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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 95, de 04/10/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1994 Núm. 95 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 94
celebrada el martes, 4 de octubre de 1994
Página
ORDEN DEL DIA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que
se modifica la Ley Orgánica 3/1981 del Defensor del Pueblo,
para atribuir a uno de sus actuales Adjuntos la función
específica de la Defensa de los Menores. «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Serie B, número 48.1, de 20 de
diciembre de 1993 (número de expediente 122/000037) (Página 4869)
Modificación del orden del día 4873
Toma en consideración de Proposiciones de Ley (Continuación):
--Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por
la que se crea la figura del cooperante para actividades de
expansión económica en el exterior. «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie B, número 59.1, de 11 de febrero de
1994 (número de expediente 122/000049) (Página 4873)
Proposiciones no de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al
momento de presentación del Tratado de ampliación de la Unión
Europea. «Boletín Oficial de las Cortes Generales, Serie D,
número 140, de 27 de septiembre de 1994 (número de expediente
162/000136) (Página 4882)
--Del Grupo Socialista del Congreso, relativa a la plena
integración de España en la Política Común de Pesca. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 141, de 28
de septiembre de 1994 (número de expediente 162/000137)
(Página 4882)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, por la que se insta al Gobierno a
llevar a cabo, antes de que se produzca la ratificación por
las Cortes Generales del Tratado de Adhesión de Noruega,
Austria, Finlandia y Suecia a la Unión Europea, las
actuaciones que sean necesarias para conseguir la
incorporación plena de España en la Política Común de Pesca.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número
141, de 28 de septiembre de 1994 (número de expediente
162/000141) (Página 4882)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número
95, de 5 de octubre de 1994.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 4869)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se
modifica la Ley Orgánica 3/1981 del Defensor del Pueblo, para
atribuir a uno de sus actuales Adjuntos la función específica
de la Defensa de los Menores (Página 4869)
En nombre del Grupo Popular defiende la proposición de ley la
señora Sainz García, manifestando que su preocupación por la
defensa del niño se enmarca en una serie de problemas y de
hechos que se han venido denunciando en esta Cámara y que
figuran recogidos en numerosos estudios y, al mismo tiempo, en
los diferentes informes elaborados año tras año por el
Defensor del Pueblo. Destaca la existencia en nuestro país de
casos de menores que sufren malos tratos físicos o psíquicos,
que son explotados, que sufren problemas de alcoholismo o
están envueltos en el grave problema de la droga, que viven en
el umbral de la pobreza y que su-fren los efectos nocivos de
unos medios de comunicación donde prima la violencia e incluso
la existencia de analfabetismo entre nuestros niños, frente a
todo lo cual nuestra Constitución recoge un amplio abanico de
posibilidades de protección al menor. Concretamente el
artículo 39 establece claramente que los poderes públicos
deben asegurar la protección social, económica y jurídica de
la familia y la protección integral de los hijos. Considera
que es justamente en esta línea en la que hay que trabajar,
hay que legislar y apoyar todo lo que se haga desde las
distintas Administraciones públicas.
También cree el Grupo Popular que es necesario incrementar la
sensibilidad de la sociedad ante los problemas reales del
menor más urgentes de solución, implantando una defensa
institucional rápida y específica de los derechos de la
infancia para garantía de la protección del menor, y todo ello
en línea con los tratados internacionales y con los textos
emanados del Consejo de Europa, como, por ejemplo, la
recomendación 1.121, del año 1990, que muchos países europeos
ya han seguido. Incluso en nuestro país la Generalidad de
Cataluña modificó la ley 20/1984 para adscribir a un Adjunto
del Sindic la defensa de los derechos del menor, y esto
precisamente es lo que pretende la proposición de ley, hacer
la adscripción de uno de los adjuntos del Defensor del Pueblo,
asignándole la función específica
de la defensa de los derechos del menor y modificando al
efecto la Ley vigente. En turno de fijación de posiciones
intervienen el señor Baltá i Llopart, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió); la señora Urán González, del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y el señor Del Pozo
i Alvarez, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se rechaza la proposición de ley del
Grupo Popular por 117 votos a favor y 151 en contra.
Modificación del orden del día (Página 4873)
El señor Presidente somete al Pleno de la Cámara, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del
Reglamento, la inclusión en el orden del día de la presente
sesión del dictamen de la Comisión de Investigación sobre la
situación, evolución y gestión del patrimonio de don Mariano
Rubio Jiménez, así como el posible uso de información
privilegiada y tráfico de influencias en operaciones privadas
durante el período en que ejerció cargos públicos de
responsabilidad en el Banco de España.
Se aprueba por asentimiento la inclusión del nuevo punto del
orden del día de la presente sesión.
Toma en consideración de proposiciones de ley (Continuación.)
(Página 4873)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la
que se crea la figura del cooperante para actividades de
expansión económica en el exterior (Página 4873)
En defensa de la proposición de ley del Grupo Catalán
(Convergència i Unió) interviene el señor Homs i Ferret,
manifestando que se trata de una iniciativa que tiene como
destinatario un determinado sector de la juventud capacitada y
preparada para poder participar en las acciones de cooperación
económica en el exterior. Destaca la importancia que tiene la
implantación en España de todo lo relativo a la
internacionalización de nuestra economía en el momento actual
y la necesidad de intensificar los esfuerzos en formación y
educación destinados a preparar a la juventud que pueda
integrarse en el mundo laboral, como ejes de esta iniciativa a
través de la cual pretenden que se legisle sobre la figura del
cooperante, figura que existe en la mayoría de los países
occidentales. Precisamenteel análisis detallado de lo hoy
existente en los países occidentales les ha llevado a la
conclusión de que el modelo que ahora se está aplicando en
Francia es el más fácilmente imitable y exportable a la
realidad jurídica, social y económica de España.
Señala que, a través de esta iniciativa parlamentaria,
intentan cubrir las necesidades que hoy tienen muchas personas
y entidades que están actuando en el campo de la exportación,
en el ámbito de bienes y servicios, que precisan personas que
estén dispuestas a trabajar en entidades localizadas en el
extranjero y que tengan interés en potenciar nueva expansión
económica en esos países o bien consolidar las estructuras
comerciales existentes. Para este fin proponen la
incorporación a la legislación española de la figura del
cooperante o de la cooperación económica mediante la
incorporación de jóvenes a esta función. Explica algunas
características de la citada figura del cooperante, recogida
en el texto de la proposición de ley, para la cual termina
solicitando el voto favorable de la Cámara.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; González de Txábarri
Miranda, del PNV; López Garrido, de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya; Hernando Fraile, del Grupo Popular, y la señora
Rodríguez Ortega, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se rechaza la proposición de ley debatida
por 16 votos a favor, 275 votos en contra y tres abstenciones.
Proposiciones no de ley (Página 4882)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al
momento de presentación del Tratado de ampliación de la Unión
Europea (Página 4882)
Del Grupo Socialista del Congreso, relativa a la plena
integración de España en la Política Común de Pesca (Página 4882)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, por la que se insta al Gobierno a llevar a
cabo, antes de que se produzca la ratificación por las Cortes
Generales del Tratado de Adhesión de Noruega, Austria,
Finlandia y Suecia a la Unión Europea, las actuaciones que
sean necesarias para conseguir la incorporación plena de
España en la Política Común de Pesca (Página 4882)
En defensa de la proposición no de ley del Grupo Popular
interviene el señor Arias-Salgado Montalvo, señalando que,
dada la proximidad que existe entre las propuestas presentadas
por los diversos grupos parlamentarios, al final de su
intervención ofrecerá un texto transaccional para que, en su
caso, pueda ser votada por la Cámara. Sin embargo, la
existencia de acuerdo no les priva de hacer una serie de
reflexiones sobre el contenido de la proposición y su
significación.
Expone que esta tarde van a aprobar por una gran mayoría, si
no por unanimidad, una declaración política, dirigida al
Gobierno, a la que atribuye una doble significación de primera
magnitud. La primera significación es condicionar la
ratificación efectiva del Tratado de Adhesión de los nuevos
miembros de la Unión Europea al cumplimiento de un compromiso
adquirido por la Unión Europea con España, que consiste en
equiparar el régimen de pesca, hoy transitorio, a que está
sometido España, con el régimen de pesca de los demás Estados
miembros, de manera que el uno de enero de 1996 todos los
Estados miembro puedan pescar en las aguas delimitadas por el
Tratado en las mismas condiciones de igualdad. No se trata,
por tanto, de una oposición a la autorización de ratificación
del Tratado ni de una oposición a la ampliación de la Unión
Europea, sino de exigir el cumplimiento de un compromiso para
evitar que se cometa con España una discriminación que sería
inaceptable.
La segunda significación que atribuye a la proposición es que
se traslade al Gobierno la responsabilidad de mantener una
posición de firmeza en la defensa de los intereses españoles
en el ámbito pesquero, posición que el Gobierno debe mantener,
a su juicio, de manera irrenunciable, porque ceder en estas
cuestiones implicaría un perjuicio muy grave para los
intereses de nuestra pesca y, por tanto, de una actividad
económica que tiene una importancia esencial en muchas partes
de España. Afirma que Europa no se puede construir contra las
opiniones públicas nacionales y que cualquier intento de
hacerlo conduciría al fracaso de la Unión Europea, y la
experiencia del Tratado de Maastricht debería ser
significativa para todos los Grupos de esta Cámara. Sobre este
particular señala que en España, desde hace más de tres años,
se produce un constante descenso del afecto de la opinión
pública hacia las instituciones europeas, descenso que es
preocupante en cuanto que los españoles siente en gran medida
que perjudica más a España pertenecer a la Unión Europea que
estar fuera de ella. Tal circunstancia se ha producido, a su
juicio, porque la opinión pública española ha percibido que no
siempre se han defendido bien los intereses españoles en el
proceso de construcción europea. Pregunta qué más se le puede
pedir a un país que exigir el cumplimiento de un compromiso,
añadiendo que cabría citar muchos ejemplos de que esta forma
de actuar es frecuente dentro de la Unión Europea, por lo que
considera que estamos plenamente legitimados para utilizar los
instrumentos que tenemos ante nosotros, como es la presión
sobre todo el proceso de ratificación del Tratado, dando el
respaldo necesario el Gobierno para conseguir que se cumpla un
compromiso ya adquirido por la propia Unión Europea. Termina
dando lectura al texto transaccional que ofrece a la Cámara, a
la vista de las otras proposiciones no de ley presentadas, con
el fin de que pueda ser aceptado, a ser posible, por
unanimidad.
En defensa de la proposición no de ley del Grupo Socialista
interviene el señor Costa Costa, afirmando que la misma está
planteada en términos de apoyo a la política del Gobierno en
todo el proceso de negociación de la ampliación europea a los
cuatro nuevos países de la Unión. El apoyo se basa en el
convencimiento del Grupo Socialista de que, en todo caso, en
el proceso de ampliación el Gobierno español ha
compatibilizado el éxito de la citada ampliación de la Unión
Europea con la defensa de los intereses económicos y
sectoriales de España. Agrega que de lo que se trata hoy es de
dar el apoyo de la Cámara al Gobierno en la exigencia del
cumplimiento de todos los compromisos adquiridos por el
Consejo de Europa en las negociaciones de ampliación, y
concretamente de dos de ellos muy importantes para España,
como son la política común de pesca y los recursos propios de
la Unión Europea. Expone que la plena incorporación de España
a la política común de pesca antes de enero de 1996 es el
mayor éxito de la negociación, y lo que el Grupo Socialista
solicita a la Cámara es que exprese con firmeza la exigencia
del Congreso de que la plena integración de España en la
política común de pesca se produzca antes de esa fecha.
Se refiere a continuación a los dos objetivos de la
proposición, que es la modificación de las perspectivas
financieras de Edimburgo y las negociaciones con los países
candidatos sobre ayuda pública, para terminar expresando la
firme voluntad del Grupo Socialista de propiciar la Unión
Europea, considerando inconvenientes las opiniones que, desde
los agravios de las políticas sectoriales, desprestigian y
anulan las virtualidades del proyecto de la Unión Europea. Los
socialistas españoles, europeístas convencidos, no cejarán en
el mantenimiento de posiciones racionales y firmes en la
defensa de políticas sectoriales, pero al mismo tiempo quieren
hacer patente que se sitúan al frente de quienes defienden un
proyecto político y
económico común para Europa que lleve la paz, seguridad y el
estado de bienestar a todos sus ciudadanos.
El señor Vázquez Romero defiende la proposición no de ley del
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
manifestando que el objetivo de la misma es exactamente igual
que el de las presentadas por los Grupos Popular y Socialista,
es decir, la inclusión de España en la política de pesca común
de la Unión Europea, adelantando el final del período
transitorio al 1 de enero de 1996. Aclara que la ampliación de
la Unión está pendiente aún de algunos referéndum, no estando
nada clara la decisión de Noruega, ni tampoco la de Suecia,
aunque también es cierto que España en esta cuestión se
encuentra en una posición de fuerza para poder mejorar la
pésima situación en que nos colocan los acuerdos firmados en
su día y que ponen en grave riesgo la pervivencia de nuestra
flota pesquera. Agrega que el Gobierno español debería
agradecer a esta Cámara la aprobación unánime de un texto
conjunto, para lo que Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
está en su mejor disposición, ya que tal acuerdo refuerza la
posición del Gobierno ante los socios europeos en las
complejas negociaciones sobre el particular.
Alude a las recientes declaraciones del Ministro de
Agricultura, afirmando que la supresión del período
transitorio, por lo que significa de discriminación hacia la
flota pesquera, es imprescindible e irrenunciable, declaración
que Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya apoya
especialmente, esperando, por el bien de todos, que esa
firmeza se mantenga y no se claudique, como ha ocurrido en
alguna ocasión reciente.
Concluye anunciando el apoyo de su Grupo Parlamentario al
texto transaccional presentado por el señor Arias-Salgado, por
entender que se trata de un buen instrumento para que el
Gobierno lo utilice con la firmeza necesaria en la defensa de
los intereses españoles.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Vasco (PNV)
interviene el señor Gatzagaetxebarría Bastida.
Para fijación de posiciones hace uso de la palabra el señor
Molins i Amat, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Se somete a votación el texto transaccional presentado en
relación con la proposición no de ley de los Grupos Popular,
Socialista e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, siendo
aprobado por 296 votos a favor. Se suspende la sesión a las
seis y treinta y cinco minutos de la tarde.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, POR LA QUE
SE MODIFICA LA LEY ORGANICA 3/1981 DEL DEFENSOR DEL PUEBLO,
PARA ATRIBUIR A UNO DE SUS ACTUALES ADJUNTOS LA FUNCION
ESPECIFICA DE LA DEFENSA DE LOS MENORES (Número de expediente
122/000037)
El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión.
Punto I del Orden del día: Toma en consideración de
proposiciones de ley. Proposición del Grupo Popular, por la
que se modifica la Ley Orgánica 3/1981 del Defensor del
Pueblo, para atribuir a uno de sus actuales adjuntos la
función específica de la defensa de los menores.
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra la señora Sainz.
La señora SAINZ GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a la tribuna para defender la toma en
consideración de una proposición de ley en la que se contempla
la modificación de la Ley 3/1981 del Defensor del Pueblo, para
que se atribuya específicamente a uno de los adjuntos el velar
por los derechos del niño.
Señor Presidente, señorías, nuestro Grupo ha presentado, a lo
largo de esta y de anteriores legislaturas, una serie de
iniciativas distintas y varias con el fin de mejorar el marco
jurídico vigente y toda la situación del menor en nuestro
país. La verdad es que nuestra preocupación por la defensa del
niño se enmarca en una serie de problemas y de hechos que se
han venido denunciando en esta Cámara, que figuran recogidos
en numerosos y distintos estudios y, al mismo tiempo, en los
diferentes informes elaborados año tras año por el Defensor
del Pueblo.
No deseo en estos momentos entrar en una enumeración de datos
y de cifras, para evitar cualquier desvío de la cuestión
central, en la que estoy segura que todos los grupos vamos a
coincidir. La cuestión central, la importante, es que existen
en nuestro país casos de menores que sufren malos tratos,
físicos o psíquicos, que son explotados, que son víctimas de
delitos o han caído también en la delincuencia,
desgraciadamente; que sufren problemas de alcoholismo y están
envueltos en el problema grave de la droga, que hoy es una
lacra de la sociedad española; que viven en el umbral que se
considera de la pobreza, que sufren los efectos nocivos de
unos medios de comunicación donde la violencia prima.
Señorías, es posible que muchos de ustedes hayan podido leer
este fin de semana cómo los propios niños denuncian esa
agresión y esa constante
exhibición de violencia que, a través de distintos medios,
pueden ver y que, al final, acaba perjudicando su formación.
También son sometidos, y lo han denunciado numerosos
pediatras, a efectos nocivos de diferentes anuncios. Niños de
madres que están en la cárcel en malas condiciones, y así se
recoge en el informe del Defensor del Pueblo. Tampoco creo que
esta Cámara puede dejar de recordar también que en nuestro
país hay todavía niños que apenas están escolarizados y,
aunque sean pocos, incluso niños analfabetos. Nuestra
Constitución recoge un amplio abanico de posibilidades de
protección al menor. El artículo 39 dice claramente que los
poderes públicos deben asegurar la protección social,
económica y jurídica de la familia y, asimismo, la protección
integral de los hijos. En esta línea, señorías, hay que
trabajar, hay que legislar y hay que apoyar todo lo que se
haga desde las distintas administraciones. También cree
nuestro Grupo que es necesario incrementar la sensibilidad de
la sociedad ante esos problemas reales del menor, además,
urgentes de solución. Hay que establecer la implantación de
una defensa institucional, a nuestro juicio rápida y
específica, de los derechos de la infancia para una mejor
articulación y, en su caso, garantía de la protección del
menor.
Todo ello, señorías, está, por otra parte, en línea con los
tratados internacionales y con textos emanados del Consejo de
Europa. Seguro que muchos de SS.SS. conocen ya de uno
específico: la recomendación 1.121, de 1990, por la que se
invita en el Consejo de Europa a los Estados miembros a prever
el nombramiento de un mediador específico para los niños, a
fin de informarles sobre sus derechos, aconsejarles y, si
fuera necesario, intervenir en su nombre ante la justicia.
Muchos países de la Comunidad Económica Europea ya han seguido
esta recomendación. En España tenemos que decir que conocemos
que la Generalidad de Cataluña modificó también la Ley 20/1984
para adscribir a un adjunto del Sindic la defensa de los
derechos del menor, con el objetivo de velar en todo momento
por la adecuada defensa de los niños de Cataluña. Creemos que
también hay alguna otra comunidad. De acuerdo con lo que decía
en una ocasión un Diputado socialista, en Andalucía se ha
hecho lo mismo.
Pues bien, esta proposición de ley lo que pretende es lo mismo
que se ha hecho en la Generalidad: articular la adscripción a
uno de los adjuntos del Defensor del Pueblo asignándole la
función específica de los derechos del menor, modificando la
Ley. Esta Cámara conoce de la operatividad de la institución
del Defensor del Pueblo en materia de menores; es posible que
muchos nos hayamos estremecido al conocer algunos de los
informes pasados y que dieron lugar a actuaciones también
urgentes en el terreno de la fiscalía general. Desde luego,
creemos que con su aprobación estaremos transmitiendo a la
sociedad española que si el sentido de la justicia, de la
solidaridad y de la defensa de los derechos es fundamental,
del grado de la defensa de los derechos fundamentales del niño
que se haga en un país tenemos un reflejo de las cualidades de
una sociedad en la que todo esfuerzo por mejorar las
condiciones del niño nunca será baldío y, además, tendría que
decir que nunca suficiente para acabar de una vez por todas,
aunque sea con un solo caso, de marginación infantil. Es
prioritario, señorías, y conviene hacer un gran esfuerzo. Por
último, en el momento de defender la toma en consideración de
la proposición de ley, no puedo dejar de manifestar que, en
definitiva, esta proposición que hoy presentamos responde a
una de las promesas electorales que el Partido Popular hizo en
su momento y que, por otro lado, sabemos que puede ser
coincidente con lo que algunos Grupos han hecho en las
comunidades en las que gobiernan; incluso otros Grupos
políticos en esta Cámara apoyaron, en una iniciativa defendida
por mi compañero José María Michavila, como necesaria la
adscripción de un adjunto al Defensor del Pueblo para velar
por los derechos del niño mediante la modificación de esta
Ley.
Con ello, señorías, lo único que pretendemos, en definitiva,
es ayudar a que esas situaciones de marginación, a que esos
problemas que hoy son reales (la dimensión podrá ser evaluada
y considerada de distinta manera por diferentes grupos
políticos, pero al final nadie puede dejar de reconocer que
existe en España) dejen de existir.
Con el voto favorable a esta iniciativa, que creemos que es
claramente positiva, habremos dado en el Congreso de los
Diputados un importante y decidido paso adelante.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias señora Sainz.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Baltá.
El señor BALTA I LLOPART: Señor Presidente, intervengo desde
el escaño para fijar la posición del Grupo Catalán.
Señorías, mi Grupo comparte los criterios expuestos por la
portavoz del Grupo Popular en cuanto a atribuir a uno de los
actuales adjuntos la función específica de la defensa de los
menores. Lo comparte hasta el extremo de que la iniciativa de
creación por el Parlamento de Cataluña de la figura de un
adjunto al Sindic de Greuges para ocuparse de la defensa de
los derechos del menor, ha sido utilizada por la portavoz
proponente en su línea argumental.
Nuestra posición puede plantearse desde la propia exposición
de motivos que fundamenta esta Ley. Nosotros
también sabemos que la Constitución recoge un amplio abanico
de posibilidades para la protección del menor: la protección
social, económica, jurídica de la familia y, asimismo, la
protección integral de los hijos. Es cierto que existen
acuerdos internacionales suscritos por España y textos
específicos emanados del Consejo de Europa. Concretamente la
Recomendación 1.121, de febrero de 1990, de la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa invita a los Estados
miembros a prever el nombramiento de un mediador específico
para los niños. Sabemos que existe una sensibilización en
buena parte de la sociedad española ante los problemas reales
del menor. Además, la Ley plantea numerosas dudas de
procedimiento ante la realidad de la defensa de los menores.
No hay una suficiente comunicación entre la administración de
justicia y los servicios sociales para el mejor
aprovechamiento de las capacidades dirigidas a una mayor
protección de nuestros menores.
Es cierto que la manera en que una sociedad trata a sus hijos
refleja no sólo sus cualidades de compasión y atención
protectora, sino también su sentido de la justicia. Estamos de
acuerdo, como decía, hasta el punto de que el Parlamento
catalán rectificó su ley autonómica para crear la figura
adjunta a nuestro Sindic de Greuges para que se ocupara
específicamente de los menores. Nosotros consideramos oportuna
la rectificación del artículo 8.5 de la Ley 3/1981, en el que
se dice que el Defensor del Pueblo podrá. Nuestro
planteamiento es que el Defensor del pueblo puede. Con la
legislación vigente consideramos que puede y debe. Creemos
que, además, en el debate que se producirá pasado mañana en
torno al informe del Defensor del Pueblo debemos insistir
todos en que, efectivamente, se pongan en marcha los
mecanismos necesarios para que alguno de sus adjuntos se ocupe
específicamente de esa función. Porque creemos que esto debe
ser así, hemos insistido en nuestro Parlamento autonómico
cuando ha sido necesario hasta modificar la Ley y crear esta
figura específica.
La postura de mi Grupo Parlamentario es la misma que se
planteó hace unos días en el momento de fijar nuestra posición
respecto a la elección de una persona que se ocupara de la
tarea del Defensor del Pueblo. En estos momentos el Defensor
del Pueblo está en una situación de interinidad, y ello porque
los dos grupos mayoritarios no se ponen de acuerdo. Mi Grupo
está dispuesto a apoyar la propuesta que surja de estos dos
grupos parlamentarios. Por tanto, en estos momentos
plantearnos la situación que se refiere a la defensa de los
derechos del menor es algo así, con el respeto que se debe al
tema que tratamos, como marear la perdiz.
Desde esta perspectiva nuestra posición es negativa a la
proposición de ley presentada por el Grupo Popular.
Nada más, señor Presidente, y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Baltá.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra la señora Urán.
La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Compartimos, y así lo hemos hecho saber en esta Cámara en los
anteriores debates que sobre la defensa de los derechos del
menor se han sucedido, el criterio de que es necesario el que
un defensor del pueblo sea el que se dedique en mayor medida a
la defensa de los derechos del menor. Pero también es cierto
que no es necesario, en nuestro criterio, una modificación de
la actual Ley, puesto que ya el Defensor del Pueblo tiene
poder para nombrar a un adjunto que se dedique a luchar por
los intereses y los derechos de los menores.
Señorías, compartiendo los criterios que la portavoz del
Partido Popular ha expresado en la tribuna sobre la necesidad
de la defensa de los derechos de los menores desde todas las
instancias y desde todas las instituciones del Estado, nos
vamos a oponer a esta proposición de ley, porque consideramos
que con una reforma reglamentaria tendría suficiente cabida y
que en estos momentos la ley da al Defensor del Pueblo la
cobertura necesaria para que lo pueda aplicar. Sólo es
necesario que el Defensor del Pueblo la aplique.
Por tanto, creemos que es reiterativo y, además, innecesario.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra
el señor Del Pozo.
El señor DEL POZO I ALVAREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Lo primero que deseo expresar en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista es la plena coincidencia con los
objetivos y la intención de la iniciativa que nos presenta el
Grupo Popular. Hasta tal punto se produce esa coincidencia que
el Grupo Parlamentario Socialista quiere recordar ante la
Cámara que, efectivamente, también en su programa electoral se
producía la expresión de esta intención en términos muy
parecidos a los que hoy nos presenta el Grupo Popular en su
proposición de ley.
Sin embargo, quisiera hacer algunas observaciones que parecen
importantes. La primera es la relativa a la realidad misma de
las cosas. Me refiero con ello a lo siguiente: es cierto que
en nuestro país, como en todos, los menores son un grupo
social especialmente digno de protección, sujeto de unos
derechos que la sociedad nacional e internacional reconoce
cada día con más fuerza. Al mismo tiempo su situación objetiva
de debilidad provoca que haya actuaciones contrarias a esos
derechos, que deben ser perseguidas --en su caso, por los
fiscales y los jueces-- y desde la Administración
debidamente atendidos sus derechos y la promoción de los
mismos.
Debo decir al respecto que el hecho de que exista --cosa que
mi Grupo desea-- un adjunto al Defensor del Pueblo, con
especial dedicación a los problemas del menor, sólo permite
que éste actúe en relación con infracciones de derechos del
menor que sean producidas desde la Administración Pública. Hay
que reconocer, por desgracia, que la mayor agresión a los
derechos de los menores no procede de las administraciones.
Sino de un entorno social muchas veces deficitario en materia
de cultura, en materia de salud o en materias simplemente de
tranquilidad hogareña o callejera.
Así las cosas, habiendo, como hay, en nuestro país más de
1.000 fiscales que tienen encargado por su Estatuto de forma
especial que velen por los derechos del menor, que promuevan
sus derechos, que los tutelen debidamente, que los denuncien y
persigan la transgresión, por supuesto, de esos derechos, ese
es un elemento importantísimo de actuación en la sociedad ante
los problemas de las cosas mismas, como decíamos antes.
Existe también en la Administración, en el Ministerio de
Asuntos Sociales, una dirección general que lleva por nombre
precisamente Dirección General de Protección Jurídica del
Menor. Existen leyes suficientes, que se verán completadas
plenamente con una ley de protección de los derechos de la
infancia, para permitir que los jueces se pronuncien en todos
los casos en que haya transgresiones de los derechos del
menor. Y, lo que es más importante, existen muy amplias e
intensas políticas sectoriales que piensan directamente en el
menor, políticas educativas, políticas de salud. Pensemos en
lo importante que es, por ejemplo, que se esté aplicando desde
hace años una política educativa que, entre otros objetivos,
busca lo que llamamos educación compensatoria precisamente
para los menores que estén en situación de mayor marginalidad
o de mayores problemas. Pensemos, por ejemplo, en la
iniciativa en el ámbito sanitario de permitir que las familias
--y ello es beneficio para los niños, sin duda-- puedan
escoger libremente el pediatra que haya de asistir a sus
niños. Es decir, la existencia de políticas sectoriales
favorece extraordinariamente la resolución de los problemas
que el menor tiene en nuestra sociedad. Por ello nosotros
creemos que si atendemos a la otra parte de la cuestión, al
aparato legislativo --porque la realidad sea respetuosa con
los derechos de todos--, ahí nos encontramos con un Defensor
del Pueblo que, como alguien ya ha recordado, puede ya en
estos momentos, sin necesidad de interposición legislativa,
delegar si lo desea en uno de sus adjuntos la función
específica de protección de los derechos del menor. Y lo que
es más importante, creemos nosotros que no es bueno que la
figura del Defensor del Pueblo, que aparece definida en el
artículo 1.º de su Ley orgánica como la persona que tiene por
encargo velar por la defensa de los derechos contenidos en el
Título I de la Constitución, vea en la Ley orgánica
fragmentada su función, explicitando una específica protección
que, por qué no, debería o podría hacerse extensiva a otros
grupos en los que detectáramos algún tipo de debilidad
objetiva o marginal. Y así alguien podría decir que, lo mismo
que hay que nombrar específicamente a un adjunto para los
derechos del menor, se podría pensar en un adjunto para la
protección de las mujeres maltratadas o de los inmigrantes o
de los objetores de conciencia o vaya usted a saber qué otro
grupo. Entendemos, por tanto, que es desproporcionado que la
Ley orgánica sea modificada para un objetivo que ya hoy, sin
ninguna otra acción, podría ser conseguido por delegación
expresa del propio Defensor del Pueblo.
Nuestra propuesta va por un camino intermedio. Deseamos que
figure en algún lugar relevante el interés del Grupo Popular,
el interés del Grupo Socialista y de otros grupos de la Cámara
de atribuir a la defensa de los derechos del menor una función
específica para uno de sus adjuntos. Creemos que tiene un
lugar relevante en el Reglamento de forma que, ateniéndonos a
lo que expresa la disposición adicional del Reglamento, vamos
a proponer --y al mismo tiempo invitamos al resto de los
grupos a que haga lo mismo-- que en la próxima comparecencia
del Defensor del Pueblo se le invite a promover (como puede
hacerlo, repito, según la disposición adicional
reglamentaria), la modificación del Reglamento y que
específicamente en su artículo 12.2, en el que se recogen las
funciones de los adjuntos, se añada el inciso que considere
conveniente para que sea posible conseguir el objetivo que el
Grupo Popular ha expresado en su proposición de ley, que todos
asumimos como deseable, pero que consideramos que, por un
principio de economía legislativa, puede perfectamente
conseguirse por la vía simple sin recurrir a la vía compleja.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor del Pozo. (La señora Sainz
García pide la palabra.)
¿Qué desea, señora Sainz?
La señora SAINZ GARCIA: Señor Presidente, si bien es verdad
que en el fondo los distintos grupos parlamentarios han
manifestado una coincidencia, han utilizado un turno en
contra, porque la votación además va a ir en ese sentido. Por
lo tanto, creo que el Reglamento me ampara para hacer una
consideración.
El señor PRESIDENTE: Señora Sainz, como sabe S.S., en el turno
de fijación de posición... (Rumores.)
La señora SAINZ GARCIA: No le oigo, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio.
Como sabe, señora Sainz, este no es un turno de fijación de
posición a favor de la toma en consideración, sino que en
dicha fijación de posición caben las distintas actitudes que
los grupos pueden expresar después en su voto. Eso no da
lugar, necesariamente, a abrir un turno de réplica en un
debate tasado como es éste.
Del tono de las intervenciones no deduzco que sea preciso
abrir un turno de réplica, señora Sainz.
La señora SAINZ GARCIA: Le agradecería, señor Presidente, una
brevísima intervención...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sáinz.
Vamos a proceder a la votación. (Rumores.) Señorías, ruego
guarden silencio. Todos los grupos parlamentarios han hecho
llegar a la Presidencia el deseo de que, desde el momento en
que se anuncia la votación hasta el momento en que se produce
la misma, se guarde el mayor espacio de tiempo posible, en
interés de todos los grupos y de todos los Diputados.
(Rumores.) Por tanto, señorías, no intenten ver en el tiempo
que aguardamos hasta el momento de la votación ningún tipo de
decisión que afecte a uno u otro grupo, o a uno u otro
Diputado. (Rumores.)
Señorías, es costumbre en la Cámara guardar la cortesía en los
debates y respetar el orden parlamentario en las relaciones de
la Cámara con los Diputados, individualmente considerados,
pero es igualmente exigencia indeclinable que cada uno de los
Diputados guarde la cortesía con el conjunto de la Cámara. (Un
señor Diputado: ¡Muy bien!) Les ruego se atengan a esta regla,
en evitación de que algunas actitudes y conductas,
perfectamente perceptibles y audibles, tengan repetición.
Vamos a proceder a la votación para la toma en consideración
de la proposición de ley del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 268; a favor, 117; en contra, 151.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.
MODIFICACION DEL ORDEN DEL DIA:
El señor PRESIDENTE: De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 68.1 del Reglamento, se somete al Pleno de la Cámara
la inclusión, en el orden del día de la presente sesión, del
dictamen de la Comisión de Investigación sobre la situación,
evolución y gestión del patrimonio de don Mariano Rubio
Jiménez, así como el posible uso de información privilegiada y
tráfico de influencias en operaciones privadas, durante el
período en que ejerció cargos públicos de responsabilidad en
el Banco de España.
¿Acuerda la Cámara la inclusión de este punto en el orden del
día? (Asentimiento.) Queda aprobada la inclusión.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY (Continuación.):
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), POR
LA QUE SE CREA LA FIGURA DEL COOPERANTE PARA ACTIVIDADES DE
EXPANSION ECONOMICA EN EL EXTERIOR (Número de expediente
122/000049)
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición
de ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió), por la que se
crea la figura del cooperante para actividades de expansión
económica en el exterior. En nombre del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Homs.
(Rumores.) Silencio, señorías. (Pausa.) Cuando quiera, señor
Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para defender los argumentos que
han llevado a mi Grupo Parlamentario a plantear esta
proposición de ley, con el propósito de establecer en España
la legislación necesaria para determinar la figura del
cooperante en actividades de expansión económica exterior. (El
señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
Esta es, sin duda, una iniciativa que tiene como destinatario
un determinado sector de la juventud capacitada y preparada
para poder participar en las acciones de cooperación económica
en el exterior y que se dirige al ámbito de la actividad de
internacionalización de nuestra economía. Estos dos aspectos,
la importancia que tiene la implantación en España de todo lo
relativo a la internacionalización de nuestra economía en el
momento actual --y la importancia que tiene en el desarrollo
futuro el que España se integre mucho más plenamente en una
mayor presencia internacional-- y la necesidad de intensificar
los esfuerzos en formación y educación destinados a preparar a
una juventud que pueda integrarse en el mundo laboral, es
decir, internacionalización y un determinado colectivo de
jóvenes preparados para integrarse en el mundo laboral, son
los dos ejes que impulsan a nuestro Grupo Parlamentario a
plantear esta iniciativa. ¿Qué proponemos? ¿Qué pretendemos
con esta proposición de ley? Que en España se legisle sobre la
figura del cooperante, figura que existe en la mayoría de los
países occidentales, sin duda en gran parte de los países
europeos, pero también en otros países de nuestro
entorno occidental. La verdad es que al proponer esa
iniciativa hemos tenido que analizar con detalle lo que hoy
existe en estos países occidentales, la experiencia que ellos
han tenido en el desarrollo y legislación de todo lo relativo
a la figura del cooperante y su acción en todo lo relativo a
la cooperación en los ámbitos exteriores de los respectivos
países, y hemos llegado a la conclusión de que el modelo que
hoy está aplicándose en Francia es, quizá, el modelo más
fácilmente imitable y más fácilmente exportable a lo que es la
realidad jurídica, social y económica en España. A este modelo
le hemos extraído aquellos elementos que entendemos que ahora
podríamos tomar en consideración y pensamos que en España se
podría adoptar la decisión de establecer un marco normativo
que definiera la figura del cooperante y su posible actuación
en la dinámica de internacionalización y en la dinámica de
impulsar actuaciones dirigidas a generar mayores oportunidades
a los jóvenes de integrarse en el mundo laboral.
¿Qué vamos a proponerles a todos ustedes? Que se tome en
consideración una iniciativa legislativa que tenga por
objetivo la necesidad de regular esa figura que establecemos
con el término de «cooperante» para la actividad de expansión
económica en el exterior, que tiene por finalidad esa doble
vertiente apuntada anteriormente y que quisiera detallarles
con mayor precisión. En primer lugar, la proposición pretende
incentivar a aquellos jóvenes que estando interesados en el
mundo comercial exterior deseen adquirir una experiencia
profesional, a partir de los estudios realizados, como futuros
especialistas en este ámbito. No solamente los jóvenes
acogidos a la objeción de conciencia --ésa es una mala lectura
de esta iniciativa legislativa; no estamos proponiendo que sea
exclusivamente el joven acogido a la figura de la objeción, y
por tanto sometido a la prestación sustitutoria del servicio
militar, el que tenga posibilidades de acceder a esa figura de
cooperante, a esa actuación en la cooperación exterior--, sino
todos los jóvenes.
También estamos planteando intentar cubrir las necesidades que
hoy tienen muchas empresas y entidades que están actuando en
el campo de la exportación, exportación en el ámbito de bienes
pero también de servicios, las cuales hoy precisan personas
que estén dispuestas a trabajar en entidades localizadas en el
extranjero y que tengan interés en potenciar nuevas
expansiones económicas en esos otros países o bien consolidar
las estructuras comerciales existentes. ¿Es que alguien de
esta Cámara puede discutir que es un objetivo de interés
general para toda España consolidar nuestras posiciones en
otros países, incluso abrir mayores posibilidades económicas
en otros países o lugares fuera de España? Por tanto, se
propone hacer posible, por un lado, que los jóvenes
cooperantes puedan, conjuntamente con determinadas empresas o
entidades ya presentes en el campo internacional, beneficiarse
mutuamente de esta figura que proponemos y potenciar la
internacionalización de la economía española. Para ello
proponemos, señorías, que se incorpore en la legislación
española esta figura de la cooperación económica mediante la
incorporación de jóvenes a esta función. Se ha introducido
esta posibilidad, en primer lugar, en los que fueren
declarados objetores de conciencia. Soy consciente de que ello
puede generar algunas tensiones de interpretación en cuanto a
lo que hoy puede ser el marco normativo que regula la objeción
de conciencia. Todos los paísese europeos lo autorizan, todos
los que tienen definida la figura del cooperante; España
todavía no. En Francia, el objetor de conciencia puede
acogerse a la función de la cooperación exterior. También
estamos proponiendo que esta función que podría hacer el
cooperante declarado objetor de conciencia la pueda realizar
en vez de la prestación social sustitutoria, pero la pueda
realizar en programas de cooperación internacional dirigidos a
la expansión económica, por tanto no necesariamente vinculados
a una actividad o relación laboral directamente sometida entre
empresas que actúan en el exterior y otros ámbitos o
instituciones. Perfectamente podría desarrollarse, en el
ámbito de la prestación social sustitutoria, la figura del
cooperante en entidades que puedan estar relacionadas con el
ámbito económico, entidades que tengan por finalidad la
promoción del ámbito económico en determinados países del
Tercer Mundo. Con lo cual, señorías --y luego haré referencia
a ello--, en la redacción precisa que planteamos no dibujamos
estrictamente la figura del cooperante cuando pudiera
acogerse, por la vía de la prestación social sustitutoria, a
una relación mercantil con ninguna empresa. No es ésta nuestra
finalidad, pero sí que el joven acogido a la objeción de
conciencia, si está capacitado y tiene los medios personales
necesarios, pudiera desarrollar unas funciones de cooperación
en el Tercer Mundo, en programas acogidos y promovidos por el
Gobierno español con determinados gobiernos de estos países
del Tercer Mundo, que muchas veces se materializan en
compromisos que desarrollan empresas españolas. No solamente
planteamos la figura del cooperante localizada estrictamente
en el relevo de la prestación del servicio social
sustitutorio, sino también que se pueda desarrollar otra
posibilidad: que aquellos jóvenes situados en el ámbito de las
administraciones públicas, siempre y cuando reúnan los
requisitos de formación necesarios, también puedan acogerse a
la figura del cooperante, modelo aplicable hoy en la mayoría
de los países de Europa, muy especialmente en Francia; no
solamente que los que estén situados en este ámbito de la
Administración pública pudieran acogerse a esta figura, sino
que también la abrimos a todos aquellos jóvenes que, no
teniendo un empleo y buscándolo por primera vez, deseen
acogerse a la figura del cooperante,
actuando de común acuerdo en programas en los mercados
exteriores.
Señorías, nuestra proposición de ley plantea concretamente
modificar la ley que hoy regula la prestación social
sustitutoria para que, en esta modalidad, permitamos que se
pueda regular que programas de cooperación internacional
pudieran acoger actuaciones de jóvenes que desarrollaran estas
funciones. No establecemos necesariamente la retribución
económica de esos jóvenes; lo dejamos absolutamente
indeterminado. No decimos en ningún momento que necesariamente
el joven acogido a esos programas, en vez de su obligación de
prestar el servicio social sustitutorio, tenga que cobrar de
una empresa. No se dice en nuestra proposición de ley, pero sí
se propone que este joven pueda desarrollar funciones en
determinados países en donde tengan programas, aprobados por
el Ministerio, que puedan impulsar el desarrollo de estos
países y, a la vez, nuestra mayor presencia en los mismos.
Señorías, nuestra proposición de ley también planteaun
artículo 2.º que modifica la ley que regula la reforma de la
Función Pública. Proponemos en ese artículo que también se
incluya la posibilidad de localizar en esos programas de
cooperación a jóvenes que estén desarrollando sus actividades
profesionales en la Administración pública y que, reuniendo
unos ciertos requisitos de formación, de idiomas, de
capacidad, puedan participar como cooperantes. En nuestra
tercera propuesta, señorías, que es la disposición adicional
primera, imputamos al Gobierno una decisión que entendemos muy
importante que se desarrolle en España, y es que por la
Secretaría de Estado de Comercio se regule ese servicio de
cooperación internacional. Y acto seguido, en el siguiente
artículo proponemos que por la Secretaría de Comercio,
conjuntamente con el Ministerio de Trabajo, y de acuerdo con
lo previsto en el artículo 15 de la Ley 51/1988, de 8 de
octubre, Básica del Empleo, se pueda establecer conciertos con
empresas privadas o públicas, exportadoras de bienes o
servicios, y que tengan un proyecto para potenciar nuevas
exportaciones o consolidar la estructura comercial existente;
conciertos orientados a la colocación de trabajadores
perceptores de las prestaciones por desempleo o jóvenes
demandantes de primer empleo que deseen prestar sus servicios
en programas de cooperación internacional, de expansión
económica en el exterior. Es decir, señorías, tres
posibilidades. El joven acogido a la objeción de conciencia
podría desarrollar la figura del cooperante en instituciones
sin ánimo de lucro y programas que estuvieran aprobados por el
Gobierno de expansión y desarrollo en países del Tercer Mundo.
Segunda posibilidad: jóvenes trabajando en la Administración
pública que, reuniendo los requisitos de formación y capacidad
necesarios, pudieran desarrollar sus capacidades en programas
de cooperación. Y en tercer lugar, jóvenes en situación de
desempleo que quisieran acogerse también a estos programas de
cooperación y que pudieran desarrollar también funciones de
cooperación y expansión en otros países. Son tres modalidades.
Podría discutirse la primera. Estamos dispuestos a discutir la
primera, pero no entendemos qué resistencia lógica y razonable
puede haber para que España (uno de los pocos países en Europa
que no tiene un marco normativo que potencie esa actividad) y
para que esta Cámara no pueda admitir la toma en consideración
de esta iniciativa legislativa; toma en consideración que
abrirá un plazo de enmiendas, señorías, y que puede por esa
vía perfeccionarse, corregirse en alguna de las tres
modalidades que nosotros planteamos.
¿Por qué hoy los jóvenes españoles no pueden desarrollar
funciones de cooperantes como lo están haciendo en estos
momentos los jóvenes franceses? Señoría, hoy en Francia hay
8.500 jóvenes que están haciendo cooperación mediante los
procesos que nosotros planteamos. Un ejemplo muy concreto. En
mi ciudad natal, Barcelona, de la cual procedo y obtengo mi
acta de Diputado, hay 28 jóvenes franceses abriendo mercado
para poder desarrollar expansiones económicas de entidades
francesas en nuestro país. ¿Por qué tiene que haber 28
jóvenes, evidentemente retribuidos por el Gobierno francés,
8.500 distribuidos por todo el mundo y en España sólo podemos
ir con el instrumento que hoy tenemos de subvenciones
concretas para poder actuar en determinados programas de
cooperación? Nuestra legislación, señorías, está desfasada.
Debe actualizarse. Esta es la finalidad de nuestra iniciativa:
modernizar el marco normativo que permitiría a los jóvenes
poder desarrollar parte de su actividad en unas funciones que
tienen un interés colectivo para todo el país, que es
expansionar, internacionalizar todavía más nuestra realidad
económica, a la vez que cooperar con mayor intensidad con los
países en vías de desarrollo. Todos ustedes, señorías, saben
que las posibilidades de exteriorizar nuestra actuación en
países del Tercer Mundo pasa, muchas veces, por tener juventud
que desee desarrollar esas actividades. Este sería un buen
instrumento, perfectible, mejorable, sin duda mejorable, pero
en ningún momento se puede justificar un rechazo a esta
iniciativa. No tiene fundamento ni justificación el no querer
admitir que España acepte adoptar una inicial decisión de
regular la figura del cooperante en esos tres ámbitos que he
establecido. Si el Gobierno entiende que la prestación social
sustitutoria debe realizarse con unas cautelas que sean
homologables con determinadas otras naturalezas de actividades
en donde hoy se localiza la objeción de conciencia y el
servicio social sustitutorio, podemos perfectamente acotarlo
porque en esta proposición de ley nada se dice sobre la
concreción precisa de cómo se debe desarrollar este servicio
que estamos imputándole al objetor, que podría ser el de la
acción cooperante mediante también
el desarrollo de esa función social sustitutoria. Podríamos
reglamentariamente, incluso en la ley, precisar exactamente lo
que el Gobierno desearía en esa materia, pero reitero,
señorías, que nuestro Grupo entiende que esta iniciativa es
conveniente, necesaria, modernizaría nuestro marco normativo,
potenciaría nuestras posibilidades para ofrecer a los jóvenes
hoy sin empleo el poder desarrollar parte inicial de su
trabajo en ámbitos exteriores, cosa que beneficiaría
enormemente a la internalización de nuestra economía. Por lo
tanto, señorías, nos reiteramos en la conveniencia de...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Homs, vaya
terminado, por favor.
El señor HOMS I FERRET: ...aprobar esa iniciativa y, por todas
las razones que les he expuesto, solicito el voto favorable de
todos los grupos de esta Cámara. Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Homs.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo de
Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Coalición Canaria considera muy oportuna la iniciativa que ha
traído hoy aquí el Grupo Catalán (Convergència i Unió) en esta
proposición de ley para los cooperantes internacionales. Vamos
a dar nuestro voto afirmativo, pero queremos hacer las
siguientes observaciones, aunque algunas de nuestras dudas
están ya despejadas por la intervención del señor Homs.
A nosotros la idea de fondo nos parece muy positiva y
oportuna. Lo que nos había llamado la atención es que la
figura del cooperante, en actividades económicas en el sector
exterior, se justificase exclusivamente en dar una salida a
los objetores de conciencia del servicio militar. Nosotros no
creemos que ésta sea la fórmula adecuada para justificar
perfectamente esta actividad, sino que será una de las
actividades que, en una futura ley de cooperación, se puedan
desarrollar por los objetores de conciencia. A nosotros nos
parece que hay que resolver antes el problema, pediente en
España, de dotar a la política de cooperación internacional de
una figura que, superando incluso el marco del funcionario
habitual, pueda estar definida por lo que se entiende por un
cooperante, como efectivamente --y lo ha señalado el señor
Homs-- tienen otros países. Nosotros entendemos que, si esta
proposición de ley se admite a trámite, por vía de enmienda se
podrán realizar las modificaciones pertinentes para que no
figure como artículo 1.º la modificación de la Ley reguladora
de la Objeción de Conciencia para dar esta salida, porque
llama la atención que, al tratar de modificar el artículo 6,
lo único que realmente hace una referencia a los cooperantes
internacionales es, en el apartado 2, el párrafo e), relativo
a programas de cooperación internacional.
Yo creo, señorías, que la percha para colgar la figura del
cooperante en expansión económica en el exterior o cualquier
otra actividad debe venir al hilo de aquel informe, amplio y
exhaustivo, que una ponencia encargada por este Pleno en la
anterior legislatura emitió, fijando cuáles eran las
directrices, objetivos y líneas generales de la política
española de cooperación y ayuda al desarrollo. En este
informe, aprobado mayoritariamente por el Pleno del Congreso
de los Diputados el 26 de noviembre de 1992, se fijaron las
líneas, y ahí está el embrión o el germen donde potenciar una
política de desarrollo económico exterior y de cooperación y
ayuda a terceros países, sobre todo del Tercer Mundo. Podíamos
sacar la conclusión de que para hacer pragmática esa política
de cooperación internacional y desarrollo hace falta la figura
humana del cooperante, superando el marco del propio
funcionario. Afortunadamente, veo que la proposición del Grupo
Catalán también recoge la modificación, en el artículo 2 de la
Ley de la Función Pública, del pase a la situación de
servicios especiales de estos funcionarios, que en el caso de
los cooperantes tendrían otra definición administrativa.
También estoy de acuerdo en el fondo, que es lo que nos mueve
a apoyar esta proposición de ley con las modificaciones
instrumentales que sean precisas --repito, con nuestro apoyo--
, precisamente la justificación de la necesidad del cooperante
en la política exterior de cooperación y desarrollo, sin
menoscabo de que uno de los que posiblemente utilicen esa
figura sean los objetores de conciencia, es decir, poniéndolos
en el índice que se establezca. Tenemos que resolver este
problema, que se nos demanda fuertemente por la opinión
pública, del 0,7 por ciento del presupuesto del Estado para
ayuda a terceros países. Nadie ha dicho que en el cómputo del
0,7 por ciento tengan que ponerse exclusivamente
transferencias de capital, cantidades que salgan como tales
cantidades económicas del presupuesto español y de España para
ir a la tesorería de terceros países con el fin de financiar
proyectos. Nosotros entendemos que en el 0,7 por ciento hay
que imputar también el coste de operaciones de cooperación y
desarrollo en terceros países, donde bien podían estar los
pagos de salarios a los cooperantes de cualquiera de las
actividades educacionales, sanitarias, económicas, etcétera,
que aquí se plantean.
Por tanto, en esa misma línea hay que buscar las soluciones
presupuestarias y operativas para esas personas especializadas
en la cooperación internacional, que tan buenos beneficios
están dando a los países europeos que las mantienen; incluso
Norteamérica tiene una gran experiencia en los voluntarios de
cooperación
que han ido a Latinoamérica, que han desarrollado una serie de
líneas de actuación en campos de la sanidad, la educación, la
agricultura, las infraestructuras, etcétera, que han
permitido, desde la prestación de un servicio social en el
exterior, apoyar la introducción de empresas de sus países
respectivos, de tecnología en obras de regadío, de
agricultura, de sanidad, ganadería, etcétera.
Por consiguiente, señorías, yendo directamente al fondo de lo
que se pretende con esta proposición de ley del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), le vamos a dar
nuestro voto favorable.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Mardones. Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor
Presidente. Las reflexiones de fondo que hemos realizado en el
Grupo Vasco en relación a esta proposición de ley que presenta
el Grupo Catalán (Convergència i Unió), son muy similares a
las que acaba de manifestar el señor Mardones en nombre del
Grupo de Coalición Canaria, con una variación, y es que en la
reflexión global del tema hemos entendido no procedente la
toma en consideración de esta proposición. En esta Cámara
existen dos decisiones muy cercanas a este tema: una primera,
la Comisión no permanente sobre cooperación, que está
trabajando genéricamente en relación a esos temas, no
existencia de una ley genérica en torno al tema de la
cooperación y, por otra parte, una resolución adoptada por
unanimidad en esta Cámara, en el último debate sobre el estado
de la nación, en relación a la nueva ley que debe de existir
sobre la objeción de conciencia. Desde estas consideraciones
entendemos que sería incluir una cuña en este contexto de las
actividades legislativas que se viven en la Cámara en cuanto a
los temas de cooperación, entendiendo las razones de fondo que
manifestaba el señor Homs en cuanto al comercio exterior y a
la consideración de otras fórmulas de colaboración sobre este
tema.
Sin embargo, señorías, a pesar del título que presenta esta
proposición, entendemos que la misma limita su ámbito de
aplicación a los objetores de conciencia, incluyendo a los
perceptores de las prestaciones por desempleo que asuman dicha
condición y a los funcionarios públicos. En realidad se trata
de modificar algunos artículos de la Ley 48/1984, de 26 de
diciembre, reguladora de la Objeción de Conciencia y esta
Cámara ha decidido ya cambiar todo el conjunto de esa ley de
la prestación sustitutoria para posibilitar que puedan
realizar dicha prestación en estos programas de cooperación
internacional, incluyendo los dirigidos a la expansión
económica en el exterior. También prevé la modificación del
texto del artículo 29.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
medidas para la Reforma de la Función Pública, incluyendo en
su redacción la posibilidad de que los funcionarios públicos
pasen a la situación de servicios especiales cuando sean
autorizados para realizar una misión por período determinado
superior a seis meses, tal y como se recoge en la proposición.
En el análisis del contenido de esta proposición de ley
entendemos que existen varias anomalías a partir del propio
enunciado de la proposición de ley, donde se señala que tiene
como objeto expreso crear la figura del cooperante para
actividades de expansión económica en el exterior. Por
ejemplo, la referencia a los objetores de conciencia y a las
actividades de expansión económica en el exterior parece darle
un contenido restrictivo que no llegamos a entender en sí
mismo.
Igualmente, en el desarrollo del texto de la proposición se
introducen algunos conceptos nuevos no suficientemente
aclarados en nuestra opinión. Por una parte, que los objetores
de conciencia puedan desarrollar la prestación social
sustitutoria en programas de cooperación internacional no
mencionados anteriormente, incluyendo los digiridos a la
expansión económica en el exterior. Artículo 1.º.
Desde nuestra perspectiva, señorías, el conjunto de la
proposición de ley no define en modo alguno el contenido de
los programas de cooperación internacional, sin que sea
evidente, por otra parte, que los programas de expansión
económica en el exterior puedan considerarse de cooperación
internacional, por su vinculación al comercio exterior y por
el carácter lucrativo del mismo, criterio éste opuesto al
utilizado para definir las entidades dentro del Estado en que
se podrán llevar a cabo la prestación social sustitutoria.
Entendemos que existen ahí contradicciones que no están
suficientemente resueltas. En resumen, nos preguntamos por qué
esta proposición de ley trata el tema del cooperante de una
forma tan sectorial y sin la visión de conjunto que he
indicado el comienzo de mi intervención. Indudablemente, es
una finalidad laudable, como un nuevo cauce para la prestación
social sustitutoria, pero no parece conveniente regularla por
medio de una normativa tan esquemática, carente precisamente
de la globalidad, como cuando he dicho anteriormente que en
esta Cámara existe esta Comisión no permanente para la
cooperación, y existe una resolución aprobada en el Pleno que
genéricamente debe dar una respuesta a otros y también a este
problema. En relación al problema de fondo, creemos oportuno
recordar que carecemos de una ley de cooperación, que no nos
da esta visión de conjunto; que debiera ser el gancho para
proposiciones de ley del espíritu de la que estamos
debatiendo; que el Gobierno está incumpliendo
la resolución adoptada en esta Cámara en relación al tema de
la objeción de conciencia, pues se ha pasado ya el plazo de
tres meses. Reclamamos al Gobierno que, en el plazo más breve
posible, remita este proyecto de ley, para abordar en su
conjunto el problema de la objeción de conciencia y de la
prestación social sustitutoria, donde, evidentemente, deberán
incluirse otras figuras, como la del cooperante, y en este
contexto resulta inadecuada esta proposición de ley que hoy
nos ocupa, porque puede representar una cuña en medio del
vacío legislativo que existe en esta materia. Entendemos que
el estatuto del cooperante debe regular todas las modalidades
de inserción en actividades de desarrollo y no sólo las que se
incluyen en esta proposición de ley.
Si se trata de abrir la vía para que objetores de conciencia
puedan realizar la prestación social sustitutoria en los
países en vías de desarrollo, sería más lógico limitarse a
proponer las modificaciones pertinentes a la Ley 48/1984. De
esta forma, se centraría el tema más en torno a la figura del
objetor cooperante que al del cooperante en general.
Como propuesta del Grupo Vasco (PNV) en relación al debate que
llevamos a cabo en este momento en la Cámara, entendemos que
es necesario que esta Cámara aborde con prontitud la discusión
de un proyecto de ley de cooperación en su conjunto, donde
estas iniciativas pueden tener el gancho pertinente, de cuya
aprobación depende, en gran medida, la posibilidad de disponer
de un estatuto del cooperante digno de ese nombre. En segundo
lugar, que el Gobierno cumpla con la resolución, aprobada en
esta Cámara en el debate del estado de la nación y que en el
plazo de tres meses --plazo ya concluido--, podamos discutir
un proyecto de ley sobre la objeción de conciencia y la
prestación social sustitutoria, donde nuevas figuras, como las
del cooperante, y nuevos objetos, como el de la cooperación en
el comercio exterior, puedan tener los ganchos suficientes
para su materialización y para su puesta en marcha.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
González de Txabarri. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor López Garrido tiene
la palabra.
El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, señorías, el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya no
comparte el fondo, la forma ni tampoco la oportunidad de esta
proposición de ley, por la que se crea, según el título que no
es exacto, como luego señalaré; la figura del cooperante. No
es exacto porque no se cohonesta con el contenido concreto de
esta proposición la figura del cooperante para actividades de
expansión económica en el exterior. Nuestro grupo
parlamentario, por tanto, no va a apoyar la toma en
consideración, porque está en contra de la filosofía con la
que enfocamos la figura del objetor de conciencia.
En realidad, esta proposición de ley no regula la figura del
cooperante; simplemente modifica la Ley de Objeción de
Conciencia, modifica la figura del objetor de conciencia
permitiendo que pueda ser utilizada su actividad laboral en
determinadas actividades de tipo económico lucrativo en el
exterior y, por tanto, ocupando puestos de trabajo de los que
tan necesitada está la sociedad española. No es, por tanto,
admisible por nuestra parte que esta regulación modifique la
Ley de Objeción de Conciencia, para permitir que los objetores
de conciencia ocupen puestos de trabajo con características
típicamente laborales, sino que el objetor de conciencia,
hasta ahora, en cuanto a la prestación social sustitutoria,
tiene una configuración de labores humanitarias, y desde
luego, nada tiene que ver con actividades lucrativas, como ha
señalado algún orador anteriormente.
Hay una gran contradicción en la propia letra de esta
proposición de ley cuando se habla de que el objetor podrá
realizar su prestación social sustitutoria en entidades
dependientes de las administraciones públicas o entidades no
públicas no lucrativas. Sin embargo, la verdad es que en el
siguiente párrafo se habla de programas de cooperación
internacional, en un sentido muy abstracto, nada concreto, que
se podrán realizar en empresas; empresas que tengan una
estructura de adaptación permanente en el extranjero, es
decir, actividades claramente lucrativas. Por tanto, al final
se podría convertir a un número importante de objetores de
conciencia en mano de obra barata o superbarata en esas
actividades de cooperación exterior. Sería una nueva
modalidad, dentro de este proceso desregulatorio del mercado
laboral, modalidad ingeniosa de actividades, llamadas
eufemísticamente de cooperación internacional, para utilizar
la mano de obra prácticamente gratuita de los objetores de
conciencia, que actuarían en ese campo de cooperación
internacional en un sentido amplísimo, como cualquier
actividad económica considerada, pues está claro es de interés
general que haya una expansión económica en el exterior.
Esa es la única modificación fundamental que se hace en la
proposición de ley, porque el resto de situaciones
prioritarias en donde puede ser realizada esa prestación
social ya son posibles. La única modificaciónes eso que llama
programas de cooperación internacional, dirigidos a expansión
económica en el exterior que más adelante se concreta hablando
de empresas con estructuras permanentes en el exterior.
Por eso es sorprendente que el señor Homs diga que estamos
ante una proposición de ley que se refiere a una enorme
cantidad de figuras, pero no sólo para objetores,
cuando realmente el objetivo fundamental y central de esta
proposición de ley es regular una actividad concreta de los
objetores de conciencia. Me dice que no, pero modifica la Ley
de Objeción de Conciencia y a esto se dedica fundamentalmente
esta proposición de ley. Luego hay una remisión a unos
servicios especiales de funcionarios, pero el centro, el
nervio fundamental de esta proposición de ley es la
modificación de la Ley de Objeción de Conciencia. Nosotros
estamos, repito, contra la filosofía de que los objetores de
conciencia ocupen puestos de trabajo, que sean utilizados en
actividades privadas lucrativas y como mano de obra barata. Si
ese es el objetivo debería haberse explicitado mucho más
claramente y no bajo la denominación de figura del cooperante
en actividades de expansión económica en el exterior, porque
esa denominación no se corresponde a lo que regula la
proposición de ley. Para el objetivo puramente económico sí lo
es. Hay suficientes trabajadores en paro en nuestro país para
que puedan ocupar esos trabajos y es precisa --en eso sí
coincidimos con ustedes--, la necesidad de programas de
formación específicos para que puedan ocuparse esos puestos de
trabajo adecuadamente, pero no es fundamentalmente el objetivo
de la proposición.
Efectivamente, aquí estamos ante un equívoco; un equívoco
terminológico. No se está regulando la figura del cooperante.
No regula la figura del cooperante esta proposición de ley;
está regulando la situación concreta de un objetor de
conciencia, pero no la figura del cooperante que es mucho más
amplia. España, desde luego, necesita regular la figura del
cooperante. No hay un estatuto del cooperante. Esta es una de
las grandes carencias de la política de cooperación española o
de la no política de cooperación en España. Hace falta un
estatuto de las organizaciones no gubernamentales que se
dedican a la cooperación internacional que en los últimos
meses tienen tan destacada presencia en la vida pública
española, europea y mundial. Es decir, España necesita, en
última instancia, llegar al 0,7 por ciento de los presupuestos
destinados a actividades de cooperación con países en
desarrollo, con países del tercer mundo. Todo eso es la
cooperación internacional y todo eso es lo que tendría en su
interior un estatuto del cooperante; pero España no tiene una
política de cooperación en este momento. No la tiene buena ni
mala; no hay una política de cooperación; como ha señalado el
representante del Partido Nacionalista Vasco, no hay una ley
de cooperación y es casi sonrojante que España no tenga, a
estas alturas, una ley de cooperación en donde todos estos
extremos se traten, también el estatuto del cooperante, pero,
desde luego, esta proposición de ley no tiene nada que ver con
el estatuto del cooperante o con una ley de cooperación. En
definitiva, si se trata de modificar la Ley de Objeción de
Conciencia, está prevista una modificación completa de esa ley
y esta proposición de ley no puede, en absoluto, satisfacer a
este respecto, y si lo que se quiere regular es el estatuto
del cooperante, tampoco, porque habla simplemente de una
situación concreta de los objetores de conciencia.
Creo que ninguno de esos objetivos se cumple y, por tanto, la
ambiciosa terminología con que se denomina esta proposición de
ley no se corresponde con el contenido y no se logran estos
objetivos, si son los objetivos de la proposición.
Por esas razones nosotros vamos a oponernos a la toma en
consideración de esta proposición de ley.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor López
Garrido. Por el Grupo Popular, el señor Hernando tiene la
palabra.
El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor Presidente.
Señorías, desde mi grupo hemos procedido a analizar en
profundidad esta proposición de ley del grupo convergente por
la que se crea o se pretende crear la figura del cooperante
para actividades de expansión económica en el exterior. Hemos
procedido también a analizar la exposición que el portavoz del
grupo convergente ha hecho esta tarde aquí para defender esa
propuesta y coincidimos con el portavoz convergente en uno de
los objetivos básicos que pretende a través de esta
proposición de ley, que es rellenar un hueco legislativo, la
necesaria regulación de la situación de nuestros cooperantes
hoy en España. Sin embargo, desde nuestro grupo entendemos que
la regulación que pretende hacer el grupo convergente es una
regulación parcial y además entendemos que tampoco es la
prioritaria.
Señorías, como se ha dicho aquí antes, el 26 de noviembre de
1992 esta Cámara y por unanimidad adoptaba una serie de
acuerdos relativos a nuestra cooperación internacional y ayuda
al desarrollo. En el mismo se decía: Una atención especial
debe ser consagrada precisamente a la definición del marco en
que actúen los agentes de cooperación sobre el terreno, los
cooperantes, sea cual sea su origen o motivación, pública o
privada laica o religiosa, lucrativa o altruista, necesitan de
un reconocimiento administrativo y legal que cubra las
carencias hasta ahora sufridas.
Es urgente --decía además-- la aprobación de la norma que
considere y regularice las cuestiones relativas a la
prestación sobre el terreno de las actividades de cooperación.
Tal normativa, tras las correspondientes consultas entre los
departamentos administrativos afectados y a la luz de la
experiencia internacional comparada, podría también incluir la
posibilidad de que las actividades desarrolladas en el
extranjero en proyectos
de cooperación pudieran ser consideradas como prestación
alternativa del servicio militar, manteniéndose por el momento
la fórmula ya existente de incluir a la cooperación como una
de las prestaciones sociales sustitutorias en el marco de la
objeción de conciencia.
A mayor abundamiento el 15 de febrero de este mismo año, y
también por unanimidad de todos los grupos, la Cámara
solicitaba al Gobierno la remisión de una ley de cooperación
en la que se contemplara la regulación y el estatuto del
cooperante donde se estableciera una normativa concreta sobre
protección de las personas que participan en este importante
fin.
Por otra parte, el ponente de la proposición de ley hacía
referencia a la situación de la objeción de conciencia. Es
indudable --y coincidimos la mayoría de los grupos de esta
Cámara-- que el incremento de la objeción de conciencia,
avisado por otros grupos desde hace tiempo, se debe, sin duda
alguna, a la falta de previsión y a la miopía del Gobierno que
ha convertido la objeción de conciencia y su prestación hoy
día en un problema para todos. Por otra parte, además, el
crecimiento del espíritu solidario entre los jóvenes,
concienciados de la grave situación de extrema pobreza en los
países del Tercer Mundo, hace que cada vez sean mayores las
demandas que estos jóvenes realizan para prestar su servicio
de objeción de conciencia a través de este tipo de programas.
Por eso desde aquí nuestro grupo pretende hoy reclamar una vez
más al Gobierno que envíe a esta Cámara esa ley de
cooperación, esa ley que haga y que considere de nuestra
cooperación una herramienta básica también para el desarrollo
de nuestra política exterior y, en ese sentido, que desarrolle
el estatuto del cooperante en una serie de ámbitos y no sólo
en el que proponía el grupo convergente, como deben ser,
aparte del comercial y a nuestro juicio, también la sanidad,
la educación y cultura, el desarrollo de infraestructuras
básicas, la agricultura, la protección ambiental, etcétera.
Nosotros entendemos que la cooperación internacional y ayuda
al desarrollo debe tener un sentido ambivalente, debe servir
para favorecer el desarrollo de los países beneficiados, pero
esos programas y proyectos deben redundar en beneficio del
país prestatario, en este caso de España. A través de la
participación en programas y proyectos entendemos que se puede
prestar también un servicio a España, tal como dice nuestra
Constitución.
Desde nuestro grupo entendemos que la regulación que pretende
el grupo convergente es tan sólo una regulación parcial y en
un ámbito muy concreto. Lo que tiene que hacer el Gobierno,
como he dicho antes es, remitir a esta Cámara para su análisis
definitivo y de una vez por todas esa ley de cooperación en la
que se regule el estatuto del cooperante desde todos los
puntos de vista. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Hernando.
Por el Grupo Socialista, la señora Rodríguez Ortega tiene la
palabra.
La señora RODRIGUEZ ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, debatimos hoy una proposición de ley del Grupo
Catalán (Convergència i Unió) para crear la figura del
cooperante para actividades de expansión económica en el
exterior. Es cierto que esta iniciativa del Grupo Catalán,
difiere bastante de otros planteamientos que se han hecho por
este grupo referidos al tema de objeción de conciencia,
planteamientos que han sido apoyados desde mi grupo
parlamentario, pero ya anticipo, señor Presidente, que no
ocurrirá igual con esta iniciativa que no apoyaremos su toma
en consideración.
Lo que pretendía el Grupo Catalán en otras ocasiones, en el
caso de la objeción de conciencia, era ampliar los sectores,
ampliar los programas y las actividades para que se
incorporaran cada vez más objetores a la prestación, para que
se agilizara este servicio civil y para que se normalizara la
gestión de la prestación social sustitutoria. No es este el
caso, aunque el contenido de su proposición lo que hace es
modificar tres artículos de la Ley 48/1984, reguladora de la
objeción de Conciencia.
¿Qué pretende el grupo proponente con esta iniciativa? ¿Cuál
es la intencionalidad? ¿Se trata de ampliar los sectores en
los que se puede realizar la prestación social sustitutoria a
la cooperación económica internacional? ¿Pretende, por el
contrario, potenciar la actividad comercial española en el
exterior que podía ser y de hecho es otro objetivo o quizá
pretende un propósito más complejo, en mi opinión, y menos
defendible --tengo que decírselo, señor Homs-- como es
conjugar estos dos principios a los que me he referido? Mi
grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Socialista
comparte estos dos objetivos considerados de forma autónoma.
Ahora bien, lo que nos parece muy extraño y difícil de
conjugar y casar son estos dos elementos. No porque no nos
parezca válida la necesidad de ampliar sectores para la
prestación social o la necesidad de potenciar la actividad
económica empresarial en el exterior, que nos parecen válidas
por separado; lo que no vemos es la manera de poder articular
este mecanismo, teniendo como telón de fondo la Ley Reguladora
de la Objeción de conciencia, que es la que se pretende
modificar con esta iniciativa. No hay posibilidad de hacerlo,
señoría, teniendo en cuenta ese referente. En la exposición de
motivos de esta iniciativa se habla de la necesidad de nuestra
expansión económica en el exterior y se cita también la
obligación, diría yo, de participar en este proceso de
internacionalización de la economía. Sin embargo, en el
articulado de la proposición
se utilizan unos instrumentos absolutamente inadecuados,
referidos a estos dos objetivos, puesto que se pretende
fundamentalmente que los objetores de conciencia puedan
realizar la prestación en programas dirigidos a la expansión
económica en el exterior. Además, que sean las empresas, la
iniciativa privada con fines lucrativos, absolutamente
legítimos, pero con fines lucrativos, señor Homs, las que
presenten estos proyectos. Por tanto, servirían para apoyar
estos proyectos empresariales referidos a la exportación y
para consolidar una estructura comercial exterior de estas
propias empresas, que ya la tienen en parte establecida y
organizada.
No se trata únicamente, señorías, de hacer un cambio formal de
la Ley de Objeción de Conciencia, se trata de algo de mayor
calado. Se trata, básicamente, de la reforma de los principios
fundamentales o básicos que regulan la objeción de conciencia
y la prestación social sustitutoria. Eso es lo que se pretende
modificar realmente. Es un cambio sustancial, no es un mero
cambio formal, de una serie de artículos de esta Ley
reguladora de la Objeción de Conciencia. ¿Cuáles son esos
principios básicos que no se respetan en la proposición de
Convergència i Unió? En primer lugar, contraviene lo que es el
principio de utilidad pública, en el que se deben enmarcar
todas las actividades y los programas relacionados con los
objetores. En segundo lugar, tampoco respeta el principio de
servicio general a la sociedad, fundamentalmente a los
sectores sociales más necesitados. El tercer aspecto, que mi
grupo defiende que siga ligado a la prestación social
sustitutoria, es que se realicen tareas por parte de los
objetores que no incidan negativamente en el mercado de
trabajo. Este es uno de los temas que nos ha preocupado
siempre que hemos intervenido en debates de este tipo.
La neutralidad económica que debe estar presente en las
propias actividades de la prestación social se garantiza a
través de dos principios: por una parte, que las plazas no
incidan negativamente en el mercado de trabajo y, por otra
parte, que las actividades no se realicen en entidades
lucrativas. Estos principios, insisto, señor Homs, señorías,
no aparecen respetados en la proposición de ley del Grupo
Catalán (Convergència i Unió). Además, estos principios que
recoge nuestro ordenamiento jurídico en materia de objeción de
conciencia y de prestación social sustitutoria no son
exclusivos de la legislación española, aparecen también
reflejados en todas las legislaciones de los países
comunitarios, señor Homs. Luego me referiré al caso que usted
ha citado, que es el caso francés; pero, además del caso
francés, aparecen en las legislaciones de Alemania, de
Austria, de Bélgica y de Italia. Por supuesto, también, en el
caso francés y me voy a detener brevemente, señor Presidente,
para hacer referencia a los mecanismos que aparecen recogidos
en la legislación francesa. Francia tiene instaurado un
sistema de servicio nacional. Este servicio nacional incluye
distintas modalidades. Una de ellas es la del servicio
militar, que comprende casi el 97 por ciento de los que
realizan este servicio nacional. Además del servicio militar
contempla el servicio de los objetores de conciencia que, en
ningún caso, señor Homs, aparece contemplado dentro de las
actividades relacionadas con empresas privadas y, por tanto,
que pretenden fines lucrativos, insisto, legítimos, pero fines
lucrativos. En ningún caso la legislación francesa admite la
realización de esta prestación social en empresas privadas con
intereses económicos. Este servicio nacional, además, se
establece en la defensa y protección civil, que sí se puede
desempeñar en puestos retribuidos en la propia Administración
o en empresas privadas; pero es ahí, en ese servicio de
defensa, no relacionado en ningún momento con la objeción de
conciencia ni con la prestación social. Aparte de esto recoge
otro servicio de ayuda técnica y de cooperación
internancional, pero aparecen, insisto, fuera de esta
regulación de la figura de cooperación económica internacional
a la que usted se ha referido. Por tanto, el servicio de los
objetores en Francia en ningún caso se presta en empresas,
aunque sí, tengo que reconocerlo, en eso tiene usted razón,
que se pueda realizar en cualquiera de las otras modalidades
del servicio nacional, pero no relacionado con los objetores
de conciencia. La legislación francesa recoge unos principios
y unos planteamientos muy similares a la legislación de
nuestro país.
Quisiera referirme, con absoluta brevedad, señor Presidente,
señorías, a un aspecto que se ha tratado por parte de los
distintos portavoces de los grupos parlamentarios. Algunos
intervinientes se han referido a la inexistencia de un
estatuto del cooperante, de una ley de cooperación.
Efectivamente, eso entra dentro de un debate distinto del que
nos propone el Grupo Catalán (Convergència i Unió), y sería
bueno que en algún momento tuviéramos ese debate: a través de
la configuración de un estatuto del cooperante, a través de
una ley de servicio civil, etcétera; llamémosle como queramos,
pero, efectivamente, es necesario. Ahora bien, que no exista
esa fórmula, esa articulación legal reglamentaria en nuestro
país, no significa que no existan programas, actividades y
actuaciones de cooperación internacional, referidas, incluso,
al ámbito de la objeción de conciencia. Que no están
desarrollados en su totalidad, lo admitimos, señorías, pero
existen casos y actuaciones en este sentido.
Por poner un ejemplo, diré que en nuestro país existen más de
30 programas de cooperación internacional que ofertan casi 300
plazas a objetores de conciencia en países del Tercer Mundo y
de América del Sur, con programas de formación, pero entendida
como formación para la cooperación al desarrollo, y aparecen
perfectamente relacionados con estos programas de ayuda
al desarrollo y con las propias indicaciones de las
organizaciones internacionales en esta materia.
Decía antes que no se puede confundir esta cooperación
internacional con la promoción comercial de las empresas. Esta
confusión aparece reflejada en la proposición de ley, por lo
que podría ser incluso impugnada por los propios organismos
internacionales, por el Comité de Ayuda al Desarrollo. Ahí
tampoco podría tener un encaje adecuado y ajustado la
iniciativa de Convergència i Unió. El planteamiento que
ustedes realizan, señor Homs, la posibilidad de que la
prestación social sustitutoria se realice en empresas
exportadoras, supone la concesión de una subvención
encubierta, no de forma directa...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Rodríguez
Ortega, le ruego que concluya.
La señora RODRIGUEZ ORTEGA: Termino en un minuto, señor
Presidente. Supone, decía, la concesión de un forma encubierta
a las propias empresas, por lo que podría establecerse una
situación de competencia desleal de cara al ámbito comunitario
al que pertenecemos. Y podría producir también, señor Homs,
una propia distorsión del mercado de trabajo.
Acabo, señor Presidente. El Grupo Parlamentario Socialista,
entiende que los efectos de esta proposición de ley, de ser
admitida a trámite --y ya he anunciado que mi Grupo votará en
contra--, no beneficiarían a los propios instrumentos de
cooperación internacional ni a los planteamientos regulados en
la Ley de Objeción de Conciencia y de la Prestación Social
Sustitutoria, ni, por supuesto, supondría tampoco un beneficio
para los propios objetores, para la función social o de
utilidad pública que se persigue con la regulación de la
prestación social sustitutoria en nuestro país.
Por todos esos motivos, señor Presidente, señorías, señor
Homs, mi Grupo Parlamentario votará en contra de la toma en
consideración de esta proposición de ley.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Rodríguez Ortega. Pasamos a la votación. (El señor Presidente
ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación para la toma en consideración de
la proposición de ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió),
por la que se crea la figura del cooperante para actividades
de expansión económica en el exterior. Comienza la votación.
(Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 304; a favor, 16; en contra, 285; abstenciones,
tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA AL
MOMENTO DE PRESENTACION DEL TRATADO DE AMPLIACION DE LA UNION
EUROPEA (Número de expediente 162/000136)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, RELATIVA A
LA PLENA INTEGRACION DE ESPAÑA EN LA POLITICA COMUN DE PESCA
(Número de expediente 162/000137)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
LLEVAR A CABO, ANTES DE QUE SE PRODUZCA LA RATIFICACION POR
LAS CORTES GENERALES DEL TRATADO DE ADHESION DE NORUEGA,
AUSTRIA, FINLANDIA Y SUECIA A LA UNION EUROPEA, LAS
ACTUACIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA CONSEGUIR LA
INCORPORACION PLENA DE ESPAÑA EN LA POLITICA COMUN DE PESCA
(Número de expediente 162/000141)
El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día;
proposiciones no de ley. Como saben SS.SS., se acordó el
debate acumulado de las iniciativas que figuran en este punto
del orden del día. Vamos a proceder, por tanto, a la defensa,
en primer lugar, de cada una de las proposiciones no de ley; a
la fijación de posición por parte de los grupos autores de la
misma en relación con las demás y, posteriormente, los grupos
que no han presentado proposiciones intervendrán para fijar su
posición en relación con las tres en una única intervención.
Proposición del Grupo Popular relativa al momento de
presentación del Tratado de ampliación de la Unión Europea.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Arias-Salgado.
El señor ARIAS-SALGADO MONTALVO: Señor Presidente, señoras y
señores Diputados, subo a esta tribuna para pedir el voto
favorable a una moción que hace referencia al momento en que
debe presentarse el instrumento de ratificación del Tratado de
Adhesión de los cuatro nuevos Estados miembros a la Unión
Europea.
Dada la proximidad que existe entre los textos de las mociones
presentadas por los diversos grupos parlamentarios, al final
ofreceré un texto transaccional para que, en su caso, pueda
ser votado por la Cámara. Pero la existencia de acuerdo no nos
priva de hacer una serie de reflexiones sobre el texto de la
moción y sobre su significación.
Esta tarde vamos a hacer por una gran mayoría, si no por
unanimidad, una declaración política dirigida al Gobierno. Se
trata de una declaración política que tiene una doble
significación, a mi juicio, de primera magnitud. La primera
significación es condicionar la ratificación efectiva del
Tratado de Adhesión de los nuevos Estados miembros al
cumplimiento de un compromiso adquirido por la Unión Europea
con España; compromiso que consiste en equiparar el régimen de
pesca, hoy transitorio, a que está sometido España con el
régimen de pesca de los demás Estados miembros, de tal manera
que el 1 de enero de 1996 todos los Estados miembros puedan
pescar en las aguas delimitadas por los tratados en las mismas
condiciones, en condiciones de igualdad. No es, por tanto, una
oposición a la autorización de ratificación del Tratado. No es
tampoco una oposición a la ampliación de la Unión Europea. Es,
simplemente, la exigencia de cumplimiento de un compromiso
para evitar que se cometa con España una discriminación que en
cuanto tal sería para España inaceptable. Si el Tratado
llegara a ratificarse y a entrar en vigor el 1 de enero de
1995, Noruega pescaría en mejores condiciones que lo hace
España en las propias aguas que entre comillas podríamos
denominar «españolas»; es decir, en todas las aguas que se
extienden por la zona económica exclusiva que corresponde a
España. España está, por tanto, cargada de razón y de razones.
Por eso es también importante la segunda significación que
nosotros atribuimos a la moción que hoy presentamos a la
Cámara. Por esta moción se traslada al Gobierno la
responsabilidad de mantener una posición de firmeza en la
defensa de los intereses españoles en el ámbito pesquero;
posición de firmeza que el Gobierno debe mantener, a nuestro
juicio, de manera irrenunciable, porque ceder en este tipo de
cuestiones implicaría perjudicar muy gravemente los intereses
de nuestra pesca, los intereses de nuestros pesqueros y, por
tanto, de una actividad económica que tiene una importancia
esencial en muchas partes de España. Pero si esta doble
significación de la moción la sitúa en un significado
estricto, creo que es mucho más importante trasladar lo que
esta moción significa a un contexto mucho más amplio. Yo me
atrevería a decir que esta Cámara, al aprobar la moción esta
tarde, es más europeísta que nunca lo ha sido antes, porque va
a ser por primera vez europeísta de la Europa real, de la
Europa que existe, de la Europa en la que estamos insertos, no
de la Europa que se desprende de una cierta palabrería
retórica, ni tampoco de la Europa que algunos líderes
políticos imaginan y que simplemente, hoy por hoy, no existe.
Por tanto, al aprobar esta moción, se va a hacer un acto de
europeísmo, pero de europeísmo que a mí me gusta llamar real.
Por eso me parece pertinente que nos planteemos la cuestión
cómo se está construyendo Europa o, por mejor decir, empleemos
una interrogación negativa: Cómo no se construye Europa. Yo
lamento que no esté hoy aquí, en la Cámara, el portavoz del
Grupo Parlamentario nacionalista Catalán, porque no puedo
dejar pasar la ocasión sin contestar unas declaraciones
absolutamente inexactas y contrarias al fundamento de la
posición del Partido Popular.
Cuando el señor Aznar, Presidente del Partido Popular,
presentó ante la prensa la idea de que España debería
prosponer la ratificación efectiva del Tratado al cumplimiento
de los compromisos con la Unión Europea, el señor Roca afirmó
que el Partido Popular era antieuropeísta. Por eso es
pertinente la pregunta cómo no se construye Europa.
Yo diría a los representantes del Grupo Parlamentario
nacionalista Catalán que hay una manera en que no se puede
construir Europa. Europa no se puede construir contra las
opiniones públicas nacionales. Cualquier intento de hacerlo
conducirá al fracaso de la Unión Europea. La experiencia del
Tratado de Maastricht debería ser una experiencia
significativa para todos los grupos parlamentarios de esta
Cámara.
El despegue de los planteamientos tecnocráticos con respecto a
las opiniones públicas nacionales determinó que estuviera a
punto de naufragar todo el proceso de ratificación del Tratado
de Maastricht. Esa experiencia no se puede volver a repetir.
Pues bien, en España, desde hace más de tres años, se produce
un constante descenso del afecto de la opinión pública
española hacia las instituciones europeas. Es un descenso
creciente y ya preocupante. Los españoles se sienten cada vez
menos proclives a la construcción europea. Y sienten que hoy,
en gran medida, perjudica a España más pertenecer a la Unión
Europea que estar fuera de ella. Esta es una situación, de
hecho, verdaderamente preocupante. Es ya una mayoría muy
escasa la que apoya sin condiciones la presencia de España en
la Unión Europea. Eso se ha producido porque la opinión
pública española ha percibido que no siempre se han defendido
bien los intereses españoles en el proceso de construcción de
Europa. El acero, los bienes de equipo, los astilleros, la
producción de leche, el vino, la pesca, pronto las frutas y
hortalizas, son sectores productivos muy concretos que han
sufrido perjuicios serios como consecuencia de unas
negociaciones probablemente mal llevadas. Llevadas con
planteamiento poco firme, llevadas precisamente con una
retórica que oculta el juego de los intereses reales. Y es que
no se pueden percibir sólo beneficios genéricos y no se pueden
percibir
sólo costes concretos y específicos en los sectores
productivos. Hay que llegar a un equilibrio entre los
beneficios que se obtienen y los costes que necesariamente
lleva a aparejada la construcción europea. Porque Europa es un
proceso de negociación permanente. Esta es la Europa real. Y
mientras no partamos de esta premisa, el Gobierno español
estará equivocado. Por eso hay una cierta retórica europeísta
que tiene un doble efecto nocivo, y es que, de una parte,
debilita las posiciones negociadoras y, de otro lado, tiende a
ocultar el juego de los intereses reales que los demás países
juegan a fondo. Por tanto, hemos de situar la retórica en
favor de la construcción europea en el marco de la Europa real
y no de una Europa imaginaria que está todavía por construir.
Hoy se es europeo, vamos a ser europeístas cuando pedimos al
Gobierno que adopte una posición de firmeza, y de firmeza
irrenunciable, al defender los intereses de la pesca española.
Defensa de los intereses de la pesca española que no están en
función de una posición maximalista, que están en función de
un compromiso adquirido por la Unión Europea, justamente para
que España aceptara la incorporación de Noruega como nuevo
Estado miembro de la Unión. ¿Qué más razón se le puede pedir a
un país que exigir el cumplimiento de un compromiso? No cabe
mayor razón ni mayor razonabilidad. Por consiguiente, no
podemos permitir que ese compromiso quede diluido en nombre de
no se sabe qué construcción europea.
Podría poner muchos ejemplos de que esta forma de actuar es
frecuente dentro de la Unión Europea. Podemos citar el ejemplo
de Francia. Francia se negó a ratificar, amenazó con la no
ratificación de la adhesión de España a la Comunidad Europea,
si la agricultura española no quedaba sometida a un plazo de
10 años, como después efectivamente ocurrió. ¿Qué hizo
Francia, con motivo de las negociaciones del GATT? Amenazó con
impugnar la competencia que tiene la Comunidad Europea en
política comercial y en negociación de tratados comerciales.
¿Qué ha hecho Inglaterra, al imponer el veto a un candidato
promovido por los otros 11 países? ¿Qué hace Italia, que está
hoy deteniendo el incremento de financiación de la Comunidad
Europea hasta que no se reduzcan las sanciones que le han sido
impuestas por exceso de producción de leche? Hasta las propias
instituciones europeas adoptan este tipo de actitudes. El
Parlamento Europeo consiguió el derecho a participar en la
Conferencia Intergubernamental de 1996, amenazando con no dar
su acuerdo favorable a la adhesión de los cuatro nuevos
países. Por tanto, estamos plenamente legitimados para
utilizar el instrumento que tenemos ante nosotros. Es la
presión sobre todo el proceso de ratificación del Tratado. Lo
podemos hacer incluso al amparo del Derecho internacional, al
amparo del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados,
que obliga, que permite en todo caso, interpretar los tratados
teniendo en cuenta no solamente el texto sino también el
contexto y los compromisos adquiridos con motivo de la
negociación de un determinado tratado internacional.
Tenemos, pues, razón política, y tenemos también fundamento
jurídico. Por eso, creo que esta Cámara hace bien hoy, por
unanimidad, si es posible, en adoptar esta propuesta de
resolución para que el Gobierno tenga el respaldo necesario y
utilice toda la capacidad de presión que un Gobierno puede
utilizar en el marco de las negociaciones comunitarias para
conseguir --insisto, una vez más-- que se cumpla un compromiso
ya adquirido por la Unión Europea.
Teniendo en cuenta los textos de las tres proposiciones no de
ley presentadas, me he permitido redactar un texto
transaccional, con el fin de que pueda ser aceptado por el
conjunto de la Cámara.
Señor Presidente, leo el texto, que dice lo siguiente: El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que presente el
instrumento de ratificación del Tratado de Adhesión a la Unión
Europea de Austria, Finlandia, Noruega y Suecia, después de
que se hayan cumplido los compromisos asumidos por la Unión
Europea en las negociaciones, para garantizar el equilibrio de
la misma y, en especial, después de que el Consejo de
Ministros de la Unión haya adoptado los reglamentos o acuerdos
precisos por los que se haga efectiva la plena integración de
España en el régimen general de la política común de pesca,
con efectos desde el primero de enero de 1996.
Este es el texto que someto a la consideración de la Cámara y
para el que pido la votación favorable de las señoras y
señores Diputados. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arias-Salgado.
Proposición no de ley del Grupo Socialista relativa a la plena
integración de España en la política común de pesca.
Tiene la palabra el señor Costa.
El señor COSTA COSTA: Señor Presidente, señorías, la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista está
planteada en términos de apoyo a la política del Gobierno en
todo el proceso de negociación de la ampliación europea a los
cuatro nuevos países: Austria, Finlandia, Noruega y Suecia. El
apoyo a la política del Gobierno lo es en el sentido más
consciente de este término, ya que nuestro Grupo Parlamentario
está convencido de que en todo proceso de ampliación el
Gobierno español ha compatibilizado el éxito de la primera
ampliación de la Unión Europea, después del Tratado de
Maastricht, con la defensa de los intereses económicos y
sectoriales de España en la misma. Por ello, de lo que se
trata hoy aquí
es de dar nuestro apoyo al Gobierno en la exigencia del
cumplimiento de todos los compromisos adquiridos por el
Consejo Europeo en las negociaciones de ampliación, y
concretamente a dos de ellos, muy importantes para España, me
refiero a la política común de pesca, a la política de pesca
en general, y a los recursos propios de la Unión Europea.
En la política de pesca, España acudía a la negociación con
tres objetivos básicos que vale la pena recordar hoy aquí:
primero, la defensa del acervo comunitario; segundo, el
incremento de la presencia y de cuotas en las aguas de Noruega
y, tercero, la plena integración de España en la política
común de pesca.
Con la defensa del acervo comunitario se evita una marcha
atrás o un retraso en el desarrollo de la política común de
pesca como consecuencia de las posiciones noruegas. Se da un
período transitorio, hasta el año 1998, para la gestión de los
recursos pesqueros al norte del paralelo 62 y para liberalizar
las inversiones en la industria de transformación de productos
pesqueros. Respecto al objetivo de incrementar la presencia y
las cuotas en las aguas de Noruega, creo que el ejemplo más
ilustrativo es el siguiente. Mientras que en el año 1993 las
cuotas de captura en estas aguas fueron de 8.500 toneladas,
para el año 1995 se alcanzarán las 21.800 toneladas.
La plena incorporación de España en la política común de pesca
antes de enero de 1996 es, sin duda, el mayor éxito de la
negociación. Lo que nuestro Grupo Parlamentario solicita a la
Cámara es que exprese con firmeza la exigencia al Consejo de
que adopte, antes del 31 de diciembre de este año, las nuevas
medidas reguladoras de las condiciones de acceso a las aguas y
los recursos aplicables a todos los Estados miembros, que
permitan la plena integración de España en la política común
de pesca, y que estas medidas estén en vigor antes del 1 de
enero de 1996.
A este respecto, quiero recordar que el Ministro de Asuntos
Exteriores, en su intervención del 12 de abril del año en
curso ante la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión
Europea, apuntó sobre este particular --la plena integración
de España en la política común de pesca-- lo siguiente, y cito
textualmente: «Se trata de una cuestión de gran importancia
para nosotros en términos políticos, económicos y sociales y
cuyoalcance y desarrollo práctico tendrán que valorar
estasCortes en el momento de dar el visto bueno definitivo al
procedimiento de ratificación del Acta de Adhesión». Para el
Grupo Parlamentario Socialista, ampliación y plena
incorporación de España a la política común de pesca son dos
caras de una misma moneda. El compromiso del Consejo forma
parte de la ampliación; sin ampliación no existe tampoco
política de pesca común.
Aclarada la posición del Grupo Parlamentario Socialista en
esta materia de pesca, paso al segundo objeto de nuestras
preocupaciones y que también forma parte de la negociación
para la ampliación: la modificación de las perspectivas
financieras de Edimburgo y las negociaciones con los países
candidatos sobre ayudas públicas.
El Consejo de Lisboa, de junio de 1992, ya estableció dos
condiciones para la ampliación a los países de la EFTA: la
primera, que hubiera entrado en vigor el Tratado de la Unión
Europea y, la segunda, que hubiera concluido la negociación
sobre los recursos propios y las perspectivas financieras de
la Comunidad. Es también importante para España, y forma parte
de los compromisos para la ampliación, un acuerdo sobre los
recursos propios de la Unión Europea que despeje el horizonte
de financiación de las políticas comunitarias, políticas tan
importantes para nuestro país como son la política regional,
la política de infraestructuras o la política de medio
ambiente. Estas políticas, que afectan directamente a la
competitividad de la economía y a la calidad de vida de los
ciudadanos, merecen perspectivas seguras de financiación para
los próximos años, y ello depende en alguna medida del acuerdo
sobre recursos propios en la Unión Europea. Para España, estos
compromisos forman parte de la ampliación y deben ser
instrumentados paralelamente a los trámites parlamentarios de
ratificación del Tratado de Ampliación, y, en cualquier caso,
antes del 31 de diciembre del año en curso.
Para finalizar, señorías, es voluntad firme del Grupo
Parlamentario Socialista propiciar la ampliación de la Unión
Europea. Consideramos inconvenientes, equivocadas y
perjudiciales para los intereses de España las opiniones que,
desde el agravio de las políticas sectoriales, desprestigian y
anulan las virtualidades del proyecto de la Unión Europea.
También aquí nos debemos hacer una pregunta retórica sobre
cuál sería el presente y el futuro para las hortalizas
españolas, para el vino español, para la agricultura y la
pesca españolas en general, si estuviéramos al margen de la
Unión Europea. Por tanto, es imprescindible el proyecto de
Unión Europea y es conveniente que, entre todos, lo situemos
en sus justos términos, sin por ello dejar de lado los
intereses sectoriales.
Los socialistas españoles, europeístas convencidos, no
cejaremos, por lo tanto, en el mantenimiento de posiciones
racionales y firmes en la defensa de políticas sectoriales
derivadas de las reformas estructurales abordadas por las
políticas comunitarias, pero al mismo tiempo queremos hacer
hoy patente aquí, con la solemnidad que dan esta tribuna y
esta Cámara, que nos situamos al frente de quienes defienden
un proyecto político y económico común para Europa, cuyas
señas de identidad son la política de paz y seguridad y el
Estado de bienestar para todos sus ciudadanos.
También quiero manifestarme respecto a la enmienda presentada
por el Grupo Parlamentario Vasco. La plena integración de
España en la política común de
pesca debiera producirse, de acuerdo con el Acta de Adhesión,
en el año 2002. Con la publicación del Reglamento de ajustes
del pasado junio, en cuya elaboración la Administración
española, jugó un papel decisivo, se ha logrado materializar
el compromiso adquirido por la Unión Europea previamente a su
ampliación de adelantar esta fecha a 1996, finalizando así el
período transitorio para nuestro sector pesquero e
integrándose totalmente en el régimen general de dicha
política pesquera común.
Efectivamente, el Consejo de Ministros de asuntos generales de
16 de marzo de 1994 adoptó un importante acuerdo político,
plasmado en una declaración conjunta del Consejo y la Comisión
que prevé la completa integración del régimen específico
pesquero establecido en el Acta de Adhesión de España, dentro
de las normas generales de la política común de pesca. Para
ello, antes del 31 de diciembre de 1994, y como ya he dicho,
deberán adoptarse las nuevas medidas relativas a las
condiciones de acceso a aguas y recursos, de aplicación para
todos los buques pesqueros comunitarios.
Resultado importante de este Reglamento de ajustes, aparte de
haberse dado contenido jurídico a la declaración, ha sido la
sustitución del sistema impuesto durante el período
transitorio por el de no discriminación para nuestra flota, lo
que comporta una mayor operatividad en cuanto a la
desaparición de las listas de base, listas periódicas,
simultaneidad de la actividad extractiva, etcétera. Ahora
bien, todo lo anterior requiere una nueva ordenación que
contemple necesariamente la regulación de la capacidad de
esfuerzo igual para todos los Estados miembros. Para ello, y
en desarrollo del artículo 3.º del citado texto normativo,
existe ya una propuesta de reglamento de esfuerzo. Esta
propuesta inicial está siendo debatida en los foros
comunitarios y, con las modificaciones pertinentes, debería
ser aprobada antes de diciembre de 1994 para dar cumplimiento
a las proposiciones no de ley que hoy estamos debatiendo en
esta Cámara.
Finalmente, y acabo ya, expresar mi satisfacción por la
propuesta que ha hecho el Partido Popular de proposición no de
ley conjunta a aprobar por todos los grupos y dar el apoyo de
nuestro Grupo al texto que ha propuesto el portavoz del
Partido Popular.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Costa.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
LLEVAR A CABO, ANTES DE QUE SE PRODUZCA LA RATIFICACION POR
LAS CORTES GENERALES DEL TRATADO DE ADHESION DE NORUEGA,
AUSTRIA, FINLANDIA Y SUECIA A LA UNION EUROPEA, LAS
ACTUACIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA CONSEGUIR LA
INCORPORACION PLENA DE ESPAÑA EN LA POLITICA COMUN DE PESCA
(Número de expediente 162/000141)
El señor PRESIDENTE: Proposición del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, por la que se insta al Gobierno a
llevar a cabo, antes de que se produzca la ratificación por
las Cortes Generales del Tratado de Adhesión de Noruega,
Austria, Finlandia y Suecia a la Unión Europea, las
actuaciones que sean necesarias para conseguir la
incorporación plena de España en la política Común de Pesca.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Señor Presidente, señorías, el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, de
la misma forma que lo hizo el Grupo Parlamentario Popular y el
Grupo Socialista, presentó una proposición no de ley que tenía
como objetivo condicionar, de una u otra manera, la
ratificación por parte de España de la ampliación de la Unión
Europea a la puesta en práctica de los acuerdos,
fundamentalmente en materia pesquera, entre España y la Unión
Europea.
Conscientes de que el primer texto que redactamos podría tener
alguna dificultad para ser aprobado por unanimidad en esta
Cámara, hicimos una enmienda al mismo texto en la que decíamos
que instábamos al Gobierno a que presentase el instrumento de
ratificación del Tratado de Adhesión de Noruega, Austria,
Finlandia y Suecia a la Unión Europea al día siguiente de
aquél en que, cumpliendo el compromiso adquirido, el Consejo
de Ministros de la Unión adoptase los reglamentos o acuerdos
precisos por los que se hiciera efectiva la plena integración
de España en la política común de pesca con efectos desde el 1
de enero de 1996.
Como pueden comprobar, el objetivo de nuestra proposición no
de ley era exactamente el mismo que el de la presentada por el
Partido Popular y por el Partido Socialista; es decir, que,
aunque parezca un juego de palabras, el acuerdo de llegar al
acuerdo, que es lo que en su día se vendió a los medios de
comunicación y a la sociedad española, pasara a concretar en
la realidad esa inclusión de España en la política de pesca
común de la Unión Europea, adelantando el período transitorio
y entrando en vigor a partir del 1 de enero 1996.
Había fundamentalmente dos temas por resolver: adelantar, como
digo, el período transitorio y conseguir, aunque era un tema
de menor entidad, pero importante también por la repercusión
económica y de puestos de trabajo que genera, la cuota de
pesca de determinadas especies, fundamentalmente bacalao, en
aguas noruegas y en otras cedidas de países terceros, con
cargo a fondos comunitarios, así como otras cedidas en Canadá.
Conviene conocer, señorías, que esta ampliación de la Unión
Europea por parte de estos cuatro países, 3 nórdicos y
Austria, todavía no ha concluido en el sentido literal del
término. Todavía quedan pendientes algunos referéndum que
pueden dar, esperemos que no, una sorpresa desagradable a esta
ampliación de la que estamos hablando. Con datos de junio de
este año, en Noruega las posiciones favorables al sí, a la
ampliación, se situaban en el 28 por ciento, y las favorables
al no en el 52 por ciento, lo que significa que no está
demasiado clara la decisión en Noruega. En Suecia, repito, con
datos de junio, las posiciones favorables al no eran del 43
por ciento y las del sí del 31 por ciento, lo que también
implica un importante grado de dificultad. En Finlandia la
situación era favorable al sí y en Austria ya se había
producido el referéndum.
Sin duda, en el complejo juego de las negociaciones, cada uno
de estos países, especialmente Noruega, con quien la
negociación ha sido más dificultosa, habrá esgrimido ante la
Unión Europea, y especialmente ante España, las dificultades
internas que le generaba, digamos, un exceso de concesiones a
nuestra flota pesquera. Si eso es cierto, no lo es menos que
España en esta ocasión se encuentra en una posición de fuerza.
Es decir, los acuerdos de pesca que en su día firmamos,
lamentablemente, ponían en grave riesgo la pervivencia de
nuestra flota pesquera; en esta situación actual disponemos de
los recursos necesarios para poder mejorar aquella pésima
situación. Es decir, España está en una situación de fuerza
para poder conseguir no sólo adelantar el período transitorio,
sino, como decíamos anteriormente, asegurar unas cuotas de
captura de determinadas especies como el bacalao, al que antes
nos referíamos. En esa compleja situación de la negociación,
tanto alguno de los países nórdicos, fundamentalmente Noruega,
como España podrán estar esgrimiendo, por una parte, la
dificultad interna de conseguir aprobar en referéndum su
inclusión en la Unión Europea y, por otra, España podrá jugar
con esa posición de fuerza, que el Gobierno español debería de
agradecer a esta Cámara si conseguimos finalmente que el texto
que ha leído el señor Arias-Salgado --que es, digamos, el
resumen de los que hasta ahora hemos manejado todos, y que ya
le adelanto la disposición de mi Grupo a aceptarlo-- sea
aprobado. Y digo que el Gobierno deberá agradecerle a esta
Cámara que haya una posición común, porque sin duda refuerza
la suya ante los socios europeos a la hora de esa compleja
negociación a la que antes nos referíamos.
No quiero alargarme, señorías, y no voy a contar lo que sin
duda ustedes saben, los problemas concretos y específicos con
cada uno de los países en el período de los dos/tres años de
negociación pasados, que han sido en algunos casos realmente
curiosos. Decía hace unos días el Ministro español de
Agricultura, señor Atienza, que la supresión de ese período
transitorio, por lo que significa de discriminación hacia la
flota española, es imprescindible e irrenunciable. Nosotros
apoyamos estrictamente esa declaración. No nos duelen prendas
en apoyar, repito, estrictamente esa declaración del Ministro
de Agricultura. Esperemos, por el bien de todos, que esa
firmeza se mantenga y que no se claudique, como ha ocurrido en
alguna ocasión recientemente pasada, ante las presiones que va
a recibir. Sin duda, va a recibir presiones importantes, de
todo tipo, de nuestros socios comunitarios. Recuerden las
expresiones del señor Kinkel, Ministro de Exteriores de
Alemania, en el propio Parlamento alemán, cuando España tuvo
una posición fuerte respecto a la cuota de bacalao; recuerden
las declaraciones, en este caso de defensa de la posición
española, del señor Delors. Confío en que, con esta
proposición no de ley que finalmente espero, que por
unanimidad, podamos todos aprobar, el Gobierno tenga la fuerza
suficiente como para no tener que claudicar, a pesar de las
variadas presiones a las que sin duda será sometido.
Se preguntaba antes el señor Arias-Salgado cómo se construye
Europa o cómo no se construye Europa; es un interesante tema
de reflexión cotidiana. Muy linealmente dicho, a nosotros --a
mi Grupo y a mí personalmente-- lo que nos parece evidente es
que, en la construcción europea, todo lo que significa
mercado, todo lo que significa acercamiento económico, con más
o menos dificultad, funciona; todo lo que significa tendencia
hacia unidad política, hacia cohesión social, no funciona. Es
decir, funcionan todos los aspectos relacionados con el
mercado y no funcionan en absoluto, no hay la voluntad
política de que funcionen, todos los aspectos que le dan
realmente entidad a esa Europa que todos queremos construir, a
esa Europa, digamos, cohesionada política y socialmente. Decía
un comisario español que no se puede construir Europa a
espaldas de los ciudadanos. No se puede construir Europa con
un déficit democrático que denunciamos no sólo nosotros aquí,
sino constantemente el Parlamento Europeo, que probablemente
es quien más lo sufre. No voy a cansar a SS.SS. con la lectura
de una resolución, apoyada por todos los grupos del Parlamento
Europeo, en la que --refiriéndose estrictamente al tema de la
ampliación de estos cuatro países, los tres nórdicos y
Austria-- insiste en la importancia que se le da desde el
Parlamento europeo a que sean países que tienen una gran
tradición democrática, que pueden contribuir activamente a los
esfuerzos de los actuales Estados miembros de la Unión, con
vistas a conseguir que las instituciones de la Unión sean más
democráticas y abiertas, expresando su convicción de que la
futura ampliación será beneficiosa para todos sus miembros. Es
una definición, una vez más, de ese déficit democrático que no
nos cansamos de denunciar y que creo que es expresión de esa
dualidad a la que antes me refería: funciona lo referente al
mercado, no funciona, no hay
voluntad política de que funcione, todo lo que signifique más
democracia, más solidaridad política y más cohesión social.
En cualquier caso y para no pasarme del tiempo, mi Grupo va a
apoyar la proposición no de ley que ha leído el señor Arias-
Salgado, entendiendo que es un buen instrumento para que el
Gobierno la utilice sabiamente, que tenga la firmeza necesaria
para defender correctamente los intereses nacionales en esa
dirección de la construcción europea, y entendiendo que la
inclusión de España en la política de pesca común significa
exactamente eso, sin ningún tipo de limitación, o aceptando
las limitaciones que haya para los demás, pero ninguna otra.
Nada más, señor Presidente, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vázquez.
Se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Vasco (PNV).
Para la defensa de la misma y la fijación de posición de este
Grupo, tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Subo a la tribuna para defender la enmienda presentada por el
Grupo Vasco en relación a las proposiciones no de ley de los
Grupos Popular, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y
Socialista y para hacer un análisis general del planteamiento
que hoy se somete a nuestra consideración.
Evidentemente, el Grupo Parlamentario Vasco ha sido ferviente
defensor de la ampliación de la Unión Europea a los países
nórdicos, nos parece que implica un avance positivo respecto a
lo que era el espacio económico europeo, pasando de una
situación de libre mercado a una construcción política. Hemos
sido defensores y hemos impulsado con toda firmeza la
ratificación por esta Cámara del Tratado de Maastricht, pero
tenemos nuestras objeciones y nuestras dudas sobre lo que está
ocurriendo en este momento en España y en la Unión Europea,
puesto que, como indicaba el portavoz del Grupo Popular, señor
Arias-Salgado, aquí no se hubieran debatido esta tres
proposiciones no de ley si no tuviéramos la mosca detrás de la
oreja, si no tuviéramos dudas sobre el planteamiento que otros
países europeos están teniendo respecto al Gobierno español.
Señorías, si fuera suficiente el acuerdo político que se
alcanzó en diciembre de 1993, no estaríamos debatiendo en
estos momentos estas proposiciones no de ley. Lo que está
ocurriendo es que a España --y lo tengo que decir con toda
crudeza y con toda claridad-- le están tomando el pelo, señor
Presidente, y eso es lo que esta Cámara debe limitar, por las
siguientes consideraciones. Se ha planteado un modelo de
integración de la flota pesquera española a la Unión Europea
que no elimina las discriminaciones. Irlanda, Gran Bretaña y
Francia están planteando en este momento que de las seis
discriminaciones importantes que tiene la flota pesquera
española únicamente una de ellas, y parcialmente, se pueda
modificar. Evidentemente, el Gobierno central está negociando
con el sector pesquero el escenario político de salida a esta
situación, y nosotros planteamos que la salida es que el
Gobierno español tiene en este momento una carta bajo la manga
como no la ha tenido nunca.
Señor Presidente, cuando en diciembre de 1993 los diversos
países europeos presionaban al Gobierno español para que no se
opusiera a la ampliación del Tratado de Maastricht, se tomó el
compromiso, pero en ese compromiso --y voy a hacer un poco de
historia sobre el tema-- se determinó que España únicamente
tendría derecho a las cuotas de bacalao correspondientes a la
zona económica exclusiva de pesca que ya estaban pactadas en
el Tratado del Espacio Económico Europeo. ¿Qué es lo que se
hizo? Unicamente adelantar el período de 1997 (que eran las
11.000 toneladas y no las 21.000, como se ha dicho) a 1995. En
segundo lugar, Noruega en ningún momento aceptó entrar dentro
del acervo comunitario en cuanto a la zona del Consejo del
Artico en Svalbard. En la zona del Consejo del Artico está
fijado un TAC de 700.000 toneladas, de las cuales el 45 por
ciento corresponde a Rusia, el 45 por ciento a Noruega, un 1,5
a las Islas Faron y un 1,5 a la Unión Europea, y de ese 1,5 de
la Unión Europea, España tiene una pequeña participación. Pues
bien, no entra dentro del acervo comunitario, una vez que
Noruega entra en la Unión Europea, la cuota de bacalao que
corresponde a Noruega en el Consejo del Artico, no en la zona
económica exclusiva de pesca, sino que eso ya estaba pactado,
lo único que se ha hecho es adelantar su aplicación en el
Tratado Económico Europeo.
En segundo lugar, señor Presidente, se acordó --también lo ha
recordado el portavoz socialista-- la plena integración. Pero
¿qué plena integración? El proyecto de Reglamento que ha
planteado el Comisario de Pesca, señor Paliokrasas, establece
que España el 1 de enero de 1996 se integra en la política
pesquera común, pero pudiendo capturar únicamente 7 de las 27
especies que el resto de los Estados miembros pueden pescar.
Este es en este momento el planteamiento que se ha sometido a
consideración del Gobierno español, y no tiene posibilidad de
cambio político. La única posibilidad que tiene es que el
Gobierno español se oponga a la ratificación.
Por eso, señor Presidente, nuestro Grupo Parlamentario ha
planteado enmiendas de modificación, porque lo que queremos es
concretar. Es una declaración genérica la que hoy vamos a
aprobar, porque, ¿qué es lo que tiene que desaparecer para que
se produzca la plena integración? Tienen que desaparecer seis
discriminaciones, y de ellas la primera es la que hacía
referencia
a que no se va a modificar el principio de estabilidad
relativa, en virtud del cual la flota española no tiene TAC y
no tiene cuota en 20 de las 27 especies pertenecientes a los
recursos de la Unión Europea.
Señor Presidente, el escenario político en el que se mueve el
Gobierno es el siguiente. Dice la Unión Europea: ustedes en
este momento aceptan una pequeña equiparación, y esa pequeña
equiparación es que de la flota de los 300, la simultaneidad
que está establecida en el Tratado de las 150 licencias se va
a flexibilizar a 200. Es decir, tenemos una flota de 300, pero
en este momento la simultaneidad afecta a 200 barcos
pesqueros. Por tanto, es un pequeño salto, y esa es la
negociación política en este momento.
En tercer lugar, no desaparece la discriminación
correspondiente al acceso al caladero irlandés, al «box»
irlandés. España es la única flota que al 1 de enero de 1996
no va a tener todavía acceso a los recursos pesqueros en la
zona irlandesa.
En cuarto lugar, señor Presidente, España tampoco va a tener
la posibilidad o la facultad que tienen el resto de los países
de poder cambiar de actividad pesquero, de arrastrero a
palangrero y viceversa.
Señor Presidente, van a seguir subsistiendo para la flota
pesquera española, solamente para la flota pesquera española,
los Reglamentos 3531/1985 y 3781/1985: el primero establece un
sistema de comunicaciones únicamente aplicable a la flota
pesquera española a la hora de entrada en aguas de la Unión
Europea, a la hora de empezar las faenas de pesca, a la hora
de terminar la faena de pesca y a la hora de salir del
caladero de cada uno de los Estados. Por tanto, esa
reglamentación va a seguir vigente solamente para la flota
pesquera española. El Reglamento 3781/1985 establece un doble
régimen sancionador para la flota pesquera española y para
Portugal, pero obviamente la flota portuguesa no faena en su
gran mayoría en aguas de la Unión Europea. Este Reglamento que
regula el régimen sancionador establece la doble posibilidad
de imponer sanciones a España en relación a infracciones de
pesca, pero únicamente para la flota española cuando se
cometan por haber faenado en un determinado período de tiempo
sin la licencia correspondiente, y este régimen es únicamente
aplicable a la flota pesquera española.
Por ello, señor Presidente, nuestro Grupo Parlamentario está
de acuerdo con todos los argumentos, todas las exposiciones
que se han realizado por los portavoces parlamentarios, pero
queremos concretar porque, lo anuncio en este momento, España
va a tener que soportar toda la presión política del resto de
los países de la Unión Europea y, al final, el escenario
político que se le ha planteado al Gobierno es el siguiente.
Se le ha dicho: Usted acepta formalmente que se produzca la
equiparación de la flota pesquera española a la Unión Europea
únicamente con la limitación del principio de simultaneidad y
la desaparición de las listas de base, y si no lo acepta, la
flota pesquera española sigue así hasta el 2002. Pero, ¡ojo!,
el Gobierno español tiene en este momento una carta debajo de
la manga, y es que si no presenta el instrumento de
ratificación, España se puede negar a aceptar las condiciones
que en este momento proponen el resto de los países de la
Unión Europea, rompiendo su planteamiento político y otorgando
a la flota pesquera española TAC y cuota en las 20 de las 27
especies que todavía no tiene.
Por tanto, señor Presidente, nuestro Grupo es escéptico en
este momento con lo que vamos a aprobar. A nuestro Grupo
Parlamentario le parece correcto el texto transaccional que el
señor Arias-Salgado ha presentado y sometido a la
consideración de la Mesa, pero anunciamos desde este momento
que el escenario de negociación política que se va a producir
es éste y a España, por las presiones políticas, al final no
le va a quedar más remedio que aceptar, pero la plena
equiparación de la flota pesquera española no se va a
producir. Por tanto, lo lamentamos.
Nosotros decimos al Gobierno que no presente el instrumento de
ratificación mientras estas condiciones, sobre todo la
estabilidad relativa, el acceso al «box» irlandés, la
posibilidad de cambiar de actividad pesquera y,
fundamentalmente, la eliminación de los reglamentos
discriminadores, tanto de la posibilidad de doble sanción como
la de comunicación, no desaparezcan. Y ese no es el
planteamiento que los grandes países de la Unión Europea
tienen frente a España. Por tanto, España se tiene que oponer
con contundencia, con energía y con convencimiento a este
planteamiento que hacen el resto de los países de la Unión
Europea, puesto que, de otra manera, vamos a dejar nuevamente
desamparados, vamos a dejar nuevamente sin protección a la
flota pesquera española y, por tanto, la responsabilidad será
de quien en su momento ha negociado en esas condiciones ante
el resto de los países de la Unión. Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Molins.
El señor MOLINS I AMAT: Muchas gracias, señor Presidente. Con
brevedad, tomo la palabra para anunciar el voto afirmativo de
nuestro Grupo Parlamentario a esta iniciativa de tres grupos
parlamentarios que, finalmente, se concreta en una propuesta
transaccional presentada en la tribuna de esta Cámara por el
portavoz del Grupo Popular. Voto afirmativo que debo
reconocer, señor Presidente, que será emitido con una cierta
amargura. Y aun a riesgo de ser tildado de europeísta retórico
e iluso, como por aquí hemos oído en alguna intervención,
no puedo dejar de hacer algunas reflexiones ante la Cámara.
Con motivo de las negociaciones para la ampliación de la Unión
Europea, señor Presidente, el Gobierno español consiguió un
compromiso de la Unión Europea para obtener que esa ampliación
se realizará de forma equilibrada para los países miembros y,
en concreto, para la entrada de España en la política de pesca
común, siete años antes del plazo transitorio previsto en 17
años, y, por tanto, a 31 de diciembre de 1995 o, lo que es lo
mismo, 1 de enero de 1996. Nosotros entendemos que ese era un
condicionante inexcusable que España debía plantear, que así
fue planteado y que así fue obtenido el compromiso de la Unión
Europea en ese sentido.
Adoptar hoy en el Congreso de los Diputados una resolución,
como la que vamos a adoptar y que, insisto, va a tener nuestro
voto afirmativo, sólo puede venir de la mano de dos
posibilidades, señor Presidente: una desconfianza en el
Gobierno español que está realizando las negociaciones o una
desconfianza en la Unión Europea. Desconfianza en el Gobierno
español nuestro Grupo Parlamentario no la tiene en estos
aspectos, por cuanto, hasta ahora, no se ha hecho merecedor de
esta desconfianza por parte de nuestro Grupo Parlamentario y a
nuestro entender. Y tampoco la tiene en el Gobierno de la
Unión Europea ni en la Unión Europea en su conjunto ni en la
Comisión. Pero, quizás, el posicionamiento de los distintos
grupos de la Cámara nos lleva a pensar que esa desconfianza sí
existe en otros grupos parlamentarios, con lo cual nuestro
Grupo no va a ser menos. Pero, insisto: aun a riesgo de ser
tildados de europeístas ilusos o retóricos, no es sin cierta
amargura que lo hacemos, porque nuestro Grupo cree que ni el
Gobierno español ni la Unión Europea se han hecho acreedores a
esa desconfianza que hoy vamos a expresar con nuestro voto.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señoras y
señores Diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Molins.
De la propuesta del señor Arias-Salgado de redacción
transaccional, que entiendo referida a las tres proposiciones
no de ley que se han presentado, de las manifestaciones de
aceptación de esta redacción transaccional efectuada por los
grupo autores de las otras dos proposiciones, se deduce la no
aceptación de la enmienda del Grupo Vasco (PNV).
Vamos, por tanto, a proceder a la votación del texto
transaccional, que recuerdo a SS.SS. en sus términos
literales: «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
que presente el instrumento de ratificación del Tratado de
Adhesión a la Unión Europea de Austria, Finlandia, Noruega y
Suecia después de que se hayan cumplido los compromisos
asumidos por la Unión Europea en las negociaciones para
garantizar el equilibrio de la misma y, en especial, después
de que el Consejo de Ministros de la Unión haya adoptado los
reglamentos o acuerdos precisos por los que se haga efectiva
la plena integración de España en el régimen general de la
política común de pesca con efectos desde el 1.º de enero de
1996». Proposición no de ley de los Grupos Popular, Socialista
e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 296; a favor, 296.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
El Pleno se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran la seis y treinta y cinco minutos de la tarde.