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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 84, de 28/06/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1994 Núm. 84 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 83
celebrada el martes, 28 de junio de 1994
Página
ORDEN DEL DIA:
--Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución por
nuevos señores Diputados (Página 4264)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a
la carrera profesional médica y de enfermería. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 63.1, de 4
de marzo de 1994 (número de expediente 122/000051) (Página 4265)
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas
legislativas:
--Proyecto de Ley de modificación de la edad de jubilación de
los funcionarios de los Cuerpos docentes universitarios
(número de expediente 121/000055) (Página 4275)
--Modificación del orden del día (Página 4275)
--Ampliación de plazo de Comisiones de investigación (Página 4275)
Toma en consideración de proposiciones de ley (Continuación):
--Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre
regulación del permiso parental y por maternidad. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 50.1, de 20
de diciembre de 1993 (número de expediente 122/000039)
(Página 4275)
Proposiciones no de Ley:
--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre posibilidad de
utilización de carburantes con aplicación del tipo reducido
previsto en el artículo 50 de la Ley 38/1992, de 28 de
diciembre, de Impuestos Especiales, por toda la maquinaria
minera. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D,
número 112, de 17 de junio de 1994 (número de expediente
162/000118) (Página 4280)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
protección contra el ruido. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie D, número 31, de 29 de noviembre de 1993
(número de expediente 162/000049) (Página 4284)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, sobre la política general del
Gobierno en materia de transportes, con especial detenimiento
en el sector ferroviario, en relación con el Plan Estratégico
de Renfe (número de expediente 173/000044) (Página 4291)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
política de cooperación y ayuda al desarrollo con la República
de Venezuela (número de expediente 173/000045) (Página 4299)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número
85, de 29 de junio de 1994.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución por
nuevos señores Diputados (Página 4264)
Toma en consideración de proposiciones de ley(Página 4265)
Del Grupo Parlamentario Popular, en el Congreso, relativa a la
carrera profesional médica y de enfermería (Página 4265)
El señor Fernández-Miranda y Lozana defiende la proposición de
ley del Grupo Popular afirmando que, según el artículo 149.30
de la Constitución, le corresponde al Estado en exclusividad
la expedición de títulos académicos y profesionales. Sin
embargo, tanto el Gobierno como el Partido Socialistahan
preferido controlar a los profesionales y establecer sobre
ellos una vigilancia determinada, en vez de involucrarles y
hacerles partícipes del propio Sistema Nacional de Salud.
Quizás los muchos problemas que en estos momentos tiene el
Sistema Nacional de Salud puedan encontrarse en el hecho del
abandono que los profesionales de la sanidad en general, y muy
especialmente los médicos y diplomados en enfermería, han
sufrido en los últimos años. El Grupo Popular quiere iniciar
un camino bien distinto: quiere implicar a los profesionales
de la Sanidad en el hecho sanitario, y para conseguir esa
implicación y que se sientan partícipes, opinando e influyendo
sobre las decisiones que hacen que la Sanidad Pública sea de
una forma o de otra, es para lo que presenta esta proposición
de ley como un primer paso hacia ese deseo de contar
sustancialmente con el entusiasmo de los profesionales, que se
ha ido perdiendo lamentablemente los últimos años.
Recuerda que, hace pocos meses, el máximo responsable de la
política sanitaria del Partido Socialista reconoció
públicamente que se habían equivocado yendo contra los
médicos, convencidos de que todos ellos iban a practicar una
sanidad antisistema sanitario público. Partiendo del
reconocimiento
de esa equivocación, creen que el Grupo Socialista apoyará la
toma en consideración de lo que pretende ser, simplemente, el
inicio en esta Cámara de la toma de conciencia para involucrar
a los profesionales en la sanidad. Añade que la propuesta que
realizan en estos momentos arranca además del esfuerzo hecho
por su Grupo Parlamentario de recoger las sugerencias que ya
otros grupos hicieron en la legislatura anterior, con ocasión
de una iniciativa de corte similar a la presente, y nace
también del grado de acuerdo alcanzado tanto en la
Organización Médica Colegial como con el Consejo de Colegios
de Diplomados en Enfermería, así como con sindicatos y algunos
profesionales organizados y con profesionales a título
personal. Tratan así de plasmar en un texto legislativo algo
que en este momento es una demanda importante de los grupos
profesionales y conscientes de que es sólo una de las partes
que han de ser ordenadas con respecto a las profesiones
sanitarias.
Concluye señalando que el texto de la proposición piensa que
es equilibrado, tanto en las disposiciones generales como en
las que afectan a la medicina y a la enfermería, en donde
pretenden hacer, además, planteamientos absolutamente
equiparables y similares en su esencia, en su desarrollo y en
su importancia para ordenar profesionalmente estas dos
profesiones tan esenciales para la sanidad. Menciona los
aspectos más destacados de la proposición, opinando que debe
ser tomada en consideración y que sea rectificada en la medida
en que los grupos parlamentarios lo consideren oportuno. En
este sentido solicita el voto favorable de los grupo de la
Cámara para admitir a trámite la proposición de ley.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores
Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria;
Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV); Cardona i
Vila, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y las señoras
Maestro Martín, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, y Mendizábal Gorostiaga, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se rechaza la toma en consideración de
esta proposición del Grupo Popular por 128 votos a favor, 163
en contra y una abstención.
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas
legislativas (Página 4275)
Proyecto de ley de modificación de la edad de jubilación de
los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios
(Página 4275)
El señor Presidente informa que la Mesa, oída la Junta de
Portavoces, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150
del Reglamento, ha acordado someter a la aprobación de la
Cámara la tramitación directa y en lectura única por el Pleno
del proyecto de ley de referencia.
Se aprueba por asentimiento.
Modificación del orden del día (Página 4275)
Asimismo el señor Presidente informa que la Junta de
Portavoces ha acordado proponer al Pleno la inclusión de un
nuevo punto en el orden del día, correspondiente a la
tramitación directa y en lectura única que acaba de ser
aprobada del proyecto de modificación de la edad de jubilación
de los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios.
Se aprueba por asentimiento dicha modificación del orden del
día.
Ampliación del plazo de comisiones de investigación (Página 4275)
El señor Presidente informa que la Mesa de la Cámara, por
último, ha acordado someter al Pleno la solicitud formulada
por la Comisión de Investigación sobre la situación, evolución
y gestión del patrimonio de don Mariano Rubio Jiménez para la
ampliación del plazo de realización de sus trabajos hasta el
30 de septiembre de 1994.
Se acuerda por asentimiento dicha ampliación del plazo.
Toma en consideración de proposiciones de ley (Continuación)
(Página 4275)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre
regulación del permiso parental y por maternidad (Página 4275)
El señor Casas i Bedós defiende la proposición de ley del
Grupo Catalán (Convergència i Unió), justificando la
presentación de la misma en que, a su juicio, siguen
existiendo en nuestra sociedad, por razón de sexo o de género,
aunque de forma indirecta, algunos aspectos discriminatorios
en el acceso al mercado laboral, en la selección de personal,
que afecta directamente a la mujer.
Reconoce que se ha avanzado en la lucha contra la
discriminación que a veces sufre la mujer en el mercado de
trabajo, pero también es verdad que quedan muchas cosas por
hacer. Su Grupo Parlamentario no pretende resolver el problema
en toda
su dimensión, pero sí realizar un pequeño esfuerzo, dar un
pequeño paso que pueda mejorar la actual situación del acceso
de la mujer embarazada o en edad de tener hijos, evitando una
de las discriminaciones que aún siguen existiendo. En este
sentido se trataría de trasladar los efectos de la excedencia
forzosa que regula el Estatuto de los Trabajadores a los
supuestos de excedencia por cuidado de los hijos. También
modifica la proposición la actual regulación jurídica de lo
que es entendido como baja por maternidad o considerada como
una enfermedad o una incapacidad laboral transitoria. Entiende
que esta conceptuación no es correcta porque no se trata ni de
una enfermedad ni de una incapacidad laboral y merecería una
definición y un tratamiento aparte en las normas que regulan
este tipo de bajas.
Concluye señalando que el texto de la proposición puede
corregirse en trámites posteriores y aclara que se trata de
una medida a la que seguirán otras de protección de la
familia.
Para fijación de posiciónes intervienen las señoras Urán
González, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, Sainz García, del Grupo Popular, y Rodríguez
Ortega, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se aprueba la toma en consideración de la
proposición de ley por 269 votos a favor, 13 en contra y
cuatro abstenciones.
Proposiciones no de ley (Página 4280)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre posibilidad de
utilización de carburantes con aplicación del tipo reducido
previsto en el artículo 50 de la Ley 38/1992, de 28 de
diciembre, de Impuestos Especiales, por toda la maquinaria
minera (Página 4280)
El señor Cuevas Delgado defiende la proposición no de ley, en
nombre del Grupo Socialista, afirmando que la misma trata
básicamente de dotar al sector de la minería de un instrumento
de competitividad en los mercados internacionales y, por
consiguiente, de un fortalecimiento de nuestra industria
minera introduciendo en nuestra legislación la posibilidad de
usar el carburante unificado en la maquinaria móvil utilizada
en las actividades reguladas en la Ley de Minas. Recuerda que
la Ley 6/77 de Fomento de la Minería destaca la singular
naturaleza de las actividades mineras y su forzosa vinculación
a zonas territorialmente determinadas, de manera que es
imprescindible aplicar a dicho sector instrumentos específicos
dentro de los regímenes generales establecidos para la
industria. Afirma que la minería es una actividad industrial
con un mercado internacional muy competitivo, pero que si se
aprovechan bien los recursos naturales del país pueden
conseguirse exportaciones importantes, para lo que es
fundamental la mejora de sus factores productivos. Alude al
tratamiento establecido en otros países comunitarios en los
que, haciendo uso de la normativa vigente autorizan el consumo
de gasóleo con tarifas reducidas, a diferencia de lo que
sucede en nuestro país, lo que dificulta la competitividad de
nuestros productos. De ahí que estime no sólo oportuno sino
necesario dotar a nuestra industria minera de un tratamiento,
como el que proponen en la proposición no de ley, que les
permita reducir costos y fortalecer su posición competitiva en
similares circunstancias a las que ya tiene la industria
minera en Europa.
Por consiguiente, a través de la moción instan al Gobierno a
proponer las medidas legislativas necesarias para alcanzar el
objetivo y para este fin piden el voto favorable de los grupos
parlamentarios.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Popular
interviene el señor Landeta Alvarez-Valdés.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los
señores González Lizondo, del Grupo Mixto; Sánchez i Llibre,
del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y señora Urán
González, del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación, se aprueba la proposición no de ley del
Grupo Socialista por 275 votos a favor.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
protección contra el ruido (Página 4284)
La señora Martínez Saiz defiende la proposición no de ley del
Grupo Popular. Expone que el desarrollo industrial, la
construcción de nuevas infraestructuras, el crecimiento de los
núcleos de población y, sobre todo, el cambio de hábitos de
vida son algunas de las principales causas que han elevado los
niveles sonoros que percibimos. Añade que la variedad de las
fuentes sonoras y su aumento en el tiempo hacen imprescindible
la intervención del Estado para arbitrar medidas, a través de
una normativa básica que tenga en cuenta tanto las molestias a
los ciudadanos como las necesidades de los fabricantes y
usuarios de maquinaria y aparatosos ruidosos. Habida cuenta de
que en estos momentos nos encontramos con que en la mayoría de
las encuestas se coloca el ruido en el primer lugar de las
molestias percibidas por los ciudadanos, de ahí la necesidad
de que el Gobierno
traiga a la Cámara, lo antes posible, un proyecto de normativa
para introducir las medidas necesarias que contribuyan a
mejorar nuestra calidad de vida. Se trata, por lo demás, de
algo que ya fue estudiado en la legislatura anterior sin que,
a su juicio, existan motivos para que se retrase más la
aprobación de la correspondiente norma básica.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los
señores Ríos Martínez, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, y Martinón Cejas, del Grupo Socialista.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Albistur
Marín, del Grupo Mixto; Martín Menis, del Grupo de Coalición
Canaria; Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV), y
Sedó i Marsal, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo
Popular, en los términos resultantes de la aceptación de la
enmienda transaccional formulada en el curso del debate, es
aprobada por 292 votos a favor.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 4291)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre la política general del Gobierno en
materia de transportes, con especial detenimiento en el sector
ferroviario, en relación con el Plan Estratégico de Renfe
(Página 4291)
El señor Ríos Martínez defiende la moción del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, justificando la
misma fundamentalmente en la presentación por la Presidenta de
Renfe de un plan estratégico de la compañía con todo lujo de
detalles, haciendo un canto al ferrocarril que vamos a tener,
pero pasando de puntillas por los importantes problemas que
deberían ser solucionados antes de ir a cualquier otro
planteamiento.
Expone que el Grupo de Izquierda Unida quiere defender un
ferrocarril moderno integrado en la red europea, un
ferrocarril que tenga como filosofía lograr un sistema
ferroviario moderno y eficaz, tanto para el transporte de
viajeros como para el transporte de mercancías, pero para ello
haría falta superar cuatro grandes problemas que tiene el
ferrocarril en nuestro país, como lo tienen todos los países
europeos, y que consisten, primero, en el saneamiento de la
situación financiera de la red, en gran parte como
consecuencia de que Renfe ha tenido que hacer frente a lo
largo de la historia tanto a la gestión de las
infraestructuras como a la conservación de la misma; en
segundo lugar, a la armonización de las tarifas por el uso de
las infraestructuras; tercero, armonización ecológica que
implica que a cada modo de transporte se le imputen los costes
correspondientes a efectos externos, y, por último, la
progresiva armonización de los regímenes sociales y
condiciones de trabajos en los distintos modos de transporte,
haciendo frente a lo que la Directiva 440 de 1991 marcaba para
la Comunidad.
Cree, sin embargo, que en la presentación del Plan Estratégico
se soslayaron los cuatro grandes problemas, constituyendo el
objetivo de la moción que ahora presenta, primero, que antes
de la aprobación del Plan Estratégico de Renfe se inicie un
gran debate social sobre la presencia y papel del ferrocarril
como servicio público en una actuación intermodal, con una
visión del territorio integrado para todos los ciudadanos que
viven en nuestro país. En segundo lugar, que la política de
inversiones no se concentre o vaya solamente hacia el tren de
alta velocidad o las grandes actuaciones competidoras del
transporte aéreo o de la carretera, sino que vayan también al
transporte del ferrocarril convencional. Asimismo pretende,
por último, que se abra una negociación seria entre la empresa
y sindicatos para que la regulación de empleo pueda terminar
mediante negociación entre las partes.
El señor Camisón Asensio defiende las enmiendas presentadas
por el Grupo Popular, a la vez que fija la posición de dicho
Grupo respecto a la moción de Izquierda Unida.
Completan el turno de fijación de posiciones los señores
Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV), Sedó i
Marsal, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Roncero
Rodríguez, del Grupo Socialista.
Sometida a votación la moción de Izquierda Unida, es rechazada
por 13 votos a favor, 156 en contra y 130 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre política
de cooperación y ayuda al desarrollo con la República de
Venezuela (Página 4299)
El señor Hernando Fraile defiende la moción del Grupo Popular.
Alude al debate celebrado el 22 de junio en torno a la
adjudicación y ejecución de una operación de 350.000 toneladas
de azúcar español que la empresa pública Focoex realizó con
destino a Venezuela, financiada con un crédito FAD de 50
millones de dólares, operación que, según el informe de la
Comisión de Investigación creada en el
Parlamento de Venezuela, tendría numerosas irregularidades y
causaría graves perjuicios a nuestras relaciones comerciales
con aquel país. Recuerda que durante el debate anterior su
Grupo describió el desarrollo de los hechos, y examinando las
explicaciones que se han venido dando por parte de la
Administración en torno a esta operación, deduce de todo ello
que se mintió al Parlamento, al Tribunal de Cuentas y a los
medios de comunicación cuando se alegó para explicar la
operación que tras el caracazo las autoridades venezolanas
habían solicitado ayuda a España a través de una operación de
emergencia de suministro de azúcar por la carencia de este
producto, muy sensible para la población.
Agrega que, por otro lado, se ha incumplido la legalidad
vigente, el Real-Decreto 16/76, de 24 de agosto, en el que se
enumeran una serie de medidas para el fomento del comercio
exterior.
Insiste en lo expuesto la semana anterior, manifestando que, a
su juicio, la operación fue un auténtico pelotazo, toda vez
que según la propuesta de la Contraloría de Venezuela la
ganancia neta fue de 62,4 dólares por tonelada, cuando según
los distintos operadores azucareros nacionales e
internacionales, consultados por su Grupo, una buena operación
es la que tiene un margen o prima entre 10 o 20 dólares de
beneficio, considerándose un pelotazo a partir de los 25
dólares, con lo que se entenderá que los 62,4 representan
claramente un sobreprecio.
Agrega que el señor Ministro no pudo o no supo contestar a
algunas preguntas que se formularon desde la tribuna hace una
semana, no aclarando diversas interrogantes, aunque sí
reconoció que si tuviera que realizar nuevamente esta
operación no se haría, lo que, a su juicio, evidencia y
refuerza las conclusiones a que han llegado, afirmando que han
sido muchas las mentiras que se han vertido por parte del
Gobierno en este asunto. Consecuentemente, el Grupo Popular
entiende que es necesario desvelar las sombras de duda que se
ocultan respecto de esta operación comercial y, ante la
imposibilidad de desvelar el trasfondo de la misma mediante
los instrumentos parlamentarios habituales, presentan la
moción solicitando la creación de una comisión de
investigación que analice esta operación, sus consecuencias y
las actividades de Focoex en Venezuela.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Recoder i
Miralles, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); Vázquez
Romero, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
y Perales Pizarro, del Grupo Socialista. Sometida a votación,
se rechaza la moción del Grupo Popular por 125 votos a favor,
160 en contra y cuatro abstenciones.
Se suspende la sesión a las nueve y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCION POR
NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS:
El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión.
Con carácter previo al desarrollo del orden del día de la
sesión, vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento
a la Constitución por parte de diversos señores Diputados
proclamados electos.
Don José Cuenca Rico, Diputado proclamado electo en
sustitución de don Juan de Dios Izquierdo Collado, ¿jura o
promete S.S. acatar la Constitución?
El señor CUENCA RICO: Sí, prometo.
El señor PRESIDENTE: Don Pablo Marcial Izquierdo Juárez,
Diputado proclamado electo en sustitución de doña Celia
Villalobos Talero, ¿jura o promete S.S. acatar la
Constitución?
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Sí, prometo.
El señor PRESIDENTE: Don Vicente Martínez Pujalte-López,
Diputado proclamado electo en sustitución de don José Manuel
García-Margallo y Marfil, ¿jura o promete S.S. acatar la
Constitución?
El señor MARTINEZ PUJALTE-LOPEZ: Sí, juro.
El señor PRESIDENTE: Don Francisco Ricoma de Castellarnau,
Diputado proclamado electo en sustitución de don Juan Manuel
Fabra Vallés, ¿jura o promete S.S. acatar la Constitución?
El señor RICOMA DE CASTELLARNAU: Sí, juro.
El señor PRESIDENTE: Don José Cuenca Rico, don Pablo Marcial
Izquierdo Juárez, don Vicente Martínez Pujalte-López y don
Francisco Ricoma de Castellarnau han adquirido la condición
plena de Diputados. Bienvenidos todos ellos a la Cámara.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A
LA CARRERA PROFESIONAL MEDICA Y DE ENFERMERIA (Número de
expediente 122/000051)
El señor PRESIDENTE: Punto I del orden del día: Toma en
consideración de proposiciones de ley.
Proposición del Grupo Popular, relativa a la carrera
profesional médica y de enfermería.
Tiene la palabra el señor Fernández-Miranda.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor
Presidente. Señorías, me corresponde, en nombre del Grupo
Parlamentario Popular, defender la proposición de ley sobre la
carrera profesional médica y de enfermería. Basándonos en el
artículo 149.30 de la Constitución Española, le corresponde al
Estado, en exclusividad, la expedición y homologación de
títulos académicos y profesionales. Esa es, precisamente, la
vía a través de la cual consideramos oportuno, en este
momento, el hecho de presentar la carrera profesional para dos
de las profesiones sanitarias, la de la medicina y la de la
enfermería, para recorrer un camino contrario al que hasta
ahora se ha recorrido (Rumores.), comenzando, por parte del
Gobierno.
El señor PRESIDENTE: ¡Señorías, ruego guarden silencio!
(Pausa.) Cuando quiera.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor
Presidente. Decía que tanto, el Gobierno como el Grupo
Parlamentario Socialista que le sustenta, el Partido
Socialista, en definitiva, hasta el presente momento y después
de 12 años han preferido controlar a los profesionales, han
preferido establecer sobre ellos una vigilancia determinada y
no una capacidad de involucrarlos, de hacerles partícipes, de
hacerles, en definitiva, cómplices del propio sistema nacional
de salud. Quizá, los muchos problemas que en este momento
tiene el sistema nacional de salud, más allá de los que pueden
surgir de la propia legislación en sí misma, que no deja de
ser un corsé, o más allá de la incapacidad del Gobierno de
presupuestar como es debido y de gastar esos presupuestos como
es debido, puede encontrarse el hecho del abandono que los
profesionales de la sanidad, en general, y muy especialmente
los médicos y los diplomados en enfermería, han sufrido en los
últimos años. El Grupo Parlamentario Popular quiere iniciar,
por tanto, un camino bien distinto, quiere implicar a los
profesionales de la sanidad en el hecho sanitario, tanto de la
sanidad pública, como no podía ser menos, como en el hecho
sanitario en su conjunto. Para ello, para conseguir esa
implicación, para conseguir que auténticamente se sientan
partícipes, no solamente a través de su trabajo cotidiano,
sino de su capacidad de opinar y de influir sobre las
decisiones que hacen que la sanidad pública sea de una forma o
de otra, es para lo que presentamos esta proposición como
primer paso, conscientes de que es un paso parcial, de que nos
ocupamos única y exclusivamente de una parte de las muchas que
deben ser ordenadas en las profesiones sanitarias, pensando
que es precisamente la faceta profesional aquélla que debe ser
ordenada como primer paso hacia ese deseo que nosotros
expresamos en esta tribuna y reiteramos públicamente cada vez
que tenemos ocasión de querer contar sustancialmente con el
entusiasmo de los profesionales, que se ha ido perdiendo,
lamentablemente, en los últimos años.
Hace bien pocos meses, el máximo responsable de la política
sanitaria del Partido Socialista reconoció públicamente que se
habían equivocado yendo contra uno de los grupos profesionales
de la sanidad, yendo contra los médicos, convencidos de que
todos ellos, sin duda ninguna por un prejuicio difícilmente
justificable, iban a practicar una sanidad anti-sistema
sanitario público. Pues bien, pensando que ese reconocimiento
de la equivocación que supuso en su momento esa política puede
ser una buena ocasión para que el Grupo Parlamentario Popular
presente en este momento la proposición no de ley, creemos que
el Grupo Parlamentario Socialista, sin duda ninguna, apoyará
la toma en consideración de lo que pretende ser simplemente
iniciar en esta Cámara, con todos los Grupos Parlamentarios
participando en este debate, esa toma de conciencia de cómo se
han ocupado hasta ahora, de cómo han considerado, de cómo han
conseguido involucrar en la propia sanidad el Gobierno y el
Grupo Socialista a los profesionales.
Queremos hacerlo, por tanto, recuperando, además, dos
principios consagrados también en nuestra Constitución, que
pensamos que lamentablemente se han ido perdiendo a lo largo
de los últimos años, recuperando los principios de mérito y
capacidad para la promoción profesional. Queremos huir de las
designaciones, queremos huir de los planteamientos poco
transparentes que han llevado en demasiadas ocasiones a
puestos de responsabilidad asistencial muy importantes a
demasiados médicos y a demasiados diplomados en enfermería sin
que detrás, a través de su propia trayectoria, a través del
conocimiento que han ido adquiriendo poco a poco mediante su
trabajo cotidiano, podamos realmente encontrar un bagaje que
les haga fiables, no solamente con vistas a los propios
pacientes, a los ciudadanos que acuden al sistema nacional de
salud, sino en demasiadas ocasiones a sus propios compañeros,
a sus propios colegas, que no les reconocen esa autoridad
más allá de la designación, demasiadas veces por razones más
políticas que profesionales; no les reconocen ese
conocimiento, esa categoría profesional que, sin duda ninguna,
es de la que debe dimanar cualquier autoridad, cualquier
capacidad de influir sobre las gentes, sobre los profesionales
que en equipos de trabajo deben hacer funcionar de forma bien
distinta la sanidad pública. La propuesta que hacemos en este
momento arranca, además, del esfuerzo hecho por nuestro Grupo
Parlamentario de recoger las sugerencias que ya otros Grupos
Parlamentarios hicieron en la legislatura anterior al haber
presentado una iniciativa de un corte similar a la que
presentamos en este momento, y nace también --he de destacarlo
por la importancia que le concedemos, no solamente en este
caso, sino en cualquier otro-- de las conversaciones, de la
opinión, del grado de acuerdo que hemos alcanzado tanto con la
Organización Médica Colegial como con el Consejo de Colegios
de Diplomados en Enfermería, así como con sindicatos y con
grupos profesionales organizados o con profesionales a título
personal. Por lo tanto, arrancamos de unos meses de
conversaciones, de propuestas, de contrapropuestas, intentando
plasmar en un texto legislativo aquello que en este momento es
sin duda una demanda importante por parte de los grupos
profesionales. Insisto que lo hacemos conscientes de que es
sólo una de las partes que han de ser ordenadas con respecto a
las profesiones sanitarias. Somos conscientes de que hay un
hueco legislativo muy importante en lo que se refiere a las
atribuciones profesionales, además en unos tiempos en los que
la evolución de las propias profesiones, la evolución de las
ciencias que nutren a cada una de estas profesiones han ido
difuminando, disolviendo lo que pueden ser las fronteras, los
puntos de conexión, por abajo en unas ocasiones y por arriba
en otras, de distintas profesiones que han dado lugar a
demasiados conflictos que deben regularse, que deben por lo
tanto, aclararse meridianamente a través de textos
legislativos, a través de leyes que deben ordenar las
profesiones, a través de la perfecta definición de las
atribuciones profesionales. Somos conscientes de que
probablemente hará falta un apoyo legislativo para la
ordenación de la función pública dentro de la sanidad pública,
de forma de convocarse, de cubrirse estas plazas, etcétera,
cubriendo, además, lo que sin duda son promesas anunciadas
desde hace prácticamente dos años, tanto en la anterior
legislatura, por lo tanto el anterior Ministro, como en la
actual por parte de la Ministra, esa ley de ordenación de
profesiones sanitarias que nunca llega a presentarse en esta
Cámara. Conscientes de eso, insisto, es la razón por la cual
traemos esta primera pieza, llamémosle pieza legislativa, para
empezar a recorrer un camino que consideramos largo, difícil y
complicado en el cual tenemos que estar todos los grupos
parlamentarios y en el que tienen que estar todos los grupos
sociales que representan a los profesionales de la sanidad, en
este caso concreto a los diplomados en enfermería y a los
licenciados en medicina.
Se presenta la proposición de ley a través de un texto,
pensamos que equilibrado, tanto en las disposiciones
generales, como en las disposiciones que afectan a la medicina
y a la enfermería, en donde pretendemos hacer además
planteamientos absolutamente equiparables y similares en su
esencia, en su desarrollo, en su importancia, en definitiva,
para ordenar profesionalmente estas dos profesiones tan
importantes para la sanidad.
No voy a leerles, obviamente, todos los artículos de la ley --
SS.SS. tienen el texto completo a su disposición--, pero sí
querría destacar algunos de ellos de especial importancia.
Así, en el artículo 3.º planteamos la regulación de las
carreras profesionales a las que se refiere esta ley,
independientemente de que en la actividad profesional, tanto
de los médicos, como de los diplomados en enfermería, se
desarrolle en la función pública o se desarrolle en la
actividad profesional privada. Tanto si se desarrolla por
cuenta propia como por cuenta ajena debe regularse en los
distintos niveles que marcamos. Esta proposición de ley que
pensamos que debe ser tomada en consideración, rectificada en
la medida en que los grupos parlamentarios consideren
oportuno, ha de dar lugar más allá de la propia ordenación de
abrir un camino conocido y reglado en progresión profesional,
a unas relaciones de empleo, tanto para la relación pública
como la privada, perfectamente nítidas y que se ajusten a los
distintos niveles que aquí marcamos.
En el artículo 6 me detendré brevísimamente para hablar de las
comisiones de acreditación, de las comisiones que han de
evaluar los conocimientos técnicos, científicos, profesionales
en definitiva, de los profesionales que quieren acceder a un
nivel superior desde el cual arrancar. Deben existir estas
comisiones de acreditación en cada profesión y, en su caso, en
cada especialidad, y deben estar formadas exclusivamente por
miembros de la correspondiente profesión o especialidad que
vaya a juzgarse, que han de ostentar, al menos, un nivel
similar o superior al que juzgan. Somos conscientes de que en
un futuro serán todas las comunidades autónomas, pero en este
momento hay muchas con competencias legislativas plenas en
esta materia y por eso decimos que estas comisiones han de
tener ámbito autonómico, han de ser convocadas con la
suficiente publicidad por las autoridades autonómicas
correspondientes, participando en ellas la comisión nacional
de especialidades, o la comisión autonómica si la hubiere.
Insisto en que los criterios de evaluación, en cualquier caso,
se fundamentarán exclusivamente, para evitar escándalos que se
han producido recientemente y que
prefiero no mencionar, en la capacidad y en el mérito
estrictamente profesionales. Estas comisiones han de hacer con
una periodicidad anual las convocatorias a través de las
cuales ha de valorarse si efectivamente los profesionales que
a ellas accedan, pueden superar el nivel desde el que
arrancan.
En la carrera profesional médica que comienza a plantearse
específicamente en el capítulo II, Título I, a través del
artículo décimo, se comienzan por definir los distintos
niveles de esta carrera profesional, desde el médico
especialista, escalón al que se accederá después de la
realización del MIR de la especialidad con la fórmula oficial
que corresponda en cada caso. El segundo nivel será el del
médico consultor asociado, el tercero médico consultor y el
cuarto médico consultor jefe. Tendrán, obviamente, una
correspondencia (sin cuya titulación profesional no podrán
acceder a los puestos, digamos, de catálogos de puestos de
trabajo, de «staff» en la sanidad pública) con los niveles hoy
conocidos que arrancarán desde el médico adjunto o jefe de
residente, hasta el jefe de departamento o jefe de servicio,
en cuyo caso debemos valorar también los conocimientos de
administración y gestión sanitaria que han de ser una faceta
importante para poder acceder a estos niveles.
En cuanto a la carrera profesional de enfermería planteada con
los mismos criterios, arrancando del artículo 14,
extendiéndose también a través del Título II con la misma
amplitud, marcamos como niveles de esta carrera el de
diplomado en enfermería, al cual se accederá una vez
completados los estudios universitarios; diplomado en
enfermería especialista, diplomado en enfermería coordinador y
diplomado en enfermería coordinador jefe. Obviamente, con los
mismos niveles de correspondencia formal con los actuales
puestos de «staff» dentro de la sanidad pública.
Unos y otros (para el arranque de esta ley han de ser
homologados aquellos profesionales que lleven ya una serie de
años, que marcamos también en las disposiciones transitorias,
ejerciendo su profesión en esos puestos de la sanidad pública)
deben tener un acceso automático a estos niveles y las pruebas
de evaluación obviamente se establecerán con los profesionales
que vayan accediendo, a partir de la entrada en vigor de esta
ley, a los distintos niveles.
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández-Miranda, le ruego
concluya.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Termino, señor
Presidente. En estas disposiciones transitorias tienen también
cabida --una vez tomada en consideración la proposición de
ley, como así esperamos-- problemas tan importantes como los
que en este momento suponen la falta de titulación oficial
para los médicos, que tienen algunos de ellos derecho a
ostentar esta titulación oficial por haber accedido en las
condiciones que les marcaba la Ley antes de 1984; otros, a
través del ejercicio profesional de muchos años, ocho o diez
en especialidades bien determinadas, así como los médicos que
actúan como ayudantes de equipos quirúrgicos, también tienen
cabida, con la voluntad política que supone tomar la decisión
de meterlos a través de estas disposiciones en lo que debe ser
la normalidad de unas funciones contratadas y retribuidas por
el Estado en este número de años en ocasiones demasiado
importantes. En el trabajo de Comisión podremos hacerlo y,
probablemente, a través del desglose, del desarrollo de la
disposición transitoria cuarta.
Sin olvidarnos de ninguno de los profesionales, ni de los
profesionales actuales, ni de los profesionales del futuro
(aquellos que empezarán a salir este mismo año de nuestras
facultades y de nuestras escuelas), contando, primero, con los
que se pensó en su momento en la legislatura anterior y con el
acuerdo muy estrecho en este momento con los grupos sociales
que representan a nuestros profesionales, proponemos a esta
Cámara la toma en consideración de esta proposición de ley. Es
la forma de desbloquear lo que los profesionales de la
sanidad, todos en general, más allá de los que hoy
contemplamos en esta iniciativa, consideran abandono, olvido,
dejación, cuando no persecución por parte del Gobierno y, por
tanto, por parte del Partido Socialista Obrero Español que le
ha respaldado en su gestión durante los últimos doce años. Con
esta esperanza de poder abrir este diálogo, más allá del que
nosotros hemos sido capaces de establecer ya con la propia
sociedad a través de estas organizaciones, solicito el voto
afirmativo de todos los Grupos Parlamentarios para aceptar a
trámite esta proposición.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández-Miranda.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, a
juicio de este portavoz de Coalición Canaria, el Grupo
Parlamentario Popular, por boca de su portavoz, el señor
Fernández-Miranda, nos trae aquí un sugerente tema en forma de
proposición de ley, a la que adelanto que mi Grupo va a dar su
apoyo para su toma en consideración, en razón de los
siguientes argumentos. Efectivamente, la Ley 14/1986, General
de Sanidad, estableció un principio vinculante, que era
racionalizar con el criterio de profesionalidad la carrera
médica y de enfermería. Hasta la fecha en que celebramos
este debate no se ha hecho nada al respecto. La materia no es
fácil, pero hay que compararla con otros principios y leyes
que el Gobierno ha venido poniendo en una línea de
profesionalidad en los últimos tiempos.
La carrera judicial ha tenido ya su reglamentación, desde la
entrada hasta el terminar profesional de un magistrado, de un
juez, en las más altas instancias del Tribunal Supremo o del
Tribunal Constitucional; aquí votamos y aprobamos la carrera
profesional militar. Había un tema que estaba, digamos, más
ordenado jerárquicamente, pero que requería también un sistema
de promoción; la Ley 30/1984, la Ley de la Función Pública,
vino a reconocer el derecho de los funcionarios a tener una
carrera profesional e ir consolidando unos niveles. ¿Con qué
nos hallamos ahora? Con que un profesional de la sanidad
pública, y más en el marco hospitalario, se ha venido
encontrando sin un incentivo de lo que llamamos la carrera
profesional. Por eso consideramos este primer punto muy
conveniente, muy importante y, por tanto, digo, sugerente y
sugestiva la proposición de ley del Grupo Popular.
Es necesario que el médico que entre al servicio de la
Administración pública, a niveles estatales o autonómicos, en
el marco hospitalario, en el de la Seguridad Social, tenga
algo que aquí es muy de destacar, junto al principio de
profesionalidad, y es precisamente la motivación, y no entrar
en una dinámica que se transforma en un planteamiento estático
al final en el que no hay nada que incentive a ese profesional
de la medicina o de la enfermería; los problemas a veces son
mucho más graves, como sabemos, en enfermería, en que no hay
salida profesional, se frustran unas expectativas y al final
prácticamente o no estudian la carrera o la abandonan por esa
falta de expectativas de promoción profesional.
Nosotros entendemos también que el nivel del profesional debe
ser estable. Creo que con las modificaciones que pudiéramos
introducir en debates en Comisión podríamos llegar a
garantizar el grado de estabilidad que aquí se requiere y,
sobre todo, a establecer las garantías para esa titulación
profesional. Aquí se introduce, en su artículo número 6, la
figura de las comisiones de acreditación. Nos parece oportuno
que toda promoción profesional médica, como de cualquier otra
carrera, en este caso esté garantizada por la aplicación de
unos criterios objetivos estrictamente profesionales por las
comisiones de acreditación. Nosotros también basamos nuestro
voto de apoyo en que aquí se trata de estimular la
profesionalidad vía dedicación y vocación y sobre todo por vía
de la eficiencia. (Rumores.)
Una de las acusaciones más patentes que hay en este momento al
sistema sanitario...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Mardones. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Nosotros valoramos también positivamente que la proposición de
ley del Grupo Popular haya venido a reconocer que existe un
vacío, y es patente, y obvio que tenemos que ocuparnos del
mismo: el grado de frustración, la falta de incentivo
profesional que en este momento existe entre los cuadros
médicos que prestan sus servicios en la Seguridad Social,
porque no podemos engañarnos si por causas naturales se ha
venido produciendo una promoción, ya que, dejada fuera del
marco de una normativa, dejada a la arbitrariedad y dejada a
criterios subjetivos, conduce por un lado a la frustración de
los que no la obtienen y, por otro, al agradecimiento de los
que van por vía de un clientelismo que no tiene absolutamente
nada que ver con los baremos de profesionalidad. Por tanto, si
recuperamos aquí que se establezca el principio fundamental de
mérito y de capacidad para la promoción profesional, creo que
estamos haciendo un gran servicio a la calidad --a la calidad,
y lo repito-- de nuestro sistema sanitario, porque los que se
van a beneficiar de ese aumento de la calidad con las
garantías de selección profesional van a ser fundamentalmente
tres niveles. En primer lugar, el del enfermo, el que necesita
la mejor calidad en la asistencia médica y de enfermería. En
segundo lugar, el de la Administración pública, estatal o
autonómica; y en tercer lugar el del propio sentido de
profesionalidad para dignificar al titulado que ingresa en un
sistema en el que va a prestar sus servicios económicamente
remunerados.
Sobre el juicio que nos merecen los títulos primero y segundo,
en cuanto a cualquier duda que pudiéramos tener al respecto,
tras una toma de consideración positiva que lleve la
proposición a la Comisión correspondiente, en ese trámite
podríamos dar satisfacción desde el punto de vista de la
semántica y de la denominación del puro criterio nominalista
que se establece aquí en el artículo 11 del proyecto.
Para terminar, hay algo, señor Presidente, en lo que queremos
fijarnos una vez que resaltamos el carácter de norma básica.
Reconociéndose, como ha hecho el portavoz del Grupo Popular en
su intervención --que me parece acertado, dado que no hay una
referencia expresa a las comunidades autónomas aquí--, que hay
comunidades autónomas que actualmente tienen un amplio campo
de transferencias en materia sanitaria, habría que dejar
también en el campo autonómico una regulación adecuada dentro
de la norma básica. En efecto, lo que también sería
impresentable es que una promoción profesional en un hospital
de la comunidad A fuera distinta a la promoción de ese mismo
profesional con la misma especialidad médica en la comunidad B
o C. Es decir, sería preciso una norma de ascenso y de
promoción calificada objetivamente por la junta de
calificación o de titulación. Por tanto, apoyamos que haya
un carácter de norma básica y en trámite de Comisión
perfeccionaríamos el entramado de la entrada competencial en
sanidad profesional por parte de las comunidades autónomas.
En lo último que queremos fijarnos es en las disposiciones
transitorias. Sería una imprudencia y una frivolidad que una
proposición de ley de esta categoría, por el tema al que se
dirige, no tuviera en cuenta las situaciones actuales, los
derechos adquiridos de los profesionales médicos o de
enfermería que vienen prestando sus servicios en la sanidad
pública. A nosotros nos parece correctísima la distribución
que se ha hecho de respeto a derechos adquiridos y de
calificaciones en estas disposiciones transitorias. Favorece
como último punto nuestra intención de dar nuestro voto de
apoyo a su toma en consideración, porque a la vista de toda la
regulación (desde la primera disposición transitoria hasta la
quinta, inclusive, que trae la proposición de ley) creo que
todos los profesionales actuales del sistema sanitario público
español pueden darse cuenta que tienen perfectamente
garantizados y reconocidos sus derechos. Esto da lugar también
a una norma de seguridad jurídica, porque no podíamos meternos
en una regulación de este tipo creando un vacío de seguridad
jurídica. Si ya existe un vacío de promoción profesional, que
no es conveniente para nuestro sistema público de sanidad, no
hubiera sido conveniente que encima fuéramos a crear un
sistema de inseguridad
a los que estén. Toda norma de prudencia será bien aceptada y
recibida por un sector que tiene en sus
manos nada más y nada menos que el bien público de la sanidad.
Señorías, si hemos aprobado en esta Cámara promociones
profesionales en el marco de la judicatura si hemos aprobado
promociones profesionales en el marco de la función pública,
de los funcionarios generales, si hemos aprobado promociones
profesionales en el marco de la carrera militar, creo que el
servicio público de la sanidad en este momento está demandando
que se le aplique una norma, dentro del sentido común y de lo
homologable que tienen estas promociones. Lo que no podemos
seguir haciendo en España es que en la sanidad pública el
servicio que se le exige al titulado médico o al especialista
en enfermería no esté regulado ni tenga el propio motivo de
incentivación que un documento como tal pueda hacer.
Por esta razón reitero, señorías, que nuestro voto será de
apoyo a la toma en consideración de esta proposición de ley.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor
Gatzagaetxebarría. (Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio. (Pausa.) Un momento, señor
Gatzagaetxebarría. (Pausa.)
Cuando quiera.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo Vasco
respecto a la proposición de ley del Grupo Popular, relativa a
la carrera profesional en el ámbito de la medicina y la
enfermería, respecto a la cual queríamos realizar dos
consideraciones de carácter previo.
En primer lugar, nosotros queremos reconocer el esfuerzo que
ha efectuado el Grupo Popular al plantear en esta Cámara la
presente iniciativa. Reconocemos también la oportunidad de la
misma al referirse a un aspecto pendiente de una regulación
adecuada y suficiente en el ámbito de la función pública
sanitaria. En segundo lugar, queremos expresar que la
propuesta que hoy se somete a consideración, a juicio del
Grupo Parlamentario Vasco, tampoco nos parece la solución
adecuada y, además, creemos que tiene una serie de fallos no
sólo de forma sino de concepto o de fondo.
A jucio del Grupo Vasco tenemos que señalar que el papel clave
reconocido a los profesionales sanitarios no puede dar pie a
verlos como los únicos agentes del sistema. Creemos que el
sistema sanitario debe atender los legítimos intereses de los
ciudadanos en primer lugar, y de los profesionales e
igualmente debe tratar de armonizarlos y de satisfacerlos en
su justa medida, con sensatez, ponderación y, dentro de lo
posible, en un marco de recursos económicos escasos. Si
hablamos de intereses y estímulos de y para los profesionales
de la sanidad, hay que reconocer que la motivación y la
satisfacción se mueven sobre una dimensión económica pero
también, afortunadamente, en el ámbito de los profesionales,
en otra dimensión mucho más sofisticada que tiene que ver con
aspectos psicológicos, vocacionales y académicos. A nuestro
juicio, se comete el error de equiparar conceptos como función
profesional, capacidad y desempeño. El que una función sea
importante desde el punto de vista social o el que uno tenga
un reconocimiento de la capacidad conveniente para llevarla a
cabo no priorizan ni meritan per se ninguna recompensa si
dicha función no va a acompañada de un desempeño profesional
consecuente. Dicho en otros términos, lo que hay que
recompensar, a nuestro juicio, es el trabajo realizado según
su complejidad, cantidad y calidad y, secundariamente, la
titulación necesaria y la experiencia en términos de
antigüedad como la proposición de ley lo plantea. Al entender
de nuestro Grupo Parlamentario, señor Presidente, es preciso
diferenciar lo que es carrera profesional de méritos y
ascensos de la carrera en la gestión de los servicios
sanitarios. Así, tradicionalmente, en las administraciones
públicas sanitarias ha ocurrido que para mantener unos buenos
profesionales, al médico se le subía de nivel retributivo --a
jefe clínico, jefe de sección o jefe de servicio--, lo cual no
es correcto en una gestión adecuada de los servicios
sanitarios, pues estimamos que hay que caminar hacia una
política
de incentivación retributiva de pagar más a quien más trabaja,
y no subir de nivel o categoría a un médico haciéndole jefe de
servicio, o a un enfermero, para que disponga de un mayor
nivel retributivo, pues así, en la historia sanitaria española
tenemos muchos ejemplos de excelentes profesionales sanitarios
en el ámbito de la asistencia y de la investigación a los que
cuando se les ha querido retribuir mejor, erróneamente se les
ha dado una responsabilidad de dirección y gestión que no era
la apropiada a su perfil profesional ni a la tipología del
trabjo a desarrollar. Señorías, en definitiva, ese sistema de
promoción conllevaba que se perdiera un buen investigador
sanitario y no se dispusiera quizá de un óptimo responsable o
gestor sanitario. Entendemos que una faceta no tiene nada que
ver con la otra y, en otro caso, no es que se les pudiera
exigir conocimientos de gestión, como se dice en el artículo
13 de la proposición de ley que debatimos, sino que la
posesión de éstos debería ser condición indispensable según el
texto de la proposición que debatimos.
Nos parece que la proposición de ley que discutimos ha
escogido el esquema del Reino Unido, pero de una forma simple
e incompleta, pues se traspone análogamente la faceta o parte
atractiva del modelo británico, que es la relativa a los
derechos de los profesionales. Por eso desde el Grupo Vasco
queremos explicitar que en la sanidad del Reino Unido pasar de
una categoría como el preregistration a la categoría senior,
de aquí al registar y más allá al consultant requiere superar
unas pruebas de capacitación durísimas que raramente se
aprueban a la primera. Además tenemos que señalar que este
modelo británico, que en teoría puediera ser bueno,
actualmente está en revisión, ya que casi nadie está
satisfecho con él, ni siquiera los profesionales de la sanidad
británicos que alcanzan el grado de consultant, grado que se
puede lograr a partir de los 35 años de edad, pero tras el
cual ya no tienen más expectativas profesionales.
Por otra parte, sí queremos hacer un reconocimiento --reitero-
- al Grupo Popular por haber traído a debate un tema
importante como es el que discutimos, pero con cuyo
planteamiento político, por las consideraciones que he
expuesto, no coincidimos. Debo manifestar también, señor
Presidente, que, a nuestro juicio, es más adecuado que sea el
propio Ministerio de Sanidad y Consumo el que traiga a esta
Cámara, de una vez, el estatuto-marco del personal sanitario,
instrumento previsto en el artículo 84 de la Ley 14/1986,
General de Sanidad, que sirva de parámetro, de pauta general
o, en definitiva, de común denominador para los profesionales
de la sanidad y, junto con ello, un instrumento complementario
como sería el proyecto de ley de ordenación de las
profesionales, todo ello previa consulta, maduración y
consenso con los diferentes colectivos profesionales de la
sanidad.
Por todas estas razones, señor Presidente, el Grupo
Parlamentario Vasco (PNV) va a votar negativamente la toma en
consideración de la proposición de ley que el Grupo Popular ha
sometido en el día de hoy al conocimiento de la Cámara. Nada
más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Cardona.
El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, tomo la palabra para fijar la
posición de nuestro Grupo, el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), sobre la toma en consideración de esta
proposición de ley, relativa a la carrera profesional médica y
de enfermería. Los objetivos de la misma, tal como ha
manifestado el portavoz del Grupor Parlamentario Popular, el
señor Fernández-Miranda, en su intervención de presentación, y
tal como se relata en la exposición de motivos, tienen la
finalidad de establecer un marco legal adecuado que regule
estas carreras profesionales y, a su vez, sirva también de
instrumento de reconocimiento y motivación a los
profesionales. Y, al propio tiempo, basándose en unas
valoraciones estrictamente profesionales, sirva para definir
la capacitación de las personas dedicadas al ejercicio de la
medicina y la enfermería. Se pretende con ello, como objetivo
fundamental, la implantación de una cultura de
profesionalidad, dedicación y vocación que contribuya al
estímulo de los profesionales del sector, incentivando su
formación técnico-científica como un instrumento de promoción
y aumentando así su implicación en el sistema sanitario, lo
que naturalmente haría posible una mayor eficiencia del mismo.
Al propio tiempo, con la delimitación normativa de la carrera
profesional, permite reconocer los méritos profesionales de
los licenciados en Medicina y de los diplomados en Enfermería,
mediante el acceso a una serie de niveles definidos de
antemano, con las suficientes garantías de objetividad y
desvinculadas de otras consideraciones organizativo-
administrativas objeto de normativa propia, como permite
también configurar un adecuado mecanismo de promoción y
valoración del esfuerzo y dedicación de estos profesionales,
lo cual contribuye a reforzar su confianza en las
posibilidades del sistema, aumentando así su grado de
corresponsabilidad y de compromiso con el propio sistema.
Nuestro Grupo está totalmente de acuerdo con estos objetivos,
como también --estamos convencidos-- lo estarán los demás
grupos. Así se contempla, como se ha dicho, en la Ley General
de Sanidad, pero es que, además, también venimos obligados a
cumplir la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas
número 457, de 15 de septiembre de 1986, relativa a una
formación
específica en medicina general, que marca un plazo determinado
a 1 de enero de 1995.
Otra cuestión relacionada con este tema también la plantea, a
nuestro parecer, la aparición de nuevas tecnologías y
profesiones sanitarias, que obligan a aclarar situaciones
conflictivas que actualmente --no debemos olvidarlo-- se
dirimen en los juzgados. La aparición de prácticas médicas no
convencionales y el intrusismo que representan las llamadas
medicinas alternativas han creado una situación que nosotros
calificaríamos, por lo menos, de inquietante, tanto por lo que
se refiere a los propios profesionales sanitarios como a los
mismos usuarios, por la confusión que se ha generado. La gran
cantidad de consultas que se producen en nuestro país por
acupuntores, homeópatas o naturistas, en las que hay que
distinguir lo que realmente hay de científico o lo que pudiera
haber --permítaseme la expresión-- de curanderismo, obliga a
discernir y separar lo beneficioso de lo perjudicial,
regulando la formación que deben tener estos profesionales.
¿Deben ser médicos, ATS o quizá ha llegado ya el momento de
plantearse el considerarlos simplemente como técnicos con una
formación profesional específica? En este aspecto, parece
también necesario regular algunas profesiones sanitarias como
los técnicos especialistas de laboratorio o los técnicos
especialistas en anatomía patológica, cuya actividad se
desarrolla en laboratorios de análisis clínicos, anatomía
patológica, biológicos o de investigación, homologándolos, a
su vez, al profesional equivalente de la Comunidad Europea
denominado técnico de laboratorio médico. Es también obvio que
ha llegado el momento de resolver problemas estableciendo
hasta dónde llegan las competencias del médico en relación con
los ATS, la del profesional y personal de enfermería con
respecto a la de los técnicos especialistas, la del protésico
dental con respecto al dentista o la del oftalmólogo en
relación con el óptico, porque en estos momentos no están bien
definidos los límites del ejercicio profesional entre unos y
otros. Como consecuencia de todo ello y tal y como anunció la
Ministra de Sanidad en su primera comparecencia, celebrada en
el mes de septiembre en la Comisión de Sanidad de esta Cámara,
ya se está elaborando --ha habido múltiples borradores, es
cierto-- una ley de ordenación de profesiones sanitarias. La
propia organización médica colegial ha elaborado unas bases
para la ordenación de las profesiones sanitarias, incluyendo
entre sus conclusiones preliminares la necesidad de promulgar
una norma con rango de ley reguladora del acceso del ejercicio
profesional para delimitar así el ámbito competencial, tanto
de las profesiones genéricas y sus especialidades como las
competencias entre los médicos y las restantes profesiones
sanitarias. En este sentido participamos de lo manifestado por
los representantes de la misma y entendemos que el médico es
el único profesional capacitado para hacer el diagnóstico, por
lo que entendemos que todas las prácticas que impliquen un
diagnóstico deben quedar en manos del médico; otra cosa sería
la aplicación de la técnica que puede ser ejecutada por otros
profesionales capacitados para ello mediante una formación
básica en temas de sanidad.
Por todo ello, señor Presidente, señorías, no nos parece lo
más adecuado ni lo más oportuno en estos momentos desgajar o
separar en cierta forma de todo este contexto --como ha dicho
muy bien el señor Fernández-Miranda, sería sólo la primera
pieza parlamentaria--, a la espera de dar solución en su
conjunto a la problemática planteada. Por otra parte y a mayor
abundamiento, desde nuestra perspectiva no podemos admitir que
se plantee en su conjunto la totalidad de esta proposición de
ley con el rango de norma básica como se contempla en su
disposición final primera. No es que olvidemos --no lo
olvidamos-- que la aprobación de la toma en consideración no
quiere decir que no habría que contemplar posibles
modificaciones en su trámite parlamentario, esto es obvio,
pero en todo caso, si fuera aprobada en estos términos
implicaría que la Generalitat tendría que desarrollar esta
legislación en esta línea, circunstancia que limitaría su
autonomía en la organización sanitaria. Si el texto no tuviera
el carácter de una norma básica, podríamos considerar el
contenido de la misma, así como los necesarios recursos
económicos --y este es otro de los inconvenientes que vemos--
imprescindibles para su realización. Por otra parte, desde la
estructura sanitaria catalana, que tiene un 70 por ciento de
las camas hospitalarias en centros de titularidad privada y un
30 por ciento de las camas en hospitales de titularidad
pública, la aplicación de esta norma comportaría importantes
problemas, dado que supondría un elemento añadido de rigidez
del sistema y podría plantear algún conflicto con los
hospitales de titularidad privada. La gestión empresarial de
la sanidad que nosotros proponemos pasa también por que los
centros sanitarios tengan cierta autonomía en el capítulo de
la gestión de su personal, y ello no obsta para que estemos de
acuerdo en el establecimiento de unas medidas comunes e
incentivadoras para los profesionales de la medicina y la
enfermería.
En último término y dado que la aplicación de esta norma
comportaría un aumento de los gastos por retribuciones de
estos profesionales, sería necesario garantizar la previsión
de un incremento de los presupuestos para el próximo ejercicio
y por ello entendemos más oportuno su coincidencia en el
tiempo para cuando se debatan los mismos.
En consecuencia, señor Presidente, señorías, aunque ahora no
apoyemos la toma en consideración de esta proposición de ley
por las razones expuestas, si en un tiempo prudencial no vemos
que se vaya resolviendo la problemática planteada, haríamos
efectiva la iniciativa
legislativa que en su momento entendiéramos más adecuada para
su solución. Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cardona.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene
la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya está de acuerdo en que es necesario contar con
un mecanismo, con un instrumento normativo que regule las
profesiones sanitarias. Nosotros compartimos con otros
portavoces que me han precedido en el uso de la palabra que el
nivel de frustración de los profesionales sanitarios, de los
trabajadores sanitarios en general, no tiene que ver
exclusivamente con aspectos retributivos o de carrera
profesional, sino con el marco deteriorado en el cual se
realiza su actividad, su profesión. Por tanto, nosotros
también estamos absolutamente convencidos de que este tipo de
frustración, además de requerir instrumentos del tipo de la
definición de una carrera profesional, da cuenta de la
existencia de un importante nivel de deterioro de las
condiciones en las que se trabaja en la sanidad, que, entre
otras cosas, tiene que ver con un incumplimiento, no
generalizado pero bastante extendido, de una Ley de
Incompatibilidades, fundamentalmente por aquellas personas de
mayor nivel de responsabilidad en la gestión y organización
del trabajo, lo que supone una desmotivación constante para
quienes desde niveles inferiores intentan realizar con
honestidad y solidaridad el desarrollo de su actividad
sanitaria.
Compartiendo con el Grupo Popular, y creo que con la totalidad
de los grupos parlamentarios, la necesidad de reglamentar una
carrera profesional, hay puntos importantes de desacuerdo en
la manera de concebirlo que nos van a hacer votar en contra de
la toma en consideración de la proposición de ley. En primer
lugar, y con carácter formal exclusivamente, pero que en el
caso de la sanidad pública tiene importancia, rogaríamos al
Grupo Parlamentario Popular, y en su caso a los demás grupos
que a la hora de tratar desde un punto de vista semántico
aspectos tan progresivamente feminizados como es el de la
profesión sanitaria, se utilicen bien términos genéricos o
bien el incómodo «los/las» a la hora de identificar a las
personas a las que se refiere la proposición no de ley.
Hay otros aspectos de fondo que nosotros valoramos,
profundamente contradictorios con lo que el propio Grupo
Popular señala en la exposición de motivos como objetivos de
la proposición no de ley. En primer lugar, y con carácter de
regulación, en el articulado se plantea algo que para nosotros
supone un desacuerdo de fondo con la proposición de ley tal y
como se formula. Se dice en el artículo 3.º 2: «Los niveles
alcanzados en cada carrera profesional tendrán carácter
definitivo. Nadie podrá ser desposeído de ella.» Nosotros
compartimos un aspecto de lo que el Grupo Popular pretende
identificar con este artículo, en el sentido de que de forma
arbitraria o en contra de criterios objetivos pudiera
procederse de una manera sancionadora a desposeer a alguno de
los trabajadores sanitarios del nivel alcanzado, pero pensamos
que la carrera profesional, si tiene sentido, es precisamente
para constituirse en instrumento de evaluación permanente de
la capacitación de los profesionales. Es decir, que el haber
conseguido un determinado nivel en la carrera profesional, que
pudiera ser perfectamente uno de los identificados por el
Grupo Popular u otro semejante, no debiera ser una situación
de por vida, de carácter vitalicio, sino que periódicamente
debe ser sometido a evaluación para tener ese carácter de
estímulo y de control periódico de la calidad de la formación
alcanzada. Compartimos con el Grupo Parlamentario Vasco su
valoración acerca de que niveles determinados de
responsabilidad en la gestión no tienen por qué
corresponderse, de una manera mecánica, con niveles
científicos, niveles académicos y niveles de capacidad de
organización. Nosotros creemos que sobre todo los niveles de
máxima responsabilidad, como son los que corresponderían a las
actuales jefaturas de servicio, son instrumentos de ordenación
de la actividad, de dirección del trabajo de grupo que no
tendrían por qué corresponder mecánicamente con el máximo
nivel de méritos profesionales, de méritos de investigación u
otros y que, a la hora de acceder a los mismos, se debería
contemplar alguna fórmula de elección democrática por parte de
los propios trabajadores del servicio a que se refiera.
El artículo 3.º 2, sin que aparezca contradicción o matización
en otros artículos, establece que los niveles alcanzados en
cada carrera profesional tendrán carácter definitivo y que por
tanto quedarán instalados en una determinada categoría.
Nosotros creemos que, si bien nadie va a ser desposeído de esa
categoría de una manera arbitraria, sí tiene que ser
revalidada periódicamente.
Otro de los aspectos que no compartimos es el carácter que se
da a las comisiones de acreditación. Si bien entendemos que
las comisiones de acreditación pueden tener --no hay nada en
contra y, además, es lógico que así sea-- ámbito autonómico,
no comprendemos que los criterios para evaluar promociones a
nivel superior no estén, en una importante medida --no digo
totalmente pero sí en una importante medida-- definidos con
carácter estatal. No se entiende que en la Comunidad Autónoma
vasca o en la Comunidad Autónoma de Murcia puedan ser
absolutamente diferente los criterios empleados a la hora de
evaluar la promoción para una
especialidad concreta de la medicina. Creemos que el artículo
que dice que será la Administración central la que finalmente
expedirá la titulación correspondiente al nivel alcanzado en
la carrera profesional es contradictorio por cuanto los
criterios no han sido, de manera importante, identificados a
nivel central, si bien será la Administración central la que
finalmente pondrá la firma sobre unos criterios dispersos en
principio, porque nada hay que garantice su homogeneidad, y
que han sido decididos en el ámbito autonómico. Finalmente, no
estamos de acuerdo --y creemos que es muy importante-- con el
planteamiento que se hace en las disposiciones transitorias.
Nosotros compartimos la idea de que el tiempo de ejercicio
profesional es un criterio a tener en cuenta para acceder al
nivel superior en la carrera profesional y que la situación
actual debe ser contemplada. Es decir, el tiempo de ejercicio
profesional debe ser contemplado como uno de los criterios a
la hora de administrar la carrera profesional con respecto a
los profesionales que en estos momentos están ejerciendo en la
Sanidad. Sin embargo, el reconocimiento sin ningún criterio de
evaluación previa de las categorías y de los niveles a los que
se ha accedido, que en muchos casos el Partido Popular estará
de acuerdo en que han sido adjudicados de una manera
absolutamente arbitraria y al margen de criterios de
cualificación profesional, al margen de criterios de capacidad
de gestión, al margen de criterios de cantidad y de calidad de
trabajo, no puede ser realizado mecánicamente sin más.
Nosotros entendemos que las disposiciones transitorias vienen
a consolidar situaciones actuales sin introducir el menor
mecanismo de control por parte de la Administración de la
adecuación, según los diferentes criterios profesionales,
académicos, etcétera, de los actuales puestos de
responsabilidad con los criterios de idoneidad, adecuación y
calidad.
Finalmente, otro de los aspectos que no compartimos es la
traslación mecánica que se hace en la proposición de ley del
nivel académico al nivel sanitario. No entendemos qué tiene
que ver el hecho de que una persona haya accedido al nivel de
catedrático de una determinada especialidad para que de una
manera mecánica, sin otro criterio, se integre en un nivel de
médico consultor-jefe. Creemos que los contenidos de
formación, de actividad recorren caminos diferentes y que la
situación de un nivel en el ámbito académico debería, en un
determinado baremo, gozar de calificación y de reconocimiento,
pero no entendemos la traslación mecánica de las titulaciones
en el ámbito académico a la situación concreta en los niveles
de la profesión sanitaria.
El señor PRESIDENTE: Señora Maestro, le ruego concluya.
La señora MAESTRO MARTIN: Termino ya, señor Presidente.
Para terminar, quisiera decir que a nosotros también nos
preocupa el que se haya abordado exclusivamente las
profesiones de médico y de enfermería sin contemplar otras
profesiones que evidentemente deben estar sujetas a criterios
de promoción profesional semejantes, y que lo que debería
hacer el Congreso de los Diputados en este momento, de cara a
la Administración central, es urgir a que, con el máximo
consenso y, sobre todo, con los criterios más adecuados a los
niveles de calidad y de estímulo profesional demandados por
los trabajadores de la salud, esté cuanto antes en esta Cámara
la anunciada ley de ordenación de las profesiones sanitarias,
ley que, vista la situación, dudamos mucho de que pueda estar
en esta Cámara en el plazo anunciado.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Maestro.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora
Mendizábal.
La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Señor Presidente, señorías
voy a fijar la posición, en nombre del Grupo Socialista,
respecto a la proposición de ley sobre la carrera profesional
médica y de enfermería.
Esta proposición de ley que presenta el Grupo Popular pretende
abordar la regulación de uno de los aspectos que componen el
campo del ejercicio profesional médico y de enfermería, que
sin duda es muy importante, pero dejando de lado otros
aspectos cuya regulación, desde nuestro punto de vista,
resulta fundamental, como son la ordenación profesional, los
sistemas de formación pregraduada especializada y continuada,
o incluso el sistema retributivo. En su primera
comparecencia --como ha dicho aquí otro portavoz-- la señora
Ministra de Sanidad y Consumo anunció ya su compromiso de
presentación de un proyecto de ley sobre ordenación de las
profesiones sanitarias, en cumplimiento del programa electoral
del Partido Socialista. Y últimamente también ha señalado que
ya hay elaborado un borrador que aún está en fase de estudio
dentro del propio Departamento, y que el siguiente paso va a
ser el de un análisis minucioso y un debate por parte de los
sectores profesionales afectados. Es evidente la importancia
que tiene el consenso y el acuerdo de todos los sectores
profesionales para alcanzar los objetivos que una ley como
ésta pretende, objetivos que están muy bien enunciados en la
exposición de motivos de la proposición de ley, que son
implantar una cultura de la profesionalidad, dedicación y
vocación, así como incentivar la formación técnico-científica
de los profesionales, aumentar su implicación en el sistema
sanitario y hacer posible una mayor eficiencia
del mismo y una mejor calidad en la atención prestada. Está
claro, por tanto, que coincidimos en esta exposición de
motivos. Uno de los títulos de esa ley de ordenación de las
profesiones sanitarias debe regular la carrera de todos los
profesionales sanitarios de forma coordinada y armónica con
los otros aspectos que antes hemos citado del ejercicio
profesional. Además, quiero decir desde aquí que, desde
nuestro punto de vista, esta carrera debe configurarse como un
reconocimiento de los esfuerzos personales en el ámbito de
actuación de los profesionales.
Es esta visión global del tema y la garantía de que
precisamente esta ley nazca con el suficiente consenso lo que
nos impide hoy tomar en consideración esta proposición de ley
que, como ya he señalado, se reduce únicamente a un aspecto
parcial del problema, cual es la regulación de la carrera
sanitaria y que, como también he citado, nos parece
insuficiente.
Si hacemos un análisis más pormenorizado de la proposición de
ley, nos encontramos con algunas otras insuficiencias, con
muchas discrepancias y con algunos errores; estos últimos,
producto, quizás, de una cierta superficialidad en su
elaboración pero, desde luego, con una falta de reflexión.
Respecto a las insuficiencias, además de la ya señalada como
fundamental de referirse sólo a la carrera en el ámbito
profesional que recoge la denominación, es decir, la médica y
la enfermería, debe regularse y no debe olvidarse --aunque
éstos son la mayoría-- a otros profesionales sanitarios con
igual nivel de titulación académica y de especialización cuya
concurrencia profesional es imprescindible en estos momentos
desde una concepción moderna de la sanidad. No podemos olvidar
que el funcionamiento de los equipos actuales es totalmente
multidisciplinar. También consideramos insuficiente que no se
haga referencia alguna al contenido de las pruebas de
acreditación ni a los criterios para la evaluación de
profesionales. Coincidimos en esto con la portavoz de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, porque hace que
adolezca toda la proposición de una cierta imprecisión y
contribuye a generar un cierto grado de confusión. Respecto al
segundo bloque, contiene múltiples y variadas discrepancias,
pero voy a referirme únicamente a las más relevantes. En
primer lugar, la proposición de ley plantea --y también ha
sido señalado por algún otro grupo de esta Cámara-- la carrera
como un progreso profesional basado en una idea de escalafón
jerárquico que recuerda a la organización de un cuerpo
funcionarial, que difícilmente creemos compaginable con
planteamientos mínimamente modernos. Ahora, cualquier sistema
organizativo basa el desarrollo de sus recursos humanos en la
adquisición progresiva de competencias y de capacidades, que
son las que van añadiendo valor a los profesionales. Se trata,
desde nuestro punto de vista, de ir valorando cada vez más los
contenidos y las funciones de esos profesionales. Sin embargo,
en esta proposición de ley se describen una serie de escalones
a los que los profesionales médicos y de enfermería pasan de
manera automática, asemejándose, como ya hemos señalado, al
escalafón funcionarial, lo cual nos parece vacío de un
contenido efectivo y, además, se puede llegar a una
inflexibilidad de las relaciones laborales.
Respecto a la segunda discrepancia, no nos parece correcto el
establecimiento de unos niveles en la carrera profesional que
tengan carácter definitivo --como también ya se ha señalado
aquí--, porque puede entorpecer la organización de los
servicios. Supone supeditar la organización de los centros y
de los servicios sanitarios a las categorías de la carrera que
en cada momento pudieran tener reconocidas quienes desarrollen
en ello su actividad profesional, impidiendo que la
organización se establezca más en función de los objetivos del
sistema, definidos sobre la base de las necesidades que en
estos momentos tenga la población.
Otra discrepancia es respecto a los centros y servicios de
titularidad privada. En la proposición se establece una
evidente limitación del principio de autonomía del empresario
que, desde nuestro punto de vista, en el ámbito sanitario sólo
debe estar condicionado por los requisitos de acreditación
establecidos.
Con relación a la denominación de especialista, el caso de la
titulación o de la carrera de enfermería nos lleva a una
compartimentación que consideramos inadecuada, ya que el
acceder a ese segundo nivel de especialista supone una
permanencia continuada en una misma actividad o servicio, lo
que da lugar de hecho a una especialización, lo cual va en
contra de los enfoques actuales de la enfermería, que se
concibe más como una profesión fundamentalmente generalista.
Finalmente, otra discrepancia se refiere a las disposiciones
transitorias, tanto por razones de fondo en algunos casos --
nos llama la atención el carácter automático en función del
puesto desempeñado, incluso en los médicos que no están
dedicados al ejercicio profesional--, como en algunos otros
por razones formales que contribuyen, desde luego, a crear una
cierta confusión, como es el caso de la disposición
transitoria cuarta.
Respecto a los errores, afectan, por una parte, a la
estructura de la proposición de ley, ya que su articulado se
divide en capítulos y éstos en títulos, cuando lo correcto en
buena técnica legislativa es justo lo contrario y, en algunos
otros casos, son de tipo más puntual. Se menciona una ley de
especialidades que no existe; se hace referencia a los médicos
titulares, terminología que ya resulta obsoleta; y se hace
también referencia al recurso de alzada, que ya es
inexistente. En definitiva, vemos que hay una serie de
deficiencias de forma que podemos considerar graves, una
cierta falta
de coherencia interna y, desde luego, un desconocimiento de la
realidad social española en lo que a las relaciones laborales
se refiere, y, en especial, al contexto de estas relaciones
laborales en el ámbito sanitario. A pesar de toda la
descripción de errores, discrepancias e insuficiencias, quiero
resaltar la posición de nuestro Grupo favorable a la
regulación de la carrera profesional en el ámbito sanitario.
Estamos convencidos de que esta regulación debe contar con el
mayor consenso posible y que una ley de este tipo requiere una
amplia negociación, no sólo aquí, sino con los responsables
sindicales de los trabajadores y los agentes sociales que
están implicados.
El señor PRESIDENTE: Señora Mendizábal, concluya.
La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Voy terminando, señor
Presidente. Lo que queremos es evitar que esta ley pueda ser
rechazada por los profesionales sanitarios, cuando realmente
lo que pretendemos todos los grupos de esta Cámara es motivar
e implantar la cultura de la profesionalidad. Para conseguir
una ley de estas características, el Grupo Socialista está
aquí. Una vez más quiero resaltar desde esta tribuna el
compromiso del Grupo Socialista para sacarla adelante.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Mendizábal. (El señor
Fernández-Miranda y Lozana pide la palabra.)
Señor Fernández-Miranda, los grupos han fijado su posición,
como sabe S.S., a favor o en contra, pero eso no da lugar a
turno en contra en este trámite, con independencia de que
todos lo han hecho, a juicio de la Presidencia, en un tono
realmente muy poco polémico, expresando las razones por las
cuales apoyan o no la proposición.
Vamos a proceder a la votación.
Votación para la toma en consideración de la proposición de
ley del Grupo Popular, relativa a la carrera profesional
médica y de enfermería. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 292; a favor, 128; en contra, 163; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.
TRAMITACION DIRECTA Y EN LECTURA UNICA DE INICIATIVAS
LEGISLATIVAS:
--PROYECTO DE LEY DE MODIFICACION DE LA EDAD DE JUBILACION DE
LOS FUNCIONARIOS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
(Número de expediente 121/000055)
El señor PRESIDENTE: La Mesa, oída la Junta de Portavoces, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del
Reglamento, ha acordado someter a la aprobación de la Cámara
la tramitación directa y en lectura única por el propio Pleno
del proyecto de ley de modificación de la edad de jubilación
de los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios.
¿Lo acuerda la Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobada la tramitación directa y en lectura única.
MODIFICACION DEL ORDEN DEL DIA:
El señor PRESIDENTE: La Junta de Portavoces, en su reunión del
día de hoy, ha acordado proponer al Pleno de la Cámara la
inclusión de un nuevo punto en el orden del día
correspondiente a la tramitación directa y en lectura única,
que acaba de ser aprobada por la Cámara, del proyecto de ley
de modificación de la edad de jubilación de los funcionarios
de los cuerpos docentes universitarios. ¿Lo acuerda la Cámara?
(Asentimiento.)
Queda aprobada la modificación del orden del día.
AMPLIACION DE PLAZO DE COMISIONES DE INVESTIGACION:
El señor PRESIDENTE: Finalmente, la Mesa de la Cámara, en su
reunión del día de hoy, ha acordado someter al Pleno la
solicitud formulada por la Comisión de Investigación sobre la
situación, evolución y gestión del patrimonio de don Mariano
Rubio Jiménez, así como el posible uso de información
privilegiada y tráfico de influencias en operaciones privadas
durante el período en que ejerció cargos públicos de
responsabilidad en el Banco de España, para la ampliación del
plazo de realización de sus trabajos hasta el día 30 de
septiembre de 1994. ¿Acuerda el Pleno la autorización para la
ampliación del plazo de trabajo? (Asentimiento.)
Queda aprobada la solicitud.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY (Continuación):
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVEGENCIA I UNIO), SOBRE
REGULACION DEL PERMISO PARENTAL Y POR MATERNIDAD (Número de
expediente 122/000039)
El señor PRESIDENTE: Proposición de Ley del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), sobre regulación del permiso parental y
por maternidad.
Tiene la palabra el señor Casas. (El señor Vicepresidente,
Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor CASAS I BEDOS: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Catalán presenta hoy a la consideración
de SS.SS., si así lo estiman conveniente, una proposición de
ley que pretende regular, de forma distinta, el permiso
parental y por maternidad.
La razón por la cual nuestro Grupo Parlamentario presenta esta
proposición de ley es porque entiende que siguen existiendo en
nuestra sociedad, por razón de género o de sexo, aunque es
verdad que de forma indirecta, algunos aspectos
discriminatorios en el acceso al mercado laboral, en la
selección de personal, que afectan directamente a la mujer. Es
verdad que se ha avanzado en la discriminación que, a veces,
sufre la mujer en el mercado de trabajo, pero también es
verdad que quedan aún muchas cosas por hacer. Este es un
intento del Grupo Parlamentario Catalán, no de querer resolver
el problema en toda su dimensión --pues, como SS.SS. saben, es
un problema de mucho alcance--, sino de hacer un pequeño
esfuerzo, dar un pequeño paso que puede mejorar la situación
de acceso al mercado de trabajo de las mujeres embarazadas o
en edad de tener hijo, que acabe con una de las
discriminaciones que siguen existiendo hoy, repito, en el
mercado de trabajo.
Es evidente que en la regulación actual de la excedencia por
maternidad se pueden introducir mejoras que hagan posible la
utilización de la excedencia indistintamente por el padre o la
madre, con expresa reserva del puesto de trabajo y con
reincorporación obligatoria. Se trataría de trasladar los
efectos de la excedencia forzosa que regula el Estatuto de los
Trabajadores a los supuestos de excedencia por cuidado de los
hijos.
Además, la proposición de ley introduce la novedad que para
esto no produzca disfunciones en los mecanismos productivos de
las empresas, pueda contratarse a personas procedentes del
paro que estén percibiendo subsidio de desempleo con una
exoneración del 95 por ciento de la cuotas empresariales a la
Seguridad Social. De esta forma evitaríamos el efecto negativo
que esto pudiera tener, actuaría como factor positivo para
evitar discriminación en la mujer y, al mismo tiempo, podría
ser un mecanismo de creación de nuevos puestos de trabajo.
También modifica esta proposición de ley la actual regulación
jurídica de lo que es entendido como baja por maternidad, que
hoy es considerado como una enfermedad o como una incapacidad
laboral transitoria. Entendemos que esta conceptuación no es
correcta, porque no se trata ni de una enfermedad ni de una
incapacidad laboral, y merecería una definición y un
tratamiento aparte en las normas que regulan este tipo de
bajas.
Esto implicaría una serie de modificaciones de textos legales,
fundamentalmente el apartado 3.º del artículo 46 del Estatuto
de los Trabajadores, el apartado 4.º, del artículo 29 de la
Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, porque
lo que hagamos para los trabajadores del sector privado hay
que extenderlo también a los funcionarios públicos, y añadiría
una nueva disposición adicional octava en la Ley del Estatuto
de los Trabajadores. Con todo ello, el Grupo Parlamentario
Catalán entiende que puede colaborar en mejorar esta situación
de discriminación, si bien es cierto que aspectos de los que
contempla la redacción que hemos dado a la proposición de ley
pueden ser corregidos o tener distintos puntos de vista por
parte de los grupos parlamentarios. No se me escapa que el
período de tres años que nosotros introducimos como
excedencia, para algunos puede resultar excesivo. Creo que es
un tema que en el trámite posterior de enmiendas puede ser
perfectamente planteado y debatido en Ponencia y en Comisión,
y que puede alcanzar, sobre la base de lo que pretende la
proposición de ley, un amplio acuerdo en toda la Cámara. En el
fondo lo que persigue es dar más posibilidades a las parejas,
en el momento de tener un hijo o de adoptar un recién nacido,
de ejercer el derecho a la excedencia para atender al cuidado
de la familia, sin que ello implique discriminación para la
mujer, como hasta ahora viene sucediendo, y que puedan ejercer
libremente su opción según les convenga, teniendo la garantía
de que quedan respetados sus derechos laborales en toda su
integridad.
Asimismo, esta medida que hemos presentado, forma parte de
otras que el Grupo Parlamentario Catalán quiere presentar en
lo que entendemos como medidas de protección a la familia. En
este caso la hemos presentado en el Pleno porque la iniciativa
estaba presentada hacía tiempo, pero otras serán presentadas
en la Ponencia constituida en esta Cámara para estudiar la
situación de la familia, para poder trabajar con más calma y
tranquilidad en el marco de esa Ponencia e intentar alcanzar
consensos que faciliten luego discusiones más sosegadas sobre
estos temas, que puedan ser planteados en el Pleno con un
consenso trabajado previamente en la Ponencia.
Espero de SS.SS. la aceptación de esta iniciativa del Grupo
Parlamentario Catalán porque, insisto, puede venir a mejorar
en parte esta situación de discriminación que se da en el
acceso al mercado laboral de las mujeres en momentos
determinados de su vida. Gracias señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias señor Casas.
Turno en contra. (Pausa.)
Grupos que deseen fijar su posición en este debate. (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, como saben, el Grupo Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya se caracteriza fundamentalmente,
entre otras cosas, por la defensa de los intereses de los
trabajadores en general y de las trabajadoras en particular.
Tanto es así que este grupo tiene presentada y publicada en el
Boletín Oficial de las Cortes una proposición de ley sobre
medidas para hacer frente al principio de no discriminación
por razón de sexo y de protección de la salud de la mujer en
el ámbito laboral. Pero esto no quiere decir que vayamos a
apoyar la proposición de ley que ha planteado el Grupo de
Convergència i Unió. No la podemos aceptar sencillamente
porque no compartimos el criterio de que las discriminaciones
de las mujeres vengan única y exclusivamente dadas por el
hecho de que durante los años en los que mejor se puede
desarrollar una carrera profesional los empresarios decidan no
contratar mujeres por el hecho de que puedan ser madres o
estar en edad de potencial gestación. Consideramos que las
causas son mucho más profundas y la proposición de ley que se
está planteando no ayuda precisamente a solventarlas.
Desde nuestro punto de vista es todo lo contrario: aceptar una
excedencia durante tres años significa, con los avances
tecnológicos que en estos momentos se están produciendo, que
las mujeres que pueden acceder a esta excedencia voluntaria se
vean expulsadas de hecho del propio mercado laboral, a pesar
de que se les pueda hacer la reserva del puesto de trabajo.
Consideramos que, fundamentalmente, en esta proposición se ha
utilizado como excusa el hecho de la excedencia voluntaria
para conseguir que los empresarios se vean bonificados en un
95 por ciento a la hora de contratar para sustituir. No
estamos de acuerdo con esta posición sencillamente porque ya,
en las medidas que se han aprobado por esta Cámara de fomento
de la ocupación y de reforma del mercado laboral, los
empresarios tienen suficientes subvenciones y suficientes
bonificaciones como para verse además beneficiados con el 95
por ciento. Creo que esta proposición de ley nace con
carencias importantes; a pesar de que la baja por maternidad
sea considerada fuera del texto de incapacidad laboral
transitoria, la deja dentro del mismo régimen jurídico, con lo
cual no se está protegiendo la maternidad de las mujeres, sino
sencillamente haciendo un cambio de título, un cambio formal,
que no real.
El Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
considera que estas medidas no van dirigidas precisamente a
proteger a la familia, sino todo lo contrario, a potenciar los
beneficios de los empresarios en las contrataciones de los
puestos de trabajo y, sencillamente, a que las mujeres queden
excluidas del mercado laboral.
Nuestra posición, por tanto, señorías, va a ser la de no
apoyar la toma en consideración, por las carencias que
nosotros desde esta tribuna estamos denunciando y, además,
porque consideramos que no se puede seguir utilizando como
excusa a las mujeres para seguir beneficiendo a los
empresarios. Nada más. Muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo Popular,
tiene la palabra la señora Sainz.
La señora SAINZ GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a la tribuna para fijar en nombre de mi Grupo
la posición en torno a la proposición de ley de regulación del
permiso parental y de maternidad. Nuestro Grupo, desde luego,
comparte las consideraciones de la exposición de motivos, que
ha utilizado también el Diputado que ha defendido la
proposición desde esta tribuna, en relación a la
discriminación que sufren las mujeres en el mercado laboral.
También sabemos que el ingreso de la mujer, y en concreto de
la mujer casada, en el mundo laboral es la gran novedad del
último cuarto de siglo y es un fenómeno irreversible con el
que hay que contar. Sin embargo, también conocemos
prefectamente, y lo hemos puesto muchas veces de relieve desde
esta tribuna, que hay que puntualizar que la actividad
femenina es en nuestro país muy baja y que existe una clara
discriminación laboral. Ello es evidente, y repito que nuestro
Grupo lo ha puesto de manifiesto desde esta tribuna.
Por otro lado, también es cierto, es una realidad --y desde
aquí también se ha hecho una referencia a ello--, que el
trabajo de la sociedad sigue estando organizado como si
siguiese esa división tradicional entre los sexos, como si no
se hubiese modificado en absoluto esa circunstancia de la
entrada de la mujer en el mundo laboral, porque la mujer sigue
siendo la única responsable del trabajo doméstico y del
cuidado de los niños.
Si eso es así, nuestro Grupo considera necesario --y quiero
que quede claro--tratar de resolver --y para ello trabajar
desde esta Cámara-- esas tensiones que sufren muchas mujeres
que siguen realizando las dobles tareas. Por tanto,
consideramos que trabajar en esta línea, de la misma manera
que trabajar para hacer posible que se incorporen al mundo
laboral más mujeres y multiplicar los esfuerzos relativos a la
formación de las mujeres, es absolutamente imprescindible, así
como facilitar también, mediante un reciclaje continuo, la
reinserción de las mujeres que han abandonado el mercado
laboral para dedicarse a la atención y el cuidado de los
niños, porque también hay mujeres que
abandonaron el mercado laboral sin que, en el momento en que
lo hicieron, tuvieran las posibilidades de mejora que ahora
ofrece esta proposición, si sale adelante.
En la proposición de ley, de aprobarse, por un lado se
modifica, como ya se ha dicho aquí, el concepto de incapacidad
laboral transitoria actual, cambiándolo por el permiso de
maternidad. La verdad es que nuestro Grupo no puede dejar de
apoyar esto porque lo veníamos solicitando, lo veníamos
pidiendo al Gobierno; en nuestro programa aparece siempre como
una de las primeras y urgentes modificaciones a realizar y a
SS.SS., desde luego, se les alcanza perfectamente que tener un
hijo no debe o no puede ser considerado como una enfermedad o
incapacidad.
Por otro lado, los artículos primero y segundo mejoran las
condiciones de excedencia, en sintonía, por otra parte --
quiero que quede constancia--, con lo que acaba de hacer
precisamente el Gobierno gallego al modificar su Ley de la
Función Pública en los mismos términos en que se solicita que
se realice esa modificación de la Ley de la Función Pública
junto con la modificación del Estatuto de los Trabajadores. Se
trata, en definitiva, de extender la reserva del puesto de
trabajo, respetando todos los derechos laborales, a tres años.
Con ello, lo que se hace es beneficiar a quienes libremente
opten por ello. Repito, el Grupo Popular tiene realmente que
apoyar la proposición porque es coherente con algunas
iniciativas que se realizan ya en comunidades en donde
gobierna y porque --y creo que es importante resaltarlo-- va
en línea con el deseo de este Grupo de solicitar una clara
política de protección a la familia. Cuando los países
europeos lo están haciendo decididamente, con medidas varias,
con medidas similares a ésta, como por ejemplo las que existen
en Suecia o en cualquier otro de los países avanzados de la
Comunidad Europea, no cabe duda de que necesitamos cambiar la
dinámica de los doce años de Gobierno socialista en los que no
ha existido una política de protección a la familia. Es
posible, por otro lado, y de ello somos coscientes, que no
sean muchas las familias que hagan uso de esta posibilidad de
la excedencia por tres años, porque sabemos que la precariedad
económica de muchas familias españolas difícilmente puede
llegar a permitir que se queden sin uno de los sueldos, sin
uno de los ingresos. También es verdad que esa circunstancia
que ahora ofrece la proposición de ley, como se hace, acabamos
de decirlo, en otros países europeos, puede no ser utilizada
en España de la misma manera, porque carecemos de esas ayudas
directas por hijo que, en cambio, sí existen en otros países y
que ayudarían a esa economía y a hacer, por tanto, más
atractiva esa posibilidad que la ley ofreciese; esas ayudas
directas por hijo que siguen siendo en España otra asignatura
pendiente. También es cierto, tengo que reconocerlo, que
podríamos encontrarnos con que hacer uso de esta excedencia en
el trabajo privado podría traer unas consecuencias que, en
algunos casos, puede que no fueran positivas. En todo caso,
esto podríamos evaluarlo en el futuro y tal vez introducir
alguna medida complementaria.
Quiero señalar, por otra parte, que no podemos pensar que esta
medida vaya a perjudicar a las mujeres, señorías, porque en la
ley se ofrece la posibilidad a la mujer y al hombre y tienen
que ser la mujer o el hombre quienes opten libremente por
ella. Sabemos, repito, que en estos momentos la realidad habla
de que son las mujeres, sobre todo en nuestro país, las que
piden esa excedencia. ¿Por qué? Porque son las que tienen el
empleo más precario, el trabajo menos remunerado; pero,
señorías, considero que hay que legislar para el futuro,
mirando al futuro. Tenemos que confiar y, desde luego,
trabajar para que la situación laboral de la mujer mejore en
nuestro país y para que, por tanto, sea una realidad que,
libremente, la mujer o el hombre opten para poder hacer uso de
esa excedencia y atender al cuidado de los hijos.
Desde luego, aparte de eso --y con esto termino, señor
Presidente, señorías--, nuestro Grupo también quiere
manifestar que si hay que hacer esto también hay que
trabajar --y desde aquí hacemos una llamada al Gobierno-- para
que la situación laboral de la mujer mejore, para que no sea
rentable ya que sea ella la que abandone y, desde luego,
también para transmitir a la sociedad en general la necesidad
de compartir la tarea de educar y de cuidar a los hijos. En el
fondo, llegaríamos con ello a una sociedad mucho más justa, a
una sociedad mucho más solidaria y, desde luego, a una
sociedad más libre para todos y, en definitiva, para las
mujeres.
Apoyaremos, repito, la propuesta de la proposición de ley. Nos
reservamos la posibilidad de presentar algunas enmiendas que
puedan mejorar o matizar el texto, pero confiamos en que de
salir adelante habremos ayudado a quienes libremente en un
momento determinado opten por solicitar esa excedencia. Ya he
hecho referencia a las mejoras, en su caso, de los otros
apartados y puntos o a la necesidad ineludible en el caso del
primero al que me he referido. Muchas gracias, seño
Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Sainz.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Rodríguez
Ortega.
La señora RODRIGUEZ ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, la proposición de ley presentada por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre regulación
del permiso parental y por maternidad nos permite iniciar hoy
un debate que afortunadamente no
es nuevo en esta Cámara y que tendrá continuidad en el próximo
período de sesiones, puesto que anuncio ya que votaremos
favorablemente la toma en consideración de esta iniciativa.
El Grupo Socialista apoyará la tramitación de esta iniciativa
por distintas razones: por coherencia con la actitud que hemos
mantenido en anteriores debates; por los compromisos que
adquirió el Gobierno socialista cuando aprobó el segundo plan
para la igualdad de oportunidades, a principios del año 1993;
también por el compromiso que adquirió el Partido Socialista
en las pasadas elecciones generales defendiendo medidas que
propicien, que incentiven la función social de la maternidad.
Algunos de los temas que se plantean en esta proposición
mantienen una estrecha relación con el debate que suscitó una
iniciativa presentada en el año 1988 por el Gobierno
socialista que introdujo planteamientos y principios bastante
progresistas, bastante igualitarios al hacer modificaciones en
la duración del permiso por maternidad y en algo que me parece
fundamental y que ha sido destacado ya por otros y otras
intervinientes, que es la posibilidad de que los padres
también utilicen la baja por paternidad, que se sigue
planteando en esta proposición de ley.
Es cierto, señorías, que en los últimos años hemos aprobado
una serie de leyes que prohíben de forma expresa la
discriminación de la mujer en las condiciones de trabajo y en
el acceso al empleo, que prohíben igualmente la desigualdad en
materia salarial y la promoción en el trabajo. Sin embargo,
entiendo que es necesario también insistir y corregir algunas
situaciones relacionadas con el trabajo de la mujer.
La iniciativa del Grupo Catalán (Convergència i Unió) recoge
varios aspectos sobre los que haré algunas reflexiones, porque
si bien estamos de acuerdo con la filosofía, con el
planteamiento global de esta proposición de ley, también
anuncio que mi Grupo Parlamentario planteará algunas
correcciones y matizaciones en el trámite de enmiendas,
esperando que el texto salga perfeccionado. En primer lugar,
la proposición del Grupo Catalán (Convergència i Unió) plantea
una nueva consideración del permiso por maternidad. En segundo
lugar, propone que durante todo el tiempo que dure la
situación de excedencia voluntaria para el cuidado de los
hijos, el trabajador o la trabajadora tengan derecho a la
reserva del puesto de trabajo y al cómputo de antigüedad. En
tercer lugar, establece una bonificación para aquellos
contratos que se formalicen para sustituir a estos
trabajadores. Esta bonificación la sitúa en un porcentaje del
95 por ciento de las cotizaciones empresariales a la Seguridad
Social. En cuanto a los temas a los que acabo de referirme,
hay alguno con el que mi Grupo Parlamentario coincide
plenamente --ya lo he comentado-- y otros en los que
compartimos, como decía, la filosofía, pero los modificaremos
en trámites posteriores.
Compartimos la necesidad de que la baja por maternidad se
configure como baja específica distinta de la baja por
incapacidad laboral transitoria, y aparece así explícitamente
regulado en una de las actuaciones del segundo plan para la
igualdad de oportunidades. Nos parece inapropiada la
equiparación actual que existe en estos momentos porque se
trata de situaciones absolutamente distintas. No podemos
asimilar en ningún momento la situación de maternidad con la
incapacitación laboral de las mujeres. Sin embargo, el Grupo
Parlamentario Socialista va aún más allá en su planteamiento
respecto de la fórmula recogida por el Grupo Catalán
(Convergència i Unió), porque entendemos --y así nos
comprometimos y lo dijimos en nuestro programa electoral de
las pasadas elecciones-- que esta baja específica por
maternidad debe ser remunerada con el cien por ciento del
salario y, además, se debe extender esta contingencia
específica a todos los regímenes del sistema de la Seguridad
Social. Me parece que era la portavoz del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya la que decía que no solamente
es suficiente con cambiar la denominación, sino que había que
hacer también un ajuste de tipo jurídico. Pues bien, en los
planteamientos que nosotros hacemos, presentamos,
efectivamente, que hay que dar una nueva concepción y un nuevo
tratamiento jurídico a esta baja específica por maternidad.
Con este mismo objetivo de considerar la maternidad como una
importante función social, introdujimos también una serie de
planteamientos, que se plasmarán en iniciativas legislativas
próximas, como es el aumentar la oferta de escuelas
infantiles, de comedores escolares o facilitar deducciones
fiscales por el concepto de cuidados de hijos.
Volviendo al contenido de la proposición de ley del Grupo
Catalán (Convergència i Unió), entendemos que hay dos aspectos
en los que deberíamos encontrar un cierto equilibrio y
establecer algún tipo de cautela, porque si no pueden tener
unos efectos negativos diferentes a los que se intentan
conseguir con esta proposición de ley. Por una parte,
deberíamos conseguir que la excedencia, sobre todo cuando es
solicitada por la madre, no le impida reincorporarse a su
puesto de trabajo y se mantenga, por tanto --y estamos de
acuerdo--, la reserva del mismo. Sin embargo, será necesario
tener en cuenta, en una tramitación posterior, que esta
fórmula de la reserva forzosa durante un período máximo de
hasta tres años no se convierta en un efecto negativo o en un
efecto perverso, de manera que suponga una especie de
desmotivación de los propios empresarios para contratar
mujeres. Entiendo que tendremos que poner mucho énfasis y
mucha atención en las medidas que presentemos para la
tramitación posterior. Uno de los mecanismos para evitar este
posible efecto es precisamente el de cubrir las bajas en los
períodos
de excedencia solicitados por trabajadores o por trabajadoras
con trabajadores desempleados y con una bonificación, si bien
nos parece excesiva la cuantía del 95 por ciento. Por tanto,
ahí introduciremos enmiendas, propuestas, que espero cuenten
con el consenso no solamente del Grupo Catalán (Convergència i
Unió), sino también de otros grupos de la Cámara para que
puedan salir adelante. Haré, señor Presidente, una referencia
ya muy breve a este tema específico de las bonificaciones
propuestas en la contratación. Es cierto que se enmarca y
mantiene una estrecha relación con lo que son las últimas
medidas de reforma del mercado laboral que hemos aprobado en
esta Cámara y sobre todo mantiene una relación específica con
la Ley de Medidas Urgentes de Fomento de la Ocupación, en el
sentido de que se trata de utilizar políticas activas para la
incorporación de determinados colectivos al trabajo y
abandonar ciertas prácticas de políticas pasivas en este tema.
Por tanto, en ese sentido, nos parece absolutamente acertado y
adecuado.
Ahora bien, quizá el mecanismo que se ha de utilizar no sea la
fórmula de una modificación a través del Estatuto de los
Trabajadores, con la que, le anuncio al señor Casas, no
estamos de acuerdo, sino tramitarla precisamente como una
modificación de esta Ley de Medidas de Fomento de la Ocupación
y que sean programas específicos anuales de fomento de empleo
los que establezcan precisamente estos criterios a través de
la vía de los Presupuestos Generales del Estado, porque esto
nos va a permitir, evidentemente, una evaluación de la
utilización y del proceso que pueda seguir el uso de esta
medida por distintos colectivos empresariales.
No voy a entrar, puesto que tendremos ocasión de hacerlo en
una tramitación posterior, en lo que son aquellas
incongruencias y contradicciones que encontramos en cuanto a
los propios mecanismos y recursos técnico-jurídicos que se han
planteado en esta proposición de ley y que también será
necesario corregir, para que efectivamente esta proposición de
ley salga enriquecida tras el debate y la tramitación
posterior.
Acabo, señor Presidente, afirmando que efectivamente esta
iniciativa aparece también recogida y reflejada en algunos
programas a nivel comunitario; que incluso se está debatiendo
en estos momentos un proyecto de directiva, que empezó a
tramitarse a finales del año 1993, sobre regulación del
permiso parental, directiva que deberemos tener en cuenta en
todas las modificaciones que se acepten en esta proposición de
ley; y que, por supuesto, como decía al principio de mi
intervención, esta proposición encaja perfectamente dentro de
lo que son los contenidos y los objetivos del segundo plan
para la igualdad de oportunidades de la mujer.
Finalizo definitivamente, señor Presidente, diciendo que la
propia realidad nos demuestra que es necesario incentivar la
participación de la mujer en el mercado laboral, pero al mismo
tiempo la sensatez y el buen sentido nos obligan a conseguir
un reparto más equilibrado de responsabilidades familiares
entre hombres y mujeres y una mayor armonía entre lo que es el
trabajo y la vida familiar. En ese sentido se están planteando
demandas a nivel comunitario, en ese sentido también hay
demandas de los colectivos de nuestra sociedad y en ese
sentido entiendo que debemos seguir legislando en una materia
tan importante como es la que debatimos esta tarde y para la
que sería necesario, evidentemente, contar con el apoyo y con
el consenso del mayor número de grupos de esta Cámara.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Rodríguez. Vamos a someter a votación la toma en consideración
de la proposición de ley debatida. (El señor Presidente ocupa
la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación para la toma en consideración de
la proposición de ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió),
sobre regulación del permiso parental y por maternidad.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 286; a favor, 269; en contra, 13; abstenciones,
cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE POSIBILIDAD DE
UTILIZACION DE CARBURANTES CON APLICACION DEL TIPO REDUCIDO
PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 38/1992, DE 28 DE
DICIEMBRE, DE IMPUESTOS ESPECIALES, POR TODA LA MAQUINARIA
MINERA (Número de expediente 162/000118)
El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día:
Proposiciones no de ley. Proposición del Grupo Socialista,
sobre posibilidad de utilización de carburantes con aplicación
del tipo reducido previsto en el artículo 50 de la ley
38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, por toda
la maquinaria minera.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Cuevas. (Numerosos señores diputados abandonan el salón de
sesiones.--Rumores.) Señorías, guarden silencio. (Continúan
los rumores.)
Silencio, señorías. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Cuevas.
El señor CUEVAS DELGADO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, la proposición no de ley que en nombre del Grupo
Socialista defiendo ante esta Cámara y de la que espero su
aprobación, trata básicamente de dotar al sector de la minería
de un instrumento de competitividad en los mercados
internacionales y, por consiguiente, de un fortalecimiento de
nuestra industria minera, introduciendo en nuestra legislación
la posibilidad de uso del carburante unificado en la
maquinaria móvil utilizada en las actividades reguladas en la
Ley de Minas.
La Ley 6/1977, de 4 de enero, de Fomento de la minería, en su
parte expositiva resalta los aspectos peculiares que
caracterizan al sector de la minería, tanto para el capital,
por el mayor riesgo que comporta el período de maduración del
mismo y la desproporción entre el inmovilizado y el valor de
la producción, como para el trabajo, por la singular
naturaleza de la actividad minera y su forzosa vinculación a
zonas territorialmente determinadas, de tal manera que es
imprescindible aplicar a dicho sector un tratamiento especial
dentro de los regímenes generales establecidos para la
industria.
La minería es una actividad industrial con un mercado
internacional muy competitivo. Esta industria aprovecha los
recursos naturales del país y si sus factores de producción
son suficientemente competitivos puede conseguir cotas
importantes de explotación. No debemos olvidar que una parte
considerable de nuestros productos tienen como destino la
exportación, en la que una mejora de sus factores productivos
conduce a una ganancia de la posición competitiva de nuestros
minerales en los mercados exteriores.
En este sentido cabe resaltar el potencial que ofrecen
nuestros recursos de rocas ornamentales y los yacimientos de
sulfuros polimetálicos de la faja que constituye los
yacimientos más importantes de Europa cuya producción de
determinados metales básicos cubre un alto porcentaje del
consumo comunitario, donde, además, existen proyectos de
nuevas explotaciones, como el yacimiento de Los Frailes, en
Aznalcollar, con inversiones de capital privado superiores a
los 30.000 millones de pesetas en la provincia de Sevilla.
Sin embargo, señorías, en los momentos actuales la minería
española sufre determinadas desventajas en dichos factores que
restringen la competitividad de los productos impidiendo la
consecución del objetivo mencionado, como consecuencia del
avance en la legislación comunitaria que otros países europeos
han aprovechado --y están aprovechando-- para hacer más
competitiva su industria minera. Por ejemplo, dentro de la
Comunidad Europea, Italia e Irlanda permiten la utilización de
gasóleo en la industria minera con exenciones fiscales, al
amparo de las Directivas 92/81 y 92/82 del Consejo de la
Comunidad. Estas Directivas se refieren a la armonización de
las estructuras del impuesto especial sobre hidrocarburos y a
la aproximación de los tipos del impuesto especial sobre
hidrocarburos. Con la primera de las Directivas mencionadas se
permite que los Estados miembros puedan aplicar un tipo
reducido al gasóleo y a otros carburantes que no sea inferior
al mínimo fijado en la segunda de las Directivas en los
siguientes supuestos: En los motores fijos, en el material y
maquinaria utilizados en la construcción, en la ingeniería
civil y en las obras públicas, así como en los vehículos
destinados a ser utilizados fuera de las carreteras o que no
hayan sido autorizados para uso principal en las vías
públicas.
La legislación española sólo contempla la posibilidad de
utilizar gasóleo como carburante con aplicación de la tarifa
reducida en el supuesto primero, excluyendo, por tanto, la
última parte, que es la relativa al sector de la minería, que
se regiría por el último supuesto antes mencionado. En el
resto de los países, haciendo uso de esta cobertura
comunitaria, autorizan el consumo de gasóleo con tarifa
reducida, lo que dificulta la competitividad de nuestros
productos. Por otra parte, en el relativo a la minería
energética el incremento de consumo que supone el consumo de
gasóleo A incide negativamente en el objetivo de aproximar
gradualmente el coste medio de explotación de los carbones
nacionales al coste marginal a largo plazo del carbón
importado, lo cual vendrá impuesto en el nuevo código de
ayudas que sustituirá a la decisión 2064/86 CECA, de la
Comisión de la Comunidad, por la que se establece el régimen
comunitario de las ayudas de Estado a la industria hullera.
Por otra parte, respecto a la utilización del gasóleo C en la
minería, la Ley 5/1990 sobre medidas urgentes en materia
presupuestaria, financiera y tributaria, estableció la
utilización de este gasóleo y fijó que el gasóleo C se
utilizaría en los motores fijos y en los de embarcaciones y
buques distintos de los deportivos o de recreo y, en general,
de uso privado. Igualmente la vigente Ley 38/1992, de
impuestos especiales, en su artículo 54.2, primer párrafo,
mantiene la situación precedente al establecer que la
utilización de gasóleo como carburante, con aplicación del
tipo establecido en el epígrafe 1.4 de la tarifa primera del
Impuesto, quedará limitada a los motores de tractores y
maquinaria utilizados en agricultura, incluida la
horticultura, ganadería y silvicultura, así como los motores
fijos. En consecuencia, dicha ley y el reglamento de impuestos
especiales, no permite la utilización de gasóleo C en aquella
maquinaria minera que, entre otros fines, lo consume en su
propulsión o desplazamiento, aunque siempre dentro de la
producción minera, sin autorización para circular por las vías
públicas, pero sí en aquellas otras con motores fijos aunque
eventualmente puedan desplazarse. Por tanto, la minería
española sufre en los momentos actuales una crisis
generalizada
por muchos factores, fundamentalmente la gran competencia
internacional, pero en la que también incide esta
imposibilidad de utilizar el gasóleo C. En consecuencia,
cualquier ayuda, cualquier medida que arbitremos en esta
Cámara, es vital para la supervivencia de un buen número de
empresas, que tienen que hacer frente a las condiciones
especiales de algunos factores productivos de las que se
beneficia la minería de otros países.
La posibilidad de consumir gasóleo C por el sector minero, es
decir, en aquellas actividades reguladas por la vigente Ley de
Minas, puede suponer una ayuda inestimable a la continuidad de
la actividad de un gran número de empresas que actúan como
foco generador de riqueza. En estos momentos el mantenimiento
de los puestos de trabajo directos e indirectos en relación al
sector minero es especialmente relevante.
Por otra parte, la posible merma de recaudación fiscal se
compensa ampliamente, bien con el mantenimiento en actividad
de las empresas que como personas jurídicas contribuyen a las
arcas del Estado con otros impuestos, bien con la reducción de
ayudas al sostenimiento del carbón nacional. También es
necesario decir que la paralización de una actividad minera
supone elevados costos, tanto para el Estado como para la
sociedad, y que el cierre en los momentos actuales supondría
la pérdida irreparable de las explotaciones, ya que la
inversión necesaria para reiniciar la actividad en el sector
minero es tremendamente onerosa y en ocasiones inaccesible,
incluso para un gran grupo inversor, además del problema
social y humano que supondría la pérdida de empleo.
La otra parte que incide en las consideraciones que hay que
tener en cuenta a la hora de ver si es correcta esta
proposición no de ley sería la incidencia fiscal que esta
medida puede suponer. Según los datos más recientes de que
disponemos, los consumos de gasóleo de la minería española
durante 1992 se estiman en unos 225 millones de litros, de los
que un 15 por ciento del total corresponden a gasóleo C en
maquinaria fija, en minería energética, metálica, no metálica
y en las explotaciones de piedra natural y productos de
arcillas, y el 25 por ciento en las de áridos.
El consumo de gasóleo A por la maquinaria exclusivamente
minera que de acuerdo con las consideraciones anteriores
podría sustituirse por gasóleo C, sería: en minería
energética, 39,1; en minería metálica, 14,1; en minería no
metálica 11,7; en piedra natural, 49,6; en áridos, 56,2 y en
producción de arcilla, 15,3. De acuerdo con estos datos y como
la diferencia de impuestos entre los gasóleos A y C es de unas
33 pesetas por litro, en consecuencia, podríamos estimar que
la repercusión fiscal directa sobre el impuesto especial, así
como el efecto indirecto sobre el IVA, no superaría los 6.000
millones de pesetas. Esta repercusión es preciso relacionarla
con la incidencia de tal medida en una industria de las
características singulares que presenta la minería,
normalmente ubicada en áreas de escaso desarrollo económico y
social y con difíciles o escasas posibilidades de
reconversión. La reducción del ingreso fiscal producida por la
utilización de gasóleo C en minería debemos enfrentarla al
coste que puede suponer el cierre de explotaciones mineras,
aunque este coste es variable, según las circunstancias y el
carácter más o menos especial de las medidas que se adopten.
Puede servir de indicador el derivado de la aplicación del
Plan de Ordenación de la Minería del Carbón, que se encuentra
en curso, con unas previsiones de gasto destinado a facilitar
procesos de cierre o reducción de actividad en torno a 4,1
millones de pesetas por trabajador a cargo del erario público
que incluye la prestación contributiva de desempleo y la
prestación de asistencia, y de 5 millones financiados por el
organismo administrador de las compensaciones eléctricas. A
estos costes habría que imputar además los ingresos que el
Estado dejaría de percibir por el cese de la actividad minera
correspondiente a las cotizaciones tanto empresariales como
laborales a la Seguridad Social, al Impuesto sobre el
Rendimiento de las Personas Físicas, al Impuesto sobre
Actividades Económicas, etcétera y el coste social que siempre
supone la pérdida de un puesto de trabajo.
Por tanto, señorías, nos parece no sólo oportuno, sino
necesario, dotar a nuestra industria minera de un instrumento
como el que proponemos en esta proposición no de ley, que le
permita reducir costes y fortalecer su posición competitiva en
similares circunstancias a las que ya tiene la industria
minera en Europa, por lo que instamos al Gobierno a proponer
las medidas legislativas necesarias para alcanzar este
objetivo.
Pedimos, por tanto, a los grupos de esta Cámara que apoyen con
su voto esta proposición no de ley en beneficio de nuestra
industria minera, para que pueda no sólo mantener, sino
aumentar su potencial de creación de empleo. Nada más. Muchas
gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cuevas.
A esta proposición no de ley ha sido presentada una enmienda
por parte del Grupo Popular.
Para su defensa y para fijar la posición de dicho grupo, tiene
la palabra el señor Landeta.
El señor LANDETA ALVAREZ-VALDES: Con la venia, señor
Presidente. Señoras y señores Diputados, me corresponde
intervenir para fijar la posición y defender la enmienda
presentada por el Grupo Parlamentario Popular a esta
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista por
la que se solicita que las actividades reguladas en la Ley de
Minas puedan usar en sus motores
carburante gasóleo con aplicación del tipo reducido previsto
en la Ley de Impuestos Especiales.
En primer lugar, he de manifestar que esta proposición no de
ley coincide con nuestros planteamientos al ser un fiel
reflejo de la proposición no de ley presentada por nuestro
Grupo Parlamentario el 19 de mayo de 1994, número de entrada
18.471, que debía tramitarse en la Comisión de Industria, pero
cuyo debate no se produjo, encontrándonos ahora con el debate
en el Pleno de una proposición no de ley que entró en la
Cámara un mes después de nuestra iniciativa.
En segundo lugar, creemos que la proposición no de ley es
correcta en sus planteamientos al considerar que la norma
establecida en el artículo 54.2 de la Ley 38/1992, de 28 de
diciembre, debe de aplicarse no sólo a la agricultura y
motores fijos sino también a toda la maquinaria minera, dado
que el espíritu de la ley es conceder estos beneficios
fiscales en el precio del gasóleo a las actividades primarias,
entre ellas la minería. El hecho de que los motores sean fijos
o móviles no debe determinar nunca la fiscalidad del
combustible sino su destino y el uso industrial que se le
asigna. También se entiende que el espíritu de la ley está en
ayudar a aquellos sectores en crisis, como es el de la
minería, razón por la que avalamos esta proposición no de ley.
En ese sentido, hemos de hacer mención especial a la gran
crisis que padece el sector de la piedra natural --que es
primario y estratégico--, el primer productor del mundo en
granitos y pizarras y el segundo en mármoles, que se sentirán
francamente beneficiados con estas medidas; al igual que hemos
de tener en cuenta que con ellas se elimina la discriminación
que existía con otras empresas estatales o con participación
estatal que sufren en estos momentos grandes pérdidas. Hay que
tener en cuenta que el consumo anual de gasóleo en las
explotaciones de piedra natural en España, alcanzó en este
último año los 50 millones de litros y que existen diferencias
de costo ya que el precio del gasóleo A es de 81 pesetas litro
y el de los tipos B y C es de 45 pesetas litro, lo que
representará para estas empresas un ahorro de 1.600 millones
de pesetas que conducirán, indiscutiblemente, a reducir los
costos de extracción y elaboración, haciéndolos más
competitivos.
Por otra parte, esta protección que se solicita no es nueva.
Este tipo de industria ya estuvo protegido, como así lo recoge
la Ley 39/1979, de noviembre, y el Real Decreto 2554/1980, de
4 de noviembre, que autorizó el uso del gasóleo B y C y que
estuvo vigente desde el año 1979 hasta 1985. Esta eliminación
o disminución de gasto también aparece reflejada en la
Directiva Comunitaria 92/81, de 19 de octubre, que establecía
la posible aplicación del gasóleo reducido a los vehículos
utilizados fuera de la carretera, lo que nos legaliza y
equipara a las empresas comunitarias respecto a nuestra
competitividad. Sin embargo, en el año 1985 se ha cambiado de
criterio, y así la Ley 45/1985, de 23 de diciembre, al primar
el motor fijo y la afectación del vehículo a una determinada
actividad, cambia de criterio. La Ley 38/1992, de 28 de
diciembre, que deroga de manera expresa la Ley 45/1985,
mantiene el criterio en su artículo 54, apartado 2, de que la
utilización de gasóleo como carburante y con aplicación del
tipo establecido en el epígrafe 1.4 de la tarifa, queda
limitada a motores de agricultura así como a motores fijos,
filosofía que mantiene el Real Decreto 258/1993, de 19 de
febrero, por el que se aprueba el reglamento provisional de
los impuestos especiales al regular en su artículo 63 las
condiciones de aplicación del epígrafe 1.4. Por ello, es de
alegar que la anterior normativa tenía en cuenta esta
circunstancia de las industrias en crisis y fue la Ley
38/1992, la que modificó el anterior criterio. A este respecto
solicitamos que se vuelva nuevamente a la anterior situación.
Pese a estar de acuerdo en cuanto al fondo con la proposición
no de ley presentada al coincidir con nuestra propuesta
inicial, nos vemos precisados a presentar una enmienda de
texto alternativo que se concreta en los siguientes apartados:
En primer lugar, fijar el plazo de un mes para que el Gobierno
lleve a efecto esta medida legislativa. En muchas ocasiones
estamos ante acuerdos de esta Cámara que al no fijar un plazo
para llevar a efecto la norma, indiscutiblemente transcurre el
tiempo y la norma queda en el vacío. Por otra parte, en
nuestra enmienda se concreta quién puede utilizar el
carburante y en qué funciones.
En el segundo apartado solicitamos la paralización de los
expedientes que se están tramitando en estos dos últimos años,
es decir, desde la vigencia de la norma que se modifica. Para
esta solicitud nos amparamos en que la norma debe tener
efectos retroactivos desde diciembre de 1992, que tiene por
base el principio general del Derecho reconocido en el
artículo 9.º3 de nuestra Constitución a fin de paliar los
graves problemas que, de no hacerlo, se pueden ocasionar
precisamente a múltiples industrias que hoy se verían
beneficiadas con esta retroacción.
Por todo ello, por los argumentos expuestos, solicitamos de la
Cámara el voto favorable a nuestra enmienda porque creo que
irá en beneficio de las industrias que en los momentos
actuales están padeciendo una grave crisis, principalmente las
industrias que tienen relación con esta norma y que tienen
relación con la construcción.
Por todo ello, solicitamos el voto favorable.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Landeta.
Grupos que desean fijar su posición. (Pausa.)
Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor González Lizondo.
El señor GONZALEZ LIZONDO: Gracias, señor Presidente.
Desde Unión Valenciana para mostrar nuestro voto favorable a
esta proposición no de ley, ya que precisamente dentro de mi
región, dentro del Reino de Valencia, en una parte del mismo,
como es la zona de Novelda, con las canteras de La Romana, es
verdaderamente importante e interesante que se pueda llevar a
efecto este tipo de regulación que permita un menor costo a
estas industrias que también están atravesando momentos
verdaderamente importantes; al igual que en los caolines, toda
la producción de la cerámica, con una gran parte también
radicada en Valencia, donde creemos que estos efectos pueden
ser altamente satisfactorios para las industrias y para el
progreso en general de la zona. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González Lizondo.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Sánchez i Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores diputados, mi intervención es para anunciar
que Convergència i Unió va a votar favorablemente la
proposición no de ley respecto a la modificación del artículo
50 de la Ley 38/1992, de 22 de diciembre, de Impuestos
Especiales.
Nosotros entendemos que esta modificación va a incidir
directamente en un sector muy afectado por la grave crisis
económica, como es el sector de la minería. Esta modificación
comportará, la posibilidad de que todas las maquinarias,
independientemente de si son fijas o no son fijas, que están
orientadas al trabajo de cara a la minería, puedan
beneficiarse del consumo de gasóleo reducido o bonificable.
Entendemos que esto mejorará su competitividad, rebajará
costes y, en definitiva, mejorará lo que desde Convergència i
Unió siempre hemos venido definiendo como uno de los objetivos
primordiales y fundamentales: la defensa de la economía
productiva.
Por este motivo, nuestro grupo votará favorablemente la
iniciativa presentada en la proposición no de ley del Grupo
Socialista.
Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra la señora Urán.
La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Quiero expresar que el voto del Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, va a ser en sentido favorable
a la proposición no de ley del Grupo Socialista, porque
consideramos que es una medida, en sí misma positiva, para
reducir algunos costes de las explotaciones mineras, aunque,
en todo caso, nos parece una medida muy reducida.
Creemos que hay otros factores mucho más gravosos para los
costes, como son la estructura atomizada, casi caótica, de la
mayoría de las explotaciones mineras sin capacidad técnica y
gerencial seria, en muchos casos, meros especuladores, o la
falta de investigación geológico-minera. Aquí es necesario
hacer obligada referencia al intento de cierre de la única
empresa nacional de investigación en este campo, la Empresa
Nacional Adaro, a la que se malgestiona para venderla con
aspectos que llegan a lo escandaloso.
Quiero animar al Grupo Socialista a que siga haciendo
propuestas positivas para la minería, ya que, generalmente, no
suele admitir las que propone la oposición. Por tanto, mi
grupo --repito-- va a votar favorablemente la proposición no
de ley que ahora debatimos.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Urán.
Por el Grupo Socialista, para expresar la aceptación o rechazo
de la enmienda presentada por el Grupo Popular, tiene la
palabra el señor Cuevas.
El señor CUEVAS DELGADO: Señor Presidente, muy brevemente.
Nuestro grupo no puede aceptar la enmienda que presenta el
Grupo Popular. Las razones son muy simples.
No es posible en el plazo de un mes abordar la modificación de
una ley fiscal y, por otra parte, no se puede aceptar el
carácter retroactivo y proceder a la paralización de
expedientes en los que ahora mismo ha podido incurrir algún
usuario de este tipo de combustibles.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cuevas.
Vamos a proceder a la votación. Proposición no de ley del
Grupo Socialista. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 285; a favor, 285.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
PROTECCION CONTRA EL RUIDO (Número de expediente 162/000049)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular
sobre protección contra el ruido.
En nombre del Grupo proponente, tiene la palabra la señora
Martínez. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la
Presidencia.--Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señorías, ocupen sus
escaños, por favor.
La señora MARTINEZ SAIZ: Señor Presidente, señorías, el
desarrollo industrial, la construcción de nuevas
infraestructuras, el crecimiento de los núcleos de población
y, sobre todo, el cambio de hábitos de vida son algunas de las
principales causas que han elevado los niveles sonoros que
percibimos. La variedad de las fuentes sonoras y su aumento en
el tiempo hacen que la intervención del Estado sea
imprescindible para arbitrar, a través de una normativa
básica, en las diferencias que se producen entre los distintos
sectores inmersos en este problema: los ciudadanos que
sufrimos el ruido, los que producen los ruidos, como la
industria y los vehículos, y los que fabrican y venden
maquinaria y aparatos ruidosos. En estos momentos, señorías, a
través de los sondeos de opinión, nos encontramos con que en
la mayoría de las encuestas se coloca el ruido en el primer
lugar de las molestias percibidas por los ciudadanos. Por
tanto, es necesario que hagamos un esfuerzo legislativo, que
el Gobierno haga un esfuerzo por traer a esta Cámara, lo antes
posible, una normativa para introducir las medidas necesarias,
sobre este aspecto de tanta relevancia, que contribuyan a
mejorar nuestra calidad de vida. Señorías, según la opinión de
los expertos, la reducción del ruido en su fuente es la mejor
fórmula para atajar el problema, aunque cuando esto no sea
posible al 100 por cien deberemos compaginar y aplicar otro
tipo de medidas correctoras, como pueden ser la instalación de
pantallas acústicas y el aislamiento adecuado en todas las
viviendas. La situación actual es de una completa dispersión
normativa. Por parte del Estado se han aprobado varios
reglamentos adaptando diversas directivas sobre emisiones y
requisitos técnicos de los automóviles, maquinaria, equipos de
construcción y otros aspectos que no son objeto de esta
proposición no de ley. Las comunidades autónomas con
competencias en los diversos factores a los que afecta el
ruido no han legislado teniendo en cuenta estos factores, con
lo que se está provocando una incertidumbre y una inseguridad
jurídica en la calidad de vida de los ciudadanos. Las
entidades locales, señorías, no tienen competencia normativa a
excepción de las ordenanzas sobre actividades molestas, desde
donde se están regulando aspectos técnicos sin una cobertura
básica normativa necesaria para otorgar una mínima uniformidad
dentro del territorio nacional.
Señorías, como ejemplo y demostración de la falta de visión
global sobre la mejor forma de paliar los efectos del ruido
nos encontramos con que, dentro del modelo de ordenanza
municipal de protección ambiental adoptada por el Ministerio
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, no se tienen
en cuenta las perturbaciones por el tráfico rodado de
vehículos, aunque se sabe que el 80 por ciento del ruido en
las ciudades es producido por el tráfico. Señorías, además de
las escasas normas existentes, nos encontramos con que existen
serias dificultades para llevar a cabo los cometidos previstos
en éstas. Así, por ejemplo, nos encontramos con que para poder
dar cumplimiento a la norma básica de la edificación sobre
condiciones acústicas de los edificios no existen suficientes
laboratorios para poder realizar las certificaciones de
homologación; y en los materiales homologados no existe
normalmente control de calidad que garantice que toda la
producción se ajusta a las características que sirvieron sobre
la base al ensayo oficial.
Podíamos seguir enumerando dificultades para que el
cumplimiento de la escasa normativa existente fuera efectivo.
Pero, señorías, con esta proposición no de ley el Grupo
Popular pretende no sólo que a través de la elaboración de una
normativa básica se mejore la aplicación de la existente, sino
que se cubra el vacío normativo en aspectos de tanta
relevancia para los ciudadanos como la limitación de emisiones
acústicas, el aislamiento acústico de edificios, las pantallas
acústicas y sus características, y, lo que es más importante
en el momento actual, establecer los valores límites de la
exposición a la que se puede someter a la población, según los
distintos usos del suelo establecidos en el planeamiento
urbanístico. No podemos ni debemos seguir contemplando cómo en
ciudades de crecimiento rápido, ciudades y pueblos importantes
de nuestra geografía se está realizando un planeamiento
urbanístico sin tener en cuenta las distancias mínimas a vías
rápidas, a desdoblamientos, a circunvalaciones, y tiene que
estar de alguna forma contemplado en esa norma básica para que
a la hora de planificar se tenga en cuenta.
Señorías, se trata de cubrir el vacío normativo en aspectos de
tanta relevancia para los ciudadanos como son estas
limitaciones que decía anteriormente. Con nuestra propuesta
tratamos de que no pase más tiempo sin que a la hora de
programar y elaborar los proyectos y calcular el coste de las
nuevas infraestructuras viarias se tenga en cuenta, en su
diseño y en su coste, la colocación de pantallas acústicas
para que no siga ocurriendo lo que ha pasado durante los
últimos años con el Plan de Carreteras 1984-1991 y que en los
programas de acondicionamiento y de construcción de variantes
de poblaciones de más de 50.000 habitantes y en el acceso a
los grandes ciudades con presupuestos de cientos de miles de
millones de pesetas, no se haya construido ni una sola
pantalla acústica que liberara a los ciudadanos de los ruidos
producidos por el tráfico dentro de las zonas urbanas y
semiurbanas. Señorías, tratamos de ampliar el contenido de la
proposición
no de ley de Izquierda Unida que se debatió en Comisión el 16
de febrero pasado, en la que aprobamos entre todos una
enmienda del Grupo Socialista, y poner un plazo al Gobierno
para que presente en esta Cámara una normativa sobre la
contaminación acústica. Ya el Ministro, señor Borrell, en su
comparecencia en la Comisión nos anunció precisamente que el
Ministerio presentaría dicha normativa durante el transcurso
de esta legislatura.
Nosotros creemos que ante un proyecto de estas características
técnicas, estando seguro el Grupo Popular de que no va haber
ningún problema en que los distintos grupos de esta Cámara nos
pongamos de acuerdo en cuanto a las características de esta
normativa, no hay ningún motivo para que se retrase más.
Pensamos que desde que empezó la legislatura y desde que se
aprobó en la Comisión la enmienda del Grupo Socialista a la
propuesta de Izquierda Unida ha pasado el tiempo suficiente
para que se hubiera presentado, por parte del Gobierno, esa
norma básica en esta Cámara.
Señorías, hay dos enmiendas presentadas a esta proposición no
de ley. El Grupo Popular espera que en el transcurso de este
debate lleguemos a un acuerdo para que sea una realidad, en el
más breve plazo de tiempo posible, que podamos disponer de
esta normativa básica para mejorar nuestra calidad de vida.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señora
Martínez Saiz. Efectivamente, tal como ha dicho la señora
Martínez, se han presentado a esta proposición no de ley dos
enmiendas, una por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y otra por parte del Grupo
Parlamentario Socialista. Para la defensa de la enmienda
presentada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, creo que
nos encontramos ante un problema nuevo, pero viejo en la
discusión parlamentaria. Por desgracia, el trabajo múltiple de
la acción política de nuestro Gobierno desde 1982 hasta ahora
ha hecho que no haya tenido suficiente tiempo para hacer esa
reforma de la Ley del año 1972, de Protección del Medio
Ambiente Atmosférico, publicada el 22 de diciembre y que
debería de haber sido actualizada. Esta ley decía en su
artículo 1.º que tenía por objeto prevenir, vigilar y corregir
las situaciones de contaminación atmosférica, cualesquiera que
sean las causas que se produzcan. Lo cierto y verdad es que el
devenir del tiempo, las carreteras, la acumulación de
industrias, junto con el desarrollo de las ciudades han ido
haciendo necesario modificaciones importantes que no han
podido ser acometidas. La historia parlamentaria de este
debate sobre el ruido, su reglamentación y regulación son
importantes. En el año 1990, hace cuatro años, el propio
Gobierno anunció que estaba preparando las medidas
legislativas sobre los niveles de emisión de ruido. Lo cierto
es que en el año 1991, un año después, el Grupo Parlamentario
Socialista presentó una proposición no de ley parecida a la
que estamos discutiendo hoy aquí --año 1991--, que fue
aprobada unánimemente por la Cámara, para pedir al Gobierno
que se extremasen las medidas contra la contaminación
acústica. En el mes de marzo del año 1993 el señor Borrell
decía --como el anterior Ministro de Transportes-- que el
Gobierno estaba trabajando intensamente en la reforma de esta
ley. Lo cierto y verdad es que en cuatro años no ha habido
tiempo suficiente para actualizar o hacer frente a esta
reforma que es necesaria para que se puedan abordar, desde una
perspectiva global de regulación de la contaminación
atmosférica, todas las actuaciones que ahora mismo podamos
tener en la mano.
Dichos los antecedentes parlamentarios, dicho también que en
la Comisión de Infraestructuras, en el mes de febrero, se
aprobó por unanimidad una propuesta dirigida a los efectos de
las autovías, de las autopistas o a actuaciones urbanas, pues
buscábamos las medidas para que los efectos del ruido se
redujeran como digo, fue aprobada por unanimidad, aceptando el
proponente entonces (el que les está hablando en nombre del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya) las indicaciones que nos hacía el grupo
mayoritario. Fundamentalmente dos eran los problemas a
abordar: por un lado, la complejidad de medidas a regular, la
multiplicidad de relación administrativa, llámese comunidad,
municipio o marco general que debe tener el propio Estado; y
por otro lado, el tiempo, la cadencia que marcábamos.
La propuesta que nos presenta hoy el Grupo Popular en el Pleno
dice (es verdad que con el devenir del tiempo su redacción ha
quedado un tanto desfasada por la tramitación que ahora mismo
tenemos) que cuando finalice el período de sesiones, que como
todos sabemos será, si Dios quiere y no pasa nada, a final de
semana, deberíamos plantear un plazo de tiempo. ¿Qué tiempo le
damos al Gobierno para que pueda acometer esa situación global
sobre el ruido? La propuesta que hace el Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida --después hay otra propuesta del Grupo
Parlamentario Socialista-- es que debe haber un plazo de
tiempo y estamos dispuestos a que sea el más amplio posible,
pero que lo fijemos. En Comisión aceptamos algo así como:
«urgir al Gobierno a que pueda presentarlo». Con cuatro años
de historia y tantos años de explicación de la ley preferimos
acotar el tiempo. Por eso en nuestra enmienda fijábamos el
próximo período ordinario de sesiones, que terminaría en
diciembre. Puede ser que sea más amplio. En la discusión
previa que ha habido
en las conversaciones entre los portavoces hemos podido llegar
a un nivel de encuentro que puede parecer, por ejemplo a mi
Grupo excesivo, pero para el que está en la otra vertiente
puede parecer muy corto. Esperemos, por tanto, que como mínimo
en ese plazo que hemos comentado del año 1995 podamos tener
aquí esa reforma de la ley.
Quiero hacer una matización a la propuesta del Grupo Popular.
El Grupo Popular habla de un proyecto de ley de protección
contra el ruido. Nosotros somos más partidarios de una reforma
global de todo lo que es contaminación atmosférica, y no una
específica del ruido. Preferimos en lugar de una ley
sectorial, una ley que toque todos los efectos del ruido,
incorporar a una ley global estas actuaciones porque así
podremos regular la evolución administrativa, la sanción,
etcétera. Yo creo que en su espíritu también puede estar y
podemos llegar a un acuerdo sobre que sea en el marco de esa
ley donde se haga frente a todos los efectos que pueden
provocar los ruidos.
Nosotros queríamos manifestar que hay que actuar de dos
maneras distintas respecto a los efectos de las grandes obras
de infraestructura, tanto ferrocarril como carreteras. Una,
obras ya realizadas. Las obras ya realizadas deberían
cadenciarse y marcarse qué actuación es la más idónea
técnicamente, si las pantallas acústicas, lo que pudiéramos
llamar asfalto drenante o cualquiera de las medidas técnicas.
Dígase para cada caso qué actuación es necesaria; valórese,
evalúese y acométase en un tiempo determinado esa actuación
sobre lo que ya está hecho. Para el futuro, para lo que se va
a hacer de nuevo, qué proyectos de infraestructuras se quieren
acometer, y dentro del costo de cada uno de los proyectos que
se introduzcan esas medidas para evitar que después se tengan
que hacer desde la conservación, que cada proyecto ya nazca
con una partida para actuar sobre estos efectos que las
grandes infraestructuras tienen. Yo creo que tanto con la
enmienda que ha presentado el Grupo Socialista como con la
propuesta del Grupo Popular se puede llegar a un consenso, a
un punto de encuentro, puesto que la voluntad del Grupo
Parlamentario Popular era especificar todos los efectos que el
ruido tiene a nivel industrial, de automóviles, incluso de
edificios, la reglamentación de índole urbana, etcétera.
Vayamos a una actuación amplia de todos los efectos que el
ruido pueda ocasionar (zona urbana, zona industrial, zona de
infraestructuras), marquemos un plazo de un tiempo, el año
1995, o un tiempo determinado, y hagámoslo sobre todo dentro
de una ley amplia que nos pueda facilitar después algo muy
importante, el desarrollo normativo de esa ley de bases.
Entendemos que debe haber una base general para todo el Estado
y después cada comunidad autónoma podrá actuar, reglarmentarla
y desarrollarla legislativamente, y cada municipio podrá
también regular sus efectos y sus particularidades. Lo que
pasa es que hasta ahora, al carecer de una ley marco general,
lo que ha habido han sido experiencias puntuales, como dice la
exposición de motivos de la proposición no de ley del Grupo
Popular. Sería bueno un marco general en el que pueda existir
ese desarrollo normativo, porque el ruido es tan nocivo en
Navarra, en Murcia o en Madrid, salvo que nos vayamos
acostumbrando, como buenos animales que circundan el medio
ambiente, a las limitaciones que la nueva realidad puede
tener. Señor Presidente, señorías, estoy convencido de que
esta iniciativa va a ser de consenso y de encuentro. Estoy
convencido también de que no va a ser necesaria otra nueva
proposición no de ley para que a finales de 1995 volvamos a
urgir al Gobierno a que la presente.
Estoy convencido de que esta vez el pacto, el acuerdo se va a
cumplir, aunque nada más sea por aquello que decía el otro día
el portavoz socialista de la esperanza, aunque la fe la
pudiéramos tener más o menos en entredicho o en conserva.
Nada más, señor Presidente, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para la defensa de la
enmienda del Grupo Socialista tiene la palabra el señor
Martinón.
El señor MARTINON CEJAS: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, la iniciativa que hoy discutimos del Grupo
Parlamentario Popular se une a otras similares que los grupos
parlamentarios de Izquierda Unida, Convergència i Unió y
Socialista hemos presentado en esta legislatura o en la
legislatura anterior. Estamos ante un problema importante. El
ruido es un problema importante. El ruido es un problema
político, en primer lugar. Una sociedad ruidosa no puede ser
una sociedad sana. El ruido favorece la crispación y
contribuye a la intolerancia. Desde un punto de vista
colectivo el ruido dificulta la convivencia y desde una
perspectiva individual, el ruido es un obstáculo al
raciocinio, a la reflexión y a la serenidad que siempre vienen
bien si queremos constituir una sociedad sana. El ruido es
también un problema sanitario. Produce perjuicios físicos y
psíquicos. El ruido es un problema en España. Nuestra sociedad
es la segunda más ruidosa de los países de la OCDE, después de
Japón. Estamos, por tanto, ante un problema importante al que
se alude en el Plan Director de Infraestructuras, al que la
Ley de 1972 alude de forma explícita, aunque sólo sea en la
exposición de motivos, pero también se alude de forma
implícita en el artículo 1.º que define la contaminación de la
atmósfera. Algunos de los puntos que plantea la proposición no
de ley del Grupo Popular, ya están regulados. Quiero dejar
dicho que después de las intervenciones de los anteriores
portavoces podría llegarse a la conclusión de que en España no
existe ninguna regulación acerca
del ruido, y eso no es cierto. Existen regulaciones acerca del
ruido; existen decretos y transposiciones de directivas
comunitarias. Hay normas. Sí parece claro que la normativa
actual es insuficiente y con esta proposición no de ley
tratamos de animar al Gobierno a que las lagunas que existen
hoy sean cubiertas. El resto de los puntos que plantea el
Grupo Popular se recogen en la enmienda que hemos presentado y
también en un posible texto transaccional basado en la
enmienda de Izquierda Unida, en la enmienda del Grupo
Socialista, y teniendo como referente principal el texto
inicial del grupo Popular. En el primer punto del texto
transaccional se propone la revisión de la Ley del año 1972
para incluir el ruido como contaminación acústica importante.
Se pide un plazo. Hemos pensado que un plazo razonable es el
31 de diciembre de 1995 puesto que esta debe ser una ley que
debe recibir el informe del Consejo Asesor de Medio Ambiente y
deben ser oídas las comunidades autónomas y los municipios.
Pero antes de elaborar esta ley es necesario acometer algunas
medidas con carácter urgente. Es necesario fijar límites a los
ruidos que perciben los ciudadanos; es necesario fijar métodos
para la medición y normas para los instrumentos que miden; es
necesario que en las actuales vías, tal como se aprobó en
Comisión, se introduzcan medidas correctoras; es necesario
incluir esas medidas contra la contaminación acústica en los
proyectos que haya en el futuro, y es necesario limitar la
emisión de ruidos por parte de las industrias. Ruego a la
señora Martínez, portavoz del Grupo Popular, que acepte el
texto transaccional que le hemos entregado, y si así fuera
ruego a todos los grupos parlamentarios que apoyen con su voto
ese texto.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Martinón. ¿Grupos Parlamentarios que no hayan intervenido
hasta este momento en el debate y que deseen fijar su
posición? (Pausa.) Por el Grupo Mixto tiene la palabra el
señor Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero saludar la iniciativa tenida por el Grupo Popular y el
buen espíritu demostrado tanto por Izquierda Unida como por el
Grupo Socialista en el intento de llegar a un acuerdo de forma
que esta Cámara pueda sacar adelante, por unanimidad, una
proposición que es verdaderamente necesaria y que impele
precisamente a la revisión de la Ley 38/1972, de 22 de
diciembre, sobre Protección del Medio Ambiente Atmosférico.
Nos sitúa esta proposición en la necesidad de igualarnos u
homologarnos con las diferentes ciudades y territorios de
Europa que han experimentado con motivo del ruido, sobre todo
del tráfico, la necesidad de evolucionar hacia la intruducción
de una serie de medidas importantes para la calidad de vida de
sus poblaciones. Desde ese punto de vista nuestro apoyo a esta
propuesta, insistiendo en que quizás no en este momento, sino
cuando se revise la Ley de Protección del Medio Ambiente
Atmosférico, así como se ha impuesto en el uso de la
motocicleta el casco, se pudieran introducir una serie de
medidas que afectaran a la venta de este tipo de vehículos,
tanto automóviles como motos, en los medios urbanos
específicos donde es imposible introducir medidas como las
barreras arquitectónicas o contra el ruido, que fueran
sustituidas por medidas técnicas que cumplan el mismo efecto
que la obligatoriedad del casco en la moto y se puedan
introducir como medias técnicas adosadas al vehículo. Muchas
gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Albistur. Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra
el señor Martín.
El señor MARTIN MENIS: Gracias, señor Presidente.
Coalición Canaria va a apoyar esta proposición porque entiende
que es totalmente necesario homogeneizar, a nivel de todo el
Estado, las regulaciones referentes a toda la problemática
planteada sobre el ruido. Estimamos que es una iniciativa del
Partido Popular loable e igualmente es loable que la puedan
apoyar todos los partidos políticos y se haga por consenso.
Creemos que es necesario regular los valores límites de
exposición, así como los valores límites de los elementos
productores de ruido y aquellas características que se han de
producir en todos los elementos de aislamiento. Nos preocupa
fundamentalmente la contaminación de ruidos urbana. Muchas
veces es tenida como menor y, sin embargo, está siendo una de
las contaminaciones que más están afectando a la sociedad y a
todos los ciudadanos, sobre todo a aquéllos que viven en
núcleos de alta densidad demográfica y urbana y, por tanto,
sometidos al ruido de forma impresionante. Nos preocupa que
exista una regulación de cara al futuro para que las nuevas
construcciones y edificaciones tengan condiciones de
aislamiento, pero nos preocupa también, y creo que debe ser
primordial en esa proposición no de ley, que se busquen
fórmulas para aquellas edificaciones antiguas que no tienen
condiciones de aislamiento, que están en núcleos urbanos con
alta densidad de población, en las que su modificación es más
complicada. Habría que buscar medidas para incentivar, tanto a
los propietarios de edificaciones como a los arrendatarios,
para que pudieran mejorar el aislamiento del ruido. Coalición
Canaria apoyará cuaquier medida que vaya por este camino.
Para terminar, quiero decir que a ver si, en esta misma línea,
conseguimos bajar el nivel del ruido de sables que muchas
veces oímos de cerca. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Martín.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Señor Presidente, subo a
esta tribuna para fijar la posición del Grupo Vasco respecto a
la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular sobre
protección contra el ruido.
Quiero comenzar diciendo, señor Presidente, que cuando se
habla de contaminación siempre se hace referencia a la
contaminación industrial, a la contaminación de los residuos,
a la contaminación de los recursos hídricos; sin embargo,
existe un elemento muy contaminante que no huele ni se ve,
sino que tan sólo se oye, y este factor contaminante es el
ruido. Por eso hemos de tener en cuenta que físicamente el
ruido es una fluctuación de presión, psicológicamente es la
sensación auditiva causada por esa fluctuación.
Por ello, señorías, la intensidad del nivel sonoro, el
espectro del ruido, la anchura de su banda y su duración, son
parámetros que juegan un papel muy importante a la hora de su
evaluación. Las grandes ciudades, las carreteras con mucho
tránsito rodado, los núcleos urbanos cercanos a la línea
férreas, los polígonos industriales, son algunos de los casos
de ruido como factor contaminante más habitual. Un entorno
ruidoso no es un ambiente biológicamente natural, sino que va
en detrimento de la salud en la generalidad de los casos.
Señorías, en la Carta Europea de Lucha contra el Ruido se
señala que es necesario adoptar programas globales contra el
ruido, coordinando todas las reglamentaciones, todos los
esfuerzos y las técnicas existentes. Por ello, desde el Grupo
Vasco consideramos que dentro de las políticas contra el ruido
ha de otorgarse prioridad a aquellas normas de carácter
preventivo dirigidas a fijar valores y límite de emisión para
los productos o actividades ruidosas. Consideramos que un
aspecto importante para evitar la contaminación sonora es la
adecuada implantación, construcción y equipamiento de las
industrias, las carreteras y otros focos contaminantes de
ruido. En definitiva, es necesario que exista una buena base
con la que se tome conciencia de los aspectos negativos que
conlleva la contaminación sonora, utilizándose para ello
campañas de divulgación, información y educación cívica de la
ciudadanía. Queremos manifestar, igualmente, que nos parece
oportuna la proposición no de ley presentada por el Grupo
popular, relativa a la revisión de un texto que es
preconstitucional, como es la Ley 38/1972. Además, del
conjunto de enmiendas presentadas y que complementan la
proposición no de ley del Grupo Popular, nuestro Grupo
Parlamentario se congratula del consenso alcanzado, de la
plasmación de las diferentes voluntades que conciernen al
texto transaccional a que se ha llegado. Me parece que es más
oportuno el aunamiento y la integración de voluntades que ahí
se manifiestan. Esto lo digo porque creo que era necesario un
consenso sobre la actualización, la adaptación y el ajuste al
estado de las autonomías de la Ley 38/1972. Era necesario
porque es una ley preconstitucional, lo cual no quiere decir
que esté viciada de inconstitucionalidad, ni con carácter
material ni con carácter formal, si seguimos los parámetros de
la doctrina del Tribunal Constitucional.
En definitiva, es necesaria su adaptación al nuevo Estado,
puesto que no contiene el sistema de distribución de
competencias diseñado en el bloque constitucional: los
diversos estatutos de autonomía y la Constitución. Como saben
sus SS.SS., la distribución competencial en materia de medio
ambiente no es uniforme, no es similar para todas las
comunidades autónomas: están las del 143 y las del 151. En
definitiva, mientras unas disponen de la posibilidad de
realizar política propia en desarrollo de la legislación
básica del Estado, otras comunidades autónomas tienen, en
virtud de la ley de modificación de los diferentes estatutos
de autonomía, hace dos años aprobados por esta Cámara, la
potestad de adoptar normas adicionales de protección del medio
ambiente. Nos parece que la revisión de la Ley 38/1972 es
oportuna en la medida en que se adapta a este sistema de
distribución de competencias, recoge los dos modelos de
potestad en materia de medio ambiente entre el Estado y las
comunidades autónomas y, para terminar, señor Presidente, nos
parece también muy oportuno el texto consensuado por los
diferentes grupos parlamentarios en la medida en que supone
una adaptación a las exigencias del cálculo de los niveles
sonoros, así como la adopción de medidas contra el ruido en
zonas urbanas y las medidas oportunas y precisas a la hora de
efectuar los diferentes proyectos de infraestructura.
Por todas estas consideraciones, nuestro Grupo reitera nuestra
satisfacción y, por tanto, nos vamos a incorporar
positivamente al consenso alcanzado en base a las enmiendas
transaccionales negociadas entre los diferentes grupos
parlamentarios.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Gatzagaetxebarría. Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Señor Presidente, señorías, el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), al fijar su posición y la definición de su voto en
referencia a esta proposición no de ley lo hace con el
convencimiento de que estamos ante un tema de gran
importancia, no sólo por su característica propia --protección
contra el ruido--, sino por el hecho de que prácticamente no
existe antecedente legislativo con peso suficiente --ni
siquiera para ir tirando, como diríamos coloquialmente-- sobre
el ruido.
La regulación actual del ruido formulada desde la Unión
Europea se refiere simplemente a límites de emisión para
determinadas fuentes sonoras especificadas, como digo, en las
directivas comunitarias. En realidad, se actúa desde los
municipios mediante ordenanzas parciales, quizás con escasa
calidad técnica, que inciden en la materia a través del
Decreto del año 1968. La normativa existente, pues, resulta
insuficiente frente a la demanda y la sensibilización social.
Es evidente que la regulación de la contaminación acústica es
muy necesaria.
Coincidimos en la necesidad de que la norma reguladora tenga,
por su trascendencia social y por sus repercusiones
económicas, rango de ley. Creemos oportuno que en la
proposición no de ley que tratamos, o a través de las
enmiendas de los Grupos Socialista y de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, se contemple el rango de ley para la
norma. Por esa nuestra coincidencia, de la que nos alegramos,
por cuanto el Ministerio no lo contemplaba así. Lo planteaba
reglamentariamente a través de un Real Decreto de regulación,
según un borrador de propuesta que la Secretaría de Estado de
Medio Ambiente y Vivienda había distribuido para consultas en
octubre de 1993. Desde nuestro punto de vista, el proyecto de
ley de protección contra el ruido debería incorporar las
directivas comunitarias sobre este tema; debería contemplar
valores límite de exposición a los que puede someterse la
población según los distintos usos de suelo establecidos en el
planeamiento urbano; las actuaciones de prevención y de
corrección de las emisiones acústicas originadas en las
infraestructuras y equipos que ejecute o utilice el Estado, ya
sean red viaria estatal, líneas de ferrocarril, aeropuertos de
interés del Estado, etcétera. También se debería hacer
referencia a los instrumentos más adecuados para cumplir los
objetivos de calidad, dejando a las comunidades autónomas --
que, por cierto, recordemos, tienen las competencias sobre
medioambiente-- la decisión de la elección. A nivel
orientativo convendría que por anexos se indicaran las
prescripciones técnicas respecto a los sistemas de medida,
metodología, verificación de aparatos de medida, etcétera.
Creemos que la proposición no de ley que se nos propone
mejorará con las enmiendas, ya que en ellas existe una
especificación mayor, haciéndose referencia a la revisión de
la Ley vigente 38/1972, para incorporar en ella toda la
temática acústica. Digo esto porque la instancia al Gobierno
reforzará lo aprobado por unanimidad en Comisión el pasado mes
de febrero, mediante una proposición no de ley del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya también enmendada por
el Grupo Socialista. Hoy en las enmiendas consensuadas se da
una fecha tope. Esto es verdaderamente lo importante en estas
enmiendas, además de la revisión de la Ley vigente.
El texto propuesto inicialmente era demasiado generalizador y
su aprobación podría haber llevado a demorar el plazo en
resolver el problema; plazo, por cierto, demasiado largo que
se está tomando la Secretaría de Estado o el Ministerio para
concretar el desarrollo, que sí es laborioso. Todavía faltan
concreciones iniciales.
Por tanto, nuestro voto será favorable al texto resultante de
la moción con las enmiendas. Si las enmiendas son aceptadas,
como así parece ser, el texto será más taxativo instando al
Gobierno para que cumpla algo que hace ya tiempo se le
solicitó desde la Comisión.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Sedó.
La señora Martínez Saiz tiene la palabra para indicar la
aceptación o denegación de las enmiendas presentadas o, en su
caso, para concretar los términos de un texto al cual se
llegue por acuerdos.
La señora MARTINEZ SAIZ: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Popular va a aceptar la transaccional presentada por
el Grupo Socialista porque contempla algo que para nosotros es
importante, como es el compromiso que llevamos al Gobierno de
que se presente antes de una fecha, con la esperanza y con el
deseo --y lamento que no esté presente el Ministro señor
Borrell-- de que no suceda con este plazo como está ocurriendo
con la ley de la edificación, que desde hace dos años había un
compromiso de que fuera enviada a la Cámara y el Ministerio ha
sido incapaz de traerla. Esperemos que no ocurra lo mismo con
ésta, porque el plazo es amplio, y que desde el Gobierno se
tenga en cuenta el acuerdo al que hemos llegado en esta Cámara
para que cumpla su compromiso.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Martínez Saiz. La Presidencia entiende que tanto el Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya como el Grupo
Socialista están de acuerdo con esta transaccional.
(Asentimiento.)
Vamos a pasar a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular
sobre protección contra el ruido, que se somete a votación en
los términos de la enmienda transaccional formulada en
relación con las enmiendas presentadas a la propuesta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 292; a favor, 292.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE LA POLITICA GENERAL DEL
GOBIERNO EN MATERIA DE TRANSPORTES, CON ESPECIAL DETENIMIENTO
EN EL SECTOR FERROVIARIO, EN RELACION CON EL PLAN ESTRATEGICO
DE RENFE (Número de expediente 173/000044)
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: Mociones
consecuencia de interpelaciones urgentes.
Moción del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y
subsiguiente interpelación sobre la política general del
Gobierno en materia de transportes, con especial detenimiento
en el sector ferroviario, en relación con el plan estratégico
de Renfe.
Tiene la palabra el señor Ríos. (Rumores.)
Un momento, señor Ríos.
Señorías, guarden silencio y ocupen sus escaños. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, voy a
intentar exponer cuál es el objetivo de la moción que el Grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ha
presentado después de la interpelación que se sustanció la
semana pasada.
Lo cierto es que no es un hecho gratuito. La presentación de
esta moción y el debate de la interpelación obedecen
fundamentalmente a que la Presidenta de Renfe ha presentado,
con todo lujo de detalles, un plan estratégico de Renfe de
1994 a 1998; plan estratégico que definía los objetivos de la
empresa, el centro de actuación y dónde estaban concentrados
los negocios. En suma, hacía un canto del ferrocarril que
parecía que íbamos a tener, pero pasaba de puntillas por los
problemas fundamentales que deberían ser solucionados antes de
poder tener este planteamiento. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Ríos. (Pausa.)
Cuando quiera.
El señor RIOS MARTINEZ: Como decía, señor Presidente, el
objetivo de la moción es fruto de una propuesta hecha como
declaración de intenciones, con todo lujo de detalle, pero sin
partir de la realidad. Que los grupos de la oposición hagamos
propuestas sin concretar, pues ya es justificable; pero que
quien está al frente de la gestión y de la administración de
la cosa pública haga una propuesta sin partir de la realidad y
solventar los problemas que tiene el ferrocarril, para decir
dónde vamos a llegar, desde luego choca bastante con la forma
de hacer política o, por lo menos, con la forma de administrar
lo público. Yo utilizaría como referencia y, por tanto, como
justificación de lo que es nuestra propuesta, o bien un refrán
o esa cita del buscón don Pablo cuando recibe una serie de
indicaciones cariñosas, más bien atemperadas. Le dice el
propio amo: Pablo, abre el ojo, que asan carne. Pues bien, eso
es lo que a mí me gustaría poder traerles a SS.SS., la carne
que pretenden asar con esta propuesta de Renfe.
Nosotros queremos defender un ferrocarril moderno e integrado
en la red europea, un ferrocarril que tenga como filosofía
lograr un sistema ferroviario moderno y eficaz, tanto para el
transporte de viajeros como para el transporte de mercancías.
Para eso haría falta superar cuatro grandes problemas que
tiene el ferrocarril en nuestro país y que deben atemperarse a
la vez que se hace en Europa, poque no son problemas
específicos o exclusivos de nuestro país. Son problemas que
tienen todos los países europeos.
El primero es el saneamiento de la situación financiera de la
red. La empresa Renfe ha tenido que hacer frente, a lo largo
de toda la historia, tanto a la gestión de las
infraestructuras como a la conservación de las mismas; incluso
la inversión de lo que fue el AVE tuvo una aportación de la
propia Renfe. Hoy, en lo que es volumen de explotación de la
empresa, hacer frente a la deuda de Renfe, de un billón de
pesetas, viene a costarle a la empresa, todos los años,
130.000 millones de pesetas. Para ponerlo en relación, debo
señalar que el coste de todo el personal que tiene ahora mismo
la empresa está en torno a 120.000 millones de pesetas. Por
tanto, un plan estratégico que se quiera abordar para adecuar
y hacer competente a nuestra empresa junto con otros
operadores, como nos obliga la entrada en el proceso de unión
en Europa, debe de hacerse quitando estos compromisos. Sin
embargo, la empresa ha preferido presentar una regulación de
empleo --eso sí--, que afecta a 4.325 o 4.350 trabajadores; es
verdad que dice: para negociar con los sindicatos y de libre
decisión. Lo cierto es que para acogerse a la jubilación
anticipada, con 58 años o por encima, solamente puede
haber en la empresa de 1.500 a 2.000 trabajadores; todavía hay
un excedente superior. No es lo importante la racionalización
de los excedentes de personal u otras actuaciones, sino
precisamente el saneamiento financiero de la propia empresa.
El segundo gran problema que debe de solucionar Renfe --al
igual que en otros lugares de Europa-- es la armonización de
la tarifación por el uso de las infraestructuras. Lo cierto es
que el Consejo de Ministros del día 28 de enero ya ha tomado
una decisión: ha impuesto el pago de un canon por utilizar la
red ferroviaria. La Ley de Ordenación del Transporte Terrestre
del año 1987 daba dos años para que el Gobierno plantease una
equiparación carretera-ferrocarril y, por tanto, el uso
también de la carretera. Yo sé que esto es complicado y le
decía antes al portavoz socialista que es una igualación
complicada a la hora de plantearlo, pero era un objetivo que
se marcaba la ley en el año 1987. Estamos en el año 1994 y no
se ha planteado esto, más bien, creo yo, con el objetivo de
poder actuar sobre los potenciales operadores europeos que
pueden actuar en nuestro país.
El tercer gran problema sería una armonización ecológica que
implique que a cada modo de transporte se le imputen los
costes correspondientes de los efectos externos. Lógicamente,
lo que podemos llamar medio ambiente y accidentalidad es un
valor añadido a este modo de uso del propio ferrocarril. Y el
cuarto gran problema sería la progresiva armonización de los
regímenes sociales y de las condiciones de trabajo en los
distintos modos de transporte; es decir, hacer frente a lo que
la Directiva 440 del año 1991 marcaba para la Comunidad. Pero
lo que planteaba la Comunidad era una indicación al Gobierno
para que definiera lo que pudiéramos llamar, a nivel contable,
tanto la gestión de las infraestructuras ferroviarias como la
explotación. Lo cierto es que según la Directiva era
obligatoria la separación contable, pero voluntaria la
separación orgánica e institucional. Este es otro de los
problemas que creemos que tiene la realidad del plan
estratégico.
En la presentación de este plan estratégico se nos ha dicho
que Renfe era una empresa de servicio de transporte que tenía
su negocio muy concentrado en esa mapica del Hispasat que
concentraba a la población española, fundamentalmente en tres
o cuatro puntos del país --que es este gráfico que tengo en la
mano--: en Madrid, Barcelona, Valencia y País Vasco.
Precisamente ahí era donde se iban a concentrar las
inversiones del ferrocarril, en definitiva infraestructura,
así como las ofertas de negocio que iba a hacer la empresa.
Nosotros creemos que en esta presentación se soslayaron los
cuatro grandes problemas. En primer lugar, la financiación o
los elementos de la financiación y, sobre todo, otros tres
problemas cruciales que tienen que superar hoy el ferrocarril.
Primero, el planteamiento de la filialización, como
segregación con entidad; lo que es gestión o explotación de lo
que es administración de los recursos de infraestructuras. Esa
separación de estas grandes unidades de negocio no tienen por
qué segregarse haciendo filiales; filiales que iban a hacer
frente desde la informática hasta las mercancías en relación
con la gestión de los talleres, etcétera. Se empezaba por
hacer filiales y después ya se vería cómo evolucionaban. Es
más, esa segregación de empresas dificulta la movilidad
interna a la hora de hacer frente al segundo gran problema de
la empresa, que podían ser los excedentes. Excedentes que
tampoco se han definido. No se ha definido muy bien si los
excedentes son de 41.000 a 31.000 personas, si son 10.000,
8.000 o 6.000 y si la mitad va a ser por regulación de empleo;
no se ha concretado en la presentación del plan por parte de
la Presidenta y después se actúa de manera real con números
bastante definidos.
Se plantea, por otro lado, todo lo que pudiéramos llamar
servicios de baja ocupación, eso que definía el Ministro y la
Presidenta de Renfe como expediciones, líneas que tienen una
ocupación inferior a 50 pasajeros por cada expedición. Esto,
que puede parecer razonable para una empresa de negocios,
puede generar un problema de integración territorial. El
problema del Transporte es que el Planteamiento intermodal no
puede ser plurimodal, y si en la línea de Almería hacia
Murcia, la comunicación de todo el eje mediterráneo o la
comunicación con Cuenca o con Huelva, la ocupación es pequeña,
vamos a orientarles a otro modo de transporte, hacia la
carretera. ¿Por qué? Porque hay otras ofertas muy amplias,
muchos modos, para otros centros que están recibiendo por
todas partes, por ferrocarril, por transporte aéreo, por
autovía y por carretera y, por tanto, no podemos condenar la
integración territorial desde una óptica de servicio público,
aunque debiéramos unir mejora y calidad de servicio para la
captación de determinado uso. Es verdad que se conoce el
número de habitantes y el usuario puede estar limitado, pero
también la oferta que podemos hacer puede ceñirse a esa
realidad. Nosotros creemos que hay que invertir
descentralizadamente.
¿Cuál es el objetivo de la moción que presenta Izquierda
Unida? Primero, antes de la aprobación del plan estratégico de
Renfe el Ministro nos aclaró una pequeña duda: esta es una
propuesta del gestor público que va a ser traída de la mano de
lo que pudiéramos llamar el tutor político. Pues bien, en esa
fase de propuesta del gestor al tutor político nos gustaría
que realizasen una serie de iniciativas. Primero, quisiéramos
que se iniciara un gran debate social sobre la presencia y el
papel del ferrocarril como servicio público en una actuación
intermodal, con una visión de territorio integrado para todos
los ciudadanos que viven en nuestro país. Segundo, que la
política de inversión no se concentre, se descentralice, para
que no vaya solamente hacia
el tren de alta velocidad o las grandes actuaciones
competidoras del tren ante el transporte aéreo o competidoras
de la masificación de la carretera, sino también al transporte
ferroviario convencional. Que se abra una negociación seria
entre los sindicatos y la propia empresa para que la
regulación de empleo, que aquí esta a nivel de propuesta de
regulación ante la Administración de Trabajo, pueda terminar
con la negociación entre las partes. Además, si esa es la
voluntad anunciada de la empresa, tampoco habrá gran problema
para ello.
El señor PRESIDENTE: Señor Ríos, le ruego concluya.
El señor RIOS MARTINEZ: Termino, señor Presidente.
Acabaré diciendo que dentro de ese punto iba la cuestión de la
adecuación jurídica, tanto del Estatuto jurídico de Renfe como
de la Ley de Ordenación del Transporte, y que la aplicación de
la Directiva comunitaria 440 pase fundamentalmente por
solucionar el saneamiento y por no optar de antemano por la
segregación de las distintas empresas.
Se han presentado enmiendas del Grupo Parlamentario Popular
que nosotros vamos a aceptar salvo una de ellas, la que
propone la retirada del expediente de regulación de empleo,
porque creemos que mejoran sustancialmente nuestra propuesta;
es más, suavizan y relativizan el objetivo de nuestra
propuesta para atemperarla en el transcurso del propio debate
en la propia Cámara. Por tanto, ya anuncio, señor Presidente,
que todas estas enmiendas, salvo una, las vamos a aceptar
después del debate de la moción.
Estoy convencido de que va a haber acercamiento, sino en la
aprobación y votación definitiva, en la evolución posterior
del debate sobre el ferrocarril que nuestro país necesita.
Nada más, señor Presidente. Gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Popular.
Para su defensa y para fijar la posición de dicho Grupo, tiene
la palabra el señor Camisón.
El señor CAMISON ASENSIO: Señor Presidente, señorías, desde el
Grupo Parlamentario Popular hemos analizado con el máximo
detenimiento esta moción de Izquierda Unida y, si bien es
cierto que existe un acuerdo en muchos aspectos de la moción,
en otros el acuerdo no es completo. Ese es el motivo de la
enmienda que hemos presentado y que SS.SS. conocen.
A nuestro Grupo le parece bien que se realice un gran debate
institucional sobre el papel del ferrocarril en un marco
comunitario con propuesta intermodal de transporte en nuestro
país. Creemos que ese debate es necesario y muy oportuno e
incluso nosotros ya lo hemos propuesto en alguna ocasión. Sin
embargo, estimamos que no es procedente prever un incremento
de inversión en el ferrocarril convencional solamente por este
hecho y tal como lo presenta la moción, que literalmente dice
frente a la carretera y frente a la alta velocidad. Estoy
seguro de que la intencionalidad del Grupo no ha sido ésa,
pero así lo dice el escrito de la moción y, por tanto, creo
que es razonable que se intente corregir, y el procedimiento
es la enmienda que presentamos, ya que nosotros entendemos que
no se debe hacer esa inversión en el ferrocarril convencional
a costa de la carretera, puesto que este país sigue teniendo
déficit de red de carreteras en comparación con la Unión
Europea y sigue siendo necesaria una exigencia de modernidad
de su alta velocidad, por ejemplo, en las líneas pendientes de
la unión de Madrid con Francia vía Barcelona o incluso la
unión con Lisboa desde Madrid.
Nosotros tenemos clara la exigencia de respeto a los derechos
legítimos de los trabajadores y así lo exponemos en nuestra
enmienda, pero tratar en una moción temas puntuales que
corresponden a un momento determinado creemos que no es el
cauce adecuado. Sin embargo, sí compartimos la tesis de que
existe una quiebra entre este Estatuto para Renfe recién
aprobado la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y
las directivas de la Unión Europea, que luego detallaremos si
tuviéramos tiempo. Creemos que es necesario compaginar las
discrepancias que existen en estos tres grupos de normativas.
Creemos que es urgente, como ha dicho el portavoz de Izquierda
Unida, abordar el problema de las líneas deficitarias de
viajeros, pero también creemos que es necesario hacer antes
algo que Renfe no hace. Renfe, cuando tiene un problema, de un
plumazo suspende la línea, como en el caso del tren Ruta de la
Plata o el Guadix-Almendricos que tan bien conoce el portavoz
de Izquierda Unida, y nosotros creemos que antes de suprimir
la línea se debe intentar mejorarla porque la experiencia
viene demostrando que, al mejorar los servicios, tanto de
prestaciones como de horarios, suelen acudir los viajeros, que
son sensibles a esa mejora de la calidad.
Estamos convencidos --como expusimos en el debate de la
interpelación-- que Renfe tiene gravísimos problemas de
personal, de déficit de infraestructuras e incluso de
anquilosamiento para competir, pero su gran problema es la
financiación, es el alma mater de todos sus problemas, y esa
es la razón por la que incluso ya estamos llegando a momentos
en que la empresa Moodyþs le está incluso rebajando el rating
internacional a Renfe cuando califica su categoría a la hora
de responder de sus deudas. Estamos de acuerdo en que se
cumpla la directriz comunitaria de separación entre la
infraestructura y la explotación de los servicios, pero
recolocando esta propuesta en lugar más apropiado,
que es justamente en la instancia al Gobierno sobre la
política de gestión. En consecuencia, coherentemente con todo
este preámbulo, hemos redactado la enmienda que hoy proponemos
al Grupo autor de la moción, puesto que creemos que en ella
debe quedar clara la instancia al Gobierno para que
reconsidere su política inversora de equilibrio en cuanto a la
alta velocidad, la velocidad alta --todos entendemos lo que
esto significa--, y el ferrocarril convencional para
incrementar la competencia de este modo de transporte y evitar
las desigualdades territoriales, que es un tema que puede
agravar grandemente el futuro de este modo. Creemos que no se
debe yugular la necesaria expansión de la alta velocidad, como
decía anteriormente, e incluso el acondicionamiento del ancho
europeo iniciado en el corredor Madrid-Sevilla.
Consideramos que también debe quedar claro en la moción que se
insta al Gobierno a reconsiderar la política de gestión de
Renfe y de Feve, porque tenemos siempre la tendencia a
olvidarnos de Feve, quizá por ser la hermana pobre del
transporte ferroviario, aunque yo creo que más que la hermana
pobre, es la hermana pequeña, porque, para pobreza, ya está
Renfe con su más de un billón de deuda. Creemos que la moción
debe recoger la instancia al Gobierno para que establezca una
nítida separación entre las explotaciones de servicios y la
infraestructura; un dimensionamiento de las unidades,
respetando los legítimos derechos del personal; una
recuperación del transporte de mercancías; una potenciación y
especial atención a los servicios de cercanías y aquella
prelación que decía antes de mejora de calidad frente a la
tendencia actual de Renfe de supresión de líneas.
También creemos que en la moción debe quedar clara la
instancia al Gobierno para que remita a esta Cámara, en un
plazo de seis meses, para su debate en la Comisión
correspondiente, un estudio sobre ese grave problema
financiero, sobre todo en dos capítulos: el de las causas y el
de las soluciones al efecto. El de las causas porque creemos
que esto ha ocurrido por algo, porque tiene unos responsables
durante once años de Gobierno socialista y creemos que, a
estas alturas, para decirlo en un tono coloquial, los
responsables de esta situación, de haber saltado a más de un
billón de pesetas de deuda, no se deben ir de rositas; y el de
las soluciones porque queremos adoptar una postura
constructiva. Estamos ante el problema fundamental, y nuestra
enmienda deja claro que, exige un compromiso mayor por parte
del Gobierno. Respecto al tema de la separación, que nosotros
enmendamos al apartado 2 b), lo que hacemos realmente es
recolocar esta conveniencia en un lugar más apropiado. Por
otra parte, hacemos dos adiciones, una intentando que se
active al máximo con el Gobierno la formalización del
pertinente contrato-programa Estado-Renfe, ya que no procede
aguantar más tiempo sin contrato-programa para una empresa que
está haciendo un servicio público; llevamos años esperando y
ya estamos entrando en unos términos que habrá que calificar
de desidia. Otra adición va en el sentido de que creemos que
procede hacer un análisis previo orientado a una potencial
integración empresarial entre Renfe y Feve, porque entendemos
que ambas empresas, la grande y la pequeña, se iban a
beneficiar, ambas las dos, de las sinergias de una y de otra.
Nosotros creemos que estamos en un momento especial, ya que, a
la vita de la Directiva 440, del año 1991, que se refiere,
como saben SS.SS. al aspecto organizativo y que supone una
revolución en cuanto esa separación que propone entre
infraestructura y explotación, no hay que olvidar que estamos
en un momento crítico para que Renfe la aplique, ya que está
en una situación de endeudamiento alarmante con un aumento del
gasto que además va a más y sobre todo con una participación
decreciente de su mercado. Está ahí también la aprobación de
ese Estatuto con la aplicación del canon y las contradicciones
que se dan en este Estatuto con la LOTT y esa Directiva 440, y
estas disonancias son las que no garantizan la separación
entre la gestión de infraestructura y la explotación de los
servicios, ni el saneamiento ni la autonomía financiera de las
empresas ferroviarias, ni la autonomía de gestión, ni el
acceso libre por cualquier empresa a las infraestructuras
ferroviarias.
El señor PRESIDENTE: Señor Camisón, le ruego concluya.
El señor CAMISON ASENSIO: Sí, termino, señor Presidente.
Con esto, creo que he dado razones suficientes que justifican
la presentación de nuestras enmiendas, que ruego al Grupo
autor de la moción que las considere porque entendemos que
existen razones para ello.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Camisón.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Intervengo para fijar la posición del Grupo Vasco respecto a
la moción sobre política ferroviaria con especial referencia
al plan estratégico de Renfe, planteada por el Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. El Grupo Vasco
quiere manifestar, primeramente, que hay aspectos de la moción
presentada por este Grupo
con los que estamos de acuerdo, con los que coincidimos, y hay
otros aspectos con los que manifestamos nuestra
disconformidad, tanto de fondo o con carácter material, como
en cuanto a algunos aspectos de forma que la moción
consecuencia de la interpelación contiene.
Señorías, creemos que previamente al debate sobre el Plan
Director de Infraestructuras y al plan estratégico, era
imprescindible un debate sobre el modelo y la política a
seguir en materia de transporte ferroviario, aspecto que ha
sido expuesto por el señor Ministro de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente, no en esta Cámara pero sí en sus
diversas intervenciones ante los medios de comunicación.
Nosotros entendemos que el diseño general, el modelo a través
del cual se va a regular y se va a efectuar el transporte en
España tiene que ser previo al diseño de las infraestructuras,
y son un medio, un cauce, un instrumento, a través de los
cuales se va a realizar el transporte ferroviario. Señorías,
ante esta carencia, el panorama de nuestros ferrocarriles
deambula entre las antiguas infraestructuras y los nuevos
trazados para alta velocidad, sin un criterio claro de su
responsabilidad dentro del conjunto del transporte estatal.
Ante él, nos encontramos con un plan estratégico de la empresa
explotadora, Renfe, que trata de suplir la falta de
directrices sectoriales. La introducción de los criterios
liberalizadores del Tratado de Maastricht nos ha sorprendido
con unas infraestructuras inadecuadas, con unas cuotas de
participación del ferrocarril en la movilidad general de la
ciudadanía muy bajas y con una empresa operadora, que es
Renfe, que recoge un historial de disfunciones y aspira a un
futuro empresarial de competencia y limitación de las
subvenciones públicas. Entre unos y otros condicionantes, nos
han dejado sin poder incidir en nuestra consideración sobre el
transporte ferroviario del Estado, al no ser prudente, a
juicio del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), su debate en el
seno del propio Plan Director de Infraestructuras ni a través
del esquema de los servicios que está dispuesta a ofrecer
Renfe, sino que nosotros entendemos que el debate sobre el
esquema global o sobre la intermodalidad del transporte
diseñado por el Gobierno, que no existe, debería ser previo a
la aprobación y discusión del Plan Director de
Infraestructuras, puesto que éstos, en definitiva, no van a
ser más que un cauce, un instrumento --repito-- sobre la
política general que ha de consensuarse a nivel político entre
los diferentes grupos parlamentarios con el Gobierno.
En medio de esta incertidumbre, respecto a la propuesta de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya relativa al debate
social e institucional, enmarcada en el punto 1. a), nuestro
Grupo Parlamentario está muy de acuerdo con ella; nos parece
que coincidimos en el planteamiento previo, general y
filosófico que ha de realizarse sobre el transporte
ferroviario. Quiero manifestar también que este debate de
carácter general que previamente se debería realizar, a
nuestro juicio, podría suponer una reconsideración de la
política inversora del Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente en los casos en que las
conclusiones de este debate de carácter general estuvieran en
contradicción o no pudieran tener un engarce adecuado con el
planeamiento general de ordenación del territorio como
planeamiento general de ordenación de la economía que realiza
el Plan Director de Infraestructuras. Señorías, desde el Grupo
Parlamentario Vasco (PNV) no nos cabe de que el
redimensionamiento de servicios y las unidades de negocio de
Renfe van a contar con unas conversaciones en forma de
negociación con los representantes sindicales, por lo que a
nuestro Grupo Parlamentario le parece que la petición de
retirada del expediente regulador de las condiciones de
trabajo que ha presentado la empresa operadora tiene su debate
en un foro que es en el marco de la negociación social:
empresa-trabajadores, no siendo, según nuestra opinión, el
lugar idóneo, el foro más adecuado esta Cámara para debatir
esta cuestión, puesto que ya existe un marco en el que se está
negociando tal asunto, con la intervención de la autoridad
laboral, los representantes de la parte empresarial, operadora
pública Renfe, y los representantes de los trabajadores.
Respecto a lo que plantea la moción sobre las reformas legales
del ordenamiento jurídico con relación a Renfe, desde el Grupo
Vasco (PNV) preferiríamos referirnos a esta cuestión en el
desarrollo del debate sobre ferrocarriles, al que tantas veces
he hecho referencia, y donde se deberá acometer la incidencia
de las directrices comunitarias en el transporte ferroviario
y, en particular, en lo que respecta al acceso de otros
operadores ferroviarios a la red estatal de infraestructuras.
Señor Presidente, sin embargo, queríamos incidir en la
consideración que emana del plan estratégico de Renfe, en una
cuestión de concepción en cuanto a las diversas líneas
ferroviarias y en la distribución de los servicios a prestar
por la operadora pública, con cuyos respectivos criterios de
búsqueda de rentabilidad podemos estar de acuerdo, con una
consideración de transporte en competencia en largo recorrido
y mercancías, fuertemente subvencionado en lo relativo a las
cercanías, y con incidencia en la creación de servicios de
alta velocidad. Sin embargo, queremos manifestar también de
forma muy escueta la discrepancia con el planteamiento que se
contiene en cuanto a la reducción o la limitación de los
servicios ferroviarios regionales, en el sentido de que se
está produciendo una negociación Gobierno-Renfe-comunidades
autónomas para que éstas puedan intervenir en su caso en el
coste y en la financiación de servicios de ámbito o de
naturaleza regional que quedarían a caballo entre los
servicios de largo recorrido y mercancías y los servicios de
cercanías, y la ciudadanía está requiriendo que las
comunidades
autónomas deben intervenir para no proceder a la reducción y
eliminación de estos servicios regionales y Renfe está
incitando a las comunidades autónomas a intervenir, pero
resulta que esta política, que efectivamente puede ser acorde
con las necesidades de los ciudadanos, no tiene adecuado
reflejo presupuestario ni soporte competencial, puesto que no
podemos olvidar que la Constitución y los diferentes estatutos
de autonomía establecen que las infraestructuras y los
servicios ferroviarios que exceden del ámbito territorial de
una comunidad autónoma son competencia exclusiva del Estado.
Aquí se está produciendo una yuxtaposición, un cruce
competencial, pero sin tener un soporte en materia
competencial ni un soporte presupuestario. Evidentemente, la
competencia está correspondiendo a Renfe para prestar los
servicios ferroviarios regionales entre comunidades autónomas,
y Renfe está planteando que intervengan las comunidades
autónomas en su financiación, cuando la financiación
corresponde al ente competente por razón de la materia, y éste
es el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, y a la
empresa anexa a dicho Ministerio, que es la empresa Renfe, en
virtud de ese precepto del artículo 149.1 de la Constitución
que atribuye a los poderes centrales del Estado la gestión en
exclusiva de aquellos transportes ferroviarios que exceden del
ámbito territorial de una comunidad autónoma. Es ahí donde
mantenemos una discrepancia en cuanto al planteamiento que
hace del modelo de gestión de los servicios regionales la
empresa operadora pública. Finalmente, manifestamos que a
Renfe, a nuestro juicio, hay que atribuirle un tratamiento
como sociedad explotadora de servicio público y reservar para
el debate sobre el transporte ferroviario --a nuestro juicio,
debería ser con carácter previo y general, pero en su caso lo
podemos tener con ocasión del debate sobre el Plan Director de
Infraestructuras-- el tratamiento general del modo de
transporte ferroviario, en el cual estamos dispuestos desde el
Grupo Vasco a contribuir con nuestra aportación más positiva,
tanto en el debate sobre el Plan Director de Infraestructuras
como en el debate sobre el plan estratégico de Renfe.
Finalizo, señor Presidente, indicando que, por las
consideraciones que he expuesto, coincidiendo en algunos
aspectos con el planteamiento que realiza el Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, pero discrepando
también con algunas de las medidas que plantea la moción del
Grupo proponente, el Grupo Parlamentario Vasco se va a
abstener en la votación de la misma. Nada más y muchas
gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Sedó. El señor SEDO I MARSAL: Señor Presidente,
señorías, decíamos en nuestra breve intervención en el debate
de la interpelación que la valoración de nuestro Grupo
respecto al tema que hoy debatimos --moción relativa y
consecuencia de aquella interpelación-- era y es totalmente
distinta a la del Grupo interpelante. Sus conceptos de lo que
es y debe ser el ferrocarril y los nuestros son totalmente
distintos, y por ello nuestra discrepancia con la moción
propuesta hoy. La amplitud del distanciamiento de ambas
posiciones bastaría para justificar nuestro voto negativo,
pero quiero de todas maneras argumentar ligeramente, por la
premura de tiempo, el contenido y texto de la moción.
Se mezclan en la moción tantas cosas de lo ferroviario que es
verdaderamente imposible aceptar un debate global de todo
ello. Hay que ir por pasos y con temas más homogéneos. La
moción, creo, tiene básicamente una primera premisa, la
posible finalidad de parar la aprobación del plan estratégico
de Renfe, cuyo documento inicial está en estos momentos
presentado por la Presidenta de Renfe en Comisión, sin tener
en cuenta que lo que hoy se nos pide es imposible que sea
aceptado por algunos grupos de esta Cámara, a no ser que la
pretensión de la moción fuese específicamente que no
prosperase, con la intención de usar su no aceptación, porque
verdaderamente el debate que se está llevando a cabo está
abarcando el Plan Director de Infraestructuras y un montón de
cosas más, pero hay que tener en cuenta que el primer
condicionante que tenemos en la moción de hoy es, punto 1,
«Que antes de la aprobación del plan estratégico de Renfe...»
Por tanto, de lo que se habla aquí es de parar la aprobación
del plan estratégico de Renfe, no de establecer debates
ferroviarios. Son anexos, son coletillas dentro de este punto
básico.
Así pues, tenemos que decir respecto a ello, que está abierta,
aunque no constituida, una Ponencia en la Comisión de
Infraestructuras para debatir el plan director. Allí deberá
realizarse el debate, si cabe, sobre el papel del ferrocarril,
el debate sobre la propuesta intermodal del transporte en
España, el debate sobre las inversiones en ferrocarriles, y
dudamos nosotros muy mucho que deba haber un esfuerzo inversor
hacia la mejora del ferrocarril convencional en la forma que
quiere la moción. Lógicamente aceptamos la inversión en el
mantenimiento del ferrocarril convencional y en cercanías,
¡cómo no! Pero, por otra parte, también se enfrentan las
inversiones del ferrocarril a las necesarias en carreteras.
¿Por qué? El debate se hará con toda seguridad en la discusión
del PDI.
En la moción se pide que antes de la aprobación del plan
estratégico de Renfe se resuelva todo lo anterior. Eso
significa mandar el plan estratégico a una vía muerta en larga
espera. Además, también, y como condición previa a la
aceptación del plan estratégico, debe resolverse, así se pide
en la moción, toda la reorganización
interna de Renfe, desde una visión de sindicatos; debe
resolverse la regulación de empleo de la empresa y las
acciones disciplinarias de retención que haya podido tomar la
empresa.
En el primer punto hay una mezcla de temas de inversión,
debates sobre transportes, temas laborales, temas de
organización de la empresa y, aún más, dentro del mismo
epígrafe, se pide la reforma del ordenamiento jurídico de
Renfe y, como guinda, se pide también que se elabore el
informe sobre la situación de las líneas y servicios que
tienen un uso inferior a 50 viajeros. A su vez, este último
apartado dice que debe ser en colaboración con las comunidades
autónomas y con la consideración que la oferta de Renfe sea
freno a la desvertebración del territorio. Verdaderamente,
señores, esto es querer parar el plan estratégico de Renfe, ya
que es el título de todo lo que se pide.
Señorías, no puede prosperar que todo ello sea instrumentado
antes de la aprobación del plan estratégico de Renfe; plan
estratégico de 1994 a 1998, que es continuador del hasta ahora
existente y que es necesario para el buen funcionamiento de la
compañía. No puede prosperar esta intención de parar el plan
estratégico de Renfe. Nosotros reconocemos que incluso con el
funcionamiento del plan anterior Renfe ha mejorado mucho, no
nos sabe mal decirlo, aunque también sabemos que quedan muchos
temas para mejorar, entre ellos, básicamente, la temática de
mercancías.
No nos parece tan dispar el epígrafe segundo de la moción, aun
cuando tampoco podrá tener nuestro voto favorable por la
estructuración y redacción que se plantea para el saneamiento
financiero de Renfe, reconociendo por nuestra parte que deben
realizarse esfuerzos en este sentido.
En cuanto a las enmiendas del Grupo Popular que se nos ha
comunicado que van a ser aceptadas en parte, a nosotros no nos
parecen convenientes porque están redactadas, las relativas al
punto primero, bajo el título de rechazo del plan estratégico
de Renfe. En la primera de ellas se habla de reconsiderar la
política inversora procurando el equilibrio racional entre
alta velocidad, velocidad alta, ferrocarril convencional. Esto
nos parece muy bien. Lo debatiremos todo en la Ponencia del
PDI, pero no bajo el epígrafe del plan estratégico de Renfe.
En cuanto a la enmienda que se nos presenta al punto 2, nos da
la impresión que es una enmienda de condición de condición
para una condición. En la redacción de la moción se insta al
Gobierno a que éste establezca unas condiciones para lograr
otras condiciones. Por tanto, no creemos que el texto sea lo
suficientemente válido para que pueda tener nuestra
aceptación. Concluyendo, nuestro voto no será favorable.
Esperamos que la puesta en marcha de la Ponencia del estudio
del PDI nos pueda llevar a debatir y resolver muchos de los
problemas que aquí se han citado, pero que básicamente se
alejaban del tema principal, que era parar la aprobación del
plan estratégico de Renfe que, como he dicho, todavía está en
documentación provisional. En todo caso, cuando venga a esta
Cámara se podrá debatir en profundidad.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sedó.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Roncero.
El señor RONCERO RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a intentar, brevemente, hacer algunas
consideraciones sobre la posición de nuestro Grupo referente a
la moción, consecuencia de interpelación de la semana pasada,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, en relación con el plan estratégico de Renfe.
No voy a abundar en algunos argumentos que el portavoz de
Convergència i Unió, que me ha precedido en el uso de la
palabra, ya ha realizado, puesto que nos parecen, en general,
bastante adecuados a la situación del debate y de la moción,
pero sí quisiera hacer alguna reflexión en el sentido de la
propia motivación de la moción en cuanto al elemento base de
la misma, que es el abrir o no un gran debate social e
institucional sobre el papel del ferrocarril en un marco
comunitario de movilidad sostenible y una propuesta intermodal
del transporte en España.
Esto está basado en las propias recomendaciones de la política
comunitaria y en el «Boletín de las Comunidades Europeas»
sobre el curso futuro de la política común de transportes y un
enfoque global para la elaboración de un marco comunitario de
movilidad sostenible, pero, desde luego, ese elemento
conceptual de la movilidad sostenible, definido por la
Comunidad Europea y por la política comunitaria de
transportes, no tiene reflejo en las políticas concretas que
el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida detectaba en la
interpelación o ahora en la moción.
Ese marco de la política de transportes de la Comunidad dice
que los ciudadanos y las empresas puedan tener acceso a medios
de desplazamiento que correspondan a sus necesidades y
aspiraciones, de la manera más aproximada posible en cuanto a
su calidad de rendimiento. Al mismo tiempo, el acceso a estos
recursos debería poder realizarse con el menor coste que
permita un mantenimiento a largo plazo y un desarrollo
adecuado. Habla de medios seguros, respetuosos con el medio
ambiente, con la cohesión social, territorial, etcétera. Pero
también habla de que la totalidad de los usuarios de los
transportes habrá de asumir el coste total, interno y externo,
de los servicios de transporte que consuma, incluso si ello
supone que la sociedad haya de correr con parte de esos costes
para venir en auxilio
de los más desfavorecidos. Esto lo pone en relación con que
debe ser este enfoque global un refuerzo continuado y el
funcionamiento adecuado del mercado interior, de manera que se
facilite el libre movimiento de personas y bienes a través de
la Comunidad. En esto resume lo que es el espíritu de la
movilidad sostenible a que se refiere la base de su moción.
En opinión de nuestro Grupo, eso es lo que se intenta hacer
desde las propuestas, tanto del Plan Director de
Infraestructuras respecto al elemento planificador del
desarrollo de infraestructuras, como desde el plan estratégico
de Renfe como elemento planificador de la gestión de una
empresa de servicios de transporte que debe atender a estas
directrices y que debe buscar equilibrios financieros en los
elementos que la propia Directiva 441/90 establece que deben
ser de equilibrio financiero y de carácter social o
subvencionable de los elementos que pueden serlo, como
cercanías y servicios regionales. En ese sentido, el debate lo
tenemos abierto, tanto en el Plan Director de Infraestructuras
--como han señalado algunos portavoces en la Ponencia creada
al efecto--, como en la presentación del avance del plan
estratégico y en el plan en sí que, por parte de nuestro
Grupo, fue solicitado en la comparecencia de la Presidenta de
Renfe, para su presentación íntegra como documento final, que
sea el que de verdad sirva de base al contrato-programa. Hay
que recordar que este plan estratégico es un elemento de
trabajo para la formalización del contrato-programa entre el
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y
la empresa ferroviaria. Cuando eso sea así y sea un documento
no ya de avance sino final para ese contrato-programa
tendremos ese debate en concreto sobre la gestión de la
empresa ferroviaria. Tenemos dos ámbitos de discusión
perfectamente abiertos en ese debate: el Plan Director de
Infraestructuras y el plan estratégico de Renfe, que es el
plan de gestión de esos servicios de transporte. El campo está
totalmente abierto y acotado en cuanto a ese debate y dentro
de las directrices que marca la política de transportes y la
política de esos principios de la movilidad sostenible a la
que se refiere su moción.
Como también se ha dicho, además de ese debate que se pide, se
hacen algunas consideraciones concretas que abundan más en esa
teoría que tiene nuestro Grupo de que hay que hacer ese debate
en el marco correspondiente. Tanto la propuesta de Izquierda
Unida como las enmiendas alternativas hablan de reordenación o
de reequilibrio de inversiones en las infraestructuras
ferroviarias de determinado tipo, sean alta velocidad o no,
carretera frente a ferrocarril, etcétera. En todo caso, será
un debate que habrá que hacer en el marco del Plan Director de
Infraestructuras que, repito, es el elemento planificador del
desarrollo de la infraestructura de nuestro país de aquí al
año 2007. Es ahí donde deberemos discutir cómo hay que
reordenar o no las inversiones, qué prioridades hay que dar o
no, y qué debe ser lo que se entiende por concepción
intermodal del transporte, que yo creo --entre paréntesis--
que deberíamos aclararnos entre todos.
A mí me ha parecido entender, no tanto de la moción pero sí de
la interpelación o de la propia comparecencia de la Presidenta
de Renfe, que cuando Izquierda Unida o algunos portavoces
hablan de intermodalidad del transporte se están refiriendo,
más a plurimodalidad que a intermodalidad, a que haya todos
los modos de transportes en todos los territorios. Parece que
se confunde un término con otro. Si se lee uno las
intervenciones, parece que se puede llegar a confundir. No es
lo mismo intermodalidad que plurimodalidad. Lo deseable es
tener un cada sitio y en cada territorio el modo de transporte
que sea más rentable socialmente para la Comunidad. Eso no
quiere decir que en cada sitio y en cada territorio deba haber
todos los modos de transporte, sino el que sea más rentable
social y económicamente.
Efectivamente, también se pueden compartir ideas expuestas por
algunos portavoces, y por Izquierda Unida también en algunas
ocasiones, de que esto parece una pescadilla que se muerde la
cola, porque si no mejoran los servicios, la infraestructura y
la calidad, no aumentará la demanda. Eso es así, pero lo es
hasta determinados límites. Hay masas críticas de población y
de ocupación de los territorios que no permiten superar esos
límites. Por mucha mejora de la oferta que se produzca no se
aumentará la demanda, y no se producirá la rentabilidad social
ni económica, ni los equilibrios económicos y financieros de
la empresa. Hay territorios en donde la oferta debe mejorar en
calidad, pero hasta determinados límites que sean
proporcionales a la relatividad de esa masa crítica
poblacional en cada momento, y hay otros donde la masa crítica
de población en estos momentos ya son cuellos de botella que
hacen necesarias inversiones para eliminarlos y para producir
en el negocio una rentabilidad y el equilibrio financiero de
la empresa de servicio de transportes. En consecuencia,
tenemos que entender eso así razonablemente y no cerrarnos en
esos conceptos de que la calidad por sí misma mejorará hasta
el infinito la demanda y se producirá el equilibrio financiero
del servicio de transportes. Eso no es así y es necesario
reconocerlo. De esas posiciones, a pesar de esas posibles
confusiones que puedan deducirse de algunas intervenciones,
también se deduce la razonable discusión y el poder llegar a
acuerdos en estos conceptos y posiciones.
En el marco de ese debate del Plan Director de
Infraestructuras y del Propio Plan Estratégico de Renfe, junto
con el contrato-programa al que servirá de base, podremos con
seguridad llegar a acuerdos sobre estos conceptos y sobre los
límites de los equilibrios y de las
posiciones de mejora de la calidad para mejorar la oferta
aumentando la demanda. Ahora estamos en un momento en el que
ese debate lo tenemos abierto. Las propuestas de su punto
número uno en sus diferentes apartados están abiertas, por un
lado, a ese debate de las infraestructuras y del propio plan
y, por otro, a algo que es, de acuerdo con las directivas
europeas, autonomía de gestión y de negociación de la empresa,
que de hecho se está produciendo con resultados que nos
gustarán más o menos en función de las simpatías sindicales,
pero con resultados que se están produciendo. Algunas de las
posiciones que mantiene de hecho se han corregido, y las
retenciones que se han producido a trabajadores por secundar
supuestamente la huelga se han devuelto, lo cual les constará
a SS.SS. que ha sido así. Es algo que se está corrigiendo en
sus propios términos. En cuanto al informe sobre las líneas y
servicios de uso inferior a 50 viajeros, están identificadas y
a disposición de cualquier grupo parlamentario y de toda la
ciudadanía. Las comunidades autónomas las conocen. Son
servicios plenamente identificados y entran dentro de ese
debate de hasta dónde es necesario la población para poder
incrementar la calidad en esos servicios, y si eso produciría
efectos que superarían esas cifras ridículas de que hablamos
de 50 viajeros para suprimir o no los servicios. Hay que tener
en cuenta que, de acuerdo con la legislación, suprimir
servicios que afecten a más del 25 por ciento supone
autorización administrativa del ministerio tutelar y consultas
con las comunidades autónomas afectadas. Eso es algo que se
está cumpliendo y que sigue un régimen totalmente
preestablecido que está dando resultados, y no hay ninguna
supresión de momento, sino que están todas en estudio. Están
identificadas las situaciones y en discusión dentro de ese
marco general, tanto las que serán infraestructuras, como la
gestión de la propia empresa.
El señor PRESIDENTE: Señor Roncero, le ruego concluya.
El señor RONCERO RODRIGUEZ: Termino, señor Presidente.
En cuanto al segundo apartado del saneamiento financiero, de
la separación contable o división, estamos en el cumplimiento
de las directivas comunitarias. ¿El saneamiento financiero?
Contrato-programa, discusión general del contrato-programa,
gestión de la empresa y el papel que queramos darle a la
empresa respecto a los operadores posibles de otras compañías,
etcétera, y su garantía de competencias sin las rémoras de ese
endeudamiento o falta de saneamiento financiero. Estamos
también entre la modificación o no de determinados aspectos de
la legislación, pero no creo que debiéramos hacerlo en estos
momentos mientras no se estabilice y se defina claramente la
movilidad legislativa y la normativa comunitaria respecto a
estos temas, ya que la política comunitaria de transporte
tiene cierta derivación, sigue produciéndose y no está
estabilizada. No sería conveniente que hiciéramos
modificaciones para considerarlas definitivas sin que la
posición comunitaria se haya estabilizado. Compartiendo la
preocupación por los problemas del transporte en general, por
los problemas de la movilidad sostenible en nuestro país y en
la Unión Europea, en estos momentos creemos que no es adecuado
aprobar estas medidas concretas del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya o del Grupo Popular, porque lo que se
proponen son temas a discutir y no a aprobar en este momento,
y hay que consensuar entre todos esos dos grandes debates
sobre la gestión de la empresa y el Plan Director de
Infraestructuras.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Roncero.
Tiene la palabra el señor Ríos para expresar las enmiendas que
acepta y las que rechaza del Grupo Popular.
El señor RIOS MARTINEZ: Muy brevemente, señor Presidente.
Vamos a aceptar las enmiendas que ha presentado el Grupo
Popular a los apartados 1.b) y 1.c), para incorporarlas a la
moción. Sin embargo, no vamos a aceptar la propuesta que hacen
de supresión del apartado 1.d).
También vamos a aceptar las propuestas que hacen a los
apartados 2.a) y de supresión del apartado 2.b). En cuanto a
la propuesta de enmienda de adición de nuevos apartados 2.b) y
2.c), quiero decirle, señor Presidente, que vamos a aceptar la
primera, pero no la segunda.
Con esto le he respondido a las enmiendas que nos ha propuesto
el Grupo Popular. Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Vamos a proceder a la votación. (Pausa.)
Moción del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
que se somete a votación en los términos resultantes de la
aceptacion de las enmiendas del Grupo Popular en la forma
señalada en el curso del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 299; a favor, 13; en contra, 156; abstenciones, 130.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
POLITICA DE COOPERACION Y AYUDA AL DESARROLLO CON LA REPUBLICA
DE VENEZUELA (Número de expediente 173/000045)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular subsiguiente a
interpelación, sobre política de cooperación y ayuda al
desarrollo con la República de Venezuela.
Por el Grupo proponente de la moción, el señor Hernando tiene
la palabra. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la
Presidencia.)
El señor HERNANDO FRAILE: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, el pasado miércoles 22 de junio presentábamos una
interpelación ante el Gobierno con el fin de conocer el
proceso de adjudicación, ejecución y evaluación de una
operación de venta de 355.000 toneladas de azúcar no español
que la empresa pública Focoex realizó con destino a Venezuela,
que fue financiada, en parte, con un crédito FAD de 50
millones de dólares, autorizado en Consejo de Ministros el 10
de marzo de 1989 y que por un importe de 124,8 millones de
dólares, según el Gobierno venezolano, y 128,7 millones de
dólares, según el Gobierno español (unos 16.000 millones de
pesetas), se desarrolló entre los meses de abril de 1989 y
junio de 1991. Esta operación, según el informe de la Comisión
de Investigación que se creó en el Parlameto venezolano y de
la propia Contraloría venezolana, tendría numerosas
irregularidades y causaría graves perjuicios, como el propio
Ministro de Comercio reconoció, para nuestras relaciones
comerciales con ese país.
Durante la interpelación, mi Grupo procedió a describir cómo
se desarrollaron los hechos, basándonos en los informes que al
respecto habían formulado la Comisión Parlamentaria
venezolana, la Contraloría y el propio Procurador General de
ese país. También tuvimos en cuenta las referencias que de
esta operación se contemplan en el informe de fiscalización
del Tribunal de Cuentas, comprendido en el período 1986-1990,
la comparecencia del ex Ministro Solchaga en el Senado el 14
de marzo de 1989, las actuaciones de la empresa pública Focoex
y de algunos de sus directivos, así como la normativa española
reguladora de los fondos de ayuda al desarrollo y el propio
consenso de la OCDE, que establece las líneas sobre los apoyos
a la exportación a través de este tipo de créditos. También
examinamos las explicaciones que por parte de la
Administración se han venido dando desde entonces a la
realización de esta operación y a la concesión del crédito
FAD.
De todo ello dedujimos en aquel momento, y debemos
manifestarnos otra vez en el mismo sentido, que se ha mentido
al Parlamento, al Tribunal de Cuentas y a los medios de
comunicación cuando se alegó, intentando explicar esta
operación, que tras el caracazo las autoridades venezolanas
habían solicitado ayuda urgente a España a través de una
operación de emergencia de suministro de azúcar, ya que su
déficit era muy cuantioso y la carencia de este producto era
muy sensible a la población.
En realidad, el caracazo se produjo entre los días 27 de
febrero y 4 de marzo de 1989. El caracazo sería la excusa,
pero no sería, en ningún caso, la causa. El crédito FAD se
aprobaría el 6 de marzo de ese mismo año y sería autorizado en
Consejo de Ministros, presidido por Felipe González, el día
10. Una operación de esta envergadura no puede prepararse en
tan sólo dos días, señorías. Estaba preparada con antelación,
como lo demuestran las actividades de Focoex a lo largo de
1988 y los primeros meses de 1989, así como la propia
solicitud de la compañía distribuidora venezolana de azúcares,
que en noviembre de 1988 y enero de 1989 pedía al Ministro
venezolano de Fomento importar durante este año 350.000
toneladas de azúcar, dos meses antes del propio caracazo. En
segundo lugar, se incumplió la legalidad vigente, el Real
Decreto-ley 16/1976, de 24 de agosto, en el que se enumeran
una serie de medidas para el fomento de comercio exterior, que
no contempla, ni siquiera con carácter de excepcionalidad, el
hecho de que con cargo a los créditos FAD puedan venderse a
otros países alimentos extranjeros. Es más, según los
criterios de la propia comisión interministerial encargada de
examinar y autorizar las operaciones de exportación en las que
existe este tipo de financiación preferencial y que fueron
aprobadas con fecha 3 de julio de 1984, no se podría tampoco
haber exportado alimentos españoles, ya que estos créditos
deben destinarse a la financiación de bienes o proyectos que
incorporen tecnología avanzada o valor añadido nacional
elevado.
Por otra parte, en su contestación el Ministro de Comercio
intentó justificar, por último, la operación basándose en el
consenso OCDE cuando este acuerdo, en su primer punto, excluye
expresamente de la aplicación de estas ayudas a la exportación
el material militar y los productos agrícolas. En tercer
lugar, y a nuestro juicio, señorías, la operación fue un
auténtico pelotazo. La operación se contrató el 10 de abril en
el mercado de futuros y a precio fijo para toda la duración de
la operación de suministro de 230.000 toneladas de azúcar
crudo y de 120.000 de azúcar refinado, siendo los precios
pactados de 337 dólares para el crudo y 415 para el refinado.
El precio base en la Bolsa de Nueva York por aquel entonces
era sólo de 264 y 314 dólares, respectivamente, para cada uno
de los tipos de azúcar.
Así, una vez deducidos gastos y comisiones y según la propia
Contraloría venezolana, la prima o ganancia neta fue de 62,4
dólares por tonelada. Según los distintos operadores y
azucareros internacionales y nacionales consultados por mi
Grupo, una buena operación, señorías, es aquella en la que se
tiene un margen o una prima de entre 10 y 20 dólares de
beneficio. A partir de 25 se considera un pelotazo. Entenderán
SS.SS. que 62,4 dólares es claramente un sobreprecio.
Como prueba de esto, hace pocos días caía en nuestras manos el
texto de un contrato firmado entre Fomento del Comercio
Exterior y la propia EDF and Man, empresa suministradora, para
proporcionar azúcar el 28 de julio a Argelia. En este
contrato, señorías, la prima, es decir, la ganancia, es de 20
dólares, que es lo normal, tal como manifestamos el otro día
en la interpelación al propio Ministro.
El sobreprecio, según esto, podría estar en torno a los 1.800
millones de pesetas, además de los casi 1.000 millones de
pesetas que podrían considerarse como normales con una prima
de 20 dólares. Pero, además, la operación se modificó en
agosto y se decidiría sustituir 90.000 toneladas de azúcar
refinado por azúcar crudo y prolongar hasta 1991 la entrega de
los últimos embarques. Esto, debido a las oscilaciones del
precio del azúcar, supondría otro beneficio extraordinario
basado en una operación especulativa.
En suma, señorías, entre sobreprecios, beneficios
extraordinarios del cambio del precio del azúcar y retraso en
los embarques, estaríamos hablando de 2.100 a 3.600 millones
de pesetas, a los que aún habría que añadir las comisiones,
cifradas entre un siete y un 12 por ciento del total del
precio. Por su parte, el propio Ministro reconocería graves
consecuencias para nuestro comercio exterior y nuestras
empresas en Venezuela. Además, esta operación, señorías,
provocaría que el Parlamento venezolano no aprobara la carta
de crédito del Convenio que entre ambos países se firmó el 7
de junio y que hasta el 31 de julio del año pasado no entraría
en vigor.
Señorías, el Ministro no pudo o no supo contestar algunas de
las preguntas que se le formularon desde esta tribuna. Así, no
aclaró por qué razones se concedió un crédito FAD para
financiar una exportación de azúcar incumpliendo la normativa
nacional e internacional. No aclaró, por qué razones Focoex,
cuyo objeto social es el fomento de las exportaciones
españolas, contrató esta operación con un operador británico y
no exportó azúcar español, a pesar de que 1988 y 1989 fueron
campañas excedentarias por parte de nuestro país en este
producto. Tampoco aclaró cuál fue el papel del señor Muguido,
representante de EDF and Man, que sería nombrado en 1990 por
el Presidente de Focoex, Germán Calvillo, vicepresidente de la
compañía General de Tabacos de Filipinas, tras acceder el
señor Calvillo a la presidencia de esta compañía. No dijo
tampoco qué beneficios fueron los realmente obtenidos, qué
comisiones y a quién se pagaron. No señaló si fueron pagados
estas comisiones a través de la empresa pública Focoex
Internacional, presidida por aquel entonces por doña Gloria
Barba y domiciliada en un paraíso fiscal como Panamá. Tampoco
nos aclaró en qué consistió el informe realizado por el
entonces Director General de Transacciones Exteriores, Luis
Alcaide, autorizando la operación del canje de deuda cubana
por deuda venezolana y en qué fechas se produjo el mismo.
Tampoco dijo por qué se concedió un crédito al Banco
Industrial de Venezuela en vez de al gobierno venezolano,
permitiendo eludir el control del Parlamento de ese país. No
nos señaló por qué no se evaluó el desarrollo de esta
operación o por qué no se acudió a la ayuda alimentaria de
emergencia. Tampoco explicó las razones que llevaron al
Ministro de Economía y Hacienda, el 14 de marzo de 1989, a
mentir en el Senado, cuando señaló que el crédito concedido a
Venezuela sólo suponía el 0,2 por ciento del FAD cuando en
realidad era el 24 por ciento. No hizo referencia al hecho de
si esta operación podría haber servido para financiar los
gastos de campaña electoral que meses antes había llevado a
cabo Carlos Andrés Pérez por la Presidencia de su país. Sí
afirmó que Enrique Sarasola no cobró comisión alguna en esta
operación por parte de ninguna institución española ni de
Focoex ni de ninguna persona del ministerio, para señalar, a
continuación, que no hay implicación del señor Sarasola desde
el punto de vista español y sobre lo que haya existido en el
lado venezolano no nos hacemos responsables. Es por ello que
el Ministro no desmiente la intervención del señor Sarasola en
esta operación ni aclaró el papel de Carib Sugar, empresa que,
según el Diputado venezolano, Ramos Allup, perteneciente a
Acción Democrática, era una sociedad panameña controlada por
el señor Colimodio...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vaya concluyendo, por
favor.
El señor HERNANDO FRAILE: Concluyo rápidamente, señor
Presidente. Como decía, por el señor Colimodio, comisionado en
aquella operación del señor Carlos Andrés Pérez y por el señor
Sarasola, que no sabemos en que comisión de quién estaba.
Por último, el señor Ministro reconoció que si tuviera que
realizarse nuevamente esta operación, no se haría, lo que, a
nuestro juicio, evidencia y refuerza nuestras conclusiones.
Decía Lord Byron, señorías, que la mentira es la máscara de la
verdad. A nuestro juicio, han sido muchas y numerosas las
mentiras que se han vertido por parte del Gobierno en este
asunto.
Además, hay algo más que nos lleva a exigir la creación de
esta comisión de investigación como es el hecho de que el
propio Ministro, en un claro desprecio hacia la soberanía
popular y hacia este Parlamento, manifestase el miércoles que
se niega a entregar al Parlamento el expediente completo de
esta operación, solicitud que se hizo y tramitó a través de la
Mesa de esta Cámara y cuyo amparo solicito en estos momentos
para que el señor Ministro de Comercio y Turismo respete el
Reglamento del Congreso de los Diputados y la propia
configuración de poderes que marca nuestra
Constitución, enviando esa documentación solicitada.
Decía, señorías, y era evidente, que son tres las conductas de
los enemigos de la publicidad de las acciones del Gobierno:
una, la del malhechor que querría ocultarse de las miradas de
su juez; otra la del tirano que hace por ahogar a la opinión
pública, cuya voz temen oír sus oídos; y una tercera, la
última, la del hombre tímido e indolente, que censura la
incapacidad general para encubrir la suya propia.
Desgraciadamente, en estos últimos años y tras los distintos
gobiernos socialistas hemos visto que hay algunos que han
tenido...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Hernando,
termine, por favor. (Un señor Diputado: ¡Tiempo!)
El señor HERNANDO FRAILE: Gracias. ...que han tenido o han
caído en la tentación de convertirse en tiranos. Ha habido
demasiados malhechores y han existido muchos indolentes.
Desde mi Grupo entendemos, señorías, que es necesario desvelar
las sombras de duda que ocultan y amparan la realización de
esta operación comercial, por lo que, ante la imposibilidad de
desvelar el trasfondo de la misma mediante los instrumentos
parlamentarios habituales, presentamos esta moción,
solicitando una comisión de investigación que analice esta
operación, sus consecuencias y las actividades de Focoex en
Venezuela.
Muchas gracias. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien!--
Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Grupos parlamentarios
que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, voy a ser
breve. Tanto de la intervención del portavoz del Grupo Popular
como de la del propio señor Ministro la semana pasada sacamos
una conclusión principal y es que este tema nos parece confuso
y, dentro del confusionismo que se mezcla en el mismo, existen
dos cuestiones que lo vienen a complicar todavía más. La
primera, la propia situación política que vivió Venezuela, en
el momento en que se produjo esa operación comercial,
confusionismo en la situación política venezolana que llevó a
que esta cuestión fuera utilizada en contra del Presidente de
la República de ese país en dicho momento, don Carlos Andrés
Pérez. En cualquier caso, ésta es una cuestión estrictamente
de política interna de Venezuela que a nosotros no nos debería
incumbir.
La segunda cuestión no es nueva. La semana pasada la citaba en
su intervención el portavoz del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Es el hecho de que
demasiado a menudo los criterios FAD conllevan problemas. Yo
driría que es un riesgo intrínseco a la naturaleza de estos
créditos y deberíamos evidentemente extremar las precauciones
para minimizarlos, extremando, como decía su control.
Nuestro Grupo Parlamentario cree que debemos ser prudentes en
la constitución de comisiones de investigación, y en ello creo
que coincidimos con el parecer de otros grupos de la Cámara.
Pienso que no podemos caer en la creación alegre de comisiones
para investigar cualquier problema que se pueda plantear en
una empresa pública hoy, en la concesión de un crédito FAD hoy
o quizá mañana, y además, en el caso presente, creo que es
importante tener en cuenta el hecho de que las circunstancias
que se plantean en la moción y en la interpelación anterior
del Grupo Popular se circunscriben a un tercer país:
Venezuela. En cualquier caso, nuestra misión, ya sea a través
de la creación de la comisión, ya sea a través de los
mecanismos parlamentarios pertinentes, se circunscribiría
exclusivamente al control de la estricta legalidad del proceso
de concesión del crédito y a la operación dentro del ámbito
español.
Es más, puesto que la semana pasada me pareció entender que el
señor Ministro de Comercio y Turismo decía que había existido
una oferta al portavoz del Grupo Popular para ir a la empresa
y revisar exhaustivamente el expediente y toda la
documentación, le invito al señor Hernando a que lo haga y nos
comunique sus conclusiones. Quizá ello aporte algún dato al
asunto, algún dato más sustancial que pueda hacer que
replanteemos nuestra posición que será, como se deduce de mi
intervención, contraria a la creación de la comisión.
Nada más y gracias. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Recoder. Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Gracias, señor Presidente.
Quisiéramos hacer una pequeña reflexión previa. Para mi Grupo
Parlamentario las comisiones de investigación son un
instrumento imprescindible y absolutamente necesario para
esclarecer asuntos relacionados con casos de corrupción en
relación con la vida pública y también para reforzar el papel
del Parlamento ante la sociedad en temas de corrupción o en
irregularidades graves que puedan detectarse en la gestión de
asuntos públicos. Por tanto, precisamente por la enorme
importancia que mi Grupo concede a las comisiones de
investigación, conviene que seamos cuidadosos con el uso de
las mismas. El hecho de haber pasado un
largo período en este Parlamento sin la posibilidad de
constituir una comisión de investigación cuando se habían
denunciado casos de irregularidades o de supuestas
corrupciones en la vida pública y cuando la mayoría absoluta
del Grupo mayoritario había impedido tradicionalmente llevar a
cabo esa constitución, el hecho de esa situación anterior de -
-digamos-- sequía de comisiones de investigación, no nos tiene
que llevar, por la técnica del péndulo, a estar constituyendo
comisiones de investigación todos los días sobre cosas que, al
menos en nuestro conocimiento, al parecer están bastante
investigadas. Dicho esto, le avanzaba la semana pasada, el día
22, al señor Hernando que mi Grupo iba a estudiar atentamente
el tema porque nos parecía importante, y eso hemos hecho.
Hemos pedido la documentación necesaria para poder conocer en
profundidad el caso que nos ocupa y hemos realizado un estudio
atento de la documentación que se nos ha proporcionado, que
comprende el informe de la Procuraduría General de la
República de Venezuela. En él se dice, por ejemplo, que, en
criterio de ese organismo controlador de la República de
Venezuela, el procedimiento seguido para la selección del
proveedor está de acuerdo con las normas establecidas; que no
se puede concluir de forma absoluta que las modificaciones
habidas en la cantidad por tipo de producto y el lapso de
entrega previstos ocasionaran pérdidas para la República; que
no encuentra, en definitiva, irregularidades. Y repito que es
un informe de la Procuraduría General de la República de
Venezuela.
De la misma manera, en la propia República de Venezuela se
abrió una investigación cuyas conclusiones seguramente conoce
el señor Hernando, y a las que yo he tenido acceso hace unos
días, en las que la Contraloría General de la República --un
organismo equivalente a nuestro Tribunal de Cuentas-- estudia,
desmenuza tanto los aspectos que en su día fueron denunciados
en Venezuela como la ejecución de la propia operación, y en
este estudio tampoco hemos sido capaces, señor Presidente,
señorías, de encontrar irregularidades graves que nos impulsen
a apoyar la constitución de esa comisión de investigación que
se pide en la moción. Es cierto que hay algunas
irregularidades de tipo mercantil, pero de muy pequeña
entidad, y todo lo que hace referencia a la operación que nos
ocupa está perfectamente investigado ya, al menos por la parte
que teóricamente tendría que haber sido, digamos, dañada por
esa operación, que era la República de Venezuela.
Al mismo tiempor, el informe del Tribunal de Cuentas de
nuestro país, emitido en julio del año 1993, dedicado
monográficamente a la fiscalización de los fondos FAD, en
todas aquellas partes en que hace mención a esa operación de
venta de azúcar con crédito FAD de España a Venezuela, tampoco
encuentra irregularidades. Es decir, no es un tema nuevo que
acabe de aparecer ante la opinión pública y que precise,
investigaciones para llegar al fondo de las cosas. Nosotros,
después del estudio atento del informe del Tribunal de Cuentas
y de los dos informes de los dos organismos competentes
venezolanos, no hemos sido capaces, repito, de encontrar
materia suficiente como para poder apoyar la constitución de
esa comisión de investigación. Insisto en que, por la buena
comprensión de nuestra posición, nosotros estamos siempre a
favor de que se constituyan comisiones de investigación, pero
con la mesura suficiente para que ese instrumento,
absolutamente imprescindible y necesario para llegar al fondo
de las cosas que afectan a la vida pública de este país, por
el exceso de uso del mismo, no lo vayamos desvirtuando
paulatinamente.
Por tanto, en opinión de mi Grupo y después de estudiar
atentamente el caso que nos ocupa, no hemos encontrado, repito
una vez más, materia suficiente para poder apoyar esa petición
de creación de una comisión de investigación que hace el
Partido Popular en su moción.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Vázquez. Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Perales.
El señor PERALES PIZARRO: Señor Presidente, señorías, voy a
hacer uso de la palabra para expresar la oposición del Grupo
Socialista a la moción que ha presentado el Partido Popular.
(La señora De Palacio del Valle-Lersundi: ¡Vaya por Dios!--
Rumores.) En primer lugar, es preciso hacer constar que la
posición del Partido Popular en este asunto está elaborada
basándose en una sucesión de inexactitudes, de falsedades y de
medias verdades (Fuertes protestas y rumores.), que están
dirigidas a concluir en la implicación del Gobierno socialista
en una presunta operación económica irregular. (Rumores.) Por
parte del señor Hernando se ha insistido en los siguientes
aspectos: el calendario de la decisión de compra-venta de
azúcar; la legalidad de este crédito FAD; por qué se compra
azúcar de otros países, especialmente Cuba; si se ha pagado o
no un sobreprecio y si ese sobreprecio ha ido a un destino
extraño, y, por último, un lamento o una queja de falta de
información por parte del Partido Popular, además de una serie
de perlas cultivadas que iremos desgranando.
En primer lugar, hay que decir, como se ha expresado
claramente por parte del Ministro de Comercio en el Congreso,
y nunca se ha negado, que la empresa pública Focoex ha
pretendido introducirse en el mercado del azúcar porque es un
producto de especial demanda en América latina, que ha estado
y está oligopolizado por multinacionales norteamericanas y que
no había
sido posible hasta ahora, hasta el caracazo, un acontecimiento
desgraciado de revuelta social en Venezuela que permitió que
la empresa pública Focoex pudiera introducirse en el mercado
del azúcar en América latina. Por tanto, no entendemos que le
sorprenda al señor Hernando la sucesión cronológica de esta
operación económica, ya que el Gobierno reconoce que la
empresa pública española tenía la intención de penetrar en ese
mercado y lo que se lo permite es ese acontecimiento
desgraciado que hemos mencionado y que se denominó
popularmente el caracazo. Hoy mismo, el Presidente de
Venezuela, señor Caldera, acaba de suspender parcialmente las
garantaías constitucionales con motivo de emergencias
económicas y políticas en un acontecimiento de menor gravedad
que ese acontecimiento que permitió que España ofreciera ayuda
económica y financiera a un país hermano y amigo como era
Venezuela.
La segunda cuestión que plantea el Partido Popular es la
legalidad o no del crédito FAD. Una vez más se hace una
lectura torcida de la decisión. Se afirma por parte del señor
Hernando que no se ha respetado la legislación. A este
respecto es preciso recordar que el Decreto Ley 1676, en su
artículo 7.1, establece que dichos créditos y ayudas están
ligados a la adquisición de los beneficiarios de bienes y
servicios españoles y, excepcionalmente, podrán considerarse
créditos y ayudas de carácter financiero no ligados. La OCDE,
que es el organismo encargado de fijar las condiciones de los
créditos FAD, denomina crédito ligado a aquellos que se
conceden sin la exigencia de que los bienes financiados sean
del país exportador y financiador, con lo que esta exportación
a Venezuela está perfectamente amparada en la legislación que
regula los créditos FAD. (Un señor Diputado: ¡Muy bien!)
Además, esta legalidad es corroborada por el Tribunal de
Cuentas que en su informe relativo al FAD, referido a los años
1986, 1990, dice lo siguiente. Analizada una amplia muestra de
los expedientes de créditos vivos a 31 de diciembre de 1990,
superior al 25 por ciento de los mismos, se ha comprobado que,
en su mayoría son créditos ligados a la adquisición por el
beneficiario de bienes españoles, tal y como establece el
artículo 5.1 del Real Decreto 509/1987, de 25 de febrero, si
bien algún caso entra dentro de lo contemplado en el artículo
103 del mismo Real Decreto que permite, con carácter
excepcional, otorgar con cargo al Fondo créditos y ayudas de
carácter financiero no ligado. Por consiguiente, la legalidad
permite perfectamente otorgar ese crédito a Venezuela y el
propio Tribunal de Cuentas ampara perfectamente ese crédito.
En tercer lugar, el señor Hernando planteaba la siguiente
pregunta: ¿Por qué el azúcar no era español? En primer lugar,
me gustaría conocer qué soporte estadístico ha empleado el
señor Hernando para conocer esa cifra. El soporte estadístico
que yo he manejado, que es de Comercio Exterior, dice que en
el año 1988 España exportó 20.000 toneladas de azúcar; en el
año 1989 España tuvo que importar 54.000 toneladas y en el año
1990 importó alrededor de 80.000 toneladas, de tal manera que
ninguna de las cifras justifican la afirmación del señor
Hernando. En los años 1989 y 1990 España tuvo que importar
azúcar y, por tanto, no fue excedentaria.
La segunda afirmación que hace el señor Hernando no se
sostiene de ninguna manera. Dice el señor Hernando que España
es excedentaria, y hay que recordarle al señor Hernando, que
es Diputado de una provincia del Levante español, diputado
andaluz por Almería, que españa sólo produjo...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Perales, no está
consumiendo S.S. un turno en contra, está fijando su posición
(Rumores y protestas.) , por lo tanto, no aluda al señor
Hernando.
El señor PERALES PIZARRO: Gracias, señor Presidente. Refresco
el conocimiento de la Cámara sobre las cifras de exportación
del azúcar. (Rumores.) España sólo produjo 14.000 toneladas de
azúcar cruda en 1989, claramente insuficientes para cubrir las
230.000 toneladas que se demandaban en la exportación a
Venezuela. Almería tenía hace mucho tiempo una factoría de
caña de azúcar en Adra y en Motril se sigue produciendo caña
de azúcar, como sabe cualquiera que conozca esos lugares.
Sobre precios hay que decir que el núcleo de la moción del
Partido Popular es que se paga sobreprecio para financiar a
comisionistas y políticos. Es preciso hacer constar que esta
operación se hace a precio fijo. Se paga a 337 dólares el
azúcar crudo y a 415 dólares el azúcar refinado. Sucede que en
el año 1989 el precio del mercado es superior al precio fijo,
y en esas condiciones nadie protesta, ni los venezolanos, ni
nadie, pero en los años 1990 y 1991 el precio internacional es
más bajo que el fijo, desatándose una tormenta que tiene
consecuencias políticas en Venezuela y, por tanto, se
instrumenta políticamente y se instrumenta también, de forma
clarísima, por los suministradores habituales de azúcar, que
son empresas multinacionales americanas y que han pretendido
liquidar la intrusión española en ese mercado oligopolizado
por las propias empresas norteamericanas. Las oscilaciones de
precios no han perjudicado nunca a los intereses nacionales ni
a ningún interés español en ese mercado. Esta acusación ha
sido objeto de una gran atención política en Venezuela y ha
merecido la respuesta de las autoridades venezolanas. Se ha
creado una subcomisión parlamentaria cuyo informe concluye
acusando de impericia y de incapacidad en el manejo de los
instrumentos financieros a los funcionarios del Banco
Industrial de Venezuela. En esa subcomisión no hay un solo
reproche
a la actuación española en la operación de venta de azúcar a
Venezuela, ni uno solo. El senador Chitty, un senador
importante en esa comisión, ni en los documentos oficiales ni
en su intervención en los medios escritos y orales de España
ha hecho un solo reproche a las autoridades españolas. En
segundo lugar, la Contraloría General de la República --
nuestro Tribunal de Cuentas-- ni en el punto 5, relativo a la
mejor oferta, ni en el punto 7, sobre la calidad del producto,
ni en el punto 11, sobre la oferta, ni en el punto 23, hace un
solo reproche a las autoridades españolas ni a la calidad de
la exportación española. (Aplausos.--Protestas.) De tal manera
que, desde luego, la mejor intervención hubiera sido leer el
informe del tribunal de cuentas venezolano para concluir que
no hay ni un solo reproche a las autoridades españolas ni a la
empresa pública española.
Por último, tengo que decir que la Fiscalía General de la
República concluye su informe diciendo: Los precios pactados
para la compra de azúcar crudo y de refino fueron justos y
razonables. Eso es lo que dice la Fiscalía General de la
República de Venezuela, precisamente un órgano que no tiene
nada que ver con la Administración española.
Por tanto, señor Presidente, señorías, no hay ni un solo
reproche a las autoridades españolas ni de la subcomisión
parlamentaria, ni de la Contraloría General de la República,
ni de la Fiscalía General de la República de Venezuela. En
consecuencia, señorías, señor Presidente, estamos ante una
operación política del Partido Popular, que no tiene ningún
soporte legal para acusarnos. (Rumores.--La señora De Palacio
del Valle-Lersundi: Chanchullo.) Se nos acusa de falta de
información. Eso no es cierto; la Secretaría de Estado ha
invertido más de cinco millones de pesetas en el soporte
informático que permite conocer esta exportación de manera
pormenorizada y, desde luego, el Ministro de Comercio ha
ofrecido con reiteración a esta Cámara el expediente completo
para su estudio y comprobación. (La señora De Palacio del
Valle-Lersundi: Para nada.) Por último, señor Presidente,
señorías, hay una serie de afirmaciones que es necesario
desmentir. Hay que afirmar que no ha sido preciso contar con
ninguna autorización de la Dirección General de Transacciones
Exteriores Españolas para autorizar la quita del 50 por ciento
de deuda cubana en el Banco de España con la que se pagaba el
50 por ciento del azúcar cubano.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Perales, vaya
concluyendo.
El señor PERALES PIZARRO: Termino, señor Presidente.
El azúcar cubano se compró y se pagó con una quita de la deuda
del Gobierno cubano en el Banco de España. No fue preciso
ningún informe de Transacciones Exteriores, sino que lo hizo
la Dirección General de Política Comercial y el propio Banco
de España a requerimiento del Ministerio de Economía. La
empresa Carib Sugar no ha tenido ninguna relación con Focoex,
ninguna; aparece en el informe de la Contraloría General
justamente como competidora de Focoex, sólo como competidora
de la propia empresa pública española. (Rumores.--Protestas.)
Focoex Internacional no ha pagado ninguna comisión por esta
operación de venta y de compra de azúcar, Focoex Internacional
sólo ha pagado, por todas las ventas exteriores de Focoex
Internacional, por ésta ni una peseta, sino por todas las
demás, en el año 1989, 119 millones de pesetas, y en el año
1990, 361 millones de pesetas, según las cuentas de resultados
que están a disposición de cualquier Diputado y de cualquier
Grupo de la Cámara. (Continúan los rumores.)
Por tanto, señor Presidente, señores Diputados tenemos que
decir que nos encontramos ante una iniciativa política del
Partido Popular que ha pretendido enganchar al Gobierno,
descalificando una operación económica legal, como así han
establecido las propias instituciones venezolanas con
reiteración. Con evidencias manipuladas, con medias verdades,
inexactitudes y falsedades se ha pretendido deteriorar al
Gobierno español al rebufo de una serie de acontecimientos
desgraciados y rechazables que han sucedido en nuestro país y
que están siendo investigados por las comisiones de esta
Cámara. Además, el Partido Popular pretende menoscabar el
papel ejemplar de las comisiones de investigación, solicitando
que se cree una comisión para investigar este asunto que es
políticamente irreprochable.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Perales,
termine, por favor.
El señor PERALES PIZARRO: Termino, señor Presidente.
El Partido Popular ha sido un brillante vencedor en las
Elecciones Europeas y ha tenido la fortuna de que nadie le
haya puesto en duda esa victoria, pero esa misma victoria
debía serenar el ánimo del Partido Popular rectificando su
política desestabilizadora y esclavizada a la necesidad
ineludible... (Varios señores Diputados: ¡Bueno!--El señor
Fernández-Miranda Lozana: ¡Qué valor!--Fuertes protestas en
los bancos del Grupo Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Perales.
El señor PERALES PIZARRO: ...de provocar las Elecciones
Generales cuanto antes. (Continúan las protestas en los bancos
del Grupo Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Silencio, señorías.
Termine ya, señor Perales.
El señor PERALES PIZARRO: O bien acogerse al derecho
constitucional de censurar al Gobierno.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Socialista.--Protestas en los bancos del Grupo Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pasamos a la votación.
(El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 289; a favor, 125; en contra, 160; abstenciones,
cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
El Pleno se reanudará mañana a las diez de la mañana.
Se suspende la sesión.
Eran las nueve y cinco minutos de la tarde.