CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1994 Núm. 97 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 96
celebrada el jueves, 6 de octubre de 1994



Página



ORDEN DEL DIA:



Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados. (Sesión
secreta):



--Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre
declaraciones de actividades de señores Diputados (número de
registro 25.011) (Página 4960)



Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión
realizada durante el año 1993:



--Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión
realizada durante el año 1993 (número de expediente
260/000002) (Página 4960)

Página 4956



Enmiendas del Senado:



--Al Proyecto de Ley Orgánica por la que se reforma la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 45.1, de 4
de enero de 1994 (número de expediente 121/000031) (Página 4976)



Dictamen de la Comisión de Investigación sobre la situación,
evolución y gestión del patrimonio de don Mariano Rubio
Jiménez, así como el posible uso de información privilegiada y
tráfico de influencias en operaciones privadas durante el
período en que ejerció cargos públicos de responsabilidad en
el Banco de España (número de expediente 152/000002) (Página 4988)



Votación de conjunto:



--Del Proyecto de Ley Orgánica por la que se reforma la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (número de
expediente 121/000031) (Página 5012)



SUMARIO



Se reanuda la sesión, con carácter secreto, a las nueve de la
mañana para debatir sobre el dictamen de la Comisión del
Estatuto de los Diputados, que es aprobado.

Se reanuda la sesión con carácter público.




Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión
realizada durante el año 1993 (Página 4960)



Para exponer el informe de la gestión realizada durante el
ejercicio 1993 interviene la señora Defensora del Pueblo en
funciones (Retuerto Buades), manifestando que el objetivo que
ha orientado sus actuaciones, como ya expuso el año anterior,
ha sido la estabilidad y la consolidación de la institución en
los términos en que fue diseñada por nuestros constituyentes:
como una institución de garantías de integración y de
consenso. Afirma que la institución del Defensor del Pueblo
fue concebida por el legislador constitucional como una
institución de encuentro y diálogo y no sólo como un
instrumento novedoso que venía a completar el edificio de las
garantías constitucionales. Es también una institución de
integración dentro del espíritu de la Constitución y, por
tanto, está inserta en la justificación del poder del Estado y
del Derecho. Finalmente, el consenso se debe entender como un
pacto de convivencia, con profundas raíces éticas y
culturales, que pretende superar una tradición de
enfrentamientos y buscar la coincidencia en lo fundamental.

Sin embargo, la unión de las voluntades en lo fundamental no
excluye las divergencias enlo accesorio. Agrega que el
Parlamento es el motor y la base del Defensor del Pueblo, y el
Parlamento, por tanto, no puede vivir de espaldas a la
institución. Alude a continuación a los 19 meses de
interinidad en que vive la institución, afirmando que durante
los mismos no ha habido un solo momento sin Defensor del
Pueblo y que la propia Constitución, en su artículo 54,
arbitra un sistema por el que no cabeel vacío. Ella,
personalmente, y todo el equipo que compone la casa han
continuado trabajando en una línea de consolidación, con
firmeza y tranquilidad, para evitar que queden desatendidas
aquellas bolsas de población que se encuentran en una especial
situación de vulnerabilidad y respecto de las que una sociedad
que se dice democrática avanzada debe ser especialmente
sensible. Tampoco han olvidado a los ciudadanos de a pie que
se ven tantas veces impotentes ante un sistema rígido y
burocrático que, en vías de acomodación, todavía no ha
encontrado un punto exacto de las relaciones de equilibrio
entre las administraciones y los administrados. Sobre este
particular recuerda lo dichoel año anterior de que se trata de
una institución al servicio del ciudadano, y precisamente si
hay una institución próxima al ciudadano ésta es el Defensor
del Pueblo.

Por otro lado, el perfil sociológico de quienes acuden a la
Institución demuestra que es viva y que refleja las variables
cambiantes de la sociedad española y, en cierta medida, sus
aspiraciones.

Otra conclusión o reflexión que desea hacer a la Cámara es que
la institución no recibe las mismas quejas, es decir, no
existen males crónicos ni acuden los mismos ciudadanos y, por
otra parte, las respuestas de las administraciones públicas
son cada vez más satisfactorias.




Página 4957



Respecto a la eficacia de los resultados, señala que el 78 por
ciento de los expedientes han tenido una respuesta
satisfactoria o se han subsanado por parte de las
administraciones públicas. En un 26 por ciento ha habido una
actuación correcta y únicamente no se ha podido encontrar
respuesta satisfactoria en un 4 por ciento. No considera el
momento adecuado para realizar un repaso pormenorizado de las
recomendaciones o sugerencias que se han dejado sentir en la
institución, ya que la Cámara dispone de un relato exhaustivo
en el informe y los anexos puestos a disposición de la misma.

A continuación, alude a nuevas pautas de actuación para el
fortalecimiento de los derechos y libertades y el control de
las Administraciones públicas, destacando en este punto la
eficaz protección del derecho a la intimidad, la modernización
de las Administraciones públicas, y el apoyo a los sectores
más vulnerables como consecuencia de la crisis económica, en
la medida en que sus quejas han llegado al Defensor del
Pueblo. Dado que un amplio abanico de cuestiones fueron
ampliamente debatidas en la Comisión Mixta, en este momento se
limita a hacer una somera referencia a los derechos y
libertades fundamentales, mencionando concretamente la
actuación de la institución en la defensa del derecho a la
intimidad, especialmente respecto a los internos de los
centros penitenciarios, el tratamiento automatizado de los
ficheros y datos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad e
interposición de recursos de inconstitucionalidad en conexión
con otras instituciones, especialmente del Ministerio fiscal.

Concluye resaltando la gran responsabilidad que la
Constitución y la sociedad española han depositado en el
Defensor del Pueblo y ello les ha animado en su tarea,
correspondiendo ahora a esta Cámara, indicar si han actuado
correctamente así o, por el contrario, se han equivocado.

En relación con el informe del Defensor del Pueblo
intervienen, en turno de portavoces, los señores Mardones
Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; Olabarría Muñoz, del
Grupo Vasco (PNV); Baltá i Llopart, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió); Ríos Martínez, del Grupo Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya; Gil Lázaro, del Grupo Popular,
y Valls García, del Grupo Socialista.




Enmiendas del Senado (Página 4976)



Proyecto de Ley Orgánica por la que se reforma la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (Página 4976)



Para fijación de posiciones intervienen los señores Olarte
Cullen, del Grupo de Coalición Canaria; Olabarría Muñoz, del
Grupo Vasco (PNV); Camp i Batalla, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió); la señora Aguilar Rivero, del Grupo
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y los señores
Padilla Carballada, del Grupo Popular, y López Martín de la
Vega, del Grupo Socialista. Se procede a la votación de las
enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica por el que se
reforma la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial.




Dictamen de la Comisión de Investigación sobre la situación,
evolución y gestión del patrimonio de don Mariano Rubio
Jiménez, así como el posible uso de información privilegiada y
tráfico de influencias en operaciones privadas durante el
período en el que ejerció cargos públicos de responsabilidad
en el Banco de España (Página 4988)



Presenta el dictamen, en nombre de la Comisión, el señor
Zabalía Lezámiz, señalando que intentará explicar de forma
resumida el proceso de investigación realizado y las
conclusiones a que ha llegado la Comisión de Investigación que
se forma por mandato de esta Cámara desde el 20 de abril de
este año. Expone que la Comisión ha centrado sus trabajos en
la investigación del patrimonio de don MarianoRubio durante su
época de Gobernador y Subgobernador del Banco de España sobre
el entramado empresarial del grupo financiero Ibercorp, para
lo que ha estado trabajando en base a dos fuentes de
información: por una parte, la información procedente de las
66 personas que han comparecido y, por otra, la documentación
aportada a la Comisión. Como plan de trabajo de la Comisión
señala que el mismo se ha basado en el descrubrimiento del
origen y desarrollo del holding Ibercorp, de sus actuaciones
irregulares, de la vinculación de don Mariano Rubio y su
entorno familiar con dicho holding. Para entender la
implicación de don Mariano Rubio en el Grupo Ibercorp
considera necesario exponer a la Cámara un breve resumen de
este grupo Financiero, de su origen y principales operaciones
realizadas por el mismo, especialmente aquellas que califica
como actuaciones irregulares, y de la vinculación de don
Mariano Rubio y su entorno familiar con el citado holding.

Alude también a la que califica de actuación irregular de don
Mariano Rubio, al que debe atribuirse



Página 4958



una indudable responsabilidad por el anómalo funcionamiento
del Fondo de Garantía de Depósitos en la venta de determinados
activos y sociedades, todo lo cual lleva a la Comisión a
elevar al Pleno de esta Cámara las conclusiones a que da
lectura.

Concluye el señor Zabalía refiriéndose a los múltiples
obstáculos con los que se ha encontrado la Comisión y a la
disposición de algunos comparecientes no precisamente de
colaboración, a pesar de lo cual se ha conseguido un dictamen
que cree que cubre los objetivos para lo que la Comisión fue
creada, objetivos conseguidos, a su entender, con total
unanimidad, al margen de las responsabilidades políticas que
cada grupo parlamentario estime que pueden desprenderse de
estos hechos.

En defensa del voto particular del Grupo Vasco (PNV)
interviene, en primer lugar, el señor Albistur Marín, que
reconoce el trabajo riguroso y serio de la Comisión a pesar de
la falta de colaboración de los directamente implicados, como
de don Mariano Rubio y miembros de su familia. Personalmente
comparte el espíritu y la letra del primer borrador presentado
a la Comisión con las responsabilidadesque en él se imputaban
tanto a personas como a órganos del Gobierno y de la
Administración competentes en materia de vigilancia del
sistema financiero y del Banco de España, aunque
pudieranquedar responsabilidades por ampliar o imputar.

Completa la defensa y explicación del voto particular del
Grupo Vasco (PNV) el señor Olabarría Muñoz, manifestando que
la Comisión de investigación ha realizado un trabajo muy serio
y riguroso, como decía el señor Albistur, a pesar de tratarse
de un trabajo complicado, al encontrarse ante un mundo un
tanto hermético y complejo como es el de la ingeniería
financiera, el mundo de la llamada «beautiful people», el
mundo de los «brokers», el mundo de la cultura del pelotazo,
un mundo que, desde la perspectiva de su Grupo Parlamentario,
no provoca más que repudio y rechazo estético e intelectual.

Añade que el Grupo Vasco (PNV) se adhiere al trabajo de
síntesis hecho por el Presidente de la Comisión y por los
servicios y la Mesa de la misma, compartiendo en sus propios
términos el informe que se presenta a la Cámara sin ningún
tipo de reserva mental más que el voto particular que su Grupo
entiende que todavía debe consignarse. El voto particular se
refiere a una responsabilidad genérica «in vigilando» que se
resume en el acto de la dimisión del ex Ministro don Carlos
Solchaga y que satisface las aspiraciones del grupo político,
sin apreciar la posibilidad de proyectar responsabilidades
políticas a otros altos cargos.

Insiste en que las responsabilidades personales que su Grupo
considera pertinente aplicar o utilizar son las que se
contienen en el dictamen leído por el Presidente de la
Comisión, no estimando posible ni legítimo proyectar a otros
cargos públicos ningún tipo de responsabilidad política, a
tenor del trabajo indagatorio realizado por la Comisión.

Alude, por último, al conocimiento por parte del Gobierno,
durante cinco meses, de las irregularidades en las que
incurría don Mariano Rubio, manteniéndole sin embargo al
frente del Banco de España por razones de estabilidad
económico-financiera, considerando satisfactorias las razones
aducidas por el Gobierno, en el sentido de que se trataba sólo
de concluir el mandato del Gobernador, ya que, de proceder a
su cese inmediato, se hubieran derivado más problemas que los
que se trataban de evitar.

El señor Chiquillo Barber, del Grupo Mixto, defiende el voto
particular presentado. Alude a los trabajos realizados por la
Comisión durante varios meses y en los que se han encontrado
con graves dificultades ante el boicot del señor Rubio y de
sus familiares, allegados y encubridores. Menciona la
actividad irregular de don Mariano Rubio en su puesto de
Gobernador del Banco de España, afirmando que el mismo ha
despreciado, engañado y mentido reiteradamente a este
Parlamento, a pesar de lo cual ha quedado probado que el señor
Rubio se sirvió de su cargo para enriquecerse, él y sus
amigos, haciendo gala de un comportamiento nada ético.

Unión Valenciana piensa que la responsabilidad política
directa es de quienes lo nombraron y lo mantuvieron a pesar de
las irregularidades detectadas en 1992, dando lugar a que se
cuestione la base misma del sistema monetario español y
colocando al Banco de España en una situación de crisis y
cuestionado por la opinión pública.

Considera que los escándalos Ibercorp y Rubio no se pueden dar
por concluidos y, por tanto, no pueden entenderse las
conclusiones de la Comisión como definitivas. Su voto
particular pretende exigir responsabilidades en el ámbito de
la tutela y el control administrativo en don Carlos Solcahga,
quien, a su juicio, debió dimitir nada más tener constancia de
las comisiones del señor Rubio en el Grupo Ibercorp. Dado que
consideran evidente la responsabilidad del señor Solchaga,
entiende que su dimisión no puede ser tomada como eximente de
las posibles irregularidades que se cometieron con
anterioridad a la presentación de la misma.

Estima también necesario seguir investigando, a fin de
dilucidar otro tipo de responsabilidades que afectan a otras
personas que ejercen o han ejercido cargos públicos. La
responsabilidad del señor González es compartida con la del
Gobierno del Estado por mantener al Gobernador durante cinco



Página 4959



meses. Su Partido entiende que si se aprueba el dictamen
pactado, considerando a Mariano Rubio como responsable único
del escándalo, junto con el señor Roldán, de la era
socialista, la ciudadanía va a creer que la Comisión de
investigación, más que para averiguar las irregularidades
financieras del señor Rubio, ha servido para el encubrimiento
de responsabilidades políticas, lo que no puede tolerar.




El señor Andreu Andreu defiende el voto particular del Grupo
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Parten del
reconocimiento de un trabajo serio y riguroso por parte de la
Comisión de investigación y, en consecuencia, ven con especial
perplejidad el dictamen definitivo, las conclusiones
definitivas. No comprenden muy bien cómo después de cuatro
meses oyendo a numerosos comparecientes se puede hacer una
descripción de los hechos y llegar a unas conclusiones como a
las que se ha llegado. Su Grupo no cree que el objetivo de la
Comisión fuera decir, al final, que el señor Rubio es
culpable, puesto que se trataría de un objetivo muy pobre,
como tampoco se trata de meter a todos en el saco, sino de
describir lo que ha sucedido y el entorno en que ha sucedido.

La Comisión ha tenido material más que suficiente para
describir ese embrollo y la participación en los hechos de
altas instituciones del Estado, sin cuya participación este
escándalo no hubiera tenido la dimensión que ha tenido, y de
ahí que no se puedan obviar estas participaciones y las
responsabilidades correspondientes. Pregunta al efecto cómo se
puede obviar en el dictamen la participación del señor
González en el mantenimiento del señor Rubio al frente del
Banco de España una vez que estalló el escándalo y la
responsabilidad en que incurrió, en consecuencia. En todo
caso, comprendería que, sobre la base de posiciones políticas
de cada grupo parlamentario, quisieran exonerarle de
responsabilidad, pero no comprende que ni siquiera se quiera
hacer mención a la participación del señor González en el caso
Rubio. Considera que este simple hecho desvirtúa notablemente
el resultado de una Comisión que ha realizado, por lo demás,
un trabajo importante, pero cuyo dictamen cierra en falso
dicho trabajo y, como consecuencia de lo cual, lamentaría que
la sociedad española pudiera pensar que una comisión de
investigación no sirve para nada. Alude a continuación a
algunas de las irregularidades que se han puesto de manifiesto
en los trabajos de la comisión y concluye mencionando la
responsabilidad que, a juicio de su Grupo, recae sobre los
señores Solchaga y González y que, en su opinión, debe
exigirse.

La señora Rudi Ubeda defiende el voto particular del Grupo
Popular. Expone que, transcurridos dos años y diez meses desde
que estallara el escándalo sobre el caso Ibercorp en febrero
de 1992, esta Cámaratiene la oportunidad de conocer los datos
investigados y obtenidos a través de la Comisión constituida
al efecto, así como opinar y valorar sobre responsabilidades
políticas. Hablan de responsabilidades políticas porque
consideran que es importante, desde el principio, delimitar
los campos en los cuales este asunto se están juzgando y que
ante la opinión pública quede claro que la Comisión
constituida en esta Cámara no tenía por misión juzgar
responsabilidades penales o administrativas, que son campos
que no corresponden a este Parlamento. Están en una Cámara de
representación política, cuya misión es juzgar sobre
responsabilidades políticas. De ahí su sorpresa ante alguna
manifestación del señor Olabarría no considerando legítimo que
otros grupos vayan, sobre este particular, más allá que el
propio Grupo Vasco, opinión que respeta pero que no comparte.

Afirma que a los 141 diputados de su grupo político les
legitiman los más de ocho millones de votos obtenidos en 1993,
tan válidos como los votos que legitiman a cinco diputados del
Grupo Vasco (PNV).

Respecto al voto particular del Grupo Popular, señala que si
se tratara de una enmienda la calificarían de adición, porque
no están en contra de la mayor parte del informe emitido por
la Comisión, que entienden que es excesivamente corto al no
reflejar con suficiente claridad los hechos que les llevaron a
constituir la Comisión de investigación, pedida por el Grupo
Popular en el año 1992 y que traía consecuencia de los hechos
ocurridos en abril de aquel año. Señala que quien lea el
dictamen de la Comisión creerá que este escándalo empieza y
termina en la figura del señor Rubio, pero no es así, puesto
que el señor Rubio fue nombrado por el Gobierno y presentó su
dimisión, como él mismo recordaba en esta Cámara, el 20 de
febrero de 1992. Pero el Presidente del Gobierno, señor
González, que era el único con capacidad para aceptar la
dimisión, no lo hizo, y de ahí que consideren que la
responsabilidad debe imputarse al señor González. Recuerda
algunas frases pronunciadas en su día por el señor Solchaga en
esta Cámara, afirmando que España era el país en el que más
rápido y más dinero se ganaba o que mientras él fuera Ministro
no se constituiría en esta Cámara una comisión de
investigación, agregando que aquellos barros han traído estos
lodos al favorecer un determinado clima social del que la
sociedad española está harta.

Concluye la señora Rudi afirmando que no se puede aislar el
hecho que les ocupa del contexto en el que tuvo su desarrollo,
de la cultura del pelotazo



Página 4960



y del enriquecimiento de unos pocos a costa de muchos a la
sombra del poder. El voto particular de su Grupo lo que
pretende es que quede constancia en esta Cámara de que se hace
responsable al señor González.

Por alusiones, interviene el señor Olabarría Muñoz, duplicando
la señora Rudi Ubeda.

El señor Olarte Cullen expone el voto particular del Grupo de
Coalición Canaria. Piensa que nadie puede dudar hoy del gran
servicio que ha prestado a la credibilidad de las
instituciones democráticas, muy particularmente de esta
Cámara, el que se acordara el pasado 20 de abril la creación
de una comisión de investigación sobre el patrimonio de don
Mariano Rubio y su actuación como Gobernador del Banco de
España. Lo que refleja el dictamen de la Comisión es el
tremendo error político que cometió el Gobierno socialista en
el año 1992 al rechazar la constitución de una comisión en
términos semejantes, contra el parecer de todos los demás
grupos de la Cámara. Cree que si se hubiera actuado entonces
con rapidez y de otra forma a como se hizo no se hubiera
extendido en la sociedad española el clima de desconfianza que
desde entonces ha inundado de manera muy especial la esfera de
toda la actuación política. Respecto al dictamen de la
Comisión señala que, a pesar de no ser omnicomprensiva y no
reflejar todos sus puntos de vista, sin embargo la mera
descripción de los hechos investigados demuestra una voluntad
de esclarecimiento, que ha sido unánime y que debe ayudar a
devolver la confianza a la ciudadanía en esta Cámara.

Alude a la actitud obstruccionista de don Mariano Rubio y de
sus familiares en la Comisión, siendoésta una de las razones
esenciales para la presentación de este voto particular,
queriendo dejar constancia explícita de su condición de que no
han podido llegar a investigar hasta el final todas las
posibles irregularidades cometidas por don Mariano Rubio en su
período de Gobernador del Banco de España. También desea dejar
constancia explícita de que la Cámara se compromete ante la
opinión pública a reanudar los trabajos de la Comisión de
investigación si fuera preciso tan pronto se conocieran nuevos
hechos relevantes, lo cual no es nadadescartable, sobre todo
en función de la actividad judicial del instructor y de la
aparición posible de nuevos hechos. Otro punto de relevancia
que no ha quedado suficientemente desvelado es el grado de
conocimiento que pudieran haber tenido de las actuaciones
irregulares del señor Rubio los señores Solchaga y González,
siendo hoy fácil de constatar que ambos cometieron un grave
error político cuando en marzo de 1992 no aceptaron la
dimisión del señor Rubio como Gobernador del Banco de España.

Califica tal actitud de imprudencia temeraria, dando lugar a
un grave daño para la credibilidad interna e internacional del
Estado español y de nuestras instituciones democráticas.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores
Casas i Bedós, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y
Martínez Sanjuán, del Grupo Socialista. Replica la señora Rudi
Ubeda, duplicando el señor Martínez Sanjuán. Se procede a la
votación de los votos particulares debatidos, así como el
texto del dictamen de la Comisión, que es aprobado por 300
votos a favor y tres en contra.




Votación de conjunto (Página 5012)



Del proyecto de ley orgánica por la que se reforma la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (Página 5012)



Realizada la votación de conjunto, se aprueba la mencionada
Ley Orgánica por 183 votos a favor, 120 en contra y tres
abstenciones.

Se levanta la sesión a las dos y cincuenta y cinco minutos de
la tarde.




Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana, con carácter
secreto.




DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS (Sesión
secreta):



--DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE
DECLARACIONES DE ACTIVIDADES DE SEÑORES DIPUTADOS (Número de
registro 25.011)



Se somete a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto
de los Diputados, que es aprobado.




Se reanuda la sesión con carácter público.




INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA GESTION
REALIZADA DURANTE EL AÑO 1993 (Número de expediente
260/000002)



Página 4961



El señor PRESIDENTE: Punto VI: Informe del Defensor del Pueblo
correspondiente a la gestión realizada durante el año 1993.

Para exponer el informe de la gestión realizada durante el año
1993, tiene la palabra la titular de la institución del
Defensor del Pueblo. (Rumores.) Señorías, ruego guarden
silencio. (Pausa.)
Cuando quiera, señora Retuerto.




La señora DEFENSORA DEL PUEBLO EN FUNCIONES (Retuerto Buades):
Señor Presidente, señores miembros de la Mesa, señorías, una
vez más cumplo con infinito agrado la obligación que impone al
Defensor del Pueblo la ley Orgánica que nos regula, y
comparezco ante el Pleno de la Cámara para dar cuenta de la
gestión realizada en el período a que se contrae el informe
que SS.SS. conocen sobradamente. Aprovecho estas palabras que
sirven de pórtico a mi intervención para expresar cuál ha sido
el objetivo que ha orientado nuestras actuaciones. No es
nuevo, señorías, lo reiteré ya el año pasado: la estabilidad y
la consolidación de la institución en los términos en que fue
diseñada por nuestros constituyentes como una institución de
garantías, como una institución de integración y como una
institución de consenso. No podía ser de otra manera desde la
perspectiva histórica de la experiencia de ya doce años. Para
explicarlo, permítanme hacerlo con una pequeña anécdota.

En 1943 tuvo lugar en Inglaterra un debate sobre la
conveniencia de reconstruir la Cámara de los Comunes, que
había sido destruida en 1941 por una bomba durante un ataque
aéreo. En su alegato en pro de la restauración de la
estructura original hasta devolverla a su antigua forma,
comodidad y dignidad, como se definía en el proyecto, Winston
Churchill hizo una aguda observación: «Primero damos forma a
nuestros edificios, pero luego son ellos los que nos
conforman.» Los expertos en sociología política afirman que es
una observación de alcance universal. Si me he permitido esta
anécdota es porque sintetiza exactamente el sentido de lo que
significa desde nuestra arquitectura constitucional el
Defensor del Pueblo, las señas de identidad que la definen
como una institución independiente, con autoridad y
credibilidad, y, en esta idea, el compromiso de quien asume su
titularidad y responsabilidad ante cualquier situación o ante
cualquier momento en que aquéllas se encuentre.

Varias afirmaciones se deducen, pues, de lo que acabo de decir
y en las que voy a insistir. La primera es que el Defensor del
Pueblo fue concebido por el legislador constitucional como una
institución de encuentro y diálogo, no sólo como un
instrumento novedoso que venía a completar el edificio de las
garantías constitucionales. Como ya expresé en mi
comparecencia en la Comisión Mixta del Defensor del Pueblo, es
también una institucion de integración dentro del espíritu de
la Constitución y, por tanto, está inserta en la justificación
del poder del Estado y del Derecho. En este espíritu de casa
común el consenso se debe entender como un pacto de
convivencia, con profundas raíces éticas y culturales, que
pretende superar una tradición de enfrentamientos y buscar la
coincidencia en lo fundamental. Mejor que yo lo expresaron
hace mucho tiempo los clásicos al decir que el consenso es lo
mismo que la armonía a la música; la unión de voluntades en lo
fundamental no excluye las divergencias en lo accesorio.

El Ombudsman --palabra sueca que se ha incorporado al lenguaje
universal-- es una conquista del parlamentarismo y, aunque
existen diversos modelos de esta figura en todo el mundo, sus
características originarias siguen siendo y definiendo, siglos
después, su naturaleza parlamentaria. El Parlamento es quien
elige a sus representantes y ante quienes esta institución
responde y le otorga un único patrimonio de autoridad, como es
la credibilidad basada en su radical independencia. El
Parlamento, pues, es el motor, es la base del Defensor del
Pueblo. El Parlamento no puede vivir de espaldas a la
institución. Tan importante es este dato que en una encuesta
cuantitativa que hemos realizado, ante la pregunta de ¿cómo
tuvo usted la primera idea de acudir al Defensor del Pueblo?,
la respuesta que ha obtenido un mayor índice de aceptación, un
22 por ciento, entre las posibilidades ofrecidas, ha sido que
han acudido a la institución del Defensor del Pueblo motivados
por alguno de los rasgos especiales que carazterizan a esta
institución: independencia, prestigio y acceso fácil.

Esta primera afirmación debo completarla con una segunda que
también tiene su engarce en el propio texto constitucional y
es que en los 19 meses de interinidad que han transcurrido, en
esta larga interinidad, no ha habido un solo momento sin
Defensor del Pueblo. No lo permite el bloque de
constitucionalidad que forma la Ley Orgánica 3/1981 y el
propio artículo 54 de la Constitución, porque arbitran un
sistema en el que no cabe el vacío. Por eso afirmé en Comisión
que en tal dilatada interinidad no hemos dejado a la
institución empantanada en una parálisis esterilizante. Yo
misma, el Adjunto señor Rovira, y todo el equipo que componen
la casa hemos continuado trabajando en una línea de
consolidación, con firmeza y tranquilidad, del papel de la
institución y con el reto que supone, en este delicado
período, superar una fase de crecimiento en la que no pueden
quedar desatendidas aquellas bolsas de población, menores,
emigrantes, enfermos psíquicos, reclusos, detenidos, mujeres,
minorías étnicas o religiosas, que se encuentran en una
especial situación de vulnerabilidad y a las que una sociedad
que se dice democrática avanzada debe ser especialmente
sensible. Pero tampoco hemos olvidado al ciudadano de a pie,
que se ve tantas veces impotente ante un sistema rígido y
burocrático que, en vías de acomodación, todavía



Página 4962



no ha encontrado el punto exacto de las relaciones de
equilibrio entre las administraciones y los administrados.

Una tercera afirmación me permite decir que hasta ahora no ha
disminuido la confianza de los ciudadanos que acuden al
Defensor del Pueblo, aunque, evidentemente, no puedo
garantizar que esta situación no tenga efectos retardados si
no se define un nuevo pacto social en torno a la misma y en el
sentido más rousseauniano de la palabra. El peso histórico del
nombre de Defensor del Pueblo puede ser un argumento para
concitar estas voluntades, pero no es suficiente para dar una
explicación coherente. Las mismas estadísticas a las que antes
he hecho referencia demuestran que hay muchos clichés creados
en torno a la institución que se están rompiendo.

Si hemos afirmado que es una institución próxima al ciudadano,
también hemos analizado cómo ven los usuarios la capacidad
real de acceso a la misma y ante la pregunta de si antes de
acudir al Defensor del Pueblo había intentado solucionar su
problema de alguna otra forma: gestiones personales, vía
administrativa o vía judicial, nos encontramos con la
respuesta de que un 75 por ciento de los ciudadanos sí habían
intentado solucionar el asunto por vías normales, de lo que se
puede deducir que esta institución está trabajando en temas
que el sistema no ha sabido solucionar convenientemente, al
menos, a juicio del administrado que nos escribe. Por otra
parte, del 25 por ciento restante un 11 por ciento se asesoró
antes de decidirse a escribir. No se quejan a la ligera, sino
que lo hacen reflexivamente. Finalmente, un 13 por ciento han
acudido al Defensor del Pueblo sin haber usado las vías
normales de solución.

El año pasado dije también que esta institución estaba al
servicio del ciudadano. En este sentido quiero repetir con
Aranguren, cuando glosando aquel famoso verso de León Felipe:
«hablo a la altura de los hombres» decía que no hay que hacer
hombres para las instituciones, sino instituciones para los
hombres. Pues bien, si hay una institución próxima al
ciudadano, a la altura de los mismos, es el Defensor del
Pueblo. ¿Qué hubiera sucedido, señorías, de no haber existido
esta institución en el caso generado en relación con las
indemnizaciones reguladas por la Ley 4/1992 por tiempos de
permanencia en prisión? ¿Qué le hubiera pasado a una viuda que
había contraído matrimonio en el año 1938, que había sido
condenado su marido en consejo de guerra celebrado en el año
1945 a la pena de muerte, conmutada posteriormente por la de
30 años de prisión, y que había permanecido
ininterrumpidamente en la cárcel hasta el año 1964 y cinco
años después falleció? ¿Cuál era el problema burocrático? Que
el causante, al parecer, no había solicitado nunca la
nacionalidad española y, aunque era considerado como tal no
sólo por su familia sino por el entorno social, no existían,
en teoría, dificultades para concederle la indemnización
solicitada. Después de múltiples gestiones, en mayo de 1993,
se acordó la concesión de la indemnización solicitada por un
importe de dos millones de pesetas. Era su vida.

También el perfil sociológico de quienes acuden a la
institución demuestra que es viva, que está reflejando las
variables cambiantes de la sociedad española y no es
arriesgado afirmar que, en cierta medida, sus aspiraciones.

¿Cómo si no explicar el rejuvenecimiento constante del perfil
del usuario, el incremento de mujeres que se dirigen a la
institución, y la influencia del perfil de la situación
laboral, con un incremento de parados del 5,6 por ciento sobre
el año anterior?
La ruptura de clichés implica también nuevas formas de
exigencias sociales, nuevas demandas de atención de los
ciudadanos frente a las administraciones públicas, nuevos
vacíos en el desarrollo de los derechos fundamentales. Un buen
ejemplo es el caso que hemos seguido en el Defensor
continuamente del desarrollo de los derechos del usuario de la
sanidad y, concretamente, el consentimiento informado, con una
nueva dimensión. ¿Cómo puede, qué implicación tiene el
consentimiento informado, la autorización de tutores o
parientes en el caso de que se produzcan intervenciones
sanitarias importantes cuando se trata de menores y cuando,
además, está en peligro un bien constitucional como es la vida
de estos menores? El criterio manifestado por el Defensor del
Pueblo, tanto al Fiscal General del Estado como a la Ministra
de Sanidad, es --se ha afirmado así-- coincidente con el
propuesto por el Defensor. A nadie se le oculta que es muy
diferente disponer de la propia salud, o incluso de la vida,
que disponer de la vida de un tercero, máxime cuando este es
un menor de edad. Y no otra cosa impone la necesaria
salvaguarda del superior interés del menor, principio este que
inspira tanto nuestro ordenamiento jurídico, el Código Civil,
como los convenios internacionales suscritos por España,
concretamente la Convención sobre los Derechos del Niño,
adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año
1989. En la contestación coincide la señora Ministra --y es
interesante recalcarlo aquí-- que ni los motivos religiosos ni
la objeción de los padres pueden anteponerse a la primacía del
derecho a la vida y a la integridad física de los hijos
sometidos a la patria potestad, por cuanto esta patria
potestad no es sino una facultad otorgada a los padres a los
efectos de promover el cuidado, custodia, educación y
orientación de los hijos. Afirma, además, que acepta
plenamente el criterio de la institución y no cabe duda alguna
sobre la facultad de los responsables sanitarios de intervenir
en estos supuestos para preservar la vida y la salud de los
menores, recabando, cuando sea necesario, el consentimiento
judicial. Pero hay una dimensión nueva en el planteamiento de
este asunto, evidentemente importante. Por



Página 4963



lo que se refiere a la tarea --indica la señora Ministra-- que
cumple como Presidente del Consejo Interterritorial de la
Salud nos señala que hasta ahora las cuestiones médico-
jurídicas o médico-éticas no han sido objeto de resolución
expresa o recomendación del Consejo, pero en este caso, a
instancia del Defensor del Pueblo, se propone debatir esta
cuestión en la próxima convocatoria, dando a conocer los
criterios del Defensor del Pueblo y recabando el parecer de
todos los responsables autonómicos con una finalidad:
consolidar un estado de opinión entre las instituciones
sanitarias y profesionales sanitarios en el sentido compartido
con el Defensor del Pueblo.

Otra última conclusión o reflexión que quiero plantear en este
momento en la Cámara es que otros clichés de la institución ya
consolidados se están, lentamente, rompiendo, pues no tenemos
las mismas quejas, es decir, no existen males crónicos, ni
acuden los mismos ciudadanos. Además, la respuesta de las
administraciones públicas es cada vez más satisfactoria.

Algunos datos de gestión pueden darnos un recto alcance de lo
que acabo de decir. En cuanto a la eficacia de los resultados,
tengo que decir que el 78 por ciento de los expedientes han
tenido una respuesta satisfactoria o se han subsanado por
parte de las administraciones públicas; en un 26 por ciento ha
habido una actuación correcta, y únicamente no se ha podido
encontrar respuesta satisfactoria en un 4 por ciento.

No es ahora momento para un exhaustivo y pormenorizado repaso
a todas las recomendaciones o sugerencias en que se ha dejado
sentir la institución del Defensor del Pueblo; tanto en el
informe como en los documentos anexos que se han entregado hay
un relato exhaustivo de todas y cada una de las
recomendaciones formuladas. Además, y como todos ustedes bien
conocen, la institución publica anualmente un resumen de las
recomendaciones realizadas, el texto de las mismas y la
aceptación o no por parte de las administraciones públicas.

Pero, señorías, soy consciente de que un informe no se agota
en las normas, en la recogida de las recomendaciones, y
defender una gestión no significa reflejar las cifras como si
se tratase de un balance de cuentas y resultados. No creo en
las estadísticas de una forma absoluta, ni creo que el
lenguaje de los números lo diga todo. En este momento me basta
el apunte, de alguna magnitud, de las gestiones realizadas,
que están ampliamente recogidas y desarrolladas en el informe
y en los documentos a los que antes he hecho referencia.

Una sexta reflexión, antepenúltima ya de lo que sería el
corolario de mi intervención, es la presentación de aquellos
temas que por su relevancia institucional --aunque todos los
temas que ha tratado el Defensor del pueblo la tienen--
merecen ser destacados como nuevas pautas de actuación, como
nuevos caminos de fortalecimiento de los derechos, libertades
y del control de las administraciones públicas. Se trata, como
SS.SS. bien conocen, de la eficaz protección del derecho a la
intimidad --la cultura de la intimidad--, la modernización de
las administraciones públicas --el procedimiento como
garantía-- y los sectores más vulnerables y el reflejo en los
mismos de la crisis económica, en la medida en que sus quejas
han llegado al Defensor del Pueblo.

El tiempo me obliga a seleccionar de todo este abanico de
cuestiones, que fueron ampliamente debatidas en la pasada
reunión de la Comisión Mixta, solamente aquella que hace
relación a los derechos y libertades fundamentales. En el
derecho a la intimidad, en este año las actuaciones del
Defensor han sido especialmente intensas: desde la
presentación de un recurso de inconstitucionalidad a la Ley de
regulación del tratamiento automatizado de los datos de
carácter personal, hasta las garantías y protección a los
intereses de los menores que estén incursos en situaciones de
vulnerabilidad por un tema penal, otros aspectos que hacen a
los internos en prisiones sometidos a un sistema de especial
sujeción y, lo que no es menos importante, el tratamiento
automatizado de los datos y ficheros de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad. Brevemente, en cuanto a los internos en centros
penitenciarios, lo que hemos detectado son los problemas en
relación a los cacheos que implican desnudos, flexiones y
pruebas radiológicas, a los que evidentemente pueden ser
sometidos de acuerdo a la legislación penitenciaria. El
derecho a la intimidad en estos supuestos no es un derecho
absoluto, pero no es un derecho que se pueda limitar de forma
indeterminada ni arbitraria. Los criterios están fielmente
fijados en la sentencia 5/1994, de 28 de febrero, del Tribunal
Constitucional, y son los que están contenidos en el informe;
es decir, que se aplican únicamente en supuestos de
excepcionalidad, con adecuada motivación y en base a criterios
de proporcionalidad.

En cuanto al tratamiento automatizado de los ficheros y datos
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, hemos tenido dos grupos
distintos de quejas. Unas hacían referencia a los datos de
carácter personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad, a
través de lo que se denomina grupos de análisis y tratamiento
de la información (GATI), y del fichero de personas de interés
policial (PERPOL), para adecuarlos a la Ley Orgánica 5/1992,
de tratamiento automatizado de los datos de carácter personal.

Conocemos que existe la orden de 26 de julio de 1994, por la
que se regulan los ficheros con datos de carácter personal,
pero simplemente cumplen la disposición adicional segunda de
la LORTAD, que obliga a las administraciones públicas a
relacionar y describir los ficheros que tienen cada una de
ellas. No es esto lo que pide el Defensor del Pueblo. Lo
cierto es que con esta orden no se da cumplida respuesta a la
problemática específica que rodea a estos ficheros de datos



Página 4964



PERPOL y GATI, sino que hay que acomodarlos al artículo 20 de
la ley antes mencionada. Es decir, que la recogida y
tratamiento de datos de carácter personal se limite a
supuestos y categorías necesarias para la prevención de un
peligro real para la seguridad pública o para la represión de
infracciones penales; que datos relativos a ideología,
religión, creencias, origen racial, salud, vida sexual, sólo
puedan ser tomados en los supuestos absolutamente necesarios
para los fines de investigación concreta, como señala el
apartado 3 del citado artículo 20; y desde luego, y
fundamentalmente, que los datos registrados con fines
policiales se cancelen cuando no sean necesarios para las
averiguaciones que motivaron su almacenamiento.

Por último, en este período la institución ha continuado
intentando profundizar su papel de defensa constitucional y
consolidando sus conexiones con otras instituciones,
concretamente con el Ministerio Fiscal. En la comparecencia
parlamentaria, SS.SS. demostraron el interés que tenían en
conocer los recursos de inconstitucionalidad promovidos por la
institución del Defensor del Pueblo a lo largo de estos años.

Han sido formulados doce recursos, han sido resueltos diez, y
están pendientes en este momento dos. De todos ellos, el
resultado ha sido: tres fueron estimados, uno estimado en
parte, cuatro desestimados, y en este momento dos están
desasistidos. Las sentencias estimatorias de alguno de los
recursos han sido interpretativas y permiten al Defensor del
Pueblo formular, posteriormente, sugerencias y recomendaciones
al objeto de que la actuación de las distintas
administraciones se adecue a los principios inspiradores de
dicha sentencia. Ha permitido incluso que en aquellos casos en
los que se ha desestimado el recurso por el Tribunal
Constitucional, las consideraciones vertidas en el escrito de
interposición hayan servido también, posteriormente, para
efectuar un seguimiento a través de las quejas de las dudas de
inconstitucionalidad planteadas, y evacuar en los informes
anuales una serie de consideraciones plenamente válidas de
cara a futuras reformas legales de las disposiciones
afectadas.

Son numerosas las peticiones de interposición de recurso de
amparo que ha recibido el Defensor del Pueblo a lo largo de su
andadura, pero menos que de recursos de inconstitucionalidad.

Han sido presentados diez, de los cuales nueve han sido
estimados y uno desestimado. Se presentan muchas peticiones,
pero no es posible su estudio por parte del Defensor del
Pueblo, por varias razones de tipo sustantivo. En la mayoría
de los casos, la decisión adoptada ha tenido que ser la
imposibilidad de interposición del recurso solicitado, por
tres motivos fundamentales. En primer lugar, porque cuando las
peticiones tienen entrada en la institución, ha transcurrido
ya sobradamente el plazo de veinte días que exige la Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional, que también obliga al
Defensor del Pueblo. En segundo lugar, porque los ciudadanos,
en otros casos, no han agotado todas las vías judiciales
internas pertinentes, tal y como demanda el carácter
subsidiario de los recursos de amparo. Y, por último, la gran
mayoría de los recursos que se solicitan simplemente pretenden
hacer valer la disconformidad de los peticionarios con los
hechos que el juzgador ha tenido por probados; en definitiva,
se entiende, equivocadamente, que el recurso de amparo es un
recurso de apelación ante el Tribunal Constitucional. Paso por
último, a referirme a un papel importante de la institución,
cual es la relación con el ministerio fiscal. En su reciente
memoria, el Fiscal General del Estado señalaba las importantes
funciones que el artículo 124 de la Constitución le
encomienda, que, aun de sobra conocidas, conviene resaltar:
...«promover la acción de la justicia en defensa de la
legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés
público»...«así como velar por la independencia de los
Tribunales»...

A los efectos de esta intervención, me interesa resaltar dos
aspectos significativos que el propio Fiscal General del
Estado ha puesto de relieve en su informe. El primero, su
papel de encarnar ante la jurisdicción la defensa de los
derechos fundamentales y libertad de los ciudadanos; en esta
faceta, la propia memoria define al Fiscal como un patrono de
la libertad. El segundo, como lógica conclusión y siguiendo el
dictado constitucional, el Fiscal enarbola como propio ante la
Administración de justicia el interés público y social, y se
manifiesta como un defensor «communitatis», defensor de la
comunidad, denominación en la cual convergen la institución
del Defensor del Pueblo y la Fiscalía. La relación entre el
Defensor del Pueblo y el ministerio Fiscal, no sólo por lógica
complementariedad de sus actuaciones, sino también por
imperativo de la Ley Orgánica 3/1981 reguladora de nuestra
institución, en sus artículos 24.dos y 25, debe avanzar
positivamente en el futuro, en la medida que implica un mayor
control de lo que significa la falta de colaboración o la
declaración de actitudes hostiles y entorpecedoras. Es cierto
que, frente a la actitud generalizada de colaboración, no son
muchos --ocho-- los casos de administraciones que nunca han
contestado a la institución y, aun así, hay que dar un paso
más, insisto, para que se produzca la misma situación que con
otros «ombudsman» europeos. Es significativo que, en una
reunión internacional, al preguntar al que es el máximo punto
de reflejo de todos los «ombudsman» internacionales y nuestro
máximo punto de referencia, el «ombudsman» sueco, qué medios
tenía previsto, según su estatuto, para hacer efectivas sus
investigaciones en caso de falta de respuesta de la
Administración, la respuesta fue lacónica: eso es imposible.

Esto es lo que debe intentar hacer el Defensor del Pueblo para
consolidar su prestigio y sus garantías de efectividad de cara
al futuro.




Página 4965



En cuanto a la consolidación internacional, dos breves
apuntes. Primero, el Defensor del Pueblo de España, por mí
representado, ha sido elegido miembro, junto con los
«ombudsman» de Noruega, del Reino Unido y Holanda, como cuarto
miembro del club europeo Internacional Ombudsman Institute,
que es el máximo órgano de coordinación, algo así como un
colegio máximo de todos los «ombudsman» que existen en el
mundo. Una segunda dimensión, la importancia del papel del
Defensor del Pueblo como vínculo de relación en la comunidad
iberoamericana, donde esta figura hace dos décadas era
impensable que pudiera integrarse en los distintos países de
América Latina, hoy es una realidad cierta, pujante y
efectiva, en Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Colombia,
Argentina y Puerto Rico y está en fase de estudios en otras
como Bolivia, Paraguay y Chile. La declaración de San José,
que fue firmada por todos los comisionados parlamentarios de
estos países y en la que estuvo representado el Defensor del
Pueblo de España, reafirma la necesidad de promover esta
figura, reafirma la independencia de la misma y reafirma que
es un instrumento de consolidación de los derechos y de las
libertades y, en definitiva, de la estabilidad democrática.

Concluyo, señorías, y sé que he abusado de su paciencia. No he
pretendido, a lo largo de toda esta intervención, desconocer y
obviar el especial momento en que desarrollamos nuestra
intervención, al cual se circunscribe la dación de cuentas de
este informe. No ha sido una situación fácil, se lo aseguro,
señorías, pero desde el primer día que entré a formar parte de
esta institución y prometí dedicación y lealtad a la misma
sabía que no había elegido la comodidad sino el compromiso. En
nuestra diaria actuación resultan afectados derechos muchas
veces de rango fundamental y situaciones que afectan a la
calidad de vida ciudadana. Desde el primer momento, me propuse
profundizar en los principios recogidos en la Constitución
para consolidar el peso específico del Defensor del Pueblo, la
independencia, autoridad y respeto que las leyes le atribuyen
y la sociedad le demanda.

He pretendido, en este momento, dar una aproximación lo más
rigurosa posible al trabajo realizado en este período. No creo
en los éxitos fáciles y en la misión que tenemos encomendada
no puedo aceptar desanhelos. No soy nada original, lo
reconozco paladinamente.

Permítanme que, para terminar, utilice una cita que ha sido
también utilizada recientemente. Ramón María Rilke aseveraba
con clarividencia: ¿Quién habla de victorias? Sobreponerse es
todo. Es el mensaje que quiero transmitir finalmente, es el
mensaje que me importa señalar. Es mucha la responsabilidad
que la Constitución y la sociedad española han depositado en
nosotros en este momento para que surja el más mínimo asomo de
duda en nuestro ánimo, pero tampoco podemos permitir proyectar
ninguna duda de nuestra actuación en la confianza de quien se
dirige al Defensor del Pueblo. Si en esta misión y en este año
al cual se contrae el informe, hemos conseguido una respuesta
positiva, son ustedes, señorías, los que tienen que indicarnos
si así ha sido o si estamos equivocados. Muchas gracias.

(Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Retuerto, por el
informe ofrecido a la Cámara.

¿Grupos que desean intervenir en relación con este informe?
(Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria, el señor Mardones
tiene la palabra.




El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, en
nombre de Coalición Canaria quiero que nuestras primeras
palabras sean de homenaje y reconocimiento a la meritoria
labor que la señora Retuerto, como Defensora del Pueblo en
funciones, ha venido realizando en ese largo peregrinar, tan
vehementemente expuesto en el preámbulo del dictamen o informe
que se ha sometido a la consideración de esta Cámara, a lo
largo de 19 meses, moralmente difíciles, en que ha venido
desempeñando el cargo interinamente. Coalición Canaria estará
siempre dispuesta a la resolución con su firma más inmediata
para el nombramiento ya del titular definitivo del Defensor
del Pueblo. Estas mismas palabras quieren ser de
reconocimiento también a la labor física, al hecho presentado
por la señora Retuerto. Y si en algo tuviera que pedir
disculpa es también a ella sumándome a la responsabilidad
solidaria y subsidiaria en este caso de los grupos
parlamentarios que todavía no hemos encontrado el candidato de
consenso para ocupar esta figura.

Quiero destacar fundamentalmente, señor Presidente, la
valoración que hace Coalición Canaria de este dictamen del
Defensor del Pueblo correspondiente al pasado ejercicio. Y
quiero instarle también, y reconocer este mérito, comenzando
por las reuniones institucionales que ha mantenido. Yo creo
que junto a la casuística, departamento por departamento,
administración por administración, que trae el amplio y
exhaustivo dictamen, hay algo que conviene resaltar y
potenciar políticamente y es que el Defensor del Pueblo como
institución fomente y siga fomentando las reuniones
institucionales con aquellas figuras similares que
aproximadamente media docena de comunidades autónomas, entre
ellas la canaria, con el Defensor del Pueblo correspondiente,
que es nuestro Diputado del Común, vienen realizando. Tengo
que reconocer que desde el punto de vista de la comunidad
autónoma canaria las reuniones, tanto en sede del Defensor
como en la isla de la Palma, donde se celebraba el pasado
verano de 1993, con el Diputado del Común, señor Díaz Tejera,
han sido positivas y fructíferas.




Página 4966



Hay algo que también quisiera destacar, y son las relaciones
institucionales que tienen que enmarcarse con el aspecto de la
divulgación. No solamente se trata de informar a esta Cámara
de la labor puntual de la institución del Defensor del Pueblo
sino, lo que consideramos más importante, el análisis
estadístico de las labores de la divulgación. De aquí que sean
más importantes las reuniones en sede de las comunidades
autónomas de los equivalentes, como el Diputado del Común en
Canarias, que las reuniones puramente de trabajo interno que
se puedan realizar en la sede del Defensor del Pueblo en
Madrid con los equivalentes de las comunidades autónomas que
lo tienen. En el análisis de cifras, por lo menos en lo que se
ajusta a la Comunidad Autónoma de Canarias, ya veremos el
efecto beneficioso de esta pedagogía de divulgación que tiene
la figura del Defensor del Pueblo.

Nosotros queremos destacar también, porque recientemente hemos
apoyado una iniciativa presentada en esta Cámara para que un
adjunto al Defensor del Pueblo se ocupara de los derechos del
menor, cómo, en el propio informe del Defensor del Pueblo, del
año 1993, viene a hablar de la colaboración que se ha
mantenido muy especialmente con las organizaciones dedicadas a
la defensa de los derechos del menor. Yo creo que ya se va
incidiendo en una vía de penetración en este importante mundo
de los derechos del menor, que si no está capacitado, a lo
mejor, legal o jurídicamente o no tiene conocimiento de la
Institución, esas organizaciones que se ocupan de los derechos
del menor tienen que ser las que conecten con el Defensor del
Pueblo. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la
Presidencia.)
Quisiera hacer una observación únicamente a los servicios de
corrección del futuro dictamen, porque cuando se habla de la
procedencia geográfica de las quejas en la Comunidad Autónoma
de Canarias es de suponer, dado el error la cifra de la página
1163, que la provincia de Santa Cruz de Tenerife no está en el
0,47 por ciento sino que debe ser el 47 por ciento, puesto que
la provincia de Las Palmas está en el 52,64 por ciento y es la
Comunidad Autónoma de Canarias la que está, afortunadamente,
muy por encima de la media nacional en el uso de la
institución del Defensor del Pueblo. Esto no es de extrañar,
dado que existe allí la figura del Diputado del Común, que de
alguna manera realiza una pedagogía, una información
permanente en los medios de comunicación que genera el
conocimiento del ciudadano español para usar la institución.

Quisiera resaltar también que las quejas recibidas a través de
los comisionados parlamentarios autonómicos sitúan a la
comunidad autonómica de Canarias, con 203 quejas recibidas,
después de la Defensor del Pueblo andaluz en la segunda de
todo el territorio nacional. Esto, señores, con un porcentaje
sobre la población de la comunidad autónoma en comparación con
las tres primeras, que son, como he dicho, la del Defensor del
Pueblo andaluz, la del Sindic de Greuges de Cataluña y el
Diputado del Común de Canarias, sitúan en porcentaje de
población de derecho de comunidades autónomas a la Comunidad
Autónoma de Canarias en el primer puesto nacional.

También quisiera resaltar que en las causas de inadmisión de
las quejas, que trae exhaustivamente y muy bien recogidas el
dictamen del Defensor del Pueblo, los dos primeros renglones
de la calificación de causas de inadmisión que son las
resueltas proporcionando información al proponente o aquellas
en las que no se han apreciado indicios de irregularidad
administrativa, con el 35 y uno por ciento, respectivamente,
hacen énfasis en resaltar la necesidad de continuar con la
labor de divulgación pública con una transparencia en los
medios de comunicación social y con las visitas a las
comunidades autónomas, precisamente para que esas causas de
inadmisión decrezcan, al mismo tiempo que se mantenga el
aumento, incluso con rejuvenecimiento de la población, como se
destaca en el informe, ya que los recursos de la institución
del Defensor del Pueblo ya no son tan utilizados por la
tercera edad (la clásica denuncia de los pensionistas por
retrasos en el cobro de pensiones, asistencia sanitaria,
listas de espera, etcétera) sino que una población nueva, más
rejuvenecida, con cualificación profesional determinada y
notable hace uso de la institución del Defensor del Pueblo.

Finalmente, y voy terminando, señor Presidente, en el último
apartado, que son las resoluciones adoptadas en relación con
las quejas, quiero hacer también una exaltación del valor
político que tiene. Insto una vez más a la institución del
Defensor del Pueblo a mantener con la máxima intensidad esta
labor de incitar a las administraciones públicas, a la central
del Estado, la autonómica y la de las corporaciones locales,
para que acepten las recomendaciones o las sugerencias que se
le hacen.

Quiero resaltar aquí que en el capítulo de las recomendaciones
la Cámara debía tener una especial sensibilidad y recibir una
información pormenorizada de qué recomendaciones está haciendo
la institución del Defensor del Pueblo a los distintos niveles
de las administraciones (estatal, autonómica o local) sobre la
conveniencia de proceder a modificar una determinada norma
legal. En segundo lugar, dictar la propuesta de una norma
legal para que los parlamentos autonómicos o este Parlamento
nacional con una proposición o un proyecto de ley, modifiquen
las existentes y realicen la necesaria adecuación de muchas
normas que todavía quedan por ahí y que no están adecuadas a
la Constitución. Añadiría a esta observación del informe del
Defensor del Pueblo, que no solamente hay que adecuarlas a la
Constitución sino a las directivas que nos vienen dadas por la
Unión Europea, a las cuales hay que adaptar nuestro Derecho
vigente para que la legislación



Página 4967



sea también concordante no solamente con los tratados
internacionales sino con las directivas o directrices de la
Unión Europea.

Tengo que resaltar que en el capítulo de recomendaciones la
administración autonómica ha sido más sensible que la estatal
y esté es un hecho político a valorar. Es decir, de 55
recomendaciones formuladas a la Administración central, ésta
ha aceptado 19, el 34,6 por ciento; y, en cambio, la
administración autonómica, de 20 recomedaciones que le ha
hecho el pasado ejercicio el Defensor del Pueblo, ha aceptado
nada más y nada menos que 12, es decir, el 60 por ciento. Hay
aquí, por tanto, una respuesta muy positiva, cuyo signo se
invierte cuando ya entramos en el terreno de las sugerencias,
en que no se trata de que haya un nuevo cambio de la
legislación, una adaptación de la norma de tipo de competencia
de la asamblea autonómica local o de este Parlamento nacional
para que se modifique un acto administrativo concreto. Aquí la
sensibilidad de la Administración central ha llegado hasta el
50 por ciento, mientras que es muy pobre la respuesta (2
frente a 23 sugerencias formuladas), pero yo creo que este es
un camino para que las fuerzas políticas aquí representadas
incentivemos en los parlamentos autonómicos el celo de tener
como campo de maniobra, como indicativo de una iniciativa
parlamentaria, a cualquiera de estos dos niveles, para que los
grupos proponentes corrijan las deficiencias actuales de
nuestra Administración que, tan acertadamente, en una
radiografía puntual y exacta, el dictamen de nuestra apreciada
institución del Defensor del Pueblo ha realizado. Con estas
palabras, Coalición Canaria quería hacer la valoración
política positiva, desde el punto de vista parlamentario, del
informe correspondiente a 1993, con nuestro reconocimiento a
todo el equipo de la institución que, de una manera ejemplar,
y ahí está también la propia respuesta de la opinión pública
ciudadana, con la dirección de la señora Retuerto ha
realizado. Nada más y muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Mardones. Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, el señor
Olabarría tiene la palabra.




El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, señorías, voy a
articular una breve intervención en nombre de mi Grupo
parlamentario, casi de cortesía, puesto que mi grupo no tiene
ninguna reserva mental sobre la calidad y contenidos del
informe anual presentado por la Defensora del Pueblo.

Además vamos a dar una impronta diferente a esta intervención,
señor Presidente. No vamos a hablar del informe anual del
Defensor del Pueblo; nos parece pertinente hablar en este
momento de la propia institución. Nos parece mejor hablar del
Defensor del Pueblo, de la Defensora del Pueblo, en este caso,
que está soportando (está soportándolo ella, personalmente,
está soportándolo la institución y lo está soportando, por
proyección, el orden institucional, el orden constitucional en
su conjunto), una precariedad, una transitoriedad en el
ejercicio de sus funciones, de sus relevantes funciones
constitucionales, poco presentable, señor Presidente, poco
decorosa.

No tenemos suficiente talante, o no estamos los partidos
políticos, los grupos parlamentarios, demostrando un talante
suficiente para consensuar un Defensor del Pueblo, una
institución de contrapoder de la magnitud, de la relevancia
constitucional del Defensor del Pueblo, y estamos manteniendo
situaciones de precariedad en este órgano, situaciones de
insuficiencia personal subjetiva, en otros, que están
generando una genuina responsabilidad colectiva atinente, en
su caso y si ello se produjera, al deficiente funcionamiento
de estos órganos, al deficiente funcionamiento del orden
institucional, siempre que estas deficiencias, esta
insuficiencias, derivaran de la precariedad en el
nombramiento, en la designación de algunos de estos
responsables, o en la insuficiencia, en la no cobertura de
algunas de las vacantes pendientes de cubrir en órganos
constitucionales.

Respecto al Defensor del Pueblo, a la institución y a la
persona que ostenta su titularidad subjetiva personal en este
momento, mi grupo parlamentario no puedehacer reflexiones más
que apologéticas, señor Presidente. Nos parece eficiente la
Defensora del Pueblo, nos parece neutral, nos parece que tiene
las dotes de sensibilidad personal humana para atender los
problemas e imprimirse, metabolizarlos de forma adecuada, una
de las características, casi desde una perspectiva
psicoanalítica, que debe tener, la institución del Defensor
del Pueblo, y que tiene ya aquí (en este contexto sí es
pertinente decirlo), las suficientes dotes de neutralidad,
independencia y ¿por qué no decirlo también? de lealtad
constitucional.

¿Esto qué configura? Nos obliga a deducir que para nuestro
grupo parlamentario es la candidata definitiva para cubrir
personalmente la institución del Defensor del Pueblo. Este es
el Defensor del Pueblo definitivo; no en funciones, no
provisional, sino definitivo.

La institución del Defensor del Pueblo tradicionalmente se ha
comentado que es una institución de contrapoder. Si utilizamos
como elemento de análisis las teorías de Heller, el Estado
organización de Heller, la doctrina alemana en esta materia,
vemos cómo los pueblos se organizan mediante la elaboración
consensuada de una Constitución; una Constitución donde se
estructura la organización política, se estructura el poder
político, y una organización donde se proclaman los derechos
fundamentales y libertades públicas que afectan y que
corresponden de forma universal a todos los ciudadanos. Se
configuran también en estos textos



Página 4968



constitucionales (siguiendo estas dilectas, para mi grupo
parlamentario, teorías hellerianas) instituciones de
contrapoder, instituciones de control, de forma mediata o de
forma inmediata, de forma directa o de forma indirecta, entre
las cuales está el Defensor del Pueblo.

El Defensor del Pueblo, como institución de contrapoder, en su
informe anual, nos manifiesta siempre una radiografía parcial,
siempre parcial, siempre subsidiaria de la situación de
disfrute, de la situación de eficiencia de los derechos
humanos y libertades públicas que proclama la Constitución. No
es una radiografía absoluta, no es una foto fija de la
situación de disfrute de los derechos fundamentales y
libertades públicas en el Estado español puesto que existen
otros procedimientos mediatos y más directos para tutelar,
para proteger el disfrute de los derechos fundamentales y
libertades públicas. Existe la posibilidad de acudir a la
tutela del Tribunal Constitucional cuando se vulneran o se
contradicen los derechos constitucionales proclamados entre
los artículos 14 y 22 de la Constitución, tal como prevé el
artículo 53 de la propia Constitución; existen también, a
través de la jurisdicción contencioso-administrativa,
especiales procedimientos sumarios para la protección de los
derechos fundamentales; luego lo que nos manifiesta el
Defensor del Pueblo, en su informe anual, no es más que una
reflexión, no es más que una fotografía parcial y siempre
subsidiaria de la situación de disfrute de los derechos
humanos y lo que cabe deducir del informe del Defensor del
Pueblo que este año se nos presenta es que todavía existen
puntos negros en el entramado institucional del Estado
español, existen insuficiencias, deficiencias o no regularidad
en el funcionamiento de algunas administraciones y algunos
derechos fundamentales relativos o atinentes a algunos
colectivos de personas que no son objeto de atención
suficiente por parte de los poderes públicos del Estado.

La otra gran función del Defensor del Pueblo es la que
proclama enfáticamente el artículo 9.2 de la Constitución, y
es la de contribuir, junto con el Tribunal Constitucional y el
orden jurisdiccional en su conjunto, a conseguir la
interdicción de la arbitrariedad que proclama el artículo 9.2
de la Constitución. También es muy eficiente el funcionamiento
de la institución del Defensor del Pueblo en este ámbito. Por
eso nuestras reflexiones sobre este informe, nuestras
reflexiones sobre el talante personal de la Defensora del
Pueblo son reflexiones positivas, son reflexiones de adhesión
incondicional, sin ningún tipo de reserva mental. Nos gusta
también, y sigo hablando del talante personal de la actual
defensora del Pueblo, señor Presidente, su talante
colaborador, su talante integrador con otras instituciones
homónimas que existen en comunidades autónomas del Estado
español; su talante colaborador con el Ararteko, de Euskadi,
su talante colaborador con el Sindic de Greuges, de Cataluña;
la ausencia paradigmática para nosotros de conflictos con
diferentes instituciones de ámbito estatal homónimas, el
talante colaborador con el Justicia de Aragón, con el Defensor
del Pueblo andaluz, etcétera. De aquí sí cabe deducir un
principio también paradigmático para mi grupo parlamentario,
señor Presidente, y es que la diversidad no es nunca
contradictoria con la eficacia. Ojalá este talante
colaborador, ojalá este principio fuese extendible, sin ningún
tipo de reserva, a otros ámbitos de la vida pública. Por
último (y termino con ello la glosa o la reseña de carácter
quizá excesivamente personal en este caso, dadas las
circunstancias o la coyuntura política de la Defensora del
Pueblo) nos gusta su espíritu humanista, nos gusta también su
sensibilidad, su acreditada sensibilidad en la percepción y en
la asimilación de los problemas de todos los ciudadanos; y
decimos esto desde la perspectiva de un partido político con
100 años de existencia y caracterizado históricamente por la
defensa de los valores del humanismo, por la defensa de los
valores del hombre contra la organización, por la defensa de
los valores del hombre contra la tecnoestructura, por la
defensa de los valores del hombre contra el Leviatán,
utilizando la expresión hobbesiana. Asimismo, nos gustan
algunas de las propuestas específicas que nos propone o que
nos indica el Defensor del Pueblo en su informe anual y que
nosotros estamos dispuestos a propiciar y a apoyar
parlamentariamente.

Nos sorprende, porque es la segunda vez que ocurre, que la
Defensora del Pueblo no pida significativamente un incremento
de los medios personales y materialesque redunden en una mayor
eficiencia del funcionamiento de la institución; si no lo pide
ella, tampoco lo vamos a pedir nosotros, señor Presidente, en
un contexto de austeridad presupuestaria, pero no sería
impertinente, seguramente, pensar en una implementación de los
medios personales y materiales que ayudaran a mejorar la
eficiencia del funcionamiento de la institución.

Por último, nos duele, como le dolerá a la Defensora del
Pueblo y como debe doler a cualquier persona con la más mínima
sensibilidad democrática, que se sigan produciendo todavía, y
se consignen así en el Informe de la Defensora del Pueblo,
conductas o actitudes obstruccionistas a su labor de
indagación, a su labor de investigación, al ejercicio
eficiente de sus funciones; nos duele todavía que haya órganos
de la Administración, de las administraciones puesto que eso
hace referencia tanto a la Administración central del Estado
como a algunos órganos de la Administración local e incluso de
la autonómica, nos duele que todavía no se tomen en
consideración las recomendaciones. Pero no sólo eso, algo peor
todavía, nos duele, nos duele personalmente --yo creo que este
es un dolor colectivo que yo manifiesto en nombre de todos--
que algunas instituciones, algunos órganos del Estado, bien
sea en el ámbito local bien sea en el ámbito estatal, ni
siquiera acusen recibo



Página 4969



de los escritos, de los requerimientos remitidos por la
Defensora del Pueblo. Por lo tanto, no está aquí el Ministro
de Justicia pero se lo vamos a reiterar con insistencia, se
debe consignar como delito penal, se debe incorporar
definitivamente al proyecto de Ley Orgánica del Código Penal
la tipificación como genuino delito penal, con la
correspondiente pena aparejada, de la labor de obstrucción, la
labor de obstaculización del ejercicio de las funciones del
Defensor del Pueblo.

Dicho esto, señor Presidente, acabando con una expresión que
de alguna forma condensa todo lo que queríamos decir, de forma
quizás más prolija de lo debido, lo que mi Grupo Parlamentario
opina en este momento en que la institución del Defensor del
Pueblo está afecta por cierta transitoriedad no conveniente,
por cierta precariedad en relación a su futuro, lo que
nosotros pensamos es que no es conveniente buscar fuera de
casa lo que ya podemos tener dentro de casa funcionando con
suficiente eficiencia.

Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Olabarría. Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra el señor Baltá.




El señor BALTA I LLOPART: Gracias, señor Presidente.

Señorías, apenas hace una semana que se reunió la Comisión
Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, donde doña
Margarita Retuerto, titular en funciones de la institución,
presentó el informe que hoy, tras volverla a escuchar
complacidos, nos disponemos a debatir.

No faltaron en aquel trámite halagos y felicitaciones, pero
por encima de la cortesía y también del reconocimiento por el
deber cumplido, lo que pretendíamos cuantos portavoces
intervinimos en aquella ocasión era dar el soporte moral que
compensara la situación de interinidad, que, por otra parte,
cuando menos este Portavoz, quería recalcar, al encuentro de
la presión necesaria que impulsara el consenso de los dos
grupos mayoritarios de la Cámara. No nos es grato el
espectáculo del desacuerdo en torno a una institución que por
su idiosincrasia creemos que debiera permanecer alejada de la
discrepancia. No ha sido así, de momento, señorías. Sin
embargo, el cuerpo institucional del Defensor del Pueblo ha
funcionado perfectamente con la misma responsabilidad que lo
ha caracterizado desde el mismo momento de su creación. No
hace falta añadir otros elogios; tenía que ser así y ha sido,
eso sí, pese a todos nosotros.

Hoy nuestra democracia, que en su día incorporó la figura del
«ombudsman» en el ordenamiento jurídico español, la ha asumido
perfectamente. Ello se deduce del propio informe anual, de la
cantidad de demandas y peticiones que llegan a la institución,
de la propia capacidad de dar salida a no pocos conflictos que
le son planteados, especialmente en su papel fundamental de
mediador entre los ciudadanos, los administrados y las
administraciones de cualquier nivel, ante los puntos negros
del entramado institucional del Estado español, como decía el
portavoz del Grupo Vasco, señor Olabarría.

En palabras de la propia Defensora del Pueblo en funciones, la
aceptación popular conseguida se debe a aquel (hablo a la
altura de los hombres, que decía León Felipe) que ha sabido en
su novedad adaptarse al dinamismo de los cambios políticos,
institucionales y sociales que exigía la nueva y plural
sociedad española, con lo que también ha estado al nivel de la
propia sociedad. Es muy cierto que al buscar en este mar de
letras de las 1.170 páginas del informe nos encontramos con
una España nueva y plural, tanto que parece inmersa en una
permanente mutación. Sin embargo, también está ahí una de las
dos España de siempre, en palabras de otro gran poeta: la de
los indefensos y oprimidos, aquella España a la que la
libertad y la democracia todavía no ha dado solución. Pese a
la objetividad y a la profesionalidad con que ha sido
redactado el informe, subyace la sociedad española de la
crónica negra. Pero no se vayan a pensar SS.SS. que el país
subyacente que la origina pueda localizarse geográficamente
más hacia el norte o más hacia el sur, confrontación de
desarrollo social y económico, tan de moda en este final de
siglo. La problemática que justifica esta conclusión está en
las demandas llegadas a la Oficina del Defensor del Pueblo
desde los barrios populares de esta misma Villa de Madrid, de
la Barcelona de las Olimpiadas, de la Sevilla de la Expo. Pese
al desarrollo, siguen existiendo o, quizás peor, se están
creando bolsas de pobreza formadas por gentes, por familias,
por hombres y mujeres que no llegaron a subirse en el tren de
la sociedad del bienestar o se cayeron de él en plena marcha y
ya hace tiempo que vieron alejarse el vagón de cola, quizás
para siempre.

Acudir al Defensor del Pueblo es, en no pocos casos, un acto
de esperanza en medio de la desesperación. He aquí una causa
para no seguir po-li-ti-que-ando esta institución. Y
discúlpenme el mal sentido que, al silabearla, he dado a esta
palabra. Hagamos un acto de contrición y resolvamos la
interinidad. Quizás algunos de esos ciudadanos desesperados no
tienen a su alcance el tomazo del informe e ignoran que la
institución del Defensor del Pueblo sigue funcionando pese a
todos. Ignoran esas gentes que el 78 por ciento de las quejas
aceptadas a trámite han sido subsanadas, que se han pedido
explicaciones a la Administración sobre errores cometidos que
se han rectificado, que aunque muchos ciudadanos utilizan la
institución como quien



Página 4970



grita a pleno pulmón creyendo expulsar de sus adentros una
situación agobiante, la mayoría de los demandantes le han
sacado un buen provecho a la institución restableciendo
situaciones de justicia.

¡Cuánto respeto debe merecernos una institución capaz de
penetrar en los subterráneos de nuestra sociedad y, al propio
tiempo, ejercer magníficamente la función de observatorio de
la evolución que, juntos, todos nosotros, este Estado, el
mundo de nuestro tiempo, está haciendo hacia no se sabe
exactamente dónde! Bien es cierto que la primera parte de mi
intervención, señorías, y la del informe que debatimos, se ha
movido entre las quejas de quienes todavía reivindican una
cierta igualdad en los mínimos necesarios para una primaria
subsistencia: el paro, todavía el hambre, la inseguridad, el
derecho a la vida y a la libertad de hacer libremente lo que
quiera cada cual de uno mismo, pero en cuanto profundizas en
el informe compruebas que nuestra sociedad libre y democrática
todavía tiene quienes pueden razonar sus reivindicaciones
respecto a libertades fundamentales, quienes se sienten
discriminados por su condición de extranjeros y quienes pese a
la condición de españoles sienten la discriminación, que se
produce en cuanto forman parte de minorías étnicas o
culturales. Otros se sienten marginados por su sentido crítico
a nuestro modelo de sociedad o por su rebeldía ante
exigencias, responsabilidades de la propia condición de
ciudadanos. Y nos damos cuenta de que todavía estamos,
afortunadamente, ante una sociedad abierta, capaz de asumir la
problemática de la innovación. Multitud de cuestiones
planteadas en el informe nos lo demuestran. Pese a las
denuncias en negativo --como todas las denuncias, lógicamente-
- respecto a numerosas agresiones al medio natural, también
sugieren una cada vez más generalizada toma de conciencia
ecológica. El agua, entre los muchos ejemplos que surgen en el
informe, aparece como uno de los grandes patrimonios
colectivos cuando se exige la regeneración de ciertas reservas
hídricas en peligro. Están ahí las dificultades para
investigar qué tenemos en nuestras universidades, todo ello
apuntando hacia el futuro. Pero las pensiones escasas o
incobradas de los militares de la República, junto a las
dificultades del que fue personal sanitario de las antiguas
colonias miran hacia el pasado. Está ahí la problemática de la
propia Administración con el conflicto creado por la búsqueda
de un nuevo modelo de gestión, la selección de personal, los
traslados, el propio conflicto de la novedad del Estado de las
autonomías (por cierto, también nos complace coincidir con el
señor Mardones en la observación de un mayor nivel de
sensibilidad ante las demandas del Defensor del pueblo por
parte de nuestras autonomías) y también está ahí la
problemática de la cooficialidad lingüística, que no olvidamos
mencionar. Conceptos novedosos, como la multipropiedad, las
titulaciones profesionales en el ámbito de la Unión Europea,
la problemática del ámbito hispanoamericano, la solidaridad
con los profesionales que nos llegan de la desaparecida Unión
Soviética, no son menos problemáticos. Y podríamos seguir
citando hasta el final las situaciones descritas en este
informe, que nos hablarían de la capacidad y de la utilidad
del Defensor del Pueblo para plantear hacia su solución
cuestiones latentes de una sociedad en crisis permanente, como
teléfono de la esperanza, como observatorio privilegiado de
las consecuencias secundarias de las decisiones que se toman
desde el poder.

A menudo he oído decir que la bondad de una ley no se conoce
hasta pasado un tiempo prudencial de su aplicación. Quizá
convenga que todos nosotros, señorías --y termino con esto,
señor Presidente--, leyéramos atentamente el informe que ahora
debatimos, llegando hasta el punto final de la relación de
acciones en pro de la constitucionalidad, que también han
ocupado al Defensor del Pueblo, para redondear y considerar la
aportación positiva de esta institución, sobre todo cara a la
aceptación de las propuestas que nos hace. La lectura quizá
nos incitaría a ejercitar la virtud de la prudencia que se le
supone a un buen político, gobernante o en la oposición, y en
esta línea me parece inevitable la consideración de que lo
prudente es el consenso del que hablan estos días los medios
de comunicación, para poner fin a las interinidades en ciertas
instituciones. Pónganse ustedes de acuerdo, señorías de un
lado y otro de la Cámara. Mi Grupo es tan prudente como para
apoyar, en este caso concreto, la solución que juntos nos
propongan, desde el consenso. La institución del Defensor del
Pueblo, señorías, parece merecerlo.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Baltá.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, al Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya le gustaría comenzar este debate plenario sobre el
informe anual del Defensor del Pueblo, del año 1993, con un
comentario por lo que está siendo el tono de la discusión en
el Pleno. Hoy no nos encontramos en un debate sobre la
nominación de un nuevo candidato a Defensor del Pueblo; hoy no
se han presentado candidatos. Digo esto porque esa discusión
se tuvo en la Comisión en otra fase del trámite. Hoy nos
encontramos aquí para profundizar en algo que está recogido en
todo este libro, que es el informe de las quejas que la
Defensora del Pueblo ha tramitado. Y a eso me voy a ceñir; a
discutir, a profundizar sobre lo que ha sido este informe,
cómo han visto los ciudadanos a la Administración --llámese
Administración



Página 4971



central, local o regional-- en su funcionamiento; de qué
manera los quejosos del Estado han proyectado y plasmado como
reciben la acción del poder. Comienza el informe de la
Defensora del Pueblo diciendo en su presentación: los hechos
hablan más que las palabras. Una cita de Molière. Y es verdad,
yo creo que no es bueno que se pueda plasmar de derecho la
situación que ahora mismo tenemos de hecho. ¿Por qué digo
esto? En la introducción y presentación, la Defensora del
Pueblo viene a decir que a lo largo de este período de tiempo
la institución y el equipo que la componen han seguido
actuando convencidos de que la situación de interinidad es un
mecanismo administrativo que tiene por objeto asegurar la
continuidad de las instituciones frente a cualquier
contingencia. Eso de la continuidad intentando hacer normal
una situación anormal, el que unas Cortes, que se
constituyeron hacemás de año y medio, no hayan sido capaces de
renovar esa institución, no puede ser una situación de
normalidad. Es más, yo creo que es una nota que puede intentar
proyectar una imagen del Defensor del Pueblo de que, al margen
de que haya democracia y votaciones, esta institución sigue
funcionando como una actuación administrativa «per se», y esta
actuación debe ser de choque frente a la Administración a
instancias de la propia Administración.

En otra parte de la presentación también hace referencia la
Defensora del Pueblo a que la cifra global de las quejas es
indicativa pero no debe ser interpretada como un índice de
malestar de los ciudadanos con la actuación de la
Administración, y pasa a interpretar en la presentación que
unas pocas quejas pueden ser de mayor magnitud y trascendencia
y una gran cantidad de quejas puede no ser de gran magnitud o
de gran peso específico. Nosotros no lo creemos así. Aunque
las quejas sean colectivas, aunque la queja sea puntual y de
un pueblo perdido de nuestro territorio, debe de significar
una reacción. Por tanto, el número de quejas sí simboliza el
estado de malestar que tiene la ciudadanía de la actuación de
la propia Administración.

Me gustaría comentar el informe de la Defensora del Pueblo
resaltando valores positivos de este informe, los elementos
críticos que encontramos en el informe, un comentario sobre
las quejas que ha recogido el propio informe y lo que pudieran
ser las solicitudes que hacemos al Defensor del Pueblo para
que el próximo informe recoja otro esquema, otra ordenación de
las quejas que los ciudadanos han traído.

Como positivo encontramos que hay una gran actividad externa,
sobre todo una gran proyección de la institución del Defensor
del Pueblo hacia países iberoamericanos. Una gran presencia en
charlas de divulgación; quince en todo el año, más de una al
mes, por tanto hay una presencia de la institución en esa
actividad externa. Creemos que hay un uso de lo que pudiéramos
llamar actuación de oficio; en 91 casos el Defensor del Pueblo
ha tramitado, ha actuado al margen de que haya una queja, eso
es positivo. También creemos que hay una rapidez en la
respuesta al ciudadano para admitirle, rechazarle o recabarle
información complementaria bastante importante; en tres o
cuatro días o en una semana recibe información el propio
ciudadano. Creemos que también es importante --y debiera
utilizarse para explicar el papel del Defensor del Pueblo-- el
número de subsanaciones; se han producido 11.000 subsanaciones
de actuación anómala de la Administración a instancias del
Defensor del Pueblo.

Estos son elementos positivos de todo un año de trabajo, pero
también encontramos elementos críticos de la actuación del
propio papel del Defensor del Pueblo, fundamentalmente:
primero, nosotros creemos que el informe está excesivamente
concentrado en Madrid, el trabajo del Defensor del Pueblo es
excesivamente madrileño, el 60 por cien de las quejas son de
Madrid, el otro 40 por cien de todo el territorio, y se dice
que las quejas colectivas vienen a ser más de Madrid. Una
queja colectiva significa que hay muchos individuos por
separado que tienen una situación de rechazo o de solicitud de
actuación de intermediación del Defensor del Pueblo. Por
tanto, creemos que hay que mejorar la presencia de la
actividad del Defensor del Pueblo en todo el territorio del
Estado, no ya donde hay figuras de Defensor del Pueblo, de las
cuales han venido 834 quejas al Estado, sino también de las
comunidades que no tienen Defensor del Pueblo y que tienen
comisiones de peticiones y defensa del ciudadano, comunidades
autónomas que aún no han constituido su Defensor del Pueblo.

La segunda gran crítica que tenemos está relacionada con lo
que se señala en la página 1.162 del informe, en la que se
viene a decir que hay una reducción de las quejas, del uso del
Defensor del Pueblo por parte de los ciudadanos de bajo nivel
formativo, de bajo nivel de instrucción académica, y un
crecimiento de lo que pudiéramos llamar personas con
titulación media o superior. Es decir, acuden al Defensor del
Pueblo las personas más instruidas. Sin embargo, creemos que
estas personas están más indefensas; tienen menos capacidad de
reaccionar los que menos formación tienen, los que están
desperdigados por todo el territorio de nuestro país y que
tienen dificultad para poder proyectar esa actuación hacia el
Defensor del Pueblo. Es más, reconocía la Defensora del Pueblo
que empiezan a venir quejas muy articuladas jurídicamente, es
decir, empieza a haber asesorías o actuación de abogacía para
traer la queja al propio Defensor del Pueblo. La tercera queja
que tenemos de la visión crítica de la actuación del informe,
es lo que pudiéramos llamar el escaso uso que el Defensor del
Pueblo hace del recurso de inconstitucionalidad. De ocho
peticiones de actuación del Defensor del Pueblo solamente ha
actuado en un caso; es decir, la institución ha recurrido al



Página 4972



Tribunal Constitucional un solo caso de inconstitucionalidad,
en la Ley de Datos, pero en los otros ocho casoslo ha
rechazado. Es más, en la multitud de demandas de actuación del
recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional ninguna de
las demandas de actuación de amparo ha sido recogida. El otro
elemento crítico que encontramos es el alto número de quejas
que no son admitidas; dice que hay una suficiente actuación de
la Administración o que no se pasa a profundizar en ella. Ese
número, que es bastante alto a nuestro juicio, debiera
reducirse. Es verdad que ha ido reduciéndose en los últimos
años, pero todavía es bastante elevado. Nosotros creemos que
el trabajo del Defensor del Pueblo tiene que ser también dar
cabida a esas peticiones de los ciudadanos.

Paso, señorías, a lo que pudiéramos llamar comentarios sobre
las quejas. Hay 247 páginas, de las mil y pico que tiene el
informe, dirigidas a los derechos fundamentales y libertades
públicas. Eso quiere decir que en nuestro país todavía nos
quejamos por esa actuación desde el Estado. Pero nosotros
estamos alarmados por el exceso de quejas de malos tratos, no
ya de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, sino que
están ya apareciendo en la policía local, sobre todo, los
malos tratos en el municipio de Madrid hacia ciudadanos que no
son de nuestro país, que tienen otra raza o que son
inmigrantes. También vemos excesiva la actuación del Defensor
del Pueblo en la objeción de conciencia --cosa que viene a
demostrar que hay una mala regulación legal de la objeción de
conciencia-- en el aplazamiento por los motivos de trabajo
hacia la objeción de conciencia, en el aplazamiento por
estudios, por las exclusiones; hay doce quejas de personas que
han sido excluidas de la objeción de conciencia por el propio
Tribunal. También hay un exceso de quejas para lo que
pudiéramos llamar derechos y libertades de los extranjeros en
nuestro país; en un momento de crecimiento de la xenofobia es
importante y necesario actuar, sobre todo cuando ese
crecimiento de quejas ha ido más hacia la exclusión de nuestro
país de ciudadanos inmigrantes que hacia la admisión.

Creemos que junto con ello ha crecido también el número de
quejas sobre los servicios de la Administración. Es muy
importante, más de 400 quejas han sido para la sanidad;
sanidad tanto en cuanto al tratamiento de residuos sanitarios
como en lo que son las listas de espera, así como también en
los servicios que presta la Administración de Correos, en
Renfe, en Telefónica. Hay más de un año de tramitación de una
queja o reclamación en Telefónica cuando hay una valoración de
la facturación.

Termino, señor Presidente, haciendo referencia a la exigencia
que nosotros le haríamos para el próximo informe: que en su
estructuración recogiera cuatro o cinco variaciones. Primero,
debieran separarse las quejas colectivas de las individuales,
para no entrar a valorar si una queja es de 1.000 o de 2.000
personas y otra es de un solo ciudadano. Segundo, debieran
venir separadas las quejas que ha tramitado de oficio el
Defensor del Pueblo, las 91 quejas. Por otro lado, creemos que
deben venir también separadas las quejas que han sido
tramitadas desde los defensores del pueblo de cada territorio,
de los «ombudsman» de cada territorio. Deben recogerse
también, aunque se rechacen, los recursos de amparo. Creemos
que debe hacer una mayor precisión en los datos de las quejas
que no han sido admitidas por la Administración. No
compartimos que haya un buen crecimiento de reacción de la
Administración central, aunque haya mejorado la relación del
Defensor del Pueblo con el Ministerio del Interior, no sé si
por cambio de Ministro o por otra actuación. Tratar de decir
que las mayores quejas del Defensor del Pueblo son hacia las
administraciones locales es injusto, porque son las que
funcionan con menos recursos y con menos medios. Por tanto,
creemos que hay que seguir exigiendo que cuando hay una
recomendación o una reclamación del Defensor del Pueblo la
Administración debe responder cubriendo los derechos de los
propios ciudadanos.

Nada más, señor Presidente, señorías. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.




El señor GIL LAZARO: Señor Presidente, señorías, como es
sabido, el informe del Defensor del Pueblo constituye sin duda
un valioso elemento de reflexión que nos permite conocer
cuáles son algunas de las causas principales de conflicto
entre las administraciones y los administrados e, igualmente,
nos permite profundizar en el conocimiento de las principales
disfuncionalidades con las que tropiezan los españoles en su
vida corriente cuando tratan de llevar a la práctica los
valores y principios que nuestra Constitución afirma con
carácter esencial. Del texto del informe se infiere con
claridad la caracterización de la institución como una
magistratura de opinión que incorpora a la vez su misma
caracterización como un elemento de garantía del derecho
individual frente a posibles situaciones de abuso, como un
elemento de profundización democrática, precisamente a través
de la tarea de postulación que realiza acerca de los cambios
normativos o de comportamiento que es preciso verificar para
asegurar en todo caso el sometimiento de todos al imperio de
la Ley y, finalmente, como un elemento de mediación entre los
conflictos que pueden surgir entre Estado y sociedad, entre
individuos



Página 4973



y Administración, orientado esencialmente a hacer mucho más
cohesionada nuestra convivencia.

El valor esencial del informe radica, además, en una doble
consideración: en primer lugar, en que los datos que nos
aporta son datos surgidos de nuestra experiencia social y, por
tanto, son datos eminentemente anclados en nuestra misma
realidad, y, en segundo lugar, en que incorpora, a través de
esos datos fundamentalmente, la voz de los sectores sociales
más débiles, es decir, la voz de todos aquellos que
previamente en las vías ordinarias de carácter administrativo
o judicial no han encontrado audiencia a su reclamación. Por
eso, nosotros entendemos que, a partir de estas
consideraciones, el informe del Defensor del Pueblo exige
trascender en este acto más allá de la casuística que
incorpora, para poder formular unas conclusiones políticas, en
su sentido más puro, con carácter general y unas conclusiones
que, además, no pretenden formularse desde ningún tono de
agravio, ni desde ninguna naturaleza de alegato contra nada ni
contra nadie, sino, por el contrario, desde un profundo acento
constructivo, haciendo de ellas un llamamiento a la acción
política y parlamentaria de todos, precisamente para poder
solventar las cuestiones que el informe nos apunta. Es
evidente, sin duda, que en ese llamamiento, que en ese
conjunto de conclusiones, la responsabilidad,
correspondiéndonos a todos, es singularmente notable en lo que
afecta a la propia naturaleza de la acción que sobre las
mismas debe desarrollar el Gobierno.

Por eso, nosotros entendemos que de la lectura de este informe
anual, en relación con lo que vienen siendo los textos de los
informes de años anteriores, cabe afirmar diez reflexiones
esenciales. En primer lugar, hay que seguir reclamando el
firme respeto al valor absoluto de la libertad como concepto,
que sólo puede verse limitado en función de las garantías y de
los supuestos especial y singularmente tasados en nuestro
ordenamiento jurídico. Eso obliga a realizar un esfuerzo
colectivo para que no sigan produciéndose determinadas
situaciones que relata el informe y que suponen un menoscabo
evidente de ese valor absoluto de la libertad. Situaciones
tales como la persistencia en detenciones en función de
órdenes de busca y captura ya canceladas o situaciones
dimanadas del internamiento, es decir, de la privación de
libertad, a través de supuestos indebidos, por ejemplo, en
centros psiquiátricos. En segundo lugar, creemos necesario
profundizar en el compromiso con los valores democráticos de
la tolerancia, la igualdad y los derechos humanos, porque sin
lugar a dudas estos tres valores constituyen la base esencial
de lo que es una cultura democrática de calidad. En este
sentido, nos parece esencialmente notable volver a hacer hoy
aquí un llamamiento de conjunto a la acción de la sociedad
española, naturalmente también a la acción principal del
Gobierno en ese sentido, para combatir de una manera rotunda y
eficaz cualquier manifestación xenófoba o racista. Nos parece
igualmente necesario exigir del Gobierno que en la aplicación
de ciertas medidas contenidas en la legislación de extranjería
se respeten, de una manera escrupulosa, esas demandas
esenciales inherentes a esa cultura de los derechos humanos. Y
nos parece, desde luego, especialmente notable, continuar en
el proceso de favorecimiento de integración de ciertas
minorías nacionales de carácter étnico o cultural, como, por
ejemplo, la comunidad gitana, y combatir cualquier fórmula de
discriminación, sea conceptual o sea práctica, que se pueda
realizar sobre dicha minoría. En tercer lugar, es
imprescindible, desde nuestro punto de vista, recobrar el
derecho esencial a la tutela judicial efectiva como garante
del sometimiento del conjunto de las relaciones sociales al
imperio de la ley. No puede existir una sociedad democrática
de calidad, una sociedad democrática avanzada sin hacer
efectivo ese derecho a la tutela judicial en su doble
acepción, y el informe del Defensor del Pueblo de este año,
junto con los informes de años anteriores, viene insistiendo
en que las deficiencias de naturaleza estructural acerca de la
situación real de la justicia en España hacen, hoy por hoy,
que ese derecho a la tutela judicial efectiva, sin lugar a
dudas y lamentablemente, no goce de la debida y deseable salud
en nuestro país.

En cuarto lugar, entendemos que del texto del informe se
infiere la necesidad de potenciar cuantos aspectos son
sustanciales para garantizar el derecho a la intimidad. La
cultura de la intimidad es, sin lugar a dudas, una exigencia
básica, una exigencia fundamental en la afirmación del
conjunto de lo que es esa cultura democrática y de lo que es
la cultura de los derechos humanos. Eso supone que cuestiones
tan concretas como el tratamiento informático de los datos de
carácter personal, o la especial situación en la que se
encuentran determinados ciudadanos españoles en función de la
privación de sus derechos básicos, como por ejemplo es la
situación de los ciudadanos recluidos en centros
penitenciarios, o la pervivencia absoluta de exigencias
fundamentales para el mantenimiento de esa cultura de la
privacidad, como es la garantía absoluta del secreto de las
comunicaciones y de la inviolabilidad del domicilio, sean
notas constantes en el hacer de nuestros poderes públicos. No
se puede, en este último caso, en función de criterios de
eficacia o de criterios de seguridad, tratar de superar por la
vía de hecho lo que es la exigencia de la norma jurídica,
porque eso implica al final que el resultado concreto no
solamente no es el perseguido, como se ha visto recientemente,
sino que además se produce ese menoscabo lamentable de la
calidad de vida de esa cultura de la privacidad. En quinto
lugar, entendemos que del texto del informe se infiere un
llamamiento a desterrar de manera rotunda aquellas prácticas
que comportan un menoscabo del derecho a la integridad física
y a la interdicción de



Página 4974



los tratos degradantes. Afirmamos con rotundidad, y nos
satisface el poder hacerlo, que efectivamente en el conjunto
de la práctica ordinaria del Estado son muy reducidos, son
esporádicos, muy puntuales, muy lamentablemente puntuales
aquellos supuestos de malos tratos que afectan a miembros de
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o de las
policías locales o de funcionarios que tienen en su función
profesional un deber de custodia sobre otros ciudadanos, pero
decimos que solamente con que se produzca un supuesto,
solamente con que en uno de esos casos se constate que,
efectivamente, en la acción de esos funcionarios ha podido
haber un menoscabo de ese derecho, de ese derecho absoluto al
respeto a la integridad física y a la interdicción de tratos
degradantes, es necesario que eso se acompañe de una acción
decidida por parte del poder público. En este sentido haríamos
un llamamiento, especialmente al Ministerio de Justicia e
Interior, para que modifique algunos de los comportamientos
que viene llevando a cabo en la no aplicación de los supuestos
de medidas cautelares previstos en el artículo 8.º de la Ley
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, precisamente
cuando se produce una denuncia sobre malos tratos.

En sexto lugar, creemos que es absolutamente necesario
asegurar el escrupuloso atenimiento de la Administración a las
normas del procedimiento. El procedimiento es, sin lugar a
dudas, la garantía del ciudadano frente a la Administración.

El procedimiento administrativo es precisamente lo que lima la
posibilidad de que la Administración en su relación con el
ciudadano pueda hacer gala de un abuso de posición dominante.

Sin embargo, en este informe, como en los informes de otros
años, se viene insistiendo en el relato de ciertos vicios
funcionales de la Administración que suponen un dejar de lado,
a veces en todo, a veces en parte, estas exigencias del
procedimiento. Situaciones como el incumplimiento de plazos
por parte de la Administración, Administración que es taxativa
con el particular a la hora de exigirle esos mismos plazos,
situaciones como la falta de motivación de las resoluciones
administrativas o la inejecución de las sentencias por parte
de la Administración cuando la propia Administración es la
condenada, o cuestiones formales pero que denotan, sin lugar a
duda, una actitud, como es la necesidad de simplificación y
eliminación del lenguaje de cualquier connotación coactiva,
son y siguen siendo hoy llamamientos a una acción de reforma.

En séptimo lugar, nos parece imprescindible insistir en la
vertebración adecuada de los servicios públicos, especialmente
de aquellos servicios que son básicos, bien para la
competitividad y la modernización de nuestra sociedad, como
son todos aquellos que afectan al sector del transporte y de
las comunicaciones, bien para preservar --principios básicos
también-- el principio de igualdad de oportunidades y
favorecer la corrección de desequilibrios sociales. En este
sentido nos preocupan muy esencialmente las menciones
concretas que el informe realiza en relación con dos ámbitos
temáticos muy específicos, el de la educación pública y el de
la sanidad pública, que exigen del Gobierno, en ese doble
ámbito temático, una acción decidida y urgente.

En octavo lugar, nos parece fundamental llevar a cabo un
empeño real de transformación y modernización de las
administraciones...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Gil Lázaro, vaya
concluyendo, por favor.




El señor GIL LAZARO: Voy concluyendo señor Presidente.

No bastan aquí simplemente los discursos teóricos. Hacen
falta, por la experiencia que surge del tenor del propio
informe del Defensor, administraciones más coordinadas,
ágiles, operativas, transparentes, sencillas y eficaces y,
sobre todo, más próximas al ciudadano. Porque, en definitiva,
algo que se infiere del informe del Defensor es que sigue
haciendo falta insistir sobre las administraciones en su
conjunto en que éstas no pueden ser concebidas como un fin en
sí mismo, sino orientadas de una manera rotunda, objetiva y
escrupulosa al servicio del interés general.

En noveno lugar, creemos imprescindible, por lo dicho en el
informe, corregir toda tentación de las administraciones que
suponga comparecer en su relación con el ciudadano bajo una
perspectiva de imperio, y esta corrección es especialmente
necesaria y sensible en el ámbito de la administración
económica y lo es también en el ámbito y en la naturaleza de
la propia administración como empleadora, es decir, en la
relación con aquellos que son sus empleados. Y, por último,
nos parece imprescindible, a tenor de lo dicho en el texto del
informe, articular una adecuada jerarquización de objetivos,
coordinación de funciones y determinación de medios
económicos, a fin de poder desarrollar una debida política de
solidaridad con los más necesitados. Hay en el informe una
mención explícita a la necesidad de articular mucho mejor la
coordinación en el ámbito de los servicios sociales, a la
necesidad de no anteponer criterios técnicos a los criterios
de solidaridad, porque esos criterios de solidaridad son
determinantes para poder afirmar los valores de conjunto de
una cultura democrática. Solamente la cifra de esos siete
millones que hoy por hoy existen en nuestro país supone un
compromiso de acción que debe vincular al conjunto de las
administraciones públicas y que de una manera implícita está
también reconocido en el informe de Defensor.

Y concluyo, señor Presidente, haciendo una breve mención a
algunas consideraciones funcionales...




Página 4975



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muy breve, señor Gil
Lázaro.




El señor GIL LAZARO: Muy breve, señor Presidente.

En primer lugar, habrá que estudiar la posibilidad de
modificar el trámite del informe anual y la estructura misma
de este informe en ejercicios sucesivos. Hay que afirmar la
vía de mediación como una vía de posibilidad de actuación del
Defensor, y eso posiblemente exigirá reformas en la Ley
Orgánica. Hay que hacer desde aquí una reconvención a todas
aquellas autoridades que han demostrado una actitud
obstruccionista frente al Defensor y, finalmente, hay que
reclamar del Gobierno y de todas las administraciones una
mayor efectividad en la aceptación real de las
recomendaciones. No cabe que se diga simplemente al Defensor
que se acepta esta o aquella recomendación para después hacer
que esa recomendación duerma el sueño de los justos
argumentando razones de naturaleza presupuestaria o necesidad
de cambios legislativos que nunca llegan.

En definitiva, y con esto concluyo, señor Presidente, el valor
de este informe, como quedó dicho al principio, es que relata
la voz de una parte de nuestra sociedad, de la parte, sin
duda, más doliente; esa parte de la España doliente es, ha
sido y seguirá siendo siempre un compromiso esencial en la
acción política del Grupo Parlamentario Popular. Por eso,
nosotros hoy solamente queremos hacer un reproche...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Termine, señor Gil
Lázaro.




El señor GIL LAZARO: Termino, señor Presidente.

Solamente queremos hacer un reproche y es que cuando en esta
Cámara se aportan datos de la experiencia a través del informe
del Defensor, cuando a esta Cámara, a través de ese informe,
llega esa voz de la España doliente, el Gobierno la obsequie
con su absoluto vacío en este debate.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo
Socialista, el señor Valls tiene la palabra.




El señor VALLS GARCIA: Señor Presidente, señorías, asistimos
en este acto, si nos ceñimos al mandato de la Ley Orgánica que
lo regula, a la dación de cuentas que nuestro Alto
Comisionado, el Alto Comisionado de las Cortes Generales para
la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la
Constitución, da a aquellos que lo hemos elegido. Por tanto,
me voy a ceñir a esta actuación. Contemplando o releyendo el
análisis, la exposición que, bien por escrito, bien de manera
oral, ha efectuado ya dos veces la Defensora del Pueblo --
primero en Comisión y después esta mañana--, el juicio de
nuestro Grupo tiene que ser positivo. Nosotros consideramos
que la labor que ha realizado todo el equipo del Defensor del
Pueblo durante este año que analizamos hoy ha supuesto un
esfuerzo positivo, encaminado precisamente a aquello para lo
que estas Cortes Generales eligieron la figura del Defensor
del Pueblo. Y no solamente decimos esto por la lectura de las
quejas o por el trámite que el Defensor del Pueblo ha dado de
las quejas de los ciudadanos, sino que además aceptamos --
puesto que el Defensor del Pueblo, de acuerdo con el artículo
6 de la Ley Orgánica que lo regula, debe actuar con autonomía
y según su criterio-- aquellas iniciativas que de forma
propia, de forma autónoma ha adoptado a lo largo de este año,
aunque --debemos decirlo con absoluta sinceridad-- algunas no
las compartamos. Igualmente, nos parece positiva la labor,
podíamos decir, externa que está llevando a cabo la
institución, fundamentalmente en dos aspectos. En primer
lugar, en lo que podíamos llamar su labor internacional, bien
sea en el campo de Naciones Unidas, bien sea en el campo de la
Unión Europea; especialmente, nosotros queremos destacar su
colaboración, su --si se permite decirlo así--actuación de
guía con aquellos países de Iberoamérica que, afortunadamente,
están implantando la figura del Defensor del Pueblo en sus
distintos ordenamientos.

El segundo aspecto a destacar es la labor de colaboración, de
coordinación, de puesta en común de criterios que el Defensor
del Pueblo está llevando a cabo con los distintos Defensores
del Pueblo de las comunidades autónomas cuyos estatutos
contemplan esta figura.

Por último, quiero destacar que, por lo que se refiere a las
quejas rechazadas por la institución, no tenemos noticia en
nuestro Grupo de --valga la redundancia-- la queja del
ciudadano cuya petición no ha sido aceptada, porque en una
sociedad con un grado de comunicación como el que tenemos --
afortunadamente--, sería raro que, de haber existido estas
quejas, no hubiesen llegado a nuestro conocimiento.

Un paso siguiente en la valoración del informe llevaría a
nuestro Grupo a considerar de manera gratificante que la
sociedad española de 1993, que es el año que analizamos, goza
de una muy buena salud democrática, y ello fundamentalmente si
nos centramos en el análisis de todos aquellas quejas que ya
el propio Defensor del Pueblo consigna como carentes de
fundamento porque tenía razón la Administración. Pero no
solamente eso, porque eso sería casi quedarse en la parte más
rutinaria de lo que aquí nos corresponde analizar; hoy a mí me
interesa destacar la magnífica colaboración que existe entre
el Defensor del Pueblo y las distintas administraciones --
todas las administraciones--, para conseguir la subsanación de
errores que pueden darse, para aceptar sugerencias, para
aceptar recomendaciones,



Página 4976



en definitiva, para quitar aquellos obstáculos que impiden un
perfecto disfrute de los derechos fundamentales por parte de
los ciudadanos. Y respecto de las recomendaciones, a mí me
parece positivo, yo diría que muy positivo, que de estas 85
recomendaciones, según el informe y el anexo de la Defensora
del Pueblo en funciones, 51 hayan sido recogidas en su
totalidad, cuatro parcialmente, y sólo nueve hayan sido
desestimadas.

De vital importancia nos parece, desde el punto de vista del
Grupo Socialista, la aceptación por parte del Fiscal General
del Estado de aquellas recomendaciones que la Defensora del
Pueblo en funciones hizo en materia de menores. En este
momento, al ser portavoz de mi Grupo, no puedo sino subrayar
todo lo que el martes pasado, en la fijación de posiciones,
mantuvo mi Grupo respecto a la recomendación, en este caso
oral, que hacía el señor Del Pozo hacia la Defensora del
Pueblo para que, sin tener que modificar la Ley Orgánica que
lo regule, pueda, por la vía reglamentaria para la cual está
potestada la figura del Defensor del Pueblo, si no dedicar en
exclusiva, sí por lo menos primar la actuación de uno de sus
adjuntos en materia de menores. Es verdad que esta
colaboración que yo decía al principio se ha visto enturbiada
en algunos casos. Respetando el anonimato con el que el
Defensor del Pueblo siempre se dirige a las Cámaras, debo
lamentar, en nombre de mi Grupo, los casos de las dos o tres
consejerías de dos comunidades autónomas, de algunos
ayuntamientos pequeños y de dos colegios de abogados, donde no
han correspondido a la petición de colaboración del Defensor
del Pueblo. Debo exponer a SS.SS. que en el proyecto de Código
Penal remitido ya a las Cámaras, en el artículo 481.2, está
previsto --si lo aprobamos en esta Cámara-- el castigar con el
delito de desobediencia a todo aquel funcionario que
obstaculice la labor del Defensor. Igualmente, nos parece
interesante la labor que se ha realizado en seguridad
ciudadana, en la Administración penitenciaria, donde, por
cierto, hay que indicar que de las quejas y de los actos
administrativos concluidos, en ninguno ha resultado culpable
algún funcionario de prisiones. También quiero destacar el
celo de la institución para acabar con las dilaciones y
retrasos en juzgados; y actuaciones en relación con el turno
de oficio y algunos aspectos menos destacados respecto al
Título I de la Constitución, pero también importantes, como
puede ser la actuación en materia de seguros, las vías
pecuarias, etcétera. También quiero subrayar que lamentamos
algunos retrasos que se han podido producir en el abono de
algunas becas a los ciudadanos que las habían solicitado y a
quienes les habían sido concedidas. Sin embargo, mi Grupo se
cree en la obligación, por considerar éste un tema de vital
importancia, de señalar que, afortunadamente, estos casos de
retrasos han sido mínimos comparados con las 740.000 becas que
se dan.

Destacamos, igualmente, el hecho de que en el informe la
Defensora del Pueblo en funciones haga hincapié, ponga énfasis
en que se produce afortunadamente en este año que comentamos
una respuesta mucho más rápida, mucho más eficaz de todas las
administraciones. Destaca, igualmente, como he dicho, la
aceptación de recomendaciones y, lo que a mí me parece
importante en este momento, el aumento de resoluciones
positivas por parte, insisto, de todas las administraciones.

Sólo se da, a juicio de la Defensora del Pueblo, en su
informe, un 1 por ciento de discrepancia. Pues bien, la verdad
es que a nuestro Grupo este 1 por ciento de discrepancia no le
preocupa. Es lógico que haya criterios distintos --en materia
jurídica nunca dos y dos son cuatro--, y de ahí que mi Grupo
crea que se goza de buena salud democrática. Esto no quiere
decir que estemos haciendo un ejercicio de complacencia,
porque los que hicimos bandera de los ideales de libertad y de
igualdad sabemos que esos siempre son inalcanzables de una
manera total y absoluta. Por ello, exhortamos a la institución
del Defensor del Pueblo a que excite su celo aún más, si es
posible, para que aquellas pequeñas discrepancias y pequeñas
lagunas que todavía se puedan dar, por parte de la
Administración, respecto a los derechos del Título I de la
Constitución, sean subsanadas precisamente por medio de esta
institución, que fue creada ex professo para eso. Este informe
está, por tanto, demostrando que la institución del Defensor
del Pueblo está dando sobradamente lo rendimientos para los
que fue creada en nuestra Constitución.

Por último, quiero insistir, como hice la semana pasada en
Comisión, en algo que consideramos importante. Cuantos
esfuerzos haga el equipo del Defensor del Pueblo para
incrementar su celo serán pocos, pero desde mi Grupo le
pedimos que los dedique especialmente, con un plus si es
posible, a acabar con todas aquellas discriminaciones que
puedan darse en nuestro país por razón de edad, sexo, religión
o situación económica. Sin duda, será la mejor contribución
para una convivencia más igualitaria y más justa de todos los
españoles. Nada más, señor Presidente, y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Valls.




ENMIENDAS DEL SENADO:



--PROYECTO DE LEY ORGANICA POR LA QUE SE REFORMA LA LEY
ORGANICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL (Número de
expediente 121/000031)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Finalizado el debate
en torno al informe del Defensor del Pueblo, pasamos al punto
séptimo del orden del día:



Página 4977



Enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica por la que se
reforma la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial.

¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Olarte.




El señor OLARTE CULLEN: Señor Presidente, señorías, en el
Senado se ha seguido un procedimiento que no ha sido
precisamente, por la forma en que se ha llevado, el más
adecuado. Ha habido disfunciones y ha habido exceso en las
prisas, confundiendo la urgencia con el celo normalmente
exigible, y se ha producido un texto que, por algún Senador --
y por más de uno--, en algún momento, ha sido calificado de
caótico, e incluso fue preciso repetir unas votaciones debido
a que, tras el resultado de la votación, al parecer, ni
siquiera se sabía bien lo que había sido aprobado.

Es el caso que no encontramos en absoluto una mejora con
relación al texto que fue remitido en su día al Senado. En su
día, afortunadamente, se había dado un paso positivo en orden
a una credibilidad que parecía que existía en la necesidad de
que el Consejo General del Poder Judicial ostentase un
protagonismo que evidentemente debía ostentar en la materia;
posteriormente, se ha recortado esa posibilidad. Habíamos
avanzado en una serie de temas que parecían puntuales, pero
que tenían cierto contenido, sin que, por otra parte...

(Rumores.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor
Olarte. (Pausa.) Cuando quiera.




El señor OLARTE CULLEN: Se había avanzado, digo, en la
atribución de competencias al Consejo General del Poder
Judicial y, sin embargo, ahora, en el trámite del Senado, de
una manera sorprendente y progresiva al mismo tiempo, se
produce un cierto recorte sin que se depare la posibilidad al
Consejo General del Poder Judicial de que emita su parecer al
respecto ya que, a través de la vía de la enmienda, se produjo
un giro copernicano de los conceptos anteriores, y, por
supuesto, se corta un consenso, un consenso importante,
producto de un diálogo fructífero que habíamos mantenido con
el Ministerio de Justicia, no sabemos si por la época estival
o por qué, de suerte que lo que ocurre allí se produce sin que
aquellos que habíamos sido los protagonistas del consenso
podamos decir esta boca es mía.

Es el caso que no nos sentimos mínimamente satisfechos con el
contenido del conjunto normativo que se remite ahora del
Senado al Congreso. Se produce una serie de recortes de
competencias por lo que al Consejo respecta, concretamente en
el tema de los horarios. No es que nos parezca bien o mal que
se fiche o no, si así conviene que se haga, creemos que es un
tema baladí y que no es el fondo de la cuestión, pero se
produce un recorte de competencias y se aprovecha el momento
que más podría preocupar al Ministerio, como era cuando el
Tribunal Supremo dicta un auto de suspensión cautelar de las
instrucciones del Ministerio de Justicia. ¿Y cómo se puede
corregir la suspensión cautelar? Pues por la vía de una norma
legal, que evidentemente deja las cosas en su sitio, al menos
en el sitio que el Ejecutivo deseaba.

A través de enmiendas en el Senado, se produce una serie de
ingredientes novedosos con los que nosotros expresamos nuestra
disconformidad. Si bien la conformidad es patente en algún
supuesto, como el de la territorialización en los supuestos de
oposiciones de personal al servicio de la Administración de
Justicia, que en alguna comunidad autónoma, como en la mía, es
obvio que producirá un efecto feliz y además constituye el
compromiso materializado que en su día explicitó el señor
Ministro --en absoluto nos duelen prendas reconocerlo sino,
por el contrario, lo expresamos contundentemente--, hay otras
cosas con las que no estamos de acuerdo, como con la nueva
composición de las Salas de Gobierno, esa presencia de los
decanos, que son elegidos por una minoría y que, sin embargo,
tienen una posibilidad de actuación en ámbito correspondiente
al Tribunal Superior de Justicia por la vía de su integración
en el Consejo; la reducción a los quince años en cuanto al
acceso al Tribunal Supremo, lo cual, para algunos malpensados
es en demasía --muchos con razón y otros con menos--, pues
parece que se está haciendo un traje a la medida para
determinadas personas que se desea que accedan al Tribunal
Supremo. En definitiva son un cúmulo de circunstancias que ha
producido en los últimos tiempos un enfrentamiento soterrado o
algo más que soterrado entre el Consejo General del Poder
Judial y el Ministerio de Justicia, en orden a una serie de
discrepancias que no se habían producido anteriormente, y que,
por supuesto, no nos parece sano para el llamado sistema, para
el sistema en el buen sentido de la expresión. Creemos que hay
otras cosas negativas, que aunque parezcan concretas no lo
son, que acreditan que no se ha profundizado excesivamente en
la cuestión. ¿Cómo no va a ser negativo que se haya eliminado
aquello que, con buen acuerdo en su día, se estimó conveniente
incorporar a la reforma, como es la imposibilidad de que a los
jueces se les imponga la sanción de traslado forzoso? ¿Es que
cuando a un juez se le traslada a la fuerza, como sanción, a
quien se está castigando no es al Poder Judicial; a quien se
está castigando no es a la Administración de Justicia, al
concepto que de ella tienen los justiciables y la sociedad que
ven que en su partido judicial imparte justicia nada menos que
un funcionario que ha sido trasladado por haber cometido una
falta? En muchas ocasiones --hecho que nos preocupa--



Página 4978



parece que ha latido la obsesión de establecer, por la vía de
la reforma, una especie de estatuto de jueces y magistrados y
no atender a los intereses de la ciudadanía que, una vez más,
da la impresión de que quedan en segundo lugar. Es evidente
que éste no era el momento para establecer una reforma en
profundidad del secretariado judicial ni de la, impropiamente
llamada, Oficina Judicial. Pero si el señor Ministro y el
Grupo Parlamentario que apoya al Gobierno son conscientes de
que hay que distinguir entre el secretario judicial como
gerente y el secretario judicial como jurisdicente --
expresión, bastante afortunada, del señor Ministro en su día,
me parece que de una comparecencia ante el Senado--, no sólo
no se aprovecha la ocasión --se decía que no era el momento
oportuno--, sino que, por el contrario, existen una serie de
connotaciones que ponen de manifiesto precisamente lo
contrario en tanto que excluyen de esa jurisdicencia, de la
que hablaba el señor Ministro, al secretariado, para lo cual
hay que tener el valor, el coraje político suficiente, para
dejar absolutamente aclarada esta cuestión de una vez por
todas.

Transcurridos casi 9 años desde que entró en vigor la Ley
Orgánica del Poder Judicial, durante los cuales no menos de 7
disposiciones con rango legal han venido a modificar aspectos
sustanciales de aquéllas, se decidió en su día abordar una
reforma parcial que estimamos positiva. Se trataba de devolver
al Consejo una buena parte de las competencias que, por Ley de
1985, le fueron sustraídas. Fruto de ese consenso, al que
antes me refería, fue una coincidencia con los intereses
políticos y sociales en presencia. Así las cosas, una enmienda
que se introdujo en el Senado devolvió al Ministerio de
Justicia e Interior la fijación del horario a cumplir en las
secretarías y oficinas judiciales de los juzgados y
tribunales, a los que me refería al principio de mi
intervención, y no sabemos, por lo tanto, qué idea tienen
enmendantes y quienes aceptaron la enmienda sobre lo que son
esas secretarías, cuya contemplación no constituye siquiera un
tema nimio a primera vista, puesto que resulta más que
evidente que todo funcionario, judicial o no, tiene que
prestar un mínimo de jornadas. Decíamos y mantenemos ahora y a
todo lo largo de nuestra intervención que no es por ahí por
donde vamos precisamente: por evitar esa necesidad. En
definitiva, el tema se considerará mínimo pero es sintomático.

En el momento en que ese mismo problema está «subiudice» se
produce esa corrección por la vía de la aceptación de una
enmienda y, con ello, una nueva limitación de lo que para
nosotros debían ser competencias sagradas del Consejo General
del Poder Judicial, en los cuales no debe en ningún caso
interferir el Ministerio de Justicia. Es la opinión de
Coalición Canaria al respecto. En realidad, lo que a nosotros
nos preocupa y que tiene relevancia en grado sumo, es que
iniciativas como ésta manifiestan inequívocamente que no se
sabe qué hacer con la Justicia; que no hay decisión de esbozar
siquiera una política judicial; que no hay decisión clara,
señor Ministro (lo digo con toda sinceridad, con todo afecto
pero con un cierto halo de tristeza también) de abordar esta
cuestión por parte del Gobierno y, menos aún, de confiarla al
Consejo General del Poder Judicial; que no asoma en el
horizonte la reforma procesal, tema previo a cualquier
organización racional y razonable, que incluso debía haber
sido previa, con toda su importancia, a la reforma del Código
Penal para lo que --hoy es preciso recordarlo aquí-- no se ha
recabado el consenso del grupo político al que represento, lo
cual nos deja en absoluta libertad, acaso por extrapolación
política al Parlamento, acerca del contenido sustantivo del
artículo 1.124 del Código Civil...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Olarte, por
favor, vaya concluyendo.




El señor OLARTE CULLEN: Estoy terminando, señor Presidente.

Que no asoma en el horizonte la reforma procesal, como decía;
que no acaban de definirse, ni siquiera de configurarse, las
funciones de la Secretaría Judicial; que no se sabe lo que se
quiere decir cuando la boca se llena con ese concepto de
embrión de una empresa moderna. Convencidos de todo ello,
decimos que así no es posible continuar, que no es posible
continuar sin que el desorden actual desemboque en un caos, si
no reversible, difícil y peñosamente rectificable. Es hora --y
termino, señor Presidente-- no sólo de proclamarlo sin paños
calientes sino de poner, cada uno desde su lugar, las manos en
la masa, a punto de fermentar para mal. El legislador debe ser
ilustrado por la Constitución y en ese deber de ilustración,
nadie debe sentirse ajeno y, menos que nadie, los que nos
hemos comprometido decidida y directamente con la justicia.

Así las cosas, hoy hemos de expresar la falta de apoyo a una
serie de preceptos, como se explicitará posteriormente en el
momento de las votaciones, preceptos que constituyen, en
definitiva, la razón de ser de nuestra frustración ante el
hecho de que lo que pudo haber sido realmente estimable dejó
de serlo como consecuencia del caos y del dislate que tuvo
lugar en la otra Cámara. Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Olarte.

Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Olabarría.




Página 4979



El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, señorías, señor
Ministro, la intervención de mi Grupo va a ser breve, siendo
congruente con la luenga tradición parlamentaria de que este
debate no es objeto de muy pormenorizadas, prolijas o largas
exposiciones. Me ha sorprendido la reproducción de un debate
casi de totalidad, hecho por el portavoz que me ha precedido
en el uso de la palabra, y no vamos a incurrir en esta
práctica legítima que no nos parece pertinente,
fundamentalmente por una razón, señor Ministro: a nosotros nos
gusta mucho la ley que viene del Senado, con las
incorporaciones realizadas por los Senadores, por los
gruposparlamentarios del Senado, y con las incorporaciones
previas realizadas por enmiendas de diversos grupos
parlamentarios en el trámite en el Congreso.

Nuestro Grupo, como ya indicamos en el debate de totalidad --
en el muy sugerente, intelectual y jurídicamente, debate de
totalidad que se celebró en esta Cámara cuando se presentó por
parte del Grupo Popular una enmienda de totalidad con texto
alternativo, un proyecto de ley alternativo con petición de
devolución del texto al Gobierno--, comparte los grandes
principios axiológicos que sirven de fundamento, de propuesto
teórico, a esta forma de entender aquello que proclama con
claridad el artículo 122 de la Constitución: cómo tenemos que
configurar --y ésta es una genuina cuestión de Estado, ésta es
una de las cuestiones más relevantes de Estado que hay en este
momento y que habrá siempre en cualquier país democrático, es
algo ínsito a los principios convivenciales democráticos más
elementales, más troncales, más básicos--, cómo tenemos que
organizar el sistema de funcionamiento, la propia
organización, la propia estructura orgánica y el control
jerarquía-Gobierno de los jueces y de los magistrados.

A nosotros nos gustó lo que presentó el Gobierno, nos gustó
más --lo indicamos así en el debate de totalidad-- que lo que
presentó como alternativa el Partido Popular. El trabajo serio
y riguroso hecho por el Partido Popular nos permitió
contrastar dos filosofías, dos maneras de entender cómo se
debe organizar la judicatura, cómo se debe organizar a los
jueces y magistrados, las normas de funcionamiento, su propia
estructura orgánica, su forma de organización y cómo conectar
esta forma de organización con los otros poderes del Estado,
con el Ejecutivo y con los demás.

Nos gustaba más la filosofía del Gobierno, lo comentamos así
en su día. Teníamos renuencias, éramos reticentes a algunas de
las posiciones del Grupo Popular, muy similares, algunas
idénticas, a las propuestas por alguna de las asociaciones
profesionales de la Magistratura, en concreto, a la Asociación
Profesional de la Magistratura, sintonía legítima que parte
del presupuesto del legítimo consenso de la empatía conceptual
en la materia. Como digo, teníamos reticencias sobre
cuestiones, por citar algunas de las más relevantes, como la
desconfianza que parecía transpirar en el texto alternativo
del Partido Popular sobre los denominados tercer y cuarto
turno, estableciendo requisitos de legitimidad para acceder a
las vacantes, por este procedimiento del Partido Popular,
mucho más rigurosos que los que se contenían en el proyecto
del Gobierno, y limitando también, en términos porcentuales,
la cuantía de plazas que se podían cubrir por estos
procedimientos (por el del tercer y cuarto turno). Así,
mientras en el proyecto del Gobierno se consignaba cómo
podrían acceder, a través del tercer y cuarto turno, una
cuarta parte de la plazas vacantes previstas, limitaba el
Partido Popular esta posibilidad a una décima parte de las
vacantes previstas. Entendíamos que en el texto alternativo
del Partido Popular se exigían requisitos y tiempo de
experiencia en profesiones jurídicas exorbitantes para acceder
al Consejo General del Poder Judicial, en cuanto a la parte de
los vocales que han de ser designados por el Congreso y por el
Senado, exigiendo, en concreto, quince años de ejercicio de
profesiones jurídicas; plazo, además, que no carecía de
connotaciones «intuitus personae» en aquel momento, que no es
menester reproducir en este debate ya.

Nos parecía también que era improcedente debatir -- por
extemporáneo en aquel momento, no porque en algúna ocasión no
se deba debatir en esta Cámara en serio-- lo que le resultaba
más dilecto y más interesante al Partido Popular, que es
conferir una nueva redacción a los artículos 111, 112, 115 y
116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es nada menos
donde se articula el sistema de designación de vocales al
Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué era improcedente,
por extemporáneo, este debate en ese momento? Porque no
existían (al parecer, ahora hay un consenso político parcial
en el que participan dos grupos parlamentarios) en aquel
momento posibilidades de consenso sobre una materia que se
debe regular partiendo del consenso más amplio de los
posibles, por su trascendencia, por su dimensión, por su
importancia constitucional. En aquella ocasión, en cuanto al
sistema de designación de vocales del Consejo General del
Poder Judicial, a los que se ha de proveer por el Congreso y
el Senado, ni había consenso entre los partidos políticos, ni
había consenso entre los propios vocales del Consejo General
del Poder Judicial, ni había consenso entre los profesionales
del Derecho, ni había consenso en la academia, entre los
profesores universitarios. En una cuestión, en un ámbito, en
una coyuntura de disenso tan amplio, nos parecía --no voy a
decir que una frivolidad, por no utilizar epítetos
valorativos-- extemporánea e inoportuna la pretensión del
Partido Popular de regular esta materia.

Parece que se ha avanzado en este consenso. No es bueno
(tenemos que hacer una reflexión apologética de los acuerdos
que parecen existir entre algunos grupos parlamentarios de
esta Cámara para, por lo menos provisionalmente,



Página 4980



cubrir las cinco vacantes que existen en el Consejo General
del Poder Judicial), el espectáculo que hemos dado todos los
grupos parlamentarios; es algo verdaderamente desalentador
hasta este momento la falta de flexibilidad intelectual para
haber cubierto esta deficiencia del Consejo General del Poder
Judicial. No puede servir para hacer reflexiones muy
apologéticas de nuestro trabajo ni de nuestras actitudes; ahí
todos estábamos incurriendo ya en una peligrosa
responsabilidad colectiva. En todo caso, repito que no nos
parecía tampoco oportuno regular esta materia.

La ley ha quedado bien, señor Ministro; la ley ha quedado bien
en el Senado, la ley ha quedado mucho mejor en el Senado que
como salió del Congreso. De todas formas, hay un tema que nos
sigue preocupando, señor Ministro, yo se lo quiero comentar, y
espero que este tema sea objeto de pertinente y de conveniente
resolución en la próxima ley orgánica del Poder Judicial, que
en este momento se está elaborando por los servicios del
Ministerio de Justicia. No se termina de resolver de forma
satisfactoria, ha faltado el coraje político suficiente para
resolver el problema de adaptación de la Ley Orgánica del
Poder Judicial a las competencias que en esta materia regula
el bloque de constitucionalidad, a las competencias que, con
relación al personal al servicio de la Justicia, se regulan en
el Título VIII de la Constitución. Y cuando nosotros hablamos
de competencias en relación al personal, nos referimos a todo
el personal al servicio de la Justicia, sin ninguna excepción.

Incluimos en la referencia al personal a los secretarios
judiciales, sin ninguna duda; incluimos a los médicos
forenses; incluimos a los agentes y a los oficiales
judiciales; incluimos a los auxiliares judiciales. Nosotros
pedimos, proclamamos (lo hicimos ya en el debate de totalidad
y reproducimos esta petición), que no se vuelvan a configurar
en la Ley Orgánica del Poder Judicial, como cuerpos
nacionales, estos cuerpos del personal al servicio de la
Justicia, porque si seguimos catalogando a estos cuerpos como
nacionales, será imposible la aplicación de la denominada
cláusula subrogatoria que existe en diversos estatutos de
autonomía, y será también materialmente imposible el ejercicio
material de competencias administrativas, de competencias
desde los departamentos de Justicia de las comunidades
autónomas sobre el personal al servicio de la Justicia. Será
absolutamente imposible. Y eso requiere, sencillamente,
ajustarse a lo que ya prevé el Tribunal Constitucional cuando
en la sentencia 56/90 (recurso de inconstitucionalidad
interpuesto contra la aún vigente Ley Orgánica del Poder
Judicial), y en relación con la previsión del artículo 545,
establecía que no es inconstitucional la configuración de los
cuerpos del personal al servicio de la Justicia como cuerpos
nacionales, si bien en el fundamento jurídico séptimo advertía
que hay otras fórmulas, también constitucionales, para
configurar estos cuerpos. Pues bien, nosotros pedimos --se lo
pedimos al Ministro, aunque no nos esté escuchando en este
momento-- que estos cuerpos se configuren de forma diferente,
que no se cataloguen como cuerpos nacionales y que se admita,
por ello, la aplicación de la cláusula subrogatoria y las
competencias materiales que prevén los estatutos de autonomía
y el Título VIII de la Constitución para los secretarios, para
los médicos forenses, para los oficiales, para los auxiliares
y para todo el personal al servicio de la Justicia. En este
contexto --y con ello voy acabando ya, señor Presidente--, me
preocupa lo que va a pasar en esta Cámara con un precepto que
ha sido objeto de una muy pertinente articulación en el
Senado: el artículo 473. En relación con este artículo, mi
Grupo manifiesta que va a votar en contra de la desaparición
de su actual configuración, la que ha resultado de la
aceptación en el Senado de una enmienda del Grupo Catalán
(Convergència i Unió). Vamos a votar enfáticamente en contra
de la posición del Grupo Socialista, de la que nos ha sido
anunciada por el Grupo Socialista en esta materia.

En el Senado se han conseguido dos cosas muy importantes. La
primera en relación con el artículo 455, y la segunda en
relación con el artículo 473. En el artículo 455 se prevé que
el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas
competentes ostentarán competencias de organización,
competencias de dirección relativas a todo el personal al
servicio de la Administración de Justicia. En el artículo 473
se reproduce esta mención, pero relativizándola y
especificándola para los secretarios judiciales. A nosotros
nos parece bien que esto se conciba así, nos parece un buen
precedente para la futura regulación y catalogación de estos
cuerpos en la próxima Ley Orgánica del Poder Judicial, y nos
vamos a oponer a que esta configuración, la que deriva de los
artículos 455 y 473, sea objeto de modificación en esta
Cámara; también los secretarios judiciales tienen que
someterse a las competencias de dirección de personal, a las
competencias orgánicas de funcionamiento que correspondan al
Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas. Nos
parecería un error y un retroceso votar lo contrario, votar lo
que ha sido legítima y soberanamente aceptado por el Senado, y
manifestamos nuestra enfática oposición a esta postura.

Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Olabarría. Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene
la palabra el señor Camp i Batalla.




El señor CAMP I BATALLA: Gracias, señor Presidente.

Señorías, nuestro Grupo va a votar favorablemente las
enmiendas que han sido introducidas en este texto legislativo
por parte del Senado, puesto que hacemos



Página 4981



una valoración global del trabajo realizado por el mismo, que
viene a mejorar y a completar el texto que en su día fue
aprobado por el Congreso. Este criterio tiene dos excepciones.

Una hace referencia al artículo decimoctavo, al que aludía
hace un momento el portavoz que me ha precedido en el uso de
la palabra, porque entendemos que viene a representar una
redundancia con lo ya previsto en el artículo decimosexto,
artículo que fue modificado también en el Senado al igual que
el decimoctavo. Queremos dejar constancia de que con la
supresión de esta modificación no se pretende variar en
absoluto la filosofía que en él se contempla sino,
simplemente, evitar una redundancia que por razones técnicas
se produciría. Por economía legislativa, preferimos dejar la
referencia en el artículo decimosexto que antes he mencionado.

La segunda de las excepciones que nuestro Grupo va a formular
es la relativa al artículo vigésimo, concretamente en su
apartado dos, que hace referencia a la modificación del
apartado 3 del artículo 440 de la Ley, acerca del cual hubo en
el Congreso un acuerdo mayoritario que no vemos la necesidad
de modificarlo, dada la dificultad de llegar a consensos. Por
consiguiente, postulamos que se mantenga el texto que en su
día aprobó esta Cámara, si bien, por parte de nuestro Grupo no
habría ningún problema en mantener la ubicación del texto
aprobado por el Congreso en su día en el sitio que actualmente
ocupa esta disposición del Senado que pedimos sea votada en
contra.

Por lo demás, no queremos hacer ninguna observación, ya que,
como he dicho anteriormente, lo aprobado por el Congreso nos
parece positivo y satisfactorio. Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Camp. Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra la
señora Aguilar.




La señora AGUILAR RIVERO: Señor Presidente, señorías, también
con brevedad por parte del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, queremos
pronunciarnos sobre las enmiendas que ha formulado el Senado
al proyecto de Ley que reforma la Ley Orgánica general del
Poder Judicial. Vamos a comenzar diciendo que nuestro Grupo
asiste con sorpresa y con decepción (¡por qué no decirlo!) al
trámite que ha tenido este proyecto de ley en el Senado.

Decimos que hemos asistido con sorpresa y con decepción
porque, aparte de los desconciertos y errores que han quedado
de manifiesto, subyace una cuestión fundamental, cual es el
que después de mucho tiempo, se había logrado un amplio
consenso, un amplio nivel de acuerdo en el Congreso de los
Diputados. Nuestro Grupo Parlamentario estima que cuando se
dialoga, cuando se busca, cuando se persigue en definitiva el
acuerdo, hay que hacerlo con lealtad y desde la
responsabilidad. Permítanme que les diga a SS.SS. que no es de
recibo que, después de consensuar el texto en el Congreso de
los Diputados, la respuesta de los mismos grupos en el Senado
ha roto ese espíritu de consenso y de acuerdo pues han
modificado aspectos sustanciales del proyecto de ley que
reforma la Ley Orgánica General del Poder Judicial.

En ese sentido, se ha ido al Senado a intentar incluir lo que
en el trámite de diálogo y de consenso se desestimó en el
Congreso de los Diputados. Se ha faltado, por tanto, a la
lealtad necesaria para que siga primando ese nivel de diálogo,
y, además, se ha hecho sin dialogar con todos los grupos que
inicialmente participamos del consenso en el marco de esta
Cámara. Nosotros creemos que es mal camino establecer un doble
juego, hablar de diálogo y de consenso en esta Cámara para,
luego, romperlo o circunscribirlo exclusivamente a
determinados grupos en el Senado.

Desde nuestro punto de vista, es lógico que cuando un proyecto
de ley ha sido estudiado, ha sido tramitado, ha sido durante
largo tiempo dialogado por todos y cada uno de los grupos
parlamentarios, en un amplio período de tiempo que nos ha
permitido a todos hacer las consideraciones que estimásemos
convenientes y oportunas al respecto, que nos ha permitido
defender todas y cada una de las enmiendas, transaccionar
otras, incluso renunciar a algunas que habíamos planteado por
parte de diversos grupos parlamentarios, no se introduzcan
enmiendas esenciales en el Senado. No es lógico, en absoluto,
salvo que tengamos que preguntarnos en estos momentos si acaso
se puede responder aquí de lo que luego pueda suceder en el
Senado con los grupos parlamentarios, que no tienen nada que
ver con los grupos conformados en el Congreso de los
Diputados, aunque sean de las mismas formaciones políticas.

(El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
En ese sentido, no queremos restar, ni mucho menos, el papel
que corresponde al Senado. Lo único que queremos es plantear
con nitidez y con claridad lo que ha pasado en el trámite de
este proyecto de ley. Creemos que el camino que se ha tomado
es equivocado y puede dar el traste con el diálogo que se
había establecido, con el consenso que se había alcanzado y
con el acuerdo que ya dijimos en su día que era necesario.

A través de la actuación de diversos grupos parlamentarios en
el Senado, se ha puesto en peligro el diálogo mismo. A veces
hay que renunciar a enmiendas que no son esenciales para hacer
prevalecer lo principal, lo primordial, que era, en
definitiva, el alto nivel de consenso alcanzado.

En el ámbito de Justicia, que es el que nos ocupa en estos
momentos --y queremos decirlo a efectos de que conste en el
«Diario de Sesiones»--, nuestro Grupo Parlamentario ha sido
concreto, claro y leal en todo momento al respetar los
acuerdos. Lo hacemos porque



Página 4982



desde la izquierda funcionamos con unos valores que mantenemos
y que no enmendamos en el quehacer diario.

Consideramos que han sido múltiples las enmiendas que se han
introducido en el Senado, algunas hasta contradictorias y
confusas, por lo que corresponde al Congreso retomar algunos
temas para dejarlos tal cual salieron de esta Cámara. En la
intervención que estoy haciendo me voy a referir sólo a las
que creemos que son fundamentales. En primer lugar, en el
artículo 20.2, relativo al apartado 3 del artículo 440 del
texto vigente, creemos que es desafortunada la enmienda que se
ha incluido en el Senado. Se habló y se dialogó con el grupo
que la ha vuelto a presentar, y a pesar de ser convencido
mediante el diálogo en el Congreso de los Diputados, la ha
mantenido en el Senado. Entendemos que por desafortunada y por
no crear conflictos en determinados colectivos, debe
prevalecer el texto que salió del Congreso de los Diputados.

Así, nos permitirá también recuperar ese amplio consenso
alcanzado sobre el conjunto del texto. El artículo 18 se
refiere al 473, apartado 2, y entendemos que también debe
mantenerse el texto que salió de esta Cámara, toda vez que,
desde nuestro punto de vista, la redacción que se le ha dado
en el Senado es desafortunada. De la misma se trasluce una
concepción de las funciones de los secretarios judiciales, en
tanto que ostentan la jefatura de personal en la secretaría de
la que son titulares, de comisarios más que de secretarios y
jefes de personal. Por tanto, creemos que hay que volver al
texto original que salió de esta Cámara. Asimismo, el artículo
séptimo, apartado 6, que modifica el artículo 420.1 y 2 habla
de la sanción a los jueces a través del traslado forzoso. Nos
parece que no es recomendable, ni mucho menos, el traslado
forzoso, toda vez que lo único que puede comportar este tipo
de sanción es el afectar negativamente al juzgado al que vaya
trasladado el juez en cuestión. Nos parece argumento
suficiente para que se mantenga el texto aprobado por el
Congreso de los Diputados. Somos conscientes de que hay
argumentos a favor y en contra, en función del porqué de la
sanción que se vaya a imponer al juez en cuestión. Por
consiguiente, nuestro Grupo se abstendrá a este respecto.

Ahora bien, en las enmiendas que vienen del Senado hay dos
asuntos controvertidos que no queremos omitir en esta nuestra
intervención. Uno, el que hace referencia al horario y
jornada, que deja de ser competencia del Consejo General del
Poder Judicial, para pasar a depender del Ministerio de
Justicia e Interior. Nosotros vamos a apoyar esta enmienda,
que proviene del Senado, básicamente porque hay un preacuerdo
firmado por parte del Ministerio con los sindicatos Comisiones
Obreras, UGT y CSIF. Por ello, como nos parece que como se ha
establecido el diálogo necesario con las centrales sindicales
en algo que afecta directamente al personal de la
Administración de justicia y se ha alcanzado un nivel de
acuerdo mínimo, al menos, vamos a apoyar conceptualmente lo
que esto significa y esperamos, lógicamente, que el diálogo
desde el Ministerio de Justicia e Interior sea el que concrete
el preacuerdo actual y llegue hasta el final, en un nivel de
entendimiento total con los sindicatos. Asimismo, hay otro
tema controvertido que nosotros no queríamos dejar pasar por
alto, que es la modificación, a la que en esta tribuna se ha
hecho ya alusión, del artículo 455 de la Ley vigente. En este
sentido, nosotros vamos a plantear al Grupo Parlamentario
Socialista y, lógicamente, al Gobierno de la Nación, un
pronunciamiento claro al respecto, para que no se deje esto a
la libre interpretación, para que no se induzca a error o se
posibilite la demagogia con el contenido de este artículo. Y
es que como queda, tal cual, el artículo 454, entendemos que,
de momento, en esta reforma que ahora se hace de la ley
Orgánica General del Poder Judicial se mantiene el concepto de
cuerpo nacional, y, por tanto, manteniendo ese concepto, desde
nuestro punto de vista hay que garantizar dos cuestiones: en
primer lugar, que la concreción de este artículo se va a
dialogar, se va a acordar, en definitiva, con los sindicatos.

Lo mismo que se ha hecho en esta reforma con las asociaciones
de jueces, en toda una serie de aspectos que afectaban
directamente a ellos, es lógico que para concretar y
desarrollar lo que en este artículo se plantea se siente el
Ministerio con los sindicatos y se pueda también llegar a un
acuerdo, insisto, para huir de la interpretación o de la
demagogia que se pueda hacer con su contenido. Una segunda
cuestión que nos parece también fundamental y esencial al
respecto es que hay que preservar la movilidad de los
funcionarios de la Administración de Justicia en lo que
respecta al concurso de traslado en todo el territorio del
Estado.

Nos parece que son dos cuestiones que deben de quedar claras
en el debate de la enmienda que proviene del Senado, para que
no haya problema alguno al respecto a la hora de
materializarlo. Además, con estas dos cuestiones nosotros
pensamos que se garantizaría, por una parte, el diálogo y que,
por otra parte, se daría respuesta a interrogantes --lógicos,
por otra parte-- que se han producido en el ámbito de la
Administración de Justicia, del personal que pudiera quedar
afectado. Y también con estas dos aclaraciones podríamos
recuperar el consenso y estaríamos, desde nuestro Grupo
Parlamentario, en condiciones de apoyar casi en su globalidad
las enmiendas que provienen del Senado, a excepción de
aquellas a que he hecho referencia a lo largo de mi
intervención. Creemos que estos dos temas, que podían ser
controvertidos, pueden quedar aclarados y sobre todo que se
puede ver recuperado el diálogo y el consenso que hemos
mantenido en el trámite de esta reforma, en el ámbito del
Congreso de los Diputados.




Página 4983



En todo el trámite nuestra actitud ha sido flexible, desde
nuestro talante dialogante, desde nuestra labor de oposición y
desde la propuesta alternativa que hemos planteado. Ese
talante lo vamos a mantener y esperamos una respuesta
concreta, expresa y clara de las dos cuestiones que hemos
planteado, que nos parecen fundamentales.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aguilar.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Padilla.

Antes de que inicie su intervención el señor Padilla, quiero
comunicar a la Cámara que la votación de conjunto,
correspondiente al carácter orgánico de este proyecto de ley,
tendrá lugar a la una y media o en el momento posterior en que
el estado de la tramitación del punto del orden del día
correspondiente lo permita.

Cuando quiera, señor Padilla.




El señor PADILLA CARBALLADA: Gracias, señor Presidente.

Señoras y señores Diputados, con este debate vamos a culminar
el trámite parlamentario del proyecto de Ley Orgánica de
reforma de la Ley del Poder Judicial, y ya les adelanto que el
Grupo Popular va a votar en contra de las enmiendas
sustanciales que el Senado ha introducido, por la sencilla
razón de que representan un desapoderamiento injustificado,
oportunista, carente de motivación razonable y ajeno a
cualquier finalidad orientada a mejorar el gobierno de la
justicia, que sería el único fin legítimo que las justificaría
y que, por tanto, hubiera determinado nuestro voto y nuestro
apoyo. Insisto, porque este conjunto de enmiendas viene a
mermar aún más la deteriorada independencia y la fortaleza
necesaria del órgano de gobierno del poder judicial.

Nuestro voto, señoras y señores Diputados, será afirmativo
respecto a aquellas enmiendas que persiguen mejorar la
redacción del texto aprobado por esta Cámara, y también en
relación con otras aprobadas por el otro cuerpo colegislador,
que, sin duda, colman algunas lagunas y olvidos y que, además,
han sido introducidas pacíficamente por los grupos
parlamentarios del Senado. Así, por ejemplo, las que resuelven
diversas situaciones estatutarias de los magistrados de lo
contencioso-administrativo y de lo social, en particular los
procedentes de la carrera fiscal y del extinto Cuerpo de
Magistrados de Trabajo, la introducción en el catálogo de
sanciones del traslado forzoso y su afortunada regulación por
parte del Senado, la notable mejora de la regulación de la
utilización de medios técnicos electrónicos, informáticos y
telemáticos por los juzgados y tribunales con remisión al
reglamento para su adecuado desarrollo, la posibilidad de que
los miembros de la carrera judicial puedan renunciar
temporalmente al ascenso, la que completa la equiparación de
los secretarios judiciales con los jueces y magistrados
respecto a la edad de jubilación y la que se refiere a los
miembros de los órganos técnicos del Consejo General del Poder
Judicial, por hacer cita de las más importantes.

Señoras y señores Diputados, nos oponemos y, en consecuencia,
votaremos en contra de las restantes y, como queremos hacerlo
con la fuerza de la razón en la explicación y defensa de esta
postura, que mantenemos con inequívoca voluntad de que quede
clara la responsabilidad que guía nuestra decisión, voy a
dedicar el tiempo que resta en esta importante tarea, deseando
que el debate tenga la altura que demanda la entidad de las
enmiendas que rechazamos y de las razones que determinan
nuestro criterio adverso. Les hago la prevención de que en
este asunto hay que ser políticamente honestos, porque si la
finalidad de esta ley era, como explicitaba la exposición de
motivos, la conveniencia de perfeccionar el equilibrio entre
los poderes del Estado, reconociendo al Consejo General del
Poder Judicial aquellas competencias que el órgano de gobierno
del mismo viene considerando necesarias para el íntegro
ejercicio de sus funciones constitucionales, es inaceptable
cercenar, como lo hacen las enmiendas del Senado, esas
potestades en lo que hace referencia al régimen jurídico del
personal al servicio de la Administración de Justicia y a la
organización y gobierno de juzgados y tribunales. Las
potestades que la Ley Orgánica de 1985, con notable cicatería,
atribuía en estos aspectos al Consejo General del Poder
Judicial han sido notablemente recortadas, como vengo
exponiendo. Cada uno debe conocer, señoras y señores
Diputados, su responsabilidad, y nosotros no tenemos dudas de
cuál es la nuestra: asegurar un mejor, más eficaz y autónomo
gobierno de la organización judicial. Dejamos para otros, o
sea, para los de siempre, la abdicación de sus
responsabilidades. Nos tienen ustedes ya muy acostumbrados,
señores del Partido del Gobierno, al espectáculo, sobre todo
en esta legislatura. Por eso será mejor que refuercen sus
argumentos a ver si así consiguen ustedes convencer a alguien
en estas cuestiones que en este momento nos ocupan. Para esta
faena, que nosotros entendemos ajena al interés general, para
esa faena que nada tiene que ver con el interés general que
entrañan estas enmiendas no cuenten con nosotros.

Por si no he sido claro en lo dicho, añado: una Ley del Poder
Judicial, señores del Partido del Gobierno, no es un ámbito
legal adecuado para mercadear la cesión de competencias en
términos constitucionales dudosos y con notoria agilidad
respecto de los fines de esta reforma. Es, desde luego,
legítimo preguntarse si determinados apoyos parlamentarios
tienen en este episodio legislativo manifestación de uno de
esos compromisos en los que se concretan las
contraprestaciones. Pero sepan que es algo políticamente
espúreo y, por ello,



Página 4984



la sociedad debe saberlo y juzgar. A ustedes no les mueve, sin
duda, otro fin que el de su lamentable objetivo de sobrevivir
a cualquier precio y eso nada tiene que ver con el ejercicio
responsable del poder. Dejen de huir y afronten gallardamente
su responsabilidad y sepan que para eso, para el mejor
servicio del pueblo español, para que esta ley sea la que
precisa la justicia imparcial e independiente que demanda
nuestro Estado social y democrático de derecho, cuentan con
una sólida y segura asistencia por parte de mi Grupo. Pero lo
que he denunciado precisa un breve desarrollo. Miren ustedes,
con esta Ley la justicia independiente e imparcial va a verse
más condicionada y controlada y el Consejo General del Poder
Judicial va a ser sometido de nuevo, no ya a ocasionales
actuaciones políticas prepotentes, sino a unas cuantas vueltas
de tuerca más, como se decía el otro día por parte de algún
comentarista.

No se olviden ustedes de aquel viejo dicho que afirmaba que
cuando la política entra por la puerta de un juzgado o de un
tribunal la justicia sale por la ventana.

Creo que les conviene alguna reflexión al respecto, a la vista
de estas enmiendas que ustedes, al parecer, están dispuestos a
apoyar con tanto entusiasmo. Creo que, además, les conviene
hacer un pequeño ejercicio de memoria. Ustedes, en 1980,
cuando se configura el Consejo General del Poder Judicial con
la Ley Orgánica que lo reguló, completando así el cuadro y el
esquema constitucional del Estado, hicieron un texto
alternativo prolijo, completo; y en ese texto, que está aquí,
ustedes proponían en relación a estos temas que hoy nos ocupan
exactamente todo lo contrario de lo que mantienen en esas
enmiendas que en el Senado han apoyado. Concretamente, en el
artículo 502 de ese texto alternativo, ustedes decían que bajo
la denominación del personal al servicio de la Administración
de Justicia se comprende a los secretarios judiciales, médicos
forenses, oficiales, auxiliares y agentes judiciales, así como
a los miembros de los cuerpos que puedan crearse por Ley para
auxilio y colaboración con los jueces y magistrados. Y en el
artículo 504 de ese texto alternativo, que era de ustedes,
proponían una redacción en el sentido de que corresponde al
Consejo General del Poder Judicial, en materia del personal al
servicio de la Administración de Justicia, la competencia
respecto de todos los cuerpos a los que antes se hacía
referencia. Por cierto que también en ese texto ustedes, desde
luego, no proponían, como después materializaron en la Ley de
1985, la elección de los vocales del Consejo General del Poder
Judicial de procedencia de jueces y magistrados por estas
Cámaras, por el Congreso y por el Senado.

Y de paso, como nos ha dedicado especial atención, quería
decirle al señor Olabarría que le ha traicionado su
conciencia, o su ciencia, mejor dicho, y que ha hecho una cita
respecto de nuestro texto alternativo a este proyecto de ley
diciendo que nosotros sosteníamos que los vocales del Consejo
General del Poder Judicial que debían ser elegidos entre
abogados y juristas de reconocida competencia, debían contar,
como requisito para ser elegibles, con más de 15 años en el
ejercicio de su profesión. Le quiero aclarar --y sirva eso
para que tenga por contestadas sus alusiones-- que eso no lo
decimos nosotros en nuestro texto alternativo, eso lo dice la
Constitución. Que quede clara, efectivamente, esa previsión
constitucional, que, además, es nuestra y, naturalmente, la
suscribimos con todos los énfasis necesarios.

Señoras y señores Diputados, se ha hablado esta mañana aquí de
autonomía y parece que a autonomía se refieren esas enmiendas
del Senado. Pero creo que si estamos hablando de la Ley
Orgánica del Poder Judicial y nuestra Constitución quiso
configurar un órgano de gobierno del poder judicial, que no
solamente es de jueces y magistrados, sino también de juzgados
y tribunales, no lo digo yo, lo dice el artículo 123 de la
constitución, cuya nueva lectura les recomiendo, es cierto que
de la autonomía que teníamos que estar hablando sería de la
autonomía de la justicia. Y, naturalmente, nosotros queremos
hablar aquí de la autonomía de la justicia, respetando todos
los demás aspectos de la organización territorial del Estado
que nuestra Constitución configura. Si hablamos de autonomía,
les recomiendo también a los que se han dedicado al cultivo de
las ciencias jurídicas, que repasen los manuales en que
estudiaron Derecho Administrativo, porque, si los repasan,
comprobarán que en todos ellos, al hablar de la potestad
organizatoria, se hace alusión a que ésta ha venido a
considerarse comúnmente por los autores como la existencia de
una administración implícita en su propia potestad de imperio
y exigida por la necesidad de que en cada momento adapte su
aparato organizativo a las exigencias que depare la realidad.

Ustedes ya lo hicieron en la Ley de 1985 al configurar los
cuerpos de secretarios judiciales, oficiales de la
Administración de Justicia, agentes y auxiliares y médicos
forenses como cuerpos nacionales dependientes del Ministerio
de Justicia. ¿Ustedes saben lo que es eso? Eso no es ni más ni
menos que un condicionamiento de la autonomía de ese poder del
Estado que es el poder judicial, ya que esa técnica no es
nueva. La técnica de la disociación de las relaciones
orgánicas y de servicio no es nueva. Esa es la que se
configuró, como ustedes saben muy bien, para la vigilancia
administrativa de las entidades locales por parte de la
Administración del Estado. Esa es la que han vertido ustedes
en la Ley Orgánica del Poder Judicial.




El señor PRESIDENTE: Señor Padilla, le ruego concluya.




El señor PADILLA CARBALLADA: Termino, señor Presidente, con su
benevolencia.




Página 4985



Lo cierto es que en las enmiendas del Senado a esta Ley se
profundiza en esa meditación de la autonomía. Yo he querido
hacer esta cita de la potestad organizatoria porque es
evidente que les gustan poco los controles. En la Ley de la
Administración del Estado, en la 10/1983, recogiendo una vieja
tradición legislativa y de reservas de la Ley a las Cámaras,
se estableció, como siempre había sucedido, la reserva de ley
para la reestructuración de los departamentos ministeriales.

Pues bien, en la Ley 37/1988, ustedes dijeron que se derogaba
ese aspecto de la Ley sobre organización de la Administración
central del Estado para que por el Presidente del Gobierno se
pudiera proceder a esa remodelación de los departamentos y sus
competencias. Así salen cosas como ésa del Ministerio de
Justicia e Interior, y como esperamos que sea puramente
temporal, nosotros, naturalmente, votaremos en contra de que
se incorpore al texto de la Ley Orgánica del Poder Judicial
semajante dislate organizativo. Para terminar, quisiera
brevemente decir que por nuestra parte tenemos la conciencia y
la seguridad de que con este texto lo que se consigue no es ni
más ni menos que la acentuación de las disfunciones que
origina esa disociación orgánica y de servicio en la dirección
de los cuerpos que participan necesariamente, en especial a lo
que los secretarios judiciales respecta, en la creación del
acto judicial. La integración del acto judicial necesita,
señor Olabarría, de la participación del secretario. No puede
haber una manifestación de la actividad jurisdicente sin la
actuación del secretario. Nosotros creemos que eso está
bastante cerca del núcleo estructural esencial del poder
judicial. Además, entendemos que la aceleración de este
proceso de autonomía, de atomización de Justicia...




El señor PRESIDENTE: Señor Padilla, le ruego concluya.




El señor PADILLA CARBALLADA: Termino, señor Presidente.

...efectivamente, ni se ha explicado ni, por las razones que
he dicho, tiene justificación.

Además, consideramos que la interferencia del Ministerio de
Justicia e Interior en lo que es el gobierno interno de
juzgados y tribunales, desapoderando al Consejo General del
Poder Judicial, tiene muy pocas justificaciones que no sean
justamente la entrada de la política en la sede judicial. Esto
es una cuestión de límites. Yo podría recordar citas muy
ilustradas y muy académicas, pero les voy a citar una popular
que me hacía a mí, hace algunos años, en mi despacho de
abogado, un castizo agricultor de La Mancha. Me decía: «Mire
usted, todas esas cosas están muy bien, amigos hasta el alma,
pero la burra en la linde».

Nada más. Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los
bancos del Grupo Popular.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Padilla.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor López
Martín de la Vega.




El señor LOPEZ MARTIN DE LA VEGA: Señor Presidente, señorías,
terminamos aquí la tramitación de una ley orgánica sustantiva,
y procesalmente compleja, que nació con la pretensión de
reformar aquellos aspectos de la Ley Orgánica del Poder
Judicial que responden a la conveniencia de perfeccionar el
equilibrio entre los poderes del Estado, reconociendo al
Consejo General del Poder Judicial las competencias necesarias
para el íntegro ejercicio de sus funciones constitucionales.

Del mismo modo, esta ley orgánica de reforma de la del Poder
Judicial quiso ser una ley nacida del mayor consenso posible:
del Parlamento, del Consejo General del Poder Judicial, de las
diversas asociaciones de su ámbito y de cuantos tuvieran
interés en participar en la mejora de la administración de
justicia. Creo que ambas pretensiones se han cumplido
razonablemente. Es verdad que ha habido algunas fallas de
consenso; es verdad que en el camino nos hemos dejado alguna
preocupación que deberíamos haber mantenido vigilante hasta el
último momento, pero creo que ambas pretensiones se han
cumplido razonablemente, por más que, aprovechando la
tramitación de esta ley, algún Grupo haya intentado abordar
temas que, cuanto menos, no son de la ocasión, prefiriendo
ahondar discrepancias, en vez de buscar coincidencias. Es
verdad que, inevitablemente también, la reforma de aspectos
parciales de la Ley Orgánica del Poder Judicial ha exacerbado
intereses, casi todos legítimos, pero muchos meramente
corporativos.

Creo que, en conjunto, debemos estar satisfechos, no sé si de
haber conseguido una ley exquisita técnicamente, que, por otra
parte, sí lo hemos procurado, pero desde luego de haber
dialogado, de haber discutido posiciones contrapuestas, de
haber vuelto a reflexionar sobre muchos aspectos de la ley
para contemplarlos desde puntos de vista nuevos.

Vuelve hoy la ley al Congreso de los Diputados, enmendada en
muchos aspectos, fruto de la continuación del esfuerzo por la
reflexión, por el acercamiento de posiciones y por la
conjunción de intereses para lograr el interés general de un
mejor servicio de la administración de justicia. Un esfuerzo
que no se ha detenido en las enmiendas del Senado y que no
debe detenerse hoy, sino que es preciso continuarlo en una
permanente oferta de pacto de Estado por la justicia. Ese
esfuerzo es el que nos hace hoy anunciar nuestro voto
contrario a dos enmiendas y parcialmente a un artículo que
luego diré.




Página 4986



En primer lugar, votaremos en contra de la enmienda que hace
referencia al artículo 473.2 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial y que en el mensaje motivado del Senado aparece como
artículo 18 de esta ley de reforma. La realidad es que puede
mover a confusión de mantenerse en los términos en que viene
en la enmienda, y aunque resulta obvio que el Ministerio no se
coloca en posición de interferir en el funcionamiento interno
de las oficinas judiciales, podría entenderse como una
capacidad organizativa general de cada secretaría judicial, lo
que no es el caso, como además la ley recoge con bastante
claridad al respecto en el artículo 455.

Por tanto, no es una cuestión de filosofía, sino que al no
aceptar esta enmienda, al considerar que es preferible
mantenerla en los términos en que venía en el 473.2 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, la votaremos en contra. La
segunda enmienda que vamos a rechazar se refiere al apartado 3
del artículo 440 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se
refleja en esta ley como artículo 20.2, para dejarla tal como,
fruto del consenso mayoritario, aparece en el texto que aprobó
el Congreso en su artículo 7.12.

Creemos, como había señalado el portavoz de Coalición Canaria,
que, efectivamente, una mejor ubicación sistemática debería
conseguir que se mantuviera como artículo 20, que tiene como
rúbrica la representación de las partes.

Y vamos a votar, señorías, señor Presidente, en contra de un
inciso, de dos palabras, del artículo 22.6.1, en el sentido de
que se retiren de dicho artículo las palabras «en activo»,
referidas a los médicos forenses que pueden ser directores de
los institutos forenses. Creemos que esto abre puertas a otros
profesionales de la universidad y que en este sentido, y en el
consenso que anima a los grupos para la tramitación de esta
ley, hemos podido consensuar en el último momento.

Vamos a votar, señor Presidente, señorías, a favor del resto
de las enmiendas del Senado. Muchas de ellas cristalizan
reflexiones y debates como ya comenzaron en el Congreso y
otras refuerzan el consenso al que nos hemos obligado la
inmensa mayoría de los grupos de esta Cámara. No voy a dar
razón de los argumentos que nos llevan a esta posición que
anuncio en todas y cada una de las enmiendas, porque exceden
en extensión a lo que pretendo con mi intervención en estos
momentos, pero sí me referiré con toda brevedad a algunas
enmiendas que tienen un contenido más controvertido.

Empezaré por afirmar, señorías, que es estéril abrir polémicas
que no son del momento y que es algo más que estéril torcer la
lectura de un precepto con objeto de que sirva de base a una
polémica que de su sola lectura, y no digamos de su
interpretación, no se desprende. Ninguna competencia que no
tuvieran las comunidades autónomas cuando el proyecto de ley
vino a la Cámara tendrán cuando salga de ella por efecto de la
ley que debatimos, en tanto que nada se añade en esta ley
distinto a las cláusulas subrogatorias de los estatutos de
autonomía, en tanto en que no puede ser de otra forma, porque
las competencias, el marco competencial no lo fija una ley
orgánica de estas características, sino que, por más que
comprenda que algunos quieran retomar el camino de la LOAPA,
SS.SS. saben, como yo, que únicamente se puede hacer desde la
Constitución, desde los estatutos de autonomía y, en lo que
quepa --en su caso diría yo--, desde la interpretación del
Tribunal Constitucional. No veo, por tanto, por más que se
engole la voz y se ahuequen citas jurídicas populares o
apocalipsis bíblicas, cómo se puede interpretar el artículo
455 de la Ley Orgánica del Poder Judicial tal y como quedará
al aprobar la enmienda del Senado.

El artículo 455, tras lo que parece que será su aprobación,
señala simplemente que las competencias de todo el personal al
servicio de la administración de justicia corresponden al
Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, a las
comunidades autónomas; pero el «en su caso», como S.S. sabe
perfectamente, no prejuzga si tendrán o no tendrán o dejarán
de tener o cuáles tendrán las comunidades autónomas. Hemos
oído varias ofertas, todas ellas razonables, pero que es
preciso estudiar. Porque realmente la enjundia de este debate
estaría si nos refiriéramos al artículo 454.2 y, en ningún
caso, a lo que se señala de la enmienda que viene del Senado
en el 455. Por tanto, hasta que este debate no se lleve a
cabo, mientras el artículo 452 esté como está y se entienda
como se entiende, y se entienda perfectamente como lo entendía
la representante de Izquierda Unida, el debate es
absolutamente estéril y únicamente sirve para utilizar juicios
de valor altisonantes --y acaso provocativos-- que no
conducen, de ninguna manera, a lo que debe ser el racional
diálogo entre gruposque de verdad se quieran preocupar por
perfeccionar el estado de la administración de justicia en
España.

En cualquier caso, no es un debate real el que se está
promoviendo. Simplemente para que ese debate fuera real habría
que referirlo al artículo 454.2 --como he dicho--, en el que
se reflejan cómo tienen la condición de cuerpos nacionales y,
en tanto que tal, imposibilitados para servir de pie a este
debate. Si ese debate del artículo 454.2 llega a producirse --
y debe producirse--, si en ese artículo 454.2 se plantea la
necesidad o no de considerar cuerpos nacionales o no algunos o
todos o parte del personal adscrito a la administración de
justicia, será entonces el momento de hablarlo, pero mientras
sean cuerpos nacionales, mientras tengan los derechos como
cuerpos nacionales que, por tanto, tienen también entre ellos
la consideración de sus condiciones laborales, habrá que
hablarlo después y habrá que hablarlo con las fuerzas
políticas y habrá que hablarlo, naturalmente, con los
sindicatos y habrá que hablarlo en el sentido de ajustar
cuáles son las competencias.




Página 4987



No se puede, señoría, en cinco minutos, de manera apasionada -
-que no apasionante--, con un cierto despego por la
profundización jurídica, acercarse a un tema del que todo
comentarista que se acerca lo primero que señala es su
oscuridad a la hora de saber fijar cuáles son las competencias
que deben repartirse en el orden ante la administración de la
administración de justicia, mientras que sí están claras en lo
que a reserva de ley y a reserva de jurisdicción se refiere.

En definitiva, señor Presidente, señorías, lo mismo que al
terminar la intervención de mi Grupo en el Congreso cuando
debatimos en Pleno el dictamen de la Comisión, quiero
congratularme hoy del esfuerzo que casi todos hemos hecho por
debatir, reflexionar y llegar a acuerdos, a salvo,
naturalmente, de quienes se hayan autoexcluido de los mismos.

Y debo declarar expresamente que soy especialmente sensible, y
quiero expresar también la sensibilidad del Grupo Socialista,
a los planteamientos que sobre disfuncionalidades concretas en
el consenso ha realizado el Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, a quien pedimos que acepte la
seguridad de que trabajando en la dirección del pacto de
Estado por la justicia, que compartimos en líneas más que
generales, corregiremos con toda decisión esas
disfuncionalidades en la medida en que nos sean achacables.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Martín de la Vega.

Vamos a proceder a las votaciones.

Enmiendas del Senado al Proyecto de ley orgánica por la que se
reforma la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial. Enmiendas
al artículo 2.1, apartado 2, segundo párrafo. Las referencias
a artículos se refieren a artículos del proyecto de ley de
reforma, no a artículos, si no se dice lo contrario, de la
propia Ley Orgánica del Poder Judicial.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 304; a favor, 179; en contra, 123; abstenciones,
dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda. (El señor
Caldera Sánchez-Capitán pide la palabra).

El señor Caldera tiene la palabra.




El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Señor Presidente, le ruego
que me disculpe pero mi Grupo Parlamentario le ha indicado las
dos enmiendas de las que solicitábamos votación separada y,
además, el portavoz del Grupo Socialista en la tribuna ha
indicado también nuestro deseo --que no sé si ha recogido
pertinentemente la Presidencia-- de solicitar votación
separada para la expresión «en activo» que figura en la
enmienda al artículo 22.6, apartado 1, que puede votarse
conjuntamente con las otras dos cuya votación separada ha sido
solicitada por mi Grupo.




El señor PRESIDENTE: Votación relativa al resto de la enmienda
al artículo 2.º Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 307; a favor, 185; en contra, 120; abstenciones,
dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda al artículo 7.º, apartado 6.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 307; a favor, 304; en contra, uno; abstenciones,
dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.

Enmienda al artículo 8.º, consistente en la introducción de un
apartado 5 nuevo. Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 307; a favor, 183; en contra, 123; abstenciones,
una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.

Enmienda al artículo 16.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 306; a favor, 181; en contra, 124; abstenciones,
una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.

Enmienda al artículo 18.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 306; a favor, dos; en contra, 296; abstenciones,
ocho.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Enmienda al artículo 20, apartado 2.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 306; a favor, dos; en contra, 296; abstenciones,
ocho.




Página 4988



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Enmienda al artículo 21.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 307; a favor, 183; en contra, 121; abstenciones,
tres.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.

Votación correspondiente a la aceptación o rechazo de la
expresión «en activo», que figura en el punto primero del
apartado 6 del artículo 22. Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 307; a favor, siete; en contra, 298; abstenciones,
dos.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Restante enmienda al artículo 22.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 307; a favor, 185; en contra, 120; abstenciones,
dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.

Enmienda al artículo 26.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 307; a favor, 183; en contra, 123; abstenciones,
una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.

Votación relativa a las enmiendas a la exposición de motivos,
excepto la referida al párrafo 9 del apartado 2; al artículo
1; al artículo 13, artículo 313.2 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, letras b), c) y g); al artículo 1.º, apartado 15,
artículo 434 de la ley orgánica; al artículo 3.º, apartado 2,
artículo 98.1 de la ley orgánica; al artículo 3.º, apartado 7,
artículo 343 de la ley orgánica; al artículo 3.º, apartado 8,
artículo 343, letra a), de la ley orgánica; al artículo 3.º,
apartado 9, artículo 345 de la ley orgánica; al artículo 3.º,
apartado 10, artículo 347 de la ley orgánica; al artículo 4.º,
apartado 4, artículo 152.2 de la ley orgánica; al artículo
7.º, apartado 2, artículo 416.2 de la ley orgánica; al
artículo 7.º, apartado 12; al artículo 8.º, apartado 3; al
artículo 8.º, apartado 4, artículo 438 de la ley orgánica; al
artículo 8.º, apartado 5, artículo 504 de la ley orgánica; al
artículo 10, apartado 1, artículo 110, números 2 y 3, de la
ley orgánica; al artículo 15; al artículo 24; a la disposición
adicional sexta; a la disposición transitoria tercera, número
3, y a la disposición transitoria séptima. Comienza la
votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 308; a favor, 185; en contra, 122; abstenciones,
una.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.

Restantes enmiendas del Senado a este proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 307; a favor, 304; en contra, uno; abstenciones,
dos.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.

Por la Secretaría General se procederá a la ordenación
sistemática del proyecto de ley como consecuencia de las
enmiendas aprobadas en este trámite.




DICTAMEN DE LA COMISION DE INVESTIGACION SOBRE LA SITUACION,
EVOLUCION Y GESTION DEL PATRIMONIO DE DON MARIANO RUBIO
JIMENEZ, ASI COMO EL POSIBLE USO DE INFORMACION PRIVILEGIADA Y
TRAFICO DE INFLUENCIAS EN OPERACIONES PRIVADAS DURANTE EL
PERIODO EN QUE EJERCIO CARGOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDAD EN
EL BANCO DE ESPAÑA (Número de expediente 152/000002)



El señor PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día:
Dictamen de la Comisión de Investigación sobre la situación,
evolución y gestión del patrimonio de don Mariano Rubio
Jiménez, así como el posible uso de información privilegiada y
tráfico de influencias en operaciones privadas durante el
período en que ejerció cargos públicos de responsabilidad en
el Banco de España. Para presentar el dictamen, en nombre de
la Comisión, tiene la palabra el señor Zabalía. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio. Ocupen sus escaños. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Zabalía.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Señor Presidente, señorías,
comparezco para presentar a esta Cámara el dictamen elaborado
por la Comisión de Investigación sobre la situación, evolución
y gestión del patrimonio de don Mariano Rubio, así como el
posible uso de información privilegiada y tráfico de
influencias en el período en que ejerció cargos públicos de
responsabilidad



Página 4989



en el Banco de España. Voy a intentar explicar de forma
resumida el proceso de investigación realizado y las
conclusiones a que esta Comisión ha llegado a lo largo de los
cuatro meses de trabajo.

La Comisión se formó, por mandato de esta Cámara, con motivo
del debate de política general sobre el estado de la nación,
celebrado el 20 de abril de este año. El origen inmediato de
la creación de esta Comisión de Investigación se encuentra en
la aparición, en los medios de comunicación, en los primeros
días de abril de 1994, de determinada información sobre una
cuenta y sus movimientos del antiguo despacho del agente de
cambio y bolsa don Manuel de la Concha López-Isla que, bajo la
clave 43107 MM-RU, podría ser de la titularidad de don Mariano
Rubio Jiménez. La Comisión ha centrado sus trabajos en la
investigación del patrimonio de don Mariano Rubio durante la
época de Gobernador del Banco de España y sobre el entramado
empresarial del grupo financiero Ibercorp. Para ello ha
trabajado en base a dos fuentes de información. Por una parte,
la información procedente de las personas que han comparecido
(66 en total) y, por otra, la documentación aportada a la
Comisión. En cuanto a las comparecencias han estado centradas
en cuatro grupos. En primer lugar, personas directamente
afectadas por la investigación, personas de su entorno
familiar y personas relacionadas con la fundación del grupo
Ibercorp; en segundo lugar, personas vinculadas a dicho
holding; en tercer lugar, altos cargos y ex altos cargos de la
Administración del Estado y otros entes públicos; y en cuarto
lugar, un grupo de personas sin vinculación directa en el
grupo Ibercorp pero que han tenido en algún momento relación
con el mismo. Además de la información procedente de estas
comparecencias, la Comisión ha utilizado la proveniente de
documentación procedente de los siguientes organismos: del
Banco de España, del Fondo de Garantía de Depósitos, de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, del Ministerio de
Economía y Hacienda, del Ministerio para las Administraciones
Públicas, del Registro Mercantil de Madrid, del Banco Urquijo
y documentación aportada por los propios comparecientes. El
plan de trabajo de investigación por parte de la Comisión ha
estado basado en descubrir el origen y desarrollo del holding
Ibercorp, de sus actuaciones irregulares y de la vinculación
de don Mariano Rubio y su entorno familiar con dicho holding.

Para entender la implicación de don Mariano Rubio en el grupo
Ibercorp es necesario, al menos, hacer un breve resumen de
este grupo financiero. En el origen, en el año 1986, del grupo
Ibercorp están don Jaime Soto López-Dóriga, que había sido
consejero delegado del Banco Hispano Americano, y don Manuel
de la Concha López-Isla, agente de Cambio y bolsa, creadores
de Investban, S.A., que en 1987 pasa a denominarse Grupo
Financiero Ibercorp, S.A. La primera operación del Grupo
Financiero Ibercorp, y posiblemente la más significativa, es
la compra de una empresa industrial, Sistemas A.F., al Banco
Urquijo. Esta compra se efectúa a través de una sociedad
denominada Traya, S.A., en la que participan: la sociedad P.C.

Slave, S.A., con un 50 por ciento propiedad de don Jaime Soto;
la sociedad Western Hidrocarbus Española, S.A., con un 30,2
por ciento, propiedad de don Manuel de la Concha; y la
sociedad Scipio, S.A., con un 19,8 por ciento, vinculada a don
Juan Antonio Ruiz de Alda, Subgobernador del Banco de España y
Presidente del Fondo de Garantía de Depósitos. La compra de
Sistemas A.F. al Banco Urquijo se realizó mediante una
aportación de Traya, S.A. de 244 millones de pesetas y un
crédito concedido por el propio Banco Urquijo de 1.444
millones de pesetas. Pocos días después se amplía el capital
de Traya pasando de 425 a 600 millones de pesetas. El
siguiente paso consistió en dar salida a Bolsa de las acciones
de Sistemas A.F., si bien, previamente a su contratación
bursátil, las acciones de esta sociedad se venden siguiendo un
acuerdo de distribución conforme al cual una tercera parte de
las acciones correspondían a Traya Sociedad Anónima, otra
tercera parte a un broker inglés y otra tercera parte se
adjudicaría a una socedad denominada Urbiplaner, organizada
exclusivamente para esta operación por el despacho de don
Manuel de la Concha. En la salida a bolsa de Sistemas A.F. se
instrumentó un procedimiento financiero dirigido a neutralizar
la fiscalidad aplicable a las plusvalías generadas y estimadas
en torno a los 2.000 millones. Este proceso explica que los
receptores de las plusvalías fueran empresas con pérdidas y
deudas fiscales amortizables, sociedades extranjeras,
intermediarias, así como sociedades que prácticamente
desaparecen nada más generar las plusvalías. De este proceso
se deduce la vinculación con los ciento quince millones de
pesetas que aparecen ingresados en la cuenta opaca de don
Mariano Rubio.

Por lo demás, ya en 1989, el Grupo Financiero Ibercorp
vendería (a través de la creación de AF Sistemas) los activos
industriales de Sistemas AF a un grupo americano, generándose
una plusvalía de 6.618 millones y la transformación de aquella
sociedad en la denominada Sistemas Financieros. Esta se
perfila como una sociedad de cartera en la que entran otras
sociedades que creará o comprará el mismo grupo Ibercorp, como
son Ibercorp Financiaciones, Ibercorp Leasing, Steel Beton y
Mecalux. Por la dinámica de estas sociedades, se ha afirmado
que en todas ellas se reproduce un mismo esquema de fuerte
capitalización y expansión rápida con el fin de venderlas
luego y obtener elevadas plusvalías. Sistemas Financieros S.A.

se configuró así como la primera pieza del Grupo Financiero
Ibercorp. La segunda pieza importante es el banco Ibercorp.

Este banco se constituye como consecuencia de la compra, en
julio



Página 4990



de 1987, que el grupo Ibercorp hace al Banco Español de
Crédito, de la ficha bancaria de la Banca Trelles sin apenas
actividad y a la que no opuso objeciones el Banco de España.

De todas las operaciones investigadas del Grupo Financiero
Ibercorp de desprende un cúmulo de irregularidades que, como
seguidamente veremos, tiene gran interés por el importante
grado de vinculación de don Mariano Rubio con el grupo
Ibercorp. Ante todo se advierte en las operaciones de sistemas
AF S.A. un entramado de sociedades con las que se logra evadir
el pago de los impuestos correspondientes tanto a la
transacción patrimonial como a las plusvalías generadas. Para
ello parecen haberse utilizado tres tipos de artificios. En
primer lugar, se usan como receptores de las plusvalías
sociedades con deudas fiscales amortizables (Scipio, Teresa y
Firena S.A.) procedentes todas ellas del Fondo de Garantía de
Depósitos, siendo Subgobernador y Presidente del Fondo el
señor Ruiz de Alda y Gobernador del Banco de España el señor
Rubio. En segundo lugar, se realiza parte de la operación
mediante una sociedad que prácticamente desaparece nada más
generarse la plusvalía, Urbiplaner S.A. Y en tercer lugar se
usa la intermediación de sociedades extranjeras. Además, se
desprende de ciertas operaciones de venta de sociedades, donde
se detectan posibles incrementos de plusvalías, una capacidad
de influencia sobre el Banco de España derivada de las
estrechas relaciones personales y de amistad, socialmente
conocidas, que unían al Gobernador de éste con los socios
mayoritarios del grupo Ibercorp, de los que éstos hacían
pública ostentación.

Otras operaciones que podemos calificar de irregulares
supusieron el crédito permitido por el Banco de España de 581
millones de pesetas, al cero por ciento de interés, para que
el señor De la Concha López-Isla pudiese capitalizar la
sociedad de valores Bolsa Ibercorp, lo que supuso una
operación de alta concentración de riesgo, ya que suponía
comprometer en un solo crédito más del 25 por ciento de los
recursos totales del Banco Ibercorp. Lo mismo habría que decir
respecto de la posibilidad de que el grupo Ibercorp hubiera
obtenido beneficio para sí o para terceros del uso de
información privilegiada que aquellas relaciones de amistad
propiciarían, como se ha sospechado respecto a determinados
casos de negociación de acciones efectuadas por el grupo
Ibercorp: acciones del Hispano antes de la fusión de los
bancos Central e Hispano Americano, acciones de Banesto antes
de la OPA del Banco Bilbao a dicho banco, o valores
mobiliarios, en septiembre de 1988, antes de la subida de los
tipos de interés.

Por lo demás, los distintos procedimientos administrativos
sancionadores abiertos sobre las actuaciones del holding
Ibercorp, a raíz de la revelación, en febrero de 1992, del
envío a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de listas
de vendedores de acciones de Sistemas Financieros, en las que
aparecían nombres trucados, han puesto de manifiesto los
siguientes hechos. Relacionados con el mercado de valores:
resistencia a la actuación inspectora, manipulación de
cotizaciones en Sistemas Financieros, S.A., incorrecta
comunicación de autocartera y de participaciones
significativas y trato discriminatorio en los clientes.

Relacionados con el Banco Ibercorp: no reflejar en los
balances la situación patrimonial real ni la auténtica
situación financiera, adquisición de acciones de Sistemas
Financieros, S.A., y Grupo Financiero Ibercorp mediante
operaciones interpuestas, ocultación de fondos mediante
artificios contables y déficit de fondos de provisión para
insolvencias sobre riesgos de dudoso cobro. Tras la aparición
pública del listado de ciertos vendedores de acciones de
Sistemas Financieros, en febrero de 1992, se aceleró la crisis
del grupo Ibercorp que dio origen a la suspensión de pagos del
Banco Ibercorp, a la posterior venta de las sociedades del
grupo a la Caja de Cantabria y a la apertura de expedientes
disciplinarios y sancionadores a los equipos dirigentes de las
mismas. Así, el Consejo Ejecutivo del Banco de España, el 26
de mayo de 1992, acuerda la apertura de expediente
disciplinario al Banco Ibercorp y a sus órganos de dirección y
administración, por cuanto que en los balances no se reflejan
la situación patrimonial real ni la auténtica situación
financiera. Analizando la vinculación de don Mario Rubio y su
familia al grupo Ibercorp, vemos que ya en los inicios de la
andadura del Grupo Financiero Ibercorp aparecen las conexiones
del señor Rubio Jiménez y su entorno familiar con aquél. Así,
el cuñado del señor Rubio, André Laurent-Attahalim, había sido
presidente del Consejo de Administración de la sociedad Traya
que, como se ha visto, fue la sociedad instrumental a través
de la cual el Grupo Ibercorp realizó la compra al Banco
Urquijo de Sistemas AF. Sobre todo, y seguramente, es la
conexión con el «holding» Ibercorp más significativa. El señor
Rubio participó y se benefició de la operación de Sistemas AF,
la más importante de las emprendidas por el grupo financiero,
y lo hizo de manera encubierta.

De los movimientos de la cuenta de don Mariano Rubio, 43107
MM-RU, ha quedado probada su participación en la sociedad
Scipio que, como se ha señalado, es una de las tres sociedades
que conformaban la sociedad Traya que compra Sistemas AF.

Asimismo; también aparece en dicha cuenta el abono de 115
millones de pesetas provinientes de las plusvalías obtenidas
por las acciones de Traya, S.A., de la venta de acciones de
Sistemas AF. En otra operación reflejada en esta cuenta,
aparece la entrega de 30 millones de pesetas a don Carlos
Pittaluga, primo suyo, coincidiendo dos meses más tarde con la
constitución, en Luxemburgo, de la sociedad Schaff Investment,
Sociedad Anónima, donde figuran



Página 4991



como administradores don André Laurent, cuñado del señor
Rubio, doña María Teresa Rubio, hermana del señor Rubio y
mujer del señor Atthalim, y don Jaime Pittaluga Jiménez, primo
del señor Rubio. Schaff Investment adquiere, entre 1987 y
1988, acciones de Sistemas AF. Estas y otras operaciones
posteriores de compra y venta de acciones de Sistemas
Financieros reportan a esta sociedad plusvalías próximas a los
60 millones de pesetas. Otras operaciones realizadas por el
señor Pittaluga hacen presumir inversiones en el grupo
financiero a través de sociedades interpuestas.

Los hechos que acaban de exponerse conducen, evidentemente, a
la presunción de la vinculación de don Mariano Rubio Jiménez
con sociedades que habrían servido para encubrir sus
operaciones especulativas, e incluso a la presunción de su
participación accionarial en el grupo financiero Ibercorp en
cuanto tal y, a su través, en el Banco Ibercorp. Destaca entre
todos estos hechos la presencia recurrente del señor
Pittaluga, al que diversos testimonios coinciden en calificar
como gestor de los intereses de don Mariano Rubio.

Consecuencia de todo lo expuesto, podemos deducir actuaciones
irregulares del ex Gobernador del Banco de España, don Mariano
Rubio, donde la más destacada es la posesión, en el despacho
del agente de Cambio y Bolsa, señor De la Concha, de una
cuenta oculta a través de la cual realizó numerosas
operaciones y que utilizó como vía de defraudación a la
Hacienda Pública, pues no incorporó todos sus rendimientos en
las correspondientes declaraciones del Impuesto sobre la Renta
y el Patrimonio. El señor Rubio participó, de forma
encubierta, por mediación de la sociedad Scipio, en la
operación de Sistemas AF, y cabe presumir que estuviera
vinculado a determinadas sociedades, como Schaff Investment y
Detracta, que habrían servido para encubrir sus operaciones
especulativas. Cabe también presumir que el grado de
vinculación del señor Rubio con el «holding» Ibercorp
alcanzara a tener una participación accionarial en el grupo
financiero en cuanto tal y, a su través, en el Banco Ibercorp.

Las presunciones se han planteado también en cuanto al uso que
el señor Rubio habría hecho de su cargo de Gobernador del
Banco de España para beneficio propio, de su entorno familiar,
o de los intereses del «holding» Ibercorp, así como el
episodio de la compra de una ficha bancaria, la autorización
al Banco Ibercorp de apertura de oficinas, la conexión de
líneas de crédito, conversaciones con el Banco Español de
Crédito y el Banco de Santander para la compra de Ibercorp,
etcétera.

Es, en cambio, un hecho constatado que el Gobernador, señor
Rubio, faltó a la verdad en la declaración que cumplimentó
para el Registro de intereses de altos cargos, y también lo es
que eludió y, por tanto, ocultó al Parlamento, en su
comparecencia del día 20 de febrero de 1992, las conclusiones
del informe de la Inspección del Banco de España acerca de la
situación del Banco Ibercorp. En su comparecencia del día 15
de abril de 1994 ante la Comisión de Economía y Hacienda del
Congreso de los Diputados no admitió la titularidad de la
cuenta 7MM-RU que posteriormente reconocería como propia ante
la comisión de investigación.

Finalmente, hay que atribuir al señor Rubio Jiménez una
indudable responsabilidad por el anómalo funcionamiento del
Fondo de Garantía de Depósitos en la venta de determinados
activos y sociedades.

En consecuencia, esta comisión de investigación ha llegado a
una serie de conclusiones que paso a resumir.

Primera. Con respecto a don Mariano Rubio, la comisión
considera probados los siguientes hechos: La participación
encubierta, a través de sociedades interpuestas o de personas
allegadas, en operaciones especulativas, algunas relacionadas
con la banca privada; el enriquecimiento ilícito, con
incumplimiento de sus obligacionesfiscales; el incumplimiento
de la obligación de declarar sus bienes y patrimonio como alto
cargo.

Segunda. La Comisión considera que existen indicios claros
respecto a su participación accionarial en el Grupo Financiero
Ibercorp y a su través en el Banco Ibercorp y el uso de su
cargo para beneficio propio, de parientes y de los intereses
del «holding» Ibercorp.

Tercera. La Comisión considera, además, que no puede
sustraérsele de las actuaciones irregulares del Grupo
Ibercorp, entre las cuales se advierten diseños societarios
para la evasión del pago de impuestos y posible tráfico de
influencias y uso de información privilegiada. Se aprecia,
asimismo, connivencia entre don Mariano Rubio y los señores
Juan Antonio Ruiz de Alda, Manuel de la Concha, Jaime Soto y
Carlos Pittaluga, sin cuya colaboración no se hubieran podido
producir los hechos objeto de la investigación.

Cuarta. La Comisión ha constatado la exitencia de graves
irregularidades en el funcionamiento del
Fondo de Garantía de Depósitos durante esa época,
especialmente en el trato de favor dispensado a algún pariente
y en la venta de sociedades propiedad del Fondo que aparecen
en el origen y desarrollo de Ibercorp.

Quinta. La Comisión considera que la conducta de don Mariano
Rubio, como cargo público de la máxima responsabilidad en el
Banco de España, no puede separarse de su conducta como
persona, dada la implicación que cualquier acto realizado
durante su gestión tenía para la institución a la que
representaba. Sexta. Bien es cierto que la conducta de don
Mariano Rubio se enmarca en un contexto social que priorizala
economía especulativa sobre la economía productiva, el
enriquecimiento rápido sobre la cultura del trabajo, el éxito
a cualquier precio sobre los valores éticos, la honradez y la
honestidad, con un enfoque político y social que impulsó el
enriquecimiento fácil en lugar de



Página 4992



facilitar crecimientos sostenidos atendiendo a los sectores
productivos. Séptima. En el ámbito personal, esta Comisión
aprecia las siguientes responsabilidades: Responsabilidades
directas y claras, en relación con don Mariano Rubio, por la
quiebra de la confianza en él depositada, la quiebra de la
deontología profesional exigible a un Gobernador del Banco de
España y la comisión dolosa de actos ilegales en los términos
anteriormente indicados. Responsabilidades anteriores en los
señores don Juan Antonio Ruiz de Alda, Subgobernador del Banco
de España y Presidente del Fondo de Garantía de Depósitos, que
aparece involucrado en el origen de Ibercorp, y de don
Francisco Ruiz Jarabo por negligencia al frente del Fondo de
Garantía de Depósitos. En relación con la persona de don
Carlos Solchaga Catalán se estima que las circunstancias
expuestas en este informe relativas a don Mariano Rubio fueron
las que le llevaron, en aquella época, a tomar la decisión de
presentar la renuncia de los cargos que en ese momento
desempeñaba. La dimisión, por tanto, del señor Solchaga ha
sido una decisión personal que hay que respetar y de cuya
actitud se desprende la asunción de una responsabilidad
política que él ha juzgado conveniente asumir.

Octava. La comisión considera que los hechos ocurridos han
sido posibles, en gran medida, por la falta o inadecuada
regulación de algunas prácticas mercantiles y cívicas, por lo
que esta comisión propone al Parlamento la constitución de una
Ponencia, asesorada por expertos, que estudie las necesarias
reformas en los siguientes ámbitos: Código Penal, legislación
del Mercadode Valores, Ley de Intervención y disciplina
bancaria, normas reguladoras de la actuación del Fondo de
Garantía de Depósitos, legislación de sociedades,
fortalecimiento de las facultades del Tribunal de Defensa de
la Competencia, fortalecimiento de la transparencia de los
mercados de capitales, reforzamiento legislativo en la lucha
contra el fraude fiscal, promoción de cambios normativos que
garanticen la transparencia de las situaciones patrimoniales
de altos cargos públicos y reforzamiento de la capacidad
investigadora del Parlamento. Señor Presidente, señorías, no
es fácil comprimir en tan poco tiempo los resultados de tantas
horas de investigación. Los obstáculos con los que se ha
encontrado la comisión han sido múltiples y la disposición de
algunos comparecientes no ha sido precisamente de
colaboración; sin embargo debo reconocer que la labor y
dedicación de todos los Diputados que han participado en esta
Comisión ha sido excepcional, fruto de lo cual, al final, creo
que se ha conseguido un dictamen, y así espero que lo
considere esta Cámara, que cubre los objetivos para los que la
comisión fue creada: investigar la situación, evolución y
gestión del patrimonio de don Mariano Rubio Jiménez así como
el posible uso de información privilegiada en operaciones
privadas durante el período en que ejerció cargos públicos de
responsabilidad en el Banco de España, objetivo, a mi
entender, conseguido con total consenso, al margen de las
responsabilidades políticas que cada grupo parlamentario
estime que pueden desprenderse de estos hechos.

Nada más, muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía
Pasamos al debate de los votos particulares presentados al
dictamen. Voto particular del Grupo Vasco (PNV). Tiene la
palabra el señor Albístur.




El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.

Iniciaré yo y continuará el señor Olabarría.

Brevemente, para exponer y reconocer, en primer lugar, el
trabajo riguroso, serio y yo diría que hasta de alguna forma
poco sonado de la Comisión. Creo que el acuerdo y el consenso
que unió a la Comisión desde el principio ha sido precisamente
una de las formas que se han mantenido y que también ha
supuesto el contenido de las conclusiones que hoy estamos aquí
analizando; diría incluso teniendo que destacar la no
cooperación de los directamente implicados, como son don
Mariano Rubio y los miembros de su familia presuntamente
implicados en este tema.

Personalmente, debo manifestar que comparto el espíritu y la
letra del primer borrador que se presentó a la Comisión, con
las responsabilidades que en él se imputaban tanto a personas
como a los órganos del Gobierno y de la Administración
competentes en materia de vigilancia del sistema financiero y
del Banco de España.

Quiero también demandar como necesaria y urgente la
constitución e inicio de los trabajos de la Ponencia propuesta
en la conclusión undécima; no estamos por la continuidad de la
investigación, aunque entendemos que pudieran quedar
responsabilidades por ampliar o imputar. La Ponencia, después
de las diversas comisiones de investigación que han pasado por
esta Cámara es una demanda política y social que exige el
actual desarrollo democrático. Finalmente, sólo por un sentido
de responsabilidad, de matener el espíritu de colaboración y
consenso que, como citaba antes, predominó en los trabajos de
la Comisión, hemos presentado este voto particular que
explicará mi compañero Emilio Olabarría.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albístur.

Señor Olabarría.




El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, señorías, el señor
Albístur me ha dado un pie muy adecuado



Página 4993



para iniciar esta intervención. Voy a explicar el voto
particular mediante su lectura literal y su ubicación
sistemática en el texto que ha sido expuesto por el Presidente
de la Comisión, señor Zabalía, pero no sin agotar un pequeño
trámite de carácter protocolario que mi grupo, y yo
personalmente, entiende indispensable, que es el trámite de
los agradecimientos, señor Presidente. Mi grupo quiere
agradecer, en primer lugar, el trabajo del Presidente de esta
Comisión, señor Zabalía. Ha sido un trabajo eficaz, ha sido un
trabajo eficiente, ha sido un trabajo intenso y prolijo y ha
sido un trabajo realizado, además, desde una posición
institucional, neutral, no alineada con las posiciones de
ninguno de los grupos; una labor de integración, una labor de
síntesis, que debe ser objeto de la debida ponderación. Y no
sólo el señor Zabalía es el receptor natural de algo que es de
justicia, un requerimiento de la justicia más elemental,
trambién los servicios técnicos de esta comisión,
particularmente el letrado de la misma, sin cuyo auxilio
hubiese sido muy difícil cumplir los requerimientos
cronológicos de calendario, un tanto intensos, señor
Presidente, que afectaban al trabajo de esta comisión y los
servicios auxiliares con carácter general merecen ser objeto
de mención, deben ser destacados convenientemente mediante
esta consignación que mi grupo quiere que conste en el «Diario
de Sesiones».

El trabajo de la comisión --yo sí que voy a hacer, como el
señor Albístur, una reflexión apologética sobre la misma-- ha
sido un trabajo muy serio, ha sido un trabajo muy riguroso; y
ha sido un trabajo muy complicado también. Esto ha derivado,
seguramente, de dos circunstancias. Primero, del talante de
todos los comisionados sin ninguna excepción. Yo he percibido
aquí pocas voluntades utilitaristas, por no decir ninguna, de
utilización estratégica en el sentido más peyorativo del
término, de este trabajo. Realmente, todos los comisionados
que han participado en el trabajo de esta comisión han hecho
un trabajo indagatorio complicado, puesto que hemos entrado en
un mundo un tanto hermético y complejo, el mundo de la
ingeniería financiera, el mundo desde una perspectiva más
literaria y sociológica de la «beautiful people», el mundo de
los «brokers», el mundo de la cultura del pelotazo; una serie
de mundos y una serie de formas de entender los
acontecimientos económicos y la actuación o la intermediación
en el mercado financiero que, desde la perspectiva de mi grupo
parlamentario, no tolera más que repudio, más que rechazo
estético y más que rechazo intelectual. Por esta razón se ha
hecho un trabajo muy complicado y se ha realizado el trabajo
con la atención debida (y no quiero hacer referencia al
trabajo de ninguna otra comisión; que no se entienda, por
favor, en este sentido); una atención debida a los
requerimientos de discreción y a los requerimientos de sigilo
que una comisión secreta de este Parlamento debe atender
necesariamente. Quizás esporádicamente hayamos asistido a
alguna excepción, más propia de la presión de los medios, en
una sociedad tan mediática como la que vivimos, que de la real
voluntad de descubir estas partes que deben tener la opacidad
debida en el trabajo de instrucción, algo parecido a las
sentencias judiciales, no en el trabajo del juicio oral, que
es en el que en este momento, mediante este auto, estamos
iniciando.

Agotado este turno previo, este turno protocolario, señor
Presidente, a mi grupo poco más le queda que decir sino
adherirse al trabajo de síntesis hecho por el señor Presidente
de la Comisión y por los servicios y la Mesa de la misma.

Nosotros compartimos en sus propios términos este trabajo,
este informe que se presenta a la Cámara, sin ningún tipo de
reserva mental, más que la que voy a exponer, que es el voto
particular que mi grupo entiende que todavía debe consignarse.

Incluso llegó a entender, en determinado momento del trabajo
de la Comisión, que su consignación e integración en el
dictamen estaba consensuada ya políticamente y se encontró al
día siguiente con la desagradable y frustrante sorpresa de que
no se incorporaba.

El tenor de nuestro voto particular es el manifiesto a
continuación y su ubicación sistemática la plantearé luego a
los Servicios de la Cámara; en el ámbito de las conclusiones o
la parte sistemática de las conclusiones sería la número 10,
«in fine», la parte final de la conclusión número 10. Su tenor
literal reza así: En virtud de todo lo anterior, la
responsabilidad de diversas instituciones (y cuando hablamos
de diversas instituciones quiero hacer la interpretación esa
que se denomina en términos forenses «mens legislatorum»;
quiero aclarar que cuando hablamos de instituciones hablamos
de todas ellas, sin ninguna excepción o de todas las
instituciones al menos que han ostentado y ostentan
responsabilidades económicas; lógicamente no puedo hablar del
Tribunal Constitucional en este ámbito), pero en virtud de
todo lo anterior, decía, la responsabilidad de las diversas
instituciones pudiera ser una responsabilidad «in vigilando»,
una responsabilidad genérica; una responsabilidad, quiero
decir con ello, desvinculada de la comisión de hechos dolosos
o hechos culposos, que constituyen infracción del ordenamiento
jurídico o irregularidad administrativa. Una responsabilidad
genérica «in vigilando». En este ámbito --y es lo que conviene
enfatizar, señor Presidente--, en este contexto, la comisión
considera suficiente la dimisión del ex Ministro Carlos
Solchaga. De esta manera, esta responsabilidad genérica «in
vigilando» se reconduce, se resume, se condensa en el acto de
dimisión que satisface las aspiraciones que, desde mi grupo
político, deben atribuirse a esta responsabilidad genérica «in
vigilando» de las instituciones con responsabilidades
económicas.




Página 4994



No aprecia esta Comisión --continúa rezando nuestro voto
particular-- la posibilidad de proyectar responsabilidades
políticas a otros altos cargos. Aquí sí voy a hacer una
reflexión de carácter personal y en representación de mi grupo
parlamentario. Las responsabilidades personales que nosotros
consideramos pertinente apreciar, aplicar o dilucidar son las
que se consignan en el dictamen leído por el Presidente de la
Comisión. No consideramos posible, no consideramos legítimo, a
tenor del trabajo indagatorio realizado por esta Comisión,
proyectar a otros cargos, a otras personas con
responsabilidades públicas, ningún tipo de responsabilidad
política. Incluso voy a hacer una reflexión quizá más atrevida
pero también legítima puesto que constituye la voluntad o la
opinión de mi grupo parlamentario. Entendemos que la
proyección de responsabilidad al Presidente del Gobierno y a
otras personas que algunos grupos parlamentarios consignan en
este momento se funda más en razones de estrategia electoral
que en lo que se deriva del trabajo indagatorio, del trabajo
material de esta Comisión. Por fin, y ésta es la última parte
del voto particular que mi grupo parlamentario presenta,
indicamos que el conocimiento por parte del Gobierno de las
irregularidades en las que don Mariano Rubio Jiménez incurrió
duró cinco meses; es decir, durante cinco meses conoció el
Gobierno actividades irregulares realizadas, ya con claridad,
ya con evidencia, incluso con fundamento probatorio
suficiente, por el Gobernador del Banco de España. En nuestro
voto particular --y con ello acabo su explicación, señor
Presidente-- indicamos con claridad, y lo manifestamos aquí
con énfasis, que entendemos las razones explicadas por
representantes del Gobierno de que fueron motivos, que fueron
razones de estabilidad económico-financiera las que impidieron
tomar medidas disciplinarias o provocar el cese del Gobernador
antes de esos cinco meses (puesto que cinco meses era el
tiempo que quedaba de mandato al Gobernador del Banco de
España); esas razones, en opinión de mi Grupo Parlamentario,
son satisfactorias y el mantenimiento durante cinco meses del
Gobernador del Banco de España al frente de esta Institución,
al frente del Banco de España, cuando cinco meses era lo que
quedaba de mandato y cuando de su cese hubiesen derivado
problemas de más entidad, de más relieve, que los derivados de
la bondad de su cese inmediato, de la adopción de medidas
disciplinarias inmediatas, son razones que justifican su
mantenimiento durante este tiempo.

Así se desagrega y así se explica, señor Presidente, el voto
particular presentado por mi grupo parlamentario.

Alguna reflexión complementaria --y acabaré rápidamente--
quiere hacer mi grupo parlamentario. En el trabajo de esta
comisión hemos visto de todo. Yo lo he visto particularmente,
señor Presidente --y permítame y perdóneme esta reflexión un
tanto intimista, quizá-- desde el desapasionamiento de quien
no tiene interés por este mundo --el mundo de las finanzas, el
mundo de la especulación, el mundo bursátil-- ningún tipo de
interés intelectual, ningún tipo de atracción hipnótica ni
estética; lo he visto, por tanto, con cierta neutralidad, con
cierto desapasionamiento, y le puedo asegurar, señor
Presidente, que lo que aquí hemos visto y hemos analizado no
contribuye precisamente a mejorar mi vocación en este ámbito.

Hemos visto de todo y casi nada bueno. Hemos visto operaciones
de autocartera superiores a lo legal y razonablemente
admitido; hemos visto tráfico de influencias; hemos visto el
uso ilegítimo e ilegal de información privilegiada; hemos
visto ocultación de plusvalías al fisco; hemos visto la
utilización de instrumentos financieros opacos con cargo a
quienes tienen las mayores responsabilidades económico-
financieras del Estado; hemos visto operaciones de «insider
trading»; hemos visto operaciones de compraventa de empresas;
hemos visto la adquisición irregular, al Fondo de Garantía de
Depósitos, de empresas sin actividad e incluso de empresas sin
existencia jurídica para ser utilizadas instrumentalmente en
operaciones financieras de difícil o discutible legitimidad;
hemos visto la utilización de parientes, de hermanas, de
cuñados, de primos como testaferros o fiduciarios; hemos visto
la creación de estructuras económicas con ramificaciones en el
extranjero, en paraísos fiscales, en Luxemburgo, en Panamá, en
la Isla de Jersey para escamotear y para evadir capitales.

Hemos visto, señor Presidente, cómo se ha mentido y se ha
ocultado expresamente información a este Parlamento, al menos
demostradamente en dos ocasiones por el Gobernador del Banco
de España. En definitiva, señor Presidente, hemos visto la
etiología de un mundo, el de la «beatiful people», el de la
cultura del pelotazo, el de la ingeniería financiera, un mundo
que también debe ser objeto de regeneración democrática. Aquí
hay una doble consideración que hacer en esta comisión: en
primer lugar, las conclusiones de esta comisión las tenemos
que simplificar, las tenemos que explicar a los ciudadanos con
claridad, porque en esta comisión hemos penetrado en un mundo
hermético no sólo en su lenguaje, no sólo en su metacultura
sino hasta en sus operaciones. Es muy difícil saber
exactamente y que la gente comprenda qué son operaciones de
autocartera, qué son operaciones de «insider trading», o qué
son operaciones de compraventa de empresas. Hay que dulcificar
el lenguaje, dulcificar los conceptos y explicar a los
ciudadanos qué hemos analizado y qué hemos visto de perverso,
qué hemos visto de contranatural, qué hemos visto de
perversión de ese concepto genérico, en definitiva, que se
llama mercado, que ya, desgraciadamente, y en esta década
prodigiosa dejó de depender de la



Página 4995



lógica de la producción y dejó de depender de la lógica del
consumo y empezó peligrosamente a depender de determinados
«brockers», de determinados operadores, de determinados
tiburones que en horas, ya no sólo en días, ya no sólo en
meses sino en horas podían modificar de forma artificiosa y
prostituir los componentes naturales de esta estructura. Esto
lo tenemos que regenerar y lo tenemos que denunciar desde una
perspectiva ética y también desde una perspectiva económica,
porque en este contexto, con esa forma de entender los
acontecimientos económicos, con esa forma de entender la
especulación bursátil hemos hecho un daño espero que no
irreparable a nuestra economía, a nuestro empleo y a nuestro
futuro económico.




El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, le ruego concluya.




El señor OLABARRIA MUÑOZ: Afortunadamente --concluyo con esto-
-, el trabajo de esta comisión --y hay que felicitarnos, señor
Presidente de la Comisión, por ello-- ha sido una auténtica
catarsis colectiva.

Hemos podido analizar prácticas, pero también hemos podido
conocer lo que de perverso tenían estas prácticas, y hemos
podido conocer cómo una persona como el señor Mariano Rubio ha
vulnerado todo lo que en un Estado no se puede vulnerar, todo
lo que es sacrosanto en un Estado de derecho. Primero la
confianza de quienes les han designado; en segundo lugar, los
requerimientos más elementales de la ética y de la deontología
profesional; y, en tercer lugar, el ordenamiento jurídico, y
eso el Presidente o el Gobernador de la institución económica
cuasi más relevante del país. Este trabajo de catarsis, este
trabajo de denuncia ético-moral que mi grupo parlamentario
está interesado en hacer es quizá lo más relevante del trabajo
de esta comisión. Lo demás ¿qué es? Lo demás imputación de
responsabilidades. Están claras: el señor Mariano Rubio, no
hay ninguna duda; los antiguos responsables del Fondo de
Garantía de Depósitos, no hay ninguna duda; el difunto señor
Ruiz de Alda y el señor Ruiz Jarabo; tampoco hay ninguna duda
de que ha habido responsabilidades asumidas ya por el señor
Solchaga mediantesu dimisión respecto a todo este componente
institucional genérico de responsabilidad «in vigilando».

Tampoco hay ninguna duda, en opinión de mi grupo, de que el
señor Vicente Albero sólo tuvo una conexión colateral y
absolutamente irrelevante para el trabajo de investigación de
esta comisión, pero, afortunadamente, hemos acabado con los
principios inspiradores de una forma de entender la economía
que en nada contribuye a mejorar nuestro futuro. Gracias,
señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.

Voto particular del Grupo Mixto. El señor Chiquillo tiene la
palabra. El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente,
señorías, en mi primera comparecencia ante esta Cámara lo hago
en defensa del voto particular presentado por Unión Valenciana
al dictamen elaborado en el seno de la Comisión de
Investigación Rubio. Tras meses de arduo trabajo, la Comisión
especial de investigación referida a la situación, evolución y
gestión del patrimonio de don Mariano Rubio durante su etapa
de Gobernador del Banco de España ha elaborado unas
conclusiones sobre la más que demostrada actividad irregular
llevada a cabo por parte del ex gobernador mientras duró su
mandato.

Nos hemos encontrado, como ya se ha comentado, con enormes
dificultades. La comisión ha sufrido el boicot del propio
señor Rubio y de todos sus familiares, allegados y
encubridores. Mentiras, memoria olvidadiza, la respuesta de no
soy consciente y otras conductas obstruccionistas han
contribuido a arrojar más sombras de duda sobre la presunta
inocencia del ex Gobernador y sus colaboradores. A esto hay
que unir la no comparecencia del señor Pittaluga, testaferro
del señor Rubio y hombre clave de esta trama.

La trama Ibercorp se presenta como un cóctel repleto de
actividades especulativas, utilización de información
privilegiada, fraudes fiscales varios, empresas
instrumentales, conductas que presidían las operaciones de
Rubio e Ibercorp, hechos que se podían resumir en pelotazos
libres de impuestos, dejando tras de sí los responsables de
esas operaciones una tupida red de sociedades y testaferros,
dificultando así su identificación. La adquisición de empresas
con dificultades, vaciándolas de contenido industrial,
modificando el objeto social, revalorizándolas artificialmente
y, posteriormente, sacándolas a cotización en Bolsa, generaba
a sus ideólogos enormes plusvalías sin tributar a Hacienda. No
podemos olvidar, por otro lado, la relación Ibercorp y el
Banco de España. Además de operar Rubio y Rojo con esta
entidad, también lo hacían Madroñero y Raimundo Ortega,
directores generales del Banco de España, así como destacados
socialistas: Albero, Boyer, etcétera. El señor Rubio concedió
trato de favor a Ibercorp, autorizando créditos al cero por
cien, concesión de créditos millonarios, incluso después de
comprobar irregularidades la propia Inspección del Banco de
España. Utilizó el Banco y el poder de su cargo para
enriquecerse personalmente.

Rubio participó en Ibercorp, especuló en Bolsa, adquirió los
fiscalmente opacos pagarés del Tesoro, cuentas secretas en el
despacho de De la Concha y defraudó a Hacienda. Este personaje
ha despreciado, engañado y mentido reiteradamente a este
Parlamento. Rubio tenía suficiente información del grupo
Ibercorp antes de sus dos comparecencias en el año 1992. En
febrero de 1992, inspectores del Banco de España señalaban que
la actitud principal del grupo era la especulación y el
sostenimiento irregular de la cotización de las propias



Página 4996



acciones. Ese informe se entregó al propio señor Rubio el
mismo día que estallaba el escándalo Ibercorp, y también lo
ocultó en sus posteriores comparecencias. Mintió ante la
Comisión, en la que declaró que no era consciente de tener una
cuenta secreta ni de haber defraudado a la Hacienda Pública y
que no había tenido beneficios relacionados con Ibercorp. Sin
embargo, en junio de 1994, Rubio admitió ante el juez que De
la Concha le llevaba la cuenta secreta. Luego, el propio
Ministro Solbes declaró ante la Comisión de Investigación que
Mariano Rubio defraudó a Hacienda. Tras demostrar bandazos en
sus declaraciones, el señor Rubio, en septiembre de 1994,
reconoció que participó en la compra de Sistemas A.F.,
obteniendo 115 millones y reconociendo, implícitamente, su
relación con la sociedad Traya. El Ministro Solbes ha
relacionado a Mariano Rubio con la empresa Schaff Investments,
vinculación demostrada de sobra en los trabajos de la
Comisión. En definitiva, el señor Rubio se ha servido del
cargo para enriquecerse él y sus amigos, haciendo gala de un
comportamiento nada ético.

Unión Valenciana piensa que la responsabilidad política última
y directa es de quienes lo nombraron y quienes lo mantuvieron
a pesar de las irregularidades detectadas en 1992. Por otra
parte, declaraciones como las del ex Ministro Solchaga,
señalando que nuestro país es en el que más rápidamente se
puede ganar dinero, suponen la bendición a lo que se ha venido
a denominar cultura del pelotazo.

las implicaciones del caso Rubio han venido a cuestionar la
base misma del sistema monetario español al colocar al Banco
de España en una situación de desequilibrio y crisis,
cuestionada por la opinión pública y que lamentablemente
tardará en ser corregida.

Las repercusiones se han llegado a sentir a nivel
internacional, influyendo incluso en las decisiones de
inversión extrajera previstas para realizar en nuestro país.

Los poderes públicos tienen la responsabilidad de actuar con
la máxima dureza ante estos acontecimientos, fijando las
posiciones que impidan en el futuro otras experiencias
similares. Motivos que sólo contribuyen a acentuar la
desconfianza social en los gestores públicos y en la propia
capacidad del sistema político por establecer
responsabilidades. Los escándalos Ibercorp y Rubio no los
podemos dar por concluidos, no pudiendo revelarse las
conclusiones, por tanto, como definitivas. De no proseguir las
investigaciones sobre el primo del ex Gobernador del Banco de
España, señor Pittaluga, profundizar en la trama suiza y en la
empresa Schaff Investment, no se podrá llegar hasta el fondo
de la cuestión.

Con todo, hemos de señalar que el caso Rubio es un eslabón más
en la cadena de sucesos habidos en las intituciones públicas
de nuestro país en los últimos años. La investigación de los
fenómenos de corrupción requiere de objetivos y medios que
sobrepasan a los de la Comisión Rubio. Cabe seguir
investigando las posibles actividades irregulares llevadas a
cabo por todos aquellos implicados, tratando de evitar que la
figura del ex Gobernador se convierta en una cortina de humo
sobre otras actividades irregulares.

Nuestro voto particular pretende exigir responsabilidades en
el ámbito de la tutela y el control administrativo en don
Carlos Solchaga. El señor Solchaga debió dimitir nada más tuvo
constancia de las conexiones Rubio con el Grupo Ibercorp. La
no aceptación por Solchaga de la dimisión del señor Rubio,
ante la salida a la luz pública del escándalo Ibercorp,
provocó la prolongación de la situación de crisis de nuestras
instituciones financieras. La responsabilidad del señor
Solchaga es evidente. La dimisión del don Carlos Solchaga no
puede ser tomada como eximente de las posibles irregularidades
que se hayan cometido con anterioridad a la presentación de
ésta. Es necesario seguir investigando, a fin de dilucidar
otro tipo de responsabilidades que afecten a otras personas
que ejercen o han ejercido responsabilidades públicas. La
responsabilidad del señor Solchaga es compartida con el
Gobierno del Estado, por mantener al entonces Gobernador
durante cinco suicidas meses. Resulta, por tanto, y repito,
necesario continuar en la labor de investigación para depurar
todas las responsabilidades. En conclusión, Unión Valenciana
considera que si se aprueba el dictamen pactado, con las
conclusiones que señalan a Mariano Rubio único responsable del
escándalo más sonado, junto al affaire Roldán, de la era
socialista, podemos afirmar, y así lo va a creer la
ciudadanía, que esta Comisión de Investigación más que
averiguar las irregularidades financieras del señor Rubio y
compañía, ha sido el dictamen del presunto encubrimiento de
responsabilidades políticas. Y eso no lo podemos tolerar.

Vamos a transmitir a nuestros conciudadanos la sensación de
que en nuestro país los presuntos delincuentes, defraudadores
y corruptos, y los cómplices y sus valedores, o se nos escapan
o salen airosos de las investigaciones parlamentarias. En
nuestras manos está la recuperación de la credibilidad de las
instituciones antes la opinión pública. Muchas gracias, señor
Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.

Voto particular del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. Tiene la palabra el señor Andreu.




El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, este voto particular, elaborado por el Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y concretamente por
mi compañero don Francisco Frutos, portavoz en la Comisión de
Economía, y yo mismo, es un voto particular que en principio
parte de la base de que hemos estado ante un



Página 4997



trabajo serio y riguroso hecho por parte de la Comisión de
Investigación. En consecuencia, mi Grupo Parlamentario mira
con una especial perplejidad cuál ha sido el dictamen
definitivo, las conclusiones definitivas fruto de un trabajo
que teóricamente, y en la práctica también, ha estado bien
hecho. No comprendemos muy bien cómo tras cuatro meses oyendo
a responsables del Banco de España, del Ministerio de
Hacienda, de la Agencia Tributaria, del mundo financiero en el
que se desenvolvían las inversiones del señor Rubio, se puede
hacer una descripción de los hechos y unas conclusiones como
las que se han hecho, cuando, a nuestro juicio, esa
descripción podía ser mucho más precisa y mucho más certera en
la definición de sus responsabilidades. Nosotros no vamos a
teorizar sobre cuál debe ser el comportamiento de una comisión
de investigación y cuáles deben ser sus fines, pero es bien
cierto que, a nuestro juicio, no puede ser el de un tribunal
ordinario en el que se encausa a alguna persona, en este caso
al señor Rubio, negándose la Comisión, de alguna manera, a ver
el entorno social y político en el cual se ha producido el
hecho del enriquecimiento, del aumento del patrimonio del
señor Rubio. No creemos que el objetivo de esta Comisión sea
decir al final: señor Rubio, culpable. Pensamos que es un
objetivo pobre; que debe ser un objetivo más amplio; que el
objetivo no puede ser necesariamente el de intentar meter a
todo el mundo en el saco, sino el de describir lo que ha
sucedido y el entorno de lo que ha sucedido. Nosotros, que
sabemos que la Comisión ha tenido material más que suficiente
para describir ese entorno y la participación que tuvieron en
estos hechos altas instituciones del Estado --sin cuya
participación este escándalo no hubiera tenido la dimensión
que ha tenido--, pensamos que no se pueden obviar esta
responsabilidades y participaciones.

Por ejemplo ¿cómo se puede obviar en el dictamen la
participación del señor González en el mantenimiento del señor
Rubio al frente del Banco de España una vez que estalló el
escándalo? ¿Cómo puede obviar la participación, no el juicio?
¿Es que esta Cámara no debe recordar el compromiso que
adquirió el Presidente con el mantenimiento del señor Rubio al
frente del Banco de España? El mantenimiento del señor Rubio
al frente del Banco de España fue una responsabilidad del
Presidente que, por lo menos, hay que incluir en el dictamen.

Señoras y señores Diputados nosotros no podríamos entender que
la mayoría de ustedes no quisieran ubicar, ni siquiera
mencionar, la actuación que el señor González tuvo en el caso
Rubio. Nosotros comprenderíamos, en base a las posiciones
políticas de cada grupo parlamentario, que quisieran
exonerarlo. A nuestro juicio no es exonerable, pero
comprenderíamos que alguno grupos quisieran hacerlo, pero,
desde luego, lo que no comprendemos de ninguna de las maneras
es que ni siquiera se quiera hacer mención a la participación
del señor González.

Señoras y señores Diputados, si el pueblo español atendiera y
creyera a pie juntillas lo que dice este dictamen pudiera
concluir que el señor González tuvo la misma participación en
el caso Rubio que en la muerte de Manolete: ninguna. Y esto,
evidentemente, no es cierto. El señor González tuvo una
participación, otra cosa es el juicio que nos puede merecer
esa participación. Este hecho desvirtúa notablemente el
resultado de una Comisión que ha realizado un trabajo
importante y concienzudo, por el que nosotros la felicitamos
en su conjunto, y muy especialmente a su Presidente, señor
Zabalía, que además ha hecho una labor neutral y honesta,
incluso en el primer dictamen que se presentó a debate a la
Comisión, que aunque no compartiéramos todas sus conclusiones,
no podemos dejar de reconocer que era un intento objetivo de
aproximarse a la realidad. Sin embargo, el dictamen que aquí
tenemos dista años luz de aquel dictamen original que nos
trajo el señor Zabalía y consideramos que, al final, cierra en
falso un trabajo bien hecho a lo largo de cuatro meses por las
componendas políticas, por pactos cuyos contenidos desconozco
pero que, en cualquier caso, no tienen nada que ver con lo que
se ha producido en el seno de la Comisión, y lamentaría que la
sociedad española pudiera pensar que un órgano como este, una
Comisión de Investigación no sirve para nada. Nosotros no lo
creemos así. Los trabajos de la Comisión han sido decisivos
para desmenuzar las responsabilidades del señor Rubio, para
comprender cómo desde el puesto de Gobernador del Banco de
España utilizó su poder de influencia para enriquecerse
ilegítimamente. La Comisión ha desvelado el entramado de
cuentas corrientes opacas; de empresas, como las de Schaff,
por las que se transladaban las ganancias ilegítimas al
exterior y la participación del señor Rubio en el Grupo
Ibercorp por medio de testaferros o de empresas interpuestas.

Además, la Comisión ha ayudado a desvelar algo que para este
Grupo Parlamentario y para los Diputados que han estado
representando a Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en la
Comisión puede ser de utilidad para gran parte de la sociedad
y que era bastante desconocido: la posibilidad que hay en
nuestra legislación de ocultar a los verdaderos especuladores
a través de sociedades fantasmales; el turbio papel del Fondo
de Garantía de Depósitos, que no hay que olvidar que está
financiado en un 50 por ciento con recursos públicos; el
descontrol absoluto de nuestra Bolsa, antes de la creación de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y el deficiente
control, después de la creación de ésta; el inmenso fraude
fiscal generado por las emisiones de Pagarés del Tesoro,
gestionados por la Dirección General del Tesoro, y otros
graves problemas a resolver



Página 4998



en el marco legislativo y de control de esta Cámara. Pero, a
nuestro juicio, lo que ha conseguido desvelar, sobre todo, es
el desorden y falta de ética en los comportamientos económicos
que se han producido entre los años 1985 y 1992, por poner dos
fechas que consideramos que son bastante objetivas: el inicio
del lanzamiento económico y el momento en el que comienza el
escándalo del señor Rubio.

A esta falta de ética y a este desorden han contribuido de
forma decisiva la política económica dirigida por los
diferentes gobiernos del señor González. En ese punto se
justifica sobradamente la sustitución de la conclusión novena
que propone el voto particular de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, recuperando un párrafo que vino en el primer
dictamen y que fue presentado a la Comisión por el Presidente,
señor Zabalía, y que luego fue rechazado por la alianza de los
votos de los Diputados socialistas y de Convergència i Unió.

Dicho párrafo dice textualmente: Que el Gobierno y
determinadas autoridades económicas auspiciaron este mundo
económico del que hablábamos, impulsando una política
económica condicionada por razones, etcétera. Ustedes lo
pueden leer en el voto particular de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya. Señoras y señores Diputados, en la
Comisión han existido testimonios suficientes que sustentan
este párrafo. Testimonios que hablan de operaciones
especulativas, similares o peores que la de Sistemas AF,
llevadas por otros grupos financieros; podemos hablar aquí de
Banesto, del señor Conde, etcétera, de todo esto se ha hablado
en la Comisión. Testimonios sobre la incitación al fraude
fiscal que supuso la emisión de Pagarés del Tesoro.

Testimonios sobre el funcionamiento de los agentes de Cambio y
Bolsa encargados de colocar las emisiones de Pagarés y
vigilados por el mismo organismo que emitía los Pagarés --la
Dirección General del Tesoro, dirigida por su director
general, don Manuel Conthe. Testimonios sobre la crisis
bancaria y la forma en que el Gobierno intervino la misma --
tan poco clara a nuestro juicio--, renunciando a sanear la
transparencia en los bancos, optando por introducir en unas
estructuras turbias, por su falta de transparencia, a personas
de su confianza, que al final han supuesto muy poco en la
transparencia de la Banca. Buen ejemplo de esto, a nuestro
juicio, es cómo se produce la venta de Sistemas AF por el
Banco Urquijo, con la aquiescencia del señor Boada, Presidente
del Banco Hispano Americano, propuesto por el Banco de España
y el Ministerio de Hacienda.

Señoras y señores Diputados, hay material más que suficiente
para sustentar este párrafo y sin él el dictamen no reflejará
el clima político en el que se produjo el enriquecimiento
ilegítimo del señor Rubio, y que no es otro que el de la
cultura del pelotazo, el apoyo a iniciativas groseras, como
llegó a calificarlas el señor Rojo en su compareciencia y de
las que el asunto Ibercorp ha sido solamente su ejemplo más
famoso.

Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya apoya, por supuesto,
las responsabilidades detectadas en la actuación del señor
Rubio e incluidas en el dictamen y sólo lamentamos que no
hubiera sido destituido inmediatamente, en el momento en el
que se supo el entramado existente alrededor de Schaff
Investments, con cuñados, hermanos, corrupciones incluso de
las más vulgares, de las que se le achacan al PER, que también
se daban en la «beautiful people», así como cuando se supo por
los informes del Banco de España entregados al Gobierno, en
marzo de 1992, que el señor Rubio había mentido al Congreso
sobre el caso Ibercorp.

En este punto de los informes del Banco de España y la
actuación de esta institución queremos deternos con alguna
calma, deseando emitir un juicio responsable. A estos
Diputados --al señor Frutos y a mí-- nos puede parecer un
comportamiento anómalo que el ex Subgobernador y actual
Gobernador del Banco de España se dedique al acarreo de
informes internos del Banco a domicilios particulares. Esto
nos puede parecer algo extraño. Nos puede parecer
descorazonador que al leer las actas del Consejo Ejecutivo del
Banco de España apenas exista debate y que prácticamente sólo
intervenga el señor Rubio. Esto nos descorazona; pero, a lo
mejor --pueden entender SS.SS.--, esto puede ser un exceso de
celo de mi Grupo Parlamentario.




El señor PRESIDENTE: Señor Andreu, le ruego concluya.




El señor ANDREU ANDREU: Gracias, señor Presidente.

Ahora bien, lo que ya es objetivamente censurable, condenable
y reprobable es que los informes oficiales del Banco de España
ni siquiera se tengan en cuenta a la hora de tomar decisiones
como fue la de dar un crédito de 5.400 millones de pesetas al
Banco Ibercorp en noviembre de 1991. Existían informes de
julio y noviembre de 1991 en los que se denunciaba claramente
que se estaban haciendo operaciones en el Banco Ibercorp para
intentar simular que tenían más activo del que realmente
tenían y estos informes ni siquiera se dan a conocer al
Consejo Ejecutivo, y lo reconoce el antiguo Director General
de Inspección, señor Martín, y actual Subgobernador, diciendo
que esos informes son rutinarios. Señoras y señores Diputados,
¿existen informes rutinarios en el Banco de España? ¿Es que es
una potestad alguna responsabilidad del Banco de España decir
cuándo debe y cuándo no debe dar informes a los órganos del
Banco de España? ¿Es que, luego, ese mismo Director General le
puede mandar informes al Gobierno o a algún ministro que le ha
negado al Consejo Ejecutivo del Banco de España? Consideramos
que hay responsabilidades meridianamente claras en el actual



Página 4999



Subgobernador del Banco de España que deben ser explicitadas
en este documento. No hablaremos más del Fondo de Garantía de
Depósitos, porque, entre otras cosas, está recogido en el
dictamen y, en cualquier caso, creemos que esta Cámara debería
reconsiderar seriamente el funcionamiento de este Fondo. Por
último, señoras y señores Diputados, hay dos personas, dos
autoridades importantísimas en los hechos y nosotros no
podemos estar de acuerdo con la descripción de su
intervención. En primer lugar, respecto a la intervención del
señor Solchaga, no podemos estar de acuerdo porque el dictamen
hacer una interpretación, a nuestro juicio, absolutamente
subjetiva. Las razones por las que dimitió el señor Solchaga
las conoce él y no tuvo a bien aclarar cuáles fueron al
reconocer paladinamente su responsabilidad. ¿Cómo vamos a
interpretar nosotros esa dimisión del señor Solchaga? Yo creo
que cabe el que esta Cámara, palmariamente, diga simplemente
que el señor Solchaga ha sido responsable, porque los hechos
demuestran que ahora, cuando ha estallado la segunda parte del
escándalo, han hecho falta quince días, un mes, para que la
inspección del Ministerio de Hacienda nos dijera que Scipio
estaba relacionada con el señor Rubio. ¿Por qué no se hizo eso
en marzo de 1992? El señor Solchaga tenía exactamente los
mismos servicios que el señor Solbes. ¿Por qué no se dirigió a
la Comisión Nacional del Mercado de Valores? El señor Solchaga
tuvo esa responsabilidad política y no creo que quepa a la
Cámara hacer juicios subjetivos sobre ésta, sino, simple y
llanamente, decir: el señor Solchaga fue responsable. Punto.

Ya está. No tiene mayor enjundia el asunto. Y, por último, la
responsabilidad del señor González. No quiero reiterar lo que
he dicho al principio. El lo supo; lo supo en febrero; tuvo el
informe del Banco de España en marzo, en el que claramente se
decía que Ibercorp estaba en una situación muy mala, que el
señor Rubio había mentido en febrero en el Congreso de los
Diputados. El señor González lo supo en marzo y mantuvo al
señor Rubio hasta que finalizó su mandato. Es algo que creemos
que hay que constatar, y esa responsabilidad --que él ha
asumido-- creo que también debemos exigirla. Señoras y señores
Diputados --y termino--, en la última comparecencia del señor
Rubio ante la Comisión, el señor Rubio no fue capaz de mirar a
los ojos del señor Hernández Moltó; Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya quiere poder mirar a los ojos de todos los
ciudadanos una vez que termine este dictamen. Muchas gracias.

(El señor Romero Ruiz: ¡Muy bien, muy bien!)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Andreu.

Voto particular del Grupo Popular. La señora Rudi tiene la
palabra.




La señora RUDI UBEDA: Señor Presidente, señorías, por fin hoy,
dos años y diez meses después de que estallara el escándalo
sobre el caso Ibercorp en febrero de 1992, esta Cámara tiene
la oportunidad de conocer los datos que han sido investigados
y obtenidos a través de esa investigación por la Comisión
constituida al efecto y, también, opinar y valorar sobre
responsabilidades políticas.

Empiezo, señorías, hablando de responsabilidades políticas,
porque creo que es importante delimitar los campos en los
cuales este asunto se está juzgando. Es importante que quede
claro ante la opinión pública, aunque ante todas SS.SS. es
obvio decirlo, que esto es una Cámara de representación
política y que la Comisión que aquí se constituyó el pasado
mes de mayo no tenía por misión juzgar responsabilidades
penales o administrativas, por cuanto son campos que no le
corresponden a un Parlamento. Un Parlamento como la Cámara de
representación política, donde cada uno de nosotros estamos
enviados por nuestros electores, tiene la obligación o la
misión de juzgar responsabilidades políticas. Por ello, me
parece sorprendente que en alguna intervención de esta mañana
en la tribuna, y me refiero al señor Olabarría, al que tengo
un gran respeto personal e intelectual, entienda o diga que no
considera legítimo que otros grupos, en la calificación de
responsabilidades políticas, vayan más allá que su propio
Grupo. Señor Olabarría, cuando usted ha utilizado la palabra
«legítima» --y consta en el «Diario de Sesiones»-- debo
confesarle una cosa, que me ha sorprendido, porque conozco su
precisión en el lenguaje y su precisión conceptual. Creo,
precisamente por ello, señor Olabarría, que usted no
consideraba que fuera legítimo exigir en esta Cámara
responsabilidades políticas distintas de las que su Grupo
entiende. Su opinión la respeto, como demócrata, pero no la
comparto. Por tanto, señor Olabarría, le ruego que usted haga
lo mismo con la opinión de mi Grupo y de otros grupos
parlamentarios que llevan las responsabilidades políticas más
allá.

Indudablemente que las responsabilidades políticas, señor
Olabarría, pueden ser por acción o por omisión, y las
responsabilidades por omisión podríamos equipararlas con las
responsabilidades «in vigilando», como usted las calificaba.

Hasta ahí estamos de acuerdo, pero, en cualquier caso, señor
Olabarría, es legítimo, porque, entre otras cosas, a los
Diputados que nos sentamos en estos bancos, a los 141
Diputados del Grupo Popular nos legitiman los más de ocho
millones de votos que obtuvimos en 1993, tan válidos como los
votos que les legitiman a ustedes, los cinco Diputados del
PNV, para estar sentados en esos escaños. (¡Muy bien!--
Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
Hablaba de que esta Comisión de Investigación se constituyó en
el pasado mes de mayo y, señor Presidente,



Página 5000



si los votos particulares tuvieran un calificativo o fuera
necesario calificarlos lo mismo que las enmiendas, yo debería
decir que el voto particular de mi Grupo podría ser calificado
de adición, porque realmente no estamos en contra de la mayor
parte del informe emitido por la Comisión, pero sí es cierto,
señor Presidente, señorías, que entendemos que el dictamen
final de la Comisión se queda excesivamente corto; se queda
excesivamente corto porque, por una parte, no refleja en los
antecedentes con suficiente claridad cuáles fueron los hechos
que nos llevaron a constituir en esta Cámara la Comisión de
Investigación en mayo de 1994. No es como aquí se ha dicho por
parte del Presidente de la Comisión, la aparición en los
medios de comunicación, en el mes de abril de este año, de la
presunta cuenta de don Mariano Rubio mantenida en el despacho
del señor De la Concha. Eso fue, señor Presidente de la
Comisión, señor Zabalía --si usted me permite--, la piedra de
toque que obligó al Grupo mayoritario Socialista a admitir la
Comisión de investigación pedida por mi Grupo ya en el año
1992, pero traía consecuencia de los hechos ocurridos en abril
de 1992. Mi Grupo entiende, y por eso lo refleja en el texto
de su voto particular, que no ha quedado suficientemente
explicitado este asunto en el dictamen de la Comisión. Sí se
recoge el origen del grupo Ibercorp y sí se ha explicitado
aquí ya la compra de la Banca Trelles por parte del Grupo
Ibercorp. Quizá, como dato aclaratorio para los Diputados que
no han seguido este tema, que ha sido laborioso y amplio en
cuanto a datos, debo decir que la Banca Trelles la compra el
grupo Investban --como se ha dicho bien-- en junio de 1987; se
la compra al Banco Español de Crédito. Nada que oponer. El
señor Rubio, entonces, como Gobernador del Banco de España,
tiene que dar el visto bueno a esa compra. Pero hay un
elemento más curioso, antes de que ese banco se convierta en
Banco Ibercorp, y es que, en los últimos días del mes de
julio, la Banca Trelles, todavía con ese nombre, realiza su
primera junta general de administración y nombra nuevos
cargos. En ese momento, nombra presidente de esa Banca el
señor Soto y nombra secretario del consejo de administración
al señor Pittaluga, que --como se ha sabido posteriormente--
es primo hermano del señor Rubio y ha aparecido en todos los
asuntos oscuros relacionados con el señor Rubio. Por tanto, la
vinculación del señor Rubio con este asunto, desde el
principio, está perfectamente clara.

¿Por qué otra razón mi Grupo ha presentado este voto
particular? Porque quien no haya seguido los trabajos de la
Comisión y simplemente lea el dictamen, podrá creer o entender
que uno de los mayores escándalos de corrupción --¡y miren,
señorías, que llevamos años oyendo hablar de escándalos de
corrupción!-- y que, por desgracia, ha hecho figurar en las
primeras páginas de la prensa internacional --pero de la
prensa seria, de los diarios económicos, no de la prensa
amarilla--, en tono peyorativo y negativo, el nombre de España
y de sus instituciones financieras ha sido el escándalo
Ibercorp. Pues bien, quien haya leído esos medios de
comunicación y ahora lea el dictamen de la Comisión creerá o
entenderá que este escándalo empieza y termina en la figura
del señor Rubio, Gobernador del Banco de España, pero eso no
es así. El señor Rubio fue nombrado por un Gobierno y el señor
Rubio presentó su dimisión, como yo le recordé ayer al
Presidente del Gobierno en esta misma Cámara, el 20 de febrero
de 1992. Y es al señor González, Presidente del Gobierno --
fíjense lo que les voy a decir: ni tan siquiera al señor
Solchaga, porque el señor Solchaga es responsable de los
acuerdos del Gobierno, pero no tenía capacidad para aceptar la
dimisión del señor Rubio; eso es una responsabilidad, única y
exclusivamente, del Presidente del Gobierno-- es al señor
González al que nosotros reiteramos una vez que esta Cámara
debe de imputarle esa responsabilidad.

Y hay algo más. No se puede estudiar este asunto queriendo
tener una imagen clara de la realidad sin olvidarnos del clima
de la época --se ha dicho en esta tribuna ya por parte de
otros intervinientes--, pero hay frases, y utilizar en estos
debates los diarios de sesiones --y un vez más expreso mi
reconocimiento al Cuerpo de Taquígrafos-- es muy clarificador.

Yo estaba sentada en un escaño de esos bancos cuando el señor
Solchaga, desde el banco azul y en contestación a una pregunta
de mi Grupo, dijo que España, allá por el año 1988, cuando
estábamos en el boom económico, era el país en el que más
rápido y más dinero se ganaba.

Dígame si eso no era un aliento a la economía especulativa en
su aspecto más negativo, en su aspecto más negativo; si eso no
ha originado que en la sociedad española haya habido una
perversión en la escala de valores y que en aquella época se
haya alentado, desde las autoridades económicas y desde el
Presidente del Gobierno con todos sus ministros, lo que se
vino en llamar la cultura del pelotazo; si no nos hemos
cansado todos de ver en las revistas lo que el señor Olabarría
denominaba en inglés --yo lo voy a decir en castellano, quizá
porque me gusta más utilizar mi lengua-- la «gente guapa», y
los hemos visto, una y otra vez, acompañados de ministros del
Gobierno socialista; si no ha habido suficientes muestras de
que, desde que los socialistas llegaron al poder, se fueron
levantando, una y otra vez, los controles del gasto público y
se estuvo utilizando, una y otra vez, la Administración, con
una falta total de transparencia.

Otro ejemplo, señorías, que también consta en el «Diario de
Sesiones». El señor Solchaga, refiriéndose al caso Rumasa,
dijo, en el tono que le caracterizaba cuando ocupaba ese
banco: Mientras yo sea Ministro, no se constituirá en esta
Cámara una comisión de investigación.

Pues bien, señorías del Partido Socialista, esos barros nos
han traído estos lodos, porque nada ocurre en



Página 5001



la sociedad por generación espontánea y porque desde el poder,
en función de las medidas que se tomen, se favorece el clima
social que luego da sus frutos. Ustedes, a lo largo de doce
años de Gobierno socialista, han regado con mimo y con esmero
los frutos que ahora estamos recogiendo: que la sociedad
española esté harta de casos de corrupción y, sobre todo, que
la sociedad española haya generalizado, que es lo más
terrible. Debo decir desde esta tribuna lo que otras muchas
veces he dicho en público. La inmensa mayoría de los
integrantes de todos los grupos políticos es gente honrada, yo
estoy convencida y se lo he dicho también a los socialistas
muchas veces desde aquí, pero sí es cierto que las malas
acciones de unos cuantos, amparadas por las autoridades y por
los ministros y los altos cargos socialistas, han originado
que en este momento la nube tóxica de la corrupción la
tengamos encima casi todas las personas que estamos en la
cuestión pública, en la cuestión política.

Señor Presidente, antes de que me llame la atención, que me
imagino que lo va a hacer a no mucho tardar, en defensa del
voto particular de mi Grupo solamente voy a leer algún párrafo
que argumenta la petición de responsabilidades al señor
González. No son intereses electorales. En 1992, esta misma
Diputada en esta tribuna, en nombre de mi Grupo, hizo una
descripción de lo que intuíamos que era la operación de
Sistemas AF, de la venta de esa sociedad por parte del Banco
Urquijo y también de las plusvalías de 2.000 millones de
pesetas generadas en dos años. En aquellos momentos, cuando
pedimos la comisión de investigación, el portavoz socialista
nos acusó de que estábamos cayendo en alguna tentación de mala
voluntad política al narrar los acontecimientos sucedidos en
los últimos años. Debo decirle, señor Hernández Moltó, que los
hechos le han dado la razón a esta Diputada que habla, y usted
ha sido testigo de que lo que en aquella fecha yo decía desde
esta tribuna lo han relatado, uno tras otro, los
comparecientes que han venido a la Comisión de investigación.

Pero esta Comisión de investigación, señorías, no habrá
cumplido con la obligación que tiene con los ciudadanos si no
les transmite la imagen real de por qué han ocurrido esos
hechos...




El señor PRESIDENTE: Señora Rudi, vaya concluyendo.




La señora RUDI UBEDA: Termino en seguida, señor Presidente. A
lo largo del dictamen de la Comisión y por las manifestaciones
públicas de algunos de sus integrantes, da la sensación de que
se ha pretendido satanizar la figura del señor Rubio, y los
mismos que hace dos años decían que no se le iba a poder
probar nada y que ponían la mano en el fuego por él, en este
momento están haciendo anatema con su persona. Pero insisto,
señor Presidente, no se puede aislar este hecho del contexto
en el cual tuvo su desarrollo. No se puede aislar este hecho
de lo que ha sido la cultura del pelotazo y el enriquecimiento
de unos pocos a costa de muchos, a la sombra del poder.

Por último, señores Diputados, ayer, el Presidente del
Gobierno no dio respuesta a mi pregunta, no dijo ni a los
Diputados del Grupo Popular ni a la opinión pública cuándo
había conocido la vinculación del señor Rubio con las
actuaciones del caso Ibercorp. Tampoco desmintió, porque no
podía hacerlo, lo que yo le dije de la reunión de la noche del
20 de febrero de 1992 en La Moncloa. Sin embargo, él dijo,
quizá porque le traicionó el subconsciente, que habían asumido
sus responsabilidades. El voto particular de mi Grupo lo que
pretende es que se deje constancia en esta Cámara que se hace
responsable al señor González. No le decimos lo que tiene que
hacer después, pero sí que se hace responsable, algo que ayer
entre líneas él dijo.

Y, por último, señores socialistas, señorías, ayer se me
acusó, cuando ya no tenía posibilidad de réplica (Un señor
Diputado: ¡La tienes ahora!), de no admitir la legitimidad
democrática. En este momento puedo hacer uso de la palabra, y
el asunto está relacionado con el tema que nos trae hoy aquí
(Rumores.). Yo solamente quiero decir una cosa... (Un señor
Diputado: Díla.) A ello voy, señorías. ...que en un Estado de
Derecho, que en una monarquía parlamentaria como la que nos
hemos dado todos los españoles desde el año 1976, nadie,
ningún español tiene derecho a hablar de legitimidad
democrática a otro. Y solamente quiero recordarle al señor
González, y siento que no haya aquí ninguno de sus ministros -
-él desde luego nos tiene acostumbrados a no estar sentado
ahí--, que no puede confundir España con su persona y no puede
confundir la democracia con su persona, porque los españoles
no se lo admitimos. (Varios señores Diputados del Grupo
Popular: ¡Muy bien!--Fuertes aplausos.--El señor Olabarría
Muñoz pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rudi.

El señor Olabarría pide la palabra.




El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, quisiera consumir
un breve turno por las alusiones reiteradas de la señora Rudi,
agradeciéndole lo poco de elogioso que en su intervención ha
tenido en relación a mi persona, pero sí ha habido algunas
referencias, que yo agradezco, y sobre todo el tiempo que ha
dedicado a mi humilde persona. Pero, en todo caso, en este
tiempo dedicado a la explicación de su voto particular hay que
desagregar dos conceptos. Uno nos parece más anecdótico, menos
relevante, que es la alusión a nuestra valoración política.

Nuestro Grupo...




Página 5002



El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, éste es un debate tasado
que no excluye, dada su propia estructura, que si en la
intervención de un grupo se produce contradicción con la
intervención de otro, se dé lugar a la réplica
correspondiente, pero ceñida a lo que ha sido objeto de
contradicción, no a una valoración global de la intervención
de la señora Rudi.




El señor OLABARRIA MUÑOZ: Acepto su siempre ponderado
criterio, señor Presidente. (Risas.)
En relación a las alusiones específicas de la señora Rudi,
tengo que decir dos cosas muy concretas, señor Presidente. Lo
que yo he dicho y reproduzco las palabras textuales que he
pronunciado; --tengo buena memoria y sé cuáles son--sobre que
consideramos que es un fundamento estratégico electoral la
imputación de otras responsabilidades diferentes a las
consignadas en el dictamen, ésa es una valoración política
para la cual mi Grupo Parlamentario y cualquier Diputado en
esta Cámara, individualmente considerado, está legitimado,
puesto que tiene ese componente de valoración política
individual que en ese caso es colectivo, puesto que todo mi
Grupo Parlamentario participa colectivamente de ese criterio.

Pero ha dicho otra cosa que nos preocupa mucho más, que ya no
es tan anecdótica o irrelevante, señor Presidente, que es
evaluar la legitimidad de los grupos parlamentarios
vinculándola al número de escaños que se posee. (Varios
señores Diputados del Grupo Popular: ¡No, no!--¡No ha dicho
eso!--Rumores.) Eso es muy grave, señor Presidente. La mención
expresa de que nuestra legitimación es la que deriva de los
cinco escaños que mi Grupo posee (Rumores.), y que la
legitimación del Grupo Popular es la de sus 141 escaños es una
mención absolutamente improcedente e inconstitucional (Rumores
y protestas.), puesto que cada Diputado, en su consideración
individual, tiene la misma legitimidad, el Grupo Popular tiene
141 votos y nosotros tenemos 5, ésa es la única diferencia,
pero cada Diputado y cada grupo tiene la misma legitimación y
legitimidad políticas, ambas cosas, para emitir los juicios
políticos que considere pertinente, y hacer evaluaciones de
naturaleza cuantitativa, cualitativa o numérica resulta de
dudosa convicción democrática y, sobre todo, contradice lo que
prevé la Constitución en esta materia. (Rumores y protestas.--
La señora Rudi Ubeda pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.

Silencio, señorías.

Estoy dispuesto a conceder la palabra en la medida en que el
desarrollo del debate lo exija a los distintos intervinientes,
pero agradecería que el debate fuera sobre lo que realmente se
ha dicho y no sobre presunciones bien de intenciones o bien,
en una preciación errónea, de las intervenciones de los
distintos señores y señoras Diputados.

Tiene la palabra la señora Rudi, muy brevemente.




La señora RUDI UBEDA: Gracias, señor Presidente.

Con respecto a las razones de estrategia electoral yo no las
he valorado; simplemente he negado (su valoración política era
una, yo he dado la mía) que fueran razones de estrategia
electoral las que nos aconsejaban pedir las responsabilidades
políticas al señor González.

En cuanto a la segunda parte de su intervención, le diré que
lamento profundamente que no me haya entendido adecuadamente o
que yo me haya expresado tan torpemente que no haya sido
suficientemente clara para su inteligencia. Mire usted, señor
Olabarría, en su primera intervención usted ha dicho
textualmente: No consideramos legítimo pedir responsabilidades
más allá del señor Rubio. A esta frase lo que yo le he
contestado es que usted podrá decir que está de acuerdo o no
con que se pidan responsabilidades y que es una valoración
política, pero lo que no puede discutir es la legitimidad de
mi Grupo para hacer valoraciones políticas y que, señor
Olabarría, la legitimidad de los 141 Diputados que formamos el
Grupo Popular nos la da los ocho millones de votos conseguidos
en las elecciones de 1993 y que tan legítimos son estos 141
escaños como los 5 suyos. En ningún caso he minusvalorado los
cinco escaños del Partido Nacionalista Vasco.

Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rudi.

Voto particular del Grupo de Coalición Canaria.

Tiene la palabra el señor Olarte.




El señor OLARTE CULLEN: Señor Presidente, retornando a lo que
constituye lo sustantivo del debate, quiero expresar con
carácter previo, y no por meras razones protocolarias sino por
razones de sinceridad absoluta además, mi felicitación al
Presidente de la Comisión, el señor Zabalía, por la
ponderación, la prudencia y la eficacia con que dirigió
nuestra actividad; a los señores comisionados con quienes
compartimos la consecución de un objetivo común; a los
servicios de la Cámara, sin cuya colaboración habría sido
absolutamente imposible nuestro trabajo, y de una manera muy
concreta al letrado señor De Santos por un trabajo realmente
eficaz y que acredita el alto nivel del Cuerpo de Letrados y
de todos sus miembros, cosa que desde hace mucho tiempo hemos
venido manteniendo.

Creemos que nadie puede hoy dudar del gran servicioque ha
prestado a la credibilidad de las instituciones democráticas,
y muy particularmente de esta Cámara, que se acordara el
pasado 20 de abril la creación de esta Comisión de
investigación sobre el patrimonio de don Mariano Rubio Jiménez
y el posible uso de información



Página 5003



privilegiada y tráfico de influencias precisamente en el
ejercicio de quien ostentaba responsabilidades tan importantes
al frente nada menos que del Banco de España.

En todo caso, señorías, lo que refleja el dictamen de la
Comisión es el tremendo error político que cometió el Gobierno
y el Grupo Parlamentario Socialista cuando en el año 1992 se
rechazó la constitución de una comisión en términos semejantes
con sus únicos votos y en contra del parecer de todos los
grupos de la oposición. Es muy posible, señorías, que si se
hubiera actuado entonces con rapidez, con decisión y el
Gobierno no hubiera sido contumaz en la defensa de la
honorabilidad de don Mariano Rubio, que hasta hace poco
todavía se planteaba en términos de defensa y además en
términos de autoelogio para compartir una amistad de la que
algunos se honraban, no se hubiera extendido en la sociedad
española el clima de desconfianza que desde entonces ha
inundado de una manera muy especial la esfera de toda la
actuación política. Pero mejor es tarde que nunca, y al margen
de la insatisfacción que a todos nos puede producir un
dictamen que, lógicamente, no es omnicomprensivo y no refleja
todos nuestros puntos de vista, es indudable que la mera
descripción de los hechos que se han podido investigar
demuestra una voluntad de esclarecimiento que ha sido unánime
y que debe ayudar a devolver la confianza de la ciudadanía en
esta Cámara que con sus votos ha elegido.

Señorías, los hechos que se describen en el dictamen son de
una crudeza y contundencia evidentes, y ello a pesar de las
dificultades que ha tenido la Comisión por la actitud
claramente obstruccionista de don Mariano Rubio, así como de
sus parientes. He aquí una de las razones esenciales para la
presentación de nuestro voto particular. Queremos dejar
constancia explícita ante esta Cámara y la opinión pública en
general de nuestra convicción de que no hemos podido llegar a
investigar hasta el final todas las posibles irregularidades
cometidas por don Mariano Rubio en su período de Gobernador
del Banco de España. Ello es particularmente evidente si se
tiene en cuenta la negativa a comparecer ante la Comisión de
un testigo tan fundamental como su pariente Carlos Pittaluga,
primo suyo, y, como se señala en el dictamen, gestor de sus
intereses y, para nosotros, claro, clarísimo testaferro de
Mariano Rubio. Si tenemos presente que, como se señala en el
dictamen, la cuenta de don Mariano Rubio en el despacho del
señor De la Concha se cerró en 1988 y, previsiblemente, su
primo y gestor, el señor Pittaluga, a lo largo de 1987, el año
anterior al del cierre, había constituido la sociedad,
radicada en Luxemburgo, Schaff Investments, y había
transferido el dinero de Mariano Rubio a dicha sociedad, desde
la que continuó operando en su nombre, es fácil imaginar que
cualquier otra supuesta operación de enriquecimiento ilícito,
por información privilegiada o tráfico de influencia,
realizada por el señor Rubio a partir de tales fechas, ha
podido ocultarse a la investigación desarrollada por esta
Comisión. Por ello, con nuestro voto particular queremos dejar
constancia explícita de esta posibilidad y, por tanto,
pretendemos que esta Cámara se comprometa ante la opinión
pública a reanudar los trabajos de la Comisión de
investigación, si fuere preciso, y tan pronto, en su caso, se
conocieran nuevos hechos relevantes, lo cual no es nada
descartable, sobre todo en función de la actividad judicial
del instructor en estos momentos y de la aparición de posibles
nuevos hechos. Otro punto de relevancia, a nuestro parecer,
que no ha quedado suficientemente desvelado es el grado de
conocimiento que pudieron haber tenido de las actuaciones
irregulares del señor Rubio el anterior Ministro de Hacienda,
señor Solchaga, y el mismísimo Presidente del Gobierno, don
Felipe González. Hoy es fácil constatar que ambos cometieron
un gravísimo error político cuando en marzo de 1992 no
aceptaron la dimisión del señor Rubio como Gobernador del
Banco de España, o cuando no la aceptó el señor Presidente.

Las dudas que hoy tenemos, y que no han sido suficientemente
despejadas todavía, son en qué medida dicho error político
coincidió con una imprudencia simple. No hemos querido
entorpecer lo que ha sido un acuerdo pacífico de la culpa «in
vigilando» y de la culpa «in eligendo», o de la
responsabilidad, más impropiamente hablando, porque son
supuestos de culpa. Pero mantener en el cargo a quien había
solicitado la dimisión constituye una culpa «in vigilando» o
una simple culpa «in eligendo», cuando se trataba de hechos de
una consecuencia que se debería haber adoptado por hechos
remotos, por hechos pasados. Una imprudencia simple, en
cualquier caso, una imprudencia temeraria; una imprudencia
temeraria en cuya raíz se encontraba una especie de
sentimiento de indiferencia ante lo que pudiera ocurrir y que
precisamente por una mínima representación del resultado
posible, que es lo que caracteriza la conducta del imprudente,
se debía haber tratado de evitar, en cuanto a los daños que
objetivamente se iban a producir a todo el Estado, dentro y
fuera del mismo, aceptando una dimisión que sólo el Presidente
podía haber aceptado.

En indudable que aquella decisión, a nuestro juicio,
constituyó una imprudencia temeraria, una gran imprudencia,
una tremenda imprudencia. Por eso, analizando profundamente el
contenido de las intervenciones que me han precedido, de una
manera muy especial la de Izquierda Unida y la del Grupo
Popular, nosotros, con alguna objeción, tendremos
necesariamente que adherirnos, por su contundencia, a lo que
constituye el núcleo de tales votos particulares, sin
perjuicio de mantener el nuestro, que consideramos que es
perfectamente compatible con aquéllos y que denota un sentido
de



Página 5004



la responsabilidad en aras de la aparición de nuevos hechos
que pudieran hacer que aquí se considerara que el caso estaba
cerrado cuando realmente fuera preciso reabrirlo ante esos
nuevos hechos que se produjeran en virtud de la investigación
judicial. Una investigación que nosotros hemos respetado y que
se ha producido de manera coetánea en gran parte de lo que ha
constituido la dimensión temporal de nuestra actividad, pero
que también pone de manifiesto una serie de disfunciones que
es preciso corregir.

Tenemos que hacer todos un análisis de la situación para
llegar a la conclusión de que las relaciones y la comunicación
entre el Poder Judicial y esta Cámara, en virtud de la labor o
de la tarea de las comisiones de investigación, no es lo
perfecto que sería deseable. Por ello, tenemos que analizar,
de cara al futuro, el establecimiento de la normativa
correspondiente que corrija esas disfunciones actuales a las
cuales ha contribuido, en no escasa medida, el instructor
actual del sumario contra Rubio; hay que reconocerlo así con
toda naturalidad. No sé si los señores del Gobierno, que hoy,
paradójicamente, brillan todos con una fuerza inusitada por su
ausencia, por esa ausencia que hoy precisamente hace que tenga
mayor fuerza todavía su falta de presencia, habrán empezado a
ser conscientes del gravísimo daño que se ha causado a la
credibilidad interna e internacional del Estado español, de
nuestras instituciones democráticas, la contumacia con que se
han negado durante tantos años a establecer mecanismos de
control administrativo y parlamentariamente eficientes. Es
ésta, a nuestro juicio, la mayor responsabilidad política que
se deduce si tomamos el caso Rubio como ejemplo práctico. Es
imprescindible, por tanto, desarrollar con urgencia la
reformas legislativas que se producen en la conclusión
undécima del dictamen, y muy particularmente debemos
esforzarnos en reformar la capacidad investigadora del
Parlamento, estableciendo, por ministerio de la ley, la
necesidad de exigir la colaboración con nuestra actividad por
parte de quienes vengan obligados a ello, como es el Poder
Judicial, sin la menor reticencia, que sería desde el punto de
vista democrático, absolutamente inaceptable.

En este punto quiero señalar la necesidad de articular una
fórmula de cooperación, habida cuenta de que sobre todo en los
últimos tiempos parece arrumbada ya la vieja doctrina del
Grupo Socialista, y coincidente con ella la del Gobierno, a
base de negarse a desarrollar la tarea constitucional de
control e investigación que compete al Parlamento cuando
existía algún proceso judicial en marcha. Es imprescindible,
insisto, encontrar una fórmula estable que evite
confrontaciones entre ambas instituciones.

Señorías, probablemente no hemos conseguido, con los trabajos
de esta Comisión, llegar hasta el fondo de los hechos; sin
embargo, sí creo que, en lo fundamental, hemos demostrado
nuestra voluntad, como legítimos representantes de los
ciudadanos, de corregir, denunciar y, en su caso, trasladar
ante los jueces, además de ante la opinión pública, cualquier
comportamiento ilícito de quienes hayan ejercido o ejerzan
cualquier poder público, incluso en los puestos más
relevantes, más elevados



El señor PRESIDENTE: Señor Olarte, le ruego concluya.




El señor OLARTE CULLEN: Sí, señor Presidente.

Termino diciendo que esta actitud es, a juicio de Coalición
Canaria, el valor más esencial del dictamen de la Comisión;
constituye, en definitiva, una actitud que jamás debe volver a
perder esta Cámara. Nuestras instituciones democráticas
tendrán el respaldo de la ciudadanía en la medida en que los
ciudadanos estén convencidos de que trabajamos al servicio de
sus intereses, y que cuando alguien en cualquier
responsabilidad pública utiliza su posición en beneficio
propio, las instituciones democráticas disponen de mecanismos
suficientes y, además, eficaces para investigar y castigar, en
la medida en que podamos, tales conductas.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olarte.

Turno en contra de los votos particulares. Grupos que desean
fijar su posición. (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Casas.




El señor CASAS I BEDOS: Señor Presidente, señorías, se ha
presentado hoy al Pleno de la Cámara el dictamen de la
Comisión de Investigación sobre la situación, evolución y
gestión del patrimonio de don Mariano Rubio Jiménez, así como
el posible uso de información privilegiada y tráfico de
influencias en operaciones privadas durante el período en que
ejerció cargos públicos de responsabilidad en el Banco de
España.

Ahora deberá decidir el Pleno sobre la aprobación o no del
dictamen de la Comisión. Con este trámite finaliza el complejo
trabajo de la Comisión que, a nuestro juicio, ha presentado,
por boca de su Presidente, un buen dictamen. Cuando el Pleno
aprobó la Comisión lo hizo porque era consciente de la alarma
social que habían generado los hechos investigados y quería
dar una respuesta contundente a la opinión pública, aclarando
los hechos, determinando responsabilidades y haciendo
propuestas legislativas que evitaran nuevas situaciones como
las investigadas.

Creo, señor Presidente, que la Comisión ha cumplido con buen
resultado el mandato del Pleno de la Cámara. Hemos podido
investigar superando algunas dificultades, pero también es
cierto que hemos obtenido



Página 5005



cuanta información hemos deseado y han comparecido todas
aquellas personas que han sido citadas, con la excepción
conocida de don Carlos Pittaluga. Además, hemos contado con
una eficaz asistencia de los servicios de la Cámara. Todo ello
nos ha permitido llegar hasta el fondo de los hechos
investigados y poder determinar con precisión todos los puntos
que tenía encomendados la Comisión de Investigación. En
consecuencia, como primera conclusión, la opinión pública va
conocer con todo detalle unos hechos ante los que pedía una
respuesta de este Parlamento.

Nuestro Grupo Parlamentario suscribe en su literalidad el
texto del dictamen, que hace suyo, y considera positivo el
voto particular presentado por el Partido Nacionalistas Vasco
y el Diputado Xabier Albístur, al que anuncio que votaremos
favorablemente. Entendemos que la inclusión de este voto
particular refleja mejor el sentir mayoritario de los miembros
de la Comisión. Entrando ya en el objeto de la investigación y
en el contenido del dictamen, hay una primera y fundamental
conclusión, señor Presidente, que nuestro Grupo quiere
resaltar con un especial énfasis. Los hechos investigados no
pueden volver a ocurrir. Para ello, el dictamen ya propone una
serie de medidas que evitarán en el futuro que sucendan hechos
similares, reformas que abarcan desde modificaciones del
Código Penal hasta la mejora de la legislación del mercado de
valores, pasando por el reforzamiento de otro tipo de
controles. Para evitar comportamientos como los investigados,
es preciso también no favorecer un contexto social en el que
se facilite la economía especulativa sobre la productiva o en
el que se valore más el enriquecimiento rápido que la cultura
del trabajo. Estas son conclusiones muy importantes, quizás
más que las que se ciñen estrictamente a los hechos
investigados, que, muy acertadamente, hemos querido recoger en
el dictamen.

Debemos tomar buena nota de las consecuencias negativas que
para el conjunto de la sociedad española ha significado el
erróneo enfoque político que se dio a la reciente etapa de
crecimiento económico.

La economía, señorías, debe estar al servicio de valores que
tienen que ver con la justicia, el progreso y el bienestar;
nunca debe estar al servicio del enriquecimiento personal.

El núcleo de la investigación, sin embargo, se ha centrado en
la relación de don Mariano Rubio y su entorno familiar con el
grupo de empresas Ibercorp, grupo clave en las actividades
económicas «privadas», entre comillas, de don Mariano Rubio.

La conclusión, tras el estudio del complejo entramado de
sociedades y la ingeniería fiscal que las envuelve, es muy
clara. No es admisible, bajo ningún concepto, la conducta de
don Mariano Rubio. Esta es la conclusión más importante para
la Comisión, y debe quedar clara para la opinión pública. La
quiebra de confianza que protagoniza don Mariano Rubio es el
elemento fundamental, a nuestro juicio, a la hora de
determinar las responsabilidades políticas. Precisamente en
este punto en donde no ha habido unanimidad, lo que ha
provocado precisamente la presentación de votos particulares.

El Grupo Parlamentario Catalán cree que la redacción de la
conclusión décima, apartado tercero, referida a don Carlos
Solchaga, complementada con el voto particular del Partido
Nacionalista Vasco, deja en sus justos términos la
determinación de las responsabilidades políticas. Queremos
respetar --y así lo hacemos-- la decisión personal de don
Carlos Solchaga, al haber querido asumir responsabilidades
políticas con su dimisión, con lo que nuestro Grupo da por
depuradas las responsabilidades de tipo político.

En todo caso --y ya ha salido en el debate--, la no aceptación
de la dimisión de don Mariano Rubio por parte del Presidente
del Gobierno ha de atribuirse, a nuestro juicio, a criterios
de prudencia política, en el sentido de no abrir una grave
crisis en el Banco de España. Criterios que pueden ser
discutibles, pero que, a nuestro juicio, son razonables.

Las conclusiones a las que me he referido son, a nuestro
juicio, señor Presidente, las más relevantes y también las que
han suscitado más debate. El resto del dictamen, a la vista
del debate, creo que es satisfactorio para todos los grupos
parlamentarios y con su lectura cualquier ciudadano tendrá
conocimiento de los hechos y las circunstancias que han
rodeado este caso, de modo que la Cámara habrá dado puntual
satisfacción a una demanda social. Mucho ha sido el trabajo de
esta Comisión, mucho ha sido el estudio que ha requerido a
cada Diputado poder llegar al final y a las conclusiones de la
misma. Creo que el esfuerzo de todos se ha visto culminado con
un buen dictamen, del que debemos sentirnos satisfechos, en la
medida en que hemos cumplido con nuestra obligación. Pero,
junto a esta satisfacción, señor Presidente, quiero manifestar
también una cierta sensación de desánimo. Han sido muchas
horas y muchas energías las que hemos empleado en esta
Comisión, y las doy por bien empleadas, pero en mi fuero
interno tengo la convicción de que en España hay problemas
mucho más importantes a los que deberíamos procurar dirigir
todo nuestro esfuerzo. Quizás sería hora --después del debate
de hoy-- de cerrar ya esta cuestión y afrontar con energía el
futuro que se nos presenta. Es necesario que la sociedad
española haga suyos --y éste es un tema fundamental-- los
retos de nuestra pertenencia a la Unión Europea. En el terreno
económico e industrial tenemos que hacer un gran esfuerzo, que
requiere la complicidad de todos: del Congreso, del Gobierno,
de los agentes económicos y de la sociedad en su conjunto. Sin
confianza en nuestras instituciones difícilmente generaremos
las complicidades necesarias



Página 5006



para ganar este futuro. Evidentemente, actuaciones como las de
don Mariano Rubio minan la moral colectiva, enfrían la
confianza del cuerpo social en sus instituciones y, en fin,
provocan alarma social.

Afortunadamente, hemos podido dar una explicación
satisfactoria de lo sucedido. No hemos permitido en este caso
la opacidad. Pero, a partir de ahora, a nosotros también nos
corresponde restituir el crédito perdido. A este fin, señor
Presidente, nuestro Grupo Parlamentario quiere dedicar todo su
empeño. No quisiera terminar sin hacer mías unas palabras de
mi compañero de Comisión, Francesc Homs, en el sentido de
agradecer y reconocer el talante de todos los parlamentarios
en esta Comisión, que ha hecho posible que hayamos hecho un
trabajo serio, la buena labor y criterio documentado del
letrado que nos ha asistido y, por fin, evidentemente, la
labor del Presidente, que ha sabido superar momentos de cierta
dificultad, que en todo debate parlamentario hay, pero con un
estilo dialogante y, sobre todo, respetando en todo momento
los derechos de todos los Diputados que hemos formado parte de
la Comisión. Hemos conseguido llegar a buen fin presentando un
dictamen que considero, señor Presidente, satisface la demanda
de la opinión pública.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Casas.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Martínez
Sanjuán.




El señor MARTINEZ SANJUAN: Señor Presidente, señorías, el
Grupo Parlamentario Socialista va a utilizar un turno de
fijación de posiciones por respetar la postura democrática de
todos los grupos parlamentarios que han presentado votos
particulares, con los que podremos o no coincidir, pero que
legítimamente están capacitados para hacerlo. Utilizamos este
turno de fijación de posiciones porque apoyamos sin fisuras el
dictamen que democráticamente hemos presentado a este Pleno
del Congreso los miembros de la Comisión de Investigación.

Estamos hoy pues, señorías, discutiendo los resultados de un
trabajo parlamentario hecho con dedicación, esfuerzo y
responsabilidad, que se impulsó por los grupos parlamentarios
en esta Cámara con el apoyo decidido del Grupo Parlamentario
Socialista, desde el momento en que se conoció la existencia
de la cuenta 43107 MM-RU atribuida a don Mariano Rubio.

A algunos les extrañó la actitud de nuestro Grupo
Parlamentario en la comparecencia del pasado 15 de abril, por
la dureza con la que nos empleamos. No podía ser de otra
manera, señorías, por cuanto en la vida política y también en
la vida civil, no hay nada que produzca más frustración y más
irritación que la mentira, el engaño y la quiebra de confianza
en alguien en quien se ha confiado. Por eso apoyamos la
Comisión de Investigación cuando entendimos que había hechos
objetivos de importancia para realizarla; por eso hemos
colaborado lealmente en ella; por eso apoyamos globalmente el
informe y las conclusiones que de la misma han surgido de una
forma democrática; por eso vemos con satisfacción las
propuestas de mejoras legislativas que se deben impulsar, las
recomendaciones que se hacen en la permanente lucha contra los
delitos financieros y por la necesaria adaptación normativa a
un mundo que se mueve y se esconde con una gran rapidez.

Desde el comienzo de mi intervención quiero sumarme, como
Diputado miembro de la Comisión y del Grupo Parlamentario
Socialista, aunque lo haré con palabras menos billantes, a mi
compañero Emilio Olabarría en la felicitación y agradecimiento
por el papel jugado por el Presidente de la Comisión y por los
servicios de la Cámara. Sin embargo, también pediría, señor
Presidente, que en futuras comisiones --y no me estoy sumando
con esta valoración al voto particular del señor Olarte, que
pretende reabrir la Comisión en función de los trámites
judiciales-- se pongan más medios para un mejor trabajo de los
integrantes de las comisiones de investigación.

Señor Presidente, estamos quizás ahora haciendo un collage
entre el año 1992, en el que aparecen las primeras noticias
del llamado caso Rubio --que algunos han denominado caso
Ibercorp--, y el año 1994 en el que aparecen hechos que se
produjeron en los años 1986 y 1987. Algunos grupos
parlamentarios quieren hacer en este momento un juicio sobre
una época, sobre una fase política de la historia de España y
un veredicto sobre la política del Partido Sicialista y de
Felipe González como Presidente del Gobierno. No era éste
evidentemente, el espíritu de la Comisión de Investigación, ni
el espíritu que nos animó, como Partido y como Grupo
Parlamentario, a participar en ella, y SS.SS. conocen
sobradamente el objeto de la misma.

Señorías, nuestro Grupo Parlamentario, al igual que los demás,
hoy puede afirmar que el señor Rubio se enriqueció
ilegalmente, utilizó prácticas fraudulentas para ello, no
cumplió fielmente sus obligaciones como contribuyente,
permitió un funcionamiento altamente irregular de organismos
como el Fondo de Garantía de Depósitos en beneficio de
personas muy allegadas a él por parentesco o amistad, y pudo
utilizar su cargo prevalente para todo ello. Estamos
convencidos de que si no hubiese sido quien era y el puesto
que ocupaba, no hubiera tenido la oportunidad de enriquecerse
como lo hizo con la salida a Bolsa de Sistemas AF, piedra
angular del complejo entramado Ibercorp. Y esta actuación,
señorías, ha dañado la imagen y la credibilidad de una
institución como el Banco de España, aunque algunos intenten
ir más allá, más lejos en las consecuencias



Página 5007



que extraen acerca de la credibilidad del sistema financiero
en su conjunto, o la respetabilidad de nuestro país en nuestra
política económica o financiera. Señorías, no he visto a
ningún miembro de la asamblea del Fondo Monetario o del Banco
Mundial irse de España por enterarse de que hoy íbamos a
discutir el informe de la Comisión Rubio. (Rumores.) España
sigue teniendo el mismo crédito y la misma credibilidad ante
el mundo en materia política, en materia de política económica
y en materia financiera. (Un señor Diputado: ¡Se ha quedado
tan fresco!)



El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio. (Pausa.)
Continúe, señor Martinez.




El señor MARTINEZ SANJUAN: Señorías, el señor Rubio mintió al
Parlamento en el año 1992, como ha mentido a la opinión
pública en 1994, a la Comisión de Investigación, y como mintió
al ocultar la realidad descubierta hoy al Gobierno de la
Nación, hace dos años. Mintió cuando faltó a la verdad el 20
de febrero de 1992, preocupado por no romper una imagen de
persona intachable en el ejercicio de sus funciones públicas y
privadas. De ahí que se convirtiera casi en una obsesión la
defensa de su buen nombre cuando el 10 de junio de 1992, en su
última intervención como Gobernador del Banco de España en la
Comisión de Economía, decía textualmente: «Lo que digo es que
no me vaya a imputárseme al final haberme enriquecido». Pues
sí, y ésta es una conclusión evidente de la Comisión de
Investigación: El señor Rubio se enriqueció mientras
desempeñaba el cargo de Gobernador del Banco de España gracias
a sus contactos, a sus amigos, al mundo en el que se
desenvolvía, al clima de relaciones humanas y sociales que
determinados personajes de la vida económica y social
desarrollaban, en el que se usaba y se abusaba de la amistad,
de los conocimientos, de las insinuaciones y no pocas veces de
las influencias que algunos ofrecían como ciertas. Probar que
existió tráfico de influencias o que circuló la información
privilegiada en el caso Ibercorp parece difícil, aunque menos
sugerirlo. Así se ha reconocido privada y públicamente por
miembros de la Comisión, por periodistas que han escrito de
una forma habitual siguiendo el caso que nos cita, por
directivos que trabajaron, o por personas que han comparecido
en el seno de la Comisión. Sin embargo, señorías, creo
sinceramente que nadie da nada a cambio en este mundo tan
fantasmagórico como real que hemos analizado, en este mundo en
el que afloran las traiciones, las calumnias y las amenazas.

Durante el tiempo que ha durado la Comisión se nos ha tratado
de desviar hacia pruebas falsas, noticias truculentas, cuentas
en clave, declaraciones atribuidas a fiscales extranjeros,
investigaciones paralelas, datos que para alguno era
concluyente que iban más allá de la propia realidad, juicios
personales desde una historia financiera, económica reciente,
fruto de la frustración y de la pérdida de poder de algún
ídolo caído; se nos ha hablado de campañas organizadas, de
dossieres que circulaban de redacción en redacción, de
sospechas de tiburones financieros deseosos de pasar factura;
de un mundo que mi Grupo Parlamentario ni entiende ni valora,
como no puede valorar ni aceptar la recurrente valoración de
algún grupo parlamentario al catastrofismo permanente, a la
corrupción generalizada de la vida pública española, al
desarme de la sociedad civil frente a la hidra de siete
cabezas que parece para algunos el Gobierno socialista.

El caso Rubio, al igual que el caso Roldán, ha puesto de
manifiesto un caso de corrupción grave, de falta de ética
personal, de alguien que ocupó un puesto de gran
responsabilidad en el Estado. Ello nos produce indignación,
como se la ha producido a muchos sectores sociales y
económicos del país. Dicho esto, señorías --y lo digo con
firmeza--, en España no existe corrupción generalizada. El
sistema democrático funciona y es capaz de juzgar y separar a
los indignos y a la propia sociedad, aunque a veces se lleve
por delante a personas honradas, eficaces en sus cargos y a
los que han traicionado con su conducta personal, egoísta e
insolidaria. La lucha contra los comportamientos indignos y
contra la corrupción es una empresa en la que mi Grupo y esta
Cámara están comprometidos leal y sinceramente. La confianza y
la libertad, el futuro de un país y de una sociedad, no pueden
existir en medio de la corrupción. En esta lucha nadie tiene
patente de corso ni se puede enfrentar a ella con dos varas de
medir, ni con verdades reveladas.

Señorías, nosotros hemos participado en esta Comisión, al
igual que otros grupos parlamentarios, sin posturas
apriorísticas sin resultados precondicionados, a pesar de los
hechos indagatorios y con personas incursas en procesos
judiciales. Sin embargo, algún Grupo Parlamentario ya tenía
elaboradas sus conclusiones hace ya dos años. Por ello, no
aceptamos algunas valoraciones ni imputaciones que se hacen
del trabajo de la Comisión, ni de sus conclusiones, ni de la
actitud del Grupo Parlamentario Socialista.

No se puede trasladar objetivamente a la opinión pública
mensajes de desmantelamiento de controles administrativos o
financieros como los que he oído o leído en los votos
particulares, que hacen referencia a la inoperancia de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores. Recuerdo a SS.SS.

que todo este complicado asunto comienza cuando la Comisión
Nacional del Mercado de Valores solicita a Ibercorp Bolsa el
listado de vendedores de acciones de Sistemas Financieros a lo
largo de 1990, como consecuencia de la investigación que
realizan a fin de conocer si había habido prácticas
irregulares en las mismas. Ese requerimiento dio origen a la
realización de un listado de 72 páginas con cientos



Página 5008



de anotaciones en las que se produjo la falsificación y
ocultación de una serie de nombres.

A partir de su conocimiento, este país, y gracias a los medios
de comunicación, tuvo noticias de Schaff Invesetment, de
Padilla de Inversiones y de otros nombres propios que, más
allá de algunos lectores de prensa del corazón, la mayor parte
de la sociedad desconocía y que este caso ha terminado por
hacerlos tristemente célebres.

Estamos analizando y juzgando ahora hechos de los años 90 y de
mediados de los 80. Lo hacemos desde una realidad económica,
social y legal que poco se parece a la existente entonces.

Hablamos de un mercado de valores que poco o nada tiene que
ver con el actual, de unos despachos de agentes de cambio y
bolsa que no son las sociedades actuales de valores; nos hemos
dotado, desde el año 1988, de una Ley del Mercado de Valores
perfeccionada últimamente, que corrige la falta de control
existente hasta entonces. Por eso se hizo, a pesar de que a
algún Grupo Parlamentario le pareció excesivamente
determinista y dirigista. Tenemos unos mecanismos de control
de la transparencia del mercado, de la persecución de
prácticas fraudulentas y del uso de información privilegiada
que poco o nada tienen que envidiar a países de nuestro
entorno. Hemos desarrollado ya una buena legislación
financiera y bancaria, que se ha puesto en vigor en España con
más exigencias y antes de que existieran algunas directivas
comunitarias. Hemos adaptado nuestro cuerpo legal a dichas
normas cuando ha sido necesario.

Durante estos diez años, como decía el señor Rato el 18 de
marzo de 1992 en esta tribuna, el Gobierno no ha renunciado ni
un ápice a su intervencionismo, tanto en los mercados como en
las instituciones. ¿De qué se extrañan? --decía--. Eso es
socialismo. Así que ahora, con las imputaciones de algún grupo
parlamentario, de sus reflexiones y conclusiones pidiendo más
controles y normativas, parece que quieren ser más socialistas
que nosotros mismos.

Les recuerdo a SS.SS., aunque ya lo saben, que ha sido la
Comisión Nacional del Mercado de Valores la que ha descubierto
en estos últimos meses prácticas fraudulentas, funcionamientos
erróneos y extraños, fiscalmente perseguibles, de agentes o
sociedades de valores, de brokers internacionales y de
personas que ocupando incluso hace poco tiempo puestos de
responsabilidad en el Banco de España, utilizaron su
infomación privilegiada para obtener un lucro antes de la
intervención de Banesto.

Pero no compartimos, evidentemente, sus valoraciones acerca de
la discrecionalidad, de la falta de transparencia en la
actuación de los altos cargos y de las instituciones. Les voy
a recordar a sus señorías...




El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Sanjuán, le ruego que
concluya. El señor MARTINEZ SANJUAN: Voy terminando, señor
Presidente. Les voy a recordar, decía, que el señor Rubio, de
quien nadie ponía en tela de juicio su capacidad profesional y
técnica hace años, ocupaba ya un alto cargo en la institución
y que en el año 1984, manteniendo una políticade estabilidad
institucional, se le nombró Gobernador. No accedió a dicho
puesto por méritos partidistas ni por ser amigo de nadie, sino
porque el mundo financiero español había atravesado un grave
problema que, desde el timonel que había supuesto la dirección
financiera del Banco de España, se había resuelto de una forma
favorable.

no podemos compartir tan siquiera sus planteamientos, porque
no podemos aceptar la tesis de que un grano haga granero, al
generalizar al conjunto de los cargos públicos las prácticas
irregulares de algunos.

Hago gracia a SS.SS. de recordar que ha sido este Gobierno
socialista el que, en el año 1983, derogó la Ley de
Incompatibilidades de Altos Cargos y puso en marcha un
Registro de Intereses que a veces no ha funcionado, no porque
no funcionen las leyes, sino porque a veces fallan las
personas más allá del propio funcionamiento de las leyes.

No quiero acabar mi intervención sin recordar a SS.SS., y
trasladar a la opinión pública, que puede que desde los
poderes públicos ha podido existir una imagen de desidia y de
falta de castigo y culpabilidad a las personas que han
desarrollado prácticas que no se ajustaban a la realidad. El
Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
incoó expedientes administrativos que mediante resoluciones
del Ministerio de Economía y Hacienda dieron lugar a sanciones
importantes a las sociedades que formaban parte del holding
Ibercorp. Asimismo, la Administración tributaria incoó
expedientes sancionadores a las empresas y a las personas del
Grupo.




El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Sanjuán, le ruego
concluya.




El señor MARTINEZ SANJUAN: Además, SS.SS. saben que el final
del Grupo Ibercorp --cosa extraña en las crisis bancarias
españolas-- se logró sin haber costado ni un céntimo a los
poderes públicos ni al bolsillo de los españoles. Por último,
hablando de responsabilidades, quizá sea en este punto donde
más votos particulares han presentado los grupos
parlamentarios. Nosotros rechazamos esa teoría, tan habitual
por parte de algunos grupos parlamentarios, de la dialéctica
de la responsabilidad indiscriminada y en cascada, tendente a
recorrer organigramas de izquierda a derecha y de arriba a
abajo. No aceptamos la teoría de la exigencia de
responsabilidad en partidos o en grupos, en cargos orgánicos,
desde



Página 5009



formaciones políticas que no coinciden lógicamente con
nuestros planteamientos. Y en esto coincido con el profesor
García Morillo.

Estamos hablando de responsabilidad en decisiones a adoptar en
el año 1992, con hechos conocidos en el año 1994 y probados.

Las imputaciones de entonces no se consideraron, en función de
las explicaciones dadas por el señor Rubio y las garantías,
motivo suficiente para aceptar aquella dimisión. Además, les
recordaría a SS.SS., tanto que hablan de citas, que leyeran la
comparecencia de 10 de junio de 1992, en la que el señor Rubio
dice que no es que no se le aceptó la dimisión, sino que fue
convencido y entendió que no debía presentarla al final por
motivos de estabilidad financiera.

¿Se podía conocer todo lo que conocemos ahora? Algunos
pensarán que sí. Nosotros creemos que era difícil conocer este
submundo con los datos conocidos en el año 1992. Pero de lo
que sí hemos conocido, mi Grupo Parlamentario valora como muy
negativamente la falta de ética, de lealtad, de la doble moral
de una persona en la que confió este Gobierno y a la que este
Grupo Parlamentario defendió durante tiempo.

En la aceptación de esa responsabilidad, dimitió nuestro
Presidente de Grupo Parlamentario, lo que le honra como
persona y como político, porque en nuestro Partido, en nuestro
Grupo Parlamentario, se conjuga el verbo dimitir. Sería bueno
para la credibilidad del sistema que en otros lares se
conjugara también este verbo cuando es necesario.

Muchas gracias, señor Presidente. (Protestas en los bancos del
Grupo Popular.--Aplausos en los del Grupo Socialista.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Sanjuán. (La
señora Rudi Ubeda pide la palabra.)
La señora Rudi tiene la palabra. (Rumores.)
Silencio, señorías.




La señora RUDI UBEDA: Señor Presidente, solicito la palabra al
amparo del artículo 73.1 del Reglamento, por haber sido
contradicha en la intervención del señor Martínez Sanjuán.




El señor PRESIDENTE: Señora Rudi, tiene la palabra.

Le ruego se ciña estrictamente, a los extremos de la
intervención del señor Martínez Sanjuán que han entrado en
contradicción con la suya.




La señora RUDI UBEDA: Gracias, señor Presidente.

Efectivamente, mi intención es ceñirme a lo manifiestado aquí
por el portavoz del Grupo Socialista, señor Martínez Sanjuán.

En primer lugar, ha acusado al Grupo Popular de tener
elaboradas sus conclusiones hace ya dos años, antes de que se
constituyera la Comisión de Investigación cuyo dictamen
estamos en este momento discutiendo. Señor Martínez Sanjuán,
en esta tribuna lo que yo he dicho y he recordado es que de
algunos acontecimientos que yo relaté en esta misma tribuna en
marzo del 92 lo que se ha deducido de la investigación
realizada por la Comisión no ha hecho más que ratificarlos, y
eso usted no me lo podrá negar.

Hace dos años, el único grupo parlamentario que habló de la
operación de Sistemas AF, que relacionó la venta de Sistemas
AF por el Banco Urquijo con tráfico de influencias del
Gobernador del Banco de España, fue el Grupo parlamentario
Popular y los hechos, señor Martínez Sanjuán, lo que han
venido a demostrar es que lo que entonces apuntábamos y
suponíamos se ha cumplido. No es que tuviéramos elaboradas las
conclusiones; es que, por desgracia para ustedes, lo que
nosotros dijimos se ha hecho realidad.

Usted también dice que ha habido quien pretendía que se
estudiasen conjuntamente los hechos ocurridos en el año 1992
con los que se han conocido en el año 1994. Insisto en la
misma argumentación, señor Martínez Sanjuán: lo que se ha
conocido en 1994 no ha hecho si no ratificar lo que ya se
sabía en 1992 y ampliarlo. Si esta Comisión, en lugar de
trabajar a partir de mayo del 94, lo hubiera hecho a partir de
marzo del 92, como pedimos todos los grupos de la Cámara,
salvo ustedes, que entonces contaban con mayoría absoluta,
indudablemente hubiéramos ahorrado a la imagen de España en el
exterior bastantes sinsabores. Habla usted de que no está de
acuerdo con la inoperancia que nosotros decimos que mantuvo la
Comisión Nacional del Mercado de Valores. Ha sido frase
textual de su intervención, señor Martínez Sanjuán. Pues bien,
el 20 de febrero del 92, el señor Croissier compareció ante la
Comisión de Economía, como usted seguramente recordará, y nos
habló de que en las fechas comprendidas entre el 29 de julio
al 1 de agosto de 1990 había habido unos movimientos extraños
de venta de acciones de Sistemas Financieros y que en aquel
momento la Comisión Nacional había llegado a la conclusión de
que era necesario aclarar ciertas ventas, ciertas sociedades
instrumentales y la estructura accionarial final de la
compañía. Son las palabras del señor Croissier refiriéndose al
período de julio y agosto del 90. A continuación, el señor
Croissier, en esa misma comparecencia, nos siguió diciendo
que, como, posteriormente, a finales del 91 se iba a producir
una fusión de todo el Grupo, la Comisión había entendido --y
le leo textualmente-- que en ese contexto de la fusión --la
fusión se plantea a finales del 91-- iba a ser posible
clarificar con una enorme economía de medios quiénes eran los
accionistas reales de esta compañía sin necesidad de lanzarnos
a una investigación sobre más de cuarenta intermediarios
financieros y a través de cientos y cientos de pequeñas
órdenes realizadas en el mercado.




Página 5010



Y continúa el señor Croissier: Encontrándonos en ese punto,
surge la revelación del periódico «El Mundo».

Le recuerdo, señor Martínez Sanjuán, que la revelación del
periódico «El Mundo» surge el 12 de febrero del 92. El señor
Croissier confiesa en la Comisión de Economía que se le
disparan las alarmas en julio del 90, y está todavía
investigando en febrero del 92 cuando el periódico «El Mundo»
destapa el asunto. Si usted entiende que eso no es ser
inoperante, tengo que decirle, señor Martínez Sanjuán, que
tenemos distintos conceptos sobre lo que es o no inoperancia.

Si una entidad que tiene a su cargo la supervisión de las
transacciones financieras y velar por la transparencia de los
mercado financieros necesita un año y ocho meses para
enterarse de lo que esta pasando, y se entera antes un
periódico, explíqueme usted si eso es hablar de operatividad.

Dice usted que no puede admitir que se hable de
desmantelamiento de los mecanismos de control. No es mi Grupo
el que habla de ello habla, entre otras instituciones, el
Tribunal de Cuentas, que, una vez tras otra, en los informes
que remite a esta Cámara sobre la Cuenta General del Estado,
que recoge la ejecución presupuestaria, acusa, primero, de que
se desmanteló y se suprimió la intervención previa en una de
las primeras leyes de presupuestos --creo recordar que del año
84-- que el Gobierno socialista trajo a la Cámara; se han
seguido las prácticas de ampliar créditos y utilizar
excesivamente las modificaciones de créditos. No son palabras
mías, sino de una moción, aprobada por cierto, con los votos
de su Grupo, en la Comisión Mixta para el Tribunal de Cuentas.

Si usted no entiende que eso es desmantelamiento de los
controles, seguramente es que su concepto no se correponde con
el del Diccionario de La Real Academia. Por último, señor
Martínez Sanjuán, usted ha utilizado unas palabras del
portavoz de mi Grupo, señor Rato, en marzo del 92, cuando,
hablando de intervencionismo, decía que eso era socialismo.

Señor Martínez Sanjuán, cuando lo que se crean son normas que
encorsetan las actividades y que, además, no permiten o
impiden el libre funcionamiento de la sociedad y cuando,
además, señor Martínez Sanjuán, con esas normas
intervencionistas no se consigue que las instituciones
funcionen, indudablemente --tenía razón el señor Rato--, eso
es socialismo. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.--
Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rudi. (El señor Martínez
Sanjuán pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Martínez Sanjuán.




El señor MARTINEZ SANJUAN: Muchas gracias, señor Presidente.

No pretenderé yo, como portavoz de este Grupo parlamentario,
hacer una interpretación poco legal del artículo 73.1; no le
ha citado la señora Rudi en ningún momento; al Grupo
parlamentario Popular, en ningún momento. Pero como la señora
Rudi, señor Presidente, traía el turno de réplica escrito ya
antes de este debate (Rumores y protestas.), ha tenido que
pedir un turno de réplica, cuando el señor Presidente y toda
esta Cámara sabe que reglamentariamente está dado por los
pelos. Sólo le quiero decir una cosa, señora Rudi. No hace
falta que me recuerde ni los diarios de sesiones ni los
funcionamientos de la Comisión ni lo que he escuchado, porque
posiblemente lo haya escuchado con la misma atención o más que
usted o los miembros de su Grupo parlamentario.

También le voy a decir una cosa, señora Rudi. Cuando se
interpretan o se leen páginas del «Diario de Sesiones» no se
es siempre neutral, y, desde luego, no va a dar lecciones a
este Grupo parlamentario --y menos a mí-- para decir unas
cosas en esta tribuna o a mantener otras en contrario cuando
se habla con los medios de comunicación. Yo suelo ser más
preso de mis silencios que de las palabras a veces alegremente
publicadas.

Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos del
Grupo Socialista.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Sanjuán.

Vamos a proceder a las votaciones.

Voto particular del Grupo Vasco (PNV). Parece que hay alguna
confusión sobre este voto particular; lógicamente, el que se
somete a votación es el que figura en la documentación
distribuida para el Pleno. No puede someterse a votación otro
que no sea el que figura en la documentación.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 306; a favor, 166; en contra, 121; abstenciones, 19.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el voto particular.

Voto particular del Grupo Mixto, del señor González Lizondo.

Puntos primero y tercero del voto particular del Grupo Mixto.

(El señor Chiquillo Barber pide la palabra.)
El señor Chiquillo tiene la palabra.




El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, querría, por
favor, que los párrafos primero, segundo y cuarto se
sometieran a votación separadamente del cuarto. (El señor
Andreu Andreu pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: El señor Andreu tiene la palabra.




Página 5011



El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, pido votación
separada del segundo párrafo.




El señor PRESIDENTE: Párrafo primero del voto particular del
Grupo Mixto. Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 304; a favor, 135; en contra, 164; abstenciones,
cinco.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el apartado primero.

Apartado segundo.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 306; a favor, dos; en contra, 181; abstenciones,
123.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el apartado segundo.

Apartado tercero.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 306; a favor, 140; en contra, 166.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el apartado tercero.

Apartado cuarto.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 305; a favor, 17; en contra, 165; abstenciones, 123.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Voto particular del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, excepto el punto cuarto de la conclusión décima.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 306; a favor, 139; en contra, 163; abstenciones,
cuatro.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votación relativa al punto cuarto de la conclusión décima del
voto particular de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 306; a favor, 20; en contra, 286.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Voto particular del Grupo Popular. (El señor Andreu Andreu
pide la palabra.) El señor Andreu tiene la palabra.




El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, pido votación
separada del párrafo primero de la página 9. (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Entiendo, señor Andreu, que se refiere
estrictamente al párrafo que hace referencia a don Luis Carlos
Croissier. (Asentimiento.)
Voto particular del Grupo Popular, excepto este primer párrafo
de la página 9.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 307; a favor, 140; en contra, 165; abstenciones,
dos.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Seguidamente se somete a votación el párrafo primero de la
página 9 del voto particular del Grupo Popular.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 306; a favor, 122; en contra, 164; abstenciones, 20.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Voto particular del Grupo de Coalición Canaria.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 305; a favor, 140; en contra, 164; abstenciones,
una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votación correspondiente al dictamen de la Comisión. (El señor
Andreu Andreu pide la palabra.)
El señor Andreu tiene la palabra.




El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, pido votación
separada del tercer párrafo de la conclusión décima, la que se
refiere al señor Solchaga.




El señor PRESIDENTE: Votación del dictamen de la Comisión,
excepto el párrafo tercero de la conclusión décima.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 305; a favor, 302; en contra, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Votación correspondiente al párrafo tercero de la conclusión
décima del dictamen.

Comienza la votación. (Pausa.)



Página 5012



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 306; a favor, 165; en contra, 139; abstenciones,
dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.




VOTACION DE CONJUNTO:



--DEL PROYECTO DE LEY ORGANICA POR LA QUE SE REFORMA LA LEY
ORGANICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL (Número de
expediente 121/000031)



El señor PRESIDENTE: Votación de conjunto correspondiente al
carácter de ley orgánica del proyecto por el que se reforma la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 305; a favor, 183; en contra, 120; abstenciones,
dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada, en votación de conjunto,
la Ley Orgánica por la que se reforma la Ley Orgánica del
Poder Judicial. Se levanta la sesión.




Eran las dos y cincuenta y cinco minutos de la tarde.