugar de plan de estudios, como venimos
reiteradamente solicitando distintos grupos de esta Cámara; a
que se sustituya la forma verbal «podrá autorizar» por «se
autorizará», por entender que, cuando concurran los
presupuestos establecidos, tanto en la Ley como en el Acuerdo
que regula esta materia, no existe margen de discrecionalidad
suficiente para decir «podrá autorizar», sino que la forma
tiene que ser más taxativa, y que tras la firma del tercer
acuerdo de centros afectados por la no renovación, total o
parcial, de conciertos educativos entre las organizaciones
empresariales y el Ministerio de Educación y Ciencia, la
figura del profesor de apoyo viene a desaparecer. Solicitamos
que esto se recoja también en los presupuestos generales del
Estado.
Señor Presidente, son enmiendas del mundo educativo, en
defensa de los agentes sociales. Entendemos que existen
fórmulas suficientes para que éstos encuentren un marco legal
adecuado para poder desarrollar su labor y poder cumplir las
condiciones que la propia
Administración y esta Cámara exigen a los centros, contando
con el marco legal adecuado y con los recursos económicos
suficientes.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
González de Txabarri.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, las
enmiendas del Grupo parlamentario Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya a la gestión de
los presupuestos docentes, de todo lo que hemos dado en llamar
centros concertados, pretenden, por un lado, añadir la
posibilidad de que, a la hora de establecer o aplicar los
convenios colectivos de la enseñanza privada, la mayoría de
cuyos profesores reciben el salario directamente de la propia
Administración, la solicitud del pago a cuenta pueda hacerse,
según el texto del Gobierno, a solicitud expresa de las
organizaciones patronales y consulta con los sindicatos. ¿Qué
proponemos nosotros? Que sea a petición de las organizaciones
patronales y también de los sindicatos. Por tanto, quitar «y
consulta con» y mantener «patronales y sindicatos».
La segunda enmienda va dirigida a mantener en la misma cifra
que el año pasado las cantidades que los centros iban a
percibir de los alumnos en concepto de financiación
complementaria a la previsión de los fondos públicos. La
previsión para los centros de Formación Profesional de segundo
grado viene establecida en el proyecto de ley con 2.000
pesetas por alumno y mes, durante los diez meses del año
lectivo dentro de la enseñanza privada. Nosotros proponemos
mantener las 1.500 pesetas.
La enmienda 519 va dirigida al apartado que hace referencia al
establecimiento de los profesores de apoyo que se iban a
contratar en virtud de la presente ley, diciendo que podrán
establecerse a través de un programa de recolocación
contemplado en el acuerdo de centros afectados por la no
renovación total o parcial de los conciertos educativos,
suscritos por el Ministerio de Educación y Ciencia, las
organizaciones patronales y, en su caso, por los sindicatos.
Nosotros proponemos que se recoja por los acuerdos, los
conciertos suscritos entre el Ministerio de Educación y
Ciencia, las organizaciones patronales y los propios
sindicatos, máxime cuando el ingreso o la aportación de estos
convenios afecta tanto a los trabajadores de las empresas como
a las propias empresas. La enmienda 520 va dirigida a lo que
pudiéramos llamar el cuadro por el que el Ministerio de
Educación y Ciencia va a reconocer las dotaciones de apoyo, lo
que pudiéramos llamar los profesores de apoyo. El portavoz del
Grupo Vasco (PNV) ha venido a decir que hay que adecuar el
término «profesores de apoyo» a un término general de
«profesores». Sea cual sea la denominación que aprobemos poner
en texto, lo que pretendemos es que, en lugar de partir de los
centros de nueve a quince unidades, partamos de los centros de
ocho a quince unidades. ¿Por qué? Porque, en la reforma, un
volumen importante de todos los centros que se van a poner en
marcha van a ser centros de ocho unidades, entendiendo como
fue hasta el sexto grado de enseñanza primaria más los dos de
enseñanza infantil, con lo que estaría en ocho unidades. Por
tanto, a partir de las ocho unidades, facilitaríamos ese
profesor de apoyo que viene a complementar el trabajo dentro
del propio centro, viene a facilitar el trabajo de
distribución en cada uno de los centros.
Por último, la enmienda 521 no va dirigida a todo este volumen
de centros concertados, sino al capítulo III, «Otras normas de
gestión presupuestaria». Se refiere a la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. ¿Qué pretende la enmienda? Añadir
al final de los dos apartados de este artículo 17, un nuevo
apartado 3 que diga que el Gobierno, la Agencia reducirá el
fraude fiscal durante este año tomando unas medidas de
reordenación, de especialización del Cuerpo de Inspección,
centrándolo en las cuatro actuaciones que nosotros proponemos:
paraísos fiscales en actividades empresariales y rendimientos
de capital, actividades profesionales, la no declaración de
beneficios extraordinarios y la defraudación de IVA.
¿Qué estamos proponiendo? Fijar ese compromiso, que
numéricamente poníamos en el Título I, y cifrarlo dentro de la
Administración Estatal de Administración Tributaria.
¿Cuál es el objetivo? Trasladar al texto de este proyecto de
ley la discusión que tuvimos en el Pleno, donde llegamos a un
encuentro sobre el objetivo de la lucha contra el fraude
fiscal después de una interpelación. Ese es el objetivo de
nuestras enmiendas y estamos convencidos de que es posible que
podamos incidir en la mejora del texto que el Gobierno nos ha
ofrecido. Nada más, señor Presidente. Nada más, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para la defensa de las
enmiendas del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Señor Presidente, señorías.
En la enmienda 905 resumía nuestro Grupo su actitud ante este
título, ya que era prácticamente una enmienda a la totalidad
del mismo. Sin embargo, el realismo parlamentario y nuestro
afán de colaborar a mejorar el texto de un presupuesto, que no
es el nuestro, nos ha llevado a formular también enmiendas de
detalle que son las que ahora me cabe el honor de defender
desde esta tribuna. Quisiera que por parte del Grupo
Socialista se entendiera como lo que son, como una expresión
de nuestro afán de tomarnos en serio, en beneficio de los
ciudadanos, unas leyes sobre las que no hemos ocultado nuestra
discrepancia. Pero ya que han sido aprobadas por esta Cámara,
por contar con la mayoría suficiente, pedimos, por lo menos,
que se tomen en serio y que los mismos que la promovieron
asuman la responsabilidad que con ello estaban, al parecer,
decididos a llevar a buen fin. Tener una mayoría permite
aprobar leyes, pero también supone una responsabilidad
política que, en su momento, hay que asumir.
En relación con los centros concertados, que es el objeto del
capítulo I, de este Título, hay que reconocer que hay un punto
de partida común entre nuestros grupos, y es que estamos de
acuerdo, lo cual es explicable, entre otras cosas, porque es
el marco que hemos aceptado en la Constitución, en que exista
un sistema de centros sostenidos con fondos públicos que
garanticen la gratuidad de la enseñanza.
Existen también discrepancias bien conocidas. Discrepamos, por
ejemplo, en cuanto al alcance de esa gratuidad. Nuestro Grupo
defiende, una y otra vez, que en la enseñanza infantil, el
momento en que la desigualdad social gravita de manera más
aguda sobre esas oportunidades de educación, también haya
gratuidad, y no la hay porque el partido socialista se niega
una y otra vez. Discrepamos también porque, a diferencia del
Grupo Socialista, no vemos ningún tipo de dilema a la hora de
ejercer el derecho a la educación y la libertad de enseñanza,
mientras que el Grupo Socialista parece empeñado en convertir
el sacrificio de la libertad de enseñanza, por lo menos en
detalles concretos a los que ahora aludiré, en una condición
arbitraria del disfrute del derecho a la educación.
En concreto, lo que pretendemos es que todos los centros
sostenidos con fondos públicos reciban las dotaciones
necesarias para que puedan impartir la Logse, esa ley que
ustedes, sin nuestro voto, aprobaron, con los requisitos de
calidad que esa misma Ley establece. Este es el sentido de
nuestras enmiendas. Por ejemplo, en la enmienda 906 lo que
pedimos es que la proporción de profesores por cada unidad en
la enseñanza primaria responda a un coeficiente de 1,2. La
respuesta que se nos dio en el debate en Comisión fue muy
curiosa y reveladora: Eso supondría un incremento de gasto,
con lo cual el Grupo Socialista está reconociendo que el
presupuesto que aquí nos presenta no llega a solventar las
exigencias de sus propias leyes. Ustedes, con su presupuesto,
se empeñan en quitar credibilidad a sus propios programas y a
las leyes en que esos programas se plasman.
Tiene usted razón, señor Padrón, es verdad, esto supone un
incremento de gasto, lo cual equivale a decir que supone un
recorte de calidad cumplir su presupuesto; de ahí que pidamos
que se enmiende, no para conseguir determinadas maravillas, a
las que el Grupo Popular aspira, no, para que se cumple esa
Logse que nosotros, en su momento, no habíamos apoyado pero
que ya es una Ley para todos los españoles, incluidos ustedes,
que deben dar la financiación oportuna para que no sea un puro
brindis retórico.
Me llama la atención, por otra parte, que ustedes, que han
admitido determinadas enmiendas nuestras, concretamente la 909
y 914, donde mantenían --porque no se saben sus propias leyes-
- una terminología propia de la Ley General de Educación,
hablando de profesores de apoyo, cuando ésa es ya una
terminología desfasada, sin embargo, no han admitido la 913,
que dice prácticamente lo mismo. Propone que se hable de
incrementos de equipo docente donde se habla actualmente de
dotaciones de apoyo, una línea después de donde ustedes han
admitido esa enmienda. Sean coherentes, léanse el propio texto
y, si no les cuesta trabajo enmendar una línea, enmienden la
siguiente, porque eso no es incremento, sino dedicar un minuto
a leer dos líneas seguidas; se darán cuenta de que su actitud
es totalmente inconsistente.
La repercusión de esta propuesta referente a que la proporción
profesor/unidad sea 1,2, aparece reflejada en la enmienda
1.024, que, por tanto, incorporamos ahora el debate. En dicha
enmienda indicamos que en los centros con más de nueve
unidades debería producirse un incremento para conseguir esa
proporción, mientras que en los de menos de ocho unidades
planteamos un calendario sucesivo en tres cursos, que iría
aumentado de la siguiente forma: 1,07, 1,13, 1,20, es decir,
que iría aumentando escalonadamente, consiguiendo también esa
dotación. Nos parece que eso es tomarse en serio las
previsiones de la ley y que lo contrario equivale a
defraudarlas.
Por otra parte, nos parece que no es muy serio que a través
del proyecto de presupuestos se intente convertir en
discrecionales determinadas decisiones que son obligatorias
por ley, ley que ustedes han propuesto y defendido en esta
tribuna. Ustedes no pueden ahora, en los presupuestos, hablar
de que «se podrá autorizar» cuando, según la ley, hay que
hacerlo. (El señor Padrón Delgado pronuncia palabras que no se
perciben.)
No; no vaya tan rápido. En vez de «podrá autorizar» debe decir
«autorizará» y, volvemos a la situación anterior, sin
incremento de gasto. Ustedes, en una línea, han cambiado
«podrá autorizar» por «autorizará», aprobando nuestra enmienda
910, y, sin embargo, no aprueban la 911 y mantienen «podrá
autorizar» en vez de «autorizará». Léaselo usted tranquilo; no
es incremento de gasto porque van a pagar lo mismo a fin de
mes. Léalo despacio y comprobará que aprueban una enmienda sí
y otra no, con una línea de separación. Creo que vendría bien
un poco de rigor, aunque estemos hablando de la Logse. Por
otra parte, en esa enmienda decimos que esos incrementos de
profesorado se hagan según lo indicado en la tabla a la que
ustedes aluden. Ustedes dicen «hasta el máximo indicado en la
tabla», lo cual quiere decir que se autoconceden ya una
posiblidad de recortar las propias exigencias legales. Hasta
el máximo no, según lo que la tabla dice en concreto, que son
las previsiones de la Logse. Por tanto, nada de autorizarse
aquí a incumplir sus leyes, que son ya leyes de todos y, por
tanto, tenemos derecho a exigir su cumplimiento. Ya que los
ciudadanos tienen que soportar la ley en sus
aspectos negativos, por lo menos en los positivos no queden
defraudados. Me parece que la actitud no puede ser más
razonable y constructiva, y perdone este curioso papel, porque
yo estoy defendiendo sus leyes, pero es que, a estas alturas,
las pobres están tan indefensas que si no las defiende el
Grupo Popular no sé quién lo va a hacer.
A través de la enmienda 912 pedimos también que se flexibilice
la aplicación de los acuerdos relativos al profesorado de
aquellos centros que se han visto afectados por recortes en
los conciertos. Pedimos flexibilidad en un doble aspecto. El
primero, en beneficio de los profesores, y es que a Baleares,
Ceuta y Melilla se les dé un tratamiento especial, cosa que ya
se hace en el mismo acuerdo, y que a un profesor al que se ha
dejado sin puesto de trabajo no se le ofrezca como única
oportunidad de mantener ese puesto de trabajo irse a Baleares,
Ceuta o Melilla, con lo que eso supone de dificultad desde
todos los puntos de vista. Insisto en que ya en el mismo
acuerdo se insinúa y se refleja un tratamiento peculiar. El
segundo aspecto va en beneficio de los alumnos de los centros,
que son los que se van a beneficiar de esta dotación de
profesorado. Y es que cuando un centro está dispuesto a
recibir cualquiera de estos profesores y después de un segundo
intento no encuentra disponible ningún profesor de este tipo,
que pueda buscar otro profesor. ¿Qué culpa tienen los alumnos
de que determinados profesores de los afectados por reducción
de conciertos, por las razones que sean --y, en su caso, ellos
sufrirán las consecuencias--, por dos veces rechacen la
posibilidad de aceptar ese puesto de trabajo? Habrá que buscar
otro profesor. Sin embargo, ustedes se empeñan --y nuestra
enmienda intenta evitarlo-- en que el profesor que contrate el
centro sea necesariamente de esa bolsa de profesores. Mire
usted, habrá un momento en el que eso ya no se pueda realizar
así. Esta nos parece también una enmienda llena de sentido
común.
Por otra parte, puesto que hay todo un conjunto de centros,
todos ellos sostenidos con fondos públicos, todos ellos
facilitando un servicio público a los ciudadanos como es el de
la educación, no entendemos las diferencias de trato, a la
hora de garantizar la calidad de la enseñanza, que se está
recibiendo en uno u otro caso. Si aquí se tratara de enfocar
el problema desde una óptica de competencia ya sería feo y
poco elegante que se produjera la curiosa competencia desleal
de quitar medios a uno de los competidores, pero es que aquí
de lo que se trata es de servir a los ciudadanos, que no
entienden mucho de determinadas competencias pintorescas. Por
tanto, nuestra enmienda 907 sugiere que se establezca una
Comisión de seguimiento, con las asociaciones patronales más
representativas y con las centrales sindicales, para
garantizar que los gastos variables que los centros
concertados tienen atribuidos, por un lado, se utilicen
correctamente (estoy seguro que ninguno de los titulares de
los centros tendrán inconveniente en que los fondos públicos
estén sometidos a control) y por otro lado, que se analice la
suficiencia de esos gastos para detectar en qué medida se
están produciendo condicionamientos económicos que impiden
prestar la calidad de enseñanza que la propia ley viene
exigiendo. La enmienda 1.025, relativa al apartado de otros
gastos, no propone, como erróneamente parece que se
interpretó, que se puedan dividir en tres bloques, que es algo
que ya sabemos que es posible hacer, sino que lo que dice es
que se ha producido una curiosa circunstancia, y es que
ustedes no han tenido en cuenta, a la hora de valorar los
gastos de profesorado, que existía una rebaja en las
cotizaciones, lo que significa que, curiosamente, aquí sobre
dinero, lo que debemos saludar con verdadero júbilo porque no
creo que haya otro resquicio de este presupuesto donde sobre
dinero para nada. Pues bien, puesto que sobraba dinero en un
sitio, nosotros pensamos que había que aprovecharlo, pero nos
planteábamos en qué lo podríamos emplear. Difícil asunto,
porque hay tanto en qué emplearlo, pero como había que
establecer una prioridad...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ollero, vaya
concluyendo.
El señor OLLERO TASSARA: Voy terminando, señor Presidente. ...
aun recordando que, por ejemplo, están pendientes de
homologación los profesores de los centros concertados, hemos
querido dar prioridad a los alumnos, puesto que a alguien le
tenía que tocar. Y la prioridad consiste en que ese excedente
que se produce pase al capítulo de otros gastos que, una y
otra vez, viene siendo denunciado como claramente insuficiente
y que, por tanto, redundara en beneficio de la calidad de la
enseñanza que van a recibir los alumnos.
También queremos evitar --y ya termino, señor Presidente--
complicaciones burocráticas, facilitando una mejor prestación
del servicio a los ciudadanos. La enmienda 915 pretende que la
partida «otros gastos» se abone mensualmente. Debo reconocer
que así sucede en el ámbito del Ministerio de Educación y
Ciencia, pero no en otras administraciones, y como esta ley,
quiera usted o no, con todos los respetos a las competencias,
tiene un valor ejemplar, lo que queremos es ponerles a ustedes
de ejemplo. No se quejará; en mejor plan no podemos estar hoy,
con la fama que algunos tenemos. ¿Qué más quieren? Les pongo a
ustedes de ejemplo. Lo que queremos es que digan a los demás
que lo hagan tan bien como ustedes. No se quejarán, ¿eh?
Por último, pretendemos que a la hora de justificar el dinero
recibido no se haga por curso escolar sino por ejercicio
económico. Usted utiliza en Comisión una argumentación
circular, redonda, que es la siguiente. Dice
usted en concreto: Bien es verdad que las previsiones del
presupuesto se corresponden con dos diferentes ejercicios
económicos, y entiendo que los centros privados concertados,
en su contabilidad y en su previsión de gastos, tienen que
ajustarse a lo establecido en la Ley de Presupuestos que, en
definitiva, es quien concede esas subvenciones, y el hecho de
que cierren la contabilidad al final del ejercicio, en el que
ha habido dos cursos escolares (parte de uno que se cierra y
otro que se inicia), no es razón de peso para la modificación
que pretenden. Señor Padrón, si usted me reconoce que hay dos
ejercicios económicos y me dice que los centros tienen que
obedecer esta ley, para no obligar a los centros a hacer
tonterías, cambiemos esta ley. Me parece que la cosa no puede
estar más clara. Sin embargo, usted dice: no, no; deben seguir
haciendo algo absurdo porque deben cumplir la ley. Pues bien,
cambiemos la ley para no obligar a esos centros a hacer cosas
absurdas. Más constructivo no he podido estar, aunque me ha
costado trabajo. Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ollero.
Para un turno en contra, tiene la palabra el señor Padrón.
El señor PADRON DELGADO: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, en el Título II, referido a las normas para la
gestión de los centros concertados, se plantean todos los
años, en este trámite de la ley de presupuestos, una serie de
consideraciones que obedecen a peticiones de las
organizaciones patronales de la enseñanza, pero, por otra
parte, se intentan modificar los acuerdos que estas
organizaciones patronales realizan con el Ministerio de
Educación. Toda esta parte del articulado se refiere al
estricto cumplimiento de los acuerdos entre el Ministerio de
Educación y los centros concertados.
La aceptación de unas modificaciones, como se pretende con la
enmienda número 906, del Grupo Popular, incrementando la
dotación señalada en el anexo VII para el curso 1995-96, con
un ratio de 1,2 profesores por unidad escolar de educación
primaria, significa un incremento de gastos en el presupuesto
de Educación que afectaría ya al curso escolar en el último
trimestre del año 1995. Se nos critica porque no controlamos
el déficit, pero, luego, empiezan a venir enmiendas parciales
de unos y otros grupos que, en definitiva, comienzan a suponer
incremento de gastos, cualquiera que sea la consideración que
se le quiera dar. Por tanto, no se es consecuente entre la
enmienda a la totalidad o de devolución presentadas a todo el
Título I, en donde se establecen los diferentes conceptos y
programas de gasto, y las enmiendas, que luego iremos viendo a
lo largo de los diferentes títulos del presupuesto, pidiendo
incremento de gastos.
En relación con la creación de una comisión de seguimiento de
las administraciones educativas para comprobar la utilización
de otros gastos, a la que se ha referido el señor Ollero, le
diré que el componente de otros gastos está determinado por un
Real Decreto en el cual se aprobó el Reglamento de las normas
básicas sobre conciertos educativos, que comprende el pago de
la antigüedad del personal, de las cuotas de Seguridad Social,
de sustitución del profesorado, complementos en la dirección,
obligaciones derivadas del Estatuto de los Trabajadores,
normas que vienen en la Ley y que se intentan modificar por
una u otra vía, estableciendo comisiones de seguimiento o
normas que obliguen al Estado para ejercicios futuros.
Por lo que se refiere a la sustitución del curso escolar por
el ejercicio económico, a que ha hecho referencia al señor
Ollero ahora mismo, utilizando una parte del argumento que yo
he dado sobre el artículo 40 del Reglamento de normas básicas
sobre conciertos educativos, me tengo que referir siempre al
Real Decreto porque es en el que se establecieron las normas y
acuerdos habidos entre el Ministerio de Educación y las
organizaciones patronales de la educación privada, que ahora
se intenta modificar por la vía de la Ley de Presupuestos.
Planteando enmiendas en este sentido, tenemos que decir que
no. Sobre la modificación que se pretende, señor Ollero, en
todas las enmiendas referidas a los profesores de apoyo,
sustituyendo el término «de apoyo», no es que las aprobáramos,
le dimos el voto negativo, pero hubo una mayoría en la
Comisión y, por tanto, en unas se alcanzó la mayoría y en
otras no, por lo que la incoherencia del texto, en todo caso,
no se puede achacar al Grupo Socialista, sino a la forma en
que se votaron algunas de las enmiendas. Igual sucede con el
término «podrá autorizar», que en un caso figura y en otro no.
De todas maneras, señor Ollero, el Ministerio de Educación
podrá autorizar, según lo indicado y cumpliendo las normas que
establece el párrafo. El término «autorizará» implica
demasiadas rigideces en la obligación del Ministerio de
Educación. Además, es un término ya utilizado en el apartado
sexto de las resoluciones a que he hecho referencia con
relación al tercer acuerdo entre organizaciones patronales y
Ministerio de Educación.
Modificación del sistema de contratación de profesores. Está
basada en el cumplimiento del tercer acuerdo entre el
Ministerio y organizaciones del sector de la enseñanza privada
sobre ámbito, procedimiento y medidas aplicables al
profesorado de centros concertados afectados por la no
renovación total o parcial de los conciertos educativos,
siendo ésta una de las medidas de recolocación a que se
refiere el apartado sexto del acuerdo. Poco más le puedo
decir, yo no soy un experto
en materia educativa, señor Ollero. Lo único que le digo es
que si se firma unos acuerdos es para cumplirlos por todas las
partes. Usted pretende efectuar una serie de modificaciones en
la Ley de Presupuestos que quienes deben plantearlas son las
organizaciones patronales, a la hora de establecer los
acuerdos entre los sindicatos --que algo tendrán que decir los
sindicatos--, las organizaciones patronales y el Ministerio de
Educación.
Con respecto a las enmiendas de Izquierda Unida, he de decir
que la 519, que trata de suprimir «en su caso» en la consulta
con los sindicatos para el programa de recolocación de
profesores, pediremos votación por separado y la aceptaremos.
Por tanto, algo se va alcanzando, señor Ríos. No puedo decirle
lo mismo con respecto a la modificación que usted pretende en
cuanto a la disminución de la cuota para la enseñanza de
formación profesional de segundo grado y bachillerato
unificado, que pretende rebajar de 2.000 a 1.500 pesetas. Esto
significaría una disminución de ingresos para estos centros y,
por tanto, mayores obligaciones del Estado a la hora del
sostenimiento de esos centros. Aunque viene a suponer cinco
mil pesetas al año por alumno, espero que no sea una causa de
disminución o de agravamiento de los presupuestos familiares.
Con respecto a la enmienda 517, de Izquierda Unida, que se
refiere al pago a cuenta que pueda hacer la Administración,
cuando no se ha suscrito los acuerdos, y que establece el Real
Decreto 1.377, a petición de las organizaciones patronales --
dice el proyecto--, con la consulta consiguiente a los
sindicatos, creemos que es una enmienda reiterativa, pues ya
la presentaron el año pasado. Creo que el término establecido
en el proyecto de ley de consulta con los sindicatos es más
que suficiente y establece las cautelas que la Administración
hará al efectuar los libramientos del dinero mediante el
criterio que pueda tener el sindicato con respecto a esos
anticipos. La patronal, que en este caso es la titular, es la
que luego tiene la obligación de justificar, según lo
establecido en el Decreto, por tanto, no la vamos a aceptar,
entendiendo que esa consulta con los sindicatos es una
cautela. No creo que haya pagos a cuenta si los sindicatos,
por cualquier razón, establecieran criterios negativos. Con
respecto a las enmiendas del PNV, que han sido las defendidas
en primer lugar, he de decir que algunas son coincidentes con
las del Grupo Popular. La enmienda 284 establece una serie de
nuevos criterios para la implantación anticipada del primer
ciclo de la enseñanza secundaria obligatoria para el curso
1995-96. En este caso claro que tendrá que tener autorización
provisional o definitiva. Creo que no es necesario que esto
figure en la ley. Sin embargo, una cosa es esto y otra mezclar
--como pretende la enmienda-- aspectos de autorización y
concertación con los de financiación. Por ello, aunque este
tema se sigue estudiando, tenemos que decirle que no podemos
aceptar la enmienda. Respecto a la sustitución de plan de
estudios por currículo, he de manifestarle que en 1995, al no
haberse implantado todavía la reforma educativa en su
totalidad, además de la educación primaria se continúa con la
enseñanza general básica en algunos centros, por lo que
aparece la expresión plan de estudios en vez de currículo, que
es lo establecido en la norma.
Creo que, en términos generales, he contestado puesto que
algunas de las enmiendas que ha presentado --las 287, 288 y
289-- el Grupo Vasco son coincidentes con las del Partido
Popular. Les reitero lo manifestado en Comisión, si no ha sido
contestado en la parte correspondiente a la respuesta a las
enmiendas del PP.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Padrón.
Tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Muy brevemente, señor Presidente.
Entendemos que la propuesta que ha hecho el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista consiste en aceptar la enmienda 519,
respecto a que se suprima «en su caso» en el apartado que hace
referencia a los conciertos educativos entre el Ministerio,
las organizaciones patronales y los sindicatos, aunque no ha
aceptado su primera parte en cuanto al módulo económico de
distribución de fondos. En todo caso, quiero decirle que 2.000
pesetas al mes por alumno no es una cifra baladí, porque el
año pasado eran 1.500 pesetas. Es cierto que se trata de una
previsión de ingresos, pero en todas las cuantías, las cifras
de porcentajes también es importante tenerlos en cuenta, sobre
todo cuando hablamos de unos volúmenes de inflación y de
subida que se dan por una determinada valoración. La verdad es
que una subida de 1.500 a 2.000 pesetas es porcentualmente
bastante alta.
Termino, señor Presidente. No me ha respondido el portavoz
socialista en lo que se refiere a la Agencia Tributaria,
cuando proponíamos un compromiso de reducir el fraude fiscal,
y tampoco me ha respondido al tema de los módulos, cuando
proponíamos que hubiese un profesor de apoyo para los centros
que tengan de ocho a quince unidades. El proyecto de ley habla
de que todos los centros que tengan de nueve a quince unidades
podrán tener un profesor de apoyo. Nosotros creemos que,
después de la reforma, todos los centros de primaria e
infantil --seis años de primaria más dos de infantil-- van a
tener un volumen importante, ocho unidades, y que también
debieran tener acceso a ese profesor de apoyo. Por tanto, nos
gustaría conocer la razón de no admitir esta enmienda. Nada
más, señor Presidente; nada más, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.
Tiene la palabra el señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Señor Presidente, señorías, el
portavoz del Grupo Socialista ha hecho algunas referencias a
los acuerdos existentes entre el Ministerio y las patronales
titulares de estos centros concertados. Me congratulo mucho de
la importancia que da al principio de autonomía contractual,
pero el señor portavoz socialista tendría que reconocer --si
estuviera escuchándome-- que lo habitual dentro de un
ordenamiento jurídico civilizado es que los acuerdos y
contratos se celebren en el marco de las leyes y no que las
leyes se hagan en el marco de los acuerdos y contratos. Es una
cosa verdaderamente novedosa, que podría ser estudiada e
incluso se podría organizar un congreso internacional, porque
llamaría mucho la atención, pero nos parece que no es éste el
momento de hacer esos equilibrios especulativos de alta teoría
jurídica. Mantengámonos en lo que hasta ahora ha sido moneda
corriente entre los juristas medianamente versados. Por tanto,
estamos discutiendo ahora una ley que cuando el Ministerio
intente establecer acuerdos con estas patronales va a esgrimir
como marco obligado de cualquier acuerdo. Por consiguiente,
señor portavoz socialista, no siga con su estrategia del
trompo porque está continuamente de modo circular y puede
acabar un poco mareado. Vamos a poner las cosas en su sitio.
Ustedes han hecho una ley que no tenía como única finalidad
volver loco a todo el profesorado y a los alumnos cambiando la
estructura del sistema educativo, sino que, en teoría,
pretendía aportar calidad de enseñanza, y estimaba que el
número de profesores por unidad era un elemento clave a la
hora de calibrar esa calidad de la enseñanza. Aquí lo que
proponemos es que la reforma sea realmente algo más que llamar
a la EGB primaria o secundaria, según los años, y que de
verdad se convierta en un incremento de profesorado que, dicho
sea de paso, se podía haber conseguido sin esa reforma tan
aparatosa y complicada que está volviendo loco a más de uno.
Esto es lo que pretendemos, y déjese usted de acuerdos. Los
acuerdos vendrán en el marco de leyes como ésta, que es la que
decide el dinero del que se va a disponer. El problema está en
que ustedes no son coherentes, no son creíbles y no ponen
ahora, aquí, sobre la mesa, el dinero necesario para que sus
leyes sean algo real y se puedan tomar en serio, aunque sea
para discrepar de ellas. En segundo lugar, señor portavoz
socialista, dice que es lego en cuestiones de educación. Yo lo
siento, pero me imagino que su grupo, aunque hoy no esté
presente aquí, tendrá quien no lo sea. Usted me acaba de
confundir los gastos variables con el capítulo de otros
gastos. Léase el presupuesto, la ley, el proyecto de ustedes y
verá que son dos gastos distintos. La comisión de seguimiento
se refiere a los gastos variables, no a otros gastos. Yo
comprendo que a usted le suene todo a gastos y le parezca
igual, pero no es igual. Mire usted, jurídicamente son dos
conceptos distintos. Usted dice que pretendemos nada menos que
que haya una comisión de seguimiento. ¡Maliciosa actitud! ¿En
qué consiste la malicia de nuestra pretensión? En que si hay
una comisión de seguimiento se va a poder saber que no hay
dinero, y por lo visto esto es un atentado. Pues, mire usted,
lo que estamos intentando es conseguir un sistema que haga
funcionar una luz de alarma para evitar que su ley, la Logse,
se quede sin dinero y que se sepa en qué momento se ha quedado
sin dinero para que actuemos en consecuencia. Ustedes vienen,
piden un crédito suplementario de ésos que piden para otras
cosas, y ya veremos qué es lo que hacemos aquí. Entiendo que
las incoherencias ustedes las achacan a otros grupos que, por
lo visto, no están atentos a secundar su voto. Por tanto,
cuento con su apoyo a las enmiendas números 913 y 911, que son
dos puras incoherencias, y ya hago saber a los demás grupos
que si no salen será culpa de ellos. Quede constancia, porque
se puede armar. Entiendo también que las enmiendas números 908
y 915, que son las que proponen ejemplarmente el pago mensual
que ustedes practican y las que terminan con su argumento
circular y admiten que se justifiquen por ejercicios
económicos, dado que S.S. no ha aportado argumento alguno en
contra de ellas, se dan por aceptadas y ustedes las van a
apoyar. Sépanlo los demás grupos no vaya a ser que les falte
algún voto luego.
Una de nuestras enmiendas denuncia que ustedes en vez de decir
que habrá un incremento de profesorado según la tabla que
aportan en el presupuesto, dicen hasta el máximo. Por tanto,
convierten lo que debe ser una cifra obligada en una
posibilidad discrecional. Ustedes se autoindultan, y aquí,
aparte del famoso toro que hemos indultado hace poco, yo creo
que no hay que indultar a más gente. Ustedes cumplan sus
compromisos que tienen en las leyes y, por tanto, no hasta el
máximo sino justo lo que dice esa tabla. Esa enmienda debe
aceptarse. En relación con el resultado de los acuerdos
vigentes, reconózcame el señor portavoz socialista que los
acuerdos van generando una experiencia. Deme usted algún
argumento racional para que a un profesor que ha perdido su
puesto de trabajo y se le ofrece como única alternativa ir a
Baleares, Ceuta o Melilla no se le permita el que no tenga que
ir necesariamente fuera de la península. Deme un argumento
racional, pero déjeme de acuerdos. La experiencia de los
acuerdos, donde se refleja un tratamiento peculiar para esos
centros escolares, invita a ello. Si usted no tiene
argumentos, dígalo, pero no me remita a los acuerdos.
Igualmente, deme un argumento racional para que un centro
escolar que está dispuesto por dos veces a acoger a un
profesor de
los que ha quedado sin plaza, sin puesto de trabajo, porque
ustedes no le han dado el concierto educativo, y no lo
encuentra, pueda acoger a otro, porque desgraciadamente hay
demasiados en paro. Deme un argumento racional en contra, y no
me diga que para eso están los acuerdos. Los acuerdos están
para hacerse, en el marco de las leyes, en aquello que las
leyes no han sabido prever dada su generalidad y su inevitable
intemporalidad o ucronía, si quiere usted, pero no para que
las leyes --una ley como la de presupuestos, nada menos, de
ese calado político-- tengan que supeditarse a esos acuerdos
de los que, por otra parte, usted ha demostrado tener unas
noticias más bien remotas. Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el
señor Padrón.
El señor PADRON DELGADO: Señor Presidente, el representante
del Grupo Popular, señor Ollero, ha hecho una acalorada
defensa de la Logse y, por tanto, el incumplimiento --según
él-- que el Gobierno socialista hace, de cara al presupuesto
de 1995, de esa propia ley que es deseo de todos que mejore la
calidad de la enseñanza. En ese sentido critica la excesiva
rigidez de algunos artículos a la hora de la contratación de
los profesores; cuando dice «podrá autorizar» tiene que ser
«autorizará», etcétera. Lo que pasa es que luego no coteja lo
que él dice con lo que dicen otros representantes de su Grupo
al establecerse, por ejemplo, la imposibilidad de llevar
modificaciones de crédito del artículo 6 al artículo 1, que es
el de gastos de personal. Con la enmienda aprobada el otro día
a uno de los artículos es imposible pasar partidas de los
artículos 6 o 7 a los artículos 1 o 2. Por tanto, hay una
imposibilidad absoluta de mayor contratación de personal de la
que teóricamente viene establecida en el presupuesto.
Otro de sus argumentos es que aceptemos los pagos mensuales, y
en la propia justificación de la enmienda reconoce que el
Ministerio de Educación y Ciencia lo viene haciendo. También
el PNV lo reconocía en su enmienda, que creo que retiró. Pide
que legislemos y establezcamos una cláusula, ¿para quién?
¿Para las comunidades autónomas que lo incumplen en alguna
medida? ¿Estamos legislando aquí para que las comunidades
autónomas con transferencias educativas cumplan y paguen
mensualmente a los centros concertados? No. Diga usted si
quiere que legislemos aquí para las comunidades autónomas.
Lo mismo podría decir con respecto a otras enmiendas que, de
una forma solapada o no, suponen incremento de gasto, muy bien
presentadas, efectivamente, y contra cuyo espíritu y letra
incluso no tendríamos nada que decir si no tuviéramos unas
limitaciones presupuestarias que ustedes cada vez nos achacan
como responsables del déficit, pero luego, como digo, a la
hora de pedir incrementos de crédito, siempre se quedan
cortos. Por tanto, no se corresponde el que, de una forma o de
otra, modificaciones que parecen inocentes y con buena letra
al final significan un mayor incremento en la Sección 18,
Ministerio de Educación, por la vía de los centros
concertados.
Por todas estas razones y porque queremos ser consecuentes con
el compromiso de contención del déficit, vamos a rechazar
todas las enmiendas que ha presentado el Grupo Popular.
Respecto a Izquierda Unida, el módulo establecido para que se
modifique la tabla número 1 referida a profesores de apoyo,
que ahora ya no son de apoyo sino profesores, la petición que
se hace de ocho a quince unidades también significa incremento
de gasto, señor Ríos. Creo que tampoco supone una masificación
el hecho de que haya una unidad más en estos centros que va a
atender un profesor, porque el resto de la tabla usted lo deja
igual a como figura en la Ley de Presupuestos. Se lo digo
ahora y se lo dije en Comisión, las 5.000 pesetas que supone
de incremento de tasas para BUP y para formación profesional
de segundo grado yo no digo que sea una cantidad pequeña, todo
es muy relativo, habrá familias a las que no supondrá mucho y
a otras les puede suponer más. Pero ya está establecido así,
están hechos los cálculos y la modificación a la baja
significaría mayores dotaciones para estos centros
concertados. Esta es la razón por la que no aceptamos la
enmienda.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Finalizado el debate
del Título II, pasamos al Título III, sobre gastos de
personal. Para la defensa de las enmiendas del Grupo Popular
tiene la palabra el señor Núñez.
El señor NUÑEZ PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una
enmienda de totalidad al Título III, de los gastos de
personal, la número 916; varias enmiendas parciales a su
articulado, las que van desde la 917 a la 945, así como las
enmiendas 1.036, 1.046, 1.069 y 1.070, a las disposiciones
adicionales, transitorias y finales que guarden relación con
este título. Todas ellas serán defendidas, con la venia del
señor Presidene, en esta intervención. Como sin duda
recordarán las señoras Diputadas y los señores Diputados, la
pieza clave del debate de este título en los Presupuestos
Generales del Estado para 1994 fue la congelación salarial
que, por segundo año consecutivo y debido a la nefasta
política económica del Gobierno socialista, helaba las
retribuciones de los funcionarios y empleados públicos, que
siguieron perdiendo poder adquisitivo hasta superar los siete
puntos en dos años. La posición del Grupo Parlamentario
Popular fue clara entonces como lo es ahora: no a la
congelación salarial, sí a la inevitable moderación. Eran
tiempos de aguda crisis económica y el sacrificio había que
repartirlo entre todos. En los presupuestos generales para
1995 no hay congelación, pero hay una durísima moderación
salarial que se aplica de forma lineal a todos los
funcionarios, sin repartir la carga con equidad y según las
circunstancias de cada grupo. Parodiando la fábula de
Samaniego, la enmienda necesaria sería: repartamos la carga y
será poca.
El aumento de la remuneración de los empleados del sector
público será del 3,5 por ciento de acuerdo con lo pactado
entre el Gobierno y los sindicatos de funcionarios. Este
incremento equivale a la previsión oficial de inflación para
el próximo año, estimación de difícil cumplimiento por el
efecto negativo que tendrá la subida de la imposición
indirecta y por la aplicación de las cláusulas de revisión
salarial que figuran en la mayoría de los convenios firmados
para 1994. Por tanto, cabe esperar una desviación al alza, en
esta partida presupuestaria, si el Gobierno cumpliera los
compromisos que figuran en el citado acuerdo con los
sindicatos aprobado en el Consejo de Ministros del 16 de
septiembre pasado.
En definitiva, el capítulo I de los presupuestos de 1995, que
recoge los gastos de personal, crecerá un cuatro por ciento en
1995 en comparación con las cantidades presupuestadas
inicialmente en 1994 y un 4,9 por ciento respecto al avance de
liquidación de ese año. Pero no podemos saber cuánto crecerá
este capítulo I al final del año 1995, porque no sabemos lo
que se desviará la inflación prevista y cómo se comportará la
economía. Votaremos un año más este capítulo sin saber cuál
será el contenido real de las distintas partidas del mismo.
Recuerdo a SS.SS. que estamos ante una cifra de gasto de 2
billones 793.000 millones de pesetas, lo que supone el 14 por
ciento del total del presupuesto de gasto correspondiente al
Estado, lo que por sí sólo bastaría para la reflexión y la
prudente toma en consideración de cuantas enmiendas y
criterios sean sustentados por los diferentes grupos
parlamentarios. Ya sabemos que el Grupo Parlamentario
Socialista y sus utilísimos socios de Convergència i Unió
harán prevalecer de manera inmisericorde el proyecto enviado
por el Gobierno. Pero en este punto al menos deberían
reconsiderar tanto el reparto de la dura moderación salarial
como las garantías y cláusulas para la recuperación del poder
adquisitivo. Aceptando, como debemos, que el aumento de las
retribuciones sea del 3,5 por ciento, cabe tener una
consideración especial con ese medio millón de funcionarios --
subalternos, auxiliares administrativos, etcétera--, que
tienen salarios de 80.000 a 100.000 pesetas al mes, inferiores
a muchas pensiones y subsidios de desempleo. Introducir en el
sistema retributivo correcciones que eviten la aplicación
indiscriminada de medidas que proceden de la crisis económica
es aplicar principios de elemental justicia distributiva. En
cuanto a la recuperación del poder adquisitivo de 1993 y 1994
y el sistema de compensación para posibles desviaciones del
IPC en 1995, el Grupo Parlamentario Popular no entiende por
qué no se ha reflejado en los presupuestos generales del
Estado alguna cláusula parecida a la que se recoge en la
disposición adicional decimoséptima para las pensiones. El
Gobierno se escuda en el acuerdo firmado con los sindicatos y
condiciona su compromiso de pagar el poder adquisitivo perdido
a que se comporten de manera favorable varios índices que el
propio Gobierno elabora: el IPC, el PIB, el déficit público,
etcétera. En definitiva, que la política económica errática e
imprevisible ofrezca, a final de año, resultados brillantes
que obligarán al Gobierno a pagar lo que debe a nueva deuda
social generada desde 1992. Si las partes negociadoras se
pusieron de acuerdo, ¿por qué pedir nosotros la inclusión de
la cláusula de revisión y la de recuperación? Por esa razón
este año no la solicitan nuestras enmiendas. Sin embargo, el
Grupo Parlamentario Popular no puede por menos de mantener y
dejar constancia de graves dudas y reservas acerca del
propósito sincero del Gobierno de cumplir lo acordado. Como el
supuesto favorable en cuestión depende del cumplimiento de
varias condiciones suspensivas, para qué adelantar
acontecimientos y para qué enmendar hipótesis. Porque con la
errática política económica que tiene su reflejo en estos
nuevos presupuestos, ¿quién puede garantizar, repito, el
importe total de este Título III y el correspondiente capítulo
I? Resumía en la Comisión de Presupuestos el portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista, señor Morlán, que el enfermo,
es decir la economía, había experimentado una notable mejoría.
Sin negar los síntomas de una recuperación que se nota en el
enfermo, y no precisamente por obra del médico que lo trata,
nadie de esta Cámara puede contestar a esta duda, a esta
pregunta o a esta cuestión: el año que viene, al debatir este
Título III, ¿estaremos en la congelación o en la moderación?
Esperemos que estos sean los últimos presupuestos que presenta
un Gobierno socialista y así saldremos de dudas. Además de
todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular no comparte
la dimensión presupuestaria de la política de personal que se
refleja en los artículos 18 a 32 de este título y por eso las
enmiendas parciales al articulado que podemos agrupar en tres
apartados. Primero, la 917 y la 922, que se refieren a los
enunciados de los artículos 18 y 19 y pretenden sustituirlos
por otros más sencillos y más acordes con el contenido de
dichos artículos y sobre todo, y por lo que se refiere al
artículo 19, por otro enunciado que no prejuzgue la
inclinación del Gobierno para laboralizar la Función pública.
El segundo apartado comprende las restantes enmiendas a este
título junto con la correspondiente
a la disposición adicional cuarta, todas las cuales se
refieren al sistema retributivo. Nacen todas ellas de la
aplicación al mismo de los principios constitucionales de
capacidad y mérito en el acceso a la Función pública,
imparcialidad e igualdad de oportunidades y transparencia,
moderación y control en el gasto público. Durante los diez
últimos ejercicios presupuestarios el Grupo Parlamentario
Popular ha sido muy crítico con la manera de conducirse los
gobiernos socialistas en relación con dichos principios. El
Título III del proyecto de ley de presupuestos de 1995 no nos
proporciona argumentos para variar nuestro juicio negativo. Al
contrario, diríase que en un final de etapa política el
Gobierno socialista no encuentra sosiego para la reflexión y
el cambio razonables y opta por la huida hacia adelante y,
amparándose en el tantas veces citado acuerdo con los
sindicatos, introduce torpes innovaciones tanto en el régimen
de retribuciones como en la oferta de empleo público, como en
la carrera administrativa, la consolidación de empleo
temporal, los procesos de laboralización y funcionarización,
etcétera. Tales cuestiones son piezas esenciales del Estatuto
de la Función pública y debe ser cuando se debata este
proyecto de ley, que el Gobierno tantas veces ha ofrecido
enviar a esta Cámara, cuando dichas cuestiones se estudien y
resuelvan.
El primer objetivo de nuestras enmiendas parciales es evitar,
por tanto, que surjan nuevas situaciones de hecho de difícil
encaje en el futuro estatuto y que obliguen a soluciones
traumáticas, como están surgiendo del irracional proceso de
funcionarización que se está llevando a cabo tras los abusos
de la contratación laboral para puestos reservados a
funcionarios que han llevado a cabo todos los gobiernos
socialistas. El segundo objetivo es la necesidad de poner fin
cuanto antes al sistema retributivo de la Ley 30/1984 que, so
pretexto de flexibilidad e incentivación del rendimiento, ha
constituido una fuente de persistentes presiones al alza del
capítulo I de los presupuestos. En el momento en que el
crecimiento incesante del gasto público en España constituye
uno de los más eficientes factores negativos del proceso de
convergencia con la Unión Europea, la importancia del coste de
los recursos humanos de las administraciones públicas no
precisa ser enfatizada.
Ya dijimos antes que los gastos del personal suponen más del
14 por ciento de los presupuestos del Estado, pero según datos
del Registro central de personal de las administraciones
públicas, de marzo de 1994, el total del personal al servicio
del sector público en su sentido amplio asciende a 2.255.910,
lo que representa alrededor del 15 por ciento del total de la
población activa. Pero dejando de lado la cuestión de si tal
proporción resulta apropiada o excesiva en relación con las
magnitudes que el personal público alcanza en otros países, es
evidente que el control de los gastos de personal constituye
una contribución esencial a cualquier política de contención
del gasto público. Lejos de favorecer el logro de tan
importante objetivo, el sistema de retribuciones vigente
parece concebido para ofrecer flancos sensibles a toda presión
posible al alza; introducido por la Ley 30/1984 y basado en su
origen en el presunto rigor científico del método AI de
valoración de puestos de trabajo, reposan las relaciones de
puestos de trabajo aprobadas inicialmente por el acuerdo del
Consejo de Ministros, pero modificables por acuerdo de la
comisión Interministerial de Retribuciones, organismo que
tiene también a su cargo la aprobación de los convenios
colectivos acordados con el personal sujeto al Derecho
laboral. Después de diez años no se han aprobado todas, y las
aprobadas han sido reiteradamente modificadas. De ahí que
nuestras enmiendas a la ley de acompañamiento soliciten la
aprobación definitiva de la RPT antes del 31 de marzo de 1995
y además que se publiquen en el «Boletín Oficial del Estado».
Puesto que la modificación de la RPT es posible, apenas hay
ministerio y organismo de la Administración que no ensaye, con
la periodicidad más reducida que le sea posible, una revisión
de las relaciones de puestos de trabajo en vigor, bien
solicitando la creación de nuevos puestos, bien demandando
complementos específicos más elevados para los puestos ya
reconocidos. Perdido ya cualquier respeto a la apariencia de
objetividad que se pretendía obtener de la aplicación del
método AI, la obtención de lo pedido no depende ahora de
razones vinculadas al aumento cuantitativo o cualitativo de
tareas y responsabilidades del puesto de trabajo de que se
trate, sino pura y simplemente de la presión que se ejerza o
la habilidad que se despliegue cerca de los órganos llamados a
decidir o de sus superiores jerárquicos. Quien puede, saca una
buena relación de puestos de trabajo. Quien no puede, tras
comparecer ante la Comisión ha de darse por vencido y admitir
que sus subdirectores o sus niveles 28 son de inferior
consideración, concretamente en punto al complemento
específico, que los de otros ministerios u organismos. La
solución a la desesperada suele cifrarse en lograr sacar
adelante un real decreto de reorganización que incluye
legalmente la creación de los órganos administrativos hasta el
nivel de subdirección general. Una vez obtenido el real
decreto, se vuelve a la carga presionando sobre la Comisión
para dotar a las nuevas subdirecciones de un sustancioso
complemento específico y para colgar de ellas nuevos niveles
29, 28 o 26, dotados, claro está, con los específicos más
cuantiosos posibles. Si un departamento quiere retener en y
atraer a su organización personas competentes y preparadas, no
tiene más remedio que someterse a este círculo vicioso
infernal que nuestras enmiendas tratan por lo menos de
corregir.
Pero con independencia de la repercusión desfavorable en el
control del gasto público, los efectos del sistema
retributivo vigente en el ambiente de trabajo de las unidades
administrativas y en la motivación del personal no le hacen
merecedor de una valoración más positiva. Por eso, repito,
nuestras enmiendas solicitan la erradicación de los mecanismos
que se reserva el Gobierno para modificar discrecionalmente el
sistema retributivo. Sobran, por tanto, los «sin perjuicios» y
las referencias a ajustes en razón de la especial dificultad
técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o
penalidad. Sobran privilegios y ambigüedades en las
retribuciones de los altos cargos y por eso deben erradicarse,
con carácter retroactivo, los contratos blindados, los
sobresueldos por asistencia a consejos de administración y
otras oscuras e ilegítimas retribuciones como las que se han
llegado a pagar, incluso, con fondos reservados. Por eso debe
suprimirse, eliminarse esa perversa autorización que la
disposición adicional cuarta de este proyecto de ley otorga al
Gobierno para revisar la cuantía de los complementos de
destino, compensando los incrementos que pudieran producirse
con las correspondientes minoraciones en las restantes
retribuciones complementarias. ¿Qué se persigue con esta
autorización del Gobierno? ¿Qué se persigue, señor Morlán?
Sencillamente que como los puestos de libre designación, todos
de alto nivel, pueden ser removidos libremente, el Gobierno
los protege para un futuro arbitrando mecanismos de blindaje,
con objeto de que, ante la hipótesis de la remoción, cuando
pierdan las elecciones, se consoliden determinados niveles
retributivos al margen de los puestos que se desempeñen.
La medida es tan precipitada que ni se plantea su posible
incidencia económica. Un Gobierno tan celoso para poner en
cuarentena cualquier enmienda, con repercusión en el gasto
público, que venga de la oposición, no se ha parado a
reflexionar sobre la incidencia de esta medida. Pero no
conforme con inflar el númerode altos cargos y puestos de
superior nivel hasta límitesescandalosos, el Gobierno pretende
quedar habilitado para pagar dos veces por un mismo puesto: al
que se va y al que llega. Curiosa manera de racionalizar el
gasto y la Función pública. No se concreta ni con cargo a qué
retribuciones complementarias se llevará a cabo la
compensación. ¿Con las del afectado, con las del conjunto de
los funcionarios? Si el complemento de productividad no tiene
carácter fijo ni vincula de cara a meses sucesivos, ¿cómo se
puede incorporar a un complemento periódico y fijo como es el
de destino? Son muchos los interrogantes, el oscurantismo y la
discrecionalidad en manos del Gobierno los que aconsejan la
supresión de esta medida, salvo que premeditadamente se quiera
seguir adelante con una disposición que está bajo sospecha.
Dentro de este apartado de enmiendas --y ya voy terminando,
señor Presidente--al sistema retributivo que utiliza el Título
III de estos presupuestos, no quiero dejar de referirme de
manera especial a la enmienda 927, que modifica el cálculo de
trienios aplicando una fórmula muy semejante a la que se
aplica a las retribuciones básicas. Simplemente pedimos que el
valor en porcentaje del trienio en relación con el sueldo sea
igual para todos los grupos. Incluyo en este apartado también
la enmienda de supresión al artículo 32, que regula la
contratación de personal con cargo a los créditos para
inversiones. El artículo 32 no debería seguir un año más en el
proyecto de los presupuestos, a no ser que se tomaran los
controles y cautelas precisos, tal y como proponen nuestras
enmiendas alternativas a la de supresión.
Finalmente y para terminar esta intervención, quiero referirme
a la enmienda 1.046, que propone una nueva disposición
adicional con objeto de reducir el gasto corriente en bienes y
servicios. El déficit presupuestario, el elevado volumen de la
deuda pública y el fuerte crecimiento del gasto público son
los tres jinetes del Apocalipsis que acompañan a la crisis
económica. Estos tres factores tienen una especial importancia
en la elaboración, debate y aprobación de los Presupuestos
Generales del Estado y obligan a establecer prioridades a la
hora de decidir en qué se gasta y dónde se recorta. No cabe
duda que el gasto público, el déficit y la deuda acumulada son
los mayores obstáculos para el crecimiento económico, y no
habrá consolidación de la recuperación económica si en estos
capítulos no se toman severas medidas. ¿Qué ha hecho el
Gobierno socialista durante la ejecución...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Núñez, termine
ya, por favor.
El señor NUÑEZ PEREZ: Termino ya, señor Presidente. Muchas
gracias. ... durante la ejecución de los Presupuestos
Generales para 1994, después de rechazar las enmiendas del
Grupo Parlamentario Popular a los del 94, y ahora defiendo
otras exactamente iguales para los del 95? Pues apearse de la
burra y reconocer la necesidad y urgencia de reducir el gasto
público corriente. Y basta citar las declaraciones del
Ministro y altos cargos del Ministerio para las
Administraciones Públicas y del propio Ministro de Economía y
Hacienda, señor Solbes, que anunció un recorte del gasto de
los ministerios en 150.000 millones de pesetas, para reducir
el déficit, después del Consejo de Ministros del día 16 de
septiembre; recorte que se reflejaría --dijo-- en los
presupuestos para 1995. Palabras y declaraciones bienvenidas,
por cierto, pero que se han quedado en agua de borrajas
porque, ¿cómo se ha hecho la reducción? Si en 1994 el capítulo
II del presupuesto inicial consolidado ascendíaa un billón
91.000 millones de pesetas y la previsión de liquidación,
según se confiesa en el libro amarillo, se cifra en un billón
274.000 millones de pesetas, ¿dónde está el ahorro y la
reducción prometida por el señor
Ministro? Si el presupuesto inicial consolidado para el año
1995 asciende a un billón 111.000 millones de pesetas, un 0,2
menos que el inicial del 94, ¿cómo se puedencalificar a estos
presupuestos para 1995 de restrictivos? ¿Dónde está la
austeridad? ¿Cómo repercutirá tan ridículo ahorro en la
reducción del déficit? Lo que falta en estos presupuestos es
una recia voluntad política para implantar en la gestión del
gasto, en sus diversos momentos, criterios de racionalidad,
austeridad y control, tal y como expuso mi querido compañero
el portavoz Aguirre al defender las enmiendas al Título I. Por
eso, nuestra enmienda número 1.046 propone una fórmula de
ahorro impidiendo autorizar gastos por encima de los 889.127
millones en el capítulo II, lo que equivale al 80 por ciento
del total presupuestado, y con objeto de dotar de flexibilidad
a la fórmula se configuran una serie de procedimientos que
permitan efectuar transferencias entre secciones e incluso
entre ámbitos presupuestarios, siempre que se cumpla --repito-
- con el requisito de no sobrepasar el margen del 80 por
ciento. Con ello ahorraríamos más de 220.000 millones, un
poquito más que lo que pretendía el señor Solbes cuando se le
disparó la inflación en el pasado mes de agosto. Es, sin duda,
un ahorro excepcional el que proponemos, pero que responde a
la excepcionalidad del fenómeno del déficit presupuestario y
la viabilidad de corregirlo allí donde es posible, en el gasto
corriente en la mejora de la gestión de los servicios
públicos; pero de esto último hablaremos el próximo miércoles.
Hoy sólo, señor Presidente, pido el voto favorable para las
enmiendas que he defendido en nombre del Grupo Parlamentario
Popular.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias.
Para la defensa de las enmiendas presentadas conjuntamente por
el Grupo Vasco (PNV) y el señor Albistur Marín tiene la
palabra el señor Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo Parlamentario ha presentado una serie de
enmiendas a este título sobre las que voy a hacer una
consideración de tipo genérico. Las enmiendas van
fundamentalmente dirigidas al artículo 18 del proyecto de ley.
Nosotros mantenemos una posición de discrepancia de fondo, de
discrepancia política, de discrepancia de concepción del
Estado autonómico en relación al modelo de regulación que se
diseña en el artículo 18. A nuestro juicio, primero la
regulación genérica que se plantea no constituye bases de
coordinación de la actividad económica al establecer una
regulación única, homogénea, uniforme y unitaria para todo el
Estado en lo que se refiere al régimen retributivo de los
funcionarios del Estado y en general del personal al servicio
de las administraciones públicas. Se incluye en el ámbito de
aplicación de los gastos de personal --se dice-- del sector
público al personal empleado público dependiente de las
comunidades autónomas y de las corporaciones locales. Señor
Presidente, a nuestro juicio está en peligro la esencia del
Estado autonómico, está en peligro la esencia de las
comunidades autónomas, que es la autonomía política, normativa
y ejecutiva en esta materia, y está en peligro la autonomía
municipal prevista en el artículo 140 de la Constitución.
Porque, señor Presidente, lo que este proyecto de ley hace en
el artículo 18 es vincular de manera --repito-- unitaria,
homogénea y uniforme todas las actuaciones en materia
retributiva del personal al servicio de las administraciones
públicas diferentes de la del Estado y las sujetas a esa
regulación. A nosotros nos llama la atención y nos preocupan
regulaciones como las previstas en el punto cinco de este
artículo 18, donde se dice que los presupuestos de las
corporaciones locales y los presupuestos de las comunidades
autónomas tienen que estar vinculados, en cuanto a la
aplicación de los criterios en materia de política de
personal, a lo que preceptúa el artículo 18. Por tanto, señor
Presidente, estamos, a nuestro juicio, ante una situación
atentatoria a lo que es la autonomía política de las
comunidades autónomas y de las corporaciones locales, y de
ninguna manera podemos aceptar que se establezca que esta
autonomía financiera, reflejo de la autonomía política, quede
vinculada de forma tan estricta y obligatoria como se contiene
en este artículo 18. Por consiguiente, señor Presidente,
mantenemos una discrepancia de fondo política sustancial con
las enmiendas que van dirigidas al artículo 18, que son las
números 290, 291, 292, 293, 294 y 295.
En la enmienda número 296 al artículo 19 proponemos una
modificación porque, a la hora de la regulación de las
retribuciones básicas y complementarias que ahí se contienen,
el Gobierno está abriendo el portillo para realizar lo que
estime más oportuno en lo que se entiende por retribución
básica y retribución complementaria de los funcionarios. ¿Y
por qué digo esto, señor Presidente? Lo digo porque no se
queda el Gobierno a la hora de concretar el artículo 19 en una
regulación de la retribución básica y complementaria;
establece una serie de «sin perjuicios» que, en definitiva,
son los que están dando soporte legal de actuación a lo que
posteriormente va a realizar en cuanto al pago de los
complementos personales, transitorios, retribuciones
complementarias. Por tanto, nosotros pretendemos dar una
redacción más garantista, para lo que hemos presentado la
citada enmienda de modificación.
Con la enmienda número 297 al artículo 22, señor Presidente,
pretendemos nuevamente un planteamiento de contenido
autonómico. Nos llama la atención que en un Estado de las
Autonomías la regulación del complemento de destino venga
pormenorizada y detallada
en el artículo 22 del proyecto de Presupuestos Generales del
Estado. Si estamos hablando de conceptos retributivos que no
constituyen la materia de retribución básica contenida en el
artículo 22 de la Ley 30/1984, en materia de función pública,
si estamos hablando de un concepto retributivo englobado en la
retribución complementaria, por lo tanto, disponiendo las
comunidades autónomas de potestades de desarrollo legislativo,
de potestades en materia de función pública, de potestades de
autoorganización, de poder ejecutar políticas propias en
materia de personal, nuevamente se establece tasadamente cuál
ha de ser el complemento de destino para todas y cada una de
las administraciones públicas en relación al personal de
naturaleza estatutaria ligado a las mismas. Señor Presidente,
yo tengo que apelar nuevamente a principios de hondo calado
político, como es la esencia del Estado autonómico, ya que ni
para esto se deja a las comunidades autónomas potestad de
actuación, puesto que se establece cuál ha de ser este
complemento de destino para las administraciones públicas.
Señor Presidente, para terminar, me referiré también a las
enmiendas números 298 y 299, que son de supresión y más bien
de contenido formal, de diferente metodología que plantea
nuestro Grupo Parlamentario en relación con las regulaciones
que se prevén en los preceptos que se han enmendado con dichas
enmiendas, sobre la base de esa sistemática y de esa mejor
corrección del texto, planteamos la modificación o supresión
de las regulaciones contenidas en dichos preceptos.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias.
Para la defensa de las enmiendas a este Título, del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el
señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, la verdad
es que este año la discusión sobre el gasto de personal, sobre
los salarios de los funcionarios públicos, de los empleados
públicos, nos pilla con un paso distinto al Grupo mayoritario
y a los demás, porque, ¿qué le corresponde a la Cámara?
¿Bendecir un acuerdo, una propuesta previa que no hay
posibilidad de modificar, o reivindicar que se produzca el
acuerdo?
Yo quiero valorar positivamente que se haya producido un
acuerdo en la Función pública entre sindicatos y el propio
Gobierno. Y al intentar enmendar la propuesta presupuestaria
pretendo ampliar ese acuerdo, modificarlo en los vectores más
importantes. Cuando se produce una discusión y una negociación
se produce un tira y afloja, un ceder y no ceder. Ese ceder y
no ceder es el que nosotros intentamos corregir con la
propuesta de Izquierda Unida. ¿Cuál es el objetivo que
nosotros nos planteamos con el grupo de enmiendas dirigido a
cómo pagar a nuestros empleados públicos? Fundamentalmente nos
mueven tres grandes objetivos. Primero, un objetivo que no se
ha conseguido nítidamente: mantener la capacidad adquisitiva.
Teniendo en cuenta que para las pensiones se ha establecido
una previsión inicial de la inflación --y, por tanto, una
subida de la pensión-- y se ha introducido una cláusula de
revisión automática si al final del año la previsión inicial
es superada, con los datos concretos; nosotros nos planteamos
que hay que mantener esa capacidad adquisitiva y establecer
esa cláusula de revisión clara y nítidamente en los
presupuestos. No está recogido en el acuerdo previo del
Gobierno. En parte sí porque hay un fondo que se verá cómo se
establece, dadas no sé qué circunstancias, de déficit público,
de capacidad presupuestaria, de una serie de parámetros.
Nosotros decimos, ¿para qué dar tanta vuelta? Vamos a hacerlo
directamente. Cláusula de revisión salarial: que la diferencia
entre el IPC previsto por el Gobierno y el real sea corregida
al final del ejercicio. Si las cosas estuvieran tan medidas y
los oráculos funcionaran tan bien, la inflación no se movería
mucho. El Ministro ha estado planteando la propuesta de
presupuestos diciendo que los parámetros del Gobierno están
medidos y se van a cumplir. No tendría que tener entonces
ningún miedo el Gobierno ni el Grupo mayoritario en admitir
eso, puesto que, si se van a cumplir, no se modificará mucho
la inflación. Lo malo es que si la inflación no se sitúa en el
3,5 sino en el 5 es que se ha disparado un poquitín, pero para
eso hay otras políticas que evitan la inflación. Primer
objetivo de nuestras enmiendas, por tanto, mantener la
capacidad adquisitiva e introducir una cláusula de revisión.
Segundo objetivo: fortalecer, por todos los medios, que la
dinámica estable entre el que ejerce el poder y los empleados
públicos esté cifrada en la negociación colectiva. Por eso, a
la hora de establecer las adecuaciones retributivas que con
carácter singular y excepcional puedan tener, según la
variación de puestos de trabajo que en un programa o en una
sección haya, que esa proyección individual se produzca
negociando con los sindicatos; que la convocatoria de oferta
pública de empleo se produzca con la negociación de los
sindicatos y los trabajadores, los comités de empresa, las
juntas de personal, que se llaman; que la aplicación o el uso
de inversiones públicas a gastos de personal (porque hay un
porcentaje de las partidas de inversión pública que se puede
destinar después para gastos de personal, y es una inversión,
no era para personal), es decir, que esa derivación esté
negociada con los propios sindicatos. Hay otro paquete de
enmiendas nuestras que lo que pretenden es que en la
Administración pública funcionen igual que funcionan en
determinadas empresas, y es que el devenir diario se negocia
con la representación de los trabajadores, con la junta de
personal. No se trata, por tanto, de que las grandes
confederaciones negocien grandes líneas de actuación
--¡que ojalá se hubiera producido!-- para toda la actuación
económica en general. No se trata de eso. Se trata de que en
el día a día, en la gestión del capítulo 1, en la gestión de
toda la Función pública se produzca un proceso de discusión y
negociación de los empleados públicos con el propio Gobierno.
Por último, ¿cuál sería la otra gran orientación de nuestras
enmiendas? Intentar congelar lo graciable. Intentar reducir
ese movimiento que hay. Por ejemplo, los altos cargos --aquí
está recogido-- tienen posibilidad de gratificación. Un alto
cargo productividad no tiene. El alto cargo --director
general, secretario general-- ya sabe dónde va. Aquí se
generaliza. Nosotros queremos reducir las palabras todos los
altos cargos a un concepto nada más: director general, porque
creemos que es innato a un alto cargo saber dónde va, no poder
percibir después determinadas asignaciones. O, por ejemplo,
congelar la productividad y la gratificación. Parece que se
establece en el mismo porcentaje, y se vulnera la filosofía de
esos conceptos. ¿Por qué? Porque una gratificación por
servicio extraordinario no está prevista al principio: Las que
se produzcan, las que sean necesarias en función de un trabajo
determinado. Y una productividad puede estar en función de los
cumplimientos de los objetivos, pero no se establece y se
distribuye por igual para todos. Hay una actuación
determinada. Nosotros creemos que prever y establecer el 3,5
de entrada no es lo más útil. Sería bueno proyectar esa subida
hacia el salario. Preferimos incrementar en la Función pública
la parte fija del salario, la que cotiza, que la parte
complemento. Queremos seguir por un camino que se inició hace
tiempo y que se ha parado en seco. Es decir, preferimos que
crezca el salario y que se reduzcan las gratificaciones y las
actuaciones complementarias. Ese sería, en suma, el objetivo
de todas nuestras enmiendas.
Las incluidas en los dos primeros bloques las he resumido. Es
decir, no queremos que exista la posibilidad de contratos con
cláusulas blindadas. He pertenecido durante tres legislaturas
a una asamblea regional, a una comunidad autónoma, y los
presupuestos generales establecían la subida salarial para
todas las comunidades, para todos los funcionarios, para toda
la Función pública. Todo lo que es el apartado cinco del
artículo 18 de este proyecto de ley está regulado ya en las
leyes de presupuestos de las comunidades autónomas. Dejemos
que lo establezcan las comunidades autónomas. Si lo van a
hacer bien, si además lo saben hacer, si además lo van a hacer
en función de su propia realidad. ¿Por qué limitarles? Ese
sería el objetivo de nuestro primer paquete de enmiendas.
Segundo objetivo: la cláusula de revisión salarial ordenada,
aplicada a todo lo que es el artículo 19, letra a), para que
funcione de manera automática. La enmienda 525 pretende
conseguir declarar una excepción para los complementos de
productividad y las gratificaciones extraordinarias. Con la
enmienda 528 pretendemos forzar la negociación colectiva para
la aplicación de la subida salarial. La subida salarial no va
a ser el 3,5 por ciento de la masa salarial; que la proyección
de esa masa salarial a cada uno de los funcionarios se haga en
un proceso de negociación con los representantes de la junta
de personal, con los representantes de los sindicatos.
En cuanto al tema de los directores generales y del
complemento de productividad no todos los altos cargos deben
tenerlo, y en ningún caso debe haber un complemento de
productividad para los altos cargos --esa es la enmienda 529--
, y, sobre todo, pedimos que las retribuciones de lo que
pudiéramos llamar presidentes, vicepresidentes o directores de
los entes públicos y entidades de derecho público sean claras
y transparentes; que lo que gana el Presidente de Renfe o lo
que gana el Director de Correos, lo que ganan todos esos
cargos de la Administración sea claro, transparente y
totalmente conocido a través de los propios presupuestos,
puesto que no está fijado.
La enmienda 530 propone que en lugar de establecer
directamente la aplicación cada departamento ministerial,
según figura en el artículo 22.Uno.E), se diga que en el plazo
no superior a tres meses el Gobierno negociará con los
interlocutores sociales una distribución de la productividad y
en función de esa negociación general de la productividad --
esos grandes criterios de aplicación de la productividad--
cada departamento Ministerial la aplique, la proyecte en su
distribución numérica.
La enmienda 527 pretende que se añada al final, en la letra F
del apartado Uno del artículo 22, cuando habla de las
gratificaciones por servicios extraordinarios, que ningún
servicio se podrá valer de este concepto con carácter
estructural. Se me puede decir que ya es así, que no hace
falta ponerlo. La verdad es que nosotros creemos que en
algunos casos es así, pero lo que queremos es plantearlo como
definición y acuerdo del propio texto del Gobierno. Podría
valer aquello de que lo que abunda no daña, suponiendo que sea
reiterativo con nuestro propio ordenamiento. También
pretendemos añadir una letra G), dentro de este artículo
22.Uno, que diga que el Gobierno, a través de los distintos
ministerios y del Ministerio de Economía y Hacienda, negocie
con los sindicatos más representativos los criterios para la
aplicación individual de la productividad. En suma, como
ustedes podrán ver, todo el objetivo, toda la batería de
nuestras enmiendas va dirigido a esta filosfía. Termino con la
última enmienda, que se refiere a lo que es el destino o
dedicación de las inversiones para actuación en capítulo 1,
personal. Nosotros creemos que debe funcionarse entregando a
los sindicatos cuál es el volumen de esa actuación para que
éstos vean también si se está cubriendo o no, o si se puede
cubrir con otro personal. Por tanto, primero, pedimos una
información
previa, una colaboración sindical previa a esa decisión, y,
segundo y más importante, que también venga a esta Cámara, que
venga con periodicidad trimestral una ejecución del uso que el
Gobierno hace, puesto que está destinando inversiones hacia el
capítulo 1. Estoy refiriéndome al concepto que posibilita esa
actuación, pero es que después hay partidas presupuestarias de
inversiones como los inmovilizados inmateriales --el
nombrecito se las trae--que al final son campañas y, dentro de
las campañas, contratamos personal, contratamos folletos y
hacemos determinados capítulos 1 y 2. También sería bueno que
ese inmovilizado inmaterial se moviera y fuera más claro y más
transparente para que lo tuviéramos especificado por lo menos
en conocimiento de estas Cortes Generales y de los grupos
parlamentarios.
Nada más, señor Presidente, nada más, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Morlán.
El señor MORLAN GRACIA: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, voy a consumir un turno en contra
de las enmiendas formuladas por los distintos grupos políticos
que han tomado la palabra esta tarde, si bien y para endulzar
un poco el inicio de esta exposición, tengo que decir al señor
Núñez que vamos a aceptar su enmienda 922. Sin embargo, frente
a esta aceptación de la enmienda, creo que es necesario
reflexionar un poco sobre qué suponen las enmiendas a la
totalidad que han planteado los diferenttes grupos y hacer
referencia también a lo que mencionaba el portavoz del Grupo
Vasco (PNV) respecto al artículo 18.
Este Título III contiene tres aspectos fundamentales en su
desarrollo. El primero se refiere a los aspectos básicos de
las retribuciones de personal, el segundo a las
especificidades de cada retribución y el tercero a las
disposiciones varias que afectan a otros temas importantes de
los recursos que pueden percibir los empleados públicos o a
las formas de contratación que puede tener la Administración
para sacar adelante su gestión. A veces da la impresión de que
cuando se redactan las correspondientes enmiendas no se está
al corriente de lo que dice el propio proyecto de ley y que lo
que se quiere decir no es lo que después se plantea desde esta
tribuna.
Hay una pregunta que formularía a sus señorías. ¿Se está
dispuesto a entender que el capítulo I, del Título III, gastos
de personal, se está refiriendo a unos criterios básicos que
afectan a todas las administraciones públicas, entidades de
derecho público estatal, autonómico y local? Entro a valorar
lo que planteaba el señor Gatzagaetxebarría. ¿Podemos olvidar
que la Constitución española está diciendo, en su artículo
149.1.13.ª, que son competencia exclusiva del Estado las bases
y coordinación de la planificación general de la actividad
económica? ¿Se puede incluir dentro de estas bases y
coordinación de la planificación general de la actividad
económica lo que son las retribuciones como un aspecto
importante? Señorías, yo creo que sí. Yo creo que es necesario
que se contemple esta posibilidad para que el propio Estado
marque cuáles son los límites. Y ¿cuáles son? Se está dando un
tanto por ciento, que es el 3,5 por ciento de la masa
salarial. Al establecer ese 3,5 por ciento se dice que no
existe autonomía financiera y también, parece ser, que vulnera
la autonomía política. Creo que no es cierto que sea así. A la
hora de presentar esta fórmula no nos estamos acogiendo
solamente a lo que dice la Constitución, sino también a lo que
dicen las sentencias del Tribunal Constitucional, dos de las
cuales amparan perfectamente --se las cité en el debate en
Comisión-- la posibilidad que se tiene en estos Presupuestos
Generales del Estado de poner límites a lo que son las masas
salariales. ¿Por qué? Porque tiene una incidencia muy grande
en lo que es toda la esfera económica y de planificación
general que tiene que tener nuestra economía.
Nosotros pensamos que sí son conceptos básicos, que son
criterios que tienen que seguir las distintas administraciones
a la hora de elaborar sus presupuestos. ¿Por qué? Porque
pensamos que tiene una incidencia muy importante. Aquí se ha
estado haciendo referencia al control del gasto, a ver de qué
manera se aminorael déficit público, etcétera. A veces no nos
damos cuenta de que sumando enmiendas parciales nos
encontramos con una cantidad global muy importante, y como
aquí no se ponga algún tipo de límite que tenga que asumir el
resto de las administraciones, nos encontraremos con que el
desfase puede ser mayor. Por ello, bajo esa perspectiva,
entiendo que debe haber algún límite, y en este momento es el
que fija el proyecto de ley en su artículo 18, del 3,5 por
ciento respecto a la masa salarial anterior; límite que, por
cierto, obedece a unas previsiones y a unos acuerdos --
agradezco al señor Ríos que haya reconocido que tales acuerdos
suponen un avance importante en la relación entre
Administración y sindicatos--, acuerdos que indudablemente hay
que respetar. Usted ha planteado, señor Ríos, si tienen que
ser antes los acuerdos que la ley. Yo aquí en esta Cámara he
oído en muchas ocasiones en los últimos tiempos --y me puedo
referir a los momentos de las famosas huelgas generales-- que
por qué razón el Gobierno no hace caso de lo que dicen los
sindicatos; además, ustedes y algún otro grupo venían con la
tabla reivindicativa planteada por los sindicatos, a dejarla
encima de la mesa y a pedir que se aceptara. Ahora nosotros
decimos que se ha llegado a nivel de Función pública a un
acuerdo para tres años, que conlleva una serie de actuaciones
muy importante en materia retributiva y que supone un paso muy
necesario y muy destacado en lo
que es la negociación colectiva en la propia Administración.
Cuando se está hablando de esta manera, cuando estamos viendo
que en el propio acuerdo se recoge la existencia de las mesas
de retribuciones y empleo, no solamente hay esa voluntad
política sino unos hechosy unos compromisos muy serios de
funcionamiento de lo que tienen que ser las relaciones entre
la Administración y los sindicatos. Creo que son ejemplos que
hay que tener en cuenta a la hora de evaluar por qué razón hay
que presentar o no una enmienda a la totalidad al contenido de
este Título III.
Al capítulo de este Título III también hay presentadas muchas
enmiendas por parte de todos los grupos, relacionadas con lo
que llaman discrecionalidad, y no excepcionalidad, con la
forma de aplicar los distintos complementos que constituyen
las retribuciones básicas y complementarias. ¿Por qué razón
tiene que figurar el complemento de destino diseñado en el
propio proyecto de ley? ¿Por qué razón hay que hacer esa
referencia al complemento de productividad? Es cuestión de
leerse las leyes. El artículo 23 de la Ley 30/1984 --y estoy
hablando de los conceptos de complemento específico y de
complemento de productividad-- dice del complemento específico
lo siguiente: es el complemento destinado a retribuir las
condiciones particulares de algunos puestos de trabajo en
atención a su especial dificultad técnica, dedicación,
responsabilidad e incompatibilidad. Y del complemento de
productividad dice que está destinado a retribuir el especial
rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o
iniciativa con que el funcionario desempeñe su trabajo. Es
decir, que o no leo bien, o no interpreto bien --a lo mejor,
SS.SS. son más inteligentes que yo--, pero no creo que
tengamos que poner aquí las dificultades que se están poniendo
para que determinados puestos de la Administración --altos
cargos-- no puedan percibir complemento de productividad,
cuando resulta que estamos hablando de complementos
perfectamente definidos, perfectamente cuantificables --el
específico y el de productividad-- en función del baremo que
se establezca, y a los que tiene derecho cualquier nivel de la
Administración pública. Ustedes hablan de la discrecionalidad
y el señor Núñez decía que sobraba el «sin perjuicio». No sé
si ustedes podrán cambiar la palabra cuando hablan de
discrecionalidad; la discrecionalidad implica la existencia de
la sospecha de que se va a utilizar de muy mala manera la
posibilidad que se tiene de conceder determinados
complementos. Yo hablaría de excepcionalidad, porque lo que se
está planteando desde la Administración es que haya esas
posibles percepciones, motivadas por circunstancias ajenas,
objetivas y, desde luego, que nada tienen que ver con el
normal funcionamiento de la Administración; de ahí ese «sin
perjuicio» a la hora de elaborar los textos legales a que hace
referencia este proyecto de ley.
Señorías, cuando veo esto, el concepto que quieren que se
tenga del grupo de las retribuciones básicas y
complementarias, esa eliminación que quiere hacerse de este
tipo de complementos, me da la impresión de que se quiere
recuperar una vieja fórmula de retribución de los
funcionarios: en razón de los cuerpos de funcionarios. Antes,
las retribuciones venían en función del cuerpo y no del
trabajo, del esfuerzo, de la dedicación o de la
responsabilidad. Ese es un riesgo que no sé si se está
asumiendo con la complicidad de intentar que la rigidez en la
Administración implique la inactividad en la Administración, y
ese es un riesgo muy serio, porque mientras nosotros estamos
intentando por todos los medios que la Administración vaya
paso a paso, y cuanto más rápido mejor, en busca de una mayor
calidad en la prestación de los servicios, nos podemos
encontrar con que, al articular normas rígidas, estemos
impidiendo que la Administración funcione tal y como los
ciudadanos quieren. Bajo esa perspectiva entiendo que hay que
utilizar la excepcionalidad, porque es excepcionalidad y no
discrecionalidad. Lamento que a veces, cuando se está atacando
el proyecto de presupuestos, a lo mejor no se haga con la
intención de mejorar el proyecto, sino de intentar que
cualquiera de los aspectos que surjan en el mismo vaya en
contra de un buen funcionamiento de la Administración pública.
Hablan ustedes también en una de sus enmiendas de la
contratación con cargo a créditos de inversión, porque dicen
que, a veces (me imagino que los términos que voy a utilizar
son términos que muy bien podrían plantear lo que ustedes
quieren decir), es una contratación anómala, una contratación
en la que no existe un adecuado control. En Comisión ya les
dije que se trata de contratos temporales, de contratos en
función de una obra, de contratos sometidos a un riguroso
control previo, de contratos sujetos a determinadas
condiciones que, desde luego, agilizan el desarrollo de las
obras y servicios, y no son generalizables, es decir, no hay
tantos contratos como alguien quiere dejar encima de la mesa,
porque aquí parece que uno, dos o diez, constituyen 2.000 o
3.000, constituyen generalidad, y no es cierto que, en este
ámbito, se puedan plantear este tipo de reflexiones porque
creo que es mínima la cantidad de contratos que se articulan
en torno a esta forma de contratación. En definitiva,
señorías, este proyecto de presupuestos va unido al hecho de
que existe este acuerdo que creo que hay que respetar, proque
si no lo respetamos, lo que hay que hacer es salir a
renegociarlo. No se puede decir que un acuerdo que todos hemos
deseado y que vemos como positivo lo modifiquemos aquí de
forma y manera que implique un mayor gasto, porque, en ese
caso, habría que acudir a renegociarlo otra vez con los
sindicatos. Creo que es un acuerdo correcto, es un acuerdo que
implica una fórmula del mantenimiento del poder adquisitivo de
los salarios y es un acuerdo
que fortalece la negociación colectiva. El hecho cierto de que
funcione la mesa de retribuciones y empleo viene a significar
que existe la voluntad y la realidad de que ese acuerdo
funciona, y desde luego, en cuanto a congelar lo graciable a
que se refería usted, señor Ríos, en el propio acuerdo, cuando
se habla de la productividad, con independencia de que se da
todo tipo de garantías de que van a ser los sindicatos los que
van a estar inmersos en este debate, sí que es cierto que se
recoge todo tipo de posibilidades o de posibles pactos
respecto a la productividad, tanto de ahora como de los
próximos años; donde parece ser que existe alguna dificultad
para aceptar este acuerdo, es en lo que implica que algunos
altos cargos puedan cobrar este aumento de productividad.
Aunque se ha tratado de que responda a lo que dicen estos
presupuestos, creo que es un buen acuerdo en el que debemos de
profundizar desde la Administración, desde los sindicatos y
desde los grupos políticos.
Por último quería hacer referencia a dos enmiendas. Una es del
señor Ríos, sobre los contratos blindados.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Morlán,
brevemente, por favor.
El señor MORLAN GRACIA: Sí, señor Presidente.
Yo creo que, en estos momentos, deberíamos hacer desaparecer
el término de contratos blindados, porque el acuerdo del
Consejo de Ministros de finales de 1993 ha supuesto un paso
muy importante respecto a su no existencia. De ahí que
cualquier utilización de ese término en estos momentos, cuando
se sabe que existe esa prohibición tan taxativa, pueda inducir
a errores, y más cuando en ese propio acuerdo se establece que
los altos cargos, si tienen algún derecho a indemnización,
será de siete días, bastante inferior a la que recoge el
Estatuto de los Trabajadores.
Con respecto a la enmienda 927 del señor Núñez, dije que la
estudiaría, y puesto que un compromiso es un compromiso, así
lo he hecho, pero tengo que decir que no podemos aceptarla,
por una razón muy sencilla, y es que, señor Núñez, usted que
es tan defensor del control del gasto público, si aceptamos su
enmienda, según los datos, supondría un aumento del gasto
público de 21.000 millones de pesetas, que afectaría a 500.000
funcionarios y que, desde luego, iría mucho más allá de lo
fijado en el capítulo 2 del acuerdo entre la Administración y
los sindicatos, que habría que volver a reconsiderar, puesto
que sí que incide en algunos aspectos básicos que en él se
recogen.
Doy por no apoyadas las enmiendas a las que no me he podido
referir, porque entiendo que lo que dije en Comisión vale
perfectamente para plantearlo aquí en este Pleno.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Morlán.
Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Núñez.
El señor NUÑEZ PEREZ: Señor Presidente, señorías, señor
Morlán, gracias por la aceptación de la enmienda número 922.
Poca cosecha es, pero algo es y, además, la enmienda no es
cosa baladí, porque cambiar el enunciado del artículo 19
supone dejar pendiente de debatealgo muy importante, y que,
tal y como venía anunciado en el artículo 19, ustedes habrían
resuelto incluso en contra del artículo 103 de la
Constitución.
Pero usted no me ha contestado a todo lo demás --perdone que
se lo diga con la mayor cordialidad--, es usted un disco
rayado. Contesta lo mismo, es decir, con estas frases: No se
está al corriente de lo que dicenlos Presupuestos Generales
del Estado; sus enmiendas son contradictorias con lo que luego
piden de reducción del gasto público... Yo he demostrado en
Comisión que todo eso no es así. En todo caso, lo que usted no
me puede negar es que sí me conozco el Título III de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado, iba a decirle que de
memoria; de memoria, no sé, pero estése completamente
convencido de que sé muy bien lo que quiere decir el Título
III y sé también cuál es el sentido de la corrección de ese
Título que pretenden las enmiendas de nuestro Grupo
parlamentario, a las que usted no ha contestado en absoluto;
porque decirle cómo se puede comportar de manera perversa el
exceso de discrecionalidad o de arbitrariedad o cualquier otra
fórmula que usted quiera, para manifestar las amplias
facultades que se le otorgan al Gobierno y a los altos cargos
de la Administración para hacer con el sistema retributivo lo
que les dé la gana (¿le gusta más esta fórmula?), eso
evidentemente está reflejado en los presupuestos, trae causa
del sistema retributivo que se consagró en la Ley 30/1984, y
nuestras enmiendas tratan de corregir de una vez por todas las
consecuencias nefastas, que se las expliqué con toda claridad,
de la modificación de las RPT, de los decretos de
reorganización de los Ministerios, nombrando nuevos cargos y
poniendo otros complementos, etcétera, y usted a eso no me ha
dicho ni pío. Yendo por partes, el acuerdo de los sindicatos
con el Gobierno, en el que ustedes se escudan, no le autoriza
a usted para decirnos que siempre estamos pidiendo cosas que
no cuadran con sus intenciones o que no cuadran con su
calendario. Siempre hemos dicho que negocie el Gobierno con
los sindicatos, pero a tiempo y con claridad, sin dejar en
condiciones suspensivas un montón de decisiones que nos llevan
a que votemos al Título III y el Capítulo I sin conocer
exactamente su contenido.
El Grupo Parlamentario Popular no puede por menos de mantener
y dejar constancia de graves dudas y
reservas acerca del propósito sincero del Gobierno de cumplir
lo acordado con los sindicatos. Como en 1991, situaciones
difíciles de algunos sindicatos y circunstancias coyunturales,
relacionadas con la estrategia del Gobierno para recuperar el
diálogo social, han facilitado el acuerdo. Algún alto cargo
calificó de muy cómodo este acuerdo, quizá porque se juntaron
el hambre con las ganas de comer, pero nosotros debemos
recordar el grave precedente de los acuerdos de 1991: el
Gobierno incumplió una de las cláusulas de mayor relevancia,
la relativa a que desde 1990 se aplicaría la cláusula de
revisión salarial cuando el IPC real sobrepasara el previsto.
Y a este recelo parecen sumarse los propios sindicatos, que
nada más terminar la negociación del acuerdo y salir de la
firma del mismo dijeron en todos los periódicos que exigirían
esta vez el cumplimiento a rajatabla.
Pues bien, es todo un síntoma del nivel de credibilidad
alcanzado por el Gobierno ante los interlocutores sociales. En
todo caso, si llegado el momento la evolución de la economía
hiciera posible esa compensación por las pérdidas del poder
adquisitivo de los años 1993 y 1994, el Partido Popular sería
partidario de introducir mecanismos correctores al reparto
porcentual en línea de lo que ya hicimos en 1991, donde, para
saldar la deuda social, se abonó a todos los funcionarios una
paga de igual monto.
En todo caso, le digo también que la recuperación del poder
adquisitivo de los años 1993 y 1994 --¡y fíjese qué bien tiene
que comportarse la economía!--supondría para los siete puntos,
teniendo en cuenta que cada punto vale alrededor de 60.000
millones de pesetas, 420.000 millones de pesetas. No sé cómo
se va a cumplir esto que ustedes hacen, contenido del acuerdo,
no de los Presupuestos. Y no sé cómo se va a cumplir porque
estoy completamente convencido de que la economía no puede, ni
muchísimo menos, evolucionar de manera tan favorable como para
que esas cifras sean saldadas en esa cuantía. Nuestras
enmiendas --repito-- tratan de evitar y eliminar todo tipo de
impurezas en el sistema retributivo. Al rechazarlas ustedes
debemos lamentar el nulo propósito de rectificación del
Gobierno en este terreno, que no sólo presta oídos sordos a
nuestras denuncias y propuestas alternativas, sino que desoye
lo que ya es un clamor popular en contra del desconcierto, la
arbitrariedad y la irracionalidad en la política socialista
sobre la administración pública y del personal a su servicio.
Pero las impurezas proceden de las facultades que se reserva
el Gobierno, y como usted ha dicho que no nos hemos leído los
presupuestos, le voy a dar ejemplos. En el artículo 18.Tres:
Sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que con
carácter singular y excepcional resulten imprescindibles.
¡Toma ya! En el artículo 19.Uno, a) sin perjuicio de la
adecuación de estas últimas, cuando sea necesario para
asegurar que las asignadas a cada puesto guarden relación con
la especial dificultad técnica, etcétera, etcétera. Tenga
usted en cuenta que la productividad y el específico no se
fijan, ni muchísimo menos, siguiendo criterios de política
laboral estricta...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Núñez, vaya
terminando, por favor.
El señor NUÑEZ PEREZ: Decía de política laboral estricta o de
derecho laboral, sino que se fijan si se tiene o no la jornada
continuada o no se tiene --y usted lo sabe muy bien-- y por
condiciones, criterios y circunstancias que, repito, no se
compadecen con lo que se entiende por complemento de
productividad en las relaciones laborales.
Y en el mismo artículo 19, b): sin perjuicio de las
modificaciones que se deriven de la variación de efectivos
asignados a cada programa. Y en el artículo 21, refiriéndose
al complemento de productividad de los altos cargos --¡hay que
ver!--: sin perjuicio de que el complemento de productividad
que en su caso se asigne a los mismos por el titular del
departamento, dentro de los créditos asignados para tal fin.
¿Sería usted capaz, señor Morlán, de ilustrar a esta Cámara
diciendo cuáles son los complementos de productividad que
reciben los altos cargos? ¿Quién cobra más complemento, el
director del Ministerio de Educación y Ciencia o un Director
General de Obras Públicas y Transportes? ¿Un subsecretario de
Economía y Hacienda o un subsecretario de Industria?
La citada disposición adicional cuarta, que regula la
asignación absolutamente discrecional de los complementos de
destino, desnaturaliza el sistema de la Ley 30/1984, y usted
no ha dicho ni media palabra sobre eso.
Hay otra serie de cosas que, por falta de tiempo, no puedo ni
muchísimo menos replicarle, pero sí tengo que decirle que no
ha dicho ni media palabra de la enmienda 1.046, que propone
reducir el gasto corriente y en bienes y servicios. Y tengo
que detenerme un minuto, porque estoy completamente convencido
de que no tendré turno de réplica cuando se discutan las
disposiciones adicionales. Ustedes utilizarán el turno en
contra de esta enmienda y yo no tendré posibilidad de
replicar. Por lo tanto, señor Presidente, por esta
circunstancia, le pido un minuto para replicar a esa enmienda
y dejar aquí ya la réplica a esta enmienda sobre la que usted
no ha dicho ni media palabra.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pero sólo un minuto.
El señor NUÑEZ PEREZ: Un minuto, señor Presidente.
En 1994, el Capítulo II ascendía a un billón 91.000 millones
de pesetas, y ustedes gastaron casi 200.000 millones de
pesetas más. Página 177 del libro amarillo.
Los presupuestos de 1995 se limitan a corregir esta
desviación, pero al final se excederán. ¿Dónde está el ahorro
y la reducción anunciada por el Ministro de Economía y
Hacienda? Que no se nos vuelva a decir que queremos reducir en
comidas y en medicamentos, como hizo el señor Ministro en el
debate de totalidad de estos presupuestos. La Ministra de
Sanidad y Consumo parece haberle dado adecuada réplica con su
llamativa iniciativa relativa a los pañales, de cuyo control -
-del control de los pañales-- pueden derivarse miles de
millones de ahorro. O el Ministro de Exteriores, que gastó
casi siete mil millones en los dos últimos ejercicios
presupuestarios y que ahora quiere ahorrar diciendo que el
personal del departamento por debajo de los directores
generales viaje en clase turista. ¿Y por qué no los directores
generales también? Pues si en pañales y en viaje cabe el
ahorro, ¿cuánto más en arrendamientos, publicidad,
mantenimiento, teléfono, gastos de representación,
publicaciones, energía, contratación de estudios y trabajos
técnicos, etcétera, etcétera? Lo único que se requiere --
repito-- es una firme voluntad para implantar en la gestión
del gasto austeridad y control.
Hace unos días --y ahora sí que ya termino, señor Presidente,
y muchas gracias por su amabilidad-- el nuevo Presidente de
Brasil, Fernando Henrique Cardoso, hablando del giro
copernicano que había dado a la catastrófica hacienda pública
brasileña, dijo: no hago milagros, sólo he acabado con el
despilfarro público. Me enfrenté al Congreso para obtener
leyes que acabaran con el despilfarro. Así conseguimos
controlar el gasto público y negociamos la deuda externa. Nada
de milagros, mucho trabajo, mucha austeridad, ningún
despilfarro. Pues aplíquense el cuento y voten a favor de
nuestras enmiendas. Nada más, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Núñez.
Tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Nosotros mantenemos una posición política discrepante con los
planteamientos que ha efectuado el señor Morlán. El señor
Morlán apela al artículo 149.1.13.ª de la Constitución y a la
doctrina del Tribunal Constitucional. Efectivamente, el
tribunal Constitucional ha venido a indicar que, en base a esa
coordinación general de la actividad económica del artículo
149.1.13.ª, correspondería a los poderes centrales del Estado
la determinación del incremento general para las
administraciones públicas.
Sin perjuicio de que la interpretación que ha realizado el
Tribunal Constitucional de este título competencial nos parece
extensiva y muy expansible (y no únicamente en lo relativo a
las administraciones públicas, sino también a otros sectores
de la vida pública, como pueden ser la agricultura, la
vivienda, el funcionamiento de los servicios públicos), no ha
incardinado infinidad de materias. Por tanto, mantenemos esa
discrepancia de fondo con el alcance expansivo y amplio que se
ha dado a la concepción de la materia de ordenación general de
la economía.
Además, señor Morlán, el artículo 18 no sólo se ampara en esa
doctrina, ya conocida por el Tribunal Constitucional, del
establecimiento de los topes en cuanto a los incrementos
salariales, como ordenación general económica. El artículo 18
viene a determinar cómo se ha de realizar la oferta pública
por parte de otras administraciones públicas diferentes a la
Administración Central del Estado, qué criterios han de ser
los preferentes, en qué funciones, en qué categorías y en qué
sectores. ¡Pero si esa es una cuestión de mera ejecución en
materia de política de personal! Por tanto, dicho artículo no
tiene que establecer en esa cuestión ningún criterio. Ya no
estamos en una materia de ordenación general de la actividad
económica; estamos en una materia del desarrollo, de la puesta
en marcha, de la realización de una política de empleo
público. Y ahí, señor Morlán, la competencia corresponde a
cada administración pública. Pero hay más. El precepto termina
diciendo cuál ha de ser el número de plazas de nuevo ingreso,
con lo que está vinculando a todas las administraciones
públicas.
Sin embargo, señor Presidente, nosotros entendemos que, para
realizar la oferta de empleo público, ya en la Ley de
Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado del
año pasado se estableció la normativa general básica, a la
hora de actuar, en cuanto a la gestión del personal ya
existente en la Administración Pública y el personal de nuevo
ingreso. Por tanto, la nueva vinculación que se añade tampoco
tiene soporte en lo que el señor Morlán decía de ordenación
general de la economía, puesto que ésta es una mera ejecución
de política de personal en materia de empleo público. Y no
habla de incrementos retributivos, sino de prioridades en la
oferta de empleo público; en base a qué criterios se ha de
efectuar el ingreso en la Administración, con la reposición de
efectivos. Y eso corresponderá decirlo a cada corporación
local, a cada comunidad autónoma, que son quienes verán, en
función de los servicios públicos que prestan y de qué
prioridades tienen en sus programas de gobierno, qué políticas
quieren emprender. Por tanto, como el último apartado termina
diciendo que se vincularán a los preceptos y a las
consideraciones establecidas en este artículo,
tampoco estamos de acuerdo en esa consideración. Y esa no es
una consideración incardinable en el artículo 149.1.13.ª de la
Constitución, sin perjuicio de que tampoco dispongamos de una
apreciación de consenso y de acuerdo en cuanto al ámbito
expansivo que sobre las bases o sobre la ordenación general de
la economía ha dado el Tribunal Constitucional.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Gatzagaetxebarría. Tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, cuando
empezamos a argumentar, reconociendo cosas positivas, parece
que el balón vuelve a la misma velocidad, como si lo tiráramos
en un frontón. Yo le he reconocido que ha habido un buen
acuerdo entre sindicatos y Gobierno, y le he dicho que eso
significa un avance para una masa social importante.
Ahora bien, le he dicho que ese es el acuerdo al que el
Gobierno ha podido llegar con los sindicatos hoy. ¿Quiere eso
decir que cualquier modificación debe ser de adhesión o no a
eso que el Gobierno propone? Le voy a poner varios ejemplos
después para que usted entienda que lo que pretenden nuestras
enmiendas es hacer frente a la realidad, intentando ampliar el
marco de ese acuerdo. ¿Que eso debería facilitar la
posibilidad de que las partes se volvieran a sentar para
negociar? Es posible, si esta Cámara por mayoría así lo
acordara, pero siempre y cuando modificáramos sustancialmente
las demandas que los sindicatos han puesto sobre la mesa. Si
no estoy confundido, los sindicatos no habían pedido eso de
partida, aunque al final de la negociación han llegado a ello.
¿Cuáles son los tres puntos que yo le decía? Usted me ha
respondido mezclando conceptos: el complemento de destino con
complemento específico, con productividad. Yo le he hablado a
usted de dos partes: productividad y gratificaciones por
servicios extraordinarios. Yo no he hablado ni de destino ni
de otras realidades. En productividad ¿es una sospecha porque
Izquierda Unida no se fía del que gobierna hoy y porque son
más malos que la quina? ¿O es una realidad constatada que no
se ha usado bien el concepto de productividad? ¿Me lo invento
yo o es una de las demandas que los sindicatos han puesto
sobre la mesa permanentemente?
La productividad no ha servido para ver quién es más eficaz en
el cumplimiento de los objetivos, sino para que los cargos y
los mandos en función de la responsabilidad vayan teniendo o
definiendo quién percibe o no, y es un instrumento, es un arma
de poder. Si no se fijan criterios negociados puede ser una
decisión arbitraria. Pero cuando nosotros hemos propuesto en
una enmienda, para que se incorporara, que la masa salarial se
fijara en 3,5 puntos y establecíamos la cláusula de revisión,
¿cree usted que los sindicatos rechazarían que este Congreso
aprobara una cláusula de revisión salarial? ¿La rechazarían?
¿Pedirían al Gobierno negociar porque eso está mal o sería el
Gobierno el que diría que no está de acuerdo? ¿A quién tenemos
que convencer? Porque estamos dispuestos a ir a convencerlos
si es que no están de acuerdo con eso, pero me da la impresión
de que ese no es un problema. La cláusula de revisión salarial
la pedían ellos. Han negociado ustedes un camino intermedio.
Por tanto, no lo rechazarían. Pero ¿y la concreción a
negociar, a una negociación colectiva? ¿Creen ustedes que lo
rechazarían? Por ejemplo, ¿cree usted que cuando nuestra
enmienda 530, dice que los criterios de reparto de
productividad deben venir negociados a nivel general, se
opondrían ellos sobre el tema de la productividad? ¿Cree usted
que eso facilitaría o ampliaría lo ya acordado? Por ejemplo,
¿cree usted que cuando Izquierda Unida hace el planteamiento
de los blindajes se lo inventa? No, hemos tenido ejemplos de
blindajes anteriormente, hemos tenido ejemplos, no son
inventados. En cuanto al uso de productividad y
gratificaciones, la soga huele mal cuando está reciente. Sí se
han usado mal los recursos para pagar gratificaciones. Cuando
nosotros planteamos en la enmienda 531 que el Gobierno
negociará esos complementos, esa aplicación individual con las
gratificaciones del servicio extraordinario, ¿usted cree que
estarían en contra? Yo creo que no estarían en contra. Pero le
voy a proponer un reto mayor poque usted ha intentado aquí
relativizar una parte de mi intervención anterior: el uso del
capital de inversiones para contratación de personal. Usted me
ha dicho: parece que ustedes lo magnifican como si eso se
estuviera usando todos los días. Yo le propongo a usted un
reto: si son pocos, comprométase usted aquí a que todo el uso
del año anterior que se haya hecho de contratación va a venir
por escrito a la Cámara y lo vamos a leer todos los grupos.
Dennos una copia de todas las contrataciones hechas, sección a
sección, del dinero del capítulo de inversiones y veremos si
son pocas o son muchas, sobre la realidad, sobre la concreción
que tenemos. Pero lo que dice nuestra enmienda es que ustedes
lo den a conocer a los sindicatos y lo den a conocer a los
grupos parlamentarios. No es que desconfiemos de ustedes, no
es que dudemos sobre lo que hay. Queremos un control
exhaustivo de la gestión presupuestaria.
Termino, señor Presidente, porque nuestro objetivo es intentar
modificar desde la óptica de que ya hay una propuesta,
ampliando los contenidos de esa propuesta que el Gobierno nos
hace fruto de la negociación al grado que haya llegado, unas
veces de una manera y otras veces de otra, y estoy convencido,
señor portavoz del Grupo Socialista, de que nuestras
propuestas no crearían una complicación a ese acuerdo que
usted nos ha traído aquí como libro azul del acuerdo para
poder tenerlo
encima de la mesa. Le puedo asegurar que simplemente
ampliarían expectativas y mejorarían el respaldo social de los
funcionarios de a pie con ese acuerdo entre Gobierno y
sindicatos.
Nada más, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.
Tiene la palabra el señor Morlán.
El señor MORLAN GRACIA: Gracias, señor Presidente.
Señor Núñez, no sé si seré un disco rayado, pero yo a usted le
vengo oyendo lo mismo desde hace varios años. No sé si decir
que es un disco rayado o qué calificativo darle, cualquier
cosa. He oído el tema de la discrecionalidad, del despilfarro,
enmiendas a la totalidad que ustedes plantean porque sí; cogen
un título y dicen: Enmienda a la totalidad de este Título. Un
Capítulo: Pues también enmienda a la totalidad. No pasa nada.
Si nosotros dijéramos lo contrario, ustedes dirían lo que
decimos nosotros ahora; estando en la oposición, por la
oposición, es muy complicado llegar a cualquier tipo de
acuerdo.
Yo no sé si he contestado a todas las enmiendas, pero creo que
en los aspectos fundamentales sí. Tiene que tener en cuenta
una cosa, señor Núñez, y es que yo tengo que responder a tres
grupos en estos momentos y en estos tres grupos hay muchas
enmiendas parciales y alguna enmienda a la totalidad. Creo que
el discurso que he hecho ha sido de contestación a todas las
enmiendas. Por supuesto, somos algo más sensibles que sus
compañeros de Galicia a aceptar enmiendas; por lo menos yo le
he aceptado hoy una, otra el otro día, y algunos compañeros le
han aceptado más.
Veo aquí en un diario de información: Rechazadas todas las
enmiendas a los presupuestos autonómicos para 1995 en la Xunta
de Galicia. Todas las enmiendas del Grupo Socialista y de los
Grupos nacionalistas. Me da la impresión de que cuando ustedes
están en mayoría utilizan el rodillo peor de lo que lo
hacíamos nosotros, peor; si es que nosotros hacíamos rodillo,
porque cuando llegaron aquí aceptábamos enmiendas de ustedes.
Eso dicen ustedes, señor Núñez, que nosotros hemos utilizado
el rodillo; el rodillo lo han cogido ustedes y no lo han
soltado desde hace mucho tiempo.
En cuanto a despilfarro, yo no sé lo que podría usted decir
que pueda pasar en otras comunidades, en otras instituciones
en las que ustedes están. Porque yo creo que cuando usted dice
que quitaría ese «sin perjuicio», ese «sin perjuicio» en cinco
o en ocho o en diez, estoy convencido de que ustedes lo tienen
en todos los presupuestos de las comunidades autónomas en las
que gobiernan. ¿Por qué? Por lo que he observado y por lo que
se me ha dicho, ustedes tienen bastante capacidad para hacer
en mucho casos de su capa un sayo, y en este caso concreto no
tienen ningún tipo de problemas para hacer algo más de lo que
dicen ustedes que nosotros hacemos.
No le he contestado al tema de las adicionales, señor Núñez,
por una razón muy sencilla, porque no las he defendido; las
defenderá mi compañero el señor Jerez cuando toque la defensa
de las adicionales y de las transitorias. En principio, los
acuerdos están hechos para que se cumplan, y este acuerdo se
ha hecho para que se cumpla. Las perspectivas que hay con este
acuerdo, tal y como está redactado con los sindicatos, son
posibles y defendibles. Lamento que ahora que hemos conseguido
un acuerdo con los sindicatos, que va a beneficiar al conjunto
de la ciudadanía, tengamos que oír que no se va a cumplir y
que se introduzcan las primeras sospechas de incumplimiento.
Ustedes están echando piedrecillas cada vez que hacemos una
cosa; a veces meten piedras gordas. Pero aquí ya están
diciendo que una cosa que se ha firmado hace tres meses, que
está reflejada en los presupuestos, no se va a cumplir; ya
dejan la duda encima de la mesa. Hay que ser un poco más
serios, un poco más razonables y un poco más responsables,
porque si no, introducen elementos de sospecha que no son nada
positivos para el desarrollo de la función pública.
Señor Gatzagaetxebarría, le tengo que decir que mantenemos
nuestras discrepancias. Considero que lo que se está diciendo
en el proyecto de ley es que se marcan unos límites que debe
tener toda norma a la hora de intentar coordinar lo que tienen
que ser las actuaciones en materia retributiva entre todas las
administraciones, tiene que haber algún tipo de campo de juego
donde todos podamos jugar y que planteemos desde aquí, desde
esta Cámara; y cuando digo nosotros, decimos nosotros como
Grupo Socialista que apoya el proyecto de ley del Gobierno y
los otros Grupos de la oposición que están dispuestos a
colaborar en que surja un proyecto en condiciones y asumible
por todos. En este terreno de juego es donde tienen que
contemplarse todas aquellas medidas de coordinación y las
bases para el funcionamiento de las instituciones. Esas bases
son tan generales que ustedes pueden jugar con ellas, dentro
de sus competencias, creo que con absoluta tranquilidad y
libertad. Desde luego, si se hace así, no se preocupe que
todos los problemas que tenemos con el gasto público, con el
déficit público, me imagino que se irán corrigiendo poco a
poco. Señor Ríos, ha reconocido usted que era un buen acuerdo,
que suponía un inicio muy importante este acuerdo con los
sindicatos. No me quiera usted llevar al «¡Y dos huevos
duros!» que decían los hermanos Marx en la película «Una noche
en la ópera». Es un acuerdo suscrito entre dos partes, en el
que hay una serie de compromisos y en el que lo que tenemos
que hacer
las dos partes es respetar esos compromisos. ¿Qué sucede? ¿Que
hemos trasladado parte de ese acuerdo aquí, a lo que es
materia retributiva? Por supuesto que sí, porque le hemos dado
la categoría que debe tener un acuerdo de este tipo en una
norma como es la de los Presupuestos Generales del Estado.
¿Que si ahora aquí acordamos que es un seis por ciento o un
3,5 por ciento? Por supuesto que los sindicatos están a favor
de eso. ¿Que si ahora queremos acordar cualquier tipo de
modificación al alza? Por supuesto que se está a favor. Pero
creo que con este acuerdo, al que se ha conseguido llegar
después de unas deliberaciones en las que todos hemos cedido
un poco, porque al fin y al cabo es una negociación, se ha
dado un paso muy importante en cuanto a lo que tiene que ser
la actuación de los sindicatos en la función pública. Y de la
misma manera que se ha configurado una mesa de retribuciones y
de empleo que va a tratar todos los temas que usted ha puesto
encima de la mesa, me imagino que los sindicatos no tendrán
ninguna dificultad en que cuando se hable de complemento de
destino se plantee por qué; cuando se hable de complemento de
productividad, se diga a quién, cómo y por qué, y cuando se
hable de complemento específico, cómo se distribuye.
Me da la impresión de que todavía no acaba de creerse --o no
tiene la información suficiente-- que ese acuerdo va a
funcionar. Con los sindicatos, no se preocupe, que si no se
cumple algo, ya nos enteraremos. Ya nos enteraremos y verán
cómo --me imagino-- la voluntad tanto del Gobierno como de los
sindicatos es que ese acuerdo siga adelante.
Lo que sí es cierto es que esa mesa de empleo y retribuciones
también va a tener otra importante función: quitarle las dudas
que tiene usted sobre qué va a pasar con los complementos de
productividad. También puede tener algo que ver con lo que
usted ha planteado respecto a la contratación regulada en el
artículo 72. Tiene todas las fiscalizaciones necesarias por
parte de la Administración para que pueda plantearse sin
ningún tipo de problemas y, desde luego, creo que con todas
las garantías para que no se produzca nada sospechoso. Desde
esa perspectiva, señorías, creo que las enmiendas que han
planteado deben ser rechazadas. Por eso mi Grupo va a votar en
contra.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Morlán.
Finalizado el debate del Título III, vamos a pasar al debate
de las enmiendas que se refieren al Título IV y,
conjuntamente, a la sección 07. Para la defensa de las
enmiendas presentadas por el Grupo Popular, tiene la palabra
el señor Núñez. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor NUÑEZ PEREZ: Señor Presidente, señorías, el Grupo
Popular ha presentado una enmienda de totalidad, la 946, al
Título IV, de las pensiones públicas; varias enmiendas
parciales al articulado; otra enmienda de totalidad a la
sección 07, la 1.072, y diversas enmiendas a las disposiciones
adicionales, transitorias y finales, las que van de la 1.030 a
la 1.035. Defenderé todas ellas, con la venia del señor
Presidente, en esta intervención. Cuando debatíamos el Título
IV y las enmiendas en la Comisión de Presupuestos, el portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista señor Cercas manifestaba su
enorme sorpresa ante las enmiendas a la totalidad y las
particulares que habíamos presentado, por estas tres
consideraciones. La primera --repito literalmente, señor
Cercas, sus palabras--, porque el sistema de la Seguridad
Social es objeto en esta Cámara de profundas reflexiones y
debates dentro de una ponencia «ad hoc» que está estudiando la
propia viabilidad del sistema de la Seguridad Social. Son sus
palabras.
O sea, que, según ustedes, hasta que la Ponencia alumbre
debemos permanecer callados y dejar que el Gobierno persista
en estos Presupuestos Generales del Estado en errores que creo
que han puesto en cuestión la viabilidad del sistema de la
Seguridad Social. Es el Gobierno, señor Cercas, quien se ha
olvidado de la Ponencia, y el propio Presidente del Gobierno
desde otro país ha descalificado de manera radical y absoluta
la posición del PP en torno a las pensiones, funcionando ya la
Ponencia.
Segunda, porque nuestras enmiendas al Título IV y a la sección
--decía el señor Cercas-- producirían una avería bastante
considerable a la propia viabilidad del sistema de la
Seguridad Social. Le mostraré que el importe de nuestras
enmiendas, si fueran aceptadas todas y en la forma más
generosa posible, no producirán trastorno alguno, bastará
utilizar para financiarlas una pequeña parte de los 220.000
millones que proponemos reducir en los gastos corrientes y que
ustedes, por lo visto, acaban de rechazar.
Tercera, decía el señor Cercas, porque el Presidente de mi
Partido, señor Aznar, había dicho en el debate de totalidad de
los Presupuestos, el pasado 25 de octubre, que había que ir a
una auténtica política de consolidación presupuestaria y para
ello el gasto público corriente no podía aumentar nunca por
encima de la inflación y solamente aceptaba un compromiso en
este terreno, que era el obligado mantenimiento de la
capacidad adquisitiva de las pensiones. Conclusión, señor
Cercas, correcta, sabia y oportuna donde las haya y que
nuestras enmiendas respetan al cien por cien.
Nuestro Grupo acepta, por ejemplo, el aumento de las pensiones
en el 3,5 por ciento de acuerdo con lo pactado entre Gobierno
y sindicatos, incremento que equivale a la previsión oficial
de inflación para 1994. ¿O es que hemos presentado alguna
enmienda que lo supere?
Nuestro Grupo acepta la cláusula de revisión que figura en la
disposición adicional decimoséptima para el caso de que la
previsión de inflación no se cumpla, ¿o es que hemos
presentado alguna enmienda que lo modifique, señor Cercas?
El año pasado una de nuestras enmiendas exigía precisamente
que figurase en el texto de la Ley de Presupuestos una
cláusula de esta naturaleza y ustedes se negaron por razones
de técnicas presupuestarias. ¿Por qué figura entonces este
año? Lo dije en Comisión y lo repetiré y explicaré más
adelante: por puro oportunismo político. Respetadas por
coherencia y responsabilidad políticas las generales de la
ley, que tanto le preocupan el señor Cercas, nos hemos visto
obligados a presentar enmiendas parciales que tratan de
superar situaciones lacerantes, eliminar discriminaciones que
aún existen en clases pasivas, elevar determinados niveles
mínimos, etcétera, todas las cuales en su consideración global
exigen que el título y las secciones se devuelvan al Gobierno
para la correspondiente corrección.
Debo reiterar que en el debate de los Presupuestos de 1994
insistimos junto con otros grupos de la oposición en la
necesidad de garantizar el poder adquisitivo de las pensiones
tras el cambio en el mecanismo de revalorización. No se
aceptaron nuestras enmiendas, pero a la postre se nos ha
venido a dar la razón con la inclusión en el proyecto que
ahora debatimos de la disposición adicional decimoséptima. Que
el Gobierno, como nos tiene ya acostumbrados, haya vendido una
exigencia legal y de justicia, como si de una concesión
graciosa se tratara, con la complicidad en la parafernalia de
algún socio parlamentario, escenificada en la famosa pregunta
del 14 de septiembre, es lo de menos; lo importante es que los
pensionistas vean garantizada la revalorización de sus
pensiones conforme al IPC real. Por eso, repito, no
enmendaremos la disposición adicional decimoséptima. Sin
embargo, tengo que decir que otro año más tendremos que
contemplar, como viene siendo habitual, la correspondiente
carta individualizada del Ministro de Trabajo y Seguridad
Social y la del Director General de Costes de Personal y
clases pasivas anunciando a todos los pensionistas la buena
nueva de la paga extraordinaria, fruto de los desvelos del
señor González por los pensionistas.
Aunque no entendemos esto, este es el bochornoso espectáculo
que denunciamos. Cuando en 1985 se aprobó la reforma de la
Seguridad Social, que los afectados llamaron de recorte de
pensiones, figuraba en el preámbulo de la ley esta
declaración: La Ley introduce la garantía de que las pensiones
serán actualizadas cada año según la evolución del IPC,
manteniendo así los pensionistas el poder adquisitivo de sus
pensiones.
Tal garantía fue esgrimida por el Presidente del Gobierno,
señor González, como una operación de blindaje para alejar
(son palabras textuales suyas) el tema de la revalorización de
las pensiones del debate político. Año tras año, han hecho
ustedes, y sobre todo el Presidente González, de la
revalorización de las pensiones una mercadería electoral, y
este año volverán a caer en la tentación. La primera
conclusión de esa ponencia que estudia la viabilidad de la
Seguridad Social debería ser prohibir a rajatabla la
politización de las pensiones. Pero es que, además, el Grupo
Popular entiende que con ello no se arreglan todos los
problemas. La revalorización del 3,5 por ciento establecida
para 1994 requerirá, a buen seguro, una nueva demanda de
revisión para el supuesto de que el IPC real supere el
previsto para 1995. Nada impediría incluir esa cláusula de
revisión en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
1995 en ésta; pero si el Gobierno prefiere aplazar en el
tiempo la formalización de dicho compromiso, está en su
derecho. Por nuestra parte, adquirimos el de exigir que dicha
revisión, si se da el supuesto, se lleve a cabo con todas las
de la ley. Existen además situaciones que demandan especial
atención. En ocasiones anteriores, en este mismo debate hemos
dejado sentado que se ha hecho un esfuerzo significativo en la
mejora de determinadas pensiones muy por debajo del salario
mínimo; en particular, se hizo un esfuerzo con las pensiones
de viudedad a la hora de elevar los mínimos. Subsiste, sin
embargo, la necesidad de avanzar en ese objetivo. De ahí
nuestra propuesta pidiendo la equiparación, a efectos de
pensión mínima, de todas las viudas menores de 65 años. Al
margen de lo discutible del criterio de la edad para señalar
los tramos de pensión mínima, no parece muy lógico que para
las viudas menores de 60 años la pensión mínima quede
equiparada con la no contributiva, ambas en 472.920 pesetas
anuales; es decir, 33.780 pesetas al mes. Lo que pide nuestra
enmienda es que las pensiones mínimas de viudedad sean de
44.000 pesetas, aproximadamente.
Más urgente nos parece aún terminar con la congelación que año
tras año vienen experimentando las pensiones asistenciales y
las prestaciones de la Lismi. Insistimos en no ver la relación
que el Gobierno ha establecido entre régimen transitorio y
congelación de estas prestaciones tras la promulgación de la
ley, fijando prestaciones no contributivas de jubilación e
invalidez en la Seguridad Social. No pedimos su actualización
al valor de hoy de la pensión contributiva, señor Cercas;
nuestra enmienda es mucho más modesta: simplemente queremos
que se les pague este año la revalorización del 3,5 por ciento
y pasen de 24.935 pesetas a 25.808.
La medida afecta a 250.000 pensionistas del primer grupo y a
257.000 del segundo; es decir, no a un grupo de amigos con
nombre y apellidos, como se atrevió usted a decirme en la
Comisión de Presupuestos. La congelación es una medida
disuasoria, la que ustedes han establecido ya por tercer año
consecutivo, para que
acepten pasar al sistema de pensiones no contributivas los
asistenciales. Nos parece bien la unificación, pero no se
puede castigar a los pensionistas para compensar la ineficacia
del Gobierno. Y si en algunos casos hay fraude, como usted me
insinuó, que se corrijan y eliminen, pero no con medidas
generales con las que pagan justos por pecadores.
Como ya viene siendo habitual, nos preocupamos por las
pensiones de determinados colectivos, por estimar que son
tratados injustamente. Sin duda, el régimen de clases pasivas,
incluidas las pensiones de guerra, es sumamente complejo y
contempla situaciones muy dispares y a menudo de muy difícil
valoración. Pero cada uno de estos colectivos tiene derecho a
que su situación sea tomada en consideración. En esta
situación están quienes en clases pasivas tienen reconocido el
derecho a pensión extraordinaria y, en función de los topes,
tal derecho se queda en agua de borrajas. Es discutible si el
mecanismo de fijación de este tipo de pensiones
extraordinarias es el más idóneo, pero mientras siga en vigor
la actual Ley de Clases Pasivas no tiene sentido que el
reconocimiento de un derecho tan concreto, como el de percibir
la pensión en el 200 por ciento, quede vaciado de contenido
para la fijación de topes. Alguna fórmula debería buscarse
para que ambas circunstancias, pensión extraordinaria y tope,
encuentren acomodo. Y no se me vaya por las ramas, señor
Cercas, que no hay ninguna enmienda de nuestro Grupo que se
refiera a los topes con carácter general, no se me vaya por
las ramas.
Similares consideraciones valen para el caso de los miembros
de Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad en situación de
retiro y prestando, al 31 de enero de 1984, servicios en la
Administración pública. Cuando cesan en esa actividad, el
tiempo de permanencia en ella tiene efectos nulos para la
mejora de su pensión, ya de por sí muy baja. Y no se nos diga,
como se acostumbra, repito, a hacer por el portavoz señor
Cercas, que defendemos privilegios y a grupos de elite.
Estamos hablando de personal subalterno de la Administración
pública. Sin duda, el tema más injusto al que se refieren
nuestras enmiendas es el relativo a los pensionistas de clases
pasivas en base a la legislación anterior a la Ley 50/1984.
Tengo la sensación de que el portavoz del Grupo Socialista,
seguramente familiarizado y competente --muy competente-- en
cuestiones de Seguridad Social no acaba de entender, o no
quiere entender, la peculiar situación de estos pensionistas.
La realidad de estos pensionistas es que, en igualdad de
condiciones en cuanto a períodos de actividad, categoría,
retribución, etcétera, quienes perciben pensión en base a la
legislación en vigor antes del 1 de enero de 1985, lo hacen en
cantidades muy inferiores a los afectados por la Ley 50/1984.
El señor PRESIDENTE: Señor Núñez, le ruego concluya.
El señor NUÑEZ PEREZ: Voy terminando ya, señor Presidente.
Aunque sea simplificando un tanto las cosas, se pasó de
aplicar un 80 por ciento sobre una base reguladora,
constituida por el sueldo base, los trienios y las pagas
extraordinarias, a un sistema que con 35 años de servicios da
derecho al 100 por ciento de un haber regulador
sustancialmente más alto. Pero si grave fue la repercusión
comparativamente para la pensión del causante, mucho más lo
fue para las pensiones en favor de los familiares. Las viudas
de los funcionarios de clases pasivas jubilados o fallecidos
con anterioridad al 1 de enero de 1985, fueron las grandes
víctimas de un sistema que establece un porcentaje del 40 por
ciento sobre la base reguladora del causante, sueldo, trienios
y pagas extraordinarias, para las viudas afectadas por la
legislación anterior al 1 de enero de 1985. Y desde ahí se
pasa a un porcentaje del 50 por ciento sobre la pensión del
causante, calculada sobre un haber regulador muchísimo más
alto. El abismo creado para los funcionarios de clases
pasivas, viudas y huérfanos, regidos por normas anteriores al
año 1985 se ahonda cada año más. ¿En base a qué circunstancia?
A que el hecho causante ocurriera antes o después de la
mencionada fecha, incluso con una diferencia de días. El
portavoz del Grupo Socialista confunde, creo --o se escuda en
ese argumento, porque conoce muy bien toda la legislación--,
esta situación con las que se pueden dar en el régimen de la
Seguridad Social. En ésta caben prestaciones diferentes en
función de los períodos y el montante de las cotizaciones. En
clases pasivas no siempre se ha partido de las mismas bases y
no existen cotizaciones. El único dato relevante es la
antigüedad, los años de servicio. ¿Cómo explicar entonces un
trato desigual en igualdad de circunstancias?
Demagógicamente, ha acudido usted, en el debate en Comisión, a
las pensiones del SOVI y dice que cómo no nos preocupamos de
ellas. Y pone usted un mal ejemplo, primero, porque, aunque no
hemos presentado ninguna enmienda al respecto, nada más acorde
con nuestro programa electoral y de gobierno que acercar
dichas pensiones al salario mínimo; pero, sobre todo, porque
no se pueden mezclar las cosas con ánimo de confundir.
Estaríamos de acuerdo con el portavoz socialista si en el
régimen del SOVI se percibieran pensiones de diferente cuantía
en igualdad de circunstancias. Que nosotros sepamos, las
pensiones no concurrentes del SOVI están fijadas en el
proyecto en 507.920 pesetas anuales para todos, sin
distinción. En todo caso, señor Cercas, estaríamos dispuestos
a aceptar cualquier enmienda transaccional que ustedes nos
ofrecieran, ya que tanta preocupación ha manifestado usted por
estos pensionistas. Ahora ya termino, señor Presidente.
Teniendo en cuenta el coste de una operación como la
equiparación de los pensionistas anteriores a la Ley 50/1984 a
los de
ésta, nos hemos abstenido de pedirlo no porque no fuera justo,
sino por responsabilidad política y para no introducir averías
en el sistema de clases pasivas. Pero el Gobierno y los grupos
parlamentarios que le apoyan seguirían mostrando una enorme
insensibilidad si no aceptan una medida tan prudente como la
propuesta. Se limita a dar pie para que el Gobierno introduzca
alguna corrección en la actual discriminación. Nos alineamos
simplemente con la recomendación de 1991 que hizo el Defensor
del Pueblo al Gobierno, ni más ni menos.
Finalmente tengo que referirme a la modificación del artículo
9 de la Ley 18/1991, que llevó a cabo el artículo 62 de los
Presupuestos Generales del Estado para 1994. Lo hicimos tanto
por razones de procedimiento como de fondo. No nos pareció
lógico introducir una modificación de carácter restrictivo a
los dos años de entrada en vigor de la Ley 18/1991. Con la
supresión de la exención sobre el IRPF que disfrutaban las
pensiones por incapacidad permanente, se produjo una redución
de la pensión para miles de afectados. La socorrida
comunicación anual del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social y los compromisos del Presidente del Gobierno
garantizando el poder adquisitivo de las pensiones y
comunicando el incremento de 1994, se convirtieron en un
sarcasmo para estos miles de pensionistas. No quedó ahí el
desafuero. Hubo unos pensionistas por incapacidad permanente,
los de clases pasivas, que se vieron incluso injustamente
discriminados con las de la Seguridad Social. Al Grupo
Parlamentario Popular le interesan, señor Presidente, señoras
y señores Diputados, los datos macroeconómicos. No queremos ni
muchísimo menos introducir elementos que descompensen los
Presupuestos o que introduzcan averías en los sistemas
públicos de pensiones y de clases pasivas. Pero de ahí a
intentar ahogar las manifestaciones individualizadas que ha de
tener una política como la de pensiones, va un largo trecho;
trecho que parece asumir el portavoz socialista cuando en la
Comisión justificaba la bondad del tratamiento de las
pensiones al señalar el gasto destinado a las mismas y
diciendo que crecía por encima del 8 por ciento para 1995.
Puede crecer ese 8 por ciento y más, y no con ello, señor
Cercas, corregir situaciones de evidente injusticia como las
que hemos expuesto y a las que se refieren nuestras enmiendas.
Nos parece bien el esquema general basado en la revalorización
del 3,5 por ciento con previsible aplicación de la cláusula de
revisión; pero sería un esquema con algunas quiebras si no se
corrigen las situaciones denunciadas por el Grupo Popular como
injustas y discriminatorias.
Acepten nuestras enmiendas y verán qué pronto nos ponemos de
acuerdo. Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Núñez.
Enmiendas del Grupo Mixto. El señor Chiquillo tiene la
palabra.
El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, señorías,
intervengo para defender las enmiendas de Unión Valenciana al
Título IV, referente a las pensiones públicas, y a la Sección
07 de los Presupuestos.
Las enmiendas números 29 y 30 se refieren a la determinación
inicial de las pensiones, recogido en el artículo 35 del
articulado, y a la revalorización de pensiones públicas,
recogido en el artículo 38 del mismo proyecto de ley. En la
enmienda número 29 al artículo 35, respecto a la determinación
inicial de pensiones no contributivas de la Seguridad Social,
solicitamos la modificación de este artículo para que durante
el año 1995 la cuantía de las pensiones de jubilación e
invalidez, en su modalidad de no contributivas, se fije en
40.000 pesetas. Estas 40.000 pesetas, que solicitamos se
incluyan para este tipo de pensiones, deberán abonarse en dos
pagas extraordinarias del mismo importe que se devengarán en
los meses de junio y noviembre. El incremento del gasto se
compensará con la baja de igual cuantía en el capítulo II del
Presupuesto. Este artículo, a nuestro juicio, contempla
discriminaciones respecto a otras modalidades de pensiones; de
ahí nuestra enmienda de modificación. En los últimos años se
ha perdido un poder adquisitivo muy importante por este
colectivo, que también se verá afectado por las congelaciones
de 1993 y 1994. Proponemos un incremento moderado de las
pensiones a recibir por parte de este sector más desprotegido
de la sociedad, que hasta ahora se ha beneficiado de las
pensiones más bajas y consideramos que las 33.780 pesetas
propuestas en los Presupuestos Generales del Estado para 1995
son de todo punto insuficientes. La segunda de las enmiendas,
la número 30, es de supresión del artículo 38. Consideramos
que si se hace el justo esfuerzo de revisar pensiones, no se
deben establecer excepciones a la revalorización de las
pensiones para 1995. El incremento del gasto no sería muy
elevado y estimamos que no debe haber limitaciones a la
general revalorización de las pensiones. El objetivo de estas
dos enmiendas 29 y 30 a este Título es el de que debemos
evitar por encima de todo discriminaciones a esos dos
colectivos de pensionistas. Por ello solicito que sean
consideradas por el Pleno. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. Para su defensa, tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, la dispersión de la amplia materia de Seguridad
Social, no sólo a lo largo de los distintos títulos y
disposiciones de la ley de Presupuestos, sino también, como
conocen SS.SS., en lo que conocemos como la ley de
acompañamiento, y el método de discusión que hemos acordado en
relación con ambas leyes, de ir un título tras otro,
posibilita el que determinados grupos de la oposición puedan
llevar a cabo un discurso que, al margen de otros
calificativos, podemos decir que se presta a la falta de
coherencia. Se habla, por ejemplo, en el Título IV, que se
refiere a la revalorización de pensiones, de que las
propuestas del Gobierno son cortas, de que no dan solución a
los graves problemas que efectivamente presenta el sistema de
Seguridad Social de nuestro país en este aspecto, pero, a
continuación, cuando llega el Título VIII se habla de las
normas de cotización, se dice que la rebaja de un punto que
lleva a cabo el Gobierno es muy corta e insuficiente y se
solicitan rebajas de 8 puntos. A la hora de hablar de las
normas sobre recaudación que van en la ley de acompañamiento
se cuestiona el respeto a las debidas medidas de seguridad
jurídica, y todo ello, finalmente, en un discurso que proclama
que el sistema de Seguridad Social está en una situación de
quiebra y que es necesario adoptar medidas radicales en
relación con la misma.
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya considera que en un
tema tan importante como la Seguridad Social, que afecta a
millones de ciudadanos de nuestro país, que garantiza directa
o indirectamente unos niveles de renta de buena parte de las
familias de nuestro país, es importante, cuando menos, un
discurso coherente. Por eso, señorías, consideramos que es
necesario abordar la totalidad de la problemática de la
Seguridad Social. En este trámite, señor Presidente, en la
medida en que hacemos referencia exclusivamente al Título IV,
se dan por defendidas las enmiendas de nuestro Grupo y nos
reservamos para ese debate de totalidad, cuando hablemos del
Título VIII, al que se añade la Sección 19, Ministerio de
Trabajo, y la Sección 60, Seguridad Social. Allí intentaremos
desarrollar ese discurso coherente sobre el sistema global de
Seguridad Social. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta.
Para turno en contra, por el Grupo Socialista, tiene la
palabra el señor Cercas.
El señor CERCAS ALONSO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, para seguir un orden lógico en la
exposición hay que empezar por expresar a SS.SS. las razones
de nuestra oposición a las enmiendas de totalidad presentadas
por los Grupos Popular e Izquierda Unida. Izquierda Unida se
ha reservado su defensa en otro trámite del debate de la ley.
El Grupo Popular ha dicho que ha hecho una defensa a la
totalidad. Sin embargo, yo creo, señorías, que nos
encontramos, como tantas otras veces, en presencia de una
enmienda presentada y no defendida que es exactamente, además,
lo que ocurrió en la Comisión el pasado día 7, y que es fácil
observar para quien lea el «Diario de Sesiones» de aquel
debate que tuvimos, como es fácil de observar para quien haya
seguido atentamente la intervención del señor Núñez.
Efectivamente, no existe un programa alternativo de gasto por
parte del Grupo Popular, y estamos huérfanos en este momento
de cualquier razonamiento lógico que pretende solicitar la
devolución al Gobierno sin ningún tipo de argumentación que se
sostenga en sus propios términos.
Me parece que hay que exigir una cierta lógica, puesto que
tiene que ser proporcional una medida de esta naturaleza, como
es la de devolución de un presupuesto que afecta a más de
siete millones de familias. Debe haber razones muy poderosas
para pedir su devolución al Gobierno, y no vale que se
justifique esta demanda de devolución en un cúmulo de palabras
que sólo soportan --yo creo que malamente-- prejuicios o
soflamas políticas, o todo lo más, señor Núñez, un conjunto de
enmiendas parciales, pero en ningún caso argumentos sólidos
para pretender una enmienda a la totalidad.
Decía el señor Núñez que en Comisión habíamos debatido, y
ponía en mi boca como argumento que como había una Ponencia
trabajando específicamente en la reforma de la Seguridad
Social, era ilógico que el Grupo Popular presentase
razonamientos de fondo en este debate. Creo que no era ese el
sentido del conjunto de mis palabras. Mas bien traté de
establecer una cierta cortesía parlamentaria, justificando su
falta de argumentos en base a que ya los harían conocer en esa
Ponencia porque, ciertamente, en la Comisión no habíamos
conocido sus razonamientos. Pero, si quiere S.S., seguiré por
su camino. Efectivamente, tienen todo el derecho de pretender
la devolución al Gobierno y de argumentar sólidamente esa
posición.
El problema, señor Núñez, es que ustedes o no tienen un texto
alternativo o más bien me temo que no quieren presentar un
texto alternativo a la política de pensiones del Grupo y del
Gobierno socialista. ¿Sabe usted lo que es un texto
alternativo? Un texto alternativo es seguir las pautas que
estamos observando en todos los medios de comunicación social,
que dice la derecha económica de nuestro país. Eso es un texto
alternativo. Un texto alternativo es, por ejemplo, lo que dice
el Instituto de Estudios Económicos, al que ustedes, por otra
parte, dan audiencias importantes en sus propias filas; lo que
dice el presidente de la patronal española. Vienen a decirnos
literalmente que la política
de pensiones exige, sin más demora, una reforma radical, que
cambiemos el sistema de reparto por un sistema de
capitalización y que el Estado se limite a garantizar una
pensión mínima a los ciudadanos. Estos son los argumentos que
podrían justificar una auténtica posición alternativa a la
defensa del sistema público que establece el texto del
Gobierno y la política del Partido Socialista. No sé si están
de acuerdo con esta posición, pero no han tenido el coraje de
defenderla ni en Comisión ni en el Pleno.
De una manera, como he dicho, puramente cortés, dejé a su
consideración que no parecía lógico que tuviéramos ese debate.
Pero con mucho gusto señor Núñez, si sube a esta tribuna y
ofrece una política alternativa a la de los socialistas, la
discutimos. Ustedes hoy no tienen esa política alternativa.
Ustedes hoy, si la tienen, la callan, la ocultan por razones
que son fácilmente explicables. ¿Por qué, entonces, solicitan
la devolución al Gobierno? Creo que simplemente por sistema,
como hacen con tantos y tantos programas gubernamentales, por
inercia o porque no saben hacer otra cosa que descalificar por
descalificar. Incluso en debates importantes que ha habido en
la Cámara, ustedes daban por válida cualquier política en los
Presupuestos de este año que fuera de consolidación
presupuestaria y que atendiera a la revalorización automática
de las pensiones y al mantenimiento de la capacidad
adquisitiva de las pensiones. Señor Núñez, usted sabe
exactamente igual que yo que el poder adquisitivo de las
pensiones está plenamente garantizado en el proyecto de ley de
Presupuestos que estamos considerando. Consecuentemente, no
hay materia para solicitar la devolución al Gobierno. Todo lo
demás que usted ha expresado a continuación ha sido
simplemente un cúmulo de enmiendas parciales, a las que me voy
a referir inmediatamente después.
Creo que sus razones son simplemente sinrazones que tratan de
deslucir un conjunto de disposiciones presupuestarias, que
vienen a acumularse a otras muchas intervenciones
gubernamentales a lo largo de los años de las legislaturas
socialistas, y que ha permitido que nuestro sistema de
pensiones garantice cada día, con mayor eficacia, con mayor
eficiencia, las rentas de millones de familias españolas, de
tal forma que hemos ido año a año consolidando, modernizando y
actualizando nuestros programas de pensiones públicas. Usted
sabe, precisamente, cómo a lo largo de estos 12 años han ido
mejorando radicalmente las condiciones de vida de tantos y
tantos beneficiarios del sistema. En concreto, en estos
Presupuestos que estamos considerando esta tarde, es
precisamente la política de pensiones la que mayores recursos
absorbe. Son, señor Núñez, usted lo conoce perfectamente, 6,9
billones de pesetas, equivalente a casi el 24 por ciento del
gasto total presupuestario, un ocho por ciento superior a lo
que había sido presupuestado inicialmente para 1994. Se
continúa también en este presupuesto el extraordinario
esfuerzo que se ha realizado durante estos años y que se
plasma en hechos tan incontrovertibles como que la Seguridad
Social, que gastaba 1,3 billones de pesetas en 1982, dota en
este presupuesto, a este programa, de 6,3 billones de pesetas.
En definitiva, señor Núñez, en 1995 gastaremos en pensiones
casi cinco veces más de lo que gastó el último Gobierno de la
Unión de Centro Domocrático. ¿Quiere S.S. que hubiéramos ido
aún más lejos? Díganoslo exactamente y díganos, cosa que ha
olvidado, a pesar de que lo había anunciado en su discurso, de
dónde saldrían recursos adicionales para estas políticas.
Estos enormes gastos presupuestarios son los exigidos para
abonar los dos millones de pensiones más que existen hoy
frente a los que existían en 1982 y para posibilitar que la
pensión media triplique hoy la que tenían los pensionistas en
aquel año de referencia; para que un año más, señor Núñez, y
en contra de lo que ha dicho S.S., los pensionistas vean
actualizar el valor de sus pensiones conforme al coste de los
precios al consumo; y que cualquier desviación que se pueda
producir, al igual que ha ocurrido en este año, esté
perfectamente dotada y perfectamente garantizada.
De modo, señor Núñez, que todo lo más que hemos oído esta
tarde ha sido un conjunto de defensas a todo un vademécum de
enmiendas parciales, usuales, convencionales en estos títulos.
Y a mí en este momento se me ocurre establecer frente a S.S.
dos criterios que son los fundamentales que llevan a nuestro
Grupo a votar en contra de las mismas.
Por un parte, su falta de justificación. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Cercas.
Señorías, ruego guarden silencio. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Cercas.
El señor CERCAS ALONSO: Nos parece, señor Núñez, que es fácil
entender la falta de justificación de sus enmiendas en los
propios términos de sus discursos programáticos y de defensa
de las enmiendas de totalidad del proyecto de ley. Y, por
otra, la falta de financiación que, a pesar de que nos había
ofrecido una explicación racional, ha brillado por su
ausencia.
Es obvio que sus enmiendas acarrearían unas diferencias de
trato de unos pensionistas frente a otros, de unos
trabajadores frente a otros, obsolutamente injustificables.
Todas y cada una de las enmiendas que S.S. ha defendido, sean
referidas a las personas que cobran pensiones por causa de
invalidez ocurrida en acto de servicio en la Administración
Pública, sea por causa de la revisión retroactiva que
prentende de determinados colectivos de pensionistas también
de clases pasivas, sean de determinadas pensiones
asistenciales, olvida una cuestión elemental, y es que en el
sistema español
de pensiones cada modificación debe tratar no sólo de eliminar
los agravios concretos que tiene un colectivo de ciudadanos,
sino procurar que esas enmiendas no agravien a otros
ciudadanos que tan legítimamente como los primeros podrían
demandar la revisión del ordenamiento aplicado en el
reconocimiento de sus derechos pasivos.
Si usted pretende, señor Núñez, que se revise con criterio
retroactivo a los pensionistas de clases pasivas del Estado
anteriores a 1985, usted, por la misma lógica formal y sobre
todo por la misma lógica política, debería defender que
también los trabajadores que se han ido jubilando con arreglo
a otras normas, que no son de clases pasivas, pero que son del
antiguo Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, de los
Estatutos de las Mutualidades Laborales o de las normas de
Seguridad Social cuando se cotizaba a ésta por bases tarifadas
y no por salarios reales, deberían ser objeto de idénticas
rectificaciones. Si no, S.S. incurre en agraviar a unos
colectivos de pensionistas frente a otros, porque es un hecho
incontrovertible que a medida que se va reformando el
ordenamiento social en nuestro país, las nuevas cohortes de
pensionistas entran con arreglo a la legislación que va siendo
modificada, y no hay ningún argumento de autoridad que
pretenda revisar sólo para determinados colectivos de
pensionistas las normas que originariamente se le aplicaron si
no se predica para el conjunto de todos los colectivos. Es
evidente que no podemos hacer esa operación con arreglo a las
pautas que dice su señoría.
Aún más, sabe su señoría que las obligaciones en que se
incrementarían las dotaciones que exigirían esas enmiendas de
S.S. vendrían a agravar aún más una situación realmente
difícil de los presupuestos de la Seguridad Social, que este
año necesita 400.000 millones de pesetas de un crédito que
otorga el Estado para poder subvenir a las obligaciones que ya
están en los presupuestos. Nosotros no tenemos más remedio que
volver a recordar la tremenda contradicción en que incurren
ustedes cuando a cada uno de los títulos o capítulos de la ley
les dan un tratamiento distinto. Si ustedes nos dijeron en los
debates de totalidad que este ejercicio presupuestario debería
ser de contención y de rigor presupuestario y que para la
Seguridad Social solamente era abordable la actualización de
las pensiones con arreglo al IPC, y eso lo dice el Presidente
de su Grupo parlamentario, lo lógico es que se atuvieran a
esas palabras y no vinieran, capítulo por capítulo y sección
por sección, tratando de incrementar más el gasto público y de
destruir las bases de los ingresos en otros capítulos de los
presupuestos.
No se tienen en pie, señor Núñez, lo sabe todo el mundo, las
inmensas contradicciones que hay cuando tratan de diferente
manera lo que son los grandes debates de totalidad del
presupuesto y los debates parciales a las secciones y a los
títulos.
El señor PRESIDENTE: Señor Cercas, le ruego concluya.
El señor CERCAS ALONSO: Concluyo ya.
Señor Núñez, usted ha sufrido, igual que nosotros, la visita
de determinados colectivos de ciudadanos que han venido a
poner encima de la mesa sus reivindicaciones parciales. Esas
reivindicaciones chocan frontalmente contra las posibilidades
financieras del sistema; chocan frontalmente contra la
coherencia, incluso, de las posiciones de su Grupo
parlamentario, pero ustedes, como siempre, sacrifican la
coherencia a un interés mediocre, de partido, no tienen el
coraje de decir, como nos ha tocado decir a otros grupos y a
otros Diputados, que éste era un presupuesto de consolidación
presupuestaria, que la Seguridad Social tiene que consolidar y
dar viabilidad a su propio equilibrio financiero y que, en
consecuencia, no podíamos, ni en este Título ni en esa
Sección, poner en riesgo lo que es más importante de todo, que
es la seguridad de las generaciones siguientes de pensionistas
de nuestro país.
A ustedes, señores del Grupo Popular, esto les importa poco. A
ustedes, señores del Grupo Popular, les importa exclusivamente
sus intereses partidarios. A nosotros nos interesa mucho
defender la coherencia del sistema, la viabilidad financiera
del sistema y, por eso, señor Núñez, nos vamos a oponer a
todas y cada una de sus enmiendas.
Al señor Chiquillo, en la medida en que sus enmiendas
parciales incidían también en desequilibrar lo que era la
cuenta de ingresos y gastos de la Seguridad Social, le ruego
que dé por respondidas sus enmiendas.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cercas.
Tiene la palabra el señor Núñez.
El señor NUÑEZ PEREZ: Señor Presidente, señorías, señor
Cercas, deje usted ya de utilizar la frase descalificar por
descalificar, porque hasta ahora todos los portavoces del
Grupo Parlamentario Socialista la han utilizado en el debate
de los cuatro títulos. Parece que es una consigna de su Grupo,
descalificar por descalificar, y ahí se queda. Todos la han
utilizado. Repase usted los «Diarios de Sesiones». Diga usted
otra cosa más original, que usted tiene inventiva para ello.
Primer punto, lo del poder adquisitivo de las pensiones, según
y cómo, porque no basta, efectivamente, con aplicarles el 3,5
por ciento, que es la inflación prevista, sino que hay que
considerar también cómo afectarán a esas pensiones los nuevos
impuestos, concretamente el IVA, la subida de los carburantes,
etcétera; cálculo que hará mañana, en la defensa del título
correspondiente,
nuestro compañero señor Costa. Verá la sorpresa que se llevan
ustedes con la conservación del poder adquisitivo de las
pensiones.
Nuestra alternativa la conoce usted muy bien. Nuestros
representantes en la Ponencia han señalado allí cuáles son las
posiciones del Grupo Popular. Nuestras enmiendas de totalidad
son de suma, de suma sobre la voluntad de querer superar una
serie de discriminaciones que usted no ha podido justificar
que sigan manteniéndose en el ordenamiento vigente. Y se las
voy a decir puntualmente y a fijar el coste de las mismas,
para que vea usted qué avería, qué agujero van a provocar en
los sistemas públicos de Seguridad Social y de pensiones,
aunque antes de empezar con ellas tengo que decir algo a lo
que usted no ha contestado: la venta política de la
revalorización de las pensiones a través de cartas
personalizadas a todos los pensionistas es ya una vieja y
torpe costumbre, de la que tenemos innumerables pruebas y
ejemplos, y si quiere le leo una de las últimas, la del
Director General de Costes de Personal y Clases Pasivas, la
del Ministro de Trabajo, la que usted quiera. No tiene, pues,
que extrañar a nadie, y menos rasgarse usted las vestiduras,
si vinculamos la disposición adicional 17 con estas prácticas
electoralistas y, sencillamente para protestar contra ellas,
decimos lo que hemos dicho en nuestra primera intervención.
Señor Cercas, podrá usted poner todas las medallas que quiera
a la gestión de los gobiernos socialistas y podrá hacer todas
las descalificaciones que le venga en gana a los gobiernos de
UCD, de los que yo formé parte, pero, medallas y
descalificaciones aparte, no podrá negar que las pensiones
mínimas de viudedad son iguales que las pensiones no
contributivas, 33.000 pesetas, en cifras redondas; que las
asistenciales no llegan a las 25.000; que la pensión media de
la Seguridad Social está por debajo del salario mínimo
interprofesional; que las discriminaciones en clases pasivas
no se compadecen con el principio de igualdad consagrado en el
artículo 14 de la Constitución y que la media de nuestras
prestaciones por vejez está todavía muy alejada, hechos los
debidos reconocimientos a los esfuerzos de los gobiernos
socialistas, tenemos que decir que está muy alejada de la
media de la Comunidad Europea, más de cinco puntos, según el
último informe de Eurostat. Esa es la verdad, y la verdad es
la verdad, dígala Agamenón o su porquero.
Quiero recordar --porque usted lo ha citado-- que el esfuerzo
de acercamiento fue mucho mayor con los gobiernos de UCD. El
año pasado se lo demostré con cifras, que usted, notablemente,
reconoció. En todo caso, figuran en la página 223 de esta
públicación editada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social. A lo mejor, usted contribuyó en la redacción de este
informe, que, repito, me ahorra ponerme medallas, no a mí, a
los gobiernos anteriores al suyo, en grave situación
económica, en una crisis muy profunda, que hicieron el
esfuerzo necesario para acercar las prestaciones sociales a
unos niveles hasta entonces desconocidos.
Estas no son las cuestiones que tenemos que debatir. Lo que
estamos aclarando es el coste de nuestras enmiendas, para
demostrar que su aceptación no rompería ningún equilibrio
presupuestario.
La enmienda al artículo 41, referente a las pensiones de
viudedad, equiparando a los titulares menores de 60 años con
los mayores de esta edad hasta los 65, cuesta exactamente
35.000 millones de pesetas. Las enmiendas que suprimen la
congelación de las pensiones asistenciales y a los perceptores
de subsidios con base en la Ley de Integración Social de los
Minusválidos no superarían, fíjese lo que le digo, los 500
millones de pesetas. Derogar el artículo 62 de la Ley de
Presupuestos de 1994 y mantener la exención del IRPF a los
pensionistas por incapacidad permanente supone para el grupo
de clases pasivas una cantidad moderadísima. Según el informe
del Director General de Costes de Personal y Clases Pasivas, a
30 de junio de 1994 el número de pensionistas que tributaban
desde el 1 de enero eran 27.373 y las cantidades retenidas
ascendían a 4.714 millones; por tanto, al año ascenderían a
cerca de 10.000 millones. Ese es el coste de nuestra enmienda.
Cantidades aparte, aceptando la enmienda corregirían también
un desafuero que ha sido presentado al Tribunal
Constitucional, pues, como viene señalando en varias
sentencias, al interpretar el artículo 14, dos son las
condiciones que deben cumplirse para poder apreciar la
existencia de una discriminación: identidad de supuestos y
aplicación desigual sin causa razonable. Si eso no es un
motivo más que suficiente para añadir a los otros singulares y
sumar todo para hacer una enmienda de totalidad, que baje Dios
y lo vea.
El señor PRESIDENTE: Señor Núñez, le ruego concluya.
El señor NUÑEZ PEREZ: Estoy terminando ya, señor Presidente. Y
no valoramos la enmienda relativa a las pensiones de clases
pasivas anteriores a 1 de enero de 1985, que busca simplemente
limar la distancia abismal que existe entre unos jubilados y
otros. No se la valoramos, porque decimos que el Gobierno
atempere la discriminación razonablemente y en función de los
criterios de la Resolución 30, de 1991, que el Defensor del
Pueblo envió. No estamos, por tanto, pidiendo el mar y los
peces, sencillamente estamos tratando de superar situaciones
de discriminación que no pueden permanecer en el ordenamiento
jurídico y que estos presupuestos generales, y concretamente
la Sección 07, tenían que haber desterrado. Y ello es motivo
suficiente para presentar una enmienda de totalidad.
Podía seguir rectificando al señor Cercas y desmontando sus
argumentos. Todo lo que le he dicho, todas las enmiendas que
he presentado no superan ni con mucho los 60.000 millones de
pesetas, y para eso hay dinero más que suficiente, si ustedes
aceptan la enmienda 1.046, que pretende reducir el gasto de
funcionamiento de los ministerios, de los organismos autónomos
y de la Seguridad Social en un 20 por ciento; los 222.000
millones de pesetas darían para eso y para más, también para
corregir el déficit. Son razones, señor Cercas, que le vuelvo
a exponer y esta vez a cuantificar para que rectifique usted
su posición y vote a favor de nuestras enmiendas.
Nada más, señor Presidente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Núñez.
Tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, mantenemos las
dos enmiendas y renuncio al turno de réplica.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.
Tiene la palabra el señor Cercas.
El señor CERCAS ALONSO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Núñez, quiero decirle con toda seriedad, pero también
con toda contundencia, que, ante una posición razonable del
Grupo Parlamentario Socialista, usted se sube a la tribuna y
continúa por una senda en la que no tenemos más remedio que
ponerles, definitivamente, los puntos sobre las íes. Señor
Núñez, ustedes vienen siempre a este debate de la Cámara
haciendo grandes alardes de defensa del sistema público de
pensiones y se dedican sistemáticamente, primero, a
incrementar las obligaciones del sistema más allá de sus
propias posibilidades, y segundo, a eliminar los recursos que
podrían hacer efectivo el pago de las obligaciones corrientes.
Ustedes, en estos presupuestos, traen más obligaciones al
sistema de pensiones, en contra de lo dicho incluso en otras
secciones del presupuesto por el propio don José María Aznar,
que parece que habla según los días de la semana, nunca con
los mismos criterios, y, al mismo tiempo, nos piden una rebaja
de cinco puntos en la cotización a la Seguridad Social, con lo
cual, por una vía mucho más torticera, llevarían a destruir el
sistema público de pensiones. Al menos serían ustedes más
coherentes, serían, en ese sentido, mucho más respetables
desde los bancos socialistas si vinieran aquí a decir
claramente lo que pretenden hacer. Pretenden hacer inviable el
sistema de pensiones, pretenden hacer por otra vía, que es una
vía mucho más sibilina, lo mismo que nos están pidiendo desde
los sectores de la derecha económica del país.
Pero no la van a conseguir, señor Núñez. Usted sabe
perfectamente que de los 940.000 millones de incremento de
gasto en los presupuestos del Estado de este año, 850.000 van
al gasto social, y viene usted diciendo que más gasto social.
Pero el problema es que después vendrá su compañero de banco a
decirnos que menos déficit público, y a continuación, el
siguiente, que menos impuestos, y esa contradicción no se la
salta un gitano, señor Núñez. Nosotros traemos estos
presupuestos a la Cámara convencidos de que, un año más,
podemos decir a todos los españoles que está plenamente
garantizada la capacidad adquisitiva de las pensiones, que se
mejora en aquello que se puede mejorar (este año, en concreto,
la maternidad, que buena falta hacía), pero que tenemos que ir
consolidando financieramente el sistema, porque ya estamos
siendo atacados de una manera inmisericorde al decir que es
imposible que este sistema sea viable a medio y largo plazo. Y
usted hace todo lo posible para que esa inviabilidad se
acelere, e incluso no en el medio plazo sino en el cortísimo
plazo la Seguridad Social no pudiera atender sus obligaciones.
Por tanto, señor Núñez, nosotros no podemos seguir el
aventurerismo del Partido Popular en este terreno, el
populismo del Partido Popular y, por qué no decirlo, la doble
moral y el tartufismo que tienen ustedes cada vez que se
enfrentan con estos programas de gasto público. Nada más.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate del Título IV y la
Sección 07, de acuerdo con las previsiones de ordenación de la
sesión, vamos a proceder a las votaciones de las partes
debatidas hasta este momento.
Enmiendas del Grupo Popular al Título I. (El señor Homs i
Ferret pide la palabra.)
Señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, nuestro Grupo
quisiera formalizar una transacción a la enmienda 1.823, del
Partido Popular, a este primer Título del proyecto de ley de
presupuestos. Su propósito es que todos los sobreingresos que
puedan realizarse en el ejercicio de 1995 puedan dedicarse a
una finalidad, a reducir el déficit público.
Nuestro Grupo entiende que es una buena propuesta y ofrece una
enmienda transaccional a la 1.823, en el sentido de que se
formalice en la Cámara un acuerdo político en el que se pueda
incorporar en el preámbulo de la ley esa voluntad política de
que cualquier sobreingreso por encima de las cantidades
previstas en la ley de presupuestos pueda destinarse a la
reducción del déficit público. Nos parecería muy positiva esta
medida, ese contenido político del compromiso alcanzado en
torno a esta enmienda transaccional y así, señor Presidente,
proponemos al Grupo Popular que acepte
esta enmienda transaccional, que reza de la siguiente forma,
en la línea de austeridad que propone dicha enmienda: Para el
ejercicio de 1995, los derechos económicos que superen las
estimaciones contempladas en los estados de ingresos de la
presente ley se destinarán a la reducción del déficit público.
En el supuesto, señor Presidente, de que fuera aceptada dicha
enmienda, creo que podríamos alcanzar en torno a la misma
unanimidad. En el caso de no aceptarse, señor Presidente, este
Grupo parlamentario trasladaría esta propuesta al Senado, para
que allí pudiera contemplarse.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.
El señor Arias tiene la palabra.
El señor ARIAS-SALGADO MONTALVO: Señor presidente, muchísimas
gracias. Yo querría decir al representante del Grupo
nacionalista catalán que agradecemos mucho la atención que ha
prestado a nuestra enmienda, pero que no podemos aceptarla. Y
no podemos hacerlo porque, aunque compartimos la preocupación,
como demuestra la presentación de nuestra enmienda, de que el
déficit es uno de los problemas principales que tiene la
economía española, lo lógico frente a esa preocupación es
introducir en la ley de presupuestos un mandato normativo y no
una mera declaración de intenciones en la exposición de
motivos. No se trata de discutir aquí cuál es el valor
interpretativo de las exposiciones de motivos. Se trata de
asumir una experiencia, la experiencia de años pasados, que
demuestra que a mayor ingreso, mayor gasto. Y la única manera
de evitar que eso se produzca y, por tanto, de evitar el
incremento del déficit es que se establezca normativamente,
por tanto, de manera vinculante, que todo incremento de
recaudación por encima de lo previsto vaya a reducir el
déficit. Esta es la manera de preocuparse por el déficit y no
hacer meras declaraciones de intenciones que finalmente quedan
siempre en agua de borrajas. Muchas gracias, señor Presidente.
(Muy bien.--Muy bien.--Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arias. Enmiendas del Grupo
Popular 884, 891, 895, 896 y 901.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 311; a favor, 147; en contra, 161; abstenciones,
tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas 903 y 904, del mismo Grupo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 314; a favor, 137; en contra, 175; abstenciones,
dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda 1.823, del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 314; a favor, 135; en contra, 176; abstenciones,
tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Restantes enmiendas del Grupo Popular, excepto las números 885
y 1.029, que han sido objeto de una propuesta transaccional y
que entiendo retiradas al objeto de poder votar la
transaccional. (El señor Aguirre Rodríguez pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Aguirre.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Si no he entendido mal, está refiriéndose a las enmiendas del
Grupo Popular números 885 y 1.029, a las que ha sido ofrecida
una transaccional por parte del Grupo Socialista, que obra en
poder de este Grupo Parlamentario. Sin embargo, este Grupo
Parlamentario no puede admitir esta transacción por cuanto el
contenido de la enmienda transaccional que nos ofrece el Grupo
Socialista tendría efecto en el presupuesto de 1996 y lo que
hoy estamos aquí discutiendo son los presupuestos de 1995.
Este es el motivo de que el Grupo Popular rechace esta
enmienda transaccional y quiera mantener para su votación las
enmiendas 885 y 1.029.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Restantes enmiendas del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 315; a favor, 138; en contra, 165; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votamos las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya. Enmiendas 494, 495, 496, 497, 498, 499, 512 y
516.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 315; a favor, 16; en contra, 166; abstenciones, 133.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda 505, del mismo Grupo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 315; a favor, 314; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, excepto la 500, que ha sido objeto de una
propuesta transaccional del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 315; a favor, 148; en contra, 164; abstenciones,
tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda transaccional en relación con la enmienda 500 del
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 315; a favor, 181; en contra, uno; abstenciones,
133.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda transaccional.
Votación correspondiente al dictamen de la Comisión del Título
I. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 315; a favor, 165; en contra, 147; abstenciones,
tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Votaciones correspondientes al Título II.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco PNV y del señor
Albistur. Enmiendas 287 y 288.
Comienza la votacion. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 315; a favor, 156; en contra, 158; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votamos las enmiendas números 281, 286 y 289.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 313; a favor, 142; en contra, 170; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Sometemos a votación las restantes enmiendas del Grupo
Parlamentario Vasco PNV. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 314; a favor, 143; en contra, 158; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya. Sometemos a votación la enmienda
521.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 315; a favor, 149; en contra, 166.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Votamos la enmienda 519.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 314; a favor, 176; en contra, uno; abstenciones,
137.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 314; a favor, 11; en contra, 167; abstenciones, 136.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo Popular, números 909, 912 y 913.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 314; a favor, 150; en contra, 164.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas números 907, 908 y 911.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 315; a favor, 143; en contra, 170; abstenciones,
dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Restantes enmiendas del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 315; a favor, 140; en contra, 163; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votación correspondiente al dictamen de la Comisión del Título
II. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 315; a favor, 160; en contra, 139; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Votaciones correspondientes al Título III.
Enmiendas del Grupo Popular.
Enmiendas 917, 921, 925, 930, 931, 935, 941, 942, 943, 944 y
945. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 315; a favor, 149; en contra, 166.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas números 918, 919, 920, 927, 932, 936 y 937.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 315; a favor, 137; en contra, 176; abstenciones,
dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda número 922.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 314; a favor, 302; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Restantes enmiendas del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 315; a favor, 135; en contra, 166; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo Vasco (PNV) y del señor Albistur.
Enmienda 290.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 315; a favor, 155; en contra, 160.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda 291.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 313; a favor, 142; en contra, 158; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda 292.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 315; a favor, 142; en contra, 171; abstenciones,
dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda 293.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 313; a favor, siete; en contra, 306.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda 294.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 315; a favor, 144; en contra, 160; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda 295.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 315; a favor, 21; en contra, 294.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda 296.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 315; a favor, ocho; en contra, 162; abstenciones,
145.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda 297.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 314; a favor, ocho; en contra, 295; abstenciones,
11.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda 298.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 315; a favor, 19; en contra, 161; abstenciones, 135.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda 299.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 315; a favor, 154; en contra, 161.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. Votamos las enmiendas 523, 524 y 525.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 315; a favor, 155; en contra, 160.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votamos la enmienda 535.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 315; a favor, 11; en contra, 301; abstenciones,
tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Votamos las restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 314; a favor, 11; en contra, 160; abstenciones 143.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votación correspondiente al texto del dictamen del Título III.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 314; a favor, 172; en contra, 140; abstenciones,
dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen de la Comisión
del Título III. Votaciones correspondientes al Título IV y
Sección 07.
Enmiendas del Grupo Popular números 947, 948 y 949.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 315; a favor, 145; en contra, 158; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiedas.
Votamos las enmiendas 946 y 950.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 314; a favor, 140; en contra, 158; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votamos las restantes enmiendas del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 315; a favor, 136; en contra, 160; abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votamos las enmiendas del Grupo Mixto, del señor Chiquillo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 313; a favor, 143; en contra, 162; abstenciones,
ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Cataluña. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 315; a favor, 155; en contra, 160.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votación correspondiente al dictamen del Título IV y de la
Sección 07. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 315; a favor, 169; en contra, 133; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Pasamos al debate del Título V y Sección 06.
Enmiendas del Grupo Popular.
Tiene la palabra el señor Montoro. (Rumores.) Señorías,
guarden silencio y ocupen sus escaños. (Pausa.--Rumores.)
Señorías, guarden silencio. Si van a abandonar el hemiciclo,
les ruego lo hagan con diligencia. (Pausa.) Cuando quiera,
señor Montoro.
El señor MONTORO ROMERO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, llegamos en este debate de presupuestos a la
valoración y al análisis del Título V, la parte del
presupuesto dedicado a la deuda pública. El Grupo
Parlamentario Popular presenta un bloque de enmiendas,
comenzando por una de supresión del Título, que voy a proceder
a defender a partir de su explicación, y las comprendidas
entre los números 1.019 y 1.023, ambos inclusive, así como la
1.057. La intención de este bloque de enmiendas presentado por
el Grupo Popular es doble. En primer lugar, con la aprobación
por esta Cámara, de estas enmiendas pretendemos frenar el
incremento de la deuda pública en nuestro país y, en segundo
lugar, aspiramos a clarificar las operaciones financieras del
Estado, la cuenta financiera de nuestras administraciones
públicas centrales.
En lo relativo al incremento de la deuda pública, tenemos que
advertir que estamos ante un crecimiento que está convirtiendo
a la deuda pública en un auténtico monstruo, en una hidra
capaz de devorar el crecimiento económico, capaz de restar lo
que son las expectativas positivas que ante sí tiene la
sociedad española en su integración en Europa. La velocidad de
crecimiento de la deuda pública en nuestro país es
sencillamente espeluznante. Entre 1991 y 1995 se ha
incrementado la deuda pública en 20 billones de pesetas, y en
ese mismo período hemos pasado de tener una deuda pública del
45,9 por ciento del producto interior bruto a representar el
65,9 por ciento del mismo, es decir, un crecimiento de 20
puntos porcentuales en poco más de un quinquenio. (El señor
Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la presidencia.) La
consecuencia es directa sobre el conjunto de las fianzas
públicas, sobre el desequilibrio presupuestario, sobre el
déficit público. Los gastos financieros se han incrementado en
nuesto país hasta representar cinco puntos porcentuales del
producto interior bruto, y podemos ya anunciar que seguramente
esa participación seguirá aumentando y será aún superior a esa
importante cifra en los próximos ejercicios, es decir, a
partir del año 1996. Estamos, pues, ante un proceso de
autoalimentación de la deuda pública, estamos en lo que en la
teoría de la hacienda pública, en la doctrina económica se
llama el problema de la insostenibilidad de la deuda pública,
derivado de la existencia de unos tipos de interés reales que
superan al incremento del producto interior bruto, al
incremento económico en términos reales. Mientras eso sea así,
lo que estamos haciendo con la deuda pública, señorías, es
garantizar los déficit públicos de los presupuestos venideros,
y tenemos que advertir que en nuestro país el déficit público
tiene una fuerte carga estructural. Nada menos que tres
cuartas partes de ese déficit público no se explica por la
coyuntura económica, sino que obedece a criterios
discrecionales, a decisiones deliberadas de gasto del
Gobierno.
Las consecuencias de ese incremento de la deuda pública son,
en primer lugar, una seria perturbación de los mercados
financeros y el inexorable aumento de los tipos de interés en
España y en otros países. Por tanto, no podemos refugiarnos en
una supuesta ortodoxia de financiación del déficit público
cuando recurrimos a la cuenta financiera del Estado, puesto
que las consecuencias son igualmente perturbadoras para esos
mercados financieros. En segundo lugar, a través de tipos más
altos de interés, de mayor precio del dinero y alimentando
expectativas inflacionistas, lo que estamos haciendo es nada
menos que amenazar el bienestar de nuestro futuro económico al
absorber buena parte del ahorro privado y, en definitiva, al
reducir el potencial de crecimiento del producto interior
bruto. El anuncio de mayores impuestos el día de mañana lleva
implícito el crecimiento de la deuda pública. Asimismo, es
grave y lamentable que la deuda pública signifique un
enmascaramiento, una ocultación de los auténticos costes de
los presupuestos públicos, de los gastos de todo tipo
inherentes a los servicios públicos de nuestro país, y eso lo
hemos podido ver en estos presupuestos, en los que seguimos
apreciando esa intención de enmascaramiento, también la
voluntad del Gobierno de no decir la verdad sobre los costes
de los servicios públicos a los españoles cuando recurre a esa
utilización intensiva
de la cuenta financiera del Estado. Por último --también es
importante destacarlo como una gravísima consecuencia del
incremento de la deuda pública--, lo que estamos es,
sencillamente, alejándonos de Europa. Estamos en divergencia
con la Unión Económica y Monetaria europea, y esto lo que hace
es introducir una considerable incertidumbre sobre nuestro
futuro inmediato como miembros de esa unión.
No utilizar las operaciones financieras para ocultar déficit
es el sentido de buena parte de las enmiendas que presenta el
Grupo Parlamentario Popular. Lamentamos la estrategia del
Gobierno de, en vez de recurrir a transferencias corrientes o
de capital para financiar otros organismos públicos, para
financiar a empresas públicas, lo que se hace es recurrir una
vez más en estos presupuestos a realizar operaciones
financieras, a aumentar en gastos financieros y de esta manera
lo que estamos haciendo es, en vez de tener una cuenta
financiera normalizada, utilizarla como un desagüe de las
finanzas públicas, como una forma de evitar los déficit
presupuestarios, de que luzcan mayores déficit presupuestarios
en nuestro país. Ciertamente tenemos que lamentar --y ya nos
lo anunciaba un portavoz socialista en los debates de esta
tarde--, que estos presupuestos que estamos valorando y que
pretendemos corregir sean unos presupuestos muy cautos a la
hora de pretender la reducción del déficit presupuestario. Lo
que estamos haciendo con estos presupuestos es poniéndonos
unos objetivos tan fáciles de conseguir que después diremos
que la política presupuestaria se cumple; pero si no
cumpliéramos esa política presupuestaria en un marco económico
como en el que estamos viviendo y hacia el que estamos
encaminándonos, suspenderíamos el equivalente a un examen de
educación general básica en materia presupuestaria.
Los presupuestos para 1995 no contienen la austeridad interna,
no contienen la devolución del equilibrio presupuestario,
siguen incurriendo en un excesivo desahorro público y, de esa
manera, lo que estamos haciendo es amenazar a la propia
recuperación económica, a la continuidad del crecimiento en
nuestro país. Y eso a pesar de que estos presupuestos lo que
pretenden es elevar los impuestos, elevar la presión fiscal y
recurrir a un incremento muy importante de la deuda pública
para el próximo año: más de 5 billones de pesetas tendremos el
año 1995 de nueva deuda pública en España. Estamos, pues, ante
unos presupuestos que no cumplen los principios de austeridad
y vuelven --eso sí--, a ser amenazantes para el equilibrio de
nuestros mercados financieros y, en definitiva, son
incoherentes con la obligada y deseable reducción del precio
del dinero en España.
Detener el crecimiento de la deuda pública, señorías, debería
ser nuestro objetivo prioritario. No en vano desde los
mercados financieros internacionales la consideración que
merece España, en estos momentos, es muy negativa. Estamos en
los rankings de clasificación internacional más preocupantes
en cuanto a desequilibrio presupuestario. Desde esos análisis
de los inversores internacionales se nos advierte que en
España el déficit primario, el déficit público sin la carga de
intereses este año 1994 va a superar los 2 puntos porcentuales
del producto interior bruto. Y se nos advierte también que
para parar el crecimiento de la deuda pública necesitaríamos
incurrir en un superávit primario por encima de 2 puntos
porcentuales del producto interior bruto. Esa es la intensidad
del ajuste presupuestario que hay que hacer en nuestro país,
lo cual está obligando a unos presupuestos que acometan con
decisión ese ajuste presupuestario y que lo acometan ya; que
no posterguen el ajuste para el futuro, puesto que de seguir
en la misma estrategia presupuestaria ese futuro está muy
amenazado. Es lamentable que estos presupuestos perjudiquen la
imagen internacional de nuestro país, como leemos en la
información de la prensa internacional, y eso es doblemente
dañino en un momento en el que la imagen internacional de
España está muy resentida debido al fenómeno de crisis
política que seguimos atravesando, a esa larga agonía de
crisis política simultaneada con escándalos financieros en
estrecha vinculación con elementos políticos y, en definitiva,
al estallido de la corrupción que tanto perjuicio está
causando a esa imagen internacional.
Señorías, las enmiendas del Partido Popular pretenden reducir
la discrecionalidad del Gobierno, esa discrecionalidad que
utiliza la cuenta financiera para gastar lo que nos pide a los
españoles en forma de mayores impuestos. Queremos recobrar el
espíritu de lo que ha sido tradicionalmente la democracia
parlamentaria, esto es, queremos recobrar lo que significó la
transmisión desde las constituciones liberales a los
parlamentos democráticos, en los siglos XVIII y XIX, que
pretendían fundamentalmente el control del Gobierno, hacer
frente a la mala administración, limitar el poder absoluto y
reducir el poder arbitrario de esos gobiernos. No es admisible
ese crecimiento del déficit público, esa presencia de abultado
déficit público, ese incremento de deuda pública que lo que
viene a significar es, nada menos, que estamos gastando sin
decir a los ciudadanos cuál es el auténtico coste de este
gasto. Estamos, en definitiva, instalando impuestos de una
manera oculta a los ciudadanos; estamos instalando nuevos
impuestos sin representación, sin los obligados controles
parlamentarios.
Las enmiendas del PP quieren resumir una auténtica opción, una
alternativa a la política económica del Gobierno; quieren
representar un auténtico compromiso, un efectivo compromiso
con la reducción del déficit público y la contención de la
deuda pública sin incurrir en nuevas elevaciones de la presión
fiscal en nuestro país. Queremos de esta manera restaurar la
deteriorada credibilidad de la política económica española.
La aprobación de estas enmiendas lo que hace es poner a la
Cámara frente al desafío de comprometerse en la recuperación
de la imagen internacional de nuestro país, de facilitar una
reducción de los tipos de interés y, en definitiva, de
proporcionar un esquema de política económica que contribuya a
la consolidación y a la recuperación económica que facilite la
creación de empleo. Finalizo, señor Presidente, con una cita
del insigne sociólogo Giovanni Sartori: «La democracia en
déficit --escribió Sartori-- que no logra controlar el gasto y
que se deja atrapar en el círculo vicioso de la deuda-
inflación es, sin más, una democracia afligida por una mala
política. Afirmarlo no es una ideología; sin embargo, sí lo es
negarlo.»
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Montoro. Para la defensa de las enmiendas que tiene
presentadas tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, señorías,
intervengo para defender las enmiendas de Unión Valenciana al
Título V, las operaciones financieras, y a la Sección 06,
referente a la deuda pública.
Las enmiendas números 31, 32 y 33 se formulan respectivamente
a los artículos 43, 45 y 46 de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 1995. La primera de ellas, la número
31, referente al incremento de la deuda pública, pretende una
modificación del artículo 43 que, a nuestro entender, debería
quedar redactado de la siguiente manera: «Autorizar al
Gobierno para que, a propuesta del Ministerio de Economía y
Hacienda, incremente la Deuda del Estado con la limitación de
que el saldo vivo de la misma no supere en más de un 3,5 por
ciento al correspondiente saldo a 1 de enero de 1995». La
justificación es que, a nuestro entender, este optimista
escenario macroeconómico que ha dibujado el Departamento de
Economía y Hacienda se ve ensombrecido, de manera muy notable,
por el incumplimiento de los requisitos que en materia de
deuda pública nos establece la Unión Europea. Esta situación
de la deuda pública forzará al alza a los tipos de interés,
subida que hay que evitar y no sabemos si se va a corregir y
controlar con estos presupuestos.
La deuda pública prevista para 1995 se situará en un 67 por
ciento del PIB, alejándonos de los criterios de convergencia
de Maastricht. Nuestro nivel de endeudamiento nos aleja aún
más de Europa. La deuda pública entendemos que está aumentando
de manera continua, lo que es una amenaza directa para el
bienestar de las próximas generaciones. La deuda introduce un
considerable grado de incertidumbre en la economía española,
frenando el crecimiento económico. La deuda afecta al ahorro y
lo conveniente es realizar esfuerzos firmes de control del
gasto, reformar la estructura financiera y fiscal y que ésta
se coloque al servicio de la inversión, de la investigación y
el ahorro, favoreciendo al creador de riqueza.
Esta enmienda número 31, respecto a la deuda pública, también
la avalamos apoyada en la enmienda 32, referente a la asunción
por parte del Estado de la deuda del Instituto Nacional de
Industria, y en la enmienda 33, referente a la asunción por el
Estado de la deuda del ente público Radiotelevisión española.
En ambos casos, es decir, tanto la enmienda 32 como la 33, son
de supresión de los artículos 45 y 46, respectivamente, por lo
que se refieren, repito, a la asunción por parte del Estado de
las deudas tanto del Instituto Nacional de Industria y de la
Corporación de Siderurgia Integral, S. A., como del ente
público Radiotelevisión Española, esta segunda cifrada en más
de 100.000 millones de pesetas. La justificación es clara y
evidente. En una situación como la actual no puede mantenerse
eternamente la subvención a empresas públicas. Antes de
mantener con cargo a los Presupuestos Generales del Estado al
ente Radiotelevisión Española, deben elaborarse unos planes de
viabilidad y futuro para ella, al igual que para otras
empresas públicas. Estas empresas necesitan ayudas ante su
situación económica, pero deben hacerse siguiendo los
criterios y directrices establecidos por la legislación de la
Unión Europea. Por todo ello, mantenemos las enmiendas números
31, 32 y 33, por considerar que la deuda pública no puede
frenar el progreso en nuestro país.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Chiquillo. Enmiendas presentadas por el Grupo de Coalición
Canaria. (Pausa.) Tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, la enmienda
número 440, al Título V, de Coalición Canaria, solicito que se
dé por defendida en sus propios términos.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias.
Enmiendas presentadas por el Grupo Vasco (PNV) y señor
Albistur. Para su defensa tiene la palabra el señor Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.
Brevemente voy a presentar una enmienda que se refiere
precisamente al incremento de la ayuda a la exportación. La
actual cifra resulta insuficiente para los objetivos marcados
por el Ministerio de Comercio --dichos y reiterados en su
memoria-- y por el Instituto
de Comercio Exterior, precisamente ante las experiencias que
este instituto ha tenido y ante el impulso de solicitudes
presentadas por las empresas que se han acogido a los
programas de promoción del comercio exterior, como hemos
podido comprobar en esta misma Cámara en las expotecnias
organizadas por el Ministerio, sobre todo para incrementar los
fondos de ayuda a esas empresas en la actividad exterior y
orientarlos hacia la actividad de comercio exterior de las
pequeñas y medianas empresas, dado que existe una marcada
tendencia y un dirigismo hacia las grandes empresas, que
representan, desde luego, un papel importante en nuestro
comercio exterior, pero son las pequeñas las que, de alguna
forma, quedan marginadas y no llegan a cubrirse las pequeñas -
-entre comillas--actividades que tienen en el exterior y que
superan, a veces, los dos millones de dólares por operación.
Prevemos que el incremento se pueda financiar con cargo a los
fondos de ayuda al desarrollo, como hasta ahora se ha hecho,
siempre que se cumplan los objetivos que esta Cámara se
planteó, hace muy pocos días, precisamente en una proposición
no de ley presentada y que fue aceptada por todos los grupos,
y de esta forma, con las previsiones de la disposición
adicional decimonovena, poder cubrir el incremento previsto.
Esperemos que llegue a buen fin, no por satisfacción de
nuestro Grupo sino de los empresarios. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Albistur. Para la defensa de las enmiendas del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Gracias, señor Presidente.
Con relación al conjunto del Título, me remito a la posición
mantenida por mi Grupo en la enmienda a la totalidad, que se
resumía en lo fundamental en contener el déficit, pero no a
costa del gasto social sino de otros gastos a los que, en su
momento, nos referimos de forma clara y concreta. En Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya mantenemos una concepción de
políticas activas. Naturalmente esto exige inversión pública,
si no, que venga Dios a este país y lo vea, puesto que
iniciativas para activar fuertemente la economía no salen de
otro sitio y el efecto que puede jugar en el mercado es
limitado. Por tanto, estamos de acuerdo en que haya una
inversión pública fuerte para hacer políticas activas. Para
ello el deficit debe contenerse en su justa medida. No puede
ser una obsesión únicamente de cara a la reducción del gasto.
En segundo lugar, la causa del déficit tiene base, a nuestro
entender, en las políticas económico-monetaristas realizadas
durante los pasados años. Estas políticas económico-monetarias
fracasadas han generado una situación que en estos momentos se
está corrigiendo. Por ejemplo, los altos tipos de interés que
ha habido durante mucho tiempo, esta obsesión enfermiza por
mantener la paridad de la moneda cuando la realidad de la
economía española no tenía nada que ver con otras monedas más
fuertes, etcétera. En definitiva, nosotros ya damos por
defendida nuestra posición ante el conjunto de este título,
considerando que se expresará luego en la votación.
Finalmente quiero defender, aunque sólo sea mencionándola, la
enmienda 540, al artículo 57, que es de adición y que pretende
introducir un nuevo apartado que dice textualmente: «Tres.
Quedan excluidas de las operaciones con cargo al Fondo de
Ayuda al Desarrollo aquellas que tengan por objeto la
adquisición de material bélico y susceptible de uso militar,
de forma directa o indirectamente. Se excluirá de estos fondos
a los países con alto nivel de gasto militar y de defensa».
Nos encontramos en unas situaciones en las que países con alto
nivel de gasto militar y de defensa tienen abundantes créditos
FAD. Por tanto, nosotros planteamos la reducción de la ayuda
de créditos FAD a todos estos países. Al mismo tiempo, a
través de esta propuesta se excluye la posibilidad de
financiar las adquisiciones de material bélico a través de los
créditos FAD. Por ejemplo, se acaba de condonar a Egipto una
parte de su deuda, cuando todo el mundo sabe que Egipto tiene
un gasto militar muy alto, y además se acaba de condonar una
deuda que era precisamente gasto militar. Por tanto, esta
enmienda 540 va en el sentido de que los fondos de ayuda al
desarrollo no se puedan utilizar para determinadas políticas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Frutos.
Para un turno en contra tiene la palabra el señor Martínez
Noval.
El señor MARTINEZ NOVAL: Señor Presidente, señorías, consumo
un turno en contra de las enmiendas al Título V y la Sección
06 del Presupuesto. En primer lugar, tengo que referirme
necesariamente a los argumentos que el señor Montoro, en
nombre del Grupo Parlamentario Popular, ha utilizado en
defensa de las enmiendas tanto al título, de las operaciones
financieras, como a la sección 06, de la deuda pública. Yo he
denotado en la intervención del señor Montoro, y más
precisamente en algunos de los términos que ha utilizado, un
cierto gusto que hace tiempo cultivan la derecha española y
algunas otras instituciones que apoyan, desde diversos
ámbitos, las propuestas políticas de la derecha española en
relación con los calificativos a emplear respecto de la
evolución y el nivel absoluto que en estos momentos alcanza la
deuda en nuestro país. Creo recordar --lo tengo bien anotado y
por tanto no tengo problemas con la memoria-- que
el señor Montoro decía que el incremento actual va derivando
hacia un monstruo que devora el crecimiento. Ya en el inicio
de la intervención del señor Montoro, aparecen esos términos
sombríos, lúgubres, amenazadores respecto de lo que puede
significar el nivel actual de la deuda en nuestro país y su
previsible evolución hacia el futuro. Por otra parte, es
difícil, muy difícil justificar en estos momentos que la deuda
pública --al menos si juzgamos por la experiencia del pasado--
, en el nivel en que se encuentra en nuestro país, pueda
significar un impedimento o un factor limitativo del
crecimiento. Es difícil y hacen falta más argumentos de los
que el señor Montoro ha empleado desde la tribuna para
convencer a este portavoz y para convecer a mi Grupo, en
definitiva para convencer a miles de ciudadanos de que el
nivel de deuda que tenemos en este momento en nuestro país
sea, de verdad, un factor que esté produciendo alguna
viscosidad en el aparato productivo español hasta el punto de
que devore el crecimiento, lo cual lleva a suponer que el
nivel actual de la deuda pueda conducir a la economía española
a alguna suerte de recesión o de recuperación frustrada, cosa
que yo no comparto ni tampoco mi Grupo Parlamentario. Decía el
señor Montoro que el incremento es desmesurado. Es un
incremento importante en los últimos años, para qué se va a
negar; ahí están las cifras y la evidencia. Pero también es
cierto que no somos ningún caso peculiar. Nuestro nivel de
deuda es en estos momentos razonable si se compara con el de
otros países. Yo rechazo un procedimiento que ustedes utilizan
habitualmente. Cuando se trata de comparar el nivel impositivo
o la presión fiscal entonces sí tiene sentido la comparación:
este es el país con la tasa marginal más alta en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas; en términos
comparativos también el Impuesto sobre Sociedades es mayor que
en cualquier otro país europeo --cosa que no sé si han dicho,
pero si lo han dicho no es cierta--. En esos términos son
oportunas las comparaciones. Cuando llegamos a la deuda no es
oportuna la comparación. ¿Por qué razón? Muy sencilla. Porque,
señorías --ustedes lo saben también como yo--, nuestro nivel
de endeudamiento, la ratio deuda/PIB, en este momento, en
nuestro país, yendo camino de ser el 67 por ciento no es
precisamente, ni mucho menos, el mayor ni está por encima de
la media de los doce países de la Unión Europea. De manera que
ha habido crecimiento, sí; importante, sí, pero después de ese
crecimiento, señorías, seguirmos estando por debajo de la
media de los doce países de la Unión Europea. Dice el señor
Montoro que no hay ortodoxia en la financiación. Hemos hecho
un esfuerzo, bien es cierto que desde el año 1982, abandonando
procedimientos de financiación del déficit que seguían muchos
de los Diputados que ahora se sientan en esos banco (Señalando
los del Grupo Popular.) que no eran precisamente otodoxos;
gobiernos en los que estaban presentes Diputados que se
sientan en esos bancos que financiaban el déficit público que
entonces existía, con anterioridad al año 1982, de modo bien
distinto a como hemos ido conduciendo nosotros la financiación
del déficit. Es verdad que en estos momentos no queda más
remedio que cumplir los reglamentos comunitarios que
básicamente, y de acuerdo con el desarrollo de los artículos
104 y 104 B del Tratado de Maastricht, exigen dos cosas: una,
que no haya financiación monetaria, y dos, que no haya
financiación privilegiada del déficit público. Ahí están los
reglamentos y tampoco yo puedo atribuir ese mérito al
Gobierno. Simplemente se trata de cumplir unos reglamentos que
nosotros mismos hemos apoyado y contribuido a poner en pie.
Pero hete aquí que ahora tampoco hay ortodoxia. Ha dicho el
señor Montoro que no hay ortodoxia en la financiación del
déficit. ¿Me quiere decir, señor Montoro, qué sería ortodoxo
en estos momentos para financiar el déficit? Lo que yo
entiendo es que cumplimos estrictamente los requerimientos de
esos dos reglamentos, el 36/903 y 36/904, a que antes me
refería. El señor Montoro liga la financiación del déficit al
aumento del tipo de interés, a la alteración al alza de las
expectativas inflacionistas que conducen inexorablemente a
mayores impuestos el día de mañana. Yo ya les he escuchado ese
argumento de mayores impuestosel día de mañana, que es
pariente de ese otro que también utilizan mucho diciendo que
al acabar el año los españoles serán más pobres en no sé
cuánto dinero, en un millón, en ochocientas y pico mil
pesetas. No lo sé. Hay también, señor Montoro, argumentos que
se pueden contraponer a ése. Los españoles estarán más
endeudados, es cierto, pero también tendrán más patrimonio,
eso no me lo puede usted negar. Toda la inversión en capital
físico que se produzca en los presupuestos del año 1995 y toda
la inversión en capital humano también hay que dividirla por
el número de españoles, de manera que los españolitos --como
dicen ustedes siempre para referirse a ese aumento de las
deudas que van a tener en el futuro-- es cierto que se van a
ver más endeudados al final del año, pero también van a tener
más patrimonio: en carreteras, en capital humano, en más
españoles que se doctoren, licencien o diplomen en la
universidad, en más niños que adquieran el nivel de EGB,
etcétera. Eso también es invertir en capital, eso es preparar
a la nación para el día de mañana, es hacer a la nación más
productiva. Eso está en el presupuesto también: gastos en
infraestructuras, en carreteras, en trenes. ¿O es que eso no
está en el también en el presupuesto? Y eso no son pasivos,
señor Montoro; eso son activos. Mejor de lo que yo lo puedo
hacer, le explicó el Director General del Tesoro, en su
comparecencia en la Comisión, no sé si de Economía o de
Presupuestos, el problema de la anotación de la asunción de
deuda de
las empresas públicas. No tiene sentido que volvamos a
discutir esa materia cuando ya la discutió usted con el
Director General del Tesoro y creo que las cosas quedaron
suficientemente claras; no se trata de ocultar ningún déficit,
señor Montoro, acabó usted con una cita que hacía de lo que
supone la asunción de deuda de empresas públicas por parte del
Estado.
En lo que se refiere a la austeridad interna y a la imagen
exterior de España, que usted liga, en relación con estos
presupuestos, con el déficit primario, creo que está
equivocado, no estamos a un mal nivel. Tengo aquí los datos de
todos los países de la OCDE, y la previsión de la OCDE para el
año 1994, hecha hace poco tiempo, es que el déficit primario
en nuestro país fuese del 1,6 en términos de PIB. No estamos
mal; Japón también está en el 1,6 y hay países por encima de
nosotros, pero muy por encima. Señor Montoro, en lo que se
refiere a déficit primario no estamos, ni mucho menos, en una
situación que le permita utilizar ese argumento para ligarlo a
la mala imagen exterior de nuestro país. Luego ha utilizado
usted --ya lo preveía yo-- el argumento de la mala imagen
internacional de España como consecuencia de los escándalos
financieros, de la corrupción, etcétera. Usted tiene que
compartir conmigo, señor Montoro, lo que es la realidad, y la
realidad es la que es. Todos nuestros escándalos financieros,
cualquiera y quienquiera que sea su protagonista, palidecen
ante los escándalos financieros que se han vivido en países
más desarrollados que el nuestro: por ejemplo, el caso de la
bancarrota total de las cajas de ahorro de los Estados Unidos,
en la época en que gobernaba Reagan, o, más recientemente, la
huida en Alemania de ese operador inmobiliario alemán, Jürgen
Schneider, con una deuda que creo que multiplica por diez
todas las deudas producidas en los escándalos financieros
anteriores, o...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Martínez Noval,
vaya ajustando su tiempo y vaya terminando.
El señor MARTINEZ NOVAL: ... para qué referirme a los casos
italianos o franceses. ¿Han perjudicado todos esos casos la
imagen internacional de los Estados Unidos, de Alemania, de
Italia o de Francia? Indudablemente que sí, pero compare lo
que son los escándalos financieros españoles con lo que han
sido esos escándalos financieros en otros países también
industrializados, civilizados, con sistemas económicos de
libre mercado, etcétera, y creo que encontrará que hay
demasiado sectarismo político, demasiado sesgo político en su
afirmación en relación con lo que es la situación objetiva en
estos momentos. Por último, señor Montoro, acabó usted con una
cita que hacía referencia al círculo vicioso deuda-inflación.
Pues mire, yo creo que no se ha encontrado una relación entre
deuda e inflación, no se ha encontrado. ¿O qué quiere usted
decir? ¿Que en estos momentos Bélgica, que es el país más
endeudado de Europa, es también el país con peores
expectativas de inflación y con peor nivel de inflación real
en estos momentos? ¿O me quiere usted decir que Holanda, que
se encuentra en el mismo nivel de endeudamiento que España, es
también un país con expectativas de inflación muy elevadas?
Ninguna de esas dos cosas se pueden sostener. Luego, señor
Montoro, sobre la base de lo que es la realidad, sin necesidad
de grandes consideraciones ni demasiado rigor científico,
simplemente en una ojeada rápida a lo que es la realidad en
estos momentos ¿se puede sostener que la deuda vaya
indefectiblemente ligada a la inflación? Yo creo que no.
Además, esa es nuestra experiencia. No sólo la observación de
lo que ocurre ahora, sino también el análisis de nuestra
experiencia. Si quiere usted, desde el año que sea, desde 1977
o desde 1982, ¿es que la deuda va ligada a la inflación? ¿Hay,
como usted ha dicho, un círculo vicioso --utilizando su cita--
entre deuda e inflación? Yo creo que no, y como creo que no,
se lo digo con absoluta sinceridad.
Por último, señor Montoro, le vamos a aceptar su enmienda 961
al artículo 56.1, puesto que ya había avisado al señor
Pujalte, en Comisión, que veíamos con cierta simpatía todas
las enmiendas que suponen un aumento de la información a las
Cortes en relación con el endeudamiento. Asimismo, le
presentaré una transaccional a su enmienda 958 al artículo 47,
con la que tratamos también de mejorar todas las vías de
comunicación a esta Cámara sobre niveles de endeudamiento,
cuáles son las operaciones de deuda viva, composición de la
deuda, etcétera.
Al señor Chiquillo yo creo que también le valen para su
argumentación las razones que he empleado para contradecir las
que había utilizado desde la tribuna el señor Montoro, en la
medida en que el señor Chiquillo también creo que «demoniza»
la deuda en buena medida, atribuyéndole un papel de freno del
crecimiento económico. No podemos, por tanto, señor Chiquillo,
aceptar ninguna de sus enmiendas.
El señor Albistur quiere incrementar la partida dedicada a los
créditos FAD, en la medida en la que yo creo que,
correctamente, liga los créditos FAD con el fomento a la
exportación. El señor Albistur no incurre en un error en el
que sí incurren algunos grupos de creer que los créditos FAD
son el único instrumento de ayuda al desarrollo. Son un
instrumento de ayuda al desarrollo pero ligado al fomento a la
exportación, como correctamente decía el señor Albistur. Sin
embargo, rechazaremos su enmienda por una razón muy sencilla,
porque creemos que los 80.000 millones que figuran en el
artículo 57 del Título V, de operaciones financieras, van a
responder perfectamente a las necesidades que estima el
Gobierno que tendrán lugar en el año 1995, necesidades que
aparecen por tres vías: por aquellos
créditos formalizados antes de que acabe este año, diciembre
de 1994, pero que tienen saldo todavía pendiente, más los
créditos que se formalicen en este año 1994, más los créditos
que se formalicen y de los que se disponga a lo largo del año
1995. Para esas tres vías, señor Albistur, el Gobierno cree, y
nosotros creemos también, que es suficiente con esos 80.000
millones de pesetas que figuran en el proyecto de
presupuestos.
Al señor Frutos le voy a responder porque en la filosofía en
lo que se refiere al déficit podemos estar de acuerdo en
muchas cosas. Respecto a la enmienda número 540 que ha
presentado, que pretende excluir del Fondo de Ayuda al
Desarrollo la adquisición de material bélico, tengo que
contestarle que eso no es posible desde el año 1991 en que
esta Cámara aprobó una moción, exactamente el día 18 de junio
de 1991, por la cual se prohibía al Gobierno la utilización de
los créditos FAD para la exportación de material bélico, de
material para la defensa, y desde entonces el Gobierno ha
cumplido a rajatabla el contenido de esa moción que aprobó
esta Cámara. Decía el señor Frutos y decía el señor Ríos en
Comisión que lo que ellos pretendían era no sólo la
exportación de material bélico bajo este manto del FAD sino
que se excluyese del programa FAD a países que tuviesen un
alto grado de gasto militar.
Señor Ríos, el Gobierno está pensando en elaborar un conjunto
de criterios, entre los cuales incluir probablemente el nivel
del gasto militar, pero también otros, como el respeto de los
derechos humanos, de la libertad sindical, etcétera, para que
opere un poco como criterio y como guía para la concesión de
créditos FAD. Pero tampoco yo creo que podamos ser demasiado
radicales en la utilización del nivel de gasto militar de un
país para negarse a que haya partidas de créditos FAD
destinadas a ese país, porque muchos países --convendrá
conmigo el señor Ríos-- tienen un elevado nivel de gasto
militar no porque ataquen a nadie, sino simplemente porque se
tienen que defender de ataques de otros, y a lo mejor son
países que respetan los derechos humanos, que protegen la
libertad sindical, etcétera; de manera que ése es un buen
criterio, pero también precisa ser combinado con otros para
que, al final, el resultado de los créditos FAD cumpla la
doble misión que tiene, por una parte, contribuir al
desarrollo de los países a los que van destinados, y, por
otra, también incrementar las exportaciones españolas. Esa es
la realidad, y por eso entendemos que no tendría sentido
aceptar esa enmienda 540, de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para consumir un turno
de réplica, tiene la palabra el señor Montoro.
El señor MONTORO ROMERO: Gracias, señor Presidente.
A raíz de la intervención del Portavoz socialista, señor
Martínez Noval, ha quedado claro que en esta Cámara hay dos
concepciones, dos proyectos políticos, a la hora de
enferentarse con el desequilibrio presupuestario y con el
incremento de la deuda pública. La opción del Partido Popular,
la opción del centro derecha que representa el proyecto
político del Partido Popular, es una opción que califica al
déficit y a la deuda pública sin ambages como un enemigo de la
economía española, como un obstáculo en la integración, en la
inserción de la economía española en Europa y como una amenaza
para las generaciones futuras, a las que estamos en definitiva
restando bienestar a través de ese incremento de deuda
pública, estamos trasladándole nuestros problemas presentes a
ese futuro. Señor Martínez Noval, nuestro proyecto político
parte de una premisa que es sencilla de comprender, que es la
siguiente. Para nosotros gobernar no es gastar, señor Martínez
Noval, y para el proyecto socialista ya sabemos en qué
consisten sus presupuestos: más gasto, más deuda, déficit
públicos infinanciables, elevaciones de los impuestos, puesto
que el año que viene tendremos una nueva elevación de la
presión fiscal en nuestro país, y ésa es la medalla que hay
que colocar exactamente a estos presupuestos y esa es la
medalla que haya que colocarles a quienes apoyan en esta
Cámara, como Convergència i Unió, estos presupuestos. Ya
sabemos que ése es el recibo que pasan a la sociedad española.
No he entendido realmente su argumentación de aceptar el
crecimiento de la deuda, que usted reconoce importante, como
si fuera un mal menor. Pero, señor Martínez Noval, ¿por qué
cree usted que en el Tratado de Maastricht figura una
restricción al déficit público y a la deuda pública? ¿Cree
usted que eso es un capricho en la aprobación de ese Tratado o
cree que es por las consecuencias financieras que se derivan
de ese déficit público y de la deuda pública, no sólo en
España sino en otros países europeos? ¿Usted cree que es
compatible la aproximación de los tipos de interés entre los
países europeos con esa presencia de sectores públicos que
demandan y absorben recursos internos del ahorro, que restan
esos recursos de inversiones privadas y además demandan y
absorben esos recursos del ahorro internacional? ¿Usted cree
que es compatible llegar a la estabilidad de las monedas con
esa presión desequilibradora de los sectores públicos, de los
presupuestos públicos? ¿Usted cree que es algo realmente
caprichoso, casual o fruto de un elemento incontrolado el que
aparezca esa referencia de los déficit y de la deuda pública
en el Tratado de Maastricht junto a la reducción de la
inflación y junto a la consecución de una bajada de tipos de
interés y junto a la consecución también de la estabilidad de
las monedas? Antes al contrario, es una forma diferente de
concebir las relaciones entre desequilibrios presupuestarios y
la incidencia
económica de ese desequilibrio presupuestario. Esa forma
diferente es la que yo percibo en sus palabras que ni se la
plantea. Para usted es que no existe esa relación, para usted
no existen relaciones de causalidad entre deudas públicas
altas y tipos de interés altos, para usted no existen
relaciones de causalidad entre gastos públicos excesivos,
desequilibrios presupuestarios altos, y problemas de
inflación. Lo que sí que existirá para usted es que, al menos,
cuando los países registran alta inflación, quienes se
benefician principalmente son los Estados desequilibrados
presupuestariamente. Al menos eso sí me lo reconocerá. Eso es
lo que se llama en la doctrina económica la imposición
implícita, esto es, necesitar que, para amortizar la deuda, la
infración sea alta, y, por tanto, cuando desde las estrategias
de política económica se lucha decididamente por reducir la
inflación, por cortar el problema de los precios, lo que se
está haciendo, en definitiva, es «perjudicar», entre comillas,
a la deuda pública del día de mañana, que, obviamente, es más
barato amortizar con altas inflaciones que cuando no es así.
Esos mecanismos de financiación son los que se están
perdiendo, señor Martínez Noval, y eso es lo que está haciendo
que hoy día preocupe grandemente la presencia de esos déficit
y de esa deuda pública. Y lo peligroso es que yo noto en sus
palabras, en sus planteamientos, que no es que les preocupe,
sino que la justifican, la ven como algo aceptable. Y para eso
se comparan con otros países. Se comparan con una media de la
Unión Europea. ¿Pero me quiere usted decir quién es el que da
la calificación negativa a la imagen internacional de España,
el Grupo Popular o los mercados financieros internacionales?
¿Me quiere usted decir quién dictamina el diferencial de tipos
de interés que estamos pagando en este momento en España?
¿Sabe usted cuál es la cuantía de ese diferencial de tipos de
interés? ¿Conoce usted algún país europeo que tenga un
diferencial de tipos de interés superior al nuestro? ¿Sabe
usted cómo nos califican desde los grandes centros financieros
internacionales? Como los países del sur de Europa instalados
en la comodidad, en la confortabilidad, como los países que no
están diciendo a la opinión pública el desafío que tienen
delante en forma de presupuestos. Y no me ponga usted por
delante, para justificar esta situación de déficit y de deuda
pública, la inversión en infraestructuras; no me ponga por
delante la inversión en capital humano; no me ponga por
delante las prestaciones sociales, porque cuando ustedes hacen
eso lo que están diciendo es que para financiar las
prestaciones sociales, para financiar las infraestructuras
tenemos que tener un país cada vez más endeudado, como es el
país que nos están ustedes dejando. Y esa es una disyuntiva
que no es admisible.
En España, con los presupuestos actuales, se pueden tener
excelentes prestaciones sociales, se puede tener una
suficiente cuota de inversión pública en infraestructuras, se
puede dotar, se puede equipar en capital humano a nuestro
país, y se puede hacer eso dentro de un gasto público mucho
más austero, más riguroso, que atienda las necesidades de los
españoles y sin que tenga que provocar ese incremento de deuda
pública.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Montoro,
termine, por favor.
El señor MONTORO ROMERO: Acabo, señor Presidente, lamentando
el tono «entreguista», el tono continuista de la intervención
del señor Martínez Noval. No me extraña porque es el tono de
las autoridades que presentan a esta Cámara unos presupuestos
tan fuertemente desequilibrados. Unos presupuestos, señoría,
que para el año que viene pretenden reducir el déficit público
en 0,8 décimas del PIB. Ese es el logro de la reducción del
desequilibrio presupuestario para el año próximo, cuando
tenemos ante nosotros la opción, la posibilidad, de que la
presión fiscal aumente un punto porcentual del producto
interior bruto, y cuando, de acuerdo con el escenario
económico del Gobierno lo que se registrará el año que viene
es un crecimiento del producto interior bruto de más de un
punto porcentual superior al de este año.
Lo que quiere decir este conjunto de cifras es que ustedes no
están presentándonos unos presupuestos austeros en el gasto de
funcionamiento de las administraciones públicas. Ustedes no
presentan unos presupuesto estrictos en materia de disciplina
de la empresa pública, de disciplina presupuestaria de los
organismos autónomos. Ustedes lo que hacen es arropar la
protección social y la inversión en infraestructuras en un
incontenible aumento de deuda pública, que es extremadamente
peligroso para nuestro país y que está abocando a la sociedad
española a un ajuste presupuestario al que ustedes no tienen
la valentía de enfrentarse. Por eso, la cita de Sartori que
traía a colación en mi primera intervención es bastante
afortunada para describir la situación de España, la situación
a que está llevando este Gobierno en nuestro país. Y es una
cita que, en definitiva, se resumía con una palabra final:
estamos, señor Martínez Noval, ante una mala política, y esa
mala política es la que se deriva de esta democracia en
déficit, que es la que ustedes están provocando. Nada más y
muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Montoro. Tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Muy brevemente, señor Presidente,
para mantener las cuatro enmiendas al título y renunciar al
turno de réplica.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Chiquillo.
Tiene la palabra el señor Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.
Lamento, señor Martínez Noval, introducir esta pequeña cuña en
un debate casi tan sofisticado como el que usted está
planteando con el señor Montoro, pero tengo que seguir
manifestando mi desacuerdo, razón por la cual presentamos la
enmienda. Los 40.000 millones de pesetas no son un albur ni
son un capricho, coinciden con cálculos del ICEX y del propio
Ministerio y, sobre todo, vienen a representar una cantidad de
las necesidades de financiación a pequeñas y medianas empresas
--con contratos como he dicho antes, entre uno y dos millones
de dólares-- que, presentes en el mercado chino, en el mercado
oriental, en el suramericano o en el del norte de Africa,
etcétera, no encuentran un camino, no encuentran una solución,
para las operaciones que podrían realizarse en esos mercados.
Yo entiendo que se pueda manifestar --como a través de usted
se dice en esta Cámara-- que va a ser sufiente con los 80.000
millones de pesetas, pero insisto en que esa suficiencia va
dirigida a un número determinado de empresas, de unas
características muy determinadas, grandes empresas y grandes
grupos industriales, que son, en definitiva, los
beneficiarios, porque, insisto, como dije en otra ocasión con
motivo de una proposición no de ley en esta misma materia, en
que los créditos desde el Ministerio de Comercio están
dirigidos y no precisamente a ayudar a la pequeña y mediana
empresa. Por eso, nuestra intención era matener la enmienda,
pero también esperábamos la posibilidad de que, aunque no
fuera en la cantidad propuesta, se hubiera arbitrado una
salida para quienes verdaderamente la necesitan, para quienes
sufren las regulaciones de empleo, para quienes sufren los
problemas de las limitaciones de los mercados, como son los
pequeños y medianos empresarios.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Albistur. Tiene la palabra el señor Martínez Noval.
El señor MARTINEZ NOVAL: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el señor Montoro ha utilizado un argumento de peso
desde la tribuna. Ha dicho que aquí hay dos proyectos
políticos. Me parece que hay más de dos. Esa es una evidencia
y está bien que esa evidencia se refleje en un título al que
se suele calificar del más abstruso de los Presupuestos
Generales del Estado, al menos a juzgar por el interés que ha
despertado su discusión. Sin embargo, es cierto que incluso en
esta materia --también en esta materia, por qué no-- se pone
de relieve que hay dos maneras de entender el déficit público
y la deuda pública. Luego me referiré al calificativo que
usted ha empleado para juzgar cuál es nuestra actitud frente
al déficit público y la deuda pública. No coincido yo con las
palabras que usted emplea. Pero, ¿ve cómo tenía yo razón?
Vuelve a calificar al déficit de enemigo de la economía,
etcétera, lo cual me llevaría a repetir todos los argumentos
anteriores. Sobre todo ha vuelto a incidir usted en que el
déficit es una amenaza para las generaciones futuras, y me
dice: no se escude usted en los gastos en capital humano, en
infraestructuras, ni en protección social. Entonces, ¿en qué
se gasta este presupuesto? La OCDE ha llegado a decir --yo no
me he atrevido a decírselo, señor Montoro, por si se enfadaba
mucho-- que el gasto en protección social es una auténtica
inversión social. De manera que desde ese criterio que tiene
la OCDE también el gasto en protección social sería una
iversión, y yo estoy de acuerdo con ese criterio en la medida
en que contribuye a cohesionar una sociedad, a hacerla más
vertebrada. Pero, ¿amenaza para generaciones futuras construir
carreteras, educar jóvenes, contratar más funcionarios, señor
Montoro? ¿Qué funcionarios? ¡Mire usted qué funcionarios se
han contratado en los últimos años! Profesores y sanitarios,
básicamente, profesores y sanitarios, básicamente en eso se ha
ido el incremento del empleo público. Eso es demostrable. ¿Y
crea eso riqueza, señor Montoro, o no la crea? Nosotros
entendemos que sí la crea, entendemos que contratar
profesores, que el sector público contrate profesores y
contrate personal sanitario aumenta el empleo y crea riqueza.
¿O es que no crea riqueza un médico que hace una operación en
una clínica privada? ¿Van ustedes a decir que eso no crea
riqueza? Y si la crea en una clínica privada ¿por qué no la
crea también si un médico opera en un hospital público? De
manera, señor Montoro, que no estamos despilfarrando nada, no
estamos despilfarrando nada. Mire, hay un hecho bien claro. Si
me dice que no me escude, repecto al incremento del déficit y
de la deuda, ni en los gastos de educación, ni en los gastos
en infraestructuras y en inversión en obra pública, ni en la
protección social, señor Montoro, ¿cuáles son las causas del
déficit entonces? ¿Me quiere decir usted cuáles son las causas
del déficit? Pues básicamente la buena dotación de capital de
la nación, señor Montoro, por un motivo muy sencillo. Fíjese,
qué casualidad que respecto al porcentaje de consumo público -
-que es lo que tradicionalmente ustedes suelen calificar de
despilfarro, el capítulo 1 y el 2--, como decía, respecto al
porcentaje del consumo público en relación con el PIB el nivel
de los doce países de la Unión Europea en estos momentos es
aproximadamente del 18 por ciento del PIB, mientras que en
España, en nuestro país, es del 15 por ciento.
Sin embargo, señor Montoro, lo contrario del despilfarro, la
inversión pública, es en nuestro país del orden del 5 por
ciento, mientras que en los doce países comunitarios en estos
momentos también no llega al 3 por ciento de media. Esto
indica bien a las claras, respecto de otros países, en qué
estamos produciendo un sesgo en el gasto: más bien respecto de
la inversión pública que respecto del consumo público.
Por eso, señor Montoro, no es que yo considere la deuda un mal
menor, es que hay que analizar cuáles son las causas del
origen de la deuda. Si las causas del origen de la deuda en
buena medida son la mejor dotación de capital físico y humano
de la nación, yo le decía lo mismo que anteriormente, que con
buen criterio económico han aumentado los pasivos de la
nación, es verdad, pero que con buen criterio económico y
contable, señor Montoro, también han aumentado los activos y
también ha aumentado el patrimonio de la nación.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Martínez Noval,
vaya terminando, por favor.
El señor MARTINEZ NOVAL: Termino, señor Presidente.
Me dice usted, ¿es que es un capricho de Maastricht que se
limite la deuda? No. Ya le he dicho que nosotros hemos apoyado
el Tratado de Maastricht y, en particular, el Tratado de la
Unión Económica y Monetaria y todas sus derivaciones y
consecuencias, los reglamentos a los que anteriormente me
refería.
Usted dice: ¿Es que ese límite del 60 por ciento de la deuda
se pone por algún capricho? No. Lo que pasa es que ese límite
no está establecido por las razones que usted decía, ese
límite se establece para llegar a una moneda única. Eso es lo
que exige la convergencia de los tipos de interés y la
convergencia de las tasas de inflación. Me afirma usted
estando de acuerdo conmigo; pero eso no fue lo que
anteriormente dijo usted, señor Montoro. Usted hablaba de la
estabilidad de las monedas, no de la consecución del objetivo
de la moneda única. Me achacaba a mí el decir que no hay
relación entre deuda y tipo de interés. Yo no he dicho eso. He
dicho entre deuda e inflación. Entre deuda y tipo de interés,
evidentemente que sí, sin ninguna duda. Pero también le voy a
decir una cosa que no le dije antes. Creo que este país tiene
una experiencia que permite asegurar que pueda tener altas
tasas de crecimiento con altos tipos de interés. Tenemos
experiencias muy recientes y otras menos recientes, señor
Montoro; de manera que yo no sería, en modo alguno,
extremadamente pesimista, en relación con la capacidad que
tiene y la posibilidad de la economía española de vivir un
nuevo proceso fortísimo de inversión, como se vivió en el
segundo lustro de la década de los ochenta, con unas tasas de
interés, con diferenciales positivos, incluso importantes,
respecto de otros países de nuestro entorno. Señor Montoro,
acaba usted diciendo que lo que significa la cita es que hay
una mala política; su cita final es que se trataba de una mala
política. No, la cita habla de una relación entre deuda e
inflación y lo que yo he tratado de poner de manifiesto es que
ni en términos de comparación relativa ni en términos
históricos podemos sostener en nuestro país una cosa igual. En
relación con el señor Albistur, le reitero los argumentos que
le daba anteriormente. Los cálculos que hace el Gobierno, la
idea que nosotros tenemos es que no son necesarios esos 40.000
millones adicionales para hacer frente a todas las necesidades
que se van a manifestar por esas tres vías a las que
anteriormente me refería. Por eso, rechazamos su enmienda.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias.
Pasamos a debatir el Título VI.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Popular, tiene la
palabra el señor Costa.
El señor COSTA CLIMENT: Gracias, señor Presidente.
Me gustaría comenzar esta intervención haciendo una pregunta.
¿Qué ofrecen los Presupuestos Generales del Estado para 1995 a
los ciudadanos españoles? ¿Qué ofrecen estos Presupuestos,
señoras y señores Diputados, en materia de política de
ingresos? En primer lugar, una subida de impuestos, un
incremento de la presión tributaria, introducido como
consecuencia de una elevación normativa de los ingresos. Estos
presupuestos, señor Presidente, acuerdan una subida del IVA y
una subida de los impuestos especiales que recaerá,
fundamentalmente, sobre las economías familiares y, en
particular, sobre aquellas economías familiares con rentas más
bajas.
El Gobierno acuerda una subida de impuestos que por sus
características determinará, por ejemplo, el incremento de
impuestos en el pan o en un litro de leche de un 33 por ciento
y, sin embargo, el impuesto aplicable a un artículo de lujo
sólo subirá en un 6 por ciento. Con esta medida el Gobierno
está reduciendo la renta disponible de la totalidad de los
ciudadanos españoles, pero, en particular, de aquellos
ciudadanos españoles con rentas más bajas, que son aquellos
que tienen que destinar una parte más importante de su
presupuesto familiar al consumo de los productos que necesitan
para hacer frente a sus necesidades cotidianas.
Yo preguntaría cómo puede el Gobierno hablar de política
social cuando está abriendo el grifo de la recaudación a costa
de los ciudadanos más pobres, qué legitimidad tiene el
Gobierno también para calificar estos presupuestos como de
marcado carácter social
cuando esta subida de impuestos supone reducir la renta de los
funcionarios y recortar la pensión de los jubilados españoles.
Con esta subida de impuestos, el Gobierno está quitando con
una mano a los jubilados y a los funcionarios aquello que les
está dando con la otra. Pero, además, esta subidad de
impuestos introduce incertidumbre y falta de credibilidad en
la política económica del Gobierno. Introduce incertidumbre
porque pone en peligro el cumplimiento de las previsiones
macroeconómicas que incorporan los presupuestos para 1995.
Pero, además, introduce falta de credibilidad, porque el
Gobierno, apenas transcurridos cuatro meses de la
actualización del programa de convergencia, incumple un
compromiso político: no incrementar la presión fiscal de los
ciudadanos españoles a través de una elevación normativa de
los ingresos.
Además, estos presupuestos no incorporan estímulos eficaces a
la inversión y proponen relegar al baúl de los recuerdos el
diseño de una política fiscal de protección al ahorro. Una
política que proporcione un trato fiscal más favorable al
ahorro de las economías familiares.
Teniendo en cuenta estas circunstancias, el Grupo
Parlamentario Popular ha formulado un paquete de enmiendas al
Título VI del proyecto de ley de presupuestos, que tienen como
finalidad dotar a la actividad económica de un marco
impositivo más neutral que proporcione mayor seguridad
jurídica y que no reste ni encarezca recursos económicos para
financiar la actividad productiva. Un marco que contribuya al
alcanzar ese objetivo último de la política económica, que es
cerrar la brecha de bienestar que nos separa de Europa y, por
tanto, que en 1995 los ciudadanos españoles no seamos por
cuarto año consecutivo un poquito más pobres con respecto al
resto de los ciudadanos de la Unión Europea.
Para ello, mi Grupo parlamentario formula un paquete de
enmiendas al que voy a hacer referencia a continuación.
En primer lugar, las enmiendas a los artículos 59 y 63 del
proyecto de ley. Estos artículos prevén deflactar la tarifa
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en función
de la inflación prevista para 1995. Sin embargo, esta medida
resulta insuficiente, en primer lugar porque no va a poder
compensar la inflación acumulada en los años 1992 a 1994.
En segundo lugar, si, como resulta previsible, se incumplen
las previsiones de inflación para 1995, si no corregimos esta
medida estaremos gravando en 1995 de nuevo rentas nominales y
no rentas reales.
Las modificaciones que propone el Partido Popular a estos
artículos consisten en aplicar en 1995 las tarifas del
impuesto aprobadas por la Ley del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas corregidas en función de la inflación
prevista para 1995, que el Gobierno aprobó y sometió al debate
parlamentario en esta Cámara y que contaron con el apoyo del
Grupo Socialista y de otros Grupos de esta Cámara.
La justificación de esta propuesta del Grupo parlamentario
Popular se basa fundamentalmente en tres argumentos. En primer
lugar, es necesario proporcionar un trato fiscal más favorable
al ahorro familiar, un trato que permita que el ahorro
nacional crezca y que sea capaz de financiar los proyectos de
inversión que pueda poner en marcha la economía española.
En segundo lugar, adecuar las tarifas del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas a las tendencias internacionales
en esta materia, a las tendencias de los países
industrializados de nuestro entorno económico que en la
práctica tienen menor número de tramos y unos tipos marginales
más reducidos y que, en cualquier caso, cuando los tipos
marginales son similares o aproximados a los españoles, se
aplican sobre bases imponibles mucho más elevadas. Finalmente,
esta medida no puede poner en peligro el equilibrio
presupuestario; y no puede ponerlo en peligro porque debe
considerarse el previsible incrementode las bases declaradas
que puede ofrecer el escenario macroeconómico para 1995 y la
elevada elasticidad del actual Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.
En segundo lugar, quiero hacer referencia a las enmiendas que
el Grupo Parlamentario Popular incorpora al artículo 64 del
proyecto de ley de presupuestos.
El proyecto de ley de presupuestos en esta materia mantiene el
régimen fiscal de apoyo a la inversión que se introdujo con
respecto al ejercicio de 1994; un régimen fiscal que es el
resultado de la progresiva reducción de los estímulos a la
inversión empresarial que se puso en marcha en el ejercicio de
1989. Si mantenemos el actual régimen de incentivos a la
inversión empresarial, aunque sea con carácter coyuntural, no
podremos incentivar a los agentes económicos para que pongan
en marcha nuevos proyectos de inversión, para que anticipen a
1995 las decisiones de inversión.
El Gobierno ha justificado la progresiva reducción de los
incentivos a la inversión empresarial sobre la base de que
deben tener carácter coyuntural y resultan innecesarios en
aquellas situaciones de gran expansión de la actividad
económica. Esta circunstancia o este argumento justifica en
nuestra opinión mejorar los estímulos fiscales a la inversión
con respecto a 1995; y lo justifica por las elevadas cifras de
caída de la inversión en 1993 y en 1994. Estas cifras
justifican claramente la necesidad de incorporar estímulos
eficaces a la inversión que apuntalen la capacidad de la
inversión española para colaborar y contribuir al crecimiento
económico en 1995; unas necesidades que se acrecientan en
estos momentos teniendo en cuenta que la actividad
exportadora, el tirón del sector exportador está agotando su
capacidad de impulso debido a que se ha consumido la reserva
competitiva de las devaluaciones de la peseta
y que el Gobierno ha sido incapaz de corregir los
desequilibrios estructurales que penalizan la competitividad
exterior de las empresas españolas. ¿Qué es lo que propone el
Grupo Parlamentario Popular con respecto al artículo 64 del
proyecto de ley? En primer lugar, elevar al 15 por ciento las
deducciones por inversión en activo fijo nuevo; un incentivo
que constituya un estímulo real, que refleje un cambio de
tendencia, un cambio de actitud por parte de los poderes
públicos de apoyo a la inversión y que favorezca que los
agentes económicos decidan anticipar a 1995 sus proyectos de
inversión empresarial. En segundo lugar, ampliar la deducción
aplicable a empresas exportadoras, a las inversiones
realizadas en sucursales o en entidades no residentes que
desarrollen actividades comercializadoras de las empresas
españolas o que contribuyan con actividades productivas a
mejorar la penetración en los mercados exteriores de las
empresas españolas.
Las enmiendas a los artículos 78 y 72 tienen como finalidad
suprimir la propuesta elevación de los tipos del IVA y de los
tipos sobre los carburantes. Estos artículos introducen, en
primer lugar, una elevación normativa de los ingresos que
determinan un incremento de la presión tributaria; una
elevación normativa de ingresos que, de acuerdo con la
información suministrada por el Gobierno, se estima
aproximadamente en 325.000 millones de pesetas. Introducirá,
además, tensiones inflacionistas que ponen en riesgo y
propiciará un repunte de los tipos de interés en 1995, lo que
reducirá las posibilidades de la economía española de crecer
con arreglo al escenario macroeconómico, lo que de alguna
manera pondrá en peligro la posibilidad de que la recuperación
económica tenga calidad y sea duradera.
En tercer lugar, esta medida, como he comentado al principio,
producirá un impacto negativo sobre el bienestar de las
economías familiares y, principalmente, sobre el bienestar de
las economías familiares con rentas más bajas. En esas
economías el consumo de artículos básicos y de primera
necesidad constituye un porcentaje mucho más elevado del
presupuesto familias, y en este tipo de artículos es donde la
subida del IVA experimenta un incremento de precios, un
incremento porcentual superior. Por otro lado, la subida de
los carburantes hará que el aumento del coste de la energía,
debido a la rigidez de la demanda, determine que las economías
familiares con rentas más bajas tengan que detraer una parte
importante de sus recursos de otro tipo de categorías de
bienes.
La justificación de esta supresión, en nuestra opinión,
resulta clara. En primer lugar, no es necesario elevar los
tipos del IVA y de los carburantes para compensar la pérdida
recaudatoria derivada de la reducción en un punto de las
cotizaciones a la Seguridad Social. Esta reducción ha sido
utilizada por el Gobierno como una excusa para incrementar la
presión tributaria y como una excusa, en definitiva, para
subir los impuestos de los ciudadanos españoles. Y, en segundo
lugar, porque pone en peligro la calidad y la duración de la
recuperación económica. Provocará una subida de la inflación
y, en consecuencia, peligro de alza de tipos de interés, una
subida de costes energéticos que penalizará o perjudicará la
competitividad de las empresas, y provocará también una
reducción de la renta disponible que afectará negativamente a
la capacidad del consumo privado para contribuir al
crecimiento económico en 1995.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Costa, vaya
concluyendo.
El señor COSTA CLIMENT: Ya termino.
Las enmiendas que ha formulado el Grupo Parlamentario Popular
constituyen una oferta para mejorar el contenido de estos
presupuestos para 1995. Una oferta que el Grupo parlamentario
Popular dirige a los restantes Grupos de esta Cámara, pero
especialmente a aquellos que apoyan el contenido de estos
presupuestos. Constituye una nueva oportunidad para
rectificar, para encontrar el rumbo y para no poner en peligro
la calidad y la duración de la recuperación económica, porque
estos presupuestos, señoras y señores Diputados, no son los
presupuestos que en estos momentos necesita la economía
española.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Costa.
Para la defensa de las enmiendas de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías restantes
todavía en el debate, voy a intentar defender las enmiendas
que Izquierda Unida ha presentado y ha mantenido sobre qué
filosofía de presupuestos de ingresos queremos, qué impuestos
debemos potenciar, desde la óptica de su papel directo, qué
impuestos creemos que pueden provocar una proyección
inflacionaria, sin solucionar el problema que teníamos con
anterioridad, y cuáles serían las políticas de exenciones
fiscales dirigidas precisamente a las capas más
desfavorecidas, a las capas populares, y cuáles creemos que
deben reducirse por ser dirigidos a los sectores más poderosos
de la sociedad.
La primera enmienda, que es la 541, va dirigida a modificar la
Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
incrementando, a la hora de aplicar, el 5 por ciento para
ampliarlo al 6 por ciento. La segunda enmienda va dirigida a
las excenciones que por los miembros de la familia, por los
hijos, introduce el proyecto de ley. Nosotros creemos que, en
lugar de fomentar una política natalista, los hijos son
iguales todos y
cada uno de ellos. Por tanto, debemos proponer la misma
exención, 30.000 pesetas, para los tres hijos, o para los
cuatro hijos, para los hijos que podamos tener en la familia,
y no 20.000, 25.000 y 30.000. La tercera enmienda pretende
precisamente adicionar unas excenciones en los gastos que
tienen algunas familias con limitaciones. Nosotros proponemos
que los gastos de custodia tengan un 15 por ciento, hasta
50.000 pesetas, cuando estén destinados al servicio de
cuidados de ancianos, minusválidos o enfermos que precisan
vigilancia, la asistencia a los menores a las escuelas
infantiles o el servicio de cuidado de menores en domicilio.
Por tanto, lo que estamos proponiendo es una exención en las
rentas de personas que tienen una situación deficitaria a
nivel de ingresos.
La enmienda 544 va dirigida a incrementar la previsión del
Gobierno de 26.000 pesetas, por reducción de rendimientos del
trabajo dependiente, a 30.000 pesetas. La enmienda 545
pretende modificar el mínimo exento. Cuando discutíamos el año
pasado sobre el IRPF, decíamos que era importante proyectar
los efectos de la inflación al mismo, pero sobre todo la mejor
fórmula para abrir la progresividad por abajo sería elevar el
mínimo exento. Por tanto, nosotros proponemos que el mínimo
exento para las rentas del trabajo esté en 1.300.000 pesetas y
para lo que son las pensiones o haberes pasivos, debe
cifrarse, en lugar de en 1.200.000 pesetas que pone el
Gobierno, en 1.500.000 pesetas. Sin embargo, proponemos
reducir precisamente la exención de patrimonio. El Gobierno
propone que, para el patrimonio, el mínimo exento individual
serán 17 millones de pesetas y nosotros creemos que debe
quedarse como está, en 15 millones de pesetas. Precisamente
éste es un impuesto en el que recaudamos poco y lo poco que
recaudamos está exento. En este país nadie tiene patrimonio, o
el que lo tiene, es poco; inclusive cuando se le busca para
poder requerírselo. La enmienda 547 pretende adicionar un
nuevo artículo 68 sobre la retención en rendimientos del
capital mobiliario de las Administraciones públicas. La
enmienda 550 pretende introducir un beneficio para las
sociedades cooperativas fiscalmente protegidas, que lo tienen
reconocido en el 20 por ciento, uniendo a la figura de
sociedad cooperativa las sociedades anónimas laborales.
Pretendemos homologar las sociedades anónimas laborales a las
cooperativas en el beneficio fiscal.
La enmienda 551 pretende la supresión de estas previsiones que
para las sociedades y fondos de inversión establece el
artículo 72.2. Pero por si no lograse yo convencer a SS.SS. de
que la supresión es buena, hemos presentado dos enmiendas que,
una vez rechazada esa supresión, intentan modificar los
porcentajes. Nosotros proponemos que la tributación de lo que
pudiéramos llamar instituciones de inversión colectiva, en
lugar del 7 por ciento que postula el proyecto de ley, se haga
en el tipo general. Cuando se establece que los fondos de
inversión inmobiliaria, sociedades y toda la vertiente
establecida en los artículos 34 y 35, tributen en el 1 por
ciento, nosotros proponemos que lo hagan al 26 por ciento. Por
tanto, hemos incrementado el pago fiscal por parte de los
sectores que pudiéramos considerar más fortalecidos de nuestra
realidad productiva.
La enmienda 554 va dirigida a reducir el 25 por ciento de las
inversiones --para las que ahora se establecen una serie de
beneficios en el artículo 74-- al 20 por ciento. Creemos que
se debe reducir esa bonificación, que no es un obstáculo para
que se pueda cumplir el fin, pero reducimos el gasto fiscal,
que es un objetivo que nos habíamos marcado en nuestras
enmiendas.
Las enmiendas 548 y 549 se basan en una filosofía parecida a
la que anteriormente hemos planteado en otro artículo. Por un
lado, pretenden la supresión de este artículo 74 y, por si no
fuese aceptada, presentamos tres enmiendas que intentan
ajustar los porcentajes de deducciones por inversiones
procedentes de determinadas actuaciones a unos porcentajes
inferiores a los señalados por el Gobierno. Todo lo que
podríamos considerar inversiones procedentes de la cuota
líquida, lo estableceríamos en lugar de en el 35 por ciento,
en el 25 por ciento; cuando la cuota se establece en el 25,
nosotros la estableceríamos en el 20; y cuando se establece en
el 25 por ciento, en el apartado tercero, también la
reduciríamos al 20 por ciento. La enmienda 557 va dirigida a
reducir los porcentajes del 0,10 por ciento que establece el
epígrafe 86.1 en el artículo 76, Uno, 10.º, estableciéndolos
en el 0,05.
Por último, voy a defender las enmiendas que nosotros
presentamos al impuesto indirecto IVA. Nosotros creíamos que
se debía dejar el IVA como está --ése fue un objetivo del
debate de totalidad--, los distintos porcentajes del 3, del 6
y del 15 por ciento; sin embargo, el Gobierno plantea un
incremento del IVA. Nosotros pedimos la supresión de este
artículo 78 porque consideramos que sube más porcentualmente
el IVA que afecta al mayor volumen de salario en las capas más
desprotegidas, mientras que el IVA más de lujo, más de
consumo, sube en menor porcentaje, aunque suba un punto.
Nosotros proponemos modificar la reducción que ustedes señalan
en el artículo 78, según la cual tributarían en el 7 por
ciento todos los servicios de hostelería, campamentos,
balnearios, restaurantes, etcétera, todo lo que eran servicios
que antes estaban cotizando al 15 por ciento, porque
entendemos que la hostelería de 4 estrellas y los campamentos
que tengan ese nivel podrán fomentar el turismo, pero, dado el
nivel de personas que accede a él, podría dar como resultado
un tratamiento discriminatorio.
En todo caso, proponemos dejarlo tal cual estaba; no ponernos
en el IVA reducido del 7 por ciento, sino dejarlo en el 16 por
ciento.
La enmienda número 761 va dirigida a una discusión.
Quizás es exagerado. Me decía un portavoz en la Comisión que
era demasiado tremenda a la hora de plantearla. Pero, ¿qué
estamos diciendo con esta enmienda? El IVA superreducido del 3
por ciento, en lugar de incrementarlo 1 punto, debiéramos de
reducir el porcentaje que ahora mismo hay. ¿Cuáles son los
productos que están gravados? El pan, las harinas, los quesos,
los huevos, la fruta, los libros, los periódicos... Esos son
los productos del IVA superreducido. Si tenían el 3 por
ciento, suben al 4 por ciento, un 1 por ciento, que es un
porcentaje altísimo. Los niveles más bajos de la población
invierten mayor volumen de su salario en estos productos
perecederos que en la otra franja; por tanto, estamos gravando
más a los que menos tienen en este nivel de consumo. Por ello
proponíamos reducirlo.
Termino, señor Presidente. Nosotros pretendemos que no se
reduzca el 1 por ciento todo lo que es el impuesto de
matriculación; el Gobierno propone reducirlo del 13 por ciento
al 12 por ciento. Nosotros creemos que el vehículo privado
debe mantener su nivel de imposición, aunque es verdad que
luego hay alguna imposición municipal, que se proyecta y se
complementa con esta reducción hacia los posibles impuestos,
que pudiera gravar al uso del vehículo. Nosotros creemos que
no es el momento de reducir este ingreso, por lo que
propondríamos mantenerlo en el mismo nivel que estaba en el
proyecto anterior. Nada más, señor Presidente, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.
Para la defensa de las enmiendas firmadas conjuntamente por el
Grupo Vasco (PNV) y el señor Albistur Marín, tiene la palabra
el señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Señor Presidente, señorías, voy a
ser breve, cosa que espero que me lo agradezcan SS.SS.; y voy
a serlo entre otras cosas porque nuestro Grupo parlamentario
creo que ya ha defendido sobradamente las enmiendas
presentadas a este Título VI y, por tanto, voy a hacer sólo
referencia a aquellos aspectos más destacados de este Título.
Hemos presentado un conjunto de enmiendas con el que
pretendemos mejorar las medidas tributarias recogidas en este
Capítulo, referentes a la fiscalidad tanto de las personas
físicas como de las personas jurídicas, y lo hacemos
intentando adaptarlas al nuevo contexto económico de clara
recuperación frente al pasado período de profunda crisis
económica que hemos padecido. En esta línea van nuestras
enmiendas, fundamentalmente las números 301 y 303, que hacen
referencia a las escalas de los tipos de gravamen del Impuesto
sobre la Renta, tanto la escala individual como la escala
conjunta. Nos hemos permitido incluso realizar los cálculos,
como habrán podido observar, para todos los tramos de la base
liquidable, incluyendo la deflactación del 3,5 por ciento en
su momento ya aprobado. El objetivo que pretendemos es doble.
Por una parte, volver a las escalas propuestas por la Ley
18/1991, deflactada en coherencia con lo dispuesto en la
propia Ley en su disposición adicional octava y que venimos
reiteradamente solicitando al Gobierno que vuelva a aplicar
las escalas propuestas en aquella Ley. Por otra parte, lo que
intentamos también es reducir la presión fiscal sobre la renta
de las personas físicas, criterio que es largamente defendido
por nuestro Grupo parlamentario en todas las ocasiones en que
tenemos oportunidad de hacerlo.
De la misma forma entendemos que las medidas contempladas en
el proyecto de ley sobre deducción por doble imposición
implican un mejor tratamiento para la corrección de la misma.
Esto está en nuestra enmienda número 302. Sin embargo,
pensamos que la reforma de integración del Impuesto sobre la
Renta y del Impuesto sobre Sociedades se adelanta a la propia
reforma del Impuesto sobre Sociedades y, puestos a mejorar la
doble imposición por dividendos, ésta puede venir por la
aplicación de la escala de gravamen reducido que hemos
propuesto en la renta. Por tanto, somos partidarios de
compensar la doble corrección por dividendos, a través de la
escala reducida del Impuesto sobre la Renta, hasta que se
debata la reforma del Impuesto sobre Sociedades, momento en
que pensamos que se debe abordar en toda su extensión el
problema de la doble tributación de dividendos.
Por lo que respecta a la tributación del Impuesto sobre
Sociedades, la reforma de este Impuesto debe ser uno de los
objetivos prioritarios en materia tributaria que debe de
abordar el Gobierno, y debe hacerlo ya. Es necesario, a
nuestro entender, adecuar la tributación empresarial a la de
nuestros competidores europeos, y además adecuarla también al
nuevo contexto de recuperación económica que ya se está dando.
Mientras tanto, pensamos que tanto el proyecto de ley de
Presupuestos como las medidas fiscales de la ley de
acompañamiento deberían haber recogido otras medidas que
impulsaran con más decisión el ahorro y la inversión
empresarial.
En esta línea se encuentran las enmiendas que propone nuestro
Grupo Parlamentario. Por ejemplo, medidas para mejorar la
liquidez y la tesorería de las empresas eliminando dos de los
tres pagos a cuenta que deben de realizar al año las empresas
y que supone adelantar el 60 por ciento de la cuota a ingresar
por el último ejercicio cerrado y vencido. Nuestra enmienda
304 propone establecer un único pago a cuenta del 30 por
ciento durante los 20 días naturales del mes de octubre. Con
esto, como decimos, lo que pretendemos es mejorar la liquidez
y la tesorería de las empresas. También reforzar el apoyo
fiscal de cara a la competitividad empresarial, apoyando más
decididamente la dedicación a gastos de formación profesional
del personal de las
empresas. En este sentido, nuestra enmienda 306 propone
incrementar del 5 al 10 por ciento la deducción por gastos en
formación profesional. Por otra parte, proponemos medidas para
apoyar y fomentar la creación directa de empleo. Para ello
solicitamos la deducción de 500.000 pesetas por cada
persona/año de incremento promedio de plantilla con contrato
indefinido, reestableciendo así la deducción derogada por el
Real Decreto-ley 1/1992.
Si el desempleo, señorías, es el mayor problema de nuestra
economía; si a pesar de las previsiones de crecimiento
económico para 1995, todos los análisis, incluso el propio
Gobierno ha estimado que durante el próximo año no va a
descender la tasa de paro; si todo esto es así, es necesario
instrumentalizar incentivos para empujar la contratación. Esto
es precisamente lo que propone nuestro Grupo Parlamentario con
una medida que ya ha sido experimentada en otras épocas pues
no es nuevo lo que estamos proponiendo, y que entendemos que
en este contexto de recuperación puede ser de mucho mayor
efecto que el que tuvo en su momento cuando se aplicó.
El resto de las enmiendas de nuestro Grupo Parlamentario está
en relación con el Impuesto sobre Sociedades. Proponemos en el
artículo 73 reducir el porcentaje aplicable a las entidades
sin fines lucrativos, definidas en la reciente Ley aprobada de
Fundaciones, y que estos incentivos a la participación privada
en actividades de interés general sea del 8 por ciento, de
acuerdo con la presente Ley de Fundaciones y de incentivos
fiscales a la participación privada en actividades de interés
general. Como ya se recoge en la letra d) del apartado 1 del
artículo 72 del proyecto de ley de Presupuestos Generales del
Estado, las entidades sin fines lucrativos definidas en las
mismas pasan a tributar al tipo del 10 por ciento en el
Impuesto sobre Sociedades. Lo que nosotros proponemos, en
consonancia con esta reducción, es minorar el tipo aplicable
para las entidades a efectos de que la liquidación de los
pagos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades que deban
realizar tengan también esa compensación en la reducción.
Hay otra serie de enmiendas que están relacionadas con el
Impuesto sobre Actividades Económicas, son temas que tienen
que ver con el nivel educativo en la educación primaria. Como
han sido unas enmiendas suficientemente debatidas en Comisión
las voy a dar por defendidas.
Queda una enmienda al artículo 78, que va a ser defendida por
el señor Olabarría. Por mi parte, nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Olabarría.
Tiene la palabra.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
Voy a ser mucho más breve que mi compañero, con lo cual
obtendré mayor agradecimiento.
Son dos enmiendas, las números 312 y 313, de carácter muy
específico pero, sin ninguna petulancia se lo digo, señor
Presidente, con mucho sentido. La primera pretende que se
pueda aplicar el tipo superreducido del IVA a las bebidas
refrescantes no alcohólicas. ¿Por qué solicitamos la
aplicación de este tipo? Por congruencia, en principio, con lo
dispuesto en la Directiva 77/388, tal como quedó formulada por
el Consejo del Ecofín; porque las bebidas no alcohólicas son
un producto inocuo, que deben ser, incluso, promocionadas --en
algunos países lo son-- por los poderes públicos, precisamente
en el segmento juvenil, por su carácter inocuo; y por una
cuestión de neutralidad tributaria, de neutralidad fiscal,
para que la competencia de este tipo de bebidas con otros
productos afines o análogos sea una competencia leal, armónica
y equilibrada. En relación con la enmienda 313, lo que
pretende es que también se pueda aplicar el tipo superreducido
del IVA a todas las viviendas calificadas administrativamente
de protección oficial. No como se contiene en la Ley de
Presupuestos, a las viviendas calificadas de régimen especial,
sino a todas las viviendas de protección oficial.
Estos son los presupuestos teóricos de las dos enmiendas que
en este momento defiendo en nombre de mi Grupo Parlamentario.
Agradezco al señor Presidente y a todas SS.SS. la atención
prestada a estas argumentaciones.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Olabarría. Por el Grupo Mixto, se han presentado enmiendas por
parte del señor Chiquillo y de la señora Rahola.
Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el señor
Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor Presidente.
Solicito, en primer lugar, que se den por defendidas las
enmiendas de la señora Rahola, del Grupo Mixto, que son las
números 258, 259, 260, 261, 262 y 263. Paso a defender y
mantener las enmiendas al Título VI, normas tributarias, que
Unión Valenciana ha presentado al proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado. Estas enmiendas son: la
número 4, al artículo 65, en lo referente al Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas; las números 34 y 35, al
artículo 74, respecto al Impuesto sobre Sociedades; y la
número 36, al artículo 75, al Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Las enmiendas que proponemos contemplan medidas tendentes a
contribuir, con nuestra modesta aportación, a reformar la
estructura fiscal, que se coloque al servicio de la inversión
y ayuda al pequeño comerciante
y empresario, motores, no lo olvidemos, de nuestra economía.
Además de estas enmiendas al Título VI, mantenemos otras a las
disposiciones adicionales, que son las números 111, 112, 113,
117 y 3, referentes a la reducción de módulos, deducciones por
inversiones, Impuestos de Sucesiones y Donaciones, Impuesto de
Bienes Inmuebles... Todas estas medidas fiscales, que junto a
otras que también presentamos de la posibilidad del
acogimiento voluntario al Régimen General de la Seguridad
Social o al de autónomos, deducciones por inversiones,
creación de empleo y gastos de formación profesional,
estimación objetiva por coeficientes, introducción de la
posibilidad de deducciones por inversiones, estimación
objetiva por signos, índices y módulos, etcétera, intentan de
alguna manera fomentar la inversión de nuestros pequeños y
medianos comerciantes y empresarios.
Voy a referirme, en primer lugar, a la enmienda número 4, al
artículo 65 del proyecto de ley de Presupuestos Generales del
Estado. Esta enmienda es relativa a la contemplación
explícita, como circunstancia excepcional, de minoración del
rendimiento neto en el régimen de estimación objetiva por
signos, índices y módulos, la derivada de la realización de
una obra pública de larga duración. La experiencia nos ha
demostrado en grandes ciudades, que se ven afectadas por
grandes obras públicas, que están ocasionando graves
perjuicios a los comerciantes y empresarios ubicados en la
zona afectada. Por lo tanto, solicitamos que se incluya como
circunstancia excepcional la realización de una obra pública,
de plazo de ejecución superior a los 30 días, para que los
empresarios y comerciantes afectados por estas obras públicas
de larga duración puedan tenerlo en consideración a la hora de
minorar el rendimiento neto en el régimen de estimación
objetiva por signos, índices y módulos. Esta es la enmienda
número 4.
Las enmiendas 34 y 35 pueden ser agrupadas. En los dos casos
contemplan que se aumente el porcentaje para las deducciones
por inversiones, creación de empleo y gastos de formación
profesional. En ambos casos se contempla que la deducción se
eleve al 15 por ciento.
La enmienda 34, relativa a las deducciones por inversiones,
creación de empleo y gastos de formación profesional, solicita
que esta deducción se aumente al 15 por ciento, con lo que se
incrementa la deducción por inversiones en activos fijos
materiales, habida cuenta de la constante caída de esta
magnitud en los últimos años.
La enmienda 35 propone que se pase del 5 al 15 por ciento
porque consideramos que aumentando diez puntos la deducción
por inversiones en formación profesional se podrá, de alguna
manera, ayudar a mejorar la competitividad de nuestras
empresas.
La última de las enmiendas a este Título VI es la número 36,
relativa al Impuesto de Bienes Inmuebles. Solicitamos que en
vez de aumentar el coeficiente, el 3,5 por ciento, tal como
propone el proyecto, este año se congelen las actualizaciones
de dicho Impuesto. En conjunto, nuestras enmiendas pretenden
que estas medidas fiscales sean beneficiosas para un colectivo
muy importante de ciudadanos. Se trata de incentivar la
inversión, la innovación, la transmisión intergeneracional
empresas/institución familiar. Al mismo tiempo se pretende
considerar exentas del IBI a entidades benéfico-sociales,
reducir la presión fiscal sobre los pequeños comerciantes y
los sujetos acogidos a la estimación objetiva, así como la
idoneidad de la contemplación explícita, como circunstancia
excepcional a deducir en módulos, del lucro cesante provocado
a los comercios como consecuencia de la realización de obra
pública de larga duración que se contiene en la enmienda
número 4.
En conclusión, la finalidad última de nuestras enmiendas es
que consideramos que aumenta la fiscalidad. La presión fiscal
se ha incrementado a un ritmo galopante, muy por encima de la
media de los países de la OCDE. El consumo, componente
esencial de la demanda agregada, se frenará con la subida de
la imposición indirecta y de los impuestos especiales. Por
tanto, el objetivo de crecimiento real previsto del PIB, a
base de recuperar el consumo, es una utopía.
En consecuencia, esperamos que los miembros de esta Cámara --
alguno más de los que hoy estamos aquí-- tomen estas enmiendas
en consideración el día en que se voten.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Chiquillo. Enmiendas de Coalición Canaria.
El señor Olarte tiene la palabra.
El señor OLARTE CULLEN: Sí, señor Presidente.
Voy a defender la enmienda 441, que constituye la segunda de
las elaboradas por Coalición Canaria, presentada al artículo
84 del proyecto de ley. Propone un texto en virtud del cual el
11 por ciento de porcentaje que en ella se menciona sea
sustituido por el 10 por ciento. La justificación se encuentra
en que dado que en el territorio peninsular y en las Baleares
se reduce el tipo imponible del Impuesto especial sobre
determinados medios de transporte, pasando del 13 al 12 por
ciento, Coalición Canaria considera que la misma reducción
debería operarse en las Islas Canarias, pasando del 11 al 10
por ciento a fin de mantener el diferencial fiscal.
Nos parece que hay razones de equidad más que suficientes para
justificar nuestra pretensión de mantener el diferencial
fiscal. Sin necesidad de extendernos más en una justificación
que nos parece clarísima, mantenemos la enmienda formulada.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Olarte.
Para un turno en contra, tiene la palabra el señor García
Ronda.
El señor GARCIA RONDA: Señor Presidente, señorías, vamos a
tratar de contestar, con la cortesía, intensidad y extensión
necesarias a las enmiendas que han presentado los diversos
grupos a este Título VI.
Hay características generales, que han sido expresadas por los
diversos intervinientes, pero que trataré de resumir al final
de mi intervención. Voy a hacer una revisión rápida de las
enmiendas con objeto de detenerme en alguna de ellas con mayor
extensión, para que en el segundo turno de réplica podamos
matizar alguna cuestión.
En primer lugar, me resulta curioso que el Grupo Popular tenga
una enmienda al Título VI, normas tributarias, simplemente de
supresión, si bien creo que he de comprenderla en razón a lo
que su portavoz ha dicho después sobre este título. Al
artículo 59 hay una enmienda de Izquierda Unida con la
intención de subir del 5 al 6 por ciento la deducción en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que no se
justifica con la necesidad de cobertura de los propios
presupuestos de gastos y porque S.S. comprenderá que un 5 por
ciento de aumento con los incrementos de rentas que tiene cada
contribuyente, parece suficiente y mucho más si se pide de
manera general.
A este mismo artículo 59 hay una enmienda importante,
aritméticamente sobre todo, en la cual el Grupo Vasco (PNV) se
ha molestado en hacer, en efecto, toda la tarifa pretendiendo
que ésta vaya a los tipos muy cercanos a los del año 1991. He
de decirle que no han cambiado las circunstancias fiscales
(digo fiscales en el sentido global de la palabra no en el
sentido nada más tributario, y S.S. lo comprenderá) para que
aceptemos esa enmienda y las que están en concordancia con
ella.
No nos es ajena la preocupación --yo creo que S.S. también la
sentirá-- por el déficit que hemos de cubrir en la medida de
lo posible. Es más un intento político en esta Cámara, en este
caso, que un clamor general, ciudadano, la petición de rebajar
dos o tres puntos la fiscalidad precisamente de las rentas más
altas. A este artículo 59 también tiene presentada una
enmienda el Grupo Popular en el mismo sentido y le contesto en
igual sentido. En el artículo 60 hay dos enmiendas sobre la
valoración que en el Impuesto sobre la Renta se hace para los
bienes inmuebles. Hay que decir que ambas inciden en una
desigualdad entre los titulares de bienes cuya valoración ha
sido revisada, y de aquellos otros cuya valoración no ha sido
actualizada. Al artículo 61 hay una enmienda del Grupo Popular
que pretende que haya una deducción especial de 50.000 pesetas
por reciclaje, capacitación profesional, etcétera. El 5 por
ciento de deducción para este tipo de rentas se puso
precisamente para estas cuestiones, entre otras. Incrementarlo
aparte sería simplemente aumentar el gasto fiscal sin que haya
una argumentación seria para ello.
Sobre la enmienda 302, al artículo 62, del Grupo Vasco (PNV),
si nos atenemos a una lógica jurídica estrictahabría que
darles la razón, pero S.S. también comprenderá que era de
suficiente urgencia el llevar a cabo en estos presupuestos
unas modificaciones y que, en realidad, no se puede esperar a
aquéllas que encajen exactamente en el Impuesto sobre
Sociedades o en el Impuesto sobre la Renta.
Al artículo 62 hay también una enmienda que está en
correlación con otra que viene más tarde del Grupo Popular a
la que daré contestación aunque creo que lo que hace es dar un
salto en los cuatro millones de pesetas. No están bien
calculadas las cifras que dan. Además, le contesto ahora que
el gasto fiscal que supondría sería muy alto y, sin embargo,
la satisfacción para los contribuyentes, desde el punto de
vista de rebaja, apenas es considerable.
A este artículo 62, Izquierda Unida pretende una serie de
deducciones por una serie de aspectos, sobre lo que le puedo
decir, como ejemplo, que el servicio de cuidado de ancianos,
minusválidos, etcétera, por fortuna, está siendo ya compensado
en buena parte por actuaciones de los ayuntamientos, de los
municipios.
Asimismo en este artículo 62, el Grupo Popular pretende
simplemente que se suba la deducción del 40 al 53 por ciento
con carácter general, para eliminar --dice-- totalmente la
doble imposición económica. No; es que se devolvería dinero
por encima de lo que se debe devolver, y la eliminación debe
corresponder a lo que se paga por Impuesto sobre Sociedades y
no a lo que se podría pagar en el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas; evitar la doble imposición, eliminarla,
es por la imposición que se hace previamente en el Impuesto
sobre Sociedades.
A este mismo artículo se presenta la enmienda 544 de Izquierda
Unida, que también pretende unas deducciones distintas en el
Impuesto sobre la Renta; entre otras, 30.000 pesetas por
percepción de rendimientos del trabajo dependiente. Me extraña
que S.S. haga la defensa de una enmienda de cualquier cifra e
incluso que la hayan presentado. No parece lógica en ese
sentido una no discriminación. A la enmienda 968, del Grupo
Popular a este mismo artículo, le diría que no se puede tratar
de igual modo a todo el mundo, es decir, a todos los que sean
titulares de empresas, porque unos y otros tienen muy
distintas obligaciones, como S.S. sabe muy bien.
En cuanto a la enmienda 1.826, también a este artículo, ya he
contestado y creo que sí ha sido recibida la contestación
porque he visto sonreír al señor Costa
con una cierta, yo supongo, complacencia, aunque a lo mejor me
equivoco y era ironía.
La enmienda 303, del Partido Nacionalista Vasco, tiene la
misma contestación en cuanto que también se refiere a la
tarifa del Impuesto sobre la Renta. Respecto a la enmienda
969, del Grupo Popular, con esa misma intención, ya les he
dicho antes que las circunstancias permanecen y SS.SS. lo
saben. Como son ardientes defensores de la rebaja del déficit,
confío que nos ayudarán en eso y no continuarán con su
enmienda y aquí la cerrarán; espero que la Cámara vote en
contra de esta enmienda mayoritariamente.
La enmienda 1.214, por el momento la considero innecesaria, si
bien es una enmienda de titularidad jurídica que, en todo
caso, se podría ver más adelante y en otro contexto, más que
en este proyecto de ley de presupuestos. La enmienda 545, al
artículo 65, de Izquierda Unida, pretende subir la cifra
exenta de declaración en el Impuesto sobre la Renta a
1.300.000 y 1.500.000 pesetas. Cuando menos, me parece que su
enmienda es incompleta. ¿Para qué tipo de rentas? ¿Para todas,
sean cuales sean, provenientes del capital o del trabajo?
En cuanto a la enmienda número 4, del Grupo Mixto, Unión
Valenciana, también al artículo 65, ya tuve ocasión de
contestarle en el debate en Comisión, pero se lo vuelvo a
repetir. Cuando se trata de catástrofes ya hay un tratamiento
especial, y S.S. lo sabe porque en su tierra suelen suceden
catástrofes sistemáticamente. En cuanto a la determinación de
gastos o lucro cesante en otras ocasiones especiales, ¿cómo?
Cuando menos, S.S. me tiene que reconocer que hay una
dificultad muy grande a la hora de determinar cuáles son las
cuantías de ese tipo de lucro cesantes o de gastos. Bien es
verdad que si S.S. hubiera querido presentar una enmienda
verdaderamente interesante hubiera tenido que hacerlo con más
detalle y con unas definiciones más claras.
En cuanto a la 970, del Grupo Popular, al artículo 65, yo
diría que, «a priori», no se puede calcular, ya que habla de
las retenciones sobre rendimiento del trabajo personal que no
superen el importe de la cuota líquida resultante de la
autoliquidación.
Al artículo 66, el Grupo de Izquierda Unida, siguiendo una
tendencia bastante general en sus enmiendas, dice que el
mínimo exento del Impuesto sobre el Patrimonio sea de 15
millones, en lugar de 17 millones, que es lo que propone el
proyecto de ley. Es un incremento de actualización el que se
hace, pero tenga en cuenta S.S. que hay un valor creciente de
los elementos patrimoniales. Sin embargo, lo que propone la
enmienda 971, que es pasar de 17 millones a 25 millones, puede
ser excesivo y originaría un gasto fiscal que, en ese exceso,
desde luego no se justifica.
Con respecto a la 972, del Grupo Popular, que propone un
artículo 66 bis (nuevo), creo que ese límite máximo de un 60
por ciento debe hacerse en correlación con la tarifa del IRPF.
No cabe duda que en el momento en que haya una modificación de
tarifas en ese sentido habría también que adecuar este límite
máximo.
La enmienda 547, de Izquierda Unida, propone un artículo 68
bis, con el que se haría una excepción con respecto a las
retenciones correspondientes a rendimientos por capital
mobiliario, lo cual no se puede hacer dada la metodología del
propio impuesto; no se debe hacer porque sería una excepción
que no se justificaría en absoluto por el hecho de ser
rendimientos de capital mobiliario cuya titularidad
corresponda a administraciones públicas. Hay otras enmiendas
de Izquierda Unida, en las que no me detengo, que van en el
sentido que después trataré de resumir.
La número 974 al artículo...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor García Ronda,
vaya concluyendo, por favor.
El señor GARCIA RONDA: Trataré de ir concluyendo, pero apelo a
la generosidad del Presidente para que me deje contestar.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Ya tiene en cuenta la
Presidencia que tiene que contestar a un paquete muy elevado
de enmiendas, pero tenga usted en cuenta también el tiempo,
por favor.
El señor GARCIA RONDA: Sí, sí, tengo en cuenta el tiempo, la
hora y, sobre todo, las indicaciones del Presidente.
En el artículo 71, el Grupo Popular pretende modificar los
coeficientes en el Impuesto de Sucesiones, pero no matiza
suficientemente, aunque quizá esa es la intención: no matizar.
Probablemente, todavía le gustaría hacer una matización menor
y dejarlo sin coeficientes. Es posible. No lo sé.
Con respecto a la enmienda 552 de Izquierda Unida al artículo
72, creo que es excesivo que S.S. quiera pasar del tipo del
siete por ciento al tipo general; y en la 553, del tipo del
uno por ciento al 26 por ciento. Ya he tenido ocasión de
decírselo, no sé si en los trámites correspondientes o en el
pasillo, pero creo que no quieren contemplar las instituciones
modernas de inversión, de las que hacen caso omiso.
Al artículo 74 hay una serie de enmiendas (la de Unión
Valenciana, desde luego, supone un exceso de gasto fiscal que
no se puede atender) y casi todas ellas van en el sentido de
incrementar las deducciones en el Impuesto sobre Sociedades.
Prácticamente todas son de voluntad de mayor deducción, y la
verdad es que eso es lo más fácil de hacer cuando se trata de
un título como éste que atañe a los impuestos; es una manera
fácil de quedar bien. Quiero decirles a las diversas señorías
que han intervenido con respecto a este artículo 74 que lo
mismo que se pretende un cinco por ciento o un 10 por ciento,
incrementar otro cinco, otro 10 u otro 15 por ciento es un
tanto arbitrario. Sin en el proyecto de ley se han puesto unos
determinados porcentajes es porque eso resulta posible, desde
el punto de vista de gasto fiscal, y parece que también es
estimulante.
Lo que sí he de decirles --esto lo conocen SS.SS.-- es que en
Comisión se mejoró, con respecto al proyecto de ley, una cosa
importante. El 5 por ciento de deducción que se hacía por
subvenciones para la formación profesional se ha cambiado y ha
pasado de ser sobre la diferencia que se hiciera en el
ejercicio pasado a este ejercicio, a ser sobre la cifra
absoluta que se invierta en el año 1995. Creo que eso dio
bastante satisfacción a SS.SS., quizás se hizo la modificación
en lo más importante que había en el proyecto de ley, que
quizá fuera un poco disonante para SS.SS. y se arregló, y, sin
embargo, lo otro me parece que ya entra dentro del
voluntarismo, que me parece que puede ser agradecido por
muchos contribuyentes empresarios, pero que no se justifica
suficientemente.
En cuanto al artículo 76, Impuesto sobre Actividades
Económicas, hay algunas enmiendas que van en el mismo sentido.
Me voy a detener un momento en las de Izquierda Unida, que
pretenden todas ellas un beneficio en realidad para las
viviendas y locales no revisados. Todas sus enmiendas van en
ese sentido. Quizá también fuera un poco contradictorio con
otras enmiendas que hacen, pero cada grupo por supuesto hace
lo que le parece en ese sentido.
En cuanto al Grupo de PNV, cuya enmienda 308 pretende una
adecuación de las tarifas del Impuesto sobre Actividades
Económicas, para eneñanza, en este sentido entraríamos un poco
en el decir que se trata de poner algo menos. Yo aquí diría
que no vamos a desechar una cierta reflexión para próximos
trámites. Lo mismo digo también sobre la enmienda 309, que va
en la misma línea. En cuanto a la enmienda 310, creo que
tienen que tener en cuenta que ya la superficie
complementaria, la no dedicada a la enseñanza, tiene una
reducción del 50 por ciento. Yo no sé si eso lo han tenido en
cuenta a la hora de plantear esta enmienda.
Por fin, en el artículo 78 hay varias enmiendas también en que
Izquierda Unida habla de injusticia tributaria por el
incremento vía IVA, y yo he de decirle --es una reflexión
general-- que la consideración de los impuestos indirectos
como injustos con respecto a los impuestos directos por
supuesto atañe a países en que el equilibrio entre las
diversas rentas es muy pequeño, y desde luego SS.SS. saben que
el equilibrio de rentas en España ha sido creciente y ha sido
siendo cada vez mayor, y, por lo tanto, cuanto más se acerca
el abanico de rentas, menos injustos son los impuestos
indirectos, en ese sentido de tal manera que si hubiera unas
rentas exactamente iguales, probablemente los impuestos
directos podrían desaparecer y podrían quedar los indirectos
tranquilamente como impuestos al consumo.
En cuanto a una enmienda también a este artículo la 980 del
Grupo Popular, cuando dice que lo dejemos en los tipos que hay
hasta ahora, yo le preguntaba ¿cómo quiere compensar otras
bajas?
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor García Ronda,
por favor, termine en un minuto.
El señor GARCIA RONDA: Muchísimas gracias, señor Presidente.
No me es posible ya contestar a más enmiendas de SS.S.S. y voy
a hacer simplemente una síntesis y contestar al discurso
general, y, en todo caso, en la réplica, si me es permitido,
quizá complemente algo.
En cuanto al Grupo Mixto, Unión Valenciana, pretende la
reducción sistemática de la tributación. ¿Qué le voy a decir?
No estamos para eso. En cuanto al Grupo de Coalición Canaria,
va a lo suyo. En efecto, dice que se baje del 8 a 7 por
ciento; en muchas ocasiones nos lleva al REF, y ahora dice que
vamos a olvidar eso porque como esta tributación de tipo
general rebaja un uno por ciento, que nos lo rebajen también a
nosotros. No parece demasiado coherente.
En cuanto al Grupo de Izquierda Unida, me ha convencido
recaudatoriamente en general. Lo que ocurre es que S.S. no
tiene en cuenta que la fiscalidad es una herramienta de
política económica y no tiene en cuenta, como le he dicho
antes, que hay instrumentos financieros modernos que son
necesarios. Sobre el tipo superreducido, al cual se ha
referido en un par de ocasiones, creo que no hace ninguna
diferencia de productos.
Por lo que se refiere al Grupo del PNV, creo que ya le he
contestado anteriormente y solamente me quedaba lo de las
viviendas al tipo superreducido, que también puede merecer una
reflexión en próximos trámites. En cuanto al PP, y con esto
termino, señor Presidente --muchas gracias por esa generosidad
que ha demostrado dejando que me excediera--, preguntaba el
señor Costa ¿qué ofrecen los presupuestos?: Un incremento
tributario. Su señoría sabe que no es así y que debe
calcularlo adecuadamente con respecto al producto interior
bruto que se espera para el año 1995. Dice que va a haber más
recaudación. Pues es que decimos que la recaudación también es
social, no solamente están las cuestiones concretas que S.S.
plantea dentro de la recaudación. La recaudación es un hecho
social porque sirve después para distribuir, y para destribuir
gastos sobre todo, y creo que lo hacemos y lo hacemos
discriminadamente a favor de quienes tienen menos capacidad
económica.
Yo creo que el Partido Popular origina mayor déficit con este
grupo de enmiendas que presenta. Solamente quiero decirle que
en el IVA, sus enmiendas pueden suponer unos 200.000 millones
de pesetas y en impuestos especiales unos 50.000, porque
pretende que se suprima la tributación sobre hidrocarburos.
Esta baja en el IVA indudablemente la plantea S.S. de una
manera un tanto demagógica, como si no hubiera ni subida en
las rentas del trabajo y ateniéndose nada más a las rentas que
dice que son más bajas, etcétera. Pero yo le pregunto: cuando
pretende que haya una bajada en el Impuesto sobre Sucesiones,
¿también es para los más desfavorecidos? Cuando trata de
favorecer --y puede parecerme bien en muchos aspectos-- el
ahorro y la inversión, ¿también está hablando de los más
desfavorecidos? Hablará de otras cuestiones, pero no de ellos.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor García Ronda,
dice S.S. que la Presidencia es benevolente, pero S.S. abusa
de esa benevolencia.
El señor GARCIA RONDA: Termino en unos segundos.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No, termine ya, por
favor.
El señor GARCIA RONDA: Las caídas en la inversión de que habla
en los años 1993 y 1994 creo que no se han producido solamente
aquí, sino que pertenecen a una coyuntura internacional.
¿Que la reactivación está en peligro? Yo no lo creo. Su
señoría tendrá que decir aquí lo que quiera, pero desde luego
no lo creo, porque a la vista está que no solamente no está en
peligro, sino que la reactivación se está produciendo día a
día.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Costa tiene
la palabra.
El señor COSTA CLIMENT: Gracias, señor Presidente.
Señor García Ronda, en primer lugar, quiero manifestarle que
le agradezco su dedicación y el interés con el que ha ojeado,
ha leído o ha estudiado nuestras enmiendas. Eso sí que es
complacencia y no ironía. Lo que sí tengo que manifestarle es
que no comparto ni una sola de las argumentaciones que usted
ha utilizado desde esta tribuna. Y no las comparto por lo que
le demostré con argumentos en el debate parlamentario en la
Comisión, porque no estaba justificada ninguna de las
argumentaciones a las que usted hacía referencia. Con respecto
al incremento de la presión tributaria, ¿sabe usted cuál es el
incremento de la recaudación derivado de una elevación
normativa de los ingresos, es decir, de la subida de tipos en
el IVA y en los carburantes? 325.000 millones de pesetas. Esas
son cifras suministradas por el propio Gobierno. ¿Sabe usted
cuál es el coste recaudatorio de la reducción en un punto de
las cotizaciones a la Seguridad Social? 200.000 millones de
pesetas, pero en el presupuesto consolidado del Estado,
teniendo en cuenta el incremento de la recaudación que se
producirá en el Impuesto sobre Sociedades por la mejora de los
excedentes de las empresas, al tener un menor gasto, y el
incremento de la recaudación en el IRPF, ese coste
recaudatorio será de 160.000 millones de pesetas. Esos, señor
García Ronda, son los datos que ha suministrado el propio
Gobierno. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que las medidas
que en materia de política tributaria introducen estos
presupuestos van a determinar un incremento neto de la
recaudación de cerca de 200.000 millones de pesetas. Es decir,
con estas medidas ustedes van a incrementar la recaudación en
una cifra superior a la que supone reducir las cotizaciones a
la Seguridad Social en el presupuesto consolidado del Estado.
¿No es ese un incremento normativo de la presión tributaria?
¿Quiere que le justifique cuál es la variación que
experimenta, en términos de PIB, la presión tributaria en 1994
y en 1995? En 1994, en el presupuesto consolidado la suma de
los impuestos directos y de las cotizaciones sociales, junto
con los impuestos indirectos, suponen un 29,5 del PIB. En 1995
esa misma suma supone un 30,2 por ciento del producto interior
bruto, lo que representa un incremento de la presión
tributaria de siete décimas, y eso utilizando las previsiones
de ingresos que ustedes nos han proporcionado, que son unas
previsiones de ingresos que están fijadas a la baja, y eso
también se lo puedo demostrar, si tiene interés S.S.
¿Por qué nos oponemos nosotros a la subida en un punto de los
tipos de IVA y a la subida de los hidrocarburos? Se lo voy a
explicar con claridad meridiana. Hay un axioma fiscal que
conocen todos los recaudadores y es que la posibilidad de
incrementar la recaudación tiene un límite; es decir, dar más
caudal a los grifos recaudatorios tiene un límite, y lo tiene
básicamente por dos razones, y esto es aplicable tanto al IRPF
y a la tarifa como a la subida del IVA. En primer lugar,
porque puede penalizar la actividad económica y también puede
penalizar el crecimiento económico y el incremento de las
bases sobre las que se aplican los distintos impuestos. Y
ustedes, con el incremento del IVA, están poniendo en peligro
la recuperación económica. La están poniendo en peligro porque
pueden propiciar una subida de tipos de interés --lo ha
reconocido incluso el Secretario de Estado de Economía; no es
algo que manifieste sólo el Grupo Parlamentario Popular-- y,
por tanto, ponen en peligro o endurecen las condiciones para
financiar los proyectos de invesión y la actividad económica.
En segundo lugar, porque favorece también el fraude y la
evasión fiscal. Esto es un hecho, señor García Ronda. ¿Quiere
usted que le diga en cuánto cuantifica el Ministerio de
Economía y Hacienda el incremento en ese agujero negro del
fraude fiscal que el Gobierno ha sido incapaz de controlar,
sólo como consecuencia de la subida del IVA? En 100.000
millones de pesetas.
En principio, nosotros no cuestionamos la posibilidad de que
se produjera el escenario macroeconómico que incorporaban los
presupuestos, pero ustedes, con la política tributaria que
están introduciendo en estos Presupuestos Generales del Estado
ponen en peligro la reactivación económica. Y la ponen en
peligro porque su política económica no resulta creíble y
porque ustedes son los que están cuestionando la posibilidad o
la viabilidad de las previsiones macroeconómicas que incorpora
el cuadro contenido en los Presupuestos Generales del Estado
para 1995.
Le voy a hacer otra consideración. No es demagógico que la
subida del IVA reduzca también la renta de las economías
familiares, principalmente de las más bajas. ¿Quiere usted que
le diga en cuánto van ustedes a reducir la pensión media de
los jubilados españoles en 1995 como consecuencia de la subida
en un punto del IVA? En 9.150 pesetas. Ustedes --ya se lo he
dicho antes-- lo que le dan al pensionista con una mano se lo
quitan con la otra, como consecuencia de la subida de los
impuestos indirectos.
Voy a acabar haciendo referencia a algunas de las respuestas
que usted ha realizado desde esta tribuna. Voy a intentar ser
muy breve. Por ejemplo, en cuanto a incrementar en un 5 por
ciento la deducción por inversiones en activo fijo nuevo,
ustedes mantienen una deducción equivalente al 5 por ciento de
la inversión realizada en activo fijo nuevo. En 1993 la
inversión privada en bienes de equipo cayó en España un 16,6
por ciento. Es cierto que también cayó dentro de la Unión
Europea, pero ¿sabe usted que la caída en España fue la más
profunda de todo el ámbito de la Unión Europea? Nosotros
consideramos que si hay que apuntalar el crecimiento o la
contribución de la inversión al crecimiento económico resulta
necesario proporcionarle algún estímulo eficaz, algún acicate,
algún acicate distinto, algo que no se produce de forma
reiterada en el tiempo. Por eso consideramos que resulta
razonable de forma coyuntural elevar la deducción por
inversiones de un 5 a un 15 por ciento.
Por ejemplo, la enmienda relativa a los rendimientos presuntos
sobre bienes inmuebles. ¿Sabe usted que en estos momentos si
un ciudadano adquiere una casa está tributando en el IRPF al 2
por ciento del precio de adquisición y si su vecino adquirió
la casa, una casa de las mismas condiciones, hace quince o
veinte años está tributando sobre el valor catastral? ¿No son
ustedes conscientes de que eso introduce una discriminación al
alza en la tributación de las personas físicas? ¿No se les
ocurre a ustedes ningún mecanismo para eliminar esa
discriminación? Nosotros le hemos proporcionado varios
mecanismos en las enmiendas que hemos incorporado a este
proyecto de ley.
Voy a finalizar ya porque podría contestarle a todas las
argumentaciones que usted ha lanzado desde esta tribuna, pero
creo que lo intenté hacer, no sé si con mucha o con poca
fortuna, en el trámite parlamentario en Comisión. Sí voy a
volver a manifestarle una cosa que ya les he dicho a lo largo
de mi anterior intervención. Yo no sé si ustedes no se
enteran, no se quieren enterar o no pueden enterarse, pero la
subida del IVA y de los impuestos especiales pone en peligro
la recuperación económica.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Ríos tiene la
palabra.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, voy a ser breve. No
pensaba consumir este turno, pero tengo que reconocer que el
señor García Ronda estimula con su intervención lo que es mi
necesidad de precisión de algunos argumentos. Nosotros hemos
hecho una serie de propuestas dentro de una órbita
determinada. Se nos podrá decir que son más oportunas o menos,
que son más costosas o menos. Ahora bien, no utilice algunos
argumentos porque desde luego vienen a situar muy mal la
propuesta de ustedes a la hora de rechazarlas. Me dicen:
respecto a las exenciones de estos señores ancianos,
minusválidos y centros infantiles tengo que decirle que los
ayuntamientos ya les dan ayudas. Mire usted, una industria
para instalarse, ley de incentivos regionales, hasta el 50 por
ciento. Una industria además tiene beneficios si se acoge a la
ley en función de determinada generación, hasta el 95 por
ciento del Impuesto sobre Sociedades. Pero es que, además,
tiene otro tipo de exenciones municipales. ¿Cómo narices para
una empresa sí y para un anciano no? No me utilice usted esa
argumentación. Dígame que no es bueno el beneficio fiscal que
le pongo, 15 por ciento hasta 50.000 pesetas, los gastos que
tenga por una persona que está impedida. Esa argumentación
hubiera sido más razonable. Y usted me dice: ¡hombre, pero
cómo se les ocurre a ustedes defender aquí subir una exención
de los rendimientos del trabajo dependientes de 26.000 a
30.000! Está en contra de su filosofía. ¡No, hombre de Dios,
no! No se ponga usted así, que no es verdad. Queremos
incrementar las exenciones de las rentas del trabajo, porque
ustedes elevan las exenciones de las rentas de capital. Por
eso hemos dirigido esta exención, para que se descuente a la
hora de hacer la declaración de la renta. Pero más aclaración.
Me dice usted: cuando han propuesto ustedes elevar el mínimo
exento... La propuesta de Presupuestos
del Gobierno está «destopando» por arriba los ingresos
superiores a 9.900.000 pesetas que cotizan al 56 por ciento, y
ustedes van a plantearse en tres años reducir ese 56 por
ciento al 50. Y yo propongo el mínimo exento fíjese usted para
qué, para que no nos equivoquemos --luego no vengan diciendo
que no he precisado--, para todas las pensiones y haberes
pasivos de 1.200.000 a 1.500.000. Usted ya sabe a lo que me
refiero, para que vea que no hay problema de inconcreción. Sí
hay una parte de inconcreción en la primera, cuando el mínimo
exento lo propongo el texto del Gobierno sin especificar lo
que es rendimiento del trabajo y lo que es rendimiento del
capital mobiliario. Pues mire, yo le ofrezco una transacción
si la acepta, solamente remitida al apartado 2 a) del artículo
65; podríamos aceptarlo, porque es para rendimiento del
trabajo.
En cuanto al patrimonio, mire usted lo que significa que este
año la exención del patrimonio pase de 15 millones a 17
millones, dos millones más. ¿Sacamos el porcentaje? Trece y
pico por ciento. Pero así, en esos porcentajes, no funcionan
las cosas para los demás; por tanto, para el patrimonio ha
caminado más desde una vertiente determinada.
En cuanto al tema de la tributación, dice que yo me he elevado
muchísimo. Quizá me haya pasado a la hora al hablar de estas
nuevas sociedades modernas que usted dice de los fondos de
inversión, de las sociedades de inversión inmobiliaria, de las
sociedades y fondos de inversión mobiliaria. Quizá yo las
desconozca mucho porque no me muevo por ese mundo, pero usted
me acaba de rechazar una enmienda en la que pretendo algo no
tan grande para algo que fíjese si es tradicional: las
sociedades anónimas laborales. Usted no acepta que las
sociedades anónimas laborales, en lugar de cotizar en el 35,
pasen al 20 por ciento, igual que las cooperativas. Eso para
usted no es moderno, pero sí lo es lo otro, y yo estoy alocado
porque no quiero reconocer los nuevos niveles de inversión,
por lo menos, vamos a caminar a un mismo nivel.
Termino con el tema de esa lectura que usted ha hecho de la
imposición directa y la imposición indirecta, que ha sido lo
que me ha movido a intervenir. Yo no voy a hablarle a usted de
las ideas de la sociedad organizada en sectores, clases,
etcétera, porque no es mi objetivo. Ahora bien, el día que
todos tengamos el mismo salario y el nivel de rentas sea igual
desde luego habremos andado muchísimo. Pero le voy a poner un
ejemplo que sea sencillo. Pensión mínima, 49.000 pesetas;
pensión máxima, 263.000 pesetas. Queda camino, ¿eh? Me tendrá
usted que reconocer que queda camino para eso. Con las 49.000
pesetas tiene que comprar uno los productos de consumo, y le
insisto, muy poco dinero para el consumo alto le queda a ese
salario, a ese ingreso familiar, muy poco. Por tanto, lo gasta
mucho en la primera parte del IVA superreducido. Por eso
tienen que escuchar desde la derecha lo que les acaban de
decir. Es que ustedes les suben, pero les suben tres veces más
los gastos con el consumo. Cuando vaya acercándose el abanico
de las rentas --y es verdad que en España comparados con otros
países estamos avanzando con relación a determinadas
proporciones-- a lo mejor es posible eso que usted ha dicho de
que los impuestos indirectos sean igual que los impuestos
directos, si todos tenemos la misma renta, pero mientras no
sea así, acépteme usted que es mejor la figura impositiva
directa. Ya discutiremos mañana con la ley de acompañamiento
impuestos directos, etcétera, que también tenemos algunos
impuestos directos, de dónde sacar dinero. Nosotros somos de
los que creemos que hace falta aplicar la solidaridad después
de la política de impuestos. Nosotros queremos un Estado que
recauda impuestos de los que ganan dinero para distribuir y
hacer salario social. Claro que sí, con nuestra filosofía ahí
no va a tener problemas. Lo malo es que usted me aplica a una
situación desigual el criterio de los impuestos indirectos. El
IVA no es lo mismo en cualquiera de los tres tramos; no es
igual en el superreducido, no es igual en el reducido y no es
igual para el consumo en general.
Por tanto, por más que ustedes quieran, esta figura de
incremento del IVA va a llevar a que la inflación no se sitúe
en el 3,5 por ciento. Pero como arrieros somos, cuando termine
el ejercicio veremos si la inflación está en el 3,5 o en el 5
por ciento; veremos si la subida del IVA ha sido inflacionista
o no, que es lo que estamos diciendo nosotros, y, además, va a
ser inflacionista por la parte que más perjudica a los niveles
de salario más bajo. En ese sentido van nuestras enmiendas. En
todo caso, a lo mejor no he dado razones suficientes para
convencerle a usted, pero no diga que nuestras propuestas no
intentan llegar a lo concreto desde la teoría. En todo caso,
son tan modernas como las otras modernidades, porque lo
estamos haciendo hoy partiendo de ideas que están ancladas en
la concepción tradicional de la izquierda, pero queremos mirar
al futuro. Lo malo es que miran a lo moderno cambiando el paso
a lo que hace cien años hacía la derecha. Ese no es nuestro
sitio y ahí no nos va a encontrar. Nada más, señor Presidente.
Muchas gracias..
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.
Tiene la palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Señor Presidente, muy brevemente
para agradecer al señor García Ronda su tono y su talante en
la contestación a las enmiendas de nuestro Grupo
Parlamentario. No estoy de acuerdo con sus planteamientos, lo
que ya es habitual entre el señor García Ronda y este
Diputado, pero no voy a entrar en un debate sobre política
tributaria, que creo que es el fondo de la cuestión. Le
agradecería que me puntualizara,
si puede, su reflexión sobre nuestras enmiendas 305, 308, 309,
310 y 313. Ya en el trámite parlamentario de Comisión dijo que
podían ser estudiadas y aquí lo ha repetido. Le agradecería
que me precisara algo más y que me dijera dónde y para cuándo
pueden ser tenidas en cuenta estas enmiendas.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Zabalía. Tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Muy brevemente, señor Presidente.
En primer lugar, como ha comentado el Diputado del Grupo Vasco
(PNV), no me han convencido los razonamientos del señor García
Ronda respecto a la presión fiscal. En concreto, al igual que
expusimos en el debate de totalidad al señor Solbes, sigo
pensando que estos presupuestos son, la verdad, increíbles, de
difícil cumplimiento, e incorporan medidas de efectos
contradictorios. Así, por ejemplo, el crecimiento de la
economía, que se espera conseguir básicamente a través de la
recuperación del consumo, se ve gravemente penalizado, diga lo
que diga el portavoz del Grupo Socialista, con el incremento
de la imposición indirecta y la de los impuestos especiales,
factores a los que habrá que añadir el alza previsible de los
tipos de interés, que ya se ha comentado por alguna autoridad
financiera y económica de nuestro país. Por tanto, este
aumento de la presión fiscal, el aumento del IVA y los
impuestos especiales, va a influir muy directamente en la
inversión y en el ahorro, haciéndolos disminuir, o al menos no
fomentándolos, con lo cual se frena el progreso o la
posibilidad de salir adelante en esta grave situación de
estancamiento económico en la que nos encontramos.
Respecto a las enmiendas, en concreto agradezco el estudio que
me consta que ha hecho de la número 4, relativa a la
consideración explícita, entre las circunstancias
excepcionales de minoración del rendimiento neto en el régimen
de estimación objetiva por signos, índices y módulos, de la
derivada de la realización de obra pública de larga duración.
Quedaría perfectamente redactado este subapartado 2 del
apartado cuatro del artículo 28, capítulo segundo, de la
estimación objetiva por signos, índices y módulos del
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas. Queda bien claro y el propio texto de la enmienda así
lo establece. Queda claramente determinado y podría admitirse
si hubiera voluntad --me había llegado a pasar por la cabeza
que podía haber voluntand de transaccionar; ya he visto luego
que ha sido una ilusión que me ha durado pocos segundos--, e
igual que se contemplan circunstancias excepcionales que sí
que pueden valorarse, bien por los gastos que determine esa
circunstancia excepcional o bien por el lucro cesante
extraordinario al proceso normal de ejercicio de una
determinada actividad empresarial, comercial o profesional,
pienso que se pueden calcular los graves perjuicios que puede
ocasionar a empresarios, comerciantes o profesionales la
duración prolongada de una obra pública en una ciudad. El
propio texto de la enmienda recoge que los sujetos pasivos
afectados por esa obra pública de larga duración deberán poner
dicha circunstancia en conocimiento del órgano competente de
la Administración tributaria en el plazo de 30 días a contar
desde la fecha en que se produzca, aportando a tal efecto la
justificación correspondiente. La Administración tributaria
verificará la certeza de la causa que motiva la reducción del
rendimiento, como otras veces hace la Administración de
Hacienda. Es una aproximación que intenta de alguna manera
valorar ese lucro cesante o ese aumento de gastos.
La justificación de esta enmienda se está dando en muchas
ciudades. Yo le comento el caso particular de la ciudad de
Valencia, pero al tener conocimiento de esta enmienda algunos
pequeños comerciantes de otras zonas me han comentado que en
otras ciudades se ha producido este descenso de ingresos o
este aumento de gastos debido a una obra pública de cualquier
tipo de Administración, y si es de la Administración del
Estado o de la Administración autonómica, con mayor motivo.
En el caso de Valencia, los comerciantes, profesionales
liberales y pequeños empresarios ubicados en el centro
histórico, en la calle Colón o en la de Angel Guimerá, que se
ven afectadas por las obras del metro, o en otras grandes
avenidas en las que se están emprendiendo obras de
infraestructura de ejes viarios, en Valencia y en otras
grandes ciudades, están viendo cómo han disminuido los
ingresos de sus pequeños comercios o despachos profesionales.
Este mismo problema está afectando a otras ciudades en las que
están realizándose obras de ejes viarios o cualquier otra obra
de infraestructura. Por tanto, pienso que puede haber voluntad
por parte del Grupo Socialista. Esperemos que se acepte lo que
proponemos porque sí que se pueden calcular, y las
estimaciones aproximadas que muchas veces hace la Agencia
Tributaria también podrían ser utilizadas en este tipo de
obras extraordinarias que afectan y mucho. Ruego que con el
mismo cariño con que han estudiado hasta ahora esta enmienda
intenten en los próximos minutos aceptarla, transaccionarla o
mejorarla. Desde luego, estoy dispuesto a aceptar transacción
porque el modesto Diputado que le habla muchas veces no
dispone de los medios que usted tiene para hacer una redacción
perfecta, pero el fondo y el motivo que me han conducido a
presentar esta enmienda pienso que es bastante justo y sería
agradecido por muchos ciudadanos afectados por las obras
públicas.
El resto de enmiendas no las presentamos por quedar bien. Con
las enmiendas 34, 35 y 36 simplemente
pretendemos fomentar la inversión, que pienso que nos debería
motivar a todos a presentar enmiendas como éstas o a aceptar
enmiendas como éstas.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Olarte tiene la
palabra.
El señor OLARTE CULLEN: Yo, al contrario de lo que le ha
ocurrido al señor representante de Unión Valenciana, integrado
en el Grupo Mixto, no me he hecho ninguna ilusión con la
intervención del señor portavoz del Grupo Socialista y, por
tanto, no regresaré a mi domicilio bajo la frustración de la
disolución y podré conciliar el sueño dentro de breves minutos
con absoluta profundidad. Lo esperaba, no me ha extrañado.
Tampoco puedo coincidir con el señor representante del Grupo
Vasco en el sentido de que yo no me encuentro mínimamente
satisfecho por el talante acreditado por el señor García
Ronda, ni mucho menos, todo lo contrario. Esa expresión un
tanto peyorativa que ha dedicado S.S. a Coalición Canaria
manifestando que no le extrañaba que Coalición Canaria
defendiera lo suyo merece una respuesta. ¿Qué cree usted que
tenía que defender Coalición Canaria? ¿Lo que no es suyo? El
día que usted y su Grupo Parlamentario entiendan que ese lo
suyo es lo nuestro, se acabarán muchos problemas y se
despejarán una serie de incertidumbres que se van consolidando
de cara al futuro en mi Comunidad.
El señor García Ronda, al parecer, ignora que el diferencial
fiscal actualmente existente no es un capricho de Coalición
Canaria, que pretende con su enmienda «ex novo», sino que, por
el contrario, trae causa de una situación que se generó muchos
años atrás, con anterioridad a la Constitución española, y que
ella ha respetado, ha tutelado y ha defendido en una de sus
disposiciones adicionales al mantener la necesidad de defender
y de tutelar el régimen económico fiscal canario. Existe ese
diferencial fiscal y lo único que nosotros pretendíamos era
que, al igual que se produce una reducción en el territorio
peninsular y Baleares pasando del 13 anterior al 12 actual,
por lo que respecta al Archipiélago Canario pasara del 11 al
10. Me parece que no era mucho pedir. No se trataba de otra
cosa que de mantener una situación existente, un diferencial
existente. Pero, como ustedes quieren homologar y, por lo
tanto, evitar diferenciales, les recordaré su voluntad cuando
tengamos que defender otra enmienda en virtud de la cual
solicitamos que los ayuntamientos canarios participen en los
tributos del Estado en igualdad de condiciones que los
ayuntamientos peninsulares. Ahí le espero yo, señor portavoz,
a usted o a quien haya de sustituirle en la defensa de los
planteamientos optativos de las enmiendas que viene formulando
Coalición Canaria.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias.
El señor García Ronda tiene la palabra.
El señor GARCIA RONDA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, empezando por el final, voy a contestar al señor
Olarte, de Coalición Canaria, que creo que ha interpretado de
manera peyorativa lo que yo he dicho. Naturalmente que me
parece lógico que cada grupo defienda lo suyo; cómo no me lo
va a parecer. Nosotros defendemos lo nuestro, el Grupo Popular
lo suyo, etcétera. No he dicho peyorativamente que ya sabía
que va a lo suyo. No, no, en absoluto. Quizá en S.S. haya un
exceso de sensibilidad, pero creo que nuestro grupo no ha
tratado mal nunca al hecho insular canario. En ese sentido
hemos sido tan sensibles como podemos y debemos serlo. En
efecto, estoy de acuerdo con que lo suyo es lo nuestro y lo
nuestro, lo de todos, también es lo suyo, y creo que así lo
entenderán los canarios y lo entendemos el resto de los
españoles también. Ahí podemos estar de acuerdo perfectamente.
Me siento a gusto con los hechos insulares, tratándolos como
se deben tratar; lo mismo que S.S. se sentirá a gusto también,
supongo, en esta Cámara tratando los aspectos de todos los
españoles. Creo que ahí nos encontraremos. No tengo mucho más
que decir, simplemente, como he dicho antes, que en cuanto al
traslado automático del 1 por ciento me parece que no tiene
por qué haber una correlación. Otra cosa es que sea deseable
por parte de su señoría. Creo que con esto le habré dado
satisfacción no en la enmienda, naturalmente, pero supongo que
sí en cuanto a su discurso y al mío.
En cuanto al Grupo de Unión Valenciana, es elogiable su
preocupación por la pequeña y mediana empresa, que nosotros
también tenemos, y en otro momento habrá que considerar los
aspectos que S.S. defiende en esa enmienda que ha tenido a
bien repetir.
Por lo que se refiere al PNV y a sus reflexiones sobre las
enmiendas 305, 308, 309 y 310, qué le voy a decir. ¿En qué
momento procesal se puede traducir esa reflexión en
materialidad? Ya sabe usted en cual: en la otra Cámara. Antes
no había contestado a una cuestión que era la de las bebidas
refrescantes. A lo mejor me lo ha traído a la memoria el vaso
de agua. Sus señorías insisten en ello y, desde el punto de
vista de este tipo de empresas, quizá les sea conveniente.
Esos productos son inocuos, quizá (no estoy muy seguro de que
todos lo sean), pero desde luego son innecesarios también; es
decir, que su tratamiento no puede ser exactamente igual que
los de otras bebidas de otra índole, sin duda más inocuas aún.
Y el hecho de que en la Unión Europea estos productos puedan
tributar al tipo reducido, no quiere decir que tengan
necesariamente que tributar.
Al interviniente de Izquierda Unida he de decirle que con
referencia a determinadas personas y personas de
tercera edad hay ayudas personales de diversos tipos:
deducción en base imponible, deducción también en las rentas
de trabajo, en las pensiones; hay deducciones por minusvalías
que tantas veces afectan a personas mayores. Y por lo que se
refiere a la deducción por rentas del trabajo, la verdad es
que S.S. pretende un incremento, que yo he juzgado excesivo, o
fuera del porcentaje normal, porque tampoco hace una
diferenciación entre unos tipos y otros de niveles de renta.
En cuanto a las sociedades anónimas laborales, he de decirle
que la estructura del capital de las sociedades anónimas
laborales no es igual que la de las cooperativas. Su señoría
creo que las conocerá y sabe que no es igual, en absoluto, que
no solamente hay socios que podríamos llamar laborales, sino
que hay socios de otra índole, y entonces el tratamiento
tampoco puede ser exactamente igual. Podría S.S. haber
pretendido otra cosa, pero no igualarlas a cooperativas. En
cuanto a la inflación, no le heche toda la culpa al IVA, ya
veremos lo que ocurre a finales del año 1995. El entusiasmo de
su alegato me ha parecido válido desde el punto de vista de su
Grupo, pero desde luego inválido en cuanto a contestar a las
argumentaciones.
Al Grupo del Partido Popular, ya me gustaría que me pudiese
demostrar, a finales del año 1995, que ha subido realmente la
presión tributaria, ese 0,7 por ciento que S.S., sobre unas
cifras previstas del producto interior bruto para el año 1995,
ha dicho; veremos cómo se convierte ante la realidad de esta
reactivación que S.S. sigue diciendo que no existe, cuando lo
que ha hecho ha sido traducir meramente sobre la teoría, sobre
el PIB, el porcentaje, y veremos cuál es la realidad final del
año 1995 en esta reactivación.
¿Que hay que poner límites a la cifra de impuestos, porque si
no se induce de alguna manera al fraude? Estoy de acuerdo con
S.S., pero desde luego he de decirle que precisamente el
Impuesto sobre Sociedades y lo que atañe a las inversiones no
sube, sino que en estos presupuestos baja. Es decir, que no me
diga que no es estimulante. Su señoría podrá considerar que es
insuficientemente estimulante, quizá, para las pretensiones
que traen sus enmiendas, pero no que no es estimulante en
absoluto. Precisamente en ese terreno no hay incremento de la
presión tributaria.
Yo no he dicho que haya demagogia porque suba el IVA. No, no.
Lo he dicho con respecto a su actitud ante esa subida al
aliarse a un carro fácil, que es considerar que eso no puede
ser y que está perjudicando a una serie de rentas cuando (creo
que se lo he demostrado a S.S.) ustedes van por la línea de
favorecer rentas más altas en otra serie de enmiendas suyas.
Nada más. Creo que con esto habré dado satisfacción a SS.SS.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señorías, el Pleno se
reanudará mañana a las nueve de la mañana.
Se suspende la sesión.
Eran las once y cuarenta y cinco minutos de la noche.