Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 104, de 16/11/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1994 Núm. 104 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 103
celebrada el miércoles, 16 de noviembre de 1994
Página
ORDEN DEL DIA:
--Preguntas (Página 5346)
Interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
medidas urgentes que piensa adoptar el Gobierno para el
desarrollo de una adecuada política de gestión económica y de
contratación de la Administración Penitenciaria (número de
expediente 172/000078) (Página 5369)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, sobre medidas de política general
respecto de la energía nuclear en nuestro país con especial
referencia al proceso de selección y criterios empleados en la
elección de los candidatos al Consejo de Seguridad Nuclear
(CSN) en función de los criterios y requisitos señalados en la
Ley 15/1980, de 20 de abril, de creación del Consejo de
Seguridad Nuclear (número de expediente 172/000079) (Página 5379)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número
105, de 17 de noviembre de 1994.)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Preguntas (Página 5346)
De la Diputada doña Pilar Rahola i Martínez, del Grupo
Parlamentario Mixto, que formula al Excmo. Sr. Presidente del
Gobierno: A raíz de las numerosas informaciones publicadas
respecto a las operaciones inmobiliarias del Sr. Francisco
Palomino y de la preocupación social que dichas informaciones
están produciendo, ¿qué tiene que decir el Gobierno respecto a
las relaciones de CAE con la Administración del Estado?
(Número de expediente 180/000795) (Página 5346)
De la Diputada doña Rosa Aguilar Rivero, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, que formula al Gobierno: ¿Cuál es la posición del
Presidente del Gobierno respecto de las numerosas operaciones
mercantiles e inmobiliarias en las que ha participado el Sr.
Palomino y que se han realizado con las distintas
administraciones y empresas o sociedades públicas dependientes
de la Administración General del Estado? (Número de expediente
180/000793) (Página 5347)
Del Diputado don Fernando Fernández de Trocóniz Marcos, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al
Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Conocía el Presidente del
Gobierno la relación entre don Francisco Germán Palomino
Romera y la empresa Control y Aplicaciones, S.A. (CAE),
adjudicataria de numerosos contratos con el Estado y el resto
del sector público y, en concreto, subcontratista de
determinadas instalaciones llevadas a cabo en el complejo de
La Moncloa? (Número de expediente 180/000810) (Página 5350)
Del Diputado don Antonio Cuevas Delgado, del Grupo Socialista,
que formula al Gobierno: ¿En qué condiciones efectuó la
sociedad pública SEPES la adjudicación y venta de parcelas en
Dos Hermanas (Sevilla), en 1989? (Número de expediente
180/000798) (Página 5351)
Del Diputado don Victoriano Roncero Rodríguez, del Grupo
Socialista, que formula al Gobierno: ¿En qué condiciones se
efectuó, por parte de RENFE, la concesión para la señalización
eléctrica del tramo Oropesa-Alcanar? (Número de expediente
180/000802) (Página 5352)
Del Diputado don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al
Excmo. Sr. Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente: ¿Qué medidas adicionales piensa adoptar el
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
para impulsar un decidido plan de renovación de la flota de la
Marina Mercante? (Número de expediente 180/000817) (Página 5352)
Del Diputado don Vicente Martínez-Pujalte López, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Qué medios está desarrollando el Gobierno para promover la
participación de empresas españolas en programas comunitarios
y en licitaciones internacionales del Fondo Europeo de
Desarrollo? (Número de expediente 180/000775) (Página 5353)
De la Diputada doña Isabel Alberdi Alonso, del Grupo
Socialista, que formula al Gobierno: ¿Qué papel jugó el
Gobierno en la adjudicación de contratos en la Expo y en el
Palacio de Congresos de Madrid? (Número de expediente
180/000801) (Página 5354)
Del Diputado don Pedro Moya Milanés, del Grupo Socialista, que
formula al Gobierno: ¿Fue el Gobierno español el adjudicatario
de los contratos del programa EFA? (Número de expediente
180/000800) (Página 5355)
Del Diputado don Rafael Hinojosa i Lucena, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al
Excmo. Sr. Ministro de Educación y Ciencia: ¿Qué actuaciones
ha realizado el Gobierno para dar cumplimiento a la
Proposición no de Ley aprobada por unanimidad en este
Parlamento el 3 de marzo de 1992, relativa a las retribuciones
del profesorado? (Número de expediente 180/000796) (Página 5356)
De la Diputada doña Anna Balletbó i Puig, del Grupo
Socialista, que formula al Gobierno: ¿Para cuándo tiene
previsto el Ministro de Educación y Ciencia la adaptación al
equivalente femenino de los títulos universitarios? (Número de
expediente 180/000806) (Página 5357)
De la Diputada doña Anna Balletbó i Puig, del Grupo Socialista
que formula al Gobierno: ¿Cuál ha sido la posición de la
Delegació española en la reunión preparatoria de Viena de la
IV Conferencia Mundial sobre la mujer, que se celebrará en
Pekín del 4 al 15 de septiembre de 1995, y cuáles son los
trabajos que se están realizando cara a dicha Conferencia?
(Número de expediente 180/000807) (Página 5358)
De la Diputada doña Loyola de Palacio del Valle-Lersundi, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al
Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Por qué ocultó el
Gobierno, en respuesta dada a pregunta del Senador del Grupo
Popular don Juan José Unceta, información sobre las obras
realizadas en el complejo de La Moncloa? (Número de expediente
180/000811) (Página 5359)
Del Diputado don Javier Rupérez Rubio, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cree el
Gobierno que los españoles tienen deberes nacionales para otra
autoridad, que no sea la propia y constitucional? (Número de
expediente 180/000778) (Página 5360)
Del Diputado don José Luis Rodríguez Zapatero, del Grupo
Socialista, que formula al Gobierno: ¿Por qué fueron
rechazados por el Ministerio de Economía y Hacienda varios
proyectos de la empresa Biomédica en Asturias y Galicia?
(Número de expediente 180/000804) (Página 5361)
Del Diputado don José Luis Rodríguez Zapatero, del Grupo
Socialista, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son los criterios
que llevaron al Ministerio de Economía y Hacienda a conceder
ayudas a la empresa Imaging Aberdeen? (Número de expediente
180/000805) (Página 5362)
Del Diputado don José Luis Rodríguez Zapatero, del Grupo
Socialista, que formula al Gobierno: ¿Qué relaciones
contractuales ha mantenido la Dirección General de Tráfico con
la empresa SICE, S.A., desde 1984? (Número de expediente
180/000799) (Página 5363)
Del Diputado don Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al
Excmo. Sr. Ministro de Justicia e Interior: ¿Qué quiso decir
el Sr. Ministro cuando afirmó en medios de comunicación que
los poderes del Estado han decidido hacer un «razonable ajuste
de cuentas con el pasado»? (Número de expediente 180/000812)
(Página 5363)
Del Diputado don Rogelio Baón Ramírez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de
Justicia e Interior: ¿Qué opinión le merece al Sr. Ministro de
Justicia e interior que un chalet construido en Madrid por el
Patronato de Casas de la Guardia Civil, perteneciente a un
Comandante de dicho Cuerpo, fuese alquilado a narcotraficantes
colombianos y destinado ilegalmente a residencia de ancianos?
(Número de expediente 180/000813) (Página 5364)
Del Diputado don Ricardo Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo
Vasco (PNV), que formula al Gobierno: ¿Qué previsiones tiene
el Presidente del Gobierno sobre la aprobación de un Proyecto
de Ley de reintegración de bienes incautados por motivos
políticos durante la Guerra Civil a partidos políticos,
sindicatos, asociaciones civiles y personas físicas? (Número
de expediente 180/000797) (Página 5366)
Del Diputado don José Antonio Alonso Conesa, del Grupo
Socialista, que formula al Gobierno: ¿Qué planes tienen el
Instituto Nacional de Hidrocarburos y Repsol en relación al
futuro de la factoría de Repsol-Butano en Cartagena? (Número
de expediente 180/000808) (Página 5367)
Del Diputado don Manuel Milian Mestre, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente: ¿Cuál es la
situación real de Iberia desde el punto de vista de la
viabilidad? (Número de expediente 180/000816) (Página 5368)
Interpelaciones urgentes (Página 5369)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas
urgentes que piensa adoptar el Gobierno para el desarrollo de
una adecuada política de gestión económica y de contratación
de la Administración Penitenciaria (Página 5369)
El señor Gil Lázaro explana la interpelación del Grupo
Popular, manifestando que la Administración, como instrumento
al servicio del ciudadano y del interés general, debe hacer
uso de las facultades y recursos de que dispone en atención a
un imperativo de transparencia, racionalidad y aprovechamiento
máximo de los medios y plena sujeción de sus actos a las
formas y límites establecidos. Pues bien, el Grupo Popular
fundamenta esta interpelación en la urgencia de poner fin, de
una vez por todas, a determinadas prácticas y sombras que han
venido siendo y son nota constante en la ejecución de la
política de gestión económica y de contratación de la
Administración penitenciaria y que por sus consecuencias
motivan la preocupación del Grupo Popular.
Reconoce que la complejidad del asunto que les ocupa no puede
sustanciarse en un único acto parlamentario, y no pretenden
hacerlo, pero lo cierto es que existen indicios de
irregularidades suficientes para que pidan explicaciones al
Gobierno. Concretamente, piden al señor Ministro que explique
a la Cámara por qué de los 418 contratos de obras de
reparación, conservación y mantenimiento suscritos por la
Administración penitenciaria durante el período 1987-1993, con
un importe global de 9.747 millones, sólo 16 fueron por
concurso y el resto por adjudicación directa. Pide al Ministro
que explique tal número de adjudicaciones directas y por qué
se benefició a una sola empresa con estas adjudicaciones
directas por importe de más de 1.700 millones de pesetas, o
por un valor global de más de 2.400 millones a un conjunto de
siete empresas que aparecen también como receptoras de
cuantiosas adjudicaciones de obras en acuartelamientos de la
Guardia Civil. También debería explicar el señor Ministro por
qué determinados proyectos fueron firmados por arquitectos
adscritos al Ministerio y, en cambio, los de mayor cuantía por
profesionales ajenos al Departamento. Pregunta al señor
Ministro si está en condiciones de asegurar que no se ha
producido trato de favor alguno hacia ningún particular y si
está en condiciones razonables de ilustrar a la Cámara sobre
si ha existido o no relación contractual directa entre la
Administración penitenciaria y las empresas Talleres Palomino
y CAE, o si éstas han realizado o no trabajos en centros a
través de subcontratas de obras. Pide también al señor
Ministro que aclare por qué todavía no existe un conocimiento
exacto en los servicios centrales de cuál es realmente el
volumen de ingresos y gastos de los centros penitenciarios
cuando en el capítulo de ingresos se habla para el año 1993 de
una cifra no inferior a los 11.500 millones de pesetas.
Igualmente debe informar por qué se han realizado compras de
material y contrataciones de servicios de espaldas a los
requisitos formales exigidos por la legislación vigente y en
determinados centros se han realizado operaciones comerciales
en manifiesto quebranto de la Hacienda pública y, por tanto,
en beneficio exclusivo de algunos de los partícipes en las
mismas.
Alude asimismo a la necesidad de aclaraciones en torno a
gastos de teléfonos, ingresos procedentes del INEM o por
intereses de gastos corrientes, etcétera, así como a lo que se
piensa hacer con los casi 1.000 millones de pesetas acumulados
desde 1977 y que en concepto de beneficio del organismo tenían
que habersse distribuido en los pasados ejercicios y no se
llevó a efecto, privando a los internos de una cifra que les
correspondía, y a quiénes se ha exigido responsabilidad
disciplinaria o política por tan flagrante incumplimiento
legal.
Concluye el interpelante afirmando que las cosas no pueden
seguir ni un minuto más como están y, habida cuenta de que el
señor Ministro se ha mostrado públicamente partidario de
realizar una revisión razonable del pasado, considera que
tiene aquí una magnífica oportunidad para comenzar a hacerlo
desde su propio Ministerio.
En nombre del Gobierno contesta el señor Ministro de Justicia
e Interior (Belloch Julbe), manifestando que el interpelante
ha formulado del orden de 100 a 110 preguntas, lo que
evidencia que se trata de meras preguntas retóricas. Afirma
que no es posible contestar a cien preguntas en este trámite,
por lo que el interpelante debería acudir a la vía
parlamentaria correcta que, evidentemente, no es la de la
interpelación.
Frente a las preguntas retóricas cree que es legítimo
simplemente no responderlas, aunque va a hacer una excepción
porque inciden sólo indirectamente en una falsa polémica en
torno a CAE. Le preocupa porque, además, ésa es la única
novedad que ha detectado del conjunto de planteamientos del
interpelante. Respecto del tema de CAE aclara la supuesta
actuación o no de esta empresa en los centros de Picassent,
Alhaurín de la Torre y Sevilla-2, agregando ya con carácter
general que la actuación administrativa se ha atenido a los
principios del ordenamiento en materia presupuestaria y de
contratación, siendo corregida sistemáticamente cualquier
desviación en que se haya podido incurrir y, en su caso,
seguido del correspondiente procedimiento disciplinario o
judicial. Añade que en los últimos años se han venido
superando, cree que de manera positiva, disfunciones que han
existido, y que el señor Diputado no conoce, ante el
incremento de un 46 por ciento de la población penitenciaria
en los últimos cinco años, lo cual generó la necesidad de
contratar en ocasiones servicios y obras con mayor urgencia y
celeridad de la que en términos de normalidad sería deseable,
teniendo que hacer frente a gastos imprevisibles y de
imposible aplazamiento.
Alude a continuación a los acontecimientos producidos dentro
de los establecimientos penitenciarios entre los años 1989 y
1993, con secuestro de funcionarios, motines y situaciones de
crisis como consecuencia de las circunstancias de
hacinamiento, frente a cuyos problemas cualquier administrador
responsable tenía que buscar soluciones urgentes porque
siempre existen prioridades. Aun así, y antes de tener él
responsabilidades directas, ya se adaptaron medidas en la
línea de intentar normalizar hasta el límite de lo posible los
mecanismos de contratación y se materializaron también medidas
de mejora orientadas hacia una gestión económica más
transparente. Por consiguiente, el propio señor Diputado sabe,
porque conoce el tema, que es absolutamente injusto intentar
descalificar la gestión de la Secretaría de Estado de
Instituciones Penitenciarias.
Termina el señor Ministro señalando que gracias al trabajo
anterior ahora lo tienen mucho más fácil y les permitirá
presentar un plan de acción económico-administrativa
1994-1995, plan que no sería posible plantear sin la brillante
gestión anterior, explicando las principales medidas
contenidas en dicho plan, encaminadas a mejorar las técnicas
de la gestión. Replica el señor Gil Lázaro, duplicando el
Ministro de Justicia e Interior. Para fijación de posiciones
interviene el señor Casas i Bedós, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), y la señora Aguilar Rivero, del Grupo
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre medidas de política general respecto de
la energía nuclear en nuestro país, con especial referencia al
proceso de selección y criterios empleados en la elección de
los candidatos al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en
función de los criterios y requisitos señalados en la Ley
15/1980, de 20 de abril, de Creación del Consejo de Seguridad
Nuclear (Página 5379)
El señor García Fonseca defiende la interpelación del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, manifestando que,
ante los nombramientos para cubrir las vacantes del Consejo de
Seguridad Nuclear y al no poder dar su conformidad a los
candidatos nominados, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
quiere manifestar en esta interpelación, primero, que el
Ministerio de Industria no ha prestado atención alguna al
perfil del Consejero defendido por Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, que no es otro que el establecido por la Ley de
creación del Consejo de Seguridad Nuclear, ni ha atendido a
las observaciones particulares sobre los candidatos concretos.
Reitera que Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya no ha
participado ni prestado su consentimiento al nombramiento de
ninguna de las vacantes del Consejo de Seguridad Nuclear, y no
precisamente por falta de voluntad de su Grupo, anunciando la
presentación de una moción pidiendo que se modifique la actual
Ley de manera que permita al menos un control parlamentario
del Consejo. Menciona las gestiones realizadas cerca del
Ministerio de Industria y del Grupo Parlamentario Socialista
en torno a la cobertura de estas vacantes, formulando una
serie de planteamientos que no
han tenido ninguna respuesta, agregando que las personas que
van a ser designadas, si el proceso se culmina junto con las
que ya están en el Consejo de Seguridad Nuclear, no cubren los
requisitos requeridos por la ley, con lo que están vaciando de
credibilidad a una institución tan importante y necesaria.
Cree que ese vaciamiento de credibilidad y la situación de
ilegalidad en que incurren, al menos en el espíritu de la ley,
los Consejeros es el favor más flaco que se puede hacer al
tema nuclear en este país. Pero lo que más preocupa a su Grupo
Parlamentario es que una institución del Estado, y por tanto
de interés común, no pueda responder a la confianza de todos
los grupos políticos y de la inmensa mayoría de los
ciudadanos.
En nombre del Gobierno contesta el señor Ministro de Industria
y Energía (Eguiagaray Ucelay), manifestando que este debate se
plantea desde la frustración del Grupo de Izquierda Unida,
frustración que él puede entender, aun cuando no comparte ni
los criterios ni las conclusiones a las que su Grupo llega. El
interpelante tiene toda la legitimidad para plantear en este
momento una discusión parlamentaria en forma de interpelación
al Gobierno, pero, de acuerdo con la legislación vigente, está
previsto un debate alrededor del cumplimiento de las
características establecidas por la ley con relación a los
candidatos propuestos para ser nombrados por el Gobierno y que
tendrá lugar próximamente en esta Cámara, sobre el que se
producirán las correspondientes votaciones.
Agrega que el hecho de que el señor García Fonsecano esté de
acuerdo con las personas no le da derecho a pretender que su
criterio sea el único válido, y el que no esté de acuerdo con
la Ley tampoco le da derecho a deslegitimar una ley aprobada
por estas Cortes y que para su modificación tiene los cauces
reglamentarios oportunos. Afirma que la falta de acuerdo de
Izquierda Unida no desdice la legitimidad del proceso ni el
acuerdo alcanzado con otros grupos parlamentarios, como
tampoco la idoneidad de las personas que el Gobierno ha
entendido que debe proponer a esta Cámara para su ratificación
mediante el procedimiento oportuno. Añade que el Gobierno ha
obtenido el mayor consenso posible en las circunstancias
existentes y el que el interpelante no se sienta de acuerdo
con dicho consenso personalmente lamenta no poder remediarlo.
Replica el señor García Fonseca, duplicando el señor Ministro
de Industria y Energía.
Para fijación de posiciones interviene el señor Nadal i Male,
del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Se suspende la sesión a las siete y treinta minutos de la
tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
PREGUNTAS:
--DE LA DIPUTADA DOÑA PILAR RAHOLA I MARTINEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL
GOBIERNO: A RAIZ DE LAS NUMEROSAS INFORMACIONES PUBLICADAS
RESPECTO A LAS OPERACIONES INMOBILIARIAS DEL SEÑOR FRANCISCO
PALOMINO Y DE LA PREOCUPACION SOCIAL QUE DICHAS INFORMACIONES
ESTAN PRODUCIENDO, ¿QUE TIENE QUE DECIR EL GOBIERNO RESPECTO A
LAS RELACIONES DE CAE CON LA ADMINISTRACION DEL ESTADO?
(Número de expediente 180/000795)
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
Punto IV del orden del día: Preguntas.
Pregunta número 10, de la señora Rahola i Martínez.
Tiene la palabra.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
¿Qué tiene que decir el Gobierno respecto a las relaciones de
CAE con la Administración del Estado?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
Tiene la palabra el señor Presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Señor
Presidente, señorías, en vista de las informaciones aparecidas
en los últimos días, el Gobierno ha hecho una investigación de
cada caso sugerido o insinuado en esas informaciones, y lo que
tiene que decir, señoría, es que la relación de la
Administración con esta empresa es absolutamente correcta e
igual a la que tiene con cualquier otra empresa. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
Tiene la palabra la señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Señor Presidente, gracias.
Su respuesta, señor Presidente, no es satisfactoria, porque no
aclara nada; no explica la relación causa-efecto entre la
compra de una ruinosa empresa, Talleres Palomino, por CAE y su
casi inmediata relación con la obra pública. Ya sé que me va a
decir que emitimos juicios de valor sin escucharle; me imagino
que lo dirá porque en esta pequeña farsa de los miércoles,
donde sólo usted tiene el derecho a réplica, le he oído a
menudo el comentario. (Rumores.) Sin embargo, mi respuesta
está condicionada a la suya , y la suya no me convence.
Puedo aceptar, señor Presidente, que usted no supiera a quién
vendió Palomino su empresa, sinceramente lo puedo aceptar --es
mucho aceptar-- pero, ¿me quiere hacer creer que en ningún
momento usted no sabe que su cuñado se enriquece rápida y
notablemente gracias a CAE, que CAE tiene como directivo a su
cuñado y que trabaja para la Administración Pública? ¿Me
quiere hacer creer que es inocente que una empresa compre por
360 millones la empresa del cuñado del Presidente del Gobierno
que está en quiebra, y que lo haga gratis, por amor al
prójimo? ¿Es CAE una nueva forma de mecenazgo o de
filantropía? ¿Nos quiere hacer creer que los beneficios que
CAE tiene, gracias a trabajar con la Administración, no tienen
nada que ver con haber sido tan generosos con el señor
Palomino? ¿Que no es cierto que CAE consigue contratos,
incluso contra la opinión de los técnicos? Hay causa-efecto.
Complicidades. El nombre del Presidente necesariamente ha sido
usado, y no en vano precisamente. ¿O nos pide que seamos
infinitamente ingenuos? Me pregunto, señoría, qué habría hecho
un joven líder de la oposición, llamado Felipe González, si
hubiera tenido tal cúmulo de indicios y complicidades en sus
manos cuando era opositor. ¿Qué nos pide? ¿Que le creamos
gratis, a pesar de que no consigue explicarnos el auténtico
nudo de la cuestión, el por qué CAE se beneficia con la
Administración al tener al señor Palomino como directivo? ¿Qué
nos pide? ¿Que no leamos la prensa? (Rumores). Siempre me
enorgulleceré del estrecho vínculo entre periodistas y
políticos. Nos alimentamos mutuamente, usted lo sabe muy bien,
en la defensa del Estado de Derecho. No rompamos nunca ese
vínculo. ¿Qué nos pide? ¿Que creamos que todo es una
conspiración contra las instituciones? Nunca. Ya sé que no lo
hace. Nunca se confunda usted, que es un servidor, como todos
nosotros, con las instituciones. Las instituciones las
erosionan los señores Roldanes, Rubios; se erosionan cuando se
hace un uso perverso de ellas. Señoría, la mujer del César no
sólo tiene que ser honrada sino parecerlo. El cuñado del señor
Presidente del Gobierno también tiene que parecer honrado,
además de serlo. (Nuevos rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Y, sobre todo, lo tiene que
parecer el Presidente.
El señor PRESIDENTE: ¡Señora Rahola!
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Lo tiene que parecer hasta que no
consiga convencer a la oposición y a los ciudadanos que no ha
tenido nada que ver su parentesco... El señor PRESIDENTE:
Señora Rahola, la llamo al orden por segunda vez. No tiene la
palabra.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Perdón, es que con tanto ruido no
le oía, señor Presidente. (Risas.) Gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor Presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Señora
Diputada, yo confío en que su talante es de respeto al Estado
de Derecho y al Estado democrático. Seguramente lo que usted
trata de dilucidar es que si yo he hecho algún trato de favor
a alguna empresa que tenga relación con algún familiar mío,
primero; y, segundo, si la Administración, que depende de mí,
ha hecho algún trato de favor a esa empresa. Le puedo asegurar
solemnemente que nunca he hecho ningún trato de favor. ¿Cómo
es posible demostrar eso? En un Estado de Derecho, si hay
alguien que afirme eso está mintiendo, se lo aseguro aquí, y
tiene que demostrarlo. Ahora bien, si aparece una información
sobre uno, tres, cinco o catorce contratos, que se producían
antes de esos hechos, durante y después, con esa empresa CAE,
mi obligación es investigar esas contrataciones. Así lo hemos
hecho en cada caso, explicar lo que ha ocurrido, y tendrá S.S.
toda la documentación sobre todas las contrataciones. Por
consiguiente, desvelar cualquier tipo de duda. A partir de
ahí, no hay una responsabilidad más para el Presidente del
Gobierno. Es decir, no he hecho ningún trato de favor, punto
número uno; y dos, he investigado si ha habido algún trato de
favor en cualquier órgano dependiente de la Administración y,
hasta ahora, según resulta de la investigación, no lo ha
habido. Si lo hubiera, habría que depurar responsabilidades.
¿Pero quién afirma en democracia? Pruebas. Yo he investigado.
Es mi obligación, y lo explico. Si alguien afirma que yo he
hecho un trato de favor, le ruego que sea demócrata y lo
pruebe, y si no, que rectifique. (Fuertes aplausos en los
bancos del Grupo Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
--DE LA DIPUTADA DOÑA ROSA AGUILAR RIVERO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES LA POSICION DEL
PRESIDENTE DEL GOBIERNO RESPECTO DE LAS NUMEROSAS OPERACIONES
MERCANTILES E INMOBILIARIAS EN LAS QUE HA PARTICIPADO EL SEÑOR
PALOMINO Y QUE SE HAN REALIZADO CON LAS DISTINTAS
ADMINISTRACIONES Y EMPRESAS O SOCIEDADES PUBLICAS DEPENDIENTES
DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO? (Número de expediente
180/000793)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 9, de la señora Aguilar
Rivero. Señora Aguilar.
La señora AGUILAR RIVERO: Gracias, señor Presidente.
Con rubor y con sonrojo ha visto mi Grupo Parlamentario al
Presidente del Gobierno en Casablanca, una vez más desde fuera
del país, ponerse a debatir, por un tema de índole familiar,
con el director de un medio de comunicación. ¿Cuál es la
posición del Presidente del Gobierno respecto de las numerosas
operaciones mercantiles e inmobiliarias en las que ha
participado el señor Palomino y que se han realizado con las
distintas administraciones y empresas o sociedades públicas
dependientes de la Administración General del Estado?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aguilar. Tiene la palabra
el señor Presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Señor
Presidente, señorías, si entiendo bien su pregunta, de nuevo
se trata de dar respuesta a algo que se insinúa: ¿ha habido
alguna relación que no sea clara por parte del Presidente del
Gobierno con una serie de empresas, o con una empresa más en
concreto, o ha habido por parte de la Administración algún
trato de favor en relación con esa empresa?
La respuesta, señoría, después de analizar y estudiar los
casos, acabo de decirlo, es que no. Si hubiese una
demostración en contrario, me gustaría conocerla. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente. Tiene la
palabra la señora Aguilar.
La señora AGUILAR RIVERO: Gracias, señor Presidente.
Señor Presidente de Gobierno, usted sabe que la única realidad
es que ha quebrantado, que ha vulnerado, que ha traicionado la
confianza que el pueblo español le dio. (Fuertes rumores y
protestas.) Se ha convertido... (Continúan los rumores.)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías! ¡Silencio!
Continúe, señora Aguilar.
La señora AGUILAR RIVERO: Gracias, señor Presidente.
Se ha convertido no sólo en el Presidente del paro, sino de
los escándalos, (Nuevos rumores y protestas.) de las
irregularidades, de la opacidad, de la falta de transparencia
en la gestión, de la falta de ética en la actuación. En
definitiva, en el Presidente de la corrupción. (Continúan los
rumores y las protestas.)
El señor PRESIDENTE: ¡Señorías, ruego guarden silencio!
Señora Aguilar, continúe.
La señora AGUILAR RIVERO: Usted, señor Presidente del
Gobierno, ha faltado a la verdad cuando ha negado trato de
favor desde la Administración o sociedades públicas a su
cuñado o a empresas con las que de algún modo ha estado
relacionado. Y, entre otras, a las pruebas de FEVE le remito.
Lo hemos demostrado, no niegue ya la realidad, señor
Presidente del Gobierno. (Rumores.) Señor González, de su
familia, evidentemente, hablamos y es a usted a quien le toca
demostrar, no sólo negar. (Continúan los rumores.) Pero,
además, nosotros consideramos inadmisible su comportamiento,
que no es digno de un presidente de gobierno. Hasta ahora, en
todos los escándalos ha alegado --que ya es lamentable y grave
siendo el Presidente del Gobierno-- ignorancia y/o
desconocimiento. Y, para que no llegara a usted, ha ido
entregando ministros y diputados de su Grupo Parlamentario.
Esto que nos ocupa es suyo en exclusiva. No puede decir que no
sabía. Hablamos, efectivamente, del marido de su hermana. Y
por un tema familiar --hermano, en vez de cuñado-- acabó,
aunque tarde, marchándose un vicepresidente de gobierno.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aguilar.
La señora AGUILAR RIVERO: Ahora le toca marcharse a usted. Se
lo pedimos... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aguilar. (Fuertes rumores
y protestas.) ¡Gracias, señora Aguilar!
La señora AGUILAR RIVERO: Se lo pedimos en el debate del
Estado de la nación...
El señor PRESIDENTE: ¡Gracias, señora Aguilar!
La señora AGUILAR RIVERO: Y ahora se lo pedimos...
El señor PRESIDENTE: ¡Señora Aguilar, no tiene la palabra!
La señora AGUILAR RIVERO: Señor Presidente, no sé cómo
contabiliza el tiempo de las intervenciones. (Rumores y
protestas.)
El señor PRESIDENTE: Señora Aguilar, he detenido el reloj en
diversas ocasiones. No tiene la palabra.
La señora AGUILAR RIVERO: Señor Presidente, si me permite un
momento...
El señor PRESIDENTE: ¡Señora Aguilar, no tiene la palabra!
La señora AGUILAR RIVERO: Las interrupciones debería usted
tenerlas en cuenta.
El señor PRESIDENTE: Señora Aguilar, el debate lo dirige la
Presidencia. Señor Presidente del Gobierno, tiene la palabra.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Gracias,
señor Presidente. Con toda brevedad, para insistir de nuevo.
Señora Diputada, lo que es carente de toda ética, y se lo digo
con total respeto, es que se hagan imputaciones que no se
pueden probar. (Un señor Diputado: ¡Eso!, ¡eso!--Rumores.) Le
voy a reiterar que si alguien demostrara que yo he hecho
alguna vez un trato de favor, por razones familiares o de otra
índole, podría entonces tener en consideración sus argumentos.
Yo lo niego solemnemente en la Cámara. Además, no me vale que
usted haga un razonamiento torticero. Porque es verdad que
algunos casos de corrupción muy graves han producido un mal
ambiente. Por consiguiente, hay un caldo de cultivo que
permite que, con fundamentaciones falsas, se hagan
imputaciones de esa naturaleza.
Usted cita un caso y yo le ruego que aporte las pruebas a la
investigación que sobre ese caso está haciendo el Gobierno
para depurar las responsabilidades a que haya lugar. Le ruego
que aporte las pruebas y que no se esconda detrás de que no
son consistentes, como acabamos de oír estos días del líder
político de su Grupo. Apórtelas para que aclaremos y demos
transparencia a la vida pública y, si no, rectifique.
(Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.--El señor
Anguita González pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
El señor Anguita tiene la palabra.
El señor ANGUITA GONZALEZ: Señor Presidente del Gobierno, por
alusiones. Mi compañera, la portavoz, acaba de manifestar,
porque en rueda de prensa se presentaron unos documentos sobre
el tema FEVE, que poseemos la documentación, entregada al
señor Ministro de Obras Públicas en su momento, con lo cual
este Grupo Parlamentario demuestra que ha puesto en
conocimiento del Gobierno este caso de corrupción.
La alusión a unas palabras mías, que demuestran la prudencia
en un dirigente político, que S.S. no tiene, puesto que
utiliza un turno en el cual no ha habido pregunta para aludir
a mi persona, lo que demuestra es mi cautela y mi prudencia al
no sacar unos documentos porque juzgo que no son pruebas
suficientes. (Varios señores Diputados: ¡Ah, ah!)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!
El señor ANGUITA GONZALEZ: Pero, «sensu contrario», documentos
que hacen referencia a la privatización de empresas de Rumasa.
El caso que aquí nos trae, demostrado, es el tema de FEVE.
Pruebas hay, señor Presidente del Gobierno, y su Ministro las
tiene porque han sido entregadas por un ilustre parlamentario
de nuestro Grupo.
Así que el señor Borrell conteste o le informe, señor
González, que S.S. no está informado. (Rumores y protestas.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anguita. (El señor
Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente,
Borrell Fontelles, pide la palabra.) El señor Ministro de
Obras Públicas tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): También por alusiones, señor
Presidente.
Es cierto que un parlamentario de Izquierda Unida me entregó,
en el mes de mayo, una serie de comentarios y observaciones
relativos a la empresa FEVE. Recibió respuesta por mi parte.
Ni en esa documentación, ni en ninguna otra había ninguna
referencia a ninguna relación entre CAE y FEVE.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.-
-El señor García Fonseca pide la palabra.--El señor Romero
Ruiz pronuncia palabras que no se perciben.--Rumores y
protestas.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Pregunta número 25. (Continúan los rumores y protestas.)
¡Silencio, señorías! (Un señor Diputado: Por alusiones.)
No hay alusiones. Ha habido una descripción de hechos. No ha
habido ni alusión ni mención de ningún señor Diputado.
(Protestas.)
--DEL DIPUTADO DON FERNANDO FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CONOCIA EL PRESIDENTE DEL
GOBIERNO LA RELACION ENTRE DON FRANCISCO GERMAN PALOMINO
ROMERA Y LA EMPRESA CONTROL Y APLICACIONES, S.A. (CAE),
ADJUDICATARIA DE NUMEROSOS CONTRATOS
CON EL ESTADO Y EL RESTO DEL SECTOR PUBLICO Y, EN CONCRETO,
SUBCONTRATISTA DE DETERMINADAS INSTALACIONES LLEVADAS A CABO
EN EL COMPLEJO DE LA MONCLOA? (Número de expediente
180/000810)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 25.
Tiene la palabra el señor Fernández de Trocóniz.
El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Señor Presidente del
Gobierno, ¿conocía usted, como Presidente del Gobierno, las
relación existente entre don Francisco Palomino Romera y la
empresa Control y Aplicaciones (CAE), contratista de varios
contratos en el sector público, el Estado, y en concreto
subcontratista de determinadas instalaciones en el complejo de
La Moncloa?
Créame, señor Presidente del Gobierno, aunque no se lo crea,
que le hago la pregunta, se la formulo, sin ningún espíritu de
acritud y para evitar la crispación que existe últimamente en
España. Existe una duda y, créanos, nuestro Grupo quiere sólo
que se aclare la verdad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Trocóniz. El
señor Presidente del Gobierno tiene la palabra.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Señor
Presidente, señoría, le agradezco su intención de aclarar la
verdad y le contestaré, por consiguiente, con la verdad.
Yo no tenía conocimiento de esa relación, pero el que no
tuviera conocimiento de esa relación, ni siquiera de las
contrataciones de CAE con las Administraciones públicas, no es
un dato relevante. No lo es. Por tanto, se podría partir de la
hipótesis contraria, de que tuviera conocimiento, y a los
efectos que nos traen aquí, que son los de si ha habido algún
trato de favor por mi parte, repito que sería irrelevante. Por
tanto, no lo conocía, con lo cual respondo a su pregunta, pero
es irrelevante porque no ha habido ningún trato de favor.
Repito: hemos investigado los asuntos que se han mencionado y
en ninguno de ellos consta que haya ningún trato de favor
tampoco por parte de la Administración.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
Tiene la palabra el señor Fernández de Trocóniz.
El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Gracias, señor
Presidente. Señor González, nosotros ni le imputamos, ni creo
que imputa nadie en la opinión pública, ni siquiera se puede
decir que existe una sombra de duda, que usted diera un trato
o no de favor directamente a Control y Aplicaciones como
consecuencia de que su hermano político desempeñase un puesto
directivo en esta empresa. No es este el problema.
La cuestión es (se lo he preguntado y no me ha respondido; sin
embargo, el Vicepresidente del Gobierno sí lo contestó ayer en
el Senado) si usted conocía que Talleres Palomino, S.A., fue
vendido a Control y Aplicaciones en 310 millones de pesetas
más 50 millones de pesetas.
Es cierto, y también consta, que Control y Aplicaciones de
repente, de 1989 a 1992, sufre, o mejor dicho, se beneficia de
un importante incremento en su contratación con el sector
público. Nadie le está achacando nada al señor Presidente del
Gobierno. Hay una gran interrogante en el ambiente. ¿Se
benefició a sabiendas de usted, o sin saberlo, el señor
Palomino y Control y Aplicaciones de su parentesco político
con usted? No lo sabemos, señor Presidente del Gobierno. Ahí
está la duda; ahí está el interrogante, porque un Presidente
del Gobierno no solamente es que no debe tener un trato de
favor con nadie; es que, a su vez, si denota o nota, de alguna
manera, que alguien cercano a él se está aprovechando de su
posición debe reaccionar en consecuencia. Usted, señor
Presidente del Gobierno, si no recuerdo mal, tiene un trato
muy cercano con su cuñado.
Señor Presidente del Gobierno, ¿está usted dispuesto y
aprobaría el que se crease en esta Cámara para que no usted,
sino todos, conozcamos a través de una comisión de
investigación, qué ha sucedido de verdad en el tema? No nos
mueve, señor Presidente del Gobierno, sino el esclarecimiento
puro, concreto y exacto de la verdad.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Trocóniz.
Tiene la palabra el señor Presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Sigo
manteniendo lo que le he respondido antes. Yo no tenía
conocimiento de qué tipo de operación de venta se había hecho,
y no es mi obligación tenerlo. Sabía que se había vendido la
empresa, pero ¿por qué tiene la obligación el Presidente del
Gobierno de conocer relaciones mercantiles que son ajenas a
sus responsabilidad como tal? (Rumores y risas.) Yo comprendo
que eso no es usual en otros pagos en los que sí se entra
dentro de esas relaciones mercantiles y se hacen otras cosas,
pero ¿por qué tenía yo alguna responsabilidad?
Imaginemos un supuesto en el que fuera verdad que ha habido un
enriquecimiento, que me parece que tampoco es verdad.
(Rumores.) Imaginemos que ese supuesto se da. ¿Cuál es la
relación con mi responsabilidad? ¿Pueden ustedes demostrarla?
¿Creen ustedes en el Estado de Derecho? (Rumores.)
Ha habido hace muy poco tiempo, hace un año y medio, un
problema con un hijo del Presidente de los Estados Unidos
saliente. A nadie se le ocurrió atribuir al presidente de los
Estados Unidos los problemas que su hijo tenía en el mundo
financiero. ¿Por qué? Porque creen en la democracia. (Fuertes
y prolongados rumores.) Interrumpa el tiempo, señor
Presidente.
Ustedes van a tener toda la información sobre estos casos,
toda, y le voy a hacer una propuesta: cuando analicen toda la
información y toda la documentación díganme si están
dispuestos a que se cree una comisión de investigación.
(Rumores.--Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)
--DEL DIPUTADO DON ANTONIO CUEVAS DELGADO, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN QUE CONDICIONES
EFECTUO LA SOCIEDAD PUBLICA SEPES LA ADJUDICACION Y VENTA DE
PARCELAS EN DOS HERMANAS (SEVILLA), EN 1989? (Número de
expediente 180/000798)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 13, del señor Cuevas
Delgado, que tiene la palabra.
El señor CUEVAS DELGADO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, por lo que estamos viendo hoy en esta Cámara y
por lo que hemos leído y oído en días pasados, mi opinión es
que estamos asistiendo a una ceremonia de la confusión, en
principio orquestada por un medio madrileño que pretende
instalar un clima de sospecha y de erosión permanente en la
vida pública, persiguiendo el deterioro de las instituciones y
de las personas. ¿De qué forma? Mediante la publicación de
titulares escandalosos sobre noticias parciales, sesgadas o
simplemente falsas, porque, al parecer, todo vale para
desprestigiar ante los ciudadanos al Gobierno y a su
Presidente, a lo que se suman con evidente alborozo y escasos
escrúpulos algunos grupos de esta Cámara. Frente a esto, señor
Ministro, pienso que la única solución es desenmascarar las
falsedades, dando a la opinión pública toda la información que
sea necesaria desde esta Cámara, para que no quede ningún
resquicio a la duda ni a la insidia. Esta pregunta está en
relación con los casos que hemos visto --veo que muchos
diputados ya no tienen intereses en conocer la verdad--,
porque, aunque el Gobierno y otros medios informativos se han
hecho eco de los comunicados del Gobierno desmintiendo el
trato de favor en la compra de una parcela en un polígono
industrial de la empresa pública SEPES, es evidente que
persiste el objetivo de intentar confundir a la opinión
pública. Por todo ello y porque los ciudadanos tienen derecho
a ser informados con veracidad, le formulo esta pregunta, para
que desde esta Cámara se aclare si hubo trato de favor a
alguna empresa o si se favoreció alguna operación.
Por tanto, señor Ministro, le ruego que conteste a la pregunta
formulada, que dice: ¿en qué condiciones efectuó la sociedad
pública SEPES la adjudicación y venta de parcelas en Dos
Hermanas en 1989?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cuevas.
Tiene la palabra el señor Ministro de Obras Públicas.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.
La venta en cuestión se sometió a las normas fijadas por el
Consejo de Administración de SEPES, que se aplican con
carácter general a todas las enajenaciones, y en particular en
ésta eran las siguientes: obligación de construir en la
parcela una edificación industrial sin plazo determinado, de
acuerdo con lo establecido en la legislación urbanística;
constituir una primera hipoteca sobre la parcela como garantía
de los pagos aplazados; obligación del comprador de comunicar
las transmisiones efectuadas antes de acabar el pago, y pago
del importe del Impuesto sobre el Valor Añadido.
El máximo órgano de la sociedad acordó, en marzo de 1988,
fijar los precios medios de venta de las parcelas industriales
en ese polígono en la cantidad de 2.500 pesetas por metro
cuadrado. El precio que posteriormente se cobró a cada
comprador se fijó en función del tamaño, situación y
características de las distintas parcelas. Durante el año 1988
se efectuaron 46 operaciones de venta, de las cuales 3 fueron
hechas al contado y las 43 restantes aplazadas. Durante el año
1989 se efectuaron 33 operaciones de venta, una al contado y
32 con ventas aplazadas. La empresa pública SEPES ha
establecido las mismas condiciones a todos los compradores, en
el marco de unas cláusulas generales aplicables a todas las
transacciones de la sociedad, sin que se haya concedido ningún
trato diferente, ni favorable ni beneficioso, a comprador
alguno. Está a disposición de todas SS.SS. la relación de
todas las ventas de parcelas efectuadas en este período, así
como el plano de situación de las mismas en el polígono
industrial de referencia. Podrá usted observar cómo los
precios aplicados a la parcela comprada por Talleres Palomino,
S.A. son los mismos, y en algunos casos superiores, que los
aplicados al conjunto de ventas efectuadas por SEPES en el
contexto de dicho polígono industrial.
Por tanto, es absolutamente falso, y estos datos lo
demuestran, que SEPES haya concedido ningún trato de favor en
plazo, ni en precios, ni en ubicación, ni en financiación, ni
en condición contractual alguna a ningún comprador en
particular y muchos menos a Talleres Palomino, S.A.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON VICTORIANO RONCERO RODRIGUEZ, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN QUE CONDICIONES SE
EFECTUO, POR PARTE DE RENFE, LA CONCESION PARA LA SEÑALIZACION
ELECTRICA DEL TRAMO OROPESA-ALCANAR? (Número de expediente
180/000802)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 17, del señor Roncero
Rodríguez, que tiene la palabra.
El señor RONCERO RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Siguiendo con el tema que nos ocupa de intentar trasladar a
esta Cámara claridad, veracidad y certeza sobre las
actuaciones de las administraciones públicas en los casos que
están presentes hoy día en la opinión pública, es por lo que
le formulo la siguiente pregunta, señor Ministro de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente: ¿En qué condiciones se
efectuó, por parte de Renfe, la concesión para la señalización
eléctrica del tramo Oropesa-Alcanar? Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Roncero.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.
Señoría, con mucho gusto voy a darle una explicación
absolutamente transparente sobre las circunstancias de este
contrato, aunque es lamentable comprobar cómo la Cámara asiste
regocijada al espectáculo de la acusación y con la más
absoluta indiferencia y desinterés al proceso de explicación
que permite desmontar las acusaciones. (Aplausos.) Todos
asisten ávidos al espectáculo de la acusación. (Rumores.--La
señora Martínez Saiz pronuncia palabras que no se perciben.)
Sí, señoría, usted también. (La señora Martínez Saiz: Le
estaba escuchando.) y en cambio nadie escucha cuando se trata
de desmontar, con explicaciones irrebatibles, las acusaciones
falsas.
El concurso en cuestión fue convocado en septiembre de 1989 y
dividido en dos partes: A) enclavamiento electrónico, y B)
resto de instalaciones. Para el capítulo A) solamente se
presentó una oferta, la de la empresa SEL de señalización;
para el apartado B), se presentaron cuatro: SEL, Dimetronic,
CAE-Rail, EB Señal y Abengoa. Las plicas se abren el 7 de
noviembre de 1989, y las ofertas están aquí, a su disposición,
señoría. Al objeto de homogeneizar las ofertas, se decidió
incluir en el capítulo A) el suministro y montaje de todos los
equipos de los circuitos de vía de alta frecuencia instalada
en el puesto central, ya que debían ser suministrados por SEL,
por compatibilidad tecnológica. Se decidió incluir en el
capítulo A) el suministro de los circuitos de vía en campo,
emplazamientos electrohidráulicos y los comprobadores
eléctricos, excluyendo el coste de su montaje, que se incluyó
con cargo al capítulo B); de esta manera, SEL actuaba como
suministrador del capítulo B). El resultado del proceso de
homogeneización técnica de las ofertas correspondientes fue el
siguiente: Dimetronic, 908 millones; CAE-Rail, 891 millones;
EB Señal, 948 millones; Abengoa, 1.092 millones, SEL, 1.224
millones. A la vista de estas ofertas, se adjudicó a CAE-Rail,
por resultar la más económica; propuesta que fue aprobada por
el Consejo de Administración de Renfe el 29 de junio de 1990 y
firmado el contrato el 5 de agosto de 1990. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON ARSENIO FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
EXCMO. SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE: ¿QUE MEDIDAS ADICIONALES PIENSA ADOPTAR EL
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
PARA IMPULSAR UN DECIDIDO PLAN DE RENOVACION DE LA FLOTA DE LA
MARINA MERCANTE? (Número de expediente 180/000817)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 32, del señor Fernández
de Mesa.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor
Presidente. Señor Ministro, ¿qué medidas adicionales piensa
adoptar el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente para impulsar un decidido plan de renovación de la
flota de la marina mercante española?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Mesa.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.
Señoría, la renovación de la flota corresponde a las empresas
navieras, la mayor parte de las cuales son de propiedad
privada, y en el caso concreto de la Compañía
Trasmediterránea sus planes están incluidos, como en toda
empresa pública, en su programa de inversiones. El Ministerio
no piensa sustituir las decisiones de inversión que les
corresponda efectuar a los agentes económicos privados en un
contexto de mercado liberalizado y competitivo. Lo que puede
hacer la Administración es potenciar el registro especial de
buques y empresas navieras en Canarias, modificando el régimen
económico y fiscal de estas islas, como prevé la Ley 19/94, de
6 de julio, incorporando bonificaciones y reducciones de
carácter fiscal y de Seguridad Social para los buques y
empresas que se matriculen en dicho registro. Estas ventajas,
junto con la flexibilización de las condiciones sobre
tripulaciones que estableció en su momento la disposición
adicional decimocuarta de la Ley 27/92, por la que se creó
dicho registro, deberán permitir hacerlo atractivo y
competitivo y, a partir de ello, fomentar la inscripción en el
mismo de los buques que formen parte de nuestra marina
mercante.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Fernández de Mesa.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Muchas gracias, señor
Presidente. Gracias, señor Ministro. No le falta razón en lo
que dice, pero no es menos cierto que, en los últimos años, la
marina mercante española ha pasado de 710 buques a menos de
230, lo que, en peso, significa haber pasado de cerca de 7,5
millones de toneladas de registro bruto compensado entre
buques a menos de 900.000 toneladas.
Es cierto, señor Ministro, que, efectivamente, el Ministerio
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente podría no
hacer nada, pero le voy a recordar lo que dice el panel de
financiación de las industrias marítimas de la Unión Europea,
que recomienda a todos los Estados miembros la constitución de
fondos de garantía.
El Grupo Parlamentario Popular cree que la coyuntura actual a
nivel mundial y, desde luego, a nivel europeo y de los países
de la AWES está sometida a un repunte, es decir, a una mayor
contratación. Baste recordar que a nivel mundial entre 1992 y
1993 la contratación se ha incrementado en un 63 por ciento,
mientras que en España ha pasado de casi un 2 por ciento en el
mismo período a menos del 1,30 por ciento. Estos datos nos
deben hacer reflexionar, y el Ministerio que usted dirige no
debe ser ajeno a que precisamente esta fuga de barcos
españoles se produce porque no se dan las condiciones
financieras en España, por una lado, y, por otro, proque ese
segundo registro de Canarias no es atractivo y nuestra flota
mercante, incluidos los barcos de las navieras estatales,
están abanderando en países de conveniencia.
Yo, señor Ministro, le ruego que el Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente haga algo para que
recuperemos esa flota de pabellón español tan importante para
el tráfico marítimo nacional, incluso para cuando se libere el
tráfico de cabotaje. Para ello consideramos importante --y
mediante una proposición no de ley así lo haremos y la hemos
presentado-- la creación de un fondo de garantías en el que
participen, por fin, todos los armadores y también el
Ministerio de Obras Públicas, para asumir y para ser capaz de
garantizar el tramo de la hipoteca que no se garantiza hoy en
día, en torno al 20 o al 25 por ciento, y, desde luego, la
potenciación del segundo registro de Canarias. Si el
Ministerio de Obras Públicas pusiera en marcha esas medidas,
el Grupo Parlamentario Popular retiraría su proposición no de
ley, y lo que nosotros pretendemos no es otra cosa que el que
vuelvan nuestros barcos a España para ocupar el lugar que nos
corresponde dentro del tráfico marítimo, recuperando todos
esos barcos que se nos están abanderando en países de
conveniencia, precisamente por no ser atractivo ese segundo
registro de Canarias que ustedes han creado y todos hemos
votado en la Ley 27/1992, Ley de puertos del Estado y de la
Marina Mercante.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Mesa.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor
Presidente.
Señoría, tomo buena nota de sus sugerencias, las valoro, las
estudiaremos y las aplicaremos en todo lo que podamos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON VICENTE MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿QUE MEDIOS ESTA DESARROLLANDO EL GOBIERNO PARA PROMOVER LA
PARTICIPACION DE EMPRESAS ESPAÑOLAS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS
Y EN LICITACIONES INTERNACIONALES DEL FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO? (Número de expediente 180/000775)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 7, del señor
Martínez-Pujalte López, que tiene la palabra para formularla.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Muchas gracias, señor
Presidente.
Señor Ministro, tenemos informaciones de baja participación de
las empresas españolas en los programas comunitarios y en las
licitaciones del Fondo Europeo de Desarrollo. Por eso le
pregunto qué medios se están poniendo para que esas empresas
españolas participen en los programas comunitarios y en las
licitaciones internacionales del FED.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez-Pujalte.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro
Navarrete): Muchas gracias.
El Gobierno tiene desde hace muchos años una manifiesta
preocupación por conseguir que aumente el número de ofertas y,
deseablemente, el de adjudicaciones de empresas españolas en
los concursos multilaterales, tanto comunitarios como del
Banco Mundial y de los bancos regionales. Fiel reflejo de ello
es, entre otras cosas, la inclusión específica del capítulo
multilateral como atención especial en los dos últimos planes
y paquetes de medidas en pro de la internacionalización de la
empresa española y de la expansión comercial exterior. Las
actuaciones regulares de la Administración en este terreno
podemos dividirlas en dos grupos: soporte institucional y
actividades y apoyos concretos. Desde el punto de vista del
soporte institucional, eso significa la representación ante
los grupos y comités, como la ALP-FIN, el comité FED, el
comité del artículo 29 y consejos de administración, con un
seguimiento puntual de los programas y operaciones.
Paralelamente, incluye gestiones con los «DESK-officers» para
mejorar el posicionamiento de nuestras empresas interesadas
por operaciones concretas, la información de las cuales les es
facilitada en España por diversos canales. La Subdirección
General de Política Comercial Multilateral del Ministerio y la
Dirección General de Información del ICEX dedican parte de su
labor a estos cometidos, al igual que la Secretaría de Estado
de Comunidades Europeas en su dominio de actuación. El campo
informativo sobre noticias de operaciones se cubre mediante
los contactos personales, envíos telegráficos sectorializados
del ICEX a suscriptores y consultas telefónicas sobre
operaciones y trámites. Para las empresas nuevas, en este
terreno, se proporcionan simultáneamente oportunidades de
formación a través de diferentes seminarios y simposios para
empresas, a cargo de funcionarios españoles y comunitarios,
organizados por el Ministerio en las diferentes delegaciones
territoriales de comercio y en las Cámaras de Comercio.
Tenemos, por lo tanto, un conjunto de acciones que no son
suficientes, porque comparto con usted que los resultados no
son satisfactorios. Por lo tanto, para todo lo que usted
quiera o pueda sugerirnos que puedan ser acciones útiles para
conseguir el éxito que todos pretendemos, que es que haya un
número mayor de contratos y de adjudicaciones en los
diferentes campos multilaterales, estamos a su disposición y
encantados de recibir sus sugerencias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Martínez-Pujalte tiene la palabra.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Muchas gracias, señor
Ministro. Ni la preocupación ni los medios parece que se han
traducido en unos resultados satisfactorios. España, señor
Ministro, participa con el 8,6 por ciento de la financiación
comunitaria, somos el quinto país en nivel de aportación. Sin
embargo, no recibimos ni el 7 por ciento de los fondos que la
Unión Europea destina a programas horizontales de cooperación,
inversión en terceros países, etcétera. Por ejemplo, en el
caso de investigación y desarrollo, recibimos el 6,3 por
ciento. Tenemos, por tanto, una tasa de retorno negativa,
mientras que Francia, Gran Bretaña, Holanda, Bélgica,
etcétera, la tienen positiva. Aportamos más de lo que
recibimos. En préstamos globales del BEI, llegan menos a
nuestras empresas que a las del resto de los países. Mientras
las italianas recibieron 591 millones de ecus, las francesas
318, las alemanas 320, las belgas 183, las españolas sólo
accedieron a 162. Por último, respecto a los fondos destinados
a la política de desarrollo, son utilísimos, como ya indicó
hace un tiempo en su comparecencia, para hacer crecer la
exportación. Tenemos una participación mínima, señor Ministro,
en las licitaciones de ayuda alimentaria y humanitaria. Se ha
dado el caso de convocar concursos de suministro de arroz de
un tipo que no se producía en nuestras tierras. Y todavía más
claro, señor Ministro, se ve si hablamos de los fondos
europeos de desarrollo, que tienen financiación aneja al
presupuesto comunitario...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez-Pujalte. (El
señor Ministro de Comercio y Turismo, Gómez-Navarro Navarrete,
pide la palabra.) Ha consumido todo su tiempo en su primera
intervención, señor Ministro.
--DE LA DIPUTADA DOÑA ISABEL ALBERDI ALONSO, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE PAPEL JUGO EL
GOBIERNO EN LA ADJUDICACION DE CONTRATOS EN LA ESPO Y EN EL
PALACIO DE CONGRESOS DE MADRID? (Número de expediente
180/000801)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 16, de la señora Alberdi
Alonso.
La señora ALBERDI ALONSO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, como hemos visto esta tarde, todos
los intentos de un periódico madrileño por conseguir
relacionar la actividad profesional de don Francisco Palomino
con un supuesto trato de favor por parte del Gobierno resultan
no tener ningún fundamento. Lo hemos podido ir viendo a través
de las informaciones, puesto que muchas veces se trataba,
incluso, de ver supuesto trato de favor por parte del Gobierno
cuando eran relaciones entre empresas privadas. En otros casos
hemos podido comprobar, a través de las investigaciones que
sobre cada caso concreto ha hecho el Gobierno, que no ha
existido ningún trato de favor ni a don Francisco Palomino ni
a las empresas relacionadas con él en su legítimo ejercicio de
su actividad profesional.
Hay un caso que me interesa especialmente, porque todavía no
sabemos tan siquiera ni a qué se refiere. Me refiero al
Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid. Se acusa al
Gobierno de haber adjudicado unas obras en el año 1992, que yo
sospecho y pienso que pueden estar relacionadas más bien con
el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid que gestiona
el Ayuntamiento que con el que depende del Ministerio de
Comercio y Turismo.
En todo caso, es preocupante que no haya ninguna rectificación
por parte del periódico que lanza estas acusaciones, y mi
grupo cree que realmente es importante que quede claro ante
esta Cámara, como lo ha hecho el Presidente del Gobierno hace
escasos momentos, que no ha habido ningún trato de favor con
respecto a don Francisco Palomino y a las empresas con él
relacionadas en el ejercicio de su actividad profesional.
Nosotros creemos que lo que queda de manifiesto es que el
señor Palomino ha ejercido su actividad profesional en los
años de Gobierno socialista como la venía ejerciendo en los
años anteriores. Por lo tanto, nos interesa que quede claro,
en aras de la transparencia, que no ha existido ningún trato
de favor. Por eso querría que nos aclarara qué papel jugó el
Gobierno en la adjudicación de los contratos relativos a las
informaciones aparecidas sobre la Expo y el Palacio de
Congresos y Exposiciones de Madrid.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Alberdi.
Tiene la palabra el señor Ministro de Comercio y Turismo.
El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro
Navarrete): Muchas gracias.
Comparto con S.S. y su Grupo Parlamentario la importancia del
tema y la necesidad de esclarecer cualquier interrogante o
duda sobre supuestos tratos de favor, intentando asegurar a
los ciudadanos que ese trato no ha sido nunca dispensado por
este Gobierno. Por eso, una de las reglas de juego que debemos
imponernos es la atribución concreta de cada responsabilidad a
su respectivo responsable.
El Ministerio de Comercio y Turismo tiene entre sus
competencias el Palacio de Exposiciones y Congresos de Madrid,
en el que realizó obras de remodelación en los años 1988 y
1989 para preparar la presidencia comunitaria. Se adjudicaron
contratos el 24 de septiembre y el 30 de diciembre de 1988 a
la empresa COMSA de Madrid, y a su vez, COMSA subcontrató la
renovación de instalaciones eléctricas con Electrowat y Crespo
Blanco, ambas de Madrid, subcontratando asimismo la renovación
de instalaciones de aire acondicionado con la empresa Tratair,
también de Madrid. Por tanto, puedo afirmar que la empresa CAE
no ha tenido ningún contrato con el Palacio de Exposiciones y
Congresos de Madrid. Si las noticias se refieren al Palacio de
Congresos que ha construido últimamente el Ayuntamiento de
Madrid, he de decir que el Gobierno no es responsable, y no sé
si para ese palacio de congresos se ha adjudicado algún
contrato a la empresa CAE.
Con respecto a la Expo, los pabellones de los que fue
adjudicataria la empresa CAE fueron los pabellones de Prensa,
Fujitsu y el de Galicia. Sobre ninguno de los tres el Gobierno
de España tiene ninguna responsabilidad y, por lo tanto, no ha
tenido ninguna influencia ni ha jugado ningún papel en la
adjudicación de esos contratos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON PEDRO MOYA MILANES, DEL GRUPO SOCIALISTA,
QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿FUE EL GOBIERNO ESPAÑOL EL
ADJUDICATARIO DE LOS CONTRATOS DEL PROGRAMA EFA? (Número de
expediente 180/000800)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 15. Para su
formulación, tiene la palabra el señor De Puig i Olivé.
El señor DE PUIG I OLIVE: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, quiero preguntarle acerca del papel que jugó
el Gobierno en la adjudicación de los contratos del programa
EFA, avión de combate europeo. Debo preguntarle esto porque en
esta situación de imputación gratuita y, como se verá, falsa
al Gobierno de favoritismos a una empresa, se ha hablado
también de una actuación incorrecta del Gobierno.
Debo excusarme, señor Ministro, porque con lo que le pregunto
le estoy pidiendo que me hable de algo que es evidente. Decía
Bertolt Brecht: que desgracia para el país en el que hay que
demostrar lo evidente. Yo le pregunto una cosa evidente,
porque cualquier aproximación, por mínima que sea, a la forma
de contratación de los programas EFA, cualquier persona que
conozca mínimamente estos temas sabe que la adjudicación por
parte del Gobierno español no era posible, con lo cual a los
que han imputado al Gobierno un favoritismo, una
irregularidad, no sólo cabe imputarles la voluntad de
manipulación, de calumnia o de difamación, sino una falta de
profesionalidad total, porque si conocieran mínimamente cómo
funciona el sistema de contratos del programa EFA sería
imposible que hubieran podido imputar tal cosa al Gobierno. En
cualquier caso, tengo que preguntarle por lo que es evidente.
Creo que la opinión pública agradecerá una vez más que se
complete la información ya dada con todos los detalles sobre
esta cuestión.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (García Vargas): Muchas gracias,
señor Presidente. Señorías, sobre la ejecución del Programa
EFA se han firmado varios acuerdos, varios MOU de
entendimiento entre los cuatro ministros de los cuatro países
que participan en él. Uno se refiere al marco general del
proyecto; otro, a la fase de definición y un tercero a la fase
de desarrollo. En el primero de ellos se estableció que la
oficina internacional del programa adjudicaría los contratos a
dos consorcios industriales: Eurofighter y Eurojet, con
arreglo a la legislación alemana. Por lo tanto, ninguno de los
cuatro gobiernos ha adjudicado contratos relacionados con este
programa; en ningún memorándum se ha asumido compromiso alguno
en ese sentido y las competencias de ejecución del programa
corresponden a una agencia internacional que se llama NEFMA.
Esta agencia es la encargada, en nombre de los cuatro países
de contratar la fase de desarrollo con los dos consorcios
industriales que he mencionado, Eurofighter y Eurojet, en los
que participa una compañía de cada nación.
El proceso de selección de contratistas se hace directamente
por Eurofighter y por Eurojet, aunque la decisión última
corresponde a la agencia NEFMA, que es la que discute los
precios, la distribución de los trabajos y el endose de la
selección. Y esto vale también para subcontratistas.
El programa Eurofighter 2.000 funciona de la siguiente manera.
Eurofighter o Eurojet elaboran las especificaciones de un
equipo que son aprobadas por las naciones a través de la
agencia NEFMA. Estas especificaciones forman parte del
documento base que contiene las consideraciones técnicas del
concurso, y una vez que se han presentado las ofertas se hace
una selección mediante ese concurso, Eurofighter y Eurojet las
analiza, elabora un documento con una propuesta en la que
indica quién es el ganador, especificando los trabajos que va
a hacer y quiénes van a ser las empresas que van a participar
en la ejecución, los porcentajes, los precios y, finalmente,
esta propuesta es endosada por la agencia NEFMA, que a su vez
luego la remite con la decisión adoptada a los países.
Por lo tanto, ni por parte del Gobierno español ni por parte
de ninguno de los otros gobiernos que participan en el
programa ha habido ninguna adjudicación a ninguna empresa
española directamente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON RAFAEL HINOJOSA I LUCENA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), QUE FORMULA AL
EXCMO. SR. MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA: ¿QUE ACTUACIONES
HA REALIZADO EL GOBIERNO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA
PROPOSICION NO DE LEY APROBADA POR UNANIMIDAD EN ESTE
PARLAMENTO EL 3 DE MARZO DE 1992, RELATIVA A LAS RETRIBUCIONES
DEL PROFESORADO? (Número de expediente 180/000796)
El señor PRESIDENTE: Para formular la pregunta número 11,
tiene la palabra el señor Baltá.
El señor BALTA I LLOPART: La pregunta formulada por mi
compañero Rafael Hinojosa, a quien sustituyo, dirigida al
señor Ministro de Educación, se refiere a las actuaciones
realizadas por el Gobierno para dar cumplimiento a la
proposición no de ley aprobada el 3 de marzo de 1992 relativa
a las retribuciones del profesorado que espero que el señor
Ministro me razone. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra):
Gracias, señor Presidente.
La proposición a la que S.S. se ha referido trata de
desarrollar lo dispuesto en el artículo 49 de la LODE que
establece el sistema de analogía retributiva entre el
profesorado público y el profesorado de la escuela privada. El
proceso de analogía retributiva ya era, cuando se aprobó esta
proposición no de ley, un proceso en marcha, como S.S.
recordará y como reconoce el propio texto de la proposición.
El 11 de marzo de 1988 se firmó
el acuerdo de analogía retributiva del personal docente de
centros privados concertados entre Ministerio de Educación y
Ciencia y los sindicatos representativos de la enseñanza
privada. Según este acuerdo las remuneraciones de este
personal habrían de ser equivalentes al 95 por ciento de la
remuneración del profesorado estatal funcionario. Esta
equiparación al 95 por ciento del salario del profesorado
público se consigue a partir de octubre de 1993, por lo que
puede entenderse que las actuaciones para el cumplimiento de
la proposición no de ley están realizadas.
Un acuerdo posterior de Consejo de Ministros, de octubre de
1991, establece un nuevo sistema retributivo que intenta
combinar la experiencia docente con la formación del
profesorado estatal, estableciendo un complemento de formación
para el personal de las escuelas públicas. Los sindicatos de
la enseñanza presentaron conflictos colectivos en el
entendimiento de que esto suponía un paso más en la
consecución de la analogía retributiva, y han recaído sendas
sentencias de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional,
en los meses de enero y julio de 1994, que reconocen que el
sistema de incentivos para mejorar la calidad de la escuela
pública no supuso un incremento salarial indiscriminado, sino
una modificación del sistema retributivo. Son, por
consiguiente, dos sistemas retributivos diversos y no deben
confundirse, como dicen las sentencias, analogía con
homologación e igualdad, como propusieron varios grupos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Baltá.
El señor BALTA I LLOPART: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, lo que mi Grupo pedía en la citada proposición
no de ley, aprobada por amplia mayoría de 248 votos a favor,
era simplemente que se diera cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 49.4 de la Ley Orgánica 8/1985, de equiparar los
haberes de los profesores de centros privados concertados con
los de los centros públicos.
Tres años más tarde, con motivo de la aprobación de la Ley
Orgánica del Derecho a la Educación, en 1988, el ministerio
acordó con las centrales sindicales más representativas que lo
dispuesto en el artículo 49.4 de la LODE se iría desarrollando
paulatinamente en los seis años siguientes, a partir de 1988
(dato al que se ha referido), con lo que los sindicatos hacían
un acto de fe y confianza en el Gobierno.
En la actualidad, y según los datos que nos llegan, parece que
aún no se está dando cumplimiento a lo dispuesto ni en la LODE
ni en la LOGSE, ni en la proposición no de ley aprobada por
esta Cámara el 3 de marzo de 1992, por lo que nos vemos
llevados a formular una nueva pregunta: ¿cuándo se va a dar
cumplimiento a todas estas disposiciones y acuerdos, señor
Ministro? Muchas gracias por su respuesta.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Baltá.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra):
Gracias, señor Presidente.
Brevísimamente, señoría. Desde el 1 de octubre de 1993 está
cumplido el acuerdo de analogía retributiva que se firmó en
1988. Una vez que se han producido las sentencias a las que me
he referido en mi intervención, el Ministerio, como siempre,
permanece estudiando las propuestas retributivas de los
sindicatos, que siempre se producen en nuestras
conversaciones. Pero la proposición no de ley, señoría, hay
que entenderla cumplida, como dicen las sentencias de la
Audiencia Nacional.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DE LA DIPUTADA DOÑA ANNA BALLETBO I PUIG, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PARA CUANDO TIENE
PREVISTO EL MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA LA ADAPTACION AL
EQUIVALENTE FEMENINO DE LOS TITULOS UNIVERSITARIOS? (Número de
expediente 180/000806)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 21, de la señora Balletbó
i Puig.
La señora BALLETBO I PUIG: Señor Ministro, una muestra
evidente de sexismo se encuentra, sin duda, en todos los
idiomas, especialmente cuando se trata de palabras que,
pensadas inicialmente para definir oficios o profesiones
masculinas, se vienen usando también para definir esas mismas
profesiones cuando vienen siendo ejercitadas por mujeres.
Yo quería saber, señor Ministro, cuándo tiene previsto su
Ministerio adaptar de una forma u otra el equivalente femenino
a esos títulos universitarios, y creo recordar que el señor
Ministro ha hecho alguna declaración al respecto en sentido
positivo. Por tanto, sí quisiera que usted me confirmara si
esto va a ser en breve y si lo tiene usted previsto.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Balletbó.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra):
Gracias, señor Presidente.
En efecto, señoría, hay un precedente histórico, una orden del
Ministerio de Instrucción Pública de 1931, que quedó sin
vigor, que hacía referencia a algunas de estas cuestiones.
Desde el Ministerio de Educación y Ciencia nos hemos
enfrentado con la idea de evitar toda discriminación en
materia, en este caso, de aplicación de un lenguaje sexista en
todo el conjunto del ámbito educativo, como se corresponde con
la universalización de la enseñanza y como se corresponde con
la circunstancia de que más del cincuenta por ciento de los
estudiantes universitarios sean mujeres.
Hemos recabado un dictamen de la Real Academia de la Lengua
Española, dictamen que se resuelve en el sentido de que los
títulos deben tener distinta denominación masculina o
femenina, según el sexo de la persona que lo posea y, por
consiguiente, se ha hecho una orden ministerial (ya está
hecha) que ahora debe pasar al trámite de informe del Consejo
de Universidades, del Consejo Escolar del Estado y que pasará
también a informe del Instituto de la Mujer para tener la
autorizada opinión del Ministerio de Asuntos Sociales. Una vez
evacuados estos trámites, la orden será firmada y puedo
asegurar a S.S. que estará en el «Boletín Oficial del Estado»
a lo largo del mes de diciembre, refiriéndose, no sólo a los
títulos universitarios adaptados a un uso no sexista del
lenguaje, como dice la pregunta, sino a todo el conjunto de
las titulaciones que imparte el Ministerio de Educación y
Ciencia en todas las etapas educativas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señora Balletbó.
La señora BALLETBO I PUIG: Gracias, señor Presidente.
Yo le animo, señor Ministro, en esta dirección y espero que,
una vez se haya logrado este objetivo, también podamos avanzar
en la misma línea en relación a algunos libros de texto que,
lamentablemente, todavía hoy contienen imágenes y conceptos
que no se ajustan a la realidad social en la que
afortunadamente ya vivimos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Balletbó.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra):
Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, señoría, este es un ejemplo más de avance en la
aplicación del principio de igualdad y de no discriminación
por razón de sexo, dentro de las líneas de trabajo que sobre
esta materia se vienen desarrollando, desde hace mucho tiempo,
en el Ministerio de Educación y Ciencia. Le aseguro a S.S. que
ponemosla máxima atención en evitar la utilización de
lenguaje, imágenes o conceptos que puedan constituir algún
tipo de discriminación por razón de sexo o por otra razón
prohibida por la Constitución.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DE LA DIPUTADA DOÑA ANNA BALLETBO I PUIG, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL HA SIDO LA POSICION
DE LA DELEGACION ESPAÑOLA EN LA REUNION PREPARATORIA DE VIENA
DE LA IV CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LA MUJER, QUE SE CELEBRARA
EN PEKIN DEL 4 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1995, Y CUALES SON LOS
TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO CARA A DICHA CONFERENCIA?
(Número de expediente 180/000807)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 22, de la señora Balletbó
i Puig, que tiene la palabra.
La señora BALLETBO I PUIG: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, es un hecho positivo que usted atienda, dando
peso político y además con su presencia, las diferentes
conferencias internacionales que se vienen celebrando al
impulso de Naciones Unidas. En ese sentido, yo recuerdo bien
que ya estuvo en El Cairo y más recientemente en Viena. Señora
Ministra, ¿cuál ha sido la posición de la delegación que usted
presidía en esta reunión de Viena, preparatoria de la IV
Conferencia Mundial sobre la Mujer, que se va a celebrar en el
mes de septiembre en Pekín, y cuáles son los trabajos que en
dirección a una presencia española y a un grosor político de
contenido hace su Ministerio para atender esta conferencia?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Balletbó.
La señora Ministra de Asuntos Sociales tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso):
Gracias, señor Presidente.
Señoría, en relación a la posición de la delegación española
en la Conferencia regional europea preparatoria de la IV
Conferencia Mundial sobre la Mujer, que se celebrará en Pekín
en septiembre del año que viene, nos hemos centrado en tres
áreas de actuación: la defensa del empleo de las mujeres, en
el sentido de no retroceder en las posiciones laborales
alcanzadas hasta el momento; el cambio de imagen de las
mujeres, en el sentido de ajustar a la realidad las imágenes
de las mujeres que difunden los medios de comunicación,
haciendo desaparecer los estereotipos sexistas ya clásicos
utilizados sobre todo en la publicidad; y el acceso de las
mujeres a los puestos de responsabilidad tanto en la empresa
privada como en la empresa pública, en la Administración y
también en el ámbito de la toma de decisiones. Todas estas
propuestas se sitúan en la
necesidad de impulsar un cambio social, que es lo que
denominamos el cambio estructural, que va a modificar la
situación social, política, económica y laboral de la mujer,
su posición en la sociedad y el actual desajuste en el reparto
entre hombres y mujeres de las responsabilidades privadas y
las responsabilidades públicas. Y relacionado con las
responsabilidades públicas, avanzar en campañas y acciones,
por un lado, de acceso a esas responsabilidades, participando
activamente y de una forma más equitativa las mujeres también,
y, por otro lado, con campañas de sensibilización en el
reparto de las tareas y responsabilidades familiares.
En cuanto a los preparativos de la IV Conferencia merece
destacarse, en primer lugar, el Comité Nacional que hemos
constituido para preparar la conferencia. En este comité
participan representantes de la Administración general del
Estado, de las comunidades autónomas, del Parlamento,
interlocutores sociales, asociaciones de mujeres y expertos.
También hemos elaborado un estado de la situación nacional que
hemos publicado y presentado precisamente en la preparatoria
regional europea y hemos contribuido a la preparación de la
plataforma de acción regional que se presentará en Pekín.
Asimismo desarrollaremos una campaña de información a nivel
nacional. Quiero destacar la importancia del proyecto Mujeres
Rurales, que se va a denominar «España y la Unión Europea. Las
mujeres protagonistas en el desarrollo rural», que se va a
celebrar en España a nivel local, regional y nacional desde
noviembre de 1994 --lo vamos a lanzar la semana que viene--
hasta junio de 1995. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
La señora Balletbó tiene la palabra.
La señora BALLETBO I PUIG: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, yo le animo a seguir en ese papel denámico y,
más aún, yo espero y deseo que, en Pekín, la mujer española
esté también representada en las mesas de trabajo y en las
diferentes comisiones. Estoy convencida de que la delegación
que usted encabezará contará con suficientes personas como
para que esto sea posible y, en ese sentido, creo que podemos
codearnos con cualquier otra representación, incluso
escandinava, para tener un papel importante de presencia en
este foro.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Balletbó.
--DE LA DIPUTADA DOÑA LOYOLA DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
EXCMO. SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿POR QUE OCULTO EL
GOBIERNO, EN RESPUESTA DADA A PREGUNTA DEL SENADOR DEL GRUPO
POPULAR DON JUAN JOSE UNCETA, INFORMACION SOBRE LAS OBRAS
REALIZADAS EN EL COMPLEJO DE LA MONCLOA? (Número de expediente
180/000811)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 26, de la señora De
Palacio. Tiene la palabra.
La señora DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI: Gracias, señor
Presidente. Señor Ministro, el 27 de julio de este año, 1994,
en contestación a una pregunta del Senador Unceta sobre obras
realizadas en el complejo de La Moncloa durante los años 1982
a 1993, se omitía cualquier referencia a la construcción de un
búnker en La Moncloa. ¿Por qué?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De Palacio.
Señor Ministro, tiene obligación de contestar a la pregunta
que está formulada.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Es lo
que voy a hacer. Muchas gracias, señor Presidente.
El Gobierno, señoría, no ha ocultado al Parlamento ninguna
información que deba suministrar de acuerdo con las leyes
vigentes.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señora De Palacio, tiene la palabra.
La señora DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI: Gracias, señor
Presidente. Señor Ministro, el 15 de octubre de 1992, el
Diputado señor Cisneros preguntaba directamente por la
construcción de un búnker en La Moncloa en una trámite
presupuestario. En la contestación el Secretario General de
coordinación y servicios de la Presidencia ocultó la verdad al
responder que una serie de obras se llevaban a cabo y omitir
referencia alguna a la cuestión del búnker. El Senador Escuín,
en noviembre de 1993, pregunta qué es lo que pasa con las
obras de La Moncloa, y dice que si hay una cuestión que sea
materia reservada, que por razones de seguridad no se pueda
contar, que se diga y lo entenderemos. «No hay nada que
ocultar», es lo que dice el señor Subsecretario de Ministerio
de la Presidencia, y de nuevo se vuelve a faltar a la verdad
en el Parlamento, señor Ministro. Es el 26 de octubre de este
año cuando por primera vez, en una contestación
presupuestaria, con el sello de confidencial, se nos habla del
centro nacional de conducción de situaciones de crisis. Eso se
podía haber hecho antes,
señor Ministro, en las contestaciones al señor Cisneros, al
señor Escuín o al señor Unceta. ¿Por qué no se hizo? Porque
reiteradamente, durante dos años seguidos, se ha escamoteado,
se ha ocultado la información a las Cámaras. No podemos dar
credibilidad a sus informaciones cuando comprobamos un engaño
como éste, que bien podría calificarse de burla a los
representantes de la soberanía nacional.
Hoy aquí, en nombre del Grupo Popular, denuncio que el
Gobierno del señor González oculta, falta a la verdad con
reiteración y contumacia a las Cortes Generales, que son pieza
clave de la democracia. Los que han desprestigiado al
Parlamento son ustedes; ustedes sí que deterioran las
instituciones, señor Ministro.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De Palacio.
Señor Ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muchas
gracias. Señoría, el Gobierno da cuenta al Parlamento del
carácter secreto de las obras del proyecto CITA con fecha 22
de diciembre de 1989. Posteriormente hay varias informaciones,
usted ha dicho algunas, por cierto, no voy a decir manipulando
--esa palabra es muy fuerte--, pero sacando de contexto las
afirmaciones del Subsecretario de la Presidencia. Reclamo su
atención para los «Diarios de Sesiones» de 10 de noviembre de
1993 y de 18 de octubre de 1994 en la Comisión de
Presupuestos, donde específicamente se habla de estas obras y
de su carácter secreto. Es más, con fecha 30 de septiembre de
1993, en pregunta escrita al Diputado Gabriel Elorriaga --leo
textualmente--, el Gobierno dice: Las obras realizadas en el
complejo de La Moncloa referidas a la pregunta corresponden,
como se ha informado reiteradamente, a los años 1990 y 1991 y
tienen carácter secreto mediante acuerdo de Consejo de
Ministros, etcétera. Su señoría no puede desconocer en modo
alguno que esas obras están declaradas secretas. Es más, S.S.
no puede desconocer que, si quiere información sobre esas
obras que están declaradas secretas de acuerdo con la Ley de
Secretos Oficiales, tiene vías para conocerlas, no hay más que
acudir a la resolución del Presidente del Congreso de los
Diputados para poder acceder a ella. ¿Por qué no lo ha hecho
S.S.? Porque no ha tenido el más mínimo interés.
El Gobierno no ha ocultado ningún dato al Parlamento, es S.S.
la que no ha tenido ningún interés en acceder a esta
información. Si lo hubiera hecho, habríamos ido a la Comisión
de Secretos Oficiales, como por cierto he solicitado ir la
próxima semana para informar de todos los datos sobre estas
obras. Por tanto, es S.S. la que no tiene ningún interés. El
Gobierno no ha ocultado nada, se ha limitado a cumplir la Ley
de Secretos Oficiales. Señoría, para hacer una afirmación de
esta naturaleza en el Parlamento es conveniente que usted,
además de leer los periódicos, trabaje el «Boletín de las
Cortes». (La señora De Palacio del Valle-Lersundi: ¡Qué cara
más dura! ¡Pero bueno!--Rumores.) Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Silencio, señorías.
--DEL DIPUTADO DON JAVIER RUPEREZ RUBIO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿CREE EL GOBIERNO QUE LOS ESPAÑOLES TIENEN DEBERES NACIONALES
PARA OTRA AUTORIDAD, QUE NO SEA LA PROPIA Y CONSTITUCIONAL?
(Número de expediente 180/000778)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 8, que formula el señor
González Pérez.
El señor GONZALEZ PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿cree el Gobierno que los españoles tienen
deberes nacionales para otra autoridad, que no sea la propia y
constitucional? Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga):
Contestaré a ese acertijo diciendo que no.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor González.
El señor GONZALEZ PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Esta pregunta viene como consecuencia de que un nacionalizado
español residente en Ceuta, arrogándosela representación del
colectivo musulmán de la ciudad, realizó las siguientes
declaraciones: Los musulmanes de Ceuta permanecerán
movilizados con vistas a cumplir su deber nacional y poner en
práctica las orientaciones reales, que no eran precisamente
las españolas, señor Ministro. Como comprenderá, estas
declaracionesde un nacionalizado español crean una lógica
inquietud y una doble obligación para el Gobierno español.
Primero, cumplir y hacer cumplir las normas constitucionales y
legales sobre los derechos y obligaciones de los españoles; y
segundo, recordar a los gobiernos extranjeros, que pudieran
tener alguna tentación de ambigüedad al respecto, que la paz y
la seguridad en todo el mundo, y particularmente en el
Mediterráneo, sólo se puede construir si, entre otras cosas,
existe un respeto
básico a las normas elementales del Derecho internacional
entre las que se encuentran, como usted bien sabe, señor
Ministro, la de la nacionalidad. Pero como comprenderá, señor
Ministro, y dado que el Gobierno todavía no ha comparecido en
esta Cámara al respecto, quería que aquí explicara el alcance
de las desgraciadas e inoportunas palabras del Presidente del
Gobierno, hace unos pocos días en Casablanca, aceptando la
teoría de la célula de reflexión del Gobierno marroquí sobre
el futuro de Ceuta y Melilla. Señor Ministro, o el Presidente
del Gobierno ha cometido un gravísimo desliz lingüístico con
consecuencias políticas, de lo cual tendrá que ofrecer
explicaciones y solicitar excusas, o se ha embarcado en una
peligrosa y resbaladiza línea que consiste en abandonar
supuestos constitucionales que afectan a la misma soberanía
española. En cualquier caso, señor Ministro, querría dejar
constancia del estupor y malestar que en nuestro Grupo y en la
propia ciudad de Ceuta han producido esas manifestaciones
presidenciales y le incito a aprovechar esta ocasión, y otras
que se pudieran dar, para emplear la rotundidad, de la que
hasta ahora ha carecido el Gobierno socialista, para rechazar
cualquier tipo de interpretación que no sea otra que la de
afirmar lo que la Constitución mantiene con respecto a Ceuta y
Melilla en el contexto de la integridad de la soberanía del
Reino español. Me gustaría, señor Ministro, que el Presidente
hubiera defendido las posiciones de ceutíes y melillenses con
el mismo ardor que al principio de esta sesión.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga):
Muchas gracias, señor Presidente.
Podía usted haber empezado por la segunda parte, sobraba la
primera. Respecto a la primera afirmación, a que un súbdito
español ha hecho unas declaraciones a las que S.S. ha hecho
referencia, le puedo decir que como conocemos --S.S. y yo
también-- la Constitución sabemos que en el artículo 20 están
perfectamente definidos los derechos de expresión que los
ciudadanos españoles tienen, con el único límite de cumplir
las normas. Si hubiera una conculcación de las normas penales,
el fiscal lógicamente actuaría en consecuencia; pero de la
mera expresión de unas palabras no se puede deducir ningún
delito. Lo sabe S.S. perfectamente y tiene casos de haberlo
visto, incluso en este Parlamento, cuando se han hecho
afirmaciones en relación con la Constitución y están
perfectamente dentro de lo que es el artículo correspondiente
de la Constitución. Yo lo lamento igual que S.S. o, permítame
que le diga, más seguramente que S.S. por las
responsabilidades que tengo. Respecto a la segunda afirmación
que ha hecho, vuelvo a decir, una vez más, no más fuerte
porque creo que no es necesario, lo diré más claro, que la
posición de España en relación con Ceuta y Melilla la conoce
S.S. perfectamente. Le rogaría, por favor, que no tratara de
complicar un tema de tal importancia para España, para S.S. y
para todos nosotros.
Por tanto, quede claro cuál es la posición de España en
relación con Ceuta y Melilla, que la conoce perfectamente S.S.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAPATERO, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿POR QUE FUERON
RECHAZADOS POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA VARIOS
PROYECTOS DE LA EMPRESA BIOMEDICA EN ASTURIAS Y GALICIA?
(Número de expediente 180/000804)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 19, del señor Rodríguez
Zapatero.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Economía y Hacienda, como seguramente
conocerá, porque ha sido objeto de profusa información en
estos últimos días, un proyecto industrial que se había
anunciado en su momento, que incluso hace un año
aproximadamente había sido objeto de colocación de la primera
piedra por el Presidente de la Junta de Castilla y León, bajo
la presentación de un empresa denominada Biomédica que
teóricamente iba a crear más de 700 puestos de trabajo, con
una inversión de 7.000 millones de pesetas y con una
subvención de la propia Junta de Castilla y León de 2.500
millones de pesetas, se ha puesto en cuestión por un conjunto
de informaciones, y algunas de ellas ciertamente han provocado
una profunda preocupación en la ciudadanía de León y en el
conjunto de la Comunidad Autónoma. Entre esas informaciones ha
habido noticias de que proyectos empresariales de la misma
naturaleza y perfil patrocinados por esta supuesta empresa
(algunos medios incluso han puesto en cuestión su propia
existencia en los Estados Unidos, donde teóricamente reside),
como decía, hace algún tiempo los mismos proyectos habían sido
tramitados por algunas comunidades autónomas ante la Dirección
General de Incentivos Regionales del Ministerio de Economía y
Hacienda y rechazados, concretamente en las comunidades
autónomas de Asturias y Galicia. De ahí que sea del máximo
interés para los ciudadanos de Castilla y León conocer cuáles
fueron, en su momento, las razones por las que, si es así, el
Ministerio de Economía y Hacienda
rechazó varios proyectos de la llamada empresa Biomédica.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez Zapatero.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, la sociedad Biomédica tiene su domicilio social, y si
existe, en Antillas Holandesas, que no es un país normal desde
el punto de vista de realización de inversiones productivas,
sino que tiene las características de un paraíso fiscal. Es
cierto que esta sociedad no ha planteado inversiones directas
en la Dirección General de Incentivos Regionales, aunque sí lo
ha hecho participando en otras sociedades que sí han planteado
algunos proyectos. Hemos tenido acceso a tres proyectos en los
que esta empresa participa. Dos de ello en la zona industrial
en declive de El Ferrol y otro en Asturias. En Ferrol hay una
empresa que se llama Houba Pharmaceutical Laboratories, cuya
actividad se centra en la fabricación de productos
farmacéuticos de antibióticos y de anticancerígenos; hay otra
que es Integrated Motors Tecnology, que se dedica a la
construcción de motores eléctricos. La participación en un
caso era del 92 por ciento y en otro del 72 por ciento por
parte de Biomédica. En ambos casos las peticiones fueron
denegadas. ¿Por qué? Porque las subvenciones solicitadas
tenían un deficiente planteamiento financiero, los proyectos
eran técnicamente inviables y también planteaban problemas
económicos y financieros en cuanto a su viabilidad.
El tercero de los expedientes al que me he referido fue
presentado por otra empresa llamada Absorbent Tecnology,
Sociedad Anónima, que se dedica a la fabricación de productos
médicos, de vendajes, de máscaras y otro tipo de complementos
médicos. También en esta empresa participa Biomédica con un 37
por ciento. En este proyecto hay otra empresa conocida y con
cierto interés que se llama Sodeco, Sociedad Anónima, y este
respaldo de Sodeco fue el que llevó al Consejo responsable de
Incentivos Regionales, antes de proceder a elevar la
resolución del tema a la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos, a informar favorablemente. Se concedió
pero pidiendo una información adicional; información adicional
que nunca fue presentada y, sin embargo, cuando insistimos en
ella se nos presenta por la sociedad la renuncia a su
expediente el día 18 de febrero de 1992.
En conclusión, señoría, de los tres proyectos en los que
interviene Biomédica ninguno se ha aprobado.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAPATERO, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LOS CRITERIOS
QUE LLEVARON AL MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA A CONCEDER
AYUDAS A LA EMPRESA IMAGING ABERDEEN? (Número de expediente
180/000805)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 20, del señor Rodríguez
Zapatero, quien tiene la palabra.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Economía, también queríamos conocer cuáles
han sido los criterios que llevaron al Ministerio de Economía
a conceder ayudas a la empresa Imaging Aberdeen que en su día
también apareció como un proyecto industrial de mano de la
Comunidad Autónoma y cuyo expediente recabó en última
instancia en incentivos regionales. Parece conveniente, porque
ha habido en el debate público un intento de hacer una
comparación, desde nuestro punto de vista seguramente no
acertada, convendrá en que es conveniente clarificar a la
opinión pública, en general, cuáles han sido los criterios que
llevaron a conceder la subvención a Imaging por el Ministerio
de Economía y Hacienda, concretamente por la Dirección General
de Incentivos Regionales.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez Zapatero.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
El expediente sobre las ayudas a la empresa Imaging Aberdeen
Tecnology se presenta el día 22 de diciembre de 1993 en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León. Con el informe
favorable de esa comunidad autónoma, que es imprescindible
para que se produzca la tramitación, el día 10 de febrero
entra en la Dirección General de Incentivos Económicos
Regionales. El proyecto tiene un cierto interés, pues habla de
una inversión de 4.555 millones y 352 puestos de trabajo, en
León, con una zona de construcción de más de 15.000 metros
cuadrados. Al ser desconocidas las empresas que participaban
en esta inversión, el Ministerio de Economía solicitó informe
a nuestras oficinas comerciales en Los Angeles y Tel Aviv para
que nos dieran información sobre las empresas
correspondientes. Dichos informes la verdad es que no
indicaban ningún aspecto negativo. En consecuencia, el Consejo
Rector de Incentivos Regionales del día 12 de julio de 1994
propone a la Comisión Delegada del 28 de julio la concesión de
estas ayudas, pero condicionadas a la obligación de acreditar
en el plazo de un año desde la aprobación, esto es,
antes del 29 de julio próximo, el realizar el 25 por ciento de
la inversión y disponer de unos fondos propios mínimos por
importe de 1.263 millones de pesetas, que es el 30 por ciento
de la inversión. De no cumplirse ambos requisitos en este
plazo de un año, es evidente que quedaría cancelada la
concesión de la subvención. Dicho de otra forma, el proyecto
fue aprobado a expensas de una futura cobertura financiera y
cumplimiento de estos requisitos legales que de no cumplirse
supondrían la caducidad. Hasta el día de hoy no se ha recibido
la aceptación por la empresa de la resolución de la concesión,
que fue remitida el 29 de julio, por lo que tenemos algunas
dudas. Como dispone de 15 días desde que recibe la
notificación para aceptar y dado el tiempo transcurrido,
tenemos la impresión de que esa concesión de ayudas no va a
ser aceptada y, en consecuencia, que la concesión habrá
caducado. En definitiva, y respondiendo a sus dos preguntas:
primera, cuáles son las razones que han llevado al Ministerio
de Economía a esa concesión, creo que quedan explicadas...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAPATERO, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE RELACIONES
CONTRACTUALES HA MANTENIDO LA DIRECCION GENERAL DE TRAFICO CON
LA EMPRESA
SICE, S.A., DESDE 1984? (Número de expediente 180/000799)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 14, del señor Rodríguez
Zapatero. Tiene la palabra.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Justicia e Interior, en el contexto del
conjunto de informaciones --que por cierto han sido objeto de
diversas preguntas parlamentarias-- se ha producido, entre
otras, la supuesta actitud por parte de la Dirección General
de Tráfico de un posible trato de favor, bien es cierto que en
un período de años que no coincidirían, en todo caso, con la
relación empresarial que ha sido objeto de tanto análisis por
parte de CAE y SICE, Sociedad Ibérica de Construcciones
Eléctricas, que, como se conoce, ha estado participada por
CAE. En todo caso, creo que en la línea de las sucesivas notas
informativas que ha emitido el Gobierno en relación con esta
cuestión, en la línea de claridad (especialmente el señor
Ministro de Justicia e Interior ha insistido reiteradamente
sobre la transparencia absoluta en la gestión de la
Administración pública), parace conveniente despejar de manera
clara y definitiva, corroborando, por consiguiente, en este
caso, la nota del Gobierno, cuáles han sido las relaciones
contractuales que ha mantenido la Dirección General de Tráfico
con la empresa Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas,
S.A., desde 1984, tal y como afirma esta nota.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez Zapatero.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Gracias, señor Presidente.
Señoría, le agradezco su planteamiento. Alguna de las
cuestiones está formulada en la propia pregunta.
La empresa SICE, S.A., ha sido adjudicataria habitual de obras
relacionadas con seguridad vial, concretamente instalaciones
electrónicas en carretera, desde que la Dirección General de
Tráfico comenzó a realizar este tipo de actuaciones,
precisamente en el año 1984. Las adjudicaciones efectuadas al
grupo SICE por la Dirección General de Tráfico, en los últimos
diez años, representan el 14,39 por ciento de las
adjudicaciones efectuadas por dicho organismo autónomo en ese
período. Otros grupos de empresas han sido objeto, igualmente,
de adjudicaciones de mayor entidad o importancia. Las empresas
del sector tampoco son tan numerosas e importantes.
Concretamente el grupo Etra Ginés Navarro, con un porcentaje
global del 14,63 por ciento, o el grupo de Fomento de
Construcciones y Contratas, con un 13,7 por ciento, sólo en el
período 1990-1994. Antes de ese período no se había dedicado a
estas materias.
Por lo que se refiere a las actuaciones del año 1990 --que
también en algún momento ha salido directa o indirectamente--,
únicamente quiero indicar que hubo tres empresas que
resultaron adjudicatarias de obras de la Dirección General de
Tráfico en volúmenes muy superiores a los de SICE,
concretamente Construcciones y Contratas, grupo Etra y el
grupo Abengoa-Sainco. Está claro que hubo incremento en todo
el conjunto del sector como consecuencia de las adjudicaciones
de las obras de regulación del tráfico en los accesos a Madrid
y Barcelona. Pero, desde luego, señoría, no hubo ningún trato
de favor al grupo de empresas SICE, tal como usted ha
planteado en la pregunta y que, con mucho gusto, le respondo
en nombre del Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR: ¿QUE QUISO DECIR EL
SEÑOR MINISTRO CUANDO AFIRMO EN MEDIOS DE COMUNICACION QUE LOS
PODERES DEL ESTADO HAN DECIDIDO HACER UN «RAZONABLE AJUSTE DE
CUENTAS CON EL PASADO»?
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 27. Tiene la palabra el
señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿qué quiso decir S.S. cuando afirmó que los
poderes del Estado han decidido hacer un razonable ajuste de
cuentas con el pasado? Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Señoría, las hice en el contexto de una conversación de radio
que duró aproximadamente una hora. Afortunadamente, se hizo en
un contexto en el que espero que el conjunto de los ciudadanos
entendieran el significado preciso de la expresión. En todo
caso, por resumirlo mucho, le diría: Uno, no puedo existir
siquiera la sospecha de un clima de impunidad; dos, debe
hacerse de manera razonable, es decir, sin caza de brujas, sin
inquisición.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Muchas gracias, señor Presidente.
Amén de lo inadecuado de la expresión, impropia en el léxico
de un Ministro, nos inquietaba el alcance que S.S. podía
querer dar a la frontera de lo razonable, habida cuenta de la
difícil coyuntura en la que se encuentra el Gobierno. Y sus
palabras de alguna forma confirman nuestras sospechas. Señor
Ministro, ¿quiere decir que lo razonable es hacer como que se
hace la lucha contra la corrupción, pero sin llegar a
traspasar ciertos límites que pudieran evidenciar las
auténticas responsabilidades de algunos en ese pasado que se
pretende ajustar? ¿Quiere decir que lo razonable es pretender
que los ciudadanos se olviden de todo lo sucedido hasta la
fecha, como si entre este Gobierno y los anteriores no hubiera
relación alguna, y como si no fueran los mismos responsables
políticos aquellos que no sabían de los corruptos y éstos que
hoy tratan de acreditar un celo de anticorrupción que ya no
tiene credibilidad social? ¿Quiere decir que lo razonable es
invocar campañas de acoso en vez de aplicarse a saber si
algunos se han podido beneficiar en virtud de su cercanía
personal al poder? Pero, sobre todo, ¿qué legitimidad tiene
S.S. para tratar de acotar una tarea que corresponde ejercitar
al Poder Judicial y al Parlamento en el ejercicio de su
independiencia y de sus legítimas facultades? ¿Y qué
legitimidad tiene S.S. para hablar en nombre de esos poderes?
Señor Ministro, aquí los únicos límites los fija la justicia,
los fija el sentido real de cuanto ha sucedido y los fija la
obligada reparación del daño causado por unos cuantos a la
democracia y a las instituciones. Y tenga por seguro, señoría,
que el gran límite final lo pondrá, sin duda, el pueblo
español en las urnas, sabiendo con decisión atribuir su
confianza a quienes desde estos bancos --por más que S.S.
sonría-- acreditan la seguridad de que este país no tenga que
volver a vivir sucesos tan lamentables que ustedes no han
sabido, no han podido o no han querido evitar. (Aplausos.)
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, en lo que estamos todos de acuerdo es en lo último
que usted ha dicho. Los ciudadanos decidirán lo que sea en las
elecciones generales. Eso está claro. En cuanto al resto, es
una de esas nuevas preguntas para repetir lo de siempre. Es
natural que S.S. no sepa qué significa razonable; es natural.
(Risas.) Por muchas razones. Entre otras cosas, por una muy
profunda, que concretamente lo razonable es un valor de la
Ilustración. Yo creo que esos valores del siglo XVIII, de la
Ilustración, de la razonabilidad, el imperio de la razón, son
completamente ajenos a su global estrategia política. Es tan
obvio que han olvidado el significado de lo razonable, pero
razonable es razonable, ¡qué le vamos a hacer!, y significa
que nadie pierda el sentido común, que nadie desconozca que
siguen existiendo derechos constitucionales, que nadie
desconozca qué significa la presunción de inocencia, que nadie
desconozca cuál es el papel real y objetivo de cada uno de los
poderes del Estado. No tiene S.S. razón el decir que eso sólo
corresponde a los jueces. No es verdad. Corresponde a este
Parlamento que adoptó una batería de medidas anticorrupción;
corresponde al Poder Ejecutivo a través de su iniciativa
política en la fijación de prioridades de política criminal;
corresponde, sin duda, a los jueces; corresponde, sin duda, al
Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción penal;
corresponde al conjunto de la sociedad.
El tema de la corrupción no es, ni mucho menos, un problema
que pueda abordarse sólo desde una óptica concreta. Es el
conjunto de la sociedad y el conjunto de los poderes del
Estado los que están reaccionando (yo creo que de una manera
razonable a su vez, aunque usted no entienda el sentido de la
expresión) algo de lo que todos debemos alegrarnos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON ROGELIO BAON RAMIREZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR
MINISTRO
DE JUSTICIA E INTERIOR: ¿QUE OPINION LE MERECE AL SEÑOR
MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR QUE UN CHALET CONSTRUIDO EN
MADRID POR EL PATRONATO DE CASAS DE LA GUARDIA CIVIL,
PERTENECIENTE A UN COMANDANTE DE DICHO CUERPO, FUESE ALQUILADO
A NARCOTRAFICANTES COLOMBIANOS Y DESTINADO ILEGALMENTE A
RESIDENCIA DE ANCIANOS? (Número de expediente 180/000813)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 28, del señor Baón
Ramírez.
El señor BAON RAMIREZ: Gracias, señor Presidente.
¿Qué opinión le merece al señor Ministro de Justicia e
Interior que un chalet construido en Madrid por el Patronato
de Casas de la Guardia Civil, perteneciente a un comandante de
dicho Cuerpo, fuese alquilado a narcotraficantes colombianos y
destinado ilegalmente a residencia de ancianos?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Baón.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Señor Presidente, hay un dicho anglosajón que dice que los
hechos no se discuten; simplemente se comprueban.
Pues bien, a partir de ese dicho, le diré los hechos. Un
chalet construido en Madrid por el Patronato de Casas de la
Guardia Civil y adquirido, sin limitación de disposición o
administración, según escritura que pongo a su disposición,
fue alquilado por un comandante de la Guardia Civil a un
ciudadano nacionalizado español.
El contrato de arrendamiento, de mayo de 1994, se hizo con el
objeto de que fuera dedicado a domicilio del arrendatario. Sin
embargo, en septiembre de ese mismo año 1994, como
consecuencia de una actuación policial, se descubrió en el
interior de ese domicilio determinada cantidad de droga y
además a cinco ancianos alojados, procedentes de un centro
público.
Como consecuencia de que se habían incumplido las normas del
contrato de arrendamiento, el arrendador procedió simplemente
a la rescisión del mismo de manera inmediata, con fecha
octubre de 1994.
Esos son los hechos, señoría.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Baón.
El señor BAON RAMIREZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, lamento de veras que el Gobierno se encuentre
en una política de resistencia porque en esa situación no hay
una divisoria clara entre el ridículo numantino y la euforia.
En el caso que nos ocupa resulta que una casa construida por
el Patronato de Viviendas de la Guardia Civil fue alquilada a
narcotraficantes colombianos y, además, destinada ilegalmente
a residencia de ancianos.
La casa está situada impropiamente en la calle Arbol del
Cielo, cuando en realidad estaban todos en el limbo: el
propietario, el Patronato de Casas, el Director General de la
Guardia Civil, siendo además el propietario un comandante
cualificado y uno de los enlaces en la comisión Schengen. Mi
grupo no ha pretendido, señor Ministro, quiero que lo sepa de
verdad, hacer una caza de brujas, nunca, de nada; ni por
sistema ni porque esté en nuestro estilo. Lo que sí queremos
es que se aclaren los hechos, que se ventilen la
responsabilidad, sobre todo de cuantas personas han acompañado
a lo largo de siete años al prófugo señor Roldán.
Por lo demás, creemos que la Comisión del caso Roldán se cerró
prematuramente. Es cierto --al menos es lo que he leído en los
periódicos-- que se ha establecido una comisión de
investigación para estudiar ciertas acciones en esa política
de construcción y de concesiones del señor Roldán. Yo creo que
es malo que desde el mismo órgano se tenga que investigar al
investigado. Eso está claro. Es mucho mejor que sea otro. Por
eso se cerró prematuramente la Comisión Roldán.
Debe saber, señor Ministro, por lo que respecta al Patronato
de Casas de la Guardia Civil que este comisionado, como
también otros de la Comisión ha observado severas y graves
anomalías en la gestión de esa institución. La primera de tipo
urbanístico y constructivo, que no sé si se han superado; pero
la segunda y fundamental es que se han desviado del fin lícito
y primordial de las casas, cual era que sirviese para vivienda
y por el contrario, ha servido de instrumento de especulación.
Debe reconocerlo.
Por eso, y así concluyo, le recomiendo que lea despacio el
dictamen que aprobó esta Cámara, porque encontrará muchos
motivos para investigar, aclarar y ventilar responsabilidades.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Baón.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): De
nuevo estoy parcialmente de acuerdo con algo de lo que ha
dicho S.S., como el anterior representante de su mismo grupo
político. Realmente los límites del ridículo no los tiene muy
claros el Grupo Popular. Constantemente pide dos cosas
contradictorias. Si se investiga está mal que se investigue,
porque, ¿cómo va a investigar? Si no se investiga está mal que
no se investigue. Ustedes simplemente carecen de la más mínima
coherencia o rigor. Por contra, el Gobierno,
trata de mantener de manera permanente, un clima de seriedad
en el conjunto de sus actuaciones, por eso me he limitado en
mi primera intervención, en nombre del Gobierno, a relatar los
hechos y le he dicho que en esos hechos en el contrato
correspondiente no se contenía ninguna limitación de venta ni
de arrendamiento a terceros. ¿Que S.S. me dice que sería
razonable que se contenga en el futuro ese tipo de
limitaciones? Sin duda. De hecho está en la Comisión y esa
observación, que es una de las que contiene el dictamen, va a
ser tenida en cuenta por el Ministerio.
Lo que no cabe, me parece a mí, es sostener constantemente dos
posturas diametralmente opuestas. La finalidad de investigar
todos los temas relacionados con esta materia tiene un único
objetivo central: conseguir separar aquellas personas que
hayan cometido irregularidades del conjunto de la institución
que yo sé, que S. S. por lo menos, tiene interés en preservar.
Si todos tenemos interés en preservar la institución de la
Guardia Civil, señoría, no haga formulaciones que no solamente
sean equívocas sino contradictorias en sus propios términos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA, DEL
GRUPO VASCO (PNV); QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE PREVISIONES
TIENE EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO SOBRE LA APROBACION DE UN
PROYECTO DE LEY DE REINTEGRACION DE BIENES INCAUTADOS POR
MOTIVOS POLITICOS DURANTE LA GUERRA CIVIL A PARTIDOS
POLITICOS, SINDICATOS, ASOCIACIONES CIVILES Y PERSONAS
FISICAS? (Número de expediente 180/000797)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 12, del señor
Gatzagaetxebarría Bastida.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de la Presidencia, ¿qué previsiones tiene el
Gobierno sobre la aprobación de un proyecto de ley de
reintegración de bienes incautados por motivos políticos
durante la guerra civil a partidos políticos, sindicatos,
asociaciones civiles y personas físicas?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, no se le ocultan las dificultades materiales y
técnicas para delimitar, con la necesaria precisión el alcance
de cualquier iniciativa legislativa respecto a la que usted se
interesa. La prueba de las dificultades son los debates
parlamentarios que su grupo ha suscitado en esta Cámara en
anteriores legislaturas.
El Gobierno sigue, pues, estudiando con atención este
problema, aunque debo confesar a S.S. que de los trabajos
emprendidos hasta este momento además de constatar claramente
la complejidad de la tarea no emerge una solución técnica y
generalizada satisfactoria.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Esta iniciativa parlamentaria pretende recordar la necesidad
de reparar una injusticia histórica como fue la incautación de
patrimonio a partidos políticos, a sindicatos, a
organizaciones sociales, a personas físicas por ser
ideológicamente contrarias al régimen ilegítimo franquista; a
personas que eran republicanos, nacionalistas vascos,
nacionalistas catalanes, que eran comunistas, anarquistas,
socialistas y, por tanto, señor Presidente, señor Ministro de
la Presidencia, es una cuestión que al día de hoy todavía se
encuentra pendiente de ser solucionada por parte del Gobierno
central. Nosotros entendemos que es necesaria una ley que
regule tal cuestión o, en su caso, se dé una solución, por lo
menos parcial, mediante la reforma de la Ley de Financiación
de los Partidos Políticos.
Señor Ministro de la Presidencia, en su día fueron los poderes
centrales del Estado los que incautaron, por las razones
ilegítimas de diferente ideología política, los bienes a estas
entidades bien físicas, bien políticas, sociales o sindicales.
Han de ser los poderes centrales del Estado los que reintegren
los daños causados, si no es posible materialmente con la
restitución de los bienes sí mediante la reparación de los
daños y perjuicios.
No nos vale al Grupo Parlamentario Vasco que se esgriman
argumentos de carácter técnico. Hay posibilidades de solución.
Hay grupos políticos que pueden acreditar la solución de
continuidad y la condición de herederos de quienes fueron
incautados y, señor Ministro de la Presidencia, el ejemplo es
que la Unión General de Trabajadores, con ocasión del problema
de las viviendas de protección oficial que construía, ha
obtenido un crédito de 9.200 millones de pesetas del ICO en
base a una garantía del patrimonio histórico todavía pendiente
de devolución a dicha organización sindical.
Señor Ministro, hay otra consideración y es que en este
momento diferentes sectores de la sociedad pública española, y
recuerdo por ejemplo al hijo del que fue insigne Presidente
del Gobierno de la II República Socialista, don Juan Negrín
también tiene una reclamación
pendiente ante el Gobierno central. Apelo a la responsabilidad
y a la sensibilidad del Gobierno socialista para dar solución
a este viejo problema. Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba):
Gracias, señor Presidente.
En la primera respuesta aludí a las dificultades y a la
complejidad técnica y jurídica del problema que suscita S.S.
Me voy a explicar brevemente, no sin antes decir que no cabe
duda alguna que hay argumentos de derecho y de justicia que
pueden aconsejar una postura favorable a la devolución
patrimonial de los expoliados, desde la misma reparación
histórica a la que S.S. aludía hasta el análisis comparativo
de situaciones análogas o la propia interpretación más
favorable de un precepto constitucional, concretamente el
recogido en el artículo 33 de nuestra Constitución. Sin
embargo, no es menos cierto que las propias exigencias y
garantías, fundamentalmente del artículo 14 de la
Constitución, nos exigen el mayor respeto para aplicar el
principio de igualdad, cuya realización concreta, como S.S.
reconocerá, no resulta nada fácil en este caso. En efecto, hay
dificultades de toda índole: identificación de las personas
físicas y jurídicas, derechos en la transmisión patrimonial,
ausencia o lagunas registrales y notariales y un largo
etcétera. Todos ellos son hechos que además corroboran un
aspecto que quiero resaltar: la imprevisibilidad del alcance,
tanto jurídico como económico, de una medida de esta
naturaleza. Esta es la razón por la que el Gobierno no
encuentra una solución.
Se trata, señoría, de hacer una ley que, por supuesto, sea
justa con los derechos de quienes fueron expoliados en la
Guerra Civil, que, al mismo tiempo, respete la igualdad, que
sea económicamente evaluable y que de esa evaluación se derive
una financiación posible con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JOSE ANTONIO ALONSO CONESA, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE PLANES TIENEN EL
INSTITUTO NACIONAL DE HIDROCARBUROS Y REPSOL EN RELACION AL
FUTURO DE LA FACTORIA DE REPSOL-BUTANO EN CARTAGENA? (Número
de expediente 180/000808)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 23, del señor Alonso
Conesa. El señor ALONSO CONESA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, como usted bien conoce, en el cinturón
industrial de Cartagena se ha padecido en los últimos años una
importante reducción de industrias. Baste recordar la
desaparición de Metaleurop, Enfersa, Camisa, Peñarroya; la
reducción de FESA, actualmente Potasas y Derivados, etcétera.
Esta situación ha generado un aumento importante del
desempleo, no sólo en estas industrias, sino también en la
decena de empresas auxiliares que para ellas trabajaban.
Afortunadamente, la reacción del Gobierno de la nación, de la
Comunidad Autónoma de Murcia y del Ayuntamiento de Cartagena,
con la aprobación del plan especial para el desarrollo de
dicha ciudad, ha comenzado a dar sus frutos, al igual que la
puesta en marcha de la primera fase de General Electric.
Reconocer estas cuestiones es de justicia, pero he de
manifestar, señor Ministro, que aún quedan industrias en este
área industrial que pasan por importantes procesos de
adecuación. Este es el caso de la factoría de Repsol-Butano,
en Escombreras. Dicha factoría, señor Ministro, es la primera
nodriza de España, suministradora de GLP en la zona centro, en
la zona balear, Levante y Andalucía. Dicha planta, que tiene
una capacidad de almacenamiento de 17.000 toneladas de butano
y 8.000 de propano, representa una gran actividad para las
infraestructuras portuarias, ferroviarias y de transporte
terrestre de dicho municipio. Dado, señor Ministro, que en
este momento se está discutiendo el plan estratégico de Repsol
para el período 1994-1998 del que depende en gran medida el
futuro de esta factoría, es por lo que este Diputado quiere
conocer los planes del Instituto Nacional de Hidrocarburos y
de Repsol para el futuro de la planta de Repsol-Butano, en
Escombreras.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alonso.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay):
Gracias, señor Presidente.
Señor Diputado, los planes del Instituto Nacional de
Hidrocarburos y de Repsol, efectivamente, se instrumentan a
través de una filial, que es la filial Repsol-Butano, y se
realizan a partir del plan estratégico de Repsol-Butano para
el período 1994-98. Dentro de ese plan, la planta a que usted
se refiere tiene toda una serie de finalidades y de objetivos
que cumplir. Se trata de aumentar la eficiencia de su sistema
logístico, de optimizar el esquema de factorías del conjunto
de la empresa Repsol-Butano y de su conexión con las actuales
fuentes de suministro de gas licuado de petróleo. En ese
marco, me complace informarle que se tienen que adoptar
disposiciones para mejorar ciertos tramos de
la red de oleoductos de CLH para el transporte del gas licuado
de petróleo e, igualmente, para acercarlas posibilidades de
algunas plantas de Repsol-Butano precisamente a los centros de
abastecimiento o, en su caso, a los puertos. En ese mismo
marco, la planta de Escombreras, que actualmente tiene una
capacidad de almacenamiento equivalente al ocho por ciento del
total de la empresa, por un importe de 53.150 metros cúbicos
de gas licuado de petróleo, conocerá un conjunto de
inversiones que se pueden expresar de la siguiente forma.
Aproximadamente, hasta el año 1998, unos 450 millones de
pesetas se destinarán, fundamentalmente, a aumentar la
eficiencia en los procesos productivos propios de la empresa.
Igualmente, está prevista la adaptación del oleoducto
Cartagena-Alicante para el transporte de gas licuado de
petróleo, lo que requerirá una inversión cercana a los 500
millones de pesetas en ese mismo período de tiempo.
Debo decirle también, porque quizá le complazca saberlo a
usted y a los ciudadanos de Cartagena, que forma parte de la
evaluación actual la posibilidad de un nuevo centro de
almacenamiento subterráneo. En estos momentos se está
evaluando cuál es el lugar idóneo de su emplazamiento y,
ciertamente, tendrá que producirse la caracterización de
Cartagena como un eventual centro para el almacenamiento
subterráneo, quizá en competencia con otras ubicaciones que
también puedan resultar idóneas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Alonso.
El señor ALONSO CONESA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, quiero agradecerle la claridad con la que
despeja el futuro incierto de la actual factoría de Repsol-
Butano, en Escombreras, así como el anuncio de las importantes
inversiones que se prevén.
Por último, quisiera agradecerle su decisión de que se
estudien las condiciones geológicas de Cartagena para ese
futuro almacenamiento. Es deseo de este Diputado que el
estudio sea conocido por todos los implicados en la empresa.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alonso.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay):
Unicamente, señor Diputado, confirmarle que ese estudio está
en marcha, que tienen que reunirse condiciones geológicas y,
simultáneamente, buenas condiciones de ubicación, desde el
punto de vista de la distribución de los productos, y en ese
marco le puedo decir que esa implantación será estudiada.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON MANUEL MILIAN MESTRE, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR
MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE:
¿CUAL ES LA SITUACION REAL DE IBERIA DESDE EL PUNTO DE VISTA
DE LA VIABILIDAD? (Número de expediente 180/000816)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 31 del señor Milián
Mestre.
El señor MILIAN MESTRE: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿cuál es la situación real de Iberia, desde el
punto de vista de su viabilidad?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Milián.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay):
Señor Milián, Iberia es una empresa que puede ser viable si
efectivamente se acometen las medidas que en este momento
están siendo objeto de negociación en el plan de viabilidad
que se ha presentado a los interlocutores sociales.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Milián.
El señor MILIAN MESTRE: Gracias, señor Presidente.
Yo le contestaría con un latinajo: Utinam; es decir, ojalá. Le
digo esto porque las noticias que van llegando son alarmantes.
Su explicación a una pregunta mía del mes de marzo fue
francamente incómoda para mí puesto que llegó a tratarme
incluso de incompetente en materias financieras. En aquella
ocasión, yo le planteaba a usted la extraña operación de venta
de 12 aviones a la compañía Julyco, para luego adquirir su
alquiler en «leasing». Justamente usted habló entonces de que
se iba a producir un saldo financiero a favor de Iberia de en
torno a 800 millones de pesetas con esta operación,
planteándolo como algo muy usual en compañías como British
Airways, que venden sus aviones para luego recomprar sus
servicios en alquiler. Precisamente es usted el que ha dicho
recientemente que la situación de Iberia es seriamente
preocupante, hasta el punto de que usted decía que no quería
quitar un ápice --cito textualmente-- a la gravedad de este
asunto, que podría incluso llevarnos a un escenario de
quiebra. Esto era lo que decía usted en esas declaraciones
efectuadas hace 48 horas.
Pues bien, la situación es muy seria (44.000 millones de
pérdidas este año), lo que difícilmente se pueden parchear a
pesar de que se vendan muchos más aviones, apareciendo
anomalías que me gustaría que usted me pudiera precisar. En
primer lugar, no son 12 los aviones vendidos para «leasing»,
sino el 21 por ciento de la totalidad de aviones disponibles,
que además se han vendido con la supuesta anomalía, o al menos
con el perjuicio evidente, de que un avión de primera mano
vendido en segunda mano, evidentemente, pierde valor en precio
y en patrimonio. En segundo lugar, se ha vendido la sede
central de la calle Velázquez, de Madrid, por 21.000 millones
de pesetas. En tercer lugar, se han vendido los servicios de
comercialización, es decir agencias propias de venta de
billetes. Además, los servicios de «catering», de «handling»
han pasado a terceros y se han creado compañías filiales como
Viva, que otorgan servicios gratuitos de «handling» por parte
de Iberia, cosa curiosa, e incluso se ha otorgado combustible
gratuito, siempre a cargo de Iberia, lo que, evidentemente
arroja balances potables, desde el punto de vista de la
rentabilidad. Resulta que estas compañías filiales como Viva
reciben líneas como El Cairo, Túnez, Argel, Estambul, Tel Aviv
muy rentables para su explotación.
Hay aerobuses que son desguazados simplemente para obtener las
piezas que necesitan en otros aparatos...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Milián.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay):
Gracias, señor Presidente.
Señor Milián, no quiero discutir de un problema como el de
Iberia analizando exclusivamente el problema del «leasing». Ya
lo discutimos en otra ocasión y me reitero en lo que le dije
entonces, no en aquello por lo que usted se pudo sentir
molesto pero sí en lo que dije. Es una práctica usual que
seguramente tendremos que seguir utilizando.
Quiero reiterar de nuevo ante S.S., lo mismo que dije ayer en
el Senado. La situación de Iberia es difícil y, sin embargo,
me lleva a decir que es posible la viabilidad de la compañía,
pero solamente al precio de hacer el esfuerzo necesario para
garantizar su competitividad. Es verdad que Iberia ha tenido
pérdidas y las sigue teniendo; es verdad que ha mejorado en
costes, ciertamente, pero es necesario hacer mucho más de lo
que se ha hecho en este período pasado, y esto está pendiente
de un esfuerzo como el que en este momento se discute en la
compañía. Si esa solución no fuera posible, ciertamente, el
escenario de quiebra técnica, al que se ha aludido en
repetidas ocasiones, tanto por mí como por el Presidente de la
compañía, es un escenario que se puede contemplar, pero que yo
no deseo. Por eso creo que será posible encontrar un acuerdo,
pero no un acuerdo en el sentido en que usted lo dice.
Binter es una compañía de Iberia y, sin embargo, puede ser
mucho más competitiva que Iberia, entre otras cosas, porque
tiene unos costes operativos notablemente inferiores a los de
Iberia, si le sirve de explicación.
De lo que es mucho más necesario hablar en este momento es de
un proceso de ajuste de costes que tiene que afectar a toda la
compañía para colocarla en la misma situación que a las
empresas de transporte aéreo que son competitivas en el mundo.
Este es el trabajo que parece hay que hacer en este momento.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
MEDIDAS URGENTES QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA EL
DESARROLLO DE UNA ADECUADA POLITICA DE GESTION ECONOMICA Y DE
CONTRATACION DE LA ADMINISTRACION PENITENCIARIA (Número de
expediente 172/000078)
El señor PRESIDENTE: Punto quinto del orden del día:
interpelaciones urgentes. Interpelación del Grupo Popular
sobre medidas urgentes que piensa adoptar el Gobierno para el
desarrollo de una adecuada política de gestión económica y de
contratación de la administración penitenciaria.
El señor Gil Lázaro tiene la palabra.
El señor GIL LAZARO: Señor Presidente, señorías, señor
Ministro, la Administración como instrumento al servicio del
ciudadano y del interés general debe hacer uso de las
facultades y recursos de que dispone en atención a un
imperativo de transparencia, racionalidad, aprovechamiento
máximo de los medios y plena sujeción de sus actos a las
formas y límites señalados por el ordenamiento vigente.
En virtud de este principio el Grupo Parlamentario Popular
fundamenta la presente interpelación en la urgencia de poner
fin, de una vez por todas, a determinadas prácticas y sombras
que han venido siendo y son nota constante en la ejecución de
la política de gestión económica y de contratación de la
administración penitenciaria y que, por sus consecuencias,
motivan, desde luego, nuestra preocupación. Es obvio que la
extensión y complejidad del asunto que nos ocupa no puede
sustanciarse en este único acto parlamentario, y no
pretendemos hacerlo; pero es lo cierto que existen indicios de
irregularidades suficientes para que podamos y debamos pedir
explicaciones al Gobierno, y de ello, señor Ministro, S.S.
tiene que darnos cuenta hoy. (El señor Vicepresidente, Beviá
Pastor, ocupa la Presidencia.)
Así pues, explíquenos por qué de los 418 contratos de obras de
reparación, conservación y mantenimiento suscritos por la
administración penitenciaria durante el período 1987-93, cuyo
importe global asciende a una cifra no inferior a los 9.744
millones de pesetas, sólo 16 lo fueron por concurso y el resto
por adjudicación directa. Explíquenos por qué en gran número
de adjudicaciones se sobrepasaron ampliamente los límites
señalados en la Ley de Contratos del Estado. Explíquenos por
qué se benefició a una sola empresa mediante adjudicaciones
directas con más de 1.700 millones de pesetas, lo que
representa un valor superior al 10 por ciento del total de la
inversión de esos años, y por qué la suma de lo adjudicado
directamente a un grupo de ocho empresas rebasa el 50 por
ciento del total invertido. Por qué se adjudicaron
directamente contratos por un valor global de más de 2.400
millones de pesetas a un conjunto de siete empresas que,
igualmente, aparecen como receptoras de cuantiosas
adjudicaciones de obra en acuartelamientos de la Guardia
Civil. Y por qué determinados proyectos fueron firmados por
arquitectos adscritos al ministerio y otros, los de mayor
cuantía, por profesionales ajenos al departamento. Explíquenos
por qué se realizaron notables inversiones de reforma en
centros que fueron inmediatamente cerrados, por qué ciertas
obras se desglosaron en adjudicaciones diferentes, o por qué
ni las cifras generales de inversión por años, ni las
específicas de inversión por centros, coinciden, según qué
documento oficial se coteje.
¿Está usted en condiciones, señor ministro, de asegurar que no
se ha producido trato de favor alguno hacia ningún particular?
¿Está el señor ministro en condiciones razonables de ilustrar
a la Cámara acerca de si ha existido o no relación contractual
directa entre la administración penitenciaria y las empresas
Talleres Palomino y CAE, o si éstas han realizado o no
trabajos en centros a través de subcontratas de obras? ¿Está
el señor Ministro en condiciones de garantizar la nitidez y
rigurosidad de la SIEP en lo concerniente a sus métodos de
facturación y, en todo caso, qué sentido tiene constituir una
sociedad estatal cuya única finalidad es la intermediación en
la contratación de equipamientos y en la negociación
inmobiliaria?
Díganos por qué todavía no existe un conocimiento exacto en
los servicios centrales de cuál es realmente el volumen de
ingresos y gastos de los centros penitenciarios, cuando en el
capítulo de ingresos estamos hablando, en 1993, de una cifra
no inferior a los 11.500 millones de pesetas. Díganos por qué
se han realizado compras de material y contrataciones de
servicios de espaldas a los requisitos formales exigidos por
la legislación vigente, y no sólo esto, sino también por qué
en determinados centros se han realizado operaciones
comerciales en manifiesto quebranto de la Hacienda pública y,
por tanto, en beneficio exclusivo de algunos de los partícipes
en las mismas. Díganos por qué determinado suministro de
consumo preferente por los internos es adquirido por un centro
a un determinado precio especial, revendiéndolo al mismo
precio a un concesionario de servicios del establecimiento,
para que éste a su vez lo venda a los internos con alza de un
determinado porcentaje, quedando el beneficio
injustificadamente en poder del concesionario.
¿Sabe usted, señor Ministro, que algunos centros
penitenciarios liquidan al Ministerio de Economía y Hacienda
cifras de IVA, por ventas de productos a los internos, que son
absolutamente estimativas, al no conocerse en detalle el total
de artículos vendidos y el IVA que soporta cada uno de ellos?
¿Sabe usted que en algún centro se están produciendo
explotaciones comerciales, por parte del concesionario de otro
servicio, sin practicar liquidación alguna a la Administración
y sin que conste ningún tipo de autorización legal para asumir
dicha explotación? ¿Sabe usted que la administración
penitenciaria no tiene certeza alguna de cuál es la
recaudación real obtenida por ingresos procedentes de las
cabinas telefónicas utilizadas por los internos, de manera
que, durante 1993, al menos 36 centros penitenciarios
declararon un importe de recaudación inferior al de la
facturación que les fue efectuada por la Compañía Telefónica?
Tiene que aclarar, señor Ministro, cómo es posible que durante
1992 los centros penitenciarios reconocieran haber recibido un
total de 92 millones de pesetas procedentes del Inem para la
realización de cursos de formación a los internos, mientras
que el Organismo Autónomo Trabajos Penitenciarios asegura que
la cantidad total remitida a los establecimientos asciende a
573 millones, y por qué en algún centro penitenciario se ha
destinado el importe de dichos cursos a otras aplicaciones,
con las consecuencias que de ello se derivan en la legislación
vigente.
Tiene que aclarar, señor ministro, el descontrol en relación
con los ingresos financieros por intereses de cuentas
corrientes de los centros, cuyo importe global se desconoce
hoy en su ministerio, y tiene que señalar cómo piensa resolver
el problema de la titularidad de los intereses generados por
las cuentas de peculio y qué destino se está dando actualmente
a esos fondos. Tiene que aclarar qué piensa hacer para
alcanzar el cabal orden contable de la administración
penitenciaria, precisamente porque es sabido que la tesorería
de la mayoría de los centros se caracteriza por su confusión y
por la mezcla de los distintos fondos.
No puede dejar de sorprendernos, señor ministro, que a estas
alturas aún se insista en modos tales como el que la práctica
totalidad de los artículos destinados a la venta en los
economatos se compren a proveedores finalistas a precios
normales de mercado, o que no existan mecanismos centralizados
de control para evitar presuntos fraudes.
No puede dejar de sorprendernos que en compras al por mayor
efectuadas por los servicios centrales, el precio de la unidad
del producto resulte, teniendo en cuenta el volumen de la
compra, casi similar al precio de unidad de ese mismo producto
en venta al público.
No puede dejar de sorprendernos, señor Ministro --y vamos a
hacer una somera referencia a ello--, que muy pocas cosas
hayan cambiado en la gestión del Organismo Autónomo Trabajos
Penitenciarios, a pesar de los constantes sobresaltos que
deparan las noticias procedentes de aquél. ¿Por qué en el
Organismo no se rinden para su aprobación las cuentas
justificativas de la inversión de los fondos recibidos? ¿Por
qué no existe un adecuado control de los pagos efectuados a
proveedores o por qué las provisiones de fondos para gastos
realizados a justificar se realizan sin ajustarse a un plan de
disposición previamente establecido? ¿Por qué se ha consentido
que el Organismo presentara en su explotación comercial
informaciones desvirtuadas acerca de sus estados financieros y
por qué continúa incumpliéndose lo dispuesto en el artículo
11.1 del Decreto 2705/1964, que establece la obligatoriedad de
la reunión mensual ordinaria del Consejo de Administración?
Pero, sobre todo, señor Ministro, ¿qué piensa hacer S.S. con
los casi 1.000 millones de pesetas acumulados desde 1987 y que
en concepto de beneficios del Organismo tenían que haberse
distribuido en cada uno de los respectivos pasados ejercicios,
distribución que no se ha llevado a efecto? ¿Es usted
consciente de que esa inaceptable no distribución de los
beneficios ha privado a los internos trabajadores en talleres
de recibir una cifra cercana a los 200 millones de pesetas,
que era, y es, legalmente suya? ¿Qué se va a hacer para que
esas cantidades lleguen a sus legítimos destinatarios, las
acumuladas, no sólo las del ejercicio de 1993, y qué se va a
hacer con los intereses generados por el total de la cantidad
no distribuida en todo este tiempo? ¿A quién se ha exigido
responsabilidad disciplinaria o política por tan flagrante
incumplimiento legal y, si cabe, más aún, por tamaña falta de
conciencia social cuando estamos hablando de dinero que es de
los presos y no se ha hecho llegar a los presos? Por ello,
señor Ministro, las cosas no pueden seguir ni un minuto más
como están. No cabe ya que S.S. continúe mirando hacia otro
lado mientras que en el seno de la Administración
penitenciaria continúan existiendo demasiadas formas
inaceptables y muchas explicaciones pendientes y, en este
sentido, y sin ánimo exhaustivo, le preguntamos: ¿está en
condiciones de asegurar que las contabilidad oficial de
Organismo Autónomo Trabajos Penitenciarios, la pasada y la
presente, es fiel reflejo de los movimientos comerciales
producidos en cada uno de los talleres de los centros
penitenciarios españoles? ¿Se han investigado y depurado
responsabilidades, tal y como ordenó en su momento la Comisión
de Subsecretarios y de Secretarios de Estado, por las
circunstancias concurrentes en el suministro e instalación de
hornos cerámicos en el centro penitenciario de Valencia-2? ¿Se
ha preocupado el señor Ministro de averiguar si hubo o no
situaciones de favor en la contratación de la infraestructura
informática necesaria para la elaboración de datos del llamado
sistema Suri? ¿Es cierto, señor Ministro, es cierto que ha
habido un uso irregular de fondos de economatos para pagar las
instalaciones efectuadas por un determinado proveedor de
suministros informáticos? ¿Es cierto, en relación con este
mismo asunto, que ese proveedor estuvo realizando operaciones
comerciales con la Administración penitenciaria desde 1989 sin
que mediara contrato conocido y sin que ese proveedor
estuviera inscrito como sociedad mercantil hasta enero de
1993? ¿Es cierto que, a pesar de todos estos supuestos
extraños avatares, el citado proveedor ha continuado siéndolo,
habiendo facturado hasta fecha reciente por un importe
superior a los 200 millones de pesetas, si bien ahora factura
a la Siep? ¿Qué responsabilidades ha deducido S.S. por los
escandalosos sucesos que afectan a los centros de Sevilla 2 y
Valencia cumplimiento en relación con la adjudicación del
servicio de máquinas expendedoras automáticas? ¿Puede afirmar
tajantemente S.S. que en la facturación de talleres del
Organismo Autónomo Trabajos Penitenciarios...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Gil Lázaro, vaya
concluyendo, por favor.
El señor GIL LAZARO: Concluyo, señor Presidente.
...por pedidos efectuados por altos cargos de la
Administración se consignó el precio real de mercado propio de
la tarea realizada, cargándose igualmente, en todo caso, el
importe correspondiente del IVA? ¿Puede explicar por qué en la
Siep, en un mismo ejercicio presupuestario, se produce una
ampliación de capital por valor de 29.386 millones de pesetas
y, a la vez, una reducción por valor de 20.800 millones de
pesetas? ¿Qué relación existe entre esa reducción de capital y
la disminución, a su vez, del inmovilizado material en 18.000
millones de pesetas? ¿A quién se vende ese inmovilizado
material, si es que realmente se produce esa venta, o quién es
el nuevo titular de ese inmovilizado, si es que la reducción
de capital está relacionada con cambios en la titularidad de
inmuebles? ¿Cómo es posible que precio histórico y precio de
mercado coincidan, si es que, efectivamente, se ha producido
esa enajenación? En suma, y concluyo, señor Presidente,
señoras y señores Diputados, señor ministro, hace falta saber
si todas estas disfuncionalidades y muchas más en la gestión
económico-administrativa y los apreciables flagrantes
incumplimientos de la legislación vigente en materia de
contratación responden a una sola incapacidad
de quienes han sido y son responsables de la administración
penitenciaria y, lo siento, en última instancia de usted mismo
como titular del Departamento, o bien si, tras esa aparente
incapacidad, se ha articulado o se articula una deliberada
operación en beneficio de terceros, y si así fuere, esta
Cámara tendría derecho a saber quiénes son esos terceros y qué
intereses han facilitado sus operaciones. Por eso, ya que S.S.
se ha mostrado públicamente partidario de realizar aquello que
usted mismo ha denominado como una revisión razonable del
pasado, tiene aquí la magnífica oportunidad de comenzar a
hacerlo desde su propio ministerio, aunque en verdad no nos
extrañaría que el señor Ministro de Justicia e Interior fuera
de esos también que, llegado el caso, no tienen recato alguno
en demostrar que una cosa es predicar y otra dar trigo. Así
pasa lo que pasa.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Gil
Lázaro. En nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor
Ministro de Justicia e Interior.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Señor Presidente, señorías, creo que ha formulado usted del
orden de unas cien o ciento diez preguntas. Es evidente que la
mera formulación de su interpelación evidencia que son
preguntas retóricas. No es posible contestar a cien preguntas,
como S.S. ha formulado, y sin duda no es más que un recurso
retórico de método. Pues bien, si usted tiene preguntas que
hacer hágalas por la vía parlamentaria correcta --preguntas
escritas, preguntas orales, comparecencias en la Comisión de
Justicia--, pero, ciertamente, en el texto de una
interpelación, que se supone que lo que quería saber es qué
medidas de gestión económica vamos a adoptar, ha formulado
usted simplemente una especie de obras escogidas de su propio
repertorio, un conjunto de temas tradicionalmente planteados
por S.S. en toda clase de foros parlamentarios.
Frente a las preguntas retóricas, señoría, creo que es
legítimo simplemente no responderlas. Sin embargo, voy a hacer
una excepción, porque incide, sólo indirectamente, en una
falsa polémica en torno a CAE. Me preocupa porque además esa
es la única novedad que he detectado del conjunto de sus
planteamientos. Respecto del resto de los temas, son los de
siempre, resumidamente y formulados a nivel retórico.
Tras esta aclaración en lo relativo a CAE, me limitaré a
tratar de contestar con cierto rigor qué medidas vamos a
adoptar, tal y como supuestamente planteaba su interpelación.
Respecto del tema de CAE, tres aclaraciones: Picassent. Según
los datos de que disponemos, la empresa adjudicataria fue
Ginés y Navarro, no se realizó ninguna subcontratación con CAE
tampoco ni tampoco con Talleres Palomino, siendo otra empresa
la que realizó la seguridad, concretamente Clamer. Eso es
simplemente una falsedad integral.
Alhaurín de la Torre. La seguridad activa fue subcontratada
con CAE en 1985 por Entrecanales y Távora; por tanto, cuatro
años antes de que CAE adquiriera Talleres Palomino.
Tercera falsedad. Sevilla-2 fue construida por Dragados y
Construcciones y las obras se realizaron en 1984. En
definitiva, como cada vez que plantean algún tema concreto
simplemente de oídas, incurren en errores de bulto. Fuera de
esa aclaración, que me parecía oportuna en el contexto de
estos últimos días, voy a tratar de contestar, con rigor, al
contenido real de su interpelación, no al conjunto de
preguntas retóricas que S.S. ha tenido a bien formular.
La actuación administrativa en este campo, como planteamiento
general, sabe S.S. que se ha atenido a los principios del
ordenamiento en materia presupuestaria y de contratación,
siendo corregida sistemáticamente cualquier desviación en que
se haya podido incurrir y, en su caso, seguido el
correspondiente procedimiento disciplinario o judicial. Por
ejemplo, entre el año 1988 y 1993, la propia Institución
Penitenciaria ha puesto en conocimiento de las autoridades
judiciales 19 supuestos y, en lo que llevamos de 1994, 13
supuestos más directamente informados por los servicios de
inspección interna de Instituciones Penitenciarias.
En los últimos años se han venido superando, yo creo que de
una manera positiva, disfunciones que, sin duda, han existido
(dentro del conjunto de sus preguntas hay de todo, como en
botica), disfunciones creadas por hechos que S.S. conoce,
porque, además, es experto en estos temas. En los últimos
cinco años la población penitenciaria se incrementó un 46 por
ciento. Ello generó la necesidad de contratar, en ocasiones,
servicios y obras con mayor urgencia y celeridad de la que, en
términos de normalidad, sería deseable, teniendo que hacer
frente a gastos imprevistos y de imposible aplazamiento o a
necesidades puntuales de seguridad o equipamiento, como son la
manutención o el tratamiento de recursos o la seguridad de los
funcionarios.
No se podrán entender el conjunto de medidas que vamos a
adoptar en el programa que hemos fijado para estos dos años
sin previamente reconocer de manera explícita el
extraordinario trabajo llevado a cabo por la Secretaría de
Estado de Instituciones Penitenciarias, antes de que el
Ministro que les habla tuviera el honor de tener
responsabilidad directa en el tema.
Entre 1989 y 1993, los acontecimientos que se produjeron
dentro de los establecimientos penitenciarios los conocen, en
general, SS.SS., pero desde luego el interpelante. Tuvimos
desde secuestros de funcionarios, motines y situaciones de
crisis, como consecuencia, sin duda, de las circunstancias de
hacinamiento.
Frente a esos problemas, evidentemente, cualquier
administrador responsable tiene que buscar soluciones urgentes
a esos temas, porque siempre existen prioridades. Pese a eso,
al margen de superarse los datos estructurales que generaron
esos conflictos, antes de tener yo responsabilidades directas
ya se adoptaron medidas en la línea de intentar normalizar,
hasta el límite de lo posible, los mecanismos de contratación.
A pesar de las dificultades que existían en esta etapa
anterior a tener yo responsabilidades, insisto, se
materializaron medidas de mejora que iban orientadas a ese
objetivo de una gestión económica más transparente y sistemas
de contratación administrativos acordes con la obligada
compaginación del cumplimiento normativo y con la efectividad
funcional.
Sabe S.S. que es absolutamente injusto intentar descalificar
la gestión de la Secretaría de Estado de Instituciones
penitenciarias. Lo sabe. Me consta porque usted conoce el
tema.
Concretamente, la Intervención Delegada, en el informe
relativo a los resultados obtenidos en el examen del área de
tesorería y movimiento de fondos del año 1992, indicó la
necesidad de mejorar los procedimientos por medio de
instrucciones puntuales o circulares de carácter general. En
el cumplimiento de ese objetivo de mejoras en procedimientos
se dictaron nueve circulares que obligan a los centros
penitenciarios a extremar el rigor en la aplicación de fondos
y rendición de cuentas.
Otros apartados objeto de importantes mejoras durante ese
período de tiempo, precisamente el período de tiempo en que
había más crisis y más problemas dentro de la vida
penitenciaria, fueron, entre otros, los siguientes: el
establecimiento, dentro de los programas plurianuales de
inversión, de planes anuales de obras y suministros; la
adecuación más estricta de los pliegos de cláusulas
administrativas generales y particulares a lo establecido en
la Ley de Contratos del Estado y reglamento general de
contratación del Estado; la formalización del procedimiento
para las certificaciones de obra. En definitiva, un conjunto
de medidas que S.S. conoce, y se hicieron, insisto, al propio
tiempo que había que solventar crisis profundas en el seno de
la Institución Penitenciaria.
Ahora lo tenemos más fácil. El trabajo anterior es el que ha
posibilitado que ahora tengamos mucho más fácil los actuales
responsables el presentar, como vamos a hacer, un plan de
acción económico-administrativa 1994-1995; plan que, sin la
brillante gestión anterior, no sería posible plantear. Voy a
entrar ya en el contenido de las medidas que implica ese plan.
Entre las medidas de innovación o mejora, citaría las
siguientes: primero, para conseguir una tramitación más rápida
de los expedientes que no implique mermas en la legalidad de
los mismos se iniciaron ya en mayo del presente año los
trabajos para poder obtener por parte del servicio jurídico
del propio departamento las preceptivas autorizaciones para
utilizar pliegos tipo, encontrándose en la actualidad ya
autorizados los pliegos tipo para suministros y asistencia
técnica.
En segundo lugar, se realizaron los oportunos cursos para
funcionarios de instituciones penitenciarias implicados en la
gestión administrativa, de forma que todos ellos tengan una
base de conocimiento común y se impidan, por tanto,
actuaciones irregulares nacidas en muchas ocasiones por
conocimientos dispares o por conocimientos insuficientes en
estos terrenos.
Dichos cursos están recogidos en el correspondiente plan de
formación para el año 1995, siendo prioritaria la actuación
sobre directores y administradores de centros penitenciarios.
En tercer lugar, una de las deficiencias que, efectivamente,
se ha observado en algunos casos en las relaciones con
empresas adjudicatarias es el no cumplimiento estricto del 185
del reglamento general de contrataciones del Estado.
Dicho precepto, como S.S. sabe, obliga a la empresa
adjudicataria a que, en el supuesto caso de que tenga que
celebrarse un contrato, lo ponga por escrito en conocimiento
de la Administración, tanto del subcontrato a celebrar como la
indicación de las partes de obra a que afecte y sus
condiciones económicas, a fin de que la Administración pueda
visarlo de manera previa. Para conseguir un control de esas
subcontrataciones todavía más enérgico se ha efectuado una
revisión de esta práctica administrativa, que, insisto,
efectivamente en algún caso hemos podido comprobar que no
cumplía el precepto citado --como consecuencia de la necesidad
de realización de obras urgentes y motivos semejantes-- sobre
la base de imponer que se recoja de manera expresa en las
cláusulas administrativas particulares de todos y cada uno de
los contratos. Al propio tiempo y de manera separada, se
obligará a las empresas adjudicatarias de contratos de obra de
cuantía superior a 10 millones de pesetas a que se comprometan
por escrito a tener informado al órgano contratante de la
Administración, en el plazo máximo de diez días, de toda
propuesta de subcontratación que se piense realizar.
En cuarto lugar, la exigencia a todas las empresas que liciten
para ser adjudicatarias de un contrato administrativo de no
solamente la correspondiente proposición económica, sino de la
documentación administrativa general, sistema que, como sabe
S.S., sí se aplicaba ya, cuando se empleaba el concurso o la
subasta como sistema de adjudicación, pero hemos decidido
extenderlo a supuestos de adjudicación por contratación
directa.
Con esta medida se pretende imposibilitar toda actuación que
eventualmente tratase de utilizar empresas inexistentes o
constituidas bajo distintos nombres por las mismas personas
físicas.
En quinto lugar, para intentar restringir la utilización de la
adjudicación por contratación directa a casos donde la
urgencia esté absolutamente justificada y normalizada, se ha
establecido un documento normalizado a su vez que se adjunta a
la correspondiente propuesta de gasto formulada por el centro
demandante, de forma que se pueda determinar fácilmente si
realmente los plazos de ejecución justifican el empleo de esta
modalidad de contratación.
Se ha estimado, asimismo, que los niveles establecidos por la
legislación vigente pueden ser intensificados. Vamos a ir más
allá de lo que dicen las normas legales en el intento de
reducir las contrataciones por adjudicación directa, sin
perjuicio de que, desde luego, tendremos que hacerlas siempre
que una urgencia real así lo demande.
Como criterio, únicamente se va a aceptar la contratación
directa para los siguientes subcontratos de obra con
presupuesto inicial inferior a 10 millones de pesetas,
contratos de suministro con presupuesto inicial inferior a
cinco millones de pesetas y contratos de asistencia técnica
con presupuesto inicial inferior a cinco millones de pesetas.
Procurando además que la adjudicación por contratación directa
cumpla con los adecuados niveles de publicidad, se ha
establecido para la Subdirección General de Servicios la
obligatoriedad de invitar al menos a 10 empresas, cursándose
dicha invitación por correo certificado con acuse de recibo,
en los supuestos de adjudicación directa antes indicados. Se
va a utilizar como herramienta básica para la mejora de la
gestión el convenio suscrito por Caja Postal por el que se
centralizan todas las cuentas de los centros penitenciarios
tanto en el apartado correspondiente a ingresos
presupuestarios como en el relativo a ingresos
extrapresupuestarios. Este sistema, permitirá, con la
instalación de las correspondientes terminales en los
servicios centrales de la Secretaría de Estado de Asuntos
Penitenciarios, tener un conocimiento exacto de saldos y
operaciones realizadas en cada una de las cuentas por cada uno
de los centros penitenciarios.
Finalmente, en cuanto a la gestión económica administrativa
del Organismo Autónomo Trabajos Penitenciarios, se han
adoptado los procedimientos destinados a corregir y a evitar
situaciones como, por ejemplo, las que efectivamente llevaron
el procesamiento del primitivo gerente del organismo. La
gestión presupuestaria y comercial de Trabajos Penitenciarios
ha sido objeto de examen por la Intervención General de la
Administración del Estado, y está siendo ordenada de acuerdo
con sus observaciones para ajustar su funcionamiento a la
legislación presupuestaria de personal y de contratación del
Estado e incluso llegar más lejos en las exigencias de
control.
Se han impuesto mecanismos formalizados para la adquisición de
suministros. En los dos últimos años se han emitido 25
instrucciones para ordenar este campo y el del funcionamiento
contable y administrativo. Asimismo, se está conduciendo la
actividad comercial del organismo para que se constituya en
proveedor importante de la Sociedad de Infraestructuras y
Equipamientos Penitenciarios y de la propia administración
penitenciaria, al objeto de rentabilizar mejor el gasto
conjunto del Estado y de facilitar más trabajo a los internos.
La consecuencia de ello va a ser una mejor ordenación de los
talleres productivos existentes y una mejora en la gestión de
compras y ventas. La contabilidad del organismo se está
analizando de forma conjunta con la Intervención General de la
Administración del Estado al objeto de homologar
definitivamente el sistema de información con el de los
órganos de control de la Administración y para aplicar
adecuadamente el nuevo plan general de contabilidad pública.
Junto a las actividades comerciales, la formación profesional
ocupacional que desarrolla el organismo añade, sin duda,
complejidad a la situación. En 1994 se van a impartir un total
de 540 cursos, que afectan a 8.250 internos; una gran parte de
esos cursos se desarrolla dentro del plan de inserción y
formación profesional mediante los correspondientes convenios
con el Inem y con las comunidades autónomas con competencias
transferidas en esta materia. Para la gestión de la formación
profesional se han dictado, asimismo, instrucciones a los
centros adecuando su funcionamiento...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro, vaya
terminando, por favor.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Muchas gracias. Adecuando su funcionamiento al ordenamiento
jurídico establecido: contratación de monitores por oferta
pública a las oficinas de empleo, ajuste de los gastos de los
fines fijados, liquidación de cuentas en la forma establecida.
Respecto de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios --ya muy brevemente--, aunque, como S.S. sabe,
es una sociedad de derecho privado que no está sujeta a la
contratación pública, mantiene, sin embargo, un sistema de
contratación en lo que respecta a la parte de contratación
pública aplicando la contratación directa únicamente para
contratos inferiores a un millón de pesetas. Para el concurso
por invocación en el caso de las cantidades entre uno y cinco
y desde cinco millones en adelante, se sigue la técnica del
concurso público.
Para garantizar todos estos métodos de homogeneización, en
definitiva, de procedimientos administrativos, se creó
precisamente la Dirección General de Planificación y Control
de la Gestión, creada por el Real Decreto 1334/1994, de
creación del Ministerio de Justicia
e Interior, en el que se constituye esa Dirección General con
la finalidad de homogeneizar el conjunto de procedimientos de
contratación del Ministerio, teniendo en cuenta, eso sí, las
peculiaridades y especialidades de cada una de las materias de
que se trate.
En definitiva, señoría, pese a su planteamiento, he tratado de
explicarle con algún detalle, el que me ha permitido el
tiempo, el conjunto de medidas que vamos a adoptar para
mejorar las técnicas de control de la gestión. Unicamente
insistir en que este plan de mejora hubiera sido imposible sin
el trabajo previo, serio, constante y riguroso realizado desde
hace muchos años en la Secretaría de Estado de Instituciones
Penitenciarias, antes Secretaría General, antes Dirección
General.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro. Para consumir un turno de réplica, tiene la palabra
el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Justicia e Interior, nuevamente S.S., como
es tradicional, ha concurrido ante esta Cámara a explicarnos
qué es todo aquello que se va a hacer, pero en este caso
resulta que lo que se va a hacer viene a tener matices
absolutamente coincidentes con el sentido real de mi
intervención, lo cual acredita por sí mismo que ésta no andaba
en modo alguno descaminada. Su señoría ha comenzado su
intervención determinando que yo no he hecho más que realizar
un enunciado de preguntas retóricas. Y a mí me sorprende, por
lo que puede significar de desconocimiento por parte de S.S. o
me sorprendería más por lo que podría significar de intención
consciente de S.S. de ocultar determinados datos a esta
Cámara, que diga que una intervención como la mía está
formulada en un mero tono retórico, cuando responde
exactamente al tenor casi literal, en una de sus partes, del
informe de la Intervención Delegada del Ministerio de Justicia
e Interior relativo a los resultados obtenidos en el ejercicio
1993, en cuanto al control de derechos e ingresos de la
Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios, informe que,
por cierto, puede decirse que es prácticamente de antes de
ayer, porque lleva fecha 19 de septiembre de 1994.
Probablemente, como S.S. anda muy ocupado en buscar la forma
de hacer ajustes razonables de cuentas con el pasado, no ha
podido leer este informe --y estoy siendo benigno con S.S.--,
porque si no tendría que concluir que ha pretendido convertir
en literatura mis cuestiones cuando vienen aquí o cuando
vienen en este otro documento, también informe de la
Intervención Delegada en relación con el funcionamiento del
Organismo Autónomo Trabajos Penitenciarios.
Me dice S.S. que en las formulaciones que le hemos hecho sobre
la posible vinculación de algunas empresas estamos mintiendo.
Yo le he hecho preguntas, señor Ministro y, por cierto, no me
ha contestado si entre las posibles o no vinculaciones de una
determinada empresa, la empresa CAE con la Administración
penitenciaria, figuran o no obras efectuadas en los centros
penitenciarios canarios en el segundo semestre de 1991.
Me ha dicho también S.S. que van a hacer muchas cosas en el
ámbito de la gestión económico-administrativa y todo lo que se
va a hacer. A mí me da la impresión, porque además lo dicen
los organismos fiscalizadores de la Administración, que es
consecuencia de lo que no se ha hecho hasta ahora. Y en esos
términos no puedo entender cómo S.S. se compromete
políticamente, como se acaba de comprometer esta tarde, con la
gestión de sus predecesores en este ámbito de la
Administración penitenciaria. Y me sorprende, señor Ministro,
que haya pasado por alto, como si no existiera, cualquier
referencia de las que yo he hecho al sistema, que ha sido nota
constante desde el año 1987 a 1993, en lo que afecta a la
adjudicación de las obras de reparación, conservación y
mantenimiento.
No es literatura que yo le pregunte aquí por qué una sola
empresa se ha llevado en adjudicaciones directas el 10 por
ciento del total de lo invertido; no es literatura que yo le
pregunte aquí por qué ocho empresas se han llevado el 50 por
ciento; y no es literatura el que yo le pregunte a S.S. por
qué se dan determinadas concomitancias entre adjudicaciones en
un ámbito, hoy ya de su Ministerio, el de la Guardia Civil, y
en otro ámbito, hoy también de su Ministerio, el de la
Administración penitenciaria. Y no son conjeturas, señor
ministro, el que a mí me extrañe que en la construcción de los
centros nuevos se pase sorprendentemente de un presupuesto de
cinco mil y pico millones a otro de casi ocho mil millones sin
que aquí ocurra absolutamente nada.
Lo necesario es que de una vez por todas pongamos negro sobre
blanco en todos estos procedimientos de gestión, que yo no me
los he inventado, que lo reflejan los informes de la
Administración. Lo necesario es que usted nos explique para
qué se constituye una sociedad como la Sociedad de
Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios cuando las
misiones que les son atribuidas las pueden realizar
perfectamente los propios órganos de la Administración y
cuando, a tenor de la corta experiencia de funcionamiento de
esta sociedad estatal, sólo la intermediación en la
facturación y sólo la intermediación en la gestión
inmobiliaria «justifican» --entre comillas--, evidentemente,
no para nosotros, pero, por lo visto, sí para ustedes, la
existencia de este organismo.
Yo quisiera, en definitiva, y para concluir, señor Presidente,
que S.S., de una vez por todas, admitiera algo que parece que
no quiere admitir, que este ámbito de la administración
penitenciaria es de su responsabilidad, que lo que aquí suceda
es de su responsabilidad,
que en este informe de la Intervención Delegada se están
relatando situaciones absolutamente quebrantadoras del interés
público y que S.S. no ha movido un solo dedo para remediarlo.
Porque este informe exige ceses, señor Ministro, al menos en
algún centro, al menos por alguna de las operaciones que
retrata, y no tenemos conocimiento de esos ceses.
Por tanto, concluyo, señor Ministro, diciendo que yo seré
quien elija los trámites parlamentarios que, en virtud de los
derechos que me confiere el Reglamento, puedo utilizar para
cumplir con mi deber. Y, desde luego, no se puede intentar
descalificar la intervención de un representante de la
oposición que no ha hecho ni una sola línea de literatura
diciendo que todo lo relatado no es más que vanas referencias
a no sé qué. Son concretas referencias a su gestión,
referencias que le hace la intervención delegada, referencias
que nacen del análisis de los datos que ustedes mismos nos han
suministrado y son, en todo caso, referencias que S.S. no
puede orillar, por más que en algún caso, como en el de las
obras, quiera correr sobre ello un tupido velo de silencio. De
esto vamos a seguir hablando y mucho, señor Ministro, porque
entre otras cosas, no he sido yo, sino el señor Rodríguez
Ibarra el que ha dicho, por ejemplo, que Roldán se hizo rico,
sí, pero que el sistema ya estaba inventado. Y no he sido yo,
sino S.S., el que una vez más, apenas hace 48 horas, ha vuelto
a repetir que el señor Roldán no se hizo rico con los fondos
reservados, sino con las adjudicaciones. Pues vamos, señor
Ministro, a revisar las adjudicaciones. Muchas gracias. (Una
señora Diputada: ¡Muy bien!--Aplausos en los bancos del Grupo
Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el
señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Muy
brevemente. Por cortesía parlamentaria, voy a intervenir en
este trámite. (Una señora Diputada: ¡Faltaría más!) Faltaría
más, no. Yo decido si intervengo o no y he decidido, por
cortesía parlamentaria, intervenir.
¡Naturalmente que va a continuar! ¿Cómo no va a continuar si
forma parte de su único programa político? (Rumores.) ¡Si
todos sabemos que no tienen más programa político que éste!
(El señor Gil Lázaro: ¡El único programa es dar caña!--
Rumores.) De manera que van a continuar ininterrumpidamente,
en éste y en cualquier frente, para cumplir su único objetivo:
mezclar los datos, crear un clima de confusión, mantener cómo
sea vivo el tema de que todo es irregular, de que todo está
directa o indirectamente vinculado a temas de corrupción. Por
tanto, no me sorprende lo más mínimo.
Lo que es, sin embargo, desde mi punto de vista, bastante
razonable es que ese discurso, afortunadamente para el
Gobierno de la nación, se les está quedando viejo, apesta, por
ser más precisos. Y, francamente, me sorprende que sigan
insistiendo en esa misma línea como única política.
Estábamos convencidos de eso, de que, pese a que su
interpelación es sobre medidas urgentes que piensa adoptar el
Gobierno para el desarrollo de una adecuada política de
gestión económica y de contratación de la Administración
penitenciaria, a lo que he dedicado una exposición todo lo
exhaustiva que el tiempo me permitía, precisamente por respeto
al papel de la oposición, estaba claro que esto a ustedes les
era radicalmente indiferente. No han dedicado un solo minuto a
explicar qué medidas de gestión querrían ustedes proponer o
querrían indicar. (El señor Gil Lázaro: ¡Ya lo haremos en la
moción!) Ustedes se han limitado a utilizar, insisto, de
manera retórica, la técnica de la interpelación.
No se pongan nerviosos. Llevamos ya un día muy animado. ¡Ya
está bien! Calma, no pasa nada. (Rumores.) Terminemos, si me
lo permiten, de una manera calmada. Insisto en que estábamos
tan seguros de que su único discurso iba a ser ése, la
acumulación de sus propias obras escogidas, porque todo son
repeticiones de lo que usted personalmente viene diciendo
durante años, sin ningún matiz. (El señor Hernando Fraile: ¡Te
crees muy listo! ¡Sabes mucho!) Ha elegido una técnica
parlamentaria --puede usted elegir la que quiera--, pero lo
que pasa es que si la utiliza de este modo se va a encontrar
con la respuesta que merece, es decir, responder a lo que
usted plantea, que es la interpelación. Usted plantea qué
medidas de política de gestión vamos a adoptar, y eso sí que
lo he contestado, precisamente por respeto a S.S. y a esta
Cámara. Lo que no pienso es entrar en su juego de convertir
esa interpelación en un reguero de preguntas que sabe S.S. que
podrán tener respuesta cumplida, toda la que usted quiera,
eligiendo el trámite parlamentario que hace posible contestar
a 110 preguntas. Si usted utiliza de manera fraudulenta el
trámite de la interpelación (Rumores.), y no retiro la
expresión, la mantengo en todos sus términos, sin embargo,
desde el Gobierno no vamos a entrar en ese ámbito. Al revés,
vamos a contestar a lo que teóricamente S.S. ha preguntado. Y
ese es el esfuerzo que hemos realizado.
Sé que va a ser inútil, pero yo lo único que les anuncio es mi
propósito de tratar de seguir respondiendo a lo que ustedes
plantean y no entrar en su juego, que es ya monotemático,
cansino, aburrido, que, sinceramente, están convirtiendo la
vida pública en una situación de la que el conjunto de los
ciudadanos empieza a estar harto (Rumores.--Risas.), empieza a
estar harto, no del clima de corrupción, todo lo contrario. Se
sabe perfectamente que el conjunto de la sociedad, no uno en
particular, todos, estamos luchando contra la corrupción,
todos, de manera eficaz y eficiente, y este Parlamento --lo
decía a preguntas de un compañero suyo-- a través de sus
medidas, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Ministerio
Fiscal, los jueces, el conjunto de los medios de comunicación,
en términos generales, todo el mundo está combatiendo contra
eso, y lo está haciendo con ganas, con entusiasmo. Sin
embargo, ustedes, lejos de alegrarse, como sería lo razonable,
de que se haya producido, en definitiva, una reacción global
que a todos afecta y que esté, efectivamente, funcionando, que
se está acabando afortunadamente con ese, en otros tiempos
existente en la opinión pública, clima de impunidad, en vez de
eso, lo único que hacen es insistir en la misma técnica de no
argumentar, de no decir nada, de no razonar, de no plantear
propuestas y de formular simplemente ristras o de acusaciones
o de preguntas retóricas.
Por cierto, señoría, no confunda la literatura con la
retórica. Usted no ha practicado literatura, sino retórica.
Muchas gracias. (Algunos señores Diputados del Grupo
Socialista: ¡Muy bien, muy bien!--El señor Gil Lázaro pide la
palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Qué artículo aduce
del Reglamento?
El señor GIL LAZARO: Señor Presidente, por una cuestión de
orden solicitaría, en virtud de lo establecido en el artículo
71.3 del Reglamento, un turno especial, puesto que en dicho
precepto se contempla que cuando la alusión (en este caso el
señor Ministro nos ha acusado de utilizar fraudulentamente un
trámite parlamentario) afecta al decoro o dignidad de un Grupo
Parlamentario, el Presidente podrá conceder a un representante
de aquél (Rumores.) el uso de la palabra por el mismo tiempo y
las mismas condiciones que se establecen en los apartados 1 y
2 del presente artículo.
Con toda brevedad...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): La valoración, señor
Gil Lázaro, es de la Presidencia y la Presidencia no estima
que haya habido nada que haya ofendido a su Grupo.
El señor GIL LAZARO: Señor Presidente...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No tiene la palabra
señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Señor Presidente, con todo el respeto a
la Presidencia... (El señor Fernández-Miranda y Lozana pide la
palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Gil Lázaro, le
llamo al orden. Señor Fernández-Miranda.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor
Presidente. La valoración de la Presidencia sin duda ninguna
invalida la actuación del Grupo Parlamentario Popular. En su
nombre yo le solicito formalmente que el señor Ministro retire
del «Diario de Sesiones» el concepto «fraudulento», utilizado
para el trámite que en este momento estamos viendo.
Si no fuese así, nos obligaría a elevar formalmente una queja
a esta Presidencia, por lo que suponemos --perdóneme, termino,
señor Presidente-- un abuso incluso del turno cuando la
posibilidad de réplica está cerrada reglamentariamente.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo
Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Fernández-
Miranda, la Presidencia ha entendido que la utilización del
término «fraudulento» tenía un valor genérico y en absoluto
significaba ninguna imputación dolosa a su Grupo. (Rumores.)
Así lo ha entendido. Por tanto, no hay turno.
El señor GIL LAZARO: Nosotros, no. (Protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias por la
manera de solicitar la palabra.
¿Grupos Parlamentarios que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el
señor Casas.
El señor CASAS I BEDOS: Gracias, señor Presidente. Con mucha
brevedad. Es la primera vez que nuestro Grupo sube a la
tribuna para fijar posición en una interpelación sobre temas
penitenciarios con el actual Ministro, señor Belloch; lo
dijimos en el anterior período de sesiones, cuando el Ministro
era don Antoni Asunción, y sustancialmente voy a repetir los
argumentos que en aquella ocasión utilicé, por cuanto la
posición de nuestro Grupo sigue siendo la misma y creo que
puede ayudar, esta es nuestra intención, a buscar un mínimo
consenso en esta Cámara que facilite, en el trámite
subsiguiente a esta interpelación que será el de la moción,
llegar a acuerdos en un tema que a nosotros nos parece
fundamental, que es de la política penitenciaria.
A nuestro juicio, en términos generales, la gestión del
Ministerio en el ámbito penitenciario es correcta. Y voy a
decir por qué. Esta es una competencia que tiene traspasada la
Administración central al Gobierno de la Generalitat y, por
tanto, en parte, mi intervención habla desde el condicionante
de ser Gobierno competente en su ámbito territorial en los
temas penitenciarios. Creo que es de justicia, cuando se habla
de este tema (que es verdad que es un problema grave, que hay
que tener
presente y que hay que abordar en profundidad), tener en
cuenta lo que ha sucedido durante la última década en nuestro
país, para poder calibrar la respuesta que las
administraciones han dado al tema penitenciario. Cuando se
hace una interpelación de este tipo, desconocer o no tener
presente que ha habido un incremento muy importante de la
población reclusa es no poder entender luego cómo y de qué
manera ha tenido que responder la Administración ante la
avalancha de problemas que esto ha significado. Pero no es
sólo la masificación que comporta este incremento de la
población reclusa, sino, además, la peligrosidad de algunos de
estos reclusos lo que ha obligado a la Administración
penitenciaria, muchas veces casi sobre la marcha, a estar
constantemente reformando y tomando medidas para mejorar la
seguridad de unos centros penitenciarios que en muchos casos
están muy obsoletos. Nuestra experiencia de Gobierno nos hizo
ya en su día, como Grupo Parlamentario, coincidir con el
Gobierno y apoyar el llamado plan de amortización y creación
de nuevos centros penitenciarios, porque entendíamos que una
de las vías que había para poner un poco de orden a la
masificación y a los problemas que ella conlleva era
precisamente la construcción de nuevos centros, hecho éste que
a nosotros nos costó durísimas interpelaciones también en el
Parlamento catalán --y le decía al Ministro Asunción que
precisamente por parte del Grupo Parlamentario Socialista--;
tuvimos manifestaciones tremendas de alcaldes que no quisieron
sumarse al consenso necesario para que se puedan construir
nuevos centros y, por tanto, quitar tensión a la situación
penitenciaria. Cuando venimos aquí y se hacen estas
interpelaciones, somos sensibles a los problemas que afectan
al Gobierno en este tema y queremos actuar con un criterio un
poco de Estado --si se nos permite la expresión--, intentando
buscar espacios de coincidencia que nos permitan a todos
realizar estas políticas que posibiliten, insisto, modernizar
la función penitenciaria o el servicio público que hay que dar
en este campo del orden público.
Este es un tema en el que, si no hay un mínimo de voluntad de
avanzar entre Administración municipal, en algunos casos
Administración autonómica y también las Cortes Generales, va a
ser muy difícil que nuestro país dé una respuesta moderna a lo
que hoy demanda nuestra situación penitenciaria. Por tanto,
con esta especial situación que se ha producido, de incremento
de la población reclusa, de reclusos con un grado de
peligrosidad que ha obligado, sobre la marcha, a reforzar
medidas, insisto, en centros muy obsoletos, y las dificultades
que distintas administraciones, gobernadas por unos y por
otros, han puesto a la administración actuante para llevar a
cabo la política penitenciaria, si entre todos no hacemos una
reflexión para entender que éste es un tema en el que sin
acuerdo es imposible avanzar, va a ser difícil que demos la
respuesta que la sociedad española demanda a la situación
penitenciaria. Es verdad que se ha tenido que recurrir a mucha
contratación directa. Es cierto. Insisto en que por la
situación delicada que hemos tenido durante la última década.
Pero lo que mi Grupo no está dispuesto a admitir, bajo ningún
concepto, es que se pueda establecer un sinónimo entre
adjudicación directa, corrupción, pelotazo, tráfico de
influencias. Creo que esto no es admisible. No digo que se
haya hecho esta tarde, no lo digo, pero, en cualquier caso,
hemos de despejar cualquier duda que pueda hacer que la
opinión pública entienda que estamos haciendo estas cosas. La
adjudicación directa es un mecanismo previsto en la
Administración, excepcional, del que no hay que abusar. Es
cierto que se ha abusado de él en la administración
penitenciaria. Ya he dicho por qué razones. Me parece que lo
que tenemos que hacer es buscar aquellos puntos de
modificación de los textos legales, o lo que haya que hacer,
para normalizar el sistema de gestión en la administración
penitenciaria y evitar que la avalancha de problemas nos
obligue a actuar, como Administración, a veces por
procedimientos excepcionales. El Ministro ha dado una serie de
medidas que se pueden tomar, ha enumerado una buena lista de
cosas que se pueden hacer en el futuro, que creo que si se
hicieran mejoraríamos bastante y podrían, incluso, llegar a
satisfacer el interés legítimo del señor Gil Lázaro de evitar,
de alguna forma, que un procedimiento excepcional, como es la
adjudicación directa, sea norma habitual en la administración
penitenciaria.
Conclusión. ¿Qué es lo que desearía mi Grupo parlamentario?
Desearíamos que fueramos todos lo suficientemente responsables
--y no digo que nadie deje de serlo, que todos lo somos-- para
entender el problema político que esto significa. Si desde la
Cámara no damos ejemplo de buscar consenso en temas
penitenciarios, no pidamos a un ayuntamiento que sea
responsable. Estamos viendo actuaciones que van en contra del
interés general en muchos casos y algunos las hemos sufrido en
nuestras carnes. Por tanto, a ver si es posible que las
medidas que usted proponga en la moción encuentren
coincidencia con las que ha anunciado el señor Ministro. En
estos momentos, del capítulo de medidas que el señor Ministro
ha propuesto --y en esto sí coincido con él-- no conozco la
opinión del Grupo Popular. Pero si la intención del Grupo
Popular es avanzar en esta línea, entiendo que es posible
llegar a este consenso. Me parece que esto debería ser así.
Por tanto, sepan unos y otros que nuestro Grupo parlamentario
hará esfuerzos en el debate de la semana que viene para que
encuentren puntos de coincidencia que hagan posible que
votemos por unanimidad una moción que vaya en la línea de
ajustar estos desajustes --que no quiere decir que impliquen
corrupciones,
son desajustes-- que la situación ha provocado. Esto es lo que
vamos a intentar hacer. Si lo consiguiéramos, haríamos un gran
servicio a la causa de mejorar la administración penitenciaria
de nuestro país.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Casas. Por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, tiene la palabra la señora Aguilar.
La señora AGUILAR RIVERO: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, en nombre de nuestro Grupo parlamentario,
celebramos la iniciativa porque nos permite adentrarnos en el
funcionamiento de instituciones penitenciarias que afecta, en
términos generales, a las condiciones de las cárceles
españolas desde una perspectiva distinta a la habitual.
Normalmente en esta Cámara, cuando hemos debatido el tema de
instituciones penitenciarias, lo hemos hecho desde la
perspectiva de las condiciones de hacinamiento de los
reclusos, de las dificultades y penalidades que tienen por las
condiciones de las cárceles y de las condiciones en que
desenvuelven su trabajo habitual los funcionarios. Esta que
hoy se trae a colación, a través de la interpelación, por
parte del Grupo Popular, es una vertiente diferenciada que,
cierto y verdad, hasta ahora no habíamos debatido en esta
Cámara. Y como nos parece fundamental también, para el buen
funcionamiento, en general, de instituciones penitenciarias,
es por lo que celebramos sinceramente la iniciativa que se ha
tenido.
Creo que, a pesar de debatirse en el día de hoy, hay que
desdramatizar, hay que hablar con serenidad, con tranquilidad,
pero también con claridad. En nuestro Grupo parlamentario
vamos también a hacer esfuerzos por favorecer acuerdo y
consenso en un tema que, insisto, nos parece fundamental. Y
nos lo parece porque la gestión económica y de contratación de
la administración penitenciaria ha estado, desde 1989 hasta
prácticamente la llegada del señor Belloch al Ministerio de
Justicia e Interior, digamos que plagada sobre todo de
sombras, que es necesario aclarar.
Esta interpelación y su posterior moción nos dan la
oportunidad para, a través del diálogo suficiente entre los
grupos parlamentarios, aclarar hasta el final esa gestión
llevada a cabo durante todo ese período de tiempo en toda una
serie de materias en las que es necesario adentrarse.
En ese sentido, a nosotros, cómo no, nos preocupa lógicamente
todo lo que ha sido el sistema de adjudicaciones de obras en
el ámbito de instituciones penitenciarias y nos preocupa
también algo más, como es la alta de seguridad que se está
dando en el ámbito de las obras de seguridad y mantenimiento
integral de los centros penitenciarios como consecuencia del
hecho de las subcontratas. Un hecho que se produce lógicamente
de manera habitual y que comporta automáticamente el
desconocimiento de las condiciones económicas por parte de la
Administración de cómo se subcontrata con la empresa
adjudicataria inicialmente, qué personas realizan su trabajo y
con qué cualificación. Eso está teniendo también un impacto
económico y de funcionamiento en el ámbito de los centros
penitenciarios.
En ese sentido, con total prudencia, nosotros vamos a esperar
a la moción que presentará el Grupo parlamentario Popular como
consecuencia de esta interpelación, para ver qué instrumentos
se proponen con el objetivo de aclarar todo este período de
gestión que --insistimos-- nos parece que tiene cierta
opacidad.
Además, estamos seguros de la voluntad del Ministro, nos
consta esa voluntad, para aclarar. Lo único que hace falta es
dar un salto cualitativo y no sólo manifestarla, como lo ha
hecho en reiteradas ocasiones, sino ponerla en práctica. Desde
ahí es desde donde nosotros pronunciamos la oportunidad de la
interpelación y la posibilidad de abrir, a través del diálogo,
una investigación suficiente durante este período de tiempo
que, con la colaboración del Ministerio, nos pueda hacer ver
la luz en todo lo que ha sido el período 1989 hasta la llegada
del señor Belloch al frente del Ministerio y, a partir de ahí,
nos permita lógicamente buscar --insisto en que desde el
consenso y el diálogo--los instrumentos suficientes y
necesarios para establecer, en el ámbito de la Administración,
lo que nosotros buscamos, la transparencia, la claridad, la
eficacia y el control. Eso es justamente lo que demandamos.
Espero que a ello responda la moción del Grupo Popular e
insisto en que durante el debate de la misma vamos a estar
abiertos al diálogo con todos los grupos parlamentarios para
conseguir el objetivo deseado.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Aguilar.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE MEDIDAS DE POLITICA GENERAL
RESPECTO DE LA ENERGIA NUCLEAR EN NUESTRO PAIS, CON ESPECIAL
REFERENCIA AL PROCESO DE SELECCION Y CRITERIOS EMPLEADOS EN LA
ELECCION DE LOS CANDIDATOS AL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
(CSN), EN FUNCION DE LOS CRITERIOS Y REQUISITOS SEÑALADOS EN
LA LEY 15/1980, DE 20 DE ABRIL, DE CREACION DEL CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR (Número de expediente 172/000079)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Interpelación urgente
del Grupo parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre medidas de política general respecto de la
energía nuclear en nuestro país, con especial referencia al
proceso de selección y criterios empleados en la elección de
los candidatos al Consejo de Seguridad Nuclear en función de
los criterios y requisitos señalados en la Ley 15/1980, de 20
de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear.
Para la exposición del contenido de esta interpelación, tiene
la palabra el señor García Fonseca.
El señor GARCIA FONSECA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, señoras y señores Diputados, Izquierda Unida,
ante los nombramientos para cubrir las vacantes del Consejo de
Seguridad Nuclear y al no poder dar su conformidad a los
candidatos nominados, quiere manifestar en esta interpelación
lo siguiente: Primero, que el Ministerio de Industria no ha
prestado atención alguna al perfil del consejero defendido por
Izquierda Unida, que no es otro que el establecido por la Ley
de Creación del Consejo de Seguridad Nuclear, ni ha atendido a
las observaciones particulares sobre los candidatos concretos.
Segundo, que del perfil básico de consejero constituido por
las características de solvencia técnica, independencia y
objetividad, estas últimas han sido olvidadas, designándose
profesionales íntimamente ligados al sector eléctrico nuclear
o a su promoción y justificación.
Tercero, que, con los nuevos nombramientos, el Consejo de
Seguridad Nuclear queda constituido únicamente por
profesionales de la tecnología nuclear quedando eliminado de
su ámbito de interés cualquier otro aspecto de los
involucrados en sus competencias y que su propia Ley de
creación cita explícitamente, como son la salud pública, el
medio ambiente, etcétera.
Cuarto, que la única garantía de imparcialidad del Consejo de
Seguridad Nuclear y de que tenga en consideración otros
intereses que no sean los del sector nucleoeléctrico pasa por
la real objetiva independencia de los consejeros, al menos de
algunos de ellos. Sólo el acceso a toda la información sobre
los temas que se debatan en el Consejo y el ejercicio de las
garantías legales propias de los órganos colegiados,
especialmente del voto particular, proporcionan un control
interno creíble.
Quinto, Izquierda Unida considera que la composición
monolítica del Consejo de Seguridad Nuclear que se pretende y
el marco legal vigente dificultan enormemente, si no impiden,
un verdadero control externo real del organismo. Su
independencia del Ejecutivo, la no definición de mecanismos de
control por el Parlamento, al que únicamente están obligados a
remitir un informe de actuación semestral, lejos de esa
consideración, que se ha difundido más o menos implícitamente
por todos los ámbitos, de que el Consejo de Seguridad Nuclear
es un organismo que depende de esta Cámara, cuando no es
cierto de ninguna de las maneras. La única obligación es la
remisión a este Congreso, cada seis meses, de un informe que,
por cierto, nunca llega en el plazo y en el tiempo requeridos.
Por lo tanto, este Consejo de Seguridad Nuclear independiente
del Ejecutivo, salvo en los nombramientos, y no dependiente de
este Congreso, y su definición como único organismo competente
en materia de seguridad nuclear y protección radiológica hacen
de él una administración irresponsable, en el sentido literal,
y libre de todo control. Por este motivo, Izquierda Unida
presentará una moción pidiendo una modificación de la actual
Ley que permita, al menos, un control parlamentario del
Consejo de Seguridad Nuclear. Y éste es uno de los adelantos
que les hago en relación a la próxima sesión en la que nos
corresponde presentar, debatir y, en su caso, aprobar
mociones.
Resumiendo. Izquierda Unida no ha participado ni ha prestado
su consentimiento al nombramiento de ninguna de las vacantes
del Consejo de Seguridad Nuclear y, desde luego, no ha sido
por falta de voluntad de este Grupo. Este Diputado que les
habla puede decir que ya desde el mes de febrero, tanto al
propio Ministro de Industria, aquí presente, cuanto a todos
los representantes que consideré pertinente presentarles esta
cuestión, que iba desde el entonces portavoz, señor Solchaga,
a su sucesor en la portavocía, el actual portavoz del PSOE,
don Joaquín Almunia, o incluso al portavoz actual del PSOE en
la Comisión de Industria y Energía, a todos ustedes mi Grupo,
y yo directa y personalmente, les dije: Somos el tercer Grupo
de la Cámara, por lo tanto no pedimos ningún favor; exigimos
que se cuente con nosotros en un tema de esta naturaleza,
donde, además, parece ser, desgraciadamente, que somos el
único Grupo que tenemos posiciones diferenciadas del conjunto,
al menos globalmente. Les dije: nuestro Grupo no pretende
ningún reparto de cuotas. Y añadí: nuestro Grupo está
dispuesto a admitir candidatos que incluso estén políticamente
afiliados a cualquiera de las fuerzas parlamentarias de esta
Cámara que no sea Izquierda Unida. La única condición que
pusimos fue que al menos de uno de ellos nuestro Grupo pudiera
tener, con la información pertinente, el convencimiento moral
de que se ajustaba a lo que pide la ley; es decir, que además
de su competencia, cumpliera lo que la ley pide en cuanto a
situación de independencia, que le permita realmente actuar
con criterio neutral, objetivo y libre. Todos estos
planteamientos hechos por mi Grupo desde febrero no han tenido
absolutamente ninguna respuesta, salvo, al final, cuando el
señor Ministro me llamó y me dijo que entendiera que la
negociación --desde luego, no con nosotros-- le había
resultado difícil y que tenía una terna ya cerrada.
Quiero dejar constancia, por si no queda suficientemente
explicitado a través de lo que he dicho, de que no hacemos
cuestión del procedimiento seguido, que también, sino que
consideramos que sobre este tema y sobre cualquier otro, pero
específicamente sobre éste, mi Grupo tiene todo el derecho a
discutir criterios concretos, personas y conjunto de personas
que van a tener en sus manos una institución tan independiente
y de tanta responsabilidad, sobre todo en los años actuales y
venideros, en que la problemática nuclear se a agravar, a
acentuar, puesto que existen ya unas centrales de primera
generación. Esto, al margen de cualquier connotación pro o
antinuclear, supone que, lógicamente, aunque sólo sea por
razón de edad, empiezan a presentar problemas serios y va a
haber que empezar a tomar decisiones realmente importantes,
donde van a estar en juego muchos cientos de miles de millones
de pesetas y, sobre todo, va a estar en juego la seguridad de
los ciudadanos; seguridad que puede ser cuestionada por un
tema de un nivel absolutamente superior a ningún otro que se
pueda considerar --medioambiental, de contaminación, etcétera-
-, como es el asunto de la radiactividad, que es otra galaxia.
Repito que, no es el motivo principal de mi protesta --que
también-- el que mi Grupo no haya sido tenido en cuenta, sino
que entendemos (y esta interpelación es para expresar esto y
que el Gobierno, el señor Ministro, tenga ocasión de
convencernos de los contrario) que con las personas que van a
ser nominadas, si el proceso culmina en esta dirección,
sumadas a las que ya están, este Consejo de Seguridad Nuclear
no cumple lo requerido por la ley.
Ustedes están vaciando de credibilidad a una institución, hoy
tan importante y tan necesaria. Si yo fuera el Presidente de
Iberdrola, inmediatamente haría que las personas que
dirigieran el Consejo de Seguridad Nuclear gozaran del
consenso, no sólo de esta Cámara, sino de las asociaciones de
todo tipo, porque cuanto más se garantizase que la seguridad
nuclear iba a tener un control eficiente, lógicamente, los
primeros beneficiarios serían los sustentadores de las
centrales nucleares. Por el contrario, en la medida en que se
vacía no sólo de credibilidad --y al entender de mi Grupo,
señor ministro, éste es el caso--, sino que se sitúa en la
ilegalidad, al menos en el espíritu de la ley, la terna
resultante y el conjunto de los cinco consejeros, es el favor
más flaco que se puede hacer el tema nuclear en este país.
Pero no es eso, obviamente lo que preocupa a mi Grupo; lo que
preocupa a mi Grupo es que una institución de Estado y, por
tanto, de interés común, no pueda responder a la confianza de
todos los grupos políticos y de la inmensa mayoría de los
ciudadanos. Y, desde luego, le anticipo --creo que es una
conclusión lógica de todo lo que he venido diciendo, señor
Ministro-- que no goza en absoluto de la confianza del Grupo
al que tengo el honor de representar.
Nada más. Muchas gracias. (Un señor Diputado: ¡Muy bien!)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor García
Fonseca. Para contestar, en nombre del Gobierno, tiene la
palabra el señor Ministro de Industria y Energía.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señor García Fonseca, éste va a ser un debate, supongo que
corto; tal vez un debate que se plantea desde la frustración
de su Grupo, frustración que yo puedo entender, aun cuando no
comparta ni los criterios ni las conclusiones a las que
ustedes llegan. Usted tiene toda la legitimidad para plantear
en este momento una discusión parlamentaria en forma de
interpelación al Gobierno, pero, ciertamente, de acuerdo con
la legislación vigente, está previsto un debate sobre el
cumplimiento de las características establecidas por la ley
con relación a los candidatos propuestos para ser nombrados
por el Gobierno que, si no me equivoco, tendrá lugar la semana
próxima en esta misma Cámara. No sé si éste es un debate sobre
otro debate que es preceptivo celebrar y sobre el cual,
incluso, podrán existir las correspondientes votaciones.
Usted ha dicho, a lo largo de su intervención, varias cosas.
Una, que no está de acuerdo con las personas; y dos, que no
está de acuerdo con la ley. El que no esté de acuerdo con las
personas, desde luego no le da derecho, señor García Fonseca,
a pretender que su criterio sea el único válido; y el que no
esté de acuerdo con la ley, tampoco le da derecho a
deslegitimar una ley que fue aprobada por estas Cortes, salvo
que las mismas Cortes puedan tomar otra decisión en un momento
futuro, aunque, por supuesto, usted tiene los cauces
reglamentarios para plantear las modificaciones oportunas. En
todo caso, con ciertas algunas de las cosas que ha dicho. Tal
vez las propuestas concretas de personas o de perfiles que
ustedes deseaban no han encontrado el acomodo que esperaban,
pero, insisto, señor García Fonseca, el que en una renovación
del Consejo de Seguridad Nuclear, en el que hay que designar
tres nuevos miembros, no encuentre su acomodo precisamente su
Grupo, no desdice la legitimidad del proceso, ni el acuerdo
que se ha producido con otros grupos parlamentarios, ni,
naturalmente, la idoneidad de las personas que el Gobierno ha
entendido que debe proponer a esta Cámara para su
ratificación, mediante el procedimiento oportuno.
Usted dice que exigen participación; participación la han
tenido, la que han podido tener todos los grupos cuando es
necesario un proceso de acuerdo, el máximo al que se podía
llegar, teniendo en cuenta que finalmente había que concordar
entre distintos grupos
para cubrir tres puestos y reunir una serie de condiciones de
carácter, de idoneidad técnica, profesional, etcétera.
Sin duda alguna me atrevo a decir que el Gobierno ha obtenido
el mayor consenso posible en las circunstancias existentes,
pero es evidente que usted no se siente de acuerdo con ese
consenso, y lamento no poder remediarlo, como ya tuve ocasión
de decírselo personalmente.
Señor García Fonseca, lo que le quiero reiterar en esta
intervención, que forzosamente ha de ser corta, es que esto no
le da de ninguna manera derecho a cuestionar ni a las personas
ni, desde luego, a la Ley. Usted tiene el derecho personal,
como representante de un grupo político, a exponer su
criterio. Lo que me parece mucho más discutible es poner en
cuestión la legitimidad de los demás o la legitimidad,
mientras no se modifique, de una Ley que hasta ahora ha dado
los frutos que en este país se esperaba que debiera rendir el
Consejo de Seguridad Nuclear.
No pretendo convencerle, por lo tanto, señor García Fonseca.
Unicamente quiero reiterar algo que dice la Ley de 1980 en su
artículo 5.º: El presidente y los consejeros del Consejo de
Seguridad nuclear serán designados entre personas de conocida
solvencia dentro de las especialidades de seguridad nuclear,
tecnología, protección radiológica y del medio ambiente,
medicina, legislación o cualquier otra conexa con las
anteriores, así como en energía en general o seguridad
industrial, valorándose especialmente su independencia y
objetividad de criterio.
De acuerdo con estos parámetros, es como se ha producido todo
el proceso de discusión hasta llegar a un acuerdo, que era
forzoso, necesario, con vistas a obtener la máxima
aproximación posible entre grupos políticos que, obviamente,
podían tener preferencias y criterios diferentes.
Es verdad que el Gobierno podría haber adoptado otra decisión:
presentar una propuesta de nombramiento sabiendo que, de
acuerdo con lo que dice la Ley, finalmente, transcurrido un
cierto tiempo la propuesta del Gobierno se aprobaría
definitivamente. Incluso si no llegara a obtener el consenso
que actualmente se ha conseguido. El Gobierno no ha querido
hacer eso. Ha querido hacer una aproximación a otros grupos
políticos porque entiende que el Consejo de Seguridad Nuclear
es un órgano que debe ofrecer garantías, debe tener la
legitimación ante los ciudadanos, puesto que está tratando de
una materia especialmente importante.
Me atrevo a decir, y no solamente por los candidatos o el
candidato que ha sido propuesto específicamente a instancias
del Grupo Socialista, sino también teniendo en cuenta las
características de idonedidad de los otros candidatos
presentados por otros Grupos, que, a mi juicio, los tres
candidatos que han sido objeto del acuerdo del Gobierno,
sometido a la consideración de esta Cámara, reúnen las
condiciones a las que se refiere al artículo 5.º de la Ley. El
que usted no esté de acuerdo, señor García Fonseca, lamento
que sea inevitable pero, en todo caso, tendrá ocasión, desde
luego, de seguir discutiendo sobre esto en la próxima reunión
de la Comisión de Industria en la que se produzca el debate y,
eventualmente, en nuevas iniciativas, si lo que pretende es
cambiar la Ley y crear condiciones distintas para el futuro.
En todo caso --termino con esto señor Presidente-- el Consejo
de Seguridad Nuclear ha cumplido hasta ahora unas funciones
importantes. El Gobierno aspira, naturalmente --desde la
independencia que el Consejo de Seguridad Nuclear tiene que
tener respecto del Gobierno--, a que siga cumpliendo estas
funciones. Espero que la Cámara, con su dictamen sobre la
propuesta que el Gobierno ha hecho, dé definitivamente luz
verde para que el Gobierno pueda proceder a los nombramientos
en el Consejo de Seguridad Nuclear.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro. El señor García Fonseca tiene la palabra para un
turno de réplica.
El señor GARCIA FONSECA: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, de nuevo, señor Ministro, las cosas claras: ustedes
con nosotros no han negociado. Habrán obtenido todo el
consenso que usted estime y que valore como lo valore. Lo que
está claro no es que no haya obtenido el consenso de Izquierda
Unida; lo que está claro es que ustedes no negociaron con
Izquierda Unida, primer punto. Repito, primer punto el más
secundario, porque ahora voy a lo que para mí es lo central.
Señor Ministro, yo he hablado de que vamos a presentar un
proposición de ley, e incluso una moción previa para la
próxima semana, pidiendo cambios en la ley actual, pidiendo el
estatuto del Consejo. Pero cuando estoy haciendo la crítica de
los actuales candidatos, es sobre la base de la ley actual, no
de alguna ley hipotética que Izquierda Unida tenga en su
cabeza y, efectivamente, basados en el artículo que usted ha
leído. El artículo 5.º de la ley actual dice: El presidente y
los consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear serán
designados entre personas de reconocida solvencia dentro de
las especialidades... De reconocida solvencia. No es eso lo
que mi Grupo pone en cuestión en relación a los tres
candidatos; no es eso. Pero la ley dice algo más: «reconocida
solvencia...» y señala una serie de campos: seguridad nuclear,
tecnología, protección radiológica y medio ambiente, medicina,
legislación o cualquier otra conexa con las anteriores. Y aquí
es cierto que son competentes las tres personas, pero
monotemáticas en relación a este abanico que plantea la propia
ley.
Pero no es eso todavía lo que mi Grupo plantea como cuestión
de fondo. Es que este artículo 5.º continúa diciendo:
valorándose especialmente su independencia y objetividad de
criterio.
Otra de las mociones que mi Grupo va a presentar para la
próxima semana es que se replantee de nuevo esta terna. Y,
señor Ministro, como hoy no tengo tiempo, mi Grupo va a
aportarle datos elementales, objetivos, fehacientes. Es decir,
yo no entro en juzgar cuestiones éticas, internas, etcétera,
de las personas propuestas. Supongo que la ley tampoco puede
entrar en eso. Supongo que si la ley habla de objetividad y de
independencia, se refiere a que estén en una situación
objetiva, donde cualquier persona normal, no héroes o personas
extraterrestes, pueda realmente actuar con objetividad y con
independencia. Esa es, yo creo, la lectura normal, elemental
de la ley.
Pues bien, con planteamientos objetivos le voy a demostrar a
usted y a toda la Cámara, en lo que se refiere a los tres
propuestos, sumados a los dos que quedan (eso sí, voy a
admitir gradualidad en la falta de independencia; no es lo
mismo la de unos y la de otros; o la de uno y la del resto, si
usted quiere), cómo no es posible hablar de situación de
independencia que permita esa objetividad e independencia de
criterio. Al menos cuatro de los consejeros están
profesionalmente ligados a las centrales nucleares, no
solamente a las compañías eléctricas, sino a las compañías
eléctricas con efectivos nucleares; lo están incluso desde el
comienzo de su profesión varios de ellos y, a no ser que sean
consejeros eternos, van a volver de nuevo, al terminar su
mandato, a trabajar en centrales nucleares.
Si ustedes pueden considerar que ésa es una condición objetiva
ante cuestiones tan importantes para la seguridad de este país
y que van a afectar en tal grado al bolsillo de las eléctricas
como, por ejemplo, cualquier avería de las que ya hay en
Garoña o en cualesquiera otras de las centrales de la primera
o de la última generación; si usted, señor Ministro, me quiere
hacer creer a mí o a no sé quién de esta Cámara --a no ser que
le quiera dar de antemano un voto de confianza, diga usted lo
que diga-- que esa situación es la que corresponde a lo que
pide la ley, señor Ministro, quien quiera creerle, desde
luego, es libre de hacerlo y quien quiera votar en ese
sentido, por supuesto también, aunque no será mi Grupo, pero a
mí esa moto no me la vende y a muchos ciudadanos --esto es lo
grave-- tampoco, señor Ministro.
En uno de los medios de comunicación, y no de los hostiles al
Gobierno, se dice: Corren malos tiempos para la sensatez. La
composición del nuevo Consejo de Seguridad Nuclear, por
ejemplo, es otro hecho escandaloso (fíjese, aunque dé voces,
señor Ministro, porque ése es mi talante físico, con qué
mesura estoy hablando en relación a lo que dice la opinión
pública, digamos que represente lo que represente) que
demuestra, sobre todo, la ignorancia en la materia de quienes
lo han elegido. Otros dicen sin remilgos que ha sido una
bajada de pantalones anti-lobby nuclear, que vive uno de sus
peores momentos con Zorita y Garoña patas arriba, los
generadores de vapor de Ascó y Almaraz pendientes de un
recambio de coste supermillonario y las piscinas de residuos
llenas a rebosar. Con tal panorama, parecía imprescindible
avanzar hacia la independencia de un organismo que debe
decidir sobre cuestiones tan importantes para nuestra
seguridad y para nuestra salud; pero se han dado un montón de
zancadas hacia atrás.
Señor Ministro, fuera de esta Cámara, con más o menos
acierto --eso ya es cuestión de criterio--, dicen las cosas de
manera mucho más directa. Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Ministro
tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay):
Gracias, señor Presidente.
Con brevedad, de nuevo. Señor García Fonseca, había leído esa
autorizada cita que, al parecer, se convierte en el argumento
de la opinión pública. Si estos son todos los argumentos,
ciertamente, con el respeto que me merecen todas las
opiniones, incluso las que se publican en medios, según usted,
no tan lejanos del Gobierno, uno puede legítimamente discrepar
y, de hecho, no es solamente el Gobierno el que discreparía de
eso, sino, al parecer, discrepa más gente dentro de esta
Cámara.
Si me permite el señor García Fonseca, y sin que esto le
parezca mal, le quiero pedir algo. Los juicios de intenciones
son siempre muy complicados, y analizar «a priori» la
independencia de juicio de las personas es un camino bastante
peligroso. Porque, señor García Fonseca, usted, antes de ser
Diputado, habrá sido otra cosa; tendrá algún trabajo. ¿Tendré
yo la necesidad de dudar de su independencia de criterio por
el hecho de que usted anteriormente haya estado haciendo otra
cosa y supongo que toda la vida tampoco va a ser Diputado? Yo
creo que este es un camino muy peligroso, señor García
Fonseca. Permítame que no le aconseje que siga por él.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Grupos parlamentarios
que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Nadal.
El señor NADAL I MALE: Señor Presidente, me siento un poco
extrañado de que sólo sea yo el que decida, dentro de los
Grupos parlamentarios y tratándose de una interpelación,...
(El señor Frutos Gras, saliendo del hemiciclo: ¡Pero si ya
tenéis uno, hombre!)
Muchas gracias.
Señor Presidente, espero que se marche, porque no acostumbro a
dialogar con gente que sale por la puerta.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Evidentemente, ni
aunque estuviera sentado en el escaño, señor Nadal; no es éste
un momento de diálogo ni de tertulias.
El señor NADAL I MALE: Señor Presidente, yo quisiera hacer
notar dos o tres cuestiones al hilo de la interpelación
formulada por el señor García Fonseca, diciéndole de antemano
que, desde que coincidimos en la Comisión, nunca he dudado de
los principios que informan su forma de trabajar o de que los
intereses que representa dentro de esta Cámara sean
absolutamente legítimos y éticamente incuestionables. Lo único
que quiero establecer, desde un punto de vista formal, es la
necesidad de que los Grupos Parlamentarios nos acojamos a un
mínimo de procedimiento necesario en el momento de tratar las
cuestiones que nos afectan.
La renovación de los tres nuevos cargos tiene que pasar por la
Comisión respectiva, y creo que es aquél el lugar exacto donde
se tiene que hacer un planteamiento de las cuestiones que
sobre la ratificación o no de las tres nuevas personas se nos
ocurran a cada uno de nosotros. Lo que pasa es que, al hilo de
la intervención del señor García Fonseca, cada uno de nosotros
nos sentimos un poco preocupados, porque una de las pocas
veces en que la Cámara llega a un acuerdo más o menos
genérico, o se produce la posibilidad de que dentro de este
contexto general se llegue a un concierto para nombrar las
tres personas, es muy triste que se diga que esto no es así y
que se cuestiona la ley, que se cuestionan las personas, en
definitiva, que se cuestiona todo. ¿Hemos de entender en este
caso que por parte del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, a partir del momento en que las tres personas
hubieran sido de su estimación o de su criterio, o aceptables
a lo que se concibe como el formato de la persona, no se
hubiera cuestionado las personas ni se hubiera cuestionado la
ley? Si las tres personas hubieran resultado idóneas al
interés que representa Izquierda Unida, ¿entonces la ley
hubiera sido correcta y hubiera sido correcto el nombramiento?
Yo creo que aquí existe lo que habitualmente ya empieza a ser
una pieza común en esta Cámara: primero nos dedicamos a
explicar en los periódicos que Izquierda Unida recurrirá los
nombramientos pro-nuclearesdel Consejo de Seguridad Nuclear,
que se establecerá un contencioso-administrativo por los
nombramientos, que además se quiere modificar la ley, y todas
estas cosas se producen a partir del momento en que Izquierda
Unida se da cuenta de que las tres personas nombradas no son
de su agrado, o porque Izquierda Unida no tiene ninguna
persona entre estas tres. Yo creo que, dentro de la norma
parlamentaria, lo primero que hay que discutir es si Izquierda
Unida plantea la necesidad de modificar la ley. Si se plantea
la necesidad de modificar la ley, no tiene por qué cuestionar
las personas que actualmente están nombradas. (El señor García
Fonseca pronuncia palabras que no se perciben.) No, no las
cuestiono, pero no está éticamente solucionado el problema.
Entonces las cuestiono. Lo que no se puede escribir es, «sensu
contrario», todo lo que se dice.
Se está discutiendo las personas y la ley. Si utiliza el
camino de una interpelación, no se va a la Comisión para
tratar la ratificación de las personas y se anuncia por los
medios de comunicación un
contencioso-administrativo por los nombramientos. En muchas
ocasiones, señor García Fonseca --y déjeme decírselo con
sinceridad--, le he escuchado palabras que son coherentes, le
he escuchado razonamientos dentro de la Comisión realmente
prácticos y algunos de ellos aceptables; pero el planteamiento
que se hace en estos momentos aquí no es práctico ni
aceptable, ni formalmente ajustado a lo que es la ligalidad de
esta Cámara. En todo caso, esta interpelación que estamos
debatiendo la vamos a repetir en la Comisión. Pienso que sería
muy prudente, antes de repetir la interpelación en la
Comisión, que ustedes presentaran el texto que ha de modificar
la ley actual, porque, si no, no saldremos. Por tanto, sepa
que la posición del Grupo de Convergència i Unió es: si se
quiere discutir la ley, adelante; si se quiere discutir las
personas, adelante; si se quiere poner un contencioso-
administrativo, adelante, pero con un orden: primero la ley,
después las personas; no las personas, la ley, interpelación y
después Comisión.
Esto es todo. Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Finalizado el debate
de las interpelaciones urgentes, queda agotado el orden del
día previsto para la sesión de hoy.
El Pleno se reanudará mañana, a las nueve horas.
Se suspende la sesión.
Eran las siete y treinta minutos de la tarde.