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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 82, de 22/06/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1994 Núm. 82 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 81
celebrada el miércoles, 22 de junio de 1994
Página
ORDEN DEL DIA:
--Preguntas (Página 4138)
Interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
política de cooperación y ayuda al desarrollo con la República
de Venezuela (número de expediente 172/000057) (Página 4157)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre la política general del
Gobierno en materia de transportes, con especial detenimiento
en el sector ferroviario, en relación con el Plan Estratégico
de Renfe (número de expediente 172/000058) (Página 4167)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número
83, de 23 de junio de 1994.)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Preguntas (Página 4138)
Del Diputado don Diego López Garrido, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que
formula al Gobierno: ¿Qué criterios políticos y personales
tiene el Gobierno sobre el nombramiento del Presidente de la
Comisión Europea? (Número de expediente 180/000521) (Página 4138)
Del Diputado don Carlos Dávila Sánchez, del Grupo Socialista,
que formula al Gobierno: ¿Comparte el Ministerio de Asuntos
Exteriores la preocupación existente en relación a que el
Acuerdo de Asociación con Ucrania que se prepara para la
próxima Cumbre Europea de Corfú, acaba siendo cauce de una
subvención encubierta a los intereses de la industria nuclear?
(Número de expediente 180/000528) (Página 4139)
Del Diputado don Alfonso Soriano Benítez de Lugo, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Por qué ha retirado el Gobierno de su tramitación
parlamentaria el Acuerdo de Cooperación entre los Gobiernos de
España, Francia, Marruecos, Portugal y la Comunidad Económica
Europea para la protección de las costas y de las aguas del
Atlántico del Nordeste contra la polución, firmado en Lisboa
el 17 de octubre de 1990? (Número de expediente 180/000569)
(Página 4140)
Del Diputado don Adán Martín Menis, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria, que formula al Excmo. Sr. Ministro de
Economía, y Hacienda: ¿Se han modificado o se están negociando
unas nuevas condiciones de los contratos de Tabacalera con las
multinacionales del tabaco presentes en Canarias, de forma
que, ahora o en el futuro, esos cambios tengan significativas
repercusiones en el empleo que mantienen en las Islas? (Número
de expediente 180/000550) (Página 4141)
Del Diputado don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, del Grupo
Socialista, que formula al Gobierno: ¿De qué modo y a través
de qué programas tiene previsto contribuir el Ministerio de
Economía, y Hacienda al desarrollo de la ciudad de Béjar y su
comarca? (Número de expediente 180/000552) (Página 4142)
Del Diputado don Josep Pau i Pernau, del Grupo Socialista, que
formula al Gobierno: ¿En qué fase se encuentra el proyecto de
implantación de un sistema de módulos que modifique el actual
sistema de tributación de los agricultores? (Número de
expediente 180/000557) (Página 4143)
Del Diputado don Alfonso Perales Pizarro, del Grupo
Socialista, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas piensa
adoptar el Gobierno para impedir exportaciones cárnicas
fraudulentas a países del Tercer Mundo? (Número de expediente
180/000555) (Página 4144)
De la Diputada doña María Isabel Rodríguez Calvo, del Grupo
Socialista, que formula al Gobierno: ¿Tiene previsto el
Ministerio de Sanidad y Consumo algún sistema para compensar
los gastos ocasionados a los Ayuntamientos, derivados del
mantenimiento y conservación de los consultorios municipales?
(Número de expediente 180/000561) (Página 4145)
De la Diputada doña Rosa Aguilar Rivero, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, que formula al Gobierno: ¿Son ciertas las
afirmaciones realizadas por el señor Roldán a través del texto
manuscrito y publicadas por un medio de comunicación, en
relación con el inadecuado uso y destino de fondos públicos
por Altos Cargos de la Administración? (Número de expediente
180/000584) (Página 4145)
De la Diputada doña Pilar Rahola i Martínez, del Grupo Mixto,
que formula al Gobierno: ¿Puede asegurar con rotundidad el
Gobierno que no tuvo ningún conocimiento del envío, por parte
de Luis Roldán, de una carta dirigida al Presidente del
Gobierno antes de la huida del ex Director General de la
Guardia Civil, en la cual, presumiblemente, Roldán le
informaba sobre corrupción en el Ministerio del Interior?
(Número de expediente 180/000565) (Página 4146)
De la Diputada doña Pilar Rahola i Martínez, del Grupo Mixto,
que formula al Gobierno: ¿Qué criterios han motivado la
remodelación de la cúpula policial emprendida por el Ministro
Belloch y que ha implicado, de momento, la destitución del
Subdirector General operativo de la Policía, Agustín Linares y
qué implicaciones tiene con el escándalo Luis Roldán? (Número
de expediente 180/000566) (Página 4148)
Del Diputado don Luis Ramallo García, del Grupo Parlamentario
Popular, que formula al Gobierno: ¿Niega el Gobierno que algún
alto cargo del Ministerio del Interior recibió cantidad alguna
con cargo a la partida de Fondos Reservados para fines
distintos de los que legalmente son propios a dichos Fondos?
(Número de expediente 180/000582) (Página 4149)
Del Diputado don Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde, del
Grupo Parlamentario Popular, que formula al Gobierno: ¿Por qué
razones el Gobierno acordó el nombramiento de don Eligio
Hernández como Fiscal General del Estado, cuya ilegalidad era
manifiesta? (Número de expediente 180/000583) (Página 4151)
De la Diputada doña Blanca Fernández-Capel Baños, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Cuál es el grado de cumplimiento de los acuerdos adoptados
por el Consejo de Universidades para la Selectividad del curso
93-94? (Número de expediente 180/000578) (Página 4152)
Del Diputado don José María Michavila Núñez, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿A qué se debe que el Ministro de la Presidencia desmienta a
la Ministra de Asuntos Sociales que dijo en el Pleno del
Congreso que el Informe del año Internacional de la Familia
estaba terminado? (Número de expediente 180/000567) (Página 4153)
Del Diputado don Manuel Núñez Pérez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Por qué
causas se desmoronó el Canal de los Payuelos a los 12 días de
su inauguración? (Número de expediente 180/000570) (Página 4154)
Del Diputado don Miguel Angel Cortés Martín, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Excma.
Sra. Ministra de Cultura: ¿Con qué criterios otorga el
Ministerio de Cultura las subvenciones a la cinematografía
española? (Número de expediente 180/000572) (Página 4155)
Interpelaciones urgentes (Página 4157)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre política
de cooperación y ayuda al desarrollo con la República de
Venezuela (Página 4157)
El señor Hernando Fraile defiende la interpelación del Grupo
Popular. Expone que el día 10 de marzo de 1989 el Consejo de
Ministros autorizaba la concesión de un crédito FAD de 50
millones de dólares al Gobierno de Venezuela, presidido en
aquel momento por don Carlos Andrés Pérez, para la adquisición
de azúcar. Este crédito tenía un interés del 5 por ciento y
era a devolver en dos años. Añade que la operación prevista
inicialmente consistía en la venta de 350.000 toneladas de
azúcar, siendo adjudicataria la empresa pública Focoex,
presidida por don José Calvillo. El suministro se tendría que
realizar entre los meses de abril a octubre de ese año y el
importe total de la operación ascendería a 133 millones de
dólares, algo más de
15.000 millones de pesetas, siendo defendida la concesión de
esas ayudas por el señor Solchaga, en el Senado, el 14 de
marzo de 1989.
Agrega que ese crédito, según manifestó recientemente en el
Congreso el Secretario de Estado de Comercio Exterior, fue
concedido por razones de urgencia tras los sucesos que se
iniciaron el 27 de febrero de 1989 conocidos por el caracazo.
Por otra parte, el Ministro de Comercio y Turismo informaba
recientemente que las autoridades venezolanas solicitaron
urgente ayuda a España a través de una operación de emergencia
de suministro de azúcar, afirmando que el Tribunal de Cuentas
hacía constancia expresa de la excepcionalidad del crédito y
de la situación que lo justificaba.
Señala seguidamente el interpelante que, a su juicio, ninguna
de estas razones era cierta, y en cuanto a la urgencia del
crédito y al hecho de que el desabastecimiento de azúcar en
Venezuela tuvieron su origen en el caracazo tampoco es una
razón que responda a la realidad. En su opinión, en esta
operación se ha mentido al Parlamento y al Tribunal de
Cuentas, se ha incumplido la legalidad vigente y cree, además,
que el crédito sirvió para financiar un auténtico pelotazo
basado en los sobreprecios y en las comisiones que se pagaban.
Afirma que la operación en realidad no se inicia a raíz del
caracazo sino que se llevaba fraguando por parte de la empresa
pública Focoex desde hacía más de un año, aceptándose
finalmente el 11 de abril de 1989 el contrato con Focoex por
un importe total de 14.478 millones de pesetas. Destaca que la
operación fue denunciada por varios parlamentairos
venezolanos, al asegurar que había existido un elevado
sobreprecio, lo que llevó a la creación de una comisión
parlamentaria de investigación en cuyo informe se denunciaron
diversas irregularidades referidas a la ejecución y aprobación
de la operación. También el Grupo Popular pidió aquí, en su
día, que se investigara el asunto, recibiendo la callada por
respuesta.
Por otra parte, el azúcar exportado no fue español más que en
un 3,5 por ciento, a pesar de que las campañas azucareras de
los años 1988 y 1989 fueron excedentarias en nuestro país.
Reitera que la operación constituiría un auténtico pelotazo
debido a los precios de compra y venta del azúcar, hasta el
punto de que la diferencia podría haber supuesto unos ingresos
extraordinarios totales, además de lo que se consideran
beneficios normales, que oscilarían entre los 1.700 y los
3.500 millones de pesetas. Menciona también la intervención
del señor Sarasola por parte de España en esta operación,
desconociendo en representación de qué o de quién intervenía
en la operación y el pago de comisiones por importe de entre
900 y 1.600 millones, independientemente de otras elevadas
cantidades pagadas por Focoex, concluyendo que la operación y
las irregularidades denunciadas han traído graves
consecuencias para nuestro comercio exterior con Venezuela,
hasta el punto de producirse una importante caída de nuestras
exportaciones a aquella nación en esos años al haber sufrido
nuestra imagen comercial en aquel país un grave desprestigio.
Concluye el señor Hernando señalando que han presentado la
interpelación para que el señor Ministro responda y resuelva
algunas dudas, debiendo contestar hoy por qué el Gobierno ha
mentido al Parlamento y al propio Tribunal de Cuentas alegando
que los sucesos conocidos como el caracazo fueron la causa de
la concesión de los FAD, cuando en realidad la operación se
venía preparando desde hacía más de un año, y por qué, si la
situación era de emergencia, no se recurrió a las ayudas
alimentarias, que es el mecanismo que el Gobierno español
tiene para solucionar problemas de desabastecimiento
alimentario.
Asimismo debe aclarar por qué razones se concedió un crédito
FAD incumpliendo la normativa nacional e internacional que
regula la concesión de esos créditos y por qué Focoex no
recurrió para esa operación al mercado nacional para
suministrar el azúcar, cuando España en esos años había tenido
campañas excedentarias. Igualmente debe informarse sobre qué
comisiones fueron pagadas en esta operación y quiénes fueron
los beneficiarios, si la operación pudo servir para financiar
gastos de la campaña electoral de Carlos Andrés Pérez y por
qué el señor Ministro se ha negado a facilitar a la Cámara el
expediente completo de la operación, a pesar de que se ha
rebasado ya el plazo que marca el Reglamento del Congreso.
En nombre del Gobierno contesta el señor Ministro de Comercio
y Turismo (Gómez-Navarro Navarrete.) Comienza expresando su
creencia de que la intervención del señor Diputado es
extraordinariamente demagógica y que en ella se mezclan
verdades, medias verdades y falsedades, de las que se sacan
deducciones extraordinariamente poco correctas. Como ha dicho
cosas absolutamente ciertas y cosas que no lo son, es
necesario ciertamente explicar el conjunto de la operación.
Señala que es verdad que la empresa Focoex durante 1988
intentó entrar en el mercado venezolano del azúcar, una verdad
que jamás ha puesto nadie en duda. También es cierto que no lo
consiguió a lo largo de 1988, a pesar de los intentos
realizados, por lo que no es cierto que la operación, como
está explicando, se empezase en el año 1988. Señala que se
trata de una operación que comienza a partir del caracazo, ya
que dada la magnitud
del problema alimentario el Gobierno venezolano se dirigió a
varios países europeos solicitando ayuda urgente, tanto en
facilidades financieras puras como en abastecimiento
financiero a largo plazo. Por parte de España, Focoex fue la
encargada de seleccionar una gran cantidad de productos
básicos con los que hacer frente a esa situación, optando las
autoridades venezolanas por solicitar de España una operación
de emergencia sólo en azúcar, ya que su déficit era muy
cuantioso y la carencia de ese producto muy sensible para la
población.
Explica pormenorizadamente las cuestiones llevadas a cabo
hasta la firma de la operación y los debates que se producen
en Venezuela como consecuencia de la misma, instrumentados
desde el punto de vista económico por los suministradores de
Venezuela en materia de azúcar y desde el punto de vista
político por la oposición al Presidente Carlos Andrés Pérez.
Todo ello genera una serie de actuaciones de los organismos
competentes venezolanos, que concluyen afirmando que no ha
existido sobreprecio, por lo que los términos utilizados, como
pelotazo u otros por el estilo, no tienen ninguna
justificación al no haberse producido desde el punto de vista
venezolano, y mucho menos desde el español, donde la operación
está ajustada a la ley, no incumpliéndola en ninguno de sus
aspectos.
Rechaza, por último, que se haya mentido al Parlamento,
manifestando que personalmente no ha intervenido en esta
Cámara para hablar de este tema. Afirma que no puede hablarse
de sobreprecio y comisiones porque el propio informe de los
organismos competentes venezolanos, que tienen los señores
Diputados a su disposición, lo niega expresamente.
Respecto al señor Sarasola nada tiene que decir, ya que los
negocios el señor Sarasola son responsabilidad de él y lo
único que sí tiene que decir es que el señor Sarasola no cobró
comisiones por parte de ninguna institución española ni de
Focoex en esta operación.
Replica el señor Hernando Fraile, duplicando el señor Ministro
de Comercio y Turismo.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Sedó i
Marsal, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Vázquez
Romero, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre la política general del Gobierno en
materia de transporte, con especial detenimiento en el sector
ferroviario, en relación con el Plan Estratégico de Renfe
(Página 4167)
El señor Ríos Martínez defiende la interpelación del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
manifestando que el objetivo de la misma es conocer la
política general del Gobierno en relación al Plan Estratégico
de Renfe y los efectos de ese plan sobre la concentración de
inversiones, así como en la política de personal y los
posibles excedentes de personal de la empresa, la creación de
empresas filiales, la supresión de servicios, desmontándose
los de mantenimiento de material de la propia empresa, y, por
último si se va a funcionar con criterios de empresa privada
para recuperar la eficacia y la eficiencia.
Se extiende en la exposición al señor Ministro de numerosas
consideraciones en torno a los puntos anteriormente
enunciados, esperando recibir aclaración suficiente sobre el
particular.
En nombre del Gobierno contesta el señor Ministro de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente (Borrell Fontelles),
afirmando que el ferrocarril es un medio de transporte idóneo
para ciertas funciones y totalmente inadaptado para otras, un
medio de alta capacidad pensado para atender altos índices de
demanda, movilidad y concentración desde una óptica intermodal
en función de la adecuación de los distintos modos de
transporte que demandan los ciudadanos. Desde este punto de
vista, Renfe es una empresa de servicios de transporte por
ferrocarril que en el marco de la legislación vigente nacional
y comunitaria compite con otros medios y debe ser gestionada
en equilibrio económico en función de lo dispuesto por las
directivas comunitarias, que obligan a alcanzar este
equilibrio económico en todas las actividades definidas como
no subvencionables. Agrega que, además de los criterios de
rentabilidad económica, es muy importante tener en cuenta la
rentabilidad social del ferrocarril y concluye fijando la
posición del Ministerio en relación con algunas de las
cuestiones planteadas por el interpelante.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Sedó y
Marsal, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Camisón
Asensio, del Grupo Popular.
Se suspende la sesión a las siete y veinticinco minutos de la
tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
PREGUNTAS:
--DEL DIPUTADO DON DIEGO LOPEZ GARRIDO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE CRITERIOS POLITICOS Y
PERSONALES TIENE EL GOBIERNO SOBRE EL NOMBRAMIENTO DEL
PRESIDENTE DE LA COMISION EUROPEA? (Número de expediente
180/000521)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto IV del orden del día: Preguntas.
Pregunta número 7, del señor López Garrido, que tiene la
palabra.
El señor LOPEZ GARRIDO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, este fin de semana la Cumbre de Jefes de
Estado y de Gobierno de la Unión Europea va a tener como tema
estrella o central, sin duda, la propuesta de nombramiento de
Presidente de la Comisión Europea.
Como usted sabe mejor que nadie, la Presidencia de la Comisión
Europea se ha convertido en un cargo que da la impronta a la
construcción europea; que ejerce la enorme capacidad de
iniciativa que tiene la Comisión; que es la imagen de Europa,
en muchas ocasiones; que puede defender los intereses de los
países menos desarrollados, o podría hacer lo contrario, y que
va a adquirir más importancia con la ampliación de la
Comunidad, en cuanto al gobierno de la Unión Europea, y con la
reforma prefigurada del Tratado de la Unión Europea.
Sin embargo, esta importancia de la Presidencia de la Comisión
contrasta con un desarrollo de las negociaciones previas a su
nombramiento, extremadamente alejado de la opinión pública, y,
desde luego, que no colabora en nada al acercamiento de la
Unión Europea con los ciudadanos y ciudadanas. Ha habido una
confusión sobre las personas. Hasta hace una semana,
sorprendentemente, no había ni siquiera una candidatura formal
de quien se considera que tiene más posibilidades de ser
Presidente de la Comisión. Ha habido una opacidad sobre los
criterios, compartida también por el Gobierno español. No
sabemos en este momento qué criterios políticos tiene el
Gobierno español, en cuanto a quién debe ocupar ese puesto.
Tiene todas las características, por tanto, de una negociación
un tanto palaciega y personalista, muy alejada de lo que
debería ser un nombramiento tan importante como este de cara,
como digo, a la opinión pública.
Nuestro Grupo mantiene que los criterios para el nombramiento
de Presidente de la Comisión deberían recaer en una persona
que crea en la construcción europea, que crea que debe tener
una cohesión económica y social como centro fundamental de esa
construcción, que pudiera decir, como dijo ayer Jacques
Delors, que el neoliberalismo puro y duro de algunos Ministros
de la Unión Europea amenaza la lucha contra el paro. Una
persona que crea en la democratización de la Unión Europea, de
la defensa de los derechos humanos y de la lucha contra la
xenofobia. Una persona que defienda el consenso en la
construcción europea y los intereses de quienes más lo
necesitan en su desarrollo económico, de los sectores
sociales, de los territorios que más necesitan de
infraestructuras de desarrollo en la construcción europea.
Nosotros queremos preguntarle si esos son los criterios que
comparte el Gobierno en la negociación de este fin de
semana...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Garrido.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga):
Muchas gracias, señor Presidente.
Coincido con una parte de las afirmaciones del señor Diputado,
aunque hay otra que no. Como S.S. ha dicho bien, lo que se va
a hacer el fin de semana es una propuesta. Una propuesta, como
sabe S.S., tiene que pasar por una cuasi investidura
parlamentaria en el Parlamento Europeo.
Creo que el Gobierno español es uno de los pocos que ha hecho
público cuál sería su candidato ideal. El candidato ideal
tiene unas características que son compartidas, de acuerdo con
las afirmaciones que ha hecho S.S., por el Gobierno español.
En este momento solamente hay tres candidatos: el antiguo
primer Ministro de Holanda, el actual primer Ministro de
Bélgica y el Comisario británico señor Brittan. De este trío
el Gobierno español en primera hipótesis va a apoyar al ex
primer Ministro de Holanda, señor Lubbers, pero va a ir con la
mente abierta para intentar buscar algo que nos parece muy
importante, que S.S. compartirá, que es tratar de encontrar un
consenso para que ese candidato tenga el máximo apoyo posible
de los Gobiernos. Ciertamente, a ese candidato le
corresponderá después pasar la investidura.
Los tres candidatos que se han presentado hasta este momento
son buenos, pueden llevar a cabo esa obligación, que S.S. ha
descrito, con dignidad, con empeño, con entusiasmo, en las
líneas que S.S. aporta para la construcción europea y que yo
comparto. Esa es la posición del Gobierno español. En ningún
caso es una posición oscurantista, sino, al contrario, creo
que es de las pocas posturas que han sido claras. Esa es la
que vamos a mantener en primera instancia, pero sabiendo que
todos los candidatos potenciales que están en este momento en
juego son positivos, y que lo más importante es que ese
candidato salga con el máximo consenso
posible para que tenga los apoyos necesarios para ese impulso
que necesita la Unión Europea en este momento, que S.S. ha
descrito bien. Un momento difícil, un momento que tiene en el
horizonte muy próximo la Conferencia intergubernamental de
1996, una potencial ampliación ulterior, antes de que acabe el
siglo; por lo tanto, una modificación importante en la propia
configuración europea. Que esa persona tenga las ideas claras
y la voluntad firme de llevar adelante esas propuestas es lo
más importante que todos tenemos que intentar conseguir.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON CARLOS DAVILA SANCHEZ, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMPARTE EL MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES LA PREOCUPACION EXISTENTE EN RELACION A
QUE EL ACUERDO DE ASOCIACION CON UCRANIA QUE SE PREPARA PARA
LA PROXIMA CUMBRE EUROPEA DE CORFU ACABA SIENDO CAUCE DE UNA
SUBVENCION ENCUBIERTA A LOS INTERESES DE LA INDUSTRIA NUCLEAR?
(Número de expediente 180/000528)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 8, del señor Dávila
Sánchez.
El señor DAVILA SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Asuntos Exteriores, mi pregunta tiene por
objeto trasladarle una preocupación existente en medios en que
por razones políticas o profesionales se viene siguiendo
atentamente la política energética europea.
Parece ser que en la Cumbre Europea de Corfú, de pasado
mañana, pudieran adoptarse importantes decisiones en relación
con el complejo electronuclear ucraniano de Chernobyl, en las
proximidades de Kiev. Señor ministro, es evidente para todos
la conveniencia, que empieza a convertirse ya en necesidad, de
que dejen de funcionar las dos centrales nucleares
supervivientes a la catástrofe de Chernobyl de 1986. Pero
también es evidente, al menos para los expertos energéticos,
que la clausura de estas nucleares se podrá realizar sólo,
salvo que se quiera provocar un colapso económico de Ucrania,
cuando se disponga de las plantas de generación eléctrica que
vengan a sustituir los megavatios/hora que en estos momentos
son producidos por los dos reactores que aún funcionan en
Chernobyl.
Desde hace varios años, señor Ministro, y desde criterios
estrictamente económicos y de tecnología nuclear, se ha venido
proponiendo que la sustitución en Chernobyl se realice con
centrales eléctricas basadas en turbinas de gas natural de
ciclo combinado. Y esto, no sólo por razones económicas y de
disponibilidad del gas siberiano, sino, sobre todo,
especialmente porque esta es la tecnología que permitiría
hacer la necesaria sustitución en el más corto plazo: menos de
la mitad de tiempo que con cualquier otra.
La sorpresa y la preocupación surgen cuando se conoce que el
proyecto que la Unión Europea está dispuesto a asumir,
financiándolo con bastante más de 5.000 millones de ecus,
implica la construcción de dos centrales nucleares. La falta
de lógica económica y energética que supone esta decisión no
facilita la superación de la fundada sospecha de que en este
proyecto comunitario Chernobyl no es más que un razonable y
oportuno pretexto.
Señor Ministro, nos encantaría que estuviese en condiciones de
poder disipar nuestros temores de que estamos en presencia de
la, no sé si injustificable o, desde luego hasta ahora, no
justificada operación de apoyo financiero que viene demandando
angustiosamente desde hace muchos años el sector de industrias
nucleares, tanto ruso, como francés y alemán.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Dávila.
Tiene la palabra el señor Ministro de Asuntos Exteriores.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga):
Gracias, señor Presidente. Trataré de disipar las
preocupaciones de S.S..
Ciertamente, cerrar Chernobyl, sobre todo los grupos uno y
tres, ya que el grupo dos no está en operación, es un objetivo
fundamental de cualquier persona con sentido común en Europa.
Es lo que vamos a intentar hacer: cerrar Chernobyl, los grupos
uno y tres que corresponden a mil megavatios cada uno.
¿Qué hay que hacer para dar suficiente energía a Ucrania? Como
sabe S.S., un 70 por ciento, por no decirle otra, de energía
eléctrica de Kiev, la capital de Ucrania, estaba ligada a la
central de Chernobyl. Por lo tanto, hay que poner en marcha
otras centrales nucleares que sean capaces de sustituir
aproximadamente dos mil o tres mil megavatios. Es cierto que
en Ucrania hay un exceso de energía de capacidad instalada,
desde el punto de vista del consumo de energía eléctrica,
porque se dilapida mucho. En cualquier caso, los tres grupos
de mil megavatios que se quieren poner en marcha son de
tecnología rusa, la tecnología VVER. En ningún caso van a
estar ligados a la industria nuclear europea fuera de Rusia.
Son tres grupos de tecnología rusa.
Lo que sí va a haber por parte de países tales como España,
Gran Bretaña y Francia es la cooperación en la cobertura de
sarcófago, es decir la cobertura de la seguridad. En eso sí
vamos a trabajar a través del programa Tacis, y lo van a hacer
también empresas españolas,
francesas y británicas. Pero, insisto, en la tecnología de
seguridad. Eso va a importar aproximadamente una cantidad que
alcanza los 1.850 mecus de la Comunidad Europea. Otra cosa
será el resto hasta los cinco mil o lo que sea necesario hasta
el final, que no se conoce todavía, que seguramente será
tratado en la Cumbre del G-7 que tendrá lugar en Nápoles, no
dentro de muchos días.
Ese es el planteamiento que tiene la Unión Europea. Creo que
es un planteamiento correcto porque, sin duda ninguna, el
parar los dos grupos de Chernobyl, sobre todo el grupo uno y
el grupo dos de mil megavatios cada uno, creo que es
importante para la seguridad nuclear, no sólo de los
ciudadanos de Ucrania, sino de todos los de la Unión Europea.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON ALFONSO SORIANO BENITEZ DE LUGO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿POR QUE HA RETIRADO EL GOBIERNO DE SU TRAMITACION
PARLAMENTARIA EL ACUERDO DE COOPERACION ENTRE LOS GOBIERNOS DE
ESPAÑA, FRANCIA, MARRUECOS, PORTUGAL Y LA COMUNIDAD ECONOMICA
EUROPEA PARA LA PROTECCION DE LAS COSTAS Y DE LAS AGUAS DEL
ATLANTICO DEL NORDESTE CONTRA LA POLUCION, FIRMADO EN LISBOA
EL 17 DE OCTUBRE DE 1990? (Número de expediente 180/000569)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 28 del señor Soriano
Benítez de Lugo, que tiene la palabra.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: El Consejo de Ministros, en
su reunión del pasado 20 de mayo, adoptó el acuerdo de retirar
de esta Cámara, al amparo de lo dispuesto en el artículo 128
del Reglamento, el Acuerdo de cooperación entre los Gobiernos
de España, Francia, Marruecos, Portugal y la Comunidad
Económica Europea, para la protección de las costas y de las
aguas del atlántico nordeste contra la polución. Señor
Ministro, ¿qué razones han aconsejado al Gobierno retirar este
tratado del Congreso de los Diputados?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soriano.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga):
Muchas gracias, señor Presidente.
La razón por la cual el Gobierno lo ha retirado es porque
algunos Grupos Parlamentarios, el Grupo Canario y en segunda
instancia el Grupo que S.S. representa, han podido entender
que el artículo 3.c) del correspondiente tratado podría ser
mal interpretado. No es esa la posición del Gobierno, que cree
que es claramente interpretable en la dirección de defensa de
los intereses de España. No obstante, vamos a intentar
perfeccionar ese tratado para que no haya ninguna duda por
parte de los dos grupos que han planteado cuestiones al
respecto.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Soriano tiene la palabra.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Señor Ministro, entiendo,
del tenor literal de sus palabras, que el tratado va a ser
renegociado, digámoslo claramente, porque de lo que no cabe la
menor duda es que el ámbito de aplicación del tratado excluye
categóricamente a las Islas Canarias de este convenio. Esto es
así hasta el punto de que el Grupo Popular pidió la
comparecencia del señor Ministro, o en su defecto del
Secretario de Estado competente, para que explicaran el
alcance de este olvido totalmente injustificable, y el
Secretario de Estado de Cooperación la verdad es que no supo
dar explicación alguna sobre esta circunstancia.
La realidad es que el tratado especifica con toda clase de
detalles los límites del norte, del este, pero al llegar al
límite sur del tratado habla de las aguas dependientes de la
soberanía o de la jurisdicción del Reino de Marruecos; y como
a su vez el artículo 3 se encabeza diciendo que la zona de
aplicación del presente acuerdo es la región del atlántico
nordeste, definida por el límite exterior de las zonas
económicas exclusivas de cada uno de los Estados contratantes,
es obvio y evidente que el Gobierno se ha olvidado de las
Islas Canarias en la firma de este tratado.
El asunto consideramos que es grave y, aunque el señor
Ministro no lo ha dicho claramente, exige renegociar este
convenio. Es preciso decirle al Ministro, por si no lo sabía,
que es la primera vez que tengamos noticia, desde el año 1977
que el Gobierno se ve obligado a retirar de esta Cámara un
tratado internacional. Este olvido respecto del límite sur de
las Islas Canarias pone de manifiesto --y lo digo sin acritud,
señor Ministro-- el entreguismo que hay en los contenciosos
con Marruecos en los que están involucradas las Islas
Canarias, puestos de relieve en múltiples asuntos, como puede
ser el tomate, con los precios de referencia, y los períodos
de contingentes que están inundando Europa con la competencia
del tomate marroquí. Lo que quiero poner de manifiesto es que
una vez más el Gobierno...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soriano.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga):
Gracias, señor Presidente.
El tratado del que estamos hablando y trae causa su pregunta,
a mi juicio tiene poco que ver con el tomate. Su señoría por
alguna razón saca el tomate a colación, pero no veo la
relación que puede existir entre lo uno y lo otro. Le puedo
decir con toda claridad que la posición del Gobierno es que
este tratado es perfectamente defendible y defiende todos los
intereses, defiende los intereses de España.
Su señoría ha citado el artículo 3.c). Le ruego que lea este
artículo en el contexto de la parte primera del artículo 3 en
todo su conjunto y del artículo 11. Su señoría seguramente
saque una interpretación jurídica un poco más escasa de la que
tienen los servicios de la Administración del Estado. Le ruego
que lea el artículo 11 con detenimiento, que trae causa de una
ley de 1978, que define con toda perfección la zona de
exclusión económica de España.
Por tanto, no es que el Gobierno español en este momento crea
que el acuerdo no satisface la defensa de los derechos de
Canarias y los intereses generales de España; lo que es cierto
es que en aras del buen diálogo y de la buena comprensión con
su Grupo Parlamentario, con cuyo portavoz tuve ocasión de
hablar en privado seriamente, llegamos al acuerdo con el Grupo
Canario de que quizás fuera necesario, fuera positivo o fuera
mejor, en aras de un buen entendimiento entre todos, tratar de
renegociar este tratado, pero en ningún caso porque haya razón
que ponga en duda la vigencia perfecta y la defensa de los
intereses de España. A SS.SS. les parece que a lo mejor no es
así y el Gobierno, en aras de tratar de encontrar el máximo de
consenso posible, lo va a hacer. El Gobierno y sus servicios
jurídicos entienden que este tratado defiende perfectamente en
todos sus extremos los intereses de España.
Vuelvo a isistir a S.S. que lea con precisión los artículos
3.c) y 11 y, en cualquier caso, traer a colación las flores
cortadas y el tomate me parece una ligereza por su parte.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON ADAN MARTIN MENIS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE COALICION CANARIA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE
ECONOMIA Y HACIENDA: ¿SE HAN MODIFICADO O SE ESTAN NEGOCIANDO
UNAS NUEVAS CONDICIONES DE LOS CONTRATOS DE TABACALERA CON LAS
MULTINACIONALES DEL TABACO PRESENTES EN CANARIAS, DE FORMA
QUE, AHORA O EN EL FUTURO, ESOS CAMBIOS TENGAN SIGNIFICATIVAS
REPERCUSIONES EN EL EMPLEO QUE MANTIENEN EN LAS ISLAS? (Número
de expediente 180/000550)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 9, del señor Martín
Menis, que tiene la palabra para formularla.
El señor MARTIN MENIS: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿se han modificado o se está en negociaciones
para unas nuevas condiciones de los contratos de Tabacalera
con las multinacionales del tabaco presentes en Canarias, de
forma que, ahora o en el futuro, estos cambios tengan
significativas repercusiones en el empleo que mantienen en las
islas?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señorías, cuando entramos en la Comunidad Europea como
consecuencia de la aplicaci n de la normativa vigente, era
imprescindible que Tabacalera revisara los diferentes acuerdos
que tenía con multinacionales del tabaco. En ese sentido, se
negoció con Reynolds, propietaria de Winston y Camel, se
negoció con BAT, propietaria de marcas como Lucky Strike, y
actualmente se está negociando con Philips Morris con vistas a
la reforma de los contratos de Marlboro y de Chesterfield.
La posición de Tabacalera ha sido siempre la misma: intentar
conseguir que ese tipo de productos se elabore en nuestro país
al objeto, evidentemente, de mantener al máximo la actividad
económica en el mismo. Es verdad que siempre en toda
negociación se plantean tomas y dacas a los que al final hay
que acceder, tomando en consideración todos los elementos de
interés en la misma. En este momento se está negociando con
Philips Morris, todavía no hay resultados previsibles y, por
tanto, no puedo hacer ninguna afirmación respecto a la
pregunta que S.S. me plantea, aunque sí le puedo decir que el
interés de Tabacalera, como el del Gobierno, es mantener al
máximo el empleo en toda la actividad productiva.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Martín tiene la palabra.
El señor MARTIN MENIS: Señor Ministro, esa política, para que
este tipo de productos se elabore en nuestro país, tiene que
contemplar que se continúen elaborando en las comunidades
autónomas donde se están produciendo. La historia de
Tabacalera en Canarias es triste y es muy larga, no es
cuestión de contarlo. Recientemente cerró dos de sus plantas
en Canarias, la que provenía de Rumbo y de Tabacos Alvaro,
fabricando de forma alternativa, para lavarse la cara, un
hotel, cambiando totalmente de política. Nos preocupa que se
siga con esa política con las tres plantas que quedan en
Canarias, las dos de las multinacionales que trabajan bajo
licencia, o la fábrica que Tabacalera tiene con Philips Morris
al 50 por ciento, y es prioritario en
este momento por la poca capacidad industrial existente el que
se mantengan los puestos.
Por eso, esperamos, señor Ministro, que no se renegocie y, al
final, no nos cambien por hoteles, y si hay alguna
circunstancia que exija cualquier tipo de medidas no se haga
de forma callada como la vez anterior, que nos enteramos
cuando ya se había cerrado la fábrica, incentivando de forma
extraordinaria las bajas y vendiendo los pocos puestos
industriales que tenemos en una autonomía como la de Canarias,
que es de las más altas de paro de España, sino que si hay
problemas o si se están negociando los contratos, que puedan
modificar, como digo, el empleo, se haga de acuerdo con el
Gobierno en Canarias e informando en Comisión a esta Cámara si
se ponen en peligro los puestos de trabajo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, yo creo que a todos nos preocupa el problema del paro
en Canarias y todos somos conscientes de que la reducción de
puestos de trabajo en las islas siempre es un grave problema.
Sin embargo, creo que a todos también nos debe preocupar que
las empresas públicas tengan un nivel de rentabilidad
razonable y que adapten sus condiciones de producción a los
mejores resultados posibles. Por tanto, siempre hay que buscar
un equilibrio razonable entre todos los intereses en juego, y
estoy seguro de que Tabacalera lo intentará.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JESUS CALDERA SANCHEZ-CAPITAN, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿DE QUE MODO Y A TRAVES
DE QUE PROGRAMAS TIENE PREVISTO CONTRIBUIR EL MINISTERIO DE
ECONOMIA Y HACIENDA AL DESARROLLO DE LA CIUDAD DE BEJAR Y SU
COMARCA? (Número de expediente 180/000552)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las pregunta número 11, del
señor Caldera Sánchez-Capitán, que tiene la palabra para
formularla.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Economía y Hacienda, la ciudad de Béjar y su
comarca, con una población aproximada de 40.000 personas,
atraviesa momentos difíciles. Estos se acentúan en la ciudad
de Béjar, que reúne el 41 por ciento del total de la población
comarcal. La razón esencial, la conoce usted, es la excesiva
dependencia de una actividad en cierto declive, como es el
sector textil.
La ciudad de Béjar ha tenido un monocultivo textil
característico a lo largo de los tiempos desde hace bastantes
siglos. Le puedo poner un ejemplo. Se han perdido 2.000
empleos en el sector en los últimos 20 años. A pesar de ello,
en relación con el PIB la ciudad de Béjar es, dentro del
concierto provincial en la provincia de Salamanca, la que
mayor índice tiene de producción industrial, superando en 21
puntos la media; o dicho de otro modo, tiene un 41 por ciento
sobre producto interior bruto, que supera también
prácticamente en un cien por ciento la media nacional.
El paro se acerca al 30 por ciento --entre el 28, 29 por
ciento-- respecto a la población activa, con 1.326
desempleados registrados en Béjar y casi 2.500 en la comarca.
Los problemas del sector vienen dados por la estacionalidad,
las estructuras obsoletas empresariales, una comercialización
deficitaria, que se agravan con los avances tecnológicos,
nuestra incorporación al mercado único y el proceso de
liberalización que pone en marcha el acuerdo del GATT. Es
cierto que el textil lanero tiene mejores perspectivas si se
concentra especialmente en Béjar.
Ante ello, la respuesta de las administraciones públicas es
evidente, señor Ministro, que no debe ser nunca sustituir la
iniciativa privada, sino ayudar, poner las condiciones para la
diversificación y para el encuentro o la apertura hacia nuevos
sectores, y en ello están complicadas todas las
administraciones públicas.
Los ilustres representantes del Grupo Popular, sus
representantes parlamentarios, no se cansan de requerir al
Gobierno de la nación ayudas, fórmulas y soluciones, ignorando
la distribución del poder político en España y que existen
diversas administraciones con competencias. Le voy a poner un
ejemplo. La Junta de Castilla y León ha aprobado el
presupuesto del año 1994 en el cual, de 47.000 millones de
transferencias de capital, sólo 700 corresponden a recursos
propios y han decrecido las transferencias a corporaciones
locales en mil millones de pesetas. Ahora bien, pedir,
solicitar y presumir lo hacen con bastante fuerza.
En función de ello, señor Ministro, le pregunto: ¿de qué modo
y a través de qué programas tiene previsto contribuir el
Ministerio de Economía al desarrollo de la ciudad de Béjar y
su comarca?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Caldera.
Señor Ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, soy consciente de los problemas por los que atraviesa
Béjar, como otras zonas en declive industrial en el país.
Béjar tiene la desgracia de esa dificultad, pero la enorme
ventaja de estar situada en una zona que puede recibir fondos
nacionales y comunitarios de cierta envergadura. En ese
sentido, me gustaría hacer una referencia muy rápida a los
distintos instrumentos que en este momento se están aplicando.
En primer lugar, a través del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional se ha decidido la concesión de una subvención global
por importe de mil millones de pesetas, de los que 700
millones son ayudas Feder y serán incluidas en el programa
operativo de Castilla y León 1994-1999 para actuaciones de
fomento a la actividad económica pública en la ciudad de Béjar
y su comarca, subvención que será gestionada y administrada
por el ayuntamiento de la ciudad.
En segundo lugar, y dentro del programa operativo local
1994-1999, que pretende contribuir al desarrollo de municipios
de menos de 50.000 habitantes, con especial incidencia en los
de menos de 20.000, se tiene también previsto financiar una
serie de proyectos de reestructura local en Béjar y su
comarca.
Al margen de lo anterior, y dentro ya del ámbito de los
incentivos económicos regionales del Real Decreto 570/1988,
que delimitó la zona de promoción económica de Castilla y
León, se incluye la provincia de Salamanca con un límite
máximo de apoyo a sus municipios prioritarios del 50 por
ciento sobre la inversión subvencionada. Este tope de
subvención se aplica también, salvo tres comarcas específicas,
a toda la zona de Salamanca pero, en concreto, en lo que se
refiere a Béjar, alcanza el 50 por ciento de la inversión.
Desde la entrada --para darle un dato que puede ser
relevante-- en vigor del citado Real Decreto hasta el 10 de
junio de 1994 --es decir, prácticamente hasta ahora-- se han
aprobado en el municipio de Béjar y su comarca un total de 14
proyectos, que lleva aparejado una inversión subvencionable de
2.731 millones de pesetas, con la creación de 101 puestos de
trabajo y el mantenimiento de 664. Estos proyectos representan
el 14 por ciento del total de expedientes aprobados en la
provincia de Salamanca, que, a su vez, es el 10 por ciento de
la zona de promoción de Castilla y León.
La subvención total concedida a estos proyectos se eleva a 452
millones de pesetas, lo que representa una subvención media de
32,2 millones...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JOSEP PAU I PERNAU, DEL GRUPO SOCIALISTA,
QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN QUE FASE SE ENCUENTRA EL PROYECTO
DE IMPLANTACION DE UN SISTEMA DE MODULOS QUE MODIFIQUE EL
ACTUAL SISTEMA DE TRIBUTACION DE LOS AGRICULTORES? (Número de
expediente 180/000557)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 16, del señor Pau i
Pernau, quien tiene la palabra.
El señor PAU I PERNAU: Señor Presidente, señor Ministro de
Economía y Hacienda, durante el pasado período de sesiones
tuve oportunidad de formularle una pregunta similar, en la que
le preguntaba sobre la posibilidad de modificar el actual
sistema de tributación de los agricultores de estimación
objetiva singular por coeficientes por otro más ágil y simple
que permitiera el cumplimiento de las obligaciones fiscales de
este sector, sin las complicaciones burocráticas que el actual
sistema conlleva. Ya en aquel momento S.S. me contestó que se
estudiaba por el Ministerio y negociaba con las organizaciones
agrarias la implantación del sistema de módulos inicialmente
previsto en la reforma del IRPF. Estos estudios parece que han
terminado y me consta que se ha negociado con las OPAS su
implantación, aproximando las posiciones que inicialmente
estaban muy alejadas; posiciones que creo que son normales
tratándose de temas fiscales, pero que son altamente sensibles
en un sector que pasa por las dificultades que todos conocemos
y que, en principio, es reacio a los excesivos trámites
administrativos que el sistema de módulos puede aligerar.
Por ello este Diputado le pregunta en qué fase se encuentra el
proyecto de implantación de un sistema de módulos que
modifique el actual sistema de tributación de los
agricultores, y si puede avanzar alguno de sus contenidos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pau.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, es cierto que desde mi última intervención se ha
hecho un largo recorrido respecto a la aplicación del sistema
de módulos en la búsqueda de un sistema de estimación objetiva
para los agricultores que creemos mucho más útil que el
sistema actual, sin duda excesivamente complejo. Sin embargo,
para la puesta en marcha de un sistema de estas
características era absolutamente imprescindible que la
Agencia Tributaria llevase a cabo unos trabajos previos,
trabajos que tienen que ver con el análisis económico de la
realidad productiva en cada sector específico de producción en
cada zona del país y calcular la rentabilidad de los distintos
tipos de explotaciones y cultivos por las diferentes comarcas.
A partir de esos análisis técnicos se llevó a cabo una serie
de reuniones, como S.S. ha hecho referencia, con
representantes del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, y también evidentemente con las
organizaciones agrarias.
En el momento actual se dispone de un proyecto de régimen de
tributación para agricultores y ganaderos cuyas
características principales querría comentar. En primer lugar,
el rendimiento neto se calculará aplicando un porcentaje
variable en función del tipo de cultivo a los ingresos
íntegros obtenidos en cada ejercicio.
En segundo lugar, el rendimiento así calculado podrá ser
modificado por coeficientes reductores en función de las
características de la explotación. En tercer lugar, a ese
rendimiento neto, obtenido por este método, se le da
exactamente el mismo tratamiento que se le va a dar al sistema
calculado por módulos. En cuarto lugar, el diseño del sistema
se completará con el establecimiento de unas retenciones en
origen que se aplica exclusivamente a los ingresos procedentes
de las ventas de productos, pero no a las subvenciones o
indemnizaciones que puedan percibir los agricultores. Y
finalmente, las obligaciones formales se reducirán al mínimo
imprescindible para evitar todo ese trámite burocrático que
tan difícil hace, a veces, el cumplimiento de las obligaciones
fiscales por los agricultores.
¿Dónde estamos y qué nos falta para aplicar esto? En primer
lugar, lo que tenemos que hacer es la modificación del
reglamento del Impuesto sobre Rendimiento de las Personas
Físicas, con objeto de poner en marcha la retención; y en
segundo lugar, la aprobación y publicación de la orden
ministerial que regule el régimen para las actividades
agrícolas y ganaderas en forma similar al resto de actividades
que se aplican en módulo. Todo ello con objeto de que...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON ALFONSO PERALES PIZARRO, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS PIENSA
ADOPTAR EL GOBIERNO PARA IMPEDIR EXPORTACIONES CARNICAS
FRAUDULENTAS A PAISES DEL TERCER MUNDO? (Número de expediente
180/000555)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 14, del señor Perales
Pizarro, quien tiene la palabra.
El señor PERALES PIZARRO: Señor Presidente, señora Ministra de
Sanidad, hace varias semanas, la Inspección fiscal del puerto
de Cádiz descubría que unos contenedores en los que figuraba
exportación de carne de vacuno, destinada a Guinea Ecuatorial,
en realidad no contenían el producto reseñado en la ficha de
exportación, sino otro bien distinto: pescado congelado y
grasa de cerdo, nada que tuviera relación con la mercancía
registrada. Al parecer, este presunto delito consiste en el
fraude a la Administración española que, a través del SENPA y
de otros organismos de la Administración pública, subvenciona
la exportación de carne de vacuno y otros productos
agropecuarios a otros países, enviando productos de bajísima
calidad, en malas condiciones sanitarias en la mayor parte de
los casos y de bajísimo precio. Este fraude se comete
aprovechando que el país receptor, en este caso Guinea
Ecuatorial, es, en expresión de alguno de los encausados en
este delito, un país que tiene muchas carencias alimentarias y
que acepta fácilmente estos productos de bajísima calidad.
Ante este presunto delito fiscal o económico, ante el
desprecio que se manifiesta hacia los países receptores del
Tercer Mundo de este tipo de productos en malas condiciones
sanitarias y que han causado un extraordinario y, desde luego,
alentador rechazo social en la ciudad de Cádiz, formulo al
Gobierno la siguiente pregunta: ¿qué medidas piensa adoptar el
Ministerio de Sanidad para impedir exportaciones cárnicas
fraudulentas a países del Tercer Mundo?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Perales.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán):
Muchas gracias, señor Presidente.
Medidas nueva, ninguna, señoría, porque las medidas existen
ya, se cumplen, y la prueba es que ha sido la propia
Administración la que ha detectado el fraude. De manera que lo
que hemos hecho ha sido dictar instrucciones a los servicios
de sanidad exterior del Ministerio para que extremen el
cuidado con las inspecciones físicas de los contenedores,
fundamentalmente de carne, destinados a la exportación a
países del Tercer Mundo, visto lo que se ha producido.
Los productos cárnicos están controlados sanitaria y
documentalmente desde su origen, por una parte, por los
veterinarios de las comunidades autónomas y, además, los
servicios de sanidad exterior del Ministerio efectúan el
control en la aduana de exportación en dos aspectos. En primer
lugar, un control documental sistemático de los certificados,
documentos sanitarios y de acompañamiento de todas las
partidas que se van a exportar, vigilando el cumplimiento de
los requisitos establecidos en el Estado español y en el país
de destino. Respecto a los requisitos nacionales, respecto a
las carnes, todas las partidas de carnes y productos cárnicos
que vayan a ser exportadas a países terceros deben ir
acompañados, desde la localidad española de origen hasta la
aduana (referido a las carnes frescas), del documento
comercial con el sello de la inspección veterinaria. Los
productos cárnicos, además, deben llevar el documento
comercial con el marcado sanitario, que es exigible en
absolutamente todos los casos, con independencia
de que tengan otros certificados. Además, se realizan
controles de identidad y físicos mediante sondeos no
discriminatorios para supervisar la concordancia entre los
documentos y el producto y comprobar sus garantías sanitarias.
En el caso de las exportaciones por las que su señoría se
interesa, que son exportaciones de productos que se benefician
de ayudas comunitarias, el Gobierno español, como S.S. conoce,
a través de los servicios de aduanas aplica sistemáticamente
las medidas establecidas en los reglamentos comunitarios, que
son de obligado cumplimiento, a través de un plan de controles
que tiene establecido el departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales. Esto ha permitido, como le decía, que hayan sido
las propias autoridades españolas las que han detectado en los
servicios de aduanas de Cádiz las irregularidades en la
exportación cárnica a terceros países que, como sabe,
consistían en una incorrecta conservación de la carne y en el
contenido de la mercancía que se transportaba que, como S.S.
ha dicho, no era la que se reseñaba.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
--DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA ISABEL RODRIGUEZ CALVO, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE PREVISTO EL
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO ALGUN SISTEMA PARA COMPENSAR
LOS GASTOS OCASIONADOS A LOS AYUNTAMIENTOS, DERIVADOS DEL
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS CONSULTORIOS MUNICIPALES?
(Número de expediente 180/000561)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 20, de la señora
Rodríguez Calvo, que tiene la palabra.
La señora RODRIGUEZ CALVO: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, en la reforma sanitaria de la atención
primaria, una de las actuaciones principales es la
construcción, por parte del Insalud, de centros de salud en
sus distintas categorías: módulos 2, 1 ó 0. Con la
construcción de estos centros de salud desde el Insalud se
hace ya éste responsable de su mantenimiento, de su
construcción y de su reparación, pero en aquellos municipios
en que aún no se ha llevado a cabo esta reforma de atención
primaria, y la atención sanitaria se presta desde los
consultorios locales, son los ayuntamientos los encargados de
su mantenimiento y reparación. Como quiera que algunos de
estos ayuntamientos son pequeños y su presupuesto más bien
escaso, el mantenimiento de estos consultorios muchas veces
les supone un gran sacrificio. Por eso le formulo la siguiente
pregunta: ¿Tiene previsto el Ministerio de Sanidad y Consumo
algún sistema para compensar los gastos ocasionados a los
ayuntamientos, derivados del mantenimiento y conservación de
los consultorios locales?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rodríguez Calvo.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán):
Gracias, señor Presidente.
Sí, señoría, lo tenemos previsto y, de hecho, el Instituto
Nacional de la Salud tiene suscritos conciertos con todos los
municipios en los que la situación que ha descrito S.S.
existe, precisamente para sufragar los gastos del
mantenimiento de estos consultorios, de conformidad con lo
previsto en la Ley de Seguridad Social y en la Ley de Sanidad.
Los gastos que se derivan del mantenimiento y la conservación
de estos consultorios municipales, en los que se presta
asistencia sanitaria por el Insalud, se compensan por el
Instituto a los ayuntamientos, fijándose este importe en los
conciertos que suscriben y que se hacen en función del número
de titulares con derecho a la asistencia sanitaria. En estos
momentos el Insalud tiene concertados 707 consultorios
locales, en las comunidades autónomas de Aragón, Asturias,
Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, La Rioja, Madrid y
Murcia, y el presupuesto que el Insalud destina a este fin en
el año 1994 es de 328 millones de pesetas. Como sabe S.S., el
80 por ciento de las zonas básicas de salud cuentan ya con
centros de salud propios sufragados por el Insalud, centros
que se mantienen al cien por cien en todos sus gastos y que
exoneran a los ayuntamientos de cualquier carga económica,
pero allí donde es necesaria la colaboración de los
ayuntamientos, el Insalud, a través de los conciertos,
retribuye los gastos de mantenimiento. De manera que no se
puede imputar a la sanidad colaborar a las dificultades
económicas de los ayuntamientos por este concepto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
--DE LA DIPUTADA DOÑA ROSA AGUILAR RIVERO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿SON CIERTAS LAS
AFIRMACIONES REALIZADAS POR EL SEÑOR ROLDAN, A TRAVES DEL
TEXTO MANUSCRITO Y PUBLICADAS POR UN MEDIO DE COMUNICACION, EN
RELACION CON EL INADECUADO USO Y DESTINO DE FONDOS PUBLICOS
POR ALTOS CARGOS DE LA ADMINISTRACION? (Número de expediente
180/000584)
El señor PRESIDENTE: Pregunta nueva formulada por doña Rosa
Aguilar, sustituida en este acto por el señor Romero.
El señor ROMERO RUIZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Justicia e Interior, ¿son ciertas las
afirmaciones realizadas por el señor Roldán, a través de un
texto manuscrito y publicado por el diario «El Mundo», en
relación con un uso inadecuado del destino de los fondos
públicos, de los fondos reservados, por altos cargos de la
Administración? ¿Qué conoce usted de este hecho y qué puede
contar en respuesta a esta pregunta oral?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Con
la venia del Presidente, como S.S. ya se puede imaginar, no
voy a decirle si son ciertas o si son falsas; no voy a hacer
comentarios sobre las declaraciones de ese señor porque no es
prudente, no es sensato, no es razonable y no es ni siquiera
jurídicamente viable. (Rumores.)
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Romero.
El señor ROMERO RUIZ: Señor Ministro, lo que a usted le parece
sensato a la opinión pública española le puede parecer
insensato y, además, imprudente por su parte. Usted ha llegado
a manifestar que esa carta fue entregada al señor Asunción y
que éste la destruyó y no la entregó a Felipe Conzález, que
era su destinatario. Usted no puede seguir escudándose en que
se trata de un prófugo de la justicia para no entrar en un
tema en el que se han hecho --como ha demostrado la Comisión
de investigación-- perrerías en España: el tema de los fondos
reservados. Aquí se demuestra que quedó un remanente de 106
millones de pesetas de fondos reservados antes de que el señor
Roldán accediera a la Dirección General de la Guardia Civil y
se gastaron en pocos meses. Se han ido incrementando, con
datos que hemos podido conocer, en 1.000 millones, en 2.100,
en 2.300 en los años sucesivos. Es necesario que se esclarezca
la verdad sobre este asunto. Lo imprudente es tener la actitud
de no abrir una investigación y no estudiar ese tema para
conocer la verdad y no sigan ustedes escudándose en quién
remite esos textos o en la poca autoridad moral que tiene
--que tiene muy poca--, sino en ver si es verdad o no en
beneficio del Estado de derecho.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Con
la venia del Presidente, su versión de los temas es
naturalmente distinta a la del Gobierno, a la del Grupo
Socialista, y afortunadamente a la opinión y a la forma de ver
las cosas de la mayoría parlamentaria de esta Cámara. Respeto
su punto de vista, evidentemente, pero no lo comparto, y no lo
comparto por alguna de las razones que usted mismo dice. Al
Gobierno ese señor no le merece ningún respeto ni ninguna
credibilidad; tan poco respeto y tan poca credibilidad como
supongo que a S.S. le pueda merecer el citado señor. En
consecuencia, no es nada razonable --esa era la explicación
que daba-- que en torno a las declaraciones de una persona,
que no merece ninguna credibilidad y respeto, se pierda el
tiempo haciedo especulaciones sobre el carácter de sus
supuestas afirmaciones.
En relación al tema de la carta --por cierto, hay otra
pregunta sobre esta cuestión en la misma sesión que con mucho
gusto contestaré en su momento--, en esta fase lo único que le
voy a decir es que estos días he oído mucho la expresión de
que la verdad es la verdad, la diga Agamenón o la diga su
porquero. Antes de que la diga algún otro interviniente,
quiero manifestar que de esa frase el Gobierno sólo puede
compartir una cosa: que el señor Roldán no es Agamenón, pero
ciertamente eso no significa que el porquero diga la verdad.
(Rumores.--Varios señores Diputados: ¡Muy bien!)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DE LA DIPUTADA DOÑA PILAR RAHOLA I MARTINEZ, DEL GRUPO
MIXTO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PUEDE ASEGURAR CON ROTUNDIDAD
EL GOBIERNO QUE NO TUVO NINGUN CONOCIMIENTO DEL ENVIO, POR
PARTE DE LUIS ROLDAN, DE UNA CARTA DIRIGIDA AL PRESIDENTE DEL
GOBIERNO ANTES DE LA HUIDA DEL EX DIRECTOR GENERAL DE LA
GUARDIA CIVIL, EN LA CUAL, PRESUMIBLEMENTE, ROLDAN LE
INFORMABA SOBRE CORRUPCION EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR?
(Número de expediente 180/000565)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 23, de la señora Rahola,
que tiene la palabra.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
La pregunta ya nace herida porque, según he entendido, el
Ministro Belloch ya ha dado una respuesta indirecta a esa
pregunta en algún medio de comunicación. Sin embargo, me
parece significativa su respuesta en este foro parlamentario
y, por tanto, la formulo en estos términos: ¿Puede asegurar
con rotundidad el Gobierno
que no tuvo ningún conocimiento del envío por parte de Luis
Roldán de una carta dirigida al Presidente del Gobierno antes
de la huida del ex Director General, en la cual,
presumiblemente, Roldán le informaba sobre corrupción en el
Ministerio del Interior?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Con
la venia del señor Presidente, señoría, agradezco la pregunta
para poder concretar lo que realmente dije y que ahora voy a
tratar de repetir. En primer lugar, lo que puedo afirmar con
rotundidad es que no existen en el Ministerio de Justicia e
Interior antecedentes documentales de clase alguna relativos a
cartas del señor Roldán al Ministro señor Asunción o a
cualquier otro miembro del Gobierno. En segundo lugar --esto
lo sé por conversación verbal con el Ministro señor Asunción,
al que lógicamente le pregunté antes de venir a contestar a la
Cámara--, diré que el señor Asunción me ha comentado que
efectivamente recibió en aquel período de tiempo no una, sino
varias cartas y notas, y que no consideró oportuno
transmitirlas al Presidente del Gobierno, sino que procedió a
triturarlas inmediatamente después de su lectura. Estos son
los datos que le puedo dar. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra la señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Sólo puedo expresar mi profunda
preocupación ante la respuesta contundente y muy clara del
Ministro Belloch, porque entiendo que es tan preocupante que
esta carta existiera, que hubiera llegado a su destino y
hubiera sido, por tanto, verdad lo que decía o, en todo caso,
motivo de investigación, como decirnos que un Ministro de
Interior destruye una prueba en un tema que está en manos de
la justicia y que parte de una persona que ha sido durante
siete años Director General de la Guardia Civil y cuya
información, por tanto, tiene una cierta importancia.
Yo quiero recordar aquí una cosa, señor Ministro. La oposición
no puso al señor Roldán en su cargo; la oposición no evitó, y
no tiene ninguna responsabilidad en el hecho, que durante
siete años ningún servicio de información descubriera qué
pasaba en la Dirección General de la Guardia Civil; la
oposición no es responsable de que el señor Serra no viniera a
la Comisión Roldán; la oposición no es responsable de que la
Comisión no haya ampliado su plazo a pesar de las nuevas
informaciones y, por tanto, tampoco es responsable del
escándalo y de la alarma social que está produciendo el
asunto.
Esta Diputada entiende que como mínimo es imprudente y en todo
caso francamente preocupante, que una prueba, una carta que
parte de una persona que ha tenido ese cargo en la Dirección
General de la Guardia Civil, que por tanto ha administrado
fondos públicos muy importantes y que ha cometido múltiples
irregularidades, no sea motivo de preocupación en el Gobierno.
De verdad, me cuesta creer su respuesta. La creo porque usted,
evidentemente, merece todo mi respeto, pero en todo caso me
resulta profundamente preocupante y tengo que decirle que
incluso me causa una profunda sorpresa.
Lo que dice el señor Roldán tendría que decirlo delante de la
justicia, esto no nos cansaremos de repetirlo nunca, pero les
recuerdo que fueron ustedes quienes lo pusieron en su cargo,
quienes lo mantuvieron y quienes fueron incapaces de saber qué
estaba ocurriendo en la Dirección General. Por tanto, la
situación actual está creada por su Gobierno y ustedes tienen
que dar explicaciones.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Con
la venia del señor Presidente, les recuerdo lo que he
manifestado. En ningún momento he dicho que el documento que
apareció en «El Mundo» sea una de las cartas que envió el
señor Roldán al señor Asunción; en ningún momento. He
contestado, y lo vuelvo a repetir...
¿Me permite el señor Ramallo que continúe? (Rumores.--El señor
Ramallo García: Yo no he dicho nada.--El señor
Fernández-Miranda y Lozana: Eso lo dice el Presidente; la
Presidencia es la que modera.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio. (Continúan
los rumores.) Silencio, señorías.
Continúe, señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Lo
que he contestado es que, efectivamente, en aquella época
recibió varias cartas y tarjetas del Roldán, no qué contenido
tuvieran esas cartas y tarjetas.
Por el respeto que me merece S.S. voy a hacer dos
aclaraciones. En primer lugar, todos los ministros del
Gobierno, de manera normal en el ejercicio de su trabajo,
tienen que filtrar el conjunto de correspondencia que llega al
Presidente del Gobierno, y lo hacen bajo su responsabilidad,
desechando aquella que consideran que no tiene interés,
relevancia o credibilidad. En este caso, el señor Asunción
entendió que no tenían ninguna credibilidad ni interés las
cartas o documentación que recibió del señor Roldán y debido a
ello no las transmitió al Presidente del Gobierno. En segundo
lugar, le aseguro que en el despacho del Ministro del Interior
lo primero que hay a mano derecha es una
trituradora y que toda la documentación referida a materia de
seguridad del Estado, tan pronto como la lee el Ministro, la
destruye seguidamente. Es una medida de seguridad
imprescindible que cualquiera que tenga un mínimo de
experiencia de gobierno sabe que ha de hacerse así. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
Gracias, señor Ministro.
--DE LA DIPUTADA DOÑA PILAR RAHOLA I MARTINEZ, DEL GRUPO
MIXTO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE CRITERIOS HAN MOTIVADO LA
REMODELACION DE LA CUPULA POLICIAL EMPRENDIDA POR EL MINISTRO
BELLOCH Y QUE HA IMPLICADO, DE MOMENTO, LA DESTITUCION DEL
SUBDIRECTOR GENERAL OPERATIVO DE LA POLICIA, AGUSTIN LINARES,
Y QUE IMPLICACIONES TIENE CON EL ESCANDALO LUIS ROLDAN?
(Número de expediente 180/000566)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 24, de la señora Rahola y
Martínez.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias.
Quiero empezar diciéndole, señor Ministro, que personalmente
entiendo como necesaria una profunda remodelación tanto de la
cúpula policial como esencialmente de la Guardia Civil,
especialmente después de todo lo conocido con el escándalo
Roldán. Pero puesto que la remodelación se está produciendo
apresuradamente entiendo necesaria también una explicación
parlamentaria que dé sentido a esta remodelación,
especialmente para saber si hay vinculaciones o no con todo
este escándalo.
Por todo ello le formulo la siguiente pregunta: ¿Qué criterios
han motivado la remodelación de la cúpula policial emprendida
por el Ministro Belloch y que ha implicado, de momento, la
destitución del Subdirector General operativo de la Policía,
Agustín Linares, y qué implicaciones tiene con el escándalo
Luis Roldán? Y más cuanto después de la formulación de esta
pregunta se han producido muchos más cambios.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Con
la venia del Presidente, señoría, desde luego aclararé que
nada tiene que ver con el caso Luis Roldán las modificaciones
realizadas en la cúpula policial. Simplemente sucede que un
nuevo equipo requiere nuevos colaboradores, requiere un equipo
profesional, coherente y homogéneo que se vincule a los nuevos
proyectos que, en definitiva, un nuevo titular y unos nuevos
cargos políticos de ese Ministerio determinan. Junto a ello
--lo de las personas siempre es lo menos importante, en último
término, porque todos somos perfectamente sustituibles--, lo
más importante, y por ello le agradezco la pregunta, son los
cambios estructurales. Se han realizado cambios estructurales
de mucho interés, desde mi punto de vista, como es el tratar
de unificar el mundo de la información y separarlo --si
quiere, después se lo puedo explicar con más detalle o en otro
trámite parlamentario en el que podamos extendernos durante
más tiempo-- del mundo operativo, habiéndose introducido
también mecanismos de control interno que consideramos de
interés.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra la señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Por tanto, ¿puede negar
rotundamente el señor Ministro que, por ejemplo, no hay
ninguna posibilidad de complicidad en la huida de Luis Roldán
de algún miembro de estos Cuerpos, o que no fue incompetente
el señor Conde Duque en la huida del señor Roldán? ¿Nos podría
decir si está haciendo, por ejemplo, más civil el cuerpo y
menos militar? ¿Cree necesario democratizarlo? ¿No eran
profesionales los cargos que había hasta ahora? Yo no acabo de
ver aún suficientemente explicados los criterios de la
remodelación.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Con
la venia del Presidente, el cambio estructural más importante
(y ése sí que es un criterio de fondo y no un puro criterio de
personas, que eso es un equipo que sustituye a otro equipo,
sin que deba darse más vueltas a ese tema aunque comprendo su
planteamiento) es que se han unificado los antiguos gabinetes
de información y Comisaría General de Información, agrupando
la totalidad de la información en la Comisaría General de
Información, habiendo salido del ámbito de esta última todo el
mundo operativo que, a su vez, se ha insertado en el ámbito de
la Comisaría General de Policía Judicial. Esa separación entre
la investigación y la inteligencia constituye el modelo que
funcionaba en la mayor parte de países europeos y que era
esencial transmitirlo, naturalmente desde el punto de vista
del titular que le habla, a nuestro modelo organizativo. Junto
a ello se han introducido y se han potenciado las unidades de
Policía Científica, creando una Comisaría General de Policía
Científica precisamente para dejar claro que esa materia es la
Policía Judicial del futuro, la Policía Judicial
en la que más se debe insistir, puesto que es el instrumento
esencial de la investigación. Por último, se ha potenciado la
Brigada de Régimen Interior y la creación de unidades de
régimen interior, tanto en el seno de la Dirección General de
la Policía como --novedad absoluta-- en el seno de la
Dirección General de la Guardia Civil.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON LUIS RAMALLO GARCIA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿NIEGA EL
GOBIERNO QUE ALGUN ALTO CARGO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
RECIBIO CANTIDAD ALGUNA CON CARGO A LA PARTIDA DE FONDOS
RESERVADOS PARA FINES DISTINTOS DE LOS QUE LEGALMENTE SON
PROPIOS A DICHOS FONDOS? (Número de expediente 180/000582)
El señor PRESIDENTE: Pregunta nueva del señor Ramallo que
sustituye a la número 27.
El señor RAMALLO GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Recientemente, señor Ministro de Justicia e Interior, ha
aparecido en la prensa una información en la que el ex
Director General de la Guardia Civil revela, acusa e imputa
que hay funcionarios o ex funcionarios del Ministerio del
Interior que cobraban, con cargo a los fondos reservados, unas
cantidades importantes. Nosotros comprendemos que a S.S. le
cause malestar hablar del señor Roldán, pero permítame que
desde mi Grupo hablemos del señor Roldán. ¿Usted calcula, si
estuvieran las cosas al revés, la que tendrían ustedes
organizada? ¿Lo ha pensado en algún momento?
Pues mire, al señor Roldán le nombra un gabinete, el año 1986,
presidido por don Felipe González y a propuesta del
Vicepresidente del Gobierno actual y del señor Barrionuevo.
Luego sigue, y sigue, y sigue, hasta que está huido. Con esta
información, yo le hago una pregunta muy concreta, si han
hecho ustedes alguna investigación, después de esta
información, y están en condiciones de negar, desde el
Gobierno, que algún alto cargo del Ministerio del Interior
haya recibido cantidad alguna con cargo a la partida de fondos
reservados para fines distintos de los que legalmente son
propios de dicho fondo, que yo entiendo que son los del
interés general.
Muchas gracias, señor Ministro.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramallo.
Señor Ministro de Justicia e Interior, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Realmente, señoría, sabe que esa pregunta ya me la han
formulado, ya la he respondido y usted la utiliza, con toda
legitimidad, para exponer la posición de su Grupo
Parlamentario más que por verdadera curiosidad de saber cuál
es la respuesta, pues la conoce sobradamente. No voy a hacer,
en ningún caso, declaraciones ni comentarios sobre fondos
reservados. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Silencio, señorías.
Señor Ramallo, tiene la palabra.
El señor RAMALLO GARCIA: Señor Presidente, corre el tiempo,
pero es que no le dejan a uno hablar.
El señor PRESIDENTE: No corre.
El señor RAMALLO GARCIA: Estoy de acuerdo con el señor
Presidente.
Me parece bien que S.S. no quiera hablar; lo peor es que
vuelva a ocurrir lo mismo. ¿Sabe usted lo que se habló cuando
hubo otra denuncia en prensa sobre el enriquecimiento,
presunto entonces, hoy multimillonario, del señor Roldán? Le
voy a dar algunas perlas para que las recuerde, y supongo que
harían entonces una investigación también. (Un señor Diputado
desde los escaños del Partido Socilista: ¡A ver!) Sí, es bueno
que las oigan. «Es un hombre cabal y su patrimonio es
ortodoxo, inferior al de miles de ciudadanos». (Corcuera).
Señor Cardenal, actual Director General de la Guardia Civil:
«Roldán ha puesto muy alto el listón de la Guardia Civil».
(Risas.) ¡No cabe duda! Don Narciso Serra: «Roldán ha dado
suficientes explicaciones sobre lo que se ha publicado sobre
él y éstas son satisfactorias». A lo que se ve, el señor
Vicepresidente del Gobierno se encuentra satisfecho con
cualquier cosa, ¡pero vaya cómo le ha salido! (Rumores.) Y el
ex Fiscal General del Estado, el ilegal don Eligio (según dice
el Tribunal Supremo, ilegal en el nombramiento, no digamos en
otras cosas) dijo: «No voy a presentar ninguna querella contra
Roldán porque ha dado suficientes explicaciones». ¡Mire que si
cuando pase el tiempo estamos con las mismas, ha habido
enriquecimiento con fondos reservados y S.S. sin
investigar...! Me parece que con el cambio de usted por el
nombre del Ministerio...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramallo.
El señor RAMALLO GARCIA: ...seguimos igual. Todo mal, señor
Ministro. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien!--Aplausos y
rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Con
la venia del Presidente, ¿realmente usted se cree que el señor
Roldán se ha hecho rico con fondos reservados? (El señor
Ramallo García: No, con todo.) ¿Se lo cree realmente? (El
señor Ramallo García: No, con todo.) Bueno; lo lamentaría
mucho por la salud intelectual de S.S., sinceramente. (Risas y
rumores.--Un señor Diputado: O la tuya.--El señor
Fernández-Miranda y Lozana: Y la del país.)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio!
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): En
absoluto, señor Ramallo. Le puedo garantizar que simplemente
usted, consciente o inconscientemente, está aceptando la
estrategia lanzada por el señor Roldán, que es tratar de
oscurecer su enriquecimiento ilícito, basado en mecanismos
completamente diferentes, tratando de echar la red de los
fondos reservados en la que usted, voluntaria o
involuntariamente, ha caído. Está sirviendo objetivomente de
cómplice a la estrategia de un presunto delincuente. (Rumores.
Fuertes protestas en los escaños del Grupo Popular) Esos son,
exactamente...
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio! (Fuertes protestas en los
escaños del Grupo Popular. La señora De Palacio
Valle-Lersundi: ¡De cómplices nada! Lo han nombrado ustedes.)
¡Silencio, señorías! (Continúan las fuertes protestas.)
¡Silencio! (Protestas. La señora De Palacio Valle-Lersundi:
Señor Presidente, son palabras muy graves. ¡El Gobierno le
nombró!) ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Señora De Palacio! (El señor
Ramallo García:... tan listo como Serra; y da los mismo. Lo
siento.) Señorías, silencio.
Señor Ministro. (Protestas.) ¡Silencio!
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Muchas gracias, señor Presidente.
Lamento producir tal excitación en el Grupo Popular. No era mi
propósito. Trataba simplemente de explicar mi forma de ver las
cosas, que no les debería sorprender que no sea la misma que
la suya. Eso es bastante razonable. Ustedes simplemente han
considerado oportuno seguir una determinada estrategia. Ya
está; me parece bien. A partir de su error consistente en
decir: mañana, elecciones generales anticipadas, a partir de
ahí ustedes tienen que seguir... (Fuertes protestas.)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio! (Continúan las fuertes
protestas.) Silencio, señorías. (Continúan las protestas.)
Señorías, silencio. (Continúan las protestas y los
rumores.--Varios señores diputados pronuncian palabras que no
se perciben.)
Un momento, señor Ministro.
Señorías, respeten el derecho de cada uno de los
intervinientes en el debate a utilizar los argumentos que
entienden conducentes a las razones que intentan exponer.
(Rumores.)
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Muchas gracias.
Lamento de nuevo haber provocado las iras del Grupo Popular,
pero voy a continuar con la venia del Presidente.
A partir, insisto, del error estratégico que ustedes han
cometido de hablar de elecciones generales anticipadas (El
señor Guerra Zunzunegui: ¡Y ustedes perderlas!), consideran
oportuno...
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señor Guerra! (Rumores.)
Un momento, señor ministro. (Rumores.)
Silencio señorías. (El señor Hernández-Sito García-Blanco
pronuncia palabras que no se perciben.) ¡Señor Hernández-Sito!
(Una señora Diputada del Grupo Popular: ¡Oye,
demócrata!--Pausa.)
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): No
hay ningún riesgo que interrumpa mi discurso, por mucho que me
interrumpan; en eso no tengan preocupación.
Decía y van tres veces, espero que esta vez pueda terminar.
(Rumores.--El señor Gayarre Bermejo pronucia palabras que no
se perciben.)
El señor PRESIDENTE: ¡Señor Gayarre!
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): A
partir del error estratégico que estedes han cometido (Rumores
y protestas.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Ministro, perdone que
le interrumpa. (Rumores.)
¡Señor Gayarre! (El señor Gayarre Bermejo: Ya me voy.)
Señor Gayarre, le llamo al orden. (Pausa.)
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Muchas gracias.
Como seguía diciendo, a raíz del error estratégico que ustedes
han cometido propiciando elecciones generales anticipadas
(Rumores y protestas.); a partir de ese dato ustedes
consideran oportuno seguir explotando éste o cualquier otro
asunto.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Nada
más. Muchas gracias. (Aplausos en
los bancos del Grupo Socialista.--Fuertes rumores y
protestas.)
--DEL DIPUTADO DON FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿POR
QUE RAZONES EL GOBIERNO ACORDO EL NOMBRAMIENTO DE DON ELIGIO
HERNANDEZ COMO FISCAL GENERAL DEL ESTADO, CUYA ILEGALIDAD ERA
MANIFIESTA? (Número de expediente 180/000583)
El señor PRESIDENTE: Pregunta nueva, del señor
Trillo-Figueroa. (El señor Hernández-Sito García-Blanco:
¿Dónde está Roldán?--Rumores.)
Un momento, señor Trillo.
Señor Hernández-Sito. (Pausa.)
Señor Trillo, cuando quiera.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE: Señor Ministro de
Justicia e Interior, el Tribunal Supremo acaba de declarar
ilegal y, por tanto, nulo el nombramiento de don Eligio
Hernández como Fiscal General del Estado. ¿Qué razones
llevaron al Gobierno a hacer un nombramiento que parece
manifiestamente ilegal a 26 magistrados del Tribunal Supremo y
a seis vocales del Consejo General del Poder Judicial, del que
usted, por cierto, formaba parte?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Trillo.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Hay
dos. (Un señor Diputado del Grupo Socialista pronuncia
palabras que no se perciben.)... Perdón, con el permiso de la
Presidencia.
El señor PRESIDENTE: ¡Señor Alonso!
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
¿Puedo comenzar?
El señor PRESIDENTE: Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Muchas gracias.
Hay una pregunta y una valoración. Respecto de la pregunta,
evidentemente, el Gobierno entendió en su momento que era la
persona que reunía las condiciones jurídicas, institucionales,
adecuadas para llevar a cabo esa función. Y no mucho más se
puede decir, dado lo que dice la Constitución sobre cuándo,
cómo y quién nombra al Fiscal General del Estado.
Respecto al segundo aspecto, el comentario de que sea
manifiestamente ilegal, como buen jurista que es usted, señor
Trillo, yo le diría: ¿Por qué no esperamos a que esté
redactada la sentencia? Como usted sabe, no está aún
redactada. Lo único que ha habido es una manifestación de que
se admita --porque se admite por mayoría-- el recurso
interpuesto. No hay más. El resto de lo que se ha publicado
son filtraciones. Me parece que la valoración sobre si es
manifiesto o no es manifiesto, sobre qué opiniones tiene esa
Sala, creo que lo respetuoso es esperar a que se dicte esa
sentencia, que todavía no está dictada.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Trillo.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE: Señor ministro, no se
me ande usted por las ramas, que ésas camuflaban a sus
antecesores como ministros de Interior, pero no a usted como
jurista. Mayoría de 26 a cuatro. Además, señor Ministro, sin
dispersiones, el nombramiento ilegal es un delito en el
artículo 382 del Código Penal cuando faltan los requisitos
para nombrar a una persona para un cargo. Me dirá usted,
también como jurista, que eso cuando es a sabiendas y que el
Consejo General del Poder Judicial dijo antes que tenía las
condiciones. Elija usted si considerar al Gobierno que le
nombró delincuente o considerarlo ignorante. (Rumores.) No,
no, no se preocupen; yo creo que ni una cosa ni la otra.
Fueron a ver si colaba, a ver si colaba al frente de una
institución capital del Estado de Derecho.
Usted dijo en el debate del Consejo: es un amigo que tiene
plena idoneidad; idoneidad para Filesa, idoneidad para
Ibercorp (Rumores.), idoneidad para ser fiscal durante dos
años en la historia más negra de la corrupción en este país:
un Fiscal General del Estado ilegal.
Pero, mire, señor Ministro, su responsabilidad personal y
política es aún más grave, porque el señor Belloch no puede
alegar ignorancia; no la puede alegar quien en el Consejo
General del Poder Judicial oyó cómo seis de sus vocales
compañeros le decían que ésa es la llamada «cláusula» en el
artículo 29 del Estatuto del Gobernador Civil para evitar
justamente nombramientos como ése. Usted fue decisivo en ese
debate para proponer al Gobierno ese error. Usted ha sido un
factor decisivo en la comisión de un acto ilegal, señor
Ministro de Justicia. Usted durante un año como Ministro de
Justicia ha mantenido a un Fiscal General del Estado ilegal,
señor Belloch, y usted le ha cesado cuando apenas quedaban
unos días.
Mire, señor Belloch, usted tenía una aureola de hombre
demócrata y, además, de jurista independiente. Los demócratas
dimiten y asumen sus responsabilidades, señor Belloch, aunque
sólo sea el la parcela de Justicia, para seguir mereciendo el
título de jurista demócrata. Y, mire, la aureola de
independiente la tiene usted
ya toda la vida con la sombra de don Eligio Hernández encima.
(Varios señores diputados: ¡Muy bien!--Aplausos.--Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Trillo.
Recuerdo al público de las tribunas que no puede expresar
aceptación o desaprobación de las intervenciones que se
producen en el hemiciclo.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Muchas gracias, Presidente.
Señorías, cada vez que el Tribunal Constitucional declara
inconstitucional una norma jurídica ¿dimite la mayoría
parlamentaria que ha aprobado esa Ley? (Rumores.) ¿Cada vez
que un tribunal de lo contencioso-administrativo declara un
acto ilegal dimite la administración autónoma: el
ayuntamiento, el gobierno correspondiente?
Sabe usted perfectamente, como yo, que para eso se inventó la
jurisdicción contencioso-administrativa, para que exista un
poder separado que controle si los actos de las
administraciones se ajustan o no a derecho.
Con arreglo a esos criterios, al margen de que la verdad me
produce, si me permite la ironía, cierta ilusión que pida
también mi dimisión, es algo que le agradezco profundamente
(Risas.), al margen de eso, lo evidente es que con su criterio
tenían que haber dimitido todos los ayuntamientos de este
país, todas las comunidades autónomas de este país y todo los
días. Para eso está el Estado de Derecho. (Rumores.)
Una última observación. El que un tribunal diga una cosa ni
siquiera significa que tenga razón, significa simplemente, en
el Estado de Derecho, que tiene derecho a decir la última
palabra, no que tenga razón. Eso un jurista como usted lo sabe
perfectamente.
Nada más. (Aplausos.--Rumores y protestas.--Varios señores
Diputados del Grupo Popular: ¡Dimisión!)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DE LA DIPUTADA DOÑA BLANCA FERNANDEZ-CAPEL BAÑOS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿CUAL ES EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS
POR EL CONSEJO DE UNIVERSIDADES PARA LA SELECTIVIDAD DEL CURSO
1993-94? (Número de expediente 180/000578)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 25 de la señora
Fernández-Capel.
La señora FERNANDEZ-CAPEL BAÑOS: Gracias, señor Presidente.
Señor ministro, ¿cuál es el grado de cumplimiento de los
acuerdos adoptados por el Consejo de Universidades para la
Selectividad del curso 1993-94?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández-Capel.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra):
Gracias, señor Presidente.
Como S.S. conoce, en junio de 1993 se emitió una Orden que
regulaba las pruebas de aptitud y que incorporó los acuerdos
del Consejo de Universidades. Posteriormente se emitieron por
el departamento dos documentos, uno sobre pruebas de aptitud y
criterios de corrección y otro sobre orientaciones para la
puesta en práctica de las modificaciones a las pruebas de
aptitud, documentos que fueron remitidos a las universidades
en el mes de octubre.
En este momento sólo es posible evaluar aspectos parciales de
las modificaciones propuestas en el presente curso porque se
están llevando a cabo los exámenes de selectividad. Se ha
recabado información de las distintas universidades y de las
comunidades autónomas competentes que coinciden en señalar en
este momento el cumplimiento generalizado de los mencionados
acuerdos del Consejo de Universidades, pero habrá que esperar
a que las pruebas finalicen para proceder a una evaluación
global sobre el cumplimiento de los acuerdos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señora Fernández-Capel. (Rumores.)
Un momento, señora Fernández-Capel.
Señoría, ruego guarden silencio.
La señora FERNANDEZ-CAPEL BAÑOS: Señor Ministro, me alegro por
usted que esté tan contento, pero ya le he advertido
anteriormente que usted no se entera de lo que pasa en su
ministerio porque sus colaboradores no le informan.
Además, para cambiar, para decir un cosa aquí en marzo y ahora
decir otra, hay que tener buena memoria.
Recuerde usted, señor ministro, que yo le mencionaba en marzo
que el Decreto de 9 de junio, que regulaba los criterios de
evaluación, no había llegado a los distintos centros. Usted me
dijo que se habían enviado en su totalidad. Ahora me dice que
llegaron el 9 de octubre.
Mire usted, señor Ministro, la Comisión de Coordinadores de
Lengua Española dice que el día 25 de abril fue cuando se lo
notificó el ministerio y el día 29 lo mandó a los centros.
Viene del Ministerio. Además no se están cumpliendo los
acuerdos del decreto de 15 de febrero de 1994, ni tampoco los
del Consejo, en los que
se decía que las pruebas durarían tres o cuatro días; en
algunas universidades están durando menos. No se está
cumpliendo cuando se dice que habría profesores especialistas
para cada una de las asignaturas, a usted le consta, y si no
le debería constar, que ha habido graves problemas para
establecer algunos tribunales.
Señor Ministro, después de que se anunció que el examen de la
asignatura de historia duraría dos horas, los alumnos se han
visto sorprendidos al ver que en la Complutense solamente se
está utilizando hora y media. La modificación en el decreto
del examen de lengua se anunció solamente una semana antes de
que los alumnos finalizaran el curso, y estaba anunciada ya
por el Ministerio el 15 de diciembre de 1992. Hay tiempo para
hacer las cosas cuando se quieren hacer y se quieren hacer
bien.
El 9 de mayo el Congreso aprobó una proposición para que se
sortearan los tribunales, pero no con ordenador, para que se
sortearan los tribunales y el ministerio no ha tenido en
cuenta, a la hora de constituirlos, ese deseo de la Cámara,
que representa a todos los ciudadanos, de constituir los
tribunales por sorteo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández-Capel.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra):
Gracias, señor Presidente.
Señoría, de nuevo repito que, una vez concluyan los
ejercicios, se podrá comprobar si ha habido un número
suficiente de preguntas, si ha habido criterios de corrección
precisos en la medida en que esto se haya podido hacer, como
dice, por cierto, la orden ministerial, y, cuando haya
finalizado el proceso de revisión de las reclamaciones, se
podrá comprobar si las actuaciones se han ajustado en todo
momento a lo dispuesto. Valga uno de los ejemplos que ha
puesto S.S. La orden ministerial de junio pasado y el decreto
al que S.S. se refiere, aunque aconsejan que los exámenes se
celebren en cuatro días o en tres, permite que
excepcionalmente se puedan realizar en dos días. En este
momento, seis universidades están celebrando las pruebas en
cuatro días; 24 universidades lo celebran en tres días; y
Madrid, Cataluña y País Vasco, por razones perfectamente
justificadas, lo están cumpliendo en dos días. Todas ellas han
planteado sobre un mismo texto el ejercicio conjunto de
comentario de texto y de lengua española o de la Comunidad. No
es que no me conste a mí, señoría, no consta --se conoce-- a
las universidades, que han respondido por escrito, escritos
que están a disposición de la señora diputada. Se están
cumpliendo en su totalidad las disposiciones previstas en la
legalidad vigente.
Dejemos examinarse tranquilamente a los estudiantes y luego
será la ocasión de hablar. (La señora Fernández-Capel Baños:
Claro, bueno...)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JOSE MARIA MICHAVILA NUÑEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿A QUE SE DEBE QUE EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA DESMIENTA A
LA MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES QUE DIJO EN EL PLENO DEL
CONGRESO QUE EL INFORME DEL AÑO INTERNACIONAL DE LA FAMILIA
ESTABA TERMINADO? (Número de expediente 180/000567)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 26, del señor Michavila
Núñez.
El señor MICHAVILA NUÑEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿a qué se debe que el Ministro de la
Presidencia desmienta a la Ministra de Asuntos Sociales, que
dijo en el Pleno del Congreso que el informe del Año
Internacional de la Familia estaba ya terminado?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Michavila.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba):
Gracias, señor Presidente.
Señor Michavila, no hay ningún desmentido, no hay tampoco
ninguna contradicción, no podía ser de otra forma si se tiene
en cuenta que el Ministro de la Presidencia, como respuesta a
una pregunta escrita de su grupo, firma un informe que le
remite la propia Ministra de Asuntos Sociales, que no se
desmiente y, por supuesto, no se contradice a sí misma.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Michavila.
El señor MICHAVILA NUÑEZ: Gracias, señor Presidente.
Gracias, señor ministro, por su respuesta. La verdad es que
esperaba alguna otra; esperaba que hubiera habido algún error,
bien en su gabinete o bien en el de la Ministra de Asuntos
Sociales, pero la que me da no se compadece con la realidad.
Desmentir, según el diccionario de la Real Academia, quiere
decir que alguien diga algo distinto de lo que dijo otra
persona. El señor Ministro de la Presidencia, en escrito de 6
de mayo, remitido a este Diputado, dice que ese informe no
está finalizado; la señora Ministra en esta Cámara --y consta
en actas--, el día 27 de abril,
dijo a este Diputado que ese informe estaba ya finalizado y lo
iba a presentar a la Cámara. Es decir, el desmentido, la
contradicción es evidente, obvia y flagrante.
Señor Ministro, la verdad, considero que toda esta serie de
contradicciones obedece al poco interés del Gobierno para que
en el Año Internacional de la Familia resulten eficaces en
España medidas de apoyo a la familia.
Cuando a la ministra se le pregunta sobre el informe dice que
está concluido y el ministro dice que no existe. Cuando se le
pide que traiga a la Cámara el programa de actuación con
motivo del Año Internacional de la Familia, la ministra dice
que no se comprometió a tal presentación y, sin embargo, lo
hizo el día 5 de octubre de 1993. Parece que para el Gobierno
socialista el Año Internacional de la Familia es una ocasión
de hacerse fotos, pero no de presentar una medida concreta de
apoyo a la familia, a pesar de que tantas veces ustedes lo
dicen.
Quiero recordar que el Observatorio permanente de la Familia
de la Unión Europea dice sobre España para que una mujer
española tenga el apoyo que tiene una mujer austriaca,
necesita tener 38 hijos; y que para tener el apoyo que tiene
una familia belga, con diez miembros en su sociedad familiar,
necesita ser una comunidad familiar de 535 miembros.
En esta situación España no converge con los niveles de
calidad de la Unión Europea y pedimos al Gobierno que
convierta el plan para el Año Internacional de la Familia en
un plan intercambiable literalmente con un plan de jornadas
gastronómicas, de jornadas lúdicas, pero que no atiende...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Michavila.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señor Michavila, no convierta usted lo que es simplemente el
lapso temporal, que existe entre que una pregunta se formula y
se da la cumplida respuesta a la Cámara, en un intento de
demostrar que el Gobierno socialista no tiene política en
relación con la familia. Sobre ese tema ya habló la Ministra
de Asuntos Sociales a una pregunta que usted le hizo y que
justamente es la que da causa a esta respuesta del Ministro de
la Presidencia.
Mire usted, la pregunta del parlamentario de su grupo es de
fecha 28 de febrero, se remite con fecha 8 de marzo al
Ministerio de la Presidencia, quien, a su vez, recaba del
Ministerio de Asunto Sociales la respuesta oportuna. Esta
respuesta que llega en las primeras semanas del mes de abril
dice textualmente que Asuntos Sociales está finalizando el
informe sobre la situación de la familia en España. La
respuesta sale del Ministerio de la Presidencia con fecha 25
de abril y llega a su poder, de acuerdo con los trámites
parlamentarios oportunos, el 6 de mayo. A finales del mes de
abril la ministra dice en este Congreso que ya ha finalizado
el informe, justamente es algo absolutamente razonable, a
primeros del mes de abril estaba acabándose y a finales del
mes de abril está terminado. La ministra informa el 20 de mayo
al Consejo de Ministros y solicita una comparecencia en este
Parlamento, que se va a realizar el día 29, para informar
detenida y cumplidamente del informe al que se está haciendo
referencia. Por tanto, no hay ninguna contradicción, ningún
desmentido, simplemente un lapso temporal normal en los
trámites de este Parlamento y también de la propia
Administración.
Finalmente le quiero decir que todo ello demuestra que sí hay
preocupación por la familia, que hay un informe pormenorizado,
por cierto el primero que se hace en España, y que de dicho
informe podrá usted debatir con la Ministra de Asuntos
Sociales, cuan largo quiera, en la Comisión que tendrá lugar
el 29 de junio.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
--DEL DIPUTADO DON MANUEL NUÑEZ PEREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿POR QUE
CAUSAS SE DESMORONO EL CANAL DE LOS PAYUELOS A LOS 12 DIAS DE
SU INAUGURACION? (Número de expediente 180/000570)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 29, del señor Núñez
Pérez.
El señor NUÑEZ PEREZ: Gracias, Presidente.
Señorías, señor Ministro, el día 2 de junio de 1994 el
Ministro de Agricultura, rodeado de la plana mayor del PSOE
leonés, y, según él, sin saber muy bien lo que hacía, inauguró
el Canal Alto de los Payuelos en el que se han invertido
12.028 millones de pesetas, 1.228 más de los presupuestados,
de los cuales más de 300 corresponden a los trabajos urgentes
y acelerados que hubo que realizar en el túnel de Vidanes para
adelantar la fecha de inauguración y hacerla coincidir con la
campaña electoral. Doce días después de la inauguración un
paño de hormigón del canal revienta inundando 400 hectáreas de
cultivo de la aldea de Puente, poniendo en peligro vidas y
haciendas. Gracias a Dios en aquellos momentos el caudal de
agua era sólo de cinco metros cúbicos por segundo, la cuarta
parte de su capacidad, y los daños ocasionados, por eso y por
la hora en que ocurrió, son de poca consideración, lo cual no
atenúa la responsabilidad del Gobierno ni justifica la
precipitada inauguración.
La recepción definitiva de las obras del canal está prevista
para 1995 y tal como se supone en el Plan general de
transformación de regadíos de Riaño, firmado precisamente ayer
en León, las tierras del centro, regadas por el Canal alto de
los Payuelos, no se incluyen en una primera fase de este Plan,
sino que quedan para fechas posteriores a 1995. Uno se
pregunta: ¿dónde están las razones de tanta urgencia? ¿Por qué
y para qué se inauguró precipitadamente el canal? Como es
natural, señor ministro, yo tengo que preguntarle muchas cosas
y lo haré en próximos días. Hoy la pregunta sólo es esta: ¿Por
qué causas se desmoronó una parte del Canal de los Payuelos?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Núñez.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor
Presidente.
Señoría, el Canal de los Payuelos tiene 70, setenta kilómetros
de largo. Está construido con 20.000 placas de hormigón y se
produjo la rotura de una de estas 20.000 placas de 5 metros,
sobre 70 kilómetros. Es evidente que no puede usted hablar del
desmoronamiento de un canal; como tampoco puede usted hablar
de 400 hectáreas inundadas, porque sólo fueron 40.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Núñez.
El señor NUÑEZ PEREZ: Sí, señor ministro, la causa directa del
reventón del canal está en las fugas de agua que se habían
advertido en el mismo y que fueron denunciadas con antelación
y con lealtad por el Presidente de la Sección Comarcal de
Riegos de Sahagún, don Emilio Castaño.
A los avisos de estas fugas y defectos, ustedes, como siempre,
desde la prepotencia y suficiencia, marca de la casa, no les
hicieron ni caso.
Hay 20.000 paños de hormigón, efectivamente, 20.000 paños,
pero mucho nos tememos que, si siguen ustedes sin tomar
medidas, ese es el peligro que corren los ciudadanos de León
de toda las comarcas, que no solamente habrá uno hundido;
habrá bastantes más.
La causa inmediata y de la que se deriva la responsabilidad
del Gobierno radica en la precipitada inauguración de la obra,
la manera en que se hizo y utilizándola como un acto
electoralista de primera página de periódico en las elecciones
europeas, que, por cierto, ustedes han perdido clamorosamente
en toda España y con el 51 por ciento del voto emitido en la
provincia de León. (Varios señores Diputados en los bancos del
Grupo Popular: ¡Muy bien!--Aplausos en los bancos del Grupo
Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Núñez.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor
Presidente.
Señoría, yo solamente trato de contestar a su pregunta sin
hacer ninguna referencia a circunstancias que nada tienen que
ver con ella.
Hay una investigación en marcha llevada a cabo por los
técnicos de la confederación para conocer las causas de la
rotura de esta placa de hormigón.
Estamos también reparando los daños causados, que para su
información, le diré que son 40 hectáreas de terreno inundadas
y los bajos de un edificio. Afortunadamente no se han
producido, por tanto, daños de gravedad, como los que usted
trata de presentar a la Cámara diciendo que son 400 hectáreas.
No sea exagerado que parece usted del partido Popular.
(Risas.)
Hemos hecho frente a la rotura de una de las 20.000 placas,
posiblemente por filtraciones producidas en las juntas.
Podremos conocer en lo inmediato las razones, cuando hayamos
terminado la investigación, y puedo asegurarle que estimaremos
el celo para evitar que se puedan producir otras
circunstancias como ésta. A nadie le gusta, obviamente, que se
le rompa una placa de hormigón de una obra, pero creo,
señoría, que tampoco debemos presentarlo como el
desmoronamiento de una obra que tiene 70 kilómetros de largo
cuando ha afectado únicamente a 5 metros de su longitud.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON MIGUEL ANGEL CORTES MARTIN, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA
MINISTRA DE CULTURA: ¿CON QUE CRITERIOS OTORGA EL MINISTERIO
DE CULTURA LAS SUBVENCIONES A LA CINEMATOGRAFIA ESPAÑOLA?
(Número de expediente 180/000572)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 31, del señor Cortés
Martín.
El señor CORTES MARTIN: Señora Ministra, ¿cuáles han sido los
criterios seguidos por el Ministerio de Cultura para repartir
en subvenciones a proyectos cinematográficos más de 1.200
millones de pesetas, y en el caso de las subvenciones
bienales, a pesar de la convocatoria, 265 millones no se han
repartido y no se sabe qué se va a hacer con ellos?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cortés.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Gracias,
Presidente.
Aunque esa no es exactamente la pregunta que se me ha
formulado, no tengo ningún inconveniente en contestar que los
criterios que rigen la concesión de ayudas a la
cinematografía, como bien sabe el señor Diputado, son los
establecidos en el Decreto de 28 de agosto de 1989, en el que
se prevén unos criterios que operan de forma automática y
otros con carácter selectivo.
En este caso corresponde al Comité Asesor determinar, de
acuerdo con estos criterios, a qué películas se otorga la
subvención denominada Proyectos.
El Comité Asesor está integrado con carácter plural por
personalidades representativas de distintos subsectores del
ámbito de la cinematografía, desde Josefina Molina hasta el
señor Villar, por ejemplo, y, de acuerdo con estos criterios,
el 40 por ciento de las ayudas a la cinematografía española en
el período 1984-1992, ha sido otorgado mediante subvenciones
de carácter automático.
Los criterios que aplica este Comité Asesor, insisto, plural,
son el de calidad y valor artístico del proyecto, en el caso
de los proyectos, el plan de financiación y la solvencia del
productor.
De todas maneras, ya en el seno de la propia comisión se están
estableciendo los criterios para potenciar al máximo las
ayudas automáticas y reservar las ayudas anticipadas o ayudas
a proyectos, fundamentalmente, para producciones que
incorporen nuevos realizadores o para la producción de
películas de manifiesto y claro interés cultural.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Señor Cortés.
El señor CORTES MARTIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, lo cierto es que los más de 1.200 millones
por los que yo la preguntaba no eran los automáticos, que esos
no los concede el ministerio --habrá que esperar a ver cuántos
espectadores tienen esas películas--, sino los 1.200 millones
que se conceden por proyecto, es decir, que se conceden
conforme al gusto cinematográfico de la señora ministra, que,
sin duda, será un buen gusto y por eso la han nombrado
Ministra de Cultura, o de ese comité que ha nombrado la señora
ministra; una de las especialidades que tiene este Gobierno es
nombrar comités para eludir la responsabilidad política de sus
miembros.
Lo cierto, señora ministra, es que se ha producido una
territorialización de estas subvenciones; territorialización
que la señora ministra negó en esta Comisión. Lo cierto, señor
Presidente, es que seguimos sin saber por qué 265 millones de
las subvenciones bienales no se han repartido; subvenciones
bienales que, según dijo la señora ministra, era una de las
cuestiones de las que estaba más orgullosa por las
modificaciones que se habían introducido en la legislación
cinematográfica.
También es cierto, señor Presidente, que estas subvenciones se
conceden porque el Grupo Socialista, y algunos otros grupos de
la Cámara que le han apoyado, precisamente aquellos que pedían
la territorialización, se negaron a que la mayoría de las
subvenciones, con una pequeñísima parte, un 20 por ciento,
dirigido para los proyectos de especial calidad, se
concediesen por criterios objetivos, es decir, por criterios
automáticos. Lo que quiere la mayoría que apoya al Gobierno,
tanto el Grupo Socialista como otros grupos que le respaldan,
es que se concedan estas ayudas por la pura y simple
arbitrariedad de la señora ministra. No sabemos luego qué van
a pensar los espectadores. De momento, ya se han dado esas
cantidades. Después vienen películas que no llegan ni siquiera
a estrenarse, muchas de ellas, por ejemplo, correspondientes a
las subvenciones concedidas el año pasado. Y no digamos nada
de las de atrás.
Aquí de lo que se huye, como huye del agua el gato escaldado,
es de que haya objetividad, y se quiere seguir manteniendo una
arbitrariedad que ha creado la peor imagen del cine español y
de la política cinematográfica, no de las producciones
cinematográfica, sino de la política cinematográfica, y que ha
creado unos casos escandalosos de dinero, porque se han dado
cientos de millones de pesetas a películas que ni siquieran
han llegado a estrenarse. Ustedes siguen con esa política...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cortés.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Gracias,
señor Presidente.
No estoy en absoluto de acuerdo con las opiniones del señor
Cortés; además, no están contrastadas.
Las ayudas no se conceden a capricho, afortunadamente, de la
señora ministra. En el Comité Asesor hay representaciones de
las asociaciones sindicales y profesionales, así como una
integración, como he dicho antes, plural de representantes de
distintos sectores implicados en la cinematografía.
Recuerdo al señor Cortés --me parece oportuno en este
momento-- que en el período 1984-1992, de 532 películas
subvencionadas sólo el 4,5 no se han estrenado. Por tanto, ya
está bien de repetir siempre los mismos argumentos que,
además, no responden a la realidad. Cuando el señor Cortés
quiera, le puedo explicar todo
esto con mucho más detenimiento porque me parece que ahora he
agotado el tiempo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
POLITICA DE COOPERACION Y AYUDA AL DESARROLLO CON LA REPUBLICA
DE VENEZUELA (Número de expediente 172/000057)
El señor PRESIDENTE: Punto V del orden del día:
Interpelaciones urgentes.
Interpelación del Grupo Popular, sobre política de cooperación
y ayuda al desarrollo con la República de Venezuela.
En nombre del Grupo interpelante, tiene la palabra el señor
Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores diputados, el día 10 de marzo de 1989 el
Consejo de Ministros, presidido por Felipe González,
autorizaba la concesión de un crédito FAD de 50 millones de
dólares, unos 6.000 millones de pesetas, al Gobierno de
Venezuela, presidido en aquel momento por don Carlos Andrés
Pérez, para la adquisición de azúcar. Este crédito había sido
aprobado por la Comisión Interministerial del FAD, el día 6 de
marzo, y tenía un interés del 5 por ciento, a devolver en dos
años.
La operación prevista inicialmente consistía en la venta de
350.000 toneladas de azúcar, de las cuales 230.000 serían de
azúcar en crudo y 120.000 de azúcar refinada, siendo
adjudicataria la empresa pública Focoex, presidida por don
Germán Calvillo. El suministro se tendría que realizar entre
los meses de abril a octubre de ese año, y el importe total de
la operación ascendería a 133 millones de dólares unos 15.162
millones de pesetas. La concesión de estas ayudas sería
defendida el 14 de marzo de 1989 por el Ministro de Hacienda,
señor Solchaga, ante el Senado, tras una interpelación
presentada por nuestro Grupo. El propio Ministro alegaría que
los 6.000 millones sólo suponían el 0,2 por ciento del total
del FAD aprobado por el Congreso en los presupuestos de ese
año.
Ese crédito, según el Secretario de Estado de Comercio
Exterior, Apolonio Ruiz Ligero, manifesto recientemente en el
Congreso, fue concedido por razones de urgencia tras los
sucesos que se iniciaron el 27 de febrero de 1989, conocidos
por el caracazo, y que acabarían el 3 de marzo de ese mismo
año. El propio Ministro de Comercio y Turismo, en una carta
dirigida a varios medios de comunicación hace pocos días,
señalaba textualmente que las autoridades venezolanas
solicitaron urgente ayuda a España, a través de una operación
de emergencia de suministro de azúcar, ya que su déficit era
muy cuantioso y la carencia de este producto era muy sensible
para la población, siendo alimento básico de la dieta de la
misma. En esa misma nota el Ministro señala que el Decreto-Ley
16/1976, de creación del FAD, dice que estos créditos están
destinados a financiar la importación por el país receptor de
bienes y servicios y que excepcionalmente pueden proceder de
países terceros. También el propio Ministro, y a continuación,
dice que el Tribunal de Cuentas hace constancia expresa de la
excepcionalidad de ese crédito y de la situación que lo
justificaba. Sin embargo, señor Ministro, y a nuestro juicio,
ninguna de estas razones era cierta.
El Tribunal de Cuentas no justifica en ninguna de las páginas
de su informe, ni hace constancia expresa de la
excepcionalidad de ese crédito, salvo para constatar que no
era para exportar bienes de equipo, sino bienes de consumo,
para decir que sus condiciones eran menos ventajosas que un
FAD ordinario y para señalar que no se menciona expresamente
que este crédito tenga carácter ligado a exportaciones
españolas. Tampoco, señor Ministro, el Real Decreto-ley
16/1976, en el que se regulan medidas para el fomento del
comercio exterior de nuestro país, menciona que los FAD puedan
destinarse a bienes que, aunque sean excepcionalmente, puedan
provenir de terceros países. No lo dice, señor Ministro. Por
lo que se refiere a la urgencia del crédito y al hecho de que
el desabastecimiento de azúcar en Venezuela tuviera su origen
en el caracazo tampoco es una razón que responda a la
realidad.
A nuestro juicio, señor Ministro, en esta operación, y tras
los sucesos y declaraciones manifestadas por usted y otros
miembros del Gobierno a lo largo de este tiempo, se ha mentido
al Parlamento y al Tribunal de Cuentas, se ha incumplido la
legalidad vigente, y creemos, además, que ese crédito sirvió
para financiar un auténtico pelotazo basado en los
sobreprecios y en las comisiones que se pagaron.
Efectivamente, señorías, Venezuela, tras el «boom» del
petróleo, a partir de principio de los años setenta, se
convirtió en un tradicional importador de azúcar. En realidad,
esta operación no se inicia a raíz del caracazo, sino que se
llevaba fraguando por parte de la empresa pública Focoex desde
hacía más de un año, y en 1988 esta misma empresa se había
dirigido a otras empresas suministradoras de azúcar como lo
eran la empresa pública francesa SCOA, o como lo era la
empresa privada EDF and Man. Incluso su directora de
operaciones, doña Pilar Zugaza había firmado un contrato con
un operador español para esa operación en marzo de 1988.
También el 30 de noviembre de 1988, la empresa
Distribuidora Venezolana de Azúcares, que participó en la
operación, se dirigió al Ministro de Fomento venezolano,
recomendando la importación de 230.000 toneladas de azúcar
crudo y 70.000 de refino, y el 11 de enero de 1989 recomienda
la adquisición de 50.000 toneladas más de refino. Exactamente
la misma operación que luego se realizaría.
El 22 de febrero, y tras los fastos de proclamación de Carlos
Andrés Pérez como Presidente de Venezuela, a los que acudiría
nuestro Presidente, don Felipe González, Carlos Andrés Pérez
nombra al Ministro de Fomento responsable del abastecimiento
de azúcar, y el 3 de marzo designa a su amigo Gonzalo
Colimodio comisionado para esta operación.
El 11 de abril se acepta el contrato con Focoex por un precio
de 337 dólares la tonelada de azúcar crudo y 415 la tonelada
de azúcar refinada, que suponían unos 127 millones de dólares,
exactamente 14.478 millones de pesetas.
Esta operación fue denunciada por varios parlamentarios
venelozanos al asegurar que había existido un elevado
sobreprecio, lo que llevó a la creación de una comisión de
investigación parlamentaria en cuyo informe y en el que
elaboró la propia Contraloría venezolana, se denunciaron
distintas y diversas irregularidades referidas a la ejecución
y aprobación de esta operación. También el Grupo Popular pidió
en su día, señor Ministro, que aquí se investigara este
asunto, y ustedes dieron la callada por respuesta. La
operación, en realidad, como hemos señalado antes, no se
inició tras el caracazo, sino en 1988.
El contrato se firmaría en abril de 1989 y acabaría
prolongándose hasta agosto de 1991, dos años más de lo
inicialmente previsto, produciéndose alteraciones
significativas en las fechas de los veinticinco embarques que
se habían previsto, así como en el tipo de azúcar
suministrada, que al final serían 26.227 toneladas de azúcar
refinada y 329.716 toneladas de azúcar crudo, por un importe,
según el Gobierno venezolano, de 124,8 millones de dólares y
de 128,7 millones de dólares según el Gobierno español.
Las importaciones con cargo al crédito FAD de 50 millones no
se realizarían en los primeros embarques, sino a lo largo de
toda la operación, dándose la paradoja de que servirían para
pagar los dos últimos embarques realizados en 1991. La
operación sería asegurada por CESCE y algunos embarques, según
fuentes venezolanas, llegaron en malas condiciones, ya que el
azúcar se había convertido en melaza.
Además, el azúcar no fue español más que en un 3,5 por ciento,
a pesar de que las campañas azucareras de los años 1988 y 1989
fueron excedentarias en nuestro país. El origen del azúcar fue
en un 57 por ciento cubano, en un 23 por ciento australiano,
en un 8,7 por ciento dominicano, un 4 por ciento mejicano y un
3,8 francés. El azúcar cubano se pagó en un 50 por ciento
mediante el canje de deuda cubana por deuda venezolana y en
otro 50 por ciento mediante el suministro de equipamientos a
Cuba. Este inhabitual procedimiento sería autorizado por el
entonces Director General de Transacciones Exteriores, don
Luis Alcaide, a la sazón marido de la directora de operaciones
de Focoex y responsable comercial de esta operación.
La operación constituiría un auténtico pelotazo, como hemos
dicho antes, debido a los precios de compra y venta. La
diferencia podría haber supuesto unos ingresos
extraordinarios, además de lo que se considera beneficio
normal, que podría haber sido en esta operación de 1.000
millones, que oscilaría entre los 1.026 y los 1.800 millones
de pesetas. Además, por los aplazamientos de embarque y los
cambios de tipo de azúcar, podrían suponerse otros 1.700
millones adicionales; es decir, el beneficio extraordinario
podría haber supuesto entre los 1.700 millones y 3.500
millones de pesetas.
Por otra parte, en marzo de 1989, Focoex rescindiría
unilateralmente sus relaciones con el operador español que le
había asesorado hasta ese momento y decidía encargar la
operación a una empresa británica, EDF and Man, cuyo
representante era Rafael Muguido, quien sería nombrado
posteriormente en 1990 vicepresidente de la Compañía General
de Tabacos de Filipinas tras la llegada a la presidencia de
esta Compañía de don Germán Calvillo, después de una
cuestionada compra de acciones de esta compañía por parte de
Focoex. En 1992 Rafael Muguido sustituyó al señor Calvillo en
la presidencia de esta compañía.
Por otra parte, y según un informe confidencial del
parlamentario venezolano Ramos, perteneciente al Partido de
Acción Democrática de don Carlos Andrés Pérez y representante
de ese partido en la comisión de investigación parlamentaria,
Sarasola y Colimodio, y cito textualmente, montan una
operación triangular con el apoyo de Focoex. Sarasola y
Colimodio adquieren 350.000 toneladas de azúcar cubano a
través de una empresa panameña de su propiedad, hasta entonces
desconocida, llamada Carib Sugar. Según este informe,
aparecían pues en esta operación dos personas a quienes se ha
vinculado estrechamente con los Presidentes Pérez y González:
el primero, Colimodio, quien, como antes señalamos, había sido
designado oficialmente por el primero, y el segundo, Sarasola,
quien desconocemos en representación de qué o quién intervenía
en el negocio. Las comisiones que se pagaron en esta operación
estuvieron entre el 7 y el 12 por ciento, es decir, entre 900
y 1.600 millones de pesetas. Por su parte, Focoex pagó, según
sus cuentas de resultados, comisiones derivadas de servicios
exteriores en 1989 y 1990 de 1.459 y 1.994 millones
respectivamente, cantidades ciertamente elevadas. Según
algunos medios de comunicación, estas comisiones son pagadas a
través de Focoex Internacional, filial de Focoex, cuyo
domicilio se encontraba
en Panamá, ahora en Bahamas, y que estaba presidida por aquel
entonces por la señora Gloria Barba, esposa del entonces
Ministro de Hacienda español, quien, como ya señalamos el 14
de marzo, defendía en el Senado esta operación.
Esta operación y las irregularidades denunciadas han traído
graves consecuencias, señor Ministro, para nuestro comercio
exterior con Venezuela hasta el punto de que se produjo una
importante caída de nuestras exportaciones a ese país en esos
años. España y Venezuela firmarían un convenio de crédito por
un importe de 3.000 millones de dólares el 7 de junio. Este
convenio no llegó a entrar en vigor más que recientemente y de
forma parcial debido a que el Parlamento venezolano no aprobó
la carta de crédito que permitía ejecutar las operaciones.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Hernando, vaya
concluyendo, por favor.
El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor Presidente.
La causa es que la operación de azúcar efectuada por Focoex
sembró dudas generalizadas sobre cualquier operación de
exportación que se pretendiera realizar en Venezuela. Según el
Presidente de la Comisión de Finanzas del Parlamento
venezolano, Armando Sánchez Bueno, la carta de crédito no se
había aprobado debido a que los cambios que se habían
realizado en la redacción del proyecto pretendían evitar
fenómenos de corrupción. Este convenio ha sido conocido
además, señor Ministro, popularmente en Venezuela como crédito
basura o crédito chatarra y nuestra imagen comercial en este
país ha sufrido un grave desprestigio.
Todo esto demuestra que las operaciones realizadas por
empresas públicas con financiación preferencial acaban
resultando operaciones en las que se compromete el prestigio
internacional de España. Sin embargo, desde el Ministerio,
primero, de Hacienda, luego, de Industria y, ahora, de
Comercio jamás se ha evaluado y controlado la ejecución de
ninguna operación comercial financiada con créditos FAD, a
pesar del mandato imperativo que en este sentido regula el
artículo 6.º del Decreto de 25 de febrero de 1977, regulador
de los créditos FAD.
Por último, hay que señalar que de los 50 millones de dólares
del crédito de Venezuela, este país todavía tienen pendientes
de devolver unos 3.820 millones de pesetas.
Y hasta aquí, señor Ministro, la relación de los hechos. Pero
nosotros hemos presentado esta interpelación para que usted
responda y resuelva algunas dudas. Y usted tiene que contestar
hoy, señor Ministro, por qué ha mentido al Parlamento; por qué
el Gobierno ha mentido al Parlamento y al propio Tribunal de
Cuentas alegando que los sucesos acaecidos durante esta
semana, entre el 27 y el 3 de marzo en Venezuela, conocidos
como el caracazo, fueron la causa de la concesión del FAD
cuando, en realidad, esta operación se venía preparando desde
hacía más de un año; por qué razones, si la situación era de
emergencia, no se recurrió a la ayuda alimentaria o de
emergencia que es el mecanismo que el Gobierno español tiene
para solucionar problemas de desabastecimiento alimentario;
por qué el Ministro de Hacienda mintió el 14 de marzo en el
Senado al alegar que el préstamo de 6.000 millones
representaba sólo el 0,2 por ciento del FAD cuando, en
realidad, representaba el 24 por ciento del total del
presupuesto del FAD...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Hernando,
termine, por favor.
El señor HERNANDO FRAILE: Muy rápidamente, señor Presidente.
¿Por qué razones se concedió un crédito FAD incumpliendo la
normativa nacional e internacional que regula la concesión de
estos créditos? ¿Cómo es posible que una empresa pública como
Focoex, cuyo objeto social es fomentar el comercio exterior
español, prescinda de un operador con el que inicialmente se
había contratado y se busque una empresa británica para
exportar azúcar no español? ¿Por qué razones Focoex no
recurrió para esta operación al mercado nacional para
suministrar azúcar cuando España en ese año y en el anterior
había tenido campañas excedentarias? ¿Cuál fue el papel
desarrollado por el señor Muguido en esta operación? ¿Qué
beneficios fueron los realmente obtenidos por Focoex en esta
operación? ¿Qué papel desarrolló en esta operación la empresa
panameña Carib Sugar que, según el diputado venezolano Ramos
pertenecía a Gonzalo Colimodio y a don Enrique Sarasola,
personas de gran vinculación a los Presidentes Pérez y
González? ¿Qué comisiones fueron pagadas en esta operación y
quiénes fueron los beneficiarios, señor Ministro? ¿Se pagaron
comisiones a través de la empresa Focoex Internacional,
domiciliada en Panamá y creada, según algunos medios de
comunicación, para el pago de esas comisiones? ¿En qué
consistió el informe del Director General de Transacciones
Exteriores autorizando el canje de deuda cubana por deuda
venezolana?
¿En qué ocasiones se han realizado otros tipos de canjes como
éstos? ¿Como es posible que, a pesar de que en 1989 Focoex
pagara 1.459 millones en servicios exteriores, no figure el
pago de comisión alguna durante ese ejercicio en los listados
de la Dirección General de Transacciones Exteriores? ¿Se ha
realizado algún tipo de investigación por parte de su
Departamento en referencia con este asunto?
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Hernando,
termine ya, por favor.
El señor HERNANDO FRAILE: Termino ya mismo.
¿Por qué se permitió que el crédito que inicialmente se había
concedido al Gobierno venezolano fuera adjudicado al Banco
Industrial de Venezuela, modificando el acuerdo inicial y
eludiendo de esa forma que el Parlamento venezolano pudiera
examinar la operación? ¿Cómo es posible que algunos
responsables de esa entidad bancaria --Banco Industrial de
Venezuela-- dijeran que la parte del préstamo aún pendiente no
iba a ser devuelta, debido a que la compañía venezolana que
instrumentaba la operación estaba disuelta y que esa operación
consistía en un regalo que el señor González hacía a don
Carlos Andrés Pérez? ¿Pudo servir esa operación, señor
Ministro, para financiar pagos provenientes de los gastos de
campaña electoral del señor Carlos Andrés Pérez? ¿Por qué el
señor Ministro se ha negado a facilitar a esta Cámara el
expediente completo de esta operación, a pesar de que...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Termine ya, por favor.
El señor HERNANDO FRAILE: ..., a pesar de que ya se ha
rebasado el plazo que marca el Reglamento del Congreso?
Estas son algunas de las preguntas que usted tiene que
contestarme. Estas son las preguntas que siembran serias dudas
sobre el desarrollo de toda una operación que ha tenido graves
consecuencias, como decía al principio, para el comercio
español en Venezuela. Usted se ha comprometido, usted ha
mentido en los medios de comunicación y ayer mismo no decía la
verdad en la propia Comisión de Economía, Comercio y Hacienda
cuando se refería a la concesión de este crédito. Por lo
tanto, hoy va a tener que decir la verdad. Hoy queremos que
diga la verdad y a eso le emplazamos. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para contestar, en
nombre del Gobierno tiene la palabra el señor Ministro de
Comercio y Turismo.
El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro
Navarrete): Con la venia de la Presidencia.
Yo creo que la intervención del señor Diputado es
extraordinariamente demagógica. (Rumores.--Protestas.--Un
señor Diputado: ¡Bueno, bueno!-- Otro señor Diputado: De eso
nada.), en la cual, en conjunto, se mezclan verdades, medias
verdades y falsedades (Rumores.), de las cuales saca
deducciones extraordinariamente poco correctas.
(Rumores.--Protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor
Ministro.
Señorías, durante la intervención del interpelante nadie ha
molestado y se le ha dejado decir aquello que él deseaba
expresar. Ruego a SS.SS. que se comporten ahora de la misma
manera cuando es otro el que interviene.
Continúe, señor Ministro.
El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro
Navarrete): Efectivamente, como ha dicho cosas absolutamente
ciertas y cosas que no lo son, es necesario explicar el
conjunto de la operación.
Es verdad --y lo ha dicho el señor Diputado-- que la empresa
Focoex durante el año 1988 intentó entrar en el mercado
venezolano del azúcar. Por lo tanto, esa es una verdad
incuestionable y que nadie jamás ha puesto en duda. Al mismo
tiempo, lo que es verdad también es que no lo consiguió. El
mercado venezolano era un mercado oligopolizado
fundamentalmente por empresas norteamericanas y, a pesar de
los intentos y de los esfuerzos de la empresa Focoex --una
empresa dedicada al comercio internacional, que financia parte
de sus operaciones, evidentemente, con créditos FAD y más del
50 por ciento con procedimientos y créditos normales en el
mercado--, no consiguió entrar en él a lo largo del año 1988
en ninguna ocasión. Por lo tanto, no es verdad que la
operación de la que estamos hablando se hubiese empezado en
1988. Lo que es verdad es que Focoex había intentado entrar en
1988. Esta es una operación que comienza a partir del
caracazo, cómo se ha dicho. Yo no lo he dicho en una carta. Yo
no firmé ninguna carta a los medios de comunicación. Se mandó
una nota oficial del Ministerio. Es verdad que un medio de
comunicación la publicó firmada por mí, pero evidentemente no
estaba firmada por mí.
A raíz del caracazo, y dada la magnitud del problema
alimenticio, el Gobierno venezolano se dirigió a varios países
europeos solicitando ayuda urgente tanto en facilidades
financieras puras como en abastecimiento financiero a largo
plazo. Focoex fue encargada por el Ministerio de Economía y
Hacienda, a través de la Secretaría de Estado de Comercio, de
seleccionar una gran cantidad de productos básicos con los que
hacer frente a esta situación. Se elaboraron ofertas por un
valor aproximado de 200 millones de dólares USA en alimentos y
materias primas de todo tipo, como trigo, maíz, leche en
polvo, cebada, aceite, sal, conservas, azúcar, vinagre, harina
y arroz.
Después de todo esto, las autoridades venezolanas optaron por
solicitar a España una operación de emergencia sólo en azúcar,
ya que su déficit era muy cuantioso y la carencia de ese
producto muy sensible para la población. Es evidente que una
carencia de 350.000 toneladas no se produce por efecto del
caracazo. Es evidente que el país tenía un déficit de azúcar y
que, por tanto, a lo largo del año 1988, Venezuela hizo varios
concursos internacionales de suministro de
azúcar, que se declararon en su totalidad desiertos por falta
de recursos financieros o porque consideraron que las ofertas
no cumplían las condiciones adecuadas. Por lo tanto, insisto
en que ha habido una mezcla de cosas ciertas y de cosas no
ciertas en la intervención del Diputado.
A partir de ese momento y con la solicitud hecha a España por
el Gobierno venezolano de suministro de azúcar por 350.000
toneladas, que es verdad que era la evaluación que la
Distribuidora Venezolana de Azúcares había hecho del déficit,
se monta la operación efectivamente con un crédito FAD de 50
millones de dólares a dos años y cinco por ciento de interés.
Evidentemente, se financia a dos años porque la política es
que no se financian productos a mucho más largo plazo que el
consumo. Los créditos a largo plazo son para bienes de equipo
que se amortizan a lo largo de muchos años. Por lo tanto, las
condiciones que se daban tenían una lógica porque era una
operación excepcional. El Decreto-ley del año 1976 prevé que
pueda ocurrir con suministros no ligados, que es como figura
realmente en el Decreto, y, por lo tanto, se hace una
excepción a la normativa general de los FAD que prevé el
propio Decreto que lo constituye y se hace una operación con
azúcar no española.
El problema se genera en Venezuela dada la turbulencia
política de la época generada por una situación muy concreta:
el contrato que se firma con el Banco Industrial de Venezuela
y con la Distribuidora Venezolana de Azúcares se firma a
precio fijo.
A lo largo del año 1989 el precio del azúcar en el mercado
mundial sube y las entregas que se hacen a lo largo del año
1989 se hacen por debajo del precio internacional, por lo
tanto, nadie protesta. En el año 1990 el precio empieza a
oscilar en el mercado del azúcar, con una fuerte caída del
precio del azúcar, y algunas de las entregas de los años 1990
y 1991 se hacen cuando el mercado internacional estaba por
debajo del precio fijado en el contrato, lo cual hace que,
dada la situación política de Venezuela, se articule un gran
debate político en Venezuela sobre la posibilidad de
existencia de sobreprecios.
Sobre eso hay un informe en el Parlamento venezolano y en la
sociedad venezolana se produce un largo debate instrumentado,
desde el punto de vista económico, por los suministradores
habituales de Venezuela en materia de azúcar y, desde el punto
de vista político, por la oposición al Presidente Carlos
Andrés Pérez.
Eso genera un dictamen muy largo --que creo que el Diputado
conoce y si no es así lo tiene a su disposición-- de la
Contraloría General de la República, equivalente al Tribunal
de Cuentas español, que en sus conclusiones --y son 27, de las
cuales les puedo leer alguna-- dice: Conclusión número 11: No
se puede concluir que las modificaciones habidas en el
programa de las entregas de producto, en cuanto a la cantidad
de éste por tipo y en el lapso de entrega, ocasionaran
pérdidas para la República, dado que la condición de fijeza
del precio pactado para el 10 de abril de 1989 constituyó una
ventaja para Venezuela, en razón de que, a nivel
internacional, para el año 1989 se produjo una variación del
precio «spot» para ambos tipos de azúcares con tendencia al
alta, de manera tal que se originó una economía de 25,93
dólares USA por tonelada de refino y de 31,85 por tonelada de
crudo en dicho lapso.
En otra de las conclusiones, en la 23, se dice que respecto a
los precios pactados en dólares, 337 y 415 por tonelada de
azúcar crudo y refino respectivamente, esta Contraloría no
encontró evidencias que le permitan concluir que éstos no
hayan sido justos y razonables.
Después de pasar el Tribunal de Cuentas, la Contraloría
General de la República, hubo un informe del Fiscal General
del Estado del que les voy a leer sólo también el último
párrafo en que dice: De acuerdo con lo anterior, en criterio
de la Contraloría General de la República, los precios
pactados para la compra del azúcar crudo y el refino fueron
justos y razonables. Es decir, que no hubo sobreprecio en la
operación, lo cual concuerda con lo expresado por el informe
de la Comisión Permanente de la Contraloría de la Cámara de
Diputados en cuanto a que la compra del azúcar no llevó
aparentemente implícito ningún sobreprecio. Y tomando en
consideración lo también expresado por este organismo
contralor en relación al crédito que fue otorgado en
condiciones por demás ventajosas para Venezuela, esta
Contraloría General de la República, luego del análisis del
aludido informe y de los documentos que lo respaldan, hace
suyas las expresadas conclusiones, pronunciándose
favorablemente en cuanto a que la República debe proceder al
pago del crédito que le fue concedido, porque no existen
razones jurídicas ni morales para no hacerlo.
El debate, por tanto, en un mundo que, en Venezuela, ha sido
especialmente volcánico y tumultuoso en estos años, ha sido
cerrado con el informe de la Contraloría General y de la
Fiscalía de la República de Venezuela, que son absolutamente
concluyentes y los tienen totalmente a su disposición. Por lo
tanto, la propia Contraloría General de la República y la
Fiscalía del Estado de Venezuela dicen que no es cierto que
haya habido sobreprecios. Por lo tanto, no ha habido
pelotazos, o palabras de ese estilo, en ningún aspecto; ni
desde el punto de vista venezolano ni, mucho menos, desde el
español hay ninguna evidencia de que se hayan producido. Desde
el punto de vista español la operación está ajustada a la ley,
no incumple la ley en ninguno de sus aspectos y, por lo tanto,
no hay ninguna razón para efectuar afirmaciones más allá de la
información razonable sobre un tema que ha sido polémico y que
ha implicado la existencia de una investigación para averiguar
qué problemas podían concurrir,
no de legalidad, sino de posibles cosas que no estuviesen
suficientemente claras. (El señor Martínez-Villaseñor García:
Sarasola.)
No se puede ligar la aprobación o no de la ley de crédito
público a la operación de venta de azúcar. Primero, porque la
aprobación o no de la ley de crédito público fue un tema
evidentemente de la oposición a Carlos Andrés Pérez y es
evidente que en esos años la situación política de Venezuela
no se caracterizó por la estabilidad ni por su facilidad en
tramitar las leyes.
En primer lugar, se dice que no es legal el Decreto-ley del
año 76. El artículo 7.1 del Decreto-ley que constituye los FAD
dice: Dichos créditos y ayudas están ligados a la adquisición
por el beneficiario de bienes y servicios españoles. (El señor
Martínez-Villaseñor García: Sarasola.) Excepcionalmente podrán
considerarse créditos y ayudas de carácter financiero no
ligado. Por lo tanto el Decreto-ley prevé la posibilidad, de
carácter excepcional, de la existencia de créditos no ligados
y, por tanto, no hay un incumplimiento de la ley y no se puede
decir que no se haya cumplido la ley.
No se ha mentido al Parlamento. Yo no he intervenido en esta
Cámara para hablar de este tema. No se ha mentido a la prensa
porque las afirmaciones que hemos hecho a los medios de
comunicación desde el Ministerio --no he sido yo,
personalmente, quien las he hecho-- no han incumplido la
legalidad.
No se puede hablar de sobreprecios y comisiones porque el
propio informe --e insisto, lo tienen ustedes a su
disposición-- de los organismos competentes venezolanos es
concluyente y dice expresamente de que no se puede hablar de
sobreprecios. (El señor Martínez-Villaseñor García: Sarasola.)
Los embarques se hicieron a lo largo del año 89, más de
250.000 toneladas y el resto en los años 90 y 91 porque hubo
un acuerdo entre la empresa suministradora y el cliente
venezolano para realizarlo de esa manera.
El acuerdo con Cuba fue enormemente favorable para España,
porque lo que se hizo fue compensar en la cuenta de deudas que
Cuba tenía con el Banco de España el 50 por ciento de la
operación de compra a Cuba para amortizar deuda. Por lo tanto,
no sólo no se puede considerar que fuese una operación
negativa, sino que fue una operación especialmente positiva.
Ya que hablan tanto del señor Sarasola --hay un Diputado que
no hace más que citarle en voz alta desde que he empezado mi
intervención--, no tenemos nada que decir sobre el señor
Sarasola. Los negocios del señor Sarasola son problema del
señor Sarasola, evidentemente, y, por lo tanto, el Gobierno no
tiene ninguna responsabilidad en los negocios que el señor
Sarasola pueda o no hacer. Lo que sí le puedo decir es que en
esta operación el señor Sarasola no cobró comisiones por parte
de ninguna institución española ni de Focoex ni de ninguna
persona del Ministerio y, por lo tanto, no hay ninguna
implicación del señor Sarasola en esta operación, desde el
punto de vista español. Sobre lo que pueda o haya podido haber
en el lado venezolano existen los informes concluyentes de las
instituciones venezolanas, pero nosotros, como Gobierno
español, no nos hacemos responsables de nada de lo que pueda
ocurrir en un país que no es el nuestro.
Hace referencia S.S. a las consecuencias que tuvo en el
comercio hispano-venezolano. Yo creo que esta operación fue
instrumentada políticamente de una manera muy activa en los
medios de comunicación, insisto, con una doble vertiente, una
vertiente fue la de una multinacional americana que perdió la
operación y que, por lo tanto, instrumentó económica y
comercialmente la pérdida, y hubo barullo por este motivo en
los medios de comunicación, y, por otro lado, hubo una
instrumentación política en contra del Presidente Carlos
Andrés Pérez, en momentos de suma debilidad parlamentaria y
personal del Presidente.
Hemos dicho claramente que sobre el tema de los sobreprecios,
que es el que se movió activamente en la prensa venezolana,
hay los informes que ya he citado sobre ese asunto y que son
los informes que cierran la investigación en Venezuela. Los
informes definitivos sobre la investigación en Venezuela son
los informes del Tribunal de Cuentas venezolano y del Fiscal
General del Estado venezolano, que son absolutamente
concluyentes.
Dice S.S. que eso ha tenido imagen sobre España. Probablemente
el Diputado tenga razón, en el sentido de que es verdad que ha
tenido un efecto negativo sobre la imagen de España en
Venezuela, y por consiguiente no se puede poner en duda desde
la buena fe que si hoy tuviésemos que volver a empezar y
rebobinar la operación, visto el efecto que ha tenido,
probablemente no lo haríamos, pero eso no quiere decir nada
más que eso; no quiere decir que la operación estuviese bien
ni mal. La operación está bien montada, legalmente responde a
los criterios de legalidad, que está bien instrumentada, que
se produce con unos beneficios razonables para la empresa y
que, por lo tanto, no tiene problemas. Que el efecto que
después se ha producido por todo lo que ha pasado ha sido
negativo para el comercio hispano-venezolano es un tema que
desde la buena voluntad no se puede discutir.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vaya concluyendo,
señor Ministro.
El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro
Navarrete): Sí, señor Presidente.
La operación se monta con un crédito FAD de 50 millones de
dólares y con unos créditos comerciales por valor de 83
millones de dólares. El estado de la operación en este momento
es que el Banco Industrial de Venezuela, que es el que
instrumenta la operación, ha pagado los 83 millones de dólares
de los créditos comerciales
y ha pagado 23,9 millones de dólares, más los intereses, del
crédito FAD. Están pendientes 26,1 millones del crédito FAD,
que están impagados y, por lo tanto, el Gobierno español y el
Ministerio de Comercio específicamente están intentando el
cobro. Hasta tal punto nos preocupa el cobro de este crédito
que al poco tiempo de la toma de posesión del Presidente
Caldera fui a Venezuela a hablar con él para hacerle llegar,
no sólo al Presidente sino a los ministros responsables del
área económica, la inquietud de España por el impago de este
crédito. Puedo decir que tanto las palabras de los ministros
de Hacienda y de los ministros responsables del área económica
como del Presidente de Venezuela fueron en el sentido de
decirnos que Venezuela va a hacer frente a sus
responsabilidades y, evidentemente, a sus obligaciones
económicas y pagará este crédito.
Ha dicho S.S. otras cosas en las que no quiero entrar. No
puedo contestar a si el señor Solchaga dijo que el 0,2 por
ciento del FAD era lo que significaban los 50 millones de
dólares. Esto me sorprende, pero no estoy preparado para
contestar a esta afirmación en este momento. En cualquier
caso, permítame que dude que haya dicho esas cosas.
De todos modos, no se ha incumplido ninguno de los mecanismos
legales; la operación, desde el punto de vista legal, se ha
hecho estrictamente, con beneficios para la empresa y,
evidentemente, en el momento en que se pague la deuda
pendiente del crédito FAD, habrá sido una operación positiva
desde el punto de vista comercial. Sí quiero decir que ha
tenido efectos negativos, que hay que reconocer. Esa es la
realidad.
¿Hay algún señor del Banco Industrial de Venezuela que ha
dicho que no van a pagar? No tenemos constancia; nadie lo ha
dicho de forma oficial. Las constataciones que tenemos de
forma oficial consisten en que el Estado de Venezuela va a
pagar, va a hacer frente a la operación; las instituciones
venezolanas, insisto, dicen que tiene que hacer frente. La
última frase del Fiscal General del Estado es taxativa, porque
dice: Debe proceder al pago del crédito que le fue concedido
porque no existen razones jurídicas ni morales para no
hacerlo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro.
Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor Presiente.
Debo decirle al señor Ministro que nos ha decepcionado su
presencia y su intervención hoy aquí; nos ha decepcionado
porque usted no ha contestado muchas de las cosas que se le
han preguntado, no sé si porque usted no tuvo conocimiento
hasta recientemente de lo que pasó en esa operación, no sé si
porque usted sigue sin leerse el informe del Tribunal de
Cuentas, que ya dijo usted dos veces en esta Cámara, a
preguntas de este parlamentario, que no se había leído, o no
sé si es que lo que ha pretendido ha sido tirar balones fuera.
Vayamos por partes, señor Ministro. Usted dice que es cierto
que la empresa Focoex había realizado intentos de suministro
de azúcar a Venezuela. Indudablemente eso es cierto, pero el
hecho de que la propia Distribuidora Venezolana de Azúcares
hiciera en octubre de 1988 una oferta y una demanda a su
Gobierno de la necesidad de adquirir 350.000 toneladas de
azúcar para cubrir el déficit que Venezuela tiene
tradicionalmente supone que Focoex preveía que, tarde o
temprano, se iba a realizar este tipo de operación y en ningún
caso hace prever que la causa de esta adjudicación fuera el
tema del caracazo. Señor Ministro, usted mismo lo ha dicho: el
Banco de España ofreció un crédito de 450 millones de dólares
para la compra de bienes de consumo. Por tanto, el Gobierno
venezolano tenía un instrumento perfectamente plausible y
perfectamente lógico para adquirir ese azúcar para ese
desabastecimiento urgente que ustedes dicen, precisamente a
través de ese crédito del Banco de España y no a través del
crédito FAD que autorizó el Consejo de Ministros tan sólo en
comisión interministerial un día después de que concluyera el
caracazo.
También ha hecho usted referencia al informe de la Contraloría
General de la República y de la Procuraduría General de
Venezuela, pero ha hecho usted referencia a uno de los
párrafos; se le ha olvidado otro, precisamente el de encima
del que usted ha leído. En ese párrafo se dice: En
consecuencia, la prima realmente cancelada con relación a este
tipo de azúcar fue, en dólares USA, de 62,47 por tonelada
métrica; es decir, un 29,33 por ciento por debajo de la prima
que primeramente se había pactado. Indudablemente, señor
Ministro, cualquier operador del mercado de commodities sabe
que una comisión de 10 dólares por tonelada es una comisión
normal y habitual en este tipo de negocios, una operación con
una prima de 25 dólares es un pelotazo; una operación como se
había pactado en principio de 88,40 dólares es un atraco (La
señora De Palacio Valle-Lersundi: ¡Muy bien!), pero una
operación con una prima de 62,47 dólares por tonelada,
permítame que le diga que está fuera de toda la concepción de
mercado, que supone clarísimamente que aquí ha existido un
sobreprecio, y usted, señor Ministro, no nos ha aclarado esta
tarde quién se ha beneficiado de ese sobreprecio. Ha dicho que
alguien se ha beneficiado y que hubo beneficios en el
sobreprecio, pero no nos ha aclarado quien ha sido. (La señora
De Palacio Valle-Lersundi: ¡Muy bien!) También ha dicho que al
señor Sarasola no se le pagaron comisiones por parte de
España, pero no nos ha dicho cuál ha sido el papel de la
empresa Carib Sugar, que según decía un Diputado venezolano de
Acción Democrática, partido que sustentaba entonces al señor
Carlos Andrés Pérez y del que recientemente le han expulsado,
había intervenido en esta operación.
Ha hablado usted del tema de legalidad y esta vez no ha dicho
lo mismo que dijo ayer en la Comisión de Economía, Comercio y
Hacienda, esta vez sí ha leído usted, por primera vez, lo que
dice el Real Decreto-ley de 24 de agosto. Y ese Real
Decreto-ley dice, en su artículo 7, que dichos créditos y
ayudas están ligados a la adquisición por el beneficiario de
bienes y servicios españoles y que excepcionalmente podrán
considerarse créditos y ayudas de carácter financiero no
ligado. Eso no quiere decir que el carácter no ligado tenga
que ser ligado a operaciones de exportación de terceros
países. Lo que quiere decir eso, en el marco de un Real
Decreto-ley de Medidas Fiscales de Fomento a la Exportación,
es que se permite el pago de estos fondos para refinanciación
de deudas y para donaciones, como precisamente el propio
Tribunal de Cuentas reconoce, pero en ningún caso, señor
Ministro, sirve para exportar bienes de países terceros.
Además, Usted no ha hecho mención a los criterios que el 3 de
julio de 1984 estableció la propia comisión interministerial
del FAD, que dicen que la naturaleza de la operación tendrá
que ser financiación de bienes o proyectos que incorporen
tecnología avanzada o valor añadido nacional elevado. Yo creo,
señor Ministro, que todavía el azúcar cubano no incorpora
ningún tipo de tecnología avanzada o valor añadido nacional
elevado. Tampoco ha aclarado usted qué es lo que pasó y si es
verdad que ha existido ese azúcar que fue entregado en malas
condiciones y si se pagaron seguros a través del CESCE, no nos
lo ha aclarado.
No ha aclaro tampoco, como le decía anteriormente, cuál fue el
papel desarrollado por los intermediarios. Tampoco ha dicho si
a través de Focoex Internacional se pagó algún tipo de
comisiones. Tampoco ha dicho si el Director General de
Transacciones Exteriores, persona vinculada a la directora de
operaciones de Focoex que intervino en esta operación, informó
sobre el canje de deuda venezolana por deuda cubana. y sigue
usted sembrando dudas, con su silencio, sobre muchísimas de
las cosas y de las cuestiones que se le han planteado.
Usted no ha dicho en esta Cámara, señor Ministro, ni ha sido
capaz de explicar por qué todavía no ha entregado el
expediente completo de esta operación, tal y como le
solicitamos en su día a través de la Cámara, ni tampoco ha
explicado por qué cada vez que se le pregunta algo sobre
créditos FAD nos vemos en la obligación, en la mayoría de las
ocasiones, de tener que solicitar amparo al Presidente de esta
Cámara para obtener esa información.
En resumen, señor Ministro, nosotros tenemos que mantenernos
en todas y cada una de las afirmaciones que hemos hecho hoy
aquí. Cuando Choderlos de Laclos estrenó su obra «Las
amistades peligrosas» contestaba a un periodista que le
preguntaba qué era lo más importante de su obra diciéndole que
lo importante de la obra de teatro era lo que los espectadores
podían imaginar que sucedía en los entreactos. Nosotros no
queremos imaginarnos qué es lo que sucede en los entreactos,
nosotros, como representantes del pueblo y en virtud de la
soberanía popular, tenemos derecho a conocer y a saber qué es
lo que ha sucedido en esta operación, al igual que han tenido
derecho a conocerlo parlamentarios de otro país. Eso, señor
Ministro, nos va a llevar a una conclusión, que va a ser la
presentación, el próximo martes, de una moción, por parte de
nuestro Grupo, en la que se pida y reivindique una comisión de
investigación para averiguar qué es lo que ha sucedido y dónde
han ido a parar esos beneficios y esas comisiones en el
desarrollo de esta operación. Si usted tiene interés en que
esta situación se aclare, si usted sigue manifestando y
manteniendo alguna de las cuestiones que ha realizado y
defendido en esta tribuna, es necesario que indique al Grupo
Socialista que hoy le mantiene qué es lo que quiere, de una
vez por todas, solucionar, y pedirle que vote con el Partido
Popular la creación de una comisión.
No somos nosotros, señor Ministro, los que hemos hablado de
negocios entre Felipe González y Carlos Andrés Pérez; son los
titulares del periódico «La Nación», el 24 de marzo de 1994,
los que hablan de que los negociados entre el señor Carlos
Andrés Pérez y el señor Felipe González provocaron la
suspensión y el retraso en el acuerdo y en el convenio firmado
entre España y Venezuela el 7 de julio de 1990, por un
importe, señor Ministro, de 3.000 millones de dólares, que,
como sabe, y como usted mismo al final de su intervención ha
reconocido, fueron un grave perjuicio para las exportaciones y
para los intereses de las empresas españolas en ese país.
Nada más, señor Ministro. (Aplausos en los bancos del Grupo
Popular.--Varios señores Diputados: ¡Muy bien!)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro
Navarrete): Muchas gracias.
A mí me da la impresión de que el señor Diputado no quiere
saber lo que ha pasado. Lo que quiere es, en una estrategia
que no es ni la primera ni la segunda vez que el señor
Diputado sigue, echar basura sobre un conjunto de personas y
de nombres conocidos.
Usted ha citado un periódico. Yo tengo aquí también muchos
periódicos venezolanos que hablan en sentido contrario, y
tengo todos los que quiera. Por tanto, lo que quiero decir es
que se puede escoger cualquier cosa.
Tampoco es cierto lo que usted acaba de decir, y no es el
señor Diputado el que ha dicho esas cosas. Yo tengo también
declaraciones del señor Diputado en medios de comunicación,
tanto escritos como radiofónicos, de las cosas que ha dicho.
Por ello creo que el problema no es tanto la voluntad de
conocer la realidad como la de utilizar una operación que, en
última instancia, ha resultado no positiva (eso ya lo he dicho
desde el primer momento), para echar basura sobre un conjunto
de personas.
En cuanto a si he tenido o no información, yo creo que tengo
la información necesaria para haber afirmado las cosas que he
afirmado aquí. El señor Diputado ha hecho tal cantidad de
preguntas que, evidentemente, a algunas de ellas no puedo
contestarle en este momento; por eso no lo he hecho, pero se
las puedo contestar con el tiempo adecuado. Pero voy a ir al
fondo del asunto.
Que la Distribuidora de Azúcar Venezolana tenía una previsión
de 350.000 toneladas hecha en el año 1988, evidentemente, eso
no quiere decir nada. Yo insisto en que ya le hubiese gustado
a Focoex poder entrar el año 1988 en el mercado venezolano del
azúcar. Por tanto, eso no sólo no es contradictorio sino todo
lo contrario. Ya le hubiese gustado entrar en el mercado del
azúcar en el año 1988. La realidad es que no pudo entrar y que
sólo el caracazo permitió que se pudiese hacer una operación,
porque antes había sido imposible entrar en el mercado
venezolano.
Sobre los párrafos que usted ha citado, sería bueno que los
Diputados leyesen el conjunto. Las conclusiones de la
Contraloría General de la República tienen ocho páginas y son
absolutamente concluyentes. No hay ni una sola acusación a la
parte española, ni una sola crítica a la parte española. Hay
un conjunto de críticas al Banco Industrial de Venezuela,
numerosas, al cual critica por la forma de gestión de toda la
instrumentación financiera de la operación, y evidentemente el
que el Banco de Venezuela lo hiciese bien o mal no es
responsabilidad del Gobierno español. Hay una crítica muy
extensa, de varios puntos, a la gestión del Banco Industrial
de Venezuela.
Puedo citar algún aspecto más, porque el conjunto de las
conclusiones del informe es absolutamente definitivo. El punto
5 dice: Previa la adjudicación de la adquisición, el
Ministerio de Fomento realizó una consulta internacional de
precios a las empresas tradicionales y no tradicionales en
proveer este tipo de producto. Igualmente, efectuó una
evaluación de las ofertas consignadas de acuerdo con la cual
se escogió la firma proveedora de Focoex. Esto quiere decir
que la Contraloría General de la República establece
claramente que la oferta de Focoex era la mejor. Es verdad que
en otro punto dice que en parte era la mejor debido a unas
mejores condiciones financieras.
El punto 7 dice: El contrato de compraventa suscrito previó
que la certificación de peso y calidad del producto fuese no
solamente en el puerto de embarque sino en el puerto de
destino, lo cual implica que lo denunciado a este respecto no
se ajusta a la realidad. Y es otra de las conclusiones de la
Contraloría General de la República.
Si quieren, podría leer todos los puntos que afectan a la
parte española, pero evidentemente, lo que le quiero decir, y
lo digo con tono absolutamente concluyente, es que no hay ni
una sola crítica a la operación desde el punto de vista de la
parte española. Lo que hay es una crítica amplia a la
instrumentación financiera que el Banco Industrial de
Venezuela hizo de la operación.
Insisto en que utilizar la palabra pelotazo puede ser muy
demagógico, pero, evidentemente, aquí no hay sobreprecios. Hay
otro punto que también voy a leer, que es el 23, porque dice:
Los precios justos y razonables para el azúcar crudo y el
refino, ausentes de condiciones extraordinarias, fueron
estimados por la consultora en 311,51 y 395,8 dólares por
tonelada. No obstante, se constató que para el año 1989 las
condiciones limitativas del mercado mundial del azúcar, las
grandes cantidades negociadas y la crítica situación económica
y financiera de Venezuela, así como las características
particulares de la transacción, justifican, en criterio de
este organismo, un incremento en los referidos precios. Por
tanto, respecto a los precios pactados, 337 y 405 para el
azúcar crudo y refino, esta Contraloría no encontró evidencias
que le permitan concluir que éstos no hayan sido justos y
razonables. Me parece que es suficientemente taxativo.
Sobre el carácter ligado o no ligado, me parece que el señor
Diputado no entiende muy bien lo que significa. Desde el punto
de vista de la OCDE, que es la que lo define, el consenso de
la OCDE denomina créditos no ligados a aquellos que se
conceden sin la exigencia de que los bienes financiados sean
del país exportador y financiador. Por tanto, cuando dice que
excepcionalmente podrán ser de carácter no ligados, quiere
decir que podrán ser productos no españoles, y eso es lo que
se entiende en todo el asunto.
Al final, S.S. ha sembrado un conjunto de dudas sobre la
postura informadora de este Ministerio sobre los problemas
FAD. Nosotros tenemos el criterio de que hay un conjunto de
temas que forman prte del know how de una empresa. En
cualquier caso, le hemos suministrado toda la información
ligada a créditos FAD. El amparo que el señor Diputado
solicita ahora es porque pide información de operaciones
concretas de la empresa Focoex, que no están financiadas por
FAD y, por lo tanto, nuestro criterio es que, evidentemente,
no debemos tener acceso. También por una experiencia larga que
tenemos, y es que los papeles que se le entregan al señor
Diputado aparecen en un medio de comunicación al cabo de un
corto plazo de tiempo; eso sí se lo quiere decir.
En cuanto al expediente, le diré que es un expediente muy
voluminoso y muy importante, que creemos que no hay que
entregarlo al señor Diputado, pero le hemos hecho una oferta
formal, y el Diputado la conoce, de ir a la empresa para que
allí pueda revisar y mirar, en el tiempo que necesite, el tema
de la empresa. Por lo tanto, tiene la información a su
disposición. Nosotros defendemos el criterio de que las
empresas tienen un know how empresarial que hay que defender
y, probablemente, si el Diputado hubiese sido respetuoso con
otras informaciones, no se plantearía ahora este problema. (El
señor Martínez-Villaseñor García: ¡Encima insultando!--El
señor Hernando Fraile y la señora De Palacio Valle-Lersundi
piden la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Señor Hernando?
El señor HERNANDO FRAILE: Señor Presidente, el señor Ministro
me ha contradicho no sólo en algunos de los argumentos, sino
que, además, ha hecho referencia a una presunción de
comportamiento no adecuado en cuanto a que documentación
parlamentaria pueda ser suministrada a los medios de
comunicación para que los españoles se enteren de ello. Por lo
tanto, le pido un turno, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Ya lo ha utilizado
usted sin acogerse a la indicación.
Mire usted, las expresiones que ha utilizado el señor
Ministro, así como las de usted, yo no las quiero valorar. En
cualquier caso no han sido realizadas en un tono despectivo
superior a los calificativos que usted ha utilizado antes en
su intervención. (El señor Martínez Martínez, don Miguel
Angel: ¡Muy bien!) Dentro de la libertad parece que es normal
en estas intervenciones parlamentarias y por lo tanto, no
tiene un turno.
El señor HERNANDO FRAILE: Perdone, señor Presidente... (La
señora De Palacio Valle-Lersundi pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No tiene la palabra,
señor Hernando.
Señora De Palacio.
La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: El señor Ministro ha
planteado una cuestión de orden relativa a las relaciones
entre la Cámara y el Ejecutivo que me parece de una extremada
gravedad. Es decir, que ahora el señor Ministro sea quien
juzga los papeles que puede dar o no dar a los Diputados, en
función de que él considera que los Diputados de esta Cámara
hacen o no hacen un uso adecuado o no adecuado...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): señora De Palacio,
primero tenía que haber indicado a la Presidencia para qué
motivo solicitaba la palabra.
La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Por una cuestión
reglamentaria, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Ministro ha
expresado su opinión, que a S.S. puede parecerle razonable o
no razonable, dentro de la libertad que tiene de expresarse.
(Protestas en los bancos del Grupo Popular.)
No tiene la palabra, señora De Palacio.
La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Señor Presidente, no es
una cuestión de una opinión del señor Ministro; es que retiene
papeles e información a la soberanía popular en función de que
él, él, personalmente decide...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡Señora De Palacio!
La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: ... de manera autónoma...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡Señora de Palacio!,
por favor.
La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: ... que no corresponde
que dé una información que está obligado a suministrar.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡Señora De Palacio,
señora De Palacio, no tiene la palabra!
La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Señor Presidente...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No tiene la palabra.
No me obligue a llamarla al orden.
Señora De Palacio, tanto un Grupo Parlamentario como
cualquiera de las señorías tienen los procedimientos
reglamentarios adecuados para hacer las protestas o las quejas
que considere oportunas y no ahora en un turno de
intervención.
La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Señor Presidente,
entendía que era el momento de decirlo ahora oralmente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora De Palacio, no
tiene la palabra. (Rumores.--El señor Martínez-Villaseñor
García: La mordaza.)
¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Sedó, por el Grupo Catalán
(Convergència i Unió).
El señor SEDO I MARSAL: Señor Presidente, haré una
intervención muy breve porque ésta es una interpelación en la
que es difícil tomar posición por cuanto la finalidad de la
misma está en una línea totalmente negativa, bajo nuestro
punto de vista, por no decir demagógica.
Por tanto, nuestro Grupo, al que le gusta intervenir siempre
con carácter positivo, esperará a la moción la próxima semana,
aun cuando dudamos de que pueda sacarse una línea positiva,
pero, en fin, nuestro Grupo fijará en la moción un juicio más
concreto respecto al tema de hoy.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Señor Presidente, señorías, en
realidad ya hemos asistido a este debate, bien que con otra
textura, porque prácticamente las mismas manifestaciones que
han sido expresadas tanto por el señor Diputado del Grupo
Popular como por el señor Ministro han aparecido en los medios
de comunicación exactamente igual que han sido vertidas esta
tarde aquí. Por tanto, es un debate que no ha aportado más luz
de la que se pudiera haber sacado ya de la atenta lectura de
los medios de comunicación de los últimos días de mayo y
primeros días de junio.
En cualquier caso, los créditos FAD siempre son créditos con
problemas. Usted sabe, señor Ministro, que no es la primera
vez que aparecen irregularidades detrás de los créditos FAD.
En este caso concreto la supuesta irregularidad tiene relación
con la venta de azúcar, pero en otras ocasiones, quizá las más
frecuentes, los créditos FAD tienen que ver con la venta de
armamento, cosa que se compadece más con el «leitmotiv» de los
propios créditos FAD. En el informe que elaboró una ponencia
de la Comisión de Exteriores la pasada legislatura, que
intentaba informar la política de cooperación española, se
decía como dato destacable, por ejemplo, que los países que
gastan más del 4 por ciento de su producto interior bruto en
adquisición de armamento, a nivel global, son los que reciben
más del 80 por ciento de los créditos FAD a nivel global
también, lo que, repito, en no pocas ocasiones ha significado
interpelaciones o acciones parlamentarias diversas respecto a
la justeza de utilizar estos créditos o estos fondos de ayuda
al desarrollo no solamente para generar comercio entre nuestro
país y un país en vías de desarrollo a partir de cualquier
tipo de empresa o a través de la que hoy ha sido aquí citada,
Focoex, sino que en muchas otras ocasiones se ha confundido el
desarrollo económico de un país necesitado con la adquisición
de armamento por su parte, lo que difícilmente se compadece
con ese desarrollo económico-social que parece ser el objetivo
deseado. Sinceramente, después de oír tanto al Grupo
interpelante como al señor Ministro, nos quedan las mismas
dudas que teníamos después de haber leído atentamente las
noticias de prensa que han aparecido sobre este tema.
En cuanto a la propuesta que hace el Grupo Popular y que
sustanciará la próxima sesión con la presentación de su moción
de creación de una nueva Comisión de investigación, no tengo
inconveniente en decirle al Grupo proponente ya que vamos a
tener que meditar muy seriamente sobre la conveniencia de la
misma, porque si bien es conocido que nuestro Grupo ha estado
siempre a favor de la creación de comisiones de investigación,
no sé si, quizá porque hemos pasado un larguísimo período de
ayuno en estas materias, estamos quizá exagerando en la
creación de esas comisiones, incluso sobre hechos a los que
difícilmente podemos acceder porque pertenecen a la soberanía
de otro país y que podrían complicar sinceramente la
investigación que se pudiera realizar. No me posiciono
definitivamente, ya lo haremos el próximo martes. En cualquier
caso es una proposición, cuando sea sustanciada, que merecerá
nuestra atención y una reflexión sobre esta proliferación de
comisiones de investigación que, repito, mi Grupo
conceptualmente siempre ha defendido.
Nada más y muchas gracias.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE LA POLITICA GENERAL DEL
GOBIERNO EN MATERIA DE TRANSPORTES, CON ESPECIAL DETENIMIENTO
EN EL SECTOR FERROVIARIO, EN RELACION CON EL PLAN ESTRATEGICO
DE RENFE (Número de expediente 172/000058)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Finalizado el debate
de la interpelación urgente del Grupo Popular, pasamos al
punto 34 del orden del día: Interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya sobre la política general del Gobierno en materia de
transportes, con especial detenimiento en el sector
ferroviario, en relación con el Plan Estratégico de Renfe.
En nombre del Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: En cuanto esté el Ministro, le
interpelamos. (Pausa.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Ríos tiene la
palabra.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, vamos a
cambiar de tercio en la discusión esta tarde de las
interpelaciones al Gobierno. Me gustaría fijar de entrada,
aunque está en el texto, cuál es el objetivo de la
interpelación de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya al
Gobierno. Nuestro objetivo es conocer cuál es la política
general del Gobierno con relación al Plan Estratégico de Renfe
y los efectos que tiene ese Plan en la concentración de
inversiones que anuncian dicho Plan y el Plan Director de
Infraestructuras, así como los efectos que va a tener en la
política de personal y en los posibles excedentes del personal
de la empresa la creación de empresas filiales, la supresión
de servicios --servicios dirigidos hacia el mantenimiento de
material de la propia empresa, los talleres y otras
actuaciones, o hacia las infraestructuras--, si se van a crear
unas filiales en función de una rentabilidad determinada, y,
sobre todo, algo que se ha venido planteando y que cada vez
que se pone encima de la mesa los pocos pelos que le quedan a
uno en la cabeza se le ponen un poquitín en posición de firme,
y es la idea de que vamos a funcionar con criterio de empresa
privada para recuperar la eficacia y la eficiencia.
Puede haber empresas públicas que funcionan con eficacia y con
eficiencia, pero detrás de eso siempre hay una canción que es
olvidarse de un criterio público de programación o de
actuación ordenada, de un criterio de servicio público y de un
criterio de relación con el personal que uno pueda tener. En
todo caso, es una prevención.
En cualquier caso, y con esto termino la presentación de la
interpelación, ¿cuál es la posición de negociación de esa
actuación hacia los sindicatos de más implantación que está
provocando unos efectos en la gestión del propio servicio?
Debiéramos de profundizar en el tema del ferrocarril. ¿Quién
decide la política ferroviaria? ¿Quién decide la política de
transporte en el caso del ferrocarril? ¿Se está obedeciendo a
una política de ordenación del territorio y, por tanto, de
casar y trenzar todo nuestro territorio como una posibilidad
intermodal del funcionamiento, o priman más los criterios
económicos, el Ministerio de Hacienda, y las políticas de
financiación y tenemos que pagar 130.000 millones de pesetas
de intereses todos los años y 80.000 millones de pesetas de
amortización, que es más que lo que hay de gasto de personal,
aproximadamente unos 120.000 millones de pesetas en personal?
¿Prima más lo que entonces fue el peso de Solchaga sobre
Barrionuevo, hoy de Solbes sobre Borrell, o prima una
filosofía de verdad de orientación de la política ferroviaria?
En segundo lugar, como reflexión, ¿prima en esta actuación la
idea de ir hacia Europa en el mismo paso que están marcando en
Europa o prima más la idea de ir dando bandazos hacia Europa?
Me explico. En Europa, después de muchos años de actuación,
después del Libro Blanco sobre la política común de transporte
para el futuro, en diciembre de 1992, se ha invertido el cauce
de inversión en carretera hacia el ferrocarril, de tal forma
que el Plan Director de Infraestructura Federal de Alemania
hoy invierte más dinero en ferrocarril que en carretera, sin
embargo, en nuestro país vamos avanzando de manera totalmente
distinta. ¿Hacia qué relación de política ferroviaria europea
vamos nosotros? ¿Estamos yendo en este Plan Estratégico del
ferrocarril, que se nos presentó en la Comisión como un plan
precioso diseñado con puntitos y colores para toda España, por
el camino por el que se anda en Europa o más allá? Nosotros
creemos que vamos más allá que ningún país europeo.
Es más, en la filosofía y las orientaciones sobre los dos
grandes bloques de discusión, los ingleses han optado por
ceder la gestión a una empresa privada concedida por siete
años; pero el déficit público sigue incorporado al propio
Estado. En cambio la experiencia de Suecia ha sido la de
separar en dos grandes bloques la gestión de infraestructura,
por un lado, y la explotación de servicios por otro, que ha
fracasado e intentan superar ahora después de cuatro años de
experiencia.
¿Cuál es el peso que debemos de dar al ferrocarril en nuestro
país? Pues bien, señoría, mientras en el año 1984 nuestro país
invertía en ferrocarril el 0,98 de nuestro producto interior
bruto, hoy invertimos el 0,45, no caminamos precisamente hacia
una posición determinada.
En cuanto a la eficacia y la eficiencia de la empresa, en
términos absolutos y en términos relativos la empresa Renfe,
mientras en el año 1982 tenía 1.500 personas en la estructura
de dirección, hoy tiene 4.000 personas. En valores absolutos,
hay más jefes que indios para poder trabajar con mentalidad de
empresa. En términos relativos, tenía 75.000 trabajadores
entonces y 1.500 directivos; hoy tiene 40.000 trabajadores y
4.000 directivos. Me da la impresión de que no estamos yendo a
esa eficacia y eficiencia que se plantea en el plan de
regulación de empleo que se ha presentado por la empresa a los
sindicatos como una necesidad de la incorporación tecnológica
a la propia empresa.
Pues bien ¿cuál es el planteamiento que se hace la empresa?
Primero, hace falta concentrar donde está el negocio. Empresa
que, como se nos repetía insistentemente, está destinada a un
negocio que es la prestación del servicio de transporte. Y
como el negocio de transporte está concentrado en este mapa
que se nos aportaba iba a ir a una concentración de
inversiones en donde está la población, es decir, vamos donde
hay una demanda determinada en función de los servicios que se
prestaban. Pero ésa no es la realidad que debiéramos tener
desde una estructura de ordenación del territorio, de una
respuesta de las comunicaciones a ese trenzar el territorio.
Desde una dinámica intermodal, ¿intermodal o plurimodal?
Porque hay una renuncia, en lo que llaman sitios de
rentabilidad baja, hacia el ferrocarril en beneficio de la
carretera. Se cede a la carretera el protagonismo en esa zona
y se concentra en lo que son cercanías, en lo que son trenes
regionales y en el tren de alta velocidad. Por tanto, hay una
concentración de gran inversión.
Por último, decía que un objetivo importante, junto con esa
gestión de empresa privada, es el reducir la carga del
presupuesto. ¿Qué quiere decir esto de reducir la carga del
presupuesto? ¿Quiere decir que la deuda de un billón de
pesetas que tiene la empresa va a pasar a una situación nueva?
¿Quiere decir que no debemos participar en lo que pudiera ser
déficit de cercanías, o déficit de trenes regionales, o los
trenes Intercity que puedan existir ahora mismo? ¿Cuál es la
filosofía? ¿Cuál es el carácter social, el carácter que pueda
tener la propuesta que se nos hace?
Cuando la empresa nos decía que había que vender más servicios
de transportes concretos, definiendo el producto (no sabemos
hacia donde, cuáles van a ser los clientes); que había que
innovar y crear nuevos productos (no sabemos para quién); y,
sobre todo, que había que acabar con la cultura de la
producción para dar paso a la cultura del mercado, a nosotros
nos cabe una duda tremenda: cómo se va a mantener una realidad
que hoy en día es necesaria y peligrosa porque se intenta
plantear desde alguna política determinada que las comunidades
y otras instituciones participen si quieren mantener
servicios. Lo que es competencia del Estado, es competencia
del Estado. La comunicación entre Levante y Andalucía no es
una competencia de Andalucía, es del Estado. La comunicación
desde Valencia a Madrid, pasando por Cuenca, para evitar que
desaparezca ahora mismo el servicio en Cuenca, es una
competencia del Estado, no puede ser de la comunidad
castellano-manchega. Por tanto, hay que ver de qué manera se
está hablando.
Por último, el tema de personal. El planteamiento de personal
se orienta en dos filosofías que nosotros creemos que son
bastante complicadas de mantener. Respecto al estatuto
jurídico de Renfe, no son solamente los sindicatos convocantes
de la huelga los que están impugnando su interpretación, sino
todos los sindicatos, desde la UGT, al Semaf, a Comisiones o a
la CGT. Hay una interpretación en cuanto a la segregación de
empresas, esa idea que ustedes tienen de segregar para crear
empresas filiales en talleres, en mantenimiento de
infraestructuras, en informática, o lo que ya han puesto en
marcha con la empresa de carga del transporte de mercancías.
Por otro lado, la filosofía de la Ley de Ordenación del
Transporte, el artículo 156 de la LOT. ¿Vamos hacia un camino
de mantener esta Ley de Ordenación del Transporte, o una nueva
ley? ¿Seguimos manteniendo el criterio de que debe haber una
red nacional de explotación integral de las líneas
ferroviarias, o hemos roto esa realidad?
Eso no está en contradicción con la Directiva 440, del año
1991, que se planteaba como objetivo: primero, permitir que
haya acceso de lo que pudiéramos llamar operadores privados en
la oferta ferroviaria y, por otro lado, abordar saneamientos
financieros; segundo, separación en la gestión de las cuentas,
tanto de infraestructuras como de explotación de esas
infraestructuras. Había varias opciones: primero, una
separación contable; segundo, dos grandes divisiones dentro de
la misma empresa; y, tercero, la segregación de empresas.
Se opta por esa segregación de empresas, pero la misma ¿puede
ser hoy abordada? ¿beneficia a la empresa?, ¿facilita la
dinámica actual? ¿Qué realidad de empresa hay que en la
comparecencia de la Presidenta de Renfe en la Comisión se nos
dice que había un efecto hacia el personl, una reducción de
41.000 trabajadores actuales a 31.000 a final del plan, que
como 2.000 se iban a jubilar durante el plan se quedaban nada
más que en 8.000, pero que de esos 8.000, 2.000 iban a ir a
otra actuación? Al final, eran 6.000 el problema y la mitad
iba a ir a un plan de jubilación anticipada. Miren ustedes por
donde eso fue el 31 de mayo y el 14 de junio presentan una
regulación de empleo a 4.300 trabajadores; un expediente de
despido colectivo que afecta a 4.350 personas, oferta que ha
actuado sobre la propia Administración de trabajo y los
propios sindicatos, al margen de esa actuación tan «sui
generis» como es coger el listado de afiliados de un sindicato
cuando hay una huelga para descontar. Es una innovación
revolucionaria a la teoría del derecho individual de las
personas, que después lo explicarán cuando tengan que actuar.
Pues bien, resulta que esa regulación va a llevar a una
empresa a reducir estos 4.000 puestos de trabajo, cuando esa
empresa, en el año 1993, tiene 1.600 millones de pesetas
pagados por descansos no disfrutados, es decir, hay personas
que no han podido desfrutar de su descanso y les hemos pagado
para que no lo disfruten; y, segundo, 5.212.000 horas
extraordinarias, divididas por 1.800 horas, que significa un
puesto de trabajo, que es una realidad determinada. Ha tenido
que pagar horas extraordinarias y, además, le sobra personal.
Desde luego, lo que me tendrán que reconocer SS.SS. es que lo
que hay es un disloque de organización de empresa, hay un
disloque de la oferta de la propia empresa. Además, la
segregación de empresas va a dificultar la movilidad, que
podía ser aceptada, es decir, el personal que hoy se dedica a
una cosa pasarlo a otra actividad.
Termino diciendo, señor Presidente, que a mí me gustaría que
se pudiera aclarar en el curso de este debate, o con
posterioridad la concentración de inversiones, si eso favorece
la integración del territorio o no; concentración en AVE,
concentración en cercanías, mientras
que actuaciones del territorio son reducidas. La modificación
del PDI que se presentó hace un año, en relación con el de
ahora, precisamente quita dinero de las líneas regionales
--poco dinero, ciento y pico millones de pesetas-- y lo
incorpora a otra actuación. Además de que añade 300 millones
para esa línea de AVE que van a poner ustedes entre
Madrid-Alicante-Valencia.
El carácter es intermodal o plurimodal. Pero sobre todo, y es
lo más importante, ¿se puede ir a un proceso de ferrocarril en
Europa moderno, competitivo, sin realizar un amplio debate en
la sociedad, con participación amplia, para saber qué
ferrocarril, para qué modelo de sociedad y para qué modelo de
territorio? ¿Es posible que podamos hacerlo por la puerta de
atrás, sin ese debate? ¿Por qué no abrir un gran debate sobre
el ferrocarril que queremos y la actuación que tenemos que
hacer para conseguirlo? Para así aunar voluntades y construir,
entre todos, ese diseño que para Europa vamos a tener a la
hora de pedir esa conexión con el resto de Europa.
Finalmente, quiero decir que hay condiciones para hacer una
dinámica del ferrocarril distinta de la que se está haciendo,
y, sobre todo, una integración del territorio que favorezca
esta dinámica, que en Europa se está viendo como positiva,
hacia este modo de transporte, que es el más barato y el que
más garantiza toda la integración territorial. También se me
puede decir que vamos contra el tiempo del mundo, porque lo
importante es: negocio obtener beneficios,
rentabilidad-competitividad. Pues vamos a ver si hacemos el
proceso pasico a pasico, es decir, «olivica comía, huesecico
al suelo», no vaya a ser que se nos atraganten todas las
aceitunas.
Nada más, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.
Para contestar en nombre del Gobierno, tiene la palabra el
señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Señoras y señores Diputados,
señor Presidente, sin retórica ni aspaviento, señoría. El
ferrocarril es un medio de transporte idóneo para ciertas
funciones y totalmente inadaptado para otras. Es un medio de
alta capacidad, pensado para atender altos índices de demanda,
movilidad y concentración, desde una óptica intermodal, en
función de la adecuación de los distintos modos de transporte
a las demandas de los ciudadanos. Y Renfe es una empresa de
servicios de transporte por ferrocarril que, en el marco de la
legislación vigente, nacional y comunitaria, compite con otros
modos y debe ser gestionada, en equilibrio económico, en
función de lo dispuesto por las directivas comunitarias, la
440/91, que obliga a alcanzar este equilibrio económico en
todas las actividades definidas como no subvencionables.
Además de los criterios de rentabilidad económica, es muy
importante tener en cuenta que la rentabilidad social del
ferrocarril, que sin duda la tiene, no puede utilizarse para
justificar cualquier servicio, y que sólo puede utilizarse
justificadamente cuando se hace un uso razonable de la misma.
Por ello, cuando el número de viajeros desciende por debajo de
un cierto nivel de uso en un medio de transporte masivo como
es el ferrocarril, éste puede ser sustituido por otros medios
alternativos de transporte, salvo en los supuestos de
aislamiento de poblaciones. En este contexto, y con estos
principios básicos, es como Renfe ha elaborado un plan
estratégico, que ha aprobado su consejo de administración, que
ha sido presentado a la Administración y que está siendo
estudiado por ésta para tomarlo como base del contrato entre
Renfe y el Estado.
Este plan estratégico define unos criterios de actuación para
permitir que Renfe cumpla con la normativa comunitaria que le
impone que ciertas actividades no estén subvencionadas, porque
sólo van a poder estar subvencionados los servicios de
cercanías y los trenes regionales. El resto de los servicios
no pueden ser deficitarios.
Aunque la propia directiva deja abierta la posibilidad de
negociaciones bilaterales de financiación de servicios
concretos con comunidades autónomas o entidades locales, cosa
que ya estamos haciendo --y es una realidad en Aragón,
Andalucía, Extremadura y Salamanca--, es evidente que tampoco
es, ni puede ser, el método para seguir manteniendo en todas
partes y para todos los fines servicios de transporte
ferroviario al margen de lo dispuesto en las directivas.
El objetivo del plan es precisamente gestionar el servicio
público. Para que el servicio público subsista debe ser
correctamente gestionado para que se preste con criterios de
eficiencia --no nos dé miedo la palabra-- en el uso de sus
recursos, mediante planes que permitan mejorar la
productividad de sus activos y reducir los costes de
producción para conseguir alcanzar este equilibrio económico
en el mayor número posible de servicios y, por lo tanto, para
reducir el esfuerzo que, desde los Presupuestos Generales del
Estado, tenemos que hacer.
Este plan estratégico, en su tarea de compatibilizar la
prestación de un servicio público con la necesidad de
racionalizar la gestión de una empresa, que no son cosas
contradictorias, se ha articulado en torno a los siguientes
criterios rectores. Atender al servicio público, al carácter
social del transporte, máxima transparencia y gradualismo
máximo también en materia de recursos humanos, racionalizar la
organización de la gestión empresarial y conseguir el
equilibrio económico en aquellas actividades que no sean
subvencionables.
Veamos con más detalle, señorías, estas actuaciones básicas.
Primero, servicio público y carácter social del transporte. No
será este Ministro al que tenga usted que convencer de que los
transportes y las comunicaciones son algo más que mercancías.
Por lo tanto, su provisión no puede dejarse a las fuerzas del
mercado y a la libre competencia en todas partes. No soy uno
de esos ultraliberales con carné del Partido Socialista
--alguno hay--, que tratan de convencernos de que la
competencia y sólo la competencia es la solución a todos los
problemas sociales. Por el contrario, yo creo que la
competencia es buena y positiva siempre que sirva para
aumentar la eficacia y que ese aumento de eficacia es
imprescindible para gestionar adecuadamente los recursos, sean
éstos públicos o privados, pero que esta eficacia puede
ponerse al servicio de un servicio público y de un carácter
social del transporte.
Ese plan estratégico viene a potenciar segmentos de mercado de
fuerte componente social a los que el ferrocarril atiende en
mejores condiciones que los restantes modos y al objetivo de
mantener el mayor nivel de actividad posible en este terreno.
Así, el servicio de cercanías pasará de tener un peso en este
año del 27 por ciento en el sector de viajeros, a representar
en 1998 más del 34 por ciento, con mayores niveles de eficacia
y calidad; niveles que ya están siendo reconocidos por los
usuarios y que representan esa clara mejora en un servicio
público: el transporte de cercanías ferroviarias, que ha
aumentado la cantidad y la calidad de sus servicios. Cercanías
serán los servicios que absorban el mayor nivel de inversión,
excepción hecha del mantenimiento de infraestructuras.
En servicios regionales proponemos mejorar el índice de
cobertura actual, ajustar la oferta al comportamiento de la
demanda y de la movilidad, sustituyendo, por ejemplo, aquellos
servicios que tienen una media de viajeros inferior a 50 por
otras formas de transporte más idóneas que, en definitiva,
suponen el mismo servicio, el mismo respeto al derecho de la
movilidad de las personas y un menor coste y una menor carga
para los contribuyentes. Estas actuaciones, señoría, no
suponen, en absoluto, una condena a las zonas más
desfavorecidas que siempre tendrán garantizada su comunicación
por un modo de transporte público, pero que no tenga que ser
necesariamente un sistema de rueda/raíl, sino otro más eficaz
y menos costoso.
En la vertiente laboral, señoría, el plan estratégico tiene el
objetivo de ofrecer a los trabajadores una mayor perspectiva
profesional y personal, otorgándoles un mayor grado de
responsabilidad. Para ello se plantean actuaciones como la de
generar actitudes y comportamientos flexibles para dar
respuesta a las necesidades actualmente planteadas, facilitar
procesos de participación y compromiso en la gestión
empresarial, un plan de formación de reciclaje y una voluntad
de negociación con las representaciones sindicales
expresamente mencionadas en el plan. En concreto, el
tratamiento de los excedentes como consecuencia de las
innovaciones tecnológicas de los medios de producción y los
cambios de gestión se plantea mediante jubilaciones y ceses
pactados con la representación sindical.
En la actualidad, y a pesar de las acciones ya emprendidas, no
se han subsanado en su totalidad los desequilibrios existentes
en la composición, dimensión y reparto de la plantilla de
personal, así como tampoco en su distribución geográfica y
funcional. Por ello hay un acuerdo de prórroga y actualización
del marco de relaciones laborales presentado al comité de
empresa, que se propone con una vigencia de dos años y que
intenta dar solución, de forma no traumática y a través de
planes de prejubilación voluntaria y bajas incentivadas, a los
excedentes de recursos detectados en este plan estratégico.
En cuanto a la organización de la empresa no se contempla en
el plan ningún proceso de privatización. La organización del
ferrocarril por unidades de negocios es en estos momentos un
modelo organizativo asumido e implantado en las grandes
organizaciones empresariales occidentales y en otras empresas
ferroviarias europeas. Eso no supone un planteamiento
privatizador, sino una forma de organizar que facilita la
adecuada toma de decisiones y reparto de recursos de forma más
eficiente. Todas esas unidades de negocio forman parte de la
misma empresa y mantienen la titularidad pública de sus
activos. Dentro de este proceso organizativo contemplamos, eso
sí, la posibilidad de crear filiales para actividades no
estrictamente ligadas al transporte por ferrocarril, de la
misma forma que en el pasado se encargó a empresas filiales la
función de ingeniería o la función de desarrollo e
investigación. Eso no es una amenaza para nadie, es una
reforma organizativa que busca la mayor eficacia y sólo con
una mayor eficacia conseguiremos despejar las dudas y las
amenazas que S.S. se ha extendido esta tarde en dibujar sobre
el futuro de Renfe.
En cuanto a su equilibrio económico, el plan se propone
alcanzar, mediante un incremento del nivel de actividad, un 5
por ciento más en viajeros y un 10 por ciento más en
mercancías, una definición exacta del producto que
comercializamos adecuándolo al mercado y creando nuevos
productos para conseguir incrementar la cuota de ferrocarril
en el mercado de transportes.
También hay que reducir los costes, incrementar la
productividad y reducir los costes de servicios externos,
alianzas estratégicas con proveedores y programas de
racionalización del gasto y del proceso productivo. El plan
propone un programa de reducción del coste de gestión de la
infraestructura mejorando la «ratio» entre el coste de gestión
de esta infraestructura y los ingresos comerciales y limitando
la inversión realizada
directamente por Renfe a su capacidad de autofinanciación.
Renfe tiene que invertir lo que pueda autofinanciar, unos
80.000 millones de pesetas al año, a través del sistema de
amortización de su contabilidad, sin perjuicio de que el
Estado asuma directamente, con cargo a los presupuestos
generales, las decisiones de inversión que estime oportunas
para extender el servicio ferroviario y que nunca van a ser
autosuficientes, vía los cash-flow que genera, para amortizar
las operaciones financieras necesarias para ejecutarlos.
Finalmente, hay que adecuar los servicios a la demanda. El
objeto es responder activamente a la evolución del mercado y
esto exige trasvasar tráfico del nocturno al diurno. Esta ya
no es la España del quinto (en el sentido militar del término)
que cogía trenes nocturnos de carbonilla que discurrían
durante horas y horas (por eso viajaban de noche) de un
extremo a otro de la península. Hay que trasvasar tráfico de
los trenes nocturnos a los diurnos, porque la mejora de los
servicios de transporte ha erradicado, convirtiéndolo en una
figura clásica de los años cincuenta y sesenta, un modo de
transporte que hoy ya no recibe una demanda que garantice su
supervivencia. Hay que pasar de una proporción
nocturno-diurno, que ahora es del 46,54 por ciento, al 23,77
por ciento, respondiendo así a la evolución de la demanda de
un mercado que cada vez solicita más servicios diurnos, cuando
éstos se ofertan en condiciones razonables de calidad,
velocidad, frecuencia y fiabilidad. Al mismo tiempo hay que
limitar el servicio nocturno, que es caro y no es utilizado
por la colectividad debido a un cambio manifiesto de hábito
propiciado por los niveles de renta y los sistemas
alternativos de transporte. El volumen de actividad de largo
recorrido no experimenta disminución en el plan sino que, por
el contrario, se incrementa. La oferta estará de esta forma
adaptada a la demanda y responderá a la especialización que
las tendencias indican para el modo ferroviario, ajustándolo
al comportamiento manifestado en la movilidad de personas y
mercancías.
En resumidas cuentas, señorías, señor Presidente, en el
horizonte final del plan que el Gobierno está estudiando, que
todavía no ha sido tomado como punto de partida de la
elaboración del contrato-programa, pero que es una
contribución importante que la compañía hace a la
clarificación de las relaciones entre el gestor del sistema
ferroviario y su tutor político, pretendemos haberlo
especializado a las tendencias del ferrocarril, haber
establecido mecanismos objetivos de abandono o de financiación
externa de servicios marginales, un incremento en la calidad
objetiva percibida de los servicios, de la productividad en el
uso de los recursos y en la configuración de una empresa
saneada, competitiva, flexible y con futuro. El plan apuesta
por el ferrocarril, señorías, apuesta por el ferrocarril, pero
no como un concepto retórico, sino como un modo de transporte
eficiente y eficaz, palabras que no deben producirnos ninguna
clase de temor porque son la mejor forma de servir a la
colectividad y utilizar adecuadamente los recursos fiscales
que ésta genera.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro.
Para consumir un turno de réplica, tiene la palabra el señor
Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, tenga la
seguridad el señor Ministro de que no soy una persona que le
tenga miedo ni a la eficacia ni a la eficiencia. El único
problema es que hasta ahora no se ha demostrado la eficacia y
la eficiencia siempre que se ha cantado. Otra cosa es que se
pueda conseguir después. Y como comentario le diré que, como
usted ha hecho una distinción en cuanto a que este documento
es una propuesta del gestor del servicio que ha sido ofertada
al tutor político, yo espero que el tutor político le pueda
dar otro aire, porque esto que hay aquí es Alicia en el
ferrocarril de las maravillas. No entra para nada en las
limitaciones, porque usted sabe que el paso de la realidad a
lo que debe ser es un proceso dialéctico más o menos en el
tiempo y en la forma, y habrá que sopesar, porque el
ferrocarril puede tener una cierta dificultad.
Se ha dicho aquí que si hay una reducción drástica y tenemos
expediciones de menos de cincuenta viajeros cómo vamos a
mantenerle. Pero usted sabe que mientras la carretera se puede
adecuar de una manera a otra, una vez que el ferrocarril se
deja sin mantener, sin conservar, pasa a ser obsoleto, y si se
desmantela es muy difícil volverlo a poner. No hay experiencia
de que una línea que se desmantela se pueda volver a poner,
mientras que las carreteras que se potencian o no se potencian
si se puede volver a plantear su utilización.
Estoy convencido de que habrá que abordar el proceso necesario
para hacer competente a Renfe. El principal problema que tiene
Renfe ahora mismo a nivel financiero, a nivel del costo de la
deuda que tiene es ese acumulado, los intereses que tiene que
pagar. Situaciones similares se han solventado en Europa y hay
experiencias en todos los sitios. Lo que pasa es que mientras
que a la Presidenta de Renfe le gusta el modelo inglés, que
introdujo la señora Thatcher y que no creo que esté sirviendo
hoy porque no lo ha solucionado del todo, sin embargo hay
otros modelos y otras experiencias que se pueden abordar. Al
final puede que el propio Estado haga frente a la deuda, a ese
billón de pesetas que se debe y se quede saneada, es un
recurso muy importante. Le quitamos 130.000 millones de
pesetas a la empresa; es decir, si el Estado asume la deuda de
Renfe, yo le puedo decir --y usted lo sabe-- que el porcentaje
alto del AVE fue pagado por Renfe y están pagando intereses de
ese AVE que se puso para
la Exposición Universal de Sevilla; un porcentaje pequeño del
billón de pesetas, pero puso una parte de inversión, como han
hecho en otros países. Si el Estado asume la deuda de Renfe,
¿usted sabe lo que le libera a Renfe? De 130.000 millones de
pesetas al año. ¿Sabe usted cuál es el volumen de personal?
120.000 millones de pesetas. Por tanto, lo que deberá
producirse será un proceso por el cual lo competente y lo
eficaz vaya unido a un interés que debe mantener estructura
territorial de conexión en la oferta del transporte
intermodal, porque también es importante que profundicemos en
el término intermodal.
Barcelona-Madrid va a tener una oferta intermodal porque
combina puente aéreo, tren de alta velocidad, autovía y
autopista. En otros sitios dice usted que ni siquiera tren,
que se queden solamente con la carretera. Vamos a ver si la
oferta intermodal de un lado funciona en otro.
Es cierto que donde hay más ciudadanos hay más demanda de un
servicio, pero le ha faltado decir una cosa, y es que en
Europa, por la gran congestión que ha tenido la carretera y
por la gran oferta del transporte aéreo, se ha empezado a
utilizar el ferrocarril, para descongestionar ambos servicios.
Por eso se está yendo a una oferta determinada. El tren de
alta velocidad va a reducir servicios de transporte aéreo
entre regiones. Eso es una realidad porque la competencia se
hace. Pero, ¿y el servicio que veníamos antes dando a los
ciudadanos en mercancías, en paquetería, en un momento en
donde en Europa se está produciendo un proceso
territorialmente distinto? En lugar de concentrarse en grandes
ciudades, irse hacia zonas, recuperar o evitar el abandono de
zonas rurales. ¿De qué manera prestamos y mantenemos un
servicio en condiciones?
Esa era la dialéctica que yo le quería traer a discusión.
Sobre todo, modifiquemos lo que legalmente haya que modificar
para abordar este proceso. No atropellemos una velocidad con
otra. Y no está reñido. La Directiva 440 del año 1991 no está
reñida con nuesta propia realidad. El déficit financiero habrá
que abordarlo, es una de las indicaciones de la Directiva 440.
También habrá que abordar de qué manera separamos --porque es
verdad que lo dice-- gestión de explotación de
infraestructuras, que no tiene por qué hacerlo el gestor
explotador. Sobre todo, si viene una empresa privada a
competir con Renfe, pagará una parte del uso de esa carretera
o se buscará una fórmula. No tiene por qué pagarla el operador
--por así decirlo--, utilizando esta terminología que a mí
todavía me pilla un poquitín de sopetón.
En cualquier caso, creo que habrá que hacer una relación de
qué servicios mantenemos. En todo caso, explíquesenos junto
con esto, que está muy bien. A mí me gusta parte de la
discusión que hay aquí. ¿Cómo me voy a oponer a servicios
concretos, a innovar y a nuevas ofertas? Pero usted sabe que
esto es una pescadilla que se muerde la cola. Usted deja de
usar lo que no tiene una buena oferta. Usted decía: Vamos a
cambiar trenes nocturnos por trenes diurnos. De acuerdo, pero
un tren que de Murcia a Madrid tarda cuatro horas y media
jamás será rentable, no lo usará nadie; y el diurno sale a las
siete de la mañana y llega a las once y media a Madrid.
Vamos a ver que la calidad en la oferta y la demanda se puede
relacionar. Es una pescadilla que se muerde la cola. Si
invierten ustedes en mejorar determinada oferta en un sitio
donde se usa poco, empezará a usarse un poquitín más, porque,
además, no tienen otra posibilidad de oferta. Es más, el
transporte por carretera es mucho más caro y más
individualizado, no es más barato y ni muchísimo menos debe
ser la oferta cara al futuro. Parece ser que por ahí no
caminan las olas europeas.
Termino, señor Presidente, intentando decir que creo que sería
bueno que cuando se abordase una nueva dinámica se hiciese una
valoración. ¿Qué ha pasasado con el PTF? ¿Qué ha pasado con
los planes anteriores? ¿De qué manera se han defendido y han
funcionado? ¿Cómo una empresa, que dice que tiene excedentes
de personal en torno a 10.000 personas, que con jubilaciones
se le quedan en 8.000, está abusando de horas extraordinarias
por un volumen altísimo y a la vez está pagando a unas
personas que no se pueden ir? ¿Cómo? A lo mejor no es lo mismo
dar un servicio en Navarra que un servicio en Almería, es
posible; pero precisamente la segregación que usted decía que
no iba a privatizar --es verdad que no lo plantean-- también
lo favorecen en esa directiva. Podía ser otra solución, ya que
dentro de una empresa no hace falta segregar.
Usted hablaba de unidades de negocio. Nosotros estamos de
acuerdo con las unidades de negocio porque pueden mejorar y
están mejorando; pero de la unidad de negocio a lo que es
hacer una filial con entidad jurídica propia, con mayoría de
capital hoy de Renfe, para el que compre las acciones el día
de mañana es un camino que hará más rentable lo que es más
rentable y menos rentable lo que es menos rentable y, al
final, terminamos con la teoría de que se queda el Estado con
lo no rentable y lo rentable que sirva para el eficaz, pero el
eficaz se quita todo lo que no se puede quitar el Estado como
criterio de servicio público.
En suma, señor Presidente, señorías, yo estoy convencido de
que cualquier proceso que se aborde en el ferrocarril no
solamente implica --por eso no he querido hacer mayor énfasis
en el tema del personal, de las personas que trabajan ahí-- a
los que trabajan hoy en Renfe, a los que hoy dirigen Renfe, ni
siquiera a los que accidentalmente hoy tienen responsabilidad
política. Es una idea de discurso global que la sociedad
española tiene que dotarse con su estructuración territorial,
con su estructuración de comunicaciones o de transportes y,
dentro de ello, la oferta intermodal que cada uno va
a recibir para ver qué potenciamos, cómo lo coordinamos, cómo
complementamos cada uno de los servicios.
En esa dialéctica creo que es en la que podríamos entrar.
Claro está, con una regulación de empleo que dice:
jubilaciones anticipadas, 4.300, son las que están afectadas
por este expediente el día 14 y han empezado a negociarse el
día 15. Buscando personas de más de 58 años en Renfe nos
encontramos con que sólo hay 1.500. ¿Las otras quiénes son?
¿De qué sitios? ¿De qué servicios? ¿Cómo quedan? Cuando se
agrupen los servicios de talleres, ¿cuáles son los que no van
a funcionar? ¿El de Avila, el de Almería, el otro?
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ríos, termine.
El señor RIOS MARTINEZ: Termino, señor Presidente.
¿Cómo se van a concentrar? ¿Qué personal? ¿Y cómo va a
continuar ese personal en el otro servicio?
Lo que no veo es, junto a lo bonito, a lo que queda bien, cómo
se pasa de lo que tenemos hoy a eso bonito, porque es muy
fácil extirpar; ésa es la cirugía y, por desgracia, en
política social es muy difícil hacer cirugía.
Nada más, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.
¿Señor Ministro? (Pausa.)
¿Qué Grupos parlamentarios desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo cree que esta interpelación puede considerarse
oportuna en el tiempo, motivada por la presentación de un
documento inicial del Plan Estratégico de Renfe por parte de
la Presidenta de la Compañía en la Comisión.
Ahora bien, nuestra valoración del tema es totalmente distinta
a la del Grupo interpelante. Posiblemente ello es debido a que
tengamos conceptos distintos de lo que es y debe ser el
ferrocarril tanto en el criterio de servicio público como en
el de carácter social, coincidiendo, eso sí, en la necesidad
de aplicar conceptos de eficiencia y eficacia, aunque
posiblemente en distintos grados y coeficientes.
Así pues, nuestra posición queda reflejada con esta simple
discrepancia expresada ahora y la próxima semana, en la
moción, veremos cómo concretamos esta discrepancia o, en todo
cso, según sea la moción, la conformidad con alguno de sus
puntos.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Sedó.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Camisón.
El señor CAMISON ASENSIO: Señor Presidente, señorías, voy a
intentar fijar la posición del Grupo parlamentario Popular en
esta interpelación urgente de Izquierda Unida sobre política
general del Gobierno en materia de transportes, con especial
detenimiento en el sector ferroviario.
De entrada debo dejar bien claro que nuestra impresión sobre
el Plan Estratégico 1994-1998, a pesar de que pueda tener
ciertas dosis de buena intención, es que está aquejado de
falta de credibilidad; sencillamente no nos lo creemos. No nos
lo creemos porque cuando la señora Presidenta de Renfe hace
bien poco nos lo explicó en Comisión vimos claramente que
estábamos ante un plan inconcreto, vaporoso, que estábamos
ante otra huida hacia adelante y no sólo por esta impresión en
la Comisión, sino porque además la experiencia de los
sucesivos planes ferroviarios del Gobierno socialista caminan
en la misma dirección. Veamos algunos de ellos.
En el célebre PTF, a los seis meses de ser aprobado se quedó
absolutamente obsoleto. Quizá convenga recordar que el PTF no
incluía ni siquiera un corredor en ancho europeo entre Madrid
y Sevilla y que, incluso cuando desde una oposición
responsable intentábamos subsanar esto, se nos decía por los
máximos responsables de transporte frases, de las que queda
constancia en el registro de esta Cámara, como por ejemplo: Ni
aunque tuviéramos dinero haríamos ese corredor en ancho
europeo.
Luego vino diciembre de 1989, se aprobó por el Consejo de
Ministros ese corredor y a continuación surgieron una serie de
irregularidades de las que hemos hablado largo y tendido en
esta Cámara, tanto en la dirección de los despilfarros como en
la dirección de las supuestas corrupciones.
Si analizamos los planes de empresas sucesivos, vemos que,
efectivamente, una gran cantidad de buenas intenciones de las
propuestas que incluían no se han cumplido. Es más, en estos
momentos llevamos varios años sin contar con un
contrato-programa de Renfe, esperando la ocasión, y ahora
esperando también a que sea consecuencia de este plan
estratégico que hoy nos ocupa.
En todo caso, también debo de dejar claro que, aun
reconociendo los problemas que tiene Renfe --sociales, de
personal, de infraestructura-- el mayor es el financiero ¿por
qué? Porque es la madre y la causa de todos los demás. Hay más
de un billón de deuda que tiene; un déficit rozando los
300.000 millones, que se pueden partir en varios sumandos,
pero que al final son 300.000 millones; esos 130.000 millones
de intereses que, al final, habrá que dilucidar de todo ese
problema financiero qué corresponde a un servicio público que
tiene
que ejecutar la empresa pública y qué corresponde a la
ineficacia de estos años de Gobierno.
Este tema se lo planteamos en esa comparecencia a la señora
Presidenta de Renfe y no pudo negar que gran parte de este
problema financiero era debido a la ineficiencia, y se lamentó
de no poder hacer la disección entre ambas partidas, alegando
que era muy difícil y nos retó, a la oposición, a que lo
hiciéramos, y en eso estamos.
Lo que sí anunció la señora Presidenta en esa comparecencia es
que muy probablemente la solución prevista a este problema
financiero sería traspasar esas deudas a los presupuestos
generales del Estado, o sea la misma solución con que se ha
resuelto el problema de Correos. El problema de Correos eran
19.000 millones y aquí la deuda es de más de un billón de
pesetas. Si la solución viene por ahí, habrá que meditar muy
bien lo que se hace porque al final si estas partidas se
cargan a los presupuestos será a base de menos hospitales o
menos justicia social.
En esta experiencia de planes del Gobierno que han fracasado
el PTF es uno de ellos, como he dicho, que se sumó, e incluso
partidas clarísimas que se sumaron, por ejemplo, una propuesta
de resolución que incluía el acondicionamiento a 160
kilómetros/hora en el corredor Lisboa-Madrid, que no se ha
ultimado. Estamos con la inquietud de que lo que ocurrió con
el PTF presente los mismos síntomas para el plan estratégico.
¿Por qué? Porque el plan estratégico está intimamente unido,
como es lógico, al PDI, y dentro de esa organización de Renfe,
junto con las infraestructuras de este país, en transporte
ferroviario una de las acciones estrellas --yo diría que la
que más-- es el corredor de alta velocidad
Madrid-Barcelona-Perpiñán.
Pues bien, estamos en vísperas de la Cumbre de Corfú y en la
preparación de la misma --y se ha reunido hace bien poco en
París el Ecofin-- el Ministro español de Economía y Hacienda,
señor Solbes, ha puesto en duda ya el origen de la
financiación en este corredor. Por tanto, tenemos derecho a
temer que estamos ante otro riesgo de otro castillo de naipes
que se derrumba. Luego ya este plan estratégico, cuya estrella
era esa, vemos que lleva un camino semejante al del PTF.
Nosotros estamos de acuerdo con alguna de las cuestiones que
ha planteado el portavoz de Izquierda Unida cuando ha puesto
el énfasis en aspectos sociales que no quedan garantizados,
por ejemplo, el debido respeto a los derechos de los
trabajadores y la marginación de amplias zonas
subdesarrolladas respecto a un transporte ferroviario moderno.
Pueden ser el oeste español, Andalucía Oriental, la propia
zona murciana que la conoce perfectamente el Diputado de
Izquierda Unida, Galicia y tantas otras.
El problema que nosotros aquí detectamos es que, a la vista de
la exposición que hizo la Presidenta de Renfe concentrando las
inversiones en unos cuadros espectaculares, justamente en los
sitios de superpoblación exclusivamente, la impresión que daba
aquel plano era un poco de terror hacia el futuro de un país
macrocefálico con grandes extensiones abandonados. Le
recordamos en aquella ocasión a la Presidenta de Renfe que si
se llevaba adelante esta estrategia del Plan estratégico
--valga la redundancia-- se podría correr el riesgo de que se
estuviera atropellando la Constitución, cuando establece que
hay que procurar el equilibrio territorial en todas las zonas
españolas. Nos dejó absolutamente estupefactos la señora
Presidenta cuando alegó...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vaya terminando, señor
Camisón.
El señor CAMISON ASENSIO: Termino, señor Presidente.
Alegó que, efectivamente, era una obligación constitucional,
pero que no era competencia de Renfe, como si todo el
equilibrio territorial fuera objetivo de todas las
instituciones españolas menos de Renfe.
Creemos --aquí no se ha dicho y nos ha extrañado no oírlo--
que en estas zonas marginadas a las que se les quiere privar
del ferrocarril, dejándoles un solo medio de transporte, no se
tiene en cuenta lo que ya está aprobado en muchos corredores,
y es que cuando en un determinado servicio no se llega a tener
una afluencia de viajeros suficiente, cuando ese servicio se
mejora en calidad, automáticamente los viajeros acuden; luego
no solamente hay que cambiar de modo, sino también mejorar el
modo, y esto aquí no se ha expuesto.
Por ello nuestra falta de fe está en todo lo anteriormente
expuesto. Hay una serie de errores espectaculares, a los que
no voy a aludir por falta de tiempo, pero sí quiero decir que
el gran defecto que ha tenido la política española del sector
de transportes ha sido que ha venido siendo claramente
intervencionista, y que si algo se ha adelantado ha sido por
las normas europeas y no por las nacionales, pero todavía
existe una gran carga negativa en la adecuación de los
monopolios, en la dirección de una liberalización de los
transportes en concordancia con lo que está ocurriendo en el
resto de nuestro entorno europeo.
Dicho esto, señor Presidente, quedamos a la espera de los
términos de la moción para, a la vista del contenido, actuar
en consecuencia.
Eso es todo, señor Presidente, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracia, señor Camisón.
Finalizado el debate de esta segunda interpelación urgente,
quiero indicar a SS.SS. que el Pleno se reunirá mañana, a las
nueve de la mañana.
Se suspende la sesión
Eran las siete y veinticinco minutos de la tarde.