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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 92, de 27/09/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1994 Núm. 92 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 91
celebrada el martes, 27 de septiembre de 1994
Página
ORDEN DEL DIA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
régimen fiscal, contable y económico de las Cofradías de
Pescadores. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie
B, número 69.1, de 12 de abril de 1994 (número de expediente
122/000056) (Página 4741)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, sobre regulación de la Televisión
Local. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B,
número 60.1, de 14 de febrero de 1994 (número de expediente
122/000047) (Página 4747)
Proposiciones no de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. González Lizondo), sobre
creación de la Comisión Mixta Congreso-Senado de los Derechos
de la Familia. «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie D, número 75, de 15 de marzo de 1994 (número de
expediente 162/000085) (Página 4754)
--Del Grupo Vasco (PNV), por la que se insta al Gobierno para
que en el plazo de seis meses determine reglamentariamente los
puestos de trabajo de la Administración Periférica del Estado,
con destino en el ámbito territorial de las Comunidades
Autónomas con régimen de cooficialidad, para los cuales
resulte preceptivo o se valore como mérito el conocimiento de
la lengua oficial propia. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie D, número 20, de 25 de octubre de 1993
(número de expediente 162/000037) (Página 4757)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
medidas de política fiscal que piensa adoptar el Gobierno para
corregir las deficiencias de nuestro sistema tributario
(número de expediente 173/000051) (Página 4764)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, sobre medidas que piensa adoptar el
Gobierno para combatir el fraude fiscal (número de expediente
173/000052) (Página 4772)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número
93, de 28 de septiembre de 1994.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 4741)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre régimen
fiscal, contable y económico de las Cofradías de Pescadores
(Página 4741)
En nombre del Grupo Popular defiende la proposición de ley el
señor Mantilla Rodríguez, manifestando que el motivo
fundamental que les induce a presentarla es el de paliar el
agravio comparativo que soportan en relación con otras
institucionesque tienen unas funciones sociales y económicas
similares a las Cofradías de Pescadores. Existen en España en
la actualidad 225 Cofradías de Pescadores que agrupan
alrededor de 80.000 asociados y que facturan varios miles de
millones de pesetas al año.
Recuerda que las Cofradías de Pescadores aparecenen España a
partir del siglo XI, pasan por diversasvicisitudes a lo largo
del tiempo, generalmente desfavorables, aunque han sabido
acomodarse yadaptarse a los distintos cambios políticos y
económicos, a pesar de que la Administración Central las tuvo
en el olvido hasta que en 1978 las reconoce como corporaciones
de Derecho público, así como el derecho a las exenciones y
bonificaciones fiscales que posteriormente se establezcan a
través de las oportunas normas legales. Desgraciadamente,
realizado dicho reconocimiento, una vez más se volvieron a
olvidar de su existencia, lo que unido la transferencia de
competencias a las comunidades autónomas hace que en estos
momentos las Cofradías de Pescadores se encuentren totalmente
desprotegidas desde el punto de vista fiscal, contable y
económico. Explica las analogías y diferenciasfundamentales
entre las cooperativas y las cofradías, resaltando la
discriminación que en materia fiscal se produce respecto de
estas últimas, siendo objetivo de la proposición de ley
terminar con tal situación discriminatoria.
Pide a la Cámara el voto favorable para que la proposición de
ley pueda prosperar, sin perjuicio de que en los trámites
parlamentarios oportunos se introduzcan las enmiendas
pertinentes, que está seguro de que la pueden mejorar y
enriquecer.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores
Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco(PNV); Molins i
Amat, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); Andreu Andreu,
del Grupo IzquierdaUnida-Iniciativa per Catalunya, y Padrón
Delgado, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se rechaza la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Popular por 134 votos a favor,
148 en contra y 10 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre regulación de la Televisión Local
(Página 4747)
El señor Peralta Ortega defiende la proposición de ley del
Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, manifestando
que la vigente normativa reguladora de la televisión en
nuestro país fue un hito positivo en el esfuerzo de todos los
partidos políticos y de las instituciones para dotar a la
televisión de una normativa democrática aprobada por consenso.
Sin embargo, ese hito ha quedado posteriormente minimizado por
el uso que se ha hecho de los órganos de gestión previstos en
dicha normativa, hasta llegar a la situación actual, que
reclama una urgente modificación.
Agrega que aquella normativa no podía prever la importante
evolución que se ha producido en los medios de comunicación,
ámbito en el que se puede hablar de una verdadera revolución,
ya que instrumentos tales como la televisión por cable, la
televisión local y la televisión por satélite eran
absolutamente impensables en aquellos momentos y hoy forman
parte de la realidad cotidiana. Expone que la televisión
local, que pretenden regular a través de esta proposición de
ley, es hoy una realidad a lo largo y ancho de nuestro país,
realidad que requiere una regulación legal que posibilite,
además, su desarrollo armónico de acuerdo con las previsiones
y exigencias desde un derecho fundamental como es el de la
libre información.
Considera el señor Peralta que la proposición que ahora
defiende reúne los dos requisitos básicos para merecer el
apoyo de la Cámara, pues, en primer lugar, es coherente con el
modelo de televisión que rige en estos momentos en nuestro
país y que, a su juicio, es el adecuado a un derecho
constitucional de libre información y, en segundo lugar, la
proposición es respetuosa con las competencias a nivel
municipal, aspecto que les parece de la máxima trascendencia.
Estos dos requisitos, así como la exigencia de la realidad
reclamando una urgente regulación de algo que está funcionando
y que no puede quedar al albur de criterios políticos de
intervenciones más o menos oportunistas, son los que entiende
que justifican la proposición de ley, para la que pide el voto
favorable de la Cámara, aclarando desde el principio que
consideran a la propuesta susceptible de mejoras a través de
las enmiendas de los demás grupos parlamentarios.
Para fijación de posiciones intervienen los señores González
Lizondo y Albistur Marín, del Grupo Mixto; González de
Txábarri Miranda, del Grupo Vasco (PNV); Recoder i Miralles,
del Grupo Catalán (Convergència i Unió); De Grandes Pascual,
del Grupo Popular, y Martinón Cejas, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se rechaza la proposición de ley debatida
por 145 votos a favor, 166 en contra y una abstención.
Proposiciones no de ley (Página 4754)
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. González Lizondo), sobre
creación de la Comisión Mixta Congreso-Senado de los Derechos
de la Familia (Página 4754)
El señor González Lizondo, del Grupo Mixto, defiende la
proposición no de ley presentada. Es conocedor de que, con
posterioridad a la presentación de esta iniciativa
parlamentaria, en febrero de 1994 la Cámara aprobó la creación
de una ponencia en el seno de la Comisión de Política Social y
Empleo para el estudio de la situación actual de la familia en
España, la cual debería presentar el informe correspondiente
antes del 31 de octubre próximo. Sin embargo, dada la
importancia de la institución familiar en nuestro Estado,
considera que toda iniciativa en esta materia es insuficiente
y de ahí que mantenga la solicitud de una comisión mixta
Congreso-Senado para el estudio de la realidad social de la
familia y la propuesta de medidas tendentes a la protección de
ésta. Entiende que la proposición es compatible con las
actuaciones que se están llevando a cabo, pues todos conocen
la existencia de diversas leyes en las distintas comunidades
autónomas respecto a la protección de la familia y no sería
malo que hubiera un intercambio de las mismas y que tanto en
el Congreso como en el Senado llegaran a consensuar
definitivamente una ley que equiparara a la familia en todo el
territorio del Estado. No cree que en este tema deban existir
diferencias como consecuencia de la comunidad autónoma en que
hayan nacido o sean residentes determinadas familias. En
definitiva, lo que propone es una protección uniforme y que, a
la vez, sea la mayor posible. Concluye el señor González
Lizondo anunciando la presentación de su dimisión para el
próximo 4 de octubre, por lo que aprovecha ésta su última
intervención en la Cámara para despedirse de los señores
Diputados, a los que pide disculpas si en algún momento pudo
ofenderles en las polémicas,
en ocasiones duras y fuertes, que mantuvo con algunos de
ellos, siempre en defensa de los intereses fundamentales de su
tierra, sin menospreciar por ello a ninguna otra región.
En turno de fijación de posiciones hacen uso de la palabra el
señor Casas i Bedos, del Grupo Catalán (Convergència i Unió);
la señora Urán González, del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya; el señor Michavilla Núñez, del Grupo
Popular, y el señor Trujillo Oramas, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se rechaza la proposición no de ley del
Grupo Mixto por seis votos a favor, 172 en contra y 122
abstenciones.
Del Grupo Vasco (PNV), por la que se insta al Gobierno para
que en el plazo de seis meses determine reglamentariamente los
puestos de trabajo de la Administración Periférica del Estado,
con destino en el ámbito territorial de las Comunidades
autónomas con régimen de cooficialidad, para los cuales
resulte preceptivo o se valore como mérito el conocimiento de
la lengua oficial propia (Página 4757)
El señor Gatzagaetxebarría Bastida defiende la proposición no
de ley del Grupo Vasco (PNV) a través de la cual pretende
alcanzar una normalización en el uso de las lenguas oficiales
distintas del castellano en los servicios de la Administración
central radicados en las comunidades autónomas en las que
exista un régimen de cooficialidad de lenguas.
Recuerda que la Constitución de 1978, en su artículo 3,
establece que las demás lenguas distintas del castellano serán
oficiales en los territorios de las comunidades autónomas, de
conformidad con lo previsto en los respectivos estatutos de
autonomía. Precisamente en desarrollo de las previsiones
estatutarias las comunidades autónomas han aprobado diversas
leyes autonómicas en las que se regula en su ámbito
territorial el grado o nivel de cooficialidad de estas lenguas
distintas del castellano. Con carácter general, se reconoce en
todas ellas el derecho de los ciudadanos a relacionarse con
las administraciones públicas ubicadas en el territorio de
esas comunidades autónomas en castellano o en otra lengua
oficialmente existente. Sin embargo, en rigor debe reconocer
que el grado o nivel de cooficialidad que las comunidades
autónomas han otorgado a las diferentes lenguas no es el
mismo, existiendo diferencias muy considerables. Añade que,
según sentencia del Tribunal Constitucional, de 22 de junio de
1986, el régimen de cooficialidad, una vez establecido,
vincula por igual a todos los poderes públicos radicados en el
territorio de la comunidad de que se trate, y es en este punto
en el que, a su juicio, la Administración central no ajusta su
actuación en la gestión pública a los dictados del régimen de
cooficialidad vigente en el País Vasco. Hasta julio de 1990,
ninguna convocatoria de plazas de personal de la
Administración central con destino en el País Vasco computaba
en el baremo de méritos el conocimiento del euskera, lo que
originó diversos pleitos que se zanjaron con un compromiso
político del Gobierno central, a raíz del cual se emitió la
orden de 20 de junio de 1990, por la que se establecía una
norma para hacer cumplir el régimen de cooficialidad
establecido por cada uno de los estamentos autonómicos con
lengua oficial en su respectiva Administración pública.
Ahora bien, transcurridos más de cuatro años desde la
aprobación de la Orden Ministerial de junio de 1990, el
Gobierno central no ha fijado aún en la relación de puestos de
trabajo referidos al País Vasco los puestos de trabajo del
personal de la Administración central para los que es
necesario el conocimiento del euskera, por lo que se ven
obligados a denunciar y corregir tal política del Gobierno
central, no ajustada al régimen de cooficialidad. A la vista
de ello, su Grupo presenta esta iniciativa por la que
pretenden que el Gobierno adecue su gestión pública
administrativa a las diferentes realidades plurilingüísticas
que existen y a los distintos regímenes de cooficialidad en
las comunidades autónomas, pidiendo que cumplan la Orden de 20
de junio de 1990. El señor García Ronda interviene en defensa
de la enmienda presentada por el Grupo Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora
Rahola i Martínez, del Grupo Mixto, y los señores Baltá i
Llopart, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), Martínez
Blasco, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y Azpiroz
Villar, del Grupo Popular.
Sometida a votación la proposición no de Ley del Grupo Vasco
(PNV), en los términos de la enmienda del Grupo Socialista, es
aprobada por 294 votos a favor, uno en contra y dos
abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 4764)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas
de política fiscal que piensa adoptar el Gobierno para
corregir las deficiencias de nuestro sistema tributario
(Página 4764)
El señor Costa Climent defiende la moción del Grupo Popular
afirmando que nuestro sistema tributario en estos momentos se
ve abocado a una reforma global y profunda determinada, en
primer lugar, por el crecimiento y desarrollo de la Unión
Europea; en segundo lugar, por las propias peculiaridades de
nuestra situación económica y, en tercer término, por el
cambio de sistema tributario que está operando en los
diferentes países de nuestro entorno económico. Añade que el
alcance y los fines de la reforma deben ir dirigidos al
principal objetivo de nuestra política económica, que es
cerrar la brecha de bienestar que en estos momentos existe
entre nuestro país y el resto de Europa y que,
lamentablemente, en los últimos años ha ido ensanchándose como
consecuencia de los errores en la política económica de los
sucesivos gobiernos del señor González. Expone la necesidad de
que nuestra política tributaria se oriente hacia el
favorecimiento y el incentivo del ahorro, de manera que se
alcance una tasa de inversión que permita mejorar nuestros
actuales niveles de desempleo. Dicha reforma del sistema
tributario debe ir articulada desde dos perspectivas
distintas: en primer lugar, desde el punto de vista de los
ingresos, poniendo en marcha un modelo que apueste por la
simplificación de las figuras impositivas, por una mayor
neutralidad económica y por una mejora en la distribución de
la carga tributaria; en segundo lugar, desde el punto de vista
de los gastos es necesaria una política presupuestaria dotada
de mayor rigor en la que los recursos públicos se gestionen de
una forma más eficaz. Sin embargo, parece que el Gobierno no
lo ha entendido así a la luz de las últimas medidas aprobadas
por el Consejo de Ministros. A la vista de estas
circunstancias, el Grupo Popular presenta un paquete de
medidas en materia de política tributaria que tienen por
finalidad anticipar lo que debe ser la reforma de nuestro
sistema tributario. Concluye el señor Costa explicando con
detalle las medidas contenidas en la moción objeto de debate.
El señor Ríos Martínez defiende la enmienda presentada por el
Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los
señores Homs i Ferret, del Grupo Catalán (Convergència i Unió)
y Martínez Noval, del Grupo Socialista. Sometida a votación la
moción del Grupo Popular es rechazada por 127 votos a favor y
167 en contra.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno
para combatir el fraude fiscal (Página 4772)
El señor Ríos Martínez defiende la moción del Grupo Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, destacando como objetivo
fundamental de la misma y, consiguientemente, de la política
presupuestaria de nuestro país el hacer frente al fraude
fiscal. Expone que la situación de fraude fiscal en España se
ha puesto sobre el tapete como consecuencia del informe
elaborado por la Unidad Especial contra el Fraude, en el que
se pone de relieve las elevadas cotas a las que asciende,
cifrado en cerca de 3,3 billones de pesetas. Reconoce que no
se trata de algo que venga de ahora sino que es una evolución
constante en nuestro país y cuya lucha el Gobierno debiera
haber abortado con la puesta en marcha de la Agencia
Tributaria y con medidas adecuadas para hacerle frente, algo
que echa en falta en la actuación del Gobierno.
Izquierda Unida pretende a través de la moción poner sobre el
tapete la necesidad de un compromiso de todas las
administraciones públicas para luchar contra el fraude y,
sobre todo, dirigir la actuación hacia los focos que desde
hace años vienen siendo permanentemente denunciados.
Concluye exponiendo el contenido concreto de los diversos
puntos que integran la moción.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los
señores Martínez Noval, del Grupo Socialista, y Costa Climent,
del Grupo Popular. Para fijación de posiciones hacen uso de la
palabra los señores Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición
Canaria, y Casas i Bedos, del Grupo Catalán (Convergència i
Unió).
Sometida a votación la moción del Grupo Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, en los términos resultantes de la
aceptación de la enmienda del Grupo Socialista, es aprobada
por 279 votos a favor.
Se suspende la sesión a las ocho y veinte minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
REGIMEN FISCAL, CONTABLE Y ECONOMICO DE LAS COFRADIAS DE
PESCADORES (Número de expediente 122/000056)
El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión.
Punto I del orden del día: Toma en consideración de
proposiciones de ley. Proposición de ley de Grupo
Parlamentario Popular, sobre régimen fiscal, contable y
económico de las cofradías de pescadores.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Mantilla.
El señor MANTILLA RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el motivo fundamental que induce al Grupo
Parlamentario Popular a presentar la proposición de ley sobre
régimen fiscal, económico y contable de las cofradías de
pescadores, es el de paliar el agravio comparativo que
soportan, en relación con otras instituciones que tienen unas
funciones sociales y económicas similares, cuando no menores,
las cofradías de pescadores. En la actualidad existen en
España 225 cofradías de pescadores, que agrupan alrededor de
80.000 asociados y facturan, a través de sus lonjas, varios
miles de millones de pesetas al año. Sin duda, es una de las
instituciones más importantes, que están soportando gran parte
del sector pesquero. Las cofradías de pescadores, en sus
distintas figuras, aparecen en España a partir del siglo XI. A
través del tiempo, han tenido muchas vicisitudes generalmente
desfavorables, pero han sabido acomodarse y adaptarse a los
distintos cambios políticos y económicos para ser hoy, como
decía, uno de los grandes puntales del sector pesquero
español.
La Administración central las ha tenido totalmente en el
olvido, hasta que en 1978 --quiero llamar la atención a SS.SS.
sobre esta fecha-- el Real Decreto 670/1978, de 11 de marzo,
las define como corporaciones de Derecho público. Este Real
Decreto indica que, por leyes pertinentes, tendrán derecho a
exenciones y bonificaciones fiscales que posteriormente se
establezcan. Posiblemente, este Real Decreto tuvo la mala
suerte de que fue inmediatamente anterior a la reforma
tributaria de 1978. En ese momento, se olvidaron, una vez más,
de las cofradías de pescadores. Así pasa el tiempo, hasta que
llegamos al año 1990, en el que la Ley 20/1990, del Régimen
Fiscal de Cooperativas, sí define las cooperativas del mar
como fiscalmente protegidas, en tanto que a las cofradías de
pescadores las deja totalmente en el olvido. Si a esto
añadimos la transferencia de competencias a las comunidades
autónomas, nos encontramos con que, en estos momentos, las
cofradías de pescadores están totalmente desprotegidas desde
el punto de vista fiscal, contable y económico. Así, asistimos
a una cierta anarquía en cuanto a sus tributaciones, en cuanto
a sus registros contables y a sus obligaciones formales.
Si hacemos una pequeña comparación de cuáles son las funciones
de las cooperativas y de las cofradías, llegamos a
conclusiones siempre favorables a las cofradías. En principio,
tanto las unas como las otras tienen una colaboración con la
Administración para regular vedas, para estudiar planes de
pesca, para vigilancia de playas marisqueras, etcétera, así
como para conseguir el bienestar y la mejora de sus asociados.
Repito que ambas instituciones, cofradías y cooperativas,
tienen como función principal las dos. Sin embargo, si
analizamos su actividad económica, siempre sale ventajosa la
cofradía respecto de la cooperativa.
Las cofradías son, en general, las concesionarias de todas las
lonjas de los puertos pesqueros españoles, excepto de las que
están situadas en puertos de interés general, cuya competencia
la tiene la autoridad portuaria correspondiente. Sin embargo,
dentro de las distintas cofradías su actividad económica
discrepa de unas a otras. Hay cofradías que simplemente se
limitan a ser intermediarias entre la compra para sus
asociados y la venta para sus compradores, por lo que perciben
una determinada comisión. Pero hay cofradías que asumen la
responsabilidad entre la compra y la venta. Además, surten las
cofradías a sus asociados de hielo, cebos, ropa de trabajo,
etcétera, en tanto que la cooperativa no lo hace así.
Hay otro componente importante que quiero destacar que
diferencia unas de otras. Las cooperativas estánconformadas
única y exclusivamente por armadores, armadores pequeños,
medianos y grandes. Es decir, desde armadores de la costera
hasta armadores de altura, en tanto que las cofradías tienen
un componente social destacado porque la conforman desde
marineros que forman parte de la tripulación en los barcos
hasta mariscadores de a pie o de gamelas y hasta pequeños y
medianos armadores. Repito, señorías, las cofradías defienden
un espectro mucho más amplio que las cooperativas.
Como diferencia también muy significativa, las cooperativas
pueden distribuir el excedente de los resultados una vez
dotados los fondos obligatorios, en tanto que las cofradías de
pescadores no reparten sus excedentes y los invierten en la
mejora y construcción de nuevas lonjas, en la mejora y
adecuación de los puertos, etcétera.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que hay una
discriminación absoluta entre cooperativas y cofradías. Las
cooperativas tienen unas ventajas fiscales notorias en
detrimento de las cofradías. Por eso, nuestra proposición de
ley está encaminada en dos aspectos fundamentales: de un lado,
pretende equilibrar o respetar la presión fiscal de las
cooperativas con las cofradías y, de otro, forzar a las
cofradías a adecuarse a la normativa contable y económica
vigente para otras entidades en España.
Nuestra proposición de ley podemos distribuirla en tres
apartados perfectamente definidos: De un lado, el aspecto
formal. En este aspecto definimos lo que deben
ser confradías especialmente protegidas, que son las que
únicamente se dedican a colaborar con la Administración y a
apoyar a sus asociados, en tanto que las cofradías protegidas
son las que, además de hacer ese fin social, tienen otras
actividades económicas.
En este aspecto queremos destacar que es necesario el alta de
todas las cofradías en el Censo Nacional de Entidades
Jurídicas para que puedan tener su CIF, igual que cualquier
otra entidad, de lo que en estos momentos carecen. Quiero
recordarle a SS.SS. que, al ser corporaciones de Derecho
público, estas entidades no están involucradas y no las
afectan las disposiciones, ni del Código de Comercio, ni de la
Ley de Sociedades Anónimas, ni del Registro Mercantil. Por
tanto, repetimos que es preciso que estén perfectamente
identificadas con su CIF correspondiente. Aparte proponemos
una junta consultiva del régimen fiscal de las cofradías en la
que debían estar representadas todas las fuerzas sociales y
económicas que las pueden componer; fuerzas sociales, como
marineros y pescadores; fuerzas autonómicas, como armadores;
autonomías que tienen que estar representadas y, lógicamente,
los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y de
Economía.
El aspecto fiscal también está perfectamente definido en
nuestra proposición de ley. De un lado, se ponen las bases
para poder determinar cuáles son los ingresos computables,
gastos deducibles y gastos no deducibles, para poder
determinar el resultado obtenido.
También, por primera vez, se pretende la obligatoriedad de los
fondos, al igual que las cooperativas. No estamos innovando
nada. Estamos solamente trayendo la Ley de Cooperativas a las
cofradías para que se puedan dotar los fondos obligatorios de
reservas y los fondos de educación y promoción que en estos
momentos no existen en las cofradías. Y, lógicamente, fijamos
los tipos impositivos idénticos a los de las cooperativas, el
20 por ciento, con la posibilidad de deducción del 50 por
ciento de la cuota. Además, en el Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales, proponemos la exención total para las
operaciones societarias: constitución, ampliación de capital,
transformación, disolución y también en ciertas operaciones
financieras. En el aspecto fiscal proponemos también la
reducción del 95 por ciento del Impuesto sobre Actividades
Económicas.
En el aspecto contable y económico, que posiblemente algunos
grupos políticos tendrán cierta reticencia a aceptarlo,
queremos decir que en estos momentos las cofradías de
pescadores tienen transferidas sus competencias a las
autonomías y que cada autonomía está haciendo, lo que se dice
vulgarmente, de su capa un sayo. En estos momentos se ha
aprobado un plan general de contabilidad, por ejemplo, en
Galicia, hay un plan de contabilidad también aprobado en el
País Vasco y eso va contra la normalización contable.
Debemos buscar un acuerdo unánime para que las cofradías de
pescadores tengan la misma normativa contable, porque decíamos
anteriormente que al ser corporaciones de Derecho público no
les afecta lo que establece ni el Código de Comercio, ni la
Ley de Sociedades Anónimas, ni el Registro Mercantil. De ahí
que nosotros pidamos la obligatoriedad de depositar sus
cuentas anuales en el registro de cofradías, y que al mismo se
le dé competencia para poder legalizar los libros, para poder
nombrar auditores, etcétera.
También nosotros consideramos que debe ser obligatoria la
auditoría de cuentas para aquellas cofradías que superen un
determinado volumen de operaciones, por ejemplo, 480 millones
de pesetas (que son los fijados en el artículo 181 de la Ley
de Sociedades Anónimas para otras sociedades); puede ser un
volumen determinado para las cofradías, pero lógicamente
revisable. Vamos a debatir próximamente la ley de sociedades
limitadas y ahí se van a ampliar esos márgenes. Repetimos que
esos 480 millones de pesetas son los fijados en la actual Ley
de Sociedades Anónimas. Igualmente pedimos la obligatoriedad
para auditar a aquellas cofradías que tengan subvenciones
superiores a los cinco millones de pesetas al año. Son cifras
que, lógicamente, se podían mejorar o rectificar en el trámite
parlamentario posterior, si SS.SS. dan su aprobación para que
esto prospere.
Señorías, creo que es una deuda que tenemos que pagar con las
cofradías. Hay cofradías que llevan casi nueve siglos en
España y que nunca han tenido por parte de las
administraciones ningún tipo de privilegios. Por tanto,
señorías, yo les pido su voto favorable para que esta
proposición de ley pueda prosperar y en los trámites
parlamentarios oportunos se introduzcan las enmiendas
pertinentes, que estoy totalmente convencido de que la pueden
mejorar y enriquecer.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mantilla.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Voy a fijar la posición del Grupo Vasco respecto a la
proposición de ley del Grupo Popular, que pretende regular el
régimen fiscal, contable y económico de las cofradías de
pescadores.
Desde nuestro Grupo Parlamentario tenemos serias dudas y
serias objeciones respecto al planteamiento que realiza el
Grupo Parlamentario Popular, puesto que como cuestión previa
habría que decir que las cofradías de pescadores es una
materia que en el ámbito del bloque constitucional
(Constitución y Estatutos de Autonomía) se encuentra asignado
a las comunidades autónomas. Así, son comunidades autónomas
con competencia
exclusiva, y cito el artículo 10.21 del Estatuto del País
Vasco, el 27.29 del gallego y el 13.16 del Estatuto de
Autonomía andaluz, añadiendo únicamente que el Estatuto de
Autonomía de Cataluña no contempla la materia expresa, pero ha
sido implícitamente admitido en una sentencia del Tribunal
Constitucional. Por tanto, empezamos con una cuestión de orden
previa, y es decir que la competencia sobre las cofradías de
pescadores está atribuida en exclusiva a estas comunidades
autónomas. Por ello no vemos una salvaguarda respecto a las
competencias que corresponden a determinadas comunidades
autónomas en la iniciativa del Grupo Popular.
En consecuencia, nosotros creemos que, como primera cuestión,
si admitimos a trámite el debate que ustedes plantean, hay que
salvaguardar las competencias que tienen determinadas
comunidades autónomas, porque no todas las administraciones
pesqueras españolas tienen el mismo nivel competencial. Por
tanto, nos parece importante abordar tal cuestión.
Tenemos dudas porque en la exposición de motivos no se apela a
ningún título competencial que sirva de soporte para que nazca
una iniciativa legislativa concreta de esta Cámara, excluyendo
el tema fiscal, evidentemente, que es competencia de esta
Cámara regular. Pero las cuestiones relativas al orden interno
de las cofradías y la responsabilidad del plan contable,
evidentemente, no son una cuestión de orden fiscal, cuya
competencia de hacienda general o hacienda pública corresponde
al Estado, sino un hacer público englobado o insertado en la
materia de cofradías de pescadores, con toda la regulación
relativa a estos entes, tanto su constitución, su
funcionamiento, sus órganos, su contabilidad. Por tanto, la
competencia no es de esta Cámara; en su caso, será de esta
Cámara para las comunidades autónomas que no tengan
competencia transferida, pero para el resto no es de esta
Cámara. Creo que sería importante que tuviéramos en cuenta
esta consideración previa y de carácter general. También
tenemos dudas, en segundo lugar, por la configuración jurídica
que se da a las cofradías. Las cofradías tienen una naturaleza
definida en la regulación española como corporaciones de
Derecho público y se trata de trasladar a ellas una
consideración de entidades de carácter mercantil. Ello nos
preocupa, puesto que las confradías de pescadores son unas
asociaciones en el mundo de la pesca, tanto en la parte
armadora como en la parte marinera. Por tanto, son un ente
propio y atípico, diferente de las entidades mercantiles, y
respecto a las cuales no vemos que hayan de tener la misma
naturaleza. Vemos por ello con mucho celo, con muchas dudas,
un afán intervencionista en algunas comunidades autónomas,
porque como ha habido problemas de endeudamiento y problemas
en su gestión se quiere intervenir, pero existen comunidades
autónomas en las que no existe ese problema.
A nosotros nos preocupa la configuración y la naturaleza que
se quiere otorgar a las cofradías de pescadores, por lo que
nuestro Grupo Parlamentario tiene serias dudas en cuanto al
fondo y en cuanto al ámbito o al soporte competencial que
existe para la regulación de esta materia, no solamente en el
ámbito fiscal, donde se hace una salvaguarda a las comunidades
autónomas que tienen competencia en esta materia, sino también
en cuanto al ámbito material. Por ello, señor Presidente,
nuestro Grupo Parlamentario va a votar favorablemente la
proposición de ley del Grupo Popular, pero con serias dudas
sobre su fondo, y esperamos salvaguardar, esperamos respetar
las competencias de las comunidades autónomas y adecuar mejor
la regulación que allí se prevé a lo que verdaderamente las
cofradías de pescadores quieren. Sin perjuicio de que hayamos
recibido opiniones cruzadas, opiniones contrapuestas, desde el
sector de las cofradías de pescadores, nuestro Grupo
Parlamentario, en base al planteamiento que hace el Grupo
Popular, en base a la relación que en este momento existe
entre los grupos de la Cámara a la hora de defender al sector
pesquero y en aras a lograr un consenso sobre el mismo, va a
votar positivamente la toma en consideración de la iniciativa
legislativa del Grupo Popular. Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Molins.
El señor MOLINS I AMAT: Muchas gracias, señor Presidente. La
proposición de ley del Grupo Parlamentario que nos ocupa
tiene, como ha mencionado hace un momento el portavoz del
Partido Nacionalista Vasco que me ha precedido en el uso de la
palabra, tres partes concretas: una, que hace referencia al
régimen fiscal y otras dos, que hacen referencia al régimen
contable y al régimen económico de las cofradías de
pescadores. Nuestro Grupo Parlamentario entiende que estas dos
últimas partes, el régimen contable y el económico de las
cofradías de pescadores, pertenecen al ámbito de las
competencias exclusivas de muchas de las comunidades autónomas
y que, por tanto, no deben ser legislados desde este Congreso
de los Diputados, por lo que nuestra predisposición sería la
de no tomar en consideración esta proposición de ley.
En cuanto a las propuestas que realiza la proposición de ley
respecto del régimen fiscal, que es competencia del Gobierno
del Estado, nos parecen sumamente interesantes y estamos de
acuerdo prácticamente con todas ellas. Entendemos, señor
Presidente, que sería ésta una buena oportunidad --teniendo,
como tenemos, motivaciones
contradictorias, unas en favor de su toma en consideración y
otras en contra de la misma-- para que consiguiéramos todos
comprometernos en la necesidad de que las cofradías de
pescadores precisan un régimen fiscal distinto del que tienen
ahora.
Se podría aprovechar la oportunidad, ya explicitada por el
Gobierno, para mandar a esta Cámara una modificación de los
regímenes fiscales o, en concreto, del Impuesto de Sociedades
para introducir este régimen fiscal que, como nos señalaba el
ponente del Grupo Popular, viene más motivado por una
coincidencia histórica en el momento en que se ha regulado el
régimen fiscal de estas cofradías, que no por la falta de
deseo, por lo menos de nuestro Grupo parlamentario, de que las
cofradías puedan gozar de ese régimen fiscal. A la espera,
señor Presidente, de la toma de posición del resto de los
Grupos de la Cámara, y en concreto del grupo mayoritario,
nuestro Grupo parlamentario, en principio, cree que no debe
ser tomada en consideración esta proposición de ley, por
cuanto en dos de las materias, de las tres que trata, invade
competencias exclusivas de las comunidades autónomas. Y en la
tercera de ellas, el régimen fiscal, podría tener mejor encaje
en otro proyecto de ley y no en un tratamiento específico como
el que el Grupo Popular presenta en esta proposición de ley.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Molins.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: Gracias, señor Presidente.
Mi Grupo parlamentario, al igual que otros grupos que han
manifestado su posición sobre esta proposición de ley,
considera que su articulado invade competencias claramente
asentadas en las comunidades autónomas. Por otra parte,
creemos bastante necesario que se revise toda la legislación
existente sobre cofradías de pescadores, no sólo en el ámbito
fiscal, sino en muchos otros que hacen que hoy por hoy sean
corporaciones de Derecho público. En este sentido hay ciertas
contradicciones al solicitar algunos elementos propios de
corporaciones que no sean de Derecho público, mientras que,
por otra parte, se sigue deseando el mantenimiento y no se
cuestiona de ninguna manera en la proposición de ley que sigan
siendo corporaciones de Derecho público. Es curioso, cuando en
otras proposiciones del Grupo Popular sobre otro tipo de
corporaciones ha habido una queja sustancial para que no se
las mantenga como corporaciones de Derecho público.
Mi Grupo parlamentario considera que las cofradías de
pescadores deberían ser objeto de estudio profundo y
pormenorizado --no sólo en el tema fiscal-- en la ponencia de
pesca cuya creación ha aprobado recientemente el Congreso de
los Diputados. Ese estudio más pormenorizado podría dar unas
proyecciones mucho más afinadas de lo que tiene el contenido
de esta proposición de ley que, por cierto, es
extraordinariamente prolija, tanto en su exposición de
motivos, como en su articulado, para el ámbito en el que nos
estamos moviendo. Por todas estas consideraciones vamos a
abstenernos en la votación que se va a efectuar sobre la
proposición de ley, sabiendo que va a tener su ámbito de
estudio, por lo menos para Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, en la ponencia de pesca cuya creación ha decidido
esta Cámara.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Andreu.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Padrón.
El señor PADRON DELGADO: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, para expresar la opinión del Grupo Socialista en
relación con la proposición de ley presentada por el Grupo
Popular estableciendo un régimen fiscal contable y económico
de cofradías de pescadores.
Tal como han manifestado aquí otros portavoces, especialmente
el representante del Partido Nacionalista Vasco, quien ha
manifestado serias dudas, dudas razonables, el Grupo
Socialista considera que la proposición de ley que presenta el
Grupo Popular, orientada a conseguir un régimen contable y
fiscal diferenciado para la cofradías, roza notablemente
competencias que ya están asumidas por las comunidades
autónomas. Así, la Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre,
establece que la tutela de las cofradías de pescadores
corresponde a las comunidades autónomas. Los artículos 23 y 27
y Título II, disposición final segunda, de la Ley 12/1983, de
proceso autonómico, dicen claramente que estarán sometidas a
la tutela administrativa de las comunidades autónomas. Por
otra parte, en el proceso de transferencias que se efectúa en
su momento muchas comunidades autónomas han legislado sobre
cofradías y algunas en sentido diferente. Por ejemplo, la
Comunidad Autónoma de Andalucía establece que las cofradías de
pescadores serán solamente órganos de consulta y colaboración,
sin atribuirlas funciones económicas, al contrario que en
Cataluña o en Galicia, donde se ha legislado de diferente
manera.
No estoy de acuerdo con los argumentos que se han utilizado en
cuanto a agravios comparativos, puesto que, efectivamente, las
cofradías de pescadores están sujetas al Impuesto de
Sociedades, pero también, por tener personalidad jurídica
propia, se hallan parcialmente exentas al amparo del artículo
5.2, apartado f),
de la Ley 61/1978, del Impuesto de Sociedades, dentro de lo
que se considera sociedades sin ánimo de lucro. Tienen una
exención parcial, concretamente respecto de los rendimientos
obtenidos directa o indirectamente en el ejercicio de su
actividad que constituye el objeto social, y también los
derivados de los incrementos en su patrimonio a título
lucrativo. No están exentas, en cambio, cuando su patrimonio
se haya cedido y cuando realizan, de una forma directa o
indirecta, explotaciones económicas, como son lonjas, o bares
y restaurantes dentro de sus inmuebles.
Las sociedades agrícolas de transformación tributan el
Impuesto de Sociedades al 35 por ciento, las sociedades
anónimas laborales al 35 por ciento y, en cambio, esta parte
sujeta al Impuesto de Sociedades de las cofradías que, como
digo, son las actividades económicas, tiene el tipo del 25 por
ciento, en contra del 35 por ciento que es el general.
Por otro lado, también se intenta desgravar en el Impuesto de
Actividades Económicas, actos jurídicos documentados,
etcétera. El primero es un impuesto cuyos beneficiarios son
las corporaciones locales y actuar sobre los otros impuestos
cedidos a las comunidades autónomas sin efectuar una consulta
con éstas, parecería cuando menos un poco atrevido.
Además, en el artículo 5 de la proposición de ley se solicita
que se constituya una junta consultiva del régimen fiscal de
las cofradías, estableciendo que tiene que haber un presidente
con dos representantes de la Dirección General de Gestión
Tributaria, uno de la Dirección General de Inspección
Financiera, otro de la Dirección General de Comercio Interior,
un asesor jurídico de la Secretaría de Estado de Hacienda, un
representante del Ministerio de Agricultura, cinco de la
Federación Nacional de Cofradías y un representante más por
cada una de las comunidades autónomas que tengan competencia
en este sentido.
Todo esto va orientado a efectuar las consultas, los trámites
administrativos, en aquellos temas que puedan ser conflictivos
con las cofradías. Nos parecería bien esto, pero a lo largo
del resto del articulado, sin esperar a que se constituya esta
junta consultiva, sin esperar tampoco los criterios de las
diferentes administraciones (autónoma, central, etcétera), se
establece el régimen fiscal, que en definitiva no es sino
bajar la parte en que están sujetas actualmente del 25 al 10
por ciento, puesto que, efectivamente, aunque fija el tipo del
20, luego establece también una deducción en cuota del 10 por
ciento. Hay una serie de contradicciones puestas de manifiesto
en el propio articulado, ya que de nada sirve constituir una
junta consultiva del régimen fiscal cuando ya el propio texto
de la proposición establece todos los elementos, los sujetos
sometidos a tributación, las posibles desgravaciones, el tipo
y el resto de impuestos a los que no estarán sometidos las
cofradías.
Al margen de las buenas intenciones y de la voluntad del Grupo
Socialista para cuando venga a la Cámara la Ley del Impuesto
de Sociedades, ya ha manifestado el Ministerio de Economía y
Hacienda que a lo largo de este año estudiará un tipo fiscal
adecuado conforme a esa actividad de asesoramiento y de
colaboración para las cofradías de pescadores. La aprobación
del texto articulado que presenta el Grupo Popular crearía
agravios comparativos con otras actividades económicas que
tributan en el Impuesto de Actividades Económicas, en el
Impuesto de Sociedades y que tienen también una finalidad
social, como son las sociedades anónimas laborales, las
sociedades agrícolas de transformación, etcétera. Teniendo en
cuenta que la mayor parte de las cofradías que están sujetas
al Impuesto de Sociedades ya tienen un tipo más bajo y
realizan una actividad económica en primera venta, como es en
lonja, fijar ese tipo de beneficios crearía agravios
comparativos con otras empresas, cooperativas o no, que
realicen ese mismo tipo de actividad.
La proposición de ley invade competencias que ya están fijadas
por las comunidades autónomas y, por otra parte, pretende un
régimen mediante el cual la Agencia Tributaria tendría que
velar por el cumplimiento de los propios estatutos de las
cooperativas, esto es, que el fondo de promoción educacional
se aplique adecuadamente, que las cooperativas no participen
en más de un 10 por ciento en otras empresas de actividad
parecida, etcétera, con lo que estamos creando mayor
intervencionismo. En última instancia, establece la
intervención de las cooperativas y en uno de sus últimos
artículos habla de la intervención de la Administración en las
cooperativas con lo cual, si se refiere a la Administración
central, estaría invadiendo competencias de las comunidades
autónomas. Si no se refiere a la Administración central sino a
las comunidades autónomas, tema que les corresponde determinar
a las mismas. En el mismo artículo se dice que se establecerán
los mecanismos adecuados y las ayudas económicas para el
mantenimiento de la cofradía.
Todo ello nos lleva a pensar que hay buena voluntad para
favorecer a las cofradías, pero yo creo que hay otras muchas
vías. Hay una Federación Nacional de Cofradías que tiene
contactos con la Administración central para aquellos temas de
interés general y, luego, hay federaciones provinciales que
están en total comunicación con los gobiernos de las distintas
comunidades autónomas. Muchas cofradías reciben importantes
subvenciones. En todo caso, el tema principal, que es el de
una diferenciación fiscal, no corresponde regularlo en esta
proposición, sino que tendrá --estamos dispuestos a ello-- que
ser estudiado cuando veamos la nueva Ley de Impuesto de
Sociedades, que pronto vendrá a esta Cámara.
Por todas estas razones, el Grupo Socialista votará en contra
de la toma en consideración de esta proposición.
Pedimos también a aquellos grupos que han expresado esas
series dudas y que son tan celosos de salvaguardar las
competencias de las comunidades autónomas en cada momento, que
sean coherentes y voten en contra de la misma. Nada más y
muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Padrón.
Proposición de ley del Grupo Popular sobre régimen fiscal,
contable y económico de las cofradías de pescadores.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 292; a favor, 134; en contra, 148; abstenciones,
diez.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.
Antes de pasar al siguiente punto, quiero proponer a la Cámara
la alteración en el tratamiento de los dos apartados del
segundo punto del orden del día, proposisiones no de ley, de
manera que el punto número 4 sería objeto de debate con
anterioridad al punto número 3. ¿Acepta la Cámara esta
alteración? (Asentimiento.) Queda aprobada.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA; SOBRE REGULACION DE LA TELEVISION
LOCAL (Número de expediente 122/000047)
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre regulación de la
televisión local.
Tiene la palabra el señor Peralta. (El señor Vicepresidente,
Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, la vigente normativa reguladora de la televisión en
nuestro país fue, sin lugar a dudas, un hito positivo en el
esfuerzo de todos los partidos políticos y de las
instituciones por dotar a una institución tan importante como
la televisión de una normativa democrática aprobada por
consenso. Ese hito, señorías, ha quedado posteriormente
minimizado por el uso que se ha hecho de los órganos de
gestión previstos en dicha normativa, hasta llegar a la
situación actual que, evidentemente, señorías, reclama una
urgente modificación. Ahora bien, aquella normativa no podía
prever, en modo alguno, el importante cambio, la significativa
evolución que se ha producido en los medios de comunicación,
ámbito en el que se puede hablar, sin lugar a dudas, de una
verdadera revolución. Instrumentos, mecanismos como la
televisión por cable, la televisión local, la televisión por
satélite, eran absolutamente impensables en aquellos momentos
y hoy forman parte de la realidad cotidiana. La televisión
local que pretendemos regular con esta proposición de ley,
señorías, es una realidad a lo largo y ancho de nuestro país.
Creemos que esta realidad requiere una regulación legal que
posibilite no sólo su regulación, sino su desarrollo armónico,
de acuerdo con las previsiones y las exigencias de un derecho
fundamental como es el de la libre información. Señorías, la
proposición de ley que tengo el honor de defender en nombre de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya reúne dos requisitos
básicos para merecer su apoyo. En primer lugar, es coherente
con el modelo de televisión que en estos momentos rige en
nuestro país y que consideramos es el adecuado a un derecho
constitucional de libre información. Planteamos la necesidad
de ese modelo de desarrollo porque en nuestra opinión,
insistimos, es el que reclama un derecho fundamental de los
ciudadanos que no puede estar sujeto a otro tipo de intereses
y de iniciativas.
Segundo aspecto, señorías. La proposición de ley que defiendo
en nombre de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya es
respetuosa con las competencias a nivel municipal, y éste es
un aspecto que nos parece de la máxima trascendencia. En un
momento en que la información se internacionaliza, queda en
manos de gruposmás reducidos, nos parece que reservar a la
autonomía y a la competencia locales facultades en un ámbito
tan importante, es absolutamente imprescindible y constituye
un contrapeso idóneo en este ámbito fundamental de la libertad
de información.
Estos dos requisitos y, por otra parte, la exigencia de la
realidad reclamando una urgente regulación de algo que está
funcionando y que no puede quedar al albur de criterios
políticos de intervención más o menos oportunistas son,
señorías, los que justifican esta proposición de ley para la
que nosotros nos permitimos pedir el voto positivo, dejando
claro desde el principio que consideramos esta proposición de
ley susceptible y abierta plenamente a intervenciones por
parte de todos los grupos parlamentarios que, sin lugar a
dudas, contribuirán a mejorarla. Sobre esa base y con esta
declaración, señorías, solicito el voto afirmativo de todos
ustedes a esta proposición de ley.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Peralta. ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar
su posición? (Pausa.) Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el
señor González Lizondo.
El señor GONZALEZ LIZONDO: Gracias, señor Presidente. Con su
permiso, voy a compartir el tiempo con
mi compañero de Grupo, el señor Albístur. Intervengo
brevemente para decir que vamos a apoyar la toma en
consideración de esta proposición de ley presentada por
Izquierda Unida. Entendemos que es importante y que es buena y
necesaria en estos momentos porque hay unas lagunas enormes
dentro de la televisión local. Sin más, anuncio que Unión
Valenciana va a dar el voto favorable a esta toma en
consideración.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Albístur
tiene la palabra.
El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente. Intervengo
para decir, aunque he compartido el tiempo con él, lo
contrario que ha manifestado mi compañero de Grupo.
En primer lugar, habría que felicitar a los autores de esta
proposición porque, evidentemente, es necesario dar respuesta
a centenares de casos existentes que están en la absoluta
ilegalidad, es necesario eliminar estas situaciones, y quizá
haya que aprovechar la presentación de esta proposición de ley
para denunciar la carencia de legalidad de centenares de casos
que se están produciendo en emisoras locales y municipales.
Considero que el tratamiento debe situarse en un contexto
modernizado, en el marco jurídico general existente para la
televisión española, las televisiones autonómicas y las
privadas. Esta modernización no se ha logrado, lo cual permite
que todavía haya casos en algunas comunidades autónomas que
tienen sus televisiones en una situación de inseguridad
jurídica y sin posibilidades de representación en instancias
internacionales. Por consiguiente, repito, es necesario
delimitar el marco en el que debe ser encuadrada la televisión
local. La proposición de ley es excesivamente reglamentista y
mantiene un protagonismo del Estado que debería corresponder a
las comunidades autónomas, tanto en lo que se refiere a la
aplicación de una ley básica como en la autorización y
concesión, así como en el propio control de las televisiones
locales. Apoyaremos, en todo caso, una ley básica, pero no
necesariamente ésta, que trate de solucionar los problemas
descritos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Albístur. Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
González de Txábarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor
Presidente. Señoras y señores Diputados, nos encontramos ante
la posibilidad de regulación de un fenómeno social importante,
tanto desde el punto de vista cultural, como desde el
económico e industrial. Nos encontramos ante un fenómeno nuevo
en nuestra sociedad, ante las televisiones locales, que están
resultando ser elementos de participación ciudadana,
desarrollo y participación cultural y también factores de
dinamización económica. Estamos ante un fenómeno nuevo como
cauce de la libertad de expresión, que cumple además, en
comunidades autónomas como la vasca, la función de una
normalización social del uso de lenguas minoritarias, como el
euskera; producto audiovisual vehiculizado por empresas
enraizadas en comunidades locales naturales, insertas en la
dinámica social propia de su ámbito.
Desde esta perspectiva, estas televisiones locales,
constituyendo un fenómeno social importante, se encuentran en
una situación de alegalidad. Es evidente que esta Cámara debe
alzar su voz frente al Gobierno del Estado llamando la
atención por una situación bien atípica. Por una parte, no se
cumple la legalidad vigente; por otra parte, no se realiza una
legislación específica en relación con estos temas y, además,
tampoco el Gobierno actúa haciendo cumplir la propia
legalidad. Por ello, la ocasión que nos brinda la proposición
de ley del Grupo Federal de Izquierda Unida permite que esta
Cámara cumpla con dos funciones importantes que son básicas en
ella. Por una parte, ejecutar una labor de control del
Gobierno y, por otra parte, cumplir la función legislativa que
le es propia.
Nos encontramos, en el estado de la cuestión que se nos
presenta, con una legislación general obsoleta en esta
materia, en medios de comunicación social. La actualización
del Estatuto de Radiotelevisión Española da la impresión de
que está en la nevera o en el invernadero, la Directiva de
televisión sin fronteras se aplazó en esta Cámara más de
quince meses, la ley del cable se viene reclamando
sistemáticamente por grupos de la oposición en esta Cámara y
parece que duerme el sueño de los justos en el Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.
Como decía, nos encontramos con una legislación general
obsoleta; respecto a las televisiones locales, con una
realidad social con mucho empuje, que avanza hacia nuevas
formas de desarrollo en lo audiovisual y en lo económico e
industrial; y, por otra parte, ante una constatación evidente
en Comisiones como la de Radiotelevisión Española, la
constatación de que la propia tarta audiovisual ha crecido
considerablemente. Señor Presidente, el Grupo Vasco entiende
que hay que reflexionar seriamente sobre la aportación pública
al sector audiovisual, compaginando debidamente la televisión
como servicio público y el empuje social de la iniciativa
privada en su incidencia en los medios de comunicación social.
En este resumen del estado de la cuestión, nos encontramos con
un Gobierno aquejado de parálisis, tanto desde el punto de
vista legislativo como del ejecutivo,
con relación a este sector. Nos parece normal que, en esta
coyuntura, distintos grupos presenten diversas iniciativas
instando al Gobierno a que sacuda su pereza legislativa y
ejecutiva con relación al sector audiovisual. El Grupo Vasco
entiende y comparte las razones que recoge el Grupo Federal de
Izquierda Unida en su exposición de motivos, pero le llama
particularmente la atención el texto normativo que propone
para su toma en consideración. Si anteriormente hicimos
constar a Atel, Asociación de Televisiones Locales, que la
propuesta que remitió al respecto a los distintos grupos
parlamentarios estaba basada en la Ley de televisiones
privadas y que no respondía, en nuestra opinión, en casi
ninguno de sus artículos, a la realidad social que presentan
las televisiones locales, nos encontramos ahora con una
proposición de ley sobre televisiones locales del Grupo
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya de cuyo
análisis se deduce que deberíamos enmendar artículo por
artículo. Esta es la razón, señor Presidente, señoras y
señores Diputados, por la cual el Grupo Vasco (PNV) no va a
votar a favor de esta toma en consideración, por entender que
enmendar todos y cada uno de los artículo de esta proposición
de ley no sería razonable, aun insistiendo en los puntos
primeros de la exposición.
Resumiendo, entendemos que esta proposición de ley limita de
una forma muy significativa la gestión de las televisiones
locales. Entendemos que ayuntamientos que disponen de empresas
del ámbito audiovisual podrían tener interés en una televisión
local, y en algunos casos lo tienen, gestionada de la misma
forma. Tenemos en cuenta que estamos ante un servicio
eminentemente de ámbito local y que existe, además, una
normativa de régimen local --la Ley 7/1985-- que establece las
fórmulas que los ayuntamientos tienen para gestionar los
servicios que a ellos les afecte, cuestiones que no están
recogidas en su aspecto normativo en esta proposición de ley.
En relación a las competencias que se indican en la
proposición presentada, se establecen exclusivamente dos
ámbitos: el Estado, el Ministerio de Obras Públicas y
Transportes y los ayuntamientos. Estamos en un Estado de las
autonomías con competencias suficientemente claras en esta
materia, y entendemos que este esquema dual de Estado y
ayuntamientos debe tener otro tipo de arquitectura de vida. El
texto normativo propuesto por el Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya tiene serias lagunas legales, también
en relación a la LOT, la Ley de Ordenación de
Telecomunicaciones. Parece un texto redactado previo a la
aprobación de esta ley. En nuestra opinión existen excesivas
referencias al Estatuto de Radiotelevisión Española, que está
obsoleto en cada una de sus materias. En el marco de las
competencias entendemos que se realiza un planteamiento
jerárquico, sin tener en cuenta a las comunidades autónomas y
sus competencias funcionales. Y discrepamos de los criterios
de programación que se presentan, que entendemos excesivamente
rígidos, incluso las propias cuotas que se plantean. Nos llama
la atención, máxime cuando esta misma Cámara aprobó la
Directiva europea de Televisión sin Fronteras, que el Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya realizó propuestas
muy interesantes en esta línea.
Por ello, señor Presidente, desde el Grupo Vasco (PNV)
entendemos que el texto que se nos presenta incurre en una
importante suma de incorrecciones técnicas y legales, que
ignora la vigente distribución de competencias entre el Estado
y las comunidades autónomas en relación a la materia de medios
de comunicación social y telecomunicaciones, y que el borrador
que se nos presenta a consideración debería ser desde el Grupo
Vasco (PNV) enmendado en todos y cada uno de los artículos.
Por ello, aun entendiendo que el tema de televisiones locales
no puede permanecer más tiempo en la alegalidad en la que se
mantiene y que el Gobierno debía de entender que el conjunto
de leyes en relación a los medios de comunicación social debe
actualizarse con urgencia, somos favorables a que, en primer
lugar, el Estatuto de Radiotelevisión Española se adecue
debidamente, que se entre en la aplicación inmediata de la
Directiva de la Televisión sin Fronteras en las televisiones
públicas y privadas del Estado, que se acometa con valentía la
actual regulación de las televisiones autonómicas y privadas y
que en ese esquema se incluya también el tema de las
televisiones locales. Pero si no se tienen los criterios
generales a través de los cuales en el Estado se tiene que
legislar, regular, el tema de televisión, entendemos que
empezar por regular las televisiones locales nos puede llevar
a un absurdo que no es conveniente en este momento.
Por eso, señor Presidente, instamos al Gobierno a que de una
vez le hinque el diente no sólo al tema de las televisiones
locales sino al tema de medios de comunicación social en su
conjunto, que entienda por qué los grupos de la oposición a
través de un tema u otro están constantemente instando al
Gobierno, presentando proposiciones en esta Cámara en relación
a estos temas, que es una realidad social la que empuja por
detrás y no se ve correspondida por el Gobierno del Estado
desde el punto de vista legislativo ni desde el punto de vista
ejecutivo. Lamentamos el texto que presenta Izquierda Unida,
con el cual estamos básicamente en desacuerdo, y por ello
vamos a votar en contra de la toma en consideración de esta
proposición de ley.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra
el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, señorías, el
Grupo Parlamentario Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya trae hoy a debate una proposición de
ley reguladora de la televisión local. Es una iniciativa
legislativa que viene a regular un mundo que está reclamando,
desde hace mucho tiempo, dejar de funcionar sin un marco legal
definido. Hace ya bastante tiempo, unos catorce años, que
funcionan las televisiones locales. Surgieron gracias a la
iniciativa de entidades culturales, de personas comprometidas
con su población, su cultura; surgieron, en definitiva, de lo
que denominamos la sociedad civil. Durante estos años de
funcionamiento, estos cerca de cartorce años, muchas de esas
televisiones han conseguido consolidar una programación
estable y, además, enraizada en su territorioque ha venido a
enriquecer las respectivas comunidades a las que sirven y
donde actúan, ya sea desde el punto de vista cultural, social
e incluso cívico. En Cataluña, muy especialmente, donde
surgieron las primeras de estas televisiones locales, creo que
es importante resaltar la relevante contribución que han
realizado a la normalización de la lengua y la cultura
catalanas. Debo añadir, además, que la televisión local
realiza una función en el ámbito de la información donde
difícilmente puede encontrar competidor, precisamente por su
idiosincrasia de televisión local, lo que le permite dedicarse
en profundidad a tratar de los temas que preocupan, repito, a
la comunidad a la que sirven. De hecho, en la actualidad --y
ya lo ha dicho alguno de los intervinientes que me ha
precedido en el uso de la palabra--, estas televisiones están
funcionando en una situación de alegalidad, que no de
ilegalidad, puesto que el Tribunal Constitucional ha reiterado
el derecho de estas televisiones a la libertad de expresión y
de comunicación y, en consecuencia, ha anulado las
resoluciones gubernativas, y lo ha realizado de forma
reiterada, por las que se les requería el cese en sus
emisiones y al desmontaje de sus instalaciones. Estamos pues,
señor Presidente, señorías, ante un clarísimo ejemplo en donde
la realidad ha ido por delante de la legislación.
Es más, coinciden en este momento en esta Cámara dos
iniciativas que pretenden cubrir este vacío legal: la que hoy
debatimos y la que presentó el pasado mes de junio el
Parlamento de Cataluña, después de una larga tramitación que
se inicia en marzo de 1994 y que fue aprobada con un amplísimo
consenso de las fuerzas políticas allí respresentadas que,
como saben ustedes, son mayoritariamente las principales
fuerzas políticas de esta misma Cámara. Creo que el hecho de
que existan en este momento en tramitación dos iniciativas
distintas constituye una muy buena prueba de la preocupación
que despierta el tema y, a su vez, constituye también ¡por qué
no! una clara crítica al poco interés que ha mostrado el
Gobierno en acometer la legislación de este importante tema.
Ha quedado claro, pues, que para nosotros esta iniciativa es
oportuna, y de hecho quiero subrayar que nuestro Grupo en el
Parlamento catalán fue el impulsor de la iniciativa que en
este momento está presentada aquí por el Parlamento catalán.
Por lo que respecta al contenido de la iniciativa que hoy nos
ocupa, debo decir que ciertamente tenemos algunas
discrepancias, y son discrepancias importantes, pero
fundamentalmente quiero referirme a una que para nosotros
tiene una especialísima relevancia. Señor portavoz del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, si
comparamos el texto que han presentado ustedes con el que
aprobó el Parlamento de Cataluña, que a nosotros nos sirve de
referencia, de entrada, nos llama y les llamará la atención la
gran diferencia en cuanto a la dimensión de ambos textos. ¿Qué
quiere decir eso? Ahora se lo explico. Ello obedece a que,
desde nuestro punto de vista, la Ley Reguladora de la
Televisión Local, atendido el carácter básico que debería
tener esta norma, debería circunscribirse estrictamente a
diseñar un marco que posibilitara un amplio desarrollo
normativo por parte de las distintas comunidades autónomas.
Sin embargo, el texto objeto del debate de hoy es en algunos
aspectos, y siempre desde nuestra perspectiva, incluso
reglamentista, como ha afirmado algún otro interviniente con
anterioridad, y ello no nos convence en absoluto. Es más, nos
parece difícilmente enmendable por cuanto afecta al propio
esquema y concepción del texto de la iniciativa. Además, debo
añadir que nos ha llamado la atención que el texto que
presenta Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya se funde en
una concepción reglamentista --repito-- de lo que debe ser la
regulación de la televisión local, por cuanto es un texto que
en ese sentido claramente se contrapone a lo aprobado por el
Parlamento catalán, texto que debo recordar que contó con los
votos del Grupo Parlamentario de Iniciativa per Catalunya e
incluso un representante de este Grupo ha sido designado por
el Parlamento catalán para venir ante esta Cámara a defender
esa iniciativa. Desde nuestro punto de vista, el carácter
básico de esta norma vendría dado por el artículo 141.1, 27.ª)
de la Constitución, que reserva al Estado la competencia sobre
normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión,
correspondiendo a las comunidades autónomas con competencias
en materia de televisión el poderdictar las normas de
desarrollo, así como su ejecución. Sin embargo, como decía, la
proposición de ley que debatimos huye de este esquema,
diseñando otro del que nuestro Grupo parlamentario discrepa.
Espero que, de no prosperar esta iniciativa, al menos haya
servido y sirva para impulsar la presentación por el Gobierno
del correspondiente proyecto de ley, que esperamos se
circunscriba al diseño de este marco que permita un amplio
desarrollo por parte de las comunidades autónomas y que
posibilite la implantación de un modelo de televisión local
enraizado en el territorioy con vocación de servicio público.
De todas formas es evidente que, de no presentarse el texto
por el Gobierno,
este debate se va a reabrir y con una cierta inminencia,
esperamos, como consecuencia de la presentación y debate ante
el Pleno de esta Cámara de la iniciativa del Parlamento de
Cataluña.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo Popular
tiene la palabra el señor De Grandes Pascual.
El señor DE GRANDES PASCUAL: Señor Presidente, señorías,
intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para
fijar nuestra posición respecto de la proposición de ley de
regulación de la televisión local presentada por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Como afirmación previa quiero decir que la posición del Grupo
Parlamentario Popular es favorable a la toma en consideración
de la proposición de ley que nos ocupa. Dicho esto es
necesario matizar que nuestro voto positivo no ha de
traducirse, en modo alguno, en una identificación con el
contenido de la iniciativa de Izquierda Unida, con el que
mantenemos algunas importantes diferencias y al que tenemos
que formular objeciones no exentas de peso. En cualquier caso,
lo cierto es que esta iniciativa constituye un esfuerzo que
hay que agradecer y viene a cubrir un vacío legal que existe
en el ordenamiento jurídico español, al no estar
convenientemente regulada la televisión local.
Se podrá decir desde el Gobierno, o desde el Partido
Socialista que lo soporta, que existe un anteproyecto
gubernamental que será presentado en su momento como proyecto
de ley. Nosotros entendemos, con todo respeto, que el
anteproyecto, que hemos leído con atención, no pasa de ser una
forma de ganar tiempo y sondear posiciones, intentando paliar
las críticas que le llueven al Gobierno por su actitud
negligente en términos políticos. Este anteproyecto
gubernamental ha venido precedido de una política repleta de
contradicciones, búsqueda de excusas y la razonable y fundada
duda de que la estrategia del partido del Gobierno sea tolerar
la situación de hecho para legalizar a posteriori toda una red
que no sería lejana a sus propias posiciones políticas, y de
ello hay antecedentes que hemos tenido que sufrir. Lo cierto
es que la posición del Gobierno es retardataria y, en este
terreno, su afán controlador viene constantemente superado por
los avances tecnológicos. Entretanto, el vacío legal ha
permitido un amplio campo abierto a la discrecionalidad y en
algunos casos ha hecho posible el abuso de poder, detectándose
tratos dispares y cierres gubernativos que han entrado en
colisión con resoluciones judiciales que, en ocasiones, han
amparado las emisiones locales ante el vacío legal. Al mismo
tiempo y prácticamente al 50 por ciento vienen funcionando
emisoras privadas de carácter local y otras tantas se han
constituido al amparo de instituciones públicas, especialmente
en ayuntamientos. Esta situación es imputable, a nuestro
juicio, a la falta de iniciativa gubernamental, y curiosamente
ha sido calificada por el Ministro señor Borrell --a quien hay
que agradecer, en este momento su presencia--, hablando en un
seminario sobre comunicaciones, al decir que las televisiones
locales actúan como un elemento distorsionador del mercado
audiovisual. Se le ha atribuido esta expresión, pero no sé si
esta atribución es correcta; si no, el señor Ministro tendrá
ocasión de desmentirla. La posición del Grupo Parlamentario
Popular parte de la base de seguir reclamando un proyecto de
ley de lo audiovisual para redefinir el conjunto de la radio y
televisión, que debe asentarse en las siguientes premisas
básicas. El Grupo Popular entiende necesario definir, de una
vez por todas, el modelo técnico de las comunicaciones en
España y, como consecuencia del mismo, modificar en
profundidad la actividad pública en el sector, y en este caso
en el sector de la television. La televisión pública en ningún
momento debe significar una competencia desleal para las
televisiones privadas, y debe caracterizarse por tener una
oferta diferenciada en el conjunto de su programación y por un
modelo de financiación distinto de la financiación de las
cadenas privadas, al tiempo que debe asegurar la libertad de
información y de comunicaciones. El Grupo Popular defiende que
la actividad radiotelevisiva, cualquier que sea el sistema
transmisor de la señal, es una actividad libre, de interés
público, al servicio de la sociedad, sin más limitaciones que
las técnicas y las impuestas por los convenios y tratados
internacionales. El Grupo Popular mantiene como principio la
necesidad de limitar al máximo la actividad de las
administraciones públicas, intentando que la iniciativa sea de
la sociedad en su conjunto, por lo que, al estar el campo de
la televisión incluido en este principio, sería
contraproducente la creación de emisoras de titularidad
municipal, basándose en el importante tamaño que ya tiene el
sector público en el campo de la radiotelevisión. El Grupo
Popular no está conforme con la necesidad de obtener una
concesión del Estado para desarrollar un derecho fundamental,
como es el de la libertad de expresión y comunicación a través
de canales de televisión. Fijadas estas bases, señorías,
parece inexcusable legislar con urgencia, a la vista de la
situación por la que atraviesa este sector. Según datos de la
propia Administración, actualmente emiten de forma regular
cerca de 400 emisoras de televisión de baja potencia,
localizadas en su mayor parte en las comunidades autónomas de
Cataluña, Valencia, Andalucía, Aragón y País Vasco,
calculándose que en este medio trabajan temporalmente al menos
3.000 personas. La propia Administración reconoce también la
existencia de un millar de operadores y emisores clandestinos
de cable que
operan en España y captan una audiencia de cerca de dos
millones de personas, lo que no ha servido para sensibilizar
el Partido Socialista ni al Gobierno, que recientemente
rechazaron la proposición de ley de cable propuesta por
nuestro Grupo.
El desorden existente en las televisiones locales, en cuanto a
su propiedad, emisiones y abusos de frecuencia, y los
problemas que se ocasionan por el funcionamiento de estas
emisoras, debido a su falta de regulación, causan grave
perjuicio para la ciudadanía. Este vacío legal permite
esgrimir la alegalidad de determinadas actuaciones
comerciales. Asimismo, es evidente el confusionismo existente
en todo lo relativo a la instalación y funcionamiento de las
televisiones locales. En determinadas localidades este tipo de
televisiones no se autorizan pero sí se consienten, mientras
que en otras las prohíben tajantemente e incluso proceden a la
clausura de sus instalaciones. Esta situación hace necesaria
la creación de una normativa específica que regule de manera
clara y concisa y evite las discriminaciones y tratamientos
dispares. Actualmente, debido a esta falta de cobertura legal,
existe un amplio campo abierto a la discrecionalidad que hace
posible el abuso de poder, como hemos dicho, y lleva a la
posible perversión del sistema democrático a través de la
manipulación de los medios de comunicación públicos.
Ante una situación de este corte no es de recibo retrasar más
la regulación legal de las televisiones locales y este marco
legal debe caracterizarse, a nuestro juicio, por los
siguientes rasgos. Posibilidad de que existan tantas
televisiones como permita la técnica, siempre y cuando
respeten los acuerdos internacionales firmados por España.
Esto no excluye que determinadas corporaciones locales puedan
intentar obtener concesiones o poner en marcha televisiones
locales. Sin embargo, el Grupo Popular pretende la reducción
de la actividad de la Administración pública, entre la que se
incluye, desde luego, la actividad de las corporaciones
locales, y no parece que tenga sentido contemplar de forma
positiva que las corporaciones locales entren en el campo de
la radiodifusión y televisión actuando como gestoras de estos
servicios. Nuestro Grupo entiende que en estos momentos la
oferta de televisión es bastante amplia, si bien debería
aumentarse la participación privada en dicha oferta. El nuevo
marco legal debe garantizar que las televisiones públicas que
se creen bajo su amparo cumplan sus objetivos como actividades
de interés público, garantizando la información, la
comunicación y la participación política al ciudadano con
contenido de índole fundamentalmente local. Asimismo, debe
garantizar que el producto público se diferencie claramente
del producto privado, asegurando, en todo caso, que la
financiación de lo público no implique en caso alguno
competencia desleal con las televisiones privadas. Con todas
estas medidas, lo que el Grupo Popular pretende es garantizar
la pluralidad y libertad informativas que deben caracterizar a
todo el sistema democrático. En conclusión, señorías, una ley
de televisión local resulta de todo punto necesaria y urgente
para terminar con el desorden existente en lo que afecta a su
titularidad de emisiones y abuso de frecuencias. Por todo
ello, se hace imprescindible proceder a una regulación que
permita un caudal de iniciativa plural y ponga orden en esta
materia. La falta de iniciativas del Gobierno legitima con
creces la presentación que ha efectuado Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya de una proposición de ley, en los
mismos términos que resulta legítima la pretensión del Grupo
Catalán (Convergència i Unió) de asumir la iniciativa
legislativa por vía del Parlamento de Cataluña, como se ha
hecho y se ha citado anteriormente por su digno representante.
Dicho todo esto, parece necesario destacar que, en cuanto al
fondo de la proposición de ley de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, nuestro Grupo Parlamentario mantiene
diferencias importantes que tendrían su plasmación en
enmiendas que nos reservamos presentar en el caso de que esta
Cámara diera vía libre a la iniciativa convirtiéndose en
proyecto de ley. Entre las diferencias que mantenemos con la
proposición de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
queremos destacar, a título de ejemplo, las siguientes.
Nosotros seguimos sin aceptar como principio la teoría de
servicio público, entendiendo que resulta más acertado definir
la televisión como actividad de interés público. El Grupo
Parlamentario Popular discrepa también de la pretensión de que
la televisión local sea gestionada por sociedades mercantiles
en régimen de concesión administrativa, entendiendo, por el
contrario, que lo correcto es que la gestión se efectúe por
otorgamiento de autorización mediante concurso público. A
nuestro juicio, la proposición de ley en su artículo 8
atribuye competencias de otorgamiento de las concesiones a las
comunidades autónomas, lo que resulta contradictorio con la
atribución de competencias al Gobierno central para que
apruebe por real decreto el plan técnico nacional de la
televisión local. Desde otro plano, el Grupo Popular valora
como excesivamente corto el plazo de cinco años por el que se
otorga la concesión en el artículo 11 de la proposición, pues
resulta un período de tiempo insuficiente para gestionar una
televisión desde premisas razonables de rentabilidad y
eficacia en el propio cumplimiento de sus fines. No
compartimos tampoco la rígidas condiciones que contiene el
artículo 18 de la proposición de ley, en relación a la
titularidad de acciones, pues no parecería suficiente que las
acciones sean nominativas, que las sociedades concesionarias
tengan la nacionalidad española y la limitación general de que
los titulares de acciones no puedan serlo de otra sociedad
cuando esta participación exceda al 5 por ciento del capital
social de cualquiera de ellas. Igualmente --y voy terminando--
parecen excesivamente rígidas las limitaciones sobre el
contenido de la programación y la exigencia de que el 30 por
ciento de la programación emitida sea de producción propia del
titular de la concesión; como desmedida resulta, a nuestro
juicio, la limitación a la publicidad estableciendo que no se
podrá emitir por un tiempo superior al 15 por ciento del total
de las horas de programación anual.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vaya terminando, señor
De Grandes, por favor.
El señor DE GRANDES PASCUAL: Termino, señor Presidente, en dos
segundos. Señorías, pese a todas estas diferencias, y otras
que no son de la ocasión reseñar ahora, la iniciativa de
Izquierda Unida nos parece respetable y merece, pese a las
diferencias de fondo, su toma en consideración ante el vacío
normativo que trae causa de la desidia gubernamental en este
punto. Por nuestra parte, y en cuanto al fondo del asunto, nos
reservamos plantear las enmiendas necesarias para alcanzar un
modelo de televisión local acorde a las posiciones que venimos
manteniendo coherentemente en favor de ampliar la oferta de
televisión.
Nada más, señorías. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor De
Grandes. Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor
Martinón.
El señor MARTINON CEJAS: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, el texto presentado por Izquierda Unida que estamos
analizando esta tarde pretende regular la televisión local no
por cable, como el propio texto indica. Suponemos que se
refiere a una televisión por ondas terrestres, es decir, sin
hacer uso de satélites.
Se ha hecho aquí un canto a la necesidad de la libertad en la
televisión. Lo cierto es que en ningún momento ha habido tanta
libertad como ahora y lo cierto es que hemos pasado de una
situación de monopolio, hace menos de diez años, a una
situación de una amplia oferta televisiva.
Hay dos concepciones distintas de lo que debe ser la
televisión, si debe ser o no considerada como un servicio
esencial de aquellos que contempla la Constitución en el
artículo 128.2. Los socialistas consideramos, y así figura en
las leyes que esta Cámara ha aprobado, que es un servicio
esencial. A nuestro juicio, no puede quedar sometida sólo a
limitaciones técnicas y a los acuerdos internacionales la
regulación de la televisión. No podemos aceptar que, bajo el
paraguas de la libertad, acabemos en una situación de
monopolio informativo en pocas manos, lo que es, en nuestra
opinión, lo contrario de una situación de libertad
informativa.
Tratamos de regular un segmento bastante pequeño de la
televisión sin abono, es decir, de la televisión gratuita, por
lo tanto, de la televisión que se financia con la publicidad.
Hay un compromiso del Gobierno, hay un compromiso de nuestro
Grupo Parlamentario de que habrá ley de televisión local para
así poder cumplir y desarrollar, en lo que se refiere al tema
de la televisión local, lo previsto en el artículo 20 de la
Constitución. No sólo en el tema de la televisión sino, en
general, en el tema de las telecomunicaciones, se nos pide
desde muchos escaños de este Congreso de los Diputados mayor
rapidez, mayor agilidad, más prisa al Gobierno a la hora de
regular, de dictar normativas. Los socialistas pedimos al
Gobierno prudencia. Se trata de un sector que evoluciona a
mucha velocidad y lo fundamental es la prudencia para no
cometer errores, para no hipotecar el futuro. Quienes veían,
por ejemplo, en la telefonía móvil automática una velocidad
muy pequeña, pueden contemplar cómo precisamente hoy se
publica en el «Boletín Oficial del Estado» el concurso para
abrir la telefonía móvil automática a un segundo operador.
Hay razones para el retraso. Hemos pasado, como antes decía,
de una situación de monopolio a una situación de amplia
oferta. Por tanto, ha sido necesario que a medida que han ido
apareciendo distintos tipos de televisión, esos tipos de
televisión fueran asentándose en el mercado. No se podía
colocar todo tipo de televisión compitiendo simultáneamente en
el mercado. Era necesario permitir el desarrollo de aquellas
que históricamente han ido apareciendo en primer lugar. Pero,
en segundo lugar, posiblemente más importante, el espectro
radioeléctrico (porque estamos hablando, insisto, de
televisión por ondas que ocupa zonas del espectro
radioeléctrico) está saturado en aquellas zonas que están
habilitadas por convenios internacionales para este tipo de
televisión. En estos momentos se está ensayando la televisión
digital. Un tipo de televisión que muy posiblemente, o al
menos hemos de admitir esa posibilidad, tenga éxito en el
futuro. La utilización en estos momentos de canales
televisivos para la televisión local no puede dificultar, no
debe impedir, el posible desarrollo futuro de la televisión
digital. Hoy sabemos que será prácticamente imposible que esa
televisión digital esté desarrollada en menos de cinco años.
Por eso nos parece razonable pensar en concesiones de
televisión local por un plazo para los próximos cinco años,
que sería un plazo que no dificultaría la televisión digital.
La proposición que estamos considerando tiene, a nuestro
juicio, algunos defectos. Quizá, el más importante de todos
ellos sea que no se prohíbe de forma explícita, no queda
prohibida la configuración de cadenas de televisiones locales;
con ello se abre la puerta a la posibilidad de, por una vía
indirecta, llegar a la configuración de cadenas nacionales de
televisión o de cadenas regionales o autonómicas de
televisión, con lo
cual estaríamos distorsionando todo lo que hasta ahora se ha
estado realizando. Si eso es así, si se llega a la
configuración de cadenas de televisión local, algo a lo que se
hace alusión en la exposición de motivos, que es la creación
de empleo, sería mentira. No habría una creación de empleo
apreciable, si aparecen cadenas de televisiones locales.
A nuestro juicio, y dentro de la misma idea, el ámbito
territorial que se define en el proyecto como cobertura
inferior a una comunidad autónoma nos parece excesivo. Creemos
que esa no es la idea de la televisión local y da la impresión
de que se está configurando más una especie de segunda cadena
regional que regulando una televisión local.
Consideramos también que la distribución de competencias entre
la Administración general del Estado y las comunidades
autónomas es confusa. Creemos, por ejemplo, que el tema de la
extinción de la concesión queda mal regulado, aparte de otras
consideraciones que algunos otros intervinientes han expuesto.
Nos parece que se entra, por ejemplo, en detalles de cómo debe
autoorganizarse la propia comunidad autónoma en asuntos que
son de competencia de la propia comunidad, se pretende regular
desde una ley cómo debe regularse la propia comunidad
autónoma. Y creo que no puede decirse, con un mínimo de
oportunidad que ésta sea una proposición de ley respetuosa con
la autonomía local. Se viene a impedir de forma explícita la
posibilidad de la gestión directa por los ayuntamientos del
servicio de la televisión local. A nuestro juicio es lo más
alejado de una actitud respetuosa hacia las competencias
municipales. No aparece en el texto ninguna prioridad a favor
de los ayuntamientos y de que puedan ser ellos los que
gestionen esa televisión local.
Por todas estas razones y porque creemos que dentro de muy
poco tiempo podemos presentar nuestro propio texto, vamos a
votar en contra de esta proposición de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pasamos a la votación,
señorías. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre regulación de la
Televisión Local.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 312; a favor, 145; en contra, 166; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR GONZALEZ LIZONDO),
SOBRE CREACION DE LA COMISION MIXTA CONGRESO-SENADO DE LOS
DERECHOS DE LA FAMILIA (Número de expediente 162/000085)
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día, proposiciones
no de ley. Proposición del Grupo Mixto, del señor González
Lizondo, sobre creación de la Comisión Mixta Congreso-Senado
de los derechos de la familia. Tiene la palabra el señor
González Lizondo. (Rumores.)
Señorías, estamos en sesión. Ruego guarden silencio y ocupen
sus escaños. (Pausa.)
Cuando quiera, señor González Lizondo.
El señor GONZALEZ LIZONDO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, vengo a defender una proposición no de ley que
pretende la creación de una comisión mixta Congreso-Senado de
los derechos de la familia, presentada por Unión Valenciana.
Este Diputado que les habla es conocedor de que con
posterioridad a la presentación de la iniciativa que hoy
debatimos --en febrero de 1994 fue cuando se presentó esta
proposición-- esta Cámara aprobó la creación de una ponencia
en el seno de la Comisión de Política Social y Empleo, para el
estudio de la situación actual de la familia en España,
ponencia que deberá estar elaborada y presentar su informe
antes del 31 de octubre de 1994.
No obstante, dada la importancia de la institución familiar en
nuestro Estado, toda iniciativa en esta materia es
insuficiente para trabajar por ella. Así nuestra proposición
no de ley solicita de esta Cámara la creación de una comisión
mixta Congreso-Senado al objeto de estudiar la realidad social
de la familia, proponer iniciativas tendentes a la protección
de ésta, realizar el seguimiento de la aplicación de la
legislación interna e internacional así como de las decisiones
adoptadas por las Naciones Unidas y el Consejo de Europa, al
igual que el estudio de la acción del Gobierno en materia de
defensa de la institución familiar.
Señorías, nuestro partido pretende incidir una vez más en esa
obligación constitucional que tenemos todos los grupos
parlamentarios, los poderes públicos y, por tanto, el Gobierno
del Estado, de ayudar jurídica, social y económicamente a la
familia.
¿Por qué entendemos que es compatible esta proposición no de
ley con las actuaciones que se están llevando a cabo y con esa
comisión que fue aprobada por el Partido Popular? Entendemos
que podría ser posible una comisión mixta Congreso-Senado
debido a que
en estos momentos, precisamente, se está discutiendo la
autoría definitiva del Senado como Cámara de las Autonomías, y
todos sabemos que hay diversas leyes, en distintas autonomías,
respecto a la protección de la familia. Creo que no sería malo
que hubiera un intercambio de toda esta serie de proposiciones
y que tanto en el Senado como en el Congreso se llegara a
consensuar definitivamente una ley que equiparara a la familia
en todo el territorio del Estado. No pensamos que éste sea un
tema en el que deba haber diferencias por causa de la
autonomía donde hayan nacido o se encuentren residentes
determinadas familias. Creemos que esto es un bien común que
en toda España se debe intentar realizar al unísono. Por eso
nos parece, señorías, que sería factible que esta comisión que
solicitamos hoy actuara paralelamente, al mismo tiempo o
conjuntamente, con la ponencia que está nombrada e inclusive
aceptaríamos, si es que existieran, algunas enmiendas que la
modificaran y pudieran llegar a darle una mayor realidad.
En definitiva, desde Unión Valenciana pretendemos que la
familia obtenga la mayor cantidad posible de protección de
todos y cada uno de los estamentos oficiales.
Señorías, voy a aprovechar el tiempo de intervención que me
queda para despedirme de todos ustedes. Por última vez voy a
defender una proposición no de ley o de ley presentada por mi
partido. Definitivamente, si no hay nada en contrario, el día
4 de octubre presentaré mi dimisión como Diputado y me
sustituirá un compañero de partido. Ha habido momentos
importantes dentro de esta Cámara, que yo he tenido ocasión de
vivir. He mantenido con muchos de ustedes polémicas --
polémicas duras y fuertes--, siempre en defensa de los
intereses que entendía que me habían traído a la Cámara,
siempre en defensa de los intereses fundamentales de mi
tierra, Alicante, Castellón y Valencia, sin menospreciar por
ello, naturalmente, a ninguna otra parte. Si en algún momento
entienden que pude ofenderles, desengáñense, no lo hice de tal
manera. Unicamente defendía aquello que consideraba justo, sin
intentar ofender a nadie en ningún momento.
Gracias a todos ustedes por aquellos momentos en los que hayan
coincidido con mis planteamientos y gracias a la Presidencia
por haber sabido ser benevolente en determinadas ocasiones con
éste que les habla.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González Lizondo.
(Rumores.) ¡Silencio, señorías!
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra
el señor Casas.
El señor CASAS I BEDOS: Gracias, señor Presidente.
Con mucha brevedad y desde el escaño. A nuestro Grupo
parlamentario le parece bien la iniciativa planteada por el
señor González Lizondo, representante de Unión Valenciana,
aunque es evidente que, al estar ya en funcionamiento una
ponencia en el seno de la Comisión de Política Social y
Empleo, creada precisamente a instancias de este Grupo
parlamentario, la aspiración de su proposición no de ley está
ya ampliamente satisfecha. Además, teniendo un calendario de
trabajo ya fijado y habiendo iniciado esta ponencia sus
sesiones, nos parece que dar trámite a esta iniciativa para
integrar a senadores en esta ponencia puede ser muy
interesante, pero, en cualquier caso, será una obtrucción a un
trabajo que ya se ha iniciado y retrasará en el tiempo una
tarea en la que ya están trabajando todos los grupos
parlamentarios.
Por esa razón, señor Presidente, y coincidiendo con el
objetivo final de don Vicente González Lizondo, convencido de
que quien le sustituya en su escaño colaborará en los trabajos
de esta ponencia, aportando todas aquellas ideas que desde
Unión Valenciana pueden ser útiles para la ponencia que está
estudiando la situación de la familia, entendemos que el mejor
mecanismo es seguir trabajando en esa ponencia, no dar trámite
a esta proposición no de ley, aunque, insisto, coincidimos con
el objetivo y esperamos encontrarnos en la ponencia trabajando
conjuntamente.
Nada más, señor Presidente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Casas.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra la señora Urán.
La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor Presinte.
De manera breve, señor González Lizondo, sentimos no poder
apoyar esta propuesta suya en esta su última comparecencia
ante esta Cámara. Nos hubiera gustado podernos despedir
aprobando algo conjuntamente, pero lo que está claro es que
hay una ponencia aprobada, que ya está en funcionamiento y
consideramos que no va a ser positivo para el trabajo de esta
ponencia, para que se puedan terminar en el tiempo que nos
hemos planteado las propuestas que queremos traer al Pleno,
incorporar ahora a Senadores o Senadoras que nos harían
paralizar el trabajo, cuando ya llevamos dos semanas
trabajando en ella.
De todas maneras, nosotros, en nombre de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, le despedimos y le deseamos toda la
suerte que usted se merece. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Urán.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Michavila.
El señor MICHAVILA NUÑEZ: Gracias, señor Presidente.
Subo a la tribuna no por quererme demorar más en mis palabras,
sino quizás por dar mayor solemnidad a esta última
presentación de una iniciativa por parte del Diputado González
Lizondo, al cual nuestro Grupo parlamentario quiere reconocer
su gran capacidad de trabajo y los servicios que ha prestado a
la Cámara. Como bien ha dicho él, sin perjuicio de que en
ocasiones discrepemos respecto del fondo, nos ha unido siempre
el propósito de un mayor servicio a los ciudadanos a los que
representamos, y, muy singularmente, permítanme decírselo, a
esa tierra de Castellón, de la que este Diputado procede. En
ese sentido, también le deseamos lo mejor para el resto de su
futura actividad profesional. Entrando en lo que se refiere a
la toma de posición del Grupo Parlamentario Popular respecto a
su proposición no de ley, quiero manifestarle que el Grupo
Parlamentario Popular comparte de lleno tanto las razones que
inspiran dicha proposición no de ley como el medio sugerido en
la misma para llevar a cabo dicho propósito.
Sin embargo, consideramos que, por razones de oportunidad ya
expuestas por otros representantes de grupos parlamentarios
que me han precedido en el uso de la palabra, no es oportuno
dar cauce a dicha iniciativa, toda vez que, al estar en marcha
el trabajo de una ponencia respecto del mismo asunto en el
seno del Congreso de los Diputados, supondría demorar
precisamente el alcance de los fines que persigue esta
iniciativa.
La fecha en la que fue presentada dicha proposición no de ley,
anterior a la constitución de la ponencia, avala tanto las
razones de fondo como de forma para dicha propuesta y nuestro
Grupo Parlamentario en consecuencia no quiere votarla en
contra, sino que manifestará esta posición mediante su
abstención en la votación que se realizará.
Consideramos que no está plenamente cumplido todo el propósito
de esta proposición no de ley con dicha ponencia, que la
proposición no de ley contempla unos objetivos quizás algo más
ambiciosos que los trabajos de la propia ponencia, pero que no
es conveniente paralizar dichos trabajos. Creemos que puede
ser una fórmula muy correcta, en la cual algún otro grupo
parlamentario podría estar de acuerdo, considerar como
resolución final de los trabajos de dicha ponencia esta propia
iniciativa.
En ese sentido, queremos felicitarle por la iniciativa y
manifestarle, como ya hemos tenido ocasión de hacer
personalmente, los motivos de nuestra abstención, que será la
posición del Grupo Parlamentario Popular.
Todo lo que en este Año Internacional de la Familia se pudiera
hacer para el apoyo de una institución que es eje del Estado
de bienestar y cauce de solidaridad por excelencia en la
sociedad española sin duda es algo muy positivo y creo que los
trabajos de esa ponencia acabarán dando resultados en esta
dirección.
Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Michavila.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Trujillo.
El señor TRUJILLO ORAMAS: Gracias, señor Presidente. Tomo la
palabra para fijar la posición del Grupo Socialista en torno a
la proposición no de ley presentada por el señor González
Lizondo.
Básicamente voy a reiterar los argumentos que han dado los
portavoces que me han precedido. Probablemente incluso usted
en su intervención ha dado el motivo básico por el cual
nuestro Grupo no considera adecuado apoyar esta proposición no
de ley. Es un motivo de no idoneidad de la propuesta.
Como usted bien ha dicho, esta propuesta se presentó el 24 de
febrero y la Cámara, el 1 de abril, a propuesta de los Grupos
Socialista, Popular y Catalán (Convergència i Unió), aprobó la
creación de una ponencia en el seno de la Comisión de Política
Social y Empleo para encargarse precisamente de las mismas
materias por las que pretende usted crear esta comisión mixta
Congreso-Senado. Por ello, y dado lo avanzado de los trabajos
de la propia ponencia, parece que no sería adecuado introducir
mecanismos que pudieran desvirtuar el funcionamiento de la
misma. En cualquier caso, voy a intentar disipar su
preocupación respecto a dos temas de su argumentación.
Por una parte, usted argumentaba que toda iniciativa en aras a
conseguir una mejor situación de la familia en España
podríamos considerarla como no suficiente. Yo quisiera
recordarle que no es ésta la única iniciativa que se ha
adoptado en el marco del Año Internacional de la Familia.
También el Senado aprobó el 22 de marzo una moción instando al
Gobierno a crear una Comisión interministerial para estudiar
el problema de las familias monoparentales y, como usted sabe,
el Comité Español para el Seguimiento del Año Internacional de
la Familia, donde participan, por cierto, comunidades
autónomas, la Federación Española de Municipios y
organizaciones no gubernamentales, aprobó en marzo pasado el
plan de actuaciones para todo el año.
Sirvan estos ejemplos como materia para ilustrar que no es
esta importante decisión que adoptamos en abril la única que
se está realizando en torno al Año Internacional de la
Familia. He querido excluir otra materia, que todos conocen,
de iniciativa gubernamental, como es el estudio de la realidad
de la familia en España, que va a ser entregado en esta Cámara
en breves fechas. Le precupaba la participación de las
comunidades autónomas. En este comité participan y, por otro
lado, también van a estar citadas en la Ponencia como parte
importante, porque queremos conocer las distintas políticas
que están realizando.
Por todo ello, no vemos la idoneidad de esta proposición; más
bien viene a destiempo. No es que estemos, en modo alguno,
contra el sentido de la misma, pero sí quisiera terminar
manifestándole un elemento de diferencia conceptual. En la
exposición de motivos de la proposición no de ley usted señala
que en el Estado español la política de defensa de la familia
no ampara los mínimos exigibles que se pudieran requerir para
un tema tan importante. Los trabajos que hemos realizado en el
seno de la Ponencia han venido a manifestar que si bien
carecemos de un paraguas global de política de familia en
España, de esa nomenclatura del conjunto de las políticas que
se realizan, muchísimas políticas sectoriales que se están
llevando a cabo, y básicamente todas aquéllas que tienen que
ver con el Estado de bienestar, tienen una incidencia
trascendental en la política de la familia; desde la política
educativa a la sanitaria, a la de vivienda o incluso la
política laboral. Créame que no le miento si le digo que en
ninguna de estas políticas los mínimos que tenemos
establecidos en nuestro Estado son homologables para el
contexto de los países desarrollados en el que nos movemos.
Por último, y dado que se nos ha despedido esta tarde, señor
González Lizondo, lo mejor que se me ocurre para despedirle es
decirle aquello de la copla: ¡Ojalá le vaya bonito!
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Trujillo.
Vamos a proceder a la votación.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señor
González Lizondo, sobre creación de la Comisión Mixta
Congreso-Senado de los derechos de la familia.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 300; a favor, seis; en contra, 172; abstenciones,
122.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.
--DEL GRUPO VASCO (PNV), POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO PARA
QUE EN EL PLAZO DE SEIS MESES DETERMINE REGLAMENTARIAMENTE LOS
PUESTOS DE TRABAJO DE LA ADMINISTRACION PERIFERICA DEL ESTADO,
CON DESTINO EN EL AMBITO TERRITORIAL DE LAS COMUNIDADES
AUTONOMAS CON REGIMEN DE COOFICIALIDAD, PARA LOS CUALES
RESULTE PRECEPTIVO O SE VALORE COMO MERITO EL CONOCIMIENTO DE
LA LENGUA OFICIAL PROPIA (Número de expediente 162/000037)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Vasco
(PNV), por la que se insta al Gobierno para que en el plazo de
seis meses determine reglamentariamente los puestos de trabajo
de la Administración periférica del Estado, con destino en el
ámbito territorial de las comunidades autónomas con régimen de
cooficialidad, para los cuales resulte preceptivo o se valore
como mérito el conocimiento de la lengua oficial propia.
Por el Grupo Vasco, tiene la palabra el señor
Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Vasco ha presentado la
iniciativa que hoy se debate con el fin de alcanzar una
normalización en el uso de lenguas oficiales distintas del
castellano en los servicios de la Administración central
radicados en las comunidades autónomas en las que existe un
régimen de cooficialidad de lenguas. La Constitución de 1978,
en su artículo 3.º, establece que las demás lenguas distintas
del castellano serán oficiales en los territorios de las
comunidades autónomas de conformidad con lo previsto en los
respectivos estatutos de autonomía. Así, los estatutos de
autonomía de las Comunidades Autónomas de Euskadi, Navarra,
Cataluña, Galicia, Islas Baleares y la Comunidad Valenciana
establecen la oficialidad de sus lenguas vernáculas en sus
ámbitos territoriales. Por ello, en desarrollo de las
previsiones estatutarias, las comunidades autónomas han
aprobado diversas leyes autonómicas en las que se regula en su
ámbito territorial el grado o nivel de oficialidad de estas
lenguas distintas del castellano.
Con carácter general, se reconoce en todas ellas el derecho de
los ciudadanos a relacionarse con las administraciones
públicas ubicadas en el territorio de dichas comunidades
autónomas en castellano o en otra lengua oficial existente,
tratándose, pues, de un derecho de los ciudadanos que tiene su
origen en el bloque de la constitucionalidad, o sea, en la
Constitución y en los estatutos de autonomía. Ahora bien, en
rigor, debemos indicar que el grado o nivel de cooficialidad
que los parlamentos de las comunidades autónomas han otorgado
a las diferentes lenguas no es el mismo, existiendo
diferencias materiales y de fondo muy considerables. Así,
señorías, el grado de oficialidad de que dispone el euskera en
la Comunidad Autónoma del País Vasco y en Navarra no es el
mismo, como tampoco es semejante el nivel de oficialidad del
catalán en Cataluña o en las Islas Baleares, como tampoco es
el mismo nivel, en cuanto a su intensidad, del gallego en la
Comunidad Autónoma de Galicia.
La competencia que el bloque de la constitucionalidad atribuye
a las comunidades autónomas para regular el régimen de
cooficialidad de las lenguas distintas
del castellano ha sido ejercida por éstas de distinta manera
y, repito, con una intensidad, con una modulación y con una
determinación de derechos lingüísticos diferentes en cada uno
de los ámbitos territoriales. Es por ello, señorías, por lo
que la posición que los ciudadanos de estas comunidades
autónomas tienen respecto al uso de lenguas oficiales
distintas del castellano es diferente, y es diferente porque
el haz de facultades, de derechos lingüísticos de los
ciudadanos ante los poderes públicos no es el mismo en todas
las comunidades autónomas porque las comunidades autónomas
ejercitan su capacidad legislativa en base a los principios de
autonomía y competencia, y eso es lo que hace que puedan
modular, ponderar o regular con distinta intensidad respecto a
su vinculación, a la relación poder público-ciudadano, el
nivel del derecho lingüístico a exigir ante la Administración
pública correspondiente. Por ejemplo, no dispone de los mismos
derechos lingüísticos respecto al Euskera un ciudadano en
relación a los poderes públicos ubicados en San Sebastián o en
Pamplona, como tampoco los tiene respecto al catalán un
ciudadano en relación a la Administración pública sita en
Lérida u otro ciudadano respecto a otra Administración sita en
Menorca.
Señorías, el Tribunal Constitucional, en la sentencia 82/86,
de 22 de junio, establece que la competencia para regular el
régimen de oficialidad de lenguas distintas del castellano
corresponde a los parlamentos de las comunidades autónomas.
Así, el régimen de cooficialidad, una vez establecido --viene
a decir el Tribunal Constitucional--, vincula por igual a
todos los poderes públicos radicados en dicho territorio,
vincula a la Administración local, vincula a la Administración
autonómica y vincula a la Administración central ubicada en
las respectivas comunidades autónomas.
Pues bien, establecido un nivel de cooficialidad determinado
en un ámbito territorial concreto, lo que viene a establecer
el Tribunal Constitucional es que la Administración central
tiene una facultad de organización y de determinación a su
nivel interno organizativo de cómo se plasma ese régimen de
cooficialidad. El régimen corresponde establecerlo, repito, a
los parlamentos autonómicos y la determinada organización de
cómo se aplica el régimen a la correspondiente Administración
pública. Es en este punto en el que, a nuestro juicio, la
Administración central no ajusta y cumple su actuación en la
gestión pública a los dictados, por ejemplo --y voy a
referirme, señorías, a la experiencia más cercana para nuestro
Grupo Parlamentario--, del régimen de cooficialidad vigente en
el País Vasco. Así, desde noviembre de 1982 hasta julio de
1990, período de tiempo que va desde que entra en vigor la Ley
de Normalización y Uso del Euskera, ninguna convocatoria de
plazas de personal de la Administración central con destino en
el País Vasco computaba en el baremo de méritos el
conocimiento del Euskera. Esta situación originó diversos
pleitos contencioso-administrativos que se zanjaron con un
compromiso político del Gobierno central, compromiso político
en el que en su día tuve ocasión de participar, y a raíz del
cual el Gobierno central emitió la Orden de 20 de junio de
1990, por la que el Gobierno central establecía unas normas
para hacer cumplir el régimen de cooficialidad establecido por
cada uno de los parlamentos autonómicos con lengua oficial en
su respectiva administración pública. Esta disposición del
Gobierno central establece que el Ministerio de
Administraciones Públicas, previo informe de las delegaciones
del Gobierno en las comunidades autónomas, fijará, primero,
aquellos puestos de trabajo en los cuales va a resultar
preceptivo el conocimiento de otra lengua oficial distinta del
castellano y, segundo, también se fijará en las relaciones de
puestos de trabajo públicas los méritos que van a tenerse en
cuenta a la hora de proceder a la valoración y a la hora de la
resolución de las provisiones de vacantes en los concursos de
traslados. Pues bien, señorías, habiendo transcurrido más de
cuatro años desde la Orden del 20 de julio de 1990, el
Gobierno central no ha fijado todavía en las relaciones de
puestos de trabajo aquellos puestos que quedan englobados en
algunas de las dos categorías.
Quiero resaltar como dato que en relación a los puestos de
trabajo relativos a la Administración central ubicados en el
territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, ha
reconocido el Gobierno, en contestación a este Grupo
Parlamentario, que al día de hoy no existe ningún puesto de
trabajo del personal de la Administración central para el que
sea necesario el conocimiento del euskera; evidentemente,
tenemos que denunciar y corregir esta política del Gobierno
central que no se está adecuando al régimen de cooficialidad
que está vigente en las comunidades autónomas que tienen
estatutariamente prevista la oficialidad de otra lengua
distinta del castellano.
Así, voy a enumerar una serie de datos muy elocuentes, señor
Presidente. En 1990, de un conjunto de convocatorias
efectuadas por el Gobierno central, Ministerio de
Administraciones Públicas, Dirección General de la Función
Pública, de 507 plazas ofertadas en el País Vasco solamente se
valora el conocimiento del eusquera en dos; en 1991, de un
conjunto de 656 plazas solamente se valora el conocimiento del
eusquera en 12; en 1992, de un conjunto de convocatorias de
671 plazas, se valora en cuatro; en 1993, de un conjunto de
540 plazas solamente en tres, y en 1994, hasta el mes de
agosto, de un conjunto de 356 plazas solamente se valora el
conocimiento del eusquera en 50. Señor Presidente, nosotros
hemos realizado un seguimiento detallado y continuo de las
convocatorias que atañen a la Comunidad Autónoma del País
Vasco. Entendemos y hemos tenido información de que existe el
mismo problema --y así lo hemos planteado en nuestra
proposición no de ley-- en otras comunidades autónomas. No
puedo ofrecer datos a SS.SS. puesto que nos hemos limitado a
efectuar un trabajo de control constante y exhaustivo del
Gobierno en lo que se refiere únicamente a la Comunidad
Autónoma del País Vasco, pero también tenemos información de
que, efectivamente, este incumplimiento de la orden, de la que
el Gobierno se había dotado a sí mismo, se ha producido
también en comunidades autónomas como Cataluña --allí quizá en
menor medida por las características del catalán y por su
mayor implantación-- y en Galicia y
Baleares.
Señor Presidente, voy a terminar expresando que, a la vista de
estos elocuentes datos, el Gobierno central tiene que ser
consciente y sensible de que nos encontramos ante un Estado
plurinacional, pluricultural y plurilingüístico, debiendo por
tanto acomodar su conducta a esta realidad social y política.
Por ello, mediante la presente iniciativa parlamentaria, el
Grupo Parlamentario Vasco pretende que el Gobierno adecue su
gestión público-administrativa a estas diferentes realidades
plurilingüísticas existentes, así como a los diferentes
regímenes de cooficialidad vigentes en dichas comunidades
autónomas, y, sobre todo, lo que pedimos al Gobierno es que
cumpla la Orden Ministerial de 20 de julio de 1990, aprobada
por el Ministro para las Administraciones Públicas, a la sazón
señor Almunia, y en la que se determinan dos cuestiones: en
primer lugar, que el Gobierno va a establecer los puestos de
trabajo en los cuales va a resultar preceptivo el conocimiento
de lengua oficial distinta del castellano y, en segundo lugar,
que se establecerá también en las relaciones de puestos de
trabajo aquéllos para cuya cobertura sea valorado como mérito
el conocimiento de la misma.
Por ello, señor Presidente, nuestro Grupo Parlamentario insta
al Gobierno mediante esta propuesta de resolución, al
cumplimiento de la normativa. Por tanto, no coincidimos
plenamente con la enmienda que nos ha presentado el Grupo
Parlamentario Socialista, que da otra redacción, en la cual se
insta al Gobierno a que se cumpla la normativa de que se ha
dotado en el plazo de dos años. A nuestro Grupo Parlamentario
le parece que ya son suficientes cuatro años y tres meses
desde la entrada en vigor de la Orden que el Gobierno aprobó
para su aplicación por el mismo y, por tanto, nos parece un
plazo excesivo. No obstante, en conversaciones con el Grupo
Parlamentario Socialista hemos logrado acercar los
planteamientos que tiene el grupo mayoritario de la Cámara con
nuestro grupo y, quizá, antes de la culminación del debate,
señor Presidente, podamos trasladar a su Presidencia un texto
consensuado a última hora para lograr el acuerdo y la
unanimidad de esta Cámara, en aras a que el Gobierno cumpla la
disposición de la que se ha dotado.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Se ha presentado a esta proposición una enmienda por el Grupo
Socialista. Para su defensa y para fijar la posición en nombre
de su grupo, tiene la palabra el señor García Ronda.
El señor GARCIA RONDA: Señor Presidente, señorías, el repaso
legislativo que ha hecho el señor Gatzagaetxebarría me ahorra
de hacer preámbulos porque, en efecto, lo ha hecho con
precisión; sin embargo, sí he de decir algo que no es tanto
una cuestión de fechas ni de alusiones a decretos ni a órdenes
ministeriales, pero que me alegra mucho más que todo ello, y
ha sido su referencia a la Constitución como base esencial de
este mismo asunto que estamos tratando. Me alegro mucho de que
la Constitución esté presente siempre en la cabeza y en el
corazón de quienes aquí estamos y, de vez en cuando, también
en su expresión, por qué no. Sin embargo, he creído detectar
un cierto integrismo lingüístico cuando el interviniente ha
aludido al diferente nivel de exigencia de los diversos
idiomas españoles en distintas comunidades autónomas. En
concreto, ha hablado de dos ciudades: San Sebastián y
Pamplona. Creo que comprenderá que es normal que no haya
llegado a haber la misma exigencia porque también el nivel de
conocimientos, el nivel de implantación social que el euskera
tiene en ambas ciudades es muy distinto. Probablemente,
corriendo el tiempo, con una implantación adecuada y en ese
proceso de creciente bilingüización, tanto del País Vasco como
de Navarra, sea posible que ambas capitales lleguen a tener --
por ceñirme a esas capitales, ya que ha sido S.S. quien ha
puesto este ejemplo-- ese mismo grado de exigencia; exigencia
que incluso brotará del cuerpo social.
Lo que pretende el Gobierno socialista es no caer --y se lo
digo muy encarecidamente, señoría-- en los mismos errores que
se han detectado en muchos planes de implantanción de las
lenguas cooficiales, porque S.S. bien sabe que en el propio
País Vasco, en la propia Euskadi, ha habido, y sigue habiendo,
problemas, quizá por cierta precipitación, por no haberse
ajustado adecuadamente a la realidad social y a la capacidad
de aprendizaje, en ocasiones (no a la capacidad mental sino a
la capacidad en tiempo), del propio idioma que, no sé si por
suerte lingüística en cuanto a su riqueza, pero por desgracia
en cuanto al propio aprendizaje, es muy difícil; el euskera es
realmente difícil. Su señoría no ignora que hay muchísimos
suspensos, en los distintos perfiles, entre los propios
funcionarios de la Comunidad Autónoma, que sin duda están
incluso desde que se inicia su trabajo, mucho más penetrados
de esta necesidad del conocimiento del euskera que otros
funcionarios de la Administración periférica. Creo que hay que
evitar la precipitación, incluso hay que tener muy en cuenta
ese grado de implantación social, al que antes
me refería, de la lengua a aprender y también, por qué no
volver a repetirlo, esa dificultad que tenemos en nuestro
caso.
Asimismo, creo que hay que tener mucho cuidado en la propia
funcionalidad de la exigencia. Indudablemente, sí donde sea
necesario; sí con matices donde sea conveniente, porque es una
manera de que se vaya implantando, y una voluntariedad real
donde no sea necesaria, pero indudablemente sea mejor que vaya
penetrando también; no me refiero sólo al País Vasco sino al
resto de las comunidades que tienen, además del castellano,
otra lengua, una lengua muchas veces más antigua en esos
territorios que el propio castellano. Todo ello, en aras de la
eficacia, que tiene que tener en cuenta varios aspectos, como
siempre que se trata de decisiones que afectan a una
colectividad; no se puede olvidar que no se trata solamente de
decir que queremos hacer esto, sino que hay ver qué efectos
tiene, cuánto nos cuestan esos efectos, etcétera. Como digo,
hay que tener aspectos en cuenta, fundamentalmente, a mi
juicio, tres. Primero, el ritmo adecuado. Aquí, tengo que
recordar al interviniente, señor Gatzagaetxebarría, que
nuestro Partido en el País Vasco, el Partido Socialista de
Euskadi, ayudó con una negociación con su propio Partido y el
Decreto 238 del año 1993, que modificó consiguiente la Ley de
1989 --cuya ejecución se ha revelado conducente en parte a ese
fracaso del que antes hablaba--, a una mayor eficacia.
Un segundo aspecto es el equilibrio en la propia estructura de
la Administración cuando se trata de este tipo de exigencias y
de cualquier otro, cuidando que no se conculquen derechos
laborales ni se originen disturbios funcionales en el trabajo
de la propia Administración.
Y, en tercer lugar, el propio coste, que, como S.S. sabe, es
muy alto, indudablemente, para la formación en un idioma que
necesita ser estudiado (me refiero concretamente al País
Vasco; seguramente es mucho más liviano el aprendizaje en
otros idiomas) porque se requiere un conocimiento no sólo
amplio sino incluso especializado en las cuestiones
administrativas. Su señoría sabe que lo que llamamos allí un
perfil 4 cuesta varios millones de pesetas entre lo que cuesta
directamente y lo que cuesta indirectamente en horas de
trabajo que han de concederse a los trabajadores para el
aprendizaje. El costo --y yo creo que el partido de S.S.
siempre es muy cuidadoso con los efectos económicos y lo
comprenderá perfectamente-- ha de calibrarse en relación con
los resultados a conseguir y con el grado de necesidad de la
función para la que haya de consignarse esa dotación
presupuestaria. No obstante, he querido poner de relieve todos
estos matices ante la intervención de S.S. para que
enriquezcan el propio debate. Como creemos que es conveniente
llegar a acuerdos en asuntos como éste, que están contemplados
en los estatutos, yo propongo a SS.SS. una enmienda
transaccional, con la que creo que estará de acuerdo el Grupo
proponente --y todos los demás grupos espero que también-- que
es distinta a la que previamente habíamos hecho. En esas
conversaciones a las que ha aludido el interviniente hemos
podido encontrar unos puntos de acuerdo que me parecen
suficientes para que aprobemos esta enmienda transaccional que
dice así y que paso en este momento a la Mesa:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que antes
del 31 de diciembre de 1995 determine reglamentariamente, de
conformidad con las previsiones contenidas en la Orden del
Ministerio para las Administraciones Públicas de 20 de julio
de 1990, los puestos de trabajo de la Administración
periférica del Estado con destino en el ámbito territorial de
las comunidades autónomas con régimen de cooficialidad --
Cataluña, Comunidad Valenciana, Euskadi, Galicia, Islas
Baleares y Navarra--, para los cuales, primero, resulte
preceptivo el conocimiento de la lengua oficial propia y,
segundo, aquellos otros para los que se ha de valorar como
mérito acreditar el conocimiento de la misma para su
desempeño, de acuerdo con su grado de implantación. Las
relaciones de puestos de trabajo serán remitidas anualmente
por el Ministerio de las Administraciones Públicas a dichas
comunidades autónomas a través de las respectivas delegaciones
del Gobierno.»
Creo que este texto dará satisfacción a las señorías del grupo
proponente y espero que a todo el resto de la Cámara, porque
ha sido hecho, en primer lugar, teniendo en cuenta el
compromiso existente desde la Administración del Estado,
teniendo en cuenta el realismo con que hemos de tratar siempre
estos temas y teniendo en cuenta también, sobre todo, esa
necesidad de acuerdos en todo lo que podamos en nuestro
momento político.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Ronda.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo
Mixto tiene la palabra la señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Esta proposición del Partido Nacionalista Vasco (PNV) no sólo
es oportuna sino que, desgraciadamente vista la poca
sensibilidad y la poca corresponsabilidad del gobierno del
Estado respecto a los derechos lingüísticos distintos al
castellano, es absolutamente necesaria. Resulta una obviedad,
pero una obviedad dolorosa para quienes lo padecemos, que los
catalanohablantes o los gallegos o los ciudadanos vascos
estemos en situación de inferioridad, en clara indefensión
respecto a los ciudadanos de habla castellana. No tenemos
equiparados nuestros derechos a nuestros deberes y la
vulneración
de estos derechos en el terreno lingüístico es permanente.
¿Para cuándo se hará efectivo el compromiso ya suscrito hace
tantos años en el sentido de que sea necesario el conocimiento
de las lenguas cooficiales en los puestos de trabajo de la
Administración? ¿Para cuándo la regulación y protección de los
derechos de todos los ciudadanos de este Estado que tenemos
otra lengua propia distinta al castellano?
Ahora, que desde el Partido Socialista hay tanta retórica de
la pluralidad, pedimos a este partido que, más allá de la
retórica, cumpla con las mínimas obligaciones lingüísticas que
tiene con sus ciudadanos. Hablar de la pluralidad pero actuar
desde la imposición de una lengua sobre las otras, actuar
desde la inhibición o la indiferencia, es denunciable pero,
sobre todo, preocupante, porque significa que para el Partido
Socialista, el partido que gobierno, el catalán, el gallego o
el vasco no son lenguas de una absoluta dignidad y, por tanto,
necesitadas de regulación y protección, sino peculiaridades
soportables una vez al año en esa reserva de indios de los
hechos diferenciales en que se quiere convertir al Senado. (Un
señor Diputado: ¡Qué tontería!) No hablen ustedes tanto de la
pluralidad y hagan ustedes un poco más. Hagan ustedes el
mínimo de responsabilidad que les corresponde y que pasa por
garantizar en la Administración nuestros derechos como
ciudadanos de habla no castellana. (Protestas.) Tranquilo.
El ponente socialista ha hablado de premeditación y nos ha
pedido prudencia. Como supongo que no se trata de humor negro,
sino de criterio político, es bueno decirle que catalanes,
vascos y gallegos hemos demostrado la paciencia de Job, y que
da pena, una pena profunda, que ustedes, el Gobierno
socialista, aún nos obligue a perder el tiempo reivindicando
lo obvio.
Señorías, es nuestro derecho lingüístico, cultural, social,
cívico, y no lo podemos ejercer en la Administración del
Estado porque ustedes, hasta ahora, no han cumplido con su
deber. Con su inhibición, han despreciado hasta ahora nuestros
derechos. Ya que están descubriendo con celeridad el concepto
de pluralidad, empiecen ustedes a respetarlo y no nos hagan
perder más el tiempo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra
el señor Baltá.
El señor BALTA I LLOPART: Señor Presidente, señorías, al subir
a esta tribuna para fijar la posición en nombre de mi Grupo
Parlamentario sobre una posición no de ley del Partido
Nacionalista Vasco respecto a la necesidad de que en las
comunidades autónomas con régimen de cooficialidad lingüística
resulte preceptivo, o se valore como mérito, el conocimiento
de la lengua oficial propia, no puedo, y creo que no debo,
evitar la tentación de llevar mi pensamiento a la otra Cámara
de estas Cortes Generales, el Senado, en cuya Comisión de
Autonomías se ha producido un hecho histórico: la expresión
con la diversidad lingüística del Estado que, por su
trascendencia, supera su propia dimensión histórica y
establece un precedente que se convertirá en una de las
referencias del Estado de las autonomías cuando en el futuro
merezca el análisis de los estudiosos del pasado. Sin embargo,
hoy no parece aconsejable, señorías, bucear en la historia
para condenar a sus protagonistas desde el tiempo presente.
Preferimos situarnos en este momento preciso y observar que
estamos dejando atrás uno de los grandes tabúes de la política
española, que durante años y años ha impedido, contra natura,
que el mencionado acontecimiento, que la propia normalidad
fuera posible, que las lenguas propias de Galicia, el País
Vasco, Valencia, Cataluña y las Baleares sirvieran de
instrumento de un debate político a nivel del Estado.
¿Qué podía pasar si ya el hecho se producía, si la diversidad
lingüística asomaba en las Cortes? Nada, señorías. Muy al
contrario, hemos avanzado en la línea de respeto a la
pluralidad, de respeto a los distintos hechos diferenciales
que han superado la voluntad uniformadora de generaciones de
dirigentes políticos que precisamente creían que la
uniformidad constituía un hecho potenciador de un modelo de
Estado expansionista y que, desde esta dimensión, hoy
discutible, hicieron de la cultura castellana una de las
culturas más importantes del mundo. Lo reconocía ayer mismo el
Presidente Jordi Pujol en el Senado. Sin embargo, este país
tiene otras culturas ligadas a su diversidad lingüística, y en
este momento de la Historia es de general reconocimiento que
la diversidad no nos empobrece; que, muy al contrario, la
pretensión igualitaria pone en peligro un riqueza lingüística
que es uno de los grandes patrimonios a defender.
Entre todos hemos roto viejos conceptos al desarrollar un
modelo de Estado que ha establecido la solución de convivencia
que necesitábamos; un mecanismo que debemos seguir
desarrollando, perfeccionando con la potenciación de todas
nuestras culturas, siguiendo los pasos establecidos en la
Constitución y en los respectivos Estatutos, quizá sin
aceleraciones para cuya asimilación el cuerpo social tendría
dificultades, pero también sin frenar el proceso, sin dejar
que vuelvan a pasar casi en blanco otros cuatro años desde la
Orden Ministerial de 20 de julio de 1990, cuestión que ha
impulsado al Grupo Vasco a presentar la proposición no de ley
que debatimos y que hubiera podido impulsar a mi propio Grupo
a presentar idéntica iniciativa. (El señor Vicepresidente,
López de Lerma i López, ocupa la Presidencia.) También en
Cataluña la Administración periférica del Estado sigue sin
adaptarse preceptivamente
a las disposiciones y por mucho que aparentemente las
administraciones local y autonómica avancen hacia la
normalización, por mucho que el Parlamento de Cataluña haya
legislado --que por cierto avanza desde un remarcable
consenso, cuestión que queremos recalcar en esta Cámara--, el
Estado parece aún estacionado en el viejo modelo de una
Administración insensible a la diversidad, y la mayoría de la
ciudadanía sigue, en la práctica, sin obtener un derecho que
le otorga la Constitución. Las excepciones, señorías, también
en este caso confirman la regla. Les aseguro que sería muy
fácil relacionar numerosos ejemplos que la confirman; bastante
que lo haya hecho el portavoz del Grupo Vasco. Sin embargo, la
oportunidad de esta proposición no de ley, se debate
precisamente hoy, el hecho de que avanzamos juntos hacia un
modelo pluricultural basado en el respeto mutuo nos lleva a
esperar de esta Cámara el voto positivo que se merece lo que
en el fondo podríamos definir como una queja razonable del
Grupo Vasco.
Por otra parte, la posición en contra de los distintos grupos
que integran el hemiciclo o la imposibilidad del consenso
reclamado y deseado por el portavoz del Grupo Vasco
oscurecería una celebración --el debate en el Senado-- que
bien merece la fiesta de la unanimidad.
Nada más, señorías. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias,
señor Baltá. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Martínez
Blasco.
El señor MARTINEZ BLASCO: Señor Presidente, señorías, no era
intención de nuestro Grupo intervenir en la fijación de
posición en esta proposición no de ley del Grupo Vasco, porque
nos parecía una obviedad estar reclamando en 1994 que se ponga
en marcha una disposición no ya de 1990 sino de la propia
Constitución. Sin embargo, la intervención del señor García
Ronda ha suscitado nuestra subida a la tribuna debido a que
hemos escuchado argumentos que creemos trastocan completamente
el tema.
Se ha hablado de equilibrios, de disturbios funcionales, de
plazos, de costes. Yo creo que el problema no es ése. Yo no sé
qué dificultad tendría cualquier funcionario, si se hubiesen
puesto las medidas --insisto, no en 1990 sino en 1986, por
poner un ejemplo, a raíz de la sentencia del Tribunal
Constitucional o desde el mismo momento de la propia
Constitución--, para aprender un idioma en cuatro o cinco
años. No estamoshablando de ese tipo de dificultades, estamos
hablando del derecho de los ciudadanos. ¿Con qué argumentos el
señor García Ronda viene a decir que el derecho que tienen los
ciudadanos de dirigirse a la Administración en su propia
lengua debe verse sometido a una serie de medidas sobre
plazos, sobre costes...? Estamos hablando de derechos
fundamentales, señor García Ronda. Es que no entendemos a qué
viene todo este tipo de argumentos. El Gobierno ha incumplido
una norma básica constitucional, reconocida por el propio
Tribunal, de un derecho fundamental de los ciudadanos a la
propia lengua. Pero además, señorías, no estamos hablando de
miles y miles de funcionarios. El artículo 3.º de la Orden de
1990 habla de aquellos funcionarios que están en: a) En la
información al público; b) En la recepción y registro de
documentos; c) Actividades de gestión con significados grados
de proximidad al público. Es decir, no estamos hablando de
todos los funcionarios de la Administración periférica, sino
de funcionarios muy específicos por lo menos. Por tanto,
señorías, no debería haber ningún obstáculo para que esto se
ponga en marcha, se hubiese puesto ya en marcha, de forma
inmediata.
Probablemente, por las palabras del representante del Grupo
Parlamentario Vasco, se va a aceptar la enmienda transaccional
del Grupo Socialista. En todo caso, quiero señalar respecto a
los plazos que las relaciones de puestos de trabajo que
acompañan a las plantillas son anuales. Por tanto, si el
Gobierno quisiese, no sería preciso que transcurriera más de
un año, porque cada año, con motivo de la aprobación de los
Presupuestos Generales del Estado, se aprueban las plantillas
y, de acuerdo con la Ley 30/1984, se aprueban las relaciones
de puestos de trabajo. En todo caso, el motivo de mi
intervención era el de señalar la sorpresa de que, cuando
estamos hablando de un derecho fundamental que no ha sido
recogido por la Administración central en su aspecto
periférico, se pongan como excusas las dificultades de costes
o de plazos.
Nada más, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias,
señor Martínez Blasco.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, intervendré con brevedad, porque
creo que prácticamente el debate ha sido centrado en todos sus
aspectos, para fijar la posición del Grupo Popular respecto a
la proposición no de ley del Grupo Parlamentario del Partido
Nacionalista Vasco, por la que se insta al Gobierno para que
en el plazo de seis meses desarrolle, en definitiva, la Orden
Ministerial de 20 de julio de 1990.
Desde nuestro Grupo hemos de decir que hay una serie de
razones que avalan el que apoyemos con nuestro voto favorable
esta iniciativa. Se ha comentado que el
artículo 3 de la Constitución española, efectivamente, ya
prevé el régimen de cooficialidad, y también he de decir, como
es obvio, que nuestro Grupo es leal a la Constitución y, por
lo tanto, a este principio jurídico-constitucional de primera
magnitud. Y la Constitución se remite a los Estatutos de
Autonomía, donde se establece la cooficialidad con la lengua
autonómica propia, lo que ha sucedido, como se ha dicho, en
seis comunidades autónomas españolas. Además, el Tribunal
Constitucional, no sólo en la sentencia de 26 de junio de 1986
sino en otras muchas --es abundante la jurisprudencia, creo
yo, en esta materia--, ha sido claro en el sentido de
encomendar a las administraciones públicas la ordenación
concreta del régimen de cooficialidad, y de ahí entendemos con
claridad que se mandata también a la Administración central
del Estado --dicho sea stricto sensu, para no soliviantar a
nadie o que se malinterprete-- dentro de la esfera de sus
competencias y, por lo tanto, dentro de la esfera de lo que
constituye la Administración periférica del Estado. Además --
se ha dicho también, se ha reconocido y el portavoz del Grupo
Socialista, cómo no, no lo ha negado--, el propio Gobierno,
por Orden Ministerial de 20 de julio de 1990, establece que se
van a desarrollar, por parte del Gobierno, las dos variables
que se contienen hoy en la proposición no de ley, de aquellas
plazas o puestos de trabajo cuyo conocimiento del idioma
autonómico sea preceptivo y de aquellas otras que constituya
mérito.
En definitiva, siendo esto lo que nos ha planteado hoy, en
esta Cámara, el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), nosotros
tenemos que estar conformes. Pero además he de decir que la
mayoría de las intervenciones nos han satisfecho en el sentido
de que se ha hablado en positivo. Yo, aunque pueda compartir
muchas de las cosas que el señor García Ronda ha expuesto hoy
aquí, también he de ser sincero y reconocer que hay
dificultades materiales que impiden que le peguemos un tirón
de orejas hoy al Gobierno por retrasarse cuatro años en
cumplir sus propias normas. Entendemos que, efectivamente --
aunque no estemos de acuerdo en hablar de precipitación tras
cuatro años--, hay que establecer ritmos, hay que establecer
fórmulas que hagan que sea operativo, que no sea papel mojado
y que, en definitiva, sea una satisfacción a todos nuestros
conciudadanos que quieran dirigirse en el idioma propio de la
comunidad autónoma a la Administración periférica del Estado.
Por eso me alegro de la transacción propuesta, porque a
nuestro Grupo le parecía excesivo --una dilación creemos que
indebida-- el plazo de dos años que establecía su enmienda.
Sin embargo, aunque creemos que el Grupo proponente también
tiene la voluntad de que salga esta proposición no de ley con
el refrendo unánime y el consenso pleno de todos nosotros, me
alegro de esa transacción y, por esas razones, nosotros
también la apoyaremos. Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias,
señor Azpiroz. Señor García Ronda, entiendo que el texto
transaccional que ha presentado su Grupo, sustituye, en la
práctica, a la enmienda que habían presentado con
anterioridad. ¿Es así, señor García Ronda?
El señor GARCIA RONDA: En efecto, señor Presidente, así es.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas
gracias, señor García Ronda.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el
señor Gatzagaetxebarría, a los efectos de significar a la
Cámara la aceptación o rechazo de esta enmienda transaccional.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo Parlamentario, con ocasión de la negociación de
la proposición no de ley que ahora debatimos, ha rechazado los
planteamientos políticos que nos hizo el Grupo Socialista
inicialmente en el día de ayer, con un texto que descafeinaba
totalmente el inicial y con la enmienda que hoy ha presentado
en el Registro de la Cámara. Al final, nosotros hemos dicho al
Grupo Parlamentario Socialista que si no estaba de acuerdo,
votara en contra; el resto de los grupos políticos estaba a
favor. Y fruto de ello, hemos forzado a que el Grupo
Parlamentario Socialista aceptara íntegramente nuestra
proposición no de ley, añadiendo el último inciso que contenía
la enmienda, en la cual se establece que las relaciones de
puestos de trabajo serán remitidas por parte del Ministerio
para las Administraciones Públicas a las comunidades
autónomas. Por tanto, basándose en el tipo de negociaciones
que ha habido, no aceptando las enmiendas, la informal y la
formalmente presentadas por el Grupo Socialista, pero sí el
acuerdo de transacción al que hemos llegado a última hora,
admitimos el mismo, que es el que proponemos que se someta a
votación. Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): ¿Entiende
esta Presidencia que aceptan el texto transaccional
íntegramente? (Asentimiento.) De acuerdo. Muchas gracias.
Vamos a proceder a la votación, señorías. (El señor Presidente
ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Se somete a votación la proposición no de
ley del Grupo Vasco (PNV), en los términos de la enmienda del
Grupo Socialista, con las modificaciones aceptadas por el
Grupo proponente de la proposición no de ley. Comienza la
votación (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 297; a favor, 294; en contra, uno; abstenciones,
dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
MEDIDAS DE POLITICA FISCAL QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA
CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DE NUESTRO SISTEMA TRIBUTARIO
(Número de expediente 173/000051)
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: Mociones
consecuencia de interpelaciones urgentes.
Moción del Grupo Popular, consecuente a la interpelación sobre
medidas de política fiscal que piensa adoptar el Gobierno para
corregir las deficiencias de nuestro sistema tributario.
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Costa.
(El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor COSTA CLIMENT: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, nuestro sistema tributario en
estos momentos se ve abocado a una reforma global y profunda;
una reforma global y profunda que viene determinada,
básicamente, por tres circunstancias. En primer lugar, el
crecimiento y el desarrollo de la Unión Europea. En segundo
lugar, las propias peculiaridades de nuestra situación
económica. Y, en tercer lugar, el cambio de modelo de sistema
tributario que está operando en los diferentes países de
nuestro entorno económico, un cambio de modelo que tiene como
finalidad desplazar en parte el peso de la imposición hacia
otras figuras tributarias, más neutrales desde el punto de
vista económico y, por lo tanto, con un menor impacto en las
decisiones de los agentes económicos en materia de ahorro,
inversión y empleo.
El alcance y los fines de esta reforma, señor Presidente,
deben ir dirigidos al principal objetivo de nuestra política
económica, el objetivo último que debe guiar nuestra política
económica, que es cerrar la brecha de bienestar que en estos
momentos existe entre nuestro país y el resto de Europa; una
brecha de bienestar que lamentablemente en los últimos años ha
venido ensanchándose como consecuencia de los errores en la
política económica de los sucesivos gobiernos del señor
González. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien!) Y ello,
señoras y señores Diputados, exige que nuestra política
tributaria se oriente hacia el favorecimiento y el incentivo
del ahorro, de manera que se alcancen unas tasas de inversión
que permitan mejorar nuestros actuales niveles de desempleo,
nuestros niveles de paro que constituyen un drama social con
nombres y apellidos, y que, lejos de ir mejorando en los
últimos años, se han ido deteriorando de forma progresiva.
Esta reforma de nuestro sistema tributario, señor Presidente,
debe ir articulada desde dos perspectivas distintas. En primer
lugar, desde el punto de vista de los ingresos, es necesario
poner en marcha un nuevo modelo de sistema tributario, un
modelo que apueste por la simplificación de las figuras
tributarias por una mayor neutralidad económica y por una
mejora en la equidad, es decir, en la distribución de la carga
tributaria. Y, en segundo lugar, desde el punto de vista de
los gastos, es necesaria una política presupuestaria dotada de
mayor rigor en la que los recursos públicos se gestionen de
una forma más eficaz.
Sin embargo, parece que nuestro Gobierno no lo ha entendido
así a la luz de las últimas medidas aprobadas por el pasado
Consejo de Ministros. En estas medidas el Gobierno, lejos de
incidir en lo que debe ser la contención del gasto público, ha
optado por sorprendernos nuevamente con un incremento de la
presión fiscal y ha prescindido, por tanto, de uno de los
principios clásicos en la política presupuestaria que
condiciona la justicia en los ingresos a una justicia en los
gastos, y la experiencia demuestra que unos mayores niveles de
presión fiscal nunca resuelven el problema del déficit, porque
viene acompañado de unos mayores niveles de gasto público.
Teniendo en cuenta estas circunstancias, señor Presidente, mi
Grupo Parlamentario presenta un paquete de medidas en materia
de política tributaria que tienen como finalidad anticipar lo
que debe ser la reforma de nuestro actual sistema tributario;
una reforma que tiene como punto de partida, en primer lugar,
un paquete de medidas destinado a incentivar la inversión
productiva y a mejorar el reparto de la carga tributaria
dentro de nuestro sistema impositivo. En segundo lugar, es un
paquete de medidas que tienen como finalidad requerir al
Gobierno para que remita a esta Cámara los proyectos de ley de
reforma de la Ley General Tributaria y del Impuesto sobre
Sociedades. Unos proyectos de ley, señoras y señores
Diputados, que el Gobierno mantiene celosamente guardados y
que deben constituir la piedra angular de la reforma de
nuestro sistema tributario. (Varios señores Diputados: ¡Muy
bien!)
En primer lugar, la moción requiere al Gobierno para que
elabore y remita a esta Cámara un plan de lucha contra el
fraude fiscal. Una de las principales críticas que pueden
atribuirse en estos momentos a nuestro sistema tributario es
su falta de equidad, es decir, las desigualdades que produce
en el reparto de la carga tributaria; desigualdades que vienen
motivadas
en gran parte por el nivel de fraude fiscal que existe en
nuestro país, un nivel de fraude que se sitúa en torno a tres
billones de pesetas, es decir, aproximadamente un 5,5 por
ciento del PIB, lo que duplica a los países con mejores
niveles de cumplimiento fiscal.
Pero lo realmente preocupante, señor Presidente, no es el
nivel del fraude fiscal. Lo realmente preocupante son las
causas de ese fraude fiscal, de acuerdo con el último informe
emitido por la Unidad especial de lucha contra el fraude
fiscal, causas que, en mayor medida, son todas imputables y
recaen bajo la responsabilidad del Gobierno: en primer lugar,
la falta de claridad y previsión en la elaboración de las
normas tributarias, la falta de eficacia en la gestión del
gasto público, el rápido crecimiento de la presión fiscal al
que hemos estado sometidos en los últimos años, la diferencia
de tipos entre el Impuesto sobre Sociedades y el IRPF, que
favorece la creación de sociedades interpuestas; la existencia
de figuras tributarias, como el IAE, que someten a tributación
beneficios presuntos y que, por tanto, incentivan y favorecen
el desarrollo de actividades económicas en el marco de la
economía sumergida. Todas ellas son causas cuya
responsabilidad última es del Gobierno. Por ello, en primer
lugar, mi Grupo Parlamentario considera prioritario poner en
marcha un plan de lucha contra el fraude fiscal que corrija
esas deficiencias; un plan de lucha contra el fraude fiscal
que reforme el actual marco jurídico de las relaciones entre
la Administración y los contribuyentes, un marco jurídico
capaz de luchar de forma eficaz contra las operaciones de
ingeniería financiera y la utilización de sociedades
establecidas en territorios de baja tributación, un marco que
reforme el IAE y los sistemas de tributación objetiva en la
medida en que someten a gravamen beneficios meramente
presuntos y favorecen la economía sumergida y el fraude
fiscal; en definitiva, un plan con medidas que sean capaces de
contribuir a mejorar los niveles de cumplimiento fiscal en
nuestro país. En segundo lugar, señoras y señores Diputados,
mi Grupo Parlamentario requiere al Gobierno para que elabore y
remita antes del 31 de diciembre un proyecto de ley de reforma
de la Ley General Tributaria. La historia de la inminente
reforma de la ley General Tributariaes una historia de
anuncios constantes y desconcertantes, sobre todo si tenemos
en cuenta las declaraciones realizadas ante los medios de
comunicación e incluso en esta Cámara por distintos
representantes de la Administración tributaria y del propio
Gobierno. Hace apenas unas semanas el Director General de
Tributos manifestaba que en el Consejo de Ministros del 9 de
septiembre iba a aprobarse el proyecto de ley de la nueva Ley
General Tributaria. Sin embargo, en estos momentos, hace ya
unas semanas que no se ha vuelto a hablar de esa necesaria
reforma. En estos momentos, señor Presidente, nadie cuestiona
la necesidad de reformar la actual Ley General Tributaria,
nadie la cuestiona sobre todo si tenemos en cuenta que fue
aprobada en 1963. Por tanto, es necesario incorporar en ese
marco jurídico los actuales principios constitucionales, es
necesario adecuar los conceptos tributarios a la evolución de
la técnica legislativa y es necesario también resolver los
fracasos de las últimas reformas de la Ley General Tributaria,
que no han sido instrumentos eficaces para mejorar el marco de
las relaciones entre la Administración tributaria y los
contribuyentes; reformas que han constituido todo un fracaso,
como la reforma del sistema de infracciones y sanciones, y que
no han sido eficaces para luchar contra el fraude fiscal.
Junto a esta reforma es necesaria también la elaboración de un
estatuto del contribuyente, un estatuto que clarifique el
marco jurídico de nuestro sistema tributario, que dote de
mayor seguridad jurídica a las decisiones de los agentes
económicos; un estatuto que contenga medidas tan sensatas como
la elaboración de textos refundidos relativos a los distintos
impuestos estatales para que los contribuyentes conozcan las
reglas del juego; un estatuto fiscal que restablezca el
principio de las consultas vinculantes para dotar de mayor
seguridad jurídica las decisiones de los agentes económicos,
un estatuto fiscal que, en definitiva, sirva para clarificar
las relaciones entre los contribuyentes y la Administración
tributaria.
Pero, además, señoras y señores Diputados, es necesario
acometer un paquete de reformas que afecte a los distintos
impuestos que integran nuestro sistema tributario. Con
relación al IRPF, en primer lugar, es necesario elaborar un
calendario que reforme la actual tarifa del impuesto. Esta
reforma de la tarifa debe acometerse sobre la base de dos
principios básicos: en primer lugar, reducir el número de
tramos para adecuar nuestra tarifa a las tendencias
internacionales, y, en segundo lugar, rebajar el tipo máximo
de gravamen para adecuar nuestro tipo máximo al establecido en
los países de nuestro entorno económico. De esta forma,
señoras y señores Diputados, se eliminarán las actuales
distorsiones que produce la tarifa, que favorecen el fraude
fiscal, penalizan el ahorro y penalizan la oferta de empleo.
Pero, junto a esa reforma de la tarifa, señoras y señores
Diputados, es necesario también prever un mecanismo que
corrija de forma automática los efectos de la inflación en los
distintos parámetros del impuesto, un mecanismo que impida que
estas sucesivas subidas de presión fiscal, a las que nos ha
tenido acostumbrados nuestro Gobierno en los últimos años, no
puedan llevarse a cabo; subidas de presión fiscal que,
lamentablemente, afectan a las rentas más bajas. Porque, señor
Presidente, el deflactar la tarifa del impuesto y los
restantes parámetros no supone reducir la presión fiscal de
las personas físicas, no supone rebajar el nivel
de impuestos; supone únicamente, señor Presidente, que en el
mejor de los casos nos quedemos como estábamos.
Sin embargo, mi Grupo Parlamentario considera también
necesario que se aplique, con efectos de 1 de enero de 1995,
la tarifa que el Gobierno y esta Cámara aprobaron en 1991. Una
tarifa que resulta necesaria si queremos favorecer el ahorro,
si queremos favorecer la oferta de empleo y si queremos que
los componentes domésticos de la demanda releven el tirón de
la demanda exterior en el próximo ejercicio 1995.
Junto a estas medidas de reforma en el Impuesto sobre la
Renta, resulta también necesario acometer medidas de reforma
en el Impuesto sobre Sociedades, pero la primera de ellas es
que el Gobierno remita a esta Cámara el proyecto de ley de
reforma del Impuesto sobre Sociedades.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Costa, vaya
concluyendo, por favor.
El señor COSTA CLIMENT: Voy concluyendo, señor Presidente. Un
Proyecto de ley que duerme el sueño de los justos desde 1991.
El Gobierno ha incumplido de forma reiterada, año tras año,
todos los compromisos asumidos con esta Cámara en materia de
reforma del Impuesto sobre Sociedades. Yo me pregunto, señoras
y señores Diputados; ¿de qué seguridad jurídica pueden
disfrutar los agentes económicos si el Gobierno aplaza año
tras año el marco jurídico tributario que debe determinar las
consecuencias fiscales de sus proyectos de inversión y de los
rendimientos que genera?
Creo, señoras y señores Diputados, que resulta necesario
reaccionar ante la pasividad del Gobierno y requerirle,
fijando un nuevo plazo, para que antes del 31 de diciembre de
1994 remita a esta Cámara un proyecto de ley de reforma del
Impuesto sobre Sociedades. Un proyecto de ley que adecue la
tributación de las rentas empresariales a las tendencias
internacionales. Sin embargo, también es necesario poner en
marcha medidas que tienen como finalidad eliminar o reducir
algunas de las distorsiones que produce la actual normativa en
la tributación de las rentas empresariales y que impulse,
además, la actividad inversora a lo largo del ejercicio 1995.
Mi Grupo Parlamentario considera necesario acordar una nueva
actualización de balances. En nuestro país, un país en el que
el Gobierno ha sido incapaz de luchar con éxito contra las
tensiones inflacionistas, no existen medidas correctoras de
los efectos de la inflación en las cuentas empresariales. La
última actualización de balances fue acordada en 1983; desde
entonces la inflación acumulada en las cuentas de las empresas
se sitúa en cerca del 80 por ciento, y esta inflación
acumulada produce importantes ineficiencias en la asignación
de recursos. Importantes ineficiencias, en primer lugar,
porque implica un incremento de la presión fiscal sobre las
rentas empresariales; un incremento de la presión fiscal
derivado de que las empresas tengan que computar en su cuenta
de pérdidas y ganancias amortizaciones y ganancias de capital
meramente nominales. En segundo lugar, porque contribuye a la
dispersión de tipos de gravamen en el Impuesto sobre
Sociedades. Una dispersión de tipos que se produce porque las
empresas vienen sometidas a tipos de gravamen efectivos
distintos, en función del sector de actividad en que se mueven
y en función de la estructura y la composición de los
elementos patrimoniales que integran su activo.
Además de esta actualización de balances, es necesario
acometer o modificar el actual marco, el actual incentivo de
la libertad de amortización, pero el Gobierno ha decidido
prorrogar para 1995 el actual régimen de libertad de
amortización.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Costa, concluya
por favor.
El señor COSTA CLIMENT: Voy concluyendo, señor Presidente.
Como ya manifestó mi Grupo Parlamentario en el momento de la
convalidación del Decreto-ley, el régimen de libertad de
amortización que se aplica en estos momentos en nuestro país
es discriminatorio y no incentiva de forma eficaz la inversión
productiva, fundamentalmente porque resulta incompabible con
la deducción por inversiones.
Por ello, mi Grupo Parlamentario solicita de esta Cámara que
se apruebe un incentivo mucho más eficaz, un incentivo en el
que la ventaja financiera en que consiste la libertad de
amortización venga combinada con una deducción por inversiones
en activo fijo nuevo. Una deducción que sea superior en el
caso de activos de reducida vida útil, para que en estos casos
se compense la pérdida en la ventaja financiera que supone
aplicar a esos activos el régimen de libertad de amortización.
Con respecto a las cotizaciones a la Seguridad Social, mi
Grupo parlamentario considera que el Gobierno debe asumir el
compromiso de reducir el peso de las mismas en la fiscalidad
de las rentas empresariales. Las cotizaciones a la Seguridad
Social constituyen un impuesto sobre el factor trabajo, un
impuesto que penaliza el empleo y un impuesto que difícilmente
puede sostenerse desde la óptica de la responsabilidad
política en un país con una tasa de paro tan elevada como la
que mantenemos en estos momentos.
Por ello, mi Grupo parlamentario entiende que el Gobierno
debería asumir el compromiso de reducir en un período de tres
años las cotizaciones sociales en cinco puntos, ya que
considera que la rebaja en un punto no
constituye más que una declaración de intenciones que no
producirá ningún efecto si no sigue de una política mucho más
consistente en esta materia. Con respecto al IVA, las medidas
que plantea mi Grupo parlamentario tienen como finalidad
eliminar las distorsiones financieras que produce el retraso
en la devolución.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Costa, termine
ya, por favor. Medio minuto, nada más.
El señor COSTA CLIMENT: Termino ya, señor Presidente.
Eliminar las distorsiones financieras que produce el actual
funcionamiento del impuesto. Distorsiones financieras que el
Gobierno del señor González ha sido incapaz de eliminar.
Con respecto a los otros impuestos, mi Grupo parlamentario
considera necesario discriminar entre lo que supone actividad
productiva y lo que supone la mera posesión de riqueza o la
mera adquisición por herencia o legado de un patrimonio
improductivo.
Señoras y señores Diputados, mi Grupo parlamentario plantea
esta moción desde dos ópticas distintas: desde la
responsabilidad y desde la preocupación.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Costa, termine
ya.
El señor COSTA CLIMENT: Acabo ya, señor Presidente.
La responsabilidad por haber sido la fuerza política más
votada en las pasadas elecciones del 12 de junio, y la
preocupación por la incapacidad del Gobierno para resolver los
problemas de este país. Una oferta de política tributaria que
es en definitiva, señor Presidente, la política tributaria que
exige la sociedad española. (Aplausos en los bancos del Grupo
Popular.--Protestas en los bancos del Grupo Socialista.)
El señor PRESIDENTE: A esta moción del Grupo Popular se ha
presentado una enmienda por parte del Grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Para su defensa
tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías cuando
discutíamos la semana pasada la posición del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya a la interpelación
que presentó el Grupo Popular, ya planteábamos que nuestra
postura definitiva la daríamos después de conocer cuáles son
las propuestas de acuerdo que hace al Pleno el Grupo
parlamentario Popular para hacer frente a eso que S.S.
denominaba, cuando lo exponía, una nueva política fiscal desde
una alternativa para ejecutar desde ahora mismo. Lo cierto es
que no compartimos el criterio del punto de partida del Grupo
Popular.
Parten de unir el problema del déficit público con el exceso
de gasto público o con, por así decirlo, el exceso de presión
fiscal. Nosotros no tenemos el mismo planteamiento. Es más,
desde una postura de comprometer a los ciudadanos con el
ejercicio presupuestario, con sacar adelante al país, creemos
que la política fiscal y presupuestaria del Gobierno no debe
reducirse exclusivamente a un objetivo macroeconómico para la
disminución nominal del déficit público. El problema es más
profundo. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué política vamos a abordar?
Hay que diferenciar, por tanto, políticas o gasto público, que
va dirigido a proyectos de un gran valor social o de una alta
rentabilidad para el futuro, y déficit, que vaya dirigido a lo
que pudiéramos llamar gastos improductivos, ineficaces,
suntuarios o de propaganda.
Cuando el Grupo Popular propone unas medidas fiscales que van
a reducir los ingresos del Estado, debiera establecer qué
políticas van a minorarse. En todo caso, y como filosofía
general de la enmienda que el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ha planteado hoy,
diríamos que nuestro Grupo está a favor de que nuestro país
impulse una armonización fiscal comunitaria en base a los
siguientes criterios: Primero, equidad, que paguen todos y que
lo haga en mayor medida el que más gana y no establecer
políticas de desfiscalización de capitales mientras mantenemos
políticas de progresión sobre las rentas del trabajo. Segundo,
garantizar la suficiencia financiera del Estado para que todas
las políticas de gasto estén cubiertas desde la perspectiva de
ingresos. Tercero, la solidaridad para ir a una redistribución
a nivel territorial y a nivel social. Por tanto, queremos
comprometer en una fiscalidad nueva toda la recaudación de
nuestro Estado. ¿Cuáles son las enmiendas que mi Grupo
Parlamentario ha presentado? En la exposición de motivos,
cuandohabla de que la experiencia demuestra que el problema de
déficit público en España se debe principalmente al exceso de
gasto público y no a una insuficiencia de ingresos, nosotros
propondríamos sustituir este párrafo por: La experiencia y la
realidad demuestran que el problema de déficit público en
España se debe a una mala gestión y a una escasa eficiencia
recaudatoria. Por tanto, la política de corrección del déficit
público debe apoyarse en políticas de eficiencia y eficacia en
la gestión del gasto y en la lucha contra el fraude fiscal.
La segunda gran contradicción que tenemos con la filosofía que
propone el Grupo Popular tiene lugar cuando dice que la
política fiscal debe plantearse desde una contención de la
presión fiscal, estableciendo un sistema tributario más
sencillo, más justo y menos distorsionado. Nosotros proponemos
que la política fiscal y presupuestaria debe tener como
objetivo promover
las reformas estructurales con el fin de mejorar la
productividad global del sistema y elevar los niveles de
bienestar social de la población, disminuyendo de forma
progresiva nuestro déficit social.
En la parte más dispositiva de la propuesta, el Grupo Popular
plantea como alternativa a lo que ahora mismo tenemos, por un
lado, un compromiso para remitir a las Cortes, antes del 31 de
diciembre del año 1994, un estatuto del contribuyente.
Nosotros estamos de acuerdo con esta propuesta del Grupo
Popular. El contenido que da a ese estatuto del contribuyente
es que haya un texto refundido de cada unidad fiscal o de cada
ley reguladora de los impuestos estatales, con lo que estamos
también de acuerdo. Proponemos una enmienda a la letra b),
cuando plantea que los contribuyentes que ajusten sus
actuaciones a la doctrina resultante de esas contestaciones no
serán sancionados en ningún caso. Nosotros proponemos la
supresión, de este apartado.
También proponemos la desaparición, en la letra c), de la
supresión del recargo del 50 por ciento en lo que pudiéramos
llamar la revisión del procedimiento administrativo en materia
tributaria.
En el punto 1.2 creemos que el planteamiento de un nuevo
régimen sancionador es lógico dentro de la filosofía de la
proposición. En el punto 1.3, cuando habla de un plan de lucha
contra el fraude, proponemos añadir al final de la letra a):
Dotar a la Agencia Tributaria de mayores recursos humanos y
técnicos. O, por lo menos, de los recursos humanos y técnicos
necesarios para hacer frente a su trabajo.
Proponemos la supresión del punto 1.3 d), cuando habla de un
sistema de diferimiento de los impuestos que se derivan de la
puesta en marcha de una actividad. Es una experiencia que ya
se ha puesto en marcha en el País Vasco. Son una especie de
vacaciones fiscales o de aplazamiento fiscal --no es justa la
expresión vacación fiscal-- que creemos que hoy no es urgente.
Nos parece bien todo lo que haga referencia a un mayor
compromiso del ciudadano con la fiscalidad, pero proponemos la
expresión concienciación fiscal, toma de conciencia fiscal en
lugar de «educación fiscal».
Las mayores divergencias de nuestro Grupo con la propuesta del
Grupo Popular se producen en lo relativo al Impuesto de la
Renta de las Personas Físicas, en el punto 2, o cuando en el
punto 3 habla de los tipos impositivos para determinadas
actuaciones en el Impuesto de Sociedades.
Discrepamos de la propuesta del Grupo Popular en cuanto al
IRPF. Nosotros no creemos que haya que ir a una rebaja de la
tarifa a través de la reducción de todos los tramos y los
tipos marginales. Creemos que esto debe dirigirse a los
niveles más bajos. Proponemos elevar el mínimo exento y que se
elimine el límite de tributación conjunta de IRPF e Impuesto
sobre el Patrimonio, puesto que además está haciendo
prácticamente inútil la declaración del Impuesto sobre el
Patrimonio. No hay nada más que ver la liquidación del
presupuesto para comprobar quién paga el Impuesto sobre el
Patrimonio.
En cuanto al punto 3.1, cuando habla del Impuesto sobre
Sociedades, nosotros lo que proponemos es establecer distintos
tipos impositivos, con carácter general, que discriminen las
sociedades en función de la naturaleza que tenga esa sociedad;
no una actuación general y homogénea, sino gravar según el
tipo de actividades de cada sociedad, sobre todo gravar más
las de carácter especulativo.
Por último voy a dirigirme, en el tiempo que me queda, a dos
propuestas que hace en tres figuras impositivas, en los puntos
4, 6 y 7. Propone en el punto 4 que se establezca un
calendario de reducción de las cotizaciones a la Seguridad
Social en cinco puntos.
Señoría, nosotros creemos que lo que hace falta es abordar la
reforma para mantener la Seguridad Social; definir qué parte
del sistema contributivo se mantiene; qué parte del sistema no
contributivo va vía impuestos; qué parte de Sanidad deriva
hacia lo que puede ser el régimen de impuestos; pero
plantearse la reducción sin abordar de verdad la reforma de la
Seguridad Social no creemos que tenga solución, máxime cuando
aquí, además de abordar esa reducción de cinco puntos, habla
de que hay que reducir un punto, y el gasto social que
significa eso supone el no ingreso al régimen de la Seguridad
Social de unos 204.000 millones de pesetas. Ustedes proponen
un billón de pesetas con esta medida, aunque es verdad que la
gradúan. Por tanto, no sería para hacer frente de golpe, pero
no dicen cómo se va a sustituir: o con menos prestaciones o
con otros ingresos, y en ningún caso queda explícito.
Nosotros tampoco estamos de acuerdo con el tema del IVA. No
creemos que la sustitución sea a través del IVA o impuestos
indirectos. Debiera ir a una mayor progresividad fiscal, pero
es que en la propuesta que ustedes hacen no va con
progresividad fiscal.
Por otro lado, en el punto 7 ustedes hablan de reducir el tipo
actual del uno por ciento en todas las operaciones societarias
en lo que es el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados. Ustedes proponen reducirlo en
diez partes; es decir, de un uno a un 0,1 por ciento. Nosotros
no estamos de acuerdo con esta propuesta.
En cuanto al Impuesto sobre el Patrimonio, yo creo que
debíamos abordar con seriedad una cosa: o mantenemos el
Impuesto o lo quitamos. Si se eleva el mínimo exento, si
además las 500.000 pesetas de plusvalía que se producen en
determinada evolución también queda exenta, si el nivel de
cotización ahora mismo es reducido, desde luego no sé quién va
a cotizar. Aquí no se puede hablar de una especie de
recuperación del estado del patrimonio de los ciudadanos. Aquí
es que no se cotiza. Creo que el impuesto habría que mirarlo
de verdad en el volumen que aporta a los ingresos del Estado
y desde esa óptica ver de qué manera lo gravamos. Ustedes lo
que plantean aquí es simplemente pagar menos.
Termino, señor Presidente, diciendo que la filosofía de
Izquierda Unida iría dirigida a buscar mayor progresividad
fiscal y recaudar en función de políticas más finalistas.
Nosotros nos inclinaríamos, por ejemplo, en lugar de recaudar
vía impuestos indirectos, gasolina, etcétera, ir a figuras
impositivas de carácter finalista; recuperar la idea de que
cuando se va a poner un impuesto sobre la energía va a
dirigirse a mayor eficiencia productiva y a reducir, a medio
plazo, los costes energéticos y no a convertirse en moneda de
cambio de mayores ingresos. Ese sí que sería un camino para
unir el compromiso de los ciudadanos con la Administración;
ver que sus impuestos se destinan a algo directo. Recuperar
carácter finalista sería una de las líneas que Izquierda Unida
incorporaría.
Nada más, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición?
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Muy brevemente, para fijar la posición de nuestro Grupo en
relación con la moción que ha presentado el Grupo
Parlamentario Popular por la que nos plantea un conjunto de
medidas, de naturaleza fiscal, con el propósito --dice-- de
corregir las deficiencias de nuestro sistema tributario.
Vaya por delante que la posición de nuestro Grupo es
coincidente en el objetivo común de intentar, mediante esta
iniciativa que plantea el Grupo Popular, corregir las
deficiencias que tiene nuestro sistema tributario, y podríamos
mantener la coincidencia por cuanto nuestro Grupo, ya en
nuestro programa electoral y en los elementos que definen
nuestra alternativa de política económica, ha introducido
muchos aspectos y muchas medidas dirigidas precisamente
también a corregir esas insuficiencias del sistema fiscal. Lo
que sucede, señorías, es que en estos momentos nuestro Grupo
ya está corrigiendo estas insuficiencias. En la Cámara ya
hemos tenido ocasión de debatir algunos textos legislativos de
naturaleza tributaria, en los que nosotros ya hemos planteado
algunas correcciones y modificaciones sustantivas en cuanto a
la naturaleza fiscal de esos aspectos, que vienen a conseguir
ese propósito común, reitero, del Grupo Parlamentario Popular
y de otros Grupos de ir adaptando el marco tributario a las
circunstancias y situaciones específicas por las que atraviesa
nuestra economía. Por ejemplo, sin ir más lejos, en el debate
de los presupuestos para el ejercicio de 1994 nuestro Grupo
incorporó un conjunto de medidas de naturaleza tributaria, en
las que podríamos coincidir con algunos elementos que contiene
esa moción y que ya se están aplicando en este ejercicio de
1994; corrección de algunos aspectos sustantivos de la
tributación directa y de algunos elementos puntuales
aplicables a determinados sectores en la imposición indirecta.
Asimismo, en el marco del debate de los Presupuestos Generales
del Estado para 1995, nuestro Grupo parlamentario --reitero--
ha incorporado algunos cambios sustantivos y ha coincidido con
el Grupo Parlamentario Socialista en que estén vigentes, a
partir del 1 de enero de 1995, algunos de estos propósitos que
también contiene esta moción. Por ejemplo, y para destacar
algunos de los que yo entiendo que son de mayor trascendencia,
la deflactación de tarifas, índices y deducciones de varios
tributos es una de las medidas que entienden mi Grupo
Parlamentario y otros que debiera ya aplicarse en nuestro
ordenamiento jurídico fiscal, con lo cual esa ya es una
decisión de corrección de lo que también ha sido una
deficiencia durante estos últimos años, que ha sido no
corregir los efectos inflacionarios en los tipos, deducciones
y bases en los distintos tributos de nuestro país. Analizando
detalladamente el contenido de la moción, podría hasta
decirles que coincido con algunos de sus puntos de forma
absoluta. Lo que sucede es que nuestro Grupo está en estos
momentos por ir adaptando gradualmente estas medidas y estas
decisiones que ustedes nos proponen a lo largo del ejercicio
presupuestario vigente, del siguiente y del siguiente, es
decir, a lo largo de toda la legislatura. Dimos un paso
importante en los presupuestos de 1994 y adoptaremos en los de
1995 otras medidas sustanciales importantes de naturaleza
tributaria, dirigidas a bajar la presión de algunos impuestos
directos e indirectos. Sin ir más lejos, la deflactación del
3,5 en todas la bases y en las retenciones del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas es una medida de capital
importancia, yo diría que histórica, pues en esta Cámara en
muchísimas ocasiones hemos estado considerando los distintos
Grupos, y por primera vez se va a adoptar esa decisión, con lo
cual se va a bajar la presión tributaria individual de los
ciudadanos españoles, pero también se van a adoptar otras
decisiones, como por ejemplo resolver la clásica e histórica
doble tributación en España, por lo que hace referencia a la
tributación que se soporta en el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, y la que también se soporta por el mismo
concepto de distribución de beneficios en el Impuesto sobre
Sociedades, con lo cual esta deficiencia (que es la doble
tributación, que se incorpora por primera vez --reitero-- en
el ordenamiento tributario español a través de una corrección
que se introduce en los Presupuestos Generales del Estado
y leyes que los acompañan en esta ocasión, y que se denuncia
en esta moción), es superada.
Estamos, pues, coincidiendo en el mismo objetivo, estamos
teniendo ya unos resultados concretos y evidentes hasta la
fecha, vamos a seguir analizando y desarrollando cambios en el
ordenamiento tributario, coincidiendo en algunos puntos --
porque estoy seguro de que coincide toda la Cámara--, y otros
en los que no coincidimos y que mi Grupo defiende los vamos a
apoyar en los próximos debates tributarios. También, sin ir
más lejos, la próxima presentación del Impuesto sobre
Sociedades contiene buena parte de estas resoluciones, donde
nuestro Grupo va a defender algunos de esos aspectos que ahí
se contemplan, porque es necesario hacer una adaptación de
este tributo al marco general aplicable en Europa y, por el
mismo concepto, a toda la realidad económica de esos países.
Señorías, nuestro Grupo en esta moción sólo puede manifestar
que coincide, como he dicho, en el propósito general y también
en algunos elementos puntuales que en ella se contemplan.
Estamos ya consiguiendo estos propósitos, vamos a continuar
trabajando en esos puntos y vamos a continuar dando pasos
sustantivos, que ya hemos dado algunos.
Por lo manifestado no creemos necesario aprobar esa
declaración tan genérica de voluntades que contiene la moción,
sino que debemos ir trabajando día a día, adoptando medidas,
una tras otra, en todos los trámites parlamentarios
legislativos y en el marco de lo que son las posibilidades
reales de adoptar esas medidas para que, al dotarse todas
conjuntamente, como aquí se nos propone, tampoco puedan
desestabilizar el sistema económico actual. Nada más. Muchas
gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Homs.
Para fijar la posición del Grupo Socialista, tiene la palabra
el señor Martínez Noval.
El señor MARTINEZ NOVAL: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, voy a fijar brevemente la posición de mi Grupo, que
ya les adelanto que será contraria a la aprobación de la
moción presentada por el Partido Popular. Pero antes,
señorías, quiero, sin menosprecio de nada ni de nadie,
confesarles que abordo personalmente el análisis de la moción
del Grupo Popular, sobre todo el análisis de los argumentos
que se utilizan en su defensa, cuando se habla de un modelo
fiscal o al menos de un conjunto de elementos que quieren ser
parte de un nuevo modelo de tributación, de un nuevo modelo
fiscal; abordo --repito--personalmente ese análisis con un
cierto escepticismo. Ustedes se preguntarán: ¿A qué obedece mi
relativismo en esa materia? Señorías, yo he asistido, muchos
compañeros de mi Grupo hemos asistido a discusiones fiscales
en esta Cámara y muchos compañeros de mi Grupo y yo mismo
hemos visto a algunos miembros del Grupo proponente romperse
las manos aplaudiendo un modelo fiscal que tenía como elemento
central la sustitución radical del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas por un impuesto general sobre el consumo.
Ese fue un modelo fiscal que discutimos en esta Cámara. Y yo
también he participado en discusiones, hace años, sobre un
nuevo modelo fiscal que estaba basado en la ya arrumbada curva
de Laffer que supone, erróneamente, como ha demostrado la
experiencia y la evidencia empírica internacional, que
reduciendo los tipos impositivos aumentaba la recaudación de
las haciendas públicas. Cito sólo dos, pero podría seguir
citando discusiones sobre modelos fiscales alternativos que
tuvieron lugar en esta Cámara. De ahí, con todo respeto, sin
menosprecio alguno, mi escepticismo y mi relativismo sobre la
posibilidad de discutir operativamente sobre un nuevo modelo
fiscal.
Pero ya que estamos hablando, señorías, de modelos fiscales,
habría que recordar, primero, algo que parece obvio y que todo
el mundo conoce: qué es un modelo. Un modelo es un conjunto de
elementos que conjugados conducen a unos resultados
determinados. Por tanto, ¿qué se le puede exigir, con qué
argumentos y con qué resultados podemos juzgar un modelo
fiscal? Creo que básicamente, no exclusivamente, dos son los
resultados que se pueden esperar de un modelo fiscal: uno, un
nivel de recaudación y, dos, una determinada y concreta
distribución de la renta derivada de la progresividad o de la
regresividad del impuesto. Pues bien, sobre esas bases creo
que el modelo, o los elementos que en el futuro vayan a
conformar un modelo más completo en los términos en los que
hoy los presenta el Grupo proponente, conducen a una reducción
de la recaudación y a un empeoramiento de la distribución de
la renta, tal cual en estos momentos está vigente en nuestro
país. Y eso para nosotros son razones más que suficientes para
el rechazo de esta moción.
Señorías, a propósito de cualquier modelo fiscal se hacen
afirmaciones y relaciones de causa-efecto que no puedo por
menos de calificar, con todo respeto porque son plenamente
legítimas, de ideológicas, pero son afirmaciones que se
pretenden teñir con cientifismo o, al menos, se asegura que
están contrastadas por la realidad. Así, se establece una
relación muy estrecha entre fiscalidad y oferta de trabajo, no
se ha utilizado desde esta tribuna, se han empleado otras a
las que me referiré, pero siempre se establece la relación de
que una fiscalidad demasiado gravosa, demasiado agobiante,
conduce a una reducción de la oferta de trabajo porque hay
gente a la que no le apetece trabajar porque no le merece la
pena.
Pues bien, ésa es una afirmación legítima, pero ideológica,
porque hoy no hay evidencia empírica que sostenga
esa relación de causa-efecto entre fiscalidad y reducción de
la oferta de trabajo. En nuestro país tenemos, además, una
prueba bien evidente: ha habido un incremento de la
fiscalidad, como se ha reconocido por parte del Gobierno desde
esta tribuna --efectivamente, ha habido un importante
incremento de la fiscalidad en los últimos doce años-- y ha
habido también un importante aumento de la oferta de trabajo,
de la oferta de mano de obra particularmente femenina. En
segundo lugar, se establece una relación entre fiscalidad y
ahorro. Tampoco hay, señorías, ninguna evidencia
científicamente contrastada de que un aumento de la fiscalidad
conduzca a una reducción del ahorro y a la inversa, porque hay
experiencias bien recientes y contrarias a esta afirmación: en
los Estados Unidos los gobiernos neoconservadores, a partir
del año 1980, reducen los impuestos en la búsqueda de ese
incremento del ahorro y el resultado no ha sido otro que una
reducción del mismo. Si hay que establecer una relación entre
la fiscalidad y el ahorro, compárese la fiscalidad de Estados
Unidos con la de Bélgica y después compárese la tasa de ahorro
de Bélgica con la de Estados Unidos. Salvo que ésa sea la
excepción a la regla, que no lo es, hay otros muchos ejemplos
de esta naturaleza contradictorios con esa afirmación. Yo creo
que es una afirmación meramente ideológica, respetable,
discutible y que da mucho pie para el debate establecer una
relación estrecha entre la fiscalidad y el ahorro.
En tercer lugar, señorías, se habla de una relación entre la
fiscalidad sobre la mano de obra y el empleo. Este es un tema
más controvertido porque al menos en nuestro caso, en el caso
español, hay resultados para todos los gustos. Lo saben bien
sus señorías. Hay investigadores que seriamente han llegado a
la conclusión de que una reducción de las cotizaciones
sociales, en particular de las cuotas empresariales, conduce a
un incremento del empleo, a pesar de que la reducción de las
cuotas se trate de amortizar por medio de un incremento del
IVA. También hay otra familia de estudios o de trabajos que
demuestran que el efecto no existirá, que no hay ninguna
influencia de la reducción de las cuotas empresariales sobre
el empleo y, en tercer lugar, también hay estudios, tan serios
como los anteriores, que vienen a concluir que una reducción
de las cuotas por la vía de la financiación a partir del IVA
conducirá inexorablemente a una reducción del empleo. Es
decir, que en el caso español hay evidencia empírica y
conclusiones científicas que conducen a resultados para todos
los gustos. Por tanto, no es ninguna verdad revelada afirmar
que hay una relación estrecha y permanente entre fiscalidad y
empleo.
A propósito de las afirmaciones que se hacen en ese sentido
respecto de nuestra realidad, de la realidad española, tengo
que decir, una vez más, como insistió el Ministro, que no es
cierto que la fiscalidad sobre el empleo en nuestro país sea
en estos momentos un instrumento que impida la competencia con
los países de nuestro entorno; insisto y enfatizo, de nuestro
entorno. Nuestro entorno es la Unión Europea y cuatro o cinco
países de la OCDE.
Tengo aquí, señorías, a mi vera, precisamente un trabajo de
esa naturaleza, publicado por un semanario internacional de
economía, de finanzas, que yo reputo entre los más
prestigiosos del mundo y me atrevería a decir que el más
influyente en los medios financieros internacionales. Ese
estudio no está hecho por el propio semanario, por la revista,
sino por una no menos prestigiosa empresa de consulting
internacional, en trece países de la Unión Europea y de la
OCDE. En ese análisis de la fiscalidad del empleo, completa,
lo que se llama la cuña fiscal del empleo, esto es,
retenciones del Impuesto sobre la renta de las Personas
Físicas, cuota empresarial y cuota obrera, esa cuña fiscal en
nuestro país para tres niveles salariales, 30.000 dólares,
60.000 dólares y 150.000 dólares, nuestro nivel de fiscalidad,
de presión fiscal sobre el empleo, no está ni mucho menos
entre los más elevados, entre los más gravosos, sino más bien
al contrario, está entre los dos o tres, de trece países,
menos gravosos. Señorías, creo que es perjudicial seguir
insistiendo en que la fiscalidad sobre el empleo en nuestro
país está impidiendo la competencia con los países de nuestro
entorno, porque eso no es verdad.
A este respecto, quiero contribuir a deshacer el equívoco en
el que se incurre muy a menudo cuando se supone que el nivel
de fiscalidad de las cotizaciones de la Seguridad Social es
del 37,7 por ciento, que es el tipo impositivo vigente en
estos momentos. No es así, ese es el tipo nominal, pero como
ustedes saben bien, la base sobre la que se aplica no son,
desgraciadamente, los salarios reales, sino una base distinta,
que en todos los casos tiene el tope de las bases máximas. Por
eso, el tipo efectivo, no el tipo nominal, no es del 37,7 por
ciento, sino inferior. Sólo hay un caso, y es precisamente la
mayor discriminación fiscal que existía en nuestro país y
también en el resto de países de la Unión Europea, sólo hay un
caso, digo, en el que el tipo nominal coincide con el tipo
efectivo; es cuando el grupo de cotización tiene como base
máxima el salario mínimo interprofesional. En ese caso,
coincide el salario real con la base de cotización y el tipo
nominal es igual al efectivo. Para solventar esa
discriminación entre otras cosas, señorías, se puso en pie el
contrato de aprendizaje, porque el contrato de aprendizaje
prácticamente desfiscaliza la mano de obra no cualificada al
reducir a 3.500 pesetas las cotizaciones empresariales a la
Seguridad Social. De manera, señorías, que, por la vía del
contrato de aprendizaje, hemos reducido prácticamente a la
inexistencia la fiscalidad sobre el empleo en este caso de
trabajo no cualificado, que estaba siendo objeto de una
discriminación inexplicable. Insisto, no sólo en
nuestro país, sino en el resto de países de la Unión Europea.
En último término, señorías, porque creemos que existen otras
posibilidades, que no son la propuesta del Grupo Popular de
lograr un equilibrio entre el necesario impulso de la
actividad productiva en este momento, en este preciso momento,
y la preservación de un nivel de recaudación que permita una
efectiva y operativa lucha contra el fraude. Esa vía y esa
fórmula de equilibrio entre una y otra cosa, con toda
seguridad serán los Presupuestos Generales del Estado para
1995 que el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno han
acordado con el Grupo de Convergència i Unió.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Martínez Noval. El señor Costa tiene la palabra para indicar
si acepta o no las enmiendas presentadas por el Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
El señor COSTA CLIMENT: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, con respecto a las dos primeras enmiendas
planteadas por el Grupo de Izquierda Unida, no podemos
aceptarlas en la medida en que un modelo de sistema
tributario, además del respeto a la recaudación y algún otro
criterio apuntado, no debe resultar antieconómico ni
anticíclico; por lo tanto, no podemos aceptar esas dos
enmiendas.
Con respecto a la tercera enmienda no podemos aceptarla
tampoco, señoras y señores Diputados, porque sería no
reconocer el principio de culpabilidad en materia de
imposición de sanciones.
En cuanto, a la cuarta enmienda, tampoco podemos aceptarla
porque está reconocido que el recargo del 50 por ciento para
las regularizaciones voluntarias fuera de plazo desincentiva
el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias.
Sin embargo, podemos aceptar la quinta enmienda. Con respecto
a la sexta enmienda, tenemos que rechazarla en la medida en
que está demostrado...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Costa, para que
la Presidencia pueda seguirle adecuadamente, al hablar de la
quinta enmienda indique, por favor, a qué apartado se refiere.
Sobre todo en las enmiendas que están dispuestos a aceptar,
indique a qué apartados se refiere porque, si no, no es fácil
hacer el seguimiento.
El señor COSTA CLIMENT: Con respecto a la enmienda que hace
referencia al apartado 1.3 d), no podemos aceptarla porque
desde la evidencia empírica está claramente acreditado que la
existencia de tributos presuntos que recaen sobre las
actividades empresariales en el momento del inicio de la
actividad empresarial incentivan o favorecen el desarrollo de
actividades empresariales en el marco de la economía
sumergida.
Nuestro Grupo Parlamentario está dispuesto a aceptar la
enmienda que hace referencia al apartado 1.3 e).
En cuanto a la enmienda relativa al apartado 2.1 de nuestra
moción, no podemos aceptarla por una razón básica, porque
suprimir el límite conjunto de tributación produciría efectos
confiscatorios en la medida en que obligaría a liquidar el
patrimonio para pagar el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas. Con respecto a la enmienda al apartado 3.1,
tampoco podemos aceptarla porque debe enmarcarse dentro de lo
que es la reforma global del Impuesto sobre Sociedades.
Por lo que se refiere a la enmienda que hace referencia a los
puntos 4 y 7, solamente puedo decirle al grupo proponente que
en lo único en lo que estamos de acuerdo es en que no resulta
admisible sustituir un punto de cotizaciones a la Seguridad
Social por un punto más de recaudación por el Impuesto sobre
el Valor Añadido.
En cuanto al concepto operaciones societarias del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales, la finalidad de nuestra
medida es que el coste de la financiación con recursos propios
sea inferior al actual. En todo caso, sí quiero manifestarle
al Grupo proponente su interés y su rigor con el que han
analizado nuestra moción y han seguido nuestra intervención,
interés y rigor con los que, desde luego, no ha sido seguido -
-y lo digo con todos los respetos-- por otros grupos de esta
Cámara. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Costa.
Pasamos a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular que se somete a
votación en los términos resultantes de la aceptación de las
enmiendas de adición de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya a los apartados 1.3 a)
y 1.3 e).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 294; a favor, 127; en contra, 167.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
---DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL
GOBIERNO PARA COMBATIR EL FRAUDE FISCAL (Número de expediente
173/000052)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya consecuente de interpelación, sobre
medidas que piensa adoptar el Gobierno para combatir el fraude
fiscal.
En nombre del Grupo autor de la moción, tiene la palabra el
señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya pretendía, en este momento en que los Presupuestos
están a punto de entrar en la Cámara, poner el énfasis en un
objetivo fundamental que debe tener la política
presupuestaria, que es hacer frente al fraude fiscal, cuestión
que está en el disparadero de la opinión pública y en el
condicionante de la política presupuestaria. Lo cierto y
verdad es que la situación del fraude fiscal en nuestro país
se ha puesto sobre el tapete precisamente por un informe
elaborado por la Unidad Especial contra el Fraude, que al
profundizar en esta realidad en España situaba el fraude en
cifras altísimas. Hablaba de casi un 5,5 por ciento del
producto interior bruto y cifraba en cerca de 3,3 billones de
pesetas ese posible fraude. Es verdad que el fraude,
precisamente por serlo, no puede conocerse con total
exactitud, pero lo cierto es que todos los caminos apuntan
hacia lo mismo. Esta realidad del fraude fiscal en nuestro
país, que se detecta ahora, no viene «ex novo», no es algo que
haya surgido ahora por una situación coyuntural, sino que es
una evolución constante y estable en algunos parámetros, que
nuestro Gobierno debiera haber abordado con la puesta en
marcha de la Agencia Tributaria y con recursos para hacer más
eficaz la lucha contra este fraude. Esta mañana, el Secretario
General de la Seguridad Social planteaba, refiriéndose a la
reforma de la Seguridad Social, toda una serie de medidas muy
rigurosas de gestión económica para controlar el fraude que
los ciudadanos pueden hacer en la ILT, en lo que pudiéramos
llamar la invalidez provisional, con mucho rigor y de forma
exhaustiva. Sin embargo, nosotros echamos en falta esa
actuación del Gobierno precisamente en los grandes bloques de
fraude que afectan a lo que pudiéramos llamar grandes rentas,
grandes realidades económicas. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Ríos. (Pausa.)
Continúe, señoría.
El señor RIOS MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente. La
idea de Izquierda Unida es coincidente con la del señor Garde
Roca, que es el Director del Instituto de Estudios Fiscales.
Don Juan Antonio Garde venía a decir, en la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, que el fraude está unido
indisolublemente a la disminución del déficit público.
¿Qué pretende Izquierda Unida con esta moción, después de
interpelar al Gobierno? Poner sobre el tapete la necesidad de
un compromiso de la Administración, de todas las
administraciones que componen el Estado, para luchar contra el
fraude y, sobre todo, dirigir la actuación hacia los focos que
desde hace años vienen siendo estable y permanentemente
denunciados por los estudios y por los informes de esta
Comisión.
Desde el año 1986, cuando se hace un informe precisamente para
detectar el fraude después de la reforma del año 1977, ya se
planteaba un fraude en lo que eran las rentas empresariales en
cuanto al Impuesto sobre Sociedades, ya se hablaba de un
fraude en el Impuesto sobre el Patrimonio, ya se hablaba de un
fraude aduanero, tanto en contrabando como en importación y
desgravación fiscal de exportación... En suma, se detectaban
focos de fraude que siguen persistiendo hoy, vinculados
también a paraísos fiscales, con actividades empresariales y
rendimientos de capital, en actividades profesionales que
cuesta trabajo declarar, en la defraudación del IVA en los
impuestos indirectos y en la poca profundidad de la
declaración de beneficios extraordinarios. Este volumen de
fraude que se detectaba en este informe situaba a España en
tres puntos por encima de países como Francia y Canadá,
precisamente países que están estre los más comprometidos en
la lucha contra el fraude.
¿Cuál sería el objetivo de nuestra propuesta? Que la primera
piedra de un sistema fiscal justo fuese el generar un peso
reducido del fraude y comprometer así a todos los ciudadanos
con una acción solidaria, logrando además vincular los
impuestos que se pagan con el compromiso del que ejerce el
poder. La moción intenta comprometer al Gobierno para que
remita a las Cortes, antes del 31 de diciembre del presente
año, un plan concertado de las administraciones públicas, de
lucha contra el fraude fiscal, con los objetivos y plazos de
cumplimiento del mismo.
Creemos que los objetivos que debería tener el plan serían:
Primero, reformar y dotar de mayores recursos humanos,
técnicos y competenciales a la Agencia Tributaria, haciéndola
efectiva ya, después de estos dos años de funcionamiento no
profundo; Segundo, que se precisen planes específicos de
prevención e inspección dirigidos a las grandes bolsas de
fraude a las que antes me refería; y tercero, que se
establezca la igualdad de trato en el control de las distintas
fuentes de renta.
El segundo punto de la moción sería el crear y regular un
cuerpo especial dirigido al control e inspección de los
tributos a los que le son de aplicación los sistemas de
módulos y coeficientes. Sistemas que se han puesto en marcha
bastante erráticamente, sobre los cuales necesitamos una
especialización de la Agencia Tributaria
en el seguimiento de esa figura impositiva. El tercer punto
sería incrementar la colaboración policial contra el fraude
fiscal a través de una unidad especializada en dicha materia.
Respecto al cuarto punto, nosotros creemos que deberíamos unir
lo que pudiéramos llamar la definición de delito fiscal con lo
que es ahora mismo --para que sea entendido como delito
fiscal, el fraude está situado en cinco millones de pesetas--,
no abriendo la espita para incrementar precisamente la cifra
defraudada para considerarlo delito fiscal ampliándola hasta
diez o quince millones de pesetas. Si considerándose delito
los cinco millones de pesetas ya hay un volumen de fraude alto
y no ha habido una actuación, lo máximo que debiéramos
plantearnos sería la actualización en función del crecimiento
del IPC. Por eso proponemos actualizar anualmente la cuantía
legal considerada como delito fiscal deflactando lo que
podríamos llamar la realidad del IPC. Ese sería el objetivo de
la moción.
Señor Presidente, en esta intervención quisiera hacer
referencia a las propuestas que se han hecho por parte de los
Grupos que han presentado enmiendas, tanto del Grupo Popular
como el Grupo Socialista. Entendemos que las propuestas del
Grupo Parlamentario Popular vienen a proyectar a esta moción
parte del texto de la moción que antes hemos debatido y que la
enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista,
puesto que mantiene la estructura de nuestra moción, podía
servir como punto de encuentro de todas las fuerzas que aquí
estamos representadas si se produjesen dos precisiones en su
texto. En primer lugar, cuando señala que el Congreso de los
Diputados, en coherencia con decisiones precedentes que
perseguían la lucha contra el fraude y tratando de dar
continuidad a las mismas, insta al Gobierno, nosotros
quisiéramos sustituir la expresión: continuidad e instar al
Gobierno por: «...dar un impulso a las mismas y urge al
Gobierno para que presente todas las actuaciones...», puesto
que la enmienda del Grupo Socialista lo que hace es eliminar
el compromiso para diciembre de 1994 y lo relativo a la
policía especial contra el fraude fiscal, y retira el punto
cuarto de nuestra moción.
En consecuencia, señor Presidente, estaríamos de acuerdo con
esta enmienda transaccional que propone el Grupo Parlamentario
Socialista con estas dos matizaciones. Nada más, señor
Presidente. Nada más, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rios.
Enmienda del Grupo Socialista. Para su defensa y para fijar la
posición en nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor Martínez Noval.
El señor MARTINEZ NOVAL: Gracias, señor Presidente.
Señoras Diputadas, señores Diputados, el Grupo Parlamentario
Socialista ha presentado una enmienda de sustitución a la
moción de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, cuya
simple lectura ilustrará de la coincidencia que mi Grupo
Parlamentario tiene con el de Izquierda Unida en relación con
el problema de fondo que plantea. Son coincidentes las
preocupaciones de ambos Grupos en estos momentos respecto al
problema del fraude. Por lo tanto, tenía sentido que mi Grupo
presentara una enmienda que, tratando de sustituir la moción
de Izquierda Unida, sin embargo, yo creo que no altera para
nada el fondo de la misma, sino que sólo retoca algunos
aspectos formales. Porque, señorías, en esta enmienda queremos
dar entrada, haciendo referencia a las correspondientes normas
legales, en un caso resolución y en otro caso orden, a medidas
que el Gobierno ha tomado y que son el inicio del camino que
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya propone a la Cámara
andar en la dirección de la persecución y la represión del
fraude. Me refiero a la medidas ya tomadas, y que están
todavía en fase de puesta en práctica, que hacen referencia a
una mayor colaboración policial, en este caso una mayor
colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera, y a la
reciente creación por tratarse del pasado mes de julio, por
medio de una resolución, de unidades especializadas en el
ámbito de la Agencia Tributaria para la gestión y control de
los impuestos sometidos a valoración objetiva, a módulos y
coeficientes.
Señorías, pocos segundos más en defensa de esta enmienda que,
reitero, coincide en el fondo, altera en escasa medida la
forma y, eso sí, suprime el último apartado en la medida en la
que no consideramos conveniente, por la inseguridad que
introduce, incluir la posibilidad de que el límite para la
consideración penal de los delitos fiscales esté sometido a
variabilidad alguna, que es lo que propone el Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya por medio de la
ligazón con la evolución del índice de precios al consumo.
Señor Presidente, quisiera añadir que acepto, señor Ríos, las
modificaciones que usted propone en nuestra enmienda y que
consisten --lo repito una vez más a efectos de que nadie se
confunda-- en sustituir el término «continuidad», en el primer
párrafo, por «un impulso», y el término «insta» por «urge».
Eso es todo, señor Presidente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Noval.
Enmienda del Grupo Popular. Tiene la palabra el señor Costa.
El señor COSTA CLIMENT: Gracias, señor Presidente.
Muy brevemente quiero manifestar, en nombre de mi Grupo
Parlamentario, que las enmiendas que presentamos tienen como
finalidad abordar el problema desde una óptica ligeramente
distinta.
Nosotros somos conscientes de la necesidad de poner en marcha
medidas que permitan dar un paso hacia adelante en el control
y en la comprobación de los cumplimientos fiscales. Pero,
asimismo, si queremos luchas de formar eficaz contra el fraude
fiscal es necesario acometer una reforma global de nuestro
sistema tributario; una reforma global que contemple las
relaciones entre la Administración tributaria y los
contribuyentes en la doble vertiente de derechos y de
obligaciones. Por ello mi Grupo parlamentario presenta como
principales enmiendas aquellas que tienen como finalidad
ampliar el ámbito de la moción del Grupo proponente.
Lo importante --ya lo ha dicho S.S.-- son las causas por las
que existen en estos momentos esos elevados niveles de fraude
fiscal en nuestro país; causas que, en nuestra opinión --como
ya he manifestado anteriormente--, resultan imputables en su
práctica totalidad a la responsabilidad del Gobierno. En
primer lugar, el rápido incremento de la presión fiscal que se
ha producido en nuestro país; en segundo lugar, la elevada
presión fiscal que recae en España sobre las rentas
empresariales y que se sitúa por encima del promedio
establecido en el ámbito de la Unión Europea y de la OCDE; y
en tercer lugar, la complejidad de nuestro sistema tributario,
y en esto sí que tengo que manifestar que mi Grupo dispone de
evidencias empíricas que atestiguan la creciente complejidad
de nuestro sistema fiscal.
Desde 1983 a 1993, el número de disposiciones generales en
materia fiscal aprobadas o propuestas por los sucesivos
Gobiernos del señor González ascendió a 3.000, aproximadamente
una norma distinta en materia tributaria durante cada día en
los últimos 11 años. El nivel de reclamaciones económico-
administrativas en los últimos cuatro año se ha situado en
torno a las 500.000, lo que evidencia también el nivel de
discrepancia que existe en estos momentos entre la
Administración tributaria y los contribuyentes. La ineficacia
en la gestión del gasto público es otro de los factores
determinantes del elevado rechazo del contribuyente a nuestro
sistema tributario, así como la ineficacia de nuestro sistema
fiscal para luchar contra operaciones de ingeniería financiera
y la elusión fiscal internacional a través de paraísos
fiscales. Por cierto, quiero manifestar que de la intervención
del señor Martínez Noval parece desprenderse que los únicos
grupos de esta Cámara que tiene interés o sienten preocupación
por el problema del fraude fiscal son el Grupo Parlamentario
Socialista y el Grupo de Izquierda Unida, pero el único grupo
parlamentario de esta Cámara que ha presentado, a lo largo de
este ejercicio, una oferta legislativa completa para luchar
contra la elusión fiscal internacional, a través del uso de
sociedades establecidas en paraísos fiscales, es el Grupo
Parlamentario Popular. (Aplausos.)
No voy a extenderme más, señoras y señores Diputados, en lo
que supone la justificación de las enmiendas. Solamente quiero
hacer referencia a que, desde el convencimiento de nuestra
opinión, la única manera de luchar de forma eficaz contra el
fraude fiscal es acometiendo una reforma global de nuestro
sistema tributario y creando un debate en esta Cámara sobre
las medidas que el Gobierno o entre todos los españoles
debemos poner en marcha para luchar de forma eficaz contra él.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Costa.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo de
Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías,
Coalición Canaria se congratula de la iniciativa del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unidad-Iniciativa per
Catalunya de traer esta moción consecuencia de la pasada
interpelación, y celebra también que haya ese punto de
aproximación --al que se ha referido su portavoz-- respecto a
la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario
Socialista.
Cuando las fuerzas parlamentarias debatimos la Ley de Régimen
Económico y Fiscal de Canarias, la última aprobada sobre los
aspectos económicos, nos dimos cuenta de que era necesaria una
lucha contra el fraude fiscal, y no solamente aquí en la
intención general que recoge atinadamente, y celebramos, esta
iniciativa tan oportuna del Grupo Parlamentario proponente de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, porque en una
economía como la canaria, con unas leyes fiscales especiales,
también es necesario un consenso en la lucha contra el fraude
porque, si no, la hacienda pública canaria, la hacienda de la
Comunidad Autónoma, ante unos mecanismos recaudatorios, a
veces más complejos y complicados que el que existe en el
territorio peninsular y de Baleares, es decir el territorio
IVA, allí tendría unas bolsas de fraude tan grandes o mayores
porcentualmente que las que se están produciendo en el resto
del territorio peninsular y balear español.
Cuando la unidad especial que ha investigado las bolsas de
fraude fiscal nos da las preocupantes y escalofriantes cifras
de tres billones de pesetas, de un 5 por ciento del producto
interior bruto, no preguntamos: ¿Cómo no se traslada esta
preocupación al actualizado Plan de Convergencia económica que
nos impone el Tratado de la Unión Europea? Porque las
autoridades de Bruselas se limitaron, con una exquisitez en el
trato
por la soberanía nacional, a señalar las necesidades de
convergencia en la reducción del déficit público, y dejaron a
la iniciativa de todos los países qué medidas tenían que
ponerse en circulación legal, por la soberanía plena
parlamentaria de cada país miembro de la Unión Europea, para
reducir y corregir el déficit público. Una de las insinuadas
es, precisamente, la lucha contra el fraude fiscal. No se
trata solamente de reducir partidas presupuestarias por
ahorrar, porque esto puede trasladar daños, por ejemplo, a la
sanidad, a la educación, a la política laboral en las
estructuras sociales. No se trata tampoco de aumentar una
presión fiscal que sería insoportable por los ciudadanos y
empresas cumplidoras de las leyes fiscales y que penalizaría
precisamente a estos cumplidores. Pues bien, la cuantía de las
bolsas de fraude que se dan en España, con la casuística
tantas veces denunciada de las facturas falsas de IVA (en
Canarias empiezan a preocuparnos las facturas falsas de los
impuestos especiales canarios que se están dando por una gran
opacidad en una parte y, por otro lado, por insuficiencias de
estructuras aduaneras o administrativas para el control de los
mismos) nos hace llamar la atención a este respecto. Creemos
que una de las maneras de contribuir al cumplimiento del Plan
de Convergencia de la Unión Europea, una de las medidas de
sanear la ética fiscal del país, una de las medidas de
conducir al ahorro del déficit público está precisamente no en
perseguir al pequeño defraudador o al que hace alguna trampa
en la declaración del Impuesto sobre la Renta de la Personas
Físicas, sino en las grandes bolsas de fraude que dan estas
cifras aquí expresadas.
Por tanto, nosotros entendemos que bien en la fórmula que
propone la moción, en sentido literal, que ha traído el Grupo
proponente de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, bien
en la fórmula que nos parece correcta y que también
apoyaríamos de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista,
debe haber un plan estratégico global de lucha contra el
fraude. Nos congratulamos de que se reconozca aquí la
competencia de comunidades autónomas, como el de la Comunidad
Autónoma Canaria por su régimen fiscal específico, con la
concertación entre las administraciones públicas, porque creo
que esto es ser realistas. Tratar de luchar contra el fraude
fiscal hoy día en España, sin una concertación con las
administraciones públicas competentes, la municipal, la
autonómica y la del Estado, es perder el tiempo e ir por un
camino equivocado de estar reiterando, año tras año, en
escándalos y en denuncias las bolsas de fraude fiscal.
Nosotros entendemos que debe haber una especialización de la
Agencia Tributaria, una dotación de su estructura operativa
fundamental, sin perjuicio de que se recojan las ideas que el
Grupo Popular tiene de traer una ley fiscal, tanto en los
aspectos educativos o pedagógicos como una ley integral
fiscal, pero que sean leyes cumplibles, porque si hacemos
leyes que no se pueden cumplir estaremos hablando de la
conculcación del espíritu de las leyes en cualquier materia
que nos propongamos su actuación.
Entendemos que en los puntos 2 y 3, tanto de las enmiendas
como de la moción originaria, se recogen aquellos aspectos de
la política económica de represión del fraude fiscal de la que
tan necesitados estamos. Y cuando terminemos de hablar de una
policía contra el tráfico de drogas por su operatividad y
empecemos a hablar de una eficaz policía económica contra los
delitos económicos y fiscales, estaremos en la línea de
perseguir a aquellos que están causando los más graves
perjuicios a un Estado social de derecho. Porque a un Estado
social de derecho le perjudica más el fraude fiscal que el
tráfico de drogas, por poner un ejemplo comparativo en este
momento, dando por supuesto también que en cualquier otro
tráfico ilícito se da la figura de evasión fiscal, de
encubrimiento de dinero negro de cualquier otra actividad.
Pero quería poner énfasis en esta actualización, Y en lo que
se refiere a la tipificación penal del delito fiscal, nosotros
estaríamos en la misma línea. Quiero hacer una última
sugerencia en la oferta del portavoz del Grupo proponente, el
Grupo Parlamentario del Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre la entradilla de la enmienda de la instancia
del Congreso de los Diputados. Estamos de acuerdo en que no
sea tanto una continuidad como un impulso a la línea que viene
siguiendo esta Cámara y, sobre todo, que sea un mandato
imperativo para el Gobierno recoger este planteamiento
político que hace la Cámara a algo verdaderamente
impresentable a estas alturas, como es la cuantía del fraude
fiscal en España.
Nada más. Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Casas.
El señor CASAS I BEDOS: Gracias, señor Presidente.
Con mucha brevedad, coincido con parte de la intervención de
don Luis Mardones en el sentido de que este es un tema que
tiene mucho más calado que lo que se pueda decir hoy en el
trámite de una moción consiguiente a una interpelación y,
evidentemente, es una cuestión en la que habrá que trabajar
más en el tiempo y que tiene mucha más profundidad política.
De todas maneras, todos los pasos que se den para acabar con
el fraude fiscal, que evidentemente existe en nuestro país y
que perjudica mucho a la economía, son positivos. Por tanto,
nuestro Grupo, en la medida en que haya consenso entre el
Grupo proponente y el que ha formulado las enmiendas, que creo
que lo hay, va a sumarse a este consenso porque entendemos que
lo fundamental para concienciar realmente a toda la opinión
pública de que hay que abordar el tema del fraude fiscal es un
consenso parlamentario de todas las fuerzas
políticas, que es la primera medida ejemplarizante que hay que
dar al conjunto del Estado. Por tanto, si se produce este
consenso va a contar también con nuestro voto favorable.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Casas.
Entiendo, señor Ríos, que ha expresado la aceptación de la
enmienda con unos matices que, a su vez, han sido luego
aceptados por el representante del Grupo Socialista. Por
tanto, vamos a proceder a la votación.
Moción del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
que se somete a votación en los términos re-sultantes de la
aceptación de la enmienda del Grupo Socialista, con las
correcciones introducidas en el curso del debate por el señor
Martínez Noval.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 279; a favor, 279.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción.
El Pleno se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las ocho y veinte minutos de la noche.