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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 103, de 15/11/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1994 Núm. 103 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 102
celebrada el martes, 15 de noviembre de 1994
Página
ORDEN DEL DIA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, del Gobierno
y de la Administración del Estado. «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie B, número 79.1, de 5 de julio de 1994
(número de expediente 122/000062) (Página 5286)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, por la que se declara reserva
natural Las Salinas de Ibiza («Ses Salines»), las Islas des
Freus y Las Salinas de Formentera. «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie B, número 64.1, de 4 de marzo de 1994
(número de expediente 122/000052) (Página 5298)
Avocación por el Pleno de Proyectos de Ley:
--Proyecto de Ley de actualización de la Ley Orgánica 11/1983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria (número de
expediente 121/000051) (Página 5307)
Proposiciones no de Ley:
--Del Grupo Socialista del Congreso, relativa a los criterios
más idóneos para la venta de un importante paquete accionarial
de la Sociedad General Azucarera de España, S.A. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 154, de 31
de octubre de 1994 (número de expediente 162/000148) (Página 5307)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a
la normativa de los Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD) en el
marco de un Proyecto de Ley sobre Cooperación. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 142, de 3 de
octubre de 1994 (número de expediente 162/000135) (Página 5313)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
--Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas a adoptar
en relación a la corrección financiera negativa (multa),
impuesta por la Unión Europea a España por el exceso de la
producción láctea, así como para reestructurar en profundidad
el sector productor lácteo español (número de expediente
173/000058) (Página 5323)
--Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre política del Gobierno respecto de la reforma
de la Administración periférica del Estado y, en concreto,
sobre la desaparición de la figura del Gobernador Civil
(número de expediente 173/000059) (Página 5331)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número
104, de 16 de noviembre de 1994.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 5286)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, del Gobierno y
de la Administración del Estado (Página 5286)
En nombre del Grupo Popular defiende la proposición de ley el
señor Martín Villa, manifestando que la falta de iniciativa
gubernamental en esta materia durante 12 años justifica la
propuesta que ahora defiende, que reconoce que es inusual que
venga de la oposición, pero que se ven obligados a presentar
por considerarla necesaria. Considera paradójica la actitud de
pereza gubernamental cuando las normas que rigen la
Administración del Estado y el funcionamiento del Gobierno
datan en su mayoría de 1957, normas, por tanto,
preconstitucionales, de alta calidad técnica algunas de ellas
peropoco acordes con la situación jurídica y administrativa de
este momento.Por otra parte, habiéndose producido una
transferencia de poder político y administrativo a las
comunidades autónomas y ejercido una verdadera autonomía en
dichas comunidades autónomas, las corporaciones locales y muy
especialmente los ayuntamientos, hubiera parecido de todo
punto necesaria la promulgación de la normativa oportuna,
dando al Gobierno y a la Administración del Estado, tanto a
nivel central como en su presencia en las comunidades
autónomas y en las provincias, el perfil adecuado para este
momento político.
Añade que la propuesta que realizan está presididapor tres
ideas, la primera de las cuales es el respeto al Estado de
Derecho; la segunda, la profesionalización de la
Administración, y la tercera, la simplificación del aparato
administrativo. En basea la primera de estas ideas se produce
la no existencia del llamado acto político y cualquier
decisión del Gobierno o de la Administración debe ser
controlada por los tribunales en el marco de la ley. Respecto
a la profesionalización de la Administración, señala que para
su Grupo son cargos políticos con responsabilidad
gubernamental únicamente el presidente del Gobierno, los
vicepresidentes, si los hubiere, los ministros, los
secretarios de Estado y los titulares a primer nivel de la
presencia del Estado en las comunidades autónomas, como son
los delegados del Gobierno. En cuanto a la simplificación
del aparato administrativo, el Grupo Popular es partidario de
un Estado y de una Administración que tengan la dimensión
suficiente, lo que no significa que sea un Estado
omnipresente, una Administración excesiva. En este sentido la
proposición plantea los mecanismos necesarios para la
supresión de un conjunto de aparatos administrativos y
políticos absolutamente innecesarios. Termina el señor Martín
Villa señalando que un Estado grueso más que fortaleza
significa debilidad y el Estado que pretenden configurar en
esta proposición de ley es el Estado de la fortaleza
suficiente, que no se deriva de una gruesa administración,
sino de la Administración con el peso y el volumen necesarios.
En turno en contra interviene, en nombre del Grupo Socialista,
el señor Trujillo Oramas. Expone como algo incuestionable que
una regulación del Gobierno y de la propia Administración del
Estado no es disociable de la acción política del propio
Gobierno, y una proposición de ley de la oposición, siempre
legítima, lícita y plenamente democrática, no parece el cauce
más razonable para regular lo que son aspectos esenciales a la
hora de que el Poder ejecutivo pueda realizar su actuación de
gobierno diaria. Añade que se encuentran en un contexto muy
concreto, recordando la primera comparecencia del señor
Ministro para las Administraciones Públicas, en la que exponía
el compromiso del Gobierno de presentar una ley de
organización y funcionamiento de la Administración central del
Estado. El propio Presidente del Gobierno, en el debate del
estado de la nación, asumía dicho compromiso, concretando
después el señor Ministro que la iniciativa en cuestión se
presentaría en el actual período de sesiones. Considera, por
tanto, inadecuada una iniciativa de la naturaleza de la que
ahora contemplan instando al Gobierno a presentar el proyecto
de ley en este período de sesiones, justificando este hecho
por sí mismo el rechazo de la proposición. Sin embargo, desea
resaltar que en la propuesta del Grupo Popular observa
algunasdeficiencias y carencias importantes, básicamente desde
el punto de vista técnico, mencionando algunas de ellas, no
encontrando ningún ahorro y sí medidas de incremento del gasto
público, elevando al rango administrativo órganos directivos
de la propia Administración y judicializando al máximo la vida
política al establecer que cualquier acto del Gobierno sea
susceptible de revisión en la jurisdicción contencioso-
administrativa.
Concluye manifestando que un tema de la envergadura del que
les ocupa requiere un documento sin deficiencias técnicas,
mucho más elaborado y que entronque con las respuestas que una
sociedad moderna como la española demanda de una
Administración que también está en proceso de modernización.
Replica el señor Martín Villa, duplicando el señor Trujillo
Oramas. Para fijación de posiciones intervienen los señores
Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV); Recoder i
Miralles, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Ríos
Martínez, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación, se rechaza la proposición del Grupo
Popular por 123 votos a favor, 171 en contra y 18
abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, por la que se declara reserva natural Las
Salinas de Ibiza («Ses Salines»), las Islas des Freus y Las
Salinas de Formentera (Página 5298)
El señor Alcaraz Masats defiende la proposición de ley del
Grupo de Izquierda Unida, solicitando que se declare reserva
natural Las Salinas de Ibiza y Formentera. Recuerda que la
proposición fue ya debatida en esta Cámara en el año 1992,
siendo entonces ya derrotada, pero espera que en esta ocasión
tenga más éxito y que el Partido Socialista actúe en
coherencia con lo que hizo en la legislatura de 1979-1982, en
que presentó una proposición de ley parecida a la que en este
momento debate la Cámara. Afirma que otros Grupos están
defendiendo, a su juicio, más que nada intereses personales so
capa de la defensa de la autonomía balear y de la soberanía
del Parlamento autonómico. Apoya la proposición en razones
históricas, políticas, culturales y de orde ecológico frente a
los que han querido convertir el asunto en motivo de
especulación, en lugar de proteger el medio ambiente. No
encuentra motivos suficientes para oponerse a la proposición
en el hecho de que el artículo 21.3 de la Ley de Conservación
de Espacios Naturales esté recurrido, y que igual sucedió con
la Ley de Aguas y la de Costas en base a una serie de
argumentos que después fueron derrotados en el Tribunal
Constitucional. Estima que, según la Ley de Conservación de
Espacios naturales de 1989, el Estado tiene plena competencia
con respecto al tema concreto y singular que hoy plantea ante
la Cámara.
Como razones de tipo ecológico y de protección medio ambiental
expone que el área de Las Salinas de Ibiza y Formentera
constituye uno de los sistemas naturales más ricos y diversos
de la Comunidad balear, incluso de todo el Mediterráneo
español,
contribuyendo a ello de forma decisiva la insularidad, dando
lugar a variedades únicas en el mundo. Se trata de uno de los
más valiosos sistemas naturales a nivel estatal y un mecanismo
poco común de la integración entre cultura humana y el medio
natural, y en ello se basa la proposición que su Grupo
presenta y para la que pide el voto favorable de la Cámara.
En turno en contra interviene, en nombre del Grupo Popular, la
señora Cava de Llano y Carrió. Coincide con el señor Alcaraz
en que no es ésta la primera vez que se habla en esta Cámara
de Las Salinas de Ibiza y Formentera, puesto que ya se hizo
también en anteriores legislaturas en lo que califica de
desmesurado interés de los grupos parlamentarios al plantear
este tema continuamente. Considera paradójico que de las casi
80 áreas naturales de especial interés que se contienen en la
Ley de Espacios Naturales en relación con las islas Baleares
sólo la referente a Las Salinas de Ibiza y Formentera se
plantee una y otra vez ante la Cámara, para lo que encuentra
una sola razón, expuesta en el debate celebrado el 23 de marzo
de 1993, y es la pertenencia de Las Salinas a la familia
política del Presidente de la Comunidad balear, el señor
Cañellas. Piensa que es un triste argumento que clarifica que
el interés ecologista no lo es tanto como el interés
electoralista en aquella zona.
Afirma, por último, que Las Salinas de Ibiza y Formentera
están protegidas a través de la ley promulgada por el
Parlamento balear, realizándose por los grupos ecologistas una
serie de actuaciones que han concluido en el más estrepitoso
fracaso, e incluso por parte de Izquierda Unida se plantean en
el Parlamento de la nación algunas iniciativas sobre el
particular ante su falta de representación en la Comunidad
autónoma balear.
Concluye aludiendo a razones de tipo jurídico y de índole
política para rechazar la propuesta de Izquierda Unida.
Replica el señor Alcaraz Masats, duplicando la señora Cava de
Llano y Carrió. Para fijación de posiciones intervienen los
señores Baltá i Llopart, del Grupo Catalán (Convergència i
Unió); Costa Costa, del Grupo Socialista, y la señora Rahola i
Martínez, del Grupo Mixto.
Sometida a votación, se aprueba la toma en consideración de la
proposición del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
por 153 votos a favor, 137 en contra y tres abstenciones.
Avocación por el Pleno de proyectos de ley (Página 5307)
Proyecto de ley de actualización de la Ley Orgánica 11/1983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria (Página 5307)
El señor Presidente informa que la Mesa de la Cámara, oída la
Junta de Portavoces, ha acordado, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, proponer al
Pleno la avocación de la deliberación y votación final del
proyecto de ley de actualización de la Ley de Reforma
Universitaria. Se aprueba por asentimiento dicha avocación.
Proposiciones no de ley (Página 5307)
Del Grupo Socialista del Congreso, relativaa los criterios más
idóneos para la venta de un importante paquete accionarial de
la Sociedad General Azucarera de España, S.A. (Página 5307)
En nombre del Grupo Socialista interviene el señor Roncero
Rodríguez, que alude a la moción presentada en el Senado
simultáneamente a la presentación de esta proposición no de
ley en el Congreso y al cambio de actitud del accionista
mayoritario de la Sociedad Azucarera de España, todo lo cual
ha llevado al Grupo Socialista a no mantener en sus propios
términos la proposición no de ley, sino intentar consensuar y
refundir las posiciones de todos los grupos de la Cámara,
yendo más allá del problema concreto de una posible venta
accionarial de una determinada sociedad y llegar al debate
sobre la reestructuración, futuro y perspectivas del sector
remolachero azucarero en el contexto de la industria
agroalimentaria de nuestro país. Piensa que es importante
tomar posición sobre el futurode este sector y, en
consecuencia, el Grupo Socialista pasará a la Presidencia una
enmienda transaccional que engloba su propia posición y las
enmiendas presentadas por los grupos Vasco (PNV) y Popular
para tratar de enmarcar el problema en sus términos actuales y
de futuro. Termina dando lectura al texto de la enmienda
transaccional presentada, que a continuación entrega a la
Presidencia.
En defensa de las enmiendas presentadas y para fijación de
posiciones de sus respectivos grupos intervienen los señores
Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV), y Ramírez
González, del Grupo Popular.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra el señor
Mur Bernad, del Grupo Mixto, y la señora
Rivadulla Gracia, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. Sometida a votación la proposición no de ley del
Grupo Socialista en los términos resultantes de la enmienda
transaccional presentada, es aprobada por 293 votos a favor.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la
normativa de los Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD) en el
marco de un proyecto de ley sobre cooperación (Página 5313)
El señor Hernando Fraile defiende la proposición no de ley del
Grupo Popular. Expone que a lo largo de los últimos años los
créditos con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo se han
convertido en España en el principal instrumento de nuestra
ayuda oficial al desarrollo. Menciona la legislación
reguladora de estos fondos, a la que considera insuficiente y
obsoleta y basada en unos criterios que en muchas ocasiones se
han incumplido o no se han tenido en cuenta, lo que unido al
secretismo con el que el Gobierno ha utilizado este mecanismo
de financiación preferencial, con continua ocultación de datos
al Parlamento, han provocado la perversión de este instrumento
de ayuda oficial al desarrollo, que ha sido concedida o
denegada en numerosas ocasiones de forma discrecional y
arbitraria, creando redes de intereses en las que la
información privilegiada o las influencias han estado a la
orden del día. Con ello se ha abierto un claro camino para el
desarrollo de la corrupción, tanto en nuestro país como en los
presuntamente beneficiados. Han visto también cómo se han
aprobado créditos no ligados a la exportación de bienes
españoles, como en el caso del metro de Medellín o el famoso
caso del azúcar en Venezuela, etcétera. Señala que algunas de
estas irregularidades fueron puestas en evidencia en los
informes del Tribunal de Cuentas correspondientes a los años
1986 a 1990, que, entre otras cosas, exponían la necesidad de
reformar nuestra legislación por considerarla ambigua, cuando
no contradictoria. Por todo ello, y basándose en la
experiencia acumulada y en los criterios aprobados por esta
Cámara, así como la creciente demanda social, es necesario que
nuestra ayuda oficial al desarrollo, y en especial los
créditos FAD, sean eficaces en la lucha contra la pobreza y se
gestionen con transparencia, objetivos a los que se dirige la
proposición no de ley.
Menciona finalmente el contenido de los puntos que integran la
proposición, para la que solicita la aprobación de la Cámara.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los
señores Vázquez Romero, de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, y Cremades Sena, del Grupo Socialista.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los
señores Albístur Marín y Chiquillo Barber, del Grupo Mixto y
Recoder i Miralles, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo
Popular, en los términos resultantes de la aceptación de las
enmiendas del Grupo Socialista y de las transacciones
realizadas en el curso del debate, es aprobada por 290 votos a
favor.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 5323)
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas a adoptar
en relación a la corrección financiera negativa (multa),
impuesta por la Unión Europea a España por el exceso de la
producción láctea, así como para reestructurar en profundidad
el sector productor lácteo español (Página 5323)
La señora Fernández Díaz defiende la moción del Grupo Popular.
Alude al debate celebrado el pasado día 2, en el que el señor
Ministro no contestó a las cuestiones fundamentales que se
plantearon, no aclarando quién va a pagar la sobretasa, cómo y
cuándo, qué plan financiero tiene el Gobierno para pagar la
multa, limitándose a salir al paso, esperar a que se aprueben
los Presupuestos y que se celebren las elecciones municipales
para retomar la normalidad, que en definitiva supone que el
sector se las componga como pueda. Menciona el peso del sector
agrario dentro de la economía española y, dentro de aquél, el
subsector ganadero, que en su conjunto se ha consolidado y
adquirido una importancia creciente en los últimos tiempos,
pero no por los buenos oficios del Gobierno sino porque el
sector es fuerte y ha sabido sobreponerse. Considera
lamentable que el Gobierno a estas alturas no pueda proceder a
un diagnóstico de la situación cuando es el momento para
reestructurar el sector, para lo que sería conveniente tener
el censo del ganado, producción, rentabilidad, ingresos,
etcétera.
Termina aludiendo al contenido de la moción, por la que pide
al Gobierno que con la máxima urgencia remita a la Cámara un
proyecto de ley que recoja los 183.000 millones de pesetas de
multa y que
ésta se pague en anualidades para que los agricultores sepan a
qué atenerse sin estar pendientes constantemente de quién va a
pagar la multa. Por otro lado, piden que no se utilicen por
más tiempo medidas coercitivas para que el sector no crezca,
debiendo retomarse el control y poniendo a disposición de los
ganaderos los medios para que se desenvuelvan en la legalidad.
Para la defensa de las enmiendas presentadas intervienen los
señores Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV), y
Torres Sahuquillo, del Grupo Socialista.
Para fijación de posiciones intervienen el señor Vidal i
Sardó, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y la señora
Rivadulla Gracia, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación, se rechaza la moción del Grupo Popular
por 122 votos a favor y 154 en contra.
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre política del Gobierno respecto de la reforma
de la Administración periférica del Estado y, en concreto,
sobre la desaparición de la figura del Gobernador Civil
(Página 5331)
El señor Ríos Martínez defiende la moción del Grupo Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
En defensa de las enmiendas presentdas intervienen los señores
Mañueco Alonso, del Grupo Popular; Gatzagaetxebarría Bastida,
del Grupo Vasco (PNV); Baltá i Llopart, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), y Marcet i Morera, del Grupo
Socialista.
Para fijación de posiciones interviene la señora Rahola i
Martínez del Grupo Mixto.
Sometida a votación la moción de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, es rechazada por 20 votos a favor y 239 en
contra.
Se suspende la sesión a las 10 y 15 minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DEL GOBIERNO
Y DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO (Número de expediente
122/000062)
El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión.
Punto I del orden del día: Toma en consideración de
proposiciones de ley. Proposición de ley del Grupo Popular,
del Gobierno y de la Administración del Estado.
En nombre del Grupo proponente, tiene la palabra el señor
Martín Villa.
El señor MARTIN VILLA: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, la gubernamental pereza en regular aspectos
relacionados con el Gobierno y la Administración del Estado,
la falta durante más de 12 años de iniciativas gubernamentales
en este campo, explica y justifica una iniciativa que, por
venir de la oposición en aspectos que tocan al Gobierno y a la
Administración, sabemos que no es habitual, que es inusual,
pero que es necesario. Contra pereza, diligencia; y a la
pereza gubernamental continuada, innegable, acreditada, la
diligencia del Grupo Popular.
Resulta paradójica, además, esta actitud gubernamental cuando
las normas que rigen la Administración del Estado y el
funcionamiento del Gobierno datan, en su mayoría, de 1957. Son
normas preconstitucionales, de alta calidad técnica algunas de
ellas, pero ciertamente poco acordes con la situación jurídica
y administrativa de ahora.
De otra parte, hubiera parecido de todo punto necesario que,
habiéndose producido un proceso de transferencia de poder
político y administrativo a las comunidades autónomas, y
habiéndose producido de verdad y habiéndose ejercido de verdad
una autonomía en las comunidades autónomas, en las
corporaciones locales y muy especialmente en los
ayuntamientos, no se haya realizado esa iniciativa que dé al
Gobierno y a la Administración del Estado, tanto a nivel
central como a su presencia en las comunidades autónomas y en
las provincias, el perfil necesario para el momento político
que deriva de esa transferencia de poderes a comunidades
autónomas y corporaciones.
Si me apuran, aunque comprendo que el argumento, por ser de
índole política, es más discutible, resulta ciertamente
inexplicable que unos gobiernos que han dispuesto hasta la
fecha de cómodas mayorías absolutas, que han estado
respaldadas por un partido como el Partido Socialista, que
debe de tener y que tiene --así lo reconozco-- un perfil de
respeto y de cuidado en el terreno de lo público, no se hayan
ocupado de este tipo de iniciativas. Eso hubiera parecido
normal.
La propuesta que nosotros hacemos está presidida por tres
ideas. Una, el respeto al Estado de Derecho. Dos, la
profesionalización de la Administración. Tres, la
simplificación del aparato administrativo.
En primer lugar, el respeto al Estado de Derecho. La no
existencia de los llamados actos políticos. Cualquier decisión
del Gobierno, cualquier decisión de la Administración debe de
ser controlada por los tribunales y en el marco de la ley. Es
cierto que hay una legitimidad del Gobierno en su origen en
virtud de la investidura del Presidente del Gobierno, pero es
cierto también que es necesaria una legitimidad en el
ejercicio de la labor del Gobierno y de la Administración,
fundada en que todas y cada una de las decisiones del Gobierno
y de la Administración tienen que estar sometidas a los
tribunales. No hay actos políticos y, sobre todo, debemos y
tenemos que evidenciar la necesidad de no atribuir la
categoría de actos políticos, ajenos al control de los
tribunales, a decisiones que formalmente y de fondo deben
estar enmarcadas en el Derecho y controladas por los
tribunales.
En segundo lugar, la profesionalización de la Administración.
Para nosotros son cargos políticos con responsabilidades
gubernamentales únicamente el Presidente del Gobierno, los
vicepresidentes, si los hubiere, los ministros, los
secretarios de Estado y los titulares a primer nivel de la
presencia del Estado en las comunidades autónomas, como son
los delegados del Gobierno. Aguas abajo (subsecretarios,
directores generales, gobernadores de las provincias) son
nombrados por el Gobierno, pero entre funcionarios de nivel
superior, lo cual da un perfil profesional a este tipo de
responsabilidades.
Algunos de los quebraderos de cabeza en los que estamos en
este momento metidos todos, y especialmente el Gobierno de la
Nación, se hubieran podido evitar con una administración
profesionalizada, una administración en la que las decisiones
políticas estén en manos del Consejo de Ministros y del
Gobierno, pero en la que la gestión administrativa esté en
manos de órganos colegiados o directivos personales que sean
servidores públicos elegidos en virtud de su mérito y de su
capacidad y no en virtud de la confianza política, que única y
exclusivamente debe ser la condición para pertenecer a los
órganos estrictamente políticos. En ese sentido, sólo el
Gobierno, estimado el Gobierno como el actual Consejo de
Ministros más los secretarios de Estado, a los que se les da
la categoría de miembros del Gobierno, que pueden y deben
pertenecer a sus comisiones delegadas y entre los que se
incluye por razón de necesidad en este momento al Interventor
General de la Administración del Estado, sólo éstos y los
delegados del Gobierno son nombrados libremente.
A partir de ahí, y con la excepción de los secretarios
generales para funciones con carácter excepcional y que
agrupen aparatos importantes de la Administración, todos serán
miembros de los Cuerpos de servidores públicos y sólo los
ministros y los secretarios de Estado podrán disponer de
gabinetes políticos, suprimiendo la proliferación excesiva con
la que hoy cuenta la Administración del Estado.
Establecemos también algunos criterios en torno a las
incompatibilidades y en cuanto a la disposición de los fondos
reservados, pero si esta proposición de ley mereciera la
posibilidad de ser debatida en Comisión y luego en Pleno,
habríamos de reconsiderar los aspectos relacionados con estas
cuestiones, porque en una, los fondos reservados, a
iniciativas de este Grupo y por mandato de esta Cámara, el
Gobierno ha remitido su proyecto de ley y, en otra, las
incompatibilidades, tenemos un proyecto de ley en la Cámara.
La tercera de las cuestiones es la simplificación del aparato
administrativo. Yo soy --mi Grupo lo es y en su nombre yo lo
expreso-- partidario de un Estado y de una Administración que
tenga la dimensión suficiente; pero tener la dimensión
suficiente no quiere decir que sea un Estado omnipresente, una
administración excesiva, porque justamente eso sirve para
asegurar no fortaleza sino debilidad. En este sentido, la
proposición de ley que presentamos plantea los mecanismos
necesarios para la supresión de un conjunto de aparatos
administrativos y políticos absolutamente innecesarios, no ya
sólo en el aparato estricto de la Administración del Estado,
sino y muy especialmente en sus organismos autónomos, en sus
empresas estatales. De ahí que la creación de estos organismos
se haga por una ley acordada en las Cortes Generales, mientras
que se dé la posibilidad de su supresión al Consejo de
Ministros y se asegure también, como es necesario, una
vigilancia de esta Cámara en relación con la supresión de esos
organismos innecesarios y la vigilancia por parte de la cámara
territorial del Senado sobre la presencia del Estado en las
comunidades autónomas y en las provincias. No es cuestión
ahora de entrar en discusión sobre el número de altos cargos
en 1982 y en 1994, simplemente quiero expresar un ejemplo. En
razón de oficio ministerial anterior, y a título personal, yo
me declaro partidario, porque creo que tiene enormes ventajas,
de la actual configuración del Ministerio de Justicia e
Interior. Aparte de otras ventajas habría tenido que traer
consigo la de supresión de organismos innecesarios. Es verdad
que donde había dos Ministros ahora sólo hay uno, pero donde
había un Secretario de Estado ahora hay cuatro; donde había
dos Secretarios se dobla también a cuatro y donde había once
directores generales ahora hay 17. Significa esto que hemos de
realizar una supresión, y no menor, de organismos
ministeriales innecesarios para asegurar, de verdad, un Estado
con la fortaleza necesaria.
En último lugar, la proposición de ley, como no podía ser
menos, y aun a sabiendas de que eso incrementará, y en forma
no menor, las dificultades para su aceptación por la Cámara,
establece también unos criterios racionales de presencia de la
Administración del Estado en las comunidades autónomas y en
las provincias.
Ya sé que por parte de algunos grupos se discute (es
respetable esa discusión, cada uno tiene sus propias ideas
desde sus planteamientos políticos y desde su propia
ideología) la presencia de la Administración del Estado en las
comunidades autónomas y, singularmente, la presencia en las
provincias. En todo caso nosotros hacemos un planteamiento
realista. Hoy coexisten con los delegados del Gobierno y con
los gobernadores civiles, también en la periferia, en las
comunidades autónomas, un conjunto de aparatos administrativos
innecesarios. En nuestra proposición de ley aseguramos que en
las delegaciones del Gobierno se integran la totalidad de las
funciones, de los poderes, de los organismos, de las personas
que tienen todos los ministerios y todos los organismos de la
Administración en las comunidades autónomas. Ese Delegado del
Gobierno revestido de esa autoridad, con la obligación de
dirigir y de coordinar la presencia del Estado en las
comunidades autónomas, la presencia de la Administración
Central del Estado en las comunidades autónomas, tiene,
además, la lógica y constitucional obligación de ser el órgano
habitual de enlace con las otras presencias también del
Estado, como son las comunidades autónomas y las corporaciones
locales.
Ese Delegado del Gobierno, que es al tiempo el gobernador de
la provincia donde reside la capital de la comunidad autónoma,
es el que delega en altos funcionarios de la Administración
del Estado para dirigir su administración en las provincias,
en virtud del mandato constitucional, que reconoce también a
la provincia como ámbito territorial para el desarrollo de la
actividad administrativa del Estado, concebido aquí como el
Estado en su Administración Central.
Este es nuestro planteamiento, del que nos sentimos técnica,
política y humildemente orgullosos, al que le hemos dedicado
muchos de nuestros esfuerzos y al que diligentemente, como he
dicho al principio, hemos tratado de compensar la inexplicable
pereza gubernamental en este tema.
Soy de los que creen que el Estado a todos los niveles, para
ser fuerte, no debe de ser un Estado grueso. Como las
personas, y a mí me sucede, un exceso de kilos es producto,
con certeza, de segura debilidad. Un Estado en su propio peso,
el Estado que tratamos de configurar en esta proposición de
ley, es el Estado de la fortaleza suficiente que tiene que
coexistir con otras presencias, también del Estado, que
también tienen que tener la fortaleza suficiente que no se
deriva de una gruesa Administración, sino de una
Administración con el peso y el volumen necesarios.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Popular.)
El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, el señor Trujillo tiene la palabra.
El señor TRUJILLO ORAMAS: Gracias, señor Presidente.
Tomo la palabra para fijar nuestra posición en contra de la
toma en consideración de esta proposición de ley del Partido
Popular. El pasado 13 de octubre el propio señor Núñez --hoy
no lo tenemos de ponente en esta proposición de ley-- dijo
que, probablemente, cuando este asunto se discutiera en la
Cámara íbamos a señalar cuestiones como que ya estaba en
marcha un proyecto de ley por parte del Gobierno para regular
estas materias y que, por lo tanto, no habría lugar a la toma
en consideración de una proposición de ley en esta naturaleza.
Con independencia de este aspecto contextual, que me gustaría
explicar más detenidamente, convendría señalar que es
incuestionable que una regulación del Gobierno y de la propia
Administración del Estado no es disociable de la acción
política propia del Gobierno, y que una proposición de ley de
la oposición, siempre legítima, lícita y plenamente
democrática, no parece el cauce más razonable para regular lo
que son aspectos gobierno/administración, esenciales a la hora
de que el Poder Ejecutivo pueda realizar su actuación diaria
de gobierno. Además, como decía, estamos en un contexto muy
concreto que resumiría de una manera muy breve. En primer
lugar, ustedes recordarán que, en su primera comparecencia, el
Ministro para las Administraciones públicas ya señalaba el
compromiso del Gobierno de presentar una ley de organización y
funcionamiento de la Administración General del Estado.
Posteriormente, tanto en el discurso de investidura como en el
debate sobre el Estado de la nación, el propio Presidente del
Gobierno asumía ese compromiso por parte del mismo y en la
última comparecencia del propio Ministro incluso se señalaba
el período en el que se presentaría esta iniciativa, que es el
actual período de sesiones. También hay resoluciones, tanto
del Congreso como del Senado, adoptando decisiones, instando
al Gobierno a presentar una iniciativa de este tipo. Para más
inri, con toda seguridad esta tarde votaremos una moción donde
se instará al Gobierno a que presente en este período de
sesiones, ya en un plazo más concreto, una iniciativa
legislativa de esta naturaleza.
Por tanto, esa reflexión general que hacía sobre la
proposición de ley del Partido Popular.(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Trujillo. (Pausa.)
Cuando quiera.
El señor TRUJILLO ORAMAS: Gracias, señor Presidente.
Por tanto, como decía, a esa inadecuación de esta iniciativa
por parte de la oposición con respecto a estos temas, a pesar
de la legitimidad, se añade ese contexto, que hace ver a todas
luces la propia descontextualización de la iniciativa en estos
momentos.
Como señalaba el propio señor Núñez en ese debate en Comisión,
éstos podrían ser los elementos sustanciales para fundamentar
el rechazo a una iniciativa de este tipo, pero ante un
esfuerzo, y se lo reconocemos, señor Martín Villa, de esta
naturaleza hecho por el Partido Popular, en modo alguno
podemos dejar de profundizar, al menos en aquellos aspectos
sustanciales que plantean y, desde luego, no nos podemos
resistir a aclarar algunos conceptos, algunos tratamientos,
algunas ideas, incluso algunos datos que no son correctos con
relación al actual funcionamiento y a la actual realidad de la
Administración General del Estado.
El Grupo Popular, para conseguir esos objetivos que señalaba
su portavoz, nos presenta una proposición de ley del Gobierno
y de la Administración General del Estado que, en realidad
¿qué contiene? Estamos ante una proposición de ley de 62
artículos y una serie de disposiciones, en la que observamos
algunas deficiencias o carencias importantes, básicamente
desde el punto de vista técnico, sobre las que no me voy a
extender, pero que conviene señalar porque son el sustrato de
las propuestas políticas de mayor relevancia que plantean. La
proposición de ley tiene carencias en lo que respeta a la
propia potestad reglamentaria del Presidente del Gobierno; en
el artículo 13.2 hay una total indeterminación de esas
potestades reglamentarias, ya que ni siquiera se menciona qué
normas dicta el Presidente. En el artículo 21.1 se establece
que el Consejo de Ministros resuelve los recursos
administrativos; tal y como está redactado parecería que
todos, aunque no creo que sea ésa la intención de la
proposición. Existen también contradicciones en cuanto a la
regulación de los miembros de las Comisiones Delegadas. En el
Libro II (el que regula la Administración institucional)
existen incluso errores de conceptos, ya que, por un lado, se
mezclan los organismos autónomos administrativos, y por otro,
las sociedades estatales integradas tanto por entidades de
Derecho Público como por sociedades mercantiles participadas
de forma mayoritaria por el Estado u otros entes públicos, e
incluso los títulos de diversos artículos no coinciden con su
propio contenido, se dan instrucciones a las corporaciones
locales y a las comunidades autónomas en materias propias de
su autoorganización sin ni siquiera señalar que correspondería
a normativa básica; incorpora preceptos que deberían ser
regulados por leyes orgánicas, como es el caso de la
disposición adicional primera; e incluso se atribuye al
Consejo de Ministros alguna que otra función que, según el
artículo 63 de la Constitución, corresponde al Rey. Puestos de
manifiesto algunos ejemplos que SS.SS. sabrán valorar, parece
que el sustrato técnico está poco elaborado o, al menos, no
bien pensado. Pasando ya a los elementos políticos, a través
de este documento ustedes pretenden conseguir una serie de
objetivos que, «grosso modo», plantean, como el sometimiento
del Gobierno a la ley (incluso pudiera dar a entender que no
están sometidas a la ley y al Derecho las actuaciones del
Gobierno), la profesionalización de la Función Pública,
reducción de altos cargos, transparencia del sector público, e
incluso pretenden regular otra serie de materias relacionadas
con la gestión de los fondos reservados (por cierto,
sorprendente el trato superficial que dan ustedes, en una ley
como ésta, a un tema al que han dado un interés relevante),
contratos blindados, empresas públicas, regímenes
retributivos, contratos de sociedades estatales, etcétera.
Permítanme que señale algunos aspectos de los objetivos más
importantes. En primer lugar, y por lo que hace referencia al
sometimiento del Gobierno a la ley, la proposición de ley
establece, en su artículo 4.2, que la actividad del Gobierno
es fiscalizable ante la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, salvo en aquellos casos en que los órganos de
gobierno de la nación actúen en su condición de órganos
constitucionales o como órganos del Estado sujetos al Derecho
internacional. Hace un momento (lo dijeron ustedes también en
la presentación pública de esta proposición de ley) señalaba
el portavoz del Grupo Popular, señor Martín Villa, que todas
las actuaciones del Gobierno estaban sometidas a la ley. Desde
luego, convendrán conmigo que ni siquiera la doctrina está
señalando que todas las actuaciones del Gobierno se puedan
ajustar a lo que ustedes pretenden; son numerosas las
sentencias que separan claramente lo que son actuaciones
estrictamente políticas de aquellas otras que pueden estar
sujetas a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Yo creo
que ustedes, al regular esta materia, se alejan de uno de los
objetivos que debiera ser primordial en una ley de esta
naturaleza, y es definir más nítidamente lo que son los
ámbitos estrictamente políticos y los ámbitos estrictamente
administrativos, e incluso la interrelación que se tiene entre
el órgano político (en este caso el Gobierno) y el resto de la
estructura administrativa, si bien el Gobierno es cabeza
jerárquica de dicha estructura. Podíamos poner multitud de
ejemplos donde no parecería razonable plantear que todas las
actuaciones del Gobierno pudiesen estar sujetas a la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y hay multitud de
sentencias que así lo avalan. Recientemente, en una comunidad
autónoma gobernada por el Partido Popular se dio un caso de
esta naturaleza y la sentencia dio la razón al Ejecutivo de
turno. Con respecto a la profesionalización, yo creo que el
Partido Popular incide en lo que ha sido un error
machaconamente reiterado en diversos debates relacionados con
esta cuestión y, de entrada, confunde dos principios: Uno, la
imparcialidad en el ejercicio de sus funciones por los
funcionarios públicos; y, otro, el propio principio
administrativo de objetividad en el servicio de los intereses
generales. Yo creo que ustedes confunden ambos principios y
eso les lleva a hacer ese
análisis de la Administración que, desde luego, se aleja mucho
del que hacemos nosotros.
La profesionalización de los puestos directivos, básicamente y
desde nuestro punto de vista, ha de responder a parámetros
bien distintos del que ustedes plantean; por un lado, la
propia motivación de los empleados públicos en una política de
recursos humanos; y, por otro, la propia eficacia
administrativa que es la que busca quien tiene la
responsabilidad de prestar los servicios públicos dentro de
esas estructuras.
En ese contexto debería abordarse la formalización legal de lo
que es una práctica que está sucediendo ya en toda la
Administración general del Estado, y es que, al día de hoy, el
80 por ciento de los directores generales son funcionarios
públicos. Ese debería ser el contexto del debate y no la
confusión de los principios que yo señalaba anteriormente.
Ustedes en la presentación de esta proposición de ley
públicamente han señalado que se produciría una reducción de
altos cargos del Gobierno señalando incluso un amplio
crecimiento de los altos cargos desde el año 1983 al año 1994.
Me va a permitir S.S. que, con todo el respeto que le tengo,
le corrija porque probablemente quien prepara esos datos
confunde, entre otras cuestiones, los términos altos cargos y
puestos directivos. Tenemos menos altos cargos que el año
1983; tenemos muchos menos altos cargos que en el año 1983 y,
además, las propuestas que ustedes realizan en modo alguno
supondrían ahorro, y menos de 50.000 millones. No se olviden
SS.SS. que, cuando han estado manejando estos datos, han
pasado de 200.000 millones de pesetas a 85.000 millones de
pesetas, y ahora van por 50.000. Confunden ustedes los altos
cargos con los puestos directivos de la Administración,
incluso los puestos de niveles 30, 29 y 28, y eso es lo que
les lleva a hacer esas cuentas que evidentemente son erróneas.
Por lo que hace referencia el resto de las propuestas, como
les señalaba, ustedes pretenden regular desde los gastos
reservados, de manera que yo creo impropia, cuando hay
compromiso de presentar una documentación «ad hoc» al
respecto, a otras materias retributivas, etcétera.
En definitiva y no les canso, señorías, con un debate que yo
creo que hemos tenido repetidamente con relación a los asuntos
que S.S. está planteando, presentan ustedes una proposición de
ley donde no existen nuevas propuestas organizativas; señalan
que pretenden modificar el frondoso organigrama de la
Administración y no lo cambian en absoluto. El propio Título
II de la proposición de ley recoge exactamente todos los
mismos órganos que en la actualidad existen; mezclan ustedes
más todavía el nivel político con el nivel administrativo;
vuelven a un modelo mucho más burocratizado, manteniendo
rígida la ordenación jerárquica, incluso a nivel de negociado,
cuando resulta que hoy día en cualquier discusión de
adaptación moderna de las estructuras administrativas, el
principio de flexibilidad de esas estructuras debería ser un
principio claro en la gestión de los recursos humanos públicos
y no públicos, en este caso públicos, porque es lo que nos
compete.
Incluso, cuando ustedes regulan al propio Gobierno, lo que
realizan en una mera transcripción de la constitución; no hay
ningún desarrollo constitucional en la regulación del
Gobierno, son meras transcripciones de los preceptos
constitucionales.
En definitiva, señorías, en las propuestas como las que está
haciendo el Partido Popular no vemos ningún ahorro. Hay
medidas que incrementarían el gasto público elevando de rango
a algunos órganos directivos de la Administración y, como
digo, incluso con algunas de sus propuestas parecería que
ustedes pretenden llevar a cabo un intento de máxima
judicialización de la vida política, llevando a que cualquier
acto del Gobierno sea susceptible de la jurisdicción
contencioso-administrativa.
Nosotros pensamos que esta proposición de ley, en los términos
en que la han expresado, destila básicamente oportunismo
político. Plantean una serie de elementos que supuestamente
conllevan mayor ahorro, mejor gestión de los recursos humanos,
una Administración más ágil, más flexible; pero, como les
digo, en ninguno de los elementos que proponen, aparecen estos
supuestos. Desde luego, da la sensación de que ustedes piensan
poco en la responsabilidad de gobernar.
Un tema de la envergadura del que nos ocupa, como es regular
lo que es el propio Gobierno y la Administración general del
Estado, creemos que requiere un documento sin deficiencias
técnicas, mucho más pensado, mucho mejor elaborado y que,
desde luego, entronque con las respuestas que una sociedad
moderna como la española demanda de una Administración que
también está en ese proceso de modernización en unos tiempos
como los actuales.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Trujillo.
El señor Martín Villa tiene la palabra.
El señor MARTIN VILLA: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, la verdad es que escuchando al portavoz del Grupo
Socialista, al cual agradezco, por supuesto, el tono en que se
ha manifestado, me daba la impresión de que estaba contestando
a otro texto, a otra iniciativa.
Ha comenzado por decirnos que resultaba un tanto extravagante
si se quiere, que sea un grupo de la oposición quien haga una
proposición de ley sobre el Gobierno y la Administración. Yo
mismo he empezado por acusar esa situación; pero, ciertamente,
si vamos a hablar de las responsabilidades, estarán mucho más
en la pereza gubernamental que no en la diligencia de este
grupo de la oposición.
Ha habido muchos ministros en el Gobierno, desde diciembre de
1982, encargados de elevar propuestas, primero al Consejo de
Ministros y luego a estas Cámaras, sobre reforma del Gobierno
y de la Administración. Lo han sido, hasta este momento, en
una situación de extraordinaria comodidad política, con lo
cual sus propuestas podían haberse convertido en leyes
publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» hace muchos
años.
No me gusta, no es mi talante hacer acusaciones genéricas,
desde la oposición ni cuando formaba parte del Gobierno, sobre
valores como la falta de credibilidad; pero, ciertamente, me
tendrá que reconocer S.S. que aun haciendo un acto de fe
extraordinario, difícilmente nos podemos creer las sucesivas
promesas de los sucesivos ministros de la Administración
pública o de la administración territorial, en relación con
estos temas. En múltiples ocasiones se han hecho estas
promesas y en tantas ocasiones como promesas, esas promesas no
se han cumplido. Si al menos esta proposición de ley sirviera
para que el actual titular de Administraciones Públicas y el
actual Gobierno enviaran, y pronto, un proyecto de ley que
sirviera como respuesta a estas inquietudes que nosotros hemos
planteado, bienvenido sea.
En segundo lugar, mi competencia --que, en caso de serlo,
sería una competencia política y no jurídica-- puede verse
sorprendida por una serie de calificaciones de carácter
técnico que ma parecen tan genéricas como faltas de autoridad.
Se nos plantea que nosotros establecemos en nuestra
proposición de ley la posibilidad de dar instrucciones desde
el Gobierno y desde la Administración del Estado a las
comunidades autónomas y a las corporaciones locales. Tenga por
seguro S.S. que hemos sido extraordinariamente respetuosos con
ese tema. Se nos dice que no hemos regulado suficientemente
bien las comisiones delegadas de Gobierno. Rogaría a S.S. que
releyera con cierto detenimiento nuestra proposición de ley en
la parte más orgánica de la misma. Me parece que se regula con
extraordinaria precisión y pienso que también con acierto. Hay
una calificación de superficialidad que S.S. tiene que
reconocer me afecte de modo muy directo, y es la
superficialidad con que tratamos el tema de los fondos
reservados. El proyecto de ley de fondos reservados, que el
Consejo de Ministros ha enviado a esta Cámara, es como
resultado de una iniciativa del Grupo Popular que
prácticamente la totalidad de la Cámara ha hecho suya y casi
en la totalidad de aspectos que el Grupo Popular había
planteado. Nosotros aquí proponemos las obligaciones o las
competencias del Presidente del Gobierno y de los tres
ministros (Asuntos Exteriores, Justicia e Interior y Defensa)
que tienen capacidad en materia de fondos reservados.
Desde la presentación de nuestra proposición de ley a finales
de junio de este año hasta ahora hay un proyecto de ley del
Gobierno. He indicado en mi intervención inicial que, como no
podía ser de otra manera, nosotros estábamos dispuestos a
retirar los dos artículos en que hablamos de los fondos
reservados, pero no en virtud de una regulación superficial --
la que hay de esos bancos y en ese Gobierno es la nuestra--,
sino en virtud de que ha aparecido una iniciativa, a instancia
nuestra, que hace innecesarios esos planteamientos. Luego en
relación con el fondo, se ha referido a las tres cuestiones
que yo he planteado como ideas en el marco de las cuales se
desarrollaba nuestra proposición de ley. Una es la sujeción al
derecho; insistimos en ello. Claro que el Gobierno, claro que
las decisiones del Consejo de Ministros son políticas; pero el
hecho de que sus decisiones sean políticas no quiere decir que
no tengan que estar por el fondo, por la forma o por ambos
aspectos, sujetas a la ley. Sobre todo comprenda S.S. que
desde estos bancos, desde los bancos del Grupo Popular, y yo
creo que desde los bancos respetuosos con el derecho y con la
ley, se tenga una especial desconfianza al ámbito que el
Consejo de Ministros o que el Gobierno quiera establecer para
los actos políticos.
El señor PRESIDENTE: Señor Martín Villa, le ruego que
concluya.
El señor MARTIN VILLA: Termino, señor Presidente.
Hace poco, con ocasión del nombramiento del anterior Fiscal
General del Estado se trató de lanzar la idea de que, como era
una decisión del Consejo de Ministros, era un acto político y,
por tanto, era una decisión ajena al control de los
tribunales. Comprenda S.S. que tengamos un especial cuidado en
relación con ese tema.
De otra parte en lo que se refiere a la profesionalidad de la
Administración, persistimos en ello. Me resulta un tanto
extraño que desde los bancos socialistas se discuta nuestra
posición. Es la posición con la que, parece, ha llegado a
acuerdo el Ministro para las Administraciones Públicas con los
sindicatos representativos de los funcionarios, cuando les ha
asegurado que hasta el nivel de subsecretario iban a ser
funcionarios públicos. De otra parte, y acabo ya, señor
Presidente, cuando ese tipo de cosas se critica desde términos
tan vagos como la modernidad, yo me he echo a temblar. Cuando
dicen que me van a modernizar sin decirme de qué manera, yo me
echo a temblar. Es como cuando en la vida económica se habla
de la ingeniería financiera, también me echo a temblar.
En relación con la supresión de organismos quiero decir que no
hemos venido aquí, he insistido, a discutir el número de altos
cargos, pero usted y yo sabemos que el número de altos cargos
de 1982 y el de 1994 es el que se ha establecido en los bancos
populares, y eso
en relación con una Administración que, sin ser más débil,
tenía que ser más delgada en virtud de las transferencias a
comunidades autónomas y en virtud de la autonomía de las
corporaciones locales.
Señoría, nosotros persistimos en nuestros criterios, y es más,
si como parece dada su posición esta proposición de ley no es
aceptada, tenga por seguro que S.S. o algunos componentes de
sus bancos, si cumplen sus promesas, defenderán una ley muy
similar a la proposición que nosotros estamos defendiendo hoy.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín Villa.
Tiene la palabra el señor Trujillo.
El señor TRUJILLO ORAMAS: Gracias, señor Presidente, y con la
máxima brevedad posible.
Señor Martín Villa, en primer lugar, y respecto a la discusión
de promesas, incumplidas o no, yo no le voy a hacer mención a
todos los compromisos que en esta legislatura han adoptado
desde el Presidente del Gobierno hasta el responsable del
departamento, o las mociones que se han votado en esta Cámara
y en el Senado; incluso el propio programa electoral del
Partido Socialista recoge el compromiso de abordar una ley de
esta naturaleza. Por tanto, créame que eso va a venir a esta
Cámara en breve fecha.
Cuando le señalaba las deficiencias, señor Martín Villa,
créame que lo he estudiado con sumo detenimiento, por respeto
a una iniciativa de esta naturaleza, y le pongo tres ejemplos
que rogaría a S.S. tuviese en cuenta. En primer lugar, el
artículo 13.2 no establece ninguna potestad reglamentaria para
el Presidente del Gobierno; no menciona ni siquiera las normas
que dicta. El artículo 21, f), donde se establece que el
Gobierno acredita embajadores, va en contra del artículo 63 de
la Constitución, que dice que esa facultad corresponde al Rey.
Así le he nombrado una serie de dificencias técnicas muy
importantes, pero desde luego no vamos a hacer sobre eso el
debate en estos momentos.
Usted mismo ha reconocido que hay una ley «ad hoc» respecto a
los fondos reservados, y ahí es donde habrá que regular la
totalidad de los aspectos que van relacionados con este
apartado y, por tanto (porque me parece que es un tema menor
en el contenido de la ley), no vamos a entrar en ello. La
sujeción del propio Gobierno al derecho, la verdad es que,
planteado en los términos que ustedes plantean la proposición
de ley, pudiera dar lugar a que alguien pensara que el
Gobierno no está sometido en estos momentos a la ley y al
derecho y, desde luego, yo creo que eso tiene que quedar
absolutamente claro. No creo que nadie pueda pensar lo
contrario, por cuanto sería un disparate jurídico.
Mire usted, señor Martín Villa: cambiar el Embajador de
Mozambique, ¿es un acto sujeto a la jurisdicción contencioso-
administrativa? ¿Podría serlo? Usted lo creerá porque alguien
pueda alegar a lo mejor que eso afecta a sus intereses en la
zona, o puede provocar una nueva fase de relaciones, etcétera.
Por poner un ejemplo tremendamente sencillo, la disolución de
las Cortes se realiza mediante un decreto. El control formal
del decreto parece claro, pero el control de la jurisdicción
sobre un acto de esta naturaleza, ¿puede estar sujeto a la
jurisdicción contencioso-administrativa? Podríamos poner
multitud de ejemplos relacionados con lo que son actuaciones
políticas, que creo quedan claras. Además, es un debate
doctrinal totalmente superado en todos los países, pero desde
luego parece que quien no lo tiene superado es el Partido
Popular en España, que tiene una clara reminiscencia de
nuestro pasado cercano, usted me lo reconocerá, porque era un
debate pendiente en la etapa preconstitucional. Yo creo que
doctrinalmente ese elemento se ha superado. Una cosa es
discutir determinados límites, pero someter todas las
actuaciones políticas a lo contencioso-administrativo, me
parece dar un paso atrás muy serio en los avances de la
organización de la Administración.
Cuando le hablaba de la formación de la cualificación
profesional, le señalaba un dato que creo ha obviado y es que
el 80 por ciento de los directores generales actuales son ya
funcionarios. Ese marco, esa realidad que tenemos ahora mismo,
la hemos de regular de manera legal, pero no partiendo de los
principios de que ustedes parten, que era lo que yo le
señalaba como máxima diferencia entre el planteamiento de su
grupo y el planteamiento de nuestro grupo. Incluso ustedes
hablan, como objetivo, del control de la Administración. ¿Es
que usted cree que toda la actividad administrativa no es
objeto de control? ¿Es que usted duda de la profesionalidad de
los funcionarios públicos, que son los que ejercen esas
facultades de control? Las pensiones, por ponerle un ejemplo,
¿quién las controla administrativamente? Yo no creo que esa
sea la reflexión que ustedes se están haciendo cuando plantean
un elemento como el control de la Administración en los
términos que lo plantean en la propia proposición de ley.
Cuando hablan de las fugas del Derecho Administrativo y hacen
mención a esas otras estructuras heterogéneas dentro de la
Administración que tienen que dar respuesta a lo que es una
realidad múltiple de los servicios públicos que se prestan por
la Administración hoy día, ¿ustedes, de verdad, están
planteando esto para la Administración general del Estado sólo
o allá donde gobiernan estos principios no valen? Hace escasas
fechas recordábamos un dato con relación a la Comunidad
Autónoma de Galicia, que maneja el 30 por ciento de su
presupuesto en entes y sociedades mercantiles. Son reflexiones
que nosotros nos hacemos con relación a su propuesta sobre
temas que parece tienen una gran enjundia política.
El otro gran asunto y lo ha vuelto usted a repetir...
El señor PRESIDENTE: Señor Trujillo, le ruego concluya.
El señor TRUJILLO ORAMAS: Finalizo, señor Presidente.
Otro gran asunto es el tema relacionado con los altos cargos.
Señor Martín Villa, en la actualidad son poco más de 400 los
altos cargos que tiene la Administración general del Estado;
poco más de 400 --repito--, muy distinto de los mil quinientos
y pico que ustedes mismos contabilizan para el año 1983.
Distintos son los 6.146 niveles 30, 29 y 28 que tenemos
actualmente; pero es que usted sabe que en esos niveles
tenemos diplomáticos, inspectores de finanzas, embajadores,
catedráticos. ¿Es que ustedes pretenden despedir a dichas
personas cuando hablan de reducir esos niveles de la
Administración? Incluso usted sabe que eso no tiene nada que
ver con estructuras orgánicas; por tanto, su supresión, si
ustedes decidieran llevarla a cabo, no conllevaría ningún
ahorro. Pero es más, y le voy a dar otro dato: la mitad de los
niveles 30, 29 y 28 de la Administración general del Estado,
acceden por concurso a esos puestos. ¿Usted recuerda cuál era
el nivel de libre designación de los puestos públicos en el
año 1982? El cien por cien. Al día de hoy, es el 2,7 por
ciento. Por tanto, ustedes manejan una serie de datos para dar
a entender que estamos ante una organización administrativa
donde priman una serie de factores que nada tienen que ver con
la búsqueda de la eficacia a la hora de la gestión. En
cualquier caso, le emplazo ya que, en poco tiempo, vamos a
asistir a este debate sobre un proyecto que va a tratar el
asunto con máximo rigor, bastante, muy diferente de los
principios que articula su proposición de ley.
Cuando se le escucha, cuando uno lee, sobre todo, las
propuestas del Partido Popular, más que cuando se escucha a
usted, piensa que el Partido Popular, en materias como ésta,
como ocurre también con alguna otra, se le ha parado el reloj.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Trujillo.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el
señor Gatzagaetxebarría. (Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Voy a fijar la posición del Grupo Vasco respecto a la
proposición de ley sobre el Gobierno y la Administración del
Estado, planteada por el Grupo Popular. Para empezar, quiero
manifestar que, a nuestro juicio, vemos algunos aspectos
positivos en la proposición de ley que plantea el Grupo
Popular, aunque hay otros aspectos con los que no coincidimos.
Yendo a los aspectos positivos, quiero decir que la posición
jurídica y política que la proposición del Grupo Popular
atribuye el Gobierno, nos parece que es una posición correcta
respecto a las funciones del Gobierno y a qué órganos
unipersonales integran el Gobierno. Es una novedad interesante
que los secretarios de Estado formen parte del Gobierno y que
incluso facultativamente puedan formar parte del Consejo de
Ministros. Nos parece también una aportación novedosa que se
atribuya potestad de naturaleza reglamentaria a los
secretarios de Estado, de forma que puedan dictar actos que
integren el ordenamiento jurídico.
En líneas generales estamos de acuerdo con las funciones que
se atribuyen al Presidente, al Vicepresidente, a los Ministros
y a los Secretarios de Estado. Tampoco tenemos nada que
objetar en cuanto a la organización de la Administración
central en subsecretarías, secretarías generales y direcciones
generales. No coincidimos con el carácter que se quiere dar a
los puestos que han de ocupar determinadas personas que se
denominan altos cargos. El Grupo Popular, con un planteamiento
de profesionalización de la Administración central, propone
que altos cargos de subsecretario, director general y
secretario general sean elegidos entre funcionarios. Nuestro
Grupo Parlamentario entiende que tal cuestión no tiene que
quedar limitada únicamente a funcionarios de la Administración
central, que esa es una cuestión... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Gatzagaetxebarría.
Señorías, ruego guarden silencio y ocupen sus escaños.
(Pausa.) Cuando quiera, señor Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Decía, señor Presidente,
que la ocupación de los denominados altos cargos --
subsecretarios, directores generales--, por parte de
funcionarios exclusivamente, tal y como plantea el Grupo
Popular, a nuestro juicio, no es concordante con nuestro
planteamiento político. Nosotros entendemos que la
profesionalización de la Administración pública no queda
garantizada por el hecho de que sean funcionarios los que
ocupen esta condición de altos cargos en la Administración
central; entendemos que se puede ser perfectamente profesional
de la Administración pública sin que una persona tenga
relación de naturaleza estatutaria, sin que sea funcionario de
la Administración central del Estado.
En lo que sí podemos coincidir con el Grupo Popular es en que
será necesaria una reducción de los altos cargos, proceder a
reducir el número de cargos existentes, pero no indicar que
los cargos únicamente deberán ser ocupados por funcionarios. A
nuestro juicio, hay determinados puestos de dirección general
o de subsecretaría que son cargos políticos y, en función
de las circunstancias de cada caso, puede encontrarse un buen
profesional para la Administración pública en el seno de la
Administración central igual que fuera de ella. Por tanto,
nosotros no coincidimos en que se limite la ocupación de estos
altos cargos, como denomina la proposición de ley, a los
funcionarios. Además hay otra razón, y es que en el
planteamiento que efectúa el Grupo Popular no queda claro en
qué situación quedan aquellos funcionarios que pasan a ocupar
una posición de subsecretario o director general. ¿Pasan a una
situación de servicios especiales? No se dice. ¿Pasan a una
situación de libre designación entre funcionarios que no
ostentan reserva de plaza? Tampoco queda claro. ¿O pasan a un
régimen jurídico nuevo, «sui generis», de alto cargo? No queda
claro el planteamiento que esgrime el Grupo Parlamentario
Popular en esta cuestión. Se dice en la proposición de ley que
estos cargos serán ocupados por funcionarios de nivel
superior. ¿Qué se quiere decir con ello? ¿Funcionarios que
están en el Grupo A y, dentro de él, en los niveles 28, 29 y
30, o es nivel superior de cualquier otro grupo? Puede ser el
grupo B o el C; no queda claro de ninguna manera, a nuestro
juicio.
En lo que no coincidimos es en el planteamiento que hace el
artículo 42. El artículo 42 de la proposición de ley viene a
decir que los subdirectores van a ser elegidos por concurso
específico de méritos, y a continuación viene a decir: por
este mismo procedimiento se otrogarán los respectivos puestos
de trabajo a los funcionarios. A nosotros nos parece que eso
está prácticamente derogando la Ley 30/1984, de Función
Pública, puesto que si establecemos tanto para los
subdirectores como para el resto de los funcionarios el
concurso específico de méritos, ¿en qué queda el concurso
general de traslados y la figura de la provisión de destinos?
El Grupo Popular --es justo reconocerlo-- plantea un modelo de
organización de la Administración central, ha dado un paso
adelante y es justo reconocer que han sido valientes en ello,
pero nosotros no coincidimos. Entendemos que el modelo que
plantea la Ley de la Funció Pública, donde determinados
puestos de responsabilidad pueden ser designados mediante el
sistema de libre designación, es correcto. El problema está en
cómo se utilice la libre designación. La libre designación
utilizada arbitrariamente, utilizada sin ningún soporte y no
respetando el principio de igualdad y con carácter nepótico,
es denunciable y criticable, pero la libre designación
utilizada con sensatez y con racionalidad nosotros la
apoyamos. En ese sentido no estimamos que sea oportuno cambiar
el sistema de provisión de altos cargos que actualmente está
vigente.
Nos preocupa también, respecto a la proposición del Grupo
Popular, que desaparece la figura del concurso de traslado
general, puesto que dice que todos los puestos de naturaleza
estatutaria en la Administración central se regularán por el
mismo concurso de méritos específico, y si se acude a un
concurso de méritos tan específicos, puede ser tan específico
que, al final, estemos en un concurso que sea «intuitus
personae», que tenga tales características de detalle, de
concreción y de pormenorización de las características de un
puesto de traslado que nos encontremos ante una selección de
un personal para ocupar un puesto de funcionario realizado con
las características personales de una persona en la cual se
estaba pensando «a priori».
Por tanto, es una garantía el concurso de méritos específico,
siempre que se utilice, lo mismo que la libre designación, de
manera sensata, racional y de conformidad con el principio de
igualdad, que es el que debe inspirar toda la actuación de los
poderes públicos, igualmente en materia de función pública, y
es que exista una proporcionalidad entre lo que se está
haciendo y el servicio que se quiere prestar.
Por consiguiente, no vemos oportuno este cambio que realiza el
Grupo Popular y que, por cierto, en la disposición derogatoria
no deroga la ley 30/1984, porque por este mecanismo de
asignación de puestos de trabajo que es el concurso de méritos
específico queda completamente derogada la Ley de la Función
Pública, pues de ello habla expresamente el artículo 42 de la
proposición de ley del Grupo Popular.
Queríamos hacer referencia también, señor Presidente, a un
tema que plantea el Grupo Popular, que es el de los asesores
del Presidente del Gobierno, de los ministros y de los
secretarios de Estado. En cuanto a la Presidencia del
Gobierno, no se limita el número de asesores que puede tener
el Presidente del Gobierno; sí hay una limitación en cuanto a
los ministros y a los Secretarios de Estado. A nosotros nos
parece que esta limitación del número de asesores está en los
Presupuestos Generales del Estado y en la regulación que todos
los años se hace de la consignación presupuestaria para que un
alto cargo, secretario de Estado o ministro, pueda disponer de
personal eventual, de asesores. Por tanto, pueden ser muchos o
pocos en función de la tarea que tenga que realizar ese
asesor, siete o tres, como se asignan aquí a los Ministros,
porque un ministro o un secretario de Estado, por determinadas
circunstancias, puede necesitar un año, por tareas
coyunturales, 10, 15 ó 20 asesores y otro año sólo uno. Por
tanto, creo que el control político de tales cuestiones, en
cuanto a la designación de asesores como personal eventual
para los secretarios de Estado y para los ministros, lo
realiza esta Cámara todos los años cuando debatimos los
Presupuestos Generales del Estado. Por consiguiente, la
concreción y la limitación exacta del número de asesores no
es, a nuestro juicio, lo más oportuno realizarlas en una ley
que lo que pretende es la organización de la Administración
central. Por la misma razón, el proyecto de ley no determina
el número de subdirectores generales, de directores generales,
de subsecretarios o secretarios de empleo. En definitiva, se
deja a la potestad
de autoorganización de la Administración central el poder
normar tales cuestiones, con la contrapartida de la
consignación correspondiente que debatimos todos los años en
el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, que
es lo que está dando cobertura, amparo y soporte jurídico a
que puedan existir tres, siete, quince o los que fueran. Por
tanto, en función de las tareas que corresponda, en cada año
presupuestario, organizar a un ministro o a un secretario de
Estado, no vemos por qué haya que limitar los asesores a tres
o a siete; serán todos aquellos que el Parlamento autorice
anualmente. Además, este personal cesa en el momento en que
cesa el ministro o el secretario de Estado que le nombró.
En relación a la Administración periférica, tenemos que
felicitar al Grupo Parlamentario Popular porque nos parece que
ha hecho un trabajo interesante. Tenemos un grado de
coincidencia elevado en el planteamiento que ahí se contiene.
Les felicitamos porque ustedes han dado un paso importante al
decir que se comprometen a reestructurar, a simplificar y a
refundir organismos de los servicios periféricos de la
Administración central. Por tanto, yo creo que hay que
aplaudir el planteamiento político que realiza el Grupo
Popular y, sobre todo, con una propuesta que a mí me parece
novedosa, y es que plantea que esa simplificación, esa
reducción se realice de conformidad o en coherencia a cómo
vayan aplicándose figuras como la transferencia o la
delegación. En consecuencia, ustedes abren en el proyecto de
ley --y me parece muy interesante y muy loable-- la figura de
la Administración única. Yo lo quiero decir porque no se ha
dicho aquí y creo que es un tema muy interesante el que
servicios periféricos gestionados por la Administración
central puedan serlo a través del instrumento que ustedes
prevén en el artículo...
El señor PRESIDENTE: Le ruego concluya.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Termino, señor Presidente.
...el artículo 44, lo que verdaderamente es un paso
interesante. Coincidimos también con el principio de unidad de
acción y de integración en las delegaciones de gobierno de los
órganos periféricos de los ministerios; refuerzan la posición
de los delegados del Gobierno. Por otra parte, no coincidimos
todavía con la figura que ustedes no denominan ya gobernador
civil, sino gobernador de la provincia, y a nosotros eso nos
recuerda planteamientos ya vetustos, como si fueran las
provincias españolas provincias de ultramar. En ese aspecto
todavía no tenemos un grado de sintonía con el Grupo Popular.
Para terminar, señor Presidente quiero, referirme a que, en
cuanto a la organización de la Administración institucional,
sí nos parece oportuno el que haya una equivalencia
retributiva entre cargos, pero tampoco que se deba limitar por
parte de esta ley el que a determinados puestos de trabajo,
por las razones que sean, porque tiene que gestionar un
servicio público importante, igual necesita la Administración
central contratar a una persona en una empresa pública que
haya que pagarle una cantidad retributiva verdaderamente
superior a lo que gana un director general o un secretario de
estado, ¿por qué ha de limitarse tal cuestión en base a esta
ley de organización de la Administración central?
Nosotros, sobre que ese control político, esa función de
determinación de los puestos y, en su caso, de la partida
presupuestaria se realice en los Presupuestos Generales del
Estado, quizá no coincidiríamos tanto. Sí coincidimos con el
sometimiento al Derecho administrativo de las sociedades
públicas en cuanto a la contratación administrativa. Es un
paso interesante. Lo mismo en cuanto a la selección de
personal. Yo añadiría únicamente a la propuesta del Grupo
Popular que la selección no sólo se realice en base al
principio de publicidad y concurrencia, sino, como dice el
artículo 103.3 de la Constitución, en base al principio de
mérito y de capacidad que no contiene la proposición de ley.
Nos parece también loable el planteamiento que realizan sobre
la supresión de los contratos blindados. Nuestro Grupo
Parlamentario coincide con ello, así como también con la
incompatibilidad para poder pertenecer a consejos de
administración por parte de los altos cargos de la
Administración del Estado. Nosotros entendemos la
incompatibilidad retributiva no funcional siempre que el
ejercicio de esa función en un consejo de administración vaya
ligado con la función que se tiene en la Administración
general.
En consecuencia, nosotros --y así lo anuncio en este momento--
vamos a plantear también la incompatibilidad retributiva...
El señor PRESIDENTE: Señor Gatzagaetxebarría, le ruego
concluya.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Sí, señor Presidente;
termino ahora mismo. ...la incompatibilidad retributiva de los
altos cargos con la pertenencia a consejos de administración.
Por tanto, señor Presidente, en base a estas consideraciones,
nuestro Grupo Parlamentario tiene sintonías con el Grupo
Parlamentario Popular, pero también tiene posturas lejanas en
determinados planteamientos y por ello vamos a abstenernos en
la votación de la proposición de ley que en este momento
estamos debatiendo.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Muchas gracias, señor Presidente.
Para consumir un turno de explicación de nuestro voto con
respecto a esta iniciativa parlamentaria.
En primer lugar, quiero decir que el Grupo Parlamentario
Catalán efectúa una valoración positiva del intento de
objetivar la estructura y funcionamiento de la Administración
del Estado, de regular con rigor los órganos que la integran,
que subyace en la iniciativa del Grupo Popular.
Sin embargo, hay algunos aspectos que no compartimos de la
iniciativa, sobre los cuales no me voy a extender, pero que
son, fundamentalmente, aquél que se refiere el mantenimiento
de la figura de los gobernadores civiles, sobre lo que no me
voy a extender, puesto que de ello se va tratar en una moción
posterior en el orden del día de hoy; o, por ejemplo, algunas
obligaciones que se establecen con respecto a las comunidades
autónomas que deben dar cuenta al Senado de algunas de sus
actuaciones como consecuencia de la disminución de la
Administración periférica del Estado; o también cuestiones que
ya han sido planteadas por algún interviniente anterior
relativas a la regulación de los miembros de los gabinetes de
los ministros o al número de sus asesores, regulación que nos
parece que se realiza desde una perspectiva voluntarista, pero
bastante ilógica, en tanto en cuanto, entre otros aspectos, se
intenta unificar el número de dichos asesores, cosa que no nos
parece razonable, por cuanto entenderán SS.SS. que no parece
conveniente que tenga el mismo número de asesores un ministro
de Cultura, con unas competencias prácticamente residuales a
tenor del bloque constitucional, que un ministro de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, por poner otro
ejemplo, sin entrar a comentar lo que ya ha sido aducido
anteriormente, como puede ser el carácter cíclico de las
necesidades de asesoramiento que pueden tener los propios
ministros. Por ello, nuestro Grupo Parlamentario no va a poder
votar favorablemente esta proposición de ley, pero no sólo por
ello. Quiero decir, en segundo lugar, que entendemos que la
facultad autoorganizadora corresponde prioritariamente al
Gobierno, por lo que entendemos que una iniciativa como ésta
es más propia de un proyecto de ley que no de una proposición
de ley, de una iniciativa de la oposición, por tanto.
Es más, en último lugar, es sabido --y también ha sido citado,
pero yo lo voy a reiterar-- que, en el muy reciente debate
sobre el estado de las autonomías celebrado en el Senado, se
aprobó una moción, por unanimidad de todos los grupos
parlamentarios, si no recuerdo mal, por la cual se instaba al
Gobierno a presentar, antes del fin de este período de
sesiones, es decir, antes del día 31 de diciembre de este año,
un proyecto de ley de reordenación de la Administración del
Estado. Entendemos que, puesto que estamos todavía dentro del
plazo que se concedió por dicha moción, sería conveniente
esperar al proyecto de ley que deberá traer el Gobierno a las
Cámaras.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Recoder.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, voy a
intentar fijar la posición del Grupo Parlamentario Federal
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en un debate que
debiéramos de cifrar en si es o no oportuno. Desde nuestro
punto de vista, el debate es oportuno, está en la sociedad,
está siendo un debate de reflexión en las administraciones
públicas y está siendo también un debate de reflexión entre
las distintas fuerzas políticas. Otra cosa es si, además de
oportuno, es o no oportunista por intentar explicar desde un
Grupo de la oposición una iniciativa que le correspondería al
Gobierno. En todo caso, ese no va a ser el centro de nuestra
posición política en este debate. La verdad es que también
pilla al Grupo mayoritario con el pie cambiado. Mientras es el
centro de discusión importante, es verdad que dentro del
propio Gobierno hay posiciones contrapuestas, hay posiciones
en una velocidad distinta para un lado o para otro, si va a
ser gradual el proceso en dos años, si va a ser un proceso de
regulación de cómo funciona el Gobierno. La verdad es que en
Izquierda Unida distamos mucho, tanto en la forma como en los
contenidos, del proyecto de organización del poder que tendría
el Partido Popular. En cuanto a la forma, puesto que la
propuesta debiera de tener dos grandes pilares, dos grandes
partes: por un lado, cómo organizar el Gobierno, cómo
funcionan en el seno del Gobierno su Presidente, su
Vicepresidente, las competencias que tienen las comisiones, y,
por otro lado, cómo ese Gobierno de todo el Estado se
incardina en la obligación constitucional de la coordinación
administrativa, de qué manera se coordina con las otras dos
patas del Estado: las comunidades autónomas y los municipios.
En cuanto al contenido, para Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya debiera de ser un Gobierno menos presidencialista,
más colectivo, más en su conjunto. Por eso hay algunas cosas -
-a las que después me referiré-- que no compartimos de la
propuesta del Grupo Popular.
Lo que de verdad es importante abordar es cómo se organiza
este Gobierno, si los Ministerios tienen una proyección en
todo el territorio, si son, como si dijéramos, compartimentos
estancos, si mantienen una filosofía
sobrepasada por la propia realidad, o si los Ministerios
obedecen a una política global del propio Gobierno. Es decir,
tenemos una posición globalizadoray cada Ministerio funciona
coordinado con los demás, tanto en su funcionamiento para la
toma de decisiones como en su proyección territorial.
Es verdad que la organización del Gobierno en el territorio
está obsoleta. Es verdad que no voy a intentar rebatir los
argumentos que ha dado aquí el señor Martín Villa, porque él
conoce --quizá mejor que yo-- los intríngulis del poder y,
sobre todo, la organización que ha tenido y tiene hoy el
propio poder, pero lo cierto es que a nosotros nos da la
impresión de que el Gobierno actual es más un Gobierno de
estructuración para la ocupación del territorio que un
Gobierno para la estructuración y la coordinación de las tomas
de decisiones. Nosotros somos partidarios de un Estado más
federal, de un proceso federalizante, por el cual nuestro
Estado, nuestro conjunto de regiones y comunidades autónomas,
plantea un proyecto común en ese proceso europeo, también
federal. Por tanto, planteamos la proposición de ley del Grupo
Popular en el sentido de que sería bueno no solamente ser
oportuno, sino, además, que fuera realizable. Después habrá
una discusión dentro del propio Pleno sobre una moción que ha
presentado Izquierda Unida para comprometer al Gobierno a
traer a la Cámara tanto la organización del Gobierno como su
estructuración territorial. La verdad es que, para nosotros,
la propuesta que ha hecho el Grupo Popular tiene algunas
limitaciones. Por ejemplo, nosotros seríamos más exigentes en
las incompatibilidades. El artículo 7 del título II de la
proposición de ley es muy generalizador en el tema de las
incompatibilidades de altos cargos. Nosotros seríamos bastante
más exigentes. No creemos que sea imprescindible y necesaria
dentro de un Gobierno la figura de los Vicepresidentes. Pero
es que hay más: en el tema de los asesores se plantea un
elenco abierto de asesores para el Presidente y limitado para
los Ministros y para los secretarios de Estado, siete y tres,
más un director de gabinete. Creemos que es innecesario o, por
lo menos, que no sería necesario que fuera tan amplio. Usted
me podría responder que ahora es más y que lo que proponen es
contener, limitar, aunque haya algún Ministro que esté
ajustado a esta propuesta. Nosotros creemos que ahí también se
podría dar un proceso más amplio.
Sobre todo, creemos que en la estructuración, en la parte del
título III, cuando se habla de la organización de la
Administración del Estado en las comunidades autónomas, se
entra por una filosofía que pensamos que ya es obsoleta. Se
opta por lo que significa mantener los gobiernos civiles; se
opta por estos gobiernos civilesy todos los órganos de los
ministerios en cada territorio provincial, infraprovincial o
supraprovincial, facilitando la relación que tendríamos con la
Ley que creó los delegados del Gobierno en el año 1983.
Pero es que, además, creemos que esa propuesta, esa voluntad
de suprimir, de ir a la no duplicación de tareas, a esa
necesidad de refundir y reestructurar, le faltaría lo que
ustedes denominan en el artículo 44.2 un funcionamiento pleno
y eficaz, que pasaría precisamente por la superación de los
directores provinciales y de los propios gobernadores civiles.
Estoy convencido, señorías, de que la discusión hoy de la
proposición de ley podría ser distinta si estuviéramos
discutiendo un proyecto del Gobierno. Tengo que reconocer que,
una vez tomada en consideración esta proposición de ley, el
Gobierno o el Grupo mayoritario podría presentar un texto
alternativo, o este Grupo que está hablando, y proceder a la
discusión en las diferencias puntuales. Eso es así. Lo que
pasa es que la organización de un tema tan importante como la
decisión de la autoorganización del propio Gobierno le
corresponde a quien en cada caso gobierna. Esto es cierto
desde nuestro punto de vista y quizá más relativo desde el
punto de vista del Grupo
Popular, que está situado en una --digo yo-- excesiva carrera,
en la prontitud, para poner en marcha una acción de hipotético
gobierno. Lo que sí me gustaría precisar es que esta
hipotética puesta en marcha de posición de gobierno está
anclada, desde luego, en vino añejo --y no quiero decirlo por
el sabor-- más que en posición de renovación y modernización.
Yo creo que la historia de la organización del poder debe
superar una estructuración provincial y debiéramos dar paso a
lo que ha sido el Estado de las autonomías, un proceso más
avanzado.
Por tanto, la propuesta que hoy hace el Grupo Popular en el
fondo y en la forma dista del proceso federal que nosotros le
daríamos a un proceso que debe de recuperarse, y a eso me
gustaría que nos pudiéramos comprometer aquí: recuperar un
consenso institucional en el desarrollo de esa Constitución,
consenso que se rompió en el año 1981 y que se ha vuelto a
romper en el año 1992, consenso que debiera recomponer y
ensamblar la multiplicidad de poderes para crear un Estado
fuerte. Somos partidarios de un Estado fuerte, pero con
distribución distinta. Termino, por tanto, señor Presidente,
señorías, diciendo que hoy no podemos apoyar esta propuesta
del Grupo Popular y que estamos convencidos que esta Cámara va
a poder con posterioridad, si se cumplen los compromisos --
aunque las palabras son aire y van al aire--, estar
discutiendo aquí cómo organizar el Gobierno y cómo estructurar
territorialmente la parte de gobierno del Estado que es la
Administración central. Ese matiz es el que yo no encuentro en
el texto de la proposición de ley del Partido Popular.
Nada más, señor Presidente; nada más, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Votación para la toma en consideración de la proposición de
ley, presentada por el Grupo Popular, del Gobierno y de la
Administración del Estado. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 292; a favor, 123; en contra, 151; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, POR LA QUE SE DECLARA RESERVA
NATURAL LAS SALINAS DE IBIZA («SES SALINES»), LAS ISLAS DES
FREUS Y LAS SALINAS DE FORMENTERA (Número de expediente
122/000052)
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, por la que se declara reserva
natural Las Salinas de Ibiza («Ses Salines»), las Islas de
Freus y Las Salinas de Formentera. En nombre del Grupo
proponente, tiene la palabra el señor Alcaraz. (El señor
Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya trae hoy aquí una
proposición de ley con el intento de que sea tomada en
consideración a fin de que se declare reserva natural Las
Salinas de Ibiza y Formentera. Hay indicaciones de voto que
permiten augurar que se puede tomar en consideración esta
tarde la proposición de ley, pero otros grupos, Convergència i
Unió y el Grupo Popular, han anunciado ya su voto negativo.
La presente proposición de ley ya fue debatida en esta Cámara
en 1992. Entonces fue derrotada. Hoy vuelve a la Cámara y
puede salir con cierto éxito por la puerta del Congreso de los
Diputados. Si ello es así, saludamos la recuperación de la
coherencia por parte del Partido Socialista Obrero Español,
que ya en la legislatura 1979-1982, entonces en la oposición,
presentó aquí una proposición de ley parecida a la que
nosotros estamos defendiendo en estos momentos. En todo caso,
otros grupos, a nuestro juicio, están defendiendo más que nada
intereses personales so capa de la defensa de la autonomía
balear y de la soberanía del parlamento balear.
Se abre, por tanto, hoy aquí, en el Congreso, posiblemente,
una brecha positiva tras una lucha de casi veinte años, tras
una gran convergencia social y política con una serie de
organizaciones ecologistas.
El Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ha sido
un instrumento constante a la hora de luchary movilizar, a la
hora de crear medios para interpretar el sentir de cierta
plataforma, concretamente hace poco de una plataforma cívica
constituida al respecto.
Estamos hablando, señorías, de un tema importante por una
serie de razones históricas, políticas, culturales y, desde
luego, razones importantes de orden ecológico.
Razones históricas porque, a nuestro juicio, existe una
especie de cicatriz histórica en el pueblo ibicenco y pueblos
aledaños con este tema, tema que alguien, en el devenir del
tiempo, ha querido convertir en un tema de especulación y no
de protección medioambiental. A nuestro juicio, cuando, en el
proceso histórico, las Salinas pasan del Estado a las
salineras y de ahí a manos privadas se produce una cicatriz
histórica y cultural en la mente, en la conciencia colectiva
de gran parte del pueblo de Ibiza y de los pueblos cercanos.
Por tanto, sólo una protección ecológica real, como la que
pedimos en esta proposición de ley, podría empezar a superar
el escozor que todavía existe por esta cicatriz histórica.
Hay también razones políticas, y lo estamos viendo desde 1977
a esta parte, con las que se ha intentado practicar una
especie de estrategia de luz de gas con respecto a Las Salinas
de Ibiza y Formentera. En 1977, hay señorías pertenecientes a
grupos de esta Cámara que defendieron la figura de parque
natural para Las Salinas de Ibiza y Formentera y que hoy se
van a oponer a la propuesta de reserva natural. Pasó de parque
natural a una serie de reducciones a través de leyes que se
aprobaron en el Parlamento balear, como la Ley de Protección
de Espacios Naturales. Pero hoy aquí puede producirse una
inflexión en positivo de cara al inicio de protección de Las
Salinas de Ibiza y Formentera, protección desde la izquierda,
protección desde los intereses ecológicos y no desde los
intereses inmobiliarios, especulativos, desarrollistas, y
protección desde la propia Ley. Que el artículo 21.3 de la Ley
de Protección de Espacios Naturales esté recurrido no quiere
decir que no se haya de atender esta propuesta que nosotros
hacemos, porque también estuvo recurrida la Ley de Aguas con
una grave serie de alegaciones que fueron después razonadas en
contra por el Tribunal Constitucional. Y lo mismo ocurrió con
la Ley de Costas; tuvo serias alegaciones derrotadas por la
argumentación del Tribunal Constitucional y ahora también, a
nuestro juicio, ha sido atacada por una proposición de ley del
Grupo Catalán (Convergència i Unió). Y esto no quiere decir
que nosotros no podamos defender hoy desde la Ley vigente,
desde los artículos 14 y 21.3 de la Ley que acabo de citar, la
propuesta de constituir una reserva natural en torno a un
perímetro determinado que nosotros, a través del anexo,
introducimos en esta proposición de ley. En la Ley 4/1989, de
Conservación de Espacios Naturales, de la Flora y de la Fauna
Silvestres, el Estado tiene plenas competencias con respecto
al tema concretísimo y singular que hoy estamos abordando.
También existen razones culturales a la hora de defender Las
Salinas de Ibiza y Formentera. Estamos, señorías,
ante un especial monumento cultural y natural. Me refiero a la
alianza que existe allí entre las personas y el medio
ambiente. Desde la industria de la sal, desde el trabajo que
allí se realiza, desde el proyecto económico que supone la
extracción de la sal desde hace muchísimo tiempo, este
proyecto económico y de desarrollo no ha entrado en
contradicción con el equilibrio medioambiental, con el
equilibrio ecológico de la zona; por lo tanto, no han entrado
en contradicción intereses económicos ecologistas. Y esto ha
sido por una sensibilidad cultural que ha primado por encima
del crecimiento, por encima de la destrucción del espacio
medioambiental.
Es algo muy infrecuente, desde luego, este fenómeno de
integración entre actividades humanas tradicionales y el medio
ambiente pero Las Salinas es un monumento, desde el punto de
vista del desarrollo, sostenible, concreto. Hay también,
señorías, razones de tipo ecológico, de protección
medioambiental. El área de Las Salinas de Ibiza y Formentera
constituye uno de los sistemas naturales más ricos y diversos
de la Comunidad balear, incluso de todo el Mediterráneo
español. Contribuye a ello de forma decisiva la insularidad,
que acelera los procesos de microevolución, dando lugar a
variedades de forma endémica únicas en el mundo. El sistema de
zona húmeda, por ejemplo, tiene categoría a nivel
internacional y ha sido ya incluido en el Convenio Ramsar.
Existen más de 120 especies de aves acuáticas; es de gran
trascendencia la vegetación específica de las márgenes y de la
zonas inundables; hay una gran diversidad de medios acuáticos
con la existencia de estanques dulces, salobres, marinos e
hipersalinos; existen sistemas dunares de gran valor
científico y ecológico; los acantilados marinos albergan
endemismos de gran importancia. Yo les recomiendo a SS.SS.
que, si tienen una tarde libre, se paseen por allí e intenten
ver a la lagartija pitiusa, una lagartija que no huye, que
casi parece que te hace frente, que quiere hablar contigo.
Amplísimos pinares y sabinares, sobre todo, en la parte
ibicenca. En suma, señorías, hablamos de uno de los más
valiosos sistemas naturales a nivel estatal y un exponente
poco común, muy singular, de la integración entre la cultura
humana y el medio natural. En esto se basa la proposición de
ley del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya que traemos a esta Cámara de forma recurrente.
Estamos luchando desde hace mucho tiempo, junto a grupos
ecologistas, junto al impulso social, cívico y al impulso
político en Ibiza y en el resto de los sitios de cara a
conseguir esta reserva natural que a partir de hoy
posiblemente se consiga por las noticias que le han llegado a
este Diputado que les habla con referencia a la intención de
voto. En función de los artículos 14 y 21.3 de la Ley 4/1989,
de 27 de marzo; estamos en el centro de la ley, repito, la Ley
de Aguas, la Ley de Costas fueron recurridas y se intenta que
se modifiquen, pero retienen competencias estatales sobre
temas de enorme importancia, como el equilibrio ecológico. Y
esto es lo que ahora estamos pidiendo, esa respuesta a la
patria verde del medio ambiente por encima de intereses
especulativos, desarrollistas o de cualquer otro tipo.
Presentamos una proposición de ley con ocho artículos, tres
disposiciones adicionales, dos disposiciones finales y un
anexo donde se expresa el ámbito de la reserva natural, el
perímetro concreto, el área concreta a proteger: zona
marítimo-terrestre, marismas, humedales, esteros, dunas,
terrenos y demás bienes, entre ellos, claro está, naturalmente
«Sa Caleta». Si se aprueba hoy, se iniciaría aquí un proceso
de enmiendas parciales o a la totalidad. Izquierda Unida, en
este sentido, se compromete, lo mismo que ha hecho al elaborar
esta proposición de ley, en contacto con grupos, plataformas,
áreas de elaboración y movilización de todo tipo, a entrar de
nuevo en contacto y a incentivar nuevas formas de lucha y
elaboración de cara a las posibles modificaciones que se
puedan introducir en el trámite de enmiendas en el debate,
intenso y extenso, que a partir de hoy se va a producir en
esta Cámara.
Nosotros vamos a seguir contando con la gente, con la
necesidad de una síntesis de cara a la protección de este área
natural, con la flexibilidad suficiente, pero sin ceder nunca
la protección real de Las Salinas a la necesidad de que esa
reserva natural tenga un perímetro adecuado y una profundidad
en la reserva que no esté edulcorada, reducida, desde ningún
punto de vista. Incluso, es más, nosotros hacemos un
llamamiento para que en Ibiza, en Formentera, en el resto de
las zonas en que están luchando desde hace mucho tiempo a
favor de este tema, nadie se desmovilice y llamamos a que se
creen nuevos grupos y plataformas para ver hasta qué límite
podemos llegar en el trámite de enmiendas, sin que se pueda
ver que hayamos cedido en la protección de esta reserva
natural. Nosotros pedimos que nadie esconda intereses desde el
punto de vista de la soberanía de las comunidades autónomas.
Estamos ante un bien de primerísima magnitud, protegido por
leyes concretísimas, como la Ley 4/1989, como la Ley de
Costas, como la Ley de Aguas. Por tanto, lo que pedimos es un
voto favorable para que concluya esta lucha popular y se
cicatricen una serie de reminiscencias históricas, políticas,
culturales y ecológicas que se han producido en torno a este
tema concreto de Las Salinas de Ibiza y Formentera.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Alcaraz. ¿Turno en contra? (Pausa.)
Para un turno en contra y por el Grupo Popular, la señora Cava
de Llano tiene la palabra.
La señora CAVA DE LLANO Y CARRIO: Señor Presidente. Señoras y
señores Diputados, como muchos de ustedes recordarán, no es la
primera vez que en este hemiciclo se habla de Las Salinas de
Ibiza y Formentera. Se hizo en anteriores legislaturas y se
hace en ésta. En este momento existen en el Congreso dos
iniciativas sobre este tema: la proposición de ley de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya que hoy se presenta a
la consideración de esta Cámara y una proposición no de ley
instada por el Grupo Socialista que se haya pendiente de
señalamiento. Sus señorías se preguntarán el porqué del
desmesurado interés de esos dos grupos parlamentarios en traer
a esta Cámara este tema continuamente. ¿Por los valores
paisajísticos y ecológicos de la zona? Pudiera ser, pero
fíjense que de las casi 80 áreas naturales de especial interés
que se contienen en la Ley de Espacios Naturales de las Islas
Baleares sólo la referente a Las Salinas de Ibiza y Formentera
se traen a esta Cámara una y otra vez, lo que no deja de ser
paradójico y, cuando menos, significativo. ¿Qué otras razones
existen? ¿Hay otras razones? Sí, señorías, las hay; hay una
razón que lo explica todo y esa razón ya fue manifestada en
esta Cámara por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
el día 23 de marzo de 1993, cuando, con ocasión del debate de
la anterior proposición de ley, también de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, en la que solicitaba --igual que
ahora-- la declaración de Las Salinas como reserva natural,
dijo: No estaríamos hablando de Las Salinas de Ibiza y
Formentera si no fueran propiedad de la familia política del
Presidente de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares,
señor Cañellas. Triste argumento, señorías, pero triste
argumento que clarifica que el interés ecologista no es tanto
como el interés electoralista, que ha convertido aquella zona
en una mina a utilizar, mina que produce fuertes y golosos
dividendos en las batallas electorales contra el Partido
Popular. Mejor dicho, esto es lo que ellos creían, porque les
diré que, afortunadamente, el tiempo se encargó de demostrar a
la oposición lo equivocado de esta estrategia, y al resultado
de las elecciones me remito.
Por eso, señorías, esta proposición de ley de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya y la proposición no de ley del Grupo
Socialista que queda pendiente, igual que las que se
debatieron en anteriores legislaturas, podíamos decir que son,
no en razón de la zona, no en razón de los valores ecológicos
y paisajísticos, sino «intuitus personae», o sea, en razón de
las personas que detentan parte de la propiedad de la zona.
Señoras y señores Diputados, Las Salinas de Ibiza y Formentera
están protegidas. La Ley del Parlamento de las Islas Baleares
1/1984, de 14 de marzo, de ordenación y protección de las
áreas naturales de especial interés, estableció el marco para
desarrollar la protección de espacios concretos, por lo que se
dictaron distintas leyes, entre ellas, la Ley 5/1985, de 2 de
mayo, por la que se declaraban Las Salinas de Ibiza y
Formentera y los islotes intermedios como área natural de
especial interés. Esta ley fue posteriormente asumida y
subsumida por la Ley de Espacios Naturales de las Islas
Baleares, que fue votada en contra de la opinión de los grupos
mayoritarios por el hecho de que en el último momento un
tránsfuga asumió las posturas de la oposición, yendo a la caza
de espacios concretos pertenecientes a miembros relevantes de
nuestro Partido y concentrando en la Ley de Espacios Naturales
toda su labor de oposición, en un intento de debilitar al
Gobierno balear. Al ver tan triste votación, nuestro Grupo
anunció, ante la inminencia de las elecciones que se
avecinaban (me estoy refiriendo a las autonómicas de 1991),
que la modificación de la ley sería objeto de nuestra campaña,
para que fuera el pueblo de Baleares, y especialmente el de
Ibiza, el que decidiera sobre la bondad de una u otra tesis.
La modificación, señorías, se incluyó en nuestro programa
electoral; las elecciones se ganaron, como todos ustedes
saben, por mayoría absoluta. Por ello, el 23 de diciembre, el
Parlamento de las Islas Baleares aprobó la Ley, en
cumplimiento de la promesa electoral del Grupo Parlamentario
Popular. Pero es que, además, al tiempo que se aprobaba esta
ley, los propietarios de Las Salinas de Ibiza y Formentera
suscribieron un convenio con el Ayuntamiento de San José por
el que renunciaban a los derechos edificatorios que tenían
sobre esa zona, de tal forma que si a seis millones de metros
cuadrados de propiedad correspondía la construcción de 200
viviendas unifamiliares, renunciaron y solamente se quedaron
con 82. Es decir, señorías, no es que la familia del
Presidente de la Comunidad Autónoma tuviera igual trato, es
que tuvo peor trato, por propia voluntad del Presidente de la
Comunidad. Creo que son gestos para tener en cuenta y lamento
que haya gente que no lo crea así.
¿Qué ocurrió entonces? Que los grupos ecologistas, impulsados
por las fuerzas políticas de la oposición, decidieran encauzar
la lucha por otros frentes. Presentaron una denuncia ante la
Comunidad Europea, que, tras la visita de inspección ocular de
los técnicos, mereció el archivo, porque consideraron que no
cotravenía ninguna de las directivas en materia de medio
ambiente. Presentaron también un escrito en la Oficina del
Defensor del Pueblo, solicitando la interposición de un
recurso de inconstitucionalidad por considerar que la ley del
Gobierno Balear vulneraba preceptos constitucionales sobre
medio ambiente y normas internacionales, como el Convenio
Ramsar, el Convenio de Bonn y el Convenio de Berna; la oficina
del Defensor del Pueblo contestó que no había lugar a la
interposición porque no se había vulnerado normativa alguna.
Aún así, los Diputados socialistas del Parlamento balear
presentaron recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional,
que también fue desestimado. Es decir, todos, absolutamente
todos los intentos que ha habido por parte de los grupos de la
oposición han abocado en el más estrepitoso fracaso.
Por eso, señorías --y quisiera que esto lo escucharan bien--,
partidos políticos que en Baleares jamás han tenido ningún
tipo de representación, como Izquierda Unida --y lo digo con
todo respeto--, que no tiene ni un solo concejal, ni un solo
consejero del Consell Insular, ni un solo Diputado, o partidos
políticos que, aun teniendo representación, no tienen
capacidad para decidir, lo que hacen es acudir el Parlamento
de la Nación para conseguir aquí lo que el pueblo de Baleares
les ha negado. (Rumores.) Quede, pues, bien claro, señoras y
señores Diputados, que Las Salinas de Ibiza y Formentera están
debida y suficientemente protegidas, no sólo a juicio del
pueblo de Baleares, representado legítimamente en su
Parlamento, sino a juicio de cuantas instituciones y
organizaciones nacionales y europeas han sometido Las Salinas
a un determinado control. Entrando ya de lleno en la
proposición de ley que hoy se presenta a la consideración de
esta Cámara, debemos manifestar nuestro rechazo a la misma por
razones de tipo jurídico y de índole política.
Razones jurídicas. La proposición que hoy debatimos se basa,
según el artículo 1 de la misma, en el artículo 21.3 de la Ley
4/1989, de Conservación de los Espacios Naturales y de la
Flora y Fauna. Pues bien, el expresado artículo está recurrido
ante el Tribunal Constitucional por las Comunidades autónomas
del País Vasco, de Andalucía, de Canarias, de Cataluña (no
sólo por la Generalitat, sino también por el Parlamento) y de
Galicia. Existe también un recurso de inconstitucionalidad
interpuesto por la Comunidad Autónoma de Cantabria contra la
Ley 6/1992, de 27 de marzo, por la que se declaraba reserva
natural a las Marismas de Santoña y Noja. ¿Por qué? Por
considerar que se conculca el artículo 148 de la Constitución
española. ¿Y qué dice ese controvertido artículo 21.3
impugnado por tantas comunidades autónomas? Ese artículo
atribuye, con carácter general, la competencia para declarar
parques y reservas naturales a las comunidades autónomas del
territorio donde se hallan ubicados. Hasta aquí, todos de
acuerdo porque respeta la distribución competencial.
Pero esta regla general, señorías, tiene dos excepciones: una,
cuando el espacio natural se encuentre situado en el término
de dos o más comunidades autónomas, y, dos, cuando el espacio
natural tenga por objeto la protección de los bienes señalados
en el artículo 3 de la Ley de Costas, es decir, cuando sean
bienes de dominio público marítimo-terrestre, y en esta
excepción es en la que no están de acuerdo las comunidades que
antes he mencionado y que han interpuesto recurso de
inconstitucionalidad.
Este controvertido artículo 21.3, al atribuir la declaración y
gestión de los espacios protegidos al Estado por el mero hecho
de tratarse de bienes de dominio público estatal, vulnera,
además del artículo 148 de la Constitución al que he hecho
mención, los artículos 10.3 del Estatuto de Autonomía de las
Islas Baleares y la jurisprudencia constitucional. ¿Por qué,
señorías? Porque el artículo 148 de la Constitución reconoce a
las comunidades autónomas que puedan asumir competencias en
materia de ordenación del territorio. ¿Y en qué concepto
pueden asumirse esas competencias? En el que digan los
respectivos estatutos de autonomía de las comunidades
autónomas a tenor del artículo 149 de la Constitución, ya que
es en el 149 donde se recoge una larga lista de competencias
exclusivas del Estado, entre las que no aparece referencia a
urbanismo, ni a ordenación del territorio, ni a ordenación del
litoral. ¿Y qué dice el Estatuto de Autonomía de las Islas
Baleares, que es el aplicable en este caso, pues se trata de
una reserva natural ubicada en el territorio de la Comunidad
Autónoma? El artículo 10.3 del Estatuto de la comunidad
autónoma de las Islas Baleares, señorías, dice textualmente:
La comunidad Autónoma tiene la competencia exclusiva --repito,
exclusiva-- en las siguientes materias. Y en el punto 3 cita:
ordenación del territorio, litoral incluido, urbanismo y
vivienda. Quiero decir que se trata de una reserva de
competencia, de una exclusividad de competencia de primer
grado, porque nos encontramos muchas veces con que se dice:
serán competencia de la comunidad autónoma, sin perjuicio de
las competencias que pueda tener el Estado. Aquí no lo dice el
Estatuto de Autonomía; dice: será de competencia exclusiva.
Incluso cita el litoral. He dicho que también va en contra de
la jurisprudencia constitucional, porque, como ustedes saben,
la sentencia 149/1991, de 4 de julio, declaró nulo e
inconstitucional el artículo 34 de la Ley de Costas, que
otorgaba competencias a la Administración del Estado para
dotar normas de protección invadiendo competencias de las
comunidades autónomas en materia de ordenación del territorio.
Creo, señorías, que el tema, a la vista de la Constitución,
del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares y de la
jurisprudencia constitucional está bien claro.
Comentando el artículo 2 de la proposición de ley, establece
una zona periférica de protección en base al artículo 18 de la
Ley 4/1989. Esto sí, señorías, con toda modestia, me atrevo a
calificarlo de aberración jurídica, porque, aunque diéramos
por bueno ese artículo 21.3, que antes comentaba y que está
recurrido por seis comunidades autónomas, aun en ese
hipotético y negado caso, sólo resultaría aplicable a los
bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal, por lo
que en ningún caso tendría el Estado competencia para
establecer
la zona periférica de protección a que se refiere al artículo
2 de la proposición de ley de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. Existe también una indefinición total en sus
artículos 2 y 3, que conllevan a una inaceptable quiebra del
principio de seguridad jurídica consagrado en el artículo 9.3
de la Constitución. En cuanto al contenido del artículo 3.2,
se dice que los terrenos afectados por ese régimen jurídico
quedan clasificados como suelo no urbanizable de especial
protección, lo que, señorías, como ustedes pueden ver,
constituye una norma inequívoca de contenido urbanístico que
vulnera también las competencias exclusivas de las comunidades
autónomas, concretamente la de Baleares, en materia de
urbanismo y ordenación del territorio. Hasta aquí las razones
de tipo jurídico.
Existen otras razones a las que me he referido de tipo
político. ¿Cuáles son esas razones, señorías? Consideramos que
esta proposición de ley lo que intenta es buscar un título
competencial estatal que permita regular normativamente Las
Salinas de Ibiza y Formentera, de forma distinta a la voluntad
mayoritaria del Parlamento de las Islas Baleares. Consideramos
que no es lícito secuestrar la voluntad del pueblo balear cada
vez que las resoluciones de su Parlamento no sean del agrado
de la oposición. Consideramos verdaderamente inadmisible y
lamentable puentear al Parlamento de las Islas Baleares,
buscando aquí unos apoyos que allí no tienen.
Dejen, por favor, que la Comunidad de las Islas Baleares
ejerza sus competencias y acostumbrémonos todos a respetar de
una vez por todas el ejercicio de las competencias de las
comunidades autónomas porque, si no, señoría, terminaremos por
vaciar el diseño constitucional del Estado de la autonomías,
y, créanme que sería una verdadera lástima y un gravísimo
error histórico. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Cava
de Llano. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor
Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor Presidente.
Con todos los respetos, señora Diputada, si esto, por algún
motivo --usted ha dado alguno--, no es competencia estatal,
¿cómo lo estamos discutiendo hoy aquí? No sé si me explico.
Quiero decir: ¿Por qué sus portavoces en la Junta y en la Mesa
no han dicho y ganado, con la Ley en la mano, que usted tantas
veces ha evocado aquí, que este tema no se puede ni se debe
discutir en las Cortes Generales? Con esta única razón se
rebate todo lo que ha leído usted. Por lo tanto, presenten
ahora ustedes no sólo un recurso de tipo anticonstitucional,
sino también un recurso ante la Mesa y la Junta de Portavoces
de este Congreso de los Diputados, porque lo que estamos
haciendo aquí es una pérdida de tiempo ilegal, ilegítima,
ilícita, etcétera. No tiene usted razón, no la tiene. Una cosa
es que haya sido recurrido el artículo 21.3 de la Ley 4/1989,
como se recurrió la Ley de Costas o la Ley de Aguas u otras, y
otra cosa es que se haya ganado ese recurso. No se ha ganado.
Por lo tanto, tenemos derecho pleno a estar discutiendo aquí
esta proposición de ley. Eso es lo que estamos haciendo y no
hay ninguna fórmula legal que pueda contradecir esta voluntad
nuestra.
Nosotros no queremos saltarnos la soberanía del Parlamento
balear, no queremos puentear ese tipo de soberanía, en
absoluto. Lo que queremos es proteger Las Salinas de Ibiza y
de Formentera.
Yo le quiero decir, señora Diputada, que el Parlamento de las
Islas Baleares, mediante los votos del Partido Popular, es
cierto, y de sus aliados, en ocasiones, muchas veces de
conveniencia, ha incumplido obligaciones del estatuto de
autonomía, de la Constitución española y de las directivas de
la Unión Europea, incluso dicho desde la Unión Europea, con
respecto a problemas de tipo ecológico. Por lo tanto, no
queremos puentear nada. Desde el punto de vista de la
necesidad de defender un equilibrio ecológico, con la ley y la
Constitución en la mano, estamos intentando crear --y parece
ser que es posible a partir de hoy-- la figura de reserva
natural para Las Salinas de Ibiza y de Formentera. Pero le
digo más: si esto no fuera posible a partir de la decisión del
Tribunal Constitucional, ¿por qué no cumple el señor Matutes
lo que dijo y firmó, con el Estatuto de Baleares en la mano?
Que él defendería el establecimiento de Las Salinas como
parque natural. ¿Por qué no lo cumple? No nos diga que ahora
nosotros estamos intentando defender aquí Las Salinas cuando
el señor Matutes incumple todo lo que dijo.
Desde el punto de vista de lo político, señora Diputada,
nosotros, que tenemos algo determinante en lo verde, en lo
ecológico --usted no me va a entender cuando yo hable de que
para nosotros hay dos límites que el crecimiento económico no
puede nunca trascender, uno es el ecológico, otro es el ético;
no voy a hablar hoy de este segundo--, desde ese punto de
vista, no se queje ahora de que estemos defendiendo aquí esta
posibilidad, porque el señor Matutes ha roto su compromiso de
declarar parque natural a Las Salinas de Ibiza y Formentera.
Incluso el Partido Popular --por cierto, el alcalde de Ibiza
me dijo que apretáramos a fondo en defensa de Las Salinas de
Ibiza y de Formentera-- ha votado en ocasiones en contra de
las propuestas de sus propios técnicos, como se ha dicho
reiteradamente a través de los medios de comunicación y en el
propio Parlamento de las Islas Baleares. Señora Diputada, vea
que esto lo estamos defendiendo de manera lógica y no sólo
legítima.
Desde este punto de vista yo también quiero recordarle que
ninguna de las fuerzas que ha defendido la desprotección, más
o menos relativa, de Las Salinas de Ibiza y Formentera ha
obtenido jamás la mayoría absoluta en las islas Baleares;
jamás. Ustedes están gobernando ahora con un tránsfuga, el
señor Peralta, y así obtienen esa mayoría que ustedes dicen
que aquí estamos intentando puentear. No es cierto; ustedes no
tienen mayoría absoluta allí. Si ustedes quieren hablar en
nombre de la mayoría absoluta, convoquen un referéndum para
este tema, para Las Salinas de Ibiza y Formentera; si no, no
venga usted aquí, como representante del Partido Popular, a
hablar de mayoría absoluta, cuando usted no la tiene en la
islas Baleares. Pongamos las cosas en su sitio y no
intentemos, como dice ahora la gente, «vender motos» desde la
tribuna, señora Diputada.
Desde luego que hay razones más que políticas, ecológicas muy
fuertes; también políticas, porque ésta es una Cámara política
y somos animales políticos. (El señor Robles Fraga: Unos más
animales que otros.--Rumores.) Sí, hay gente que cambia los
términos. No le voy a contestar a esto, señor Robles. Desde
ese punto de vista, hay razones ecológicas fortísimas. Yo he
intentado expresarlas en mi primera intervención. He estado
conociendo la zona y usted sabe que estamos defendiendo un
auténtico monumento natural. Y la Ley de Espacios Naturales,
que ustedes han aprobado con esa mayoría absoluta, con socios
de conveniencia, reduce muchísimo lo que se aprobó en
principio y permite, por ejemplo, construir hasta doscientas
casas unifamiliares --ahora explicaré lo que significa
unifamiliares-- (Rumores.) en un territorio tremendamente
importante para el equilibrio ecológico.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Alcaraz,
termine.
El señor ALCARAZ MASATS: Termino, señor Presidente.
Desde el punto de vista en el que ustedes utilizan la palabra
unifamiliar, están hablando también, por ejemplo, de La
Moncloa. La Moncloa es para ustedes una residencia
unifamiliar. Yo he visto las construcciones que se están
haciendo y tienen 500 metros cuadrados por planta, con tres
plantas; a eso lo llaman vivienda unifamiliar. Y pueden
construir hasta 200 en una zona de enorme importancia
ecológica. Por favor, no me hablen de que este espacio está
suficientemente protegidocuando la Ley de Espacios Naturales,
que han aprobado ustedes con esa mayoría absoluta de
conveniencia, va contra los intereses ecológicos de la zona.
Desde el punto de vista político yo no quiero derivar este
asunto hacia una discusión sobre la familia. Yo lo estoy
defendiendo a tope, teniendo en cuenta que hay intereses
económicos detrás, lo he dicho. Situando el tema en los
intereses ecológicos y desde el punto legal, le he contestado.
No tiene razón para decir que este asunto no se puede discutir
aquí cuando se prueba que lo estamos debatiendo.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): La señora Cava de
Llano tiene la palabra.
La señora CAVA DE LLANO Y CARRIO: Gracias, señor Presidente.
Voy a contestar al señor Alcaraz diciendo que me parece muy
bien que la Mesa haya admitido a trámite esta iniciativa
parlamentaria. Yo también he formado parte de la Mesa de un
Parlamento en la que los criterios de admisión son amplios y
no se entra a discutir el fondo del asunto.
El señor Alcaraz no me ha rebatido ninguno de mis argumentos
jurídicos, absolutamente ninguno, ni de los jurídicos ni de
los políticos. Ha hablado de que aquí se han quebrantado
leyes. Aquí no se ha quebrantado ninguna por parte de mi
Grupo. Los únicos que quebrantan leyes son ustedes, entre
otras cosas porque la Ley 4/1989 habla de la existencia previa
de un plan de ordenación de recursos naturales que, aunque se
está tramitando, no ha sido aprobado. La ley menciona la
posibilidad exorbitante de que por motivos excepcionales se
salte este requisito, pero ustedes no han alegado ningún
motivo excepcional para pretender que se entre en la
proposición de ley sin tener previamente el plan de ordenación
de recursos naturales.
Otra posible ilegalidad. Ustedes están hablando de dominio
público como forma de injerirse en las competencias de las
comunidades autónomas a través del Estado, pero lo que no
dicen es que todavía no se ha hecho el deslinde definitivo de
Las Salinas de Ibiza y Formentera. Se ha hecho un deslinde
provisional. Ha habido un escrito de alegaciones de todos los
propietarios de la zona y todavía se está a la espera del
deslinde definitivo que, como usted sabe, es requisito
indispensable.
Usted se refiere al señor Matutes. Lo que tenga que decirle al
señor Matutes se lo dice tranquilamente y ya está. Yo
desconozco lo que pudo decir el señor Matutes en esta Cámara
porque no estaba, pero le garantizo que jamás incumple sus
promesas.
Usted habla de que esta ley se ha aprobado contra los técnicos
del Parlamento balear. Yo no sé de qué me habla. Le digo que
he sido Vicepresidenta primera del Parlamento de las Islas
Baleares, he tenido en mi mano todos los informes de los
técnicos del Parlamento de las Islas Baleares, y jamás,
absolutamente jamás... Está usted mal informado, porque ahora
estoy pensando que a usted esto le viene por unos motivos que
encontró, en cuanto a la cartografía, el Grupo Socialista. Lo
que hizo entonces el Grupo Socialista fue presentar ese
recurso de inconstitucionalidad, al que yo he hecho
referencia, que tuvo un estrepitoso fracaso. O sea que, de
eso, nada. Luego dice usted que no le voy a entender cuando me
habla de ecología. Señor Alcaraz, hay quien presume de
sabiduría y practica la ignorancia. Esta frase no es mía, la
dijo el portavoz de Izquierda Unida al portavoz del Partido
Socialista en el anterior debate. No presuma usted de lo que
no sabe, porque resulta totalmente absurdo.
Por último, quiero decirle que, si hay alguna comunidad
autónoma que se caracteriza por la política de defensa del
medio ambiente, esa comunidad tiene nombres y apellidos: es la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Y no porque lo diga
yo, sino porque lo ha dicho el Gobierno de don Felipe
González, poniendo a Baleares como ejemplo de protección en el
informe enviado a la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro.
Señores de la oposición, me estoy refiriendo al Parlamento
balear, al que ustedes están puenteando, evidentemente.
(Rumores.) Ha hablado usted en su intervención, señor Alcaraz,
de aves. Permítame que les dé un consejo: dejen volar
tranquilamente a las palomas sobre Las Salinas de Ibiza y
Formentera, y vigilen (y me consta que usted lo hace) a los
palominos que sobrevuelan Doñana, que ésos sí que son unos
pájaros peligrosos.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del
Grupo Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Grupos parlamentarios
que desean fijar su posición en este debate? (Pausa.) Por el
Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Baltá.
El señor BALTA I LLOPART: Señor Presidente, señorías, no puedo
más que ser concreto al fijar posición, en nombre de mi Grupo
Parlamentario, respecto a la proposición no de ley presentada
por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por la que se
pretende declarar reserva natural Las Salinas de Ibiza, las
Islas de los Freus y las Salinas de Formentera, por cuanto,
aun partiendo de la necesidad de proteger los referidos
paisajesnaturales, consideramos que el conjunto de la Cámara
podría cometer una intromisión muy notable en las competencias
de la autonomía balear, ya que el Parlamento de aquella
autonomía cuenta, como es sabido, con su propia capacidad
legislativa, contrariamente a lo expresado por el portavoz de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya al afirmar que el
Estado tiene plenas competencias.
Más allá de la propia predisposición por la defensa del medio
natural, lejos del debate político insular que se ha
producido, teniendo en cuenta las competencias en esta materia
estatutariamente otorgadas al Gobierno balear, que le hacen
competente en cuanto a la elaboración y tramitación
legislativa de las normas para la declaración de determinados
espacios como reservas naturales, cuestión ampliamente
expuesta por la portavoz popular, y aún más, basándonos, como
se basa esta proposición no de ley, en la Ley 4/1989, del 27
de marzo, de conservación de espacios naturales de la flora y
de la fauna silvestre, caeríamos en una notable contradicción
en la actuación de nuestro Grupo Parlamentario, dado que
impugnamos dicha norma y nos hallamos pendientes de la
correspondiente sentencia del Tribunal Constitucional;
contradicción, señor Alcaraz, en la que no caemos precisamente
al intentar devolver las competencias autonómicas que fueron
agredidas por la Ley de Costas.
Por todo ello, señor Presidente, señorías, anuncio el voto en
contra de mi Grupo Parlamentario, aun considerando lícita la
declaración de reserva natural de los mencionados parajes, por
razones estrictas de pura coherencia jurídica y de respeto al
sistema competencial. Lo decimos y, en consecuencia, votaremos
desde la convicción de que no puede convertirse esta Cámara en
una segunda instancia, ni en éste ni en otros casos. Repito:
ni en este caso, ni tampoco en otros. Permítame, señor
Alcaraz, utilizar, para poner fin a mi intervención, esa
romántica metáfora de la lagartija que no le huye, que casi
parece hablar con usted. Seguramente no ha intentado pisarla.
En ese caso, huiría de usted y de cualquiera; pero si fuera
otro tipo de reptil el que sintiera invadido su medio natural,
cualquieracon tamaño suficiente para defenderse, otra cosa muy
distinta sucedería. Seguramente usted, y cualquier otro
político ecologista, entendería por qué nosotros partimos del
respeto al espacio propio de cada comunidad. Muchas gracias,
señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Baltá.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Costa.
El señor COSTA COSTA: Señor Presidente, señorías, permítanme,
una vez más --y es la tercera--, fijar la posición de nuestro
Grupo Parlamentario, el Grupo Socialista, ante una iniciativa
que busca la protección de un espacio natural de gran
importancia como es en el que están enclavadas Las Salinas de
Ibiza y de Formentera. Y permítanme aquellas señorías que no
conocen seguramente los avatares históricos de este importante
espacio natural que les explique que desde 1977, antes de que
tuviéramos un Estado constitucional y democrático de derecho;
antes de que un señor que se llama Cañellas lo conocieran más
allá de los ámbitos de su familia, mucho antes, en Ibiza y
Formentera se produjo la manifestación popular más importante
de su historia para preservar ese espacio natural de un
intento de urbanización por una empresa explotadora de esas
Salinas, que es Ibifor S.A., y de la que no voy a
decir hoy aquí otra vez quiénes son sus principales
accionistas.
Señorías, permítanme recordarles que no es la figura del que
hoy es Presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares quien ha provocado el deseo de una mayoría del
pueblo de Ibiza y Formentera, expresado en las últimas
elecciones generales de 1993, de proteger esa importante zona
mediante todas las figuras jurídicas que estén al abasto de
los grupos que lo único que prentendemos es que no se destroce
un espacio natural en el que no hay palomos volando, pero hay
muchos buitres. (Rumores.) Por tanto, permítanme sostener mi
línea argumental. Mi línea argumental se va a basar en lo que
esta Cámara mayoritariamente decidió en marzo de 1993, a
propuesta de nuestro Grupo acompañado de otros.
En primer lugar, lo que va a permitir que nuestra posición sea
favorable a la toma en consideración de esta proposición de
ley es que se ha ido avanzando en el mandato que esta Cámara
emitió al Gobierno del Estado para hacer posible hoy esa toma
en consideración.
El mandato que dimos al Gobierno era el de que procediera con
urgencia a la delimitación del dominio público marítimo-
terrestre de esta importante zona, que es el elemento
fundamental para la figura de protección que hoy pretendemos;
que incluyera ese espacio en el Convenio de Ramsar sobre
humedales, de las Naciones Unidas, cosa que también se ha
incorporado ya; y que, finalmente, procediera a elaborar un
plan de orientación de recursos naturales que permitiera al
Gobierno hacer el proyecto de ley correspondiente a la
declaración de esta zona como reserva natural.
Este plan de ordenación de los recursos naturales está
prácticamente terminado, sólo está a la espera de ser expuesto
al público y, por tanto, permite acompasar la tramitación de
esta proposición de ley y de los pasos administrativos que aún
quedan por dar, tanto para la delimitación definitiva del
dominio público marítimo-terrestre, como para la aprobación
definitiva del plan de ordenación de los recursos naturales.
Si aquí estuviéramos en un debate puramente ambiental, estoy
seguro de que coincidiríamos con una amplia mayoría,
prácticamente la unanimidad, de los miembros de esta Cámara.
¿Qué es lo que ocurre? Efectivamente, la ley en la que se
sustenta la figura de protección que hoy pretendemos está
recurrida legítimamente por algunas comunidades autónomas,
pero sigue el vigor y, por tanto, permite acogerse a ella. Es
la única figura que tenemos para proteger esta importante área
que está dentro del dominio público marítimo-terrestre. Yo
creo, señorías, que lo que hay que hacer hoy aquí es
desenmascarar actitudes que en la defensa de intereses
particulares, que pueden ser legítimos, arrastran a grupos
completos de esta Cámara hacia posiciones que no son
proteccionistas ni pueden casar con algo que debemos nosotros
mismos tanto a nuestra generación como a futuras generaciones,
que es la conservación del importante espacio natural que
conforman Las Salinas de Ibiza y de Formentera. Entre la
primera manifestación popular, celebrada en 1977, y la
segunda, de 1992, ha habido multitud de iniciativas
parlamentarias para proteger este espacio. La primera fue para
impedir una urbanización de esta zona por parte de la empresa
Ibifor; la segunda fue como protesta y verdadera indignación
popular --incluso miembros cualificados del PP participaron en
ella-- por la desregulación que el Parlamento balear había
hecho de la Ley de Espacios Naturales de 1991, que tan sólo
modificaba la delimitación de este área, de la que es
propietaria casualmente la esposa del Presidente de la
Comunidad Autónoma. Fue la única área en la que se modificaron
los límites que abarcaba esta importante Ley de Espacios
Naturales. Además, fíjense qué ligeras modificaciones: pasar
de 200.000 metros para poder construir un área natural de
especial interés a 30.000, señorías. Esta es la protección en
la que han dejado esta importante zona natural. Los argumentos
competenciales lo que esconden aquí es el interés de
urbanizar, de especular con esta zona, de enriquecerse, yo
creo que legítimamente desde una perspectiva particular, pero
absolutamente rechazable cuando se hace desde instituciones
públicas, desde perspectivas públicas, desde perspectivas de
interés general, utilizando esas instituciones para preservar
aquello que sería imposible preservar desde la iniciativa
particular. Señorías, ¿por qué no se modificaron las zonas del
norte de la isla de Ibiza, que son áreas naturales de especial
interés también? ¿Por qué no se modificaron estas zonas, que
son de pequeños propietarios, y sí se modificó esa importante
zona que básicamente, en su 90 por ciento, pertenece a una
sola propiedad?
Hay que preguntarse por qué los valores ambientales y
naturales de esta importante zona no han sido protegidos. La
pregunta es retórica, pero sirve para responderla cada uno de
ustedes mismos, también los miembros del Grupo Popular.
¿Estaríamos hoy aquí discutiendo esta iniciativa si este área
no fuera de los propietarios que es, o estaríamos ya con un
área protegida desde hace diez años, como otras con menos
interés dentro de la Comunidad de las Islas Baleares y que,
por tanto, no tendría que ser objeto aquí hoy de discusión
porque se habría ya protegido?
Señorías, 50 endemismos vegetales y animales, 25 elementos
expresamente incluidos en la directiva 43/92 de la Comunidad
Económica Europea, más de 200 especies diferentes de aves en
colonias reproductoras invernantes de primer orden,
importantes sistemas dunares, humedales de importancia
internacional, islotes que sirven de comunicación entre los
dos espacios que integran ese importante espacio natural. ¿Les
parece esto poco para tener ésta y todas las discusiones que
hagan falta en esta Cámara para poner de manifiesto
la falta de voluntad de proteger esta importante zona, porque
hay intereses poderosos particulares, políticos y económicos
que impiden esta protección? ¿Les parecen éstos pocos
argumentos? ¿Hay muchas zonas en el conjunto del territorio
español que tengan estos elementos científicos a preservar
como los que tiene esta zona? ¿No les parece casi vergonzoso
tener que venir aquí a proteger una zona que debería haber
sido protegida por la Comunidad, porque somos los primeros
beneficiarios de la conservación de esta importante área
natural? ¿Es que no debería ser la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares la que, de verdad, protegiera estos valores que
no pertenecen ni siquiera a nuestra generación, sino que
tienen que ser disfrutados también por futuras generaciones?
Naturalmente que sí. Naturalmente que estamos dispuestos a
apoyar orgullosamente cualquier figura que pueda llevar a la
protección de esta importante área.
Se ha hablado mucho de la legalidad, pero, insisto, la Ley
4/1989, en su artículo 21.3, especifica claramente --y no ha
podido rebatirlo ninguno de los intervinientes-- que son
competencia del Estado las reservas naturales que se
residencian en áreas de dominio público marítimo-terrestre.
Además, permite también la misma Ley, en su artículo 18, dotar
a estas áreas de protección de áreas periféricas de
protección. Y hay una sentencia del Tribunal Constitucional
sobre la Ley de Costas y el dominio público marítimo-
terrestre, que nos debería aclarar a todos nosotros
definitivamente cuál es el ámbito de actuación que tiene el
Estado y cuáles son los ámbitos de actuación de las
comunidades autónomas.
En lo que es dominio público marítimo-terrestre entendemos que
es el Estado el que tiene que intervenir. En este sentido...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vaya terminando, señor
Costa.
El señor COSTA COSTA: Acabo, señor Presidente.
En este sentido, vamos a apoyar la proposición de ley.
Lo que nos permite la iniciativa de Izquierda Unida es
adelantar una discusión de algo que tendríamos que tener
dentro de un mes y medio o dos meses, cuando el Gobierno del
Estado hubiera expuesto al público el plan de ordenación de
los recursos naturales; es decir, nos permite una economía de
medios y de tiempo que esta Cámara debe agradecer.
Es perfectamente posible acompasar la tramitación de esta
proposición de ley con los tiempos necesarios para que
tengamos definitivamente aprobado el plan de ordenación de los
recursos naturales y definitivamente fijada también la
delimitación del dominio público marítimo-terrestre para
cuando esta Cámara lo tenga que aprobar.
Esta proposición de ley es mejorable técnicamente. Nosotros
vamos a trabajar para mejorarla y para que, de verdad, dote de
una protección a esta importante área natural y nos vamos a
comprometer en solidaridad con nosotros mismos, el pueblo de
Ibiza y Formentera, y con las futuras generaciones de
ciudadanos de nuestras Islas. Vamos a comprometernos,
señorías, en mantener un espacio con valores ambientales,
culturales, científicos y económicos. Valores ambientales que
están en la propia exposición de motivos que ha hecho
Izquierda Unida; culturales, derivados de la extracción
milenaria de la sal y del elemento de comunicación que la sal
ha supuesto para las Islas Pitiusas; científicos, porque
conforman microorganismos que son irreproducibles en el
conjunto del Estado español; y, económicos, porque nuestra
economía, señorías, se basa en los servicios y en el turismo,
y el soporte fundamental del turismo en nuestras islas no es
otro que el territorio, no es otro que la belleza natural, no
es otro que precisamente el encanto paisajístico, los valores
científicos, y ésta es la zona más representativa de todas
cuantas hay en las Islas Baleares respecto a valores
naturales.
Señorías, muchas gracias, y esperamos obtener el apoyo
suficiente para poder aprobar esta proposición de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Costa.
La señora Rahola ha indicado a la Presidencia que había
solicitado la palabra, pero la Presidencia no lo había
advertido. Tiene S.S. brevemente la palabra para un turno de
fijación de posiciones.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente, por
resolver esta pequeña disfunción entre la Mesa y la montaña.
Voy a ser breve porque, sobre todo, los grandes argumentos ya
han sido en su momento utilizados. Esquerra Republicana va a
votar favorablemente a esta proposición por tres motivos
fundamentales: el histórico, el ecológico y el político.
El motivo histórico, porque entendemos que la lucha en defensa
de esa Salinas ha constituido durante años, muchos años, en
Las Pitiusas la única movilización popular que ha habido.
Históricamente Las Salinas eran propiedad de los pueblos de
Ibiza y Formentera; eran administradas directamente por la
universidad y el gobierno autónomo de Ibiza durante los
estados de la Corona catalano-aragonesa; eran, por tanto,
propiedad popular. Fueron, en su momento, cogidas directamente
por Felipe V al acabarse la Guerra de ocupación y,
posteriormente, la monarquía española las vendió a la familia
Salas de Mallorca, famila de la que, como ustedes saben, forma
parte la esposa de Gabriel Cañellas. De resultas de esta venta
se formó la compañía Salinera
Española, S.A., que las ha explotado hasta el momento.
Entendemos que históricamente es evidente que tienen que
volver a estar protegidas popularmente, puesto
que han sido hasta el momento fruto de la pura y dura
especulación. Las Salinas es una zona de gran riqueza
ecológica, como ya se ha dicho aquí, y de una belleza natural
notable, y han sido tradicionalmente codiciadas por parte de
los especuladores inmobiliarios que han intentado
repetidamente construir diversos tipos de urbanizaciones.
La movilización popular, en este sentido, ha sido reiterada de
manera permanente y además, nos consta, fruto de un trabajo
que en su momento se hizo en Ibiza. Incluso hay muchas
personas vinculadas al Partido Popular que están a favor de su
protección natural.
En todo caso, un último apunte. Señorías, señor Presidente, a
autonomistas o a nacionalistas no nos va a ganar nadie. Es
evidente que Esquerra Republicana vota a favor de esta
proposición porque entiende que no va, en absoluto, a favor de
la soberanía de ningún Parlamento.
En este momento tenemos una Ley, la número 4/1989, que está
vigente, fruto de la cual pedimos la protección. Si en su
momento hay una sentencia del Tribunal Constitucional en
contra de la ley, nosotros, que desde el Parlamento pedimos
ese recurso, estaremos a favor. Pero mientras ello no ocurra,
entendemos que, fruto de la ley que en estos momentos existe,
pueden protegerse esas Salinas; que no haya quien se esconda
bajo la bandera del nacionalismo, curiosamente en este caso en
un punto concreto como es el tema de esas Salinas, cuando lo
que hay detrás es la pura y dura especulación en un espacio de
alto contenido ecológico que tendría que ser preservado. Fruto
de la sensibilidad ecológica y de la sensibilidad
nacionalista, es por lo que pedimos su protección y, por
tanto, votamos a favor.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Rahola. Vamos a pasar a la votación de la toma en
consideración de la proposición de ley que se acaba de
debatir. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación para la toma en consideración de
la proposición de ley del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya por la que se declaran reserva natural Las
Salinas de Ibiza («Ses Salines»), las Islas des Freus y Las
Salinas de Formentera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 293; a favor, 153; en contra, 137; abstenciones,
tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración.
AVOCACION POR EL PLENO DE PROYECTOS DE LEY:
--PROYECTO DE LEY DE ACTUALIZACION DE LA LEY ORGANICA 11/1983,
DE 25 DE AGOSTO, DE REFORMA UNIVERSITARIA (Número de
expediente 121/000051)
El señor PRESIDENTE: Señorías, la Mesa de la Cámara oída la
Junta de Portavoces, ha acordado, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, proponer al
Pleno la avocación de la deliberación y votación final del
proyecto de ley de actualización de la Ley Orgánica 11/1983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria.
¿Acuerda el Pleno recabar para sí la deliberación y votación
de este proyecto de ley? (Asentimiento.)
Queda aprobada la avocación.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, RELATIVA A LOS CRITERIOS
MAS IDONEOS PARA LA VENTA DE UN IMPORTANTE PAQUETE ACCIONARIAL
DE LA SOCIEDAD GENERAL AZUCARERA DE ESPAÑA, S.A. (Número de
expediente 162/000148)
El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día:
Proposiciones no de ley. Proposición del Grupo Socialista
relativa a los criterios más idóneos para la venta de un
importante paquete accionarial de la Sociedad General
Azucarera de España, S.A.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Roncero.
El señor RONCERO RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el pasado 24 de octubre nuestro Grupo presentó
simultáneamente una proposición no de ley en esta Cámara y una
moción en el Senado relativas a los criterios más idóneos para
la venta de un importante paquete accionarial de una
determinada sociedad del sector del azúcar en nuestro país que
en aquellos momentos estaba siendo estudiada por uno de los
accionistas mayoritarios de dicha sociedad. Como quiera que en
este plazo de tiempo se ha discutido en el propio Senado esta
moción que nuestro Grupo presentó, conjuntamente con esta
proposición no de ley, y se llegó allí a acuerdos unánimes
sobre este problema; como quiera también que dicho accionista
mayoritario ha manifestado su voluntad de paralizar
momentáneamente la oferta de venta que tenía puesta en
práctica, nuestro Grupo no mantendría en sus términos la
citada proposición no de ley, sino que, a la vista de la
situación planteada actualmente, con estos debates anteriores
habidos en la Cámara Alta, y de las circunstancias que han
venido
acaeciendo en el sector, nuestro Grupo lo que hace es intentar
consensuar y refundir las posiciones de todos los grupos,
tanto en el Senado como aquí, uniendo las enmiendas que a esta
proposición no de ley han sido planteadas por el Grupo Vasco
(PNV) y por el Grupo Popular, e intentar en esta reflexión ir
un poco más allá del problema concreto de una posible venta
accionarial de una determinada sociedad, y llegar al debate de
la reestructuración, futuro y perspectivas del sector
remolachero azucarero en el contexto de la industria
agroalimentaria de nuestro país.
Creemos que esto es importante, debemos tomar posiciones sobre
el futuro de este sector, sobre la reforma de la organización
común de mercado, sobre los planes de reestructuración,
etcétera. Por tanto, nuestro Grupo no defiende en sí mismos
los términos de esa proposición no de ley, sino que pasará a
la Presidencia --los grupos lo conocen-- una enmienda
transaccional que engloba nuestra proposición y las enmiendas
presentadas por el Grupo Vasco (PNV) y por el Grupo Popular,
para tratar de enmarcar, dadas las nuevas circunstancias que
he venido enumerando, el problema en sus términos actuales y
de futuro. Como saben SS.SS., el sector remolachero azucarero
es de gran importancia social en nuestro país, ocupade manera
directa a más de 5.000 personas, da ocupación a empresas
auxiliares de diferente tipo, tiene un tejido industrial en el
entorno rural y cerca de los productores que se vería afectado
muy negativamente sin estas industrias. El sector remolachero
también ocupaa más de 40.000 empresarios agrícolas y da el
equivalente a unos 10.000 puestos de trabajo, que son
indispensables en la agricultura española, en función de las
ventajas agronómicas y sociales que presenta ese cultivo.
Sabemos que en la Unión Europea el azúcar se comercializa en
función de cuotas que los Estados miembros distribuyen entre
las empresas ubicadas en su territorio. La propuesta de
reforma de la organización común de mercado en principio
tendrá una vigencia de seis años, hasta la campaña 2000-2001,
es decir, no supone cambios en este aspecto y garantizará la
existencia de cuotas; sin embargo, siguen existiendo presiones
de aquellos países que debido a sus altos rendimientos, y
esgrimiendo el criterio de especialización productiva,
prefieren que la cuota sea comunitaria y que su distribución
por empresas la efectúe la Unión Europea.
En caso de que se siga presionando en este sentido y la cuota
pudiera perder su carácter nacional, dado que por diversas
causas el sector español es menos competitivo que la media
europea, podría darse la situación de una tendencia a que la
producción de azúcar española se fuera a otros países con
condiciones objetivas más apropiadas para su producción. Este
hecho sólo se vería frenado por las cuantiosas inversiones que
son necesarias para poder estar en condiciones de producir
azúcar, freno que no existiría si hubiera empresas que ya
tuvieran realizadas esas inversiones en aquellos países que
presentan mejores condiciones objetivas. Es imprescindible,
por tanto, conseguir una equiparación o una mejora de nuestra
competitividad y de nuestros rendimientos nacionales con los
comunitarios, así como que las empresas produzcan las cuotas
que tienen asignadas para lo que serán necesarios importantes
esfuerzos en el sector, y en el sector industrial
especialmente, para conseguir esa citada equiparación. La
necesidad de realizar estos esfuerzos es mucho más palpable en
aquellas empresas que tengan implantación e intereses en el
Estado español, siendo menos palpable, por contra, en aquellas
otras que, estando implantadas en otros Estados miembros de la
UE, pudieran derivar hacia ellos sus esfuerzos no
necesariamente de manera premeditada.
Finalmente hay que considerar la importancia relevante que
tiene el hecho de que en los distintos foros nacionales e
internacionales sean convergentes las opiniones y los
intereses de los industriales, de los cultivadores y de las
diferentes administraciones, lo que sin tener que estar
garantizado, siempre será más fácil conseguir si la empresa
tiene una fuerte implantación en el territorio nacional. Por
ello, y muy brevemente, señorías, en función de los
antecedentes que ya he comentado al principio de mi
intervención --de los debates ya producidos en el Senado, de
la situación actual y del devenir del problema--, nuestro
Grupo presentaría una enmienda transaccional que vamos a pasar
a la Presidencia después de leerla literalmente, en la que
incluso cambiaríamos el título de la proposición no de ley,
que diría proposición no de ley relativa a la reestructuración
y modernización del sector remolachero-azucarero español y que
tendría el siguiente texto transaccional, con nuestra
proposición y las enmiendas que han sido presentadas a la
misma por el Grupo Popular y por el Grupo Vasco (PNV).
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el
ámbito de sus competencias y ante la preocupación de esta
Cámara por la estabilidad y permanencia de la industria
agroalimentaria española: 1.º Trate de que, sin menoscabo de
la libertad de mercado, los movimientos accionariales que se
puedan producir en la industria agroalimentaria española y en
sectores estratégicos tales como la industria azucarera
incluyan la participación del sector productor como futuros
accionistas, de tal forma que se produzca la integración de la
producción en la industrialización para que participen en el
valor añadido del producto final y en la mejora de la renta de
los agricultores. 2.º Que el caso concreto de la industria
azucarera se posibilite un acuerdo satisfactorio entre los
cuatro grupos empresariales productores de azúcar para que
lleven adelante un plan de reestructuración que tenga en
cuenta los equilibrios territoriales, la permanencia del
cultivo y
las inversiones necesarias para racionalizar los costes
industriales, incentivar el ahorro energético, depuración de
residuos y abaratamiento del producto final. 3.º, y aquí
incorporamos literal y prácticamente las enmiendas del Grupo
Popular: Remita a la Cámara en el plazo más breve posible una
comunicación para su debate en la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca, que contemple: A) Presente y futuro
previsible del sector azucarero en España. B) La posición del
Gobierno en relación con la futura reforma de la OCM del
sector del azúcar, teniendo en cuenta el elevado valor
estratégico, económico y social que este producto tiene para
amplias comarcas españolas productores de remolacha. Y,
finalmente, señorías, respecto a la enmienda del Grupo Vasco
(PNV), consideramos que el aspecto concreto de ayudas a la
mejora de las rentas de los agricultores en términos generales
está contemplado en la redacción que presentamos y su
concreción podrá debatirse, podrá hablarse de ella, aprobar
resoluciones después del debate que proponemos en esta
proposición no de ley, que sería posterior a esa comunicación
del Gobierno, y de las posteriores iniciativas o resoluciones
que pudiéramos tomar sobre la misma, en donde podríamos ayudar
al Gobierno a establecer los criterios para la
reestructuración y modernización del sector remolachero-
azucarero español. Nada más, señorías. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Roncero.
Enmiendas del Grupo Vasco (PNV). Para su defensa y para fijar
la posición de dicho Grupo tiene la palabra el señor
Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Nos parece que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado
una proposición no de ley interesante, porque el sector
productor de remolacha y la posterior industria de
transformación de la misma en azúcar es un sector importante,
estratégico, en el sector primario agrícola español.
Entendemos que la consagración de un sector azucarero fuerte
en España pasa por que haya una participación y una estrecha
relación o vinculación entre el sector productor con la
participación, en la medida de lo posible, en la industria
transformadora. Eso es lo que, en definitiva, ha de
auspiciarse por parte de los poderes públicos, puesto que,
como saben SS.SS., los mecanismos de rentabilidad de la
producción de azúcar respecto a otros países de la Unión
Europea son inferiores en nuestro país. La eliminación del
período transitorio estableció unos mecanismos de ayudas,
tanto al sector productor como a la industria transformadora,
mecanismos que eran de carácter decreciente en cuanto a las
ayudas que se iban a recibir. No obstante, efectos como la
devaluación de la peseta han supuesto que la agricultura
española, fundamentalmente los productores, hayan podido salir
beneficiados al margen de ese sistema decreciente de ayudas
que se había fijado.
Por lo tanto, nosotros vemos pertinente que, por parte de los
grupos parlamentarios, se auspicie la participación del sector
productor en la industria azucarera. En definitiva, es un
planteamiento extrapolable, de una manera o de otra, a otros
sectores, como puede ser el sector de la industria láctea (que
nuestro Grupo Parlamentario ha planteado en una relación de
silogismo muy parecido al que ahora estamos debatiendo),
respecto del cual entendemos que al existir un mecanismo de
producción del azúcar a través de cuotas, hay un denominador
común a ambas producciones y a ambas industrias de
transformación.
Lo que nosotros planteábamos en nuestra enmienda (que va ser
objeto de retirada en la medida en que hemos llegado a un
acuerdo transaccional, con la incorporación también de la
enmienda del Grupo Popular) era que, con posterioridad a ese
debate que va a haber respecto a cómo va a quedar la
organización común del mercado del azúcar, para arbitrar la
participación del sector productor en la industria, se
requiere de unos instrumentos, que en definitiva son las
ayudas a través de las administraciones de Agricultura
españolas, la central y las de las comunidades autónomas, para
que se produzca esa modernización del sector productor y del
sector industrial y esa efectiva relación y estrecha
vinculación. Por lo tanto, nosotros aceptamos esa enmienda
transaccional y entendemos que el posterior debate que
próximamente va a haber en relación a la futura organización
común del azúcar, con sus modificaciones, junto con la
posición política que va a mantener el Gobierno español al
respecto, nos va a dar argumentos, información y solidez
suficientes para que esta Cámara pueda formular su posición
definitivamente sobre esa cuestión. Para ello, es interesante
que alcancemos un acuerdo político, si es posible unánime,
para que no se avance hacia una modificación de la OCM que
tienda a una producción de cuotas de carácter europeo, puesto
que lo que pretendemos es proteger al agricultor español y a
la industria española, así como al empleo indirecto que está
produciendo en nuestra economía.
Por todo ello, quiero manifestar nuestra sintonía con esta
enmienda transaccional, y después de la comunicación que
realice el Gobierno --esperamos que sea en breve--, fijaremos
la posición definitiva por parte de esta Cámara, que en
definitiva es la que va a defender el Gobierno, en función del
ejercicio que corresponde a esta Cámara del control y del
establecimiento de un marco de directrices políticas para el
Ejecutivo, que ha de negociar tales cuestiones en el ámbito de
la Unión Europea.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Enmienda del Grupo Popular.
Para su defensa y para fijar la posición del Grupo Popular,
tiene la palabra el señor Ramírez.
El señor RAMIREZ GONZALEZ: Señor Presidente, señorías, como
bien ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista,
el propio Grupo Socialista ha cambiado, ha enmendado su
proposición, ha aceptado nuestras enmiendas y ha planteado
ante este Pleno un debate distinto al que se contemplaba
inicialmente en su proposición. Se hablaba en la misma de una
toma de posición de esta Cámara respecto al destino que se iba
a dar a un importante paquete de acciones de una importante
empresa azucarera. Bien es verdad que aunque aquí se han
señalado fechas, el Grupo Socialista solamente había copiado
la iniciativa que ya se había adoptado en las Cortes de
Castilla y León el pasado día 21 de octubre. Es decir, tres
días antes de la fecha que señala el registro de la Cámara
para la iniciativa del Grupo Socialista, el Grupo
Parlamentario Popular en aquella Cámara, unido al resto de los
grupos parlamentarios, había presentado para su debate un
texto prácticamente igual.
Las circunstancias han cambiado y en este momento, retirada la
amenaza de venta de ese paquete accionarial y, por lo tanto,
no puesta en peligro la propiedad española de esa importante
participación, el Grupo Socialista nos trae esta tarde a
nuestra contemplación y al debate una declaración de
intenciones que va más allá del futuro de una industria
agroalimentaria, cual es el azúcar, para hablar de cuál debe
ser la posición de la Cámara, del Parlamento español, en
relación a la propiedad de los paquetes accionariales de la
industria agroalimentaria. Yo me alegro profundamente, señor
Roncero, del importante cambio que ello denota en el Grupo
Parlamentario Socialista. Ya no estamos solamente ante una
declaración de sector estratégico, como en su día se declaró
el aceite de oliva, para que luego el Gobierno no moviera ni
un ápice ninguna voluntad cuando se veía que los paquetes
accionariales de un sector estratégico como el aceitero
cambiaban de manos, cambiaban de propiedad y no eran de
propiedad española. Yo me alegro muchísimo, porque
efectivamente dicho está que ustedes suelen acertar cuando
rectifican. Por lo tanto, bienvenida sea la declaración del
Grupo Socialista, bienvenido sea que en esta Cámara se adopten
esos criterios de recomendación, dentro de la libertad que
reconocemos al mundo capitalista para las adopciones de
actitud de mercado en la lucha y defensa de sus intereses, y
bienvenido sea que el Grupo Socialista, es decir, el Gobierno
Socialista, tome precauciones y alerte en relación a ese
cambio de propiedades. Efectivamente en el sector azucarero
estamos nuevamente ante un sector estratégico. 175.000
hectáreas en España se dedican a este cultivo. Directa o
indirectamente 100.000 personas tienen causa profesional en el
sector. Es un sector que produce 7,5 millones de toneladas de
raíz y 1 millón de toneladas de azúcar. Es un cultivo
insustituible en inmensas comarcas españolas. No hay
alternativa agronómica en aquellos regadíos mesetarios que en
alturas superiores a los 700 u 800 metros no encuentran ciclo
vegetativo más adecuado que para el desarrollo de este
cultivo.
Tenemos 1 millón de hectáreas en la cuota comunitaria.
Nosotros no estábamos de acuerdo en su momento en esa
asignación tan pequeña. La agricultura española ha hecho un
gran esfuerzo en este cultivo, en el que tiene que tener una
extraordinaria dedicación, superior a la de sus homólogos
franceses; recuérdese que la remolacha en España tiene que ser
un cultivo de regadío frente al cultivo de secano que es la
práctica habitual en el resto de la Unión Europea. Pues bien
señorías, aunque se nos ha dado el margen de que en los
próximos seis años no se va a entrar en la disminución o
aumento de las cuotas nacionales, existe el peligro latente de
que se intente que esta cuota pase de una base nacional a una
base comunitaria. Y hay que recordar, señor Roncero, que en
este momento la industria azucarera comunitaria prácticamente
tiene un solo propietario: el grupo Ferruzzi, grupo del que ya
sabemos cómo actúa en España. Por tanto, cualquier pretensión
de comunitarizar este cupo pondría en peligro que el derecho
individual que asiste a un agricultor pudiera volatizarse
porque su industria intentara cambiarlo y radicarlo en sus
abastecimientos más allá de los Pirineos. Es bueno, por lo
tanto, que tengamos conocimiento de esta estrategia que puede
llevarse a cabo por grupos multinacionales. Es bueno que
sepamos que el Gobierno socialista apuesta, esta vez, por la
defensa de los intereses españoles. Nos hubiera gustado --
repito-- haberle visto en esta posición en anteriores
ocasiones. He hablado del aceite pero podríamos hablar de los
fertilizantes, como sucedió hace unos años, donde
desaparecimos como rectores del destino de la fabricación de
fertilizantes en España. Por lo tanto, señoras y señores
Diputados, nuestra petición ha sido que el Gobierno comparezca
con un comunicado en esta Cámara. Pedíamos que fuera en el
plazo de un mes. El Grupo Socialista nos dice que en breve
tiempo. Vamos a aceptar esta modificación. Esperemos que en el
mes de febrero no tengamos que recordar al Grupo Socialista
que aún no ha comparecido el Gobierno. Estudiaremos el
comunicado que nos haga llegar el Gobierno y sabremos las
posiciones que adoptará frente a la futura reforma.
Se acaba de preguntar por el representante del Grupo Vasco
(PNV) qué va a hacer el Gobierno respecto a algo que está
pidiéndose por parte del sector productor. ¿Vamos a apostar
por cuota nacional o vamos a apostar por cuotas regionalizadas
que se aproximen a la esperanza y a la hipótesis más
plausible, por parte
del Grupo Popular, que es la de la cuota individual, aquella
cuota que acompaña al agricultor? Con eso, señorías,
acabaríamos con la especulación que existe en este mundo
industrial. ¿Qué sería de una industria si no tiene cuota?
Acabaríamos con la especulación. Si la cuota pertenece a una
región o a los agricultures, no tendríamos la tentación
especulativa que hemos sufrido recientemente, que por ahora ha
desaparecido, pero que nos tememos que pueda volver.
Votaremos que sí al texto alternativo que ha presentado el
Grupo Socialista como síntesis de la primitiva posición del
Grupo y de las enmiendas que se han presentado y esperamos con
mucha atención conocer la estrategia que va a defender el
Gobierno socialista para este sector, y nos felicitamos de
que, por una vez, el Gobierno socialista y el Grupo que le
apoya hayan apostado por la defensa de los intereses españoles
para el sector agroindustrial. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramírez.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Mur.
El señor MUR BERNAD: Muchas gracias señor Presidente.
A estas alturas del debate y conocidas las enmiendas
transaccionales que ya se han expuesto y defendido,
apoyaremos, en la medida en que dichas enmiendas sean
aceptadas por el Grupo proponente, las transaccionales que
sinteticen el sentir de lo que aquí se ha venido defendiendo
hasta ahora.
Cuando conocimos esta iniciativa del Grupo Socialista la
valoramos positivamente, al ver la preocupación que sentía el
Grupo del Gobierno por el futuro del sector azucarero y
remolachero, que nos parece de la máxima importacia, pero al
mismo tiempo no entendíamos cuál era el sentido de esta
propuesta, dado que la mayor parte de las actuaciones que
incidían sobre el problema a tratar dependen del propio
Gobierno socialista. Daba la sensación de que el Grupo
Parlamentario Socialista quería enmendar la plana o dirigir la
acción de lo que no se había hecho desde el Gobierno --a
nuestro juicio, es mucho lo que no se ha hecho-- y que ha dado
lugar a que se haya llegado a esta situación. Afortunadamente
la decisión del grupo accionista mayoritario de Azucarera, que
en aquellos momentos parece ser que estaba en negociaciones de
venta de un paquete importante que dio lugar a esta
proposición, ha cambiado, por la razones que sean y, desde
luego, respetando mucho la libre iniciativa y el libre mercado
que en este caso creo que debe primar en cuanto a la decisión,
por parte del grupo propietario, de vender o no vender la
mayoría de las acciones, creo que esa decisión de posponer la
venta hace, de alguna manera, innecesario lo que aquí se
proponía por el Grupo Socialista. Bien es verdad que, a raíz
de este problema planteado con las enmiendas transaccionales,
vamos a abordar quizá el fondo del problema, que no es
precisamente la venta de un paquete accionarial de una
sociedad azucarera, sino algo mucho más profundo: cuál es el
futuro del sector azucarero de España en relación con las
cuotas de la Comunidad Europea. Ese es el verdadero fondo del
problema. Y en la medida en que esta proposición sirva para
una mayor sensibilización de todos los grupos políticos, pero
fundamentalmente del Gobierno, para abordar con acierto este
problema, creo que habrá valido la pena el que se haya
debatido aquí esta tarde. Y, como digo, apoyaremos las
enmiendas transaccionales que se han presentado. Nada más,
muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mur.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, la
señora Rivadulla tiene la palabra.
La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a fijar la posición del Grupo Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en relación con la
primitiva proposición no de ley, relativa a los criterios más
idóneos para la venta de un importante paquete accionarial de
la Sociedad General Azucarera de España, S.A., que
posteriormente ha sido sustituida, incluso en el enunciado,
por la enmienda que se ha pactado entre los diferentes grupos.
En primer lugar, quisiera decir a SS.SS. que el Grupo Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya se felicita de que
en esta ocasión el Grupo Socialista se haya pronunciado sobre
la conveniencia de que el sector agroalimentario esté
fundamentalmente en manos españolas. No es lo mismo una
empresa del sector agroalimentario multinacional que una
empresa española. En ese sentido he observado un cambio
importante en relación a la primera comparecencia del ex
ministro Albero, que me sorprendió de forma muy negativa
cuando a una consideración de esta Diputada, sobre la
preocupación que sentíamos respecto a cómo las industrias
agroalimentarias iban pasándose al sector de las
multinacionales paulatinamente, me vino a decir que en
realidad no le importaba de quién era la titularidad porque
una empresa comunitaria es una empresa española y una empresa
española es una empresa comunitaria y que, por tanto, lo que
diferenciaba a unas de otras eran matices.
Señorías, no son matices. Es importante que esas empresas
agroalimentarias, que son las que hacen que el producto final
agrario se multiplique de forma considerable cuando es objeto
de transformación, estén vinculadas a la tierra y vayan a
incrementar la renta de los agricultores, y que el valor
añadiddo vaya a parar a manos de agricultores o industriales
españoles.
En realidad, señorías, no sé que es lo que estamos discutiendo
ahora. Hay una enmienda que ha sido consensuada, de cuyo
último punto participa la enmienda que había presentado el
Grupo Popular. En realidad, esta proposición no de ley que nos
trae hoy el Grupo Socialista viene derivada del propósito del
BCH --Banco Central Hispano-- de vender un importante paquete
de acciones a la sociedad francesa Général Sucrière. Este era
un motivo de gran preocupación, pero parece ser que de momento
ha quedado solventado por cuanto que el propio presidente del
banco ha dicho que tiene la intención de no vender. De
cualquier manera, ante la situación del momento actual, que
nos ha obligado incluso a cambiar la orientación de la
proposición no de ley, diría que, efectivamente, parece que de
momento los temores se dispersan, pero el Gobierno no debería
bajar la guardia; no debería bajar la guardia porque también
se ha oído que esto es coyuntural y que en el momento en que
haya un cambio de Gobierno o el señor Atienza no tenga una
posición firme sobre este asunto el Banco Central Hispano
podría volver otra vez a su intención de vender ese paquete
accionarial.
Es importantísimo, señorías, que tengamos en cuenta que, como
contempla el punto 1.º de la proposición no de ley, en el caso
de que esas acciones se vendieran, fueran a parar a un grupo
español, pero no a cualquier grupo español. Eso es lo que
nuestro Grupo quisiera someter a la consideración de SS.SS.
esta tarde: no a cualquier grupo español. Habría la
posibilidad de que una empresa, Ebro Agrícola, se hiciera con
ese paquete accionarial, pero nuestro Grupo no estaría de
acuerdo con ello porque consideramos que sería una solución no
positiva, ya que nos llevaría a una situación prácticamente de
monopolio en el sector que creemos que no es positiva. Por
otra parte, Ebro Agrícola, que es la principal empresa
envolturadora del país, tiene unas relaciones de gran
conflictividad con el sector productor y no pensamos que sea
la mejor solución. Ante una situación de cambio de titularidad
de las acciones, nuestro Grupo iría hacia sociedades
españolas, pero, si puede ser, con contenido cooperativo. En
el sector hay una, Acor, que es la que garantizaría, de alguna
manera, que la cuota continuara siendo siempre española,
puesto que los productores viven del cultivo de la remolacha y
tienen voluntad de permanecer en ese cultivo, lo haría que
fuera extremadamente difícil que, ante una situación de
modificación posterior de la Organización Común de Mercado del
azúcar, en la que se fuera hacia el criterio de la
especialización y de la comunitarización de la cuota, no se
pudiese producir en nuestro país. Porque tenemos que tener en
cuenta que, en nuestro país, el cultivo de la remolacha cuenta
con condiciones estructurales y climáticas peores que, quizá,
con el plan de reestructuración que esta proposición no de ley
plantea, pero no es ese el momento en que nos encontramos.
Lamento, señorías, que el PNV haya retirado su enmienda. Y lo
lamento porque iba a concretar el punto 1.º de la proposición
no de ley del Grupo Socialista, que dice que es importante que
se produzca la integración de la producción en la
industrialización para que participe en el valor añadido del
productor final y en la mejora de la renta de los
agricultores. La enmienda del PNV iba en el sentido de
garantizar que habría fondos públicos para que esas rentas,
efectivamente, estuvieran dotadas. Creo que habría sido
importante que el PNV hubiese mantenido esta enmienda, porque
muchas veces nos encontramos con que se producen declaraciones
en esta Cámara, por parte del Grupo Socialista y por parte del
Gobierno, que después no se compadecen en absoluto con la
práctica política del «Boletín Oficial del Estado». Me estoy
refiriendo, señorías, a cómo se puede decir hoy en esta Cámara
que hay una voluntad de que el sector productor participe en
todos los procesos de industrialización y que, por tanto, el
valor añadido vaya a incrementar las rentas de los
agricultores y, por otra parte, se haya publicado el Real
Decreto 54/1994, por el que se deroga normativa anterior en la
que se establecía la prioridad de las entidades asociativas
para acceder a los planes para inversiones de comercialización
e industrialización de productos agrarios. Esto, señorías, ha
sido derogado hace muy poco, y ahora aquí se nos viene con una
declaración de intenciones.
Pues bien, yo pienso que haremos creíble la acción política en
la medida en que lo que se dice en esta Cámara después tenga
reflejo en el «Boletín Oficial del Estado». Es por eso que
lamento que se haya retirado esa enmienda. De cualquier modo,
señor Presidente, señorías, nuestro Grupo va a votar
favorablemente esta enmienda transaccional que presenta el
Grupo Socialista, que ha sido consensuada con el Grupo
Popular, y con el PNV, y vamos a participar activamente en el
debate que se produzca como consecuencia de la comunicación
que el Ministerio de Agricultura traiga a la Comisión de
Agricultura para examinar el futuro del sector de la
remolacha.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rivadulla. (El señor
Roncero Rodríguez pide la palabra).
Tiene la palabra el señor Roncero.
El señor RONCERO RODRIGUEZ: Para recordar a SS.SS. que también
querríamos cambiar el título de la proposición no de ley que,
como he dicho en mi intervención, sería el siguiente:
Proposición no de ley relativa a los criterios más idóneos
para la reestructuración y modernización del sector
remolachero azucarero español. El título de la propia
proposición, con la transacción, sería ese; quiero recordarlo
para que los servicios de la Cámara puedan tomar buena nota de
ello.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: De todas manera, señor Roncero, como
sabe, el título no se somete a votación.
Proposición no de ley del Grupo Socialista, que se somete a
votación en los términos resultantes de la transacción
expuesta por el señor Roncero y aceptada por los grupos que
habían presentado enmiendas a la misma. Comienza la votación.
(Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 293; a favor, 293.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A
LA NORMATIVA DE LOS FONDOS DE AYUDA AL DESARROLLO (FAD) EN EL
MARCO DE UN PROYECTO DE LEY SOBRE COOPERACION (Número de
expediente 162/000135)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular
relativa a la normativa de los Fondos de Ayuda al Desarrollo
en el marco de un proyecto de Ley sobre Cooperación.
Tiene la palabra el señor Hernando Fraile. (El señor
Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor HERNANDO FRAILE: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, a lo largo de los últimos años, y desde que España
dejara de ser perceptora de ayuda oficial al desarrollo en
1977, procedente de otros países, los créditos FAD o los
créditos con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo se han
convertido en España en el principal instrumento de nuestra
ayuda oficial al desarrollo. Así, en 1993, el ICO realizó
pagos a empresas españolas por un importe de 99.230 millones,
lo que supone el 63 por ciento del total de nuestra AOD y el
82 por ciento del total de nuestra ayuda oficial al desarrollo
de tipo bilateral. Además, este instrumento se basa en una
regulación normativa que tiene su origen en el Real Decreto-
ley 16/1976, de 24 de agosto, y en los Decretos de febrero y
septiembre de 1977, en los que se constituye la comisión
interministerial. Además, en 1984, el Gobierno establece una
serie de criterios de funcionamiento de esta comisión
interministerial, en la que se establece la autorización
previa del Consejo de Ministros para aprobar operaciones con
cargo a estos fondos. Esta regulación normativa, que a nuestro
juicio es insuficiente y obsoleta, ha sido complementada,
además, por las disposiciones que se han venido arbitrando a
través de las leyes de Presupuestos Generales del Estado, año
tras año, en las que se han realizado unas dotaciones que, a
nuestro juicio, y vista la experiencia, son irreales, debido a
las desviaciones presupuestarias que se han venido
desarrollando todos los años.
Como decía al principio, esta escasa e inadecuada regulación
jurídica, basada en unos criterios que en numerosas ocasiones
se han incumplido o no se han tenido en cuenta, unido al
secretismo con el que el Gobierno ha utilizado este mecanismo
de financiación preferencial, puesto en evidencia en la
continua ocultación de datos al Parlamento, han provocado a
nuestro entender la perversión de este instrumento de ayuda
oficial al desarrollo, que ha sido concedido o denegado en
numerosas ocasiones de forma discrecional y arbitraria,
creando redes de intereses en las que la información
privilegiada o las influencias han estado a la orden del día.
Además, con ello, se ha abierto un claro camino para el
desarrollo de la corrupción, no sólo en nuestro país, sino en
los países presuntamente beneficiados, agravado todo ello con
que nunca se ha evaluado el desarrollo de ninguno de los
proyectos ni tampoco el impacto que los mismos han producido
en los países destinatarios de nuestra ayuda. Esto ha
posibilitado que se den casos en los que claramente se han
incumplido estos criterios y esta escasa regulación. Así,
podemos ver cómo se han financiado bienes de consumo, como
repuestos a Cuba, o azúcar, hilo o papel a Argelia, cuando
estos fondos no están previstos para este tipo de
financiaciones. Hemos visto también cómo se han aprobado
créditos no ligados a la exportación de bienes españoles, como
en el caso del metro de Medellín, de reciente actualidad por
su aprobación y autorización en 1993, o el famoso caso del
azúcar en Venezuela, para el que nuestro grupo solicitó en
esta misma Cámara una comisión de investigación.
También hemos visto cómo se han construido cárceles en Perú o
fábricas de cerveza en Cabo Verde; hemos visto cómo se han
realizado, a través de estos fondos, suministros de
combustible a Guinea Ecuatorial; donaciones a Nicaragua o a
Uruguay, consignadas como créditos; centros de
comercialización en Panamá, que se pagan, pero que tardan años
en construirse por falta de terrenos; créditos para camiones
de balasto en Mozambique, entregándose luego muchos menos de
los que inicialmente se preveía; líneas de alta tensión en
Angola que se convierten, señorías, en líneas de baja tensión
y, por último, y lo que a nuestro juicio también resulta
grave, venta de material militar o de doble uso, incluso a
países inmersos en contiendas civiles, como los casos de
Mozambique, Angola, Somalia o Uganda.
Señorías, algunas de estas irregularidades fueron puestas en
evidencia, junto a otras más, en el informe del Tribunal de
Cuentas de 1986 a 1990. En unas de sus conclusiones se
determinaba la necesidad de reformar
nuestra legislación por considerarla ambigua cuando no
contradictoria. Además, señorías, en los últimos 10 años se
han producido continuas desviaciones presupuestarias, como
decía antes. Se han producido autorizaciones en Consejo de
Ministros por un importe cercano a los 600.000 millones de
pesetas, mientras que los pagos del ICO sólo han alcanzado los
371.875 millones de pesetas. Esto ha creado un desfase en la
actualidad de más de 175.000 millones en los últimos años, que
provoca que a partir de septiembre el ICO tenga que suspender
pagos al carecer de fondos suficientes, y en ocasiones a ello
se acompañe la paralización de los proyectos con el
consiguiente desprestigio para España en los países objeto de
esta ayuda.
Es necesario recordar que España se incorporó al CAD de la
OCDE en 1991 y que hemos ratificado y firmado el consenso en
el que se establecen toda una serie de normas y
recomendaciones sobre la gestión de la ayuda oficial al
desarrollo. Además, el 24 de abril de este mismo año el Comité
de Ayuda al Desarrollo realizaba el primer informe sobre
nuestra ayuda oficial, que constituía un auténtico varapalo
contra la gestión del FAD por parte del Gobierno. Por todo
eso, y basándonos en la experiencia acumulada en los criterios
aprobados por esta Cámara el 26 de noviembre y otros
posteriores, como los de febrero de este año, así como en la
creciente demanda social, impulsada por movimientos sociales
como la plataforma del 0,7, en el sentido de que nuestra ayuda
oficial al desarrollo, y en especial los créditos FAD, tienen
que ser eficaces en la lucha contra la pobreza y gestionarse
con transparencia, es por lo que hemos presentado esta
proposición no de ley. Es una proposición no de ley en la que
pedimos que, en el marco de la ley de cooperación y ayuda al
desarrollo que se debe remitir a esta Cámara en el período de
6 meses, se proceda a la regulación del Fondo de Ayuda al
Desarrollo según una serie de criterios.
El primero de ellos es que el objetivo prioritario de los FAD
sea la financiación de exportación de bienes de equipo y
servicios españoles que contribuyan al desarrollo de los
países beneficiados. Establecemos, mediante este criterio, la
prioridad de los FAD en el desarrollo de los países
beneficiarios. En el informe del propio CAD, remitido a España
y realizado en este año, se decía que España figura entre los
países del CAD, en primer lugar, en cuanto a la orientación
comercial y, en segundo, en cuanto a la dureza de las
condiciones. Además, decía que sigue sin ajustarse a las
recomendaciones sobre condiciones financieras y los requisitos
de los créditos concedidos a los países más pobres son
particularmente rigurosos. Concluía que en el Ministerio de
Comercio no se hace valoración de la calidad de la ayuda de
los proyectos que se aprueban.
En el segundo de nuestros criterios pretendemos que se definan
o se marquen los sectores. Nosotros entendemos que tiene que
haber unos sectores de atención prioritaria y considerábamos
que fueran aquéllos referidos a la educación, a la sanidad, al
medio ambiente, a las infraestructuras y a las comunicaciones.
Este establecimiento de criterios de sectores prioritarios
posibilitaría también a nuestras empresas la planificación y
desarrollo de sus objetivos e intereses. En tercer lugar,
hacemos una referencia al tema del material militar, y para
ello pretendemos que se tenga en cuenta lo dispuesto en el
consenso de la OCDE, teniendo especial prevención para los
países inmersos en conflictos civiles. Ya he hecho referencia
al tema con anterioridad, pero hay que decir que entre 1987,
por no remitirme a un pasado más lejano, y 1991 se aprobaron
más de 14.000 millones para proyectos de este tipo.
En el punto 4 solicitamos que se limite la incorporación de
material y patentes extranjeras y que no sea superior al 10
por ciento del importe del crédito. En el caso de que la
procedencia de estos bienes fuera de otro país de la Unión
Europea, se estaría a lo previsto en los acuerdos internos de
la Unión. De esta forma, pretendemos apoyar y fomentar el
desarrollo de la industria nacional. En el punto 5 pretendemos
que se incluya la obligación del Gobierno de presentar una
memoria de evaluación y de seguimiento de cada una de las
operaciones autorizadas por Consejo de Ministros ante la
Comisión de Cooperación Internacional y Ayuda al Desarrollo,
del Congreso de los Diputados, recientemente creada, así como
ante la Comisión que, a estos efectos, determine el Senado,
valorando el impacto de los proyectos desarrollados. Nunca,
como decía antes, se ha evaluado el resultado de los proyectos
y se ha incumplido la escasa normativa existente en este
aspecto.
Además, en el punto 6 pedimos que se contemple la obligación
del Gobierno de facilitar la máxima difusión y favorecer el
acceso a estos fondos entre los empresarios españoles. Según
el CAD, señorías, sólo una pequeña porción de las peticiones
de financiación FAD son aprobadas por el Ministerio de
Comercio y, además, no existe ningún procedimiento de
licitación para la adquisición de los bienes y servicios en
España, a pesar de que el propio CAD recomienda, en sus buenas
prácticas, que la negociación directa se restrinja a casos
excepcionales. Este hecho de no concurrencia favorece el
encarecimiento de los productos exportados a través de los
sobreprecios.
En el punto 7 establecemos el sistema de unidad de acción y
pretendemos que toda nuestra cooperación y ayuda al desarrollo
pase a través de una comisión interministerial, respetando los
acuerdos del 26 de noviembre de 1992. En el punto 8 hacemos
referencia al respecto de los derechos humanos y las
libertades fundamentales de las personas, así como los
procesos de apertura y democratización que deben ser tenidos
en cuenta en todo lo que se refiera a nuestra ayuda oficial al
desarrollo.
En el punto 9 pretendemos limitar el pago de comisiones,
porque entendemos, señorías, que en créditos gobierno a
gobierno no tiene razón de ser la existencia de comisiones más
allá de lo que deben ser las comisiones normales en cualquier
operación comercial, y creemos que en esto hay que hacer
especial puntualización, ya que lo contrario podría producir
que estos casos que hemos visto a lo largo de los últimos días
se siguieran produciendo en un futuro. También en el punto 10,
como final de nuestro decálogo, pretendemos que se establezcan
normas relativas a la refinanciación y cobro de la deuda,
eliminando la discrecionalidad con la que en la actualidad
actúa el Gobierno en este sentido.
Nosotros entendemos, señorías, que los créditos FAD...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Hernando, vaya
terminando, por favor.
El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor Presidente. Enseguida
concluyo. Nosotros entendemos, señorías, que los créditos FAD
son responsabilidad directa del Gobierno en su conjunto,
debido a que los proyectos son autorizados en Consejo de
Ministros. Por tanto, los mismos afectan al interés general y
al nombre mismo de España en el exterior. Por eso consideramos
que la situación actual es insostenible y pretendemos
superarla haciendo compatible el desarrollo de nuestro país
con la ayuda eficaz al desarrollo sostenible de los países del
mal llamado Tercer Mundo.
Ese ha de ser el objetivo preferente de una herramienta de
cooperación que, como el crédito FAD, que por sus condiciones
financieras supone una donación de al menos el 35 por ciento
del importe total, debe ser revisado y redefinido por este
Parlamento de forma urgente. Por eso es por lo que solicitamos
a la Cámara la aprobación de esta proposición no de ley.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Hernando. A esta proposición no de ley se han presentado dos
enmiendas, una por parte del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, y otra por parte del Grupo
Socialista.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y también para fijar
su posición en general sobre este debate, tiene la palabra el
señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, quiero empezar señalando algunos hechos que enmarcan
el debate que estamos manteniendo.
Mi Grupo elaboró una proposición no de ley, que entró en
Registro el 22 de agosto de este año, sobre la política de
cooperación y ayuda al desarrollo, especialmente sobre los
créditos FAD que, desde entonces hasta ahora, no ha encontrado
hueco para poder se discutida en esta Cámara, por lo que vamos
a utilizar este trámite que el PP nos proporciona al haber
incorporado una proposición sobre el mismo tema, aunque
registrada en octubre de este año, para poder explicitar
nuestras opiniones sobre este asunto.
Quisiera empezar por hacer dos reflexiones. La primera,
respecto a la importancia creciente de la política de
cooperación y ayuda al desarrollo. Esa importancia creciente
no se produce exclusivamente por razones solidarias, razones
que, sin duda, han sido estimuladas en los últimos meses por
acontecimientos como algunos de los que hemos tenido ocasión
de contemplar, por ejemplo, la situación de marasmo en Ruanda
o la acción decidida de muchos hombres y mujeres que han
mantenido una movilización larga y dura como la que congrega a
la llamada Plataforma del 0,7 del PIB para el Tercer Mundo,
sino también por la acción continuada, ya con solera, de
muchas ONG que llevan ese noble sentimiento solidario a su
práctica concreta y cotidiana. Decía que no sólo son las
razones solidarias las que marcan la importancia creciente de
la política de cooperación. Yo creo que hay otras mucho más
prosaicas, que son las de nuestro propio interés, es decir, no
sé si SS.SS. podrán mantener hoy la tesis de que nuestro país,
en el contexto de Europa, pueda tener futuro, entendido el
futuro europeo como el de una isla rica, próspera, que come
todos los días, que tiene importantes niveles de protección
social, rodeada de una gran cantidad de países con miseria. No
es posible entender un futuro para nuestro país para el
conjunto de la Unión Europea, si no es desde la óptica
solidaria que obligue al desarrollo de nuestro entorno; no es
posible concebir a Europa como un isla rica rodeada de
miseria. Esa reflexión debería ser importante a la hora de
valorar el impulso necesario para que esta política de
cooperación y ayuda al desarrollo adquiera las dimensiones que
debe tener.
La segunda reflexión que me gustaría hacer, señor Presidente,
es una especie de alerta sobre las nuevas formas que el
neocolonialismo adquiere en estos momentos y que las puede
adquirir perfectamente a través de esa política de cooperación
y ayuda al desarrollo. Cuando el motor de la política de
cooperación que haga cualquier Estado --el nuestro, por
ejemplo--, el «Leitmotiv» de esa política sea encontrar
retornos, generar crecimiento de la industria en nuestro país,
esa forma inadecuada de entender la política de cooperación
será una forma de hacer neocolonialismo, lo último que
deberíamos hacer si partiéramos del mínimo conocimiento de la
experiencia reciente de la humanidad.
Esas dos reflexiones, repito, deberíamos tenerlas siempre
presentes a la hora de hablar de la política de cooperación.
En toda esta política de cooperación, el uso de los famosos
FAD es un instrumento fundamental, y a eso se dedica
principalmente la proposición no de ley del Partido Popular
que nosotros hemos enmendado, así como también las enmiendas
que han planteado el Partido Socialista.
Ha sido citada anteriormente la numerosa lista de
irregularidades o anomalías que encontró el Tribunal de
Cuentas al revisar los créditos FAD. Nosotros quisiéramos
señalar, además de los citados, uno muy concreto: entre 1980 y
1990, al menos la cuarta parte de la cuantía total de los
créditos FAD formalizados, es decir, 247.996 millones de
pesetas, según estimación de centros de la solvencia del
Centro de Investigaciones para la Paz, fue destinada a la
venta de armas, además a países que se encuentran entre los
más pobres del mundo, contradiciendo no sólo los objetivos de
la política española de cooperación, que fueron aprobados por
unanimidad en noviembre de 1992, sino los criterios objetivos
del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE; bien es
cierto que nosotros pertenecemos al CAD desde el año 1991.
Estos fondos FAD son un instrumento esencial de la política de
cooperación, fondos FAD que, de momento, siguen estando bajo
la égida del Ministerio de Comercio, porque tienen como
objetivo priorizar nuestro comercio exterior, desoyendo
también un documento de la importancia del informe para el
desarrollo humano, de Naciones Unidas, que establece que los
FAD, como toda la AOD, deben ser un instrumento para luchar
contra la pobreza, por las razones en las que intentaba
reflexionar al principio, razones de solidaridad y razones de
nuestro propio interés.
Entrando en lo que son las enmiendas concretas que hemos
planteado a la proposición no de ley del Partido Popular, la
primera intenta enmendar el primer punto --y no es un problema
gramatical, señor Hernando--, porque cuando ustedes dicen en
el punto 1.º que «el objetivo prioritario de los FAD debe ser
la financiación de exportación de bienes de equipo y servicios
españoles que contribuyan al desarrollo de los países
beneficiados», nosotro decimos que «los créditos FAD tienen
como objetivo prioritario la contribución al desarrollo de los
países beneficiados a través de la financiación de
exportaciones de bienes de equipo y servicios». Es decir, el
objetivo de los FAD no es estimular el comercio exterior; el
objetivo de los FAD es luchar contra la pobreza a través de la
concesión de créditos que faciliten nuestro comercio exterior.
No es un problema gramatical, es muy importante
conceptualmente dónde se establece la prioridad.
En el punto 2.º de la proposición del Grupo Popular después de
su redacción, después de decir que «los sectores de atención
prioritaria serán aquellos que realmente promuevan el
desarrollo social, cultural y económico de las poblaciones»,
nosotros añadimos lo siguiente: «Por tanto, se priorizarán
aquellos proyectos destinados a atender necesidades básicas de
los sectores sociales más desfavorecidos, así como los
destinados a recuperar el medio ambiente o impedir su
deterioro». No nos podemos olvidar de la importancia que
reviste para nosotros la conservación y la recuperación
medioambiental también de los países del llamado Tercer Mundo,
de los países empobrecidos. El apartado 3.º del Grupo Popular
nosotros lo sustituimos por una redacción que dice
literalmente: «Las prioridades anteriormente expresadas» --es
decir, lucha contra la pobreza, lucha por el desarrollo,
etcétera-- «excluyen la utilización de los créditos FAD para
la financiación de operaciones de compra» --o venta--«de
material militar, así como otros susceptibles de doble uso».
En el informe que aprobó esta Cámara en noviembre de 1992 se
señala --y está a disposición de SS.SS.-- cómo a nivel mundial
el 80 por ciento de los créditos FAD fueron destinados a
aquellos países que gastaban más del 4 por ciento de su PIB en
la compra de armamento, de donde se colige fácilmente que la
mayoría de los créditos FAD a nivel planetario acaba teniendo
como utilidad fundamental la compra de armamento, objetivo que
difícilmente se compadece con el desarrollo de las poblaciones
más necesitadas, en la lucha contra la pobreza, etcétera. En
el punto 6.º el Partido Popular decía que el Gobierno tendrá
la obligación «de facilitar la máxima difusión y favorecer el
acceso de estos Fondos entre los empresarios españoles».
Nosotros decimos que entre los empresarios españoles
«especialmente», pero también hay otros cauces por los que hay
que hacer circular la información de los créditos FAD.
Hay otra enmienda de adición, al punto 7.º, que nos parece de
más entidad, cuando se habla de esa Comisión Interministerial
en la que participan los trece Ministerios que actualmente
tienen que ver con la política de ayuda al desarrollo, decimos
que debe haber dos cosas importantes. Primera, que quien tenga
la responsabilidad final de las decisiones que se tomen en esa
Comisión Interministerial debe ser el Ministerio de Asuntos
Exteriores y no el Ministerio de Comercio. El Ministerio de
Asuntos Exteriores ha gestionado escasamente el 12,9 por
ciento de la AOD total, y nosotros pretendemos que sea
fundamentalmente responsabilidad de Exteriores y no de
Comercio. Además, parece absolutamente razonable que en esa
Comisión exista representación de la Agencia Española de
Cooperación, que exista una representación cualificada de las
ONG, que tienen el instrumento adecuado para poderlo hacer a
través de su coordinadora, así como que tenga representación
la Federación Española de Municipios y Provincias, porque en
buena medida muchos de los proyectos
de cooperación y ayuda al desarrollo tienen que ver con
actividades de entidades locales y provinciales. Por tanto,
nos parece que esa Comisión, sin la participación de ONG, de
la FEMP y de la Agencia Española de Cooperación, está
insuficientemente dotada y deberíamos completarla.
En el apartado 10 del Partido Popular, cuando se habla de
refinanciación, nosotros añadimos al final que se tiene que
establecer el plazo improrrogable de un año para que los
países receptores de los créditos pongan en marcha los
programas, lo que nos parece un tiempo razonable.
En las normas relativas a la refinanciación y cobro de la
deuda deberían tenerse en cuenta aquellas circunstancias que
obliguen a los países empobrecidos a pagar la deuda en
detrimento de inversiones públicas en salud y educación. Se da
la paradoja, señorías, de que muchos de esos países a los que
teóricamente dedicamos ayuda para luchar contra su probreza,
para devolver la financiación que les hemos prestado se ven
obligados a restringir sus inversiones propias en aquellas
materias que lógicamente comportan desarrollo humano, como
educación, sanidad, etcétera.
Finalmente añadimos un último apartado por el que establecemos
la necesidad de remitir a las Cortes Generales --al
Parlamento--, al Consejo Económico y Social y a las
instituciones sociales de ayuda al desarrollo un informe anual
detallado de las actividades del FAD, antes de finalizar el
primer semestre del año siguiente.
De todos estos criterios que puntualiza el Partido Popular y
que nosotros hemos enmendado se desprende una cosa importante
y que no está puntualizada: la petición de que en los próximos
seis meses el Gobierno se comprometa a traer a esta Cámara una
ley de cooperación y ayuda al desarrollo. Señorías, una
actividad de la importancia cuantitativa y cualitativa de ésta
todavía no dispone de ley. Por tanto, yo creo que la mejor
virtud que tiene la proposición no de ley del Grupo Popular es
la exigencia de que en seis meses, esa ley esté presentada en
esta Cámara.
Conocedores de la enmienda que ha presentado el Grupo
Socialista a la proposición no de ley...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Vázquez, vaya
terminando.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Acabo enseguida, señor Presidente.
Dice la enmienda que el Congreso de los Diputados insta al
Gobierno para que en el plazo más breve posible remita a esta
Cámara esa necesaria ley de cooperación. A nosotros no nos
parece aceptable que se diga «en el más breve plazo posible»
cuando, por otra parte, tenemos constancia de que es una
promesa reiterada desde hace años, no unos meses, porque está
haciendo falta esa ley de cooperación.
En el segundo punto de la enmienda del Grupo Socialista se
dice que se procederá a una más precisa regulación normativa
de los FAD. Tampoco nos satisface que se diga «una más
precisa». Creo que hay que mantener la exigencia básica de que
en seis meses, o como máximo al final del próximo período de
sesiones, se haya presentado esa ley; y, por otra parte, que
los créditos FAD se regulen por medio de una ley. Si es un
instrumento más preciso, como se dice en la enmienda, nuestro
grupo no lo va a aceptar. En caso contrario, en el caso de
mayor precisión podríamos tomar la posición adecuada.
A pesar de todo, como ustedes saben y lo hemos dicho al
principio de la intervención, tenemos presentada en el
Registro de la Cámara una proposición no de ley que contiene
algunos aspectos similares de la política de cooperación, y en
función del resultado final de este debate que estamos
teniendo, nuestro grupo estudiará mantener o no viva esa
proposición no de ley para propiciar un nuevo debate sobre la
política de cooperación en el caso de que no encontremos
satisfacción a lo que nos parecen peticiones básicas.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Vázquez. Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista
tiene la palabra el señor Cremades.
El señor CREMADES SENA: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, subo a esta tribuna para defender una enmienda del
Grupo Socialista a la proposición no de ley del Grupo Popular,
relativa a la normativa de los fondos de Ayuda al Desarrollo
en el marco de un proyecto de ley sobre cooperación.
Entendemos que la iniciativa del Grupo Popular es de suma
importancia y de gran oportunidad y actualidad. También que la
sensibilización social, gracias a la Plataforma del 0,7, ha
ido aumentando y nuestra sociedad está mucho más preparada en
estos momentos para poder asumir que vayamos mejorando en
calidad y en cantidad la cooperación que España destina como
la ayuda a los países en vías de desarrollo.
Es cierto, además, que la sensibilización social que existe en
la calle también es compartida por la Cámara. Quiero recordar
que hay una serie de iniciativas en esta Cámara. Las
resoluciones de noviembre de 1992, aprobadas por unanimidad;
las resoluciones de febrero de 1994; una Ponencia en el Senado
que está estudiando cuáles van a ser las directrices de la
futura cooperación en el marco de lo que hemos aprobado en
esta Cámara, que cada vez es más importante en nuestro país;
la propia creación de la Comisión no permanente de Cooperación
y Ayuda al Desarrollo en esta Cámara demuestran que la
sensibilidad social por estos temas es también recogida por
nosotros mismos con
este tipo de iniciativas, y algunas otras que no me voy a
extender en explicar aquí.
En ese sentido aceptamos la proposición no de ley del Grupo
Popular en sus elementos esenciales, que vienen a ser: instar
al Gobierno para que presente un proyecto de ley de
cooperación internacional y ayuda al desarrollo, por una
parte; y, por otra, que el Gobierno proceda a una más precisa
regulación normativa y de mayor rango --incluso de la que hay
actualmente-- sobre los criterios FAD o el Fondo de Ayuda al
Desarrollo.
Aceptamos también de conformidad que ambas leyes se atengan a
lo dispuesto en las distintas instituciones internacionales,
como son el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas;
los criterios del consenso, con sus reformas, de la OCDE; los
criterios del Comité de Ayuda al Desarrollo; así como también
el informe que aprobó esta Cámara, en noviembre de 1992 y
otros textos posteriores que se han aprobado por nosotros y
por el Senado. Todo esto lo aceptamos en el marco de que esa
ley de cooperación tenga que venir a esta Cámara. Es
necesario; lo han dicho los respectivos ministros en las
comisiones correspondientes y todos entendemos, creo que por
unanimidad, que es un tema que hay que regular definitivamente
cuanto antes con una Ley de Cooperación.
No podemos compartir y, por tanto, rechazamos, los términos
concretos y la forma en que se presenta esta proposición no de
ley. Temía que la intervención del portavoz del Grupo Popular,
señor Hernando, iba incluso a profundizar sobre los términos
escritos en la motivación que hace para presentar la
proposición no de ley y en algunos de los diez puntos que
plantea en la misma. ¿Por qué no podemos aceptar nosotros esta
forma de presentar la proposición no de ley? Muy sencillo.
Porque muchos de los términos que plantea la proposición no de
ley y de la intervención del propio portavoz del PP aquí son
inexactos. Habla, por ejemplo, de que el informe de
fiscalización del Tribunal de Cuentas --lo dice en la
proposición no de ley y aquí lo ha repetido-- señala que hay
irregularidades. No existe la palabra irregularidad en dicho
informe, lo han dicho por activa y por pasiva las distintas
autoridades que han comparecido en las Comisiones de Asuntos
Exteriores, de Comercio, y en la del propio Tribunal de
Cuentas. No existe la palabra irregularidades.
Otros términos que se utilizan son, a nuestro juicio,
inconvenientes. Por ejemplo, cuando habla de secretismo, de
ocultación de datos, el Diptuado del Partido Popular no se
ajusta a la verdad porque hay una serie de iniciativas
legislativas, preguntas orales, preguntas escritas, informes,
interpelaciones, comparecencias de las autoridades a quienes
se ha pedido información sobre los Fondos de Ayuda al
Desarrollo, los proyectos y los créditos que han financiado a
estos proyectos, y en todos los casos se ha dado la
información precisa, incluso en algunos de ellos también se ha
entregado hasta la propia dinámica de cómo se ha ejecutado ese
proyecto.
Por otra parte, nos parece que la forma en que plantea el
Partido Popular su proposición no de ley no respeta
suficientemente la iniciativa legislativa que, en un tema
delicado y complejo como éste, debiera corresponder al propio
Gobierno. Es una proposición no de ley farragosa, compleja,
haciendo apelación a un decálogo de puntos que, a lo mejor, ni
son todos los que tienen que estar ni tampoco hay por qué
destacar estos mismos que el Partido Popular elige en su
proposición no de ley. Por tanto, de alguna forma, se coarta
esa iniciativa, que creo debe corresponder al propio Gobierno
en un tema tan importante y tan delicado como el que estamos
tratando en este momento.
Por todas estas razones, evidentemente no podemos aprobar la
proposición no de ley en los términos en que la plantea el
Partido Popular; pero sí estamos de acuerdo, como he dicho al
principio, con sus objetivos esenciales. En algunos de los
puntos se hace mucho hincapié y se habla de que no se han
cumplido las normas establecidas hasta este momento por
organismos internacionales con competencia en este tipo de
cuestiones. No es cierto, al menos desde el año 1991 o 1992,
que es cuando este país, como aquí se ha dicho, ingresa en
estos organismos. La reforma del consenso de la OCDE se pone
en vigencia en febrero de 1992, nosotros ingresamos en el
Comité de Ayuda al Desarrollo en el año 1991, y las
recomendaciones que marcan unas directrices y unos criterios
de la política de cooperación para nuestro país, consensuados
por toda la Cámara, datan de noviembre de 1992. Sin embargo,
no teniendo anteriormente todo este tipo de indicaciones, de
criterios, de planteamientos, se apela a un informe del
Tribunal de Cuentas que fiscaliza las operaciones realizadas
desde 1986 hasta 1990. Por tanto, estamos mezclando con otras
algunas cuestiones que entendemos hay que recoger en la ley de
cooperación. Cuando se apela a que ha habido esas
irregularidades, anomalías o discrecionalidad en los créditos,
estamos hablando de un período en el que no teníamos normativa
ni estábamos adscritos a esos organismos internacionales que
regulan la cooperación, entre otras cosas porque sólo estamos
en estos organismos desde 1991-1992 y sería imposible e
impensable que cualquier crédito FAD que no estuviera
concedido en la justa medida y con los criterios que marcan
los organismos oficiales internacionales, el consenso, el CAD,
etcétera, se pudiera computar como AOD a la hora de hacer el
cómputo global anual de la ayuda que destinamos a los países
en vías de desarrollo.
Se habla de cuestiones que ponen en duda lo que esta sociedad
y este Gobierno han venido haciendo, con un esfuerzo tremendo,
por la cooperación y la ayuda
al desarrollo, cada vez más clarificadora, cada vez más
transparente y cada vez más ajustada a los criterios
internacionales sobre AOD, a los que nos hemos adscrito. Eso
sí, en la intervención del señor Hernando se habla de redes de
intereses, se habla de corrupción, se habla de ocultación de
datos, de qué pasa con la deuda y con las comisiones.
Le quiero decir, señor Hernando, que en todos y cada uno de
los puntos que plantea su proposión no de ley está clarísimo
que el Gobierno hace lo que tiene que hacer. Cuando usted
habla de la deuda, de cómo se refinancia o de cómo se pretende
cobrar la deuda, le diré que el Gobierno lo hace donde lo
tiene que hacer, en el Club de París, donde lo hacen todos los
Gobiernos que han concedido créditos y quieren renegociar,
refinanciar una deuda o cobrar la misma a través del Banco
Mundial.
Se dice que en estos proyectos de alguna manera no está claro
el pago de comisiones. Señor Hernando, en todos y cada uno de
los proyectos FAD la comisión correspondiente para la
ejecución del proyecto usted sabe como yo que va en el mismo
proyecto, clara, nítida y limpia. La comisión es una necesidad
no sólo de este país, sino de cualquier otro que concede este
tipo de créditos; evidentemente va implícita dentro del propio
proyecto y de la ejecución del mismo. Lo sabe usted
exactamente igual que lo sé yo.
Habla de que no hay una memoria de evaluación y un seguimiento
de cada uno de los proyectos que se han financiado con
créditos FAD. Señor Hernando, yo también estaría de acuerdo en
que eso fuera así; se está haciendo --y se va en ese camino--,
una evaluación de la ejecución. Evidentemente es muy difícil y
se necesitarían muchísimos más recursos de los que tenemos en
este momento para hacer un seguimiento, una memoria de cada
uno de los proyectos, no sólo de cómo se ha realizado y la
ejecución del mismo, sino, incluso, teniendo presente, como
dice su proposición no de ley, el impacto que tiene en el
país.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por favor, vaya
concluyendo.
El señor CREMADES SENA: Voy terminando, señor Presidente.
Finalmente, como nosotros estamos de acuerdo en lo que
pretenden básicamente con su proposición no de ley, hemos
presentado una enmienda de sustitución al texto, que consta de
dos puntos, que no huyendo de los principios que ustedes
plantean en la proposición dice así: «1. El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a que en el plazo más breve
posible remita a las Cortes un proyecto de ley sobre
cooperación internacional y ayuda al desarrollo, en el que
tenga en cuenta los acuerdos de la Cámara de 26 de noviembre
de 1992 y los postulados del informe de fiscalización del
Tribunal de Cuentas, aprobado por las Cortes en diciembre de
1993».
«2. Asimismo insta al Gobierno a que proceda a una más precisa
regulación normativa de los fondos de ayuda al desarrollo
(FAD) en base a lo establecido en los citados acuerdos de la
Cámara, en el consenso de la OCDE y las recomendaciones del
Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD).» Creemos que con nuestra
enmienda, si ustedes la aceptaran, estaríamos cumpliendo el
objetivo básico que ustedes pretenden y con el que nosotros
coincidimos; estaríamos despejando muchas dudas que se vierten
aquí, en la tribuna y en el propio texto, sobre la actuación
del Gobierno en estos momentos y, de alguna manera, estaríamos
huyendo, una vez de más, de no dejarnos lo importante para
hacer lo urgente. Lo urgente para ustedes, señor Hernando, es
aprovechar cada momento para intentar hacer correr cortinas de
humo sobre temas que no vienen a cuento en esta cuestión que
estamos planteando; eso es lo urgente para ustedes. Lo
importante para todos, creo, es tener muy pronto una ley de
cooperación y una regulación, con rango de ley, de los
créditos FAD, que es lo que creo nos interesa a nosotros, a la
Plataforma del 0,7 y muy especialmente a los países en vías de
desarrollo que necesitan ese apoyo de nosotros y del resto de
los países desarrollados.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Cremades. ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición?
(Pausa.) Por el Grupo Mixto, en primer lugar, el señor
Albistur tiene la palabra.
El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.
Intervengo brevemente porque este tema no es nuevo; viene aquí
después de un debate en la Comisión no permanente de ayuda al
desarrollo, sobre el porcentaje de aportación del producto
interior bruto para la ayuda al desarrollo, que se celebró el
pasado día 10 de octubre, prácticamente con los mismos
interlocutores que hoy están hablando aquí: el señor Cremades,
el señor Hernando, el señor Vázquez y un servidor.
Aquí precisamente quiero manifestar que, a partir de una
enmienda presentada por mí personalmente, pero también en
nombre del Grupo Vasco (PNV), como ahora también lo hago, se
acercaron posturas y nació la enmienda, porque el señor
Ministro también levantó la liebre de esa posibilidad, que hoy
figura en los presupuestos sobre el 0,5 por ciento de
aplicación en este año 1995, el próximo año.
Quiero reconocer la iniciativa del Partido Popular en esta
proposición no de ley sobre todo lo que supone de
acercamiento de posturas de todos los grupos políticos, mejor
dicho, en lo que puede ayudar a favorecer con las enmiendas
presentadas también por otros grupos este acercamiento de
posturas de todos los grupos políticos en esta materia y sobre
todo, lo que puede empezar a suponer el que nos dejemos de dar
rodeos y entremos de una vez a atajar el problema que está ya
denunciado por el Comité Internacional de Ayuda al Desarrollo
de la OCDE y también por una fuerte presión social y que creo
que está introducido en el convencimiento de todos los grupos
que componen esta Cámara.
Hay aspectos positivos e interesantes en esta proposición no
de ley que deberían ser recogidos en una futura y próxima ley,
como son el punto cuarto, relacionado con la no incorporación
de material o patentes extranjeras; el punto quinto, con la
evaluación y seguimiento de cada una de las operaciones
autorizadas por el Consejo de Ministros, y el punto octavo,
con el respeto de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales de la persona como condición para la ayuda
internacional.
Hay otros aspectos que se refieren al posible órgano gestor, a
los objetivos de la ayuda al desarrollo, el papel de las ONG y
la clara y precisa diferenciación entre ayuda al desarrollo y
crédito FAD, que, a mi modo de entender, deberían ser
estudiados con mayor detenimiento y yo diría que hasta con
mayor alcance y rigor. Se trata de una proposición no de ley,
que como diré más adelante, no es la forma más adecuada.
El Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE ha elevado el 2 de
mayo de 1994 un informe donde subraya el fuerte peso de los
créditos FAD dentro de la ayuda al desarrollo --56 por ciento
en el año 1992-- y ha insistido en la debida regulación por
este Parlamento de dicha ayuda y en la creación de un
organismo único gestor. Nosotros apoyamos también la
separación que propugna el mismo Comité, sobre todo entre lo
que significan los créditos FAD y todas las ayudas que están
marcadas por las características dichas utilizadas por el
propio Comité, como son la liberalidad y la donación.
Estamos, sin embargo, por un claro incremento de la ayuda al
desarrollo. Hemos presentado dos enmiendas que suponen
precisamente abordar el próximo año el 0,50 por ciento del
producto interior bruto, bajo dos fórmulas, que esperemos que
alguna de ellas sea aprobada en este Parlamento. Estamos por
los créditos FAD, pero no por su actual aplicación, sino por
su aplicación menos dirigista y dirigida y más de apoyo a la
pequeña y mediana empresa para poder acceder a los créditos
internacionales.
Hemos presentando una enmienda también para su incremento en
los presupuestos del año 1995, que esperamos sea recogida por
el Partido que representa al Gobierno, por insuficiencia a la
demanda existente y a la posibilidad de oferta que las
empresas puedan realizar. Y estamos por defender, dentro de lo
que entendemos un claro error de lo que es la interpretación
neocolonialista, los créditos de ayuda ligada. No creo que en
este tema quepa una disquisición como la que aquí, en esta
Cámara, se ha hecho anteriormente, cuando precisamente con
nuestra ayuda se está favoreciendo la adquisición de máquina-
herramienta de países extranjeros, dejando a nuestra empresas
en una grave y dura permanente reestructuración.
Insuficiente nos prece esta proposición no de ley, como decía
anteriormente, porque creemos que hay que abordar de una vez
el tema con valentía. Nos parece que el tema es tan grave y
comprometido que, si se va a proponer una enmienda
transaccional en el sentido de crear el organismo único gestor
y aprobar una ley que ordene la cooperación internacional,
aparte de atribuirnos la paternidad porque presentamos una
enmienda similar el pasado día 10 de octubre en la Comisión de
Ayuda al Desarrollo que he citado, consideraremos que la
apoyaremos únicamente si tiene un plazo, si ese proceso
concreto de presentación de esa ley no se hace en los
términos, como se ha presentado en la enmienda del Partido
Socialista, si no se establece un plazo. En ese sentido tendrá
todo nuestro apoyo y consideramos que podremos consensuar una
buena y práctica ley en este Parlamento.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Albistur. Tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, señorías,
intervengo en nombre de Unión Valenciana para fijar la postura
respecto a la proposición no de ley del Grupo Popular sobre
los fondos de ayuda al desarrollo.
Unión Valenciana, considerando que la fuente de financiación
más evidente y clara del Fondo de Ayuda al Desarrollo es la
dotación vía Presupuestos Generales del Estado, en el trámite
reglamentario de enmiendas a los Presupuestos Generales de
1995 presentó una enmienda relativa a la elaboración de un
proyecto de ley de regulación normativa de los créditos para
el Fondo de Ayuda al Desarrollo, los créditos FAD. Esta
enmienda, de disposición adicional, solicitábamos que quedara
redactada de la siguiente manera: «En el plazo de tres meses,
el Gobierno presentará un proyecto de presupuestos relativos
al control, por parte de esta Cámara, de los fondos de ayuda
al desarrollo». Es decir, exigíamos que en el plazo de tres
meses el Gobierno presentara un proyecto de ley para regular
los fondos, ello debido, esencialmente, a que nuestra enmienda
perseguía, igual que se persigue ahora con esta intervención,
que, de alguna manera --porque hasta ahora se ha escapado a
esta Cámara--, se controlara la concesión, se controlara de
una manera seria y a rajatabla cada una
de estas pesetas que destinábamos al Fondo de Ayuda al
Desarrollo.
Dicha enmienda obtuvo un escaso respaldo en la Comisión de
Presupuestos el martes pasado por parte de los grupos de esta
Cámara. Unión Valenciana presentó esa enmienda y hoy apoya
esta proposición debido a que el propio informe del Tribunal
de Cuentas señala que la normativa actual es escasa,
excesivamente genérica e incluso contradictoria, contiene
numerosas imprecisiones y confusiones.
Unión Valenciana dice sí a la cooperación internacional a
través de los fondos de ayuda al desarrollo, pero hay que
acabar con la ambigüedad, con las irregularidades y las
contradicciones. Unión Valenciana ha apoyado el consenso que
se ha producido hasta el día de hoy, por lo menos en Comisión,
para que sigan destinándose cantidades al Fondo de Ayuda al
Desarrollo. Este año se contempla el 0,5, y Unión Valenciana
está de acuerdo en que progresivamente se llegue al 0,7, pero
evitando, por todos los medios, la discrecionalidad en esta
entrega. Sí a los fondos para el desarrollo, no a los fondos
para el armamento. Por ello, atendiendo estas recomendaciones
del Tribunal de Cuentas, que señala que se considera necesario
dotar al FAD de una normativa adecuada que supere la
indefinición y las contradicciones y que se aborden los
aspectos fundamentales, apoyamos esta iniciativa que hoy se
debate. De acuerdo con este informe, Unión Valenciana apoya la
iniciativa de regular normativamente los FAD, sin más
dilaciones, tres o seis meses, aunque las circunstancias
aconsejan que se dicten normas reguladoras con la máxima
urgencia.
Pido desde esta tribuna que, después del consenso en lo
referente al 0,5 del PIB para el año 1995, y progresivamente
para llegar antes del año 2000 al 0,7, siga ese consenso,
necesario también, para que se regule normativamente, con
seriedad y con rigor, el destino último de los fondos de ayuda
al desarrollo. Pido ese consenso y esa normativa seria que
acabe con las confusiones y las imprecisiones que el informe
del Tribunal de Cuentas comentaba.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Chiquillo. Para fijar la posición del Grupo Catalán de
Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Gracias, señor Presidente.
Señor Hernando, creo que constituiría un gran éxito de la
Cámara que hoy se aprobara una proposición no de ley instando
al Gobierno a remitir a la propia Cámara, en un plazo de
tiempo determinado --en ello estoy absolutamente de acuerdo
con lo que ha expresado al señor Albistur--, un proyecto de
ley de cooperación exterior. Creo que es suficientemente
importante como para que nos planteemos todos los grupos
parlamentarios la posibilidad de aprobar una proposición no de
ley en este sentido. Como nos parece también importante que se
produzca una modificación legislativa que perfile mejor la
regulación de los créditos FAD, y creemos nosotros que sería
conveniente también que esa regulación se produjera a través
de una norma con rango legal. En concreto, quiero hacer
especial mención a la importancia de la ley de cooperación
internacional o de la ley de cooperación exterior, porque no
es algo nuevo en la Cámara. Si no recuerdo mal, en el año 1982
--yo no era Diputado en aquel momento ni usted tampoco-- antes
de las elecciones generales, hubo una reunión de todas las
fuerzas políticas con representación parlamentaria a
instancias de una organización no gubernamental, «Justicia i
Pau», en la cual se consiguió la firma de un documento
suscrito por todas las fuerzas parlamentarias, con dos
compromisos. El primero de ellos era conseguir un incremento
progresivo de la Ayuda Oficial al Desarrollo con el objetivo
de que se llegara a dedicar el 0,7 por ciento de nuestro
producto interior bruto. El objetivo sigue ahí, sigue en el
horizonte, a pesar de que se ha conseguido una progresividad
al respecto. El segundo compromiso era la presentación al
Parlamento, y aprobación, de una ley de cooperación exterior.
Estoy hablando del año 1982 y ello no se ha producido. Digamos
que hasta ahora no ha habido voluntad por parte del Gobierno
de que ello fuera así.
Recuerdo algunas iniciativas en la Cámara reclamando dicha
ley. Me viene a la memoria una pregunta que yo realicé --creo
que era en 1988-- al entonces Ministro de Asuntos Exteriores,
señor Fernández Ordoñez, que en paz descanse, quien me
manifestó las dudas que tenía el Gobierno respecto a la
necesidad de aprobar una ley de ese tenor.
Por tanto, creo que si hoy conseguimos mandatar al Gobierno
para que remita a la Cámara esta ley y que, además, lo haga en
un plazo determinado, vamos a dar un paso muy importante en
cuanto a perfilar una auténtica política española de
cooperación exterior.
Donde ya discrepo en cuanto a la proposición no de ley del
Grupo Popular es en aquello que ustedes creen que debe
contenerse en esas dos leyes: la que regule la cooperación
exterior y la que regule los créditos FAD, porque ustedes, a
través de los diez puntos de la proposición no de ley, hacen
referencia a algunas obviedades, en tanto en cuanto dicen que
esa ley debe contener aspectos que ya están reflejados en el
informe que por unanimidad aprobó la Cámara el año 1992,
relativo a los objetivos y líneas generales de la política
española en materia de cooperación y ayuda al desarrollo.
Hacen referencia a otras cuestiones que, desde mi perspectiva,
son opinables, como, por ejemplo, la necesidad
de crear una nueva comisión internaministerial, además de la
que ya existe. No le voy a decir que no estemos de acuerdo con
ello, pero tampoco le puedo decir en este momento que estemos
lo suficientemente conformes como para votar este punto, así
como otros que se contienen dentro de estas diez
recomendaciones.
Por último, también le diré que hay otros aspectos con los
cuales estamos absolutamente de acuerdo.
Por todo ello, y para terminar, quiero reiterar la necesidad
de que seamos capaces de llegar a un acuerdo suficientemente
amplio que permita dar ese mandato al Gobierno y nos dejemos
de apreciaciones que yo creo disminuirían la importancia de la
proposición no de ley. Me refiero a aquellas apreciaciones que
han sido realizadas por el propio ponente del Grupo Popular y
que, en cierta forma, retoman el hilo de la muy reciente
interpelación que fue planteada también por el propio Grupo
Popular y defendida por el señor Hernando, relativa a algunas
cuestiones que desde su perspectiva eran poco claras, en
referencia a algunas operaciones internacionales obradas con
los créditos FAD. Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Recoder. El señor Hernando tiene la palabra para indicar si
acepta o no las enmiendas que han sido presentadas y
defendidas por parte del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya y por parte del Grupo Socialista.
El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo tenía intención, en un principio, de aceptar
varios puntos de la enmienda presentada por el Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que entendíamos
completaban y mejoraban el texto presentado originalmente por
el Grupo Popular. Sin embargo, señor Presidente, con el fin de
conseguir un consenso entre todas las fuerzas de la Cámara,
como ha sido puesto de manifiesto por los distintos
intervinientes, vamos a aceptar las enmiendas presentadas por
el Grupo Socialista, siempre que acepte las transacciones que
en este momento le voy a presentar.
En el caso del punto 1, entendemos, señor Cremades, que no
podemos aprobar un texto que ya se aprobó en febrero de este
mismo año. Por lo tanto, el mandato que se le debe de dar al
Gobierno debe tener un plazo concreto. Nosotros, por lo tanto,
propondríamos que se eliminara «en el plazo más breve de
tiempo posible», y se sustituyera por «durante el próximo
período de sesiones». Eso estaría de acuerdo con nuestros
deseos, con los de otros grupos y con las propias
manifestaciones reiteradas por el Gobierno en este Parlamento.
Además, al final de este primer párrafo añadiríamos una
coletilla, que diría: «en diciembre de 1993, así como la
moción aprobada el 15 de febrero de 1994 en el Congreso», que
de alguna forma viene a incluir también este acuerdo adoptado
por unanimidad en la Cámara dentro de los criterios que
entendemos que deben tenerse en cuenta en la elaboración de
este proyecto de ley sobre cooperación internacional y ayuda
al desarrollo.
En el punto 2 pretendemos que el Grupo Socialista acepte otra
transaccional, porque entendemos que la redacción no deja
claro el sistema de esa regulación normativa de los créditos
FAD. Por tanto, si no se concreta, podríamos encontrarnos con
que el Gobierno decidiera, a través de un decreto-ley o
decreto legislativo, proceder a la regulación de esos créditos
FAD y nosotros pretendemos que esta regulación venga a través
del Parlamento. Sustituiríamos algunas de las frases que en el
texto se contienen y el texto resultante sería el siguiente:
«En el mismo sentido, insta al Gobierno a que remita un
proyecto de ley procediendo a una más precisa regulación
normativa de los Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD), en base
a lo establecido en los citadosacuerdos de la Cámara en el
consenso de la OCDE y las recomendaciones del Comité de Ayuda
al Desarrollo». Eso haría que nuestro Grupo aceptara esta
enmienda, que pudiéramos adoptar este acuerdo por unanimidad,
a la vista de lo manifestado por otros grupos, sin que ello
suponga, en ningún caso, renunciar a lo que hemos venido
manifestando a lo largo del debate y a los criterios que
entendemos que tendrán que ser tratados cuando se remitan los
proyectos de ley, bien sea uno a través de la ley de
cooperación o sean diferenciados mediante dos proyectos de
ley. Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Hernando. Tiene la palabra el señor Cremades para manifestar
si acepta o no el Grupo Socialista las transaccionales
planteadas por el señor Hernando.
El señor CREMADES SENA: El Grupo Socialista, en aras también
de ese interés por conseguir que venga esta ley de
cooperación, creemos que con la enmienda transaccional que
presenta el Grupo Popular a la nuestra se completa más el
objetivo que todos perseguíamos. Por tanto, aceptamos la
modificación que hace a nuestra enmienda.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Cremades. Vamos a proceder a la votación correspondiente. (El
señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la proposición no de ley del
Grupo Popular, en los términos resultantes de la aceptación de
la enmienda del Grupo Socialista y de las transacciones que se
han precisado en el curso del debate. Comienza la votación.
(Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 290; a favor, 290.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
--MOCION CONSECUENCIA DE INTERPELACION URGENTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS A ADOPTAR
EN RELACION A LA CORRECCION FINANCIERA NEGATIVA (MULTA)
IMPUESTA POR LA UNION EUROPEA A ESPAÑA POR EL EXCESO DE LA
PRODUCCION LACTEA, ASI COMO PARA REESTRUCTURAR EN PROFUNDIDAD
EL SECTOR PRODUCTOR LACTEO ESPAÑOL (Número de expediente
173//000058)
El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día: mociones
consecuencia de interpelaciones urgentes. Moción del Grupo
Popular, subsiguiente a interpelación, sobre medidas a adoptar
en relación a la corrección financiera negativa (multa)
impuesta por la Unión Europea a España por el exceso de la
producción láctea, así como para reestructurar en profundidad
el sector productor lácteo español.
En nombre del Grupo Popular, la señora Fernández Díaz tiene la
palabra. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio. (Pausa.)
Cuando quiera, señora Diputada.
La señora FERNANDEZ DIAZ: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, en la sesión celebrada el pasado día 2 en esta
Cámara, el Grupo Popular presentó, como SS.SS. saben, una
interpelación con carácter de urgencia para debatir en
profundidad las medidas que piensa adoptar el Gobierno en
cuanto a la corrección financiera negativa que la Unión
Europea ha impuesto a España por exceso de producción láctea,
así como para la reestructuración del sector. Pues bien,
señorías, creo que el señor Ministro y esta Diputada, a quien
correspondió el honor de interpelarlo, no estábamos en la
misma sintonía, y a las actas me remito. El señor Ministro no
ha contestado a las cuestiones fundamentales que aquí se han
planteado, y algunas de ellas, por urgentes, sería muy
importante retomarlas. Por ejemplo, quién va a pagar la
supertasa, cómo y cuándo, qué plan financiero tiene el
Gobierno para satisfacer la multa, qué garantías puede ofrecer
el Gobierno para que a los ganaderos se les respeten las
transmisiones por venta o arrendamiento, fechas concretas para
la reglamentación de la reserva nacional, cuándo va a realizar
el SENPA las segundas compensaciones a los productores,
apertura de un período de solicitud de materia grasa, así como
medidas generales de reestructuración del sector, entre las
que se encontraría el poner a disposición del SENPA los medios
materiales y personales necesarios para aprobar, con la mayor
eficacia posible, la compraventa de cuota, para que puedan
incluir el coste en los planes de mejora de 1987/1991
previstos por las comunidades autónomas.
Señorías, el Gobierno, tal y como nos tiene acostumbrados, ha
salido al paso, espera a que se aprueben los Presupuestos,
espera a que se celebren las elecciones municipales y retoma
la normalidad, que, en definitiva, es que el sector se las
componga como pueda.
Este sector viene ocupando, tradicionalmente, un lugar de gran
importancia dentro de la economía del país, tanto por su
contribución al producto interior bruto como por el enorme
porcentaje de población ocupada. A partir del año 1983
asistimos a un proceso de reestructuración muy acelerado, en
el que la agricultura pierde peso específico en el marco de la
economía española, tanto por el número de activos ocupados
como por su contribución al producto interior bruto. En
algunas comunidades pasó del 38 por ciento de población
ocupada en 1983 al 26 por ciento en 1991, y del 7,3 por ciento
del producto interior bruto en 1985 al 4,8 por ciento
en 1991.
Dentro del sector agrario, el subsector ganadero ha sido,
históricamente, en concreto en las últimas décadas, el de
mayor peso en la producción final agraria. El subsector, en su
conjunto, se ha consolidado y ha adquirido una importancia
creciente, y eso sí es algo que ha reconocido el Ministro,
que, por cierto, no sé dónde estará, porque lo que hoy aquí
debatimos, aunque parezca una broma, es muy serio, ya que se
trata de un montante de 183.000 millones de pesetas.
Señorías, esto sí lo ha reconocido el Ministro, pero no fue
por los buenos oficios del Gobierno, que ha dejado el sector
en las manos de Dios, sino precisamente porque es fuerte y ha
sabido sobrevivir. Es lamentable que a estas alturas el
Gobierno no pueda aportar un diagnóstico de su situación. Es
importante conocer los efectos que tuvo la aplicación de la
cuota desde el año 1985. En este punto sería interesante
recordar que la cuota asignada a España de 4,5 millones de
toneladas fue en virtud de una encuesta que no se sabe de
dónde salió, una encuesta misteriosa, porque aquel año (y
estos son datos del Ministerio, no datos que se invente esta
Diputada) se produjo en España la cantidad de 6,11 millones de
toneladas lácteas.
Señorías, en este momento, para reestructurar el sector, sería
conveniente tener el censo de ganado, producción y entregas de
leche, rendimiento de las vacas de leche, cuotas medias por
explotación, rentabilidad de las explotaciones, ingresos,
etcétera, y, a su vez, los efectos sobre la estructura
productiva en cuanto al tamaño del rebaño, evolución de las
estructuras de los
rebaños de leche por el número de rebaños, así como los
efectos por comunidades autónomas y a nivel nacional.
No tenemos nada de esto, llevamos tiempo pidiendo la encuesta
al Ministerio y el Ministerio le ha contestado a esta Diputada
con un tocho, donde realmente lo que viene es la documentación
por la que se contrata a las empresas, pero no aparece tal
encuesta.
En los países en que, como España, utilizaron el sistema de
cuotas como mecanismo de reducción de la producción y de la
reestructuración, cabe señalar que los flujos de transferencia
de leche se produjeron hacia explotaciones más grandes y, por
tanto, hacia las regiones con una mayor estructura productiva.
Así, por ejemplo, en Holanda, que tuvo que aplicar una
reducción media en la campaña 1984/1985 del 6,2 por ciento, en
algunas provincias como Groningen, se produjo un descenso
adicional superior a los cinco puntos a mayores de la
reducción de la media nacional, mientras que en otras, como
Flevoland, hubo un notable incremento en el volumen de cuota,
más un 13,9 por ciento. En términos generales, se advierte un
aumento del este a expensas del sur y en menor medida del
norte.
En el Reino Unido se produjo un movimiento de cuota entre
granjas de diferentes tamaños, siendo los pequeños productores
los que están vendiendo muy frecuentemente la totalidad de su
cuota. Las transferencias se están produciendo desde
productores con costes elevados a los que producen a bajo
coste, advirtiéndose movimientos de cuota hacia regiones del
oeste. Teóricamente, los programas de abandono deberían
objetivizar las transferencias hacia áreas más apropiadas para
la producción de leche o carentes de alternativas al mismo. Lo
cierto es que no es así, como lo demuestra la experiencia
Europea, por lo que la liberación a través de los programas de
cese en la producción de leche y en su posterior incorporación
a la reserva nacional deberá quedar perfectamente establecida
en una ley según unos criterios claros y que el Partido
Popular sugirió en la proposición no de ley aprobada por el
Pleno de esta Cámara en el mes de abril del presente año que
tenía que estar resuelta y publicada en el mes de septiembre
por un mandato de esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: Señora Fernández, si ésta es la defensa
de la moción que entiende S.S. que es la pertinente, la
Presidencia no tiene por costumbre llamar a la cuestión, pero
le advierto que el turno es de defensa de la moción y que le
quedan menos de dos minutos. Lo que no es posible es, luego,
invertir diez minutos suplementarios en la defensa de la
moción.
La señora FERNANDEZ DIAZ: Yo entiendo que esto forma parte de
la defensa de la moción.
En la misma se dice legislar y legislar lo que competa, en
toda la amplitud, al sector lácteo. Esta ley, que es muy
importante para el desenvolvimiento del sector lácteo, entra
dentro de la defensa de la moción.
De todas formas, no tengo inconveniente en pasar a la defensa
de la moción, porque ya hemos debatido aquí con el señor
Ministro, mejor dicho, no hemos debatido, yo he planteado unas
cuestiones y el señor Ministro ha contestado a otras. Por eso
precisamente traemos esta moción, como consecuencia de la
interpelación.
Yo quiero pedirles que el Gobierno, con la máxima urgencia,
remita a esta Cámara un proyecto de ley extraordinario como
pedimos en esta moción, que contemple los 183.000 millones de
multa que se han reconocido, y que esa multa se pague en
anualidades, para que los agricultores no tengan que estar
constantemente, como ya dije el otro día, con la espada de
Damocles sobre su cabeza, pendientes de quién va a pagar la
multa.
Asimismo, pedimos que no se utilicen por más tiempo medidas
coercitivas para que el sector no crezca. Hay que acabar con
esta situación, retomar el control y poner a disposición de
los ganaderos los medios para que se desenvuelvan en la
legalidad.
El sistema de cuotas no debe entenderse como paralizante del
sistema productivo, sino como la protección del derecho a
producir.
Aunque Europa presente una tendencia reductora sobre la
producción, nunca se debe ser lineal; debe considerar el
impacto negativo sobre determinados territorios. En el
hipotético caso de que llegue a producirse, deberán soportarlo
los países miembros que más han contribuido a generar
excedentes: Francia, Irlanda, Países Bajos y Dinamarca.
El señor PRESIDENTE: Señora Fernández, le ruego concluya.
La señora FERNANDEZ DIAZ: Concluyo, Señor Presidente.
El Gobierno español no deberá permitir tal reducción, sino
todo lo contrario, habrá de iniciar un proceso de
renegociación para conseguir la ampliación de la cuota. Ese es
nuestro gran problema, agravado por la lentitud del sistema.
La cifra de autoabastecimiento a nivel nacional es del 76,3
por ciento...
El señor PRESIDENTE: Perdón, señora Fernández, lamento
interrumpirla. Le he llamado la atención sobre el contenido de
esta intervención y le he advertido del tiempo que le quedaba.
Sigue S.S. sin defender la moción y ya lleva más de dos
minutos rebasado el tiempo. Le ruego defienda la moción,
aunque sea mediante simple lectura, pero concluya.
La señora FERNANDEZ DIAZ: Señor Presidente, yo entiendo...
El señor PRESIDENTE: No podemos continuar el debate ni
utilizar la intervención para extenderse sobre cuestiones que
son muy interesantes, pero que no hacen referencia a la
defensa de la moción.
La señora FERNANDEZ DIAZ: Yo entiendo que sí, pero bien, señor
Presidente. Nuestro Grupo ha presentado esta iniciativa
teniendo en cuenta que un tanto por ciento de las
explotaciones de nuestro país tienen titulares mayores de 55
años y su sucesión asegurada. Este objetivo tiene que estar en
el punto de mira de cualquier programa de modernización. En
colaboración con todas las comunidades autónomas, tiene que
abordar planes integrales de mejora genética que marquen las
líneas básicas siguientes: ampliación del control lechero,
dotación de recursos genéticos, creación y potenciación de los
soportes estructurales, apoyo sistemático al resto de las
líneas complementarias de la mejora. Esta será la forma de
incrementar las inversiones, tanto públicas como privadas, en
el conjunto de la cabaña ganadera.
Como ha dicho el señor Ministro refiriéndose a la multa, será
una aportación solidaria de todos los españoles. Por tanto,
pedimos que, con el fin de lograr un equilibrio
presupuestario, como se pide en el punto 3 de la moción, se
deberán negociar programas especiales para la agricultura,
ganadería y pesca que afecten al medio rural en su conjunto,
para integrar paulatinamente nuestro sistema agroalimentario
en la política agrícola y pesquera común. Año tras año el
Grupo Popular, así como otros grupos de la Cámara, venimos
denunciando la escasez presupuestaria del Gobierno español
para acogerse a las ayudas derivadas de la reforma de la PAC.
Nos tememos que esa tónica no va a cambiar. Hace dos meses la
Comisión Europea acordó la imposición de sanciones a los
países miembros de la Unión Europea que no cumplieran las
condiciones de convergencia establecidas en el Tratado de
Maastricht, y esto es como establecer «de facto» una
penalización a 10 de los 12 países miembros. Señorías, a pesar
de esto, el Grupo Popular propone que se pida al Consejo de
Ministros que revierta la multa sobre programas del Feoga-
Garantía y del Feoga-Orientación, destinados a las zonas
Objetivo 1 y 5B, impulsando programas de desarrollo rural y
otros.
Los holandeses dicen: educación, extensión e investigación. Y
nosotros pedimos: cuota, cuota, cuota, porque del aumento de
cuotas, señorías, depende que este sector funcione o no
funcione.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
Enmienda del Grupo Vasco (PNV). Para su defensa y para fijar
la posición del Grupo, el señor Gatzagaetxebarría tiene la
palabra.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Intervendré brevemente para fijar la posición en la moción que
ha presentado el Grupo Popular. En el Grupo Parlamentario
Vasco estamos de acuerdo con el mecanismo que plantea el Grupo
Popular del abono de la sanción impuesta por la Unión Europea
por el exceso de producción láctea. No obstante, también
entendemos que es adecuado el instrumento que el señor
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación expuso en el
debate de la semana anterior en el que manifestaba que la
fórmula del abono va a ser una compensación de la Tesorería
del Estado en función de los pagos que lleguen progresivamente
al Tesoro público por parte del Fondo Europeo de Orientación y
Garantía Agrícola. Nos es indistinto que sea a través del
mecanismo del crédito extraordinario, de la compensación en el
Tesoro público o de la consiguiente dotación por parte del
mismo Tesoro, para que no queden afectados los agricultores
españoles en relación a las ayudas, disminuidas y decrecidas
con ocasión de la multa establecida por el Feoga.
En relación al segundo punto que plantea el Grupo Popular,
nuestro Grupo Parlamentario, señor Presidente, tiene una
enmienda de modificación precisa en la que decimos que, dentro
del programa de reordenación del sector lácteo, se haga
referencia también a la industria. El Grupo Popular habla del
impulso, de la modernización del sector productor, pero no
hace ninguna referencia al sector transformador, y a nosotros
nos parece importante impulsar que las entidades de base
cooperativa puedan participar en la industria de leche
española. Sus señorías saben que en este momento existe una
gran capacidad de tranformación de leche en la industria
láctea española. Al ser superior la capacidad de producción a
la demanda del consumo de leche que todos los ciudadanos
realizamos, se está originando una serie de excedentes en el
mercado, con un segundo efecto, que es que está creando un
mayor coste en la producción, puesto que se tiene mayor
capacidad de transformación y de producción por parte de la
industria que la que realmente demanda la sociedad española.
Eso está originando también unos costes indirectos que
encarecen el consumo de la leche. En definitiva, lo que
nosotros creemos es que ha de ser el Gobierno central, el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el que lidere
un tema pendiente, como es el de la reordenación y la
reestructuración de la industria láctea española. Existen
empresas públicas en el mercado, como la lactaria, que, a
nuestro juicio, distorsionan de alguna manera el precio del
mercado de la leche. Y nosotros somos partidarios, ya se lo
hicimos saber tanto al Grupo Parlamentario Socialista como al
mismo Gobierno, a la Secretaría General de Alimentación, de
que el Gobierno lidere la
reestructuración de la industria láctea española,
posibilitando y dando cabida a que puedan participar en la
lactaria española las entidades de base cooperativa de la
cornisa cantábrica o del resto del Estado en función de las
premuras y de las necesidades de producción que haya en cada
una de las zonas del Estado español.
En tercer lugar, señor Presidente, quiero referirme al punto 3
que presenta el Grupo Popular, que es un «totum revolutum», y
por el que pretende que a España se le devuelva la sanción que
se le ha impuesto por parte de la Unión Europea a través de la
deducción de las ayudas provenientes del Feoga. A nosotros nos
parece muy bien todo lo que venga al agricultor español, al
pescador español, todo lo que vaya dirigido a evitar la
erosión, a la protección del medio ambiente, no tenemos
inconveniente en apoyarlo, pero sí queremos manifestar que no
existe una articulación idónea, sino que esto es, en
definitiva, una propuesta que se ha sometido al debate de la
Cámara, de carácter muy genérico, y donde se mezclan temas que
no tienen una conexión directa, sino que tienen programas
específicos. Hay documentos únicos de programación y planes
específicos, tanto en reforestación, en industrias
agroalimentarias, como en estructuras pesqueras y se hace una
propuesta genérica que a nosotros no nos importa apoyar, pero
sí nos hubiera gustado que estuviera mejor articulada en
cuanto a los fines y los objetivos a alcanzar.
Por último, señor Presidente, queremos señalar que,
obviamente, vamos a apoyar el último inciso del punto 3.º de
ampliación de la cuota láctea española, porque entendemos que
es insuficiente el que se ha adjudicado al Estado español, sin
perjuicio, además, de la consolidación definitiva que hace
unos meses se otorgó por parte de la Unión Europea.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Enmienda del Grupo Socialista. Para su defensa, y para la
fijación de la posición del Grupo, tiene la palabra el señor
Torres Sahuquillo.
El señor TORRES SAHUQUILLO: Gracias, señor Presidente.
Quiero empezar por advertir a SS.SS. que no es la primera vez
que el Parlamento se ocupa del sector lácteo, a propuesta unos
veces del Grupo proponente de la moción de hoy, otras veces de
mi propio Grupo, otras de otros grupos parlamentarios de la
Cámara. No es la primera vez que tanto en la Comisión de
Agricultura del Congreso como en este propio Pleno, hemos
hablado de los problemas del sector lácteo y de su posible
solución. Y no es tampoco menos cierto que no está yermo de
medidas o de actuaciones el sector lácteo español, sino que ya
hay medidas y actuaciones que se han impulsado desde el
Gobierno en favor de este sector.
Lo digo a los efectos de que no perezca que estamos
descubriendo en este momento que el sector lácteo necesita una
reestructuración o necesita medidas de apoyo. Y quiero
recordar a SS.SS. que el Real decreto 1887/1991, sobre mejora
de las estructuras agrarias, y el Real decreto 1888, del mismo
año 1991, sobre la reestructuración del sector lechero y de
los productos lácteos, ya regulan ayudas a las explotaciones
lecheras y a su modernización. Que se han producido programas
de abandono indemnizado a los ganaderos que han optado por el
abandono de su explotación lechera. Que hemos conseguido el
aumento y la consolidación del aumento de la cuota lechera
asignada a España, con un aumento de 650.000 toneladas
respecto a la que tenía, y que esto ha hecho que la cuota
actual asignada a España se aproxime bastante al consumo real
de lo que se produce en España, aunque es todavía ligeramente
inferior. Esta cuota ha sido consolidada en España, y no así
en otros países europeos, porque en España se ha cumplido el
acuerdo al que se llegó con la Comunidad Económica Europea, y
eso también me parece importante resaltarlo. Que también están
en vigor los Reales decretos 324, de 1994, sobre
transferencias de cuotas entre ganaderos, entre particulares,
y la orden del 4 de agosto de 1994 sobre cesiones temporales o
alquiler de cuotas. Y que también, al mismo tiempo, va a
afectar a las explotaciones ganaderas el proyecto de ley, que
en este momento estamos tramitando en la Cámara, de
modernización de las explotaciones agrarias. Todo esto lo digo
a los efectos de que no parezca que estamos inventando algo
nuevo. La moción que presenta el Grupo Parlamentario Popular
tiene tres puntos. En el primero de ellos solicita que se
traiga a la Cámara un proyecto de ley extraordinario para
pagar la famosa multa de la leche, la corrección financiera
negativa de la Comunidad Económica Europea.
Yo quiero decir a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular
que eso no es en absoluto necesario. El procedimiento que se
utiliza es muy sencillo y no es nuevo; se viene utilizando
desde que España ingresó en la Comunidad Económica Europea.
Ustedes saben que el Tesoro adelanta al Forppa las cantidades
necesarias para que éste, a su vez, pueda ir pagando las
indemnizaciones de la política agraria común. Y una vez que el
Forppa justifica en Bruselas los pagos que ha realizado, ésta
remite al Forppa la cantidad y el Forppa a su vez la ingresa
de nuevo en el Tesoro. Como consecuencia de la corrección
negativa o multa, como se la ha de llamar por el sector
lechero, lo que va a ocurrir es que el Forppa no va a poder
revertir una cantidad al Tesoro público español porque la
Comunidad va a restar en los pagos del Feoga-garantía al
Forppa la cantidad correspondiente año a año. Por cierto,
quiero añadir aquí que
ya hay un acuerdo entre el Estado español y la Comunidad
Económica europea respecto a las cantidades a pagar y el plazo
para hacerlo. Por tanto, no es necesario estipular o detallar
más las medidas.
Finalmente, ello crea un descubierto en el Tesoro público con
respecto al Forppa que no establece más problemas internos y,
por consiguiente, la figura del proyecto de ley es innecesaria
y seguramente sería matar moscas a cañonazos.
El segundo punto de la moción del Grupo parlamentario Popular
es para nosotros el meollo de la misma, porque habla de que
hay que hacer un plan de reestructuración del sector lácteo. Y
nosotros estamos de acuerod, está de acuerdo el Grupo
parlamentario Socialista, está de acuerdo el Gobierno, que
está prácticamente ultimando el plan al que le obliga el
artículo 27 del Real Decreto 1888/1991. Sobre este segundo
punto es sobre el que versa nuestra enmienda que pretende ser
de sustitución a la totalidad de la moción, por considerar que
el primer punto es innecesario y que el tercero es un «totum
revolutum» que no se sabe muy bien qué pretende. Habla de
programas de estructuras productivas, de programas destinados
a luchar contra la erosión, la desertización, el desarrollo de
las ganaderías autóctonas, y todos estos programas, señorías,
están puestos en marcha en España y cuando debatamos la
próxima semana en el Pleno del Congreso los Presupuestos
Generales del Estado para 1995 van a ver cómo todos estos
programas, dotados con cantidades millonarias, son una
realidad. Por tanto, creemos completamente innecesario ese
punto.
Respecto a la segunda parte del tercer punto, que habla sobre
la ampliación de la cuota, nosotros estamos de acuerdo, pero
quiero recordar también a SS.SS. que el día 14 de septiembre
del presente año 1994, en la Comisión de Agricultura se
aprobó, con el voto unánime de toda la Comisión, de todos los
grupos parlamentarios, un punto que dice así: Consolidada ya
la ampliación de la cuota láctea a España, solicitar a la
Unión Europea una nueva ampliación que ajuste la cantidad de
referencia asignada a las necesidades reales de producción que
permitan la rentabilidad de las explotaciones ganaderas.
Repito, se insta al Gobierno, en este acuerdo unánime de la
Comisión, a que solicite de la Comunidad Económica Europea una
ampliación de la cuota. Y nos parece que este Parlamento no
puede estar reiterando permanentemente al Gobierno que haga la
misma cosa. Si el día 14 de septiembre de este mismo año le
hemos pedido al Gobierno que lo haga, nos parece innecesario
que lo pidamos de nuevo hoy, puesto que tan válido es el
mandato de la Comisión de Agricultura como el del Pleno del
Congreso. Por ello, la enmienda de sustitución a la moción del
Grupo parlamentario Popular que hemos presentado se refiere
práctica y exclusivamente a lo que al sector le preocupa y a
lo que el sector necesita. Al sector no le preocupa en
absoluto cómo se paga la famosa multa, de verdad que no le
preocupa; lo que le preocupa es que no lo tenga que pagar él y
el sector no la va a pagar. Al sector no le preocupa demasiado
que en otros sectores distintos al suyo se hayan de producir
los planes y cómo han de ser. Al sector lechero le preocupa
cómo se reestructura su propio sector. Por tanto, nosotros
queremos ir al meollo de la cuestión y no distraer la
atención.
Por cierto, yo quisiera llamar la atención del Grupo
Parlamentario Popular respecto a que, so pretexto de la
preocupación que tiene --y desde luego me consta que la tiene
la portavoz del Grupo Popular, la portavoz, al menos, sí--
sobre el sector lechero, presenta una moción que es
difícilmente asumible por el resto de los grupos. Yo diría que
presenta un «totum revolutum» tan difícil de asumir que hace
prácticamente inviable que esto se pueda poner en marcha. Y yo
no sé si objetivamente lo que busca el Grupo Parlamentario
Popular es hacerlo inviable consiguiendo el voto negativo del
Grupo Parlamentario Socialista o de otros grupos, porque
presenta una moción que no se puede aprobar de ninguna manera.
Me preocuparía que fuera eso, y nosotros vamos a intentar
evitar que eso se produzca, así que nuestra enmienda lo que
pretende es que el Gobierno, en el plazo de seis meses,
elabore un programa específico de ayudas para mejorar la
estructura y eficacia de las explotaciones lecheras españolas,
la calidad de los productos y la racionalización de la
recogida de la leche, respetando las particularidades
estructurales de las diferentes zonas productoras, y
establecemos, de acuerdo con el artículo 27 del Decreto
1888/1991, una relación de qué cosas tiene que contemplar, al
menos, ese programa de reestructuración, cuya lectura obvio a
SS.SS. porque sería demasiado prolija. Finalmente, señorías,
si el problema que tiene el Grupo Parlamentario Popular para
aceptar nuestra enmienda de sustitución --que sí va al meollo
de la cuestión, sí va a querer resolver lo que al sector le
preocupa-- (Protestas.) es que no quiere que parezca que el
Grupo Parlamentario Socialista quiere resolver el problema, yo
le digo que se va a equivocar. Y si el problema que tiene es
porque no hemos puesto en nuestra enmienda el tema de la
ampliación de la cuota, nosotros les ofrecemos desde aquí una
enmienda «in voce», si la aceptan, donde, exactamente lo mismo
que hemos aprobado en la Comisión de Agricultura del 14 de
septiembre, se contenga también en la enmienda respecto a la
ampliación de la cuota.
Si con eso ustedes pudieran aceptar nuestra enmienda,
encantados. Si no es así, como me temo, ya les anuncio que mi
Grupo presentará de inmediato, en la Comisión de Agricultura,
una proposición no de ley con el texto de nuestra enmienda de
hoy, precisamente para demostrar al sector lechero y sobre
todo al Grupo Parlamentario Popular que nosotros sí queremos
de
verdad ir al meollo de la cuestión, al que resuelve los
problemas, no a la retórica, y desde luego no al «totum
revolutum», que hace imposible, finalmente, que se resuelvan
los problemas reales que el sector demanda. Muchas gracias,
señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Torres Sahuquillo.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Vidal.
El señor VIDAL I SARDO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, intervengo para fijar la posición
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) respecto
a la moción del Partido Popular en la que se propone en tres
apartados la adopción de medidas para reestructurar y
garantizar la viabilidad del sector lácteo del país. La
posición del Grupo Parlamentario Catalán respecto al conjunto
de la problemática del sector lácteo pienso que ya ha quedado
suficientemente establecida con nuestro voto y a travésde los
debates de las muchas iniciativas parlamentariasque han sido
tratadas en este Pleno y en la Comisión.
Concretamente, respecto a la cuota de producción de leche
asignada a España por el Mercado Común en el Tratado de
Adhesión, que se estableció en base a las estadísticas de
1983, a nuestro juicio erróneas, seguimos pensando que la
cuota no se correspondía con la producción real, que fue muy
inferior a la producción real de aquellas fechas. La concesión
de 650.000 toneladas de cuota complementaria consolidada en
1993, que de alguna manera debe significar el reconocimiento
de aquel error inicial, queda, no obstante, muy por debajo de
las necesidades de cuota que precisa nuestro sector lechero
para acercarse a las producciones medias de las explotaciones
de la Comunidad Económica Europea, producción media de nuestro
país que, como reconoció el señor Ministro en la
interpelación, queda todavía a una tercera parte de la
alemana, una cuarta parte de la francesa, una sexta parte de
la holandesa y una décima parte de la del Reino Unido.
Así, pues, ni el país, ni los ganaderos, pueden renunciar a
que esta cuota media española por explotación ganadera tienda
a aproximarse progresivamente a la media europea, porque si no
se logra esta homologación nuestro sector lácteo estará
siempre en condiciones de inferioridad para afrontar los retos
de competitividad que nos exige el mercado único y quedará
inmerso en un permanente proceso de reconversión y de cese de
producción lechera, es decir, de falta de garantías de futuro
y de estabilidad.
Si a esto añadimos que la cuota actual española no alcanza
para abastecer siquiera el 70 por ciento del consumo interno,
mientras que la cuota de otros países supera el doble o el
triple de su consumo interno, se justifica, a nuestro juicio,
la petición final del punto tercero de la moción del Partido
Popular, aunque sea reiteración de acuerdos ya refrendados por
unanimidad en el Congreso, de que se continúe negociando la
ampliación de la cuota española, con la finalidad de que la
cuota resultante, una vez redistribuida junto con las 300.000
toneladas de la reserva nacional, permita a las explotaciones
ganaderas de nuestro país optimizar su producción, aprovechar
sus recursos de base territorial y laboral y amortizar las
instalaciones ahora infrautilizadas por cuotas insuficientes.
La permanencia o incorporación de muchos jóvenes ganaderos
dependen de ello, debido a que estas explotaciones precisan
generar rentas para que sus titulares y para que sus jóvenes
ganaderos que desean permanecer en esta actividad, permanezcan
en la misma explotación. Contrariamente, la petición contenida
en el resto del punto tercero de la moción no es asumible por
nuestro Grupo, al entender que ni siquiera puede plantear, con
un mínimo de rigor y de conocimiento de las instituciones
europeas, que la multa de 183.000 millones de pesetas sea
compensada o abonada por el mismo Feoga.
Respecto a esta denominada corrección financiera negativa, o
multa impuesta por la Unión Europea a España por exceso de
producción de leche en los ejercicios de 1990 a 1993, debemos
lamentar que en su cálculo no se hayan apreciado los efectos
retroactivos del complemento de las 650.000 toneladas
concedidas últimamente a España, con lo que se hubiera
reducido de forma importante el monto de la multa. A pesar de
este reproche, nuestro Grupo valora positivamente el hecho de
que no tenga que ser abonada la multa por los ganaderos, con
lo que se complace una de las más justas reivindicaciones del
sector lechero. Opinamos que por la forma de pago elegida de
la multa, al tratarse de una corrección financiera mediante
descuento o deducción de las cantidades que el Feoga ingresa
al Estado español, no es necesario proceder mediante el
instrumento financiero de proyecto de ley de crédito
extraordinario que se solicita en el punto primer de la
moción. Nuestro Grupo sí está de acuerdo con la petición
obtenida en el punto segundo de la moción y con la necesidad
de elaborar un programa de reestructuración y modernización
del sector lechero. En cuanto al contenido y objetivos del
programa, nuestro Grupo valora como más asumible el texto de
la enmienda del Grupo Socialista, pues en ella se recoge una
de las constantes reivindicaciones de nuestro Grupo, que es la
de que todo el programa de ordenación del sector lechero debe
estar impregnado de respeto a las particularidades
estructurales de las diferentes zonas y regiones productivas,
y que se debe valorar y compensar proporcionalmente el
esfuerzo realizado en los planes de abandono por los ganaderos
de cada una de las comunidades autónomas.
Así interpretada la enmienda de sustitución tendrá nuestro
voto favorable, por las razones expuestas y porque así se
garantiza la no discriminación de las explotaciones y regiones
más competitivas en producción de leche. En todo caso, debemos
decir que en la relación de objetivos del programa echamos en
falta el objetivo que solicita la enmienda del Partido
Nacionalista Vasco, es decir, el incluir la reestructuración
del sector industrial y de distribución, sin cuya solvencia y
eficacia no se garantiza la viabilidad del conjunto del
sector.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vidal.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, señorías, voy a
fijar la posición del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya en relación con la moción que
presenta la Diputada Fernández Díaz, del Grupo Popular.
Debo decir, en primer lugar, que lamento que la Diputada
Fernández Díaz, que hizo en la interpelación una exposición
muy detallada y precisa de los problemas a los que se enfrenta
el sector lácteo y las causas que derivaron de una mala
negociación, haya, a mi juicio, errado en el planteamiento de
la moción consecuencia de esta interpelación urgente.
Se podía esperar que, ante una situación en la que a España le
va a tocar pagar una multa de 205.000 millones de pesetas, se
fuese realmente a la raíz del porqué esa multa debe ser
pagada, que no es otra que la que deriva de una mala
negociación en cuanto a la amplitud de la cuota. La moción
debería incluir la exigencia inmediata de que el Gobierno
cumpliese el mandato de la Comisión de Agricultura, a través
de la proposición no de ley que nuestro Grupo, Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, presentó a la Comisión y que
fue aprobada por unanimidad; que el Gobierno se pusiese
inmediatamente a gestionar esa ampliación de cuota que hará
que el sector ganadero pueda rentabilizar sus explotaciones.
En relación con el contenido de la moción pienso, al igual que
otros portavoces de distintos grupos que me han precedido, que
es innecesaria la presentación de un proyecto de ley por parte
del Gobierno, por cuanto ya se han establecido unos mecanismos
de compensación a través del Feoga-Garantía, por los cuales el
Gobierno español durante estos tres años consecutivos irá
haciendo efectivo el importe de la multa.
En segundo lugar, yo creo, señora Fernández Díaz, que tendría
usted que haber planteado la moción en relación con los
problemas que están afectando al sector. Estamos hablando
continuamente de reestructuración y lo que le preocupa ahora
mismo al sector es cuándo va el Gobierno a presentar la
normativa de reparto de la reserva nacional.
Señora Fernández Díaz, esto es a lo que se tenía que haber
instado al Gobierno a llevar a efecto en esta moción, porque
usted sabe que el Gobierno se comprometió a que el 15 de
octubre esa normativa sería ya conocida por el sector y, por
tanto, habría entrado en vigor. Todavía no se ha producido y,
teniendo en cuenta que nada más que se ha dado un mes de
solicitudes, dos meses de gestión de las solicitudes y medio
mes para comunicar, nos encontraríamos con que sería
comunicado a los ganaderos a dos semanas de la finalización de
la campaña, cuando los ganaderos son empresarios que tienen
que planificar y esta situación es absolutamente inadmisible.
Hubiésemos podido pensar que también S.S. se hubiese
preocupado por exigir inmediatamente al Gobierno el que la
normativa sobre transferencias --por otra parte, a nuestro
Grupo no le gusta en absoluto la forma en la que el Gobierno
la piensa plantear, en el sentido de libre transferencia de
cuotas-- fuera conocida ya por el sector y que, por otra
parte, se instase inmediatamente al Gobierno a hacer la
segunda compensación para que los ganaderos viesen cuál es el
importe de la supertasa y tuviesen ya conocimiento de la
cantidad que deberían hacer efectiva. Todo eso no se produce.
Por otro lado, en el segundo punto, señora Fernández Díaz, se
habla de viabilidad de las explotaciones. ¿Qué viabilidad
propone el Grupo Popular? Ni el Grupo Popular ni el Grupo
Socialista nos han dicho todavía qué tamaño o tipo de
explotación consideran que debe ser objeto de las ayudas
prioritarias, si unas explotaciones de una determinada cuantía
serán objeto de unas ayudas y las grandes de otras.
De esta manera nos hemos encontrado, señora Fernández Díaz,
con que ya llevamos seis planes de abandono, y no se puede
hablar de reestructuración cuando ya se llevan seis planes de
abandono. Es un plan de reestructuración un poco tardío. ¿Qué
tipo de explotación es la que nosotros consideramos, como
conjunto de grupos parlamentarios, que debe ser objeto de
ayudas prioritarias? Porque nos hemos encontrado en una
situación en la que los pequeños han abandonado y han ido a
parar a las grandes explotaciones, y ahora hay un 70 por
ciento de las explotaciones muy pequeñas y el 30 por ciento
restante son muy grandes. El debate debería estar centrado en
este punto: hacia dónde vamos a canalizar los planes de ayuda
que ahora está proponiendo el Grupo Socialista y cómo se
reestructura el sector.
Visto el tercer punto de la moción, he de coincidir con el
resto de portavoces que me han precedido en que es un
monumento a la confusión. Quizá le venga esta confusión a la
señora Fernández Díaz de algo que dijo el Ministro Albero en
su tiempo, que supongo que todo
el mundo recuerda: Que la multa, la penalización, se podría
compensar por el Gobierno español con las ayudas a la
forestación. Eso lo dijo el Ministro Albero en un momento,
después se olvidó y ahora parece que la señora Fernández Díaz
lo vuelve a recoger, pero todos sabemos que es algo
absolutamente inviable. Vista la enmienda que plantea el Grupo
Socialista, nuestro Grupo estaría en condiciones de aceptarla
si la asumiese el Grupo Popular, y si aceptase la enmienda «in
voce» con un texto que propuso Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya en Comisión en septiembre y ahora a través de esta
moción: Que el Gobierno se compromete a iniciar con la Unión
Europea la ampliación de la cuota láctea asignada al Gobierno
español.
Señorías, me da la sensación de que en este tema, como en
otros muchos, mareamos la perdiz y hay mucha normativa
dispersa. Tenemos el Decreto 18/1987, el Decreto 18/1988,
vamos a ir por la ley de modernización de explotaciones y
resulta que ahora vamos a hacer, a su vez, una normativa que
recoja el plan de ayudas solamente para el sector ganadero.
También quisiera que el Portavoz del Grupo Socialista
considerara que en algún momento deberemos hacer coincidir
esas normativas que tienen como objetivo la modernización de
sector. Si tenemos un proyecto de ley de modernización de
explotaciones, que será para las explotaciones agrícolas,
ganaderas y forestales, planteemos seriamente la
reestructuración del sector ganadero en el ámbito de la ley de
modernización. Si no, nos vamos a encontrar con los Decretos
18/1987, 18/1988, el plan de ayudas y la ley de modernización.
Me da la impresión de que todo eso debería estar conjugado de
una forma global e íntegra. Se ha olvidado que nuestro Grupo,
en su momento, planteó, y además se aprobó en Comisión, que se
crease la mesa de seguimiento para el reparto, transferencias
y, entrega a empresas de las cuotas. Eso no se ha vuelto a
mencionar, pero está ahí y pensamos que debe servir de gran
ayuda a los ganaderos para que no tengan que moverse al palo
de lo que quieran las empresas y a qué ganadero quieran o no
favorecer. Pienso que esas cuestiones importan al sector y
cada vez que vayamos planteando nuevas iniciativas, deberíamos
ir incorporando las anteriores; si no, estamos atomizando las
iniciativas y nos olvidamos de ellas a medida que se van
produciendo.
Termino ya. Solamente quiero decir que la reestructuración se
deberá hacer sobre todo en base a la ampliación de la cuota y,
por supuesto, según nosotros, primero, en el ámbito de la ley
de modernización, definiendo qué tipo de explotación ganadera
vamos a priorizar para integrarlo en la ley de modernización
de explotaciones agrarias.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rivadulla.
Señora Fernández Díaz, tiene la palabra para expresar la
aceptación o rechazo de las enmiendas que han sido defendidas.
(Rumores.) Silencio, señorías. La señora FERNANDEZ DIAZ: Señor
Presidente, voy a fijar la posición de mi Grupo con respecto a
las enmiendas que se han presentado a la moción del Partido
Popular.
El señor PRESIDENTE: Señora Fernández Díaz, no es un turno, es
simplemente para que exprese la aceptación o rechazo de las
enmiendas. No es para fijar posición.
La señora FERNANDEZ DIAZ: Señor Presidente, voy a fijar la
posición, se lo estoy diciendo. Es que usted hoy se empeña en
que no puedo hablar. Simplemente voy a fijar la posición.
Se ha presentado una enmienda del Partido Nacionalista Vasco
que sí aceptamos porque realmente no desvirtúa el sentido de
nuestra moción. Creo que estoy fijando la posición, señor
Presidente.
Aceptamos en su totalidad la enmienda del Partido Nacionalista
Vasco. Entendemos que no desvirtúa nuestra posición, sino, al
contrario, la amplía, sobre todo porque nosotros incidimos más
en el sector productivo y el Partido Nacionalista Vasco incide
en el transformador.
No podemos aceptar, lamentablemente --¡Ya me gustaría!--, la
enmienda del Partido Socialista, presentada como enmienda de
sustitución. La podemos aceptar como enmienda de adición. De
lo que nos habla el Portavoz del Partido Socialista es de un
Decreto, el 888/91, en sus diversos puntos, que ya lo tiene
que estar cumpliendo porque ya está decretado. Dice que lo va
a llevar a la Comisión. Me parece muy bien que lo haga porque
así nos enteraremos de si tienen alguna política para el
sector agrario.
Realmente lo que usted nos propone, señor Torres --y se lo
digo con todo el cariño--, es algo que ustedes tienen la
obligación de cumplir. Termino contestando a la señor
Rivadulla lo mismo. Usted se ampara en la enmienda del Partido
Socialista; y yo digo que lo único que tiene que hacer el
Partido Socialista es cumplir, no enmendar. Si lo quieren
sumar a nuestra moción, por supuesto lo aceptamos; si no,
lamentablemente, tenemos que rechazarlo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández Díaz.
Por parte de la Presidencia --se lo puedo asegurar-- no hay
intención alguna ni deseo de coartar sus derechos a utilizar
los turnos correspondientes. Pero al iniciar su intervención
diciendo que iba a fijar la posición, el turno de fijación de
posición tiene un contenido preciso que ha alarmado a la
Presidencia.
Vamos a proceder a la votación.
Moción del Grupo Popular que se somete a votación en los
términos resultantes de la aceptación de la enmienda del Grupo
Vasco (PNV) al punto segundo. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 276; a favor, 122; en contra, 154.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE POLITICA DEL GOBIERNO RESPECTO
DE LA REFORMA DE LA ADMINISTRACION PERIFERICA DEL ESTADO Y, EN
CONCRETO, SOBRE LA DESAPARICION DE LA FIGURA DEL GOBERNADOR
CIVIL (Número de expediente 173/000059)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya consecuencia de la interpelación
sobre política del Gobierno respecto de la reforma de la
Administración periférica del Estado y, en concreto, sobre la
desaparición de la figura del gobernador civil.
Tiene la palabra el señor Ríos. (El señor Vicepresidente,
Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, voy a
intentar defender la posición del Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya ante lo que ha sido el fruto
del debate con el Gobierno de una interpelación para conocer
la posición del Gobierno a la hora de simplificar la
Administración periférica, reordenar el funcionamiento de la
Administración del Estado y, sobre todo, adecuarse a lo que
debe ser la evolución después de la experiencia del desarrollo
constitucional del Título VIII, que nos ha situado, tras el
debate de las autonomías celebrado en el Senado, en una nueva
demensión. Cierto es que en la Comisión, el 13 de octubre del
año 1994, el Ministro que entonces comparecía decía que la
Administración se iba a centrar en 17 ejes, 17 comunidades
autónomas, coordinadas por las delegaciones del Gobierno.
Precisó después que luego, en cada territorio provincial,
sería conveniente una persona, una figura, un gestor o un
político --al que ya había hecho referencia con anterioridad--
, para llevar la Administración periférica en esa parte del
territorio. Añadía el señor Ministro que las funciones del
gobernador civil se estaban quedando reducidas a las
prestaciones del INSS, al orden público, a la Agencia
tributaria --aun reconociendo que esta última era ya un ente
público autónomo-- y al servicio de Correos. Finalizaba
diciendo que se encontraban con que las funciones de un
gobernador civil eran ésas por más que se quisiera que fueran
otras.
El debate nos ha situado, después de la interpelación, en un
posicionamiento que el Gobierno no mantiene definido, desde la
óptica que Izquierda Unida, y sobre todo Iniciativa per
Catalunya, ha ido manteniendo a lo largo de todo este tiempo.
La figura del gobernador como sátrapa del imperio persa o como
funcionario de la Administración central hoy deja de tener
papel dentro de un nuevo Estado organizado en una
Administración pivotada en tres administraciones: la local, la
regional y la central. Pero si las funciones son las que decía
el señor Ministro, desde luego no justifica mantener una
figura con tanta carga política y, sobre todo, simbólica.
Se hace preciso abordar este planteamiento en tres niveles:
primero, bajo un nuevo Estado que desarrolle el Título VIII;
segundo, con una Administración periférica que debe adecuarse
a una nueva realidad, y es que se han consolidado
definitivamente unas administraciones autonómicas que, además,
representan al Estado dentro de su distribución competencial;
tercero, que la organización del gobierno central y sus
distintos ministerios en el territorio debe simplificarse.
¿Cuál es la Administración que hoy tenemos? Tenemos una
presencia en el territorio de una representación de cada
ministerio a nivel de directores provinciales y una
representación del Ministerio del Interior, que nombra a un
gobernador civil que dentro del cual tiene una actuación
determinada. Por otro lado, desde el año 1983 tenemos unos
delegados del Gobierno. ¿Cuál sería la óptica para abordar
esta actuación? Primero, ver qué competencias pueden situarse
o resituarse dentro de las comunidades autónomas y de los
entes locales, de lo que hoy realiza la Administración
central; segundo, simplificar al máximo para evitar
duplicidades; y, tercero, plantearse un papel de coordinación
de la tarea del Gobierno en los territorios en manos de los
delegados del Gobierno y, a la vez, de coordinación con las
distintas administraciones. Por tanto, pierde realidad la
presencia en cada provincia, que debiera ser una oficina
situada para coordinar la parte de administración
desconcentrada que aún no se haya trasladado.
Tengan SS.SS. la certeza de que esta filosofía de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya se hace desde la óptica de
entender un proceso federal del Estado y no un proceso
confederal del Estado, desde la óptica de entender que el
Estado debe tener presencia en la Administración
desconcentrada que pueda mantener, pero que ésa debe ser
ínfima, muy simplificada, que la mayor parte de las
competencias deben estar descentralizadas o autogobernadas
desde una óptica autonómica. No estamos solicitando la
desaparición de todos los territorios de la presencia de lo
que pudiéramos llamar la parte del Estado de la Administración
central, sino que estamos planteando hacer frente a una
realidad que, después de 10 y 12 años de desarrollo del Estado
de la autonomías, debiera de proyectarse hacia otra realidad
nueva.
En el seno del debate que se tiene en la sociedad y en el seno
de lo que pudiéramos llamar hoy discusión del Gobierno, o de
la fuerzas que tienen que aplicar esta posición política,
prima más todavía la vertiente de desconcentración
administrativa que la vertiente de descentralización. Sobre
todo, y más importante, la filosofía del poder de un Gobierno
civil, paralelo a un Gobierno militar (que, por cierto,
ustedes ya han reformado por ley. Ya tenemos los delegados de
Defensa en todas las provincias). Nosotros creemos que en esa
figura del Gobernador desde el Interior prima el concepto de
control más que el de coordinación administrativa.
¿Cuál sería la propuesta de Izquierda Unida? Primero, que el
Gobierno presentara en esta Cámara, antes de terminar el
presente período ordinario de sesiones, un proyecto de ley de
racionalización, reducción y simplificación de la
Administración periférica. Segundo, que se aborde una
simplificación de la Administración y una reducción de forma
gradual. No estamos pidiendo un salto en el vacío. No estamos
proponiendo que de golpe, de la noche a la mañana, se produzca
una transformación. Pero sí proponemos un proceso gradual que
nosotros ciframos en dos años. ¿Para qué? Fundamentalmente par
producir transferencias de competencias, que ahora mismo están
en directores provinciales y en gobiernos civiles, de la
Administración periférica hacia las administraciones
autonómicas y locales, y para redefinir el papel de esa
Administración periférica centrada en el delegado del Gobierno
desde dos ópticas: primero, que haya una reducción de la
Administración central con una oficina en la provincia,
coordinada y decidida desde la delegación del Gobierno en cada
comunidad autónoma, desde esos 17 ejes que la Administración
central del Estado tiene en cada comunidad autónoma. Y
segundo, la adecuación de la figura de los delegados del
Gobierno haciéndoles depender, no del Ministerio del Interior
sino del Ministerio de Administraciones Públicas o, en todo
caso, del de la Presidencia. Es verdad que eso está por
desarrollar, veremos de qué menera se presenta y de qué manera
podremos incidir. Pero ésa es la orientación que nosotros
creemos que debe de primar.
Por último, ¿qué nos planteamos como tercer punto de nuestra
moción? Que el Gobierno remita, al final de cada año, de estos
dos que dábamos de plazo para ese proceso de simplificación,
reducción y desaparición de alguna figura de la Administración
periférica, información al Congreso de los Diputados del
proceso de supresión, simplificación y transferencias de
servicios, y la situación o recolocación del personal que en
cada caso pueda verse afectado. Señor Presidente, señorías,
hacemos una propuesta desde el convencimiento de que es una
apuesta decidida por una nueva ordenación del Estado que se
encardina desde el proceso que nosotros estamos defendiendo,
de una filosofía de desarrollo del Estado de las autonomías,
hacia un proceso federalizante del Estado. En todo caso y como
mínimo, de simplificación que abarate el costo de esta
Administración, añadiendo a la Administración eficacia y
eficiencia, puesto que hoy esta figura no garantiza esa
eficacia y esa eficiencia. Como se han presentado enmiendas de
los distintos grupos, estoy convencido de que al final del
debate puede ser que lleguemos a acuerdos en la medida en que
estemos por una filosofía --de la que tanto gusta hablar-- de
modernización de nuestro aparato administrativo, en lugar de
anclarse en viejas recetas que creo que no sirven. En todo
caso, el debate nos va a decir si hoy hay sufientes medios
para llegar al consenso de toda la Cámara o si sólo hay un
grado de consenso para poner en marcha el debate. En cualquier
caso, estamos convencidos de que esta discusión va a ser útil,
tanto si hoy se produce el encuentro en esta moción, lo que
estimularía al Gobierno, como si no sale aprobada por la
mayoría de la Cámara, porque el debate de ese proyecto de ley
puede hacer que todos nos coloquemos en esa reflexión. En ese
sentido damos por bien utilizada la interpelación, damos por
bien utilizado el trámite de la moción. Esperemos al final del
debate.
Nada más, señor Presidente. Nada más, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos. A
esta moción se han presentado cuatro enmiendas. En primer
lugar, para la defensa de la enmienda del Grupo Popular, tiene
la palabra el señor Mañueco.
El señor MAÑUECO ALONSO: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, al comienzo de esta sesión
plenaria, a primera hora de esta tarde, el Grupo Popular
presentaba una proposición de ley sobre el Gobierno y la
Administración del Estado en la periferia. Al finalizar esta
sesión plenaria, en el último punto del orden del día nos
encontramos debatiendo una moción, consecuencia de la
interpelación presentada por Izquierda Unida, sobre la reforma
de la Administración del Estado y la supresión de los
gobernadores civiles. A este respecto el Grupo Popular ha
presentado una enmienda a esta moción.
Yo quisiera decir que esta tarde el Grupo Popular ha puesto en
conocimiento de los grupos políticos, mediante la explicación
que ha dado del contenido de esta proposición de ley, cuáles
son los objetivos, la estructura y la forma en que nos
proponemos llevar a cabo la presencia del Estado en la
Administración de las provincias y de las comunidades
autónomas. Por consiguiente, todos ustedes saben y los grupos
ya conocen cómo el Grupo Popular pretende llevar a cabo la
presencia de la Administración del Estado en las provincias,
con eficacia y con eficiencia. Se ha dicho a lo largo de la
tarde, por representantes de distintos grupos, que es un
tema de sumo interés y que es bueno que se debata en la
Cámara, puesto que ya se está debatiendo en la sociedad.
Creemos que si somos conscientes de que es un tema que se está
debatiendo en la calle, es decir, que la sociedad y la
Administración están tomando iniciativas y partido sobre ello,
también es importante que cuanto antes se presente ante esta
Cámara, donde se elaboran las leyes, el proyecto de ley por
parte del Gobierno socialista, puesto que esta tarde nuestra
proposición de ley no tuvo oportunidad de ser aprobada, para
que podamos debatir sobre ello.
La proposición del Grupo Popular se ha tildado también de
sabor a vino añejo. Yo creo que cuando alguien está en la
línea de la modernización, de la aplicación de los artículos
que en la Constitución se refieren a la presencia del Estado,
cuando se sigue manteniendo el contenido del artículo 141 de
la Constitución, no se puede hablar de circunstancias pasadas
ni de vino añejo sino realmente de un proyecto de futuro para
la Administración, que es lo que prentende el Grupo Popular, y
por eso lo ha traído a debate.
A nosotros nos gustaría saber cuáles son realmente las
proposiciones de ley de Izquierda Unida y del Grupo
Socialista, porque no se trata de andar modificando
puntualmente determinadas cuestiones que nos parece que no son
acertadas ni adecuadas o que no nos gustan; es decir, vamos a
suprimir los gobernadores civiles, y mañana, como decía yo el
día anterior, pediremos que se supriman las provincias, ya que
tampoco tienen contenido, y en base a ello cada día hacemos
una proposición distinta. ¿Cuál es el contenido de su proyecto
de ley sobre la Administración del Estado en la periferia?
La Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, determina cuáles son
las competencias de las provincias, y la Constitución, en su
artículo 141, da también carácter de administración
independiente y suficiente a la provincia. Y, dentro de esa
administración provincial, tiene que seguir encajando la
Administración del Estado; y el funcionamiento de la
Administración del Estado en la provincia tiene que estar
garantizado a través de la coordinación. Bien es cierto que el
desarrollo del Título VIII de la Constitución con el contenido
de las comunidades autónomas nos lleva a un nuevo desarrollo
con la figura de los delegados del Gobierno. A partir de ahí
es como hay que regular la presencia de la Administración del
Estado en las provincias, a partir de la delegación del
Gobierno y fundamentalmente con la dependencia que del
delegado del Gobierno tengan los gobernadores en las
provincias. Alguien tiene que defender los intereses del
Estado, y nada más lejos del proyecto del Grupo Popular que
esa figura que ustedes denominan comisarios o gobernadores
políticos, porque si nosotros entramos en el criterio de que
debe ser un funcionario de nivel superior el que ha de
asumirlo, estamos reconociendo un conocimiento y una capacidad
funcionarial al margen de cualquier situación política. Es
ahora cuando se corre el riesgo de que los gobernadores sean
comisarios o gobernadores políticos, porque están defendiendo
los intereses de los partidos en la periferia y no los del
Estado cuando se plantea un conflicto de competencias entre
unos criterios políticos u otros dentro de las mismas
provincias. Por consiguiente, nosotros hemos presentado esta
enmienda que conocen los señores Diputados y que tiene dos
puntos.
El primero habla de impulsar un gran pacto nacional entre
todas las fuerzas políticas para definir la distribución de
competencias entre el Estado, comunidades autónomas y entes
locales teniendo en cuenta los hechos diferenciales de los
diversos territorios, con el objeto de racionalizar y
simplificar la organización administrativa para una mayor
eficacia y un mejor servicio a los ciudadanos.
En su punto segundo decimos que las funciones de los delegados
del Gobierno en las comunidades autónomas las ejercerán en
cada provincia los gobernadores, que serán nombrados y
separados por el Consejo de Ministros a iniciativa del
delegado del Gobierno de la comunidad autónoma respectiva. Los
nombramientos habrán de ser efectuados entre funcionarios de
carrera y de nivel superior. Este es el criterio del Grupo
Popular y esta es la enmienda que presentamos a la moción de
Izquierda Unida. Nos gustaría que se entendiera que es un paso
más hacia la unificación de criterios que en este momento pide
Izquierda Unida. Nosotros sí creemos que es importante que se
llegue a un gran acuerdo entre todas las fuerzas políticas
para que cuando la Ley de Administración del Estado venga a
esta Cámara lo haga con el mayor consenso posible. Es una ley
que tiene que durar en el tiempo y servir para que todos los
grupos políticos puedan gobernar en las mismas condiciones, y,
por consiguiente, estamos dispuestos a seguir debatiendo y
consensuando esta ley. Mientras tanto anticipamos esta
enmienda que presentamos a la moción de Izquierda Unida
deseando que sea votada favorablemente.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias señor Mañueco.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Vasco (PNV) tiene la
palabra el señor Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias señor Presidente.
Voy a fijar la posición del Grupo Vasco en relación con la
moción, consecuencia de interpelación presentada hace dos
semanas por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, y voy a empezar diciendo que nuestro Grupo
Parlamentario está de acuerdo con su punto primero. Creo que
también es intención
del Gobierno traer a la Cámara la ley de organización de la
Administración central del Estado, donde hay un compromiso de
reducción, y, por lo tanto, obviamos en este momento repetir
argumentos sobre tal cuestión. Sobre el punto segundo nuestro
Grupo Parlamentario ha presentado una enmienda puntual, señor
Presidente, con la que pretendemos que haya una coherencia
entre los procesos de transferencia y delegación de los
servicios periféricos dependientes de la Administración
central a las comunidades autónomas, o en su caso también a
los municipios, con la reforma de la Administración
periférica. Creemos que esta reforma de la Administración
central en las provincias tiene que ir en consonancia con un
proceso de cumplimiento del desarrollo de los estatutos de
autonomía y con la utilización del instrumento jurídico
previsto en el artículo 150.3 de la Constitución, que es la
delegación. Señor Presidente, a nuestro juicio existen
innumerables materias pendientes de traspaso a las comunidades
autónomas, tanto a las del 143 como a las del 151, pero
también es llamativo que existan materias que la Constitución
reserva al Estado en exclusiva y que, a nuestro juicio, pueden
ser mejor desarrolladas, gestionadas, aplicadas y, en
definitiva, realizadas para el ciudadano por parte de las
comunidades autónomas. Hay innumerables materias del día a día
de la gestión, como puede ser el servicio nacional de
productos agrarios, o todos los servicios de intervención en
el litoral, o la ordenación del sector pesquero, que
corresponden al Ministerio de Agricultura y que se realizan
por parte de los servicios periféricos. Sé que el Ministro
para las Administraciones Públicas ha mostrado su sensibilidad
para que, a través de este mecanismo de la delegación, las
comunidades autónomas puedan plasmar estas competencias que,
siendo del Estado --y así aparece en la Constitución--, pueden
ser gestionadas más ágilmente, con mayor eficacia y mayor
cercanía al ciudadano, por las comunidades. Señor Presidente,
si hay servicios públicos de enorme importancia, como la
sanidad, la educación, la justicia, la seguridad ciudadana y
el orden público, que son gestionados por las comunidades
autónomas, ¿cómo servicios de segundo o de tercer orden, como
pueden ser las obras del litoral, el mantenimiento de las
playas, el pago de la ayuda a un ganadero, el pago de la prima
del trigo, tienen que ser gestionados por los servicios
centrales del Estado, con dependencias todavía en todas y cada
una de las provincias? Eso es un anacronismo, señor
Presidente, y ha de irse a una adecuación, a una reformulación
de los servicios de la Administración central en la provincia.
A mí me congratula, y no me duelen prendas al repetirlo, el
planteamiento que ha hecho el Grupo Popular en su proposición
de ley, donde diseña un esquema político y jurídico de
entender la Administración del Estado, sin perjuicio de que
tengamos discrepancias con ello. Antes le hemos dicho al
portavoz, señor Martín Villa, que a nosotros nos alegran las
previsiones que se contenían en el artículo 44 de la
proposición de ley que ustedes han presentado; esperemos que
si algún día llegan al poder sean consecuentes con el
planteamiento político que ahí se contiene de abrir la
posibilidad de aplicar la Administración única que ustedes
plantean en su proposición de ley.
En cuanto al apartado a) del punto 2, nosotros coincidimos con
el planteamiento de la enmienda --y con esto fijo posición--
que ha efectuado al Grupo Catalán (Convergència i Unió) de
proceder inmediatamente a la supresión de los gobernadores
civiles en aras a la adecuación al Estado autonómico. No voy a
ser repetitivo sobre tal cuestión; creo que los argumentos que
se han dado reiteradamente en esta Cámara son suficientes.
No quiero finalizar sin referirme al apartado b). Me parece
oportuno, como plantea Izquierda Unida, que la delegación del
Gobierno en las comunidades autónomas dependa del Ministerio
para la Administraciones Públicas. Parece que esa dependencia
por parte del ente público, por parte de la Administración
pública responsable del desarrollo del Estado autonómico,
responsable del principio de colaboración y coordinación que
inspira el funcionamiento del Estado autonómico es la que debe
dirigir, establecer las directrices políticas sobre los
delegados del Gobierno.
Finalmente, respecto al punto 3, nosotros, como no podía ser
de otra manera y porque, evidentemente, guarda coherencia con
todo lo que se expone anteriormente, estamos de acuerdo
Obviamente, si esta moción consecuencia de interpelación sale
adelante, el Gobierno tendrá que realizar un informe sobre los
efectos y la incidencia que la aplicación de esta iniciativa
parlamentaria pueda tener en cada uno de los capítulos de los
Presupuestos Generales del Estado.
Para terminar, y en relación a las enmiendas presentadas por
el Grupo Parlamentario Popular, queremos manifestar que nos
parece bien lo que ustedes plantean en el punto primero de que
haya un acuerdo, un pacto nacional para la definición de
competencias. Creo que no hay ningún problema sobre el tema de
las competencias; el problema, más que de competencias, es de
financiación de competencias, porque el bloque de la
constitucionalidad, en el cual la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional ha integrado excepcionalmente la Ley 7/1985, de
2 de abril --como algún otro instrumento legislativo aprobado
en esta Cámara, como es el Estatuto de Radiotelevisión
Española--, ya establece, ya delimita claramente las
competencias, tanto de las comunidades autónomas como del
Estado. Puede haber un problema con las competencias de las
entidades locales, puesto que, además de lo básico en la Ley
7/1985, la legislación sectorial, bien del Estado bien de las
comunidades autónomas, en función del título competencial
en el que se actúe al regular una materia, puede atribuir un
quehacer público a los municipios. El problema, señor Mañueco,
está en que muchas veces esta legislación sectorial atribuye
competencias sin tener su contrapartida correspondiente en los
mecanismos de financiación de las mismas, y los municipios se
ven abocados a ejercer determinadas tareas públicas o
competencias para las cuales las leyes estatales o autonómicas
han establecido una serie de obligaciones, pero sin
corresponderse como es debido en los Presupuestos Generales
del Estado con la financiación adecuada.
En relación con el punto 2.º, no voy a ser reiterativo, me
remito a lo que he expuesto en el debate con el señor Martín
Villa, y es que tenemos todavía una discrepancia de fondo.
En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista,
nos parece que no llegan al fondo del asunto; se comprometen a
presentar el proyecto de ley, vemos en ellas un avance, pero
nosotros queremos ser cautos en este tema. Hemos visto
planteamientos contradictorios, hemos visto opiniones diversas
entre el señor Belloch y el señor Saavedra y vamos a ser
cautos, repito, hasta esperar a ver qué es lo que el Gobierno
presenta en este período de sesiones y qué posición política
definitiva adopta el Gobierno sobre tal cuestión.
Evidentemente, se han producido planteamientos diversos sobre
la organización de la Administración central en las
provincias, pero no vamos a ahondar en tal cuestión sino que
vamos a esperar a ver cuál es la posición política que
definitivamente adopte el Gobierno y respecto a la cual nos
posicionaremos en el momento oportuno. Por tanto, señor
Presidente, nuestro Grupo votará a favor de la moción
presentada por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, con
las enmiendas que ese Grupo Parlamentario tenga a bien admitir
del resto de los Grupos. Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Catalán (Convergència
i Unió), tiene la palabra el señor Baltá.
El señor BALTA I LLOPART: Señor Presidente, señorías, mi Grupo
Parlamentario ha presentado una enmienda de modificación a la
moción de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, con la
pretensión de aportar la concreción a un debate que, por
tratarse de una antigua reivindicación común a diversos
grupos, puede que acabe siendo de una densidad en consonancia
con la profunda significación que sin duda tiene la supresión
de la figura y también de las funciones del Gobernador Civil
en el contexto de nuestra Administración Pública. De hecho, ya
no debiera existir, porque la Constitución, pieza fundamental
del nuevo ordenamiento jurídico y base de nuestra democracia,
prescinde, al no referirse a ella, de la figura del Gobierno
Civil en beneficio de las delegaciones del Gobierno para el
ámbito de las comunidades autónomas donde el Presidente de las
mismas ostenta la representación del Estado. Son perfectamente
coherentes tanto la mención como la omisión, porque nuestros
constitucionalistas miraban hacia un futuro organizado en
Estado de las autonomías, mientras tenían a sus espaldas un
pasado inmediato en el que los gobernadores civiles habían
sido los ejecutores de una política autárquica y centralista,
dando la imagen de hallarse su actividad cimentada básicamente
en la represión. Tal anacronismo no debía quedar reflejado de
ninguna manera en el texto del que debía partir la
organización de un Estado en libertad y democracia, que
pretendía la convivencia entre comunidades que, aun
permaneciendo de un modo u otro unidas a lo largo de cinco
siglos, han mantenido su identidad diferencial desde la
cultura, las costumbres, la tradición, y desde la voluntad, en
algunos casos, de recobrar la capacidad de autogobierno. No en
vano la figura política, que no tanto la administrativa, que
pretendemos liquidar es la de Gobernador Civil de la
provincia.
Si impopular ha sido durante tanto tiempo lo de tener que ir
al Gobierno Civil (siempre te llamaban para reprenderte si no
para reprimirte) imagínense, señorías, lo que significa el
añadido de la provincia. Quizás hemos olvidado el latín que
aprendimos en su tiempo, pero, personalmente, me es hoy fácil
recordar el descubrimiento del valor etimológico de la palabra
provincia: lugar a vencer, lugar a dominar. Tierra dominada
durante tantos años por quienes, no bastando esta
significación, se les añadió en la autarquía el cometido de
jefes provinciales del Movimiento.
Poco más habría que decir para justificar la necesidad
constitucional de pasar la página para adaptarnos ya al diseño
establecido en la Constitución que no obstante recoge el
factor provincial como base de la organización administrativa
del Estado, como nos ha recordado esta misma tarde un ilustre
parlamentario del Grupo Popular.
Bien es cierto que también podríamos argumentar la defensa de
la enmienda de modificación que hemos presentado desde la
perspectiva de la historia, remontándonos a la Ley Provincial
de 1882, que concreta la figura del gobernador como delegado
directo del poder central y jefe superior de la Administración
local, cuestión que confirmó en 1955 la Ley de Régimen Local
de quien se hallaba en el poder en aquel entonces, confirmada
en 1958 por un decreto que establecía el Estatuto de los
gobernadores civiles otorgándoles una función eminentemente
política. Un siglo y medio antes, la figura del gobernador
civil, inspirada en los preceptos de la Francia revolucionaria
pero centralista por necesidades de expansión, había sido
introducida en España
por el dominio bonapartista desde una concepción jacobina del
Estado y desde el criterio ya mencionado de provincia: tierra
dominada, que, lógicamente, convenía al invasor, que fue
contestado por las Cortes de Cádiz en demanda de las
libertades sustraídas. Luego, en 1849, Narváez reinstauró
hasta nuestro tiempo la figura del gobernador y jefe político.
El Estatuto de Autonomía de 1932 hizo una excepción con
Cataluña, desapareciendo el cargo y la función. Sin embargo,
el penúltimo acto jurídico administrativo (recalco penúltimo),
respecto a los gobernadores civiles, lo hace la UCD el 15 de
octubre de 1977, al promulgar por decreto su función como
representantes permanentes del Gobierno en las respectivas
provincias, decreto que entendemos en el camino de la
transición. En honor a aquellos gobernadores quiero recordar
que en otro momento de otra transición, también en Cataluña,
concretamente el 14 de abril de 1931, Lluis Companys, el que
sucediera a Francesc Macià como Presidente de la Generalitat,
asumió el Gobierno Civil de Barcelona como un acto de servicio
a la democracia que se instauraba. Efectivamente, era un paso
de transición, como lo fue el Decreto de Adolfo Suárez, del 15
de octubre de 1977. Pero ahora, señorías (a los integrantes de
Grupo Socialista mayoritario me dirijo especialmente), tan
larga transición está resultando un letargo, un letargo con
una dificultosa digestión social, también difícil de
comprender, porque ustedes saben como nosotros, porque la
sufrieron, como otros grupos que integran esta Cámara, que la
figura del Gobernador Civil provincial es democráticamente
indefendible, sobre todo porque ustedes también están
empeñados en modernizar las estructuras del Estado, y saben
que el solapamiento de funciones es el peor enemigo de una
buena gestión pública. Cabe recordar sus propios planes de
modernización de las estructuras del Estado y con sus propios
argumentos y sin olvidar que la moción pretende la reforma de
la Administración periférica del Estado, es fácil defender la
desaparición de los gobernadores. Sin embargo, tenemos la
seguridad de que cualquier debate únicamente es un paso más
hacia un final ya muy próximo en que los gobernadores acabarán
cayendo irremediablemente.
Por todo ello mi Grupo ha presentado una enmienda dirigida a
simplificar las propuestas que nos hace Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, a quien rogamos consideren la
eficacia de instar al Gobierno a suprimir la figura de los
gobernadores civiles en el marco de la necesaria reforma de la
Administración del Estado, con el fin de iniciar así la
adecuación de la estructura administrativa estatal a la
realidad del Estado de la autonomías, que se haga cuanto antes
y eficazmente. Es una cuestión que nos incumbe a cuantos nos
comprometimos con un proyecto eficaz y democrático y
descentralizado desde el respeto que nos merece la diversidad,
el modelo de un Estado de Derecho al que bautizaron como
Estado de las autonomías; respeto, por otra parte, que tenemos
por la Constitución que nos marca un camino por el que estamos
andando, en esto, parca y lentamente.
Nada más señorías. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Baltá.
Finalmente, para la defensa de la enmienda del Grupo
Socialista, tiene la palabra el señor Marcet.
El señor MARCET I MORERA: Señor Presidente, señorías, voy a
defender, en nombre del Grupo Socialista, la enmienda que
hemos presentado a la moción del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya y voy a iniciar mi intervención
diciendo que, en parte, estamos reiterando el debate que se ha
celebrado en la primera hora de esta tarde con motivo de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, aunque
esta reiteración nos lleve a reafirmar algunos de los puntos
que ya se han debatido o, sobre todo, que deben quedar claros
a la luz de la propuesta de Izquierda Unida y de las enmiendas
que a la misma se han presentado.
El Grupo Socialista quiere reafirmar que una de las
prioridades en su programa electoral, en el programa de
Gobierno, en los compromisos adquiridos por el Gobierno e
incluso por los acuerdos congresuales del propio Partido
Socialista, una de las prioridades --reitero-- es la
adaptación de la estructura del Estado a la nueva realidad
territorial, políticamente descentralizada, evitando
duplicidades administrativas innecesarias y mediante la
reordenación y simplificación de la llamada administración
periférica.
Esta prioridad que, como digo, ha sido reiterada, se concreta,
no de forma exclusiva pero en buena parte, en el compromiso
que está contenido en el apartado primero de nuestra enmienda,
de remitir a esta Cámara, antes de finalizar el actual período
de sesiones, un proyecto de ley de ordenación y funcionamiento
de la Administración general del Estado. En este contexto
específico es en el que deberá abordarse, en gran parte, la
reordenación de la denominada Administración periférica del
Estado, racionalizándola, simplificándola y acomodándola al
actual reparto competencial entre Estado y comunidades
autónomas.
Se trata, desde una óptica autonomista y «federalizante», que
es la óptica del Partido y del Grupo Socialista, de
cumplimentar uno de los aspectos de la nueva etapa de
desarrollo del Estado de las autonomías, que debe impulsarse
una vez ha culminado una etapa en la que las comunidades
autónomas se han constituido en una pujante realidad en el
terreno político e institucional. Este será, en gran parte, el
objetivo de la ley de ordenación y funcionamiento de la
Administración
general del Estado; una ley que quiere ser una pieza
fundamental de un modelo de reforma de la Administración
pública en sus ámbitos central, periférico e institucional.
Esta ley, como han explicitado en comparecencias bien
recientes --y antes se hacía referencia a ellas-- tanto el
Ministro para las Administraciones Públicas como el Secretario
de Estado para la Administración Pública, debe recoger en
conjunto la Administración general del Estado, debe deslindar
la función de Gobierno de la función administrativa, debe
configurar la Administración periférica dentro de la actual
fase de desarrollo autonómico y debe incorporar los nuevos
conceptos de una Administración moderna.
Este es el debate del contenido de esta ley, porque
paralelamente --y ésta es la segunda parte de nuestra enmienda
a la moción--, y en el marco de dicha ley, cabe establecer un
proceso gradual --y subrayo lo de gradual-- de reducción y
simplificación de las estructuras centrales y periféricas de
la Administración del Estado, acordes con los ritmos y
contenidos orgánicos y funcionales de los traspasos efectuados
a las comunidades autónomas y, consecuentemente, llevar a cabo
la reordenación de la Administración periférica del Estado.
Quiero recalcar el carácter gradual de este proceso. Nosotros
marcamos un plazo: los dos próximos años. Lógicamente, quiero
recalcar también el carácter no forzosamente uniforme de este
proceso gradual. No todas las comunidades autónomas tienen el
mismo grado de desarrollo competencial y lógicamente puede
realizarse una adaptación, una reordenación que sea acorde con
las características de cada comunidad autónoma. Me parece que
éste es un elemento no de matiz, sino que debe contemplarse
también en el marco del debate que estamos teniendo.
En cualquier caso, establecemos en nuestra enmienda dos
criterios de carácter general a la hora de abordar esta
reordenación de la administración periférica. Por un lado la
simplificación y reducción de sus estructuras y reagrupación
de las diferentes unidades territoriales que aún quedan
desconcentradas, de acuerdo con el principio programático del
Grupo Socialista, que he señalado, de adaptación de las
estructuras del Estado a la nueva realidad territorial,
evitando duplicidades administrativas inncesarias; en segundo
lugar, configurando a los delegados del gobierno como máxima
autoridad de carácter político en la doble vertiente prevista
en el artículo 154 de nuestra Constitución: responsables en
cada comunidad autónoma de los servicios reservados
constitucionalmente a la competencia del Estado, y, por tanto,
de su Administración General, y responsables de la deseable
cooperación y coordinación entre la Administración general del
Estado, las administraciones de la comunidad autónoma y las
otras administraciones existentes en la comunidad. Creo que
estos criterios, señorías, son suficientes para informar,
tanto la orientación general del proyecto de ley, como la
actuación correlativa o paralela del Gobierno en este proceso.
No sería bueno, en el marco de una moción, abordar aspectos
tan concretos como pretende en algún momento la moción de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, como quién tiene que
dirigir la oficina o delegación de la Administración central
de cada provincia, quién debe nombrar a esta persona o de
quién deben depender los delegados del Gobierno, y menos si
entramos en un debate nominalista, como se puede pretender en
algún momento.
Tiempo habrá, y este será el marco adecuado, de debatir sobre
algunas de estas cuestiones cuando analicemos y debatamos la
ley de ordenación y funcionamiento de la Administración
general del Estado.
En su intervención el señor Ríos se ha centrado en cómo
debería ser una figura muy concreta, al igual que lo hacen
también alguna de las enmiendas, específicamente la de
Convergència i Unió, quizá sin tener muy en cuenta qué es lo
que sucede también en la administración en la que ellos
gobiernan; sin tener muy en cuenta el papel que juegan los
delegados de la Generalitat, que son de alguna forma
gobernadores civiles encubiertos.
De algún modo se ha pretendido centrar el debate en esta
figura, diseñando en cierta manera el contenido que debe tener
la figura que ahora ostenta el gobernador civil u otros
delegados. Por cierto, señor Ríos, en su referencia a la
alusión que hizo el señor Ministro en su comparecencia en la
Comisión debe tenerse en cuenta que estaba mencionando las
comunidades autónomas del 151 y no las competencias que aún
tiene hoy la administración periférica en las comunidades del
143.
Creo que éste debe ser el marco del debate. Creo que nuestra
propuesta de enmienda responde tanto a las pretensiones
escritas de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, como a
las pretensiones expuestas de forma oral por el señor Ríos en
los términos en los que se ha expresado en la tribuna, como al
resultado también del debate de la interpelación que precedió
a esta moción, y podría concitar un acuerdo mayoritario de la
Cámara, de ser aceptada evidentemente por Izquierda Unida,
teniendo en cuenta el momento en que nos encontramos de cierre
de una etapa y de apertura de una nueva en el proceso de
desarrollo del Estado de las autonomías.
Por ello pido a Izquierda Unida que acepte nuestra enmienda,
que sería votada mayoritariamente, yo creo, por esta Cámara.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Marcet.
¿Algún Grupo parlamentario, que no haya intervenido hasta
ahora en este debate quiere fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, la señora Rahola tiene la palabra.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
De hecho, señorías, voy a ser breve; y lo voy a ser porque me
veo absolutamente incapaz de no repetir los argumentos ya
dados en su momento a la interpelación urgente y ahora también
por algunos de mis compañeros en esta Cámara, e incluso, yo
diría, por los debates que en su momento hubo sobre los
gobernadores civiles, tanto en el Congreso como en el
Parlamento de Cataluña, por ejemplo. Sólo quiero decir en este
sentido que, por enésima vez, nos encontramos con que un
debate que tenía que haberse producido ya hace mucho tiempo,
que tenía que haber finalizado hace mucho tiempo, con la
supresión de una figura administrativa que no está ni
constitucionalizada, y que evidentemente representa una doble
rémora (la rémora de un Estado centralista que la estructura
autonómica tendría que haber superado, y la rémora económica y
política que representa la duplicidad de administraciones),
aún está pendiente. Desde la perspectiva de Esquerra
Republicana, los gobernadores civiles son, económicamente,
insostenibles, puesto que se mantiene un cargo que duplica,
complica y encarece y entorpece la Administración. Desde la
perspectiva política, es evidente que es una burla al pacto
autonómico a que se llegó en la transición política y a lo que
consagró la propia Constitución y los Estatutos de Autonomía.
Por tanto, entendemos que políticamente es injustificable
mantener un cargo que, además, resulta francamente de mala
memoria o innoble, para los que tenemos memoria histórica. Y
desde la perspectiva de la utilidad, la eficacia y el servicio
al ciudadano, es evidente que los gobernadores civiles son una
traba que burocratiza y complica aún más la Administración.
Por tanto, repitiéndonos, es una figura económicamente cara,
políticamente injustificable y socialmente irracional, y no
hay ninguna razón, ni ninguna dificultad real, más allá de la
voluntad política, para asumir de una vez esta asignatura
pendiente, y la supresión, por tanto, de la figura de los
gobernadores civiles.
No me voy a alargar mucho más, señorías. Entiendo que los
gobernadores civiles no tienen sentido; son --repito-- una
figura cara, carísima, francamente antipática para aquellos
que tenemos memoria histórica y a veces una memoria histórica
dura referente a este tipo de figura y, desde luego,
claramente innecesaria.
Por tanto, estaremos a favor, por supuesto, de la moción de
Izquierda Unida y de cualquier enmienda que represente un paso
adelante en lo que tiene que ser finalmente la asunción del
pacto de la transición política, la asunción de los Estatutos
de autonomía y, por tanto, la supresión definitiva de los
gobernadores civiles.
Quiero expresar aquí el hecho de que Esquerra Republicana es
especialmente sensible a la enmienda presentada por
Convergència i Unió, que pide exactamente esto: la supresión
de los gobernadores civiles. Pero, en todo caso, entenderíamos
que otras enmiendas, y la misma moción de Izquierda Unida,
representan un claro paso adelante para conseguir el consenso
de la Cámara para, finalmente, suprimir esta figura que,
repetimos, económicamente grava a la Administración,
burocratiza aún más y, por tanto, no es ningún servicio y
políticamente entendemos que es inaceptable.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Rahola. Antes de pasar a la votación, es preciso que por parte
del señor Ríos se indique si aceptan o no las enmiendas
defendidas por los distintos Grupos parlamentarios.
El señor RIOS MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Muy
brevemente para decir que el punto 1.º de la enmienda del
Grupo Popular, donde habla de impulsar un pacto nacional,
nosotros aceptaríamos incorporarlo como punto 1.º de nuestra
moción, no así el punto 2.º.
La enmienda del Grupo Vasco nosotros la aceptamos tal cual la
propone, puesto que modifica los cuatro primeros renglones de
la introducción al punto 2 de nuestra moción.
La enmienda que presenta el Grupo de Convergència i Unió, en
lugar de como enmienda de sustitución, nosotros la
aceptaríamos como enmienda de sustitución de nuestro punto 2
a). Es decir, en lugar del punto 2 a) de Izquierda Unida, el
punto 2 a) de Convergència i Unió.
Y termino, señor Presidente, con la enmienda del Grupo
Socialista. Aceptaríamos como sustitución de nuestro punto 1.º
el punto 1.º que propone la enmienda del Grupo Socialista; la
letra b) del punto 2, en sustitución de nuestra letra b) del
punto 2, y el punto 3 también como sustitución del punto 3
nuestro. Pero no aceptaríamos como sustitución el apartado 2 y
el apartado 2 a). En esos términos es como nosotros
propondríamos la moción.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Eso exige, señor Ríos,
en primer lugar, que el Grupo Popular manifieste si está de
acuerdo en que su enmienda se reduzca al punto 1 de su
enmienda, que figuraría como punto 1 de la moción. El señor
Mañueco tiene la palabra.
El señor MAÑUECO ALONSO: Gracias, señor Presidente.
Es tan diverso el punto 1 del punto 2 que no podemos aceptar
que entre el punto 1 y no el punto 2. Por consiguiente, si
cabe la votación separada, votaríamos
sí al punto 1 y no al resto. Si no cabe la votación separada,
votaríamos en contra de él.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Sabe, señor Mañueco,
que, en el caso de que se admita alguna modificación, no cabe
votación separada. En consecuencia, no puede figurar como
punto 1 el punto 1 de la enmienda del Grupo Popular. Por parte
del Grupo Vasco (PVN) no hay inconveniente alguno porque su
enmienda ha sido aceptada.
Y ahora, cabe preguntar al señor Baltá si acepta que su
enmienda, que era prácticamente de sustitución, quede
incorporada a la moción del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya como punto 2, letra a).
El señor BALTA I LLOPART: Sí, señor Presidente, la acepto tal
como ha planteado el portavoz del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Baltá.
Finalmente, si el Grupo Socialista acepta que su enmienda de
sustitución quede modificada en los términos que ha planteado
el señor Ríos, que, si no ha entendido mal la Presidencia, es
mantener el punto 1 de la enmienda socialista como sustitución
del punto 1 de la moción; el punto 2, letra b) de la moción
ser sustituido por el punto 2.b) socialista y el punto 3, a su
vez, sustituido por el punto 3 de la enmienda socialista.
Tiene la palabra el señor Marcet.
El señor MARCET I MORERA: Efectivamente, señor Presidente,
coincidimos en lo que ha entendido la Presidencia, lo cual da
como resultado una moción Frankenstein, que es un poco difícil
de poder aceptar por este Grupo. Nosotros mantenemos nuestra
enmienda de sustitución en sus propios términos.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): De acuerdo. Eso quiere
decir, por tanto, que lo que se va a someter a votación es la
moción de acuerdo con el texto presentado por Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, con la introducción de la enmienda
del Grupo Vasco (PNV) en el punto 2, y con la sustitución del
punto 2.a) por la enmienda del Grupo Catalán (Convergència i
Unió). Pasamos a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya. Se somete a votación en los términos
resultantes de la aceptación de las enmiendas de los Grupos
Vasco y Catalán (Convergència i Unió), según resulta del
debate y de las intervenciones de los Grupos autores de estas
enmiendas. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 259; a favor, 20; en contra, 239.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
El Pleno se reanudará mañana, a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las diez y veinte minutos de la noche.