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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 99, de 26/10/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1994 Núm. 99 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 98
celebrada el miércoles, 26 de octubre de 1994
Página
ORDEN DEL DIA:
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
--Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para
1995. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A,
número 80.1, de 1 de octubre de 1994 (número de expediente
121/000067) (Final) (Página 5070)
--Proyecto de Ley de medidas fiscales, administrativas y del
orden social. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie
A, número 83.1, de 13 de octubre de 1994 (número de expediente
121/000070) (Final) (Página 5070)
--Preguntas (Página 5085)
Interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
criterios, medidas, objetivos y pasos de la política del
Gobierno para afrontar con realismo y eficacia los problemas
derivados del consumo y tráfico de drogas en España (número de
expediente 172/000072) (Página 5108)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, sobre la política general de
telecomunicaciones y en concreto los objetivos que persigue la
liberalización de la misma y los criterios establecidos en el
concurso para el segundo operador de telefonía móvil (número
de expediente 172/000073) (Página 5118)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, sobre la política del Gobierno en
relación con el proceso de elaboración de la estrategia
española para la conservación y uso disponible de la
diversidad biológica, de manera que se cumplan los compromisos
adquiridos con la firma y ratificación del Convenio de Río de
Janeiro, de 5 de junio de 1992 (número de expediente
173/000053) (Página 5128)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
política industrial y presupuestaria del Departamento de
Defensa para superar la crisis del sector y la carencia de
material en las Fuerzas Armadas (número de expediente
173/000054) (Página 5132)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, sobre la política del Gobierno en
cuanto a la inserción de la economía española en un contexto
internacional crecientemente vinculado a políticas de ajuste
estructural, así como sobre su posición respecto del Fondo
Monetario Internacional y el Banco Mundial (número de
expediente 173/000055) (Página 5137)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número
100, de 27 de octubre de 1994.)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas.
(Continuación.) (Página 5070)
Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1995
(Página 5070)
Proyecto de ley de Medidas Fiscales, administrativas y del
orden social (Página 5070)
En turno de fijación de posiciones interviene, en primer
lugar, el señor Roca i Junyent, en nombre del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), que recuerda que con ocasión del debate
presupuestario del año anterior diversos grupos parlamentarios
señalaron que aquellos Presupuestos eran el reflejo de una
política económica que no haría posible la recuperación de la
economía española. Afortunadamente, aquellas previsiones no se
han cumplido y hoy nadie discute que el escenario que rodea
este debate es sensiblemente mejor del que se tenía en el 93.
Reconoce, sin embargo, que queda mucho por hacer y, si bien la
recuperación se ha iniciado, todavía no existe suficiente
percepción social de losefectos de la misma. Hoy se ratifican
en que la política emprendida era la que correspondía afrontar
y ahora les toca profundizar en ella si quieren seguir
avanzando por el camino de la recuperación económica, por lo
que no es de extrañar que su Grupo Parlamentario apoye estos
Presupuestos Generales para el 95 en la línea de continuidad
de la política económica iniciada a partir de las elecciones
generales del 93, incorporando nuevas medidas tendentes a
facilitar la inversión y la creación de empleo, en el marco de
las exigencias de una economía competitiva y cada vez más
internacionalizada.
Como medidas contenidas en el proyecto de Presupuestos para
asegurar en el 95 una tasa de crecimiento positiva capaz de
generar empleo neto y de asegurar niveles más altos de
cohesión social en nuestro país menciona, en primer lugar, un
esfuerzo de contención del déficit público, con un rigor y
austeridad como exigencia ineludible de cualquier política de
progreso. Recuerda también que nuestro país, en el campo de
las prestaciones sociales, sigue teniendo niveles alejados de
las medias europeas, por lo que el objetivo a contemplar es
cómo seguir avanzando en tasas de mayor cobertura social y no
lo contrario. En todo caso, la sociedad debe saber, y de
manera muy especial los pensionistas, que no existe para ellos
ninguna alarma en su horizonte y que de lo que se trata de
debatir es cómo hacer mejor lo que está haciendo,
pero nunca dejarlo de hacer. Para la reducción del déficit
público propone que a partir de ahora todos los incrementos de
recaudación o ingresos del Estado se adscriban de manera
inmediata a la reducción del déficit presupuestario. Por lo
que se refiere al capítulo de ingresos, pretenden seguir
avanzando en el fomento de la economía productiva, estimulando
la inversión y facilitando la creación de empleo. Por ello,
resultaba imprescindible prorrogar para el 95 el conjunto de
medidas fiscales adoptadas para el año 94 en orden a la
inversión, internacionalización de nuestra economía y medidas
concretas de fomento de la ocupación. Entre estas medidas
menciona la deflactación de los tipos y bases del Impuesto
sobre la Renta y del Patrimonio, que permitirán a todos los
ciudadanos pagar por estos conceptos menos impuestos durante
el año 95. Añade que si se quiere crear empleo deberá ser en
el marco de una economía competitiva, y para ello es necesario
estimular la inversión, favorecer las decisiones empresariales
sobre nuevas instalaciones y apoyar el espíritu emprendedor,
tanto en el campo fiscal como en el laboral o en el social, y
de todo ello hay en estos Presupuestos Generales.
Sobre la reducción de las cuotas de la Seguridad Social y el
incremento de los tipos del IVA señala que tales medidas deben
ser examinadas separadamente, recordando, respecto de la
primera, que su reducción se venía reclamando por esta Cámara
desde hace mucho tiempo. En cuanto a las críticas al aumento
del IVA, es cierto que tal medida tiene una clara repercusión
inflacionaria, como también lo es que nuestros tipos de IVA
son inferiores a los de otros paises europeos, añadiendo que
no es la inflación la única magnitud que debe ser tenida en
cuenta.
A continuación alude a la fuerte polémica habida sobre el
contenido y alcance de las denominadas exigencias de su Grupo
Parlamentario sobre dos cuestiones que les parecían
fundamentales, como son la participación de las comunidades
autónomas en la distribución de los fondos de cohesión
europeos y la revisión del sistema de financiación de la
sanidad pública, recordando simplemente en estos momentos que
tales medidas se presentaron como reivindicaciones partidistas
y particularistas contrarias al interés general, pero a la
hora de la verdad resultó que todas las comunidades autónomas
se manifestaron favorables y aceptaron estas medidas por
entender que beneficiaban al conjunto de la sociedad.
Concluye reiterando que estos Presupuestos marcan una política
de continuidad en relación con la que se inició el año
anterior, que ha permitido el inicio de una innegable
recuperación económica, lo que sigue siendo un objetivo
fundamental y prioritario para su Grupo Parlamentario, a cuyo
fin apoyarán los Presupuestos sometidos a la Cámara.
En nombre del Grupo Vasco (PNV), el señor Zabalía Lezamiz
señala que por segundo año consecutivo su Grupo Parlamentario
no presenta enmienda de totalidad a los Presupuestos
Generales, aludiendo a razones de coherencia política, de
responsabilidad social y pragmatismo que expusieron en el
debate de totalidad del año anterior y que son válidas en la
situación política y económica de hoy. Han comprobado la
inclusión en el proyecto de algunos aspectos, como la
deflactación de las tarifas del Impuesto sobre la Renta y
Patrimonio, o coincidido en otros planteamientos de política
económica, constatando la existencia de un cambio de talante
hacia la propuesta de su Grupo Parlamentario. Ello no
significa que estén totalmente de acuerdo con los Presupuestos
que se presentan a la Cámara, pero sí entienden que no hay
razones de peso suficientes como para plantear un texto
alternativo. Mantienen algunas discrepancias, pero ello no
significa una descalificación global a las líneas maestras y a
los objetivos de estos Presupuestos, que les parecen
generalmente aceptables. Agrega que la dirección emprendida es
buena, aunque la intensidad de algunas de las medidas
contempladas es insuficiente, y esta visión les permite
criticar algunos aspectos cruciales de la política
presupuestaria del Estado que, a su juicio, es mejorable.
Menciona algunos de los contenidos principales del proyecto de
ley, exponiendo los reparos que les merecen a su Grupo,
especialmente en materia fiscal, afirmando que quedan muchas
medidas por reformar y crear, debiendo seguir caminando en la
consolidación de una política económica, fiscal, financiera,
presupuestaria y administrativa y mejorando el marco laboral y
de las relaciones entre los agentes sociales. En definitiva,
se trata de continuar decididamente con el objetivo de
modernizar nuestra economía, haciéndola más competitiva para
crear empleo y bienestar social. El señor Albistur Marín, del
Grupo Mixto, señala que no ha presentado ninguna enmienda de
totalidad al proyecto de ley al confiar en el largo proceso de
negociación que se está llevando actualmente con el Gobierno,
esperando que tenga un resultado positivo para las partes y
sirva para completar el proceso competencial y los recursos
para las grandes obras de infraestructura y comunicaciones
necesarias con urgencia en el País Vasco. Ello significa que
comparten los grandes objetivos planteados por el Gobierno
para el gasto público durante 1995, sobre todo en la línea de
los objetivos del plan de
convergencia que, a su juicio, deben compatibilizarse con el
mantenimiento del sistema general de protección social en su
dimensión de solidaridad y cohesión social, condiciones ambas
para un ajuste equilibrado. En este sentido, comparten también
el esfuerzo por racionalizar y optimizar el gasto social,
priorizando la atención a los colectivos y grupos sociales más
desfavorecidos y procurando evitar el fraude fiscal y el
fraude social.
El señor Mur Bernad, del Grupo Mixto, expone su postura
crítica hacia el proyecto de presupuestos, que no les impide
valorar positivamente el esfuerzo realizado por el Ministerio
de Economía y Hacienda, ya que comparten muchos de los
objetivos que inspiran estos Presupuestos, aunque no están de
acuerdo con los medios que se establecen para conseguirlos. A
su juicio, puede hacerse un mayor esfuerzo en la reducción del
gasto corriente y el aumento de la inversión productiva, en
especial aquella que sirve para la creación de empleo,
incentivando la productividad, reformando las estructuras
productivas, junto a un crecimiento del gasto social tan
necesario para atender a los más necesitados y a los
territorios más deprimidos.
Añade que, desde el punto de vista de la Comunidad Autónoma de
Aragón, estos Presupuestos son insuficientes no sólo para
resolver muchos de los agobiantes problemas que padecen sino
para cumplir incluso los compromisos adquiridos y los pactos
suscritos. De ahí que haya presentado un conjunto de enmiendas
que desean que merezcan el interés de la Cámara.
En nombre del Grupo Socialista, el señor Almunia Amann alude
al actual clima de franca recuperación económica negada por
algunos como mera posibilidad hace tan sólo doce meses y que
hoy no tienen más remedio que reconocer, dando lugar a un
crecimiento cercano al 2 por ciento a finales de este año, con
un nivel de empleo mayor del que existía a finales de 1993, y
todo ello conseguido sin merma de nuestros niveles de
protección social.
Frente a las críticas formuladas al proyecto del Gobierno
afirma que los Presupuestos presentados son capaces de apoyar
la recuperación ya iniciada, son los que permiten que tal
recuperación sea duradera, equilibrada, sostenida y, por
tanto, genere el máximo número de puestos de trabajo posible.
Se trata de unos Presupuestos austeros como eje del ciclo
económico en el que nos encontramos, unos Presupuestos en los
que el gasto consolidado crece menos que el producto interior
bruto en términos nominales, en los que la presión fiscal
tiene su participación en relación al producto interior bruto,
a la vez que el déficit se reduce y se inicia una fase en la
que el sector privado debe tomar la iniciativa para liderar
esta fase de recuperación. Añade que son unos Presupuestos
rigurosos para poder ser cumplidos en sus propios términos,
realistas al hacer que el gasto aumente sólo donde es
necesario que aumente y coherentes con el necesario
protagonismo del sector privado, apoyando la economía
productiva con medidas reiteradamente pedidas en esta Cámara.
Se trata, en definitiva, de unos Presupuestos que el Grupo
Socialista apoya y respecto de los cuales mantiene con otros
grupos de la Cámara importantes coincidencias sobre el
contenido de la política económica y de la política
presupuestaria. En consecuencia, anuncia el voto en contra de
las enmiendas de totalidad presentadas.
El señor Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira) expresa
su agradecimiento a los grupos parlamentarios que han
anunciado su apoyo al proyecto de Presupuestos, que por encima
de todo han pretendido ser realistas. Aclara, finalmente, que
nunca el Gobierno se planteó en la negociación presupuestaria
contraprestaciones específicas para una determinada comunidad
o un determinado grupo.
Sometidas a votación las enmiendas de totalidad que postulan
la devolución al Gobierno del proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 1995, son rechazadas por 158 votos a
favor, 177 en contra y una abstención. Asimismo es rechazada
la enmienda de totalidad que postula la devolución al Gobierno
del proyecto de Ley de Medidas fiscales, administrativas y del
orden social por 135 votos a favor, 177 en contra y 23
abstenciones. Finalmente, es rechazada la enmienda de
totalidad de texto alternativo a este último proyecto de ley
por 18 votos a favor, 311 en contra y seis abstenciones. Se
suspende la sesión a las doce y cincuenta minutos del
mediodía. Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Preguntas (Página 5085)
Del Diputado don Iñaki Anasagasti Olabeaga, del Grupo Vasco
(PNV), que formula al Gobierno: ¿Cuándo cree el Presidentedel
Gobierno que se pondrá en funcionamiento en Bilbao la Agencia
Comunitaria de Salud e Higiene en el Trabajo? (Número de
expediente 180/000741) (Página 5085)
Del Diputado don Luis Ramallo García, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Presidente
del Gobierno: ¿Considera el señor Presidente que el prófugo
don Luis Roldán merecía gozar durante siete años de la
confianza del Gobierno para desempeñar el cargo de Director
General de la Guardia Civil? (Número de expediente 180/000742)
(Página 5086)
Del Diputado don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, del Grupo
Socialista, que formula al Gobierno: ¿Puede informar el
Gobierno acerca del contenido de las reformas estructurales
que tiene previsto acometer en los próximos meses? (Número de
expediente 180/000758) (Página 5087)
Del Diputado don César Vilallón Rico, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra
de Sanidad y Consumo: ¿Para cuándo tiene previsto la Ministra
de Sanidad y Consumo presentar el Plan General de Salud?
(Número de expediente 180/000752) (Página 5088)
Del Diputado don Isidoro Hernández-Sito García-Blanco, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al
Gobierno: ¿Cómo piensa el Gobierno mantener la
proporcionalidad establecida en su día a través del Sistema
Especial Agrario del IVA, entre el 12% que soportaban y que se
ha subido al 15%, y el 4% cargado en las facturas de sus
productos? (Número de expediente 180/000749) (Página 5089)
Del Diputado don Rafael Hernando Fraile, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Qué razones de excepcionalidad han motivado la renegociación
de los créditos FAD, que por importe de 24.852 millones de
pesetas fueron concedidos a la República de Egipto, incluyendo
la cancelación de parte de la deuda y el reescalonamiento del
resto? (Número de expediente 180/000745) (Página 5090)
Del Diputado don Neftalí Isasi Gómez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿En qué
medida piensa el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
cumplir el mandato del Congreso de los Diputados aprobado por
unanimidad en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca el
pasado 21 de abril del presente año relativo al
posicionamiento del Gobierno español sobre la reforma de la
Organización Común de Mercado (OCM) del vino? (Número de
expediente 180/000748) (Página 5091)
Del Diputado don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al
Gobierno: ¿Piensa presentar el Gobierno objeción al reciente
acuerdo pesquero de Halifax entre Canadá y la Unión Europea,
que discrimina de manera importante a la flota congeladora
española? (Número de expediente 180/000750) (Página 5092)
Del Diputado don Luis Yáñez-Barnuevo García, del Grupo
Socialista, que formula al Gobierno: ¿Piensa el Ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación tomar alguna iniciativa en
relación con el cultivo del arroz, que sufre de la sequía y la
salinización de las aguas del Guadalquivir desde hace años?
(Número de expediente 180/000767) (Página 5094)
De la Diputada doña Anna Balletbó i Puig, del Grupo
Socialista, que formula al Gobierno: Recientemente la Ministra
de Asuntos Sociales comentó la conveniencia de que exista una
norma comunitaria que evite la transmisión de valores sexistas
y regule un tratamiento equilibrado en los medios de
comunicación. ¿Podría ampliarnos esta idea e informarnos de si
hay ya algo elaborado? (Número de expediente 180/000759)
(Página 5095)
De la Diputada doña Carmen Figueras i Siñol, del Grupo
Socialista, que formula al Gobierno: ¿Qué valoración hace el
Gobierno del acuerdo alcanzado el pasado 1 de agosto con la
Federación Española de Municipios y Provincias, relativo a la
participación local en los ingresos del Estado en el
quinquenio 1994-1998? (Número de expediente 180/000760)
(Página 5096)
Del Diputado don Felipe Alcaraz Masats, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, que formula al Gobierno: ¿Qué opinión le merece al
Gobierno la retirada en la televisión pública de la serie «El
sexólogo»? (Número de expediente 180/000757) (Página 5096)
Del Diputado don José Manuel Fernández Norniella, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente:
¿Por qué Telefónica no aclara que con su tarjeta personal las
llamadas metropolitanas cuestan hasta cinco veces más que sin
ella, desde cualquier teléfono público? (Número de expediente
180/000744) (Página 5097)
De la Diputada doña Teófila Martínez Saiz, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente:
¿Qué importancia concede a los informes de impacto ambiental
relativos a obras a ejecutar por ese Ministerio? (Número de
expediente 180/000746) (Página 5098)
Del Diputado don Francisco Frutos Gras, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, que formula al Gobierno: ¿Qué previsiones contempla
el Gobierno para las transferencias de las competencias sobre
puertos y aeropuertos a la Comunidad Autónoma Vasca de cara a
que ésta pueda llevar a cabo una gestión directa adaptada a
sus necesidades y de forma coordinada con el interés del
Estado? (Número de expediente 180/000756) (Página 5099)
Del Diputado don Jaume Antich i Balada, del Grupo Socialista,
que formula al Gobierno: ¿Cuáles son los últimos resultados
conocidos del plan de extensión del teléfono a las zonas
rurales? (Número de expediente 180/000761) (Página 5100)
Del Diputado don Jaume Antich i Balada, del Grupo Socialista,
que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las inversiones
realizadas este año en las costas de la provincia de
Tarragona? (Número de expediente 180/000762) (Página 5101)
Del Diputado don Jaume Antich i Balada, del Grupo Socialista,
que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las inversiones previstas
para el año próximo en las costas de la provincia de
Tarragona? (Número de expediente 180/000763) (Página 5102)
Del Diputado don Felipe Camisón Asensio, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Qué medidas adoptó el Gobierno, durante los últimos cuatro
años, para captuar al ex Director de ENATCAR, don Fernando
Calvo, evadido de la justicia? (Número de expediente
180/000743) (Página 5102)
Del Diputado don Rogelio Baón Ramírez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de
Justicia e Interior: ¿Se da por satisfecho el señor Ministro
sobre las medidas de seguridad desplegadas en torno a la
Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional, celebrada en
Madrid recientemente, incluido su acto de clausura? (Número de
expediente 180/000747) (Página 5103)
Del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Tiene
intención el Gobierno de promover la adopción de medidas que
garanticen efecto suspensivo a los recursos presentados por el
Ministerio Fiscal contra la concesión de un permiso
penitenciario? (Número de expediente 180/000751) (Página 5104)
De la Diputada doña Angustias María Rodríguez Ortega, del
Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas piensa
adoptar el Ministerio de Justicia e Interior para que se pueda
implantar el jurado en la Audiencia Provincial de Jaén?
(Número de expediente 180/000764) (Página 5106)
De la Diputada doña Angustias María Rodríguez Ortega, del
Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Qué iniciativa
piensa realizar el Ministerio de Justicia e Interior para
esclarecer los hechos ocurridos recientemente en la prisión
provincial Jaén II, relacionados con el robo de
estupefacientes por un recluso? (Número de expediente
180/000765) (Página 5107)
Interpelaciones urgentes (Página 5108)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
criterios, medidas, objetivos y pasos de la política del
Gobierno para afrontar con realismo y eficacia los problemas
derivados del consumo y tráfico de drogas en España (Página 5108)
El señor Robles Orozco defiende la interpelación del Grupo
Popular. Considera que la presentación de la memoria anual del
Plan Nacional de Lucha contra la Droga es un elemento
suficiente para que en esta Cámara se produzca un debate en
profundidad sobre la problemática y situación de la droga en
nuestro país, máxime cuando la memoria de este año refleja una
situación preocupante que merece la reflexión de la Cámara.
Entiende que ninguno de los parámetros que se recogen en la
memoria refleja una mejoría considerable; más bien, al
contrario, todos ellos han empeorado respecto a la situación
en el año 1992 en que se publicó la anterior memoria.
Expone diversos datos relativos al estado actual del consumo y
tráfico de drogas en España, que refleja la situación
preocupante y grave a que antes aludía y que ha llevado a una
gran mayoría de nuestros ciudadanos a pensar que la situación
ha empeorado, rechazando cualquier política más flexible o más
liberalizadora en la lucha contra la droga. Agrega que los
datos contenidos en la memoria son lo suficientemente
importantes como para plantear si las políticas que se están
aplicando son las coherentes, si los medios que se están
poniendo a disposición de los jueces y de la Policía son los
suficientes, y para decidir desde esta Cámara cómo reorientar
la política de lucha contra la droga cree que se debe medir
qué resultados está dando el Plan Nacional, qué resultados
están dando los responsables y en qué grado son eficaces
quienes en este momento dirigen la lucha contra la droga.
Alude a los continuos vaivenes y tumbos que se están dando
desde hace dos años con el paso de tres responsables por la
Secretaría de Estado correspondiente, debiendo reflexionar
acerca de si la situación de la Secretaría de Estado y el Plan
Nacional es la más idónea para enfrentarse de forma coherente
y decidida contra la droga.
Termina haciendo referencia a las recientes declaraciones del
Secretario de Estado, manifestando que ha creado una confusión
tan importante y abierto un debate que creían felizmente
cerrado, que pediría al señor Ministro que aclarase en la
Cámara en qué sentido y en qué términos respaldan al señor
López Riaño y la política por éste defendida.
En nombre del Gobierno contesta el señor Ministro de Justicia
e Interior (Belloch Julbe). Comienza refiriéndose a las
recientes declaraciones del Delegado del Gobierno para el Plan
Nacional sobre la Droga, aclarando que el señor López Riaño no
planteó en ningún momento la legalización del comercio del
hachís sino que informó sobre la existencia de un debate
acerca del contenido de la prohibición. Las palabras textuales
del Secretario de Estado fueron que creía que era una
barbaridad legalizar las drogas contra las que luchamos en el
momento actual, según consta en el «Diario de Sesiones». Añade
que la postura del Gobierno, y en particular de su Ministerio,
ha sido y es idéntica a la del Secretario de Estado, es decir,
la persecución del comercio ilícito de cualquier tipo de
drogras o sustancias psicotrópicas. Desea manifestar
expresamente que el Secretario de Estado tiene la plena
confianza de este Ministro, porque coincide en sus
planteamientos programáticos, como es natural, con los del
Gobierno y con los del Ministerio. Agradece al interpelante
que no haya pedido la dimisión del Secretario de Estado, ya
que era preferible aclarar realmente el contenido de su
intervención, que es lo que ha tratado de hacer.
Añade el señor Ministro que es claro que existe una política
de drogas, una continuidad razonable en la política de drogas
desde el año 1985, que el señor Diputado conoce con bastante
detalle por haber participado activamente en todos los grupos
de trabajo para llegar a la política consensuada en esta
materia. Alude a las campañas de concienciación y motivación
de la juventud para crear actitudes de rechazo, realizadas
tanto desde la Administración central como desde las
comunidades autónomas y Ayuntamientos. Por otro lado, en
materia represiva es sumamente conocido el conjunto de normas
adoptadas, por lo que no va a extenderse sobre este
particular.
Asimismo menciona los proyectos pendientes y las líneas de
actuación a seguir sobre esta materia, advirtiendo que en los
últimos tiempos se están produciendo nuevos problemas, nuevas
situaciones que se deben afrontar, sin perjuicio de mantener
esa básica política de continuidad y de consenso en materia de
prevención y represión de drogas. Considera necesario
reflexionar sobre un buen número de temas nuevos,
independientemente de las muchas cosas que ya se están
haciendo, como el señor Diputado conoce.
Replica el señor Robles Orozco.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Cardona i
Vila, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Vázquez
Romero, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre la política general de telecomunicaciones
y en concreto los objetivos que persigue la liberalización de
la misma y los criterios establecidos en el concurso para el
segundo operador de telefonía móvil (Página 5118)
El señor Andreu Andreu defiende la interpelación del Grupo
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Comienza destacando
la importancia del concurso convocado el 27 de septiembre
último para la creación de un segundo operador de telefonía
móvil, preocupándoles seriamente el que nada más realizarse
dicha convocatoria aparezcan informaciones en el sentido de
que el concurso de alguna manera ya está otorgado, sin que se
haya producido ningún desmentido por parte del Gobierno. Cree
que esta sería una buena ocasión para que el señor Ministro
aclarara todo lo relativo al tema. Anticipa que, a juicio de
su Grupo, el pliego de condiciones fomenta la opacidad y es
una especie de cajón de sastre, con lo que fácilmente se puede
otorgar la licencia a quien se considere oportuno. Pide la
mayor transparencia en la adjudicación y que sobre la misma se
informe a este Congreso de los Diputados. Apoyarían a la
Compañía Telefónica Nacional de España junto a las empresas
extranjeras, aunque esta Compañía tampoco sea un modelo de
pulcritud y transparencia. Considera también interesante que
el señor Ministro explique los planes que se tienen respecto a
Retevisión, que parece que está bien colocada para acceder al
segundo operador móvil.
Igualmente interesante sería que el señor Ministro informase a
la Cámara sobre los planes que tiene respecto a la Ley del
Cable y la nueva ley para las televisiones municipales y si se
van a traer a la Cámara antes de que finalice el año.
En nombre del Gobierno contesta el señor Ministro de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente (Borrell Fontelles),
considerando ciertamente necesario que se produzca en la
Cámara un debate sobre la política de telecomunicaciones, y en
este sentido se propone solicitar una comparecencia en la
Comisión correspondiente, o bien efectuar una comunicación al
Pleno para debatir el contenido del acuerdo que el Consejo de
Ministros ha tomado recientemente para pilotar el proceso de
cambio en un sector tan importante como éste de aquí a 1998,
en que se procederá a la plena liberalización de los servicios
de telefonía vocal, que son los únicos que no lo están
todavía. Agrega que las telecomunicaciones serán uno de los
elementos característicos y determinantes de este fin de
siglo, en un sector estratégico como pocos donde asistiremos a
profundas transformaciones técnicas y económicas para hacer
frente a nuevas oportunidades, pero también a nuevos riesgos.
Por eso se trata de definir un marco regulador y una política
que permita a los distintos operadores, a la sociedad y a los
territorios españoles, abordar el proceso de manera que se
maximicen las oportunidades y se minimicen los riesgos. El
Gobierno no cree que este sector pueda dejarse completamente a
las fuerzas del mercado porque sería un mercado profundamente
imperfecto. Alude a continuación a la existencia de un mercado
más competitivo ante el que tienen que ceder el paso los
anteriores monopolios, tratándose, por consiguiente, de
aprovechar las ventajas que da la competencia, pero sin perder
la voluntad en un servicio público universal, ya que desean
ofrecer a todo el mundo un servicio de telecomunicaciones que
permita que no queden en el territorio español zonas aisladas
del progreso, y eso no lo va a conseguir el mercado solo sino
que requiere una acción política que establezca un marco
regulador adecuado.
Respecto a la liberalización de la telefonía vocal básica en
1998, que el Gobierno cree posible, igualmente dice que antes
hay que conseguir tres condiciones previas, que serían: la
primera, garantizar la cobertura en todo el territorio, cosa
que todavía no se ha conseguido; la segunda, ajustar las
tarifas a los costes y, la tercera, buscar otra forma de
financiar el servicio universal.
Concluye exponiendo algunas de las condiciones concretas del
concurso del segundo operador, afirmando que el mismo se ha
convocado con la máxima objetividad, siendo un compromiso del
Gobierno, y en particular de su Ministerio, que se desarrollen
el concurso y su fallo con la máxima objetividad y
transparencia, en defensa de los intereses nacionales, en
defensa de las aportaciones económicas, tecnológicas,
laborales, financieras y de servicios que se van a ofrecer a
los consumidores. Replica el señor Andreu Andreu, duplicando
el señor Ministro. Para fijación de posiciones hace uso de la
palabra el señor Camisón Asensio, en nombre del Grupo Popular.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 5128)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre la política del Gobierno en relación con
el proceso de elaboración de la estrategia española para la
conservación y uso disponible de la diversidad biológica, de
manera que se cumplan los compromisos adquiridos con la firma
y ratificación del Convenio de Río de Janeiro, de 5 de junio
de 1992 (Página 5128)
El señor Alcaraz Masats defiende la moción del Grupo Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, pidiendo que se elabore ya y
con tiempo la estrategia acerca del plan de biodiversidad de
cara a la primera reunión de las partes, que se va a celebrar
a finales de noviembre en Las Bahamas. Asimismo pide que tal
proceso de elaboración se realice de forma abierta, contando
con dos vertientes fundamentales a la hora de llegar a
conclusiones válidas, como son, primero, el concurso de las
comunidades autónomas y, segundo, el concurso de
representantes de organizaciones ecologistas y no
gubernamentales afectadas por las conclusiones de la cumbre de
Río de Janeiro. En tercer lugar, piden que, junto a la ciudad
de Madrid, aparezca de nuevo la posibilidad de Sevilla para
ubicar allí esta sede, ya que era esta la ciudad propuesta
inicialmente. En defensa de la enmienda presentada por el
Grupo Socialista interviene el señor Dávila Sánchez.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Recoder i
Miralles, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Gortázar
Echeverría, del Grupo Popular. Sometida a votación la moción
debatida, es aprobada por 294 votos a favor.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre política
industrial y presupuestaria del Departamento de Defensa para
superar la crisis del sector y la carencia de material en las
Fuerzas Armadas (Página 5132)
El señor López Valdivielso defiende la moción del Grupo
Popular. Alude al debate de la interpelación, en el que, a su
juicio, quedó claro que era imprescindible tomar algunas
medidas que pudieran sacar a la industria española de Defensa
de la lamentable situación en la que se encontraba, estando en
juego su propia supervivencia. Reconoce la existencia de
discrepancias en el análisis de las causas por las que se ha
llegado a esta situación, pero en lo que no había
discrepancias es en que era preciso hacer un esfuerzo para
intentar mejorar la situación de las empresas españolas del
subsector industrial de la Defensa. El Grupo Popular,
convencido de que no sólo es necesario sino que también es
posible, ha presentado esta moción con la que pretenden que se
inste al Gobierno a poner en práctica un plan de medidas que
faciliten y ayuden a la recuperación de nuestra industria de
Defensa. Destaca los puntos más importantes de la moción, con
mención de las medidas que consideran imprescindibles, no
observando ningún obstáculo que impida que aquélla cuente con
el apoyo del resto de los Grupos de la Cámara.
El señor Marsal i Muntala defiende la enmienda presentada por
el Grupo Socialista.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; Carrera i Comes, del
Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Ríos Martínez, del
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Sometida a
votación, se aprueba la moción del Grupo Popular, en los
términos resultantes de la aceptación de la enmienda del Grupo
Socialista, por 278 votos a favor y diez abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre la política del Gobierno en cuanto a la
inserción de la economía española en un contexto internacional
crecientemente vinculado a políticas de ajuste estructural,
así como sobre su posición respecto al Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial (Página 5137)
El señor Frutos Gras defiende la moción del Grupo Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, manifestando que trae a esta
tribuna la voz de Foro Alternativo, que se reunió al mismo
tiempo que la Conferencia del Banco Mundial del Fondo
Monetario pidiendo el 0,7 por ciento del producto interior
bruto para los países empobrecidos, petición a la que se une,
naturalmente, con voz propia el Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya.
El señor Montoro Romero defiende la enmienda presentada por el
Grupo Popular.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Homs i
Ferret, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Caballero
Alvarez, del Grupo Socialista. Sometida a votación la moción
del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, es
rechazada por 11 votos a favor y 231 en contra. Se suspende la
sesión a las nueve y cuarenta y cinco minutos de la noche.
Se reanuda la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.
DEBATE DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS
(Continuación.):
--PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA
1995 (Número de expediente 121/000067)
--PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL
ORDEN SOCIAL (Número de expediente 121/000070)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Roca.
El señor ROCA I JUNYENT: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, con ocasión del debate presupuestario del año
pasado diversos grupos parlamentarios señalaron que aquellos
presupuestos eran el reflejo de una política económica que no
haría posible la recuperación de la economía española. Es más,
se denunciaba que íbamos a experimentar un nuevo y alarmante
crecimiento negativo de nuestra economía.
Afortunadamente, estas previsiones no se han cumplido y hoy
nadie discute que el escenario que rodea este debate
presupuestario es sensiblemente mejor del que se tenía en
1993. Podrá discutirse si con otras medidas el crecimiento
experimentado este año podría ser más importante, si la
timidez de ciertas reformas ha impedido sacar más provecho de
una favorable coyuntura internacional; todo ello es opinable e
incluso en algún supuesto podríamos compartir este
razonamiento, pero, en todo caso, lo importante es destacar
que el debate ya no está entre crecer o retroceder, sino en
cómo crecer más y mejor. No quiero, no obstante, instalarme en
ningún examen satisfecho de la situación actual. Queda mucho
por hacer y la crisis, en alguna de sus manifestaciones más
próximas a la sociedad, sigue estando ahí. No hay duda que la
recuperación se ha iniciado, pero no existe suficiente
percepción social de los efectos de la misma ni debemos
olvidarnos de la fragilidad que acompaña y caracteriza todo
este proceso de reactivación económica. También comprenderán
SS.SS. que no quiera «negligir» que el acuerdo alcanzado para
la aprobación de los presupuestos vigentes se encuentra en el
origen de la reorientación de la política económica española.
Como protagonistas de aquel acuerdo asumimos en su día el
riesgo de apostar por una política de fomento de la economía
productiva que creíamos era imprescindible para sacar a España
de una profunda situación de crisis. Hoy nos ratificamos en
que aquélla era la política que correspondía afrontar y que
ahora nos corresponde profundizar si queremos seguir avanzando
por el camino de la recuperación económica.
No es de extrañar pues, que nuestro grupo parlamentario, como
ya conocen SS.SS., apoye estos presupuestos generales para
1995. Esto está en la línea de continuidad de la política
económica iniciada a partir de las últimas elecciones, de
junio de 1993, incorporando nuevas medidas tendentes a
facilitar la inversión y la creación de empleo en el marco de
las exigencias de una economía competitiva y cada vez más
internacionalizada. Es decir, se trata de aprovechar los
márgenes más amplios que ofrecen la perspectivas de
recuperación para avanzar más decididamente en la adopción de
medidas que garanticen una mayor capacidad de crecimiento
durante el próximo ejercicio 1995. ¿Cómo afrontan estos
presupuestos este objetivo? ¿Qué medidas se proponen para
asegurar para 1995 una tasa de crecimiento positiva capaz de
generar empleo neto y de asegurar niveles más altos de
cohesión social en nuestro país? En primer lugar, estos
presupuestos se proponen y proponen a la sociedad española en
su conjunto un esfuerzo de contención del déficit público. De
hecho siempreexisten argumentos válidos, justos e incluso
emotivos para justificar tratos excepcionales que alteren el
principio de la austeridad y el rigor presupuestarios; pero
hemos de hacer comprender al país que si gastamos más de lo
que podemos, esto al final tiene costes muy graves y
especialmente para los niveles de renta más modesta de nuestra
sociedad.
La austeridad y el rigor no son un capricho, son la exigencia
ineludible de cualquier política de progreso, por ello hemos
de constatar que nuestro esfuerzo para la contención del
déficit sigue siendo insuficiente. Ciertamente este año ha
marcado un cambio positivo en este terreno pero un cambio
modesto y más simbólico que efectivo. El próximo año 1995 no
debe abandonar esta línea si realmente queremos crecer.
Como ustedes saben, en este campo afloran muchas críticas
internas y externas. Son muchos los que coinciden en denunciar
que el esfuerzo de austeridad es insuficiente. Ayer mismo
oímos en esta Cámara alguna voz que lo denunciaba. Es una
crítica razonable y justificada, pero,
¿dónde debe situarse la reducción del gasto público? Porque
normalmente estas críticas suelen ir acompañadas de propuestas
cuyo efecto inmediato no es otro que el de incrementar el
propio gasto público. Aquí todo el mundo pretende ahorrar pero
siempre con cargo a los demás.
Esta es una cuestión fundamental de nuestro futuro a cuya
discusión deberíamos acercarnos en un clima de sosiego, que no
es ciertamente el que ahora preside la vida política española.
Pero también será bueno recordar, primero, que nuestro país en
el campo de las prestaciones sociales sigue teniendo niveles
alejados de las medias europeas y que, por tanto, el objetivo
del debate que proponemos debe contemplar cómo seguir
avanzando en tasas de mayor cobertura social y no lo
contrario. Otra cosa es que para ello convenga definir nuevos
sistemas complementarios e incluso alternativos de protección
social, pero siempre con el propósito de facilitar un marco
más seguro y estable, no lo contrario. La sociedad debe saber
y los pensionistas de manera muy especial que no existe para
ellos ninguna alarma en su horizonte. Se trata de debatir cómo
hacer mejor lo que se está haciendo, no de dejarlo de hacer.
En segundo lugar, la lucha contra el déficit no se sitúa única
ni principalmente en España, en el campo del control
presupuestario, que es fundamental, sino también, y de manera
muy especial, en nuestra capacidad de crecimiento económico.
Hemos gastado más y hemos gastado mal, pero también hemos
crecido mal y desordenadamente y, sobre todo, no hemos
aprovechado las épocas de crecimiento para realizar las
reformas estructurales imprescindibles y las hemos tenido que
iniciar en tiempos de recesión, cosa que hace todo mucho más
difícil. Por ello, coherentemente, hemos de proponernos a
partir de ahora que todos los incrementos de recaudación o
ingresos del Estado se adscriban de manera inmediata a la
reducción del déficit presupuestario. Si el crecimiento o
incluso el mecanismo de la privatización de los activos del
sector público empresarial no se ponen al servicio de la
reducción del déficit, nos será difícil avanzar en el campo
del saneamiento de los grandes desequilibrios de nuestra
economía. En un segundo capítulo, y del mismo modo que en el
capítulo de los gastos el objetivo de la austeridad preside el
acuerdo presupuestario, en el capítulo de los ingresos hemos
pretendido seguir avanzando en el fomento de la economía
productiva, estimulando la inversión y facilitando la creación
de empleo. Por ello resultaba imprescindible, y así se ha
hecho, prorrogar para 1995 el conjunto de medidas fiscales
adoptadas para este año 1994 en orden a la inversión, a la
internacionalización de nuestra economía y a las medidas
concretas de fomento de la ocupación. Pero además era
necesario adoptar con coraje nuevas medidas de política
fiscal. Una vieja aspiración de esta Cámara que todos,
absolutamente todos habíamos solicitado, encuentra para 1995
cumplida satisfacción. Me refiero a la deflactación de los
tipos y bases del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto sobre
Sociedades y del Impuesto sobre el Patrimonio. Al deflactar la
inflación esto quiere decir que todos los ciudadanos, todos,
pagarán menos por estos impuestos el año 1995. Aquí no hay
duda posible. El que pagaba Renta, pagará el 3,5 por ciento
menos que el año anterior. Puede estimarse que sea poco, puede
estimarse que convendría un mayor coraje para afrontar una
reducción más decidida del Impuesto sobre la Renta, pero lo
evidente es que no hay margen para ello. En cambio, la medida
adoptada supone una apuesta seria y decidida a favor del
consumo para estimular el crecimiento de la demanda interna.
El crecimiento de la economía española durante este año 1994
ha descansado fundamentalmente en el buen comportamiento del
sector exterior. Hemos exportado mucho, hemos recibido muchos
turistas y esto ha contribuido a tirar de la economía
española. Ahora nos conviene estimular la demanda interna y
hemos de poner en la mano de los ciudadanos mayores recursos
con destino al consumo. Si a ello sumamos un conjunto de
medidas puntuales que incrementan el nivel de deducciones,
vemos cómo se mejora la capacidad adquisitiva de los
ciudadanos. Ciertamente cada una de estas medidas,
individualmente analizadas, es criticable como insuficiente.
Por ejemplo, el incremento de las deducciones por el número de
hijos. Será poco, es verdad, pero en todo caso será gracias a
estos presupuestos cuando por primera vez el concepto de
familia tiene una consideración fiscal positiva en España.
Este tema es bastante ejemplar a los efectos de señalar que,
si observamos las propuestas de algunos grupos, no se trata de
modificar el concepto de las medidas, sino el cuánto de las
mismas. No se piden otras medidas; se pide más de las mismas.
En este supuesto el debate no debería dramatizarse, no se
defiende una política económica alternativa, sino pura y
simplemente ritmos más acelerados de aplicación incluso a
riesgo de perjudicar el déficit presupuestario. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Roca. (Pausa.)
El señor ROCA I JUNYENT: Sería injusto no reconocer que
también se han formulado visiones alternativas sobre la
política económica; visiones ciertamente respetables, pero que
no tienen punto de referencia en ningún otro país de nuestro
entorno europeo, ni occidental; sería, pura y simplemente, un
retroceso en el túnel del tiempo.
Como decía, pues, con estos presupuestos se trata de favorecer
e impulsar la demanda interna. Por ello, a la
señalada reducción de la presión fiscal individual se añade
una garantía eficaz sobre el mantenimiento de la capacidad
adquisitiva de las pensiones; y, rompiendo la tendencia de
anteriores ejercicios presupuestarios, se contempla también la
revisión de los salarios de los funcionarios públicos de
acuerdo con la inflación. Aquí también podrá discutirse sobre
la suficiencia o la amplitud de la medida que se propone, pero
lo cierto es que representa una positiva corrección de la
tendencia de devaluación de la función pública, que deberá ir
acompañada de otras medidas en el campo de su modernización.
Junto a ello convenía no olvidar que el reto más importante de
nuestra economía, e incluso por extensión de toda nuestra
sociedad, es el de la competitividad. Este reto está ahí y si
no se acepta nos habrá derrotado sin que apenas tengamos
tiempo de percatarnos de ello. Es un reto inevitable y de
altísima trascendencia social. Si se quiere crear empleo
deberá ser en el marco de una economía competitiva y para ser
competitivos necesitamos estimular la inversión, favorecer las
decisiones empresariales sobre nuevas instalaciones y apoyar
el espíritu emprendedor. Necesitamos que las pequeñas y
medianas empresas encuentren en la práctica el marco que
reconozca su especificidad, tanto en el campo fiscal como en
el laboral o en el social. De todo ello hay en estos
presupuestos generales. Desde la práctica eliminación de la
doble tributación de los dividendos, que había sido reclamada
insistentemente por esta Cámara, a una nueva fiscalidad
agraria; desde una reducción del Impuesto sobre Actividades
Económicas a la ampliación de las medidas de fomento a la
ocupación se da toda un larga lista de significativos cambios
en la política fiscal. Ciertamente en este campo se produce
una medida que ha levantado polémica y un amplio debate entre
algunos analistas económicos. Estoy refiriéndome a la
reducción de la cuotas de la Seguridad Social y, por otra
parte, al incremento de los tipos del IVA. Una y otra medida
deben ser examinadas separadamente. La reducción de la cuotas
de la Seguridad Social venía reclamándose por esta Cámara
desde hace mucho tiempo. Son muchas las resoluciones de este
Pleno que instaban al Gobierno en este sentido y son
resoluciones votadas por amplísimas mayorías de esta Cámara.
La razón era bien sencilla, teníamos y nosotros seguimos
teniendo la convicción de que esta reducción mejoraría nuestra
capacidad de competir en los mercados internacionales. De
hecho si la reducción de un punto en la cuota de la Seguridad
Social representa unos 200.000 millones de pesetas quiere
decir que esta es una importante inyección para nuestra mayor
competitividad internacional. Nadie debería negar esta
evidencia. Se dice que la reducción de un solo punto es
insuficiente, pero también debería recordarse que por acuerdo
de este Pleno existe una Ponencia que está estudiando posibles
reformas de nuestro sistema de Seguridad Social que podría --y
al menos esta es la intención de nuestro Grupo-- proponer una
reducción más sensible de estas cuotas en base a segregar del
sistema la financiación de las prestaciones no contributivas
que no deberían cargar a nuestro sistema productivo, sino ser
el resultado de una acción de solidaridad global de toda la
sociedad y, por ello, financiarse con cargo a los ingresos
fiscales del Estado como expresión de una política de
redistribución social de la renta.
Hemos abierto, pues, una vía positiva de racionalidad a
nuestro sistema de Seguridad Social para evitar así una
excesiva carga sobre el aparato productivo del país. Esto
venía reclamándose desde hace tiempo y ahora, cuando se abre
esta posibilidad, recibe críticas de los mismos que la habían
propuesto en su día. Incluso se dice que no va a generar
empleo y puede ser verdad que por sí sola esta medida no
genere nueva ocupación, pero lo importante es saber si va a
ayudar a mejorar la competitividad de nuestras empresas,
porque si ello fuera cierto, y nosotros lo creemos, como
mínimo servirá para salvar y conservar muchos puestos de
trabajo que, en caso contrario, podrían peligrar. Mayor
trascendencia tiene la crítica formulada contra el incremento
en un punto de los tipos del IVA. Se ha dicho --y es verdad--
que es una medida que tiene una clara repercusión
inflacionaria, es obvio. Ciertamente no es una magnitud
«negligible» que ofrece, además, una resistencia notable para
aproximarse a la de nuestros países competidores en Europa; es
verdad. También lo es, no obstante, que nuestros tipos de IVA
son inferiores a los de estos países europeos y, sobre todo,
que no es ésta --la de la inflación-- la única magnitud que
debe ser tenida en cuenta. Como siempre ocurre deberá buscarse
un equilibrio entre todas ellas, de tal manera que al final
podamos compatibilizar rigor y austeridad con reactivación.
En este sentido resulta cuanto menos opinable, que una
política de reducción de los tipos de interés se condicione
exclusivamente a la evolución de la inflación, cuando la
experiencia demuestra que esto no ha sido así en los últimos
tiempos. Lo cierto es que el incremento en un punto de los
tipos del IVA tendrá efectos inflacionarios en nuestra
economía; por tanto, deberemos estar atentos a esta evolución
para corregir, cuando proceda, las causas de desviaciones
excesivas. Tampoco debería descartarse cualquier medida que
limite o reparta en el tiempo el coste inflacionario de esta
medida. Estos presupuestos, señorías, han venido precedidos de
una fuerte polémica sobre el contenido y alcance de lo que se
han calificado como exigencias de nuestro grupo parlamentario
sobre dos temas que nos parecían fundamentales. Por un lado,
la participación de las comunidades autónomas en la
distribución de los Fondos de cohesión europeos; y, por otro,
la revisión del sistema
de financiación de la sanidad pública. Les ahorro repetir todo
lo que se dijo sobre estas cuestiones; de hecho se presentaban
como reivindicaciones partidistasy particularistas contrarias
al interés general. Después resultó, a la hora de la verdad,
que todas las comunidades autónomas aceptaron la propuesta
formulada en el seno del Consejo de Política Fiscal y
Financiera y que todas ellas se manifestaron favorables a las
mismas por entender que beneficiaban al conjunto de la
sociedad.
A partir de aquel momento la acusación cambió los argumentos,
pero insistió en el sentido de la misma. No se aportaba prueba
ni se justificaba; bastaba mantener la acusación con
insistencia para que ésta tuviera los efectos que se
pretendían en determinados sectores de la opinión pública.
Incluso, a veces, basta con la mera insinuación, como cuando
se dice que estos presupuestos iban a costar a los ciudadanos
españoles al menos 20.000 millones de pesetas que suponen más
de 1.000 millones por cada voto de los diputados de nuestro
grupo. Es el estilo de la insinuación calumniosa, tanto más
indigna cuando se refugia en la insinuación, porque sabe que
no tiene base para la acusación y porque para impresionar a la
opinión pública ya basta con insinuar, incluso a sabiendas de
que se está mintiendo. Pero estas manifestaciones no ofenden a
sus destinatarios, sinoque ofenden a quienes la formulan y
ponen de manifiesto el poco arraigo de sus sentimientos
democráticos.
En base a este estilo el totalitarismo ha llenado páginas de
terror y de persecución. (Rumores.--Un señor Diputado: ¡Pero
qué dice!) Lo que digo. La libertad tiene unas exigencias y
todos deberíamos estar dispuestos a respetarlas. (Rumores.--Un
señor Diputado: ¡Muy bien!)
Vuelvo a repetir desde esta tribuna lo que hemos dicho fuera
de ella: Estamos dispuestos a debatir cualquier ejemplo que se
quiera exponer sobre nuestro pretendido interés partidista o
particularista en la elaboración de estos presupuestos; pero
en el ínterin nos bastará recordar que cuando se establecen
incentivos fiscales para la inversión se hace para todos los
inversores españoles...
El señor PRESIDENTE: Señor Roca, le ruego concluya.
El señor ROCA I JUNYENT: ... y que cuando se elimina la doble
tributación de los dividendos o se deflactan los tipos y bases
de los impuestos es a todos los españoles a los que alcanza
esta medida, que cuando se incrementan las deducciones por el
número de hijos se establece con independencia de donde
habiten las familias, que cuando se mejora la fiscalidad de
los trabajadores autónomos o de los agricultores es para los
de Andalucía y Galicia, para los de Asturias y de Valencia,
para todos. Esta es la realidad y contra ésta sólo vale la
prueba en contra, no las descalificaciones genéricas e
infundadas que sólo desacreditan, como he dicho, a quienes en
ellas se refugian. Estos presupuestos --y termino, señor
Presidente-- marcan una política de continuidad en relación
con la que se inició con la aprobación de los presupuestos del
año en curso. Es decir, contra muchos pronósticos adversos se
ha podido definir una acción económica que, apoyada en la
estabilidad política, ha permitido el inicio de una innegable
recuperación económica. Para nuestro Grupo Parlamentario éste
sigue siendo un objetivo fundamental y prioritario. Hemos
entendido que nuestro compromiso estaba en hacer viable una
estabilidad que garantizase el marco imprescindible para la
recuperación económica. Hoy nos ratificamos en esta idea y en
este compromiso y por eso vamos a apoyar estos presupuestos,
porque representan seguir avanzando en una acción de fomento
de la economía productiva para relanzar la inversión, generar
empleo y mejorar, en términos generales, los aspectos más
relevantes de la calidad de vida de todos los ciudadanos.
Esta decisión, como he dicho, nos ha comportado fuertes
críticas y ataques. No hemos sido insensibles a los mismos,
pero han pesado más en nuestro ánimo los efectos positivos de
nuestra participación responsable en la política española.
Creíamos que éste era el estilo que debíamos oponer a la
crítica, el estilo de los resultados que avalan esta acción
política. Pero sería absurdo creer que con estos presupuestos
basta para asegurar una mejora de nuestras expectativas
económicas. Son, ciertamente, un elemento fundamental, pero no
basta con ello. Son también otras cuestiones las que
condicionan nuestro futuro económico. El día a día, los
comportamientos y los hábitos políticos, la serenidad, la
voluntad de preservar los valores de la democracia cuentan
tanto como la propia política económica al tiempo de definir
el clima social que debe acompañar un efectivo relanzamiento
de la actividad económica en España. No todo es posible y,
sobre todo, no todo es posible a la vez. Estamos saliendo de
una muy dura y profunda crisis económica; estamos todavía
débiles; son muchos los que todavía no perciben el aliento de
la recuperación. El camino que queda por recorrer será menos
cuesta arriba, pero es largo todavía. Nada nos podría
perjudicar tanto como una excesiva euforia que nos hiciese
bajar la guardia. Hemos de estar alerta porque la fragilidad
es la nota dominante de nuestra recuperación. Por ello, la
euforia no está justificada, pero tampoco ningún tipo de
pesimismo. Sólo saldremos de verdad de la crisis si tenemos
confianza en nosotros mismos, en nuestra propia capacidad
colectiva. Nadie debe dejarse vencer por los predicadores del
desastre, nadie debería caer en la tentación de la inhibición,
del esperar que amaine para salir a la mar. Esperar nos sería
fatal. El momento es ahora. Dentro de un tiempo puede ser
tarde o, en todo caso, más difícil. No será,
en todo caso, nuestro Grupo quien asuma esta responsabilidad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Roca.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Señor Presidente, señorías, nuestro
Grupo Parlamentario, por segundo año consecutivo, no ha
presentado enmienda a la totalidad al proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1995 y a su ley de
acompañamiento; y no lo ha hecho, entre otras razones, por los
mismos motivos que el año pasado.
Creemos que las razones de coherencia política, de
responsabilidad social y pragmatismo, que expusimos en el
debate de totalidad de los Presupuestos de 1994, son válidas
en la situación política económica de hoy. Decíamos, entre
otras razones porque hemos mantenido reuniones previas a la
elaboración de estos presupuestos con el Gobierno, que hemos
comprobado la inclusión de aspectos como, por ejemplo, la
deflactación de las tarifas del Impuesto sobre la Renta,
Patrimonio y Sociedades y otros aspectos que han sido
reivindicaciones permanentes de nuestro Grupo Parlamentario.
Hemos coincidido en muchos planteamientos de política
económica y hemos comprobado el cambio de talante hacia las
propuestas de nuestro Grupo Parlamentario. Esto no significa
que estemos totalmente de acuerdo con los mismos, pero sí
pensamos que no hay razones de peso suficientes para plantear
un texto alternativo. Hay coincidencias y hay discrepancias,
pero en nuestro análisis global hemos considerado que tienen
más peso los aspectos positivos que los negativos. Lo que sí
nos preocuparía es no compartir sus objetivos: la
consolidación presupuestaria, incentivar la creación de empleo
y la inversión o el mantenimiento de una protección social
efectiva y solidaria. No obstante, esto no significa una
descalificación global a las líneas maestras y a los objetivos
de estos presupuestos. Como ya he dicho anteriormente, me
parecen en general aceptables. Lo único que desearía resaltar
es que con un poco más de esfuerzo se podrían haber alcanzado
cotas más deseables tanto desde un punto de vista económico
como del meramente político. El marco económico actual que se
sustenta en el inicio de una recuperación que parece sostenida
en el ámbito internacional y estatal, hubiera permitido afinar
un poco más la definición de los agregados macroeconómicos y
de las prioridades presupuestarias.
En resumidas cuentas, quiero apuntar que la dirección es buena
pero la intensidad es insuficiente. Esta visión me permite
ahondar y criticar algunos aspectos cruciales de la política
presupuestaria del Estado pero que, a mi juicio, fundada en
las grandes prioridades políticas del Gobierno es mejorable.
El contexto económico es favorable y tiene que permitir que un
comportamiento racional del Gobierno nos reconduzca a una
senda de crecimiento sostenido y de bienestar para el conjunto
de los ciudadanos. Este es nuestro objetivo. Sin embargo, debo
reconocer que tenemos serias discrepancias en algunos aspectos
que voy a exponer más adelante. Pero antes me van a permitir
SS.SS. que haga algunas consideraciones generales.
El debate de estos presupuestos generales está profundamente
imbricado en el contexto económico que nos encontramos --esto
es obvio-- y estoy seguro de que el mismo habrá sido
referencia y guía obligada para confeccionarlos. En esta
situación económica me voy a basar igualmente para reflexionar
y criticar los presupuestos, aportando la visión que a esta
respuesta tiene mi Grupo Parlamentario.
El nuevo contexto económico, a todas luces favorable,
facilita, sin ninguna duda, que este Gobierno lo haya tenido
más fácil, y lo ha tenido porque el dinamismo de la actividad
económica va a compensar el esfuerzo, no del todo real ni
suficiente, que ha hecho a la hora de confeccionar los
presupuestos que discutimos estos días. Podemos dar las
gracias, por tanto, a la buena marcha de la economía, pero no
en la misma medida al Gobierno que, a mi juicio, debería haber
realizado un ejercicio de mayor realismo y compromiso para
resolver los auténticos problemas estructurales que presenta
la economía, lo que hubiera redundado, sin duda, en una mayor
fiabilidad de la actuación del mismo por parte de los agentes
económicos.
Hace un año nos encontrábamos con una economía deprimida y con
unas expectativas nada favorables. Hoy, sin embargo, vemos el
futuro con optimismo moderado y tenemos que evitar que las
expectativas decaigan y que ese futuro no sea de corto sino de
largo y, a poder ser, de muy largo plazo. Si repasamos las
grandes magnitudes macroeconómicas, nos damos cuenta de los
problemas que aún subyacen en la evolución de la economía
actual. En lo que va de año se ha venido a confirmar el
proceso de recuperación económica en el conjunto de las
economías occidentales, del cual ya se apreciaban diversas
señales en los últimos períodos. Sin embargo, a excepción de
en los Estados Unidos, la recuperación de la actividad no está
teniendo, por ahora, repercusiones efectivas en los niveles de
desempleo. Las perspectivas al respecto son de mantenimiento,
al menos en el corto plazo, de las tasas de paro sobre valores
estabilizados similares a los actuales. El nivel de desempleo
apuntado nos debe conducir, inevitablemente, a una profunda
reflexión y ha de constituir el eje del diseño e
instrumentación de la política económica. La tasa de paro en
España supera en más del doble a la alemana, a la francesa, a
la italiana o a la inglesa, por hablar tan sólo de algunos de
los países de nuestro entorno a los que deberíamos imitar, al
menos en este
aspecto. La evolución de los precios, que desborda
continuamente las previsiones del Gobierno, y la magnitud y la
marcha del déficit público son otros de los aspectos que nos
alejan de los referentes europeos y que, por tanto, nos
inducen a estar preocupados por las asignaturas pendientes de
este Gobierno en materia económica. Una economía con problemas
de control de la inflación, de déficit público, de bajo nivel
de inversión y de elevado desempleo es una economía enferma, a
pesar de que el termómetro que mide la evolución del producto
interior bruto nos indique lo contrario. Por ello, desde el
sector público se tiene que hacer un esfuerzo por corregir los
problemas de fondo, aprovechándonos de una buena coyuntura
para que los problemas estructurales no nos lleven al desastre
en otro momento económico más adverso. No hay que olvidar que
tan sólo el control de la inflación del déficit público
permitirá reducir los actuales tipos de interés y emprender
una sólida etapa de crecimiento económico. Por lo dicho hasta
ahora, la orientación estratégica, es decir, con visión de
futuro, de los presupuestos que debatimos debería ser la de
mejorar la competitividad de la economía, tanto del sector
privado como de la propia Administración pública, y ampliar el
stock de capital que determinará el potencial de crecimiento
económico futuro; todo ello en aras a conseguir un mayor nivel
de empleo y, en última instancia, de bienestar para el
conjunto de los ciudadanos. El marco descrito es seguramente
aceptado por el Gobierno sin muchas reservas y, sin embargo,
creo --y ahí están las de mi Grupo-- que hay que apostar por
esta estrategia con confianza, para que los agentes económicos
no duden de la credibilidad del Gobierno. Además de
credibilidad, lo debe hacer con la suficiente intensidad, que
hoy es más posible por el favorable contexto económico global.
Nuestramayor preocupación no es que el Gobierno comprenda esta
estrategia --competitividad y fomento de la inversión para el
empleo--, que la comprende, sino el escaso esfuerzo que ha
realizado a la hora de confeccionar los presupuestos en un
contexto económico tan favorable, y me explico. Fijar como
objetivo del déficit público, en términos de producto interior
bruto para 1995, el 4,64 por ciento me parece que refleja poca
ambición por parte del Gobierno, ausencia de debates sobre
prioridades y pocavoluntad de controlar el gasto público más
superfluo. Y ello es más grave si consideramos que esa
ligerísima reducción estimada del déficit para 1995 se deriva
de factores que no dependen, en gran medida, del propio
Gobierno. Se puede decir que otros factores o variables han
hecho el esfuerzo por nosotros. Además, hay que tener en
cuenta que se prevé un fuerte incremento de la recaudación
fiscal, especialmente en el Impuesto sobre la Renta, que hace
albergar serias dudas respecto a la idoneidad de las
previsiones, siendo optimistas, en unos 250.000 millones de
pesetas en el Impuesto sobre la Renta. Aun así, el déficit
público se sitúa en 3,2 billones de pesetas, sólo 130.000
millones de pesetas inferior al contenido en los presupuestos
del año 1994, lo que nos lleva a temer que incluso podría
haber sido superior si las previsiones de ingresos no hubieran
sido tan optimistas. En cualquier caso, un año más se constata
la falta de una actuación presupuestaria seria dirigida a la
reducción paulatina del déficit público. El déficit
presupuestario para 1995, que incluso ha sido considerado como
máximo por el Banco de España --utilizando al efecto un
eufemismo en lugar de incorporar una crítica directa--, puede
llegar a poner en cuestión, como así parece que ha ocurrido,
la propia participación de España en el Fondo de Cohesión. Por
ello, resulta inexorable abordar un proceso de disminución
paulatina del gasto público, sin falsas demagogias, pero con
la suficiente firmeza, lo que supone, a nuestro juicio, ya un
cierto esfuerzo en 1995, que podría situarse en unos 300.000
millones de pesetas respecto al proyecto presentado. Así, si
bien el conjunto del gasto consolidado del sector público
aumenta en un razonable 3,4 por ciento, ello se fundamenta en
una disminución de los pagos a las comunidades europeas del
8,6 por ciento, en un descenso del 8 por ciento de los gastos
derivados de la deuda pública existente debido a cambios en el
calendario de amortización y el descenso de los tipos de
interés y en un moderado aumento de los gastos de protección
al desempleo como resultado de la marcha favorable esperada de
la economía española en 1995. Desde el lado de los ingresos,
tanto los impuestos directos como los indirectos se
incrementan un 10 por ciento, en coherencia con el dinamismo
económico esperado. Por tanto, se echa en falta un mayor
esfuerzo de contención y racionalización del gasto público. El
esfuerzo que se demanda tenía que haber ido dirigido a
controlar en mayor medida los gastos de personal, los gastos
corrientes y las transferencias corrientes, que crecen por
encima de la media; por contra, se tenía que haber sido más
generoso en materia de inversiones públicas, que crecen tan
sólo un 1,3 por ciento y que, a mi entender, contribuyen de
forma vital, a la ampliación del stock de capital y al fomento
de la competitividad que tanto necesitamos.
Centrándonos en las medidas concretas recogidas en el proyecto
de ley de presupuestos y en el de acompañamiento, quisiéramos
detenernos brevemente en las que consideramos más importantes.
En primer lugar, y con referencia a la fiscalidad de las
personas físicas, el proyecto de ley de Presupuestos Generales
del Estado incorpora la deflactación de las tarifas del
Impuesto sobre la Renta en el 3,5 por ciento para 1995, casi
lo mismo que la inflación prevista. No hay, por tanto, ninguna
disminución de la presión fiscal en términos reales. Por ello,
la medida no es un avance en sí, aunque sí lo puede ser en la
medida en que no se hizo en los años anteriores. Ese presunto
avance de la fiscalidad
de las personas físicas no debe de embozar el verdadero
problema en relación con el Impuesto sobre la Renta: se sigue
sin abordar la reducción de las tarifas, en cumplimiento de la
Ley 18/1991. Y esta cuestión es más grave y relevante cuanto
más tiempo pasa, ya que cualquier medida fiscal que se pueda
adoptar, incluida la corrección de la doble imposición de los
dividendos, no deviene sino en un puro parcheo, en la medida
en que sigue pendiente el aspecto troncal de la fiscalidad
personal. Ya hace tiempo que nuestro Grupo socilita que se
inicien pasos hacia la reducción de las tarifas del Impuesto
sobre la Renta, aunque sabemos que la reducción hasta niveles
previstos (entre el 18 por ciento y el 50 por ciento) no puede
hacerse de golpe y porrazo. Por ello planteamos un proceso de
aproximaciones sucesiva, que mitigue los impactos
recaudatorios en los distinto ejercicios. Solicitamos que tal
proceso se inicie a lo largo del ejercicio 1995, con un primer
tramo de la reducción de la tarifa y de las retenciones entre
uno y dos puntos porcentuales.
En segundo lugar, con respecto a la fiscalidad de las personas
jurídicas, 1994 ha sido un año repleto de iniciativas
tributarias en materia de fiscalidad empresarial, aunque tengo
que decir que buena parte de ellas han sido incluso
desafortunadas, no siendo sino iniciativas de cara a la
galería. El proyecto, sin embargo, no incorpora iniciativas
incentivadoras lo suficientemente interesantes para abordar un
ejercicio de reactivación económica, apoyando aspectos
importantes relacionados con la financiación y la mejora de la
competitividad de las empresas, en particular de las pequeñas.
Por ello, consideramos que hay carencias coyunturales y
estructurales en el proyecto de ley en esta materia; muchas de
ellas, como por ejemplo la actualización de balances, ha sido
propuesta por nuestro Grupo a esta Cámara reiteradamente y
siempre se ha rechazado, aun cuando hay un consenso
generalizado respecto a la idoneidad de tal iniciativa. Por
ello, este año, por no ser reiterativos no lo vamos a
proponer. Sin embargo, consideramos que el proyecto adolece de
iniciativas que acompañen la reactivación económica a medio
plazo y que incentiven la generación de empleo. A este
respecto, nuestro Grupo propone la inclusión de algunas
iniciativas en esta materia, entre las que sobresalen la
incentivación de la creación directa de empleo y la creación
de un mecanismo de incentivación de la autofinanciación de las
empresas, creando una reserva para inversiones productivas que
se materialice a medio plazo. No vamos a insistir más en esta
figura tributaria, a la que espero poder referirme en la, al
parecer, próxima reforma del Impuesto sobre Sociedades.
En tercer lugar, queremos detenernos en la medida tan
llamativa de la sustitución de cotizaciones sociales por IVA.
Es evidente que es uno de los aspectos de la reforma del
sistema de la Seguridad Social consiste en la paulatina
disminución de las cotizaciones sociales, pero esta
iniciativa, loable en sí misma, no debe acometerse como un
aspecto aislado que pueda encubrir el fondo del problema; sí
es un paso adecuado, pero incluso podría resultar ineficaz si
no pasa a integrarse próximamente como un apartado de la
reforma del sistema. Mientras ésta no se aborde, no debemos
adoptar nuevas iniciativas en esta línea que pudieran, en vez
de facilitar el proceso, prejuzgarlo únicamente en una línea
determinada. Por ello creemos adecuado dictaminar la
iniciativa como positiva, pero evidentemente parcial, y
esperar a las propuestas que establezca la Ponencia
parlamentaria que estudia los problemas estructurales de la
Seguridad Social. La elevación de los tipos de IVA para
financiar la iniciativa anterior, sin embargo, siendo
coherente con la paulatina sustitución de la fiscalidad
directa por indirecta, constituye, por otras circustancias, un
serio motivo de preocupación. Nuestro Grupo siempre ha
considerado como prioridad tributaria la rebaja de las tarifas
del Impuesto sobre la Renta que podría ser financiada
únicamente, además de por recortes del gasto público, mediante
la subida de la fiscalidad indirecta, única que todavía puede
crecer. Pero, a nuestro juicio, esta última reserva de subir
la presión fiscal indirecta debía haber constituido algo así
como la bala en la recámara, cuyo destino fuera compensar
recaudatoriamente la rebaja en las tarifas del Impuesto sobre
la Renta. Nos encontramos hoy con que hemos disparado esa bala
y no se han minorado las tarifas y retenciones de la renta.
Este es el motivo de preocupación. Albergamos serias dudas
respecto a que podamos acometer fácilmente tal rebaja, si no
es mediante la drástica rebaja del gasto público, aplazada
nuevamente por el Gobierno.
En cuarto lugar, el proyecto de ley de medidas fiscales,
administrativas y de orden social suprime definitivamente al
artículo 37.2 del Impuesto sobre la Renta referente a los
planes de ahorro popular. Entendemos que la articulación de
estos productos financieros en nuestro sistema financiero
planteaba una serie de dificultades, por lo que su olvido es
adecuado. Asimismo nos parece adecuado que la disposición
transitoria quinta vuelva a reconocer, con efecto retroactivo,
la exención de 500.000 pesetas en incrementos de patrimonio
procedentes de participaciones en instituciones de inversión
colectiva para aquellos que en 1994 no pudieron materializarlo
en planes de ahorro popular. No obstante, entendemos que la
exención de 500.000 pesetas debe extenderse para futuros
ejercicios, de ahí que hayamos enmendado el segundo párrafo
del artículo 3.º de la Ley de Medidas fiscales. Ahora bien, el
incidente de los planes de ahorro popular no es más que un
detalle en el tratamiento fiscal del ahorro o de las rentas de
capital, que es lo mismo, en este país. El tratamiento fiscal
de los productos financieros es absolutamente distorsionante y
discriminatorio. Los productos financieros emitidos por las
administraciones del Estado
(letras del tesoro sin retención) y los instrumentos para la
canalización (fondos de inversión inmobiliaria y fondtesoros)
gozan de una fiscalidad privilegiada. Asimismo, a los no
residentes compradores de deuda pública estatal se les ofrece
el señuelo de la exención plena, mientras tanto a los pobres
residentes se nos machaca con retenciones a cuenta del 25 por
ciento. La fiscalidad se ha convertido en el primer
condicionante del mercado financiero. Gran parte de la llamada
innovación financiera no tiene otra razón de ser que la
fiscalidad. Los episodios nacionales en esta materia han sido
continuos. Primero fueron los seguros de prima única, después
la cesión de créditos y los bonos austriacos, y ahora se nos
anuncian actas de inspección con sanciones multimillonarias a
causa del lavado del cupón (400.000 millones de deuda
tributaria), operación que se ha estado efectuando en su mayor
parte con la propia deuda pública. Por otra parte, miles de
pequeños ahorradores están atrapados en fondos de inversión
poco rentables o de rentabilidad negativa, exclusivamente por
motivos fiscales. Esto produce una asignación ineficiente del
ahorro, cuyo principal beneficiario es la Administración del
Estado. Es necesario conseguir una paz fiscal entre la
Hacienda y el sistema financiero. Hay que implantar una
legislación clara y no discriminatoria que acote el campo de
juego. Las actuaciones y sanciones multimillonarias a
posteriori tienen poca efectividad porque casi nunca se cobran
y los expedientes se estancan en farragosos procedimientos. Es
hora ya de elaborar una ley de régimen fiscal de productos
financieros que sea clara y neutral y que incluya los
productos derivados.
En quinto lugar, en cuanto a la incorporación de las distintas
medidas de ámbito laboral, es preciso advertir contra lo
discriminatorio del tratamiento de las entidades de previsión
social voluntaria, de gran relevancia en Euskadi, en un triple
ámbito. Primero, discriminación fiscal en relación a los
fondos de pensiones (corregida en Euskadi con normas
tributarias forales) que traslada a los fondos de pensiones el
ahorro popular y genera flujos financieros de Euskadi al
Estado a través de las inversiones en fondos de reserva
obligatoria. Segundo, problema de convivencia, al prohibir que
se puedan financiar en todo o en parte con recursos públicos
las entidades de previsión social voluntaria que existen en
las administraciones y empresas públicas; prohibición que no
se extiende a los fondos de pensiones (los beneficios fiscales
se equiparan a la financiación pública). Tercero, prohibición
de constituir una entidad de previsión social voluntaria en
convenios colectivos; prohibición que no se extiende a los
fondos de pensiones por ser de empleo. Precisamente las que se
acuerden en convenio colectivo. En resumen, el fortalecimiento
de los fondos de pensiones, con los obstáculos a las entidades
de previsión social voluntaria, no sólo genera flujos
financieros de Euskadi al Estado, sino que vacía el contenido
de una competencia autonómica de carácter exclusivo.
El señor PRESIDENTE: Señor Zabalía, le ruego que concluya.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Termino, señor Presidente.
Finalmente, es preciso destacar que nuestro Grupo
Parlamentario considera pertinentes las medidas incorporadas
en materia de Seguridad Social. Creemos que estas medidas son
adecuadas para fomentar el empleo de los colectivos más
castigados por el desempleo; son adecuadas también para
reprimir el fraude o aligerar los gastos de Seguridad Social,
sobre todo en la incapacidad laboral permanente.
Señor Presidente, señorías, he tratado de exponer de forma
crítica las consideraciones generales y los aspectos concretos
más relevantes para nuestro Grupo Parlamentario del proyecto
de ley de Presupuestos Generales para 1995 y su ley de
acompañamiento. Puede parecer que lo he hecho cargando
excesivamente las tintas en aquellos puntos en que existen
discrepancias. Es posible, pero con ello lo que queríamos es
llamar la atención del Gobierno. Con los presupuestos
Generales no se concluye la política económica del Gobierno,
es indudable. Es indudable también que suponen el instrumento
más importante. Sin embargo, quedan muchas medidas por
reformar y por crear. Hay que seguir caminando en la
consolidación de una política económica, fiscal, financiera,
presupuestaria y administrativa. Hay que seguir mejorando el
mercado laboral y las relaciones entre los agentes sociales.
Hay que avanzar más rápidamente en las reformas tributarias y
laborales. En definitiva, es necesario continuar decididamente
con el objetivo de modernizar nuestra economía, con la
consolidación de la misma en el marco de la Unión Europea y
con la consecución de los objetivos que desde nuestro Grupo
Parlamentario siempre hemos insistido: alcanzar una economía
competitiva para crear empleo y bienestar social.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía.
Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, nuestro Grupo no presenta una enmienda a la
totalidad de estos presupuestos porque confía que el largo
proceso de negociación que se está llevando actualmente con el
Gobierno, en el que se tratan temas que trascienden el propio
presupuesto, tenga un resultado positivo para las partes,
completando el proceso competencial y los recursos para las
grandes obras de infraestructura y comunicaciones, necesarios
con urgencia
en el País Vasco. Ello quiere decir también que se comparten
los grandes objetivos planteados por el Gobierno para el gasto
público de los Presupuestos del Estado para 1995, sobre todo
en la línea de los objetivos del Plan de Convergencia, de cara
a la Unión Monetaria Europea, cada vez más próxima, como son
la contención de la inflación para aproximarnos a los países
con menor inflación en la Unión Europea y la contención,
asimismo, del gasto público, con vistas a una disminución del
déficit, tratando de llegar a ese mágico objetivo del 3 por
ciento del producto interior bruto. Pero quiero subrayar que
estos objetivos deben encuadrarse en el principio político de
compatibilizarlos con el mantenimiento del sistema general de
protección social en su dimensión de solidaridad y de cohesión
social, condiciones ambas para un desarrollo equilibrado. En
este sentido, cabe señalar también que se comparte el esfuerzo
por racionalizar y optimizar el gasto social, priorizando la
atención a los colectivos y grupos sociales más desfavorecidos
y evitando, porque creo que ésta es una política que debe ser
activa, el fraude fiscal y el fraude social. Hoy, más que
otros años y en otras sesiones similares a las que estamos
ahora protagonizando, se debe incidir especialmente en la
necesidad de atajar los problemas estructurales de nuestra
economía, en particular, el más importante de todos, el
elevado, por sí mismo y en relación con el resto de la
Comunidad Europea, índice de desempleo y, sobre todo, el
retraso y desfase que se produce entre el crecimiento
económico y la creación de empleo, destacando también el
propósito señalado de moderar el gasto público, en especial
medido en todo lo que se refiere a los gastos corrientes del
Estado.
Todavía en este presupuesto siguen apareciendo organismos
autónomos, como sacados de la manga o del sombrero mágico del
mago, y todavía aparece una Administración fagocitaria, que
crea funciones y que no aprovecha las sinergias de la
descentralización y de las administraciones de las comunidades
autónomas con competencias --con las que el Estado quiere,
vamos a decirlo así, volver a competir-- en cultura,
industria, comercio exterior, agricultura y un montón de
etcétera, que son funciones donde el porcentaje de
participación del Estado debe reducirse en base a una
colaboración administrativa seguramente más eficaz y directa
para el ciudadano, para el empresario y para garantizar un
servicio público más barato y eficaz.
El no haber presentado enmienda a la totalidad de estos
presupuestos no implica, por otra parte, una plena conformidad
con todos los extremos planteados en los mismos. Todavía no
vemos que estos presupuestos reconozcan el elemento central de
la política económica, como es el impulso a la economía
productiva, porque es por ahí por donde podemos atajar nuestro
déficit con respecto al núcleo central de la Unión Europea; es
por ahí por donde puede venir la recuperación del empleo; es
por ahí, en definitiva, como podremos aprovechar el
crecimiento económico que parece avecinarse para adecuar
nuestras estructuras y configurar una economía menos
dependiente de los avatares y vaivenes que han caracterizado a
estos últimos años. En ese aspecto, quiero destacar la tímida
actuación en los Ministerios de Industria y Comercio en
relación, precisamente, al desarrollo de esta economía
productiva.
En esa línea van a ir las propuestas que, en forma de
enmiendas parciales, pretenden corregir las insuficiencias que
hemos podido detectar en estos presupuestos, además de las ya
expuestas por el señor Zabalía, que me ha precedido en el uso
de la palabra, a las cuales me sumo y reitero. En las
propuestas de política fiscal figuran una reducción efectiva
de las tarifas del IRPF, teniendo en cuenta el proceso de
inflación; el aplicar medidas de desgravación en el Impuesto
sobre Sociedades por inversión o por creación de empleo, de
modo similar a los incentivos fiscales que se han venido
poniendo en práctica por la Comunidad Autónoma vasca y que,
pese a las absurdas quejas e improcedentes recursos, están
demostrando su eficacia en el impulso y sostenimiento
empresarial; medidas de apoyo financiero, también, a la
pequeña y mediana empresa, principales generadoras de empleo,
destacando el ridículo presupuesto del IMPI, con 8.095
millones de pesetas, para tratar de ayudar al relanzamiento de
la pequeña y mediana empresa, que supone el 95 por ciento de
las instituciones empresariales de este país y el 70 por
ciento del empleo total industrial; y, por último, también
figura aquí la revisión urgente de la doble imposición, que
afecta directamente al emprendedor y distorsiona la política
de aplicación de beneficio empresarial.
Propuestas de política industrial, incrementando las
dotaciones previstas para el fomento del desarrollo
tecnológico, como uno de los elementos más necesarios para
reforzar la competitividad de nuestras empresas. Propuestas de
cara al sector exterior, incrementando los apoyos destinados a
la exportación, en forma crediticia, potenciando asimismo las
medidas tendentes a favorecer la internacionalización de la
empresa, apoyo a la creación de las oficinas en el exterior,
promoción en ferias internacionales, apoyo a becarios, ayudas
que están congeladas, prácticamente, desde el año 1989.
Finalmente, propuestas de cara a la formación, administrando
las dotaciones para la formación profesional continua, a
través de las fundaciones creadas al efecto y gestionadas
conjuntamente por sindicatos y empresarios, o autorizando y
permitiendo el acceso a sindicatos y asociaciones
empresariales representativas, de acuerdo con el artículo 8.º4
del Estatuto del Trabajador, recientemente reformado en esta
Cámara, y a su gestión también territorial por dichas
instituciones, de manera que la formación profesional continua
sea eficaz
para los trabajadores de las autonomías que verdaderamente la
necesitan.
Todo este conjunto de medidas ha de servir como instrumento
destinado a reforzar nuestro tejido industrial, a hacerlo más
competitivo en términos de calidad, tecnología, presencia en
los mercados exteriores, adecuado aprovechamiento de los
recursos humanos y, en definitiva, a generar dinámicas que
favorezcan no el enriquecimiento ficticio especulativo, del
que tantos ejemplos hemos tenido y lamentamos, y cuyas
desgraciadas consecuencias hemos podido conocer y debatir
suficientemente en esta misma Cámara, sino buscando el
crecimiento real de nuestra economía, el que afecta a la
producción y a los servicios, el que contribuye a hacer
posible y a consolidar los niveles de bienestar de que
disfrutamos.
Esperamos, señor Ministro, que todo el debate presupuestario
sirva precisamente para cumplir estos objetivos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.
El señor Mur tiene la palabra.
El señor MUR BERNAD: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Presidente del Gobierno, intervengo en este
turno para fijar la posición del Partido Aragonés ante los
Presupuestos Generales del Estado para 1995. Un debate que, a
nuestro juicio, es un debate importante, quizás el más
importante del año --éste es el verdadero debate político--,
que nos afecta a todos de una manera tan directa, tanto para
el año 1995 como para los años venideros. Algunos de los
problemas que tenemos hoy no son sino la consecuencia de
carencias presupuestarias de ejercicios anteriores. Las
inversiones que no se han hecho antes tampoco podrán hacerse
todas en el año 1995, y de las que no hagamos en 1995 seremos
deudores para años posteriores.
Queremos dejar fijada nuestra posición en este debate, postura
crítica aunque no dejamos de valorar positivamente el esfuerzo
realizado por el Ministerio de Economía y Hacienda, ya que
compartimos muchos de los objetivos que inspiran estos
presupuestos aunque no estamos de acuerdo con los medios que
se fijan para conseguirlos. Es posible, señor Ministro de
Economía, que las cifras globales que usted ha presentado no
puedan ser otras, pero no compartimos la opinión en cómo
deberían reasignarse dentro de la limitación presupuestaria. A
nuestro juicio, se pueden hacer mayores esfuerzos en la
reducción del gasto corriente y en el aumento de la inversión
productiva.
Después de unos años en los que el producto interior bruto no
crece, desciende la inversión, en especial aquélla que sirve
para la creación de empleo y ahora que aparece una leve
mejoría en nuestro panorama económico, los Presupuestos
deberían apoyar la expansión económica, incentivar la
competitividad, reformar las estructuras productivas. Todo
ello para que sea posible mantener un crecimiento sostenido y
un gasto social, que es tan necesario para atender a aquellos
más necesitados y a los territorios más deprimidos. En el
capítulo correspondiente a la inversión pública, en estos
Presupuestos se pierde una gran ocasión estratégica para
mejorar la actividad económica y crear infraestructuras de
futuro que nos sitúen en un nivel absoluto mejor al que hemos
tenido en los últimos años. El aumento del gasto corriente
hace que las transferencias pasen de 17 billones de pesetas,
con una subida del 6,5 por ciento respecto del año anterior,
prácticamente el doble que la experimentada por la inversión.
Eso supone una subida acumulada del 17 por ciento respecto al
año 1993, que nos parece excesiva y exagerada para la
situación económica actual.
El gasto social, indicador de la sensibilidad de un gobierno,
merece una consideración especial. La prestación por desempleo
en este año aumenta solamente un 2 por ciento reduciendo su
importancia relativa en el gasto total, mientras que la
globalidad de las prestaciones económicas de la Seguridad
Social sube un 6,8 por ciento, frente al 17 por ciento del año
pasado. Esto nos parece un mal camino. Descienden los fondos
destinados a la reconversión y a la reindustrialización y
creemos insuficiente lo que se ha destinado a la mejora del
sector agrario. Sin embargo, es apreciable el esfuerzo que se
hace en las dotaciones para la formación profesional
ocupacional y el fomento del empleo. En la Sanidad, a pesar
del aumento presupuestario, creemos que se pueden aplicar
mejores criterios de gestión que hagan más eficaz el gasto
comprometido. En el capítulo de la fiscalidad, en estos
presupuestos los impuestos indirectos se consolidan con un
mayor peso relativo frente a la fiscalidad directa, y eso es
especialmente grave en una situación de elevado desempleo y de
crisis económica. En el año 1995, los impuestos indirectos
suben un 12 por ciento respecto al año anterior, frente al 10
por ciento de los directos, consolidándose ya una tendencia
iniciada en años anteriores. La disminución de los gastos
fiscales tendentes a estimular la inversión mediante
incentivos, tampoco creemos que es una decisión acertada. La
subida indiscriminada del IVA, una de las cuestiones más
polémica y debatida, para compensar la necesaria rebaja de la
cotización en la Seguridad Social, rebaja que, por otra parte,
es claramente insuficiente, nos parece que no es la fórmula
más adecuada. Hay otras fórmulas, quizá más complejas, menos
simples, menos sencillas, pero que darían un mejor resultado.
Quizás, señor Ministro, eso es en lo que deberían ocuparse
para los próximos presupuestos, a la vista del poco éxito que
tendrá esta medida en el relanzamiento de la economía para el
año 1995. El aumento de la presión fiscal tampoco sirve para
incentivar la inversión, para mejorar la competitividad
y para impulsar la actividad de las pequeñas y medianas
empresas, que son, en definitiva, las creadoras de puestos de
trabajo.
Vistos desde Aragón, señor Ministro, estos presupuestos son
insuficientes, no sólo para resolver nuestros más apremiantes
problemas, los generales y los específicos, sino para cumplir
los compromisos adquiridos y los pactos suscritos. Las obras
del Pacto del Agua no tienen consignación presupuestaria,
aunque estaba previsto en dicho Pacto. Así no se podrá regular
el agua y, por eso, se seguirá perdiendo para todos. Después,
vendrán los problemas, las medidas excepcionales que tanto
dinero cuestan y tantos problemas crean. Queremos contribuir
al reequilibrio territorial y a fijar la población en la
España interior. Creemos que el crecimiento debe alcanzar a
todos y, para ello, hay que redistribuir mejor los recursos.
Por eso, hemos presentado un conjunto de enmiendas parciales
que espero y deseo que merezcan su interés. Nuestra crítica,
véanla simplemente como una contribución a la mejora de estos
presupuestos porque, aunque no nos gustan, señor Ministro, a
estas alturas parece que son los únicos posibles.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mur.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Almunia.
El señor ALMUNIA AMANN: Señoras y señores Diputados, en este
tramo final del debate de las enmiendas de totalidad a los
Presupuestos para el año 1995, no voy a ser el primero en
decir ante la Cámara que el momento en que se celebra este
debate es muy distinto al clima económico, al entorno
económico en el que se celebraba el del año pasado. Ahora
vivimos en nuestro país en un clima de franca recuperación
económica, clima que hace un año había quien negaba como mera
posibilidad. En un año como 1993, en el que atravesábamos por
una recesión fuerte, había quien, al comentar los Presupuestos
para este ejercicio de 1994, negaba siquiera la posibilidad de
podernos encontrar en un momento de recuperación sólo doce
meses después de entonces.
Hoy la recuperación es una realidad que incluso reconocen
quienes la negaban hace todavía pocos meses antes del verano.
Hoy nadie se atreve a negar que nuestra economía crece más de
lo que se había previsto en el esquema macroeconómico
presentado por el Gobierno hace un año, que nuestro
crecimiento va a alcanzar una cifra muy cercana ya al 2 por
ciento, que a finales de este año 1994, nuestro nivel de
empleo va a ser mayor que el que existía a finales de 1993,
que ello se habrá conseguido sin merma de nuestros niveles de
protección social, sin atender a quienes anunciaban que para
salir de la recesión había que desmantelar sistemas de
protección social, había que reducir el alcance de nuestros
servicios de carácter universal.
Ahora, quienes critican la política presupuestaria se refugian
en la atribución de la bonanza económica a causas procedentes
del extranjero, a causas exteriores, lo cual en parte es
cierto, pero en parte, no. Qué duda cabe que tanto el momento
de recesión por el que atravesábamos todavía hace dos meses,
como la fase de recuperación en la que ahora nos encontramos,
en parte se deben, como no puede ser menos en una economía
abierta, en una economía integrada en Europa, en una economía
que participa como las demás en mercados trasnacionales, a una
reactivación que se produce también en países tan importantes
para nuestros intercambios económicos y comerciales como
Alemania, Gran Bretaña, Francia o Estados Unidos.
También es verdad que si no todas las causas de la recesión
podían ser imputadas al influjo negativo de la actividad
exterior recesiva de otros países más potentes que el nuestro,
no todas las causas que pueden explicar la recuperación en la
que ahora nos encontramos y que empezamos a afrontar hace
ahora doce meses cuando debatíamos los presupuestos para este
año, obedecen en parte a decisiones tomadas en esta misma
Cámara, a decisiones que están incluidas en la política
presupuestaria de la cual el proyecto de este año es una
continuación aunque no una mera copia. Aquí decidimos que
había que ajustar y dar realismo al tipo de cambio de nuestra
moneda, que había que perseguir una política cambiaria y
monetaria que llevase a una reducción de los tipos de interés
que todavía eran mucho más altos que los actuales hace quince
o dieciocho meses. Decíamos aquí que era bueno, para
fortalecer y apoyar un proceso de recuperación, una moderación
en el comportamiento de las rentas salariales que se está
produciendo en el año presente, en el ejercicio de 1994; y que
había que afrontar reformas tan importantes como las que esta
Cámara ha aprobado en los últimos meses y, en particular, la
reforma laboral.
Los presupuestos del año 1994, además, son unos presupuestos
que se están cumpliendo con un grado de ajuste entre la
liquidación esperada y las previsiones incluidas en el
proyecto que aprobamos el año pasado, mucho más importante que
en ejercicios anteriores. Ayer daba muestra de ello las cifras
que el Ministro de Economía nos daba en el debate y, por lo
tanto, estamos cooperando desde la política presupuestaria a
una recuperación en la que, además, estamos entrando,
simultáneamente, a como lo están haciendo otros países de
nuestro entorno frente a una entrada en anteriores fases de
recuperación o reactivación de la economía española que tenía
desfases, a veces importantes, con el momento en que el ciclo
expansivo comenzaba en otros países de Europa. Además de esta
crítica menor que ayer mismo se dirigía desde esta tribuna a
la política económica y presupuestaria
que informa el proyecto de presupuestos para el año 1995, esa
crítica de que todo lo bueno procede del exterior y todo lo
malo parece encontrarse dentro de nuestras fronteras --no es
verdad ni lo uno ni lo otro--, se hace otra advertencia. Se
dice que con esta política presupuestaria, con esta política
económica, la recuperación --que ya no se niega-- no durará,
es una recuperación débil, es una recuperación sin fuerza, es
una recuperación de segunda categoría. Frente a esas
opiniones, nuestro Grupo Parlamentario opina que es verdad que
la recuperación debe ser apoyada por la política
presupuestaria. No se producirá por la mano invisible, tiene
que haber empujes visibles para que la recuperación sea
sostenida, sea duradera, sea generadora de empleo. Creemos que
estos presupuestos que hoy debatimos son capaces de apoyar esa
recuperación, son los presupuestos que permiten que esa
recuperación que ya se ha iniciado sea duradera, sea
equilibrada, sea sostenida y, por lo tanto, genere el máximo
número de puestos de trabajo posibles. Ello, no porque lo diga
el Gobierno al presentar los presupuestos, no porque lo diga
el Grupo Socialista, que apoya al Gobierno, u otros grupos que
también apoyan esta política presupuestaria frente a otras
posibles alternativas, sino porque yendo al contenido del
proyecto que nos envía el Gobierno vemos que son unos
presupuestos austeros, como lo exige el momento del ciclo
económico en el cual nos encontramos; son unos presupuestos en
los que el gasto consolidado crece menos que el producto
interior bruto en términos nominales; son unos presupuestos en
los que la presión fiscal (frente a afirmaciones sin
fundamento que ayer se escuchaban, y que fueron bien
replicadas por el Ministro) se mantiene, mantiene su
participación con relación al producto interior bruto y, por
tanto, al aumentar menos los gastos que el producto y al
aumentar igual los ingresos que el producto, el déficit se
reduce, disminuye, y se inicia una fase en la cual el sector
privado debe tomar la delantera, el sector privado debe tomar
la iniciativa, debe ser quien invierta, debe ser quien lidere
esta fase de recuperación y el sector público puede dejar
espacio que en fase de recesión no es ocupado, ni podría
serlo, por el sector privado. Son unos presupuestos rigurosos,
como lo han sido los de 1994. El año pasado se ponía en causa
en el debate, por parte de algunos grupos de la oposición, que
las previsiones de los presupuestos fuesen a ser cumplidas.
Hoy estamos en un momento de la ejecución presupuestaria y
tenemos unas previsiones de liquidación del presupuesto para
1994 que indican que su grado de cumplimiento, tanto en
ingresos como en gastos, es más que satisfactorio y que los
objetivos de déficit público fijados hace ahora doce meses se
van a cumplir, con lo cual el déficit deja de aumentar con
relación al producto interior bruto y comienza una fase de
descenso que le llevará, como dice el programa de
convergencia, revisado y elaborado por el Gobierno, a cumplir,
en el entorno del año 1997, con los requisitos de nivel máximo
de déficit previstos en el Tratado de la Unión. Son, además,
unos presupuestos para poder ser cumplidos en sus propios
términos, realistas, que hacen aumentar el gasto allá donde es
necesario que éste aumente, como sucede en el ejercicio del
año 1995, por ejemplo, con el gasto sanitario, frente a lo que
opinaba el Grupo de Izquierda Unida, tergiversando las cifras
o desconociendo el proceso de traspasos a las comunidades
autónomas. El gasto en Sanidad, el presupuesto del Instituto
Nacional de la Salud y del Sistema Nacional de Salud aumenta y
afronta el ejercicio de 1995 sin gastos no presupuestarios, no
contabilizados en la liquidación de 1994, en las previsiones
del año 1995, y permite mantenter e incluso incrementar los
niveles de calidad de la asistencia sanitaria sin necesidad de
desbordar, como ha sucedido en ejercicios anteriores, las
previsiones presupuestarias.
Asimismo, unos presupuestos en coherencia con ese necesario
protagonismo del sector privado; unos presupuestos que apoyan
la economía productiva con medidas que todos hemos pedido en
esta Cámara, aunque cuando se llevan a la práctica algunos
critican, como la reducción del peso de las cotizaciones
sociales sobre el coste del factor trabajo y, en general,
sobre los costes de las empresas; la sustitución de esos
ingresos que deja de percibir la Seguridad Social por ingresos
de naturaleza tributaria para financiar prestaciones de
carácter no contributivo del sistema de la Seguridad Social.
Son unos presupuestos que, además de hacer esta traslación de
carga fiscal desde el factor trabajo a otras bases imponibles
menos gravosas para la generación de empleo y para la
competitividad, apoyan actividades de inversión de las
empresas, actividades de investigación, actividades de
formación profesional, como se puede ver en la evolución del
presupuesto de gastos fiscales que acompaña a estos
presupuestos. Ello es compatible con el mantenimiento de
prioridades que siempre ha defendido el Gobierno Socialista en
los presupuestos. Ahí está el mantenimiento del poder
adquisitivo de las pensiones, pactado previamente a la
presentación de estos presupuestos aquí con las centrales
sindicales; ahí está esa expansión del gasto sanitario para
cubrir las necesidades que ya están siendo planteadas al
Sistema Nacional de Salud, si bien con un mecanismo de control
de ulteriores evoluciones del gasto, de modo que éste no pueda
crecer en los próximos ejercicios, una vez aflorado el gasto
que se venía realizando más allá de las previsiones
presupuestarias, no pueda evolucionar en el futuro por encima
de lo que crezca el producto interior bruto en términos
nominales, o salvo que en la Cámara el correspondiente crédito
extraordinario sea aprobado con luz y taquígrafos. Además, se
mantienen prioridades en Educación para el desarrollo de la
LOGSE; se mantienen otras actuaciones
que no podían atenderse en años anteriores, aprovechando los
nuevos márgenes que da la fase de recuperación económica en la
que nos encontramos, por ejemplo, la deflactación de la tarifa
de la renta de las personas físicas para que el simple aumento
de los precios no eleve la presión fiscal individual de los
contribuyentes a este Impuesto, básicamente asalariados; y se
aprovechan los márgenes de la recuperación económica para
hacer figurar en el capítulo 1 de los presupuestos unos
créditos que permiten mantener el poder adquisitivo de los
empleados públicos de acuerdo también con las centrales
sindicales que les representan, acuerdo que ha sido suscrito
por el Ministro para las Administraciones Públicas.
Tanto el acuerdo sobre pensiones como el acuerdo sobre
retribuciones de los empleados públicos, son un síntoma claro,
son el ejemplo patente de que el clima social en el cual se
desenvuelve la elaboración de estos presupuestos, este mismo
debate que hoy celebramos y su aplicación en los próximos
meses, es más favorable que el que teníamos hace doce meses.
Es un clima en el cual ya ha sido posible llegar a acuerdos y
dialogar sobre cuestiones que habían quedado al margen de las
relaciones entre los interlocutores sociales, empresarios y
centrales sindicales, o entre éstos y el Gobierno.
No sólo es una política económica, una política presupuestaria
bien orientada, según el criterio del Gobierno, o del Grupo
Parlamentario Socialista o de otros grupos que también apoyan
los objetivos y las líneas generales de este proyecto, sino
que es una política económica y una política presupuestaria
que cuenta con importantes grados de consenso con los
planteamientos que los interlocutores sociales mantienen.
También ellos están aportando esfuerzos y voluntad para
afrontar la recuperación económica y traducirla, en la medida
de lo posible, en generación de empleo. ¿Esa es la única
política posible? No, hay otras políticas posibles y las hemos
escuchado aquí ayer. Hemos escuchado una estrategia que basa
su discrepancia con este proyecto de presupuestos en creer que
hace falta más gasto y más beligerancia en el sector público.
Nosotros creemos --y lo hemos dicho muchas veces en debates
anteriores-- que esa estrategia es pan para hoy y hambre para
mañana; que el empleo, que todos situamos en primera línea de
nuestras prioridades en el mundo en que vivimos, en una
economía abierta, en 1995, en el seno de la Unión Europea, no
va a venir de una beligerancia única del sector público, no
puede venir de una tarea ilimitada de expansión del tamaño del
sector público, del gasto que el sector público realice.
Porque, aunque se diga que con ello se busca más empleo, de
ello se deriva, en la Europa en la que estamos integrados,
tipos de interés más elevados y, por tanto, menos
posibilidades de inversión productiva generadora de empleo;
más endeudamiento y, por tanto, nuevas tensiones sobre los
tipos de interés; más inflación, menos duración de la
recuperación económica y, en definitiva, una quiebra de lo que
se dice pretender, que es un aparato productivo fuerte, unos
empleos estables y un mayor bienestar para la población.
Tampoco es alternativa la otra opción que ayer se explicó
aquí, que es la política de menos ingresos, cueste lo que
cueste. Aquí hemos escuchado ayer cómo se hacía demagogia con
el pase del tres al cuatro por ciento del tipo súper reducido
de IVA, poniendo ejemplos de los yates y no sé cuántas cosas
más, pero se olvidaba que en estos presupuestos la tarifa del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas va a llevar a
que todas las rentas salariales tengan una disponibilidad, en
el año 1995, del entorno del 3,5 por ciento; se olvidaba que
las cuotas de los trabajadores a la Seguridad Social también
disminuyen al reducirse las cuotas generales del sistema; se
olvidaba que se mantiene y se garantiza el poder adquisitivo
de las pensiones; y se olvidaba que todo ello no sería posible
si no se encuentran equilibrios en otras partes del sistema
tributario, si no se encuentran equilibrios en otras bases
imponibles para poder financiar estas prioridades de más renta
disponible para los salarios que vienen pagando lo esencial
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en los
últimos años, más renta disponible para las pensiones y más
renta disponible, en general, para aquellos que necesitan un
margen de maniobra para generar empleo, como son las empresas
y personas generadoras de riqueza y de empleo. Esa política de
menos ingresos, aunque se añada alguna frase demagógica para
despistar, nos llevaría no a menos déficit, como se alega,
sino a más déficit. Nos llevaría a recortes de gasto, aunque
se dijera ayer por el lider de la oposición que no es
obligación del principal partido de la oposición ocuparse de
la distribución del gasto en el proyecto de presupuestos que
se discute. Eso se ha dicho ayer literalmente por el señor
Aznar.
Frente a esa pretendida política alternativa que sólo llevaría
a más déficit y a un reparto más injusto o menos justo de la
carga tributaria, hay que decir que sólo se puede aspirar a
llegar al Gobierno siendo responsable en las propuestas y en
las alternativas y no siendo irresponsable en las críticas;
que no se puede alegar que todo el gasto público que se dice
querer recortar puede recortarse del capítulo de compra de
bienes y servicios, que supone exactamente el 4 por ciento del
presupuesto consolidado de las administraciones públicas
centrales; que no se pueden financiar los ingresos que se
dejarían de ingresar si se aplicase su llamada reforma fiscal
mediante recortes que no se quieren hacer en el Capítulo I, de
retribuciones de los empleados públicos; que no se podría
llegar a financiar los ingresos menores de su pretendida
reforma fiscal con recortes de inversión pública, que tampoco
dicen querer llevar a cabo, aunque luego los practican en
algunas de las comunidades autónomas que gobiernan. Y, al
final,
nos encontraremos, aunque también lo negarán, con que la única
forma de llevar a la práctica su alternativa de política
presupuestaria de menos ingresos para todos, la única
alternativa para no aumentar el déficit hasta extremos
inconcebibles sería recortar gastos de transferencias. Como,
además, dicen --no sabemos si lo dicen para quedar bien o
porque lo piensan-- que las pensiones serían intocables, sólo
se me ocurren gastos de transferencias importantes para poder
ayudar a financiar esa merma de ingresos en un recorte
importante de dinero que se destina a la sanidad pública, en
un recorte de las prestaciones por desempleo importante o en
un recorte importante de las transferencias a otras
administraciones públicas, es decir, comunidades autónomas y
administraciones o corporaciones locales.
Yo creo que eso se puede decir ocultando dónde se recorta el
gasto y tratando de poner en valor pretendidas reformas de
ingresos, pero cuando se quiere llevar a la práctica aquí en
España en comunidades autónomas o en ayuntamientos, como el de
esta ciudad, lo que produce es un aumento de impuestos allá
donde se decían que se iban a recortar, y hay impuestos que en
los últimos tres años en esta ciudad de Madrid han aumentado
el 68 por ciento. Eso llevaría a recortes de la inversión como
se produce en la Junta de Galicia, que en el año 1995, si
hacemos caso a las informaciones sobre su proyecto de
presupuestos, recortaría en 11.000 millones las inversiones
que ha realizado en el año 1994 o llevaría a que el capítulo
de funcionamiento normal de la administración aumentase más
que lo que hacen estos presupuestos, porque, al hacer
demagogia sobre dónde se quiere recortar y no estudiar de
verdad el capítulo II de los presupuestos, luego no se tienen
medidas concretas para saber qué es lo que se puede recortar y
qué es lo que no se puede recortar, so pena de dejar
paralizada la Administración pública.
El señor PRESIDENTE: Señor Almunia, le ruego concluya.
El señor ALMUNIA AMANN: Acabo, señor Presidente. En resumen,
es verdad que podía haber otras alternativas a estos
presupuestos, que ayer, con mayor o menor fortuna, se han
tratado de explicar en esta Cámara, pero no son alternativas
que llevan a fortalecer la recuperación económica, que llevan
a fortalecer nuestro tejido productivo, que llevan a
equilibrar el sector público, que llevan a mantener el Estado
de bienestar que se ha construido en estos años, que llevan a
generar empleo. Son alternativas que llevarían a más déficit,
más tipos de interés, más inflación y descontrol de unos
presupuestos en los que no se quiere entrar en detalle porque
no se quiere asumir la responsabilidad, que también la tiene
la oposición, de decir qué harían ellos si no fuesen oposición
y si fuesen gobierno.
Son unos presupuestos que apoya el Grupo Socialista, muy
fáciles de apoyar desde nuestros puntos de vista, desde
nuestros presupuestos políticos e incluso son fáciles de
apoyar, como lo hemos escuchado esta mañana, por otros grupos
parlamentarios, con los cuales hemos llegado a acuerdos sobre
el proyecto de presupuestos y con los cuales mantenemos
importantes coincidencias sobre el contenido de la política
económica y de la política presupuestaria. Son unos
presupuestos que creemos que no son sólo fáciles de apoyar,
sino fáciles de cumplir, como lo están demostrando los
presupuestos de 1994, que van a fortalecer la recuperación,
que van a generar empleo, que van a permitir que nuestra
economía crezca en torno al 3 por ciento --el 2,8 por ciento--
el año 1995.
Por todo ello, señor Presidente, señoras y señores diputados,
votaremos en contra de las enmiendas de totalidad y apoyaremos
el proyecto del Gobierno. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Almunia.
El señor Ministro de Economía y Hacienda tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira):
Gracias, señor Presidente.
No voy a hacer perder mucho más tiempo a la Cámara, pero sí
querría utilizar una vez más la palabra para dar las gracias a
los Grupos que nos han apoyado; agradecérselo en una discusión
que sé que plantea numerosas dificultades porque no siempre se
ha entendido bien cuál es la naturaleza de estos Presupuestos.
El portavoz del Grupo Socialista ha hecho referencia a algunos
de los elementos fundamentales de los mismos. Ha puesto de
relieve la complejidad de un Presupuesto que necesariamente se
tiene que adaptar a un ciclo que en estos momentos está en
fase de cambio, y es verdad que, como bien ha puesto de
relieve el portavoz del Grupo Catalán, hemos tenido que buscar
un equilibrio difícil entre la lucha contra el déficit y el
apoyo a la economía productiva. En ese sentido hemos seguido
la misma tendencia que se inició en el año 1994 y esperamos
que la credibilidad que hemos ganado con los Presupuestos del
año 1994 siga con los del año 1995. Por esa razón el
Presupuesto ha pretendido ser, por encima de todo, un
Presupuesto realista. Es cierto, y algunos de ustedes lo han
planteado --el Grupo Catalán y el Grupo Vasco--, que se
podrían haber hecho esfuerzos mayores y es posible que, en
función de la evolución del año 1995, esos esfuerzos mayores
aún puedan completarse. Sin embargo, en mi opinión, sería
irresponsable por parte del Gobierno partir de un
comportamiento más optimista de la realidad de lo que hoy
parece razonable. Por esa razón, la cláusula que se nos ha
pedido reiteradamente de que los ingresos adicionales se
utilicen para la reducción del déficit no sólo
está, evidentemente, en el plan de convergencia, sino que
forma parte de la decisión del Gobierno cuando presenta estos
Presupuestos Generales del Estado. Es verdad que por parte de
algunos otros Grupos se han planteado iniciativas de una u
otra naturaleza que podrían en estos momentos suscitarse de no
ser o bien inoportuno el momento, desde el punto de vista
procesal, o bien porque podrían generar incrementos de gasto
público. En ese sentido recuerdo al señor Zabalía que aspectos
como los que preocupan respecto a las sociedades
(especialmente actualización de balances o cualquier otro),
cuando se discuta la Ley del Impuesto sobre Sociedades será el
momento en que deberán discutirse. Lo mismo que se pueden
plantear fuera de esta discusión aspectos como la ley de
productos financieros o sobre las entidades de previsión
voluntaria. Al señor Albístur le preocupa, por ejemplo, que no
hayamos introducido gasto adicional para las pymes o incluso
que determinados elementos de distribución competencial se
planteen de tal forma que indirectamente pueda afectar al
modelo actualmente existente. No es nuestro deseo esa
modificación del sistema y sí es nuestro deseo llevar a cabo
un apoyo adicional a la economía productiva, en la medida en
que el déficit nos lo permite.
Como también le diría al señor Mur que muchas veces el ciclo
retrasado presupuestario respecto al ciclo económico nos hace
olvidar que el margen que a veces aparece como posible en
función de una realidad económica no lo es de acuerdo con las
cifras presupuestarias. Sin embargo, todos esos elementos nos
preocupan y en todos esos elementos estamos pensando de cara
al futuro. Es verdad que el rigor de los Presupuestos de este
año --rigor en el gasto, rigor en el saneamiento, rigor en el
procedimiento-- corresponde a la tendencia que el Gobierno ha
introducido de forma progresiva para hacer que esos
Presupuestos no digo sólo que sean más creíbles, sino que sean
más adaptados a la realidad de cada año. Es verdad también que
la prudencia con que pretendemos vincularlos a ese realismo
nos ha hecho adoptar una decisión que puede ser calificada
como de insuficiente en cuanto a la sustitución de
cotizaciones sociales por IVA. Sin embargo, yo creo que era la
mejor fórmula de las posibles. Partiendo de que el elemento
esencial en nuestra decisión debe ser la Ponencia sobre
financiación de Seguridad Social que este Congreso tiene que
aprobar, parece evidente que las líneas de decisión van en el
sentido de financiar más, como dije ayer, lo no contributivo a
través de gasto fiscal. Si ello es así, parece que avanzar en
un punto en cotizaciones significa ya una mejora y una
utilización de un año adicional para resolver este problema,
digamos, en una dirección, en la que tendremos que avanzar en
el futuro de acuerdo con las conclusiones de la propia
Ponencia. Por eso no es extraño que los impuestos indirectos
aumenten algo respecto a los directos en función de esta
decisión. Comentaba ayer que nos preocupa, sin duda alguna, la
inflación, como les preocupa a muchos de ustedes. Sin embargo,
creemos que en términos técnicos es perfectamente defendible
una inflación del 3,5 ó 3,7 para el próximo año. Pero no es
menos cierto que la inflación no es algo que depende única y
exclusivamente del Gobierno; depende de todos los agentes
sociales. En ese sentido, nuestra demanda a los agentes
sociales vuelve a ser, como fue el año pasado, fundamental
para que los objetivos de inflación se puedan cumplir. Ello no
quiere decir que no existan obligaciones por parte del
Gobierno y especialmente en dos campos: uno, fácil, en el que
estamos dispuestos a poner toda la carne en el asador, para
que no tengamos dificultades adicionales en inflación, y es el
control de precios públicos, y otro, más complejo, en el que
necesitaremos la cooperación de la Cámara: son las reformas
estructurales. Al Gobierno corresponderán las iniciativas;
iniciativas habrá, desde luego, de reformas estructurales y se
presentarán en esta Cámara para permitirnos luchar de forma
correcta contra la inflación.
Para terminar, quiero agradecer a todos los grupos que han
mostrado su disposición a votar favorablemente estos
presupuestos y recordar, como lo ha hecho ya el portavoz de
uno de ellos, que nunca el Gobierno se planteó, en las
negociaciones presupuestarias, contraprestaciones específicas
para una determinada comunidad o para un determinado grupo.
Siempre la solución fue global y, evidentemente, en los
presupuestos queda claro que ese compromiso inicial de partida
es el que actualmente sigue en vigor.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Vamos a proceder a las votaciones.
Enmiendas de totalidad que postulan la devolución al Gobierno
del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para
1995.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 336; a favor, 158; en contra, 177; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas de
totalidad. Enmienda de totalidad del Grupo Popular que postula
la devolución al Gobierno del proyecto de ley de medidas
fiscales, administrativas y del orden social. Comienza la
votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 335; a favor, 135; en contra, 177; abstenciones, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda de totalidad de texto alternativo del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya al mismo proyecto de
ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 335; a favor, 18; en contra, 311; abstenciones,
seis.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Antes de suspender la sesión quiero informar al Pleno que el
punto V del orden del día, enmiendas del Senado, al no haberse
recibido la documentación en el tiempo establecido por la
propia Junta de Portavoces para el tratamiento útil de estas
iniciativas en el Pleno, ha quedado sin contenido, a efectos
de que SS.SS. puedan tenerlo en consideración para el
desarrollo de la sesión de mañana por la mañana.
El Pleno se reanudará a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las doce y cincuenta minutos del mediodía.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
PREGUNTAS:
--DEL DIPUTADO DON IÑAKI ANASAGASTI OLABEAGA, DEL GRUPO VASCO
(PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUANDO CREE EL PRESIDENTE DEL
GOBIERNO QUE SE PONDRA EN FUNCIONAMIENTO EN BILBAO LA AGENCIA
COMUNITARIA DE SALUD E HIGIENE EN EL TRABAJO? (Número de
expediente 180/000741)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Segundo punto del orden del día: Preguntas. Pregunta número 3,
del señor Anasagasti Olabeaga.
El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor
Presidente. Señor Presidente, el 29 de octubre de 1993 el
Consejo de las Comunidades Europeas aprobó la creación de la
Agencia para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. El 31 de
octubre de ese mismo año el Consejo de Ministros designó
Bilbao como sede de la futura agencia. Nosotros consideramos
que ésa era una apuesta sensible y solidaria de su Gobierno y
la valoramos muy positivamente. El 25 de junio de 1994, este
año, se ha aprobado por el Consejo de las Comunidades Europeas
el reglamento de la Agencia, y para los días 24 y 25 de
noviembre se prevé la primera reunión del consejo de
administración de la Agencia, la elección del presidente y la
aprobación del perfil del futuro director. Pero nosotros
tenemos una cierta sensación de lentitud porque aparentemente
la Agencia comenzará de una manera efectiva a trabajar el año
que viene y quizá dos años después de haberse aprobado su
designación y constitución. Tenemos una triple preocupación.
En primer lugar, una cierta lentitud, que no es atribuible al
Gobierno, porque, lógicamente, hay que conseguir acuerdos,
pero muchas veces estos acuerdos hay que empujarlos, porque la
burocracia de Bruselas y la necesidad de llegar a acuerdos
entre países así lo obligan. En segundo lugar, Alemania era
partidaria de no incluir los centros temáticos nacionales en
la red de información de la futura Agencia. Nuestra tercera
preocupación --que creíamos que estaba solventada cuando se
aprobó por el Consejo de Ministros la designación de la sede
en Bilbao-- se centra en una cierta polémica que ha habido en
los últimos tiempos sobre la ubicación en Bilbao o en algún
otro lugar. Nosotros consideramos que la sede idónea es
Bilbao, el Alcalde de Bilbao dirigió al Ministro Griñán una
carta ofreciendo una serie de edificios y la posibilidad de
construir un edificio emblemático, y por eso tenemos una
cierta preocupación por este asunto. En consecuencia, señor
Presidente, nos gustaría que usted nos contestara cuándo prevé
usted que se va a poner en marcha esta Agencia para la
Seguridad y la Salud en el Trabajo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anasagasti.
Señor Presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Gracias,
señor Presidente. Señor Anasagasti, como usted bien ha dicho,
el Gobierno ha hecho un gran esfuerzo para que se ponga en
marcha la Agencia. Nosotros esperamos que en el segundo
semestre de 1995 (coincidirá probablemente con la presidencia
española) esté en pleno funcionamiento. Ahora bien, los pasos
que se han ido dando usted en parte los ha descrito: una
semana después de la decisión del Consejo Europeo, ya el
Gobierno español propuso como sede Bilbao, como usted sabe
perfectamente. En julio del año 1994 ya se aprobó el
reglamento; por tanto, se despejan dudas en cuanto a la
orientación y el contenido de la Agencia, no debe haber más
polémica en cuanto a eso, y el Gobierno ha hecho un esfuerzo,
no sólo para agilizar la aprobación del reglamento, sino para
que los temas que quedan pendientes, como la constitución del
consejo y la aceptación de la ubicación física de la sede, se
finalicen cuanto antes. Yo creo que la constitución del
consejo de administración, con su carácter tripartito, puede
estar efectivamente terminada (y la reunión es previsible que
se haga en Bilbao)
a finales de noviembre, probablemente entre el 24 y el 25 de
noviembre, y, a la vez, se han ofrecido varios locales para la
sede; ya sabe usted que no depende de nosotros sólo, que sobre
todo las instituciones europeas y en particular la Comisión
tienen que hacer una evaluación de eso y de toda la puesta en
marcha de la Agencia. Sabe usted que se ha invitado por el
Ministerio de Trabajo y por la Consejería de Trabajo del País
Vasco al Comisario de Empleo y de Asuntos Sociales a que
visite Bilbao y, por consiguiente, se va a producir muy
rápidamente esa visita.
En definitiva, yo creo que, cumplido el trámite de aprobación
del reglamento, realizada la constitución, como esperamos que
se haga, del consejo en el mes de noviembre, se han despejado
una serie de incógnitas. Sólo queda la fijación concreta de la
sede, que será en Bilbao o donde se decida, en el entorno de
Bilbao, sin duda alguna (ese no es un tema en el que nosotros
tengamos una posición previa), y para mitad del año 1995
estará plenamente en funcionamiento esta Agencia, como le
acabo de decir.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
--DEL DIPUTADO DON LUIS RAMALLO GARCIA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCMO.
SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CONSIDERA EL SR. PRESIDENTE QUE
EL PROFUGO DON LUIS ROLDAN MERECIA GOZAR DURANTE SIETE AÑOS DE
LA CONFIANZA DEL GOBIERNO PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE DIRECTOR
GENERAL DE LA GUADIA CIVIL? (Número de expediente 180/000742)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 4, del señor Ramallo
García.
El señor RAMALLO GARCIA: Gracias, señor Presidente.
El 31 de octubre de 1986 el Gobierno nombró Director General
de la Guardia Civil al militante socialista don Luis Roldán,
cesando (y subrayo la palabra, señor Presidente) a petición
propia el 3 de diciembre de 1993.
Le pregunto: ¿Merecía el hoy prófugo señor Roldán gozar
durante siete años de la confianza del Gobierno para
desempeñar el cargo de Director General de la Guardia Civil?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramallo.
Señor Presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Señor
Presidente, señoría, ya he tenido ocasión de contestar a esa
pregunta en el mes de abril y en el mes de mayo; también lo
han hecho otros miembros del Gobierno. Con los datos de que
disponemos, desde luego no tenía merecimientos para gozar de
la confianza como Director General de la Guardia Civil.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
Señor Ramallo.
El señor RAMALLO GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Mire usted, en los siete años en que Roldán, que comenzó su
mandato presentando un currículum falso, dirigió la Guardia
Civil, realizó actividades por las que es prófugo de la
justicia y reclamado por seis delitos. Según ha constatado la
Comisión de investigación parlamentaria, Roldán se enriqueció
a costa de la Hacienda pública y puso en riesgo la seguridad
del Estado y sigue poniéndola como prófugo, hace ya seis
meses, desde su ignorado paradero. Con legítimo derecho le
pregunto, señor González: ¿qué Presidente de Gobierno es, que
puso a la Guardia Civil, con 70.000 hombres armados, y con
ello la seguridad del Estado, en manos de alguien como Roldán?
¿Qué Presidente de Gobierno es usted, que es incapaz de
detectar en siete años las actividades de Roldán y cesarlo,
cuando, según consta en el dictamen de la Comisión de
investigación, las denuncias al Gobierno, sobre contratación
irregular en la Guardia Civil, por parte de la Intervención
General del Estado y del Tribunal de Cuentas, fueron
reiteradas? ¿Qué Presidente de Gobierno es usted, señor
González, que no es capaz de asumir, por sí y para sí, una
sola responsabilidad política?
Nadie en España, señor Presidente, se cree que usted, durante
siete años, no supiera lo que hacía Luis Roldán, porque alegar
ahora ignorancia sólo puede interpretarse como ignorancia
inexcusable o complicidad. Elija usted lo que más le guste.
Hoy, señor González, intenta usted, como siempre, eludir su
responsabilidad y no contesta nada. Permítame que le recuerde
el artículo 1.º del Reglamento de la Guardia Civil que dice:
El honor debe ser la principal divisa de la Guardia Civil;
debe, por consiguiente, conservarlo sin mancha. Una vez
perdido, no se recobra jamás. (Rumores.)
El 11 de mayo de este año, con ocasión de explicar la
inexplicable e inexplicada huida de Roldán usted afirmó en
esta Cámara: Voy a terminar mi mandato con honor, sin bajar la
cabeza. Hoy, señor González --y se lo digo con pena--, que
desde el poder consintió usted, durante siete años...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramallo.
El señor RAMALLO GARCIA: ..., poner en riesgo la seguridad del
Estado...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramallo.
El señor RAMALLO GARCIA: ..., usted no se irá con la cabeza
alta ni con honra. (Protestas.--Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Presidente. (Rumores.)
Silencio, señorías.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Gracias,
señor Presidente. Señoría, yo creo que es lógico que le den a
usted ese papel. Usted me ha hecho una pregunta y yo le he
contestado concretamente a esa pregunta, y, como no podía ser
menos, no tenía ningún interés en saber una respuesta que ya
conocía en el mes de abril y en el mes de mayo. Ha habido una
Comisión de investigación, un dictamen, un debate en esta
Cámara --debate que usted parece no querer aceptar--, con
responsabilidades políticas ya asumidas, aceptadas por el
conjunto de la Cámara --regla del juego que parece que no les
afecta--; ha habido, además, y hay, un procedimiento judicial
en curso. Por consiguiente, están todos los instrumentos en
marcha.
¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es, en el fondo, el problema que
se suscita tras su actitud o su pregunta? El problema
fundamental es que ustedes quieren mantener un clima de
crispación que haga imposible una recuperación y un sosiego.
(Fuertes protestas.--Aplausos.) Ese es el problema. A pesar de
la Comisión de investigación, del debate parlamentario, del
pronunciamiento de la Cámara, etcétera, ustedes seguirán
haciendo preguntas que ya tienen respuesta, justamente para
mantener ese clima. (Protestas.--Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente. (Rumores.)
Silencio, señorías.
--DEL DIPUTADO DON JESUS CALDERA SANCHEZ-CAPITAN, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PUEDE INFORMAR EL
GOBIERNO ACERCA DEL CONTENIDO DE LAS REFORMAS ESTRUCTURALES
QUE TIENE PREVISTO ACOMETER EN LOS PROXIMOS MESES? (Número de
expediente 180/000758)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 17, del señor Caldera
Sánchez-Capitán.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Gracias, señor Presidente.
Señor Presidente del Gobierno, el día 12 de mayo de 1992
debatíamos en esta Cámara y aprobábamos una serie de
resoluciones relativas al programa de convergencia presentado
por el Gobierno; por cierto, con un amplísimo respaldo
parlamentario. Con posterioridad, el Gobierno presentó un
balance de ejecución del programa de convergencia, que incluía
el desarrollo de las medidas aprobadas por esta Cámara y su
puesta en práctica, medidas referentes al mercado de trabajo,
a la formación profesional, al sector de las entidades de
crédito y seguros, es decir, a la reducción de los organismos
públicos, medidas de carácter estructural que fomentaran una
serie de objetivos previstos en el programa de convergencia.
Recientemente se ha presentado también en esta Cámara un
programa renovado de convergencia, que pretende,
sintéticamente, de acuerdo con la presentación del Gobierno,
abordar tres puntos esenciales: encontrar los mecanismos
pertinentes para que las reformas que precisa nuestra economía
nos puedan servir para luchar contra la inflación, mejorar el
empleo y diversificar y adaptar la oferta a la demanda en
determinados servicios. En relación con todo ello, señor
Presidente, le formulo la siguiente pregunta: ¿Puede informar
al Gobierno acerca del contenido concreto de las reformas
estructurales que tiene previsto acometer en los próximos
meses? Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Caldera.
Señor Presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Señor
Presidente. Señoría, efectivamente, en un proceso de
mundialización de la economía y con unas exigencias de
competitividad creciente, es imprescindible --ayer por la
tarde y esta mañana se ponía de manifiesto en el debate
presupuestario--continuar con un proceso de reformas que
fortalezcan a nuestro país para ese marco nuevo de competencia
internacional. Se han hecho ya algunas reformas estructurales
importantes y el Gobierno tiene el propósito de continuar ese
programa. Usted hace una pregunta para el futuro inmediato y
con toda concreción intentaré dar respuesta de algunos
ejemplos de las reformas estructurales que tenemos en curso.
En primer lugar me referiré al acuerdo marco que ha sido
adoptado por el Gobierno en la reforma y liberalización de las
telecomunicaciones. Esto dará lugar, antes de fin de año, a la
segunda licencia de telefonía móvil y también dará lugar a la
presentación en esta Cámara de algunos proyectos normativos en
relación con la televisión local y con la televisión por
cable. No quiero, naturalmente, resaltar la enorme
trascendencia que tiene esta modernización y liberalización de
las telecomunicaciones desde el punto de vista de la puesta a
punto de nuestra economía, en ese marco al que he hecho
referencia.
En el futuro inmediato, también hay la voluntad del Gobierno
de presentar una ley de comercio. El proyecto está preparado,
se presentará a la Cámara muy pronto, y, naturalmente,
pretendemos mejorar la eficiencia del servicio para los
consumidores y aumentar la garantía jurídica para las
transacciones comerciales. En tercer lugar, le podría citar
que hay un proyecto de ordenación del sector de seguros
privados, que esperamos que tenga efectos para el aumento de
la eficiencia en este sector y también para el aumento de la
tasa de ahorro. Hay reformas en materia de ordenación de
urbanismo y en materia de suelo, de tal manera que haya más
suelo disponible y que haya algo que me parece fundamental,
como es el abaratamiento del suelo para que el acceso a la
vivienda sea más fácil.
Hay reformas en marcha y que en los próximos meses entrarán en
la Cámara y se debatirán aquí, a las que usted ha hecho
referencia, como la formación profesional, que es un elemento
clave para la competitividad y que sin duda alguna es
fundamental para adecuar la oferta a la demanda. Y, además de
eso, esperamos que las reformas que están en curso sobre las
administraciones públicas, sean...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
--DEL DIPUTADO DON CESAR VILLALON RICO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA EXCMA.
SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿PARA CUANDO TIENE
PREVISTO LA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO PRESENTAR EL PLAN
GENERAL DE SALUD? (Número de expediente 180/000752)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 14, del señor Villalón
Rico.
El señor VILLALON RICO: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra de Sanidad y Consumo, ¿para cuándo tiene
previsto la Ministra de Sanidad y Consumo presentar el Plan
General de Salud?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Villalón.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán):
Gracias, señor Presidente.
Señoría, no sé lo que es el plan general de salud; no existe
eso. Quizá S.S. se refiera al plan integrado de salud, que es
lo que está previsto en la Ley General de Sanidad o quizá S.S.
se interese por el plan de salud elaborado por el Ministerio,
que se convertirá posteriormente en un plan estatal. Si se
refiere al plan integrado, nuestra intención es que se apruebe
en el año 1995. Si se refiere al plan del Ministerio de
Sanidad y Consumo, se presentará al próximo Consejo
interterritorial, puesto que ya figuraba en el orden del día
pasado y no pudo abordarse por agotarse el tiempo del orden
del día. Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Señor Villalón.
El señor VILLALON RICO: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra de Sanidad y Consumo, le tengo que decir,
lógicamente, que me refiero al plan de salud que están ustedes
elaborando en el Ministerio. Le tengo que decir... (Rumores.)
que ustedes están anunciando desde hace más de dos años el
advenimiento de este plan de salud y que, a principios del
presente año, ya decían que lo iban a presentar en el mes de
abril, pero estamos terminando el año en curso, y ya sea vía
presupuestos o por otras vías, nosotros no vemos datos
objetivos de que lo vayan a presentar.
Cuando uno se pregunta sobre las posibles consecuencias de
estos incumplimientos, a los que usted hacemuchas veces
referencia, hay que decir que diferentes comunidades autónomas
se han adelantado a las previsiones del Gobierno y han
redactado sus diferentes planes de salud. Pero estos planes de
salud no están coordinados entre ellas y, por tanto, no hay
unas líneas generales de actuación, y así tenemos que en unas
comunidades autónomas prevalece la incidencia sobre los
recursos humanos o materiales o incluso sobre las
infraestructuras sanitarias, mientras que en otras comunidades
autónomas prevalecen los criterios de prevención o de
educación de la salud. En resumidas cuentas, le tendríamos que
decir que esta falta de previsión del Gobierno socialista en
materia sanitaria origina una descoordinación general y entre
todas las comunidades autónomas. Cuando hacemos este trámite
de control sobre el programa socialista, nosotros tenemos que
hacer una valoración negativa sobre aquellas propuestas que
han hecho ustedes a lo largo del tiempo, ya sea a través de la
Ley General de Sanidad o a través de diferentes programas
electorales. Y cuando uno realiza un análisis sanitario de los
últimos años sobre la gestión del Ministerio de Sanidad, se
puede especificar en tres temas: el incumplimiento sistemático
de los compromisos adquiridos por ustedes, como es el caso al
que ahora nos referimos; la ineficacia en la gestión, como se
demuestra
por las listas de espera, la deuda sanitaria o la desviación
de presupuestos, y la tercera gran línea es la corrupción,
como se ha puesto de manifiesto en los últimos días.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Villalón.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, le noto ciertamente confuso en sus apreciaciones. No
es que las comunidades autónomas se hayan adelantado a
elaborar el plan de salud; es que el artículo 74 de la Ley de
Sanidad dice que el plan integrado debe hacerse recogiendo en
un documento únicolos planes de las comunidades autónomas, de
manera que difícilmente podríamos hacer el plan integrado si,
previamente, no está hecho por las comunidades. Por cierto que
hay dos, con las que S.S. tiene buena relación, que no lo han
hecho todavía, y le agradecería que les instara a elaborar ese
documento.
En cuanto al del Ministerio, que le preocupa a S.S., está
terminado y figuraba en el orden del día del anterior Consejo.
Consta de una introducción y seis capítulos; cumple los
objetivos señalados por la Organización Mundial de la Salud, y
únicamente estamos en espera de reunir todos los planes de las
comunidades autónomas para con todas ellas elaborar el plan
integrado y someterlo a la aprobación del Consejo
interterritorial y después del Consejo de Ministros. Esto por
lo que se refiere al plan de salud, señoría, sobre el que
espero haber contribuido a aclarar sus conceptos.
Respecto a las demás referencias a las listas de espera y
demás cosas confusas que S.S. ha enumerado, le responderé en
otro momento.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
--DEL DIPUTADO DON ISIDORO HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
GOBIERNO: ¿COMO PIENSA EL GOBIERNO MANTENER LA
PROPORCIONALIDAD ESTABLECIDA EN SU DIA A TRAVES DEL SISTEMA
ESPECIAL AGRARIO DEL IVA, ENTRE EL 12 POR CIENTO QUE
SOPORTABAN Y QUE SE HA SUBIDO AL 15 POR CIENTO, Y EL 4 POR
CIENTO CARGADO EN LAS FACTURAS DE SUS PRODUCTOS? (Número de
expediente 180/000749)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 11, que formulará el
señor Isasi Gómez.
El señor ISASI GOMEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿cómo piensa el Gobierno mantener la
proporcionalidad establecida en su día a través del sistema
especial agrario del IVA, entre el 12 por ciento que
soportaban y que ha subido al 15, y el 4 por ciento cargado en
las facturas de sus productos?El señor PRESIDENTE: Gracias,
señor Isasi. Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señorías, de momento no está previsto modificar esa
compensación del 4 por ciento. Las prioridades del Ministerio
en el tema de fiscalidad agraria se están centrando en otro
tipo de problemas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Isasi.
El señor ISASI GOMEZ: Señor Presidente, señor Ministro, el
régimen especial del IVA, al cual están acogidos la mayoría de
los agricultores y ganaderos españoles, estableció en su día
una proporcionalidad entre el IVA soportado, el 12 por ciento
entonces, e IVA compensado, del 4 por ciento, sin necesidad de
presentar liquidaciones, papeles, etcétera, a la Hacienda
pública y que fue aceptado por el propio sector. Ustedes,
unilateralmente, en 1992, rompieron esa proporcionalidad y ese
acuerdo, elevando el IVA soportado al 13 y a los seis meses
hasta el 15, y ahora nos anuncian un nuevo incremento hasta el
16 por ciento. Todo ello supone, señor Ministro, un incremento
del 34 por ciento, mientras ustedes miran para otro lado, sin
elevar, al menos en la misma proporción, el 4 por ciento que
ustedes autorizaron en 1985 cargar en las facturas emitidas
por los agricultores y ganaderos para compensarse del IVA
soportado en la compra de bienes y servicios.
Este 34 por ciento de incremento supone una pérdida para el
sector, nada más y nada menos, que de 60.000 millones de
pesetas al año, pero, señoría, para el sectormás humilde, para
las explotaciones familiares agrarias y ganaderas. Ustedes
castigan y abusan de los agricultores y ganaderos más
modestos, con explotaciones agrarias modestas también, de
alguna manera sacándoles, chupándoles la sangre (Fuertes
rumores y protestas.), frente al empresario agrario y
ganadero, más poderoso, el cual el IVA que soporta con el
mismo porcentaje se lo resarce de Hacienda.
Señor Ministro, ¿cómo pueden hablar ustedes de política
social? ¿No sienten vergüenza de sacar los cuartos de esta
manera al sector más sensible, más humilde, después de lo que
están haciendo con la política agraria que les imponen?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Isasi.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, Presidente.
La fiscalidad del sector agrario es un todo. No se puede
analizar la fiscalidad del sector agrario sólo en la
compensación correspondiente al IVA y en la coherencia entre
una cifra preexistente y las cifras posteriores. Es evidente
que esa compensación se establece en un momento determinado en
un tanto alzado, que no sé si era correcto o no. Le he dicho
que, de momento, no era nuestra preocupación fundamental,
porque nuestras preocupaciones fundamentales en la fiscalidad
del sector agrario van en la dirección de elementos que me
parecen más sustanciales que el que S.S. plantea.
En primer lugar nuestra dedicación fundamental se está
centrando en la negociación del régimen de signos, índices y
módulos. La negociación sobre este tema ha terminado ya y
esperamos ponerla en marcha de forma inmediata. También se han
introducido otros elementos importantes desde el punto de
vista de la fiscalidad agraria. En la propia Ley 37/1992 se
establece una reducción importante de los tipos impositivos
aplicables a los inputs en actividades agrarias, que también
evidentemente minora y deja un menor juego a ese 4 por ciento
de compensación al que S.S. hacía referencia. En la ley de
presupuestos de este año también hay algunos elementos
interesantes desde el punto de vista de fiscalidad agraria.
Por tanto, creo que la fiscalidad agraria hay que estudiarla
en su conjunto, y cuando ya sepamos exactamente, si al final
se aprueba o no la modificación del IVA al alza, cuáles son
los diferentes elementos adicionales que se ponen en
funcionamiento, será el momento de estudiar si la compensación
esa es coherente con el nuevo modelo o hay que modificarla
para adaptarla a esa nueva realidad. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON RAFAEL HERNANDO FRAILE, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿QUE RAZONES DE EXCEPCIONALIDAD HAN MOTIVADO LA RENEGOCIACION
DE LOS CREDITOS FAD QUE POR UN IMPORTE DE 24.852 MILLONES DE
PESETAS FUERON CONCEDIDOS A LA REPUBLICA DE EGIPTO, INCLUYENDO
LA CANCELACION DE PARTE DE LA DEUDA Y EL REESCALONAMIENTO DEL
RESTO? (Número de expediente 180/000745)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 7, del señor Hernando
Fraile.
El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor Presidente.
¿Qué razones de excepcionalidad han motivado la renegociación
de los créditos FAD que por importe de 24.852 millones de
pesetas fueron concedidos a la República de Egipto, incluyendo
la cancelación de parte de la deuda y el reescalonamiento del
resto?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hernando.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro
Navarrete): Las mismas que hicieron que el conjunto de todos
los países integrantes del Club de París decidiesen renegociar
la deuda global de Egipto y cancelar el 50 por ciento de la
misma.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor Ministro, por esta
explicación tan explícita que nos ha dado.
Sin duda que para nosotros es conocido, también para el resto
de los grupos, que la política de condonación de deuda debe
tener un importante papel en el futuro de nuestra ayuda y de
nuestra política de ayuda oficial al desarrollo, y que además
para ello se deben de marcar criterios y reglas limitando la
discrecionalidad y opacidad de las decisiones y, en este caso,
señor Ministro, las contradicciones, porque las
contradicciones son peligrosas y en este caso han sido puestas
en evidencia precisamente por el señor González, quien hace
pocos días decía que la deuda egipcia se había condonado
mediante sucesivas quitas, cuando en el informe del Ministerio
de Asuntos Exteriores, remitido al Comité de Ayuda al
Desarrollo en abril de este año, se decía que esa
refinanciación de la deuda con Egipto se había realizado en la
primavera de 1991, con una condonación por un importe de 898
millones de dólares, unos 12.425 millones de pesetas.
Nos gustaría también saber por qué el señor González sobre el
mismo asunto dijo ese mismo día que la condonación de deuda se
había producido debido a los impagos que se habían producido
por parte de Egipto y que en ese caso no hubo más remedio que
tomar esa decisión, cuando en la primavera, como decía antes,
de 1991, el peso de la deuda afectaba casi exclusivamente a
los intereses, ya que los períodos de carencia de los créditos
todavía no habían vencido, y además en ese caso tienen deudas
pendientes con España en estos momentos más de 21 países por
un importe superior a los 22.000 millones de pesetas. También
nos gustaría saber por qué el Ministerio de Comercio y Turismo
consigna como un ingreso en el plan anual de cooperación
internacional de 1993 una condonación realizada en el año
1991.
Por último, debería explicarnos también si en esa condonación
ha tenido que ver algo la presencia como comisionistas de
importantes amigos del señor González, como el señor El Assir
o el señor Sarasola.
Esta, señoría, no es más que la historia de la cultura del
pelotazo iniciada como germen hace muchos años, que lleva
camino de convertirse en la historia del felipismo. (Un señor
Diputado: ¡Muy bien!)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hernando.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro
Navarrete): Como es evidente, ya sabía yo que iba a terminar
por el final de la pregunta, que no es una pregunta, y sabía
que usted iba a colocar el latiguillo que utiliza en todas las
preguntas referentes a este tema.
La renegociación de la deuda con Egipto está hecha en el marco
del Club de París, del que usted evidentemente conoce cuáles
son sus tareas y sus funciones. España renegocia la deuda sin
ninguna cancelación en el año 1987 y vuelve a renegociarse en
el año 1991 con una condonación del 50 por ciento que acuerdan
por unanimidad el conjunto de los países integrantes en el
Club de París. Como usted sabe, de ese Club forman parte
Alemania, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Finlandia,
Japón, Italia, Suecia, Suiza, Francia, Reino Unido, Noruega,
Dinamarca y Holanda.
En esa fecha Egipto tenía deudas vencidas con todos los paises
miembros del Club de París, entre ellos nosotros. Dentro de
las deudas aseguradas por CESCE había impagos de 273 millones
de dólares, y dentro del crédito FAD, deudas por 23,1 millones
de dólares.
El acuerdo del Club de París se instrumenta después por
acuerdos bilaterales. España firma su acuerdo bilateral de
renegociación de la deuda con Egipto el 3 de julio de 1992, el
ICO para la parte FAD, y el 14 de julio de 1992, CESCE. Por lo
tanto, no puede tener repercusión en los presupuestos más que
en los de 1993, que son los siguientes que se elaboran. Esa es
la razón por la cual España ha renegociado, con una
condonación parcial del 50 por ciento su deuda. Las
afirmaciones que siempre le gusta hacer de citar nombres que
nada tienen que ver con esta operación, ya sabemos que obedece
a su intento de mezclarlos en cualquier cosa y crear aspectos
de confusión en una operación que fue firmada por el Gobierno
de UCD en el año 1982.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON NEFTALI ISASI GOMEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿EN QUE MEDIDA PIENSA EL MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACION CUMPLIR EL MANDATO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
APROBADO POR UNANIMIDAD EN LA COMISION DE AGRICULTURA,
GANADERIA Y PESCA EL PASADO 21 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO
RELATIVO AL POSICIONAMIENTO DEL GOBIERNO ESPAÑOL SOBRE LA
REFORMA DE LA ORGANIZACION COMUN DE MERCADO (OCM) DEL VINO?
(Número de expediente 180/000748)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 10, del señor Isasi.
El señor ISASI GOMEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿en qué medida piensa el Ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación cumplir el mandato del
Congreso de los Diputados aprobado por unanimidad en la
Comisión de Agricultura el pasado día 21 de abril del presente
año, relativo al posicionamiento del Gobierno español sobre la
reforma de la Organización Común de Mercado del vino?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Isasi.
Tiene la palabra el señor Ministro de Agricultura.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION
(Atienza Serna): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, la proposición no de ley aprobada por unanimidad en
el Congreso el día 21 de abril ha estado muy presente a la
hora de elaborar las posiciones en relación a la propuesta de
reforma de la Organización Común de Mercado del vino. En el
primer Consejo de Ministros de la Unión Europea, celebrado el
pasado mes de septiembre, en que se analizó la propuesta de
reglamento, expuse claramente la posición básica del Gobierno
frente a la nueva reforma, posición que, no podría ser menos,
coincide con el planteamiento general de la proposición no de
ley, con el sentir de todos los profesionales vitivinícolas, y
que S.S. ya conoce porque lo he expuesto ya muy reiteradamente
en esta Cámara. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Isasi.
El señor ISASI GOMEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, el pasado 5 de octubre, en respuesta a una
pregunta de este Diputado, dijo lo siguiente: Sobre el tema de
la chaptalización, yo no creo que debamos caer en la fijación
de un señuelo de una reforma que tiene otros muchos aspectos
además de la chaptalización, a los que tenemos que oponernos.
No digamos sí o no a este punto o a otro porque hay otros
muchos aspectos que me preocupan tanto como la chaptalización.
Usted, señor Ministro, no quiso comprometerse a no aceptar el
documento de reforma de la OCM del vino si se perpetuaba la
chaptalización. Por eso le tengo
que plantear esta pregunta y, en su caso, reclamar el amparo
de la Presidencia de la Cámara porque puede estar usted
planteando un conflicto de competencias entre el Legislativo y
el Ejecutivo.
Señor Ministro, el pasado 21 de abril, en esta Cámara y por
unanimidad, a instancias del Grupo Popular, se tomó un
acuerdo, que bien podemos denominarlo histórico dentro del
sector, donde en su punto quince dice lo siguiente: Que se
prohíba totalmente la práctica de la chaptalización, ya que
contribuye al aumento de los excedentes con la introducción en
el mercado de alrededor de 20 millones de hectolitros. El
pasado día 3, otra proposición no de ley, en este caso del
Grupo Vasco, también aprobada por unanimidad, dice: La
suspensión total de la práctica de la chaptalización,
etcétera.
Aquel día, señor Ministro, al final del debate de los
portavoces de los distintos grupos parlamentarios, no le voy a
recordar lo que dijo este portavoz que le habla, pero sí lo
que dijo el portavoz socialista. Porque si es verdad, decía el
portavoz del Grupo Socialista, que esta es una proposición no
de ley realmente trascendental para el sector, nosotros
también vamos a vigilar para que el Gobierno negocie, y
negocie con firmeza, en el sentido que esta proposición no de
ley indica.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Isasi.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION
(Atienza Serna): Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Isasi, a ver si en su Grupo comienzan a aclararse
respecto a lo que quieren en el sector del vino. Ayer mismo ha
llegado a mis manos una noticia referente a la intervención
del portavoz de temas agrarios de su Grupo, el señor Ramírez,
en la que dice: Además, la chaptalización, si no suprimirse
totalmente, debe al menos reducirse y llevarse a cabo de forma
mixta mediante el enriquecimiento con mosto y azúcar de
remolacha. Esta es la posición del portavoz de temas agrarios
del Grupo Popular, de acuerdo con lo publicado en los medios
de comunicación.
Podría decirles lo mismo sobre el arranque de viñedos. Están
ustedes haciendo toda una historia sobre el tema del arranque
de viñedos, y tengo también una proposición no de ley, firmada
por el señor Rato, que usted mismo defendió en esta Cámara y
que, afortunadamente, fue rechazada, en la que dice: Se insta
al Gobierno a que incentive, mediante el establecimiento de
las ayudas económicas suficientes, el arranque de vides en
aquellas regiones productoras con excedentes de vinos de mesa.
Eso es lo que han defendido ustedes, la chaptalización, el
arranque de viñedos y otras muchas cosas. (Fuertes rumores.)
Lo que yo propongo es que celebren una reunión en su Grupo
para ponerse de acuerdo sobre qué quien en el sector del vino
y el Ministerio les aportará el asesoramiento técnico.
(Protestas en los bancos del Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. (El señor
Ramírez González pide la palabra.)
Señor Ramírez.
El señor RAMIREZ GONZALEZ: Señor Presidente, ruego un turno de
intervención por las alusiones de que he sido objeto por el
señor Ministro. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!
Señor Ramírez, tiene la palabra estrictamente para las
alusiones que ha habido en la intervención del señor Ministro.
El señor RAMIREZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, cuando lea usted un documento le ruego que lo
haga en su totalidad. Este portavoz lo que ha dicho es que la
chaptalización solamente sería aceptada elevando
sustanciamente el grado alcohólico de los vinos que fueran
objeto de ella. Por tanto, solamente aceptando chaptalización
a partir de los nueve grados. Eso significa dejar fuera de la
chaptalización 20 millones de hectolitros de vino que en el
norte de Europa se están produciendo. Lea usted bien y no
mediatice mis intervenciones. La chaptalización a partir de
nueve grados, no apartir de los seis grados que se están
autorizando en estos momentos. Por tanto, señor Ministro --que
no sabe nada de esto--, sea consecuente con lo que nosotros
venimos diciendo. (Fuertes rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramírez.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION
(Atienza Serna): Solamente para tomar nota y ratificar, como
dice usted mismo en sus declaraciones --y como dice la prensa-
-, que están aceptando la chaptalización con remolacha, cosa
que hasta ahora el Gobierno español no ha aceptado.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON ARSENIO FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
GOBIERNO: ¿PIENSA PRESENTAR EL GOBIERNO OBJECION AL RECIENTE
ACUERDO PESQUERO DE HALIFAX ENTRE CANADA Y LA UNION EUROPEA,
QUE DISCRIMINA DE MANERA IMPORTANTE A LA FLOTA CONGELADORA
ESPAÑOLA? (Número de expediente 180/000750)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 12, del señor Fernández
de Mesa. Tiene la palabra.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor
Presidente. Señor Ministro, ¿piensa el Gobierno instar a la
Unión Europea para presentar una objeción al reciente acuerdo
europeo de Halifax entre Canadá y la Unión Europea, que
discrimina de manera importante a la flota congeladora
española?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Mesa.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION
(Atienza Serna): Como S.S. seguramente sabe, no existe un
acuerdo entre Canadá y la Unión Europea de Halifax. Los
acuerdos a los que se llega en el seno de NAFO son adoptados
por las partes contratantes y nunca, como afirma S.S., entre
Canadá y la Unión Europea.
Supongo que se refiere a la reunión anual de la Organización
de Pesquerías del Atlántico Noroeste, NAFO, celebrada en
Canadá del 19 al 23 de septiembre, en la que se han adoptado
algunas decisiones que afectan, en general, a las flotas de
las partes de NAFO y, en particular, a la flota congeladora. Y
supongo que se refiere a la decisión adoptada en relación con
la fijación de un total autorizado de capturas para el fletán
negro, especie capturada en mayor proporción durante los
últimos años por la flota congeladora española. El informe de
los científicos para 1995 proponía que, teniendo en cuenta el
estado del «stock», se debía limitar la actividad pesquera,
reduciendo el esfuerzo pesquero de tal manera que la captura
debía ser inferior a 40.000 toneladas, frente a las 60.000 que
se estaban capturando actualmente. La posición de la
delegación española siempre fue, teniendo en cuenta la
incertidumbre de los datos científicos, la de no fijar un
total autorizado de capturas. Esta posición, coincidente con
la del sector pesquero español, no fue apoyada por ninguna
otra parte de NAFO y la Comisión, en nombre de la Unión
Europea, propuso un total de 40.000 toneladas, que no fue
apoyado por ninguna otra parte, y finalmente un TAC de 27.000
toneladas propuesto por Noruega no fue rechazado por nadie, en
contra de la posición española.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Fernández de Mesa.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor
Presidente y gracias, señor Ministro.
Supone perfectamente bien en todo lo que le he preguntado,
señor Ministro, lo cual quiere decir que sabe por dónde va la
pregunta, independientemente de la redacción que se le haya
dado.
Quiero decirle una cosa. Ayer hablaba de que le habían metido
un gol en la cuestión de materia láctea; en materia pesquera,
le vienen metiendo a ustedes goles, pero no sólo eso, sino que
meten al Ministro y todo dentro de la portería. En materia
pesquera España va perdiendo del orden de 14.000 puestos de
trabajo en menos de cinco años. Si negociamos con Noruega,
negociamos mal y nos rebajan la cuota; si hablamos del sector
del Atlántico Norte y la cuota del bonito, pasa exactamente
igual; si hablamos con Marruecos, lo mismo, y ahora, si vamos
a Canadá, resulta que nos quieren echar de aquellos caladeros,
de fuera de las 200 millas canadienses. Y el Comité
Científico, señor Ministro, sabe usted perfectamente que no ha
recomendado por debajo de las 40.000 toneladas, sino que ha
recomendado que no se superaran las 40.000 toneladas, que es
completamente diferente, y usted sabe que las cuotas que
Españavenía capturando eran del orden de las 60.000
toneladasanuales y en este momento nos han dejado en 27.000.
El problema no es que la propuesta española o de la Unión
Europea no se haya votado, el problema grave es que ni España
ni Europa hayan tenido los arrestos suficientes para votar en
contra y se hayan abstenido en esa proposición canadiense, con
el brazo largo de nuestros muy pronto queridos socios
noruegos. Señor Ministro, es lamentable lo que está
padeciendoel sector pesquero español por falta de
representatividad de nuestro Gobierno. Usted va a Bruselas y
dentro de muy poco volverá como Ministro de Agricultura y
Alimentación, porque de pesca no quedará nada. Tenga mucho
cuidado, señor Ministro, porque, siguiendo por este camino,
dentro de muy poco vendrá usted de Bruselas hasta sin cartera.
(Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Mesa.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION
(Atienza Serna): Gracias, señor Presidente.
Señor Fernández de Mesa, como seguramente usted sabe, porque
se ha comentado a las comunidades autónomas afectadas, las
autoridades españolas han iniciado los trámites para que el
Consejo de la Unión Europea tome una decisión sobre la
presentación de una objeción a NAFO. El plazo de que se
dispone es hasta el 11 de diciembre de 1994, por lo que el
Consejo de Ministros de la Unión Europea deberá decidir antes
de dicha fecha si presenta una objeción al TAC acordado y se
adopta un TAC autónomo por mayoría cualificada.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON LUIS YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PIENSA EL MINISTRO DE
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION TOMAR ALGUNA INICIATIVA EN
RELACION CON EL CULTIVO DEL ARROZ, QUE SUFRE DE LA SEQUIA Y LA
SALINIZACION DE LAS AGUAS DEL GUADALQUIVIR DESDE HACE AÑOS?
(Número de expediente 180/000767)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 26, del señor Yáñez-
Barnuevo, que tiene la palabra.
El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, la zona del arroz de la provincia de Sevilla
supone casi una quinta parte, una amplia zona de las marismas
del Guadalquivir, prácticamente de monocultivo del arroz,
origen de la riqueza inducida y directa de toda una zona que
abarca varios pueblos. La sequía prolongada que vive ésa, como
otras zonas del país, han producido el no cultivo del arroz o
el cultivo parcial durante varias temporadas. Esta pregunta
había sido dirigida a su predecesor, pero no hubo ocasión de
plantearla en el Pleno y se lo hago ahora: ¿ha previsto el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación alguna
iniciativa, alguna medida para paliar o resolver en parte el
problema del agua para un cultivo que la requiere en grandes
cantidades?
Espero su respuesta, señor Ministro.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Yáñez-Barnuevo.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION
(Atienza Serna): Gracias, señor Presidente.
Señoría, los problemas estructurales que afectan a las
disponibilidades de agua en la cuenca del Guadalquivir y que
limitan en buena medida las posibilidades de cultivo de arroz
en la desembocadura de este río, están en fase de estudio y,
una vez evaluadas las alternativas existentes, se procederá a
tomar una decisión.
Independientemente de esto, el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, a la vista de la baja disponibilidad de
agua que se prevé para este cultivo en la próxima campaña
1995/1996, ha dispuesto que las tierras de arroz puedan ser
cultivadas con colza de invierno, para que puedan acogerse al
sistema de pagos compensatorios establecidos para los cultivos
herbáceos y las explotaciones afectadas puedan mantener una
actividad económica y un nivel de rentas satisfactorio.
Cara al futuro, las medidas que se adopten para la regulación
del Guadalquivir, que están en estos momentos en estudio,
junto a la expectativa de una climatología favorable o por lo
menos en condiciones de normalidad de la cuenca, deben
permitir garantizar la utilización de las 30.000 hectáreas que
históricamente vienen dedicándose al cultivo de arroz en el
bajo Guadalquivir.
Muchas gracias
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Yáñez-Barnuevo.
El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Gracias, señor Ministro, por su respuesta. Utilizo este
segundo turno de la pregunta para encarecerle que se dedique
una máxima atención a este tema, porque, aparte de cultivos
alternativos, la solución, al menos parcial, sería un embalse.
Se habló del embalse de Los Melonares, y los arroceros están,
al menos públicamente, manifestándose mucho en esa dirección,
que parece que técnica y financieramente es posible. Creo que
trabajar en esa dirección sería bueno para ese conjunto de
pueblos, y especialmente para El Puntal, que es el pueblo más
afectado de la zona, aunque el nombre oficial es el de
Villafranco, pero a mí no me gusta utilizarlo, les gusta más a
los señores de esos escaños de la derecha. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Yáñez.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION
(Atienza Serna): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, solamente quería decirle que comparto plenamente su
preocupación porque, además de un factor coyuntural durante
estos últimos tres años de sequía, existen problemas de
dotación de agua de carácter estructural que es necesario
paliar mediante inversiones en regulación en la cuenca. Muchas
gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DE LA DIPUTADA DOÑA ANNA BALLETBO I PUIG, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: RECIENTEMENTE LA MINISTRA
DE ASUNTOS SOCIALES COMENTO LA CONVENIENCIA DE QUE EXISTA UNA
NORMA COMUNITARIA QUE EVITE LA TRANSMISION
DE VALORES SEXISTAS Y REGULE UN TRATAMIENTO EQUILIBRADO EN LOS
MEDIOS DE COMUNICACION ¿PODRIA AMPLIARNOS ESTA IDEA E
INFORMARNOS DE SI HAY YA ALGO ELABORADO? (Número de expediente
180/000759)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 18, de la señora Balletbó
i Puig.
La señora BALLETBO I PUIG: Gracias, señor Presidente.
En una sociedad mediática como la que vivimos, con una gran
influencia de los medios de comunicación, en especial de la
televisión, los comportamientos públicos y privados se ven
altamente influenciados. En ese sentido, un tema como es el de
la igualdad y la emancipación de la mujer se siente
perjudicado, en la medida en que esos medios reproducen
estereotipos de comportamientos que, afortunadamente, están
evolucionando de forma cada vez más en favor de una igualdad.
La señora Ministra, en algunas ocasiones, ha manifestado que
en la Comunidad Europea existe el proyecto de elaborar una
norma antisexista que trate, no de regular, ni mucho menos,
sino de corregir estas disfunciones que algunos medios de
comunicación reproducen. Recientemente, la señora Ministra
reiteró, en un Congreso de mujeres abogadas que se celebró en
Palma, esta idea, y yo quisiera saber en qué consiste, si hay
algo más avanzado, o cuál sería la posición de la Ministra al
respecto y, sobre todo, si nos puede adelantar algún aspecto
de esta nueva normativa.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Balletbó.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, efectivamente, se está trabajando en el ámbito de la
Unión Europea y en el ámbito de los responsables de temas de
condición femenina y de igualdad de oportunidades sobre un
proyecto de publicidad no sexista. Desde la Comisión de la
Unión Europea se han marcado, a lo largo de estos últimos
años, una serie de directrices para que se tome conciencia de
la necesidad de reflejar los papeles femenino y masculino en
los medios de comunicación de forma equitativa, promoviendo
asimismo el prestar ayudas a las empresas de radio y
televisión, precisamente en esta línea, proporcionándoles
materiales educativos. Por su parte, el tercer plan de acción
comunitario de la Unión Europea, también para la igualdad de
oportunidades, tiene tres series de actividades en esta línea.
En primer lugar, sensibilizar a las productoras televisivas
sobre los temas relacionados con la igualdad de oportunidades;
en segundo lugar, la promoción del debate entre los
profesionales de los medios de comunicación sobre la
naturaleza de su trabajo y la importancia de la influencia que
tienen según el tratamiento que se haga de hombres y de
mujeres; y en tercer lugar, la promoción de políticas y
prácticas que favorezcan una imagen igualitaria y justa de las
mujeres en los contenidos de los medios de comunicación. Por
tanto, actividad de la Comisión de la Unión Europea, actividad
del Plan de Acción de la Unión Europea vigente, y también en
este contexto son importantes los acuerdos del Plan de Acción
aprobado por la Unión Interparlamentaria mundial, en el que se
destaca el papel decisivo que deben jugar los medios de
comunicación en la difusión de informaciones basadas en una
imagen positiva de la mujer y una imagen acorde con su
realidad actual.
En este contexto, puedo decirle que se está trabajando en la
línea de que los medios de comunicación difundan una imagen de
la mujer acorde con su realidad actual. Desde el Ministerio de
Asuntos Sociales y desde el Instituto de la Mujer, en
aplicación del Segundo Plan de Oportunidades, aprobado por el
Consejo de Ministros en febrero de 1993, están esas líneas de
acción claramente estructuradas: Eliminar la imagen
discriminatoria de la mujer, mediante campañas de
sensibilización, campañas publicitarias, convenios con las
distintas televisiones y especialmente con la estatal;
potenciar la presencia de las mujeres en los medios de
comunicación y evitar que la publicidad, de cualquier tipo,
utilice la imagen de las mujeres de una forma discriminatoria.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Señora Balletbó.
La señora BALLETBO I PUIG: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, yo celebro esta iniciativa. Imagino que una
reciente campaña que en estos momentos está en los medios
responde a esta idea de la señora Ministra y le animo a seguir
en esa dirección, porque, al final, cada vez son más las
mujeres que están luchando para un tratamiento de la igualdad
y esas imágenes no sólo perjudican sino que, además, a las
mujeres que están batallando en el terreno de la vida diaria
las indigna.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Balletbó.
--DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN FIGUERAS I SIÑOL, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE VALORACION HACE EL
GOBIERNO DEL ACUERDO ALCANZADO EL PASADO 1 DE AGOSTO CON LA
FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS,
RELATIVO A LA PARTICIPACION LOCAL EN LOS INGRESOS DEL ESTADO
EN EL QUINQUENIO 1994-1998? (Número de expediente 180/000760)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 19, de la señora Figueras
i Siñol, que tiene la palabra.
La señora FIGUERAS I SIÑOL: Gracias, señor Presidente.
El pasado 1.º de agosto se firmó un acuerdo entre el
Ministerio de Economía y Hacienda y la Federación Española de
Municipios y Provincias relativo a la participación local en
los ingresos del Estado, en el que se establecía, además de la
liquidación definitiva correspondiente a 1993, la cantidad
inicial de la participación del quinquenio 1994 a 1998, y cuál
va a ser su evolución, marcándose un crecimiento mínimo y
también un crecimiento máximo. Finalmente, en el acuerdo se
incorporaba como novedad la articulación de fondos
estructurales y de cohesión que serán destinados a financiar
proyectos de las entidades locales. ¿Qué valoración hace el
Gobierno de este acuerdo, señor Ministro?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Figueras.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra
Acevedo): Gracias, señor Presidente.
Señoría, como sabe, ese acuerdo fue fruto de una larga
negociación entre la Federación Española de Municipios y
Provincias y el Ministerio de Economía y Hacienda y el
resultado merece una valoración muy positiva, en primer lugar,
porque supone una mejora de las cantidades percibidas
correspondientes al año 1993, al establecer una liquidación
que aporta un complemento de 93.000 millones de pesetas, que
ya ha sido abonado íntegramente el pasado mes de septiembre
por el Ministerio y que incluso con anterioridad había habido
un anticipo de 18.000 millones de pesetas.
En segundo lugar, el acuerdo establece el método de
participación en los ingresos del Estado para el próximo
quinquenio, comenzando el 1.º de enero del presenteaño, y esta
participación se fija este año en la cantidad de un billón
35.000 millones, lo que supone un incremento sobre el año 1993
del 9,1 por ciento. Tiene la garantía, además, de que crecerá
como mínimo lo que lo haga el índice de precios al consumo y
también se establece el máximo en función de la evolución del
PIB.
Hay otros aspectos que suponen también una mejora en las
finanzas de las corporaciones locales, porque a fin de
compensar a los municipios afectados por las reducciones de
impuestos sobre actividades económicas correspondientes a las
centrales eléctricas se dota en los dos ejercicios siguientes
con la cantidad de 1.500 millones de pesetas. Se mejora
también la participación de las corporaciones locales canarias
con un baremo que supone en el año 1994 pasar del 31 por
ciento al 36 por ciento en este ejercicio, y ya anualmente irá
incrementándose en un uno por ciento, aproximándose al régimen
común del resto de las corporaciones locales españolas, y se
fijan, además, dos fondos destinados a financiar las
infraestructuras en el ámbito local, uno de 30.000 millones,
dedicado al medio ambiente, que se financia con el Feder y con
los fondos de cohesión a partes iguales, y, otro, de 30.000
millones de pesetas, de los que 15.000 millones provienen del
Feder y 5.000 millones de los Presupuestos Generales del
Estado, que se dedican a infraestructuras contempladas en el
programa de cooperación económica local.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON FELIPE ALCARAZ MASATS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE OPINION LE MERECE AL
GOBIERNO LA RETIRADA EN LA TELEVISION PUBLICA DE LA SERIE «EL
SEXOLOGO»? (Número de expediente 180/000757)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 16, del señor Alcaraz
Masats, que tiene la palabra.
El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, hace unos días, en función de un gran debate
social en torno al tema, el Consejo de Ministros decidió
recabar la retirada de la televisión pública de la serie «El
sexólogo». ¿En función de qué criterios hizo esta acción?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muchas
gracias, señor Presidente.
Quizá la fórmula que S.S. ha empleado en relación con la
deliberación informal que tuvo lugar en el Consejo de
Ministros sobre esta serie no es la más acertada. No es
recabar del Director General, sino transmitir la preocupación
del Consejo de Ministros al Director General. Una preocupación
que el Consejo de Ministros entendía razonable, tanto por los
contenidos de la serie como por las críticas, y que había
suscitado cierta inquietud en amplios sectores sociales.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor Ministro, efectivamente, parece
una nimiedad, pero también hay que saludar esa sensibilidad
que por una vez ustedes han tenido de elevar a debate cultural
lo que no es una nimiedad, máxime cuando se presenta a través
de la televisión pública.
Hay que decir que a partir de ahí habría que tomar una serie
de medidas en función de las consecuencias que se derivan.
Hubo informes internos de la casa, en marzo y abril de 1993,
rechazando la posible contratación de esta serie por machismo,
porque denigraba la imagen de la mujer, por falta de calidad y
porque después incluso se vio, como ha dicho la Ministra,
señora Alberdi, que hay una cierta apología de la violación en
algunos de sus guiones. Sin embargo, don Ramón Colom, Director
de Televisión Española, se empeñó en contratar esta serie. Se
produjo, se ha empezado a emitir y ha sido un auténtico
desastre visual. Tanto es así que nosotros convocamos una
huelga de telespectadores en el sentido de cambiar de cadena
cuando se emitiera algún capítulo. No se produjo la tercera
emisión porque se suspendió. Teniendo en cuenta que esta serie
ha costado 390 millones de pesetas, cada capítulo ha supuesto
unos 195 millones. Si había informes previos para que no se
contratara y se efectuó por la insistencia del señor Colom,
habría que pedir responsabilidades, habría que tener en cuenta
este funcionamiento que no responde al liderazgo estético ni
ético ni responde tampoco a una concepción apropiada de lo que
es la televisión pública del señor Colom, ahora, dentro de
poco, cuando se renueven los cargos.
Habría que atender al liderazgo ético y estético de la
televisión pública y a una defensa adecuada de los
telespectadores.
Estamos preparando una proposición en la dirección de que se
cree la figura del Defensor del telespectador, para que la
televisión pública cumpla con el papel que le corresponde en
estos momentos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muchas
gracias, señor Presidente.
Le agradezco la valoración positiva que S.S. hace de la
sensibilidad del Consejo de Ministros en relación con esta
serie. Le repito una vez más que el Gobierno considera
acertada la decisión del Director General. A tenor de sus
explicaciones, tanto en la Comisión de Presupuestos el día 18
de este mes en este Parlamento como en el Consejo de
Administración, se basa en criterios y razones similares a los
que S.S. ha expuesto.
Estoy convencido de que en ulteriores sesiones de la Comisión
de Control el Director General de Radiotelevisión dará una
explicación procedente a las dudas que le suscita a S.S. el
procedimiento de Televisión Española en la contratación de
esta serie.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JOSE MANUEL FERNANDEZ NORNIELLA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR
MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE: ¿POR
QUE TELEFONICA NO ACLARA QUE CON SU TARJETA PERSONAL LAS
LLAMADAS METROPOLITANAS CUESTAN HASTA CINCO VECES MAS QUE SIN
ELLA, DESDE CUALQUIER TELEFONO PUBLICO? (Número de expediente
180/000744)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 6. Para formularla, tiene
la palabra el señor Camisón Asensio.
El señor CAMISON ASENSIO: ¿Por qué Telefónica no aclara que
con su tarjeta personal las llamadas metropolitanas cuestan
hasta cinco veces más que sin ella desde cualquier teléfono
público?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Camisón.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.
Señoría, la publicidad que Telefónica efectúa en relación con
este servicio dice textualmente: Llamar desde cualquier
teléfono con la tarjeta personal no implica coste adicional, a
excepción de las llamadas metropolitanas. Y a continuación se
indica que el precio que se cobra por una llamada
metropolitana coincide con el de la llamada provincial.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Camisón.
El señor CAMISON ASENSIO: La almendra de la cuestión es que en
su Orden de subidas y ajuste de tarifas, del «BOE» de 30 de
julio, se establece para el uso de la tarjeta personal en
llamadas metropolitanas no el coste motropolitano, sino las
tarifas provinciales, que son más caras, como sabe. Los costes
en pesetas por cada tres minutos de esas llamadas
metropolitanas con tarjeta son, por ejemplo, en el caso de las
cabinas, en período punta, 97,3 pesetas; sin tarjeta, sólo
17,7 pesetas. Distorsiones semejantes se aprecian en el
período normal y en el reducido. Usted ha tomado la decisión
política de tan descomunal subida en las llamadas tarjetas.
Allá usted, pero lo que no hay derecho es que consienta que
Telefónica haya engañado, aunque ahora quiera corregir, a los
españoles con su propaganda falaz. Señor Ministro, el primer
tríptico decía textualmente: «La tarjeta no le costará más que
desde cualquier teléfono público». Falso, según su orden
ministerial. La segunda oleada de publicidad decía
textualmente: «La tarjeta no le costará más, excepto si la
llamada es metropolitana.» Reconocía por fin la subida pero se
callaba en ese folleto el cuánto. Estamos, por tanto, ante
algo que es peor que la mentira, que es la media verdad. Y en
la tercera oleada, hablando de tarjetas, dice: «Sin más
complicaciones.» ¿Es que no es complicación el que sea cinco
veces más cara? En definitiva, señor Ministro, se ha podido
corregir, pero se ha estado mucho tiempo engañando a la
opinión pública. Y ha ocurrido lo que ya sabíamos: los
clásicos atropellos del monopolio.
Usted, el pasado 13 de septiembre, se constituyó en el Senado
como precursor de esto folletos explicativos. Explicativos ¿de
qué? Explicativos de una extorsión al ciudadano porque muchos
días se ha estado engañando en esta misma dirección.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Camisión.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.
Usted viene aquí con la réplica escrita y diga yo lo que le
diga me suelta lo que tiene escrito. Su pregunta era por qué
Telefónica no aclara que en su tarjeta personal..., etcétera.
Y yo le contesto algo que usted no desmiente, que es que en la
información Telefónica dice que el uso de esa tarjeta no
implica ningún coste adicional a excepción de las llamadas
metropolitanas, y a continuación indica que el precio que se
cobra en el caso de una llamada metropolitana coincide con el
de la llamada provincial. Luego la información advierte
claramente --y usted no lo desmiente-- que cuando hace usted
una llamada metropolitana le cobrarán el precio de una llamada
provincial. Lo dice. Es verdad que no dice cuánto cuesta la
llamada provincial pero dice claramente que el precio de una
llamada metropolitana es el de una llamada provincial. ¿Lo
dice o no lo dice? Claro que lo dice, señoría, y su pregunta
era por qué no lo dice. Yo le digo que lo dice.
Luego, a continuación, usted se va por las ramas, por los
cerros de Ubeda y explica cosas que nada tienen que ver con el
objeto de su pregunta. Pero, ciñéndome a la pregunta, me
parece más razonable intentar explicarle la razón por la cual
una llamada metropolitana, utilizando esa tarjeta, se factura
al precio de una llamada provincial.
Es por una razón técnica. Esas llamadas son facturadas por las
centrales digitales de la red, que en el momento actual no son
capaces de discriminar el origen y el destino de una llamada,
salvo a nivel provincial. Por lo tanto, tienen que aplicar una
tarifa provincial porque en el momento actual de
digitalización, la central en cuestión, a la hora de facturar,
desconoce la información necesaria para ello. Eso se advierte
al usuario. Se le advierte que si utiliza ese método de pago,
esa tarjeta irá facturada a la escala metropolitana.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
--PREGUNTA DE LA DIPUTADA DOÑA TEOFILA MARTINEZ SAIZ, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
EXCELENTISIMO SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y
MEDIO AMBIENTE: ¿QUE IMPORTANCIA CONCEDE A LOS INFORMES DE
IMPACTO AMBIENTAL RELATIVOS A OBRAS A EJECUTAR POR ESE
MINISTERIO? (Número de expediente 180/000746)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 8 de la señora Martínez
Saiz.
La señora MARTINEZ SAIZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, con un Real Decreto de 1986 se aprueba la
incorporación de la Directiva comunitaria sobre impactos
ambientales, que, por cierto, no recoge el Anexo II de dicha
directiva.
En 1988 se aprueba el Reglamento que desarrolla el Real
Decreto y en el que queda muy claro que, con carácter previo a
la resolución administrativa que se adopte para la realización
o autorización de la obra, el organismo competente
suministrará el expediente al organismo administrativo de
medio ambiente para que se formule la declaración de impacto
ambiental, declaración que determinará la conveniencia o no de
realizar el proyecto.
En 1993 la Comisión de la Comunidad Europea nos dice en un
documento de medio ambiente que lo que se pretende es que el
impacto ambiental se evalúe antes de que se autorice la obra y
se empiece su ejecución.
También nos dice con respecto a España que nos hace notar las
discrepancias entre el cumplimiento formal y el práctico en
los impactos ambientales y también que debemos de garantizar
mejor la independencia de la autoridad ambiental que
interviene en el proceso del estudio de impacto ambiental.
Señor Ministro, después de estas recomendaciones, ¿qué
importancia concede a los informes de impacto ambiental
relativos a las obras a ejecutar por su Ministerio?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE: (Borrell Fontelles): Señoría, obviamente les concedo
la importancia que tienen dentro del marco normativo al que
usted ha hecho referencia.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
La señora Martínez tiene la palabra.
La señora MARTINEZ SAIZ: Señor Ministro, gracias como siempre
por su respuesta, pero la realidad de todo esto es que el 18
de noviembre de 1993, con respecto a la presa de Matallana,
decía usted que después de haber leído la declaración de
impacto ambiental ha decidido que el proceso se detenga y se
paralice hasta hacer un estudio más profundo, pero usted no
dijo en el Senado que ese mismo día, a las once de la mañana,
se estaban abriendo las plicas para la licitación de ese
proyecto.
Sin embargo, lo que es más gordo, señor Ministro, es que el 1
de septiembre, después de haber dicho el Director General de
Obras Hidráulicas en este Congreso que el travase del
Guadiana-Majaceite tenía realizado el estudio de impacto
ambiental y que se había encargado otro más profundo que
estaba ya casi a disposición de los que le quisiéramos ver,
ese mismo día, después de que el Consejo de Ministros hubiera
aprobado, el 20 de mayo, la adjudicación de la obra, aprueban
ustedes, en el mismo Boletín, la adjudicación de la obra y la
adjudicación de la elaboración del proyecto del estudio de
impacto ambiental. Señor Ministro, aquí está en el Boletín.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Hay mucho que mejorar en la
práctica de la evaluación de impacto ambiental, porque es una
técnica nueva de reciente aplicación en nuestro país. Soy
perfectamente consciente de que hay que darle toda la
importancia que tiene y las directrices políticas que he dado
en mi Ministerio, que también tiene las competencias de medio
ambiente, confirman plenamente mi voluntad de que las
evaluaciones de impacto ambiental, es decir, los estudios
previos y las declaraciones correspondientes, se efectúen con
el máximo rigor. Es verdad que hay momentos en los cuales la
dinámica administrativa ha ido siguiendo pautas heredadas de
anteriores situaciones y he tenido que corregir circunstancias
como éstas a las que usted hace referencia. En el caso
concreto de la presa de Matallana no me duelen prendas en
reconocer que la dinámica de la contratación de la obra se
había producido de una forma totalmente discorde con los
mecanismos de evaluación y declaración de impacto ambiental.
Por eso decidí que esa apertura de plicas quedara en suspenso,
que no se contratara --y no se ha contratado-- hasta que
profundizásemos en la evaluación del impacto ambiental y la
Comunidad Autónoma de Madrid suministrase una información más
precisa sobre las necesidades de agua y una política de ahorro
que deteminase la necesidad del agua.
En este caso concreto tiene usted razón. Una descordinación
administrativa, una dinámica que debe ser corregida, una
disciplina que debe ser impuesta --y a ello me aplico desde la
acción política que me corresponde--, una apertura de plicas
que ha quedado en suspenso hasta que no profundicemos en la
evaluación del impacto ambiental de la obra.
Hay momentos en los cuales se cometen errores. Cuando se
cometen, deben ser corregidos y esta propia corrección de
errores y este esfuerzo en coordinar la acción administrativa
de distintos elementos sometidos a mi control político, no son
sino el testimonio y la prueba de la voluntad de dar a las
declaraciones de impacto ambiental la importancia que tienen
como elemento condicionante de la obra pública.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON FRANCISCO FRUTOS GRAS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE PREVISIONES CONTEMPLA
EL GOBIERNO PARA LAS TRANSFERENCIAS DE LAS COMPETENCIAS SOBRE
PUERTOS Y AEROPUERTOS A LA COMUNIDAD AUTONOMA VASCA DE CARA A
QUE ESTA PUEDA LLEVAR A CABO UNA GESTION DIRECTA ADAPTADA A
SUS NECESIDADES Y DE FORMA COORDINADA CON EL INTERES DEL
ESTADO? (Número de expediente 180/000756)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 15, del señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Señor Ministro, el otro día, ante un par
de preguntas referidas a la Comunidad Autónoma del País Vasco,
se nos acusó a Izquierda Unida de hacer campaña electoral
(estábamos en campaña), aunque la pregunta se había formulado
antes de entrar en ella.
Por ello, ya fuera de campaña electoral, formulo esta pregunta
referida a la Comunidad Autónoma del País Vasco, y en tanto
que Izquierda Unida, o Ezker Batua, que es la organización de
Izquierda Unida de Euskadi,
no tenga una representación directa: ¿Qué previsiones
contempla el Gobierno para las transferencias de las
Competencias sobre puertos y aeropuertos a la Comunidad
Autónoma del País Vasco de cara a que ésta pueda llevar a cabo
una gestión directa adaptada a sus necesidades y de forma
coordinada con el interés del Estado?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Frutos.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor
Presidente.
Señoría, el Gobierno no tiene prevista la transferencia a la
que usted alude.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Esperaba esta respuesta señor Ministro,
pero resulta que el otro día en una respuesta parecida en
relación a la posibilidad de transferencia de competencias de
empresas de INI a la Comunidad Autónoma del País Vasco se nos
dijo, por parte del señor Serra, que se estaba trabajando en
este sentido y que probablemente habría una ley no únicamente
para una comunidad autónoma sino para el conjunto del Estado.
Yo le hago esta pregunta de acuerdo con el programa de
Izquierda Unida y, además, de acuerdo con otras cosas: en
primer lugar, de acuerdo con el programa de Izquierda Unida,
para reclamar a la Administración central las transferencias
de competencias en puertos y aeropuertos, para poder llevar a
cabo una gestión directa adaptada a las necesidades objetivas
de la Comunidad Autónoma del País Vasco más cerca del terreno
donde se producen los problemas; en segundo lugar, y eso
debería ser una facilidad para ustedes, porque ahora mismo
está en el programa del Partido Nacionalista Vasco; y en
tercer lugar, y como elemento importante y de cara a convertir
en realidad los discursos autonómicos electorales --es decir,
los discursos que hacen todas las fuerzas políticas en campaña
electoral--, para reforzar la autoridad política y de gestión
del Estado con medidas que partan de que naciones históricas
sin Estado, como es el caso de la Comunidad Autónoma del País
Vasco, y sus órganos forman parte del Estado español; son, por
tanto, Estado, en la línea que siempre intenta alumbrar el
camino de Izquierda Unida de que en este país es necesaria la
construcción de un Estado federal.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Frutos.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Señoría, yo no sé a cuento de
qué vienen las disquisiciones sobre si las comunidades
autónomas son o no son Estado con respecto a la pregunta que
usted me hace. ¡Por supuesto que las comunidades autónomas son
Estado! Pero no veo qué quita ni qué añade eso al hecho de que
la gestión de los puertos de interés general del Estado --
según dice la Constitución-- corresponda a la Administración
central del Estado.
La Constitución habla de una cosa que llama puertos de interés
general del Estado y dice que ésos, los de interés general del
Estado corresponde su gestión a la Administración central del
Estado que lo ha hecho a través de unas autoridades portuarias
coordinadas por un ente público.
Podemos discutir, señoría, qué puertos son de interés general
del Estado y cuáles no, pero los que lo sean, dice la
Constitución que corresponde gestionarlos a la Administración
central del Estado. Supongo que la Constitución no hace
referencia al conjunto vacío cuando habla de puertos de
interés general del Estado; alguno habrá que lo sea, de lo
contrario no veo a santo de qué viene que la Constitución
hable de ellos.
Pues bien, el puerto de Bilbao, que parece ser que es un
puerto que por su trascendencia económica va más allá del
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco,
está calificado como puerto de interés general del Estado y
gestionado por una autoridad portuaria dotado de toda la
autonomía de gestión, en cuyo consejo de Administración
participa la comunidad autónoma y el ayuntamiento o los
ayuntamientos de los municipios donde está situada la
instalación portuaria correspondiente.
Lo mismo puede decirse de los aeropuertos que forman una red
que gestionamos integradamente, compensando pérdidas en unos
casos con beneficios de otros. Creo que es un buen modelo, que
funciona adecuadamente, que es perfectamente compatible con el
Estado autonómico y que no se obtendría ninguna ventaja de su
ruptura.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JAUME ANTICH I BALADA, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LOS ULTIMOS
RESULTADOS CONOCIDOS DEL PLAN DE EXTENSION DEL TELEFONO A LAS
ZONAS RURALES? (Número de expediente 180/000761)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 20, del señor Antich i
Balada.
El señor ANTICH I BALADA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, hace ya unos meses le formulé una pregunta
semejante y entonces los datos que usted me facilitaba eran
referidos a finales, aproximadamente, de 1993.
Por considerar la implantación del teléfono rural un tema muy
importante --pienso que ésta también es la opinión del
Gobierno-- en el sentido de facilitar que los avances
tecnológicos se puedan aplicar en beneficio de los sectores
que más lo necesitan como son los municipios rurales o las
zonas diseminadas, me congratulo, pues, de que con la
aportación de Telefónica y de otras administraciones, se
posibilite que este plan, que además tenía una duración
plurianual, se vaya aplicando y, por tanto, el sentido de mi
pregunta es conocer, a la fecha más inmediata posible, cuál es
el estado de aplicación de este plan.
Por consiguiente, señor Ministro le formulo la siguiente
pregunta. ¿Cuáles son los últimos resultados conocidos del
plan de extensión del teléfono a las zonas rurales?
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Antich.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.
Señoría, la extensión del servicio telefónico en el medio
rural ha recibido, como usted dice, un impulso notable en los
últimos años, sobre todo gracias al plan operacional que el
Consejo de Ministros aprobó el día 12 de marzo de 1993, que se
extendía al período 1993/1996. A finales de 1996 cualquier
ciudadano residente en el medio rural podrá disponer del
servicio telefónico en su domicilio en los mismos plazos y las
mismas condiciones económicas que los residentes en zonas
urbanas. Y, por lo tanto, desaparecerá el concepto de
extrarradio y la tarifa que se le viene aplicando.
Este plan es muy ambicioso, supera ampliamente objetivos que
nos habíamos marcado anteriormente y es posible gracias a la
aplicación de la tecnología de acceso celular por cobertura
radioeléctrica, además del sistema convencional por red de
hilo de cobre. Para ello hemos contado con la imprescindible
colaboración de las diversas entidades territoriales y, en
aquellos casos en los que no ha sido posible conseguir la
colaboración de los responsables autonómicos, Telefónica ha
desarrollado un plan supletorio.
También estamos instalando ya un teléfono público de servicio
en todas las entidades de población que tengan diez o más
habitantes. Los últimos datos, los de agosto de 1994, vienen a
confirmar la orientación positiva que apuntaba el pasado mes
de marzo al contestar en esta Cámara a una pregunta de S.S.
Así, en el primer año del plan operacional se han suscrito
convenios con entidades territoriales que cubren 46 provincias
españolas y están en marcha las gestiones de las cuatro
restantes. Se sigue aumentando el número de nuevas zonas
urbanas que se están creando --que ya son más de mil a 31 de
agosto de este año--, lo que da lugar a un descenso
correlativo del número de teléfonos públicos de servicio
instalados por su escaso interés al poder disponer ya de abono
urbano domiciliario. También disminuyen las líneas de
extrarradio. A finales del mes de agosto de este año, hemos
instalado ya 68.530 líneas de este tipo, sólo en lo que va de
año, y en total hemos superado las 461.000. Por lo tanto, el
Plan se desarrolla de acuerdo con las previsiones previstas.
En 1996 toda España tendrá teléfono a la misma tarifa.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JAUME ANTICH I BALADA, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LAS
INVERSIONES REALIZADAS ESTE AÑO EN LAS COSTAS DE LA PROVINCIA
DE TARRAGONA? (Número de expediente 180/000762)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 21, del señor Antich i
Balada.
El señor ANTICH I BALADA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, a partir de la Ley de Costas y de la
actuación del Ministerio, la realidad es que las costas han
cambiado y han cambiado a mejor. Esto es general en casi todo
el litoral español, con la gran extensión kilométrica de
costas, y ello requiere el esfuerzo importante que en estos
momentos está haciendo su Ministerio. En este sentido la
pregunta número 21 va dirigida a conocer cuáles son las
inversiones realizadas durante este año en las costas de la
provincia de Tarragona.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Antich.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.
Señoría, en el año 1994 hemos realizado obras en las playas de
la provincia de Tarragona por más de 2.700 millones de
pesetas. Se trata de nueve obras contenidas en el plan
1993/1997 de actuaciones en la costa, que aprobó el Consejo de
Ministros en abril de 1993. A lo largo de este año se han ido
terminando la mayoría de
estas obras, siete están ya terminadas, de entre ellas, la
regeneración de casi 10 kilómetros de playa en Calafell,
Vendrell y Roda de Bará, a la que expresamente aludí en
diciembre pasado. Hay dos obras que todavía no están
terminadas, concretamente la regeneración de las playas
situadas a Levante, del término municipal de Cambrils, y la
ejecución de su paseo marítimo y la ordenación de la playa de
La Rabassada. En cuanto a ésta última, una vez finalizada se
habrán eliminado las ocupaciones que interferían tanto en su
uso como en estética y se construirá un paseo que tendrá los
servicios de playa. No puedo decirle todavía la inversión
total del año 1994, pero sí puedo anticiparle que superará los
700 millones de pesetas, que se distribuyen entre los
objetivos que constituyen este plan, de los cuales los más
importantes son, como le decía, la regeneración de las playas
de Calafell, Vendrell, y Roda de Bará, terminada en abril de
1994; aportación de arena a la playa de Altafulla, terminada
en junio de 1994; aportación de arena a la playa de El Milagro
en Tarragona, terminada en abril de 1994; regeneración de la
Playa Cristal, de Montroig del Camp, terminada en julio de
1994; regeneración de la playa del paseo marítimo. A Levante,
del Puerto de La Ampolla, terminada en septiembre de 1994;
regeneración y paseo marítimo de las playas situadas A
Levante, del término municipal de Cambrils, que se acabará en
noviembre de 1994; tratamiento de la playa de La Rabassada,
que está en ejecución; acceso a la Playa de Sant Jaume
d''Enveja que estará terminada también este año; y accesos y
áreas de servicio a la Playa del Trabucador en Sant Carles de
la Rápita, que estará terminada también a finales de este año.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JAUME ANTICH I BALADA, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LA
INVERSIONES PREVISTAS PARA EL AÑO PROXIMO EN LAS COSTAS DE LA
PROVINCIA DE TARRAGONA? (Número de expediente 180/000763)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 22, del señor Antich i
Balada.
El señor ANTICH I BALADA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, continuando, por tanto, la pregunta anterior,
en este caso el sentido de la misma va referido
a las inversiones previstas para el año próximo, para el
ejercicio de 1995. Por tanto, el sentido literal de la
pregunta es cuáles son las inversiones previstas para el año
próximo en las costas de la provincia de Tarragona. Gracias,
señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracia, señor Antich.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor
Presidente.
Señoría, en el año 1995 vamos a continuar este mismo esfuerzo
inversor y tenemos identificadas otras once obras que se van a
iniciar durante el próximo año, también incluidas en el plan
de costa 1993-97. De todas ellas destacaría dos: la primera,
la más importante, la ordenación del paseo marítimo de las
playas de Levante y Poniente de Salou, que permitirá
modernizarlo como un elemento central en la identificación de
esta ciudad turística y mediterránea, en el que invertiremos
casi 500 millones de pesetas, y la ejecución del paseo
marítimo de la Pineda en Vilaseca como continuación de las
actuaciones llevadas a cabo en conjunto por el ayuntamiento y
la autoridad portuaria de Tarragona, que también supondrá una
inversión superior a los 500 millones de pesetas. Además de
estas dos, que son seguramente las más importantes, está
previsto iniciar obras de instalación y accesos al complejo
dunar de la Playa de Riomar en Deltebre; el paseo marítimo de
la Playa de Santa Lucía en Perelló; la ordenación y áreas de
servicio de la Playa dels Eucaliptus en Amposta; la
prolongación del paseo marítimo de Cambrils y el
acondicionamiento de la Playa del Regueral; el paseo marítimo
de la Pineda en Vilaseca, al que antes he hecho mención; el
paseo marítimo de la Playa de Cristal de Montroig, en el que
invertiremos más de 200 millones de pesetas; el paseo marítimo
de Comarruga, en el que invertiremos 330 millones de pesetas;
el paseo marítimo en la Playa de El Arenal, en el que
invertiremos casi otros 300 millones de pesetas, y un conjunto
de actuaciones complementarias de servicios en la playa al Sur
del término de Alcanar, para hacer frente a la erosión que el
mar causa en los acantilados que soportan dicho camino.
En su conjunto, como puede ver S.S., unos proyectos ambiciosos
e importantes que continúan y continuarán el esfuerzo inversor
emprendido en beneficio de las playas de Tarragona, de su
línea costera y del desarrollo turístico y protección de su
medio ambiente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON FELIPE CAMISON ASENSIO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿QUE MEDIDAS ADOPTO EL GOBIERNO DURANTE LOS ULTIMOS CUATRO
AÑOS PARA CAPTURAR AL EX DIRECTOR DE ENATCAR, DON FERNADO
CALVO, EVADIDO DE LA JUSTICIA? (Número de expediente
180/000743)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 5 del señor Camisón
Asensio, que tiene la palabra para formularla.
El señor CAMISON ASENSIO: ¿Qué medidas adoptó el Gobierno
durante los últimos cuatro años para capturar al ex Director
de ENATCAR don Fernando Calvo evadido de la justicia?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Camisón.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Señor Presidente, señoría, se dictó una orden de búsqueda y
captura en el año 1990; en consecuencia, a partir de ese
momento se puso en marcha el dispositivo usual de pasar la
misma a la totalidad de comisarías y cuarteles de la Guardia
Civil para su intento de localización dentro del territorio
nacional. Por otro lado, la actuación de la policía fue la que
requirió en cada momento el Juez de Instrucción en la
investigación, tanto de los inculpados como de sus respectivos
patrimonios.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Camisón.
El señor CAMISON ASENSIO: O sea, señor Ministro, que el
Gobierno no hizo nada práctico para capturarle. Y no lo ha
hecho, porque no le interesaba reverdecer el escándalo de
Enatcar, con sus miles de millones de agujero. He ahí el
modelo de lucha que ustedes, desde el Gobierno socialista
están implantando para luchar contra la corrupción. Aquí
tenemos un caso: propiciando por inacción que se esfumen
delincuentes para que el pueblo español se olvide del
escándalo político. Se mata al perro y se acaba la rabia. De
lo contrario, no tiene sentido, señor Ministro, que nosotros,
desde la oposición parlamentaria, prácticamente sin medios,
solamente con voluntad, le encontremos, y el Gobierno, con
toda la potente maquinaria del Estado, no. No le encontraron
porque usted y su Gobierno no movieron un solo dedo para ello.
No contaron con nuestro interés en ello, nuestro trabajo, y
les hemos cogido en la masa, tanto al prófugo como a ustedes.
A ustedes en la masa de su lucha contra la corrupción, que
ahora se ve que es totalmente ficticia, teatral y espuria.
Pero es que, además, usted sabía el paradero en Salta desde el
24 de mayo y el prófugo no se reesfumó hasta mediados de
septiembre, casi cuatro meses después. Usted no quería
capturarle. No me venga ahora con la monserga de que la culpa
la ha tenido la judicatura o el juez Moreiras, que éste ya les
ha contestado a ustedes diciendo que el Ministerio del
Interior no ha cumplido con los trámites de confirmación del
prófugo. Ahora están alardeando de que están desplegando una
gran actividad para capturar a Roldán. Como sea la misma
actividad que en el caso de Enatcar, apañados estamos, señor
Ministro. Nos tememos que van a seguir sin tomar medidas
paralelas a la justicia. Ahora, no se preocupe, señor
Ministro, que nosotros le volveremos a encontrar al prófugo,
esta vez, quizá, quizá, en el Brasil, señor Ministro.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Camisón.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Me
perdonará S.S., pero desconozco su currículum y no sé si es
usted abogado, jurista, o algo así. Yo espero que no. Si no,
sería francamente imperdonable la ignorancia que demuestra en
su exposición.
Hay un pequeño detalle: mientras no exista una orden de
detención internacional, no pueden hacer nada las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, nada, salvo cometer delitos.
No pueden hacer nada fuera de España mientras no exista una
orden internacional de detención. Esa orden internacional de
detención tendré que aclararle que sólo la puede conceder una
persona, que es el juez encargado de promover la extradición;
y mientras no exista, y a fecha de ayer (esta mañana, si ha
cambiado, no se lo puedo asegurar), el juez no había dictado
una orden internacional de detención, sin la cual no se puede
actuar paralelamente, como usted dice, con la justicia. Hay
que actuar de acuerdo con lo que dice la justicia, no
paralelamente a la justicia. Hacer otra cosa significa actuar
ilegalmente, y le aseguro que en la lucha contra la corrupción
los únicos medios no admisibles son precisamente los medios
ilegales, que usted, señoría, parece patrocinar.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON ROGELIO BAON RAMIREZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCMO.
SR. MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR: ¿SE DA POR SATISFECHO EL
SEÑOR MINISTRO SOBRE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DESPLEGADAS EN
TORNO A LA ASAMBLEA ANUAL DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL,
CELEBRADA EN MADRID RECIENTEMENTE, INCLUIDO SU ACTO DE
CLAUSURA? (Numero de expediente 180/000747)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 9, del señor Baón
Ramírez.
El señor BAON RAMIREZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Justicia e Interior, ¿se da por satisfecho
sobre las medidas de seguridad desplegadas
en torno a la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional
celebrada en Madrid recientemente?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Baón.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Con
la venia, señoría. Supongo que se referirá al acto de
inauguración, no de clausura. (El señor Baón Ramírez hace
signos afirmativos.) Creo que hay un error en la formulación
de la pregunta.
Aclarado eso, le tendría que decir que, efectivamente, en
cuanto dispositivo de seguridad estoy plenamente satisfecho.
En cuanto dispositivo capaz de impedir acciones
propagandísticas, obviamente no estoy satisfecho.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Baón.
El señor BAON RAMIREZ: Gracias, señor Presidente.
En otro país democrático, señor Ministro --téngalo por seguro-
-, esta pregunta hubiese decaído o hubiese sido retirada a
causa de la previa dimisión del Ministro afectado (Rumores.);
eso es indudable. Los españoles sólo con aquel hecho hemos
tenido la prueba palpable de que no hay seguridad pública,
sobre todo cuando asistimos al espectáculo de dos ecologistas
trepando por unas columnas y suspendidos en una viga, en un
acto inaugural, que presidían SS.MM. los Reyes, del Fondo
Monetario Internacional y del Banco Mundial, desplegando una
pancarta y lanzando billetes, dólares falsos. Podrían haber
sido terroristas y, en lugar de lanzar papeles al aire, haber
lanzado granadas. Imagínese qué tragedia. En verdad nos hemos
librado, de lo que yo me alegro y todo el mundo se alegra;
pero de lo que no hemos podido desembarazarnos, señor
Ministro, es del inmenso ridículo internacional que hemos
hecho. Además, eso lo corrobora también --lo que es muy de
lamentar-- que en los hoteles donde se hospedaban tantos e
ilustres visitantes, asistentes a estas conferencias del Fondo
Monetario Internacional y del Banco Mundial, les repartiesen
impresos, en cinco idiomas --como éste que muestro a S.S.--,
recomendándoles que no callejeen por Madrid debido a la falta
de seguridad en la ciudad.
No es de extrañar que la gente se pregunte: Si no pueden
garantizar la seguridad en un acto al que asisten los primeros
mandatarios del país y otras autoridades internacionales,
¿cómo van a garantizar la seguridad en nuestros barrios? Es
lamentable, señor Ministro, y usted lo sabe. En Madrid se
están sucediendo espontáneamente manifestaciones de gente, en
el distrito Centro y en otros distritos, organizando somatenes
en demanda de más seguridad y, en definitiva, de más efectivos
policiales.
No hay que olvidar, señor Presidente, señor Ministro, que hoy
se cumplen seis años desde que se escapó el señor Roldán...
(Varios señores Diputados: ¡Seis años! Un señor Diputado:
¡Serán seis meses!--Risas.--Rumores.) --perdone el lapsus-- y
todavía no se sabe ni rastro...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Baón.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Señor Presidente, señorías, no voy a hacer ninguna referencia
a la mención de dimisión; llevaba unos días sin oírla, pero se
la agradezco en lo que vale. Por otro lado, respecto del tema
únicamente quiero indicarle que se empeñan en confundir dos
planos que yo he tratado de separar. Desde el punto de vista
de seguridad, nunca existió riesgo. Usted ha hecho una
pregunta que es puramente retórica, y S.S. lo sabe. ¿Qué
hubiera pasado si fueran terroristas? Es que si fueran
terroristas, no hubieran entrado. El sistema de control era
absoluto y no falló en ningún momento. No se entró con ningún
objeto metálico, porque el sistema de detección era
absolutamente adecuado. (Rumores.) Si lo sabe, ¿por qué tiene
que decir expresiones que no se cree, señoría? Evidentemente,
no hubo ningún fallo en el sistema de seguridad. Lo que hubo
fue un fallo en la concepción del programa, que no estaba
pensado para impedir actos propagandísticos de ONG o de
organizaciones similares, como consecuencia de problemas en el
sistema de acreditaciones y como consecuencia, en definitiva,
de las dificultades derivadas de que sea un organismo
internacional que quería darle mucho eco y que concedió
acreditaciones inadecuadas. Y nada más; no ha pasado ninguna
otra cosa.
El resto de su pregunta se ha referido a los temas de
seguridad ciudadana, que yo creo que los discutiremos en otro
marco, al señor Roldán, etcétera. No insistan en preguntar
cosas que saben la respuesta, señoría. Yo creo que ésa no es
una buena técnica parlamentaria.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON IGNACIO GIL LAZARO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE
INTENCION EL GOBIERNO DE PROMOVER LA ADOPCION DE MEDIDAS QUE
GARANTICEN EFECTO SUSPENSIVO A LOS RECURSOS PRESENTADOS POR EL
MINISTERIO FISCAL CONTRA LA CONCESION DE UN PERMISO
PENITENCIARIO? (Número de expediente 180/000751)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 13, del señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿tiene intención el Gobierno de promover la
adopción de medidas que garanticen efecto suspensivo a los
recursos presentados por el ministerio fiscal contra la
concesión de un permiso penitenciario? (Ruidos en la megafonía
del señor Gil Lázaro.)
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Señor Presidente, señorías, señoría, el texto de la pregunta
es un poco escueto. No sé si alude a los permisos
extraordinarios que concede la Administración o si alude a los
permisos ordinarios que concede la autoridad judicial. Según
se refiera a unos u otros, habría que introducir matices
diferentes.
Respecto de los concedidos por la Administración, le adelanto
que, dada la limitación en el tiempo y los motivos tasados que
los suponen, no tendría ninguna lógica la suspensión como
consecuencia de recurso, porque se quedarían sin contenido. Se
concede por fallecimientos de familiares, por motivos tasados
en los que no tendría sentido. Si se refiere, por el
contrario, a los permisos de carácter judicial, a los
concedidos por el juez, en ese caso cualquier posibilidad en
esa línea implicaría, como sabe S.S., la reforma nada menos
que de la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo cual,
efectivamente, es un tema discutible. Le rogaría me aclarara
el sentido de su pregunta.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Gil Lázaro y señores Diputados, ruego traten los
micrófonos con delicadeza y consideración. (Rumores.)
El señor GIL LAZARO: Le ruego me disculpe, señor Presidente.
Ha sido un acto absolutamente involuntario.
El señor PRESIDENTE: No, a mí no me ha dolido. (Risas.)
Tiene la palabra, señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, efectivamente, estamos ante una cuestión muy
compleja. La brevedad temporal de que disponemos, no permite
abordarla en toda su extensión. Sin embargo --y si me permite
señalarlo--, me parece que hay en su planteamiento un cierto,
aunque ligero, grado de maniqueísmo, porque la cuestión
fundamental se plantea en unos términos muy claros.
La Ley Orgánica General Penitenciaria no hace ninguna
referencia a lo que deben ser las funciones del ministerio
fiscal dentro del ámbito penitenciario. Evidentemente está
actuando y lo hace en función de las propias previsiones
contenidas en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y el
mandato del artículo 124 de la Constitución. Es claro que la
institución del permiso penitenciario implica, por una parte,
derecho del interno en el proceso de reeducación y de
reinserción, pero, por otra parte, tiene que comportar también
un grado de seguridad para el conjunto social y exige, en
defensa de ese interés social que nuestras leyes atribuyen al
ministerio fiscal, que el ministerio fiscal pueda tener una
participación activa en el control de los mismos. A nosotros
nos preocupa enormemente que, frente a una situación que se
viene produciendo, es decir, frente a determinados hechos
producidos durante el transcurso de permisos penitenciarios
por parte de internos que después han generado un notable
grado de alarma social, «a posteriori» la Administración
intente atribuir al órgano jurisdiccional (bien sea a jueces o
bien sea al propio ministerio fiscal), la responsabilidad de
los hechos cometidos, es decir, la responsabilidad de que se
haya producido la salida de ese interno. Nosotros creemos que
sería necesario en este caso (y, desde luego, instamos a la
diligencia en ese sentido al Ministerio de Justicia e
Interior), una reforma amplia probablemente de la Ley Orgánica
General Penitenciaria en este punto, seguramente también del
artículo 217 --hablo de memoria-- de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal y de otros extremos, a efectos de garantizar el pleno
efecto suspensivo de ese recurso del ministerio fiscal,
porque, si no, como ha reconocido un auto de la Audiencia
Nacional, como reconocen los propios fiscales a través de sus
expresiones en la Memoria de la Fiscalía General del Estado,
se convierte en un acto jurídicamente inútil. Es necesario,
pues, que el ministerio fiscal pueda disponer de esa
posibilidad de efecto suspensivo frente al recurso, ...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Sí. Con permiso.
De lo contrario, señor Ministro, carecería de sentido.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Señor Presidente, efectivamente, señoría, tiene razón: el tema
es muy complejo, usted es un experto y lo sabe.
Le puedo dar, por lo menos, dos apuntes de respuesta que, sin
duda, abordan el tema de manera parcial. Uno, el Ministerio de
Justicia e Interior está decidido a proponer la posibilidad de
que, como consecuencia de la notificación de la concesión de
terceros grados
o progresión de grado, el recurso del fiscal tuviera efectos
suspensivos respecto de la concesión del tercer grado, lo que
indirectamente incide en el problema que usted plantea, puesto
que, como S.S. sabe, son precisamente los permisos de los que
están en tercer grado los que no tienen control judicial. Otra
cosa distinta es los que tienen control judicial.
Sobre el asunto, en mi caso, por lo menos, no mantengo una
postura dogmática; me parece una medida excesiva. Como sabe
S.S., el único caso en que se suspende una resolución judicial
por interposición del recurso del fiscal en toda nuestra
legislación es hoy para los supuestos de libertad en materia
de terrorismo; es la única excepción que existe en nuestro
ordenamiento jurídico. Generalizar esa excepción a que las
resoluciones de los jueces sean inmediatamente ejecutivas en
el conjunto de la política de permisos penitenciarios, creo
que, cuando menos, requiere de una meditación y de una
evaluación razonada, razonable, pausada y dentro del marco de
la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DE LA DIPUTADA DOÑA ANGUSTIAS MARIA RODRIGUEZ ORTEGA, DEL
GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS PIENSA
ADOPTAR EL MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR PARA QUE SE PUEDA
IMPLANTAR EL JURADO EN LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE JAEN?
(Número de expediente 180/000764)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 23, de la señora
Rodríguez Ortega.
La señora RODRIGUEZ ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Justicia, recientemente, ha remitido el
Gobierno a esta Cámara el proyecto de ley orgánica del
tribunal del Jurado. De esta manera, se cumple el compromiso
electoral socialista para regular la participación directa de
los ciudadanos en la Administración de Justicia a la hora de
juzgar determinados delitos.
Soy consciente, señor Ministro, de que es imprescindible
aprobar definitivamente este proyecto para que podamos hablar
de la implantación del Jurado y de su entrada en vigor. Sin
embargo, y para que a finales del año 1995 o principios del
año 1996 pueda funcionar esta institución es necesario hacer
previsiones, en algunos casos determinadas reformas, de
adaptación de espacio y de dotación de recursos a las
audiencias provinciales.
En el caso específico de la Audiencia Provincial de Jaén, a la
que se refiere mi pregunta, y al Palacio de Justicia donde
está ubicada, se produce en estos momentos un problema de
saturación del espacio disponible y, por tanto, de falta de
espacio para ubicar las distintas dependencias judiciales. En
la provincia de Jaén se ha producido en los últimos años un
aumento muy considerable de los órganos judiciales y esto
motiva que en el edificio a que me refería estén instalados,
además de la Audiencia Provincial, cinco juzgados de
instrucción y la Fiscalía. Debemos pensar, además, que
necesariamente estará ubicado en el mismo edificio el Jurado,
que necesita, al menos, de una sala de vistas y otra de
deliberación.
Por otra parte, esta falta de espacio se ha puesto de
manifiesto en un informe elaborado por técnicos del Ministerio
de Justicia y tengo que decirle que ha provocado cierta
inquietud por si esto pudiera provocar dificultad o cierto
retraso para la implantación del Jurado en la provincia,
inquietud que espero sea absolutamente resuelta en su
respuesta.
Como además conozco el interés y la prioridad que el señor
Ministro da al establecimiento del Jurado es por lo que le
formulo la siguiente pregunta: ¿Qué medidas de orden material
piensa adoptar el Ministerio de Justicia e Interior para que
se pueda implantar el Jurado en la Audiencia Provincial de
Jaén? Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rodríguez Ortega.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Presidente, señoría, desde luego comparto el planteamiento
general en que se mueve su pregunta y, desde ese planteamiento
general, le puedo asegurar que cuando SS.SS. hayan terminado
el trabajo legislativo y tengamos esa ley del Jurado, todas
las audiencias provinciales de España, por mucho que corran
SS.SS., dispondrán de las instalaciones necesarias para su
efectiva entrada en vigor. En el caso de la Audiencia
Provincial de Jaén el problema que plantea es cierto y,
además, se complica por datos añadidos; se complica por datos
positivos, pero en definitiva añadidos. Me refiero, como sabrá
S.S., a que entran en funcionamiento en diciembre nuevos
órganos judiciales, concretamente la nueva Sección segunda de
la Audiencia, el Juzgado número 8 de primera instancia y el
número 3 de lo Penal, en definitiva que sobre los problemas de
las instalaciones necesarias del Jurado para su puesta en
práctica, se añaden los nuevos órganos judiciales que, por
otro lado eran muy necesarios, dada la actividad judicial en
la provincia.
Pues bien, la solución concreta que me dicen en la Secretaría
General de Justicia es que ya se ha alquilado un local,
situado en la calle Cronista González, número 4, donde se van
a instalar la mayor parte de los
juzgados y se van a reubicar las instalaciones de la propia
Audiencia Provincial que será donde quede la sede del Jurado
que, como es lógico, deberá ser en la propia sede del Palacio
de Justicia.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DE LA DIPUTADA DOÑA ANGUSTIAS MARIA RODRIGUEZ ORTEGA DEL
GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE INICIATIVA
PIENSA REALIZAR EL MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR PARA
ESCLARECER LOS HECHOS OCURRIDOS RECIENTEMENTE EN LA PRISION
PROVINCIAL JAEN II, RELACIONADOS CON EL ROBO DE
ESTUPEFACIENTES POR UN RECLUSO? (Número de expediente
180/000765)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 24 de la señora Rodríguez
Ortega.
La señora RODRIGUEZ ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Por supuesto, agradezco la información y la respuesta del
Ministro a la pregunta anterior.
Concretamente a principios del mes de septiembre pasado se
produjo el robo de estupefacientes de una caja fuerte,
realizado por un recluso en el centro penitenciario Jaén-2.
Sobre este hecho se han producido ciertas especulaciones como
que, además de esta sustancia, pudieran contenerse en la caja
fuerte ciertos informes de funcionarios, extremo éste que no
se ha llegado a comprobar, ni a probar en ningún momento.
El hecho se produce como consecuencia de que la caja fuerte
estaba depositada provisionalmente en las dependencias de un
taller ocupacional de este centro penitenciario, debido a que
se estaban realizando unas obras en el almacén de inventariado
donde en principio estaba ubicada la caja. Esta caja fuerte
procedía de la antigua cárcel provincial y el actual director
de la prisión ha afirmado que conocía su existencia, pero que
no conocía su contenido. También el director actual de la
cárcel declaró que había dado cuenta de lo sucedido a la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Estos
acontecimientos, como es lógico, han producido preocupación
entre los propios funcionarios del centro y, además, cierta
confusión entre la opinión pública.
Por otra parte, hace tan sólo unos días los medios de
comunicación difundían la noticia de cese del Director de la
cárcel de Granada, que anteriormente lo había sido del centro
de Jaén, posiblemente --decían estos medios de comunicación--
como consecuencia de los hechos a que me he referido.
Por todo esto, señor Ministro de Justicia e Interior, desearía
conocer las iniciativas que piensa realizar el señor Ministro
para esclarecer los hechos ocurridos recientemente en la
prisión provincial Jaén-2, relacionados con el robo de
estupefacientes por un recluso.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rodríguez Ortega.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Señor Presidente, señorías, el incidente
que relata es efectivamente grave, yo diría que muy grave. El
pasado 23 de septiembre, en efecto, se detectó la sustracción
de estupefacientes de una caja de seguridad del centro
penitenciario Jaén-2. La Inspección General Penitenciaria
inició un expediente para averiguar lo que había ocurrido. La
investigación ya está concluida en sus grandes líneas y
efectivamente las conclusiones, de hecho, son que la caja de
seguridad fue trasladada, en enero de este año, del centro
penitenciario Jaén-1 al centro penitenciario Jaén-2 y que en
ese traslado se decidió colocar esa caja fuerte en un almacén
en que había otra serie de efectos, no custodiada
suficientemente y sin que nadie supiera el contenido de la
misma. Solamente lo conocemos como consecuencia precisamente
de que aparecela sustracción. De hecho, se realizan cacheos
inmediatos al conocimiento de la misma y son ocupados 311
pastillas de Rohipnol, 20 pastillas de Bupréx, 9 de Prefín, 30
gramos de hachís y otro tipo de elementos complementarios, no
así la documentación a que aludía S.S., que afortunadamente no
se sustrajo ninguna documentación de ese tipo. Como
consecuencia de esos hechos, se ha entendido que existían
responsabilidades, por un lado, del que era Director del
centro penitenciario Jaén-1, y lo siguió siendo del centro
penitenciario Jaén-2, como consecuencia de no haber cumplido
el artículo 121 del Reglamento penitenciario, es decir, el
precepto, que obliga a remitir de manera inmediata a la
autoridad sanitaria el conjunto de sustancias estupefacientes
o psicotrópicas que pudieran ser encontradas precisamente en
las labores de registro de la institución. Eso supone una
falta suficientemente importante como para haber determinado
su cese inmediato. Por otro lado, a continuación se ha abierto
un expediente disciplinario.
Respecto al director actual, se ha considerado suficiente un
apercibimiento formal, puesto que efectivamente el director
anterior no le comunicó la circunstancia del traslado
realizado ni el hecho de que siguieran manteniendo en el
interior de la caja fuerte estas sustancias psicotrópicas.
Esas son, en síntesis, las medidas adoptadas y lo ocurrido,
que realmente es grave.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
CRITERIOS, MEDIDAS, OBJETIVOS Y PASOS DE LA POLITICA DEL
GOBIERNO PARA AFRONTAR CON REALISMO Y EFICACIA LOS PROBLEMAS
DERIVADOS DEL CONSUMO Y TRAFICO DE DROGAS EN ESPAÑA (Número de
expediente 172/000072)
El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día;
interpelaciones urgentes. Interpelación del Grupo Popular
sobre criterios, medidas, objetivos y pasos de la política del
Gobierno para afrontar con realismo y eficacia los problemas
derivados del consumo y tráfico de drogas en España.
En nombre del Grupo Popular tiene la palabra el señor Robles
Orozco.
El señor ROBLES OROZCO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Popular ha presentado esta interpelación.
Como recordarán SS.SS., coincidiendo precisamente con la
Memoria que se presentó en el ejercicio anterior, el Grupo
Popular también solicitó una interpelación. Consideramos que
la presentación de la memoria anual del Plan nacional de Lucha
contra la Droga es un argumento suficiente como para que en
esta Cámara se produzca un debate en profundidad sobre la
problemática y la situación de la droga en nuestro país.
Coherentemente con lo que es y significa la Memoria, que es la
radiografía de cómo se encuentra el problema de las
drogodependencias en nuestro país, creo que es bueno que el
Parlamento discuta, como lo hemos hecho parcialmente en la
Comisión Mixta, sobre el problema de las drogas en nuestro
país. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la
Presidencia.) Ese ya es, en sí mismo, un motivo suficiente,
sobre todo cuando la Memoria de este año refleja una situación
a nuestro juicio preocupante, una situación que merece la
reflexión de esta Cámara. Con mucho más motivo, después de la
presentación de la Memoria, y como después pasaré a explicar
en mi intervención, el hecho de cuál es la situación del
propio Plan Nacional, de cuál es la situación de la Secretaría
de Estado, con poca historia en nuestro país desde su creación
hace prácticamente dos años, incluso también, y por qué no
decirlo, la situación que se ha creado de desconcierto y de
desorientación por las declaraciones del máximo responsable de
la lucha contra la droga en nuestro país.
Como digo, señorías, la presentación de la Memoria, que es en
sí misma un argumento suficiente para poder entrar a debatir
hoy cuál es la problemática en nuestro país, refleja una
situación extremadamente delicada y grave. Ninguno de los
parámetros que se emiten en la Memoria del Plan Nacional tiene
una mejoría considerable, bien al contrario, todos y cada uno
de los datos que refleja la Memoria, si hablamos de decomisos,
si hablamos de detenidos, si hablamos de sustancias
incautadas, incluso, como después demostraré, si hablamos de
consumo, todos y cada uno de estos temas, incluida la
percepción que tiene la sociedad sobre el problema de las
drogas, todos han empeorado, se han agravado respecto de la
situación de 1992, última memoria publicada.
Muy rápido, porque ya hemos conocido en otras comisiones y
también en los medios de comunicación, voy a dar los
principales datos porque creo que es necesario volverlos a
recordar. En la última Memoria, señor Ministro, el número de
detenidos aumenta el 8 por ciento respecto a la Memoria
anterior; pero si lo comparamos con lo que debería ser medir
en eficacia todo el Plan Nacional, es decir, si lo comparamos
con el año en que comienza el Plan Nacional el número de
detenidos en nuestro país desde 1985, es decir, desde el año
en que comienza el Plan Nacional de Lucha contra las Drogas,
aumenta el 230 por ciento. El número de decomisos respecto de
la última memoria aumenta el 10 por ciento; pero si lo
comparamos con el año 1985, aumenta el 350 por ciento. La
cantidad de heroína decomisada prácticamente es la misma, no
creo que pueda considerarse un triunfo; pero si lo comparamos
con el año 1985, el aumento es del 245 por ciento. La cocaína
ha aumentado en el último año el 60 por ciento; pero si lo
comparamos con el año 1985, hay que multiplicar por 165 veces
la cocaína decomisada. El hachís en el último año ha aumentado
el 34 por ciento; si lo comparamos con el año 1985, el 430 por
ciento. Las drogas de diseño, esas sobre las que tuvimos
oportunidad de hablar en la comisión, y que algún Delegado del
Gobierno se permitió el lujo de decir que no tendrían
perspectivas en nuestro país y que no teníamos por qué
preocuparnos de la situación de las drogas de diseño --estoy
hablando del señor Villoslada-- ésas han aumentado este año el
434 por ciento en nuestro país. Los datos son suficientemente
graves.
Muertes. Este año se ha presentado a la opinión pública como
un éxito parcial el hecho de que hayamos conseguido disminuir
el número de muertes. Hay que recordarles, señorías, y usted
lo sabe bien, señor Ministro, que las muertes que se recogen
en la Memoria son datos estadísticos que reflejan la situación
de las grandes ciudades españolas. Por otra parte, la
disminución se debe exclusivamente a muertes por sobredosis,
como bien sabe también, muertes que han disminuido
fundamentalmente porque la vía por la que en este momento se
está administrando la heroína está cambiando de la vía
parenteral a esnifarse y a otras vías que
provocan menos riesgos. En todo caso, hay un dato muy
importante en las cifras de este año de muertes por
sobredosis. Es la franja de edad entre los 16 y los 18 años;
es decir, están entrando jóvenes otra vez al sistema de
drogodependencias, están enganchándose nuevos jóvenes y
suponen un aumento del 74 por ciento, en la franja que va de
16 a 18 años.
Percepción que tienen los ciudadanos del problema de las
drogas en nuestro país. Solamente el 16 por ciento considera
que ha mejorado. Hay una abrumadora mayoría, y algo tendrán de
razón los ciudadanos de nuestro país cuando piensan que ha
empeorado la droga para preocuparse. Hay una inmensa mayoría
de ciudadanos que se preocupan y piensan que la situación de
la droga ha empeorado. Hay datos importantes que creo hay que
mencionar aquí porque quizá en el debate es bueno tenerlos en
la memoria. Una inmensa mayoría de españoles son partidarios
de utilizar más medidas de presión, más medidas de control,
ser más estrictos y poner más medios a disposición de jueces,
de fiscales y de la policía. Con absoluta claridad; no hay
duda de que los ciudadanos españoles están claramente por una
política que nos están marcando día tras día, no sólo en las
encuestas de opinión, sino a través de las voces más
significativas, de sus organizaciones no gubernamentales. El
80 por ciento de los ciudadanos españoles no quieren ni oír
hablar de ninguna política más flexible, más tolerante o más
liberalizadora en la lucha contra la droga. En cuanto el
consumo, como le decía antes --usted lo sabe bien--, ha
crecido el consumo de hachís, ha crecido el consumo de
cocaína, se ha estabilizado el consumo de heroína y se ha
disparado el consumo de las drogas de diseño. El panorama,
como usted verá, a nuestro juicio no es muy alentador. Se dirá
que eso es lo que pasa en todo el mundo. No, señorías, no es
lo que pasa en todo el mundo. En mucho países de nuestro
entorno, en países que, sin ser de nuestro entorno, tenemos
una gran relación también en este ámbito, por ejemplo, los
Estados Unidos, cuando aplican políticas sistemáticas,
mantenidas en el tiempo y coherentes, consiguen resultados.
Para ilustrar la proposición, he estado mirando cómo una
política de prevención sostenida y mantenida en los Estados
Unidos durante 18 años ha conseguido reducir en 25 puntos el
consumo de hachís. Por cierto que, en el mismo período de
tiempo, la famosa política liberal de Holanda lo ha conseguido
reducir exclusivamente 10 puntos. Exactamente en el mismo
período de tiempo dos políticas diferentes. Creo, por tanto,
que hay políticas que dan resultados si se mantienen en el
tiempo y si se mantienen coherentemente. Lo que no se puede
hacer es dar vaivenes, decir hoy una cosa y mañana la
contraria. Como le digo, creo que los datos son
suficientemente preocupantes para que nos planteemos si las
políticas que se están aplicando son las coherentes, si los
medios que se están poniendo a disposición de los jueces, de
los fiscales y de la policía son los suficientes y para que
decidamos desde esta Cámara cómo reorientar la política de
lucha contra la droga.
Creo que cuando se mira una Memoria, cuando se ve los
resultados de la acción de un Gobierno, lógicamente hay que
establecer una relación entre quien aplica las medidas que se
ponen en marcha y los resultados que se obtienen. Hay que
medir, por tanto, qué resultado está dando el Plan Nacional de
Lucha contra la droga, qué resultado están dando los
responsables, en qué grado son eficaces los que en este
momento dirigen la política de la lucha contra las drogas.
Usted sabe que no es la primera vez que se lo digo ni que lo
decimos en esta Cámara, el Plan Nacional, la Secretaría de
Estado, el Gobierno --como usted quiera llamarlo--, desde hace
dos años no hace más que dar vaivenes y tumbos en este tema.
En dos años, señor Ministro, hemos visto pasar al señor
Villoslada, hemos visto pasar al señor Garzón, casi vemos
pasar al señor López Riaño; hemos estado en el Ministerio de
Sanidad, después en el Ministerio de Asuntos Sociales y ahora
en el Ministerio del Interior, y en el mismo período de tiempo
hemos cambiado tres veces de Director General. Pregúntese a sí
mismo si una empresa, cualquiera, en el plazo de dos años
cambiase tres veces de edificio, de director general, de
consejo de administración y de política (y, por cierto, de vez
en cuando lo adornara, unas veces con la distribución de
heroína y otras veces con la legalización del hachís), si los
resultados serían coherentes con esa situación. Por tanto,
creo que hay que reflexionar y reconocer que la situación en
que está la Secretaría de Estado y el Plan desde hace dos años
no es la más idónea para enfrentarse de forma coherente, de
forma decidida, a la lucha contra las drogas, que es una cosa
bastante seria, como usted sabe, y, por tanto, en la que
tenemos que ser lo más rigurosos posible, lo más exhaustivos
posible.
Creo por eso, señor Ministro, que los datos de la Memoria en
cuanto a la situación del Plan traducen lo que traducen.
Traducen una parálisis, en este momento, del Gobierno,
traducen una parálisis de la Administración en materia de
medios, también en materia legislativa, y eso, a nuestro
juicio, es extraordinariamente grave. Como le he dicho antes,
los tres secretarios de Estado que han pasado en un brevísimo
período de tiempo por la Comisión Mixta siempre nos han
contado exactamente que iban a ejecutar el mismo plan,
curiosamente, las mismas medidas que el anterior y siempre
casi todas, por cierto, en un grado de ejecución bastante
limitado. Creo que es hora de que por lo menos algunas de esas
famosas 39 medidas que se anunciaron se cumpla y podamos
evaluar medidas y no aventurar propuestas. Hay dos grandes
áreas en las que, a mi juicio, en este momento hay unas
enormes deficiencias, como le he
dicho antes. Primero, parón legislativo. Segundo, parálisis
también en cuanto a los medios. Sabe usted, señor Ministro,
que desde que hemos debatido en esta Cámara la ley de
prevención del blanqueo de capitales y la tipificación en el
correspondiente artículo del Código Penal, del delito de
blanqueo de capitales, no ha habido una sola iniciativa del
Gobierno en materia de drogodependencias. Desde entonces,
repito, no ha habido una sola iniciativa del Gobierno en
materia de drogodependencias; en el mismo período de tiempo en
el que el Gobierno no ha vuelto a traer a esta Cámara ni una
sola iniciativa, el Grupo Popular ha presentado seis. Por
cierto, la última, felizmente aprobada por el consenso de
todos los grupos parlamentarios, permite destruir
automáticamente la droga que se decomise. Una iniciativa del
Grupo Popular, insisto, felizmente consensuada por todos los
demás grupos de esta Cámara.
Creo que también en algunos casos ha habido negligencia, no
sólo parálisis sino negligencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Robles, vaya
concluyendo, por favor.
El señor ROBLES OROZCO: Usted sabe, señor Ministro, que la Ley
de Prevención del Blanqueo de Capitales, en su adicional
tercera, establecía la posibilidad de crear un fondo que
sirviera para luchar contra el narcotráfico y que ese fondo se
nutriría fundamentalmente de los bienes decomisados. Usted u
otros miembros del Gobierno nos han anunciado varias veces que
se va a traer, pero todavía no se ha traído, y lo cierto es
que por aquel vacío ustedes llevaron una enmienda a los
presupuestos, dotando un crédito extraordinario de 500
millones, que no se ha utilizado, y eso es negligencia. Cuando
no se utilizan unos bienes económicos que se pueden poner al
servicio de la lucha contra el narcotráfico es negligencia, y
no valen recursos a las dificultades administrativas o a otro
tipo de cosas, porque para eso está la voluntad política de
vencer esos obstáculos administrativos.
Como digo, ésa es la situación en que nos encontramos:
lagunas, falta de medios, quejas --creo que hay que citarlas
hoy aquí-- de fiscales, del Fiscal Especial de la Lucha contra
las Drogas, quejas de significativos jueces, algunos de los
cuales, por cierto, han conocido por dentro la Administración
y han vuelto a poner el dedo en la llaga de las deficiencias
que en este momento tenemos para enfrentarnos a las drogas,
además de algunas cosas tan desagradables como lo que ha
pasado con la sentencia de la operación Nécora. Todo eso
genera confusión y alarma en la población.
Como último punto y muy brevemente me voy a referir a las
declaraciones del Secretario de Estado. Era inevitable, señor
Ministro, tener que abordar este asunto. El máximo responsable
de la lucha contra la droga, el Secretario de Estado, en su
primera comparecencia en el Parlamento ha creado una confusión
de tal calibre y ha abierto un debate que creíamos todos
felizmente cerrado, que creo que tiene una enorme
responsabilidad que ha de evaluarse en esta Cámara en términos
políticos. Todos pensábamos que esas terminologías, esos
planteamientos del Partido Socialista y del Gobierno de hace
doce y catorce años estaban felizmente enterrados, pero
súbitamente hemos descubierto que todavía quedan
reminiscencias en algunas personas. Es cierto que
inmediatamente el Presidente del Gobierno, usted mismo, señor
Ministro, calificándolo de dislate y, el portavoz del Grupo
Socialista, señor Almunia, se han precipitado --yo creo que se
han precipitado adecuadamente-- a desautorizar cualquier
debate en ese sentido, pero después el señor López Riaño ha
sido ratificado. No sabemos en este momento si se ratifica al
señor López Riaño en términos de su persona, en términos del
contenido de la política que va a desarrollar o cuál es
exactamente la filosofía por la que se ratifica al señor López
Riaño. Yo tengo un especial interés en saberlo, porque tengo
también mi interpretación. Creo que en este momento el
Gobierno no se atreve a cesar a un nuevo Secretario de Estado
porque sería absolutamente escandaloso que en el plazo de
menos de dos años cambiáramos tres veces de Secretario de
Estado en materia de lucha contra la droga. Creo que en estos
asuntos no hay que jugar con la imagen, hay que jugar con la
eficacia y si el Secretario de Estado va a ser el encargado de
luchar contra la droga tiene que salir respaldado por ustedes,
pero ustedes tienen que decir que respaldan esa política del
señor López Riaño.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Robles, termine,
por favor.
El señor ROBLES OROZCO: Termino inmediatamente, señor
Presidente. El señor López Riaño nos ha planteado un debate y
ahora se explica que, en el fondo, el debate es que nos
pongamos a hablar, a discutir, a decir qué es lo mejor para
acabar con la droga. Es tanto como si cuando la autoridad
monetaria de este país dijera que vamos a abrir un debate
sobre la posible devaluación y eso no tuviera ningún efecto
inmediato sobre la situación económica del país. Sería
absolutamente impensable. Cuando el Gobierno hace una
manifestación de ese tipono está diciendo, sin más, que mañana
va a convocar un seminario, sino que está diciendo que está
planteándose ir a una política de legalización de las drogas y
ahora no se puede adornar e intentar disminuir la gravedad de
esas declaraciones diciendo que nos oponemos a debatir.
Mire usted, yo no me opongo a debatir nada; por mera
conceptualidad no me opongo a debatir nada. Me opongo a que
rompamos un consenso que se había conseguido en esta Cámara y
en la sociedad española. Las
declaraciones de un miembro del Gobierno no tienen la
trascendencia que tendrían si las hiciera un
profesoruniversitario o un comentarista público, sino que
tienenla trascendencia de orientar la política del Gobiernoen
ese sentido. Por lo tanto, esto es extraordinariamente grave y
usted, señor Ministro, tiene que decirnos hoy aquí en qué
sentido y en qué términos respalda al señor López Riaño,
porque después de hablar de dimitir, de que él mismo
reconociera que necesitaba sentirse avalado por su Grupo y por
el Gobierno...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Termine ya por favor,
pero ya.
El señor ROBLES OROZCO: Sí, señor Presidente.
Después de todo eso, parece ser que no ha terminado de
abandonar la idea y yo quiero que esto se explique.
La Secretaria de Estado también anunció el otro día un plan
contra el narcotráfico. Es el momento de conocerlo. Defina hoy
el plan del que el otro día habló la señora Robles en el
Parlamento diciendo que el Gobierno tenía un plan contra el
narcotráfico. Eso es lo que hoy queremos saber, cómo va a
respaldar, cuál va a ser la política del Gobierno, qué medios
va a poner, cuál es ese plan contra el narcotráfico. Y sobre
todo les pedimos una cosa que se ciñan ustedes, por favor, a
un documento: el documento de partida y de consenso de esta
Cámara, el documento de la Comisión Mixta, que en este momento
está a punto de redactar uno nuevo. Sobre todo, yo les planteo
a ustedes otro debate distinto. En vez de ese debate sobre la
legalización, abramos un debate en profundidad sobre cómo
reducir el consumo de drogas en nuestro país, cómo ser
eficaces en la lucha contra el narcotráfico y cómo ser
eficaces en la lucha también contra el blanqueo de capitales.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para contestar a la
interpelación presentada, en nombre del Gobierno, tiene la
palabra el señor Ministro de Justicia e Interior.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Señor Presidente, señorías, antes de nada quisiera hacer una
aclaración que estoy convencido de que va a tranquilizar
notablemente al señor Robles, porque a mí, del texto de la
interpelación, precisamente el dato que verdaderamente me
alarmó era el supuesto incremento del número de muertos en la
franja de edad de 16 a 18 años, tal y como figuraba en la
página 167 de la Memoria del Fiscal, en el último cuadro. Pues
bien, señoría le puedo tranquilizar, es un simple error
tipográfico, son nueve y no 99. Haga usted la suma y
comprobará que el total de víctimas es 647, y de ahí
precisamente que se diga que se ha rebajado el 74,28 por
ciento en esa franja. En definitiva, es un simple error. Lo
cierto es que se ha pasado de 35 personas fallecidas en el año
1992 a nueve, con un descenso del 74,28 por ciento. Estos son
los hechos, señoría, y como sé que le van a tranquilizar se
los comento.
Una segunda consideración previa, antes de proceder a la
lectura del texto de contestación a la interpelación, es que
yo también le propongo un posible consenso. He repasado todas
sus intervenciones a lo largo de estos años, todas las que he
podido, y con mucho interés he comprobado que es usted un
Diputado competente en la materia, conocedor de ella y,
normalmente, serio y riguroso en sus planteamientos, pero veo
que hay una constante. Si se incrementa el número de personas
detenidas, o si se incrementa el número de sustancias
aprehendidas, se sostiene la tesis de que eso significa que
hay más delitos, que hemos sido incapaces, en definitiva, de
tener una política correcta en esta materia; pero cuando se
produce lo contrario entonces se habla de ineficacia. En
muchas ocasiones por parte del Gobierno se ha tenido la
tentación de decir: más detenidos, más eficacia; más
aprehención, más eficacia. ¿Por qué no tratamos todos de
matizar un poco más las cosas en este tema? Su señoría sabe y
yo también que en el incremento de aprehensiones o en el
incremento del número de delincuentes influyen dos factores:
uno, en ocasiones, efectivamente el incremento del tráfico;
dos, en ocasiones --y es el caso--, el incremento de la
eficacia policial. No es posible lanzar el mensaje de que
puesto que tenemos una posición brillante, a nivel europeo, en
la capacidad de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado precisamente en temas de narcotráfico, reconocido en
todas las organizaciones policiales internacionales, el éxito
de nuestras policías se traduzca en la acusación de que se
está incrementando el tráfico de esas sustancias. Yo le
propongo, señoría, que establezcamos una serie de matices para
que no achaquemos todo al incremento del tráfico y, a cambio,
yo le garantizo que estaré dispuesto a matizar que, además de
la efectividad de la Policía, en ocasiones se produce un
efectivo incremento del tráfico de drogas. Hechas estas dos
precisiones, me parece que, en primer lugar, estoy obligado a
contestarle sobre las supuestas declaraciones del Delegado del
Gobierno para el Plan Nacional sobre la Droga; digo supuestas
por lo que después diré. Sobre este tema las precisiones que
me pide S.S., desde mi punto de vista, son las siguientes.
Primero, el señor López Riaño no planteó, en ningún momento,
la legalización del comercio de hachís, sino que informó sobre
la existencia de un debate acerca del contenido de la
prohibición. Las palabras textuales, recogidas del acto en el
que yo no estuve, pero S.S. sí --yo las he tenido que
consultar, lógicamente, en el «Diario de Sesiones» de las
Cortes--, del Secretario de
Estado (no del Ministro, que efectivamente dijo que era un
dislate, pero el Secretario de Estado dijo otra cosa más dura
que el Ministro) fueron las siguientes: Creo que es una
barbaridad legalizar las drogas contra las que luchamos en el
momento actual. Es una barbaridad --insiste el Secretario de
Estado-- porque no tenemos en este momento una evaluación de
los efectos y del coste económico que esto supondría en la
sociedad moderna y, en estas circunstancias, ningún Estado se
atreve a dar ese paso. Esas son las declaraciones literales
que constan en el «Diario de Sesiones». También decía: Pero en
el seno de los Estados, sin ningún miedo a la realidad, hay
análisis de tipo científico, educativo o sociológico que
indican que no parece razonable tratar de la misma manera a
sustancias distintas. Estas son las dos frases centrales que
reflejaban la postura del Secretario de Estado. Desde luego,
la postura del Gobierno y, en particular, de este Ministerio
ha sido y es, como la del Secretario de Estado, la persecución
del comercio ilícito de cualquier tipo de droga o sustancia
psicotrópica. Finalmente decía: Cualquier reflexión sobre la
política de drogas sólo puede contemplarse en el contexto de
la comunidad internacional. Esta es la realidad de esa --por
eso decía-- falsa o supuesta declaración, supuesta polémica.
El resto son frases entrecomilladas, sacadas de contexto, con
finalidades que prefiero no calificar.
Sin embargo, si que me parece importante sostener en esta
tribuna y manifestar expresamente que el Secretario de Estado
tiene la plena confianza de este Ministro porque coinciden sus
planteamientos programáticos, como es natural, con los del
Gobierno y con los de este Ministerio. Por tanto no debe haber
ninguna duda. Le agradezco, por otro lado, que en este
momento, pese a lo que aparecía en la prensa, usted no pida la
dimisión del Secretario de Estado. Se lo agradezco
sinceramente. Me parece poco razonable esa postura inicial que
ustedes habían anunciado. Era preferible aclarar realmente el
contenido de la intervención, y es lo que he tratado de hacer.
Claro que existe --y su señoría lo sabe-- una política de
drogas, claro que existe una continuidad razonable en esa
política de drogas desde el año 1985. Además, su señoría lo
conoce con bastante detalle porque ha participado activamente
en todos los grupos de trabajo, en la Comisión Mixta, en
definitiva, en todos aquellos lugares en que se ha ido
fabricando entre todos esa política consensuada en materia de
drogas. La verdad es que ese consenso de vez en cuando es
puesto en cuestión, pero normalmente por ustedes; por ejemplo,
cuando insistían --espero que ya no lo hagan-- en la necesidad
de penalizar el consumo, o cuando, frente al conjunto de la
Cámara, opinaban que era una barbaridad discriminar
punitivamente el tratamiento penal de las drogas blandas
respecto de las drogas duras. Esos son puntuales rupturas del
consenso que normalmente surgen de su Grupo Parlamentario, no
del resto de la Cámara, por cierto. En todo caso, no me parece
que eso sea lo importante, porque lo esencial --y en eso
coincido con S.S.-- es procurar que esos episodios puntuales
de disenso, por otro lado legítimo en puntos particulares de
una política en materia de prevención y represión de drogas,
sea lo menor y lo mayor sea el consenso básico en todos los
ámbitos.
Su señoría sabe que preventivamente se han desarrollado
campañas de concienciación y motivación de la juventud para
crear actitudes de rechazo. En el campo de la lucha preventiva
la acción coordinada del Ministerio de Educación y Ciencia, de
las consejerías de educación de los diversos Gobiernos
autónomos, incluso de los propios ayuntamientos y
administraciones municipales ha sido francamente elogiable. El
Ministerio de Educación y Ciencia incorporó durante todo ese
período de tiempo, ya desde el año 87-88, el tema de la
educación para la salud y la educación frente al fenómeno de
las drogas como una de esas materias transversales que
impregnan el conjunto del sistema educativo, y las cifras son
evidentes. En el curso 90-91 había implicados 3.300 profesores
en esos programas; en el 91-92 ascendió a 5.800; en el 92-93
ya estábamos en 7.500 profesores implicados directamente en
esa actividad cultural y de prevención.
Su señoría sabe también que se ha potenciado en los tres
ámbitos --autonómico, municipal y estatal-- la actividad de
las organizaciones no gubernamentales. Están realizando
actuaciones que se proyectan sobre un conjunto de unos 575.000
ciudadanos y ciudadanas. Las comunidades autónomas, por su
parte, han desarrollado 273 programas sobre un conjunto de
cerca de 90.000 personas. En los centros penitenciarios y
dentro del marco legal se ha tendido a considerar el
tratamiento de deshabituación como una indicación que funciona
eficazmente para la clasificación del tercer grado. Sobre la
materia penitenciaria ya tuve ocasión de informar
personalmente a S.S. y en general a la Comisión de Justicia e
Interior en un momento determinado.
En materia represiva es sumamente conocido --y no me voy a
detener-- el conjunto de normas en esta línea. Más importante
me parece, por ejemplo, conocer --y S.S. sin duda lo sabe--
qué valoración está mereciendo el conjunto de reformas
legislativas llevadas a cabo en este período de tiempo. En ese
sentido me parece relevante el informe sobre la evaluación
mutua de España redactado por el Grupo de Acción Financiera
Internacional el pasado 8 de abril de 1994. En sus
conclusiones señalaba que la impresión general es la voluntad
por parte de las autoridades españolas y del sector bancario
de cumplir los requisitos internacionales sobre blanqueo de
dinero. Destacaban asimismo que con la Ley 19/1993 España ha
elegido el enfoque amplio en la lucha contra el blanqueo de
dinero, yendo el sistema previsto más allá de las
recomendaciones obligatorias.
El informe concluye que España está en el camino correcto
hacia el desarrollo de un programa eficaz antiblanqueo de
dinero.
En el terreno presupuestario la Administración central ha
pasado de destinar 3.403 millones en 1986 a 9.430 en 1993. Y
así podríamos ir avanzando muchos aspectos planteados en
debates anteriores.
Me parece más importante decir qué vamos a hacer (ese debate
que usted ha propuesto en la última fase de su intervención),
qué es lo que puede razonablemente debatirse yo creo que con
un protagonismo que sería muy desable de la Comisión Mixta
Congreso-Senado, que sin duda desde siempre ha sido un centro
básico en el conjunto de iniciativas adoptadas en materia de
prevención y represión de drogas y que en opinión del que le
habla debería seguir siéndolo. Por un lado, hay una serie de
proyectos legislativos pendientes y que en definitiva se trata
de presentar en esta misma sesión. Es verdad, y S.S. tiene
razón, que se podrían haber presentado antes --siempre se
puede sostener esa tesis--, pero la verdad es que son normas
complejas, tanto en la relativa a los bienes decomisados como
en lo relativo a la ley de precursores o en lo relativo al
reglamento que debe desarrollarla. Efectivamente, son tres
compromisos normativos que, S.S. tiene razón, deben cumplirse.
Y lo vamos a tratar de hacer con seriedad y con rigor dentro
de esta misma legislatura. No es sencillo anticiparlo porque
el tema --y S.S. lo sabe-- es sumamente complejo, implica
intereses de muy diverso orden. Ojalá pudiera decirle un plazo
más concreto. Yo creo que razonablemente esas normas deberían
estar en el Congreso dentro de esta misma sesión, no ya
legislatura. Sólo le puedo decir que eso es lo que
razonablemente vamos a intentar la Secretaría de Estado y el
conjunto del Ministerio de Justicia e Interior. No se lo puedo
tampoco garantizar. Sin embargo, en los últimos tiempos se
están produciendo nuevos problemas, nuevas situaciones que yo
creo que debemos afrontar, sin perjuicio de mantener esa
básica política de continuidad y de consenso en materia de
prevención y de represión de drogas. ¡Claro que habrá que
reflexionar sobre buen número de temas nuevos! Le voy a
apuntar algunos que yo creo que responden al grado de
preocupación ciudadana actual sobre este tema.
Un problema que me preocupa sustancialmente es si ya estamos
en condiciones de estudiar seriamente --en su caso, ante la
Comisión con mucho gusto reiteraré este planteamiento-- una
regulación que distinga los efectos derivados de la prueba
realizada inconstitucionalmente de la prueba realizada
ilegalmente. Señoría, usted sabe a qué me refiero. Es
complejo, pero desde el punto de vista de la eficacia de la
represión puede ser un tema central. Creo que estamos ya en
condiciones de intentar trabajar seriamente sobre ello.
Pienso que también estamos en condiciones de ir a una nueva
regulación de la intervención telefónica, que amplíe y conecte
con mucho detalle las circunstancias, los casos, las formas en
que debe acordarse la investigación telefónica como medio de
investigación penal. Hay un amplio campo que los tribunales
entre tanto van llenando con su práctica jurisprudencial, no
siempre coincidente. Quizá ha llegado el momento de realizar
una intervención legislativa en este campo.
También seguramente es el momento de estudiar en serio la
modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con relación
al célebre problema de los macroprocesos. Quizá nos están
pidiendo los ciudadanos que hay que modificar las reglas de
conexidad del artículo 17 y tratar de garantizar que los
procesos se verifiquen conforme a mecanismos en que prime la
eficacia sobre la espectacularidad. Y también es el momento de
regular la figura del agente provocador, aunque sólo fuera
recogiendo lo que jurisprudencialmente se entiende por agente
provocador.
Es necesario trabajar --y en esa línea la iniciativa del
Partido Nacionalista Vasco nos parece interesante-- en el
tratamiento de los denunciantes y es necesario avanzar en los
programas de protección a testigos. En definitiva, hay un
amplio campo de nuevos problemas que supone tratar de dar una
respuesta más eficaz en los ámbitos de la represión del
fenómeno del narcotráfico. En esa línea de trabajo le propongo
que abramos realmente un debate intenso. El aspecto
organizativo de la seguridad del Estado, cara a la
represión...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro, vaya
concluyendo, por favor.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Muchas gracias. ... se articula sobre la creación de las
comisiones mixtas, que usted y sus señorías ya conocen, y en
la reorganización de fuerzas policiales. Algún aspecto
concreto quiero destacar. Por un lado, el desarrollo de la
Brigada de delincuencia económico-financiera en la Policía
judicial, compuesta por cuatro grupos operativos, tres de los
cuales se van a destinar exclusivamente a los temas de
blanqueo de dinero. En segundo lugar, la reforma y
potenciación de los grupos especiales de estupefacientes tanto
en la Policía como en la Guardia Civil. En tercer lugar, la
reorganización del servicio fiscal de la Guardia Civil,
creando un departamento antidroga, con órganos de inteligencia
e investigación y competencia nacional. Está prevista una
plantilla inicial de 116 componentes. Asimismo se va a
incrementar en 438 el número de personas dedicadas en la
organización periférica a las materias de investigación en
drogas y de delitos fiscales. Se asume, por tanto, una
vinculación muy cercana entre el tráfico de drogas, el fraude
fiscal y el blanqueo de dinero. Es una evidencia que debemos,
creo, afrontar todos desde esa óptica.
En conjunción con esas medidas continuará el despliegue del
servicio marítimo de la Guardia Civil, que está situado
actualmente en Algeciras, La Coruña, Cantabria, Barcelona,
Murcia, Almería, Málaga y Huelva. Se han instruido actuaciones
sobre el consumo y tráfico de drogas de diseño, tema que
evidentemente empieza a ser preocupante, como su señoría ha
indicado. Evidentemente se están haciendo muchas cosas y su
señoría lo sabe. Sin embargo, tiene razón su señoría cuando
constantemente en réplicas decía: ¿Pero no es posible mantener
un tono optimista o triunfalista en esta materia? Pues claro
que no. Es una guerra que nos va a durar hasta el final de
siglo y mucho más. Seguramente la guerra más grave, más
importante que tiene planteado un país en términos globales. Y
en el nuestro es la más grave inmediatamente después de la
lucha contra el terrorismo; seguramente constituye la guerra
más importante que en materia de seguridad debe y debemos
afrontar todos. Lo importante es que sepamos entre todos
comprender que un problema de esa altura tiene dimensión de
Estado, que sólo puede ir ganando las diversas batallas hasta
tratar de controlar seriamente el imperio de los
narcotraficantes sobre la base de una política consensuada de
integración de las instituciones con los ciudadanos, con la
sociedad, y generando la confianza de los ciudadanos en que el
conjunto de políticas que las administraciones realizamos en
esta materia es de las más eficaces, de las más razonables y
en las que se haya alcanzado el mayor nivel de consenso.
Pienso que sobre esa premisa se puede construir el conjunto
técnico-jurídico y político de medidas y que podrá continuar
como hasta ahora una eficaz política de consenso en la
materia.
Nada más, señoría.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias.
Señor Robles Orozco.
El señor ROBLES OROZCO: Señor Presidente, muchas gracias.
Señorías, lo que el señor Ministro apuntaba como cifras de
captura, etcétera, y cómo las hemos interpretado de forma
diferente --como usted bien ha reconocido--también muchas
veces en las propias filas del Gobierno, sí que tiene una
lectura inequívoca, y es que nuestro país sigue estando a la
cabeza de Europa en el problema de las drogas, que sigue
teniendo un gran problema de drogas y que, por decirlo de
alguna forma, es el país número uno, en este problema de
nuestro continente, de la Comunidad Europea. Podrá
interpretarse de muchas maneras, pero hay también una clara
interpretación y es que el consumo de drogas en nuestro país
ha aumentado de forma considerable. No nos cabe la menor duda
de que los cuerpos de seguridad hacen su esfuerzo. Lo que hace
falta es ver si les damos todos los medios necesarios y si
ponemos en manos de los fiscales y de los jueces los
instrumentos jurídicos modernos y adaptados a los tiempos que
vivimos para ser realmente eficaces. De eso es de lo que se
trata. Yo he terminado mi intervención diciéndole que de lo
que se trata, señor Ministro, es de ser eficaces, de ver cómo
modificamos la legislación, cómo adaptamos los recursos que en
este momento tenemos y cómo realmente nos adaptamos a un mundo
criminal que va casi siempre por delante de nosotros y al que
tenemos que atajar en un momento determinado. De eso es de lo
que se trata, de ser eficaces. No de si hay más o menos
detenidos, sino de si realmente hemos desarticulado las redes
mafiosas, si hemos desarticulado la organización. Creo que en
eso hay un consenso internacional en este momento. Es decir,
lo importante es desarticular la red, lo importante es
desmontar la organización, lo importante es evitar el blanqueo
de capitales. En definitiva, desmontar el narcotráfico y
también el blanqueo de capitales.
Usted ha abordado hace un momento el indiscutible polémico
tema de las declaraciones del Delegado del Gobierno sobre el
hachís, y ha escogido --permítame que se lo diga-- las frases
que consideraba que eran más beneficiosas para el debate o
para que figuraran en el «Diario de Sesiones». El señor López
Riaño intervino en tres ocasiones al hablar de ese tema y en
alguna de ellas lo hizo con bastante más profusión. En todo
caso, independientemente de lo que figure en el «Diario de
Sesiones», creo que ni usted ni el señor López Riaño ni nadie,
en estos momentos, se va a desdecir de las cosas que están
dichas en los medios de comunicación. Acabo de leer una
entrevista, en una revista de difusión nacional, en la que sin
lugar a dudas el señor López Riaño se manifiesta a favor de
ese debate, se manifiesta a favor de la legalización del
hachís, pone como ejemplo el caso de Holanda y habla de la
valentía con la que hay que abordar ese tema. Eso es así y
está dicho en una entrevista en «Cambio 16»; lo acabo de leer
en este momento. Por tanto, está dicho en el «Diario de
Sesiones» y está dicho en los medios de comunicación. Si no
hubiese sido así, señor Ministro, usted sabe que el Presidente
del Gobierno no hubiera salido inmediatamente a decir que de
ninguna de las maneras; si no hubiera sido así, usted sabe que
usted no hubiera dicho que es un dislate; si no hubiera sido
así, usted sabe que el señor Almunia no hubiera dicho que en
ningún caso se va a plantear este tema y que, además, hay
otras prioridades.
Por eso, señor Ministro, la trascendencia de nuestra pregunta
de si usted respalda la política del señor López Riaño. No es
si respalda unas declaraciones más o menos desafortunadas,
sino si realmente respalda una política tendente a la
liberalización del hachís, que desgraciadamente nos llevaría
después hacia otra política de mayor libertad en la
distribución y consumo de drogas. Es de una trascendencia
fundamental saber
cuáles son los pasos en los que está el Gobierno trabajando en
este momento. Por tanto, no se trata de hacer florituras
verbales de si le apoyamos o no. No. Se trata de saber
definitivamente cuál es la política del Gobierno en ese
terreno. Nosotros --ya lo hemos dicho y lo voy a volver a
repetir aquí, aunque me parecía que era innecesario-- no
confiamos, sinceramente no podemos confiar, en este momento,
en un Secretario de Estado que con su primera declaración ha
creado una confusión monumental en el país que ha dado origen
a cruces de declaraciones entre las filas del Grupo
Socialista, entre cargos del Gobierno, entre organizaciones no
gubernamentales y entre otros muchos estamentos del país. No
confiamos en él, pero es su responsabilidad. Nosotros ya
decimos que creemos que en este momento es un Secretario de
Estado quemado, que inicia mal su mandato y que difícilmente
va a tener ninguna fuerza moral para desarticular ninguna red
de tráfico de hachís un señor que también está pidiendo que se
legalice el hachís.
Es su responsabilidad. Es decir, usted le respalda y respalda
su política y, por tanto, es el Gobierno el que asume en este
momento esta cuestión y la oposición lo que hace es dejar bien
claro que para nosotros carece del respaldo moral suficiente
para seguir abordando su mandato.
Usted ha hecho referencia a temas que, francamente, no merecen
la pena ni plantearlos, porque sabe que el mantener criterios
diferentes no significa no haber construido el consenso y
sobre eso es necesario extenderse. Pero utilizando la misma
forma parlamentaria que usted ha utilizado, señor Ministro, le
diré que S.S. sabe que los presupuestos del Estado, en el
capítulo destinado a la Dirección de la Guardia Civil y de la
Policía, están bloqueados desde hace dos ejercicios y que este
año sufren un recorte real en inversiones. Su señoría sabe,
como muy bien ha reconocido, que quedan muchas leyes
importantes pendientes de traer a esta Cámara: la ley del
fondo, la ley de precursores o el propio reglamento de la ley
de blanqueo. Su señoría sabe también lo que acaba de decir el
Fiscal especial contra la droga en cuanto a medios materiales.
Su señoría sabe perfectamente lo que acaban de decir
importantes jueces y magistrados del país en cuanto a los
medios que tienen para enfrentarse a la lucha contra el
narcotráfico. Su señoría sabe lo que acaban de decir las
organizaciones no gubernamentales sobre este tema. Su señoría
sabe lo que dicen las encuestas de opinión: el 80 por ciento
de los ciudadanos está en contra y el 60 por ciento de los
ciudadanos cree que ha empeorado la situación y muchísimos,
una inmensa mayoría, pide una mayor dureza también al
Gobierno. Su señoría sabe lo que están diciendo todos los días
los vecinos de muchos barrios de nuestro país, que se quejan
de una falta de eficacia del Gobierno en la lucha contra la
droga. Su señoría sabe también que se levantan inspecciones de
Hacienda y que Hacienda se limita a conformarse con el pago
del acta complementaria, pero no se investiga la procedencia
de los bienes de los narcotraficantes. Su señoría sabe que
algunas agencias internacionales han puesto en entredicho la
colaboración española por falta de instrumentos jurídicos
adecuados para poder colaborar en operaciones internacionales.
Su señoría sabe también que no es un buen plazo el que usted
nos da, el de la legislatura, para traer estos temas, porque
no estamos hablando de retrasar la autovía de Madrid a
Valencia, con ser un tema importante sino que estamos hablando
de que si retrasamos la legislación, si retrasamos los medios,
van a ser más familias, más personas las que van a sufrir este
problema en nuestro país, y S.S. sabe que de lo que estamos
hablando es del sufrimiento de las personas. Y S.S. sabe que
cada día que nosotros dejamos pasar...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Robles, termine,
por favor.
El señor ROBLES OROZCO: Termino, señor Presidente.
Su Señoría sabe también que los narcotraficantes, los que se
dedican a blanquear dinero, los que se dedican a lucrarse con
eso con lo que todos queremos acabar, ésos no van a esperar ni
un solo día en adaptar sus medios, en poner más recursos, en
intentar ganar la batalla a la sociedad, al Estado, en
definitiva, a todos los ciudadanos españoles.
Por lo tanto, porque S.S. sabe que todo eso es así es por lo
que le hemos pedido que exponga el plan que anunció la
Secretaria de Estado, por eso es por lo que le hemos pedido
que concrete los plazos.
Señor Ministro, yo no puedo estar en desacuerdo con las cosas
que usted enuncia. La legislación es la que estamos pidiendo,
es la que incluso piden las organizaciones internacionales o
la Convención de Viena; es lo que el sentido común nos dice.
Lo que ocurre es que llevamos ya tres Secretarios de Estado y
algún que otro Ministro y siempre escuchamos los mismos
planteamientos y a mí me gustaría que, en vez de anunciársenos
los planteamientos, se nos trajeran resultados, que, por lo
menos, se hubiera traído alguna de esas medidas a esta Cámara.
Desde hace dos años no han traído ni una sola medida. Los
presupuestos siguen congelados y año tras año, comparecencia
tras comparecencia se nos vuelve a contar lo mismo.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Robles, termine
ya, por favor.
El señor ROBLES OROZCO: Yo lo que le pido es que concrete
usted los plazos, que nos diga en qué plazos
lo va a traer, con qué medidas concretas y qué compromiso va a
adquirir en esta Cámara.
En definitiva, le vuelvo a decir, se trata de ser eficaces, se
trata de no volver a hacer convenios vacíos. Firmamos siempre
convenios vacíos. Hacemos declaraciones de intenciones y no
podemos seguir haciendo convenios vacíos y declaraciones de
intenciones, sino que tenemos que ponernos a trabajar con el
único objetivo de reducir el consumo, de acabar con los
narcotraficantes y de evitar el blanqueo de capitales.
Ustedes tienen alguna responsabilidad más que los demás.
Traigan esos proyectos a la Cámara. Nosotros ayudaremos y
colaboraremos a que salgan adelante. Den los medios
suficientes. Nosotros vamos a traer enmiendas a los
Presupuestos Generales del Estado para aumentar los medios
policiales de la Guardia Civil, de los fiscales y del Plan
Nacional. Apoyen esas enmiendas y, con unas cosas y otras,
estoy seguro de que esta sociedad podrá enfrentarse con algo
más de éxito que el que hasta ahora está teniendo con el
crimen organizado, con el consumo de drogas.
Muchas gracias. (Aplausos.--Algunos señores Diputados: ¡Muy
bien!)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Señor Ministro?
(Pausa.) ¿Qué Grupos parlamentarios desean fijar su posición
en este debate? (Pausa.) Por el Grupo Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra el señor Cardona.
El señor CARDONA I VILA: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, la primera reflexión que nos ha
suscitado la presentación de esta interpelación es qué
objetivos se pretenden. Ya en la exposición de motivos se
manifiesta que de la situación actual y de las medida
adoptadas se desprende un futuro negro y, en consecuencia,
dadas las repercusiones de todo tipo que se derivan del
problema, urge adoptar nuevas medidas para conseguir un nivel
de eficacia en la lucha contra la droga. Hasta aquí parece
todo muy claro.
¿Pero qué papel entiende el Grupo Popular y su portavoz en la
Comisión, el señor Robles, que ha de jugar la Comisión mixta?
Esta Comisión, desde el inicio de esta legislatura, continúa
los trabajos realizados en la legislatura anterior; en
concreto, después de estudiar el grado de cumplimiento del
informe que entonces se emitió, está ahora en fase de
elaboración de un nuevo informe que, según se acordó en la
reunión de la Mesa y Portavoces (precisamente el mismo día que
comparecía por primera vez el actual Delegado del Gobierno,
señor López Riaño), debe ser presentado y debatido en el seno
de la Comisión durante los próximos meses de noviembre y
diciembre. Por tanto, la duda que teníamos estaba fundada
tanto en el papel que entendemos debe representar la misma
Comisión como si es aconsejable, aceptable, adecuado y
conveniente presentar esta interpelación en el Pleno de esta
Cámara o hacer otra iniciativa en el seno de la Comisión con
los mismos o parecidos planteamientos para que fueran
recogidos tras el consiguiente debate en el próximo informe
presentado. Con las informaciones publicadas en los medios de
comunicación el lunes y martes pasado, ya empezamos a ver la
cara a las intenciones que se buscaban. Se decía que el
Gobierno aclarara si apoya la legalización del hachís, y la
constestación fue clara desde las máximas instancias del
Gobierno. Se solicitaba la destitución del Delegado del
Gobierno en el Plan y la respuesta la ha hecho quien ha
correspondido y hoy la ha reiterado. ¿En base a qué se pide?
¿A que ha manifestado el señor Delegado --en un gesto que le
honra-- que, de no tener la confianza de sus superiores y de
su Partido, presentaría él mismo la dimisión? ¿Son estas las
intenciones, dentro de la estrategia de presentar que no hay
nada que funcione bien en el país? Vayamos al fondo de la
cuestión, es decir, a la conveniencia o no de un nuevo
relevo --que, por cierto, volvería a ser criticado por falta
de continuidad-- y a los motivos basados en los hecho
concretos que se produjeron tras la comparecencia.
El señor Robles justificaba la interpelación con la
presentación de la memoria. Yo no voy a entrar en los datos de
la misma porque el propio Delegado confirmó en su
comparecencia en la Comisión que podía debatirse en otro
momento, en otra sesión, porque la memoria se había presentado
con cierta premura. Volvamos a recordar la sesión de la
Comisión celebrada el día 11. En su primera intervención en la
Comisión el señor López Riaño introdujo la reflexión de si no
sería conveniente realizar el debate como se viene realizando
en otros países, como, por ejemplo, en Francia, donde se
celebran reuniones de expertos de alto nivel. En constestación
al portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, señor
Vázquez, el señor López Riaño puntualizó que habría que
meditar sobre la cuestión y que la Comisión y las autoridades
de nuestro país no podríamos cerrar los ojos ante la realidad;
por tanto, sería insensato cerrar las vías de debate que
espontánea y democráticamente surgen en nuestra sociedad. Tras
el mismo llegarían las conclusiones. En consecuencia, sí al
debate --decía-- y no a la legalización.
Mayor concreción hubo aún en la contestación al portavoz del
Grupo Popular, señor Robles, página 1057 del «Diario de
sesiones», que excuso dar lectura, pero intentaré sintetizar.
Aun a riesgo de algún titular --decía el señor López Riaño--
sobre su legalización, hacía referencia a que hay un debate en
nuestra sociedad, posiciones de autoridades intelectuales,
sectores de la magistratura o de la medicina y opiniones y
acuerdos de algunos congresos. Sin ir más allá, el IX Congreso
de Jueces para la Democracia que se celebrará este fin de
semana en Alicante en un buen ejemplo de ello.
Como ha leído textualmente el señor Ministro, yo creo que es
una barbaridad legalizar las drogas contra las que luchamos,
porque no tenemos instrumentos de valoración de los efectos y
del coste económico que representaría en la sociedad moderna
occidental.
Por otra parte --y es importante reflejarlo--, remitía a la
consideración de SS.SS., de los miembros de la Comisión este
debate y decía que, si SS.SS. lo estimaban conveniente, podría
ser un debate importante. Este Diputado que les habla, señor
Presidente, señorías, también cree en la conveniencia de que
la Comisión lo estudie, sin prejuzgar las conclusiones a que
se pudiera llegar. Hasta aquí los hechos tal como se
produjeron. Después hubo reacciones de todo tipo de los medios
de comunicación y también de distintas opciones políticas.
Excuso hacer la referencia, pero, en cualquier caso, no puedo
dejar pasar alguna opinión del Presidente del Partido Popular
que arremete contra el señor López Riaño por pedir un debate
sobre la legalización del hachís («El País», 14 de octubre de
1994) o bien las propias declaraciones del Presidente del
Partido Popular a «Onda 0» en las que decía que su hijo le
había preguntado: Papá ¿es bueno el hachís?
Creemos, sinceramente, que las cosas se han sacado de su cauce
y, por tanto, de su sitio, bien sea porque estamos en una
sociedad mediática, con todas sus ventajas o inconvenientes, o
bien porque algunas declaraciones también...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Cardona, vaya
concluyendo, por favor.
El señor CARDONA I VILA: ...han ayudado con más que
frivolidad. No es lo más conveniente que un tema, que jamás
tendrá justificación alguna, sea utilizado como arma
arrojadiza de los unos contra los otros.
Estaremos atentos a la moción consecuencia de la interpelación
que hoy se ha presentado y terminaremos como empezábamos:
entendemos que el lugar adecuado para el debate de este tema
es, hoy por hoy, la Comisión mixta. Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Cardona. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, yo tengo que empezar por lamentar sinceramente la
actitud del señor Ministro, la actitud profundamente defensiva
del señor Ministro ante un hecho que quizá pueda haber
movilizado algunas conciencias y puede haber generado algún
tipo de supuesto escándalo o de escándalo epidérmico, pero
que, en cualquier caso, nos parece que esa idea que avanzó el
señor López Riaño en esa Comisión mixta, a la que antes se
refería el portavoz de Convergència i Unió, esa idea de abrir
un debate no solamente está más que justificada, sino que,
además, es absolutamente necesaria.
Decía el señor Robles en su interpelación que el 80 por cien
de los españoles están en contra de cualquier tipo de
legalización. Probablemente sólo miren encuestas a partir de
las cuales extrapolan datos y aparecen las cifras del 80 por
cien. No sé si será el 80 o qué porcentaje de españoles será.
Lo que sí sé, porque lo conozco, como todos ustedes conocen,
es que hay colectivos concretos, numerosos, intelectualmente
cualificados que plantean la posibilidad de ese debate, y lo
que hizo el señor López Riaño en esa ocasión en la Comisión
fue simplemente abrir la posibilidad de un debate. La reacción
que por parte del Partido Popular suscitó ha merecido por
parte del señor Ministro una especie de marcha atrás, de donde
dije digo, digo Diego y entresacar únicamente aquellos
aspectos que podrían liberar de no sé qué culpa al señor López
Riaño. Sinceramente, creo que la sensación de desconcierto que
se puede haber generado en la sociedad española por esas
palabras del señor López Riaño en realidad se genera por unas
ganas y por una voluntad absolutamente premeditada de
politizarlo todo en el peor sentido del término, de hacer
política con los temas que, siendo profundamente políticos se
tratan siempre epidérmicamente como políticos. Yo no entiendo
que alguien se pueda negar a que se haga un debate sobre la
legalización, no sólo un debate sobre qué hacemos con el
problema de las drogas, ese debate lo tenemos desde hace años
en esta Casa, y desde hace años en esta Casa estamos
asistiendo a esa presentación anual de las memorias, en las
que vemos que hay variaciones arriba o abajo de la cantidad de
decomisos, de la cantidad de detenidos, de la cantidad de
afectados, etcétera, pero siempre estrictamente desde la misma
óptica, y yo creo que es hora, que estamos legitimados moral,
ética y políticamente para mirar las cosas desde otra
posición, sin prejuzgar nada, vamos a discutir sensatamente,
vamos a discutir desde esa otra óptica y veremos a qué
conclusiones llegamos. No anatemicemos el problema y lo
lancemos a las tinienblas interiores y generemos un gran
escándalo que hace, además, que el señor Ministro tenga que
dar marcha atrás de una forma, repito, para mí lamentable.
El señor Robles no tiene por qué conocer esta revista, pero
pregunte a sus compañeros médicos, que seguramente estarán de
acuerdo conmigo en que es probablemente la revista de más
prestigio en el mundo de la sanidad, de la medicina. En el
«New England Journal of Medicine», portavoz, nada más, de la
escuela
de medicina de Harvard, el 15 de septiembre se publica un
artículo en el que se enfatizan ciertos aspectos terapéuticos
positivos del radical activo del hachís. Hay cantidades
industriales de publicaciones estrictamente solventes que
avalan la posibilidad y la necesidad de abrir un debate
sensato, tranquilo y reposado sobre esos temas, y de no seguir
viéndolos siempre con las mismas orejeras. Claro, si cada vez
que alguien se atreve a plantearlo (alguien con posibilidad de
llevarlo a cabo, porque, evidentemente, no es igual que lo
plantee quien les está hablando, o mi Grupo Parlamentario, con
dieciocho Diputados, que lo plantee el señor López Riaño) nos
asustamos por el, aparentemente, revuelo social que se
produce, nunca estaremos en condiciones de enfrentarnos a ese
problema desde otra posible solución, y siempre estaremos
insistiendo en las mismas técnicas que reiteradamente venimos
machacando, valorándolo en un poquito mejor, un poquito peor,
pero sin entrar en el núcleo del problema; y el núcleo del
problema es que las drogas son un enorme negocio, que produce
unas plusvalías terribles, y mientras siga siendo un negocio y
produzca las plusvalías que produce, no nos estaremos
enfrentando racionalmente con el problema; estaremos tratando
de parchear la solución de los problemas periféricos de ese
problema central, y habrá que tener en algún momento la
osadía, la valentía política de, sin tapujos, discutir
claramente estos temas desde, repito, esa otra posición. A mí
me ha decepcionado profundamente la actitud del señor Ministro
dando marcha atrás ante esas más que prudentes declaraciones
del señor López Riaño. No sé qué moción nos presentará el
Partido Popular. Coincido con el Partido Popular en la posible
necesidad de que, cada vez que se presente la memoria del
Plan, se produzca un debate en esta Cámara, si ese es uno de
los contenidos de la moción, yo la apoyaré, pero ya veremos
cuáles son los otros contenidos, porque no los conozco. Las
cosas que ha avanzado el señor Ministro respecto a temas de
modificación legislativa ya tendremos tiempo de verlos, cuanto
antes se presenten, mejor; pero, repito, lo que estamos
necesitando en esta casa, representante de la soberanía
popular, es no tratar epidérmicamente los temas que tienen una
densidad muy honda, y deberíamos tener la valentía moral de
podernos enfrentar a ellos, al menos en el plano intelectual,
desde una óptica distinta, algo a lo que parece ser no estamos
dispuestos, por el aparente revuelo que han generado esas más
que prudentes declaraciones. Arriesgarse a poner a los Estados
Unidos como un ejemplo de lo que sea, en el terreno esférico
de las drogas, me parece increíble, pero lo ha hecho...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Vázquez,
termine. El señor VAZQUEZ ROMERO: Acabo, señor Presidente.
Repito: estudiaremos la moción que nos presente el Grupo
Popular y fijaremos la posición con respecto a la misma en la
próxima sesión parlamentaria. Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Vázquez.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE LA POLITICA GENERAL DE
TELECOMUNICACIONES Y, EN CONCRETO, LOS OBJETIVOS QUE PERSIGUE
LA LIBERALIZACION DE LA MISMA Y LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN
EL CONCURSO PARA EL SEGUNDO OPERADOR DE TELEFONIA MOVIL
(Número de expediente 172/000073)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Interpelación urgente
del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
sobre la política general de telecomunicaciones y, en
concreto, los objetivos que persigue la liberalización de la
misma y los criterios establecidos en el concurso para el
segundo operador de telefonía móvil.
Para la explanación de la interpelación, tiene la palabra el
señor Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: Gracias, señor Presidente.
La presente interpelación tiene unos contenidos amplios, que
se refieren al conjunto de la política de telecomunicaciones
del Gobierno, pero de alguna forma ha sido disparada a esta
sesión por el concurso de 27 de septiembre para la creación de
un segundo operador de telefonía móvil. Para nosotros, éste es
un concurso muy importante porque no solamente se está
tratando, según nuestro criterio, de un segundo operador de
telefonía móvil, sino que incluso podríamos estar tratando de
ver qué empresa o qué conjunto de empresas se queda ya bien
colocado para ser el segundo operador de la telefonía vocal en
el año 1998. Nosotros estamos muy preocupados porque nada más
ponerse en marcha el concurso, ya aparecen continuamente
informaciones en el sentido de que el concurso de alguna
manera está otorgado. Hasta ahora no ha habido ningún
desmentido por parte del Gobierno, ni concretamente por parte
del Ministro Serra, que por lo visto es un Ministro que tiene
un poder extraordinario y un poder que es bastante opaco a
esta Cámara; sin embargo, nos han llegado informaciones que
manifiestan que el señor Serra avala a alguno de los grupos de
empresas que ofertan, cara al segundo operador de telefonía
móvil. Concretamente,
hay informaciones que dicen que al conjunto de empresas
formado por SRM y Cometa lo avala el señor Serra y que es el
que está colocado para obtener ese puesto de segundo operador
de telefonía móvil.
Yo creo que ésta sería una buena oportunidad para que el
Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, que,
al parecer, es quien nos va a responder en esta interpelación,
nos especificara y nos aclarara todo lo relativo a este tema.
Según nuestro criterio, el pliego de condiciones de alguna
manera fomenta esa opacidad. Nosotros consideramos que el
pliego de condiciones es una especie de cajón de sastre con el
cual fácilmente se puede otorgar esta licencia de segundo
operador a quien se considere oportuno. ¿Por qué nos atrevemos
a decir esto? Señoras y señores Diputados, en el pliego de
condiciones se señala que las empresas que pretendan la
adjudicación deben presentar tres sobres. En el primero se
debe contener el aval: 2.000 millones de pesetas; eso no tiene
ni trampa ni cartón. En el segundo se debe contener todo lo
que podría ser el proyecto técnico, pero no se plantean unos
criterios de evaluación de ese proyecto técnico y, a la vez,
se les exige a estas empresas que presenten unos compromisos
según los cuales no transmitan, en sucesivos actos sucesorios
o en un mismo acto sucesorio, las acciones que aportan al
conjunto de empresas que pretenda obtener la concesión. La
exigencia de estos compromisos para nosotros es algo que no
ofrece la menor garantía, después de haber visto lo que ha
pasado con las televisiones privadas, cuando comprobamos que
el 75 por ciento de una televisión privada está en manos de
una determinada empresa y más del 80 por ciento en manos de
otra, y la legislación establecía que no podía haber ninguna
empresa que tuviera más del 25 por ciento. Realmente, a mi
Grupo Parlamentario no le ofrece ninguna garantía de
transparencia este tema de los compromisos ni tampoco el que
no esté claramente determinado cómo se puntúan las
características del proyecto técnico. En el tercer sobre se
debe contener la cantidad que tienen que aportar las empresas,
que tiene que ser, como mínimo, de 50.095 millones de pesetas,
de los cuales 95 millones de pesetas son de gastos y ese por
encima de los 50.000 millones de pesetas se obtiene en función
de una media aritmética, lo que tampoco parece demasiada
garantía; sobre todo cuando no van a ser cinco o seis
operadores, como pensaba en un principio el Ministro, sino que
ya van a ser tres, y muy probablemente hasta sean dos los
operadores que se presenten. Por lo tanto, la transparencia de
este concurso está bastante en entredicho, y no lo decimos de
una manera gratuita. Nosotros creemos que se deben plantear
garantías por parte del Ministro en el Congreso de los
Diputados, y el Gobierno debe tener un compromiso claro ante
el Congreso de los Diputados de dar explicaciones en el mismo
momento en que se otorgue la licencia a este segundo operador
de telefonía móvil. Yo creo que eso es importantísimo. Quiero
manifestar, tanto al señor Ministro como al conjunto de
SS.SS., que no es un exceso de celo por parte de mi Grupo
parlamentario, porque cuando se planteó por parte de algún
otro Grupo parlamentario que, de alguna manera, el Congreso, a
través de una Comisión, fuera el que dictaminara cómo se
otorgaba el concurso, mi Grupo parlamentario se opuso a ello,
porue no creíamos que era misión de los diferentes grupos
parlamentarios juzgar aquí cómo se resolvía un concurso.
Evidentemente, esto, a nuestro juicio, es misión del
Ejecutivo. Ahora bien, tenemos que decir al Ejecutivo que los
mecanismos que ha planteado no nos parecen suficientemente
garantes de que sea absolutamente limpio cómo se va a resolver
este concurso. También tenemos que decir al Ejecutivo que
vamos a exigir que se dé cuenta en el Congreso de los
Diputados para que se haga con la mayor transparencia la
resolución de este concurso. Todo ello porque pensamos que, en
última instancia, en todo este asunto de la liberalización de
las telecomunicaciones hay bastante hipocresía, y con esto
espero que no se nos considere enemigos acérrimos y tremendos
del mercado, pero lo cierto es que hay bastante hipocresía.
Vemos cómo en Francia, en última instancia, el segundo
operador está muy ligado al primero, al France Telecom; y cómo
ningún país, en el fondo, quiere dejar un elemento tan
estratégico como la red de telecomunicaciones al albur de los
acontecimientos. Hasta tal punto es así --el señor Ministro me
hace gestos de escepticismo-- que en Francia se ha convocado
un concurso para un tercer operador que actúe en la banda de
1.800 megaherzios, que, además, supone una complicación
técnica extraordinaria. Sin embargo todo ello es así porque
difícilmente estos concursos son claros y limpios.
Desgraciadamente, eso es así.
Nosotros, desde luego, hubiéramos apostado en su momento, si
hubiéramos tenido capacidad, porque estos procesos de
liberalización no hubieran sido tan rápidos como están siendo,
sinceramente; la posición de nuestro Grupo hubiera ido en
defensa de los intereses nacionales. Pero, en fin, el marco
político es el que es, las directivas europeas son las que son
y estamos obligados a tener, en el año 1998, liberalizada
incluso la telefonía vocal. En ese marco de actuación,
nosotros, desde luego, apostaríamos, en primer lugar, porque
la Compañía Telefónica Nacional de España fuera lo más potente
posible, evidentemente. Con esto creemos, además, que no
estamos fuera del marco de lo que son las diferentes compañías
de telecomunicación en el mundo, que, aunque el señor Ministro
lo sabrá, para ilustrar a la Cámara, se deberá conocer que, de
las seis principales compañías de telecomunicación que hay en
el mundo, dos de ellas son públicas al cien por cien, otras
dos son, en más de un 60 por ciento, públicas y solamente
otras dos son privadas, una de ellas totalmente privatizada en
los últimos años, la British Telecom.
Por tanto, nosotros hubiéramos apostado por una actuación en
la que se potencie fundamentalmente la Compañía Telefónica
Nacional de España. Con ello no queremos dar carta blanca a la
Compañía Telefónica Nacional de España, de la que pensamos que
tiene también muchísimas áreas de actuación opacas o muy
discutible que se esté realizando conforme a los intereses
nacionales. Vemos cómo muchas empresas que son dependientes de
Telefónica, como Sintel, Alcatel, etcétera, están siendo
prácticamente desmanteladas, son empresas a las que no se les
está prestando la suficiente atención y cómo, de alguna forma,
la Compañía Telefónica tampoco está dando suficiente grado de
transparencia en actuaciones como la que tuvo en Perú, dando
en subasta una cantidad muy superior a las demás empresas
concurrentes, etcétera. No es que nosotros pensemos que la
Compañía Telefónica Nacional de España sea un modelo de
pulcritud, de transparencia y que sea una de las mejores, no,
ni muchísimo menos. Pensamos que hay que mejorar mucho esa
gestión, pero, en cualquier caso, apoyaríamos fundamentalmente
que fuera ésa la empresa de telecomunicaciones española.
Creo que sería también interesante que nos explicara el
Ministro cuáles son los planes que se tienen con respecto a
Retevisión, porque ya le anunciaba que son muchas las
noticias, y concretamente una de El País del 14 de octubre de
1994, en las que se dice cómo Retevisión puede ser la empresa
colocada para ser el segundo operador de telefonía móvil. Y en
el propio diario El País, que por cierto es de Prisa, una de
las empresas, como usted sabe, que de alguna manera actúa cara
a obtener la licencia de segundo operador, se dice que la que
obtenga esa licencia, como le planteaba al principio de mi
intervención, estaría bien colocada para el acceso a segundo
operador de la telefonía móvil en un consorcio con Retevisión.
Creo que sería interesante que nos explicara el señor Ministro
cuáles son los planes que existen con Retevisión y que nos
diera una explicación, no tan sucinta como la que se nos da en
esos papelitos en los que se nos informa del Consejo de
Ministros, sobre cuáles son los planes que tiene con respecto
a la ley del cable y esa nueva ley que también se prevé para
las televisiones municipales, que parece ser que no van a ser
por cable sino por onda. Sería interesante que nos explicara
estos aspectos el Ministro, porque nosotros tenemos algunas
dudas, por ejemplo, sobre la situación de todos estos
operadores que se pueden insertar en la red de cable, como se
anuncia en ese papel en el que se nos informa de los acuerdos
del
Consejo de Ministros. También sería interesante que
nos ilustrara algo más sobre cuáles son los planteamientos que
se van a hacer sobre las televisiones municipales.
Sobre este respecto quisiéramos también conocer si esos
compromisos... El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor
Andreu, vaya terminando.
El señor ANDREU ANDREU: Termino señor Presidente.
Quisiéramos conocer si se van a cumplir los compromisos de
traer a la Cámara los proyectos de ley del cable y de las
televisiones municipales antes de que finalice el año para que
puedan ser debatidos y en su caso aprobados por el conjunto de
los grupos parlamentarios.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Andreu.
En nombre del Gobierno contesta a la presente interpelación el
señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor
Presidente.
Señorías, ciertamente es necesario que se produzca en la
Cámara un debate sobre la política de telecomunicaciones. En
este sentido el Gobierno y el Ministerio responsable de la
política de telecomunicaciones se propone solicitar una
comparecencia ante la correspondiente Comisión, o bien
efectuar una comunicación al Pleno para que éste, en Pleno o
en Comisión, pueda conocer y debatir el contenido del acuerdo
que el Consejo de Ministros ha tomado recientemente para
pilotar el proceso de cambio en un sector tan importante como
éste, desde ahora hasta 1998, fecha en la cual se procederá a
la plena liberalización de los servicios de telefonía vocal,
los únicos que por el momento no lo están todavía. Pero las
telecomunicaciones, señorías, serán uno de los elementos
característicos y determinantes de este fin de siglo por
múltiples razones: tecnológicas, de internacionalización de la
economía, de aparición de nuevos mercados y aplicaciones, en
resumidas cuentas, de un sector estratégico como pocos, donde
vamos a tener que asistir a profundas transformaciones
técnicas y económicas y hacer frente a nuevas oportunidades,
pero también a nuevos riesgos. Por eso se trata de definir un
marco regulador y una política, en el sentido noble de la
palabra, que permita a los distintos operadores, a la sociedad
y a los territorios españoles abordar el proceso de manera que
se maximicen las oportunidades y se minimicen los riesgos.
El Gobierno no cree que este sector pueda dejarse
completamente a las fuerzas del mercado, porque sería siempre
un mercado profundamente imperfecto, muy alejado del óptimo
«adamsmithiano», donde una infinidad de productores se
enfrentan entre sí para conseguir optimizar la producción,
puesto que como mucho habrá dos o tres operadores en servicios
clave porque existen restricciones de tipo tecnológico que
impiden
que éste sea nunca un mercado parecido a los que describen los
manuales de teoría económica. Unos servicios que se han
desarrollado históricamente bajo la forma de un monopolio
estatal, de un servicio público, de un monopolio bien
distinto, por cierto, de los que se describieron en el siglo
XIX, de importadores de tabaco o café, eso sí, explotaban
rentas de situación; un monopolio que tenía su razón de ser en
la racionalidad económica de explotar economías de escala
evidentes y en la voluntad política de que los beneficios del
progreso llegasen a todo el territorio, estableciendo
perecuaciones tarifarias que permitían que los segmentos
«cremosos» del mercado, los segmentos rentables, pudiesen
aplicar sus beneficios a la financiación de los segmentos no
rentables, y, por tanto, se estableciera una solidaridad entre
usuarios que permitiese un desarrollo equilibrado de los
servicios al alcance de todos los españoles, como decía el No-
Do, pero de verdad, una extensión territorial que no dejara
espacios sin cobertura.
Esta es la razón de ser política y económica de unos
monopolios que hoy tienen que ceder el paso a un mercado más
competitivo, porque puede haber más de un operador por razones
de tecnología y de eficiencia económica y, por tanto, podemos
aprovechar las ventajas que da la competencia, pero no
queremos perder la voluntad de un servicio público universal.
Queremos las ventajas de la competencia y queremos la voluntad
política de ofrecer a todo el mundo en todas partes unos
servicios de telecomunicación que permitan que no queden en el
territorio español zonas aisladas del progreso. Eso no lo va a
conseguir el mercado solo. Eso requiere una acción política,
una acción política que establezca un marco regulador
adecuado.
Hasta ahora la cobertura universal, el servicio universal, el
servicio público, que desgraciadamente goza en nuestro país de
poco predicamento, se ha venido financiando a través de estas
subvenciones cruzadas. Estas subvenciones desaparecerán al
abrir a la competencia los mercados. Hay que buscar mecanismos
alternativos de financiación, y por eso cuando el Gobierno
dice que cree posible liberalizar la telefonía vocal básica en
1998, dice también que antes hay que conseguir tres
condiciones previas, porque si no hubiera condiciones previas,
no habría ninguna razón para no liberalizar mañana. ¿Cuáles
son esas condiciones previas? Son tres y las anticipo al
debate que espero se produzca en esta Cámara en un momento
posterior.
La primera, garantizar la cobertura de todo el territorio,
cosa que todavía no hemos conseguido. Cien años después de
haberse inventado el teléfono todavía hay partes del
territorio español y ciudadanos que no tienen acceso a algo
que también forma parte del Estado del bienestar: la
comunicación concebida como un derecho y no como una simple
mercancía. Se puede conseguir antes de 1998, especialmente si
Telefónica concentra sus esfuerzos en su programa de
radiotelefonía rural. No será la competencia, desde luego,
quien cubra las partes del territorio que todavía no están
cubiertas, porque si no lo están es porque no es rentable
cubrirlas, y en un mercado más orientado por la búsqueda de
rentabilidades financieras, estos territorios tienen que ser
cubiertos por una acción política voluntarista y no por la
búsqueda de máximos beneficios. La segunda condición es
ajustar tarifas a costes. No podemos mantener un marco
tarifario que obligaría a Telefónica a subvencionar a sus
competidores internacionales, de manera que el tránsito por la
red urbana, por el bucle de abonados, de las llamadas
vehiculadas en su fase internacional o larga distancia por
otras empresas pagara un precio de paso inferior a su coste,
con lo cual, como le digo, Telefónica estaría subvencionando a
sus competidores, lo cual es realmente imposible y además no
es una buena forma de establecer una competencia leal y
efectiva. También esto puede conseguirse de aquí a 1998, si
conseguimos establecer los correspondientes cambios en la
estructura de tarifas que permitan acercar costes a precios, o
precios a costes, y, por tanto, suprimiendo estas subvenciones
cruzadas entre la ciudad y el campo, entre las llamadas
urbanas y las de media distancia, entre empresas y
particulares, entre lo internacional y lo nacional, que tienen
una razón de ser, pero también introducen elementos de
ineficacia económica que no pueden subsistir en un contexto
liberalizado. La tercera es buscar otra forma de financiar el
servicio universal. Señorías, en 26 provincias españolas el
servicio telefónico básico es estructuralmente deficitario.
Por la forma en la que está distribuida la población en estos
territorios y por la propia configuración física de los
mismos, prestar servicios telefónicos es estructuralmente
deficitario, y desde luego no serán empresas que buscan
maximizar el beneficio derivado de su inversión quienes
suministren estos servicios telefónicos. ¿Cómo se financian
hoy? No sólo con las aportaciones de los usuarios sino con
subvenciones cruzadas, porque la compañía que gestiona el
servicio público, el monopolio --palabra poco atractiva, pero
que tiene detrás de sí un elemento positivo de subvenciones
cruzadas y tarifas perecuacionadas en el conjunto del país--,
aplica a las zonas deficitarias los beneficios que obtiene de
las superavitarias. Como esto no podrá seguir siendo así,
tendremos que buscar un mecanismo alternativo de financiación,
que puede ser o la aportación presupuestaria directa, cosa que
el Gobierno no desea porque sería aumentar el gasto público, o
bien unos mecanismos de tasas de acceso, como existen en
Estados Unidos y como se propone establecer la Unión Europea,
para que todos los operadores en competencia contribuyan a la
financiación del servicio público, pagando un canon por
acceder a la red universal, a través de la cual se podrá
financiar
seguir manteniendo un servicio público que tendrá que ser
gestionando por un operador, que podrá ser Telefónica o
cualquier otro, que se preste a ofrecerlo en las mejores
condiciones.
Estas tres condiciones se pueden cumplir antes de 1998.
Creemos que es bueno conseguir cumplirlas antes de 1998 para
incorporarnos con casi todos los países europeos a un proceso
que puede aportar muchas ventajas si somos capaces de
controlar sus inconvenientes, de salvaguardar lo que tenemos,
que no es poco, nuestros operadores, nuestros mercados. Hay
que abrir nuestros mercados, pero no hay que entregarlos
gratis et amore a fuerzas más poderosas que las nuestras sin
antes habernos puesto en condición de hacerlas frente.
Habremos, pues, liberalizado todos los servicios, digo bien,
los servicios, porque el debate sobre las infraestructuras
continúa en Europa y continúa en España y formará parte de un
programa que todavía no está definido en todos sus términos,
aunque el esquema básico de las leyes de televisión por cable
avanzan ya algunos elementos de lo que sería la introducción
de competencia en red, no en servicios, sino en red soporte o
red portadora en los espacios humanos. Mientras tanto, hemos
avanzado en la liberalización de la telefonía móvil,
introduciendo un segundo operador que pasará ya a operar en
GSM, es decir en la banda de 900 MHz. El primer operador
seguirá siendo Telefónica, que mantendrá su servicio de
telefonía móvil analógico en la banda de 400 o 500 MHz., que
tiene ya casi 400.000 abonados, y una oferta complementaria en
GSM, 900 MHz., junto con un segundo operador que será
seleccionado por concurso. En la medida en que S.S. se ha
referido casi fundamentalmente en su interpelación a las
condiciones del concurso de este segundo operador, voy a
concentrarme en ellas, aunque ya le he anticipado cuáles son
las líneas básicas del proceso de liberalización del único
servicio que todavía no esta por liberalizar, que es la
telefonía vocal básica, y los riesgos y oportunidades a los
que hay que hacer frente de una forma organizada, ordenada y
controlada, de manera que la liberalización no vaya acompañada
de una desregulación, dejando sólo a las fuerzas del mercado
el desarrollo de las telecomunicaciones, porque eso no está en
la concepción que el Gobierno tiene de este sector, ya que
queremos las dos cosas, queremos liberalizar, pero queremos
regular para mantener lo que de positivo tenemos,
queremosabrir nuevas oportunidades y garantizar los servicios
públicos universales, pues el Gobierno entiende que la
comunicación es algo más que una mercancía, es un derecho que
debe ser garantizado a través de la correspondiente acción
política. Pero hemos de aprovechar también las ventajas que
introduce la competencia, porque también es cierto que un
monopolio mal regulado o no suficientemente bien regulado
introduce ineficacias que pueden ser combatidas desde la
presión que un operador ejerce sobre otros a través de una
política comercial más agresiva, un control mejor de sus
costes salariales u operativos o una optimización más
eficiente de sus inversiones.
Esto es lo que hoy permite hacer la tecnología y es lo que nos
proponemos hacer en el campo de la telefonía móvil, a través
de una concesión por concurso de una segunda licencia a otro
operador. No me diga, señoría, que Francia o Alemania son
ejemplos de cómo se conceden con transparencia estas licencias
de segundos operadores, porque debe de saber que la licencia
de segundo operador de telefonía móvil en Francia y en
Alemania ha sido concedida sin concurso, a dedo --como
llamaríamos aquí--, es decir, discrecional y directamente, a
una empresa que tiene solvencia suficiente para hacerlo, pero
sin que medie un proceso público como el que el Gobierno se ha
propuesto hacer.
El Gobierno hubiera podido conceder esta segunda licencia a un
operador público, por ejemplo, a Retevisión. ¿Por qué no?
Retevisión, operador de red, pasa a ser operador de servicios,
y sacar a bolsa las acciones de una entidad que ve enriquecido
su patrimonio con una licencia que le ha sido concedida. No
hubiera habido nada en las normas comunitarias que hubiera
impedido adoptar esta estrategia. ¿Por qué no lo hemos hecho?
Seguramente porque somos conscientes de que eso hubiera
chocado con fuertes críticas y de que una oferta competitiva
al mercado llamando a quienes pueden hacer ofertas que
enriquezcan tecnológicamente, aportando capitales financieros
y know how, era, sin duda alguna, mejor aceptado por la
opinión pública y tenía ventajas que no podían
desaprovecharse.
El concurso se ha convocado, créame señoría, con la máxima
objetividad. Y es un compromiso del Gobierno y en particular
de este Ministro, responsable del mismo, que se desarrolle el
concurso y su fallo con la máxima objetividad y transparencia.
No haga usted caso a quienes digan en los medios de
comunicación que el concurso ya está dado, porque, ¿quién lo
dice, señoría? Algún medio de comunicación especializado en la
crítica permanente y sistemática al Gobierno. No debería a
usted extrañarle que esos medios de comunicación, que todos
los días tienen que buscar alguna forma de combatir la acción
del Gobierno, cuando no la tienen, se la inventen y lancen lo
que puede ser una hipótesis, un temor, un infundio: Está dado,
eso lo van a dar, seguro, a no sé quién. Lo vamos a conceder a
quien mejor oferta haga. Para eso hemos buscado la asesoría de
una gran consultora internacional especializada en estos
temas, a la que vamos a pagarle esos 95 millones de pesetas,
que se suman a los 50.000 de aportación financiera mínima.
Estamos trabajando, con la mayor voluntad de transparencia, en
un concurso que no adolece de ninguno de los defectos que
usted cree vislumbrar en él, donde se pide a los que concursen
que oferten recursos financieros,
incorporación de tecnología, creación de empleo, niveles de
inversión, valor de las tarifas a las que se comprometen a
ofrecer el servicio, cobertura del territorio, en fin, todo lo
que normalmente deberíamos estar en condiciones de obtener de
quien tenga acceso a un mercado y a una actividad susceptible
de aportar rendimientos interesantes al capital invertido.
¿Dice usted que no existen mecánicamente establecidos los
criterios de valoración de las aportaciones tecnológicas que
los concursantes hagan? Eso es imposible de hacer. Eso no se
puede medir como se pueden pesar las arrobas de un peso
determinado de mercancía. Como en cualquier concurso, habrá
que valorar las aportaciones de los concursantes, como se
valoran las soluciones técnicas que en una obra pública...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro, vaya
terminando.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente,
termino.
...como se valoran las características técnicas que en un
concurso para seleccionar el mejor proyecto de túnel o puente
hacen los expertos en el tema, y no se dice tampoco cómo se va
a medir de una manera mecánica, predeterminada, inamovible, en
consideraciones que requieren de una valoración técnica
imposible de obviar. Se puede cuantificar la aportación
económica, porque eso se mide en pesetas. Habrá que medir con
mayor finura las aportaciones tecnológicas. Se puede medir la
creación de empleo, porque se mide en horas-hombre-año, pero
tendremos que pasar por una mesa de contratación donde están
representantes técnicos, jurídicos y administrativos
capacitados para valorar. Es inevitable, eso no se puede
obviar. Usted hace un juicio de intenciones cuando dice que
teme que el Gobierno actúe arbitrariamente asignándolo a sus
amigos. Yo le puedo asegurar a usted que vamos a resolver este
concurso con la mayor transparencia, con la mayor objetividad,
en defensa de los intereses nacionales, en defensa de las
aportaciones económicas, tecnológicas, laborales, financieras
y de servicio que se van a ofrecer a los consumidores. Esta es
la voluntad del Gobierno en el díficil equilibrio que tenemos
que conseguir entre mantener las ventajas de servicios
públicos que queremos que sigan llegando a todos los
ciudadanos e incorporar mayores grados de competencia y
eficacia en nuestro sistema de telecomunicaciones.
Acabo, señor Presidente, reiterando el compromiso del Gobierno
de debatir la política de telecomunicación cuando y donde las
Cámaras crean oportuno, a través de una comparecencia del
Ministro responsable en la correspondiente Comisión, de una
comunicación o por cualquier procedimiento que los grupos
parlamentarios estimen adecuado, porque sin duda estamos ante
un tema de la máxima trascendencia para nuestro futuro
económico y para la vertebración económica y social de España.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor
Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, nosotros no hemos dicho que usted, el
Gobierno, le vayan a dar a sus amigos ningún tipo de concesión
administrativa; no lo hemos planteado en esos términos. De lo
único que hemos hablado es de la existencia de noticias, con
manifestaciones del Ministro Serra, con manifestaciones del
Ministro Eguiagaray, por las cuales se apuesta por una
determinada empresa o grupo de empresas como los candidatos
mejor colocados para obtener el puesto de segundo operador de
telefonía móvil. Usted ha desmentido que vaya a haber
favoritismos; me alegra que lo haya hecho. Nosotros, en su
momento, cuando se otorgue este concurso, vamos a solicitar
que se den las explicaciones necesarias ante el Congreso, para
lo cual usted ha mostrado su disposición, de lo que también me
alegro. En ese momento, cuando se dé esa concesión
administrativa para el segundo operador de telefonía móvil,
plantearemos un debate y veremos la transparencia con que se
ha celebrado el concurso. Pero no hemos dicho que sea un tema
de amigos. Evidentemente, sabemos la lucha entre los medios de
comunicación y entre los diferentes medios financieros que
esto supone; no se nos oculta que detrás de las empresas hay
fundamentalmente medios de comunicación, bancos asociados con
empresas de telecomunicación extranjeras. Eso no se nos
oculta. Lamentamos que no haya estado presente Retevisión, que
para nosotros no hubiera sido un elemento distorsionador o
negativo ni mucho menos. Nosotros no hemos criticado lo que ha
pasado en Francia ni hemos dicho que fuera un ejemplo positivo
o negativo, sino que hemos intentado ilustrarle sobre hasta
qué punto los países, y Francia concretamente, con un Gobierno
de centro-derecha, han pretendido que sus redes de
comunicación no queden fuera de manos públicas; es decir,
hasta qué punto tienen valor estratégico estas redes de
comunicación. Sin embargo, en España, por criterios que
ustedes sabrán, se ha abandonado de alguna manera la
posibilidad de ese control por parte de empresas públicas y se
saca un concurso al que solamente han concursado empresas
privadas. Por tanto, no piense que nosotros hemos planteado el
ejemplo francés como algo negativo, ni muchísimo menos; más
bien al contrario, y la predicción que yo me permito
vaticinarle a usted y a esta Cámara, haciendo
constar a la Cámara que aunque pueda parecer un tema técnico y
aburrido, estamos hablando nada más y nada menos que del 8 por
ciento del producto interior bruto del año 2000, que
actualmente es el 4 por ciento, o sea, que no estamos hablando
de ninguna tontería, y en lo que se están moviendo todos los
medios financieros y de comunicación de una forma
importantísima, la predicción, repito, que tengo la osadía de
vaticinarle, señor Ministro, es que, al final, en la telefonía
vocal, el operador que consiga el concurso va a ser un
convidado de una especie de duopolio público en el cual él
obtenga una parte de la tarta. Ese es mi vaticinio y por eso
le he solicitado en la interpelación --usted no lo ha
respondido y confío en que responda ahora-- que me informe de
cuáles son los planes que el Gobierno tiene con Retevisión, si
es cierto o no ese pronóstico que se hace de que Retevisión
puede ser quien opte como segundo operador de telefonía móvil,
porque es un elemento absolutamente importante según nuestro
criterio y según nuestro entender.
También le reitero que nos explique, de una forma más
pormenorizada, aunque quizá hubiera sido lo propio hacerlo en
el primer turno y no en el segundo, cuáles van a ser los
contenidos más importantes que va a tener esa ley de
televisión por cable, que no ley del cable, como usted en
algún momento ha puntualizado al decir que solamente se
intenta que sea el cable para la televisión y no proyectos
megalómanos del cable, sobre el que también, poniendo el
ejemplo francés, hemos comprobado que, al final, no ha tenido
el consumo que previsiblemente iba a tener. También le
solicito que aluda a este tema porque creo que es importante
que, ante la Cámara, se vayan determinando ya cuáles van a ser
esos contenidos y si realmente se va a cumplir el compromiso
de que iba a estar antes de final de año. Sería interesante
conocerlo. En cualquier caso, tomamos nota, de forma clara y
rotunda, de que van a dar ustedes explicaciones sobre cómo se
va a adjudicar este concurso, porque nosotros consideramos que
va a ser un concurso muy decisivo que va a determinar, de
alguna manera, importantísimos conciertos económicos en el
futuro en la política de telecomunicaciones en nuestro país.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Andreu.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.
Señoría, ciertamente, tiene usted razón, no es un tema en
absoluto banal ni aburrido; al contrario, es un tema
apasionante. El desarrollo de las telecomunicaciones es, sin
duda alguna, un aspecto apasionante de la vida política y
económica, y me siento muy afortunado de que me haya tocado
dirigir el proceso de desarrollo de un sector tecnológicamente
tan rico y tan lleno de futuro como es éste.
Lamento mucho no haber podido contestar a todas las preguntas
que usted me hace, pero le aseguro que en 10 minutos, incluso
en los 15 que la benevolencia del Presidente me ha concedido,
es absolutamente imposible explicar una política de
telecomunicaciones. Quizás el Parlamento español debería
cambiar o buscar métodos de trabajo más adecuados a la
complejidad de los problemas que se plantean, porque le
aseguro que me siento incapaz de, en 10, 15, ni siquiera en 20
minutos, explicar a la Cámara el porqué y el cómo de las
opciones que han sido debatidas y decididas sobre toda la
retahíla de temas que usted me ha planteado. Y ya empieza a
ser un poco frustrante encontrarse con que a uno le preguntan,
no tiene tiempo de contestar, y después se le reprocha que no
haya contestado. Yo no le puedo explicar cómo es una ley de
infraestructuras urbanas de telecomunicación, cuál es el
futuro de Retevisión, qué va a pasar con la telefonía básica y
cuál es el desarrollo de la banda ancha en el tiempo de que
dispongo para contestar, por mucho que, insisto, haya abusado
de la benevolencia del Presidente.
Sin embargo, yendo un poco a lo concreto, ¿me puede decir
dónde, cuándo y cómo ha tenido usted conocimiento de
declaraciones del Vicepresidente del Gobierno --no del
Ministro porque el señor Serra no es Ministro de este
Gobierno, es Vicepresidente del Gobierno-- o del Ministro de
Industria declarando su preferencia por uno de los
competidores? Ha dicho usted que ha leído, que ha oído que el
señor Serra y el señor Eguiagaray han declarado su preferencia
por uno de los presuntos concursantes; digo presuntos
concursantes porque, de momento, todavía no han concursado.
¿Dónde, señoría? ¿Cuándo? ¿Cuándo ha oído usted a mis
compañeros de gabinete decir que prefieren tal o cual de los
grupos que van a presentarse al concurso? Le agradecería que
subiera a la tribuna otra vez y me lo explicara, porque usted,
como mucho, será capaz de decir que algún medio atribuye a
algún miembro del Gobierno una intención. (El señor Andreu
Andreu muestra una hoja de periódico al señor Ministro.) No,
no, usted no ha dicho que un medio atribuye, usted ha dicho
que el señor Serra y el señor Eguiagaray han declarado su
preferencia por uno de los presuntos concursantes. Tiene usted
que ser lo suficientemente responsable para no acudir a esta
Cámara a decir que un ministro del Gobierno ha declarado
públicamente que prefiere que el concurso se adjudique a uno
de los concursantes, porque esto es muy grave, señoría; esto
es muy grave. (El señor Andreu Andreu vuelve a mostrar una
hoja de periódico al señor Ministro.) No, no me enseñe usted
hojas de periódicos. Usted, cuando sube a la Tribuna, no se
refiere a un medio de comunicación,
manifiesta que le consta que un miembro del Gobierno ha
demostrado su preferencia por un concursante en un concurso
público, por lo que está lanzando una acusación muy grave.
Ya está bien de esta clase de acusaciones, ya está bien. Ya
está bien de que se nos acuse sistemáticamente por lo que
hacemos o por lo que, según usted, tenemos intención de hacer.
Este no es un sitio donde se juntan juicios de valor o
presuntas intenciones. Le digo a usted que el Gobierno ha
convocado un concurso con la voluntad de la máxima
transparencia, debidamente asesorado y tomando todas las
precauciones posibles para que quede palmario frente a la
opinión pública que el concurso lo va a ganar quien mejor
oferta haga, y no ha habido ninguna toma de posición de ningún
miembro del Gobierno a favor ni en contra de nadie. ¿Queda
claro? ¿Lo tiene usted claro, señoría? A partir de ahora,
cuando usted hable sobre este tema, tendrá una excelente
ocasión de rectificar su desafortunada intervención.
En segundo lugar, cuando usted habla de las formas en que se
dan las concesiones en Francia y trata de explicarnos que allí
se ha entregado todo al sector público, también se equivoca,
porque el segundo operador de telefonía móvil no tiene nada de
público. Es un grupo privado cien por cien; la Compañía
General «Des eaux» es un grupo privado, muy potente, tan
potente como otros grupos privados españoles. Y dado a dedo,
¿por qué? Porque le ha parecido bien al Gobierno francés. No
me diga usted desde la tribuna que en Francia las
telecomunicaciones en el proceso de liberalización se siguen
poniendo en manos del sector público, porque no es verdad;
sólo por eso, porque está usted equivocado, señoría, el
segundo operador es un operador privado, y el tercero también.
Y aquí, en España, vamos a mantener un operador con una fuerte
presencia pública, que es Telefónica, y vamos a abrir otro
operador, que no será público, porque no sería lógico que el
sector público compitiera con el sector público. Supongo que a
usted le parecerá lógico que el segundo operador no sea
público siéndolo el primero --mayoritariamente, no, pero
sustantivamente público-- y que Retevisión juegue el papel de
«common carrier», es decir, servicio portador común para quien
quiera utilizar sus infraestructuras en la perspectiva de que
cuando haya un segundo operador, o un tercero, o un cuarto de
telefonía vocal básica, sus infraestructuras puedan servir de
base de desarrollo a estos nuevos operadores.
Confundiendo de nuevo lo que es la perspectiva razonable del
desarrollo del sector, usted ha dicho que teme, o cree, o
supone, o espera, no sé muy bien qué, que el segundo operador
de telefonía vocal básica será el mismo que gane ahora el
concurso de telefonía móvil automática. ¿Qué tiene que ver una
cosa con la otra, señoría? El segundo operador de telefonía
vocal básica (el segundo, o el tercero, o el cuarto, los que
haya, porque allí no hay limitaciones de espectro
radioeléctrico como es en el caso de la telefonía móvil)
tendrá que tener una red capilar que se extienda por las zonas
urbanas, y normalmente lo harán utilizando las
infraestructuras de cable que estará autorizado a transportar
voz a partir de 1998.
Por lo tanto, el operador de telefonía móvil no tiene por qué
ser el operador de telefonía urbana; más bien serán los
operadores de cable, que no tiene por qué ser en todas las
ciudades españolas el mismo que gane el concurso de telefonía
móvil automático.
Creo que ha hecho usted una visión sesgada de cómo el Gobierno
está abordando este complejo problema. Creo que ha intentado
usted plantear el problema en unos términos que el Gobierno no
puede aceptar. Como representante del Gobierno y responsable
de la política de telecomunicaciones, no le puedo aceptar a
usted que venga a la Cámara a plantear una duda sobre la
voluntad de transparencia y de objetividad del Gobierno a la
hora de fallar un concurso público de extraordinaria
importancia. A continuación creo que ha planteado usted las
cosas equivocadamente, en aspectos muy importantes, sobre lo
que es la política de telecomunicaciones, me parece que hace
imprescindible que la Cámara encuentre un lugar, un momento y
un tiempo para debatir este tema con más tranquilidad que
ahora.
(El señor Andreu Andreu pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un minuto, señor
Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: Estoy acostumbrado a esta posición del
señor Borrell de tergiversar las manifestaciones y decir en
boca de otro lo que no se ha dicho. Usted leerá el «Diario de
Sesiones» y verá claramente que le he manifestado que hay
medios de comunicación en los que se asegura que el señor
Serra avala determinados operadores en el concurso. Lo he
dicho así, literalmente: que avala operadores en el concurso.
Usted lo ha desmentido. Me parece muy bien y me he alegrado de
que usted lo haya desmentido. Pero el señor Serra, que tiene
un gran equipo de prensa, que es un Vicepresidente
absolutamente opaco para lo que quiere y muy claro para lo que
no quiere, podría haberlo desmentido claramente, lo podría
haber hecho.
Como usted comprenderá, no se me debe poner virginal porque
plantee aquí cuestiones de control y le exija explicaciones
sobre dudas que están en la opinión pública. ¿O es que usted
cree que aquí viene a que se le aplauda por parte de los
representantes de la Cámara? Aquí viene usted a ser
controlado. Cuando se le plantea un control con corrección y
educación, usted no puede responder creyéndose que es un poco
la reina de
los mares, porque no es así. (Risas.) Usted tiene que
responder como un ministro al que se le hace una pregunta.
Respecto a lo que usted plantea sobre Retevisión, se lo digo
aquí con claridad. Le he dicho incluso dónde viene publicado,
en qué periódico viene publicado y cómo esa opinión viene
avalada no solamente por ese periódico, sino también por el
Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones. Se
vaticina ya que Retevisión va a ser segundo operador en la
telefonía vocal. ¿Que usted me dice que esto no es así? Es su
opinión. No tengo nada contra ella ni tengo nada con que
demostrar lo contrario. Pero usted no puede descalificar, que
es lo que hace, desde una actitud de prepotencia, las
opiniones de la oposición. Usted debería tener mucha más
humildad cuando es objeto de un control, señor Ministro.
(Varios señores diputados: ¡Muy bien!--Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Andreu.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Veo que sus palabras despiertan
un murmullo aprobatorio en la derecha de la Cámara. (Rumores.-
-El señor Fernández-Miranda y Lozana: Su derecha es ahí.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡Silencio, señorías!
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Con su permiso, señor
Presidente, y con su protección. (Risas.) No, señoría, ni
reina de los mares ni nada. Sube a la tribuna y advierte,
según usted, del riesgo de que el Gobierno, por las noticias
que tiene, conceda el concurso de una forma carente de
objetividad y en beneficio de un grupo vinculado al
Vicepresidente del Gobierno.
Yo le he contestado que eso no es así y que el Gobierno no
puede aceptar esta clase de planteamientos porque no se
corresponden con la realidad, carecen de fundamento, no están
demostrados, son pura y simplemente calumniosos. ¿Entiende
usted bien? ¡Calumniosos!
Un gobierno no puede aceptar tranquilamente que se diga que un
concurso de esta trascendencia está dado de antemano, pase lo
que pase, a los amigos del señor Vicepresidente o de cualquier
otro. (El señor Andreu Andreu: Avalado, avalado.) Esto,
señoría, el Gobierno no lo puede aceptar y eso es lo que usted
ha venido a contar aquí. Me remito a la transcripción literal
de sus palabras en el «Diario de Sesiones».
Por encima de las formas que usted haya podido adoptar y la
contundencia de mi respuesta, yo vengo aquí a ser controlado,
sí, claro que sí. Vengo a ser controlado y a contestar a las
observaciones que se hagan en la medida en que éstas carecen
de fundamento. Porque ser controlado no es ser flagelado,
entérese usted. (Risas y rumores.) Aquí no se viene a que le
flagelen a uno, aquí se viene a contestar con argumentos a los
argumentos de quien controla. Y usted, señoría, no ha expuesto
ni un solo argumento. Ha venido con una hojita de periódico,
como lector, a decir: Aquí leo que dicen eso. Yo le he
contestado que eso que usted lee no tiene ningún fundamento.
Es calumnioso y el Gobierno no lo puede aceptar. Ni reina de
los mares ni nada. (Risas.--Aplausos en los bancos del Grupo
Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Grupos Parlamentarios
que deseen fijar su posición en el debate? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Camisón.
El señor CAMISON ASENSIO: Señor Presidente, señorías, voy a
intentar fijar la posición de mi Grupo en esta interpelación
de Izquierda Unida. Quizá no hicieramucha falta porque ya ha
habido bastantes ocasiones en que la hemos expuesto en una
línea de coherencia a lo largo del tiempo. Estamos a favor de
una rápida y ordenada liberalización de las
telecomunicaciones, en beneficio de los intereses nacionales,
frente a una postura del Gobierno que ha ido a saltos bruscos,
pasando de un monopolismo a ultranza.
El primer converso fue el Tribunal de Defensa de la
Competencia, siguió el Ministerio de Hacienda y actualmente
todo el bloque del Gobierno está asentado en un clarísimo
antimonopolio. Ante tanto converso, entiendo que el señor
Ministro de Obras Públicas ha perdido la batalla, y este Grupo
se alegra no porque la haya perdido, sino porque se acerca
mucho a todas las tesis que coherentemente ha venido
manteniendo el Partido Popular. Yo ahora pudiera, si tuviera
tiempo, que no lo tengo, recordar todas estas cuestiones de
incumplimientos del plan de telecomunicaciones, etcétera. Pero
quisiera decir al grupo interpelante que yo no sé si él va o
no a rogar o a pedir a los medios públicos, a los medios de
información que corrijan lo que dicen, este Grupo no va a
pedir que se corrija.
Por ejemplo, el 24 de febrero de este año los medios de
difusión dieron la noticia de que el señor Ministro de Obras
Públicas reacciona y endurece su postura contra la
liberalización de las comunicaciones y contra la telefonía
móvil automática, y plantea limitar las posibilidades del
cable como respuesta a las presiones de la Moncloa y de
Hacienda. Por el estilo, hay varias a lo largo de todo el año.
Citemos, por ejemplo, una del 6 de abril, cuando el Ministro
de Hacienda reconoce que hay discrepancias con el Ministro de
Obras Públicas.
Por nuestra parte ha sido de una gran satisfacción también
comprobar que el reciente informe Bangemann, concuerda
exactamente con la política que nosotros hemos venido
propugnando y nos ha preocupado. Estamos en la fase de
intentar ahuyentar el fantasma de la no liberalización de las
telecomunicaciones en su fase de infraestructura porque fue
para echarse a temblar cuando hace muy poco tiempo en Comisión
el 16 de febrero, el señor Ministro de Obras Públicas dijo que
en materia de infraestructuras... La Comisión después de una
larga discusión, aceptó posponer las decisiones hasta el 1 de
enero de 1995. La postura entonces era que todos los países,
excepto Inglaterra, van a mantener el régimen de operador
único. Afortunadamente, esta postura del Gobierno tan reciente
está ya incluso derrumbándose si analizamos, por ejemplo, la
última comunicación al Consejo y al Parlamento de Europa de la
Directiva 13 de la Comisión sobre competencia.
Respecto al acuerdo reciente del Consejo de Ministros, que
hubiera servido también para cortar mucha tela en su debido
tiempo, quisiera recordar un detalle, y es que se olvida que
el concepto de universalidad afecta no sólo a las
instalaciones y las cabinas, sino a los precios que sean
asequibles, porque nada adelantamos instalando una tarjeta
para modernizar un país telefónicamente y luego ponerle la
tarifa cinco veces superior o más. Esa asequibilidad, que es
fundamental en todo concepto moderno, desgraciadamente está
ausente en el acuerdo del Consejo de Ministros.
Todavía queda pendiente, aunque entendemos que hay que ajustar
las tarifas a los costes, que Telefónica sigue negándose a
desvelar a las Cortes la presentación de los costes reales, lo
cual nos hace pensar que estamos ante unos datos absolutamente
impresentables.
Telefónica sigue inerme en sus grandes asignaturas, que son la
mejora de la gestión y el incremento del tráfico, justamente
en unos momentos en que incluso está amenazada con 600.000
bajas cada año.
Tampoco tenemos tiempo de entrar a fondo en los operadores sin
red, en la televisión local, en la televisión con cable --
tiempo habrá--, pero el acuerdo del Consejo de Ministros ya
habla de actualización del PNT. Estamos siempre actualizando
estudios, haciendo estudios de futuro, se quedan absolutamente
obsoletos en poquísimo tiempo y se reitera este fenómeno. Se
habla en este acuerdo de crear un órgano neutral y nos
encontramos con que ya el acuerdo lo hace depender del propio
Ministerio de Obras Públicas. ¡Es que algo tendrán que decir
otros Ministerios! Por ejemplo, el de Industria acaba de
opinar sobre la calidad de la industria, que debe intervenir
ahora en el proceso del TMA, de acuerdo con el concurso, si
son industrias nuevas para cortar la cinta y celebrar
inauguraciones, o es el esfuerzo de la industria ya
implantada, y el propio Ministro de Industria acaba de
plantear en público su teoría. Algo tendrán que decir
Economía, Trabajo, Asuntos Sociales, Comercio, consumidores,
etcétera.
En cualto al pliego de condiciones --de esto tendremos ocasión
de hablar en profundidad-- sólo voy a tocar algunos aspectos
de forma rápida, porque no puedo hacer otra cosa. El texto
publicado en el proceso de evaluación no explicita los
coeficientes o módulos que aplicará la mesa al valorar la
calidad de las ofertas en los cinco primeros grupos. Sólo lo
hace en el sexto, en la aportación financiera al Tesoro
Público, con lo cual se está transgrediendo el principio de
transparencia y el Gobierno va a trabajar sobre criterios
inciertos y no publicados.
No existe el derecho de recurso y, sobre todo, no existe el
derecho, que nosotros creemos que es fundamental, de que todo
el proceso se pueda auditar con posterioridad por una empresa
independiente.
Señor Presidente, intentaré terminar aprovechando su
benevolencia, con un tema que yo creo...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pero inténtelo con
éxito, señor Camisón.
El señor CAMISON ASENSIO: Un aspecto que demuestra las
contradicciones, incluso en este proceso del concurso, es que
muy recientemente, en este mismo año, el Ministerio reparte su
publicación en enero y cuando se hablaba de los problemas que
podía acarrear el sistema de subasta, vemos que la solución
adoptada es una subasta disfrazada de Concurso público.
Subasta, porque ahí hay esos 50.000 millones más la media
aritmética. Pues ahora que esa subasta ya está aprobada en
este concurso, hay que recordar en esta Cámara que en ese
libro del Ministerio de este mismo año se decía lo siguiente:
El concurso subasta debería implicar el mismo pago al Estado
por parte de Telefónica que el del segundo operador, lo que
podría entrar en conflicto con el actual contrato de concesión
a Telefónica. Evidentemente, el segundo operador se verá
seriamente perjudicado entrando en competencia desleal. Ahora,
en el concurso, esta filosofía se traiciona. En ese libro de
este año del Ministerio se dice lo siguiente:
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Camisón, termine
ya.
El señor CAMISON ASENSIO: Termino.
El concurso-subasta ocasionaría indirectamente un
encarecimiento del servicio, ya que el canon inicial
representa una carga financiera para el operador, que tendrá
que recuperar vía tarifas. Otra vez, en menos de ocho meses,
el Gobierno admite esta filosofía.
Por tanto, sirva esto como unas ligeras pinceladas y ya
en Comisión estudiaremos a fondo todos los aspectos
de este concurso. Sobre todo vamos a exigir que sea auditado y
conocido en todos los detalles y en toda profundidad.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Camisón.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE LA POLITICA DEL GOBIERNO EN
RELACION CON EL PROCESO DE ELABORACION DE LA ESTRATEGIA
ESPAÑOLA PARA LA CONSERVACION Y USO DISPONIBLE DE LA
DIVERSIDAD BIOLOGICA, DE MANERA QUE SE CUMPLAN LOS COMPROMISOS
ADQUIRIDOS CON LA FIRMA Y RATIFICACION DEL CONVENIO DE RIO DE
JANEIRO, DE 5 DE JUNIO DE 1992 (Número de expediente
173/000053)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Punto IV del orden del
día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Moción
del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre
la política del Gobierno en relación con el proceso de
elaboración de la estrategia española para la conservación y
uso disponible de la diversidad biológica, de manera que se
cumplan los compromisos adquiridos con la firma y ratificación
del convenio de Río de Janeiro, de 5 de junio de 1992.
Para la exposición del contenido de esta moción, tiene la
palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señor Presidente.
Voy a defender con brevedad la moción que, como consecuencia
de la interpelación acerca del plan de biodiversidad, tuvimos
ocasión de debatir largamente en esta Cámara, fundamentalmente
con el Ministro señor Borrell.
Partíamos de la base de que no se había empezado a elaborar
esta estrategia a tiempo y que, por lo tanto, no se iba a
terminar de cara a la primera reunión de las partes, que se va
a celebrar a finales del mes de noviembre en las Bahamas. Yo
creo que esta apreciación nuestra era cierta y viene
confirmada en algunas de las enmiendas que presenta el Grupo
Parlamentario Socialista. En segundo lugar, nosotros pedimos
que ese proceso de elaboración se realice de una forma
abierta, contando con dos vertientes fundamentales a la hora
de llegar a conclusiones válidas. De una parte, el concurso de
las comunidades autónomas y, de otra, el concurso de
representantes de organizaciones ecologistas y no
gubernamentales afectadas por las conclusiones de la Cumbre de
Río de Janeiro, que exigen la elaboración de este plan de
biodiversidad a nivel general y también imbricándolo en los
sectores económico y productivo. Y, en tercer lugar, en
función de los compromisos del Gobierno, rotos sin ningún tipo
de justificación, con respecto a la ubicación de la sede
mundial de la biodiversidad, pedimos que, junto a Madrid,
aparezca de nuevo la posibilidad de Sevilla para ubicar allí
esta sede. Y no es porque defendamos en plan localista una
sede --la defendemos también, eso sí, porque en este caso está
hablando un diputado por la circunscripción de Sevilla--, sino
fundamentalmente porque la carta, el escrito oficial que salió
del Ministerio de Asunto Exteriores solicitaba la sede para la
ciudad de Sevilla, como ya demostramos en su momento. Nos
parece que ayudaría a consolidar la sede en España si se
mantuviera la postura oficial que desde el principio tuvo el
Gobierno de la Nación y que después no mantuvo, rompió de
manera injustificada, a través de una decisión improvisada de
la señora Narbona, Secretaria de Estado para Medio Ambiente y
Vivienda.
Creemos que la moción va bien encaminada y hasta cierto punto
coincide de manera notable con muchas de las apreciaciones,
algunas de ellas aportadas a la baja por parte del Grupo
Socialista en las enmiendas que plantea a esta moción, lo que
quiere decir que nuestras argumentaciones eran adecuadas,
estaban bien orientadas y, como consecuencia, si nos acercamos
en algunos de los puntos en que estamos distantes en este
momento --espero la intervención del señor portavoz del Grupo
socialista-- podría aprobarse la elaboración de la estrategia
en tiempo adecuado, la incorporación de Sevilla a la propuesta
oficial del Gobierno para sede de la biodiversidad y la
colaboración abierta, con el concurso de las comunidades
autónomas y de organizaciones ecologistas, de cara a la
elaboración definitiva del plan de biodiversidad.
Esperemos que el acercamiento se produzca y la aprobación se
realice para un tema de esta enorme importancia.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Alcaraz. A esta moción se han presentado dos enmiendas, una
por el Grupo Popular y otra por el Grupo Socialista.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular para defender
su enmienda. (Pausa.)
Queda decaída la enmienda.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista, tiene la
palabra el señor Dávila.
El señor DAVILA SANCHEZ: Señor Presidente, señorías, no sólo,
como Grupo Socialista, hemos presentado
unas enmiendas a la moción defendida por el Grupo
parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, como ha dicho su portavoz, en un intento dialéctico
de funcionar a la baja, antes al contrario, señorías. Si
intervengo en este momento es porque desde la perspectiva de
nuestro Grupo, la moción presentada por el Grupo proponente la
estimamos de gran importancia y oportunidad. Tenemos muy claro
--y no sabemos hasta qué punto lo es para todo el mundo-- que
el tema de la diversidad biológica no es secundario,
accesorio, que viene llevado por la inercia de las actividades
diplomáticas internacionales, sino que es una cuestión de base
donde nos estamos jugando el futuro. No utilizaré los
argumentos habituales de índole humanística, la solidaridad
con la naturaleza, la solidaridad intergeneracional, etcétera,
ni ninguno de los discursos académicos sobre cuántas especies
biológicas están destruyéndose simplemente durante el tiempo
que estamos haciendo este debate. Expreso la intención y el
interés de mi Grupo por el tema en unas aproximaciones, que
son habituales --lo eran al menos--, de muchos de los que
componemos el Grupo Socialista.
Es evidente para todos que estamos en un momento de transición
profunda de las estructuras socieconómicas; eso está claro. Lo
que ya no está tan claro es la apelación permanente que se
hace al desarrollo sostenible. Señorías, el santo grial del
siglo XXI va a ser el desarrollo sostenible, y los que tienen
algún recuerdo del ciclo artúrico saben que la pregunta que
los Caballeros de la Tabla Redonda nunca sabían contestar es a
quién sirve el grial. La pregunta que no contesta ningún
responsable político en estos momentos, no sólo en nuestro
país, sino en el mundo es, ¿qué es el desarrollo sostenible?
Sabemos cuáles son sus límites y sus condicionamientos, pero
no cómo ha de ser. Mientras ellos discuten, los responsables
de decisiones, y nosotros de su control, tenemos muy claras
dos cosas. Una, no habrá modelo de desarrollo que no esté
sustentado en unas estructuras socioeconómicas y éstas tendrán
como espina dorsal un sistema productivo. Ese sistema
productivo, el que fuere, en proporción mayor o menor tendrá
una componente de sector primario; ese sector primario,
señorías, explotador de los recursos biológicos, viene
condicionado por completo por el potencial, por el caudal de
diversidad biológica, de información genética de que se
disponga en este momento. Por lo tanto, señores, contra lo que
nominalmente parecería la más progresista de las opciones,
mantener abiertas lo más posible las opciones de futuro, es el
esfuerzo en conservar la diversidad biológica. Nosotros
aplaudimos la iniciativa del Grupo proponente y la queremos
apoyar con el realismo de que algunas de sus expresiones, en
su redacción, provocaban, por parte del Gobierno, ciertas
lamentaciones de que realidades que no se mencionaban
consideraban que debían hacerse. Cuando se pedía el rápido
cumplimiento del artículo 6.º del Convenio, el Gobierno nos
decía --y nosotros somos tan sensibles a ello como lo somos a
la necesidad de conseguir esa aprobación--: que se explicite
que se está haciendo un esfuerzo desde hace un año por
conseguirlo. No sólo somos sensibles cuando se nos habla de la
participación, de la colaboración no sólo de las comunidades
autónomas sino de todos los agentes sociales y económicos y
organizaciones no gubernamentales en esa definición de
estrategia de desarrollo sostenible, sino también al
requerimiento del Gobierno de que no sólo no pasa nada sino
que es extremadamente justo y coveniente que se explicite que
ya hay cauces institucionales, conferencias sectoriales,
comisión de conservación de la naturaleza, consejo asesor del
medio ambiente y, por tanto, deben ser mencionados.
Su señoría ha señalado el esfuerzo por designar a la ciudad de
Sevilla como sede del posible Secretariado permanente del
Convenio de diversidad biológica y que ésta sea apoyada.
Señoría, es conocida la sintonía, la sensibilidad de mi grupo,
y a veces incluso se ha hablado de nuestra parcialidad, que
debe ser entendida como cariño por la ciudad de Sevilla, por
tanto, no estamos en contra de ello. Pero también comprendemos
el interés del Gobierno de que la oferta al Convenio se abra
de manera que no por defender sólo la candidatura de la ciudad
de Sevilla perdamos burro y costales al no conseguir traer a
España el Secretariado permanente de este Convenio de
biodiversidad, que es lo que se pretende. En consecuencia,
señorías --y termino con ello--, el interés de este Grupo
Parlamentario para demostrar incluso su atención y
preocupación en esa visión de futuro de lo que es cualquier
esfuerzo razonable y real de conservación y de utilización
racional de la diversidad biológica, en apoyo de eso, es por
lo que hemos elaborado una serie de enmiendas de adición a los
textos de la moción inicial, y, sería para mí una
satisfacción, señor Alcaraz, que su grupo estuviera en
condiciones de aceptarlas, porque ello permitiría que el Grupo
Parlamentario Socialista, el grupo mayoritario de la Cámara,
pudiese apoyar con sus votos la iniciativa que su grupo ha
tenido y que hemos aplaudido desde su inicio.
Gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Dávila.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición en este
debate? (Pausa.)
El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: Señor Presidente, pido la
palabra.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Gortazar, al no
haber defendido la enmienda, la Presidencia
la da por decaída, porque considera que se entiende como
retirada, y únicamente así tendría ocasión de poder intervenir
en el turno de fijación de posiciones. La Presidencia ha
entendido que S.S. había pedido la palabra, señor Gortazar.
¿En base a qué o con qué fin?
El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: A los efectos de fijar la
posición de mi grupo en torno a esta moción.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Lo que ocurre es que
S.S. conoce el Reglamento y sabe que solamente pueden fijar
posición aquellos grupos que no han presentado enmiendas o
que, habiéndolas presentado, las hubieran retirado. Por eso,
la Presidencia ha indicado que entiende que al no haber estado
presente, su grupo la daba por retirada, y en ese momento
tiene oportunidad de intervenir en el turno de fijación de
posiciones.
El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: Sí, efectivamente, señor
Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Gortazar. Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i
Unió, tiene la palabra el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo para fijar brevemente nuestra posición acerca de la
moción planteada por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. Referiéndome en concreto a los
tres puntos que se desarrollan en esta moción, quiero decir
que globalmente la moción nos parece acertada en cuanto a los
objetivos que persigue, pero quisiera hacer unas precisiones
al respecto. En primer lugar, refiriéndome al primer punto de
la moción, para nosotros lo fundamental, lo importante, es que
el Estado español esté dando estricto cumplimiento a lo que
dispone el artículo 6 del Convenio sobre la biodiversidad,
aprobado en la cumbre de La Tierra, en Río de Janeiro, del año
1992, y quiero subrayar que lo importante para nosotros es que
se esté produciendo ese desarrollo, como se viene haciendo, y
nos preocupa menos, contrariamente a lo que parece ser el
objetivo concreto de este primer punto de la moción defendida
por el señor Alcaraz, el plazo en que ello se deba hacer. En
segundo lugar, y refiriéndome también al segundo punto de la
moción, entendemos más precisa la redacción de este apartado
tal como viene en la moción alternativa, o enmienda presentada
por el Grupo Socialista, en tanto que no desfigura ni modifica
el sentido original del punto 2.º de la moción de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, pero sí, por ejemplo, hace
referencia a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente que
entendemos nosotros que da perfecto cumplimiento a la voluntad
que manifiesta el Grupo proponente de que haya participación
en la elaboración de la estrategia de biodiversidad de las
distintas comunidades autónomas (las comunidades autónomas,
como es sabido, tienen participación en esta conferencia
sectorial) y, además, nos parece también más precisa la
referencia que se realiza al Consejo Asesor de Medio Ambiente,
ya que, creemos nosotros, da cumplida respuesta a la voluntad
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya cuando manifiesta la necesidad de que participen en
la elaboración de la estrategia de biodiversidad los
representantes de organizaciones ecologistas y no
gubernamentales afectadas. Es sabido que las principales
organizaciones ecologistas de nuestro país tienen cumplida y
perfecta representación en el Consejo Asesor de Medio
Ambiente.
Y en cuanto al último punto de la moción, nuestro Grupo
Parlamentario ha defendido reiteradamente, y lo ha venido
haciendo desde que se formuló, la propuesta de Sevilla como
sede del Convenio de la Biodiversidad, tal como se propuso
inicialmente por parte del Gobierno. Ahora bien, quiero
manifestar que al Grupo Parlamentario Catalán de Convergència
i Unió le merece suficiente confianza la trayectoria seguida
por la señora Cristina Narbona al frente de la Secretaría de
Estado de Medio Ambiente y Vivienda, una trayectoria que nos
parece sumamente rigurosa y caracterizada por el buen hacer, y
por ello estamos convencidos de que cuando se plantean
posibles alternativas, o se transforma la propuesta inicial
española para Sevilla en una propuesta más amplia, es porque
la Secretaría de Estado debe de tener fundados motivos para
pensar que ello facilitará la ubicación de la sede en el
Estado español que, al fin y al cabo, es lo que en principio
debe defender la Secretaría de Estado, evidentemente sin
renunciar a que dicha sede vaya a parar a Sevilla, como,
repito, se planteó inicialmente y como nuestro Grupo
Parlamentario ha defendido desde el primer momento.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Recoder. Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor
Gortazar.
El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: Señor Presidente, señorías,
confirmo lo dicho de que la enmienda que había presentado
nuestro Grupo ha sido retirada. Por tanto, subo a la tribuna
exclusivamente para fijar posición en relación a la próxima
votación en torno a esta moción que presenta el Grupo de
Izquierda Unida. La importancia del debate que señalaba el
Grupo Socialista se debe, más que al contenido de la moción y
de la interpelación en su día, al hecho de que discutamos
aquí temas medioambientales tan pocas veces traídos a esta
Cámara, porque realmente el objeto de la interpelación y de la
moción subsiguiente es extremadamente inconsistente, si me
permiten SS.SS. decirlo. En el fondo, se cuestiona la
capacidad del Ministerio de Obras Públicas para elaborar un
documento a finales del mes de noviembre y, en segundo lugar,
se solicita la ubicación de la sede del Convenio de
biodiversidad en la ciudad de Sevilla. En torno a estos dos
temas tuvimos aquí, hace dos semanas, un debate
extraordinariamente prolongado que realmente no tenía
enjundia; al final, podríamos decir: ¿Qué estamos debatiendo
si en el fondo todos estamos de acuerdo? De manera, señorías,
que estamos en un debate de difícil explicación en cuanto a
los contenidos.
El Grupo Popular estableció --lo hice yo en su nombre-- que
con toda seguridad el Grupo Socialista sería capaz de
presentar un documento a final del mes de noviembre y que no
había ninguna duda de que lo hiciera adecuadamente, ya fuera
un empleado a tiempo parcial, ya fuera una comisión, mientras
que el Grupo de Izquierda Unida señalaba, con toda clase de
detalles, las vicisitudes que había tenido la comisión
encargada de elaborar ese documento. Estábamos ante la
pataleta de ciertas personas que habían sido apartadas de esa
elaboración y que habían facilitado ciertas confidencias sobre
el procedimiento de elaboración de ese documento. De alguna
manera, una vez más, estamos en esta Cámara ante la situación
de debatir quién defiende mejor unas posiciones u otras,
trayendo a esta Cámara, digamos, peleas que se producen fuera
de ella en relación a la representación de grupos de
significación ecologista, verde, etcétera. El segundo elemento
de debate era que fuera Sevilla la ciudad de la ubicación.
Nuestro Grupo no tiene ninguna objeción de fondo y únicamente
se planteó la conveniencia, por razones de eficacia, de que
fuera Madrid y eventualmente Sevilla. Realmente el celo de
Izquierda Unida en relación a la ubicación de organismos
burocráticos en nuestro país responde muy bien a una filosofía
muy concreta. Por supuesto que es positivo que haya aquí
organismos, cuantos más, mejor. Pero a mí me gustaría que se
extendiera ese celo a la hora de ubicar economía productiva,
con toda clase de facilidades a las compañías nacionales y
transnacionales a los efectos de generar puestos de trabajo,
porque la imagen de nuestro país como un elemento de atracción
de organismos burocráticos puede ser un poco parecido a lo que
en la época de los siglos XVII y XVIII era el traspase de
cantidades enormes de dinero, pero sin producción alguna, lo
que trajo consigo la decadencia de la monarquía española.
Estamos, señorías, ante un debate con una escasa sustancia en
el fondo, realmente no es trascendente, y la posición del
Grupo Popular es que, en la medida en que se llegue a una
situación de consenso, nos parece adecuada la enmienda que ha
hecho el Grupo Socialista y, en ese supuesto, votaremos
afirmativamente la solución de que se elabore el documento y
que la sede del Convenio de biodiversidad en España se ubique
donde sea posible, sea en Madrid o sea en Sevilla.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Gortazar. Señor Alcaraz, tiene la palabra para indicar si
acepta o no la enmienda del Grupo Socialista, dado que la
enmienda del Grupo Popular ha sido retirada.
El señor ALCARAZ MASATS: En primer lugar, quiero celebrar el
esfuerzo que ha hecho el portavoz del Grupo Socialista en la
defensa de la enmienda, y también lo que significa el texto
mismo de la enmienda. Creo que hay un acercamiento a algo que
yo entiendo que la derecha no comprenda bien, porque no hay
ninguna tradición ecológica en la derecha española...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Alcaraz, no es
momento de ningún debate. Solamente de que exprese si acepta o
no la enmienda.
El señor ALCARAZ MASATS: Es que había hecho un paréntesis,
señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Sin paréntesis, señor
Alcaraz. (Risas.)
El señor ALCARAZ MASATS: Bien, cierro el paréntesis.
Desde ese punto de vista --puesto que cambia algún aspecto
importante y lo matiza--, aceptando esa matización en el punto
segundo, aceptaríamos la enmienda del Grupo Socialista. El
punto tercero, donde se reincorpora por justicia la ciudad de
Sevilla, que era la que figuraba en primer y único lugar,
también lo aceptaríamos. Con respecto al punto primero,
marcaríamos si no ya el plazo de tres meses, por lo menos el
plazo de siete meses para elaboración de la estrategia de
biodiversidad, que yo pienso que teníamos que haber presentado
a finales de noviembre en la reunión de Las Bahamas.
Por tanto, donde figura tres meses, para llegar a un acuerdo y
que esta moción fuese aprobada, propondríamos esta ampliación
de cuatro y, en consecuencia, figurarían en lugar de tres,
siete meses.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Alcaraz, la
Presidencia entiende que, con relación al punto primero de su
moción, S.S. plantea el mantenimiento de la redacción del
mismo, con la modificación de siete meses en lugar de tres.
Con respecto a los puntos dos y tres, entiende la Presidencia
que acepta las enmiendas del Grupo Socialista.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor Presidente, nos daría igual
incluso el texto de la enmieda de sustitución del Grupo
Socialista en el punto primero, pero sustituyendo, en este
caso, el «pronto cumplimiento» por «el cumplimiento en el
plazo de siete meses», con el texto de la propia enmienda del
Grupo Socialista, para evitar mayores obstáculos.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Y los apartados dos y
tres, ¿los aceptaría tal como están en la enmienda socialista?
El señor ALCARAZ MASATS: Efectivamente, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Dávila tiene
la palabra.
El señor DAVILA SANCHEZ: Señor Presidente, coherente con el
espíritu que he expresado anteriormente, aceptamos esa
precisión temporal de siete meses en sustitución de la más
genérica que habíamos introducido en nuestro texto.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Dávila. Vamos a someter a votación la moción de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Se somete a votación la moción del Grupo
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en los términos
resultantes de la aceptación de la enmienda del Grupo
Socialista, con la rectificación introducida en el curso del
debate en el punto primero.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado, votos
emitidos, 294; a favor, 294.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
POLITICA INDUSTRIAL Y PRESUPUESTARIA DEL DEPARTAMENTO DE
DEFENSA PARA SUPERAR LA CRISIS DEL SECTOR Y LA CARENCIA DE
MATERIAL EN LAS FUERZAS ARMADAS (Número de expediente
173/000054)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular, consecuencia de
interpelación, sobre política industrial y presupuestaria del
Departamento de Defensa para superar la crisis del sector y la
carencia de material en las Fuerzas Armadas. Tiene la palabra
el señor López Valdivielso.
El señor LOPEZ VALDIVIELSO: Gracias, señor Presidente.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio.
El señor LOPEZ VALDIVIELSO: Cuando debatimos en esta Cámara la
interpelación urgente relativa a la situación de la industria
española de defensa, que dio lugar a esta moción que hoy vamos
a debatir, quedó claro que era imprescindible tomar algunas
medidas que la pudieran sacar de la lamentable situación en la
que se encontraba y que lo que estaba en juego no era ya su
mayor o menor tamaño, su mayor o menor competitividad, su
mayor o menor capacidad de evolución o actualización o su
mayor o menor rentabilidad, sino que lo que estaba en juego
era su propia supervivencia (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor López Valdivielso.
Señorías, ruego guarden silencio. (Pausa.)
Cuando quiera, señor López Valdivielso.
El señor LOPEZ VALDIVIELSO: Es cierto que había discrepancias
en el análisis de las causas por las que unos y otros
pensábamos, y pensamos, que se ha llegado a esta situación.
Pero me atrevo a decir que, incluso, esas discrepancias eran
relativas y admito que las causas no sean al cien por cien las
que yo expuse, ni tampoco las que expuso el señor Ministro, y
que, en definitiva, todo se debe al grado, a la modulación o
al énfasis que se quiera dar a unas y a otras. En lo que no
había en absoluto discrepancias era en que era preciso hacer
un esfuerzo e intentar mejorar la situación de las empresas
españolas del subsector industrial de la Defensa.
El Grupo Parlamentario Popular, convencido no sólo de que es
necesario, sino también de que eso es posible, ha presentado
esta moción con la que pretendemos que se inste al Gobierno,
pues sólo el Gobierno puede y debe hacerlo, a poner en
práctica un conjunto, un plan de medidas que facilite, que
ayude a la recuperación de nuestra industria de defensa. Es
decir, que éste o cualquier plan no será nunca suficiente si
no va a compañado del necesario vigor empresarial, de la
necesaria iniciativa del propio sector. Desde los poderes
públicos, desde el Gobierno, desde el Parlamento se podrá
impulsar, tomar medidas que lo faciliten, pero el protagonismo
último, la acción les corresponde a las propias empresas del
sector, sean éstas públicas o privadas.
¿Qué creemos nosotros que se puede hacer? Lo primero es el
cumplimiento por parte del Gobierno del mandato dado por esta
Cámara el 27 de junio de 1991 en el sentido de que es
necesario llevar nuestro gasto de Defensa al 2 por ciento del
PIB y además, que en la política presupuestaria del
Departamento prime, en el reparto del gasto, el gasto de
inversión. Otro aspecto fundamental, a nuestro juicio, es que,
cuanto antes, se traiga a esta Cámara para su aprobación una
ley de programas para las Fuerzas Armadas, para que, como dice
el texto de la moción, se pueda dar una mayor estabilidad en
la demanda interna y un mejor planeamiento y coordinación
entre el Ministerio de Defensa y el sector. Estos son sin duda
los dos aspectos más importantes que van a condicionar la
recuperación del sector.
Planteamos otra serie de medidas, como son: la máxima
nacionalización de las adquisiciones de defensa y la
aplicación de medidas concretas de apoyo a la exportación.
Ambas dirigidas a aumentar la demanda. Creemos que es
imprescindible una reestructuración del sector y, desde ese
punto de vista, tiene que reordenarse y concentrarse,
diversificar su producción y, en todo lo que se pueda,
reconvertirla hacia la de bienes civiles. Además, en la medida
también en que sea posible y con las cautelas que sean
necesarias, se debe de iniciar un proceso de privatización.
Por todo esto presentamos una serie de medidas, concretadas en
puntos de la moción, dirigidas a estos objetivos. Para ello es
preciso también que en el Gobierno se tomen medidas concretas,
se pongan en práctica, acciones concretas que lo faciliten.
Otro paquete de medidas deberá ir dirigido, por un lado, al
incremento de la cooperación con otras empresas en el
exterior, especialmente entre los países de la Unión Europea
Occidental y de la OTAN, y, por otro, a incrementar los fondos
dedicados a investigación y desarrollo. Por último, porque es
bueno, en todo caso, como dice el texto de la moción en su
punto decimoprimero, nosotros consideramos que es
imprescindible mejorar el sistema de adquisición y
contratación para favorecer la transferencia en las
adquisiciones y la competencia entre las empresas del sector.
Es claro que no estamos inventando nada nuevo. Desde luego no
estamos inventando la pólvora, y nunca mejor dicho, pero éstas
son, a nuestro juicio, un conjunto de medidas que puestas en
práctica todas juntas, con voluntad política y con decisión
pueden ayudar de manera muy importante al objetivo tan
repetido de recuperar nuestra maltrecha industria de defensa.
Consideramos que ni en el fondo de nuestras propuestas, ni en
la forma en cómo se formulan puede haber ningún obstáculo que
impida que cuente con el apoyo del resto de los grupos de esta
Cámara, a los que les pedimos, por ello, que voten a favor de
su aprobación.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Valdivielso.
Se ha presentado a esta moción una enmienda por el Grupo
Socialista. Para su defensa y la fijación de la posición del
Grupo tiene la palabra el señor Marsal.
El señor MARSAL I MUNTALA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar, querría agradecer al señor López
Valdivielso la presentación de esta interpelación y de esta
moción que nos ha permitido el debate sobre un tema de la
trascendencia de éste, por ser un sector crítico de nuestra
industria. También agradecerle el tono de su intervención y el
propio tono de la moción presentada.
De su exposición y de la enmienda que nosotros presentamos
creemos que es importante destacar que existe una amplia
coincidencia en objetivos y estrategias. Pueden existir
diferencias en la valoración de la gestión, pero no existen
diferencias fundamentales en objetivos y estrategias. En este
sentido, ya el Ministerio está yendo por la línea que apunta
la moción y con la enmienda que nosotros presentamos lo que
pretendemos no es dar un enfoque distinto, sino --no me
atrevería a decir mejorar la moción del Grupo Popular--
concretar y profundizar más en las propias líneas que ha
presentado el Grupo Popular. Creemos que no hay soluciones
milagrosas, que el trabajo debe realizarse desde las propias
empresas y desde la ayuda del propio Ministerio de Defensa, y
también del Ministerio de Industria.
¿Cuáles son las líneas de actuación que el Ministerio debe,
puede y está ya realizando? Para nosotros se centran en seis
líneas básicas que rápidamente voy a exponer y que son la
filosofía que hay detrás de la enmienda que hemos presentado.
En primer lugar, un marco presupuestario y económico que tenga
la mayor estabilidad posible. En esta línea van los puntos
primero y segundo de nuestra enmienda, recalcando la
continuidad del acuerdo del Congreso de 27 de junio de 1991 y
también el compromiso de presentación de una ley programa que
sustituya a la Ley de Dotaciones y que permita también, por su
nueva configuración, un mejor control parlamentario.
En segundo lugar, se está contribuyendo a crear un marco de
relaciones fluidas entre el Ministerio y el propio sector, de
forma que permita ayudar a la planificación por parte de las
empresas. En este sentido van los puntos segundo y tercero de
nuestra enmienda que como ejemplos concretos la propia ley
programa que ayudarán la planificación de las empresas, y
después el funcionamiento que ya desde hace meses está en el
seno del Ministerio, de la Comisión Asesora de Armamento y
Material, con presencia del sector.
La tercera línea es el apoyo al I+D, apoyo que en este momento
en los presupuestos de 1994 hay que tener en cuenta que ya es
importante. Un 25 por ciento de lo que los Presupuestos
Generales del Estado de 1994 destinan a I+D, se destina
precisamente a través del Ministerio de Defensa. No hay que
olvidar, sin embargo, en este campo que en el propio sector de
Defensa se usa cada vez más el I+D que proviene del sector
civil y que si hasta los años ochenta la relación en
investigación y desarrollo era más importante y más avanzada
en el sector militar que en el civil, en este momento ya no es
así. En todos los países se está destinando mucho más al
sector civil, porque desde las propias industrias de defensa
resulta más económico y eficaz recurrir a los propios sistemas
de investigación y desarrollo de los sectores civiles. La
cuarta línea sería el apoyo a la producción nacional, apoyo,
en primer lugar, comprando siempre que se pueda en las
empresas españolas, y solamente cuando este producto no exista
dentro del país, como es en determinados sectores de aviones,
misiles y algunos carros de combate, recurriendo a la compra
en el exterior, pero recurriendo también a sistemas que
permitan un retorno de lo que se compra en el exterior, que
haya un retorno hacia nuestra industria de defensa.
En este momento es en el programa de modernización donde se
recurre más al exterior, pero de este programa solamente el 30
por ciento es el que debe adquirirse en el exterior; el 70 por
ciento ya se adquiere en las propias industrias españolas de
defensa. Cuando se recurra al exterior, y este es el camino en
el que hay que seguir profundizando, se recurre a mecanismos
de compensación como pueden ser la cooperación tecnológica, o
la cofabricación. El ejemplo más claro es el Eurofighter
2.000, o bien la negociación de compensaciones, cuyo ejemplo
fue la adquisición de los F-18. Hasta el momento, por el
camino de las compensaciones se han recuperado ya 516.000
millones de pesetas, de los cuales se han beneficiado 542
empresas e instituciones nacionales. Se han acreditado ya
transferencias de tecnología por 61.600 millones de pesetas.
En este momento de cada cien pesetas que se gastan en
adquisición de material, entre 90 y 95 revierten directa o
indirectamente en nuestro país; 70 directamente, y entre 20 y
25 indirectamente a través de estos mecanismos. En este camino
es en el que hay que seguir profundizando. La quinta línea,
una de las más importantes que se puede realizar desde el
Ministerio en estos momentos es el apoyo a la empresas
españolas en la penetración en los mercados internacionales.
Más importante incluso que el apoyo al I+D es el apoyo a la
penetración en los mercados. En este sentido, los puntos
quinto y sexto de nuestra enmienda concretan dos actuaciones:
una que ya se está realizando desde hace un año y otra que se
debe poner en práctica en los próximos meses. La que ya
funciona es la Oficina de apoyo a la exportación y sus
ramificaciones a través de los agregados en las embajadas, que
debe seguirse potenciando. La segunda, es la creación de una
exposición permanente de nuestros productos de defensa, para
lo cual existen ya las consignaciones necesarias. Finalmente,
la sexta línea de actuación debe ser la adecuación del sector.
En este punto son las propias empresas quienes tienen la
responsabilidad principal. Desde el ministerio el impulso es
más complejo, teniendo en cuenta, además, que ya el sector ha
avanzado mucho tanto en el campo de la internacionalización y
especialmente de la europeización como en la reconversión
hacia la producción de bienes civiles. En este momento, por
ejemplo, en el subsector naval el 63 por ciento de la
producción es civil; en el subsector aeroespacial lo es el 58
por ciento; y en el subsector de armamento lo es en un 55 por
ciento. En este camino hay que avanzar. Por tanto, todas
aquellas medidas que ayuden a la reordenación, la
concentración y la privatización, siempre que comporten
innovaciones tecnológicas relevantes o ayuden a su
consolidación en el ámbito internacional, son actuaciones que
desde el Ministerio deben ser y son apoyadas. A esto responden
los puntos séptimo y octavo de nuestra enmienda. Espero que el
Grupo Popular acepte esta enmienda, así como que la inmensa
mayoría de los grupo den su visto bueno, el voto positivo al
resultado de esta moción, con la enmienda que hemos
presentado, porque es importante para el futuro del sector de
la industria de defensa en nuestro país. Muchas gracias, señor
Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Marsal.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Coalición Canaria ha valorado positivamente el fondo y
contenido de esta moción que presenta el Grupo Popular. Lo que
sí creemos es que, a la vista de los planes de inversiones que
han sido planteados por el Ministerio de Defensa y lo que
recoge el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para
el próximo año, igual que el Plan de dotaciones de las Fuerzas
Armadas, es necesaria una coordinación y una armonización en
lo que apruebe esta Cámara con relación a esa política de
inversiones.
Nosotros queremos hacer la doble distinción. En primer lugar,
es necesaria una definición clara de apoyo a la industria de
defensa española. No pueden repetirse casos como el de Santa
Bárbara, como lo ocurrido en el sector de la electrónica
militar y de la defensa. Al mismo tiempo, creemos que las
inversiones deben
tener un proceso de racionalización, para el que nos ha
parecido muy oportuno el planteamiento, inscribiéndose en el
fondo de esta moción, que ha propuesto el Grupo Parlamentario
Socialista en la enmienda que ofrece. Nosotros vamos a apoyar
con nuestro voto la enmienda que ha presentado el portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista --si es aceptada por el Grupo
Parlamentario Popular--, porque entendemos que recoge
fundamentalmente la intención de fondo que está en la moción
del Grupo Popular, y la armoniza con un tema tan complejo y
delicado, y tan de Estado, como es la política de defensa, y
más en el área del sector de la industria militar, tanto en
aspectos tecnológicos como en aspectos laborales. Nos parece
que esta enmienda sabe recoger mejor la forma de armonizarlo
con la actual política presupuestaria. Nada más. Muchas
gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, el debate en la interpelación
presentada por el Grupo Parlamentario Popular estuvo centrado
en que era urgente tomar medidas para la supervivencia del
sector industrial de la defensa, remarcando la aportación
esencial que representa al desarrollo tecnológico e
industrial. Hubo un posicionamiento general de que era un
debate positivo, que la insustria de la defensa está en una
situación delicada y, evidentemente, se estuvo hablando de
política industrial de la defensa, de política presupuestaria
y de carencia de material. Me reafirmo en lo que ya manifesté
en su momento: fue una buena interpelación y de un gran
contenido. Quedó pendiente --quedamos todos a la espera--
conocer el contenido de la moción, moción que ahora debatimos.
Pues bien, señor Presidente, señoras y señores diputados,
estamos de acuerdo con los puntos que contiene dicha moción y,
por tanto, vamos a votar favorablemente a los mismos.
Dije en la interpelación que por la importancia del tema sería
bueno que se presentara un texto que fuera asumible, y a mi
entender esto ha sido así. Durante estos últimos días se han
venido manejando varios documentos que, finalmente, han
permitido la presentación de una enmienda de sustitución o
transaccional que creemos refleja la situación de las
empresas, el objetivo de paliar las dificultades del sector y
la puesta en marcha de una serie de medidas concretas y
eficaces.
Así pues, la posición del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) va a ser favorable a esta transaccional,
por entender --así confiamos-- que va a ser asumida por el
propio Grupo Popular y que no desvirtúa, en absoluto, la
propuesta presentada inicialmente. Vamos a defender muy
someramente el contenido de la transaccional ofrecida y
quedamos a la espera de la aceptación o no por el Grupo
Popular.
Esta transaccional contiene nueve puntos, que voy a intentar
extractar para remarcar sólo la parte que a nuestro entender
define la propia moción y a cuyo contenido, repito, vamos a
dar nuestra conformidad.
En el punto primero propone tres líneas de actuación: avanzar
en el esfuerzo económico en materia de defensa; atención
prioritaria dirigida a los programas de modernización de las
Fuerzas Armadas; y que el crecimiento debe producirse con
caráter sostenido, siempre que sea compatible con la situación
económica general.
En el punto segundo se hace referencia al proyecto de ley-
programa dentro de un marco económico estable y a un más
concreto control parlamentario. En el tercer punto se da
protagonismo a la Comisión Asesora de Armamento y Material --
Cadam--. Luego se entra en tres puntos referentes al ámbito de
las relaciones exteriores, de la exportación, en el sentido de
continuar los procesos que favorezcan la mayor participación
de la industria nacional en el suministro de nuevos medios y
sistemas, priorizar la cooperación tecnológica --la
cofrabicación, se dice-- o la negociación de compensaciones;
intensificar la política de apoyo a la exportación y la
creación de una exposición permanente de productos de defensa
española.
Los puntos siete y ocho están muy directamente relacionados
con las empresas, así como el punto noveno, sobre programas de
investigación y desarrollo. Sin duda, señoras y señores
diputados, todo ello está dentro de una lógica asumible.
También es cierto que no es exactamente el texto final, que
podría haber sido el nuestro, pero, repito, son unos puntos
que están dentro de unas líneas de actuación que concuerdan
con las nuestras.
Como siempre, me queda la duda sobre si las recomendaciones --
yo diría que el texto se queda en recomendaciones-- van a ser
cumplimentadas. También es cierto que, al aprobarse --espero
que sí--, se asumen unas políticas determinadas que obligan al
cumplimiento de las mismas; por tanto, como siempre, estaremos
atentos para hacer el seguimiento que requiere la importancia
de los temas planteados.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores
diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carrera.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, voy a
intentar fijar brevemente la posición del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en la
propuesta de moción que presenta el Grupo Popular y la
enmienda de sustitución que hace
el Grupo Socialista que, al parecer, va a ser aceptada por el
grupo proponente.
Nosotros estamos bastante preocupados por la situación de la
industria de la defensa. Ahora bien, plantear el incremento
paulatino de defensa, o de las partidas presupuestarias en
defensa, no debe ser provocado por una situación de nuestra
industria de defensa, sino que debemos plantearnos qué
Ejército queremos, de qué manera lo dimensionamos y cómo lo
presupuestamos. Nosotros creemos que es más importante un
reajuste interno de lo que aquí producimos que el incremento
del propio presupuesto. No se soluciona con esa medida;
podríamos incrementar la partida de presupuestos y nuestro
Ministerio de Defensa seguir adquiriendo fuera lo que puede
adquirir dentro, manteniendo obsoletas nuestras propias
industrias de Defensa, y teniendo la industria Santa Bárbara
para producir cañones o para producir todo lo que es
complemento de la defensa, adquirirlo fuera. Por tanto, no es
un problema de incremento paulatino de los gastos de defensa;
nosotros no compartimos ese criterio. En Europa no siguen ese
camino los gobiernos de los distintos países occidentales, ni
siquiera Estados Unidos, sino que hay un proceso de reducción
progresiva de los gastos de defensa. Claro que aquí se podía
manifestar que todos van con el paso cambiado, y podíamos
decir aquello de que listo es mi hijo porque es el único que
lleva el paso correctamente; pero, quizá, eso no sea lo más
apropiado para poder aplicarlo hoy.
El segundo criterio es relativo a un punto al que la moción no
hace mención, aunque hay muchos otros a los que después me
referiré en los que sí coincidimos plenamente y que están
incluso mejor expuestos en la moción que en la propuesta de
sustitución que plantea el Grupo Socialista. Es el tema de los
programas Konver. Nosotros compartimos la idea de que uno de
los caminos para la industria de defensa en España es
precisamente acogerse al programa Konver. El programa Konver
dice que podrán optar a una ayuda todas cuantas medidas de
interés económico y regional supongan transformaciones civiles
de actividades de defensa, tales como la producción de bienes
y servicios y la ingeniería avanzada; sin embargo, de ningún
modo se prestarán ayudas a la reestructuración del propio
sector militar. Es decir, podríamos alejarnos de este proceso,
de esos grandes volúmenes que Europa está destinando y que va
a recibir, por ejemplo, Alemania, un país punta dentro de
Europa.
Una vez expuesta la parte que no compartimos de la moción,
paso a decir la parte que sí compartimos. En primer lugar, la
necesidad de elaborar una ley de programas del Ministerio de
Defensa que obligue y oriente la planificación de todas las
industrias de defensa que ahora mismo tenemos en nuestro país.
Creemos que es importante el punto tercero de la moción, una
máxima nacionalización de las adquisiciones; es decir, a igual
calidad, comprar lo de dentro, porque además muchas veces lo
barato sale caro. Aquí tenemos el ejemplo de la munición; hay
enterrada en el mar Mediterráneo infinidad de munición
adquirida en Filipinas y en otros países, pretendidamente más
barata, que al final ha salido cara porque la hemos tenido que
tirar. Por tanto, también hay que mirar que lo que se tiene
hoy puede salir caro a la larga, sobre todo si hay un proceso
de reconversión de los puestos de trabajo, como el que aquí se
da, y se va a producir fuera.
Estamos de acuerdo en el punto cuarto, en cuanto al apoyo de
lo que pudieran ser compensaciones a nuestras empresas; sin
embargo, no estamos de acuerdo con la propuesta que se hace de
concesión de créditos oficiales a terceros países para
adquirir armas; creemos que la ayuda a países terceros debe ir
en desarrollo y no adquirir armas para nuestro país.
No compartimos el punto sexto de su moción. Habla de una
paulatina privatización de aquellas empresas que tengan
viabilidad económica. Si eso se acometiese a corto plazo, las
demás empresas del sector que sean públicas terminarían por
quebrar. No es lógico privatizar lo rentable y quedarnos para
competir con lo que es menos rentable dentro del sector
(después me referiré a los otros dos puntos). Por tanto,
nosotros no estamos de acuerdo con esa paulatina
privatización, ya veríamos cuál es la parte que se podría
privatizar siguiendo el criterio de viabilidad económica.
Podríamos hablar de Bazán, que tiene carga de trabajo sufiente
después de la distribución que hay y no sé cómo quedaría Santa
Bárbara y otras industrias.
Estamos de acuerdo con los puntos séptimo y octavo. El punto
séptimo plantea un plan de diversificación hacia lo que
pudiéramos llamar una situación de sobredimensionamiento de su
propia producción, es decir, la diversificación en productos;
y el punto octavo, la reconversión. Es aquí donde yo creo que
debiéramos hacer un esfuerzo. Hay experiencias en la propia
Santa Bárbara, la fábrica de Toledo, y otras experiencias que
es producir hacia la industria civil en otras vertientes, lo
que puede ser la aeronáutica, lo que puede ser la situación
espacial, lo que puede ser energías alternativas. Podemos
buscar nuevos niveles de producción para recoger la capacidad
de producción que ahora mismo tiene la empresa pública o la
empresa de defensa.
También estamos de acuerdo en el punto noveno. El incremento
de la cooperación de nuestras empresas con otras empresas con
las que podemos cofinanciar o colaborar en la producción de
determinados productos que puede adquirir nuestro propio país
por estar más avanzado. No se trata por tanto de que nuestras
propias empresas vayan a repetir lo que ya existe en
el mercado sino de participar en la colaboración con ellos.
Por tanto, señor Presidente, señorías, nuestra posición
estaría en el sí, pero... No estamos de acuerdo nítidamente
con dos puntos y estamos de acuerdo precisamente con una gran
parte de la propia proposición.
En la propuesta alternativa todavía hay algunos elementos que
se empeoran, aunque es verdad que otros se puedan matizar, más
bien podía ser en lo que ya se está haciendo; pero a nosotros
no nos corresponde medir lo que ya se está haciendo, sino
controlar lo que se está haciendo e impulsar hacia otro lado.
En todo caso, si se aceptara esta enmienda, como se tendría
que votar en su conjunto, nuestro grupo tendría dificultad
para apoyar la propuesta en su conjunto, aunque algunos puntos
sí estaríamos dispuestos a votarlos. Nada más, señor
Presidente; nada más, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Tiene la palabra el señor López Valdivielso, para expresar la
aceptación o rechazo de la enmienda del Grupo Socialista.
El señor LOPEZ VALDIVIELSO: Gracias, señor Presidente.
Tanto cuando se debatió la interpelación como hoy he insistido
reiteradamente en que es necesario tomar medidas que produzcan
una mejoría en la situación de nuestra industria de defensa y
por tanto lo que queremos es instar al Gobierno a que esas
medidas se tomen.
Desde ese punto de vista, aunque nosotros creemos con el
portavoz de Izquierda Unida que nuestra moción era mejor que
la enmienda que presenta el Grupo Socialista, como para que
esto se apruebe habrá que tener en cuenta la enmienda
planteada por dicho Grupo Socialista y porque hay una gran
coincidencia en los puntos, nosotros, señor Presidente estamos
dispuestos a aceptar esa enmienda, que votaremos
favorablemente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Valdivielso.
Vamos a proceder a la votación.
Moción del Grupo Popular que se somete a votación en los
términos resultantes de la aceptación de la enmienda del Grupo
Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 288; a favor, 278; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE LA POLITICA DEL GOBIERNO EN
CUANTO A LA INSERCION DE LA ECONOMIA ESPAÑOLA EN UN CONTEXTO
INTERNACIONAL CRECIENTEMENTE VINCULADO A POLITICAS DE AJUSTE
ESTRUCTURAL, ASI COMO SOBRE SU POSICION RESPECTO DEL FONDO
MONETARIO INTERNACIONAL Y EL BANCO MUNDIAL (Número de
expediente 173/000055)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, subsiguiente a interpelación, sobre
la política del Gobierno en cuanto a la inserción de la
economía española en un contexto internacional crecientemente
vinculado a políticas de ajuste estructural, así como sobre su
posición respectodel Fondo Monetario Internacional y el Banco
Mundial. Tiene la palabra el señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Señoras diputadas, señores diputados,
subo a la tribuna para intervenir y me perdonarán, porque
podría hablar desde el escaño, pero tengo un profundo respeto
a una serie de personas y organizaciones que están batallando,
que han batallado muy duramente por una serie de
reivindicaciones que consideramos desde mi grupo
imprescindibles para solucionar una serie de problemas. (El
señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
Traigo, por tanto, a esta tribuna la voz del Foro Alternativo,
que se reunió al mismo tiempo que la conferencia del Banco
Mundial, y del Fondo Monetario. Traigo la voz del Tribunal
Permanente de los Pueblos, de la Comisión del 0,7 por ciento
del producto interior bruto para los países empobrecidos,
además, naturalmente, de la voz propia de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya. Y venimos, tal como hicimos en la
interpelación, a hablar claro a través de la moción que hemos
presentado.
Que no se preocupe mi portavoz porque estoy hablando
extramuros de la Cámara. (Rumores.) Hablemos claro, por tanto,
y así sabremos todos dónde está cada uno: el Gobierno y sus
socios o aliados, el Partido Popular como oposición al
Gobierno...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor
Frutos, por favor. Señorías, ocupen sus escaños.
Cuando quiera, señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Señor Presidente, ¿me descontará el
tiempo, verdad? (Risas.)
Como decía, el PP como oposición al Gobierno pero con su misma
política, e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Decía el otro día el Ministro señor Atienza, que sustituía,
parece ser, al señor Solbes: ¿Cuáles son las ventajas de este
proceso de apertura que, cuestionando las instituciones de
Bretton Woods, también se cuestiona? Entendiendo que quien
cuestionaba la apertura económica de España era el Diputado
que les está hablando y naturalmente el Grupo al cual
represento. Y continuaba diciendo: Gamas de productos más
amplias y mejores
precios, ampliar mercados y explotar economías de escala,
reforzar la inversión y competir en un mercado liberalizado
cada vez más, financiación más fluida parala economía, que
tenía estrangulamientos, estabilidadpolítica en España,
rebajar el coste de determinadas políticas públicas con
aportaciones de la Comunidad. Además, el señor Ministro, nos
echaba a las tinieblas de la autarquía franquista,
prácticamente, al Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, y tengo que decir que acompañado por el Partido
Popular, obviamente. Ni tan siquiera atendía razonablemente
nuestros argumentos. Y continuaba diciendo el señor Atienza:
Como dijo el Presidente del Gobierno en el discurso inaugural
de la Conferencia del Fondo Monetario, es evidente que más
allá de los aspectos sin duda mejorables y de otros que no han
supuesto un progreso suficiente para la comunidad
internacional la experiencia de funcionamiento del Fondo
Monetario y del Banco Mundial ofrece, en términos generales,
un balance claramente positivo y es posible que si estas
instituciones no existieran en la actualidad deberían crearse
de nuevo. Y terminaba diciendo: No cabe duda de que ello da
muestra evidente de la capacidad y validez de la labor
desarrollada por estas dos instituciones.
No le iba a la zaga el señor Montoro, que decía: Estamos
construyendo unas relaciones más solidarias en este mundo
integrado, en el mundo del Fondo Monetario y del Banco
Mundial. La primera muestra es la disminución de conflictos
bélicos que se está registrando. Cito textualmente, señor
Montoro, del «Diario de Sesiones» del Congreso. Le da la razón
al Ministro en todo lo que representa el Fondo Monetario y el
Banco Mundial. Eso sí, al final, después de decir que la
integración global actual es para superar un retraso secular
de dos siglos en España --un retraso que es el causante
directo del atraso actual--, afirma que el Gobierno debe hacer
el papel de piloto de la nave de la integración económica,
social y política en el mundo. Pero el Gobierno --continúa--
lo está haciendo mal; es torpe. Es decir, acepta el mensaje y
mata al mensajero. Es lo que viene reiterando en esta Cámara,
en el momento en que hay el debate con el partido del
Gobierno. Muy de acuerdo con las votaciones concretas del
Fondo, pero, naturalmente, leña al mono porque ustedes son la
aternancia a este Gobierno. Esta visión triunfalista que al
alimón mantienen el Gobierno y el señor Montoro me causa pavor
por su simplismo, manipulación y olvido.
Yo agradezco al Gobierno su claridad porque así, a lo mejor,
contribuirá a aclarar determinados debates políticos que
seguramente tiene la fuerza que le da apoyo en esta Cámara.
Agradezco también al señor Montoro, no sé si futuro Ministro
de Economía (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.), su
nitidez en la exposición de sus preferencias neoliberales y de
sus amores por el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Primero
tienen que cazar el oso, señores del PP. (Risas.) Les
agradezco que cada uno esté con los suyos: ustedes con los
suyos y nosotros, naturalmente, con los nuestros. Así será más
fácil desmontar sus populismos y progresismos de salón en el
momento de hacer propuestas que luego saben que no van a
cumplir si tuvieran la suerte de gobernar este país.
(Rumores.)
Señores Diputados, señoras Diputadas, se acabó la retórica. En
los últimos 46 años no se habían propuesto ni tomado las
medidas actuales que se están tomando por el Fondo Monetario y
por otros, y también por ustedes. Ni con tanto desparpajo.
Como ahora ya no tienen que competir con el imperio del mal,
no han esperado siquiera a recoger los escombros de la ex URSS
y ya se ciscan en toda la verborrea social y humanista de la
guerra fría. Esto sí, citan ustedes cifras de crecimiento de
los últimos veinte años para demostrar las bondades del Fondo
Monetario y del Banco Mundial, especialmente el señor
Ministro: 3 por ciento de crecimiento de los países
industrializados en los últimos 20 años; un 4,8 por ciento en
los países empobrecidos; un 1 por ciento en los países de la
URSS y aledaños. Se olvidan de un detalle. Nunca explican, tal
como lo hacen los informes del mismo Fondo Monetario
Internacional y del Banco Mundial, cuál es la situación en
este mundo empobrecido que dicen que ha tenido durante veinte
años un crecimiento del 4,8 por ciento. Parece ser que no le
ha servido de mucho. Y no dicen, al mismo tiempo, que el 1 por
ciento de crecimiento de la URSS y países aledaños se ha
convertido en un menos 40 por ciento de la producción
acumulada en los últimos años. (Rumores.), en menos años. Es
decir, ustedes avalan no construir una realidad diferente en
un país, sino destruir algo que había por no construir algo
diferente y mejor de lo que había. (Protestas.) El Fondo
Monetario y el Banco Mundial piden aquí recortes de salarios,
de pensiones, de sanidad, desregulación, etcétera. Es decir,
una verdadera privatización y laminación de conquistas
sociales, de mejoras en las condiciones de vida de la personas
sencillas. Esto es lo que están pidiendo el Fondo Monetario y
el Banco Mundial. Eso sí, los tiburones y terroristas sociales
que estuvieron en Madrid nunca se rebajan sus rentas ni
prebendas, como está bien demostrado en todos los casos. Por
tanto, la coincidencia señoras Diputadas, señores Diputados,
era perfecta en el fondo y en el contenido entre el Gobierno,
que me imagino estaba representado por el señor Atienza,
aunque desautorizado aquellos días por la boca del señor
Griñán, y el señor Montoro en nombre del Partido Popular. No
había diferencias entre un ministro que se reclamó
socialdemócrata y un representante de la derecha, sin
populismos ni progresimos, señores de la derecha. (Rumores.)
Valoraban el papel social y caritativo del Fondo Mundial y del
Banco Mundial exactamente igual unos y otros. Es decir, a mí
me parecía un manual político de justificación
del saqueo y del crimen que han puesto en evidencia todas las
informaciones documentadas, documentadísimas, del Foro
Alternativo, que se ha reunido en Madrid, y, al mismo tiempo,
del Tribunal Permanente de los Pueblos. Esto son realidades
que ustedes tienen que escuchar; realidades que, además,
emanan de los documentos oficiales de las Naciones Unidas, del
Fondo Monetario Internacional y de otros organismos. Yo no me
invento los números, señores Diputados, ni las realidades que
afectan a las personas. Yo no me invento el 50 por ciento de
miseria total de América Latina. Yo no me invento las mafias
del narcotráfico que lavan su dinero en las cloacas de sus
bancos. Yo no invento asesinatos de niños, ni el asesinato
para robar órganos, ni la venta de éstos. Ni la generalización
de la trata de blancas. (Fuertes rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡Silencio Señorías!
El señor FRUTOS GRAS: Ni he contribuido a construir proyectos
mastodónticos, desastrosos para el ambiente e inútiles social
y económicamente, como la presa de Narmada en la India o la
carretera de la Amazonia; es decir, desastres por la
construcción de mastodónticas obras, pero avaladas todas por
el Fondo Monetario y por el Banco Mundial. Yo no he inventado
al resurgir de viejas enfermedades y el desarrollo de otras
nuevas. Yo no inventé el tipo de crecimiento que liquida la
capa de ozono. Yo no desertizo ni desertifico territorios. Yo
no invento las guerras calientes que sustituyen a la guerra
fría como directa responsabilidad de un mundo que no ha
avanzado en la superación de sus problemas, ni en Yugoslavia
ni en Africa ni en Timor Oriental ni en los ex territorios de
la URSS, etcétera. (Un señor Diputado: ¡Eso, vosotros!)
Ustedes vienen a decir aquí que todo va arreglándose, pero, en
definitiva, los datos concretos de la realidad económica,
social y ecológica mundial desmienten las palabras de «tous
ensembles» nuevamente. El encuentro, por tanto, aquí no buscó
soluciones a la crisis. La crisis --y ustedes lo saben mejor
que yo incluso-- es porque hay más capital que posibilidades
de inversión. Saben que hay tres billones de dólares
circulando por el mundo que no encuentran una colocación.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Frutos, vaya
terminando, por favor.
El señor FRUTOS GRAS: Voy terminando, señor Presidente.
Es por ello que quieren ustedes, plantean ustedes una economía
financiera y productiva global a través de un mercado
controlado por las trasnacionales, por el Grupo de los 7 o el
Grupo de los 24, pero al mismo tiempo no aceptan ni defienden,
paralelamente, el desarrollo de un poder político democrático
y controlado democráticamente en la Unión Europea ni en las
Naciones Unidas ni a través de organizaciones de carácter
regional; un poder político que vaya acompañado, naturalmente,
de un poder económico regional que atienda las demandas de
todos y cada uno de los pueblos.
Nuestra moción, por tanto, tiene un sentido claro y está
dividida en cinco apartados. En primer lugar, conocer la
posición de todos los grupos en relación a la política del
Fondo Monetario y del Banco Mundial sobre los recortes. ¿Están
ustedes o no de acuerdo en las propuestas de recortes de todo
tipo planteadas por los señores del Banco Mundial y del Fondo
Monetario? En segundo lugar, democratizar la participación de
España en los órganos de Gobierno del Fondo Monetario y del
Banco Mundial. ¿Están o no están de acuerdo en que haya
debates en estas Cámaras sobre el control de lo que hagan
nuestros representantes en estos organismos? En tercer lugar,
tratar de forma solidaria y eficaz el asunto de la deuda para
España y para los otros. Es decir, la deuda que tienen
contraída países con España y para otros países. En cuarto
lugar, insta a la toma en consideración de las conclusiones
del Foro y del Tribunal. Y en quinto y último lugar, proponer
a la Asamblea General de las Naciones Unidas desde este
Parlamento, desde España, desde el Gobierno español, que
solicite a la Corte Internacional de Justicia que se pronuncie
en el caso de que determinadas leyes internacionales sean
vulneradas por otras decisiones políticas del Fondo Monetario
y del Banco Mundial.
Señoras y señores Diputados esta es la moción muy sencilla que
planteamos. Hay una serie de apartados, dos o tres, que
podrían ustedes votar perfectamente porque son plenamente
democráticos (control por esta Cámara de una serie de cosas.)
Hay otros que a lo mejor no los pueden votar. Y señores del
PP, cuiden un poco sus modales, porque la alternancia en el
país
no quiere estas broncas que ustedes presentan y que les
retrotraen a otras situaciones. (Fuertes rumores.--Aplausos.)
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Frutos.
¡Silencio, señorías!
A esta moción se ha presentado una enmienda por parte del
Grupo Popular. Para su defensa tiene la palabra el señor
Montoro.
El señor MONTORO ROMERO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, convendrán conmigo en que hemos asistido al
nacimento de una nueva figura parlamentaria. Con la
intervención del señor Frutos se ha creado esa
figura que podríamos llamar a partir de ahora la interpelación
a la oposición. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien!--
Aplausos.) Eso demuestra que entre los representantes de la
Cámara existe la confianza, la casi absoluta seguridad de que
pronto el Partido Popular tendrá la responsabilidad del
gobierno de España. (Aplausos.-- El señor Martínez Martínez,
don Miguel Angel: Eso es lo que quieren éstos.-- Señalando al
Grupo de Izquierda Unida.-- Risas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Silencio, señorías.
Continúe, señor Montoro.
El señor MONTORO ROMERO: Lo que únicamente quería advertir es
que la riqueza de la democracia es que hayamos podido escuchar
esta tarde una intervención como la del señor Frutos.
Estamos hablando de un asunto muy importante, señorías,
estamos hablando de un asunto trascendente del que depende la
imagen internacional de España, del que depende nuestro
presente y nuestro futuro. Por eso, cuando Izquierda Unida
presentó esta interpelación, felicitamos a su Grupo
Parlamentario por traer a esta Cámara este debate que
entendíamos que era crucial, un debate clave, un debate que
conviene abordar con la máxima seriedad, con la máxima
ponderación, con la máxima equidad e incluso con la máxima
eficacia de contenido. Ese es el espíritu que ha animado la
redacción de nuestra enmienda que pretende sustituir la
presentada por el Grupo de Izquierda Unida por un texto más
ecuánime --como decía-- y menos perjudicial para la imagen
internacional de España. La enmienda del Grupo Popular tiene
un triple objetivo. En primer lugar, queremos contribuir a
crear una conciencia en la sociedad española sobre la
importancia de la integración de la economía española en la
economía mundial e incluso el hecho de la interdependencia,
cada vez más acentuada, que existe entre todos los países del
mundo en el ámbito económico. En segundo lugar, con nuestra
enmienda de supresión queremos subrayar los beneficios que
puede obtener la sociedad española de esa integración en la
economía mundial. Y en tercer lugar queremos, a través de esta
enmienda, colaborar al cambio de política económica que nos
adecue a las exigencias de esa integración en la economía
mundial.
Respecto a la importancia, en nuestra intervención en relación
con la moción presentada por el Grupo de Izquierda Unida, ya
subrayamos que es máxima, señorías. Estamos hablando, nada
menos, que de la característica que mejor define este final de
siglo. Estamos hablando de la fuente de cambios profundos de
orden social, económico y político que está jalonando este
final de etapa. Todos los pueblos del mundo buscan se
desarrollo a través de la integración de sus economías en el
mapa de la economía mundial y eso significa que el mercado,
como factor de asignación de recursos, está registrando un
triunfo claro, lo que significa que hemos convertido al
comercio mundial en el principal motor, en la principal fuente
de desarrollo económico moderno. Sin duda este proceso tiene
dificultades y complejidades a las que hay que hacer frente.
Estamos ante una nueva división internacional del trabajo,
ante un incremento de la competencia en el ámbito mundial al
que hay que hacer frente, pero ese es un proceso del que
podemos obtener mayores beneficios que costes y, por tanto, es
un proceso que hay que contemplar con ilusión, con esperanza y
nunca con temor. Es un proceso que hay que abordar desde el
convencimiento de que no hay solución alternativa, que la
solución de la autarquía es algo ya superado y no hay otra vía
que no sea la de la integración en esta economía mundial. De
hecho España está viviendo esa integración en Europa, estamos
ayudando a construir la Unión Económica y Monetaria de Europa,
somos parte de esa integración y prácticamente el resto del
mundo está incorporándose de forma decidida a ese proceso que
llamamos proceso sin vuelta atrás, un proceso sin reverso.
Este triunfo de la integración económica ha significado el
fracaso de los sistemas de planificación central, ha
significado el fracaso del socialismo real como modelo de
organización política; ya quedan pocos reductos donde el
socialismo tenga un cuerpo político director de las
sociedades. China, uno de los últimos reductos de esa
organización política, se ha incorporado con firmeza y
decisión a la economía de mercado, entendiendo que de esa
incorporación depende su futuro económico, y desde España
tenemos que celebrar la incorporación de China a esa
integración en la economía mundial.
En definitiva, señorías, de esa integración depende el éxito
futuro de la democracia, depende el asentamiento de las
libertades, depende, por supuesto --como decía en mi anterior
intervención--, obviamente, el triunfo de la democracia
liberal, que es el modelo que postulamos desde el Partido
Popular, sin duda alguna. Además, de esa integración económica
se deriva un concepto de solidaridad espléndido, una
solidaridad más amplia que va bastante más allá de lo que son
ayudas directas proporcionadas entre países, ayudas
importantes que hay que preservar, pero que sólo son una parte
de la solidaridad. La mejor, la solidaridad más eficaz es la
que se consigue a través de las aperturas de la economía. Es
lo que potencia a las economías de los países menos
desarrollados, es lo que favorece los cambios políticos en
esos países menos desarrollados. Por tanto, una sociedad que
se llama solidaria con el resto del mundo tiene que ser
eminentemente abierta. Desde esa solidaridad se constituye la
interdependencia
de las economías mundiales y ese debe se el fenómeno
propiciado por los organismos internacionales y, por supuesto,
el que desde España tenemos que propulsar, acompañar y
favorecer. Los organismos internacionales nos dan sus
recomendaciones, que obviamente no son válidas en toda su
extensión para nuestras circunstancias, las circunstancias
sociales propias, pero eso no quiere decir que haya que
desdeñar, que haya que lanzar con cajas destempladas a los
organismos internacionales de nuestro entorno. Esa es una
actitud suicida que no haría nada más que empequeñecer nuestro
presente económico y ensombrecer el futuro de nuestro país.
Para España, señorías, decía que la integración económica es
un proceso ilusionante, es un proceso de auténtica oportunidad
histórica. Estamos hablando de superar más de dos siglos de
aislamiento, estamos hablando de superar de una vez por todas
las causas de nuestro subdesarrollo secular, y estamos
hablando de eliminar los gérmenes de regímenes políticos
autoritarios tan característicos de nuestra historia. Estamos
hablando, por tanto, señorías, de algo muy importante, de algo
trascendente para nuestro país. Además, la experiencia de la
evolución de nuestra economía nos enseña también una lección
clara, y es que cuando nuestra economía se ha abierto hemos
registrado un crecimiento económico que hoy nos permite estar
donde estamos. Gracias a la apertura que registramos en los
años sesenta, gracias a nuestra integración en la entonces
llamada Comunidad Económica Europea registramos el crecimiento
de los ochenta, y gracias a eso hoy tenemos unos problemas
económicos, pero bien diferentes de los que padecen otras
regiones del mundo que todavía no han abandonado las zonas de
subdesarrollo, las mayores carestías de sus ciudadanos. La
experiencia de nuestra apertura es positiva y nos anima a
seguir en esa experiencia, pero, obviamente, también tenemos
que aprender que algo fundamental ha cambiado en nuestro
comportamiento económico, tenemos que aprender lo que es un
ciclo económico en esa apertura, un ciclo económico diferente
en lo sustancial de lo que ha sido el comportamiento de una
economía más cerrada como la que hemos tenido antaño. Tenemos
desafíos importantes en España, desafíos como es esa legión de
parados sobre nuestras espaldas que significa la frustración
de nuestra sociedad, sobre todo entre nuestros jóvenes y entre
nuestras mujeres, que sufren la marginación mayor del mundo
del trabajo de lo que son sus posibilidades de desarrollo como
individuos. Eso significa mucho para esta Cámara y eso
significa que tenemos que seguir apostando por ese proceso de
integración económica en esa economía mundial como fuente de
crecimiento económico creador de empleo. Si no lo hacemos así,
las repercusiones como la que estamos viviendo ahora serán
frágiles, incluso serán flor de un día, puesto que no habremos
sido coherentes, no cumpliremos los requisitos esenciales de
esa incorporación. Voy terminando, señor Presidente. Nuestra
moción pretende insistir en una idea fundamental a transmitir
a la sociedad española, y es la necesidad de cambiar la
política económica del Gobierno socialista. Cambiar esa
política económica significa instalar en España una política
económica, hacer efectiva en España una política económica
acorde con lo que significan los desafíos de nuestra
integración en la economía mundial, lo que conlleva realizar
ajustes estructurales, cambios, reformas estructurales que no
son otra cosa sino la modernización de nuestro aparato
productivo y la actualización de nuestra conducta como agentes
sociales y como agentes económicos. El Gobierno socialista es
claramente renuente a esos cambios; el Gobierno socialista
está hipotecado en sus contradicciones y eso le lleva a
realizaciones, a aplicaciones de política económica que son
incompletas, parciales, incoherentes, le lleva a ese
comportamiento que debemos calificar de timorato en política
económica. Es el comportamiento, la actitud de alguien que no
entiende el tiempo que le ha tocado vivir. El Gobierno
socialista no está teniendo la grandeza, no está teniendo la
altura que requieren las circunstancias, este especial momento
histórico que estamos viviendo, y eso lo que está provocando
es su propio inmovilismo. Lo peor es que está trasladando ese
inmovilismo a la sociedad española condenándola a un papel de
segundón. Pero España, señorías, no va a conformarse con esa
función, con ese papel de de relegada en lo que debe ser el
concierto de las naciones en este final de siglo.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Montoro. ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición
en este debate? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán de
Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, muy brevemente, voy
a comunicar a la Cámara la posición de nuestro Grupo en esta
moción que ha presentado el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida.
La verdad es que, en su momento, cuando se hicieron aquellas
declaraciones por los representantes del Fondo Monetario
Internacional, ya nuestro Grupo Parlamentario y las
formaciones políticas que lo integran dimos a conocer a la
opinión pública la poca oportunidad de algunas de aquellas
manifestaciones y decíamos que no guardaban proporción con lo
que en estos momentos en España y con la situación económica
española se podía asumir en torno a las revisiones de algunos
de los aspectos que allí se planteaban como propuestas a
considerar para poder avanzar en las
adaptaciones que tiene que tener nuestra economía frente a los
retos que tenemos en el marco internacional. Es verdad que las
motivaciones que impulsaban a algunas de aquellas
observaciones y recomendaciones tenían unas justificaciones
que podíamos compartir. Pero en cuanto a la orientación de las
medidas que se nos planteaban ya expresamos nuestras
discrepancias por razones políticas, por razones de
oportunidad y de poca capacidad para asumir determinados
compromisos, atendida la situación en que es encuentra nuestra
sociedad y nuestra economía. No obstante, señorías, señores
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, la moción que
ustedes han presentado nuestro Grupo no la puede apoyar. Y si
me lo permiten, puesto que lo que ustedes proponen a esta
Cámara es que se pronuncie políticamente, que haga una
declaración política frente a las declaraciones efectuadas por
los representantes de unas instituciones internacionales como
el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, si les
parece, atendida la discrepancia que esta Cámara está
manifestando en estos momentos, y con el ánimo de no hacer el
ridículo internacionalmente, yo les invito a que aparquemos
esta cuestión y que ustedes retiren la moción para no dañar la
imagen española en el marco internacional de las reflexiones
en estas materias económicas. (Rumores.) Nada más, señor
Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo
Socialista tiene la palabra el señor Caballero.
El señor CABALLERO ALVAREZ: Señor Presidente, señorías, no me
extraña que el representante de Izquierda Unida haya dirigido
su moción básicamente al Partido Popular, y no me extraña
porque, después de haber escuchado aquí al Partido Popular, es
obvio que comparte las posiciones más duras de cualquier
organismo internacional de los que en este momento está en el
mundo. (Rumores.) Por tanto, no me extraña en absoluto que se
haya presentado esa moción. (Rumores.) Señorías, en los
últimos años el mundo experimentó cambios muy notables en la
estructura económica; en los últimos cincuenta años las cosas
variaron notablemente, y con el cambio de las cuestiones
económicas los organismos internacionales también
experimentaron cambios. Experimentaron cambios en sus
planteamientos, en sus objetivos, aunque en algunos casos no
los suficientes. Yo quiero hacer una reflexión rápida sobre
qué es lo que permanece vigente, en mi opinión, en el Fondo
Monetario Internacional y en el Banco Mundial, para contestar
después a la moción en lo concreto y qué es lo que en
consecuencia debería cambiar.
Señorías, los objetivos que se recogen en el convenio de
constitución del Fondo Monetario Internacional y del Banco
Mundial permanecen vigentes. Los objetivos de fomentar
crecimiento equilibrado del comercio mundial están ahora más
vigentes que nunca; el de promover estabilidad de tipos de
cambio es ahora un objetivo vigente, y el de tratar de velar
por que no haya restricciones en los tipos de cambio es
también un objetivo vigente. Por tanto, se puede compartir
que, a pesar de que en el año 1971 las condiciones del mundo,
con la ruptura de la convertibilidad del dólar, cambian
notablemente, se puede compartir que esto debe ser mantenido
como un objetivo bueno y conveniente para el conjunto de las
economías. ¿Qué es lo que sucede? Que algunas de las políticas
que para estos objetivos se aplican desde estos organismos
pueden ser compartidas y otras pueden no serlo. Porque no cabe
ninguna duda de que en toda la historia de estos organismos
algunos de sus planteamientos fueron acertados y otros no lo
fueron. Por tanto, no cabe --y de ahí viene nuestra principal
discrepancia con la moción del Grupo de Izquierda Unida-- el
pretender que el Fondo Monetario y el Banco Mundial son los
causantes de todos los males económicos que hay en este mundo.
Pues no es así. Sencillamente, ésta no es la cuestión. Algunos
de sus planteamientos sin duda pueden ser rechazados, otros se
quedaron anticuados, pero me parece excesivo el pretender que
todos los males del mundo en este momento sean aplicables a
estos dos organismos.
Lo que sucede es que al hablar de las mociones, señorías, hay
que dejarse de retóricas y hay que entrar en los contenidos,
porque si se habla del planteamiento desde el Gobierno español
sobre el desempleo y sobre su posición sobre gastos de
desempleo, es suficiente ver los Presupuestos para el año
1995. Esta Cámara no necesita hacer ninguna manifestación,
basta con apoyar los Presupuestos Generales, donde se constata
que los gastos de desempleo crecen el 2,1 por ciento con
respecto al año pasado. Luego no hagamos retórica, vayamos a
los datos y apoyémoslos. Si hablamos de las pensiones, vuelve
a suceder lo mismo. No digamos si se apoya o no lo que dice el
Fondo Monetario y el Banco Mundial, veamos qué es lo que dicen
los Presupuestos Generales y veamos, por tanto, cuál es la
política del Gobierno, y el mantenimiento en los Presupuestos
del poder adquisitivo de las pensiones, es otra realidad, y
son realidades buenas para este país, que ponen de relieve
cuál es la posición del Grupo Socialista en relación con estos
temas.
Yo creo que es bueno que el Gobierno informe con una cierta
frecuencia en esta Cámara de todo lo que tenga que ver con
estas instituciones, con éstas y con otras, con el Fondo
Monetario, con el Banco Mundial, con el GATT, con la evolución
del GATT, con la Ronda Uruguay, y en algunos casos se está
haciendo. En la Comisión de Economía ya tuvimos debate sobre
estas cuestiones; dos semanas hace de esto. Por tanto,
información estamos teniendo y yo creo que es bueno que se
siga teniendo.
Pero también es bueno que nos dejemos de retórica y entremos
en las realidades, y en algo muy importante que aparece en la
moción que plantea Izquierda Unida, que es la renegociación de
la deuda de los países atrasados y vayamos a las realidades,
porque desde el año 1989 se están realizando importantísimos
esfuerzos de renegociación de las deudas de estos países y se
les están haciendo condonaciones de hasta el 50 por ciento de
los vencimientos de las deudas. En este momento España está
impulsando, conjuntamente con otros países, que se cambie ese
procedimiento y se entre en la condonación del conjunto de la
deuda de algunos de estos países. Estas son las realidades en
que nos movemos. Incluso podemos hablar de algo más concreto:
de esfuerzos que se realizaron por España y por otros países
en la renegociación de la deuda de Rusia, de Polonia, de
Egipto, de Perú, de Argelia, de Centroamérica, etcétera. Estas
son las realidades, esto es lo que el Gobierno español está
apoyando y está haciendo. Podría extenderme más en que no es
bueno hacer planteamientos bilaterales, señorías, sobre la
deuda de estos países, porque si un país condona la suya de
forma bilateral, otros países van a exigir que se les pague la
de ellos y, por tanto, habrá resultado una transferencia entre
países desarrollados. Señorías, desde luego, para plantear las
posiciones políticas, yo creo que el Gobierno de España está
atendiendo todas las opiniones que se dan en todos los foros,
pero no se puede pretender que el Gobierno de España
establezca su posición exclusivamente en torno a un foro, que
llegó a algunas conclusiones que nos parecen razonables, pero
que plantea otras que no son ni siquiera considerables en el
terreno de lo que es la realidad económica. Por tanto,
señorías y señorías del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, a nosotros nos gustaría haber tenido delante
una moción que pudiéramos discutir, una moción realista en la
que nosotros pudiéramos plantear esto que yo estoy diciendo
desde aquí, pero reconocerán SS.SS. que --incluso la propia
intervención del portavoz de Izquierda Unida, que primero nos
da un montón de leña y después nos pide el voto-- ése es un
planteamiento que a todas luces parece difícil de aceptar. En
todo caso, nos oponemos, no entusiásticamente, nos oponemos
prudentemente, porque el planteamiento de esta moción,
sencillamente, no es aplicable.
Lo mismo sucede con el otro extremo; lo mismo sucede con lo
que el Grupo Popular plantea. Porque yo creo, señorías, que
aquí también oímos planteamientos retóricos; también oímos un
planteamiento en la lectura de la enmienda del Partido Popular
que, sin ninguna duda, no atiende a lo que está pasando.
Porque se plantean --y leo literalmente--: «Se negocia sin
criterios ni principios claves como el GATT, se suceden
reacciones extemporáneas en contra de aquellas instituciones».
No, no. Se negocia el GATT de acuerdo con los criterios de que
es bueno internacionalizar las economías, y se rechazan
determinadas posiciones que, a título personal, algunas
instituciones hicieron sobre aspectos de política social,
sencillamente, porque nosotros creemos que es bueno mantener
posiciones de Estado de bienestar, y algunas personas de
algunas instituciones no lo creían así y, por tanto, no
solamente no hay contradicción, sino que lo que hay es un
modelo diferente de lo que se plantea desde los bancos de la
derecha a lo que planteamos nosotros desde los bancos del
socialismo. Porque nosotros queremos, señorías, una economía
que crezca, que se reactive, que sea competitiva, que permita
crecer el empleo y que cree bienestar y, sobre todo, que cree
bienestar para los ciudadanos. Y de esta palabra y de estas
opciones de política de bienestar no se oye hablar en absoluto
en esta moción. Además, oímos un canto, en las intervenciones
que aquí se acaban de hacer, sobre el mercado como único
elemento regulador que, sencillamente, no compartimos ni desde
el ángulo teórico ni desde el ángulo político; no lo
compartimos, porque el mercado, señorías, no lo garantiza
todo, desde luego, no garantiza la democracia ni las
posiciones de bienestar.
Por tanto, señorías, y optando por lo que es nuestra posición
de política económica desde el Gobierno de reactivar una
economía que funcione, que compita, que sea capaz de salir de
la crisis como lo está haciendo, operando en el marco del
mercado internacional y ganando la batalla en el marco del
mercado internacional, a partir de ahí y de ese crecimiento,
podamos crear el empleo, podamos tener mayores asignaciones
cada vez por la vía de las condonaciones de deudas y por la de
las aplicaciones de ayudas a los países menos desarrollados,
podamos tener empleo y bienestar, y esto, señorías, es lo que
la política del Gobierno en este momento está realizando.
Por consiguiente, nos oponemos a la moción que nos plantea el
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y la
enmienda que plantea el Grupo Popular. Muchas gracias,
señorías. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Caballero. El señor Frutos tiene la palabra a los efectos de
indicar si acepta o no la enmienda de sustitución presentada
por el Grupo Popular.
El señor FRUTOS GRAS: Sí, señor Presidente, pero me permitirá
decir, en el momento de abordar la aceptación o no aceptación
de la enmienda, que una de las grandezas de la democracia no
es que yo haga el discurso que he hecho aquí, sino que podamos
hacer todos los discursos. Pero, además, mi discurso y la
grandeza de la democracia viene avalada por dos millones
y medio de votos que han dado la confianza a un servidor y al
Grupo que está aquí presente.
En segundo lugar,...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Frutos, por
favor. (Rumores y protestas.)
¡Silencio, señorías!
El señor FRUTOS GRAS: Permítame, señor Presidente. Ha sido una
alusión absolutamente directa e improcedente. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Frutos, el turno
--usted conoce muy bien el Reglamento-- es para indicar si
acepta o no la enmienda, y nada más.
El señor FRUTOS GRAS: Sí, sí, inmediatamente, señor
Presidente. Pero aquí hay una enmienda y hay una propuesta del
Grupo Catalán (Convergència i Unió), que debo contestar.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No, no; no hay más
propuestas...
El señor FRUTOS GRAS: La propuesta que retira la moción.
(Protestas y Rumores.) Permítame, señor Presidente, y termino
ya. (Fuertes rumores y protestas.) Señor Presidente, señoras
Diputadas, señores Diputados, estoy aquí por esos votos; estoy
aquí por un programa y una línea y estoy aquí... (Fuertes
rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Frutos, no es el
momento de explicar las razones por las que ni usted ni
ninguna de SS.SS. están aquí, sino exclusivamente para indicar
si acepta o no. Exclusivamente para eso. (Fuertes rumores y
protestas.)
El señor FRUTOS GRAS: ...por una vida de lucha por la
democracia y la libertad, que no sé si tienen estos señores.
(Fuertes protestas y rumores.) Termino. No se acepta,
naturalmente, la enmienda presentada por el Grupo Popular, y
se acepta la propuesta de retirada de la moción. En todo caso,
que retiren a los De la Rosa de la circulación quienes les
mantienen. (Fuertes rumores y protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Frutos. (Rumores y protestas.)
Vamos a pasar a la votación. (El señor Montoro Romero pide la
palabra.) Señor Montoro, ¿a qué efectos solicita la palabra?
El señor MONTORO ROMERO: Porque he sido contradicho por la
intervención del Portavoz Socialista. (Fuertes rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Montoro, usted
conoce perfectamente cuál es la tramitación o el procedimiento
en una moción. Es decir, el Grupo Socialista fija su posición
y la fija, lógicamente, con respecto a los textos que se han
presentado.
No tiene la palabra, señor Montoro.
Vamos a pasar a la votación. (Fuertes rumores y protestas.--El
señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 282; a favor, 11; en contra, 271.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
El Pleno se reanudará mañana, a las nueve de la mañana.
Se suspende la sesión.
Eran las nueve y cuarenta y cinco minutos de la noche.