Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 91, de 21/09/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1994 Núm. 91 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 90
celebrada el miércoles, 21 de septiembre de 1994
Página
ORDEN DEL DIA:
--Preguntas (Página 4700)
Interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
medidas de política fiscal que piensa adoptar el Gobierno para
corregir las deficiencias de nuestro sistema tributario
(número de expediente 172/000065) (Página 4723)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, sobre medidas que piensa adoptar el
Gobierno para combatir el fraude fiscal (número de expediente
172/000066) (Página 4723)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Preguntas (Página 4700)
Del Diputado don Xabier Albistur Marín, del Grupo
Parlamentario Mixto, que formula al Excmo. Sr. Presidente del
Gobierno: De acuerdo con el compromiso adquirido por el señor
Presidente del Gobierno en el debate sobre el estado de la
Nación, ante la propuesta del representante del Grupo Vasco
(PNV) de realizar un debate sobre política industrial, ¿cuándo
tiene el Gobierno previsto poner en práctica este compromiso
en función de la trascendencia que tiene este asunto, en
particular ante las expectativas del relanzamiento económico y
el incremento de la actividad comercial exterior de nuestras
empresas y la proximidad del debate presupuestario? (Número de
expediente 180/000653) (Página 4700)
Del Diputado don Juan Pedro Hernández Moltó, del Grupo
Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿En qué
medida afectan los indicadores económicos conocidos en las
últimas semanas a la elaboración de la Ley General de
Presupuestos para 1995? (Número de expediente 180/000660)
(Página 4701)
Del Diputado don Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al
Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Puede garantizar el
Presidente del Gobierno que no se han pagado con cargo a
fondos reservados sobresueldos o gratificaciones a
funcionarios o altos cargos del Ministerio de Justicia e
interior? (Número de expediente 180/000671) (Página 4702)
Del Diputado don Josep López de Lerma i López, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al
Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Cuáles son las razones
que han llevado al Gobierno a adoptar la medida de prohibir la
repetición del COU con objeto de mejorar la nota y así acceder
a los estudios universitarios elegidos? (Número de expediente
180/000657) (Página 4703)
Del Diputado don Angel Mario Carreño Rodríguez-Maribona, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al
Excmo. Sr. Ministro de Educación y Ciencia: ¿Cuándo tiene
previsto el Ministerio de Educación y Ciencia regular las
autorizaciones de los gastos plurianuales de las Federaciones
Deportivas Españolas? (Número de expediente 180/000674)
(Página 4704)
Del Diputado don Emilio Olabarría Muñoz, del Grupo Vasco
(PNV), que formula al Gobierno: ¿Qué actuaciones tiene
previstas el Gobierno para posibilitar la plena integración
del Condado de Treviño en Alava? (Número de expediente
180/000654) (Página 4705)
Del Diputado don Josep Pau i Pernau, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Existe alguna previsión
por parte del Gobierno para mejorar la financiación de los
pequeños municipios? (Número de expediente 180/000664)
(Página 4706)
Del Diputado don Josep Pau i Pernau, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué valoración haceel
Gobierno del Programa de Cooperación Económica Local del
Estado? (Número de expediente 180/000665) (Página 4707)
De la Diputada doña Pilar Rahola i Martínez, del Grupo
Parlamentario Mixto, que formula al Gobierno: ¿Qué valoración
hace el Gobierno del clima de crispación respecto a Catalunya
que se está generando tanto en el ámbito político como en
otros ámbitos, y que está alimentando el enfrentamiento
territorial? (Número de expediente 180/000670) (Página 4708)
De la Diputada doña Carmen Romero López, del Grupo Socialista
del Congreso,
que formula al Gobierno: ¿Para cuándo tiene prevista el
Gobierno la presentación en esta Cámara de la Ley del Fondo
procedente de los bienes decomisados a los narcotraficantes?
(Número de expediente 180/000661) (Página 4709)
Del Diputado don Enrique Martínez Martínez, del Grupo
Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Piensa el
Gobierno gestionar en breve plazo, para el puerto de Málaga,
la calificación explícita de puerto fronterizo de la Unión
Europea? (Número de expediente 180/000666) (Página 4709)
Del Diputado don Ramón Espasa i Oliver, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, que formula al Gobierno: ¿Piensa el Gobierno
prorrogar el Plan RENOVE? (Número de expediente 180/000655)
(Página 4710)
De la Diputada doña María Dolores Pelayo Duque, del Grupo
Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas
está adoptando el Gobierno para mejorar el acceso de las PYMES
a las ayudas a la exportación? (Número de expediente
180/000663) (Página 4711)
Del Diputado don Jerónimo Nieto González, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es el grado de
cumplimiento de la cláusula de salvaguardia a las
importaciones de la Unión Europea de ajo procedente de
terceros países? (Número de expediente 180/000668) (Página 4712)
Del Diputado don Vicente Martínez-Pujalte López, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Comercio y Turismo: ¿Qué medidas piensa
adoptar el Gobierno tras la Sentencia del Tribunal
Constitucional que declara derogadas por la Constitución las
bases 4.ª y 5.ª de la Ley de Bases de 29 de junio de 1911,
referentes a la adscripción obligatoria a las Cámaras de
Comercio e Industria y al pago del recurso permanente? (Número
de expediente 180/000679) (Página 4713)
Del Diputado don Néstor Padrón Delgado, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles han sido las
aportaciones hasta ahora realizadas por el MOPTMA para dar
cumplimiento al Convenio suscrito en su día con la Comunidad
Autónoma de Canarias, Cabildos y Ayuntamientos, para la
reparación y remodelación de las viviendas de los Patronatos
Francisco Franco y Nuestra Señora de Candelaria, en Las Palmas
de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife? (Número de
expediente 180/000662) (Página 4714)
De la Diputada doña María Dolores Sánchez Díaz, del Grupo
Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
posición ha mantenido el Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación en el Consejo celebrado el día 20 de septiembre
en Bruselas sobre la reforma del sector del vino? (Número de
expediente 180/000669) (Página 4715)
Del Diputado don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al
Gobierno: ¿Qué propuestas va a realizar el Gobierno español
ante la revisión del tratado pesquero con Marruecos firmado en
mayo de 1992? (Número de expediente 180/000673) (Página 4717)
Del Diputado don Enrique Fernández-Miranda y Lozana, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Excma.
Sra. Ministra de Sanidad y Consumo: ¿Cuáles son las razones
por las que no se celebran desde el mes de abril de 1994
reuniones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud? (Número de expediente 180/000672) (Página 4718)
Del Diputado don César Villalón Rico, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula a la Excma. Sra.
Ministra de Sanidad y Consumo: ¿Qué medidas piensa tomar el
Ministerio de Sanidad y Consumo ante la Sentencia de la
Audiencia Nacional que anula una de las bases de la
convocatoria MIR 91/92, referida a las especialidades
extrahospitalarias? (Número de expediente 180/000678) (Página 4719)
De la Diputada doña Mercedes Aroz Ibáñez, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es la cifra
estimada por el Gobierno del fraude fiscal en España? (Número
de expediente 180/000667) (Página 4720)
Del Diputado don Cristóbal Montoro Romero, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Ha estimado el Gobierno la repercusión sobre la cifra de
déficit presupuestada de la desviación al alza en el Capítulo
3 de gastos financieros? (Número de expediente 180/000675)
(Página 4721)
Del Diputado don Juan Costa Climent, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo valora
el Gobierno la evidente pérdida de competitividad de la
economía española que se recoge en recientes informes sobre
esta materia, confirmada por el repunte de la inflación?
(Número de expediente 180/000676) (página 4722)
Interpelaciones urgentes (Página 4723)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas
de política fiscal que piensa adoptar el Gobierno para
corregir las deficiencias de nuestro sistema tributario
(Página 4723)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno
para combatir el fraude fiscal4723 El señor Costa Climent
defiende la interpelación del Grupo Popular. Comienza
señalando que el Gobierno carece de un modelo de sistema
tributario y, desde luego, de un modelo de sistema tributario
acorde con las tendencias internacionales. Los principales
objetivos perseguidos por las principales medidas en materia
tributaria que han adoptado los sucesivos gobiernos del señor
González han consistido, básicamente, en incrementar la
recaudación, lo que ha tenido como consecuencia que nuestro
país se encuentre a la cabeza de la Unión Europea en
crecimiento de la presión fiscal.
Agrega que nuestro sistema tributario se caracteriza por un
elevado nivel de complejidad, en parte debido al gran número
de normas tributarias y a la falta de estabilidad de esas
normas tributarias. Concretamente, entre 1983 y 1993, el
número de disposiciones generales en materia fiscal aprobadas
o propuestas por los sucesivos gobiernos de don Felipe
González se elevan a tres mil, circunstancia que, unida a la
defectuosa técnica legislativa y a la incertidumbre sobre qué
normas se encuentran en vigor en cada momento, ha incidido en
la seguridad jurídica de nuestro sistema tributario. Se
produce así un elevado coste en el cumplimiento de las
obligaciones fiscales, es decir, una presión fiscal indirecta,
y por otra parte, la citada incertidumbre y falta de
estabilidad legislativa inciden en la falta de credibilidad de
la política fiscal del Gobierno.
A lo expuesto anteriormente se une el hecho de que en los
Presupuestos para 1993 y 1994 el Gobierno socialista no
deflactó la tarifa ni los restantes parámetros del IRPF,
produciéndose como consecuencia una subida encubierta de este
impuesto, con un incumplimiento de los compromisos políticos y
electorales del Gobierno del señor Gonzalez.
La segunda crítica que podía atribuirse a nuestro sistema
tributario es su falta de neutralidad, falta de eficacia en la
asignación de los recursos dentro de nuestro sistema
económico. En el IRPF tenemos una tarifa con una estructura
que se aleja de todas las tendencias internacionales,
penalizando el ahorro y la oferta de empleo. Se echan también
en falta unos mecanismos automáticos para corregir los efectos
de la inflación.
En cuanto a la tributación de las rentas empresariales,
nuestras empresas soportan una carga fiscal muy superior a la
media de los países de nuestro entorno, con el importante
elemento diferencial del elevado peso de las cotizaciones
sociales que soportan las empresas y que reducen drásticamente
la rentabilidad de los proyectos de inversión y competitividad
de nuestras empresas, representando un verdadero impuesto
sobre el empleo. Sucede, además, que nuestro sistema
tributario adolece de un marco jurídico adecuado para apoyar y
estimular la actividad exterior de las empresas españolas.
Ello da lugar a que nuestro sistema
tributario sea el más regresivo de todos los que existen en el
ámbito de la Unión Europea, no eliminando la doble imposición
internacional, además de ser de muy difícil aplicación.
Por lo que respecta al IVA, el Gobierno tampoco ha sido capaz
de eliminar todas las distorsiones que su funcionamiento
produce en la actividad económica, aunque lo peor de todo es
que nuestro sistema tributario determina un desigual reparto
de la carga tributaria, resultado que se produce, en parte,
por la concreta regulación de las distintas figuras
impositivas y, en parte, por el elevado fraude fiscal
existente en nuestro país. Personalmente piensa que la
responsabilidad de este nivel de fraude fiscal recae
principalmente en el Gobierno, porque las principales causas
que favorecen y estimulan ese fraude fiscal son
responsabilidad del Gobierno, como por ejemplo el rápido
crecimiento de la presión fiscal, la gran complejidad de
nuestro sistema tributario, la ineficaz gestión del gasto
público y la inexistencia de un marco jurídico adecuado para
luchar contra las operaciones de ingeniería financiera y la
elusión fiscal internacional, todo lo cual justifica
plenamente que en estos momentos se acometa una reforma global
del sistema. Añade como razones para la mencionada reforma
global el cambio de ciclo en el que se encuentra nuestra
economía, el vuelco en el panorama político de nuestro país
producido el pasado 12 de junio y, por último, el rechazo
social que el actual sistema tributario despierta en todos los
contribuyentes españoles.
En defensa de la interpelación presentada por el Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya interviene el señor
Ríos Martínez. Afirma que en época de tormentas no es bueno
hacer muchos cambios y algunos de los cambios que se plantean
cuando discuten una política presupuestaria les lleva a
algunas complicaciones. Así, por ejemplo, si se quieren
mantener los gastos que hoy tiene el Estado y las tareas que
desean acometer, el problema que se presenta es que al reducir
los ingresos hay que reducir también los gastos, salvo que se
acuda a otras alternativas para nuevos ingresos. Izquierda
Unida es de la opinión de que debe mantenerse la prestación de
servicios sociales e incluso mejorarlos, así como una política
de inversión activa para incidir en la economía y en la
realidad productiva, e igualmente creen que debe mantenerse un
nivel fiscal que hoy no es progresivo. En este sentido,
entienden que debe irse a un sistema fiscal más progresivo,
orientando la recaudación hacia donde haya mayores recursos.
Sin embargo, la política del Gobierno parece ir dirigida hacia
las exenciones a las empresas, al capital, y a un incremento
de los impuestos indirectos y retenciones de los impuestos
directos, cuando, a juicio de su Grupo, lo que procedería es
hacer lo contrario. Se trataría, en concreto, de conseguir una
mayor progresividad del sistema fiscal y, por otro lado, de
mantener la cifra de ingresos, fundamentalmente a través de la
lucha contra el fraude fiscal.
Pregunta al Gobierno qué se ha hecho realmente en esta lucha
contra el fraude y sobre la eficacia de la Agencia Tributaria,
cuando el propio director del Instituto de Estudios Fiscales
acaba de señalar que el fraude en España se cifra en torno a
los 3,3 billones de pesetas y cuando todos saben de la
existencia de muy importantes bolsas de fraude que, a su
juicio, no se atacan debidamente. Concluye expresando su
convencimiento de que poco van a resolver a través del
presente debate, pero éste puede servir de anticipo a lo que
pueda ser el posterior debate de los Presupuestos, en relación
con las posibilidades de ingresos y gastos.
En nombre del Gobierno contesta el señor Ministro de Economía
y Hacienda (Solbes Mira). Comienza refiriéndose al señor Costa
Climent, del que señala que, partiendo de algunas afirmaciones
correctas, tal vez extrapolando, llega a conclusiones no tan
correctas. Pero, por lo que ve, ésta es una práctica normal en
su Grupo. Reconoce, efectivamente, que la presión fiscal en
España ha aumentado de forma rápida en los últimos años, pero
de ahí no puede sacarse la conclusión incorrecta de que la
presión fiscal en España es muy alta, ya que una cosa no tiene
nada que ver con la otra. A partir de ahí, el señor Diputado
ha realizado una exposición basándose en temas de pasado, en
parte en temas actuales y, en bastantes, de futuro, muchos de
los cuales y de los problemas que detectan están planteados ya
en los Presupuestos para 1995. Reconoce también que se ha
producido una expansión del gasto público en nuestro país, si
se toma como referencia el año 1982, pero también es cierto
que existen factores de contexto económico que tienen su
relevancia para analizar la situación.
En cuanto a la situación de las empresas españolas y el
problema de la competitividad, se ha referido el interpelante
a las cotizaciones sociales, y en este punto es cierto que
están muy desequilibradas, pagando mucho más el empresario que
el trabajador, siendo en este sentido algo diferentes a los
demás europeos, pero también es verdad que nuestra cotización
social media es inferior a la media comunitaria y ni siquiera
la de nuestros empresarios es más alta que la media
comunitaria.
Respecto a la complejidad de nuestras normas tributarias,
afirma que tenían que serlo, dado que desde el año 1982 han
pasado demasiadas cosas en nuestro país, avanzando de una
economía absolutamente cerrada hacia otra totalmente abierta,
la
que en modo alguno podía seguir con el sistema fiscal
anterior. Por otra parte, gran número de las modificaciones
fiscales a que el señor Diputado hacía referencia son
consecuencia de la introducción de la normativa comunitaria en
nuestro país.
Rechaza, por otra parte, que exista inseguridad jurídica en
nuestro país y, antes al contrario, piensa que las normas
tributarias son mucho más exhaustivas y más completas que lo
eran en el pasado.
Acerca de la preocupación del señor Costa por el fraude,
preocupación compartida por el señor Ríos, está de acuerdo en
que la lucha contra el mismo puede ayudarles a resolver parte
de nuestros problemas de déficit, pero en todo caso cree que
deben analizarse las cifras con cierto cuidado, porque los
problemas del fraude existen sin duda en nuestro país, como se
dan en todas las sociedades mínimamente desarrolladas.
El señor Ríos pedía que la lucha contra el fraude se plantease
especialmente hacia los poderosos, donde existe más
posibilidades de recaudar, petición que considera injusta, ya
que la función del Estado es intentar luchar contra el fraude
donde exista, trátese de poderosos o no.
Sobre la preocupación del señor Ríos por lo que se ha hecho y
la actuación de la Agencia Tributaria, afirma que ésta ha
realizado un buen trabajo y, en base a sus informes, en estos
momentos se van desarrollando una serie de medidas concretas
que permitirán convertir dichos informes en actuaciones
específicas. En términos globales, considera satisfactorios
los resultados que se están obteniendo, en un comportamiento
de la Agencia que califica de correcto. Replican los señores
Costa Climent y Ríos Martínez y duplica el señor Ministro de
Economía y Hacienda (Solbes Mira).
Se levanta la sesión a las siete de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
PREGUNTAS:
--DEL DIPUTADO DON XABIER ALBISTUR MARIN, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL EXCMO. SEÑOR PRESIDENTE
DEL GOBIERNO: DE ACUERDO CON EL COMPROMISO ADQUIRIDO POR EL
SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO EN EL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE
LA NACION, ANTE LA PROPUESTA DEL REPRESENTANTE DEL GRUPO VASCO
(PNV) DE REALIZAR UN DEBATE SOBRE POLITICA INDUSTRIAL, ¿CUANDO
TIENE EL GOBIERNO PREVISTO PONER EN PRACTICA ESTE COMPROMISO
EN FUNCION DE LA TRASCENDENCIA QUE TIENE ESTE ASUNTO, EN
PARTICULAR ANTE LAS EXPECTATIVAS DEL RELANZAMIENTO ECONOMICO Y
EL INCREMENTO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL EXTERIOR DE NUESTRAS
EMPRESAS Y LA PROXIMIDAD DEL DEBATE PRESUPUESTARIO? (Número de
expediente 180/000653)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto IV del orden del día: Preguntas.
Pregunta número 7, del señor Albistur Marín.
El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.
Señor Presidente, de acuerdo con el compromiso adquirido por
usted en el debate sobre el estado de la Nación, ante la
propuesta del representante del Grupo Vasco, de realizar un
debate sobre política industrial, ¿cuándo tiene el Gobierno
previsto poner en práctica este compromiso, en función de la
trascendencia que tiene este asunto, en particular ante las
expectativas del relanzamiento económico y el incremento de la
actividad comercial exterior de nuestras empresas y la
proximidad del debate presupuestario?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.
Señor Presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Señor
Presidente, señoría, el Gobierno mantiene, naturalmente, el
compromiso, que considera de la mayor trascendencia. Un debate
sobre política industrial es un debate oportuno. Estamos
haciendo los trabajos preparatorios del mismo, que consisten
en ultimar el libro blanco sobre política industrial por parte
del Ministerio, en acabar el debate que se está produciendo en
la Unión Europea bajo presidencia alemana, y, después de eso,
pretendemos, cuando tengamos las conclusiones, iniciar un
debate con los interlocutores, tanto representantes de los
trabajadores como interlocutores empresariales, y también una
consulta con las comunidades autónomas, que, como sabe usted,
son competentes en materia industrial. A partir de ese
momento, que calculamos que será a principios del año que
viene, podremos hacer el debate con rigor en el Parlamento.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
Tiene la palabra el señor Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Gracias, señor Presidente, por su respuesta directa y concisa.
A mi juicio, considero que hubiese sido mucho más oportuno
haber podido realizar ese debate con anterioridad al debate
presupuestario que va a comenzar próximamente. Creo que es
necesario hacer cuanto antes un diagnóstico que recoja las
iniciativas de los grupos parlamentarios y habría sido
interesante que ese debate hubiese quedado plasmado en los
presupuestos de este año. No obstante, me parece aceptable su
proposición y compromiso de que, aun retrasándonos en este
debate, pueda realizarse teniendo en cuenta ese marco general
de la política industrial de la Unión Europea y, además,
teniendo como documento base el libro sobre política
industrial que está elaborando el Ministerio de Industria. Yo
creo que cada grupo parlamentario ha tenido ocasión de
proponer medidas que incentiven la actividad empresarial. No
podemos decir que el resultado haya sido muy positivo, pero el
Gobierno y los grupos parlamentarios no hemos sido capaces de
establecer todavía un catálogo consensuado de medidas para
activar las empresas y el sistema productivo. Pienso que es el
momento de romper con 10 años de política de especulación
financiera, que, además, ha contribuido a drenar recursos al
sector industrial, y situar, de una vez, al Estado español en
el puesto que le corresponde como potencia industrial. También
es el momento, como usted ha señalado y me alegra que lo haya
hecho, de coadyuvar, junto con los gobiernos de las
comunidades autónomas, a recuperar el prestigio industrial a
zonas como el País Vasco y Asturias.
Espero que sus afirmaciones del 19 de abril, que ha retomado
en este momento, no queden relegadas al año próximo porque
creo que sería muy oportuno realizar ese debate dentro del año
1994.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.
Señor Presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez):
Comprendo, señor Albistur, que hay opiniones sobre el tema, y
respeto la suya. Realmente, hemos creído que la opción que
adoptamos es la mejor, es más realista y dará más fundamento
al debate en esta Cámara porque, si observa, en Europa,
prácticamente en todos los países de la Unión, existe la misma
preocupación. En este momento, existe --se está elaborando,
mediante difusión entre los distintos gobiernos-- un
documento, que estará ultimado a fin de año, bajo presidencia
alemana, sobre política industrial. Ese documento tendremos
que tenerlo en cuenta; tiene una cierta lógica perteneciendo a
la Unión. Desde luego, hay medidas ya en los presupuestos
sobre política industrial, naturalmente, también medidas de
fomento a la exportación, pero, además, para que el debate
tenga un verdadero contenido y sea realista, queremos que haya
también conversaciones con los interlocutores sociales, tanto
trabajadores como empresarios, y, desde luego, respetar el
ámbito competencial de las comunidades. Esto es lo que me hace
pensar que al final de ese proceso sería más oportuno el
debate en el Parlamento.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
--DEL DIPUTADO DON JUAN PEDRO HERNANDEZ MOLTO, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN QUE
MEDIDA AFECTAN LOS INDICADORES ECONOMICOS CONOCIDOS EN LAS
ULTIMAS SEMANAS A LA ELABORACION DE LA LEY GENERAL DE
PRESUPUESTOS PARA 1995? (Número de expediente 180/000660)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 11, del señor Hernández
Moltó.
El señor HERNANDEZ MOLTO: Muchas gracias, señor Presidente.
Hace tan sólo unos días, la opinión pública conocía la
evolución del índice de precios al consumo del mes de agosto
en un 0,6, que alejaba definitivamente la posibilidad de
alcanzar el objetivo previsto por el Gobierno para el año 1994
de 3,5 puntos de inflación.
Es evidente que esa información ha causado una cierta
preocupación en la opinión pública, así como en los mercados
financieros por la lógica consecuencia que el comportamiento
de precios pudiera arrastrar en el comportamiento del tipo de
interés y en su consiguiente nivel de déficit para este año.
Esto, unido a algunas afirmaciones, declaraciones, incluso
rumores que se están, en este momento, produciendo en los
mercados económicos, hace muy conveniente por parte del
Gobierno despejar esos horizontes.
Por ello, el Grupo parlamentario Socialista pregunta al
Gobierno y, más concretamente, al Presidente del Gobierno, el
impacto, la incidencia que la evolución de estos indicadores
va a tener para el ya casi cerrado plazo de evolución de la
elaboración de los presupuestos generales de 1995.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hernández Moltó.
Señor Presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Señor
Presidente, señoría, el Gobierno, naturalmente, tiene en
cuenta la evolución de esos indicadores. Yo creo que hoy nadie
discute, ni los expertos ni el resto de la ciudadanía, que
estamos en una fase
de recuperación económica y el Gobierno tiene el propósito,
que se reafirma justamente porque ha habido algunos datos
negativos como el de inflación en el mes de agosto, tiene el
propósito de que los presupuestos contribuyan a consolidar la
recuperación económica y contribuyan a ello, primero,
controlando el déficit. El objetivo de déficit para 1995
coincidirá con el marcado en el Programa de Convergencia y,
naturalmente, a través de una reducción del gasto. El gasto
público evolucionará en 1995 por debajo del crecimiento del
PIB nominal; por consiguiente, habrá una menor participación
del gasto público en el gasto total.
Naturalmente, creemos que ese esfuerzo de la Administración
central va a ser también acompañado por un esfuerzo del resto
de las administraciones territoriales. Y también quiero
advertir que esto es compatible con el mantenimiento de las
prioridades presupuestarias por parte del Gobierno, tanto en
política social (acabamos de hacer el acuerdo de pensiones,
aunque algunos dudaban de ello) cuanto desde el punto de vista
de algunos servicios públicos esenciales, como la sanidad o la
educación. Desde luego, el presupuesto pretendemos que sea, en
el año 1995, de nuevo, un instrumento no sólo para ayudar a la
reactivación, sino para ayudar a la economía productiva y, por
eso, habrá algunas medidas orientadas en ese sentido que
fomentarán, a mi juicio, la creación de empleo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
--DEL DIPUTADO DON FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
EXCELENTISIMO SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿PUEDE GARANTIZAR
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO QUE NO SE HAN PAGADO CON CARGO A
FONDOS RESERVADOS SOBRESUELDOS O GRATIFICACIONES A
FUNCIONARIOS O ALTOS CARGOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA E
INTERIOR? (Número de expediente 180/000671)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 22, del señor Trillo-
Figueroa.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE: Gracias, señor
Presidente. Señor Presidente del Gobierno, desde 1987 el
Ministerio del Interior de su Gobierno ha consumido casi
20.000 millones de pesetas en fondos reservados. Sólo en tres
años, 12.140. Se publica a diario que esos fondos se han
aplicado al pago de sobresueldos a altos cargos y funcionarios
del Ministerio, e incluso el señor Corcuera, ex ministro del
Interior, no lo desmintió precisamente. ¿Puede usted hoy
garantizar a la Cámara que no se han efectuado esos pagos? El
señor PRESIDENTE: Gracias, señor Trillo.
Señor Presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Señor
Presidente, señoría, sabe usted --yo creo que lo conoce por su
cualidad de jurista-- que no es posible hablar, ni declarar,
ni comunicar nada sobre fondos reservados; lo sabe unted y,
aun así, hace la pregunta. Es la quinta vez que se hace una
pregunta en parecidos términos al Gobierno. Anteriormente, el
Ministro de Justicia y el Ministro de la Presidencia han
respondido y muy recientemente también lo han hecho
públicamente. El Presidente del Gobierno no puede vulnerar la
Ley de Secretos Oficiales. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
Silencio, señorías.
Señor Trillo.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE: Le agradezco la
condición de jurista, porque me permitirá que le asesore,
señor Presidente. (Aplausos y risas en los bancos del Grupo
Popular.)
Señor Presidente, el Ministro de Interior y de Justicia puede
asesorarle para saber que yo no le pregunto por el uso legal
de los fondos reservados para servicios de información, lucha
antiterrorista, prevención de la delincuencia. Le estoy
preguntando por el uso ilegítimo de los fondos reservados, y
ese uso ilegítimo, señorías, no está amparado por ninguna ley,
porque es un delito en el artículo 396 del Código Penal, que
dice: El que aplicare a usos propios o ajenos los caudales o
efectos que pusieren a su cargo. En consecuencia, no hay una
ley en el Estado de Derecho --no creo que nadie lo sostenga en
esta Cámara-- que proteja un delito y que proteja a
delincuentes, señor Presidente. (Fuertes rumores.)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE: Usted tiene el deber
de investigar a fondo, porque los fondos no son reservados
para usted, señor Presidente: se los ha dado esta Cámara al
Gobierno del que usted es el depositario de la confianza, y
usted tiene que responder aquí del uso de esos fondos.
Le emplazo, señor Presidente, a que si no lo quiere garantizar
hoy, abra una investigación interna, lo solicite del Fiscal
General del Estado, porque es un delito, señor Presidente,
vuelvo a insistirle, o cree usted una comisión de
investigación en esta Cámara. Nosotros estamos dispuestos. Le
voy a recordar, señor González, y lamento hacerlo, pero ya que
el asesoramiento me lo ha pedido se lo hago completo, que en
el artículo 395 también se castiga como delito a aquél que,
por abandono o negligencia
inexcusable, diera ocasión a que se cometiera una malversación
como la que acabo de citar en el 396, señor González.
Nuestro partido no le desea ese final, pero sepa usted que o
aplica la debida diligencia para averiguar hasta la última
peseta de uso ilegítimo de fondos reservados o, si se llega a
probar un solo caso y usted no ha puesto esa diligencia, no
podrá quedarse ni un día en el cargo de Presidente del
Gobierno. (Varios señores Diputados del Grupo Popular: ¡Muy
bien!--Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Trillo.
Señor Presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): La verdad
es que su pasión por la política oscurece su capacidad como
jurista. Es evidente. (Fuertes risas en los bancos del Grupo
Socialista.--Aplausos.)
Sobre la base de suposiciones, usted hace afirmaciones que son
absolutamente gratuitas. Sin embargo, al mismo tiempo, insiste
en que yo haga aquí una declaración, naturalmente de manera
capciosa, que vulnere el artículo 13 de la Ley de Secretos
Oficiales y, por consiguiente, que me haga incurrir en una
actitud delictiva. (Protestas en los bancos del Grupo
Popular.) Su señoría sabe absolutamente que esta es la
interpretación correcta y sabe también que hay una gran
dificultad para que eso se entienda desde el punto de vista de
la opinión pública. Por eso, en las próximas semanas habrá un
proyecto de ley para que haya un control parlamentario que
mantenga el secreto y la reserva, porque sabe usted que es
fundamental para el uso de los fondos reservados. Por
consiguiente, habrá esa ley y ese control parlamentario. Y yo
estaré encantado de que el Gobierno esté sometido a ese
control parlamentario, como a los otros. (Aplausos en los
bancos del Grupo Socialista.--Protestas en los bancos del
Grupo Popular.--El señor Guerra Zunzunegui: ¡Qué barbaridad!)
--DEL DIPUTADO DON JOSEP LOPEZ DE LERMA I LOPEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), QUE FORMULA AL
EXCELENTISIMO SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CUALES SON LAS
RAZONES QUE HAN LLEVADO AL GOBIERNO A ADOPTAR LA MEDIDA DE
PROHIBIR LA REPETICION DEL COU CON OBJETO DE MEJORAR LA NOTA Y
ASI ACCEDER A LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS ELEGIDOS? (Número de
expediente 180/000657)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 10, del señor López de
Lerma. (Fuertes rumores.) ¡Silencio, señorías!
Señor López de Lerma.
El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Gracias, señor Presidente. La
Orden de 7 de julio último, sobre condiciones de inscripción y
permanencia en el Curso de Orientación Universitaria,
publicada el día 12 de julio en el «Boletín Oficial del
Estado», tiene la virtud de clarificar algunos aspectos de una
Orden anterior, concretamente de 1991, pero conlleva la
decisión polémica, por lo observado, de negar la posibilidad
de repetir curso a aquellos alumnos de COU que, habiéndolo
superado, desean mejorar nota para tener mayores posibilidades
de éxito... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!
El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Decía, mayores posibilidades
de éxito en su acceso universitario. De ahí nuestra pregunta,
señor Ministro, sobre las razones que le han impulsado a dar
esta Orden ministerial.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López de Lerma.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, la prohibición contenida en la Orden ministerial a la
que se ha referido no es una prohibición absoluta. Estos
alumnos pueden inscribirse en el Curso de Orientación
Universitaria de nuevo, si de lo que se trata es de hacer otra
de las cuatro opciones previstas en la normativa relativa a
ese curso preuniversitario. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Ministro.
Señorías, ruego guarden silencio y ocupen sus escaños.
(Pausa.) Cuando quiera, señor Ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra):
Muchas gracias, señor Presidente.
Pero no para seguir, decía, señoría, en la misma opción de la
que ya han obtenido resultados positivos. Esto supondría
desvirtuar la finalidad del Curso de Orientación Universitaria
y supondría dificultar la planificación de los accesos de
nuevos estudiantes a la realización de este curso. Aparte de
esto, la Orden de julio de 1994 no hace sino establecer de una
manera explícita los mismos principios que se habían dispuesto
en una orden ministerial de 1991, y que hasta entonces se
encontraba vigente.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor López de Lerma.
El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Muchas gracias, señor
Presidente. Quiero agradecer al señor Ministro la información
que ha facilitado a la Cámara, pero también manifestar lo
siguiente: En primer lugar, me parece absolutamente
sorprendente la publicación de esta Orden el día 12 de julio,
es decir, en plenas vacaciones estivales, con matrículas ya
realizadas o en curso de tramitación, con planificaciones
escolares ya realizadas. Me parece que ésa ha sido una
decisión del Ministerio muy lenta y, en todo caso, inoportuna
en el tiempo.
Una segunda observación. Esta medida restrictiva, señor
Ministro, no disminuye el número de candidatos a acceder a la
Universidad. En todo caso, lo que pone en evidencia es la
necesidad de diversificar con urgencia la enseñanza superior;
si no, podemos correr el peligro de tener un país sin niveles
medios bien formados. Por último, esta Orden Ministerial lo
que hace es maquillar --si me permite la expresión-- un
conflicto que lleva años ahí, en la puerta, esperando una
solución definitiva. Precisamente hoy he recibido el informe
sobre el estado y situación del sistema educativo, que me ha
facilitado el Presidente del Consejo Escolar del Estado, y el
propio Consejo Escolar del Estado estima --y leo literalmente-
- que el actual modelo de acceso a los estudios superiores
debe ser revisado con mucha mayor profundidad. Estima también
el Consejo que esta reforma profunda es necesaria para evitar
que continúen situaciones como aquellas de alumnos que desean
cursar una carrera universitaria y no pueden y son enviados a
otras facultades, a otras universidades, para realizar unos
estudios para los cuales ellos no se han preparado.
Nada más, señor Presidente.
Muchas gracias, señor Ministro. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López de Lerma.
Señorías, ruego guarden silencio. (Pausa.)
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra):
Gracias, señor Presidente.
Señoría, la Orden no constituye por sí misma ninguna sorpresa
puesto que el régimen ya estaba vigente, aunque es verdad que
no establecido de una manera tan expresa, desde 1991. De ahí
que el propio Consejo Escolar del Estado, las administraciones
educativas, todas, hayan informado favorablemente la emisión
de esta Orden Ministerial.
Por otra parte, señoría --volviendo a la pregunta--, la
cuestión sería de escasa utilidad. No tiene sentido,
seguramente, repetir el Curso de Orientación Universitaria,
que sólo forma parte, junto con las calificaciones de otros
tres cursos, del 50 por ciento de la nota de acceso a la
Universidad, cuando es posible, y esto sí que es perfectamente
legal, repetir la prueba de acceso a la Universidad, que
constituye el otro 50 por ciento de los componentes de la nota
que se tiene en cuenta para el ingreso en los centros
universitarios. Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON ANGEL MARIO CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
EXCMO. SR. MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA: ¿CUANDO TIENE
PREVISTO EL MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA REGULAR LAS
AUTORIZACIONES DE LOS GASTOS PLURIANUALES DE LAS FEDERACIONES
DEPORTIVAS ESPAÑOLAS? (Número de expediente 180/000674)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 25, del señor Carreño
Rodríguez-Maribona.
El señor CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA: Muchas gracias, señor
Presidente. La Ley del Deporte señala entre las competencias
del Consejo Superior de Deportes autorizar los gastos
plurianuales de las federaciones deportivas españolas en los
supuestos reglamentariamente establecidos. Pues bien, estos
supuestos se limitan hasta ahora, a través del Real Decreto
sobre Federaciones, a uno: No podrán comprometer gastos de
carácter plurianual cuando el gasto anual comprometido supere
el 10 por ciento de su presupuesto y rebase el período de
mandato del Presidente.
Creemos que es absolutamente incompleto, injusto y
discriminatorio. ¿Por qué? Porque las Federaciones, entidades
privadas y con personalidad jurídica y patrimonio propios,
tienen muchas mayores limitaciones que el Ministerio, que el
Ministro de Educación y Ciencia, que el Consejo Superior de
Deportes, que tutelan a aquéllas. Y a éstos la Ley General
Presupuestaria les permite contraer compromisos plurianuales
(70 por ciento el primer año y así sucesivamente los
siguientes), aunque el Ministro o Secretario del Deporte cesen
en sus mandatos. De ahí nuestra pregunta: ¿Cuándo tiene
previsto el Ministerio de Educación y Ciencia regular las
autorizaciones de los gastos plurianuales de las Federaciones
Deportivas Españolas?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carreño.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra):
Gracias, señor Presidente.
La Ley del Deporte, señoría, prevé que las Federaciones
Deportivas Españolas no podrán aprobar presupuestos
deficitarios, que no podrán comprometer gastos de carácter
plurianual sin autorización, siempre excepcional, del Consejo
Superior de Deportes.
Esta autorización ha sido regulada por medio de un Real
Decreto de 1991, de fecha 20 de diciembre, que prevé que esta
autorización habrá de darse en el caso de que se cumplan dos
supuestos: cuando el gasto anual comprometido supere el 10 por
ciento del presupuesto de la Federación correspondiente y
cuando ese compromiso rebase el mandato del Presidente de la
Federación. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Carreño.
El señor CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA: Señor Presidente, ya
hemos indicado y recordado ambos tanto la Ley como el Decreto,
pero insisto, señor Ministro, en la necesidad de desarrollar
reglamentariamente, flexibilizándola, la vida administrativa
de las Federaciones.
Tengamos en cuenta que hay 18 Federaciones con una subvención
inferior a 50 millones de pesetas en 1994; que los gastos
fijos de éstas y de las demás Federaciones en gran parte
superan ya el 10 por ciento en compromisos plurianuales; que
la preparación plurianual de equipos nacionales para
compromisos internacionales supera con creces esa limitación
del 10 por ciento del presupuesto anual; que los recursos
propios de las Federaciones son, en todas ellas, muy
superiores al 10 por ciento del total; que Televisión,
publicidad, genera importantes ingresos, desde luego muy
superiores a ese 10 por ciento, e ingresos, además,
plurianuales; y que no es lógico ser más interventor el
Consejo Superior de Deportes con las Federaciones que la Ley
General Presupuestaria y la Intervención General del Estado
con el Ministro del Deporte y con el Consejo Superior de
Deportes.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carreño.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra):
Gracias, señor Presidente.
Señoría, no puedo estar de acuerdo con sus apreciaciones. El
Consejo Superior de Deportes emite sus autorizaciones en
relación precisamente con el carácter excepcional que la Ley
del Deporte y su desarrollo reglamentario --que sí que lo hay,
el que le he citado de 1991-- prevé, teniendo en cuenta los
ingresos y los presupuestos de las diferentes Federaciones.
De ahí que en algunos supuestos (caso de la Federación de
Baloncesto) sea autorizado ese deslizamiento plurianual de
determinadas operaciones, y de ahí que para determinadas
Federaciones (como hay algún otro ejemplo, que, sin duda,
conoce S.S., en que los gastos de amortización y los gastos
financieros no pueden asegurarse) no sea posible dar con el
carácter ordinario la autorización prevista reglamentariamente
por parte del Consejo Superior de Deportes. El Consejo
Superior revisa anualmente esas cantidades y sigue
consolidándose desde 1991, con la anuencia del Ministro del
Deporte, por supuesto, en los dos criterios que están
previstos en el Decreto de 1991 en desarrollo de la Ley: que
no rebase el 10 por ciento del presupuesto de la Federación,
lo cual en el estado actual de las Federaciones parece que es
razonable, y, por otra parte, que no se rebase el período de
mandato del Presidente de la Federación, lo cual es en sí
mismo supuestamente razonable también.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON EMILIO OLABARRIA MUÑOZ, DEL GRUPO VASCO
(PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE ACTUACIONES TIENE
PREVISTAS EL GOBIERNO PARA POSIBILITAR LA PLENA INTEGRACION
DEL CONDADO DE TREVIÑO EN ALAVA? (Número de expediente
180/000654)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 8, del señor Olabarría
Muñoz. El señor Olabarría tiene la palabra.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Ministro, ¿qué acciones tiene
previstas realizar para posibilitar la integración del Condado
de Treviño en el territorio histórico de Alava?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra
Acevedo): Gracias, señor Presidente.
Como hoy hemos hecho referencia a los conocimientos jurídicos,
entiendo que esta pregunta es un poco para que la prescripción
no se produzca y que la reitera el señor Olabarría
periódicamente, porque a ella contesté hará unos meses. Sólo
tengo que decirle que el Gobierno no piensa adoptar ninguna
medida en relación con ese tema.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Olabarría.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, le agradezco su admonición. La verdad es que
no nos preocupa que se trate de un plazo de prescripción; nos
preocuparía que se tratara de un plazo de caducidad. No nos
gustaría que usted echara en saco roto una pretensión tan
legítima como esta.
Señor Ministro, ¿de qué estamos hablando? Ya sé cuál es su
respuesta. La conozco porque, efectivamente, con reiteración,
y le diría honestamente que hasta con alevosía en ocasiones,
le he preguntado sobre esta cuestión. Sé que usted no tiene
nada que hacer. Es un problema de las autoridades de Castilla
y León. El Tribunal Constitucional ha declarado la
constitucionalidad de la disposición adicional décima del
Estatuto de Autonomía de Castilla y León, donde se prescribe
un procedimiento de desanexión de enclaves que requiere la
conformidad, no sólo de las autoridades de Castilla y León,
sino, por si fuera poco esto, hasta de las autoridades de la
provincia de Burgos. Y el empecinamiento, las decisiones
arbitrarias, ilegítimas, de estas autoridades están impidiendo
que se satisfaga la legítima aspiración de casi todos, no voy
a decir todos --algún funcionario del Gobierno de Castilla y
León que trabaja en Treviño opina lo contrario-- pero casi
todos los habitantes de Treviño, como lo han demostrado hace
dos domingos en el Treviño Eguna, desean. Que se reintegre su
condición de vascos, que se reintegre su condición de
alaveses, condición ilegítimamente usurpada por decisiones
arbitrarias, por decisiones injustas y sin ninguna
justificación ni fundamento, ni jurídico, apelando de nuevo a
nuestra condición de juristas, ni histórico, ni razonable, que
mantiene en este momento el Gobierno de Castilla y León. Por
cierto, provocando importantes tensiones internas en el seno
del Partido Popular, puesto que aquí se produce la paradoja de
que el Partido Popular alavés pretende legítimamente que los
treviñeses puedan incorporarse al territorio de Alava, y a la
Comunidad Vasca por ello, y al parecer el partido Popular de
Castilla y León opina lo contrario. Hay que acabar con esta
disfunción, señor Ministro, que carece de legitimaciones de
cualquier naturaleza. De legitimaciones jurídicas, de
legitimaciones políticas y de legitimaciones históricas. Usted
sabe cuál es el origen de la ubicación de este enclave en este
momento. Nada menos, y me gusta enfatizarlo en esta Cámara,
que el regalo de un monarca inglés, don Enrique, cuando
arbitraba entre las disputas entre el Rey de Castilla y el Rey
de Navarra, a su repostero. Fíjense ustedes la legitimidad
histórica que tiene la ubicación de este enclave en este
momento y su pertenencia administrativa a una comunidad
autónoma tan ajena a un enclave que está ubicado justo a la
salida de Vitoria como el Condado de Treviño. Con la
desatención administrativa que ello lleva aparejada. El señor
PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra
Acevedo): Gracias, señor Presidente.
Agradezco al señor Olabarría estas aportaciones históricas y
reitero la posición y la respuesta anterior.
Creo que sería un lugar procedente esa Comisión General de las
Comunidades Autónomas que se ha constituido en el Senado,
donde están las representaciones de las distintas comunidades
autónomas; allí tendrían ocasión sus compañeros de partido de
formular la pregunta a los representantes de Castilla y León.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JOSEP PAU I PERNAU, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EXISTE ALGUNA
PREVISION POR PARTE DEL GOBIERNO PARA MEJORAR LA FINANCIACION
DE LOS PEQUEÑOS MUNICIPIOS? (Número de expediente 180/000664)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 15, del señor Pau i
Pernau.
El señor PAU I PERNAU: Señor Presidente, señor Ministro,
durante los últimos años los problemas derivados de la
financiación de las entidades locales han merecido la atención
de la opinión pública, del Gobierno y también de esta Cámara,
que, en distintas ocasiones, ha tenido la oportunidad, a
través de la propia tarea legislativa o de control, de tratar
esta importante cuestión. El peso demográfico y político de
las grandes y medianas ciudades con su específica situación
financiera han acaparado casi en exclusiva esta atención. No
obstante, miles de pequeños municipios padecen una situación
económica y financiera difícil ocasionada por factores
distintos, pero igualmente preocupantes. La principal fuente
de su financiación, a través del Fondo nacional de cooperación
municipal, está vinculada casi exclusivamente al número de
habitantes y al esfuerzo fiscal, dos variables que les
perjudica, lógicamente, porque el número de habitantes es
pequeño y porque el esfuerzo fiscal es menor, ya que su
actividad económica es mucho más baja que en otros sitios.
En segundo lugar, porque los coeficientes que padecen, sobre
todos los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, no
guardan relación y proporción con las competencias y servicios
que estos municipios deben atender y que son exigidos por sus
ciudadanos. En tercer
lugar, porque quizás es más discutible, pero los costes
unitarios de los servicios son más elevados en los pequeños
municipios al no aprovechar las economías de escala. También
se argumenta que algunos ayuntamientos pequeños asumen
servicios que en las grandes ciudades no deben atender,
servicios como juzgados de paz, consultorios médicos,
etcétera. Efectivamente, hay otros sistemas de financiación de
los municipios pequeños a través de diputaciones, de cabildos
de comunidades autónomas, pero existe una vieja reivindicación
que precisa mejorar su financiación.
En este sentido, pregunto al Gobierno: ¿Existe alguna
previsión por parte del Gobierno para mejorar la financiación
de los pequeños municipios? Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pau.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra
Acevedo): Gracias, señor Presidente.
Señoría, sabe que el 1 de agosto se firmó un protocolo entre
el Ministerio de Economía y Hacienda y la Federación Española
de Municipios y Provincias que supone una notable mejora en
las condiciones de financiación de todos los municipios
españoles y que se incorporará al proyecto de ley de
presupuestos para el próximo año.
Efectivamente, en ese sistema de financiación no se entra a
considerar los criterios de distribución, que son los que
usted nos ha recordado, pero por respeto a la autonomía de la
propia Federación Española de Municipios y Provincias el
Gobierno no puede entrar a determinar un cambio de criterios
para la distribución de esos recursos que se obtienen a través
del Fondo Nacional de Cooperación Local.
El Gobierno ha hecho un esfuerzo, y se refleja en ese
protocolo, para que, a través de los programas de obras y
servicios que el Ministerio para las Administraciones Públicas
distribuye conforme a un decreto del año 1990, también pactado
con la Federación Española de Municipios y Provincias, tales
recursos se dirijan especialmente a los municipios bien sean
de Objetivo 1, bien de población reducida, porque como sabe
son los de menos de 50.000 habitantes los que se benefician de
muchos de esos programas, igual que a través de las comarcas
de acción especial, de las que este año hemos creado tres
nuevas, y que están constituidas por docenas de municipios de
población inferior en muchos casos a 1.000 habitantes. En
consecuencia, es a través de la propia Federación a la que
pertenece la Asociación de pequeños municipios, donde debe
encontrarse la solución adecuada para el problema que me
plantea.
Por parte del Gobierno, efectivamente, no hay más que la
voluntad de que los dirigentes de la Federación respeten,
consideren, ponderen la situación de estos pequeños
municipios; es un problema interno, en definitiva, de una
asociación, y al Gobierno no le queda otra postura que señalar
que se puede corregir, y así de hecho lo está haciendo, a
través de los distintos programas de inversión dirigidos a las
corporaciones locales para paliar el problema cuya existencia
en cierta medida comparto porque he recibido a la propia
Asociación, integrada en la FEMP, de municipios pequeños y me
expresó, días antes de la firma del acuerdo de financiación,
esta misma cuestión que me acaba de plantear.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JOSEP PAU I PERNAU, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE
VALORACION HACE EL GOBIERNO DEL PROGRAMA DE COOPERACION
ECONOMICA LOCAL DEL ESTADO? (Número de expediente 180/000665)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 16 del señor Pau i
Pernau, que tiene la palabra.
El señor PAU I PERNAU: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, efectivamente la pregunta que voy a formularle
a continuación tiene una estrecha relación con la anterior, ya
que los pequeños municipios disponen, además de las propias,
establecidas en las leyes correspondientes, y las del Fondo de
Cooperación Local, de otras formas de financiación a través de
planes provinciales de obras y sevicios, de las subvenciones y
ayudas de las diputaciones provinciales y cabildos, de las
comunidades autónomas, ahora también de los fondos
comunitarios, y las que se derivan del progama de cooperación
económica local del Estado. Creo que este programa, que está
regulado efectivamente por el Real Decreto de 1990, está
gestionado por las diputaciones provinciales, cabildos,
comunidades autónomas y se aplica a obras que tienen,
lógicamente, una base territorial municipal, pero que en
algunas ocasiones tienen un interés incluso supramunicipal. En
este sentido, este es un programa importante que ya tiene un
cierto recorrido, y estos cuatro años creo que permiten al
Gobierno hacer una valoración del mismo. En este sentido le
pregunto por la valoración que el Gobierno hace del programa y
al mismo tiempo, aunque no se formule en la pregunta, si este
programa tendrá continuidad y si habrá algunas posibles
modificaciones o mejoras a introducir en el mismo. Muchas
gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pau.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra
Acevedo): Gracias, señor Presidente.
Señor Pau, la valoración es completamente positiva y la
petición que nos hacen los municipios beneficiarios de estos
programas es obviamente su incremento, y así también se ha
recogido, con un incremento de unos 6.000 millones de pesetas,
en el acuerdo a que he hecho mención en la respuesta anterior.
Las invesiones reales de las corporaciones locales en el
período 1989-1993 han venido representando una media anual del
26,7 por ciento del total de las tres administraciones
públicas. En valores absolutos para el ejercicio de 1993, los
presupuestos municipales, con la excepción del País Vasco y
Navarra, contenían la cifra de 758.158 millones de pesetas
dedicada a inversiones. La inversión local afectada a los
programas de cooperación local ascendió el pasado año a
100.625 millones de pesetas, es decir, supuso el 15 por ciento
del total de la inversión prevista en los presupuestos de las
corporaciones locales mencionadas Es preciso subrayar la
importancia que en 1993 tuvieron las inversiones del programa
de cooperación económica local en municipios de menos de
100.000 habitantes, cuyo 60 por ciento en término medio ha
sido afectado por las mismas. Estas inversiones se concretaron
en 7.766 obras en municipios que tienen una población del 45
por ciento de la nacional. En 1993, el 63 por ciento de la
población de estos municipios recibió inversiones procedentes
del programa de cooperación económica local.
En cuanto a las aportaciones de las distintas administraciones
en el período 1984-1993 mediante la cooperación económica
local, se han producido inversiones por un importe de 877.073
millones de pesetas. Como es obvio, tal actividad inversora,
al recaer en torno a 8.000 ayuntamientos, diputaciones,
cabildos, consells, y comunidades autónomas uniprovinciales
distintas ha supuesto por parte de estas administraciones un
esfuerzo de planificación y reorientación del gasto de gran
importancia y que quiero subrayar.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DE LA DIPUTADA DOÑA PILAR RAHOLA I MARTINEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE VALORACION
HACE EL GOBIERNO DEL CLIMA DE CRISPACION RESPECTO A CATALUNYA
QUE SE ESTA GENERANDO TANTO EN EL AMBITO POLITICO COMO EN
OTROS AMBITOS Y QUE ESTA ALIMENTANDO EL ENFRENTAMIENTO
TERRITORIAL? (Número de expediente 180/000670)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 21, de la señora Rahola i
Martínez. La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor
Presidente. ¿Qué valoración hace el Gobierno del clima de
crispación respecto a Cataluña que se está generando tanto en
el ámbito político como en otros ámbitos y que está
alimentando el enfrentamiento territorial?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola. Tiene la palabra
el señor Ministro.
El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra
Acevedo): Gracias, señor Presidente.
Señora Rahola, como supongo que compartimos el interés de que
el tiempo que dediquemos a esta pregunta sea el mínimo para no
entrar en la pretensión de aquellos que han desatado este
clima de crispación, debo decirle que la opinión del Gobierno
y la mía personal como simple ciudadano es absolutamente
negativa y de rechazo a tal tipo de actitudes que pretenden
inyectar en la opinión pública supuestos agravios comparativos
y defender la idea de que en el Estado de las autonomías que
entre todos hemos establecido en la Constitución no se
encuentran los instrumentos para resolver los problemas si
existiesen.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. Tiene la palabra
la señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Quiero manifestar a la Cámara una
actitud previa que está en el fundamento de la pregunta, la
voluntad de no crispar más el ambiente con acusaciones a
ningún partido político, sino con la voluntad de hacer una
reflexión que nace de la preocupación y de la sensatez. No
creo que ningún partido en esta Cámara esté limpio de la
tentación de utilizar el discurso anticatalán como estrategia
política o electoral. Bien al contrario, si hoy han sido
partidos de la oposición los que han caído en esta tentación,
en su momento fueron altos dirigentes socialistas los que se
pasearon por esa frontera frágil que divide el populismo de la
demagogia. Es muy fácil, y ustedes lo saben, hacer demagogia
sobre Cataluña o sobre lo que Ortega denominaba el problema
catalán. Sin embargo, es tan fácil como potencialmente
peligroso. Que sirva, pues, esta tribuna para apelar al
sentido común, para pedir un esfuerzo de sensatez que devuelva
el debate político a sus cauces naturales. De la misma forma
que es lícito atacar la política de Manuel Chaves o la actitud
de Julio Anguita o Javier Arenas sin que ello signifique
criticar a Andalucía, que nadie caiga en la tentación de
utilizar el nombre de Cataluña en vano, porque ello genera
sólo crispación, enfrentamiento y en según qué ambitos, como
el deportivo, puede generar violencia. Estamos jugando con
fuego. Confundir Convergència i Unió o cualquier otro partido
con Cataluña y basar en ello
la crítica política es alimentar el enfrentamiento
territorial, la incomprensión de los problemas políticos y la
perversión del debate.
Apelo, pues, al sentido de responsabilidad de la clase
política, ya que no puedo apelar al sentido de responsabilidad
de determinados dirigentes deportivos. Reconduzcan ustedes el
debate, eviten las tentaciones demagógicas y hagan su lícita
crítica política sin confundir ello con viejos fantasmas o
viejos odios. Cataluña es una nación como otras con un
problema histórico por resolver, pero no tendría que ser el
enemigo exterior que sirviera para promocionar obras de teatro
de escritores que tienen malas críticas, dirigentes deportivos
con problemas de gestión o estrategias electorales. Vayamos,
pues, todos con cuidado, porque la mecha del enfrentamiento
territorial es tan fácil de encender como difícil de apagar.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rahola.
--DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN ROMERO LOPEZ, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PARA CUANDO
TIENE PREVISTA EL GOBIERNO LA PRESENTACION EN ESTA CAMARA DE
LA LEY DEL FONDO PROCEDENTE DE LOS BIENES DECOMISADOS A LOS
NARCOTRAFICANTES? (Número de expediente 180/000661)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 12, de la señora Romero
López.
La señora ROMERO LOPEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, en diciembre de 1993, aprobamos en esta Cámara
la Ley sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo
de capitales, que preveía la constitución de un fondo
procedente de los bienes decomisados a narcotraficantes
destinado a prevenir, a rehabilitar y a otras medidas con
relación a esta lacra que nos afecta.
En el ejercicio presupuestario de 1994, tuvimos que prever,
introduciendo una enmienda el Grupo Socialista, un anticipo de
esos fondos, porque no estaba regulado en ninguna ley.
Confiamos en que este año ese mismo anticipo sea una realidad,
porque las organizaciones no gubernamentales de ayuda a los
toxicómanos necesitan, cada vez más, una ayuda por parte de
los Presupuestos Generales del Estado. Pero no creemos que sea
ése el procedimiento y pensamos que esa ley, que es necesaria,
debe estar cuanto antes en esta Cámara. Por ello, hacerle al
Ministro de Justicia e Interior la pregunta de que para cuándo
tiene prevista el Gobierno la presentación en esta Cámara de
la ley de ese fondoprocedente de los bienes decomisados a
narcotraficantes. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Romero.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Señor Presidente, señora Diputada, efectivamente, además de la
reforma a que ha aludido en su pregunta, posteriormente la Ley
sobre determinadas medidas de prevención del Blanqueo de
Capitales, de diciembre de 1993, previó, efectivamente por
iniciativa también del Grupo Parlamentario Socialista, una
disposición adicional en la que se recogía de manera expresa
que fueran capítulos ampliables los destinados a prevención y
represión de los problemas de narcotráfico. En ese sentido,
desde esa misma fecha, se está trabajando en el área de este
Ministerio, concretamente en la Secretaría de Estado de la
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
Como consecuencia de ese trabajo, ya está terminado el
borrador de la futura ley --lo tengo en la mano--; lo ha
terminado ya la Secretaría de Estado, que lo ha remitido, hace
escasos días, a los servicios comunes del Ministerio de
Justicia e Interior. En consecuencia, ya estamos en fase de
iniciar el camino prelegislativo, tras los trámites normales
de Comisión de Subsecretarios.
En todo caso, para no equivocarme, le garantizo que en este
mismo período de sesiones se podrá presentar, no me atrevo a
decir exactamente en qué mes, pero que ya están muy avanzados
los trabajos prelegislativos, desde luego. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PIENSA EL
GOBIERNO GESTIONAR EN BREVE PLAZO, PARA EL PUERTO DE MALAGA,
LA CALIFICACION EXPLICITA DE PUERTO FRONTERIZO DE LA UNION
EUROPEA? (Número de expediente 180/000666)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 17, del señor Martínez
Martínez, que tiene la palabra.
El señor MARTINEZ MARTINEZ (don Enrique): Gracias, señor
Presidente. Señor Ministro, el puerto de Málaga es un elemento
de primer orden en la configuración económica de la ciudad y
de su entorno más próximo. Con independencia de sus
actividades comerciales de buques de pasaje,
pesqueras, esto es, en lo que se refiere a su dimensión
estrictamente turística, el puerto ocupa en estos momentos el
segundo lugar en orden de importancia en el Mediterráneo
español. Tan sólo tres datos para corroborar esto. Primero, el
puerto proporciona en estos momentos alrededor de 15.000
puestos de trabajo entre directos e indirectos. Por otra
parte, el número de mercancías ha aumentado en este último
año, pese a ser un año de crisis, en más de un 15 por ciento,
y en este mismo año de 1993, se han producido --repito--, al
margen de lo que son buques de pasaje, más de 160 escalas
turísticas, con unos 100.000 pasajeros.
Quisiera subrayar, en un contexto más amplio, las excelentes
perspectivas que hay de desarrollo inmediato para los puertos
regulares de crucero en el Mediterráneo, como lo prueba el
hecho de que en el último año y medio, las líneas de crucero
más importantes del mundo han anunciado la construcción de
nuevos buques para reforzar o aumentar su presencia en esta
zona. Es claro que los puertos que se encuentren, llegado ese
momento, en condiciones óptimas --serán, por tanto, los mejor
dotados-- estarán también en unas condiciones excelentes para
poder captar la mayor parte de ese formidable mercado de
turismo.
En lo que se refiere a esta adecuada dotación al puerto de
Málaga, quisiera indicar que me estoy refiriendo no solamente
a la mejora de sus infraestructuras, que también, sino a lo
conveniente que sería para dicho puerto --y ésta es la razón,
lógicamente, de mi intervención-- y las ventajas que se
derivarían del hecho de que el puerto fuera considerado como
puerto fronterizo de la Unión Europea. Se trataría no sólo de
un plus jurídico, sino también de un importante factor de
percepción psicológica --endentemos nosotros--, que terminaría
influyendo, lógicamente, en la capacidad de decisión de las
empresas navieras que han de decidir dónde han de arribar o
dónde no han de hacerlo sus propios barcos.
En resumen, y teniendo en cuenta este importante factor para
Málaga y la costa y lo que supone el turismo dentro del
concierto económico nacional, es por lo que le formulamos la
pregunta número 17 del orden del día.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez.
Señor Ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Señor Presidente, señorías, el problema que plantea S.S. es
ciertamente complejo, juegan buen número de factores. El
primero de ellos, como S.S. conoce perfectamente, es que, en
definitiva, España tiene obligaciones específicas como garante
de la frontera sur de la Unión Europea, con una función muy
concreta, que es precisamente la de tratar de controlar las
presiones migratorias del Magreb. Eso constituye un compromiso
internacional de España en el marco de la Unión europea y uno
de los elementos esenciales a la hora de poder tomar
decisiones en el tema por el que S.S. se interesa. Además, en
segundo término, existen también cuestiones relativas a la
necesidad de garantizar que los puertos que tengan esa
consideración de punto de cruce de la frontera exterior
marítima de España, y en definitiva de la Unión Europea,
tengan adecuadas instalaciones, tanto en el ámbito de las
aduanas como en el ámbito de la inmigración. Frente a esa
situación y hasta hace muy poco, el Gobierno solamente había
otorgado esa condición al puerto de Algeciras. La decisión
adoptada recientemente ha sido la de ampliarlo a Almería, que
ha considerado el Gobierno que reunía las condiciones más
adecuadas para ser el segundo puerto que sea a su vez punto de
cruce de esa frontera exterior. Estamos trabajando en la
creación de las instalaciones de aduana y de inmigración en
Almería, y nos parece razonable esperar a ver el pleno
funcionamiento de ese segundo puerto con esa condición y sólo
después analizaríamos la posibilidad de dar ese mismo carácter
a otros puertos, y en particular al de Málaga. Entretanto, lo
que está claro es que en Málaga seguirá existiendo, y se le
seguirá reconociendo, la capacidad de realizar otro tipo de
tráficos internacionales de pasajeros, si bien no con el
carácter de regular, sino con el carácter ocasional o de
crucero. Nada más, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON RAMON ESPASA I OLIVER, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PIENSA EL GOBIERNO
PRORROGAR EL PLAN RENOVE? (Número de expediente 180/000655)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 9, del señor Espasa i
Oliver. El señor Espasa tiene la palabra.
El señor ESPASA I OLIVER: Gracias, señor Presidente.
Desde abril pasado, una medida del Gobierno, aprobada por
todos los grupos de esta Cámara, el plan Renove, ha permitido
la «jubilación», entre comillas, de más de 150.000 vehículos
automóviles, con el consiguiente rejuvenecimiento del parque
automovilístico de nuestro país. Dos objetivos que se
perseguían, la seguridad vial y la mejora de la contaminación
medioambiental, parece que estaban en la base de este
proyecto. Sin embargo, tenemos noticias por la prensa de que
el Gobierno parece no querer prorrogar este plan, que, en
opinión del Grupo que le habla, señor Vicepresidente, ha sido
un plan acertado y sería un plan positivo, caso
de continuarlo en el tiempo. Esta es la razón por la que
formulamos esta pregunta, y en alguna medida avanzo ya la
posición de nuestro Grupo en nuestra contrarréplica. Nosotros
creemos que debería prolongarse este plan, un plan que de
alguna forma podríamos calificar como de estímulo de la
demanda. No en vano ha aumentado de forma sensible la
capacidad de compra de los ciudadanos españoles y no en vano
todos los industriales del sector y la patronal del sector
están pidiendo que estas medidas, que han sido buenas,
continúen aplicándose por más tiempo.
¿Cuál va a ser la actitud del Gobierno ante esta cuestión?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Espasa.
Señor Vicepresidente del Gobierno, tiene la palabra.
El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO (Serra i Serra): Señor
Presidente, señorías, comparto el criterio del señor Espasa
respecto de la bondad del plan Renove y de sus efectos. Como
ustedes saben, el plan Renove fue aprobado para tener una
duración de seis meses y, por tanto, su vigencia finaliza el
próximo 12 de octubre, pero yo quiero decirle al señor Espasa
que es propósito del Gobierno aprobar un nuevo paquete de
medidas para que, cuando finalice el plan Renove, tengamos en
funcionamiento esas nuevas medidas, que seguirán estimulando
la actividad del sector automovilístico en nuestro país.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
Señor Espasa, tiene la palabra.
El señor ESPASA I OLIVER: Señor Presidente, espero que entre
estas medidas estén también las anunciadas ampliaciones de
medidas de apoyo o de estímulo a la demanda para los vehículos
industriales, y evidentemente, en su momento, cuando las
conozcamos, las juzgaremos, las que el señor Vicepresidente
anuncia, de alguna forma como continuidad, con otro nombre,
del plan Renove. Simplemente deseo subrayar, una vez más, lo
que ha sido y es polémica política entre nuestro Grupo y el
propio Gobierno respecto de las bondades de una política
económica que estimule la demanda. Creo que aquí tenemos un
ejemplo claro de que cuando se ayuda y se estimula la demanda,
la economía, en este caso, del sector industrial y más
concretamente del de producción de automóviles, mejora. No es
ésta, en general, la línea de política económica del Gobierno
y quisiéramos que a través de este ejemplo, que este sí le ha
salido bien, cambiase de política económica a una que
fomentase mucho más la demanda y cambiase de criterio respecto
de las políticas de oferta que hasta ahora ha ido siguiendo
este Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Espasa.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO (Serra i Serra): Señor
Presidente, señor Espasa, continuando con la primera parte de
su exposición, quisiera subrayar que en las medidas que
aprobamos en su momento perseguíamos, como usted ha dicho, no
tan sólo incentivar la compra de automóviles --y además
incentivarla en una dirección que se ha demostrado muy
positiva, es decir, hacia la compra de automóviles producidos
en España en vez de automóviles importados, y esto se ha
conseguido, porque la compra de automóviles producidos en
España ha crecido mucho más que la importación--, sino también
incrementar la seguridad en nuestra circulación activa y
pasiva, y esto se consigue porque los nuevos vehículos son
mucho más seguros que los de hace más de diez años, y también
mejorar la calidad medioambiental, porque sus volúmenes de
emisión, por los niveles de autorizaciones actuales, son cinco
veces inferiores a los vehículos que sustituyen. Son unos
130.000 los vehículos que se han dado de baja hasta el mes de
agosto. Nosotros creemos que se debe proseguir con esta
política, adaptándola a las nuevas circunstancias.
Con toda cordialidad le digo, señor Espasa, que es una
política de ayuda al medio ambiente, a la seguridad vial y
también es una política de ayuda a un sector productivo. Se
incide en esa política industrial de apoyo, compromiso y
cooperación con los sectores productivos y, sobre todo, en el
del automóvil, que produce mucho empleo directo e indirecto.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
--DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA DOLORES PELAYO DUQUE, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS
ESTA ADOPTANDO EL GOBIERNO PARA MEJORAR EL ACCESO DE LAS PYMES
A LAS AYUDAS A LA EXPORTACION? (Número de expediente
180/000663).
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 14, de la señora Pelayo
Duque.
La señora PELAYO DUQUE: Gracias, señor Presidente.
Señor Vicepresidente, en numerosas ocasiones hemos tenido
oportundiad de hablar en esta Cámara sobre las pequeñas y
medianas empresas. Las pymes españolas han sido víctimas de la
recesión económica y constituyen, sin duda alguna, en la etapa
de recuperación económica que vive nuestro país, la base para
la renovación
y recuperación empresariales. Tengo la convicción de que el
Gobierno, además de buenas palabras, ha venido llevando a cabo
una serie de medidas, tal como ha reconocido paladinamente el
Presidente de la Cepyme, para mejorar de manera eficaz no sólo
las condiciones de competitividad de nuestras empresas, sino
también, por lo que a esta cuestión se refiere, los objetivos
de internacionalización y de europeización de las pequeñas y
medianas empresas españolas.
Sin embargo, tal como ha puesto en evidencia el Observatorio
Europeo de las Pymes, éstas siguen teniendo problemas, entre
ellos fundamentalmente, el de la financiación y el del acceso
a la información sobre ayudas, mercados, etcétera. Siendo
objetivo fundamental de nuestra política comercial el fomento
de las exportaciones, es por lo que me permito formular esta
pregunta al señor Vicepresidente del Gobierno, en el sentido
de qué medidas está adoptando el Gobierno para mejorar el
acceso de las pymes a las ayudas a la exportación.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pelayo.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO (Serra i Serra): Señor
Presidente, señorías, como ustedes saben, el Gobierno aprobó
el pasado mes de mayo el conjunto de medidas tituladas de
apoyo a la actividad exterior de las empresas españolas, a
propuesta del Ministro de Comercio y Turismo, precisamente
porque creemos que el apoyo a las exportaciones es apoyo a la
producción en España, es apoyo a nuestro crecimiento y es,
sobre todo, apoyo a la generación de empleo en España. Estas
medidas están destinadas globalmente a apoyar a todas las
empresas que exportan, pero no se nos oculta a nadie que en
muchos casos tienen particular incidencia en las pequeñas y
medianas empresas que no cuentan ni con las redes comerciales
ni con los mecanismos de información con que cuentan las
grandes empresas, y, por consiguiente, la ayuda que les
podemos proporcionar desde la Administración es mucho más útil
para ellas y tiene mayor rendimiento. Yo podría decirle,
señora Pelayo, que en el marco institucional estamos poniendo
en práctica las medidas a que nos comprometimos, sobre todo en
lo que se refiere a la coordinación entre las
administraciones, las empresas exportadoras y las cámaras de
comercio, y me refiero no sólo a la Administración central
sino también a las autonómicas.
En relación con la promoción comercial estamos apoyando
especialmente a los sectores que se inicien en la
exportación --y aquí las pequeñas y medianas empresas vuelven
a tener un papel relevante--, a sectores que se orienten hacia
mercados emergentes, que tengan un alto contenido tecnológico
o que cuenten con marcas reconocidas. Para ello el ICEX está
adoptando un papel activo que irá desde identificación de la
oferta exportadora hasta el acompañamiento de las empresas a
los nuevos mercados, y otra vez aquí quiero insistir en que el
papel del ICEX va a ser mucho más productivo y mucho más
relevante en relación con las pequeñas y medianas empresas.
Me habló S.S. de la financiación. Se han puesto en marcha ya
en junio dos líneas de crédito para financiación e inversión
exterior para las pequeñas y medianas empresas que pueden
alcanzar un volumen de 25.000 millones de pesetas. Por tanto,
le aseguro, señoría, que en los planes del Gobierno está
apoyar a este sector, apoyar la exportación y contribuir a
que, precisamente por la importancia que tienen las pymes en
nuestro sector productivo, tengamos una presencia estable de
las pequeñas y medianas empresas españolas en los mercados
exteriores.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
--DEL DIPUTADO DON JERONIMO NIETO GONZALEZ, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES EL
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA CLAUSULA DE SALVAGUARDIA A LAS
IMPORTACIONES DE LA UNION EUROPEA DE AJO PROCEDENTE DE
TERCEROS PAISES? (Número de expediente 180/000668)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 19 del
Diputado don Jerónimo Nieto González. El señor Zambrana Pineda
tiene la palabra para formularla.
El señor ZAMBRANA PINEDA: Señor Ministro, España produce más
del 50 por ciento del ajo que se consume en la Unión Europea,
siendo Castilla-La Mancha y Andalucía las principales regiones
productoras y muy especialmente La Mancha conquense en
poblaciones como Las Pedroñeras, Mota del Cuervo o El
Provencio, por citar sólo algunas donde constituye la
principal actividad económica. Hasta el pasado año la Unión
Europea no había regulado el mercado de este producto. Ante la
presencia de importaciones masivas procedentes de China que
hundían los mercados europeos, España logró de la Unión,
primero, un reglamento de certificados de importación que
permitió conocer la situación y, después, cláusulas de
salvaguardia para las importaciones de China. Como se han
detectado operaciones de «triangulación» vía Vietnam y Corea,
la cláusula se ha extendido también a estos países.
Dado que en La Mancha conquense 15.000 familias dependen
económicamente de la evolución de los precios
en el mercado del ajo, la pregunta que formulo al Gobierno es
la siguiente: ¿cuál es el grado de cumplimiento de la cláusula
de salvaguardia a las importaciones que la Unión Europea
efectúa procedentes de terceros países en el mercado del ajo?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zambrana.
El señor Ministro de Comercio tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro
Navarrete): Muchas gracias.
Para que se haga usted una idea de la dimensión del problema
le diré que la Unión Europea produce al año 312.000 toneladas
de ajo, de las cuales en España se produce casi el 70 por
ciento, es decir, por encima de las 210.000 toneladas. Por
tanto, somos con mucho el primer productor de ajos de la Unión
Europea. El año pasado ya solicitamos, como usted bien ha
dicho, la cláusula de salvaguardia ante la presencia de una
importación muy importante. A pesar de eso, le quiero decir
que las importaciones de China ascienden al año alrededor de
10.000 toneladas, y eso no significa más allá del 3 al 4 por
ciento de la producción total de la Unión Europea. Por ello,
no era tanto por el volumen sino, fundamentalmente, por los
precios. Las importaciones de China, que son a muchísimo más
bajo precio, significaron una distorsión en los precios de
comercialización de los propios ajos europeos, que hizo que
solicitásemos y consiguiésemos para el año pasado la cláusula
de salvaguardia. Este año, la Comisión se planteó desde el
primer momento limitar las importaciones de China a 10.000
toneladas. En los cuatro primeros meses se había importado ya
una cantidad muy importante, que hizo que se adelantase un
Reglamento de la Comunidad, que entró en vigor el 1 de junio,
para limitar todavía más las importaciones de China y, sobre
todo, establecer un sistema de gestión mensual de las mismas.
A primeros de junio, al limitarse las importaciones de China,
lo que se planteó fue la triangulación, sobre todo a través de
tres países: Tailandia, Vietnam y Taiwan. Pedimos la cláusula
de salvaguardia y la conseguimos para los dos países que no
forman parte del GATT, Taiwan y Vietnam; no la hemos
conseguido hasta ahora para Tailandia. Sepa usted que, cuando
la cláusula de salvaguardia se le da a un país del GATT, hay
que compensarle económicamente --cuando no hay ilegalidades,
sino que simplemente produce más barato-- con otro tipo de
concesiones comerciales. Por lo tanto, la cláusula de
salvaguardia para países miembros del GATT es más difícilde
conseguir. En este momento, detectamos desviaciones, sobre
todo a través de Birmania, por lo que hemos pedido también la
cláusula de salvaguardia para Birmania. Creemos que estamos
haciendo todo el esfuerzo para ello. Este año, al haber
actuado con anticipación, ha habido menos reflejos en los
precios a los que se ha comercializado...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Zambrana.
El señor ZAMBRANA PINEDA: Señor Ministro, efectivamente, este
año la campaña va mejor. Estamos en plena campaña hasta
finales de año en los mercados europeos y lo que solicitamos
del Gobierno es una vigilancia, la ampliación que sea
necesaria, en la medida de lo posible, de las cláusulas de
salvaguardia a los terceros países, porque ya digo que tiene
una incidencia en amplias regiones de la economía española y
hay muchas localidades que casi viven del monocultivo del ajo;
una vigilancia por parte del Gobierno y de la Comunidad
Económica Europea. Hemos de reconocer que las cosas están...
El señor PRESIDENTE: Gracias.
--DEL DIPUTADO DON VICENTE MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
EXCELENTISIMO SEÑOR MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO: ¿QUE
MEDIDAS PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO TRAS LA SENTENCIA DEL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL QUE DECLARA DEROGADAS POR LA
CONSTITUCION LAS BASES 4.ª Y 5.ª DE LA LEY DE BASES DE 29 DE
JUNIO DE 1911, REFERENTES A LA ADSCRIPCION OBLIGATORIA A LAS
CAMARAS DE COMERCIO E INDUSTRIA Y AL PAGO DEL RECURSO
PERMANENTE? (Número de expediente 180/000679)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 30, del señor Martínez-
Pujalte, que tiene la palabra.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Muchas gracias, señor
Presidente. Señor Ministro, el 16 de junio se hizo pública una
sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba la
inconstitucionalidad de la adscripción obligatoria a las
Cámaras de Comercio que había impuesto la Ley de 1911. Desde
entonces, usted ha hecho diversas declaraciones cuestionando
la adscripción obligatoria a las mismas y, por tanto, la
vigencia de la Ley 3/1993, que había sido apoyada en esta
Cámara por todos los grupos políticos. No sabemos qué razones
le han movido a separarse del modelo continental de Cámaras,
que recoge la afiliación obligatoria, y por qué no ha optado
por el reforzamiento de los fines públicos de estas
corporaciones en el sentido previsto por la sentencia del
Tribunal Constitucional, desarrollando con mayor profundidad
el artículo 52 de nuestra Constitución.
Por eso, le preguntamos: ¿Qué medidas piensa adoptar el
Gobierno con respecto a las Cámaras?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez-Pujalte.
Tiene la palabra, señor Ministro.
El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro
Navarrete): Muchas gracias.
En primer lugar, como usted muy bien ha dicho, la sentencia
del Tribunal Constitucional es sobre la Ley de 1911, porque la
Ley de 1993 no está recurrida. Esto quiere decir que, al día
de hoy, la Ley de 1993 está absolutamente vigente y que las
empresas tienen que atenerse a esa Ley y pagar las cuotas que
les correspondan.
Yo no he puesto en cuestión la afiliación obligatoria en
declaraciones, lo que he hecho ha sido leer la sentencia
textual del Tribunal Constitucional que hace afirmaciones muy
radicales, por lo que implica obligar al Gobierno y a las
administraciones tutelantes de las Cámaras de Comercio, que
son las comunidades autónomas, a reflexionar en profundidad de
qué manera podemos cumplir la sentencia sobre la Ley de 1911
y, al mismo tiempo, hacer más eficaz el papel que las Cámaras
de Comercio tienen que cumplir, sobre todo en el campo de la
promoción de la exportación.
Estamos trabajando, por tanto, con las comunidades autónomas y
con el Consejo Superior de Cámaras en buscar esas fórmulas
para que el papel que tienen que jugar las Cámaras se jerza
con la máxima eficacia y cumplan con la tarea que les
corresponde de impulsoras y promotoras de la exportación
española.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Muchas gracias, señor
Presidente. Muchas gracias, señor Ministro, por sus
aclaraciones.
Hay diversas manifestaciones en los periódicos, alrededor del
día 2 de agosto, en las que usted respondía más explícitamente
sobre su voluntad de llegar a una adscripción voluntaria, pero
no ha respondido a la cuestión fundamental, que es: afiliación
obligatoria y mayor contenido de los fines públicos o
afiliación voluntaria y modificación total de la cobertura
jurídica. Señor Ministro, estamos hablando de 85 Cámaras cuyos
presupuestos ascienden a 15.000 millones de pesetas y sus
plantillas rondan las 2.500 personas; Cámaras a las que en
este foro se les han concedido importantes fines para
desarrollar en beneficio de la economía. El apoyo que usted ha
hecho a la adscripción voluntaria --y hoy estamos hablando del
tema jurídico-- lleva emparejado la desaparición de estas
entidades como corporaciones de derecho público. Señor
Ministro, no repitan ustedes el error que ya han cometido con
las Cámaras Agrarias y las Cámaras de la Propiedad.
Usted, por su precipitación en las declaraciones...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez-Pujalte.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro
Navarrete): Vuelve usted a poner en mi boca palabras que
quizás ha leído en algún medio de comunicación. Lo único que
he hecho ha sido leer la sentencia del Tribunal Constitucional
y ver que dicha sentencia plantea determinadas incógnitas que
hay que resolver muy meditadamente y, por lo tanto, que
requiere posiblemente algún tipo de medidas y hay que cumplir
lo que el Tribunal Constitucional ha dicho, nos guste o no.
Así pues, no ponga usted en mi boca palabras que no he dicho.
En cualquier caso, quiero manifestar que el papel que el
Gobierno quiere jugar es el de potenciar las Cámaras, pero
desde el cumplimiento de la sentencia del Tribunal
Constitucional. A partir de ahí y dentro de esa sentencia
tenemos un margen de movimiento, que es el que estamos
estudiando, con las comunidades autónomas y con las Cámaras
para buscar cuál es el mejor camino de salida para su
supervivencia y para que puedan cumplir eficazmente el papel
que les corresponde.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON NESTOR PADRON DELGADO, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES HAN SIDO LAS
APORTACIONES HASTA AHORA REALIZADAS POR EL MOPTMA PARA DAR
CUMPLIMIENTO AL CONVENIO SUSCRITO EN SU DIA CON LA COMUNIDAD
AUTONOMA DE CANARIAS, CABILDOS Y AYUNTAMIENTOS, PARA LA
REPARACION Y REMODELACION DE LAS VIVIENDAS DE LOS PATRONATOS
FRANCISCO FRANCO Y NUESTRA SEÑORA DE CANDELARIA, EN LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA Y SANTA CRUZ DE TENERIFE? (Número de
expediente 180/000662)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 13, del señor Padrón
Delgado, que tiene la palabra.
El señor PADRON DELGADO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, los convenios suscritos en su día entre el
Ministerio de Obras Públicas y el Gobierno de la
comunidad autónoma, así como cabildos y ayuntamientos, para
resolver un grave problema de viviendas construidas en plena
época franquista y gestionadas por los Patronatos Francisco
Franco, en Las Palmas, y Nuestra Señora de Candelaria, en
Tenerife, supusieron, no cabe duda, un avance puesto que
venían a resolver un problema de miles de familias que viven
en unas condiciones verdaderamente inhumanas, en unas
viviendas que no merecen siquiera tal calificación puesto que,
efectivamente, están en condiciones de insalubridad, son de
muy escasa superficie, etcétera. Como digo, éste fue un buen
convenio. Sin embargo, nos llegan noticias de que está
habiendo cierto retraso a la hora de cumplir el pago de las
certificaciones que remiten los gestores de estas
remodelaciones de viviendas en unos casos, y construcción de
otras nuevas, en el otro, en Las Palmas y Santa Cruz de
Tenerife. Ha habido algunos adelantos en la primera
certificación en el caso de Santa Cruz de Tenerife y en Las
Palmas, pero, como digo, hay un retraso en algunas
certificaciones remitidas, lo cual está dando lugar a
problemas financieros para que efectivamente puedan continuar
las obras al ritmo deseable, puesto que se trata de corregir
una situación que verdaderamente clama al cielo por las
condiciones de insalubridad e inhabitabilidad que tienen
muchas de estas viviendas.
Estas son las razones por las que requiero al Gobierno, en
este caso al Ministro, para que nos informe sobre los posibles
retrasos y formas de mejorar, con el fin de que el programa se
cumpla en los plazos establecidos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Padrón.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor
Presidente.
Las actuaciones que se citan en la pregunta del señor Diputado
se refieren a dos convenios celebrados por este Ministerio con
la administración autonómica y los correspondientes cabildos
insulares en junio de 1992, con una vigencia de cinco años,
con el objetivo de rehabilitar o reponer las viviendas
promovidas en esas islas por determinados patronatos, que
ciertamente habían experimentado un proceso importante de
deterioro.
La financiación de las actuaciones correspondía, según lo
convenido, en un 50 por ciento al Ministerio, un 30 por ciento
a la comunidad autónoma, un 10 por ciento al cabildo insular y
el otro 10 por ciento al ayuntamiento. Hay una comisión
técnica y otra institucional, constituida por siete miembros
que representan a las partes contratantes, que vigila la
ejecución del plan. Con respecto al convenio de cooperación
con la Comunidad Autónoma de Canarias, el cabildo insular de
Gran Canaria y el ayuntamiento de Las Palmas, este convenio
prevé reponer 5.552 viviendas. La financiación convenida era
de 8.500 millones de pesetas, de los que el Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente debe aportar la
mitad, es decir, 4.250 millones de pesetas a medida que se le
vayan presentando los correspondientes justificantes de obra.
Pues bien, a 16 de septiembre de este año de los 8.500
millones de pesetas solamente se han justificado por la
comunidad autónoma 457 millones, de los cuales a mi Ministerio
le corresponde aportar 228. Hemos remitido los certificados de
pago a la Dirección General del Tesoro para que proceda a su
abono, pero no podemos pagar más que los 228 que nos
corresponden, puesto que solamente se han presentado por valor
de 457 millones, dos años después de haber firmado los
convenios, sobre un total de 8.500 millones convenidos. En el
caso de Tenerife, el convenio afecta a 2.700 viviendas, 8.700
millones de inversión. Solamente hemos recibido
justificaciones por valor de 710 millones de pesetas y hemos
dado orden de pago por los 355 millones que nos corresponde
abonar, el 50 por ciento de lo presentado hasta la fecha.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Padrón.
El señor PADRON DELGADO: Los datos que acaba de dar el
Ministro no se corresponden con los que me han facilitado los
ayuntamientos de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife. En
todo caso, no se trata aquí de establecer una disposición en
cuanto a las cifras puesto que, efectivamente, se nos
manifiesta que por parte del ayuntamiento de Las Palmas hay
presentadas certificaciones por 580 millones de pesetas, que
están pendientes de efectuar el libramiento correspondiente.
En el caso de Santa Cruz de Tenerife, hay certificaciones
pendientes de pago del orden de 380 millones.
Si hay una comisión técnica que realiza esta vigilancia, será
cuestión de que, efectivamente, se dé cumplimiento...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Padrón.
--DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA DOLORES SANCHEZ DIAZ, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE
POSICION HA MANTENIDO EL MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACION EN EL CONSEJO CELEBRADO EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE
EN BRUSELAS SOBRE LA REFORMA DEL SECTOR DEL VINO? (Número de
expediente 180/000669)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 20 de la señora Sánchez
Díaz, que tiene la palabra.
La señora SANCHEZ DIAZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, entre los
últimos debates que se han suscitado dentro del Estado casi
por primera vez una cuestión agraria ha ocupado páginas
preferentes de los diarios de mayor tirada nacional, así como
espacios significativos en los medios de información
audiovisual. Nos estamos refiriendo a la Organización Común
del Mercado del Vino. Esto es así, señor Ministro, porque son
muchas las familias y territorios que dependen de la
continuidad de este cultivo.
Se concita, por otro lado, alrededor de este documento
unanimidad de rechazo, ya que en este sentido se han
pronunciado esta Cámara y la del Senado. También lo ha hecho
el Parlamento Europeo sobre reflexiones al borrador del
documento; el Comité Económico y Social de Europa; el Comité
de las Regiones Europeas; diputaciones y ayuntamientos... Ha
habido una gran unanimidad hacia la posición que mantiene el
Gobierno. Recordamos como hitos más importantes la reunión de
todos los consejeros de Agricultura del Estado en Mérida,
reunión que fue presidida por S.S.; el documento base de
cooperativas y organizaciones agrarias; las reuniones de Milán
y Bruselas de organismos pertenecientes a las regiones
europeas, donde el documento de Mérida fue consensuado con
otras regiones europeas; y, finalmente, la reunión mantenida
recientemente con el propio representante del Comité de las
Regiones Europeas, después de que en Comisión fuese aprobado
el documento por unanimidad.
Armado el señor Ministro con la fuerza de la moral y la fuerza
de la razón, sabemos que ha conseguido la devolución del
documento de la OCM del vino para su reelaboración, cuestión
por la que le felicitamos. Ahora bien, el Grupo Socialista,
profundamente preocupado por la naturaleza que plantea este
debate, así como por la importancia intrínseca del tema, le
realiza la siguiente pregunta: ¿Qué posición ha mantenido el
Ministro de Agricultura en el Consejo celebrado el 19 de
septiembre en Bruselas sobre la reforma del sector del vino?
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION
(Atienza Serna): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, tuve oportunidad de expresar la posición del Gobierno
en el Consejo de Ministros de Agricultura hace apenas 48 horas
y puede sintetizarse en una frase muy sencilla: no aceptamos
la propuesta de reforma en su redacción actual. Además, en
este rechazo constato una unanimidad de posiciones con todas
las fuerzas sociales y económicas representativas de este
sector y con la inmensa mayoría de las instituciones. Esta
unanimidad se aprecia también en toda la geografía española,
por muy diferentes que sean las circunstancias y su
especialización vitícola. Puede haber diferencias de matices
pero la unanimidad se centra en el rechazo a la propuesta. Si
me lo permiten, yo diría que aunque ya he manifestado que
estoy dispuesto a batirme como Gary Cooper, sólo ante el
peligro, tengo que reconocer también que prefiero estar
acompañado. En este caso me siento muy bien acompañado.
Yo creo que debemos realizar un esfuerzo para no romper esta
unanimidad y plantear el tema como un objetivo político
global, sin ofrecer fisuras entre distintas regiones
vitivinícolas españolas.
La extraordinaria sensibilidad que genera el vino se debe a
que es más que un producto económico y es más que una bebida,
es una seña de identidad presente en la literatura, en la
historia, en la cultura, en la religión, en las fiestas y en
el más hondo sentir de nuestro pueblo. Además, la presencia de
las vides es un elemento que caracteriza al paisaje y es una
garantía de lucha contra la desertificación, además de dar un
destino económico y social a unas tierras que carecen de
cualquier otra alternativa.
Aunque consideramos que es necesaria una cierta reforma del
sector, porque no es muy favorable la regulación actual al
sector vitícola español y porque, además, existen excedentes,
la actual propuesta nos disgusta profundamente. Por una parte,
hay discriminaciones en el tratamiento que se da al vino con
respecto a otros productos continentales; existe un reparto
del esfuerzo de ajuste que no responde a los principios de
solidaridad que se aplican en otros sectores agrarios; se
mantienen prácticas enológicas, como la adición de azúcar, que
no se corresponde con el concepto de vino que tenemos en los
países mediterráneos y que, además, contribuyen a generar
excedentes, y también porque nos preocupa la amenaza para la
competitividad que puede suponer para el sector de alcoholes
de boca, en particular los brandys. Por otra parte, de forma
fundamental porque esta reforma se centra en el arranque como
medida básica para el ajuste y en eso no estamos en absoluto
de acuerdo.
La negociación acaba de empezar, pero no aceptaremos ninguna
reforma que implique ni un arranque obligatorio, ni un
arranque masivo del viñedo español. Quiero seguir pidiendo el
apoyo de toda la sociedad española y de todos los grupos
políticos para seguir defendiendo esta posición.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señora Sánchez, tiene S.S. la palabra.
La señora SANCHEZ DIAZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Agricultura, sólo deseo felicitarle, una vez
más, por la postura que ha mantenido en la Comisión y animarle
a que continúe en esa posición defendiendo los intereses de
tantas familias españolas que en estos momentos ven peligrar
sus puestos de trabajo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez.
--DEL DIPUTADO DON ARSENIO FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
GOBIERNO: ¿QUE PROPUESTAS VA A REALIZAR EL GOBIERNO ESPAÑOL
ANTE LA REVISION DEL TRATADO PESQUERO CON MARRUECOS FIRMADO EN
MAYO DE 1992? (Número de expediente 180/0000673)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 24 del señor Fernández de
Mesa, que tiene la palabra.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Señor Presidente,
señorías, señor Ministro, ¿qué propuestas ha realizado o va a
realizar el Gobierno español ante la revisión del Tratado
pesquero con Marruecos, firmado en mayo de 1992? Muchas
gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Mesa.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION
(Atienza Serna): Muchas gracias, señor Presidente.
El actual acuerdo de pesca de la Unión Europea con Marruecos,
en vigor desde el 1 de mayo de 1992, tiene vigencia hasta el
30 de abril de 1996, estableciendo que las partes contratantes
se reunirán a mediados de este período con objeto de examinar
el estado de aplicación del acuerdo y las posibilidades de
pesca ofrecidas por Marruecos a la Comunidad.
Hasta la fecha, se han celebrado tres rondas de
conversaciones. La Unión Europea considera que dicha revisión
debería referirse a determinados aspectos técnicos y
administrativos de la gestión del acuerdo, opinión que es
compartida por la Administración española. Sin embargo,
Marruecos entiende que la revisión a medio plazo debe
contemplar un ajuste de las posibilidades de pesca otorgadas a
la flota comunitaria basándose en razones socioeconómicos y
políticas. Las pretensiones marroquíes superan, con mucho, los
límites de una revisión del acuerdo para adquirir el carácter
de una auténtica negociación del mismo, pues al trastocar
radicalmente su equilibrio sería preciso adaptar la práctica
totalidad de sus elementos, incluida la contrapartida
financiera. El Gobierno español estima que la propuesta
marroquí es inaceptable y que el mecanismo de revisión a medio
plazo del acuerdo no puede significar de ninguna manera una
ruptura del equilibrio del mismo. Es por ello por lo que el
artículo 15 prevé el estado de recursos como principal
criterio a ser utilizado en el examen de los mismos.
Así lo hemos manifestado a la Unión Europea en la última
ocasión en la reunión que mantuve ayer en Bruselas con el
comisario Paleokrassas. La Unión Europea ha hecho suya esta
posición, ya que el análisis de la documentación aportada por
Marruecos no justifica una reducción de las posibilidades
pesqueras, comprometiéndose de antemano a aceptar los
resultados y las recomendaciones del comité científico en
conjunto.
En este contexto, un trastocamiento del equilibrio de uno de
los elementos del acuerdo, como sería la disminución de las
posibilidades de pesca para la flota comunitaria, es
inaceptable para España, y por ahora también para la Unión
Europea.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Fernández de Mesa.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor
Presidente. Gracias, señor Ministro. Con esa posición, desde
luego, no va a estar usted solo ante el peligro; yo creo que
va a tener el respaldo de toda esta Cámara, y por supuesto del
Grupo Parlamentario Popular, para continuar defendiendo los
intereses pesqueros españoles ante el seno de la Unión Europea
y, sobre todo, en las negociaciones con terceros países. Pero
una cosa son las propuestas que realice el Gobierno español --
que todavía no he oído ninguna, señor Ministro, y me gustaría
que usted las dijera-- y otra cosa son las medidas que usted
ha anunciado, que nos parecen bien, pero de todos los males,
el menor. Yo creo, señor Ministro, que España debe plantear
ante Europa, primero, que resulta inaceptable la reducción
unilateral del 50 por ciento de la flota española en
Marruecos. España no tiene por qué reducir el 50 por ciento de
su flota en Marruecos y el resto de los países no hacerlo.
Segundo, es inaceptable que Marruecos pretenda que los buques
españoles faenen al norte del cabo Nun, que prácticamente es
desplazarnos a 600 millas de Algeciras; es realmente
inaceptable. Tercero, es inaceptable también, señor Ministro,
que Marruecos, unilateralmente, pretenda que las redes de
monofilamento se erradiquen de nuestros barcos, lo que ha
hecho que el Gobierno haya ofrecido, según ha sido anunciado
por usted, cuatro millones y medio de pesetas
para que se proceda a esa sustitución de artes, que afecta
sólo a 47 barcos españoles, y que los 600 que siguen faenando
en los caladeros marroquíes no tengan que efectuar el cambio
de ese monofilamento. Realmente, eso es inaceptable. Da la
sensación de que Marruecos lo que pretende es expulsarnos de
sus caladeros, y en eso creo que no hay nadie que esté de
acuerdo en esta Cámara ni en el Gobierno.
Señor Ministro, este Grupo Parlamentario, como en tantas otras
ocasiones, estará respaldando al Gobiernode España, en la
figura de su Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación,
ante la Unión Europea, siempre que consideremos que está
defendiendo los intereses de España y del sector pesquero
español, como creemos que lo está haciendo en estos momentos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Mesa.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION
(Atienza Serna): Solamente para agradecerle su apoyo al señor
Fernández de Mesa y manifestarle que, para reiterar esta
posición, he pedido al Comisario Paleokrassas que se desplace
a Rabat, que es algo que hará el próximo viernes, con este
mandato de defender firmemente el esfuerzo pesquero previsto
en el acuerdo entre la la CEE y Marruecos para el período
1992-1996.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON ENRIQUE FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA
EXCMA. SRA. MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿CUALES SON LAS
RAZONES POR LAS QUE NO SE CELEBRAN DESDE EL MES DE ABRIL DE
1994 REUNIONES DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA
NACIONAL DE SALUD? (Número de expediente 180/000672)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 23 del señor Fernández-
Miranda, que tiene la palabra.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor
Presidente. Señora Ministra, ¿cuáles son las razones por las
que no se celebra, desde el mes de abril de este año,
reuniones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud?
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán):
Gracias, señor Presidente.
Ninguna razón de fondo, señor Diputado, razones de ajuste de
calendario, pero ya está convocada y fijada la fecha de la
reunión para el próximo día 3 de octubre. Gracias, señor
Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el señor Fernández-Miranda.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor
Presidente. Desde que usted es Ministra ha reunido dos veces
al Consejo Interterritorial y me dice en esta ocasión que el
día 3 de octubre lo reúne de nuevo, eso sí, con los
Presupuestos Generales del Estado cerrados.
Señora Ministra, ¿tengo que recordarle yo que la Ley General
de Sanidad concede al Consejo Interterritorial la función de
comunicación y coordinación, tanto del gasto como de la
planificación sanitaria en España? ¿Tengo que recordarle que
hay 17 comunidades autónomas, siete con plenas competencias y
10 que quieren tenerlas? ¿Cómo se relaciona con ellas, señora
Ministra? ¿Cómo las coordina? ¿Cómo decide las líneas básicas
del gasto y de la planificación sanitaria si no se reúne con
ellas? ¿Cómo está en este momento decidiendo un tema tan
sustancial como es el saneamiento de la deuda en sanidad; en
secreto, con algunas comunidades autónomas, o con todas? Si es
con todas, ¿cómo, si no reúne al Consejo? Si es sólo con
algunas, ¿a costa de qué, señora Ministra, a costa de ahondar
las distancias interterritoriales incluso con comunidades
autónomas que tienen transferencias concedidas, o a costa de
que las comunidades autónomas que aún no tienen esas
competencias plenas en sanidad renuncien a ellas? ¿Qué sucede
con el plan integrado de salud, señora Ministra, plan que
tienen que coordinar todas las comunidades autónomas para
plasmar precisamente en los Presupuestos Generales del Estado
de cada año, como dice la Ley General de Sanidad --y lamento
tener que recordársela de nuevo-- las previsiones necesarias
para su financiación? ¿Qué tipo de cambio en la financiación
de la sanidad pública pretende hacer la señora Ministra si no
reúne formalmente al Consejo Interterritorial? ¿No es
consciente S.S. de todo esto? ¿No es consciente S.S. de los
problemas que está suscitando al hacer dejación de su
responsabilidad de convocar al Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud? Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández-Miranda.
Señora Ministra, tiene S.S. la palabra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán):
Gracias, señor Presidente.
Señor Diputado, desde que yo soy Ministra se han celebrado
tres Consejos Interterritoriales. Le aseguro a S.S. que no me
tiene que recordar la Ley General de Sanidad y le aseguro a
S.S. que las grandes decisiones de política sanitaria no se
parecen a la novela que S.S. formula con una serie de
preguntas que carecen de cualquier fundamento.
El debate y discusión de los temas de financiación de la
sanidad se hace en el ámbito donde tiene que hacerse.
Concretamente hoy, se ha visto en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera y, desde luego, es perfectamente conocido
por todas las comunidades afectadas, que me han expresado su
gratitud por la información que han tenido puntualmente y el
diálogo que he mantenido con todas y cada una de ellas a la
hora de elaborar las propuestas financieras y las propuestas
de elaboración de presupuestos.
Por otra parte, tengo que decirle, señor Diputado, que el
contenido de los Consejos que se han celebrado hasta ahora y
los órdenes del día evidencian que no ha habido una sola
decisión en política sanitaria en este año que no haya sido
examinada por el Consejo Interterritorial y comunicada. Por
ello, le repito que he recibido la gratitud y la felicitación
de los consejeros que se sientan en ese Consejo.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
--DEL DIPUTADO DON CESAR VILLALON RICO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA
EXCELENTISIMA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿QUE
MEDIDAS PIENSA TOMAR EL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO ANTE
LA SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL QUE ANULA UNA DE LAS
BASES DE LA CONVOCATORIA MIR 91/92, REFERIDA A LAS
ESPECIALIDADES EXTRAHOSPITALARIAS? (Número de expediente
180/000678)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 29 del señor Villalón
Rico, que tiene la palabra.
El señor VILLALON RICO: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra de Sanidad y Consumo, desde hace unos años, su
Ministerio y el de Educación y Ciencia tienen un conflicto con
los médicos residentes extrahospitalarios que, al parecer, no
quieren solucionar. Este contencioso ha llegado incluso a
traspasar nuestras fronteras y ha dado lugar a que en su
momento interviniera la Comisión de la Comunidad Europea que,
primero, solicitó al Estado español aclaración sobre la
situación de estos médicos, y, posteriormente, abrió un
procedimiento de infracción contra el Estado español por
incorrecta transposición de una directiva comunitaria. Por
último, en fechas recientes, como usted conoce, la Audiencia
Nacional ha anulado parte de la convocatoria MIR del año 1991.
Es por todo esto por lo que le formulo la siguiente pregunta:
¿Qué medidas piensa tomar el Ministerio de Sanidad y Consumo
ante la sentencia de la Audiencia Nacional que anula una de
las bases de la convocatoria MIR 91/92, referida a las
especialidades extrahospitalarias?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Villalón.
La señora Ministra tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán):
Gracias, señor Presidente.
El Ministerio va a acatar, como no puede ser de otra manera,
la sentencia, pero, además, como discrepa de su contenido, la
va a recurrir en casación, señor Diputado. Vamos a esperar al
fallo de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo porque
tenemos noticia de que el abogado general, en su escrito de
conclusiones, reconoce que la posición española tiene
fundamento, y por tanto estamos esperando con expectación esa
sentencia para ejecutarla.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
El señor Villalón tiene la palabra.
El señor VILLALON RICO: Gracias, señor Presidente.
Una vez más, señora Ministra nos sorprende usted con sus
contestaciones parlamentarias que al final no aclaran nada,
siembran la duda en todo caso. Lo que ha dicho usted ya lo
sabíamos por los diferentes medios de comunicación porque
personas de su Ministerio lo han dicho, pero eso no es tomar
medidas para solucionar este problema.
Aparte de acatar y llevar a la práctica la sentencia de la
Audiencia Nacional y las directivas comunitarias, una de las
medidas a adoptar podría ser reformar, por vía de urgencia, la
convocatoria MIR de este año, 1994, que dentro de un mes
aproximadamente va a celebrar el examen. Hay que dar por
sentado que, ante la sentencia de la Audiencia Nacional, están
anuladas las convocatorias MIR de los años 92, 93 y 94.
Incluso se debería y se podría hablar con esos médicos que
están implicados en el tema. Usted vuelve a decir una cosa
para pasar aquí el control parlamentario, y lo único que añade
es que van a recurrir. A mí me preocupa que el Gobierno
socialista vuelva a establecer diferencias entre los
ciudadanos. Si ustedes en una convocatoria MIR exigen las
mismas condiciones
para todos aquellos ciudadanos que se presentan a dicha
convocatoria, ¿cómo es que al final se establecen médicos de
primera y de segunda categoría? Señora Ministra, le tengo que
decir que, como defensor del sistema MIR, me preocupan los
planteamientos del Gobierno socialista y de su Ministerio y me
preocupa que, en algún momento, haya algunos que puedan creer
que...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Villalón.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán):
Gracias, señor Presidente.
Si S.S. considera que recurrir ante el Tribunal Supremo,
formalizar un recurso de casación y esperar al fallo del
Tribunal de la Unión Europea es no tomar una decisión, es muy
dueño de considerarlo; pero, la decisión del Ministerio de
Sanidad es recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional,
porque no compartimos el fallo, y esperar, como le he dicho,
la sentencia.
En todo caso, es interesante conocer que, para S.S., las
especialidades que son objeto de debate, como educación
física, deporte, medicina legal y forense, etcétera, son igual
que el resto de las especialidades.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
--DE LA DIPUTADA DOÑA MERCEDES AROZ IBAÑEZ, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES LA
CIFRA ESTIMADA POR EL GOBIERNO DEL FRAUDE FISCAL EN ESPAÑA?
(Número de expediente 180/000667)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 18, de la señora Aroz
Ibáñez.
La señora AROZ IBAÑEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Economía y Hacienda, el pasado mes de agosto
se dio a conocer, por parte del Director del Instituto de
Estudios Fiscales, la cifra del fraude fiscal en España,
estimada en tres billones de pesetas. Si esa es la cifra,
evidentemente estamos ante un hecho altamente preocupante por
su repercusión en los ingresos públicos, por lo que supone de
agravio a los ciudadanos que cumplen con sus obligaciones
tributarias y porque resta credibilidad al sistema tributario.
Creo que, como país, podemos sentirnos razonablemente
satisfechos del desarrollo de la conciencia fiscal en nuestra
sociedad, y también hay que reconocer el esfuerzo del Gobierno
para combatir el fraude; pero, ante las cifras que se están
manejando, es evidente que hay que intensificar ese esfuerzo y
actuar en la dirección adecuada. En ese sentido, quisiera
transmitirle, señor Ministro, la sensación que existe entre
buena parte de los ciudadanos, de que se actúa con mayor
intensidad y eficacia entre los contribuyentes fácilmente
controlables en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas que donde realmente están las bolsas importantes, el
IVA y las actividades empresariales y profesionales. Por todo
ello, señor Ministro, el Grupo Socialista quisiera conocer la
estimación que realiza el Gobierno de la cifra de fraude
fiscal, y también cuáles son las medidas previstas para
mejorar los mecanismos para combatirlo. Gracias, señor
Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aroz.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira):
Gracias, señor Presidente.
Señorías, el fraude fiscal, por sus propias características,
es realmente difícil de cuantificar. Hablar de una medición
exacta o de unas cifras, digamos, realistas, es prácticamente
imposible. Hablar de una cifra oficial, evidentemente, no
tiene ningún sentido. Existen análisis, existen estudios, pero
una estadística oficial del Gobierno en cuanto al fraude
realmente no existe. Dentro de los organismos que hacen este
tipo de análisis, uno de ellos es el Instituto de Estudios
Fiscales. Es verdad que el Instituto de Estudios Fiscales ha
llegado a ciertas cifras, pero hay que ver con qué metodología
las ha hecho y qué es lo que quieren decir, porque siempre el
fraude, en estos casos, es más bien un planteamiento residual
que una cifra a la que se llega de forma objetiva.
Decía antes que no hay cifra oficial de fraude, no la hay en
España, no la hay en ningún otro país, ni yo creo que tiene
sentido hablar de esas cifras oficiales. Tampoco creo que sea
especialmente útil un debate sobre la cuantía del fraude
fiscal en España. Lo que sí podemos decir es que, en términos
comparativos y homogéneos, sea cual sea la metodología que se
utilice, aparece un descenso de esas cifras en nuestro país y,
por tanto, podemos decir que el fraude fiscal va disminuyendo.
Creo que lo importante no es tanto hablar de cuál es esa cifra
sino de qué es lo que se está haciendo para luchar contra el
fraude. En ese sentido, la labor realizada en los últimos
meses es realmente importante. Aparte de normas específicas y
de actuaciones de la Inspección, el tema más importante, sin
duda alguna, ha sido el del análisis del fraude y la
presentación, en base al informe que la unidad de fraude ha
elaborado, de un paquete de medidas, previstas para el mes de
octubre, precisamente para seguir luchando contra el fraude.
Por supuesto, ahí no estamos hablando única y exclusivamente
del control más fácil, también estamos
hablando de programas especiales para aquellos contribuyentes
de mayor riesgo, que son, sin duda alguna, los que más nos
preocupan a todos, porque es donde están las mayores bolsas de
fraude en este país en el momento actual. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON CRISTOBAL MONTORO ROMERO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿HA ESTIMADO EL GOBIERNO LA REPERCUSION SOBRE LA CIFRA DE
DEFICIT PRESUPUESTADA LA DESVIACION AL ALZA EN EL CAPITULO 3
DE GASTOS FINANCIEROS? (Número de expediente 180/000675)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 26, del señor Montoro
Romero.
El señor MONTORO ROMERO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, la subida de tipos de interés es uno de los
acontecimientos más graves de la situación económica que
estamos atravesando. Ante ello, ¿ha estimado el Gobierno la
repercusión sobre la cifra de déficit presupuestada la
desviación al alza en el capítulo 3, de gastos financieros?
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Montoro.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente; muchas gracias, señoría.
Evidentemente, seguimos con mucho detalle lo que está
sucediendo con los tipos de interés y su repercusión
presupuestaria. En estos momentos, sin embargo, pensamos que
la posible repercusión en el año 1994 no modifica para nada
nuestra previsión del capítulo 3. Dicho en otros términos, el
margen de que disponíamos es suficiente para hacer frente a
cualquier modificación que se produzca de acuerdo con las
elevaciones del tipo de interés que se ha producido hasta
ahora. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Montoro.
El señor MONTORO ROMERO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Economía y Hacienda, le recuerdo que en los
presupuestos del Estado para el año 1994 la previsión de
gastos financieros suponía un importante incremento respecto
del año anterior, una cifra cuya tasa anual se elevaba por
encima del 23 por ciento y que esa tasa se está viendo
superada por la realidad, por la ejecución presupuestaria
holgadamente, como se desprende de las cifras que ustedes
publican sobre esa ejecución presupuestaria.
Esto significa que han fallado en esa previsión del gasto
financiero y ello significa que si usted conserva la misma
cuantificación del déficit público es porque está ahorrando
otro tipo de gasto y el gasto que está ahorrando, señor
Ministro, es el que más necesita la economía española en estos
momentos, es el gasto de inversión, es el apoyo a la economía,
a la mejora de la competitividad a través de la inversión
pública.
El fallo en la previsión de ese gasto financiero, señor
Ministro, procede de la incorrección de los objetivos de
inflación planteados por el Gobierno, procede de la languidez
o de la timidez a la hora de expresar el objetivo del déficit
público. Hay que advertir sobre la gravedad de esta
circunstancia, porque en definitiva, señor Ministro, estamos
pagando muy caro el déficit público en España. Estamos
haciendo que las consecuencias de ese déficit público sean las
causas del nuevo déficit público; estamos, como advertíamos
desde el Grupo Parlamentario Popular, en un auténtico círculo
vicioso, en un problema de insostenibilidad de la deuda que
los mercados financieros internacionales están sentenciando
duramente para nuestra economía. Lo están haciendo en forma de
exigencia de una prima de riesgo que en estos momentos la
economía española soporta mal y esa prima de riesgo se deriva,
en primer lugar, de la incertidumbre política, señor Ministro.
Quiero ligarle estos dos acontecimientos: fallo en la
previsión presupuestaria, fallo en la previsión de inflación,
recorte de inversión y, en definitiva, decía, incertidumbre
política, que nos está llevando a pagar una factura
excesivamente alta en forma de elevados gastos financieros.
Ahora, en los presupuestos de 1995, tendrá usted, señor
Ministro de Economía, la oportunidad de evitar esta situación.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Montoro.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Su señoría parte de datos que no son reales y, en
consecuencia, sus conclusiones tampoco pueden serlo. Su
señoría dice: los gastos financieros se han disparado, no se
están cumpliendo las previsiones del año 1994. Yo le diría que
ambas afirmaciones son incorrectas. Primero, el crédito
inicial para el capítulo 3, gastos financieros, era dos
billones 860.600 millones de pesetas y sigue siendo
exactamente la misma previsión de liquidación.
Sí sabrá S.S. que lo que se ha producido ha sido una
financiación a corto en vez de una financiación a largo, que
plantea problemas de otra naturaleza, pero no de
encarecimiento de los costes financieros.
Su señoría llega a su conclusión desde un argumento que
también es equivocado. Dice: en agosto el déficit se ha
comportado peor; en consecuencia van muy mal los gastos
financieros y, en consecuencia, hay no sólo previsiones de
peor comportamiento del déficit, sino también reducción de la
inversión por encima de lo presupuestado.
Yo le diría que no. En agosto es verdad que el déficit se ha
reducido; lo mismo que dije que en julio la cifra era anormal,
le digo que en agosto es anormal. En julio era anormalmente
alta la reducción, en agosto ha sido anormalmente baja, porque
había que pagar unos intereses específicos en agosto. También
será anormalmente baja en septiembre --ya se lo avanzo para
que esté usted tranquilo-- y mejorará en octubre, mejorará en
noviembre y, sobre todo, mejorará en diciembre como
consecuencia precisamente de los gastos que realizamos el año
pasado.
En los tipos de interés, evidentemente hay un diferencial algo
mayor, sustancialemente mayor respecto a febrero, y es verdad,
se lo tengo que aceptar, pero es cierto que ese diferencial no
es tan distinto del del pasado año a estas fechas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JUAN COSTA CLIMENT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMO VALORA
EL GOBIERNO LA EVIDENTE PERDIDA DE COMPETITIVIDAD DE LA
ECONOMIA ESPAÑOLA QUE SE RECOGE EN RECIENTES INFORMES SOBRE
ESTA MATERIA, CONFIRMADA POR EL REPUNTE DE LA INFLACION?
(Número de expediente 180/000676)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 27.
El señor Montoro tiene la palabra.
El señor MONTORO ROMERO: Gracias, señor Presidente.
¿Cómo valora el Gobierno la evidente pérdida de competitividad
de la economía española que se recoge en recientes informes
sobre esta materia y que se confirma en el repunte de la
inflación?
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Montoro.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, Presidente.
Si S.S. se refiere al informe World Economic Forum, no estoy
de acuerdo en la afirmación. Pasamos del número 21 al número
24, pero es verdad que no de los países de la OCDE sino de los
países de la OCDE más otros que en las decisiones anteriores
del World Economic Forum no se habían contabilizado. Segundo,
no me parece correcto que hablar de un repunte de la inflación
como consecuencia de un salto específico debido a un
incremento de precios concretos, que ha sido el de las tarifas
telefónicas; no se puede llegar a la conclusión de que la
inflación está repuntando en este país.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Montoro.
El señor MONTORO ROMERO: Señor Ministro, la competitividad es
el principal asunto de nuestra economía, como lo es de buena
parte de las economías del mundo, por no decir de todas las
economías del mundo.
La competitividad es un concepto amplio y un concepto difícil
de medir realmente, pero es un concepto que define bien lo que
es la situación de un país, define bien lo que es la imagen de
un país, de una economía ante el mundo, y debe ser aceptado
como un objetivo a seguir.
Lo que esos informes internacionales nos están diciendo es que
en España estamos perdiendo posiciones en el «ranking» mundial
de competitividad, y no es una cuestión que debamos ceñir a lo
que es el conjunto de los países desarrollados, debemos verlo
globalmente, puesto que cada vez estamos más en una economía
global, y uno de los elementos que nos hace perder
competitividad, señor Ministro, son los precios de nuestra
economía, la falta de dominio, la falta de control del
problema de la inflación. Lo que no entiendo es por qué ha
dado usted este argumento en el sentido inverso sobre lo que
es el planteamiento natural de la pregunta.
La inflación nos resta competitividad frente a los países que
logran moderar esa inflación, señor Ministro, y la
competitividad en España está rebajándose por la vía de los
precios y está rebajándose porque no estamosrealizando los
precios de modernización de nuestras inversiones, de nuestras
empresas; porque no estamos llevando adelante las reformas
estructurales de nuestra economía; porque no estamos sentando
lo que son las bases de conseguir esa necesaria, esa urgente,
esa apremiante mejora de competitividad de la economía
española frente al resto del mundo y porque, como esos
informes advierten, en España existe una incertidumbre
política, incertidumbre política de la que su Gobierno,
nuestro Gobierno, por supuesto de todos los españoles, pero el
Gobierno socialista es el protagonista esencial, es el que la
está provocando por la falta de definición, de concreción y
por la falta de enunciado en cuanto a realización de reformas
estructurales. Ahí
está el fracaso del programa de convergencia, señor Ministro,
a la hora de ofrecer esa imagen positiva de España en el
mundo, y ahí está el fracaso de ese anuncio de presupuestos
para 1995, fracaso que puede ser muy grave porque, en
definitiva, señor Ministro, si seguimos dañando la imagen
internacional de España, si seguimos perdiendo competitividad
por esa vía...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Montoro.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
De las cosas que ha dicho comparto una, y es que la
competitividad es muy importante. Puedo compartir también que
la inflación juega en la competitividad, pero no en términos
absolutos sino en términos comparativos y en términos de
diferencial.
Ahí S.S. saca una conclusión y es que nuestro diferencial de
inflación aumenta. Yo le diría que aumenta en unos casos y
disminuye en otros. Por tanto, yo no sería tan taxativo en su
afirmación, porque no estamos aumentando el diferencial de
inflación con la media de países europeos.
Es verdad que la competitividad se mide no sólo con países
europeos, también como países terceros pero, por favor, no
saque la conclusión de que perdemos competitividad en el
informe del World Economic Forum cuando este año hay más
países y, como consecuencia de que hay países nuevos que antes
no estaban, estamos más atrás. Si usted compara exactamente
los mismos países del año 1994 con el informe de 1993 y 1993
respecto a 1992 nuestra situación ha mejorado. En el informe
sobre el sector exterior en 1993, que hace el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, nuestra competitividad aumenta
10,5 puntos, consecuencia lógica de la devaluación más el
comportamiento de la inflación en nuestro país.
A S.S. le preocupan dos cosas. Hay inversión o no hay
inversión en este país; hay reformas estructurales o no. No
hay más que ver ayer el índice de producción industrial, o el
índice de producción de bienes de equipo para apreciar que la
evolución no está funcionando tan mal.
Reformas estructurales las hay y las va a seguir habiendo y
esa incertidumbre que SS.SS. generan, más que otras cosas, no
corresponde a la realidad. Estoy convencido que esa
descalificación «a priori», sin conocerlo, del presupuesto del
año 1995, eso no ayuda a mejorar la imagen de nuestro país
porque me parece que es una apreciación totalmente
inaceptable.
INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
MEDIDAS DE POLITICA FISCAL QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA
CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DE NUESTRO SISTEMA TRIBUTARIO
(Número de expediente 172/000065)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL
GOBIERNO PARA COMBATIR EL FRAUDE FISCAL (Número de expediente
172/000066)
El señor PRESIDENTE: Punto V del orden del día:
Interpelaciones urgentes. La Presidencia, vista la similitud
de los objetos que se persiguen en las interpelaciones o de la
materia a la que se refieren, ha propuesto a los grupos
interpelantes y al Gobierno la tramitación acumulada de estas
dos iniciativas y habiendo aceptado esta tramitación
acumulada, vamos a proceder en la forma habitual cuando se
acumulan las interpelaciones. Por tanto, se desarrollarán las
dos interpelaciones sucesivamente, y el Gobierno contestará en
un solo turno. Se tendrán luego las réplicas de los grupos
pertinentes y posteriormente se fijará la posición por parte
de los grupos en relación con las dos interpelaciones.
Interpelación del Grupo Popular sobre medidas de política
fiscal que piensa adoptar el Gobierno para corregir las
deficiencias de nuestro sistema tributario. Por el Grupo
interpelante, el señor Costa tiene la palabra.
El señor COSTA CLIMENT: Gracias, señor Presidente, señoras y
señores Diputados, voy a iniciar mi intervención haciendo
referencia a una frase de un ilustre jurista italiano en
materia tributaria que se llamaba el profesor Einaudi. Este
ilustre jurista en su obra «Mitos y paradojas de la justicia
tributaria» afirmaba que el día que el ciudadano identifique
impuesto con contribución, es decir con financiación de bienes
y servicios queridos por la ciudadanía y administrados con
honradez y rigor, se habrá dado un paso de gigante en la
aceptación del sistema fiscal. Lamentablemente en estos
momentos esa pretensión del ilustre jurista dista mucho de la
realidad y constituye una utopía con el modelo de política
presupuestaria que tiene el señor González en nuestro país.
(El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
Señor Solbes, su Gobierno carece de un modelo de sistema
tributario y, desde luego, de un modelo de sistema tributario
acorde con las tendencias internacionales. Los objetivos
perseguidos por las principales medidas en materia tributaria
que han adoptado los sucesivos gobiernos del señor González
han perseguido básicamente incrementar la recaudación. Esto ha
tenido como consecuencia que nuestro país se encuentre a la
cabeza de la Unión Europea en crecimiento de la presión
fiscal. Ha tenido también como consecuencia
que nuestro sistema tributario se aleje de lo que son
considerados los principios fundamentales de los modelos de
imposición de los sistemas tributarios avanzados de nuestro
entorno económico.
La simplificación de los diferentes tributos, una mayor
neutralidad económica, es decir mayor neutralidad en las
decisiones de los agentes económicos en materia de ahorro,
inversión y empleo, y finalmente una mejora en la equidad y en
el reparto de la carga tributaria. Voy a referirme, señor
Presidente, a cada uno de estos tres aspectos.
En primer lugar, nuestro sistema tributario se caracteriza por
un elevado nivel de complejidad, en parte debido al gran
número, a la gran evolución de normas tributarias y a la falta
de estabilidad del tiempo de estas normas tributarias. ¿Sabe
usted, señor Solbes, el número de disposiciones generales en
materia fiscal aprobadas o propuestas por los sucesivos
gobiernos del señor Felipe González desde 1983 hasta 1993?
Aproximadamente 3.000 disposiciones de carácter general; es
decir, una norma distinta cada día en los últimos once años.
Esta circunstancia, unida a la defectuosa técnica legislativa
y a la incertidumbre sobre qué normas se encuentran en vigor
en cada momento, ha traído como consecuencia dos aspectos
importantes que inciden en la estabilidad y en la seguridad
jurídica de nuestro sistema tributario.
En primer lugar, un elevado coste en el cumplimiento de las
obligaciones fiscales, es decir, una elevada presión fiscal
indirecta que en el supuesto del IRPF fue cuantificada en
1992, para 1992, por el Instituto de Estudios Fiscales, en
aproximadamente 90.000 millones de pesetas.
Esta incertidumbre, esta inseguridad y esta falta de
estabilidad de las normas tributarias han traído consigo una
falta de credibilidad de la política fiscal de su Gobierno,
falta de credibilidad porque introduce elementos de
incertidumbre en las decisiones de los agentes económicos. Voy
a referirme a tres actuaciones que han llevado a la práctica
en los últimos tiempos los gobiernos del señor González.
Primero, la regularización fiscal de 1991. Usted sabe, señor
Solbes, que en estos momentos una de las principales razones
por las que tienen que modificar la regulación del delito
fiscal es para poner fin a una polémica y que expresamente
figuren exonerados de responsabilidad criminal aquellos
contribuyentes que, confiando en los planteamientos de su
Gobierno, decidieron regularizar su situación tributaria de
forma voluntaria.
Segundo, la contrarreforma fiscal de 1992. El Gobierno del
señor González planteó y propuso a esta Cámara una rebaja de
la presión fiscal en el Impuesto sobre la Renta, una rebaja
que tenía que instrumentarse a través de la reducción de la
tarifa en dos fases sucesivas y fijando finalmente un tipo
marginal de gravamen en el IRPF del 50 por ciento. Sin
embargo, de forma súbita, al cabo de unos meses el Gobierno
del señor González decidió en 1992 volver a aplicar la tarifa
con carácter retroactivo con los niveles que existían en 1991.
Todavía es más grave, señor Solbes, lo que ha ocurrido
después. En la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
1993 y en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
1994, de la que usted es uno de los principales responsables,
no deflactaron la tarifa ni los restantes parámetros del IRPF.
La consecuencia de esto es clara: una subida encubierta de los
impuestos del IRPF como consecuencia de lo que se denomina
progresividad en frío y, por tanto, un incumplimiento de los
compromisos políticos y electorales adoptados por el Gobierno
del señor González. Ustedes han pasado de la inflación durante
tres años y como consecuencia de esa no corrección de la
inflación han subido la presión fiscal en el Impuesto sobre la
Renta de todos los contribuyentes y especialmente de los
contribuyentes con rentas más bajas. Usted mismo, señor
Ministro, es el responsable de que desde el 1.º de enero de
1994 se encuentren sujetas a tributación por el Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas las amortizaciones de
participaciones en fondos de inversión mobiliaria cuando el
importe recibido no excede de 500.000 pesetas. Sin embargo,
ahora su Gobierno, incumpliendo también sus compromisos
electorales y apartándose de lo que usted mismo ha manifestado
en esta Cámara en alguna ocasión, ha anunciado no desarrollar
reglamentariamente los planes de ahorro popular, y por ello
quieren sorprendernos, lo que ya es difícil, con un nuevo
parche fiscal y aplicar o suprimir de forma retroactiva la
modificación de la que usted es responsable.
Le preguntaría, señor Ministro, con este tipo de actuaciones,
qué credibilidad puede tener la política fiscal de su
Gobierno. ¿No cree usted que con este tipo de actuaciones se
introduce incertidumbre en las decisiones de los agentes
económicos, se crea inseguridad jurídica y se acrecienta el
rechazo social a nuestro sistema tributario?
La segunda crítica que puede atribuirse a nuestro sistema
tributario es su falta de neutralidad, la falta de eficacia en
la asignación de los recursos dentro de nuestro sistema
económico. Voy a hacer referencia a esta característica, a
esta crítica respecto a las principales figuras impositivas.
En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicastenemos
en estos momentos una tarifa con una estructura que se aleja
de todas las tendencias internacionales, una tarifa que
penaliza el ahorro y la oferta de empleo. Echamos también en
falta unos mecanismos automáticos para corregir el efecto de
la inflación en la tarifa y en los restantes parámetros del
impuesto y que, por tanto, de forma encubierta no se suba la
presión fiscal de los ciudadanos españoles, año a año, y
los agentes económicos puedan dotar de mayor certidumbre las
decisiones que puedan adoptar en un momento determinado.
Por lo que respecta a la tributación de las rentas
empresariales, señor Solbes, como usted sabe, la empresa
española soporta una carga fiscal muy superior a la media de
la carga fiscal que soportan las rentas empresariales de los
países de nuestro entorno económico. Usted sabe, señor Solbes,
que producir en España significa pagar más impuestos que en
los países de nuestro entorno y sabe también que la razón, el
elemento diferencial, es el elevado peso de las cotizaciones
sociales en la fiscalidad de las rentas empresariales, unas
cotizaciones sociales que reducen drásticamente la
rentabilidad de los proyectos de inversión, reducen la
competitividad de las empresas españolas y constituyen un
verdadero impuesto sobre el factor trabajo, un impuesto sobre
el empleo. En segundo lugar, señor Solbes, nuestro sistema
tributario no fomenta y desincentiva la capitalización de las
empresas, en parte, porque no tenemos un método adecuado que
elimine plenamente la doble imposición económica, con lo que
se está incentivando acudir a recursos ajenos para la
financiación de los proyectos de inversión. Además, en nuestro
sistema tributario, la financiación con recursos propios tiene
un coste adicional, el coste del capital, el uno por ciento
por el concepto operaciones societarias del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales.
En tercer lugar, señor Solbes, la política tributaria de su
Gobierno no ha puesto en marcha ningún mecanismo para corregir
los nocivos efectos que produce la inflación en la tributación
de las rentas empresariales. En estos momentos, las rentas
empresariales, como consecuencia de la inflación, se ven
sometidas a una situación de dispersión de tipos de gravamen
en función de los sectores de actividad y se ven sometidas
también a un incremento de la presión fiscal, porque las
amortizaciones o las ganancias de capital computadas para la
determinación de la base imponible son amortizaciones y
ganancias de capital meramente nominales.
Finalmente, señor Solbes, nuestro sistema tributario adolece
de un marco jurídico adecuado para apoyar y estimular la
actividad exterior de las empresas españolas. En estos
momentos, nuestro sistema tributario, en materia de fiscalidad
internacional, es el más regresivo de todos los que existen en
el ámbito de la Unión Europea. Es el más regresivo porque no
elimina la doble imposición económica internacional, no
elimina la doble imposición jurídica internacional y porque,
además, es de muy difícil aplicación. Por lo que respecta al
IVA, señor Solbes, su Gobierno tampoco ha sido capaz de
eliminar completamente todas las distorsiones que su
funcionamiento produce en la actividad económica. Me refiero a
los costes financieros que soportan las empresas porque existe
un elevado «décalage» temporal para recuperar los excesos de
cuotas soportadas sobre cuotas repercutidas, y me refiero
también a esa imposibilidad de recuperar las cuotas
previamente ingresadas en el Tesoro cuando se producen
impagados.
Pero lo peor, señor Solbes (y voy a referirme al último de los
aspectos a los que hacía referencia al inicio de mi
intervención), es que nuestro sistema tributario determina un
desigual reparto de la carga tributaria. Este resultado se
produce, en parte, por la concreta regulación de las distintas
figuras impositivas que integran nuestro sistema impositivo,
pero en parte también por el elevado nivel de fraude fiscal
que existe en nuestro país. Tengo que admitir que el Grupo
Parlamentario Socialista ha preparado muy bien su estrategia
en el momento de formularle la pregunta sobre cuál era el
volumen o la cuantificación del Gobierno en materia de fraude
fiscal. Usted ha querido quitarle hierro al informe del
Instituto de Estudios Fiscales...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Costa, vaya
concluyendo.
El señor COSTA CLIMENT: Voy concluyendo, señor Presidente. Ha
querido quitarle importancia a esa cuantificación y ha dicho
que es muy relativa. Pero constituye una paradoja que los
sucesivos Gobiernos del señor González, que han querido
erigirse en esta Cámara y ante la opinión pública durante
muchos años como los abanderados y paladines de la lucha
contra el fraude fiscal, nos conduzcan a una situación en la
que, según esas cuantificaciones, tenemos un nivel de fraude
fiscal equivalente al 5,5 por ciento del PIB y en torno a los
3 billones de pesetas.
Yo creo --y comparto la opinión de la mayor parte de los
expertos en esta materia-- que la responsabilidad de ese nivel
de fraude fiscal recae, principalmente, en el Gobierno. Y
recae principalmente en el Gobierno porque todas las causas, o
las principales causas, que favorecen y estimulan esos niveles
de fraude fiscal son responsabilidad del Gobierno. En primer
lugar, el rápido crecimiento de la presión fiscal en nuestro
país, que ha determinado, como consecuencia de la drástica
reducción de la rentabilidad de los proyectos de inversión
empresariales en algunos sectores económicos, un fomento y un
paso a situaciones de economía sumergida.
En segundo lugar, la elevada complejidad de nuestro sistema
tributario, a la que ya me he referido al principio, y que
desincentiva y entorpece el cumplimiento voluntario de las
obligaciones fiscales.
En tercer lugar, la ineficaz gestión del gasto público y los
comportamientos de algunos líderes políticos del Grupo
Socialista que han causado una gran aversión ante la opinión
pública.
En cuarto lugar, señor Solbes, la inexistencia de un marco
jurídico adecuado para luchar contra las operaciones de
ingeniería financiera y la elusión fiscal internacional a
través de sociedades ubicadas o establecidas en paraísos
fiscales, en países de baja tributación.
Yo creo, señor Solbes, que en estos momentos está plenamente
justificado acometer una reforma global de nuestro sistema
tributario; está plenamente justificado, por varias razones:
en primer lugar, el cambio del ciclo en el que se encuentra
nuestra economía; en segundo lugar --y también es un factor
sumamente importante--, el vuelco que en el panorama político
de nuestro país se produjo el pasado 12 de junio, y, en tercer
lugar, el rechazo social que parece que el actual sistema
tributario despierta ante los contribuyentes españoles.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Costa, termine,
por favor.
El señor COSTA CLIMENT: Concluyo ya, señor Presidente.
Esas tres circunstancias aconsejan una reforma global. El
éxito de esa reforma dependerá del consenso social y político
con el que se adopten, y por ello mi Grupo parlamentario le
propone un nuevo modelo de sistema tributario, un modelo de
sistema tributario más acorde con las tendencias
internacionales; un modelo que mejore la posición de nuestro
país para mantener y atraer capitales y actividades y mejorar
nuestros niveles de empleo.
Confío, señor Solbes, en su responsabilidad política y espero
que su Gobierno no obligue a los ciudadanos españoles a
continuar ese largo camino en la búsqueda de un sistema
tributario más justo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Costa.
Para presentar la interpelación del Grupo parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la
palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías la verdad
es que en época de tormentas --y por mi tierra hoy hay
tormenta--, no es bueno hacer muchos cambios. Y alguno de los
cambios que se plantean cuando discutimos una política
presupuestaria, le lleva a alguno a complicaciones. Las
complicaciones son que si queremos mantener los gastos que
tiene hoy el Estado, las tareas que queremos acometer, el
problema está en que, si reducimos los ingresos, tenemos que
decir los gastos que reducimos o tenemos que decir cómo vamos
a ingresar más. Ahí es donde se sitúa la interpelación que
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya presenta a esta
Cámara, al calor de lo que está siendo la negociación-
concreción de lo que pudiéramos llamar la política
presupuestaria o la ultimación de los Presupuestos.
Nosotros somos de la opinión, desde el Grupo parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, de que el
Estado debe de mantener la prestación de servicios sociales;
debe mejorarlos incluso; debe de tener una política de
inversión activa para incidir en la economía y en la realidad
productiva y creemos, por tanto, que debe de mantener un nivel
fiscal que consideramos hoy que no es progresivo.
Por tanto, lo que nosotros creemos es que debe irse a un
sistema fiscal más progresivo, que vaya a orientar la
recaudación hacia donde hay mayores recursos. Sin embargo, el
andar de la política del Gobierno va hacia un crecimiento de
lo que pudiéramos llamar gasto fiscal, las exenciones, que van
dirigidas precisamente hacia las empresas, hacia lo que
pudiéramos llamar capitales, a un incremento de los impuestos
indirectos y a una retención de los impuestos directos.
Nosotros creemos que debe ser al revés: deben crecer los
impuestos directos, que solamente han crecido en la
recaudación sobre las previsiones del Gobierno precisamente en
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, no
habiendo evolucionado así otros impuestos, según la
liquidación al mes de mayo, aunque es verdad que todavía no es
una cifra a tener en cuenta para el año 1994, pero los
impuesto que se han puesto en marcha no han funcionado de
manera positiva a nivel de los impuestos directos --el de
sociedades, etcétera--, aunque sí a nivel del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, y los impuestos indirectos
han crecido el 23 por ciento.
Por tanto, la primera idea sería mayor progresividad fiscal y
la segunda es: si tenemos que mantener tasas de endeudamiento,
para reducir ese endeudamiento, ¿de dónde lo sacamos? Nosotros
creemos que hay que sacarlo de dos lados: primero, del fraude
fiscal. Creemos que hay cifras de fraude fiscal muy altas.
¿Cómo pagamos los servicios? Los pagamos sacando de donde hay
fraude, y el fraude se produce más precisamente cuando el
Estado intenta meter la mano en la bolsa de los poderosos;
cuando hay que meterla en la bolsa de la nóminas y de las
rentas del trabajo, es fácil, es transparente. El sistema deja
de ser transparente cuando las rentas no están claras, cuando
lo que hay que tributar se puede evadir, cuando podemos
trampear la ley, usar la legalidad para vulnerar precisamente
la fiscalidad. Por tanto, yo creo que había que acometer una
lucha exhaustiva y fuerte contra el fraude fiscal y, sobre
todo, mantener líneas de actuación, mantener iniciativas y no
ir modificando sistemáticamente. El año pasado nos opusimos a
que fuesen exentos los beneficios, los réditos que pudieran
generar las ventas
de patrimonio inferiores a 500.000 pesetas. Este año vuelve a
proponerse, cuando el año pasado se retiró. El año pasado se
retiró de las exenciones de retención de IRPF la invalidez
permanente total porque había que aportar ingresos. ¿Cuál
sería, por tanto, el ánimo que mueve a esta interpelación?
¿Qué ha hecho el Gobierno o qué está haciendo para reducir ese
fraude fiscal? ¿Entiende el Gobierno que hay excesiva presión
fiscal y que, por tanto, el fraude se produce por eso, o
entiende el Gobierno que hay falta de credibilidad y de
confianza en el Gobierno y en el Estado, falta de
transparencia y, por tanto, no se paga porque no hay seguridad
en lo que se va a hacer? ¿Está el Gobierno barajando
posibilidades de fiscalidad finalista, que el ciudadano vea
que cotiza para una cosa concreta y vea eficacia en la
gestión? En suma, ¿el Gobierno está trabajando para poner en
marcha la Agencia Tributaria? ¿Cómo ha funcionado la Agencia
Tributaria en los últimos dos años, una Agencia Tributaria que
ha tenido en su camino tres responsables en estos dos años y
pico de funcionamiento? ¿Dónde ha dirigido el trabajo contra
el fraude esta Agencia? ¿Se ha implicado de verdad al cuerpo
de más de 1.300 inspectores que hoy están trabajando con un
plan dirigido desde la propia Administración? ¿Se ha cambiado
por la Agencia, por así decirlo, el vestido o la forma y el
método de trabajo en profundidad? ¿Se ha logrado la
coordinación en la Agencia Tributaria del servicio de
inspección con el de recaudación y con el de gestión o siguen
funcionando como compartimentos estancos? ¿Se ha facilitado el
trabajo con rapidez de comunicación entre los distintos
departamentos de la Agencia Tributaria? ¿Se ha empezado de
verdad a atacar las grandes bolsas de fraude o se ha ido más
bien contra el pequeño fraude o el fraude de la renta, que es
fácil? Señor Ministro, el fraude no es nuevo; ya hay informes
desde el año 1986; año a año hay un estudio que evalúa cuál es
la realidad del fraude fiscal; son temas que están detectados
y en los que no se mete la mano lo suficiente para hacerlo
eficaz. ¿Puede ser el sistema fiscal aún más injusto porque
cuando hay fraude se ataca con poca dureza a las grandes
bolsas, al dinero negro del IVA, al sector inmobiliario o al
sector especulativo y, sin embargo, se ataca con fuerza a la
pequeña deuda o se intenta generalizar? El Gobierno el año
pasado habló mucho del fraude; por ejemplo, de la ILT, del
fraude de la invalidez, del fraude del uso de determinadas
prestaciones. Se ha intentado llegar demasiado a la picaresca
fomentada y, sin embargo, no se ataca al gran pícaro, al que
se lleva miles de millones de pesetas. ¿Existe, por tanto,
dentro de esta Agencia una acción uniforme que permita un
tratamiento integral? En suma, ¿se van a meter, de verdad, con
lo que pudiéramos llamar «paraísos fiscales», donde los
beneficios de las sociedades, incluso el patrimonio, está
funcionando? ¿Se potencia la investigación con medios
suficientes, incluso policiales, o se va a criterios distintos
o según cuál sea el inspector de turno? ¿Se piensa, por tanto,
en adoptar medidas eficaces, útiles, en el esfuerzo del
trabajo que pueda tener toda la Agencia Tributaria?
Dos ejemplos pueden servirnos hoy para comentar cómo ha
trabajado la Agencia Tributaria. ¿Se puso todala carne en el
asador en el «caso Roldán», por ejemplo, o es cierto que se
puso un inspector y un subinspector cuando lo pidió la jueza
que estaba instruyendo el caso? ¿Es cierto que no se pusieron
medios cuando se puso en marcha el trabajo que podía haber en
el «caso Rubio», con todo el intrincado que hay ahí en medio,
o de verdad aquella vieja unidad de represión y vigilancia del
fraude fiscal trabajó en profundidad? En suma, ¿se han
utilizado ejemplos eficaces hacia las grandes actuaciones o
no?
Señor Ministro, el Director del Instituto de Estudios
Fiscales, en un seminario en la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, sobre evasión y fraude fiscal, cifraba el
fraude en España en torno a 3,3 billones de pesetas; en
porcentaje de PIB nos situaba en 3 puntos por encima de países
como Francia y Canadá; 3 puntos en un país donde hemos visto
elevar la presión en frío sobre las rentas del trabajo, en un
país donde hemos visto cómo se incrementan los impuestos
indirectos, en un país donde hemos visto desfiscalización de
las rentas de capital y donde hemos visto crecer el gasto
fiscal previsto para este ejercicio de 1994 en 1,7 billones de
pesetas, gasto fiscal que ponemos en circulación, en teoría,
para ganar inversión y para fomentar empleo.
¿Se ha hecho algo para ser capaz de frenar las bolsas de
fraude estable, paraísos fiscales, actividades empresariales y
rendimientos de capital, la ocultación de beneficios en
determinadas actividades profesionales y los rendimientos
empresariales de personas físicas y los autopatronos? ¿Se ha
trabajado en el IVA? Se habla casi de un 0,9 por ciento de
PIB, casi 450.000 millones de pesetas de fraude del IVA. ¿Se
plantean ustedes actuar sobre él o van a seguir las
indicaciones de los que apoyan la concreción del presupuesto,
de para reducir la cotización de la Seguridad Social
incrementar el IVA? Un IVA que tiene un fraude tan alto va a
ser un instrumento indirecto para recaudar lo que el sistema
no es capaz de recaudar por otro lado, para meter en
circulación dinero en manos de las empresas.
¿Han trabajado ustedes para aclarar todo lo que significan
beneficios extraordinarios que no llegan a ser transparentes?
Dígame, por tanto, señor Ministro, cuáles han sido los éxitos
en cada uno de estos apartados de la gestión de la inspección,
de la gestión, de la actuación tributaria de este Gobierno
para reducir esas bolsas de fraude. Si el fraude se reduce, el
déficit público se reduce a una velocidad mayor que cualquier
otra actuación que podamos poner en marcha. Bolsa
tan grande, es verdad --usted lo decía--, no se puede
cuantificar; si es fraude es oculto; por tanto, no podemos
saber, máxime cuando hay una actividad determinada de economía
sumergida, máxime cuando hay otras actuaciones que podemos
tener como irregulares.
En 1986, fíjese usted, en el informe que se hace sobre el
fraude se dice que 45.000 entidades jurídicas que debían
declarar el Impuesto de Sociedades no hicieron la declaración.
¿Cuántas son hoy las entidades jurídicas que no hacen,
teniendo que hacerla, la declaración del Impuesto de
Sociedades? ¿Cuál es el fraude en las entidades financieras?
¿Cuál es el fraude en el Impuesto del Patrimonio? ¿Cuándo van
a separar ustedes la relación que hacen de IRPF sobre
patrimonio, que está siendo injusto, porque el patrimonio lo
paga muy poca gente? No es que el Estado deba tener la
voluntad confiscatoria, no se trata de ir año tras año
quitando la propiedad, sino de evitar el camuflaje que se hace
con el uso de la legalidad. En 1986 el fraude estimado de las
aduanas estaba cifrado, en la importación, en 17.000 millones
de pesetas. Es verdad que el Gobierno recuperó catorce mil.
Quedaron ocultos 3.200 millones. En la desgravación fiscal de
la exportación, 12.000 millones; en lo recuperado solamente
1.000, quedaban 10.900, y en el contrabando, de 15.000
millones de pesetas se recuperaron solamente 3.900 y quedaban
pendientes 11.900. ¿Cuál es hoy la situación del fraude en las
aduanas, en el contrabando, en la importación y en la
actuación de la desgravación fiscal de la exportación? En
suma, ¿cuál es el objetivo que se marca el Gobierno para 1995
para conseguir mayores ingresos? ¿Van a dotarnos de mayor
progresividad fiscal? En suma --y con esto termino, señor
Presidente--, yo estoy convencido de que la mejor forma de no
desmoralizar a los que pagan es hacer transparente, es hacer
claro y eficaz el sistema de la recaudación. Cuando todos los
ciudadanos vean fotografiado que al que no paga se le buscan
las cosquillas para que pague, estaremos dando el ejemplo de
que todos somos necesarios para comprometernos. La mejor forma
de moralizar es hacer eficaz la tributación y recuperar la
confianza en el Gobierno, es muy importante; se está perdiendo
la confianza, la utilidad de financiar o de aportar porque no
se ve rentabilidad. Vayamos no solamente a campañas de
explicación...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ríos, vaya
concluyendo, por favor.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, termino. No esa
campaña de los quesitos, de la distribución del presupuesto,
sino campaña real y eficaz de explicar la eficacia de lo que
se paga con lo que se recibe por parte del propio Estado.
Estoy convencido, señor Presidente, señorías, de que en este
debate no vamos a poner en marcha muchas piedras, pero sí
podemos aclarar lo que puede ser el debate posterior en la
discusión de los Presupuestos a nivel de la posibilidad de
ingresos y de la posibilidad de gastos. Desde luego, lo que
pudiéramos llamar la lista a los Reyes Magos no va a ser la
teoría de Izquierda Unida. Nada más, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.
Para contestar a ambas interpelaciones, en nombre del
Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de Economía y
Hacienda.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a intentar dar respuesta a los temas que se me
han planteado, que yo creo que son del máximo interés.
El señor Costa parte de unas afirmaciones correctas y, tal vez
extrapolando, llega a conclusiones no tan correctas. Esto, por
lo que veo, es una práctica normal en su Grupo. Su señoría
parte de una afirmación que es correcta; que la presión fiscal
en España ha aumentado de forma rápida en los últimos años, y
de ahí saca la conclusión incorrecta de que la presión fiscal
en España es muy alta. Una cosa no tiene absolutamente nada
que ver con la otra. Es verdad que ha crecido mucho la presión
fiscal en nuestro país, pero también es cierto que, excepto el
Reino Unido, somos el país de presión más baja en términos de
PIB de toda la Unión Europea. Es más: en 1993 ha disminuido
respecto a 1992. A partir de ahí S.S. hace toda una exposición
basándose en temas de pasado, en pocos temas actuales y en
bastantes temas de futuro. Digo temas de futuro, muchos de los
cuales, de los problemas que detecta S.S., están planteados ya
en los Presupuestos para el año 1995 y que ya han sido
anunciados por parte del Gobierno. Espero que en esos puntos
concretos estemos, al menos, de acuerdo. Sin embargo, sí me
gustaría hacer algunos comentarios de tipo más general sobre
los elementos fundamentales a los que S.S. ha hecho
referencia. Se ha producido un crecimiento de la presión
fiscal, decía, que ha sido rápido, y ha sido rápido
precisamente como consecuencia de una modificación de nuestro
sistema tributario y de una lucha contra el fraude, lucha
contra el fraude que ha sido importante en este país en los
últimos años.
¿Se produce una expansión del gasto público? Sin duda alguna,
hay una expansión del gasto público; si tomamos el año 1982
como referencia, indudablemente muy relevante. Es cierto que
ese gasto público sufre una restricción significativa en el
año 1994 y no es menos
cierto que hay factores de contexto económico que también
tiene su relevancia para analizar la situación.
Su señoría se rasga las vestiduras porque en el año 1992 o
1993 se echa marcha atrás en temas como la deflactación de la
tarifa o aproximación de los marginales en el IRPF y olvida la
caída de recaudación que se produce en el año 1993 como
consecuencia de la crisis. Su señoría, dentro de este
planteamiento, dice también que las empresas españolas no
están en situación de competitividad. Antes, en la pregunta
del señor Hernández Moltó, a la que he respondido, hemos
tenido ocasión, es verdad que de forma muy ligera, de hablar
de este tema. Yo no creo que haya un problema de
competitividad en las empresas españolas como consecuencia de
la presión fiscal. Su señoría hace la referencia en un punto
concreto, habla de las cotizaciones sociales. Ahí podríamos
discutir algo más. Es cierto que las cotizaciones sociales en
nuestro país están muy desequilibradas, paga mucho más el
empresario que el trabajador y en ese sentido somos algo
diferentes que Europa, pero es cierto también que nuestra
cotización social media es inferior a la media comunitaria y
la nuestra, por parte del empresario, no es más alta que la
media comunitaria.
Cuando hablamos de fiscalidad, dejando aparte las cotizaciones
sociales, pura tributación, evidentemente no estamos hablando
de mayor presión en España que en los restantes países
europeos; más bien está sucediendo exactamente lo contrario.
Que son complejas las normas tributarias parece ser una de sus
preocupaciones; hemos ido muy lejos en la complejidad de las
normas. Sí, lo son, tenían que serlo; tenían que serlo porque
desde 1982 hasta ahora han pasado demasiadas cosas en este
país. Hemos pasado de una economía absolutamente cerrada a una
economía totalmente abierta. No se puede seguir con el mismo
sistema fiscal que antes. Su señoría dice: Se están ustedes
separando de los modelos vigentes en Europa. Yo le diría que
es una afirmación más que discutible. Precisamente como
consecuencia de nuestra integración en la Unión Europea, en la
Comunidad, desde el año 1986, hemos tenido que ir aproximando
en gran medida nuestro modelo fiscal al modelo comunitario.
Gran parte de esas modificaciones fiscales a las que S.S. hace
referencia son consecuencia precisamente de la introducción de
la normativa comunitaria en nuestro país. Temas tan
importantes como la fiscalidad indirecta e incluso temas que
se refieren al Impuesto de Sociedades están íntimamente
vinculados con la Comunidad, como también lo están todos los
aspectos referidos a las tributaciones de capital, que tanto a
S.S. como al señor Ríos preocupan, aunque en dirección
distinta, y, en cierta medida, ponen ustedes el problema
delante de la dificultad porque ninguno de los dos plantea si
está de acuerdo o no con los movimientos de capital y lo que
les preocupa es la falta de un control de proyecto de capital
que, por definición, es prácticamente controlable en términos
fiscales.
¿Existe inseguridad jurídica? En absoluto. Yo creo que no hay
inseguridad jurídica en este país, yo creo que las normas
tributarias son mucho más exhaustivas, son más completas que
lo eran en el pasado. Es verdad que hay elementos discutidos
en los tribunales; en muchos de ellos se nos ha dado la razón
y en muchos otros no.
Nuestra actuación en cuanto a la promoción de la actividad
productiva ha sido muy significativa. Por lo tanto, no creo
que se esté planteando esa situación de que la fiscalidad vaya
en contra de la actividad económica, sino exactamente lo
contrario. Creo que esa es la situación real que se está
produciendo en nuestro país.
Es verdad también que SS.SS. hablan de un modelo. Me gustaría
verlo y estaría encantado de discutirlo. Por nuestra parte, el
Gobierno también ha puesto en marcha un modelo, un modelo que
se inicia con el libro blanco sobre el Impuesto de Sociedades,
que ya está en circulación, que evidentemente implicará una
modificación del actual impuesto, que se seguirá con una nueva
norma en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
en la que pretendemos clarificar gran parte de los problemas y
en la que vamos solucionando muchos de los elementos que a
S.S. le preocupan, algunos de los cuales, como decía
anteriormente, vendrán ya incluidos en la próxima ley de
presupuestos. A S.S. le preocupa el fraude, al igual que al
señor Ríos y a nosotros. Y sobre el fraude querría hacer
algunos comentarios que me parecen fundamentales y esenciales.
Es verdad que el fraude puede ayudarnos a resolver parte de
nuestros problemas de déficit. Sin embargo, yo creo que hay
que analizar las cifras, señor Ríos, con cierto cuidado. Su
señoría dice que están aumentando mucho los impuestos
indirectos y que los directos están cayendo. Sí y no. Si S.S.
analiza las cifras, no de forma absoluta, sino en términos
comparativos con las previsiones que teníamos a principios de
año en cuanto a recaudación, deberá reconocerme que el
impuesto que más ha aumentado en este país, a pesar de que ha
caído, es el Impuesto sobre Sociedades, porque las previsiones
de recaudación como consecuencia del gasto fiscal eran
relativamente bajas y, sin embargo, la realidad nos está
demostrando que su comportamiento está siendo prácticamente
igual que el del año pasado o incluso algo mejor.
¿Tenemos problemas de fraude? Sí, muy graves, sin duda alguna,
como en toda sociedad mínimamente desarrollada. En nuestro
caso, esos problemas de fraude se vinculan a problemas de
paraísos fiscales, a ocultación de beneficios de determinadas
actividades profesionales, a minoración u ocultación de ventas
en el caso del IVA, a declaraciones incompletas, a ocultación
de
rendimientos del trabajo, etcétera. Y S.S. me plantea algo que
me parece totalmente inaceptable. Su señoría dice: Ustedes
deben plantear el fraude en los poderosos, que ahí es donde
hay más posibilidad de recaudar. Yo le diría que me parece
absolutamente injusto. Por supuesto que hay que plantearlo en
los poderosos, pero yo creo que la función del Estado es
intentar luchar contra el fraude donde exista. Evidentemente,
el luchar contra los poderosos nos va a exigir más medios, más
esfuerzo y tendremos que prestar más esfuerzo y más medios,
pero yo no creo que el fraude sea aceptable ni para los
poderosos ni para los no poderosos.
A S.S. lo que le preocupa es qué hemos hecho. En toda su
intervención rezuma esa preocupación de si se está haciendo
algo, de si la Agencia está funcionando, qué problemas se
están planteando, etcétera. La Unidad de Fraude la planteamos
el pasado año con la finalidad fundamental de intentar
analizar diferentes aspectos de fraudes que se plantean en
nuestro país y no específicamente el fraude fiscal. Ha hecho
un buen trabajo, ha hecho un buen informe, que supongo que
S.S. conoce, y en estos momentos lo que se está elaborando es
la serie de medidas concretas que nos van a permitir convertir
ese informe en actuaciones específicas.
Sin embargo, la Unidad de Actuación contra el Fraude no puede
hacer olvidar la propia actuación del Ministerio de Hacienda y
la actuación del Ministerio, directamente o a través de la
Agencia, afecta a numerosas facetas de la vista económica en
nuestro país.
Por supuesto que hay una faceta normativa que en estos
momentos se centra, fundamentalmente, en la Ley Orgánica por
la que se regulan los delitos contra la Hacienda Pública y la
Seguridad Social, en el proyecto de ley de reforma de la Ley
General Tributaria y en el proyecto de ley orgánica contra el
contrabando. En cuanto a las actuaciones de la Agencia --que
es, sin duda alguna, el instrumento que nos permite luchar
contra el fraude de forma más directa--, se pueden centrar en
dos grandes líneas: primera, facilitar el cumplimiento
voluntario de las obligaciones, y en ese sentido le puedo
asegurar que hemos tenido éxitos relativamente significativos,
como ha sido la cooperación con los ciudadanos en todo el
impuesto de renta, especialmente en el tema Padre, y segunda,
la agilización de las evoluciones tributarias, que en el año
1994 estánfuncionando de forma más rápida que en los momentos
tradicionales. También aquí se está produciendo una corrección
del régimen de estimación objetiva por módulos, de tal forma
que vayamos incluyendo nuevos sectores que permiten ir
centrando la situación y ver dónde pueden seguir existiendo
bolsas de fraude en el país y hacer frente a las mismas.
A S.S. le preocupa, sin embargo, el gran fraude. Yo diría que
también el gran fraude nos preocupa a nosotros. Por eso hemos
reforzado nuestro sistema informático, dado que, sin duda
alguna, es el elemento fundamental de lucha para intentar
captar cierto tipo de actuaciones incorrectas, aunque es
verdad que la libertad de movimientos de capital nos está
estableciendo una serie de límites de actuación, por lo que a
veces resulta difícil compatibilizar esa libertad de
movimientos de capital con la lucha contra el fraude de cierto
tipo de actuaciones.
Yo diría que, en términos globales, los resultados que estamos
obteniendo son satisfactorios, como son también satisfactorios
los resultados que, por ejemplo, se están produciendo en el
control de las declaraciones con solicitud de devolución, que
ha sido otra de las prioridades del año 1994, dado que por esa
vía también presumíamos que existían algunas dificultades en
cuanto al control del fraude.
A S.S. le preocupa también si está funcionando bien la
coordinación entre la recaudación, la inspección, etcétera. Yo
le diría que sí. El comportamiento de la Agencia está siendo
muy correcto. Su señoría dice que ha habido tres responsables
de la Agencia. Yo diría que es cierto; esa afirmación es
incuestionable. Pero igualmente es cierto que hubo un
responsable de la Agencia que fue sustituido hace un año, y es
verdad que su salida, por razones personales, nos ha llevado
necesariamente a cambiarlo. Pero no olvidemos que los dos
primeros responsables de la Agencia eran personas que habían
trabajado durante mucho tiempo con el mismo objetivo y el
tercero que lo sustituye, evidentemente, está en la misma
sintonía.
En recaudación se está trabajando mucho en programas
específicos para el cobro de deudas procedentes de actas de
inspección, que está dando un buen resultado. Estamos actuando
mucho más que antes en procedimientos concursales con una
doble finalidad: por una parte, recuperar los créditos
tributarios a través de los mecanismos que el ordenamiento
jurídico permite a la Hacienda y, por otra, intentar que se
aplique de forma más correcta en estos procesos la normativa
que impide que a través de coberturas de métodos concursales y
suscripción de convenios, lo que se esté produciendo sea un
detrimento para la Hacienda pública.
En el análisis de inspección nos hemos centrado en algunos
sectores que podemos llamar de especial riesgo.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vaya concluyendo,
señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): En
seguida termino, señor Presidente.
Por supuesto, en el sector inmobiliario estamos trabajando
cada vez de forma más vinculada con las administraciones
tributarias de otros países. Tenemos ya bastante experiencia
de alguna inspección conjunta, estamos intentando profundizar
en la posible fusión fiscal
a través de sociedades instrumentales y tenemos una mayor
especialización sectorial en las unidades de inspección.
En términos globales, el programa que teníamos previsto de
lucha contra el fraude para el año actual a 30 de junio de
este año nos da cumplimientos claramente por encima de
nuestros objetivos. En ese sentido, yo le diría que la
actuación de la Agencia está siendo francamente correcta, que
los resultados son positivos y que espero que sigan siéndolo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro. Para un turno de réplica, tiene la palara el señor
Costa.
El señor COSTA CLIMENT: Gracias, señor Presidente.
Señor Solbes, tengo que hacerle una pequeña puntualización.
Puede que no comparta los planteamientos que he manifestado a
lo largo de mi intervención, pero lo que no puedo aceptar, y
se lo digo con todo respeto, es que afirme que no he actuado
con rigor en las manifestaciones que he realizado. Y lo que
también me va a admitir, con todos los respetos, señor Solbes,
es que usted, en cambio, no ha sido riguroso en la crítica a
las afirmaciones que yo he realizado, y así se lo voy a
demostrar en estos momentos. Sobre el crecimiento de la
presión fiscal, sobre la elevada presión fiscal, es cierto que
he dicho que en nuestro país ha crecido por encima del
crecimiento que ha experimentado en la Unión Europea, y eso
usted no me lo ha cuestionado. Usted también sabe que en
términos macroeconómicos lo más importante no es la cifra de
la presión fiscal, lo más importante es el crecimiento de
presión fiscal, y sobre todo cuando se va a acometer una
reforma tributaria. Pero lo que sí he dicho es que en nuestro
país la presión fiscal sobre las rentas empresariales es
superior a la que existe de promedio en la Unión Europea y en
la OCDE. No he hablado de la presión fiscal en términos
globales; me he referido a la presión fiscal sobre rentas
empresariales.
En cuanto al esfuerzo fiscal, usted sabe a qué me refiero si
hago mención al esfuerzo fiscal, ¿y cuál es el esfuerzo fiscal
en nuestro país? ¿En qué nivel nos encontramos de esfuerzo
fiscal con respecto a los países en nuestro entorno económico?
Usted me lo puede responder cuando se acerque a la tribuna
para replicar a mi intervención.
Respecto a la competitividad y el efecto de la fiscalidad
sobre la misma, desde luego la competitividad es un concepto
muy amplio, se ha comentado antes aquí en las preguntas que se
le han formulado a usted, señor Ministro. Pero lo que no me
puede negar es que, de acuerdo con las manifestaciones que
realiza, por ejemplo, el último informe de la OCDE, la
fiscalidad sobre los proyectos de inversiones empresariales en
nuestro país es elevada y eso penaliza la competitividad de
las empresas españolas; la penaliza porque reduce los
resultados de esos proyectos de inversión empresariales
después del pago de impuestos. Y si se reducen los resultados
después del pago de impuestos, se incorpora un nuevo coste al
proceso de producción que reduce la rentabilidad, la
capitalización y, al final, la competitividad de esa empresa
en concreto.
¿Es sesgada mi afirmación de que nuestro sistema tributario se
aparta de los modelos de sistema tributario que existen en
nuestro entorno económico y de las tendencias internacionales?
Y no me salga con el tema del IVA, señor Ministro. El IVA está
armonizado a nivel Unión Europea y es lógico que en nuestro
sistema tributario incorporemos modificaciones que armonicen
el IVA a ese nivel de la Unión Europea.
Como usted recordará, yo no me he referido de forma
significativa al IVA, pero lo que sí que han hecho ustedes con
su implantación en nuestro país es ser muchísimo menos
selectivos de lo que han sido (y estoy en condiciones de
demostrárselo cuando usted lo desee), en evitar las
distorsiones que puede producir la aplicación del IVA en
materia de costes financieros; han sido mucho menos selectivos
de lo que han sido en la mayor parte de los países que son más
celosos con el respeto o con la neutralidad en la actividad
económica. Y me refiero a los otros impuestos. La tarifa de
nuestro IRPF, en cuanto a número de tramos, solamente es
superada por Luxemburgo, y la media de tramos es de 6,1; la
media de tipos, del 42,7 por ciento. ¿Cuál es el tipo marginal
máximo en España? Solamente está superado nuestro tipo
marginal máximo por Francia y por Holanda, luego en la
estructura de la tarifa del IRPF tampoco estamos de acuerdo
con las tendencias internacionales.
Si me refiero al Impuesto sobre Sociedades, y analizamos el
contenido del informe del Libro blanco, las conclusiones a las
que podemos llegar son realmente asombrosas. Ustedes, en el
Libro blanco, abren un debate de forma tendenciosa y se
apartan de todas las recomendaciones en materia de fiscalidad
hechas por el Comite Ruding cuando analiza la fiscalidad sobre
la renta de empresariales en el ámbito de la Unión Europea.
Ustedes, por ejemplo, no prevén ningún mecanismo en el Libro
blanco para corregir el efecto de la inflación; no admiten la
aplicación del sistema Lifo en la valoración de existencias;
no admiten corregir los costes de adquisición de los activos
por el efecto de la inflación para eliminar el gravamen de
plusvalías meramente nominales, y no admiten el método de
exención para eliminar la doble imposición económica
internacional por los dividendos que una sociedad española
pueda
recibir de sus filiales extranjeras. Se están apartando de
todos los modelos en materia de fiscalidad directa del ámbito
de la Unión Europea. Y se lo digo con toda sinceridad, señor
Solbes, este Diputado y mi Grupo Parlamentario tienen un
modelo de sistema tributario que están dispuestos a explicarle
en cualquier momento; un modelo coherente y un modelo mucho
más competitivo que el modelo de sistema tributario que
quieren ofrecernos en estos momentos a través del Libro
blanco.
Por cierto, el Libro blanco esconde, además, una subida en la
presión fiscal sobre las rentas empresariales. Porque ustedes,
en el Libro blanco...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vaya concluyendo señor
Costa.
El señor COSTA CLIMENT: Concluyo, señor Presidente. Ustedes,
en el Libro blanco, proponen una supresión de los incentivos
generales a la inversión, como la deducción por inversiones en
activo fijo nuevo o el beneficio fiscal de la exención por
reinversión, y, sin embargo, no tocan ningún otro parámetro
del impuesto; por tanto, plantea una subida encubierta de la
presión fiscal. Respecto a los anuncios que han realizado,
ustedes proponen corregir la tarifa del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas en función de la inflación
prevista para 1995. Como decían en el siglo pasado: a buenas
horas mangas verdes. Es decir, en los tres últimos años no se
ha corregido la inflación. ¿Sabe usted que las familias con
una renta de dos millones de pesetas están pagando un 58 por
ciento más en impuestos de lo que pagaban, y que, sin embargo,
las rentas superiores a 20 millones de pesetas sólo pagan un
uno por ciento más? No sé qué quiere que le diga.
Referente al fraude fiscal, ustedes podían haber hecho
bastantes cosas a lo largo de este año, y en cambio no han
hecho nada. No han puesto en marcha ninguno de los mecanismos
normativos que son necesarios para combatir con eficacia el
fraude fiscal. No han puesto en marcha la reforma de la Ley
General Tributaria y el procedimiento sancionador que tantas
veces le ha demandado mi Grupo; no han elaborado ni han
difundido un informe sobre el fraude fiscal para que todos los
que estamos en esta Cámara y todos los ciudadanos españoles
puedan conocer cuál es el nivel de fraudefiscal y puedan hacer
sus propuestas; no han planteado ninguna medida para luchar
contra la elusión fiscalinternacional, cuando son conscientes
de ese problema desde hace muchos años y han intentado
resolverlo a través de parcheos, como puede ser, por ejemplo,
el artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Costa, termine
ya, por favor. El señor COSTA CLIMENT: Termino ya, señor
Presidente.
En definitiva, he intentado hablarle con rigor y hacer una
crítica muy superficial de lo que es nuestro sistema
tributario, y le he ofrecido, además, un modelo de sistema
tributario que, como le dije anteriormente, cuenta con nuestra
colaboración para analizar, para debatir y para poner en
práctica en este país, porque nosotros --se lo digo con toda
honestidad-- estamos convencidos de que ese modelo que le
ofrecemos es el que necesita España en estos momentos.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos del
Grupo Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Costa.
También para un turno de réplica, tiene la palabra el señor
Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, siempre
sería bueno que cuando medimos las cosas las midiésemos con la
misma vara y no con unidades diferentes. Me refiero al
comentario que hacía usted con respecto a la eficacia, a los
resultados favorables y a los éxitos por encima de los
objetivos previstos de la gestión de la Agencia Tributaria en
la lucha contra el fraude. ¿Por qué digo esto? Por algo muy
sencillo. Si se ha sido eficaz en la lucha contra el fraude,
si ha funcionado bien la Agencia Tributaria y si estamos
situados por encima de los objetivos previstos, ¿cómo es
posible que el fraude fiscal haya crecido, según los estudios
que estamos barajando? Puede estar equivocado lo que dice el
Instituto, puede estar equivocada la Unidad de Lucha contra el
Fraude, pero las cifras que se barajaban hace un año lo
situaban en torno a dos y pico billones y hoy estamos hablando
de tres y pico billones. A lo mejor es que hemos descubierto
nuevos almacenes que no conocíamos antes.
Me gustaría hacerle un comentario. Yo no he dicho que ningún
fraude, lo haga quien lo haga, es bueno. No es verdad.
Nosotros queremos combatir todo tipo de fraude, lo haga el
poderoso o lo haga el débil; no estamos eximiendo de
responsabilidades. Lo que sí le he dicho es lo siguiente: ¿no
cree usted que se puede cometer una injusticia fiscal si no se
actúa con los mismos medios, con los mismos recursos y con la
misma fuerza ante el gran fraude que ante el pequeño? Es que
ustedes, por ejemplo, en la liquidación del presupuesto, han
incrementado la gestión del IVA en importación un 14 por
ciento de recaudación hasta el mes de mayo con respecto al año
anterior, y un 32 por ciento en operaciones interiores. Es
decir, han mejorado la gestión del IVA, igual que han mejorado
otras gestiones, pero, ¿cuáles son esos tramos? ¿Han metido de
verdad esas grandes bolsas a que yo me refería? ¿Se ha
recaudado de ahí, se ha corregido el fraude de esos grandes, o
se ha corregido
de los otros? Eso es lo que le he dicho, que podíamos estar
incrementando esa injsuticia fiscal; no le he dicho que quiera
tener dos varas. Tan injusta es una cosa como es otra.
Aquí, y no es por simplificar, hay varios caminos a tomar. ¿El
fraude se produce por una actuación injusta o porque hay mucha
presión fiscal? En los bancos de la derecha tiene usted un
análisis.
Le han dicho también que hay exceso de presión fiscal, que las
empresas no pueden aguantar más. Teniendo buenos resultados de
gestión por encima de lo previsto en el Impuesto sobre
Sociedades, hemos mejorado el 2,1 la gestión del Impuesto de
Sociedades hasta el mes de mayo, según cifras que nos han
aportado ustedes, los impuestos indirectos han crecido en el
23,6 por ciento y los directos solamente el 7,6. Nosotros
seguimos pensando que no es bueno el crecimiento de los
impuestos indirectos frente a los impuestos directos. Queremos
cobrar de forma directa.
Dentro de los impuestos, ha crecido más el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas en su recaudación, lo que
pagamos por nómina, que el Impuesto de Sociedades. En la
previsión inicial, señor Ministro, la de los Presupuestos en
1994, significaba una reducción del Impuesto de Sociedades de
uno y pico billones a 0,7 billones de pesetas por las
exenciones fiscales que íbamos a dar a las empresas para que
invirtieran o para que generaran empleo. Pueden haberse
producido dos cosas: que haya nuevas sociedades y hayan pagado
más o que no se hayan acogido a las exenciones fiscales,
puesto que hay más cotización de la prevista. En todo caso, ha
bajado más el peso o la presión fiscal sobre las sociedades
que sobre las renta de las personas físicas. Eso es lo que
consideramos un sistema injusto.
Aquí caben tres caminos: un camino orientado hacia las
indicaciones que le hacen desde el banco de la derecha,
reducir presión fiscal, ir más a una imposición indirecta, o
un camino orientado hacia las indicaciones que le hacen desde
los bancos de la izquierda. Usted también puede hacer otra
cosa, tomar el camino de en medio, como Salomón, un poquito de
aquí y un poquito de allá, para ir cogiendo de todos los
lados.
Antes no me ha respondido a una serie de preguntas que le he
hecho sobre la actuación de la Agencia tributaria y el
funcionamiento de la misma, sobre las bolsas concretas. Me
gustaría que me hubiera dicho usted qué se ha conseguido
detectar de esas bolsas concretas, como la cuenta de
resultados, por así decirlo, en la gestión de lucha contra el
fraude.
¿Se va o no se va a subir lo que pudiéramos llamar el mínimo
para el delito fiscal? Los cinco millones actuales con los
cuales se podía entender delito fiscal, ¿se van a elevar a
quince millones de pesetas? Si con cinco millones nadie ha ido
a un juzgado para ser condenado, y además el fraude ha
crecido, ¿con quince vamos a estar mejor?
Respecto al destope del IRPF, ustedes plantean destopar para
reducir el tope marginal. El 56 por ciento a los nueve
millones y medio, parece ser que se está barajando reducirlo
al 54 este año, y de aquí al 1997 llegar al 50 por ciento. ¿A
qué renta va a moverse la escala? ¿A qué rentas lo van a
llevar? Referente a la incidencia de la inflación, el año
pasado nos dijeron ustedes que no podía deflactarse la tarifa
del IRPF, no podía proyectarse a la tarifa lo que era la
inflación prevista, entonces el 3,5.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ríos, concluya,
por favor.
El señor RIOS MARTINEZ: Sí, señor Presidente.
¿Este año se va a hacer con las previsiones del Gobierno? ¿De
qué manera se va a corregir la inflación acumulada? ¿Se va a
ir de verdad a una progresividad, según los cálculos que
ustedes hacían, ya que iban a poner en circulación 100.000
millones para que las familias gastaran? ¿Eso qué quiere
decir? ¿De qué manera se va a presupuestar?
En suma, señor Presidente, señorías, lo que le estoy diciendo
es que luchar contra el fraude significa recaudar más, reducir
déficit, y la política fiscal se puede orientar hacia un lado
o hacia otro. En todo caso, en la discusión presupuestaria nos
vamos a ver, y yo estoy convencido que en la lucha contra el
fraude tendríamos que aplicarle a su Ministerio y a la Agencia
tributaria aquello de la finca: manifiestamente mejorable.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.
Señor Ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señor Costa, le he dicho que estaba de acuerdo en que se había
incrementado la presión fiscal en este país de forma
sustancial, y ese era mi punto de partida en la reflexión
anterior. Lo que decía también, y S.S. lo ha recogido
claramente en su exposición posterior, es que eso nada tiene
que ver con la presión fiscal en un momento determinado. Su
señoría dice que tiene un efecto macroeconómico, y es verdad
que, a corto plazo, sin duda alguna es correcta su afirmación.
Pero sigo insistiendo en mi afirmación inicial: nuestra
presión fiscal no es superior a la media de los países de la
Unión Europea, sino que es claramente inferior. Su señoría
plantea, a partir de ahí, otra afirmación, basándose en las
rentas empresariales y en los informes de la OCDE. Es un punto
que tendríamos que discutir mucho. En su afirmación anterior
dice que las cotizaciones sociales son más altas en nuestro
país. Yo
le diría que no, por lo menos no son esos mis datos, y los
podríamos discutir, aunque creo que no es el momento. Son
cosas que están publicadas por la OCDE y no vale la pena que
discutamos excesivamente.
A S.S. le preocupan aspectos de la competitividad española
como, evidentemente, me preocupan a mí y nos preocupan a
todos. Dice que la competitividad se ve erosionada por el
incremento de la tributación de las empresas. Es posible que
un incremento en la tributación de las empresas nos sitúe en
una posición menos competitiva en un momento respecto al
momento anterior, pero no sáquemos de ahí la conclusión de que
nuestra tributación es superior y que, por tanto, aunque
perdamos competitividad respecto a nosotros mismos por ese
fenómeno, estemos perdiendo competitividad respecto a otros
países.
Es verdad que tenemos una aproximación al modelo comunitario,
pero no sólo por el IVA, sino por otros muchos factores. Su
señoría hace referencia, por ejemplo, al IRPF y dice que
estamos peor en los marginales y sólo dos países tienen un
marginal superior a nosotros, que son Francia y Países Bajos.
Son países bastante respetables y bastante significativos
respecto a lo que sucede en Europa.
En cuanto al Libro blanco sobre el Impuesto de Sociedades,
tiempo habrá para discutir los diferentes temas que se han
planteado y ver en qué medida las soluciones que SS.SS.
proponen pueden ser o no incluibles. A S.S. le procupa mucho
la modificación automática del efecto inflación. A mí es un
tema que me preocupa bastante menos. Es decir, creo que esos
automatismos pueden tener, sin duda alguna, ciertas ventajas,
pero también tienen claros inconvenientes. De acuerdo con mi
información y con mi impresión, la doble imposición
internacional sí está recogida en el Libro blanco del Impuesto
sobre Sociedades, y creo que ahí tenemos también una
discrepancia, pero que, en su momento, podremos dilucidar.
Al final, lo que S.S. me plantea es que disponen de un sistema
tributario más coherente que el del Gobierno. Evidentemente,
pueden plantearlo, no hay ningún problema. Desde luego, en
aquellos puntos en que estemos de acuerdo tampoco habrá ningún
problema en aceptarlos.
Al señor Ríos le diría que sí aplicamos la misma vara de
medir. Lo que S.S. mezcla son dos cosas que no necesariamente
son homogéneas. Su señoría dice que el fraude fiscal va peor
porque este año ha salido un informe que dice que son tres
billones y el año pasado salió un informe diciendo que había
dos billones. Me parece una comparación poco coherente. Es
decir, lo primero que habría que ver es la metodología de cada
uno de esos informes y la coherencia de la cifra en un año y
en otro año determinado. No es exactamente el mismo modelo el
que se aplica en un caso y en otro.
Me alegro que a S.S. le preocupe, como a mí, que la aplicación
de la tributación se haga de forma equilibrada, con
independencia de la capacidad financiera de cada uno de los
afectados. Y es verdad que el esfuerzo que tendremos que hacer
para luchar contra el fraude en cierto tipo de rentas tendrá
que ser mucho mayor que en otro caso.
No estoy de acuerdo porque, creo que S.S. sigue interpretando
mal las cifras sobre el comportamiento de los ingresos este
año. El impuesto sobre Sociedades este año ha subido mucho
más, en términos de previsión, que lo que estaba planteado
inicialmente. Ello es lógico, porque el año pasado habíamos
planteado una reducción importante en el impuesto como
consecuencia de las amortizaciones que se habían previsto. Por
el de sociedades se tenía que haber recaudado un 20 por ciento
menos, y está obteniéndose por encima de la recaudación del
año pasado, en consecuencia, con un veintitantos por ciento de
incremento. Su señoría plantea el tema de la fiscalidad en
términos de derechas, de izquierdas y casi, casi identifica
los impuestos directos con la izquierda y los indirectos con
la derecha. Yo le diría que ese planteamiento me parece un
poco trasnochado. Yo creo que el debate es bastante más
complejo y, desde luego, si lo que pretende es una
identificación tan simple posiblemente no le seguiría. Yo no
me considero situado en los bancos de la derecha; me considero
perfectamente emplazado en el sitio en que estoy.
Pienso que en la campana de cristal muchas afirmaciones son
absolutamente defendibles, pero en la realidad, decir que los
impuestos directos son más justos que los indirectos es una
afirmación bastante discutible cuando uno observa la realidad
de los sistemas fiscales existentes.
Al final, S.S. se plantea tres problemas. ¿Se va a subir o no
el mínimo del delito fiscal? Eso depederá de la decisión que
esta Cámara adopte; el Gobierno ha hecho su propuesta. Y yo le
diré que la contradicción que se plantea es que, cuando
hablamos a nivel individual, posiblemente una cifra alta pueda
resultar injusta, y, sin embargo, cuando hablamos de delitos
que afectan a actuaciones empresariales, una cifra alta puede
ser absolutamente insuficiente. ¿Está prevista la reducción de
los marginales en el IRPF? Hay una ley que así lo dice y no me
parece que sea un objetivo desdeñable. Pero no está planteada
esa reducción en la situación actual.
Por último, es verdad que la deflactación se plantea para este
año y no hay progresividad adicional. Como he señalado
anteriormente, la modificación de nuestras obligaciones
derivadas de la Ley de 1991 fueron consecuencia de una
importante crisis económica que, evidentemente, se ha
modificado en gran medida, pero no tanto como para que se
puedan plantear las recuperaciones a las que S.S. se refiere.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro. Con la conclusión del debate de este apartado del
orden del día sobre interpelaciones ura de esta semana.
Se levanta la sesión.
Eran las siete de la tarde.