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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 87, de 13/09/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1994 Núm. 87 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 86
celebrada el martes, 13 de septiembre de 1994
Página
ORDEN DEL DIA:
--Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución por
nuevos señores Diputados (Página 4482)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de
Televisión por Cable. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie B, número 58.1, de 11 de febrero de 1994
(número de expediente 122/000048) (Página 4482)
Avocación por el Pleno de Proyectos de Ley:
--Proyecto de Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (número de expediente 121/000042) (Página 4494)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley (continuación):
--Del Grupo Vasco (PNV), de medidas relativas a la
conservación y comercialización de los productos pesqueros.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número
81.1, de 7 de septiembre de 1994 (número de expediente
122/000067) (Página 4494)
Proposiciones no de Ley:
--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre situación del
sector naval en la ría de Vigo. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie D, número 112, de 17 de junio de 1994
(número de expediente 162/000119) (Página 4503)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
retrasos en la implantación de la Telefonía Móvil Automática.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 31,
de 29 de noviembre de 1993 (número de expediente 162/000050)
(Página 4509)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre medidas
previstas en el marco de la negociación que mantiene
Tabacalera con la compañía internacional Philip Morris para
mantener o incrementar la producción de las labores tabaqueras
de la citada multinacional en las plantas de Tabacalera en la
Península (número de expediente 173/000046) (Página 4512)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
criterios del Gobierno con respecto a la remodelación del
Ministerio de Justicia e Interior, en lo que se refiere al
ámbito de Interior, así como proyectos en relación al modelo
policial (número de expediente 173/000047) (Página 4518)
--Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre
medidas de política general que tiene previsto adoptar el
Gobierno para mejorar la competitividad de la economía
mediante la agilización y modernización de los procedimientos
judiciales en el ámbito económico (número de expediente
173/000048) (Página 4524)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número
88, de 14 de septiembre de 1994.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución por
nuevos señores Diputados (Página 4482)
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 4482)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de Televisión
por cable (Página 4482)
En representación del Grupo Popular defiende la proposición de
ley la señora Mato Adrover. Señala que, al igual que en otros
casos, el Ejecutivo ha incumplido su promesa reiterada de
remitir un proyectode ley de televisión por cable y, ante esa
incapacidad del Ejecutivo, el Grupo Popular ha optado por
traer a la Cámara esta proposición, tan trascendente para el
sector audiovisual en España, habida cuenta de que en estos
momentos no conocen más que sucesivos y contradictorios
borradores de anteproyectos de ley y de que incluso el
Ministro señor Borrell, en sus últimas declaraciones, piensa
que la implantación de la televisión por cable no es
importante en España. Entiende que, por discrepancias internas
en el Gobierno, no es tolerable la paralización de una
inversión de entre 500.000 y 700.000 millones de pesetas en
cinco años, que supondrán la creación de 80.000 puestos de
trabajo. Afirma que se trata de fomentar el desarrollo
tecnológico de nuestra industria, la obra de infraestructura
más importante de España para los próximos años, abriendo
camino a lo que se ha dado en llamar autopistas electrónicas.
Son una serie de razones de importancia suficiente para hacer
imprescindible el desarrollo legal que hoy proponen a la
Cámara.
Expone la señora Mato que el Grupo Popular presenta esta
proposición anunciando desde este momento su disposición al
máximo diálogo, pues están abiertos a la búsqueda del consenso
y a introducir en la tramitación de la proposición cualquier
modificación que propongan los distintos grupos parlamentarios
y que suponga una mejora del texto. Afirma que un retraso en
la regulación del cable no hace más que impedir el desarrollo
del modelo audiovisual español, y de ahí la necesidad de
superar la dinámica partidista y propiciar un amplio acuerdo
entre todas las fuerzas políticas y entre todos los sectores
sociales y empresariales afectados, de manera que se
establezca un sistema aceptado por el mayor número de agentes
sociales. Se trata de un proyecto que habla de libertad de
expresión y de libertad de información, que ha tenido en
cuenta no sólo los modelos y experiencias de los países de
nuestro entorno comunitario europeo sino las propias
peculiaridades de la organización territorial de nuestro
Estado y las particularidades de nuestro sector audiovisual,
un modelo liberalizador, respetuoso con las competencias de
las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, reservando a
los poderes públicos la planificación general y la supervisión
técnica.
Reitera su oferta de diálogo con los grupos parlamentarios, a
los que pide el voto favorable a la toma en consideración de
la proposición de ley.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; González de Txábarri
Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV); Recoder i
Miralles, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); Alcaraz
Masats, del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y
Morlán Gracia, del Grupo Socialista.
Réplica la señora Mato Adrover y duplica el señor Morlán
Gracia.
Sometida a votación, se rechaza la proposición de ley del
Grupo Popular por 133 votos a favor, 164 en contra y cinco
abstenciones.
Avocación por el Pleno de proyectos de ley (Página 4494)
Proyecto de Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
(Página 4494)
El señor Presidente informa que la Mesa de la Cámara, oída la
Junta de Portavoces y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 149.1 del Reglamento, ha acordado proponer al Pleno
la avocación de la deliberación y votación final del proyecto
de Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Se aprueba por asentimiento dicha avocación.
Toma en consideración de proposiciones de ley (Continuación)
(Página 4494)
Del Grupo Vasco (PNV), de medidas relativas a la conservación
y comercialización de los productos pesqueros (Página 4494)
El señor Gatzagaetxebarría Bastida defiende la proposición del
Grupo Vasco (PNV), aludiendo en su apoyo a los importantes
conflictos que a lo largo de este año han trascendido a la
opinión pública, pero que los que viven en la Cornisa
Cantábrica y verdaderamente conocen la zona marítima del
Cantábrico saben que no son casuales este año sino que tienen
su causa en problemas que devienen de antaño, en base a las
condiciones que tiene la flota pesquera española para pescar
en aguas de la Unión Europea y en base a las limitaciones que
el Tratado de Adhesión de España a la Unión Europea y las
diferentes reglamentaciones comunitarias que establece para la
flota española. El Grupo Vasco, tomando como punto de partida
los recientes conflictos producidos por el uso de artes
ilegales de pesca por parte de embarcaciones de los distintos
Estados de la Unión Europea en la captura del bonito, pero que
afectan de manera grave a la adecuada conservación y gestión
de los recursos pesqueros. Quieren afrontar el problema de la
proliferación del uso de redes de volanta en la actividad
pesquera, que está suponiendo una grave agresión al
mantenimiento y conservación de los recursos pesqueros y del
medio ambiente marino por su nula selectividad y gran efecto
depredador en el conjunto de los recursos pesqueros.
Recuerda que en octubre de 1993 esta Cámara aprobó por
unanimidad dos proposiciones no de ley instando al Gobierno a
la defensa ante la Unión Europea de la prohibición definitiva
de todo tipo de redes de volanta, pero al día de hoy sigue
vigente el Reglamento 345/92, cuya modificación es urgente,
aunque suscita dificultades políticas en la medida en que
algunos países son defensores de este tipo de redes. De ahí
que todos los grupos políticos representados en esta Cámara
deban trabajar para convencer al resto de los países europeos
de que la continuación del uso de esas artes supondrá la
rentabilidad para el día de hoy pero la pobreza para mañana.
Alude, por último, a la gran frustración de los pescadores
españoles y las graves pérdidas económicas
que han sufrido por los acontecimientos de los últimos meses,
así como a los incumplimientos por parte de la flota francesa
en la pesca de la anchoa, frente a lo cual proponen que España
disponga de un mecanismo de defensa, de intervención del
mercado, dejando ya de lado la poca firmeza que ha tenido el
Gobierno central a la hora de defender a nuestros pescadores.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores
Albistur Marín, del Grupo Mixto; Mardones Sevilla, de
Coalición Canaria; Vidal i Sardó, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió); Andreu Andreu, de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya; Fernández de Mesa Díaz del
Río, del Grupo Popular, y Moragues Gomila, del Grupo
Socialista.
Sometida a votación, se aprueba la toma en consideración de la
proposición de ley por 309 votos a favor.
Proposiciones no de ley (Página 4503)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre situación del sector
naval en la Ría de Vigo (Página 4503)
En nombre del Grupo Socialista defiende la proposición no de
ley el señor Cuevas Delgado, manifestando que aquélla tiene su
razón de ser en la situación económica por la que atraviesa la
comarca de la Ría de Vigo, estrechamente vinculada al sector
marítimo, y muy especialmente a las actividades portuarias
pesqueras, de transporte marítimo y de la construcción de
buques, cuya crisis ha supuesto una importante pérdida de
empleo, con la consiguiente tensión social y repercusión
negativa para toda la población residente de la comarca.
Informa que desde 1990 los astilleros de la Ría de Vigo vienen
manteniendo contactos para establecer acuerdos de colaboración
en diversas áreas con vistas a integrar sus actividades y,
aunque hasta la fecha no se han traducido esos contactos en
fusiones, sí existen iniciativas de colaboración en la puesta
en común de algunos servicios, así como en la colaboración en
materias comunes. Sin embargo, la falta de contrataciones que
vienen sufriendo los astilleros han impedido avances
significativos en el establecimiento de actuaciones conjuntas,
aunque existe la voluntad de los astilleros implicados de
llevar adelante esta línea de colaboración.
Agrega que la importancia de la construcción naval de Galicia
ha dado lugar a acciones de apoyo por parte de todas las
fuerzas políticas y parlamentarias de la región, fruto de las
cuales es esta proposición no de ley, por la que se insta al
Gobierno a adoptar una serie de iniciativas, distribuidas en
seis apartados, que resume a continuación, y de entre las que
destaca la constitución de un fondo de garantía para la
construcción naval que facilitaría la obtención de créditos
para financiar la construcción de buques en nuestro país, tal
como ocurre en otros países competidores del ámbito
comunitario.
El señor García Fonseca defiende la enmienda presentada por el
Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Sánchez i
Llibre, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Durán
Núñez, del Grupo Popular.
Sometida a votación, se aprueba la proposición no de ley del
Grupo Socialista por 299 votos a favor, uno en contra y una
abstención.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre retrasos
en la implantación de la telefonía móvil automática (Página 4509)
El señor Posada Moreno defiende la proposición no de ley del
Grupo Popular, recordando que su presentación inicial data del
4 de noviembre de 1993 y el hecho de que no la hayan retirado
y la defiendan hoy en esta Cámara indica el fracaso de la
política gubernamental para implantar la telefonía móvil
automática. Considera que se han perdido varios meses, cuando
esta actividad podría haber supuesto una inversión importante
y la creación de puestos de trabajo en momentos de crisis como
el actual.
Menciona la batala desarrollada entre los Ministerios de
Economía y Obras Públicas, dando una imagen penosa a la
iniciativa privada, aunque parece que hoy la situación está
desbloqueada, ya que en el Consejo de Ministros pasado se han
aprobado las tarifas correspondientes y parece que por fin va
a publicarse el oportuno concurso. En estas condiciones, el
Grupo Popular plantea una enmienda a su propia proposición no
de ley, según la cual el Congreso de los Diputados acuerda
constituir, en el seno de la Comisión de Infraestructura y
Medio Ambiente, una ponencia especial para el seguimiento de
las actividades relacionadas con la concesión, implantación y
funcionamiento del nuevo sistema de telefonía móvil automática
en España. Entienden que es muy importante el que este
Congreso, a través de esa ponencia, participe en un proceso
indispensable, crucial para los ciudadanos y para la economía
nacional.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los
señores Sedó i Marsal, del Grupo Catalán (Convergència i
Unió); Andreu Andreu, del Grupo Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, y Martinón Cejas, del Grupo
Socialista.
Sometida a votación, se rechaza la proposición no de Ley del
Grupo Popular por 137 votos a favor, 161 en contra y una
abstención.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 4512)
Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre medidas
previstas en el marco de la negociación que mantiene
Tabacalera con la compañía internacional Philip Morris para
mantener o incrementar la producción de las labores tabaqueras
de la citada multinacional en las plantas de Tabacalera en la
Península (Página 4512)
El señor Martín Menis defiende la moción del Grupo de
Coalición Canaria. Recuerda la serie de datos que exponía en
la Cámara el pasado 29 de junio al defender la interpelación
urgente de la que trae causa esta moción, a la par que hacía
un breve repaso de la historia de la industria tabaquera
canaria, mostrando su preocupación por el futuro de la planta
que tenía Philip Morris con Tabacalera al 50 por ciento,
afirmando que en este momento mantienen plenamente su validez
los argumentos entonces expuestos y, por desgracia, se han
cumplido las previsiones más pesimistas. Expone diversos datos
relativos a la producción y venta de tabaco y a la evolución
del empleo en el sector, especialmente negativa en la
Comunidad Canaria, afirmando que reducir aún más el empleo y
la producción allí significaría exterminar la industria
tabaquera canaria.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los
señores Cabrera Pérez-Camacho, del Grupo Popular, y Padrón
Delgado, del Grupo Socialista.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Sánchez i
Llibre, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Espasa
Oliver, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación la moción del Grupo de Coalición Canaria,
en los términos resultantes de la aceptación de las enmiendas
de los Grupos Popular y Socialista, es aprobada por 304 votos
a favor.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
criterios del Gobierno con respecto a la remodelación del
Ministerio de Justicia e interior, en lo que se refiere al
ámbito de Interior, así como proyectos en relación al modelo
policial (Página 4518)
El señor Baón Ramírez defiende la moción del Grupo Popular.
Alude al debate habido en la última semana del anterior
período de sesiones al tratar la interpelación correspondiente
en torno a las intenciones del Gobierno de transferir a la
Generalidad de Cataluña determinadas competencias de la
función policial, en un proceso incierto, indeterminado y
experimental en el que los hechos consumados se anteponían y
prevalecían sobre la previa y necesaria modificación de la
legislación correspondiente, sustrayendo el debate a esta
Cámara y a la sociedad e ignorando en estos momentos la
situación en que se encuentran las negociaciones entre el
Gobierno y la Generalidad. Sin embargo, no ignoran que el
modelo policial de España no funciona, a juzgar por las
estadísticas últimas que ha ofrecido el Fiscal General del
Estado en su Memoria referida a 1993, en la que la oleada de
delitos hace de nuestro país uno de los más inseguros de
Europa. Pero su preocupación va más allá del pesimismo
estadístico y reside, sobre todo, en el grado de impunidad de
este cúmulo de delitos, ya que dos de cada tres resultan
impunes. A su juicio, está claro que el Gobierno ha perdido la
guerra contra el delito, contra la seguridad ciudadana, y le
pide que tenga la humildad de reconocer que su modelo ha
fracasado.
A traves de la moción se establecen cauces para replantear el
modelo policial a debatir en esta Cámara, ya que la situación
reclama un viraje político trascendental y, a ser posible,
mediante el consenso más amplio.
Termina destacando el último párrafo de la moción como el más
importante de la misma y para el que pide la votación
favorable de la Cámara, en el sentido de que se envíe a la
misma una comunicación con los perfiles del modelo policial
que se propone para todo el Estado como instrumento o pauta de
debate previo antes de que se revisen las leyes afectadas en
las que se reordenen y distribuyan las competencias
policiales, tanto en el orden funcional como en el ámbito
territorial.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya interviene el señor Espasa
Oliver.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los
señores Camp i Batalla, del Grupo Catalán (Convergència i
Unió), y Aguiriano Forniés, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se rechaza la moción del Grupo Popular
por 129 votos a favor y 172 en contra.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre
medidas de política general que tiene previsto adoptar el
Gobierno para mejorar la competitividad de la economía
mediante la agilización y modernización de los procedimientos
judiciales en el ámbito económico (Página 4524)
El señor Camp i Batalla defiende la moción del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), cuya finalidad es la de instar al
Gobierno a tomar medidas para mejorar la competitividad de la
economía y la agilización y modernización de los
procedimientos judiciales en el ámbito económico. Se trata,
por un lado, de instar la modificación del derecho concursal.
En segundo lugar; de promover medidas destinadas a propiciar
la disminución de la morosidad, y, por último, insistir en la
modernización del funcionamiento de la Administración de
Justicia a través de la simplificación de procedimientos
judiciales y de la adaptación de la Oficina Judicial.
Solicita el voto favorable de la Cámara para esta moción,
presentada con intención de mejorar no sólo la Administración
de Justicia sino también la competitividad de la economía y,
por consiguiente, el bienestar de los ciudadanos españoles.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los
señores López Garrido, del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, y Fernández de Trocóniz Marcos, del Grupo
Popular.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores
Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria, y Pérez
Solano, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, la moción es aprobada por 276 votos a
favor, uno en contra y una abstención.
Se levanta la sesión a las diez de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCION POR
NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS:
El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión.
Con carácter previo al inicio del desarrollo del orden del
día, vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento a
la Constitución de los señores diputados.
En primer lugar, juramento o promesa de acatamiento a la
Constitución por parte de doña María Enedina Alvarez Gayol,
Diputada proclamada electa en sustitución de doña Carmen
García Bloise; don Justo Tomás Zambrana Pineda, Diputado
proclamado electo por la Junta Electoral Central en
sustitución de don Virgilio Zapatero Gómez, y, finalmente, don
Bartolomé Flores Flores, Diputado proclamado electo en
sustitución de doña María Inmaculada Romacho Romero.
Doña Enedina Alvarez Gayol, ¿jura o promete acatar la
Constitución?
La señora ALVAREZ GAYOL: Sí, prometo.
El señor PRESIDENTE: Don Justo Tomás Zambrana Pineda, ¿jura o
promete acatar la Constitución?
El señor ZAMBRANA PINEDA: Sí, prometo.
El señor PRESIDENTE: Don Bartolomé Flores Flores, ¿jura o
promete acatar la Constitución?
El señor FLORES FLORES: Sí, prometo.
El señor PRESIDENTE: Doña Enedina Alvarez Gayol, don Justo
Tomás Zambrana Pineda y don Bartolomé Flores Flores han
adquirido la condición plena de diputados.
Bienvenidos a la Cámara.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE
TELEVISION POR CABLE (Número de expediente 122/000048)
El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día: Toma en
consideración de proposiciones de ley. Proposición del Grupo
Popular de Televisión por Cable.
En nombre del Grupo proponente, tiene la palabra la señora
Mato.
La señora MATO ADROVER: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, intervengo en nombre de mi Grupo Parlamentario en
esta ocasión para defender una proposición de ley que creemos
puede merecer, al menos en este trámite, el voto favorable de
sus señorías. Digo en este trámite porque hay que recordar que
hoy abordamos la toma en consideración y que, sin duda,
nuestro texto, siendo riguroso, es siempre mejorable con las
aportaciones de otros grupos parlamentarios. Defenderé, con la
brevedad que me exige el Reglamento,
tanto los argumentos que nos han llevado a presentar esta
iniciativa, como los rasgos generales que definen su
contenido.
En esta ocasión el Grupo Popular no se limita a ejercer la
función de control que corresponde a toda oposición, sino
también desarrollamos la iniciativa legislativa que
compartimos con el Gobierno como tal y que es genuina de los
partidos de Gobierno. Con toda sinceridad hubiéramos deseado,
como después explicaré, estar discutiendo hoy, si acaso, una
enmienda a la totalidad con texto alternativo al proyecto del
Gobierno. Pero, señorías, como en otros casos, el actual
Ejecutivo ha incumplido su promesa reiterada de remitir un
proyecto de ley de televisión por cable. He hablado antes de
texto alternativo porque, por lo que conocemos a través de los
medios de comunicación, no compartimos el mismo modelo, sobre
todo el del sector del Gobierno que podemos definir como obras
públicas.
Dada la incapacidad del Ejecutivo para presentar un texto que
fije las reglas de juego de esta nueva modalidad de
televisión, es por lo que hemos optado por traer esta
proposición que, al margen de consideraciones ideológicas,
resulta trascendente para el sector audiovisual en España.
Desde el año 1990, el Gobierno apoyado por los socialistas ha
venido señalando, con más o menos vigor, la importancia de
esta ley para contribuir al desarrollo económico de nuestro
país. En octubre de 1991, la ley de televisión por cable era
prioritaria para el Gobierno. En septiembre de 1992, justo un
año después, y tras anunciar que el cable debería responder al
continuo avance del sector de las telecomunicaciones, se
olvidaron del asunto. Borrell decía entonces que el desarrollo
legislativo tenía que ir a la par que el tecnológico.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Mato.
Señorías, guarden silencio y ocupen sus escaños. (Pausa.)
Cuando quiera.
La señora MATO ADROVER: Señorías, decía que en septiembre de
1992, un año después de anunciar que el cable debía responder
al avance en el sector de las comunicaciones, Borrell afirmaba
que el desarrollo legislativo tenía que ir a la par del
desarrollo tecnológico. Justo después de esto, presentó la
regulación del satélite y aparcó la regulación del cable. Y
ese es el problema, señorías, que pasa con el Gobierno: que en
materia de telecomunicaciones el legislador siempre llega
tarde.
Hace pocos meses, en febrero de 1994, otra vez el cable era
prioritario. Se llegaba a decir por parte de la Secretaria
General de Telecomunicaciones, doña Elena Salgado, que la
televisión por cable sería el sistema de difusión más
importante en el plazo de cuatro o cinco años. ¡Fíjense
ustedes que decía cuatro o cinco años! A estas alturas, la
señora Salgado, cuando menos, tendrá que cambiar su afirmación
por el plazo de cinco o seis años; es decir, un año al menos
de retraso por culpa del Gobierno.
Estamos en septiembre de 1994 y no conocemos más que sucesivos
y contradictorios borradores de anteproyectos de ley, y las
últimas declaraciones del Ministro Borrell son concluyentes:
ya no sólo no considera prioritaria la regulación del cable,
sino que, además, piensa que no es importante su implantación
en España.
Digo todo esto porque creo que en un momento en que España
necesita una legislación que abra posibilidades de nuevos
servicios, que reste influencia televisiva a los poderes
públicos, en definitiva, que devuelva poder a la sociedad, las
discrepancias internas de un Gobierno no deben paralizar el
desarrollo de nuestro país. Sus diferencias no pueden impedir
una importantísima inversión privada que se producirá en torno
al cable en una España que está sumida en una grave crisis
económica a la que, desgraciadamente, ha contribuido el propio
Gobierno.
Es un secreto a voces que en Economía el cable se ve de una
forma y en Obras Públicas se ve de otra diferente. Pero no
resulta tolerable la paralización de una inversión de estas
características porque dos Ministerios discrepen entre sí.
Señorías, estamos hablando de una inversión de entre 500.000 y
700.000 millones de pesetas en cinco años, que supondrá,
además, la creación de 80.000 puestos de trabajo, más 30.000
empleos fijos al inicio de la oferta de programaciones.
Estamos fomentando el desarrollo tecnológico de nuestras
industrias, la obra de infraestructura más importante de
España para los próximos años. Estamos posibilitando una
oferta de programación altamente especializada. En resumen,
estamos abriendo camino a lo que ha dado en llamarse
autopistas electrónicas. Parece conveniente, por tanto, que se
fomente la realización de esta importante infraestructura que,
por otra parte, es una de las últimas pendientes de instalar
en nuestro país para lograr su incorporación en materia
audiovisual a los niveles de las naciones más avanzadas.
Además, abriríamos así el camino a una actividad que, como
decía, es generadora de empleo y fuente de un enorme valor
añadido.
Por todos estos motivos, porque creemos que no se puede
mantener la actual situación de alegalidad, porque estamos
pensando en una importantísima inversión, en la creación de
nuevos puestos de trabajo, en una ampliación de la oferta y
pluralidad televisiva, en una auténtica transformación y
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, y porque
tenemos que evitar que el Poder Judicial aborde diariamente
estos conflictos, por este conjunto de razones, es más que
imprescindible este desarrollo legal que hoy presentamos. (El
señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
Señorías, el propio Tribunal Constitucional ha amparado en
importantes sentencias, de 31 de enero y del mes de abril de
este año a cableoperadores enmendando la plana a las
autoridades de telecomunicaciones. Creemos que hay que optar
por fomentar la iniciativa privada en la implantación del
cable y hacer llegar lo antes posible sus ventajas al mayor
número de ciudadanos. Nuestro Grupo ofrece esta proposición
anunciándoles desde este momento que estamos dispuestos al
máximo diálogo, que estamos abiertos a la búsqueda del
consenso y a introducir en su tramitación cualquier
modificación que propongan los distintos grupos parlamentarios
y que suponga una mejora del texto.
Señoras y señores diputados, un retraso en la regulación del
cable no hace más que impedir el desarrollo del modelo
audiovisual español y, sobre todo, dejar abierta una de sus
facetas más importantes. El sector audiovisual va a ocupar en
los próximos veinte o treinta años un lugar absolutamente
prioritario en la economía y en la sociedad de los países
avanzados. España tiene que tomar decisiones que van a
condicionar este sector durante decenios, durante mucho más
tiempo del que pueda durar cualquier gobierno. Por ello, es
necesario superar la dinámica partidista y propiciar un amplio
acuerdo entre todas las fuerzas políticas y entre todos los
sectores sociales y empresariales afectados, de manera que se
establezca un sistema aceptado por el mayor número de agentes
sociales que confíe en la seguridad y dé confianza respecto
del horizonte que compartimos.
¿Cuál es el horizonte que pretendemos? Partimos de un
convencimiento fundamental y es que, en materia de libertad de
información y de libertad de expresión, lo esencial es la
propia libertad, no ponerle puertas al campo, que las
limitaciones vengan dadas por motivos técnicos y nunca por
motivaciones de índole político. En este sentido, consideramos
esta ley como un paso transitorio hacia la necesaria ley
general de lo audiovisual, que debe regular todos los aspectos
relativos a este sector. Nuestro Grupo aboga por una ley
general de lo audiovisual que supere las actuales regulaciones
y que nos lleve a que la situación de derecho se parezca un
poco más a la situación de hecho. Esa ley general de lo
audiovisual recogerá el contenido de esta proposición, dotando
definitivamente de independencia a todo lo audiovisual y
convirtiendo al sector privado en el eje central de lo que
debe ser el futuro de la televisión en España. Una ley de lo
audiovisual que, como digo, debe ser consensuada por todos los
grupos y que se aplicará desde un consejo independiente en el
que estarán representados todos los sectores sociales
vinculados con la telecomunicación, empezando por la industria
y terminando por los sufridos televidentes.
Señoras y señores diputados, nos encontramos hoy ante una
propuesta política, no ante una propuesta o un modelo técnico,
como les gustará decir a algunos miembros del Gobierno; una
proposición donde se define la postura de nuestro Grupo con
respecto al panorama audiovisual y a la liberalización de este
sector; un proyecto que habla de libertad de expresión y de
libertad de información; un proyecto que ha tenido en cuenta
no sólo los modelos y experiencias de los países de nuestro
entorno comunitario europeo, sino las propias peculiaridades
de la organización territorial de nuestro Estado y las
particularidades de nuestro sector audiovisual.
Nuestro proyecto es un proyecto de y para el futuro. Estamos
seguros de que con las mejoras que se puedan introducir,
tendremos ley de cable para mucho tiempo y contribuiremos a la
necesaria seguridad jurídica que demanda la sociedad y, muy
especialmente, los que están dispuestos a invertir. No estamos
hablando de un proyecto que va hacia atrás. Es una proposición
de ley que supera la hasta hoy ley básica sobre materia
audiovisual: el Estatuto de Radiotelevisión Española y todas
las demás disposiciones legales posteriores que afectan a la
televisión. Estamos presentando un modelo liberalizador,
respetuoso con las competencias de las comunidades autónomas y
de los ayuntamientos; es un modelo liberalizador que abre la
industria del cable, en todos sus aspectos, a la iniciativa
privada, reservando a los poderes públicos la planificación
general y la supervisión técnica.
El cable resuelve el problema de la escasez del espectro
radioeléctrico, es decir, de la disponibilidad de frecuencias,
por lo que no existen en este caso las limitaciones técnicas
que justificaban el monopolio estatal de la televisión. Se
trata, pues, de una oferta adicional a la de la televisión en
sus actuales modalidades. Sin condicionamientos técnicos, es
imposible negar que todo el mundo tenga derecho a recibir o a
emitir información veraz por medio de la televisión por cable.
En este sentido, nuestro texto garantiza el pluralismo
informativo y la libre competencia de servicios al imponer a
los operadores de cable la obligación de reservar parte de la
capacidad de sus sistemas para su utilización por otros
empresarios que ofrezcan paquetes de servicio y programación
alternativos, concretamente el 25 por ciento de su capacidad
tendrán que reservarlo para empresas ajenas a la titular. Este
modelo parte de una calificación jurídica expresa de la
televisión por cable... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señora
Mato. Por favor, señorías, guarden silencio.
Puede continuar, señora Mato.
La señora MATO ADROVER: Este modelo --decía-- parte de una
calificación jurídica expresa de la televisión por cable como
actividad de interés general, con lo que se supera el antiguo
concepto de televisión como
servicio público esencial de titularidad estatal. Esto
supondrá que estas televisiones no estarán sujetas a concesión
por parte del Gobierno, sino a tantas autorizaciones como
servicios específicos se presten a través de la red del cable,
lo que sin ninguna duda implica una intervención
administrativa de control para tutela de los intereses
públicos.
Hoy ya, en este momento, en España ninguna televisión
comercial constituye un servicio público esencial, aunque el
Gobierno se ha empeñado hasta ahora en mantener esta
calificación jurídica. Es más, diría que incluso la televisión
pública del Estado, por la vía de los hechos, es ya una
televisión comercial. El Gobierno, no obstante, mantiene esta
antigua calificación, siempre que se habla de medios de
comunicación audiovisuales, para no perder la oportunidad de
otorgar las concesiones y, de alguna manera, controlar este
sector, ya que no podemos olvidar que el que cede voluntaria y
arbitrariamente una parcela de poder, siempre está en
condiciones de pedir contrapartidas por ella.
La televisión por cable constituye una innovación, un servicio
adicional de naturaleza claramente distinta a la de la
televisión tradicional, de forma que, en lugar de pretender
tener contenidos generalistas dirigidos a toda la población a
través de un número reducido de canales, se dirige a segmentos
concretos en función de intereses específicos y a través de
una multitud de canales.
En este sentido, el servicio de televisión por cable se
configura, en realidad, como una actividad de valor añadido
sujeta a una autorización administrativa, lo que consagra la
máxima liberalización. No obstante, como las redes de cable
ocupan forzosamente el dominio público, se hace indispensable
la obtención de una concesión demanial, cuyo otorgamiento
corresponde a los ayuntamientos afectados o a las comunidades
autónomas, en caso de demarcaciones que superen el ámbito de
un determinado municipio. La aplicación de la demarcación se
atribuye a la iniciativa de los ayuntamientos, sin perjuicio
del conocimiento y propuestas de los particulares interesados
en los proyectos.
Nuestra proposición es absolutamente respetuosa con la
autonomía de las comunidades y de las corporaciones locales y,
por tanto, se atribuye a los ayuntamientos competencias plenas
para determinar las demarcaciones, con un límite de 100.000
hogares, así como competencias para la convocatoria y
adjudicación para el otorgamiento de las concesiones de cable.
Los ayuntamientos, en su ámbito territorial, son los
principales protagonistas por parte de la Administración, en
la medida en que las redes de cable son, casi siempre,
exclusivas de un ámbito que abarca a una sola localidad. Las
redes de cable, por su propia naturaleza, son locales y
responden a las necesidades de los habitantes de los
municipios.
Las comunidades autónomas tienen también competencias de
otorgamiento de concesiones, así como modificación de
demarcaciones, cuando éstas desbordan el término municipal de
un ayuntamiento. También son las comunidades autónomas las que
tienen la competencia exclusiva para la aprobación de los
proyectos técnicos de instalación de redes y para el control
técnico de los mismos.
Al Estado le corresponden algunas determinaciones generales,
como la fijación de reglas técnicas, la aprobación de
estándares técnicos, la garantía del cumplimiento de las
normas sobre limitación de la concentración de redes y la
garantía de la unidad del mercado en cuanto a la
comercialización de servicios y programas en todo el
territorio nacional. Todo esto --y aquí introduzco un nuevo
elemento característico de nuestro proyecto-- enmarcado en una
garantía clave de las decisiones de la Administración: la
transparencia. Todo el procedimiento se ajusta a concursos
públicos.
Como SS.SS. saben, nuestro Grupo está preocupado por el
problema de la concentración, tanto en la vertiente de medios
públicos, como en la vertiente de medios privados. El
Parlamento Europeo, en 1992, advirtió de los peligros de la
concentración.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Mato, vaya
terminando, por favor.
La señora MATO ADROVER: Termino enseguida, señor Presidente.
Pues bien, la proposición de Ley que hoy debatimos ha tenido
muy en cuenta esta problemática, poniendo un límite en la
propiedad de estos medios, exigiendo transparencia en la
propiedad de los mismos e instando al Gobierno a la remisión
de un proyecto de ley que regule las limitaciones a la
concentración de participaciones, directas o indirectas, en
otros medios escritos o audiovisuales.
Señorías, los elevados costes que suponen la construcción,
mantenimiento y expansión de la televisión por cable requieren
un marco jurídico abierto y flexible que permita la
rentabilidad económica de las inversiones que se realicen. Por
ello, hemos propuesto que las concesiones tengan una duración
de quince años, prorrogables por otros diez, plazos que se
corresponden con lo que es normal en la mayoría de los países
de nuestro entorno. Al cabo de estos años habrá que convocar
un nuevo concurso al que, como es lógico, podrá presentarse,
si así lo desea, el anterior concesionario.
Existen también innumerables leyes, empezando por la ley de
leyes, nuestra Constitución, para proteger derechos
individuales y, sobre todo, para proteger a la infancia y a la
juventud, incluida la incorporación en nuestro ordenamiento
jurídico de la directiva conocida como «Televisión sin
fronteras».
Es sabido por todos que esos derechos individuales, los
derechos de la infancia y de la juventud, a pesar de las leyes
que en este momento son papel mojado y a pesar de todos los
códigos deontológicos, no se respetan en las programaciones de
las televisiones, comenzando por los incumplimientos de la
televisión pública que ya hemos denunciado en este Parlamento
en multitud de ocasiones.
Venimos obligados desde el Legislativo, y también desde el
Ejecutivo, a preservar los derechos de la juventud y de la
infancia. Por eso en esta proposición también nuestro Grupo
reitera la necesidad de garantizar la protección de los
derechos individuales, familiares y sociales, que van desde la
libertad de información y de expresión, el respeto efectivo
del pluralismo informativo, la libre competencia, a la
protección de la intimidad personal y familiar y, sobre todo,
a la protección de la infancia y la juventud.
Para garantizar que el contenido de los canales distribuidos
por cable se inspire en los principios reconocidos en las
leyes...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Mato, termine,
por favor.
La señora MATO ADROVER: Con su benevolencia, termino en un
momento, señor Presidente.
Para garantizar que el contenido de los canales distribuidos
por cable se inspire en los principios reconocidos en las
leyes y, sobre todo, respete el derecho a la protección del
menor, la ley remite a un régimen sancionador por la vía
penal, haciendo responsable del cumplimiento de estos
principios y normas al propio operador de cable, en el caso de
canales de producción propia, y asumiendo la responsabilidad
solidariamente con el productor, si son canales de producción
ajena. Asimismo, recordamos en el texto la necesidad de
garantizar el secreto de las comunicaciones, principio tan
vulnerado en los últimos tiempos en España y que siempre
requiere de un tratamiento especial.
Reitero que en materia de telecomunicaciones y, especialmente,
en materia de servicios de radiodifusión, se necesita una
permanente adecuación legislativa para que nuestro
ordenamiento jurídico acoja las nuevas actividades que estos
avances permiten. No son palabras mías, son palabras del
Ministro Borrell en el debate del proyecto de ley de
televisión por satélite.
Señorías, acabo volviendo a ofrecer todo el diálogo, pidiendo
su voto favorable a la toma en consideración de esta
proposición de ley, incluso a los grupos de mayor distancia
ideológica de nuestro partido. Seguro que tendrán una óptica
distinta en el desarrollo de la ley, pero yo les pido que
coincidamos en que hace falta esta norma. Para ello es
imprescindible que sin dilaciones y sin más retrasos,
empecemos a trabajar en su contenido. Una norma que profundiza
la libertad de expresión, que va a permitir canales nuevos de
televisión, que va a suponer la oferta de muchos puestos de
trabajo y que, sobre todo, es una ley clave para hacer una
España competitiva en lo que se refiere a las
telecomunicaciones y al mundo audiovisual. Apelando a estos
motivos, les pido su voto favorable.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Mato.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías,
Coalición Canaria hace una valoración de oportunidad positiva
en la iniciativa que ha tomado el Grupo Popular de traer hoy
aquí a debate esta proposición de ley para regular la
televisión por cable.
A lo largo de una década esta Cámara ha visto una serie de
proyectos que han venido dando un marco o entramado
legislativo, en derecho administrativo y en cuestiones
técnicas fundamentalmente, al mundo técnico y jurídico de la
televisión.
Parecería extraño que cuando tendríamos que estar al mismo
ritmo de velocidad legislativa que la técnica va haciendo
innovaciones, que ya son, digamos, añejas en muchos países,
por poner un ejemplo, en los Estados Unidos donde la
televisión por cable ocupa un lugar puntero en la llegada de
la señal a miles de hogares, aquí estemos todavía en una
situación improcedente por vacío legislativo. A mí me
preocupa, señorías, el vacío legislativo... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor
Mardones.
Señorías, por favor, ocupen sus escaños y guarden silencio.
Cuando quiera, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor Presidente.
En ese marco, entramado jurídico que se ha ido desarrollando,
yo destaco fundamentalmente la Ley 31/1987, el gran documento
de ordenación de las telecomunicaciones; está después la Ley
10/1988, de la televisión privada; está la Ley 32/1992, que
modifica precisamente esta primera citada del año 1987, de
ordenación de las telecomunicaciones; y llegamos a la Ley
35/1992, de la televisión por satélite y, por supuesto, las
disposiciones complementarias de decretos, órdenes
ministeriales, que las vienen desarrollando en aquellos
aspectos que son de las concesiones administrativas.
Pues bien, si una exigencia de imperativo tecnológico exigió
esta Ley, por ejemplo, de la televisión por satélite,
¿cómo es que el Gobierno no toma la iniciativa o qué razones
hay para no traer aquí el Proyecto de Ley de la televisión por
cable, cuando precisamente, en comparecencias de la Comisión
de Control de Radiotelevisión, el señor Director General del
Ente Público de Radiotelevisión Española, señor García Candau,
había hablado en sus programas del Ente Público de ir en la
utilización de la televisión por cable? Se habían hecho las
salvedades para que la legislación española tuviera unas
cláusulas de garantía en que, al regular la televisión por
cable, no nos encontráramos prácticamente una situación
técnica inferior a la que podían tener otras compañías en la
competencia exterior; se nos había alertado, y lo hemos
hablado en esta comparecencia, del peligro del dominio que
ejercen las empresas norteamericanas en el mundo de la
televisión por cable y que, precisamente para evitar una
colonización tecnológica y, por tanto, comercial e incluso
ideológica de las empresas de televisión por cable
norteamericanas, tuviéramos los instrumentos legales, los
instrumentos administrativos y jurídicos para producir esta
defensa jurídica del sistema español de la televisión
por cable.
Yo no sé lo que puede ocurrir cuando se llegue a legislar
hasta la televisión por satélite, como tenemos, y a las
compañías que sean concesionarias de estos permisos o
concesiones que dé la Administración central del Estado y
ninguna de ellas pueda pasar a distribuir su señal como
transportador de la misma por vía del cable, si éste no está
suficientemente regulado. Es decir, una empresa que capte una
señal del espacio utilizando la vía administrativa de la
televisión por satélite, se encuentra en un vacío jurídico
cuando quiere hacer la distribución de esa señal a los hogares
de los receptores, de las familias españolas y no está
regulado el sistema jurídico y técnico de la televisión por
cable.
Por tanto, como ya no hay cuestiones de índole tecnológica,
cuando las directivas de la Unión Europea se han venido
pronunciando al respecto, lo que no podemos nosotros es dejar
«ad calendas graecas» que la Comisión correspondiente de la
Unión Europea diga una especie de penúltima palabra, dentro de
unos años, en el asunto de la televisión por cable.
Entendemos que es este el marco legal que hemos enumerado en
sus distintos aspectos y como una posible ley, si se quiere
con el carácter singular con que la trae aquí el Grupo Popular
o como una ley derivada de la ley de ordenación de las
telecomunicaciones. Porque si ya se ha hecho una modificación,
parecería lógico darle una oportunidad --nosotros no nos
oponemos a ello-- y que, dentro de la ley de las
telecomunicaciones, una segunda modificación por adición del
capítulo correspondiente a la televisión por cable le dé
cabida.
Mientras eso no se produzca y lo traiga aquí el Gobierno,
nosotros vamos al fondo de la cuestión y vamos a apoyar con
nuestro voto favorable la proposición de ley del Grupo Popular
de la televisión por cable, diciéndoles que nos es, y vuelvo a
repetirlo, indiferente que sea un proyecto de ley
singularizada o un desarrollo de la ley básica de las
telecomunicaciones en cuyo marco técnico, legal y jurídico se
debe insertar.
Aceptando el trámite de esta proposición de ley, aceptando su
debate entraríamos en pormenores, porque hay cuestiones tanto
de índole de las concesiones, que creemos que son discutibles,
como del ámbito de la distribución de competencias.
Me permito señalar únicamente, porque estamos de acuerdo con
el marco general en que lo plantea el Grupo Parlamentario
Popular, que, en cualquier momento que traten de reiterar y
sea cual sea la suerte que corra esto, hablando desde el punto
de vista de Coalición Canaria y recogiendo lo que son las
competencias que señala el Estatuto de Autonomía de Canarias,
no se olviden de que, en las competencias administrativas,
Canarias tiene una figura interpuesta entre el ayuntamiento y
la comunidad autónoma, que es el cabildo insular. Y
precisamente el campo de la televisión por cable es el ámbito
de la isla donde físicamente se realiza la presencia del
transportador de las entidades que van a realizar. Esta
competencia debe estar reconocida también para los cabildos
insulares en el caso en el que, como hace la proposición de
ley del Grupo Popular, al superarse el ámbito administrativo
competencial, por los rigores que aquí se contemplan, para la
competencia del Ayuntamiento, no la pasen directamente a la
Comunidad Autónoma, sino que existe la figura de
administración intermediaria de los cabildos insulares.
Por todo esto, aprovechamos la ocasión, señores del grupo
mayoritario, para incentivar, a través de ustedes, al
Gobierno, dado que no hay presente ningún Ministro, que la
regulación de la televisión por cable se traiga de una vez a
esta Cámara. Lo demanda una exigencia tecnológica, lo demanda
estar al día, para dar satisfacción a una modernización de las
telecomunicaciones. Lo que no podemos es seguir manteniéndonos
en el vacío legal que no contribuye más que a la inseguridad
jurídica del sistema.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Mardones.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor González de
Txábarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor
Presidente.
Señorías, desde el Grupo Vasco hemos examinado con atención
esta proposición de Ley realizada por el Grupo Popular ante un
tema que está en la propia sociedad,
en los propios organismos del Estado, de las comunidades
autónomas y de los municipios y es una realidad alegal
instalada en este Estado.
Anuncio que vamos a votar que no a esta proposición de Ley
porque nos encontramos con una sorpresa: que mientras que
desde estas mismas instancias de la sociedad civil, desde
estas mismas instancias administrativas estamos reclamando
esta legislación en torno
a la televisión por cable, la misma viene realizada
por parte del Grupo Popular con unas características que no
coinciden con los elementos básicos que
desde el Partido Nacionalista Vasco entendemos como
imprescindibles para que esta legislación pueda ser
realizada.
Una ley de televisión por cable, que debe estar prevista para
que su articulado tenga aplicación en 1995, es decir en el
último quinquenio del siglo XX, entendemos desde el Grupo
Vasco que no debe mirar al pasado ni a reglamentaciones
similares de otros países de nuestro entorno que,
evidentemente, a pesar de ser recientes, no responden al
avance de la tecnología; en este momento, la propia
tecnología, en los marcos en los que se está desarrollando y a
la velocidad a que lo está haciendo, la está dejando obsoleta.
Entendemos que las directrices de la Unión Europea nos están
marcando las pautas a seguir en este tema de la liberalización
del mercado de las telecomunicaciones y por ello creemos que
no es el tema la televisión por cable, sino el conjunto de
medidas a legislar en torno a la tecnología moderna y al
avance que está teniendo lugar en estos campos por el
desarrollo de los sistemas ATM que permitirían implantar redes
comunes a todos los servicios, no sólo al de televisión por
cable, a la telefonía, a la transmisión de datos, a la
videoconferencia, a la propia educación a distancia o a temas
conexos con las propias redes. Así lo estamos haciendo en el
País Vasco, desde las instituciones autónomas que están siendo
pioneras en estos temas de cableado e infraestructuras de
comunicación y pensamos que votar a favor de la toma en
consideración de una proposición de ley donde se indica, por
ejemplo, en uno de sus artículos que las comunidades autónomas
no podrán invertir en estas infraestructuras, nos lleva a
otros tiempos, nos lleva, si se quiere, al otro extremo de la
teoría Borrell de que el Estado lo hace todo, aquí se
liberaliza todo, y no responde por ello, desde nuestra
opinión, a la actual realidad social, a la actual realidad de
las propias instituciones, ayuntamientos, comunidades
autónomas e indudablemente, señora Mato, del propio Estado.
Pensamos que no podemos perder esta oportunidad que se nos
presenta de modernizar la estructura de telecomunicaciones en
este Estado con el auxilio de estas redes de teledistribución
y que el objeto de materia de esta proposición de ley viene
muy reducido y debe ser considerablemente ampliado.
Compartimos con el Grupo de Coalición Canaria que,
evidentemente, el retraso en la legislación en estas materias
por parte del Gobierno es evidente. El señor Borrell sale cada
quince días prácticamente a anunciarnos que pasado mañana, en
el próximo Consejo de Ministros, el proyecto de ley va a ser
aprobado y remitido a esta Cámara y hay un incumplimiento
flagrante en torno a estas materias, pero ello no nos debe
llevar a tomar en consideración proposiciones de ley como
ésta, de buena voluntad, indudablemente, que ponen en
evidencia que el Gobierno se está retrasando en estas materias
pero desde su propia redacción entendemos que quedan muy
desfasados de los propios borradores que están circulando en
estos sectores y que desde el mismo Ministerio indudablemente
han sido redactados.
Nos parece, en el análisis pormenorizado de los artículos de
esta proposición de ley, que alguno de los aspectos, en ese
empeño de poder hacer enmiendas o de que una vez tomada en
consideración la proposición de ley pudieran ser corregidos,
no da margen suficiente para poder realizar ese trabajo y por
eso anuncio que desde el Grupo Vasco vamos a votar en contra
de su toma en consideración, porque es de todos conocido que
las tecnologías de teledistribución, dada su escasa y casi
nula implantación en este Estado, no están al alcance de ser
dominadas y correctamente interpretadas por los servicios
técnicos de la generalidad de los municipios, tal y como se
propone en esta proposición de ley. La propia propuesta
reconoce estas limitaciones al otorgar al Estado la facultad
de ordenar las normas básicas y generales de ordenación del
propio servicio.
A nuestro juicio, no es coherente que sea el propio municipio
el que otorgue la concesión y que posteriormente se evalúe por
parte de la administración de la comunidad autónoma el
proyecto técnico. A nuestro entender, el proyecto técnico debe
ser incluido en la propia valoración de méritos para el
otorgamiento de la concesión y debe ser, además, en algunos
casos excluyente, ya que ciertos proyectos que no cumplan
determinadas condiciones técnicas deberían ser excluidos del
propio concurso. Dada la ligazón entre el proyecto técnico y
la adjudicación, entendemos, además, que es la comunidad
autónoma la competente para resolver esos concursos y, en
ningún caso, el Estado.
Pensamos también que esta propuesta tiene el riesgo de
provocar una atomización del territorio, incluso de las
grandes ciudades, en los parámetros en que viene determinada
la proposición de ley, con redes de tecnología no
suficientemente homogéneas que difícilmente podrán llegar a
ser la alternativa a la red actual y capaces de soportar los
nuevos servicios. La limitación a los parámetros que viene
dada en esta proposición de ley, en 100.000 hogares en el
propio tamaño de las redes, condena a los ayuntamientos anexos
a las grandes ciudades a disponer, evidentemente, de redes
distintas y, por tanto, con menor calidad y capacidad,
ya que es muy posible que no alcancen el tamañode masa crítica
necesaria para dotarles de los suficientes equipos técnicos
avanzados y serán, sin ninguna duda, más costosos.
Creemos que estas demarcaciones territoriales deben ser
fijadas en todos los casos con criterios de optimización de
recursos y, por ello, no entendemos los parámetros que se
vienen utilizando en esta proposición de ley. La limitación de
no poder instalar por demarcación una sola red de cable, nos
parece que conculca el propio espíritu de liberalización que
preside genéricamente la propia proposición de ley, otorgando
un nuevo monopolio, ya que no se cita en ningún punto que el
operador nacional Telefónica pueda ofrecer ese servicio en
competencia; es más, el artículo 20 de la propia proposición
de ley prohíbe expresamente esa actividad, lo cual está en
contra de todas las tendencias internacionales y yo creo que
también del sentido común.
El proyecto pensamos que tiene carencias fuertes que no
podrían ser subsanadas, en ningún caso, en un trámite
posterior, a través de enmiendas. No contempla adecuadamente
las redes de televisión por cable como alternativa tecnológica
a la red actual, promueve una excesiva atomización de estas
redes y no contempla una figura de servicio portador que dé la
oportunidad a diversos operadores de acceder al mercado en
igualdad de condiciones; presenta, además, lagunas de
coordinación en la determinación de las demarcaciones, en el
otorgamiento de las licencias y en el control técnico de las
redes. Entendemos que no se contempla una mínima
disponibilidad de servicios comunes a implementar por las
propias redes ni hace referencias tecnológicas.
Desde esta perspectiva, urgimos, como ha hecho el portavoz de
Coalición Canaria, al propio Gobierno e indudablemente al
Grupo Socialista a que las promesas del señor Borrell en torno
a esta legislación se cumplan a corto plazo y se termine con
la actual situación de alegalidad de las televisiones por
cable, que se asuma el compromiso por parte de toda la Cámara
en el sentido de no regular sólo la televisión por cable, sino
toda la problemática tecnológica referida a lo que hoy se
llama ya autopistas de la información, y estemos, señor
Presidente, en condiciones de dotar al Estado de estas
infraestructuras, que son las que hacen futuro.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
González de Txábarri.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Gracias, señor Presidente.
Señorías, la proposición de ley del Grupo Parlamentario
Popular que debatimos, pese a que contiene algunos aspectos
sobre los que discrepamos, debo decir que, de entrada, tiene
un relieve positivo, puesto que viene a forzar la discusión
parlamentaria de algo que, como bien se apunta en el preámbulo
de la iniciativa, no constituye una mera modalidad técnica,
sino que es un paso decisivo para la transformación del
panorama audiovisual.
Desde hace dos años viene retrasándose por diversos motivos la
presentación del correspondiente proyecto. En parte, esto ha
suscitado una polémica muy viva entre todos los sectores
implicados, lo que probablemente ajustará mucho más a la
realidad el proyecto que esperamos ver pronto en la Cámara.
Sin embargo, el retraso está produciendo una incertidumbre
notable y, sobre todo, un crecimiento muy desordenado de esta
modalidad de transmisión televisiva.
Cuando se aprobó la Ley de televisión por satélite, de la que
discrepamos en su momento, se optó por dejar paralizada la
regulación del cable. Si la proposición del Grupo Popular en
cuestión sirve para comprometer al Gobierno a acelerar todos
los estudios necesarios y traer el correspondiente proyecto,
habrá dado ya frutos positivos su mera formulación.
En todo caso, debo decir que nuestras discrepancias afectan a
algunos de los aspectos más relevantes de la proposición de
ley.
En primer lugar, no queda claro el reparto competencial entre
las administraciones públicas. Sin entrar en una análisis
doctrinal sobre la propia delimitación de las competencias,
puede observarse esta confusión en la propia esencia del
concepto de demarcación territorial que abre la puerta a que
diversas administraciones, según la interpretación que se
haga, puedan reclamar.
La demarcación territorial puede ser inferior a un municipio,
pero también englobar una mancomunidad. Lo esencial es la
denominada estación de cabecera de esa red territorial y, por
tanto, nos hemos de mover en el ámbito que defina la
tecnología y no en el puramente administrativo.
Nos parece esencial que el ámbito competencial pleno en
aspectos como las concesiones, tanto de la red del cable como
de todos los operadores, corresponda a quien asuma la
competencia de ordenación territorial. (Rumores.)
En segundo lugar, si bien la proposición de ley no limita la
capacidad de difundir otros servicios de telecomunicación...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor
Recoder.
Señorías, ruego silencio.
El señor RECODER I MIRALLES: Gracias, señor Presidente.
Decía que, en segundo lugar, si bien la proposición de ley no
limita la capacidad de difundir otros servicios de
telecomunicación, es evidente que una regulación del cable hoy
debe venir acompañada de una propuesta completa sobre los
servicios que puedan prestarse de manera paralela, incluso con
interactividad o bidireccionales. El gran debate de este año
ha sido precisamente el de las autopistas de la información,
como ya hacía referencia otro interviniente.
En Inglaterra, por poner sólo un ejemplo, tras el fracaso del
desarrollo inicial de la televisión por cable, se integraron
los diferentes servicios en un solo soporte, como lo demuestra
su nueva y reciente estructura audiovisual basada en la
liberalización y coordinación de la telefonía y la televisión
por cable en las nuevas redes.
En tercer lugar, no nos parece razonable cerrar la puerta a la
presencia del sector público en este terreno. No se trata de
imponer una presencia de este sector en un terreno en el que
hemos de dar mucho juego a la sociedad civil, sino que dado
que el esfuerzo económico, tecnológico y de infraestructuras,
como se dice en el preámbulo de la proposición de ley, ha de
ser ingente, la Administración ha de considerarlo un sector
prioritario y asumir un papel relevante. En el caso de otros
países así ha sucedido. Sin el impulso no sólo de las grandes
compañías de servicios, sino también del propio Estado, no
puede garantizarse el éxito de la televisión por cable.
Por último, no plantea la proposición la solución a una
cuestión tan fundamental como es la sindicación de programas y
creación de cadenas no previstas en la legislación que se
propone.
No olvidemos las técnicas que se han utilizado en otros
países, como Italia, en que se han sorteado todas las
previsiones legales para la concentración de medios y creación
de cadenas mediante la emisión teórica con segundos o décimas
de segundo.
En definitiva, estos son algunos aspectos que deben requerir
en todo caso una reflexión más profunda y un proyecto, desde
nuestro punto de vista, que debería ser más elaborado.
Esperaremos, en consecuencia, al proyecto del Gobierno, que
deseamos resuelva correctamente estas cuestiones.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Recoder.
Por el Grupo parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señor Presidente.
En este sector, sin duda estratégico, desde el principio
venimos sufriendo una auténtica ausencia de planificación. Por
parte de los sucesivos gobiernos ha habido una falta total de
proyecto global, no sólo con respecto a la televisión por
onda, sino a la televisión por cable o el resto de la
información y la telefonía. No hay ideas claras ni siquiera
con respecto a la televisión pública. De ahí que no se esté
utilizando la televisión pública en cuanto servicio público
esencial, que para nosotros es un principio constitucional. He
aquí, por lo tanto, la primera contradicción de la proposición
de ley del Grupo Popular, que evoca el artículo 20 y, sin
embargo, quita de en medio el servicio público esencial,
hablando repetidamente de un servicio de interés general.
Desde el principio hay una contradicción muy seria entre la
filosofía del Grupo Popular y la del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
A partir de esta contradicción, habría que analizar si la
estructura profunda de esta proposición es o no enmendable, lo
cual nos va a llevar a nuestra posición definitiva con
respecto a la propuesta que ha defendido la señora Mato.
La televisión por cable no está sustentada por un proyecto
claro del Gobierno. Tenemos algunas apreciaciones del señor
Ministro, una última, hoy, en algún medio de comunicación, en
el sentido de integrar en el cable no sólo la televisión, sino
también la telefonía y la información --por tanto, se está
hablando ya de autopistas de información o de comunicación--,
y no hay una idea clara en un tema de enorme importancia, que
a medio plazo puede incluso sustituir y poner de vacaciones a
la televisión por satélite. Cuando se habla de televisión por
onda o por satélite a este nivel, se está hablando del siglo
XX; cuando se habla de la televisión o de la información por
cable, se está hablando ya del siglo XXI. Desde luego, con un
proyecto liberalizador como el que aparece --aquí viene la
segunda enorme diferencia entre la propuesta del Grupo Popular
y nuestra filosofía-- en la propuesta del PP con respecto a un
tema de importancia estratégica, nosotros también nos hemos
preguntado si ésta es realmente enmendable a través de un
debate, sea o no de totalidad.
Nosotros pensamos que desde un principio hay que ir en estos
momentos a un consejo superior de la comunicación; primero,
porque no existe planificación, no hay ideas claras; segundo,
porque habría que buscar un área no gubernamental a la hora de
decidir una serie de temas de enorme importancia, entre ellos,
el de la concesión de las licencias, sea televisión pública o
privada, en todo caso, servicio público esencial y no servicio
de interés general como yo creo que preconstitucionalmente
recoge la propuesta del Partido Popular. Un consejo superior
de la comunicación que tuviera un carácter resolutivo
fundamentalmente, no sólo consultivo, incluso en la concesión
de licencias. Al mismo tiempo, hay cosas que no aparecen, a
nuestro juicio, salvaguardadas
en la proposición del Grupo Popular, como pide la Unión
Europea, en principio, para el esclarecimiento de una posición
pero consecuentemente después a una propuesta legislativa, una
ley contra el monopolio televisivo. Esto no aparece
absolutamente superado, a nuestro juicio, en la propuesta que
hace el Partido Popular, aunque en la exposición se haya
aludido a que van en esa dirección. En ese caso, nos faltaría
la ley antimonopolio cuyo borrador ya anunció hace unos once o
doce meses el señor Arenas, que es absolutamente necesaria de
cara a este proyecto estratégico global de la televisión, la
telefonía y la información.
En este marco general, nosotros veríamos que entonces sí se
podría debatir una ley de televisión por cable adecuada.
Aislando la ley de este marco y, desde luego, apuntando una
perspectiva de liberalismo a ultranza, nosotros no podemos
coincidir, porque estaría exenta de un control democrático no
gubernativo, no se aseguraría la diversidad --por tanto, no
hay aquí medidas realmente claras contra la concentración de
los medios--, no estaría clara la concesión ni si ésta se hace
en función de servicio público esencial o no --eso si está
claro en el sentido de que se pide sólo un servicio de interés
general--. Por tanto, nosotros pensamos que el artículo 20 de
la Constitución no está recogido rigurosamente en esta
proposición de ley, que las concesiones siempre se hacen desde
un área de gobierno que puede, como se ha dicho anteriormente,
en cierto grado fragmentar lo que es un servicio de carácter
público y estratégico; que la infraestructura se propone al
margen del Estado, incluso de los servicios y de las empresas
públicas, cosa que no nos parece aceptable ni posible; que no
hay una estructura de control democrático --nosotros hablamos
siempre del consejo superior, del consejo estatal, o como se
quiera llamar, de la comunicación--, y que, hasta cierto
punto, se está hablando más de una propuesta de ley de
televisión local, o por lo menos se solapa con la estructura
de una propuesta de televisión local, que de un servicio de
enorme importancia y que va a diseñar el futuro en el siglo
XXI de este tipo de servicios.
El grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya está
trabajando, de cara a aclarar las ideas y a generar el debate
correspondiente, absolutamente necesario en este sevicio de
enorme importancia, en el diseño de un consejo general de la
comunicación, primero; en segundo lugar, en una proposición de
ley contra la concentración de los medios, en sintonía con los
debates que se están teniendo ahora en el marco de la Unión
Europea; y, en tercer lugar, en este contexto, en una
propuesta de ley de televisión por cable.
Consecuentemente con estas ideas y teniendo en cuenta que
pensamos que esta proposición no es enmendable en su
estructura profunda, en su idea-eje, su idea-fuerza, el Grupo
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya votaría
negativamente la toma en consideración.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Alcaraz.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Morlán.
El señor MORLAN GRACIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, subo a esta tribuna para fijar la
posición del Grupo Socialista sobre esta proposición de ley
del Grupo Popular en relación con la televisión por cable.
Desde luego, coincido con la portavoz del Grupo Popular en que
nuestro modelo no tiene nada que ver en absoluto con el suyo.
Es decir, la diferencia que existe entre su modelo y el que
nosotros propiciamos es de un profundo calado político, e
ideológico en muchos casos.
En esta proposición de ley, además de la diferencia a que he
hecho referencia, hay otras de carácter técnico o de menor
interés que, si tengo tiempo, al final de mi intervención
comentaré. Prefiero referirme, en un primer momento, a
aquellos aspectos que considero más importantes para
determinar la razón de por qué mi Grupo político no va a
apoyar la proposición de ley. He de aludir a este tipo de
planteamientos porque son los que promueven una diferenciación
más nítida entre lo que ustedes dicen y lo que nosotros
proponemos y que se contempla en un futuro proyecto de ley que
el Gobierno aprobará en breves fechas y que será traído a esta
Cámara. Dichos planteamientos tienen que ver con la
distribución competencial, con la estructura del marco
normativo, con la exclusión de la participación del sector
público en las sociedades operadoras del cable o con el papel
que deben jugar los municipios y las comunidades autónomas,
sin dejar de lado un aspecto importante --al que antes ha
hecho referencia el portavoz de Izquierda Unida-- cual es el
de la resistencia del Grupo Popular a hablar de servicio
público y sustituirlo por servicio de interés general.
Cuando se hace referencia a lo que es el objeto de la
proposición de ley, en el artículo 1, apartado a), se indica
que es la regulación del servicio de interés general de
televisión por cable. Desde nuestra perspectiva y de acuerdo
con el artículo 2.1 de la LOT, que marca todo el sistema
normativo de lo que tienen que ser las telecomunicaciones en
este país, modificable con todas las reformas posteriores y
con las aportaciones comunitarias que tenemos que trasponer a
nuestro sistema de telecomunicaciones, no deja de ser un
servicio público, esencial, de titularidad estatal, criterio
que ha revalidado nuestro más alto Tribunal, el Tribunal
Constitucional, en la sentencias 206/1990 y 31/1994, de 31 de
enero.
De aceptarse su consideración de servicio de interés general,
se limitarían profundamente las facultades y posibilidades de
uso que tienen los ciudadanos, ya que su prestación no estaría
sometida a los condicionamientos que intrínsecamente vienen
contemplados en la prestación de un servicio público y
repercutiría en el derecho que todo ciudadano tiene a tener
acceso a la información, a la participación política, a la
difusión de la cultura, de la educación, del deporte, del
ocio, así como a contribuir a que la libertad y la igualdad
sean reales y efectivas. Y a pesar de que usted ha dicho desde
esta tribuna que eso venía contemplado en la proposición de
ley, sí que es cierto que se ha tratado de buenas palabras que
después se han visto desvirtuadas por lo que es el contenido
del texto articulado de dicha proposición de ley. Hablar de
interés general es hablar de un concepto muy amplio que debe
inspirar toda la actuación de los poderes públicos, pero su
interpretación y aplicación son nuy subjetivas, porque estoy
convencido que su concepción de lo que es el interés general
no coincide con la nuestra. Sin embargo, el concepto de
servicio público sí tiene una traslación al mundo de la norma
y de la práctica diaria.
En segundo lugar, las redes que se plantean tienen la vocación
de ir más lejos que la pretendida de una televisión por cable,
y a lo largo de todo el texto se da más importancia a algo que
usted ha comentado aquí muy sucintamente, como son los otros
servicios de telecomunicación, es decir, los servicios
multimedia, la interactividad, etcétera. Han dejado abierto un
campo que no cierra la propia proposición de Ley y que es
preocupante porque se pueden generar disfunciones muy serias
en todo el sector de las telecomunicaciones, y ustedes, a
pesar de ello, en el proyecto lo definen de forma vaga y
amplia, en lugar de responder a lo que tendría que ser
escuetamente el título de la proposición de Ley, es decir, a
la televisión por cable.
Pensamos que esta forma de tratar la regulación de la
televisión por cable y la regulación de lo que es exceso de
capacidad del cable facilitaría la discrecionalidad y la
arbitrariedad en la concesión o autorización del desarrollo de
los servicios de telecomunicación, a la vez que iría en contra
de lo dispuesto en el artículo 149.1.21 de la Constitución
española, que atribuye su competencia exclusiva al Estado. Me
gustaría saber por qué razón no se habla de una ley del cable
en lugar de una ley de televisión por cable o por qué razón
intentan solapar la regulación más precisa del exceso de
capacidad del cable y no plantean de forma nítida qué es lo
que entienden ustedes por ese exceso de capacidad, qué tipo de
servicios, qué tipo de datos, qué tipo de información y de
actuaciones hay que llevar a cabo para que el exceso de
capacidad que genera el cable sea perfectamente regulado y
sometido a la tutela de la ley. Nosotros pensamos que esta no
es la forma más adecuada de regular estos servicios y por ello
esperamos que cuando se debata el proyecto de Ley del Gobierno
se verá que nuestro sentido es absolutamente distinto al que
ustedes plantean.
En tercer lugar, ustedes rompen el marco legal de las
telecomunicaciones, que está regulado por la Ley de Ordenación
de las Telecomunicaciones, ya que establecen la transferencia
de una serie de competencias a los ayuntamientos y a las
comunidades autónomas que genera un doble marco legal y que
sin lugar a dudas provocará, desde nuestro punto de vista, una
confusión normativa que implicaría la aparición de una
inseguridad jurídica no deseable en el caso de que esta
regulación se hiciera en los términos en que viene contemplada
en la proposición de Ley.
No podemos estar de acuerdo con la forma en que se habla de la
cesión de competencia concesional, que son la construcción de
infraestructuras de telecomunicación, o sobre la cesión de la
competencia para utilizar servicios de valor añadido regulados
en la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, o con la
cesión de competencias de inspección técnica sobre las redes y
servicios desarrollados a partir de la Ley de Ordenación de
las Telecomunicaciones, y todo ello si supone, como así se
desprende de esta proposición de ley, la fragmentación del
mercado de las telecomunicaciones, un incremento en el gasto
de regulación e inspección o un significativo descontrol de la
actividad, y ello además si tenemos en cuenta que las
telecomunicaciones se encuentran en un proceso de convergencia
tecnológica que va a posibilitar que todos los servicios se
presten por todas las redes, con lo que es absurdo mantener
los marcos normativos y autoridades administrativas
reguladoras tal y como vienen, contempladas en la proposición
de ley.
En cuarto lugar, nosotros no podemos estar de acuerdo con la
exclusión que se pretende hacer de que no podrán participar en
el capital de las sociedades operadoras de cable los entes
públicos, las empresas públicas ni las empresas que estén bajo
el control efectivo de aquéllos. Bajo nuestra perspectiva
resulta verdaderamente inaudito que una empresa privada como
Telefónica, participada en minoría por el Estado y por tanto
con mayoría de capital privado, con una especialización y
tecnificación incuestionables, que ha realizado en los últimos
años un esfuerzo inversor importantísimo, quede inhabilitada
para poner todos sus recursos e infraestructuras a disposición
de los operadores que lo deseen y que conseguirían una
importante disminución mediante los oportunos conciertos de
todas las magnitudes económicas si tuvieran que construir
nuevas infraestructuras. La exclusión de Telefónica que se
pretende supondría poner piedras en el camino de un progreso
tecnológico de la principal red del país, puesto que, como ya
he dicho, no podría poner a disposición de los distintos
operadores unas infraestructuras y recursos altamente
tecnificados, que desde luego, sin lugar
a dudas, contribuirían a abaratar lo que van a ser los costes
de implantación de la televisión por cable, y creo que los
usuarios estarían contentos de ser los perceptores de todos
los avances que la investigación de la Compañía Telefónica ha
realizado en el sector de las telecomunicaciones en España.
Toda la investigación que se está haciendo y todo el
desarrollo que están propiciando esos avances irían, como
digo, en beneficio de los usuarios porque se caminaría en la
dirección de ir consiguiendo, entre otras cosas, la pronta
implantación de la red de servicios integrados de banda ancha.
Tampoco nos parece lo más adecuado y lo más correcto que se
premie a los operadores ilegales actuales, estableciendo su
derecho preferente a optar a las concesiones que se presenten
tras el cumplimiento de unos requisitos como son el número de
hogares abonados --cinco mil-- y el del plazo que tiene la
inspección técnica para saber si todos ellos están abonados
--un mes--. Creo que es materialmente imposible que una
inspección técnica revise en el plazo de un mes las casas y
los domicilios particulares de estos abonados. Creo que esta
pretensión que viene contemplada en la proposición de ley hace
inviable la mínima objetividad y posibilita la máxima
discrecionalidad en el otorgamiento de la concesión
provisional.
En definitiva, señorías, el Grupo Socialista piensa que es una
proposición de ley no aceptable porque vulnera una serie de
principios fundamentales relacionados con la eliminación de la
consideración de la televisión como servicio público; porque
pretende eliminar de la participación en el sector de las
telecomunicaciones lo que es la compañía Telefónica y otros
entes públicos que están verdaderamente capacitados para ello;
porque establece un marco regulador dual al incorporar
competencias no muy bien definidas respecto a comunidades
autónomas y ayuntamientos y porque pensamos que saca todo el
sector de las telecomunicaciones del marco normativo que ha
generado la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, de la
reforma que hubo hace unos años y de la adaptación de las
resoluciones y directrices de las Comunidades Europeas.
Por ello, señoras y señores Diputados, mi Grupo va a votar en
contra de esta proposición de ley planteada por el Grupo
Popular.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vamos a pasar,
señorías, a la votación. (La señora Mato Adrover pide la
palabra.)
Señora Mato, ¿a qué efectos quiere intervenir?
La señora MATO ADROVER: Simplemente a efectos de replicar a la
toma en consideración del resto de los grupos; es decir, al
turno en contra que han efectuado todos los grupos
parlamentarios.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Sabe S.S. que
solamente hay réplica con respecto a los turnos en contra.
Ahora bien, como en este caso concreto no se ha consumido un
turno en contra y se puede entender claramente que S.S. ha
sido contradicha en la intervención del Grupo Socialista,
tiene la palabra por cinco minutos.
La señora MATO ADROVER: Gracias, señor Presidente.
Con la mayor brevedad y agradeciéndole su benevolencia, deseo
contestar al turno en contra que han ejercido los grupos
parlamentarios en esta ocasión a la proposición de ley del
Grupo Popular.
Las discrepancias que se han producido durante esta sesión
obedecen a discrepancias de fondo y creo que se podrían...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Perdón, señora Mato,
no ha habido ningun turno en contra; ha habido fijación de
posiciones de las que S.S. puede entender que ha sido
contradicha en alguno de sus argumentos. Tiene la palabra para
contestar a las intervenciones en las que S.S. entiende que
sus argumentos han sido contradichos.
La señora MATO ADROVER: Gracias, señor
Presidente.
Simplemente deseo manifestar que las discrepancias de fondo
que se han producido con respecto a nuestro Grupo creo que se
podrían defender en Comisión. Entendemos que no es admisible
que no se tome en consideración una proposición que ha sido
aceptada por todos los grupos que tienen relación con el
sector por su rigor y por su viabilidad. Entendemos que haya
cuestiones concretas, como el poder de los poderes públicos o
como la distribución de competencias, que se han expuesto en
esta sesión, para votar en contra de ciertos artículos de la
proposición. Lo que no es justificable es que no se tome en
consideración una proposición que es importante para el
desarrollo económico de España, que va a producir una gran
inversión y que todos los grupos están de acuerdo en que tiene
que estar ya en vigor para adecuar la realidad actual a la
situación legal que tenemos, que va por detrás de los hechos.
En segundo lugar, con respecto al tema de la distribución de
competencias, creemos que está bien resuelto en nuestra
proposición. Sí quiero aclarar que el ámbito local está en los
ayuntamientos, que cuando las concesiones de cable superan el
ámbito local las comunidades autónomas tienen las competencias
y esto es impecable. No se puede permitir que las comunidades
autónomas invadan las competencias de los ayuntamientos para
utilizar la televisión por cable como un instrumento de poder.
En último término, en cuanto a la utilización del servicio
público y la participación pública en medios de comunicación,
simplemente quiero decir que en estos momentos tenemos unas
televisiones locales públicas deficitarias, unas televisiones
autonómicas públicas deficitarias, una televisión estatal,
pública también, deficitaria y además un Hispasat --una ley
que se ha hecho especial para el Hispasat-- público
deficitario que estamos pagando todos los españoles, que
estamos pagándolo a costa de nuestros impuestos. Lo que el
Grupo popular no quiere, porque si depende de la empresa
pública y de la iniciativa pública nunca se llevará a cabo el
cable, es que haya más inversión, más dinero público en medios
de comunicación, por dos motivos: en primer lugar, porque
habría que incrementar la presión fiscal de los españoles, que
ya es bastante alta hoy por hoy; en segundo lugar, porque hay
prioridades mucho más importantes que dedicar más dinero
público a medios de comunicación, y, en tercer lugar, porque
la iniciativa privada es la que tiene que tomar lugar en el
tema de la televisión en España cuando ya se puede tener una
multitud de canales y una multitud de servicios de valor
añadido que se pueden hacer y realizar a través del cable.
Muchas gracias. (Aplausos.--Algunos señores Diputados del
Grupo Popular: ¡Muy bien!)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Mato.
Tiene la palabra el señor Morlán.
El señor MORLAN GRACIA: Muchas gracias, señor Presidente.
La verdad es que poco más ha añadido la señora Mato en su
segunda intervención, pero sí le quiero decir una cosa. Si de
verdad ustedes pretenden que no haya más inversión, no
excluyan a Telefónica ni a los operadores públicos, porque son
los que tienen hecha la inversión. Si usted está admitiendo
que tiene que haber menos inversión, que no es necesario que
haya más déficit, ¡hombre!, aprovechen la Compañía Telefónica,
que tiene una red preciosa, una red que últimamente se ha
reformado, se ha remodelado muy bien; ha habido muchísima
inversión y esfuerzo por parte de una Compañía privada. Por lo
tanto, señorías, en su apuesta por este modelo de televisión
por cable intenten colaborar y tener presente todo el esfuerzo
que se ha generado en este país y que ha sido un esfuerzo no
solamente de las instituciones públicas, sino también de los
ciudadanos.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Morlán.
Pasamos a la votación acerca de la toma en consideración de
esta proposición de ley. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación relativa a la toma en
consideración de la proposición de ley del Grupo Popular, de
televisión por cable.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 302; a favor, 133; en contra, 164; abstenciones,
cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición de ley.
AVOCACION POR EL PLENO DE PROYECTOS DE LEY:
--PROYECTO DE LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS (Número de expediente 121/000042)
El señor PRESIDENTE: La Mesa de la Cámara, oída la Junta de
Portavoces, ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 149.1 del Reglamento, proponer al Pleno de la Cámara
la avocación de la deliberación y votación final del proyecto
de ley de contratos de las administraciones públicas.
¿Acuerda el Pleno recabar para sí la deliberación y votación
final del proyecto de ley? (Asentimiento.)
Queda aprobada la avocación.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY (Continuación):
--DEL GRUPO VASCO (PNV), DE MEDIDAS RELATIVAS A LA
CONSERVACION Y COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS
(Número de expediente 122/000067)
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Vasco (PNV),
de medidas relativas a la conservación y comercialización de
los productos pesqueros.
En nombre del Grupo proponente, tiene la palabra el señor
Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, nuestro Grupo Parlamentario ha presentado esta
proposición de ley relativa a la conservación y
comercialización de productos pesqueros a la luz de los
importantes y trascendentales conflictos que a lo largo de
este año han saltado a la opinión pública y que los que
vivimos en la cornisa cantábrica y los que verdaderamente
conocemos la zona marítima del Cantábrico sabemos que no son
casuales, de este año, sino que tienen su base en problemas
que ya devienen de
antaño a causa de las condiciones que tiene la flota pesquera
española para pescar en aguas de la Unión Europea y de las
limitaciones que el Tratado de Adhesión de España a la Unión
Europea y la diferente reglamentación comunitaria establece
para la flota española. Por ello, nuestro Grupo Parlamentario
toma como punto de partida los recientes conflictos producidos
por el uso de artes ilegales de pesca por parte de
embarcaciones de distintos Estados de la Unión Europea en la
captura de bonito (Irlanda, Francia, Gran Bretaña), y que son
un exponente de graves problemas que afectan no sólo a esta
pesquería, sino que tienen un ámbito y una trascendencia más
amplios, afectando de manera grave a la adecuada conservación
y gestión de los recursos pesqueros.
En primer lugar, señorías, querríamos afrontar el problema de
la proliferación del uso de redes de enmalle a la deriva,
volantas, en la actividad pesquera, que está suponiendo una
grave agresión para el mantenimiento y conservación de los
recursos pesqueros y del medio ambiente marino, por su nula
selectividad y gran efecto depredador en el conjunto de los
recursos pesqueros, dando lugar a una gran destrucción de los
mismos sin aprovechamiento de parte importante de lo capturado
y obteniendo un producto de calidad inferior al procedente de
las artes tradicionales que son selectivas y muy respetuosas
con la adecuada conservación de los recursos y el medio
ambiente marino.
El incremento de esta técnica de pesca por parte de varios
Estados de la Unión Europea es una grave irresponsabilidad
para el mantenimiento de los recursos y de los stocks
pesqueros, con importantes repercusiones para la economía
pesquera tradicional de nuestro país, que ya ha empezado a
tener los efectos negativos que ya anunciábamos cuando
debatimos el año pasado también una iniciativa no de ley en
esta Cámara en las capturas que está realizando la flota
pesquera española.
Señorías, el empleo de las volantas por la flota francesa
desde el año 1987 está afectando a un stock de peces que hasta
la fecha se mantenía estable y que da sustento a 8.000
familias de toda la cornisa cantábrica. Además, estas redes
vienen a constituir auténticas paredes en el mar y cuando se
pierden forman unos cementerios flotantes en los que se
enmalla cualquier variedad de peces. Por ello, su
incompatibilidad en el caladero con las artes tradicionales
que emplean nuestros pescadores es manifiesta, produciéndose
constantes y graves conflictos pesqueros.
Asimismo, queremos manifestar que el incremento de las
descargas de atún blanco provenientes del uso de redes de
volanta en el período que va de 1989 a 1992 ha sido
vertiginoso, pasando de ser meramente testimonial a suponer el
20 por ciento del total internacional en 1992, y así, en
correlación con ello, vemos que el esfuerzo pesquero de la
flota volantera francesa, medida en número de barcos y días de
pesca en el período de tiempo del año 1990 a 1992, se ha
incrementado en un 84 por ciento.
Igualmente, si tenemos en cuenta los datos proporcionados por
la Comisión Internacional para la Conservación del Atún
Atlántico, el ICCAT, referidos a los días de pesca en relación
a la longitud de la red, resulta que la flota francesa ha
experimentado del año 1990 a 1992 un aumento del esfuerzo
medido en kilómetros de red por día de un 126 por ciento. Todo
ello está suponiendo que, frente a un considerable incremento
del rendimiento pesquero de la flota francesa por el uso de
estas redes de volantas, se ha producido una disminución del
rendimiento correspondiente a la flota española que faena bien
con el sistema de cebo vivo o con el sistema de currican o
cacea.
Señorías, la Unión Europea en este momento, mediante el
Reglamento 345/92, autoriza la utilización de redes de volanta
con dimensión no superior a 2,5 kilómetros. Pero esta
regulación está llamada a ser defraudada, a ser incumplida,
pues está demostrado que para que estas artes sean rentables
es necesario que la longitud de las mismas sea de un kilómetro
por tripulante, lo que hace que tengan en la práctica una
longitud de seis y siete kilómetros.
En octubre de 1993, esta Cámara aprobó por unanimidad de los
grupos parlamentarios dos proposiciones no de ley, del Grupo
Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Vasco, por las
que se instaba al Gobierno a la defensa ante la Unión Europea
de la prohibición definitiva de todo tipo de redes de volanta.
No obstante, al día de hoy, sigue vigente el Reglamento
345/92, siendo urgente la modificación de dicho Reglamento,
cuestión que está suscitando sus dificultades políticas, en la
medida en que países como Francia, Gran Bretaña, Irlanda e
Italia son defensores del uso de este tipo de redes.
Por ello, señorías, todos los grupos políticos debemos
trabajar para convencer y persuadir al resto de los países
europeos de que la continuación del uso de esas artes supondrá
la rentabilidad para el día de hoy, pero la pobreza para el
mañana.
Señor Presidente, el grado de frustración es tan grande entre
los pescadores españoles (hoy está aquí presente, en esta
Cámara, una representación de las Cofradías de Pescadores de
la cornisa cantábrica) que la tensión y enfrentamientos en la
mar han ocasionado graves pérdidas económicas para el sector,
existiendo el riesgo de que la situación pueda afectar a la
vida e integridad de nuestros pescadores.
Tenemos que señalar que las autoridades francesas obvian el
cumplimiento, o incumplen, dicho de otra manera, la
reglamentación comunitaria cuando se trata de su propia flota
pesquera y que los mecanismos de inspección y control
pesqueros, aunque han mejorado, no son todavía efectivos.
Todos recordaremos los graves
conflictos habidos el pasado mes de julio con la arribada al
puerto lucense de Burela del buque pesquero «La Gabrielle». Si
el buque pesquero que en su día fue traído a dicho puerto
gallego por parte de la flota española que faena con artes de
cerco no hubiera venido al puerto de Burela, la opinión
pública española no hubiera conocido el muestrario de
ilegalidades que dicho buque contenía, con red de 5,7
kilómetros, con doble diario de pesca, el oficial y el falso,
ilegalidades que tanto portavoces del Grupo Parlamentario
Popular como el portavoz del Grupo Vasco que les habla tuvimos
ocasión de ver «in situ» con nuestros propios ojos. También
unos meses antes arribó al puerto de Hondarribia un pesquero
francés que faenaba con artes pelágicas. Todo eso ha implicado
que la opinión pública española conozca todas estas
ilegalidades, y de ninguna manera se hubiera sensibilizado la
opinión pública española, ni quizá, los grupos parlamentarios
ni los diferentes medios de comunicación si esos
acontecimientos no hubieran ocurrido. Y al final han tenido
que ocurrir estos acontecimientos, puesto que Francia utiliza
la aplicación del Derecho comunitario únicamente para la flota
española. Francia no hace cumplir la reglamentación
comunitaria a su propia flota, tal como estoy relatando en
base a los acontecimientos que han ocurrido todo este verano,
únicamente apresa a barcos de bandera española y deja faenar
libremente, incumpliendo la reglamentación comunitaria, a
barcos de su propia nacionalidad.
Señor Presidente, la segunda cuestión que plantea nuestra
proposición de ley es la concerniente a la pesca de la anchoa
en aguas comunitarias. Como saben SS.SS., el Tratado de
Adhesión de España a la Comunidad Europea del año 1985, en lo
relativo a la pesca de la anchoa, establece una serie de
limitaciones importantes. En primer lugar, establece un plazo
para poder faenar y pescar dicho producto pesquero entre el 1
de marzo y el 30 de junio y establece un TAC de 30.000
toneladas, a repartir entre Francia y España: a España le
corresponden 27.000 toneladas y 3.000 toneladas a Francia.
Pues bien, los problemas suscitados en la costera de la
anchoa, anterior a la del bonito, han llevado a que, por
segunda vez en la historia, los gobiernos español y francés
pactaran un acuerdo pesquero, firmado el 31 de mayo, que
contiene las siguientes cláusulas: la cesión por parte de
España a Francia de 7.000 toneladas de cuota de anchoa, la
prohibición de ejercer la actividad pesquera los sábados y
domingos para las flotas de ambos países, la pesca en
exclusiva de la anchoa con artes de cerco entre el 20 de marzo
y el 31 de mayo, y asegurar el estricto cumplimiento de la
reglamentación comunitaria en las costeras de la anchoa y del
bonito.
Señor Presidente, señorías, a lo largo de todo este año, en
esta costera de la anchoa y luego en la del bonito,
actividades de las que depende el sustento de ocho mil
familias del Cantábrico, se han producido incumplimientos
patentes, notorios y flagrantes por parte de la flota
francesa. En primer lugar, están utilizando redes de volantas
con una longitud superior a 2,5 kilómetros; pescado capturado
que luego se comercializa en gran medida en el mercado
español. Ese es el primer incumplimiento notorio. En segundo
lugar, el acuerdo entre Francia y España fija la cesión por
parte de España de 6.000 toneladas de anchoa a Francia. Según
el Tratado de Adhesión, Francia tenía inicialmente una cuota
de 3.000 toneladas y, por este acuerdo bilateral de
intercambio de cuotas, pasaría a tener 9.000 toneladas. Pues
bien, Francia en este momento, y hace meses, ha superado las
9.000 toneladas de anchoa que podía capturar y sigue
capturando anchoa; anchoa que, por cierto, se comercializa en
el mercado español con el beneplácito de las autoridades
francesas y españolas. Tercer incumplimiento del acuerdo
pesquero hispano-francés: las flotas francesa y española
tienen establecido que no se puede faenar los sábados y
domingos, pero la flota francesa sigue faenando los sábados y
domingos en la pesquera de la anchoa. En cuarto lugar, el
grave incumplimiento de la cláusula que establece que entre el
20 de marzo y el 31 de mayo no pueden utilizarse para la
captura de la anchoa artes distintas de las tradicionales del
cerco, puesto que la flota francesa está utilizando artes
pelágicas.
Señorías, Francia está destinando a la pesca de la anchoa no
solamente la flota tradicional de cerco del sur de Francia, de
San Juan de Luz, de Hendaya, sino toda la flota pelágica del
norte de Bretaña; 220 barcos que en el año 1987 no pescaban en
esta pesquería están capturando anchoa. Si es obvio que, según
el Tratado de Adhesión, 3.000 toneladas estaban pactadas
internacionalmente para la flota francesa que faenaba con
artes de cerco, ¿qué es lo que ha hecho el Gobierno francés?
Ha permitido que los buques pelágicos, para los que no estaba
previsto el que pudieran pescar esas 3.000 toneladas de
anchoa, cuya captura, inicialmente, por su volumen, está
destinada a los buques que faenan con artes de cerco, lo hagan
ilegalmente. La cuota que corresponde a Francia es a todas
luces insuficiente y, por lo tanto, unos 250 buques --unos 30
que faenan con artes tradicionales, más los 220 nórdicos que
faenan con artes pelágicas-- están capturando ilegalmente la
anchoa cedida por parte de las autoridades españolas.
Señor Presidente, señorías, vemos que tenemos un cúmulo de
circunstancias y acontecimientos graves, de incumplimiento de
la normativa comunitaria y de incumplimiento del acuerdo
pesquero hispano-francés, que requiere que esta Cámara adopte
una serie de medidas en defensa de la conservación de los
stocks pesqueros y de la comercialización adecuada en el
mercado español de los diferentes productos. Nosotros lo que
pretendemos con la presente proposición de ley es que España
disponga de un mecanismo de defensa, de un
mecanismo de intervención en el mercado, puesto que ya está
bien la arrogancia que ha mantenido durante todo este verano
la flota francesa y la pasividad y, a nuestro juicio, la poca
firmeza que ha tenido el Gobierno central a la hora de
defender a nuestros pescadores.
Por tanto, sin perjuicio de que este Grupo Parlamentario y los
Grupos de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y el Grupo
Popular tengamos presentado en esta Cámara proposiciones no de
ley, entendemos que es necesario dar un paso más hacia
adelante. Voy a finalizar, señor Presidente, señalando que ese
paso más hacia adelante es la aprobación de un instrumento
legal que sirva de soporte, que sirva de basamento a la
Administración central, a las comunidades autónomas, a las
entidades locales, para que cada una pueda actuar en el
ejercicio de sus competencias, en consumo, en sanidad, en
comercio, en ordenación de la actividad pesquera y en pesca
marítima, cada una en el ejercicio de sus competencias,
estableciendo estas prohibiciones de comercializar en el
mercado español anchoa y bonito capturados ilegalmente.
Por ello, quiero recordar únicamente, señorías --para
finalizar--, que el Tratado de Maastricht, en su artículo 36,
prevé que los Estados miembros puedan adoptar medidas
restrictivas, medidas de prohibición de circulación al libre
comercio cuando concurran circunstancias especiales. Esta
Cámara tiene la responsabilidad de aceptar y de asumir que son
circunstancias graves y especiales las que concurren en este
momento y tiene que adoptar un instrumento legal para que se
aplique por las diferentes administraciones públicas y así
evitar el fraude y la desidia que existe por parte de las
autoridades francesas en el cumplimiento de la normativa
comunitaria y, en definitiva, evitar que se produzca el
deterioro de los recursos pesqueros y el engaño a la opinión
pública española y al comercio del pescado capturado con
volantas e ilegalmente en el mercado español.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracías, señor Gatzagaetxebarría.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor
Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero intervenir brevemente para reconocer la oportunidad de
la iniciativa y la respuesta rápida que ha habido por parte
del Grupo Parlamentario Vasco (PNV) al planteamiento de un
tema que es importante y que era necesario hacer en el círculo
en que se está haciendo actualmente y, a su vez, reconocer
también la respuesta rápida y el trabajo realizado por las
cofradías de pescadores de la cornisa cantábrica para hacer
público un problema que va siendo un cáncer dentro del propio
sector y que necesita la atención debida.
La pesca como industria y como oficio ha sido una de las
actividades menos beneficiadas por nuestra incorporación a la
Unión Europea. Bien es cierto que existe una especie de
leyenda negra sobre nuestro pescador, que podrá tener sus
puntos de razón, pero este pescador, esta industria, ha
demostrado tener una capacidad de adaptación que no han tenido
otros sectores industriales y económicos en general en su
incorporación a la Comunidad Económica Europea y ha soportado
con sus propios costes --costes personales, costes de su
propio patrimonio-- una larga y penosa adaptación. Es un
sector de actividad generadora de empleo y riqueza no
solamente en la cornisa cantábrica y en toda la costa española
sino que hoy penetra en otras comunidades autónomas, por
ejemplo, en Castilla y León, donde el sector conservero
empieza a ser también generador de empleo.
Es una actividad generadora de empleo directo en el sector de
la distribución mayorista y minorista en los propios puertos y
es una actividad complementaria a la pesca, como también he
citado, en el sector conservero. Es un sector de actividad
generadora de riqueza para las poblaciones de nuestro litoral
costero que han visto reducirse o, en todo caso, transformarse
con malas soluciones cuando ha sido el turismo el que lo ha
sustituido.
Lejos de toda llamada al proteccionismo, me parece que la
argumentación presentada en esta proposición de ley por el
Grupo Parlamentario Vasco (PNV) es una argumentación correcta.
Mantener los recursos pesqueros que son en definitiva la
fuente de las economías de estas poblaciones costeras y, sobre
todo, cuidar de que no se produzca la sobreexplotación que, en
definitiva, es matar la gallina de los huevos de oro.
En este sentido no hay que ignorar la importancia del mercado
español, como en otros sectores también sucede. También aquí
hay intereses externos que, amparados en supuestos derechos
comunitarios y libertades de mercado, quieren quedarse con él,
con el suministro al mercado español. Hay que realizar, esa es
mi opinión, una profunda revisión del sector pesquero --creo
que es una responsabilidad pendiente--, de una industria
todavía influyente en la Comunidad Económica Europea y que
lejos, como decía antes, de todo proteccionismo, hay que
contribuir a impulsar. Si nuestros pescadores cumplen con la
ley y quieren que ésta se cumpla hay que apoyarles y esta
proposición de ley lo hace y por eso la apoyaremos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías,
Coalición Canaria quiere poner énfasis en su voto favorable a
esta proposición de ley que nos trae el Grupo Parlamentario
Vasco del PNV.
Estos temas son de alta sensibilidad en el sector pesquero
canario. Nosotros hemos visto paulatinamente cómo se ha ido
empobreciendo tanto el sector de capturas de flota con base en
las Islas Canarias y cómo también el sector conservero,
derivado de esta industria, se ha ido empobreciendo. Y ahora
estamos en las mismas puertas de un contencioso con Marruecos,
en un fenómeno inverso en que Marruecos está autorizando a su
flota pesquera de pabellón marroquí el uso de redes de
filamentos --sistema de arte de pesca también especial--
mientras que trata de prohibírselo a los buques pesqueros de
la Unión Europea, la bilateralidad del Tratado entre el Reino
Marroquí y la Unión Europea pero que afecta fundamentalmente a
las flotas españolas con base en los puertos de Andalucía y de
Canarias.
Resulta que se trata ahora de hacer una especie de ley del
embudo por las autoridades francesas con la connivencia de
determinadas jerarquías e instituciones de comisarios de la
Unión Europea y de grupos de parlamentarios de otros países.
Señorías, la lectura de este asunto, que trae causa en la
proposición de ley del Grupo Vasco, de prohibir el uso de las
volantas puede tener una lectura ecológica, lectura
conservacionista, pero fundamentalmente esto obedece a una
guerra de precios, a una guerra comercial. Esto es una
cuestión puramente de precios de mercado y de actuar, como se
trata a veces, sobre el medio técnico y decir que es eficiente
el uso de las volantas. Pues, claro que es eficiente, al igual
que se ha regulado el tamaño de las mallas de red, pero si se
va a la opacidad de las mismas, la eficiencia de capaturas es
máxima, sea cual sea el efecto ecológico que produzca. La
rentabilidad está, por tanto, en dos segmentos: la
rentabilidad del instrumento técnico, la red de enmalle en sí
misma, pero está también la rentabilidad del precio comercial
en razón de una demanda.
¿Y dónde se produce esa demanda? Esa demanda se produce en los
mercados, en las lonjas españolas, en las fábricas de
conservas españolas, en el consumidor español
fundamentalmente. Y está actuando una ley de la demanda que
está siendo atendida no por una oferta tan sólo de la flota
pesquera española de los puertos del Cantábrico, sino por la
flota de pesca fundamentalmente francesa, sin perjuicio de que
puedan entrar partidas procedentes de capturas de barcos de
pabellón británico o de otros miembros de la parte norte de la
Unión Europea.
Por tanto, si es una cuestión puramente comercial, vamos a
actuar --y para mí es el fondo de la proposición del Grupo
Vasco-- sobre los aspectos comerciales. Porque sería una
perturbación de mercado, vuelvo a decir, que la demanda
española esté atendida por una oferta francesa. Es curioso que
cuando este verano se produce la gran crisis de la
confrontación de los boniteros, las primeras declaraciones de
las máximas autoridades francesas, incluida una declaración
del Primer Ministro francés, señor Balladur, acusan a la flota
pesquera española de obsoleta y de estar metida en unas
rigideces contrarias al principio de eficacia, eficiencia y
productividad. Era para haberle dicho al señor Balladur: Si
usted lo que quiere es comparar eficiencia por eficiencia,
utilizando instrumentos técnicos distintos, como las redes de
enmalle, qué duda cabe que si la eficiencia se mide por la
capacidad volumétrica de capturas de un pesquero francés, con
una tecnología que usted llama moderna, con una dimensión de
la tripulación a bordo, con una racionalización de costes,
pero utilizando redes de enmalle, ésta será mucho mayor. Pero
él venía a decir que la flota española lo que tenía que hacer
era modernizarse y adaptarse a una reestructuración del
sector, y en esa trampa no podemos caer por muy europeos que
nos sintamos, porque tan europeo en este momento es defender
la postura española como la que pueden alegar esos señores
para decir que ellos también son europeos en aras de la
eficiencia y de la aportación de un volumen de pesca a un
mercado de precios y de consumo como el que los franceses
fundamentalmente encuentran en España. En esa trampa no
podemos caer.
Otra cuestión es que, por una vía normal, tratemos de ir
reestructurando y modernizando nuestra flota, pero que no
sirva ni la justificación de las redes de enmalle, ni el
mercado bonitero en el mercado español para justificar esta
postura y, sobre todo, hay que denunciar las palabras
justificadoras en su día de la propia intromisión del primer
Ministro francés en esta cuestión. Déjennos ustedes que el
Gobierno español dé, con el acuerdo de este Parlamento, las
medidas de reestructuración de nuestra flota pesquera, pero no
en la justificación técnica que tenemos aquí.
Nosotros entendemos que es un problema comercial y no podemos
ponerle puentes de acceso a un producto que entraría en un
sistema de «dumping» con la producción española, que obtienen
con artes artesanales nuestros pesqueros. Para eso tenemos
también que potenciar la etiqueta de calidad que se ha
introducido en el bonito capturado con anzuelo, con las artes
de pesca tradicionales españolas, que mantienen un mercado
laboral de trabajo, que mantienen en este momento una flota
con una dimensión determinada; no solamente la calidad del
producto sino los puestos de trabajo. Que el señor Balladur,
en Francia, con su política conservadora o de derechas lo
solucione por otra vía, pero que no haga una intromisión en
nuestro mercado, porque resulta que quien está comprando ese
bonito capturado con esas normas de eficiencia por los
pesqueros franceses son consumidores españoles.
Por eso entendemos que, en una posición de fuerza, la
legitimidad de defensa de nuestros derechos está precisamente
en esta proposición de prohibir la comercialización de estos
productos que hayan sido obtenidos por medios que en España
consideramos en este momento ilegales, con todas las
consecuencias ecológicas que se suman a lo nuestro, pero que
es una cuestión puramente comercial con un instrumento técnico
y legal, las redes de enmalle. No podemos nosotros ponernos la
cinta en el ojo, mirar para otro lado, sentir una especie de
falsa solidaridad e introducir en nuestro mercado, en la ley
de la oferta y la demanda, un producto que por esta vía viene
en «dumping».
Nada más y muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Vidal.
El señor VIDAL I SARDO: Muchas gracias, señor
Presidente.
Señoras y señores Diputados, el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) propone hoy la toma en consideración de una proposición
de ley que pretende paliar el grave problema que afecta a
nuestro sector pesquero, problema que hemos debatido y
denunciado en esta Cámaraen multitud de ocasiones y que
consiste en la comercialización en nuestro país de grandes
cantidades de pesca, especialmente bonito y anchoa, procedente
de otros países de la Unión Europea, obtenidos con artes y
métodos de pesca ilegales o admitidos en otros estados pero
prohibidos en España.
Este Congreso había acordado resoluciones destinadas a
supervisar estas importaciones con controles en el mar, en la
calidad, controles sanitarios, controles en destino, etcétera,
que se han demostrado a todas luces insuficientes y que hay
que complementar con medidas más eficaces, porque las capturas
con métodos no selectivos, como son las volantas o redes de
enmalle a la deriva para el bonito y de arrastre pelágico para
la sardina y anchoa, tienen consecuencias ecológicas graves
para toda la fauna piscícola de nuestros caladeros
tradicionales. Caladeros, señorías, conservados con esmero por
nuestros pescadores mediante métodos más racionales, más
respetuosos con el medio y que ahora ven impotentes cómo son
esquilmados por otros países con otras artes de pesca,
apareciendo estas capturas en nuestros mercados a precios de
saldo, debido a su deterioro y baja calidad, después de
desaprovechar un importante porcentaje de las citadas
capturas.
Además, estos métodos de volantas son mucho más productivos
que los tradicionales que permite nuestra legislación
pesquera, constituyendo, al incidir en el ámbito de un mercado
único europeo, una competencia desleal insostenible y de
consecuencias económicas y sociales irreparables para nuestros
pescadores y también para la economía del Estado si no se
halla una solución efectiva e inmediata desde este momento
hasta 1997 en que la Unión Europea parece ser que
homogeneizará las artes de pesca. Esta problemática, sin duda
mucho más acusada en las pesquerías del Cantábrico, no es
exclusiva de aquí sino que se da también en los caladeros de
Marruecos y en el Mediterráneo, donde pesqueros franceses,
italianos y de otros países, incluidos los del sureste
asiático, faenan con artes de longitudes prohibidas en la
Unión Europea, o por lo menos prohibidas en España.
El uso incontrolado de estas artes prohibidas y la
inviabilidad de los actuales sistemas de control, inspección y
sanción, hoy de competencia de cada gobierno y sin la
supervisión efectiva de la Unión Europea, posibilitan toda
clase de complicidades entre los infractores y sus propios
gobiernos. Ante esta situación, en la sesión extraordinaria de
la Comisión de Agricultura del día 27 de julio, el Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió sugirió que, para evitar
los enormes perjuicios comerciales y ecológicos causados por
el uso de artes de pesca tan dispares y por el descontrol en
el uso de las prohibidas, no debería descartarse la
prohibición de la importación de especies procedentes de
países que toleran la pesca con artes ilegales. Decíamos
entonces que estábamos seguros de que nos asistía la
legitimidad de la defensa de la supervivencia de este sector
pesquero del país, además de ampararnos en razones de
conservación y equilibrio ecológico de la fauna marina y en
razones de justicia y de igualdad entre los sectores
productivos de los países comunitarios, sin los que la
construcción del mercado único de la Unión Europea carecería
de sentido.
La proposición de ley del PNV va más lejos de nuestra inicial
sugerencia y propone la prohibición de comercializar en
nuestro país toda la pesca capturada con redes de enmalle a la
deriva, incluyendo la obtenida con redes de longitudes
actualmente permitidas por la Unión Europea, así como la pesca
procedente de países que superen el volumen autorizado de las
capturas que tengan asignadas. Pues bien, nuestro Grupo,
señorías, votará favorablemente la toma en consideración de la
proposición de ley, a pesar de que tenemos algunas dudas sobre
su redacción actual, no renunciando, por tanto, a enmendarla,
de forma que con ella se obtenga el principal objetivo de esta
ley, que es evitar una competencia desleal, la
comercialización en nuestro país de la pesca obtenida con
métodos ilegales y la exigencia de proceder de inmediato a la
homogeneización de las artes y métodos de pesca para todos los
países de la Unión Europea antes de la próxima costera (por lo
tanto, sin que se demore al año 1997), porque de lo contrario
se atentaría contra la supervivencia de buena
parte de este importante sector pesquero nacional. Nada más.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vidal.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el
señor Andreu tiene la palabra.
El señor ANDREU ANDREU: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, esta es una iniciativa
parlamentaria más que se tiene sobre la pesca realizada con
artes de volanta y en la que hasta ahora ha habido una
unanimidad por parte de este Congreso de los Diputados; es una
iniciativa más que va en una escalada de jerarquía
parlamentaria, porque si bien las primeras fueron
proposiciones no de ley que al final han quedado prácticamente
en una llamada moral, esta proposición de ley, que sí pretende
ya tener un carácter normativo e impedir que, por lo menos, en
las aguas territoriales españolas se utilicen las artes de
volanta, según lo que han planteado aquí los diferentes
portavoces, puede contar también con la unanimidad de la
Cámara, y, desde luego, el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya contribuirá a esta unanimidad pensando que
realmente será positivo que el conjunto del Estado tome una
posición clara sobre este problema tan grave de los pescadores
de todo el Estado, no solamente de la cornisa cantábrica,
también de los del sur de España, los de Andalucía.
En cierto sentido esta iniciativa puede significar un elemento
de frustración sobre lo que va a decidir la Comisión Europea.
Ya hemos visto que en el Parlamento Europeo no todas las voces
apoyaban que en Europa se impida las redes de dos kilómetros y
medio, de que en Europa se impida cualquier tipo de red; hemos
visto cuáles son las posiciones de los parlamentarios
franceses e ingleses y, por tanto, lo que podemos constatar es
que, desgraciadamente, en el gobierno de Europa no se tiene
una conciencia demasiado clara de lo grave que puede ser, para
la utilización y pervivencia de este recurso, que sigan
funcionando las redes de enmalle, que sigan funcionando las
volantas.
Donde realmente estará en el futuro el campo de acción y el
campo de batalla para conseguir definitivamente que
desaparezcan las redes de enmalle debe ser en el Parlamento
Europeo y dentro de la Comisión Europea. Sin embargo, no está
de más que este Parlamento tome una iniciativa de carácter
estrictamente nacional y yo creo que, además, es positivo que
se presente una iniciativa tan intervencionista en el mercado
y que sea un Grupo como el nacionalista vasco, y no como los
grupos que tradicionalmente planteamos intervenir el mercado,
el que lo haga ya que estas medidas son tan intervencionistas,
porque hay intereses nacionales contrapuestos. Nosotros hemos
venido proclamando que en la construcción de Europa hay
intereses nacionales contrapuestos y que hay que afrontar
valientemente, por supuesto, en un sentido de la construcción
de Europa, esos intereses nacionales y cuando es necesario
defenderlos nos parece muy bien que otros grupos vayan tomando
conciencia de que hay que hacerlo.
Nosotros creemos que la iniciativa es en cierto sentido
simplificadora. El problema no solamente se arregla con
impedir la comercialización del pescado obtenido con redes de
enmalle por otros países; el problema es mucho más profundo y
confiamos que en la interpelación que presente Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya mañana, y en la posterior
moción que se verá la semana próxima, podamos abordar con
mayor profundidad otros aspectos del problema. Vamos a apoyar
esta proposición de ley porque creemos que la unanimidad ante
este problema que afecta al conjunto del Estado fortalecerá
las reivindicaciones de nuestros pescadores y fortalecerá
también nuestra posición ante el resto de Europa. Creo que es
baladí hablar de problema económico o problema ecológico, son
ambas cosas a la vez, y también es bueno que esta Cámara se dé
cuenta de que los problemas ecológicos al final son de un
desarrollo económico sostenido. Si conseguimos que haya una
explotación racional de los recursos, en este caso de los
recursos pesqueros, podremos hacer pervivir durante siglos y
siglos un recurso que hasta ahora ha sido fácil, pero un
recurso con el que tenemos que tener cuidado para que futuras
generaciones sigan manteniendo en un país tan consumidor de
pescado como es el nuestro.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Andreu.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Fernández de
Mesa.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor
Presidente.
Señorías, el Grupo Popular anuncia su voto favorable a esta
proposición de ley del Partido Nacionalista Vasco, en
coherencia con las múltiples propuestas que se han ido viendo
a lo largo del último período de sesiones presentadas tanto
por el PNV como por el Grupo Parlamentario Popular. Me
referiré simplemente a que el día 1 de julio del año 1994,
según consta en el «Diario de Sesiones» número 120, hay una
propuesta votada por unanimidad de todos los Grupos de esta
Cámara, incluido el Socialista, en ese sentido. Hay una
propuesta del día 14 de marzo del año 1994, votada por
unanimidad de todos los grupos políticos, en la que se insta
al Gobierno exactamente a lo mismo. Hay una propuesta recogida
en el «Diario de Sesiones» número 55, del día 8 de marzo del
año en curso, por la que se insta al Gobierno exactamente a lo
mismo, aprobada por todos los Grupos de la Cámara. Hay una
proposición presentada
en el mes de diciembre del año 1993, también del Grupo
Parlamentario Popular, en la que se recoge exactamente lo
mismo: la prohibición en el territorio español de la
comercialización de todas las especies pesqueras capturadas
con artes de enmalle a la deriva o con cualquier otro arte
pesquero prohibido en la legislación española.
Llegados a este punto, señorías, habrá que preguntarse, ¿para
qué sirven las decisiones que adopta esta Cámara? ¿Quién va a
hacer al Gobierno que cumpla aquello que se vota unánimemente
en esta Cámara? ¿Podemos tener alguna fe, señor Presidente, en
que lo que vamos a aprobar aquí hoy, si es que se aprueba, se
lo haremos cumplir al Gobierno español? Poner en entredicho la
legitimidad del Congreso de los Diputados a la hora de votar
determinadas resoluciones es un auténtico riesgo innecesario
que el Gobierno debería tener muy en cuenta.
Señor Presidente, ¿de dónde parte, a nuestro juicio, el
problema que plantea aquí hoy el Partido Nacionalista Vasco?
Parte de la lamentable guerra del bonito --desde luego mal
llamada guerra del bonito--, en el Atlántico Norte durante
este último verano. Porque si algo ha habido ha sido una
agresión permanente de Francia y Gran Bretaña, no a España, no
a la flota pesquera española, sino a la propia Unión Europea,
a ese Reglamento 345/1992 que incumplen Francia y Gran
Bretaña. Le han dado la bofetada a Europa en la flota pesquera
española. Esos países tan proeuropeos como Francia y Gran
Bretaña se han burlado de los reglamentos de la Unión Europea
y han perjudiciado al sector pesquero español. Esa normativa
comunitaria hay que cumplirla, señoras y señores Diputados.
¿Pero cuál ha sido el problema real durante esta última
costera? Mientras el señor Balladur o el señor Major salían a
hacer declaraciones en favor de la flota pesquera, el señor
González miraba hacia poniente y todavía no sabemos cuál es su
opinión sobre el real problema que ha surgido con la flota
bonitera del Cantábrico.
Mientras los Ministros de Asuntos Exteriores británico o galo
hacían declaraciones en favor de sus flotas pesqueras, el
Ministro español de Asuntos Exteriores se alineaba con las
posturas de los Ministros de Asuntos Exteriores de los otros
países.
Mientras los Ministros de Defensa británico o francés decían
en sus Parlamentos y en declaraciones que sus buques de guerra
estarían para defender a los buques pesqueros de sus países,
no importándoles el problema de las artes, puesto que lo era
del Ministerio de Agricultura correspondiente, nuestro
Ministro de Defensa realizaba labores comerciales en
Tailandia, el señor Serra se ponía su antigua gorra y
desafinaba de la manera más descarada en las órdenes que daba
a las autoridades navales del Cantábrico. Unas órdenes
imposibles de cumplir, unas órdenes que no sólo no se pudieron
cumplir, sino que dieron la sensación a nuestra flota pesquera
de que se enviaba a nuestra Armada en contra de los intereses
pesqueros españoles.
Y mientras los ministros británico o galo de pesca hacían
declaraciones tan descaradas como la del señor Puech, diciendo
que Francia se ha adaptado a las reglas desde el inicio de la
campaña (cuando hoy ya sabemos que es falso, porque las actas
de los inspectores comunitarios denuncian que se han estado
utilizando artes prohibidas por el Reglamento 345/1992),
nuestro Ministro de Pesca prefería celebrar en pleno apogeo de
la guerra del bonito la feria del pastor en Asturias, enviar
al Secretario General de Pesca Marítima a Burela y, cuando
éste vio que se acercaba la flota española, poner los pies en
polvorosa.
Es realmente lamentable, como colofón, que los franceses o los
británicos puedan echar en cara a España que, estando
defendiendo la erradicación de las artes de enmalle a la
deriva en el Atlántico Norte, cacen a nuestra flota andaluza
con 20 barcos --que no es el mismo problema-- utilizando estas
redes de enmalle. ¿Qué le pasa al Gobierno español? ¿Que no se
enteraba de que en Andalucía se estaban utilizando estas
artes? Y, si lo sabía, ¿cómo no actuó en ese momento? ¿Por qué
nos arriesgamos a correr riesgos innecesarios ante la Unión
Europea?
Tras esta calamitosa actuación del Gobierno español, que ha
abochornado a la España azul, a esas 500.000 familias que
viven de la pesca, que ha abochornado a los habitantes de esos
7.880 kilómetros de costa que tiene España, lamentablemente es
probable que mañana renuncie a hacer ningún tipo de
intervención ni valoración el Presidente del Gobierno, que a
buen seguro preferirá solidarizarse con nuestros pesqueros
haciendo pesca de litoral, pescando en aguas marroquíes o en
el Paraná. Pero esa no es la forma de ser solidario con un
sector que está arrastrando la mala negociación del Gobierno
socialista del Tratado de Adhesión, de nuestra incorporación a
la Unión Europea.
Por todo ello, vamos a votar favorablemente la proposición de
ley del Grupo Parlamentario Vasco y esperamos que, si sale
adelante, efectivamente la cumpla el Gobierno socialista,
porque parece que los acuerdos de esta Cámara, cuando no le
son favorables, huelga el que los cumpla y eso es realmente
peligroso.
Creemos, independientemente de todo ello, que la distribución
de tax, la distribución de cuotas no es lo fundamental de este
problema. Señores de Izquierda Unida, el auténtico problema
que existe es que no salga el reglamento que está previsto
sobre esfuerzo pesquero, porque mientras sigamos repartiendo
cuotas, el problema sigue siendo el mismo. Ni Francia, ni Gran
Bretaña, ni Irlanda tienen ningún problema con el sistema
actual. Sigamos repartiendo cuotas, sigamos con tax, que a
ellos les da exactamente lo mismo. Viven muy bien, porque no
sólo pescan, sino que comercializan sus productos a precios
mucho más bajos en España. Ese no es el problema.
El problema, señor representante del Grupo Parlamentario
Socialista --para que se lo transmita a alguno de los miembros
del Gobierno, que aquí hoy no están-- es que en ese reglamento
que se tendrá que ver el día 28 de septiembre, en todo caso
antes del día 1.º de enero, España se encargue de que vea la
luz el esfuerzo pesquero, no el reparto de cuotas, porque no
les quepa la menor duda de que la única nación que está siendo
perjudicada por este retraso permanente del reglamento
pesquero en la Unión Europea, porque nunca interesa a ningún
país, es España.
En ese sentido, el Grupo Parlamentario Popular estará en
disposición de apoyar todas las iniciativas de cualquier otro
Grupo de esta Cámara encaminadas a resolver el problema
pesquero de España y, desde luego, a continuar presentando
iniciativas, que esperamos que en el futuro el Gobierno con
mayor responsabilidad sea capaz de cumplir.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos del
Grupo Popular.--Varios señores diputados: ¡Muy bien!)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Mesa.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Moragues.
El señor MORAGUES GOMILA: Señor Presidente, señorías,
debatimos hoy una vez más una iniciativa parlamentaria
referida a la problemática de la pesca con redes de enmalle a
la deriva y los problemas suscitados a consecuencia de su
comercialización.
Han sido numerosas las propuestas en Pleno y en Comisión
discutidas en los últimos meses --que nos han recordado
portavoces de distintos grupos que han precedido en el uso de
la palabra-- que han demostrado, aparte de una especial
sensibilidad acerca del tema, una voluntad política para que
los acuerdos alcanzados lo fueran con el mayor grado de
consenso posible, objetivo este que ha permitido reforzar de
manera importante la postura que el Gobierno español ha
mantenido, y continúa manteniendo, en los foros comunitarios e
internacionales tendente a propiciar la prohibición total del
uso de las redes de deriva.
El Partido Nacionalista Vasco vuelve hoy a presentarnos otra
iniciativa, esta vez en forma de proposición de ley, en el
mismo sentido, añadiendo otra faceta a la de la defensa de los
intereses pesqueros de las flotas españolas, como es la
referencia a la prohibición de la comercialización de
productos de pesca procedentes de flotas de países que hayan
agotado su volumen total de capturas admitidas para la especie
de que se trate.
No voy a ser yo quien niegue la oportunidad de debatir una vez
más los problemas que se plantean en estaproposición de ley, y
mucho menos en esta temporada de pesca en la que se han
generado reiterados episodios de enorme tensión y gravedad,
especialmente en la costera del norte, pero que asimismo han
tenido repetidas repercusiones en las actividades de la flota
del Estrecho y derivaciones en aguas mediterráneas de Cataluña
y muy especialmente de Baleares, con una presencia reiterada
de la flota italiana, con un sinfín de incumplimientos e
infracciones, empezando por la longitud de las artes
utilizadas.
Por eso mismo, por la gran trascendencia que la campaña de
1994 ha tenido y está teniendo en el Cantábrico y sus
implicaciones en las otras zonas marítimas españolas,
convendría que esta Cámara, que los grupos políticos que hoy
discutimos nuevamente este asunto fuéramos capaces de mantener
un debate profundo, sosegado y constructivo, y que lo
mantuviéramos en los límites de la lógica y de la coherencia a
que nos obliga no solamente la mejor resolución del conflicto
pesquero y comercial planteado esta temporada y para los
próximos ejercicios, sino también nuestra pertenencia a la
Unión Europea y a la comunidad internacional a la cual estamos
obligados y comprometidos por un gran número de importantes
acuerdos políticos y comerciales.
Deberíamos, asimismo, ser capaces de no sucumbir a la
tentación del fácil manejo de situaciones de tensión con
ánimos partidistas, electoralistas o demagógicos, posturas que
seguramente son todas ellas legítimas pero que el Grupo
Socialista no comparte, porque de esta capacidad de alejarnos
de la fácil rentabilidad política encontraremos más fácilmente
vías de solución al conflicto, que a buen seguro serán largas
y laboriosas.
No entraré, señorías, en enumerar por enésima vez la postura
que ha defendido la Administración española en la problemática
de la pesca con volantas y su comercialización, pero sí
querría señalar algunas realidades que conforman, o deberían
conformar, las soluciones que se proponen.
Somos el país que tiene la flota pesquera más importante de la
Unión Europea y una de las más importantes del mundo, tanto en
número de embarcaciones como en tonelaje de extracciones.
Somos el país que dispone de uno de los mercados consumidores
más importantes del mundo para productos de la pesca, con un
consumo «per capita» que se acerca a los 50 kilogramos y que
no puede ser abastecido sólo por la producción de las flotas
españolas. Somos un país que mantiene una de las industrias
conserveras más importantes del mundo, cuya rentabilidad y
mantenimiento de puestos de trabajo no podemos perder de
vista. Somos el país de la Unión Europea que más ayudas ha
recibido para la modernización del sector, y que continuará
recibiéndolas en el inmediato futuro al incluirse la pesca en
los fondos estructurales, lo que nos permitirá continuar con
la adecuación de estructuras y mejora de la competitividad.
Todo ello, a pesar de la supuesta mala negociación del Tratado
de Adhesión a la Comunidad
Europea; negociación que en ningún momento dimos por acabada y
que muy recientemente ha logrado adelantar en seis años la
integración plena en la política pesquera común. Finalmente,
señorías, somos el país que mantiene, para nuestros caladeros
nacionales y a escala mundial, la postura más
conservacionista, defendiendo el concepto de capacidad
extractiva sostenida o responsable, en clara coincidencia con
las argumentaciones más avanzadas de los grupos ecologistas,
habiendo prohibido, en clara correspondencia, la utilización
de las redes de deriva en el año 1990.
Todo este cúmulo de liderazgos nos obliga más que a ningún
otro país europeo y, a la vez, nos coloca en una inmejorable
situación para encontrar soluciones que contemplen todos los
intereses que componen nuestro sector pesquero, tanto en el
campo extractivo como en el industrial o en el ecológico,
etcétera. Para ello, como decía antes, es obligación de todos
los grupos de la Cámara, de todas las administraciones
implicadas y de todo el sector productivo, mantener un clima
de serenidad que nos permita forzar acuerdos entre intereses
que pueden parecer contradictorios, y, a la vez, acuerdos
políticos con la Unión Europea y bilaterales con gobiernos
europeos para que situaciones como las que se han venido dando
no se repitan. Esta postura sólo puede y debe tener un primer
reflejo claro y rotundo: cumplir y hacer cumplir la ley; es
decir, las leyes nacionales, las normativas comunitarias y los
acuerdos internacionales. Sólo este respeto a la ley y a la
norma va a darnos la credibilidad necesaria para que los
objetivos que todos deseamos y defendemos lleguen a cumplirse.
En ese sentido, quiero señalar que el texto de la proposición
de ley que nos presenta el PNV mantiene claras discrepancias
con la línea argumental de nuestra intervención, ya que, de
aceptarse tal y como se plantea en su artículo único, en
cuanto a la prohibición de la comercialización de productos de
la pesca capturados por redes de deriva, se infringirían
compromisos internacionales asumidos por España, puesto que
los productos de la pesca originarios de otros Estados
miembros de la Unión Europea gozan del principio comunitario
de libre circulación. Y para los productos de países terceros,
esta prohibición vulneraría las reglas del GATT tan
recientemente acordadas.
En cuanto a la prohibición de comercialización de productos de
la pesca procedentes de flotas de países que han agotado sus
capturas permitidas, tampoco estamos muy de acuerdo con la
redacción propuesta, ya que ésta lleva implícita la
presunción, no necesariamente cierta, de que el instante de la
comercialización coincide con el de la captura, y que un país,
una vez que ha alcanzado su cupo de capturas autorizadas, no
dispone de «stock» para comercializar.
Sabe muy bien el portavoz del Grupo Nacionalista Vasco que
sólo a través de un refuerzo de los sistemas de control de las
actividades pesqueras y de un régimen sancionador efectivo
podrá atajarse el problema. Lo sabe tan bien que así lo
reconocía en su intervención del 8 de marzo pasado ante esta
Cámara, contestando a una proposición no de ley presentada por
el Grupo Popular sobre prohibición de comercializar especies
pesqueras capturadas con artes prohibidas en España.
En definitiva, señorías, dejando claras nuestras discrepancias
ante el tenor literal de la proposición de ley que nos
presenta el PNV, pero teniendo en cuenta también la
importancia de debatir las cuestiones planteadas con rigor y
profundidad en el seno de la Comisión correspondiente para dar
respuesta a una situación que ha creado momentos de tensión
muy fuertes, el Grupo Socialista votará a favor de la toma en
consideración de la proposición, consciente de que la razón
política, que sin duda la acompaña, no viene respaldada por la
razón jurídica ni por la razón competencial. En la búsqueda de
esta razón jurídica y de su espacio competencial,
indispensables si no queremos quedarnos sin la razón política,
el Grupo Socialista quiere poner su máximo empeño para que el
texto resultante de los trabajos de la Ponencia y de la
Comisión satisfagan a todos y refuercen la postura que nuestro
país ha venido manteniendo hasta ahora en todos los foros
internacionales y en los que tantos avances ha logrado.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Moragues.
Vamos a proceder a la votación.
Votación relativa a la toma en consideración de la proposición
de ley del Grupo Vasco (PNV), de medidas relativas a la
conservación y comercialización de los productos pesqueros.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 309; a favor, 309.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE SITUACION DEL
SECTOR NAVAL EN LA RIA DE VIGO (Número de expediente
162/000119)
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Proposiciones
no de ley. Proposición del Grupo Socialista sobre situación
del sector naval en la ría de Vigo.
Tiene la palabra el señor Cuevas.
El señor CUEVAS DELGADO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, la proposición no de ley que presenta el Grupo
Socialista, relativa a la situación del sector naval en la ría
de Vigo, tiene su razón en lo que repetidamente hemos debatido
en esta Cámara con profundidad y con reiteración, en que la
actividad de la construcción naval ha venido atravesando
notorias dificultades y ha exigido en la década pasada la
adecuación de la capacidad y tamaño de las diferentes empresas
de los astilleros, en definitiva, de la construcción naval
existente no sólo en nuestro país sino también en todo el
ámbito europeo. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa
la Presidencia.) Se trata, por tanto, de un fenómeno
generalizado que hemos intentado corregir durante estos años.
En unas zonas ha influido más, en otras se ha notado menos,
pero en todas ha tenido gran influencia.
La situación económica en la comarca de la ría de Vigo,
estrechamente vinculada al sector marítimo y muy especialmente
a las actividades portuarias, pesqueras, de transporte
marítimo y de la construcción de buques, ha significado que
esta crisis haya tenido mayor repercusión en esta zona. Ello
ha supuesto una importante pérdida de empleo con la
consiguiente tensión social y repercusión negativa para toda
la población residente en la comarca. Desde 1990 los
astilleros de la ría de Vigo vienen manteniendo contactos para
establecer acuerdos de colaboración en diversas áreas, con
vistas a integrar sus actividades. Aunque hasta la fecha no se
han traducido estos contactos en fusiones, sí existen
iniciativas de colaboración en la puesta en común de algunos
servicios y también en la colaboración en materias comunes,
con independencia de que se mantengan los centros de trabajo.
La falta de contratación que vienen sufriendo los astilleros
ha impedido avances significativos en el establecimiento de
acciones conjuntas, aunque existe la voluntad por parte de los
astilleros implicados de llevar adelante estas líneas de
colaboración. La falta de contratación tiene una doble
vertiente. Por un lado, la demanda interna de buques viene
siendo muy reducida en los últimos años y, por otro, el
mercado exterior acusa una gran atonía. A todo ellos se añade
la falta de entidades financieras dispuestas a conceder
créditos al sector.
La importancia de la construcción naval en Galicia ha dado
lugar a acciones de apoyo por parte de todas las fuerzas
políticas y parlamentarias de la región. En una reunión
celebrada el 18 de abril de 1994 en el Ayuntamiento de Vigo,
bajo la presidencia del Alcalde de la ciudad, en la que
participaron las empresas de la comarca, los astilleros, los
sindicatos del metal implantados en la zona, los
parlamentarios y todos los grupos políticos, se adoptó un
acuerdo que fue presentado como proposición no de ley por el
Grupo Socialista en el Parlamento de Galicia y aprobado el 25
de mayo.
La proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a la situación del sector naval en la ría de Vigo,
insta al Gobierno a adoptar una serie de iniciativas
distribuidas en seis apartados que voy a resumir, aunque están
en el contenido de la proposición no de ley. La primera,
estudiar los contenidos del citado acuerdo de 18 de abril,
suscritos en el seno de la Mesa de apoyo al sector, y adoptar
las medidas sugeridas u otras alternativas para que se superen
los problemas planteados. Tomar en consideración la
preocupación de la comarca de Vigo y la necesidad de adoptar
medidas de competitividad para la construcción naval,
siguiendo las recomendaciones del Fondo Marítimo. Estudiar la
creación de un fondo de garantía que facilite la contratación.
Impulsar la anticipación de los efectos de instrumentos
financieros de orientación de la pesca, el IFOP, para la
modernización de la flota pesquera. Estudiar soluciones de
pago de la deuda contraída con la Seguridad Social a través de
aplazamientos, e impulsar las iniciativas necesarias para
obtener pedidos en el marco de los acuerdos comerciales.
Las propuestas contenidas en dicho acuerdo y las que se
concretan en los restantes apartados de la proposición no de
ley se solapan en gran medida unas con otras. En este sentido,
la segunda de las iniciativas de la proposición no de ley, que
insta al Gobierno a tomar medidas que incrementen la
competitividad de los astilleros, englobaría las restantes
medidas propuestas, encaminadas a hacer más competitivo al
sector naval y a facilitar la obtención de contratos. Respecto
a las medidas recogidas en los tres últimos apartados de la
proposición, es preciso señalar, porque ya se está haciendo,
que la anticipación de los fondos del IFOP para financiar la
flota pesquera es una realidad, si bien en período de
construcción y, por tanto, ya se están construyendo barcos con
el adelanto de las ayudas a percibir en el marco de este
instrumento. Por otro lado, el estudio de soluciones de
aplazamiento de la deuda con la Seguridad Social es una medida
que hay que seguir considerando, aunque, de hecho, se están
desarrollando acuerdos en este sentido. Asimismo, nos parece
necesario y razonable volver a impulsar desde esta iniciativa
que se incrementen y se redoblen los esfuerzos para obtener
pedidos, utilizando los instrumentos que para esto dispone el
Gobierno.
Pero el aspecto más destacable de los propuestos es la
constitución de un fondo de garantía para la construcción
naval. Hemos hablado en esta Cámara, con anterioridad, de este
problema que afectaba a la construcción naval. Todos los
países constructores de buques han desarrollado mecanismos
financieros que facilitan la contratación, dentro de los
esquemas de apoyo permitidos por la normativa comunitaria. El
elevado volumen de recursos que exige la inversión en un
activo de la naturaleza de un buque, junto al largo plazo en
el que se desarrolla su explotación, explica que los armadores
necesiten contar con medios financieros ajenos para acometer
la inversión de nuevas flotas. Por
ello, las condiciones de financiación y, en concreto las
garantías del armador juegan un importante papel en todo el
proceso de contratación de un buque. En esencia, los problemas
asociados a la financiación de buques son de dos tipos: las
condiciones de los créditos y las garantías exigidas por las
entidades financieras, aunque no es menos relevante la
disposición del sector financiero a conceder créditos a este
sector.
En España, la falta de confianza del sector financiero en los
armadores es un hecho que se ha venido produciendo desde que
en la década de los setenta las entidades financieras se
encontraron con una cartera de créditos incobrables que
llevaron al entonces Banco de Crédito Industrial a
constituirse como primer naviero del país. Mientras, la
construcción naval española se ha beneficiado, es cierto, de
unos sistemas de ayuda financiera en forma de créditos
blandos, pero también es cierto que no existe un mecanismo de
otorgamiento de garantías a los armadores, como ocurre en
numerosos países competidores en este sector. Las condiciones
de financiación aplicables a los créditos a la exportación
están normalizadas en virtud de una resolución del Consejo de
la OCDE que contempla un importe máximo de crédito a conceder
del 80 por ciento del precio del buque, una vez descontadas
otras ayudas que pudieran existir, un plazo de amortización de
ocho años y medio y un tipo de interés del 8 por ciento.
Por lo que se refiere a la contratación de buques para
armadores nacionales, en sucesivos reales decretos reguladores
de las condiciones de financiación de los créditos se han
venido recogiendo subvenciones de tres puntos de interés a
cargo del presupuesto del MINER, que no han sido suficientes,
sin embargo, para fomentar la contratación de buques. La falta
de un mecanismo que facilite el otorgamiento de garantías es
un factor que explica gran parte de los problemas de falta de
contratación que se vienen registrando. Por tanto, la creación
de un fondo de garantías facilitaría la obtención de créditos
para financiar la construcción de buques en nuestro país, tal
como ocurre en otros países competidores del ámbito
comunitario. Por esto es por lo que, sabiendo que el
Ministerio de Economía y Hacienda y el de Industria y Energía
vienen trabajando en la configuración de este sistema de
garantías, en esta proposición pedimos la creación de un fondo
de garantías para los astilleros pequeños y medianos que
complementase la garantía hipotecaria sobre el propio buque.
Este fondo se nutriría con las aportaciones iniciales de los
astilleros y de las comunidades autónomas interesadas en
potenciar su industria naval y con una parte de las primas a
la construcción naval que los astilleros depositarían en el
mismo. Este instrumento de otorgamiento de garantías se
encuadra en las recomendaciones del foro marítimo constituido
en el seno de la Comisión de la Unión Europea para analizar
las medidas que pueden hacer más competitivos los sectores
marítimos comunitarios. Este fondo de garantías, asimismo,
debería ser un instrumento de apoyo al sector, que se pueda
mantener una vez desaparezcan las ayudas estatales en la OCDE.
Por tanto, señorías, y resumo, el sentido de la proposición no
es otro que manifestar nuestro respaldo a la iniciativa del
Ayuntamiento de Vigo y de las fuerzas políticas, sociales y
empresariales firmantes del acuerdo citado; manifestar que
compartimos la preocupación por hacer viable el sector naval;
proponer soluciones concretas al Gobierno que puedan impulsar
ese sector y que seguramente gozarán en esta Cámara del apoyo
de los restantes grupos.
Yo espero que esta proposición no de ley, que responde a un
amplio acuerdo, a un consenso muy importante en toda la
comarca de la ría de Vigo, sea aprobada por sus señorías. Es
cierto que hay una enmienda de Izquierda Unida, pero desde
nuestro punto de vista obedece sólo a razones de forma, no
aporta nada distinto al contenido de la proposición no de ley,
no desvirtúa para nada el acuerdo al que se llegó en el
Ayuntamiento de Vigo y, por tanto, nos parece que es una
enmienda que no mejora el texto presentado. Así pues, por
parte de nuestro Grupo se pide a esta Cámara que para que se
puedan ir imponiendo, para que se puedan ir implementando las
medidas que están contenidas en esta proposición no de ley,
apoye esta proposición no de ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Cuevas.
A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por
parte del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya. Para su defensa tiene la palabra el señor
García Fonseca.
El señor GARCIA FONSECA: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, señor portavoz del Grupo Socialista, según estaba
usted interviniendo y en la medida en que avanzaba en su
exposición, me entró la duda de si realmente la proposición no
de ley que usted defendía era la misma que yo había enmendado,
y me entró tal duda que tuve que pedir a mi portavoz la copia
oficial de la enmienda para verificar que se trataba del mismo
texto.
Mire usted, le tomo un poco la palabra pero al revés. Si
realmente usted cree que nuestras enmiendas no modifican su
proposición no de ley, usted puede contar con el apoyo de mi
Grupo a cambio de ningún esfuerzo, puesto que no le vamos a
introducir, según usted, ninguna modificación especial. Yo
creo que sí hacemos alguna modificación positiva y, sobre
todo, alguna modificación operativa. Cuando usted estaba
explicando su posición afirmaba una y otra vez que en sus
propuestas lo que hacía era plantear una serie de medidas de
carácter financiero, de apoyo, de incentivación, etcétera,
entre otras, y fundamentalmente la creación --como dice
concretamente el apartado 3-- de un fondo de garantía. Pero
ustedes no dicen eso. Será su propósito, será su intención, no
lo dudo, y en todo caso han sido sus palabras en la
explicación de su proposición no de ley, pero en el texto, en
la letra de esa proposición no dicen ustedes exactamente eso,
lo que produce un equívoco realmente peligroso que nosotros
intentamos subsanar con nuestras enmiendas, que yo creo que
efectivamente harían --si ustedes las aceptasen-- que la letra
de su proposición no de ley se ajustara mucho más literalmente
--valga la redundancia-- a su explicación.
Y me explico yo ahora. Ustedes no dicen que van a crear un
fondo de garantías. Ustedes dicen que van
a estudiar la creación de un fondo de garantías. Hay una
diferencia que en la práctica puede resultar decisiva, puede
variar del sí al no. Porque estudiar la creación de un fondo
de garantías se puede entender en dos sentidos. Ustedes van a
estudiar si se hace o no se hace, con lo cual no tienen
decidido todavía si se va a hacer, y ésa es una interpretación
absolutamente válida de la letra de este apartado; o ustedes
dan por supuesto que sí que se va a hacer ese fondo de
garantía y lo que van a estudiar es de qué forma se va a
constituir, en cuyo caso nosotros estaríamos de acuerdo. Se
trataría de evitar una posible interpretación no operativa que
iría en contra incluso de su explicación. Por ello nosotros,
en vez de decir en este caso «estudiar la creación de un fondo
de garantías», decimos «estudiar la forma más adecuada para la
creación de un fondo de garantías». Nos parece que la
diferencia literalmente es mínima pero semánticamente es
notable y, además, entiendo yo que se ajusta mucho más a lo
que usted ha explicado en la defensa de su proposición no de
ley.
El conjunto de las enmiendas de mi Grupo van un poco en la
misma dirección. No dudo de sus motivos y, además, me he
alegrado de oír su explicación que, repito, coincidía con lo
que nosotros intentamos añadir a la propuesta en nuestras
pequeñas pero sustantivas, semánticamente hablando, enmiendas,
hasta el punto de que, como usted se explicaba tan de acuerdo
con nuestras enmiendas, me parecía que casi eran innecesarias.
Eso me llevaba a pensar --y vuelvo a lo que dijeal principio--
que estábamos hablando de dos proposiciones relativamente
distintas, que había habido alguna modificación posterior a
cuando yo la pude estudiar y enmendar. Pero no es así. Por
tanto, en razón a lo que usted dice y a lo que nosotros
queremos, que es lo que dice también la Mesa constituida en
Vigo para este efecto, y, desde luego, en razón a que la
decisión que aquí se tome, lo que apruebe esta Cámara, sea
realmente operativo, añada algo a una política operativa, les
pido, por favor, que acepten nuestras enmiendas o algunas
similares; acepten algunas que pasen de una proposición no de
ley que se queda en el plano previo a la acción. En los seis
puntos ustedes emplean cuatro veces como primera palabra
«estudiar». En ningún momento dicen: se hará, se propondrá que
se haga, se tomará la decisión, se tomarán tales medidas.
Repito que es una proposición no de ley realmente evanescente,
vaporosa, sin ningún contenido operativo, y yo creo que
produciría una decepción en el sector de la bahía de Vigo y en
todo Vigo, donde están sufriendo realmente un problema grave,
que además tiene una gran incidencia en el conjunto de la
economía de esa comarca, lógicamente, como la tiene un sector
tan amplio, tan complejo y con tantas sinergias como es el
sector naval. Si se aprueba el texto tal y como está redactado
iría en contradicción con la explicación o la defensa del
mismo que usted ha hecho.
Por mi parte, simplemente quiero recordarle que, desde luego,
si hacen esta proposición no de ley con un carácter operativo,
y repito que para eso ofrecemos estas pequeñas enmiendas, a
las que no tiene más que darles ese sesgo, ese carácter, no
nos importaría que ustedes nos propusieran una enmienda «in
voce». Es decir, no nos interesa la paternidad del tema; nos
interesa que lo que salga de aquí sirva para algo. Y esto es
lógico porque usted recordará que mi Grupo ha presentado ya en
varias ocasiones, le recuerdo solamente dos proposiciones de
ley en una línea similar: una con carácter global a la
situación del sector naval en el conjunto del Estado español y
otra específica en relación con el sector del INI. En ellas
coincidíamos sustancialmente en los mismos puntos, en los
puntos que plantea el sector, que se los podría enumerar
simplemente. La idea de fondo es que algo tan elemental, tan
fundamental, tan básico como que nuestro sector naval,
nuestros constructores de buques tengan las mismas, no
mejores, las mismas condiciones financieras fiscales,
etcétera, que aquellas de las que goza el conjunto de los
astilleros o constructores de buques de la Comunidad Europea,
de nuestro entorno inmediato, de nuestro entorno político
europeo. Esa es la idea central. Nosotros proponíamos
entidades financieras especializadas; el apoyo a la demanda
interior, que supone el 60 por ciento de la construcción de
buques en los astilleros europeos, y en España es del 5 por
ciento; el pago de unas primas a la construcción naval cuando
se establecen los contratos, y no que se retrase
indefinidamente, creando todavía problemas más graves de
liquidez, etcétera, por supuesto hacer frente a los retrasos
en las cotizaciones a la Seguridad Social que agrava mucho más
la capacidad de nuestros astilleros de salir adelante, sobre
todo en una etapa de crisis de demanda como en la que estamos,
el tema de instituciones financieras especializadas --repito--
y, como ustedes plantean también, un fondo de garantías.
En ocasiones anteriores ustedes se opusieron a nuestras
enmiendas y yo creo que en el fondo (y no sólo en el fondo
sino de manera explícita) barajaban una idea
en relación a la construcción naval que a mí me parece
absolutamente desafortunada. Explícitamente, el portavoz
socialista en aquel momento, que no era usted, vino a decir
que el sector naval era un sector maduro, queriendo expresar
por esto un sector caduco, un sector ya sin futuro. Sobre esto
de los sectores maduros, todavía hace poco, don Manuel
Castells, que ustedes conocerán bien puesto que les ha
asesorado en muchos temas, afirmaba de una manera clara,
rotunda y trabajosa (por aquello de la trabajosa demostración
de las verdades evidentes) que no hay sectores maduros o
caducos, que lo que hay son empresas caducas o empresas bien
organizadas y por tanto competitivas. Y el sector naval no es
un sector caduco; si fuera caduco estaría en manos de países
tercermundistas, etcétera. Por el contrario, los países
punteros en el sector naval son Japón, Estados Unidos,
Alemania, Holanda, Noruega, etcétera. Es un sector por el que
hay que apostar y por el que hay que hacer una política activa
desde el Estado, como han hecho todos estos países que, por
otra parte, se proclaman más neoliberales que ustedes.
Este era un poco el fondo de nuestras propuestas y fue también
un poco el fondo de nuestro debate entonces. Yo me alegro que
de entonces acá hayamos aproximado nuestras coincidencias y
nuestras posiciones, y que concretamente en relación al tema
del sector naval en la bahía de Vigo podamos votar en común
una propuesta. Desde luego le repito, y termino, que mi Grupo
no pretende, en absoluto, modificar en un sentido negativo la
letra de sus propuestas; pretende, repito, ajustarlo
precisamente a su explicación y, en todo caso, hacer que no se
quede simplemente en una propuesta evanescente que en la
práctica pudiera no resultar operativa en grado alguno.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor García
Fonseca.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición en este
debate? (Pausa.) Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió,
tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, la posición del Grupo Catalán
(Convergència i Unió) respecto a la proposición no de ley
presentada por el Grupo Socialista sobre la situación del
sector naval en la ría de Vigo será la de votarla
favorablemente. Pensamos desde Convergència i Unió que en ella
se recogen los mecanismos necesarios para posibilitar que en
este sector, tan importante en esta zona y en el resto del
Estado español, se puedan incrementar una serie de
ingredientes que finalmente generen ocupación en dicho sector
naval. Vemos que dicha proposición no de ley contiene medidas
interesantes que podrán amainar las dificultades financieras
por las que está atravesando este sector. Y asimismo pensamos
que es interesante que, a través de la aprobación de esta
proposición no de ley por todos los grupos parlamentarios de
la Cámara, se ayude a resolver los problemas de índole social
que tienen planteados los agentes sociales y económicos en
toda la zona de Vigo. En una palabra, será posible negociar
más favorablemente los empresarios y los trabajadores.
Pensamos desde Convergència i Unió que en dicha proposición no
de ley, dentro de los mecanismos que antes he comentado, es
interesante la creación de este fondo de garantía que
posibilitará y facilitará el que las empresas puedan acudir a
los créditos con unos tipos de interés competitivos respecto a
los demás países de la Unión Europea. Nosotros pensamos que
sería importantísimo poder adelantar los pedidos del IFOP, ya
que ello posibilitaría la modernización de la flota pesquera
de nuestro país y posibilitaría, de entrada, el incremento de
la generación de puestos de trabajo en dicho sector. También
pensamos que sería interesante llevar a cabo una serie de
medidas que el Grupo Socialista ha planteado de cara a
refinanciar los débitos que dicho sector mantiene con la
Administración.
En definitiva y concluyendo mi exposición, yo diría que la
aprobación de esta proposición no de ley, referente a la
modernización del sector naval de la ría de Vigo, contribuirá
a que dicho sector sea más competitivo, contribuirá a su
modernización y, en definitiva, contribuirá a la creación de
puestos de trabajo, que es lo que nuestro Grupo desea y
esperamos que también lo aprueben los demás grupos
parlamentarios de la Cámara.
Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Sánchez
i Llibre.
Finalmente, por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Durán.
El señor DURAN NUÑEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar querría señalar --aunque a lo mejor
no entendí bien al digno ponente catalán-- que esta
proposición no de ley no se refiere a la modernización de los
astilleros de la ría de Vigo sino a su mala situación,
situación penosa. En cuanto a modernización, estamos
modernizados. Este es el primer problema que quizá haya que
atender y que a lo mejor la Cámara, si profundiza en él, lo
entenderá mejor. Es un gravísimo problema, pero no de
modernización.
Efectivamente, varios Diputados de esta Cámara, concejales,
sindicatos y diferentes empresarios llevamos meses reunidos
estudiando la situación naval en Vigo. Dignos colegas míos han
hecho estupendas intervenciones y a lo largo de todos estos
meses se llegó a un consenso
sobre esta cuestión. ¿Qué pasa? Que de esto sale una
proposición que se presenta en el Parlamento autonómico, de
esto salen múltiples reuniones en el Ayuntamiento de Vigo, de
esto sale que a lo mejor fuerzas extraparlamentarias, que no
han asistido a todas estas negociaciones, podrían entender que
algo que parece alicorto (así parece cuando se lee el texto de
la proposición no de ley en su estricto sentido, y ya entraré
en ella en su momento), no lo es. Yo creo que aquí lo primero
que hay que contemplar es cómo se ha llegado a esto, porque
esto no se debe a que en la ciudad de Vigo hubiera unos
astilleros y de repente hace siete días tuvieran problemas,
sino que se debe a que en la ciudad de Vigo, y en muchísimos
otros sitios, se ha llegado a tener problemas en el sector de
la construcción naval que nuestro Grupo ya denunció aquí en
una estupenda intervención al defender una moción en marzo de
este año, consecuencia de una interpelación anterior.
Realmente, lo que se dijo en aquella ocasión fue que allí se
había llegado a esta situación por una serie de dejaciones y
malas políticas del Partido Socialista en el poder a lo largo
de todos estos años. Por cierto, creo recordar que entre los
años 1984 y 1994 se pasó de 34.700 trabajadores a 14.000. O
sea, se podría haber dicho que redimensionando los astilleros
y dando entrada a personal, todo ha funcionado muy bien, pero
no ha sido así. Todo ha estado funcionando muy mal. Lo que
hemos hecho ha sido echar gente a la calle, pero no hemos
redimensionado nada. Este es el gran problema. Hay sitios como
Harland and NMF en Belfast, Govan en Escocia, Kvaernm Massa en
Finlandia, el astillero de Rostock en la antigua Alemania del
Este, donde sí se han redimensionado, sí se han remodernizado
y conseguido, por cierto, grandes contratos. Fincantieri
Navali --italianos, parecidos a nosotros-- está construyendo
buques de pasajeros de 45.000 toneladas, uno tras otro, y son
italianos y también están en la Comunidad Europea. Y no son
del dragón, no son de Hyundai, que por cierto ha tenido una
gran huelga hace muy poco, con «knock out» inclusive. Son
europeos, con trabajadores de salario europeo y con modernidad
europea y trabajo de sus gobiernos. Este es el problema. No
estamos hablando del dragón, estamos hablando de astilleros
concretos que han sido redimensionados, en zonas de grave
problema como podría ser nuestra ría de Vigo y están
funcionando, no haciendo lo que vamos a lograr hacer, que son
unos pesqueritos, gracias a la Xunta de Galicia y un contrato
con un país no muy buen pagador como es el Camerún, para
salvarlos, sino
que están haciendo verdaderos buques. Anteayer, en Harland and
NMF, en la botadura de un petrolero de 150.000 toneladas, los
ingleses se quejaban de que sólo tenían un 30/35 por ciento de
ayuda de garantía cuando en Europa tenían el 80, cuando ellos
amortizaban a 12 años y en Europa, con unos intereses
bajísimos, se amortiza a 25 años. Esto es lo que hay que ver.
Lo que hay que ver es lo que aquí ha pasado. ¿Qué pasó? Que
por tener elevados tipos de interés, no fuimos competitivos.
¿Qué paso? Que por enorme sobrevaloración de la peseta,
denunciada prácticamente por todos los grupos, perdimos
competitividad en todos estos años. Tardanza en el pago de las
ayudas. A mí me ha venido gente de astilleros: sindicatos,
etcétera, diciéndome: «Oiga, es que nos deben cuatro o cinco
años; nos deben cientos de millones de pesetas. Además,
después, no nos devuelven cuotas en la Seguridad Social». Esto
es todo lo que ha pasado y lo que ha hecho que --en el caso
particular de Vigo, por otras circunstancias-- se sufriera en
el tema naval. Es muy importante decirlo porque, repito, esto
no viene del limbo.
Señor García Fonseca, después de haber asistido a todas estas
reuniones tengo que decirle que, estoy de acuerdo con usted:
donde dice «tomar en consideración», habría que decir asumir;
donde dice «estudiar la creación», habría que decir «crearla»;
donde dice «impulsar la anticipación», hay que anticipar;
donde dice «estudiar soluciones», hay que solucionar y donde
dice «impulsar iniciativas», hay que exigir iniciativas. Esto
lo sabe la Cámara y lo sabemos todos, lo que pasa es que,
según la técnica parlamentaria, si nosotros decimos esto
--como acaba de hacer usted-- el Partido Socialista no lo vota
favorablemente. Lo que nosotros queremos es que lo que pone
aquí se entienda por la Cámara y por el Gobierno que significa
asumir, crear, anticipar y solucionar los problemas, porque,
si no, van a decir lo que están diciendo hoy las empresas y
los sindicatos en un periódico del que, por cierto, está
presenciando el debate su digno representante. Dicen los
trabajadores: Después de que los políticos nos expliquen los
resultados de sus gestiones, decidiremos el camino a seguir.
Ellos no sé si creen mucho en nosotros, esperamos que crean.
Continúan: Los sindicatos temen que el viernes van a escuchar
la cantilena ya conocida de que todo está en marcha, de que
los logros están a la vuelta de la esquina. Y concluyen:
Creemos que es tiempo para llegar a las soluciones.
Esto es lo que nos piden los ciudadanos a los que
representamos. Este es el tema, señorías. No unas palabritas
que pronunciamos aquí y después todos se van a tomar agua
mineral y estupendo. Los trabajadores, además, en el caso de
Vigo, van a anunciar movilizaciones porque lo que quieren son
resultados concretos.
En este momento la construcción --que puede salvar a Vigo-- de
50 buques camaroneros para Camerún, está en el aire porque,
como ya dijo el Conselleiro de Industria y otros dignos
representantes aquí, Camerún aún tiene que renegociar la deuda
con España y no es un buen pagador; pero, a lo mejor, tampoco
es buena pagadora una fábrica de «jeeps» en la zona del
sureste de España y, sin embargo, se le dan ayudas y no
sabemos si esas ayudas van a ser devueltas.
Y no quiero entrar en otros asuntos retóricos, porque
parecería que estamos haciendo comparaciones.
El problema es que el Consejo de Ministros, rápidamente, tiene
que aprobar los avales de los créditos contratados, que están
ya presupuestados en 16.000 millones de pesetas; y esto es
parte de todo lo que pedimos aquí. Lo que pedimos aquí son
acciones, lo que pedimos aquí es que el Parlamento entienda
que lo que estamos haciendo es lo que nos piden los ciudadanos
porque, sino, estaríamos paseándonos, como dicen los
sindicatos y los propios empresarios: Ustedes se han ido a
pasear por ahí y nos han dado una larga cambiada.
Con este espíritu --que espero esté en el «record», seguro que
lo está porque los dignos taquígrafos lo toman todo muy bien,
y constará en nuestro «Diario de Sesiones»--, vamos a apoyar
esta iniciativa, precisamente para ver si con ello obligamos
al Gobierno a que se tomen medidas urgentes y rápidas. Se lo
vamos a explicar a las personas que se van a reunir en los
próximos días con casi todos los que estamos implicados en el
asunto. Este es el espíritu del asunto. Por ello, y solamente
por ello, no por pactos espurios o bajo la mesa de cualquier
estilo, vamos a apoyarlo, porque creemos que lo que hemos
hecho aquí tiene que ser puesto en funcionamiento, porque, si
no, volveremos --como decía muy bien el señor García Fonseca--
a crear, asumir, etcétera. Para que esta iniciativa se ponga
en marcha rápidamente nuestro Grupo va a votar favorablemente,
con todas las salvedades verbales que he dicho antes, la
proposición no de ley.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Durán.
El señor Cuevas tiene la palabra a los efectos de indicar, de
manera definitiva, si acepta o no las enmiendas presentadas
por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
El señor CUEVAS DELGADO: Gracias, señor Presidente.
En el transcurso del debate no ha habido argumentación alguna
que convenza a este portavoz de que aceptar esas pequeñas
modificaciones supone un cambio sustancial de la propuesta.
Creemos que no aportan absolutamente nada, más bien, sólo
pretenden enmendar algo que nosotros creemos que es correcto,
que se está ya poniendo en marcha y que, desde luego, va a ser
algo positivo para la zona de la ría de Vigo.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Cuevas.
Pasamos a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo
Socialista, sobre situación del sector naval en la ría de
Vigo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
enmitidos 301; a favor, 299; en contra, uno; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
RETRASOS EN LA IMPLANTACION DE LA TELEFONIA MOVIL AUTOMATICA
(Número de expediente 162/000050)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular
sobre retrasos en la implantación de la telefonía móvil
automática.
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Posada.
El señor POSADA MORENO: Señor Presidente, el 4 de noviembre
del pasado año 1993 el Grupo Parlamentario Popular presentó
una proposición no de ley cuya introducción establecía que,
frente a una expansión enorme de la telefonía móvil automática
en Europa, en España estábamos asistiendo a un fenómeno que
hacía que nuestra implantación telefónica móvil fuera la
anteúltima de los países de la OCDE. Precisamente el 31 de
diciembre de 1993 terminaba el monopolio y se pedía que, en
competencia, se estableciera la telefonía móvil.
La proposición no de ley decía textualmente: «El Grupo
Parlamentario Popular insta al Gobierno para que active al
máximo las gestiones pendientes, a fin de que tenga lugar
cuanto antes la expansión de la explotación de servicios de
TMA en régimen de competencia, que contribuya a que en España
llegue a alcanzarse un nivel de penetración de la telefonía
móvil análogo al que existe en otros países europeos.» (El
señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidenca.)
El hecho de que no hayamos retirado ahora, en septiembre de
1994, esta proposición no de ley y la traigamos aquí, indica
ya el fracaso de la política gubernamental para implantar la
telefonía móvil automática. Se han perdido meses cuando esta
actuación podía haber supuesto una inversión importante y una
creación de puestos de trabajo en un momento de crisis como el
que pasamos el pasado año.
Pero no sólo ha sido eso, es que habido una batalla entre los
Ministerios de Economía y de Obras Públicas, diferenciándose
totalmente en sus conceptos y dando una imagen penosa a la
iniciativa privada; iniciativa privada que sí ha respondido y
ha creado cinco consorcios
con empresas de telefonía, con empresas financieras y con
empresas constructoras dispuestas a invertir. El Presidente
del Gobierno ha insistido, en los debates de investidura y
sobre el Estado de la Nación, en la importancia que tenía la
liberalización de las telecomunicaciones y la urgencia de la
telefonía móvil automática y, sin embargo, la política
gubernamental ha desmentido las palabras del propio Presidente
del Gobierno.
Hoy parece --digo parece porque en este tema no se puede estar
nunca seguro-- que la situación está desbloqueada. En el
Consejo de Ministros pasado se han aprobado las tarifas de
acceso de ese segundo operador a Telefónica, por cierto, con
un decremento del 35 por ciento de las que proponía el
Ministerio, y parece que ya va a publicarse el concurso.
En estas condiciones el Grupo Popular, y puesto que ha
transcurrido ya un año, presenta una enmienda a su propia
proposición no de ley, en la que dice: El Congreso de los
Diputados acuerda constituir, en el seno de la Comisión de
Infraestructuras y Medio Ambiente, una ponencia especial para
el seguimiento de las actividades relacionadas con la
concesión, implantación y funcionamiento del nuevo sistema de
telefonía móvil automática en España. Porque, señoras y
señores Diputados, hay una idea, a veces subyacente en la
sociedad, en los grupos políticos y, desde luego, en el
Ministerio, que considera que la telefonía móvil automática en
régimen de competencia es un precio que hay que pagar porque
estamos integrados en Europa. Y no es así. El hecho de que se
convoque ese concurso, se adjudique y comience la telefonía
móvil automática es un beneficio para el conjunto de la
economía nacional. A mayor uso del teléfono hay mayor
desarrollo, mejora la situación de los ciudadanos y mejora la
competitividad de las empresas.
Puede haber una preocupación lógica y que compartimos todos.
Qué ocurre con Telefónica, qué ocurre con la situación actual
de monopolio. Es preciso dar una solución auténtica, justa que
beneficie a Telefónica y al nuevo operador. Las obligaciones
de servicio público que Telefónica tiene deben ser compartidas
también por el otro operador en la proporción del mercado que
consiga. Pero, al mismo tiempo, desde el momento en que el
segundo operador tiene que utilizar la red de Telefónica para
poder transmitir el teléfono móvil con el teléfono fijo, es
preciso aquilatar perfectamente las condiciones de acceso y de
actuación para que no se produzca una situación de predominio
de Telefónica. Eso exige unas normas de regulación y muy
probablemente, y no sólo para el tema de la telefonía móvil
automática, sino también para la liberalización general de las
telecomunicaciones, requiere un organismo regulador que sea
capaz de diferenciar el operador que ha sido hasta ahora
Telefónica de las normas de un mercado libre en competencia.
Piensa el Grupo Popular que el futuro de Telefónica puede ser
un futuro brillante en la telefonía móvil automática en
régimen de competencia, ya que ellos tienen un primer
operador. Ciertamente existe un peligro de que en Telefónica
se cree una cultura de nostalgia del monopolio, de recuerdo de
los viejos buenos tiempos en que todos los clientes tenían que
ir a Telefónica, en donde lo importante es manejar los
despachos de la Administración y no el servicio al público.
Eso sería nefasto para la propia Telefónica y para todo el
servicio que se da a los ciudadanos, porque la liberalización
de las telecomunicaciones es un tema imparable.
Yo creo que no va a ser así y el Presidente de Telefónica lo
ha manifestado. Telefónica ha actuado en países de Sudamérica
en donde no tiene monopolio. Telefónica tiene un gran capital
humano. Si se vuelca en ese servicio al cliente y no en la
búsqueda de situaciones de privilegio a través de la
Administración, puede tener perfectamente en los próximos años
un 85 o un 90 por ciento del mercado, es decir, una
disminución relativa, pero, en cambio, en números absolutos,
una penetración mucho mayor de teléfonos, un coste menor para
el usuario y un beneficio mayor por teléfono.
Por ello, resumo, considera el Grupo Popular de una gran
importancia la creación de esta ponencia en el seno de la
Comisión de Infraestructuras y Medio Ambiente. Es una ponencia
que, en primer lugar, pretende supervisar un proceso, que es
algo que compete a la Cámara y a los grupos políticos, para
quiere también impulsar para que se vayan cumpliendo los
plazos. Los retrasos a los que antes me he referido, los meses
que se han perdido, justifican sobradamente esa vigilancia de
la ponencia de la Comisión de Infraestructuras de todo el
proceso.
Finalmente --quiero destacar ese carácter--, esta ponencia va
a servir para avalar un proceso complicado. Ahora va a haber
un concurso en el que van a presentarse cinco proposiciones
importantes, todas ellas técnicamente avanzadas y con ofertas
económicas de un tipo y de otro. La adjudicación de ese
concurso va a ser complicada y va a dejar, lógicamente, a
muchos descontentos: los que no consigan el concurso.
Pues bien, esta ponencia es una tribuna pública, una tribuna
también para el propio Parlamento para que el Ministro pueda
explicar perfecta, razonadamente y con todo tipo de datos por
qué se ha hecho esa adjudicación y por qué ese grupo ha sido
el elegido. Al mismo tiempo, en los meses siguientes, veremos
si esa competencia entre Telefónica, ya operador, y el segundo
operador, es una competencia real. En el seno de esa ponencia
se podrá opinar sobre ello.
Por esto --y con esto termino--, es muy importante que el
Congreso de los Diputados, a través de esa ponencia, participe
en un proceso indispensable, crucial para los ciudadanos y
para la economía nacional.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Posada.
Presentada la proposición no de ley y defendida en el mismo
turno la enmienda de ampliación que el propio Grupo Popular ha
realizado, vamos a pasar a la fijación de posiciones por parte
de los Grupos.
¿Grupos Parlamentarios que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el
señor Sedó tiene la palabra.
El señor SEDO I MARSAL: Gracias, señor Presidente.
Como muy bien ha dicho el proponente, la proposición no de ley
que hoy tratamos tiene fecha de noviembre pasado, casi ha
transcurrido un año. Su tema principal: telefonía móvil
automática. La proposición se refiere al crecimiento
espectacular de la telefonía móvil en todos los países del
entorno europeo. La situación en España es muy distinta por
las causas que podríamos denominar de monopolio: existe
lentitud en la aplicación de la normativa de la liberalización
y, por tanto, en el trámite de reglamentos, concursos,
etcétera. Desde entonces --también lo ha dicho el proponente--
las cosas han cambio ya. Con retraso, eso sí, pero, en
realidad, lo que pide la proposición ya está superado, la
propia enmienda del Grupo proponente quiere ir más allá del
texto inicial. Inteligentemente, lo que se pretende es salvar
un texto obsoleto que en el momento de su discusión aquí tiene
al menos algo positivo: que nos recuerda esta temática.
Refiriéndome a la enmienda de adición, quiero decir que
nuestro Grupo ha sido partidario en muchas ocasiones de la
creación de ponencias de seguimiento, pero en este caso no la
va a apoyar por cuanto las características de la ponencia que
hoy se nos propone más que de seguimiento podría interpretarse
como interventora de todo aquello que debe hacer la
Administración, con lo cual podía crearse alguna colisión.
Como se ha dicho, el problema se va a resolver, en breve plazo
y todo control que necesite hacer esta Cámara se podrá
efectuar a través de comparecencias en la Comisión
correspondiente. Por tanto, anunciamos que nuestro voto no
puede ser favorable a la proposición que debatimos.
Nada más señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Sedó.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el
señor Andreu tiene la palabra.
El señor ANDREU ANDREU: Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, la política de telecomunicaciones del Gobierno
no está siendo todo lo transparente y lo clara que debiera.
También es cierto lo que ha dicho el ponente: Que ha habido, y
me imagino que seguirán existiendo, polémicas en el seno del
Gobierno sobre cómo debe discurrir esta política de
telecomunicaciones.
Creemos sinceramente que la proposición no de ley que ha
presentado el Grupo Popular no aporta nada a este debate,
máxime cuando, como reconocía el proponente, la pasada semana
se publicó un decreto-ley por el que se ponía a concurso la
telefonía móvil. Lo más correcto habría sido retirar la
proposición no de ley, dado que el problema que pretendía
atacar había sido puesto en circulación por ese decreto-ley,
de mejor o de peor manera, pero había sido puesto en curso.
La creación de esa ponencia de seguimiento, sobre todo cuando
hay en liza cinco grupos que pretenden quedarse como segunda
operadora de la telefonía móvil, puede ser incluso un elemento
distorsionador, en el cual se puede utilizar como caja de
resonancia esa ponencia para hablar de las virtudes o defectos
de unas ofertas y otras.
Sinceramente, lo que creemos más oportuno a estos efectos es
que la actuación del Gobierno sea clara y transparente y que
haya un control parlamentario estricto y exacto de la
resolución de este concurso para obtener un segundo operador
de la telefonía móvil.
Las propuestas que se defienden en el Gobierno por parte del
Ministerio de Economía no son las más cercanas a Izquierda
Unida, ni muchísimo menos, y hay que reconocer que tienen
audiencia importante en el Gobierno y en el Tribunal de
Defensa de la Competencia, que quiere que la política de
telecomunicaciones en España sea equivalente a la que han
venido llevando en Inglaterra y quisiera encontrarse en una
situación de competencia muy similar a la inglesa. Desde
luego, no es la que nosotros apoyamos. Por tanto, no vamos a
apoyar la proposición no de ley que presenta el Grupo Popular,
ni la enmienda, con independencia de que nuestro Grupo
Parlamentario llevará un estricto control de cómo se resuelva
este concurso que ahora va a poner en marcha el Gobierno.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Andreu.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Martinón.
El señor MARTINON CEJAS: Gracias, señor Presidente.
Gracias, señor Posada, por su tono pausado y moderado, así
como por habernos evitado escuchar muchas cifras y muchas
siglas.
Consideramos que la moción que usted presenta en nombre de su
Grupo, la vieja moción, ya no resulta oportuna. Desde luego,
la propuesta que ahora nos hacen de constituir una ponencia en
el seno de la Comisión de Infraestructuras nos parece fuera de
lugar por
la propia explicación que usted ha dado de que la ponencia es
el lugar más indicado para que el Ministro explique por qué se
concede finalmente la segunda licencia a tal candidato y no a
los demás.
La propia reflexión pone en evidencia que las cosas no son
así. No parece que una ponencia sea el lugar más adecuado, con
más luz y más taquígrafos, para que se explique por qué una
segunda licencia se concede a un candidato y no a los demás.
Creemos que el lugar más idóneo es la Comisión, y que debe ser
en el seno de ésta donde se explique la concesión de la
segunda licencia. Nosotros ya anunciamos nuestra intención de
pedir la comparecencia del Gobierno cuando se produzca esa
concesión de la segunda licencia.
Quiero hacer una matización. No es verdad que el 31 de
diciembre de 1993 finalizara el monopolio, sino que lo que
finalizó el 31 de diciembre de 1993 fue la obligación del
monopolio. Es a partir de entonces cuando el Gobierno tiene la
libertad de intentar pasar a un régimen de competencia. Es
verdad que ha habido discusiones en el Gobierno --digo que es
verdad en el mismo tono en el que lo habrá afirmado usted--; a
mí, sinceramente, eso no me preocupa ni me asusta. Creo que
demuestra la importancia del asunto que estamos tratando, que
es un asunto donde compañeros de Partido y de Gobierno pueden
tener visiones parcialmente diferentes sobre el problema. Digo
que no tiene mayor importancia desde la seguridad de que esas
discusiones han estado presididas por lo que cada uno haya
podido entender que es el interés nacional, el superior
interés de toda España.
Todos los grupos de la Cámara estamos de acuerdo en lo
importante: hay que pasar de una situación de monopolio a una
situación de libre competencia o, al menos, de competencia
restringida. Parece que estamos en desacuerdo en el ritmo, en
la velocidad con la que ese cambio debe producirse. Para pasar
de una situación de monopolio a una sutuación de competencia
hay una complejidad jurídica importante, hay una gran
complejidad técnica y, sin duda, hay un asunto de una gran
importancia económica. La fortaleza económica de los grupos
candidatos pone en evidencia que estamos ante un asunto de
mucha importancia económica. Creo que es razonable que el
Gobierno actúe con mucha prudencia, prudencia que todos
nosotros debemos exigirle. En lugar de pedir al Gobierno que
actúe con mucha prisa, el Grupo Socialista al menos cree que
es preferible pedir al Gobierno que actúe con mucha prudencia.
Por todas esas razones vamos a votar en contra de su texto.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Martinón.
Finalizado el debate, vamos a pasar a la votación.
(El señor Presidente ocupa la Presidencia.--Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular sobre retrasos en la implantación de la
telefonía móvil automática.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 299; a favor, 137; en contra, 161; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICION CANARIA, SOBRE MEDIDAS
PREVISTAS EN EL MARCO DE LA NEGOCIACION QUE MANTIENE
TABACALERA CON LA COMPAÑIA INTERNACIONAL PHILIP MORRIS PARA
MANTENER O INCREMENTAR LA PRODUCCION DE LAS LABORES TABAQUERAS
DE LA CITADA MULTINACIONAL EN LAS PLANTAS DE TABACALERA EN LA
PENINSULA (Número de expediente 173/000046)
El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día: Mociones
consecuencia de interpelaciones urgentes.
Moción de Coalición Canaria subsiguiente a interpelación sobre
medidas previstas en el marco de la negociación que mantiene
Tabacalera con la compañía internacional Philip Morris para
mantener o incrementar la producción de las labores tabaqueras
de la citada multinacional en las plantas de Tabacalera en la
Península.
Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor
Martín.
El señor MARTIN MENIS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, tengo que comenzar diciendo que,
por desgracia, se ha hecho bueno ese dicho de que piensa mal y
acertarás. Y es que cada vez que Canarias topa con Tabacalera
nos pasa lo mismo. La misma historia se repite y siempre
pierde Canarias. Esperamos que esta vez podamos romper el
maleficio.
El 29 de junio, defendiendo la interpelación urgente
presentada ante esta Cámara, exponía una serie de datos
totalmente ciertos. Hacía un breve repaso de la historia de la
industria canaria y mostraba mi preocupación por el futuro de
la planta que tenía Philip Morris con Tabacalera al 50 por
ciento. Hoy, todos los argumentos siguen siendo los mismos y
se han cumplido por desgracia, las previsiones.
No voy a repetir todos los argumentos, que son totalmente
vigentes, pero quiero destacar algunas cuestiones. En las dos
preguntas que hemos formulado sobre esta cuestión al Ministro
--la primera, sobre el contrabando del tabaco, que, por
cierto, fue la que nos dio la pista para la segunda pregunta
sobre las conversaciones secretas que se mantenían con la
multinacional Philip Morris--, el Ministro evadió una
respuesta al empleo, concretamente, al empleo en Canarias. El
Ministro respondía en aquel momento que no podía dar a conocer
los objetivos de la negociación porque ésta tenía que ser
discreta; esa fue la palabra que empleó. Y yo le mostraba mi
preocupación de que los acuerdos llevados en secreto se
hicieran públicos en verano, porque todos sabemos que las
cosas son más fáciles antes del período de vacaciones. Los
comunicados, por cierto, muy etéreos, sin una sola concreción
de Tabacalera y Philip Morris, se hicieron públicos el día 29
de julio, dos días antes del 1 de agosto; como todos sabemos,
pleno verano y cuando aquella industria cerraba sus puertas.
Se aprovechó el verano; por desgracia, volvimos a tener razón.
El Ministro aducía como causa la difícil situación del sector
tabaquero --especificaba-- español, europeo y mundial. Quiero
dar algunos datos sobre ello porque creemos que no es ésa la
realidad.
El presidente de Tabacalera ha dicho en todos los periódicos
este verano que las labores de la gama donde incluye Marlboro,
que se fabrica en esa planta, han aumentado en lo que va de
año el 19 por ciento. El incremento total de todas las ventas
de tabaco del primer semestre en España es del 5,4 por ciento.
El importe neto de las ventas en el primer semestre ha
incrementado el 16,9 por ciento respecto al semestre anterior.
El incremento del beneficio de Tabacalera en el primer
semestre es un 30,5 por ciento mayor. Estos datos son opuestos
al pesimismo que mostraba el señor Ministro.
El mismo día que don Pedro Pérez, Presidente de Tabacalera,
daba estos datos, doña Teresa Conesa, portavoz de Tabacalera,
decía a la prensa lo siguiente: Lo que quiere la empresa --se
refería a Tabacalera-- es ir adecuando la producción a la
demanda sin recurrir a medidas traumáticas que tengan un
impacto fuerte en la economía y en la sociedad tinerfeña y por
eso se va a la convergencia en un solo grupo y a la
elaboración de planes a medio plazo, dos o tres años, para
crear empresas alternativas. Además, aducía la posible
incoherencia de este Diputado por haber votado que no a una
ley antipropaganda del tabaco y tener la posición que tengo de
defensa de la industria. Me parece que no era en este momento
portavoz de Tabacalera sino una portavoz política. Qué
contradicción entre la línea que marcaba la portavoz de
Tabacalera, que claramente anticipaba la reducción de
plantilla, y las declaraciones del Presidente de Tabacalera
sobre los éxitos en la venta del tabaco.
La experiencia nos dice que no hace falta regulaciones de
empleo, sino que basta con renovar contratos temporales, que
tienen ya muchos años, o recurrir a las bajas incentivadas, en
las que han sido auténticos especialistas los compañeros de
viaje que ahora tiene Tabacalera. Y no me gustaría tener que
especificar las vías que se utilizaron.
Voy a dar unos datos más que no concuerdan con la política que
anunciaba la portavoz de Tabacalera. Todos los expertos están
de acuerdo en que persiste una alta cifra de contrabando,
entre 400 y 500 millones de cajetillas, a pesar de los
recientes éxitos, que esperamos continúen. Si miramos la
producción de Canarias y la península y la estimación de
contrabando, y la sumamos, el mercado del tabaco entre los
años 1990 y 1993 ha pasado de 4.200 a 4.400 millones de
cajetillas. Ha incrementado. En 1994, dice don Pedro Pérez que
sigue esa vía de éxito.
Como el interés de Coalición Canaria es conseguir un acuerdo
de esta Cámara que ayude a resolver el conflicto de forma
justa y evitar lo que ha pasado otras veces, paso a despejar
algunas dudas que puedan tener los señores Diputados. El
primer dato es el empleo. La evolución de la plantilla de
Tabacalera, con los datos de su Memoria, se ha reducido un
seis por ciento desde 1989 a 1993. En el mismo período, el
empleo en las fábricas de tabacos en Canarias se redujo un 41
por ciento, al pasar los 2.914 puestos de trabajo a 1.717. La
industria tabaquera canaria representaba, en mano de obra
ocupada, algo más de una cuarta parte del sector nacional; en
la actualidad, cinco años después, no supera el 15 por ciento.
Eso se explica por los diferentes recortes de plantilla
aplicados por Tabacalera en uno y otro territorio. Mientras en
esos cinco años se despidió en la península al seis por ciento
de la plantilla, en Canarias se puso en la calle al 41 por
ciento. Es decir, en Canarias se destruyó empleo a un ritmo
casi siete veces superior al del resto de España. Ya no se
puede hablar de discriminación de Tabacalera entre uno y otro
territorio. Los nuevos acuerdos con la multinacional
norteamericana nos pueden situar en el exterminio puro y
simple de la industria tabaquera canaria. Por ello, puede
afirmarse que la reconversión en el sector ya se acometió en
Canarias sobradamente. Canarias ya ha pagado alto el costo
social que acompaña a este tipo de procesos. Reducir aún más
los empleos y la producción significa exterminar la industria
tabaquera canaria. Tenemos una experiencia triste de cómo se
hizo hace muy poco tiempo con Tabacanaria y Cigarcanaria.
En cuanto a la producción, queremos decir que en Canarias ha
descendido un 20,6 por ciento. Los productos que se fabrican
en Canarias, como el Marlboro, han incrementado el 9,5 por
ciento su venta en el mercado peninsular. Sin embargo, parece
que hay una tendencia a un trasvase de las marcas líder que se
fabrican en Canarias a la península para llevar allí las
marcas
que están en declive. Eso significaría la muerte de la
industria tabaquera canaria.
Quiero dar un dato relativo a la productividad. En la planta
de Philip Morris en Tenerife, la productividad, según los
datos de los sindicatos, es de las más altas de España; se
sitúa en 850.000 cajetillas hombre y año. Nos gustaría conocer
la productividad de las fábricas de la península, pero, según
los datos que figuran en la memoria de Tabacalera, es más
pequeña.
Hay un dato muy importante. Canarias tiene un régimen
especial, el Poseican, que fue aprobado por la Comunidad
Económica Europea con el apoyo de este Parlamento. En el
Poseican se conceden hasta 27.000 toneladas de tabaco sin
tarifa exterior común y ello facilita la fabricación de marcas
elaboradas con tabacos importados, sólo somos competitivos si
se fabrican labores que tienen tabaco importado. Porque las
36.960 pesetas que no tiene que pagar un contenedor de tabaco
compensan la diferencia de los fletes, de forma que la
producción de 50.000 cajetillas resulta 12.490 más barata a
una productividad equivalente.
Tenemos un REF aprobado en esta Cámara que supone una
reducción del 50 por ciento en el Impuesto de Sociedades a las
producciones de Canarias con destino a la Península y no
entendemos por qué se está hablando de incrementar la
capacidad, poner en Logroño un tercer turno y contratar más
personas para sacar de Canarias esta producción.
En resumen, señorías, Canarias ha ido perdiendo producción
continuamente desde el año 1970, cuando prácticamente producía
la gran mayoría de las labores, no por los deméritos propios
del sector canario ni por los méritos de Tabacalera, sino
porque ha utilizado el poder del monopolio para ello. Nos
tememos que hoy todavía Tabacalera esté aprovechando los
últimos coletazos del monopolio con los contratos leoninos que
las multinacionales tuvieron que firmar en esa época para
quitarse de encima la producción que tiene lugar hoy en
Canarias y que se destina a la Península y que Tabacalera la
ha considerado --estamos convencidos-- como un cuerpo extraño
en su visión del sector tabaquero en España.
Como mi tiempo de intervención se acaba, me referiré a un
detalle final. Querríamos pedir agilidad en la contestación a
las preguntas que ha formulado Coalición Canaria a Tabacalera,
porque la última ha tardado seis meses. También volvemos a
solicitar la comparecencia del Presidente de Tabacalera que la
solicitamos el día 17 de marzo y si el Presidente comparece
cuando ya no queda industria de poco nos serviría.
Una última cuestión. Desde el mes de marzo, que fue cuando
detectamos las negociaciones secretas, por las respuestas
dadas por el propio Ministro, y desde que presentamos la
interpelación el 13 de junio y el 29 de junio la moción, como
consecuencia de las vacaciones parlamentarias, ya han pasado
dos meses y medio; por ello, al haber tenido nuevos datos,
hemos presentado una corrección a la moción, que ha sido
tramitada como enmienda. Con ello intentamos introducir, en
algunos casos, matices...
El señor PRESIDENTE: Señor Martín, le ruego concluya, porque
ha dispuesto de su tiempo para defender la moción y lo ha
consumido en una continuación de la interpelación.
Le ruego concluya.
El señor MARTIN MENIS: Para terminar, quiero decir que estas
pequeñas modificaciones y actualizaciones podemos retirarlas y
nos circunscribiríamos a la primera moción presentada en aras
a buscar la unidad de esta Cámara para que la industria
tabaquera canaria, aun en las dimensiones mínimas que tiene,
se pueda conservar, porque en este momento la masa crítica de
esa industria es la mínima que puede permitir la producción
competitiva de Canarias.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín.
A esta moción se han presentado enmiendas por los Grupos
Popular y Socialista.
Para defender las enmiendas del Grupo Popular tiene la
palabra, en primer lugar, el señor Cabrera.
El señor CABRERA PEREZ-CAMACHO: Señor Presidente, señorías, el
pasado 29 de junio nuestro Grupo parlamentario se comprometió
a defender y a apoyar cualquier iniciativa que alejara
cualquier evento que supusiera o que pudiera suponer
circunstancias catastróficas y letales para un sector que está
en grave peligro, el sector tabaquero canario. Siempre y
cuando, por supuesto, esa iniciativa, esa moción, implicara
una moción lógica, equilibrada y de presumible eficacia.
Pensamos que la moción del Grupo parlamentario de Coalición
Canaria reúne dichos atributos y, en consecuencia, el Grupo
parlamentario Popular va a apoyar el texto completo de la
moción, va a apoyar la instancia que se hace al Gobierno y, al
mismo tiempo, va a presentar --ha presentado ya-- una enmienda
de adición que mejora, en nuestra opinión, el texto.
Si tuviéramos que sintetizar lo que la moción persigue sería
no al cierre de la planta Philip Morris, no a la disminución
de la producción --ya sea por desmantelamiento, ya sea por
traslado a otras áreas geográficasde producción--, no al
ocultamiento y no al contrabando de tabaco.
Compartimos plenamente esas cuatro ideas en las que se
sintetiza la moción del Grupo de Coalición Canaria. El cierre
o la disminución de producción, por las consecuencias que ello
implicaría para el empleo y para un sector que está realmente
en precario, como lo está el sector canario del tabaco, podría
ser de consecuencias
catastróficas y podría ser el último esfuerzo para hacer que
un sector que se tambalea acabe rodando por los suelos.
El no al ocultismo es obvio. No se ha hecho otra cosa hasta
ahora, desde que comenzó el problema de la fábrica de Philip
Morris, que mantener un ocultismo que a nadie beneficia, un
silencio que a nadie beneficia, en resumidas cuentas, un «no
hay nada que opinar» que sólo hace que los trabajadores de
Philip Morris sientan como nunca inseguridad en su trabajo y
sientan como nunca inseguridad en la estabilidad en sus
empleos.
En cuanto al contrabando --el último punto de la moción--, ya
lo dijimos en su día aquí: Apoyamos plenamente la
responsabilidad que tiene el Gobierno en vencer esta lacra que
está haciendo que de cada cuatro paquetes de cigarrillos
rubios uno sea de contrabando --me refiero a todo el
territorio nacional-- y que también está haciendo que cada año
se estén perdiendo 87.000 millones de pesetas en tributos,
precisamente por el no pago de lo que corresponde a las
mercancías que entran de contrabando y en lo que, por
supuesto, tienen su responsabilidad las multinacionales.
Nosotros sólo añadimos algo que creemos que es obvio y que es
de consecuencias realmente positivas para el conjunto del
sector: que no se pierda en ningún caso --y ése es el
contenido de nuestra enmienda de adición-- la exención fiscal
de la tarifa exterior común que hasta ahora ha beneficiado a
la importación de tabaco en rama para su producción
industrial.
El texto es muy simple y únicamente lo que implica es que no
se disparen los precios de producción. Precisamente lo que ha
hecho posible que los precios de los costes de producción sean
aceptables y sean competitivos, lo hagan competitivo en cuanto
al tabaco producido en Canarias con respecto al producido en
el resto del territorio nacional; la pérdida de este beneficio
fiscal puede traer unas consecuencias irreparables.
Ese es el texto de nuestra enmienda que esperamos, por
supuesto, que cuente con el apoyo de los grupos de toda la
Cámara, como también contará el resto del texto de la moción
con el de nuestro Grupo, en el convencimiento de que votando y
apostando a favor del sector tabaquero canario estamos votando
por Canarias y estamos votando por España.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cabrera.
Enmiendas del Grupo Socialista.
Tiene la palabra el señor Padrón.
El señor PADRON DELGADO: Señor Presidente, señorías, al igual
que los otros gurpo, retomamos este tema, origen de la
interpelación del 29 de junio sobre la situación de la empresa
Philip Morris en su sede en Tenerife.
Efectivamente, la decisión tomada en su momento por Philip
Morris internacional de retirarse de su fábrica de Tenerife
dio origen a esta interpelación. El Grupo Socialista ha
mantenido desde el primer momento, tal y como manifestamos
aquí, reuniones con los comités de empresa, sindicatos,
diferentes fuerzas políticas, todo ello orientado a conseguir
una posición unánime de todas las fuerzas políticas y
sindicales en Canarias para preservar la fábrica y el
mantenimiento del empleo, que afecta a 450 trabajadores de
forma directa y a otro tanto de forma indirecta.
Por otra parte, las consecuencias que tendría la desaparición
de una industria que ha sido puntera dentro de una región
donde la actividad industrial es bastante débil, pues ocupa un
porcentaje ínfimo con respeto al empleo, serían muy negativas.
Por todas estas razones, el Grupo Socialista, como otras
fuerzas políticas, se ha movido en el sentido de presentar una
enmienda que diera satisfacción a todas las fuerzas políticas,
a fin de garantizar la continuidad de esta actividad
industrial, el mantenimiento del empleo y, por tanto, la
continuidad de un sector que ha tenido tanta tradición en
Canarias. Hemos estado en contacto con diferentes fuerzas
políticas y la enmienda que presenta el Grupo Socialista viene
a resolver, en parte, la preocupación existente en Canarias,
tanto en los trabajadores como en todos los aquí presentes,
puesto que éste ha sido un tema de preocupación para todas las
fuerzas políticas.
Nuestra enmienda es bastante coincidente con la moción
presentada el día 30 de junio por Coalición Canaria. Viene a
requerir que, bajo ningún concepto, se cierre la fábrica que
Philip Morris y Tabacalera, participadas ambas al 50 por
ciento, tienen en Canarias. Igualmente, que en las
negociaciones que se vienen manteniendo entre Tabacalera y
Philip Morris se incluya como condición mínima e indispensable
el mantenimiento de la distribución actual de la producción
entre las diferentes fábricas participadas, de forma que
permita la máxima estabilidad en el empleo.
El punto tercero es coincidente también con la moción inicial
de Coalición Canaria. Viene a requerir la presencia del
presidente de Tabacalera para que informe de los acuerdos
alcanzados entre Philip Morris y Tabacalera, de forma que se
tenga un conocimiento exacto de las labores que se van a
seguir fabricando en Canarias para el mercado peninsular.
Al punto número 4 de la moción de Coalición Canaria no hemos
presentado enmiendas porque coincidimos totalmente con él, así
como en la necesidad de combatir el fraude, el contrabando.
Está a la vista de todos la venta de tabaco de marcas
internacionales en gran cantidad, procedente de contrabando.
Cualquiera que vieje en Metro, cualquiera que se acerque a una
estación de ferrocarril verá a montones de personas, en
algunos casos extranjeros, vendiendo impunemente
marcas multinacionales, produciendo, por tanto, un fraude a la
Hacienda pública y perjudicando a las fábricas legales
establecidas en España y el empleo propio.
También manifestamos la coincidencia y, por tanto, el apoyo a
la enmienda presentada por el Grupo Popular, puesto que,
efectivamente, es una ventaja conseguida en su día con la
integración de Canarias dentro de la unión aduanera. Ese
beneficio viene a compensar los costes de transporte que
origina una industria establecida en una región como Canarias
y ese beneficio fiscal de libre importación de un contigente
de tabaco sin tener que pagar la TEC.
En caso de aceptar Coalición Canaria las enmiendas que propone
nuestro Grupo, daríamos nuestro apoyo a la enmienda presentada
por el Grupo Popular.
En definitiva, señoras y señores Diputados, para no cansarles
con problemas propios de una región que está sufriendo las
consecuencias del desempleo en una proporción bastante alta
(tenemos el 25 por ciento de desempleo), es lógica y
consecuente la preocupación existente en todas las fuerzas
políticas y, dentro de éstas, el Grupo Socialista como el que
más; hemos estado movilizados durante el mes de julio
manteniendo esta reuniones con sindicatos, con comités de
empresa y con la propia dirección de Tabacalera, orientadas a
la consecución de una moción y, por lo tanto, a la garantía
por parte del sector público del mantenimiento de esta
actividad industrial, puesto que efectivamente no podemos
permitirnos el lujo de una nueva reconversión en Canarias del
sector tabaquero como la que hubo en el pasado y que originó
una importante pérdida de puestos de trabajo.
Por todas estas razones, señorías, yo pido a las diferentes
fuerzas políticas y en concreto al Grupo de Coalición Canaria
que dado que la enmienda que presenta el Grupo Socialista es
casi coincidente con la presentada en su día, pero hace más
hincapié en la defensa del empleo en Canarias, puesto que
efectivamente es una moción para una empresa establecida en
Canarias, que acepten la enmienda que nosotros presentamos
para así seguir luchando --puesto que efectivamente ésta es
una primera batalla-- por que la política de Tabacalera en
Canarias continúe para seguir manteniendo un nivel de
producción industrial en este sector que permita la mayor
estabilidad en el empleo y, por tanto, el mantenimiento de una
industria que tanto de forma directa como indirecta contribuye
de forma relativamente importante al mantenimiento de empleo
de una actividad económica que no podemos permitirnos el lujo
de debilitar.
Por todas estas razones, señoras y señores Diputados, doy las
gracias por el voto favorable --que espero-- a las diferentes
fuerzas políticas y confío en que esta moción se apruebe por
unanimidad.
Nada más. Muchas gracias, señoras y señores Diputados.
El señor PRESIDENTE: ¿Qué grupos desean fijar su posición?
(Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Sánchez i Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor Presidente.
La posición del Grupo Catalán (Convergència i Unió) respecto a
la moción que ha presentado el Grupo de Coalición Canaria va a
ser la de votar favorablemente dicha iniciativa. Votaremos
favorablemente a la iniciativa que ha presentado en su texto
inicial y que coincide materialmente con la enmienda que ha
presentado el ilustre Diputado del Grupo Socialista señor don
Néstor Padrón.
En definitiva, nosotros apoyaremos la iniciativa presentada
por el Grupo de Coalición Canaria porque, en primer lugar,
refuerza y consolida la posición de la fábrica que en Canarias
tiene Tabacalera con el grupo Philip Morris al 50 por ciento.
Apoyando este primer punto de la moción a lo que estamos
ayudando es a consolidar el empleo que están generando las
actividades tabaqueras en Canarias.
En segundo lugar, también creemos oportuno dar soporte a esta
iniciativa porque a través de la aprobación del segundo punto
también reforzamos las negociaciones que en este momento y de
cara al futuro van a mantener Tabacalera y la firma Philip
Morris en cuanto a la producción de tabaco en las Islas
Canarias y en el resto del territorio español, y de esta
manera también reforzamos y aseguramos la futura producción,
porque, en definitiva, si está la producción asegurada,
también estaremos reforzando y consolidando el empleo que ello
genera.
Nosotros también estamos de acuerdo en instar al Gobierno a
través de esta moción para que éste informe a la Cámara sobre
las negociaciones que está manteniendo por una parte
Tabacalera y, por otra, la firma Philip Morris.
También estamos de acuerdo en reforzar la lucha contra el
contrabando y la lucha contra el fraude, que están
perjudicando, en definitiva, las ventas netas que podría dar
este sector, si no fuera por dicho contrabando y fraude que
existen en estos momentos y que han detallado ya los ilustres
Diputados que me han precedido en el uso de la palabra.
También creemos interesante la enmienda que ha presentado el
Grupo Popular a través del ilustre Diputado señor Cabrera
Pérez-Camacho, en el sentido de que estamos convencidos de que
si mejoramos fiscalmente los mecanismos necesarios para poder
importar tabaco en rama, estamos mejorando la competitividad
de este sector.
Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores Diputados.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Espasa.
El señor ESPASA OLIVER: Gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo votará también favorablemente esta moción,
votación que creemos y esperamos que sea unánime de la Cámara,
y la votará porque cumple los cuatro criterios que a nuestro
juicio debería contener una solución al problema que ha
planteado el Grupo de Coalición Canaria con su interpelación.
En primer lugar, deberíamos asegurar desde esta Cámara que no
va a disminuir la producción ni, por lo tanto, el nivel de
empleo actual dependiente de este sector industrial en
Canarias. Parece que eso, con el texto de la moción y las
enmiendas presentadas, sin son aceptadas por Coalición
Canaria, se puede conseguir o al menos va en un buen camino de
conseguirse. Por lo tanto, éste es un punto positivo.
En segundo lugar, la moción abre y reclama una necesaria
transparencia en la gestión del problema y en la solución del
mismo, es decir, una información periódica y transparente de
Tabacalera respecto de sus negociaciones con las
multinacionales que están en la base del problema que estamos
tratando, fundamentalmente Philip Morris u otras que pudieran
aparecer en las negociaciones de Tabacalera.
En tercer lugar, se reclama y se recuerda --nuestro Grupo lo
ha planteado y tiene previstas iniciativas legislativas en
este mismo sentido-- la necesaria represión del contrabando en
esta materia, en las labores del tabaco, puesto que genera un
déficit de ingresos fiscales considerable --ha sido mencionado
por otro Diputado, no lo voy a repetir: alrededor de casi
100.000 millones de pesetas--, y ésta es una responsabilidad
del Estado, del Gobierno y de la Hacienda española que no
deberíamos dejar caer en saco roto, y debemos poner los medios
para que la recaudación fiscal sea lo más alta posible. Sobre
todo los que creemos en la capacidad redistribuidora del
Estado en función de sus ingresos fiscales no podemos
desatender ninguna de las posibilidades de aumentar la
recaudación fiscal.
Y, finalmente, la moción y las enmiendas que los distintos
grupos han presentado mantienen esta idea de defender la
exención fiscal para la importación de tabaco en rama respecto
a la tarifa exterior comunitaria.
Por estas razones, como los otros grupos ya han anunciado, el
nuestro también, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
votará favorablemente la moción y las enmiendas que han sido
presentadas por el Grupo Popular y el Grupo Socialista y que
espero que el Grupo de Coalición Canaria acepte.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Espasa.
Tiene la palabra el señor Martín para expresar la aceptación o
rechazo de las enmiendas presentadas a la moción.
El señor MARTIN MENIS: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, al primer interviniente, don Miguel Cabrera,
del Grupo Popular, queremos decirle que aceptamos su enmienda.
Nos parece oportuna y yo creo que se justifica plenamente
porque en estos momentos el cupo que los reglamentos
comunitarios, aprobados en julio de 1994, le dan a Canarias es
de 27.000 toneladas de tabaco que se pueden importar sin
tarifa exterior común. Eso transformado en cajetillas de
tabaco, son 1.700 millones de cajetillas, y hemos de destacar
que en Canarias en este momento, con tabaco importado, no
llegan a 1.000 millones las cajetillas que se producen. Por
tanto, estamos perdiendo más de 700 millones y es importante
esa enmienda y nos parece oportuna. Lo que creemos es que debe
de pasar a ser 2 (bis), si aceptamos la enmienda del Partido
Socialista, con la que también estamos totalmente de acuerdo
porque coincide con la moción original que había presentado
Coalición Canaria. Por tanto, aceptando las enmiendas del
Partido Socialista por esa coincidencia, la enmienda del
Partido Popular debería pasar a ser la 2 (bis).
Y una pequeña matización. Quiero pedirle al PSOE si puede
admitir que en el Punto segundo de la enmienda se elimine la
palabra «actualmente», porque en estos momentos las
conversaciones ya han terminado, y por tanto bastaría la
referencia a las negociaciones que se mantienen entre
Tabacalera y Philip Morris, y además se añadiría «en su
estrategia» tras «incluya». O sea, que el texto diría: que
Tabacalera, en las negociaciones que mantiene con Philip
Morris, incluya en su estrategia, como condición indispensable
y mínima... Y el resto quedaría igual. Les pedimos esa pequeña
corrección, que es de matiz, pero que actualiza la enmienda al
momento presente de las conversaciones.
Y al resto de los Grupos políticos que apoyan la moción les
damos las gracias.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín.
¿Está de acuerdo en la precisión, señor Padrón?
El señor PADRON DELGADO: Si es posible esa corrección técnica,
estamos de acuerdo y tampoco tenemos inconveniente en que la
enmienda del Grupo Popular cambie de número, que sea la 2
(bis); en todo caso, sería la 3 y a continuación iría el resto
de los números.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Está de acuerdo, señor Cabrera, en que pase a ser 2 (bis)?
(Asentimiento.)
Vamos a proceder a la votación, por tanto.
Moción del Grupo de Coalición Canaria, que se somete a
votación en los términos resultantes de la aceptación de las
enmiendas de los Grupos Popular y Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 304; a favor, 304.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL CONGRESO, SOBRE CRITERIOS DEL GOBIERNO CON RESPECTO A LA
REMODELACION DEL MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR, EN LO QUE
SE REFIERE AL AMBITO DE INTERIOR, ASI COMO PROYECTOS EN
RELACION AL MODELO POLICIAL (Número de expediente 173/000047)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular, consecuencia de
la interpelación sobre criterios del Gobierno con respecto a
la remodelación del Ministerio de Justicia e Interior, en lo
que se refiere al ámbito de Interior, así como proyectos en
relación al modelo policial.
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Baón.
(El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor BAON RAMIREZ: Señor Presidente, señorías, en nombre
del Grupo Popular me ocupo de exponer ante la Cámara la moción
resultado de la interpelación urgente que presentó mi
compañero, sobre el modelo policial, en la última semana del
pasado período de sesiones. Bueno es recordar, a los efectos
de facilitar la comprensión del asunto, los hechos y
circunstancias que suscitaron aquella interpelación y, como
consecuencia, esta moción.
En un encuentro con el titular de Justicia e Interior, nos fue
facilitado el 16 de junio un documento que contenía las bases
de un acuerdo entre el Gobierno y la Generalidad de Cataluña,
según las cuales se pretendía atribuir la dirección y mando
orgánico de la policía judicial a la Generalidad, dentro de un
proceso incierto, indeterminado y experimental, en el que la
vía de los hechos consumados se anteponía y prevalecía sobre
la previa y necesaria modificación de la legislación
concerniente, sustrayendo, por lo tanto, el debate a esta
Cámara y a la sociedad en suma. Era una fórmula atípica y
desleal de modificar una cuestión fundamental del Estado entre
dos grupos políticos, en una mesa camilla, lejos de la
transparencia y de los taquígrafos.
En su planteamiento inicial sería sin duda una cesión
desorbitada del Gobierno, acuciado por su precariedad y, por
lo tanto, necesitado de la ayuda político-parlamentaria del
Grupo con el que pactaba, y en este caso Convergència i Unió.
Ciertamente que el Ministro interpelado, al replicar a mi
compañero de Grupo, simplificó el problema alegando que el
documento sobre el que se basó la interpelación carecía de
entidad formal porque no había prosperado en el seno de la
Comisión de Asuntos Autonómicos; es decir, el documento no era
un ente de razón sino algo especulativo y genérico. Más vale
así. De lo que no le cabe duda a mi Grupo es de que existió y
existe la intención --y el documento que se nos entregó es la
prueba irrefutable de ello-- de transferir a Cataluña
competencias de la función policial que, además de poner patas
arriba todo el modelo policial, incidirían sustancialmente en
la legislación básica, con efectos constitucionales
insospechados. Es más, ateniéndome al tenor literal del
documento, se pretendía introducir una fórmula práctica a modo
experimental, todo eso en un período transitorio, sin esperar,
repito, a la imprescindible y previa discusión de las leyes en
que se basa el modelo policial.
Ignoro en estos momentos si la comisión negociadora creada
para interpretar y desarrollar el Estatuto de Autonomía en lo
concerniente a la policía autonómica, a los Mossos
d''Esquadra, ha avanzado en sus negociaciones, o si, por el
contrario, es pronto para adelantar conclusiones. Lo que no
ignoramos desde mi Grupo, antes bien, lo podemos proclamar con
énfasis, es que el modelo policial de España no funciona y
menos durante los doce años del Gobierno socialista, y todo
ello a juzgar por las estadísticas últimas que nos ha ofrecido
el Fiscal General del Estado en su Memoria referida a 1993.
Lejos de ser contenida la marea de delitos, en 1993, con
2.426.049 procedimientos abiertos judicialmente en dicho año,
la criminalidad --deben reconocerlo-- galopa como un caballo
desbocado que hace de nuestro país uno de los más inseguros de
Europa. En tan sólo diez años, de 1982 a 1991, en términos
absolutos, la criminalidad ha aumentado en todo este período
un 77 por ciento, y la evolución de la delincuencia en los
últimos años ha seguido creciendo, sobre todo en el último
quinquenio, con una tasa del 7,04 por ciento. En 1993, según
la Memoria de la Fiscalía General, la criminalidad aumentó un
8 por ciento, y todos nos tememos que en 1994, en el año en
curso, con un Departamento ministerial en continua crisis y
con ininterrumpidas reestructuraciones vamos a rebasar los
límites de lo tolerable con una tasa que ya digo que ahora
mismo va a superar la del año anterior.
Con ser fidedigno nuestro pesimismo estadístico, señorías, el
problema no termina ahí. Nuestra preocupación, señorías, va
más allá y reside, sobre todo, en el grado de impunidad de
este cúmulo de delitos. Dos de cada tres delitos resultan
impunes, con archivo de las diligencias, por desconocerse a
los autores o por falta de pruebas respecto de los imputados.
Ese dato, mal que nos pese, es la más triste certificación del
fracaso
de la gestión policial, del modelo policial, al abaratarse el
delito de manera sorprendente, y todo ello --ya digo-- con un
modelo que han dirigido y han gestionado ustedes.
Sin considerar las reincidencias múltiples ni los delitos no
denunciados por falta de confianza de las víctimas, a este
paso, a este tenor de incrementos anuales, tendremos que, en
un decenio, la cuarta parte de la población se vería afectada
en lo que yo puedo llamar un clima o una atmósfera de
conflicto generalizado. Si me permiten un recurso de humor a
propósito de la aplicación estadística a la realidad, debo
decir --y viene al paso de lo que afirmaba antes-- que la
Primera Guerra Mundial estalló cuando, habitando la Tierra
sólo dos personas, dos hermanos, Caín se atrevió a matar a
Abel. Aquí podemos llegar a un estado de conflicto
generalizado si esas tasas de criminalidad siguen aumentando
de año en año.
Pues bien, es claro que el Gobierno ha perdido esta guerra
contra el delito, contra la seguridad ciudadana --y está a la
vista--, y como expediente sólo necesitamos que lo reconozca,
que tenga la humildad bastante como para reconocer que su
modelo ha fracasado. Precisamente a través de nuestra moción
se establecen cauces para replantear, si lo considera
necesario el Grupo mayoritario, el modelo policial, pero con
discusiones en esta Cámara, en razón a que la situación
reclama un viraje político trascendental y, a ser posible,
mediante el consenso, y, de no lograrse, mediante el acuerdo
más amplio posible.
El punto sustantivo de nuestra moción --y lo entendemos punto
crucial-- se halla en el último párrafo. Los tres anteriores
son de justificación jurídico-política, pero el último es el
sustancial y el que merece --y por ello lo pido-- votación
favorable: que se envíe a la Cámara, por virtud del artículo
196 del Reglamento, una comunicación con los perfiles del
modelo policial que se propone para todo el Estado como
instrumento o pauta de debate previo antes de que se revisen
las leyes afectadas, en las que se reordenen y distribuyan las
competencias policiales, tanto en el orden funcional como en
el ámbito territorial.
Nuestra postura, señorías, no es partidista ni tiene un
interés parroquial, sino de defensa de los intereses generales
y de ahí que apelemos al consenso como filosofía política
dialogante de todos y para todos, bajo la bóveda de este
hemiciclo y no en estancias oscuras o en despachos
desconocidos. Si el modelo policial alcanzado por todos y para
todos en 1986, por medio de la Ley 2, Orgánica de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado --que también, por cierto
apoyó Convergència i Unió--, se manifiesta ahora insuficiente
y equivocado, cambiémoslo, pero sin presiones y a la luz del
día; pero nos opondremos al cambalache, a la negociación
subrepticia y a la filosofía del toma y daca, y todo eso por
una precariedad político-electoral.
Los fundamentos de nuestra moción arrancan de la
interpretación que hacemos del artículo 149 de la
Constitución, según el cual la seguridad pública es
competencia exclusiva del Estado. Además, por lo que hace la
garantía de los derechos y libertades, se establece asimismo
reforzada esa competencia exclusiva del Estado como un
atributo inequívoco de su soberanía en el artículo 104 de la
Constitución. Todos los grupos, durante el debate
constituyente, coincidieron en este planteamiento de que bajo
la dependencia del Gobierno las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado son el principal instrumento de la paz pública. Su
concepción, por tanto, es unívoca e indiscutida y no cabe
ninguna interpretación interesada y parcial y mucho menos
sesgada a la luz de los intereses de una sola comunidad
autónoma. Otra cosa muy diferente es la definición funcional o
territorial, que sí encaja en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado; incluso en la Ley de Seguridad Ciudadana
se ha modificado algo en este sentido, y es el modelo
policial, pero siempre que se perlife dentro de los confines
constitucionales.
El sentido confuso, señorías, del concepto competencia
exclusiva, que ha sido aclarado a golpes de sentencias del
Tribunal Constitucional, no impide que las funciones
policiales o de seguridad se descentralicen, todavía más, en
un marco armónico, pero siempre que sea armónico, y para eso
debe responder, en nuestra opinión, a tres principios
capitales: debe ser una regulación integral para todo el
territorio nacional y debe haber una homogeneidad básica en su
tratamiento que, además, no supone el mismo café para todos,
y, desde luego, tiene que haber una cordinación unitaria.
Porque ya me explicarán ustedes, en el caso de que se
transfiriese la Guardia Civil, cómo se trasladaba la línea de
mando en una estructura jerarquizada militar. En torno a esos
tres ejes cabe alterar el modelo actual con vistas a conseguir
la eficacia policial, porque no los debe entretener ni
distraer el modelo en sí mismo, sino la eficacia que persigue,
y eso sí es cierto. En este sentido creo que el asunto más
importante es que nuestra policía sea garante auténtica del
orden público y que no abandone su aspecto fundamental, no
solamente el represivo, sino el preventivo, y en ese sentido
la presencia de la seguridad debe ser un arma importante,
disuasoria contra el crimen.
Sin ánimo de alargar más mi intervención, concluyo, señorías,
invitando a todos los grupos a que voten favorablemente
nuestra moción, y, además, como expresión constructiva de
sumar voluntades para lograr un mejor éxito en la lucha contra
la delincuencia, contra el crimen, y que, pese a luchar
denodadamente las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
es lo cierto que, por no tener fortuna o por vivir con cierto
desaliento, no se ha logrado. No es verdad, y en esto me
dirijo expresamente a quien es hoy portavoz en este debate de
la moción, que conjuguemos el «cuanto peor, mejor».
Es falso, y es falso y por eso le pido que entienda esta
moción como la mano tendida al Gobierno para resolver
problemas en circunstancias en que la delincuencia, lo dice la
estadística, le acosa por demás.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Baón.
A esta moción se ha presentado una enmienda por parte del
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Para su
defensa tiene la palabra el señor Espasa.
El señor ESPASA OLIVER: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, hemos asistido esta noche a una auténtica
transmutación o transustanciación. No sólo ha cambiado el
Diputado que defendía la moción respecto al que defendió la
interpelación, el señor Alvarez-Cascos, sino que parece haber
cambiado bastante el planteamiento de la interpelación que
hizo el Grupo Popular, en una especie de plegar velas, recoger
trapo, seguramente viendo que se habían equivocado en un
planteamiento que, sin embargo, aún colea en la propia moción;
un planteamiento que yo centré --y otros Diputados siguieron
con mi argumentación-- en que el Grupo Popular pretendía
contraponer (y así lo dijo el señor Alvarez-Cascos, en la
moción aún se dice así y se usa lo que se llama la mayúscula
diacrítica para subrayarlo, es decir, la palabra soberanía
aparece con mayúsculas), soberanía a autonomía.
Nosotros ya dijimos en el anterior debate que en la España de
la Constitución de 1978 nadie es soberano, ni el Rey es
soberano, sólo es soberano el pueblo español que se ha dotado
de una Constitución que reparte la soberanía del pueblo
español en un conjunto articulado de comunidades autónomas y
Administración central o general del Estado. Los que somos
demócratas y constitucionalistas continuamos defendiendo y
manteniendo este espíritu de la Constitución, que subraya que
no hay más soberano --ni mayúscula ni minúscula-- que el
pueblo español, y que no hay más soberanía que la que el
pueblo español, a través de la Constitución, en la forma de
monarquía constitucional y en la forma de articulación
territorial del Estado, se ha querido dotar.
Por tanto, señores del Grupo Popular, señor Baón, supriman la
mayúscula de la soberanía para contraponerla a la posibilidad
de que las comunidades autonómas gestionen materias del
Estado. Son Estado y pueden y deben gestionar materias del
Estado; para eso están los Estatutos y para eso está --si los
Estatutos no llegan-- la voluntad soberana de esta Cámara, si
así lo decide, o el artículo 150.2, para transferir
competencias no previstas en los Estatutos, o la soberana
--ésa sí soberana-- voluntad popular de mayorías de esta
Cámara para modificar y mejorar, naturalmente para mejorar, el
ordenamiento jurídico español. En cambio, el Grupo Popular
continúa hoy --de forma mucho más suave, he de reconocerlo,
que el señor Alvarez-Cascos, que se rasgaba sus virginales
vestiduras-- contraponiendo soberanía a autonomía. Pues no,
señores del Grupo Popular, no. Rectifiquen ustedes, como
deberían rectificar mañana respecto a otra importante cuestión
que nos tiene ocupados a todos los Grupos Parlamentarios.
Rectifiquen ustedes y no contrapongan soberanía a autonomía.
Rectifiquen ustedes y no piensen que no hay posibilidad de que
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado sean
transferibles, cosa que no consta en su moción; sí consta en
nuesta enmienda. Piensen que esto es posible, y lo es porque
lo dicen de una forma algunos estatutos (el del País Vasco, el
de Cataluña), porque otros estatutos lo prevén de otra forma
(el Andaluz, el de Galicia, el del País Valenciano o el de
Canarias), y porque se puede, recurriendo también al artículo
150.2, completar estas posibles y necesarias articulaciones en
la transferencia.
Desde luego no es de recibo, señor Baón, que venga usted a
decir que como el fracaso policial es tan clamoroso no es
momento de cambiar nada. Usted está diciendo que las
comunidades autónomas lo harán todavía peor. No lo dice pero
está implícito en su razonamiento en el frontispicio de su
intervención. Es decir, cómo vamos a cambiar algo que está
funcionando tan mal para cambiar a peor, según usted. Porque
todo lo que sea ser más autonomista en este país, para el
Grupo Popular es ir a peor. En eso encontrará siempre enfrente
a Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, señor Baón y
señores del Grupo Popular. Hemos defendido las autonomías, y
hemos luchado por ellas y queremos que se profundice en su
capacidad de gestión también en el terreno de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado.
De ahí nuestra enmienda. Una enmienda que pretende ser
respetuosa con su moción, que utiliza gran parte del texto de
su moción, pero que le añade un elemento fundamental: la
propuesta de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
son transferibles. Sobre esta base de acuerdo político,
nuestro Grupo Parlamentario estaría dispuesto, y lo pone en el
punto segundo de su moción, a que hubiese también un debate en
esta Cámara, por qué no. Constatada la voluntad política de
esta transferencia, naturalmente que podemos y debemos hablar
de ella también en esta Cámara.
Lo que no vamos a hacer, señor Baón, es votarle el punto
último de su moción o el segundo de la nuestra, que es
prácticamente el mismo, en el espíritu de su moción, en el
caso de que no aceptase nuestra enmienda. Porque entonces
estaríamos votando cosas contradictorias.
Me parece que la posición de nuestro Grupo ha quedado
meridianamente clara en el transfondo y en el fondo más
político de la cuestión. El señor Alvarez-Cascos así lo
planteó. Usted ha sido más sutil. No ha querido
entrar en el fondo de la cuestión, pero, repito, el fondo de
la cuestión era ése. El orden público y la seguridad afectan a
la soberanía del Estado, por lo tanto, no son transferibles.
Esta es su posición política y es una posición política
equivocada, que no se compadece con los textos fundamentales
ni con la Constitución ni con los estatutos ni con la Ley de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por lo tanto, es
una posición política que no podemos abonar de ninguna de las
maneras.
Si ustedes nos aceptan la enmienda que hemos propuesto podrían
encontrarse con que ustedes mismos y otros grupos
parlamentarios pudieran votar el primero y el segundo punto de
nuestra enmienda. Y ya le garantizo que votaríamos el segundo
punto, es decir, el debate también aquí. Pero si no es así,
evidentemente no votaremos el segundo punto de nuestra moción
ni, eventualmente, el último punto de la suya. Porque --y aquí
es en lo único que coincido con usted y coincidí también con
el señor Alvarez-Cascos-- sí es cierto que en esta
negociación, cuyo objetivo final nosotros apoyamos (es decir
la posibilidad de transferir Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad
del Estado a la Comunidad Autónoma de Cataluña) el Gobierno de
Cataluña, el Gobierno del señor Pujol, Convergència i Unió
actúa de forma partidista, actúa con secretismo y en beneficio
propio, no en defensa de toda Cataluña como incluso su
pretendido nombre de Grupo Parlamentario pretende irrogarse.
Ahí sí que le doy la razón. Y el PSOE cae en la misma trampa.
Por eso nosotros, en el segundo punto de nuestra moción
hablamos de un debate en la Cámara. No tenemos ningún miedo a
debatir en esta Cámara que pueden y deben transferirse estas
cuestiones a Cataluña o a quien le corresponda, según el
ordenamiento jurídico o según decidamos entre todos, pero
sobre la base de que hay la voluntad de transferencia.
Tampoco aceptamos lo que es la práctica actual, es decir, una
práctica que hace de la coyuntural coalición entre el Partido
Socialista Obrero Español y Convergència i Unió una situación
privilegiada de negociación al margen del resto de las fuerzas
políticas del conjunto del Estado, de esta Cámara, o del
Parlamento de Cataluña. Porque lo mismo que usted se queja
respecto al no conocimiento en esta Cámara, sucede en el
Parlamento de Cataluña. Las fuerzas presentes en el Parlamento
de Cataluña, su grupo homónimo, el nuestro, el grupo del PSC
en Cataluña no saben nada de estas negociaciones y protestan y
critican al Gobierno catalán del señor Pujol por el secretismo
con que llevan estas negociaciones. En esto es en lo único en
que puedo coincidir con usted, pero sólo en esto. En lo demás,
sepa que estamos por esta transferencia. Queremos que estas
negociaciones lleguen a buen puerto, pero les decimos, tanto a
Convergència i Unió como al PSOE, que no partidicen una
cuestión tan fundamental en la España moderna y nueva de las
autonomías. Esta soberanía compartida, señores del PSOE y
señores de Convergència i Unió, no permite que se utilicen de
forma partidaria entre dos grupos políticos que ahora
circunstancialmente están unidos en una, más o menos, insegura
coalición de gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Espasa.
¿Grupos Parlamentarios que deseen fijar su posición en este
debate? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra
el señor Camp i Batalla.
El señor CAMP I BATALLA: Gracias, señor Presidente.
Señorías brevemente, porque nuestro Grupo en el debate que nos
ocupa cree tener una línea clara. Se discute acerca del modelo
policial que se ha de aplicar en el Estado español. Pues el
modelo constitucional, el que determina el bloque de
constitucionalidad. ¿Qué es este bloque de constitucionalidad?
¿Una vez más hemos de repetirlo? Lo que prevé la Constitución
en su artículo 149.1.29, lo que determinan los estatutos de
autonomía y lo que determina la Ley de desarrollo de la Ley
Orgánica del año 1986. Es este planteamiento el que se ha de
aplicar y con este planteamiento nos encontramos con una
moción, en algunas cosas producto de un momento determinado
--lo ha dicho el Diputado que me ha precedido en el uso de la
palabra--, en la que se nota un interés en homogeneizar todo
el proceso de desarrollo del modelo policial, creemos que en
contradicción con las propias previsiones constitucionales. El
modelo que surge del bloque de constitucionalidad es diverso y
plural y ello ha conllevado que siete estatutos de autonomía
tengan reconocidas las capacidades para organizar unos
servicios policiales en sus ámbitos territoriales. Así vemos
como Galicia, Valencia, Andalucía se han orientado hacia un
modelo determinado, hacia una línea determinada, a través de
la organización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado en sentido estricto y hay otras comunidades como
Euskadi y Navarra que hace tiempo tienen servicios policiales
propios y esto no ha supuesto ningún perjuicio para las otras
comunidades autónomas ni para el conjunto del funcionamiento
de la seguridad pública en el Estado Español. Cataluña tiene
reconocidas en este contexto, a través del artículo 13 del
Estatuto de Autonomía, unas capacidades de creación de una
policía autonómica, con unas funciones, entre ellas las de
orden público, y así, desde 1983 tiene creado este cuerpo
policial y en este momento se está en una fase de desarrollo.
Por consiguiente, no vemos esta preocupación, que creemos
exagerada, por todo el tema policial.
El Tribunal Constitucional ha hablado más de una vez, y es
bueno leer sus sentencias y leerlas en un sentido autonomista
y en un sentido en el que queda muy claro que el concepto de
seguridad pública queda establecido
no como un concepto excluyente; es una competencia exclusiva
del Estado, pero no excluyente de competencias de otras
administraciones. Quizás, en buena parte puede haber una
confusión en que el concepto de seguridad pública tiene dos
aspectos: un aspecto material y otro orgánico. Tiene un
aspecto material, de seguridad pública, que podríamos decir
que es el propio de la competencia exclusiva del Estado, y un
aspecto orgánico de seguridad pública, que es como se ejerce
esta seguridad pública, y lo establece la Ley Orgánica de
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a través de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en sentido estricto,
de los cuerpos policiales autonómicos o a través de los
cuerpos de las policías locales. Es decir, hay una capacidad
de organización que interviene en el concepto de seguridad
pública y que hace en buena parte que ésta sea una
competencia, incluso podríamos decir, concurrente. Por
consiguiente, lo que creemos que se ha de hacer actualmente es
desarrollar y aplicar el modelo policial constitucional a las
comunidades autónomas que tengan reconocidas en sus estatutos
competencias para ello.
Se ha hablado aquí de secretismo; se comentó también en la
intervención que se hizo en la interpelación. Efectivamente,
no tiene ningún sentido hablar de secretismo cuando se está en
un proceso de negociación entre dos Ejecutivos, cuando este
proceso puede llegar a una situación de acuerdo o no. En el
caso de que se llegue a un acuerdo, intervendrán los órganos
previstos a través de las comisiones mixtas de seguridad, a
través de los respectivos parlamentos, si es que ha de haber
una intervención legislativa, pero, en todo caso, cada cosa en
su momento. Por consiguiente, el concepto de secretismo creo
que aquí se ha utilizado con mucha ligereza.
La moción que plantea el Grupo Popular nuestro Grupo entiende
que es innecesaria y que no aporta nada nuevo. En todo caso,
decíamos que se nota esta voluntad homogeneizadora. Creemos
que el Gobierno se estáplanteando este tema en un sentido
correcto, aplicando el modelo policial constitucional, que es
el que se desprende del bloque de constitucionalidad, en la
línea de ir desarrollando el Estado de las autonomías como
camino para hacer de España un Estado moderno y operativo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Camp.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Aguiriano.
El señor AGUIRIANO FORNIES: Gracias, señor Presidente.
Quiero empezar felicitando al portavoz del Grupo Popular por
su intervención, tanto en el fondo como en la forma. En la
forma, porque, qué duda cabe, su tono ha sido mucho más
mesurado de lo que lo fue en la interpelación, lo que indica,
por lo menos, que busca un tono que pretende llegar a un
acuerdo; no ha sido un tono agresivo como lo fue el de la
interpelación.
Quiero felicitarle también por el fondo, porque me he
encontrado otra vez a la derecha; no sabía muy bien donde
estaba, pero la derecha vuelve a aparecer: el catastrofismo
habitual de la derecha de siempre de nuestro país, de hace un
año, dos, diez, cincuenta, sesenta años; es la misma derecha
de siempre, la que dice que la criminalidad galopa, lo cual
supone no solamente el fracaso del modelo policial de la
policía española y del Gobierno socialista, sino el fracaso de
todas las policías de todos los gobiernos del mundo, sean
socialistas o sean de derechas. El avance de la criminalidad
en todos los países del mundo supone, como digo, el fracaso de
todos los gobiernos, de todas las policías.
Por fin ya la frase maravillosa: España es el país más
inseguro. Lo que no he llegado a conocer es si me ha dicho que
es el país más inseguro del mundo, de Europa, de la Península
Ibérica o de la Península Ibérica menos Portugal. No sé a qué
límite geográfico se refería. En cualquier caso, esa frase va
en contra de todos los índices de todos los comités de todos
los órganos internacionales que hablan de estos temas y del
sentir de cualquier ciudadano que conoce este país y conoce
cualquier país europeo. España está calificada como uno de los
países más seguros de Europa; yo por lo menos pongo un límite
a lo que digo: al menos, de los más seguros de Europa. Para
ustedes España es el país más inseguro; como digo, no sé en
qué límites geográficos lo sitúa usted, pero por lo menos en
los límites en que yo lo digo España es de los países más
seguros, al menos, de Europa y uno de los más seguros del
mundo. Por tanto, me felicito porque la derecha esté donde ha
estado siempre, porque si cada uno está donde tiene que estar
las cosas van mucho mejor y la derecha eterna y permanente
permanece como debe ser, de lo cual me alegro.
Pero vayamos un poco al tema de la moción. Como es lógico, el
Grupo Socialista va a votar en contra, porque la moción no
añade absolutamente nada, salvo confusión.
El punto primero habla de que la competencia sobre seguridad
es exclusiva del Estado. Creo que usted o su Grupo han hecho
una lectura, por decirlo de alguna manera, apresurada del
artículo 149.1.29, porque a continuación de la frase de que la
competencia del Estado en materia de seguridad es exclusiva,
se añade que se podrán crear policías autónomas, etcétera. Da
la impresión por lo que dice el punto primero de su moción de
que no se pueden crear policías autónomas porque toda la
competencia es del Estado, independientemente de que también
las comunidades autónomas son Estado. Por tanto, como el punto
primero dice lo que dice, mejor no seguir hablando de él.
El punto segundo dice que hay que definir el modelo policial
que mejor corresponde al Estado de las autonomías. Creo que el
modelo policial ya está perfectamente definido en la Ley de
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, aprobada con una
gran mayoría en esta Cámara, y con los estatutos de autonomía
también aprobados por una gran mayoría.
El punto tercero hace referencia a las condiciones que debe
reunir la articulación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado con las policías de las comunidades autónomas.
Da la impresión de que estamos en un debate teórico,
planteándonos la creación de policías autónomas, pero la
realidad es otra. Yo conozco la policía autónoma del País
Vasco, que lleva años funcionando a plena satisfacción de
todos, incluidos ustedes --por lo menos no han dicho nada en
contra hasta ahora--, y no parece que haya problemas ni de
coordinación ni de articulación entre las policías.
Parece ser que la moción viene a cuento de conversaciones, de
reuniones o de negociaciones entre el Ministerio del Interior
y la Generalidad de Cataluña sobre la policía autónoma. Yo
creo que cuando se produzcan estos acuerdos se harán en el
marco de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y
en el marco del Estatuto de autonomía. En el caso de que no
sea así, seguro que habrá iniciativas de sus señorías. Lo
normal es que los acuerdos a que pueda llegar el Gobierno y la
Generalidad sean acordes con las leyes que se han aprobado en
esta Cámara. Lo demás sería absurdo.
Por eso no creemos necesaria la comunicación del Gobierno
sobre conversaciones que todavía no han fructificado en
acuerdo, porque creamos un precedente. Podemos empezar a pedir
comunicaciones del Gobierno para que se discutan acuerdos que
todavía no existen y cualquier día podemos pedir comunicación
del Gobierno para un debate en esta Cámara sobre borradores de
proyectos de ley que todavía no se han convertido en proyectos
de ley. Bastante claro dice la Constitución y el Reglamento de
la Cámara que se discutan proyectos de ley una vez aprobados
por el Gobierno. No empecemos a discutir borradores de
proyectos de ley.
Por todo ello, el Grupo Socialista va a votar en contra.
Solamente quiero hacer referencia a algo que ha dicho el
portavoz de Izquierda Unida sobre que a estas conversaciones
se las puede acusar de secretismo. Yo creo que cualquier
reunión, diálogo, conversación o negociación entre
instituciones del Estado, entre grupos parlamentarios o entre
partidos políticos se hace normalmente en reuniones privadas;
si hay acuerdo, se hace público y los ciudadanos se enteran
cuando la plasmación de esos acuerdos se hace realidad en
proyectos concretos. Eso ha pasado siempre. Yo no sé, por
ejemplo, que las negociaciones para los acuerdos que ustedes
hayan podido alcanzar con la derecha de Andalucía las hayan
hecho ante los medios de comunicación o ante la televisión.
Las han hecho donde ustedes han querido, con la privacidad que
ustedes han considerado necesaria y el resto de los ciudadanos
nos vamos enterando de la concreción cuando ustedes toman
medidas junto con la derecha. Es lo que se hace normalmente.
Están ustedes perfectamente legitimados para hacerlo así. Pero
no acusen a los demás de secretismo por algo que ustedes
hacen. Hacemos lo que todo el mundo y lo que parece razonable.
Cuando el acuerdo se plasme en proyectos de ley concretos, se
harán públicos y se discutirán y veremos si son buenos, si no
son buenos, si les gusta o no les gustan. Pero no acusen de
secretismo a lo que es normal y habitual y que ustedes hacen
todos los días, como el lógico.
Por tanto, el Grupo Socialista votará en contra de la moción.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Aguiriano.
El señor Baón tiene la palabra a los efectos de indicar si
acepta o no la enmienda defendida por el señor Espasa.
El señor BAON RAMIREZ: Muy brevemente, señor Presidente, con
su venia, porque se ha hecho un turno en contra en todos los
términos.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Baón, como usted
conoce perfectamente, en los debates de las mociones no hay
turnos en contra. Lógicamente, los portavoces que no defienden
enmiendas fijan su posición con respecto al contenido literal
del texto de la moción y con respecto a la intervención que se
hace en defensa de ella. Por tanto, no tiene el turno más que
para fijar la posición de su Grupo con respecto a la enmienda
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
El señor BAON RAMIREZ: Con todos mis respetos, señor
Presidente, y acato la apreciación que hace de la síntesis del
debate que acabamos de oír, es lo cierto que el señor
Aguiriano ha hecho un turno en contra refiriéndose a la
derecha y haciendo menciones expresas y concretas a mi persona
en un sentido por el que deduzco que no ha entendido por lo
menos la filosofía, lo que queríamos decir, esa mano que
tendíamos al Gobierno para que ayude y sea eficaz y para que
España deje de ser de los países más inseguros de Europa.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Aténgase a su turno,
señor Baón.
El señor BAON RAMIREZ: Como en cualquier caso he apuntado que
no estoy de acuerdo y España es uno de los países más
inseguros...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Baón, aténgase a
su turno.
El señor BAON RAMIREZ: Me atengo a referirme a la única
enmienda que ha presentado el señor Espasa. Pero sí debo
indicar tanto al señor Espasa como a otros intervinientes que
yo no estaba hablando de ciencia ficción ni de nada que no
existiese. Estoy refiriéndome a un documento concreto que nos
entregó personalmente a tres Diputados del Grupo Popular el
doble ministro de Justicia e Interior en su despacho. Y lo que
digo y lo que dice este documento es bien claro, y ha sido
publicado por algunos medios de comunicación, y en función de
eso presentamos la interpelación. Y paso en concreto a la
enmienda del señor Espasa.
He oído una exégesis, más bien tipográfica, sobre el concepto
de soberanía (si lo ponemos con mayúsculas o con minúsculas,
si la contraponemos a autonomía), pero el señor Espasa no ha
entendido en absoluto nada de lo que he dicho y además, lo
peor, lo más grave, es que no ha entendido tampoco el sentido
de nuestro escrito, de nuestra moción, entre otras cosas
porque su enmienda --y así se dice en términos periodísticos--
ha sido el refrito de nuestra moción en tres puntos. Eso sí,
la única cautela que ha tenido en el punto tercero, que es
igual, clavado, letra por letra, incluso con una coma mal
puesta, ha sido suprimir formalmente dos expresiones. Con eso
no tiene usted derecho a decir las cosas que ha dicho. Y eso
que ha manifestado respecto... (Rumores.--Protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Baón, no es un
turno de reconocimiento, sino para indicar exclusivamente si
acepta o no acepta la enmienda.
El señor BAON RAMIREZ: Señor Presidente, estoy diciendo por
qué no podemos admitir su enmienda. El señor Espasa, además,
confunde el acto formal de la transferencia con lo que puede
ser una competencia compartida. No lo admitimos.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Baón, por favor,
atienda a la Presidencia. Indique exclusivamente si acepta o
no las enmiendas. Ya la Presidencia ha tenido la tolerancia
suficiente para permitir que usted hiciera algunos apuntes
fuera realmente del contenido al que corresponde.
El señor BAON RAMIREZ: ¿Me permite el señor Presidente que en
síntesis, telegráficamente...? (Varios señores Diputados: ¡No,
no, no!)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡Silencio señorías!
Indique solamente si acepta o no las enmiendas.
El señor BAON RAMIREZ: No podemos admitir su enmienda porque
no va más allá de la moción, en absoluto. Además pido a los
señores Diputados que las cotejen y lo verán. (Rumores.) En
segundo lugar, el punto sustancial de la moción, que es el
tercer punto nuestro, es idéntico al que ustedes han
presentado en su enmienda. Nosotros lo admitiríamos pero,
aunque sólo fuese por mantener la perra chica, aunque yo le
puedo dar un caramelo a usted, no lo podemos admitir porque es
reconocerles una aportación que no han hecho. (Rumores.) Y, en
tercer lugar, porque presumen en nosotros una filosofía
distinta a la que tenemos respecto de las autonomías, como si
fuésemos contrarios a las autonomías. No me ha oído usted
decir que nosotros estamos prontos a desarrollar el principio
de subsidiariedad de la nación. (Fuertes protestas.)
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): La Presidencia
entiende que no acepta la enmienda.
Vamos a pasar a la votación de esta moción. (El señor Espasa
Oliver pide la palabra.)
Señor Espasa.
El señor ESPASA OLIVER: Señor Presidente, pido un mínimo turno
porque he sido francamente contradicho por el señor Baón. Voy
a ser muy breve.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Si el señor Baón no
acepta su enmienda, lo lógico es que haya contradicho a S.S.
Sabe el señor Espasa que este es un turno tasado y la
Presidencia ha interrumpido al señor Baón para que se limitara
a fijar si aceptaba o no la enmienda. No cabe ese turno.
El señor ESPASA OLIVER: Pero señor Presidente, el señor Baón
repetidamente ha...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No le he dado la
palabra, señor Espasa. (Rumores.)
Pasamos a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 301; a favor, 129; en contra, 172.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), SOBRE
MEDIDAS DE POLITICA GENERAL QUE TIENE PREVISTO ADOPTAR EL
GOBIERNO PARA MEJORAR LA
COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMIA MEDIANTE LA AGILIZACION Y
MODERNIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES EN EL AMBITO
ECONOMICO (Número de expediente 173/000048)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Catalán (Convergència i
Unió) consecuente de interpelación, sobre medidas de política
general que tiene previsto adoptar el Gobierno para mejorar la
competitividad de la economía mediante la agilización y
modernización de los procedimientos judiciales en el ámbito
económico.
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Camp i Batalla.
El señor CAMP I BATALLA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
ha presentado esta moción, consecuente de una interpelación
que se sustanció en esta Cámara el 29 de junio y que tenía la
finalidad de instar al Gobierno a tomar medidas para mejorar
la competitividad de la economía mediante la agilización y
modernización de los procedimientos judiciales en el ámbito
económico.
El motivo de la interpelación eran tres intenciones muy
claras. Una, instar la modificación del Derecho concursal.
Dos, promover medidas destinadas a propiciar la disminución de
la morosidad. Y tres, insistir en la modernización del
funcionamiento de la Administración de Justicia a través de la
simplificación de procedimientos judiciales y de la adaptación
de la oficina judicial. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Camp.
Señorías, ruego guarden silencio.
El señor CAMP I BATALLA: Gracias, señor Presidente.
La competitividad de la economía de un país no tan sólo se
mide por la capacidad productiva de sus empresas y por su
política fiscal o laboral o por la formación de su personal,
sino también por la sintonía y relación que puede existir
entre el mundo económico y la administración pública, y
también y de forma especial la relación que pueda haber entre
el mundo productivo económico y el buen funcionamiento de la
Administración de Justicia. Es bien sabido por SS.SS. que el
funcionamiento correcto de la Administración de Justicia es
una pieza clave en la seriedad de la relación mercantil y en
el desarrollo de los compromisos adquiridos por las partes.
El sistema judicial español es lento en sus tramitaciones
procedimentales y también caro y, a veces, inseguro, sobre
todo en relación con otros sistemas judiciales vecinos como,
por ejemplo, los de los países de la Unión Europea. Ello hace
que nuestro país tenga una falta de competitividad evidente,
que va en perjuicio del progreso de nuestra economía, de la
creación de puestos de trabajo y del bienestar en general.
Concretamente, nuestra legislación económica y concursal es
ciertamente vetusta, sus orígenes están lejos del tiempo,
porque, por ejemplo, todos recordarán que la Ley de Suspensión
de Pagos es del año 1922 y que la quiebra se ha regulado y se
regula por los Códigos de Comercio de 1829 y 1885. Por
consiguiente, difícilmente estos cuerpos normativos han podido
seguir las necesidades que el tráfico mercantil de la economía
de finales del siglo XX requiere. Urge esta modificación del
Derecho concursal que nuestro Grupo solicita mediante esta
moción y que en buena parte el representante del Gobierno, en
el momento de presentar la interpelación, reconoció que era
urgente su realización.
Un segundo frente de la interpelacion era dotar de los
mecanismos necesarios a nuestra legislación para que el tema
relativo a los impagados dejase de condicionar de la forma que
lo está haciendo en este momento la economía del país. La
economía española tiene un elevado volumen de impagados.
Prueba de ello es el gran número de morosos que tiene el
sistema crediticio. Por poner un ejemplo, les diré que el
volumen de créditos considerados como morosos en el mes de
febrero de este año se elevaba a casi cuatro billones de
pesetas, una cantidad equivalente al 9,25 por ciento de todos
los créditos concedidos. Y lo que es más preocupante es que
este considerable número de morosos había experimentado un
crecimiento importante en los últimos meses, puesto que en
febrero de 1993 era un billón de pesetas inferior al mes de
febrero de 1994; es decir, en doce meses ha habido un
incremento del 32 por ciento. Por si alguien todavía tiene
alguna duda, ello pone más de manifiesto la necesidad de
adaptar de forma inmediata nuestra legislación y tomar medidas
adecuadas para que disminuya la morosidad.
En España, al contrario de lo que ocurre en los países vecinos
de la Unión Europea, no existen unos procedimientos
simplificados que permitan una resolución de litigios
relacionados con demoras o faltas de pago por debajo de
determinadas cuantías. Esta exigencia se hace especialmente
conveniente en aquellos procedimientos que conozcan de deudas
fundadas en títulos ejecutivos, como serían las letras, los
pagarés y los cheques, lo que permitiría que estos documentos
recuperasen la seriedad y solvencia para la que fueron
creados.
En Francia, en Italia, en Alemania, en el Reino Unido en los
últimos años se han creado grupos de trabajo, se ha procedido
a crear nuevas normativas que regulan todo el tráfico
mercantil. Por consiguiente, lo que postula la moción es de
una urgencia y necesidad evidentes y ello conlleva también la
necesidad de que la propia Administración de Justicia siga un
proceso de modernización.
En los últimos años se ha notado una voluntad de dotar de más
medios a la Administración de Justicia, pero también esta
voluntad de mayores posibilidades mecánicas ha de ir
acompañada de un cambio de organización.
La reestructuración de la oficina judicial, que es una pieza
clave para que sea posible un funcionamiento más ágil y
moderno de la Administración de Justicia, y también el hecho
de simplificación de procedimientos judiciales --repito una
vez más-- es una necesidad perentoria.
Ciento treinta procedimientos judiciales, como existen en la
actualidad, es un galimatías de difícil composición. Por ello,
señor Presidente, nuestro Grupo ha presentado esta moción. En
el primer punto se establece la necesidad de presentar un
proyecto de ley concursal y toda una serie de medidas que
habrían de contemplarse en el mismo como criterios generales,
ya que no se ha hecho esta moción con voluntad minuciosa, de
detalle, sino de dar unas orientaciones, unos criterios.
En el segundo punto se postula por que también se presente un
proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que
simplifique, concentre y agilice los actuales procedimientos,
y hace una especial referencia a la necesidad de conseguir
unos procedimientos ajustados para el tema de los impagados.
Un tercer punto hace referencia a un proyecto de ley de
reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establezca
la adaptación de la actual oficina judicial a los nuevos
procedimientos, contribuyendo con ello a una mayor agilidad y
modernización en el funcionamiento de la Administración de
Justicia.
Por último, el cuarto punto hace referencia a la adaptación de
las normas reguladoras de determinados procesos directamente
relacionados con la actividad económica, como los que afectan
a arrendamientos o sociedades, con la finalidad de propiciar
la utilización del arbitraje para conseguir una más ágil
tramitación de los mismos.
Tenemos una Ley de Arbitraje que es del año 1988. Esta Ley
tiene dificultades de aplicación y creemos que es bueno que
fijemos la atención en potenciar la figura del arbitraje.
Hemos puesto este punto porque creemos que es bueno iniciar
una línea de estudio en la que se pueda llegar a establecer
exactamente qué sistema habría de utilizarse para que el
arbitraje fuese una medida de ayuda, en la línea de lo que
aquí se plantea, para una más ágil tramitación de los
procesos.
Por todo ello, señor Presidente, señorías, les pido el voto
favorable a esta moción, que se ha hecho con la intención que
decíamos antes de mejorar no tan sólo la Administración de
justicia, sino la competitividad de la economía y, por
consiguiente, el bienestar de los ciudadanos españoles.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Camp.
Se han presentado a esta moción enmiendas por los Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y Popular.
Para defender las enmiendas del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor
López Garrido.
El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, señorías, la
interpelación originaria de esta moción que hoy presenta el
Grupo Catalán, que se vio antes de este verano, presenta ante
esta Cámara un problema fundamental no sólo de ámbito
jurídico, sino de ámbito económico, como es la absoluta falta
de adecuación de nuestra legislación --la legislación que rige
en el tráfico económico, así como los instrumentos para ella--
al momento presente. Desde luego, es un tema fundamental que
afecta al desarrollo adecuado de nuestra economía, porque
tenemos una legislación completamente inadecuada para lo que
podríamos llamar la problemática de las crisis de las empresas
en su conjunto; la gran problemática de las crisis de
empresas, que tiene una vertiente mercantil, pero también una
vertiente civil, y que tiene que ver, efectivamente, con la
organización de los tribunales, la Oficina judicial, algunas
de las cosas que plantea esta moción.
Nosotros creemos que el problema fundamental está en la
legislación concursal, que tiene que ver, en el plano civil,
con los concursos de acreedores y, en el plano mercantil, con
las suspensiones de pagos y las quiebras. Efectivamente,
estamos ante una legislación montada en su día, hace muchos
años, con un interés puramente privatista, de relación
privatista entre acreedor y deudor, que no tiene en cuenta la
multiplicidad de intereses existentes en las crisis de
empresas, intereses de acreedores, pero también intereses de
los socios, de los trabajadores.
Hemos conocido muy recientemente casos espectaculares de
crisis de empresas con consecuencias enormes para las
economías particulares y para la economía nacional. Por poner
algún ejemplo que está, incluso, examinando esta propia
Cámara, el caso Banesto significa una situación de crisis de
empresas que ha sido reconducido con un procedimiento
especial, dada la importancia que revestía. Pero en él podemos
ver algunos de los elementos que rodean las crisis de empresas
y que está regulado muy inadecuadamente por nuestra
legislación de quiebras y suspensiones de pagos. Es una
legislación que no soluciona el tema de la composición de
intereses, que está pensada más para liquidar o ejecutar la
empresa objeto de suspensión de pagos o de quiebra y no para
levantar esa empresa, para permitir que continúe. Por tanto,
es una legislación que tiene una nula influencia o capacidad
de recomposición de la situación y, por tanto, muy negativa
para las necesidades económicas y sociales. Es una legislación
que
permite la impunidad, es una legislación que permite el
fraude, a través de la suspensión de pagos, que se ha llamado
muy adecuadamente suspensión de quiebras, la impunidad de
administradores y, en definitiva, una legislación que también
permite irregularidades importantes en la forma de conducción
de las suspensiones de pagos o de quiebras por los órganos del
concurso.
De ahí que la moción resulte adecuada en sus objetivos, pero,
a nuestro juicio, muy insuficiente, señor Camp, para los
ambiciosos objetivos de la misma, ya que en sus cuatro puntos,
muy abstractos, se habla de la necesidad del arbitraje, se
habla de la necesidad de reformar la oficina judicial, se
habla de dar mayor protección a los documentos privados
firmados por el deudor y en el punto más importante de todos,
en el que habla de un proyecto de ley concursal, es también
enormemente abstracta, no señalando suficientemente objetivos
concretos para esa reforma necesaria de la legislación
concursal. Y la verdad es que era un momento muy adecuado.
Nosotros esperábamos que fuera una moción mucho más
enjundiosa, mucho más detallada y, sin embargo, es una moción
de buenas intenciones, pero que profundiza muy poco en los
temas, hablando de la unificación de procedimientos civiles y
mercantiles, de especializar Juzgados, regular conductas de
deudores y administradores para que se mantenga la actividad
económica y evitar que haya una autorización inapropiada, que
es algo tautológico, de los procedimientos en perjuicio de
acreedores.
Por eso, en nuestra enmienda, que no va en un sentido de
confrontación, ni mucho menos, contra esta moción, sino
intentando extraer de ella toda su potencialidad, aprovechar
la ocasión para orientar el sentido que debe imprimirse en
esta reforma de la legislación concursal, establecemos puntos
que consideramos adecuados, que pueden y deben enriquecer esta
moción, para lo cual es el momento adecuado. Por las
conversaciones que hemos tenido previamente al debate, me he
quedado con la duda de si se van a aceptar o no estas
enmiendas, más bien parece que no. La verdad es que no
entiendo bien el porqué.
No sé si es que se quiere hacer una reforma bastante
edulcorada de esa legislación concursal, pero la verdad es que
las propuestas que establecemos tienen un sentido en la línea
de lo defendido aquí por el Grupo proponente y creo que la
mejoran sustancialmente, le dan una orientación concreta. Sin
ello quedaría en una moción tremendamente abstracta y
desequilibrada con respecto a los enormes problemas que todo
el mundo conoce desde hace decenas de años que tiene esta
legislación concursal, porque ésta es una situación conocida,
muy conocida por todo el mundo que trabaja en estos ámbitos y
diríamos que incluso es una cuestión muy popular, porque las
crisis de empresas están, desgraciadamente, a la orden del
día.
Por eso es por lo que nosotros proponemos como adición al
punto 1 de la moción, que nos parece el más importante de
todos, que esa unificación sea específicamente de los
procedimientos de concursos de acreedores, de suspensión de
pagos y de quiebra, según criterios adecuados a los principios
constitucionales.
También decimos que hay que nombrar unos jueces exclusivos y
excluyentes en el sentido que dice la moción, para dar un
tratamiento unitario al conjunto de los procedimientos de
crisis de empresas.
Hay un aspecto muy importante que no trata la moción, y es el
presupuesto objetivo que desencadena la suspensión de pagos o
la quiebra. En este momento las quiebras o suspensiones de
pagos suelen llegar al final cuando ya no tienen remedio y
cuando simplemente vamos a liquidar o a ejecutar esa empresa.
Se trata de poder anticiparse a la crisis, de poder conservar
la empresa, para lo cual hay que establecer unos presupuestos
objetivos diferentes para que no se desencadene una suspensión
de pagos o una quiebra, para que se conserve esa empresa.
En cuanto a la tramitación --sobre la que hacemos una
detallada relación en nuestra letra f)--, se trata de que al
comienzo del procedimiento concursal quien se enfrente a ello
(es decir, el órgano del concurso, los interventores, que son
los que conducen la quiebra, la suspensión de pagos) pueda
evaluar la situación patrimonial, pueda hacer lo posible para
que se reconstituya el patrimonio de la empresa, para que no
desaparezca esa empresa y, en ese sentido, intentar establecer
posibilidades constructivas alternativas de mantenimiento de
la actividad, siempre de acuerdo con los acreedores. Incluso
se plantea que en esta reforma de la legislación concursal
haya una posibilidad de continuar la actividad mediante
fórmulas diferentes, como gestión por los trabajadores
organizados en cooperativas o como sociedades laborales.
Es decir, que, en definitiva, este procedimiento concursal
esté siempre presidido por una idea de conservacion, de
composición de intereses y no por una idea puramente
liquidatoria, una idea muy destructiva, una idea muy poco
apropiada a las necesidades sociales y económicas.
Y también está, punto muy importante que en estos momentos
falsea los procedimientos de crisis de empresas, el tema de la
profesionalización de los órganos del concurso. Las juntas de
acreedores tienen que perder protagonismo y aumentarlo los
órganos del concurso, pero que estén controlados por los
jueces. Recientemente leíamos en la prensa española el
escándalo de los nombramientos de muchos interventores. Se ha
hablado de auténticas situaciones de ilegalidad o de fraude en
el nombramiento de estos interventores, la acumulación de
encargos a determinados interventores. No hay un control
judicial sobre ese nombramiento, que nos parece fundamental, y
eso está también en nuestra enmienda, en la letra g), además
de revisar el
sistema retributivo de los interventores, porque como la
legislación española dice que hay que pagar cien pesetas por
día --me parece que es-- a los interventores y esto es
ridículo, la consecuencia ha sido que se pagan cantidades
desmesuradas increíbles a quienes conducen estas quiebras de
empresas.
Por último, en la letra h) decimos que hace falta un mayor
control penal de las suspensiones de pagos y las quiebras
fraudulentas. Tiene que haber una posibilidad de apertura de
juicios penales a instancia de parte o del Ministerio Fiscal.
En estos momentos sólo lo puede abrir el juez. Nosotros
decimos que a instancia de parte o del Ministerio Fiscal
pueden abrirse estos juicios penales, que no deben paralizar
el procedimiento civil, que pueda seguir el procedimiento
civil y paralelamente el procedimiento penal, para que de esa
forma se utilice la suspensión de pagos sobre todo, que se
está utilizando muy a menudo, como instrumento de evitación de
responsabilidades penales de los administradores de empresas y
sociedades. Esto es lo que acabade proponer el Fiscal General
del Estado en la Memoria que ha presentado hace dos días, me
parece. Exactamente esta letra h) está extraída de la Memoria
del Fiscal General del Estado. Es una propuesta muy acertada.
Es una Memoria en la que hay interesantes reflexiones sobre el
problema de las suspensiones de pagos y de las quiebras en
nuestro país, porque es un gran problema, y de ahí la
oportunidad de esta moción. Por tanto, se intenta reflejar
simplemente aquello que propone el Ministerio Fiscal.
El señor PRESIDENTE: Señor López Garrido, le ruego concluya.
El señor LOPEZ GARRIDO: Ya termino, señor Presidente.
Por último, en el apartado 2.º de nuestra enmienda proponemos
una reforma penal, en el Código Penal o en la legislación
penal, que nos parece esencial. A la vista de los casos
escandalosos de crisis de empresas (he citado alguno de ellos
anteriormente, como el caso Banesto), creemos que es esencial
tipificar adecuada y detalladamente la responsabilidad penal
de los administradores societarios y de empresas, en concreto
decimos en determinados casos --no solamente en ellos--
especialmente sangrantes, como son: supuestos de alzamientos
por acumulación de bienes; reconocimiento de deudas
inexistentes, porque una de las corruptelas o trucos es
reconocer deudas inexistentes, acreedores preferentes para no
enfrentarse a los acreedores auténticos, y ésta es una
actividad que debe penalizarse, que debe tener una sanción
penal; sustracción o destrucción de libros contables o algo
muy conocido como es gastos excesivos u operaciones
arriesgadas. Creemos que deben tipificarse detalladamente las
responsabilidades de los administradores, y éste es un buen
momento para ello.
Creemos que nuestras propuestas, en el sentido de dotar de
mucho más contenido, de verdadera incisión y efectividad a
esta moción, están en la línea de los objetivos de la misma.
Esperamos todavía que el Grupo Parlamentario Catalán sepa
advertir en estas enmiendas a esa moción un instrumento
verdaderamente eficaz, que llegue a sus últimas consecuencias
y no se quede en una pura declaración de buenas intenciones.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López Garrido.
Tiene la palabra el señor Fernández de Trocóniz.
El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Señor Presidente,
señoras y señores Diputados, la moción que hoy presenta el
Grupo Catalán (Convergència i Unió) es básicamente aceptable,
aun cuando no se admitiera ninguna de las ocho enmiendas que
nosotros proponemos. Y ello es así por cuanto en sus puntos
esenciales tiene suficiente generalidad como para que pueda
ser aceptada y, de igual manera, no cumplida por el Gobierno.
No nos engañemos, señoras y señores Diputados, y no se engañe,
señor Camp, porque lo normal es que el Gobierno no cumpla la
moción que hoy, tal vez, aprobemos en esta Cámara.
Aparte de los datos de generalidad que contiene, su falta de
concreción, pero que no obsta a la loabilidad de la moción en
su conjunto, ciertamente es de una ambición tal que
difícilmente podría ser cumplida por el Gobierno, aunque
quisiera. La previsión de la realización de una nueva ley
concursal, la previsión que se propone de la modificación de
todos los procedimientos judiciales que tienen que ver con el
ámbito económico, la modificación de la Oficina Judicial, la
modificación y extensión del arbitraje a otros procedimientos
a los cuales hoy mismo es inusual que se aplique, no nos
engañemos, estamos hablando y echando cuentas un poco cortas,
supone al menos 2.000 artículos de nuestro procedimiento
civil. Y esta moción no abarca todo lo que comprende la
inejecutividad actual de los créditos por parte de los
acreedores, no arregla todo lo que supone hoy la ineficacia
general de la seguridad jurídica del sistema financiero y
económico español por cuanto esta moción no toca, a nuestro
juicio, dos elementos fundamentales: modificaciones puntuales,
que sí son necesarias en el Código Penal y en la Ley de
Procedimiento Criminal, así como la extensión civil de la
responsabilidad a aquellas personas que estampan su firma en
documentos mercantiles por parte de sociedades o de terceros.
Sin embargo, nuestras enmiendas no han querido tocar, lo más
mínimo, todos los aspectos relativos a lo que ustedes no
plantean en la moción. Nos hemos ceñido
solamente a intentar enriquecer su moción a los efectos de
purificarla técnicamente e introducir tal vez algún principio
general que pudiera ser tenido ocasionalmente en cuenta por el
Gobierno para la realización, fundamentalmente, de la ley que
estamos de acuerdo que es absolutamente imprescindible en
España hoy día, la ley reguladora del sistema concursal, la
ley reguladora de los concursos de acreedores, quiebras o
suspensiones de pagos, y el último procedimiento, que todavía
no se ha citado esta tarde, procedimiento pobre, inusual, y
ciertamente reducido, porque yo creo que no se ha aplicado
nunca, cual es la quita y espera, que es bueno mencionarlo
porque viene regulado en la ley de Enjuiciamiento Civil y en
el Código Civil.
Como les decía, creemos que es también necesaria la
modificación del Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Criminal,
extensión de responsabilidad civil. Sin embargo, en cuanto
ustedes no lo plantean, hemos querido ser no tímidos, pero sí
leales, en cuanto a la moción que ustedes presentan para poder
apoyarla con toda nuestra fuerza e intentar enriquecerla un
tanto. Bien es cierto que nosotros también hemos presentado en
esta Cámara, ya hace tiempo, una proposición no de ley que se
ocupa de estos temas en particular; es decir, las sanciones
penales, las modificaciones procedimentales criminales y
también civiles en lo que se refiere a la extensión de
responsabilidad en los supuestos de cheques, talones, pagarés,
letras de cambio e inclusive tarjetas de crédito inatendidas
por el deudor en el momento del vencimiento de pago.
Voy a pasar a analizar las ocho enmiendas que hemos planteado
a la moción que hoy presenta el Grupo Catalán de Convergència
i Unió. La moción puede dividirse, como ha explicado
perfectamente el portavoz en este caso del Grupo proponente,
en dos aspectos fundamentales: por una parte, los procesos de
ejecución universal y, por otra, los procesos de ejecución
singular y demás procesos regulados actualmente por nuestra
legislación relativos a todo el ámbito económico.
En lo que se refiere a la ejecución universal proponemos que
se aclare en el sentido (primera de las enmiendas) de que se
unifiquen los cuatro procedimientos actualmente existentes.
En segundo lugar, proponemos que no solamente se extienda la
reforma y la especialización a los jueces encargados de ver
los procedimientos concursales, sino también a los
colaboradores de la justicia en estos casos, es decir, a los
peritos que han de evaluar la realidad del activo y del
pasivo, que el activo no ha de estar sobrevalorado y que
tampoco existan pasivos ficticios o pasivos ocultos, así como
a los administradores que han de intervenir, llámense como se
llamen, interventores, síndicos, administradores, en la
administración y gestión de la masa universal concursal.
Por otra parte, proponemos que se concretice la finalidad del
proceso concursal en el mantenimiento de la empresa o aquellas
partes de ella que sean viables económicamente, sin merma o
sin perjuicio de la rigurosa satisfacción de los créditos a
los acreedores.
Asimismo proponemos que, en relación con el proceso de
ejecución en general, el proceso de ejecución universal, se
concreten más aún aquellos principios en que se ha de basar
este proceso de ejecución universal. ¿Cuáles son? Por una
parte es imprescindible, a nuestro juicio, modificar la actual
prelación de créditos de los acreedores. Como saben SS.SS., no
solamente se regulan en el Código Civil, en el Código de
Comercio, sino que hay leyes sectoriales que señalan
prelaciones específicas a favor de los acreedores. Entendemos
que hemos de partir de un riguroso principio de igualdad de
todos los acreedores, siempre y cuando lógicamente hayan
contribuido, con los créditos que ahora se les debe, a la
formación del activo empresarial que se conserva y en función
del cual, por si se disuelve y se liquida, se han de
satisfacer los créditos, eliminando aquellos créditos que
podemos considerar, utilizando esas viejas y hermosas palabras
expresadas en nuestro Código Civil, que sean de puro lujo.
De igual forma entendemos que es muy importante eliminar de
los pasivos los pasivos ficticios. Es decir, se ha de ir a una
postergación legal de créditos a favor, y establecidos en las
empresas, de acreedores que no tienen realmente la condición
de terceros, económicamente hablando, sino que están ligados
económicamente a la empresa que es objeto en este caso de
suspensión de pagos o quiebra.
Por otro lado, entendemos que es necesario y muy importante en
los tiempos en que vivimos facilitar la transformación de los
pasivos exigibles en no exigibles. Es decir, que se pueda y se
deba facilitar, fundamentalmente desde un punto de vista
tributario y tal vez contable, la transformación de los
créditos a favor de acreedores, a medio y largo plazo, en
capital de la propia empresa, con lo cual, además de hacerles
partícipes en ella, siempre y cuando se facilite adecuadamente
esta conversión desde un punto de vista fundamentalmente
tributario, podremos facilitar de manera adecuada la
continuidad de la empresa.
Por último, como cuarto punto, creemos, novedosamente, que
debe ser tenido en cuenta, para la modificación del
procedimiento concursal, el facilitar los convenios del deudor
con parte sólo de los acreedores, pero que represente una
mayoría suficiente, para que este convenio se pueda aplicar a
todos los demás acreedores sin necesidad de ir a
procedimientos lentos, engorrosos y tal vez, hoy día,
excesivamente farragosos. Aquí cerramos el bloque de nuestras
enmiendas relativas al procedimiento de ejecución universal.
En lo que se refiere a los demás puntos que plantea la moción
entendemos que, efectivamente, la reforma se refiere a todos
los procedimientos en general, el punto 2.º de la moción, y
por ello retiramos nuestra enmienda
al punto 2.º de la moción, que se refería solamente
--entendíamos nosotros-- a relativizarla a los procedimientos
ejecutivos, de acuerdo con las conversaciones mantenidas con
anterioridad a esta intervención con el señor portavoz del
grupo proponente.
Planteamos enmiendas de supresión a los puntos 3.º y 4.º de la
moción. La primera se refiere a la modificación general de la
oficina judicial, porque entendemos que no es realmente
necesario en lo relativo a los procesos relacionados con la
actividad económica, sino en general a todo el ámbito
procedimental. Entendemos que esta modificación está fuera de
lugar. En nuestra enmienda al punto 4.º también solicitábamos
su supresión por cuanto prevé, en una amalgama un tanto
extraña y generalizada, la aplicación a otros ámbitos
actualmente no previstos del procedimiento de arbitraje de
derecho privado. Sin embargo, en nuestra enmienda octava
proponemos una adición a la moción en su conjunto, que bien
puede tomarse también como adición a este punto 4.º de la
moción, con la que pretendemos que por el Gobierno se estudie
la ejecución actual, aplicación y posible extensión a otros
procedimientos en que actualmente no está previsto, de la Ley
de arbitraje de 5 de diciembre de 1988. Ley, por cierto, que
se recibió no voy a decir con euforia, pero ciertamente sí con
gran esperanza en los ámbitos jurídicos y mercantiles
españoles y que, sin embargo, no está teniendo el éxito que en
un principio se previó para esta modificación legal, que sí
que fue importante. Y posiblemente no es así por la falta de
regulación de los supuestos específicos de procedimiento
arbitral, sin necesidad de dar tanta intervención judicial en
los procedimientos arbitrales.
En definitiva, no es éste el objeto de nuestra enmienda a la
moción, sino que creemos que esto sí que debe ser objeto
especial y específico de un estudio por parte del Gobierno y,
en su caso, que se remita a la Cámara la ley de modificación,
la actual Ley de arbitraje de derecho privado.
En último extremo --y en esto sí quiero plantear un reto al
Gobierno--, en la medida en que creemos que la modificación
rápida e inmediata de la ley concursal es importante, nos
comprometemos en este acto a
que si el Gobierno, a pesar de la enmienda --y estamos de
acuerdo en ella--, lo plantea en ámbitos generosos, puesto que
se dice que el Gobierno, al menos en esta legislatura, debe
plantear y ser aprobada
por esta Cámara una ley reguladora del procedimiento concursal
modificando los actuales códigos de Comercio de 1829 y 1885,
la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 y la Ley de Supresión
de Pagos de 26 de julio de 1922, si el Gobierno en el
plazo de un año no ha remitido a esta Cámara la ley
correspondiente, lo haremos nosotros a través de la
correspondiente proposición de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Trocóniz.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor Presidente. Seré
breve.
El Grupo de Coalición Canaria va a votar favorablemente porque
apoya el principio que inspira esta moción, que ya se había
visto en esta Cámara cuando se debatió la interpelación
urgente de la que trae causa, y porque nosotros, de los cuatro
puntos que se señalan y haciendo una valoración general de
todos, basándonos incluso en las palabras que en el día de
ayer decía el Fiscal General del Estado sobre los
procedimientos judiciales, señalando el señor Granados la
importancia del factor tiempo en la resolución judicial de los
litigios, diríamos que en el ámbito de agilizar las garantías
económicas, junto por supuesto a los aspectos penales o de
cualquier otra circunstancia en que esté un litigio de
personas físicas o jurídicas, entendemos que sí es importante
en el ámbito comercial. Porque da la casualidad de que, a la
vista de las reclamaciones presentadas ante el Defensor del
Pueblo y que vienen aquí en sus memorias anuales, y sobre todo
en las memorias sistemáticas anuales del Fiscal General del
Estado, se viene evidenciando el aumento casi de manera
dinámica, año tras año, de la lentitud, junto a la cuantía, de
todas las denuncias, de todos los litigios que en el campo
económico y fundamentalmente al amparo de leyes concursales,
que no están, al amparo de la Ley de Enjuiciamiento Civil
actual y de cualquiera otra de las leyes que aquí se
relacionan, es importante garantizar dos puntos: en primer
lugar, la cortedad de los procedimientos y, en segundo lugar,
las garantías para deudores y acreedores.
Nos sumamos, por supuesto, a todas las observaciones que se
han hecho aquí a las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y
por el Grupo Popular, pero habrá que incluirlas cuando el
Gobierno traiga cualquiera de las peticiones que aquí se
hacen, tanto en un proyecto de ley concursal, con los aspectos
penales a los que nos sumamos, y qué decir de la nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil.
Para Coalición Canaria bastaría que de los cuatro puntos que
aquí se piden y se incita al Gobierno que traiga a la Cámara,
con que el Gobierno trajera aquí nada más que una ley de
reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que afecte al número
creciente de impagados para establecer un procedimiento
ejecutivo que dé una validez urgente en la tramitación a todo
documento privado que hoy hace un deudor, así como los mejores
medios para dotar y hacer efectiva la deuda a los acreedores,
nos daríamos por satisfechos.
Hay algo que subyace en el fondo de esta moción que nos mueve
a su apoyo: la denuncia de una lentitud de procedimientos que
es necesario agilizar y, por otro lado, las garantías
procesales que se tienen que contemplar en sus aspectos.
Cuando vayan llegando esos proyectos de ley, se introducirán
todas aquellas enmiendas correctoras en la línea que aquí se
ha dicho. Pero no olvidemos que esta moción trata de
incentivar al Gobierno para que en las líneas de su política
general haga competitiva la economía española, mediante la
agilización y la modernización de los procedimientos
judiciales en el ámbito económico. De eso se trata. Creemos,
interpretando el sentir del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) proponente, que en esa línea se ha hecho
el índice de punto sensible, cuatro fundamentalmente, tres con
carácter de ley, tanto la concursal, la de Enjuiciamiento
Civil como la Orgánica del Poder Judicial, que signifique un
apretón de acelerador con las garantías pertinentes para que
la economía española no esté en la situación de
embalsamamiento en que se encuentra sometida ahora por la
lentitud o ineficacia de los procedimientos judiciales. El
tiempo no solamente es una virtud en el procedimiento
judicial, sino en la garantía de los derechos de los
encartables en cualquiera de estos procesos.
Por esa razón, Coalición Canaria, señor Presidente, a la vista
de las cifras que la memoria de la Fiscalía nos da sobre
causas judiciales por quiebras, por suspensiones de pagos, por
procedimientos tanto de quiebras fraudulentas como de
cualquier otra situación que se vaya dando, para que nadie
pueda venir hoy día ante los tribunales a alegar a cuestiones
judiciales lo que, como hemos visto en el caso Banesto,
obedece sencillamente a mala gestión; pero que no se enmarañen
ahí los impagados, lo que hay de morosidad en la empresa
bancaria o en la actividad económica española a causas que no
son las naturales. Creemos que esto contribuye a la
agilización y por ello lo apoyaremos con nuestro voto.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Pérez
Solano.
El señor PEREZ SOLANO: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, la moción que presenta el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) es consecuencia, como han dicho
otros oradores, de la interpelación que tuvo lugar en esta
Cámara el día 29 de junio del presente año y que fue
contestada en nombre del Gobierno por el Ministro de Justicia
e Interior. Si en la interpelación se expuso por el Grupo
proponente su opinión sobre la situación objeto de análisis,
hoy se solicita del Gobierno la adopción de medidas
legislativas concretas para hacer realidad la competitividad
de la economía española, mediante la agilización y
modernización de los procedimientos judiciales en el ámbito
económico. Ya en el debate de la interpelación se pusieron de
manifiesto amplísimas coincidencias entre los propósitos del
Grupo interpelante y el Gobierno, al anunciar el Ministro
interpelado un ambicioso plan de modificaciones legislativas
para lograr los fines deseados de agilizar los procedimientos
judiciales no sólo en temas económicos, sino en todos los
órdenes, comprometiendo incluso un calendario aproximado de
presentación de los correspondientes proyectos de ley.
Hoy en este trámite corresponde al Grupo Socialista
pronunciarse sobre los extremos concretos de la moción
presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió). En tal sentido manifestamos ya, de entrada, una casi
completa coincidencia con los apartados de la moción, con las
precisiones que luego diré respecto del apartado 4 y que a
buen seguro serán compartidas por el Grupo autor de la moción.
Esta se articula en cuatro apartados. El primero solicita al
Gobierno un proyecto de ley concursal; el segundo, un proyecto
de ley de reforma de la ley de Enjuiciamiento Civil; el
tercero, un proyecto de ley de reforma de la ley Orgánica del
Poder Judicial, que adapte la Oficina Judicial a los nuevos
procedimientos que se establezcan y el cuarto propugna la
utilización de la institución del arbitraje en materia de
arrendamientos y sociedades. Solicita, finalmente, que todas
estas reformas se realicen en la presente legislatura.
Pues bien, respecto de la elaboración de un proyecto de ley
concursal, el Ministro ya manifestó en el debate de la
interpelación que la sección mercantil de la Comisión General
de Codificación ya ha recibido del Gobierno los criterios
generales en esta materia para la redacción del
correspondiente anteproyecto, cuyos trabajos estarán
previsiblemente terminados en el mes de diciembre de este año.
Las líneas maestras que el Grupo Socialista entiende deben
regir esta materia son las que el Grupo promotor de la moción
expone en los subapartados a), b), c) y d), del apartado 1.º
de su moción, coincidentes en todo con las manifestadas por el
Ministro en la interpelación y que no vamos a repetir por
ahorro de tiempo pero que podríamos completar en líneas
generales, líneas maestras, con todas las letras del alfabeto.
No obstante, tenemos que destacar en punto al comentario de
este apartado 1.º de la moción que ya la enmienda 246, del
Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, al proyecto de
reforma de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial,
redactaba el artículo 98.1 de dicha ley en el sentido de
permitir la especialización de los juzgados según los asuntos,
lo que permitía, a la vez, el establecimiento de las
condiciones normativas materiales para poder atribuir la
competencia en materia concursal a juzgados específicos, como
señala el apartado 1.b) de la moción de CIU.
Respecto al apartado 2 de la moción, consideramos que el fondo
del asunto es la petición, en definitiva, de elaboración de
una nueva Ley de Enjuiciamiento Civil que simplifique la
maraña de procedimientos actualmente existentes --más de 130,
se comentaba en el debate de la interpelación--, reduciéndolos
a dos --y así lo manifestó el Ministro--: un procedimiento
declarativo y otro documentario, y dotando de una especial
atención y relevancia al trámite de ejecución de sentencia,
como han manifestado otros oradores. Este trámite de ejecución
de sentencia es uno de los cuellos de botella que dilata y
hace ilusorias, a veces, la satisfacción de las pretensiones
de las partes en el proceso.
Estamos igualmente de acuerdo en que la modificación de la
oficina judicial que se propugna por parte de CIU en su
apartado 3.º va a contribuir a la agilización y modernización
de la Administración de justicia, pero debe realizarse esta
reforma de la oficina judicial en el marco de la reforma de la
Ley orgánica del Poder Judicial de 1985 y naturalmente tiene
que ser coetánea la reforma de la Oficina Judicial con la
reforma de los procedimientos.
El pronunciamiento sobre el apartado 4.º de la moción nos
exige precisar que la institución del arbitraje está
incorporada definitivamente al Derecho español en virtud de la
Ley 36/1988, de 5 de diciembre. Nos exige precisar también que
el arbitraje como tal no debe ser impuesto a las partes. Nos
exige también situar la institución del arbitraje en el
terreno de una solución pactada entre las partes y nunca como
una obligación ex lege, ni tampoco como un acto procesal
previo al juicio, porque entonces no lograríamos la finalidad
pretendida de reducir el atasco de la Administración de
justicia, porque convertiríamos esta exigencia de acudir al
arbitraje como un acto procesal previo al acto del juicio. Es
muy laudable, efectivamente, la resolución de los conflictos
entre partes por vía extrajudicial a través de la institución
del arbitraje, pero sin constituirse como obligación legal de
agotar este procedimiento.
Entendemos, por consiguiente, que estas matizaciones pueden
ser compartidas perfectamente por el Grupo promotor de la
moción y que quizá no ha explicado suficientemente como
consecuencia de la exigencia formal de concretar los textos
que se presentan en esta Cámara.
La moción reclama también para todos sus pedimentos que se
realicen en el horizonte temporal de esta legislatura. El
Ministro de Justicia e Interior en el debate de la
interpelación comprometió el siguiente calendario aproximado:
los trabajos de la sección mercantil de la Comisión General de
Codificación sobre la nueva ley concursal terminarán
previsiblemente en diciembre de este año; el primer trimestre
de 1995, previsiblemente, se remitirá al Congreso el proyecto
de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil; el primer
semestre de 1995 comprometió la remisión al Congreso del
proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial.
Por consiguiente, con las precisiones efectuadas a este
apartado 3.º y que el Grupo Socialista incorpora, a efectos de
interpretación de la moción, en este apartado, manifestamos,
como decíamos al principio, nuestravoluntad de admitir
completamente la moción presentada por el Grupo Parlamentario
Catalán.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Solano.
El señor Camp tiene la palabra para expresar la aceptación o
rechazo de las enmiendas presentadas.
El señor CAMP I BATALLA: Gracias, señor Presidente.
En cuanto a las enmiendas defendidas por el señor Fernández de
Trocóniz, representante del Grupo Popular, anuncio que
aceptaríamos la inclusión de la primera enmienda al apartado 1
a), con lo cual se unificaría no tan sólo el concurso de
acreedores y quiebra sino el de quita y espera y suspensión de
pagos.
Aceptaríamos también la enmienda tercera al apartado 1.c),
pero propondríamos una transaccional, señor Presidente, en un
doble sentido. Primero, que la enmienda del Grupo Popular
fuese estrictamente de adición al punto 1.c) de nuestra
enmienda, es decir, no de modificación, como se especifica en
ella, sino de adición; y segundo, que se añadiese al final de
la enmienda la siguiente frase: «mediante el correspondiente
convenio entre las partes». Punto final.
Aceptaríamos también las últimas enmiendas del Grupo Popular
que hacen referencia a una adición al último de los puntos de
la moción defendida por el Grupo de Convergència i Unió.
En relación a las otras enmiendas no sería posible su
aceptación, algunas de ellas porque postulan la supresión de
puntos de la moción que creemos que son importantes; otras,
como es la del punto 1.b), porque hacen referencia a elementos
que podían llevar a confusión; y otra, como la del punto 1.d),
que introduce principios interesantes pero nos parece que la
generalización que se ha querido dar a esta moción para que
pudiese ser operativa en el debate de esta Cámara no va en la
línea de la concreción que en esta enmienda se postula.
En cuanto a las enmiendas defendidas por el señor López
Garrido, quiero hacer constar el trabajo que en ellas existe y
lo positivo que seguro conllevan, pero no podrían ser
incorporadas en este trámite puesto que supondrían también una
modificación importante de esta generalización que
voluntariamente se ha querido dar a esta moción. Esta moción,
señor Presidente, señorías, ha pretendido ser un vehículo por
el cual la Cámara se pueda expresar políticamente y pueda dar
un mandato político al Gobierno, y éste mandato pueda llegar a
ser una realidad. Por consiguiente era obligada la
generalización en muchos aspectos. Muchos de los temas que el
representante del Grupo Popular, el señor
López Garrido y los otros portavoces han mencionado seguro que
serán materia de estudio por las diversas personas que
intervengan en su redacción. En todo caso, en el momento de
presentarse los proyectos legislativos en está Cámara serán
temas que podremos analizar entre todos los grupos con la
mejor voluntad posible.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Camp.
Señor Fernández de Trocóniz, ha propuesto el señor Camp que la
enmienda al apartado 1.c) sea de adición, con el añadido al
término de la enmienda de la expresión: «mediante el
correspondiente convenio entre las partes.». ¿Está de acuerdo
S.S.?
El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Señor Presidente, sin
que sirva y sin que se entienda como una expresión sicalíptica
y a pesar de que el exor-dio sea posiblemente más largo que la
alocución, sí quiero.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación.
Moción del Grupo Catalán (Convergència i Unió), que se somete
a votación con las enmiendas del Grupo Popular en los términos
que resultan del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 278; a favor, 276; en contra, uno; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción.
El Pleno se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Se supende la sesión.
Eran las diez de la noche.