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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 78, de 14/06/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1994 Núm. 78 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 77
celebrada el martes, 14 de junio de 1994
Página
ORDEN DEL DIA:
--Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución por
nuevos señores Diputados (Página 3928)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, de Reforma de la Ley de Aguas,
29/1985, de 2 de agosto, para su adecuación al Estado
Autonómico. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie
B, número 42.1, de 22 de noviembre de 1993 (número de
expediente 122/000033) (Página 3928)
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas
legislativas:
--Proposición de Reforma del Reglamento del Congreso de los
Diputados sobre publicidad de las Comisiones de Investigación.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número
75.1, de 20 de mayo de 1994 (número de expediente 410/000004)
(Página 3937)
--Proyecto de Ley por la que se modifica la normativa de
elecciones a los órganos de representación del personal al
servicio de las Administraciones Públicas de la Ley 9/1987, de
12 de junio, modificada por la Ley 7/1990, de 19 de julio.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número
62.1, de 17 de mayo de 1994 (número de expediente 121/000048)
(Página 3937)
Avocación por el Pleno de Proyectos de Ley:
--Proyecto de Ley de Arrendamientos Urbanos (número de
expediente 121/000041) (Página 3937)
--Ampliaciones de plazo de Comisiones de Investigación
(Página 3937)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Continuación):
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
modificación del Código Penal, mediante la que se tipifica la
apología del delito de genocidio. (Orgánica.) «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Serie B, número 52.1, de 4 de enero
de 1994 (número de expediente 122/000041) (Página 3938)
Proposiciones no de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que
se insta al Gobierno a adoptar medidas que garanticen la
protección del menor y agilicen el sistema de adopción en
España. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D,
número 76, de 22 de marzo de 1994 (número de expediente
162/000088) (Página 3944)
--Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Rahola), sobre la
devolución a la Generalidad de Cataluña de la documentación
depositada en el Archivo Histórico de Salamanca. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 41, de 5 de
enero de 1994 (número de expediente 162/000067) (Página 3952)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a
la posición del Gobierno ante la penetración de capital
extranjero en el sector productor y elaborador de aceite de
oliva y, especialmente, ante la venta a una multinacional
extranjera de la Empresa Elosúa, S.A. «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie D, número 109, de 10 de junio de 1994
(número de expediente 173/000040) (Página 3958)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, sobre las medidas de política
general que piensa adoptar el Gobierno para disminuir de forma
brusca y acelerada el número de pobres en nuestro país, así
como para acercar a la media nacional los distintos índices de
pobreza de las respectivas Comunidades Autónomas para su
posterior aproximación a la media de la Unión Europea.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número
109, de 10 de junio de 1994 (número de expediente 173/000041)
(Página 3964)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número
79, de 15 de junio de 1994.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por
nuevos señores Diputados (Página 3928)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley (Página 3928)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, de Reforma de la Ley de Aguas, 29/1985,de 2 de
agosto, para su adecuación al Estado Autonómico (Página 3928)
El señor Alcaraz Masats, en nombre del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, defiende la proposición
presentada manifestando que su Grupo, en el marco de una
estrategia de construcción del Estado de las autonomías, de
cara a la construcción del Estado federal, quiere plantear un
tema de enorme importancia como son las transferencias
autonómicas de las cuencas hidrográficas y, en concreto, la
del Gudalquivir, planteada ya en otras ocasiones y en esta
misma Cámara hace pocas fechas. Señala que va a aportar una
serie de propuestas técnico-jurídicas para demostrar que dicha
transferencia es posible y que lo que realmen-te falta es la
voluntad política de cara a seguir construyendo el Estado de
las autonomías.
Se refiere a la transferencia de cuencas hidrográficas
intercomunitarias como clave técnico-jurídica para solucionar
el problema planteado, sin necesidad de tocar la Constitución
ni los Estatutos de autonomía, y en este sentido pide la
modificación de la Ley de Aguas para adecuarla al marco
constitucional. Piensa que es una solución técnico-jurídica
posible si existe voluntad política, para lo que se basa en el
artículo 145 de la Constitución, que ampara los acuerdos de
cooperación entre comunidades autónomas y la creación de
organismos mixtos de gestión.
En turno en contra interviene, en nombre del Grupo Socialista,
el señor Jerez Colino, manifestando que el señor Alcaraz ha
dado unos argumentos que, a su juicio, seguramente ni él mismo
se los creía, poniendo en cuestión principios básicos de la
gestión del agua y situaciones que hoy desde ningún lugar de
la comunidad internacional se discuten, con tal de salirse con
la suya. Añade que posiblemente el señor Alcaraz no tenga
claros conceptos bien diferenciados, como lo que es el agua,
lo que es el río y lo que es la cuenca, pero la Ley sí los
tiene.
Respecto al artículo 145 de la Constitución que invoca, afirma
que dicho precepto se refiere a negocios jurídicos entre las
comunidades, no a competencias exclusivas del Estado, que es
lo que aquí se plantea y que recoge el artículo 149 de la
Carta Magna. Por tanto, ni la Constitución ni el Estado de las
autonomías dan pie a la posibilidad que plantea el señor
Alcaraz. Por otra parte, se trata de algo que el Tribunal
Constitucional tiene claramente delimitado, sin ninguna
posibilidad de duda, y que en ningún momento de nuestra
historia ha sido cuestionado. Sucede, además, que desde el
punto de vista técnico sería muy difícil encontrar ningún
planteamiento técnico que abogase por la división de una
cuenca para su mejor y más eficaz gestión. Consiguientemente,
quedan a la espera de que el proponente aporte razones más
fundadas en apoyo de su propuesta.
Replica el señor Alcaraz, duplicando el señor Jerez Colino.
Para fijación de posiciones intervienen los señores González
Lizondo y Mur Bernad, del Grupo Mixto; Gatzagaetxebarría
Bastida, del Grupo Vasco (PNV); Sedó i Marsal, del Grupo
Catalán (Convergència i Unió), y Peñarrubia Agius, del Grupo
Popular.
Sometida a votación, se rechaza la proposición debatida por 24
votos a favor, 275 en contra y cuatro abstenciones.
Tratamitación directa y en lectura única de iniciativas
legislativas (Página 3937)
El señor Presidente informa que la Mesa, oída la Junta de
Portavoces y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
150 del Reglamento, ha acordado someter a la aprobación de la
Cámara la tramitación directa y en lectura única por el propio
Pleno de la proposición de reforma del Reglamento del Congreso
de los Diputados sobre publicidad de las comisiones de
investigación.
Se aprueba por asentimiento.
El señor Presidente informa que la Mesa, asimismo oída la
Junta de Portavoces y de conformidad con el citado artículo
150, ha acordado someter a la aprobación de la Cámara la
tramitación directa y en lectura única por el propio Pleno del
Proyecto de Ley por la que se modifica la normativa de
elecciones a los órganos de representación del personal al
servicio de las Administraciones Públicas de la Ley 9/1987, de
12 de junio, modificada por la Ley 7/1990, de 19 de julio.
Se aprueba por asentimiento.
Avocación por el Pleno de Proyectos de Ley (Página 3937)
El señor Presidente manifiesta que la Mesa, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, ha acordado
proponer al Pleno la avocación de la deliberación y votación
final del Proyecto de Ley de Arrendamientos Urbanos. Se
aprueba por asentimiento.
Ampliación de plazo de comisiones de investigación (Página 3937)
El señor Presidente manifiesta que la Mesa ha acordado someter
al Pleno la solicitud formulada por la Comisión de
Investigación sobre la situación, evolución y gestión del
patrimonio de don Mariano Rubio Giménez, así como el posible
uso de información privilegiada y tráfico de influencias en
operaciones privadas durante el período en el que ejerció
cargos públicos de responsabilidad en el Banco de España, de
ampliación del plazo para realizar sus trabajos hasta el fin
del actual período de sesiones.
Se aprueba por asentimiento.
El señor Presidente manifiesta que, por último, la Mesa de la
Cámara ha acordado también someter al Pleno la solicitud
formulada por la Comisión de Investigación sobre la gestión de
los fondos presupuestarios
asignados a la Dirección General de la Guardia Civil mientras
fue Director General don Luis Roldán, de ampliación del plazo
para realizar sus trabajos hasta el día 17 de junio, a los
solos efectos de aprobación de su dictamen.
Se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Continuación.)
(Página 3938)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
modificación del Código Penal, mediante la que se tipifica la
apología del delito de genocidio. (Orgánica.) (Página 3938)
El señor Robles Fraga defiende la proposición del Grupo
Popular, expresando su satisfacción por defender en esta
tribuna algo que ya viene en su programa electoral de las
elecciones europeas últimas, sobre la necesidad de establecer
una política común de lucha contra la xenofobia, el racismo y
el antisemitismo, programa que ha obtenido el refrendo
mayoritario del pueblo español. Añade que es un compromiso que
engarza con la vieja tradición del liberalismo y del
constitucionalismo español y que adquiere especial importancia
ante la reciente proliferación en distintas partes de Europa
de episodios de violencia antisemita y racista. Alude a
algunas actuaciones de las instancias europeas en los últimos
años en relación con este grave problema, ante el que las
normas españolas vigentes no parecen proporcionar mecanismos o
instrumentos bastantes para la acción decidida que se nos
impone, en detrimento de nuestra obligación de solidaridad con
las comunidades sefarditas españolas y en detrimento de los
convenios internacionales firmados que obligan a nuestro país.
En tal situación se creen obligados a reforzar los tipos
establecidos en el Código Penal, adecuándolos a los
establecidos en otros países europeos. Se trata, por otra
parte, de perseguir actividades que no están cubiertas por la
legislación española, a diferencia de lo que ocurre en otros
países que castigan con mayor dureza la propaganda racista o
la incitación al odio racial y que reivindican ideologías
derrotadas en la II Guerra Mundial.
Afirma que el planteamiento de la proposición es simple, pues
se trata de crear el delito de apología del genocidio, que
existiría cuando ante una concurrencia de personas o por
cualquier medio de difusión se expongan ideas o doctrinas
tendentes a considerar encomiables hechos que son
constitutivos de delito o enaltecen a sus autores.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores
Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; la señora
Alemany i Roca, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y los
señores López Garrido, de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, y Valls García, del Grupo Socialista. Sometida a
votación, se aprueba la proposición del Grupo Popular por 301
votos a favor.
Proposiciones no de Ley (Página 3944)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se
insta al Gobierno a adoptar medidas que garanticen la
protección del menor y agilicen el sistema de adopción en
España (Página 3944)
El señor Michavila Núñez defiende la proposición del Grupo
Popular respecto de una cuestión que este año, declarado por
las Naciones Unidas como Año Internacional de la Familia,
tiene especial relevancia e interés, cual es adoptar medidas
de carácter eficaz para la protección del menor y para
agilizar el trámite de las adopciones de menores que se
realizan en nuestro país. Piensa que el Año Internacional de
la Familia, suscrito por el Reino de España, no es sólo para
hacer congresos y fotos sino, sobre todo, un año para dar
soluciones concretas a los problemas reales de los ciudadanos
españoles. Afirma que España está muy por detrás de nuestros
socios de la Unión Europea en el cumplimiento de las
obligaciones internacionales tanto respecto a la protección
del menor como en la agilización de la adopción, así como en
la regulación de los trámites para la adopción internacional,
y para corregir dicho desfase la proposición no de ley recoge
nueve medidas con las que se pretende garantizar la protección
de los derechos del menor y agilizar, con las suficientes
garantías, la adopción. Expone el contenido concreto de tales
medidas, que considera que no obedecen a acciones partidistas
sino a lo que de verdad interesa en estos momentos a gran
parte de los ciudadanos españoles, medidas que califica como
ponderadas y de ahí que piense que gozarán del apoyo de la
mayoría de los Grupos de la Cámara, apoyo que solicita en
estos momentos.
En defensa de las enmiendas presentadas, y para fijar la
posición de sus respectivos Grupos, intervienen las señoras
Del Campo Casasús, del Grupo Socialista, y Alemany i Roca, del
Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Completan el turno de fijación de posiciones el señor Mardones
Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria,
y la señora Urán González, del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo
Popular, en los términos resultantes de la aceptación de las
enmiendas del Grupo Socialista y del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), es aprobada por 306 votos a favor, uno
en contra y una abstención.
Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Rahola), sobre la
devolución a la Generalidad de Cataluña de la documentación
depositada en el Archivo Histórico de Salamanca (Página 3952)
La señora Rahola y Martínez, del Grupo Mixto, defiende la
proposición no de ley presentada, apoyándose en razones
idénticas a las esgrimidas durante un debate similar en
Comisión, con ocasión de una proposición de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, y a las expuestas con motivo de
diversas iniciativas del Parlamento de Cataluña. Sin embargo,
el hecho de que el Archivo Histórico de la Generalidad,
patrimonio del pueblo de Cataluña expoliado por la fuerza de
las armas, no haya sido aún devuelto, la obliga a repetir los
argumentos y a anunciar que si no ganan hoy esta proposición
la volverán a presentar una y otra vez hasta que se produzca
el retorno de dicho Archivo Histórico.
Reitera que el Archivo Histórico fue arrancado de Cataluña
como botín de guerra, por lo que su ubicación actual en
Salamanca no parte de un hecho legítimo sino profundamente
ilegítimo, produciéndose, además, la incautación
exclusivamente con afán de reprimir a los defensores de la
libertad, sin que exista ningún argumento políticamente
democrático que pueda negar a un pueblo la devolución de un
patrimonio que le fue incautado cuando éste no podía
defenderse. Expone que se trata de una petición que es unánime
en Cataluña, y los propios partidos Socialista y Popular piden
allí la devolución, en tanto que en Madrid votan en sentido
contrario.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los
señores Baltá i Llopart, del Grupo Catalán (Convergència i
Unió); Ribó Massó, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya; Fernández de Trocóniz Marcos, del Grupo Popular, y
Caldera Sánchez-Capitán, del Grupo Socialista.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Mixto
(señora Rahola), es rechazada por 35 votos a favor y 266 en
contra.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 3958)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la
posición del Gobierno ante la penetración de capital
extranjero en el sector productor y elaborador de aceite de
oliva y, especialmente, ante la venta a una multinacional
extranjera de la empresa Elosúa, S.A. (Página 3958)
El señor Ramírez González defiende la moción del Grupo
Popular. Considera que la cuestión planteada está
suficientemente debatida, tanto en la Comisión de Justicia
como en la de Economía y en el propio Pleno de la Cámara al
discutir la interpelación el pasado día 25 de mayo, en cuyo
momento hicieron una serie de preguntas que no han sido nunca
contestadas por el Gobierno. Alude a la denuncia formal
realizada ante los tribunales italianos por un alto
administrador de la multinacional Ferruzzi, manifestando que
con dinero negro de la multinacional se habían comprado
voluntades políticas de altos cargos de la Administración
española para facilitar el acceso al control de Elosúa por
parte de la multinacional y respecto de la cual el Ministro de
Justicia únicamente les informó que el anterior Fiscal General
había abierto una comisión de investigación. Sin embargo, once
meses después de aquella teórica apertura de investigación no
saben nada de los pasos dados por la Fiscalía General. Lo
único que conocen es que el juez italiano encargado de esta
cuestión, ante la incapacidad española de ponerse en contacto
con él y ante el silencio de las autoridades españolas, tanto
administrativas como políticas y judiciales, ha reabierto la
causa y va a entrar a analizar el contenido de aquella
denuncia. Agrega el señor Ramírez que la situación expuesta le
lleva a la necesidad de plantear hoy ante la Cámara esta
moción, considerando que es absolutamente necesaria la
creación de una comisión de investigación que les permita
retrotraerse a 1985 y comprobar cómo se dieron los créditos a
esta empresa, los objetivos perseguidos, ruptura de los
compromisos adquiridos, si existían, y por qué no se
reclamaron las cantidades dadas. Asimismo es necesario conocer
los motivos del cambio de actitud en el año 1991 y, a partir
de esa fecha, en relación con el control de Elosúa, respecto
de todo lo cual nada está aclarado. Cree que el Partido
Socialista no se opondrá a la creación de esta Comisión si
está convencido de la transparencia en la actuación de la
Administración y si creen que son inciertas las acusaciones
que se han suscitado en la judicatura italiana.
Por otra parte, desean que el Gobierno haga una valoración
oficial por escrito para transmitir a esta
Cámara cómo ve la presencia de una multinacional controlando
el 50 por ciento de la elaboración y distribución del aceite
de oliva en España. Como este requerimiento ya lo hizo la
Comisión de las Comunidades, dando al Gobierno un plazo de 15
días para responder, espera que el Gobierno tenga hecho el
correspondiente informe y lo pueda remitir sin demora a este
Parlamento, a fin de que puedan conocer su criterio respecto
de una posición de monopolio que se ha creado en este sector,
estratégico para la agricultura española.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Homs i
Ferret, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); Andreu
Andreu, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
y Moreno Monrove, del Grupo Socialista.
Sometida a votación la moción del Grupo Popular, se rechaza su
apartado primero y es aprobado el punto segundo de la misma
por 300 votos a favor y uno en contra.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre las medidas de política general que
piensa adoptar el Gobierno para disminuir de forma brusca y
acelerada el número de pobres en nuestro país, así como para
acercar a la media nacional los distintos índices de pobreza
de las respectivas Comunidades Autónomas para su posterior
aproximación a la media de la Unión Europea (Página 3964)
El señor Alcaraz Masats defiende la moción del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Expone que, habida
cuenta de que hace unos días debatieron ampliamente el tema
que les ocupa, con la presencia de la señora Ministra, en este
momento realizará una intervención breve.
Alude al hecho de que, mientras se habla de recuperación de la
economía, se produce un altísimo grado de paro y pobreza,
alcanzando aquel en el conjunto de España casi al 23 por
ciento de los ciudadanos y viviendo en el umbral de la pobreza
casi ocho millones de personas. Ante dicha situación,
considera necesaria la constitución de una ponencia que cite a
muchas personas a declarar, debiendo desarrollar su trabajo y
obtener las conclusiones pertinentes a lo largo del presente
año 1994. Si en el momento de la votación se confirma la
constitución de esta ponencia, de antemano lo agradece por
creer que se trata de algo muy importante.
Para fijación de posiciones intervienen el señor Hinojosa i
Lucena, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y las señoras
Sainz García, del Grupo Popular, y García Manzanares del Grupo
Socialista.
Sometida a votación la moción debatida, es aprobada por 289
votos a favor.
Se suspende la sesión a las nuve y cinco minutos de la tarde.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCION POR
NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS:
El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión.
Con carácter previo al tratamiento del orden del día, vamos a
proceder al juramento o promesa de acatamiento a la
Constitución por parte de doña María Dolores Calderón Pérez,
Diputada proclamada electa por la Junta Electoral Central, en
sustitución de don Francisco Javier Arenas Bocanegra. Doña
María Dolores Calderón Pérez, ¿jura o promete S.S. acatar la
Constitución?
La señora CALDERON PEREZ: Sí, juro.
El señor PRESIDENTE: Doña María Dolores Calderón Pérez ha
adquirido la condición plena de Diputada. Bienvenida a la
Cámara.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, DE REFORMA DE LA LEY DE AGUAS
29/1985, DE 2 DE AGOSTO, PARA SU ADECUACION AL ESTADO
AUTONOMICO (Número de expediente 122/000033)
El señor PRESIDENTE: Punto I del orden del día: Toma en
consideración de proposiciones de ley.
Proposición del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, de reforma de la Ley de Aguas 29/1985, de 2 de
agosto, para su adecuación al Estado autonómico.
En nombre del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
desde su práctica parlamentaria cotidiana, desde su cultura de
hacer una oposición para la alternativa, en el marco de una
estrategia de construcción del Estado de las autonomías de
cara a la construcción del Estado federal, quiere plantear
aquí un tema de enorme importancia, presentado ya a otros
niveles sin éxito, como es el relativo a la transferencia del
Guadalquivir, y tratado en esta misma Cámara hace muy pocas
fechas.
Nosotros pensamos que hay que ir a las transferencias
autonómicas de las cuencas hidrográficas, de las aguas
fluviales, para lo cual, a pesar de lo que se ha dicho
reiteradamente por distintos portavoces del Grupo Socialista
aquí y en otras Cámaras autonómicas, específicamente en la
andaluza, no hace falta ni cambiar la Constitución ni los
estatutos.
Por tanto, nosotros vamos a aportar una serie de
determinaciones, de propuestas técnico-jurídicas, para
demostrar que esto es posible y que lo que realmente falta es
la voluntad política, lo que realmente falta es realizar la
opción política de cara a seguir construyendo el Estado de las
autonomías. Nosotros queremos superar en este debate un diseño
franquista, que actualmente es el que preside la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, su estructura y su gestión;
diseño que es exactamente igual al del anterior régimen. En
ese sentido, hemos estudiado rigurosamente una salida
jurídica, repito, una salida técnica a un gran problema
político de cara a la construcción del nuevo Estado. En esta
misma Cámara, hace muy pocas fechas, previamente a la campaña
de las elecciones andaluzas, nosotros solicitamos la
transferencia de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, y técnicamente estuvimos argumentándolo frente
al señor Borrell que, al final de cuentas, lo que nos vino a
decir, desde una posición muy especial de tutela de las
comunidades autónomas, es que el Guadalquivir era tan
importante que el Estado central no pensaba transferir sus
competencias.
Está claro que en el fondo lo que hay es una opción política,
y cuando se acaba la necesidad, cuando se acaban los
argumentos de los obstáculos de tipo técnico, las trincheras
de tipo jurídico que interpone el partido mayoritario, lo que
aparece es la opción política de no transferir las
confederaciones hidrográficas en función de una nueva
estructura.
Nosotros estamos hablando de la transferencia de cuencas
intercomunitarias, e introducimos desde el principio la
palabra que supone la clave técnico-jurídica de la situación:
la palabra «cuenca». De la palabra «cuenca» sale, simplemente
reformando la ley, sin necesidad de tocar ni la Constitución,
ni los distintos Estatutos, la solución técnica a este
problema. Ahora bien, si se parte del concepto dogmático del
pie forzado de la definición de «cuenca», tal como figura en
la Ley de Aguas, y no, repito, en la Constitución ni en los
distintos Estatutos, el problema no tiene solución.
Lo que ocurre es que, a veces, demagógicamente, se nos dice
desde esta tribuna que lo que pretendemos es cambiar la
Constitución y los Estatutos, y no es cierto; lo que
pretendemos cambiar es el concepto de cuenca hidrográfica,
señorías, que sólo figura en la Ley de Aguas de 1985. Por eso,
consiguientemente, planteamos la reforma de la Ley de Aguas,
para adecuarla al Estado constitucional, al Estado de las
autonomías, e incluso en el camino, en función de estrategias
políticas legítimas, como es la nuestra, de la construcción de
España como Estado federal.
Para esta solución técnico-jurídica que se pueda dar, si hay
voluntad política, nos basamos en el artículo 145 de la
Constitución, que ampara los acuerdos de cooperación entre
comunidades autónomas y la creación de organismos mixtos de
gestión; artículo 145 que, en muchas ocasiones, respecto a
otros temas, está utilizando, repito, de manera profusa el
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.
Hablamos, por tanto, de gestión de las cuencas, que es un
concepto indivisible en la ley, dogmático, y que se puede
cambiar. No figura en la Constitución el concepto de «cuenca».
En la Constitución figura la palabra «aguas», y en los
distintos Estatutos figura siempre la terminología exacta de
la Constitución, la palabra «aguas» y nunca la palabra
«cuenca». Naturalmente, porque se trata de un problema
político, nos encontramos con que en la Constitución de 1978 y
en los estatutos de competencias plenas, como los de 1980, de
Andalucía, y otros, suponían la voluntad clara de la
construcción del Estado de las autonomías. Sin embargo, a
partir de la Ley de Aguas, de 1985, con la introducción de una
serie de matices, algunos sibilinos que están entorpeciendo
las transferencias que ahora pedimos, se opera un giro
neocentralista claro, que es el que ahora intentamos
rectificar. Se pasa del concepto de aguas al concepto de
cuenca, y en la Ley se dice: «La cuenca hidrográfica, como
unidad de gestión de recursos, se considera indivisible»; aquí
está el problema; se considera indivisible. Si cambiamos el
concepto de cuenca y decimos que es divisible, que hay cuenca
intercomunitaria, que se pueden crear --artículo 145 de la
Constitución-- organismos de cooperación y organismos de
gestión mixtos, superamos el problema. Pero de nuevo aquí,
posiblemente, se me diga otra vez que es un problema de la
Constitución y de los estatutos, y no es cierto, no es verdad.
Ya he citado textualmente cómo se recoge en los distintos
textos legales y cómo es permisible, posible y viable --lo
hemos intentado demostrar y lo seguiremos intentando demostrar
hasta la saciedad-- cambiar el
concepto de cuenca y restablecer una distribución autonómica,
lo que hasta ahora reproduce exactamente la distribución y
gestión franquista de las confederaciones hidrográficas.
Intentamos en su momento, señorías --yo creo que ahora lo
comprenderán mejor--, que el Parlamento de Andalucía se
personara en este Congreso para ejercer la iniciativa
legislativa, pidiendo la gestión del Guadalquivir en función
de esta solución técnico-jurídica y política. Naturalmente,
allí no tuvimos los votos suficientes, no tuvimos la
suficiente comprensión como para que el Parlamento de
Andalucía se personara ante estas Cortes Generales pidiendo la
gestión del Guadalquivir, porque el Guadalquivir, ahora, no es
gestionado por andaluces, como si para alguna de SS.SS. el
Guadalquivir fuese un afluente del Manzanares. En la nueva
situación del Parlamento andaluz creo que volveremos a
insistir --quizá ahora con más éxito-- para que se persone
aquí pidiendo la gestión de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir en función de la aplicación del artículo 145 de
la Constitución y del cambio de la Ley de Aguas, tal como
planteamos, artículo por artículo, rigurosamente, en la
proposición de ley que hoy aquí defendemos ante la algarabía
de sus señorías.
Pretendemos, en el marco del artículo 145.2 de la
Constitución, una serie de reformas concretas de la Ley de
Aguas. Por ejemplo, ajustar el régimen jurídico de la
administración hidráulica, a fin de constituir organismos
mixtos de cuenca que permitan la gestión de las distintas
comunidades autónomas; y también que el concepto de cuenca sea
divisible, haciendo, como figura en el espíritu de la Ley, de
la Constitución y del Estatuto, aguas sinónimo de ríos, porque
no figuran ni confederaciones ni cuencas y, a partir de ahí,
solicitamos la transferencia y la gestión de las distintas
cuencas, en función de esta argumentación técnica que estoy
dando, a través de acuerdos de cooperación, como prevé la
Constitución, por estas Cortes Generales, que tendrían que
autorizar los acuerdos de las distintas comunidades autónomas.
Al mismo tiempo, alguna de SS.SS. me puede decir que, sin
embargo, en un sentido específico, y sin que haya en esto
resolución del Tribunal Constitucional --como otras veces se
ha dicho y no es cierto--, es una competencia exclusiva del
Estado y supera incluso las competencias del artículo 151 de
la Constitución, vía rápida y profunda por la que van una
serie de autonomías, por ejemplo la andaluza. Hay también
salida jurídica a esta situación para que las comunidades
autónomas, a través del artículo 150 de la Constitución, que
permite la ampliación de las competencias incluso por encima
del artículo 151, si hubiese algún otro tipo de traba,
pudiesen solucionar esta problemática. Termino, señor
Presidente, diciendo que hemos expuesto una salida técnica que
hasta ahora no se nos ha podido rebatir sino con demagogia; la
demagogia de decir que hay que cambiar la Constitución o los
Estatutos. No es verdad. Ni en la Constitución ni en los
Estatutos, en ningún caso, figura la palabra cuenca; figuran
las palabras aguas o recursos hidráulicos; la palabra cuenca
se introduce en la ley para limitar la posibilidad de
transferencias en competencias exclusivas, que sí son
exclusivas cuando son aguas intercomunitarias, pero la palabra
aguas, no cuenca.
Pedimos políticamente que se vea la situación y se adapte la
gestión de las confederaciones a la construcción del Estado de
las autonomías, un problema muy sentido en distintas
comunidades autónomas, tanto que, a lo largo del debate de la
precampaña de las elecciones andaluzas, algún consejero ha
dicho que ya se habían pedido las transferencias de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Si aquí ahora se
me dice que eso es imposible, que jurídicamente no es viable y
que políticamente no se había pensado, yo por lo menos digo
que se ha utilizado como argumento político porque, en ciertas
comunidades autónomas, es de una importancia vital --les
recuerdo a SS.SS. que la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir baña el 75 por ciento del territorio andaluz--,
todo ello en la dirección de construir el Estado de las
autonomías, en nuestro caso de cara a la construcción de un
Estado federal que supere, en temas sustanciales como éste, la
configuración del régimen franquista respecto a las
confederaciones hidrográficas y su gestión.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
¿Turno en contra? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene la
palabra el señor Jerez.
El señor JEREZ COLINO: Señor Presidente, señorías, no sé si es
una temeridad por mi parte decir que, cuando el señor Alcaraz
estaba dando sus argumentos, me parece que no se los creía ni
él mismo. Yo creo, señor Alcaraz, que cuando uno intenta
defender una postura debe ser consecuente con los límites de
la misma, con la posición de lo que uno intenta defender y,
además, con el ámbito y la importancia de lo que defiende,
porque usted, con tal de salirse con la suya en su principio,
pone en cuestión principios básicos de la gestión del agua y
situaciones que hoy, ni desde España, ni desde Europa, ni
desde la comunidad internacional, en ningún caso, se discuten.
No le vale que califique como dogmáticos a los que pretenden
defender posturas contrarias a las suyas, o los llame usted
demagogos porque no se ajustan a los conceptos que usted
quiere plantear. El tema es radicalmente distinto. La ley
contempla muy bien diferenciado lo que es el agua, con su
ciclo completo, de lo que es el río y de lo que es la cuenca.
Es posible que S.S. no tenga claros estos conceptos, pero la
ley sí los tiene. El agua es un concepto global
en la ley, el río es una corriente de agua y la cuenca es un
concepto territorial que indica todos los ríos y afluentes que
van a parar a un solo cauce y terminan vertiéndose al mar. Son
conceptos distintos que la ley tiene en cuenta.
Tampoco puede invocar, dando la sensación de que los
razonamientos son importantes, aspectos jurídicos en los que
basar su proposición. El artículo 145.2 que usted invoca se
está refiriendo a negocios jurídicos entre las comunidades, en
competencia de las comunidades, no en competencias exclusivas
del Estado, que es a lo que usted se está refiriendo y que es
lo que recoge el artículo 149 de la Constitución. Por tanto,
ni el propio Estatuto de Andalucía da pie a la posibilidad que
usted se plantea. Permítame que le diga con afecto que es una
falta de responsabilidad pretender algo que ya ha sido
desechado en la Cámara, como es la posibilidad de que la Junta
de Andalucía tenga todas las competencias en la cuenca del
Guadalquivir, que se cambie toda la ley de una manera
parcial --porque los conceptos que pone en duda exigirían un
cambio mucho más profundo de lo que usted pretende--, así como
poner en cuestión toda la Ley de Aguas y, por tanto, todas las
posibilidades de cómo se va a hacer la gestión en los planes
hidrológicos de cuenca y en el Plan Hidrológico Nacional, lo
que supondría volver atrás en toda la ejecución de los planes
hidrológicos de cuenca.
Por eso le decía que me parece una falta de responsabilidad.
Sé que en su respuesta nos va a repetir usted lo de dogmático,
nos va a repetir lo de demagogia, nos va a repetir el
andalucismo y nos va a intentar convencer con conceptos que
nada que tienen que ver con lo que usted propone, porque el
razonamiento puro y lógico en este concepto que usted nos
plantea es prácticamente imposible.
Le diría más. La Carta Europea del Agua, más todas las
reuniones que ha habido, tanto del Plan Hidrológico Nacional
como de la confección de la propia ley, no cuestionan en
ningún caso la racionalidad, que va detrás de la cuenca como
concepto indivisible.
A mayor abundamiento, de manera expresa y taxativa el Tribunal
Constitucional, en la sentencia 227, a raíz de todas las
alegaciones que se hacen por parte de muchos grupos para que
defina determinados conceptos, dice que no se puede atentar a
la racionalidad al intentar poner fronteras administrativas en
lo que la racionalidad aconseja debe ser un uso indiscutible e
indivisible de la cuenca como conjunto. Por tanto, el Tribunal
Constitucional lo tiene definido claramente, lo tiene
claramente delimitado sin que exista posibilidad de duda.
Además, es un elemento técnico no cuestionado en ningún
momento ni a lo largo de nuestra historia. Desde que se fundan
las confederaciones hidrográficas en el año 1926 hasta estas
fechas, ese concepto no solamente ha sido admitido sino
seguido por la mayor parte de los países europeos y de otros
países sudamericanos que han intentado y que han seguido las
posibilidades de gestión que da la unidad de cuenca.
Por eso le decía que usted, con tal de salir adelante con ese
principio, que yo respeto, no puede echar abajo grandes
conceptos, lo que supondría volver al principio de todo lo que
hasta ahora se ha ido gestionando, acordando y trabajando
alrededor de la gestión del agua.
Por eso, señor Alcaraz, cuento con que, con su sentido común,
intentará darnos algunas razones claras, jurídicas, técnicas,
sociológicas, políticas, del concepto que usted quiera.
Además, las reformas que usted propone --y me imagino que me
dirá que la totalidad la acepta, pero eso no-- pretenden que
prácticamente el control de cada cuenca hidrográfica esté en
función de las hectáreas por las que pasa la cuenca
correspondiente, porque da usted un tercio a los usuarios y
dos tercios son comunidad y territorio. Por tanto, está usted
llevando el control a las hectáreas.
Me imagino el conflicto que tendrá usted en cómo llevar la
solidaridad de las distintas cuencas; dentro de cada cuenca
será muy difícil, salvo un ejercicio dialéctico de S.S.
saliéndose fuera de su propia propuesta. Si no, en ese
concepto que tanto todos alabamos, ese estar en posiciones de
izquierda, le diría que usted con esos planteamientos no está
ni mucho menos en posiciones de izquierdas.
Sé que usted va a responder, y lo va a hacer dando adjetivos,
pero pocas razones, y me parece que es necesario que en lo que
estamos proponiendo en estos momentos usted esté dando básica
y fundamentalmente razones. Por tanto, no se olvide que desde
el punto de vista jurídico tanto la Constitución como el
Tribunal Constitucional dejan muy clara la posición que en
estos momentos defiende el Grupo Socialista. Desde el punto de
vista técnico será muy difícil encontrar ningún planteamiento
técnico que abogue por la división de una cuenca para su mejor
y eficaz gestión. Desde el punto de vista físico esa unidad
tendría y tiene el asentimiento de la inmensa mayoría de los
que se dedican al agua, porque deja usted también sin resolver
en su planteamiento el conflicto que traería la gestión de las
aguas subterráneas. Además, todo ello nos lleva a que, como
concepto político, esa gestión única de toda la cuenca ha sido
también respaldada en mayoría por este Parlamento cuando se
hizo la Ley de Aguas. Y le diré más. Salvo en el apartado que
habla del artículo 16, que hace lo que su Grupo planteó aquí
cuando se discutió la Ley pero ampliado, usted está en
contradicción con las enmiendas que su propio Grupo presentó a
la Ley en 1985. Por eso espero que a la hora de la respuesta
dé usted razones, adjetive menos, no hace falta mantener tonos
de voz demasiado altos, y, al final, por lo menos
comprendamos, si no compartamos, algunas de las razones que
usted puede tener, ya que hasta ahora no hemos escuchado
ninguna. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jerez.
Tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Yo no sé si usted está en disposición
de dar tantas lecciones y de dividir, con una línea que no
aparece clara en función de un término político que está muy
cargado de técnica, dónde está la izquierda y dónde está la
derecha. Porque si se dividen así las cosas tendríamos que
hacerlo de manera más rigurosa hablando de dónde está la
teoría centralista y dónde está la teoría de un Estado no
centralista. Coincidiría la izquierda más bien con un Estado
no centralista, que es lo que estamos pidiendo nosotros en
esta reforma de la Ley de Aguas, que con un Estado
centralista, que es el que está defendiendo de otra manera a
como se ha hecho anteriormente desde esta tribuna, no en base
a la Constitución, porque sabe que no se puede apoyar ahí el
argumento de manera rigurosa.
Usted habla de los principios básicos de la gestión del agua
como principios políticos. Usted lo ha enfocado desde una
concepción política apoyándolo en experiencias europeas y
extranjeras, que no son siempre homologables (en algún caso se
parecen mucho más a lo que yo estoy defendiendo), más que en
que técnicamente no es posible lo que plantea el Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
En segundo lugar, señor portavoz del Partido Socialista Obrero
Español, yo no le he llamado dogmático a usted; he llamado
dogmático al concepto de cuenca que aparece en la Ley de
Aguas, al concepto de cuenca que no aparece ni en el Estatuto
ni en la Constitución. No se asignen adjetivos que no van
dirigidos a ustedes. Vamos a dejarnos de victimismos fáciles y
vamos a intentar discutir con rigor. Dice la Ley de Aguas que
la cuenca es indivisible. ¿Por qué razón? No da ninguna. La
única razón que da es que es mejor gestionarla desde el punto
de vista de que es indivisible. Nosotros decimos que, no.
Estamos construyendo --y nos lo creemos-- un Estado de las
autonomías donde las comunidades autónomas --aquí está el
problema de fondo y la argumentación que utilizó el señor
Borrell-- no son consideradas como auténtico Estado por
ustedes, tienen que ser tuteladas. El argumento fundamental
que nos dio el señor Borrell fue ese. Lea el «Diario de
Sesiones» de hace un par de meses, correspondiente a la
petición por nuestra parte de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir. Vino a decir que el Guadalquivir es tan
importante que no se lo vamos a transferir a la Comunidad
Autónoma andaluza.
Usted lo ha dicho bien. Ha manifestado que la ley distingue
entre agua, río y cuenca. Es cierto. Pero, hasta ahora, los
interlocutores que yo he tenido de su Grupo me decían que esa
distinción estaba en la Constitución y en el Estatuto, en el
de Andalucía o en el de cualquier comunidad, y no es verdad.
Esa distinción --usted lo ha dicho bien-- está en la ley. Y
estamos pidiendo que se reforme la ley para que agua sea
sinónimo de río y la cuenca no sea sinónimo de algo
absolutamente indivisible. Eso es perfectamente viable. Dice
usted que eso lo ha hecho el Ministerio de Obras Públicas sólo
en aquellos casos en que se trata de llegar a cooperación
entre competencias específicas de las comunidades autónomas y
que ésta, no porque es exclusiva del Estado. Pues, no. Si
partimos del concepto de agua como concepto sinónimo de río y
ese agua o río circula por un solo territorio, no hay que
salirse del rigor y no se puede decir lo que usted ha dicho.
Por tanto, si son distintos ríos serían competencias de
diferentes comunidades autónomas. En el caso del Guadalquivir,
lo he repetido aquí; el 89 por ciento circula por el
Guadalquivir y hay otros tres ríos --efectivamente, cuenca es
lo que converge en una sola cuenca que va a dar al mar-- muy
pequeñitos, que son los que impiden, no en función de la
aplicación del Estatuto --en eso me parece que coincidimos--,
ni de la Constitución, la transferencia del Guadalquivir o, en
este caso, como pedimos de manera más general, la adecuación
de la ley a la construcción del Estado de las autonomías.
¡Claro que lo pedimos para todos los casos similares, señor
Diputado! Si hay ríos, como el Guadalquivir, que nacen y
mueren y en una comunidad autónoma, aunque tengan confluencia
con otros ríos más pequeños o más grandes, claro que pedimos
esa competencia, llevada de manera mixta --cooperativa, en
función del artículo 145 de la Constitución--, para el resto
de las comunidades autónomas; ¡claro que sí! Se puede dar en
algún otro caso, pero fundamentalmente se da en el
Guadalquivir. Alguno de ustedes ha reconocido --yo participé
en la Comisión Mixta Congreso-Senado para la redacción del
Estatuto de autonomía-- que se les escapó.
Les queremos decir que el Guadalquivir, cambiando el concepto
de cuenca por el de cuenca divisible, utilizando el artículo
145 de la Constitución y, si usted quiere, para ampliar
competencias en este momento en que ustedes van a ampliar
competencias a otras comunidades, utilizando el artículo 150,
que permite la ampliación de competencias, si hay voluntad
política se puede solucionar.
El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, le ruego concluya.
El señor ALCARAZ MASATS: Termino, señor Presidente.
Señor Diputado, le ruego que no me dé lecciones ahora
precisamente, no me diga lo que es más de izquierdas o más de
derechas o si somos demasiado andalucistas. Yo no he utilizado
ni una sola vez la palabra «andalucista». Le estoy diciendo
que ahora --hace tres años, hace cinco, en 1982, cuando lo
pedimos en el Parlamento de Andalucía-- el Guadalquivir tiene
que gestionarlo Andalucía. Usted ha hablado de aguas
subterráneas. El acuífero 27, el que abastece al Parque
Nacional de Doñana, tiene que gestionarlo Andalucía y esto es
posible. Si en otras comunidades autónomas se reproducen estas
mismas características, también es posible y necesario en ésta
puesto que estamos construyendo el Estado de las autonomías.
Termino, señor Presidente. Usted habla de no poner fronteras
indivisibles. Estoy totalmente de acuerdo con esa norma de la
Comunidad Europea, pero usted me da la razón. Si no existen
las fronteras entre las comunidades autónomas --puesto que no
existen--, por qué ponerle fronteras a las cuencas. No existen
fronteras, por tanto usted mismo me da la razón cuando utiliza
esa argumentación. La gestión hasta ahora del Guadalquivir,
señor Diputado, como la de otros ríos --usted me ha citado al
Guadalquivir y por tanto me paro brevísimamente, señor
Presidente, en este ejemplo-- es muy mala, está mal regulado,
se escapa el 38 por ciento del agua, la contaminación es
tremenda; se dice de broma que nace y muere en Jaén por el
alpechín, por las gamilas. Y todo tipo de política autonómica,
económica, agrícola y ecológica que no parta del Guadalquivir
en Andalucía no es una gestión autonómica cuando tenemos las
competencias máximas del artículo 151 de la Constitución.
Señor Diputado, su oposición --oposición aquí más que en
Andalucía porque en los mítines no se oponen tanto-- es una
opción política que han tomado, no es una opción
constitucional; es una opción política centralista y menos de
izquierdas, desde luego, que la que estoy defendiendo aquí.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
El señor Jerez tiene la palabra.
El señor JEREZ COLINO: Señor Presidente, señorías, hemos oído
al Diputado de Izquierda Unida decir que aquí no se deben dar
lecciones de izquierda y derecha. Me imagino que de ahora en
adelante en los debates que tengan los representantes de su
Grupo no se erigirán como los defensores exclusivos de la
izquierda, porque parece que a usted le molesta que el Partido
Socialista dé lecciones de izquierda y derecha y no las
asumen. Vamos a ver si somos, como tenemos que ser, lo más
objetivos posible.
Me dice que no se defienden las mismas posturas en Andalucía.
Yo le voy a preguntar algo: Enseñe usted su proposición de ley
a los compañeros suyos que estén en la cuenca del Júcar y del
Segura y pregúnteles si esa proposición de ley la pueden
defender en sus respectivas cuencas. Si eso ocurre --no haga
esos gestos con la cabeza--, me enteraré porque es
indefendible. Le he dicho a usted que no era de izquierdas
porque es insolidaria la proposición de ley, no por razones
técnicas; es perfectamente insolidaria esa proposición de ley.
Señor Alcaraz, si dogmático es que no aparece en la
Constitución --y perdóneme si esto puede provocar risas--, el
amor es dogmático porque no aparece en la Constitución. Tiene
usted unas concepciones de lo que es dogmático o no... No me
extraña que le escuchemos aquí mucho el concepto dogmático,
muchas veces sin venir a cuento; yo presumo que en su Grupo
hay tremenda cantidad de conceptos dogmáticos.
Distintos ríos, distintas competencias. Señor Alcaraz, piense
esto un poco. Si desde Albacete, circunscripción a la que
pertenezco, nos dedicamos a echar alpechines al Guadalmena, me
cuenta usted qué es lo que pasa en Sevilla para ver si influye
o no... Usted cree que cada río tiene su propio elemento y que
desde cualquier afluente se puede echar lo que sea con la
única condición de que esté en otra comunidad autónoma. Le
pongo el caso porque esta provincia a la que pertenezco tiene
una parte del Guadalquivir. En su concepto y siguiendo sus
normas, si nosotros echamos alpechines a ese río, ustedes no
tienen problema por lo que veo. No me diga que la defensa de
su concepto de transferir el Guadalquivir a Andalucía puede
hacerle a usted defensor de conceptos indefendibles en
cualquier foro que racionalice, porque no es así, señor
Alcaraz.
Le he dicho a usted no crear por la carta de Europa fronteras
administrativas en la misma cuenca, porque la cuenca es una
unidad de gestión y hasta ahora la más eficaz y yo le diría
que la única posible, por no caer en una definición que
excluya cualquier tipo de posibilidad de nuevas
racionalidades. Hasta ahora es así y así ha sido asumido por
su propio Grupo cuando se planteó la ley en esta Cámara.
Por lo tanto, ya le digo: muévase usted en los justos términos
de defensa de su concepto, pero no anule todo lo que está
alrededor con tal de que su concepto, más pequeño en este caso
aunque muy importante, se salga con la suya. Midiendo cada uno
el concepto en el que estamos, sin poner en cuestión todo lo
demás, es posible que no ganemos la votación pero, por lo
menos, tendremos la ventaja de hablar con claridad y hacer un
discurso razonable, que, al menos, en nuestra tierra de
procedencia se entenderá.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jerez.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor González
Lizondo.
El señor GONZALEZ LIZONDO: Gracias, señor Presidente.
Señor Presidente, con su permiso, vamos a compartir el tiempo
el señor Mur y un servidor. En un principio, mi alocución es
muy corta. Es en solidaridad con la Guardia Civil. Acabo de
recibir una llamada de teléfono. La Guardia Civil ha visto
caer hoy a dos de sus miembros, asesinados vilmente y
rematados incluso con sus propias armas.
El hecho ha acontecido en el pueblo de Siete Aguas, en
Valencia. La autoría no ha sido aún reconocida pero, sea quien
sea el que lo haya cometido, mis palabras de solidaridad con
las víctimas. Naturalmente los autores son seres perfectamente
despreciables.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González Lizondo.
El señor Mur tiene la palabra.
El señor MUR BERNAD: Gracias, señor Presidente.
En el turno del Grupo Mixto voy intervenir para fijar la
posición en la toma en consideración de la proposición no de
ley que ha presentado el Grupo Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya sobre la reforma de la Ley de Aguas,
de 2 de agosto de 1985, para que sea adecuada al Estado
autonómico. Como SS.SS. pueden comprender, para el Partido
Aragonés éste es un tema de vital importancia y no queremos
dejar pasar la oportunidad que se nos brinda para fijar
nuestra posición en algo que, desde el punto de vista de
nuestro Partido y desde el punto de vista de Aragón, es
fundamental.
En primer lugar, quiero decir que vamos a apoyar con el voto
esta toma en consideración y aclarar, a renglón seguido, que
podemos no estar de acuerdo en la totalidad de la propuesta
pero que, en todo caso, en el trámite parlamentario,
introduciríamos también, por vía de enmienda, nuestros propios
criterios.
Sin embargo, el hecho de traer aquí a debate algo que tiene
relación con la Ley de Aguas y con el Estado autonómico ya me
parece en sí mismo importante, porque, señorías, la Ley de
Aguas de 1985 es una ley centralista, es una ley que desconoce
el Estado autonómico y es una ley que fue fruto de aquella
involución autonómica, cuyo ambiente político de alguna manera
impregnaba la legislación básica del Estado en 1985 y a la que
el Partido Socialista no pudo sustraerse en aquellos momentos.
Recuerdo en la tramitación de la ley de Aguas que el Partido
Aragonés tuvo una importante participación y dejamos
clarísimos algunos conceptos que luego no se vieron reflejados
en la misma. Señorías, la Ley de Aguas y algunas de sus
consecuencias inevitables, como el Plan Hidrológico Nacional -
-aquí hay que hacer hincapié en que a alguien le traicionó el
subconsciente cuando calificó el Plan Hidrológico como
«nacional», una terminología que nos recuerda conceptos
preconstitucionales en la distribución del poder territorial
en España--, cuya elaboración todos entendemos como racional a
partir de los planes de cuenca, como una cuestión previa, y
que, después, en la realidad no ha sido así, es una
consecuencia del mal planteamiento de la filosofía que inspira
la Ley de Aguas.
El señor representante del Grupo Socialista ha dicho una frase
que espero ver reflejada en el «Diario de Sesiones» y que
copio literalmente, haciéndola mía: «La cuenca como un
conjunto y principio indivisible.» Pues bien, señores del
Grupo Socialista, si la cuenca es... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio.
El señor MUR BERNAD: Si la cuenca es un conjunto y un
principio indivisible, nosotros estamos de acuerdo en que va a
ser muy difícil después justificar los criterios que informen
los trasvases entre cuencas, algo que nos parece básico y
fundamental, porque el Plan Hidrológico debe tener como
principio inspirador el principio reequilibrador, no el
principio del desarrollismo, basado sólo en los criterios de
las presuntas demandas de agua.
De ahí que creamos que los organismos de cuenca pueden y deben
gestionarse de modo distinto a como se está haciendo ahora.
Pueden adaptarse mucho mejor a las comunidades autónomas,
pueden adaptarse al Estado de las autonomías y efectivamente,
si modificamos la Ley de Aguas, como en esta proposición de
ley se pretende, podremos rectificar algunos de los preceptos
que figuran en los Estatutos de Autonomía. Pongo como ejemplo
el Estatuto de Autonomía de Aragón, donde hay una bella frase
que se ha quedado sólo en eso al decir que son competencia
exclusiva de la Comunida Autónoma Aragonesa las aguas que
discurren íntegramente por el territorio aragonés y resulta
que, con la interpretación de la Ley de Aguas, no hay ninguna
que discurra salvo los ibones del Pirineo que, como todo el
mundo sabe, son aguas que no discurren, al parecer igual que
algunos de los políticos que redactaron el Estatuto de
Autonomía de Aragón. Nos parece que éste es un debate
interesante en el que habrá que hacer un esfuerzo para adaptar
la legislación de aguas, que para nosotros es fundamental y
básica, al Estado de las autonomías, para quitar ese espíritu
centralista, centralizador, que tiene la Ley de Aguas y, en
definitiva, para abrir en esta Cámara dos debates muy
necesarios alguno de los cuales estamos echando en falta y
reclamando desde hace mucho tiempo: el debate del Plan
Hidrológico que está todavía pendiente y que esperamos que el
Gobierno se atreva a traer en un plazo breve a esta Cámara y,
por supuesto,
el siempre e inacabado tema de la adecuación del poder
político y de la Administración española al Estado de las
autonomías que diseña nuestra Constitución.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mur.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo para fijar la posición del Grupo Vasco en
relación con la proposición de ley presentada por el Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, relativa a la
reforma profunda de la Ley de Aguas. A nuestro Grupo
Parlamentario le parece novedoso y muy interesante el
planteamiento que en su proposición de ley traslada al ámbito
legislativo el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, en la medida en que hace un modelo de gestión de
los recursos hídricos a nuestro juicio más adecuado a la
realidad, como plantean en su exposición de motivos, del
Estado autonómico. Como SS.SS. saben, los recursos hidráulicos
son dominio público estatal, son propiedad de los poderes
centrales del Estado conceptuados tradicionalmente, pero las
competencias de las comunidades autónomas y la misma Ley de
Aguas y las sentencias del Tribunal Constitucional han
admitido que el aprovechamiento y la gestión de las mismas
puedan ser realizados por las comunidades autónomas. Por lo
tanto, podemos diferenciar claramente la titularidad, por un
lado, que sería dominio público estatal y, por otro, la
gestión, el aprovechamiento, la tutela y el control de la
policía de aguas, que correspondería a las comunidades
autónomas que tienen competencia en materia de recursos
hidráulicos. La iniciativa de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya es un salto cualitativo en la medida en que plantea
la posibilidad de que se transfiera a las comunidades
autónomas la gestión de aquellos recursos hídricos relativos a
las cuencas que transcurren por más de una comunidad autónoma,
en cuyo caso el Grupo Parlamentario proponente plantea la
creación de organismos mixtos entre diversas comunidades
autónomas que, en definitiva, sería una modalidad de
funcionamiento de las confederaciones hidrográficas donde
éstas tuvieran una participación más directa y legalmente
explicitada y reconocida. Nos parece un planteamiento novedoso
y valiente que nuestro Grupo Parlamentario va a apoyar con
todo fervor. Señor Presidente, de acuerdo con las
consideraciones que he realizado y por la posibilidad de que
estos organismos de cuenca constituidos por las comunidades
autónomas puedan aprobar los planes hidrológicos de las mismas
reservando en todo caso, como corresponde a esta Cámara, la
aprobación del Plan Hidrológico Nacional, nuestro Grupo
Parlamentario, repito, va a apoyar esta iniciativa
parlamentaria. Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Señor Presidente, señorías, al fijar
la posición del Grupo Catalán (Convergència i Unió) he de
decir que el debate de la proposición de ley sobre la Reforma
de la Ley de Aguas 29/1985 que hoy tratamos tiene un cierto
continuismo con las discusiones de una interpelación de
finales de febrero y con su correspondiente moción debatida el
pasado primero de marzo. Curiosamente en la moción, que no
prosperó, se instaba al Gobierno a remitir a las Cortes, en el
plazo de tres meses, un proyecto de ley a fin de adecuar la
vigente ley de Aguas a la estructura del Estado autonómico.
Decía curiosamente porque, por otra parte, el grupo proponente
en aquella ocasión nos anunciaba que ya había presentado la
proposición de ley que hoy debatimos. Ya expresamos en
aquellos debates que, quedando pendiente la presentación y
discusión en esta Cámara del Plan Hidrológico, toda la
temática hidrológica y una posible modificación de la Ley de
Aguas vigente estaban condicionadas o, como mínimo, el Plan
Hidrológico y la modificación de la Ley estaban mutuamente
condicionados. Por ello, no nos parece oportuno el trámite,
hoy y ahora, de una modificación de la Ley de Aguas. Nuestro
Grupo no dará apoyo a la proposición de ley que debatimos.
Por otra parte y en análisis breve y concreto del texto de la
proposición de ley, he de comentar que su presentación fue
motivada --así lo refleja la exposición de motivos y también
la intervención del Portavoz del Grupo proponente-- por una
situación concreta de una sola confederación hidrográfica y el
interés para una sola comunidad autónoma con extensiones a
otras comunidades, extensiones de forma sencundaria.
Lógicamente, el posterior desarrollo del texto tiene una serie
de criterios que a nosotros no nos parecen adecuados. Así,
parece técnicamente inadecuada, como decía, la regulación que
se efectúa de los siguientes puntos, entre otros. Se construye
toda la atribución de competencias a las comunidades autónomas
a partir del artículo 15.d) de la Ley de Aguas, referido a la
encomienda de la tramitación de autorizaciones sobre el
dominio público hidráulico, sin que se incluya un precepto que
expresamente otorgue competencias sobre la concesión y
administración de dicho dominio público hidráulico en las
cuencas intercomunitarias.
Parece innecesario, además de contrario al principio de
autonomía que comporta amplias potestades de autoorganización,
establecer con detalle en la Ley de Aguas modificada, como se
nos propone, la regulación de los organismos de cuenca
autonómicos para el ejercicio de las competencias
transferidas. En este sentido, parece suficiente, según ha
aceptado el Tribunal Constitucional, que la administración
hidráulica autonómica observe las bases contenidas en el
artículo 16.1 de la Ley de Aguas vigente, dejando a la
legislación propia de cada comunidad autónoma la regulación
detallada.
Resulta también un tanto confuso el procedimiento establecido
en las disposiciones adicionales para el acceso de las
comunidades autónomas al ejercicio de las competencias
hidráulicas. Si de la combinación de la Ley de Aguas
modificada que se propone, resulta que en los estatutos
respectivos corresponde a las comunidades dicho ejercicio, no
puede hablarse de disponibilidad o interés en el mismo.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.
Cuando quiera, señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Asimismo, y terminando ya, la
atribución de competencias a las comunidades autónomas en
materia de administración y gestión del dominio público
hidráulico, no puede quebrar el tratamiento unitario de las
cuencas hidrográficas en aspectos como la planificación u
ordenación general de los recursos. En este sentido, plantea
dudas la sustitución de la autoridad estatal por un órgano
mixto de constitución exclusivamente intercomunitaria. Es
decir, no es aceptable la propuesta de dichos órganos mixtos
de gestión entre comunidades autónomas y sí, en cambio, la
creación de organismos propios de gestión de cada comunidad
autónoma, aunque no afecten a la totalidad de una cuenca.
Estos son puntos básicos que hacen que nosotros consideremos
un balance negativo. Sí vemos --¡cómo no!-- que hay algunos
aspectos positivos en la proposición de ley, pero el balance
de todo lo expuesto y el estudio que hemos realizado sobre el
tema nos lleva, como decía, a un balance que nos define la
necesidad de no aceptar la propuesta.
En consecuencia, nuestro voto, tal como he anunciado
anteriormente, será negativo respecto a la toma en
consideración de esta proposición de ley. Nada más y muchas
gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sedó.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Peñarrubia.
El señor PEÑARRUBIA AGIUS: Gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a fijar la posición del Grupo Popular con
respecto a la proposición de ley de Izquierda Unida de
modificación de la Ley de Aguas y su adecuación al Estado
autonómico.
Vaya por delante que mi Grupo va a oponerse a la toma en
consideración de dicha proposición de ley, por tres razones
fundamentales. La primera, porque entendemos que la ley que se
pretende modificar --que, por cierto, tuvo un nacimiento
controvertido y difícil-- está en la actualidad
suficientemente asentada y, por consiguiente, no parece
razonable su modificación. En segundo lugar, porque la Ley que
nos ocupa es bastante posterior a la construcción del Estado
autonómico y en ella ya se contempla dicha realidad, pero,
además, no es cierto, señor Alcaraz --parece muy fuerte tener
que aceptar eso--, que la Ley de Aguas introduzca en su
articulado una serie de conceptos restrictivos sobre la
Constitución y los respectivos estatutos de Autonomía en los
temas referidos a la territorialidad hidrológica, tal y como
se recoge en la exposición de motivos de la proposición de
ley, porque, si había algunas diferencias al respecto, éstas
quedaron subsanadas mediante la firma del pacto autonómico que
dio lugar a la Ley orgánica de transferencia de competencias a
comunidades que accedieron a su autonomía por la vía del
artículo 143 de la Constitución; no es cierto, señorías,
porque los términos contemplados en el artículo 149 de la
Constitución y el artículo 14 de la Ley no son en absoluto
antagónicos; no pueden serlo. Que la Constitución establezca
en el ya precitado artículo 149 que el Estado tiene
competencia exclusiva sobre «legislación, ordenación y
concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando
las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma», no
parece ninguna barbaridad y ello sin tener, como le ocurre a
mi Grupo, una visión estatalista de la política.
Y, en tercer lugar, señor Presidente, señorías, porque da la
sensación --se ha dicho, además, aquí por el señor Alcaraz--
que el objeto de la iniciativa de Izquierda Unida es eliminar
de la Ley de Aguas los principios de unidad de cuenca y de
indivisibilidad de la misma, con el fin de alterar los
vigentes criterios de reparto de las competencias en materia
de aguas entre el Estado y las comunidades autónomas. El
criterio actual es claro, ya que corresponde a la
Administración del Estado la competencia respecto a aquellas
cuencas cuyos ríos transcurran por el territorio de más de una
comunidad autónoma, mientras que, por el contrario, podrán ser
de competencia de la comunidad autónoma correspondiente las
cuencas hidrográficas cuyos ríos transcurran íntegramente por
el territorio de esa comunidad.
A conseguir este objetivo de cambio de criterio en la
delimitación competencial tienden la modificación pretendida
por la proposición de Izquierda Unida en los apartados primero
a sexto de su artículo único. No tiene sentido romper, desde
el punto de vista de las competencias
administrativas, lo que es una realidad física: la cuenca
hidrográfica. Pretender, señorías, que sobre una sola cuenca,
en el sentido físico, tengan competencias distintas
administraciones públicas, es hacer imposible cualquier
pretensión de optimizar y racionalizar la gestión de un bien
escaso como es el agua.
Con respecto a los apartados 7.º a 14.º del artículo 1 de la
proposición que debatimos, merecen por nuestra parte,
igualmente, rechazo, por cuanto únicamente pretenden regular
la organización de la administración hidráulica de las
comunidades autónomas, a las que se pretende transferir
partes, trozos de cuenca, así como ciertos requisitos y
condiciones de tales traspasos. Porque en el supuesto de que
se estuviese de acuerdo con tales transferencias, y,
evidentemente, éste no es el caso, no procedería que una ley
estatal regulase la organización administrativa de los
organismos de cuenca, por cuanto esto sería competencia de
cada una de las comunidades autónomas.
En resumen, señor Presidente, señorías, mi Grupo considera que
esta proposición de ley no es oportuna, no es tampoco
conveniente ni necesaria su aprobación y, por tales razones,
vamos a votar en contra de la toma en consideración. Nada más
y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peñarrubia.
Vamos a proceder a la votación. Votación para la toma en
consideración de la proposición de ley del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, de reforma de la Ley de Aguas
para su adecuación al Estado autonómico. Comienza la votación.
(Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 303; a favor, 24; en contra, 275; abstenciones,
cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.
TRAMITACION DIRECTA Y EN LECTURA UNICA DE INICIATIVAS
LEGISLATIVAS:
--PROPOSICION DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS SOBRE PUBLICIDAD DE LAS COMISIONES DE INVESTIGACION
(Número de expediente 410/000004)
El señor PRESIDENTE: La Mesa, oída la Junta de Portavoces y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del
Reglamento, ha acordado someter a la aprobación de la Cámara
la tramitación directa y en lectura única, por el propio
Pleno, de la proposición de reforma del Reglamento del
Congreso de los Diputados sobre publicidad de las Comisiones
de Investigación. ¿Lo aprueba la Cámara? (Asentimiento.) Queda
aprobado.
--PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA NORMATIVA DE
ELECCIONES A LOS ORGANOS DE REPRESENTACION DEL PERSONAL AL
SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS DE LA LEY 9/1987, DE
12 DE JUNIO, MODIFICADA POR LA LEY 7/1990, DE 19 DE JULIO
(Número de expediente 121/000048)
El señor PRESIDENTE: La Mesa, asimismo, oída la Junta de
Portavoces y de conformidad con el mismo artículo 150, ha
acordado someter a la aprobación de la Cámara la tramitación
directa... (El señor Aznar López entra en el hemiciclo.--
Aplausos en los escaños del Grupo Popular.) ... y en lectura
única, por el propio Pleno, del proyecto de ley por la que se
modifica la normativa de elecciones a los órganos de
representación del personal al servicio de las
Administraciones Públicas de la Ley 9/1987, de 12 de junio,
modificada por la Ley 7/1990, de 19 de julio. ¿Lo aprueba la
Cámara? (Asentimiento.) Queda aprobado.
AVOCACION POR EL PLENO DE PROYECTOS DE LEY:
--PROYECTO DE LEY DE ARRENDAMIENTOS URBANOS (Número de
expediente 121/000041)
El señor PRESIDENTE: La Mesa de la Cámara, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, ha acordado
proponer al Pleno la avocación de la deliberación y votación
final del proyecto de ley de arrendamientos urbanos. ¿Acuerda
el Pleno recabar la deliberación y votación final de este
proyecto de ley? (Asentimiento.)
Queda aprobado.
AMPLIACIONES DE PLAZO DE COMISIONES DE INVESTIGACION:
El señor PRESIDENTE: La Mesa ha acordado también someter al
Pleno la solicitud formulada por la Comisión de Investigación
sobre la situación, evolución y gestión del patrimonio de don
Mariano Rubio Jiménez, así como el posible uso de información
privilegiada y tráfico de influencias en operaciones privadas
durante el período en que ejerció cargos públicos de
responsabilidad en el Banco de España, de ampliación del plazo
para realizar sus trabajos hasta el fin del actual período de
sesiones.
¿Lo acuerda el Pleno? (Asentimiento.) Queda aprobado.
Finalmente, la Mesa de la Cámara ha acordado también someter
al Pleno la solicitud formulada por la comisión de
Investigación sobre la gestión de los fondos presupuestarios
asignados a la Dirección General de la Guardia Civil, mientras
fue Director General don Luis Roldán, de ampliación del plazo
para realizar sus trabajos hasta el día 17 de junio a los
solos efectos de aprobación de su dictamen.
¿Lo acuerda la Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobado.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY (CONTINUACION):
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
MODIFICACION DEL CODIGO PENAL, MEDIANTE LA QUE SE TIPIFICA LA
APOLOGIA DEL DELITO DE GENOCIDIO (ORGANICA.) (Número de
expediente 122/000041)
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Popular
sobre modificación del Código Penal, mediante la que se
tipifica la apología del delito de genocidio. Tiene la palabra
el señor Robles Fraga. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor,
ocupa la Presidencia.)
El señor ROBLES FRAGA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, me toca presentar la proposición de ley orgánica de
modificación del Código Penal sobre la creación, tipificación
de la apología del delito de genocidio.
Me satisface en esta primera intervención en esta tribuna
hacer realidad algo que ya viene contenido en nuestro programa
electoral de las elecciones europeas últimas sobre la
necesidad de establecer una política común de lucha contra la
xenofobia, el racismo y el antisemitismo y, como ustedes
saben, y si no lo saben se lo recuerdo, ese programa ha
obtenido el aval y el refrendo mayoritario del pueblo español.
También es un compromiso que engarza con la vieja tradición
del liberalismo y del constitucionalismo español, que se
preocupó en el siglo XIX y en el XX de establecer
vínculos entre la Corona y la Nación con las comunidades
sefarditas españolas, con las que se establecían mecanismos
privilegiados de acceso a la nacionalidad española y a las que
se protegía en los momentos de crisis con el amparo de las
autoridades de nuestro Estado.
La reciente proliferación de episodios en distintas partes de
Europa de violencia antisemita y racista, las campañas de
violencia y limpieza étnica en la guerra de la antigua
Yugoslavia, que tienden a restituir carta de naturaleza al
odio racial, étnico y religioso, son un fenómeno especialmente
preocupante que viene siendo abordado en las instancias
europeas desde hace varios años. Permítanme recordar el
informe Ford de 1990 del Parlamento Europeo, el informe
«People» en 1993, en los que se considera que dichas prácticas
son extremadamente peligrosas para los valores democráticos,
la Declaración del Consejo de Edimburgo de 1992 reclamando
medidas enérgicas y eficaces, diversas resoluciones del
Parlamento Europeo, diversas proposiciones de resolución,
algunas con la firma de los parlamentarios del Partido
Popular, y no sólo de parlamentarios del Partido Popular, sino
también de otros españoles de otros grupos parlamentarios, y
muy especialmente la declaración y el plan de acción
establecido en Viena en 1993, en el que, entre otras cosas, se
exige un esfuerzo para reforzar las leyes nacionales y los
instrumentos internacionales para adoptar medidas sobre el
plan nacional y europeo y se establece el compromiso de actuar
contra todas las ideologías, políticas y prácticas que inciten
al odio racial, a la violencia y a la discriminación, y se
establece la creación de un comité de expertos gubernamentales
que tienen como objetivo y mandato examinar las legislaciones,
las políticas y las medidas tomadas por los estados miembros
para combatir el racismo, la xenofobia y el antisemitismo. Al
margen de la incidencia directa que estos fenómenos puedan
tener en nuestra patria, la verdad es que nos sentimos movidos
por un deber básico de solidaridad europea y por un deber de
solidaridad histórica con las comunidades sefarditas
españolas, que, recordarán SS.SS., marcharon al holocausto
hablando en español. Las normas españolas vigentes no parecen
proporcionar mecanismos o instrumentos bastantes para la
acción decidida que se nos impone en detrimento de esa
obligación de solidaridad y en detrimento de los convenios
internacionales firmados que obligan a nuestro país. Es cierto
que el artículo 137 bis del Código Penal tipifica el delito de
genocidio en cumplimiento del Convenio de 1948, y es cierto
también que los artículos 173, 74 y 75 del Código Penal
declaran asociación ilícita las que promuevan la
discriminación racial o inciten a ello. Sin embargo, porque
estos tipos están construidos a partir del resultado o porque
la acción que nuestra propuesta de reforma del Código Penal
trata de perseguir no se realiza desde movimientos asociativos
constituidos como tales, sino de una manera mucho más vaga y
mucho más fluida, nos vemos obligados a reforzar, creemos que
estamos obligados a reforzar los tipos establecidos en el
Código Penal adecuándonos a aquéllos establecidos en otros
países europeos. El Convenio de 21 de diciembre de 1965,
firmado en Nueva York, sobre la discriminación racial, en sus
artículos 2 y 4 establece la prohibición de cualquier acto o
práctica de discriminación racial y prohíbe alentar, defender
o apoyar estas prácticas y exige a
los estados prohibir y suprimir la discriminación que
practican cualesquiera personas, grupos y organizaciones. Sin
embargo, va mucho más allá del artículo 4.º de este Convenio,
que condena la propaganda y las organizaciones que se inspiran
en ideologías racistas, y declara delictivo toda difusión de
ideas racistas y toda incitación a la discriminación racial.
También nos encontramos obligados no solamente por las
instancias europeas, sino por un deber mínimo de solidaridad
europea que emana de la comparación de nuestro derecho con los
derechos de otros países, como el Reino Unido, Francia,
Bélgica, Alemania, Dinamarca, Países Bajos, etcétera. Se
trata, pues, de perseguir actividades que no están cubiertas
por la legislación española. Y ya se planteó en esta misma
Cámara por parte del Gobierno, y en el Senado también en
respuesta a una Senadora socialista, el problema que parecía
plantear el conflicto entre la proposición del Partido Popular
y el derecho a la libertad de expresión, a la libertad
ideológica. Sin embargo, curiosamente, los países que
establecieron reservas al Convenio de Nueva York, precisamente
para proteger las garantías a la libertad de expresión, que
fueron Reino Unido, Francia y Bélgica, son algunos de los
países que con más dureza castigan esta propaganda racista,
castigan la incitación al odio racial, castigan la
reivindicación, la propaganda de las doctrinas e ideologías
que incitan a la discriminación racial y que se reivindican de
las ideologías derrotadas en la Segunda Guerra Mundial. El
planteamiento de nuestra proposición es simple. Se trata de
crear el delito de apología del genocidio, constituido por
referencia al delito de genocidio, como en el caso de la
apología del terrorismo. Así, pues, habría apología del
genocidio cuando, ante una concurrencia de personas o por
cualquier medio de difusión, se expongan ideas o doctrinas
tendentes a considerar encomiables hechos que son
constitutivos de delito o enaltecen a sus autores. Además, en
el punto 2 del nuevo artículo 137 bis b) que proponemos para
el código penal castigamos a los que fabrican, difunden o
exhiben símbolos o cualquier otro medio de propaganda que
representen o defiendan los hechos tipificados en el artículo
anterior. Seguimos así la legislación alemana, que trata, como
hace nuestra propuesta, de impedir actividades preparatorias o
complementarias de la apología del genocidio que tienen
efectos dentro y fuera de España.
Me permito recordar a SS.SS. que muy recientemente en esta
misma Cámara este Diputado que les habla planteó la vergüenza
que ante Europa suponía que España fuera base logística, base
de refugio, lugar en el que se difunden, preparan, publican,
con el apoyo de grupos minoritarios españoles, también
denunciados en las instancias europeas, escritos, libros y
todo tipo de medios de comunicación que se reivindican en las
ideologías nacional-socialistas y en aquellas ideologías
derrotadas, como decía, en la Segunda Guerra Mundial. Tenemos
también muy en cuenta la cuestión de cómo orillar el respeto a
las garantías en materia de libertad de expresión y de
libertad ideológica. En un caso planteado ante el Tribunal
Constitucional, el caso Violeta Friedman contra León Degrée,
de 11 de noviembre de 1991, el Tribunal Constitucional declaró
que ni la libertad de expresión ni la libertad ideológica
comprenden el derecho a efectuar manifestaciones, expresiones
o campañas de carácter racista o xenófobo, puesto que no
existen derechos ilimitados, ya que por encima está el derecho
al honor de la persona o de las personas afectadas y por
encima de ello está el derecho a la dignidad humana.
Estos derechos no garantizan el derecho a establecer, expresar
o difundir entendimientos de la historia o concepción del
mundo con el deliberado ánimo de menospreciar y discriminar,
al tiempo de formularlo, a personas o grupos por razón de
cualquier condición o circunstancia personal o social.
Permítanme, señorías, que como conclusión insista sobre la
oportunidad de esta reforma. Es posible que en el futuro
Código Penal se prevean medidas como las que propone el Grupo
Popular. Sin embargo, en sí misma tiene un valor que va más
allá de una mejora técnica de los instrumentos jurídicos, de
los instrumentos de los que la sociedad democrática española
se dota para defender esos valores fundamentales sobre los que
se asienta nuestra convivencia y sobre los que se construye la
Unión Europea.
Debemos hacer un esfuerzo mayor, un esfuerzo que llame a todos
para rescatar nuestra memoria y nuestra historia para unirla a
la memoria y a la historia europea. Debemos dotarnos de
mecanismos que permitan hacer prevalecer la dignidad y la
verdad sobre quienes la atacan. Debemos contribuir también al
crédito de nuestro país, que no se ve beneficiado en modo
alguno cuando somos señalados como un país en el que, por
deficiencias jurídicas, se cometen delitos condenados en todos
los demás países de la Unión Europea. Finalmente, debemos
defender esos valores democráticos sobre los que se asienta
Europa; debemos también contribuir desde España a unir nuestra
historia con la historia europea, a unir el dolor del recuerdo
de las comunidades sefarditas a la voluntad de construir una
Europa mejor, en la que no haya sitio para quienes practican,
difunden o propagan teorías que incitan al odio racial, que se
basan sobre la discriminación por motivos raciales o que
justifican, ensalzan o alaban a quienes cometieron los mayores
crímenes de la historia europea. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Turno en contra?
(Pausa.) ¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías,
Coalición Canaria, al fijar su posición frente a esta
proposición de ley que nos acaba de presentar el señor
portavoz del Grupo Popular, quiere manifestar su plena
identificación con todos los puntos que constituyen el fondo y
la forma de la misma. Puede ser que como el Gobierno tiene
anunciado, por boca del señor Ministro de Justicia e Interior,
la presentación de un nuevo proyecto de Código Penal, habría
que dejar la expectativa pendiente para que en este futuro
Código Penal se recoja esto, pero, sea cual sea la suerte que
corra hoy aquí esta proposición de ley, nosotros la apoyamos
ahora y la apoyaremos en el momento en que el nuevo Código
Penal venga a esta Cámara, porque pediremos que este nuevo
documento, base del ordenamiento penal español, fije su
atención en la penalización de los delitos de xenofobia y de
genocidio.
Creo que la proposición se presenta en un mes tremendamente
oportuno por las efemérides que toda la prensa y la opinión
pública democrática europea y occidental ha estado
conmemorando en estos días, es decir, lo que ha sido el famoso
en la historia hace cincuenta años día D, cuando aquellos
ejércitos democráticos penetran en Europa, donde está
imperando precisamente la doctrina que aquí se denuncia para
el tipo de Código Penal que se pide, de la xenofobia y el
racismo. Es preferible que la Europa democrática se embarque
en una defensa de estos valores humanos, frente al genocidio y
la xenofobia, desde el Código Penal, que no con el tremendo
sacrificio de sangre, vidas humanas y daños materiales que
ocurrió hace cincuenta años en Europa.
Cuando tenemos una larga experiencia como Diputados en la
Comisión de Asuntos Exteriores, donde hemos visto, a lo largo
de estas últimas legislaturas y de los últimos años, el
desgranar de acuerdos y convenios internacionales que España
ha suscrito y que todas las fuerzas políticas parlamentarias
han apoyado con su voto, a favor de la defensa de los derechos
humanos, la ratificación de todos los acuerdos y convenios
salidos de la Carta de las Naciones Unidas que han ido en
lucha contra el genocidio y la xenofobia; cuando
recientemente, hace escasamente un par de meses, aprobamos
aquí una iniciativa para sustentar, con el apoyo del voto
democrático, la existencia de un tribunal que juzgase delitos
contra los derechos humanos en la ex Yugoslavia --aunque no lo
ha recordado aquí el señor portavoz del Grupo Popular--,
delitos de xenofobia, genocidio y racismo, nosotros entendemos
que, para defender esos derechos humanos con nuestro propio
voto democrático, aquello que podía parecer una simple
motivación de declaración de buenas intenciones hay que
recogerlo también porque vemos el vacío jurídico que ese
tribunal internacional nos puede crear por no estar recogida
la propia figura en nuestro Código Penal.
Nosotros creemos que esta proposición de ley orgánica que trae
el Grupo Popular atina también en señalar que, entre lo que es
punible, lo que va a ser castigado, figura fundamentalmente la
apología del mismo. El problema que estamos viendo actualmente
en Europa, donde se están dando estos brotes de xenofobia y de
racismo, es que vienen amparados por una apología de los
mismos, apología que se ve asimismo reflejada en el sinnúmero
de aparatos de la parafernalia, que son recogidos en el punto
2 de la proposición del Grupo Popular.
Combatir con el efecto disuasorio de las penas reconocidas
nuevamente en el Código Penal, frente a esta apología y una
propaganda de lo que aquí se trata de combatir como verdaderas
lacras que se han dado lamentablemente en el mundo culto,
civilizado, democrático y occidental de nuestro contexto
europeo. Cuando estamos viendo que, para tener fuerza moral en
los acuerdos que ha suscrito España de defensa de los derechos
humanos, se están conculcando en áreas de países del
Mediterráneo, que incluso en algunos socios del marco
internacional del que forma parte España, como la Organización
del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, se conculcan por
parte del Estado turco los derechos que amparan en los
tratados internacionales, por ejemplo, a la minoría kurda,
creemos que nosotros tenemos que estar preparados ya, con las
defensas jurídicas pertinentes en nuestro Código Penal.
Por estas razones, señorías, porque no parecería sino que
estábamos metidos en una obra de ciencia ficción, al estar
hablando, a estas alturas de la democracia en España y en
Europa, pero ahí está la realidad contumaz de los hechos, que
hay unos brotes que tratan de traer viejos vientos de muerte,
de xenofobia y de racismo, para traducirlos en la matanza del
genocidio, nosotros tenemos que poner el primer apósito para
curar la enfermedad en nuestro propio Código Penal. La postura
de Coalición Canaria aquí es inequívoca y, por tanto, vamos a
votar afirmativamente esta proposición de ley, como haremos
también en su día en el nuevo Código Penal.
Nada más, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Mardones. Por el Grupo Catalán, Convergència i Unió, tiene la
palabra la señora Alemany.
La señora ALEMANY I ROCA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en nombre del Grupo Catalán, Convergència i Unió, y
ante la proposición de ley orgánica de modificación del Código
Penal mediante la que se tipifica la apología del delito de
genocidio, presentada por el
Grupo Parlamentario Popular, quisiera hacer algunas
consideraciones en relación a la apología del genocidio.
Si bien esta conducta es verdad que no está tipificada como
delito específico en la legislación española, no es óbice para
que esta conducta deba ser punible. En la regulación vigente
sobre la provocación, el artículo 4 del Código Penal, se
pueden subsumir algunos casos de apología. Asimismo, en tanto
que la conducta constituya un exceso al ejercicio de la
libertad de expresión, artículo 20 de la Constitución, podría
ser constitutiva de un delito de injurias o bien propiciar la
aplicación de la ley 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil
del derecho al honor, la intimidad personal, familiar y a la
propia imagen. Señorías, el anteproyecto de ley del Código
Penal de 1994 integra la apología punible en el marco de la
provocación. El artículo 18.3 prevé una definición de apología
sustancialmente idéntica a la que establece el artículo
primero de la proposición de ley orgánica que nos ocupa y
dispone que la conspiración, proposición o provocación para
delinquir sólo se castigarán en los casos previstos en la Ley,
artículo 17.
Estos actos preparatorios del delito son tenidos por los
primeros actos externos que pueden determinar consecuencias
jurídico-penales. La discusión gira en torno a si es o no
correcta su punición. Actualmente, la doctrina más extendida
rechaza el sistema de punición general de los actos
preparatorios, tanto por sus defectos jurídicos, pues resulta
difícil fijar el momento de la exteriorización relevante y es
discutible también, política y criminalmente, cuándo es
preciso reprimir esas exteriorizaciones, cuanto por su
inoperancia real, sin perjuicio de que se admitan por algunos
ciertas excepciones, cuando se trate de comportamientos
particularmente graves que, por serlo, no pueden dejarse sin
reacción hasta que se produzcan los actos externos, o los que
se orienten, por ejemplo, el caso del terrorismo.
El indicado anteproyecto de ley sanciona el delito del
genocidio en el artículo 598 y la apología en el 606 con la
misma pena que lo hace el artículo primero de la proposición
de ley orgánica que hoy presenta el Grupo Popular. En el
debate en Comisión del proyecto de ley de reforma del Código
Penal, en la anterior legislatura, el Grupo parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) ya había presentado enmiendas al
proyecto con la finalidad de que se incluyeran las
motivaciones de índole racista basadas en el origen étnico de
la víctima como condición agravante de un delito. También se
pretendía incorporar dentro del concepto de temor las
comunidades y grupos étnicos que hoy se ven desprotegidos por
las amenazas de grupos racistas. Asimismo, presentamos
enmiendas en el sentido de que la discriminación racial o
étnica o bien la incitación a ella fuesen motivo de asociación
ilícita. Tipificábamos la apología del genocidio;
tipificábamos también como delito la publicación o
distribución de materiales impresos o audiovisuales de
contenido racista o xenófobo y también incluíamos la
discriminación en el trabajo originada por la pertenencia a
una etnia. Más recientemente, en el debate relativo al
proyecto de ley orgánica para la cooperación de España con el
Tribunal Internacional para juzgar los crímenes contra los
derechos humanos cometidos en la ex Yugoslavia, pusimos de
manifiesto nuestro total rechazo a las prácticas genocidas y a
cualquier tipo de vulneración de los derechos humanos.
En definitiva, entendemos que los actos de apología del
genocidio son particularmente graves y son merecedores de la
correspondiente sanción penal; que la tipificación de las
conductas del artículo 137 bis, b), dos, pensamos que podrían
ser más criticables por su carácter, que podrían tener, de
alguna manera, equívoco. No obstante, en la Resolución 119 del
Parlament de Catalunya, sobre las publicaciones de carácter
nazi, fascista o racista, se condenó enérgicamente la edición
y la difusión de todas estas publicaciones, e instó al Consell
Ejecutivo de la Generalitat a que se realizaran las gestiones
necesarias para que la legislación estatal hiciera posible su
prohibición o su control. En consecuencia, señorías, vamos a
apoyar la propuesta del Grupo Popular, aunque nos parecería
que sería apropiado subsumir en el próximo proyecto de Código
Penal la tipificación de la apología del delito de genocidio,
porque, de alguna manera, quedaría en un marco más general.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Alemany. Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor López Garrido.
El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, señorías, nuestro
Grupo Parlamentario va a apoyar la toma en consideración de
esta proposición de ley sobre regulación o inclusión en el
Código Penal del delito de apología del genocidio. El delito
de genocidio, que se acuñó como tal en los textos de defensa
de los derechos humanos internacionales después de la II
Guerra Mundial, como consecuencia de los crímenes cometidos
por los grupos nazis fundamentalmente, contra grupos étnicos o
políticos, desgraciadamente sigue estando de actualidad. Por
ello, es especialmente oportuna esta iniciativa que, como ha
sido señalado por otros grupos parlamentarios, debería
engarzarse o sincronizarse con la próxima tramitación, o
creemos que próxima tramitación, del proyecto de Código Penal.
Una definición sintética de lo que es el delito de genocidio
es la formulada por Rafael Lemkin, que se considera
que es el creador del término, y dice que es aquel crimen
especial consistente en destruir intencionadamente grupos
raciales, religiosos o nacionales, cometido tanto en tiempo de
guerra como de paz, y compuesto por varios actos subordinados
todos ellos al dolo específico de destrucción del grupo. Es
una definición de lo que es el delito de genocidio en la que
se integran, seguramente de una forma bastante completa, todos
estos hechos que tuvieron su origen o su entrada en el Derecho
Internacional, aunque, desgraciadamente, no es una costumbre
que se haya iniciado en el siglo XX, sino que viene de muchos
siglos atrás, con motivo de la actuación del poder del
fascismo, fundamentalmente en Alemania durante la II Guerra
Mundial y antes de la misma. Lamentablemente, hoy sigue
estando de actualidad y podemos considerar claramente como
actos de genocidio los sucesos de Yugoslavia, la limpieza
étnica en Bosnia-Herzegovina, o los sangrientos sucesos de
Ruanda y otros países en guerra en Africa. Todo ello llevó a
la Convención Internacional sobre el Genocidio de 1948,
auspiciada por Naciones Unidas, que fue, por fin, ingresada
parcialmente en el Código Penal español a través del actual
artículo 137 bis, que es el que se propone reformar esta
proposición de ley, de forma que se coordina el Derecho
internacional Penal con el Derecho Penal internacional.
El genocidio es un verdadero crimen contra la humanidad, la
negación de la humanidad por uno de sus grupos en aplicación
de una determinada doctrina o posición. No es un crimen de un
hombre contra un hombre, de una mujer contra una mujer, de un
ser humano contra un ser humano, sino la puesta en ejecución
de un plan concertado para apartar a determinados seres
humanos de la humanidad. Es una afirmación de un determinado
grupo dominante, de forma que los miembros de otro grupo
serían inferiores a él y, por tanto, impunemente, podrían ser
perseguidos y exterminados. El delito de genocidio tiene las
mismas raíces, los mismos orígenes que todos los delitos
relacionados con el racismo y las actuaciones xenófobas, que
son el pan nuestro de cada día en el mundo actual, en nuestra
Europa y también en España.
El bien que se persigue a la hora de regular el delito de
genocidio es el de la defensa de grupos humanos, sea cual sea
su raza, su religión, su etnia o su nación. Se trata, de
defender el pluralismo universal de las religiones, de las
razas, de las etnias, y esto está, sin duda, muy de acuerdo
con el espíritu constitucional, en nuestro artículo 1.º, en
nuestro artículo 10, la dignidad del ser humano, en el
artículo 15, igualdad ante la ley. Todos ellos condenan,
explícita o implícitamente, el genocidio en sus aspectos de
genocidio físico, de destrucción física de un grupo humano,
biológico, una preparación para esa destrucción, o incluso
cultural. Nosotros entendemos que el Código Penal español
también protege del genocidio cultural, aunque es algo que se
ha discutido. Ahora bien, el problema no es del sujeto pasivo,
que está muy claro, sino del sujeto activo: por eso, el
castigo del delito de genocidio es extremadamente difícil y
prácticamente inexistente, ya que el genocidio suele ser
cometido por los detentadores del poder estatal que sólo
pueden ser, por definición, juzgados y condenados cuando son
derrocados por otro Estado o por una revolución. Sin embargo,
la apología del genocidio, que es lo que se intenta regular
para castigarlo en esta proposición de ley, sí que puede ser
puesta en práctica por sujetos activos que no son el Estado,
que no son autoridades públicas, que pueden serlo, pero que no
necesariamente tienen por qué serlo, pueden ser sujetos
privados. Nosotros estamos desgraciadamente escuchando,
implícita y explícitamente, cosas, en nuestro propio país, que
tienen que ver con los orígenes ideológicos del genocidio o
del racismo, sujetos, por tanto, privados que pueden ser
condenados si se demuestra que hacen apología del genocidio.
Es cierto que en nuestro Código Penal, en el artículo 268, se
establece la tipificación de la apología, pero, aparte de que
no está bien definida --y no se trata ahora de hablar de ese
artículo concreto--, solamente se refiere a delitos del Título
II del libro de los delitos de nuestro Código Penal, delitos
contra la seguridad interior del Estado, pero no delitos
contra el derecho de gentes, no delitos contra la humanidad,
no crímenes contra el derecho de gentes, como es el caso del
genocidio. Desgraciadamente está así regulado y por eso es
especialmente procedente que haya una regulación de la
apología del genocidio; no entraría en nuestro Código Penal,
tal como está redactado en este momento, ya que solamente se
refiere a delitos del Título II, seguridad interior del
Estado, o delitos cometidos por bandas armadas.
Por último, voy a aprovechar esta ocasión para señalar que,
aunque el delito de genocidio tiene otras protecciones
jurídicas, como el no ser considerado un delito político a
efectos de extradición, o que en este caso entendemos que no
es posible que haya una eximente o una atenuante por
obediencia debida, aún entendemos --al menos hasta este
momento--, si no estamos mal informados, que España no ha
ratificado aún el Convenio de Naciones Unidas de 1968 sobre
imprescriptibilidad de este delito. No sabemos si está en
trámite ahora mismo esta ratificación, pero sería importante
que se ratificase este Convenio aprovechando precisamente este
debate, ya que el delito de genocidio podría prescribir --ya
que no está ratificado este convenio--, como otros delitos.
Sin embargo, no sucede así con delitos que son
imprescriptibles, delitos de guerra o contra la humanidad.
En suma, señor Presidente, nuestro apoyo a esta proposición de
ley que nos parece muy acertada, muy oportuna, y que debe
convertirse en ejemplo de pedagogía
política y ciudadana respecto de conductas, de manifestaciones
que están en el origen ideológico de lo que se intenta regular
y castigar en ella. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor López
Garrido. Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Valls.
El señor VALLS GARCIA: Señor Presidente, señorías, quisiera,
en primer lugar, hacer mías las últimas palabras del señor
Robles desde esta tribuna, al desear que la historia de España
nunca se diferencie de la historia de Europa. Mi partido, mi
Grupo parlamentario y mi Gobierno siempre lo han entendido
así. Hago mías sus palabras.
En segundo lugar, querría decir que no ha hecho falta que
lleguen las elecciones europeas para que nos preocupemos de
este tema. Afortunadamente, en el debate del anterior proyecto
de Código Penal, una serie de enmiendas de distintos gurpos de
la Cámara, como se ha puesto de manifiesto por la señora
Alemany, contribuyeron a mejorar el texto que venía del
Gobierno y a perfilar un concepto que, desde nuestro punto de
vista, era satisfactorio.
Dicho esto, quisiera señalar que el genocidio se encuentra
contemplado, como se ha dicho, en el Código Penal español en
el artículo 137, cuando establece: los que con propósito de
destruir total o parcialmente a un pueblo, un grupo nacional,
etcétera. Además, la falla que han denunciado algunos de la
ausencia de la apología del genocidio, pienso que, aun
pudiendo establecerla mejor, sí se encuetra protegida en
nuestro Derecho interno, ya que, como todos ustedes saben, a
través del artículo 10.2 de nuestra Constitución, puede
aplicarse a la interpretación de los derechos humanos, en este
caso a los más conocidos como derechos de gente, aquellos
convenios y aquellos pactos intenacionales suscritos por el
Reino de España. Y como SS.SS. saben bien, en el Pacto
internacional de Derechos Civiles y Políticos, cito de memoria
pero me parece que en el artículo 20.2, se encuentra la
condena de la apología del delito de genocidio. El termino
apología, en el derecho inteno, ha tenido una elaboración
quizá no muy correcta ni muy continuada. Si no me equivoco,
surge por primera vez este término en nuestro Derecho en el
año 1845, con motivo de un decreto ley --iba a decir, cómo no-
- sobre libertad de prensa e imprenta. Es verdad que con
posterioridad y en tiempos más recientes, acuciados por el
problema del fenómeno terrorista, se ha ido acuñando más este
concepto, pero quizá más por la jurisprudencia que por los
propios textos legales.
Afortunadamente, en nuestro país podemos acudir a la doctrina
donde cada día más se está configurando un concepto de la
apología con tres notas características. En primer lugar, la
doctrina estima que habrá que excluir de este concepto la mera
satisfacción individual o la simple aprobación para,
inmediatamente, hacer hincapié en el elemento de la publicidad
y en la obligada referencia por parte del apologeta del delito
o de la persona autora del delito. Sin embargo, decía al
principio, a partir del anteproyecto del proyecto del Código
Penal de 1992 la apología ya figura de una manera más
definida, más pulida, como una figura autónoma.
En el anteproyecto del Código Penal que hoy día se encuentra
pasando los trámites preceptivos antes de llegar a esta
Cámara, podemos encontrar en el artículo 17.3 la figura de la
apología en conexión --y me parece importante--con la figura
del provocador o de la provocación. Si en algunos casos se ha
querido distinguir la apología de la provocación por la
temporalidad, creyendo que la provocación sería anterior a la
comisión del delito, mientras que la apología ser ia
posterior, entiendo que en este anteproyecto de Código Penal,
insisto, en su artículo 17.3, existe una distinción, desde mi
punto de vista, más perfecta, en el sentido de fijar la
distinción en la incitación más o menos explícita por parte
del apologeta. El apologeta sería aquél que hace una
incitación indirecta encubierta ensalzando la conducta
delictiva, o los autores de la misma.
Centrándome en el análisis de la proposición, diría que
obedece a una cierta moda del Grupo Popular de irnos
enmendando el Código Penal, de acuerdo con lo aprobado en la
Comisión de la anterior legislatura, a rodajas. Sin embargo,
no asume toda la manera de tipificar esta figura, puesto que,
desde nuestro punto de vista, estaría mejor referida, como se
ha dicho también, no sólo a la figura de la apología de
genocidio, sino configurando la apología como referida a todos
aquellos delitos que van con lo que comúnmente se conoce como
el derecho de gentes.
Por otra parte, no podemos por menos que estar de acuerdo con
el concepto, puesto que no obedece al que defendió el Grupo
Popular en el anterior debate del Código Penal en su enmienda
1.312, al artículo 595, sino que hace propio del Grupo
Popular, y eso nos parece bien, aquel concepto ya aprobado con
el consenso, con el diálogo, con otros Grupos políticos de la
Cámara, y quiero recordar las enmiendas de Convergència i Unió
y del Partido Nacionalista Vasco. Estamos igualmente de
acuerdo cuando coge el concepto del anteproyecto del Código
Penal, que digo que está pasando los trámites reglamentarios,
y baja, al referirse a la pena, dos grados ésta.
El apartado segundo de este nuevo artículo que se quiere
incluir en el Código Penal no nos parece una innovación, como
se dice en el exposición de motivos, sino que nos parece
similar a la enmienda 509 del Grupo Parlamentario Socialista
en el anterior proyecto de ley.
Sobre el artículo 37 bis c), respecto a las conductas estamos
de acuerdo, puesto que es concorde con el artículo 596 del
proyecto de Código Penal y con el artículo 607 del
anteproyecto citado.
Por ello, nuestro Grupo, si el Grupo Popular tuviera a bien
aceptar que se tramitara conjuntamente con el Código Penal (no
por nada, sino porque tenga, como han dicho otros
preopinantes, una elaboración más concorde con todos los
delitos contra el derecho de gentes y con toda la problemática
de las penas que se establezcan en el código) estaría
dispuesto a dar su voto afirmativo, pues en el fondo estamos
totalmente de acuerdo con aquello que aprobó la Comisión en el
anterior debate en la legislatura pasada.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Valls.
Tiene la palabra el señor Robles, para un turno más que nada
para responder a una aclaración que solicita el Grupo
Socialista. Puede hacerlo desde el escaño o desde la tribuna,
indistintamente. En cualquier caso, es sólo para eso; no es un
turno de réplica, puesto que no ha habido un turno en contra.
El señor ROBLES FRAGA: Sin duda, señor Presidente. Gracias.
Quiero agradecer las palabras del señor Mardones, de la señora
Alemany, del señor López Garrido y del señor Valls. Creo que
el fondo de la cuestión no es lo que debemos discutir, sino su
oportunidad.
Me permito señalar que las abundantes referencias a proyectos
o anteproyectos de Código Penal no bastan. Todo proyecto de
código penal, por lo menos en la historia reciente española,
se encuentra con unas elecciones anticipadas que hacen que
volvamos a tener que discutirlo la legistatura siguiente,
retrasando continuamente el trámite legislativo de aprobación.
Me parece que lo que debemos discutir y aprobar, en su caso,
es la oportunidad política e histórica de esta modificación
del Código Penal, del actual; sin duda, el próximo incluirá
medidas como las que proponemos y habrá acuerdo de la Cámara.
A mí me parece que con la Declaración y el Plan de acción de
Viena, firmado por el Presidente del Gobierno español y por
los demás jefes de Estado y de gobierno de los estados
miembros del Consejo de Europa, estamos obligados, por el
grado de alarma social y política europea y nacional que
suscitan los peligros de la propaganda xenófoba, antisemita y
racista, a dar una señal, ahora mismo, en estos mismos
momentos, cuando se inicia, además, un período nuevo en la
historia europea, como es el de su ampliación y el de la
profundización y reforma de las instituciones europeas, cuando
se está a punto de iniciar una nueva legislatura europea.
Debemos dar una señal clara y nítida por parte de España, por
parte de la Cámara de los Diputados, por parte del órgano
representativo de la soberanía nacional y debemos aprobar,
creo yo, la proposición que presenta mi Grupo.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Efectuada la
aclaración, vamos a pasar a la votación. (El señor Presidente
ocupa la presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la toma en consideración de
la proposición del Grupo Popular sobre modificación del Código
Penal mediante la que se tipifica la apología del delito de
genocidio.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 301; a favor, 301.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, POR LA QUE
SE INSTA AL GOBIERNO A ADOPTAR MEDIDAS QUE GARANTICEN LA
PROTECCION DEL MENOR Y AGILICEN EL SISTEMA DE ADOPCION EN
ESPAÑA (Número de expediente 162/000088)
El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día:
Proposiciones no de ley. Proposición del Grupo Popular por la
que se insta al Gobierno a adoptar medidas que garanticen la
protección del menor y agilicen el sistema de adopción en
España. Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor
Michavila. (Rumores.) Señorías, guarden silencio. Ocupen sus
escaños. (Pausa.) Cuando quiera.
El señor MICHAVILA NUÑEZ: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, subo esta tarde a esta tribuna para defender la
proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario
Popular sobre un tema respecto al cual esperamos que la Cámara
ofrezca su voto positivo con carácter unánime.
Presentamos esta tarde una proposición no de ley respecto de
una cuestión que este año, declarado por las Naciones Unidas
como el Año Internacional de la Familia, tiene especial
relevancia e interés, cual es adoptar medidas de carácter
eficaz para la protección del menor en nuestro país y para
agilizar el trámite de las adopciones de menores que se
realizan en nuestro país. Esta es una medida que el Partido
Popular tenía ya recogida en ese programa de gobierno con el
que concurrió a las urnas en las elecciones generales del
pasado
día 6 de junio y que presenta hoy ante esta Cámara. Pensamos -
-y en ello creo coincidir con el sentir del resto de los
grupos de esta Cámara-- que el Año Internacional de la
Familia, suscrito por el Reino de España también, no es sólo
un año para hacer congresos, no es sólo un año para hacerse
fotos, sino que es sobre todo un año para dar soluciones
concretas a los problemas reales de los ciudadanos españoles.
No podemos olvidar que la convergencia necesaria de España con
aquellos países que son socios nuestros en la Unión Europea
debe ser en todos los terrenos y muy singularmente en lo que
afecta a la concreta calidad de vida de los ciudadanos. En
esta materia es lamentable señalar que España está muy por
detrás del cumplimiento de las obligaciones internacionales,
tanto en la protección del menor como en la agilización de la
adopción y en la regulación de los trámites para la adopción
internacional.
La proposición no de ley que tengo el honor de defender esta
tarde recoge nueve medidas con las que se pretende garantizar
la protección de los derechos del menor y agilizar, con las
suficientes garantías, las adopciones. En este sentido, y en
primer lugar, se quiere que la Cámara inste al Gobierno a
presentar, en el plazo de un mes, la ley de protección del
menor o la ley de derechos de la infancia. Este es un
requerimiento que consideramos que debe hacer la Cámara al
Gobierno en este momento, toda vez que desde las anteriores
elecciones generales se nos viene prometiendo que se va a
remitir a la Cámara el proyecto de ley de protección del
menor, promesa muchas veces reiterada y que todavía no hemos
tenido la satisfacción de ver cumplida. Quiero recordar que
este Diputado, el 13 de diciembre del pasado año, formuló una
pregunta oral a la Ministra de Asuntos Sociales que contestó
que ese proyecto ya estaba finalizado y que lo iba a remitir
inmediatamente a la Cámara. Han pasado ya casi siete meses y
todavía no ha sido enviado. De ahí la oportunidad de que se
apruebe este primer punto de la proposición no de ley para que
de verdad, y de una vez por todas, ese texto, del que tantas
veces se predica su necesidad por parte del Gobierno y de la
mayoría socialista que le apoya, se remita a la Cámara. En
segundo lugar, se propone que uno de los adjuntos del Defensor
del Pueblo tenga entre sus funciones encomendada
específicamente la tutela del menor. En tercer y cuarto lugar
se proponen medidas en relación con la regulación de la
adopción internacional en nuestro país. Conviene recordar que
el Reino de España suscribió, ya hace más de cuatro años, la
Declaración y la subsiguiente Convención internacional de
derechos de la infancia, en cuyos artículos 20 y 21 se
establecen criterios que han de ser incorporados y
desarrollados en el ordenamiento interno. En este momento, en
nuestro país, la ausencia de regulación respecto de la
adopción internacional está llevando a un lamentable tráfico
sumergido de adopciones de carácter internacional, viéndose
muchos españoles en la obligación de pagar sumas ingentes de
dinero por adoptar en el extranjero, sin que el Gobierno
español haya establecido mecanismo alguno para garantizar la
eficacia de esas adopciones en nuestro ordenamiento jurídico
interno. Es necesario, asimismo, coordinar la acción exterior
mediante una oficina destinada a asesorar a los españoles
respecto de las adopciones de ámbito internacional.
A continuación, y como puntos quinto y sexto de la proposición
no de ley, el Partido Popular quiere que se inste al Gobierno,
respecto de la necesaria reforma de la ya obsoleta Ley
21/1987. Esa ley ha quedado anticuada como ha reconocido la
propia Ministra y hay que adaptarla a esas declaraciones
internacionales. No tiene sentido que ese generoso gesto de
muchos españoles de querer emplear su tiempo y su dinero en
cuidar de menores abandonados, mediante el trámite de la
adopción, encuentre en nuestro ordenamiento jurídico interno
la respuesta de una serie de trabas legales y administrativas
que a veces exigen seis y hasta siete años para ser superadas.
Eso no ocurre en otros países de la Comunidad Europea. Es
necesario reformar la normativa legal y su aplicación
administrativa suprimiendo trámites absolutamente innecesarios
en la materia. Asimismo es necesario, para una más eficaz
protección del menor y para agilizar el trámite de las
adopciones en nuestro país, dotar de mejores medios, tanto
técnicos, profesionales como humanos y de especialistas, a
nuestros juzgados y a las fiscalías que tienen encomendada la
superior vigilancia en la tutela de las medidas de protección
del menor. Es muy difícil que estos profesionales, que sin
duda cuentan con una clara vocación y extraordinaria
cualificación, cumplan su importante función de tutela del
menor con los medios de que disponen en la actualidad, por lo
que se debe instar al Gobierno para que haga un serio esfuerzo
para dotar de mejores medios a estos profesionales.
Finalmente, como último punto de esta proposición no de ley,
el Grupo Parlamentario Popular considera oportuno incriminar
el tráfico de menores en nuestro país y exigir un pleno
cumplimiento de dicha normativa incriminadora. Consideramos
que estas medidas no obedecen a acciones partidistas sino a lo
que de verdad interesa, en este momento, a gran parte de los
ciudadanos españoles. Por lo ponderado de las medidas que aquí
se proponen entendemos que gozarán del apoyo de la mayoría de
los grupos de esta Cámara, y así lo solicito en este momento.
No es la cuestión de la protección del menor, no es la
cuestión de facilitar el generoso gesto de la adopción un tema
de partido. Es algo problemático en este momento, por lo que
hay que instar al Gobierno a presentar propuestas concretas,
eficaces y urgentes. En este sentido y como lo que preocupa de
verdad al
Grupo Parlamentario Popular son las soluciones concretas, y
cuanto antes mejor, vamos a acoger la mayoría de las enmiendas
que han formulado tanto el Grupo Parlamentario Socialista como
el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Agradecemos a ambos grupos la detenida lectura de la
iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Popular y
también agradecemos las enmiendas, algunas de las cuales
vienen a hacer más eficaces las propuestas presentadas.
Queremos votar afirmativamente algunas de las enmiendas, con
un cierto gesto de cordialidad, no por considerar que sean
oportunas sino para no perjudicar el voto general positivo de
esos grupos parlamentarios enmendantes. Quiero referirme
singularmente a la enmienda en la que se suprime el plazo
perentorio de un mes para presentar la ley de protección del
menor o de derechos de la infancia. Lamento que se introduzca
esa enmienda puesto que es absolutamente urgente presentar ese
texto en la Cámara, es absolutamente urgente aprobarlo.
Reitero que España debía haberlo hecho desde el año 1990;
llevamos ya más de cuatro años de retraso y no encontramos
razón alguna, de índole jurídica ni política, que impida
presentar este texto, solamente la imposibilidad de una
Ministra, de cuya buena voluntad no dudamos, para finalizar el
texto. Quiero recordar que el 27 de abril dijo en esta Cámara
que estaba ya finalizado lo que ella denominaba el proyecto de
ley y que en la próxima semana lo presentaba al Consejo de
Ministros. Pues bien, ese mismo mes de abril lo que presentó
fue un documento que se denominaba «Principios que deberá
recoger la ley de protección del menor». En este sentido
quiero recordar también que, a fecha de hoy, el Gobierno
todavía no ha presentado en la Cámara su plan de actuación
para el Año Internacional de la Familia, en cuyo sexto mes nos
encontramos ya, cosa absolutamente insólita y que posiblemente
lleve a que sea el siguiente año cuando el Gobierno español
tenga que celebrar, con aprobación de medidas concretas y
eficaces, el Año Internacional de la Familia. Quiero recordar
que al final de la proposición no de ley, presentada por el
Grupo Parlamentario Popular, se establece que todas estas
medidas deberán hacerse con absoluto respeto de las
competencias que, en su caso, tuvieran determinadas
comunidades autónomas. Es buena técnica normativa --y en ese
sentido es bueno y saludable acogerlo-- contemplar con
carácter final lo que se considera que debe ser un principio
que empape el resto de la regulación jurídica. Algunas de las
enmiendas parecen no entenderlo así y quieren reiterar esa
salvedad a las competencias de las comunidades autónomas en
varios de los aspectos de la proposición no de ley. Parece una
reiteración innecesaria, pero el Partido Popular, en ese
propósito de mantener un consenso que produzca un voto
afirmativo, también va a votar afirmativamente esas enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Señor Michavila, le ruego que concluya.
El señor MICHAVILA NUÑEZ: Concluyo, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, muchas gracias por su atención.
Estamos convencidos de que las medidas que el Grupo
Parlamentario Popular presenta esta tarde en la Cámara, por
ser medidas que interesan a la solución concreta de los
problemas de los españoles, gozarán del voto afirmativo de la
mayoría de los grupos de esta Cámara.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Michavila.
Por el Grupo Socialista, para la defensa de las enmiendas
presentadas y para la fijación de la posición de dicho grupo,
tiene la palabra la señora Del Campo.
La señora DEL CAMPO CASASUS: Gracias, señor Presidente.
Tenía razón el señor Michavila en su exposición al decir que
la protección del menor no es una cuestión partidista. Esta
idea la comparte nuestro Grupo y creo que la generalidad de la
Cámara. Desde este punto de vista, participamos de la voluntad
de incrementar la protección de los derechos del niño y de
agilizar los procesos de adopción, tanto interna como
internacional, y de dotar a estos últimos de las necesarias
garantías. En este sentido se ha pronunciado nuestro Grupo
varias veces, y en este sentido se pronuncia también el
anteproyecto de ley de derechos de la infancia que está
sometido ya a los informes previos a su aprobación por el
Consejo de Ministros y a su envío a esta Cámara. Compartimos,
por tanto, la voluntad y la filosofía que inspiran esta
proposición no de ley del Grupo Popular.
He de señalar, sin embargo, que no compartimos algunas
afirmaciones contenidas en su fundamentación; afirmaciones que
nos parecen cuando menos bastante exageradas. En efecto, no
podemos decir alegremente, señor Michavila, que la adopción
hoy en España sea una carrera de obstáculos sin final seguro.
La Ley 21/1987 implantó para la adopción un procedimiento
razonablemente ágil y dotado de las suficientes garantías; un
procedimiento que contempla como fin último el interés
superior del niño. También es cierto, y hay que reconocerlo,
que la experiencia, la puesta en práctica de esta ley ha
traído como consecuencia que se perciban determinadas
deficiencias de determinados aspectos en los que es posible
dar una mayor agilidad. Esa tarea va ser acometida también por
ese proyecto de ley de derechos del niño que próximamente
entrará en esta Cámara. Hay aspectos como la posibilidad de
formalizar un acogimiento con carácter definidamente
preadoptivo o la posibilidad de obviar el asentimiento a la
adopción de los padres biológicos en los casos en que
haya motivos fundados para privación de la patria potestad
que, evidentemente, contribuirán a dar mayor rapidez a los
trámites de adopción y que estamos dispuestos a considerar en
ese proyecto de ley, así como cuantos otros pueda aportar la
oposición o cualquiera de los grupos que contribuyan,
manteniendo las garantías, a dar mayor agilidad a esta
protección del niño y a este derecho del niño a gozar de una
familia que todos defendemos.
Es cierto también --y he aquí otro problema que usted
señalaba-- que el número de solicitudes de adopción supera
claramente al número de niños en condiciones de ser adoptados,
especialmente al número de niños recién nacidos y sanos, que
son los que las parejas o los ciudadanos solicitan en
adopción. Esto hace que muchas personas se orienten hacia la
adopción internacional y que en ocasiones, como usted
señalaba, recurran a cauces irregulares de adopción, con los
consiguientes inconvenientes tanto para ellos como para el
adoptando. Tampoco nos parece oportuno hablar de que no se ha
hecho esfuerzo en dotar a los juzgados del personal y los
medios técnicos adecuados. El Gobierno ha llevado a cabo una
importante tarea para dotar de medios a los juzgados de
familia y de primera instancia, fundamentalmente personal
asesor, psicólogos y trabajadores sociales, con los que
cuentan hoy día todos y cada uno de los juzgados de familia de
nuestro país.
Por último, quiero hacer una observación. Hay un aspecto de la
fundamentación que no compartimos y es el que se refiere a que
los conflictos de leyes en materia de adopción internacional
no están solucionados. Creemos que la actual redacción del
artículo 9.5 del Código Civil soluciona satisfactoriamente
cualquier conflicto de leyes que pueda producirse en esta
cuestión. He aquí algunos puntos de discrepancia, por tanto,
señorías. Sin embargo, son discrepancias concretas y no
referidas a la parte dispositiva de la proposición no de ley,
porque esta parte dispositiva la compartimos; compartimos sus
intenciones y su espíritu. Y presentamos algunas enmiendas que
no van destinadas a desviar este espíritu sino, a nuestro
entender, a perfeccionarlo o a completar determinados aspectos
que a ojos del Grupo Socialista no están tratados de forma
suficientemente amplia en algunos de los nueve puntos que el
Grupo Popular propone como texto. Por tanto, señor Presidente,
sin alargarme demasiado, paso a hacer una breve exposición de
cuáles son los aspectos concretos en que mi Grupo pretende
enmendar el texto presentado por el Grupo Parlamentario
Popular. En el punto 1 sustituimos la expresión «en el plazo
de un mes» por «en el plazo más breve posible», no por pereza
ni porque no creamos que es urgente la presentación del
proyecto de ley de derechos del menor a esta Cámara, ni porque
tengamos intención de dilatarlo, señorías, sino porque la
urgencia debe ir unida a la legalidad y la legalidad establece
que antes de su aprobación definitiva por el Consejo de
Ministros este proyecto sea sometido a informe tanto del
Consejo General del Poder Judicial como del Consejo de Estado.
No podemos aquilatar un plazo tan breve y pretender que ambos
informes estén emitidos antes de un mes. Esta es la única
objeción que ponemos a la presentación inmediata de un
anteproyecto que, por otra parte, está ya completamente
terminado en su redacción.
Hablamos también no de ley de protección del menor, como
pretende el texto, sino de ley de derechos de la infancia.
Creemos que hay que seguir la línea que estableció la
Convención de Derechos del Niño, la línea de considerar al
menor no solamente objeto de protección, como en tiempos
pasados, sino también sujeto de derechos mucho más amplios que
deben ser recogidos en la ley y entre los que se incluye,
evidentemente, el derecho a ser protegidos y el derecho a
disfrutar de una familia, que en el fondo es el derecho que
esta proposición no de ley trata de defender.
Aceptaremos en sus términos el punto 2, y no puede ser de otro
modo puesto que la asignación a uno de los adjuntos del
Defensor del Pueblo de las funciones de defensa del menor es
un compromiso electoral del programa socialista. Además, esta
figura está siendo implantada en otras comunidades autónomas,
por ejemplo, en Cataluña y Andalucía, y su funcionamiento
tiene éxito y es aceptable. Por tanto, nos parece una idea
acertada que contribuiremos a poner en práctica cuanto antes.
Aceptaremos prácticamente en sus términos el punto 3 de la
proposición no de ley. Unicamente pretendemos sustituir la
alusión a la Declaración de Derechos del Niño por Convención
de Derechos del Niño, puesto que los artículos 20 y 21 de esta
convención recogen los principios que deben regir la adopción
de menores en los países firmantes y precisan las directrices
contenidas en la Declaración de la ONU sobre principios que
deben regir el procedimiento de adopción, que suponemos que es
la Declaración a la que el Grupo Popular se refiere en la
proposición no de ley.
Por otra parte, proponemos una sustitución parcial del punto
4, en el sentido de que quede redactado de la siguiente forma:
Habilitación de organismos para la adopción internacional que,
en colaboración con las comunidades autónomas, promuevan,
asesoren y garanticen la adopción de menores extranjeros, todo
ello en los términos del Convenio de La Haya antes citado. La
sustitución que proponemos se debe a que, junto a las labores
de inspección, de control e información propias de la
Administración pública, el artículo 9 del Convenio de La Haya
prevé la posibilidad de que las autoridades centrales, sean de
carácter único o múltiple, como prevé el artículo 6 del mismo
convenio, recurran a la colaboración de organizaciones no
gubernamentales debidamente acreditadas para llevar a cabo
esta labor
de promoción, asesoramiento y garantía de la adopción
internacional. Dado que el sistema viene funcionando con éxito
en otros países europeos, prácticamente en todos los de
nuestro entorno cultural, no vemos motivo para que en la
próxima ley de derechos de la infancia no se abran las puertas
a su funcionamiento también en España. Creemos que será útil y
que redundará en beneficio tanto de los adoptantes como de los
posibles adoptandos de otros países. Aceptaremos en sus
propios términos el punto 5, sobre agilización de
procedimientos, señalando que ya hemos manifestado aquí
algunos aspectos en que está previsto agilizar estos
procedimientos.
En cambio, no aceptaremos en sus términos el punto 6, señores
del Grupo Popular, porque, si bien estamos de acuerdo en
acelerar, dentro de la legalidad, todo lo posible los trámites
de privación de patria potestad y de adopción, no nos parece
adecuada la pretensión de objetivar los supuestos de
manifiesto incumplimiento de la patria potestad que se
contienen en el artículo 170 del Código Civil. Creemos que, en
una materia tan delicada como ésta, la realidad es demasiado
compleja para encasillarla y reducirla de manera absoluta a
términos objetivos. A nuestro entender, la objetivación
posible en esta materia la ha hecho ya el artículo 172 del
Código Civil al definir la situación de desamparo como
privación de la asistencia necesaria, de carácter moral o
material, para el menor, y se debe establecer que es
precisamente esta situación la que sirve de base para la
asunción de la tutela por la entidad pública y la iniciación
posterior de los trámites de adopción, lógicamente previa
privación de la patria potestad. Creemos sinceramente que ir
más allá podría ser peligroso y traer consecuencias
indeseables para la familia en su conjunto y para el menor en
particular. Por tanto, preferimos mantener en este aspecto un
mayor arbitrio judicial que el que el Partido Popular defiende
en la proposición no de ley. En cuanto a los puntos 7 y 8,
presentamos enmiendas, y voy a ser muy breve, que simplemente
van dirigidas a reconocer el esfuerzo que ya ha hecho el
Gobierno y la Administración de justicia en dotación de medios
materiales y de medios personales adecuados, tanto a los
juzgados de primera instancia y de familia en materia de
protección de menores como al Ministerio Fiscal. Sustituimos,
por tanto, y es lo fundamental de esta enmienda, la expresión
«dotar de medios a los fiscales» por «seguir dotando».
Por último, señorías, en el punto 9 estamos de acuerdo, cómo
no, en exigir el cumplimiento de la ley. No nos opondremos a
que figure en estos términos en la proposición no de ley,
aunque en cierto sentido parece que huelga, pero creemos que
debe ser incluida aquí lo que nos parece una omisión del Grupo
Popular en la regulación de esta materia, y es la necesidad de
tipificar, en el ya próximo proyecto de Código Penal, todas
las conductas de tráfico de niños, y hay algunas que todavía
no están debidamente contempladas en nuestro ordenamiento
penal, SS.SS. lo saben, por ejemplo, la venta de niños
eludiendo los trámites de guarda, alojamiento y adopción, que
estaba ya contemplada en el anterior proyecto de Código Penal
en la pasada legislatura y que se recogerá nuevamente en éste.
Esta es la adición que proponemos al punto noveno. Con ello
concluyo esta rápida enumeración de enmiendas, que como SS.SS.
habrán podido comprobar no afectan para nada al fondo de la
proposición no de ley. La voluntad de protección del menor y
la voluntad de potenciar sus derechos es compartida por el
Grupo Socialista, como creo que por todos los grupos.
Unicamente pretendemos mejorar técnicamente, y completar el
texto, al mismo tiempo que manifestar también, mediante esta
mejora y esta acción de completar el texto, nuestra inquietud
por la defensa de los derechos del niño y nuestra voluntad de
que esta defensa se lleve a cabo en los mejores términos y de
la mejor forma posible. Por ello esperamos, sinceramente, que
el Grupo Popular acepte estas enmiendas, que vienen única y
exclusivamente a mejorar, repito, un texto que ya de por sí no
nos parecía en absoluto malo.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Del Campo.
Enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió). Para su
defensa, tiene la palabra la señora Alemany.
La señora ALEMANY I ROCA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, subo al estrado para defender una enmienda de
modificación a la proposición no de ley presentada por el
Grupo Parlamentario Popular por la que se insta al Gobierno a
adoptar medidas que garanticen la protección del menor y
agilicen el sistema de adopción en España.
En otras ocasiones ya nuestro Grupo ha manifestado su
preocupación por este tema. Hemos expresado ante esta Cámara
nuestro apoyo a la elaboración de una ley global para la
protección de la infancia. Una ley en la que ya están
trabajando algunas comunidades autónomas, como, por ejemplo,
Cataluña, dentro de un anteproyecto de código de familia, y
una ley en la que nos consta que está trabajando también el
Gobierno.
Consideramos necesario que se regule íntegramente la defensa
de los derechos de los menores. Unos derechos que van desde
asegurar que no sean víctimas de precariedades económicas
hasta la prevención de los abusos y malos tratos, tanto
físicos como psíquicos, y las agresiones no sólo en el ámbito
familiar, sino también aquéllas que, de manera más indirecta,
reciben en los medios de comunicación, por poner sólo un
ejemplo.
Es preciso asegurar, por la vía legal, que los menores de hoy
puedan crecer, se puedan desarrollar plenamente
con todas las garantías para ser mañana personas adultas con
capacidad de elegir, con capacidad de decidir y contribuir al
desarrollo social. Es necesario que los órganos legislativos
aseguren el bienestar de aquellos que no tienen capacidad ni
para defenderse ni para reclamar. Hay que darle al menor el
derecho a ser escuchado, a que sus opiniones sean tenidas en
cuenta. No hablaré aquí, porque ya lo hice hace unos días, de
la incongruencia que supone la mayoría de edad penal a los 16
años cuando hasta los 18 no tienen plenos derechos civiles,
puesto que éste es tema de otro debate que esperamos se
produzca lo antes posible, pero es una cuestión que no podemos
ignorar si hablamos seriamente de los derechos de los menores.
Debemos encontrar fórmulas que favorezcan la agilización
procedimental de las adopciones para poder dar solución, a la
mayor brevedad posible, tanto a las problemáticas de abandono
o desprotección afectiva que pueda padecer el menor, como a la
solicitud de la familia que opte por la adopción. Así pues,
estamos de acuerdo con todas estas cuestiones y con que todas
ellas precisan de una regulación legal que debería llevarse a
cabo con la menor demora posible. En el punto primero de
nuestra enmienda solicitamos que este plazo de un mes se
amplíe a un año, e instamos al Gobierno a que en el transcurso
de este año presente un proyecto de ley. La ley que se elabore
ha de respetar plenamente el ámbito competencial de las
comunidades autónomas. También sabemos que las comunidades
autónomas tienen traspasadas competencias en materia de
protección de menores desde 1981, en que se efectuaron los
traspasos a Cataluña, hasta los más recientes del pasado
diciembre, cuando se realizaron los de la Comunidad Autónoma
balear. Ha sido un período de progresiva aplicación y
desarrollo de las propias competencias estatutarias en esta
materia. No debemos olvidar que existen aplicaciones y
desarrollos de dichas competencias que se han transformado en
buenas fórmulas políticas de protección del menor. Estoy
hablando del caso de Cataluña, y así viene reconociéndose
tanto a nivel estatal como internacional. La ley que se
elabore debe tener en cuenta todas estas circunstancias, y en
ningún caso ha de ser un marco restrictivo de lo que ya se
está llevando a cabo de forma positiva por parte de las
comunidades autónomas. Por ello, en nuestra enmienda
presentamos una ampliación del número 4 de la proposición no
de ley sobre la creación de esta oficina para la adopción
internacional, que debiera realizarse, decimos, sin perjuicio
de las funciones y de las competencias que se tendrán que
otorgar a las comunidades autónomas que decidan asumirlas, con
la facultad de actuar como autoridad central dentro de su
territorio, de acuerdo con las disposiciones del Convenio de
La Haya. También por esta razón vamos a recoger la propuesta
del Grupo Socialista, dado que no vamos a oponernos a que las
ONG puedan realizar esta tarea. Hace tiempo que nosotros hemos
defendido que las ONG tienen que colaborar en cualquier tipo
de política.
En el punto 7 de la proposición no de ley pedimos una
ampliación porque consideramos que sería conveniente dotar de
medios profesionales, humanos y materiales a los juzgados
competentes en materia de protección de menores, así como de
los necesarios asesores especialistas si se pretende continuar
manteniendo el actual sistema organizativo y de funcionamiento
de la justicia relacionada con la protección de menores.
Debería plantearse el nombramiento de jueces de protección de
menores con plena dedicación especializada, como en Francia y
en Italia, que, junto con la nueva redacción de la ley de
protección del menor, permitiera la atención inmediata y la
agilización de todos los trámites y actuaciones relacionados
con la problemática de los menores y que, además, podrían
ejercer sus funciones con la proximidad y colaboración de las
entidades públicas, sus equipos técnicos y de las
instituciones y servicios sociales correspondientes. Para
ejercer como juez de protección de menores, y por razones
prácticas y de economía presupuestaria, se podrían habilitar
profesionalmente a los actuales jueces de menores con unos
cursos de formación acelerada, teniendo en cuenta su
infrautilización actual. En cuanto al punto 8 de la
proposición no de ley, se propone ampliarlo porque creemos que
es conveniente dotar de medios adecuados a la Fiscalía de
Menores para poder cumplir su misión. Consideramos que esta
misión no debe ser sólo de tutela del menor, sino también de
superior vigilancia de todas las medidas de protección de esos
menores.
Por último, y en cuanto a nuestra enmienda de modificación de
la proposición no de ley del Grupo Popular, en lo referente al
apartado 9, de incriminación del tráfico de menores, estamos
de acuerdo con el portavoz del Grupo Popular, señor Michavila,
en que en estos momentos es totalmente insuficiente. Pensamos
que la cuestión se debería abordar, por
un lado, con una ley de infracciones administrativas
y, por otro, incorporando y tipificando esta figura delictiva
en la nueva redacción del Código Penal. También sería
necesaria una adecuación de la Ley de Registro Civil.
De antemano quisiera agradecer al señor Michavila el que haya
recogido, en nombre del Grupo Popular, nuestra enmienda, y
votaremos favorablemente su propuesta.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Alemany.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo de
Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías,
Coalición Canaria, ante esta proposición no de ley que nos ha
presentado el Grupo Popular, desea anticipar que la va a
apoyar con su voto favorable, atendiendo también a los
criterios de amplitud y de flexibilidad que el propio
portavoz, señor Michavila, ha solicitado a los grupos
enmendantes --el Grupo Parlamentario Socialista y el Catalán
de Convergència i Unió-- para aceptar plenamente sus
enmiendas. Si alguien propusiera una nueva modificación del
Código Civil en materia de protección de menores y de adopción
de los mismos por las parejas no fértiles, nos volveríamos a
encontrar con este recalcitrante problema en nuestra Cámara.
Nosotros no tenemos en este momento más antecedente jurídico
que la Ley que ya votamos aquí, y que apoyamos, en la tercera
legislatura, la Ley 21/1987. Entendemos que esa Ley es buena
en cuanto a los efectos de la adopción. ¿Qué le falta a esa
Ley? Pues algo que yo creo que la proposición del Grupo
Popular viene a remediar, que es el tener en cuenta el acuerdo
suscrito por España en 1990, el acuerdo con la Carta de
Naciones Unidas.
También la propia Ley 21/1987 viene a sesgar el problema en
algo muy importante. Yo recuerdo que cuanto esta Ley pasó en
su día por la Cámara pedimos que hubiera una exigencia en el
Gobierno de que la exposición de motivos o el preámbulo
trajera una filosofía del Derecho en materia de adopción,
recogida tradicionalmente en nuestro Código Civil, pero que se
venía caracterizando por una serie de cautelas. Se daba la
paradoja de que en este país el derecho de paternidad en una
pareja normal, sancionada por las leyes, carecía prácticamente
de exigencia. Los padres podían ser hasta tarados mentales y
no había ninguna imposición para acceder al derecho de
paternidad. Sin embargo, cuando una pareja normal, que hubiera
pasado por todos los psiquiatras, todos los psicoanalistas y
todos los jueces de protección de menores o de familia,
solicitaba la adopción de un menor, se encontraba con una
serie de cautelas, y no voy a llamarlas trabas ni
inconvenientes, que era el lenguaje con el que después la
calle lo calificaba; se encontraba, decía, y se viene
encontrando con una serie de medidas cautelares en una buena
Ley, como la de 21/1987, en la que sigue perviviendo una
mentalidad respetable, pero desde luego no acomodada a un
principio de legislación actual de muchos juzgados de
protección del menor y de la familia. Esas medidas cautelares
se vienen exigiendo con tal rigor que, coincidiendo con una
carencia de medios humanos en los juzgados de familia y del
menor, provocan prácticamente un devenir contrario a los
principios de beneficio social y familiar que el propio
preámbulo de la Ley de 1987 venía a consagrar. Ocurre que en
España, hasta la reforma de 1970, Ley 7 de ese año, no se
institucionaliza el derecho de adopción. Y hay una cosa muy
importante si se aprueba esta proposición del Grupo Popular,
con los perfeccionamientos que requiere, y es que tenemos que
darnos cuenta de que la protección del menor, en el ámbito de
la adopción, pasa por tener clara toda la cuestión legislativa
referente a esa adopción.
El Derecho norteamericano sobre la adopción parte de este
principio: la protección de un menor abandonado o de un menor
que entre en la oferta a las parejas que lo deseen, tiene que
ser considerado como un derecho de ese menor, prioritario,
incluso, sobre el de la pareja que lo va a recibir. Pero, y es
fundamental, no separa en este origen la fuente del Derecho la
cuestión de la adopción de la cuestión de la protección del
menor, y es muy importante que no perdamos de vista este
espíritu. Esto es lo que la proposición no de ley del Grupo
Popular puede permitir, tras los trámites que tenga que hacer
el Gobierno para responder a la demanda que aquí se apruebe,
manteniendo el espíritu que hay en la Ley 21/1987, juntamente
con lo que la Declaración de la ONU de los derechos del niño
de 1989 viene a recoger, con la que España se compromete al
firmarla en 1990. Hay que encontrar la complementariedad,
porque siendo una buena Ley la de 1987, como he dicho, le
falta el referente del acuerdo de las Naciones Unidas de 1990,
no solamente en las medidas de regulación sobre la adopción de
niños extranjeros, sino que nosotros tenemos que empezar por
no generar ninguna demanda de adopción de extranjeros, ya que
sería pernicioso y llevaría, posiblemente, a un fraude de ley
el adoptar esos niños extranjeros que entran en origen en un
mercado clandestino en países del tercer mundo. Las
dificultades o las cautelas para adoptar niños nacidos en
España son tan grandes que precisamente en esa oferta, en el
sentido jurídico y natural de la palabra, las parejas que lo
demandan no encuentran las facilidades que van a encontrar
fuera. Esto verdaderamente o es un fraude de ley o un
contrasentido de la misma. Por tanto, nosotros creemos que
esta materia debe ser regulada, de una vez por todas, al
amparo de esta evolución que desde 1987 hasta hoy ha tenido la
Ley de la Adopción y las medidas cautelares.
Por el Grupo Parlamentario Socialista --nosotros participamos
de ello-- se dice que habrá que ir a una ley de los derechos
de la infancia y también está la ley de protección del menor.
No caigamos tampoco en el perfeccionamiento lexicográfico,
porque venimos a estar defendiendo lo mismo con distintos
títulos conceptuales de un futuro proyecto de ley. Lo que hay
que resolver en este momento no es tanto que la futura ley se
llame de protección del menor o de derechos de la infancia,
sino que recoja fundamentalmente los derechos del menor, al
amparo de la legislación española y comunitaria y al amparo de
la Declaración de los derechos del niño de las Naciones
Unidas, y su ratificación, vinculante para España y, por
tanto, para su Gobierno --que traiga la propuesta aquí de
1990-- y
la regulación, al amparo de la experiencia, de la adopción,
para que esto también sirva de marco a las comunidades
autónomas que lo tengan transferido. Manejando las cifras de
todos los expedientes que desde 1987 para acá han pasado por
la Comunidad Autónoma canaria, que tiene una competencia en
los derechos de protección del menor y que tiene que
encargarse de las medidas cautelares de tipo judicial, de tipo
psicológico, de tipo de asistencia social, de tipo de todo ese
apoyo logístico que debería de haber, abundante y
suficientemente dotado, en los juzgados de protección de la
familia y del menor puesto a su servicio, vemos una lentitud
en la resolución de esos expedientes. Y, lo que es peor,
señorías: casos en que menores entregados a una pareja son
devueltos, por una decisión judicial en línea cautelar, al
centro donde estaban depositados (casas-cuna, depósitos de
beneficencia del Cabildo insular, de las Diputaciones o de los
órganos benéficos correspondientes de la Comunidad Autónoma,
en este caso de la Canaria), lo cual conculca el propio
principio que estaba amparando la Ley de 1987, que es la
adecuación sociológica de este menor a una pareja que le
reciba en familia y ampare sus derechos. ¿Pero qué derechos se
van a encontrar cuando un expediente judicial le reclama a una
pareja la devolución de un menor entregado para que vuelva al
centro, y luego se aclaren una serie de conceptos, al cabo de
meses, y pueda o no pueda ser entregado, después de haber
estado conviviendo ese menor en el sentido familiar de la
existencia, de dependencia, hasta casos que tengo aquí de ocho
meses?
Esto señorías, creo que debe llevar a una reflexión de la
importancia humana (aparte de jurídica y sociológica) del
problema para encontrar una fórmula de racionalidad. Si
trabajamos sobre ello, y con la medida del conocimiento, en la
proximidad de la intimidad del proceso que tienen en este caso
las comunidades autónomas para ir resolviendo ya los casos que
se presenten en un marco general de legislación preferencial
del Estado en su conjunto, nosotros habremos avanzado. La
cuestión es que la Ley de 1987 requiere, primero, la lectura y
la interpretación de los acuerdos de los Derechos del Niño de
Naciones Unidas de 1990; segundo, la adecuación a la
casuística hasta el momento arrastrada; y, tercero, una
adecuación precisamente con el mundo que el Código Civil está
demandando para que este problema en España no siga siendo un
problema verdaderamente de laberinto legislativo intrincado, y
cuya resolución muchas veces lo que hace es ir en contra del
principio de protección del menor y de la familia que están
diciendo los preámbulos de las leyes.
Por esta razón, nosotros vamos a apoyar con nuestro voto esta
iniciativa, junto con las enmiendas que traigan los restantes
grupos que han realizado su defensa, para que se tome
conciencia de la misma. Pero el reconocimiento del menor pasa
fundamentalmente por el primero de sus derechos: el de
adopción para tener una familia (originaria, natural, o
adaptada, de acuerdo con nuestro Código Civil) y empezar su
andadura. Lo que no podemos es, al final, rasgarnos las
vestiduras cuando los medios de comunicación nos dicen la
estadística de menores que han cumplido todos los requisitos
del Código Civil, o sus padres naturales, y vemos la tremenda
lista de denuncias de maltratos del menor; lo que no podemos
hacer es mantener unas lagunas legales por las que estemos
maltratando al menor desde el derecho de la adopción.
Nada más y muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra la señora Urán.
La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
De forma breve, puesto que no hace demasiado tiempo,
aproximadamente algo más de un mes, estuvimos discutiendo
sobre la necesidad de una ley de protección del menor, de una
ley penal juvenil, o como ustedes quieran llamarlo, porque, en
definitiva, hablabamos de la problemática de los menores y de
los jóvenes, presentada, además, por el propio Partido
Popular. Posición que desde nuestro Grupo se defendió como
necesaria y urgente. Hubo enmiendas que se aprobaron en esta
Cámara instándole al Gobierno a que en el plazo de esta
legislatura, en este período de sesiones, se presentara la ley
de protección del menor, y así ya está aprobado. Además,
también se aprobó dotar de mayores recursos a las
instituciones, a los juzgados de familia, a los fiscales y a
todas aquellas personas que tienen que ver con las decisiones
que se toman en torno a los menores, para que pudieran
adecuarse y agilizarse los trámites. Por ello, señorías,
nosotros vamos a estar de acuerdo, aunque consideramos que es
reiterativa en algunos puntos puesto que ya se aprobó hace
escasamente un mes, con la proposición no de ley que ustedes
presentan.
De todas formas, queremos decir que nos parece (y así lo
argumentamos también en aquel momento) que los problemas que
está planteando la ley de adopción no son problemas de la
propia ley, sino precisamente por la falta de la misma. Por
tanto, señorías, con la proposición no de ley que presentan,
más las enmiendas que ustedes mismos van a aceptar de los
diferentes grupos, nosotros vamos a votar a favor.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Urán.
Por el Grupo proponente, para expresar en términos precisos la
aceptación o rechazo de las enmiendas defendidas, tiene la
palabra el señor Michavila.
El señor MICHAVILA NUÑEZ: Gracias, señor Presidente.
En términos precisos, diré que, el texto de la proposición no
de ley quedaría aceptando las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista relativas a los puntos 3, 4, 7 y 9,
las enmiendas del Grupo parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) a los puntos 1 y 8, y proponiendo una enmienda
transaccional al Grupo Parlamentario Socialista en relación
con el punto 6, en el cual la enmienda propuesta por dicho
Grupo es de supresión y nosotros ofrecemos que se sustituya,
manteniendo exclusivamente la primera parte de ese punto 6 y
suprimiendo lo que se refiere a la objetivación, con lo que
dicho punto 6, quedaría redactado --y lo leo para mayor
precisión-- de la siguiente manera: «Agilizar los procesos
judiciales de privación legal de la patria potestad.»
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Michavila. (La señora Del
Campo Casasús pide la palabra.)
La señora Del Campo tiene la palabra.
La señora DEL CAMPO CASASUS: Gracias, señor Presidente.
Tomo la palabra para aceptar la transacción propuesta por el
señor Michavila y señalar, únicamente como aclaración, que
espero que el Grupo proponente no tenga inconveniente en
aceptar --y quizás se haya olvidado de mencionar en esta
exposición-- la sustitución en el punto 1 de la expresión «Ley
de protección del menor» por «Ley de Derechos de la Infancia».
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Del Campo. (El señor
Michavila Núñez pide la palabra.)
El señor Michavila tiene la palabra.
El señor MICHAVILA NUÑEZ: Gracias, señor Presidente.
Ninguna observación que realizar, por lo que aceptamos esa
formulación. Gracias
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Michavila.
Vamos a proceder a la votación.
Votación relativa a la proposición no de ley del Grupo
Popular, por la que se insta al Gobierno a adoptar medidas que
garanticen la protección del menor y agilicen el sistema de
adopción en España, en los términos resultantes del debate con
la aceptación de las enmiendas del Grupo Socialista y del
Grupo Catalán (Convergència i Unió)
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 308; a favor, 306; en contra, uno; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
--DEL GRUPO PARLAMENTERIO MIXTO (SEÑORA RAHOLA), SOBRE LA
DEVOLUCION A LA GENERALIDAD DE CATALUÑA DE LA DOCUMENTACION
DEPOSITADA EN EL ARCHIVO HISTORICO DE SALAMANCA (Número de
expediente 162/000067)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Mixto
(señora Rahola), sobre la devolución a la Generalidad de
Cataluña de la documentación depositada en el Archivo
Histórico de Salamanca.
Tiene la palabra la señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Voy a ser breve, en primer lugar, porque un debate similar,
fruto de una proposición de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, ya se produjo en Comisión, y en segundo lugar,
porque las razones que motivan esta proposición y que han
motivado también las iniciativas del Parlamento de Cataluña
son de un calado tal, de una tal virtualidad que casi no
tendrían que ser defendidas. Sin embargo, el hecho de que el
Archivo Histórico de la Generalidad, patrimonio del pueblo de
Cataluña, que nos fue expoliado por la fuerza de las armas, no
haya sido aún devuelto, nos obliga a repetir los argumentos,
las razones, las obviedades. Anuncio que si hoy no ganáramos
esta proposición, volveremos una y otra vez a plantear el
retorno hasta que el mismo se produzca, en el marco de nuestra
acción política más sensible a nuestros derechos. En todo
caso, la coyuntura desfavorable no nos hará renunciar al
derecho permanente que tenemos sobre nuestro propio archivo.
No voy a recordar las circunstancias que rodearon el expolio
del Archivo Histórico de Cataluña, sobre todo porque, después
de una campaña electoral en la que se ha alimentado la cultura
del miedo y se ha intentado revivir, con irresponsabilidad,
los fantasmas del pasado como método perverso para ganar al
adversario político, entiendo que revivir el franquismo es
nefasto; en todo caso, a mí personalmente es la cultura del
miedo la que me da miedo. Sin embargo, resulta inevitable
recordar, primero, que el Archivo Histórico fue arrancado de
Cataluña bajo el concepto de botín de guerra, por tanto, su
ubicación actual en Salamanca no parte de un hecho legítimo
sino profundamente ilegítimo. Segundo, que la incautación se
produjo con afán represivo, con la única y perversa voluntad
de poder reprimir a todos los defensores de la libertad que
quedaban en
Cataluña y que, lógicamente, eran contrarios al régimen que
había ganado la guerra; si su incautación, pues, partió de un
acto de fuerza ilegítimo, la utilización que se hizo de ellos
fue doblemente perversa. Y, tercero, porque no hay ningún
argumento políticamente democrático que pueda negar a un
pueblo la devolución de un patrimonio que le fue incautado
cuando éste no podía defenderse.
Son ya muchísimas las iniciativas que han partido desde
Cataluña en el intento de recuperar el archivo. Desde Antonio
de Senillosa (ese buen amigo que falleció tan bruscamente
dejándonos a todos con esa mueca de dolor en el alma que
produce la muerte repentina) en 1979 hasta Rafael Ribó el
pasado febrero, pasando por Josep Benet, Xavier Folch o el
Senador Francesc Ferrer, muchos han sido los intentos para que
el Estado de Derecho ejerciera de tal y no legitimara en
democracia lo que nació en contra de la democracia.
Ahora es Esquerra Republicana, un partido de tal calado
histórico, y que fue protagonista de lujo como partido
gobernante en Cataluña de esa historia que contemplan los
archivos incautados, quien pide su devolución. Pero la
petición es unánime en Cataluña, tanto que resulta
incomprensible ver cómo en Cataluña el Partido Socialista y el
Partido Popular piden la devolución y en Madrid representantes
catalanes de estas formaciones votan en sentido contrario.
Cuando ocurre este tipo de cosas, una pediría de SS.SS.
catalanes que, como mínimo, tuvieran una indisposición
momentánea y no fueran corresponsables con su voto de algo que
va en contra de los intereses catalanes. Si fuera posible, y
la libertad de voto lo permitiera, pediría en un caso como
este la insumisión de los diputados catalanes de esta Cámara.
Porque no hay argumentos contra la devolución más allá de las
excusas de mal pagador, que diríamos en Cataluña; ni la
consabida excusa de la unidad del archivo, ni otras más
peregrinas, casi de ultranacionalismo salmantino, que pudimos
oír en el debate en Comisión, son suficientemente sólidas, a
nuestro parecer.
En el primer caso, porque es la propia Unesco quien recomienda
que el archivo esté siempre en su país de origen; y, segundo,
porque la unidad de archivo que se ha roto con la incautación
ha sido precisamente la catalana. Con los métodos técnicos
actuales, además, nadie impide que existan microfilmes en
Salamanca con toda la información, pero que estén, como es de
lógica y de razón, los originales en Cataluña.
La cuestión del patriotismo salmantino la dejo para los
ciudadanos de Salamanca, lógicamente, pero deseo que el
sentimiento noble de amor a Salamanca no sirva como excusa a
algún Diputado para negar los derechos legítimos sobre su
archivo a los catalanes.
También un punto de reflexión que es clave en una perspectiva
democrática. Si el Estado de Derecho legitima un acto
vandálico, fruto de la fuerza y de la ilegalidad, mantenido
por la fuerza y usado para la fuerza, está legitimando
decisiones no democráticas; está, pues, diciendo a los
dictadores que algunas de sus decisiones ilegítimas pueden
acabar siendo legítimas, y ello democráticamente sería
peligroso.
Algún día el Estado de Derecho devolverá el archivo de la
Generalitat al pueblo de Cataluña, su legítimo dueño. Cuando
antes lo haga, antes cerraremos una herida que en Cataluña
está abierta, y que mantendremos abierta hasta recuperar esta
parte de nuestro patrimonio.
Quizá perdamos hoy, como otras veces, la votación, fruto de
intereses contrarios a los nuestros, pero ni anteayer, cuando
nos expoliaron el archivo, ni ayer, cuando nos negaron el
retorno, ni hoy mismo, no nos van a quitar la razón. El
archivo histórico de Cataluña tiene que estar en Cataluña,
donde nació y donde estaba antes de que la irracionalidad se
apoderara de la historia. No legitimemos la irracionalidad y
la barbarie. Devolvamos en este momento democrático de la
historia lo que ilícitamente fue robado. No sólo es de
derecho, es de deber democrático.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Baltá.
El señor BALTA I LLOPART: Señor Presidente, señorías, nada
nuevo aporta al debate la proposición no de ley presentada
desde el Grupo Mixto por la representante de Esquerra
Republicana de Cataluña respecto a la devolución a la
Generalitat de Catalunya de la documentación que fue
confiscada con fines represivos por las tropas que mandaba el
General. Nada nuevo que la señora Rahola no hubiera dicho en
la Comisión de Educación y Cultura, y nada nuevo que el Grupo
Parlamentario Catalán no haya reiterado a nivel legislativo y
ejecutivo, no obstante no haber escuchado referencia alguna a
nuestro Grupo entre las menciones formuladas por la Diputada
proponente. Nada nuevo desde que, con la libertad, Cataluña
recobró su institución autonómica, que es la titular legítima
de los documentos cuya devolución se reivindican. Debemos
agradecer, sin embargo, la insistencia que nos permite este
nuevo debate y lamentar la reiteración que se argumentará en
la negativa. Tampoco nada nuevo en la justificación de una
obsesión lamentable, porque ya pudimos comprobarlo a nivel de
la Comisión de Educación y Cultura.
¿De qué unidad de archivo se nos va a hablar? ¿Qué es lo que
se va a romper con la devolución de esos documentos? Estamos
hablando de unas razones fundamentales en la justicia y en el
derecho. Aún más, se trata
de la reparación moral de un expolio efectuado por la
violencia de las armas. Desde la prepotencia de un vencedor al
que la historia ha vencido, podemos argumentar tantas razones
técnicas como SS.SS. deseen para insistir en la
reivindicación, justificándola desde la estructura jurídica de
nuestro Estado de Derecho. No podemos admitir la insistencia
torpemente política del criterio de la unidad de archivo,
porque precisamente el archivo que requiere unidad es el que
está ubicado en la institución que generó los documentos en
cuestión para complementarlos con el resto de la documentación
de la que ya dispone y constituir en conjunto la memoria
histórica de un tiempo importante para este país, pero no
menos importante ética y moralmente para Cataluña. La torpeza
y la obstinación que hemos escuchado a lo largo de algunos
años, de una reiterada negativa, nos obligan a acudir al
articulado del convenio internacional, firmado en La Haya en
1954, sobre protección de bienes culturales en caso de
conflicto armado, ratificado por España en 1970, y recordarles
a los portavoces que puedan llegar a intervenir, desde la
obstinación del no, que lo que están defendiendo es un expolio
ordenado por unos gobernantes cuya adscripción ideológica está
en las antípodas de cuantos integramos esta Cámara desde la
legitimidad democrática.
Señorías, no estamos pidiendo, exigiendo más bien al cabo de
los años, otra cosa que los documentos originales que ya
fueron microfilmados gracias a una magnífica colaboración
entre Ministerio y Consejería de Cultura, documentos que ya
pueden ser examinados en el Archivo Nacional de Cataluña. Lo
que pedimos, de hecho, no es otra cosa que una reparación
moral: que se queden en Salamanca las microfilmaciones, que
son igualmente útiles para los investigadores de aquella
lamentable guerra civil.
Señorías, será una torpeza política, una vez más, la
utilización insistente, además, de unos criterios técnicos
propios de los burócratas de la archivística --discutibles,
insisto, desde los mismos tecnicismos--, enfrentándolos a una
reivindicación estricta de orden político moral. Se trata del
archivo histórico, de una represalia política contra personas
e instituciones (municipios, partidos, sindicatos y
asociaciones), todos ellos fundamentales en el régimen de
libertades, que sesgó el golpismo, del que este Congreso es
legítimo continuador.
No es posible que se pueda defender su permanencia en
Salamanca como si aquella admirada ciudad, concretamente la
sección guerra civil del Archivo Histórico Nacional ubicada en
la misma, tuviera orgullo de la permanencia de los documentos
que mi grupo, ahora Esquerra Republicana de Cataluña, como lo
hizo algún otro partido, ha reivindicado siempre, en el camino
de pasar la página de la historia, dejando en el olvido un
momento que para España entera fue tan aleccionador, que nos
ayudó a recobrar la libertad desde la capacidad de pacto, que
se ha considerado un hecho ejemplar.
Sin embargo, señorías, la memoria de nuestro pueblo, incluida
la memoria de la represalia, forma parte del patrimonio
colectivo. Es por ello que insistimos en su devolución. Para
nosotros, Diputados por cualquiera de las circunscripciones
electorales de Cataluña, casi me atrevo a decir integrantes de
cualquier Grupo Parlamentario de esta Cámara, su valor es
infinitamente superior al que pueda tener para quienes,
únicamente por razones técnicas o no, quieren mantenerlos en
Salamanca. Por ese camino puede que llegue a no ser
precisamente un honor tenerlos allí, porque acabarán siendo la
prueba de un expolio en lugar de ser la memoria de una parte
de la lucha por las libertades. Cómo nos complacería,
señorías, señores portavoces de los Grupos que se opondrán a
la devolución --esperamos y deseamos que no sea así--, que
reconsideraran su actitud desde sus convicciones democráticas.
Un archivo histórico, señorías, es el lugar común de los
recuerdos colectivos. Lo natural es guardar los recuerdos en
casa. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Baltá.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el
señor Ribó tiene la palabra.
El señor RIBO MASSO: Gracias, señor Presidente.
Esta proposición no de ley trae al Pleno de la Cámara un
debate que ya tuvimos en Comisión, y es un tema que, a pesar
de la poca atención que hay por parte de SS.SS., toca al
núcleo central del nacionalismo español, entendido como la
típica manipulación de una comunidad por encima de los
contradictorios intereses sociales, históricos y de las
pluralidades que puedan conformar aquella pluralidad.
Sé que a muchas de SS.SS. les molesta que desde la periferia
se les llame nacionalistas españoles. Estamos muy
acostumbrados a oír en esta Cámara, como en la opinión pública
española, hablar de los nacionalistas como los catalanes, los
gallegos o los vascos, y pocas de SS.SS. se preguntan hasta
qué punto caen en los defectos exagerados, incluso por hablar
en nombre de un Estado, del nacionalismo cuando se erigen en
defensores de una mal conformada en ese sentido unidad de
España.
Se solicita simplemente la devolución de unos documentos
históricos, y no se entiende que se pida cuando no se ha
entendido el artículo 2.º de la Constitución Española, que
habla de nacionalidades y regiones por primera vez en la
historia constitucional española, y es situarse en las
antípodas del mismo hablar, como se dijo en Comisión, en
nombre de la unidad absoluta --y subrayó lo de absoluta-- de
España. Mal puede avanzar
un desarrollo progresista de la Constitución cuando alguien se
refugia en el concepto de absoluto para hablar de la unidad.
Se puede decir que es un tema histórico. Abundamos en Comisión
sobre argumentos históricos. La represión, la incautación o el
robo, para hablar claramente, de aquel archivo en el régimen
dictatorial de Franco sólo tenía la intención de reprimir a
los que se llamaban enemigos del régimen. Pero no creo que en
esta Cámara nos sirva recrearnos, más allá de recordar lo que
en parte hemos anestesiado en la memoria colectiva, en el
hecho histórico represivo. Tampoco tiene ningún sentido
situarse en la dimensión técnica. Quizás vamos a repetir
argumentos técnicos. Ya los utilizó Jordi Solé Tura, entonces
Ministro de Cultura, cuando contestó a una interpelación del
Senador Ferrer, de Convergència i Unió, y le argumentaba que
técnicamente requería un cierto tiempo resolver el problema.
Estamos de acuerdo con el tiempo, pero no con que la técnica
sea un impedimento para esta devolución. Profesionales hay en
este campo que discuten sobre el tema. Es absurdo, como se ha
dicho, que técnicamente se hable de unidad de archivo, y menos
aún de unidad de archivo de la Guerra Civil, cuando hay tantas
ciudades del mundo y de España que tienen partes de un posible
fondo único documental sobre la Guerra Civil.
Repito que ese es un tema político, no es ni técnico ni
histórico, y demostrará una vez más --y perdónenme ustedes si
alguien se siente ofendido-- la incompresión cultural,
ideológica que mucho de ustedes muestran ante aquella
plurinacionalidad. Y costará bastantes años de pedagogía que
lleguen a aceptar una convivencia democrática de las
nacionalidades que hoy conforman España. Me sería muy fácil
entrar en la paternidad del tema. No voy a caer en este
defecto. En parte lo ha recordado la señora Pilar Rahola,
Senillosa --yo quiero recordar a Josep Benet, a Xavier Folch,
al entonces Conseller de Cultura en Cataluña, Rigoll, a
Ferrer, como he citado--, pero creo que hoy sí que podemos
señalar más que la paternidad la responsabilidad política. Si
de verdad se quiere recuperar estos documentos, ¿cómo no es
posible cuando se está negociando la transferencia incluso de
la Guardia Civil y la Policía Nacional a Cataluña o cifras
enormes de financiación de la sanidad negociar la devolución
de unos documentos históricos? Y hago esta pregunta no
solamente al Grupo Parlamentario, señor Presidente, sino al
hemiciclo y, muy en concreto, a los dos grupos parlamentarios
que dicen que están fundamentando con tanta fuerza el impulso
autonómico.
Creo que aquí se demuestra hasta qué punto, más que de un
acuerdo autonómico, tenemos que hablar de un acuerdo
socieconómico entre dos grupos parlamentarios, que responden
hoy no sólo a latitudes territoriales, sino, incluso, a
grandes grupos financieros de la economía española. Si hoy se
vota en contra, será por nacionalismo español y por impotencia
autonómica de los que están mal llamando impulso a lo que
hasta hoy es parálisis.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ribó.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Fernández de
Trocóniz.
El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Señor Presidente,
señoras y señores Diputados, no voy a caer en la trampa
saducea que se pretende tendernos a los grupos que no vamos a
apoyar esta proposición no de ley, por cuanto entendemos, el
Grupo Popular al menos, que no estamos en presencia de un
problema político, sino de un problema meramente técnico en
materia de archivos. Por cierto, ya les adelanto, el Convenio
de La Haya sobre protección de bienes de interés cultural en
caso de conflicto armado no es aplicable al caso que nos
ocupa, a pesar de que por el título parecía ser de aplicación.
Estamos en presencia de un archivo de segundo grado, en la
medida de que procede de archivos primitivos, primigenios, que
ha pasado a tener un núcleo diferente a los archivos de que
trata. Hablo de las razones meramente técnicas y no quiero
entrar en qué razones dan lugar a la formación del archivo,
cómo este archivo se organiza en cuanto a sus secciones, sin
perjuicio de que hay un panorama general de ellos para que
SS.SS. puedan apreciar la posición que al respecto va a
mantener el Grupo Popular.
Este archivo, como saben SS.SS., se forma a partir de 1937 con
la creación de dos funestos y desgraciados organismos, como se
puede decir que fueron todos aquellos que dieron lugar y que
se quedaron en esta contienda: por una parte, la Oficina de
Investigación y Propaganda Anticomunista y la Delegación
Nacional de Servicios Especiales, creadas, respectivamente, en
abril y mayo de 1937; pero, por decirlo así, la incautación
sistemática, y desde un punto de vista militar, de los
archivos históricos en las ciudades que se iban conquistando
por efecto de la contienda se realiza, fundamentalmente, a
partir de la creación del Servicio de Recogida Documental,
creado en junio de 1937. Posteriormente, esta saca,
incautación sistemática de archivos, da lugar a la creación de
la Delegación del Estado para la recuperación de documentos en
junio de 1938. Posteriormente, se unifican la Delegación
Nacional de Servicios Especiales, a que antes me he referido,
y la Delegación del Estado para la recuperación de documentos,
pasando a denominarse Delegación Nacional de Recuperación de
Servicios Documentales, que pasa posteriormente a integrarse
en la Presidencia del Gobierno como servicio documental, en
1977 se integra
en el Ministerio de Cultura y en 1979 se crea la Sección de
Guerra Civil en el Archivo Histórico Nacional.
Por cierto, no se trata realmente sólo de una Sección de
guerra civil, puesto que, por supuesto, ni comprende todos los
archivos de la guerra civil ni todo lo que tiene este archivo
ocupa la guerra civil, sino que más bien se trataría de un
archivo onomástico de la II República española en cuanto a
aquellas personas, siempre físicas, que la apoyaron.
En esta medida es preciso decir que el Archivo se articula en
dos secciones: político-social y especial o masónica. La
Sección Político-social, cuya columna vertebral la constituye
fundamentalmente el fichero político-social, formado por
varios millones de fichas de personas, se articula como una
cantera que, desgraciadamente, sirvió de base para la labor
represiva realizada por el Tribunal de Represión de la
Masonería y del Comunismo, creado en 1940. Por tanto, los
documentos incorporados al Archivo de Salamanca tienen un
origen --digamos-- «judicial» --entre comillas--, un origen
represivo, que da lugar a la formación de un archivo, lo cual,
en el supuesto de pretenderse la restitución de los documentos
incorporados a este Archivo a su lugar de procedencia, a su
fuente de origen, conduciría, por una parte, a la difícil
reconstrucción de la fuente de procedencia de los archivos por
cuanto la incautación se realizó por lugares, por ciudades,
sin reseñar el organismo, la persona o asociación a los que se
confiscó el archivo o documento de que se trate.
Por otra parte, es preciso señalar que en 1937-1938 se produce
una asunción de competencias de la Generalitat por parte del
Gobierno de la República, con lo cual parte también de estos
archivos, que se podría en principio pensar que corresponden a
la Generalitat de Cataluña, sin embargo, correspondían al
Gobierno de la II República.
En este sentido podemos decir que, dentro de esta labor de
expurgo que se realizó de los documentos, se seleccionaron
sólo aquellos relativos a personas y actividades relacionadas
con ellos y con la II República. Por consiguiente, todo
aquello que se tomaba, que se confiscaba y se refería a otras
materias, se restituyó al organismo de origen. Me quiero
referir en concreto a todo lo relativo a la Consejería de
Agricultura de la Generalitat, que en su día fue devuelto a la
Diputación Provincial de Barcelona. Por consiguiente,
entendemos que se trata de un archivo unitario que podemos
calificar, sin temor a dudas, como el primer archivo
onomástico de la II República española. Para que SS.SS. tengan
idea de la vigencia de este archivo, podemos decir que en 1993
fueron cerca de mil los investigadores que lo consultaron, en
concreto, 982. Fueron cerca de siete mil los documentos que
fueron solicitados del Archivo, en concreto, 6.990. Fueron
45.198 las fotocopias que se realizaron de documentos del
Archivo. Por eso les quiero decir a SS.SS. que de 1980 hasta
ahora, por cuanto que es un archivo que no pasa a ser público
sino con la democracia, son ya 36 las comunicaciones
realizadas con carácter general sobre este Archivo Histórico
Nacional.
En esta materia, y recogiendo un argumento que me imagino que
el señor Caldera desarrolló posteriormente y que tuvo lugar en
la Comisión de Educación y Cultura, he de decirles que es
preciso restituir, que hay que restituir, pero en materia de
Administraciones públicas, en materia de Estado, antes que la
restitución está el servicio público. Es un servicio público a
la cultura cuya vigencia prueban los datos que acabo de
relatar a SS.SS. y el carácter unitario que hoy tiene el
Archivo.
Entendemos que hoy día el Archivo tiene una vigencia
fundamental para poder conocer la II República española.
Ciertamente, cuando esto deje de suceder así, el Archivo, los
documentos, si es que es posible --insisto-- técnicamente
recomponer el lugar de procedencia, por supuesto que lo lógico
será que retornen a su lugar de origen, pero hoy día el
Archivo tiene una vigencia específica y no ha lugar a ello en
la medida en que cumple un servicio cultural fundamental. Por
último, quería decirles que en materia de Unesco arriba-Unesco
abajo, hemos de atenernos a la circular de su Director General
número 2.761 relativa a principios y normas sobre
transferencia de archivos, que establece con claridad los
criterios a seguir en materia de archivos que sean
confiscados, incautados o no, dados voluntariamente, en cuanto
llegan a formar una unidad separada e independiente de los
archivos de que traen causa.
Créanme SS.SS. que no actúo en esta tribuna ahora con un
carácter chovinista, ni mucho menos provincianista de que se
quede en la ciudad, capital de la provincia a la cual estoy
representando en esta Cámara y, que quiera por esa razón que
se quede en la ciudad de Salamanca el Archivo Histórico
Nacional, Segunda Guerra Civil. En absoluto. Como servicio a
la cultura, como salmantino incluso prefiero que el Archivo se
mantenga íntegro y que vaya a Cataluña. Pero, por supuesto, si
tenemos que hacer juicios de Salomón, también me gustaría
decir a SS.SS. que puestos a hablar de agravios territoriales
históricos, hablemos de todos. Nosotros no pensamos, en
absoluto, abrir esta caja de Pandora, pero si hay que hablar
de ello seremos siempre, al menos los segundos en hablar;
nunca los primeros.
Por eso y en la medida en que razones sólo técnicas aconsejan
(y, por supuesto, técnicos hay que en su día puede que
aconsejen otra cosa) que se mantenga la unidad del archivo,
nosotros seguiremos manteniendo y propiciando esta unidad del
archivo votando ahora en contra, como lo hicimos en su día en
Comisión, esta proposición no de ley por la que se pide la
restitución de los documentos que puedan proceder de la
Generalitat
de Cataluña al Archivo Nacional de la Generalitat de Cataluña.
Por esto, señor Presidente, nuestro Grupo va a votar en contra
de esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Trocóniz. Por
el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Caldera.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Señor Presidente, señorías,
señora Rahola, créame que he escuchado con suma atención y
respeto su intervención en la defensa de la proposición no de
ley a través de la cual solicita la devolución de aquellos
documentos que fueron generados por la Generalitat y que están
ubicados, como bien ha dicho el señor Fernández de Trocóniz,
no hay que confundirlo, en la Sección Guerra Civil, del
Archivo Histórico Nacional en la ciudad de Salamanca. No hay
que elevar tampoco a una categoría extraordinaria, señor Ribó,
las razones técnicas porque muchas veces los componentes
técnicos son los determinantes de nuestras tomas de
decisiones, aunque hay un variopinto conjunto de ellas que me
propongo examinar. Con el mejor de los ánimos, y me gustaría
también que con acopio de razones suficientes, quiero
indicarles por qué mi Grupo Parlamentario, como ya hizo en
febrero en la Comisión de Educación y Cultura, se va a oponer
a la toma en consideración de esta proposición no de ley.
Las razones tienen que ser evidentemente muy similares a las
expuestas en aquel momento. De lo que se trata aquí es de
resolver un problema, no de crearlo. Nosotros entendemos que
ese problema hoy ya no existe y, por ello, nunca podríamos
entender que nuestra posición pueda suponer un agravio, una
agresión a la memoria colectiva de un pueblo, lo cual está
alejadísimo de nuestra intención. No es ése el camino,
señorías, sino las razones que a continuación me propongo
exponer. Ya, repito, en febrero indiqué un variado conjunto de
las mismas.
Las hay históricas. Esta proposición no de ley --creo que lo
ha aclarado perfectamente el representante del Grupo Popular,
señor Fernández de Trocóniz--se refiere a una sección concreta
del Archivo Histórico Nacional, la Sección llamada Guerra
Civil. El contenido de ésta estaba constituido, efectivamente,
por aquellos documentos que la tristemente famosa Delegación
del Estado para la recuperación de documentos del Ejército
franquista obtenía --ya dije también en Comisión que de forma
selectiva, no indiscriminada-- en las unidades administrativas
que iba ocupando. Entonces, estos documentos tenían un valor
puramente administrativo. Es hoy, a la luz del tiempo
transcurrido, después de los acontecimientos sucedidos, cuando
estos documentos adquieren valor histórico.
¿Cuál era el procedimiento para su reunión? Se reunían en las
delegaciones territoriales de recuperación de documentos.
Posteriormente se enviaban a la mencionada Delegación del
Estado, sita en Salamanca, donde se integraban en su sección
político-social.
Es cierto, como los son hechos históricos de triste memoria
por mucho que queramos repudiarlos pero existen, que la
clasificación y la ordenación de estos documentos, señorías,
lejos de cualquier interés puramente documental,
administrativo o incluso archivístico, la razón verdadera
respondía al apoyo hacia la unidad administrativa encargada de
la represión franquista y, en concreto, al Tribunal para la
represión de la masonería y el comunismo y con la finalidad
esencial de obtener pruebas de carácter incriminatorio. Pero
eso ocurría no sólo con los documentos obtenidos en Cataluña,
sino con los documentos que se obtenían en todas aquellas
ciudades que iban siendo ocupadas por el Ejército franquista.
Una vez más, aquellas trágicas circunstancias no deben
nublarnos ahora la valoración del juicio que debemos formular.
No puede, creo yo, en modo alguno compartirse que la simple
devolución de un documento constituya reparación alguna o
cierre de heridas. Ello haría, señorías, imposible la misma
existencia de archivos, así como la conservación de la memoria
colectiva de un pueblo, en este caso por acumulación, como
indicó el señor Trocóniz, de todos los documentos conservados
en el Archivo de Salamanca del pueblo español.
Razones técnico-documentales, que son muy importantes. La
clasificación en series de esta documentación atendía, en
primer lugar, a la ciudad o lugar de incautación,
produciéndose mezcla de la misma y constituyéndose un segundo
principio de procedencia. En base a ello, no es posible,
aunque quisiéramos, determinar con exactitud cuántos proceden
realmente de la Generalitat de Cataluña.
Permítanme la cita de un conocido investigador, el profesor
Bonanusa, que en su libro «La correlació de forcas políticas
durant la guerra» nos lo recuerda. Dice él: Del análisis de
los registros de entrada de documentos de la citada
Delegación, se deduce que muchos de ellos habían sido
producidos por organismos de la Administración central, tanto
en Madrid como en Barcelona, al haber asumido ésta, a partir
de 1937, competencias hasta entonces de la Generalitat.
Además, algunas de las dependencias que mantenían nombres de
la Generalitat, en el momento de hacerse los registros ya
habían pasado a depender de la Administración central, entre
ellas los departamentos de Defensa, Orden Público y Asistencia
Social, Abastos y Transportes, Economía y Finanzas, Industria
de Guerra y otras.
Esta tantas veces mencionada Delegación del Estado para la
recuperación de documentos se integró después en la estructura
administrativa del Estado. Ya se ha indicado el íter
administrativo por parte del señor Trocóniz, por lo que hago
gracias de su repetición.
Esto significa que debe considerarse un fondo único, con todo
lo que ello supone para la función investigadora. Al formar
unidad documental, debe mantenerse de acuerdo con los
principios básicos de la Unesco y el Consejo Internacional de
Archivos. Aquí entra en juego ese gran principio de patrimonio
común, que se aplica --ya se ha dicho también-- incluso para
los casos de sucesión de Estados, a efectos de prevenir
aquella posible pérdida de valor que la división de los
documentos, la división del fondo documental, desde el punto
de vista administrativo, jurídico, etcétera, pudiera acaecer
si éstos se dividieran. En atención a este principio, el
conjunto de archivos siempre queda físicamente intacto en uno
de los países interesados, para el caso de sucesión de Estados
y para éste, «mutatis mutandi», señorías, en una de las
comunidades autónomas, la de Castilla y León, dándole
tratamiento de parte integrante del patrimonio nacional de
archivos.
También hay algunas razones de carácter político competencial,
que me gustaría señalar brevísimamente. Aquí no discutimos
titularidades dominicales, creo yo. Fuese cual fuese la
ubicación del Archivo Histórico Nacional, señorías, la
Administración general sería la única responsable de su
custodia. Por tanto, es claramente un archivo de titularidad y
gestión estatal.
El artículo 149.1.28 de la Constitución concede,
como ustedes saben, al Estado --en este caso, al Ministerio de
Cultura-- la competencia exclusiva en archivos de titularidad
estatal como el que nos ocupa. En todo caso, nunca sería
correcta, señora Rahola, sin
complementarla, es decir, sin establecer complemento alguno,
la afirmación que recoge la exposición de motivos de su texto
sobre el hecho de que la Generalitat de Cataluña tiene
competencias exclusivas en lo que hace referencia a la
cultura, dado el carácter obviamente concurrente de esta
competencia entre el Estado y las comunidades autónomas. Este
sería el complemento que, a nuestro juicio, debería añadirse a
esta posición.
En todo caso y como considero que a SS.SS. les guía un afán
constructivo y utilitario, cualquier problema que pudiera
surgir sobre el acceso a estos fondos documentales está
afortunadamente resuelto por dos vías: una, ya mencionada,
convenio firmado el 21 de diciembre de 1982 entre la
Generalitat y el Ministerio de Cultura, en virtud del cual la
última entrega, el 26 de febrero de 1993, de la microfilmación
de los documentos se realizó a aquellos que hipotéticamente,
porque no hay seguridad absoluta, fueron producidos por la
antigua Generalitat. En segundo lugar, a través de un
procedimiento o instrumento técnico, llamado digitalización
del archivo que, a partir de su puesta en marcha definitiva,
resolverá cualquier problema ulterior que pudiera plantearse
que pudiera surgir pues permite la consulta y reproducción de
documentos prescindiendo del soporte documental.
Hago mías las palabras del digno representante del Grupo
Popular por la provincia de Salamanca, señor Fernández de
Trocóniz, en el sentido de no guiarme un afán provincialista
hacia la ciudad de Salamanca. Ya indiqué --lo hice a modo de
exordio, de complemento en mi anterior intervención-- algunas
de las razones que, sin demérito de algunos otros muchos
lugares donde pudiera ubicarse en el futuro un archivo de esta
naturaleza, nos llevaban a que Salamanca fuera un lugar ideal
para el mantenimiento del mismo.
Voy a hacerle gracia a SS.SS. de recordarlas, pues ya lo dije
entonces. En todo caso diré que un archivo, como parte de la
memoria colectiva de un pueblo, aun cuando contenga secuencias
de hecos luctuosos a superar, que nunca a olvidar, debe
radicarse --repito-- como unidad, por todas estas razones, en
un solo sitio. Creemos en este caso que, por las competencias
descritas, este lugar debe ser la ciudad de Salamanca. Son
simplemente estas razones las que nos llevan, señorías, a no
votar favorablemente la toma en consideración de esta
proposición no de ley.
Muchas gracias. (La señora Rahola i Martínez pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Caldera.
Tiene la palabra la señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Entiendo que como ha habido
fijación en contra tengo derecho a réplica.
El señor PRESIDENTE: No. La señora Rahola sabe que el hecho de
que se pronuncien los grupos de forma distinta a la
proposición en este trámite no da lugar a un turno de réplica.
Vamos a proceder a la votación correspondiente a la
proposición del Grupo Mixto (señora Rahola) sobre la
devolución a la Generalidad de Cataluña de la documentación
depositada en el Archivo Histórico de Salamanca. Comienza la
votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 301; a favor, 35; en contra, 266.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición.
Punto tercero del orden del día: Mociones consecuencia de
interpelaciones urgentes. Moción del Grupo Popular
subsiguiente a la interpelación, relativa a la posición del
Gobierno ante la penetración de capital extranjero en el
sector productor y elaborador de aceite de oliva y,
especialmente, ante la venta a una multinacional extranjera de
la empresa Elosúa, S.A.
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Ramírez. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la
Presidencia.)
El señor RAMIREZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, con brevedad, porque entendemos que esta cuestión ha
sido suficientemente debatida, tanto en la Comisión de
Justicia como en la Comisión de Economía y en el Pleno de esta
Cámara el pasado día 25 de mayo, cuando tuvimos ocasión de
plantear y defender la interpelación de la que trae causa esta
moción, mediante la cual solicitábamos del Gobierno de la
nación que nos explicara cuál había sido la estretegia seguida
por la Administración española, desde 1985, en todo lo
relacionado con la empresa Elosúa desde la situación de
privilegio que gozó, en su momento, al recibir una actuación
crediticia del Banco de Crédito Agrícola, subvencionada al 50
por ciento, para que adoptara una posición de privilegio a la
hora de comprar una gran marca aceitera; qué había sucedido
después, cuando parte del accionariado había incumplido el
compromiso expreso que había adoptado con la Administración y
había vendido el 30 por ciento de su accionariado al grupo
multinacional italiano Ferruzzi; por qué el Gobierno, a través
de la empresa pública Mercasa, había dado instrucciones muy
concretas de actuar rápidamente en el mercado libre, en la
Bolsa, comprando a cualquier precio y sin tener en cuenta las
reglamentaciones y la normativa legal que regula la actuación
del grupo público en cuanto a actuaciones concretas de Bolsa
se refiere; por qué se había logrado sindicar un 51 por ciento
de las acciones de este empresa y por qué en 1991 el Gobierno
español había girado 180 grados en su estrategia de defender
la españolidad de este empresa. Estas preguntas no han sido
respondidas jamás por el Gobierno y, en ocasión de la
comparecencia del Ministro de Justicia en la Comisión de
Justicia e Interior, en octubre del año pasado, cuando le
preguntábamos al Ministro de Justicia qué sabía de la denuncia
formal que existía ante los tribunales italianos, por parte de
un alto administrador de la multinacional Ferruzzi, que, ante
preguntas de la judicatura italiana, había manifestado que con
dinero negro de la multinacional se habían comprado voluntades
políticas de altos cargos de la Administración española, para
facilitar el acceso al control de Elosúa por parte de la
multinacional, el Ministro de Justicia solamente nos informó
de que el anterior Fiscal General del Estado había abierto una
comisión de investigación. Pues bien, once meses después de
aquella teórica apertura de investigación, no sabemos nada de
los pasos que ha dado la Fiscalía General del Estado. Lo único
que sabemos es que el juez italiano encargado de esta
cuestión, ante la incapacidad española de ponerse en contacto
con él y ante el silencio de las autoridades españolas, tanto
administrativas como políticas y judiciales, el juez italiano,
digo, ha reabierto la causa y va a entrar --parece ser, por
noticias de prensa-- a analizar el contenido de aquella
denuncia. Pues bien, como decíamos, señorías, en 1991 la
administración española cambia de estrategia y donde había una
defensa a ultranza del mantenimiento de la nacionalidad del
grupo Elosúa, se pasa a un arreglo rápido de posiciones con
los representantes italianos, con los representantes de la
multinacional Ferruzzi, de tal forma que se llega a una
situación de hecho mediante la cual la presidencia corresponde
al representante público español, pero la gestión corresponde,
como quedó de manifiesto en estas actuaciones parlamentarias a
las que he hecho referencia, a la multinacional Ferruzzi.
A raíz de aquella gestión y aquel pacto Elosúa empieza a
perder dinero (así lo demuestra la auditoría hecha por Arthur
Andersen, que figura en la documentación que hemos expuesto en
sucesivas ocasiones ante la Comisión de Economía y en la
interpelación del pasado día 25 de mayo) y se llega a la
última actuación, que en el mes de febrero de 1994 los
representantes de la multinacional adquieren el 20 por ciento
que quedaba de acciones del grupo privado, y en este momento
se encuentran en una situación de control y de absoluta
propiedad del grupo mayoritario de acciones.
Como recordarán SS. SS., en la interpelación al Gobierno le
solicitábamos que nos explicara cuáles habían sido los pasos
que había seguido la Administración, qué estrategia se había
perseguido, por qué se había cambiado de estrategia y qué
íbamos a hacer, en mayo de 1994, ante la situación planteada
oficialmente en la Comisión de las Comunidades, mediante la
cual la multinacional comunicaba a la Comisión que se hacía
cargo del control de Elosúa.
El señor Ministro de Agricultura, que contestó en nombre del
Gobierno (ya no fue el Ministro de Economía, que es el que
había adoptado la posición oficial del Gobierno ante la
Comisión respectiva de la Cámara, nos cambiaron de Ministro,
un Ministro recién llegado, como comprenderán ustedes), se
limitó a repetir las palabras que ya conocíamos del Ministro
de Economía, manifestadas tres meses antes en la Comisión
respectiva, no aclaró ninguna cuestión y, lo que es más grave,
no nos dijo cuál iba a ser la posición del Gobierno ante el
requerimiento que hacía la Comisión de las Comunidades
respecto al control que en este momento se iba a producir en
la mayor aceitera española por parte de la multinacional
italiana. Y no lo sabemos aún. Solamente hemos conocido que la
Comisión ha dado el visto bueno a ese proyecto de absorción y
que hoy, en junio de 1994, podemos decir públicamente que la
mayor empresa aceitera española, la mayor responsable de la
elaboración y distribución de aceite de oliva --grasa
emblemática, porque hay que recordar que somos los mayores
productores y consumidores del mundo--, esa empresa, con esa
magnitud del mercado que llega casi hasta el 50 por ciento, no
está controlada ni por capital español ni por presencia
española,
aunque tenemos, teóricamente, el 37 por ciento de la misma.
Desde hace un año, el Grupo Parlamentario Popular intentó
investigar y aclarar las denuncias que se producían en
tribunales italianos, pero los hechos se estaban sucediendo a
una velocidad verdaderamente vertiginosa en el discurrir de
esa empresa. Noticias y elementos nuevos aparecen con ocasión
de la investigación del caso Ibercorp, y todos descubrimos que
el antiguo Ministro de Agricultura, entonces Director General
de Industrias Agroalimentarias, por tanto, la autoridad que de
alguna forma participó e impulsó la concesión del crédito
subsidiado a la empresa Elosúa para adquirir la situación de
monopolio a través de Carbonell, aquel personaje, el señor
Albero, era accionista de la multinacional italiana y tenía un
paquete importante de acciones del grupo Ferruzzi. Todo eso no
ha sido explicado. Nos hemos encontrado con dificultades
verdaderamente insólitas a la hora de intentar aclarar este
caso y hemos querido trasladar a la opinión pública una
situación en la que no estamos conformes con la actuación de
la Administración pues hemos encontrado algo raro en los pasos
que se han seguido. Está la denuncia ante los tribunales
italianos. Desconocemos lo que ha hecho la Fiscalía General y
desconocemos si la Administración ha impulsado
los trabajos de esa Fiscalía o se ha preocupado de facilitarle
información y posibilidades de esclarecimiento.
Todo ello, señor Presidente, nos lleva a la necesidad de
plantear ante la Cámara, hoy la moción objeto de aquella
interpelación. Entendemos que es absolutamente necesario la
creación de una comisión de investigación; una comisión de
investigación que nos permita retrotraernos a 1985, comprobar
en qué condiciones se dieron aquellos créditos, 4.500 millones
de pesetas subvencionados al 50 por ciento; si se condicionó o
no se condicionó ese dinero para que se mantuvieran
determinadas estrategias y objetivos que se pretendían
alcanzar; por qué cuando se rompieron aquellos compromisos, si
existían, no se reclamaron las cantidades con intereses con
efecto retroactivo; por qué hasta el año 1991 mantenemos una
actitud de defensa a ultranza de la españolidad de la marca de
nuestro país; por qué en 1991, a raíz de una crisis del
Gobierno, a la salida de unos ministros, a la entrada de
otros, se cambia drásticamente de estrategia; por qué acceden
a la gestión de esta empresa los representantes del competidor
más directo que tenemos representado en los intereses
italianos, que, como recordarán SS.SS., es el otro país del
mundo que produce y consume aceite de oliva en igual magnitud
que nosotros.
Nada está aclarado, señor Presidente. No hay posibilidad de
poder trasladar a los grupos interesados cuál es la versión
del grupo mayoritario de la oposición respecto a estos
acontecimientos. No ha habido ningún interés por parte de los
ministros que han comparecido en trasladarnos esa información.
Creemos que el Partido Socialista no se opondrá a la creación
de esta comisión. Si ustedes están convencidos de la
transparencia en la actuación de su Administración, si creen
que son inciertas las acusaciones que se han suscitado ante la
judicatura italiana, graves, y que han puesto de manifiesto
que ha habido voluntades políticas empañadas que se han
doblegado ante la presencia de dinero comprando esas
decisiones, supongo, señores del Partido Socialista, que
ustedes no se opondrán a que el Parlamento español pueda
investigar, y si no ha pasado nada, en quince días le decimos
a la opinión pública que es incierto lo que se ha dicho en los
tribunales italianos, que todo se hizo espléndidamente, que se
tomaron las precauciones, que 4.500 millones de pesetas de
dinero español no se han perdido, que cuando el señor Ministro
de Economía dice en la Comisión de Economía el 22 de febrero
que es partidario de la existencia...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ramírez, le
ruego concluya.
El señor RAMIREZ GONZALEZ: Voy a terminar, señor Presidente.
Cuando el señor Ministro de Economía dice que es partidario de
la existencia de las dos empresas, y lo dice textualmente, que
tres meses después el giro que se detecta no significa ningún
cambio de estrategia o algo inconfesado. Por tanto, señores
del Partido Socialista, esperamos que, después de lo que ha
caído recientemente, estemos todos en voluntad de que se cree
esa comisión.
En segundo lugar, queremos que el Gobierno haga una valoración
oficialmente y por escrito, transmitida a esta Cámara, de cómo
ve el Gobierno la presencia de una multinacional controlando
el 50 por ciento de la elaboración y distribución del aceite
de oliva en España.
Entendemos que el Gobierno habrá contestado al requerimiento
de la Comisión de las Comunidades, que le daba quince días
para posicionarse ante esa noticia. El Gobierno debe tener
hecho ese informe, y si ha sido diligente en la contestación a
la Comisión de las Comunidades, sería doblemente diligente en
una petición que le hiciera su Parlamento, el Parlamento
español, de tal forma que pudiéramos conocer cuál es el
criterio del Gobierno respecto a una situación de monopolio
que se ha creado en el sector estratégico --en palabras de los
ministros de agricultura que han pasado por esta tribuna--
para la agricultura española. Por consiguiente, señor
Presidente, creemos que no va a haber dificultades, que vamos
a crear esa Comisión, tal y como pide el Grupo Parlamentario
Popular, y que tendremos la contestación del Gobierno
valorando la nueva situación.
En el supuesto de que el Partido Socialista se oponga a la
creación de esta Comisión y de que aquellos otros grupos
parlamentarios sigan la estrategia del Gobierno de
obstaculizar el conocimiento de lo que ha sucedido en este
sector importante, desgraciadamente tendremos que seguir
sospechando que en este sector, como en otros, hay algo que
alguien quiere que no conozca la opinión pública.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ramírez.
No se han presentado enmiendas a esta moción. En consecuencia,
corresponde que los grupos fijen su posición en este debate.
¿Cuáles son los grupos que quieren fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
La posición de nuestro Grupo acerca de la moción que ha
planteado el Grupo Parlamentario Popular podría resumirse en
los siguientes criterios. Yo creo que hay una coincidencia
general por parte de todos los grupos, y quiero pensar también
que de la mayoría de los diputados del Grupo Popular, de que
tampoco sería oportuno ni adecuado que en esta Cámara por cada
circunstancia específica que hubiera aparecido o que se
pudiera dar en el futuro en determinadas empresas, así como
irregularidades y posibles incidencias que pudieran ir
apareciendo, fuéramos constituyendo de forma inmediata en esta
Cámara comisiones de investigación. Creo que no está en el
ánimo de todos los diputados que por todos los eventos y todas
las circunstancias que se vayan sucediendo en esta sociedad
vayamos constituyendo comisiones de investigación. Sí
deberíamos constituir aquellas que, creo yo, tienen una
relación directa y por las que podamos tener un conocimiento
certero sobre una relación con la administración pública de
personas o cargos que ostentan responsabilidades dentro de la
administración pública.
Yo he escuchado con interés la intervención del señor Ramírez,
del Grupo Popular. Creo que, la verdad, usted mismo, al final,
nos decía a todos los diputados que le parecía oportuno
constituir esa comisión. Decía usted que si en el plazo de 15
días se muestra o se pone de relieve que la información
aparecida o los hechos puestos en análisis dan a entender que
no ha habido ningún hecho reprobable o actividad delictiva,
esto se le dice al pueblo español y ya está. En todo caso,
nuestro Grupo entiende que quizá sería oportuno no precipitar
la constitución de esta comisión, y, si se trata simplemente
de 15 días, como usted dice, 15 días pasan muy rápido señoría.
Creo interesante el punto 2 que ustedes plantean sobre que el
Gobierno en 15 días nos remita a esta Cámara un informe sobre
todos estos temas. Sabe usted también, como hemos conocido
todos los Diputados, que la Fiscalía General del Estado ha
instado las diligencias informativas sobre este tema y me
parece que sería adecuado esperar al término de estas
diligencias informativas. Las pido al Gobierno en esta
intervención en nombre de mi Grupo e insto a la Administración
del Estado y al Gobierno a que, con todos los medios que tiene
a su alcance, acelere todos los trámites para que esta
Fiscalía General del Estado pueda terminar con celeridad esas
diligencias informativas.
El Fiscal deberá considerar si los hechos son tipificables
penalmente; deberá hacerlo. Yo espero que lo haga en plazo muy
breve. Si estos hechos fueran tipificables penalmente entonces
deberían ser objeto de una reflexión; no antes, sino después.
Y, en todo caso, yo creo que entonces procederá, no antes sino
entonces, interponer la correspondiente denuncia, y entonces
es cuando yo entiendo que si hay elementos o personas de la
administración pública involucradas es cuando esta Cámara
debería considerar la propuesta número 1 que hacen ustedes.
Por consiguiente, la posición de mi Grupo sería, en cuanto al
primer punto, no estimarlo oportuno; en cuanto al segundo,
estimarlo muy oportuno y necesario. Por tanto, hay que urgir
al Gobierno para que en este plazo de 15 días nos remita a la
Cámara este informe que se solicita. En todo caso, por la
información que tenemos en estos momentos, debemos dejar la
posición en esta situación y esperar a que la Fiscalía termine
de instruir esas diligencias. Urgimos al Gobierno para que en
el plazo de 15 días nos presente ese informe. Nada más, señor
Presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Homs.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, tal como anunciamos en el proceso de debate de la
interpelación parlamentaria que se produje hace, si no
recuerdo mal, dos semanas, lo que se traslucía de dichas
interpelación era que se iba a pedir una Comisión de
investigación. Mi Grupo Parlamentario dijo que sólo traía
consigo una Comisión de investigación. Pedir comisiones de
investigación es un asunto serio que se está prodigando en
exceso en esta Cámara, hasta el punto de que la Cámara pueda
convertirse, en sí misma, en un elemento investigador de la
economía y el tráfico de influencias en este país. Pero lo que
es realmente penoso es que cuando un asunto como este de
Elosúa lleva rodando siete meses, es decir, desde que
el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya lo denunció y empezó a actuar para conseguir que se
aclarara, todavía se encuentre pendiente de que comparezcan no
menos de cinco personas ante la Comisión de Economía para
explicar cuáles han sido las actuaciones del Gobierno. Esta es
la gran pena de este asunto: la tardanza del Gobierno en
comparecer, la tardanza del Gobierno en aclarar cuáles han
sido las responsabilidades en un asunto de esta naturaleza.
Esto es lo que da lugar a que aparezcan propuestas como la que
nos viene del Grupo de la derecha, en la que se plantea ahora
recoger la rentabilidad política de este asunto, cuando podía
y debía haberse aclarado en el transcurso de tiempo que va
desde noviembre de 1993 hasta junio de 1994.
Quiero recordar que es en noviembre de 1993 cuando el Diputado
de Izquierda Unida Antonio Romero va a Italia, se entrevista
con el Juez Di Pietro y comienza la investigación; que la
información de dicho Diputado se da al Fiscal General del
Estado; que el Fiscal General del Estado utiliza esa
información, pone en movimiento al Juzgado número 14 de
Madrid; que el Juzgado número 14 de Madrid llama a declarar a
varios testigos importantes, entre ellos al citado Diputado de
Izquierda Unida, y se plantea una comisión rogatoria para que
vaya a Italia a tomar declaraciones y tener conocimiento por
parte de la justicia. Estas son las iniciativas que ha tomado
Izquierda Unida.
Izquierda Unida se planteó, en su momento, pedir una Comisión
de investigación. No lo hizo deseando y pensando que el tema
se podía aclarar por los cauces normales porque iban a
comparecer con celeridad ante la Cámara los diferentes
responsables del Gobierno que habían tenido actuación en el
asunto de aceites Elosúa. Sin embargo, todo esto no ha
sucedido. ¿Habrá que pensar que el Gobierno no entiende otra
manera de actuar, para que se aclaren estos temas, que la
petición de comisiones de investigación? ¿Tendremos que tomar
nota de que esta es la única manera de que el Gobierno
entienda la forma de que se aclaren estos temas? Creo que
sería una conclusión francamente penosa.
Mi Grupo Parlamentario no tiene otro remedio que apoyar este
iniciativa para que la Comisión de investigación sea la
encargada de aclarar este asunto, que no puede permanecer más
tiempo sin esclarecer, sobre todo cuando están sucediendo
actos tras actos que vienen a agravar cada vez más, si cabe,
las diferentes actuaciones que ha habido sobre Aceites Elosúa
por parte del Gobierno. El punto final de gravedad de lo que
ha pasado con Aceites Elosúa ha ocurrido en los últimos días
cuando, por fin, Ferruzzi ha conseguido controlar más del 50
por ciento de Aceites Elosúa, después de que al Estado español
le ha costado muchísimo dinero dar un crédito, a través del
Banco de Crédito Agrícola, a una familia española para que
consiga el control de Aceites Elosúa y de Aceites Carbonell y,
por consiguiente, el de la industria aceitera española.
Después de que ha costado muchísimo dinero al erario público,
repito, vemos cómo el Gobierno, en un momento dado, cede el
control español de Aceites Elosúa, cómo permite que Ferruzzi,
a través de Koipe, se haga con el control de Elosúa y cómo,
finalmente, permite que se haga con el control de la masa
accionarial. Todos estos son elementos bastante graves que
deben explicar. También se debe explicar cuál ha sido la
actuación de las diferentes empresas públicas,
fundamentalmente de Tabacalera, de la Dirección General del
Patrimonio; cómo ha habido enfrentamientos entre diferentes
sectores de la Administración, del Ministerio de Economía con
el Ministerio de Agricultura, de las diferentes empresas
públicas entre sí. Todo esto debe ser aclarado, y si el
Gobierno en estos seis meses que ha tenido para comparecer
ante las Cámaras (no solamente el Ministro Solbes, sino los
diferentes responsables que han intervenido en este asunto) no
lo ha hecho, se tendrá que proceder al mecanismo de la
comisión de investigación para que así se haga. Aunque
realmente lo que Izquierda Unida hubiera deseado es que, por
un procedimiento normal, el Gobierno hubiera comparecido y que
no quedaran dudas sobre este asunto y se pudieran plantear los
mecanismos y las correcciones necesarias para que casos de
esta naturaleza no se vuelvan a repetir.
Nos parece también importante que el punto 2.º se cumplimente.
El que en el plazo de quince días se traiga este informe para
que se conozcan cuáles han sido las actuaciones de la
Administración y cuál es la situación real del sector aceitero
español, nos parece también importante, y desde luego mi Grupo
Parlamentario lo desea y lo va a apoyar.
Y no nos queda más que lamentar, junto con el apoyo a esta
moción parlamentaria, que la actitud responsable que mi Grupo
ha tenido durante todo este proceso no se haya visto
correspondida con una actitud también responsable por parte
del Gobierno y se haya aclarado ante toda la ciudadanía cuál
ha sido la auténtica gestión que se ha llevado sobre Aceites
Elosúa.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Andreu.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Moreno
Monrove.
El señor MORENO MONROVE: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, en primer lugar, quiero decir que el Grupo
Parlamentario Socialista va a votar en contra del punto 1.º de
la moción que ha presentado el Partido Popular y que tiene
como origen --como origen inmediato-- la interpelación ante el
Ministro de Agricultura hace dos semanas. Y esto lo va a hacer
con la plena seguridad de que el Gobierno ha actuado con
transparencia, de que el Gobierno ha actuado con coherencia,
de que el Gobierno ha actuado en defensa del sector aceitero y
porque, además, el Gobierno ha explicado a esta Cámara
suficientemente todo el recorrido. Otra cosa bien distinta es
que el señor Ram irez diga que todas las preguntas no han
sido respondidas (nosotros creemos que sí, que todas las
preguntas han sido respondidas) y otra cosa es que el señor
Ramírez diga que no son suficientes todas esas respuestas.
El señor Ramírez basó su interpelación, que es la
argumentación para la moción que ha presentado, en cuatro
elementos que hoy ha vuelto a repetir en la tribuna: la ayuda
pública financiera a Elosúa para adquirir Carbonell, la
entrega --hipotética entrega-- a Ferruzzi de la gestión de
Elosúa, el incumplimiento de un pacto de no superación del 40
por ciento, las indagaciones sobre supuestas irregularidades y
la posición actual del Gobierno en el conjunto del sector
aceitero a raíz de los últimos acontecimientos. Nuestro Grupo
quiere responder a cada una de estas cuestiones con brevedad,
pero inevitablemente acudiendo a argumentos que yo mismo tuve
la ocasión de esgrimir en la Comisión de Economía de hace
escasamente tres meses. Como ya dije entonces, y como el señor
Solbes también anunció, la intervención en apoyo del sector
aceitero español se produjo a la vista de una situación
dramática de una marca absolutamente emblemática e insignia
del sector aceitero, como muy bien saben todas sus señorías. Y
fue un apoyo financiero a otro aceitero español, justamente
para que no cayera en esos momentos en manos extranjeras. Y
esto lo hizo teniendo en cuenta la importancia del sector
desde el punto de vista económico y desde el punto de vista
social, por lo que suponía para Andalucía, para la provincia
de Jaén, para la superficie plantada, para la mano de obra
empleada y por la importancia que España tiene como productor
de aceite de oliva.
¿Qué hubiera pasado, señor Ramírez, si en aquel momento el
Gobierno no hubiera hecho lo que hizo? ¿Qué nos hubieran dicho
entonces? ¿Qué hubieran dicho si no hubiera dado el Gobierno
un apoyo importante como el que produjo en aquel momento al
aceitero Elosúa? Seguramente nos habrían criticado exactamente
con los mismos argumentos que hoy. Sus contradicciones en este
sentido, señor Ramírez, son tan evidentes que no requieren
casi ningún esfuerzo para hacerlas comprender.
El Estado ayudó al sector con apoyo financiero, y un conjunto
de circunstancias, a lo largo de muchos años, han ido
modificando la situación accionarial, como bien sabe el señor
Ramírez, y se ha ido desgranando en información en todas las
intervenciones que ha tenido el Gobierno y este Grupo
parlamentario en las distintas Comisiones.
En segundo lugar, señor Ramírez, el objetivo permanente del
Gobierno ha sido...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Moreno, el turno
es de fijación de posiciones, no un turno en contra del señor
Ramírez, que no lo hay en este debate.
El señor MORENO MONROVE: Señor Presidente, el objetivo
permanente del Gobierno ha sido intentar que la mayoría del
capital esté en manos españolas y esto ha sido posible durante
un largo período de tiempo, hasta el punto de que ha ido
creciendo la participación española hasta el 37 por ciento
actual, yendo en apoyo de una situación que se iba
deteriorando como consecuencia de desavenencias en el sector
puramente privado de la familia Elosúa y de otros accionistas
privados.
Por tanto, el sector público español no ha vendido una sola
acción; el sector público español ha comprado siempre acciones
en una línea de coherencia, de mantenimiento de una posición
fuerte en el sector. Por consiguiente, nunca se ha entregado
la gestión a Ferruzzi, por muy solemne que parezca la
aseveración que aparece en las distintas intervenciones. Desde
junio de 1992, lo que ha ocurrido es, sencillamente, que la
gestión ha sido compartida, y esto cualquier ley mercantil lo
evidencia de una manera tremenda; un consejo de administración
con composición paritaria, en la que desde ese momento detenta
la responsabilidad de la empresa Elosúa, hasta los
acontecimientos de los últimos meses, de las últimas semanas.
Por otra parte, y como un elemento sustancial del texto de la
moción que presenta el Grupo Popular, tengo que decir que, a
partir de unas supuestas declaraciones periodísticas
exclusivamente que atribuyen de manera genérica supuestas
comisiones en torno a Elosúa sin que estas declaraciones se
hicieran ante órgano judicial alguno y sin mencionar ningún
nombre y ningún dato concreto, se pretende enjuiciar el
comportamiento del Gobierno; y esta es la parte fundamental de
la intervención y, sobre todo, del contenido de la moción. La
Fiscalía General del Estado inició en su día el procedimiento
correspondiente, por si pudiesen existir indicios de
comportamientos irregulares, estando en estos momentos el
asunto, como bien sabe toda la Cámara, en manos de un juez
español que con toda autonomía deberá pronunciarse. Por tanto,
pretender ahora una comisión de investigación cuando no existe
indicio alguno ni imputación personal alguna, para nuestro
Grupo tiene intenciones políticas absolutamente inaceptables.
Significa arrojar sombra de duda, como nos tienen
acostumbrados, y esto entendemos que es una posición de
irresponsabilidad.
En consecuencia, y a la vista de estos argumentos, se
desprende, yo creo que de manera muy clara y muy evidente, que
no hay tanto interés por esclarecer los hechos, los supuestos
indicios o el desarrollo accionarial de un grupo tan
importante como el Grupo Elosúa y
del conjunto del sector aceitero, sino de, sin datos probados,
que no existen, sólo con indicios, criticar una actuación en
una línea habitual, como la que viene manteniendo el Partido
Popular, sin el menor fundamento. Su conclusión, por tanto --y
termino mi intervención, señor Presidente--, es una perla. Si
lo que hacemos es lo que ustedes quieren, muy bien. Si la
mayoría dice que no, a pesar de ser con argumentos, van a
mantener un clima de sospecha. Yo más bien entiendo, sin
embargo, que su único objetivo, probablemente, es ése:
levantar sospechas sin ningún fundamento.
Por último, quiero decir que nuestro Grupo está totalmente de
acuerdo con el segundo punto de la moción. Nos parece muy
importante que el Gobierno, con brevedad y, por tanto, en el
plazo fijado en ese segundo punto de la moción, informe por
escrito sobre todos los acontecimientos de los últimos tiempos
y, sobre todo, de la incidencia y el impacto que sobre el
sector aceitero están teniendo los últimos datos,
especialmente la posición mayoritario que en estos momentos ya
sabemos todos que tiene el Grupo Ferruzzi y la posición
minoritaria que mantiene el sector público, con un 37 por
ciento.
Nada más, señor Presidente. Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Moreno.
(El señor Ramírez González pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Ramírez.
El señor RAMIREZ GONZALEZ: Señor Presidente, creo que he sido
lo suficientemente aludido por el portavoz del Grupo
Socialista para que me dé un brevísimo turno de intervención.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Sabe usted, señor
Ramírez, que estos debates son unos debates tasados. El
Presidente ha advertido cuanto pensaba, pero, lógicamente, al
fijar la posición, necesariamente tiene que ser aludido; sin
embargo, la alusión que aparece reflejada en el Reglamento no
se ha producido para poder concederle ese turno. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación. (El señor
Caldera Sánchez-Capitán pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Caldera.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Gracias, señor Presidente.
Solicito votación separada de los dos puntos de la moción.
Votación relativa al punto primero de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 302; a favor, 144; en contra, 157; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el apartado primero.
Punto segundo de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 301; a favor, 300; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el apartado segundo de la
moción.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE LAS MEDIDAS DE POLITICA
GENERAL QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA DISMINUIR DE FORMA
BRUSCA Y ACELERADA EL NUMERO DE POBRES EN NUESTRO PAIS, ASI
COMO PARA ACERCAR A LA MEDIA NACIONAL LOS DISTINTOS INDICES DE
POBREZA DE LAS RESPECTIVAS COMUNIDADES AUTONOMAS PARA SU
POSTERIOR APROXIMACION A LA MEDIA DE LA UNION EUROPEA (Número
de expediente 173/000041)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, consecuencia de interpelación, sobre
las medidas de política general que piensa adoptar el Gobierno
para disminuir de forma brusca y acelerada el número de pobres
de nuestro país, así como para acercar a la media nacional los
distintos índices de pobreza de las respectivas comunidades
autónomas para su posterior aproximación a la media de la
Unión Europea.
Tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señor Presidente.
Teniendo en cuenta que el otro día debatimos amplísimamente
este tema con la presencia de la señora Ministra, que, a
nuestro juicio, se mostró verdaderamente sensible --de ahí que
agradezcamos de antemano la presunta posible aprobación de la
moción que hoy presentamos--, voy a hacer una intervención
breve, además haciendo gracia a SS.SS. que estarán cansados y
cansadas de analizar la derrota y victoria electorales.
El otro día conveníamos, o por lo menos cruzábamos argumentos
en la dirección de que la llamada recuperación económica puede
coexistir con altísimo grado de paro y de pobreza, es decir,
que puede estar creando la sociedad dual, donde al final el
discurso que se nos lanza, teniendo en cuenta las perspectivas
de las
cifras macroeconómicas, es que la economía se ha recuperado,
pero el pueblo vive peor.
Las cifras de parados que emiten los distintos estudios que en
torno a este tema se están realizando en España son muy
coincidentes, en torno a 7,5, 8 millones de personas en el
umbral de la pobreza, tanto si esto lo analiza --teniendo en
cuenta un baremo distinto de población-- el Banco de España,
cuanto el Ministerio de Trabajo, el Instituto Nacional de
Estadística o el último estudio que acaba de encargar la Junta
de Andalucía al equipo de Investigación Sociológica EDIS,
referido al horizonte de diciembre de 1990/enero de 1991. En
las zonas urbanas la pobreza está llegando al 20 por ciento de
las familias y en el conjunto de España crece en estos
momentos casi el 23 por ciento. La pobreza se mide, como
SS.SS. saben, teniendo en cuenta la distribución de las rentas
familiares entre el número de personas que la componen que no
supere 29.000 pesetas mensuales o, en el caso de la pobreza
severa, de los pobres de solemnidad, que también se dice, que
no pase de 15.000 pesetas mensuales. Pues bien, hay 8 millones
de personas en esta situación (Cáritas también da esta cifra)
actualmente en nuestro país. Incluso el estudio de OþHiggins y
Jenkis --ya tuve ocasión de decirlo el otro día-- da una cifra
de 7.701.000, y lo que vienen a decir es muy grave. Vienen a
decir que hay gente que, por razones personales, coyunturales,
entra y sale de la pobreza en función de la coyuntura
económica, de los ciclos económicos de este sistema, pero que
la pobreza permanece como una bolsa estructural, estática,
entren o salgan algunas o algunos --fundamentalmente algunas,
en función de que crece mucho la feminización de la pobreza--
de esta pobreza permanente estructural a la que nos estamos
refiriendo.
Desde este punto de vista, nosotros pedimos que se constituya
una ponencia, que, quizás, no va a ser espectacular por sus
comparecencias, aunque debe haber bastantes, tanto del Banco
de España como de estudiosos españoles y europeos que se están
centrando cada vez con mayor intensidad y agudeza en este tema
que, sordamente, pero está asolando, en la construcción de
esta sociedad dual, los territorios de la Unión Europea,
fundamentalmente España, Portugal, Grecia y dentro de España,
zonas como Andalucía, Extremadura, Canarias. Hay que estudiar
esto con la intensidad con que ahora se está estudiando y hay
que hacerlo desde esta Cámara, desde el protagonismo de esta
Cámara; que salgan los datos de esta Cámara, no de estudios
particulares o de organismos oficiales, excesivamente solemnes
y no democráticos, por lo menos no elegidos democráticamente.
Que se extraigan los datos reales de esta Cámara, de pobreza,
del umbral de la pobreza, de pobreza solemne, de pobreza por
comunidades autónomas y que se analicen las situaciones
reales. Porque a veces se están utilizando módulos subjetivos,
personales, singulares, de necesidad, de cara a intentar
generalizar el subsidio, de cara a intentar una política mucho
más matizada con respecto a la vivienda. La actual no serviría
para afrontar el tema de la pobreza. Los pobres están ya fuera
de situación, fuera de la sociedad. El otro día decíamos --
parecía una broma, pero es verdad-- que si actualmente se
convocara una manifestación a favor de los pobres, los únicos
que no irían serían los pobres. Están marginados totalmente y
las políticas actuales están dirigidas a dos tercios de la
población, fundamentalmente, pero no a un tercio, que es el
que se hunde en la miseria. Hay que matizarlas, aunque no
voten los pobres.
Esta interpelación la hicimos antes de las elecciones y la
mantenemos después con la misma intensidad. Los pobres no
votan. Estos pobres a los que me estoy refiriendo en este
momento están fuera del sistema electoral, y si votan es por
encargo. Por lo tanto, habrá que ver el tema de la vivienda,
de la formación profesional, del salario social, aunque la
competencia es de las comunidades autónomas. Hay que ver la
enorme precariedad, la enorme insuficiencia, el fracaso
absoluto del salario social en la comunidades autónomas; habrá
que ver como se implementa, se incentiva, se complementa,
porque esa situación es de auténtica vergüenza. Daríamos los
datos correspondientes de cada comunidad autónoma.
Habrá que investigar las áreas de malestar social, que no
están bien investigadas, porque, repito, hacemos política para
los que están en el sistema, no para los pobres. Habrá que ver
el tema del paro, del paro de larga duración, de la incultura,
el tema de la minusvalía, el del equipamiento y el de la
desintegración, de la marginación social, que aumenta. Habrá
que ver porcentajes superiores de pobreza en colectivos como
las mujeres. El empobrecimiento de las mujeres o la
feminización de la pobreza, como se dice ahora más usualmente,
es tremendo, sobre todo cuando son cabezas de familia; o los
hogares con un solo miembro, o los hogares con un solo miembro
activo, o los hogares monoparentales, con más de un hijo. Son
situaciones, repito, excéntricas con respecto a la misma
política económica que se practica, no sólo aquí, sino en el
resto de los países de la Unión Europea. No se hace política
para los pobres, porque no se espera nada de ellos, ni
siquiera el voto.
Por lo tanto, pedimos que se constituya una ponencia --y
agradecemos la sensibilidad que mostró la señora Ministra--
acerca de la pobreza en el Estado español, un estudio que
tiene que surgir desde este Congreso y tiene que expandir ese
conocimiento a la gente para que cobre sensibilidad. Es
preciso, repito, constituir una ponencia que cite a mucha
gente a declarar, debiendo desarrollar su trabajo y obtener
conclusiones pertinentes a lo largo del presente año de 1994.
Me parece que corresponde realizar este estudio en esta
ponencia y que su constitución, ahora que acaban otras --y
habría incluso justificación a la hora de no ocupar excesivo
tiempo, aunque me parece que en este caso está absolutamente
justificado--, se hiciera ahora para terminar sus trabajos a
finales del presente año.
Si se confirma que se va a votar la constitución de esta
ponencia nosotros de antemano se lo agradecemos, pues creemos
que se trata de algo bastante importante o por lo menos
nosotros le damos esta importancia. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán, Convergència i Unió, el señor Hinojosa
tiene la palabra.
El señor HINOJOSA I LUCENA: Gracias, señor Presidente.
Como dijimos el día que se presentó la interpelación, mi Grupo
ve con simpatía la creación de esta ponencia dentro de la
Comisión de Política Social y Empleo, pero quisiera enmarcar
nuestro voto en el sentido de que, tal como también dije el
día de la interpelación, este es un tema al que nos gustaría
acercarnos con el mayor respeto posible, con la mayor humildad
posible y con un cierto grado de escepticismo, porque no será
la ponencia la que resuelva los problemas que tienen los
pobres en nuestro país. Sé que el señor Alcaraz lo sabe y sé
que también sabe que lo realmente importante para evitar la
pobreza es luchar contra sus causas y en este caso intentar
crear empleo, intentar crear viviendas y acondicionarlas para
el alcance de los menos pudientes; tantos y tantos otros
problemas que motivan que tengamos ciertas bolsas de pobreza.
Ojalá en la ponencia sepamos acercarnos con el respeto
suficiente para no manipular este colectivo de pobres de
nuestro país, sino más bien para buscar entre todos cómo
atacar las causas y que, al final, sin levantar falsas
expectativas, logremos resolver alguno de los problemas que
tiene la pobreza en nuestro país.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hinojosa.
Por el Grupo Popular la señora Sainz tiene la palabra.
La señora SAINZ GARCIA: Señor Presidente, señorías, subo a la
tribuna para fijar posición, en nombre de mi Grupo, en esta
moción consecuencia de la interpelación de Izquierda Unida,
presentada el día 25 de mayo, por la que se pide la creación
de una ponencia para estudiar a fondo los problemas de la
pobreza en España. Señorías, nuestro Grupo no se va a oponer a
la creación de esta ponencia. Sí expresamos que este problema
requiere soluciones inmediatas, medidas urgentes, cambio en la
política económica y que no debería dilatarse ni mucho menos
hasta que la ponencia concluya sus estudios, alumbre
propuestas de resolución para elevar al Gobierno, que, por
otra parte, no sabemos tampoco cómo va a reaccionar. Esto,
naturalmente, a mi Grupo le preocupa, porque estamos hablando
nada más y nada menos que de unos ocho millones de españoles
que rozan el umbral de la pobreza y sabemos, además, de la
existencia de más de millón y medio de familias que tienen en
estos momentos a todos sus miembros en paro. Y esto no sucede
por casualidad; me van a permitir ustedes que diga claramente
que bajo el poder socialista España se ha ido empobreciendo.
Hablamos de situaciones que van desde el desempleo, pero más
allá incluso del desempleo, hasta la precariedad también en el
mismo empleo, trabajos sin contrato fijo, economía sumergida,
trabajos inestables y, en definitiva, en muchas ocasiones, con
el agravante de que muchos carecen de preparación, de
formación para poder encontrar un empleo. El círculo de estas
personas en desigualdad clara frente al resto de los
ciudadanos nos habla de precariedad, de marginalidad y, en
definitiva, de carencias sociales, variadas y muy importantes,
que afectan, en general, a personas, a familias y a grupos
determinados.
Por parte del proponente se ha hablado ya de las mujeres --la
pobreza se dice que tiene nombre de mujer-- y nuestro Grupo lo
hizo ya en el momento en el que intervenimos para fijar
posición en la interpelación, de que un grupo importante de
personas mayores están en esta situación; no podemos olvidar
la precariedad de un porcentaje importante de pensiones.
También hay que recordar que en España las mujeres no es raro
que estén en muchas ocasiones en esa frontera que roza el
margen de la pobreza, porque sufrimos el doble de paro que el
resto de las mujeres europeas, y las pensiones de miseria que
tienen muchas viudas en nuestro país. No me puedo olvidar, en
definitiva, de que hay un 22 por ciento de todo tipo de
pensiones que está por debajo del umbral de la pobreza, de lo
que se considera como tal, de las minorías étnicas, raciales y
de estratos sociales, como decía al principio, sin
capacitación: problema social, señorías, que considera nuestro
Grupo que el Gobierno tiene claramente enquistado. Entrando,
además en los ámbitos socioterritoriales, hay que recordar que
en los ámbitos rural y agrario hoy día hay un grupo importante
de familias que han ido descendiendo en el nivel de su vida
porque se les ha hundido su economía, provocado, en algunas
regiones y entre ellas la mía, por esa falta de la cuota de la
leche, bajada de los precios agrícolas, en definitiva, una
falta de expectativas de futuro en lo que había sido su
economía productiva. En el ámbito urbano, la pobreza y la
exclusión vienen provocadas fundamentalmente por el desempleo.
Recordemos que hay casi cuatro millones de parados
en nuestro país. Frente a esa realidad indudable se está
hablando, por otra parte, de algo que preocupa mucho a nuestro
Grupo, de una quiebra del estado del bienestar, de un futuro
incluso incierto para esas pensiones, que son precarias en
muchas ocasiones pero es lo único que permite comer a muchas
personas. Ante ello, repito, el Gobierno está paralizado, es
insensible. La resignación en el paro, en la que quieren
instalar a la sociedad española, el ir yo diría incluso
tirando no lo comparte el Grupo Popular y afortunadamente creo
que tampoco ahora lo comparte la sociedad española.
Incertidumbres de futuro, incertidumbres, en definitiva,
económicas, ambas malas para la sociedad, que provocan esa
precariedad, que provocan una inquietud y, desde luego una
insatisfacción. ¿Hay soluciones? Sí. ¿Son urgentes? También. Y
yo querría recordar cómo nuestro Grupo, preocupado por los
problemas sociales, ha presentado ya en esta Cámara diversas
iniciativas para ayudar solidariamente a los grupos más
débiles; propuestas para las mujeres, para esas familias
monoparentales, elevación de las pensiones más bajas y un
sinfín de medidas de ayuda a la familia que hoy actúa
solidariamente, dando cobertura a aquellos miembros de su
familia que estén en paro. Lo hacíamos con carácter urgente
porque ello es justo y porque es claramente social. Pero
nuestro Grupo sabe, señorías, que es necesario apostar por una
protección social activa. Es necesario que la sociedad
española recobre el dinamismo y la confianza, y para ello,
naturalmente, es necesario que se produzca un cambio en la
política económica.
El Grupo Popular lo ha venido demandando, ha presentado muchas
iniciativas y realmente nuestra petición va encauzada y
centrada en la creación de empleo. En definitiva, mayor
incorporación de la población a la actividad productiva, dando
prioridad a lo que podemos llamar la cultura del trabajo sobre
la cultura del subsidio, creando riqueza para que haya menos
personas que necesiten el subsidio y para, en cambio, poder
ayudar solidariamente y en términos de dignidad a aquellas
personas que sí necesitan la ayuda.
Ahora bien, en la situación crítica en la que están muchos
millones de españoles, necesitan de un cambio en la política
económica, pero no hemos encontrado en esta Cámara el apoyo de
otros grupos para ese giro, para ese cambio, que introduzca
dinamismo, que genere riqueza y que apueste también, de una
vez por todas, por la formación de una serie de personas que
hoy se ven imposibilitadas, por esa falta de capacitación,
para acceder a un puesto de trabajo.
Nuestra actitud es positiva. Si bien sabemos que lo urgente es
lo que hemos señalado y que es preciso un cambio en esa
política económica, nuestra voluntad de defender los
intereses, que son justos, de los ciudadanos hace que el Grupo
Popular, como anunciaba en mis primeras palabras, vaya a
apoyar esta ponencia. Termino, señor Presidente, señorías,
diciendo que en esa ponencia nuestro Grupo aportará
iniciativas ya presentadas aquí y aquéllas otras que
consideremos que puedan hacer reaccionar al Gobierno para que
cambie la actual situación, esa política paralizante que
perjudica a muchos, por no decir, de alguna manera, a todos
los españoles y de una manera muy especial --creo que nadie lo
puede discutir-- a esos cerca de ocho millones de españoles
que tienen en común una desesperanza, una marginalidad y una
precariedad y que, desde luego, tienen derecho a trabajar,
tienen derecho a un bienestar, tienen derecho a decidir. Y
esos objetivos son irrenunciables para el Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sainz.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora García
Manzanares.
La señora GARCIA MANZANARES: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, nos encontramos ante una moción
consecuencia de la interpelación urgente que sobre la pobreza
presentó el Grupo parlamentario Federal de Izquierda Unida el
pasado día 25 de mayo. Ya en el debate que tuvo lugar en la
interpelación, y también se ha repetido esta tarde, se nos
anunció la presentación de la creación de una ponencia y se
argumentó entonces y ahora por parte del Grupo proponente con
cifras, con situaciones de diversa gravedad, con índices
comparativos entre comunidades autónomas y con olvidos hacia
ocho millones de silencios y de sufrimientos, en el más puro
estilo personal y propio del señor Diputado.
Para situarnos ante un tema preocupante, doloroso, ha dicho el
Diputado del Grupo proponente que, a través de los años de
Gobierno socialista, nuestra política no ha rozado las
estructuras injustas que han producido la pobreza y que no se
ha echado cuenta de los pobres ni desde la política económica,
ni desde la política social. Cita textual del «Diario de
Sesiones» del día 25. Señorías, no quiero pensar que el señor
Diputado desconoce la política de protección social del
Gobierno, no quiero pensar que el señor Diputado desconoce las
políticas y las iniciativas que, de manera coordinada, se
están desarrollando a lo largo de todo el territorio nacional
a través de las distintas instancias de las administraciones
públicas territoriales. Quiero entender que su discurso
corresponde más bien a su particular estilo personal y desde
el cual formula la moción.
Es verdad que existen grupos de ciudadanos en nuestro país que
constituyen bolsas de pobreza, de exclusión social, de
desigualdad social, de marginación o de cuantas variaciones
semánticas queramos aplicar, y es verdad que nos preocupan
enormemente. No es verdad que mantengamos en el olvido y en el
silencio a ocho millones de ciudadanos.
El texto de la moción, desde su literalidad, y siempre según
el señor Diputado, plantea una ponencia que, a nuestro modo de
ver, es excesivamente genérica y abierta en la que se propone
iniciar políticas específicas como si partiéramos de cero,
como si se tratara de algo recién descubierto, como si nada se
hubiera hecho.
A mí me recordaba, leyendo el texto de la moción, señor
Diputado, a Luis Vives. No sé si usted ha leído un librito
maravilloso de 1525, en el cual aconseja a los señores del
Senado de Lieja que atiendan a los pobres. Se llama: «De
subventione pauperum». Se lo pasaré. Hacía una llamada a sus
conciencias de que existen pobres y que algo hay que hacer.
Señorías, señor Diputado, parece que tampoco es eso a lo largo
de todo este tiempo que llevamos de desarrollo de políticas
sociales.
El Grupo Parlamentario Socialista ha estado valorando la
posibilidad de presentar una enmienda en la línea de concretar
más el contenido de la ponencia o quizá de delimitar el ámbito
de estudio, al objeto de lograr una mayor operatividad, porque
así evitaríamos el riesgo que, a nuestro entender, tiene que
se pueda convertir en un foro de debate filosófico enormemente
interesante, es verdad, pero quizá interminable. También hemos
valorado que podría ser interpretado como intento de
limitación o quizá como el deseo de eludir algunos aspectos
del problema. Y nada más lejos de nuestra intención, señorías,
ni de nuestra total disponibilidad. Así que, no habiéndolo
hecho, adelanto la postura del Grupo parlamentario Socialista
favorable a la creación de dicha ponencia. No obstante, sí
quiero exponer, señor Diputado, alguna reflexión. Señorías, el
Gobierno socialista desde 1982 viene desarrollando una
política de protección social a través de un conjunto de
programas, medidas y recursos de diversa índole establecidas
por distintas vías, con acciones diferenciadas integrales y
coordinadas para tratar de dar respuesta a las situaciones de
desigualdad y a los colectivos y grupos más desfavorecidos,
más vulnerables y más desprotegidos. Lo hemos hecho y lo
seguiremos haciendo, como es bien sabido, desde el modelo de
organización económica socialista o socialdemócrata, como
prefieran, que pone el acento en la necesidad de la
redistribución de bienes, en el concepto de la solidaridad
que, como SS.SS. no ignoran, supone la acción protectora sobre
el total de la colectividad ejercida desde la contribución no
igualitaria de sus miembros, desde la política fiscal que
viene desarrollando el Gobierno socialista y desde las
políticas sectoriales y sociales complementarias. Ello ha
permitido, a lo largo de esta larga década, y permite atender
solidariamente y desde el sistema público al variado mosaico
de necesidades que acompañan a los diversos colectivos más
desfavorecidos. Saben sus señorías muy bien que casi siempre
confluyen carencias sociolaborales, carencias educativas,
sanitarias, de alojamiento, de integración, de integración
étnica, económicas, psicológicas, familiares y sociales de
diversa índole y no se trata exclusivamente de medidas
económicas. Se trata de desarrollo de programas de integración
social complementarios que modifiquen la forma de vida, que
potencie el grado de autovalimiento y autodesarrollo de estas
personas. En esta línea se han venido desarrollando a lo largo
de estos años los variados programas complementarios.
Esta política de acciones diferenciadoras persigue la
inserción plena de todos los ciudadanos.
Es verdad, señorías, que el pleno empleo es la mejor de las
políticas para evitar las situaciones de pobreza, de
dependencia o de exclusión, pero no es menos cierto que,
paralelamente a la promoción de empleo, el Gobierno ha venido
ampliando el sistema de protección social. No lo decimos
exclusivamente los socialistas. En los últimos años hemos
asistido a una reordenación del sistema de pensiones
contributivas, a la extensión de las pensiones no
contributivas, a las prestaciones
por desempleo y a los subsidios, a los programas
complementarios, etcétera, y SS.SS. los conocen bien. Otros
son los motivos por los cuales no los quieren decir, pero
SS.SS. saben muy bien que la realidad se impone. Sólo pretendo
constatar que tanto el Grupo Socialista como el Gobierno han
considerado de manera muy especial el incremento y el
desarrollo de los programas dedicados a los grupos más
desfavorecidos. Así se ha reflejado en el incremento producido
en los presupuestos de los últimos años y así lo han
reconocido los expertos. Solamente recordarle las conclusiones
del último seminario celebrado recientemente en Madrid, en
concreto los días 26 y 27 de mayo; casualidad, un día después
de la propuesta de S.S. El seminario sobre la pobreza en
España hoy, análisis y líneas de actuación, promovido por la
Fundación Argentaria, donde han participado destacados
sociólogos y profesores de universidad, expertos en materia de
estudio y de programas sobre la pobreza, tanto de España como
del resto de los países de la Comunidad. Sólo expondré a
SS.SS. un par de avances de conclusiones. Una de ellas dice
que, en cuanto a la situación actual y su evolución en la
última década, la población española que se sitúa bajo el
umbral de la pobreza, según la encuesta de presupuestos
familiares y con el indicador del gasto monetario, sería el
17,9 por ciento, unos 6.900.000 personas, sin ánimo de entrar
en guerras de cifras, evidentemente, las que se encontrarían
en situación de pobreza. En lo relativo a la población en
situación de pobreza severa, se encontraría tan sólo el 2,3
por ciento de los hogares.
Otra de las conclusiones dice que, en lo referente a la
situación de España, los últimos años en nuesto país se ha
realizado una clara extensión de la protección social, aunque
la cobertura de la misma es todavía de baja
intensidad ciertamente y coexisten diversas prestaciones,
derivadas del trabajo y asistenciales.
Otra de las constataciones de estos expertos es el avance en
el porcentaje del producto interior bruto en relación a la
media de los países de la Comunidad, pasando de un diferencial
por debajo de ocho puntos a otro de tres y medio. Y varias
conclusiones que, si no conocen SS.SS., sin duda tendrán
ocasión de conocer.
Me gustaría resaltar también, señorías, que en estos avances
ha jugado un papel decisivo la política social que se viene
desarrollando que, a pesar de la situación de crisis que vive
el país, ha conseguido reducir las bolsas de pobreza y paliar
sus carencias, porque, aunque el empleo ha experimentado una
regresión importante, cuando menos se ha conseguido una
extensión prácticamente universal en cuestiones claves en el
Estado de bienestar, como son la educación, la sanidad, la
protección social y los servicios sociales que, qué duda cabe,
funcionan como bolsas complementarias a aquellos programas
que, si bien es la situación económica la fundamental
carencia, complementan esa situación económica y también son
importantes.
Señorías, como les decía, vamos a apoyar la creación de esta
ponencia, pero deberán tener en cuenta que es uno de los temas
en los que contamos con más estudios recientes, estudios de la
Comunidad Europea, de Cáritas, informe Foessa, distintos
informes, el último informe de la Fundación Argentaria y
tantos informes como comunidades autónomas que han tenido sus
respectivos planes de acción de lucha contra la pobreza. Por
ello, hacemos una sugerencia, aunque quizá tenga que ser en el
propio seno de la ponencia, para delimitar algo más el
cometido de la misma, al tiempo que se deberá tener en cuenta
a todas las administraciones públicas territoriales que tienen
competencia en la materia. Existen programas de prestaciones
básicas de servicios sociales. El Ministerio de Asuntos
Sociales ha venido destinando, desde la puesta en marcha de
este programa, más de 40.000 millones de pesetas, que se
multiplican por tres al concertar con las comunidades
autónomas y con los ayuntamientos el desarrollo de los mismos.
Respecto a los programas de rentas mínimas de inserción,
discrepo con S.S. en cuanto a que son exclusi-vamente rentas
de miseria. Sabe perfectamente que no solamente se trata de
los 20.000 millones de pesetas que vienen dedicándole desde
1992 las comunidades autónomas, sino de cantidad de programas
de educación, de inserción social, de apoyo social a aquellos
colectivos más desestructurados, apoyos que se complementan
con programas de integración sociolaboral, de entrenamiento
social, de autodesarrollo personal, y que son tremendamente
importantes para poner a estos ciudadanos en condiciones de
acceder al mercado laboral.
El señor PRESIDENTE: Señora García Manzanares, le ruego que
concluya.
La señora GARCIA MANZANARES: Existen también los programas de
la Comunidad Europea.
Efectivamente, vamos a apoyar la creación de esta ponencia,
quizás con esta llamada en el sentido de centrar un poquito el
tema en aras a una mayor operatividad y desde el análisis
comparativo y compartido de todos los programas y de todas las
medidas que existen, junto a las medidas generales de
protección social del Gobierno. Seguramente podremos
complementar aquellas medidas que resulten insuficientes,
corregir aquellas que veamos inadecuadas o, en su caso,
iniciar nuevas políticas, si así lo creyéramos oportuno.
Nada más y muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora García Manzanares.
Vamos a proceder a la votación correspondiente a la moción del
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 289; a favor, 289.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción.
El Pleno se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las nueve y cinco minutos de la tarde.