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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 85, de 29/06/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1994 Núm. 85 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 84
celebrada el miércoles, 29 de junio de 1994
Página
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 del
Reglamento:
--Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 del
Reglamento, para informar sobre la Cumbre de la Unión Europea
celebrada en Corfú los días 24 y 25 de junio (número de
expediente 210/000015) (Página 4318)
--Preguntas (Página 4345)
Interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
criterios del Gobierno con respecto a la remodelación del
Ministerio de Justicia e Interior, en lo que se refiere al
ámbito de Interior, así como proyectos en relación al modelo
policial (número de expediente 172/000059) (Página 4377)
--Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre
medidas de política general que tiene previsto adoptar el
Gobierno para mejorar la competitividad de la economía
mediante la agilización y modernización de los procedimientos
judiciales en el ámbito económico (número de expediente
172/000061) (Página 4390)
--Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre medidas
previstas en el marco de la negociación que mantiene
Tabacalera con la compañía internacional Philips Morris para
mantener o incrementar la producción de las labores tabaqueras
de la citada multinacional en las plantas de Tabacalera en la
Península (número de expediente 172/000062) (Página 4399)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número
86, de 30 de junio de 1994.)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las diez de la mañana.
Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 del
Reglamento (Página 4318)
Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 del
Reglamento, para informar sobre la Cumbre de la Unión Europea
celebrada en Corfú los días 24 y 25 de junio (Página 4318)
El señor Presidente del Gobierno (González Márquez) manifiesta
que comparece ante la Cámara para informar del desarrollo del
Consejo de Europa celebrado en Corfú los día 24 y 25 de junio
y del que SS.SS. disponen ya de las conclusiones.
Consiguientemente, se referirá a los aspectos de la Cumbre que
considera esenciales.
Alude, en primer lugar, al paso histórico de la adhesión de
Austria, Suecia, Finlandia y Noruega que todos tienen la
esperanza de ver confirmada el próximo otoño, con un resultado
positivo en las consultas populares de los tres países
nórdicos y que esta Cámara podrá debatir y sancionar en los
próximos meses. Se trata de las primeras adhesiones que se
realizan en aplicación de las disposiciones del Tratado de la
Unión Europea, participando por primera vez en un Consejo de
Europa los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados
candidatos a la adhesión. La firma del Acuerdo de cooperación
y colaboración con Rusia ha puesto también de ma-nifiesto la
importancia de la Unión en el contexto europeo y mundial.
Corfú ha supuesto, por tanto, desde su punto de vista, un
momento de vitalidad europea y de impulso hacia una mayor
integración de todos los países europeos. Agrega que el
esquema institucional de la Comunidad, pensado para los seis
miembros fundadores, se ha ido adaptando progresivamente, pero
en estos momentos resulta ya de difícil aplicación para la
Europa de los dieciséis. De ahí la importancia del Grupo de
reflexión que, presidido por España, trabajará en la
preparación de la Conferencia Intergubernamental de 1996 que
se celebrará durante la presidencia española de la Unión.
Pero junto a los anteriores elementos positivos ha habido
también uno de carácter negativo, como es el rechazo de un
Estado miembro a aceptar al candidato finalmente consensuado
por los otros once miembros y que ha imposibilitado la
designación del Presidente de la Comisión Europea, lo que
puede abrir una crisis importante en la marcha de la Unión.
Cree que no se debió llegar a Corfú con tres candidatos en
liza, que debería haberse buscado el consenso con carácter
previo y sería un error reunirse de nuevo sin alcanzar un
consenso previo en torno al candidato. Aunque la designación
del Presidente de la Comisión es la cuestión que mayor
proyección ha tenido en la opinión pública, en el Consejo se
han aprobado también importantes programas de trabajo y se ha
constatado que las políticas macroeconómicas de los Estados
miembros han seguido, en buena medida, las directivas
establecidas por el Consejo del pasado mes de diciembre. Las
economías se recuperan en el marco de un grado de consenso que
apuesta por la coordinación de políticas nacionales y por el
mantenimiento de un entorno macroeconómico sano que vele por
la estabilidad de los precios y de los tipos de cambio y
tienda a la consolidación fiscal como condición
necesaria para combatir el problema más grave: el desempleo.
Las conclusiones de Corfú profundizan en la coordinación de
los Estados miembros para lograr una reactivación económica
creadora no sólo de riqueza sino, sobre todo, de empleo. Pero
la integración europea requiere también de un impulso político
que en Corfú se ha concretado en seis iniciativas que son:
primera, el fomento de la reforma en las legislaciones de los
Estados miembros destinadas a mejorar la eficacia del sistema
de empleo; segunda, medidas específicas para potenciar el
empleo en las pequeñas y medianas empresas; tercera, la mejora
de la coordinación de las políticas de I+D; cuarta, proyectos
transeuropeos de grandes redes de transporte y de energía;
quinta, la sociedad de la información, pues el Consejo
considera que el reto que plantea la nueva sociedad de la
información justifica la creación de un instrumento permanente
de coordinación europea, y, sexta, el fomento de un nuevo
modelo de desarrollo sostenible que incluya la dimensión
medioambiental.
Informa que el Consejo europeo de Corfú ha hecho suyas las
orientaciones de política económica de nuestros Ministros de
Economía, que insisten en la necesidad de seguir manteniendo
un cuadro macroeconómico equilibrado, incluso en esta
coyuntura de recuperación económica, y que consideran
necesario aprovechar esta recuperación para mejorar el control
del gasto público como base de un crecimiento sostenido y
capaz de generar empleo.
Hace referencia seguidamente a los asuntos tratados en
relación a la política exterior y de seguridad común,
señalando que el Consejo ha confirmado la importancia que
representa la región mediterránea para la Unión y su deseo de
mantener y reforzar las relaciones con sus socios
mediterráneos, haciendo del Mediterráneo una zona en la que la
paz, la seguridad, la estabilidad y el bienestar estén
garantizados. En las conclusiones del Consejo se recogen
también una serie de consideraciones sobre Europa Central y
Oriental y ha confirmado, por otra parte, que mantendrá su
política de acompañamiento al proceso de paz en Oriente Medio
y contribuirá, en la medida de sus posibilidades, a los
sucesivos avances políticos que se produzcan entre las partes.
Asimismo, y como comprenderán los señores Diputados, el
conflicto de la ex Yugoslavia sigue siendo objeto de
preocupaciones para el Consejo de Europa, lo que se pone de
manifiesto en la conclusión de seguir trabajando para alcanzar
un acuerdo duradero que ponga fin al conflicto bosnio.
Igualmente el Consejo se ha manifestado dispuesto a apoyar los
esfuerzos de los Estados miembros que contribuyan a la acción
de las Naciones Unidas en Ruanda, haciendo un llamamiento a
las partes para que vuelvan a poner en marcha las
negociaciones. Señala, por último, que el Consejo de Europa ha
tomado la decisión de luchar con firmeza contra la
intolerancia, el racismo y la xenofobia, fenómenos que
aparecen cada vez con mayor frecuencia en Europa, y hace suya
la iniciativa franco-alemana para adoptar una estrategia
global contra estos fenómenos. Finalmente expresa su
convencimiento de que Corfú habrá sido el punto de arranque de
una Europa políticamente más fuerte, económicamente más
consolidada y, en general, más solidaria y estable.
En representación del Grupo Popular, el señor Aznar López
considera que el Consejo de Europa de Corfú no se puede
calificar precisamente de éxito y que nada obliga a que cada
semestre se tenga que celebrar un éxito en el proceso de
construcción europea.
Comenzando por lo que les puede merecer una evaluación más
positiva, hace una mención especial al Convenio entre Rusia y
la Unión, que sirve para despejar incertidumbres en la
proyección exterior de un país que ha de tener presencia
necesaria en la política internacional y ayuda a mantener una
estabilidad interna, ciertamente precaria. Destaca también la
iniciativa franco-alemana contra el racismo y la xonefobia y
la fijación de un calendario para su puesta en práctica.
Asimismo destaca la selección de proyectos prioritarios en
transporte y energía porque los problemas de financiación les
parecen una decisión elogiable. Igual valoración positiva les
merece la ampliación de la Unión Europea que ahora culmina,
aunque ello no les debe hacer olvidar los errores cometidos en
el camino y la preocupación por la capacidad de nuestra
economía para aguantar el tirón que en la dinámica comunitaria
producirá la incorporación de los cuatro nuevos países
miembros.
Sin embargo, es la parte negativa de Corfú la que
lamentablemente puede llegar a tener un mayor alcance. Señala
que la imposibilidad de elegir un candidato de pleno consenso
para presidir la comisión durante los próximos cinco años ha
sido definida por algunos como un accidente del recorrido y,
si ello fuera así, no tendría que preocuparles en exceso. Pero
mucho más grave sería que lo ocurrido representara la
existencia de divergencias más profundas o el enfrentamiento
de dos conceptos totalmente diferentes de la Europa unida y de
las obligaciones que la pertenencia a ella conlleva. Afirma
que la nueva realidad en el proceso de construcción europa,
derivada de la reunificación de Alemania, de la desaparición
del bloque soviético y de la entrada de nuevos miembros en la
Unión,
representa también nuevos equilibrios de poder
intracomunitario, por lo que a partir de ahora será exigible
un mayor cuidado en las formas para no crear suspicacias que
dificulten el necesario consenso comunitario. Este cambio de
circunstancias es el que debe hacerles reflexionar, y la forma
en que se ha negociado y concluido la reciente ampliación de
la Unión con la incorporación a los cuatro nuevos miembros es
como un indicio de esa nueva situación. En todo caso,
entienden que España debe seguir estando firmemente
comprometida con la realización de la Unión Europea, pero la
cuestión radica en que ésta no tiene hoy un horizonte
suficientemente definido, como ha reconocido el propio
Presidente de la Comisión. Se ha entrado en una fase de
redefinición, considerando positivo que el grupo de reflexión
esté presidido por España, y mientras se desarrolle este
trabajo nuestro país ha de hacer prevalecer claramente la
defensa de unos intereses que afectan de manera inmediata a
nuestra realidad geoestratégica y a sectores productivos
concretos. Sobre este particular insiste en su petición, hecha
en anterior ocasión, de definir con el más amplio consenso
posible una posición nacional tanto de cara a la revisión del
Tratado de Maastricht, en 1996, como en lo que afecta a las
distintas peculiaridades de la Unión y a las principales
políticas comunitarias. Creen imprescindible que España asuma
una postura realista y única que pueda evitar que se forme en
nuestro país una corriente de opinión pública mayoritaria que
acabe por distanciarse de la Unión Europea. De ahí que
consideren que es la hora de lo concreto, en el sentido de una
más firme defensa de los intereses nacionales que echan hoy de
menos muchos españoles afectados negativamente por exigencias
comunitarias que podrían haberse negociado mejor. Concluye
haciendo referencia a los resultados de las elecciones
recientemente celebradas, manifestando que ya que el señor
González es incapaz de comparecer ante esta Cámara a explicar
su política y los apoyos con los que cuenta para mantenerse al
frente del Gobierno. Espera que al menos sea capaz de intentar
entender e impulsar estas propuestas y, aunque no alberga
mucha confianza en ello, está seguro de que los españoles y
los intereses de España lo agradecerían.
El señor Anguita González, en representación del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, manifiesta que por
enésima vez va a demandar al Presidente del Gobierno que haya
un debate previo a las próximas cumbres europeas. Señala
también que, ya que el Presidente de Gobierno no dimite ni
plantea la cuestión de confianza, debería venir a este
Parlamento para que él mismo conozca como debe los acuerdos
con otras fuerzas políticas, no para inmiscuirse en ellos sino
para conocer la política que el Gobierno va a seguir, como
consecuencia de esos pactos.
Alude seguidamente a lo que califica de situación mortecina en
la construcción europea, cuyos responsables son los
presidentes y jefes de gobierno que están llevando los
proyectos al margen de las poblaciones y apoyados por expertos
muy alejados de la realidad, dando lugar al enorme
euroescepticismo actual, cuando no al avance de situaciones de
las que es ejemplo el caso italiano. Califica la Cumbre de
Corfú de un fracaso, uno más en la serie de fracasos
anteriores, y no porque no hayan podido sustituir al señor
Delors, que es simplemente un síntoma de un mal mucho más
preocupante. Corfú tiene delante tres retos a superar:
primero, una situación económica y social bastante grave;
segundo, la convergencia injusta, irreal e imposible acordada
en Maastricht, y tercero, lo que acaban de decir los que han
votado en las elecciones europeas. Se extiende en
consideraciones en torno al primer reto, manifestando que se
habla de recuperación económica, pero inmediatamente se
reconoce que no se crea empleo, y en vez de enfrentarse
auténticamente al problema hablan de adaptarse, recurriendo a
lo que siempre recurren los gobiernos de derechas, es decir, a
la flexibilidad de los mercados de trabajo, precarización de
empleo, ataques al estado del bienestar, establecimiento de la
competitividad como norte y guía de una acción de gobierno. Se
niega que Europa sea simplemente un mercado único, pero la
realidad es que es a lo único que se está contribuyendo,
aparte de una política antisocial que no lleva precisamente a
la creación de empleo. Termina señalando que ha de tenerse el
valor de mirar las cosas con dignidad y valentía, y cumbres
como la de Corfú, Bruselas, Edimburgo o Lisboa no hacen sino
adelantar la crónica de una muerte anunciada.
El señor Roca i Junyent, en nombre del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), comienza aludiendo al debate previo a
las cumbres pedido por el señor Anguita, anunciando que su
Grupo no lo considera necesario, aunque pueda haber
excepciones.
En cuanto a la Cumbre de Corfú, como todas las cumbres
europeas, tiene la doble vertiente de las luces y las sombras,
de los aspectos positivos y negativos, siendo mucho más
difícil encontrar en la historia de la construcción europea
cumbres que sólo sean positivas. En esta ocasión la
incapacidad de generar un consenso sobre quién debe ser el
Presidente de la Comisión y la forma en que se ha producido la
expresión de ese disenso han ocultado los aspectos positivos
de la cumbre, el primero de los
cuales es la asistencia de los jefes de Estado y de Gobierno
de los nuevos países miembros de la Unión.
Por otro lado, saluda con satisfacción la Conferencia
Intergubernamental convocada para reflexionar sobre cómo debe
avanzarse en la construcción europea, cuestión en la que
considera conveniente alcanzar el máximo grado de consenso
posible de esta Cámara. Igualmente saluda y valora
positivamente el acuerdo alcanzado con Rusia, que no ha sido
fácil, pero que supone una apuesta decidida para la
normalización de aquel gran país y también para la
normalización europea.
Una segunda gran cuestión que califica de positiva y que
representa un motivo de satisfacción es que Corfú ha sido un
aval importante de la política española en la línea de
coincidencia con la política económica europea. Sobre este
particular expone que el programa de convergencia están
obligados todos los países europeos a adaptarlo y revisar las
magnitudes entonces fijadas, y también España debe hacerlo con
toda naturalidad y sin dramatismo, debiendo comenzar a tener
su expresión en los próximos Presupuestos Generales del
Estado. Termina haciendo una valoración, igualmente positiva,
de la definición de la región mediterránea y de las
necesidades de dar prioridad a la resolución de sus problemas,
así como a las conclusiones sobre el tema del racismo y de la
xenofobia, que también afectan directamente a nuestro país.
Respecto a lo que sucede en la antigua Yugoslavia, reitera lo
ya dicho en anteriores ocasiones en el sentido de que Bosnia
ha hecho más daño a la construcción europea que cualquier otro
tema económico o de otra naturaleza. El señor Anasagasti
Olabeaga, en nombre del Grupo Vasco (PNV), manifiesta que la
presidencia griega no pasará a los anales de la historia
europea, pero su culminación en Corfú abre las puertas a tres
presidencias coordinadas que han de ser claves a la hora de
desatascar una Comunidad en la que deben prevalecer aquellos
que creen en una unión política, que aceptan compartir
soberanía, sobre quienes creen que es una simple zona de
librecambio. Ello es mucho más necesario ahora, con un
Parlamento con mayores poderes, y porque en 1996 habrá una
reforma institucional que decidirá la Europa que queremos, ya,
que no se puede seguir funcionando con la actual situación. Es
necesario un modelo europeo serio y de ahí que la elección del
Presidente de la Comisión no sea precisamente una cuestión
menor.
Agrega que les parece correcta la postura del Gobierno de
apoyar la candidatura del Primer Ministro holandés, que podría
haber sido un buen presidente, y lamenta que la misma no haya
prosperado.
En relación a las redes de infraestructuras, el acuerdo les
parece positivo sobre el papel. Acerca de la conexión
ferroviaria Madrid-Vitoria-Dax, desconoce detalles,
especialmente en materia de financiación, pero el acuerdo,
repite, lo considera positivo.
También les parece del mayor interés político la presidencia
de España del grupo de trabajo que preparará la revisión del
Tratado de Maastricht, dado que es uno de los principales
retos que tiene planteados la Europa comunitaria. De cara a
dicha reforma y para la participación en las decisiones
correspondientes solicitan un equilibrio sereno y un esfuerzo
de consenso e imaginación. El señor Olarte Cullen, del Grupo
de Coalición Canaria, manifiesta que la celebración de la
Cumbre europea de Corfú ha venido marcada por una imagen
indiscutible de crisis, ignorando las razones exactas que ha
habido para que España defendiera, en principio, la
candidatura del Primer Ministro holandés, estando conforme con
la posición española. Considera que no se puede ni se debe
ocultar la trascendencia de los problemas actualmente
presentes en la construcción europea y que exigen un debate
continuado, aunque no cree que con carácter previo a cada
cumbre haya que establecer los acuerdos correspondientes en
torno a la línea de conducta a seguir.
Destaca a continuación la extraordinaria relevancia del grupo
de reflexión para la preparación de la Conferencia
Intergubernamental de 1996, máximo al estar presidida por
España, y es en estos momentos difíciles para la Unión Europea
cuando se exige una especial responsabilidad de las fuerzas
parlamentarias y muy especialmente del Gobierno. Pide ya que
se intente consensuar el nombre del Presidente de ese grupo de
reflexión y, asimismo, que el Gobierno desarrolle los máximos
mecanismos de cooperación e información con los grupos
parlamentarios y las comunidades autónomas para llegar a una
posición española clara y perfectamente definida y apoyada.
Respecto a la grave situación económica y los problemas del
desempleo piensa que los resultados de la cumbre han sido más
bien escasos, dando la impresión de que los responsables
políticos de la Comunidad, y particularmente los Ministros de
Economía y Hacienda, mantienen una actitud pasiva ante la
crisis. En relación con la utilización de los fondos de
cohesión celebra que en el futuro no sólo se administren y se
decida, sin oscurantismos sino otorgando a las comunidades
autónomas el protagonismo que tienen que tener.
Expresa, por otra parte, su preocupación ante la próxima
presidencia alemana y la posibilidad de que se claudique en la
defensa de algunos productos, como el plátano, muy importante
para el archipiélago canario, así como determinados sectores
de aquella Comunidad Autónoma que tienen que sobrevivir en
bien de la propia Comunidad.
La señora Rahola i Martínez, del Grupo Mixto, se pregunta qué
Europa vamos a construir, si es una Europa de entes estatales,
incapaces de dar cabida a las realidades culturales múltiple
que la han definido históricamente, o una Europa cercana a la
realidad ciudadana y generosa con sus pluralidades. Desde la
perspectiva catalana, es preciso aclarar si se va a dar cabida
en la construcción europea a la Europa de los pueblos y no
sólo a la Europa de los Estados, sobre cuyo particular pide al
Presidente del Gobierno que como representante español
defienda la particularidad catalana. En cuanto a los
resultados de la cumbre, los califica de positivos, destacando
la importancia del acuerdo sobre el tren de alta velocidad,
que considera fundamental desde una perspectiva económica.
Sobre este particular pide concreción en materia de trazados y
plazos de la construcción. El señor Mur Bernad, del Grupo
Mixto, alude a la crisis por la que atraviesa la Unión
Europea, de lo que es clara muestra la incapacidad para
encontrar un sustituto al señor Delors, a lo que se une la
indefinición del modelo europeo por los cambios de criterio.
Observa en algunos países miembros que tienden más a una
Europa de los estados, prescindiendo de los pueblos que la
integran. Menciona también el eje París-Bonn y el creciente
protagonismo de Alemania, ante lo cual considera que el
Gobierno debería definir con más nitidez y claridad cuál es
nuestro papel y tomar medidas de política interior necesarias
para hacerlo posible.
En materia económica, considera necesario modificar criterios
de política de convergencia que han resultado inservibles por
inviables, aunque hace hincapié en el cumplimiento de las
medidas referentes a la educación y formación de cara a la
mejora del empleo y la competitividad.
Sobre los proyectos para las redes transeuropeas de
transporte, energía y medio ambiente las considera importantes
pero insuficientes y, a veces, contradictorias e incompatibles
entre sí.
Concluye pidiendo al Presidente del Gobierno que desvele su
postura para ser o no el próximo Presidente de la Comisión
Europea, desde donde se pueden resolver también los problemas
de España, estando convencido de que tiene méritos para ello,
a la vez que quizá también aquí fuera bueno un relevo. El
señor Albistur Marín, del Grupo Mixto, alude a la crisis
europea manifestada en la imposibilidad de acuerdo para la
sucesión del señor Delors y en las dudas sobre política
económica, en sus aspectos de financiación y de inversiones
imprescindibles para el desarrollo. Sobre este particular
piensa que continúa siendo lento e ineficaz el programa de
recuperación económica y de creación de empleo. En cuanto a la
construcción de Europa se suma a las peticiones de otros
Grupos, reivindicando la participación de los nacionalismos en
tal construcción. El señor González Lizondo, del Grupo Mixto,
alude a la situación de las frutas y hortalizas españolas,
principalmente de la región de Valencia, mientras se conceden
importantes ayudas a países extracomunitarios, como Argelia y
Marruecos y, por otro lado, a la destrucción de importantes
sectores como el de la juguetería y el textil. Aun pudiendo
parecer insolidario, se cree obligado a hablar de estas
cuestiones tan fundamentales para su Comunidad. Sobre este
particular pide al señor Presidente del Gobierno que sea
valiente y defienda los intereses de España, al igual que han
hecho ya sus colegas franceses, ingleses o italianos, ya que
no por ello se es menos europeísta.
En nombre del Grupo Socialista interviene el señor Almunia
Amann, que agradece al Presidente del Gobierno su
comparecencia e información facilitada a la Cámara. Respecto
al Consejo de Corfú, se deducen valoraciones políticas
contradictorias, mereciendo una opinión muy positiva los
acuerdos alcanzados en múltiples materias, como el desarrollo
del Libro Blanco, orientaciones de políticas económicas,
política exterior y de seguridad y asuntos de justicia e
interior. También es verdad que el fracaso que supone no haber
decidido el nombre del futuro Presidente de la Comisión es un
dato de primera magnitud y no se pueden minusvalorar sus
consecuencias negativas.
Se encuentran, por tanto, ante una situación paradójica en la
que, no obstante, sería injusto no resaltar la importancia de
muchos de los acuerdos alcanzados y que van desde la
asistencia por primera vez de los jefes de Estado y de
Gobierno de los nuevos países miembros a los acuerdos
alcanzados entre la Unión Europea y Rusia. Sobre la creación
de un grupo de reflexión preparatorio de la Conferencia
Intergubernamental de 1996 ya se ha destacado la importancia
de que sea un español quien la va a presidir y menciona la
creación de una ponencia en la Comisión Mixta para seguir los
trabajos correspondientes. En materia de empleo y
competitividad se congratula de las conclusiones alcanzadas,
entre ellas la importancia de los proyectos de infraestructura
de
transportes que afectan de manera muy importante a nuestro
país. Se ha constatado, por otra parte, que el clima económico
mejora con claridad en el conjunto de las economías europeas,
lo cual va a facilitar el margen de financiación necesario
para llevar a la práctica esos grandes proyectos. Concluye
aludiendo a la participación en la Conferencia del Presidente
del Gobierno español, que ha jugado un papel importante, según
ha sido reconocido por los líderes y observadores de otros
países.
Interviene de nuevo el señor Presidente del Gobierno (González
Márquez) para contestar a los portavoces de los Grupos
Parlamentarios.
Se suspende la sesión a las doce y cincuenta y cinco minutos
del mediodía.
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Preguntas (Página 4345)
Del Diputado don Rafael López Martín de la Vega, del Grupo
Socialista, que formula al Gobierno: ¿Qué efectos considera el
Gobierno que tiene sobre las Cámaras de Comercio, la sentencia
del Tribunal Constitucional referida a la Ley de Cámaras de
1911? (Número de expediente 180/000589) (Página 4345)
Del Diputado don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, del Grupo
Socialista, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas está
adoptando o tiene previsto adoptar el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, para contribuir a mejorar la situación
actual de la ciudad de Béjar y su comarca? (Número de
expediente 180/000551) (Página 4346)
Del Diputado don Antonio Costa Costa, del Grupo Socialista,
que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las líneas básicas del
Plan Estratégico de Iberia y qué costes sociales puede
comportar? (Número de expediente 180/000553) (Página 4347)
Del Diputado don Ricardo Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo
Vasco (PNV), que formula al Gobierno: ¿Qué opinión tiene el
Gobierno sobre la firma del Protocolo de intenciones entre
ENAGAS y las Compañías Eléctricas, para el uso del gas natural
en la generación de energía eléctrica y su incidencia sobre la
libre competencia en la Unión Europea? (Número de expediente
180/000581) (Página 4348)
Del Diputado don Manuel García Fonseca, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, que formula al Gobierno: ¿Cómo explica el Gobierno
que ENAGAS no sólo sea vendida a Gas Natural muy por debajo
del valor auditado, sino que la Caixa, accionista claramente
minoritario en Gas Natural-Enagas, posea igual número de
consejeros que el INH, y además la presidencia de la nueva
empresa? (Número de expediente 180/000588) (Página 4349)
Del Diputado don Diego Such Pérez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
criterios se han utilizado para determinar el valor de ENAGAS,
que en principio se cifró en torno a 100.000 millones de
pesetas, para posteriormente quedar fijado en la mitad?
(Número de expediente 180/000597) (Página 4351)
De la Diputada doña Pilar Novoa Carcacia, del Grupo
Socialista, que formula al Gobierno: ¿Qué actuaciones se están
desarrollando y cuáles se tiene previsto desarrollar para el
logro del objetivo de incrementar la tasa de ocupación y
calidad del empleo de las mujeres, contemplado dentro del II
Plan para la Igualdad de Oportunidades de la Mujer? (Número de
expediente 180/000556) (Página 4352)
De la Diputada doña Angustias María Rodríguez Ortega, del
Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las
previsiones del Gobierno para poder atender y facilitar las
demandas de trabajo temporal en las zonas productoras de
frutas y hortalizas? (Número de expediente 180/000562)
(Página 4353)
Del Diputado don Fernando Soto Martín, del Grupo Socialista,
que formula al Gobierno: ¿Qué valoración hace el Ministerio de
los traspasos de competencias agrarias a las Comunidades
Autónomas? (Número de expediente 180/000559) (Página 4354)
Del Diputado don Fernando Soto Martín, del Grupo Socialista,
que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las previsiones del MAPA,
respecto a la actual campaña de frutas y hortalizas? (Número
de expediente 180/000560) (Página 4354)
Del Diputado don Josep Pau i Pernau, del Grupo Socialista, que
formula al Gobierno: ¿Qué acciones ha realizado el Gobierno
español, ante el de Francia y ante los organismos de la Unión
Europea, respecto a los ataques a los camiones de frutas y
hortalizas españoles? (Número de expediente 180/000596)
(Página 4355)
Del Diputado don Emiliano Sanz Escalera, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Cuáles son las causas por las que el pasado día 22 de junio
se produjo un incendio con diversos focos en el Parque
Nacional de Doñana? (Número de expediente 180/000598) (Página 4356)
Del Diputado don Diego Jordano Salinas, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Puede garantizar el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación el abastecimiento de semilla certificada de trigo
duro en la cantidad y calidad exigida en la normativa
recientemente aprobada? (Número de expediente 180/000603)
(Página 4357)
Del Diputado don Ricardo Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo
Vasco (PNV), que formula al Gobierno: En relación a los
médicos especialistas sin título oficial que tienen acreditada
largamente su especialidad, ¿qué medidas tiene previsto
adoptar el Ministerio de Sanidad y Consumo para el
reconocimiento oficial del título a este colectivo de médicos?
(Número de expediente 180/000586) (Página 4359)
Del Diputado don Enrique Fernández-Miranda y Lozana, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Existen fármacos comercializados en España sin eficacia
demostrada y que son recetados por el INSALUD? (Número de
expediente 180/000604) (Página 4360)
Del Diputado don Néstor Padrón Delgado, del Grupo Socialista,
que formula al Gobierno: ¿Qué actuaciones ha realizado o
piensa hacer el Gobierno en los diferentes ámbitos,
diplomático, humanitario, etcétera, para intentar poner fin a
la tragedia en Ruanda? (Número de expediente 180/000592)
(Página 4361)
Del Diputado don Alfonso Perales Pizarro, del Grupo
Socialista, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas va a adoptar
el Gobierno para el suministro de agua potable en la provincia
de Cádiz? (Número de expediente 180/000593) (Página 4362)
Del Diputado don Francisco Javier Martín del Burgo Simarro,
del Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Cuál es la
situación del proyecto de edificación de nuevas dependencias
del servicio de Correos y Telégrafos en la localidad de
Puertollano? (Número de expediente 180/000594) (Página 4362)
De la Diputada doña Anna Balletbó i Puig, del Grupo
Socialista, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son los aspectos
esenciales del proyecto de Televisión por cable que prepara el
Gobierno? (Número de expediente 180/000595) (Página 4363)
Del Diputado don Jaime Ignacio del Burgo Tajadura, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente:
¿Cuál es la auténtica posición del Gobierno en relación a la
continuidad de las obras del
Embalse de Itoiz-Canal de Navarra? (Número de expediente
180/000601) (Página 4364)
De la Diputada doña Elena García-Alcañiz Calvo, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Cómo ejerce el Ministerio de Cultura el deber de vigilancia
sobre las Entidades de Gestión, a que se refiere el artículo
144 de la Ley de Propiedad Intelectual? (Número de expediente
180/000599) (Página 4365)
Del Diputado don Sergio Gómez-Alba Ruiz, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Excma.
Sra. Ministra de Cultura: ¿Qué previsiones tiene el Ministerio
de Cultura sobre los costes de funcionamiento normal del
Teatro de la Opera de Madrid, con independencia de la fórmula
final que se adopte para su gestión y de las lógicas
previsiones de programación de las actividades a desarrollar
en el mismo? (Número de expediente 180/000600) (Página 4366)
Del Diputado don Angel Mario Carreño Rodríguez-Maribona, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al
Excmo. Sr. Ministro de Educación y Ciencia: ¿A qué se debe la
presencia permanente de Altos Cargos del Consejo Superior de
Deportes en el Mundial 1994 de Fútbol en Chicago? (Número de
expediente 180/000602) (Página 4367)
De la Diputada doña Carmen Cremades Griñán, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Cómo piensa el Ministerio de Educación y Ciencia compensar a
las Universidades del denominado territorio MEC, que están
siendo actualmente transferidas a las diferentes Comunidades
Autónomas de la diferencia del incremento de tasas para el
próximo curso respecto a las Universidades ya transferidas?
(Número de expediente 180/000606) (Página 4369)
Del Diputado don Antonio Romero Ruiz, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que
formula al Gobierno: ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno
para garantizar la viabilidad de la empresa Malagueña General
Textil, antigua Intelhorce? (Número de expediente 180/000587)
(Página 4370)
Del Diputado don Xabier Albistur Marín, del Grupo
Parlamentario Mixto, que formula al Excmo. Sr. Ministro de
Justicia e Interior: ¿Cuáles han sido las razones para
conceder el indulto al teniente coronel de la Guardia Civil
jubilado don José Martín Llevot, quien cumplía condena por
encubrir torturas y que también había sido condenado por
falsedad en documento público, prevaricación y denegación de
auxilio a la Justicia por el caso Linaza? (Número de
expediente 180/000585) (Página 4371)
Del Diputado don Manuel de la Rocha Rubí, del Grupo
Socialista, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas está
adoptando el Gobierno para la adecuada aplicación de la Ley
9/1994, de 19 de mayo, que modifica la reguladora del derecho
de asilo, especialmente en lo referente a garantizar los
derechos de los solicitantes de asilo cuando se encuentre en
frontera? (Número de expediente 180/000590) (Página 4372)
Del Diputado don Pedro Jover Presa, del Grupo Socialista, que
formula al Gobierno: ¿Qué medidas ha adoptado o tiene previsto
adoptar el Gobierno para hacer frente a la creciente actividad
de grupos y asociaciones que, directa o indirectamente,
promueven la discriminación racial, especialmente el
antisemitismo? (Número de expediente 180/000591) (Página 4373)
Del Diputado don Antonio Pillado Montero, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Por qué se ingresan en el Tesoro Público los intereses
generados por las cuentas de consignaciones y depósitos
judiciales, abiertas en determinada entidad bancaria privada?
(Número de expediente 180/000607) (Página 4374)
Del Diputado don Luis Ramallo García, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Confirma el
Gobierno que cuentas bancarias a nombre del prófugo Luis
Roldán Ibáñez han seguido teniendo movimiento hasta fecha
reciente? (Número de expediente 180/000616) (Página 4375)
Del Diputado don Mariano Rajoy Brey, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son
las razones objetivas que han aconsejado el nombramiento como
Delegado del Gobierno en la Región de Murcia de don Eugenio
Faraco Munuera? (Número de expediente 180/000617) (Página 4376)
Interpelaciones urgentes(Página 4377)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
criterios del Gobierno con respecto a la remodelación del
Ministerio de Justicia e Interior, en lo que se refiere al
ámbito de Interior, así como proyectos en relación al modelo
oficial (Página 4377)
El señor Alvarez-Cascos Fernández, defiende la interpelación
del Grupo Popular. Expone que el pasado día 16, tras una
petición de su partido al Ministro de Justicia e Interior,
tuvieron acceso a un documento denominado «Nuevo modelo
policial», en el que se concretan los acuerdos entre el
Gobierno de la nación y Convergència i Unió, del que los
medios de comunicación venían dando noticia en las semanas
anteriores. Aquel día tuvieron la oportunidad de enterarse de
que este acuerdo venía negociándose desde hacía meses con el
Ministerio del Interior, presumiblemente tras las elecciones
generales del pasado año. Afirma que el sigilo que ha rodeado
hasta ahora estas negociaciones no es criticable si se
entiende que la definición de un modelo policial para toda
España es sólo una cuestión de oportunidad, que en el marco de
la reciprocidad de los apoyos que Convergència i Unió presta
al Partido Socialista para garantizar la estabilidad del
Gobierno de Felipe González sólo afecta al interés del partido
o partidos que pactan. Sin embargo, aquellos que dan a la
seguridad pública el rango de cuestión de Estado y que en su
papel de oposición brindan al Gobierno un tratamiento especial
de estos asuntos se han visto desfavorablemente sorprendidos y
deploran profundamente el sesgo partidista con el que se está
gestando el llamado modelo policial.
El Grupo Popular reitera que, dada la importancia de la
seguridad pública, en cuanto que es un deber constitucional y,
por tanto irrenunciable, del Gobierno para proteger los
derechos y libertades de los ciudadanos no puede ser devaluado
retirándolo de la lista de asuntos que dan sentido y fuerza a
una idea de Estado. Pero, una vez más, en la balanza de Felipe
González se demuestra que pesan más sus necesidades políticas,
personales y de partido que sus virtudes para velar por el
interés nacional. Agrega que no pueden entender, en un nuevo
motivo de confrontación o discriminación entre comunidades
autónomas, que mientras se discute y acuerda un nuevo modelo
policial para Cataluña se les ofrece al resto de las
comunidades tan sólo el derecho a importarlo sin retoques.
Afirma que el nuevo modelo policial se ha concebido mal y el
método también resulta improcedente al no plantear claramente
si queremos una policía preventiva o represiva, o en qué
porcentaje se combinan ambas funciones. En cuanto a la Policía
Judicial, señala que el acuerdo en cuestión atribuye esta
función a la Generalidad de Cataluña en términos de
equiparación al Estado, quebrando una concepción unitaria del
poder policial, tal como la Constitución proyecta, dándose un
paso en dirección contraria a lo que aconseja el sentido común
y la experiencia. Alude también a que en el documento en
cuestión se habla de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, refiriéndose por tanto con el mismo rango al Cuerpo
Nacional de Policía y a la Guardia Civil, cuando se trata de
dos cuerpos de naturaleza diferente, el primero civil y el
segundo militar. Pregunta entonces si se acepta sin más que la
Generalidad pueda asumir también las funciones de índole
militar que desarrolla la Guardia Civil en Cataluña. Concluye
el interpelante afirmando que el nuevo modelo policial se ha
gestado en el peor momento político del Ministerio del
Interior, provocando agravios con el resto de las comunidades
autónomas y acometiéndose esta empresa sin haber sido capaces
aún de poner orden en el propio Ministerio del Interior, donde
el aluvión de ceses y nombramientos en los últimos meses ha
provocado una gran desorganización interna, dando lugar al
desánimo y descontento en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, en una situación calificada de esquizofrénica. En
nombre del Gobierno contesta el señor Ministro de Justicia e
Interior (Belloch Julbe), dejando constancia, en primer lugar,
de lo difícil que es discutir, dado el planteamiento que se
realiza en la
intervención preliminar por un hecho evidente como es el
documento citado por el señor Alvarez-Cascos. Reconoce que,
con motivo de su visita solicitando información le pareció
oportuno dársela a un partido como el Popular, al igual que lo
hubiera hecho con cualquier otro Grupo Parlamentario que lo
hubiera solicitado. El problema es que toda la crítica que ha
intentado realizar el señor Alvarez-Cascos parte de algo que
no existe, y a partir de ahí resulta un poco complicado
rebatir sus argumentos.
Agrega que se trataba de un documento que iba a la
correspondiente Comisión Autonómica para su aprobación o no,
como informó al interpelante, al que posteriormente le
comunicó específicamente que se había decidido separar de
manera clara y determinante, por un lado, el tema que afectaba
al modelo policial y, por otro, el problema relativo a la
policía autonómica. En la Comisión Autonómica el tema del
modelo policial quedaba fuera de la discusión.
Consiguientemente, todo lo expuesto por el señor Alvarez-
Cascos tiene el inconveniente de que ya no sirve porque el
modelo actual nada tiene que ver con el existente en el
momento en que le proporcionó la información. Añade el señor
Ministro que no esperaba que toda la información fuera
utilizada después para realizar una interpelación
parlamentaria y toma nota de la forma peculiar con que utiliza
la información el señor Alvarez-Cascos.
Insiste posteriormente en que en la Comisión Autonómica se
adoptó el criterio de separar los dos temas: el del modelo
policial, que debía tener su discusión en un marco
parlamentario general, y la lectura concreta del artículo del
Estatuto de Autonomía, que es el que debía aprobarse en el
marco de la Comisión Autonómica y después, en su caso, por el
Gobierno de la nación. Informa también que en dicha Comisión
lo único que se acordó fue abrir una comisión nominalista para
trabajar sobre el tema de la lectura, interpretación y
aplicación del precepto del Estatuto de Autonomía de Cataluña
relativo a su policía, y éste es el estado actual de la
cuestión.
Aclarado lo anterior, no entrará a describir cuál va a ser el
modelo policial futuro, entre otras razones porque se
encuentra en estudio, ya que es algo profundamente difícil
complicado e importante y lo tratarán con el rigor, la
seriedad, la calma y la participación de los grupos
parlamentarios que así lo deseen para realizar la reforma del
actual modelo policial. Respecto a la situación en que se
encuentra el Ministerio de Justicia e Interior afirma que cada
uno ve las cosas de acuerdo con el cristal con que se mira, y
la óptica del Partido Popular obliga a decir que las cosas
están mal, que todo va mal, lo que hará inevitable las
elecciones anticipadas. Tienen pleno derecho a ver así las
cosas desde su óptica estratégica y de ahí que frecuentemente
mantengan la postura de pedir dimisiones. El Gobierno, sin
embargo, no ve así las cosas, ni tampoco el Grupo
Parlamentario Socialista, ni la mayoría de esta Cámara, y
mientras eso no cambie no tienen ninguna posibilidad de tener
éxito en sus equivocadas estrategias.
Agrega que, desde la óptica del Gobierno, las cosas funcionan
muy bien, facilitando diversos datos sobre los hechos
acaecidos el día 5 de mayo último, sobre resultados que
considera muy importantes en todas las áreas fundamentales de
la Secretaría de Estado de Interior y que, en su opinión,
sirven para desmentir las acusaciones de caos e inoperancia.
Replica el señor Alvarez-Cascos Fernández, duplicando el señor
Ministro de Justicia e Interio (Belloch Julbe).
Para fijación de posiciones interviene la señora Rahola i
Martínez, del Grupo Mixto, y los señores Camp i Batalla, del
Grupo Catalán (Convergència i Unió) y Espasa Oliver, del Grupo
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Por alusiones
interviene de nuevo el señor Alvarez-Cascos Fernández.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre
medidas de política general que tiene previsto adoptar el
Gobierno para mejorar la competitividad de la economía
mediante la agilización y modernización de los procedimientos
judiciales en el ámbito económico (Página 4390)
El señor Camp i Batalla defiende la interpelación del Grupo
Catalán (Convergència i Unió), exponiendo que la
competitividad de la economía de un país no sólo depende de la
capacidad de producción de sus empresas, de la normativa
laboral o de la capacidad de formación o innovación que tengan
sino también del buen funcionamiento y agilidad de la
Administración de Justicia, ya que cuando una persona o una
empresa entran en un procedimiento judicial todo lo que
contribuya a dar pronta solución al conflicto y a favorecer lo
complejo de los compromisos mercantiles y el mantenimiento de
la actividad productora o de los puestos de trabajo ayudará a
mejorar el funcionamiento de la economía del país y su
competitividad.
Alude a los costes y lentitud de los procedimientos judiciales
y a la existencia de problemas para la ejecución de
sentencias, por todo lo cual, a menudo, las empresas renuncian
a hacer valer sus derechos ante los tribunales cuando no
pueden resolver el litigio por otros medios, dando por perdida
las sumas adeudadas. Para corregir esta situación y llegar a
una justicia rápida, eficaz y transparente es preciso
modificar la estructura orgánica de la Administración de
Justicia y afrontar una reforma procesal. Menciona la
antigüedad de la legislación que regula los procedimientos
concursales, alejados de la realidad del funcionamiento
económico de finales del siglo XX, y de ahí la necesidad de
proceder a su modificación evitando los altos costes de los
actuales procedimientos y su dilatada duración. Asimismo debe
fomentarse la utilización de los instrumentos arbitrales para
la resolución de controversias de índole económica. En nombre
del Gobierno contesta el señor Ministro de Justicia e Interior
(Belloch Julbe), informando que el principal objetivo de la
Secretaría de Estado de Justicia ha sido y es la adecuación
del sistema procesal a las necesidades del tiempo presente.
Coincide con el diagnóstico realizado por el interpelante y,
en consecuencia, entiende que la reforma procesal debe
llevarse a efecto puesto que su repercusión sobre la actividad
económica será especialmente notable. Reconoce, sin embargo,
que no es fácil abordar globalmente el conjunto de reformas
procesales precisas para cambiar realmente la situación de la
justicia.
Concluye facilitando algunas de las fechas previstas para
acometer algunas de las reformas pendientes y de las líneas
generales de tales reformas. Replica el señor Camp i Batalla.
Para fijación de posiciones intervienen los señores López
Garrido, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y
Fernández de Trocóniz Marcos, del Grupo Popular.
Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre medidas
previstas en el marco de la negociación que mantiene
Tabacalera con la compañía internacional Philip Morris para
mantener o incrementar la producción de las labores tabaqueras
de la citada multinacional en las plantas de Tabacalera en la
Península (Página 4399)
El señor Martín Menis defiende la interpelación del Grupo de
Coalición Canaria. Expresa su preocupación por el futuro de la
fabricación de tabacos en España de las marcas de la
multinacional Philip Morris, así como por la debilidad del
tejido industrial del archipiélago, aludiendo a las posibles
alternativas a la situación presente y pidiendo que no se
negocie sólo para mejorar los centros de explotación de la
multinacional o de Tabacalera sino que se tenga en cuenta, con
prioridad absoluta, la estabilidad del empleo, especialmente
por la situación grave que atraviesa Canarias.
En nombre del Gobierno contesta el señor Ministro de Economía
y Hacienda (Solbes Mira), que comprende las preocupaciones del
interpelante, pero éste parece olvidar la difícil situación
del sector tabaquero no sólo en Canarias sino a nivel mundial,
a nivel europeo y específicamente a nivel de nuestro país,
como consecuencia, sobre todo en España, de la caída de la
demanda y, por otra parte, de la desaparición del monopolio
por la apertura de mercados que supuso nuestra integración en
la Comunidad Europea.
Respecto a los objetivos del Gobierno y posición en las
negociaciones en curso, el interpelante parece olvidar que
unas negociaciones, por definición, tienen que ser discretas
y, en consecuencia, resulta difícil expresar de forma pública
cuál es su contenido y lo que se pretende conseguir.
Replica el señor Martín Menis, duplicando el señor Ministro de
Economía y Hacienda (Solbes Mira).
Para fijación de posiciones intervienen los señores Espasa
Oliver, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Cabrera
Pérez-Camacho, del Grupo Popular, y Padrón Delgado, del Grupo
Socialista.
Se suspende la sesión a las nueve y veinticinco minutos de la
noche.
Se reanuda la sesión a las diez de la mañana.
COMPARECENCIA DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO DE LA CAMARA, DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 203 DEL
REGLAMENTO:
--COMPARECENCIA DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO DE LA CAMARA, DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 203 DEL
REGLAMENTO, PARA INFORMAR SOBRE LA CUMBRE DE LA UNION EUROPEA
CELEBRADA EN CORFU LOS DIAS 24 Y 25 DE JUNIO (Número de
expediente 210/000015)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto cuarto del orden del día, comparecencia del Gobierno
para informar sobre la Cumbre de la Unión Europea celebrada en
Corfú los días 24 y 25 de junio. Tiene la palabra el señor
Presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Señor
Presidente, señorías, comparezco hoy ante la Cámara para
informar del desarrollo del Consejo Europeo celebrado en Corfú
los días 24 y 25 de junio. Sus señorías disponen ya de las
conclusiones del Consejo. Por lo tanto, me referiré
especialmente a aquellos aspectos de la cumbre europea que
considero esenciales.
En torno a este Consejo europeo ha habido, a mi juicio, varios
acontecimientos significativos: unos de signo claramente
positivo y otros especialmente negativos. Además, ha habido un
programa de trabajo y la confirmación de una vía y de un
método, como es el de la integración económica y política. La
firma de los acuerdos de adhesión de Austria, Suecia,
Finlandia y Noruega confirma la ambición de estos países de
integrarse en una zona de paz y de prosperidad, poniendo en
común competencias que hasta ahora ejercían individualmente.
Supone, además, un paso histórico que todos tenemos la
esperanza de ver confirmado el próximo otoño con un resultado
positivo en las consultas populares de los tres países
nórdicos y que esta Cámara podrá debatir y sancionar en los
próximos meses. Estas adhesiones, señorías, tienen también una
importancia singular por ser las primeras que se realizan en
aplicación de las disposiciones del Tratado de la Unión
Europea. Los jefes de Estado y de Gobierno de los estados
candidatos a la adhesión han podido participar por primera vez
en un Consejo Europeo, enriqueciendo el debate con sus ideas y
con sus puntos de vista, puntos de vista que contribuirán, sin
duda, al acercamiento de los principios de la Unión al
ciudadano.
La firma del acuerdo de cooperación y colaboración con Rusia
en este Consejo europeo ha puesto de manifiesto la importancia
de la Unión en el contexto europeo y mundial y el final de dos
años de trabajo cuyo resultado respeta los intereses
españoles.
Corfú ha supuesto, desde nuestro punto de vista, un momento de
vitalidad europea y de impulso hacia una mayor integración de
todos los países europeos. En esta misma línea, el Consejo ha
adoptado una importante decisión en relación con la
preparación de la Conferencia Intergubernamental de 1996, que
confirma las decisiones del Consejo Europeo de Bruselas y el
acuerdo alcanzado el pasado mes de marzo en Ioannina.
El esquema institucional de la Comunidad, pensado para los
seis estados miembros fundadores, se ha ido adaptando
progresivamente, pero en estos momentos resulta ya de difícil
aplicación para la Europa de los dieciséis. De ahí la
importancia del grupo de reflexión que tiene que preparar la
Conferencia Intergubernamental de 1996, grupo que, presidido
por España, trabajará de manera que pueda presentar un informe
al Consejo Europeo que se celebrará durante la presidencia
española de la Unión.
Como España ha defendido, ese grupo de reflexión contará con
la participación activa de dos miembros del Parlamento
Europeo, asociándolo así plenamente a los trabajos que han de
comenzar el día 2 de junio de 1995.
Junto a estos elementos positivos ha habido también uno de
carácter altamente negativo: el rechazo de un Estado miembro a
aceptar al candidato finalmente consensuado por los otros once
miembros ha imposibilitado la designación del Presidente de la
Comisión Europea y, a mi juicio, puede abrir una crisis de
importancia en la marcha de la Unión.
En todo momento, mientras se debatía esta cuestión, he tratado
de respetar las reglas del consenso. Y lo he hecho, primero,
apoyando a un candidato que me parecía perfectamente idóneo,
como ha demostrado en su larga vida política, y, más tarde,
tratando de facilitar el consenso, al apoyar al candidato
mayoritario. De lo sucedido, señor Presidente, señorías,
deberíamos extraer algunas lecciones y evitar así sacar
conclusiones que no sean correctas. En primer lugar, no se
debió llegar a Corfú con tres candidatos en liza. Debería
haberse buscado el consenso, cosa que no se hizó, con carácter
previo. En segundo lugar, si se acepta, como se aceptó, el
método de someter a votación las tres candidaturas por orden
de preferencia, luego no puede ejercerse un veto, cuando el
resultado no es el que se esperaba. En tercer lugar, no es
aceptable que un solo país pueda imponer a los otros once el
perfil de un candidato. En todo caso, confío en que los
contactos que llevará a cabo Alemania, en su calidad de nuevo
Presidente de la Unión, puedan dar sus frutos y que antes del
próximo día 15 de julio se llegue a un acuerdo sobre la
persona a designar. Sería, obviamente, un error reunirnos de
nuevo si no hubiéramos alcanzado previamente un consenso en
torno al candidato, aunque el nuevo Parlamento Europeo ha de
reunirse el próximo día 19 de julio y podría ya, en esa fecha,
iniciar el proceso de investidura de este candidato.
No obstante, aun respetando las necesidades y los
requerimientos del Parlamento Europeo, creo que hay un margen
de tiempo suficiente, ya que, como saben SS.SS., ha cambiado
el procedimiento de designación del Presidente de la Comisión.
Ahora no son sólo los gobiernos de los estados miembros
quienes nombran al Presidente sino que aquéllos designan a un
candidato que deberá superar la votación de investidura ante
el Parlamento Europeo y, a continuación, se procederá
a nombrar, de acuerdo con los gobiernos y con el propio
Parlamento Europeo, a los miembros del Colegio.
Estas han sido, sin duda alguna, las cuestiones que han tenido
una mayor proyección en la opinión pública, pero junto a
ellas, señor Presidente, señorías, se han aprobado también
importantes programas de trabajo. El Consejo europeo, tras oír
un informe del Presidente de la Comisión, ha debatido el plan
de acción decidido en el Consejo de Bruselas sobre la base del
Libro Blanco. El Consejo de Corfú ha constatado que las
políticas macroeconómicas de los estados miembros han seguido,
en buena medida, las directrices establecidas por el Consejo
del pasado diciembre. Nuestras economías, sobre la base ya del
Tratado de la Unión Europea, se recuperan en el marco de un
grado de consenso que apuesta por la coordinación de políticas
nacionales y por el mantenimiento de un entorno macroeconómico
sano que vela por la estabilidad de los precios y de los tipos
de cambio y que tiende a la consolidación fiscal como
condiciones necesarias para combatir el problema más grave: el
desempleo. Las conclusiones de Corfú profundizan la
coordinación de los estados miembros para lograr una
reactivación económica creadora no sólo de riqueza sino, sobre
todo, de empleo. Durante estos últimos meses, Europa ha
demostrado ser capaz de gestionar la crisis económica más
grave desde los años 30 sin caer en la tentación de
estrategias individuales, insolidarias, que tantos conflictos
ocasionaron en el pasado. Europa opta así por la lógica de la
integración y, al hacerlo, evita la de la desintegración. La
integración económica, que no se va a lograr simplemente por
el efecto espontáneo de las fuerzas del mercado, requiere un
impulso político que en Corfú se ha concretado en seis
iniciativas. La primera, el fomento de la reforma en las
legislaciones de los estados miembros destinada a mejorar la
eficacia en los sistemas de empleo. El Consejo alienta a que
se tomen nuevas medidas, en particular en lo que se refiere a
la educación y a la formación y se felicita de la creación de
nuevos programas comunitarios, como el programa Leonardo y el
programa Sócrates. Recomienda asimismo medidas de fomento del
empleo que presten especial atención al trabajo menos
cualificado y a nuevas formas de organización del trabajo,
como el trabajo a tiempo parcial, y subraya la necesidad de
adoptar medidas que fomenten el empleo de los jóvenes y luchen
contra el desempleo de larga duración. En ese sentido, España
ha dado ya un importante paso al reformar su marco legislativo
laboral.
Segunda, medidas específicas para potenciar el empleo en las
pequeñas y en las medianas empresas. El Consejo Europeo ha
apoyado la iniciativa de la Comisión sobre un programa
integrado en apoyo de las pequeñas y medianas empresas para su
plena incorporación al mercado interior, para el cual la
Comisión contará con 1.000 millones de ecus durante el período
1994-1999. Asimismo, y para la próxima reunión del Consejo
Europeo, se ha pedido a la Comisión un informe sobre las
acciones a escala comunitaria dirigidas al fomento de
iniciativas de desarrollo y empleo local por parte de las
microempresas y de las industrias artesanales. Tercera, la
mejora de la coordinación de las políticas de I+D. En un
mercado global, en el que hemos perdido una buena parte de
nuestra ventaja tecnológica comparativa, Europa, al decir del
Presidente de la Comisión en su informe, tiene que optar entre
la supervivencia y la decadencia. El Mercado Unico es una
condición necesaria, pero no suficiente. Tenemos que ser
capaces de generar una innovación empresarial que no surge de
modo espontáneo si no está fomentada por una política de
investigación y desarrollo tecnológico comparable a la que
llevan a cabo nuestros competidores. Aquí no se trata sólo de
hacer más investigación y desarrollo sino, sobre todo, de
coordinar mejor los esfuerzos que hacemos los distintos
estados miembros.
Cuarta, proyectos transeuropeos de grandes redes de transporte
y de energía. Como saben SS.SS., el Consejo Europeo, partiendo
del informe del Comité Christophersen, ha acordado una primera
lista comunitaria de once grandes proyectos en materia de
transporte, entre los que figuran tres proyectos españoles: la
conexión hispano-francesa del tren de alta velocidad con sus
dos variantes, Madrid-Barcelona-Perpignan-Montpellier y
Madrid-Vitoria-Dax, y la autopista Lisboa-Valladolid. El
Consejo Europeo ha pedido asimismo que estos once proyectos
prioritarios se pongan en marcha no más tarde de 1996. En
cuanto a los proyectos de grandes redes de energía, el Consejo
Europeo ha fijado nueve proyectos prioritarios, entre los que
se encuentran las interconexiones de gas natural España-
Portugal, que incluye expresamente el abastecimiento para las
regiones de Extremadura y Galicia, las interconexiones
eléctricas España-Portugal y el gasoducto Magreb-Europa. En
relación con la financiación de estas grandes redes, el
Consejo ha reafirmado su apoyo a estos proyectos y ha pedido
al Ecofin y al Grupo Christophersen que presenten un informe
al Consejo Europeo de Essen en el que se contemplen las
posibilidades de financiación privada y la utilización de los
recursos comunitarios existentes. Quinta, la sociedad de la
información. El Consejo europeo ha estudiado también el
informe Bangemann y considera que el reto que plantea la nueva
sociedad de la información justifica la creación de un
instrumento permanente de coordinación europea. Cada estado
miembro designará a un responsable ministerial que coordine
todos los aspectos de la cuestión, los políticos, los
financieros y los administrativos, para fijar, con la mayor
brevedad posible, el marco reglamentario a escala europea. El
Consejo Europeo de Essen evaluará
los resultados de esta iniciativa a partir de los trabajos de
la Comisión y del Consejo.
Sexta, el fomento de un nuevo modelo de desarrollo sostenible
que incluya la dimensión medioambiental. Junto a las
iniciativas anteriores, el Consejo europeo apuesta por un
modelo de desarrollo sostenible, no sólo desde el punto de
vista económico sino también desde un punto de vista
ecológico, haciendo compatible el crecimiento del bienestar de
nuestros pueblos con la preservación de los equilibrios
medioambientales que aseguren la conservación del hábitat y la
biodiversidad europeos.
Señor Presidente, señorías, el Consejo Europeo de Corfú ha
hecho suyas las orientaciones de política económica de
nuestros Ministros de Economía, que insisten en la necesidad
de seguir manteniendo un cuadro macroeconómico equilibrado,
incluso en esa coyuntura de recuperación económica, y que
consideran necesario aprovechar esta recuperación para mejorar
el control del gasto público como base de un crecimiento
sostenido y capaz de generar empleo. El Consejo europeo ha
recogido también la reflexión de Delors, expresada en estos
seis puntos que acabo de resumir, y que sintetizan el programa
de reactivación que debe desarrollar el contenido del Libro
Blanco. Señor Presidente, señorías, considero de interés para
esta Cámara hacer, aunque sea de forma breve, una referencia a
los asuntos tratados en relación a la política exterior y de
seguridadd común, deteniéndome en aquellos que tienen mayores
consecuencias para España.
El Consejo ha confirmado la importancia que representa la
región mediterránea para la Unión y su deseo de mantener y
reforzar las relaciones con sus socios mediterráneos. Se trata
de hacer del Mediterráneo una zona en la que la paz, la
seguridad, la estabilidad y el bienestar estén garantizados.
España, junto con otros países mediterráneos de la Unión
Europea, incluyendo la propia presidencia griega, ha logrado
que en las conclusiones se incluya una referencia explícita a
la necesidad de reexaminar la política global en el
Mediterráneo. Se trata de identificar una serie de iniciativas
y acciones concretas, que podríamos llevar a cabo para
aumentar la presencia de la Unión en esta zona. Para ello, el
Consejo y la Comisión presentarán al próximo Consejo europeo
de Essen una evaluación de nuestra política y de las posibles
acciones concretas que puedan desarrollarse en la región,
incluyendo la posibilidad de convocar una conferencia con
participación de la Unión Europea y sus asociados
mediterráneos. En este contexto, el Consejo ha confirmado que
Chipre y Malta formarán parte de la próxima fase de ampliación
de la Unión.
Quiero señalar también a SS.SS. las referencias recogidas en
las conclusiones del Consejo sobre la adhesión de Méjico a la
OCDE y el deseo de fortalecer las relaciones políticas y
económicas con este país, así como el compromiso de prestar
especial atención a las relaciones con el Mercosur. Para
España, se trata de una zona geográfica de indudable interés
en nuestra acción exterior. En los próximos meses tendremos
ocasión de trabajar para que este consenso inicial se traduzca
en iniciativas concretas.
Señorías, en las conclusiones del Consejo se recoge también
una serie de consideraciones sobre Europa central y oriental,
entre las que estimo necesario destacar las siguientes.
El Consejo expresa su deseo de que los países asociados,
Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Rumanía y
Bulgaria, puedan acceder cuanto antes a la integración como
miembros de la Unión, señalando expresamente que las
negociaciones de adhesión no podrán comenzar hasta después de
la Conferencia Intergubernamental de 1996.
El Consejo muestra asimismo su deseo de incrementar la
cooperación de la Unión Europea con Eslovenia, para lo que
continuará el examen del mandato para un acuerdo europeo.
Asimismo muestra su satisfacción por el hecho de que las
negociaciones con los países bálticos vayan bien encaminadas
para el establecimiento de áreas de libre comercio y que estén
concluyendo ya con bastante éxito. Manifiesta su deseo de que,
en el futuro, los países bálticos formen parte de la Unión.
Por otra parte, señorías, el Consejo ha confirmado que
mantendrá su política de acompañamiento al proceso de paz en
Oriente Medio y contribuirá, en la medida de sus
posibilidades, a los sucesivos avances políticos que se
produzcan entre las partes.
Como comprenderán SS.SS., el conflicto de la ex Yugoslavia
sigue siendo objeto de preocupación para el Consejo Europeo.
Esta preocupación se pone de manifiesto en las conclusiones,
donde se expresa la determinación de la Unión de seguir
trabajando para alcanzar un acuerdo duradero que ponga fin al
conflicto bosnio, preservando la unión de Bosnia dentro de sus
fronteras internacionalmente reconocidas y endosando
explícitamente el acuerdo territorial que se ha propuesto a
las partes.
Para intentar poner fin a la terrible situación que vive
Ruanda, y a partir de la decisión del pasado 21 de junio de la
Unión Europea Occidental, el Consejo se ha manifestado
dispuesto a apoyar los esfuerzos de los estados miembros que
contribuyen a la acción de la Naciones Unidas y ha hecho un
llamamiento a las partes para que vuelvan a la mesa de
negociación sobre la base de los Acuerdos de Arusha.
Finalmente, en las conclusiones se han recogido también
declaraciones y acciones comunes sobre Africa austral,
Ucrania, Corea del Norte y Estados ACP, la preparación de la
Conferencia de 1995 de las partes del Tratado de no
Proliferación Nuclear y sobre el Pacto de estabilidad en
Europa.
Señor Presidente, señorías, antes de concluir quisiera hacer
una última referencia a los asuntos tratados en el Consejo y
relacionados con el tercer pilar.
El Consejo europeo ha tomado la decisión de luchar con firmeza
contra la intolerancia, el racismo y la xenofobia, fenómenos
que aparecen cada vez con mayor frecuencia en Europa, y hace
suya la iniciativa franco-alemana que aprueba un calendario de
trabajos para que el Consejo Europeo de junio de 1995 pueda
adoptar una estrategia global contra estos fenómenos.
Asimismo el Consejo ha instado al Consejo de Ministros de
Justicia e Interior para que concluya los trabajos
preparatorios de la Convención Europol, a fin de hacer frente
a las amenazas que suponen el crimen organizado, la droga y el
terrorismo.
Señor Presidente, señorías, considero que el Consejo europeo
de Corfú ha dado pasos adelante en la buena dirección, pero
que la falta de acuerdo en la designación de candidato a
presidente de la Comisión ha sido un elemento altamente
negativo que va a empañar, sin duda, el trabajo que se ha
realizado en estos días.
He de decir ante esta Cámara que, personalmente, me ha
producido una especial satisfacción la conclusión de un
acuerdo con Rusia para contribuir a la transición hacia una
economía de mercado y un sistema democrático y la presencia en
Corfú de los responsables políticos de los cuatro países
miembros, presencia que me ha recordado nuestra primera
comparecencia en el Consejo europeo de Milán, en junio de
1985. Como recordarán SS.SS., también en aquel Consejo hubo
fuertes discrepancias sobre la convocatoria de una conferencia
intergubernamental para concluir el Acta Unica. El acceso de
Portugal y de España fue un elemento de dinamismo reconocido
por todos y un acicate para profundizar en la integración.
Estoy convencido de que ahora también será así y que Corfú
habrá sido el punto de arranque de una Europa políticamente
más fuerte, económicamente más consolidada y, en general, más
solidaria y estable.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Aznar.
El señor AZNAR LOPEZ: Señor Presidente, señorías, parece
evidente que el Consejo Europeo de Corfú no se puede calificar
precisamente de éxito, pero también es verdad que nada obliga
a que cada semestre tengamos que celebrar un éxito del proceso
de la construcción europea. Yo quiero, no obstante, empezar
por lo que creo que nos puede merecer una valoración más
positiva.
Mención especial merece, en nuestra opinión y en primer
término, el convenio entre Rusia y la Unión Europea firmado
con ocasión de esta reunión de Corfú. La actual opción de
Rusia de integración plena en el ámbito europeo y occidental,
aun con las peculiaridades que Rusia, sin duda, tiene, debe
ser acogida con satisfacción porque ello despeja
incertidumbres sobre la proyección exterior de un país que ha
de tener presencia necesariamente en la política internacional
y ayuda a mantener una estabilidad interna ciertamente
precaria. Queremos destacar también la iniciativa franco-
alemana contra el racismo y la xenofobia y la fijación de un
calendario para su puesta en práctica. Habrá que conjugarla, a
nuestro juicio, con una inteligente política de inmigración.
La selección de proyectos prioritarios en transporte y
energía, a pesar de los problemas de financiación, nos parece
una decisión elogiable. El mercado único requerirá también en
el terreno energético un planteamiento unitario que exigirá
trasladar competencias a la Comunidad y cuyos efectos debemos
analizar en España.
La ampliación de la Unión Europea con la que culmina este
período, aún pendiente de tres «referenda» de ratificación,
debe ser asimismo, en nuestra opinión, objeto de una
valoración positiva. Ahora bien, ello no debe hacernos olvidar
los errores cometidos en el camino. Primero se dijo que era
preciso profundizar en la unión antes que ampliarla; luego se
afirmó que profundizar es igual que ampliar, ya que al ampliar
se profundiza. Con una frase se despachaba lo que, en
realidad, era una posición basada en el sentido común. Se
terminó por ampliar a toda prisa sin profundizar nada. Y el
resultado positivo es también la incorporación, con
singularidades, de cuatro países nuevos sin períodos
transitorios, sin que quede claro cómo asumen el acervo común,
sobre todo en política exterior y de seguridad, y bajo
condiciones, en otros ámbitos, que, por lo ventajosas, podemos
considerar que resultan discriminatorias para España en
algunos aspectos.
En esas circunstancias, la preocupación por el desequilibrio
de la Unión Europea, por fundada que esté, no deja de ser
ingenua. La verdadera urgencia es fortalecer nuestra economía
para aguantar el tirón que, en la dinámica comunitaria,
producirán estos cuatro nuevos países.
Señorías, no es mi propósito mirar al pasado para realizar una
crítica acerba sobre el mismo. El Partido Popular, bien lo
sabe esta Cámara, ha apoyado al Gobierno en todo lo que ha
afectado a las negociaciones sobre la ampliación y a la
previsión de sus consecuencias. Lo que me interesa destacar es
que resulta muy necesario aprender la lección y prepararse
para futuras ampliaciones. El Consejo Europeo de Corfú, al
posponer la adhesión de otros países del centro y del este de
Europa a la celebración de la Conferencia Intergubernamental,
sigue, en mi opinión, una línea razonable, pero ello no debe
eximir a España de estudiar en profundidad las repercusiones,
no ya intracomunitarias, sino en los sectores productivos
españoles que sucesivas ampliaciones de la Comunidad puedan
producir.
No se puede repetir el error de luchar tarde y mal por una
minoría de bloqueo improvisada o por la pretensión de que los
nuevos países no cuenten a la hora de decidir el paso a la
tercera fase de la Unión Económica y Monetaria. Hemos de tener
un planteamiento previo que resulte razonable y fundado. Una
minuciosa y paciente preparación es probablemente el mejor
camino que España puede recorrer para contemplar el futuro sin
inquietud y que no tengamos que padecer los agravios
comparativos que se han padecido en relación con la entrada de
cuatro nuevos países.
La parte negativa de Corfú puede llegar a tener,
lamentablemente, un mayor alcance.
La imposibilidad de elegir un candidato de pleno consenso para
presidir la Comisión durante los próximos cinco años ha sido
definida por algunos como un accidente de recorrido.
Si ello fuera así, no tendría que preocuparnos en exceso, por
mucho que no constituya una buena noticia. Mucho más grave
sería, en nuestra opinión, que lo ocurrido representara la
existencia de divergencias más profundas o el enfrentamiento
de dos conceptos totalmente diferentes de la Europa unida y de
las obligaciones que la pertenencia a ella conlleva.
En nuestra opinión, esas divergencias conceptuales están hoy
mucho más matizadas, por lo que en buena medida habría que
achacar a los procedimientos, a las formas, más que a ninguna
otra cuestión, la imposibilidad del acuerdo. Desde esta
perspectiva, hay un método de actuación en la construcción
europea que, en nuestra opinión, aparece agotada y de que
difícilmente pueden esperarse ya resultados positivos. De ahí
que en este momento sea más necesario que nunca el análisis
previo para dibujar los perfiles de la política comunitaria de
España en el futuro inmediato hasta la Conferencia
Intergubernamental de 1996, lo que incluye, obviamente, el
semestre de presidencia española en 1995. Las nuevas
realidades en el proceso de construcción europea derivadas de
la reunificación de Alemania, de la desaparición del bloque
soviético y de la entrada de nuevos miembros en la Unión,
representan también nuevos equilibrios de poder
intracomunitario. Por eso, a partir de ahora será exigible un
mayor cuidado en las formas para no alimentar suspicacias que
dificulten el necesario consenso comunitario. Sin una Unión a
Doce las cosas pueden ponerse difíciles; las sucesivas
ampliaciones comunitarias podrían ponerlas mucho más
complicadas si algunos pretenden marcar unilateralmente el
proceso.
Pero es preciso ir más allá. El problema de fondo radica, en
nuestra opinión, en que la Unión Europea y cada uno de sus
miembros ha venido actuando en gran medida como si nada
hubiera ocurrido en Europa desde la entrada en vigor del Acta
Unica. Los hechos acaecidos, sin embargo, han sido de tal
magnitud que han puesto en marcha un cambio estructural
irreversible. Sólo la reunificación de Alemania ha supuesto la
abrupta entrada en la Unión Europea de un país de dieciocho
millones de habitantes con gravísimos problemas económicos y
sociales. La caída del muro ha abierto un conjunto de
posibilidades nuevas para toda Europa, pero en particular para
Alemania, que implicarán necesariamente, y ello se percibe ya,
la adopción de nuevos perfiles en la construcción europea o,
al menos, perfiles distintos de los proclamados hasta ahora. Y
en este nuevo escenario a nadie puede extrañar, por ejemplo,
que Alemania aspire a fijar las condiciones marco de la
economía europea; a nadie puede extrañar que quiera convertir
a Francfort en el centro financiero de Europa; y, finalmente,
a nadie puede extrañar que desee proteger su posición como
principal centro comercial europeo. Pero todo ello implica un
cambio de las circunstancias que presidieron la preparación
del Tratado de la Unión, y todo ello también supone una crisis
que afecta a la configuración futura de la Unión Europea. Y es
este cambio de circunstancias, cuyas consecuencias tal vez no
se han calibrado de un modo suficiente, el que debe hacernos
reflexionar. La forma, por ejemplo, en que se ha negociado y
concluido la reciente ampliación de la Unión Europea por la
incorporación de cuatro nuevos miembros, es sólo un indicio de
esa nueva situación que, por influir en la correlación de
fuerzas en la Unión, exige al menos cierta meditación.
En realidad, se abren dos incóngnitas, señorías: hacia dónde
marcha la construcción europea, habida cuenta de la más sólida
posición central de Alemania y, ante las nuevas
circunstancias, si debe cambiar o no la orientación o, mejor,
el centro de gravedad de la política comunitaria española. No
se trata ahora de dar una respuesta inmediata o rotunda a unos
interrogantes que, sin duda, no admiten simplificaciones.
Entiendo que España está y debe seguir estando firmemente
comprometida en la realización de la Unión Europea. Sus
problemas sólo encontrarán solución adecuada en el marco
europeo. Más aún, España ha de continuar contribuyendo a la
definición europea, impulsando el avance en sus diversos
frentes institucional, económico y social. Si se avanza
sensiblemente en tales frentes, España debe aportar
fuertemente su capital, porque será indicio inequívoco de que
se progresa realmente hacia una cierta unidad política, dotada
de cohesión y de unos mecanismos que equilibren zonas
desiguales en riqueza y desarrollo.
La cuestión, sin embargo, radica en que hoy no está claro que
se vaya a avanzar en esos frentes y hacia ese
objetivo político. Y si no se avanza de manera significativa,
será síntoma inequívoco de que la construcción europea toma
unos derroteros en los que predominarán estrictamente unos
intereses concretos en un espacio muy relativamente
vertebrado.
La Unión Europea hoy no tiene un horizonte suficientemente
definido. Así lo reconoció el propio Presidente de la
Comisión, Delors, en su balance del final del año pasado. Es
más, hemos entrado en una fase de redefinición que habrá de
canalizarse, en principio, a través de la prevista reforma del
Tratado de la Unión en la Conferencia Intergubernamental de
1996. Y en ese sentido es positivo que se haya creado en
Corfú, con esta finalidad, un grupo de reflexión, y es también
positivo que ese grupo de reflexión esté presidido por España.
Ahora bien, mientras se desarrolla este trabajo, España ha de
atender un presente en el que ha de prevalecer claramente la
defensa de unos intereses que no son genéricos o abstractos,
sino que afectan de manera inmediata a nuestra realidad
geoestratégica y a sectores productivos concretos. La Ley que
regula la Comisión Mixta para la Unión Europea ofrece a esta
Cámara posibilidades de hacer un trabajo fructífero. No se
trata sólo de preparar la reforma institucional de la Unión
Europea, sino también de definir, en mayor medida, la política
exterior y de seguridad común y unas prioridades concretas en
relación con sectores productivos que pueden resultar
negativamente afectados por la legislación comunitaria en
curso de elaboración. Es preciso, por ello, en nuestra
opinión, confeccionar un programa de trabajo flexible y
abierto hasta la Conferencia Intergubernamental de 1996.
Querría retomar aquí, señor Presidente, la sugerencia que hice
al Gobierno con ocasión de la sesión informativa sobre el
Consejo Europeo de Bruselas del pasado año. Se trata,
señorías, de definir, por el más amplio consenso posible, una
posición nacional de cara tanto a la revisión del Tratado de
Maastricht en 1996, como en lo que afecta a los distintos
pilares de la Unión y las principales políticas comunitarias.
En el ámbito institucional interesan primordialmente a España,
en mi opinión, dos cuestiones concretas: de una parte,
defender aquellos procedimientos para tomar decisiones que
permitan hacer valer nuestro peso específico y, en su caso,
salvaguardar razonablemente intereses que consideramos
fundamentales o vitales. De otro lado, apoyar el
fortalecimiento de los fundamentos democráticos de la Unión y
del control también democrático de los poderes públicos
europeos. Todo ello significa que deberíamos estudiar
conjuntamente cómo encauzamos nuestro trabajo hacia los
objetivos que tiene encomendados el grupo de reflexión creado
en Corfú.
Desde una perspectiva si se quiere más cotidiana, el programa
de trabajo podría incluir los siguientes objetivos.
En primer lugar, analizar en la Comisión Mixta los proyectos
de normas comunitarias en conexión con los sectores
productivos españoles afectados. Por ejemplo, la reforma de la
organización común del mercado del vino, cuyo proyecto es
sencillamente inaceptable para España; por ejemplo, las normas
a que dé lugar la aplicación del Informe Bangemann sobre la
sociedad de la información, o, por ejemplo, también continuar
presionando para poner término a la discriminación que aún
padecen algunas frutas y hortalizas españolas o nuestro sector
pesquero. En segundo lugar, en el ámbito de la política
exterior y de seguridad común España debería insistir en la
iniciativa de definir un proyecto de política global de la
Unión Europea en la región mediterránea y, en especial, en
relación con los países del Magreb, tanto más después de
escuchar la declaración de que alguna iniciativa se va a tomar
o se va a presentar en el próximo Consejo en Essen. Aún cuando
la declaración de Corfú es positiva, no deja de ser
extraordinariamente pobre. No se entienden bien las
resistencias que hay a establecer una acción común en esta
zona de interés vital para varios países comunitarios, y menos
se entiende aún el desinterés que se observa en la Unión en
relación con el norte de Africa.
En tercer lugar, hemos de plantearnos cómo participar con
eficacia en la política comunitaria de medio ambiente,
defendiendo un equilibrio entre los niveles comunitarios de
exigencia medioambiental, que tenderán al alza por la presión
de los nuevos países, y el menor nivel de desarrollo económico
y de deterioro de medio ambiente en España.
En cuarto lugar, en el marco de la legislación comunitaria
hemos de establecer unas prioridades nacionales para la
aplicación de los fondos de cohesión, aplicación que no debe
quedar, obviamente, sujeta a la presión de unas u otras
comunidades autónomas.
En quinto lugar, al amparo de la ley que regula la Comisión
Mixta se debería debatir el segundo plan de convergencia
1994/1996 que el Gobierno debe presentar en la Unión. Por
cierto, que es de esperar, dado el rotundo fracaso del
primero, una mejor elaboración del segundo. Unas
modificaciones en el escenario internacional no pueden
explicar por sí solas unas diferencias tan sustanciales entre
lo previsto en el plan de convergencia y lo que en realidad ha
ocurrido. Por no extenderme en cifras, recordaré tan sólo que
para el año pasado el plan previó un crecimiento en la
economía española del 3,3 por ciento, y en realidad cayó un
uno por ciento; un déficit del sector público del 3,5 por
ciento del PIB, que fue del 7,2, y lo peor, preveía un
crecimiento del empleo del 1,6 o lo que es lo mismo, la
creación de más de 200.000 empleos netos, cuando en realidad
se destruyeron 425.000 puestos de trabajo.
Creo, señorías, que es imprescindible que España asuma una
postura realista, que es la única que puede evitar
que se forme en España una corriente de opinión pública
mayoritaria que acabe por distanciarse de la Unión Europea.
Por eso pensamos que es la hora de lo concreto, plano en el
que adquiere verdadero sentido una más firme defensa de los
intereses nacionales que, compatible con la construcción
europea, echan hoy de menos muchos españoles afectados
negativamente por exigencias comunitarias que podrían haberse
negociado mejor. En una palabra, señor González, le invito a
definir una posición nacional conjunta y que esté sustentada
sobre intereses españoles concretos. Conjunta porque estamos
hablando de un asunto de Estado, pero basada en una política
de cosas concretas, de intereses productivos o comerciales
concretos, sin vaguedades y sin más declaraciones retóricas
que las indispensables.
España debe estar en Europa y debe contribuir a la
construcción europea ni más ni menos que cualquier otra
nación, y dando esto por supuesto tenemos la obligación
añadida de proteger la posición española dentro de la Unión y
muy particularmente de velar por los intereses específicos de
los españoles. Yo creo que es la hora de luchar claramente, en
serio, para defender una posición española sin
discriminaciones y sin costos inaceptables; una política de
consenso basada en intereses concretos, y algo más. En el
futuro no será posible trabajar de espaldas a los sectores
productivos afectados por la política comunitaria. Cada
capítulo de esta política involucra, señorías, a una parte de
nuestra sociedad, una parte que debe ser atendida, y los
ciudadanos deben entender qué hacemos y en qué consiste
nuestra contribución a la Unión Europea, porque se trata, al
final, de la Europa de ellos, de la que viven aquellos que
viven y trabajan en España, y no se podrá construir sin que
los españoles entiendan qué pasa, en qué se ven afectadas sus
empresas, sus empleos o sus bolsillos, para bien o para mal, y
por qué. Nada impide, por ejemplo, que los diferentes sectores
afectados por la política comunitaria participen y sean
escuchados en los trabajos y en las deliberaciones de la
Comisión Mixta. Hagamos, pues, un plan de trabajo concreto y
participativo que cuente con el mayor consenso de esta Cámara.
He puesto ejemplos, caben otros, aporten los grupos
parlamentarios y el Gobierno lo que estimen oportuno, pero yo
creo que podemos trabajar en serio y que esto es lo que se
debe hacer.
El señor PRESIDENTE: Señor Aznar, le ruego concluya.
El señor AZNAR LOPEZ: Termino, señor Presidente.
En la reciente campaña electoral no se discutió sobre nuestra
contribución a la unidad europea. La opinión de los electores
ha versado sobre cómo quieren que estemos en Europa, y a mi
juicio lo han hecho con una claridad inapelable. Han expresado
contundentemente qué criterio respaldan y qué política europea
prefieren. Resumo en dos palabras: plan de trabajo conjunto
sobre cuestiones concretas y con la participación de todos los
interesados. Señor González, ya que usted parece incapaz de
extraer otra consecuencia política, después de un año de
legislatura y del resultado de las elecciones, que no sea
simplemente la de no hacer nada; ya que usted es incapaz de
comparecer en esta Cámara a explicar su política y los apoyos
con los que cuenta para mantenerse al frente del Gobierno,
espero que al menos sea capaz de intentar entender e impulsar
esta propuesta. No albergo mucha confianza en ello, pero estoy
seguro de que los españoles y los intereses de España lo
agradecerían.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aznar.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Anguita.
El señor ANGUITA GONZALEZ: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, por enésima vez, y con bastante moral, voy a
demandar del Presidente del Gobierno que haya, ante las
próximas cumbres europeas ordinarias o extraordinarias, un
debate previo. Y voy a demandar de los demás grupos de la
oposición que después intervengan que se pronuncien ante esta
petición, en el sentido de que un debate previo ya tiene un
antecedente, la Cumbre de Maastricht, y en el sentido también
de que un debate previo nos sirve para medir dos cuestiones
fundamentales: en principio, evaluar, después de la cumbre,
los resultados obtenidos a tenor de lo que cada uno ha
manifestado aquí con toda claridad, y conocer --porque creo
que este Parlamento debe conocer-- cuál es la opinión,
simplemente la opinión, del Gobierno ante cada cumbre, ya que
este Parlamento, repito está para conocer. Y hablando de
conocer, y dicho sea de pasada, no me quiero ir de esta
tribuna sin hablar de que, ya que el señor Presidente del
Gobierno no dimite ni presenta la cuestión de confianza, venga
a este Parlamento para que este Parlamento conozca, como debe,
los acuerdos con otras fuerzas políticas, y no porque
pretendamos injerirnos en los acuerdos de fuerzas políticas
soberanas, sino simplemente porque queremos conocer la
política que el Gobierno va a seguir, a continuación, como
consecuencia de ese pacto.
Hecha esta petición, creemos, además, que un debate previo
ayudaría a darle, por lo menos, un cierto vigor a esta
situación mortecina en la que se encuentra la construcción
europea. Una situación mortecina que tiene responsables: los
habituales de las cumbres, los presidentes y jefes de gobierno
que están llevando hasta ahora un proyecto puramente cupular
al margen de las
poblaciones, hecho por expertos muy alejados de la realidad y
que está conduciendo en estos momentos a un enorme
euroescepticismo, cuando no, y también, a avances de las
propuestas y partidos neoliberales y otras caras menos
agradables y más peligrosas de la derecha, ahí está el caso
italiano, y ello precisamente en un momento en que la
construcción europea es más necesaria que nunca por los
problemas que asolan al viejo continente, y también porque hay
otros proyectos distintos al que ahora mismo se está poniendo
en marcha. El señor Aznar ha dicho que no siempre van a ser un
éxito las cumbres. Sin ánimo de polemizar con el señor Aznar -
-solamente voy a comentar sus palabras--, yo quisiera saber,
después de Maastricht, dónde ha habido una cumbre medianamente
exitosa. Hemos ido de fracaso en fracaso hasta la previsible
derrota final, y hagamos un rápido recorrido por las cumbres,
precedidas, excepto esta, casi siempre de varios «bluffs», de
varias ideas propagandísticas que han encantado, ilusionado,
en el sentido de suspender la capacidad de pensar y la
reflexión crítica a medios de comunicación y a grandes
sectores de la población. Recordemos, después de Maastricht,
el Plan Delors II, en qué quedó aquello; los presupuestos y la
Hacienda pública europea; la iniciativa de crecimiento de
Edimburgo; el Fondo Europeo de Inversiones para las Pequeñas y
Medianas Empresas, totalmente congelado; el controvertible y
controvertido Libro Blanco; el Plan de Inversiones, que
después no hay financiación, como luego los Ministros del
Ecofin mantienen y deciden. Es decir, frustraciones y
dilaciones para la cumbre siguiente.
En los documentos que SS.SS. tienen, y que acaba de comentar
el señor Presidente del Gobierno, tenemos ni más ni menos que
del orden de siete dilaciones hacia la Cumbre de Essen, a
celebrar en Alemania. Asuntos, por ejemplo: explorar nuevas
áreas de crecimiento de empleo; empleo juvenil; iniciativas de
empleo local; subsidiariedad; redes de transporte; problemas
de la sociedad de la información. Corfú, por tanto, es un
fracaso, pero un fracaso más en una serie de fracasos, y no
fracaso porque no haya habido sustituto al señor Delors. En
todo caso, el que no haya sustituto es un síntoma de un mal
mucho más preocupante. Corfú tenía delante de sí --como sigue
teniendo la construcción europea-- tres problemas, tres
presencias, tres círculos de situaciones y tres retos para
superar y construir de verdad Europa. Primer reto, una
situación económica y social bastante grave; segundo reto,
Maastricht, la convergencia injusta, irreal e imposible y su
revisión en 1996; tercer reto, lo que acaban de decir los que
han votado en las elecciones europeas.
Para empezar, el documento de Corfú, en su primera página, en
un pequeño parrafito dice lo siguiente: los ciudadanos de la
Unión Europea juzgarán a ésta por la contribución a la lucha
contra el paro. Evidentemente, tasa de paro, cerca del 12 por
ciento; pobres en la Unión Europea, 44 millones;
extremadamente pobres, 10 millones de europeos, y 11 millones
de personas sin techo en la Unión Europea; 104 de las 175
regiones --el 52 por ciento de la población--, están por
debajo del PIB comunitario, de la media. Y el índice de
disparidad regional (y recuerdo a SS.SS. que la cohesión
económica y social, pilar fundamental del Acta Unica,
significa, por mor de imperativo de justicia, acercamiento, y
no solamente de las capas sociales, sino de las regiones); ese
índice de disparidad, decía, está continuamente abriéndose, es
decir, entre 1980 y 1989 ha pasado del 26,1 por ciento al 27,5
por ciento.
Pero es que los habituales de las cumbres, los presidentes y
jefes de estado y, por tanto, los que han estado en Corfú,
están siguiendo al pie de la letra las tesis, contenidos de
política económica que últimamente se han plasmado en los
últimos documentos de la OCDE, y que voy a comentar ante
SS.SS. porque aquí está el meollo del fracaso de la
construcción europea.
Se dice que va a haber recuperación económica --parece ser que
es cierto--, pero a continuación, en el punto y seguido, viene
hablando de que no se crea empleo, y se utiliza además una
expresión digna del mejor lenguaje cantinflero y camerístico:
se estancará el desempleo; la pérdida de empleo seguirá un
suave incremento.
Causas. Y ese documento de la OCDE, y esas cumbres en las que
ustedes no quieren tocar el tema porque les da miedo y no
saben cómo abordarlo, porque siguen erre que erre con
parámetros ideologizados que conducen al fracaso, ese
documento se pone el parche antes de que salga el grano y
dice: no, las causas del paro no son la revolución científico-
técnica. Es decir, que la aparición de la robótica, la
informática y la intensificación de la ciencia y, por tanto,
de la producción, eso no incide en que haya brazos e
inteligencias en paro. No se debe, dice el documento, al
«dumping» social. Por lo visto la fabricación que se opera en
los países del sudeste asiático, con mano de obra baratísima,
despido libre y jornadas agotadoras, no tiene nada que ver. Y
tampoco, dice el documento, tiene nada que ver la
mundialización del comercio, los acuerdos del GATT.
Precisamente señala los orígenes de un nuevo umbral histórico
ante el cual los señores de Corfú y de Bruselas, como
responsables de la política europea, tenían que dar la cara y
ver lo que se nos viene en lo alto. El documento de la OCDE,
que informa el espíritu del documento final de Corfú, dice lo
siguiente: Es que los países no han sabido adaptarse a la
nueva situación. Eso sí, hay que adaptarse. Y a continuación
dice algo genial: sin renunciar a los objetivos sociales.
¿En qué consiste la adaptación? Es decir se obvia enfrentarse
ante una nueva situación del mundo, ante una
auténtica revolución (sin precedentes, en todo caso, desde el
paso del paleolítico al neolítico) en el cambio de sistema
productivo --casi nada-- y a continuación dicen: adaptarse sí.
(Risas en los bancos del Grupo Socialista.) Sus señorías se
ríen; estimo que no saben historia. Les recomiendo que después
la lean.
Hurtan enfrentarse al problema y hablan de adaptarse. Ante el
reto recurren a lo que recurren los gobiernos de derechas de
siempre: flexibilidad de los mercados de trabajo,
precarización del empleo, atacar al Estado del bienestar,
domeñar a los sindicatos y establecer la competitividad como
norte y guía de una acción de gobierno. Ahora bien, queda al
desnudo la falacia de su argumentación referida a que hay que
adaptarse a la nueva situación y, por tanto, con políticas
antisociales sin abandonar las políticas sociales, cuando
terminan la brillante disertación con el siguiente corolario:
la competitividad es incompatible con el Estado del bienestar.
Naturalmente. ¿Y por qué optan? Por la competitividad. La
Cumbre de Corfú y la moderación salarial, según la propuesta
de Delors, se plantea de la siguiente manera. Los incrementos
salariales deben equipararse o ser iguales a los incrementos
de la inflación del IPC, y la productividad debe crecer por
encima de esos salarios.
Dos pequeñas reflexiones. La primera es que, de ser así eso,
la participación de los salarios en la renta nacional va
disminuyendo. Pero una pregunta que yo le hago al señor
Presidente del Gobierno pidiéndole, por favor y con mucha
humildad, que la conteste aquí. Se aduce en las intervenciones
de los defensores de esta filosofía en los debates de Corfú
que la moderación salarial --moderación-congelación, me
gustaría que se definiese el término-- sirve para que los
excedentes creados --léase beneficios empresariales-- se
dirijan a crear más inversión que produzca puestos de trabajo.
La lógica es aplastante. Puesto que los gobiernos tienen
mecanismos directos e indirectos para ir fijando los
incrementos salariales, yo le demando al Presidente del
Gobierno que diga aquí cuáles son los instrumentos que la
Cumbre de Corfú pone para que los beneficios de los
empresarios se inviertan según la teoría. Porque a la hora de
diseñar una política económica hay que hablar de mecanismo, de
instrumentos. Le pido al Presidente del Gobierno que, según
esta bienintencionada exposición de que los beneficios
empresariales se inviertan en crear puestos de trabajos, nos
diga cuáles son los mecanismos coercitivos para que eso se
lleve a cabo, o si aparecerá el dogma de la libre empresa,
libertad que no sirve a la hora de hablar de los salarios. Me
gustaría que el señor Presidente del Gobierno, repito, me
ilustrara en este punto, porque es fundamental. Serviría, por
lo menos, para tener la sensación de que en la Cumbre de Corfú
hay algo medianamente coherente, o que estamos ante la canción
de siempre. Conclusión. En las campañas electorales, en estas
tribunas, en intervenciones en televisión y en debates, se
dice solemnemente: Europa no es un mercado único, es algo más.
Sí, pero cuando se va a la Cumbre de Corfú, a la de Edimburgo
o a la de Bruselas, resulta que lo único que se está
construyendo es el mercado único. Pues bien, cuando lo único
que se está construyendo es una zona de libre cambio, la
política antisocial, cuando no reaccionaria, es la respuesta a
nuevos problemas y a nuevos tiempos. Además, tengo que decir
que es una respuesta lógica, eso sí, desde parámetros
totalmente conservadores. Cuando se quiere construir Europa,
la cohesión económica y social, el espacio social y
económicamente integrado significa otros parámentros de
política económica y significa algo fundamental
permanentemente ausente en sus cumbres, como estaba ausente,
tímidamente presente mejor, en los acuerdos de Maastricht: la
voluntad de la unión política; sin unión política ustedes no
construyen Europa, ustedes están destruyendo Europa. ¿Por qué?
Porque, cuando hablan de la moderación salarial, cuando
contemplan el mercado como la base única --porque es verdad,
para construir la unidad europea el mercado es una base
esencial, es una condición necesaria, pero no suficiente--,
cuando no se desarrolla de manera simultánea la unión política
no hay construcción; lo que hay son mecanismos mediante los
cuales el tirón de los países más potentes va absorbiendo la
riqueza y que las políticas después de redistribución (léase
en fondos de cohesión o en las que sean) no sirven
absolutamente...
El señor PRESIDENTE: Señor Anguita, le ruego concluya.
El señor ANGUITA GONZALEZ: Sí, enseguida concluyo, señor
Presidente. Cuando se quiere construir Europa y se habla de
moderación salarial, convendría, por mor de los nuevos
problemas, hablar de lo siguiente, y lo planteo en esta Cámara
como alternativa, para el debate de hoy o para cuando el señor
Presidente quiera --recuerdo la última intervención que
tuvimos aquí cuando la Cumbre de Bruselas--: a ver cuándo es
posible que aquí podamos debatir sobre soluciones alternativas
al tema del paro o al tema del empleo, porque hay que manejar
los fondos obligatorios de inversión, hay que hablar de
armonización fiscal, hay que hablar de la relación salarios
directos salario indirecto y hay que hablar de la reducción de
jornada, de lo que se llama reparto del empleo. Segundo
problema al cual no le han dado solución y, por tanto, va a
seguir siendo un problema agravado: la convergencia injusta,
irreal e imposible de cumplir de Maastricht. El Tratado de la
Unión Europea, como he dicho anteriormente, fue la creación de
un mercado único y muy poco de unión política, pero, aun así,
la convergencia saben ustedes que no se puede cumplir. Siguen
insistiendo una y otra vez en los mismos parámetros de
convergencia y sabe usted, señor Presidente, que nuestro país
no los puede cumplir. Porque incluso aquel en el que estábamos
fuera o dentro, en todo caso, la deuda pública, estamos ya en
el 60 por ciento; porque nuestra inflación se está
estabilizando en el 4,9 por ciento, y que la media de los
países que tenían que ser cogidos como referencia es el 1,8
por ciento y que, más 1,5, es un 3,3 por ciento. Por tanto,
nuestro país, como otros muchos países europeos, no pueden ir
a 1997 y, de seguir así, tampoco a 1999.
Porque en Corfú también se establecen contradicciones cuando
se dice que hay que esperar una recuperación y que los tipos
de interés bajen, y nos encontramos con declaraciones del
señor Gobernador del Banco de España, don Luis Angel Rojo,
diciendo que una bajada de interés que no esté bien planteada
puede incidir negativamente en la recuperación.
Por tanto, le planteo otra pregunta, ante la evidencia,
señorías, de que no se pueden cumplir los parámetros de
Maastricht, injustos, irreales: ¿qué piensa el señor
Presidente del Gobierno sobre la convergencia? ¿Va a seguir
diciendo el «sin novedad señora baronesa» y seguir manteniendo
ese plan de convergencia? ¿Va a cambiar el plan de
convergencia? ¿Mantiene los mismos elementos que definen la
convergencia o se va a hablar del paro --por ejemplo, el
juvenil--, o índices de bienestar social? Siguiente pregunta
importante: ¿qué proceso de consultas va a poner en marcha el
señor Presidente del Gobierno cuando la Presidencia española
tenga que preparar la revisión de los acuerdos de Maastricht?
Porque se ha hablado de un grupo de reflexión. Me llama la
atención algo pernicioso y que a la larga se paga. Dos
eurodiputados, está claro, uno del Grupo Socialista y otro del
Grupo Popular... En Europa hay otros eurodiputados, que
también tienen otras visiones de Europa, unas visiones
cimentadas, fundadas y que están deseando explicarlas y, en
todo caso, están deseando debatir con ustedes número a número,
y allí veremos si son irreales o no, pero que no tienen miedo
a planteárselas aquí o en los foros que sea preciso.
En todo caso, señor Presidente del Gobierno, cuando tenga
España que preparar la cumbre que a va a hablar de la revisión
del Tratado de la Unión de Maastricht, ¿qué mecanismos
internos, propiamente españoles, tiene pensados para que se
establezca un debaten no solamente en las Cámaras, sino un
debate social, un debate público ante una cuestión de tanta
importancia?
El señor PRESIDENTE: Señor Anguita, le ruego que concluya.
El señor ANGUITA GONZALEZ: Voy terminando, señor Presidente.
¿Es que Maastricht son solamente unas tiritas, unos parches
Sor Virginia para ir tirando, aunque la evidencia que tenemos
es que esto no se está construyendo? El problema, a pesar de
que se ha escogido el mercado único, es que es un mercado
único imperfecto, que tampoco está bien montado. No hay
mercado único sin hacienda europea, no hay mercado único sin
armonización fiscal; y un mercado único dentro del concepto de
cohesión económica y social, mandato del acta única, exige una
moneda única. ¿Es que todavía los hombre y mujeres de Corfú no
se han dado cuenta, no han tomado conciencia de que hay dos
monedas fuera, la libra y la lira, de que estamos todavía en
una banda de fluctuación libérrima del más menos 15 por
ciento? ¿Qué hablar de la moneda única? ¿Dónde estamos? ¿Es
que es tirar balones hacia Essen, sin tomar conciencia del
grave problema? Cuando se aborde la revisión, repito, ¿qué
métodos se proponen aquí? El tercer elemento --y ya termino,
señor Presidente--, las elecciones de 1994. Se va a constituir
un Parlamento Europeo nuevo; hay una ola de euroescepticismo
bastante fundamentada, porque Europa no se puede construir de
espaldas a los pueblos. Europa y ese Parlamento Europeo deben
empezar un proceso constituyente, y se me ha dicho en esta
casa, en esta tribuna, que es irreal, un sueño piadoso, un
sueño bienintencionado, etcétera, que, en todo caso, es
decisión del Parlamento Europeo, señor González. En los sueños
de los hombres que tuvieron importancia en la construcción de
Europa, la construcción de esa Europa federal, de esa Europa
de unión política, es algo fundamental y necesaria; si no, no
hay Europa. Por tanto, ese Parlamento Europeo debiera ser de
tipo constituyente. Hemos explicado aquí que es un proceso, no
es una decisión instantánea; pero es que se ha dado el caso, y
lo saben, señorías, que todo un pueblo, el pueblo italiano, en
referéndum, se ha mostrado partidario de ese proceso
constituyente. Hay antecedentes: está el Parlamento Europeo.
En todo caso, me acogería a las palabras del Presidente del
Grupo Socialista por la componente española, don Carlos Bru,
cuando plantea que ahora sería la ocasión de discutir ese tema
y no ir a eso que ocurrió antes de las elecciones, que fue
quitar de en medio de manera vergonzante el borrador de
proyecto de constitución. Parlamento constituyente, carta
social, proceso de construcción de una Europa para todos. Si
no es así, voy a contar algo que ustedes conocen, señoras y
señores Diputados, porque se cuenta en los pasillos.
Cuando se discutía Maastricht se argumentaba como última razón
que era la manera de seguir adelante en una construcción
europea porque si no Alemania se iba. Pues bien, vamos a mirar
las cosas de frente. La lógica del mercado, sin contrapesos
políticos, sin unión política, no es la construcción europea
es la destrucción de Europa. La lógica del mercado va a
conducir
a que, por la propia inercia de ese mercado, haya países que
sean de primera y absorban toda la energía económica y sientan
la tentación económico-histórica de mirar a otras comarcas y
zonas de Europa; a partir de ahí, tendrán la tentación de ir
dejando suavemente la idea de la construcción europea. Eso no
se frena diciendo que sí y yendo al arrastre a ver si son
buenos; eso se frena con discursos y propuestas de claridad y
con contraalianzas y, sobre todo, se frena con un proyecto
europeo claro, prístino, que será muy difícil, pero es la
única salida. No podemos seguir con recetitas neoliberales
ante el umbral de una nueva civilización; no podemos seguir
hablando de la flexibilidad del mercado y de que hay que ir
hacia el Estado del bienestar. Tengamos el valor de mirar las
cosas con dignidad, con valentía. Construcciones europeas,
cumbres como la de Corfú, como la de Bruselas, como la de
Edimburgo o como la de Lisboa no hacen sino dilatar la crónica
de una muerte anunciada.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anguita.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Roca.
El señor ROCA I JUNYENT: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, en primer término, no quisiera dejar sin respuesta
la amable invitación del representante de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya cuando nos invitaba a los demás
Grupos que interviniéramos --no lo ha podido hacer el
anterior, pero, en todo caso, lo haré yo-- a indicar si
considerábamos necesario o no el debate previo. No; no, en
principio. Puede haber excepciones, casos en que sí, pero en
principio el mecanismo de funcionamiento de las cumbres
comunitarias haría inútil, ineficaz, frustrante el debate
previo. Por tanto, no lo hemos considerado, ni hoy ni desde el
principio, necesario. Correspondo así a su amable
requerimiento.
La cumbre de Corfú tiene, lógicamente, como todas las cumbres
europeas, la doble vertiente lógica, la de las luces y la de
las sombras, los aspectos positivos, los aspectos negativos.
Será muy difícil encontrar en la historia de la construcción
europea cumbres que sólo sean positivas. Va a dar satisfacción
a unos colectivos; en algunos casos resolverá unos problemas;
en otros supuestos, quedarán temas por resolver o cuestiones,
incluso, que puedan plantear preocupaciones, como en este caso
ha ocurrido.
Ciertamente, la noticia que se ha producido alrededor no
únicamente de la incapacidad de generar un consenso alrededor
de quién debe ser el Presidente de la Comisión, sino de la
forma en que se ha producido la expresión de ese disenso, ha
ocultado los aspectos positivos de la cumbre. Han dominado
mucho más estos aspectos relativos a la incapacidad de
encontrar un sustituto al actual Presidente de la Comisión que
otras noticias que tenían realmente un grado de interés muy
importante para la construcción europea. No diría que ha
pasado desapercibido, pero, en todo caso, no ha sido
suficientemente acentuado, lo que representa que en esta
cumbre europea, como señalaba en su informe el Presidente del
Gobierno, hayan asistido los representantes de cuatro nuevos
Estados que participaban ya en esta cumbre, lógicamente,
todavía no en su condición de miembros de pleno derecho, pero
participaban allí en función del Tratado de Adhesión suscrito
que deberemos refrendar ellos y nosotros a través de los
mecanismos de cada país respectivo.
Es un aspecto muy positivo. Europa avanza en su construcción.
Ciertamente, avanza en una construcción llena de
incertidumbres y de incógnitas. No podía ser de otra manera.
Un proceso de construcción de una unión europea en la que se
integran Estados con estructuras constitucionales distintas,
contradicciones históricas y culturales distintas, ofrece una
complejidad enorme, extraordinaria.
Por eso nosotros saludamos con mucha satisfacción en relación
a este punto la conferencia intergubernamental convocada para
que a partir de junio de 1995 pueda reflexionar sobre qué debe
avanzarse en la construcción europea, resolviendo problemas
que afectan a su eficacia y funcionamiento. Aquí sí, señor
Presidente del Gobierno, por parte de nuestro Grupo
manifestamos lo siguiente: si se invita a las instituciones
europeas a esta reflexión, sería bueno que con carácter previo
la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con las
Comunidades Europeas pudiera debatir sobre esta cuestión; que
el Presidente del Gobierno y los representantes de España en
este grupo de trabajo pudieran aportar una reflexión que
alcanzara el máximo grado de consenso posible de esta Cámara;
que pudieran aportar un documento más, un informe más, una
posición colectiva de esta Cámara. Creo que esto sería muy
importante. La Comisión Mixta quedaría muy potenciada, en la
medida en que se la pudiera utilizar precisamente para
fortalecer una opinión de esta gran institución que son las
Cortes españolas en relación con un problema que le afecta.
Entiendo que esto debería ser recogido y que debería existir
un compromiso que nos vinculase a todos para reflexionar,
porque hay mucho por reflexionar. ¿Cómo va a construirse? Se
dice a menudo que Estados Unidos son 51 estados; pero tienen
un modelo. En Europa, hoy, nos falta todavía definir con
exactitud cuál es el modelo con el que vamos a construir esta
realidad. No podía ser de otra manera. La historia de la Unión
Europea se ha hecho de la manera en que ha sido posible
hacerla y, por tanto, se han dejado sin responder durante el
camino algunas incógnitas y algunas incertidumbres que afloran
a medida que avanzamos. Pero esas incertidumbres son señal de
que el proyecto avanza y, por consiguiente, lo debemos saludar
con satisfacción.
Saludamos, pues, y valoramos positivamente lo que representa
la ampliación de la Comunidad, con todas las incógnitas e
incertidumbres que ello simboliza, y, a la vez, saludamos y
valoramos positivamente lo que representa el acuerdo alcanzado
con Rusia. Es decir, aquí hay un paso muy importante que
Europa debía hacer, que era difícil hacerlo, que no ha sido
fácil alcanzar un acuerdo en esta cuestión y que, no obstante,
en este momento, con el compromiso decidido de la Unión
Europea, con lo que representa el consenso de la transición
democrática y económica en Rusia, hemos hecho una apuesta
decidida para la normalización, no de este gran país, sino
para la normalización europea. Estamos comprendiendo más lo
que es el proyecto de la construcción europea hablando y
realizando acuerdos con Rusia.
Segunda gran cuestión, que yo creo que ha sido positiva y que
representa un motivo de satisfacción: Corfú ha sido un aval
importante de la política económica española. Decía muy bien
el anterior interviniente --con el que no nos corresponde en
este momento debatir; ya lo haremos otro día, si quiere--: Un
aval de la política económica española, sí; y de la política
económica europea, porque el problema de su modelo es que el
debate ya no lo tiene que hacer con el Presidente del
Gobierno, sino con doce, con trece o con dieciséis, porque es
un modelo distinto, es otro modelo. En cambio, lo que Corfú ha
avalado es la política económica española en la línea de
coincidencia con la política económica europea. Este es el
problema. Lo ha avalado.
Yo debo señalar aquí también que el programa de convergencia,
que todos los países europeos están comprometidos a adoptar,
porque la magnitud de la crisis que ha vivido Europa a todos
ellos ha afectado y a todos ellos obliga a revisar las
magnitudes que se fijaron en sus respectivos programas de
convergencia, debe ser también revisado en España con toda
naturalidad y sin ningún dramatismo. Lo peor sería que
quisiéramos magnificar una modificación que deberán practicar
todos los países europeos, todos y cada uno de los países
europeos. Por esa razón, espero que el procedimiento que se
siga para la adaptación de nuestro programa de convergencia
sea el mismo que se siguió para su elaboración, es decir,
escuchando y recibiendo las aportaciones que la propia
Comisión mixta debe resolver. Esto es algo que procede, algo
normal, algo que todos los países europeos deben realizar y el
nuestro también; y no tiene más trascendencia. Sí que tiene
una: que Europa dice y avala que el camino que debemos seguir
es éste; el camino que debe seguirse es el iniciado en la
política económica española en consonancia con las directivas
europeas, en consonancia con las políticas practicadas en los
demás países europeos.
Ciertamente, podrá decirse que nos encontramos ante una
situación europea no exenta de gran complejidad en el campo de
la economía, porque el proceso de recuperación económica no es
por sí suficiente garantía como para salvar los problemas que
se están produciendo en el campo de la ocupación, y éste es un
problema común a Europa y sobre él tenemos que operar. Porque
dice muy bien el Presidente saliente, señor Delors, en su
libro --y el Presidente del Gobierno lo recordaba-- que el
dilema está entre la supervivencia y la decadencia. Yo
discrepo de la alternancia o, en todo caso, de cómo se
establece esta expresión. Yo creo que el dilema está entre el
bienestar y el progreso o la decadencia, no la simple
supervivencia: bienestar y progreso. Y el bienestar y el
progreso en Europa van a representar profundas revisiones en
nuestras políticas económicas, para poder generar una
capacidad de ocupación superior a la que un desarrollo normal
del modelo podía permitir. Y aquí necesitaremos de
imaginación, y necesitaremos del concurso de todos: de los
agentes económicos y de los agentes sociales, porque si no hay
concurso ni solidaridad en este campo, será muy difícil poder
resolver el problema.
En alguna intervención se preguntaba: ¿cómo garantizamos que
las mayores cotas de ahorro, los mayores excedentes que se
pueden producir se vinculen a la inversión? Pues por la vía de
la política fiscal, por la vía de ligar amortización con
inversión y con creación de puestos de trabajo, por ejemplo, o
por la vía de desgravaciones, y es lo que se está haciendo en
la política económica española. Por lo tanto, la Cumbre de
Corfú lo avala plenamente, pero señala los caminos que deben
seguirse; caminos que, lógicamente, deberán tener su expresión
en los próximos Presupuestos Generales del Estado, pero que
ahora no conviene, en todo caso, desmenuzar. Sí que debo
insistir, no obstante, en un aspecto. Europa se ha omitido en
la Cumbre de Corfú porque ese tema no tocaba, porque no
corresponde hablar de todo en cada cumbre, pero ahí hay un
problema que, lógicamente, España deberá vigilar muy de cerca,
que es todo el tema que afecta a la política agraria
comunitaria y muy singularmente las pretensiones que en este
momento se tienen en el campo del sector vitivinícola.
Evidentemente, estas pretensiones no son únicamente contrarias
a los intereses económicos españoles, sino que realmente son
injustamente contrarias a los intereses económicos españoles.
Por lo tanto, aquí la posición del Gobierno deberá ser tajante
y muy contundente en la defensa de nuestras posiciones.
Quisiera ir terminando, señor Presidente, con dos aspectos más
que, si tengo tiempo, quisiera desarrollar. Una segunda
cuestión es que valoramos positivamente el que se señale en
las conclusiones de la Cumbre de Corfú lo que hace referencia
a la definición de una región mediterránea y se señale la
prioridad de esta política. Queremos decir que se valora
positivamente, pero señalar también que no se trataría tanto
de compensar una política muy centroeuropea de Europa, sino de
reconocer que Europa sólo puede crecer desde una expresión
multipolar. No se trata de decir que Europa se centra y
contempla especialmente los problemas de la región
mediterránea, sino que lo que es la región mediterránea es
otro polo más de crecimiento, de desarrollo, de comprensión de
lo que es la realidad muy plural y heterogénea de Europea. Si
no, estaríamos descentrando Europa con un acento que podría
llegar a ser a la larga contrario a los intereses europeos y
muy concretamente a los intereses españoles.
Quiero hacer dos menciones. Valoramos positivamente la mención
que se ha realizado en las conclusiones de Corfú sobre el tema
del racismo y la xenofobia. Con toda prudencia, para
acercarnos al tema con el máximo sigilo que corresponde, no
miremos el tema del racismo y de la xenofobia desde una
vertiente exclusivamente de problema europeo en el que
participamos casi como invitados o solidarios. Seamos
conscientes de que éste es un tema que también nos afecta
directamente como país. No nos costaría encontrar en nuestra
propia realidad algún ejemplo muy preocupante. Por lo tanto,
desde la condición común de demócratas que todas SS.SS.
comparten, éste es un tema al que debemos dar prioridad,
porque la pequeña magnitud, afortunadamente, que estos
problemas tienen en España no quiere decir que sean de menor
trascendencia, porque cualquier pequeña manifestación en este
campo es un insulto al conjunto de las libertades que nos
hemos querido dar y, por lo tanto, debe ser perseguida en este
contexto europeo con un especial protagonismo de nuestro
propio país. Hay un tema con el que quiero terminar y con el
que, lógicamente, todos nos sentimos muy comprometidos. Corfú
ha vuelto a mencionar de hecho una declaración de buenas
intenciones alrededor de lo que ocurre en la antigua
Yugoslavia y muy concretamente en Bosnia. Vuelvo a repetir lo
que SS.SS. me han oído decir en otras ocasiones. Creemos,
sinceramente, desde nuestro Grupo que el tema de Bosnia ha
hecho más daño a la construcción europea que cualquier otro
tema económico o de cualquiera otra naturaleza. Nuestra
incapacidad para resolver esta cuestión, por más comprensibles
que puedan ser los problemas que justifican esta incapacidad
duele a la conciencia de la europeidad de todos nosotros.
España ha tenido un protagonismo importante --lo ha tenido--,
mucho más que otros países europeos --mucho más que otros-- y
creo que es bueno que, además, este protagonismo no haya
tenido contestación en nuestro país, y no la ha tenido. Pero
deberíamos ser conscientes de que, de una vez por todas, este
problema debe dejar de ser que las palabras sean simplemente
el refugio en el que vamos a intentar pronunciarnos sobre esta
cuestión. Por tanto, me gustaría que un día, en una próxima
conferencia --ojalá la de Essen--, se pudiera ya no hablar de
Yugoslavia y de Bosnia, sino, en todo caso, para constatar que
el acuerdo de paz ha devuelto a todos aquellos ciudadanos
europeos su condición de libres en un país y en un continente
de libertad y de progreso.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Roca.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Anasagasti.
El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señor Presidente, señorías, la
Presidencia griega no pasará a los anales de la Historia
europea, pero su culminación en Corfú abre las puertas a tres
presidencias coordinadas que han de ser claves a la hora de
desatascar una comunidad en la que deben prevalecer aquéllos
que creen en una unión política que acepta compartir soberanía
sobre quienes creen que es una zona de libre cambio, sin alma
y sin columna vertebral. Y mucho más ahora con un Parlamento
con mayores poderes y porque en 1996 habrá una reforma
institucional que decidirá la Europa que queremos. No se puede
funcionar entre 20 y 30 países con las actuales instituciones,
con una moneda única que exigirá una sociedad más homogénea y
solidaria. Hace falta un modelo europeo serio. De ahí que la
elección del Presidente de la Comisión no era una cuestión
menor; todo lo contrario. Y aunque hubiera sido deseable que
el voto se hiciera sobre una cuestión de principios políticos
y no de personalidades, al final ha primado más la política
doméstica británica que las necesidades de Europa. A nosotros
nos ha parecido correcta la postura del Gobierno de apoyo a la
candidatura del Primer Ministro holandés, Ruud Lubbers. Podía
haber sido un buen Presidente; por su experiencia, por el país
que representaba, por su dinamismo y porque es un hombre con
ideas propias, no es sólo un gestor. Al frente de la Unión
tiene que haber un político europeo moderno, con visión de
futuro y conocimiento de la realidad y de las personalidades
de cada país, y lamentamos que su candidatura no haya
prosperado.
Jean-Luc Dehaene puede ser un buen Presidente, aunque su
imagen está más vinculada con la gestión y la eficacia en la
aplicación de políticas que con el diseño de las mismas. De
todas formas, su experiencia de cohabitación en un país
federal de complicados equilibrios, le harían apto para
preparar la negociación de la reforma del Tratado de
Maastricht, prevista para la conferencia intergubernamental de
1996. De ahí que estemos de acuerdo con la política mantenida
por el Gobierno en la Cumbre de Corfú.
Sobre la Cumbre, en sí, haremos algunos comentarios. En
relación con América Latina, no se ha logrado el estudio sobre
cómo estrechar lazos con el incipiente mercado de cuatro
países americanos, con vistas a establecer una zona de libre
comercio industrial. Cuando se pronuncian tantos discursos
como los dichos en Cartagena y se ven, posteriormente, los
magros progresos
de relación con Europa, se ve el largo camino que es preciso
recorrer y que no pasa por la retórica.
Quizá sería conveniente --lo digo como sugerencia-- que con el
tiempo y entre las cumbres iberoamericanas usted informará,
como se informa tras una cumbre europea, sobre los acuerdos
alcanzados y el seguimiento de los mismos en las cumbres
iberoamericanas, aunque no haya la firma de un tratado de por
medio ni la obligación de hacerlo. De lo contrario queda la
sensación de que se avanza muy poco y América debe
interesarnos crecientemente, ante el lógico interés por el
Este europeo.
En relación con las redes de infraestructuras, el acuerdo
parece positivo en el papel. Todavía no se ha encontrado la
forma sobre cómo superar la contradicción entre la necesidad
de financiación de las nuevas redes y las exigencias de la
convergencia económica, impuestas por el Tratado de
Maastricht, en materia de déficit fiscal. En cuanto a la
conexión ferroviaria novedosa Madrid-Vitoria-Dax, desconocemos
detalles y si es verdad que Francia se oponía a ello. También
desconocemos cómo se van a organizar las prioridades del
Ministerio de Obras Públicas para atender estos acuerdos,
porque, al parecer, no está comprometida una financiación
específica. Es difícil pensar que los inversores privados
puedan hacerse cargo de una parte de la financiación de las
grandes redes de transporte, porque no existe tradición,
aunque la idea sea buena. De todas formas, recalcamos que el
acuerdo, repetimos, nos parece positivo. En cuanto a que
España presida el grupo de trabajo que preparará la revisión
del Tratado de Maastricht nos parece del mayor interés
político, habida cuenta de que es uno de los principales retos
que tiene planteados la Europa comunitaria. Esta Unión Europea
no puede funcionar a Dicieséis con presidencias semestrales
tan débiles y centradas en sus propios problemas como la
presidencia griega. Tendrá que abordar, entre otras
cuestiones, la profundización de la política exterior y de
seguridad común, tendrá que abordar la transferencia a la
órbita comunitaria asuntos de interior y justicia y el propio
funcionamiento del Comité de las Regiones.
Sobre este particular no desearíamos que el Gobierno actuara
como lo ha hecho hasta ahora, a nuestro juicio poco sensible a
cualquier proceso de información. Cuando la famosa minoría de
bloqueo y la negociación pesquera con Noruega a nuestro juicio
no existió información adecuada y rápida. Una cosa es que se
informara a los gobiernos autonómicos implicados, pero
políticamente no hubo una información parlamentaria inmediata.
Y es preciso señalar que el anterior Ministro de Asuntos
Exteriores, además de la estricta comparecencia parlamentaria,
tenía como una de sus obligaciones interesantes dar cuenta de
forma continua a los grupos parlamentarios del meollo de la
información comunitaria. Hoy eso no existe. Todo llega a
través de los medios de comunicación o a través de estrictas
comparecencias parlamentarias, pero no hay la menor gestión
para implicar a los grupos en la real información política
europea. Los grupos se enteran más a través de sus
internacionales políticas que a través del Gobierno, que deja
a los grupos de la Cámara en el papel de oposición
constructiva desinformada. Y es que existe un concepto
demasiado patrimonial de la información y de la política
europea a nuestro juicio. A pesar de que usted dijera en Corfú
que el responsable que prepare con un comité esta revisión
institucional no será un funcionario sino un político, tenemos
nuestras reservas y también tenemos nuestro temor de que se
impongan, por ejemplo, los criterios, muy estrictos, sobre el
Comité de las Regiones, que a nuestro juicio debería lograr
representar a las regiones exclusivamente y no a regiones y
municipios en un mismo comité. Y decimos esto por la
experiencia vivida todavía no hace un mes tras la sentencia
del Tribunal Constitucional sobre la oficina de Bruselas.
Durante cinco años no ha habido sensibilidad para abordar este
asunto, no ha habido la menor disposición a conversar, no ha
habido la menor voluntad política, y cuando el Tribunal
Constitucional ha fallado a favor de la apertura, el propio
Ministro Solana, en lugar de adoptar una actitud positiva y de
diálogo, comenzó inmediatamente con unas cautelas, los miedos
e incluso las amenazas veladas cuando lo que se busca es
abordar en serio y de manera eficaz un problema de relación y
de conformación de la voluntad europea, que se está haciendo
de espaldas a las autonomías e incluso de los grupos
parlamentarios. Sería absurdo pretender abrir embajadas cuando
lo que se impone es enfocar la política europea como
prolongación de la propia. Pero si existen recelos hacia las
autonomías, se comprenderá que las autonomías tengan recelos
hacia una política tan cerrada y a la defensiva y que trata de
dirimir las diferencias por la vía de los tribunales en lugar
de hacerlo por la del diálogo y el acuerdo político.
En definitiva, para esta reforma de Maastricht y para la
participación en las decisiones solicitamos un diálogo sereno,
un esfuerzo de consenso e imaginación, de diálogo y de
acuerdo. Si en la pasada campaña electoral el debate europeo
brilló por su ausencia, si la abstención es la tónica cuando
se habla de Europa, es preciso asociar las decisiones al
ciudadano y convertir los debates europeos en sus debates
particulares. Antes del 15 de julio parece que podría
encontrarse el sustituto de Jacques Delors. Lo celebraríamos.
Los británicos abogan por un gestor y no por un ideólogo, que,
según ellos, gasta mucho y centraliza las decisiones. Nosotros
creemos que al frente de la Comisión tiene que estar un
político europeo con ideas propias, un líder comunitario y no
un funcionario comunitario. Un compromiso de rebaja sería
negativo para una Unión Europea
que requiere europeos federalistas a su servicio en momentos
claves y no librecambistas intergubernamentales.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anasagasti.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Olarte.
El señor OLARTE CULLEN: Señor Presidente, señorías, tras la
celebración de la Cumbre europea de Corfú, que evidentemente
ha venido marcada por una imagen indiscutible de crisis, sin
que tengamos por qué rasgarnos las vestiduras ante el hecho de
que no todas las cumbres tengan necesariamente que ser
absolutamente exitosas, nos interesa ahora profundizar en la
posición del Gobierno respecto a una serie de cuestiones a tan
sólo un par de semanas de esa cumbre extraordinaria que se ha
anunciado para el próximo 15 de julio. ¿Qué posibilidades
existen, según el criterio del Presidente del Gobierno, de que
el bloqueo británico se levante de aquí a entonces? ¿Qué
posibilidades existen también de que sea necesario acudir a
otro candidato que facilite el consenso entre el Reino Unido y
el eje franco-alemán? ¿Qué valoración hace el señor Presidente
del Gobierno español de la candidatura belga, tanto en el
desarrollo de la construcción europea como desde el punto de
vista de los legítimos intereses españoles?
Ignoramos las razones exactas que haya habido para que España
haya defendido, en principio, la candidatura del Primer
Ministro holandés. No obstante, lo que sí podemos decir es que
estamos conformes, absolutamente conformes, con que tal haya
sido la posición española.
Sin embargo, creemos que, pese a dicha crisis tan
espectacular, no se puede ni se debe ocultar la trascendencia
de muchos de los problemas actualmente presentes en la
construcción europea, que aparecen reflejados en las
conclusiones de la Presidencia. Desde luego, se exige un
debate continuado, que no se debe ni se puede agotar en una
sesión como la actual, sobre todo al hilo de la presente
situación política española. Nosotros no creemos que, con
carácter previo a cada asistencia a una de tales reuniones por
parte del señor Presidente del Gobierno español, tenga la
Cámara que establecer los acuerdos correspondientes para
marcar su línea de conducta; de ninguna manera. Estamos más
por la posición mantenida aquí por el señor Roca a propósito
de la necesidad de potenciar la Comisión Mixta Congreso-
Senado, singularmente para una serie de comparecencias claves
y concretas, que puedan merecer un especial interés por parte
del Parlamento español.
El criterio de Coalición Canaria de que la naturaleza de los
retos planteados en la Unión Europea y la especial situación
política española exigen más que nunca una actitud por parte
del Gobierno de la máxima receptividad a las propuestas e
inquietudes de los distintos grupos de la oposición no tiene
nada que ver con lo anterior. Al contrario, es un criterio que
mantenemos y es perfectamente compatible con cuanto hemos
dicho anteriormente, al igual que creemos que por parte de
todos los grupos de la oposición se debe profundizar y
mantener permanentemente una posición de Estado, obsesiva
diría yo, si es preciso, que permita al Gobierno actuar con el
máximo respaldo en la defensa de los intereses españoles en
presencia, sobre todo en momentos como los actuales, en que da
la impresión de que el crédito, nuestro crédito internacional,
pudiera estar debilitado. Esta es, por supuesto, nuestra
posición, señor Presidente. Adquiere una relevancia
extraordinaria el grupo de reflexión para la preparación de la
Conferencia intergubernamental de 1996 que ha acordado crear
el Consejo Europeo, sobre todo porque estará presidido por la
persona designada por el Gobierno español. Su trabajo,
evidentemente, va a coincidir con la Presidencia española del
Consejo Europeo, hechos ambos (la Presidencia española del
grupo de reflexión y del Consejo), en estos momentos
especialmente difíciles de la Unión Europea, que exigen, por
lo tanto, precisamente ahora una especial responsabilidad de
las fuerzas parlamentarias españolas y muy particularmente del
Gobierno.
Indudablemente es legítimo que el señor Presidente del
Gobierno piense que será él mismo quien presida el Consejo y
quien decida el nombre del Presidente del grupo de reflexión,
nos parece absolutamente legítimo: pero no se le debe ocultar
que existen numerosas dudas en la opinión pública española
sobre que esto vaya a ser así, y, en todo caso, es indudable
que la actual relación de fuerzas políticas aconseja, por un
lado, que se intente consensuar el nombre del Presidente del
grupo de reflexión y, por otro, que el Gobierno desarrolle
mecanismos de cooperación e información especialmente intensos
con los grupos parlamentarios y con los gobiernos de las
comunidades autónomas, para intentar alcanzar una posición
española lo más definida y apoyada posible ante las reformas
institucionales que acometerá, sin lugar a dudas, la
Conferencia intergubernamental.
En aquello que más preocupa a los ciudadanos españoles, como
es la situación de crisis económica y las gravísimas cifras de
desempleo, los resultados del Consejo Europeo son más bien
escasos. Somos conscientes de la voluntad de apoyo a las
pymes, que se traduce en unas decisiones que son importantes y
que pueden tener su trascendencia evidentemente, pero ello no
hace que se elimine nuestra preocupación. Por supuesto, somos
conscientes de la sensibilidad que supone, sin que ello
requiera que se traduzca necesariamente en efectividad, ese
desarrollo del empleo local por parte
de las microempresas y de las empresas artesanales, al que me
parece que hacía referencia el señor Presidente en su
comparecencia.
Es cierto que la previsión de puesta en marcha de medidas
concretas en desarrollo del Libro Blanco de Delors estaba
fijada para el Consejo Europeo del próximo mes de diciembre.
Sin embargo, la gravedad de la situación y la aparente
parálisis de las instituciones comunitarias ligada a la
sucesión del Presidente de la Comisión transmiten una
situación en cierta manera deprimente, y hay que reconocerlo
así, a la opinión pública. Parece que los responsables
políticos de la Comunidad y muy particularmente sus Ministros
de Economía y Hacienda mantienen una actitud pasiva ante la
crisis.
La resistencia a movilizar recursos financieros para la
financiación de las redes transeuropeas para proyectos de
transporte, energía y medio ambiente supone un grave
impedimento a la posibilidad de que esos proyectos se
constituyan en motor de la recuperación económica que
preconizaba el Libro Blanco de Delors y que nosotros apoyamos
sin la menor reserva, sin perjuicio de expresar nuestra
satisfacción también ante el hecho de que se persista en la
idea y en la decisión de que el control en el gasto público
puede producir un efecto importantísimo, imprescindible en la
generación de empleo y en ese desarrollo sostenible, que es
deseable, siempre que sea absolutamente compatible con el
equilibrio medioambiental a que hacía referencia el señor
Presidente, que parece que es un motivo de preocupación
permanente y en lo cual Coalición Canaria coincide de una
manera --utilizando el adverbio anterior-- obsesivamente
permanente, diría yo.
Es ésta, en suma, señor Presidente, una indudable apuesta de
carácter político que va a definir en buena medida la
capacidad de la Unión Europea en los próximos años para ser
algo más que una zona de librecambio. Hay una clara división
ideológica evidente entre aquellos que, desde una concepción
progresista del papel del sector público, entendemos que,
sobre todo en una época de crisis, es conveniente poner en
marcha proyectos de grandes infraestructuras, y aquellos otros
que, desde una posición más tradicional, más conservadora,
desconfían del papel del sector público. Este es un punto en
el que resulta imprescindible conocer con detalle la posición
del Gobierno y de los diversos grupos parlamentarios,
obviamente, que es para nosotros del máximo interés, yendo por
delante, como debe ir desde nuestra perspectiva, la puesta en
marcha inmediata de los proyectos que se reseñan en los anexos
I y II y particularmente en lo referido a España, entendiendo
que todos estos proyectos van a exigir una financiación
complementaria y que España deberá hacer los mayores esfuerzos
para conseguir que en el próximo Consejo se garantice dicha
financiación.
Por otro lado, repasando las recomendaciones del llamado Grupo
Bangemann sobre la sociedad de información, hacia lo cual
tenemos una sensibilidad muy especial también en Coalición
Canaria, quisiera hacer unos breves comentarios sobre algunos
de los aspectos más relevantes de la política exterior por lo
que a mi Comunidad afecta. Nosotros, en suma, señor
Presidente, somos conscientes de que nos encontramos en una
etapa crucial para el futuro de la Unión Europea, somos
conscientes de la importancia extraordinaria que va a tener la
Conferencia intergubernamental de 1996, de que va a suponer
una revisión de conceptos y una ratificación de otros, para lo
cual es importante que desde aquí facilitemos la estabilidad y
no la inestabilidad, de que es imprescindible conseguir ese
objetivo de cohesión social y territorial que parece que sigue
animándonos, y en razón de ello está ese concepto no sólo de
que España es un Estado periférico de la Unión, sino que la
Comunidad, que en cierta medida evidentemente represento,
constituye una región ultraperiférica que no puede permanecer
insensible, ni mucho menos, a tal evolución, a tales
planteamientos, sino que, por el contrario, sensibilizados con
ello y con el concepto de la unidad europea, tiene que exigir
también del Gobierno español una atención, un cuidado, una
vigilancia y una tutela de nuestros intereses permanentes,
sobre todo habida cuenta de ese carácter untraperiférico y de
ese estatuto permanente que en tal concepto ha sido aprobado
recientemente por el Régimen Económico y Fiscal de Canarias,
concretamente por la disposición adicional novena del mismo.
Nosotros queremos, evidentemente, profundizar en todo lo que
sea nuestra posición europea, al igual que el Gobierno tiene
que romper con una serie de disfunciones actualmente
existentes, que ayer se ponían de manifiesto en el Senado, y
para lo cual es preciso tomar la decisión inequívoca de
verificar las transferencias correspondientes en dichas
materias, como el régimen especial de abastecimiento derivado
del Poseican, porque hasta ahora hay que reconocer que la
coordinación entre el Gobierno español y la Comunidad Autónoma
canaria no ha sido perfecta y, por el contrario, se ha evitado
que podamos realizar allí una actividad que, en muchos, en
muchísimos supuestos, está manifestando una falta de voluntad
por parte del Gobierno español en evitar incluso situaciones
de corrupción económica evidente que algunos miembros del
Gobierno conocen perfectamente que se han planteado,
precisamente por actuaciones heterodoxas a la hora de
conseguir las ayudas y las restituciones oportunas y darles el
destino que hay que darles, para lo cual es preciso actuar en
una franca colaboración.
El señor PRESIDENTE: Señor Olarte, le ruego que concluya.
El señor OLARTE CULLEN: Yo concluyo, señor Presidente,
diciendo que nosotros vamos a estar ojo avizor
y creemos, además, que es preciso que haga un reconocimiento
de la necesidad de profundizar en esta cuestión también el
señor Presidente del Gobierno en cuanto a la política de los
distintos fondos, que en el futuro no sólo se administren y se
decidan sin oscurantismos, sino otorgando a las comunidades
autónomas el protagonismo que tienen que tener, y esto deberá
tenerse en cuenta también en sucesivas cumbres y continuamente
en todo el debate europeo. Nos interesa profundizar en lo que
es realmente la Europa de las regiones y que el Gobierno
español no tenga que actuar a remolque de decisiones que más o
menos colaterales puedan producirse por el Tribunal
Constitucional, despejando una serie de dudas y viejos
fantasmas que no tienen razón de existir y que existían ya en
la época en que el señor Almunia era titular del Ministerio
para las Administraciones Públicas, cuando cierta circular se
remitió entre otras a la Comunidad Autónoma canaria, que ahora
ha despejado de nuevo, sin lugar a dudas, el Tribunal
Constitucional.
Nos preocupa, señor Presidente, la próxima Presidencia
alemana; nos preocupa precisamente que se pueda claudicar en
un rigor y en una eficacia que hasta ahora ha mantenido el
Gobierno español, y no nos duelen prendas reconocerlo,
singularmente en temas como el del plátano y el tomate, y,
desde luego, por lo que al tema del plátano respecta, ante la
situación que no precisamente nosotros sino alguien más
relacionado que nosotros con usted ha expresado a propósito de
las comisiones de los partidos políticos alemanes, por lo que
se refiere a las ampliaciones de cupos de importación y
licencias de importación de la banana en Alemania. Creemos que
este es un factor preocupante, y no lo hemos dicho nosotros,
lo ha dicho un miembro de su Gobierno, y precisamente por ello
en la Comunidad canaria hay una gran preocupación con respecto
a que esto pueda incidir negativamente en un mercado tan
importante como es el de nuestros plátanos.
Y, finalmente, señor Presidente, queremos estimularle para
que, sin perjuicio de nuestra solidaridad con el Africa vecina
del Archipiélago Canario en momentos en que se va a firmar un
tratado importante, se preocupe por todos los medios de
establecer todas aquellas ayudas, todas aquellas aportaciones
que las relaciones de vecindad hagan aconsejable, pero desde
luego nunca en sectores que puedan ser competitivos con la
Comunidad Autónoma canaria, que tiene que sobrevivir, ni a
través de ventajas comerciales que en tantas ocasiones ocultan
ayudas que evidentemente van en perjuicio de quienes no tienen
por qué resultar perjudicados, como son los integrantes de la
Comunidad Autónoma canaria. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olarte.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, la
señora Rahola. La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor
Presidente.
Si Europa fue en el pasado para muchos un espacio sentimental,
el nord enllá, que decía Salvador Espríu, ese norte soñado que
el poeta quería ver culto, emancipado y feliz, convertido en
la gran metáfora de la huida en la época de la oscuridad
franquista, y si Europa es ya hoy plenamente el destino común
que hay que construir, mañana será, sin ninguna duda, el
espacio político finalmente compartido, un concepto político
definitivamente dibujado. Pero ¿cuál será el dibujo final?
¿Qué Europa habremos construido? ¿Esa Europa de las
hegemonías, con un eje central, reinventando la Mitteleuropa,
con Alemania como sanctasanctórum económico? ¿Una Europa de
entes estatales cerrados, egocéntricos en su seno, incapaz de
dar cabida a las realidades culturales múltiples que la han
definido históricamente? ¿O una Europa de la subsidiariedad,
cercana a la realidad ciudadana, generosa con su pluralidad?
Fue Espríu también quien dijo que diversos son los hombres y
diversas las hablas y que confluyen muchos nombres en un solo
amor. Pero ¿qué cabida tendrán en esta Europa que estamos
construyendo esa diversidad de hablas, esas realidades
culturales que, como la catalana, por ejemplo, representan a
más millones de personas que la realidad finlandesa o noruega,
que muy pronto entrarán en la construcción política del
espacio común? ¿Qué salida van a dar, qué compromiso político
van a tomar para dar cabida en la construcción de Europa a la
Europa de los pueblos y no sólo a la Europa de los Estados? ¿O
se nos está excluyendo del debate europeo, de la construcción
europea y de la casa común a pueblos que precisamente como el
catalán han tenido siempre una comprometida vocación europea?
¿Hay que tener Estado, señor Presidente, para no ser excluidos
de Europa como realidad diferenciada? Desde la perspectiva
catalana, esta es una de las preguntas claves de ese borrador
europeo que se está debatiendo. Pero es que, además, es
también una de las variables exigibles si se quiere construir
una Europa con bases sólidas y justas. O confluimos juntos,
pero diferenciados, a la casa común, o algunos nos sentiremos
claramente excluidos. Defienda, pues, como representante
español, nuestro derecho catalán a existir como diferencia.
¿Se está construyendo una Europa de la subsidiariedad, cercana
a los entes locales, a las realidades más próximas a los
ciudadanos, o una Europa de la burocracia y el
distanciamiento, plenamente asentada en un concepto que
empieza a ser ya claramente reaccionario: los Estados
jacobinos, cerrados en sí mismos y celosos de su soberanía?
¿Se está construyendo una Europa justa o un club de ricos con
terceros mundos instalados en el primer mundo y con un tercer
mundo situado fuera del paraíso, utilizado como basurero
industrial
y mano de obra barata, alimentador del dumping social?
Corfú, sinceramente, señor Presidente, me ha parecido un paso
positivo, un peldaño más en una construcción compleja. Y eso a
pesar de la incapacidad de encontrar un sustituto a Delors.
Pero, personalmente, lo más importante no parece el disenso en
el sustituto sino algunos acuerdos concretos de una gran
importancia. El acuerdo sobre el Tren de Alta Velocidad, por
ejemplo, es en perspectiva económica fundamental. Sin embargo,
las incógnitas son tan importantes como los acuerdos, y a
ellas me remito.
¿Hay fechas concretas para el doble trazado Madrid-Irún-
Hendaya y Madrid-Barcelona-Perpignan del Tren de Alta
Velocidad? ¿Puede comprometerse en unas fechas más o menos
acotadas? ¿Está iniciado el borrador del proyecto? ¿Tiene
alguna respuesta concreta al punto final del eje mediterráneo
del trazado? ¿Va a llegar el Tren de Alta Velocidad hasta
Alicante pasando por Valencia y Castellón, o va a excluir toda
esa zona económica de una red ferroviaria tan urgente como
necesaria? Pediría, señoría, que a la concreción de las
preguntas se le diera también respuestas concretas.
El señor PRESIDENTE: Señora Rahola, vaya acabando.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Acabo, señoría, con el
convencimiento de que Corfú no ha sido, de ninguna manera, un
fracaso. No han sido un fracaso los acuerdos ni la declaración
contra la xenofobia tan necesaria, ni la referencia al
conflicto balcánico, aunque lo que sí es una derrota de Europa
es el conflicto en sí mismo. En los Balcanes la Europa
burocrática se ha reído de la Europa de los ciudadanos y los
derechos. Sin embargo, más allá de los acuerdos y las
declaraciones de Corfú, el debate de fondo es la Europa de los
ciudadanos, la Europa de los municipios y la Europa de los
pueblos frente a la Europa de las hegemonías. Estamos en el
borrador del edificio y todo aún es posible. Es posible
construir una Europa donde todos los pueblos y ciudadanos nos
sintamos cómodos, o una Europa que nos excluya, que excluya a
los pobres, a los discriminados, a los entes locales, a las
realidades culturales y lingüísticas que no disfrutan del
paraguas de un Estado. Este es el reto y éste es el debate. La
casa será común, pero ¿será una casa compartida? En función de
la respuesta, algunos pueblos nos podremos sentir o no
cómplices en el proyecto.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
Tiene la palabra el señor Mur.
El señor MUR BERNAD: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, en primer lugar, quiero agradecer
la comparecencia del señor Presidente del Gobierno para
informarnos sobre la Cumbre europea, así como las
explicaciones que nos ha proporcionado a la Cámara, sin duda
bienintencionadas pero a nuestro juicio con poco contenido
político. Y quizás esto sea el signo más evidente del estado
crítico en que se encuentra el proyecto de la Unión Europea en
este momento. Una crisis que se ha visualizado por la
incapacidad de los Doce para encontrar un sustituto al señor
Delors, que debe cesar ya en su prorrogado mandato. La
dificultad para hallar el candidato puede deberse a un hecho
que nos preocupa más, al hecho de la creciente indefinición
del modelo europeo por los cambios de criterios que observamos
en algunos países miembros, que tienden más a una Europa de
los Estados, prescindiendo de los pueblos que los integran.
Esta dificultad para consensuar el modelo que queremos
construir se verá aumentada por los efectos de la ampliación,
que paulatinamente desplazará el peso de las decisiones al
noreste con evidente pérdida de influencia de los países del
sur que, como España, corremos el riesgo de resultar los
grandes sacrificados de la nueva Europa. Si a eso añadimos el
eje de influencia Paris-Bonn y el creciente protagonismo de
Alemania como superpotencia dentro del conjunto europeo,
comprenderá usted, señor Presidente, la creciente inquietud de
los españoles ante este futuro europeo. Por eso, señor
Presidente, usted y su Gobierno deberían definir con más
nitidez y claridad cuál es nuestro papel y tomar las medidas
de política interior necesarias para hacerlo posible.
En el tema económico, cuyas consecuencias son las primeras que
se perciben, es necesario modificar los criterios del plan de
convergencia, que han resultado inservibles por inviables,
criterios que yo creo que no se creyeron ni siquiera ustedes,
que fueron los que los redactaron. Entre las medidas para
mejorar la situación del empleo y la competitividad,
querríamos resaltar, y encomendar vivamente su cumplimiento,
aquellas que se refieren a la educación y la formación. Será
preciso un enfoque más sistemático en especial, señor
Presidente, sobre la formación continuada. Valoramos muy
positivamente el acuerdo comunitario sobre los programas
Leonardo y Sócrates, pero a nivel interno de nuestro país,
señor Presidente, hay que tomarse el tema con más interés, con
más prioridad y con más presupuestos.
Nos parecen importantes, pero insuficientes, los proyectos
para redes transeuropeas de transporte, energía y medio
ambiente; proyectos que algunas veces resultan contradictorios
e incompatibles entre sí. Un ejemplo: la línea eléctrica
Aragón-Cazaril entre España y Francia, proyectada a través del
Pirineo central por la provincia de Huesca, que atenta
gravemente contra el medio ambiente, destroza paisajes
interesantes sujetos a protección, y está cuestionada
seriamente en las dos vertientes. Su Gobierno, señor
Presidente, se empecina
en construir sin oír a nadie, sin dialogar y sin escuchar a
los afectados, y yo le pido que se interese personalmente por
este tema ante la incapacidad creciente de su Gobierno para
resolverlo de manera satisfactoria. Para terminar, señor
Presidente, un ruego. Le pido que desvele usted su postura
para ser el próximo Presidente de la Comisión Europea. Usted
sería un buen sucesor del señor Delors, los problemas
españoles también se pueden resolver en Europa. Una Europa que
necesita un equilibrio ante el creciente peso del noreste debe
equilibrarse con un Presidente de un país suroccidental. El
equilibrio europeo será mayor cuanto menos confrontación
ideológica conlleve. Europa también necesita construirse con
los criterios españoles. Con su presencia allí, esto sería
posible. Usted es un europeísta convencido y tiene méritos
para ello, y quizás aquí, señor Presidente, fuera bueno un
relevo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mur.
Tiene la palabra el señor Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Señor Presidente, señorías, señor
Presidente, de sus propias palabras se puede reconocer la
crisis que se cierne sobre la unión Europea, ahora ampliada:
por una parte, la imposibilidad de acordar la sucesión del
señor Delors y, por otra parte, las dudas sobre la política
económica en sus aspectos de financiación de inversiones
impulsoras del necesario desarrollo. Ambos son nuevos escollos
para avanzar en la construcción de una Unión Europea donde se
está constatando el crecimiento del euroescepticismo entre los
ciudadanos, que cada vez son mayores las dudas sobre la
viabilidad del Tratado de Maastricht, que es manifiesto el
desgaste político interno de los gobiernos que intentan
acordar la gestión de la Unión Europea y hacer avanzar su
consolidación y que continúa siendo lento e ineficaz el
programa de recuperación económica y creación de empleo, todo
ello a los escasos quince días de unas elecciones europeas
caracterizados por el abstencionismo y la despreocupación por
Europa, porque los partidos mayoritarios en gran parte se han
preocupado más del reparto de la tarta estatal y de atribuirse
falazmente la voluntad popular, poniendo todo ello en
prioridad sobre la implicación del ciudadano en el proyecto
del Libro Blanco o en las exigencias sociales y económicas que
suponen la aplicación del programa de convergencia económica y
social de Maastricht. Los partidos nacionalistas, una vez más,
hemos dado ejemplo de saber estar y de marcar al ciudadano
dónde estaban los problemas y los objetivos, en una palabra,
de lo que nos jugábamos con Europa. Me sumo, en la brevedad de
esta intervención, a la reivindicación de participar en la
construcción de Europa por las nacionalidades, que ya han
realizado mis compañeros que me han precedido, pero me quiero
centrar en el desarrollo del programa de reactivación
económica y creación de empleo. Vuelven, señor Presidente,
tentaciones liberales puras que, aparte de endurecer las
medidas sociales, convierten los instrumentos económicos en
ideología política, con lo que se pretende retener el impulso
económico, las inversiones productivas y se replantean las
fuentes de financiación de los proyectos, incluidos los de
infraestructura, formación, asistencia social y promoción de
empleo, pudiendo éstos quedar relegados a los estrictos
límites del presupuesto ordinario anual.
Comparto las palabras y el reto que en este sentido ha lanzado
el señor Delors: la economía europea, el desarrollo europeo,
se encuentran ante la exigencia de elegir entre la
supervivencia y la decadencia. En efecto, señor Presidente,
los gobiernos europeos, y en particular el nuestro, parecen
estar satisfechos con la espontaneidad de la recuperación
económica y han guardado en el cajón el Libro Blanco y el
seguimiento activo de los indicadores de adecuación al
proyecto de convergencia, cuya meta en el tiempo está cada día
más cerca. La recuperación no se puede dejar al albur y
distraernos con problemas políticos de salón. Confiamos en que
dentro de quince días estará decidida la Presidencia de la
Unión Europea y se pueda abordar el pacto social que precisa
la construcción europea. Quedan cinco años de sacrificios a
cambio de puestos de trabajo. Los recursos provenientes del
sacrificio de mantener el nivel de vida real y las mejoras de
productividad deben dedicarse a la formación y a la
reinversión. Hay que marcarse el objetivo de reducir el paro a
la mitad en los próximos seis años y no retrasar el plan de
infraestructuras, cumpliendo estrictamente los planes de
inversión previstos en los plazos previstos, y terminar
también con el señor Delors. Todo ello precisa una
financiación complementaria mediante la emisión de deuda
especial y las medidas fiscales correspondientes. Se debe
marcar una línea de límite a la aparente racionalidad
económica, que busca dilatar con falsos pragmatismos el
desarrollo que espera Europa. La economía está al servicio de
la sociedad y no al revés, y las nuevas generaciones que
terminarán construyendo Europa necesitan una salida y no un
corsé. Yo le invito, señor Presidente, a abordar con decisión
y entrega el desarrollo de esta Europa sin ataduras. Muchas
gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.
Tiene la palabra el señor González Lizondo.
El señor GONZALEZ LIZONDO: Señor Presidente, señorías, señor
Presidente, en tres minutos lógicamente no se puede hablar de
una Cumbre europea tan importante como la de Corfú, por lo que
el discurso se lo mandaré por correo. Voy directamente al
grano.
En primer lugar, albricias por la entrada de Rusia en la
Asociación para la Paz. Lo dije en el mes de enero en este
hemiciclo y su Ministro, señor Solana, me dijo que no soñara,
que pisara tierra y que eso era imposible. Ha sido una
realidad, enhorabuena. Si usted ha formado parte y ha
conseguido que se haga, enhorabuena, porque es muy bueno.
Diez años de períodos transitorios a frutas y hortalizas;
posible arranque de 400.000 hectáreas de viñedo; prohibición
de libre circulación de tomates y fresas aun en el día de hoy;
posibilidad de que, a lo mejor, se puedan arrancar naranjos...
Por otra parte, estamos viendo que en esta cumbre se han dado
32.000 millones de pesetas a Argelia (200 millones de ecus);
se dieron ya 50.000 millones a Marruecos para que plantara en
su día naranjos, sin ser países europeos, y yo me pregunto si
esto es lógico y normal.
Con respecto al GATT, la destrucción de sectores importantes
como, por ejemplo, el juguetero y el textil, es una realidad,
China y Japón en estos momentos ya aportan el 36 por ciento
del consumo interior de la Unión Europea en juguetes y las
importaciones de textil de Turquía, China y Hong Kong, donde
ya le dije que no había que ir a vender --lo recordará usted--
, van a hacer desaparecer nuestra industria con un poquito de
suerte. Mientras, ustedes en el mes de enero rechazaron una
moción de Unión Valenciana en la que pedíamos elaborar planes
especiales incluso para estos sectores y para otros, sin coste
alguno. Fue en los Presupuestos de 1994. Incomprensible.
De otra parte, vemos la autopista Valladolid-Lisboa, nos
alegramos por ello; TAV Madrid-Barcelona-Perpiñán, también nos
alegramos. Nos alegraríamos más que fuera por el Mediterráneo
y entendemos de esta forma el apoyo que le presta a usted
Convergència i Unió, que yo también lo haría en su caso. Me
parece muy bien. Sobre el eje Sagunto-Somport-Pau, 50 o 60
veces se ha dicho aquí que sí, que era prioritario y,
lamentablemente, no lo he visto. Señor Presidente, yo
compendio todo esto diciendo que hemos de ser solidarios pero,
naturalmente, no podemos hacer el primo.
Por cierto, me gustaría hacerle una pregunta: ¿Usted,
definitivamente, quiere ir a Europa? Me gustaría saberlo.
Además, creo que no sería malo. Señor Presidente, lo que le
diría es que mientras tanto sea usted valiente. No me cansaré
de repetirlo. Sus colegas franceses estuvieron a punto de
vetar el GATT por considerarlo lesivo para sus intereses. El
Primer Ministro John Major ha bloqueado el relevo de Delors, y
hasta el mismo Berlusconi ha tratado de defender en Corfú un
incremento de sus cuotas lácteas. No le pido que bloquee la
construcción de la Unión Europea --somos europeístas--, le
pido que la ayude, que la apoye y que vaya hacia adelante. Le
pido, al mismo tiempo, que defienda nuestros intereses al
menos con la misma intensidad con que lo hacen los demás. De
verdad, yo le deseo éxito en Europa porque el éxito en Europa
puede significar mucho para todos nosotros.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González Lizondo.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Almunia.
El señor ALMUNIA AMANN: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, empiezo esta intervención, como han hecho otros
portavoces, agradeciendo al Presidente del Gobierno la
comparecencia y la información que nos ha proporcionado sobre
el Consejo Europeo celebrado en Corfú la semana pasada.
De este Consejo --tampoco soy yo el primero que lo dice esta
mañana-- se deducen valoraciones políticas contradictorias. Si
analizamos los acuerdos alcanzados en multitud de materias,
desde el desarrollo del Libro Blanco, orientación de políticas
económicas, política exterior y de seguridad, asuntos de
justicia e interior, lo acordado en Corfú merece una opinión
muy positiva, tanto por el contenido de los acuerdos como por
el hecho de que en tan variadas y amplias cuestiones se haya
podido obtener el consenso de los doce países miembros, de sus
Jefes de Estado y de Gobierno.
Fijándonos sólo en los acuerdos que quedan reflejados en las
conclusiones que todos conocemos, se puede incluso afirmar, a
mi juicio, que la Unión Europea se está poniendo en marcha a
un ritmo satisfactorio a partir de la entrada en vigor, hace
unos meses, del Tratado.
Además, la recuperación económica empieza de nuevo a jugar a
favor de este proceso de integración frente a lo sucedido en
los últimos dos años, desde que se firmó el Tratado hasta que
entró en vigor, en los que la recesión acentuó las tendencias
de algunos países miembros al repliegue sobre sí mismos y, por
tanto, dificultó los avances en la puesta en práctica de los
compromisos que habíamos adquirido al negociar y aprobar el
Tratado de la Unión.
También es verdad que el fracaso que supone no haber decidido
en Corfú el nombre del futuro Presidente de la Comisión
Europea es un dato de primera magnitud ante el que no podemos
minusvalorar sus consecuencias negativas. Si el Consejo
extraordinario del próximo día 15 de julio en Bruselas pudiese
llegar a una solución --¡y ojalá que así sea!--, yo temo que
lo ocurrido en Corfú siga teniendo en los próximos tiempos un
impacto negativo en las relaciones entre los Jefes de Estado y
de Gobierno, en términos de desconfianza y de recelo mutuo,
sobre todo entre quienes ya habían alcanzado un consenso a
partir de posiciones también divergentes y quien, en ejercicio
de un derecho --no sé si bien utilizado, yo creo que no--, ha
vetado ese consenso de los demás.
Estamos, por tanto, ante una situación paradójica. Sin duda en
una valoración global, el veto británico a la persona del
señor Dehaene extiende su sombra negativa sobre el conjunto de
las tareas que ha abordado el Consejo Europeo, pero sería
injusto no resaltar en este debate la importancia de muchos de
los acuerdos alcanzados.
Los cuatro nuevos países miembros de la Unión no olvidarán que
ha sido precisamente en este Consejo de Corfú donde han
asistido por primera vez a sus deliberaciones y donde han
firmado el Tratado de Adhesión. También, como se ha dicho por
prácticamente todos los Diputados que me han precedido, tiene
una gran relevancia el acuerdo alcanzado por la Unión y Rusia.
El propio Primer Ministro británico, John Major, que no es
sospechoso de supravalorar los éxitos de la Unión Europea, ha
dicho que tal acuerdo es, sin duda, el más importante que haya
firmado nunca la Comunidad con un país tercero. Yo
sinceramente comparto esa opinión en este caso de John Major.
Ha sido también en este Consejo Europeo donde se ha avanzado
un esbozo de lo que será la futura ampliación de la Unión, a
partir de la consolidación de la Unión Europea con 16
miembros; ampliación en la que participarán probablemente
países del Centro y del Este, como Hungría, Polonia, la
República Checa, quizá Eslovaquia, pero de la que en las
conclusiones del Consejo se afirma que formarán parte países
mediterráneos, como Malta o Chipre. Si en la actual ampliación
a cuatro se ha dicho muchas veces que el punto de equilibrio
de la Unión se desplaza hacia el Norte, en el futuro ese punto
de equilibrio volverá a desplazarse hacia el Sur, quizá
también hacia el Este, pero, en todo caso, no prosigue ese
alejamiento del punto de equilibrio del centro neurálgico de
la Comunidad hacia un lugar geográficamente lejos de nuestra
posición.
Mi Grupo está de acuerdo, como se ha dicho aquí, en la
necesidad de analizar en esta Cámara, por parte de todos, las
consecuencias de esta ampliación a dieciséis y el diseño y el
proceso que nos lleve a la futura ampliación. Para eso, desde
ahora manifestamos nuestro interés y nuestro propósito de
trabajar en la Ponencia, ya constituida al efecto sobre este
tema, que es la Comisión Mixta sobre la Unión Europea, que no
ha empezado todavía a desarrollar sus trabajos, pero en la que
manifestamos nuestro deseo de trabajar en profundidad con el
máximo rigor y con el máximo esfuerzo posible.
Sobre la decisión de crear un grupo de reflexión, un grupo
preparatorio de la conferencia intergubernamental de 1996, se
han resaltado ya también dos hechos extraordinariamente
positivos que figuran en la constitución misma de ese grupo.
Por una parte, el que en el mismo van a participar, por
primera vez en un grupo de este tipo, parlamentarios europeos
y, por otra, el hecho de que sea un español quien vaya a
presidirlo. Con ello se está apuntando ya la importancia que
la presidencia española va a tener, sin duda, en el segundo
semestre del año 1995, para el impulso de la próxima revisión
de los tratados que precederá a los siguientes procesos de
ampliación de la Unión. Sobre este punto concreto de la
conferencia intergubernamental de 1996, también hemos acordado
ya en la Comisión Mixta sobre la Unión Europea crear una
ponencia, para la que manifestamos nuestra misma disposición
positiva que en el supuesto anterior de la ponencia sobre la
ampliación.
Otro de los aspectos de los acuerdos del Consejo ha sido el
referido al desarrollo de las previsiones del Libro Blanco
sobre el empleo y la competitividad. Nos congratulamos de lo
que en las conclusiones se dice sobre política de empleo en
sus diversas acepciones, que ha relatado el Presidente del
Gobierno, y sobre las inversiones en redes de infraestructuras
o en redes energéticas de ámbito europeo, para ser capaces de
obtener el máximo de ventajas del mercado interior, para
mejorar la competitividad del conjunto de las economías
europeas, para articular nuestro espacio económico común y, en
definitiva, para crear más posibilidades a raíz de nuestro
proceso de integración de bienestar para nuestros ciudadanos y
de superación de los problemas de empleo.
Desde la óptica particular de nuestro país, ya se ha
resaltado, y por eso no insisto en ello en aras a la brevedad,
la importancia de los proyectos elegidos, tanto en las redes
de infraestructura de transportes como en las redes
energéticas con carácter prioritario. Además, en Corfú se ha
constatado por parte de todos los países miembros y de sus
Jefes de Estado y de Gobierno que el clima económico mejora
con claridad en el conjunto de las economías europeas, lo
cual, por un lado, va a facilitar el margen de financiación
necesario para llevar a la práctica esos proyectos de grandes
redes, previstos ya y seleccionados en este Consejo y, por
otro, despeja --creo que eso es más importante aún que lo
anterior-- la posibilidad de reanudar el avance hacia la unión
económica y monetaria, muy difícil en momentos de recesión y
de crecimiento económico nulo o negativo, más fácil, aunque
tampoco absolutamente exento de esfuerzos necesarios, en
momentos de crecimiento y de reanudación de la actividad
económica. El hecho de que se reanude la actividad implica que
las posibilidades de generar empleo para superar ese enorme
déficit de empleo con relación a la demanda de trabajo que
existe en el conjunto de la Unión Europea, pueda ser reducido
en los próximos años, como el propio Libro Blanco desea,
haciendo una apuesta por una política europea, no sólo
económica, sino también generadora de empleo para atender las
demandas de nuestros ciudadanos. También resalta el Grupo
Socialista la importancia de acuerdos adoptados en los dos
nuevos pilares de la
Unión, en la política exterior y de seguridad común, con
especial atención a ese compromiso de redefinir la política
mediterránea de la Unión y también a los compromisos que se
adoptan y que se anuncian para el futuro con relación a
Latinoamérica. En el tercer pilar, en el de asuntos judiciales
y de interior, nos parece extraordinariamente positivo que el
Consejo haya decidido asumir como propio el acuerdo franco-
alemán relativo a la lucha contra el racismo y la xenofobia.
Como decía al principio, estos logros, que sin duda son
importantes, relevantes, y que van a marcar el avance de la
Unión Europea en los próximos meses y en los próximos años,
quedan en cierto modo oscurecidos por el fracaso que supone no
haber podido consensuar el nombramiento del Presidente de la
Comisión. En esta valoración coincidimos con lo dicho ya por
otros portavoces parlamentarios. La falta de acuerdo coloca a
la Unión Europea en una difícil situación de la que espero que
se pueda salir el próximo día 15 en el Consejo extraordinario
de Bruselas, Porque un desacuerdo en esa fecha, el
mantenimiento del desacuerdo actual dentro de veinte días, nos
introduciría en una crisis institucional de consecuencias
difíciles de prever para la propia Unión.
Es verdad que el nombramiento del Presidente de la Comisión, o
la designación del candidato --hablando en términos más
precisos-- pertenece a la esfera intergubernamental y que cada
país puede, en teoría, bloquear el acuerdo de los demás. Pero
no debe ser a cualquier precio el ejercicio de este derecho.
Todo indica que en la actitud del Primer Ministro británico --
que, además, ha sorprendido porque había manifestado actitudes
más flexibles antes de la cumbre-- ha pesado más que los
intereses de su país o su concepción del proceso de
integración europea, condicionantes internos que tienen que
ver con su propia situación política, incluso con la situación
política de su propio partido. Si ese análisis, que también se
está realizando en Gran Bretaña, es correcto, habría que
concluir que, de no superarse en la próximas semanas, algo
está fallando en el sistema de adopción de decisiones de la
Unión Europea. Unos pocos, un solo país, no puede poner en
riesgo el proyecto colectivo de la inmensa mayoría. Europa es
demasiado importante para nuestro futuro como para asumir sin
más esos riesgos renunciando a cualquier réplica política por
parte de quienes, la mayoría, sí queremos desarrollar la Unión
Europea. Once países no podemos someternos a quien trata de
rebajar en solitario el contenido de la construcción europea,
quizás más por necesidad de preservar su propia estabilidad
política interna que por convicción.
El Presidente del Gobierno ha jugado en Corfú un papel
importante, y así ha sido reconocido por líderes y por
observadores de otros países, para buscar el consenso incluso
partiendo de una posición en la que, como es bien sabido,
nuestro candidato no era el que ha reunido en su entorno el
apoyo de once países incluido el nuestro. Por eso, por esa
capacidad de liderazgo y de convicción que ha demostrado en
esta ocasión y en otros consejos europeos, le queremos pedir,
para acabar esta intervención, en nombre del Grupo Socialista,
que haga llegar a la Presidencia alemana no sólo nuestra
capacidad de colaborar en la búsqueda de ese consenso
necesario, sino también la exigencia de que se desbloquee el
impasse provocado por la actitud británica y que se abra así
un período fructífero de tres presidencias encadenadas que nos
deben conducir a una buena Conferencia intergubernamental en
el año 1996, porque nosotros como europeos lo necesitamos.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Almunia.
Para contestar a las intervenciones de los portavoces de los
distintos grupos, tiene la palabra el señor Presidente del
Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Señor
Presidente, señorías, ateniéndome al carácter informativo de
la sesión intentaré hacer una intervención que aporte
respuestas a las reflexiones que se han hecho. Creo que ha
habido una coincidencia bastante general, pero no unánime, en
cuanto a los aspectos que han tenido un carácter positivo y
los aspectos que han sido negativos de la Cumbre que se acaba
de celebrar en Corfú. Es evidente que la coincidencia está, en
cuanto a los aspectos positivos, en la ampliación, la
presencia de los nuevos Estados miembros, el impulso que esto
puede suponer, el acuerdo con Rusia, las propias iniciativas
que se han acordado contra el racismo y la xenofobia con un
plan de trabajo concreto, o algunos de los desarrollos del
Libro Blanco, en particular en materia de infraestructura y de
energía. Hay acuerdos en cuanto a lo que ha sido positivo de
esta cumbre, repito, con carácter bastante amplio, aunque
alguna intervención ha sido negativa en el conjunto, como la
del señor Anguita diciendo que desde hace varias cumbres,
desde que se firmó el Tratado de Maastricht, no hay ningún
aspecto positivo que resaltar. A mí me gustaría llamar la
atención sobre algunas cosas que me parece que son poco
contestables.
Voy a hacer una reflexión brevísima sobre algo que vengo
defendiendo desde hace ya bastante tiempo en esta tribuna: la
posibilidad de hacer compatible la profundización en el
proceso de construcción comunitaria con la ampliación. Nunca
he hecho una opción y muchos somos, a nivel de responsables
políticos euopeos, los que hemos hablado siempre de esa
compatibilidad. Es perfectamente compatible ampliar y
profundizar. De hecho tenemos una experiencia, que es la
última, de ingreso e incorporación de dos países como
España y Portugal en la Comunidad Europea en su momento que
produjo el efecto de ampliación y de profundización al mismo
tiempo. Fue quizás la necesidad de adaptación de la Comunidad
de diez a doce --inmediatamente antes había sido de nueve, por
tanto se podría considerar de nueve a doce-- la que nos lleva
a la conclusión de que había que hacer, entre otras cosas, una
conferencia intergubernamental para desarrollar el Acta Unica.
Me gustaría dar una explicación que sirviera para todas las
intervenciones un poco más detallada sobre lo que pasa con el
fracaso en la designación del candidato a la presidencia de la
Comisión. La verdad es que nosotros sugerimos un procedimiento
que se aceptó por todos los participantes, aunque después no
se respetó hasta sus últimas consecuencias. El procedimiento
que sugerimos fue el de poner sobre un papel las preferencias,
por orden, de los tres candidatos que se presentaban, cosa que
era insólita en la Comunidad, no había ocurrido en otras
ocasiones, de tal manera que el mero hecho de aceptar --y así
lo dijimos con claridad-- poner en distinto orden, o en orden
consecutivo, las preferencias sobre los tres candidatos,
significaba una declaración de compatibilidad o de aceptación
de la capacidad para presidir la Comisión de cualquiera de los
tres candidatos, aunque las preferencias, naturalmente, fueran
diferentes según la perspectiva o la visión de cada uno de los
Estados miembros. Todo el mundo entró dentro de esa dinámica y
resultó que en la primera aproximación el candidato belga, el
señor Dehaene, obtuvo ocho votos, el candidato holandés tres y
el candidato británico un voto. Por consiguiente, había una
mayoría de dos tercios en cuanto a la expresión de
preferencias en torno al señor Dehaene. A partir de Ahí,
sugerimos --no sólo yo, hubo otros que los sugirieron-- que se
conectara con los candidatos que habían sido menos preferidos,
por no decir menos votados, para ver si facilitaban con su
retirada un acercamiento a un consenso entre todos. Esto
ocurrió el sábado día 25, a primera hora de la mañana, y fue
en cierto modo sorprendente que después de la retirada de los
dos candidatos con menos preferencias o menos votos hubiera
todavía un bloqueo, que no es posible interpretar de otra
manera que un veto por parte de un país miembro o de un Jefe
de Gobierno respecto de otro candidato y se da, además, la
situación delicada, de que también es Jefe de Gobierno dentro
de la Unión Europea.
Creo que ha habido --no lo debemos ocultar-- varios elementos
dentro de esta decisión que han conducido al bloqueo. No sólo
ha habido fallos procedimentales, que es evidente que los ha
habido. No sólo ha habido problemas que pudieran tener
carácter interno en cada país. Creo que detrás de la discusión
ha habido también una distinta concepción sobre lo que debería
ser el liderazgo de la Comisión Europea en el próximo período.
Alguno de los intervinientes en el curso de la mañana han
hablado de mi hipotética candidatura; ya he dicho que no he
sido candidato en ningún momento y no lo soy ahora. Creo que
eso despeja las dudas y no me gustaría ni siquiera tener que
insistir. Repito que ha habido no sólo problemas
procedimentales, hay también problemas que hacen referencia a
visiones diferentes sobre la construcción europea.
Me gustaría decir también, al comienzo de esta intervención,
que el papel de la Comisión Mixta Congreso-Senado puede cubrir
perfectamente parte o todas las demandas que se han expresado
en esta tribuna para intentar hacer una política lo más
consensuada posible en torno a temas de gran trascendencia,
como, por ejemplo, una propuesta concreta que ha habido de un
programa de trabajo flexible y abierto hasta la conferencia de
1996, que se conecta con la propia creación de un grupo de
reflexión. Alguno de los intervinientes ha pedido que la
presidencia del grupo de reflexión se haga por consenso.
Quiero decir que el Acuerdo de Ioannina fue muy específico y
se ha consolidado en este Consejo Europeo, por eso me refería
a él creyendo que todos los parlamentarios tenían suficiente
conocimiento del contenido del acuerdo.
En el acuerdo se dice que la composición del grupo de
reflexión será la que se deriva de los representantes
personales de los Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión
Europea. Habrá doce representantes personales de los
Ministros, se asociarán a esos representantes personales
cuatro de los países de la adhesión y dos representantes del
Parlamento Europeo, que no sólo llevarán la posición que
resulte de su adscripción al grupo A) o B) del Parlamento
Europeo, sino que recogerán la posición de la institución
parlamentaria frente al desarrollo de los trabajos del grupo
de reflexión de la conferencia. Ese es exactamente el
contenido del acuerdo. Por consiguiente, el representante
personal del Ministro de Asuntos Exteriores español será el
que presida el grupo de trabajo. Estamos dispuestos a hacer
ese trabajo de la Comisión Mixta --lo acaba de decir el
representante del Grupo Socialista-- para definir una posición
de consenso, tanto en relación con la conferencia
intergubernamental, proceso de toma de decisiones, necesidad
de democratización y aumento de la eficacia en el
funcionamiento institucional, como en cuanto a algunos de los
otros temas citados, entre otros, por el señor Aznar como
proyectos que pueden afectar a España. Se ha citado la OCM del
vino. Yo creo que no va a pasar, de ninguna manera. Hay una,
digamos, superminoría de bloqueo respecto de esta cuestión;
por consiguiente, no va a pasar. Nosotros hemos defendido con
firmeza que no nos gusta, naturalmente, la propuesta y creemos
que no saldrá adelante. Pero lo mismo respecto de esto que
respecto del informe Bangemann o de otros temas que se han
suscitado.
Desde luego, la política mediterránea podría convertirse en
una acción común. Establezco sólo un matiz: es muy difícil
definir una acción común en relación con la política
mediterránea. Si se dijera que es la política respecto del
Magreb, todavía habría enormes dificultades por las diferentes
situaciones que se viven en cada uno de los países, llegándose
incluso al bloqueo en el desarrollo de la unión de esa zona.
Por consiguiente, hay una cierta dificultad. Lo que
pretendemos en los próximos meses o en las próximas
presidencias es que por lo menos haya una definición de
política para que después, con su maduración, se pase a una
acción común, aunque durante este período no se convierta en
una acción común.
También se podría desarrollar esa política de consenso en
algunas de las otras propuestas. Desde luego, en la aplicación
de los fondos de cohesión o en la elaboración del segundo plan
de convergencia. Coincido con alguna de las apreciaciones que
se han hecho. No hay un solo plan de convergencia en los 12
países de la Unión que no necesite ser revisado después de lo
que ha ocurrido: un proceso de recesión mucho más profundo que
lo que se había previsto. Por tanto, todos los países tienen
que hacer una revisión de mayor o menor envergadura.
Probablemente el nuestro es de los que tenga que hacerla de
una cierta envergadura, pero no más que otros.
Me gustaría decir que la defensa de los intereses de España se
ha hecho siempre --respondiendo con ello desde la primera
hasta la última intervención-- con especial dedicación y con
especial firmeza. Algunas veces incluso reconocida
públicamente por todos los medios de comunicación, porque las
peleas no siempre son fáciles, a veces son de una enorme
dureza.
Quisiera responder también, tema que ya muchas veces he
explicado, sobre el debate previo a la celebración de las
cumbes. Algunos de los intervinientes ya se han pronunciado.
Yo creo que un buen seguimiento en la Comisión Mixta Congreso-
Senado es lo más eficaz. Pero debo recordar una vez más que he
recibido el orden del día de la Cumbre de Corfú el día 23. Por
consiguiente, no hay posibilidad material de celebrar un
debate previo sobre el orden del día de la cumbre. El día 23
se manda el orden del día y el día 24 comienza la cumbre.
Algunas veces hay un poco más de tiempo: en lugar de 24 horas,
hay 48 horas entre el momento en que se recibe el orden del
día y el comienzo de la celebración de la cumbre. Por
consiguiente, incluso desde el punto de vista material,
resulta muy difícil. Cuando se sabe que se van a tocar temas y
se sabe con antelación suficiente, como por ejemplo ahora, que
se sabía que se iban a tratar temas como el de la designación
de un candidato, se tiene tiempo para convocar la propia
Comisión Mixta e intentar un intercambio de opiniones respecto
de esa candidatura.
Insistiré un poco más sobre algunas de las cuestiones que se
han planteado en todas las intervenciones sobre la
candidatura. Yo no tengo ninguna seguridad de que el día 15
vaya a haber un acuerdo. Algunas de las intervenciones se han
orientado hacia eso. Tengo la confianza de que hagamos un
esfuerzo entre todos para que el acuerdo se produzca, entre
otras cosas porque, aunque desde el punto de vista formal y
material haya tiempo, yo creo que sería un espectáculo
realmente difícil de soportar que el nuevo Parlamento Europeo
se reuniera el 19 de julio y no hubiera habido previamente un
acuerdo de los jefes de gobierno para la designación de un
candidato.
Ahora bien, la situación no es mejor ahora que en la noche en
que se empezó esa discusión. Eso parece evidente para todos,
porque no sólo se ha producido una reafirmación en su posición
por parte de Gran Bretaña. Si hay un país que veta, obviamente
el candidato vetado no puede pasar si el país mantiene el
veto. Por tanto, tendría que pensarse en un nuevo candidato;
pero cuando se habla de un nuevo candidato ya algunos otros
países, como por ejemplo Francia, han dicho que no ceden
respecto del candidato que han propuesto.
Yo traté de evitar una discusión sobre los méritos de uno u
otro candidato, porque me parecía una discusión absurda. Cada
jefe de Gobierno, lógicamente, debería tener pensado quién era
el candidato que, en primer lugar, reuniría las mejores
condiciones, desde el punto de vista de la visión que se tiene
de la construcción europea, para presidir la Comisión Europea.
Por tanto, no puedo dar realmente ninguna orientación en este
momento sobre las posibilidades que hay de acuerdo para el día
15. Lamento, en ese sentido, que algunas de las intervenciones
que me hacen esas preguntas concretas no puedan ser
respondidas de esa manera.
Se ha dicho desde esta tribuna --me parece que por el señor
Anguita-- que la Cumbre de Corfú no es un fracaso, sino un
fracaso sucesivo de las cumbres anteriores. Yo creo que S.S.
tiene una visión de la Unión Europea que, desde luego, no
comparto; no digo respecto de lo que pueda ser en el futuro,
sino respecto de lo que es la realidad, porque es verdad que
no es sólo un mercado interior, y no lo es en este momento. La
Unión Europea tiene muchas dosis políticas como para
considerarla sólo un mercado interior. Pero, además, tiene una
buena dosis de redistribución interterritorial, de carácter
redistributivo e interterritorial, como para considerar que es
solamente un mercado. Hay países con menos nivel de
desarrollo, como Grecia e Irlanda, que reciben,
aproximadamente, un 5 o un 6 por ciento del producto bruto en
transferencias netas de la Unión Europea respecto de sus
países. Esto significa el mayor esfuerzo que se conoce, por lo
menos en la actualidad, en estructuras federales de Estados
federales, es decir, el mayor esfuerzo de transferencias de
recursos y de rentas. Por consiguiente, yo creo que no se
debería simplificar la visión que se tiene sobre la
Unión Europea. Y el meollo del fracaso, se ha dicho, es el
error en la orientación de la política económica, incluso con
un documento de la OCDE. No lo comparto. Yo creo que, por
ejemplo, el problema de la competitividad no sólo no es
incompatible con la sociedad del bienestar, sino que, muy al
contrario, si no se consigue un nivel de competitividad
suficiente, no es posible mantener la sociedad del bienestar;
es decir, la incompatibilidad es la contraria. Lo he explicado
también, a veces, desde esta tribuna; vuelvo a repetirlo una
vez más. Y, desde luego, es perfectamente posible que una
razonable evolución de los salarios favorezca la generación de
empleo, y favorecer la generación de empleo con una moderación
salarial no significa que disminuya la participación en la
renta global de las rentas salariales, sino más bien que esa
participación o se mantenga o aumente, porque al aumentar la
base productiva del país e incorporarse más número de personas
al empleo, probablemente, la participación en la renta será
una participación que se equilibrará más en favor de las
rentas salariales que en el resto de las rentas. Pero no me
duelen prendas al decir que no hay nada en una economía de
mercado --y estamos en una economía de mercado--que pueda
obligar, en sentido estricto, a los empresarios a invertir en
creación de empleo. Por consiguiente, cuando se pide
moderación salarial, de nuevo en una economía de mercado, nada
puede obligar a los trabajadores y a los sindicatos a fijar
unas condiciones salariales determinadas; nada los puede
obligar. En una economía libre, en una economía abierta, es la
autonomía de las partes las que deciden cuál es la evolución o
el nivel de los salarios. Por tanto, yo no propondría nunca
que hubiese una obligatoriedad legal para el destino de los
fondos de inversión, aunque sí --se ha dicho desde esta
tribuna-- medidas indirectas de carácter fiscal, estímulos a
la inversión generadora de empleo, por supuesto. Algunos
ejemplos se pueden poner de cosas que se hacen. Pero lo
contrario es una visión diferente del funcionamiento de la
economía que, obviamente, no comparto.
Igual que no comparto la idea de que no es posible la
convergencia. La convergencia es posible. La compatibilidad
entre una política macroeconómica sana y la creación de empleo
es perfectamente posible. Lo contrario es lo que, a mi juicio,
resulta imposible. Que haya una buena macroeconomía o una sana
macroeconomía no garantiza, como se ha dicho, que se vaya a
generar empleo suficiente. Hay que hacer políticas activas de
empleo. Lo que sí se ha garantizado es que una crisis o un
desajuste macroeconómico haga posible un crecimiento capaz de
generar empleo. Por tanto, me gustaría que esa discusión,
cuando se tenga, se haga en profundidad y dedicada,
fundamentalmente, a eso. En otras intervenciones se ha
resaltado la importancia de algunos de los acuerdos que se han
adoptado en Corfú. Ya he dicho que, efectivamente, había un
acuerdo general respecto de la evolución de las política
económicas que se van practicando en los distintos países y
también en el nuestro. Es verdad que, como desarrollo del
Libro Blanco, la reforma del mercado de trabajo ha sido
acogida por muchos de los intervinientes como algo positivo,
como algo en el camino o en la dirección de lo previsto en el
Libro Blanco, que me parece que es todo menos una aproximación
neoliberal a lo que puede ser el desarrollo de una política
económica generadora de empleo y superadora de la crisis
actual. He hecho antes una referencia, que no repetiré ahora -
-estoy repasando las notas de la intervención del señor Roca--
, a lo que ocurre con el problema del vino. Creo que no va a
pasar esa política. Por consiguiente, creo que no hay que
tener ningún temor al respecto.
Es verdad que con la antigua Yugoslavia, en particular con el
problema de Bosnia, existe una frustración porque no se dan
pasos adelante. Es verdad que tampoco existen unos
instrumentos suficientes como para arreglar el conflicto por
otros procedimientos, y nos movemos en esa contradicción.
Coincido con el señor Anasagasti --lo he dicho antes-- en que
la elección del Presidente de la Comisión plantea algunos
problemas de fondo, no sólo de forma. Ahora bien, me gustaría
matizarlo en este debate, en el debate que se ha producido en
Corfú. Digo que me gustaría matizarlo porque cuando la
delegación británica, que, sin duda, tiene una concepción de
la construcción europea bastante diferente de la que tienen
otros socios comunitarios, por no decir el resto de los socios
comunitarios, opta, después de la desaparición de Brittan como
candidato, por Lubbers no está planteando un problema de fondo
entre la concepción europea que puede tener Lubbers o puede
tener el señor Dehaene. Creo que ahí puede haber diferencias
de matiz, diferencias de talante de cada uno de ellos, pero no
hay dos concepciones muy diferentes de la construcción
europea. Sin embargo, creo que subyace en el fondo un problema
de concepción de la construcción europea.
En la relación con América Latina me gustaría aclarar que la
Comisión tiene un mandato para estudiar, entre otras, las
relaciones con el Mercosur y que eso generará, sin duda, un
nivel de compromiso mayor que el que se ha adquirido en la
Cumbre de Corfú, donde hemos intentado y conseguido que se
mencione la necesidad de establecer un especial sistema de
relaciones entre la Comunidad y esas áreas de interés para
nosotros. A partir de ahí, creo que la comisión cumplirá con
el encargo.
Hago una reflexión ahora sobre el tema de las
infraestructuras. Se crearon dos grupos de trabajo como
desarrollo del Libro Blanco. El grupo de infraestructuras ha
avanzado más en la conclusión de proyectos que se definen como
prioritarios. El Grupo Bangemann, el
grupo de la sociedad de la información, ha hecho más una
reflexión de carácter general y no ha concretado todavía pasos
a dar en el inmediato futuro. Respecto de las infraestructuras
existe, y ha habido varios intervinientes que han llamado la
atención sobre ello, un cierto grado de contradicción entre la
definición de las prioridades y la todavía no resuelta
necesidad de financiación de las prioridades señaladas; digo
todavía no resuelta y que habrá ciertas dificultades para
resolverla, porque los proyectos son extraordinariamente
costosos y tienen que ser compatibles con los programas de
convergencia que a la vez se consideran ineludibles por la
Unión Europea. Por consiguiente, si tiene que haber esa
compatibilidad, hay que hacer un enorme esfuerzo para
encontrar vías de financiación que permitan que esas
prioridades vayan adelante incluso con los calendarios
previstos. Se dice que de aquí a más tardar en 1996 deberían
iniciarse esos proyectos, pero es verdad que existe esa
contradicción en la que estamos todos y, por eso, en el
documento de conclusiones se llama la atención sobre la
necesidad de superar ese elemento que puede seguir siendo
contradictorio en los próximos meses.
No ha habido problemas, al menos en la cumbre --me parece que
era otra de las preguntas que se hacían--, en cuanto a la
voluntad francesa de conectar con el tren de alta velocidad;
digo al menos en relación con la cumbre. Nosotros hemos
sentido preocupación porque en el documento de conclusiones de
la cumbre aparecía el nombre de Francia entre paréntesis --
recuerden que el tren de alta velocidad afectaba a Francia y a
España-- y queríamos que nos explicasen qué significaba eso,
si es que había una decisión de no ir al desarrollo de ese
tren de alta velocidad, lo que seguramente influiría --y
todavía no está totalmente despejado-- en el proceso de toma
de decisiones a nivel interno en España, pero, en esta cumbre
al menos, no ha habido elemento alguno que indique que eso no
se va a hacer. Habrá algunas dudas sobre plazos, pero
trataremos de aclararlas en el inmediato futuro en la relación
bilateral con Francia. Respecto del grupo de reflexión, me
gustaría decir que nosotros estamos dispuestos a dar el máximo
de información en todos los niveles. Desde luego, estimamos
que la información parlamentaria es una información
absolutamente coherente con esa necesidad de dar el máximo de
información, pero el grupo de reflexión no tiene que ser el
comienzo del trabajo, aunque tiene fijada la fecha del día 2
de junio para la elaboración de posiciones respecto de la
Conferencia intergubernamental de 1996. A ese grupo de
reflexión se le deberían presentar propuestas ya en esa fecha
del 2 de junio, si se quiere que tenga tiempo de trabajar. Por
tanto, si hay propuestas que nacen del Parlamento español, a
través de la Comisión Mixta Congreso-Senado, tanto mejor,
porque serán propuestas que se podrán incorporar desde el 2 de
junio del próximo año a ese grupo de reflexión.
Desde el Grupo de Coalición Canaria me hacían unas cuantas
preguntas respecto de las posibilidades de acuerdo del 15 de
julio, y ya contesté antes. Nosotros valoramos positivamente -
-y ésa es la única pregunta que me quedaba por contestar-- la
candidatura belga. Teníamos una preferencia y un compromiso
previo, si se quiere, también con el candidato holandés, mucho
antes de que existiera siquiera la posibilidad en el horizonte
de una candidatura belga. Por eso hemos sostenido la defensa
de un candidato que, a nuestro juicio, reúne muy buenas
condiciones, como también ha sido puesto de manifiesto por el
señor Anasagasti.
También creo haber podido aclarar en qué consiste el grupo de
reflexión, como representantes personales de los ministros de
Asuntos Exteriores. Creo que los ministros de Asuntos
Exteriores cogieron a traición a los jefes de Gobierno y
decidieron que fueran sus representantes, porque si se hubiera
planteado en la Cumbre de Corfú hubieran sido los
representantes de los jefes de Gobierno, pero ya estaba
decidido en Iaonnina que fueran los representantes de los
ministros de Asuntos Exteriores y no se ha modificado ese
acuerdo.
Ha hecho una referencia amplia a la aplicación del Libro
Blanco, tanto en infraestructuras como en información, y como
ya me he referido a ello creo que la información también es
suficiente para dar satisfacción a las preguntas de Coalición
Canaria.
Me ha llamado la atención el representante de Coalición
Canaria sobre el permanente cuidado o atención que hay que
prestar a las regiones ultraperiféricas de países que son
también periféricos. Yo no tengo una gran preocupación por que
la ampliación de la Unión Europea --aunque sé que usted no lo
ha planteado en esos términos-- sea hacia el centro y hacia el
norte de Europa. No puede ser más que hacia el centro, el
norte o el este de Europa; creo que lo importante --y también
se ha dicho desde esta tribuna por varios intervinientes-- es
definir con claridad nuestro papel y no creo que vaya a bajar
nuestro papel en Europa, pero desde luego, estaremos muy
vigilantes en cuanto a la necesidad de mantener --y saben
ustedes que lo hacemos constantemente-- políticas específicas
para las regiones ultraperiféricas. Varias intervenciones del
Grupo Mixto han coincidido en destacar el papel de las
nacionalidades, las regiones y los pueblos dentro de la
construcción europea. Yo creo que la construcción europea
respeta la diversidad. Y la respeta no sólo desde el respeto
que en los propios Estados europeos se tiene por la diversidad
--que es distinto y con estructuras de poder distintas, a la
vez que con una gran diversidad--, sino que la respeta en
temas tan importantes como el Comité de las Regiones, en el
que yo no veo ninguna dificultad --y vuelvo a una valoración
que hacía el señor Anasagasti--
para que se incluya también la representación de los
municipios. Pero si no se debería hacer otro comité de los
entes locales. Creo que Europa está fundamentalmente hecha por
pueblos y por municipios. Por consiguiente, creo que es de
enorme interés que se mantenga esa diversidad. Las únicas
fechas concretas que hay para el desarrollo de los proyectos
de infraestructura son las que constan en el documento de
conclusiones: empezar a más tardar, se dice, en 1996. Ya he
advertido que eso siempre que se supere la contradicción en la
que todavía vivimos, que no hemos resuelto, sobre la
financiación de infraestructuras. El señor Mur y el señor
Albistur han puesto de manifiesto el fracaso en la designación
del candidato, y algunos han pedido que definamos con más
precisión nuestro papel. El nuevo plan de convergencia es lo
que definirá una de las posiciones respecto del desarrollo
interno de nuestra econoomía y de nuestras posibilidades, por
consiguiente, de convergencia con Europa, y en la Comisión
Mixta Congreso-Senado se puede insistir en ello sin duda
alguna. En cuanto a la mejora de la educación y de la
formación quiero decir que uno de los elementos en los que se
ha hecho hincapié en el informe que hizo el Presidente de la
Comisión, que dio lugar posteriormente a algunas de las
conclusiones del documento, es en el esfuerzo para la
formación continua. Además, en España hay un acuerdo entre los
interlocutores sobre formación continua que tiene una dotación
presupuestaria extraordinariamente interesante, pero yo creo
que en ese sentido esa inversión en capital humano nunca es
suficiente. Por consiguiente, se podría y se debería ir más
lejos. Al señor Albistur he de decirle que creo que hay que
evitar las tentaciones que él ha llamado neoliberales puras.
Comparte el análisis de Delors, cosa que hago yo también, lo
comparto, y hay que decir que incluso los documentos de esta
cumbre y los de las anteriores están impregnados del propio
análisis que el señor Delors lleva a la cumbre y que, además,
expresó presidiendo el grupo de trabajo al que dio lugar el
Libro Blanco.
Respecto al señor González Lizondo, con el mismo talante que
él lo ha hecho, le digo que le contestaré por correo al
documento que me va a enviar por correo. Gracias. (El señor
Anguita González pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
Señor Anguita, creo que la intervención del Presidente del
Gobierno ha respondido a las intervenciones sin aires de
polémica y sería excepcional la apertura de un turno de
réplica en este debate.
El señor ANGUITA GONZALEZ: Señor Presidente, tendré que
contestar.
El señor PRESIDENTE: Es que el turno que me solicita S.S. es
un turno de réplica, que, insisto, en este debate es
absolutamente excepcional. Gracias, señor Aguita.
El Pleno se reanudará esta tarde a las cuatro de la tarde. Se
suspende la sesión.
Eran las doce y cincuenta y cinco minutos del mediodía.
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
PREGUNTAS:
--DEL DIPUTADO DON RAFAEL LOPEZ MARTIN DE LA VEGA, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE EFECTOS CONSIDERA EL
GOBIERNO QUE TIENE SOBRE LAS CAMARAS DE COMERCIO LA SENTENCIA
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL REFERIDA A LA LEY DE CAMARAS DE
1911? (Número de expediente 180/000589)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto quinto del orden del día: Preguntas. Pregunta número 19,
del señor López Martín de la Vega.
El señor LOPEZ MARTIN DE LA VEGA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, por sentencia del Tribunal Constitucional se
ha declarado la inconstitucionalidad de las bases cuarta y
quinta de la Ley de Cámaras de 1911, al considerar el alto
tribunal que son contrarias al derecho fundamental de libertad
de asociación por cuanto prescriben la inscripción forzosa de
las empresas a las cámaras de comercio, industria y
navegación. Aunque la relevancia pública de las funciones de
las cámaras de comercio no justifica, a juicio de la
sentencia, que se conculque el derecho citado, el mismo
tribunal reconoce la importancia de esas funciones y señala el
alcance público de alguna de ellas. Por otra parte, con
posterioridad a la sentencia, desde diversos sectores se han
producido manifestaciones en torno a la misma, probablemente
desde la óptica legítimamente subjetiva de quienes las
realizaron.
Por todo lo dicho, y considerando la importante labor que
desarrollan las cámaras de comercio, industria y navegación
como lugar de encuentro de las empresas y de respuesta a
muchas de las necesidades de éstas y la relevancia que para la
economía tienen las funciones público-administrativas
asignadas a las mismas, creo que es de interés conocer qué
efectos considera el Gobierno que tiene sobre las cámaras de
comercio, industria y navegación la referida sentencia
del Tribunal Constitucional que declara inconstitucionales
ciertos aspectos de la Ley de Cámaras de 1911.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Martín de la Vega.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muchas
gracias, señor Presidente.
Como su señoría conoce, las cámaras oficiales de comercio y
turismo son instrumentos de vertebración de la vida social y
económica, de animación también de la vida industrial en los
municipios en que se encuentran enclavadas, que desempeñan
importantes funciones de interés público, entre otras, la
promoción de la actividad exportadora de las empresas locales
mediante su participación en el Plan cameral de promoción de
exportaciones y el desarrollo de actividades de formación
profisional reglada y no reglada. En todos los países de
nuestro entorno, las cámaras juegan un papel similar a este
que acabo de describir, incluso en algunos de ellos de más
importancia. Son, pues, instituciones que, a juicio del
Gobierno, están en sintonía con la cultura empresarial de la
Comunidad Europea. El Gobierno valora la contribución de las
cámaras de comercio a la vida económica del país y desea su
fortalecimiento para que sigan prestando, de manera cada vez
más eficaz, los servicios que les son propios para que
adquieran niveles de actividad y dimensión similares a los que
me vengo refiriendo de las cámaras europeas.
Es cierto, como S.S. dice, que el Tribunal Constitucional se
ha pronunciado y concretamente ha declarado la
inconstitucionalidad de las bases cuarta y quinta de la Ley de
1911 y del Real Decreto-ley del año 1929. Tengo que decirle,
no obstante, que las cámaras se rigen actualmente por una Ley
Básica del año 1993, a la que no afecta la sentencia del
Tribunal Constitucional y, por tanto, sigue plenamente
vigente. El Gobierno, no obstante, estudiará la sentencia del
Tribunal Constitucional con el tiempo y la profundidad
necesarios y seguirá velando, en todo caso, por el
mantenimiento de la seguridad jurídica y el ordenado discurrir
de la vida de las cámaras, en el marco de la Ley Básica de
1993, a la que he hecho referencia, y de sus competencias, y
tomará si es preciso para ello las medidas oportunas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JESUS CALDERA SANCHEZ-CAPITAN, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS ESTA
ADOPTANDO O TIENE PREVISTO ADOPTAR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA SITUACION ACTUAL
DE LA CIUDAD DE BEJAR Y SU COMARCA? (Número de expediente
180/000551)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 8, del señor Caldera
Sánchez-Capitán. Tiene la palabra.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ya indiqué la semana pasada, en un trámite
parecido, que la ciudad de Béjar y su comarca atraviesan por
una importante crisis, que viene dada por un alto nivel de
desempleo. La composición del mismo se establece del siguiente
modo: una elevada proporción del desempleo femenino. En la
habitual división que por actividad económica realiza el Inem,
podríamos decir que el 45 por ciento del desempleo registrado
puede calificarse de industrial. Ante ello, señor Ministro,
sabe usted que la mano pública, la Administración, debe
contribuir a paliar las situaciones adversas y cooperar al
encuentro y desarrollo de nuevas actividades.
El Gobierno central bien es cierto que está cumpliendo
sobradamente, en mi opinión, señor Ministro, con sus
responsabilidades. La semana pasada nos indicó el Ministro de
Economía una ayuda para la ciudad de Béjar y su comarca de más
de 1.000 millones de pesetas en un subprograma operativo
dentro del Plan de desarrollo regional, el Ministerio de
Industria con el Plan de competitividad del textil, etcétera.
Pero, si usted me lo permite, la mano pública, en el mejor
sentido de la palabra, sólo es una --no se den más manos
públicas-- y la ciudad de Béjar se enclava en la provincia de
Salamanca, gobernada en la comunidad autónoma por el Partido
Popular de Castilla y León. Ya le dije también al señor
Ministro de Economía cómo en los presupuestos de la Junta de
Castilla y León, para este año, de 47.000 millones de pesetas
de transferencias --¡atención!--sólo 700 corresponden a
recursos propios de la comunidad de Castilla y León. Ahora,
eso sí, el señor Presidente de la Junta se dedica a enviar
cartas a todos los receptores de ayudas diciendo que su
hercúlea posición es la que ha permitido la ayuda y la entrega
de estas transferencias a estos ciudadanos. Si se gasta el
dinero, señor Ministro, en reparar vehículos de los
funcionarios con cargo a los fondos de la Junta, si en la
Conmemoración del V Centenario del Tratado de Tordesillas se
ha gastado una parte muy importante de los recursos en comidas
y cenas (Rumores.) y el Consejero de Cultura, cuando es
requerido en el Parlamento para que explique esos dispendios,
contesta que el Presidente de la citada sociedad pertenece a
una buena familia de Valladolid que está acostumbrada a
almorzar en restaurantes de varios tenedores, usted
comprenderá que es imposible que existan recursos ni dinero
para ayudar a la reconversión de las comarcas en crisis. Si se
gasta el dinero en conceder proyectos
de obras a un alto dirigente del Partido Popular en la
Comunidad de Madrid, eso sí, por adjudicación directa (El
señor Puche Rodríguez-Acosta: ¡Cíñase a la cuestión!), que
allí parece razonable pero en el ámbito de la Administración
central no, es imposible que existan recursos para ayudar a
las zonas en crisis.
Yo, que conozco su alta sensibilidad y su comportamiento
totalmente dispar con el de esta Junta a la que me vengo
refiriendo, le pregunto: ¿Qué medidas, señor Ministro, está
adoptando o tiene previsto adoptar el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social para contribuir a mejorar la situación de
Béjar? (El señor Puche Rodríguez-Acosta: ¡Te has quedado
descansado!--La señora De Palacio Valle Lersundi: ¡Vete a
Fuensaldaña!)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
El señor Ministro tiene la palabra.
Silencio, señorías.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán
Martínez): Gracias, señor Presidente.
Señor Caldera, paso a resumirle cuáles son las actuaciones que
ha venido desarrollando el Ministerio de Trabajo durante los
dos últimos años en la comarca de Béjar, actuaciones que ha
desarrollado a través del Inem. Se han firmado en 1993 cuatro
convenios con los ayuntamientos de El Cabaco, Candelario,
Cristóbal y Sotoserrano para pavimentación y otra obras por
importe de tres millones de pesetas. En 1990 y 1993 ha
funcionado la escuela-taller Alaiz, para un total de 60
alumnos, dedicada a albañilería, cantería y carpintería, por
un coste de algo más de 272 millones de pesetas. Actualmente
se encuentran en funcionamiento otros dos proyectos de esta
naturaleza: un módulo de promoción y desarrollo en Béjar y una
casa de oficios en Candelario. El de Béjar, con vigencia hasta
1996, goza de una subvención a la totalidad del proyecto por
94 millones de pesetas, de los que casi 55 corresponden a los
años 1993 y 1994, y se destina a la formación de doce agentes
de desarrollo. Por otra parte, se concedieron, en 1993, casi
6,5 millones de pesetas en concepto de subvenciones para apoyo
a la conversión de trabajadores desempleados en trabajadores
por cuenta propia. Este año se han concedido por este mismo
concepto más de 1,5 millones y están pendientes de aprobarse
9,5 millones más para doce desempleados más. En este mismo
ámbito de apoyo a la creación de actividades se ha concedido
una ayuda en pago único y anticipado de la prestación por
desempleo a trece beneficiarios que se han insertado en
diferentes cooperativas. A la formación ocupacional en esta
comarca, el Inem ha destinado en 1993 casi 20 millones de
pesetas, de los cuales 14,5 han sido subvenciones a centros
colaboradores y el resto lo ha hecho directamente el Inem. En
el año 1994 están programados diez cursos en diferentes áreas
formativas, con un coste de 31.600.000 pesetas. Por último, el
ayuntamiento de Béjar tiene también firmado un convenio con el
Inem, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 1995, para
iniciativas locales de empleo, que desarrollará actuaciones
como realización de obras y servicios de interés general,
apoyo a la creatividad de la actividad productiva mediante la
instalación de nuevas empresas, análisis y detección de
necesidades de formación ocupacional, acciones de formación
profesional a través de cursos impartidos por el propio
ayuntamiento, desarrollo de programas de escuelas-taller y
casas de oficio y adscripción de trabajadores desempleados
perceptores de prestaciones al servicio de la utilidad social,
desarrollados también por el ayuntamiento de Béjar.
El señor PRESIDENTE: Gracias. (La señora De Palacio Valle-
Lersundi pide la palabra.)
Señora De Palacio.
La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Señor Presidente, quiero
manifestar la protesta del Grupo Popular por que se acaba de
utilizar un turno de control al Gobierno de la nación para
hacer un control que realmente no corresponde a este foro y
que entiendo que debería realizarse en otros ámbitos. También
quiero manifestar que estamos en un sistema que establece una
división no sólo vertical sino horizontal de poderes y
competencias, y que no tiene demasiado sentido que aquí se
hagan planteamientos que corresponden a otros ámbitos, en
concreto a la Cámara de una comunidad autónoma determinada.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De Palacio.
Por supuesto que esta Cámara no controla las instancias de
poder autonómicas ni locales, pero los grupos y los Diputados
que intervienen suelen hacer uso de los argumentos que tienen
por conveniente en apoyo de las causas que defienden en esta
Cámara y la Presidencia nunca ha intervenido en relación a
ningún Diputado o a ningún grupo cuando se han referido a la
actuación de otras instancias autonómicas o locales para
ilustrar sus argumentaciones.
--DEL DIPUTADO DON ANTONIO COSTA COSTA, DEL GRUPO SOCIALISTA,
QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LAS LINEAS BASICAS DEL
PLAN ESTRATEGICO DE IBERIA Y QUE COSTES SOCIALES PUEDE
COMPORTAR? (Número de expediente 180/000553)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 9, del señor Costa Costa,
quien tiene la palabra.
El señor COSTA COSTA: Gracias.
Señor Presidente, señor Ministro, hemos podido leer en los
medios de comunicación social determinadas declaraciones
de responsables del INI, concretamente del señor Cuenca,
Vicepresidente del mismo, anunciando un nuevo plan estratégico
para Iberia. Me llama la atención de dichas declaraciones la
anticipación que produce respecto a la que, según el señor
Cuenca, debe ser la actitud de los sindicatos con relación a
dicho plan estratégico. Y me sorprenden especialmente estas
manifestaciones porque históricamente los sindicatos han
estado abiertos al diálogo en la empresa Iberia y han sabido
pactar y consensuar los últimos planes de esta compañía
durante bastantes años.
Por ello le formulo la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las
líneas básicas del Plan estratégico de Iberia y qué costes
sociales puede comportar? Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Costa.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Costa, con mucho gusto le contesto. En primer lugar, al
día de hoy no existe todavía un plan estratégico sino una
revaluación estratégica y, naturalmente, el inicio de la
presentación y discusión en el seno de la empresa de un plan
estratégico sobre Iberia; un plan que espero --como usted
augura también-- que siguiendo la tradición histórica de esa
empresa pueda ser objeto del máximo nivel de acuerdo con las
centrales sindicales y con todos los agentes implicados en esa
compañía, cuestión que me parece absolutamente central para
conseguir el éxito. En ese sentido, le puedo asegurar que he
instruido a los responsables del INI y de Iberia hacia la
consecución de un acuerdo de esa naturaleza que, en todo caso,
no excluye el poner de manifiesto la necesidad de garantizar
la viabilidad de la empresa. Cuando hablo de viabilidad hablo
naturalmente de sus malos resultados pasados y de los
diferentes retos a los cuales está enfrentada la compañía, que
tiene que contar con un gran esfuerzo en materia de ingresos
pero también con un gran esfuerzo en materia de costes, de
mejora de productividad, de reducción de gastos en suministro
de bienes y servicios --no se olvide que aproximadamente
180.000 millones de pesetas son los que el grupo del
transporte aéreo utiliza para la compra de bienes y servicios-
-y un planteamiento que tiene que pasar también por toda una
serie de alianzas estratégicas como las que se han venido en
parte ya consolidando, algunas públicas y otras en trance de
consolidación, y que deberán conducir a una empresa de
carácter global, no regional en una región del mundo, como
corresponde a la naturaleza del negocio del transporte aéreo,
no solamente para Europa sino para América y también para
Asia.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Costa.
El señor COSTA COSTA: Gracias, señor Presidente.
Quiero agradecer al señor Ministro su respuesta y espero que
se desarrolle tal y como nos ha explicado. En cualquier caso,
quiero hacer la consideración de que en la viabilidad de la
empresa Iberia quienes más interés tienen son sus trabajadores
y sus representantes. Es evidente que para que existan estos
puestos de trabajo la empresa tiene que ser viable. Yo creo
que ellos mejor que nadie, porque están en el sector y conocen
perfectamente el desarrollo del mismo, saben los cambios que
se están produciendo en el sector comercial aéreo español y
mundial, y de ahí que haya una predisposición especial a
entrar en este diálogo, y a llegar a acuerdos razonables,
siempre que vean que los esfuerzos no se hacen solamente por
los trabajadores, por la parte laboral, sino que hay esfuerzos
en la organización y en los métodos de funcionamiento de la
empresa y esfuerzos también en la reducción de los costes en
bienes, servicios y otras materias en que la empresa también
puede ajustar sus sistemas de producción.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Costa.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagraray Ucelay):
Brevemente, vuelvo a reiterar que espero que sus augurios se
cumplan, señor Costa. Desde luego, la compañía y sus
dirigentes están empeñados en que así se produzca. Creo que
esto será una clave del éxito. En todo caso, con independencia
de las muchas mejoras que hay que hacer, ciertamente tendrá
que existir también un esfuerzo de sacrificio, de austeridad y
de contemplación de las exigencias que para la viabilidad de
una compañía como Iberia en el mundo del transporte aéreo y en
la globalización de mercados que hoy existen van a ser
precisos. Por tanto, esa es la fase en la cual en este momento
se está y, naturalmente, la traducción en cifras de esos
esfuerzos habrá que hacerla después de un amplio debate como
el que en este momento se está produciendo dentro de la
compañía.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA, DEL
GRUPO VASCO (PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE OPINION TIENE
EL GOBIERNO SOBRE LA FIRMA DEL PROTOCOLO DE INTENCIONES ENTRE
ENAGAS Y LAS COMPAÑIAS ELECTRICAS, PARA EL USO DEL GAS NATURAL
EN LA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA Y SU INCIDENCIA SOBRE LA
LIBRE COMPETENCIA EN LA UNION EUROPEA? (Número de expediente
180/000581)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 14, del señor
Gatzagaetxebarría, que tiene la palabra.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Industria y Energía, ¿qué opinión tiene el
Gobierno sobre la firma del Protocolo de intenciones entre
Enagás y las compañías eléctricas para el uso del gas natural
en la generación de energía eléctrica y su incidencia sobre la
libre competencia en la Unión Europea?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay):
Gracias, señor Presidente.
Señor Gatzagaetxebarría, no con laconismo pero sí con
precisión le quiero decir que tengo una excelente opinión, no
en vano yo he sido quien ha propiciado, entre otros, un
acuerdo de esa naturaleza.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, quiero indicarle que la legislación española
en materia gasística prevé la existencia de una pluralidad de
operadores en el ámbito del gas, pero la política seguida por
el Ministerio de Industria y Energía está impidiendo, a
nuestro juicio, la salida o emergencia de nuevos importadores
y distribuidores de gas en el mercado español. Por ello
consideramos que el hecho de que Enagás sea el único titular
de la red de gasoductos españoles puede suponer una infracción
de la normativa comunitaria sobre el principio de libre
competencia. Quiero recordarle que con la entrada en vigor del
Tratado de la unión económica y política europea se ha puesto
en marcha el mercado único, inspirado en el principio de libre
circulación, que prohíbe que los Estados de la Unión mantengan
políticas restrictivas de los intercambios comerciales, por lo
que podíamos encontrarnos ante una conducta restrictiva de la
libre competencia.
Nos preocupan enormemente, señor Ministro, las actuaciones
relativas al sector económico de la energía impulsadas por el
Ministerio, puesto que pueden estar limitando la posibilidad
de actuación de otras empresas u operadores en el mercado
gasístico --como puede ser Gas de Euskadi--, que en un futuro
podrían realizar actividades de distribución de gas tanto en
el mercado industrial como en el mercado del consumo general.
Por ello creemos, señor Ministro, que el Ministerio que usted
dirige debe moderar la política que se está produciendo de
impulso y concentración, de dominio del mercado en el sector
gasístico, debiendo tender hacia la admisión y reconocimiento
de que puedan actuar otros operadores gasísticos en el mercado
que supongan unas condiciones de competencia leal, tal y como
está ocurriendo en el sector eléctrico español, en el que
existe una pluralidad de empresas operadoras.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay):
Señor Gatzagaetxebarría, que exponga usted temores no
significa que tenga usted razón. Me temo que en sus
afirmaciones hay una buena dosis de desinformación sobre lo
que significa el mercado único de la energía en materia del
gas. Le puedo garantizar que los acuerdos a los que se ha
llegado son perfectamente compatibles con la garantía en el
suministro energético, que es uno de los principios
fundamentales en los que se está asentando la configuración
del mercado energético y del mercado del gas en la Unión
Europea. Ciertamente, los acuerdos suscritos entre las
compañías de gas y las compañías eléctricas son contratos
voluntarios y, por tanto, no son fruto de la imposición de la
Administración, sino libremente pactados y en el marco de
normas como la decimosexta del Protocolo al que usted se
refiere, en la que se deja libertad para la adhesión a esas
mismas cláusulas de todas las empresas que quieran
posteriormente formar parte de este tipo de acuerdos.
En relación con el ámbito regional, por el que usted se
interesa, sabe S.S. que son las instancias del País Vasco,
fundamentalmente, las que controlan el mercado del gas en su
territorio, y no por ello se atenta a la libre competencia ni
a las posibilidades que Gas de Euskadi o el proceso futuro de
integración de intereses gasísticos en Euskadi pueda
enmarcarse dentro de las relaciones entre las empresas del gas
y las empresas de electricidad. Señor Gatzagaetxebarría,
quiero decirle que esto no tiene nada que ver con lo que a
usted le preocupa. Sus preocupaciones sobre el papel que Gas
de Euskadi pueda jugar en este terreno están absolutamente
faltas de fundamento.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON MANUEL GARCIA FONSECA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMO EXPLICA EL GOBIERNO
QUE ENAGAS NO SOLO SEA VENDIDA A GAS NATURAL MUY POR DEBAJO
DEL VALOR AUDITADO, SINO QUE LA CAIXA, ACCIONISTA CLARAMENTE
MINORITARIO EN GAS NATURAL-ENAGAS, POSEA IGUAL NUMERO DE
CONSEJEROS QUE EL INH, Y ADEMAS LA PRESIDENCIA DE LA NUEVA
EMPRESA? (Número de expediente 180/000588)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 18, del señor García
Fonseca, sustituido para este trámite por el señor Vázquez
Romero, quien tiene la palabra.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Señor Ministro, sobre la reciente
operación de compra de Enagás por Gas Natural, realizada el 18
de junio pasado, mi Grupo se plantea algunos interrogantes que
quisiéramos manifestarle.
Primero, el mecanismo de fijación de precios para esta
operación. El precio de Enagás estaba calculado en unos
100.000 millones de pesetas y finalmente ha sido vendida por
una cantidad de 56.300 millones. Unicamente se ha vendido el
91 por ciento de estas acciones, es decir, 51.233 millones,
quedándose el Estado el 9 por ciento de las acciones, con la
pretensión --no sé si vana-- de mantener desde esa posición un
papel relevante ante determinadas decisiones estratégicas,
como se dice en la información que el propio Consejo de
Ministros proporciona respecto de esta operación. Y repito que
mi Grupo se plantea algunas interrogantes. Por ejemplo, ¿por
qué el señor Aranzadi, como responsable del Ministerio de
Industria y Energía en la etapa anterior, no dio luz verde a
un proyecto de integración cuando estaba previsto que fuera
Enagás quien comprara Gas Natural o bien se fusionaran ambas?
¿Tiene algo que ver el diferente momento político anterior y
el presente? ¿Por qué hasta la fecha se ha mantenido una
política tarifaria en el sector del gas natural que primaba a
las distribuidoras privadas en detrimento de la cuenta de
resultados de Enagás? Precisamente ahora, cuando se privatiza
Enagás, es cuando se aplican unas tarifas que tanto a nivel
doméstico como industrial van a hacer más rentable el negocio.
La creación de este grupo gasístico, señor Ministro, se
hubiera podido llevar a cabo, cuando menos, en las mismas
condiciones, sin que necesariamente fuera capitaneado por Gas
Natural. Más allá de los 51.233 millones que ingresa en las
arcas públicas, desde el punto de vista de la protección de
los intereses públicos, ¿qué beneficios conlleva la cesión de
la titularidad y patrimonio de una empresa pública, a corto
plazo claramente rentable? ¿Cómo se va a materializar la
cesión del gasoducto del Magreb, Sagane, en favor de Gas
Natural? ¿Cuál va a ser el mecanismo de fijación de precios de
ese gasoducto? ¿Va a ser primado una vez más el interés
privado sobre el interés público? ¿Qué aportan
cualitativamente Enagás y Gas Natural a la nueva sociedad? Son
una serie de interrogantes que nos gustaría que contestara. Ya
le adelanto que por parte de los responsables de mi Grupo en
cuestiones de su Ministerio se va a seguir manteniendo la
capacidad de propuesta parlamentaria necesaria para seguir
este tema lo más de cerca posible, porque nos parece que es
muy importante y que afecta a intereses estratégicos de España
y, desde nuestro punto de vista, algunos se han puesto en
cuestión.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vázquez.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay):
Gracias, señor Presidente.
Señoría, me hace usted una batería de preguntas que nada
tienen que ver con el texto formal de su pregunta. Además,
tengo que decirle que ayer dediqué dos horas de mi
comparecencia en la Comisión de Industria a explicar todo lo
que usted me acaba de preguntar. Comprenderá que en los
escasos minutos que tengo concedidos no le puedo desarrollar
lo que ayer me llevó aproximadamente dos horas.
En todo caso, déjeme desmentirle la primera parte de su
pregunta, tal y como figura. No es verdad, por lo menos nadie
lo dijo oficialmente en el Ministerio, que Enagás valiera
100.000 millones de pesetas. Si usted vende una casa, puede
ser que en un momento determinado del tiempo y de acuerdo con
los peritos la casa valga uno, dos o tres millones. Si usted
decide no vender la casa entera, sino solamente una parte, sin
duda alguna valdrá menos. Déjeme que esto sirva de explicación
de por qué han tenido lugar muchas especulaciones en los meses
pasados y, sin embargo, solamente son relevantes las
valoraciones que han partido de los expertos independientes,
que han estado operando de acuerdo con todos los agentes que
han intervenido en la operación. No voy a citarlos a todos,
pero permítame citarle el resumen de conclusiones de uno de
los agentes independientes, en concordancia con otros tres o
cuatro distintas agencias, que dice lo siguiente: El valor del
100 por ciento de Enagás, S.A., al 15 de junio de 1994, se
sitúa a partir de un valor mínimo que no se estima aconsejable
fuere inferior a 47.000 millones de pesetas y el cual --
independientemente de que como principio general del INH
intentase obtener el mayor precio posible en tanto y cuanto no
se ponga en riesgo la consecución de una ordenación sectorial
acorde con la política energética nacional-- razonablemente
podría aspirarse a que alcance un valor intrínseco que se
situaría en torno a 59.156 millones de pesetas. Por lo tanto,
en esa banda, entre 47.000 y 59.000 millones, es en la que
estimaban los expertos independientes de los distintos agentes
que podría situarse la valoración. La definitiva ha sido de
56.300 millones --por tanto, en la banda media alta de lo
estimado según las hipótesis
acordadas y que circulan en los métodos objetivos de
valoración-- la que finalmente ha dado lugar a la transacción.
Esto me parece que contrasta con esa imagen que usted, su
Grupo, se han empeñado en seguir difundiendo contra toda
evidencia, porque nadie ha dicho que sean 100.000 millones.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON DIEGO SUCH PEREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE
CRITERIOS SE HAN UTILIZADO PARA DETERMINAR EL VALOR DE ENAGAS,
QUE EN PRINCIPIO SE CIFRO EN TORNO A 100.000 MILLONES DE
PESETAS, PARA POSTERIORMENTE QUEDAR FIJADO EN LA MITAD?
(Número de expediente 180/000597)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 27, del señor Such Pérez,
que tiene la palabra.
El señor SUCH PEREZ: Señor Ministro, ¿qué criterios se han
utilizado para determinar el valor de Enagás, que en principio
se cifró en torno a 100.000 millones de pesetas, para
posteriormente quedar fijado en la mitad? Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Such.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay):
Supongo que aceptará que no necesito reproducir una parte de
la contestación: No sé en principio quién estimó. Debiera
usted referirse a eso, porque yo, desde luego, no lo estimé ni
lo estimó nadie autorizado por el Ministerio. En consecuencia,
ya le he dado una parte de la información y lo que los
distintos expertos independientes han estimado, tanto por
cuenta del INH como de Gas Natural o, si quiere usted, de la
Caixa, en las operaciones en las que unos y otros han
intervenido, llegando a un tramo, a una valoración dentro de
la cual se ha obtenido un acuerdo que se sitúa en 56.000
millones.
El sistema de valoración ha sido el utilizado habitualmente.
Usted conoce, sin duda alguna, que en estos asuntos se suele
tomar en consideración bien el valor de la sociedad en bolsa,
bien el valor de transacciones similares en el mercado
nacional o internacional, el valor patrimonial neto o el valor
actual de los flujos de caja descontados al momento presente.
Esta última forma de valoración es en la que han coincidido
todas las agencias de valoración. De acuerdo con una tasa de
descuento, con una estimación de los flujos de caja,
previsibles para los próximos años y con una serie de
hipótesis, es como se ha llegado a esta valoración.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Such.
El señor SUCH PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, tenga usted la certeza de que ni yo ni el
Grupo Parlamentario Popular se han inventado estas cifras, más
bien estas cifras salen de su boca en algún medio de
comunicación social, y nosotros lo único que pedimos es cuáles
son los criterios o las valoraciones que le indujeron a decir
usted eso en aquel momento. Como tampoco nos hemos inventado
que la Caixa, con el 25 por ciento que va a tener en Enagás,
llegue prácticamente a controlar el Consejo de Administración
y tenga capacidad para poner el Presidente de este Consejo. No
es nuestra intención alarmar a nadie, ni mucho menos tratar de
sembrar inquietudes entre el resto de las fuerzas políticas o
entre la sociedad española, pero nos llama la atención que con
muy poco dinero --repito-- se puede llegar a controlar el
mercado gasístico español por parte de sus socios de Gobierno.
Además, han apartado ustedes la parte más dura de todo este
proceso, que es el proceso del gaseoducto de Argelia que,
indudablemente, vamos a tener que pagar todos los españoles y
que indudablemente también va a significar un incremento de
las tarifas del gas.
Todo este proceso desde nuestro punto de vista, señor
Ministro, se aparta de la lógica empresarial, se aparta de la
propia lógica del mercado y solamente se puede explicar a
través de criterios políticos y con pactos nada claros, que
ustedes aquí en esta Cámara no quieren explicar.
Yo, hace muy poco tiempo, comparaba a usted con Steve Urkel,
un personaje simpático de una serie de televisión de Antena-3
Televisión. Hoy, si tuviera que comparar a su Gobierno quizá
sería algo más malicioso y tendría que hacerlo con cualquiera
de los personajes histórico-literarios que se puede encontrar
uno en muchos textos, que lo único que tratan es de vender
fidelidades, lealtades o haciendas con tal de mantenerse en el
poder.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Such.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay):
Gracias, señor presidente.
Señor Diputado, permítame decirle que no le voy a tolerar el
que impute a este Gobierno ni a este Ministro comportamientos
que no se corresponden con la defensa
de los intereses del Estado, ni muchísimo menos
comportamientos que signifiquen el que no prevalezcan los
intereses de la propia Hacienda pública por obtener apoyos
políticos.
No tiene usted ningún argumento, salvo la imputación de
intenciones, para sostener lo que ha dicho; ninguno. Se lo he
preguntado en diferentes ocasiones a su portavoz para Asuntos
Industriales y no ha sido capaz de pasar de la fase
exclusivamente de tender algunas cortinas de humo, pero sin
dar el paso de hacer lo que usted ha hecho hoy. Usted ha hecho
hoy alguna afirmación, y si esa afirmación la lleva hasta sus
últimos extremos resultaría que este Gobierno y este Ministro
está simplemente vendiendo los intereses de la Hacienda
pública hacia eventuales aliados políticos, por lo tanto
incurriendo en posiciones que serían incluso delictivas.
Quiero que saque usted la consecuencia adecuada de sus
palabras y que tenga el valor de decir si, efectivamente, ésta
es una operación inadecuada económica, industrial,
gasísticamente, y, si tiene usted el valor y los argumentos
para demostrarlo, lleve sus afirmaciones hasta el final pero
si no se ha leído ni siquiera los papeles, haga el favor de
callarse.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DE LA DIPUTADA DOÑA PILAR NOVOA CARCACIA, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE ACTUACIONES SE ESTAN
DESARROLLANDO Y CUALES SE TIENE PREVISTO DESARROLLAR PARA EL
LOGRO DEL OBJETIVO DE INCREMENTAR LA TASA DE OCUPACION Y
CALIDAD DEL EMPLEO DE LAS MUJERES, CONTEMPLADO DENTRO DEL II
PLAN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LA MUJER? (Número de
expediente 180/000556)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 10, de la señora Novoa
Carcacia, que tiene la palabra.
La señora NOVOA CARCACIA: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra de Asuntos Sociales, la participación en el
mundo laboral es hoy para la mayoría de las mujeres una
condición básica e imprescindible para su desarrollo personal
y social. Por otra parte, las mujeres representan un
importante capital humano para el proceso productivo. Hoy ya
no se puede utilizar el argumento de que las mujeres tienen un
problema de formación que les impide acceder al mercado de
trabajo en igualdad de condiciones que los hombres; más bien
lo que persisten son obstáculos de índole cultural y social.
El II Plan para la igualdad de oportunidades de la mujer
contempla, como uno de sus grandes objetivos, incrementar la
participación de las mujeres en el mundo del trabajo, tanto
cuantitativa como cualitativamente. Para lograr este objetivo,
el propio Plan prevé 28 actuaciones a desarrollar a lo largo
de los tres años de vigencia del mismo. Corresponde al
Ministerio de Asunto Sociales, a través del Instituto de la
Mujer, el impulso y la coordinación del referido Plan de
igualdad. Por ello, le pregunto a la señora Ministra: ¿Qué
actuaciones se están desarrollando y cuáles se tiene previsto
desarrollar para el logro del objetivo de incrementar la tasa
de ocupación y calidad del empleo de las mujeres, contemplado
dentro del II Plan para la igualdad de oportunidades de la
mujer?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Novoa.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Diputada, es verdad que la defensa del empleo de las
mujeres constituye una de las prioridades del II Plan de
igualdad de oportunidades para las mujeres, aprobado por el
Gobierno en enero de 1993, y ciertamente los obstáculos más
importantes para la integración de las mujeres en el mundo
laboral son, todavía, de índole cultural y social.
En los últimos años, esa participación de las mujeres en el
mercado laboral ha experimentado un enorme incremento. Pero es
cierto que todavía existen muchas diferencias en relación con
el empleo masculino, y fundamentalmente se centran en que los
puestos femeninos son los de menor cualificación. Es donde se
concentra la contratación de mujeres. También hay menos
estabilidad en el mismo y, además, hay una menor retribución,
en algunos casos muy significativa. El II Plan de oportunidad
para las mujeres tiene 28 acciones, que se concretan en tres
principales áreas, que tienen como objetivo reducir los
índices de paro femenino, incentivar programas de acción
positiva en las empresas para favorecer la diversificación y
la promoción de la actividad de las mujeres en las mismas, y
el último gran objetivo es promover la coordinación y la
colaboración institucional.
¿Acciones concretas que se han llevado a cabo? Una, muy
importante, en el marco de la iniciativa comunitaria NOW, de
nuevas oportunidades para las mujeres; hemos puesto en marcha,
en colaboración con el Inem y las corporaciones locales, un
plan integrado para la promoción del empleo femenino. Este
plan consiste en la creación de una red de servicios sociales
especializados, de apoyo a las mujeres, en todas las fases de
su camino hacia la obtención del empleo, el mantenimiento y la
promoción. Se han beneficiado hasta el momento de este
programa 9.000 mujeres. Además, estamos suscribiendo convenios
con entidades públicas y grupos empresariales privados para
poner en marcha planes
de igualdad de oportunidades. Hasta ahora hemos firmado dos
convenios, uno con el Instituto Nacional de Industria, en
diciembre pasado, que ya está dando sus frutos, y otro con la
Dirección General de la Función Pública. Tenemos previstos
otros, en fase próxima, con otras entidades administrativas.
Concretamente, la Dirección General de Patrimonio del Estado
será el próximo que firmemos. Además, tenemos las acciones
dirigidas a mejorar la situación de las mujeres rurales, que
es muy importante. Aquí tenemos los cursos de formación
ocupacional rural que hacemos a través del marco del Plan FIP.
También es importante destacar, entre otras iniciativas del
Gobierno, la que hemos llevado a cabo últimamente con las
medidas que se tomaron para el incremento de la ocupación...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
--DE LA DIPUTADA DOÑA ANGUSTIAS MARIA RODRIGUEZ ORTEGA, DEL
GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LAS
PREVISIONES DEL GOBIERNO PARA PODER ATENDER Y FACILITAR LAS
DEMANDAS DE TRABAJO TEMPORAL EN LAS ZONAS PRODUCTORAS DE
FRUTAS Y HORTALIZAS? (Número de expediente 180/000562)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 13, de la señora
Rodríguez Ortega.
La señora RODRIGUEZ ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra de Asuntos Sociales, una característica común
de las actividades agrícolas consiste en su naturaleza
marcadamente estacional. Esta estacionalidad se acentúa aún
más si nos centramos en las actividades relacionadas con la
producción y con la recolección de frutas y hortalizas, hecho
éste que provoca la concentración de demanda de trabajo
temporal de determinada mano de obra en unas épocas concretas
del año. Esta demanda de mano de obra aumenta en ciertas zonas
y provincias de nuestro país, y se produce, sobre todo y
fundamentalmente, en los períodos de recolección de estos
productos. Este hecho, además, está provocando situaciones de
desplazamiento, de inmigración de trabajadores que demandan y
que tienen derecho a determinados servicios. Por tanto, esta
demanda aumenta en ciertas zonas y en ciertos períodos del
año. Además, están demandando unas condiciones de vida
aceptables tanto para los propios trabajadores y trabajadoras
como para las familias que, en algunos casos, se ven obligadas
a acompañarles y a desplazarse a estos lugares.
Por todos estos motivos, señora Ministra de Asuntos Sociales,
le formulo la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las previsiones
del Gobierno para poder atender y facilitar las demandas de
trabajo temporal en las zonas productoras de frutas y
hortalizas?
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez Ortega.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso):
Gracias, señor Presidente.
Señora Diputada, efectivamente, entre las competencias del
Ministerio de Asuntos Sociales, a través de la asunción de las
competencias de la Dirección General de Migraciones, figuran
la planificación y la asistencia a los trabjadores y a sus
familiares que participan en migraciones interiores, dentro de
España, y de acuerdo con temporadas de campaña, normalmente de
recogida de fruta. Las acciones del Gobierno en este terreno
son fundamentalmente de forma anual, con el fin de procurar
organizar bien las campañas de temporada que tienen lugar en
España a través de la Dirección General de Migraciones. Se
hace todo un elenco de cómo se va a efectuar esa atención para
la recogida de la fruta y de la hortaliza y tenemos la
colaboración de las administraciones autónomica y local, así
como la de los sindicatos y organizaciones empresariales,
precisamente para hacer esa planificación anual. De esta forma
prevemos con antelación suficiente las necesidades de mano de
obra y canalizamos adecuadamente esas necesidades.
En ejercicio de esta función, en este año concreto hemos
suscrito de nuevo protocolos adicionales a los convenios que
ya existían de colaboración con las Comunidades Autónomas de
Andalucía --de la cual es representante por Jaén la Diputada
que me hace la pregunta-- y de Navarra, para apoyar a los
trabajadores migrantes que participan en estas campañas,
concretamente de recogida de la fresa y de espárrago.
También llevamos a cabo la planificación y organización de la
campaña para recogida de la fruta en Lérida, de la vendimia en
El Penedés y la recogida de hortalizas y frutas en La Rioja y
en Navarra.
En lo que respecta a una función complementaria de las
anteriores, el Ministerio de Asuntos Sociales colabora con los
servicios públicos de empleo para cubrir las ofertas que
existen, que deben ser cubiertas por trabajadores procedentes
de otras zonas geográficas por no haber suficiente demanda en
el lugar donde se lleva a cabo esta ejecución.
Para facilitar a los trabajadores el traslado, lo que hacemos
es tener convenios con las empresas Renfe y Enatcar para el
apoyo a estas personas. Además, tenemos prevista la atención a
todas estas personas y una
ayuda por un importe total de 57 millones de pesetas para que
puedan tener servicios de guardería, residencias infantiles,
etcétera. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
--DEL DIPUTADO DON FERNANDO SOTO MARTIN, DEL GRUPO SOCIALISTA,
QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE VALORACION HACE EL MINISTERIO DE
LOS TRASPASOS DE COMPETENCIAS AGRARIAS A LAS COMUNIDADES
AUTONOMAS? (Número de expediente 180/000559)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 11, del señor Soto
Martín.
El señor SOTO MARTIN: Señor Presidente, señor Ministro, la
pregunta que le formulo es la que aparece literalmente en el
orden del día: ¿Qué valoración hace el Gobierno, concretamente
su ministerio, de los traspasos de competencias agrarias a las
comunidades autónomas?
En todo caso, creo que no estaría de más resaltar la necesidad
de acelerar los traspasos pendientes, superando las reservas
que puedan haber existido en otro momento.
Igualmente, y creo que coincidiremos en ello, es beneficioso
para todos profundizar en la colaboración con las comunidades
autónomas. La ciudadanía, en este caso los hombres y mujeres
del agro, de la pesca o de la alimentación, aunque saben cada
vez más de leyes, de normas y de directivas, reclaman con
razón que la complejidad de un Estado moderno, democrático y
de las autonomías no se les atragante ni se les aparezca
confuso y contradictorio. La cooperación institucional ha de
merecer todos nuestros esfuerzos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soto.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION
(Atienza Serna): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, la política de relaciones con las comunidades
autónomas que desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación quiere impulsar se basa en tres ideas
fundamentales. En primer lugar, el impulso a los traspasos
pendientes; en segundo lugar, la colaboración con las
comunidades autónomas en todas aquellas materias en las que el
Estado conserva competencias en materia de agricultura y, en
tercer lugar, la potenciación de la conferencia sectorial de
agricultura. En lo que se refiere al impulso a los traspasos
pendientes, éste va a suponer la extensión a todas las
comunidades autónomas de la asunción por parte de éstas de las
competencias en materia de cámaras agrarias, calidad
agroalimentaria y defensa contra fraudes, ampliación de medios
del Icona, gestión de las ayudas directas a los agricultores
que anteriormente eran gestionadas por el Senpa, así como las
cofradías de pescadores en aquellas comunidades autónomas del
litoral en las que todavía dicho traspaso no se ha producido.
Asimismo, pretendo seguir incrementando la colaboración con
las comunidades autónomas mediante una política decidida de
acuerdos y convenios para la administración y distribución de
los fondos comunitarios, así como para el establecimiento de
todas aquellas medidas que sean necesarias para un apoyo más
rápido y ágil en beneficio de los agricultores, de forma tal
que la distribución competencial no constituya un obstáculo
para una mejor gestión sino una ayuda para un servicio más
eficaz.
Finalmente, continuaré impulsando la conferencia sectorial,
tanto a nivel de agricultura como a nivel de pesca, como
instrumento que posibilite la circulación de la información
necesaria entre la Administración General del Estado y la de
las comunidades autónomas en ambos sentidos, con vistas a las
negociaciones en Bruselas, así como para el establecimiento de
contactos periódicos y regulares que permitan un diálogo; una
comunicación y una participación constante de todas las
administraciones en los asuntos de la agricultura, la pesca y
la alimentación.
Quiero destacar, por tanto, un dato que me parece
particularmente relevante de lo que ha sido el proceso de
transferencias de competencias a las comunidades autónomas
durante los últimos 11 años. En 1982 el Ministerio de
Agricultura tenía 36.000 funcionarios; desde 1993 tiene 11.000
funcionarios y en breve plazo, cuando culminen los traspasos
que he comentado, esta cifra se reducirá a menos de la mitad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON FERNANDO SOTO MARTIN, DEL GRUPO SOCIALISTA,
QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LAS PREVISIONES DEL MAPA,
RESPECTO A LA ACTUAL CAMPAÑA DE FRUTAS Y HORTALIZAS? (Número
de expediente 180/000560)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 12, del señor Soto
Martín. Tiene la palabra.
El señor SOTO MARTIN: Señor Ministro, las frutas y hortalizas
son un apartado de singular importancia, especialmente para
cierta zona del campo español. Sin
minusvalorar a otros sectores, los agricultores que se dedican
a producir frutas y hortalizas se encuentran entre los
primeros lugares, ocupan una posición de vanguardia en todo lo
referente a una agricultura moderna y de calidad. Siendo así,
y con ser importante su aportación a la economía nacional y,
lógicamente, al propio crecimiento de su renta familiar, este
sector aporta un elemento cualitativo que no puede ser
descuidado.
En todo caso, señor Ministro, siempre es importante disponer
de previsiones lo más al día de la fecha posible. ¿Cuáles son,
señor Ministro, las previsiones de su Departamento respecto a
la actual campaña de frutas y hortalizas? Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soto.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION
(Atienza Serna): Muchas gracias, señor Presidente.
En frutas y hortalizas, las previsiones de superficie y
producción a 31 de mayo permiten afirmar con carácter general
que van a permanecer estables, aunque con ligeras variaciones
coyunturales al alza o a la baja, según los productos. Me
gustaría destacar los siguientes aumentos y descensos de la
producción estimados respecto del pasado año. En tomate de
invierno estaríamos con un crecimiento del 7,5 por ciento; en
tomate para conserva habría un crecimiento del 12 por ciento;
en patata extratemprana, un crecimiento del 12 por ciento; en
patata de media estación, un crecimiento del 9 por ciento; en
cebollas, un crecimiento del 19 por ciento; en alcachofas y
coliflor, una disminución del 6 por ciento; en sandías y
judías verdes, una disminución del 11 por ciento; en manzana
de mesa, una disminución del 13 por ciento; en pera, un
incremento del 8 por ciento y en albaricoque, melocotón,
cerezas, etcétera, una disminución entre el 7 y el 9 por
ciento.
Como S.S. conoce, la gestión del mercado hortofrutícola se
lleva a cabo, básicamente, mediante la retirada de productos
que gestionan las organizaciones de productores de frutas y
hortalizas, las operaciones de exportación y los contratos de
transformación mediante los cuales el productor recibe un
precio mínimo.
Dadas las previsiones de producción, no se esperan grandes
volúmenes de retirada de productos hortofrutícolas. Las
previsiones de exportación son favorables en línea con la
progresión de los últimos años, tanto a nivel de la Unión
Europea como con terceros países, en este caso mediante
restituciones a la exportación. Dos hechos relevantes tendrán
vigencia a partir del 1 de enero de 1995, con repercusiones
sobre el desarrollo de la actual campaña: por un lado, la
ampliación de la Unión Europea y, por otro lado, el comienzo
de la aplicación de los acuerdos del GATT, en especial para
tomates, pepinos y calabacines, cuyo nuevo sistema de
protección de las importaciones, en base a los precios de
entrada, permitirá extender la protección a lo largo de todo
el año, desde el 1 de enero.
No se espera que los nuevos países miembros de la Unión
Europea vayan a cambiar sus pautas de consumo hortofrutícola.
El 80 por ciento de nuestras exportaciones a estos países son
de frutas y hortalizas, y el aspecto más positivo será la
instauración para estos países del mecanismo de precios de
referencia o entrada frente a las importaciones de países
extracomunitarios. Esto sin duda va a dar ventajas a nuestros
envíos hacia estos nuevos países miembros, sobre todo de
tomates y de cítricos, en particular clementinas.
En conclusión, la actual campaña hortofrutícola 1994-1995
puede considerarse normal en cuanto a producciones. Se esperan
niveles normales de retiradas, con ligeros incrementos
coyunturales y perspectivas favorables para el comercio
exterior.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JOSEP PAU I PERNAU, DEL GRUPO SOCIALISTA,
QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE ACCIONES HA REALIZADO EL
GOBIERNO ESPAÑOL, ANTE EL DE FRANCIA Y ANTE LOS ORGANISMOS DE
LA UNION EUROPEA, RESPECTO A LOS ATAQUES A LOS CAMIONES DE
FRUTAS Y HORTALIZAS ESPAÑOLES? (Número de expediente
180/000596)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 26, del señor Pau i
Pernau, que tiene la palabra.
El señor PAU I PERNAU: Señor Presidente, señor Ministro, la
pregunta que quiero formularle tiene su origen, por desgracia,
en los continuos ataques que los camiones españoles con frutas
y hortalizas sufren en Francia, ante lo que algunos llaman
grupos incontrolados, que al parecer no lo son tanto, y con la
pasividad --al menos lo parece-- de la Administración pública
de nuestro vecino país y socio en la Unión Europea.
Estos ataques, con cuantiosas pérdidas directas y sobre todo
indirectas para nuestros productores agrarios, principalmente
por los efectos inducidos que tienen sobre la distribución y
el consumo, atentan contra todos los principios comunitarios
al impedir la libre circulación de mercancías dentro de un
mismo mercado, e intentar cerrarlo para determinados productos
de un país como el nuestro que, a la recíproca, ha abierto su
mercado a los de los restantes países de la Unión Europea.
La pasividad de las autoridades francesas ha sido denunciada
por todo el sector. La propia Comisión de Agricultura de este
Congreso de los Diputados aprobó ya, por unanimidad, una
condena de esta actitud y solicitó del Gobierno una posición
decidida ante el de Francia y los órganos de la propia
Comunidad para evitar que continúen en el futuro estas
acciones. Nos consta la preocupación de su Ministerio y
también de algunas acciones realizadas.
Por ello, este Diputado le pregunta: ¿qué acciones se han
realizado por parte del Gobierno español, ante el de Francia,
y ante los organismos de la Unión Europea, respecto a los
ataques a los camiones de frutas y hortalizas españoles?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pau.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION
(Atienza Serna): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, la actitud que han venido manteniendo, ya durante
muchos años, grupos de agricultores franceses supone una clara
violación de los artículos 30 y 169 del Tratado de la Unión
Europea, al vulnerar pilares básicos del mercado único, la
libre circulación de mercancías, en particular, que se estaban
agravando como consecuencia de amenazas y chantajes a empresas
de distribución y a grandes superficies en territorio francés
para instarles a trabajar solamente con productos franceses.
España ha tomado una serie de iniciativas, tanto de carácter
bilateral como ante las instituciones comunitarias en el
Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, y
quiero destacar también el apoyo a la postura española dado
por el Parlamento Europeo, así como la resolución aprobada por
la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación de este
Congreso de los Diputados el pasado día 21 de abril.
El Gobierno francés ha reiterado, en manifestaciones en el
Consejo de Ministros de Agricultura, su disposición a
perseguir y castigar a los autores de estas agresiones, pero,
a pesar de ello, el Gobierno español ha considerado que no se
estaba actuando con suficiente diligencia por parte de las
fuerzas de seguridad francesas, que no se estaba actuando con
la suficiente contundencia por parte de la autoridad judicial
y que eran perfectamente identificables y, por tanto,
perseguibles, porque se estaban institucionalizando, algunos
de los ataques y de los chantajes que se estaban produciendo
en territorio francés. Por ello, el Gobierno español dio
instrucciones al embajador español ante la Unión Europea para
que presentase una queja formal instando a la Comisión Europea
a que abriese un procedimiento de infracción contra la
República Francesa, por considerar que no estaba tomando todas
las medidas a su alcance para respetar las reglas comunitarias
y, además, porque consideraba que era importante que este
conflicto no se convirtiese en un conflicto bilateral, sino en
un conflicto del conjunto de la Unión Europea respecto al
Estado francés. El correspondiente escrito fue presentado el
pasado 3 de junio, y quiero anunciarles que el Colegio de
Comisarios ha decidido, en su reunión de esta mañana, abrir
formalmente el procedimiento de infracción contra el Estado
fracés, y remitir al Gobierno francés una carta de
emplazamiento en aplicación del artículo 169 del Tratado, como
había solicitado el Gobierno español, de forma que deberá
presentar las observaciones pertinentes en un plazo de quince
días y, de acuerdo con el referido artículo del Tratado, la
Comisión podrá emitir un dictamen motivado y posteriormente
recurrir, si lo considera necesario, al Tribunal de Justicia.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON EMILIANO SANZ ESCALERA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿CUALES SON LAS CAUSAS POR LAS QUE EL PASADO DIA 22 DE JUNIO
SE PRODUJO UN INCENDIO CON DIVERSOS FOCOS EN EL PARQUE
NACIONAL DE DOÑANA? (Número de expediente 180/000598)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 28, del señor Sanz
Escalera.
El señor SANZ ESCALERA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, desvelados ya a estas alturas los rumores
iniciales sobre las causas del incendio en Doñana del pasado
miércoles 25, este Diputado --que no va a echarle la culpa al
Gobierno sobre si llueve o no llueve, como hizo aquel
parlamentario italiano--, quiere dejar, no obstante,
constancia, sin demagogia ni catastrofismo, de los siguientes
extremos.
Primero. Que los daños ocasionados no son desdeñables; la
destrucción de 20,7 hectáreas, 207.000 metros cuadrados de
pinar y sabinar, son los más graves desde 1985 y tardarán,
señor Ministro, cuarenta años en restablecerse a la situación
en que se encontraba el martes anterior.
Segundo. También debemos hacer constar que estos daños
pudieron ser menores si se hubiera desbrozado el monte bajo --
y esa es la primera responsabilidad que denunciamos--, como ya
advertimos y recomendamos este invierno pasado en visita
personal precisamente a la zona fectada, lo que evidentemente
no se ha hecho, como reconoce el propio señor director del
Parque, don
Jesús Casas, al manifestar a la prensa que aquello era una
zona que no se ha tocado en veinte años. Subyace aquí una
distinta filosofía sobre la intervención humana en el Parque o
la no intervención del hombre, y es una dicotomía que debemos
superar entre los conceptos de parque y coto.
Tercero. Queremos dejar claro que Doñana es una reserva
natural muy vulnerable, donde el fuego, por unas o por otras
causas, aparecerá tarde o temprano, y eso a pesar de ser un
espacio bien dotado de medios y de recursos y a pesar de ser
de acceso limitado y teóricamente controlado.
Cuarto. Debemos advertir que el Gobierno y, dentro de él, la
Comisión Permanente del Patronato no deben quedar nada
satisfechos, pues todo sistema de vigilancia y control, por
muy eficaz que sea, siempre es mejorable, y mucho más cuando
se trata de defender la mayor reserva ecológica de Europa.
Quinto. Hemos de significar que los daños no fueron más graves
gracias a la dirección del viento, que era terral, por lo que
conducía el fuego hacia el mar y las dunas; pero también hemos
de reconocer --y no nos empacha decirlo-- que se pudieron
conjurar gracias a la intervención inmediata de los medios de
Infoca y --lo decimos también con satisfacción-- a la
movilización voluntaria de los hombres de los pueblos vecinos,
que demostraron así el amor que tienen por el Parque...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz Escalera. ¿Mantiene
S.S. la pregunta?
El señor SANZ ESCALERA: Sí, sí, por supuesto.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Ministro, sabe que la pregunta que tiene que contestar
es la que figura en el orden del día.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION
(Atienza Serna): Sí, muchas gracias, señor Presidente.
Efectivamente, parece que se refiere al incendio del pasado
día 22 de junio, aunque en su intervención ha citado el día 25
de junio, día en que se produjo otro incidente al que no hacía
referencia ni su pregunta ni su intervención. Sobre el
incendio al que se refiere su pregunta, efectivamente se
produjo el pasado 22 de junio. El fuego, de gran fuerza, se
extendió a partir de un solo foco, sobre las copas de los
árboles, en dirección este-oeste, como dice S.S., con un
fortísimo viento de levante, con rachas de hasta 120
kilómetros por hora, por una zona --y quiero destacarlo-- de
vegetación natural, de pino piñonero y sabina en evolución
natural, de acuerdo con las prescripciones previstas en los
planes de gestión y de conservación del Parque por parte de
los técnicos, no por parte de este Ministro ni del Ministerio
ni de sus responsables políticos. La rápida actuación del
sistema contra incendios del Parque Nacional de Doñana, con el
apoyo de medios de la Junta de Andalucía y la colaboración
voluntaria, logró que apenas transcurridas dos horas el
incendio fuese completamente controlado y extinguido.
Quiero destacar que el incendio tuvo única y exclusivamente un
foco (por tanto, son falsas las afirmaciones que en algún
momento se han hecho y a las que se refería el texto de su
pregunta sobre que habían existido varios focos) y que se
originó, al parecer, a partir del lanzamiento, desde las
inmediaciones del Club Náutico de Sanlúcar, de una bengala de
señales marítimas desde el otro lado del río Guadalquivir y a
una distancia aproximada de 1.500 metros del punto del inicio
del fuego. El fuerte viento de levante hizo posible el
traslado de la bengala al otro lado del río; lanzamiento que,
por otro lado, parece que se debía al deseo de desprenderse de
un material ya fuera de uso. El responsable del lanzamiento,
que ha reconocido al parecer los hechos, ya ha sido puesto a
disposición judicial y, en principio, se excluye la
intencionalidad del origen del fuego.
Se ha tratado, sin duda, del foco de fuego de mayor peligro
potencial que ha sufrido el Parque de Doñana en los últimos
años, con una superficie afectada de 20 hectáreas, aunque se
deben reiterar las escasas consecuencias que el mismo ha
tenido para el parque como resultado de la rápida y
contundente actuación del dispositivo contra incendios del
Parque Nacional de Doñana. Este fuego ha permitido contrastar
la adecuada dotación de medios y de personal, así como la
organización técnica del sistema contra incendios, que no ha
sido cuestionada por nadie.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON DIEGO JORDANO SALINAS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿PUEDE GARANTIZAR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACION EL ABASTECIMIENTO DE SEMILLA CERTIFICADA DE TRIGO
DURO EN LA CANTIDAD Y CALIDAD EXIGIDA EN LA NORMATIVA
RECIENTEMENTE APROBADA? (Número de expediente 180/000603)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 33, del señor Jordano
Salinas.
El señor JORDANO SALINAS: Gracias, señor Presidente.
¿Puede garantizar el Ministerio de Agricultura el
abastecimiento de semilla certificada de trigo duro en la
cantidad y calidad exigidas en la normativa recientemente
aprobada?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jordano.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION
(Atienza Serna): Gracias, señor Presidente.
Señoría, la Orden Ministerial de 12 de mayo de 1994 contempla
en su disposición transitoria que para la próxima campaña de
siembra, 1994-1995, las dosis mínimas de semillas certificadas
de trigo duro serán de 130 kilos por hectárea, dosis inferior
a la utilizada en la mayoría de las zonas tradicionales de
cultivo, aunque esta cuantía será de 150 kilos por hectárea en
las próximas campañas. En lo que se refiere concretamente a su
pregunta, quiero señalarle que la superficie máxima
susceptible de percibir ayuda en nuestro país, asciende a
550.000 hectáreas, lo que implica unas necesidades de semilla
certificada de 71.500 toneladas. Señoría, si la superficie que
ha sido declarada para control oficial por las entidades
productoras de semillas certificadas es de 31.500 hectáreas y
las estimaciones de producción de semilla apta para la siembra
es de 80.000 toneladas, parece que la garantía de
abastecimiento que usted demanda está asegurada y tengo que
decirle también que, por supuesto, nuestras fronteras, en lo
que se refiere a esta semilla certificada, no están cerradas,
sino que, al contrario, están abiertas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Jordano.
El señor JORDANO SALINAS: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, no parece que la superficie realmente aceptada
por el Instituto de Semillas Selectas coincida con la que
usted ha dicho, y no parece porque lo que está pasando en el
campo, en la zona donde ya se ha recogido la cosecha de trigo
duro, es que determinadas casas abastecedoras de semillas
están comprando trigo de cierta calidad que no se ha declarado
previamente como semilla. La orden ministerial que usted ha
firmado --imagino que estaría hecha antes de que usted llegara
al ministerio-- es discriminatoria hacia el exterior y hacia
el interior. Discriminatoria hacia el exterior, porque es el
único país de la Unión Europea que al aplicar el Reglamento
comunitario 231/94 ha establecido la obligatoriedad de
utilizar semillas certificadas y ha fijado un mínimo de
semilla.
Es discriminatoria hacia el interior, porque ustedes mismos en
el plan de cultivos herbáceos reconocen distintas superficies
que tienen distintos niveles de producción, pero imponen el
mínimo igual para todos y es ilógico que en zonas en las que
no se recogen ni 900 kilos de trigo por hectárea obligue usted
a utilizar 130 en la próxima campaña y 150 kilos en la
siguiente. Por otra parte, la orden es inoportuna, porque si
hubiera sido adecuada tendría usted que haber establecido la
regulación para la campaña de siembra 1995-1996 y haber
permitido a todos los agricultores que reservan una parte de
su superficie para sembrar su propia semilla que la hubieran
utilizado, cosa que ahora no van a poder hacer.
Finalmente, la orden es perjudicial para los intereses
generales, ya que al haberse publicado en el mes de mayo, en
definitiva se están primando los intereses particulares de
determinadas empresas, o quizá de una sola empresa, en
perjuicio de los intereses generales de todos los
agricultores. Ahí es donde su Ministerio evidentemente tenía
que actuar, porque no es permisible que una orden ministerial
para regular una siembra que se va a producir, que se tenía
que haber producido en el otoño pasado, se haya publicado en
mayo y sólo quien disponía de información privilegiada de lo
que iba a pasar en su ministerio se ha podido beneficiar y
tomar una posición en el mercado. Esa es la auténtica realidad
de lo que está pasando en el campo. Por tanto, lo adecuado es
que derogue usted la orden y la deje para aplicar en la
campaña de siembra 1995-1996, revisando los mínimos en función
de los niveles de producción de cada zona. (Varios señores
Diputados del Grupo Popular: ¡Muy bien!)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jordano.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION
(Atienza Serna): Gracias, señor Presidente.
En la reforma de la Política Agrícola Común se estableció una
ayuda de 54.000 pesetas en la pasada campaña; 57.000 pesetas
en la que comienza pasado mañana; 57.000 pesetas por hectárea
para una producción en la cual el objetivo del Gobierno es
mantener este cultivo en base a productos de calidad. Queremos
que el trigo duro sea un producto con capacidad competitiva en
el exterior, que se adapte a la demanda del mercado y, con
ello, evitar producciones de difícil comercialización y cuyo
destino principal es la intervención, porque esto debilita
notablemente nuestra capacidad de negociación en el ámbito
comunitario para seguir defendiendo un importante nivel de
ayudas que significa unos ingresos de más de 30.000 millones
de pesetas para 35.000 agricultores y que difícilmente se
puede defender sobre la base de destinar una parte importante
de nuestras producciones para la intervención o para el
alimento de ganado. Por ello, hemos considerado que era
imprescindible y urgente establecer una exigencia en términos
de calidad de la semilla y, por tanto, considerando que existe
capacidad suficiente en nuestro mercado para atender esas
necesidades de semilla certificada, hemos considerado oportuno
que se aplique para esta próxima campaña.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA, DEL
GRUPO VASCO (PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: EN RELACION A LOS
MEDICOS ESPECIALISTAS SIN TITULO OFICIAL QUE TIENEN ACREDITADA
LARGAMENTE SU ESPECIALIDAD, ¿QUE MEDIDAS TIENE PREVISTO
ADOPTAR EL MINISTRIO DE SANIDAD Y CONSUMO PARA EL
RECONOCIMIENTO OFICIAL DEL TITULO A ESTE COLECTIVO DE MEDICOS?
(Número de expediente 180/000586)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 16, del señor
Gatzagaetxebarría Bastida.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra de Sanidad y Consumo, en relación a los
médicos especialistas sin título oficial que tienen acreditada
largamente su especialidad, ¿qué medidas tiene previsto
adoptar el Ministerio de Sanidad y Consumo para el
reconocimiento oficial del título a este colectivo de médicos?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán):
Gracias, señor Presidente.
Como S.S. conoce, en la actualidad, el único sistema para la
obtención del título de especialista es el que se prevé en el
Real Decreto de 11 de enero de 1994, por el que se adapta la
Directiva europea de 5 de abril de 1993. Cuando S.S. se
refiere a los médicos especialistas sin título oficial se está
refiriendo, sin duda, a un colectivo heterogéneo, en el que
creo que podemos distinguir dos grupos bien diferentes. Por un
lado, los licenciados formados en centros o unidades
acreditadas, a través de convocatorias públicas, y con vínculo
contractual durante el período formativo. Es el caso, por
ejemplo, de los psiquiatras de las diputaciones provinciales.
Para este colectivo, con una formación equiparable a la vía
MIR, hemos elaborado un proyecto de real decreto que está
pendiente de dictamen del Consejo de Estado.
Por otra parte, existen licenciados que han recibido formación
no reglada ni controlada, durante períodos incompletos, en
centros y unidades no acreditadas, sin convocatoria pública y
sin vinculación formativa. Dentro de este grupo constituye un
caso especial el de los médicos ayudantes de equipos
quirúrgicos y los médicos quirúrgicos interinos que llevan
años trabajando en el sistema sanitario. Para este caso
concreto estamos estudiando dos posibilidades. Una, intentar
su integración en el proyecto de Real Decreto al que me he
referido. Otra opción posible es reconocer su situación en la
futura ley de ordenación de las profesiones sanitarias,
valorando la formación especializada y la actividad
profesional anterior al 31 de enero de 1984. En este caso se
ofrecería la necesaria formación complementaria con las plazas
excedentes de las convocatorias anuales de formación
especializada.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Señor Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Señora ministra, nosotros queremos mostrarle nuestra
preocupación --como también usted indicaba-- por la existencia
de un colectivo muy heterogéneo de especialistas.
Efectivamente, la entrada en vigor del Real Decreto 127/1984,
que regula los requisitos de acceso a la condición de
especialista mediante la figura de los médicos internos
residentes, a nuestro juicio, es un instrumento adecuado para
la adquisición del título de especialista. No obstante, a la
entrada en vigor del Decreto del año 1984 existía este
colectivo importante, en sus diferentes especialidades de
cardiología, endocrinología, pediatría, neurología,
psiquiatría, etcétera, que tiene acreditada una larga
experiencia en centros públicos, tanto del Insalud como ahora
dependientes de las comunidades autónomas.
A nuestro juicio, señora Ministra, es hora de que se adopten
una serie de medidas --y ustedes, según me contestaba, tienen
previsto hacerlo-- en relación a los médicos ayudantes
quirúrgicos, pero le solicitaría que también tengan en cuenta
la necesidad de dar seguridad y terminar con una indefinición
respecto a la situación profesional en que se encuentra un
colectivo heterogéneo pero elevado de médicos especialistas,
que tienen acreditado un conocimiento, una especialidad, una
trayectoria profesional. En definitiva, todo eso va a dar una
mayor garantía al ciudadano, puesto que sabe que va a estar
tratado por un especialista que tiene, además de su
conocimiento en la materia, la titulación. Por ello, señora
Ministra, si recientemente, como decía, han reconocido o van a
reconocer mediante una disposición la titulación a los
psiquiatras, consideramos que el principio de igualdad ha de
tender también, a que en los casos en que los especialistas
tengan acreditada la experiencia a la que me hacía referencia,
se
adopten medidas análogas, similares para proceder al
reconocimiento definitivo del título de especialista.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracia, señor Gatzagaetxebarría.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán):
Gracias, señor Presidente.
Comparto su preocupación, señoría, y nuestro interés es
precisamente dar respuesta adecuada a ese número de
especialistas sin ignorar, por otra parte, que las situaciones
no son idénticas, y sin ignorar, como es obvio, el
ordenamiento que nos vincula a todos, nuestra pertenencia a la
Unión Europea, el mantenimiento del sistema MIR, que cada vez
que se ha planteado en esta Cámara ha merecido la aprobación y
el apoyo de todos los grupos. Por tanto, atendiendo a todos
estos condicionantes, estamos dispuestos a abordar de manera
definitiva la solución de estos especialistas a los que S.S.
se refiere. Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
--DEL DIPUTADO DON ENRIQUE FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
GOBIERNO: ¿EXISTEN FARMACOS COMERCIALIZADOS EN ESPAÑA SIN
EFICACIA DEMOSTRADA Y QUE SON RECETADOS POR EL INSALUD?
(Número de expediente 180/000604)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 34, del señor Fernández-
Miranda.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor
Presidente.
Señora ministra, ¿existen fármacos comercializados en España
sin eficacia demostrada y que son recetados por el Insalud?
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández-Miranda.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán):
Gracias, señor Presidente.
En España, señoría, existen fármacos registrados y autorizados
por el Ministerio de Sanidad y Consumo cuya eficacia está
contrastada mediante los ensayos previstos legalmente, que
están armonizados en el ámbito de la Unión Europea. Lo que
ocurre es que el desarrollo científico y tecnológico hace
necesaria la revisión permanente de las cualidades de esos
medicamentos, y ello se lleva a cabo mediante el programa
selectivo de revisión de medicamentos que ha realizado
actuaciones en este sentido que ya han afectado a más de 1.700
especialidades farmacéuticas.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Señor Fernández-Miranda.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor
Presidente. Señora ministra, se empeña en no contestar o
demuestra una y otra vez que no conoce la realidad de su
propio ministerio. Hay una circular del Insalud en la cual se
afirma taxativamente, recomendándoles además a los médicos del
Insalud que no receten estas especialidades, que existen
principios activos sin eficacia demostrada. Es más, hay un
segundo grupo en el cual el Insalud califica de asociaciones
irracionales a aquellas que también están comercializadas. En
definitiva, señora ministra, ¿qué está sucediendo en su
ministerio? ¿Qué está sucediendo en la Dirección General de
Farmacia? ¿Qué está sucediendo en el Insalud para que puedan
hacerse afirmaciones de esta gravedad? ¿Qué está sucediendo en
este ministerio? ¿A qué tienen que atenerse los médicos a
partir de este momento con fármacos que tienen la garantía de
poder circular libremente y ser recetados en España? ¿Qué
están consumiendo los ciudadanos españoles? ¿Qué garantías da
el Ministerio de Sanidad y Consumo, a través de la Dirección
General de Farmacia, para que los ciudadanos sepan que lo que
consumen es útil y no es irracional?
Señora ministra, con estas actuaciones, que sorprendentemente
acaba usted de premiar nombrando Subsecretario de su
Ministerio al responsable de esta circular, están creando
alarma social como consecuencia de actuaciones irresponsables
que no tienen ninguna justificación. ¿O es, señora Ministra,
que da usted una vuelta de tuerca más a su política de recorte
de prestaciones sanitarias? Además del medicamentazo, ahora
esta circular supone que hay 600 nuevos específicos que no van
a poder recetar los médicos. ¿Cómo va a compensar a los
ciudadanos españoles estos recortes formales de sanidad? ¿Van
a tener que seguir pagando los mismos impuestos para recibir
menos sanidad día a día? Señora ministra, la sanidad pública
no necesita recolocar a los altos cargos; necesita un cambio
sustancial de modelo. Su señoría solamente sabe recortar, dar
menos por los mismos impuestos, por el mismo precio.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández-Miranda.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán):
Gracia, señor Presidente.
Señoría, los médicos del Instituto Nacional de la Salud
prescriben los fármacos que son autorizados y registrados por
la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios de
acuerdo con la libertad de sus criterios clínicos y la
libertad de prescripción. No existe ninguna lista de
medicamentos elaborada por el Insalud que contemple o
restrinja la eficacia demostrada de todos y cada uno de esos
fármacos.
Por tanto, señoría, yo comprendo que le es útil cada semana
repetir el mismo discurso, vincularlo a los cambios de los
cargos, hablar de los recortes, pero en esta ocasión, señoría,
carece de todo fundamento, una vez más. Gracias, señor
Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
--DEL DIPUTADO DON NESTOR PADRON DELGADO, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE ACTUACIONES HA
REALIZADO O PIENSA HACER EL GOBIERNO EN LOS DIFERENTES
AMBITOS, DIPLOMATICO, HUMANITARIO, ETCETERA, PARA INTENTAR
PONER FIN A LA TRAGEDIA EN RUANDA? (Número de expediente
180/000592)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 22, del señor Padrón
Delgado.
El señor PADRON DELGADO: Sí, señor Presidente.
Señor ministro, si el año pasado estábamos consternados y
horrorizados por la situación que había vivido el pueblo de
Somalia a consecuencia de las luchas intestinas y que nos
dieron la imagen de una hambruna tremenda, que llevó a la
muerte a millares de personas, en esta ocasión, a partir del
mes de abril, los conflictos interétnicos producidos en Ruanda
entre los grupos de hutus y tutsis están llevando a una
situación en la que se habla de 500.000 muertos y centenares
de miles de desplazados a otros países, hacinados en campos de
concentración, en campos de refugiados.
Es verdad que, a partir de hace pocas fechas, el Gobierno
francés, con el apoyo de otros países de la Unión Europea se
ha lanzado a una operación de ayuda, una operación de
salvamento y, por otra parte, diversas organizaciones no
gubernamentales también vienen desarrollando allí una labor
humanitaria de atención, tanto a los refugiados como a la
población que está sufriendo las consecuencias de la guerra.
Por todas estas razones, señor ministro, y comprendiendo que
el papel de España es bastante limitado --no es lo mismo que
Francia, con esos fuertes intereses en otros países del centro
de Africa--, sin embargo, contemplar y leer cada día los
horrores y sufrimientos que viene padeciendo la población de
Ruanda, nos llevan a formularle la siguiente pregunta, en el
sentido de las medidas de todo tipo, en el orden diplomático,
social, en el orden económico, que el Gobierno español ha
realizado o pueda realizar en las próximas fechas para
intentar, por una parte, corregir la situación de lucha, de
guerra civil interétnica que se viene produciendo, así como,
por otra parte, las posibilidades de ayudas económicas, en
medicamentos, humanitarias, etcétera, que resultan a todas
luces necesarias para corregir esa situación, sobre todo de la
población civil y de los centenares de miles de refugiados que
están acogidos en esos campos en Tanzania, Uganda, etcétera.
Por esta razón, señor ministro, nos agradaría mucho que el
Gobierno español, en la medida de lo posible, intensificase
esta ayuda en todos los sentidos. Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Padrón.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga):
Muchas gracias, señor Presidente.
Compartiendo la reflexión de carácter moral que S.S. ha
desarrollado en la pregunta, le querría decir que el Gobierno
de España está trabajando en relación con Ruanda en cinco
grupos distintos de acción. En primer lugar, en el ámbito del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, siendo uno de los
países que ha promovido el mantenimiento de UNAMIR de la
acción humanitaria, de la misión de asistencia, que el Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado. Subrayo esto
porque S.S. sabe que no eran muchos los países que deseaban
que esta misión continuara.
En segundo lugar, desde el punto de vista de Naciones Unidas,
pero ya no en el Consejo de Seguridad sino en Ginebra, hemos
presentado en el Consejo de Derechos Humanos, una proposición
para que exista el relator de Derechos Humanos en el tema de
Ruanda.
En tercer lugar, le quisiera decir que hemos sido también los
primeros, en el ámbito del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas, en realizar la propuesta de una comisión de expertos
que analice, y condene en su caso, los extremos que se han
producido contra los Derechos Humanos y con los genocidios. En
cuarto lugar, le diría que la Unión Europea Occidental, de la
cual forma parte España, ha puesto en marcha, de acuerdo con
la Resolución 925 del Consejo de Seguridad, que España votó
afirmativamente (en tanto en cuanto el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas no pone en marcha una operación de separación
de las fuerzas combatientes) para ayudar en esta operación
multinacional que ha iniciado Francia, en la que estamos
cooperando con ayuda de carácter logístico. La primera fase se
está realizando por tropas francesas que estaban ya
desplegadas en el continente africano
y esperamos poder colaborar en la segunda fase.
En quinto lugar, le diría que, desde el punto de vista de la
ayuda humanitaria, hay dos extremos en los que España está
participando: la ayuda de carácter humanitario, que en este
momento alcanza la suma de 150.000 francos franceses para la
ayuda que a S.S. le preocupaba, humanitaria, sanitaria,
medicinas, etcétera, y a través de la Unión Europea, de la que
formamos parte, la ayuda humanitaria, que alcanza en este
momento la cantidad de 50 millones de ecus. Por tanto,
insisto, compartiendo absolutamente la conmoción moral que a
todos nos producen las imágenes que vemos todas las noches en
televisión y el sufrimiento y muerte de las personas en
Ruanda, estamos haciendo, dentro de nuestras posibilidades,
una labor generosa en aras de mitigar las consecuencias del
conflicto.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON ALFONSO PERALES PIZARRO, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS VA A ADOPTAR
EL GOBIERNO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA PROVINCIA
DE CADIZ? (Número de expediente 180/000593)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 23, del señor Perales
Pizarro.
El señor PERALES PIZARRO: Señor Presidente, señor ministro,
una parte importante de la provincia de Cádiz sufre
restricciones continuadas de agua desde hace más de dos años.
Así, casi 750.000 habitantes ven reducido en varias horas de
la noche el uso del agua corriente. Para regadío, las
posibilidades son aún más reducidas.
Aunque la capacidad de embalse se ha incrementado de manera
notable en los últimos años con la puesta en servicio de
nuevas instalaciones, la climatología no ha sido favorable.
Evidentemente, las consecuencias son muy negativas en todos
los aspectos, tanto a nivel ciudadano como a nivel económico y
de expectativas de desarrollo y crecimiento en algunos
sectores económicos de la provincia de Cádiz. Por ello formulo
al Gobierno la siguiente pregunta: ¿Qué medidas va a adoptar
el Gobierno para el suministro de agua potable en la provincia
de Cádiz?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Perales.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor
Presidente.
Señoría, el volumen de reservas para abastecer la zona
gaditana es actualmente de 20 hectómetros cúbicos, superior al
existente el año pasado por estas fechas. Sigue estando
prohibido el riego. No obstante, aunque resulta prudente
mantener restricciones para el consumo humano, ha sido posible
aprobar para este verano una reducción de las restricciones
durante los meses de julio y agosto. El acuerdo a que han
llegado la Confederación del Guadalquivir y los ayuntamientos
de la zona ha sido reducir el horario de restricciones en dos
horas de lunes a viernes --de 23 a 7 horas--, eliminando
además las restricciones durante el fin de semana, que no las
va a haber durante julio y agosto.
En cualquier caso, la magnitud del problema de abastecimiento
de agua a la población de la zona, que, como usted ha dicho,
afecta a más de tres cuartos de millón de personas, requiere
además, y sobre todo, el trasvase de unos 110 hectómetros
cúbicos al año de excedentes del río Guadiaro a la cuenca del
Majaceite-Guadalete. Ya hemos acabado la tramitación
administrativa del proyecto. En abril tuvimos el permiso y la
preceptiva autorización de la Agencia de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía, puesto que las bocas de entrada y salida
del túnel que va a efectuar el trasvase se sitúan en espacios
naturales protegidos. Se han contratado las obras
recientemente en Consejo de Ministros, van a comenzar este mes
de julio, representan una inversión de casi 6.000 millones de
pesetas y esperamos que estén terminadas en 1997. Esta es ya
la última solución posible, puesto que el volumen de embalse
de los cauces de agua de la cuenca de Cádiz están ya
prácticamente todos hechos, los que se pueden hacer. Hay que
llevar los excedentes de la cuenca del Guadiaro, porque allí
los hay y van al mar, no sirven a ninguna utilidad humana, y
se puede efectuar sin ningún daño para el medio ambiente,
puesto que hemos tomado medidas adicionales para garantizar
que el trasvase sólo se efectuará cuando el flujo en el río
sea superior a los cinco metros cúbicos por segundo, lo que es
suficiente para garantizar el trasvase de estos 110
hectómetros que vendrán a aliviar la carencia de agua en la
zona de Cádiz.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
--DEL DIPUTADO DON FRANCISCO JAVIER MARTIN DEL BURGO SIMARRO,
DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES LA
SITUACION DEL PROYECTO DE EDIFICACION DE NUEVAS DEPENDENCIAS
DEL SERVICIO DE CORREOS Y TELEGRAFOS EN LA LOCALIDAD DE
PUERTOLLANO? (Número de expediente 180/000594)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 24, del señor Martín del
Burgo Simarro.
El señor MARTIN DEL BURGO SIMARRO: Señor ministro, el estado
actual del edificio en el que están ubicados los servicios de
correos y telégrafos de la localidad de Puertollano no es muy
halagüeño: dificultades para la carga y descarga dado el
elevado volumen de correo y su tránsito; el edificio es
propiedad del Ayuntamiento, que legítimamente pretende
recuperarlo para sus necesidades; las condiciones del citado
edificio son muy deficientes; la construcción es antigua, con
una distribución poco operativa, atendiéndose al público en
dos plantas diferenciadas. De similar tenor, la Inspección del
Ministerio de Trabajo firmó diligencia haciendo constar la no
idoneidad de los locales conforme a la ordenanza general de
seguridad e higiene en el trabajo.
El servicio de cartería no reúne las condiciones mínimas. En
él trabajan 23 personas, en un espacio de 75 metros cuadrados,
sin luz natural, sin ventilación. La sala de direcciones es
insuficiente por el elevado tráfico que hay que manipular, al
ser una oficina de tránsito.
En resumen, señor Ministro, es preciso corregir estas
deficiencias, acometiendo con carácter de urgencia las obras
del nuevo edificio de comunicaciones para Puertollano, que dé
servicio a la localidad, a sus redes y a los enlaces rurales.
Por ello, le formulo la siguiente pregunta: ¿Cuál es la
situación del proyecto de edificación de nuevas dependencias
del servicio de Correos y Telégrafos en la localidad de
Puertollano?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín del Burgo.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor
Presidente.
Señoría, tiene usted razón. Ha sido declarada prioritaria la
actuación inversora a realizar en los servicios postales de
Puertollano. Estas nuevas instalaciones se encuadran en una
acción global de reformas de las infraestructuras de Correos y
Telégrafos en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Ya
han sido adjudicadas. Ha habido una pequeña demora por razones
técnicas para poder incluir elementos que permitan una mejor
proyección de futuro en dichas instalaciones, pero estoy
convencido que podrán comenzar en el próximo mes de octubre.
Las obras llevan aparejada la construcción de un nuevo
edificio, durarán unos ocho meses y el valor de la inversión
alcanza los 100 millones de pesetas. En esas instalaciones se
establecerá una oficina de Correos y Telégrafos, clasificada
como oficina técnica del tipo A, de la que dependerán 13
oficinas auxiliares; dispondrá de una plantilla de 47
funcionarios y contará con modernas unidades de cartería,
apartados y lista, ventanillas, expediciones, urgencias y
conducciones. El contrato fue firmado el día 15 del mes de
junio y el «planing» de las obras, como digo, indica que
estarán terminadas en 1995, en el mes de mayo, esperando que
entonces podamos dotar a Puertollano de las oficinas postales
que necesita por el volumen de tráfico al que sirve y por la
modernización que deseamos del servicio postal.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
--DE LA DIPUTADA DOÑA ANNA BALLETBO I PUIG, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LOS ASPECTOS
ESENCIALES DEL PROYECTO DE TELEVISION POR CABLE QUE PREPARA EL
GOBIERNO? (Número de expediente 180/000595)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 25 de la señora Balletbó
i Puig.
La señora BALLETBO I PUIG: Gracias, señor Presidente.
Hace unos cuantos años se viene hablando del proyecto de
televisión por cable. Parece que finalmente hay algún proyecto
concreto por parte del Gobierno y a esta Diputada le gustaría
saber cuáles son los rasgos principales que tiene dicho
proyecto.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Balletbó.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor
Presidente.
Señoría, en 1992 presenté al Gobierno un anteproyecto de ley
para regular las nuevas formas de difusión de televisión,
tanto por satélite como por cable. El Gobierno estimó entonces
que debía darse prioridad al desarrollo de la televisión por
satélite y pospuso la regulación de la televisión por cable a
que la televisión por satélite hubiese tenido su normal
desarrollo y también a que hubiesen evolucionado las
perspectivas tecnológicas para conocer mejor el escenario en
el que había que regular esta forma de difusión de televisión.
En efecto, las perspectivas tecnológicas son cambiantes,
ofrecen un panorama donde lo de menos de la televisión por
cable va a ser la televisión; lo importante va a ser el cable
puesto que nos enfrentamos a un horizonte multimedia donde el
cable va a ser soporte simultáneo no sólo de televisión, sino
también de la transmisión de la voz y los datos.
La experiencia demuestra que la elección del modelo de
regulación resulta determinante para el éxito o el fracaso de
esta modalidad televisiva, tal como ha ocurrido, por ejemplo,
en Francia.
El proyecto de ley debe responder a un verdadero reto
tecnológico, como le digo, porque el cable se configura como
un soporte de servicios multimedia hiperactivos, por donde
circularán señales de vídeo, de datos y de voz de forma
conjunta, todo ello en un contexto liberalizado no sólo para
los servicios, que lo van a estar en breve plazo, sino también
para las infraestructuras. El proyecto de ley va a establecer
el régimen jurídico de este servicio, entendido como emisión o
transmisión de imágenes no permanentes, difundidas con un
operador mediante redes de cable y su servicio portador
establece la distinción entre operadores con red propia y los
que utilicen una red ajena, tiene muy en cuenta las directivas
del Consejo de la Unión Europea sobre oferta de red abierta y
sobre competencia en los mercados de servicios de
telecomunicaciones. Para el supuesto de operadores con red
propia, el título habilitante se obtendrá mediante concesión
administrativa, previo concurso público, con criterios claros
y no discriminatorios y un cuadro preciso de derechos y
obligaciones.
Para los operadores sin red propia y respondiendo a esos
principios básicos, el sistema será el más simple posible para
garantizar la libre competencia mediante la obtención de un
título por simple autorización administrativa, que se
otorgará, por regla general, por orden de presentación de
solicitudes.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señora Balletbó.
La señora BALLETBO I PUIG: Muchas gracias.
Como el tiempo nos apremia y la ley es compleja, esta Diputada
solicita al señor Ministro que tenga la amabilidad de enviarle
el anteproyecto de ley para poder tener el detalle de la
explicación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Balletbó.
--DEL DIPUTADO DON JAIME IGNACIO DEL BURGO TAJADURA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCMO.
SR. MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE:
¿CUAL ES LA AUTENTICA POSICION DEL GOBIERNO EN RELACION A LA
CONTINUIDAD DE LAS OBRAS DEL EMBALSE DE ITOIZ-CANAL DE
NAVARRA? (Número de expediente 180/00601)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 31, del señor Del Burgo
Tajadura, que tiene la palabra.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿cuál es la auténtica posición del Gobierno en
relación a la continuidad de las obras del embalse de Itoiz-
Canal de Navarra?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Del Burgo.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.
Señoría, la misma que he manifestado en anteriores ocasiones
en esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Del Burgo.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Señor Presidente, señor Ministro,
decepcionante la contestación en un asunto en el que su propio
partido está radicalmente a favor, igual que el nuestro, de la
continuidad de las obras del Embalse de Itoiz y de su
proyección en el Canal de Navarra.
Yo le he formulado esta pregunta porque en el seno de la
sociedad navarra hay una enorme inquietud a consecuencia de
unas declaraciones suyas del 15 o el 16 de junio, en las que
se situaba en una posición de neutralidad respecto al embalse
de Itoiz. Usted venía a decir que entre los ecologistas que se
oponen y entre los navarros que dicen que es imprescindible
esta obra, la decisión es muy difícil, esto es imposible.
Imposible, perdón, retiro la palabra. Esta no es la actitud
adecuada, señor Ministro. El embalse de Itoiz es una obra
decidida por el Ministerio de Obras Públicas, es una obra
financiada por el Ministerio de Obras Públicas y es una obra
en la que usted o su Ministerio tienen asumidos unos
compromisos con el Gobierno de Navarra. Lo único que le
pedimos es que sea consecuente con los compromisos, que
defienda la necesidad, la utilidad, la conveniencia y la
continuidad de las obras; que vaya a Bruselas en serio, no
como hasta ahora, que no han ido en absoluto en serio, porque
el planteamiento de la administración española central ante
las autoridades comunitarias ha sido bastante lamentable.
Por tanto, señor Ministro, le pido que no se sonría y que
trabaje, que se comprometa, que dé un paso hacia adelante en
una obra que es imprescindible para el futuro de la sociedad
navarra y además imprescindible también para la viabilidad del
Plan hidrológico, en lo que se refiere a la cuenca del Ebro.
Señor Ministro, no diga: vamos a hacer lo que estamos
haciendo, porque hasta ahora usted no ha dado la talla en este
asunto y yo le emplazo a que cumpla sus compromisos, a que
realmente colabore con el Gobierno
de Navarra, que, por cierto, esta mañana se ha enterado de una
decisión suya, que es la paralización, cautelar, eso sí, de la
cantera que iba a suministrar áridos para la construcción del
embalse.
El Gobierno de Navarra no ha sabido nada, es su colaborador en
este asunto y lo menos que podía hacer es informarle.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Del Burgo.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.
Señoría, su regañina, porque no se me ocurre llamarla de otra
manera, es completamente improcedente.
Lo que hemos hecho es suspender cautelarmente unas explosiones
experimentales que se estaban efectuando en una cantera, que
en absoluto afectan al ritmo de la obra. Sería bueno que antes
de venir aquí a rasgarse las vestiduras, se enterara usted de
lo que se trae entre manos.
Hemos suspendido cautelarmente explosiones experimentales en
una cantera, cuyo material no es todavía necesario para la
continuidad de las obras, puesto que los áridos se están
obteniendo de otras fuentes. Por tanto, en absoluto estamos
alterando el ritmo de las obras, pero, eso sí, suspendiendo
cautelarmente unas explosiones experimentales que he creído
oportuno suspender porque me parece que, no siendo necesaria
su ejecución en ese momento para el normal desarrollo de las
obras, a nadie perjudicaba y creaba una cierta descompresión
de la situación.
Usted no debe ignorar que hay una queja presentada ante la
Comunidad Europea alegando que hay errores en el procedimiento
de declaración ambiental, que esta queja está siendo estudiada
por los servicios de las Comisiones Europeas, y que nosotros
tenemos que colaborar con estos servicios para analizar lo
bien fundado o no de esta queja. Es lo que hace un Gobierno
civilizado, colaborador con las entidades comunitarias de la
Unión de la que forma parte. Hemos ido a Bruselas con el
Presidente de la Comunidad Autónoma conjuntamente, luego lo
que de lamentable haya habido habrá sido compartido con el
Presidente del Gobierno navarro, porque lo hemos hecho los dos
igualito, cogidos de la mano, frente al Comisario. Si ha sido
lamentable, lo ha sido por parte de los dos, señor Diputado:
de manera que los calificativos ahórreselos usted. Hemos
estado visitando al Comisario, hemos conocido directamente de
él los problemas que tiene la queja presentada. Hay una
delegación de la Comisión que está estudiando sobre el terreno
las circunstancias que reúne el caso. Itoiz es, sin duda
alguna, una obra necesaria e imprescindible para Navarra, pero
mi obligación es colaborar con los órganos competentes de las
Comisiones Europeas para saber qué problemas puede haber
habido, si es que los ha habido, y la declaración de impacto
ambiental, y, entre todos, buscar la solución más adecuada a
este caso.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DE LA DIPUTADA DOÑA ELENA GARCIA-ALCAÑIZ CALVO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿COMO EJERCE EL MINISTERIO DE CULTURA EL DEBER DE VIGILANCIA
SOBRE LAS ENTIDADES DE GESTION, A QUE SE REFIERE EL ARTICULO
144 DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL? (Número de expediente
180/000599)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 29 de la señora García-
Alcañiz, que tiene la palabra.
La señora GARCIA ALCAÑIZ-CALVO: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, ¿cómo ejerce el Ministerio de Cultura el
deber de vigilancia sobre las entidades de gestión, a que se
refiere el artículo 144 de la Ley de Propiedad Intelectual?
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García-Alcañiz.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Gracias,
señor Presidente. Como bien sabe su señoría, además de la
facultad de conceder o revocar la autorización a las entidades
de gestión para que puedan funcionar como tales, la Ley de
Propiedad Intelectual otorga al Ministerio de Cultura la
vigilancia del cumplimiento de las obligaciones y requisitos
que estas entidades deben cumplir. En este sentido, el
Ministerio ejerce la labor de tutela y vigilancia de varias
formas, que van desde la aprobación de las modificaciones
estatutarias propuestas por las entidades de gestión hasta la
mediación para dar solución a los conflictos entre las
entidades de gestión y las asociaciones de usuarios o las
entidades de radiodifusión. Tiene una importancia especial y,
por ello, debe singularizarse también la supervisión contable
y de gestión que el Ministerio de Cultura realiza a partir de
los resultados de la auditoría anual y del informe al que
están obligadas todas las entidades.
No obstante, señoría, querría resaltar que la función de
vigilancia y tutela encuentra, en mi opinión, su cauce más
relevante y positivo en el permanente diálogo
y colaboración con las entidades de gestión, diálogo y
colaboración que se ha concretado, entre otras actuaciones, en
la elaboración y aplicación de la normativa sobre propiedad
intelectual en las diversas tareas para la negociación del
convenio sobre remuneración compensatoria por la copia
privada, en la información acerca de los debates y acuerdos
desarrollados por los organismos internacionales y,
finalmente, en el estudio y análisis conjunto de cualquier
aspecto relacionado con la materia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Señora García-Alcañiz.
La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, parece que usted la teoría la conoce, pero la
ejecución y la práctica, en absoluto. En teoría, un notable
quizás, raspando, pero en práctica, un cero.
Permítame, señora Ministra, que le diga que son muchas las
quejas que nos llegan sobre el funcionamiento de las entidades
de gestión y, especialmente, sobre la Sociedad General de
Autores; quejas que le han hecho llegar a S.S. y que han
merecido la estimación favorable de la Comisión de Peticiones
del Senado, así como sentencias del Tribunal Supremo.
Entre las muchas irregularidades denunciadas, voy a citarle
algunas --tome nota para que no se entere por la prensa--:
destituciones, elecciones y sanciones ilegales, supresión del
voto a los herederos. Respecto a la gestión de los derechos de
autor, recaudación de derechos que no han sido confiados,
reparto de los derechos recaudados de personas no asociadas,
procedimientos de recaudación que no identifican al autor;
generación, con estos procedimientos de recaudación, de un
fondo de derechos recaudados y no identificados que alcanza
los 5.000 millones al año y cuya gestión no es, en absoluto,
transparente; reparto arbitrario, detracción de porcentajes
importantes sobre los derechos que se reparten a los autores.
Respecto a otras actividades, abandono económico del Montepío
de Autores, que se formó precisamente para que no acontecieran
casos como el del poeta Celaya; promoción del fondo
asistencial y cultural orientado a acciones que nada tienen
que ver con el derecho de autor.
Señora, Ministra, ante estas denuncias, ¿qué ha hecho usted?
Acaba de mencionar la auditoría; tenga la bondad de mandarme
las que usted haya hecho. En vez de vigilar, que es su
obligación, e investigar posibles irregularidades, la señora
Ministra de Cultura se dedica a presentar proyectos de ley en
la Sociedad General de Autores de España, en vez de hacerlo en
su Ministerio, y sus fondos los destina a promocionar
determinados anuncios en los que usted, sistemáticamente,
aparece en televisión.
¿Es esta la utilización de los fondos liberados de la Sociedad
de Autores que podíamos llamar reservados, en la acepción
Roldán?
Señora Ministra, nos parece escandaloso que, en vez de
realizar sus funciones, haya solicitado que la Sociedad
General de Autores...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García-Alcañiz.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Gracias,
señor Presidente. Señoría, ya que usted se convierte en
tribunal calificador, debería tener en cuenta que el tribunal
lo que debe hacer es formular, en primer lugar, correctamente
las preguntas. Si usted tiene tanto interés en la Sociedad
General de Autores creo que tenía que haber preguntado muy
directamente sobre la vigilancia y auditoría de esta sociedad
general.
Puedo decirle que las auditorías que se han realizado no han
puesto de manifiesto ninguna irregularidad de carácter grave.
La Sociedad General de Autores --y ahorro a la Cámara todos
esos «excursus» que hace S.S. sobre mi actividad como
Ministra, porque creo que no son de interés-- goza de un
notable prestigio, ha obtenido grandes recaudaciones en los
últimos momentos y estoy segura de que su comportamiento, en
líneas generales, es riguroso. Por lo tanto, me mantengo en
esa línea, con independencia de que no tengo que olvidar nunca
--ni lo olvido-- mis misiones de vigilancia y tutela, tal y
como están previstas en la legislación vigente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
--DEL DIPUTADO DON SERGIO GOMEZ-ALBA RUIZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA EXCMA.
SRA. MINISTRA DE CULTURA: ¿QUE PREVISIONES TIENE EL MINISTERIO
DE CULTURA SOBRE LOS COSTES DE FUNCIONAMIENTO NORMAL DEL
TEATRO DE LA OPERA DE MADRID, CON INDEPENDENCIA DE LA FORMULA
FINAL QUE SE ADOPTE PARA SU GESTION Y DE LAS LOGICAS
PREVISIONES DE PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR
EN EL MISMO? (Número de expediente 180/000600)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 30, del señor Gómez-Alba
Ruiz.
El señor GOMEZ-ALBA RUIZ: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, el 10 de noviembre de 1993 el Grupo Popular
presentó una solicitud de informe al Ministerio de Cultura
sobre los costes de explotación previstos para el futuro
Teatro de la Opera en Madrid. El 28 de enero de 1994 se
recibió una contestación, que no contestaba nada, diciendo que
no se podía determinar el plan de coste para la temporada
1995/1996 al no estar constituido el consorcio que se hará
cargo de la gestión del Teatro lírico de Madrid. El objeto de
esta pregunta oral es que dé contestación ante la Cámara a la
pregunta que le formulamos por escrito, sin tratar de
escamotear más el asunto. La respuesta es muy sencilla, se
trata sólo de dar una cifra, aunque sea aproximada.
Centraré el tema. No pedimos el plan de costes de explotación
de los servicios del Teatro lírico de Madrid, que ya
determinará la entidad que se haga cargo de su gestión, no
preguntamos sobre el coste exacto de las actividades que se
van a desarrollar en el Teatro Real a partir de su reapertura,
aunque supongo que habrá algunas previsiones orientativas que,
si es posible, nos gustaría conocer. Preguntamos los costes de
funcionamiento normal del futuro Teatro de la Opera en Madrid,
es decir, los gastos de estructura, acerca de los cuales el
Ministerio reconoce que existen estudios que hacen
previsiones.
Por tanto, le preguntamos: ¿Qué previsiones tiene el
Ministerio de Cultura sobre los costes de funcionamiento
normal del Teatro de la Opera de Madrid, con independencia de
la fórmula final que se adopte para su gestión y de las
lógicas previsiones de programación de las actividades a
desarrollar en el mismo?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gómez-Alba.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Gracias,
señor Presidente.
Efectivamente, como ha dicho S.S., contesté a una pregunta
escrita y convendría aclarar que es difícil realizar el
cálculo de los costes con independencia de quién lo gestione,
cómo lo gestione y qué programas se van a desarrollar. Eso es
lo que S.S. me pregunta.
Ya, en otra ocasión, puse de manifiesto que están ultimándose
las negociaciones entre la Comunidad, el Ayuntamiento de
Madrid y el Ministerio de Cultura para constituir una
fundación que tenga la finalidad de programar y gestionar las
actividades musicales, líricas y coreográficas de los actuales
Teatros Real y de la Zarzuela. A los órganos de esta fundación
corresponderá, en último extremo, definir las actividades.
No obstante, el Ministerio de Cultura, como parte que será de
esa fundación, dispone de un estudio del funcionamiento y de
los presupuestos de los teatros de ópera más significativos de
Europa --entre ellos, como usted conoce muy bien, sin duda, el
de la Monnaie de Bruselas, el Covent Garden de Londres y la
Scala de Milán-- que han servido de base para un primer diseño
de la gestión y análisis económico-financiero, tanto del
Teatro Real como del Teatro de la Zarzuela.
Todo esto, por supuesto, se someterá a estudio y, con
independencia de los costes fijos y de funcionamiento, la
cuestión de la programación y, por tanto, de las actividades,
deberán tenerse en cuenta las disponibilidades presupuestarias
de las tres administraciones directamente implicadas, porque,
según nuestras disponibilidades presupuestarias, podremos
tener una programación más ambiciosa o no.
También le quiero decir a S.S. que para la temporada de 1995 -
-luego no me acuse de falta de concreción--, en la que el
nivel de actividad no es previsible que sea precisamente el
más alto, los costes fijos o de estructura previstos son
alrededor de 2.400 millones de pesetas. Es un cálculo
aproximado, no se puede decir que sea ésa estrictamente la
cantidad. Para la temporada de 1996, en que ya habrá un nivel
de actividad más elevado, podría barajarse como cifra, siempre
hablando de cifras aproximadas, porque dar una cifra
absolutamente cerrada sería un tanto imprudente y luego se nos
acusaría...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el señor Gómez-Alba.
El señor GOMEZ-ALBA RUIZ: Señora Ministra, el Ministerio de
Cultura encargó al Centro de Estudios y Planificación de
Barcelona un estudio comparativo de los presupuestos de
distintos teatros de ópera, estudio que obra en su poder y que
facilitó al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid durante
las negociaciones para la constitución de la fundación que iba
a gestionar el teatro, pero, curiosamente, en la documentación
que usted les facilitó faltaban desde la página 1 hasta la 56,
que es precisamente lo que contiene las previsiones
presupuestarias del Teatro Real. Y donde no hay información,
florece el rumor. En cuanto a la cifra que ha citado, ya
celebraría yo que fuesen 2.000 millones. En primer lugar, dudo
que haya temporada de ópera el año 1995, al paso que vamos. En
cualquier caso, nosotros suponemos que la cifra va a ser
bastante más alta; otra cosa será que...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gómez-Alba.
--DEL DIPUTADO DON ANGEL MARIO CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
EXCMO. SR. MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA: ¿A QUE SE DEBE LA
PRESENCIA PERMANENTE DE ALTOS CARGOS DEL CONSEJO SUPERIOR DE
DEPORTES EN EL MUNDIAL 1994 DE FUTBOL EN CHICAGO? (Número de
expediente 180/000602)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 32, del señor Carreño
Rodríguez-Maribona.
El señor CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA: Gracias, señor
Presidente. Con independencia de felicitarnos por el paso de
España a los octavos de final del Mundial de Fútbol, cuando la
prensa publicó el 26 de mayo que el Consejo Superior de
Deportes había desplazado dos primeros emisarios para tener
todo controlado cuando llegara el equipo nacional a Chicago,
me entró preocupación y curiosidad, porque, además, dicha
noticia agregaba: Todas las regiones españolas tienen la
intención de plantar su «stand» y enseñar los productos
típicos de cada una de ellas.
He de significar en mi pregunta el matiz «altos cargos».
Administrativamente, va de ministros a directores generales;
políticamente, puestos directivos de confianza y designación
directa, según definición del Ministro Eguiagaray. Aunque mi
lista de presentes es larga: señores Cortés Elvira, Eduardo
Blanco, Luis Algar, Luis Lucio, José María y Francisco Suárez
y Miguel Chover, sin embargo, no están todos los que son; por
ejemplo, no está el Director General de Deportes ni los
técnicos responsables del fútbol en el Consejo Superior,
señores Fonseca y Gascón. En cambio, el Director General de
Infraestructuras, puesto, al parecer, no excesivamente
necesario en el Consejo, ya que, nombrado el 15 de abril, no
llegó a tomar posesión y fue cesado el 3 de junio, y el actual
estuvieron en Chicago hasta hace breves días. Aquel
despliegue, debido al control, según decía, a un marcaje o a
intervencionismo, y tantas idas y venidas, ¿no agotarán el
presupuesto para viajes del Consejo Superior de Deportes?
De ahí mi pregunta: ¿a qué se debe la presencia permanente de
altos cargos del Consejo en el Mundial 1994 de Fútbol en
Chicago?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carreño.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra):
Gracias, señor Presidente.
Señoría, no ha existido una presencia permanente de altos
cargos del Consejo Superior de Deportes en el Mundial 1994,
como S.S. dice; ha existido una presencia selectiva y, desde
mi punto de vista, necesaria, en determinados momentos que se
han considerado más importantes en los acontecimientos del
Mundial.
Han sido dos los altos cargos que han estado allí: el
Secretario de Estado de Deportes, por razones obvias, como
responsable del deporte, y el Director General de
Infraestructuras Deportivas, como ha dicho S.S., en razón,
fundamentalmente, de responsable de la organización y
funcionamiento de una iniciativa excelente, como a mí me
parece que es la Casa de España en Chicago. Incluso, señoría,
ha estado este Ministro en una ocasión, por espacio de menos
de 24 horas.
No ha habido, por consiguiente, una presencia permanente, ni
mucho menos exagerada; lo que sí ha habido es una presencia
que me parece buena, porque creo que es bueno que el deporte
español y los ciudadanos españoles estén representados en un
acontecimiento de esta magnitud al lado de nuestra selección.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Carreño.
El señor CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA: Gracias, señor
Presidente. Sé que el presupuesto de la Casa de España está
financiado por patrocinadores como el Ministerio de Comercio y
Turismo, Consejo Superior de Deportes y creo que la Real
Federación Española. Pero, por ejemplo, ¿no se hubieran
ahorrado dinero y viajes con el asesoramiento de Embajada y
consulado españoles? Me extraña, por otra parte, la
desconfianza en el éxito deportivo y en el éxito comercial y
turístico, porque el programa de actos que tengo, de
actividades de la Casa de España en Chicago, concluye mañana,
día 30 de junio, con independencia de que la selección
continuara en Chicago, como primero del Grupo C.
Ha ocurrido, por otra parte, que tan sólo ha habido
representación de tres comunidades autónomas, Cataluña, País
Vasco y Comunidad Valenciana. Por ejemplo, Galicia me consta
que no ha sido ni invitada a participar; La Rioja, tampoco, y
sugiero a corregir el agravio comparativo para otros
deportes...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carreño.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra):
Gracias, señor Presidente.
Señoría, ha existido, en todo caso, y he tenido ocasión de
comprobarlo personalmente el lunes, el asesoramiento de
nuestros representantes diplomáticos allá.
La Casa de España, por otra parte, señoría, es, efectivamente,
de patrocinio privado y espero que no cueste nada a las arcas
del Estado, aunque no lo sabremos hasta el momento en que
finalicen esos acontecimientos. Es lógico pensar que el
despliegue de una Casa de España, que tiene como misión
atender a los visitantes españoles del Mundial y favorecer la
proyección de los productos españoles, dentro de un
planteamiento de presencia de España a lo largo de los
acontecimientos del Mundial, se hubiera previsto solamente
hasta el momento en que era previsible que acabara nuestra
presencia en Chicago. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN CREMADES GRIÑAN, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿COMO PIENSA EL MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA COMPENSAR A
LAS UNIVERSIDADES DEL DENOMINADO TERRITORIO MEC, QUE ESTAN
SIENDO ACTUALMENTE TRANSFERIDAS A LAS DIFERENTES COMUNIDADES
AUTONOMAS DE LA DIFERENCIA DEL INCREMENTO DE TASAS PARA EL
PROXIMO CURSO RESPECTO A LAS UNIVERSIDADES YA TRANSFERIDAS?
(Número de expediente 180/000606)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 36, de la señora Cremades
Griñán, que tiene la palabra.
La señora CREMADES GRIÑAN: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿cómo piensa el Ministerio de Educación y
Ciencia compensar a las universidades del denominado
territorio MEC que están siendo actualmente transferidas a las
diferentes comunidades autónomas de la diferencia del
incremento de tasas para el próximo curso respecto a las
universidades ya transferidas?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Cremades.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra):
Gracias, señor Presidente.
Señoría, no es procedente hablar de compensación a las
universidades. Los ingresos de las universidades se fijan por
muy diferentes conceptos y capítulos, uno de los cuales, que
no llega a comportar el 20 por ciento del costo del puesto
escolar, son las tasas. Una menor tarifa de tasas no implica
de por sí menor presupuesto para las universidades españolas
en su conjunto o individualmente.
Tampoco me parece, señoría, procedente hablar de compensación
entre universidades transferidas y universidades en proceso de
transferencia. Cada universidad tiene sus propias
especificidades, que son valoradas por la Administración
educativa de que depende. Lo que sí me parece importante es
que por primera vez se ha conseguido una norma uniforme,
precisamente, señoría, a propuesta del Ministerio de Educación
y Ciencia, de tal manera que las tasas universitarias se van a
fijar por parte de todas las administraciones con arreglo a
una banda muy estrecha, en lugar de un máximo muy máximo como
se venía fijando hasta el momento.
Esto es, me parece, lo verdaderamente importante y lo que se
ha conseguido. Por lo demás, señoría, está por ver que las
demás administraciones educativas, las comunidades autónomas,
fijen sus precios públicos de matrícula de la universidad por
encima del IPC interanual.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señora Cremades.
La señora CREMADES GRIÑAN: Gracias, señor Presidente.
Hacía tiempo que los alumnos universitarios no se inquietaban
exigiendo un equilibrio en el aumento de las tasas; hacía
tiempo que el profesorado docente e investigador no reclamaba
más coherencia entre lo legislado y la práctica; hacía tiempo
que las esperanzas de numerosos profesionales y futuros
licenciados no se estrellaban contra el Ministerio. La
universidad es hoy, señor Ministro, no se olvide, un polvorín.
Cuando preocupa más en el mundo univeristario la
infraestructura, la burocracia y, sobre todo, la intervención
del poder judicial, para deshacer entuertos, algo no funciona
bien. Nunca habían intervenido tanto en el mundo universitario
los sindicatos, los contenciosos y el caos.
Si bien el razonamiento expuesto pudiera ser satisfactorio,
señor Ministro, me temo que, una vez más, su política
universitaria fracasa. Fracasa en la gestión financiera y
económica, fracasa en el control de la calidad de enseñanza,
fracasa en el plano legislativo, como se intuye al estudiar el
proyecto de la nueva reforma de la Ley de Reforma
Universitaria que, como hemos visto, ha sido retirado.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Cremades.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra):
Señoría, no sé qué tiene que ver el alegato que ha hecho con
la pregunta acerca de la supuesta diferencia entre el
incremento de tasas universitarias de las universidades del
llamado territorio MEC y de las universidades que dependen de
otras administraciones educativas.
En cualquier caso, señoría, he de decir que no estoy en
absoluto de acuerdo con la apreciación acerca de la realidad
universitaria que, según S.S., constituye un polvorín. A mí me
parece que por lo único por lo que se define la realidad
universitaria española es por la necesidad de adaptarse a la
intensa reforma que se ha producido a lo largo de los últimos
diez años y al aumento de un ocho por ciento anual del número
de
estudiantes, que significa uno de los mayores aumentos de los
estudios universitarios de Europa.
En cualquier caso, señoría, el proyecto de ley de modificación
de la Ley de Reforma Universitaria no se ha retirado ni se
piensa retirar de esta Cámara, sino que, como bien sabe S.S.,
se ha desgajado de él lo que era verdaderamente urgente. Es un
proyecto que favorecerá la mejor calidad de los estudios
universitarios en nuestro país.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON ANTONIO ROMERO RUIZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-UNICIATIVA PER
CATALUNYA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS PIENSA
ADOPTAR EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR LA VIABILIDAD DE LA
EMPRESA MALAGUEÑA GENERAL TEXTIL, ANTIGUA INTELHORCE? (Número
de expediente 180/000587)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 17, del señor Romero
Ruiz.
El señor ROMERO RUIZ: Señor Presidente, señor Ministro de
Economía y Hacienda, la historia de las instalaciones textiles
de Málaga, la historia de Intelhorce, actual General Textil
Española, es como el Guadiana; sus privatizaciones y vuelta
del sector público siempre han sido escandalosas, se han hecho
contra Málaga, contra Andalucía y contra los trabajadores.
De los más de 3.000 trabajadores con los que contaba en su
día, hoy, a raíz de un plan de viabilidad firmado por el
comité de empresa, la dirección de la misma, el Patrimonio del
Estado, el señor Robles, representando al Gobierno, y la Junta
de Andalucía, que también participó en este plan, 752
trabajadores han abandonado la empresa con bajas voluntarias
incentivadas y con prejubilaciones, desde el 1 de abril de
1992. Este sacrificio para Málaga se ha cumplido. Cuestión
esta de la reducción de la mano de obra que se planteó, como
condición imprescindible, para que tuviera viabilidad la
empresa. El Gobierno, sin embargo, se comprometió a renovar
maquinaria con 1.200 millones de pesetas, con 500 millones
más, dependiendo de la evolución del plan, y no ha cumplido
sus compromisos a estas alturas, lo que hace peligrar el éxito
del plan de viabilidad.
Por eso, señor Solbes, la pregunta concreta es cómo se va a
garantizar el plan de viabilidad y la supervivencia de la
industria textil en Málaga. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señorías, es evidente que el Gobierno ha realizado un esfuerzo
muy importante con Intelhorce para intentar que la empresa
fuera viable. No es cierto, sin embargo, que el Gobierno haya
ido contra la empresa ni contra Málaga ni contra Andalucía. El
dinero que el Gobierno ha gastado en esa empresa ha sido muy
significativo, hasta el punto de que se ha planteado, incluso,
un recurso por parte de la Comunidad contra nuestro país y la
necesaria devolución de esos fondos al erario público. Sin
embargo, esa empresa sigue teniendo problemas, sigue sin
aplicar ese plan de viabilidad y sigue, en consecuencia, sin
poderse aportar esas cantidades adicionales.
La información disponible que actualmente tenemos,
especialmente del plan de viabilidad, de la consultora más
afamada actualmente existente en estos temas, que es la
consultora Werner, es que siguen existiendo dificultades
importantes. Las pérdidas, por ejemplo, que se producen en el
año 1993 superan los 2.600 millones de pesetas y el total del
neto patrimonial es de una situación negativa superior a los
5.000 millones. Por tanto, la empresa tiene que actuar, tiene
que tomar medidas y es evidente que el Gobierno no puede tomar
ninguna decisión para garantizar estos temas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Romero.
El señor ROMERO RUIZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Solbes, en este plan de viabilidad el Gobierno adquirió
unos compromisos que no ha cumplido y usted no ha explicado
las razones de este incumplimiento. Por otra parte, hubo un
acuerdo a cinco años con la Seguridad Social y Hacienda para
hacer frente a las deudas contraídas. Tampoco la empresa se ha
redimensionado de acuerdo con las exigencias actuales. Hoy hay
en la antigua Intelhorce 738 trabajadores y Málaga no soporta
más paro, más destrucción industrial, porque Málaga cuenta con
la cifra de 180.000 personas en el desempleo; por tanto, señor
Solbes no es conveniente dar más estacazos a Málaga desde el
Gobierno.
Sería bueno que se pidieran responsabilidades a los
propietarios anteriores en el período de agosto de 1989 a
septiembre de 1991, porque hay que investigarlo con auditorías
para defender el interés general. Pero sobre todo sería bueno
cumplir con los compromisos de renovación tecnológica para
garantizar que no se hunda la empresa textil, que llegó a
tener 3.000 trabajadores, que ahora tiene 738 y usted con esta
respuesta ha dado pocas esperanzas de que se lleguen a
mantener los puestos de trabajo actuales.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira):
Gracias, señor Presidente.
Primero, para su tranquilidad le diré que estoy absolutamente
de acuerdo y puedo anunciarle que la Dirección General del
Patrimonio adoptará, con carácter inmediato --y estoy hablando
de días--, las acciones necesarias para instar la iniciación
de procedimientos penales adecuados contra los anteriores
gestores. Segundo, no es cierto que el Gobierno no haya
cumplido con sus compromisos. Se ha ido, indirectamente a
través de Improasa, mucho más lejos de los compromisos que en
su día habíamos adquirido; la aportación financiera para
apoyar a esta empresa ha sido muy superior a lo pactado.
Sin embargo, y a pesar de eso, de acuerdo con el informe de
Werner, en este momento Intelhorce es inviable con su
estructura y configuración actual, la estructura fabril es
inadecuada, no existe producto ni mercado y la plantilla es
excedentaria. Por tanto, lo que hay que hacer --y es lo que
está haciendo Patrimonio-- es estudiar las diferentes
alternativas para intentar salvar al máximo la producción
textil existente en Málaga.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON XABIER ALBISTUR MARIN, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL EXCMO. SR. MINISTRO DE
JUSTICIA E INTERIOR: ¿CUALES HAN SIDO LAS RAZONES PARA
CONCEDER EL INDULTO AL TENIENTE CORONEL DE LA GUARDIA CIVIL
JUBILADO DON JOSE MARTIN LLEVOT, QUIEN CUMPLIA CONDENA POR
ENCUBRIR TORTURAS Y QUE TAMBIEN HABIA SIDO CONDENADO POR
FALSEDAD EN DOCUMENTO PUBLICO, PREVARICACION Y DENEGACION DE
AUXILIO A LA JUSTICIA POR EL CASO LINAZA? (Número de
expediente 180/000585)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 15, del señor Albistur
Marín, que tiene la palabra.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Quisiera preguntarle al señor Ministro de Justicia e Interior
cuáles han sido las razones para conceder el indulto al
teniente coronel de la Guardia Civil jubilado don José Martín
Llevot, quien cumplía condena por encubrir torturas y que
también había sido condenado por falsedad en documento
público, que tenía que ver precisamente con el encubrimiento
de las torturas, prevaricación y denegación de auxilio a la
Justicia por el caso Linaza.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, lo primero que habría que aclarar es que no fue
condenado por encubrimiento de torturas. Conviene, en ese
sentido, leer la sentencia y se comprobará que no existe tal
cargo. El resto de tipos delictivos a los que ha hecho
referencia S.S. sí que están en la sentencia, no ése. La
segunda aclaración es que no supone un indulto de la
totalidad, sino exclusivamente de la pena privativa de
libertad. El indulto, por definición, es un acto de gracia que
no requiere de motivación, pero siempre se basa en motivos de
equidad y/o de justicia.
En este caso, como motivos de equidad, en primer lugar, y
sintéticamente, habría que indicar el tiempo transcurrido
desde la fecha en que tuvieron lugar los hechos; en segundo
lugar, la edad del teniente coronel, que tiene 68 años y, en
tercer lugar, la circunstancia de que precisamente se
produciría la paradoja de que las personas condenadas por
malos tratos o torturas sí que sufrieran, como de hecho lo
estando sufriendo, penas de prisión y, sin embargo, el
condenado por otros tipos delictivos, como falsedad o
prevaricación, tendría que cumplir un período de condena muy
superior al de los condenados por malos tratos. Esos son, en
síntesis, los motivos que han llevado al Gobierno a aprobar y
proponer a Su Majestad la concesión del indulto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Albistur, tiene la palabra.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Ministro por la
respuesta. Su explicación coincide con la explicación dada por
un diario que precisamente no se caracteriza por su defensa de
la democracia, sino por la defensa de algunos intereses
particulares de los que se ven implicados en este tipo de
problemas que afectan a toda la sociedad.
Casualmente se decía en ese diario que el caso de Martín
Llevot había causado preocupación entre numerosos agentes de
la Guardia Civil, que consideraban que, dada la edad del
militar y la naturaleza de la condena, debía obtener los
beneficios penitenciarios. Comprendo perfectamente sus razones
(usted las puede exponer con mucho más rigor y, desde luego,
más conocimiento de causa que las que yo tengo), pero quisiera
unirme, en mi pregunta, no solamente a la preocupación
formulada por mí y por todos los que me han pedido que la
formule, sino también a la de otras organizaciones de cuya
preocupación por la paz no hay que dudar, como Gesto por la
Paz, que la han hecho en la
misma forma. Yo, desde luego, me quedo preocupado con que
hayan sido influjos internos de la propia Guardia Civil los
que hayan llevado a tomar esta decisión. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Si
se refería usted al diario «ABC», yo creo que sí defiende el
sistema democrático, aunque desde una determinada opción
política, pero sin duda sí que lo defiende. En todo caso, la
actitud del Gobierno y del Ministerio de Justicia e Interior
responde a un planteamiento global. Nosotros pensamos que,
inevitablemente, la pena privativa de libertad tiene que tener
un sentido rehabilitador, resocializador. Cuando la pena
privativa de libertad deja de tener ese significado, el seguir
manteniendo la ejecución de esa pena creemos sinceramente que
choca con el espíritu y hasta con la letra del artículo 25, en
su inciso final, de la Constitución; lo creemos sinceramente.
En ocasiones se proyecta sobre un tipo delictivo que causa
alarma en unas determinadas sensibilidades y cuando se
proyecta a otros tipos delictivos causa alarma en otros grupos
sociales, en otras sensibilidades. La obligación del Gobierno
es mantener siempre criterios de objetividad, y cuando la pena
privativa de libertad carece ya de contenido resocializador,
el indulto es la solución razonable y objetiva. Nada más y
muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON MANUEL DE LA ROCHA RUBI, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS ESTA
ADOPTANDO EL GOBIERNO PARA LA ADECUADA APLICACION DE LA LEY
9/1994, DE 19 DE MAYO, QUE MODIFICA LA REGULADORA DEL DERECHO
DE ASILO, ESPECIALMENTE EN LO REFERENTE A GARANTIZAR LOS
DERECHOS DE LOS SOLICITANTES DE ASILO CUANDO SE ENCUENTREN EN
FRONTERA? (Número de expediente 180/000590)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 20, del señor De la
Rocha, que tiene la palabra.
El señor DE LA ROCHA RUBI: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, la Ley 9/1994, que modifica la reguladora del
derecho de asilo y que ha entrado en vigor muy recientemente,
ha introducido importantes modificaciones en los supuestos de
personas solicitantes de asilo que se encuentren en frontera.
En efecto, esta Ley prevé un procedimiento acelerado, que
implica, entre otras cuestiones, que en el plazo máximo de
cuatro días debe resolverse sobre la admisión o no de la
solicitud, plazo que se puede ampliar hasta siete días si hay
una petición de reexamen, durante los cuales los solicitantes
deberán permanecer en depedencias específicamente habilitadas
en el puesto fronterizo, con derecho, lógicamente, a la
asistencia de alimento, higiene y atención médica, y además,
específicamente también, con derecho a asistencia letrada y a
intérprete.
Surgen de esta Ley, por tanto, necesidades nuevas que en el
sistema anterior, con la Ley vigente hasta estos días pasados,
no estaban cubiertas por no ser imperativas. Surgen
necesidades en cuanto a habilitación de locales, en cuanto a
habilitación de intérpretes y también en cuanto a
establecimiento de un sistema de asistencia letrada gratuita,
pues, al parecer, algunos colegios de abogados entienden que
con el sistema actual, con los convenios actuales esta
asistencia no está cubierta.
La pregunta es, en consecuencia, qué medidas se están
adoptando o se van a adoptar para garantizar los derechos de
los solicitantes de asilo cuando se encuentren en frontera.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De la Rocha.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Gracias, señor Presidente.
Señoría, efectivamente, plantea un problema que me preocupa
particularmente. Como consecuencia de la entrada en vigor de
la Ley 9/1994, el problema inmediato, práctico de recursos
humanos y de recursos materiales más importante alude, sin
duda, al procedimiento ultrarrápido, al procedimiento, en
definitiva, de admisión o denegación a trámite de la solicitud
de asilo para los supuestos de petición en frontera. Ese
supuesto implica, necesariamente, la existencia de
dependencias habilitadas al efecto en el conjunto de puestos
fronterizos a fin de poder permanecer en ellos durante la
tramitación del expediente. Eso por un lado.
Por otro lado, el artículo 5 reconoce el deber de la
Administración de informar a los solicitantes de asilo de sus
derechos, fundamentalmente --y S.S. los ha dicho--, a
asistencia letrada, a intérprete y a asistencia médica. Pues
bien, respecto al primero de los problemas, en este momento
está cubierta razonablemente esa necesidad en medios humanos y
materiales por lo que se refiere a los grandes centros
receptores de solicitudes de asilo, en particular en el
aeropuerto de Barajas (Madrid), o el de las Palmas de Gran
Canaria y otros centros que se caracterizan por tener una
pluralidad de
demandas de asilo. Sin embargo, en otros sitios, en otros
centros fronterizos de este país no hemos podido ultimar
todavía instalaciones suficientemente dignas para cumplir ese
cometido. Se está trabajando urgentemente y espero que en
pocos días hayamos terminado de habilitar las instalaciones en
el conjunto de puestos fronterizos.
En cuanto al segundo aspecto, el relativo al deber de
asesorarles sobre sus derechos, la Comisaría General de
Documentación, mejor dicho, la antigua Comisaría General de
Documentación, hoy Comisaría General de Extranjería y
Documentación (precisamente la Ley de Asilo ha sido una de las
causas, junto a otros textos normativos, de la ampliación de
esa Comisaría General) ha dado instrucciones, órdenes
expresas, a todos los puestos fronterizos, a todas las
comisiones provinciales, no sólo para que informen de esos
derechos, sino además para que, efectivamente, se preste,
acudiendo a cuantos medios fueren precisos. Yo solamente
querría terminar diciendo que, con la ley en la mano, es
discutible que el servicio sea gratuito, y quisiera destacar
el gran papel humanitario que está realizando una organización
no gubernamental (humanitario y de defensa de los derechos
individuales), que es CEAR, la Comisión Española de Ayuda al
Refugiado, que ha podido instalar en la mayor parte de las
ciudades, todavía no en todas, una asistencia letrada
gratuita.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON PEDRO JOVER PRESA, DEL GRUPO SOCIALISTA,
QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS HA ADOPTADO O TIENE
PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO PARA HACER FRENTE A LA CRECIENTE
ACTIVIDAD DE GRUPOS Y ASOCIACIONES QUE, DIRECTA O
INDIRECTAMENTE, PROMUEVEN LA DISCRIMINACION RACIAL,
ESPECIALMENTE EL ANTISEMITISMO? (Número de expediente
180/000591)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 21, del señor Jover
Presa, que tiene la palabra.
El señor JOVER PRESA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, de un tiempo a esta parte contemplamos con
preocupación la actividad creciente de grupos, organizaciones,
a veces constituidos legalmente como asociaciones, otras no,
que promueven o incitan a la discriminación y al odio racial.
Organizan conferencias, convocan reuniones y congresos,
publican revistas periódicas y, a través de editoriales que le
son propias, editan todo tipo de material escrito e incluso
audiovisual. Podía citarle más de una docena, señor Ministro,
de estos grupos o asociaciones.
Entre las publicaciones periódicas que han llegado a mis
manos, hay algunas con títulos tan poco originales como «El
martillo», «Mundo nacional socialista», «A por ellos»,
«Barrotes», «Banderas negras», «Peste negra», «Lucha nación
joven», y dos que se publican en Barcelona, pero en alemán,
destinadas a ser vendidas o distribuidas en Alemania y en
Austria, las revista «Halt» y «Sieg», que precisamente
aprovechan, por así decirlo, una cierta impunidad que no
podrían gozar en los países a los cuales van destinadas.
Entre las publicaciones no periódicas, por ejemplo, tenemos
una llamada «Bibliteca nacional socialista», editada por una
muy conocida asociación, que lleva ya varios títulos
publicados, entre ellos uno, el número 7, que se llama nada
menos que «Nosotros, los racistas». Todas ellas se encuentran,
se publican y se pueden comprar libremente en nuestro país.
Señor Ministro, ¿qué podemos hacer para enfrentarnos con estos
hechos? En un momento en que el Consejo Europeo de Corfú acaba
de aprobar una declaración contra el racismo y la xenofobia y
acaba de decidir poner en marcha toda una serie de actuaciones
concretas para enfrentarse con esta lacra. ¿Qué podríamos
hacer, repito, señor Ministro?
Yo sé que hay cosas que no se pueden hacer. Yo sé que en
nuestro país, como en muchos otros, la libertad de expresión
es un derecho fundamental; es algo más que eso, porque tiene
en nuestro ordenamiento una dimensión objetiva, institucional,
que justifica su prevalencia sobre otros derechos. Pero sobre
lo que no puede nunca prevalecer, éste ni ningún otro derecho,
es sobre el principio de la dignidad de la persona humana que,
en nuestro ordenamiento, también tiene un contenido básico y
nuclear.
Por supuesto, insisto, hay cosas que no podemos hacer; los
jueces sí, el Gobierno no. Pero algo sí que se puede y se debe
hacer, señor Ministro, y concretamente yo creo que lo que este
Parlamento y el Gobierno podemos y debemos hacer es poner en
marcha los instrumentos jurídicos, tipo penal, que sean
necesarios para que los jueces y tribunales puedan enfrentarse
a estos hechos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jover.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Gracias, señor Presidente.
Señoría, efectivamente, no hace mucho tuve ocasión, también en
una sesión de control parlamentario, de manifestar la grave
preocupación del Gobierno por ese fenómeno. Por tanto, hoy no
voy a decir conceptos generales, sino a tratar de ser más
concreto para hablar de los dos ámbitos posibles de actuación.
El primero, sin duda, es el de la prevención de esta clase de
conductas, en definitiva, de los grupos policiales, de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que, de manera expresa, están
creados y trabajan precisamente para tratar de prevenir y, en
su caso, reprimir este tipo de conductas que se sitúan en ese
amplio abanico de la llamada extrema derecha, fascismo,
totalitarismo y demás ismos de esa índole que manifiestan
tendencias y, en ocasiones, hacen verdadera apología de
racismo y xenofobia. Pero, además --estoy de acuerdo con S.S.-
-, hace falta una segunda línea, que es la de iniciativa
legislativa. En esa línea, en el anteproyecto de Código Penal,
que entrará en esta Cámara en el mes de julio de este año, se
van a prever tres modificaciones sustanciales respecto de la
situación actual. La primera es que, para el tipo de
asociación ilícita, se introducen los supuestos de
discriminación xenófoba y, con carácter general, el Ministerio
de Justicia ha decidio proponer al Gobierno la inclusión del
concepto específico de antisemitismo. La segunda es que, en lo
relativo al supuesto de provocación directa o apología, va a
proponer que, además del resto de manifestaciones xenófobas o
racistas, se incluya de manera expresa --lo que considero
razonable-- también el antisemitismo, no sólo por razones
históricas sino también por razones presentes de la especial
vivacidad y peligrosidad de los movimientos antisemitas. Y la
tercera novedad será, en definitiva, la de introducir una
agravante genérica para todos los restantes delitos en los que
el motivo, el móvil, el objetivo de la violación del bien
jurídico sea precisamente también de carácter discriminatorio.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON ANTONIO PILLADO MONTERO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿POR QUE SE INGRESAN EN EL TESORO PUBLICO LOS INTERESES
GENERADOS POR LAS CUENTAS DE CONSIGNACIONES Y DEPOSITOS
JUDICIALES, ABIERTAS EN DETERMINADA ENTIDAD BANCARIA PRIVADA?
(Número de expediente 180/000607)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 37, del señor Pillado
Montero.
El señor PILLADO MONTERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Hace unos tres meses formulé una pregunta por escrito al
Gobierno para que me informase sobre las cuentas de depósitos
y consignaciones judiciales abiertas en una determinada
entidad bancaria privada, concretamente el Banco Bilbao-
Vizcaya. Se me contestó, en síntesis, que el saldo medio de
esas cuentas en el segundo semestre de 1993 era de casi
151.000 millones de pesetas, que los intereses generados en el
año pasado eran de casi 14.000 millones de pesetas, que desde
1989, año en el que se hizo el convenio con dicha entidad,
tales consignaciones y depósitos habían producido más de
43.000 millones de pesetas, que esos intereses se ingresaron y
se ingresan en el Tesoro Público y, como cualquier otro
ingreso del Estado, tienen el destino que les marca la Ley de
Presupuestos. Yo me pregunto por qué se ingresan en el Tesoro
Público estos intereses, y no me refiero a la razón formal, al
Real Decreto 34/1988, sino a la razón última de fondo de por
qué se ingresan --y se lo pregunto al Gobierno-- en el Tesoro
Público los intereses generados por las cuentas de
consignaciones y depósitos judiciales abiertas en determinada
entidad bancaria privada.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pillado.
Señor Ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Señoría, realmente me ha costado trabajo entender los términos
de su pregunta. ¿Por qué? Porque lo dice así el ordenamiento
jurídico, porque lo dice así el artículo 8 de un Real Decreto
y porque el Gobierno cumple la legalidad. Si usted me hubiera
preguntado las razones de por qué existió ese Decreto,
podríamos, quizá, haber intentado entablar un diálogo al
respecto, pero su pregunta es por qué se ingresan en el Tesoro
Público. La respuesta no puede ser otra, señoría, que porque
así lo dice el ordenamiento jurídico.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Pillado, tiene la palabra.
El señor PILLADO MONTERO: Lamento que en este caso no se
confirme aquello de que a buen entendedor, pocas palabras;
parece que el señor Ministro no es buen entendedor. Esas
cuentas, señor Ministro, se nutren en su totalidad, o casi en
su totalidad, con dinero de particulares, y ese dinero, en su
inmensa mayoría, vuelve a los particulares, bien a los mismos
depositantes o a otros, según el destino que le den los
diferentes procedimientos judiciales. Yo me pregunto: ¿Cómo es
posible que el rendimiento de todo ese dinero se lo quede el
Estado? ¿En virtud de qué? Un particular presta una fianza
para obtener la libertad provisional o un litigante en un
juicio de retracto consigna el precio de la compraventa,
etcétera, y cuando se le devuelve, al cabo de equis meses o
años, se le devuelve la misma cantidad nominal, pero esa
cantidad ha estado devengando, junto con otras, un interés de
casi un 10 por ciento y esos rendimientos se los queda ni más
ni menos que el Estado. Al particular le devuelve el mismo
dinero nominal, pero devaluado como consecuencia de la
inflación. Si esto no es un enriquecimiento sin
causa, incluso injusto --y no estoy hablando en términos
precisos de Derecho Civil--, yo no sé cómo se puede calificar
esto.
En la contestación se dice que esto es un ingreso del Estado
como otro cualquiera. Yo digo: ¿Qué clase de impuesto es este
o qué clase de exacción o qué servicio concreto presta el
Estado a los particulares para quedarse con sus intereses, qué
clase de servicio que justifique una contraprestación tan
elevada? En el sistema anterior las cuentas depósitos no
devengaban intereses, señor Ministro...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pillado.
Señor Ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Muchas gracias. Señoría, ahora empiezo a entender los términos
de la pregunta, porque realmente hasta este momento, lo
siento, pero los desconocía. (Fuertes rumores y protestas.)
Sí, sí; es tan sencillo como que formulen bien las preguntas y
tendrán respuestas adecuadas. Si no las formulan bien, no
pueden esperar la respuesta adecuada. (Rumores.) Pero una vez
que usted, señoría, se ha explicado, le diré que,
efectivamente, responde --ahora ya lo entiendo-- a una
concepción profundamente distinta.
Para mí es evidente que el servicio público que presta la
Administración de justicia debe, lógicamente, determinar este
tipo de ingresos. Es absolutamente razonable, y lo sostengo
ahora y en cualquier momento. Es una interesantísima fuente de
ingresos para el Estado que, naturalmente, deben ingresar en
la caja única para su distribución solidaria, y me parece
absolutamente razonable, repito, que así se mantenga, porque
realmente prestamos servicios públicos y parece lógico que se
beneficie el conjunto del Estado, es decir, el conjunto de los
ciudadanos de esos servicios que, efectivamente, presta la
Administración de Justicia.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON LUIS RAMALLO GARCIA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿CONFIRMA EL GOBIERNO QUE CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DEL
PROFUGO LUIS ROLDAN IBAÑEZ HAN SEGUIDO TENIENDO MOVIMIENTO
HASTA FECHA RECIENTE? (Número de expediente 180/000616)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del señor Ramallo García, que
tiene la palabra.
El señor RAMALLO GARCIA: Gracias, señor Presidente.
¿Confirma el Gobierno que cuentas bancarias a nombre del
prófugo Luis Roldán Ibáñez han seguido teniendo movimiento
hasta fecha reciente?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramallo.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Gracias, señor Presidente.
Señoría, no.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Ramallo.
El señor RAMALLO GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Es lo cierto, señor Ministro, que hoy se cumplen dos meses
desde la huida del señor Roldán de la justicia española, y es
lo cierto también que cada día estamos viendo noticias,
incluso en la agencia oficial, en la Agencia EFE, que dicen,
por ejemplo: El dinero de Luis Roldán y su segunda esposa,
Blanca Rodríguez, descubierto en una entidad bancaria suiza
durante la investigación que la justicia suiza hizo, fue
transferido a España antes de ser bloqueado. Es decir, que lo
encontrado eran las trazas del camino seguido, pero las
cuentas fueron vaciadas.
La preocupación de nuestro Grupo, señor Ministro, ha sido
expresada ya en la comparecencia que hubo el día 4 de mayo,
cuando el señor Asunción vino a dar cuenta --que no dio cuenta
de nada-- a la Comisión de Interior y Justicia sobre la huida
del señor Roldán. Posteriormente, en la comparecencia ante
este mismo Pleno, en una sesión de control similar a esta, el
señor Serra tampoco contestó a la pregunta que usted hoy ha
contestado; al menos ha contestado algo, aunque sea no y eso
ya es de agradecer.
Es cierto que nosotros estamos hablando de noticias de prensa,
pero no es menos cierto que en una de esas noticias de prensa
se origina todo aquello que dio lugar a que el señor Roldán
esté hoy huido de la justicia y también que el propio
Ministro, señor Rubalcaba, diga hoy que se ha enterado después
de lo que ocurrió, que todos ustedes se enteraron después.
Nosotros preguntamos si en algún momento, por parte del
Gobierno, se remitieron en tiempo oportuno los datos en su
poder al Fiscal General del Estado para pedir a la autoridad
judicial que adoptara las medidas cautelares oportunas sobre
el patrimonio del señor Roldán (que más que patrimonio del
señor Roldán es patrimonio de todos, porque parece que viene
de dinero de todos los españoles), y si en su momento se
interesó el Fiscal General del Estado para que por la
autoridad judicial se tomaran esas medidas precautorias.
Con el riesgo, señor Ministro, de que hoy me declare usted no
cómplice, sino a lo mejor socio en los negocios
que tiene el señor Roldán, me he atrevido a hacer esta
pregunta. Espero de su generosidad que hoy usted me considere
una persona normal y no un delincuente como el señor Roldán.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ramallo.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Gracias, señor Presidente.
La verdad es que nunca le he considerado delincuente; le dije
que era cómplice objetivo de la estrategia de un presunto
delincuente, constará en el «Diario de Sesiones», y eso no
significa que le acusara de delincuencia, lo cual jamás
pasaría por mi imaginación.
Realmente, veo que las preguntas las formulan por formular,
porque después se habla de una cosa completamente distinta de
la inicialmente planteada. ¿Por qué le he dicho no? Por
razones obvias, por razones que usted conoce tan bien como
cualquier miembro de esta Cámara, porque resulta que un juez
de instrucción ha ordenado secretas las diligencias
sumariales. A partir de ahí, preguntar algo que si confirmo o
desmiento significa pura y simplemente vulnerar el secreto
acordado por un juez en diligencias, es una pregunta de la que
obviamente usted ya sabía la respuesta.
No puedo decir nada porque, desde luego, independientemente de
que se produzcan filtraciones de supuestas noticias cuya
veracidad o falsedad en modo alguno puedo ni debo confirmar,
lo que es evidente es que el Gobierno de la nación y su
Ministro de Justicia e Interior en ningún caso puede ni va a
vulnerar lo que un juez ha ordenado, que es el carácter
secreto de las diligencias sumariales. Nada más. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON MARIANO RAJOY BREY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON
LAS RAZONES OBJETIVAS QUE HAN ACONSEJADO EL NOMBRAMIENTO COMO
DELEGADO DEL GOBIERNO EN LA REGION DE MURCIA DE DON EUGENIO
FARACO MUNUERA? (Número de expediente 180/000617)
El señor PRESIDENTE: Pregunta nueva del señor Rajoy, que tiene
la palabra.
El señor RAJOY BREY: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, el Ministro de la Presidencia olvidó incluir
en la referencia del último Consejo de Ministros, el
currículum del nuevo Delegado del Gobierno en la Comunidad de
Murcia, lo que no ha ocurrido en el caso del nuevo Secretario
General de Justicia, o del Secretario General Técnico del
mismo Ministerio, o del Director General de Codificación, cuya
trayectoria política, administrativa y profesional,
relacionadas con la materia de que se van a hacer cargo,
aparecen muy bien recogidas.
En el caso del Delegado del Gobierno de Murcia sólo se dice
que es estomatólogo y que participó en congresos de la
Federación Dental Internacional. Es por ello que le pido una
ampliación de la referencia del Consejo de Ministros y los
criterios objetivos que motivaron el nombramiento de dicho
Delegado del Gobierno.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rajoy.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Gracias, señor Presidente.
De hecho tengo aquí el currículum y con mucho gusto al final
de la sesión, porque no va a dar tiempo de leerlo en la
contestación, se lo entrego. Con carácter general le diré lo
que me parece más obvio.
Razones objetivas ¿desde qué punto de vista? ¿Es un
nombramiento reglado el de Delegado de Gobierno? ¿A qué alude
usted con objetivas?
En principio, los cargos políticos de confianza se designan
por tres motivos, siempre de apreciación subjetiva,
evidentemente, de quien los designa: su capacidad, su mérito y
que efectivamente sea una persona que goce de la confianza del
Gobierno. Y esas tres características concurren en el Delegado
designado. (Fuertes rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
¡Silencio, señorías!
Tiene la palabra el señor Rajoy.
El señor RAJOY BREY: Gracias por su respuesta, señor Ministro.
Le agradeceré no sólo que me dé el currículum del nuevo
Delegado del Gobierno, sino que se incluya, como ocurre con
otros cargos, en la referencia del Consejo de Ministros.
En cualquier caso, soy plenamente consciente de que ustedes
pueden nombrar a quien estimen oportuno y conveniente. Han
hecho nombramientos, incluso de delegados del Gobierno, de los
cuales no creo que puedan sentirse especialmente orgullosos.
Pero yo pienso que dirigir la Administración del Estado en una
comunidad autónoma y coordinarla con la propia de la comunidad
autónoma requiere una cierta experiencia política, un
conocimiento de la Administración, algún tipo de currículum y
algún mérito. Por eso creí yo que el señor Pérez Rubalcaba se
había olvidado de incluirlo en la referencia del Consejo de
Ministros, pero parece
que no hay otra razón y, por tanto, tendremos que hacer
cábalas sobre este asunto y habrá que pensar que estamos en el
nuevo cupo que ustedes han inventado, que es el de los
profesionales, eso sí, parece que con conocimiento sobrado de
causa por parte de importantísimos miembros de su Gobierno. En
cualquier caso, tengo que decirle, con absoluta franqueza, que
prefiero los currículum de las otras personas nombradas en el
mismo Consejo de Ministros, que todo esto afecta y mucho a la
credibilidad del Gobierno, que no dice nada en favor del
prestigio del mismo y que no me parece muy serio que un cargo
como el de delegado del Gobierno se nombre, lisa y llanamente,
por la razón de confianza --en este caso y mientras no se
demuestre lo contrario-- personal y en absoluto relacionado
con la política, como se ha hecho aquí. (Aplausos en los
bancos del Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rajoy.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Con
la venia del señor Presidente trataré de darle algunos de los
datos del currículum que después le entregaré, pero antes
quisiera hacer una observación.
Efectivamente, se trata de una persona que fundamentalmente no
ha tenido cargos políticos institucionales. Yo tampoco cuando
fui designado Ministro. (Rumores en los bancos del Grupo
Popular.) Fue mi primer cargo político, con el cual, sin
embargo, me honraron sin preguntarme por qué había sido
designado. Tal vez un día de estos lo pregunten, pero entonces
no lo consideraron oportuno. La segunda observación es que
forma parte de nuestro proyecto, precisamente, incorporar
personas de la sociedad civil con capacidad de penetración en
dicha sociedad civil. Y en el caso de la persona designada es
evidente que en la Comunidad Autónoma de Murcia es una persona
que ha estado integrado en toda clase de movimientos civiles,
movimientos de protección de la naturaleza, movimientos de
diversa índole, que podrá comprobar detalladamente cuáles son.
Pero, además, resulta que sí se ha dedicado a la política, a
diferencia del Ministro de Justicia e Interior. Lleva veinte
años dedicado a la política, veinte años. Primero, fundando la
Federación de la UGT de Sanidad (Rumores en los bancos del
Grupo Popular.), y eso es política, política sindical.
Segundo, además de eso milita en el Partido Socialista desde
hace 15 años o más (Fuertes rumores en los bancos del Grupo
Popular.--El señor Martínez Sanjuán: ¡Y a mucha honra!)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Y
participa activamente... (Fuertes rumores en los bancos del
Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Ministro.
¡Silencio, señorías!
Cuando quiera, señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Y
participa activamente como militante de un partido político.
(Fuertes rumores en los bancos del Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Tengo la sensación de que no vale la pena explicarles nada,
pero continuaré. En todo caso, repito, ha estado más de cuatro
años realizando asesoramiento absolutamente desinteresado al
Ministerio de Sanidad.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
CRITERIOS DEL GOBIERNO CON RESPECTO A LA REMODELACION DEL
MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR, EN LO QUE SE REFIERE AL
AMBITO DE INTERIOR, ASI COMO PROYECTOS EN RELACION AL MODELO
POLICIAL (Número de expediente 172/000059)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto sexto del orden del día:
interpelaciones urgentes. Interpelación del Grupo Popular
sobre criterios del Gobierno con respecto a la remodelación
del Ministerio de Justicia e Interior en lo que se refiere al
ámbito de Interior, así como proyectos en relación al modelo
policial.
Para desarrollar la interpelación, tiene la palabra el señor
Alvarez-Cascos.
El señor ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ: Con la venia, señor
Presidente. Señorías, el pasado día 16 de junio, tras una
petición de mi partido al Ministro de Justicia e Interior,
tuvimos acceso a un documento denominado nuevo modelo
policial, en el que se concreta el acuerdo entre el Gobierno
de la nación y Convergència i Unió, del que los medios de
comunicación venían dando noticias en las semanas anteriores.
(El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
Aquel día también tuvimos la oportunidad de enterarnos de que
este acuerdo venía negociándose desde hacía meses con el
Ministerio del Interior, presumiblemente tras las elecciones
generales del pasado año. El sigilo que
ha silenciado hasta ahora estas negociaciones no es criticable
si se entiende que la definición de un nuevo modelo policial
para toda España es sólo una cuestión de oportunidad que en el
marco de la reciprocidad de los apoyos que Convergència i Unió
presta al Partido Socialista para garantizar la estabilidad
del Gobierno de Felipe González sólo afecta al interés del
partido o partidos que pactan. Pero aquellos que damos a la
seguridad pública el rango de cuestión de Estado y que en
nuestro papel de oposición brindamos al Gobierno un
tratamiento especial a estos asuntos, nos hemos visto
desfavorablemente sorprendidos y deploramos profundamente el
sesgo partidista con el que se está gestando el llamado nuevo
modelo policial.
El Grupo Popular reitera que la importancia de la seguridad
pública, en tanto que deber constitucional y, por tanto,
irrenunciable del Gobierno para proteger los derechos y
libertades de los ciudadanos españoles, no puede ser devaluada
retirándola de la lista de asuntos que dan sentido y fuerza a
una idea del Estado, ni siquiera para inyectar solidez
parlamentaria a un gobierno débil. Una vez más, en la balanza
de Felipe González se demuestra que pesan más sus necesidades
políticas, personales y de partido que sus virtudes para velar
por el interés nacional.
Ese interés nacional y esa idea del Estado reclaman y exigen
también que la seguridad pública, en tanto que encuentro de
esferas de competencia de todas las administraciones públicas,
no se convierta en un nuevo motivo de confrontación o de
discriminación entre comunidades autónomas, pero esta
trascendente apreciación tampoco merece ser tenida en cuenta
por el Gobierno de Felipe González, que, mientras discute y
acuerda un nuevo modelo policial para Cataluña, le ofrece al
resto de las comunidades autónomas tan sólo el derecho a
importarlo, sin retoques, siguiendo la gráfica expresión de
modelo exportable acuñada por el propio Ministro de Justicia e
Interior, señor Belloch. En resumen, el nuevo modelo policial
se ha concebido mal, y el método seguido también resulta
improcedente. La cuestión planteada en torno al nuevo modelo
policial, señor Ministro, no es de transferencia del Estado a
las comunidades autónomas propia de negociación bilateral,
casi siempre subterránea, sino de modificación o no de la Ley
de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o, en su caso, de
la muy difícil y problemática modificación de un estatuto de
autonomía del artículo 151 de la Constitución. Por ello es
cuestión de fondo y no de forma el hecho de que el tema se
haya planteado por diálogo político entre el Gobierno y una
sola comunidad autónoma y se haya debatido o este camino de
ser debatido en el marco de la Comisión Delegada del Gobierno
para Asuntos Autonómicos. El significado de esta afirmación
tiene, por ejemplo, expresiones muy concretas, y es que, a
juicio de mi grupo, no pueden repartirse los tipos de delitos
en un acuerdo entre el Gobierno y una comunidad autónoma,
porque, señor Ministro, si hubiera lugar a dicho reparto,
éste, evidentemente, tendría que ser de carácter nacional,
para no introducir peculiaridades sobre las competencias en
cada tipo de delito en cada una de las diecisiete comunidades
autónomas. Si entramos en la cuestión de fondo acerca de las
ventajas del nuevo modelo para que las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado cumplan con más eficacia las misiones que
tienen encomendadas, hemos de resaltar que el anterior modelo
no ha podido demostrar sus posibilidades porque el Gobierno no
ha sido capaz de desarrollarlo desde su definición en 1986 en
la vigente Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Normas tales como los reglamentos orgánicos y de servicios y
los decretos de plantillas del Cuerpo Nacional de Policía y de
la Guardia Civil aún están pendientes. ¿Cómo es posible, en
estas condiciones, plantear un nuevo modelo policial que
suponga un esfuerzo de perfeccionamiento de algo que no está
concretado ni ultimado? ¿Cómo sabremos adónde se quiere llegar
si no se conoce el punto de partida para establecer
comparaciones y cambios que supongan una mejora?
Por otra parte, si un nuevo modelo policial debe estar
presidido por la búsqueda de eficacia y de operatividad de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, hay que dar
respuesta a criterios objetivos para que puedan ser medidas.
La estructura de los efectivos que tienen actualmente las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado debe ser utilizada,
en función de esa eficacia, tanto desde el punto de vista de
la prevención, evitando la actividad delictiva, como desde el
punto de vista de la represión cuando la prevención no ha sido
suficientemente efectiva.
La eficacia preventiva, señor Ministro, se consigue mediante
una adecuada distribución de los medios humanos y técnicos,
formando una malla tupida y próxima al ciudadano que impide
que aumente la criminalidad. Cuanto menor sea la presencia de
estos medios en la calle, mayores serán los índices de
delincuencia. Entra entonces la faceta de la investigación y
la represión. Cuanto más perfecto sea el sistema de
prevención, menos necesaria será la represión, y esto influye
en la faceta posterior de la Administración de Justicia.
Lo primero a diseñar, pues, en un nuevo modelo ha de ser la
distribución de medios en función de las necesidades. Hay que
dimensionar qué número de personas es necesario y, en función
de ello, hay que dimensionar cuántas se dedicarán a la
prevención y cuántas a la represión o investigación.
Posteriormente, hay que formarlas y prepararlas adecuadamente.
La filosofía principal del modelo policial debe ser decidir si
queremos una polícia preventiva o una policía represiva o en
qué porcentaje combinamos ambas funciones. Esta pregunta,
señor Ministro, queda sin contestar
en el acuerdo político sobre el nuevo modelo policial, ni
siquiera para el ámbito territorial de Cataluña. ¿Cómo pueden
entender los ciudadanos españoles las ventajas del nuevo
modelo?
En cuanto a la Policía Judicial, el acuerdo mencionado
atribuye esta función a la Generalidad del Cataluña en
términos, cuando menos, de equiparación al Estado, quebrando
una concepción unitaria del Poder Judicial, tal como la
Constitución proyecta; primero, en el ejercicio de su gobierno
por un órgano único, que es el Consejo General del Poder
Judicial; segundo, en la integración de los jueces y
magistrados en un cuerpo único; tercero, en el reconocimiento
de la competencia plena del Estado en la Administración de
Justicia. Si la mejor coordinación para ganar en operatividad
y eficacia es una estructura bien organizada, debe reconocerse
que el paso que se da con la Policía Judicial avanza en la
dirección contraria a la que aconsejan el sentido común y la
experiencia. Y como envolvente de esta falta de modelo hacia
el que se pretende avanzar, resulta que, en el texto del
acuerdo que el propio Ministro de Justicia e Interior nos ha
facilitado, existe una clamorosa omisión a las competencias
constitucionales en materia de seguridad pública, atribuidas
de modo exclusivo al Estado en el artículo 149 de la
Constitución, y a la misión de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, bajo la dependencia del Gobierno, para
proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y
garantizar la seguridad ciudadana, tal como establece el
artículo 104.1 de la Constitución. ¿Qué significa esta
omisión, señor Ministro? ¿Cree el Gobierno que las
competencias antes citadas sean compartibles, ejercibles o
delegables en las policías autonómicas? ¿Pueden ser
renunciables --recalco: ¿pueden ser renunciables?-- por parte
del Estado?
Otro factor a destacar del documento es que en el período de
transición previsto se habla de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado y, por tanto, se refiere con el mismo rango tanto
al Cuerpo Nacional de Policía como a la Guardia Civil. Sin
embargo, estamos ante dos cuerpos de naturaleza diferente, el
primero civil y el segundo militar. ¿Quiere decirse con ello,
señor Ministro, que se acepta sin más que la Generalidad puede
asumir también las funciones de índole militar que desarrolla
la Guardia Civil en Cataluña?
Finalmente, el nuevo modelo policial se ha gestado en el peor
momento político del Ministerio del Interior. Resulta, cuando
menos, paradójico contemplar cómo, mientras el Gobierno aborda
la difícil y trascendental tarea de llevar a cabo una
modificación del modelo policial español, transfiriendo a una
comunidad autónoma el mando de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, redistribuyendo las competencias
asignadas por vía constitucional en detrimento de las que son
exclusivas del Estado, provocando agravios comparativos con el
resto de las comunidades autónomas, resulta, digo, paradójico
que acometa dicha empresa sin haber sido aún capaz de poner en
orden el Ministerio del Interior. El aluvión de cambios, ceses
y nombramientos realizados en este Departamento durante los
últimos seis meses ha provocado tal desorganización interna en
el ministerio que resulta difícil de entender la pretensión de
modificar simultáneamente el modelo policial sin haber
concluido dicha remodelación. Hago gracia a SS.SS. de la
cadena de ceses y nombramientos que se inició con la dimisión
del señor Corcuera el 22 de noviembre de 1993.
El 29 de abril último dimite el Ministro señor Asunción por su
pasividad ante la fuga del ex Director General de la Guardia
Civil. El problema que genera su cese al frente del
departamento de Interior se resuelve por el señor González
mediante la unificación de este Ministerio con el de Justicia.
Inmediatamente después, se produce la dimisión del señor
Garzón, que deja sin justificación toda la reestructuración
realizada en los cinco meses anteriores y el nuevo Ministro
acomete una nueva reorganización mediante un baile de cargos y
de órganos que en tan breve espacio de tiempo convierten el
área de Interior en un verdadero caos, fruto de la anarquía
reinante entre sus rectores. Lógicamente, las consecuencias de
la falta de solidez del Ministerio no se han hecho esperar y
hemos tenido que asistir a declaraciones contradictorias en
materia de terrorismo que pretendían convertir un tema de
Estado en una cuestión de partido al margen de los pactos de
Ajuria Enea o al desánimo y descontento reinante en las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que observan con
estupor los cambios producidos en el Departamento y sufren las
consecuencias de la falta de previsión del Gobierno, o a las
contradicciones derivadas de la reciente unificación de los
Departamentos de Justicia e Interior y cuyos resultados no se
han hecho esperar, como lo demuestra la investigación iniciada
contra guardias civiles, sin precedentes que practicaron las
detenciones en Usurbil, dando la razón a quienes han
calificado la situación de esquizofrénica. Y es que tanto la
forma de plantear una modificación del modelo policial como la
situación del Departamento de Interior responden a una nota
común: la improvisación, señor Ministro.
Para terminar, señor Presidente, señorías, permítanme destacar
el aspecto más asombroso del documento, sobre el que también
necesitamos conocer el criterio del Gobierno que lo ha
acordado. El período de transición que se establece en su
apartado 4.º, tal como está redactado, no es otra cosa que la
puesta en marcha del nuevo modelo antes de las obligadas
reformas legislativas. En efecto, en el documento que el
propio señor Ministro nos ha facilitado se afirma expresamente
que se estudiarán fórmulas que en el marco de la legalidad
vigente permitan a la Generalitat de Cataluña ejercer
sus competencias también a través de las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado.
Si partimos de la consideración de que dentro de la legalidad
vigente no es posible un modelo como el planteado, es evidente
que estamos ante una modificación de hecho de esa legalidad.
¿Más claro?: que el Gobierno intenta superar la legalidad
vigente sin modificar las normas y, por tanto, señor Ministro,
siento decírselo, violándolas.
Esta idea se refuerza más adelante cuando en este documento se
afirma literalmente que, en tanto no se establezca por ley el
régimen definitivo de coordinación y cooperación, se
constituirá una sala central de coordinación operativa
intercuerpos, de actuaciones y sistemas de información y las
territoriales que se determinen.
Se da por hecho, por tanto: a), la puesta en marcha del
modelo; b), su situación de ilegalidad, por cuanto el
documento asume que la ley no tiene previsto ese mecanismo. No
obstante, se crea.
Señorías, ¿no sería más adecuado, antes de impulsar reforma
alguna, remitir a las Cortes Generales las oportunas
modificaciones legislativas y abrir el correspondiente debate
parlamentario sobre dicho modelo?
Señor Ministro, si ustedes quieren hacer política de partido
con la seguridad pública, si quieren aumentar los agravios
entre comunidades autónomas, si quieren aumentar la
inoperancia y el desaliento de las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado, si quieren ceder o delegar competencias
del Estado bajo fórmulas discutibles, sepan que desde hoy
queda constancia parlamentaria de que la oposición ha cumplido
con su deber de advertirles de sus equivocaciones y de
criticarles constructivamente sus errores. Pero sepan también,
señorías, señor Ministro, que con el interés nacional no se
puede cometer desafueros ni desprecios al Parlamento.
Desafueros y desprecios tales como el que supondría iniciar la
aplicación de su mal llamado nuevo modelo policial al margen
de la legalidad vigente.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.--Varios señores
diputados: ¡Muy bien!)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para contestar, en
nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de
Justicia e Interior.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Gracias, señor Presidente.
En primer término, quiero dejar constancia de que es difícil
discutir, dado el planteamiento que se realiza en la
intervención preliminar, por un hecho bastante evidente: el
documento. Con ocasión de la visita efectivamente del señor
Alvarez-Cascos y otros dos miembros del Partido Popular
solicitando información, me pareció oportuno, a un partido
político como el Partido Popular que me pedía información,
dársela, como lo hubiera hecho con cualquier otro grupo
parlamentario que me lo hubiera solicitado, pero le di la
información de uno de los momentos determinados del proceso. Y
el pequeño problema es que toda la crítica que ha intentado
realizar el señor Alvarez-Cascos parte de algo que no existe.
(Rumores.) A partir de ahí, es un poco complicado poder
rebatir sus argumentos (Continúan los rumores.), por la simple
razón de que también le indiqué al señor Alvarez-Cascos que
ese documento iba a ir a la correspondiente comisión
autonómica para su aprobación o no aprobación, como
indudablemente recordará el señor Alvarez-Cascos y los que le
acompañaban. Es más: después de esa reunión le comuniqué
específicamente que se había decidido separar de manera clara
y determinante, por un lado, los temas afectantes al modelo
policial y, por otro, los problemas relativos a la lectura del
precepto estatutario, relativo a la policía autonómica. En
comisión autonómica solamente íbamos, en su caso, a aprobar
precisamente lo relativo a la interpretación y aplicación del
artículo correspondiente del Estatuto de Autonomía de
Cataluña, mientras que el tema del modelo policial,
efectivamente quedaba fuera del margen de esa mesa concreta de
discusión.
En consecuencia, todo lo que ha dicho el señor Alvarez-Cascos,
que yo agradezco, tiene el pequeño inconveniente de que ya no
sirve porque el momento actual no tiene nada que ver con el
momento en el que, efectivamente, yo le proporcioné esa
información.
La verdad es que, ciertamente, yo no esperaba que esa
información fuera después utilizada para realizar una
interpelación parlamentaria. Es un peculiar concepto de la
información el que utiliza el señor Alvarez-Cascos, del que
tomo nota. (El señor Puche Rodríguez-Acosta: Toma nota ¿de
qué?--Fuertes protestas.--Rumores.) En cualquier caso... (El
señor Ramírez González: ¿Qué es esto?--Un señor Diputado:
¡Chulo!)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡Silencio, señorías!
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Sí,
estoy en el Parlamento, aunque la gente diga chulo e insulte;
estoy en el Parlamento, efectivamente. (El señor Ramírez
González: ¿De qué?--Un señor Diputado socialista: ¡Desde
luego, así nos va!--Protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡Silencio, señorías!
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Efectivamente, he dicho y sostengo que tomo nota. (Protestas.)
Aprovecho, sin embargo, para informar --y ese es el aspecto
positivo que agradezco-- sobre lo que he dicho
antes: que, efectivamente, en la comisión autonómica se adoptó
el criterio de separar los dos temas: el del modelo policial,
que debe tener su discusión en un marco parlamentario general,
tal como dice el señor Alvarez-Cascos, y la lectura concreta
del artículo del Estatuto de Autonomía, que es lo que debe
aprobarse en su día en el marco de la comisión autonómica y,
finalmente, en su caso, por el Gobierno de la nación.
En segundo lugar, lo único que se acordó en la comisión
autonómica fue abrir una comisión negociadora --y aprovecho
también para comunicarlo-- integrada por cuatro personas de la
Administración central y cuatro del Gobierno de la
Generalitat, que, ya puedo anticipar, la va a presidir, por
parte de la Administración, la Secretaria de Estado de
Interior y otros tres integrantes y, por parte de la
Generalitat, quienes se designen, a fin de empezar a trabajar
sobre el tema de la lectura, interpretación y aplicación del
precepto del Estatuto de Autonomía de Cataluña relativo a su
policía.
Ese es el estado de la cuestión. Luego yo creo que mi
respuesta en parte le va a tranquilizar al señor Alvarez-
Cascos y sí que se corresponde con la realidad actual y no con
la realidad a que hacía referencia ese documento. Aclarado ese
extremo, no voy a entrar, ni mucho menos, en describir cuál va
a ser el modelo policial futuro, por muchas razones: porque,
entre otras cosas, se ha creado un gabinete con rango de
subdirección general en esta reestructuración, cuya finalidad
central es precisamente la de estudiar el modelo policial;
porque, efectivamente, proponer, en su caso, modificaciones
sobre el modelo policial es algo --de nuevo comparto la
opinión del señor Alvarez-Cascos-- profundamente difícil,
profundamente complicado, profundamente importante, y vamos a
tratar de hacerlo con el rigor, la seriedad, la calma y la
participación de los grupos parlamentarios que así lo deseen
para llevar a cabo las reformas de ese modelo policial.
Yo personalmente tengo un modelo policial y del mismo hablé al
señor Alvarez-Cascos en esa entrevista, pero eso no es más que
mi opinión. A partir de ahora hay que realizar un trabajo
serio, sólido, con la intervención y la colaboración de todos,
para ver si es procedente adaptar nuestro modelo policial,
como yo creo, a la estructura autonómica del Estado y en qué
términos y en qué condiciones.
Desde luego, lo que nadie puede criticar, o al menos así lo
veo yo, es que la Administración central y la Generalitat
entren en conversaciones, que se van a iniciar la semana que
viene --yo creo--, conversaciones formales para hacer una
lectura conjunta y común del artículo correspondiente del
Estatuto de Autonomía. Para eso, sinceramente, no tenemos que
pedir permiso a nadie. (El señor Martínez-Villaseñor García:
¿Ni a las Cortes?)
En cuanto al resto de la interpelación, trataré de contestar a
lo que realmente decía el resto de la propuesta, que es la
supuesta situación en la que se encuentra el Ministerio de
Justicia e Interior.
Empezaré aludiendo a un hecho bastante claro, que es casi el
refrán de que cada cual ve las cosas de acuerdo con su propia
opción, lo que, traducido al refranero, aparece como que todo
depende del color del cristal con que se mira. Ustedes,
efectivamente, tienen todo el derecho del mundo a ver las
cosas desde la óptica, desde el cristal partidista que ustedes
representan. Sin duda alguna, y nadie se lo puede reprochar.
Lo que ocurre es que esa óptica les obliga a decir que las
cosas están mal. Es una consecuencia lógica a partir de su
propio planteamiento estratégico. No tienen más remedio,
puesto que siguen insistiendo, y curiosamente creyéndose, que
va a haber elecciones generales anticipadas. No tienen más
remedio que seguir opinando que todo va mal, porque si
realmente ése no fuera el análisis, sería difícil sostener la
situación en la que, en su lectura, se haría inevitable ese
proceso de anticipación de elecciones. Desde esa óptica no
tienen más remedio que ver todas las cosas mal. Ese es su
cristal. Yo diría que es más bien un espejo valleinclanesco
que les devuelve grotesca la realidad. (Protestas.) Pero, en
fin, tienen pleno derecho a ver así las cosas. De hecho
también ven mal la economía, lo cual es francamente curioso.
(Protestas.--Risas.) Les disgusta, y es inevitable desde su
opción estratégica, que la economía vaya bien, incluso mejor
de lo que preveíamos. (Protestas.--El señor Aguiriano Forniés:
Cuanto peor, mejor.) Efectivamente, ustedes están obligados a
ver que todo funciona mal, porque si no funcionara mal,
insisto, no podrían seguir sosteniendo su opción estratégica.
De ahí que frecuentemente mantengan posturas de pedir
dimisiones. (Fuertes protestas.--El señor Aguiriano Forniés:
¡Venga ya, pesados!) Es un poco difícil contestar, señor
Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡Silencio, señorías,
por favor!
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Gracias. Lo único discutible de todo lo que realizan ustedes
es cuando en ocasiones confunden su opción partidista con los
intereses generales, con la sociedad en su conjunto, con
España. Eso ya es más discutible. En todo lo demás tienen
ustedes toda la razón. Desde su estrategia lo tienen que
encontrar todo mal y son rigurosamente coherentes en el
seguimiento de esa estrategia. También desde aquí podríamos
tener la tentación contraria y pretender que nosotros
representamos también a España en su conjunto, los intereses
globales, el bien del país. No. Yo me voy a limitar a algo
bastante más objetivo, creo yo. El Gobierno no ve así las
cosas, el Grupo parlamentario Socialista no ve como ustedes
las cosas, la mayoría
parlamentaria de esta Cámara no ve como ustedes las cosas. Y
mientras eso no cambie, no tienen ninguna posibilidad de tener
éxito en su equivocada estrategia. (El señor Pascual Monzo:
¿Quién ha ganado las elecciones?--Un Diputado socialista: En
las generales, nosotros.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡Silencio, señorías!
(Rumores.--Protestas.) ¡Señor Pascual! (Siguen las protestas.)
¡Señor Pascual! ¡Señor Hernández-Sito!
El señor HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO: ¿Es que hablo yo?
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Usted habla y, además,
con el tono demasiado elevado. (Rumores.)
¡Silencio, por favor!
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Muchas gracias, Presidente.
En todo caso, voy a tratar de exponer los hechos desde la
óptica del Gobierno. La óptica del Gobierno es la siguiente.
La creación del Ministerio se produce el 5 de mayo. El 13 de
mayo, ocho días después, están ya designadas las Secretarías
de Estado de Interior y de Justicia y la Subsecretaría como
órgano de coordinación del conjunto de Secretarías de Estado y
de homogeneización de prácticas políticas. El día 20 de junio
está aprobado el Decreto de estructura básica del Ministerio,
fruto de un trabajo intenso de los técnicos y, sobre todo,
fruto de una decidida actitud política de llevar a cabo este
proceso de fusión de una manera rápida, acelerada y eficaz.
Lo cierto es que, aunque ustedes lo vean de otro modo, las
cosas funcionan muy bien. (Grandes risas.) ¡Que le vamos a
hacer! Me alegran que puedan ustedes reírse; eso está bien.
(Rumores.)
Señor Presidente, ¿esto es normal?
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Es el Presidente,
señor Ministro, el encargado de mantener el orden en la
Cámara. Usted conteste a la interpelación. (Continúan los
rumores.)
¡Silencio señorías, por favor!
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Vamos a hacer referencia a datos concretos, a datos de hecho,
no a opiniones o a valoraciones. Desde el día 5 de mayo hasta
la fecha de hoy ha habido resultados absolutamente importantes
en todas las áreas fundamentales de la Secretaría de Estado de
Interior.
Primero, no creo que les deba recordar que se han desarrollado
las elecciones europeas del 12 de junio, que fueron
organizadas precisamente por las unidades de la Secretaría de
Estado de Interior y creo que correctamente, me reconocerán
SS.SS.
En la prioridad esencial que para el Ministerio y
concretamente para la Secretaría de Estado de Interior
constituye el terrorismo, no podía ser más fructífero ni
eficaz este período de tiempo. Lo ha sido desde muy diversas
ópticas.
En primer lugar, se ha producido el cambio de criterio en la
jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales franceses sobre
cuál es el sentido de las asociaciones de malhechores. Mi
primer viaje fuera de España fue precisamente para hablar con
el Ministro Pasqua. La colaboración con Francia ya era
positiva. Se ha intensificado todavía más. Se han establecido
mecanismos de colaboración más precisa y directa. En días
posteriores a esta visita se produjo la entrega del presunto
miembro de ETA José Domingo Aizpurua y dos importantísimas
operaciones policiales los días 7 y 14, con resultado de la
detención de más de 13 personas que podrían estar relacionadas
con ETA.
El buen trabajo de la Policía y la Guardia Civil durante el
último mes y medio ha permitido desactivar explosivos en San
Sebastián, Portugalete, Amurrio, Bilbao y Gernika; localizar
dos zulos de ETA, uno del GRAPO con diversas armas y
explosivos y detener al presunto miembro del GRAPO Angel Luis
Bravo Clarel. Por cierto, la Ertzaina hoy ha localizado un
zulo por lo que desde aquí quiero expresarle mi felicitación.
El 3 de junio fueron detenidas cuatro personas sospechosas de
colaboración con comandos de ETA en Pasajes, Fuenterrabía y
Vera. Los días 5 y 6 de junio fueron detenidas 13 personas,
relacionadas con ETA, del Comando Kiruli y desmantelada parte
de la infraestructura del Comando Donosti.
En conclusión, en mes y medio y tras la detención de Jesús
María Ariz Bastarrica, la cifra de detenidos ha sido de 24 en
España y 13 en Francia. También se puede repasar área por área
(Un señor Diputado del Grupo Popular: ¡No, no!) Lo siento.
Veamos, por ejemplo, la relativa a la lucha contra la droga.
Entre los días 5 y 27 de junio la Secretaría de Estado ha
coordinado operaciones que suponen concretamente la
incautación de más de 24 toneladas de hachís, 400 kilos de
cocaína y 154 de heroína, además de una operación muy
conocida, de la que, por cierto, sólo lamento el nombre, no me
parece adecuado que se usen toponímicos para operaciones
policiales de este tipo. El día 23 de junio y gracias al
resultado de un trabajo conjunto, coordinado por la Secretaría
de Estado del Plan Nacional, en el que han participado la
Fiscalía Especial, la Unidad de Policía Judicial adscrita a la
Fiscalía, los servicios centrales y periféricos de la Policía
y la Guardia Civil bajo la dirección del Juzgado Central
correspondiente, ha realizado una operación cuya importancia
me parece tan evidente que no es preciso
subrayarlo. (La señora De Palacio Valle-Lersundi: ¡Si estamos
en otra cosa!) No, señoría, estamos en que dicen que se
produce un clima de caos e inoperancia. Esa es la tesis de la
interpelación y digo que exactamente lo contrario; que están
funcionando perfectamente todos y cada uno de los servicios
policiales de la Secretaría de Estado de Interior y,
simplemente, en vez de opinar, les doy cifras, hechos,
resultados. (El señor Martínez-Villaseñor García: Cíñase a la
cuestión.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro, vaya
concluyendo.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Muchas gracias. Además, se han producido cambios estructurales
de una evidente importancia. Se ha logrado algo que constituye
un modelo --lo comentábamos con ocasión de una pregunta
parlamentaria-- inevitable en Derecho comparado, como es la
centralización de la información en la Comisaría General de
Información, la separación de los aspectos operativos a través
de la Comisaría General de Policía Judicial, la creación de
unidades y brigadas de régimen interior, tanto en el ámbito de
la Policía como de la Guardia Civil, y todo ello en un período
de tiempo francamente breve, habiéndose ultimado ya, a estas
alturas, la práctica totalidad de renovaciones en ambos
ministerios, y sin pérdida de eficacia del Ministerio de
Justicia e Interior.
En consecuencia, respecto al modelo policial --y voy
resumiendo dado que me dice el señor Presidente que he agotado
el tiempo-- se ha creado un gabinete específico con la
finalidad de estudiar dicho modelo y en él se invitará al
conjunto de los grupos parlamentarios --aquellos que lo
deseen-- a discutir y a participar en el proceso de
elaboración del mismo.
En segundo lugar, respecto a la lectura e interpretación
conjunta del artículo correspondiente del Estatuto de
Autonomía de Cataluña en relación con la policía autonómica,
se ha creado una comisión paritaria para estudiar dicho tema y
cuando en su día se llegue a unas conclusiones éstas se
llevarán a la Comisión autonómica, de ésta al Gobierno y de
éste al Gobierno de la Generalitat. Esta comisión empezará a
funcionar la semana que viene.
En tercer lugar, no existe ni caos ni inoperancia ni
ineficacia ni lentitud en la operación de estructuración de
ambos ministerios, sino que, por el contrario, se ha logrado
realizar en un tiempo récord y manteniendo la absoluta
efectividad y eficacia de todos y cada uno de los servicios de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Nada más. Gracias. (Rumores y protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para un turno de
réplica tiene la palabra el señor Alvarez-Cascos.
El señor ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ: Señor Presidente, señorías,
señor Ministro, no voy a corresponder a su amenaza de que toma
nota del uso de la información que hace el Grupo Parlamentario
Popular (El señor Lago Freire: No se oye bien.), devolviéndole
una actitud de desprecio hacia la información que el Grupo
recibe cuando acude al despacho del Ministro del Gobierno,
porque vamos a seguir dándole toda la importancia y
trascendencia política que cualquier persona que forme parte
del Gobierno ostenta en virtud de su propio cargo. Por tanto,
usted le puede dar la importancia que quiera al uso de la
información que hace el Grupo Popular. Nosotros vamos a
mantener exactamente el mismo criterio que antes de acudir a
su despacho el pasado día 16 de junio. (Varios señores
Diputados desde los bancos del Grupo Popular: ¡Muy bien!)
Usted nos pidió confidencialidad con el documento que nos
entregó, que, por cierto, ahora que dice usted que no tiene
ninguna validez, este no es un documento como las cartas del
prófugo (Risas.), que por lo visto no sirven porque son de un
prófugo. Este es un documento entregado por un Ministro al
Grupo Popular que tiene como membrete el Departamento de
Gobernación de la Generalitat de Cataluña (Risas.) Es un
documento muy serio, señor Ministro, que aquella misma tarde
circulaba por los escaños del Parlamento y por las tribunas de
prensa, y no como consecuencia de ninguna filtración del Grupo
Popular, cuyo único ejemplar estaba debidamente custodiado
(Rumores.), y se lo hemos dicho, señor Ministro. Por tanto,
pretender que nosotros no hagamos uso de una información que
por otras fuentes circulaba en la Cámara me parece que es algo
que el señor Ministro no debe, ni siquiera, plantear al Grupo
Parlamentario Popular.
En todo caso, señor Ministro, este es un documento acordado.
¿Entre quiénes, señor Ministro? ¿Le importa reiterarlo a la
Cámara? ¿Entre quiénes? Entre el señor Asunción --que usted
mismo heredaba-- y la representación de Convergència i Unió. Y
no hay nada inconfesable en ese acuerdo. ¿Por qué no quiere
usted reconocerlo? Este era un acuerdo vigente el día 16 de
junio. Cuando usted dice que a raíz de nuestra entrevista ha
dejado de tener validez, fíjese lo que nos está diciendo, que
somos su conciencia. (Rumores.) Sí, señor Ministro, era usted
muy inconsciente en aquel momento y nosotros le hemos aportado
consciencia. Encontramos a un Ministro atribulado y le hemos
ayudado a encontrar la luz. Fíjese hasta qué punto tiene
importancia el uso responsable de la información que ha hecho
durante esta semana el Grupo Parlamentario Popular. Como es un
documento político que tiene validez, aunque ustedes estén
cambiando los criterios, porque además usted lo presentó --y
creo que tiene plena justificación-- como un acuerdo político
importante, yo quiero insistirle, señor Ministro, en que como
representante del Gobierno diga a la Cámara si va a considerar
la seguridad pública una cuestión de partido exclusivamente
entre quienes tienen intereses de partido para sostener al
Gobierno o va a dar usted, en representación del Gobierno, la
consideración de interés de Estado a la seguridad pública,
haciendo partícipe al resto de la Cámara del debate
transparente de los asuntos que afectan a la seguridad
pública.
En segundo lugar, señor Ministro, convendría que nos dijera
si, en paralelo a las conversaciones que sobre aspectos que
afectan a las competencias policiales mantiene con una
comunidad autónoma, lo va a hacer con el resto de comunidades
autónomas que tienen situaciones de competencias en materia de
orden público y de seguridad ciudadana diferentes. ¿Va usted a
partir de este momento, en virtud del nuevo acuerdo que va a
elaborar, a dar el mismo tratamiento a las 17 comunidades
autónomas para participar en el futuro nuevo modelo? Me
gustaría, señor Ministro, que contestara a esa pregunta.
En tercer lugar, señor Ministro, es muy importante, hablando
de modelos policiales, fijar la referencia de la eficacia, y
la eficacia no es un problema subjetivo, sino objetivo. Si
usted repasa la evolución del despliegue policial a la entrada
en vigor de la Ley de 1986, por ejemplo, en Madrid, donde
había 180 coches zeta circulando, y la compara con la que hay
hoy, siete años después, sin haber culminado su modelo, en que
hay 40 coches zeta circulando por Madrid, empezará a tener
referencias subjetivas de cómo está disminuyendo la prevención
y aumentando la necesidad de represión como consecuencia de
las lagunas de su modelo. En el año 1986 había en Madrid 100
patrullas mixtas de a pie, apoyadas por coches que daban mayor
movilidad a las patrullas a pie; hoy no hay ninguna, señor
Ministro. (El señor Lago Freire: Van a caballo.) Por tanto, es
necesario que usted objetive las consecuencias de la
alternativa del modelo policial que va a elegir para saber si
usted prefiere primar, porque eso especializa a la policía, la
prevención o va usted a desasistir la prevención, como se ha
hecho estos años, y tener luego que volcar todos los efectivos
en la represión; si va a usted a desarrollar los reglamentos
pendientes mientras la legalidad vigente siga siendo la
legalidad vigente.
Nosotros, señor Ministro --se lo hemos dicho entonces y se lo
reitero ahora públicamente--, no consideramos que los modelos
policiales sean un dogma. Nada impide, señor Ministro,
concebir un cuerpo nacional de policía autonomizado y un
núcleo federal con competencias en todo el territorio
nacional. Nada impide afrontar esa concepción. Estamos
dispuestos a discutirlo, pero lo va a hacer usted aquí en este
marco, en el marco de la política nacional, no en la
trastienda de unas negociaciones políticas de interés
territorial y político de su Gobierno. (Aplausos en los bancos
del Grupo Popular.--Varios señores Diputados: ¡Muy bien!)
Señor Ministro, en relación con la policía judicial le hago el
mismo planteamiento, alejado de cualquier posición dogmática,
y le voy a leer lo que dice la vigente Ley de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado en su exposición de motivos,
que no hemos redactado desde el Grupo Popular. Dice la vigente
ley: Siguiendo el mandato constitucional, se ha procedido a
regular la adscripción funcional --como la califica la
Constitución-- respecto a jueces, tribunales y Ministerio
Fiscal, con la seguridad de que se cubrirán mejor las
necesidades en la medida en que la Policía mantenga su
estructura unitaria y su organización vinculadas a mandos
únicos. Esta es la tesis vigente. Si usted ahora considera que
es mejor dispersar la estructura de la policía judicial,
fragmentándola en unidades que afectan también a las policías
autonómicas, tendrá que explicar las razones de los cambios de
criterio sobre el modelo vigente. Eso es lo que le estamos
preguntando y me gustaría obtener respuestas, como me gustaría
obtener la respuesta concreta de si usted, como Ministro de
Interior y Justicia de este Gobierno, va a seguir insistiendo
en las referencias expresas a la competencia exclusiva del
Estado en materia de seguridad pública. Es perfectamente
compatible con cualquier otra discusión sobre competencias
compartidas o con la ejecución de dichas competencias en el
marco de los distintos modelos policiales. Me gustaría saber
si usted considera que en el marco del modelo vigente es
posible adscribir a un gobierno autonómico unidades de la
Guardia Civil. La ley vigente permite, en determinadas
condiciones, hacerlo a unidades del Cuerpo Nacional de
Policía, y así se ha hecho sin problemas en Galicia, en la
Comunidad valenciana y en Andalucía. ¿Pero usted sostiene que
es posible hacer lo mismo con unidades de la Guardia Civil, en
el marco de la legalidad vigente? Me gustaría conocer su
opinión, que es la de su Gobierno, señor Ministro. Y me
gustaría que usted nos avanzara cómo va a plantear, desde el
punto de vista de las reformas legislativas necesarias, los
debates que en materia de reforma de la Ley de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado entraña cualquier modificación
del modelo policial, y si usted va a establecer períodos de
transición con los cuales se pueda bordear la legalidad
vigente, porque en este documento hay una clara intención de
bordear la legalidad vigente, señor Ministro.
Finalmente, señor Presidente, creo, señor Ministro, que los
datos que usted nos ha aportado, que son utilísimos para
definir los niveles de eficacia policial, debería usted
ponerlos en relación con lo que esa eficacia hubiera mejorado
si, por ejemplo, la cabeza de la lucha contra la droga en
cuatro meses no hubiera tenido seis cambios: desde que se
nombró al señor Garzón, se le pasó del Ministerio de Sanidad y
Consumo al de Asuntos Sociales, de éste al de Interior,
después se le excluyó la adscripción y el mando de fuerzas
policiales,
luego se le adscribieron fuerzas policiales en la lucha contra
la droga, y finalmente presenta su dimisión. ¿Usted cree que
si la cabeza está en esta situación de cambio está ayudando a
que mejore la eficacia de las bases de los miembros de la
organización? Yo le devuelvo sus datos de otra manera. Con ese
nivel de eficacia policial en la base, si hubiera habido
seriedad en la cabeza, se hubiera multiplicado, se hubiera
duplicado el éxito y los resultados que usted nos ha
presentado.
Por eso, señor Ministro, le digo con toda sinceridad que vamos
a colaborar con ustedes, si lo consideran oportuno, en la
definición de los modelos policiales que para atender el
interés nacional y también para contribuir al desarrollo del
Estatuto de Autonomía y del Estado de las autonomías sea
preciso debatir. Pero lo vamos a hacer, señor Ministro, con
luz y taquígrafos y con transparencia, y sobre todo lo vamos a
hacer partiendo de la realidad del impulso a la legalidad
vigente y al modelo policial que todos les hemos apoyado en el
año 86. Por eso, señor Ministro, mi consejo. Mientras discuten
todas estas cosas en esas comisiones, usted, que tiene esa
responsabilidad, culmine y aproveche el modelo vigente;
culmínelo, aprovéchelo y sáquele rendimiento y entre tanto,
puesto que hemos encontrado un Ministro atribulado que ha
tomado conciencia como consecuencia de nuestras palabras, que
seguiremos reiterándole a pesar de su amenaza, señor Ministro,
yo le aconsejo la máxima ignaciana que dice que en tiempos de
tribulación no se deben hacer mudanzas.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Alvarez-Cascos. Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Gracias, señor Presidente.
De manera ya muy breve, en modo alguno es una amenaza. Es
simplemente un conocimiento de cómo un documento se puede
utilizar para una interpelación; es un dato objetivo. Ustedes
lo utilizan y el problema ha sido que hablan de cosas que hoy
no tienen virtualidad. Es un hecho simplemente. Por tanto, la
información, que considero imprescindible que tengan todos los
grupos parlamentarios y que cualquier grupo parlamentario que
la solicite la tendrá, debería mantenerse en términos de
información y no establecer criterios políticos de algo que
sólo se corresponda una fase puramente informativa. Primera
afirmación.
Segunda afirmación. Está claro que no todos los estatutos de
autonomía contemplan la posibilidad de una policía autónoma.
En consecuencia, la lectura que del artículo correspondiente
del Estatuto de Autonomía de Cataluña puede y debe hacerse no
va a coincidir, necesariamente, con la que pueda y deba
resultar de otros estatutos de autonom ia, por la simple
razón de que ni tienen la previsión de una policía propia, de
una policía autónoma, ni tienen las menciones al orden público
y otras peculiaridades que tiene el Estatuto de Autonomía de
Cataluña. Por tanto, la lectura, insisto del Estatuto de
Autonomía de Cataluña será, en todo caso, una lectura conjunta
entre el Ministerio de Justicia e Interior y el Departamento
correspondiente de la Generalitat. Si llegamos a un acuerdo
concreto, naturalmente que será público, conocido y debatido.
Entonces, las observaciones que sigan en vigor de las que haya
hecho S.S. podrán ser discutidas. En estos momentos me parece
imposible, dados los términos en que S.S. ha planteado la
interpelación, discutir cosas que ni siquiera sabemos si van a
formar parte o no del acuerdo correspondiente. Es discutir una
fase de proyecto de un documento. No me parece que eso sea
lógico ni que debiera determinar una interpelación
parlamentaria. En todo caso, sí le puedo decir alguna cosa
concreta. Efectivamente, nosotros pensamos, no por razones
jurídicas sino por razones de la estructura militar de la
Guardia Civil, que no es conveniente que se adscriban unidades
de la Guardia Civil a un gobierno de una comunidad autónoma.
No por ninguna consideración jurídica, insisto --no comparto
su preocupación--, sino simplemente por la estructura militar
de la Guardia Civil, que aconseja que se mantenga en su unidad
en el conjunto del territorio del Estado.
Respecto a los demás aspectos concretos, qué duda cabe que los
temas de policía judicial constituyen el eje central de
cualquier reforma en este campo. Pero es que, como en otras
ocasiones he tenido la oportunidad de indicar, la propia
concepción de la policía judicial no puede desvincularse nada
menos que de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
y, en su caso, del Estatuto del Ministerio Fiscal. Constituye
un bloque normativo que necesariamente debe desarrollarse de
manera conjunta. Ciertamente no se puede pretender, y nunca lo
he enunciado antes, que ese bloque normativo pueda llegar a
estar en las Cámaras antes del primer trimestre del año que
viene. Entre tanto, hay que elaborar ese proceso. Y repito mi
invitación a todos los grupos parlamentarios a esa discusión.
Es verdad que personalmente tengo en la cabeza una estructura
policial más parecida al modelo federal. Se lo dije
personalmente y lo sostengo. Creo que esa puede ser la
estructura correcta como consecuencia del desarrollo final del
modelo. Pero nada más. A partir de ahí es claro que son muchas
personas, muchas instituciones las que deben opinar. Mis
preferencias personales, señor Alvarez-Cascos, van por ir
hacia un modelo que articule de manera federal el
funcionamiento de la policía judicial. Ese es mi criterio.
Insisto en que no tiene más valor que ser mi criterio. La
modificación de un modelo policial es algo complicado,
difícil, complejo, que no se puede anticipar ni discutir sobre
hipótesis,
sino cuando realmente tengamos proyectos, actividad
prelegislativa mínimamente consolidada. A partir de ahí
podríamos discutir sobre todos y cada uno de los extremos a
que S.S. alude. Lo que yo le he querido decir, y se lo repito,
es que no me parece razonable que discutamos sobre unas
premisas tan débiles como un documento que ni siquiera está
aprobado en sede de comisión autonómica, que no es más que un
paso de un proceso determinado cara a la consecución del
acuerdo. Eso no es la forma seria de plantear los temas. Lo
lógico es esperar. Y seguro que también les parecerá mal
cuando lleguemos a un acuerdo, que seguro que llegamos, la
Generalitat y el Ministerio de Justicia e Interior sobre cómo
debe leerse el artículo correspondiente del Estatuto de
Autonomía. Pero cuando realmente lleguemos a ese acuerdo, se
publique y se sepa, su interpelación diciendo que no está de
acuerdo con esa norma, con ese criterio, con ese pacto
político, tendrá lógica. Ahora es todo jugar sobre el vacío.
Señorías, es así de claro y así de sencillo. Por eso lamento
el planteamiento global que ha realizado usted de su
interpelación, que hace prácticamente imposible una discusión
rigurosa, una discusión mínimamente solvente. Este es, en
definitiva, el problema en los términos en que S.S. lo ha
planteado.
Sí me importa dejar claro que no todos los estatutos de
autonomía tienen las mismas previsiones estatutarias a la hora
de hablar de competencias en materia policial; que,
efectivamente, el Estatuto Vasco fue desarrollado conforme a
unas determinadas premisas, que ahí están, como consecuencia
de que tenía normas específicas; que otro tanto ocurre en el
caso del Estatuto de Autonomía de Cataluña, y que ciertamente
hay diversos niveles estatutarios que deben formar parte
globalmente del modelo policial. Pero eso no tiene nada que
ver con la policía judicial, que realmente es el centro y el
tema complejo o complicado que debemos abordar en esta
legislatura, aunque, desde luego, no antes del primer
trimestre del año que viene. Eso es lo esencial de lo que le
quería comentar. Por otro lado, le aseguro que a mí me parece
importante que el Partido Popular llegara a tener la capacidad
de participar en temas de Estado en vez de mantener una
actitud de constante agresividad institucional. Ojalá
rectifiquen ustedes, ojalá reflexionen, ojalá por lo menos en
los temas de justicia e interior sean capaces, como me ha
parecido entender en sus últimas palabras, de mantener una
actitud constructiva junto con el resto de grupos
parlamentarios. Porque no dude de que, si mantienen ese
criterio, el Gobierno no tendrá el más mínimo inconveniente en
entrar en ese clima de colaboración institucional. Lo que pasa
es que los precedentes hasta ahora no son esos. Propuse en
esta misma tribuna un pacto de Estado en materia de justicia y
ustedes se han quedado solos. El resto de los grupos
parlamentarios sí que han entrado en esa política de pacto de
Estado. Los antecedentes no son demasiado esperanzadores. En
once meses no han estado ustedes de acuerdo en nada de todas
las políticas de Estado en materia de justicia que se han
ofrecido a esta Cámara, al tiempo que el resto de los grupos
parlamentarios sí que lo estaban. Me parecen unos antecedentes
francamente poco prometedores. Espero que en sus palabras se
vea propósito de la enmienda, que creo que tiene algo que ver
también con lo de la cosa jesuítica. Si fuera así, estoy
deseando que se produzca ese propósito de la enmienda y, en
ese caso, sin duda podemos empezar a colaborar en ese pacto de
Estado que debería incluir no sólo materias de justicia sino
también materias de interior. Nada más. Muchas gracias.
(Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición en este
debate? (Pausa.) Por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora
Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Intervengo brevemente para fijar la posición de Esquerra
Republicana de Cataluña en esta interpelación urgente del
Partido Popular. En primer lugar, Esquerra Republicana es uno
de los partidos que ha criticado el secretismo que ha rodeado
las negociaciones entre Pujol y Felipe González sobre este
tema. Es por ello que pedimos en su momento, junto a Izquierda
Unida, la comparecencia del Presidente del Gobierno en el
Pleno para que explicara estas negociaciones, de la misma
manera que hemos pedido junto a Iniciativa per Catalunya la
comparecencia de Pujol en el Parlamento catalán. Lo hemos
hecho porque, primero, ninguna negociación importante se puede
hacer sin transparencia; segundo, porque el secretismo es
nefasto para la imagen de Cataluña y para sus legítimas
reivindicaciones históricas; y tercero, porque la no
comparecencia devalúa profundamente el Parlamento y, en el
caso catalán, una negociación de la Generalitat sin pasar por
la explicación parlamentaria vacía al Parlamento de contenido
y, por tanto, lo erosiona.
Dicho esto, quiero dejar muy clara la postura de Esquerra
Republicana a favor del total despliegue de la policía en
Cataluña, en línea con lo que ya estipula el Estatuto catalán
y permite la Constitución, en línea, pues, con el marco legal
vigente. El Parlamento catalán es el que tiene que marcar en
el futuro próximo la política de seguridad en Cataluña y tiene
que ser la Generalitat la que administre y gestione una
policía integral. Toda la policía tiene que depender de la
Generalitat, tal como dice su Estatuto y tal como pasó ya en
la época republicana. Quiero recordar, en este sentido, que la
Guardia Civil en 1936 se puso al servicio
de la legalidad vigente y, por tanto, al servicio de la
Generalitat, de la cual dependía precisamente cuando uno de
esos locos que tanto preocupan a Mercedes de la Merced, pero
en versión española y no catalana, inició la guerra civil; de
momento los locos no han surgido precisamente en Cataluña. Que
la policía y la Guardia Civil dependan del poder legítimo en
Cataluña, que es la Generalitat, no sólo no vulnera el marco
legal, señorías, sino que lo completa y lo perfecciona.
Además, no se puede hablar de agravio comparativo puesto que
el Estatuto catalán es específico y el compromiso adquirido
durante la transición democrática fue precisamente el de
desplegarlo. Lo que me preocupa es lo contrario: que con la
excusa del agravio comparativo se intente burlar a Cataluña
sus legítimas aspiraciones y se intente socavar el marco legal
que ampara estas aspiraciones. Lo que preocupa es que bajo el
paraguas de una pretendida inquietud por el equilibrio
autonómico se esconda una auténtica involución autonómica, se
intente convertir el café para todos en el muro de contención
que frene el Estatuto catalán pactado en democracia y
legitimado por las urnas. Lo que preocuparía, señorías, señor
Alvarez-Cascos, es un modelo de España y un modelo en el que
Cataluña reduzca su condición nacional histórica a una pura
anécdota regional, impidiendo así cualquier encaje digno en el
Estado.
Cataluña tiene el derecho histórico, la legitimidad
democrática y el marco legal posible para tener una policía
integral y para ser el Estado en materia de seguridad en su
propio territorio. Lo único deplorable es que se haga a
espaldas de los respectivos parlamentos, con un exceso de
secretismo que dañe enormemente la imagen de Cataluña y de sus
legítimas aspiraciones. Pero no nos vengan con la canción del
agravio comparativo con otras comunidades. ¿De qué nos hablan?
¿Quieren que recordemos que existen las autonomías porque
existía la reivindicación catalana y la vasca? ¿Quieren que
recordemos que la propia Constitución distingue entre las
realidades nacionales o nacionalidades en el interior del
Estado y las regiones? ¿Quieren que recordemos que lo que
estamos pidiendo y negociando no es sólo legítimo sino que es
un deber histórico que el Estado tiene con Cataluña?
Señorías, lo único malo en esta negociación es que llega
tarde, llega mal y llega secreta; fuera de ello es legítima,
necesaria y obligada.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Rahola. Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Camp i Batalla.
El señor CAMP I BATALLA: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, señor Ministro, creemos que la
línea que usted ha expuesto está en el camino de la
construcción de un Estado moderno, como dibuja nuestra
Constitución, como prevén los estatutos de autonomía y, por
consiguiente, así se debe actuar. Es decir, se trata de un
Estado que sepa sacar la riqueza, las potencialidades que
existen en el propio marco constitucional en su sentido más
amplio, tanto constitucional en sentido estricto como de los
estatutos de autonomía. Y es por ello que aquí no estamos
elaborando ninguna estructura sobre el vacío sino sobre unos
textos normativos y unas experiencias previas. Existen en
nuestro Estado unos sistemas de organización policial ya
aprobados, como los del País Vasco, y existen también modelos
de referencia internacional que también son dignos de tener en
cuenta para construir un Estado moderno en función de las
previsiones constitucionales y estatutarias. La simple
contemplación del artículo 13 del Estatuto de Autonomía de
Cataluña salvaría muchas de las sombras que se han intentado
lanzar hoy aquí sobre el hemiciclo. El artículo 13 marca una
línea clara en el sentido de poder crear una policía
autonómica; así se hizo en 1983 y se ha ido desarrollando
posteriormente hasta el día de hoy, en que precisamente cuenta
con cerca de 2.000 efectivos. También el artículo 13
contempla, entre otras funciones, que esta policía autonómica
tenga la del orden público. Y Señor Ministro, nosotros le
planteamos que esta línea es la que marca una singularidad en
el Estatuto de Autonomía de Cataluña, es la línea en la que
cabe un desarrollo de este Estatuto que será una parte de un
modelo policial del conjunto del Estado, con las diversas
proyecciones que tenga en el resto del Estado. No podía ser de
otra forma que en Cataluña se apliquen las previsiones que
contempla el Estatuto de Autonomía de Cataluña, y el artículo
13 establece como funciones, entre otras, de la policía
autonómica la de orden público. «Orden público» es una
expresión incluso superior, teóricamente hablando, a la de
«seguridad pública». Pero no vamos a entrar aquí en
disquisiciones. El Tribunal Constitucional ya ha señalado que
es perfectamente equiparable la expresión «orden público» con
la de «seguridad pública»; son términos equiparables. Pero es
más, la Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado dice que el mantenimiento de la seguridad pública se
ejercerá por las distintas administraciones públicas y, entre
ellas, la Administración del Estado, las comunidades
autónomas, incluso las corporaciones locales, pero básicamente
aquellas dos. ¿A través de quién se va a hacer este
mantenimiento de la seguridad pública? A través de las fuerzas
y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Y quiénes son las fuerzas
y cuerpos de seguridad del Estado?
La misma Ley del año 1986 dice en su artículo 2.º que son los
cuerpos de seguridad del Estado en sentido estricto y también
los cuerpos de policía dependientes de las comunidades
autónomas. Por consiguiente, estamos dentro de una coherencia
general y no entendemos algunos
planteamientos limitativos que se intentan efectuar, más
producto de estrategias políticas coyunturales que en base a
una estructura bien fundamentada. El propio artículo 13 del
Estatuto de Autonomía, como punto de referencia importante,
establece que, en todo caso, el Estado tendrá las funciones de
policía extra y supracomunitarias. Por consiguiente, está
determinando un núcleo, indisponible, en el cual el Estado
tendría estas funciones, y después enumera cuáles son esas
funciones a nivel de vigilancia de puertos y aeropuertos, de
aduanas, del documento nacional de identidad, etcétera. Es
decir, hace una larga enuneración, y da una pista
perfectamente lógica para que la policía autonómica pueda,
bajo el concepto de orden público, desarrollar las funciones
de una policía ordinaria e integral, en la línea de garantizar
la seguridad pública en el territorio de Cataluña.
Por tanto, el modelo que el señor Ministro ha expuesto y que
nosotros creemos que está en la línea buena que se ha de
seguir, es el modelo constitucional, el modelo estatutario que
el bloque constitucional está perfeccionando. Estamos
perfeccionando, como decíamos antes, un modelo autonómico
producto de este bloque de la constitucionalidad.
Ciertamente, en Cataluña habrá dos administraciones actuantes:
la del Estado, para las funciones propias del Estado, las
extra y supracomunitarias; y la Administración de la
Generalidad, con las funciones de seguridad y orden interior,
y no pasará nada; simplemente, las dos Administraciones están
en la misma línea de lo que pudiéramos decir es el interés del
Estado para mantener la seguridad pública en una visión de
conjunto. Señor Ministro, nos preocupa mucho que a veces se
hagan manifestaciones en las que dé la impresión de que la
seguridad pública del Estado, o la visión del Estado (incluso
alguien dice el interés nacional) sea una visión determinada,
de una parte, porque entonces podía deducirse que hay otra
parte, y no es bueno hacer partes. Nosotros, desde una visión
de conjunto del Estado, desde una visión unitaria, creemos que
simplemente estamos ante un sistema de organización en función
del bloque de la constitucionalidad, y nada más que eso. Y
querer extraer conclusiones que sobrepasen este razonamiento,
son quizá visiones interesadas, partidistas; en todo caso,
planteamientos que van a producir una tensión, van a crear
situaciones que creemos que no son buenas. Dependen, en todo
caso, de una estrategia de tensión, pero no corresponden a un
planteamiento sólido y conveniente.
En cuanto a la Policía Judicial, a la que se ha hecho
referencia, hay un marco normativo que establece sus
funciones. Pero ¿qué es la Policía Judicial, si no son los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que están al
servicio de los órganos jurisdiccionales? Esta es la Policía
Judicial, y los órganos jurisdiccionales son los que, de
alguna forma, reclaman su actuación en cada momento. Y aquí
simplemente lo que se plantea es hacer una distribución de
responsabilidades en función de la naturaleza y la
territorialidad de los delitos y del órgano jurisdiccional
competente en cada caso. Señoras y señores Diputados, creemos
que no estamos ante ninguna situación extraña y anómala, sino
ante un proceso de desarrollo del Estado de las autonomías, en
el camino de perfeccionamiento del Estado español como un
Estado moderno. Nada más que eso. Y todos los acuerdos a los
que se pueda llegar, el día que se llegue (porque, como muy
bien ha dicho el seño Ministro, estamos hablando en este
momento de voluntades, no de acuerdos), se habrán de articular
a través de los mecanismos correspondientes; serán las
comisiones mixtas de traspasos, en las que hay presencia de
los grupos parlamentarios más importantes, y si algún día se
tuviera que hacer una modificación normativa, se haría a
través de las Cámaras, el Congreso y el Senado.
Por tanto, en el momento que haya acuerdos, se harán con toda
publicidad, porque no podría ser de otra forma. Se habrán de
publicar en el «Boletín Oficial del Estado», se habrán de
discutir en las comisiones mixtas de transferencias, se habrán
de tramitar, si llegase el caso, a través de las Cortes
Generales. Por ello, volvemos otra vez a encontrar que el
punto de tensión es el punto de interés partidista, porque se
intenta utilizar este tema como una estrategia coyuntural.
En definitiva, señor Ministro, desde nuestro Grupo
Parlamentario, creemos que se está orientando los trabajos en
positivo y que es bueno que esos trabajos se mantengan en la
línea de conversaciones que usted ha anunciado, para que
pronto podamos discutir ya el perfeccionamiento de este
modelo; que, por otra parte, no será un modelo que se
proyectará, como he dicho antes, sólo sobre Cataluña, sino que
habrá de ser un modelo también aplicable, en lo que
corresponda y en lo que se tenga que negociar, en otras
comunidades autónomas. Usted ha dicho antes...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Camp, concluya,
por favor.
El señor CAMP I BATALLA: Concluyo, señor Presidente.
Usted ha dicho antes, señor Ministro, que no hay dieciesiete
comunidades autónomas que tengan competencia en orden público.
No, no en orden público sino en policía, porque en orden
público sólo sería la Generalitat de Cataluña. Hay siete
comunidades autónomas que tienen competencia en materia de
policía, y sería muy descorazonador que limitásemos las
capacidades de estas comunidades autónomas, por ejemplo,
Andalucía, Galicia o Valencia, donde sí existen esas
posibilidades, por un interés coyuntural, como decía antes, de
tensionar el ambiente político en esta Cámara.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Camp.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Espasa.
El señor ESPASA OLIVER: Señor Presidente, señoras y señores
diputados, hemos asistido esta tarde a los púdicos y
virginales desgarros ignacianos del señor Alvarez-Cascos,
hablando de policía autonómica, mezclándolo todo, confundiendo
a esta Cámara no explicando --y él debería saberlo-- qué dice
la Constitución, qué dicen los estatutos de autonomía de
Cataluña, del País Vasco, de Canarias, de Valencia o de
Andalucía y, en un «totum revolutum», el señor Alvarez-Cascos
ha querido escandalizarse y escandalizar también a la Cámara,
y después nos ha recomendado que, en tiempo de tribulación, no
hagamos mudanza. Señor Alvarez-Cascos, los atribulados son
ustedes. (Un señor Diputado del Grupo Popular: ¡Al grano!) Si
dependiese de ustedes, España no sería la España que es hoy,
una España de las autonomías. No dependería de su tribulación
porque su tribulación nos hubiese impedido hacer ninguna
mudanza en el Estado español (Una señora Diputada del Grupo
Socialista: ¡Ahí! ¡Ahí!), que hemos convertido entre todos, y
con poca participación de ustedes en el pasado (Un señor
Diputado del Grupo Popular: ¡Gracias a ustedes!), en un Estado
distinto y nuevo, en un Estado donde pueden convivir distintas
nacionalidades. Usted nos ha venido a decir: autonomía no es
soberanía. Esto era el fondo político de su intervención:
autonomía no es soberanía.
Señor Alvarez-Cascos, hoy, en la España de hoy, no hay
soberanía sin autonomía. En el Reino de España --y mido mis
palabras-- no hay soberanía sin autonomía, y eso deberían
aplicárselo ustedes políticamente. En la España democrática
que hemos hecho, desde 1978, entre todos los españoles, no hay
soberanía sin autonomía. Y hemos hecho tantas cosas que hasta
hemos convertido en autonomista al Presidente de su Partido en
Galicia, al señor Fraga. (Risas.) ¡Se ha convertido en el
primer autonomista de este país! Mire si tenemos méritos los
que no estamos atribulados y los que estamos por las mudanzas,
señor Alvarez-Cascos. (El señor Robles Fraga: El señor Fraga
hizo la Constitución, cosa que tú no has hecho.--Rumores)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡Silencio!
El señor ESPASA OLIVER: Por lo tanto no se desgarre usted
tanto las vestiduras, esté tranquilo porque, aunque las cosas
no van bien --y en eso sí le doy la razón--, nosotros, como ya
han hecho otros portavoces --la señora Rahola--, hemos
criticado el secretismo de Convergència i Unió, que pretende
secuestrar la voluntad autonómica de toda Cataluña, o al menos
de sus fuerzas más representativas --no sé si la de sus
homónimos--, en favor del despliegue policial y autonómico, en
Cataluña y en otras comunidades, si sus estatutos lo permiten
o si cambian sus estatutos y cambiamos la Constitución. No nos
arredra nada, señor Alvarez-Cascos, pero hemos criticado,
criticamos y critico hoy, otra vez, el secretismo de
Convergència i Unió, que pretende representar a toda Cataluña
y no la representa, no la representa; son 17 diputados. Sus
diputados, los del PSC-PSOE y los nuestros, somos muchos más
que los señores que representa Convergència i Unió y, en
cambio, pretenden representar a toda Cataluña. En eso sí le
doy la razón.
También he de decirle al señor Ministro que, si quiere tener
apoyos --y sabe dónde y cuándo los puede tener-- es bueno que
nos tenga informados y es bueno que no dé papeles que después
son usados de esta forma tan torticera, que sepa a quién da
los papeles.
A usted también le acuso de secretismo, como Ministro y como
miembro de un Gobierno del PSOE que pretende modificar esto,
aunque después sí será con luz y taquígrafos, evidentemente,
en la Comisión Mixta, en la Comisión Delegada Autonómica, en
las leyes que hagamos aquí; ya sé que después será público.
Pero hay opciones de impulso político democrático de esta
España que entre todos hemos construido, plurinacional y
pluricultural, en las que hemos de estar todos los que creemos
en ella. Ustedes han cometido un grave error al ignorar a
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por cierto, el único
Grupo Parlamentario que en su estructura y en su constitución
demuestra esta pluralidad de España; Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, PSOE, Convergència i Unió, sólo
Grupo Catalán, Grupo Popular. Nosotros en la práctica también
defendemos esta articulación. Por tanto, se ha equivocado
bastante al marginarnos, señor Ministro de Justicia e
Interior.
Dicho esto sobre el secretismo, el señor Alvarez-Cascos, en
sus virginales desgarros, nos decía: ¿pero cómo puede ser la
Generalidad equiparada al Estado? Pues sí, señor Alvarez-
Cascos, la Generalidad es Estado, como lo es la Junta de
Andalucía, como lo es el Gobierno gallego, como lo es
cualquier otra comunidad autónoma. ¿La Generalidad puede tener
competencias renunciables del Estado? Sí, señor Alvarez-
Cascos, el artículo 150.2 de la Constitución lo permite, y si
hay voluntad política en esta Cámara lo haremos, aunque sea en
contra de ustedes, y espero que no sea así, pero lo podemos
hacer y lo vamos a hacer si hace falta utilizar este recurso.
El señor Alvarez-Cascos, como último argumento, en el peor
sentido de la palabra, de fuerza, nos decía: ¿es que va usted
a transferir competencias militares de la Guardia Civil a la
Generalidad de Cataluña? Una portavoz me ha pisado mi
contestación, la voy a repetir.
Quizá a usted --hablo históricamente, claro-- no le gustó
aquello, pero la Guardia Civil fue fiel a la legalidad
republicana; no estuvo en el bando de los azules. Por tanto,
no tenga ningún miedo, señor Alvarez-Cascos. De lo que se
trata es de organizar un sistema equilibrado, políticamente
consensuado entre las fuerzas importantes de este país que nos
permita a todos vivir en paz, convivir en un Estado
plurinacional y pluricultural, pero en un Estado. La mejor
garantía --porque, al final, los separadores son ustedes-- de
esta unidad que ustedes proclaman, llenándose la boca
tontamente, es que los responsables de las distintas
comunidades autónomas tengan también competencias en las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, por tanto, sean
copartícipes de esta realidad democrática y pacífica en la que
conviven todos los españoles, catalanes, vascos, gallegos; en
definitiva, españoles todos.
Pero ustedes no entienden de complejidades. A ustedes les
gusta lo simple, lo complejo no les gusta. Hay tres Estatutos
que hablan de una determinada forma de las Fuerzas de
Seguridad; otros cuatro, ya los he citado antes, País
Valenciano, Andalucía, Canarias y Galicia, de otra forma;
otros que no hablan. Eso es complejo, eso es diverso, eso es
difícil de entender, pero en eso radica la inteligencia, en
saber entender la complejidad y construir esta complejidad
para que todos los españoles, tengan la sensibilidad política
y nacional que tengan, estén a gusto en su Estado. Parece que
ustedes no entienden de eso. Muchas gracias. (El señor
Alvarez-Cascos pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Alvarez-Cascos.
El señor ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ: Solicito un turno de
palabra, por alusiones, para contestar al señor Espasa:
estrictamente a las alusiones que ha hecho.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene usted tres
minutos, señor Alvarez-Cascos.
El señor ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ: Gracias, señor Presidente.
Quiero ser fiel a este trámite parlamentario; por tanto, no
voy a contestar a las cuestiones de fondo que, en crítica a mi
intervención, ha formulado el señor Espasa. Pero sí quiero
puntualizar dos afirmaciones vertidas por el señor Espasa.
Puesto que ha tratado de endosarnos a mí y a mi Grupo político
el peso de la historia, de las ideas, para justificar escasas
convicciones autonomistas, quiero decirle que el peso de la
historia deja bien altas las convicciones autonomistas y de
compromiso con los derechos y libertades del Partido Popular;
y que la historia aplasta el compromiso con las ideas de
libertad de derechos y de autonomía del Grupo político al que
representa el señor Espasa. Y no se lo voy a echar en cara,
porque, en segundo lugar, señor Espasa, lo que hoy los
españoles pueden disfrutar en materia de libertades, de
derechos y también de lo que representa la nueva ordenación
jurídica del Estado de las autonomías, es fruto, entre otros,
de los padres de la Constitución, por ejemplo, del señor Solé
Turá y del señor Fraga, y no de sus gentiles concesiones para
dar títulos autonomistas a nadie.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), SOBRE
MEDIDAS DE POLITICA GENERAL QUE TIENE PREVISTO ADOPTAR EL
GOBIERNO PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMIA
MEDIANTE LA AGILIZACION Y MODERNIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS
JUDICIALES EN EL AMBITO ECONOMICO (Número de expediente
172/000061)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre
medidas de política general que tiene previsto adoptar el
Gobierno para mejorar la competitividad de la economía
mediante la agilización y modernización de los procedimientos
judiciales en el ámbito económico.
Para su exposición, tiene la palabra el señor Camp i Batalla.
El señor CAMP I BATALLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, señor Ministro, la competitividad
de la economía de un país no sólo depende de la capacidad de
producción de sus empresas, o de la normativa laboral, o de la
capacidad de formación o de innovación que tengan, o de su
política fiscal, sino también de las relaciones entre la
actividad económica y la Administración, así como del buen
funcionamiento y agilidad de la Administración de Justicia, ya
que cuando una persona o una empresa entra en un procedimiento
judicial todo aquello que contribuya a dar una pronta solución
al conflicto, a favorecer el cumplimiento de los compromisos
mercantiles y el mantenimiento de la actividad productiva o de
los puestos de trabajo, ayudará a mejorar el funcionamiento de
la economía del país y su competitividad. Una crítica habitual
del mundo económico a la Administración de Justicia es la
complicación de los procesos jurisdiccionales necesarios para
hacer valer los derechos del acreedor en caso de litigio.
Además del coste
y la lentitud de los procedimientos, a menudo, existen
problemas para la ejecución de las sentencias, por lo que las
empresas renuncian a hacer valer sus derechos ante los
tribunales cuando no pueden resolver el litigio por otros
medios, dando por perdidas las sumas adeudadas.
Desde la perspectiva del ciudadano y de la actividad
económica, cabe esperar de la justicia una resolución rápida,
eficaz y transparente. Sin embargo, para ello es preciso
modificar la estructura orgánica de la Administración de
Justicia y sería necesario afrontar una reforma procesal para
lograr la rapidez, eficacia y transparencia requeridas.
La lentitud de nuestra justicia se debe, en parte, a causas
estructurales y, en parte, a causas coyunturales. Las primeras
son difíciles de resolver y las segundas se producen,
fundamentalmente, por la falta de un modelo organizativo
moderno y por la necesidad de una reforma procesal.
Es bien sabido que el sistema judicial español es lento en la
tramitación de los procedimientos en relación a otros sistemas
judiciales europeos, pero, además, una parte muy importante de
la legislación judicial en materia económica, como es la
legislación concursal, tiene unos orígenes ya muy caducos y se
encuentra, por tanto, alejada de la realidad del
funcionamiento económico de finales del siglo XX, en plena
Unión Europea, y con unas exigencias de competitividad e
internacionalización para la actividad productiva que no
permiten distracciones ni retrasos en la puesta al día de los
mecanismos que deben garantizar una eficaz Administración de
Justicia en todos aquellos problemas que surjan en el
ejercicio de la actividad económica.
La legislación española relativa a la suspensión de pagos data
de 1992, mientras que las quiebras se rigen por la disposición
contenida en los todavía vigentes códigos de Comercio de 1829
y de 1885. Asimismo, a estos procedimientos les son de
aplicación las normas establecidas en la Ley de Enjuiciamiento
Civil, y, en parte de la prejudicial dispersión de la
legislación reguladora en la materia, parece claro que los
mecanismos y problemas a los que debían dar respuestas
normativas de fechas tan lejanas se encuentran muy distantes
de los actuales. Urge, por consiguiente, proceder a la
modificación del Derecho concursal. Ello debería implicar la
creación de juzgados y tribunales especializados en esta
materia, así como de otra índole económica, como pueden ser
temas de impugnaciones de acuerdos societarios, conflictos de
Derecho bursátil, financiero, propiedad intelectual e
industrial, derechos de la competencia, etcétera.
La normativa jurídica actual es muy poco eficaz para la
problemática que se plantea, ya que en los procedimientos de
quiebra los acreedores difícilmente logran cobrar algo de sus
créditos, y la mayoría de las suspensiones de pagos suelen
terminar con el cierre de las empresas. Las causas de esa
realidad deben buscarse, entre otras, en el elevado riesgo que
conllevan estos procedimientos, en los altos costes de los
mismos y en su dilatada duración. En estos momentos la
duración de una suspensión de pagos nunca es menor de seis
meses, y puede alargarse más allá de los doce. Durante este
tiempo la situación comercial, financiera y productiva de las
empresas tiende inevitablemente a deteriorarse con rapidez por
la imposibilidad de mantener en una empresa intervenida
judicialmente una dirección ágil y una administración eficaz.
A efectos de conocimiento estadístico, cabe señalar que en
1993, según el Instituto Nacional de Estadística, suspendieron
pagos 1.129 empresas, más del doble del año anterior,
declarando un pasivo superior al billón de pesetas,
concretamente un billón 14.000 millones de pesetas. Asimismo,
se declararon en quiebra 434 empresas, con un pasivo de 73.000
millones de pesetas. Por estos motivos, este grupo
parlamentario considera necesario actualizar la legislación
que regula los procedimientos concursales a las exigencias de
competitividad de la economía española en el contexto de la
Unión Europea. Un segundo frente de esta interpelación es el
que se refiere a los importantes problemas que se dan en
relación con los temas de impagados, que condicionan de forma
importante la actividad económica. La economía española tiene
un volumen muy elevado de impagados, y una muestra de ello es
el gran número de morosos que tiene el sistema crediticio. A
finales del pasado mes de febrero el volumen de créditos
considerados como morosos por parte del sistema crediticio se
elevaba a 3,97 billones de pesetas, es decir, una cantidad
equivalente al 9,25 por ciento de todos los créditos
concedidos. Este considerable número de morosos ha
experimentado un rápido crecimiento en los últimos meses, ya
que en febrero de 1993 era casi de un billón de pesetas
inferior al actual, es decir, en un año hemos tenido un
incremento de un 32 por ciento de morosos. Esta situación
implica, en primer lugar, que deberían adoptarse medidas
destinadas a propiciar la disminución de la morosidad. Por
otra parte, la resolución de los procedimientos judiciales
referidos al impago de efectos son lentos y costosos,
exactamente lo contrario de lo que demanda la actividad
productiva al sistema judicial con el propósito de favorecer
el funcionamiento de una economía más competitiva y con
mayores posibilidades de creación de empleo y bienestar. En
España, a diferencia de lo que sucede en otros países de
nuestro entorno, no tenemos unos procedimientos simplificados
que permitan una resolución de litigios relacionados con
demoras o faltas de pago por debajo de determinadas cuantías,
a fin de reducir trámites y agilizar la acción de la justicia.
Esta exigencia se hace especialmente conveniente en aquellos
procedimientos
que conozcan deudas fundadas en títulos ejecutivos, como
serán, lógicamente, las letras, los pagarés, los cheques, lo
cual permitiría que estos documentos recuperasen la seriedad y
solvencia para las que fueron creados. En estos momentos, en
España una simple reclamación de deuda derivada de falta de
pago puede alargarse tres o cuatro años, a veces más, hasta
obtener una decisión judicial definitiva, lo cual perjudica
claramente a la actividad productiva española a la hora de
defender sus derechos y plantear sus reclamaciones en la vía
jurisdiccional. Cabe señalar que en 1991, para un asunto
civil, el plazo medio entre demanda y sentencia era de 3 o 4
meses en Francia y de 39 meses en Italia, algo más en España.
Del ejemplo francés cabe señalar que en 1991 el Gobierno creó
un grupo de trabajo integrado por representantes de sectores
empresariales encargado de elaborar un conjunto de propuestas
en este sentido. Fruto de su trabajo se adoptó, entre otras
medidas, un plan de apoyo a las pymes, que incluía la
elaboración de códigos de buena conducta en las relaciones
mercantiles, y la creación de instancias competentes para
resolver rápida, económica y de la forma más simplificada
posible los litigios en que se vieran involucradas las
empresas en sus reclamaciones. Una experiencia similar tuvo
lugar en el Reino Unido a través de la Ley de Presupuestos de
1992, en la que se recoge un conjunto de medidas destinadas a
simplificar los procedimientos de los recursos en caso de
litigio.
Para la aplicación de los citados procedimientos
simplificados, debería tenerse en cuenta las experiencias de
países como Alemania, donde existe la posibilidad de acudir a
un procedimiento sumario especial ante los juzgados de primera
instancia, con el fin de exigir el cumplimiento de los
compromisos pactados, o Francia, donde existe una jurisdicción
especializada, que son los tribunales de comercio.
Es preciso adoptar también medidas para fomentar la
utilización de los instrumentos arbitrales para la resolución
de controversias de índole económica. En este sentido, debemos
señalar la reducida cultura sobre conciliación y arbitraje que
tenemos en España, a pesar de tener un instrumento normativo,
como es la Ley de Arbitraje de 1988.
Por ello, y para fomentar esta conciencia arbitral, debería
recogerse en algunos textos legales, como en el caso de
arrendamientos o sociedades, la obligación de resolver las
controversias a través del arbitraje. Asimismo, conviene
adoptar medidas que permitan garantizar el pago de intereses
en todas aquellas deudas en las que no se cumpla el plazo de
pago acordado, tal como ha recomendado el Comité Económico y
Social de la Unión Europea en esta cuestión, lo que evitaría
que el acreedor deba financiar los gastos de demora en los que
incurre el deudor.
En definitiva, señorías, es necesaria la reforma en
profundidad del proceso y de los procedimientos judiciales,
una nueva definición del proceso civil que reduzca y
simplifique las más de 130 especialidades procedimentales y
con un definitivo desarrollo de lo que establezca la Ley
Orgánica del Poder Judicial para todo el tema de la Oficina
Judicial y para el del recurso contencioso-administrativo,
pieza fundamental del Estado de Derecho en cuanto significa el
control jurisdiccional de la actividad de las administraciones
públicas. Todo ello habría de llevar a una mayor agilización
de los instrumentos jurisdiccionales en la línea de lo que he
expuesto.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Camp. Para contestar, en nombre del Gobierno, tiene la palabra
el señor Ministro de Justicia e Interior.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Señor Presidente, sin duda, el principal objetivo de la
Secretaría de Estado de Justicia, y uno de los principales
objetivos del conjunto del Ministerio, ha sido, y es, la
adecuación del sistema procesal, la adecuación del sistema
orgánico, a las necesidades del tiempo presente.
Ciertamente, la vida económica española se mueve hoy en un
clima con unas condiciones absolutamente diferentes no ya al
siglo pasado, sino a los últimos quince años. Los
procedimientos judiciales, aun dentro de su habitual y
lamentable demora, no constituían un mundo particularmente
diferenciado de la sociedad en la que estaban inmersos. Hoy en
día, sin embargo, la situación ha cambiado radicalmente. La
celeridad en las transacciones es hoy mucho mayor, los
movimientos internacionales, el volumen de las operaciones, el
conjunto de condiciones, en definitiva, que marcan la vida
económica hacen impracticable que se mantengan los viejos
sistemas procesales, los viejos sistemas organizativos. En
definitiva, coincido con el diagnóstico que S.S. ha hecho. La
incorporación de España a la Comunidad Europea, la
ratificación del Acta Unica en un breve tiempo, así como la
firme convicción de que el mercado español tendría que abrirse
en un plazo próximo y que las condiciones imperantes en la
Comunidad Europea serían todavía más transparentes y menos
protectoras de los entornos nacionales de lo que eran hasta el
Acta Unica, llevaron a un proceso de convergencia de
indicadores económicos que ha supuesto numerosos, pero en
muchos casos difícilmente evitables, sacrificios. Así como las
condiciones económicas, por su propia dinámica, llevan a la
adopción de medidas inmediatas, el mundo de lo jurídico es
casi estructuralmente más conservador, más difícil de moverse,
en gran parte por razones justificadas, como garante de
situaciones jurídicas que no puede evolucionar al mismo ritmo
que la
realidad económica. Consecuencia de esa rigidez, especialmente
acentuada en lo económico, es que, junto con los males
inherentes a la justicia, en el campo concreto de la economía
es donde la contradicción resulta más patente, más palmaria.
En definitiva, la reforma procesal debe llevarse a efecto en
todo caso, pero es evidente que su repercusión sobre la
actividad económica será especialmente notable. No es fácil,
sin embargo, y S.S. lo sabe, abordar globalmente el conjunto
de reformas procesales que es preciso para cambiar realmente
la justicia. Desde el primer día se iniciaron los procesos
prelegislativos, desde el primer día se intentó fijar las
premisas de lo que debe ser la futura Ley de Enjuiciamiento
Civil, de lo que debe ser la futura Ley del procedimiento
Contencioso-administrativo, las reformas sustanciales en
materia de Ley de Enjuiciamiento Criminal --antes lo aludía--,
junto, inevitablemente, con el Estatuto del Ministerio fiscal
y la Policía judicial, amén de otra serie de normas, a algunas
de las cuales ha hecho referencia S.S.
A estas alturas ya estamos, sin embargo, en condiciones de
empezar a anticipar fechas. Creemos que las actividades
prelegislativas de la reforma del procedimiento contencioso-
administrativo pueden estar listas a finales del mes de
septiembre.
Por lo que respecta a la reforma procesal, a la reforma de la
Ley de Enjuiciamiento Civil en concreto, puede estar terminada
la actividad prelegislativa en torno a finales del mes de
diciembre de este mismo año. ¿Cuál va a ser el esquema central
de esa Ley de Enjuiciamiento Civil? Sin duda, es la obra más
importante de cuantas aborda la Secretaría de Estado de
Justicia. Efectivamente --S.S. lo recordaba--, en la
actualidad hay bastantes, más de 130 procedimientos distintos.
La verdad es que nadie se atreve a decir exactamente cuántos
son, porque cuando se termina una cuenta aparece alguna ley
especial que ha considerado oportuno introducir su propio
procedimiento. Está claro --y yo creo que en eso será sencillo
lograr ese pacto de Estado que siempre reclamo-- el objetivo
de simplificar extraordinariamente ese número de
procedimientos. En el modelo que tenemos preparado, señoría,
la reducción va a ser drástica. Se va a pasar de esos 130 --
por decir una cifra indicativa-- a dos procedimientos
declarativos y un procedimiento documentario, con sólo dos
variantes relativas, respectivamente, a supuestos de derechos
no disponibles, en que la variante se limitará a hacer
imprescindible la presencia del Ministerio Público, y a
medidas cautelares para el supuesto de procedimientos
posesorios. En lo esencial el esquema será de dos únicos
procedimientos: un procedimiento ordinario, un procedimiento
abreviado, aunque sea en este caso tomando la terminología
nacida en el ámbito del procedimiento criminal, y un proceso
documentario que en lo esencial recoge la estructura del
procedimiento ejecutivo clásico, extendiendo su protección no
solamente al ámbito de los documentos públicos, sino también
al ámbito de los documentos privados, siempre que exista la
firma del deudor.
A su vez, los procedimientos quedan extraordinariamente
simplificados, tanto el ordinario como el abreviado. El
procedimiento ordinario, como rasgos muy generales, presupone
una enorme concentración en el acto de la comparecencia y ahí
se tiene que realizar la práctica totalidad de la actividad.
Vendría a estar a medio camino entre el de cognición y el de
menor cuantía, más próximo al primero que al segundo.
En el caso del procedimiento abreviado, la concentración es
total. Puestos a pensar en un modelo de referencia, aunque,
evidentemente, con muchos matices que no es el momento de
exponer, podríamos pensar en el esquema clásico del juicio
verbal, con oralidad, concentración inmediación, con libertad
en los interrogatorios; en definitiva, con un planteamiento
mucho más ágil que los procedimientos actualmente en vigor,
incluso en sus modalidades supuestamente más eficaces o
ejecutivas.
Si efectivamente la demora en esta primera fase es una
evidencia y si no logramos esta simplificación --que la vamos
a lograr, estoy convencido--, difícilmente puede ni siquiera
organizarse bien técnicamente la propia oficina judicial, ni
siquiera es posible racionalizar la introducción de medios
informáticos y telemáticos. El propio modelo de oficina genera
la necesidad de simplificación procesal; eso, me parece
evidente y palmario. Sin embargo, junto a ese tipo de
problemas yo creo que todos los profesionales saben que es en
el ámbito de la ejecución de la sentencia donde se plantean
problemas particularmente graves.
La Ley de Enjuiciamiento Civil va a dedicar una especial
atención a la parte correspondiente a la ejecución. Tiene un
tratamiento extremadamente ágil que presupone diversas
modalidades en cuanto a la ejecución, incluso previendo la
posibilidad de ir al marco de empresas privadas que pueden
llegar a ejecutar en determinadas condiciones los propios
interventores, según los casos, o el propio interesado; en
definitiva, se trata de garatizar que la ejecución y las
propias subastas públicas queden reducidas a una sola en el
supuesto de que optara el acreedor por esa vía. Los mecanismos
van a ser extraordinariamente flexibles, pudiendo optar en
todo supuesto el acreedor por la modalidad que más se ajuste
al tipo de sentencia que haya recaído y al tipo de cliente que
esté incurriendo en el impago.
Los trabajos prelegislativos, decía, señorías, están ya muy
avanzados. Ciertamente esta ley puede y debe estar terminada
por lo menos, en el nivel del Ministerio de Justicia e
Interior, en diciembre, lo cual supone, si eso es así, que el
procedimiento ulterior, comisión de subsecretarios, consejo
general, aprobación por el Consejo
de Ministros que puede ser en torno a dos meses, en
definitiva, el primer trimestre del año que viene tiene que
estar en el Congreso de los Diputados, si todas las cosas
salen como deben salir, la Ley de Enjuiciamiento Civil. Es
necesario decir que será imprescindible que se mejore a lo
largo de todo el proceso parlamentario, pues se trata de la
ley más importante de cuantas se puedan presentar en esta
legislatura, excepción hecha del Código Penal; incluso, en ese
caso, para los civilistas, lo discutirían ampliamente. Hay
otra reforma que debe entrar necesariamente también en esa
fase. Me refiero a la reforma del procedimiento concursal.
Este tema ha sido apuntado por S.S. Se ha planteado una
situación básica de que mientras se han ido produciendo los
sucesivos borradores en el seno de la Comisión General de
Codificación en los diversos anteproyectos de 1987, de 1992 y
1993, que de un modo u otro trataban de recoger las
experiencias que en derecho comparado se estaban produciendo
en los años inmediatamente anteriores en los países de nuestro
entorno cultural de la Unión Europea, hemos tardado tanto que,
en este momento, muchas de las tendencias que entonces se
apuntaron, ya convertidas en norma jurídica, han experimentado
a su vez un análisis crítico por parte de la doctrina que
considera oportuno rectificar. Podemos ver las cosas desde el
lado optimista y pensar que es bueno escarmentar en cabeza
ajena puesto que, ciertamente, muchas de las instituciones que
se pusieron quizá precipitadamente en marcha en otros países
de nuestra área, se han demostrado insuficientes o plantean
graves problemas en la vida mercantil. Eso nos obliga a
realizar un nuevo encargo y esperemos que esta vez sea el
último. Da la casualidad, señoría, que en la misma fecha que
su Grupo presentaba, la interpelación --en definitiva, el 23
de junio-- yo mandaba la carta al presidente de la Sección de
lo Mercantil de la Comisión General de Codificación, en la que
fijaba las líneas generales que debía tener en este momento
esa ley concursal. Como sabe, el trámite ordinario es fijar
las líneas generales de la ley para que la Comisión General de
Codificación realice su trabajo. Se pide a la Comisión General
de Codificación, lo cual no es sencillo ciertamente, que
termine sus trabajos durante el otoño, en definitiva, a ser
posible, antes de las fechas de Navidad. ¿Qué líneas generales
apuntaba en la carta al presidente de la Sección de lo
Mercantil de la Comisión General de Codificación?
Fundamentalmente que se deben unificar los dos procedimientos
civil y mercantil; que se deben unificar los dos
procedimientos genéricos de suspensión de pagos y concurso de
acreedores; que se deben fijar causas estrictas de definición
para evitar que los concursos de acreedores no sean
disimulados como suspenciones de pagos, como ha ocurrido con
cierta frecuencia, lo que redunda casi siempre en perjuicio
manifiesto de los pequeños acreedores; que se atribuya la
competencia a juzgados de primera instancia, determinados en
cada capital de provincia, en la línea de lo que S.S. apuntaba
(juzgados específicos con especialización en derecho mercantil
y concursal, lo que, evidentemente, va a permitir un
tratamiento más especializado y ágil en el procedimiento
concursal); que se evite el corporativismo en la designación
de interventores --problema real, también--; que el concurso
no debe aparejar la suspensión de la actividad en tanto no lo
decida así la autoridad judicial; que la liquidación no debe
servir para que determinados acreedores, mediante convenio de
cesión de bienes o segregaciones, resulten beneficiados,
debiendo liquidarse la sociedad como un conjunto; que se deben
regular con especial interés los efectos de la declaración
judicial sobre las relaciones jurídicas preexistentes y sobre
las sociedades del mismo grupo; que se debe reducir el número
de créditos privilegiados; que se regulará la calificación de
las conductas de deudores y administradores; y, finalmente,
aunque con la debida prudencia, que se analice la postergación
legal de determinados créditos, cuestión ciertamente polémica,
que en muchas ocasiones SS.SS. han reclamado con ocasión de
diversos proyectos, así en el proyecto de ley de sociedades de
responsabilidad limitada.
Este es, en esencia, el encargo de líneas directrices
políticas que, como ministro, he dirigido a la Comisión
General de Codificación para que en la Sección de lo Mercantil
se realice el correspondiente anteproyecto o, mejor, la
adaptación del último anteproyecto a las líneas que indico. Es
evidente que al comunicarles unas líneas, todavía en esta fase
tan previa, a lo largo de su desarrollo pueden introducirse
modificaciones y matices y espero de S.S. --estoy seguro-- que
después no pretenderá pasarme la cuenta literal de si ha
habido desde la fase prelegislativa derivaciones o
desviaciones como consecuencia del proceso técnico de
discusión e incluso como consecuencia del proceso político.
Estas son las líneas generales que como ministro he remitido a
la Comisión General de Codificación y que me parecía
importante transmitirlas con ocasión de su interpelación.
En el aspecto internacional de una ley concursal, debo hacer
referencia a la adecuada coordinación de este texto con el
proyecto de convenio de la Comunidad Europea sobre quiebras
internacionales, proyecto en el que participa una delegación
española y que contempla el tratamiento de los procedimientos
concursales cuando afectan a dos o más países pertenecientes a
la Unión Europea. El sistema, sin embargo, no quedaría
completo. Piense que hemos hablado de ley de reforma del
proceso contencioso-administrativo, fin de los trabajos
prelegislativos, septiembre; ley concursal, ley de
enjuiciamiento
civil, fin de trabajos prelegislativos, diciembre; ley de
enjuiciamiento criminal, fin de los trabajos prelegislativos,
primer trimestre de 1995. Además, dentro de ese período de
septiembre a abril, es propósito y voluntad política del
Ministerio de Justicia e Interior que también entre en esta
Cámara la Ley orgánica del Poder Judicial, la Ley orgánica
definitiva, al menos desde la pretensión de quienes lo
proponemos, del Poder Judicial.
En ese momento estará en vigor la ley de medidas urgentes de
reforma, que ya está en el Senado y pendiente de volver a esta
casa. Nuestro propósito es que en ese período de tiempo --
desde la pretensión política del Ministerio-- exista también
ya el texto de la definitiva ley orgánica del Poder Judicial.
Esa ley orgánica tiene que resolver muchas cuestiones, todas
ellas decisivas para la propia finalidad que late en el fondo
de su interpelación. Sin la reforma de la Oficina judicial --y
ése es el terreno de juego-- la reforma procesal quedaría
absolutamente coja. Por eso el conjunto debe verse como tal,
como un bloque normativo, que debe ser analizado de manera
conjunta a lo largo de esta legislatura. Esa sería la gran
parte que nos queda del pacto de Estado en materia de
Justicia.
También en esa ley orgánica deberán regularse cuestiones
fundamentales como es la potenciación de la justicia
municipal, la llamada justicia de barrio, la aplicación de la
justicia urbana, puesto que, en definitiva, no parece lógico
seguir creciendo en la vía de nuevos jueces con un grandísimo
nivel cualitativo, cuando una serie de pleitos de entidad
menor deben situarse seguramente en un marco de justicia no
técnica, justicia de paz de ciudad, justicia de barrio dentro
de las ciudades; la línea de potenciación del secretariado; la
línea de potenciación de las transferencias de medios
personales a las comunidades autónomas; la línea de
potenciación del Ministerio fiscal, la construcción moderna de
esa Oficina judicial que de momento no tiene de moderno ni
siquiera el nombre. Ese va a ser el otro gran proyecto, la
otra gran apuesta. Si ese conjunto normativo llega a estas
Cámaras en los plazos que pretenden el ministerio y el
Gobierno y SS.SS. efectivamente hacen el enorme esfuerzo que
supone afrontar tal cantidad de reformas legislativas de
enorme calado, estoy convencido de que, desde el punto de
vista de la Justicia, esta legislatura va a quedar como una de
las más trascendentales de los últimos tiempos. Creo que es un
trabajo que hay que hacer y que es el tiempo oportuno de
hacerlo. Es, en definitiva, la gran reforma de la justicia
procesal sustantiva y orgánica. En torno a esa gran reforma
reitero, una vez más, la oferta del Gobierno de un pacto de
Estado.
Yo creo que en este tema no valen ya parcheos ni nuevas
reformas puntuales y urgentes. Ha llegado ya el tiempo de la
codificación, de las grandes leyes, y a ustedes, señorías, les
corresponderá la responsabilidad histórica de aprobarlas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
ministro. Para turno de réplica, tiene la palabra el señor
Camp.
El señor CAMP I BATALLA: Gracias, señor Presidente.
Quiero agradecer al señor ministro el contenido de su
intervención, que seguro valorarán de forma muy positiva las
señoras y señores diputados que están en el hemiciclo en este
momento.
Usted terminaba diciendo que estamos ante la posibilidad de
hacer una reforma histórica y lógicamente, lo que usted ha
hecho hoy aquí son anuncios; será reforma histórica si el
conjunto de la Cámara, en su momento, llega a producir estos
textos.
Es bueno conocer la voluntad del Gobierno para afrontar estos
trabajos y en esa línea iba nuestra interpelación de hacer una
llamada sobre un tema que la sociedad pide a voces, como es la
adaptación de los instrumentos judiciales a las necesidades de
la sociedad de hoy día, necesidades civiles, penales, pero
también básicamente comerciales, económicas y buena parte de
la credibilidad de las instituciones públicas, en el sentido
más amplio del término, está precisamente en función de dar
respuesta a estos retos que se están comentando en este
momento.
Las reformas que usted ha anunciado en el terreno de lo
contencioso-administrativo, o de la Ley de Enjuiciamiento
Civil con esa reducción de 130 procedimientos a tres, van en
la línea de lo que en su día también anunció de hacer que la
justicia sea inteligible para el ciudadano, no ya sólo para
los profesionales y no únicamente el sentido de las sentencias
sino el camino con que una persona se puede encontrar en un
momento determinado ante una situación concreta y que pueda
entenderla. Con 130 procedimientos distintos esto es un
galimatías que no puede de ninguna forma funcionar. Usted ha
hecho referencia a la reforma de la ley del procedimiento
concursal con el anuncio de la ley concursal para diciembre.
Ha citado los temas que ha mandado a la Comisión General de
Codificación y todos ellos son coincidentes con el interés que
mostraba esta interpelación y creemos que de ser abordados nos
situarían en un plano de igualdad y competitividad con
nuestros socios comunitarios. Por otra parte, nuestra
actividad productiva nos demanda poder tener estos
instrumentos de lucha --en el término más positivo que se
puede encontrar-- en el mercado y del que es necesario poder
disponer. Con la referencia última que ha hecho a la futura
reforma de la Ley orgánica del Poder Judicial se modernizaría
todo el aparato, propiamente dicho, de la Administración de
justicia, a veces concretado con el
término de Oficina judicial, aunque es mucho más amplio, pero
básicamente con dicha Oficina judicial, con las posibilidades
de gerencias, de mecanismos modernos de gestión
posibilitarían, junto con la ejecución de sentencias, a que
usted hacía referencia, un planteamiento absolutamente
distinto de lo que hoy es la justicia en España.
Este planteamiento que usted ha hecho, las manifestaciones de
este diputado y seguramente la coincidencia general de las
Cámaras requieren también una concreción porque estos son
temas de los que se ha hablado repetidas veces, no en esta
legislatura sino en anteriores y aunque cualquier reforma en
el terreno normativo siempre ha de ser cautelosa, la que
estamos tratando todavía más, aunque es urgente, perentorio y
necesario que ello se concrete y sea una realidad porque, en
definitiva --seguro que usted coincide porque también son
palabras suyas-- lo que vamos a buscar es una justicia de
calidad y ella viene determinada por la rapidez, la agilidad y
la eficacia.
Muchas gracias, señor ministro, señoras y señores diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor ministro.
(Pausa.) ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar posición?
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor López Garrido.
El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, señorías, antes de
referirme en concreto al objeto de la interpelación, quisiera
recordar modestamente al señor Ministro --que nos ha sacudido
con una riada de anuncios de proyectos legislativos-- que hay
un compromiso adoptado por el Gobierno en ejecución de una
unánime decisión de esta Cámara hace algunas semanas en el
sentido de enviar, antes de la finalización del siguiente
período de sesiones, un proyecto de ley de justicia gratuita y
del turno de oficio. Ese sí es un compromiso importante, que
no ha citado en el conjunto de proyectos que nos ha dicho
tienen en cartera, y que nos parece muy ambicioso. Dudamos que
este Gobierno tenga la fuerza política para poder llevarlos a
cabo en esta legislatura, pero en cualquier caso como
proyecto, siempre es interesante tener estas ideas de ambición
para encarar de una vez por todas la importantísima reforma de
la justicia.
El objeto de la interpelación que ha permitido al señor
ministro hacer una exposición sobre los futuros proyectos de
reforma de la justicia, está centrado en las consecuencias
económicas que en estos momentos tienen en nuestro país las
deficiencias judiciales y procesales que hay en todo lo que se
refiere al mundo de lo económico y, en concreto, a las crisis
económicas.
Me he entretenido en extraer algunas cifras de las
estadísticas elaboradas por el Instituto Nacional de
Estadística que son realmente impresionantes. En España, en
los siete últimos años, ha habido 5.603 empresas en crisis,
con unos activos de 3,4 billones de pesetas, que representan,
nada menos, que cerca del 4 por ciento de los activos que
figuran en los balances de las empresas que tributan en el
Impuesto de Sociedades, referidas al año 1990. Las
suspensiones de pagos han sido aproximadamente 550 al año y
las quiebras unas 250 al año; suspensiones de pagos que
afectan, sobre todo, a grandes empresas y quiebras que
afectan, sobre todo, a pequeñas empresas. Hay veinte veces más
activos representados por las suspensiones de pagos que por
las quiebras. El pasivo de las suspensiones de pagos
producidas en abril --este dato venía esta mañana en un
periódico de ámbito nacional-- es el 47 por ciento superior al
del año pasado en el mismo mes.
Si pasamos a los efectos de comercio devueltos e impagados,
nos encontramos con que solamente en el mes de abril --cifra
muy reciente y también venía en la información que he leído
esta mañana-- hay 1.155.000 efectos de comercio devueltos
impagados, que representan cerca de 180.000 millones de
pesetas. Si a todo esto se une la morosidad que tiene el
propio Estado (porque el Estado es uno de los entes que peor
pagan en este país y, además, se añade la morosidad del
sistema financiero, la importante morosidad de los activos que
se convierten inmediatamente en pasivos en el sistema
financiero, como consecuencia de déficit importantes de
gestión del propio sistema financiero) nos da un panorama
impresionante, pavoroso, de la situación de crisis económica
manifestada en estos aspectos de morosidad, de impagos, que
tiene unas consecuencias tremendas en el mundo económico y
financiero.
El coste del capital es mucho mayor por lo que se ha llamado
la prima de riesgo, que el prestamista incluye siempre en
todos los créditos --esto pasa en nuestro país, no pasa en
otros países--, que se calcula en uno o dos puntos del valor
de los activos de la empresa, por tanto, se produce una
pérdida del valor de los activos --una empresa en crisis
inmediatamente es valorada mucho peor-- y la pérdida del
capital humano, por todo lo que representa de despidos, de
aumento de paro y de corruptelas en el sector económico.
Es sabido que, por ejemplo, muchas empresas de la construcción
utilizan los reformados de las obras públicas --el 20 por
ciento que se permite-- para compensar la tardanza en el pago
por parte del Estado. En el sector alimentario, por ejemplo,
las ventas se hacen bajo aval bancario, lo que significa un
aumento de precio --y esta es una consecuencia importante del
aumento de la inflación--, y, en última instancia, todo este
sistema de impagos, de morosidad, de crisis económicas,
arrastran a pequeñas y medianas empresas que normalmente, por
el juego de los créditos privilegiados, son las últimas en
cobrar y que, a su vez, son causa de problemas,
de pérdida de activos y de capital humano. Por tanto, las
causas, junto a los errores en selección de riesgos o errores
empresariales, están, sin duda, en una crisis económica
estructural que está atenazando al mundo occidental en los
últimos años; una crisis económica profunda, una profunda
crisis de empresas, que la explica y donde hay que instalar
toda esta problemática planteada acertadamente por esta
interpelación. Ante esta enorme crisis económica que produce
estos elementos tóxicos, encontramos que tenemos un sistema
judicial, un sistema jurídico, concretamente unos
procedimientos concursales absolutamente obsoletos, unos
sistemas que son incapaces de adaptarse a esta problemática.
Naturalmente, una reforma jurídica no podría solucionarlo de
la noche a la mañana, pero, desde luego, hay un absoluta
incapacidad del sistema judicial, de los procedimientos
concursales en concreto, para poder enfrentarse a este
tremendo problema de las crisis económicas, en donde, repito,
hay que inscribir esta problemática planteada por la
interpelación que, en última instancia, impulsa esta reforma
de la justicia, este gran problema de la reforma de la
justicia, que en estos momentos ya se hace absolutamente
necesaria porque se inscribe dentro del conjunto de una enorme
crisis económica de proporciones históricas.
Entrando más en concreto en los aspectos civiles o mercantiles
relacionados con los impagos, la morosidad, las suspensiones
de pagos o las quiebras, quería decir algo sobre las
insuficiencias de los procedimientos. Usted ha hablado también
de esas insuficiencias; ha hablado de la lentitud de los
procedimientos --los ritmos judiciales están definitivamente
desfasados en este momento--; hablado de la dificultad de
ejecución de las sentencias, y los procedimientos concursales
ayudan a que haya dificultades en esta ejecución de sentencias
con los trucos de todos conocidos como el hecho de buscarse
acreedores que produzcan embargos preferentes que hacen
imposible, a partir de ese momento, el pago de las deudas
posteriores. La opacidad de las responsabilidades societarias,
la existencia de múltiples créditos privilegiados que dan
lugar a una dinámica de lucha y de pugna en vez de a una
dinámica de cooperación, todo esto favorece al litigante
temerario en nuestro país, favorece el abuso de la
personalidad jurídica con sociedades interpuestas, con
dificultades enormes para poder llevar a cabo el cobro de las
deudas. Esto en el plano civil. Por tanto, es absolutamente
necesario que haya una reforma de la legislación procesal
civil, que usted ha anunciado, y tiene que hacer un especial
hincapié en este tipo de situaciones que tienen que ver con
las relaciones entre deudores y acreedores.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor López Garrido,
vaya concluyendo, por favor.
El señor LOPEZ GARRIDO: Voy concluyendo, señor Presidente.
Centrándonos más en el aspecto mercantil o empresarial, hay
que decir que nuestra legislación concursal parte de una
filosofía que no es de recibo en este momento: una filosofía
basada en una relación puramente privatista entre empresarios,
entre deudores y acreedores, que no tiene en cuenta, en
absoluto, intereses económicos generales o intereses de los
trabajadores y que está basada en un procedimiento por una
parte muy laxo, ya que cualquier semiquiebra se puede
disfrazar de suspensión de pagos y, por otra parte, en un
procedimiento rigidísimo, que no valora, que no permite
valorar la situación de la empresa, y que no está pensado para
que la empresa se mantenga, sino más bien para su liquidación,
como sucede normalmente. Además, a eso se une la impunidad de
los administradores; nuestra legislación penal y nuestra
legislación mercantil favorecen esa impunidad de los
administradores. En definitiva, la Ley de suspensión de pagos
funciona --se ha dicho muy acertadamente-- más bien como una
ley de suspensión de quiebra que contamina toda la suspensión
de pagos, que confunde liquidación con supervivencia de la
empresa, que además dificulta que la empresa pueda sostenerse
y, por tanto, toda la trama de estos procedimientos
concursales está pensada más bien para la liquidación que para
la conservación de la empresa. Toda reforma de los
procedimientos concursales tiene que basarse en la filosofía
de conservar la empresa, no de liquidarla, para lo cual habrá
que revisar todos los presupuestos objetivos de los
procedimientos concursales que permitan anticiparse a la
crisis, de forma que no sean el final de esa crisis, cuando ya
no tiene remedio y el enfermo está absolutamente herido de
muerte. Hay que ir a una responsabilidad verdadera de los
administradores. El caso Banesto ha puesto de manifiesto cómo
estamos absolutamente alejados de una mínima exigencia de
responsabilidad de los administradores, cómo se puede producir
una impunidad absoluta de estos administradores. Hay que ir --
estamos de acuerdo con lo que señalaba el señor Ministro-- a
un único procedimiento para concursos de acreedores,
suspensión de pagos y quiebras; hay que ir a una fase
importante en primera devaluación de la situación de la
empresa, que haya una gestión económica de la empresa que
permita sostener a esa empresa; hay que tener en cuenta los
intereses difusos que están presentes en toda crisis de
empresa, no solamente entre el empresario y acreedores
determinados, sino todo lo que rodea eso, los intereses
generales, y no convertir, como ahora mismo sucede, al sistema
concursal en un procedimiento puramente de ejecución. Los
procedimientos concursales tienen que ser componedores de
intereses y no puramente ejecutorias de la situación. Hay que
ir, por tanto, a un enfoque regulador, muy distinto del
enfoque privatista, que viene del siglo XIX,
hay que meter elementos sociales en los tratamientos de la
crisis, hay que ir a una profesionalización de los órganos del
concurso y hay que meter al Estado también en la legitimación
activa a través del Ministerio Fiscal. Esperemos que en esa
reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que nos
anunciaba esté.
Por último, hay que ir, desde luego, a unos tribunales
especializados, excluyentes y exclusivos, que den un
tratamiento unitario al conjunto de los procedimientos de
crisis de empresas y que permitan esa filosofía, absolutamente
diferente de la existente en estos momentos, una filosofía de
conservación de la empresa, una filosofía de presencia de los
intereses sociales frente a la filosofía en estos momentos
liquidacionista de la empresa y puramente privatista que
preside nuestra legislación concursal.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor López
Garrido. Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Fernández de Trocóniz.
El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Señor Presidente,
señoras y señores Diputados, señor Ministro, en España, y no
es actual en absoluto, sino que ya viene del antiguo régimen,
es consustancial en el tema judicial la lentitud, lentitud que
se quiso ya arreglar con la Ley de Enjuiciamiento Civil de
1855. Siempre solemos decir que la lentitud de la Justicia en
España se va a arreglar a base de grandes leyes de
enjuiciamiento, a base de leyes orgánicas del Poder Judicial.
Por cierto, permítamne que ahora mismo y con todos los
respetos haga con mi boca una cierta mueca aviesa y no es en
absoluto ni de sorna ni de burla, sino simplemente de cínico
ingenuismo en el sentido de pensar que, después de haber
estado más de cien años con una Ley provisional Orgánica del
Poder Judicial, ahora, en menos de diez años, tengamos dos
leyes definitivas orgánicas del Poder Judicial.
Señor Ministro, quiero decir lo que entiendo a través de mi
experiencia en materia procesal. Las reformas procesales que
sean buenas; no importa que sean muchas o pocas, sino buenas y
efectivas. No es un problema para la ejecución de los
créditos, no es un problema para que los acreedores cobren el
que se reforme la Ley de Enjuiciamiento Civil, no es un
problema para que la Justicia se acelere el que estén ciento
treinta o tres procedimientos; es un problema que seriamente
considero de parto de los montes. El problema no es éste.
Señor Ministro, en un procedimiento judicial se puede reducir
su tramitación un mes, dos meses, pero si posteriormente se
tarda en dictar sentencia más del doble de tiempo, seis meses,
un año; si simplemente para providenciar una admisión de
demandas se puede tardar más de un año, esto evidentemente
requiere soluciones diferentes, requiere soluciones de calado,
requiere soluciones de profundidad.
¿Podemos pensar, tal vez, en un impulso procesal, siempre a
instancia de parte, eliminando al máximo posible los cargos de
trámite? Puede ser. Evidentemente, en lo que no podemos pensar
en absoluto es en un establecimiento obligatorio de
arbitrajes.
No nos engañemos, señor Ministro, en los últimos doce años ha
habido dos leyes de medidas urgentes de reforma procesal; 6 de
agosto de 1984, 30 de abril de 1992. La primera introdujo una
modificación fundamental en el procedimiento de menor cuantía.
Vayamos a analizar antes de reformar cuáles han sido las
consecuencias reales del establecimiento de la comparecencia.
¿Sirve la comparecencia para algo o no sirve la comparecencia
para nada? Vayamos ahora a esta Ley de 30 de abril de 1992.
Fundamentalmente va a significar un descargo importante en
materia contencioso-administrativa en el Tribunal Supremo.
Pero, señor Ministro, la Ley Orgánica del Poder Judicial
previó el establecimiento de juzgados de primera instancia de
lo
contencioso-administrativo y están sin crear. Y ya quieren
establecer una nueva ley definitiva orgánica del Poder
Judicial.
¿En qué quedamos? Vamos a establecer definitivamente un
sistema judicial orgánico y procesal que dure, de verdad, y no
con carácter provisional 100 años, sino con carácter
definitivo, a lo mejor, 200 años, yendo al grano y al meollo
de las cuestiones, no haciendo grandes leyes que,
posiblemente, se convierten, al cabo de los años, en simple
agua de borrajas.
Pasando al tema que nos ocupa, cual es la modificación del
procedimiento y la legislación concursal en España, he de
decirle que, a pesar de que, en principio, pudieran parecer
derrotistas mis palabras, en el sentido de que no creemos en
absoluto que ninguna reforma sea eficaz, por supuesto que las
reformas hay que hacerlas, pero, como le decía al principio,
reformas buenas, sean pocas o muchas, en materia concursal en
España. No nos engañemos, la gente no paga, no por culpa de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, sino, normalemente, porque no
tiene y porque no existe garantía con la cual hacer efectiva
la deuda correspondiente.
Sin embargo, creemos que de manera inmediata sí se pueden
establecer medidas que tiendan a hacer eficaces procedimientos
concursales y procedimientos ejecutivos singulares, ejecución
singular o universal, y que se basan, no fundamentalmente en
materias procesales, sino en materia de garantías previas de
aquellas personas que asumen las deudas. En la actualidad, un
talón sin fondos tiene meramente una sanción penal de arresto
mayor a multa de 100.000 pesetas a 1.000.000 de pesetas, según
el artículo 563 bis a) del Código Penal, pero luego es que nos
vamos al otro gran aparato de defraudaciones contemplado en
los artículos 519 y
527 del Código Penal, cuales son los alzamientos, quiebras,
concursos e insolvencias punibles, y nos encontramos con que
prácticamente son insólitos aquellos casos en que se puede
producir este tipo de supuestos, que básicamente se refieren a
la quiebra fraudulenta y a los cómplices de la quiebra
fraudulenta. Y siempre estamos pensando en las personas de los
acreedores. ¿Y las personas de los socios? ¿Es que las
personas de los socios, a pesar de todas estas quiebras, no
ven también mermados sus intereses económicos como
consecuencia de haber incurrido los administradores de las
sociedades en cuestión en las mismas conductas delictivas que
aquellas personas que hemos dado en llamar fraudulentas?
Sí es importante, entendemos, establecer mejores y mayores
garantías en aquellas personas que asumen deudas y en aquellas
personas que asumen dirección y administración de empresas por
cuenta de terceros. Sí que es importante, en este sentido,
actuar y reformar profundamente el Código Penal, agravando las
penas y estableciendo penas no solamente al cheque sin
provisión de fondos, sino también a la letra, sin que
oportunamente se haya hecho provisión de fondos, así como a
las tarjetas de crédito, sin que se haya hecho provisión de
fondos respecto a su pago, dado que no es posible la
comprobación bancaria.
Con garantías de este tipo, que son las garantías que tiene el
ordenamiento jurídico más serias y efectivas para poder
conseguir sus propósitos, sí que, realmente, podremos llegar a
conseguir un sistema que posiblemente no sea perfecto, en
cuanto a ejecución del cumplimiento de las obligaciones por
los deudores, pero que, por lo menos, será más eficaz que el
que actualmente tenemos.
Además, es necesario establecer responsabilidades civiles
directas por parte de administradores de compañías en nombre
de terceros. En cuanto a esto, me alegra que el señor Ministro
haya recogido nuestras enmiendas en el sentido de la
postergación... (El orador pronuncia palabras que no se
perciben.) También nos gustaría que se recogieran nuestras
enmiendas, en cuanto a la extensión de la responsabilidad
civil a los administadores de este tipo de sociedades y a
otras sociedades anónimas.
Vayamos a materia de derecho concursal...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Fernández de
Trocóniz, vaya concluyendo.
El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Señor Presidente,
procuraré concluir de la manera más rápida posible.
Señoras y señores Diputados, no solamente postergación legal
de créditos, sino también medidas que posibiliten de manera
tributaria y facilitación de apunte en nuestra legislación
bancaria --me alegra que esté es esta sesión en este momento
el Ministro de Hacienda-- que posibiliten la transformación y
el cambio de los pasivos de las empresas en capitales
transitorios, de forma y manera que no tenga por qué verse
ejecutados los créditos, sino que se vean revertidos a las
empresas. También es importante regular reservas en las
sociedades para cobertura de aquellos riesgos que no son
susceptibles de ser cubiertos mediante contratos de seguro. Me
estoy refiriendo, en concreto, a la extinción de los contratos
de trabajo posibles no susceptibles de cobertura mediante
contrato de seguro y, sin embargo, tiene un reflejo claro y
definitivo en los pasivos de los ciudadanos en el supuesto de
liquidación.
También sería necesario regular, y es posible y necesario hoy
día, la intervención del sector público en las empresas en
crisis. ¿Por qué a unas sí y a otras no? ¿Por qué a unos
sectores sí y a otros sectores no? Es preciso también
establecer una normativa definitiva sobre aquellas personas
que deben desempeñar los procedimientos, porque un grave
defecto que se da en las transformaciones de posibles quiebras
o suspensiones de pagos, es precisamente por las valoraciones
periciales de los activos. Hoy día no existe normativa alguna
al respecto. No nos engañemos. La normativa reguladora de las
competencias profesionales de los arquitectos es
fundamentalmente un decreto de 1846. Así, evidentemente no
podemos seguir.
Por tanto, señor Ministro, sí, por supuesto, y bienvenidas
sean las reformas, que son absolutamente necesarias, pero que
sean reformas buenas y que sean reformas efectivas.
No estoy de acuerdo con el señor Camp cuando dice que la
calidad en la justicia es agilidad y rapidez. La calidad es
calidad, buen Derecho. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Fernández de Trocóniz.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICION CANARIA, SOBRE MEDIDAS
PREVISTAS EN EL MARCO DE LA NEGOCIACION QUE MANTIENE
TABACALERA CON LA COMPAÑIA INTERNACIONAL PHILIP MORRIS PARA
MANTENER O INCREMENTAR LA PRODUCCION DE LAS LABORES TABAQUERAS
DE LA CITADA MULTINACIONAL EN LAS PLANTAS DE TABACALERA EN LA
PENINSULA (Número de expediente 172/000062)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Interpelación urgente
del Grupo parlamentario de Coalición Canaria sobre medidas
previstas en el marco de la negociación que mantiene
Tabacalera con la compañía internacional Philip Morris para
mantener o incrementar la producción de las labores tabaqueras
de la citada
multinacional en las plantas de Tabacalera en la península.
Para la exposición de la interpelación, tiene la palabra el
señor Martín.
El señor MARTIN MENIS: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, señor Ministro, hace unos meses
este Diputado hacía una pregunta al Ministro preocupado por el
contrabando del tabaco y su incidencia en la política de
Tabacalera y más concretamente en el empleo. Y no fue casual
sino que estábamos muy preocupados por esta industria. Tampoco
fue casual que la semana pasada este Diputado le hiciera otra
pregunta al señor Ministro sobre las posibles modificaciones
de contratos que se pudieran estar produciendo entre
Tabacalera y las compañías multinacionales. El señor Ministro
contestó que ya se habían negociado los contratos de British
American Tobacco y Reynolds, y se mantenían conversaciones
para la modificación del existente entre Philip Morris y
Tabacalera. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Nos
respondió que, como en toda negociación había un toma y un
daca. Hoy nos gustaría saber algo sobre cuál es el toma y cuál
es el daca. El Ministro evadió una respuesta al empleo y
concretamente al empleo en Canarias. De aquí nos gustaría
partir, para intentar llevar al ánimo de esta Cámara, del
Gobierno y del señor Ministro, nuestra preocupación por el
futuro de la fabricación en España de las marcas de esta
multinacional y, dentro de ella, y con más preocupación, si
cabe, por la debilidad del tejido industrial en la España
archipielágica, por la fabricación en la planta que Tabacalera
y Philip Morris tienen en Canarias al 50 por ciento.
¿Por qué nos preocupa? Yo creo que hemos de partir de que es
conocido y público que existe hace muchos años un contrato
entre Philip Morris y Tabacalera, realizado en la época del
monopolio y negociado bajo la prepotencia que en aquella época
podía negociar
Tabacalera en condiciones de monopolio. Incluso, no lo puedo
confirmar, creo que Philip Morris ha presentado un recurso en
el Tribunal de La Haya por ese contrato.
En esta negociación para nosotros no cabe sino dos variables
serias en las decisiones que se puedan estar tomando: Cuánto
se paga por la licencia de fabricación o en los conceptos que
sea y dónde se fabrica el producto. Se puede fabricar en las
plantas que tiene en la península Tabacalera o en las plantas
canarias que tiene Tabacalera con Philip Morris. Porque el
resto (el marketing, la distribución, la tecnología, etcétera)
son de casi exclusiva responsabilidad de uno o de otro o
tienen fácil acuerdo por el abanico de posibilidades
que hay.
No nos parece posible que se esté negociando perder la
condición privilegiada que tiene hoy Tabacalera sin obtener
contrapartidas y fabricar fuera de España. Por eso, nos
preguntamos cuáles pueden ser las diferentes alternativas. La
primera es que se suban los importes de los «royalties» o de
los cánones o se modifiquen sus condiciones por fabricar bajo
licencia a cambio de fabricar todas las marcas de Philip
Morris, incluyendo L&M, que hoy se importa del extranjero, o
abriendo nuevas líneas de colaboración en otras posibles
fabricaciones con Philip Morris. Podría ser una buena
solución. Aunque no se gane mucho a corto plazo, sin embargo,
podría ganarse a largo plazo.
Otra solución sería subir ese importe del canon y fabricación,
que creemos que es lo que se pretende en Philip Morris, y que
se produjeran todas las marcas que tiene este fabricante en la
fábrica que tiene Philip Morris y Tabacalera. Sería
probablemente bueno para Canarias, muy bueno, y quizás para
Philip Morris, pero entendemos que puede ser difícil para las
otras plantas de Tabacalera en la península. Podríamos pensar
que del 40 por ciento que hoy se fabrica en Canarias y el 60
por ciento en la península de un producto como el Marlboro se
pasara al 50/50, como tiene el fabricante Reynolds en su
acuerdo con Winston. La otra posibilidad sería la contraria, y
ésa es la que nos preocupa: Fabricar todo en la península, lo
que puede ayudar a resolver los problemas de esas plantas de
Tabacalera, y cerrar la planta canaria. A nosotros nos
parecería una monstruosidad y tener muy poca visión de Estado,
y no creo que se le esté pasando por la cabeza a nadie, aunque
ése es el rumor. Nos preocupa porque operaciones similares se
realizaron no hace mucho tiempo y, aunque nos parecieron
rumores después se llevaron a la práctica.
Pedimos que no se negocie sólo para mejorar la cuenta de
explotación de la multinacional o de Tabacalera, que es
importante, sino que, teniendo una buena palanca en un
contrato, de época pasada pero en vigor, se tenga en cuenta
con prioridad absoluta la estabilidad del empleo de forma
genérica y con especial hincapié en donde el desempleo es más
lacerante, en Canarias. Me gustaría decir en dos palabras cuál
es, qué es el sector tabaquero canario y qué representa para
Canarias. Fue el sector industrial más brillante, 12.000
puestos de trabajo, y tuvo una pujanza comercial y tecnológica
muy importante en los años 70. Tabacalera cercenó sus
posibilidades, es historia, pero ésa fue la realidad. Hoy
todavía, a pesar de esa política que estableció Tabacalera,
tiene más de 3.000 personas en empleo directo y más de 1.000
en indirecto. El valor de la producción del sector tabaquero
canario en 1989 se cifró en 71.000 millones de pesetas, de los
que se exportaron a península-Europa el 78, 55.000 millones, y
el 23 restante, 15.200 millones al mercado interior.
Es el único sector exportador. Y en la industria canaria, el
valor añadido bruto, de los 235.000 millones
de la industria canaria, en general, el 17 por ciento es de
esta industria. La pequeñez de la industria canaria, que sólo
tiene el 10 por ciento del PIB, es clara, si la comparamos con
el 22,8 por ciento del resto del Estado. En este contexto es
donde hay que estudiar lo que representa el sector tabaquero y
sus industrias auxiliares. Es básico para su mantenimiento
cubrir unos umbrales mínimos de producción que permitan, en
una economía de escala, seguir siendo competitiva; y es aún
más básico, si cabe, mantenerlo de cara a la industria
auxiliar, que, para ser competitiva en calidad, precio y
tecnología, necesita también llegar a esos umbrales.
La pérdida de una de las tres grandes fábricas que quedan de
las multinacionales podría significar el fin de las otras y,
al final, también el de las industrias auxiliares. Y si estas
industrias auxiliares dejaran de existir no sólo se perderían
sus puestos; otras industrias se han establecido por tener ese
sector auxiliar, como pueden ser las industrias de envasado de
alimentación, y también se pueden poner en peligro.
En fin, sin querer ser trágico, puede significar la debacle de
la pequeña industria canaria. Y lo podemos decir porque
tenemos la experiencia de habernos anticipado en otras
ocasiones. La historia viene de hace muchos años, de los años
70, y se han venido cumpliendo esas previsiones, para nuestra
desgracia. Por eso, señor Ministro, estamos tan preocupados.
Por eso estamos interpelando hoy al Gobierno con los mejores
modos, con nuestras mejores argumentaciones, con nuestros
mejores razonamientos, pero con la firmeza que sea necesaria
para que esto no pueda ocurrir, intentando huir de políticas
de partido demagógicas, que podrían ser fáciles, llamando a la
comprensión de todas SS.SS., de todos los partidos, para que
no pueda volver a ocurrir que, por improvisación, por falta de
visión del problema global o por falta de ver el enfoque
canario, tengamos otra situación desgraciada.
Vuelvo a repetir que Tabacalera le puso el coto a la industria
canaria en la época del monopolio. Cuando la tuvo
prácticamente ahorcada, entró en Canarias para salvar sus
puestos de trabajo (fue público), cuando la presión social era
muy alta. En cuanto pudo y cambiaron las condiciones, se
volvió a ir, no hace mucho, dejando la operación de liquidar a
una empresa de allí. Se incentivaron bajas con el señuelo de
construir un gran hotel, que nunca viene mal, pero que es
precisamente el sector que no necesita de la iniciativa
pública, porque, señor Ministro, y con el mayor respeto para
la profesión, nosotros no queremos que todo el futuro de
Canarias pase por el servicio de los hoteles. Por último, dos
consideraciones: se negoció el Poseicán; costó un importante
esfuerzo, que conoce perfectamente el señor Ministro, porque
tomó parte activa en él; se lograron cupos para importación de
tabaco sin tarifa exterior común, que hoy no se están
empleando en su totalidad, bien por decisiones de Tabacalera,
que tiene en sus manos contratos de fabricación de las grandes
marcas, o bien por otras circunstancias que afectan muy
directamente al Ministerio de Hacienda.
Las inversiones de Tabacalera en Canarias podrían tener mayor
rentabilidad con los beneficios fiscales de un REF económico
que acabamos de aprobar en esta Cámara. Sería un error actuar
sobre un escenario en crisis (industria del tabaco en
Canarias), cuando precisamente el marco ha cambiado con el
nuevo REF que beneficia a las empresas por la exportación y el
Impuesto sobre Sociedades. Sería inexplicable que la primera
consecuencia que Pudiera tener un REF es que no fuera rentable
una industria que, tecnológicamente, está muy preparada en
Canarias y que lo ha demostrado a lo largo de la historia. No
podemos permitir que una región con un 28,47 por ciento de
paro estimado, según las cifras correspondientes al primer
trimestre, o con el 22,5, según el paro registrado del INEM,
tenga más parados. Los parados canarios tienen menores
oportunidades de entrar en el mercado laboral, por sus
restricciones en cuanto a la movilidad geográfica, y es así de
sencillo, y reducir la producción sería hacer un daño terrible
cuando medidas como la del contrabando y los precintos deben
estar dando resultados, y eso lo debe conocer el señor
Ministro. En fin, señor Ministro, querríamos hacer una
pregunta concreta: de las variables posibles de la negociación
¿va a fijar la del empleo en Canarias como un objetivo
prioritario? ¿Sí o no? Ese es el quid que nos preocupa. Si el
Ministro fija eso como objetivo, estamos totalmente
convencidos de que se puede mantener en Canarias la industria
y la planta de la que estamos hablando. Si no fuera así,
indudablemente hay muchas fórmulas para negociar un contrato y
que, al final, el resultado no sea el apetecido. Las variables
son muy grandes, pero Tabacalera, indudablemente, es la que
tiene el contrato y es la que tiene la sartén por el mango.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín.
Para contestar a la interpelación en nombre del Gobierno,
tiene la palabra el señor Ministro de Economía y Hacienda.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señorías, me procupa que, en una interpelación como la de hoy,
al final pueda acabar defraudando al interpelante, porque es
cierto que S.S. me está pidiendo que exponga cuáles son los
objetivos y posiciones en una negociación que, por definición,
tiene que ser discreta y, en consecuencia, resulta difícil
expresar de forma pública cuál es su contenido y qué es lo que
se pretende conseguir.
Hecha esta reflexión, con la que volveré a terminar mi
contestación, querría hacer algunas consideraciones que S.S.,
por otro tipo de razones que entiendo bien, y su preocupación
por el empleo en Canarias, en cierta medida olvida. Olvida la
difícil situación del sector tabaquero, no en Canarias, sino
yo diría que a nivel mundial, a nivel europeo y,
específicamente, en nuestro país. Difícil situación como
consecuencia, sobre todo en España, de dos factores que S.S.
conoce bien: por una parte, la caída de la demanda y, por
otra, la desaparición del monopolio y la apertura de mercados
que supuso nuestra integración en la Comunidad Europea.
La caída de la demanda es un hecho especialmente
significativo, porque estamos hablando de reducciones de
alrededor de un 2 por cien anual acumulativo, lo cual supone
que una industria que en el pasado tenía unas perspectivas
claras de crecimiento futuro, evidentemente, en la situación
actual no tiene unas perspectivas parecidas. Es cierto que,
además, la revolución tecnológica está planteando problemas
adicionales, desde el punto de vista de la capacidad
productiva. Es necesario menor capacidad productiva teórica,
porque la tecnología ha permitido, con esa menor capacidad,
satisfacer una demanda mayor, y es verdad que ese problema se
da no sólo en España, sino en todos los mercados europeos.
Todo esto ¿a qué lleva? Necesariamente, a aplicar ambiciosos
planes de racionalización, que todas las empresas que quieran
sobrevivir tienen que poner en marcha. Y este es, yo entiendo,
el objetivo de mantener el empleo en Canarias, ¿cómo no lo voy
a entender? Somos conscientes de la importancia del paro en
las islas y de la dificultad alternativa en las islas, pero
también es cierto que una actuación que no tome en cuenta la
posibilidad de competividad de una empresa como Tabacalera, al
final, tendrá resultados más negativos para todos. Pero esta
actuación es parecida por parte de otras empresas. La última
empresa en presentar un programa de reestructuración ha sido
Rothman''s, que ha anunciado su programa en fecha tan próxima
como el 24 de junio, con una reducción de mil empleos y una
concentración de sus plantas. Si, además de este problema de
adaptación a las nuevas circunstancias, vemos que nosotros
tenemos que hacer frente a una nueva situación, consecuencia
de la entrada en la Comunidad, es verdad que Tabacalera no
puede ser ajena a este nuevo reto que se nos plantea.
Su señoría hace referencia a un punto concreto, que es la
producción de Philip Morris en España y la situación de las
plantas de Philip en España. Es verdad que las cifras de
producción que Philip Morris España ha llevado a cabo en
Canarias se han reducido de 380 millones de cajetillas en 1991
a 270 millones en 1993. Pero, al mismo tiempo, también la
producción por parte de Tabacalera de las labores de Philip
Morris se han reducido desde 287 millones de cajetillas en
1991 a 194 millones en 1993.
¿Cuál es el resultado de esta caída de la producción, tanto en
Canarias como por parte de Tabacalera en labores de Philip
Morris? Sin duda, una caída importante en los resultados de
explotación de las empresas. En concreto, mientras que en el
año 1991 los resultados de explotación de las compañías
tabaqueras ascendieron, en términos agregados, a algo más de
32.000 millones de pesetas, en el año 1993 sólo fueron 4.800.
Por tanto, en dos años, la caída es de más de 32.000 millones
a 4.800 millones. Y Philip Morris España no ha sido una
excepción a esta situación general. Es verdad que todavía gana
dinero, pero ha pasado de 7.700 millones de resultados en el
año 1991 a 1.900 en 1993. Por lo tanto, la cuestión no se
plantea, en mi opinión, en términos globales, sobre si a una
empresa o a una fábrica concreta debe dársele una solución
específica, sino cómo debemos intentar resolver el problema de
un sector enormemente importante, desde el punto de vista
económico, pero, sin duda alguna también, con dificultades a
largo plazo como consecuencia de esa caída de demanda,
resultado, entre otras cosas, de la modificación de los
hábitos de los consumidores, a los que no son ajenas las
posiciones de las autoridades sanitarias intentando conseguir
una disminución del consumo de tabaco. En este sentido, ¿cuál
es la posición del Gobierno? El Gobierno, como accionista de
Tabacalera; no hay que olvidar los intereses de los restantes
accionistas de Tabacalera. Evidentemente, que esa adaptación,
que es absolutamente necesaria e imprescindible, se haga de la
forma, yo diría, más suave posible, mediante esquemas --en
principio, es deseable que sean así pactados entre empresas y
sindicatos y buscando empleos alternativos en otras
actividades, que permitan compensar, económica y socialmente,
especialmente en algunos ámbitos territoriales, aquellos
impactos que inevitablemente se están produciendo. Pero para
que esta estrategia tenga éxito, es absolutamente
imprescindible que este proceso se realice con períodos
dilatados, porque, de otra forma, no disponemos de calendario
suficiente para que, en paralelo, se generen nuevas
actividades y empleos.
¿Qué está sucediendo en este momento con el caso Philip
Morris? Ya le dije el pasado día 22 que Tabacalera está
discutiendo con Philip Morris un nuevo marco de relaciones
entre ambas compañías. Era imprescindible que modificáramos
este marco como consecuencia de nuestro ingreso en la
Comunidad. El contrato anterior no era válido con la normativa
comunitaria y, por tanto, necesariamente teníamos que
renegociar. La Comisión de las Comunidades considera que en
sus distintos extremos los contratos anteriores no se
adaptaban a la legislación comunitaria, por lo que también ha
conminado a nuestro país para que se revisen los mismos con
objeto de subsanarlos.
Este caso no es muy distinto del que se planteó con otra
empresa en Canarias hace algún tiempo, que es la empresa
Reynolds, y que finalmente creo que fue solucionado mediante
una nueva formulación de las relaciones entre ambas compañías,
con un impacto en Canarias que creo que su señoría tendrá que
reconocer que ha sido claramente positivo, dado que ha
permitido despejar las incertidumbres que existían sobre la
viabilidad de la planta que esa compañía multinacional tenía
en la isla de La Palma. Esa compañía ha pasado a integrarse en
una empresa conjunta creada entre Reynolds y Tabacalera, al
mismo tiempo que se han forzado las producciones que se
elaboraban en esa fábrica, asegurando su futuro.
¿Qué objetivo persigue Tabacalera? Sin duda alguna, mantener
en nuestro país el máximo de producción posible de los
productos Philip Morris, precisamente con el objetivo de
salvaguardar también el máximo empleo. Las negociaciones aún
no han concluido, por lo que difícilmente se puede entrar en
los detalles que, de alguna manera, se prejuzgan en su
intervención, aunque puede estar convencida su señoría de que,
al margen de la caída de la demanda que se ha producido y que
va a ser difícilmente recuperable, la solución tratará de
buscar un punto de equilibrio entre todos los intereses en
litigio.
Su señoría pretende que vaya más lejos y que le dé garantías
que hoy, desgraciadamente, no puedo darle, porque, como decía
antes, todo depende de la negociación en liza. Sin embargo, su
señoría tendrá que reconocer que la experiencia del
comportamiento en el pasado de Tabacalera con Canarias ha sido
más bien positiva. Su señoría ha hecho referencia a la crisis
tabaquera en 1970, podríamos hacer referencia también a las
actuaciones de Tabacalera en 1980 que, sin duda alguna, han
ayudado a mantener el sector en Canarias y a conseguir una
actividad razonable para este sector en aquellas islas.
El futuro, evidentemente, dependerá de estas negociaciones
que, como he dicho anteriormente, hoy es difícil que pueda
desvelar su contenido en esta interpelación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Martín.
El señor MARTIN MENIS: Gracias, señor Presidente.
Nos preocupa la contestación del señor Ministro; nos coloca en
la difícil situación del sector tabaquero, en la caída de la
demanda, en la pérdida del monopolio y el incremento de la
productividad y la tecnología. Algunas cifras no nos
coinciden, señor Ministro. La evolución de las ventas en el
área del monopolio en los años 1989 a 1993, según los datos,
creemos nosotros, de Tabacalera, es la siguiente: total del
mercado, 3.854 millones en el año 1989; 3.997 en el año 1990;
4.123, en el año 1991; 3.928 en 1992, y 3.567 en 1993. Eso
daría un 7,45 por ciento de pérdidas en un período de cinco
años. Pero, señor Ministro, si a eso le incrementamos el
contrabando, que está medido, que está estimado por
tabaqueros, por el sector, etcétera, tendríamos una cifra de
4.176, porque no fueron más de 200 millones en 1989; 4.200
millones en 1990; 4.422 en 1991; 4.416 millones en 1992 y
4.400 millones en 1993. Con estas cifras se habría
incrementado el 5,36 por ciento.
Nos preocupa perder artificialmente el mercado; no nos
preocupa perder el mercado de una forma natural, a eso hay que
adaptarse. Pero, por ejemplo, no están cambiando los hábitos
del consumo de Marlboro, es público y notorio que se fuma cada
vez más, y esa es una de la principales labores de la
multinacional Philip Morris.
El grupo British American Tobacco, que tiene 1.800 millones de
pérdidas en el año 1993, y este año estima tener 300 millones,
está invirtiendo al ritmo de 1.200 millones de pesetas año y
espera invertir 6.000 millones en los próximos cinco años.
Estas son las previsiones de British American Tobacco. Y nos
preocupa que en Philip Morris, que sí está ganando, esté en
estos momentos hablándose de que si hay unas condiciones se
renegocie, y que no se vea una viabilidad y una certeza para
que esa empresa hoy pueda seguir. En cuanto a la modificación
del contrato, hoy, por la incorporación a la Comunidad
Económica Europea, hay que señalar que hace diez años que nos
incorporamos. Lo que sí sabemos es que hay unas condiciones
muy duras porque fueron negociadas en la época del monopolio.
Por el acuerdo anterior --del que hablamos en otra empresa--
vemos que una empresa como Tabacanaria y otra como
Cigarcanaria, que compró Tabacalera para salvar los puestos de
trabajo, se han cerrado completamente y se perdieron mil
puestos de trabajo. Y estamos hablando de hace dos años.
No pretendemos ninguna garantía. Pretendemos que cuando se
fijen los objetivos --que se han de fijar--, esos objetivos
sean de mantenimiento de puestos de trabajo, pero no por
condiciones artificiales; lo que queremos es que no se
pierdan, repito, por condiciones artificiales o por otros
intereses. Y, señor Ministro, nos preocupa su contestación
porque individualmente es poco clara. Nos preocupa mucho
porque llega el verano y nos preocuparía todavía más que estas
cosas ocurrieran en verano.
El rumor viene de muchos lados, y cada día va cogiendo más
cuerpo que el cierre de Philip Morris puede ser inminente,
pero en su fábrica no hay síntomas de ello. Su dirección dice
que no lo conoce. Los resultados de los ejercicios son
positivos, muy altos en los útlimos años y algo menos en 1993;
pero en comparación
con British American Tobacco, que está invirtiendo, son muy
positivos. La industria es moderna y es competitiva; el clima
de trabajo parece que es bueno; la cantidad de cajetillas que
se consume en el mercado de Philip Morris es muy superior a la
que se puede fabricar en Canarias, que fabrica sólo el 40 por
ciento. El contrabando debe tender a reducirse con las medidas
que está marcando el propio Ministerio; algunos cupos de
tabaco no se cubren y se puede producir más; el nuevo REF que
se ha aprobado en esta Cámara y que ha defendido el propio
Ministro como un REF magnífico para Canarias parece que sería
suficiente para incentivar el empleo y la economía; los
fletes, según indican, bajarán si el segundo registro de
buques tiene éxito; la industria auxiliar demuestra que
compite con precios de calidad, porque está exportando. Y con
éstos y muchos argumentos más se podría defender, sin ninguna
duda, que Tabacalera, con el contrato que tiene con Philip
Morris para fabricar bajo licencia, puede y debe garantizar
los puestos de trabajo de la planta que tiene en Canarias,
sola o con Philip Morris, porque también puede fabricar sola,
igual que lo hace en otras fábricas de España, si a la
multinacional no le interesa, ya que el contrato para fabricar
bajo licencia quien lo tiene es Tabacalera. Solamente otros
argumentos podrían justificar una postura diferente, y esto lo
vemos tan claro que, a no ser que haya una estrategia
totalmente diferente a largo plazo y que se quieran defender
otras cosas, nos parece que sería muy fácil decir: miren, esos
puestos --por ahora y si las marcas que fabrican no caen--
están garantizados. Por ejemplo, podría pactarse con Philip
Morris que se les sube el canon --o lo que sea-- a los niveles
necesarios y que Philip Morris cerrara su planta, pasándose a
fabricar todo en otras plantas. Esa decisión --que debería ser
libre-- de Philip Morris podría estar inducida por un cambio
de contrato, y eso nos preocuparía mucho.
Pensamos que Tabacalera tiene la sartén por el mango y que
jugando con la libertad del mercado --pero con el mango--
puede poner el aceite en donde quiere; y nos preocupa que el
aceite no tenga su parte, la que le corresponde --no
pretendemos más--, que no siga teniendo su parte, repito, en
la planta, en una planta que tiene hoy 500 trabajadores, lo
que es muy importante para la pequeña industria canaria y para
una economía canaria que no llega al 10 por ciento de su
producción industrial y que tiene las mayores cotas de
desempleo de toda España.
Por eso no queremos que la empresa pierda esa planta, la
gestione quien la gestione y, sobre todo, no queremos que se
pueda llegar a algún tipo de acuerdo sin conocerlo la
Comunidad canaria, sin conocerlo los responsables políticos,
porque, aun respetando la libertad que todas las empresas
tienen, no queremos que se llegue a dicho acuerdo y que lo
conozcamos tan sólo cuando pueda existir. Ojalá que esté
totalmente equivocado y no tenga justificación. Les pediría
perdón a SS.SS. por entretenerlos hasta esta hora de la noche,
pero ojalá, repito, estemos equivocados, porque en ese caso la
negociación hubiera sido un éxito y tendría nuestras
felicitaciones sin lugar a dudas. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señor Martín, voy a hacer algunos comentarios, dado que no veo
elementos adicionales nuevos en su respuesta. Yo creo que S.S.
está de acuerdo conmigo en que las cifras nos dan una caída de
consumo, aunque podemos discutir si más o menos. Su señoría
dice que si suprimimos el contrabando mejorará el consumo. Es
cierto, pero primero hay que suprimirlo. Por tanto, no
vendamos la piel del oso antes de cazarlo.
La situación real es la que es; se está actuando contra el
contrabando, se está obteniendo algunos resultados, pero todos
sabemos que éste no es un tema tan fácil de resolver como para
intentar sacar las conclusiones a las que llega su señoría.
De su intervención da la impresión de que se piensa, primero,
que Tabacalera actúa en Canarias con la finalidad de cerrar
plantas --le preocupa el cierre de Tabacanarias y de
Cigarcanarias-- y, sin embargo, olvida el fuerte esfuerzo que
hace Tabacalera, por ejemplo, para implantar en Canarias
marcas relativamente importantes, como son «Lucky», «Bisonte»,
«Celtas» y «Royal Crowm», que anteriormente se fabricaban en
la península y que se han concentrado en Canarias precisamente
para mantener actividad importante en esa zona. Cuando su
señoría habla de condiciones naturales frente a condiciones
artificiales da la impresión de que prejuzga en el sentido de
que hay algo así como una instrucción a Tabacalera para que
actúe contra Canarias. Ahí sí le puedo garantizar que nada más
lejos del interés del Gobierno. El interés del Gobierno
central es mantener el máximo de puestos de trabajo en
Canarias y en el resto del país, pero también es el máximo
interés del Gobierno que las empresas sean rentables y que se
definan con criterios de gestión modernos y eficientes en
cuanto a su actividad económica.
Por eso, yo creo que éste es un tema que debemos dejar en
manos de Tabacalera, que está gestionada por profesionales y
que sabe cómo tomar sus decisiones. Desde luego, lo que sí
puedo garantizarle es que no hay ninguna condición artificial
impuesta, pactada o decidida por el Gobierno en esa dirección.
Y, evidentemente, hay ventajas adicionales en Canarias
vinculadas al REF, vinculadas al segundo registro, vinculadas
a los cupos, que sin duda alguna jugarán un papel importante
en la toma de decisión que tendrá que hacerse, porque es
verdad que la peor solución al final, desde el punto de vista
global, es una situación de pérdida de una empresa que da los
peores resultados para todos.
Por tanto, S.S. parte de un supuesto que yo creo que responde
más a situaciones de pasado que a situaciones de futuro.
Cuando S.S. hace referencia a que Tabacalera tiene la sartén
por el mango, yo le diría que hasta cierto punto. Tabacalera
es una empresa que, evidentemente, tiene un capital privado en
ella; que tiene que actuar con criterios de mercado; que, por
consiguiente, el Estado es accionista de la misma, pero en un
determinado porcentaje; que está compitiendo con otras
empresas, en el mercado europeo, y que su obligación
fundamental es adaptarse para subsistir en ese difícil mercado
que se plantea. En resumen, creo que hay que dejar a
Tabacalera un margen de maniobra para actuar de forma
racional, y lo que sí puedo asegurarle es que, dentro de esa
racionalidad, intentará al máximo mantener los puestos de
trabajo en Canarias. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Espasa.
El Señor ESPASA OLIVER: Gracias, señor Presidente.
A la espera de la posible moción que pueda presentar el Grupo
interpelante, donde estaremos en condiciones de fijar mejor
nuestra posición, sí podemos avanzar con el corazón, y si se
me permite la licencia con los pulmones divididos, que estamos
a favor de preservar los puestos de trabajo de la planta
Philip Morris en Tenerife y ayudar en el esfuerzo que el Grupo
interpelante plantea al Gobierno, y debería plantear también
la Comunidad de Canarias, para salvar estos puestos de
trabajo.
Hacía alusión a la división del corazón y los pulmones puesto
que, al fin y al cabo, es producción de una droga
institucional que, por otra parte, produce tantos perjuicios a
la salud de los que libremente deciden usarla, y evidentemente
tienen toda la libertad para hacerlo.
Hecha esta salvedad, señorías, nosotros creemos justa la
preocupación del Grupo interpelante y parcipamos de sus
preocupaciones; sin embargo, les recordamos que alguna
responsabilidad tienen, y han tenido, en tanto que el Gobierno
de Canarias, o la van a tener en futuro en el seguimiento de
esta preocupación para salvar estos puestos de trabajo, para
salvar esta empresa, y estaremos atentos, como he dicho, a lo
que sea la moción para contribuir con nuestra reflexión, si
conviene con nuestras enmiendas o nuestros votos, a que
Tabacalera haga todos los esfuerzos para que, junto con la
multinacional y con lo que pueda ser la parte alícuota de
responsabilidad del Gobierno canario, se preserve la plantilla
y los puestos de trabajo de la planta de Tenerife.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Espasa.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Cabrera.
El señor CABRERA PEREZ-CAMACHO: Señor Presidente, señorías,
nuestro Grupo Parlamentario comparte la preocupación del Grupo
interpelante en cuanto al futuro de un sector como el
tabaquero de Canarias, de tanto prestigio e importancia para
la industria y para la economía de las islas. A nuestro
juicio, cualquier evento, cualquier suceso que pueda poner en
peligro, que pueda implicar una quiebra en el futuro del
sector trabaquero canario, debe ser considerado con extrema
cautela, tanto si se refiere a una disminución de la
producción industrial como si se refiere a un posible
desmantelamiento por desplazamientos de hecho a otras áreas
geográficas, de los volúmenes de producción. Ello siempre
llevará consigo, en uno u otro supuesto, una reducción
importante en un sector ya castigado, laboralmente hablando,
como es el de la industria tabaquera canaria.
Antes de que el señor Ministro hiciera uso de la palabra, yo
tenía ciertas dudas en cuanto a la oportunidad y a la
verdadera trascendencia, de hecho, de esta interpelación
planteada por Coalición Canaria. Tengo que decir que, después
de oír al Ministro, estoy completamente convencido de que esa
oportunidad era cierta.
Por tanto, más que nunca tenemos ahora motivos para apoyar en
el futuro una posible moción que tienda a restringir los
efectos que una desacertada política por parte de Tabacalera
pueda traer al sector. Creo que el señor Ministro ha sido un
poco etéreo en su contestación. En cualquier caso, no se ha
comprometido en absoluto con el futuro del sector en Canarias,
que es de una importancia estratégica y vital para las islas.
Son tres y no dos, a nuestro juicio, las causas que han
promovido, y que están promoviendo de hecho, cierta
inestabilidad en el sector del tabaco en Canarias, no
solamente la crisis europea y general que aborda todo el
sector del tabaco y toda la producción tabaquera a nivel
mundial y europeo, por supuesto, también lo es, no cabe duda,
la gestión y la política contractual de Tabacalera
precisamente en relación con las multinacionales. Las
multinacionales tienen en parte la culpa --y luego nos
extenderemos sobre ellas-- en razón a lo que está ocurriendo
con el contrabando. Pero la última de las cuestiones, que es
precisamente el contrabando de tabaco, casi no ha sido tocada
con el Ministro, cuando creo, y estoy plenamente de acuerdo
con el interpelante, que es una de las cuestiones que más daño
está haciendo,
como podemos ver por los datos, tanto a la industria tabaquera
nacional como a la canaria en particular.
Debemos ser conscientes, señorías, de que, en lo que se
refiere al sector canario, hay 1.500 puestos de trabajo que
pueden estar pendientes de que por fin se consiga algo
positivo en la lucha contra el contrabando de tabaco. Debemos
ser conscientes de que uno de cada cuatro paquetes de
cigarrillos rubios que circulan en el territorio nacional son
claramente producto del contrabando. Y debemos ser conscientes
de que eso implica para el Erario Público más de 87.000
millones de pesetas anuales de merma de ingresos fiscales si a
lo largo del año 1994 y de 1995 no se consigue que el sistema
de precintados fiscales surta más eficacia de la que se ha
conseguido antes, con una inaplicación o aplicación ineficaz
de la Ley Orgánica de contrabando de 1982.
En cualquier caso, el Gobierno no demostró en su día tener la
eficacia que todos podíamos esperar de él en esa lucha contra
el contrabando. Yo sé que no es una lucha fácil, por supuesto,
pero el Gobierno tiene que asumir la responsabilidad de la
merma por el contrabando en los ingresos de las industrias
canarias. No puede olvidarse ese factor como una
responsabilidad propia del Gobierno. Dicho esto, parece obvio
que mientras que en los años 1991 y primer semestre de 1992,
aunque existía el factor del contrabando no se notaba
prácticamente nada en los ingresos de la industria tabaquera
canaria, en 1993 fue espectacular el bajón que se produjo en
los ingresos debido precisamente al contrabando. Si a esto
añadimos la segunda parte de mi razonamiento, es decir, la
gestión de Tabacalera y la contratación con las
multinacionales que en parte --también lo decía-- son
culpables de que haya tabaco rubio fabricado por las propias
multinacionales que entra de contrabando cuando podrían
controlarlo y no lo hacen --esa es la parte de culpa que
tienen las multinacionales--, lo que resulta evidente, señor
Ministro, es que el Gobierno no puede adoptar posturas tibias
o indecisas en la defensa de un sector que es vital en la
economía canaria.
Por tanto, la postura de nuestro Grupo es exigir a las
multinacionales colaboración en combatir el factor esencial en
la caída de las ventas de tabaco --ventas legales, por
supuesto--, que es el contrabando. Por otra parte, desde
luego, Tabacalera es una sociedad anónima, pero es una empresa
pública, señor Ministro, y uno de los pocos objetivos que
justifican la existencia hoy en día de las empresas públicas
es que sirven para favorecer a aquellos sectores que se
consideran estratégicos para la economía nacional. ¿Qué más
estratégico en Canarias que el sector del tabaco? ¿Qué más
estratégico que un sector que lleva más de un siglo siendo uno
de los pocos orgullos que tiene la industria canaria? Que el
Gobierno utilice su mayoría en Tabacalera y de alguna manera
la induzca a que no olvide en ningún caso las empresas
canarias, que no olvide en ningún caso los puestos de trabajo
en el sector.
Desde luego, nosotros nos comprometemos desde ahora a apoyar
cualquier moción que se presente como consecuencia de esta
interpelación y que implique un equilibrio, un futuro lógico y
una eficacia en el planteamiento no solamente de política de
gestión o de relación contractual con esas multinacionales,
sino una política con un amplio abanico de posibilidades en el
futuro para Canarias en todo el sector del tabaco.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Popular.) Gracias, señor Cabrera.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra
el señor Padrón.
El señor PADRON DELGADO: Muchas gracias, señor Presidente.
Excepcionalmente, el Grupo Socialista, que no suele fijar
posición en las interpelaciones, sino que expresa su opinión
en el debate de la consiguiente moción, y debido al tema
tratado y a pesar de la hora de la noche, hemos creído
conveniente hacerlo en este caso, porque, efectivamente,
cuando una región tiene un 25 o un 26 por ciento de desempleo
y existen rumores insistentes sobre la desaparición de una
empresa de la categoría de Philip Morris en Tenerife, es
motivo de total preocupación para el Grupo Socialista.
En tal sentido, quiero recordar al Ministro que en el año 1991
y en 1992 ya se efectuó una reestructuración de la presencia
de Tabacalera en Canarias que afectó precisamente a la
provincia por la que soy representante y que supuso la pérdida
de más de mil puestos de trabajo en unas condiciones también
pactadas por los sindicatos, señor Ministro --entonces no era
usted el responsable--, de puestos alternativos que hasta la
fecha no se han visto.
Por tanto, la preocupación que permanece en nuestro Grupo es
que no pueda ocurrir lo que en 1991 y en 1992. Reconozco que,
efectivamente, la posición de Tabacalera con Canarias ha
tenido momentos de auge y momentos oscuros. Yo resalto, y creo
que es mi deber públicamente manifestarlo aunque sólo sea para
que figure en el «Diario de Sesiones», la magnífica política
que el actual presidente de Telefónica, siendo presidente de
Tabacalera, el señor Cándido Velázquez, realizó con la
preocupación y con la sensibilidad para el establecimiento y
el mantenimiento del sector industrial tabaquero en Canarias,
cosa que no se ha correspondido luego con los posteriores
gestores de la compañía.
No es es momento de hacer un análisis global. Lo que sí quiero
manifestarle al señor Ministro es que, en esa negociación que
se está llevando a cabo, por encima de
todo prime la permanencia de esta empresa, que, como se ha
dicho por diversos manifestantes, es de una importancia
capital, de las pocas industrias con participación en el PIB
canario. Por tanto, creemos necesario, lógico y conveniente
que la política que realice el Gobierno, y en este sentido
tendrá todo nuestro apoyo, vaya en el sentido del
mantenimiento, en condiciones favorables para la empresa, de
los puestos de trabajo en este sector industrial. En tal
sentido, también vamos a estar en contacto tanto con los
trabajadores como con la empresa y, por su-puesto, atentos a
lo que pueda manifestar la moción, puesto que, efectivamente,
la postura del Grupo Socialista irá siempre en el sentido
positivo del mantenimiento de la empresa.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Padrón.
El Pleno se reanudará mañana a las nueve de la mañana. Se
suspende la sesión.
Eran las nueve y veinticinco minutos de la noche.