Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 72, de 17/05/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1994 Núm. 72 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 71
celebrada el martes, 17 de mayo de 1994
Página
ORDEN DEL DIA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
--Del Parlamento de Galicia, sobre transferencia a la
Comunidad Autónoma de Galicia de la competencia estatal en
materia de puertos de interés general. «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie B, número 1.1, de 7 de julio de 1993
(número de expediente 125/000002) (Página 3601)
--Variaciones en el orden del día (Página 3611)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Continuación):
--Del Parlamento de Galicia, sobre modificación del artículo
82 de la Ley General de Sanidad estatal, en lo referente al
financiamiento de la asistencia sanitaria de la Seguridad
Social. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B,
número 3.1, de 7 de julio de 1993 (número de expediente
125/000003) (Página 3611)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
modificación del artículo 340 bis a), apartado 1.º, del Código
Penal, con el fin de tipificar la conducción de un ciclomotor
bajo la influencia de bebidas alcohólicas y otras sustancias
estimulantes (Orgánica.) «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie B, número 66.1, de 21 de marzo de 1994
(número de expediente 122/000053) (Página 3620)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, sobre regulación de la interrupción
voluntaria del embarazo. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie B, número 40.1, de 22 de noviembre de 1993
(número de expediente 122/000030) (Página 3625)
--De los Grupos Socialista, Popular en el Congreso, Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Catalán (CiU), Vasco
(PNV), Coalición Canaria y Mixto, de reforma del Reglamento
del Congreso de los Diputados sobre publicidad de las
Comisiones de Investigación (número de expediente 410/000004)
(Página 3631)
Proposiciones no de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que
se interesa la remisión a los Jueces de Vigilancia
Penitenciaria y al Congreso de los Diputados de aquellas
circulares que emanen en lo sucesivo de la Secretaría de
Estado de Asuntos Penitenciarios y que sean de obligado
cumplimiento para los directores de los centros
penitenciarios. «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie D, número 76, de 22 de marzo de 1994 (número de
expediente 162/000086) (Página 3637)
--Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por
la que se propone la libertad de amortización para las
inversiones generadoras de empleo. «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie D, número 26, de 8 de noviembre de
1993 (número de expediente 162/000042) (Página 3642)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número
73, de 18 de mayo de 1994.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 3601)
Del Parlamento de Galicia, sobre transferencia a la Comunidad
Autónoma de Galicia de la competencia estatal en materia de
puertos de interés general (Página 3601)
Defiende la proposición de ley, en nombre del Parlamento de
Galicia, el Diputado de aquel Parlamento señor Vila Pérez,
manifestando que presentan esta proposición ante las Cortes
Generales por afectar a una materia que excede del marco
competencial autonómico, por lo que buscan la transferencia de
competencias y de los medios económicos correspondientes a los
puertos de interés general de La Coruña, El Ferrol,
Villagarcía, Marín y Vigo. Expone que la distinción entre
puertos de interés general del Estado y puertos de la
Comunidad Autónoma no está justificada por la función
económica estratégica que cumplen sino simplemente por el
tamaño y volumen del tráfico. Aboga por la modernización de
las vías de comunicación terrestres con el resto de la
península y Europa, sin lo cual los puertos gallegos no pueden
aprovechar sus extraordinarias condiciones naturales para
convertirse en grandes y eficaces puertos aduaneros.
Agrega que la transferencia a las instituciones autonómicas de
los puertos de interés general facilita una planificación
conjunta de todos los puertos de Galicia, con la participación
de todos los sectores económicos, sociales y territoriales
afectados, y asimismo facilita una gestión comercial apropiada
de la que carecen hoy los puertos gallegos y que deben
constituir la base principal de su modernización.
Termina señalando que la Constitución española y el Estatuto
de Autonomía gallego posibilitan la transferencia de estas
competencias y el sentido común lo aconseja, por lo que sólo
hace falta la voluntad política necesaria para llevarlo a
efecto. Confía en que esa voluntad política mayoritaria salga
hoy de esta Cámara, que es la de todos los pueblos de España.
Completa la defensa de la proposición de ley, en nombre del
Parlamento de Galicia, el señor Trigo Durán, manifestando que
Galicia y su Parlamento reclaman en este momento una
transferencia competencial en materia de puertos porque
Galicia considera que donde hay intereses propios gallegos
tienen que tener competencias. Considera que la mayoría de
estos puertos tienen la calificación de
interés general en función de que en algún momento tuvieron
relación con las Fuerzas Armadas y no por razón del comercio,
ya que, en este caso, el Estado se habría ocupado de que
aquellos puertos tuviesen buenas comunicaciones para que
pudiesen servir de relación comercial en el ámbito de todo el
Estado y que los productos de Castilla y de otras partes del
Estado pudiesen salir a través de Galicia. Lamentablemente,
estos puertos para lo único que han servido ha sido para la
emigración en el pasado, ya que Galicia permanece totalmente
aislada, cuando lo que necesita es un proyecto integral
económico y un proyecto de planificación económica que no se
puede realizar teniendo cinco fielatos fuera de su
jurisdicción. Exige, por tanto, que estos puertos pasen a su
competencia, porque es la única manera de que puedan entrar en
un proyecto económico integral de la Comunidad Autónoma. En
turno de fijación de posiciones intervienen los señores
Albistur Marín, del Grupo Mixto; Olarte Cullen, del Grupo de
Coalición Canaria; Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco
(PNV); Nadal i Male, del Grupo Catalán (Convergència i Unió);
Andreu Andreu, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya; Fernández de Mesa Díaz del Río, del Grupo Popular,
y Jerez Colino, del Grupo Socialista.
Sometida a votación la proposición debatida, es rechazada por
132 votos a favor, 170 en contra y una abstención.
Variaciones en el orden del día (Página 3611)
El señor Presidente somete al Pleno de la Cámara, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del
Reglamento, la exclusión del orden del día de la presente
sesión del dictamen de la Comisión Mixta del Tribunal de
Cuentas sobre la cuenta general del Estado correspondiente a
1990 y resoluciones adoptadas por la misma.
Se aprueba por asentimiento dicha exclusión del orden del día.
Asimismo se somete al Pleno de la Cámara, de conformidad
igualmente con el artículo 68 del Reglamento, la inclusión en
el orden del día de la presente sesión de la toma en
consideración de la proposición de los Grupos Socialista,
Popular, Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
Catalán (Convergència i Unió), Vasco (PNV), Coalición Canaria
y Mixto, de reforma del Reglamento del Congreso de los
Diputados sobre la publicidad de las Comisiones de
Investigación.
Se aprueba por asentimiento la inclusión de este punto en el
orden del día.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Continuación)
(Página 3611)
Del Parlamento de Galicia, sobre modificación del artículo 82
de la Ley General de Sanidad estatal, en lo referente al
financiamiento de la asistencia sanitaria de la Seguridad
Social (Página 3611)
En nombre del Parlamento de Galicia defiende la proposición de
ley el señor Vázquez Vázquez, postulando la modificación del
artículo 82 de la Ley General de Sanidad en lo referente a los
criterios de financiación de los servicios transferidos a las
comunidades autónomas. Afirma que Galicia es un país
periférico, secularmente marginado por el poder central,
siendo el pueblo gallego cada vez más consciente de su propia
identidad y, en consecuencia, cada vez está menos dispuesto a
seguir tolerando las actuaciones arbitrarias a las que se ve
sometido una y otra vez. No vienen a pedir un trato de favor
en la financiación de la sanidad pública gallega sino a exigir
un trato justo e igualitario que les permita equiparar la
atención a sus ciudadanos con los del resto del país.
Agrega que la aplicación del modelo de financiación
establecido en el artículo 82 de la Ley General de Sanidad
perjudica claramente a Galicia y la impide recuperar el
terreno perdido en los últimos años en materia de recursos
sanitarios, por lo cual el Parlamento de la Comunidad Autónoma
aprobó por unanimidad una proposición de ley de modificación
del citado artículo 82, de manera que la financiación de estos
servicios sanitarios gallegos se realizase en función de los
criterios que expone a la Cámara. Considera evidente que se
necesitan más recursos para atender a las necesidades de una
población más dispersa que los de una población más
concentrada y que criterios iguales no pueden servir para
aplicar a realidades diferentes, todo lo cual justifica, a su
entender, la toma en consideración de la proposición de ley.
Continúa la defensa de la proposición de ley el Diputado del
Parlamento gallego señor Cerviño González, que desea dejar
constancia en esta Cámara de que el Grupo de los Socialistas
de Galicia apoyó en su día con su voto esta proposición de
ley, que fue aprobada por unanimidad en la Cámara autonómica.
En consecuencia, aunque son conocedores de que se está
estudiando la modificación del sistema general de financiación
de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, creen que
es coherente en este momento pedir a esta Cámara el voto
favorable a la proposición de ley, pero además de coherente
es justo desde el punto de vista de la defensa de los
intereses colectivos de Galicia, aunque a veces entren en
contradicción con los intereses generales del Estado, porque
cuando se trata de cuestiones secundarias los intereses
locales son también intereses españoles y la suma de todos
ellos es la que ha de constituir la base más sólida para el
asentamiento de una democracia.
Facilita algunos datos sobre los gastos sanitarios en Galicia,
comparándolos con los relativos al resto del Estado, y afirma
que, de aprobarse la proposición de ley, se aceleraría el
proceso de igualdad territorial que los gallegos necesitan en
ésta y en otras cuestiones.
Completa la defensa de la proposición de ley, en nombre del
Parlamento de Galicia, el señor Rodríguez Pérez, señalando
que, a su entender, ya los compañeros que le han precedido han
aducido razones de peso en favor de la proposición de ley, una
iniciativa que parte de la oposición en el Parlamento de
Galicia, pero que fue aprobada unánimemente, lo cual indica su
carácter no partidista. Alude a los antecedentes del artículo
82 de la Ley General de Sanidad, con una redacción distinta a
la que finalmente fue aprobada, redacción que resulta
perjudicial para la Comunidad Autónoma gallega, y termina
pidiendo el voto favorable para la proposición de ley, que no
supone ningún privilegio sino, muy al contrario, una petición
de mera justicia. Para fijación de posiciones interviene el
señor Cardona i Vila, del Grupo Catalán (Convergència i Unió);
la señora Maestro Martín, del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya; el señor Gómez Vázquez, del Grupo Popular, y la
señora Mendizábal Gorostiaga, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, es rechazada la proposición de ley
debatida por 140 votos a favor, 159 en contra y seis
abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
modificación del artículo 340 bis a), apartado 1.º, del Código
Penal, con el fin de tipificar la conducción de un ciclomotor
bajo la influencia de bebidas alcohólicas y otras sustancias
estimulantes (Página 3620)
En defensa de la proposición de ley del Grupo Popular
interviene el señor Cotoner Goyeneche, postulando la inclusión
de los ciclomotores junto a los demás vehículos de motor en la
redacción del artículo 340 bis a) del Código Penal. Aclara que
hastael presente únicamente se han venido considerando
incluidos en la redacción de este artículo los vehículos de
motor, entre los cuales no se consideran los ciclomotores,
debido a que en el Real Decreto legislativo 339/90, por el que
se aprueba el texto articulado de la ley sobre el tráfico,
conducción de vehículos a motor y seguridad vial, se excluye
expresamente a los mismos. Agrega que la introducción del
artículo 340 bis a) en el Código Penal tuvo su fundamento en
la necesidad de política criminal de aumentar los supuestos de
conducción temeraria ante la alarma social que estaban
originando ciertos comportamientos, como el caso de los
llamados conductores suicidas, pero el legislador no pareció
tener en cuenta que igual riesgo se derivaba de la conducción
de otro tipo de vehículos, como son los ciclomotores, sobre
todo teniendo en cuenta que son los jóvenes las personas más
afectadas por la siniestralidad y la accidentalidad vial por
este tipo de conducción. De ahí la importanciade tipificar
esta conducta, derivada de la incidencia en la seguridad vial
de este tipo de conducción.
Facilita numerosas cifras sobre accidentes de tráfico en los
últimos años en apoyo de la tesis que viene manteniendo y
concluye solicitando el voto favorable para la toma en
consideración de la presente proposición de ley. Para fijación
de posiciones hacen uso de la palabra los señores Camp i
Batalla, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); López
Garrido, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya; González Lizondo, del Grupo Mixto; Olarte Cullen,
de Coalición Canaria, y De la Rocha Rubí, del Grupo
Socialista.
Sometida a votación, se aprueba la proposición de ley del
Grupo Popular por 301 votos a favor.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre regulación de la interrupción voluntaria
del embarazo (Página 3625)
En nombre del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya defiende la proposición de ley la señora Urán
González. Comienza señalando que no es la primera vez que su
Grupo defiende esta proposición en la Cámara, pero la siguen
presentandodado que el marco legal en que se mueve la
interrupción voluntaria del embarazo desde que se aprobó la
ley vigente en 1985 sigue exactamente igual, manteniéndose,
por tanto, las incidencias que han venido denunciando a lo
largo de estos años. Afirma que se trata de una ley que no
cubre las necesidades de las mujeres, a las que sigue
considerando con una minoría de edad que no las permite la
libre decisión de una maternidad responsable y tampoco las
permite el derecho a la intimidad
en un acto que a ninguna mujer la gusta tener que adoptar,
pero al que las circunstancias posiblemente las obliga. Agrega
que su Grupo sigue manteniendo la necesidad de una ley de
plazos que permita que las mujeres decidan libremente, dentro
de las dieciséis primeras semanas de gestación, si quieren o
no ser madres, y al mismo tiempo plantean en su proposición
que tiene que aumentarse la planificación familiar y, por
supuesto, defender y proteger la intimidad de las mujeres.
También plantean y defienden que la interrupción voluntaria
del embarazo ha de ser en la red sanitaria pública y gratuita
para todas aquellas mujeres que libremente decidan si quieren
o no ser madres, e igualmente pretendenque se regule la
objeción de conciencia de manera que los profesionales que se
nieguen a practicar interrupciones del embarazo en la sanidad
pública tampoco las puedan practicar en la sanidad privada.
Concluye señalando que los planteamientos que formula en la
proposición constituyen un marco abierto al debate, ya que si
bien entienden que este marco es el adecuado, igual puede
serlo otro cualquiera para analizar el tema y buscar el
consenso necesario en esta Cámara, a fin de conseguir que sin
más demora las mujeres puedan decidir libremente cuándo
quieren ser madres. Para fijación de posiciones interviene la
señora Rahola i Martínez, del Grupo Mixto; el señor Olabarría
Muñoz, del Grupo Vasco (PNV); el señor Cardona i Vila, del
Grupo Catalán (Convergència i Unió) y las señoras Rudi Ubeda,
del Grupo Popular, y Pelayo Duque, del Grupo Socialista.
Interviene de nuevo la señora Urán González, manifestando que,
a la vista de lo expuesto por la portavoz del Grupo
Socialista, haciendo un compromiso firme de que el Gobierno
traerá a la Cámara el proyecto de ley de interrupción
voluntaria del embarazo, junto con el Código Penal, antes del
30 de julio, su Grupo retira la proposición de ley, aclarando
que si tal compromiso no se cumple el 1 de septiembre volverán
a presentarla nuevamente a la Cámara.
De los Grupos Socialista, Popular en el Congreso, Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Vasco (PNV)
Coalición Canaria y Mixto, de reforma del Reglamento del
Congreso de los Diputados sobre publicidad de las Comisiones
de Investigación (Página 3631)
El señor Cuesta Martínez, en nombre del Grupo Socialista,
recuerda la resolución aprobada el pasado 20 de abril, con
motivo del debate de política general sobre el estado de la
Nación, en relación con el funcionamiento de las comisiones de
investigación y la necesidad de reforma del Reglamento de la
Cámara. Alude al tratamiento que a dichas comisiones se les da
en la legislación comparada y afirma que el secreto
sistemático e injustificado puede producir, en términos
democráticos, efectos perversos, resultando en ocasiones que
el propio secreto genera indefensión en el ciudadano si
trasciende una información incorrecta y falsa sobre una
comparecencia. Por consiguiente, se hace preciso dar un paso
más en la transparencia del funcionamiento de las
instituciones, levantando el carácter secreto de las
comparecencias ante las comisiones de investigación en
determinadas circunstancias. Menciona también las excepciones
que proponen al principio de publicidad, señalando que es
necesario combinar publicidad y garantías, publicidad y
seguridad del Estado y publicidad y funcionamiento del Poder
judicial, sin merma alguna de la independencia de los jueces y
de la propia investigación judicial.
En definitiva, con la reforma se pretende potenciar,
racionalmente y con responsabilidad, la transparencia de la
Cámara con una resolución consensuada que signifique un paso
importante que combine garantías, secreto, razones de
seguridad, independencia del Poder Judicial, publicidad y
transparencia de las instituciones.
La señora De Palacio Valle-Lersundi, en nombre del Grupo
Popular, comienza lamentando la confusión que se sigue
manifestando por parte del Ejecutivo entre lo que es el
Legislativo y lo que es el propio Poder Ejecutivo, a la vista
de recientes declaraciones del Secretario General del Portavoz
del Gobierno. Aclarando lo anterior, se alegra de que esta
disposición sea aprobada por unanimidad de la Cámara, porque
va a suponer una mayor agilidad, vitalidad y transparencia en
relación con uno de los instrumentos de control que se ha
revelado como más útil, más práctico y adecuado para conseguir
precisamente ese equilibrio de poderes entre el Legislativo y
el Ejecutivo.
Coincide con su antecesor en el uso de la palabra en relación
con las soluciones previstas en la legislación comparada que,
lógicamente, se ha tenido en cuenta al elaborar esta
proposición de ley, y espera que el consenso alcanzado en esta
modificación concreta del Reglamento tenga continuación en un
acuerdo próximo para que estas comisiones de investigación se
conviertan en un derecho de una minoría cualificada, con las
limitaciones a que dé lugar.
El señor Ribó Massó, en nombre del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, manifiesta que su Grupo ha sido
partidario siempre de que las comisiones de investigación
fueran públicas, por un principio elemental de trasparencia y
de publicidad ligado a la idea de la democracia. De hecho, en
este momento ya son públicas, toda vez que cada uno hace de su
capa un sayo, señalando que no todos los grupos de la Cámara,
ni mucho menos los mayoritarios, han sido siempre partidarios
de que las comisiones de investigación tuvieran carácter
público, como pudo comprobarse durante la elaboración de los
diversos proyectos de Reglamento. En representación del Grupo
Catalán (Convergència i Unió), el señor López de Lerma i López
señala que su propuesta sobre el carácter público de las
comisiones de investigación la vienen manteniendo desde hace
años, aunque no prosperó en el seno de la ponencia que
intentaba revisar el Reglamento de la Cámara. En este momento
no importa tanto la autoría de la proposición de ley como el
contenido concreto de la misma, que su Grupo avala, primero,
para reforzar el principio de publicidad que preside la
actividad del Parlamento y, en segundo lugar, para reforzar la
tutela constitucional de los derechos fundamentales.
El señor González de Txabarri Miranda, en nombre del Grupo
Vasco (PNV), considera que la publicidad y la transparencia de
las comisiones de investigación puede ayudar en algunos de los
aspectos incluidos dentro de la misma investigación, aunque no
debiera ser el único criterio a tener en cuenta en relación
con este tipo de comisiones. Alude, por otra parte, al hecho
de que no respetar el secreto de dicha comisión o no trabajar
con suficiente rigor y eficacia puede provocar que los
derechos de algunos ciudadanos o de terceros puedan verse
gravemente afectados. De ahí que resalte la necesidad de
actuar con responsabilidad suficiente ante materias tan
delicadas como las que están contemplando en este momento al
tratar de la reforma del Reglamento de la Cámara.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, el señor Mardones
Sevilla destaca la importancia de la transparencia y la
publicidad en los trabajos de la Cámara, afirmando que la
modificación del artículo 64 del Reglamento es positiva,
porque permite que lo normal en las comisiones de
investigación sea el principio de transparencia y publicidad y
la excepción sea su carácter secreto. De ahí su apoyo
solidario a la modificación que se propone.
El señor Mur Bernad, del Grupo Mixto, se alegra del consenso
que en este momento existe respecto a la proposición de ley,
esperando que continúe a lo largo de su tramitación
parlamentaria, respecto a lo cual su Grupo anuncia ya la
presentación de algunas enmiendas. Menciona también la
necesidad de combinar publicidad y garantías e intimidad de
los comparecientes en estas comisiones, y de ahí la necesidad
de actuar con prudencia en la importante cuestión que les
ocupa. Sometida a votación, se aprueba la proposición de ley
debatida por 294 votos a favor, uno en contra y una
abstención.
Proposiciones no de ley (Página 3637)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se
interesa la remisión a los Jueces de Vigilancia Penitenciaria
y al Congreso de los Diputados de aquellas circulares que
emanen en lo sucesivo de la Secretaría de Estado de Asuntos
Penitenciarios y que sean de obligado cumplimiento para los
directores de los centros penitenciarios (Página 3637)
El señor Gil Lázaro defiende la proposición no de ley del
Grupo Popular, manifestando que la misma responde a la
necesidad de contribuir a solventar un conflicto prolongado
entre la Administración de justicia y la Administración
penitenciaria y, por lo mismo, contribuir a garantizar la
plena efectividad de los principios de legalidad y de
seguridad jurídica en el marco del ejercicio de la legítima
potestad auto-organizativa de esa misma Administración
penitenciaria.
La proposición pretende conseguir que los Juzgados de
Vigilancia Penitenciaria tengan un conocimiento inmediato del
contenido de estas circulares, a fin de superar una de las
principales disfuncionalidades del actual sistema y, por lo
mismo, que este Congreso tenga también constancia de ese
contenido, dado el papel vertebrador que estas circulares
vienen desempeñando en nuestra práctica penitenciaria. Desde
este conocimiento judicial y parlamentario pretenden propiciar
una mejor posibilidad de control sobre estas circulares a
efectos de que las mismas ni orillen ni traspasen los
contenidos y el sentir esencial del ordenamiento penitenciario
vigente.
El señor Rodríguez Zapatero, en representación del Grupo
Socialista, defiende la enmienda presentada a la proposición
no de ley. Para fijación de posiciones, intervienen los
señores González Lizondo, del Grupo Mixto; Casas i Bedos, del
Grupo Catalán (Convergència i Unió), y señora Aguilar Rivero,
del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Popular
en los términos resultantes de la aceptación de la enmienda
del Grupo Socialista, es aprobada por 291 votos a favor y una
abstención.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la
que se propone la libertad de amortización para las
inversiones generadoras de empleo (Página 3642)
El señor Sánchez i Llibre defiende la proposición no de ley
del Grupo Catalán (Convergència i Unió), manifestando que
desde el inicio de esta legislatura su Grupo ha defendido con
insistencia que la salida de la crisis pasa inexorablemente
por el fomento de la economía productiva, y cree que los
hechos les están dando la razón. Menciona algunos indicadores
que parecen apuntar a que se encuentran en el buen camino,
aunque su responsabilidad como políticos y representantes de
los ciudadanos les obliga a cuestionarse de qué manera pueden
contribuir al asentamiento de una fase expansiva de nuestra
economía. Añade que su primer deber es proporcionar
estabilidad y confianza en las instituciones, pero, acto
seguido, deben adoptar todos aquellas medidas de estímulo
económico susceptibles de consolidar la tan deseada
recuperación, porque la superación de la crisis ha de ser en
esta Cámara un objetivo común y sin fisuras, por encima de
cualquier interés electoral o partidista. Afirma finalmente
que la proposición no de ley sobre libertad de amortización
supone una gran dosis de confianza, por lo que puede influir
notablemente en el avance de unas inversiones que, por fuerza,
mejorarán la situación económica de España. Cree que deben
ayudar a anticipar la decisión de los inversionistas en
beneficio de la economía productiva, abordando de manera
decidida una política de estímulos que fomente la inversión,
al igual que están haciendo los países más avanzados de
nuestro entorno. En defensa de las enmiendas presentadas
intervienen el señor Costa Climent, del Grupo Popular, y la
señora Aroz Ibáñez, del Grupo Socialista. En turno de fijación
de posiciones intervienen los señores Albistur Marín, del
Grupo Mixto; Zabalía Lezámiz, del Grupo Vasco (PNV), y Ribó
Massó, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), en los términos resultantes de la
aceptación de las enmiendas presentadas a lo largo del debate,
fue aprobada por 255 votos a favor, uno en contra y 12
abstenciones.Se suspende la sesión a las diez y cinco minutos
de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
--DEL PARLAMENTO DE GALICIA, SOBRE TRANSFERENCIA A LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA DE LA COMPETENCIA ESTATAL EN
MATERIA DE PUERTOS DE INTERES GENERAL (Número de expediente
125/000002)
El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión.
Punto primero del orden del día: toma en consideración de
proposiciones de ley. Proposición de ley del Parlamento de
Galicia sobre transferencia a la Comunidad Autónoma de Galicia
de la competencia estatal en materia de puertos de interés
general. Para la defensa de esta proposición de ley, en nombre
del Parlamento de Galicia, tiene la palabra, en primer lugar,
don José Manuel Vila Pérez.
El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE GALICIA (Vila Pérez):
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, buenas tardes.
Me cabe el honor de defender ante esta Cámara la toma en
consideración de la proposición de ley de transferencia a la
Comunidad Autónoma de Galicia de la competencia estatal en
materia de puertos de interés general, conjuntamente con mis
compañeros don José Antonio Ventoso Mariño, del Grupo
Parlamentario Socialista, y don Francisco Trigo Durán, del
Grupo Parlamentario del Bloque Nacionalista Gallego.
Constituye para mí una doble satisfacción personal y política.
Por un lado, la satisfacción de poder hablar por primera vez
ante esta Cámara y, por otro, el hacerlo en nombre y
representación del Parlamento gallego. No quisiera comenzar mi
intervención sin recordar al autor proponente de esta
iniciativa legislativa, el ex Diputado y compañero don Camilo
Nogueira Román, del Partido Socialista Galego Esquerda Galega,
incansable trabajador por los intereses de Galicia, que a buen
seguro seguirá con suma atención el desenlace de este debate.
Señor Presidente, señorías, utilizando el mecanismo previsto
en el artículo 87.2 de nuestra Constitución y el artículo 10,
letra f), de nuestro Estatuto de Autonomía, traemos a debate
esta proposición de ley que fue aprobada mayoritariamente por
el Parlamento gallego.
Presentamos esta proposición ante las Cortes Generales por
tratarse de una materia que excede de nuestro marco
competencial, y buscamos la transferencia de competencias y de
los medios económicos presupuestarios correspondientes de los
puertos de interés general de La Coruña, El Ferrol,
Villagarcía, Marín y Vigo. El conjunto de los puertos de
Galicia, en su dedicación al comercio de mercancías y
específicamente la pesca, tiene una profunda unidad y una gran
interrelación con la economía gallega a la que sirven y de la
que dependen. La distinción entre puertos de interés general
del Estado y puertos de la comunidad autónoma no está
justificada por la función económico-estratégica que cumplen.
La distinción no tiene en Galicia más explicación que el
tamaño y el volumen de tráfico; ni su dedicación básica ni el
carácter de su interland de influencia justifican la
separación. El desarrollo económico de un país depende, con
otros factores, de la extensión de los mercados comprendidos,
que en esta época está básicamente condicionada por las
infraestructuras de transporte. Para ello, Galicia cuenta con
una singular
configuración de puertos naturales dentro de sus más de 1.300
kilómetros de costa, cerca de un quinto de la costa
penínsular, que han de facilitar la eficacia del transporte
marítimo a través del cual se efectúa en el mundo el mayor
volumen de tráfico relacionado con la exportación. Galicia
tiene, posiblemente, los mejores muelles naturales de Europa y
todavía los más importantes puertos de pesca, los de Vigo y La
Coruña, del continente. Pero a pesar de sus condiciones
naturales, los puertos gallegos no disfrutan en conjunto de la
vitalidad debida en el tráfico de mercancías. El interland de
los puertos gallegos, o sea el territorio que traslada a un
puerto determinado, como mínimo, el 70 por ciento de su
transporte marítimo, está reducido a la propia Galicia, en
tanto que los grandes puertos europeos extienden su influencia
comercial hasta el corazón del
continente. Otros puertos españoles, como los del Cantábrico,
extienden su interland hasta el mismo centro de la península.
A partir de los límites geográficos de Galicia existe una
auténtica barrera para el tráfico portuario, en
correspondencia con las extremas dificultades que caracteriza
el tráfico por carretera y ferrocarril, debido a las
deficientes infraestructuras
existentes. Se demuestra así la urgente necesidad de una
actuación simultánea y urgente sobre el conjunto de los medios
de transporte y vías de comunicación que afectan a Galicia.
Sin la modernización de las vías de comunicación terrestre con
la península y con Europa, los puertos gallegos no pueden
aprovechar sus extraordinarias condiciones naturales para
convertirse en grandes y eficaces puertos atlánticos.
Por otra parte, es evidente que los puertos gallegos ni
siquiera aprovechan las posibilidades de una actuación
conjunta. Los puertos de Vigo y de La Coruña están total y
radicalmente incomunicados entre sí, debido tanto a las
deficientes
comunicaciones por carretera y especialmente por ferrocarril
entre las dos principales ciudades gallegas como a la
dependencia centralizada de su gestión desde la Administración
central. De los puertos depende una parte principal de la
economía de las ciudades costeras gallegas, acercándose, en el
caso de La Coruña y Vigo, al 30 por ciento de su base
económica, de tal modo que las principales urbes de Galicia,
también en el caso de Ferrol, Villagarcía y Marín, se explican
en su desarrollo precisamente por las actividades marítimas y
portuarias. La transferencia a las instituciones autonómicas
de los puertos de interés general facilita una planificación
conjunta de todos los puertos de Galicia, con la participación
de todos los sectores económicos, sociales y territoriales
afectados y a la creación de un sistema de transporte interno
y externo que proyecte la economía gallega cara a la península
y cara a Europa. Por otra parte, la
transferencia facilita una gestión comercial apropiada de la
que carecen hoy los puertos gallegos y que debe constituir la
base principal de su modernización.
La Constitución española, a través del artículo 150.2 y el
Estatuto de Autonomía a través de los artículos 27.32, 29.5 y
36 posibilita la transferencia de competencias susceptibles
por su propia naturaleza de serlo, circunstancia que cumplen
las competencias de desarrollo legislativo y ejecución en
materia de puertos de interésgeneral determinado por el
artículo 149.20 de la Constitución. Realizada la transferencia
de competencias, se efectuará la correspondiente a los
servicios y medios de
financiación correspondientes. Por estos motivos, y con
fundamento en los artículos 150.2 de la Constitución y 36.1
del Estatuto de Autonomía, esta ley contempla igualmente la
recalificación de los puertos de Villagarcía y Marín, que no
disfrutarán de la calificación de puertos de interés general
del Estado, y de los puertos pesqueros de La Coruña, Ferrol y
Vigo que, igualmente, dejarán de estar sujetos a tal
calificación. En consecuencia, estos puertos pasarán a la
competencia de la comunidad autónoma en los términos de los
artículos 27.9 y 28.6 respectivamente del Estatuto de
Autonomía.
Señorías, me atrevería a decir que la proposición de ley en su
formulación denota, por su timidez en algunos puntos, el deseo
inequívoco de avanzar y de dar pasos hacia adelante, en
definitiva, el deseo de que sea tomada en consideración. Somos
conscientes de que estas proposiciones, cuando se toman en
consideración, deben seguir un trámite; trámite en el que
seguramente se podrá mejorar la redacción actual, pues no
debemos ignorar los cambios experimentados desde su
formulación en marzo de 1990, con una nueva ley de puertos,
una nueva coyuntura política, en definitiva, una nueva forma
de ver las cosas. Abrirá, asimismo, un
camino para otras comunidades hermanas para las que los
puertos son de vital importancia. (Rumores.)
Este humilde Diputado que les habla, vinculado al mundo del
mar y de la pesca...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Vila.
Señorías, ruego guarden silencio.
El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE GALICIA (Vila Pérez):
Decía, señor Presidente, que este humilde Diputado que les
habla, vinculado al mundo del mar y de la pesca, les puede
asegurar que la falta de control sobre estos puertos, por
parte de la
comunidad autónoma, hace que se conviertan en auténticos
quistes a la hora de planificar la política pesquera. Señoras
y señores Diputados, a las autonomías que nos hemos dado hay
que dotarlas de contenido y, sin caer en la política del
quítate tú que me pongo yo, hay competencias que
razonablemente deben seguir en manos del Estado y otras, como
la que nos ocupa, que deben pasar a las comunidades autónomas
en bien del interés general. La Constitución española y el
Estatuto de Autonomía, a través de los artículos
referenciados, posibilitan la transferencia de estas
competencias. El sentido común, sin duda la mejor constitución
del mundo, lo aconseja; sólo nos hace falta la voluntad
política necesaria de llevarla a efecto. Confiamos en que esa
voluntad política mayoritaria salga hoy de esta Cámara, que es
la Cámara de todos los pueblos de España.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señoras y
señores Diputados. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vila.
Para la defensa de la misma proposición, en nombre del
Parlamento de Galicia, tiene la palabra don Francisco Trigo
Durán.
El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE GALICIA (Trigo Durán):
Señor Presidente, señorías, buenas tardes.
Permítaseme dirigir un saludo porque hoy es un día importante
en nuestro país, el día de las Letras gallegas, en que
recordamos a Luis Seoane, que fue una de las personas que
originó que hoy Galicia pueda ser reconocida en el Estado como
una nacionalidad histórica, aunque Galicia es una nación para
los que así
confesamos nuestra ideología política.
Señoras y señores Diputados, Galicia y su Parlamento reclaman
en este momento una transferencia competencial en materia de
puertos, porque se considera que donde hay intereses propios
Galicia tiene que tener competencias. No podemos permitir que
la Ley de Puertos del año 1928, reformada por la Ley de
Puertos y de Marina Mercante de 1992, mantenga 27 puertos de
interés general, entre ellos cinco gallegos; realmente el
título de interés general no se ha visto compensado por ningún
lado. (Rumores.) Se dice en la Ley de Puertos del año 28...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Trigo.
Señorías, ruego guarden silencio.
El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE GALICIA (Trigo Durán): Se
dice en la Ley de Puertos del año 28, y es el mismo espíritu
que recoge la Ley de Puertos y de Marina Mercante de 1992, que
los puertos se declaran de interés general por servir y
relacionar el comercio de varias provincias o regiones. Tengo
que decir que, curiosamente, las únicas provincias que se
pueden relacionar con los puertos de interés general de
Galicia, en función de la falta de comunicaciones que estamos
padeciendo los gallegos, son las provincias gallegas. Ese es
un argumento para que los puertos de interés general pasen a
ser competencia de la comunidad autónoma. No hay que olvidar
que muchos pensamos que Vigo, Villagarcía, Coruña, Ferrol y
Marín son puertos de interés general en función de que en
algún momento tuvieron relación con las Fuerzas Armadas, y la
prueba es que tres de ellos son comandancias de Marina, que
Ferrol es base naval y Marín tiene la Escuela Naval Militar.
Esa creemos que fue la razón y no la razón del comercio,
porque si fuese la razón del comercio el Estado español se
habría ocupado de que nuestros puertos tuviesen buenas
comunicaciones para que pudieran servir de relación comercial
en el ámbito de todo el Estado, para que los productos, por
ejemplo, de Castilla y de otras partes del Estado pudiesen
salir por Galicia.
Lamentablemente, nuestros puertos para lo único que han
servido es para ser puertos de emigración en la cuestión del
pasaje. En este momento, señoras y señores Diputados, estamos
en una situación en que la falta de comunicaciones hace que
Leixoes y Viana do Castelo en Portugal estén en competencia
con un puerto como el de Vigo, que está cayendo de una manera
brutal en sus ingresos y en su tráfico de mercancías.
Galicia, señoras y señores Diputados, está totalmente aislada
Galicia necesita un proyecto integral económico, y un proyecto
de planificación económica no se puede hacer teniendo cinco
fielatos fuera de la jurisdicción de nuestra nación. Exigimos,
por tanto, que los puertos pasen a nuestra competencia porque
es la única manera de que Vigo, Villagarcía, Marín, La Coruña
y Ferrol puedan entrar en un proyecto económico integral de
nuestro país. No podemos entender que La Coruña quede
condenada única y exclusivamente a ser el puerto de una
industria de enclave como Repsol; el tráfico de mercancías en
La Coruña se mantiene única y exclusivamente por la refinería
de petróleo; el tráfico de Vigo prácticamente no existe y el
tráfico de Ferrol está especializado en un puerto carbonero
para una industria
como Endesa. Creemos que es necesario cambiar la situación
actual. Podrá parecerles a ustedes el punto segundo de la
proposición de ley que presenta el Parlamento gallego una
contradicción con la Ley de Puertos del Estado, en referencia
a la unidad portuaria. No lo es. No lo es porque se puede
delimitar perfectamente y porque Galicia no puede seguir
manteniendo una situación, cuando tiene competencias
exclusivas en materia pesquera, en la que 67.300 millones de
pesetas de pesca desembarcada se haga en los puertos de
interés general del Estado frente a los 91.500 millones en
toda Galicia. La competencia en ese aspecto brilla por su
ausencia. Señoras y señores Diputados, sabemos que en este
momento, en el congreso del partido mayoritario e incluso en
congresos llamados regionales del partido mayoritario hoy en
este Parlamento, se plantea el debate y la discusión de la
transferencia de los puertos a las ciudades. Creemos que ese
planteamiento de transferencia de los puertos a las ciudades
va claramente en contra de los intereses de la conformación de
Estado que ustedes mismos han aprobado en su momento. La
transferencia de los puertos a las ciudades
originaría claramente una situación de debilitamiento de lo
que es Galicia y su economía, ya que de esa manera no
tendríamos la posibilidad de planificar la economía gallega.
Señoras y señores Diputados, quisiera terminar haciendo un
llamamiento especial a los Diputados gallegos presentes en
esta Cámara, y ese llamamiento va en el sentido de que es el
Parlamento de Galicia, órgano de soberanía de nuestro país, el
que pide el voto afirmativo a la toma en consideración de esta
proposición de ley, que después podrá ser enmendada por SS.SS.
Algunos de los Diputados gallegos en estos momentos pueden
ser, como decimos en Galicia, «alcumamos de monaguillos».
Esperamos que en este momento no sean monaguillos del Estado y
sí gallegos de nación en la defensa de los intereses de
nuestro país. Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Trigo.
¿Turno en contra de la toma en consideración? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo
Mixto tiene la palabra el señor Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente. Voy
a intervenir con la mayor brevedad para, en primer lugar,
manifestar nuestra adhesión a esta proposición de ley que se
presenta y que ha sido planteada yo diría que de forma
sintética y brillante por parte de los representantes del
Parlamento gallego, a los que quisiera felicitar por su
iniciativa y con los que me quisie-ra solidarizar, sobre todo
en cuanto significa la posibilidad de plantear en un
Parlamento una problemática que otra comunidad autónoma como
la vasca tiene planteada de forma similar. Personalmente me
hubiera gustado que esta proposición hubiera incluido la
completa actividad de los puertos, no solamente de los puertos
pesqueros y con especial referencia a los puertos pesqueros
pequeños, sino que las actividades
comerciales de los puertos grandes, como los de Vigo y La
Coruña, también pudieran estar incluidos. De todas formas, por
el sentido práctico y del acuerdo alcanzado en el Parlamento
gallego, vuelvo a felicitar a los componentes de dicho
Parlamento y a manifestar, como he dicho anteriormente,
nuestro voto positivo a esta proposición.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.
Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor
Olarte.
El señor OLARTE CULLEN: Señor Presidente, señorías, unas
palabras tan sólo para sumarse al conjunto de consideraciones
que acaba de formular el señor Albistur y para indicar que
Coalición Canaria, lógicamente, ha de tener una sensibilidad
especial por esta cuestión, habida cuenta del carácter
archipielágico de nuestra comunidad y de la existencia y la
necesidad de que los puertos canarios --nuestros puertos--
sobrevivan, dado que constituyen un factor de primerísima
importancia en el desarrollo de nuestra economía. Por eso,
cuando vemos cómo una serie de puertos de las proximidades se
desarrollan y progresan, y cuando vemos y percibimos, día a
día, el declive de nuestros puertos, tenemos que comprender
esas ansias expresadas por el Parlamento de Galicia en lo que
respecta a los puertos pesqueros, pero, lógicamente,
incorporando también a nuestros afanes la
preocupación y el deseo que expresaba el señor Albistur en
cuanto al sentido y al contenido comercial que deben ser
objeto de la tutela correspondiente. Evidentemente, para
nosotros esos defectos de coordinación que apuntan en los
problemas de
comunicaciones ferroviarias y por carretera entre ambos
puertos, etcétera, son algo que tiene que correr parejo --como
se expresa en la proposición de ley y como bien han expresado
sus
representantes-- con esa gestión centralizada y que constituye
una perturbación clarísima en el desarrollo, en el progreso de
los puertos y, en definitiva, en la economía gallega. Por ello
termino expresando, en nombre de Coalición Canaria, nuestro
entusiasmo, nuestra adhesión y, por tanto, nuestro voto
favorable a la propuesta que ha emanado del Parlamento de
Galicia y que hoy se ha defendido tan acertadamente aquí por
sus dignos
representantes.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olarte. Por el Grupo Vasco
(PNV) tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Subo a esta tribuna para expresar la posición del Grupo Vasco
respecto a la proposición de ley planteada por el Parlamento
de Galicia. Quiero señalar, inicialmente, que nuestro Grupo
Parlamentario la va a apoyar, y lo va a hacer por diferentes
consideraciones que voy a explicitar en mi intervención.
Señorías, el bloque de la constitucionalidad, los estatutos de
autonomía y la Constitución definen un cuádruple régimen en
materia portuaria. En primer lugar estarían los puertos
calificados de interés general, respecto de los cuales la
competencia exclusiva sería del Estado. En segundo lugar
estarían aquellos puertos que no están calificados de interés
general, como pueden ser los puertos pesqueros y comerciales.
En tercer lugar, los puertos definidos por los estatutos de
autonomía como de carácter deportivo o de refugio. Y en último
lugar, los puertos reservados por la Constitución, definidos
como de interés general y cuya gestión se reserve el Estado,
salvo en
determinadas comunidades autónomas como Andalucía, Cataluña,
la Comunidad valenciana y Euskadi, que tienen también la
posibilidad de gestionar los puertos de interés general.
Señorías, nuestro Grupo Parlamentario se posicionó en contra
de la Ley de Puertos y de Marina Mercante, la Ley 27/1992.
Curiosamente, fueron 12 las enmiendas a la totalidad que se
presentaron a la Ley 27/1992 por todos los grupos
parlamentarios, incluidos todos los Diputados pertenecientes,
en su día, al Grupo Mixto. Nuestro Grupo Parlamentario estaba
en contra del ente globalizador en materia de gestión
portuaria que en su día se creó y, por tanto, no podemos sino
apoyar una iniciativa
pertinente oportuna y adecuada, como nos parece la planteada
por el Parlamento de Galicia, sin perjuicio de que se pueda
extender el régimen que plantea la proposición de ley del
Parlamento de Galicia a otras comunidades autónomas.
Nosotros chocábamos con la filosofía de la Ley de Puertos de
crear un ente global, un ente público autónomo que
planificaba, que llevaba la política de gestión y que, en
definitiva, rompía con la autonomía y la unidad económica de
determinados puertos. Señorías, en España hasta el año 1992, y
sin perjuicio de que existieran los puertos comerciales o
pesqueros que se había reservado el Estado, existían cuatro
puertos autónomos de gran entidad, cuatro puertos autónomos
que tenían autonomía, capacidad económica y capacidad
financiera, que eran los de Huelva, Barcelona, Bilbao y
Valencia. Esa filosofía que plasmó la Ley 27/1992 supuso la
ruptura del planteamiento que inicialmente había adoptado el
propio Estado en las décadas anteriores de diseñar un modelo
portuario bifronte: por un lado, los puertos que no se tenían
que reservar con carácter general, que serían los autónomos,
porque tenían una entidad, un comercio y una capacidad
económica suficiente, y aquellos otros puertos que podían ser
deficitarios y que quedaban sujetos a la política general de
la Dirección General de Puertos y a las juntas
correspondientes de puertos en cada uno de los puertos
dependientes del Ministerio.
Por ello, nuestro Grupo Parlamentario entendía que la política
a seguir era totalmente la contraria a la que diseñó el
Ministerio. El Ministerio terminó con la autonomía de los
puertos con entidad para tender a un planteamiento de
globalidad, de centralidad de la gestión de los puertos.
Nuestro planteamiento era el contrario: la política del
Ministerio debía ir dirigida a dotar de autonomía a aquellos
puertos que tenían capacidad económica suficiente, que
generaran un volumen comercial, un volumen pesquero suficiente
para poder ser gestionados de otra manera con la participación
de los ayuntamientos, de las
comunidades autónomas, de las cámaras de comercio.
Evidentemente, el Ministerio y el Gobierno optaron por la
filosofía
centralizadora y por crear un ente global. Fue entonces cuando
nuestro Grupo Parlamentario también planteó que la política
portuaria en Europa, con puertos pujantes como los de la Unión
Europea en Bélgica, en Holanda, en Alemania, se caracterizaba
por contar con un ámbito de autonomía, con un ámbito de
maniobra que no se tiene con el diseño efectuado por la Ley
27/1992, y no se tiene por una sencilla razón, que es la clave
que está en la Ley 27/1992, y es que los puertos autónomos,
los puertos que tenían capacidad de dotación propia y de
funcionamiento autónomo desde 1992 tienen que contribuir a los
déficit de explotación de otros puertos, lo que no había
ocurrido en la historia del régimen portuario español. Por
tanto, nuestro planteamiento político incluso va más allá de
lo que plantea el Parlamento de Galicia. Nosotros no
solicitamos únicamente la subrogación en la posición jurídica
que mantiene el Estado en la gestión de los entes portuarios
en las comunidades autónomas. Es más, nosotros somos
partidarios de mantener el régimen que regía con anterioridad
a la Ley 27/1992, que era la posibilidad de que existieran
puertos autónomos. En la medida en que un puerto fuera
adquiriendo dotación, personalidad y capacidad económica
suficiente, tuviera una autonomía, y no como ahora plantea la
Ley de Puertos. En definitiva, el planteamiento del Parlamento
de Galicia nos parece positivo, lo vamos a apoyar, pero
desgraciadamente se queda corto, puesto que lo que se plantea
es que la comunidad autónoma, en este caso Galicia (como puede
ser en cualquier otro momento otra comunidad autónoma) se
subroga en la posición jurídica del Estado en los puertos que
se mencionan en la proposición de ley a la hora de la gestión
de los mismos. Nosotros planteamos que determinados
puertos, incluso puertos gallegos, pudieran tener un régimen
de autonomía, y no como se plantea en la proposición de ley
donde recae la gestión en la comunidad autónoma pero en base
al modelo, a la planificación y a la gestión diseñada por
parte del ente superior, del ente globalizador, dependiente
del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
No obstante, y finalizo, señor Presidente, nuestro Grupo
Parlamentario entiende que es un avance positivo en la medida
en que vamos a intentar romper el planteamiento centralizador
y globalizador que tiene la Ley de Puertos y, en definitiva,
por lo menos dotar de un mayor margen de maniobra y de
capacidad de actuación a las comunidades autónomas, y, por
ello, nuestro Grupo Parlamentario va a apoyar la proposición
de ley planteada por el Parlamento de Galicia.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra
el señor Nadal.
El señor NADAL I MALE: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, el Parlamento gallego presenta hoy una proposición
de ley sobre la que tengo que fijar posición. Desearía dejar
constancia de que el planteamiento individualizado que con
toda lógica realiza el Parlamento gallego no nos satisface del
todo, aunque sí vemos y observamos que empieza a traer al
Parlamento español una situación existente de hecho, grave y
compleja, ocasionada como consecuencia de la publicación y
aprobación en esta Cámara, única y exclusivamente por el Grupo
Socialista, de una Ley de Puertos que obtuvo la rara
unanimidad de que todos los gruposde la oposición la votaran
en contra. Precisamente, esta Ley de Puertos es la que
ocasiona esta circunstancia actual, esta Ley de Puertos, que
genera serias discrepancias entre las comunidades autónomas y
el Gobierno central en cuanto a la administración de los
puertos, es la que está ocasionando estas situaciones como la
que plantea hoy aquí el Parlamento gallego. Deseo dejar clara
constancia en este hemiciclo de que
consideramos el planteamiento del Parlamento gallego como
correcto en cuanto hace referencia a su comunidad autónoma, a
su interés por gestionar los puertos que le pertenecen, a su
interés por que los puertos de Coruña, Vigo y Ferrol
pertenezcan a la administración de la comunidad autónoma. Pero
también desearíamos dejar constancia de que el planteamiento
genérico de todo el Estado español nos impide, por el momento,
plantear solamente el tema de una comunidad autónoma, cuando
existen muchas comunidades que han planteado reivindicaciones
sobre estas circunstancias. Nosotros establecimos muy
claramente nuestra posición sobre la Ley de Puertos, una
posición que ha llevado al Gobierno de Convergència i Unió de
Cataluña a plantear un recurso de
inconstitucionalidad sobre todo el contenido de la Ley,
especialmente en aquellos aspectos que afectan a la autonomía
municipal, a la autonomía de las comunidades autónomas, a la
administración de los puertos y a la representación de las
comunidades autónomas dentro de los consejos de los puertos.
Es precisamente, insisto, esta curiosa Ley, que tendrá que
renovarse, modificarse y, sobre todo, adaptarse a la
circunstancia actual, la que nos hace que se planteen hoy
graves problemas en cada uno de los puertos del Estado.
Tienen ustedes razón, señores parlamentarios gallegos, cuando
dicen que la Ley 27/92, cuando establece los puertos de
interés nacional, se equivoca. Yo creo que se equivoca
notablemente en su artículo 5.º cuando establece las
circunstancias que --una sola de ellas-- permitan al Gobierno
del Estado determinar qué puerto es de interés nacional y qué
puerto no lo es. Es evidente que el determinar que el solo
hecho de que exista actividad internacional ya significa que
sea un puerto de interés nacional no es correcto. Creo que el
plantear que su influencia depende de diferentes comunidades
autónomas para determinar la influencia en su interés nacional
no es correcto. Creo que hablar del volumen de la carga
comercial y de la actividad marítima como un hecho básico para
ser declarado de interés nacional, no es correcto. Y creo que
las especiales condiciones técnicas o geográficas de un puerto
tampoco pueden ser elementos
determinantes para que un puerto sea considerado de interés
nacional.
Pero este tema nos llevará, en la revisión total de la Ley de
Puertos, especialmente de aquellos artículos en los que hemos
planteado su inconstitucionalidad, a determinar qué puertos
del Estado son o no de interés nacional, qué puertos del
Estado tienen que estar administrados por las comunidades
autónomas y, sobre todo, a plantear cuál es la representación
privada y la representación pública y, de esta última parte,
qué
representación pertenece a la comunidad autónoma o al Estado
en la administración del puerto.
En definitiva, creemos que ustedes están planteando una
cuestión correcta en lo que hace referencia, insisto, a su
comunidad autónoma. No deseamos discutirles la razón, pero
creemos que en estos momentos sería mucho más oportuno el
planteamiento genérico de todos los puertos del Estado
español, el planteamiento genérico de qué es lo que está
haciendo el ente del Estado que está ocupándose de la
distribución de los puertos del Estado español; qué es y cómo
planteamos el sistema tarifario de cada uno de los puertos;
cuál es la actividad del puerto en su contexto, si tiene que
ser una actividad generadora de beneficios para cubrir los
déficit de otros puertos. Todo esto tiene que detallarse y
tiene que establecerse.
Evidentemente, insisto, esto tiene que tratarse en el marco de
la Ley de Puertos del Estado y creemos que sería muy prudente
que por parte de esta Cámara se hiciera un análisis de la Ley
de Puertos del Estado. En este contexto genérico de la Ley de
Puertos del Estado, en este análisis de si son suficientes, si
son muchos o si no tiene que existir ningún puerto de interés
nacional, creo que cabe perfectamente el determinar su
reivindicación.
Por otra parte, soy consciente de que el Gobierno va a
decretar la segregación de dos o tres puertos considerados en
estos momentos como de interés general. Yo sé que esto va a
ocurrir con el fin de dilatar en el tiempo el grave problema
que plantea la administración de los puertos, el grave
problema de sus tasas para la competitividad de las industrias
y el comercio de sus ciudades, el grave problema que está
planteando una ley que ha sido realizada de espaldas a las
comunidades autónomas, a los ayuntamientos y a una gran parte
de esta Cámara.
Es por esta razón, señores Diputados del Parlamento gallego,
por lo que consideramos que, en estos momentos, plantear este
tema no es correcto en cuanto al procedimiento, aunque existe
por nuestra parte una amplia coincidencia en temas genéricos
como los que ustedes han planteado, excepto en uno, que deseo
que quede aclarado, y es cuando hablan de que la transferencia
de los puertos no puede ser realizada a las ciudades. En este
punto estamos totalmente en desacuerdo, porque dentro de lo
que es el contexto europeo de puertos, e incluso el
sudamericano, existen notables transferencias de puertos
realizadas a ciudades y tenemos ejemplos muy próximos.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Nadal.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene
la palabra el señor Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, en primer lugar quiero saludar, en nombre de mi
Grupo Parlamentario, a los dignos representantes del
Parlamento gallego y constatar aquí que nos encontramos con
una de las consecuencias de una ley mal elaborada, mal
construida y mal dirigida en el Congreso de los Diputados en
el que un Partido Socialista en ese momento con mayoría
absoluta se empecinó en sacar adelante un proyecto de ley, que
al final se convirtió en ley, con la total oposición del
conjunto de los grupos parlamentarios.
Ya en esos momentos diversos grupos parlamentarios, entre
ellos el que tengo el honor de representar, Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, expusieron que no era digerible por
el conjunto del Estado el que se planteara el régimen de
competencias que se presenta en la vigente Ley de Puertos. Las
enmiendas que presentó mi Grupo Parlamentario iban dirigidas,
de forma clara y rotunda en este aspecto, a conseguir una
mayor autonomía de los puertos españoles.
Ahora bien, la cuestión que se dirime ahora es si cabe
plantearse un trasvase de competencias de los diferentes
puertos de una forma segregada, autonomía por autonomía. La
iniciativa del Parlamento gallego es correcta porque detecta
la situación en su propio entorno y reclama autonomía para los
puertos gallegos, pero desde una visión del Estado, desde una
visión federal como la que tiene mi Grupo Parlamentario, que
apuesta por un Estado federal, ¿se puede considerar adecuado
que se traiga proyecto de ley tras proyecto de ley, una
comunidad autónoma tras otra? Nosotros consideramos que no es
el procedimiento más adecuado. Evidentemente el Parlamento
gallego detecta la realidad que se produce en su entorno, pero
un grupo parlamentario con
responsabilidades estatales debe considerar que esto debe
revisarse en una ley de ámbito estatal. Consideramos que lo
responsable es que la ley de Puertos sea de nuevo estudiada en
este Parlamento y modificada en muchos de sus aspectos, entre
ellos, y de forma muy sustancial, los que se refieren a las
competencias autonómicas sobre los puertos que hoy en día son
competencia únicamente del ente público portuario. Sin entrar
en el fondo del asunto, consideramos que debe ser otra la
forma en la que se debe regular el régimen competencial de los
diferentes puertos, y esto lo planteamos desde la
responsabilidad de un grupo que defiende el Estado federal
para España.
Por tanto, mi Grupo no va a apoyar el seguimiento del trámite
de esta proposición de ley, independientemente de que creemos
que en la exposición de motivos hay supuestos que no son
totalmente correctos. Por ejemplo, el que las competencias
sobre puertos estén ubicadas en la Administración central o en
la
administración autonómica no empece para que la ordenación del
territorio tenga que ser llevada por la comunidad autónoma. No
vemos niguna cortapisa para que la Comunidad Autónoma Galega
plantee todo el ordenamiento del «hinterland» de los puertos y
de las comunicaciones de los puertos. Si no se produce esto
será por una falta de colaboración de la Administración
central, por una falta de colaboración en las inversiones
ferroviarias, de carreteras, etcétera, pero creemos que queda
bien claro que la ordenación del territorio corresponde
únicamente a la Comunidad Autónoma Galega y que de niguna de
las maneras la aprobación o rechazo en este trámite
parlamentario, la admisión o denegación a trámite
parlamentario de esta proposición de ley va a
significar una variación de esas competencias. No lo
consideramos, en absoluto.
Por lo tanto, respetando de una forma clara y rotunda la
inquietud que el Parlamento gallego plantea con esta
proposición de ley, nosotros emplazamos al Gobierno a que se
revise la Ley de Puertos en esta Cámara y
se plantee un nuevo régimen competencial en el cual tengan
mucha más presencia las diferentes autonomías del Estado
español. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Andreu.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Fernández de
Mesa.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor
Presidente. Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario
Popular quiero dar la bienvenida al Parlamento de la nación a
nuestros compañeros del Parlamento autónomo gallego que, por
primera vez, acuden ante esta Cámara en un día tan señalado
para Galicia como es el de las «Letras galegas».
Señor Presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Popular va
a votar favorablemente la propuesta de ley que plantea el
Parlamento autonómico gallego en el día de hoy por varios
motivos.
En primer lugar, tengo que señalar que cuando algún
representante dice que no es el momento adecuado para plantear
esta proposición de ley, cabría recordar que esta proposición
de ley está votada en el Parlamento gallego en el año 1990,
por tanto, bastante antes de que se promulgara la Ley de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante en el mes de
noviembre de 1992. Por otra parte, quiero decir que se trae a
esta Cámara en el momento preciso en el que hay datos
suficientes para que, un año y medio después de haber visto lo
que ha significado la entrada en vigor de aquella Ley, haya
que enmendar el rumbo que se tomó en aquella época y que,
ciertamente, ha traído malos resultados para la mayor parte de
los puertos españoles, y en este caso concreto para los
puertos gallegos.
En coherencia con nuestra posición anterior a la entrada en
vigor de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante,
el Grupo Parlamentario Popular planteó entonces la necesidad
no sólo de no votar aquella Ley traída al Parlamento sino de
la necesidad de que los puertos de interés general del Estado
pudieran optar a aquella autonomía, a ser puertos autónomos,
como lo eran el puerto de Huelva desde el año 1971, aunque en
el año 1978 se ampliara, y entrara en vigor la auténtica
autonomía del puerto, con los puertos de Valencia, Barcelona y
Bilbao. No fue así, y todos los grupos de la Cámara nos vimos
obligados a enmendar aquella Ley de puertos del Estado que
presentaba entonces el Grupo Parlamentario Socialista. Pues
bien, llegados a este momento lo que ha supuesto el desarrollo
de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante de
1992 ha sido única y exclusivamente una mayor centralización
de lo que antes existía y la imposibilidad de todos los
puertos de acceder a una autonomía que estaba funcionando
bien, como lo demostraban los resultados de los puertos
autónomos que existían entonces. Y desde el año 1992 a ahora
¿qué es lo que ha pasado? Pues que no han sido capaces de
desarrollar el reglamento de practicaje, el reglamento de
remolcadores; que no se han desarrollado ni se han puesto en
práctica las capitanías de puerto, y las que hay cubiertas no
son en virtud de ninguna oposición que se haya publicado sino
que se han cubierto a dedo. Y lo que es más grave, todas
aquellas cuestiones de delegación periférica que disponían las
comandancias de Marina, que tenían la delegación de Defensa,
hoy no se han podido poner en práctica no sólo por falta de
presupuesto sino también por falta de medios y, lo que es más
grave, por falta de personal. Por tanto, nosotros consideramos
oportunísimo el que en este momento el Parlamento gallego
plantee este tema, porque hay una auténtica voluntad de
resolver algo que no está funcionando. A lo que no ha lugar es
a que en esta Cámara sigamos hablando de lo divino y de lo
humano y no seamos capaces de resolver los problemas que día a
día se palpan, y en este caso concreto desde el Parlamento
gallego. En tercer lugar, el Grupo Parlamentario Popular va a
votar a favor porque viene votado por mayoría desde una
comunidad autónoma. Y no hacen falta, en modo alguno,
planteamientos genéricos en este momento; naturalmente que no
hacen falta una vez que la proposición de ley haya pasado este
trámite de aceptación y se vean en Comisión o en Ponencia las
enmiendas que se pueden presentar. A mí me ha llamado
poderosamente la atención que algún grupo parlamentrio diga
que porque no es genérico no se puede votar en este momento,
cuando hace apenas un mes votábamos exclusivamente la rebaja
de las tarifas del puerto de Tarragona. Realmente es
inconcebible que algún grupo parlamentario pueda hablar de
planteamientos genéricos y única y exclusivamente de intereses
particulares cuando le competen a su grupo parlamentario.
(Varios señores diputados del Grupo Popular: ¡Muy bien! ¡Muy
bien!)
Señoras y señores Diputados, yo quiero recordarles aquí que el
artículo 1.º de la proposición de ley del Parlamento
autonómico gallego, en contra de lo que decía el señor
Albistur, habla clara y taxativamente de que absolutamente
todos los puertos de Galicia que están catalogados como de
interés general deben pasar a ser de titularidad autonómica, y
no sólo de titularidad sino también de gestión. Por tanto, el
planteamiento no es exclusivo para los puertos pesqueros sino
que, leyendo el artículo 1.º y la disposición adicional
segunda, se ve claramente cuál es la intención del Parlamento
gallego al plantear esta proposición de ley aquí hoy. De lo
que no cabe duda, señoras y señores Diputados, es de que hay
que dar una solución a este «impasse», a este año y medio que
llevamos perdido en materia de puertos porque, como
anunciábamos también todos los
grupos políticos de esta Cámara al presentar nuestras
enmiendas a la totalidad, se puso en funcionamiento una Ley de
Puertos que no se correspondía con la de los países
occidentales, que solamente se parecía a las de los países
iberoamericanos, cosa que hoy ya no podemos decir, porque hay
que tener en cuenta que esos países iberoamericanos han
comenzado a privatizar, a dar a las autonomías o a los entes
regionales la explotación de esos puertos. En el tema gallego
hay que tener en cuenta también que del PDI de este año se
desprende que lo que los puertos gallegos van a recibir por
superávit de explotación, en cuanto a inversiones se refiere,
es muy inferior. Quiere ello decir que ese principio de
subsidiariedad que se anunciaba entonces no está funcionando y
que, precisamente desde los entes autonómicos, podría
funcionar de mejor manera porque, enriqueciendo lo que es el
funcionamiento de puertos dentro de su «hinterland»
territorial, no les quepa la menor duda de que estarían mejor
gestionados. Y lo que es más importante, si cada comunidad
autónoma es capaz de rentabilizar y explotar mejor sus
puertos, estarán contribuyendo a que los puertos de España, a
que el Estado en general se enriquezca de esta buena gestión
de los parlamentos y de las autoridades portuarias
correspondientes. Termino, señor Presidente, diciendo, como
comparación, que si los planteamientos y razonamientos que se
hacen en la proposición de ley presentada por el Parlamento
gallego no se corresponden con la actual Ley --porque, como he
dicho anteriormente, está aprobada en el año 1990--, hay que
recordar que los países occidentales como el Reino Unido,
Francia y Portugal, como Colombia, Venezuela y Argentina,
están, cada vez más, delegando, privatizando o transfiriendo
sus puertos a las regiones
correspondientes; incluso el Gobierno de Panamá, que en el año
1999 se hará cargo de la gestión plena del canal, está
empezando a plantearse un estatuto de autonomía único y
exclusivo para él. El Grupo Parlamentario Popular --como he
dicho-- va a votar favorablemente la propuesta de ley
planteada por el Parlamento gallego por respeto también a una
autonomía, por respeto a la voluntad de un parlamento, el
autonómico en este caso concreto. Y no les quepa la menor duda
de que, asumiendo lo que cada parlamento, en este momento,
tiene que plantear en la Cámara, ante una cierta inhibición de
los problemas, daremos un toque de atención muy oportuno para
que recordemos que estando al frente de cada región y rigiendo
los puertos costeros de cada una de ellas se estará
contribuyendo también al mejor funcionamiento no sólo de los
puertos en cada región, sino de los puertos, en general, del
Estado.
El Grupo Parlamentario Popular mostró su oposición a aquella
Ley y está dispuesto a traer una ley a estaCámara que
enmiende, desde luego, la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y
de la Marina Mercante.
Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señoras y señores
Diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Mesa.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Jerez.
El señor JEREZ COLINO: Señor Presidente, señorías, en
principio, quiero dar la bienvenida, en nombre de mi Grupo, a
los
parlamentarios del Parlamento gallego y felicitarles por el
coraje y por la convicción con que han expuesto sus ideas.
Nuestra enhorabuena.
Sin embargo, como tengo que fijar la posición de mi Grupo, voy
a decir claramente que no vamos a apoyar esta proposición de
ley que se nos presenta desde el Parlamento gallego. Se ha
dicho aquí que el apoyo a esta proposición de ley podría
representar un respeto a la autonomía de Galicia; pues bien,
no apoyarla supone también, desde el Partido Socialista, un
respeto, como no podía ser menos, a la autonomía de Galicia.
Quizás sería conveniente, para explicar nuestra postura,
arrancar de la visión global de la situación de los puertos
españoles en estos momentos. Como saben SS.SS., nuestros
puertos no tienen las dimensiones de otros grandes puertos
europeos que pueden basar su gestión en la economía de escala.
La gestión de nuestrospuertos, en una costa de 7.880
kilómetros, con una dispersión, además, de puertos de tamaño
pequeño y medio, supone que tenga que ser peculiar. Junto a
ello, el desarrollo histórico de las infraestructuras de
transporte periférico hace que nos veamos en una situación, de
hecho, de imposible modificación. Este conjunto de 46 puertos
que dependen del Estado necesita básicamente la coordinación
de toda la gestión de estos puertos, de tal manera que esa
coordinación encuentre precisamente en su gestión el mejor de
sus aliados. Gracias a ello, pueden producirse la integración
en el sistema de intercambio electrónico; pueden producirse
centros
de distribución logística sin que haya elementos de dispersión
u otra finalidad que pueda deformar la gestión o que domine --
como ocurre en nuestros puertos-- la complementariedad sobre
la competencia. Por tanto, en ese conjunto de gestión
coordinada de los puertos de España, podemos decir que se
produce en estos momentos una autofinanciación que repercute
no solamente en la financiación de elementos normalizados de
gestión sino incluso de las grandes inversiones de la
complementariedad de grandes infraestructuras. Por tanto, es
evidente que la dispersión de distintos puertos no nos
llevaría a una eficacia en el
planteamiento de la gestión de estos puertos y que se necesita
un sistema coordinado. Pero digo más. Quizás en los puertos de
Galicia --que se presentan como un bloque de cinco puertos--
habría que hacer distinciones, para explicar, puerto a puerto,
la situación que justifica que sean considerados puertos de
interés general. Nadie que conozca el ámbito de desarrollo del
puerto de Vigo, al sur, podrá negarnos que tiene una clara
influencia en el norte de Portugal y en algunas de las
provincias adyacentes. Aquí se ha dicho que el puerto de Vigo
sirve exclusivamente a un territorio gallego, y quien conozca
el puerto de Vigo sabe que no puede permitirse ajustar su
competencia y su área de influencia a una zona que,
evidentemente, no es exclusivamente gallega. Por otra parte,
si vamos al norte y miramos los puertos de Coruña y Ferrol,
puede decirse otro tanto, aunque no en su aspecto
internacional, en cuanto a su desarrollo, y mucho más en la
situación de inversiones futuras que pueden plantearnos en
estos momentos las limitaciones de crecimiento en la zona
interior del puerto de La Coruña y la obligación de
planteamientos de grandes infraestructuras en el de Ferrol.
También es necesario decir que la gestión de puertos desde las
comunidades crea disfunciones en cuantoa la financiación de
sus propias inversiones. La tendencia a hacer puertos de
mejores servicios, pero a la vez que traigan gran cantidad de
tráfico en función de precios de tarifas baratas, puede
resultar
incompatible con una gestión económica eficaz. Por tanto,
parece mucho más adecuado que en la globalidad de todos los
puertos podamos contemplar con mucho mayor realismo la
eficacia en una gestión desde todos los puntos de vista.
Querría hacer también una salvedad dentro de esos cinco en la
que es posible que podamos hacer un planteamiento distinto. Me
estoy refiriendo a los puertos de Marín y Villagarcía. Es
evidente que esos dos puertos, por su situación, por su
dimensión y por las características de sus atraques, tienen
una situación distinta a los otros, lo que hace que pudiera
tener alguna lógica la posibilidad de que esos dos puertos
estuvieran dentro de esa situación territorial exclusivamente
de Galicia. Por tanto, aunque mi Grupo se opone de una manera
completa y rotunda a la situación planteada en esta
proposición de ley, es bueno hacer esta distinción de futuro
para poder adquirir el compromiso más adelante de hacer un
planteamiento en esta dirección para conseguir dejar fuera de
esos puertos de interés público a estos dos que he apuntado,
centralizados en la zona gallega y con características
netamente diferenciadas. Por tanto, vaya por delante ese matiz
que abre lo que entendemos desde mi Grupo como la racionalidad
de los planteamientos que debe tenerse sobre todo cuando se
contempla la situación desde una dimensión global nacional,
como no puede hacerse de otra manera dentro de este
Parlamento. Por eso decía al principio que puedo entender la
lógica autonómica de los partidos que apoyan esa situación,
pero también tendrán que reconocer SS.SS. --y así creo que
puede transmitirse cuando lleguen a su tierra-- que esa visión
global rompe la lógica que ellos plantean, puesto que de otra
manera tampoco es necesario asociar que el que dependan esos
cinco puertos de la Comunidad Autónoma supone mejoras en el
desarrollo de Galicia ni en el desarrollo de sus puertos,
porque es evidente que la situación actual, con mucha mayor
capacidad de creación de infraestructuras, puede ser mejor
para el desarrollo de la zona de influencia de cada uno de los
puertos.
Por otra parte, he oído por aquí a alguno de los
representantes gallegos hablar de descentralización. Mi
información, en la tramitación que desde Galicia se hace para
gestionar estos puertos del Ente Público Puertos de Galicia,
nos está indicando que va en una dirección distinta a lo que
las intenciones que se expresan aquí parecen indicarnos. El
estudio de esta propuesta nos lleva a puertos
descentralizados, a ambigüedades de gestión y a asumir
competencias por parte de la Consejería que harían difícil la
gestión de los puertos que estuvieran en poder de la Comunidad
Autónoma. Por tanto, creo que se ha abundado en razones
suficientes como para tener muy claro que no podemos entrar en
una situación de este tipo de manera global, y sí me interesa
dejar constancia de esta distinción de dos puertos que, por
sus características singulares y peculiares, sí podían
ajustarse al razonamiento que nos han hecho aquí los dignos
parlamentarios del Parlamento gallego.
Por tanto, vaya ese mensaje desde nuestro Grupo en la idea de
que no podemos votar a favor de esta proposición de ley que
hoy se nos hace. Pero teniendo en cuenta alguna de las
afirmaciones y saliendo al paso de la misma, quiero repetir de
nuevo que la propiedad, la gestión o las competencias en
determinados puertos, por la Administración del Estado o por
el ente autonómico que en estos momentos los lleva, no supone
ni garantiza mejor desarrollo en la zona, puesto que todos
sabemos que el mayor o menor desarrollo de los puertos depende
mucho de las infraestructuras terrestres que dispongan para
conexiones con el interior. Yo les diría a los representantes
de Galicia, que el nuevo puente que nos abre comunicación con
Portugal, más las infraestructuras en proyecto que se dirigen
a la zona de Galicia y que inciden mucho en las comunicaciones
con Vigo, abren una perspectiva distinta y de influencia mucho
más grande del propio puerto de Vigo, lo que creo que es
beneficioso para la gestión del propio puerto y para los
intereses gallegos.
Nada más, señorías. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jerez.
Vamos a proceder a las votaciones.
Votación para la toma en consideración de la proposición de
ley del Parlamento de Galicia sobre transferencia a la
Comunidad Autónoma de Galicia de la
competencia estatal en materia de puertos de interés general.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 303; a favor, 132; en contra, 170; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.
VARIACIONES EN EL ORDEN DEL DIA:
El señor PRESIDENTE: De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 68.1 del Reglamento, se somete al Pleno de la Cámara
la exclusión del orden del día de la presente sesión del
dictamen de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas sobre la
Cuenta General del Estado correspondiente a 1990 y
resoluciones
adoptadas por la misma.
¿Lo acuerda la Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobada la exclusión.
De conformidad, igualmente con el artículo 68, se somete al
Pleno de la Cámara la inclusión en el orden del día de la
presente sesión de la toma en consideración de la proposición
de los grupos Socialista, Popular, Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, Catalán (Convergència i Unió), Vasco
(PNV), Coalición Canaria y Mixto, de reforma del Reglamento
del Congreso de los Diputados sobre publicidad de las
comisiones de
investigación.
¿Lo acuerda la Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobada la inclusión de este punto en el orden del día.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY (Continuación)
--DEL PARLAMENTO DE GALICIA, SOBRE MODIFICACION DEL ARTICULO
82 DE LA LEY GENERAL DE SANIDAD ESTATAL, EN LO REFERENTE AL
FINANCIAMIENTO DE LA ASISTENCIA SANITARIA DE LA SEGURIDAD
SOCIAL (Número de expediente 125/000003)
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Parlamento de
Galicia, sobre modificación del artículo 82 de la Ley General
de Sanidad estatal, en lo referente al financiamiento de la
asistencia sanitaria de la Seguridad Social.
En nombre del Parlamento de Galicia, tiene la palabra, en
primer lugar, don Guillermo Vázquez Vázquez.
El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE GALICIA (Vázquez Vázquez):
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, tengo el honor
de defender ante esta Cámara, en nombre del Parlamento de
Galicia, la proposición de ley de modificación del artículo 82
de la Ley General de Sanidad, en lo referente a los criterios
de
financiación de los servicios transferidos a las comunidades
autónomas. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la
Presidencia.)
Galicia es un país periférico, secularmente marginado por el
poder central. El pueblo gallego es cada vez más conscientes
de su propia identidad y, en consecuencia, cada vez está menos
dispuesto a seguir tolerando las actuaciones arbitrarias a las
que se ve sometido una y otra vez. No estamos aquí para pedir
un trato de favor en la financiación de la sanidad pública
gallega. Estamos aquí para exigir un trato justo e igualitario
que nos permita equiparar la atención a nuestros ciudadanos
con los del resto del Estado.
El artículo 82 de la Ley General de Sanidad establece que la
financiación de los servicios transferidos se realizará
siguiendo el criterio de población protegida y que la
desviación entre porcentaje de gasto y porcentaje de población
se anulará en el plazo de diez años, desde las transferencias,
a un ritmo del 10 por ciento anual. La aplicación de este
modelo de financiación perjudica claramente a Galicia y le
impide recuperar el terreno perdido en los últimos años en
materia de recursos sanitarios. Por eso, el Parlamento de
Galicia aprobó por unanimidad una proposición de ley de
modificación del mencionado artículo 82 de la Ley General de
Sanidad, de manera que la financiación de los servicios
sanitarios gallegos se realice en función de los siguientes
criterios. Primero, población total de derechos según el
último censo o padrón municipal. Segundo, dispersión
geográfica de la población. Tercero, renta por habitante.
Además el Parlamento gallego pone de manifiesto la necesidad
de acortar a tres años el plazo para equilibrar la proporción
entre la población atendida y la participación en el gasto
sanitario estatal; renegociar, en definitiva, la transferencia
del Insalud a Galicia.
Señoras y señores Diputados, deben tener en cuenta que el
gasto sanitario del Insalud en Galicia en el período 1982-1990
fue muy inferior a la media estatal. El diferencial negativo
para Galicia durante estos años puede estimarse en más de
100.000 millones de pesetas, lo que ocasionó que, en el
momento de las
transferencias, la dotación de recursos sanitarios en nuestro
país fuese claramente inferior a la del conjunto del Estado.
Esta situación de partida se ve agravada porque, realizadas
las transferencias en materia sanitaria en el año 1991, no
sólo no se plantea compensar la deuda histórica del Estado con
Galicia, un modelo de financiación capaz de corregir el
desequilibrio en un corto espacio de tiempo, sino que, por el
contrario, durante los diez años que se tardará en alcanzar la
proporcionalidad
entre gasto sanitario y población protegida, supondrá la
pérdida para Galicia de otros 140.000 millones de pesetas.
Además, cuando se planifica la distribución de los recursos no
basta con que ésta sea lineal para que sea equitativa, sino
que hay que tener en cuenta otros factores, como la dispersión
geográfica, la renta por habitante o el envejecimiento de la
población.
Es evidente que criterios iguales no sirven para aplicar a
realidades diferentes. Puede ilustrar lo que afirmo que
mientras en el Estado español hay 11 núcleos de población por
cada 100 kilómetros cuadrados, en Galicia son 106, o que
mientras en el Estado los mayores de 64 años representan el
13,77 por ciento de la población, en Galicia representan el
16,12, por ciento, factores todos ellos que no hacen sino
aumentar el gasto
sanitario. Es evidente que se necesitan más recursos para
atender las necesidades de una población más dispersa que las
de una más concentrada. Asimismo, el gasto sanitario originado
por la población anciana es muy superior a la media. Cabe
recordar aquí que en el mayor envejecimiento proporcional de
nuestra población tiene mucho que ver la emigración, a la que
durante muchos años estuvo obligada nuestra gente.
Señoras y señores Diputados, éstos son algunos argumentos,
brevemente expuestos, porque el tiempo no da para más, para
justificar la necesidad de tomar en consideración esta
proposición de ley. Espero que este Parlamento comprenda y
asuma la propuesta que Galicia, a través de sus
representantes, trae aquí. Llegó ya el momento de que los
derechos de Galicia sean tenidos en cuenta, y esta es una
buena ocasión para que así sea. Muchas gracias, señor
Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Vázquez. Tiene la palabra el señor Cerviño González.
El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE GALICIA (Cerviño
González): Señor Presidente, señoras y señores Diputados,
permítanme expresar, en primer lugar, mi emoción de demócrata
por hablar ante esta Cámara, en este templo de la democracia,
lo que no por tópico deja de ser cierto. Aunque hablo en
nombre de todo el Parlamento de Galicia, quiero dejar
constancia clara y explícita de que el Grupo Parlamentario de
los Socialistas de Galicia-PSOE apoyó en su día con sus votos
esta proposición de ley que, como SS.SS. saben, fue aprobada
por unanimidad en la Cámara
autonómica. En consecuencia, y a pesar de que sabemos que
existe un grupo de trabajo del Consejo de Política Fiscal y
Financiera que el 1 de febrero, precisamente, ha discutido una
propuesta para modificar el sistema general de financiación de
la
asistencia sanitaria de la Seguridad Social y que también en
el Consejo Interterritorial de Sanidad existe una comisión que
está trabajando en un cambio posible en la financiación
sanitaria o del Sistema Nacional de Salud de nuestro país, y
que lo está haciendo sobre criterios similares a los que la
proposición de ley del Parlamento de Galicia propone, a pesar
de ello, creemos que es coherente que yo les pida a todos
ustedes que den su voto favorable a la toma en consideración
de esta proposición. Y no sólo es coherente sino también justo
desde el punto de vista de defender los intereses colectivos
de Galicia, aunque a veces esos intereses entren en
contradicción con los intereses generales del Estado. Cuando
se trata de cuestiones secundaria pero cuestiones no menos
importantes, lo que llamamos en terminología marxista una
contradicción secundaria, no hay ningún peligro para nuestra
solidaridad con la política del Estado, porque, como dijo en
esta Cámara en la sesión del 23 de mayo de 1933 un Diputado
gallego y galleguista, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, los
intereses locales son también intereses españoles, y la suma
de todos ellos es lo que ha de constituir la base más sólida
para el
asentamiento de una democracia. No voy a abrumar a SS.SS. con
datos económicos o de recursos disponibles, que sin duda
SS.SS. conocen o al menos intuyen y que, además, otros
compañeros, Diputados de la Cámara gallega, han expuesto o van
a exponer, pero permítanme decirles tres cosas. En primer
lugar, Galicia tiene casi la mitad del gasto por habitante y
año en sanidad que la comunidad que más tiene, que es Navarra,
y un tercio menos que la media española. En segundo lugar,
Galicia tiene el 55,2 por ciento de sus habitantes viviendo en
municipios de menos de 20.000 habitantes, cuando el número de
españoles en su conjunto en esta circuntancia es del 34,9 por
ciento, y Galicia tiene 106 entidades de población por 100
kilómetros cuadrados, mientras que el conjunto de España sólo
tiene 11. Para garantizar la equidad en relación con esta
situación la dotación de recursos debe ser mucho mayor, como
sin duda SS.SS. comprenderán. Por último y en tercer lugar, la
población gallega es la más envejecida del Estado --ya el
señor Vázquez, Diputado que me ha precedido, ha expresado
estos datos-- y la utilización de recursos sanitarios por los
mayores de 65 años es cinco veces más que en el resto de la
población. Es cierto que el Gobierno central socialista hizo
un esfuerzo presupuestario entre los años 1983 y 1990, fecha
de la transferencia del Insalud a la Xunta de Galicia, al
pasar de un 5,39 por ciento del gasto estatal en Galicia en
Sanidad en el año 1982 a un 6,49 por ciento en el año 1990,
más de un punto por encima, pero este esfuerzo ha sido
insuficiente porque partíamos de una situación muy
deficitaria, de una situación de la que nadie en concreto
tiene la culpa, sino que es fruto del atraso histórico de
Galicia, en lo cual los gallegos tenemos gran parte de
responsabilidad y no creo que debamos ser victimistas.
Por tanto, creemos --y voy a terminar ya, señor Presidente--
que esta proposición de ley, si se convierte en ley,
aceleraría el proceso de igualdad territorial que los gallegos
necesitamos, en ésta como en otras cuestiones, y que nuestra
Constitución y la Ley General de Sanidad señalan, si bien es
cierto que a esa meta se puede llegar de otra forma si los
Consejos Interterritoriales de Política Fiscal y financiera y
de Sanidad llevan a buen término sus trabajos. En cualquier
caso --insisto y termino--, por coherencia con la proposición
y con nuestra posición en el Parlamento de Galicia, nosotros
solicitamos el voto favorable. Muchas gracias, señoras y
señores Diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Cerviño. Tiene la palabra el señor Rodríguez Pérez.
El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE GALICIA (Rodríguez Pérez):
Gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a intervenir con la máxima brevedad, primero
porque lo exige el guión --me quedan cinco minutos--, segundo
porque creo que ya mis compañeros han aducido razones de peso
que explican el porqué de nuestra presencia hoy aquí
defendiendo esta proposición de ley aprobada en el Parlamento
de Galicia, y en tercer lugar, y como buen gallego soy
escéptico, porque no sé hasta qué punto las razones que ellos
han dado y las que yo dé pueden influir en el ánimo de
SS.SS. --evidentemente del Grupo que conforma la mayoría que
apoya al Gobierno en esta Cámara--para que ustedes cambien su
decisión, si es que ya la tienen adoptada, o para que les
sirvan para votar a favor de esta proposición de ley.
En cualquier caso, y como representante del Partido Popular,
sí quiero hacer unas breves matizaciones. En primer lugar,
deseo señalar que esta proposición de ley tiene origen en una
iniciativa de uno de los portavoces del Grupo Mixto en la
pasada legislatura en el Parlamento gallego, el señor Nogueira
Román, perteneciente a un Grupo de oposición en aquel
Parlamento, el Partido Socialista-Esquerda Galega. Y no es
baladí la cuestión, porque alguien podría pensar que teniendo
en cuenta que el Partido Popular tiene mayoría en el
Parlamento de Galicia, podríamos traer aquí esta proposición
de ley con el ánimo de poner al Gobierno contra las cuerdas,
con alguna posición maximalista, con el ánimo de pretender
algún privilegio para nuestra tierra. Todo lo contrario, y por
eso me interesa señalar que esta es una iniciativa que parte
de la oposición en el Parlamento de Galicia y que luego fue
aprobada unánimemente --me interesa recalcarlo-- por todos los
grupos que en aquel momento --en la pasada legislatura--
componían el Parlamento de Galicia: Partido Socialista-
Esquerda Galega, Coalición Galega, Bloque Nacionalista Galego,
Partido Socialista y, evidentemente, el Partido Popular. Es
algo de lo que me gustaría que SS.SS. tomaran conciencia.
Evidentemente, no es una proposición de ley
partidista, de ningún modo. En segundo lugar, quiero hacer una
matización, refiriéndome ya a la Ley General de Sanidad en sí,
por lo que no me resisto a leerles dos artículos muy breves.
El artículo 12 dice: «Los poderes públicos orientarán sus
políticas de gasto sanitario en orden a corregir desigualdades
sanitarias y garantizar la igualdad de acceso a los Servicios
Sanitarios Públicos en todo el territorio español, según lo
dispuesto en los artículos 9.2 y 158.1 de la Constitución.» Y
el artículo 81 dice: «La generalización del derecho a la
protección de la salud y a la atención sanitaria que implica
la homologación de las
atenciones y prestaciones del sistema sanitario público se
efectuará mediante una asignación de recursos financieros que
tengan en cuenta tanto la población a atender en cada
Comunidad Autónoma como las inversiones sanitarias a realizar
para corregir las desigualdades territoriales sanitarias, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 12.» Es clara,
señorías, de un modo diáfano, la voluntad del legislador en
orden a corregir los desequilibrios o las desigualdades
sanitarias entre las distintas comunidades autónomas que
conforman el Estado español; creo que está clarísima en estos
dos artículos. Luego surge el artículo 82, y yo aquí tengo que
señalar un párrafo concreto de este artículo 82, un párrafo
realmente«perverso», que dice: «La desviación, positiva o
negativa, entre el porcentaje del gasto en el momento inicial
y el porcentaje de la población protegida será anulada en el
transcurso de diez años al ritmo de un 10 por 100 anual.» ¿Y
por qué digo «perverso»? Primero, porque este artículo se
introduce en el debate en esta Cámara, no figuraba en el
proyecto originario que se envió a este Parlamento. Y no
figuraba, como es lógico, porque este artículo contradice de
un modo flagrante los dos artículos anteriores que acabo de
leer. Es una flagrante contradicción y por eso me preocupé en
investigar cómo era posible que una ley incurriera en
semejante contradicción, y viendo el proyecto original --me
pude hacer con él-- comprobé que este artículo no figuraba en
el proyecto que se remitió aquí, fue añadido merced a una
enmienda de adición del Partido Socialista. Voy a poner un
ejemplo gráfico hablando casi de las cuentas de la vieja. De
acuerdo con esto, uno podía pensar que para corregir las
desigualdades podría tenerse en cuenta la famosa deuda
histórica, que nos remonta a los años ochenta. A Galicia eso
le supuso un déficit. Estaba recibiendo un porcentaje del 5,70
por ciento, cuando su población protegida es del 7,069 por
ciento, lo que le supuso, en aquellos años (de 1982 a 1986),
60.000 millones de pesetas. Uno podría pensar que esta ley,
siguiendo su espíritu, podría hablar de corregir esa deuda
histórica. Pasemos por alto que no corrija ese déficit
histórico de los años 1982 a 1986, pero
que, por lo menos, a partir del momento de su promulgación,
corrija esas desigualdades y haga que las comunidades
autónomas más desfavorecidas, entre las que por desgracia está
Galicia, reciban, desde ese momento, lo que recibe la media
nacional, pero tampoco ocurre así. Pasan cuatro años (de 1986
a 1990), el 1 de enero de 1991 se producen las transferencias,
y ahí se acumulan otros 65.000 millones de déficit que la
Comunidad Autónoma de Galicia deja de percibir, de acuerdo con
lo que le
correspondería, según esta propia ley. Entonces surge la
transferencia y se aplica este párrafo que yo creo que es
ferozmente insolidario y de una brutalidad terrible por su
insolidaridad, ya que no sólo no corrige los déficit
históricos anteriores a la promulgación de la ley, ni siquiera
desde el momento en que ésta se promulga, sino que va mucho
más allá. Así, en el momento en que se produce la
transferencia a Galicia o cualquier otra comunidad que reciba
por debajo de la media, la ley obliga a que esa igualación
hasta la media española se produzca en 10 años. ¿Qué ocurre
entonces? Que los que son más pobres no van a ser más pobres
todavía, pero lo que sí van a ser es más desiguales. Quiero
decir, antes de nada, que nosotros no vamos contra nadie. Que
comunidades como Navarra, Cantabria, o el resto de comunidades
que están percibiendo por encima de la media estatal, sigan
percibiéndolo, porque reconocemos que, seguramente, el bajar
de golpe a estas comunidades a la media estatal podría
provocar que sus servicios quedaran desatendidos, porque quizá
esas comunidades no tendrían recursos para afrontar el
mantenimiento de los servicios que venía prestando; nosotros
no vamos contra esas comunidades, lo que sí estamos es a favor
de las comunidades más desfavorecidas, que siempre son las
mismas (Extremadura, Galicia...), que están percibiendo por
debajo de la media y que acumulan en estos momentos un déficit
histórico de más de 150.000 millones de pesetas, si lo
consideramos desde el año 1982.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Rodríguez, vaya
concluyendo.
El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE GALICIA (Rodríguez Pérez):
No vamos contra nadie, únicamente estamos a favor de las
comunidades más desfavorecidas y de la solidaridad. Si aquí se
habla siempre de ser solidarios, creo que éste es un buen
momento para que esta Cámara hiciese un esfuerzo por serlo.
Al representante de Convergència i Unió, que en su respuesta a
la anterior intervención de mis compañeros decía que la
proposición de ley no era genérica, he de decirle que ésta sí
lo es. Esta es una proposición de ley genérica, señoría, ya
que modifica un artículo con-creto de una ley y afecta a todo
el Estado. Es una proposición de ley totalmente genérica.
Termino, señor Presidente, siguiendo sus indicaciones,
diciendo que nos gustaría que, en este día de honda raigambre
y trascendencia en Galicia --como han señalado anteriormente
mis compañeros--, el día de las Letras gallegas, ustedes
tuvieran la sensibilidad de corregir un artículo que, como
decía anteriormente, supone una burla para las comunidades más
desfavorecidas, y que tuvieran en cuenta que aquí no venimos a
pedir ningún privilegio, muy al contrario, únicamente hacemos
una petición de mera justicia. Nada más, señor Presidente.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Rodríguez. ¿Algún Grupo Parlamentario desea consumir un turno
en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desan fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Cardona.
El señor CARDONA I VILA: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, para fijar la posición de nuestro
Grupo parlamentario de Convergència i Unió en relación a la
proposición de ley sobre modificación del artículo 82 de la
Ley General de Sanidad, en lo que se refiere a la financiación
de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, que ha
presentado el Parlamento de Galicia.
Hemos de manifestar ya de entrada que participamos de la
preocupación por el tema, pues entendemos que la financiación
sanitaria ha de dar cumplimiento al principio de suficiencia,
de equidad y de automatismo, de forma que los recursos sean
adecuados a las necesidades reales y se eviten las indeseables
repercusiones a las comunidades autónomas con el Insalud
transferido debidas a las desviaciones presupuestarias del
Insalud-Gestión directa.
Tanto es así que, después de haberlo manifestado en multitud
de ocasiones, se ha llegado al compromiso por parte del
Ministerio de Sanidad de crear una comisión en el seno del
Consejo
Interterritorial de la Salud, de la que forman parte el propio
Ministerio y aquellas Consejerías de Sanidad de las
comunidades autónomas con el Insalud transferido para, entre
todos ellos, llegar a alcanzar unos acuerdos que den una
solución adecuada al problema con un nuevo modelo de
financiación sanitaria, además de los trabajos que en este
sentido se están llevando a cabo en el Consejo de Política
Económica y Fiscal.
Una primera consideración o reflexión sería que no se
comprende muy bien que, mientras se están negociando las bases
de este nuevo modelo de financiación sanitario, sea
considerada una proposición que se aleja
de la negociación conjunta, con unos planteamientos yo diría
que unilaterales, aun cuando no pueda decirse que no es
genérica, y de ahí que la solución tenga que ir por la vía del
consenso entre todas las comunidades afectadas. Deberemos
convenir todos en que las fórmulas de financiación se pueden
construir con unos resultados pactados y recogiendo
indicadores que den respuesta a las distintas comunidades
autónomas afectadas. Esta propuesta, en cambio, pretende dar,
primero, rango de ley a unos parámetros, y, después, pactar la
fórmula.
Otra cuestión importante del nuevo sistema de financiación
sanitario que se ha convertido en un punto clave en la
negociación con el Ministerio de Economía y Hacienda es que el
problema está no tanto en cómo se reparte, sino a cuánto llega
la cantidad total a repartir. En general, se acepta que la
fórmula con una sola variable, es decir, población protegida,
es más transparente y aceptable para todas las comunidades
autónomas que no una más compleja.
El problema grave de la sanidad es que no se presupuesta lo
que se gasta, sino bastante menos, y que se quiera justificar
esta diferencia con políticas de ahorro que no se han
concretado. Es obvio que la coyuntura actual nos obliga a
reconducir el
crecimiento de la financiación pública del gasto sanitario,
pero no se puede hacer ocultando la realidad del coste. Eso
sólo perjudica a las instituciones que gestionan los servicios
y a sus proveedores.
Dicho esto, señor Presidente, señorías, intentaremos hacer un
análisis más concreto de las modificaciones que se plantean.
Esta proposición de ley modifica, como se ha dicho, los
parámetros de la financiación de la sanidad a las comunidades
autónomas, basado en el reparto del presupuesto del Insalud en
función de la población protegida. La modificación fundamental
se basa en sustituir esta población protegida por la de
población total de derecho, según el último censo, o padrón
municipal, añadiendo dos parámetros más en esta distribución,
es decir, la dispersión geográfica y la renta por habitante.
Entre los aspectos que creemos que pueden considerarse
positivos de la propuesta, está el que se eliminan, por una
parte, las deducciones del presupuesto del Insalud en concepto
de servicios comunes estatales antes de distribuirlo, y
también nos parece positivo, que lo es, que se prevean los
anticipos a cuenta de las liquidaciones definitivas de cada
ejercicio económico cuando se produzcan desviaciones en el
presupuesto del Insalud, cosa que, como todos sabemos, viene
produciéndose de una forma constante en mayor o menor
intensidad.
Ahora bien, desde nuestro punto de vista, nos parece más
lógico la utilización de la población protegida que no la de
población total de derecho, puesto que la protegida por otros
entes ha de tener su propia financiación. Por otra parte, la
introducción de la dispersión geográfica parece tener una
cierta lógica. Sin embargo, entendemos que tiene más sentido
en la financiación de otros tipos de gasto, como, por ejemplo,
inversiones en
infraestructuras o bien de otros que mejoren la movilidad de
la población. De esta forma, el indicador incentiva si no a la
solución definitiva sí por lo menos a la disminución del
problema y no a su perpetuación.
Finalmente, la utilización de indicadores de renta por
habitante ha sido muy discutida en el campo sanitario.
Suponemos que se pretende establecer una relación inversa
entre esta variable y el volumen de recursos a percibir.
Nosotros entendemos que la redacción ha de ser positiva, ya
que está claramente demostrado que el gasto sanitario --y eso
ocurre en todas partes-- tiene una relación, elasticidad-
renta, superior a 1, es decir, que a mayor renta «per capita»
mayor consumo de servicios sanitarios. Es, pues, una variable
que genera una cierta discrepancia entre las distintas
comunidades autónomas afectadas.
A mayor abundamiento, el aspecto de solidaridad o de
redistribución de la riqueza ya se efectúa por la vía de los
ingresos públicos, es decir, vía contributiva. Esta es la
verdadera redistribución, porque si además se redistribuye en
el capítulo de los gastos, no dejaría de representar, si se me
permite la expresión, una doble cuota de solidaridad; es
decir, aportar mayor contribución al conjunto total de
recursos --que nos parece bien-- y, a su vez, percibir menos
en el reparto del gasto público, cuando el gasto público por
habitante debe ser el mismo, como también debe serlo el coste
de los servicios
sanitarios.
En definitiva, señor Presidente, señorías, participando, como
hemos dicho, de la preocupación por esta cuestión, no bien
resuelta en los momentos actuales, participando también de la
calificación de perversidad, como ha hecho alusión uno de los
representantes del Parlamento gallego, entendemos que es en el
seno de la Comisión a la que hemos hecho referencia
anteriormente y en el marco de la misma donde se puede llegar
a acuerdos concretos y puntuales para una mejor solución para
todas aquellas comunidades autónomas que tienen transferido el
INSALUD.
Por todo ello, nuestro Grupo va a rechazar la toma en
consideración de esta proposición de ley, no dejando de
reiterar, una vez más, que estamos preocupados por el problema
e insistimos en que la solución puede venir por otra vía en la
que todas las comunidades autónomas afectadas participen de
hecho en la mejor solución del problema.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Cardona.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya quiero felicitar a la Comunidad
Autónoma de Galicia por la oportunidad en el planteamiento de
la reforma de la Ley General de Sanidad en un aspecto como el
de la financiación, que está abordado --y yo pienso que desde
el mismo debate de la Ley General de Sanidad se tuvo
conciencia--de una manera insuficiente, parcial y
contradictoria con uno de los principios fundamentales de la
Ley General de Sanidad, que era el de equidad.
Evidentemente, la Ley General de Sanidad surge con la idea --
adecuada en nuestra opinión-- de conformar un sistema
sanitario con transferencias a las comunidades autónomas en
materia de servicios sanitarios, pero que mantuviera, tal y
como nuestra Constitución prevé, en poder del Estado los
instrumentos
necesarios para garantizar niveles básicos de equidad en el
conjunto del Estado.
La verdad es que el desarrollo de la Ley General de Sanidad en
materia de transferencias sanitarias ha ido por caminos bien
contradictorios. Se ha producido la transferencia a algunas
comunidades autónomas de los servicios sanitarios del Insalud
y se ha transferido al conjunto de las comunidades autónomas
algunos de los instrumentos básicos en materia de salud
pública, que, a juicio de mi Grupo Parlamentario, nunca
debieron salir del Ministerio de Sanidad, como instrumentos
indispensables para garantizar el ejercicio de criterios de
planificación sanitaria, tendentes a la equiparación de los
niveles de salud, en las diferentes comunidades autónomas. Sin
duda SS.SS. no ignoran --y los representantes del Parlamento
gallego así lo han manifestado en esta tribuna-- que las
comunidades autónomas de nuestro Estado tienen diferencias muy
importantes en materia de servicios sanitarios y en materia de
servicios de salud. Han calificado, correctamente, como de
deuda histórica el déficit, el decalaje, la variación que
existen entre la realidad de los servicios sanitarios,
transferidos o no, y la media nacional. Deuda histórica que
exigiría, desde el punto de vista de la
planificación sanitaria, la instrumentación de medidas
destinadas a disminuirla progresivamente. Recuerdo a SS.SS.
que el
principal, el número 1 de los 38 objetivos de la Organización
Mundial de la Salud, de salud para todos en el año 2000, en la
región europea, era disminuir en un 25 por ciento las actuales
desigualdades en materia de salud.
No tengo que recordarles que la primera publicación de
indicadores de salud del Ministerio de Sanidad y Consumo, ante
las evidencias de desigualdades sostenidas e incluso
incrementadas entre las diferentes comunidades autónomas,
llevó al responsable, por aquel entonces, de la cartera de
Sanidad a eliminar la información relativa a las camas por
habitantes en las diferentes comunidades autónomas.
El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya considera que los criterios que se propone
introducir en la modificación del artículo 82 de la Ley
General de Sanidad son enormemente adecuados. Es decir, el
criterio demográfico es útil, pero lo suficientemente burdo,
lo suficientemente grosero, como para no permitir la
discriminación positiva de los
desiguales, indispensable para conseguir la equidad. La
equidad, señorías --y ustedes lo saben bien--, no consiste, en
materia sanitaria al menos, en repartir la tarta
presupuestaria en 17 pedazos, ni aun teniendo en cuenta
solamente los criterios de población. Saben ustedes que el
principal determinante de los niveles de salud de una
población es el de renta, las diferencias socioeconómicas y
las diferencias culturales y educativas que van asociadas. Por
tanto, discrepo profundamente de la valoración que hacía el
señor Cardona, representante del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) acerca de que los mayores niveles de
renta «per capita» llevarían a un mayor consumo de niveles de
salud. Si bien en una primera impresión eso podría ser real,
lo que es cierto, más allá de esa afirmación, es que la
demanda de servicios sanitarios, expresada por los ciudadanos,
no se corresponde con las necesidades reales en materia de
salud que, en este caso, por el contrario, se incrementan de
una manera muy importante con los niveles de renta más bajos,
independientemente de que se expresen o no como demanda de
servicios sanitarios. Aspecto que, entre otras cosas,
justifica el cambio de enfoque que planteó en su día, pero de
una manera absolutamente
insuficiente, la Ley General de Sanidad de actuar no en
función de la demanda, sino de una intervención activa, desde
los servicios sanitarios, sobre las necesidades de salud de la
población. Es evidente que la dispersión geográfica y los
niveles de renta «per capita» son uno de los aspectos
fundamentales que deben incorporarse al criterio de volumen de
población, a aspectos estrictamente cuantitativos en la
valoración de la población. Aspectos demográficos más finos,
como los que se han señalado aquí, de distribución de la
población por edad y sexo, también deberían estar presentes en
los criterios de financiación de los servicios sanitarios,
porque no solamente el
envejecimiento de la población plantea una mayor demanda de
servicios sanitarios, sino que también el porcentaje de
mujeres y el de niños son criterios que deben modificar la
financiación de los servicios sanitarios.
Hay un elemento que no plantea la modificación que propone el
Parlamento gallego y que en su momento nosotros propondremos
que se introduzca. Me refiero a la situación de salud de la
población. La Ley General de Sanidad habla de la planificación
de los servicios sanitarios y de la planificación de las
actividades de los mismos en función de las necesidades de
salud de la población, de la situación de salud de los
ciudadanos. Como saben SS.SS., hasta la fecha no contamos con
un diagnóstico de salud, pese a que la Ley General de Sanidad
lo exige, y, por tanto, tampoco tenemos plan integrado de
salud, como elemento rector de la intervención de los
servicios sanitarios sobre la salud de la población. Sin
embargo, a pesar de que este criterio no aparece, entendemos
que los que propone el Parlamento gallego son adecuados a la
situación, en consecuencia suponen avances de acuerdo con lo
que en este momento plantea la Ley General de Sanidad, y por
tanto, vamos a votar a favor de esta Proposición de ley.
Entendemos que es positivo que exista una Ponencia, en el
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que en
estos momentos esté debatiendo acerca de posibles
modificaciones en los criterios de financiación. Sin embargo,
señorías, debo recordarles que el organismo que tiene
capacidad legislativa es esta Cámara. A esta Cámara le
corresponde hacer las modificaciones que se crean oportunas de
la Ley General de Sanidad, sin que eso sea óbice para que
ponencias de niveles de la Administración de otro rango
debatan las fórmulas concretas por las cuales se aplican a las
diferentes comunidades autónomas los indicadores que permiten
adecuar la voluntad política expresada en esta Cámara, en su
caso en modificaciones de las leyes, para que se instrumenten
de manera concreta los cambios que se propongan en materia de
financiación.
No creemos que sea justificable, que sea esgrimible como
argumento en esta Cámara, el hecho de que exista una ponencia
en el Consejo Interterritorial para decir que no es oportuno
tomar una decisión que está originando desde hace tiempo un
incremento de las desigualdades en materia de salud entre las
comunidades autónomas. Asumamos las competencias que la
Constitución y el sistema democrático atribuyen a esta Cámara.
Decidamos lo que creamos oportuno en función de los contenidos
de las propuestas que se hacen y dejemos a los niveles de la
Administración correspondientes que tomen sus decisiones a la
hora de adecuar a fórmulas concretas los criterios políticos,
la voluntad política, que es patrimonio en exclusiva de esta
Cámara,
compartido con el Senado.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señora
Maestro. Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Gómez
Vázquez.
El señor GOMEZ VAZQUEZ: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, hoy, 17 de mayo, celebramos en Galicia el día de
las Letras gallegas, dedicado en esta ocasión al escritor y
artista coruñés Luis Seoane. Me parece una feliz coincidencia
que en día tan señalado se debatan en esta Cámara dos
iniciativas del Parlamento gallego, tan importantes para
Galicia. Por eso quiero, de una manera especial, dar la
bienvenida a los Diputados del Parlamento gallego que hoy han
defendido aquí sus iniciativas. (El señor Diputado pronuncia
unas palabras de saludo en gallego). Señorías, en tan señalado
día tengo el honor de fijar la posición del Grupo Popular en
un tema tan trascendente para Galicia como es el de la
financiación de la sanidad. Porque lo que hoy se trata aquí no
es de solucionar la sanidad gallega, sino la financiación de
la sanidad gallega. Ya desde este momento quiero que quede
bien claro que nuestro sentido del voto es el de total apoyo a
la toma en consideración de la proposición de ley que
presentan nuestros compañeros del Parlamento de Galicia, como
no podía ser de otra forma.
Estamos hablando de sanidad, estamos hablando de un bien
básico. Hablamos de enfermeras, de médicos, de hospitales, de
centros de atención primaria, de listas de espera y hablamos,
sobre todo, señorías, de dinero que haga posible que este bien
básico llegue al mayor número de personas y en las mejores
condiciones
posibles. Con este dinero Galicia demostrará que sabe hacerlo
tan bien como con la lucha contra los incendios forestales,
como ponía de manifiesto la pasada semana desde esta tribuna
mi compañera la Diputada Martínez Saiz, dándose, además, la
feliz circunstancia de que la persona que tiene que gestionar
estos recursos es la que con anterioridad hizo posible ese
éxito en la lucha contra el fuego en Galicia. Estamos hablando
de
financiación, de dinero, de intereses de Galicia y no de
intereses de partido.
Después de escuchar hace un momento al portavoz del Partido
Socialista Galego no entendíamos la contradicción. Después de
haber sido votada por unanimidad por todos los grupos
políticos en el Parlamento gallego, incluido el Partido
Socialista, no entenderíamos el doble lenguaje, al que, por
otra parte,
desgraciadamente, nos tienen acostumbrados; y nunca nos
acostumbraremos a pesar de ejemplos tan recientes como el del
«Mar Egeo» hace tres semanas y el de Santa Bárbara también muy
recientemente. En octubre pasado, con ocasión de las
elecciones al Parlamento gallego, la Ministra, Angeles Amador
(que, por cierto, lamento que no esté esta tarde en el debate
en un tema trascendente para la sanidad de Galicia y la
sanidad de España), decía que admitía la posibilidad de
renegociar la deuda con Galicia. Pues bien, si hay voluntad de
renegociar la deuda con Galicia ahora es el momento. Que se
apruebe ahora esta proposición de ley y que se demuestre ahora
que hay esa voluntad de
negociar. Y tiene que ser de una manera bilateral, no de una
manera multilateral. Hasta la propia Ministra decía en esas
mismas declaraciones que el señor Sánchez Presedo bien sabía
de lo que se hablaba y cómo tenían que solucionarse estos
problemas, y que es mejor plantearlo, decía taxativamente,
desde una perspectiva bilateral y no multilateral. Si el señor
Sánchez Presedo tiene el apoyo de la Ministra, espero entender
que la Ministra asuma que es de una manera bilateral como hay
que enfocar este problema y no de una manera multilateral.
No somos insolidarios con el resto de las comunidades
autónomas porque pidamos más dinero para nuestra sanidad. No
queremos quitar nada a los demás. Queremos simplemente lo que
nos
corresponde.
No vamos a hablar, porque ya lo dijeron mis compañeros del
Parlamento gallego, de la deuda histórica de los años 1982 a
1990, por la cual se detraen a Galicia más de 120.000 millones
de pesetas. Podemos hablar, por el contrario, del desfase en
estos diez años para acercanos al gasto medio estatal. El
famoso artículo 82 de la Ley de Sanidad supone a la Comunidad
Autónoma 139.000 millones en el período 1991-2000 y, por
ejemplo, en este año 1994, en el que nos encontramos, supone
sólo ese concepto 19.000 millones de pesetas.
Además, esta exigencia de la proposición de ley está amparada
por la Constitución, en sus artículos 9, 43 y 159, y por la
propia Ley General de Sanidad, en los artículos 1, 3, 12 y 81,
que reconocen el derecho a la protección de la salud a toda la
población y la necesidad de superar progresivamente las
desigualdades territoriales.
Señor Cardona, no es un tema multilateral, sino bilateral,
como la propia Ministra reconoce. No es un tema del Consejo
Interterritorial de la Salud, como decía muy bien hace un
momento la portavoz de Izquierda Unida. Esto es previo a eso,
señor Cardona.
Creemos que tienen que ser los poderes públicos, el Parlamento
de Galicia en su día, hoy estas Cortes Generales, los que
hagan que sea una realidad el objetivo de alcanzar el máximo
nivel posible de equidad territorial en la asignación de los
recursos públicos, superando viejas desigualdades geográficas
en el terreno sanitario.
Esta, señores, es la razón de nuestro apoyo y de que no
entendería que no se tomara en consideración esta iniciativa.
Después de oír aquí esta tarde al portavoz del Partido
Socialista Gallego-Partido Socialista Español, entiendo que
todos los diputados gallegos, sin distinción de grupos
políticos, es decir, diputados del Partido Socialista y del
Partido Popular, tenemos que votar positivamente esta
proposición de ley. Galicia no los demanda y más cuando se
declara, no hace más de dos días, por parte de un significado
diputado gallego que se ha terminado el ser los monaguillos de
Madrid.
El Partido Socialista ya votó en contra de Galicia cuando se
introdujo la enmienda a la Ley de Sanidad que alargó a diez
años el plazo para corregir las desviaciones entre los
porcentajes de gasto y de población protegida. Puede decirse
en este caso, como decía el Senador Hernández Cochón en el
debate de esta
proposición de ley en el Parlamento gallego, que el que hace
la ley hace la trampa. Espero que hoy no, que hoy, señores del
Partido Socialista, no sigan siendo tramposos, diputados
gallegos del Partido Socialista. (El señor García-Arreciado
Batanero: ¡Ignorante!) Es importante, por lo tanto, que se
tome en
consideración esta proposición de ley. El interés primordial
es modificar el nefasto artículo 82 que permita anticipar a
tres los siete años que quedan para equilibrarnos con la media
del gasto estatal.
Hay otros intereses, como son la toma en cuenta de otros
criterios de la dispersión demográfica, desde el
envejecimiento de población, que ya se ha tratado aquí; el
retraso en los acuerdos de liquidación con las comunidades
autónomas, que suponen un endeudamiento crónico por parte de
aquellas
comunidades autónomas más desfavorecidas; los acuerdos de
cofinanciación de inversiones sanitarias. Todos estos son
también temas importantes y esperamos que se alcancen acuerdos
en la tramitación parlamentaria de la proposición de ley, para
la que pedimos el apoyo, una vez más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo
Socialista, tiene la palabra la señora Mendizábal.
La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Señor Presidente, señorías,
en primer lugar, quiero dar la bienvenida a los miembros del
Parlamento gallego que se encuentran en esta Cámara y empezar
diciendo que la proposición de ley que presenta hoy aquí el
Parlamento gallego estamos seguros que incide, sin duda, en un
tema de gran importancia, como es el sistema de financiación
de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social con un gran
peso específico dentro de cada comunidad autónoma y, por
tanto, con una gran incidencia en cada uno de sus
presupuestos.
La preocupación que inspira esta proposición es, sin duda,
razonable y coincide con la del Gobierno y, por supuesto, con
la del Grupo Socialista. Esta propuesta es una aportación
relevante para el necesario proceso de debate sobre la
financiación del Sistema Nacional de Salud y quiero expresar
que mi Grupo
participa del objetivo general y de fondo y nos comprometemos,
por tanto, a avanzar en el camino de mejorar el sistema de
financiación del Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, me
veo en la obligación y debo señalar también que no
participamos del mecanismo utilizado y tampoco de la
formulación concreta que se ha hecho en esta proposición de
ley que hoy debatimos,
y voy a pasar a continuación a expresar cuáles son las razones
de estos dos pequeños problemas.
La proposición de ley solicita la modificación del artículo 82
de la vigente Ley General de Sanidad y supone la introducción
de modificaciones importantes en el sistema de financiación,
como son, en primer lugar, la supresión de la deducción que
representan los servicios comunes y centros nacionales de
gestión centralizados para el cálculo de la participación de
las comunidades autónomas en el presupuesto total del Insalud;
en segundo lugar, supone la sustitución del criterio de
población protegida por el criterio de población de derecho;
en tercer lugar, supone la introducción de los parámetros de
dispersión geográfica, por un lado, y el de renta por
habitante como ponderados dentro de la población de derecho;
en cuarto lugar, supone también el acortamiento del plazo de
10 a 3 años para eliminar las diferencias entre el porcentaje
de gasto sanitario en el momento inicial y el porcentaje de la
protección de derecho ponderado, y, en quinto y último lugar,
supone la modificación del sistema de liquidación anual del
presupuesto total del Insalud.
Todas estas modificaciones tienen distinto peso específico y,
por tanto, voy a centrarme en dos de ellas de manera más
exhaustiva porque son las que pueden plantear, quizá, más
dificultades a la hora de su aplicación. Y me refiero, en
primer lugar, a la sustitución del criterio de «población
protegida» por el de «población de derecho» y, en segundo
lugar, a la introducción de diferentes parámetros para
ponderar, para corregir la variable «población».
Respecto al primero, es evidente que, debido a las diferentes
fechas y formas en las que se hizo la negociación de los
distintos decretos de transferencias, se ha podido dar lugar a
criterios distintos poblacionales a la hora de establecer los
cálculos de porcentajes de participación. Efectivamente, no
fueron homogéneos y, por lo tanto, parece racional alcanzar
una cierta unificación de criterio sobre el porcentaje de
población a aplicar. Pero lo anterior no implica sustituir la
población protegida por la población de derecho.
Efectivamente, habrá que aplicar el censo a la población
protegida. Pero el pasar al criterio de «población de derecho»
supone no tener en cuenta que hay colectivos cuya cobertura se
establece no por el Insalud, sino a través de los regímenes
específicos de la Seguridad Social o de las mutualidades
públicas de funcionarios y, por tanto, está financiado por
estos propios organismos. Además, la población cubierta por
estas otras entidades fuera del Insalud no se distribuye de
manera homogénea entre todas las Comunidades Autónomas. Por
tanto, está claro que al utilizar este criterio de «población
de derecho» se desnaturalizaría de cierta forma la finalidad
para la que se dota al Insalud de recursos, ya que al recibir
el presupuesto global en función de lo que le corresponde por
los regímenes cubiertos por el propio Insalud y, en cambio,
distribuir según otros criterios, eso originaría consecuencias
negativas tanto para el Insalud no transferido como, además,
una serie de diferencias o de agravios comparativos entre las
distintas comunidades autónomas en función de la proporción
que tuvieran estos colectivos. Por tanto, resulta dificultoso,
y hay que valorar, este tipo de criterio.
Respecto al segundo criterio, que es la introducción de los
parámetros correctores del criterio poblacional anterior, en
el sentido de dar una mayor equidad a la distribución de los
recursos, con lo cual estamos totalmente de acuerdo, nos
parece, por tanto, un principio bastante aceptable. Pero yo
creo que hay que pensar más, y el problema radica precisamente
en seleccionar esos criterios.
El principio de dispersión geográfica que se aplica, que puede
ser un principio como el que significa la desigualdad al
acceso a la sanidad, puede aceptarse lógicamente que tenga una
relación directa con el nivel de gastos a realizar. Sin
embargo, hay que tener en cuenta también que la tecnología
sanitaria no se puede distribuir de la misma forma por todo el
territorio. Existen determinados recursos que forzosamente
siempre van a estar concentrados. Además, para contemplar esa
desigualdad de acceso sería necesario establecer previamente
lo que se considera como un estándar mínimo de servicio, y la
desigualdad podría
establecerse no sólo en base a la distancia, y, por tanto, a
la dispersión geográfica, sino también en base al tiempo de
espera. Respecto al segundo indicador, que es la introducción
del nivel de renta --y en esta Cámara se ha planteado una
diferencia entre dos Grupos, concretamente el Grupo de
Convergència i Unió y el Grupo de Izquierda Unida--, el tema
resulta controvertido, porque empíricamente está demostrado
que, a mayor nivel de renta, aumenta la demanda de servicios
sanitarios. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señora
Mendizábal. Señorías, por favor, ocupen sus escaños y guarden
silencio. (Pausa.) Continúe, por favor, señora Mendizábal.
La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Gracias, señor Presidente.
Decía que la introducción del parámetro nivel de renta es un
tema controvertido porque, efectivamente, a mayor nivel de
renta, existe mayor demanda de servicios sanitarios porque la
sanidad, en economía, es un bien que tiene una elasticidad de
renta muy elevada y esto, por supuesto, desde nuestro punto de
vista, está en total contradicción con el objetivo
redistributivo. Nuestra opinión es que hay que permitir
corregir los desequilibrios existentes y evitar que se
perpetúe una serie de desigualdades sanitarias. Creemos que
aquí hay un problema respecto a la ponderación, que pueden
darse resultados diametralmente opuestos y que hay que
considerarlo técnicamente mejor para saber cuál es la opción
que hay que tomar. Sin embargo, creo que además hay una
deficiencia, porque existe otra serie de criterios, que ya se
han señalado por alguno de los parlamentarios del Parlamento
gallego, y hay otra serie de variables que son fundamentales,
como es la edad de la población, que sí puede tener, y de
hecho tiene, una relación directa con el nivel de gasto
sanitario.
Desde nuestro punto de vista, está claro que la utilización de
estos indicadores condiciona el resultado final de la
distribución, tanto por la definición que se haga de ellos
como por la ponderación que se pueda dar a estos parámetros,
por lo que pequeños cambios en la metodología seguida puede
tener un gran impacto en la cantidad asignada a cada una de
las
comunidades autónomas. Toda esta complejidad hace que una sola
propuesta, como es la que tenemos ahora aquí, no sea
suficiente para tomar en consideración una reforma del sistema
de
financiación, que tiene una serie de efectos que hay que
valorar previamente. Para abordar la reforma del sistema de
financiación de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social
y la
transferida a las comunidades autónomas, hay que tener en
cuenta que no es posible, en ningún caso, definir un modelo
óptimo, por lo que la solución está condicionada por un
proceso de
negociación política, con lo cual vuelvo a la primera parte de
mi intervención donde señalaba que mi Grupo no coincide con el
mecanismo utilizado. La negociación política para alcanzar el
consenso necesario, desde nuestro punto de vista, debe seguir
otra vía. La reforma de este sistema de financiación debe
encauzarse a través del Consejo interterritorial de Salud,
tomando como referencia el análisis que se está realizando en
estos momentos en el seno del grupo de trabajo creado por el
Consejo de Política Fiscal y Financiera; grupo de trabajo
formado por representantes de la Administración central y de
las
comunidades autónomas, para examinar las disfunciones que los
procesos de presupuestación y liquidación de las prestaciones
sanitarias introducen precisamente en la financiación de las
comunidades autónomas. Hay dos grandes líneas de acción en
este grupo de trabajo: una es el saneamiento del sistema y la
otra es la modificación del sistema de asignación de recursos
entre las comunidades autónomas, que es lo que en este momento
estamos tratando. Desde que se creó este grupo se ha venido
trabajando en este tema y, de hecho, el pasado 1 de febrero el
grupo ya ha discutido una propuesta para modificar el sistema
general de financiación de la asistencia sanitaria de la
Seguridad Social. Pero es que además existe, de forma
complementaria, la Comisión de financiación del Consejo
interterritorial, que está llevando a cabo el estudio del
sistema de financiación sobre el problema de desplazamientos
dentro de las comunidades autónomas, que también es otro
problema a tener en cuenta. Los trabajos
desarrollados hasta la fecha muestran el interés de todas las
partes en llegar a un acuerdo, así como las no escasas
complejidades técnicas que ya hemos comentado. Dado que la
Comunidad Autónoma gallega está colaborando activamente en
este grupo de trabajos del Consejo de Política Fiscal y
Financiera y del Consejo Interterritorial, está claro que el
contenido de esta iniciativa legislativa de la Comunidad
Autónoma gallega es conocido y ha sido tenido en cuenta en los
foros que hemos mencionado.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Mendizábal,
vaya concluyendo, por favor.
La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Acabo, señor Presidente.
Esperemos que se alcance --y ése es nuestro objetivo-- el más
amplio acuerdo entre todas las comunidades y las
Administraciones implicadas. La iniciativa legislativa de la
Comunidad Autónoma gallega es, sin duda, una contribución
interesante, aunque, lógicamente, parcial, por lo cual no
podemos dar nuestro voto afirmativo, pero esperamos que en
ambos foros se produzcan, en un plazo razonable, los acuerdos
necesarios, para dar
satisfacción a las inquietudes de fondo que han inspirado esta
iniciativa legislativa que debatimos y que, por supuesto, mi
Grupo, el Grupo Socialista, comparte en su fondo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Finalizado el debate,
sometemos a votación la toma en consideración de la
proposición de ley discutida. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación para la toma en consideración de
la proposición de ley, del Parlamento de Galicia, sobre
modificación del artículo 82 de la Ley General de Sanidad
estatal, en lo referente al financiamiento de la asistencia
sanitaria de la Seguridad Social. Comienza la votación.
(Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 305; a favor, 140; en contra, 159; abstenciones,
seis.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
MODIFICACION DEL ARTICULO 340 BIS. a), APARTADO 1.º, DEL
CODIGO PENAL, CON EL FIN DE TIPIFICAR LA CONDUCCION
DE UN CICLOMOTOR BAJO LA INFLUENCIA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y
OTRAS SUSTANCIAS ESTIMULANTES (ORGANICA) (Número de expediente
122/000053)
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley, del Grupo Popular,
sobre modificación del artículo 340 bis. a), apartado 1.º, del
Código Penal, con el fin de tipificar la conducción de un
ciclomotor bajo la influencia de bebidas alcohólicas y otras
sustancias estimulantes.
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Cotoner. (Rumores.) Señorías, guarden silencio y ocupen sus
escaños.
El señor COTONER GOYENECHE: Señor Presidente, señorías, la
presente proposición de ley orgánica presentada por mi Grupo
Parlamentario y que tengo el honor de defender intenta
reformar el artículo 340 bis a), apartado 1.º, del Código
Penal vigente, tipificando como delito la conducción de un
ciclomotor bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas
tóxicas,
estupefacientes, o sustancias psicotrópicas, además de la
conducción de un vehículo de motor. La redacción vigente del
artículo 340 bis a) dice que serán castigados con la pena de
arresto mayor o multa de 100.000 a un millón de pesetas y
privación, en todo caso, del permiso de conducción por tiempo
de tres meses y un día a cinco años, primero, el que condujera
un vehículo de motor bajo la influencia de bebidas
alcohólicas, drogas tóxicas, estupefancientes o sustancias
psicotrópicas. La modificación que pretende la presente
modificación a través de ley orgánica únicamente intenta
añadir la palabra ciclomotor, además de los vehículos de
motor. Algunas de SS.SS. no versadas en cuestiones jurídico-
penales se preguntarán: ¿Qué tontería quiere introducir el
Grupo Popular? ¡Como si el ciclomotor no fuera un vehículo de
motor! Pues no, señorías; hasta ahora únicamente se ha venido
considerando delito la conducción bajo la influencia de dichas
sustancias de los vehículos de motor, entre los cuales no está
incluido el ciclomotor, debido a que en el punto 9.º del anexo
del Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el
que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre tráfico,
circulación de vehículos a motor y seguridad vial, se excluye.
El punto 9.º de dicho anexo define el vehículo de motor como
el vehículo provisto de motor para su propulsión; se excluyen
de esta definición --dice textualmente-- los
ciclomotores y los tranvías. En ese mismo anexo, en el punto
7.º se define el ciclomotor como el vehículo de dos ruedas y
una sola plaza con motor térmico de cilindrada no superior a
50
centímetros cúbicos o con motor eléctrico de potencia no
superior a mil vatios y cuya velocidad no excede de los
límites que reglamentariamente se determinen. Queda claro, por
tanto, que la expresión «vehículo de motor» no es
omnicomprensiva de todo tipo de vehículo que se mueva por
autopropulsión. En el supuesto de hecho del artículo 340 bis
a), apartado 1.º, introducido en el Código Penal por la Ley
Orgánica 3/1989, de 21 de junio, anterior a la Ley de
Seguridad Vial, tipifica la conducta de conducir un vehículo
de motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas
tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, quedando
excluida, como hemos dicho, del tipo la conducta de conducir
un ciclomotor bajo estos efectos. La introducción del artículo
340 bis a) en el Código Penal tuvo su fundamento en la
necesidad de política criminal de aumentar los supuestos de
conducción temeraria ante la alarma social que estaban
originando ciertos comportamientos, caso de los llamados
conductores suicidas. Con ello, además, se intentaba reforzar
la función preventiva y la capacidad correctora de dichos
comportamientos gravemente antisociales. Sin embargo, el
legislador no pareció tener en cuenta que igual riesgo se
deriva de la conducción de otros tipos de vehículos, como son
los ciclomotores, máxime teniendo en cuenta que son los
jóvenes las personas más afectadas por la siniestralidad y la
accidentalidad vial por este tipo de conducción, riesgo para
el propio conductor y para los demás. La importancia de
tipificar esta conducta deriva de la incidencia en la
seguridad vial de este tipo de conducción.
Según datos provisionales de la Dirección General de Tráfico
relativos a 1993, 12 de cada 100 víctimas de accidentes
circulaban en ciclomotor. Durante 1992, según el Anuario de la
Dirección General de Tráfico, de 4.126 vehículos implicados en
accidentes con víctimas, 3.128 eran ciclomotores; el número de
accidentes con víctimas ocasionados por ciclomotores fue de
3.473; el número de muertos en ciudad por conducción de un
cliclomotor durante 1992 se elevó a 103 y en carretera a 331.
Los porcentajes, como se puede apreciar, son bastante
elevados. De ahí la necesidad de adoptar algún tipo de medida
coercitiva que prevenga, al máximo este tipo de accidentes, en
los que de modo muy frecuente pierden su vida personas muy
jóvenes.
En 1993 perdieron su vida en accidentes de ciclomotor en
carretera 32 jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y 17
años y 21 jóvenes de 18 a 20 años; en zonas urbanas perdieron
su vida 24 jóvenes de 15 a 17 años. En la memoria de la
Fiscalía General del año 1992, elevada al Gobierno, en el año
1993, en la página 82 se puede leer --lo cual se infiere ya
implícitamente--la necesidad de tipificar la conducción de un
ciclomotor bajo la influencia de drogas o bebidas alcohólicas.
Dice la Fiscalía General del Estado que observa con cierto
desánimo que el proyecto del Código Penal de 1992 no recoge,
en el capítulo relativo a los delitos contra la seguridad del
tráfico, la conducta de conducir un ciclomotor
bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes,
sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas. Sigue diciendo
que ya en la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 1989
se solicitaba la tipificación de tal conducta, y decía que la
no tipificación de tal conducta resultaba un supuesto insólito
en Derecho comparado. Seguía diciendo que tal conducta
estadísticamente tenía una influencia importantísima en un
elevado número de accidentes y que, en definitiva, era
generadora de más riesgo que la conducción en tal estado de un
vehículo a motor.
Pese a estas consideraciones el proyecto de Código Penal, en
los artículos 357 a 362, hoy en el nuevo proyecto, que remitió
el Gobierno a los Diputados de esta Cámara para su estudio, se
refleja en los artículos 362 a 371 y bajo la rúbrica de
«delitos contra la seguridad del tráfico», que no regula tal
conducta, puesto que continúa tipificando en exclusiva la
conducción de vehículo de motor, con lo que queda de nuevo
excluido de tal ilícito penal la conducción bajo influencia de
bebidas
alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias
psicotrópicas, así como también la conducción temeraria de
ciclomotores, como la posible conducción suicida del artículo
361, hoy anteproyecto 370, pues se remite el artículo 358, que
hoy es el 367, y que requiere, igualmente, el presupuesto de
vehículos de motor. No nos parece acertada tal exclusión por
las razones antes dichas y más aún cuando en el propio
proyecto, en el artículo 244, hoy 248, en la utilización
ilegítima de
vehículos de motor, da entrada al ciclomotor de manera
expresa, al castigar el que sustrajere un automóvil o
ciclomotor ajenos. Entendemos que sería deseable, de la misma
forma que en tal artículo se da entrada al ciclomotor, que se
hiciera en los delitos contra la seguridad del tráfico. Es
necesario, por tanto, tipificar esta conducta, de la que,
además, de no hacerse referencia en el proyecto de Código
Penal de 1992, resulta un supuesto insólito en Derecho
comparado, como bien dice la Memoria de la Fiscalía General
del Estado.
Como se ha puesto de manifiesto, la incidencia estadística de
esta conducta en el número total de accidentes permite pensar
que la misma es generadora de más riesgo, si cabe, que la
conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y otras
sustancias estimulantes de un vehículo de motor. Hay que tener
en cuenta, por otra parte, que la jurisprudencia ha sido
unánime, hasta ahora, en excluir la sanción de este tipo de
conductas debido a que en el Código de la Circulación del año
1934, modificado por una serie de Reales decretos, se
catalogaba el ciclomotor como las bicicletas. Hoy día, el Real
Decreto 2641/1986, de 30 de diciembre, que aprueba el
Reglamento del Seguro de
Responsabilidad Civil derivada del uso y circulación de
vehículos de motor, de suscripción obligatoria, en su artículo
5.º asimila al vehículo de motor, a los únicos efectos de la
obligación de estar asegurado, los ciclomotores y todo
vehículo terrestre automóvil que esté accionado por una fuerza
mecánica. Este Real Decreto es copia literal del Real Decreto
1653/1980, de 4 de julio, que, a su vez, lo ha derogado. Por
ello, creemos que hacemos un favor a la magistratura, ya que
se unifican criterios y damos la posibilidad de que estas
conductas antisociales se puedan sancionar debidamente, puesto
que estará tipificado el delito.
Por todo ello, señorías, en nombre de mi grupo parlamentario
solicito, el voto favorable a la presente proposición de ley
orgánica para su toma en consideración.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cotoner.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Camp i Batalla.
El señor CAMP I BATALLA: Gracias, señor Presidente.
Una primera constatación, a la vista de esta iniciativa del
Grupo Popular, es la evidencia de que el hecho de no tener
actualmente en trámite el proyecto de ley de reforma del
Código Penal provoca no poder ordenar de forma conveniente
toda la serie de
iniciativas en torno a temas que serían propios de regulación
en dicho proyecto. Ello pone en evidencia, como decía, la
conveniencia de que el Gobierno presente cuanto antes dicho
proyecto de reforma del Código Penal.
Con relación a esta proposición de ley de reforma del artículo
340 bis a) del actual Código Penal, cabe anunciar, en primer
lugar, nuestro voto favorable a la misma, porque viene a
regular un vacío legal, como muy bien ha explicitado el
portavoz del Grupo Popular, puesto que la extensión del
concepto de vehículo a motor no se puede hacer a los
ciclomotores, lo que conlleva una serie de elementos negativos
que provocan más de un vacío y ciertas dificultades en las
posibles actuaciones a nivel
judicial. En cuanto al contenido estricto de la proposición de
ley, creemos que será interesante hacerle alguna modificación
en su tramitación; tramitación que, si depende de nuestro
grupo, intentaremos que sea muy en paralelo con los propios
trabajos de reforma del Código Penal, si finalmente lo
presenta el Gobierno. Sí queremos anunciar que sería
conveniente la definición de una tasa numérica que permitiera
dar mayor claridad a la influencia de las bebias alcohólicas,
pues ello permitiría superar
apreciaciones subjetivas que actualmente los magistrados, los
jueces tienen que aplicar y que llevan incluso a sentencias
absolutorias por conducciones con niveles muy elevados de
alcoholemia.
Por ello ya anunciamos que nuestro grupo en su momento
presentará una iniciativa en el sentido de objetivar al máximo
la tasa penal de alcoholemia, posiblemente a partir del 1 por
ciento, de un gramo por litro de sangre, que sería un criterio
como muy objetivo a partir del cual se podría tipificar este
tipo de conductas. Si bien es cierto que los estudios que
existen ya demuestran una pérdida de reflejos a partir del 0,5
por ciento, hoy por hoy la tasa de alcoholemia que se tiene
fijada a efectos gubernativos es del 0,8. Por consiguiente,
nosotros pensamos que fijar una tasa en la línea de
responsabilidad penal en el 1 por ciento permitiría incluso
bajar la tasa gubernativa al 0,5 y con ello establecer una
gradación que también tendría sus efectos a fin de intentar
evitar ese tipo de conducciones peligrosas. Por todo ello,
como decía al principio, nuestro grupo va a dar su voto
favorable a esta iniciativa con el convencimiento, primero, de
que va a ser tramitada en paralelo con la reforma del Código
Penal, haciendo votos de que el Gobierno presente de forma
rápida el proyecto de ley de reforma del actual Código Penal
y, en segundo lugar, anunciando estas reformas que acabo de
indicar sobre el texto actual.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Camp.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor López Garrido.
El señor LOPEZ GARRIDO: Gracias, señor Presidente.
Nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente la toma
en consideración de esta proposición de ley orgánica que
modifica el artículo 340 bis a), 1.º, del Código Penal.
Nos parece efectivamente oportuna ya que introduce en el tipo
que castiga el Código Penal a quien conduzca un vehículo de
motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas
tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, quien lo
hace en un ciclomotor. La verdad es que no tiene ninguna
justificación que se castigue a quien conduce un vehículo a
motor bajo la
influencia de bebidas alcohólicas y no a quien conduce en un
ciclomotor, teniendo en cuenta que, como señala la Memoria del
año pasado de la Fiscalía General del Estado, y que ha sido
citada por el defensor de esta proposición de ley, resulta que
estos delitos, futuros delitos, si esta proposición de ley se
aprueba, están causando un número elevadísimo de accidentes.
En estos momentos parece que la mejoría en cuanto al número de
accidentes que se producen en nuestro país por vehículos de
motor no está correspondida por una trayectoria parecida en el
caso de los ciclomotores. Los ciclomotores se resisten a
seguir esta estadística, con lo cual se está probando que
resulta mucho más peligrosa la conducción bajo la influencia
de bebidas alcohólicas en un ciclomotor que en otro tipo de
vehículos de motor.
Realmente el problema de la terminología proviene del Real
Decreto Legislativo 339/1990, por el que se aprobó el texto
articulado de la Ley sobre Tráfico y Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial que, de una forma no justificada,
exime de ser considerado vehículo de motor a los ciclomotores,
algo que habría que reformar para considerar como vehículo de
motor también a los ciclomotores.
Nos parece desde luego que es plenamente acertada esta
proposición de ley, oportuna, señalada su necesidad por la
Memoria de la Fiscalía General del Estado que, como también
indica, es un supuesto que no tiene parangón en el Derecho
comparado y, por tanto, nos parece que debe producirse esta
modificación. Esta proposición de ley, no obstante,
necesitaría algún tipo de enmienda, que ya anunciamos para el
sucesivo trámite, si es que supera la toma en consideración,
ya que en la redacción que nos presenta el Grupo proponente,
el Grupo Popular, se habla de la privación del permiso de
conducción y aquí ya habría que introducir una enmienda,
puesto que los ciclomotores no son objeto de permiso de
conducción, sino de licencia. Es este caso, repito, ya habría
que introducir una enmienda, cosa que se haría en el trámite
correspondiente.
Esperamos que el futuro Código Penal, anunciado tantas veces
por el Gobierno y parece que de inminente llegada a esta
Cámara, introduzca, prevea esta conducta --se nos dice que va
a ser así--, pero también hay que tener en cuenta que el
Código Penal sufre una tramitación que puede resultar muy
larga; ya veremos incluso --esperemos que sí-- si puede
terminar y aprobarse en esta azarosa legislatura, de vida
incierta. El hecho de que se introduzca esta modificación en
el artículo 340 del Código Penal nos parece urgente, nos
parece necesario y por tanto, vamos a apoyar con nuestro voto
favorable la toma en consideración de esta proposición de ley.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Garrido.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor González
Lizondo.
El señor GONZALEZ LIZONDO: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero decir brevemente que desde Unión Valenciana vamos a
apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley,
que creemos oportuna. Asimismo, entendemos que precisa de una
serie de enmiendas que nuestro grupo presentará en el momento
oportuno, y también queremos urgir al Gobierno, igual que mis
anteriores compañeros, para que la aprobación que se hizo
sobre la rápida presentación de la reforma del Código Penal
tenga efecto lo más pronto posible.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Coalición Canaria tiene
la palabra el señor Olarte.
El señor OLARTE CULLEN: Señor Presidente, ante todo darle las
gracias por su benevolencia, ya que acaso yo no hice un gesto
tan significativo como para que el señor Presidente lo
apreciara e inmediatamente verificara en orden a mis deseos de
intervenir, brevemente por cierto, en esta fase del debate.
Hace unos días, en una moción consecuencia de interpelación
urgente, el Grupo Popular planteaba una iniciativa a propósito
de la nueva mayoría de edad penal, que fijaba a los 18 años.
Nosotros votamos sí entonces, en primer lugar, porque no
constituía en sí misma un anticipo de la reforma del Código
Penal, sino que simplemente explicitaba el deseo de que se
tuviesen en cuenta una serie de consideraciones a la hora de
verificar la reforma y porque, además, había razones
intrínsecas importantes.
Ahora, después de haber oído la intervención del señor Cotoner
y de los grupos parlamentarios que posteriormente han
intervenido, lo hacemos convencidos de que se debe apoyar esta
iniciativa del Grupo Popular porque, evidentemente, la reforma
que se pretende puede verificarse sin necesidad de que se
conmueva la estructura de una reforma del Código Penal, como
podría ocurrir en otros casos de más importancia, y no porque
esto no lo tenga, ya que, evidentemente, tiene una importancia
intrínseca notable, pero no es preciso acudir a grandes
debates políticos ni filosóficos sobre la cuestión. Me parece
que es un asunto razonable, puntual y que no precisa de
grandes debates en el seno de esta Cámara sin perjuicio de que
por la vía de las enmiendas, sobre todo por lo referente a la
posibilidad de obtener el permiso de conducir en los supuestos
correspondientes, pueda mejorarse el texto que hoy ha traído
el Grupo Popular y al que nosotros, con nuestro voto
afirmativo, prestaremos respaldo. Muchas gracias, señor
Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olarte.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor De la
Rocha.
El señor DE LA ROCHA RUBI: Gracias, señor Presidente.
Señorías, la proposición que ha defendido el señor Cotoner, en
nombre del Grupo Parlamentario Popular, ha suscitado hasta el
momento la unanimidad de los grupos sobre la oportunidad de
que a través de una norma con el grado de sanción que
incorpora el Derecho Penal se regule la materia que afecta a
la conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas, drogas
u otras
sustancias psicotrópicas también de los ciclomotores.
El Grupo Parlamentario Socialista entiende que tratándose de
una reforma muy puntual del Código Penal, y aun estando en
puertas que el Código Penal sea presentado ante esta Cámara,
dado el aspecto, repito, estrictamente puntual, considera que
cabe abordar la toma en consideración de esta proposición de
ley orgánica qe se ha defendido, porque efectivamente afecta a
una cuestión importante para los ciudadanos, también,
lógicamente, para los poderes públicos, que es cómo abordar el
problema de la siniestralidad en el tráfico, problema derivado
del incremento del parque automovilístico, problema derivado
del constante incremento de la utilización de vehículos --
sobre todo
particulares--, por los ciudadanos, problema que el Gobierno
socialista en los últimos tiempos ha venido abordando a través
de dos tipos de acciones políticas, por una parte, a través
del presupuesto, mediante el incremento de las partidas que
las Cortes Generales autorizaban para mejora de carreteras,
incremento del número de kilómetros de autovía y eliminación
de puntos negros, que sin duda ha sido un factor positivo en
la evolución negativa, en la disminución de la siniestralidad
en el tráfico, y, por otra parte, a través de la modificación
de normas de circulación, a través de lo que llamaríamos
política directa de tráfico, normas de circulación en unos
casos de carácter administrativo, y ahí está la importante ley
sobre tráfico o circulación de vehículos de motor y seguridad
vial, texto articulado aprobado por Real Decreto legislativo
339/1990, de 2 de marzo, Ley de Seguridad Vial que se ha
traducido ya en una mejora sustancial de la «ratio» de
accidentalidad. Hay que hablar con prudencia de un efecto
positivo, aunque es verdad que tiene todavía sus lagunas y es
en esta laguna en la que incide, precisamente, la proposición
de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular. Junto
con las mejoras en la legislación sobre el tráfico, en la
legislación que conlleva en su caso sanciones administrativas,
también en algunos supuestos es necesario acudir al Derecho
Penal, último argumento que puede esgrimir el legislador que
quiere una sociedad democrática para intentar neutralizar,
bien por vía preventiva, también por vía represiva,
determinados comportamientos que se consideran excesivamente
gravosos.
En el año 1989 la modificación del Código Penal tuvo como uno
de sus objetivos fundamentales hacer frente a la aparición
súbita, pero generalizada en parte, de los llamados
conductores suicidas. Se hizo una reforma del artículo 340
bis, d), precisamente para traducir en un tipo específico
sancionado penalmente con una sanción más dura de lo que
habitualmente suponen las sanciones de tráfico, las sanciones
penales por violaciones de tráfico de aquel tipo de delito.
Hoy se nos trae
una modificación del artículo 340 bis, a) para incluir a los
ciclomotores. Realmente el problema de los ciclomotores no
deriva de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial; el problema de
los ciclomotores deriva de su origen, deriva del propio Código
de la Circulación, del año 1934, que asimilaba los
ciclomotores a las bicicletas. El ciclomotor era una bicicleta
que tenía un pequeño motor y que no tenía nada que ver con las
motos, y toda la legislación posterior hasta hoy, incluida la
legislación penal desde aquella Ley sobre Uso y Circulación de
Vehículos de Motor, del año 1962, ya decaída hace muchos años,
a la reforma del Código Penal, del año 1967, cuando se
incorpora al Código el tipo de conducción bajo la influencia
de bebidas alcohólicas o de drogas, o el también llamado
delito básico de conducción
temeraria, solamente se refieren a vehículos de motor y
excluye los ciclomotores. La jurisprudencia, y todas las
circulares de la Fiscalía General del Estado en estos años han
insistido siempre en que los ciclomotores no eran vehículos de
motor, que no estaban sujetos a esta normativa y tampoco al
artículo que regulaba el llamado hurto de uso o utilización
ilegítima de vehículos de motor.
¿Cuál es la situación actual? Pues que habiendo mejorado
sustancialmente --y hay que decirlo con prudencia-- la
evolución de la siniestralidad (hay que decir que desde el año
1990 a 1993 ha disminuido el 20 por ciento el número de
accidentes, tanto en vía urbana como en carretera y el número
de muertos en accidentes de tráfico), sin embargo, esa
evolución que ha sido positiva, repito, no se ha traducido de
la misma manera en los siniestros en ciclomotores. Hay incluso
un dato que yo creo es el que, de una manera sintomática, nos
debe llevar a la incorporación al Código Penal de una medida
de este tipo, y es que, efectivamente, entre los años 1990 y
1993, el porcentaje de conductores que han participado en
accidentes de tráfico sometidos a bebidas
alcohólicas o drogas en ciclomotores es sustancialmente mayor
al de motocicletas de tipo ordinario superiores a 50
centímetros cúbicos, de tal manera que, incluso, en el año
1993, por cada 100 motoristas que han participado en un
accidente de tráfico, y que estaban bajo la influencia de
bebidas alcohólicas o drogas, eran 178 los conductores de
ciclomotores que se encontraban en esa misma situación.
Hay que decir que ésta es la primera vez que se plantea en la
sede legislativa este problema; que cuando se trajo y se
aprobó la Ley de Tráfico y Seguridad Vial (primero la Ley de
Bases y luego el debate sobre el texto articulado aprobado por
Real Decreto legislativo), ningún Grupo Parlamentario planteó
el problema de los ciclomotores, es decir, ningún Grupo
planteó que la conducción de ciclomotores bajo la influencia
de bebidas alcohólicas o drogas, o el tipo básico de la
conducción
temeraria, fuera sancionado penalmente, y tampoco cuando esta
Cámara discutió el proyecto de reforma del Código Penal, del
año 1992. Pero también es verdad, y hay que decirlo, que en el
anteproyecto actual del Código Penal --probablemente el
Diputado proponente desconoce el nivel actual de este
anteproyecto-- sí figura ya incluido, en sus artículos 357 y
358, bajo la rúbrica de los delitos contra la seguridad del
tráfico. El anteproyecto de Código Penal va a tener entrada en
esta Cámara en fechas muy inmediatas. En la sesión de mañana
miércoles de la Comisión de Subsecretarios ya figura en el
orden del día el primer debate sobre este anteproyecto y la
semana próxima va a ser remitido por el Gobierno al Consejo
General del Poder Judicial para la emisión del informe
preceptivo.
Estamos introduciendo una reforma puntual, que si tuviera
carácter más general o afectara a mayor número de artículos,
como hemos dicho en otros casos, mi grupo parlamentario no la
apoyaría, pero tratándose de una reforma puntual que, además,
recoge un concepto que ya está incluido en el anteproyecto de
Código Penal, no parece razonable, o al menos imprescindible,
postergarlo.
Sí quiero decir para terminar, como ha expresado algún otro
grupo parlamentario, que cuando entre el proyecto ya global de
Código Penal en esta Cámara --que sin duda alguna será en este
período de sesiones--, mi grupo entiende que, en función de
cómo vaya la tramitación del mismo, quizá lo razonable o
conveniente sea enganchar este proyecto al del Código Penal en
su globalidad, entre otras cosas porque hay un ajuste de penas
que se vinculan a los tipos penales correspondientes, y para
que no sólo ante la Judicatura, sino también ante la opinión
pública, tampoco generemos la sensación de que una determinada
conducta es tipificada como delito pero que, en un período de
dos o tres meses, pueda cambiar el tipo de sanción en función
de un proyecto global de Código Penal.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De la Rocha.
Vamos a proceder a la votación.
Votación para la toma en consideración de la proposición de
ley del Grupo Popular, sobre modificación del artículo 340 bis
a), del Código Penal, con el fin de tipificar la conducción
del ciclomotor bajo la influencia de bebidas alcohólicas y
otras sustancias estimulantes.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 301; a favor, 301.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA,
SOBRE REGULACION DE LA INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO
(Número de expediente 122/000030)
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre regulación de la
interrupción voluntaria del embarazo.
En nombre del Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra la
señora Urán. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la
Presidencia.--Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señorías, guarden
silencio, por favor. (Pausa.)
Puede comenzar, señora Urán.
La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tengo el honor de
defender la proposición de ley sobre interrupción voluntaria
del embarazo. Esta proposición no es la primera vez que se
presenta en esta Cámara por nuestro grupo, pero nosotros la
seguimos presentando dado que el marco legal en que se mueven
las interrupciones voluntarias del embarazo, desde que se
aprobó la Ley en 1985, sigue exactamente igual y, por tanto,
mantiene las insuficiencias que hemos venido denunciando a lo
largo de estos años.
Insuficiencias que significan que las mujeres se han visto
perseguidas y los profesionales abocados a juicios por
interrupciones que incluso estaban dentro del propio marco de
la ley. Es una ley que no cubre las necesidades de las
mujeres, que nos sigue considerando con minoría de edad, que
no nos permite la libre decisión de nuestra maternidad
responsable y que no nos permite tampoco el derecho a la
intimidad en un acto que a ninguna mujer en concreto le gusta
tener que adoptar, pero que las circunstancias posiblemente le
obliguen.
En 1991, cuando otra Diputada, en nombre de nuestro Grupo,
defendía esta proposición de ley, hacía referencia a un
informe que se había acordado solicitar por esta Cámara al
Gobierno y que en julio de 1991 fue presentado en esta Cámara.
En ese informe se hacía un balance y un estudio de lo que
había sido la
aplicación de la normativa hasta ese momento. Hay que decir
que en ese informe se destacan dos cosas que nos parecen
relevantes: que fundamental y mayoritariamente, y así se sigue
demostrando, las interrupciones voluntarias del embarazo, en
los supuestos que la ley permite, se practican en clínicas
privadas y por mujeres que tienen estudios medios o superiores
que son las que se acogen a los supuestos, y que la mayoría de
ellos son supuestos de grave riesgo para la mujer psíquica o
físicamente. Y una de las cosas que llama mucho la atención de
ese informe, a pesar de que sea del año 1991, es que las
interrupciones del embarazo que son consideradas ilegales las
practican mujeres con escaso nivel cultural, con escasez de
medios económicos, con excesivo número de hijos y dependiendo
de la edad de la embarazada, que se suele dar en dos franjas
muy concretas: o muy corta edad o muy avanzada edad. Esto nos
viene a decir que la ley no ha permitido que las mujeres en
peores circunstancias económicas o con peores
condiciones de vida tengan acceso a una maternidad libre y
responsable, cuando nosotros consideramos que precisamente las
leyes son las que tienen que estar dirigidas a proteger a los
colectivos más desfavorecidos.
Seguimos manteniendo la necesidad de una ley de plazos que
permita que las mujeres decidan libremente, dentro de las
dieciséis primeras semanas de gestación, si quieren y desean
ser madres. Al mismo tiempo planteamos en nuestra proposición
que tiene que aumentarse la planificación familiar, que se
tienen que dar condiciones de educación sexual, una mejor
información y, por supuesto, defender y proteger la intimidad
de las mujeres. En nuestra proposición planteamos que el
aborto tiene que estar despenalizado; por tanto, que no debe
figurar en el Código Penal, salvo en dos casos: uno, que sea
practicado en contra de la voluntad de la mujer y, otro, que
sea en los llamados abortos blancos. En nuestra proposición de
ley planteamos y defendemos que la interrupción voluntaria del
embarazo ha de ser en la red sanitaria pública y gratuita para
todas aquellas mujeres que libremente deciden si quieren o no
ser madres. También
pretendemos que se regule la objeción de conciencia. La
experiencia de la despenalización en parte de la interrupción
voluntaria del embarazo respecto a la objeción de conciencia,
que lo ha dejado completamente en una laguna, ha venido a
coincidir en que hay profesionales que han objetado en la
sanidad pública, pero que después han podido hacer abortos en
la sanidad privada. Por tanto, consideramos que es
imprescindible que dado que se puede objetar, y así lo
respalda nuestra Constitución, la objeción de conciencia esté
reflejada en un registro, con lo cual los profesionales que se
niegan a practicar interrupciones del embarazo en la sanidad
pública tampoco los puedan practicar en la sanidad privada.
El planteamiento que hacemos con esta proposición es un marco
que está abierto al debate. Planteamos que debemos
solucionarlo ya, pues se han producido excesivas demoras,
demasiadas reflexiones y las mujeres tenemos el problema de
una maternidad responsable todavía sin solucionar.
Consideramos que éste es el marco adecuado, igual que pueda
serlo cualquier otro, para iniciar el debate y buscar el
consenso necesario en esta Cámara para conseguir que al final
las mujeres podamos decidir libremente cuándo queremos ser
madres. Por tanto, desde la serenidad y desde lo que
consideramos oportunidad política, dado el momento, proponemos
que sea tomada en consideración esta proposición
de ley, abiertos al diálogo, conociendo --como la conocemos--
la voluntad política de una parte de esta Cámara que no juega
a la doble moral pero que, al mismo tiempo, sí viene
demorando, desde hace años, el que de una vez tengamos
solucionado este tema.
Creo que son suficientes tanto la exposición de motivos como
la experiencia que nos ha venido dada desde la aplicación, en
1985, de la despenalización parcial del aborto, para tomar en
consideración y tener en cuenta que tenemos que decidir ya que
las mujeres somos personas adultas y podemos decidir
libremente nuestra maternidad. Por tanto, señorías,
solicitamos que esta proposición de ley sea tomada en
consideración y que, a partir de aquí, establezcamos el debate
y los consensos necesarios para poder llegar a un acuerdo y
solucionar, de una vez por todas, un problema que para las
mujeres ha sido hasta ahora tan importante, y que seguirá
siéndolo si se vuelve a perder la oportunidad política y el
momento adecuado, como es éste, para de una vez zanjar este
tema.
Nada más. Muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Urán.
¿Algún turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición en este debate? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Respecto a la proposición de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, con la que coincido plenamente, quiero decir que
sólo hay una actitud consecuente con el compromiso de
izquierdas, que es la de garantizar legalmente que la mujer
sea libre para decidir sobre la interrupción del embarazo y
que la sanidad pública la ampare.
Como mujer, y como mujer comprometida con el progresismo,
entiendo que la actual Ley de Interrupción del Embarazo no
sólo es muy deficitaria sino que condena a muchísimas mujeres
a la ilegalidad, fruto de la desesperación, o a buscar
soluciones en el extranjero, siempre más complejas e
inevitablemente más caras. La ley de plazos evitaría tantos y
tantos dramas que en la actualidad viven centenares de mujeres
y, sobre todo,
garantizaría el derecho al propio cuerpo. El aborto es siempre
un drama y ninguna mujer disfruta con él, pero puesto que
existe y que condenarlo a la ilegalidad es sólo marginarlo y
dramatizarlo aún más pero nunca evitarlo, y puesto que hay que
proteger este derecho, es necesaria su regulación legal;
regulación seria y comprometida y no la actual ley que sólo
esconde, en un paquete de buenas intenciones, su incapacidad
de comprometerse.Por tanto, estamos a favor de la proposición
del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Rahola. Por el Grupo Vasco (PNV) tiene la palabra el señor
Olabarría.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
Voy a hacer una intervención breve, desde el escaño, para
indicar al Grupo proponente que no es práctica de mi Grupo
obstaculizar la toma en consideración de proposiciones de
cualquier
naturaleza, pero que en este caso vamos a modificar este
criterio y vamos a votar en contra de su toma en
consideración.
Obviamente, señor Presidente, yo no puedo hablar como mujer, y
tengo dudas de que se deba hablar como mujer o como hombre
sobre este tipo de materias. Yo creo que es pertinente hablar
a la luz de lo que dispone el ordenamiento jurídico y la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y desde esa
perspectiva, señor Presidente, existe una conocida sentencia
del Tribunal
Constitucional, cuyo encaje o ajuste con el contenido de esta
proposición de ley es, por lo menos, complicado. Entiendo que
esta proposición de ley, a tenor de lo dispuesto en su
contenido material, contradice expresamente los fundamentos
jurídicos tercero, quinto, noveno y decimosegundo de la
aludida sentencia del Tribunal Constitucional, en la que se
establece --entre otros criterios y de forma muy enfática e
inequívocamente, esto no requiere exégesis particularmente
complicada--, en primer lugar, que el nasciturus es una vida
humana, que el nasciturus es una vida humana diferente a la de
la madre y que como toda vida humana constituye un valor
superior del ordenamiento jurídico, un valor superior
constitucional, que está a la cabecera de todos los demás o
que tiene un rango jurídico superior a todos los demás
derechos constitucionales puesto que la vida humana es el
presupuesto inevitable para el ejercicio de todos los demás
derechos constitucionales y que, en caso de colisión o de
conflicto de intereses, de conflicto de valores, en caso de
diarquía entre los intereses de la maternidad de la madre y
del nasciturus, de la vida prenatal, sólo podrán ser
equivalentes y, por tanto, despenalizables estas conductas en
los tres supuestos ya despenalizados por el Código Penal, en
aquéllos tres supuestos a los que expresamente alude el
Tribunal Constitucional.
Entiendo que también tiene difícil ajuste la proposición de
ley que presenta Izquierda Unida con el contenido de una
sentencia del Tribunal Constitucional alemán, una sentencia
paradigmática del año 1975 en la que se entronca la
jurisprudencia en materia de aborto de múltiples países, de
múltiples tribunales constitucionales e incluso diversas
legislaciones estatales en
esta materia, en las que también con énfasis se da rango
constitucional, valor prevalente a la vida prenatal y se exige
el reconocimiento y la protección con cargo al ordenamiento
jurídico, con cargo a los poderes del Estado de esta vida.
También hay razones de oportunidad temporal, señor
Presidente --con esto acabo--, que dificultan un voto
positivo, una aceptación por nuestra parte de esta proposición
de ley. Esta es una materia que va a ser objeto de próximo
debate, de próxima regulación bien en el Código Penal, bien en
una ley paralela que acompañará, regulando particularmente
esta materia, el Código Penal. Nosotros preferimos esperar a
que el Gobierno presente este proyecto de ley del Código Penal
o la ley de acompañamiento, la ley paralela donde se regule el
aborto y las consecuencias punitivas que el ordenamiento
jurídico, a tenor de la jurisprudencia
constitucional comentada, prevé en materia de aborto. Ahí
nosotros presentamos nuestras propuestas, nuestras
valoraciones, señor Presidente, y por razones de
extemporaneidad de esta proposición de ley entendemos que en
este momento no podemos prestar nuestro consentimiento a la
misma.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Olabarría. Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la
palabra el señor Cardona.
El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo muy brevemente desde el propio escaño para fijar la
posición de nuestro Grupo. Nosotros entendemos que ni la forma
es la más adecuada ni el momento el más oportuno para tomar en
consideración la proposición de ley que se nos presenta. Por
tanto, más que entrar en consideraciones sobre el fondo de la
cuestión, nos vamos a referir a cómo se pretende dar solución
a la despenalización del aborto, ampliando los supuestos que
actualmente contempla nuestro ordenamiento jurídico.
En efecto, la proposición de ley que estamos debatiendo
contempla en su disposición adicional la modificación de los
artículos 411, 412 y 413 del Código Penal con una nueva
redacción de los mismos y, a su vez, dicha proposición
contiene una disposición que propone la derogación de los
artículos 411 a 417 bis, inclusive, del Código Penal, que
quedarían sustituidos por los artículos que tipifican las
conductas sancionadas en esta materia y que se recogen en la
disposición adicional a la que hemos hecho
referencia.
Estando ya próxima, como se ha dicho, la presentación del
nuevo Código Penal, como también ha manifestado el señor
Ministro de Justicia en diversas ocasiones, entendemos más
oportuno debatir esta cuestión cuando el nuevo Código Penal se
presente a las Cortes Generales y nos parece más adecuada la
vía de debate y aprobación del mismo para llegar a una
solución lo más adaptada posible al problema que se nos
plantea. Por consiguiente, ésta es la forma más adecuada, de
la misma manera que entonces será el momento más oportuno.
Cuando el nuevo Código Penal aprobado por el Gobierno llegue a
la Cámara será el momento adecuado y oportuno para decidir y
debatir por parte de todos si la mejor solución ha de ir por
la vía de ampliar o no las indicaciones de las causas legales
del aborto con nuevos supuestos para la interrupción legal del
embarazo, o bien, por el contrario, si se opta por la vía que
se propone, dejando a un lado las
indicaciones y estableciendo una vía de plazos; es decir,
interrupción del embarazo dentro de las dieciséis semanas
primeras de gestación a voluntad de la embarazada,
interrupción del embarazo si es presumible que el feto nazca
con
malformaciones físicas o psíquicas siempre que la intervención
se practique dentro de las veintidós semanas primeras de
gestación y, finalmente, interrupción del embarazo en todo el
período de gestación si los médicos certifican que la
prosecución del embarazo pone en peligro la vida o la salud de
la embarazada, o si ésta pertenece a un grupo considerado de
riesgo en salud pública.
En consecuencia, señor Presidente, señoras y señores
Diputados, nuestro Grupo va a votar en contra de la toma en
consideración de la proposición de ley de regulación de la
interrupción voluntaria del embarazo. Nada más. Muchas
gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo Popular,
tiene la palabra la señora Rudi.
La señora RUDI UBEDA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, una vez más se habla en esta Cámara de la
interrupción voluntaria del embarazo o de lo que en la calle
se conoce por regulación del aborto. Hay que recordar aquí que
ya en el año 1991, como bien decía la representante de
Izquierda Unida, se trajo este mismo texto de ley y yo creo
que, salvo un par de líneas en el inicio de la exposición de
motivos, no hay nada nuevo, no se apunta nada nuevo. Por
tanto, quizá valdría con releer lo que todos los grupos
dijimos o, por lo menos, lo que mi Grupo y esta misma Diputada
dijo respecto a aquella
proposición de ley publicada el 23 de abril de 1990 y debatida
en este mismo hemiciclo en el año 1991. Mi Grupo Parlamentario
que también de manera excepcional, o en muy pocas ocasiones,
se opone a la toma en consideración de proposiciones de ley,
sin embargo, en ésta sí lo va a hacer y va a votar en contra
con toda rotundidad de la toma en consideración de esta
proposición de ley, y lo va a hacer por distintos motivos que
de manera muy breve voy a exponer aquí. En
primer lugar, porque desde la primera línea de la exposición
de motivos no coincide en absoluto con la visión que el Grupo
de Izquierda Unida refleja en el texto de la exposición de
motivos. Izquierda Unida da por sentado, y así lo manifiesta
en la exposición de motivos, que la Ley Orgánica actualmente
en vigor, la aprobada en el año 1985, se ha demostrado como
escandalosamente insuficiente. Este es un concepto con el que
mi Grupo nunca ha estado de acuerdo. La señora Diputada
interviniente hacía referencia a un informe que se nos mandó
por el Ministerio de Sanidad respecto a los problemas que
había tenido la aplicación de esta ley. Pues bien, de aquel
informe, que era del año 1990 --efectivamente es un poco
antiguo-- no se puede deducir, se lea como se lea, que la ley
se haya demostrado escandalosamente insuficiente. La
exposición de motivos también hace referencia a la sentencia
del Tribunal Constitucional que unos y otros manejamos, porque
fue una sentencia importante que dio luz al texto de la ley
que había salido de esta Cámara y que, además, indicó las
líneas por las cuales debía ser rectificado. Esta sentencia lo
que dice, como ya se ha puesto de manifiesto aquí por un
portavoz de otro grupo, es que la vida humana es un bien
constitucionalmente protegible y que sólo en aquellos casos en
los cuales el derecho a la vida del nasciturus chocara
frontalmente con algunos de los derechos también fundamentales
de la mujer es cuando se podría entender --y así se ha hecho--
la despenalización que nos trajo la actual legislación de los
tres supuestos.
Se habla también en la exposición de motivos de que no es
tanto un problema de número. A los problemas de la sociedad
hay que procurar darles solución. Lo que pasa es que en muchas
ocasiones un problema limitado a unos casos muy específicos y
que pueden tener solución con otras medidas, sin embargo, a
base de
repetirlos una y otra vez se puede expandir la sensación de
que este problema existe en la sociedad. Tampoco estamos de
acuerdo con la opinión vertida en la misma exposición de
motivos diciendo que el aborto es un problema de salud
comunitaria. Nosotros creemos que en ningún caso --y luego
entraré en ello-- se puede pretender solucionar un problema
creando otro mayor, pero en ningún caso es un problema de
salud comunitaria. Debo decir a los representantes de
Izquierda Unida que de todo el texto de su proposición de ley
el único aspecto en el que estaríamos de acuerdo es en el
espíritu de las líneas de su artículo 2, las cuales dicen que
las autoridades sanitarias competentes deben tomar medidas
necesarias para que la información y la práctica de la
contracepción estén realmente al alcance de las mujeres. Tengo
que recordar aquí que ya mi Grupo, en el año 1991, no sólo
presentó una proposición no de ley que contemplaba esto sino
algo mucho más amplio, en lo que se incluían ayudas a las
madres con hijos pequeños en situación económica difícil,
ayudas también a lo que se ha llamado familias monoparentales.
Concretamente hace dos o tres semanas, en esta misma tribuna,
una compañera de mi Grupo defendió estas tesis y también la
necesidad de una
verdadera educación sexual que permita a nuestros adolescentes
tener la información precisa que impida que se produzcan estos
embarazos.
Para terminar, señor Presidente, y refiriéndome a la
intervención de la representante de Izquierda Unida tengo que
decir lo siguiente. Indudablemente no podemos --ya lo he
dicho-- aceptar la toma en consideración de esta proposición
de ley porque lo que ellos interpretan como maternidad
responsable desde mi Grupo se interpreta de forma muy
distinta. No se puede pretender equiparar la utilización de la
interrupción voluntaria del embarazo como un método
anticonceptivo más. La maternidad responsable la mujer la
puede ejercer precisamente con los adelantos farmacológicos
que hay en este momento hasta que se queda embarazada; es
decir, ahí la mujer ejerce su decisión de ser o no ser madre y
en qué momento quiere ser madre. Pero lo que no se puede
olvidar es que en el momento en que una mujer está embarazada
ya no solamente es su derecho el que puede ejercer, sino que
su derecho está condicionando el derecho a la vida de una vida
humana mucho más débil.
La señora representante de Izquierda Unida también ha dicho
que el estar bajo protección penal la vida del nasciturus y,
por tanto, las prácticas de interrupciones voluntarias del
embarazo fuera de nuestra legislación es tratar como menores
de edad a las mujeres. No generalice, señora representante de
Izquierda Unida. Quizá haya algunas mujeres que piensan eso.
Yo le puedo asegurar que son otros temas los que nos hacen a
muchas mujeres entender que se nos puede tratar como menores
de edad, pero en ningún caso cuando ese condicionante viene
impuesto por una protección a una vida humana que no tiene más
defensa que la legal que le pueda dar la sociedad. Lo mismo le
diría cuando habla de la protección de colectivos más
desfavorecidos. Indudablemente su
argumentación, que la utiliza en un sentido, desde mi Grupo yo
misma la utilizo en otro: qué colectivo más desprotegido que
aquella vida humana que es la sociedad, con su legislación, la
que debe proteger.
Por último, señores representantes de Izquierda Unida, mi
Grupo Parlamentario, como ya ha venido diciendo desde esta
tribuna y en tantos cuantos foros se le ha pedido opinión, se
va a seguir oponiendo a una modificación de la actual
legislación que suponga introducir nuevos supuestos. Y lo
hacemos, como hemos dicho muchas veces, basándonos en
principios de Derecho natural porque creemos que precisamente
por ser el derecho a la vida un derecho contemplado en nuestra
Constitución, y que además necesita protección, es por lo que
debe existir esta protección penal. Recordemos
aquí una de las muchas definiciones de Derecho naturalque
existen que dice que son los primeros principios de lo justo y
de lo injusto inspirados por la naturaleza y que como ideal
trata de realizar el Derecho positivo. Pues bien, basándonos
en esta definición de Derecho natural que entendemos debe
proteger el derecho a la vida, mi Grupo va a votar en contra
de la toma en consideración de esta proposición de ley.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Rudi.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Pelayo.
La señora PELAYO DUQUE: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, a lo largo de los años en los que con tanto trabajo
hemos venido construyendo nuestro sistema democrático parece,
a juzgar por lo que hemos presenciado en el día de hoy, que
algún avance hemos conseguido en la estrategia para no
deteriorar lo que algún jurista no dudó en calificar de
amistad cívica entre los españoles; definición que está en el
sentido profundo de la democracia, al menos en el sentido
profundo que tenemos algunas personas de la democracia como
suma de voluntades, como el arte del convencimiento y no del
vencimiento. Señorías, basta repasar los «Diarios de Sesiones»
que sobre esta materia han recogido los debates producidos en
esta Cámara y en el Senado y analizar también un poco los
debates que se han producido en la sociedad para constatar lo
que digo.
Desde que en 1978 tuve oportunidad de participar como ponente
en aquella Ley de Despenalización del Uso de los
Anticonceptivos, pasando por la sentencia del Tribunal
Constitucional, poco conocida pero que se produjo en 1984, por
virtud de la cual se cerró el paso a la pretensión del
Tribunal Supremo de declarar españoles a los no nacidos a
efectos de aplicar la
extraterritorialidad de la ley penal, a fin de impedir que las
españolas pudieran ir al extranjero a abortar sin que fueran
castigadas en nuestro país; desde esa sentencia, digo, del
Tribunal Constitucional 75/1984 o la ya conocida y reiterada
en este debate 53/1985, de 11 de julio, que declaró
inconstitucional en parte y que aceptó, también en parte, un
recurso previo de inconstitucionalidad presentado por el Grupo
Popular, hasta la vigente Ley 9/1985, de 5 de julio, hemos
tenido oportunidad de comprobar hasta qué grado ha aumentado
la tolerancia y la comprensión hacia esta cuestión; tolerancia
y comprensión que, por cierto, se constata más en los menores
de 40 años. Es también notorio que esa tolerancia no sólo ha
sido el fruto del debate --de ahí que se evidencie el valor de
la palabra en un sistema democrático--, sino también de los
esfuerzos hechos por aquellas personas y grupos políticos que
hemos entendido que era
imprescindible introducir en este debate dosis importantes de
racionalidad. Hemos excluido adjetivos, hemos multiplicado las
razones, hemos rechazado juicios de intenciones, hemos
fomentado los cauces de información y comunicación, los
últimos producidos en la pasada legislatura con motivo de una
proposición no de ley del Grupo Socialista, de una proposición
de ley de Izquierda Unida y de un informe que el Gobierno de
la nación remitiera a la Cámara, como consecuencia de un
acuerdo de esta Cámara, en virtud de la citada iniciativa del
Grupo Parlamentario
Socialista.
Hoy la iniciativa de Izquierda Unida nos permite volver sobre
el asunto y he de empezar por decir que parece que las cosas
no pueden quedar como están. España, como saben SS.SS., eligió
un sistema de indicaciones (ética, terapéutica y eugenésica),
revestidas de especiales garantías, en la línea de como lo
hicieron Portugal, Luxemburgo y Grecia. La despenalización de
esos supuestos contemplados en la Ley de 1985 supuso un paso
adelante, pero ha resultado, con la experiencia y con el paso
del tiempo, a juicio de nuestro Grupo, claramente
insuficiente. En su aplicación se han revelado algunos
problemas que es necesario no eludir. En primer lugar está la
quiebra del principio de seguridad jurídica y el perjuicio al
principio de legalidad por la distancia producida entre la
norma actual y la realidad social. En segundo lugar está,
señorías, que la regulación actual no garantiza la decisión
final de la mujer, no protege su derecho a la imagen y a la
intimidad y, en fin, no protege adecuadamente el valor
fundamental de la dignidad de la persona humana mujer. También
habría que evidenciar, a la vista de aquel informe que el
Gobierno remitiera a la Cámara la pasada legislatura, el que
la ley tampoco garantiza el principio de igualdad. Está claro,
según el citado informe, que de la mayor parte de los abortos
clandestinos que todavía se siguen produciendo en nuestro país
algunos se llevan a cabo en mujeres jóvenes y en mujeres con
escasos medios económicos o bajo nivel cultural. Por tanto, es
un principio de justicia social el que nos impulsa también a
reconsiderar o a analizar la cuestión, tal como está planteada
en nuestro país. Luego están también los problemas de
inoperancia de la sanción penal. Alguna intervención en el día
de hoy y también en otros debates anteriores han evidenciado
la
inoperancia de la sanción penal, así como problemas, por
último, derivados de la inadecuada protección de la salud de
las mujeres. Consciente de todo ello, el Gobierno en la
anterior legislatura remitió a esta Cámara un proyecto de
Código Penal en el que se producía un avance importante; un
avance importante que es necesario reconocer aun cuando a
algunas personas y a algunos compañeros de partido nos hubiera
parecido insuficiente.
Hoy nos encontramos con esta iniciativa y la pregunta es qué
hacer. Resulta claro que no nos vamos a conformar con la
situación tal como está y que algo habrá que hacer en el
sentido de mejorar la situación. Mi Grupo piensa que hay un
abanico de opciones posibles, incluida la de los plazos, como
ya adelantara en abril del año 1991 el ponente constitucional
y catedrático profesor Peces-Barba y como han defendido los
profesores Ruiz Miguel o Luis Arroyo. El Gobierno, además, por
boca de alguno de sus ministros, ha reiterado en los últimos
meses la oportunidad de remitir a esta Cámara no sólo un
proyecto de Código Penal, sino también una nueva ley que
regule todos los aspectos de la interrupción voluntaria del
embarazo, desde el punto de vista positivo, en la que se
contemplen aspectos sanitarios, médicos, éticos, sociales,
etcétera. Además, se ha fijado un plazo para la presentación y
remisión a esta Cámara tanto del Código Penal como de esa ley
positiva antes del 30 de julio de este año. Por ello, nuestro
Grupo va a votar en contra de la iniciativa de Izquierda
Unida. Yo creo, señorías, que tenemos la obligación de crear
las condiciones para que el debate sea lo más enriquecedor
posible, no aumente las dificultades objetivas del tema y
ayude a todos los que, de buena voluntad, quieren ofrecer
soluciones y coadyuvar a conformar una opinión libre y
acertada. Creo que, con esta iniciativa del Grupo de Izquierda
Unida y con las iniciativas que remitirá el Gobierno, en breve
plazo, a la Cámara, tendremos oportunidad de retomar el debate
sobre algunas de las cuestiones que han planteado los grupos
de esta Cámara. Sin embargo, porque mi Grupo entiende que la
democracia no consiste sólo en el pronunciamiento soberano de
los ciudadanos, sino también en el respeto de los elegidos a
la voluntad
mayoritaria expresada en el compromiso de un programa
electoral, votado mayoritariamente por los ciudadanos en las
últimas elecciones --saben SS.SS. que en nuestro programa
electoral también se contemplaba la posibilidad de retocar los
aspectos legales de la interrupción voluntaria del embarazo;
ésta es la razón última--, es por lo que mi Grupo va a
rechazar la
iniciativa del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya en esta cuestión.
Creo, señorías, que cuando lleguen a esta Cámara los proyectos
que va a remitir el Gobierno, tendremos oportunidad de hacer
el esfuerzo por aumentar el consenso. Yo creo que un poder
democrático tiene la obligación de asumir sus compromisos y
sacar adelante los objetivos políticos que han sido
respaldados mayoritariamente. A nosotros, en ese empeño, nos
gustaría contar con la mayoría de la Cámara y en especial con
el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida. Por ello, pedimos el voto
negativo para esta iniciativa por ahora. Nada más, señor
Presidente. Muchas gracias. (La señora Urán González pide la
palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Urán, ¿a qué
efectos solicita la palabra?
La señora URAN GONZALEZ: Señor Presidente, a efectos de que,
dado que la portavoz del Partido Socialista, en nombre de su
Grupo, ha hecho un compromiso firme de que el Gobierno traerá
ante esta Cámara el proyecto de ley de interrupción voluntaria
del
embarazo, junto con el Código Penal, antes del 30 de julio, mi
Grupo retira la proposición de ley. Pero, también con el
compromiso firme de nuestro Grupo de que si el 30 de julio no
se ha traído la ley, el 1 de septiembre nuestro Grupo volverá
a presentar esta proposición. (Algunos señores Diputados: ¡Muy
bien! ¡Muy bien!)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Urán.
--DE LOS GRUPOS SOCIALISTA, POPULAR EN EL CONGRESO, FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, CATALAN
(CONVERGENCIA I UNIO), VASCO (PNV), COALICION CANARIA Y MIXTO,
DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SOBRE
PUBLICIDAD DE LAS COMISIONES DE INVESTIGACION (Número de
expediente 410/000004)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Retirada la
proposición de ley que estaba siendo debatida, vamos a pasar
al punto siguiente, que es: Debate acerca de la toma en
consideración de la proposición de reforma del Reglamento del
Congreso de los Diputados sobre publicidad de las comisiones
de investigación, tramitada como proposición de ley y firmada
por los grupos parlamentarios Socialista, Popular en el
Congreso, Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
Catalán (Convergència i Unió), Vasco (PNV), Coalición Canaria
y Mixto.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra
el señor Cuesta. (Rumores.)
¡Silencio!, señorías. (Continúan los rumores.--Algunos señores
Diputados abandonan el hemiciclo.)
Señorías, ocupen sus escaños. (Pausa.)
Puede comenzar, señor Cuesta.
El señor CUESTA MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el Pleno del Congreso de los Diputados, en sesión de
20 de abril de 1994, con motivo del debate de política general
sobre el estado de la Nación, aprobó una serie de resoluciones
referidas al funcionamiento de las comisiones de investigación
de la Cámara y a la necesidad de reformar el Reglamento del
Congreso. En este sentido, el Congreso de los Diputados acordó
que:
«las comisiones de investigación podrán tener carácter
público» --leo literalmente--, «regulándose los supuestos de
levantamiento del carácter secreto para las sesiones de las
comisiones de investigación, exceptuando aquéllas en que la
investigación se refiera a asuntos a los que les sea de
aplicación la Ley que regula los secretos oficiales, que
deberán llevarse a cabo mediante el procedimiento acordado por
resolución de la
Presidencia de la Cámara». Fin de la cita literal de lo que ha
sido una resolución del Pleno de esta Cámara.
Como ustedes saben, la legislación comparada, reconociendo el
carácter secreto de las comisiones de investigación en algunos
casos, contempla también la publicidad de las comparecencias o
testimonios ante las mismas. Por ejemplo, en el Derecho
anglosajón, sobre todo, son públicas las comparecencias ante
las comisiones de encuesta o de investigación. En Portugal se
ha reformado recientemente el Reglamento de la Cámara y ocurre
lo mismo: las comisiones, conforme establece el artículo 252 y
concordantes del vigente Reglamento de la Asamblea de la
República portuguesa, son públicas, salvo, lógicamente,
acuerdo en contrario. Y en la misma línea, nos encontramos con
el tenor de los reglamentos del Parlamento Federal alemán,
artículos 68, 69 y 70; o el artículo 37 del Reglamento de la
Asamblea Popular danesa; o el Reglamento de la Asamblea
Nacional francesa, que establece también --eso sí-- supuestos
de secreto y un régimen sancionador específico para la
violación del secreto.
Pero los acuerdos del Pleno del Congreso de 20 de abril de
1994, al lado del carácter público de las comparecencias ante
las comisiones de investigación, también establecen que --y
leo literalmente-- «se tutelarán las garantías y el respeto de
los derechos fundamentales de cuantas personas intervengan,
comparezcan o sean objeto de investigación parlamentaria». En
este sentido, el artículo 1.º punto 2, de la Ley Orga nica
5/1984, de 24 de mayo, que regula --como ustedes saben-- la
comparecencia ante las comisiones de investigación establece
de manera rotunda: «Las Mesas de las Cámaras velarán porque
ante las comisiones de investigación queden salvaguardados el
respeto a la intimidad y el honor de las personas, el secreto
profesional, la cláusula de conciencia y los demás derechos
constitucionales». Mi Grupo entiende que ningún ciudadano
puede encontrarse ante el Parlamento en peores condiciones que
ante un juez. A más
competencias de las comisiones de investigación --lo habíamos
dicho en el anterior debate sobre la ampliación de las
competencias de las comisiones de investigación--, deben
reconocerse y garantizarse mejor --valga la redundacia-- las
garantías fundamentales. La publicidad es no sólo un elemento
de transparencia política sino también --y debe ser reconocido
así--un elemento de garantía del propio compareciente. El
secreto sistemático e injustificado puede producir, en
términos
democráticos, efectos perversos. En ocasiones, el propio
secreto genera indefensión en el ciudadano. Cuando trasciende
una información incorrecta y falsa sobre una comparecencia, se
deja indefenso al ciudadano, que, por razón del carácter
secreto, se ve en la imposibilidad de replicar adecuadamente.
Esto debe merecer una reflexión de esta Cámara y también con
una concepción autocrítica por parte de todos aquellos que
intervenimos en tareas parlamentarias de carácter de
investigación. Se hace preciso, por tanto, dar un paso más en
la transparencia del funcionamiento de las instituciones,
levantando el carácter secreto de las comparecencias ante las
comisiones de
investigación en determinadas circunstancias. La publicidad
que proponemos tiene necesariamente sus excepciones: la
primera, cuando la comisión así lo acuerde; la segunda, por
razón del respeto al derecho a la intimidad y al honor y a las
garantías constitucionales, la tercera, cuando el tema sobre
el que verse el testimonio afecte a materias que hubieran sido
declaradas clasificadas conforme a la Ley de Secretos
Oficiales; y la cuarta, cuando la investigación parlamentaria
tenga como objeto una cuestión sobre la que se sigan
actuaciones judiciales que hayan sido declaradas secretas,
mientras no se levante el secreto de las citadas actuaciones.
La violación del carácter secreto de las comisiones debería
sancionarse con rigor. El artículo 99, en relación con el
artículo 16 del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, establece un mecanismo sancionador que implica la
pérdida de determinados derechos en los supuestos de violación
de la obligación de guardar secreto en los casos que contempla
el Reglamento. Podría servirnos de reflexión el modelo
francés, por ejemplo. El artículo 140.4 del Reglamento de la
Asamblea Nacional de Francia contempla un modelo de sanción
sobre el que deberíamos reflexionar. Para ilustrar a SS.SS.,
dicho artículo del
Reglamento de la Asamblea Nacional Francesa afirma que no
podrán ser designados miembros de una comisión de
investigación o de control los Diputados que hubieren sido
sancionados penal o disciplinariamente por faltar a la
obligación de secreto con motivo de los trabajos de una
comisión constituida durante la misma legislatura. Yo creo,
señor Presidente, señorías, que es preciso combinar publicidad
y garantías, publicidad y seguridad del Estado, publicidad y
funcionamiento del Poder judicial, sin merma alguna de la
independencia de los jueces y de la propia investigación
Judicial. No obstante, ante esta proposición, queremos dejar
claro que para mi Grupo deberán mantener el carácter secreto,
como ocurre con las ponencias, las sesiones internas de las
comisiones de investigación y los documentos que ante las
mismas se aporten. Con esta reforma se pretende
potenciar racionalmente y con responsabilidad la transparencia
de la Cámara, todo ello sin perjuicio
de que sea precisa, en efecto, una reforma más amplia del
Reglamento del Congreso y una mejor regulación de las
garantías fundamentales en las comparecencias por vía
reglamentaria o por vía de legislación especial en la materia.
Sin perjuicio de todo ello, creemos que con esta proposición
consensuada estamos dando un importante paso que combina
garantías, secreto, razones de seguridad, independencia del
Poder judicial, publicidad y transparencia de las
instituciones.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Cuesta.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora De Palacio.
La señora DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI: Gracias, señor
Presidente. El Grupo Popular ha suscrito, lo mismo que el
resto de los grupos, la proposición de ley, cuya toma en
consideración va a ser hoy acordada por el Pleno de la Cámara,
que supone una modificación parcial, consensuada del
Reglamento de la misma. Sin embargo, en el día de hoy no puedo
por menos que señalar desde esta tribuna que es lamentable
que, tan a menudo, nos veamos tristemente sorprendidos por la
confusión que se sigue manifestando por parte del Ejecutivo,
por parte de responsables inmediatos del Gobierno, entre lo
que es el Legislativo y lo que es el Ejecutivo. Quiero decir
que cuando esta mañana yo leía que el Secretario General del
Portavoz, Miguel Gil, anuncio ayer con gran entusiasmo que el
Gobierno presentaría hoy una proposición de ley que contaba
con el respaldo de todos los grupos de la Cámara precisamente
para hacer que las comparecencias ante las comisiones de
investigación fueran públicas, realmente me he quedado
perpleja; perpleja por no decir que, una vez más, he
comprendido que no se ha producido ningún cambio de talante,
que el Gobierno Socialista sigue confundiendo las situaciones;
que sigue confundiendo lo que es el Ejecutivo y lo que es el
Legislativo y que aquello que dijo, en su día el antiguo
Vicepresidente del Gobierno de que Montesquieu había muerto,
es una doctrina que, indudablemente, ha hecho mella en el
Gobierno y sus aledaños, y lo siento profundamente.
Dicho todo esto, he de decir que nos alegramos del texto que
va a ser acordado hoy, supongo, por la unanimidad de la
Cámara. Nos alegramos porque va a dar una mayor agilidad, una
mayor
vitalidad, una mayor transparencia a uno de los instrumentos
parlamentarios de control que se ha revelado como más útil,
más práctico y más adecuado precisamente para conseguir ese
reequilibrio de poderes, que es el control por parte del
Parlamento de la acción del Ejecutivo.
Las comisiones de investigación son uno de los instrumentos
básicos de control en este parlamentarismo de fin de siglo.
Estamos viendo cómo la Comisión del llamado caso Roldán está
demostrando plenamente las posibilidades, las capacidades de
llevar a cabo una investigación, un análisis desde el
Parlamento de lo que han sido actuaciones del Ejecutivo y, en
su caso, de señalar lo que son responsabilidades políticas en
torno a la cuestión estudiada.
Podemos pensar en este momento qué hubiera pasado si hubiera
sido distinta la historia de nuestra democracia, y no
estuviéramos hoy, como estamos, en la situación angustiosa de
los múltiples casos de corrupción que saltan día tras día; si
en octubre de 1985 o en diciembre de 1986 o en mayo o en
diciembre de 1987, el Gobierno Socialista, la entonces mayoría
absoluta socialista, hubiera permitido que se hubiera
investigado la reprivatización de Rumasa o el asunto de
Galerías Preciados. Seguramente la situación de la vida
política española sería muy otra. Pero es lo cierto y verdad
que, en este momento, las comisiones de investigación están
dando su fruto y esperamos que esto se convierta en una
tradición del parlamentarismo español que, a lo largo de los
próximos años, permita un mayor control del Gobierno y una
mayor transparencia de sus actividades.
Mi antecesor en el uso de la palabra, con cuyas palabras no
puedo por menos que coincidir plenamente, señalaba los casos
de Derecho parlamentario comparado, tanto el alemán como el
francés o el danés, donde las comparecencias ante las
comisiones de
investigación, salvo por cuestiones de seguridad o de derechos
fundamentales, se mantienen dentro de un ámbito cerrado, pero
que son, en general, públicas y que permiten así una mejor
información, un mejor conocimiento por parte de la ciudadanía
de lo que allí se habla. Así, la propuesta que hoy traemos al
conocimiento de los señores Diputados recoge perfectamente
todos esos aspectos. Queda todavía pendiente, y es el momento
de decirlo, la propuesta que en su día hizo el Partido Popular
de que estas comisiones de investigación, cuyos frutos estamos
viendo día a día y cuya función, absolutamente positiva a la
hora de conseguir una democracia limpia y transparente,
podemos ir comprobando cada día con mayor fuerza, se
convirtieran en un derecho de la minoría, que no fueran, como
lo son con el actual Reglamento del Congreso, unas
posibilidades reservadas únicamente a la mayoría. Es decir,
que esas comisiones se crearan a
iniciativa de una minoría como sucede, por ejemplo, si nos
vamos también al Derecho parlamentario comparado,
concretamente en Alemania.
Esperamos que este consenso que hemos alcanzado en esta
modificación concreta, que creo que va a dar buenos resultados
y que se podrá aplicar de forma inmediata en algunas de las
comisiones de investigación que todavía están abiertas en este
momento en el Congreso, tenga una continuación en un acuerdo
que se
pueda adoptar en los próximos tiempos que recoja,
precisamente, que esas comisiones de investigación se
conviertan, repito, en un derecho de una minoría cualificada -
-de la que siempre hemos hablado--, con las limitaciones a que
haya lugar, de forma que sea, una vez más, un instrumento
dentro de una democracia parlamentaria racionalizada, que es
lo que todos pretendemos en esta Cámara.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el
señor Ribó.
El señor RIBO MASSO: Gracias, señor Presidente.
Podríamos entrar todos en una carrera de atribuirse la
paternidad de la proposición de ley que se está discutiendo y
se va a aprobar, al estar suscrita por todos los grupos
parlamentarios. Podíamos decir que el nuestro, al acabar el
debate del estado de la Nación presentó una proposición de ley
y declaró públicamente que la retiraría en el momento que
hubiese un compromiso, por parte de todos los grupos
parlamentarios, como el que se está realizando en estos
momentos.
Me cabe el honor de ratificar una posición que no ha variado
desde que trabajamos en el Parlamento. Nuestro Grupo ha sido
siempre, y subrayo siempre, partidario de que las comisiones
de investigación sean públicas, por un principio elemental de
transparencia y de publicidad ligado a la idea de democracia.
Ahora, «de facto», ya son públicas desde el momento que quien
quiere se larga, al acabar las mismas, explicando el contenido
de las sesiones. (Rumores.) Aunque algunos
Diputados y Diputadas protestan quiero dejar claro que no es
imputable a ningún grupo parlamentario en concreto que se
expliquen las sesiones de las comisiones de investigación.
Cada uno de su capa hace un sayo. Lo que sí quiero subrayar es
que no todos los grupos parlamentarios en esta Cámara, ni
mucho menos los mayoritarios, han sido siempre partidarios de
que las comisiones de investigación fuesen públicas. Me atengo
a las elaboraciones de los diversos redactados del Reglamento
de la Cámara y a las votaciones que hubo en torno a esta
cuestión. No siempre todas SS.SS. han sido partidarias de que
las comisiones de investigación fuesen públicas. Ventajas de
una Cámara donde ahora no hay mayorías absolutas, y donde poco
a poco vamos introduciendo un criterio más plural. Ojala,
señor Presidente, que en esta línea pudiésemos avanzar hacia
auténticas comisiones de «hearings», de audiencias públicas,
no sólo en la
investigación de escándalos o de casos de corrupción, sino en
nombramientos y otras previsiones constitucionales. Nada más,
señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ribó.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra
el señor López de Lerma.
El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Señor Presidente, señoras y
señores Diputados, nuestro Grupo Parlamentario también es
firmante de esta proposición de ley de reforma puntual del
Reglamento de nuestra Cámara, relativa a la publicidad de las
comisiones de investigación en una doble condición: una
primera, porque nuestro Grupo Parlamentario fue autor de una
de las resoluciones aprobadas con motivo del debate de
política general habido en esta Cámara el día 20 de abril,
donde concretamente solicitábamos, y así lo acordó la Cámara,
esta revisión puntual; y también porque quien les habla, como
miembro por Convergència i Unió de la Ponencia que elaboró un
«non nato» proyecto de reforma del Reglamento, lo propuso a
esa Ponencia. Lo que ocurrió entonces es que quienes tenían la
mayoría no estuvieron de acuerdo y quienes ahora quieren la
autoría de esta iniciativa abandonaron la Ponencia. Por tanto,
nuestra propuesta, que viene desde hace años siendo presentada
allí donde pudo serlo, es decir, en el seno de la Ponencia que
intentaba revisar el Reglamento, no prosperó.
Lo que importa no es tanto la autoría, porque formalmente lo
somos todos, como el contenido de esta propuesta de reforma,
que nosotros avalamos por un doble motivo: primero, para
reforzar el principio de publicidad que preside la actividad
parlamentaria. En efecto, nuestros trabajos son eminentemente
públicos. Nuestro Reglamento en el capítulo séptimo del Título
IV, el título relativo a las disposiciones generales de
funcionamiento de la Cámara, trata de la publicidad de los
trabajos parlamentarios. El artículo 63 habla de que las
sesiones del Pleno son públicas, mientras que el 64 dice que
no son públicas las sesiones de las Comisiones y acto seguido
permiten asistir a los representantes de los medios de
comunicación, que es otra forma, y mucho más extensa, de
publicidad que la propia de las sesiones públicas del Pleno.
Además, nuestro Reglamento en su artículo 98 encarga a la Mesa
de la Cámara la adopción de las medidas adecuadas en cada caso
para facilitar a los medios de comunicación social la
información sobre las actividades de los distintos órganos del
Congreso de los Diputados, sin distinción entre Pleno o unas
comisiones, comisiones abiertas o comisiones cerradas,
comisiones públicas o comisiones secretas. Por tanto, hay un
mandato, dentro del propio Reglamento, de publicidad, que es,
creo yo, el principio genérico bajo el cual actúa este
Parlamento, como no podía ser de otra manera. En consecuencia,
nuestro aval lo es para reforzar, repito, el principio de
publicidad que preside la actividad parlamentaria. El
Reglamento vigente, como he
manifestado y he expuesto a través de la cita de algunos
artículos y títulos, expresa de manera terminante este
principio general de la
publicidad, pero además el Reglamento también imprime fuerza
expansiva, podríamos decir, a este principio, al conjunto de
sus actividades, y convierte en excepcional, con una
interpretación restrictiva, algunos de sus trabajos, en
concreto el que tratamos de las comisiones de investigación.
La segunda motivación de nuestro aval a esta proposición de
ley lo es para reforzar la tutela constitucional de derechos
fundamentales. Esto, dicho así, puede parecer como
contradictorio, pues podía ser objeto de contenida polémica,
al menos, el situar como mejor lugar para la tutela
constitucional de derechos fundamentales lo secreto en vez de
lo público. Pero, ¿qué ocurre, qué ha venido ocurriendo a lo
largo de estos años, desde la creación de la primera comisión
de investigación que, si no recuerdo mal, lo fue sobre la
gestión de Radiotelevisión Española en tiempos de la UCD? Ha
venido ocurriendo algo
perfectamente previsible en sede parlamentaria, como es la
coincidencia, y a menudo la colisión, de aspectos tan
importantes como el carácter de fiscalización del Ejecutivo,
que, quiérase o no, se encuentra en la propia naturaleza de
las comisiones de investigación; el derecho, y también el
deber, de todo Diputado de informar a sus electores respecto a
su trabajo en esta casa, en este Parlamento; el deber de
guardar secreto respecto de los actos de toda comisión de
investigación, y de forma especial cuando se producen
comparecencias; el derecho de la sociedad a ser informada de
cuanto acontece en la vida política, y más cuando el objeto de
la investigación parlamentaria es algo, como exige el artículo
76 de nuestra Constitución, de interés público; el carácter de
instrumento de información del propio Parlamento que,
naturalmente, tiene toda comisión de investigación y que,
ciertamente, el decreto-ley que vamos a convalidar este jueves
próximo viene a avalar y acaso a reforzar; el derecho que
asiste a los parlamentarios a valorar políticamente todo
cuanto acontece en el seno de una comisión de naturaleza
política y no judicial, como es una comisión de investigación;
y el derecho, no menos cierto, de los comparecientes a que lo
dicho en sesión secreta permanezca en secreto y, sobre todo, a
que no trascienda de manera tergiversada su declaración.
Este difícil equilibrio de derechos y deberes mejor será
mantenido y protegido --creemos nosotros-- dando publicidad a
los trabajos de las comisiones de investigación, mucho más que
echando un erróneo, por falso, cerrojazo bajo el secretismo de
unas comisiones de investigación que requieren precisamente la
publicidad que vamos a otorgarles en esta proposición de ley.
Estas son los dos motivos que, a nuestro juicio, avalan esta
proposición de ley.
Señor Presidente, señorías, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor López
de Lerma. Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la
palabra el señor González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor
Presidente.
El Grupo Vasco, al igual que los distintos grupos
parlamentarios, suscribe esta propuesta de cambio de
Reglamento, si bien quisiera hacer notar la sensación que
tienen los Diputados de este Grupo de estar en cierta riada
que nos va arrastrando de alguna forma en nuestro quehacer
legislativo; creemos que sería bueno enfriar las cabezas antes
de actuar en caliente ante este tipo de reformas legislativas.
Entendemos que la publicidad y la transparencia de estas
comisiones de investigación pueden ayudar en algunos de los
aspectos incluidos dentro de la misma investigación, pero ésos
no son los únicos criterios sobre los que debieran estar
asentadas dichas comisiones de investigación. La
responsabilidad de los propios Diputados tiene que
considerarse como un eje de actuación importante en la labor
de estas comisiones, que en sus propias investigaciones pueden
llegar a alterar los derechos que nosotros mismos nos hemos
dado dentro de este Estado de Derecho, y el no ser capaces de
respetar el secreto en aquellas materias en que el mismo
Congreso así lo ha determinado puede llevar, por una parte, a
no trabajar con el suficiente rigor o la suficiente eficacia
y, por otra, a que los derechos de ciudadanos o de terceros
puedan verse grandemente afectados.
Por ello, señor Presidente, desde el Grupo Vasco entendemos
que es necesario actuar con responsabilidad suficiente ante
materias tan delicadas como las que se están tratando en este
momento respecto a la reforma del Reglamento de la Cámara.
Creemos que es necesario incrementar estos niveles de
publicidad y de transparencia, pero también que es una
irresponsabilidad el decir que cualquier Diputado puede
«largar» lo que le parezca, como se ha oído en este debate.
Creemos que cada Diputado tiene su propia responsabilidad y
nosotros quisiéramos estar en un Congreso de los Diputados
donde, si se declara el secreto de una materia, los Diputados
seamos capaces de que ese secreto se respete.
Nadas más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
González de Txabarri.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la
palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías,
Coalición Canaria, que también suscribe y apoya esta
proposición de ley de reforma de nuestro Reglamento, quiere
poner énfasis en destacar unos valores fundamentales de la
propia proposición en sí misma.
En primer lugar damos por bienvenida esta dinámica de
reactivación de la vida parlamentaria, con la garra que tienen
las comisiones de investigación. Esto revitaliza y justifica
una vida de debate parlamentario interno y responsable. En
segundo lugar, transformar en normal lo que en una sociedad
pluralista tiene que ser también normal. No hay que tenerle
miedo a ninguna normativa democrática que permita una
apertura. Pero esto también es un compromiso para todas las
fuerzas políticas que lo suscribimos; esto no puede ser un
instrumento de dinámica contraria a principios de normalidad
en el debate parlamentario; no puede ser un elemento de
distorsión de lo que es el cometido democrático de una
comisión ni puede ser tampoco un elemento de crispación
añadida a una falsa publicidad de un debate parlamentario.
Creemos que este cambio que se efectúa en el artículo 64 de
nuestro Reglamento es positivo porque se transforma en el
sentido de que lo normal sea el principio de transparencia y
publicidad, y deja como excepción el carácter secreto. Hasta
ahora nuestro Reglamento, nuestro ya secular, por así decirlo,
Reglamento en esta Cámara, venía a consagrar que el principio
de normalidad era el secreto de las comisiones, cuando las
cosas secretas en un Estado de Derecho son muy pocas, y son
precisamente las excepciones que vienen aquí: o bien es el
interés supremo del Estado con la Ley de Secretos Oficiales,
el respeto a la seguridad de los principios de lo que son
cimientos del Estado, Ley de Secretos Oficiales, en la
defensa, en el interior, etcétera, o bien aquellos principios
constitucionales que amparan el derecho de las personas ante
la Magistratura, ante la ley, ante el principio de la
legislación que va por sus cauces ante el Poder Judicial. Por
tanto, si hay un principio que es el amparo del secreto que
hay en los sumarios judiciales, ese secreto de la dignidad de
la persona también tiene que estar inserto aquí. Por eso
nosotros nos congratulamos, y lo repito, de que lo normal sea
la transparencia y la publicidad, y la excepción sea el
secreto, ahora bien, regulando también el secreto.
El secreto no puede ser campo de agresividad entre fuerzas
políticas por unas cuestiones electorales o de oportunidad de
ocupar el poder. A mí me interesa fundamentalmente, como
fuerza minoritaria, algo muy importante: la estabilidad del
suelo político donde nos movemos, la estabilidad,
fundamentalmente, de lo que es un entramado de instituciones
para que la vida y la convivencia democráticas encuentren
también en una comisión de investigación las necesarias
exigencias que la opinión pública nos demanda, que tenga
acceso directo y transparencia. No puede ocurrir que una
comisión de investigación tenga traductores de la misma. La
comisión de investigación es, en sus justos
términos, lo que allí democráticamente se apruebe. En cuanto a
lo que llega a la opinión pública y que ésta transmite por sus
medios, para eso tienen los medios de opinión pública unos
profesionales que saben entender, leer y oír, porque un
sistema de intérpretes es un sistema perjudicial cuando
tratamos todos de hablar un lenguaje de exigencia democrática.
¡Ojalá! se siga avanzando en este perfeccionamiento de la vida
democrática para que cada cual sea responsable de lo que dice
y de lo que
interpreta que dicen otros, de lo que escucha en una comisión
de investigación para enriquecimiento, y que posibilite una
decisión legítima pero siempre democrática. El transformar en
normalidad lo que es normal nos permitirá a nosotros que la
información política no sea cuestión de mercadería. La
información política es la que es y la que la inteligencia y
los que la presente leyeren y entendieren tengan que hacer
así. Lo demás es hacer arma arrojadiza y de crispación en una
sociedad que,
democráticamente, no lo merece.
Por ello, nuestro apoyo solidario a esta modificación.
Nadas más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Mardones.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Mur.
El señor MUR BERNAD: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, también desde el Grupo Mixto
hemos suscrito esta proposición de ley de reforma del
Reglamento del Congreso para este trámite de toma en
consideración. Por tanto, éste es un proyecto de múltiples
paternidades y espero que la coincidencia en el comienzo del
mismo continúe durante toda la tramitación, porque desde el
Grupo Mixto ya anunciamos que vamos a presentar enmiendas.
Vamos a presentar enmiendas porque, en primer lugar,
querríamos hacer una llamada a la prudencia y a la reflexión,
y no dejarnos llevar por lo que parece que en este momento
está de moda: las comisiones de investigación, sus
consecuencias y la necesaria reglamentación de las mismas. Y
aprovecho para decir que si hubiéramos tomado con mayor
interés la tantas veces comenzada y todavía no terminada
reforma del Reglamento del Congreso, posiblemente no
tuviéramos que ir legislando al hilo de la actualidad o
presionados por la necesidad imperiosa y pudiéramos acomodar
todo el texto del Reglamento, que debe tener una visión de
conjunto y una unidad de actuación, y no ir haciendo enmiendas
parciales como la que esta tarde proponemos aquí, con el
riesgo de que, a lo mejor, estas enmiendas parciales no
encajen en el tono de conjunto del Reglamento que, en su día,
habrá que reformar, porque es un Reglamento que yo creo que
está resultando ineficaz para el trabajo parlamentario, como
así se ha entendido tantas cuantas veces se ha iniciado el
trámite de su reforma y tantas cuantas veces, en la
legislatura anterior, tuvimos la oportunidad de trabajar en la
Ponencia,
evitando la disolución anticipada de las Cámaras que ese
proyecto llegara a un buen fin.
Volviendo a lo que esta tarde nos ocupa, yo empezaría por
decir que tenemos una duda de concepto y de partida, y es la
naturaleza de las comisiones de investigación. Creo que
tendríamos que hacer una reflexión profunda para ponernos de
acuerdo sobre cuál es la verdadera naturaleza de las
comisiones de investigación, que, al hilo de la moda, del
ambiente político o de la temperatura política, a veces más
bien parecen comisiones de debate político que comisiones de
investigación. Yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo para
evadirnos del ambiente exterior cuando las
comisiones de investigación se ponen en marcha; de ahí que
creamos necesaria una mayor reglamentación de las propias
comisiones de investigación y no sólo en el aspecto de su
publicidad. Porque no puede dejarse al arbitrio de la propia
comisión y de la buena fe o mala voluntad de los miembros allí
representados la propia regulación de los trabajos de la
comisión, ya que en unos casos puede resultar fácil encontrar
el acuerdo, pero, en otros casos, el procedimiento o el método
de trabajo a seguir, a veces, suele consumir más horas que la
propia materia objeto de la investigación. De ahí que creo que
haga falta una mayor regulación y no solamente en el aspecto
de su publicidad. Creemos también, aprovechando la
circunstancia de esta regulación, que deberíamos hacer una
reflexión sobre lo que está siendo la publicidad no deseada,
ni siquiera autorizada, de las comisiones de investigación y
cómo choca eso con las
necesarias garantías, tanto de las personas investigadas como
de los comparecientes. Ahí sí que creo que hay que ser
prudentes a la hora de reglamentar el sistema de publicidad,
porque, si no, podemos encontrarnos con que las garantías, la
intimidad de los comparecientes o de los investigados sufran
una merma en su derecho constitucional, o lo que sería todavía
más grave, que los investigados o los comparecientes, al no
tener garantías o bien en cuanto al secreto de lo que allí
dicen o bien en cuanto a una excesiva publicidad, se acogieran
al derecho constitucional de no querer declarar. Desde luego,
yo creo que hasta ahora hemos visto, por la experiencia que
tenemos de algunas de las
comisiones en la que participamos, la buena predisposición de
los comparecientes a colaborar con los trabajos de la
Comisión, y yo creo que muchas de las veces esta buena
predisposición no ha sido suficientemente valorada a la hora
de respetar el secreto o, lo que es todavía mucho más grave, a
la hora de interpretar lo que los comparecientes han dicho. Me
parece que ésta también es una cuestión que habrá que tener
muy en cuenta no vaya a ser cosa que por un exceso de
publicidad de la comisión lo que logremos sea la ineficacia
del trabajo de dicha comisión.
Por tanto, sabiendo que la publicidad es la mejor garantía
contra los intérpretes interesados de lo que en las comisiones
de investigación se dice, hacemos una llamada a la prudencia
para que procuremos todos --y así lo esperamos del consenso
que ha habido en la iniciativa, y espero que continúe porque
ésta es una reforma que debe aprobarse por consenso, si es
posible-- ni pasarnos ni quedarnos cortos y sobre todo saber
sobrevolar por la circunstancia, por el momento y por el
ambiente político en que vivimos en este momento, porque una
reforma reglamentaria no debe hacerse al hilo, al calor del
ambiente o de la presión política, porque, si no, me temo que
estaremos reformando el Reglamento demasiadas veces, y un
reglamento debe tener, como mínimo, el deseo de perdurar, el
deseo de pervivir. Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mur.
Vamos a someter a votación la toma en consideración de esta
proposición de reforma del Reglamento. (El señor Presidente
ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación para la toma en consideración de
la proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los
Diputados sobre publicidad de las comisiones de investigación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 296; a favor, 294; en contra, uno; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, POR LA QUE
SE INTERESA LA REMISION A LOS JUECES DE VIGILANCIA
PENITENCIARIA Y AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DE AQUELLAS
CIRCULARES QUE EMANEN EN LO SUCESIVO DE LA SECRETARIA DE
ESTADO DE ASUNTOS
PENITENCIARIOS Y QUE SEAN DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA LOS
DIRECTORES DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS (Número de expediente
162/000086)
El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día:
Proposiciones no de ley. Proposición del Grupo Popular por la
que se interesa la remisión a los jueces de vigilancia
penitenciaria y al Congreso de los Diputados de aquellas
circulares que emanen en lo sucesivo de la Secretaría de
Estado de Asuntos Penitenciarios y que sean de obligado
cumplimiento para los directores de los centros
penitenciarios.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente.
Señor Presidente, señorías, la iniciativa que hoy presenta el
Grupo Parlamentario Popular responde a la necesidad de
contribuir a solventar un conflicto prolongado entre la
Administración de justicia y la Administración penitenciaria a
propósito de este asunto y, por lo mismo, de contribuir a
garantizar la plena efectividad de los principios de legalidad
y de seguridad jurídica, en el marco del ejercicio de la
legítima potestad autoorganizativa de esa misma Administración
penitenciaria. En su formulación instrumental, nuestra
proposición pretende conseguir que los juzgados de vigilancia
penitenciaria tengan un conocimiento inmediato del contenido
de estas circulares, a fin de superar una de las principales
disfuncionalidades actuales del sistema, y, por lo mismo, que
el Congreso de los Diputados tenga constancia de dicho
contenido, dado el papelvertebrador que estas circulares
vienen desempeñando en nuestra práctica penitenciaria. Desde
estas consideraciones, resulta fácil de entender que nuestra
proposición tiene un claro significado de fondo, que afecta
fundamentalmente a una quíntuple intención. En primer lugar,
queremos con ella propiciar, desde ese conocimiento judicial y
parlamentario, una mejor posibilidad de control sobre estas
circulares, a efectos de que las mismas ni orillen ni
traspasen los contenidos y sentido esencial del ordenamiento
penitenciario vigente. En segundo lugar, pretendemos revestir
a la propia Administración penitenciaria de una mayor garantía
de transparencia en la verificación ordinaria de sus
cometidos, venciendo así un cierto estado de sospecha que, hoy
por hoy, existe en cuanto al uso dado por esa Administración a
alguna de estas circulares, como vehículo para la
determinación de un posibleordenamiento de hecho paralelo a
las normas vigentes. En tercer lugar, pretendemos también
impedir que estas circulares puedan permanecer ajenas al
sistema de garantías que comporta el principio de publicidad
de los actos dispositivos de la
Administración. En cuarto lugar, queremos garantizar los
derechos del personal penitenciario y los derechos básicos de
los
internos, tratando de evitar que los mismos puedan verse
conculcados por disposiciones cuya fuerza real de obligar se
encuentra en el ejercicio de la cadena de mando de la
autoridad penitenciaria. Finalmente y por lo dicho, se trata
también de coadyuvar con esta iniciativa a la reubicación del
papel de la Administración penitenciaria en su función
subordinada de la Administración de justicia, en todos los
aspectos esenciales que afectan al modo y duración de las
condenas.
El calado singular de esta iniciativa se comprende teniendo en
cuenta que estas circulares, por una parte, son el exponente
auténtico de la política penitenciaria del Gobierno, de modo
que, como señalaba literalmente la circular de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, de fecha 12 de julio
de 1984, mal se puede conocer esta política penitenciaria sin
un
conocimiento exacto del contenido de estas circulares. Por
otra parte, también consideramos que la importancia de estas
circulares está en función de las cuestiones capitales para la
vertebración práctica del sistema que en ellas se han venido
abordando, en los últimos tiempos. Es evidente que no
pretendemos ser exhaustivos en esta cita, pero sí conviene
señalar, a modo ilustrativo, que a través de estas circulares,
por ejemplo, se han establecido las condiciones regimentales
del llamado sistema FIES, con un alcance que ha ido más allá
de las previsiones contenidas en la Ley Orgánica para el
primer grado de
clasificación y tratamiento penitenciario, tal y como han
destacado el Defensor del Pueblo y alguna sentencia. De hecho,
se ha restablecido el régimen especial del antiguo artículo 47
del Reglamento, derogado en su momento por el Real Decreto
787/1984, de 28 de marzo. Se modificó, en la práctica, el
contenido del artículo 251 del Reglamento, relativo al acceso
directo al tercer grado penitenciario, antes de que se
produjera la correspondiente reforma del mismo por parte del
Consejo de Ministros. Se ha creado el sitema de fases dentro
de los diversos grados de clasificación de los reclusos;
sistema de fases que ha permitido a la Administración
penitenciaria actuar con enorme discrecionalidad a la hora de
vertebrar su relación con esta población penitenciaria. Se han
fijado criterios generales para la adopción de decisiones que
afectan a los derechos
fundamentales de los internos, incardinándolosen el ámbito de
las normas de régimen interior, cuando, en realidad, a través
de ellas se ha creado todo un modo de sanciones encubiertas,
restricciones o beneficios sin ninguna cobertura legal. O, en
fin, se ha modificado, en la práctica, la concepción de una
institución clave, como es la del permiso penitenciario en su
condición de parte de la ejecución de la pena en cuanto figura
capital, dentro de la individualización de aquélla,
sustituyéndola por una mera concepción del permiso como simple
pieza del régimen penitenciario, cuando no de las meras
conveniencias materiales de la propia Administración. Pues
bien, en la memoria de la Fiscalía General del Estado
correspondinte a 1992 se hace una cita expresiva del verdadero
estado de la cuestión cuando se eleva a rango de conclusiones
generales las establecidas por la Fiscalía del Tribunal
Superior de Baleares, a propósito del asunto que nos ocupa, y
en síntesis, en estas conclusiones se señala: en primer lugar,
que la función con la que nació la jurisdicción de vigilancia
penitenciaria sigue siendo, doce años después, una entelequia,
porque sigue siendo la Administración penitenciaria la que, en
la práctica, no sólo determina el modo e incluso la duración
de las condenas, sino que también varía,
a través de circulares, decisiones e instrucciones concretas,
el sentido de algunos fallos condenatorios.
Dice la memoria del Fiscal que la Adminitración penitenciaria,
en segundo lugar, denota o ha venido denotando una permanente
resistencia no sólo al control judicial sobre sus decisiones
sino también a un mero conocimiento de las mismas por parte de
los juzgados de vigilancia.
Dice la Memoria, en tercer lugar, que, bajo la falsa
apariencia de meras directrices de organización interna, la
Administración penitenciaria viene constituyendo una especie
de normas
penitenciarias paralelas de ámbito administrativo y totalmente
arbitrarias y cambiantes. Concluye señalando la Memoria que
dichas circulares no son facilitadas al Juzgado de Vigilancia
y, lo que es más grave, son de obligado cumplimiento para los
directores de los establecimientos, de modo que si alguna
decisión del Juzgado de Vigilancia resulta opuesta a
cualquiera de estas circulares, lo que se cumple,
evidentemente, no es lo resuelto por el órgano judicial, sino
lo que ha decidido la Administración penitenciaria.
Comprenderán bien SS.SS. que con esta cita se pone un énfasis
especial en la necesidad de poner fin a este conflicto cuando
menos de incomunicación si no de invasión competencial, que
viene de alguna manera marcando negativamente una necesaria
relación de cooperación y de comunicación permanente y, desde
luego, de equilibrio y de respeto mutuo en el ejercicio de sus
funciones por parte de la Administración de Justicia y de la
Administración penitenciaria. La necesidad de sustraer estas
circulares de la indefinición y de la polémica que vienen
provocando quedó igualmente plasmada en la reciente
comparecencia de la señora Secretaria de Estado de Asuntos
Penitenciarios ante la Comisión de Justicia e Interior de esta
Cámara, celebrada el pasado 22 de diciembre, cuando reconocía
que éste era un asunto que le preocupaba y que estaba
concentrando sus esfuerzos en ello. Al hilo de la cuestión que
nos ocupa, no quisiéramos concluir sin recordar a la
Administración penitenciaria la necesidad de dar, también, un
efectivo cumplimiento a lo dicho en la citada circular de la
Dirección General de 12 de julio de 1984, cuando en ella se
afirmaba que si las circulares se remiten a los directores de
los centros no es para su conocimiento exclusivo, sino para
que hagan llegar el contenido de las mismas a todos los
funcionarios, por la consideración y el respeto que los mismos
se merecen y porque tienen el derecho y la obligación de
conocerlas. Concluía esta circular: dichas circulares han de
estar a disposición de todos los funcionarios y de todos los
colectivos sindicales para poder consultarlas cuantas veces lo
deseen.
En definitiva, con la iniciativa que sometemos hoy al Pleno de
la Cámara creemos dar un paso adelante en pro del adecuado
equilibrio y respeto competencial entre lo que es propio de la
función de los órganos jurisdiccionales y lo que corresponde
ejecutar a la Administración penitenciaria en el contexto del
modelo que nuestro Derecho prevé para el cumplimiento de las
penas privativas de libertad. Creemos que damos un paso
adelante en pro de favorecer la coherencia de la
Administración conforme a sus propios planteamientos, porque
si en la circular de julio de 1984 se decía «esta Dirección
General ve con preocupación e incluso con alarma que las
circulares remitidas a los centros no sean conocidas en muchas
ocasiones y en algunos establecimientos por parte de los
funcionarios» --fin de la cita--, parece que, en coherencia de
sentido con lo dicho, ya es hora, después de diez años, de que
esa misma preocupación y alarma la sienta la Administración
por el desconocimiento que de esas circulares tienen los
Juzgados de Vigilancia y esta misma Cámara, y
contribuya, a través del Grupo Parlamentario Socialista, a
ponerle el debido remedio.
Creemos, señor Presidente, señoras y señores Diputados, que
con esta iniciativa damos un paso adelante en el recordatorio
de que el principio de jerarquía normativa es pilar básico del
Estado de Derecho, y que desvirtuar ese principio sólo
comporta una devaluación indeseada de la filosofía que da
fundamento a nuestro sistema político.
Por todo ello, señor Presidente, señoras y señores Diputados,
solicitamos el voto favorable de la Cámara para esta
iniciativa que en su sentido último pretende al fin y al cabo,
como bien comprenderán SS.SS., ser útil en términos políticos
para
recuperar de manera activa y coherente la doctrina
Montesquieu. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro.
Por el Grupo Socialista, para defender la enmienda presentada
a esta proposición y fijar la posición, tiene la palabra el
señor Rodríguez Zapatero.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Gracias, señor Presidente.
Para defender la enmienda que el Grupo Socialista ha
presentado a esta proposición no de ley del Grupo Popular,
enmienda que responde a la filosofía, creo que conocida por la
mayoría de los grupos parlamentarios de esta Cámara, de
intentar, en la medida de lo posible, acercar lo máximo las
posturas en todo aquello que afecta a nuestro sistema
penitenciario por la propia naturaleza de la institución y esa
Administración. Además, es bueno intentar permanecer en el
espíritu de la propia Ley General Penitenciaria, que fue
aprobada por unanimidad en esta Cámara, porque,
obviamente, en el servicio público que supone la custodia de
las personas que están privadas de su libertad están en juego
derechos fundamentales.
He de manifestar, antes de explicar la enmienda
sintéticamente, que hay, como no podía ser de otra manera,
discrepancias de fondo en lo que viene a ser el sustento o la
fundamentación de la proposición no de ley. Discrepancias que
pasan por considerar que la fundamentación aporta un relato o
una traslación de algunas consideraciones incompletas de la
Fiscalía General del Estado, en cuya memoria aparecen otras
consideraciones que razonan de manera muy distinta. En segundo
lugar, porque no se pueden sostener con carácter general el
conjunto de circulares,
instrucciones y directrices, conceptos los tres, como creo que
todos conocemos en esta Cámara, cuya naturaleza jurídica
siempre es extraordinariamente discutible en el ámbito de la
actuación de la potestad organizatoria de la Administración.
Como decía, no todas las circulares han sido remitidas a los
jueces de vigilancia penitenciaria.
A pesar de ello, en el intento de que exista el mayor
acercamiento de posturas, el Grupo Socialista propone una
enmienda que da respuesta al objetivo último, al más
importante de fondo, que es que quien está llamado a ejercer
el control jurisdiccional de la actuación de la Administración
(y por tanto a ser el garante básico, fundamental y esencial
de los derechos fundamentales que tienen las personas privadas
de libertad como prevé nuestro ordenamiento, es decir los
jueces de vigilancia penitenciaria), tenga ese instrumento en
su poder. De ahí que la enmienda del Grupo Socialista acepte
el punto 2 con algún matiz, es decir, con la supresión del
inciso que textualmente dice: «a partir de la aprobación por
el Pleno de la presente proposición no de ley». Y con la
adición entre la expresión: «...que emanen de la Secretaría de
Estado de Asuntos Penitenciarios...» y la expresión: «...sean
remitidas por ésta...», añadir la siguiente frase: «...que
tengan relación con el régimen y tratamiento penitenciario
sometido a control jurisdiccional». Parece
lemental, y creo que en esto no habrá ninguna problema desde
el punto de vista del sentido común y de la lógica política y
jurídica, que aquellas otras circulares, directrices e
instrucciones que no tienen una vinculación directa con lo que
es el régimen y el tratamiento penitenciario, en relación con
el control jurisdiccional, no tengan por qué ser remitidas a
los jueces de vigilancia penitenciaria por parte de la
Secretaría de Estado.
En nuestra enmienda planteamos, como se deduce del contenido
de mi intervención, la supresión del apartado 1 y del apartado
último. En el primer caso, porque el apartado 1 de la
proposición no de ley no es más que un juicio de valor
político que puede estar bien para sustentar, pero que el
Grupo Socialista no puede compartir, entendiendo que la
actuación de la Administración penitenciaria hasta ahora ha
respetado lo que es básicamente el ámbito de sus competencias
dentro del ordenamiento. En última instancia, el control
jurisdiccional siempre ha podido limitar, matizar y perfilar
lo que ha sido esa actividad o esa potestad auto-
organizatoria. Pero como nuestro interés es que existan los
mayores mecanismos de control y de garantías en poder de los
jueces de vigilancia penitenciaria, de ahí que la segunda
enmienda recoja, creo, el anhelo básico de la proposición no
de ley. En cuanto al tercer punto, creo que también es
innecesario. La actividad de control parlamentario la tienen
garantizada todos los grupos políticos de esta Cámara en
relación con lo que es la gestión del propio Gobierno, y
parece que no es muy apropiado que la Secretaría de Estado de
Instituciones Penitenciarias remita cada vez que emana una
circular o una directriz. No hay ningún precedente en la
Cámara. Sería --yo creo-- una decisión de este Pleno fuera, en
cierta medida, de lugar. Eso no quiere decir que el Grupo
Socialista, seguramente como la mayoría de los grupos de la
Cámara, no esté en la disponibilidad más absoluta para que la
Secretaria de Estado de Instituciones Penitenciarias
comparezca y se le requiera periódicamente, o cuando sea
menester, lógicamente sobre lo que es esa potestad auto-
organizatoria en relación con las circulares, instrucciones y
directrices.
Por tanto, en aras a esa posición inicial que los grupos
políticos de la Cámara, en especial el Grupo Popular, tienen
constancia de la voluntad del Grupo Socialista de recoger
aquellas iniciativas que puedan tener un fundamento
constructivo y que puedan perfilar básicamente la actividad de
esta Cámara en relación con lo que es la función de la
Administración
penitenciario, creemos que con esa enmienda de supresión de
los punto uno y tres y aceptación, con las correcciones que he
indicado, del segundo se recoge el espíritu de la proposición
y solicitamos lógicamente que el Grupo proponente la acepte.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez Zapatero.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor González Lizondo.
El señor GONZALEZ LIZONDO: Muchas gracias, señor Presidente.
Quizás a alguna de sus señorías les pueda extrañar que un
Diputado como yo, que viene de provincias, esta tarde en las
dos últimas intervenciones empiece a sentir una cierta
satisfacción al darse cuenta de que la política se está
llevando a efecto, que es el arte de dialogar, de consensuar y
de poder llegar a hacer cosas comúnmente, como ha sucedido con
la proposición anterior y como, al parecer, puede suceder en
ésta en las que se ha visto a dos jóvenes diputados --yo creo
que los dos con mucho porvenir y además así se lo deseo--
defender cada uno su punto de vista, con discrepancias
técnicas, pero sin acidez, manteniendo cada uno de ellos las
formas y sin recurrir para nada a ninguna bandería de tipo
político. Yo suscribiría prácticamente las palabras del
portavoz, en esta ocasión del Grupo Popular, señor Gil Lázaro,
con lo que puedo añadir poco a su buena argumentación. Creo
que también por parte del portavoz socialista se han planteado
temas importantes, como es esa enmienda al punto dos, que
pienso que puede ser aceptada, y la del punto tres, que tiene
una doble lectura. Podría
aceptarse, inclusive, una enmienda transaccional porque, en
definitiva, aquí nadie busca, si hay una compra de patatas,
saber que ha bajado cincuenta céntimos o pequeñez parecida.
Podría interpretarse tanto que se aceptaba la enmienda como
que no. Creo que las dos cosas puede ser importantes. Entiendo
que esta proposición es oportuna en el tiempo y en la forma.
Creo que no sólo es necesaria, sino imprescindible.
La normalización en la materia de vigilancia penitenciaria
está por encima de banderías políticas. Felicito al autor de
esta proposición, señor Gil Lázaro, del Grupo Popular, y
celebro también que por parte del Grupo Socialista se intente
llegar a acuerdos --vuelvo a repetir-- para hacer realidad esa
palabra de política y políticos que, lamentable y últimamente,
parece ser que está bastante devaluada.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González Lizondo.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Casas.
El señor CASAS I BEDOS: Gracias, señor Presidente.
Quisiera hacer unas consideraciones previas, advirtiendo que
mi grupo va a votar favorablemente, entendiendo que la
enmienda va a ser aceptada. Supongo que esto va a ser así.
A nuestro grupo le parece que las circulares que hasta ahora
dicta la Administración penitenciaria respetan el ordenamiento
jurídico y, evidentemente, si en algún caso no lo han hecho,
no puede entenderse que suplanten a la legislación vigente.
Tampoco nos consta que haya sido una práctica de estas
circulares intentar innovar la normativa ni crear una
legislación paralela. Deben servir sólo, y de hecho ésta es su
justificación, como un elemento definidor del marco
organizativo de la propia
Administración o para dictar normas que hagan homogénea la
solución a problemas que se dan para personas distintas en
diferentes centros penitenciarios. Así es como se viene
actuando hasta la fecha: así es como actúa, en definitiva, el
Gobierno de la Generalitat, competente en esta materia.
He de decir, lo anuncio a SS.SS., que, de aprobarse el texto
con la enmienda presentada, se instalaría una práctica en la
Administración central que es norma habitual en la
administración penitenciaria de Cataluña, donde ya desde hace
tiempo las circulares se mandan a jueces y fiscales y también
a la
Administración central del Estado para coordinar y, como digo,
para tener una actuación homogénea en cuanto a los mismos
problemas. Por tanto, nos parece un tema interesante,
constructivo, positivo para dar un mejor servicio y coordinar,
en la medida de lo posible, una actuación que opera en
distintos sitios para las mismas personas.
Nadas más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Casas.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra la señora Aguilar.
La señora AGUILAR RIVERO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a esta tribuna en nombre del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya para fijar posición en torno a la proposición no de
ley del Grupo
Parlamentario Popular; proposición por la que se interesa la
remisión a los jueces de vigilancia penitenciaria y a esta
Cámara de aquellas circulares que emanen en lo sucesivo de la
Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios y que sean de
obligado cumplimiento para los directores de los centros
penitenciarios. Desde el punto de vista de nuestro Grupo
Parlamentario, esta proposición no de ley del Grupo Popular es
oportuna y adecuada, toda vez que la misma va a permitir que
se corrija el error actual, así como superar la realidad de
que, en definitiva, quien determina en estos momentos el modo
e incluso el «quantum» de la condena cuando es carcelaria es
la Administración penitenciaria. Señorías, debemos recordar
que la jurisdicción de vigilancia penitenciaria nació con un
claro objetivo: evitar que la
ejecución o el cumplimiento de la pena privativa de libertad
siguiera realizándose bajo el exclusivo control de la
Administración penitenciaria.
El objetivo trazado en su día, después de los años
transcurridos, tal como ha manifestado el portavoz del Grupo
Popular, no se ha logrado, y creemos que es un buen momento
para actuar,
estableciendo los mecanismos de control necesarios al
respecto, ya que es notoria la actual situación en la que por
parte de instituciones penitenciarias se elude el que sobre
ella se ejerza un control efectivo desde los juzgados de
vigilancia. Es más, la Administración penitenciaria no acepta
la función, que le es propia, de subordinada que se le asigna,
sino que crea sus propias normas para llevar a cabo el
cumplimiento de la condena. Normas que, hay que decirlo con
absoluta claridad, pueden llegar
a modificar incluso el sentido del fallo condenatorio, tanto
en la modalidad de su cumplimiento como incluso en la duración
del mismo. Normas, por otra parte, que pueden cercenar o
limitar los derechos de los internos, que pueden crear
situaciones de privilegios entre los distintos internos, que
afectan a los derechos penitenciarios, como el caso de
traslados, autorización de comunicación, etcétera. Todo ello
puede concurrir sin conocimiento de los jueces de vigilancia
penitenciaria, salvo en el caso de que lo recurra algún
recluso, que es el momento en el que el juez de vigilancia
penitenciaria tiene conocimiento de ello. Normas que, por otra
parte, son de obligado cumplimiento para los directores de
cada uno de los centros.
Además de lo expuesto, es hoy también un hecho prácticamente
irrefutable el que, ante normas contradictorias, del órgano
judicial y del órgano de la Administración, están
prevalenciendo las de la Administración, cosa, por otra parte,
que podemos corregir precisamente aprobando esta proposición
no de ley. Desde nuestro punto de vista, hay que encontrar el
equilibrio entre las normas internas de la Administración
penitenciaria, que debe tenerlas, y las del órgano judicial,
de tal forma que ambas puedan coexistir y que la
Administración penitenciaria no siga prevalenciendo sobre la
Administración judicial. No puede, pues, pretenderse el
continuar con la misma situación, el no poner medidas que
desde nuestro punto de vista sí viene a plantear esta
proposición no de ley del Grupo Popular. Hay que decir también
con claridad que no se puede, por parte de la Administración
penitenciaria, continuar intentando eludir el control
judicial. Además, creemos que en este momento hay que reseñar
que estamos ventilando un asunto que responde, en cuanto a los
términos de la proposición, a una aspiración legítima, ya
manifestada en 1993 por los propios jueces de vigilancia
penitenciaria. Yo creo que es importante que situemos las
cosas en su sitio. Esta
proposición nos permite que cada administración cumpla su
papel y además, de una vez por todas, llenamos de contenido lo
que son las funciones propias de los jueces de vigilancia
penitenciaria. Por todo ello, y a expensas de lo que el Grupo
Popular manifieste en relación a la enmienda del Grupo
Socialista, anunciamos ya el voto favorable a esta proposición
no de ley.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aguilar.
A efectos de expresar la aceptación o rechazo de la enmienda
defendida por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente.
Nosotros, partiendo del reconocimiento que ha hecho el señor
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, es decir, de que
esta iniciativa nuestra responde a un fundamento y a un deseo
constructivo, vamos a corresponder a ese sentido o esa
vocación constructiva aceptando la enmienda que nos presenta
el Grupo Parlamentario Socialista, no sin antes hacer alguna
advertencia en relación con la propia enmienda, que pretende
la supresión de los puntos 1 y 3. Debo señalar que el punto 1
no responde a ninguna declaración política por parte de este
Grupo
Parlamentario, sino a expresiones literales de la memoria de
la Fiscalía General, tal y como ya hemos señalado, y que
aceptamos el compromiso que subyace en la defensa de la
enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en
cuanto a los términos del control político, es decir, de
propiciar cuantas iniciativas de control político en este
ámbito presenten los demás grupos de la Cámara. Nuestra
proposición pretendía que este control fuera ambivalente,
tanto en el terreno parlamentario político como en el terreno
judicial. Sin embargo, la razón fundamental de ser, como ha
señalado la portavoz del Grupo de Izquierda Unida, es poder
solventar esa situación de incomunicación entre
Administración penitenciaria y Administración de justicia y
poder permitir, a través de esta iniciativa, que la
Administración de justicia y que los juzgados de vigilancia
penitenciaria puedan tener conocimiento de estas circulares.
Aceptando los términos en que nos propone el Grupo
Parlamentario Socialista el redactado de esta proposición no
de ley, creemos que ese objetivo fundamental queda cubierto,
pero desde luego, en todo caso, el seguimiento de ese objetivo
lo vamos a acompañar permanentemente a través de la
correspondiente iniciativa de control parlamentario y de
control político. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro.
Vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley del
Grupo parlamentario Popular en los términos resultantes de la
aceptación de la enmienda del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 292; a favor, 291; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), POR
LA QUE SE PROPONE LA LIBERTAD DE AMORTIZACION PARA LAS
INVERSIONES GENERADORAS DE EMPLEO (Número de expediente
162/000042)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), por la que se propone
la libertad de amortización para las inversiones generadoras
de empleo.
Tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre. (El señor
Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, desde el inicio de esta
legislatura, el Grupo parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) ha defendido con insistencia que la salida de la crisis
pasa inexorablemente por el fomento de la economía productiva,
y creo que los hechos nos están dando la razón. Los primeros
síntomas de recuperación atisbados en 1993 fueron debidos al
sector exportador y a su capacidad de respuesta a la demanda
exterior, de tal modo que la producción industrial ha
experimentado incrementos del 4,6 por ciento en los meses de
enero y febrero, según las recientes cifras facilitadas por el
Banco de España.
Otros indicadores apuntan que nos hallamos ya en el buen
camino. El descenso de los tipos de interés, que ha mejorado
las
expectativas de los agentes económicos; el descenso de la tasa
de desempleo; la existencia de 48.000 nuevos puestos de
trabajo en el mes de febrero o los 43.000 del mes de marzo,
todo ello confirma que el negro túnel de la recesión puede
estar llegando a su fin.
Sin embargo, nuestra responsabilidad como políticos y
representantes de los ciudadanos nos obliga a cuestionarnos de
qué manera podemos contribuir al asentamiento de una fase
expansiva de nuestra economía. Ciertamente, coincidirán
conmigo, señorías, en que nuestro primer deber es proporcionar
estabilidad y confianza en las instituciones, pero acto
seguido debemos adoptar todas aquellas medidas de estímulo
económico susceptibles de consolidar la tan deseada
recuperación, porque también coincidirán conmigo en que la
superación de la crisis ha de ser en esta Cámara un objetivo
común y sin fisuras, por encima de cualquier interés electoral
o partidista. Cuando en octubre del año pasado Convergència i
Unió presentó una proposición no de ley sobre libertad de
amortizaciones para las inversiones generadoras de empleo y
que ahora nos ocupa, poco podía intuir que su oportunidad
sería confirmada desde todas las instancias
económicas. El Banco de España, en su último informe
trimestral, resalta la debilidad de dos indicadores económicos
de suma importancia y notoriamente relacionados: la demanda
interna y la inversión en bienes de equipo. En este último
apartado, el Banco de España constata que su recuperación se
está retrasando a la espera de signos más fuertes de
reactivación interna y externa. Pero no sólo el Banco de
España mantiene esta tesis; el Comisario europeo responsable
de asuntos económicos y financieros, señor Christophersen, ha
justificado que las previsiones económicas de la Comisión sean
menos favorables para España que para otros países de la Unión
Europea por la escasa actividad inversora de nuestro país.
Así, mientras la Comisión prevé que la formación bruta de
capital fijo, o sea, inversiones, crecerá el 1,6 por ciento
este año y el 4,9 por ciento el año próximo en el conjunto de
la Unión Europea, en España sus previsiones se cifran,
respectivamente, en un descenso del 1,3 por cientoy un
posterior aumento del 2,6 por ciento para los años indicados.
Cuando los indicadores económicos proporcionan claros síntomas
de
recuperación, es innegable que las empresas y los ciudadanos
en general están esperando señales, muestras inequívocas de
una opción institucional a favor de la economía productiva.
Una medida como la que se propone sólo puede comportar una
anticipación de las inversiones que hasta este momento no se
han producido por las dudas e inseguridad de nuestros agentes
económicos. Si desde esta Cámara podemos infundir confianza, y
la proposición no de ley sobre libertad de amortizaciones que
se propone supone un gran dosis de confianza, podemos influir
notablemente en avanzar unas inversiones que por fuerza
mejorarán la situación económica de España. Todos los
indicadores así lo demuestran; asistimos a una recuperación de
la industria, un mejor comportamiento de la construcción y una
aportación positiva de los servicios, debido a unas excelentes
expectativas del turismo y a una mayor actividad comercial.
Frente a todo ello, la etapa económica de recuperación sólo se
ve lastrada por la indecisión inversora. Ayudemos, pues, a
anticipar estas decisiones inversionistas en beneficio de la
economía productiva. Convendrán conmigo, señorías, en que a
estas alturas uno de nuestros primeros deberes consiste en
hacer posible el incremento de la productividad de las
empresas españolas y abordar de manera decidida una política
de estímulos que fomenten la inversión, porque estas y no
otras son las medidas que están adoptando los países más
avanzados de nuestro entorno. La recuperación americana, en
palabras de su propio Presidente aparecidas en la prensa la
semana pasada, se debe a que la inversión está en alza en los
negocios, en viviendas, en bienes de consumo duradero. La
inversión real en bienes de equipo, según Bill Clinton, creció
en 1993 siete veces más rápido que en los cuatro últimos años
anteriores. Para el presupuesto americano de 1995 se anuncia
la continuación de incentivos fiscales para la inversión en
crecimiento futuro y para las ganancias de capital procedentes
de inversiones a largo plazo en nuevas compañías.
Conociendo nuestros males, es imperdonable no ponerles
remedio, y la sociedad tendría pleno derecho a pedirnos
cuentas por ello. Uno de estos remedios es la proposición no
de ley de libertad de amortización de
las inversiones generadoras de empleo que nuestro Grupo de
Convergència i Unió presenta hoy a esta Cámara. Nadie ignora
el tratamiento fiscal de las amortizaciones, que es uno de los
mecanismos legales que más pueden influir en las decisiones de
inversión de los agentes económicos. Ya se utilizó como medida
de estímulo y con notable éxito, por cierto, en el famoso
«decreto Boyer». También lo entendió así, aunque tímidamente,
la Orden ministerial de 12 de mayo de 1993, por la que se
aprobó la nueva tabla de coeficientes anuales de amortización,
en un intento de acercar la normativa fiscal a la realidad de
la vida económica; intento que ha tenido que ser completado
con un coeficiente multiplicador de los índices de las tablas
del 1,5 por ciento, cuando se trate de elementos de activo
fijo nuevos puestos a disposición del sujeto pasivo a partir
del 3 de marzo de 1993. Sin embargo, una de las mayores
preocupaciones de la empresa radica, como es lógico, en
optimizar su capacidad de inversión mediante el mayor uso
posible de los recursos propios, evitando así la necesidad de
recurrir a la financiación externa, normalmente demasiado
gravosa para nuestras empresas. La libertad de amortización,
con las cautelas que luego se dirán, permitiría, permitirá, si
se aprueba esta proosición no de ley en esta Cámara, a las
empresas desplazar hacia períodos futuros el pago de impuestos
de beneficios generados en los períodos en que se realiza la
inversión, con lo que todos los recursos generados por la
empresa podrán destinarse el pago de las inversiones
efectuadas. Es cierto que ello redunda en perjuicio de la
recaudación fiscal inmediata, pero la mayor productividad de
las empresas, la generación de mayor actividad y las
contrataciones laborales derivadas constituyen alicientes de
no poca
importancia, con lo cual no hace falta recurrir a complicados
y discutidos multiplicadores keynesianos para deducir los
efectos, siempre beneficiosos y tonificantes, del aumento de
la inversión respecto del crecimiento de la renta de nuestro
país. No conviene limitar los efectos de la libertad de
amortización a meros aspectos fiscales. Téngase en cuenta que
la elevación de las cantidades destinadas a amortización
comporta facilitar a nuestras empresas una mejor adaptación a
los grandes y rápidos avances tecnológicos que se producen en
la actualidad. Regular y guardar con criterios obsoletos la
capacidad de adaptación de nuestras empresas supone hipotecar
no sólo su competitividad futura, sino la de todo el conjunto
nacional. Tratamientos informáticos, bienes de equipo de
tecnología avanzada, son algunos ejemplos de inversiones cuya
amortización real ha de efectuarse con mayor rapidez que la
prevista en las anquilosadas tablas del Impuesto de
Sociedades, si se desea pertenecer a una economía competitiva
y avanzada. Además, la iniciativa que se presenta para su
tratamiento normativo por parte del Gobierno no consiste en
una libertad de amortización indiscriminada. Piénsese en la
hipótesis de que una mayor inversión podría repercutir en la
sustitución de puestos de trabajo por capital y conllevar
efectos nefatos para la política de empleo. Por ello, la
proposición no de ley condiciona la libertad de amortización a
la creación de empleo y permite regular la cuantía de dicha
amortización al número de empleos adicionales generados. A
mayor creación de empleo, mayor capacidad de amortizar
fiscalmente los activos adquiridos. Nuestra propuesta abarca
el período
comprendido entre el uno de enero de 1994 hasta el 31 de
diciembre de 1996. Apartado para todas aquellas inversiones en
activos fijos nuevos, siempre que durante los 24 meses
siguientes a la inversión la plantilla media de las compañías
se vea incrementada. La cuantía de la inversión, que podrá
beneficiarse del régimen de libertad de amortizaciones, será
proporcional a la cifra de 25 millones de pesetas por cada
trabajador, como incremento de plantilla generado durante los
24 meses de
inversión o durante los 24 meses que durará este plazo que
nosotros hemos propuesto en nuestra proposición no de ley. Se
trata de una medida de estímulo a la economía que las actuales
circunstancias exigen con incontenible urgencia, porque
podemos ayudar a las empresas a invertir con capitales propios
y a generar mayor empleo y porque podemos anticipar decisiones
de inversión que aún hoy se mantienen entre dudas.
Permítanme, señorías, que insista, una vez más, en los efectos
beneficiosos de la medida que se pretende. Cuando todas las
instancias económicas insisten en la atonía y carácter
depresivo de los niveles de inversión españoles, podemos,
desde esta Cámara, estimular uno de los últimos indicadores
que se resisten a evidenciar la proximidad de la recuperación
económica.
Con esta medida, cuya regulación --caso de aprobarse-- deberá
efectuar el Gobierno con urgencia, podremos demostrar, señoras
y señores Diputados, que los grupos parlamentarios que
integran esta Cámara son sensibles a los hechos que preocupan
a nuestras empresas y a nuestros agentes económicos. Conviene
no malbaratar una oportunidad para demostrar al país que
nuestro objetivo prioritario es trabajar en favor de la
nación. El progreso de España requiere que seamos capaces, no
sólo...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Sánchez i
Llibre, vaya concluyendo, por favor.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: ... no sólo de proporcionar
estabilidad, sino también serenidad y, cosa no menos
importante, eficacia. Serena y eficaz es toda aquella medida
que, fundada en la confianza en nuestras empresas, favorezca a
todos nuestros ciudadanos.
Por todas estas consideraciones, nuestro Grupo de Convergència
i Unió solicita el voto favorable de todos los grupos
parlamentarios de esta Cámara a nuestra proposición no de ley
sobre libertad de amortizaciones. Muchas gracias, señor
Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): A esta proposición no
de ley se han presentado dos enmiendas, una del Grupo Popular
y otra por parte del Grupo Socialista.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Popular, tiene la
palabra el señor Costa Climent.
El señor COSTA CLIMENT: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, en estos momentos nuestra
economía está abandonando la fase de recesión por la que ha
atravesado en los dos últimos años. Sin embargo, la
recuperación económica es todavía sumamente débil e incapaz de
mejorar los niveles de empleo en los que en estos momentos se
encuentra nuestro país. Así resulta de la totalidad de los
últimos indicadores
económicos.
El moderado crecimiento del producto interior bruto, que,
además, de acuerdo con las previsiones de la Comisión Europea,
resultará en nuestro país inferior a la tasa media de
crecimiento del producto interior bruto del resto de los
países de la Unión Europea, hará que la posición relativa de
nuestro país, en términos de bienestar económico, se vea
empeorada respecto al resto de los países de los Estados
miembros de la Unión Europea. La destrucción de más de 88.000
puestos de trabajo durante el primer trimestre de 1994, es
decir, 1.000 puestos de trabajo por día, y nuestra tasa de
ocupación, que ha alcanzado un mínimo histórico, situándose
por debajo del 37 por ciento en este primer trimestre de 1994,
han arrojado unos indicadores económicos que confirman que la
recuperación económica por la que atraviesa en estos momentos
nuestro país es, repito, sumamente débil. Esta débil
recuperación económica es consecuencia de que se encuentra
justificada solamente por el buen comportamiento que ha
experimentado el sector exterior en los últimos meses. Sin
embargo, debido a la falta de confianza de los agentes
económicos en la política del Gobierno socialista, se ha
producido una situación de atonía en el consumo y en la
inversión privada. Por tanto, para apostar por una
recuperación económica sólida, estable y decidida, es
necesario adoptar medidas de política económica que
contribuyan a incentivar la inversión productiva en nuestro
país y que hagan que esa salida de la fase de recesión en la
que nos encontramos en estos momentos no dé lugar a pasar a
una fase de estancamiento en la que el crecimiento económico
sea tan débil que el coste, en términos de desempleo que
soportamos en estos momentos, se vea mantenido y perpetuado en
el futuro, afectando, tan negativamente como afecta, a nuestro
actual sistema de protección social y al nivel de bienestar
general de todos los ciudadanos de nuestro país. Por ello, en
opinión de mi Grupo, se encuentra plenamente justificado
apostar por instrumentos fiscales que anticipen, en un
determinado marco temporal, futuros proyectos de inversión.
Por ello --y ya lo anticipo aquí--, nuestro Grupo
Parlamentario va a votar
favorablemente a la proposición no de ley sobre libertad de
amortización que estamos debatiendo en estos momentos, y lo va
ha hacer porque es un instrumento eficaz para concentrar y
anticipar en un determinado marco temporal los proyectos de
inversión que los agentes económicos plantean emprender en un
futuro. Así lo reconoció el propio Gobierno socialista en la
exposición de motivos del Real Decreto de 11 de septiembre de
1985, por el que se desarrollaba el régimen de libertad de
amortización.
En segundo lugar, votaremos sí porque es necesario fortalecer
la autofinanciación de las empresas, contribuir a mejorar la
capitalización de nuestras empresas para que sean más
competitivas con el resto de las empresas de nuestros socios
comunitarios.
También votaremos sí porque esta medida contribuirá a
eliminar, aunque sea de forma coyuntural, el efecto nocivo que
supone en nuestro sistema fiscal la inexistencia de un método
para corregir el efecto inflación en la cuantificación de las
dotaciones a la amortización de los elementos del activo de la
empresa, un efecto nocivo que da lugar a gravar beneficios
meramente nominales y a promocionar una dispersión de los
tipos de gravamen en el Impuesto sobre Sociedades.
Finalmente, votaremos que sí a esta proposición no de ley
porque en estos momentos el marco jurídico fiscal que existe
en nuestro país no contiene instrumentos eficaces para
promocionar la puesta en marcha de nuevos proyectos de
inversión y, además, genera inseguridad jurídica en los
agentes económicos, en parte por los continuos cambios
normativos a los que nos vemos sometidos y en parte por la
indeterminación del Gobierno, que de forma repetida anuncia la
adopción de nuevas medidas de reforma tributaria que, sin
embargo, es incapaz de poner en marcha.
Antes de proceder a hacer una valoración del contenido
concreto de la proposición no de ley que es objeto de debate
en estos momentos, me gustaría incidir en este último extremo.
En primer lugar, nuestro actual sistema fiscal no contiene
instrumentos eficaces para promocionar la inversión, y así
resulta del hecho de que, por ejemplo, la deducción por
inversiones en activo fijo no afecte a las decisiones de las
empresas a la hora de acometer nuevos proyectos de inversión,
porque se mantiene en los mismos términos de forma reiterada
ejercicio tras ejercicio, y las empresas son conscientes de
que, aunque no anticipen sus proyectos de inversión, en
ejercicios
sucesivos van a disfrutar del mismo sistema de incentivos
fiscales.
Las medidas tributarias que introdujo el artículo 12 del Real
Decreto-ley de 26 de febrero de 1993 también han resultado un
fracaso para incentivar la puesta en marcha a nuevos proyectos
de inversión. Así resulta de la evolución de la inversión en
nuestro país en 1993, que fue el primer ejercicio en el que
tuvieron vigencia las medidas tributarias introducidas por el
Real Decreto-ley al que he hecho referencia. La inversión cayó
en un 10 por ciento y, si nos referimos a bienes de equipo, la
inversión cayó en más de un 15 por ciento.
Las razones del fracaso de estas medidas tributarias son
obvias. En primer lugar, la complejidad de las propias
medidas, que, unido al hecho de que la Administración no hizo
en su día el esfuerzo necesario para informar a los agentes
económicos sobre el contenido de las mismas, ha provocado que
hayan pasado desapercibidas para un gran número de empresas en
nuestro país. En segundo lugar, por los defectos técnicos de
ese Real Decreto-ley, que no contemplaba de forma expresa si
los beneficios tributarios que incorporaba nuestro
ordenamiento jurídico resultaban aplicables a aquellos sujetos
pasivos que, por ejemplo, se acogían a un método de
amortización regresiva o a un método de amortización según
turnos de trabajo.
Finalmente, por el hecho de que, en el mejor de los casos, las
medidas tributarias introducidas por ese Real Decreto-ley no
pueden calificarse más que de tímidas, en la medida en que
únicamente reducen en un tercio el plazo de vida útil de los
activos a efectos de amortizaciones.
Sin embargo, si bien es cierto que resulta necesario adoptar
medidas coyunturales, como la que contiene la proposición no
de ley que es objeto de debate en estos momentos, también es
cierto que para apostar de forma decidida por la recuperación
económica en nuestro país es necesario acometer una reforma
completa de todo nuestro sistema tributario.
El Gobierno del señor González ha incumplido de forma
reiterada los plazos que le concedía esta Cámara para elaborar
y remitir el proyecto del nuevo Impuesto sobre Sociedades. El
primer plazo finalizaba el 31 de diciembre de 1992; el segundo
plazo finalizó el 31 de diciembre de 1993; nos encontramos en
mayo de 1994 y el Gobierno del señor González todavía no ha
remitido a esta Cámara el proyecto de ley del nuevo Impuesto
sobre Sociedades. Mantener esa situación constituye, en mi
opinión, una grave falta de responsabilidad política, porque
genera falta de seguridad jurídica e introduce un elemento de
incertidumbre en las
decisiones empresariales, y en nuestro país existen en estos
momentos multitud de empresas que no ponen en marcha nuevos
proyectos de inversión porque desconocen cuáles van a ser a
corto plazo las consecuencias fiscales, el tratamiento fiscal
de la inversión que van a realizar o de los resultados que van
a obtener como consecuencia de esa inversión.
Es necesario que el Gobierno cese en su situación de pasividad
actual y que acometa una reforma completa de nuestro
ordenamiento tributario que favorezca la inversión productiva
de manera decidida y que haga que resulte más competitivo con
el resto de los sistemas fiscales de nuestros socios de la
Unión Europea. De esta manera mejorará la posición de nuestro
país para mantener y atraer capitales y actividades y, por lo
tanto, seremos capaces de mejorar los actuales niveles de
empleo de nuestro país. Si el Gobierno no es capaz de acometer
una reforma fiscal profunda, no lograremos crear las
condiciones objetivas que devuelvan la confianza a los
inversores y que hagan posible apostar de forma decidida por
la recuperación económica. Me voy a centrar en la valoración
del contenido de la proposición no de ley. Ya he anticipado
que nuestro Grupo va a votar favorablemente el contenido de la
proposición no de ley; sin embargo, hemos presentado un
paquete de enmiendas que tienen como finalidad, en primer
lugar, hacer que sea más eficaz en el cumplimiento del
objetivo que persigue, que es anticipar en un marco temporal
determinado la puesta en práctica de nuevos proyectos de
inversión y, en segundo lugar, dotar de mayor neutralidad las
medidas que introduce o propone la proposición no de ley. En
primer lugar, proponemos reducir hasta el 31 de diciembre de
1995 el plazo durante el cual los activos que se adquieran
puedan acogerse al régimen de libertad de amortización. En
nuestra opinión, un plazo de tres años resulta excesivo, dado
que no anticipará las decisiones de las empresas para poner en
marcha proyectos de inversión que piensan realizar en el
futuro. Por otra parte, valoramos muy positivamente la
voluntad del grupo proponente de vincular la aplicación de
este beneficio fiscal al hecho de que las empresas incrementen
su plantilla y se
incrementen los puestos de trabajo. Sin embargo, me voy a
permitir realizar...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Costa, vaya
finalizando.
El señor COSTA CLIMENT: Voy concluyendo. Gracias, señor
Presidente. Decía que voy a realizar un par de precisiones
sobre este tema. En primer lugar, considerando el tipo de
beneficio fiscal, resulta muy discutible que el hecho de que
se conceda la libertad de amortización por unas inversiones de
25 millones pueda incentivar de forma decidida la creación de
nuevos puestos de trabajo. En este sentido, el beneficio de la
libertad de amortización es un beneficio puramente financiero
y, por lo tanto, una cifra de 25 millones puede no ser
suficiente para incentivar a las empresas a que contraten a
nuevos trabajadores.
Desde esta perspectiva proponemos elevar a 50 millones el
volumen de inversión que pueda acogerse al régimen de libertad
de amortización por cada trabajador en que se incremente la
plantilla. Pero en todo caso quiero destacar que resulta
cuestionable que este régimen de libertad de amortización
solamente resulte de aplicación cuando se incrementan puestos
de trabajo en una empresa y no por la buena voluntad de esta
medida, que la compartimos plenamente, sino porque en muchas
ocasiones puede introducir una discriminación. Pensemos en una
empresa que se encuentra en una situación de crisis, que tiene
que acometer unas grandes inversiones para mantener sus
niveles de empleo y que, debido a que no va a ser capaz de
incrementar su plantilla, no va a poder beneficiarse de este
régimen fiscal.
Por otra parte, proponemos que se permita acoger a la libertad
de amortización aquellos activos que no entren en
funcionamiento durante el período de vigencia de este régimen,
pero que sean adquiridos en virtud de contratos de obra que
sean formalizados durante el período de vigencia de este
régimen de libertad de amortización.
Proponemos sustituir el recargo del 20 por ciento que se
propone con la finalidad de penalizar el incumplimiento de las
condiciones que dan derecho al régimen de libertad de
amortización por un régimen según el cual se deban ingresar
intereses de demora desde el momento en el que se aplicó el
beneficio fiscal y hasta el ejercicio en el que se ha
incumplido el requisito que daba derecho para mantener este
beneficio fiscal. Finalmente, debido al hecho de que la
libertad de amortización tiene como ventaja fundamental el
hecho de atenuar el efecto inflación sobre la imposición del
Impuesto sobre Sociedades, proponemos que esta medida sea
completada con otra en virtud de la cual las plusvalías
derivadas de la enajenación de activos de una empresa, para
determinar el importe de esas plusvalías sometidas a
tributación, actualicen los valores de adquisición de los
elementos del activo en función de unos coeficientes
correctores. Como ya he dicho, mi Grupo va a votar que sí a la
proposición no de ley y lo va a hacer porque votar que no
supondría...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Costa, le ruego
concluya.
El señor COSTA CLIMENT: Concluyo ya, señor Presidente.
Y va a votar que sí, repito, porque votar que no supondría
aceptar la paralización de nuevos proyectos de inversión,
supondría renunciar a un crecimiento económico idéntico al del
resto de los países de nuestro entorno y supondría aceptar con
pasividad los actuales niveles de desempleo en nuestro país.
Y, desde luego, mi Grupo Parlamentario no quiere asumir esa
responsabilidad.
Muchas gracias. (Algunos señores Diputados: Muy bien, muy
bien.--Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para la defensa de la
enmienda del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Aroz
Ibáñez.
La señora AROZ IBAÑEZ: Gracias, señor Presidente. Señorías, el
Grupo Socialista coincide en la oportunidad de la proposición
presentada por el Grupo de Convergència i Unió por la que se
propone la libertad de amortización para las inversiones
generadoras de empleo.
Esta propuesta viene a sumarse al conjunto de medidas, entre
ellas de carácter fiscal, que a lo largo de la presente
legislatura se han adoptado por el Gobierno con los grupos que
le apoyan en esta Cámara, medidas que tienen un objetivo
prioritario, que es la creación de empleo y que responden a
una orientación básica de la política económica, como es el
apoyo a la economía productiva, la recuperación de la economía
en un marco de condiciones macroeconómicas estables.
La medida que se propone de establecer la libertad de
amortización para nuevas inversiones va a contribuir, sin
duda, a animar la inversión, y además llega en un momento
preciso, un momento de claros indicios de recuperación de la
economía, que nadie niega, y cuando a lo largo de los meses
precedentes la política económica que se ha llevado a cabo ha
sentado las bases para la recuperación de la inversión.
Quisiera recordar, como lo ha hecho el portavoz del Grupo de
Convergència i Unió, que este instrumento fiscal tiene
precedente en su utilización por el Gobierno socialista, ya
que,
efectivamente, fue una de las medidas contenidas en el
conjunto aprobado dentro del denominado Decreto Boyer, en
1985, conjunto de medidas que contribuyó a la reactivación
económica en su momento y a la evolución positiva de la
inversión y del empleo en los años posteriores. Esta medida se
suma también a medidas recientes, aprobadas por esta Cámara el
pasado año, relativas al tratamiento de las amortizaciones,
que ha supuesto una reducción importante en la presión fiscal
sobre las empresas, pero que ha tenido también, como efecto
recaudatorio, una disminución importante de los ingresos del
Estado en 1994. Coincidiendo, por tanto, el Grupo Socialista
con la oportunidad de esta
proposición, hemos presentado varias enmiendas.
Quisiera señalar, señor Presidente, que existe un error
material en dos de las enmiendas presentadas relativo a la
cantidad que en ellas figura, así como también que nuestro
grupo ha presentado una enmienda técnica, que
no sé si ha llegado a la Mesa, pero que, en su momento, al
hacer referencia a las mismas, podré señalar.
Las enmiendas que hemos presentado van en el sentido de
reducir el período de vigencia que plantea la proposición, de
disminuir el impacto recaudatorio en la cuantía que contiene
supone, de facilitar las inversiones que puedan requerir un
período más amplio que el que se propone en la proposición,
así como establecer la incompatibilidad en relación con otros
beneficios fiscales relativos a la inversión.
Respecto a la enmienda presentada al punto número 1,
proponemos limitar el período de vigencia para las inversiones
que se hayan realizado entre el 1.º de enero de 1994 y que
puedan realizarse a lo largo de todo el año, hasta el 31 de
diciembre de dicho año. Como saben SS.SS., la medida de
libertad de amortización para nuevas inversiones tiene su
justificación en períodos cortos de tiempo para lograr el
efecto anticíclico que se desea, y
consideramos que, para conseguir el mayor impacto posible en
el momento actual, debe tener un carácter estrictamente
coyuntural. La aplicación desde el 1.º de enero de 1994
ayudará a las decisiones de nuevas contrataciones, de
incremento de plantilla, para las inversiones que ya se han
hecho o están en proceso y, además, evitará que puedan
paralizarse decisiones a la espera de que entre en vigor esta
medida. También en esta enmienda se introduce una cuestión,
que es la precisión respecto al objeto de la inversión,
señalando que debe estar circunscrita a los activos fijos
productivos. La segunda enmienda al punto número 1 propone
reducir la cuantía de la inversión que podrá
beneficiarse del régimen de libertad de amortización, a 15
millones por persona de incremento medio anual. Señorías, ésta
es la cantidad que corrige a la que figura en las enmiendas
que se han repartido y que recogen la cifra de cinco millones,
tanto en la enmienda al punto 1, párrafo dos, como en la del
punto 1, párrafo tres. Esta propuesta que presentamos trata de
disminuir el mayor impacto recaudatorio negativo,
evidentemente, de la cifra propuesta contenida en la
proposición, manteniendo, a la vez, una cuantía que nos parece
supone realmente un estímulo a la inversión y a la creación de
puestos de trabajo. Con relación al punto 3, se persigue
facilitar la flexibilización de la inversión, cuando ello sea
necesario, estableciendo los mismos derechos contenidos en la
proposición para las inversiones que se inicien y no puedan
ser terminadas en el período de vigencia, siempre que se
hubiera realizado al menos un 40 por ciento en el citado
período y que en los seis meses siguientes se realice el total
de la inversión; es decir, la inversión acabe, como muy tarde,
el 30 de junio de 1995.
La enmienda al punto 4 establece la incompatibilidad con otros
beneficios fiscales a la inversión, entre otros los que se
refiere la proposición en el punto 4, desde nuestra
consideración de que no debe incentivarse una misma conducta
mediante
beneficios fiscales concurrentes. Señor Presidente, señorías,
ésta es la posición del Grupo Socialista sobre la proposición
presentada y la explicación de nuestras enmiendas que
esperamos sean aceptadas por el grupo proponente. Estamos
convencidos de que ésta es una medida que, como decía
anteriormente, llega en el momento preciso y que va a
contribuir positivamente a animar la inversión y a mejorar el
clima social, actuando positivamente sobre las expectativas
empresariales.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Aroz.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, el señor Albistur tiene la palabra.
El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.
Brevemente porque ya a la altura de la noche creo que vale
mucho más la brevedad y la eficacia que meternos en grandes
diatribas. En primer lugar, reconocer la oportunidad de esta
proposición no de ley en un momento donde se apunta la salida
de una crisis y donde es más necesario que nunca el impulso a
la inversión, y también animar proyectos de renovación
empresarial que, de alguna forma, van a estar esperando a una
consolidación de esta salida de la crisis que precisaría un
impulso de este estilo para poder avanzarse en su realización.
En segundo lugar, en cuanto significa también un impulso y
animación del empleo, del que estamos verdaderamente
necesitados en buscar todo tipo de incentivos para poder
terminar con la lacra que ahora mismo nos está dominando, para
cuya salida no vemos en estos momentos soluciones a corto
plazo.
Existe entre los empresarios la impresión de una penalización
de la inversión, yo diría que, además, existe como una demanda
social importante en relación precisamente a la modificación
de todos los elementos incentivadores de la inversión que
hasta ahora no han estado centrados en los incentivos
fiscales. Existe una gran diversidad de incentivos directos a
la inversión, pero no con la eficacia que pueden tener los
incentivos fiscales por su impacto psicológico y por su
capacidad de respuesta inmediata demostrada.
Desde la Administración, se ha tenido una visión excesivamente
recaudadora, que ha pesado sobre una visión impulsora del
gasto social que debía haberse concebido como inversión, pero
esto no se ha hecho.
La proposición no de ley que hoy se nos presenta puede ser
mejorable, yo diría que incluso más valiente en sus
planteamientos. En este sentido recordaré --creo
que se recordará más adelante también en esta misma sala--que,
con motivo de la presentación del presupuesto, el Grupo Vasco
presentó una enmienda de este tenor, que no fue admitida, y
que, a mi modo de entender, era más valiente y más decisiva en
cuanto a los efectos incentivadores.
Pero hoy por hoy tal y como está presentada me parece
adecuada; me parece adecuada la duración a la que está
destinada; el incremento del empleo en dos años; la referencia
a los 25 millones como fórmula para iniciar la cuantía de la
inversión; superar el ejercicio anual en cuanto a la
aplicación de la inversión; y también la clara apelación a la
sanción por
incumplimiento.
Esta proposición no de ley, como decía antes, creo que puede
no ser la mejor, quizás es algo tímida, pero inicia a mi modo
de ver como elemento más importante la ruptura de una inercia
que existe en la Administración del Estado respecto a tomar
medidas fiscales como incentivadoras del impulso y del ánimo
que hace falta en la economía actualmente.
Quisiera aprovechar este hecho para recordar al Gobierno la
actitud obstaculizadora que en otros casos ha planteado con
recursos ante el Tribunal Constitucional de las leyes del
Parlamento Vasco de las Juntas Generales de los territorios de
Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, sobre temas relacionados con la
actualización de balances y libertad de amortización. Creo que
sería hora de empezar a reconsiderar la retirada de estos
recursos y extender su aplicación al conjunto del Estado. En
ese sentido, quisiera animar al Grupo Socialista a que asuma
esta propuesta porque lo inteligente es responder a una amplia
demanda social, que creo va a significar pan para hoy, de
verdad, y peces para mañana, que los recogeremos con un amplio
beneficio fiscal. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Albistur. Por el Grupo Vasco (PNV), el señor Zabalía tiene la
palabra.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Muy brevemente, voy a fijar la posición de nuestro grupo
parlamentario respecto a esta proposición no de ley,
adelantando que nuestro grupo va a apoyar la misma. Sin
embargo, sí me gustaría hacer algunas consideraciones, quizás
en cierto modo críticas, a esta proposición no de ley, por
cuanto que la libertad de amortización para las inversiones
generadoras de empleo, desde mi punto de vista, tiene algunos
aspectos que creo que no son los que la propia medida quiere
conseguir. La
finalidad perseguida con esta proposición no de ley es la
creación de empleo y ésta debe ser una cuestión indiscutible.
Sin embargo, la creación de empleo, desde mi punto de vista,
ha de discurrir por otros derroteros y por medio de otras
medidas ajenas a la propuesta de dar libertad de amortización
a las inversiones generadoras de empleo, máxime cuando los
requisitos para que las inversiones en activos fijos nuevos
accedan a los incentivos fiscales preconizados en esta
proposición no de ley pasan por la creación obligatoria de
empleo. Esta medida parece que, lejos de fomentar una
reactivación de la economía que permita un crecimiento estable
y duradero, puede dar lugar a una creación ficticia de empleo
estable, ya que si bien una empresa puede necesitar esa
inversión de reposición para mejorar sus condiciones de
competitividad, puede no estar capacitada para ampliar la
plantilla de trabajadores y, desde este punto de vista --ya se
ha dicho por algún otro grupo parlamentario--,
situaciones en que una empresa necesita invertir para mantener
exclusivamente la plantilla y no tiene capacidad para ampliar
la misma. Situaciones de este tipo podrían generar que, lejos
de reactivar la economía, se esté produciendo lo contrario,
siendo además la creación de empleo una ficción en el tiempo y
que contribuye a estabilizar el crecimiento que se produce.
Esto me parece bien, pero, aparte de lo que se ha dicho, no se
observa una limitación de la inversión circunscribiéndolo a la
reinversión del beneficio no repartido, que daría lugar a una
potenciación de la empresa, considerando y mejorando la
competitividad de la empresa, de cara a una mejor adaptación
de la política europea. Esta no limitación puede traer efectos
totalmente contrarios a los pretendidos, dado que se podrían
adquirir los activos con cargo a reservas o mediante una
reducción de capital, lo cual implicaría una disminución del
patrimonio neto de la empresa, siendo esta descapitalización
aún mayor con la permisión de la libertad de amortización.
En este sentido, y reconociendo las ventajas empresariales,
por supuesto, en la aplicación de una generalización en la
libertad de amortización, entendemos que en su caso deberían
adoptarse incentivos específicos, tanto para la creación de
empleo como para fomentar nuevas inversiones en activos fijos
productivos. Mezclar incentivos de diferente naturaleza, a mi
entender, sólo crea confusión y dificultades de control y
aplicación práctica. Con esto quiero recordar algo que también
ya se ha dicho, y es que en este sentido mi grupo
parlamentario, con motivo de la Ley de Presupuestos y de las
medidas financieras, propuso incentivos específicos a la
creación de empleo y al fomento de las
inversiones productivas, propuestas que, como es conocido,
fueron rechazadas por esta Cámara. Esas propuestas y esos
incentivos estaban recogidos en el Impuesto sobre Sociedades,
por lo cual entendíamos que sería conveniente la aplicación de
una deducción de 500.000 pesetas por cada persona-año de
incremento de plantilla, con contrato de trabajo indefinido,
deducción que elevamos a
700.000 pesetas en caso de incremento de plantillas para
trabajadores minusválidos. También decíamos que sería
conveniente establecer una deducción por inversiones, que
fijábamos en el 15 por ciento del importe de las inversiones
que se realicen a partir de una cierta fecha en activos fijos
nuevos, afectos al desarrollo de la actividad empresarial.
Estos incentivos que proponíamos no fueron recogidos y
nosotros volvemos a insistir en que, desde nuestro punto de
vista, serían mucho más eficientes. Sin embargo, y volviendo
al principio de mi intervención, a pesar de todo, reconozco
que la libertad de amortización puede ser un elemento
importante para la
reactivación de la economía y de la inversión empresarial. Por
tanto, nuestro grupo apoyará esta proposición no de ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Zabalía. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Señoras y señores Diputados, subo a la
tribuna para hacerle honor al amigo Sánchez i Llibre y para
decirle --y lo siento-- que no puedo votar sí, pero creo que
tampoco se merecen el no ni él, en la valoración y en la
defensa que ha hecho, ni, sobre todo, los destinatarios de
esta ley; no se merecen el no y, por tanto, vamos a
abstenernos. Sin embargo, es demasiado sospechoso que, de
nuevo, vuelvan a coincidir todos en esta proposición no de
ley, en otras proposiciones de ley o en reformas del mercado
de trabajo, es sospechoso, repito. Hace tres, cuatro, cinco,
dos años, la política cambiaria,
monetarista, era perfecta; prácticamente todo el mundo estaba
de acuerdo, simplemente existían matices, discrepancias en
cómo se deberían apretar las tuercas por aquí y por allá, pero
se estaba de acuerdo. Luego se ha visto que esta política ha
sido un desastre para el tejido industrial de este país, para
el aumento del paro, etcétera; por tanto, me lo pintan
demasiado bien, de nuevo. Me lo pintan demasiado bien, «tout
ensemble», demasiado bien y tengo la sospecha de que tampoco
aquí vamos a acertar o lo vamos a hacer plenamente. Señor
Sánchez i Llibre, la
proposición no de ley de su Grupo Convergència i Unió, es
aparentemente correcta desde el punto de vista económico y
social. Plantea nada más y nada menos ayudar a la empresa,
fundamentalmente a la pequeña y mediana empresa, crear empleo,
cosa muy loable en los tiempos que corren, y reforzar o
relanzar la economía, en un momento en que usted dice --y
parece que todo el mundo también está de acuerdo-- que la
economía está
avanzando. Se está avanzando, se está saliendo de la crisis,
de la recesión, pero yo les auguro, para los futuros debates,
que estas salidas de la recesión y de la crisis por
relanzamientos económicos --me temo--desgraciadamente cada vez
van a ser los ciclos más cortos, más caóticos y más
contradictorios, porque nunca abordan ustedes los gravísimos
defectos estructurales que hay en el fondo y para los que no
plantean soluciones. Su grupo propone la libre amortizacion de
las inversiones en activos fijos, adquiridos entre el 1.º de
enero y el 31 de diciembre de este año y con un requisito
adicional --lo remarcan, lo señalan--la creación de empleo.
Esto se producirá anticipando las cuotas de amortización
correspondientes, lo cual --se reconoce-- supone un coste
financiero para la hacienda pública. Se reconoce, repito, en
la proposición no de ley, que esto va a representar un coste
financiero para la Hacienda pública, coste que se compensa,
según ustedes, según la proposición no de ley, por los
incrementos en impuestos directos e indirectos ligados,
naturalmente --todo ello--, a la creación de empleo. Es el
«leitmotiv» recurrente en cada una de las proposiciones.
Finalmente, se penaliza con un recargo en caso de
incumplimiento; es decir, tocan todas las teclas posibles.
Dicen: es que si no pasa todo esto, si no desfiscalizamos un
poquito más, finalmente va a caer el garrote sobre los que no
cumplan con la ley, tal como está planteada.
En definitiva, en conjunto, incluso podría decir que parece
correcta la propuesta. Ayuda a la empresa, sobre todo a la
pequeña, para reactivar la economía, la creación de empleo y a
la renovación de activos fijos, lo que anticipa proyectos
empresariales, etcétera. En definitiva, impulsa y potencia
proyectos empresariales.
No es que la posición de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya sea brutalmente antagónica a la propuesta que hacen
ustedes; y menos lo sería si ésta tuviese una secuencia tan
ejemplar y pulida como la que están planteando. Lo que nos
cuesta entender es que las cosas puedan ser así. Nos gustaría
conocer, en concreto --si ustedes son capaces de dar una
visión un poquito más amplia--, dónde ha dado excelentes
resultados, como dicen en la exposición de motivos de la
proposición no de ley, la libertad de amortizaciones. ¿Cómo,
en qué condiciones y en qué marco económico han dado resultado
estas medidas legislativas para potenciar la economía real? A
nuestro entender, la propuesta continúa escorada junto con
otras propuestas hacia una
continuación de la desregulación sistemática que se está
aplicando, la desregulación fiscal que se está aplicando de
forma sistemática. Hace escasamente un mes discutimos otra
proposición no de ley, y conecta con otras medidas económicas
aprobadas en esta Cámara recientemente, las últimas las
votamos la pasada semana.
Ustedes saben que las amortizaciones aceleradas suponen
aumentar los gastos deducibles de las empresas aminorando
ficticiamente los beneficios, y, lógicamente, el pago del
Impuesto de
Sociedades o el IRPF que también
queda aminorado. Si se trata de garantizar la inversión
mediante estímulos fiscales, el problema es encontrar la
relación ayuda fiscal e inversión, y podríamos entrar a
discutir en concreto desde una postura positiva sobre este
concepto. No se trata de planificar, porque luego nos acusan
de que todavía estamos estancados en el año 1917, pero hay que
prevenir un poco y aplicar el sentido común, la economía
también necesita un poco de buen sentido, valorar los costes
en ingresos públicos y déficit público, por ejemplo. Es decir,
si no hay tantos ingresos públicos, tendrán que buscarse otras
formas para hacer frente a las necesidades que tiene el
Estado. La decisión de invertir se relaciona, pensamos
nosotros, con las expectativas de
rendimientos del proyecto de inversión; no en abstracto, no
porque se desfiscaliza, sino porque hay proyectos de inversión
que interesan. Sólo habrá tributación efectiva en IRPF y en
Impuesto de Sociedades si realmente hay beneficios. Un régimen
fiscal en general no altera la rentabilidad o no da una
inversión superior si realmente no hay posibilidades de sacar
beneficios. El régimen fiscal puede ayudar a la potenciación
de la economía, pero poco; si no hay una verdadera política
económica en el fondo de ello, poco ayudará. Sin embargo, los
gastos fiscales que presuponen en su proposición no de ley
previstos para 1994 serían una realidad, porque ya están
presupuestados y, sin embargo, el Estado tendría menos
recaudación en el impuesto público. La relación gastos
fiscales e ingresos del Impuesto de Sociedades en estos
momentos concretos alcanza ya, como usted sabe, el 53,2 por
ciento de «ratio», en 1994. ¿De qué forma se consigue --hago
esta pregunta concreta-- el objetivo perseguido de ahorro
público superior? Nos da la impresión de que se reduce el
ahorro público pero no hay posibilidades, no hay propuestas de
que el ahorro público se vea aumentado por otra parte con la
capacidad de poder continuar haciendo las políticas a las
cuales está comprometido el Estado. En definitiva, es una
proposición no de ley que redunda, señor Sánchez i Llibre, en
lo mismo que han ido
planteando durante estos pasados meses. Además, hay otro
aspecto preocupante para nosotros. Todos coindicimos en la
necesidad de crear empleo, es uno de los elementos más
importantes en la vida política y económica de este país, la
necesidad de crear empleo; para ustedes, aunque sea precario,
por eso han aprobado las leyes que han aprobado, aunque sea
precario, aunque sea con contratos de esos que la «vox populi»
llama contratos basura. Nosotros preferimos otros contratos
más estables, ya hay demasiados contratos basura en este país,
pero la duda que no asalta es la siguiente: si hay libertad de
plazos de amortización, cabe la sustitución de tecnologías más
intensivas en capital y menos en puestos de trabajo; es decir,
que no se avanza hacia la creación de nuevos puestos de
trabajo, sino que se avanza en la
destrucción de puestos de trabajo por tecnologías que son
superiores a las anteriores, más intensivas en capital, pero
que crean menos puestos de trabajo. No es que nosotros o yo
personalmente defienda volver a 1834; no es éste el problema,
pero sí tenemos que combinar el desarrollo tecnológico con los
puestos de trabajo que se pueden crear.
La proposición se adorna con el requisito de puestos de
trabajo nuevos. Miren, la experiencia señala que con estas
políticas aprobadas hasta ahora, monetaristas, cambiarias,
etcétera, no se han creado puestos de trabajo. Si ustedes
quieren modernizar el utillaje y los métodos, estaremos de
acuerdo, pero siempre que no se haga contra los puestos de
trabajo. Podremos llegar a acuerdos concretos sobre ello en
este Parlamento, en esta Cámara; pero ustedes no quieren saber
nada, por ejemplo, de la
obsolescencia planificada, ni ustedes ni los países de
alrededor. Yo sé que es un elemento que debería discutirse a
nivel de la Comunidad Europea, no pueden tomarse medidas de
estas
características en un solo país. Debería verse a nivel de la
Comunidad Europea, pero ustedes no están de acuerdo con ellos.
Obsolescencia planificada para saber si son necesarios cuatro
años, cinco, seis, diez o dos años únicamente para que un
utillaje y unos métodos de trabajo se tengan que cambiar de la
noche a la mañana, lo que lleva muchas veces a la ruina de
muchas empresas que no pueden competir, no con empresas de
nuestro país, sino con empresas de la Comunidad Europea y con
empresas de la Comunidad Europea y de nuestro país que se
instalan en otros sitios donde hay mano de obra y condiciones
laborales mucho más baratas.
Por tanto, con la reforma del mercado de trabajo, con la
contrarreforma como usted sabe que la llamamos, se crearán
empleos de ínfima calidad, es decir, empleos sujetos a una
práctica desregulación. Nosotros hemos planteado
reiteradamente con poca fortuna, y no creo que hoy vayamos a
tener más, no ya porque planteemos o no enmiendas, sino al
menos para que nuestros razonamientos puedan ser reflexionados
por el grupo que S.S. representa y por todos los grupos de la
Cámara, hemos planteado, digo, fondos de inversión y no han
sido tenidos en cuenta para un debate concreto, en
profundidad. Hemos planteado un tema para la pequeña y la
mediana empresa, la potenciación de la
investigación más desarrollo con ayudas del Estado, créditos
blandos sobre planes concretos de la pequeña empresa; es
decir, hemos planteado una batería de propuestas que no han
tenido, repito, mucha fortuna y que no creo que la tengan hoy.
Nos gustaría haber podido votar la propuesta que hacen ustedes
especialmente en mi caso concreto porque debo tener una
debilidad personal con usted, pero nos tememos que sea la
misma propuesta de desregulación y de desfiscalización, eso sí
reconozco que bien cubierta por la estética.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Sánchez i
Llibre, tiene la palabra para indicar si acepta o no las
enmiendas que han sido presentadas por el Grupo Popular y por
el Grupo Socialista.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor Presidente.
Respecto a las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista,
la presentada al punto número 1, nuestro grupo presentaría una
enmienda transaccional que haré llegar rápidamente a la Mesa,
en la cual introduciríamos la siguiente variación respecto a
la siguiente frase: «Los elementos de activo fijo nuevos
afectos a actividades empresariales adquiridas a partir del
1.º de enero de 1994.»
Respecto a la enmienda referida al punto número 1, párrafo
dos, la aceptaríamos siempre que haya quedado bien clara por
parte de la Mesa la corrección que ha indicado la Diputada del
Grupo Socialista en el sentido de que pasaba de cinco millones
a quince millonesde pesetas. Aceptaríamos también la enmienda
referida al punto número 1, párrafo tres, con la consideración
de que esté debidamente recogida la variación de cinco
millones a quince millones de pesetas.
Respecto a la enmienda referida al punto número 3, nuestro
grupo también presentaría una enmienda transaccional que
quedaría de la siguiente forma: «Cuarenta por ciento al citado
período y en los doce meses siguientes». Sustituiríamos seis
meses por doce meses siguientes. Nuestro grupo aceptaría la
enmienda presentada por el Grupo Socialista al punto número 4.
Respecto a las enmiendas presentadas por el Grupo Popular, las
referidas al punto número 1, de modificación y al punto número
2, de modificación, han quedado prácticamente sobreseídas por
la aceptación de las enmiendas del Grupo Socialista.
Respecto a la enmienda al número 3 presentaríamos una enmienda
transaccional por la cual rectificamos los plazos definitivos
referidos a los contratos de obra fija, quedando de la
siguiente forma: «Siempre que su puesta en disposición sea
anterior al 31 de diciembre de 1995».
Respecto a las enmiendas referidas al punto número 5, de
modificación, y al punto número 6, nuevo, de adición, nuestro
grupo no las acepta. El Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) quiere dar las gracias a todos los
grupos que han valorado positivamente nuestra proposición no
de ley sobre libertad de amortización. Asimismo quiere
agradecer la explicación que ha dado, al explicar su voto, el
representante del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, porque cada vez más sus posiciones se van acercando
a las nuestras. (El señor Fernández-Miranda y Lozana:
Preocúpate.--Rumores.)
Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores Diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Sánchez
i Llibre. Silencio, por favor, señorías.
Tiene la palabra la señora Aroz exclusivamente a los efectos
de indicar si acepta la enmienda transaccional presentada a la
enmienda al punto 1 que, si la Presidencia no ha entendido
mal, quedaría en los siguientestérminos: Los elementos de
activo fijo afectos a actividades empresariales adquiridos...
etcétera. Asimismo la segunda enmienda transaccional, al punto
número 3, que se limita a sustituir, en la penúltima línea, la
cifra de 6 por 12 referida a meses.
La señora AROZ IBAÑEZ: Gracias, señor Presidente.
Aceptamos las dos enmiendas transaccionales, pero quisiera
señalar que en la primera debe decir también «nuevos»; es
decir, los elementos de activo fijo nuevos afectos a
actividades empresariales...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Es conforme.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Costa para que
indique si acepta o no la enmienda transaccional presentada
por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) a su enmienda al
punto 3, modificando el año de 1997 por el de 1995.
El señor COSTA CLIMENT: Gracias, señor Presidente.
Aceptamos la enmienda transaccional del Grupo proponente dado
que, en definitiva, no hace más que adecuar a los términos en
los que queda en la proposición no de ley el texto de la
enmienda que habíamos presentado. Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Costa.
Vamos a pasar a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), que se somete a votación en los
términos resultantes de la aceptación de las enmiendas con las
modificaciones introducidas por vía transaccional y que
resultan de los términos del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 268; a favor, 255; en contra, uno; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición.
El Pleno se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las diez y cinco minutos de la noche.