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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 66, de 26/04/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1994 Núm. 66 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 65
celebrada el martes, 26 de abril de 1994
Página
ORDEN DEL DIA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
modificación del actual régimen de jubilación de los
funcionarios públicos, introduciendo criterios de flexibilidad
y voluntariedad. «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie B, número 55.1, de 7 de febrero de 1994 (número de
expediente 122/000045) (Página 3265)
--Modificaciones en el orden del día (Página 3275)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Continuación):
--Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por
la que se modifica el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 37.1, de 22
de octubre de 1993 (número de expediente 122/000028) (Página 3276)
Proposiciones no de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, por la que
se insta al Gobierno a adoptar determinadas medidas de apoyo
en relación con la crisis de la empresa automovilística
Santana
Motor y de Linares (Jaén) y su comarca. «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Serie D, número 82, de 12 de abril de
1994 (número de expediente 162/000095) (Página 3284)
--Del Grupo Parlamentario Popular, sobre medidas a adoptar por
el Gobierno ante la grave crisis que afecta al sector del
automóvil, y en concreto a la empresa automovilística Santana
(número de expediente 162/000097) (Página 3284)
--Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Rahola), sobre creación
de una Ponencia que estudie dar curso legal a la demanda
social generada en torno a la eutanasia. «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Serie D, número 82, de 12 de abril de
1994 (número de expediente 162/000093) (Página 3295)
--Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al
Gobierno a realizar las modificaciones legales oportunas a fin
de facilitar el acceso a determinada documentación a las
comisiones parlamentarias de investigación (número de registro
16.626) (Página 3305)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, en relación con la política del
Gobierno sobre la industria militar y de armamento y la
obtención de ayudas de Fondos Europeos para su reconversión, a
la vista del Plan de reestructuración de la Empresa Nacional
Santa Bárbara. «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie D, número 90, de 25 de abril de 1994 (número de
expediente 173/000034) (Página 3315)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
medidas de política general previstas por el Gobierno para
controlar el gasto público, tanto de la Administración General
del Estado como de sus Organismos Autónomos, Sociedades
Estatales y Entes Públicos con estatuto jurídico especial.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 90,
de 25 de abril de 1994 (número de expediente 173/000035)
(Página 3322)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número
67, de 27 de abril de 1994.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 3265)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
modificación del actual régimen de jubilación de los
funcionarios públicos, introduciendo criterios de flexibilidad
y voluntariedad (Página 3265)
En nombre del Grupo Popular, el señor Núñez Pérez defiende la
proposición de ley. Comienza aludiendo a las declaraciones
formuladas por destacados miembros del Gobierno y del Partido
Socialista sobre el futuro de las pensiones y la necesidad de
prolongar la vida activa de los trabajadores y funcionarios,
en lo que supone un clamoroso reconocimiento de los graves
errores cometidos por los gobiernos socialistas en materia de
jubilación. Se alegra de que todos se acerquen a las tesis
defendidas por el Grupo Popular y de que ya nadie pongaen duda
la necesidad de buscar fórmulas flexibles de jubilación frente
a la postura del Gobierno y del Grupo Socialista hace sólo
unos meses rechazando abiertamente las iniciativas que
proponían: simplemente que los funcionarios pudieran prolongar
de manera voluntaria la edad de jubilación hasta los 70 años.
Señala que no tienen ningún interés en protagonizar la
solución y simplemente lo que demandan es la solución misma,
resolviendo de una vez por todas el problema creado por el
artículo 33 de la Ley 30/84, ley que califica de caótica donde
las haya y que ha necesitado más reformas y contrarreformas
que ninguna otra y que cada día sigue necesitando con más
urgencia su derogación y sustitución por otra nueva que haga
tabla rasa de tanto error, de tanta discriminación y de tanto
desacierto. Recuerda que la Ley en cuestión jubiló
forzosamente a funcionarios maduros, expertos y eficaces, a
los que se había garantizado el servicio activo hasta los 70
años. Agrega que nadie quiere amarrar forzosamente al trabajo
activo a las personas que, cumplidos los 65
años, no quieran seguir, pues no se atenta contra lo que se
puede considerar una conquista social, sino que lo que se
propone es facilitar la posibilidad de que cada funcionario
pueda seguir prestando a la sociedad su experiencia y su
trabajo. Se trata, en definitiva, de facilitar la libertad de
opción, al igual que ya se ha hecho para jueces y magistrados
o se proyecta para los funcionarios de los cuerpos docentes.
Expone que la medida propuesta supone un importante ahorro
presupuestario para las administraciones públicas, y así lo
han entendido otros países de nuestro entorno político y
cultural como el Reino Unido, Alemania e Italia, y con la
misma los que están en el umbral de la jubilación podrían
seguir en activo, con lo que, aunque no se repararían los
daños causados por la Ley de 1984, al menos sí se arreglarían
las cosas para el futuro. Considera que existen razones más
que sobradas para solicitar el voto favorable de la Cámara a
la proposición de ley, máxime cuando la solución es urgente y
no sirve decir que la iniciativa es incompleta, ya que en los
trámites posteriores habrá ocasión de perfeccionarla con las
enmiendas de los grupos de la Cámara. En turno en contra
interviene, en nombre del Grupo Socialista el señor, Trujillo
Oramas. Señala que no es la primera vez en esta Cámara que
discuten medidas similares a la propuesta, incluso casi
idénticas a la que se presenta esta tarde, recogiéndose
incluso en la exposición de motivos de la proposición de ley
consideraciones redundantes con esas propuestas anteriores.
Respecto a las graves consecuencias que en el plano individual
supuso para los funcionarios la Ley de 1984 considera
extemporáneas tales manifestaciones a estas alturas del
debate, después de la sentencia del Tribunal Constitucional de
1987 y de numerosas sentencias de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo desestimando solicitudes de indemnización.
Respecto a los jueces y magistrados, así como las funciones
docentes e investigadores, expone que los efectos a medio
plazo les han llevado a modificar el planteamiento general de
la Ley para adaptarlo a las singularidades de ambos
colectivos, sin que quepa hacer de ello punto de partida para
extender ese régimen con carácter general.
En cuanto a la fijación de condiciones flexibles en otros
países afirma que se fijan de acuerdo con sus propias
necesidades, con una serie de parámetros y factores que son
propios de cada país, sin que quepa hablar de homologación en
términos generales. Rechaza, por otra parte, el que con la
medida propuesta se dé lugar a un ahorro importante en el
gasto y, por contra, la misma supondría un impacto importante
sobre el mercado de trabajo y, en especial, en la política de
empleo juvenil en un momento en el que la expectativa de
empleo público es restringida en términos generales. Por los
motivos expuestos anteriormente, anuncia el rechazo del Grupo
Socialista a la proposición de ley objeto de debate.
Replica el señor Núñez Pérez, duplicando el señor Trujillo
Oramas. En turno de fijación de posiciones intervienen los
señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria; Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV);
Nadal i Malé, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y
Martínez Blasco, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación, se rechaza la proposición del Grupo
Popular por 153 votos a favor, 162 en contra y cinco
abstenciones.
Modificaciones en el orden del día (Página 3275)
El señor Presidente somete a la Cámara algunas modificaciones
del orden del día, de conformidad con lo acordado por la Junta
de Portavoces al amparo del artículo 68.1 del Reglamento de la
Cámara.
El Pleno aprueba por asentimiento las modificaciones en
cuestión del orden del día.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Continuación)
(Página 3276)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la
que se modifica el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las bases de Régimen Local (Página 3276)
El señor Nadal i Malé defiende la proposición de ley del Grupo
Catalán de Convergència i Unió. Recuerda que en el debate
celebrado sobre este asunto en la legislatura anterior se
acordó su tramitación parlamentaria, que decayó posteriormente
como consecuencia de la disolución de las Cortes. Hoy lo traen
nuevamente a la Cámara para intentar que de una vez se
solvente definitivamente el grave problema que plantea la
necesaria publicación de todos los planes generales de los
ayuntamientos y de las comunidades autónomas en los diferentes
boletines oficiales. Agrega que la cuestión no radica en la
necesaria publicación, que sí admiten y reconocen como muy
importante y válida, sino en intentar obviar la totalidad de
la publicación del plan, dado su gran cantidad de hojas,
planes, anotaciones, etcétera, cuando el mejor instrumento
para
conocerlo es su exposición en el ayuntamiento o comunidad
autónoma de que se trate. Por otra parte, en la actual y grave
situación económica por la que atraviesan los ayuntamientos la
publicación íntegra de estos planes representa no sólo un gran
retroceso en la puesta en práctica del plan sino también una
merma económica importante.
En turno en contra interviene el señor Martínez Blasco, en
nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, lamentando que dicho turno no sea consumido por
el Grupo Socialista en coherencia con los propios textos
remitidos por el Gobierno y aprobados por esta Cámara. Añade
que, en su opinión, quedó suficientemente claro en el debate
habido en la anterior legislatura que no existía ninguna
contradicción entre la legislación urbanística y la Ley de
bases de Régimen Local, y ni siquiera existe confusión sobre
el particular. Respecto a lo manifestado por el Grupo
proponente de que hay que publicar en los boletines oficiales
el contenido íntegro de los planes, afirma que esto ni lo dice
la norma ni lo ha dicho ninguna sentencia, ni se le ocurre a
nadie, salvo que voluntariamente quiera hacerlo. La Ley de
bases dice que las normas y las ordenanzas deben publicarse
íntegramente, y así lo exigen todos los tribunales, pero no
exige la publicación del estudio económico-financiero, o de la
memoria, instrumentos muy importantes en planeamiento
urbanístico. Por tanto, no ha lugar a posible confusión ni
cabe hablar de contradicción entre las legislaciones.
Respecto a los costos económicos de la publicación señala que
no deben rasgarse las vestiduras, ya que los ayuntamientos
también se ven obligados a publicar otro tipo de normas y
ordenanzas y nadie discute la necesidad de su publicación,
aunque supongan un importante gasto económico. En cambio, hay
que tener en cuenta la importante cuestión de la seguridad
jurídica y la transparencia.
Replica el señor Nadal i Malé, duplicando el señor Martínez
Blasco. Para fijación de posiciones intervienen los señores
Mur Bernad, del Grupo Mixto; Olarte Cullen, del Grupo de
Coalición Canaria; Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco
(PNV); la señora Martínez Saiz, del Grupo Popular, y el señor
Antich i Balada, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se aprueba la proposición debatida por
173 votos a favor, 139 en contra y dos abstenciones.
Proposiciones no de Ley (Página 3284)
Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, por la que se
insta al Gobierno a adoptar determinadas medidas de apoyo en
relación con la crisis de la empresa automovilística Santana
Motor y de Linares (Jaén) y su comarca (Página 3284)
Del Grupo Parlamentario Popular, sobre medidas a adoptar por
el Gobierno ante la grave crisis que afecta al sector del
automóvil, y en concreto a la empresa automovilística Santana
(Página 3284)
El señor Martín Mesa defiende la proposición del Grupo
Socialista. Recuerda que en el debate celebrado el pasado 22
de marzo, con ocasión de una moción presentada por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
anunció la inmediata presentación de una proposición no de ley
instando al Gobierno a la adopción de medidas de apoyo en
relación con la crisis de esta empresa automovilística y sus
consecuencias en la comarca de Linares y en toda la provincia
de Jaén. La proposición fue presentada dos días después en el
Registro de la Cámara y proceden hoy a su debate, en el que no
reiterará argumentos y razonamientos ya ampliamente expuestos
en la Cámara. En este momento lo que pretenden es que el
Congreso adopte una resolución clara e inequívoca de apoyo a
Santana, a Linares y a Jaén, a ser posible con un amplio
respaldo de los diferentes grupos parlamentarios, resolución
que en parecidos términos ya ha sido aprobada también, con
amplio consenso, por el Parlamento Europeo, por el de
Andalucía, por la totalidad de ayuntamientos de la comarca de
Linares, por la Diputación Provincialde Jaén y por una inmensa
mayoría de los ayuntamientos de la provincia, e incluso de la
Comunidad Autónoma andaluza. Considera que ha llegado la hora
de realizar un esfuerzo por parte de todos y aprobar con
amplio consenso una proposición no de ley que muestre el apoyo
de este Congreso a Linares, a su población y, más en concreto,
a los trabajadores de Santana Motor, propiciando la adopción
de medidas que permitan el mantenimiento de Santana como
empresa fabricante de automóviles, así como de la actual
estructura industrial de Linares, para lo que se están dando
pasos importantes a pesar de la gravedad de la situación.
Enumera las acciones emprendidas para el mantenimiento de la
empresa, medidas que, no obstante, considera insuficientes, y
de ahí que el Grupo Socialista someta a la Cámara esta
proposición,
que simplemente pretende que se sigan realizandolas gestiones
necesarias para asegurar el mantenimiento de Santana Motor
como empresa fabricante de automóviles, aplicando al efecto
los fondos necesarios de acuerdo con las previsiones legales,
así como poner en marcha los mecanismos legales y financieros
que permitan la creación de un parque industrial y el
mantenimiento de la actual estructura industrial de Linares.
En defensa de la proposición no de ley del Grupo Popular
interviene el señor Puche Rodríguez-Acosta. Manifiesta que han
transcurrido más de dos meses desde que se iniciara la crisis
de Santana Motor, período de tiempo en el que se han producido
multitud de declaraciones y manifestaciones de los
trabajadores, pero en el que no aprecian todavía que se
perfile ninguna solución a este problema de tanta
trascendencia social, económica y política. De ahí que el
Grupo Popular presentase en su momento en la Cámara esta
proposición no de ley con la sana intención de encontrar
alguna solución y con el objetivo fundamental, claro y
terminante, de intentar la participación del Gobierno en la
salvaguarda y el mantenimiento de Santana Motor como
fabricante de automóviles, así como la participación del
Gobierno en la potenciación de una serie de iniciativas
empresariales alrededor de Santana que permitan la creación de
nuevos puestos de trabajo. Considera que la crisis económica
por la que atraviesa España, las dificultades del sector del
automóvil y el incumplimiento del laudo arbitral sobre Santana
han sido las causas que motivaron la suspensión de pagos de
esta empresa. Expone algunas consideraciones y preocupaciones
del Grupo Popular en torno a la suspensión de pagos de Santana
Motor y al marasmo del sector industrial de Andalucía,
criticando la política económica seguida por el Gobierno, que,
a su juicio, ha actuado de forma negativa sobre dicho sector
industrial, así como las formas de actuación de las
multinacionales en nuestro país, ante lo cual el Gobierno debe
comprometerse para intentar que los jienenses afronten el
futuro con esperanza.
Termina dando cuenta de las medidas contenidas en la
proposición no de ley. En defensa de las enmiendas presentadas
a la proposición no de ley del Grupo Socialista intervienen
los señores Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y señor Albistur
Marín, del Grupo Mixto.
El señor Sánchez i Llibre defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) a la proposición
no de ley del Grupo Popular.Sometida a votación la proposición
no de ley del Grupo Socialista, se aprueba por 299 votos a
favor y 15 en contra.
Asimismo se aprueba la proposición no de ley del Grupo Popular
por 299 votos a favor, 14 en contra y una abstención.
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Rahola), sobre creación de
una ponencia que estudie dar curso legal a la demandasocial
generada en torno a la eutanasia (Página 3295)
La señora Rahola i Martínez, del Grupo Mixto, defiende la
proposición no de ley formulada. Afirma que no sube a la
tribuna con ánimo de traer la solución del problema sino con
el de escuchar e intentar, a través del consenso, llegar a la
solución legal que sea capaz de resolverlo. De ahí que la
proposición no plantee ninguna solución específica sino la
constitución de una ponencia que escuche a los diferentes
sectores, analice la complejidad social y jurídica de la
eutanasia activa y la legisle en consecuencia. Agrega que la
iniciativa que defiende parte de dos premisas, como son la
voluntad y necesidad de ese consenso y, por otra parte, la
responsabilidad política, señalando que no se hallan ante un
debate de partido, ni mucho menos ante un debate estrictamente
ideológico, sino ante un problema humano y una necesidad
social a la que hay que dar cobertura legal. Considera que la
creación de la Ponencia se hace especialmente necesaria y
urgente si no quieren dar la pésima imagen de la inhibición o
rehuir políticamente un debate inevitablemente incómodo.
Concluye afirmando que un parlamento puede permitirse
probablemente muchas cosas, pero nunca rehuir la demanda y la
problemática social que bulle fuera de sus paredes.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Olarte
Cullen, del Grupo de Coalición Canaria; Cardona i Vila, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora
Maestro Martín, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya; el señor Ollero Tassara, del Grupo Popular, y la
señora Del Campo Casasús, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se rechaza la proposición del Grupo Mixto
por 14 votos, a favor, 282 en contra y seis abstenciones.
Del Grupo Socialista, por la que se insta al Gobierno a
realizar las modificaciones legales oportunas a fin de
facilitar el acceso
a determinada documentación a las comisiones parlamentarias de
investigación (Página 3205)
El señor Cuesta Martínez, en nombre del Grupo Socialista,
defiende la proposición formulada. Recuerda que el artículo 76
de la Constitución establece que el Congreso y el Senado
podrán nombrar comisiones de investigación sobre cualquier
asunto de interés público y, en desarrollo de ese precepto,
existe una marco normativo que podrían decir que más que
desarrollarlo lo que hace es canalizarlo en lo que es el
funcionamiento, el ámbito competencial de las propias
comisiones de investigación. Afirma que el citado artículo 76
no cercena, no impone límites en la operatividad de las
citadas comisiones, sin perjuicio de lo que son las garantías
reconocidas en la propia Constitución. En todo caso, la razón
de ser de las garantías y de los derechos fundamentales no
puede significar impedir la lucha contra la corrupción, en la
que el Parlamento debe asumir su función con decisión,
removiendo los obstáculos que impidan llegar al fondo del
asunto. Deben ser enérgicos en la respuesta, ya que esta
Cámara no puede tolerar que una minoría traicione y defraude
el interés público embadurnando la credibilidad de las
instituciones democráticas.
Alude a continuación al artículo 52 del Reglamento de la
Cámara que regula el funcionamiento de las comisiones de
investigación y la propia Ley Orgánica de 24 de mayo de 1984,
que establece la obligación de comparecer ante las mismas por
parte de los ciudadanos, pero la paradoja de nuestro
ordenamiento jurídico es que en esta materia se ha quedado
lejos de los mecanismos existentes en otros parlamentos de
países de nuestro entorno. Menciona la negativa recibida de la
dirección del Servicio Jurídico del Estado a facilitar
determinada documentación basándose en el artículo 111 de la
Ley General Tributaria, así como el reconocimiento de esta
Cámara en 1988 de sus propias limitaciones en cuanto a
competencias de investigación por parte de las comisiones
investigadoras, y, por último, el reciente acuerdo adoptado en
el debate sobre el estado de la nación de facilitar el acceso
de las comisiones de investigación a la información precisa
para el cumplimiento de sus fines, encontrándose el Gobierno
obligado a cumplir con el principio de legalidad, como está
haciendo, lo que no significa que no se pueda promover la
propia reforma de la legalidad. Añade que en este caso se
trata de una reforma muy a corto plazo ante el deseo de
investigación a fondo contra la corrupción, eliminando las
barreras que lo impidan tanto en el presente como en el
futuro. El señor Romero Ruiz, en nombre del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunay,
defiende la enmienda presentada a la proposición no de ley.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los
señores Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria;
López de Lerma i López, del Grupo Catalán (Convergència i
Unió), y Ramallo García, del Grupo Popular. Sometida a
votación la proposición no de ley debatida, es aprobada por
296 votos a favor y una abstención.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 3315)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, en relación con la política del Gobierno sobre
la industria militar y de armamento y la obtención de ayudas
de Fondos Europeos para su reconversión, a la vista del plan
de reestructuración de la empresa nacional Santa Bárbara
(Página 3315)
El señor Ríos Martínez defiende la moción del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los
señores Marcos Merino, del Grupo Socialista; Fernández de Mesa
Díaz del Río, del Grupo Popular, y Sánchez i Llibre, del Grupo
Catalán (Convergència i Unió). Para fijación de posiciones
interviene el señor Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición
Canaria.
Sometida a votación la moción debatida, es rechazada por 130
votos a favor, 153 en contra y una abstención. (Varias
personas, desde las tribunas de invitados, prorrumpen en
protestas, ordenando el señor Presidente que sean desalojadas
las tribunas).
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas
de política general previstas por el Gobierno para controlar
el gasto público, tanto de la Administración General del
Estado como de sus Organismos Autónomos, Sociedades Estatales
y Entes Públicos con estatuto jurídico especial (Página 3322)
El señor Núñez Pérez defiende la moción del Grupo Popular. En
defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores
Ríos Martínez, del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya; Almunia Amann, del Grupo
Socialista, y Homs i Ferret, del Grupo Catalán (Convergència i
Unió).
Sometida a votación, se rechaza la moción debatida por 114
votos a favor y 156 en contra.
Se suspende la sesión a los once y veinte minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
MODIFICACION DEL ACTUAL REGIMEN DE JUBILACION DE LOS
FUNCIONARIOS PUBLICOS, INTRODUCIENDO CRITERIOS DE FLEXIBILIDAD
Y VOLUNTARIEDAD (Número de expediente 122/000045)
El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión.
Punto I del orden del día: Toma en consideración de
proposiciones de ley. Proposición del Grupo Popular sobre
modificación del actual régimen de jubilación de los
funcionarios públicos introduciendo criterios de flexibilidad
y voluntariedad.
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Núñez.
(Rumores.) Les ruego guarden silencio.
Un momento, señor Núñez. (Pausa.)
Cuando quiera, puede comenzar.
El señor NUÑEZ PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Las tremendas profecías del señor Ministro de Economía y
Hacienda anunciando un negro futuro para las pensiones en
España han vuelto a poner de actualidad uno de los elementos
clave de cualquier sistema de Seguridad Social y Clases
Pasivas: la edad de jubilación y los posibles modelos
(flexible, forzoso o parcial) de la misma.
Como es natural, miembros del Gobierno, como el Ministro de
Trabajo y Seguridad Social, señor Griñán, y algún ilustre
miembro de la Ponencia creada en esta Cámara para estudiar los
problemas y el futuro de la Seguridad Social, como el señor
Almunia, han subrayado la necesidad de prolongar la vida
activa de los trabajadores y funcionarios. Estas declaraciones
constituyen un clamoroso reconocimiento de los gravísimos
errores cometidos por los gobiernos socialistas en materia de
jubilación.
Nos alegra que todos se acerquen a las buenas tesis defendidas
por el Partido Popular y que ya nadie ponga en duda la
necesidad de buscar fórmulas flexibles de jubilación, sobre
todo si tenemos en cuenta que hace sólo unos meses el Gobierno
y el Grupo Parlamentario Socialista calificaban de anatema las
propuestas del Grupo Parlamentario Popular considerándolas
poco menos que un despropósito y una muestra de insolidaridad.
Recuerdo que nuestras iniciativas proponían, simplemente, que
los funcionarios pudieran prolongar, de manera voluntaria, la
edad de jubilación hasta los 70 años. Fíjense, señorías, que
digo jubilación voluntaria y flexible. Si se tienen en cuenta
estas palabras, caerán por tierra muchas de las
descalificaciones que en otros debates se han formulado contra
nuestras iniciativas. En esta Cámara, que yo recuerde, se ha
presentado esta
proposición de ley en varias ocasiones. La penúltima fue
exactamente el 7 de mayo de 1991, defendida por este Diputado
que les habla, y la última el 23 de febrero de 1993 y
defendida, con eficacia y brillantez, por mi compañero señor
Soriano Benítez de Lugo.
El Grupo Parlamentario Socialista dedicó varios adjetivos
calificativos a la iniciativa. Dijo que era recurrente,
revanchista, temeraria, carente de cualquier apoyo de tipo
científico o económico, desconocedora de la realidad de la
función pública, etcétera. Está en el «Diario de Sesiones». Yo
rogaría al Diputado que actúa hoy en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista que se ahorre estos adjetivos
calificativos y que nos dé argumentos, o que, sencillamente,
diga que tenemos razón y anime a su Grupo a votar
favorablemente esta proposición de ley.
La última vez, además del grueso calibre de los adjetivos, el
Grupo Parlamentario Socialista vino a reconocer, por boca del
señor Perales, que teníamos razón y que el Gobierno iba a
tomar una serie de medidas para dar solución a este problema,
entre las que citó las siguientes: abordar, serena y
prudentemente, un paquete de decisiones sobre el conjunto de
circunstancias que inciden en la vida de los funcionarios
públicos en el último tramo de la carrera profesional;
proceder a un estudio
estratégico del conjunto de las condiciones de salida de los
funcionarios; conciliar las necesidades de la Administración
con las expectativas de los funcionarios; estudiar la
posibilidad de aceptar que los funcionarios de grupos
superiores se inclinen por prolongar su permanencia en el
sistema, y evitar rigideces en las condiciones de salida de
los funcionarios de la función pública. ¿Dónde está este tipo
de medidas? ¿Dónde está? Si el Gobierno las hubiera enviado a
esta Cámara nos hubiera ahorrado este debate. No tenemos
ningún interés en protagonizar la solución. Lo que queremos y
demandamos es la solución misma. Y que se resuelva, de una vez
por todas, el problema creado por el artículo 33 de la Ley
30/1984; Ley caótica donde las haya, Ley
anticonstitucional en muchos de sus preceptos, Ley que ha
necesitado más reformas y contrarreformas que ninguna otra y
que sigue necesitando, cada día con más urgencia, su
derogación y la sustitución por otra nueva que haga tabla rasa
de tanto error, tanta discriminación y tanto desacierto. Esta
Ley --se lo recuerdo a SS.SS.-- jubiló forzosamente a
funcionarios maduros, expertos y eficaces, que cuando
ingresaron en la Administración se les había garantizado el
servicio activo hasta los 70 años.
No voy a entrar ahora en la valoración y en el análisis de
esta desdichada disposición. Sí quiero decir que en nada
aumentó la productividad o la eficacia de las administraciones
públicas con la marcha de los funcionarios maduros. Al
contrario, para que siguieran funcionando determinados
servicios públicos tuvieron que ser llamados de nuevo al
servicio activo jueces, magistrados, catedráticos, abogados,
diplomáticos, investigadores, auxiliares administrativos y
otros funcionarios. Sólo un ejemplo: el acuerdo del Consejo
General del Poder Judicial, de 10 de abril de 1991, sobre
oferta de plazas a magistrados, suplentes y jueces sustitutos
para el Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales
Superiores de Justicia en los años 1991 y 1992. La oferta
comprendía 295 magistrados suplentes y 789 jueces sustitutos.
Pues bien, la mayor parte de esta oferta, señorías, se cubrió
con jueces y magistrados jubilados, y lo mismo ha ocurrido con
otros clamorosos casos en determinadas universidades a través
de los profesores eméritos. Según datos facilitados por el
propio Gobierno, 344 profesores eméritos han tenido que ser
llamados para suplir graves problemas docentes entre los 2.181
jubilados prematuros, lo cual demuestra que la sociedad debe
contar, tiene que contar con aquellos trabajadores de edad que
quieran y puedan seguir prestando su valiosa colaboración.
Nadie quiere, ni este proyecto de ley tampoco --perdón, esta
proposición de ley, ya que creo lo estamos haciendo desde el
Gobierno-- amarrrar forzosamente al trabajo activo a las
personas que, cumplidos los 60 o los 65
años, no quieran seguir. No se está atentando contra lo que se
puede considerar conquista social. Lo que se propone es
facilitar la posibilidad de que cada mujer, de que cada hombre
pueda seguir prestando a la sociedad su experiencia y su
trabajo. De lo que se trata, en definitiva, es de facilitar la
libertad de opción. Sin duda por estas consideraciones, el
Gobierno socialista ha venido parcheando el artículo 33 de la
Ley 30/1984 y ha arreglado el desafuero para jueces y
magistrados en virtud de una Ley reciente, la Ley Orgánica
7/1992, de 20 de noviembre, y más reciente aún un proyecto de
ley, el de la reforma universitaria, estableció también en 70
años la edad de jubilación forzosa de los funcionarios de los
cuerpos docentes, si bien dicho proyecto, como saben SS.SS.,
no llegó a convertirse en ley por impedirlo la disolución de
las Cortes Generales el pasado mes de abril. Recientemente el
Gobierno ha adoptado una medida transitoria mediante la cual
los catedráticos y profesores de universidad, que el 30 de
septiembre debían abandonar sus plazas al cumplir los 65 años,
podrían permanecer un año más en activo. En
contraste con lo que se acaba de indicar, los miembros de los
restantes cuerpos civiles de la Administración del Estado
siguen teniendo fijada su edad de jubilación a los 65 años por
imperativo del artículo 35 de la citada Ley 30/1984.
Estando así las cosas, cabe preguntarse legítimamente si esta
diferencia de trato, desde el punto de vista de la edad de
jubilación entre los funcionarios integrados en cada uno de
los grupos señalados, está justificada a la luz del principio
de igualdad, consagrado en el artículo 14 de la Constitución.
Dicho todo esto, no tengo más remedio que volver a exponer
ante SS.SS. los argumentos que utiliza el Grupo Parlamentario
Popular para fundamentar esta proposición y para pedir el voto
favorable. En primer lugar, el artículo 33 de la Ley 30/1984
supuso un cambio radical en la edad de jubilación forzosa de
los
funcionarios, impropio de cualquier medida racional y
ponderada en materia de Seguridad Social. Baste decir que una
medida de tal calado hubiera sido insoportable para cualquier
sistema de seguridad social de cualquier país. Pudo asumirse
esta reforma en España en base al ámbito limitado a los
funcionarios públicos de régimen de clases pasivas, ya que en
éste las pensiones se financian con dotaciones de los
Presupuestos Generales del Estado, y a que el 40 por ciento de
los funcionarios públicos de la Administración pertenecen a la
Seguridad Social, lo cual da lugar a otra discriminación como
luego veremos. Sin duda los mentores o inventores de la Ley
30/1984 no estaban entonces acuciados por el problema del
déficit público en los términos en los que años después se iba
a manifestar. Recuerdo a SS.SS. que pasa del 7 por ciento del
PIB para todas las administraciones públicas.
El artículo 33, desde esta perspectiva, es una abstracción más
en la línea de incontinencia de los gobiernos del PSOE por
cargar alegremente en aquellos años de bonanza los
Presupuestos
Generales del Estado con gastos que, sin duda, han influido
también en el aumento del citado déficit. Por eso, el primer
argumento para defender esta proposición es de tipo económico.
La medida que proponemos ahorra gasto. La duración media de la
vida humana ha aumentado, y eso origina que el gasto público
por el concepto de clases pasivas se incremente en progresión
cada vez más acelerada. Es obvio que la prolongación de edad
de jubilación, en los términos que recoge la proposición de
ley que defiendo, proporcionaría a la Administración central
del Estado y a las demás administraciones públicas un
sustancial ahorro presupuestario, toda vez que el coste de un
funcionario en activo, entre las edades de 65 y 70 años, sería
sensiblemente inferior al que representa la suma de la pensión
del mismo más la retribución de un funcionario de nuevo
ingreso.
En apoyo de este argumento, caben citar las medidas
recientemente adoptadas en otros países de nuestro entorno
político y cultural. Así, por ejemplo, en el Reino Unido los
Ministerios, a petición de los funcionarios que lo deseen,
pueden prolongar la edad de jubilación hasta los 70 años.
Análogas pautas se han seguido en Alemania e Italia, y así
figura en una recomendación del libro verde de la Comisión de
Comunidades Europeas
sobre política social europea, «Opciones para la Unión». En
los tiempos que corren, y con la situación demográfica como
está, la jubilación forzosa no puede considerarse como una
conquista social, sino como una medida de protección a la
tercera edad, que encaja precisamente en lo dispuesto en el
artículo 50 de la Constitución.
El informe de la Organización Internacional del Trabajo de
1990 sobre la pirámide de edad subraya el hecho nuevo en la
historia de la humanidad de ser cada vez mayor el número de
personas que, en pleno uso de sus facultades físicas y
mentales, viven jubiladas una media cercana a los 20 años. En
España, a finales de este siglo, dentro de nada, los mayores
de 60 años superarán los siete millones y medio de personas.
Con estos datos debe conjugarse el principio de solidaridad
intergeneracional, y no con otros. Segundo argumento: al lado
de estos razonamientos de pura economía, el artículo 33 se
utilizó por razones políticas que aún ahora nos siguen
pareciendo ilegítimas. Desde el punto de vista individual, el
de cada funcionario, al que se le truncaron sus expectativas
profesionales y de nivel de rentas, y desde el punto de vista
global, por cuanto la medida no pudo ocultar una
intencionalidad política impregnada de sectarismo, que trataba
de prescindir de un amplio número de funcionarios, sin duda
competentes y honestos, con el objeto de renovar las
plantillas y dar unas cuantas oportunidades a los más jóvenes.
La jubilación forzosa a los 65 años afectó, en cifras
redondas, a más de 200.000 funcionarios, que dejaron su puesto
a otros más jóvenes que, con honrosas excepciones, sin duda
tenían menos experiencia, menos conocimientos y, eso sí, más
docilidad política. No en vano dicho proceso de renovación
coincidió con los años en que imperaban las libres
designaciones, la
discrecionalidad y la arbitrariedad en los sistemas de ingreso
y en la asignación de puestos de trabajo. Muchos de los 50.000
funcionarios designados libremente entre los años 1984 a 1987,
ocuparon importantes puestos de responsabilidad, con niveles
28 o 30, que ya ocupaban los funcionarios jubilados a la
fuerza. Los principios constitucionales de capacidad y mérito,
y de imparcialidad en el ejercicio de la función pública,
quedaron hechos añicos. Cuando se quiso poner remedio, después
de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucionales
varios preceptos de la ley 30/1984, ya era tarde, el daño
estaba hecho y muchos jubilados a los 65 años no pudieron
recuperar jamás sus derechos.
Con esta medida que hoy defiendo, al menos los que están en el
umbral de la jubilación, cercanos a los 65 años, e incluso
aquellos que ya los han cumplido, podrán seguir permaneciendo
en activo. La reparación no es total, pero sí arreglaría las
cosas para el futuro.
Por otra parte, el artículo 33 de la ley 30/1984 no contribuyó
en nada al necesario y proclamado propósito de armonización de
los diferentes sistemas de protección social. Las
discriminaciones y las diferencias se acrecentaron. Mientras
en el sistema de Seguridad Social la edad de los 65 años sigue
siendo el punto de referencia para optar al derecho de
jubilación, en Clases Pasivas se impone como edad de
jubilación forzosa, con el agravante de que para el personal
al servicio de la Administración, cuando es contratado
laboral, los 65 años siguen siéndolo para optar, mientras que,
para los funcionarios encuadrados en el sistema de Seguridad
Social, dicha edad lo es también de jubilación forzosa.
Como es fácil deducir, la discriminación y el alojamiento del
objetivo de armonización son evidentes. Tan evidentes que,
incorporados los funcionarios de la Administración local al
Régimen General de la Seguridad Social, para estos últimos no
rige el esquema de edad de jubilación de aquéllos. En este
caso...
El señor PRESIDENTE: Señor Núñez, le ruego concluya.
El señor NUÑEZ PEREZ: Termino en un minuto, señor Presidente.
Muchas gracias.
En este caso, la conculcación del principio de igualdad del
citado artículo 14 no ofrece la menor duda. La situación la
supera, creemos, nuestra proposición de ley, que propone una
nueva redacción para el artículo 33 de la siguiente forma: La
jubilación de los funcionarios podrá ser voluntaria anticipada
a partir de los sesenta años siempre que se cumpla con los
requisitos en los términos y condiciones que fijan las
respectivas normas de Clases Pasivas y el Régimen General de
la Seguridad Social. Precisamente este apartado demuestra que
la propuesta no supone aumento de costes. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Núñez. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Núñez.
El señor NUÑEZ PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Voluntaria a partir de los sesenta y cinco años en los
términos y condiciones que fijan las normas citadas en el
apartado anterior, y forzosa al cumplir los setenta años y en
los términos y condiciones que señalen las normas citadas en
los apartados anteriores. La jubilación a que se refieren
estos apartados --apartados a) y b), que he citado-- deberá
ser solicitada por los funcionarios con seis meses de
antelación a la fecha de
efectividad. Cuando se debatió esta Ley --y ya termino, señor
Presidente--, la Ley 30/1984, y en referencia al sistema de
jubilación forzosa que introducía, recuerdo que se dijo en el
debate que esta jubilación forzosa consumaba un despojo, una
amortización de plazas, un desafuero que está lejos de la
modernidad, de la progresividad,
de la justicia y de la igualdad. Después de casi diez años de
vigencia, después de las rectificaciones que ya he citado y
que figuran en la Ley Orgánica 7/1992 y en el Real Decreto-ley
15/1993, después de las recomendaciones que proceden de la
Comunidad Europea y después de reconocidas las causas que
están provocando las crisis de los sistemas públicos de
pensiones, entiende nuestro Grupo Parlamentario que hay
razones más que sobradas para solicitar el voto favorable de
la Cámara. La solución es urgente. Que no se nos diga, para
rechazar la iniciativa, que la proposición de ley es
incompleta y que sólo aporta iniciativas en lo que respecta a
la edad de jubilación, cuando todas las decisiones que afectan
a las condiciones de salida tienen que ser globales. La
proposición trata simplemente de sustituir el error, el
desafuero del artículo 33, que tampoco regulaba las
condiciones de salida de la función pública con carácter
global. Por lo tanto, si esto se sostiene contra nuestra
proposición, debe sostenerse también contra el artículo 33.
Por otro lado...
El señor PRESIDENTE: Señor Núñez, le ruego concluya.
El señor NUÑEZ PEREZ: Ya termino, señor Presidente.
Por otro lado, si esta Cámara toma en consideración la
proposición, tendrá ocasión de perfeccionarla con las
enmiendas de todos los grupos parlamentarios. Ya contamos con
su eficaz y valiosa colaboración, y el desarrollo
reglamentario perfilaría la oferta y facilitaría la correcta
aplicación de la misma. Por todas estas razones, señoras y
señores Diputados, pido el voto favorable para la iniciativa
que he defendido en nombre del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señorías.
(Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Núñez.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Trujillo.
El señor TRUJILLO ORAMAS: Señor Presidente, señorías,
debatimos esta tarde la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Popular sobre la modificación del
régimen de jubilación de los funcionarios públicos. Como bien
señalaba el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, no es la
primerva vez que en esta Cámara discutimos medidas similares,
incluso cuasi idénticas a la que se nos presenta esta tarde.
Ya se hizo en el año 1990 mediante una proposición no de ley;
incluso se presentó una moción en el Senado en similares
condiciones y a lo largo del año 1992 se presentó
unaproposición de ley que, como digo, era prácticamente
idéntica a la que se nos presenta hoy.
La argumentación del Grupo Popular, incluida en la exposición
de motivos de la actual proposición de ley, insiste en
consideraciones redundantes con esas propuestas anteriores.
Hemos escuchado del portavoz del Grupo Popular esta tarde
frases como: La Ley 30/1984 introducía elementos de
sectarismo; es una Ley caótica; hay que repararla. Incluso
introduce otra serie de afirmaciones similares, como las
graves consecuencias para los funcionarios de la
Administración del Estado como resultado del adelanto de esa
edad de jubilación de los funcionarios públicos; efectos
negativos, errores cometidos; imperiosa necesidad de poner
remedio a tan caótica situación... Estos son los términos en
los que se fundamentan permanentemente la propia exposición de
motivos del texto y la exposición oral que ha hecho su
defensor esta tarde. Y convendría aclarar algunos de esos
elementos que se afirman con tanta contundencia. Cojamos uno.
Por ejemplo, en lo que se refiere fundamentalmente a los
efectos individuales.
Señor Núñez, parece que ha quedado claro por la vía
jurisprudencial, sobre todo, después de la sentencia del
Tribunal Constitucional, de junio de 1987, contra el recurso
de
constitucionalidad presentado por su Grupo contra la Ley
30/1984, así como las sucesivas sentencias dictadas por la
Sala Tercera del Tribunal Supremo... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Trujillo.
Señorías, les ruego guarden silencio.
Puede continuar cuando quiera señor Trujillo.
El señor TRUJILLO ORAMAS: Gracias, señor Presidente.
Como les decía, conviene aclarar algunas de las afirmaciones
que hace S.S. con tanta contundencia, y qué mejor ejemplo que
hablar de los efectos individuales de esta Ley y, sobre todo,
en lo que hace referencia --mención que hacen ustedes
permanentemente una vez tras otra-- al asunto de las posibles
compensaciones por los perjuicios habidos con respecto a los
funcionarios que fueron jubilados anticipadamente o a partir
de la Ley 30/1984, como consecuencia de la aplicación de los
65 años de edad. Esos efectos individuales --como les decía--
han quedado perfectamente claros tras la sentencia del
Tribunal Constitucional que declaró constitucional el recurso
de inconstitucionalidad presentado por ustedes contra la Ley
30/1984, así como las sucesivas sentencias contra los recursos
contencioso-administrativos contra las resoluciones de Consejo
de Ministros que desestimaban las solicitudes de indemnización
por parte de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
Por tanto, incidir en afirmaciones como las graves
consecuencias en el plano individual para los funcionarios,
desde luego, parece que resultaría extemporáneo a estas
alturas del debate.
No obstante, conviene aclarar que en la propia Ley de
Presupuestos para 1994 --como S.S. conoce--, el Gobierno
entendió el derecho a la percepción de ayuda para la
adaptación de las economías individuales a los profesores de
Educación General Básica que fueron jubilados forzosamente en
los cinco años siguientes a la aplicación de la Ley 30/1984.
En efecto, hace usted mención a dos correcciones y,
evidentemente, las asumimos, respecto a la aplicación de la
Ley durante estos diez años; es decir, esos efectos a medio
plazo que, en lo que hace referencia a las funciones tanto
docentes e investigadoras como a las relacionadas en el plano
judicial con los magistrados y jueces, nos han llevado a
modificar el planteamiento general para adaptarlo a las
singularidades de ambos colectivos. Estos son elementos que se
han analizado, que hemos debatido en profundidad, que es una
de las consecuencias de la aplicación durante diez años de
esta norma y, por tanto, no cabe hacer de ello un punto de
partida para establecer la generalidad de la aplicación a la
totalidad de la situación. Existe, además, en su argumentación
un tercer razonamiento, que es homologarnos, en cuanto a las
soluciones de salida de la Función Pública, en línea con las
iniciativas de los países de nuestras características
industriales.
Para formular esa argumentación se basa usted en la resolución
del Consejo de las Comunidades Europeas, del pasado 30 de
junio de 1993, en lo que hace referencia a introducir
criterios de flexibilidad en las condiciones de salida de los
funcionarios públicos.
Esta tendencia a la fijación de las condiciones flexibles en
los distintos sistemas y en los distintos países, como usted
comprenderá, se hace de acuerdo con sus propias necesidades,
con una serie de parámetros y factores que son singulares de
cada país, como pueden ser su mercado de trabajo, los
regímenes de pensiones que estén en funcionamiento en cada uno
de ellos, la propia demografía, la perspectiva del empleo. Por
tanto, no se puede hablar de homologación en términos
generales sin aclarar qué es lo que estamos entendiendo por
homologación y
flexibilización.
Convendría aclarar que la tendencia general en los distintos
países en lo que hace referencia a la flexibilidad indicada
por la propia resolución del Consejo de las Comunidades
Europeas es la fijación de edades distintas en función de los
distintos colectivos para la jubilación forzosa, la
posibilidad de
prórrogas individuales en el servicio activo, la posibilidad
de jubilaciones anticipadas voluntarias condicionadas de forma
variable a fórmulas de jubilación a tiempo parcial, etcétera,
o a la cesación progresiva de actividad.
Como usted conoce, el propio Gobierno, fundamentalmente a
través del Ministerio para las Administraciones Públicas, creó
en el año 1992 una comisión interministerial para estudiar
precisamente las condiciones de salida de los funcionarios
públicos, lo que se vino a denominar de manera abreviada
proyecto Condesa. Algunas de las propuestas de ese proyecto ya
se han introducido en nuestra legislación en lo que hace
referencia a la flexibilidad. Baste poner como ejemplo la
cesación progresiva de actividades para funcionarios mayores
de 60 años o aquellos otros que, independientemente de la
edad, estén sujetos a procesos de recuperación por razones de
enfermedad, o la propia jubilación incentivada para los
funcionarios afectados por un proceso de reasignación de
efectivos que se encuentren en situación de expectativa de
destino o de excedencia forzosa como consecuencia de la
realización de un plan de empleo. Por tanto, como vemos, las
condiciones de salida y el análisis de la flexibilidad son
temas que venimos aplicando en nuestro país desde hace ya
cierto tiempo, incluso con anterioridad a la resolución del
propio Consejo de las Comunidades Europeas.
Dicho esto, con referencia a elementos que ustedes permanente
e incluso machaconamente, diría yo, reiteran en las
exposiciones de motivos convendría que analizásemos un poco
más a fondo el contenido concreto de la propuesta. ¿Qué viene
a plantear la propuesta? La vuelta al sistema anterior a la
Ley 30/1984, es decir, jubilación voluntaria a los 65 años,
jubilación forozosa a los 70 años. A la actual jubilación
voluntaria la denominan anticipada y la fijan en los 60 años
en las condiciones y en los términos que reglamentariamente
están ahora establecidos. Uno de los elementos que echamos en
falta en su propuesta y que nos parece trascendental por el
carácter básico que tiene esta modificación es precisamente la
no mención a este contenido. Parece que la propia presentación
de la proposición de ley olvida el carácter básico de esta
norma y, por tanto, estaríamos hablando del ámbito del
conjunto de las administraciones públicas del Estado. Usted
convendrá conmigo en que, por la perspectiva con relación a la
situación demográfica, pirámide de edades, de cuerpos y de
escalas, política de empleo de cada una de las
administraciones públicas, expectativas del propio mercado de
trabajo en cada uno de los ámbitos de las administraciones
públicas, la propia política de gasto público de cada una de
las administraciones públicas, al menos sería prudente tener
en cuenta este factor a la hora de plantear una medida que va
a ser uniforme para el conjunto de las administraciones
públicas del Estado.
Ustedes no nombran eso, ni siquiera en su propia exposición.
Permítame que le ponga un ejemplo en mi condición de ex
consejero del Gobierno de Canarias en materia de función
pública. En la Comunidad Autónoma canaria, donde la
perspectiva con la normativa actual es que hasta el segundo
decenio del año 2000 no va a haber jubilaciones significativas
en términos cuantitativos,
desde luego la aplicación de una medida comoesta produciría
una distorsión tremendamente importante en la política de
empleo, en la política de función pública.
Hace usted una afirmación tajante de que esta medida conlleva
ahorro del gasto público. Permítame que le diga que eso es
incierto. La medida comporta ahorro de gasto público en el
sistema de pensiones siempre y cuando se mantenga la totalidad
de los efectivos. Esa no es la realidad que se están
planteando las administraciones públicas, sobre todo, además,
cuando estamos en procesos de reestructuración que se están
llevando a cabo a través de los planes de empleo y adecuación
de los efectivos. Por lo tanto, no nos haga usted esa
afirmación en términos absolutos, sobre todo, como le digo,
cuando afecta a la totalidad de las administraciones públicas
del Estado. Pero he dejado para el final el elemento
probablemente más importante en la actual coyuntura, que hace
poco prudente el aceptar una proposición de ley de estas
características, que no es otro que su impacto sobre el
mercado de trabajo, su impacto en la propia política de empleo
juvenil y en la propia economía nacional en términos
generales. Es decir, en un momento donde la propia expectativa
de empleo público es restringida como consecuencia de las
políticas de ahorro del gasto, de reasignación de efectivos y
de incremento de la productividad de los empleados públicos,
alargar la edad de la totalidad de los empleados públicos
significa --yo creo que usted convendrá conmigo-- un recorte
importante a las ya de por sí pequeñas expectativas que los
ciudadanos tienen de acceder a las administraciones públicas
como consecuencia de ese marco de restricción en el que nos
movemos. Por lo tanto, no parece prudente adoptar en estos
momentos esa medida, que, como digo, va claramente en contra
de las expectativas de amplios sectores de la población,
fundamentalmente la población joven.
No quisiera terminar sin hacer una pequeña mención al inicio
de la presentación de esta proposición de ley, señor Núñez. No
existe --y aquí nos están escuchando no sólo las personas que
están hoy asistiendo a esta sesión en nuestra Cámara, sino que
probablemente mañana nos traducirán los medios de comunicación
al exterior-- ningún panorama negrísimo en las pensiones.
Nadie, ningún responsable del Gobierno ni del Partido
Socialista, ha afirmado que existan panoramas negrísimos de
las pensiones en nuestro país. Afortunadamente gozamos de un
sistema de pensiones que hasta ahora se ha mostrado eficaz, y
discutir el continuar mejorando y garantizando la eficacia del
mismo no puede dar lugar a que se hagan interpretaciones
malintencionadas para transmitir a la población elementos no
deseados. Tienen que estar
absolutamente tranquilos por cuanto que, esa no es la
situación. Ya sé que usted lo sabe. Distinto es que utilice
cualquier afirmación de responsabilidad por parte de los
miembros del Gobierno para darle la vuelta a los criterios,
pero quería deciresto porque me parece que es un elemento
importante que últimamente, en el ámbito político, se escucha
permanentemente. En conclusión, por todos estos motivos
expresados --y como ve, no me he referido a esos argumentos
que usted decía que no se los diera, ni le he dado
calificativos en el sentido negativo que usted planteaba--,
nuestro Grupo va a votar en contra de la toma en consideración
de la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Trujillo.
Señor Núñez, tiene la palabra.
El señor NUÑEZ PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Trujillo, muchas gracias por el tono de su
intervención, pero no nos ha convencido nada y ha repetido los
mismos argumentos que sus compañeros utilizaron en otros
debates parecidos a éste.
Vamos a ver, por mucho que usted diga que no llueve, por mucho
que usted lo diga aquí, llueve, está el cielo muy encapotado
y, además, esas previsiones --por utilizar el término de
meteorológicas-- las utilizó el señor Solbes y fueron ustedes
mismos y compañeros suyos quienes se las rebatieron. Por lo
tanto, explíqueme usted dónde vio él esos negros nubarrones y
dónde está la amenaza contra el sistema de pensiones públicas,
que hoy no son el motivo del debate.
Voy a contestarle por orden a lo que usted me ha dicho. Están
corrigiendo errores, el Tribunal Constitucional les da la
razón, el Derecho Comparado también y los planes de empleo
también. Más o menos, en eso ha apoyado usted su intervención.
Pues bien, cuando el Grupo Parlamentario Popular presentó el
año pasado una proposición de ley de análogo contenido a la
que hoy debatimos, el Secretario de Estado para las
Administraciones Públicas, señor Zambrana, anunció a bombo y
platillo que el Gobierno se proponía tomar las medidas
necesarias para ampliar la edad de jubilación --la edad de la
jubilación forzosa-- de los funcionarios públicos hasta los 70
años, de todos, a cuyo efecto se elaboraría el correspondiente
anteproyecto de ley, y añadió que todo ello se realizaría en
el plazo más breve posible. Estas declaraciones tuvieron una
amplia difusión en los medios de comunicación. El Ministerio
para las Administraciones Públicas elaboró
efectivamente un anteproyecto de ley que se titulaba
«Prolongación de la permanencia en el servicio activo de los
funcionarios públicos», que fue sometido a informe de todos
los departamentos ministeriales, y existió unanimidad en la
admisión del principio de prolongación de la edad de
jubilación. Existió unanimidad, y uno de los apoyos
ministeriales más entusiastas procedió, cómo
no, del Ministerio de Economía y Hacienda, que en su informe
reconoce que ha sido un error establecer el tope de edad para
la jubilación forzosa en la Administración, proponiendo
conceder prórrogas en el servicio activo a partir de los 65
años. Según el propio Ministerio, la decisión en esta materia
no debe ser sectorial --jueces, magistrados, docentes
universitarios--, sino de carácter general --tengo aquí las
declaraciones y el informe a su disposición--, ni tampoco
puede reservase el Gobierno --dice el informe-- la facultad de
conceder la prologanción discrecionalmente, sino en base a
circunstancias objetivas. Lo contrario, es decir, el sistema
discrecional, sería de efectos perversos y discriminatorios,
de los que todos los funcionarios están hartos. Hartos. Se
decía entonces, cuando salió este anteproyecto: «Al amigo, la
prórroga; al enemigo, el retiro.» Vamos con el Tribunal
Constitucional. La medida del artículo 33, considerada de
dudosa constitucionalidad, entrañaba y entraña una regulación
injusta, discriminatoria, regresiva y socialmente
desafortunada. No diga usted que todos los recursos se han
resuelto desfavorablemente, porque no es así. Después de los
parcheos --fíjese lo que le voy a decir-- o rectificaciones
para jueces y magistrados y para el personal docente, no
sabemos si el Tribunal Constitucional declararía o no
inconstitucional el sistema, que no se compadece para nada con
el artículo 14 de la Constitución, y como parece que usted es
un fino jurista, se lo voy a demostrar.
Como es bien sabido, el Tribunal Constitucional ha
interpretado reiteradamente el citado precepto a partir de la
doctrina establecida por el Tribunal Europeo de los Derechos
Humanos, en el sentido de que se viola la igualdad si la
desigualdad de trato está desprovista de una justificación
objetiva y razonable, y la existencia de dicha justificación
debe apreciarse en relación a la finalidad y efectos de la
medida considerada. Le cito
sentencias: la 23/84, la 78/84, 123/87, etcétera. Partiendo de
este planteamiento jurisprudencial, ¿alguien puede determinar
si entre los grupos funcionariales, a que me referí en mi
primera intervención, existen diferencias tales que justifican
objetiva y razonablemente la aplicación de distintas edades de
jubilación forzosa a los miembros de uno y otro grupo? ¿Por
qué un docente sí y un diplomático no? ¿Por qué un magistrado
sí y un médico no? ¿Por qué un notario sí y un abogado del
Estado no? Señor
Trujillo, me parece que en estos momentos y tal como ha
evolucionado la sarta de recortes y la sarta sobre todo de
parcheos y de rectificaciones al error del artículo 33, el
Tribunal Constitucional se mediría muy mucho si hoy
presentáramos de nuevo el recurso de inconstitucionalidad. Y
no me diga usted nada del Derecho comparado, porque tengo aquí
los datos de todos los países de Europa y fíjese lo que dice -
-los tengo aquí a su disposición--: La edad normal de
jubilación varía en casi todos ellos, desde Austria a la
URSS --65, 65, 67, 60, 65, etcétera--, pero lo que no varía es
la posibilidad de flexibilizar la jubilación, salvo dos
países. Por tanto, si quiere usted, de verdad, utilizar, no ya
el Derecho comparado, sino las
recomendaciones de la Comunidad Europea y el informe que le he
citado, haga caso al Grupo Parlamentario Popular, modernícense
y planteen de verdad la posibilidad de aceptar nuestra
investigación.
El señor PRESIDENTE: Señor Núñez, le ruego concluya.
El señor NUÑEZ PEREZ: Termino ya. Tenía otras dos cosas que
decirle pero creo que con estos argumentos que son los
importantes es suficiente. Quizá decirle que el déficit
público se corrige con medidas de esta naturaleza y no
recortando el poder adquisitivo de las pensiones o reteniendo
el IRPF a las pensiones por incapacidad permanente o
congelando por segundo año consecutivo las pensiones
asistenciales. El déficit público se corrige reduciendo los
gastos corrientes y simplificando la abigarrada maquinaria
administrativa. La jubilación flexible y voluntaria que
proponemos no conlleva costes económicos
corrientes de evaluación. Tal como señalamos en la primera
intervención supone un alivio en la Sección 07 de Clases
Pasivas y en el Título III de los Presupuestos Generales del
Estado sobre costes de personal.
Por todas estas razones, señores parlamentarios del Grupo
Socialista y demás miembros de esta Cámara, yo creo que tienen
base fundamentada para apoyar confortablemente la proposición
de ley que esta tarde he defendido en nombre del Grupo
Parlamentario Popular.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Núñez.
Tiene la palabra el señor Trujillo.
El señor TRUJILLO ORAMAS: Gracias, señor Presidente.
No esperaba convencerle, señor Núñez. Después de ir
conociéndole un poco no esperaba convencerle en modo alguno.
No voy a hacer mención al tema de que llueve y existen negros
nubarrones cuando habla del sistema de pensiones. Al ejercicio
de hacer un esfuerzo tremendo de responsabilidad para plantear
la conveniencia de corregir algunos elementos del sistema de
pensiones y ver lo que podría pasar con él de aquí a veinte o
treinta años se le llama alarmismo, etcétera. Somos un país
singular en estas cuestiones. Yo le llamo de otra manera,
entre otras cosas responsabilidad. Usted ha señalado que en la
legislatura pasada el Gobierno ha estado elaborando un
anteproyecto de ley en el que se recogían entre otras
cuestiones, la posibilidad
de ampliar la edad de jubilación. Las condiciones de salida de
los funcionarios públicos es un instrumento fundamental en la
política de la función pública, no sólo de la Administración
general del Estado, sino de cualquier administración pública,
y esos temas los vamos a estar estudiando permanentemente. De
las propias propuestas del grupo Condesa unas se adoptaron,
otras se rechazaron y otras, incluso, siguen en evaluación
hasta el momento oportuno de poderlas aplicar. La sentencia de
11 de junio del 87, del Tribunal Constitucional, declaró
constitucional la ley y no aceptó el recurso de
inconstitucionalidad presentado por el Grupo Parlamentario
Popular. Esa es la sentencia que tenemos al día de hoy con
relación al citado precepto; no hagamos ningún otro tipo de
cábalas.
Yo también tengo la edad media de jubilación de todos los
sistemas europeos. Usted sabe que la tendencia en la
jubilación forzosa en los países que son homólogos al nuestro
es de 65 años. Lo sabe. Por eso decía yo que incluso en
algunas medidas, como la jubilación anticipada, hasta nos
habíamos adaptado a la resolución del Consejo de la Comunidad
Europea. Por lo tanto no vale estar diciendo que algún que
otro país pueda tener un sistema distinto al nuestro. Estamos
en la media de lo que es el sistema homologable en nuestro
entorno. (Rumores.)
Por último y para finalizar, porque yo creo que todo lo que se
ha hablado en este debate ya se ha dicho muchísimas veces en
esta Cámara, y lo principal está dicho, le voy a decir algo.
Cuando usted nos dice, no sólo en el Pleno sino
permanentemente, incluso en la Comisión para las
Administraciones Públicas, que nos modernicemos, le tengo que
decir que nosotros tenemos un concepto de modernidad muy
distinto del suyo. Usted sí que reitera y abunda en una serie
de adjetivos, algunos de ellos bastante desagradables,
acusándonos de sectarismo, etcétera. Yo creo que con el
Partido Socialista la Administración pública española no se
parece en nada a la de aquellos tiempos de Cánovas y Sagasta
donde abundaban elementos de la naturaleza que usted está
planteando esta tarde.
Muchas gracias. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Trujillo.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones. (Rumores.) Un momento, señor Mardones.
Señorías, ruego guarden silencio. (Rumores.)
Señora Rodríguez, señor Díaz Berbel; señor Díaz Berberl,
señora Rodríguez. (Rumores.) Señor Baón, señor Arias-Salgado
(Rumores.) Señora Villalobos. Señorías, ruego guarden
silencio. La
reiteración de estas llamadas es en beneficio de muchos
señores Diputados que me hacen llegar sus dificultades para
poder seguir el debate, y por supuesto para que los
funcionarios puedan también trabajar en beneficio de todas su
señorías. (El señor Hernández-Sito García-Blanco pronuncia
palabras que no se perciben.--Risas.) Señor Hernández-Sito.
Cuando quiera, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, Coalición Canaria considera, en
una primera valoración de esta proposición de ley que nos trae
el Grupo Parlamentario Popular, que vuelve a ser, una vez más,
oportuna y pertinente. Cuando tuvimos ocasión de tratar aquí
la convalidación del Real Decreto-ley 15/1993, volvimos a
reiterar argumentos del mes de marzo de 1991 y del mes de
junio de 1993, en otras iniciativas que tuvo el Grupo Popular.
No he escuchado esta vez, en boca del portavoz socialista, los
argumentos sobre el mantenimiento, una vez más, de la edad de
jubilación a los 65 años. Cuando se defendió aquí por el
Gobierno y por el entonces Ministro, señor Moscoso, la Ley
30/1984, de la Función Pública, al llegar al artículo 33 hubo
que justificar dialécticamente por qué razón se bajaba la
norma general de la edad de jubilación de los funcionarios
públicos del Estado de 70 a 65 años. Se dieron argumentos en
aquella ocasión en el sentido de un
rejuvenecimiento de la Función pública, una dinamización,
etcétera. Ese argumento quiebra en el momento en que se trae
aquí la Ley Orgánica para modificar la edad de jubilación de
los jueces y magistrados. Se dieron unos argumentos basados en
una característica profesional (estaba también en puertas la
Ley de Planta y Demarcación de la Administración de Justicia),
pero cuando llegamos a la convalidación del Real Decreto-ley
15/1993, aquellos argumentos de 1984 caen por su peso cuando
se trata también de llevar la edad de jubilación a los 70 años
para los catedráticos y profesores de universidad.
¿Qué ocurrió con la Ley 30/1984? Que bien que mal implantó un
principio legislativo que nadie puede rechazar, que es el
principio de universalizar la decisión de jubilación. Fue un
hecho que generalizaba la edad de jubilación de todos, todos,
con mayúscula, funcionarios públicos de la Administración
Civil del Estado, cualquiera que fuera su Cuerpo de
pertenencia y servicios de administración, a los 65 años.
Cuando se rompe el principio de universalidad y se rompe el
principio de generalidad es cuando, a nuestro entender, el
artículo 33 de la Ley 30/1984 empieza a entrar en el terreno
que ha señalado el portavoz del Grupo Popular, don Manuel
Núñez: en una presunta
inconstitucionalidad, porque ha roto el principio de
universalización de la edad de jubilación. ¿Qué ocurre en las
circunstancias actuales? Roto este principio, hay que
preguntarse, ¿qué se menoscaba o qué se beneficia con esta
edad? ¿Se está beneficiando
el rejuvenecimiento de la Administración pública? Esto se
contradice con los últimos anuncios del Gobierno de ahorro del
gasto público, congelando prácticamente o reduciendo los
ingresos en la Función pública de nuevos funcionarios y, de
hecho, va a producir un envejecimiento dentro de los actuales.
¿Está produciendo un rejuvenecimiento de la Administración? No
parece demostrado con estas últimas medidas de contención del
gasto público, vía capítulo de remuneraciones a funcionarios.
Se está, por tanto, menoscabando la propia Función pública. Y
se ha menoscabado de una manera grave, que es introduciendo el
principio de agravio comparativo no sólo entre los cuerpos
sino dentro de cuerpos que sirven a la misma administración,
como por ejemplo en el Cuerpo de Catedráticos de Universidad
donde se han producido modificaciones en la edad de
jubilación, pero no en otros cuerpos de funcionarios que
también prestan sus servicios en el Ministerio de Educación y
Ciencia o en las universidades españolas, o como también ha
sucedido en la Administración de Justicia, que se ha
modificado la edad de jubilación de
magistrados y de jueces, pero no se ha modificado, por
ejemplo, en razón de los alegatos que se hicieron, por una
especie de experiencia profesional, la de los secretarios de
la
Administración de Justicia o de los médicos forenses. ¿Por qué
razón se admite el principio que rige, y que respeto porque lo
estoy defendiendo --como pusimos de manifiesto en la votación
de esas modificaciones al alza de los 70 años--, de los 70
años de experiencia profesional en un juez o magistrado y no
en un médico forense de la Administración de Justicia?
Este es el principio que nosotros tenemos que rescatar, porque
se está menoscabando otra cosa, que es el fondo o la caja de
los Derechos Pasivos de los funcionarios. Me gustaría saber
qué opina al respecto el Ministerio de Hacienda. Resulta que
los Derechos Pasivos están basados, según un estudio
actuarial, en que la expectativa de vida de los funcionarios
públicos españoles, como ciudadanos de este país, de su
población o de su demografía, estaba alrededor de los 74 o 75
años. ¿Qué hizo la bajada de la edad de jubilación en 1984?
Introducir algo que hizo que los actuarios de seguros se
echaran las manos a la cabeza, porque introdujo, en una franja
de menos cinco años, es decir, de los 65 a los 70, lo que era
un estudio actuarial de expectativa de vida basada en 74 o 75
años, y la caja de los Derechos Pasivos de Hacienda ha tenido
que soportar un componente de 10 años de edad, la franja que
va entre los 65 y los 75 años. ¿Qué
soluciones hay para soportar esto? Las que no se atreve a
poner en práctica el Gobierno, que es aumentar la cotización
de los funcionarios a los Derechos Pasivos, pero después de
dos años de congelación del sueldo de los funcionarios civiles
del Estado, a ver quién es el Gobierno que les dice que su
poder adquisitivo, ya limitado por dos años de congelación, se
tiene que ver perjudicado todavía por un aumento de las
cotizaciones a los Derechos Pasivos.
Señorías, nosotros cremos que esta proposición de ley, que va
a gozar del voto favorable del Grupo de Coalición Canaria,
introduce además el principio de flexibilización. Llevemos la
edad de jubilación en una expectativa entre los 65 y los 70
años, quien voluntariamente lo quiera hacer a los 65, que lo
haga, pero hoy, con las presiones económicas de permanencia de
los hijos en el hogar, etcétera, tal y como aparece reflejado
en muchos de los estudios que viene realizando el CIS, por
evitar el agravio comparativo, por racionalización de la
experiencia en la Función pública, por racionalizar también la
caja o el fondo de los Derechos Pasivos, tenemos que llevar la
franja de jubilación de todos los cuerpos de cualquiera de los
niveles que prestan servicio en la Administración pública
española hasta los 75 años. Como he dicho anteriormente,
votaremos a favor de la toma en consideración de esta
proposición de ley.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor
Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señor
Presidente. Brevemente, para fijar la posición del Grupo Vasco
con respecto a la proposición de ley del Grupo Parlamentario
Popular, manifestando, en primer lugar, que a nuestro Grupo
Parlamentario le parece oportuno que las consideraciones
relativas al régimen de jubilación, con todos los efectos de
Derechos Pasivos y de Seguridad Social que ello implica, vayan
encuadrados en un debate de carácter general, no específico
para el personal que trabaja en la Administración pública
(bien sea laboral o bien sea funcionario), sino en un esquema
o una planificación que se haga con carácter general para
todos los ciudadanos, ya sean servidores de la Administración
pública o servidores del sector privado.
El señor Ministro de Economía y Hacienda ha planteado
recientemente la posibilidad de que, a efectos de jubilación,
se amplíe la edad, lo cual tiene que adoptarse con carácter
general y no con carácter previo o unilateral y prioritario en
el ámbito de la Administración pública. Por consiguiente, es
la primera objeción que desde nuestro Grupo Parlamentario
haríamos.
En segundo lugar, una medida muy puntual como la que se
plantea en esta proposición de ley tampoco nos parece oportuna
puesto que, en definitiva, estamos tocando uno de los aspectos
o núcleos centrales de la función pública. Consideramos que se
debe ir a una reforma de la Administración, con el Estatuto de
la Función Pública, en la medida en que se debe eliminar, a
nuestro juicio, la diferenciación entre funcionario de
la Administración pública y personal laboral fijo de la
Administración pública porque carece de sentido. Hemos
requerido del Gobierno central que se elabore un nuevo
estatuto de la función pública en el que se diseñe la relación
y la naturaleza que ha de regir los servicios entre la persona
que presta sus funciones a la Administración y esta entidad
pública. Por tanto, nuestro Grupo Parlamentario mantiene
serias dudas sobre la oportunidad de esta iniciativa
legislativa del Grupo Parlamentario Popular y con el fin de no
obstaculizar, si estiman oportuno que la iniciativa pueda
salir adelante, nuestro Grupo Parlamentario va a abstenerse en
la votación. Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Nadal.
El señor NADAL I MALE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores, evidentemente el señor Núñez hace un
planteamiento que coincide en parte con lo establecido en
otras ocasiones y en el Senado por nuestro Grupo
Parlamentario. Pero también es evidente, señor Núñez y señor
Trujillo, que ustedes han radicalizado tanto su discurso, han
radicalizado tanto su oportunidad de presentarse y subir al
estrado para establecer dialécticas políticas muchas veces
ajenas a este debate meramente técnico, que están impidiendo
con su falta de acuerdo, tanto uno como otro, realizar
estudios importantes en cuestiones que lo son o que, al menos,
afectan a personas para las que existe un cierto interés. No
es posible hacer dos discursos que establezcan cada uno
competencias diferentes o que determinen derechos diferentes,
sin fijar como mínimo la posibilidad de estudiar lo que
estamos diciendo.
Evidentemente, en el momento de dictarse la Ley 30/1984 había
una situación social muy diferente a la que se tiene ahora.
Don Luis Mardones lo ha recordado. Los hijos en el año 1984 no
permanecían tanto en casa como en el año 1994, las situaciones
patrimoniales o económicas de los padres han cambiado, y las
situaciones de los funcionarios, en su interés por continuar
unos años más, también han cambiado. Esto es efecto de la
situación social que vivimos y es consecuencia del momento
económico en que nos encontramos. Si existe, como existe, un
capital de trabajo entre los años que van de los 65 a los 70;
si existe, como existe, la posibilidad de que esta gente
desarrolle su trabajo entre los 65 y los 70 años; si, como
también es cierto, no todos están en condiciones de continuar
trabajando; si también existen unos derechos de la
Administración, en tanto que representante de todos los
ciudadanos, de velar por la renovación de su economía; si todo
esto es perfectamente posible, díganme ustedes por qué este
Parlamento no puede tomar en consideración esta proposición y
establecer las soluciones que para cada uno de los casos se
determinen.
No es posible, señor Núñez, decir que de los 65 a los 70 años
existe la voluntariedad absoluta. No caben los términos
absolutos en este planteamiento. No es posible ni es igual la
jubilación de un magistrado que la jubilación de un operario
de la
Administración local o central; no son las mismas condiciones.
Como tampoco es factible que se pueda regresar al trabajo por
el simple hecho de solicitarlo; como tampoco es factible que
sus derechos sobrepasen a los derechos de la Administración.
Pero, a pesar de todo esto, que se puede estudiar, señor
Núñez, lo siento mucho pero, tampoco su negativa absoluta es
lógica, señor Trujillo. Cabe perfectamente estudiar
determinadas áreas de la Administración pública en las que es
posible la flexibilización. Esto lo decía el señor Zambrana en
la anterior ocasión. Y no acabo de entender que entre ustedes
dos, si no es por el hecho de que deseen convertir cualquier
cosa en un elemento de
dialéctica política de confrontación no pueda existir una
posibilidad de arreglo, de transición o de estudio. Si esto no
es posible, difícilmente en este Parlamento se podrán debatir
otras cosas. Yo no creo que la jubilación entre los 65 y los
70 años tenga que ser también objeto de debate político, fuera
del tema estrictamente técnico o económico que estamos
tratando. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Nadal.
Por el Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene la
palabra el señor Martínez Blasco.
El señor MARTINEZ BLASCO: Señor Presidente, señorías, el Grupo
Popular solicita que los funcionarios de este país, en lugar
de jubilarse obligatoriamente a los 65 años, puedan prorrogar
su vida activa hasta los 70 años. El portavoz del Grupo de
Convergència i Unió dice que es un problema técnico-económico.
Yo creo, señorías, que este es un problema político
fundamental. Estamos aquí hablando del funcionario que tiene
ganas, que tiene necesidad económica de seguir trabajando,
pero estamos hablando de esto en un país que tiene tres
millones de desempleados. ¿Creen SS.SS., de verdad, que aquí
el problema que hay que resolver es el de unos funcionarios
que se sienten con ganas --como si éste fuera un problema
personal e individual-- de dar más por su patria, de trabajar
más y que en lugar de jubilarse a los 65 años quieren estar
hasta los 70? ¿Y por qué no hasta los 75 años? Porque ahora la
sanidad ha mejorado suficientemente como para estar en plenas
condiciones a los 75 años y a los 80 y a los 92 y a los 93
años, en que tenemos algunas actrices que
están por ahí trabajando. Efectivamente, ese es el problema de
un país con tres millones de desempleados.
El señor Núñez ha dicho que gracias a este artículo 33 hubo
una renovación de 200.000 puestos de trabajo. Hubiesen sido
200.000 puestos de trabajo menos, 200.000 desempleados más.
Señoría, ¿cómo se puede plantear esto en abstracto, diciendo
que este es un problema técnico-económico, un problema de
reducir el déficit de la Seguridad Social? ¿Es ése el problema
de este país? Para reducir el déficit de la Seguridad Social
lo que tienen que hacer las empresas morosas es pagar sus
deudas con la Seguridad Social; lo que hay que hacer es
mejorar la gestión de la Seguridad Social. Ese es el problema
del déficit de la Seguridad Social. Pero prorrogar la edad
activa... Decía el señor Núñez que esto no es un retroceso de
las conquistas sociales, es un problema de la libertad. ¡Aquí
se oye cada cosa!
Señorías, históricamente hemos caminado hacia topes en el
trabajo: las ocho horas, las vacaciones pagadas, el que haya
una jubilación con pensión, etcétera. Todo ello han sido
conquistas sociales, incluso conquistas sociales obligatorias,
de tal forma que las leyes prohíben que se trabaje más de
determinadas horas. ¿Por qué? Porque podría haber individuos
que no por
voluntariedad, no porque les guste, sino presionados porque
están en relaciones desiguales entre el empleador y el
empleado, pudieran tener la tentación --y efectivamente caer
en ella-- de pactar condiciones peores, de más horas de
trabajo. Por eso la ley les protege, por eso es obligatorio.
No es un problema de libertad. Si uno quiere trabajar
veinticuatro horas diarias durante siete días a la semana,
¿qué problema hay? ¿Por qué quiere trabajar? No hay
condiciones de libertad en el pacto, por eso la ley obliga; no
es un problema de libertad y sí es un problema de perder las
conquistas sociales. No se venga aquí diciendo que esto va a
resolver los problemas de la Seguridad Social.
Que efectivamente haya problemas sociales y económicos en la
tercera edad lo admitimos. Cada vez habrá más personas, por
suerte, en nuestro país que estarán jubiladas. No puede ser
una edad de penuria, sus retribuciones deben ser suficientes;
no puede ser una edad en la que no se sepa qué hacer,
sintiéndose no útiles a la sociedad. De acuerdo. Todos esos
problemas hay que resolverlos. Pero igual que nadie propone en
estos momentos que a los jóvenes de 15 años, como están en
plena capacidad física, les obliguemos a trabajar, etcétera,
porque ha sido una conquista en nuestro país elevar la edad de
estudios y, por tanto, la prohibición de trabajar hasta los 16
años, creemos, señorías, que los funcionarios no se merecen
este castigo; no se merecen que ahora les castiguemos diciendo
que en lugar de jubilarse a los 65 años pueden --dicen SS.SS.-
- jubilarse a los 70 años. Por tanto, creo que este no es sólo
un problema personal de los funcionarios que quieran, no es un
problema sólo de la
Administración, no es un problema siquiera de las finanzas de
la Seguridad Social, sino de que se hagan propuestas de este
tipo en un país de tres millones de parados. Las propuestas,
señor Núñez, señorías, deberían ir justo en la dirección
contraria. Sólo si somos capaces de encontrar mecanismos que
permitan repartir el trabajo para que sean más los ciudadanos
que trabajen menos tiempo, evidentemente, porque eso es lo que
nos permite el desarrollo de las fuerzas productivas de la
sociedad, sólo en esa línea conseguiremos cosas que merezcan
la pena. Es muy curioso el ardid que ha utilizado el señor
Núñez. Primero presionaron para que algunos colectivos de
funcionarios abrieran el portillo, argumentando lo de la
experiencia, la sabiduría y demás, con los jueces y después
con el profesorado universitario, y una vez que abrieron dos
pequeños portillos vienen aquí con el argumento de que hay
discriminación. Si dos colectivos de funcionarios tienen la
edad de jubilación forzosa a los 70 años, ¿por qué no el
resto? Por eso, señoría, comprenderá que nosotros, que ya nos
opusimos a que se abrieran esos portillos, nos vamos a oponer
a la toma en consideración de esta proposición de ley. (El
señor Núñez Pérez pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez.
Señor Núñez, posiblemente S.S. tiene más experiencia que nadie
en la tramitación de este debate y sabe que la fijación de la
posición contraria a la toma en consideración no significa
necesariamente el abrir turnos de réplica. Le agradezco su
comprensión. Vamos a proceder a la votación. Votación para la
toma en consideración de la proposición de ley, del Grupo
Popular, sobre modificación del actual régimen de jubilación
de funcionarios públicos, introduciendo criterios de
flexibilidad y voluntariedad. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 320; a favor, 153; en contra, 162; abstenciones,
cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda rechaza la toma en consideración.
MODIFICACIONES EN EL ORDEN DEL DIA:
El señor PRESIDENTE: La Junta de Portavoces ha acordado
proponer al Pleno algunas modificaciones del orden del día al
amparo del artículo 68.1 del Reglamento de la Cámara. Por
tanto, se somete al Pleno la inclusión de la proposición no de
ley del Grupo Popular sobre medidas a adoptar por el Gobierno
ante la grave crisis que afecta al sector del automóvil, y en
concreto a la empresa automovilística Santana Motor, en
sustitución de la proposición no de ley del mismo grupo, que
consta en el orden del día, por la que se insta al Gobierno a
responder con eficacia y coordinación a los efectos
destructores y degeneradores del patrimonio medioambiental
causados por los incendios forestales. ¿Lo aprueba la Cámara?
(Asentimiento.) Queda aprobada esta modificación del orden del
día.
Asimismo, señorías, se propone la inclusión en el orden del
día de esta sesión plenaria de la proposición no de ley del
Grupo Socialista por la que se insta al Gobierno a realizar
las modificaciones legales oportunas a fin de facilitar el
acceso a determinada documentación a las comisiones
parlamentarias de investigación. ¿Acuerda la Cámara esta
modificación?
(Asentimiento.) Queda aprobada.
También la Junta de Portavoces, en su reunión del día de hoy,
ha acordado proponer al Pleno de la Cámara que la sesión del
día 28 de abril, que se celebrará a partir de las nueve horas,
quede integrada por los puntos del orden del día números 33 a
46, 52 y, en su caso, si pudiesen debatirse antes de las trece
horas, los puntos 50 y 49, así como, en todo caso, el punto
referente a la propuesta de designación de Defensor del
Pueblo. ¿Lo acuerda la Cámara? (Asentimiento.) Queda aprobado.
La proposición no de ley del Grupo Popular que se ha acordado
incluir en el orden del día se debatirá acumuladamente con la
proposición no de ley del Grupo Socialista que figura con el
número 3 en el orden del día. (Rumores.) Ruego silencio a sus
señorías.
Y la proposición no de ley del Grupo Socialista que se ha
acordado incluir en el orden del día se debatirá después de la
proposición no de ley del Grupo Mixto que figura en el
mencionado orden del día.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY (Continuación):
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), POR
LA QUE SE MODIFICA EL ARTICULO 70.2 DE LA LEY 7/1985, DE 2 DE
ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DE REGIMEN LOCAL (Número de
expediente 122/000028)
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Catalán
(Convergència i Unió) por la que se modifica el artículo 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local.
Tiene la palabra el señor Nada. (Numerosos señores Diputados
abandonan el hemiciclo.--Rumores.)
Señorías, guarden silencio. (Pausa.--Continúan los rumores.)
Señorías, guarden silencio y ocupen sus escaños. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Nadal.El señor NADAL I MALE: Muchas
gracias, señor Presidente.
En febrero de 1993 el Grupo Catalán (Convergència i Unió)
solicitó la modificación del artículo 70.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de la Ley de Bases de Régimen Local.
(El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
El debate que se celebró en esta sala dio la posibilidad a la
tramitación de esta ley que, como consecuencia de la
disolución de las Cortes, decayó. Hoy nuevamente traemos ante
SS.SS. la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán
al efecto de intentar que se solvente definitivamente este
grave problema que plantea la necesaria publicación de todos
los planes generales de los ayuntamientos y de las comunidades
autónomas en los diferentes boletines oficiales, bien sean de
la comunidad autónoma o bien sean de la provincia.
Evidentemente la cuestión no radica en la necesaria
publicación, en su contexto, que sí que admitimos y que
reconocemos como muy importante y válida, sino que la cuestión
radica única y exclusivamente en intentar obviar la totalidad
de la publicación del plan, con todo lo que ello conlleva de
gran cantidad de hojas, gran cantidad de números, gran
cantidad de planos, gran cantidad de anotaciones, cuando el
mejor instrumento para que el ciudadano conozca la realidad de
un plan es la visita y la exposición en el ayuntamiento o en
la comunidad autónoma en la que esté tratándose su aprobación.
La realidad es que los ayuntamientos están en grave situación
económica y aunque más tarde el representante de Izquierda
Unida diga que la razón por la que propone nuestro Grupo esta
supresión no es económica sino de transparencia, los
ayuntamientos están --repito-- en grave situación económica,
lo que hace que las publicaciones extensas de estos planes
generales y particulares de forma reiterada en los boletines
oficiales y en los boletines de las comunidades autónomas
signifiquen no solamente un gran retraso en la puesta en
práctica del plan, sino también una merma económica
importante. Hasta el momento la publicidad se realizaba única
y exclusivamente mediante la publicación en el boletín de una
nota específica en la que se establecía que tal comunidad
había aprobado un plan o que tal ayuntamiento había decidido
aprobar provisional o definitivamente otro. La realidad es que
esto se entendía como una norma publicitaria suficiente para
el conocimiento de la ciudadanía, pero numerosas sentencias de
juzgados de lo contencioso-administrativo han establecido que,
de acuerdo con el contenido exacto del artículo 70.2, la
publicación tiene que realizarse de manera total, absoluta y
literal. Esto ha supuesto --insisto-- un quebranto económico
importante, ha supuesto un retraso importante y, además, ha
supuesto que no se mejore de ninguna de las formas la
publicidad del elemento.
Yo quiero recordar que en el debate anterior prácticamente
todas las fuerzas políticas, excepto el Partido Popular e
Izquierda Unida, estuvieron de acuerdo en este tema. Por
tanto, creo que el debate queda un poco circunscrito al hecho
de los planteamientos que se establecieron en la anterior
legislatura. No obstante desearía, ya que el tiempo ha
transcurrido y nos permite al señor Fernández y a mí
mantenernos como Diputados en estos momentos, recordarle que
en aquel momento no tuve oportunidad de establecer mi más
tajante oposición a las palabras que dijo. No tuve
oportunidad, pero, como he visto, la cuestión es simplemente
esperar. Al cabo del tiempo --ha pasado un año--me ha llegado
la oportunidad. Señor Fernández, distinguido compañero, jamás
ha estado en el interés de Convergència i Unió tratar de
oscurecer un plan, jamás ha estado en el interés del Grupo
Parlamentario Catalán intentar ocultar nada a los
ciudadanos. El Grupo Parlamentario Catalán, cuando presenta la
modificación del artículo 70.2, lo que hace es llevar al
Parlamento determinadas proposiciones, que coinciden
exactamente con la nuestra, de ilustres representantes del
Partido Popular que mantienen alcaldías.
Tampoco es nuestro criterio aceptar lo que en aquel momento se
dijo por parte de Izquierda Unida, que vino a especificar en
los mismos términos que usted lo hizo que lo que pretendíamos
nosotros era ocultar los extremos de los acuerdos de los
ayuntamientos al ciudadano. Sepan uno y otro que la praxis
diaria es la visita al ayuntamiento para saber si en un plan
está incluida una propiedad o un derecho, y que difícilmente
un ciudadano de a pie puede interpretar un plan partiendo de
un boletín oficial. Quiero también recordar a Izquierda Unida
que, cuando nosotros hablábamos de los planes, los confundió
con los planes generales, que efectivamente se contemplan cada
4, 6, 8 o 10 años; que nosotros también hablábamos de planes y
que numerosos ayuntamientos de la coalición que representan
también insisten en la oportunidad de derogar, al efecto de
delimitar la posibilidad y la complejidad de la publicación de
los planes, de acuerdo con el artículo 70.2.
Al igual que hice en febrero de 1993, ahora les solicito el
voto favorable para esta proposición.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor). Gracias, señor Nadal.
¿Turno en contra? (Pausa.)
El señor Martínez tiene la palabra.
El señor MARTINEZ BLASCO: Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, repetimos debate un año después. Lo que lamento
es que el Grupo Socialista no haya utilizado el turno en
contra en defensa de la coherencia de los textos no sólo
aprobados por esta Cámara, sino remitidos por el Gobierno.
Aquí se empieza con un argumento. Podría haber incluso --dice
la exposición de motivos-- una cierta contradicción entre las
legislaciones. Creo que quedó suficientemente claro --si no lo
voy a decir ahora--, en el debate anterior, que no hay tal
contradicción entre la legislación urbanística y la Ley de
Bases de Régimen Local. Lo que dice la legislación urbanística
es que respecto a las normas y a las ordenanzas se estará a lo
dispuesto en la legislación aplicable, y la legislación
aplicable es, efectivamente, el artículo 70.2 de la Ley de
Bases. No existe ni siquiera
confusión. He escuchado al portavoz del Grupo proponente que
hay que publicar en los boletines oficiales todo el contenido
de los planes. Ni lo dice la norma ni lo ha dicho ninguna
sentencia ni se le ocurre a nadie, salvo que voluntariamente
quiera hacerlo. Señorías, las documentaciones urbanísticas
están compuestas de una memoria, de unos planos, de unas
normas y ordenanzas, de un estudio económico-financiero y de
un programa de actuación. La legislación --la Ley de Bases--
dice que las normas y las ordenanzas deben publicarse --así lo
están exigiendo todos los tribunales-- y deben publicarse de
forma íntegra. Pero no dice la legislación el estudio
económico-financiero, no dice la memoria ni el plan de etapas,
instrumentos, por lo demás, muy importantes en el planeamiento
urbanístico. Por tanto, no ha lugar a esa confusión posible. A
estos dos argumentos que se han utilizado: que hay
contradicción entre las legislaciones y la posible confusión,
se une ahora casi exclusivamente el económico: es un elevado
costo para los ayuntamientos el tener que publicar las normas
y ordenanzas.
¿Qué grupo de esta Cámara protestó cuando se aprobó el
Impuesto de Actividades Económicas, que hubo de ser publicado
por todos los municipios a finales de 1992? Eso generó en
nuestro país enormes costes de publicación, en todos y cada
uno de los municipios, de las normas del Impuesto de
Actividades Económicas en volumen muy superior a las normas de
los planeamientos urbanísticos de este país. Es más, los
argumentos de la
asociaciones empresariales en contra de este tributo, que está
en estos momentos en los tribunales, lo son por defectos de
publicación en los respectivos boletines. Por tanto, señorías,
no nos rasguemos las vestiduras diciendo que los ayuntamientos
van a quebrar económicamente porque tienen que publicar las
normas y ordenanzas urbanísticas, igual que lo están
haciendo --y nadie lo discute, ni en esta proposición de ley--
con las normas y ordenanzas fiscales o con otro tipo de normas
y ordenanzas, como de prevención de incendios, etcétera. Nadie
discute que se tengan que publicar esas normas. Y las
actualizaciones de las normas y las ordenanzas fiscales se
publican todos los años. ¿Eso no supone coste para los
municipios de las 20, de las 30, de las 70 ordenanzas fiscales
que tienen algunos
municipios? Parece ser que, no. El problema es las normas y
las ordenanzas urbanísticas. ¿Qué se esconde efectivamente
aquí? Dicen: No habrá problema de publicidad, porque la
documentación está en los municipios y los ciudadanos pueden
preguntar en ellos qué es lo que ocurre con su predio. Yo
creo, señorías, que hay un problema, una marcha atrás
importante en la seguridad jurídica y en la transparencia. He
dicho y mantengo que en el resto de normas y ordenanzas
municipales se mantiene la obligatoriedad de la publicación, y
el Grupo proponente no lo objeta. Se tendrá que seguir
publicando, cualesquiera que sean los contenidos, el resto de
normas y ordenanzas municipales. Se seguirá publicando. Pero
las normas y ordenanzas urbanísticas, no. Creemos que eso va
contra la seguridad jurídica. Que esté el documento en el
ayuntamiento, en el mejor de los casos sí, pero es mayor
garantía que haya sido publicado. Porque, fíjese S.S. lo que
ocurre: no sólo es que no se publiquen inicialmente las normas
y ordenanzas cuando se apruebe el plan general, el plan
parcial o las normas subsidiarias, no es sólo eso; es que al
no exigir la publicidad total y completa de la aprobación, no
se exige la publicidad total y completa de las modificaciones.
Fíjense SS.SS. Me preocupa el hecho de que no se publiquen las
normas y ordenanzas en su momento originario porque, de
acuerdo con los principios de nuestro Derecho relativo a que
las modificaciones siguen al principal, tampoco se publicarán
los contenidos concretos de las modificaciones en la normativa
urbanística. Eso, señorías, es peligroso. Efectivamente, los
que hemos trabajado en municipios a ras de suelo sabemos que
es muy peligroso que a veces se pueda dudar de la
obligatoriedad o no de determinadas normas.
Señorías, sería muy importante en estos momentos incluso hacer
un repaso de qué municipios cuentan con sus correspondientes
documentos, los aprobados con carácter definitivo, debidamente
diligenciados, etcétera. Por tanto, va a haber una mayor
garantía y seguridad con la publicación completa de la norma,
así como mayor y mejor transparencia.
En estos momentos con tantos problemas en nuestro país con la
transparencia, ¿a qué viene esto de que no sea necesario
publicar las ordenanzas urbanísticas y que sea suficiente con
un anuncio que dice que en el ayuntamiento las tienen ustedes
a su
disposición porque han sido aprobadas con carácter definitivo?
Yo, de verdad, no entiendo el problema económico. No entiendo
que se quiebren las finanzas de los ayuntamientos por publicar
las ordenanzas urbanísticas. Insisto en que no se quiera decir
a la Cámara porque no es cierto. Ni lo dice la norma jurídica,
ni lo ha dicho ningún tribunal, que sea necesario publicar
todo el plan general o todo el plan parcial.
Han dicho: hay que publicar completamente (como dice la Ley de
Bases) las normas y ordenanzas, todo lo que sea normativo con
carácter general, pero no es necesario publicar el estudio
económico financiero, repito, ni la memoria, ni el plan de
etapas. Por tanto, no se quiera asustar con algo que no
existe. Creemos que, proporcionalmente, las ordenanzas
urbanísticas no son más que las ordenanzas fiscales y no van a
desfondar
económicamente a los ayuntamientos más que las normas
fiscales. Estimamos que sólo puede haber un interés en
perjudicar la seguridad jurídica y la defensa y transparencia
de los ciudadanos --esgrimiendo una razón que en otras
ocasiones nos hubiese gustado ver-- con el argumento de que se
desfondan las finanzas municipales. Es tan importante la
seguridad jurídica, es tan importante la posibilidad de
participación... ¡Si es que, señorías, no es sólo que un
ciudadano pueda ir a ver su predio; es que un ciudadano puede
reclamar contra un plan parcial que no sigue el plan general!,
y para eso necesita saber cuáles son las normativas del plan
general. No es sólo el interesado, ése que va por el
ayuntamiento preguntando qué puede hacer en su parcela. No es
sólo eso; es un problema de garantizar también la
participación de los ciudadanos. Y eso, si se publica, negro
sobre blanco, en el diario oficial.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Martínez Blasco. Para un turno de réplica, el señor Nadal
tiene la palabra.
El señor NADAL I MALE: Muchas gracias, señor Presidente.
La verdad es que llega un momento en este Parlamento en el que
la obsesión por la transparencia, la obsesión por la opacidad,
la obsesión por decir cuáles son los municipios que están
afectados por tal grave situación, me produce realmente
escalofríos.
Señorías, lo que tiene que decir es cuáles son los municipios
que están afectados, y no que existen algunos municipios que
ocultan las normas. Diga usted, de una vez, si es que quiere
continuar hablando de transparencia y de limpieza, cuáles son,
pero no que existen municipios que ocultan las normas a los
ciudadanos, porque de esta manera le estamos haciendo un flaco
favor a todos los municipios de este país y, especialmente, a
los que ustedes dirigen.
También quiero añadir que llega un momento en el que la
obsesión porque pretendemos ocultar una cosa u otra es
realmente
preocupante. No se quiere ocultar nada. Le aseguro
tranquilamente --y se lo puede asegurar cualquier persona que
entienda-- que un ciudadano, para saber si su predio, su
derecho, si un vial pasa por encima de una propiedad suya, o
cuáles son sus expectativas urbanísticas violadas, mejoradas o
modificadas, jamás lo hará a través de un boletín oficial pues
siempre irá a la sección de urbanismo de un ayuntamiento,
aunque sea uno de los que usted conoce, de ras de suelo; irá
allá a saber exactamente qué es lo que tiene entre manos. Lo
que no se puede pretender es que, a través de un boletín
oficial, se sepa exactamente si su predio está o no está
afectado.
Seguridad jurídica, toda. Pero lo que no es válido es que
usted me diga que no existen sentencias que no recogen estos
hechos. Le voy a citar una: la sentencia dictada por el
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sala de lo
Contencioso-Administrativo, sección tercera, de 27 de
septiembre de 1993, que dice exactamente que carece de
eficacia un plan en tanto que no se ha publicado íntegramente.
Y es que no es lo mismo hablar de un IAE, no es lo mismo
hablar de unos impuestos, no es lo mismo hablar de unas tasas,
que hablar de un plan urbanístico. No es lo mismo, por mucho
que usted y su compañero en el año 1993 insistan. Es
absolutamente claro y tajante que si alguien o alguna
institución en este país no oculta la realidad son
precisamente los ayuntamientos. Y si usted quiere ayudar a
mejorar la situación de los ayuntamientos, empiece por
pequeñas cosas porque, por lo visto, de las grandes ya nos
tenemos que olvidar. Si usted puede aligerar algo, hágalo.
Finalmente, señoría, creo que estar constantemente obsesionado
por la seguridad jurídica de los ciudadanos en este tema
carece de sentido, máxime cuando las modificaciones y los
planes sí se publican y se han publicado siempre, al menos
sucintamente, para que tengan conocimiento los ciudadanos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Martínez
Blasco tiene la palabra.
El señor MARTINEZ BLASCO: Señoría, se hacen presunciones de
intenciones ocultas cuando se intentan matar moscas a
cañonazos. Es decir, cuando alguien propone un objetivo y los
medios son extraordinariamente desproporcionados, cabe pensar
que ocurre algo ahí en el fondo. Su señoría ha dicho: Como es
muy costoso vamos a eliminar la obligación de la publicación
completa de las normas. Por eso nuestro Grupo dice: No hay
razón, porque no es cierto lo del coste. Efectivamente, yo he
puesto otros ejemplos de una enorme cantidad de normativas que
los ayuntamientos deben publicar en los boletines y nadie ha
planteado, por lo menos hasta ahora, que no se deba publicar.
En cuanto a lo que dice S.S. respecto a la sentencia, debo
señalar que no dice que haya que publicar completamente el
plan. Lo que dice la sentencia es que hay que cumplir el
artículo 70.2, que establece que hay que publicar de forma
completa las normas y ordenanzas. Insisto, que nadie lea ni
intente atribuir ni al legislador, porque no había tal
confusión o contradicción, ni a ningún tribunal la obligación
de publicar todos y cada uno de los diferentes documentos que
componen el planeamiento urbanístico, desde la memoria hasta
el estudio económico-financiero y el plan de etapas. Ni en la
ley ni en las sentencias de la jurisprudencia se dice que sea
obligatorio, sólo las normas y ordenanzas, como el resto de
normas y ordenanzas municipales.
No he dicho que haya interés por parte de los ayuntamientos en
ocultar, no. Lo que he dicho es que esta propuesta, que a
nuestro modo de ver es matar moscas a cañonazos, pretende,
porque puede resultar relativamente gravoso --pero insisto en
que muy
relativamente gravoso--, dar una marcha atrás respecto a un
principio general que está en la propia Ley de Bases del
Régimen Local, y es que todas las ordenanzas municipales se
tienen que publicar íntegramente. Esa es la norma general, el
principio general. Y ustedes ahora dicen: Como el Pisuerga
pasa por Valladolid... Ha habido un texto refundido de la
legislación urbanística que pudiera dar la impresión de una
cierta
contradicción, que no existe, pero ustedes dicen: por si
existiera contradicción, vamos a decir que en la Ley de Bases
del Régimen Local no sea necesario publicar las normas
urbanísticas. Pero, señorías, ¿a qué viene este paso atrás?
¡Se va a seguir publicando todo el resto de normas! Su señoría
dice: Es que el que quiera saber lo que puede hacer en su
solar, puede seguir yendo al ayuntamiento. ¡Claro! ¡Faltaría
más! Pero entonces, ¿por qué se publican las cosas en los
boletines? Es que los ciudadanos se enterarán de otra forma
que no sea el Boletín. ¡Claro! Hay opositores que se enteran
en la puerta del tribunal y hay opositores que lo leen en el
Boletín; y hay pensionistas que se enteran de que les van a
bajar las pensiones sin necesidad de leerlo en el Boletín,
porque se lo ha dicho el vecino o la vecina. Pero, señoría,
una cosa es la publicidad, es decir, que todo el mundo llegue
al conocimiento, y otra cosa es la garantía jurídica de que
esté en negro sobre blanco en los diarios oficiales. No voy a
ensalzar la garantía jurídica en el sentido de la publicidad,
de que por aparecer en el «Boletín Oficial del Estado» todo el
mundo se haya enterado; no lo voy a exaltar porque no es ésa
la cuestión. Pero yo creo que es un paso atrás en este país
respecto a las garantías, y por tanto respecto a la
participación, que, siendo necesaria la publicación de todas
las normas y ordenanzas municipales, SS.SS. propongan hoy que
las urbanísticas, no porque son muy caras para los
ayuntamientos.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Martínez Blasco. ¿Grupos que desean fijar su posición?
(Pausa.--El señor Nadal i Malé pide la palabra.)
Señor Nadal, ¿en qué se basa S.S. para solicitar la palabra?
El señor NADAL I MALE: Es réplica, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No, señor Nadal. Ha
habido la defensa de la proposición de ley por parte de S.S.,
un turno en contra, usted ha tenido un turno de réplica y
dúplica, y se ha terminado ya el debate en cuanto a ustedes
dos. Gracias, señor Nadal.
El señor NADAL I MALE: Muchas gracias, señoría.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo Mixto,
tiene la palabra el señor Mur.
El señor MUR BERNAD: Muchas gracias, señor Presidente.
Aquí sí que podríamos recordar aquella frase: «Decíamos
ayer...», porque, ciertamente, este debate parece la
reproducción
automática del que tuvo lugar aquí en febrero de 1993. Además,
curiosamente, los argumentos son los mismos tanto para el
apoyo como para la oposición de esta toma en consideración de
la proposición de ley presentada por el Grupo Catalán
(Convergència i Unió), lo cual demuestra un cierto anclaje en
los argumentos y una falta de evolución en la toma de
decisiones. Señorías, yo no voy a volver otra vez a repetir --
ya tuve la oportunidad de intervenir en este mismo debate--
los argumentos que ya dimos en su día, en febrero de 1993,
cuando se presentó por primera vez esta proposición de ley.
Pero es que hoy, con el tiempo
transcurrido, hay algún argumento que convendría enfatizar y
alguno nuevo que se podría aportar.
En primer lugar, si lo que con esta proposición de ley se
pretende es simplificar el procedimiento administrativo y la
comunicación y la publicidad de tantos y tantos acuerdos como
toman las administraciones públicas, bienvenida sea esta
proposición de ley. Porque, señorías, todos somos conscientes
de que estamos creando una Administración cada día más
complicada, cada día más barroca, cada día más difícil de
seguir por el administrado y puede ocurrir que el bosque,
muchas de las veces, no nos deje ver el árbol.
Lo que hoy se propone aquí es fruto del sentido común y es
fruto de lo que ocurre todos los días en los ayuntamientos.
Conocido por los ciudadanos que ha habido una aprobación en
los planes urbanísticos, es lo normal, es lo natural, es lo
eficaz, es lo correcto, que el interesado vaya a conocer todos
los complejos documentos que acompañan una modificación de un
plan allí donde se encuentran los originales. Yo podría poner
algún ejemplo de los errores de interpretación que se han
producido, que han dado lugar incluso a pleitos larguísimos;
la publicación de todos los documentos en el Boletín Oficial,
que por las dificultades de impresión, incluso por no poder
reproducir las tramas de los planos, han sido interpretados
con dificultad y han dado lugar a errores o a interpretaciones
diversas. Por tanto, no se nos diga aquí que con esto se
aumenta la garantía jurídica de los administrados, porque lo
uno no tiene nada que ver con lo otro. Lo que aquí se propone
lisa y llanamente, sin perjuicio de las garantías para los
ciudadanos, sin perjuicio de la transparencia y de la
publicidad que debe presidir toda normativa y más en el campo
de la ordenación inmobiliaria o urbanística, es algo de
sentido común y que está más de acuerdo con la práctica de
cada día.
Como creemos que esto no solamente no perjudica, sino que
beneficia; porque creemos que éste puede ser un primer paso
para agilizar y simplificar la Administración pública, las
administraciones públicas que en su conjunto están atosigando
a los ciudadanos, porque es imposible hacer un seguimiento de
tantas y tantas normas sobre todo si se hacen «in extenso»,
como hoy en día viene en los distintos boletines oficiales, es
por lo que vamos a dar el voto afirmativo a la toma en
consideración, aunque también advertimos que en la tramitación
parlamentaria podríamos introducir alguna enmienda que
colaborara a mejorar todavía más, si cabe --y creo que sí que
cabe--, la redacción que se da a esta modificación de la Ley
de Bases del Régimen Local, que --como digo-- encontramos muy
oportuna.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mur.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Olarte.
El señor OLARTE CULLEN: Señor Presidente, señorías, debates
como el presente ponen de manifiesto la necesidad de revisar
el Reglamento de la Cámara, de suerte que algunas iniciativas,
por respetables que sean, tengan su acceso directo a la
Comisión, por ejemplo, con los acuerdos previos y unánimes que
sean precisos; porque, en definitiva, estamos en trance --y no
digo que éste sea precisamente el caso-- de terminar
debatiendo en el Pleno de esta Cámara el mismo sexo de los
ángeles.
No obstante lo anterior, y sin despreciar en absoluto la
iniciativa formulada en la anterior legislatura y reproducida
en la presente, Coalición Canaria tiene decidido otorgar su
voto a la toma en consideración de esta proposición de ley que
consideramos atinada, sin perjuicio de una serie de
consideraciones y de algunas modificaciones que por la vía de
las enmiendas correspondientes, igual que aconteció en la
pasada legislatura, deben tener lugar.
En primer lugar, no parece que deba exigirse que los
catálogos, por ejemplo, a los que hace referencia el artículo
93 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, deban publicarse
íntegramente y que, en cambio, para las
restantes normas urbanísticas sólo se exija su mera
aprobación. Bueno sería que se concretase mínimamente el
alcance que debe tener la expresión «correspondiente» por lo
que a la publicación se refiere, habida cuenta de que se han
suscitado problemas respecto a qué administración debe cumplir
con la obligación formal de la inserción en el periódico
oficial. En cualquier caso, señor Presidente, estamos
conformes con la necesidad de garantizar que los posibles
interesados puedan conocer y consultar los planes urbanísticos
que se aprueben, como expresa el Grupo proponente en la
enmienda que en su día presentó a su propia proposición.
Analizando las correcciones que entonces se hicieron
examinando en profundidad esta iniciativa que, repetimos, nos
parece acertada, vamos a otorgar nuestro voto favorable a la
proposición en cuestión. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Olarte.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo para fijar la posición del Grupo Vasco
(PNV), manifestando en primer lugar que la iniciativa del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene, a
nuestro juicio, una buena intencionalidad legislativa. Lo que
ocurre es que ni en su parte expositiva ni en su parte
normativa logra plasmar, a nuestro juicio, con exactitud y con
acierto, el espíritu expuesto y el objetivo que pretende
lograr a través de la proposición de ley.
Alega el Grupo Catalán (Convergència i Unió) que hay dos
razones para la presentación de la proposición de ley. Que
existe, en primer lugar, una contradicción entre la Ley
7/1985, de Bases de Régimen Local, y el Texto Refundido de la
Ley de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. A nuestro
juicio, una interpretación armónica y coherente del
ordenamiento jurídico nos lleva a la conclusión --y coincido
con el señor Martínez, de Izquierda Unida-- de que no hay una
contradicción en sus propios términos, sino que los textos
legales son complementarios. A efectos de publicidad de
cualquier norma se aplicaría la teoría general de la
publicidad del derecho positivo que establece la Ley 7/1985 y
que se remite a la teoría general del derecho prevista en el
Título Preliminar, con carácter interdisciplinar, del Código
Civil. Por tanto, nosotros no vemos esa contradicción que
alega el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Consideramos asimismo que en todo instrumento de ordenación
urbana, para que pueda entrar en vigor y para que tenga una
eficacia frente a terceros, «erga omnes», es necesario cumplir
con esta teoría general de que para que una norma tenga
carácter vinculante y sea de obligado cumplimiento, debe
publicarse en los boletines o en los periódicos oficiales,
bien sea del Estado, de las comunidades autónomas o de las
provincias. Toda norma subsidiaria o complementaria de
planeamiento, todo plan general, toda directriz de ordenación
del territorio, todo programa de actuación urbanística, en
definitiva, todo instrumento de ordenación urbana o de
ordenación territorial con un nivel superior necesita esa
publicidad. No apreciamos la existencia de esa contradicción
interpretando armónicamente la Ley 7/1985 con el Texto
Refundido de la Ley del Suelo y Régimen de Ordenación Urbana.
En segundo lugar, se alegan los supuestos problemas de orden
económico o técnico que ello pudiera originar. Nosotros
tampoco coincidimos en que puedan existir problemas de orden
económico puesto que toda norma, para que tenga eficacia, debe
ser
publicada en los boletines oficiales. En tercer lugar, los
problemas de orden técnico que pueden existir se podrían
solventar bien aplicando la jurisprudencia que el Tribunal
Supremo ha establecido, bien a través de una mejora que ha
presentado, el portavoz del Grupo Catalán (Convergència i
Unió), de forma que se recoja expresamente en el texto que
únicamente se publicará la parte normativa, la parte que vaya
a constituir el derecho positivo de los instrumentos de
ordenación urbana o del territorio y no los documentos
complementarios, como pueden ser las memorias y los planes.
Nuestro Grupo Parlamentario, coincidiendo con el espíritu de
la proposición de ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió),
entiende que necesita no obstante de una serie de correcciones
y de mejoras que le den coherencia a lo que pretende obtener
con el objetivo que persigue en su parte resolutiva. Con la
idea de mejorar la proposición de ley en el trámite de
presentación de enmiendas, nuestro Grupo va a votar
favorablemente a su toma en consideración.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Gatzagaetxebarría. Para fijar la posición del Grupo Popular,
tiene la palabra la señora Martínez Saiz.
La señora MARTINEZ SAIZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, como se ha dicho por los anteriores intervinientes,
hace un año se debatió en esta Cámara esta misma iniciativa
parlamentaria por lo que la mayoría de SS.SS. pueden recordar
perfectamente los argumentos a favor de su toma en
consideración y los del Grupo Popular sobre su innecesaria e
inconveniente modificación.
Hoy volvemos a debatir esta iniciativa del Grupo Catalán
(Convergència i Unió) y, si me permiten SS.SS.,
hay un argumento que, como más adelante expondré, ha cobrado,
aún si cabe, una mayor importancia para el Grupo Popular y que
hace que una vez más, vayamos a rechazar esta iniciativa.
El argumento al que me refiero es el aumento que se va a
producir, si se aprueba esta propuesta, en la discrecionalidad
y en la falta de transparencia a la hora de poner en vigencia
las reglas del juego en materia urbanística, con todo lo que
ello conlleva.
Como decía en aquella ocasión el portavoz Jorge Fernández, la
presente proposición de ley tiene por finalidad modificar el
artículo 70 de la citada Ley de Bases de Régimen Local, que
establece con carácter preceptivo la publicación en el boletín
oficial de la provincia de toda la documentación completa
relativa a los planes urbanísticos, a los efectos de su
entrada en vigor, con el objeto de evitar dicha publicación en
base fundamentalmente a dos razones: que la publicación
completa de todas las determinaciones que integran los planes
de ordenación urbanística supone un enorme y desproporcionado
coste económico y que existe una clara contradicción entre el
Texto Refundido de la Ley del Suelo y el artículo 70.2 de la
Ley de Bases de Régimen Local, que establece como requisito
previo para la ejecutividad de los citados planes la
publicación completa de toda la
documentación que los integra.
En relación con el primer argumento, habría que decir que los
importantes intereses económicos que rodean a todo lo relativo
al urbanismo superan con creces las nimias razones de coste
económico que se esgrimen como fundamento en esta iniciativa.
Si bien no se puede negar que la publicación de estos planes
tenga un cierto coste económico, no es menos cierto que el
volumen de intereses económicos que se mueven alrededor de
esta cuestión, los cuantiosos ingresos que no debemos olvidar
que tienen los ayuntamientos por la concesión de licencias,
los presupuestos que manejan las corporaciones locales en este
sentido y los
principios jurídicos afectados, como el de seguridad y
publicidad de las normas, consagrados constitucionalmente en
el artículo 9.º3 de la norma fundamental, hacen que este
primer argumento caiga por su propio peso. No puede sostenerse
tampoco, señorías que a estas alturas alguien en esta Cámara
diga que por
dificultades técnicas a la hora de reflejar un plan
urbanístico en un boletín, haga necesario que no se publique.
Es cuando menos, ridículo. Incluso lo es, señorías, el
relativo al coste económico cuando existen importantes
garantías constitucionales de los ciudadanos en juego.
En relación con el segundo argumento, sobre la contradicción
de las normas citadas, las razones para oponernos a esta
iniciativa legislativa son mucho más amplias si cabe. La
interpretación jurisprudencial al respecto ratifica el
carácter normativo de los planes urbanísticos, por lo que
resulta imprescindible la exigen-cia de que los mismos sean
objeto de publicación antes de su entrada en vigor.
Podríamos ir más lejos en el análisis de la finalidad que
persigue la presente proposición de ley de excluir de la
publicación de los boletines oficiales la parte normativa de
los planes y podría tachársela incluso de anticonstitucional.
Sin embargo, señorías, tal y como está el panorama actual y el
ambiente de prácticas corruptas casi generalizadas dentro de
las administraciones públicas, no es presentable que este
Parlamento apruebe leyes que favorezcan la discrecionalidad en
su aplicación y la falta de transparencia en la presentación a
la sociedad. Señorías, los grupos económicos y los ciudadanos
con intereses específicos en el urbanismo ya saben que pueden
obtener
informaciones urbanísticas concretas solicitando dicha
información específica al ayuntamiento correspondiente. Pero,
señor Nadal, señorías, ¿qué pasará con el ciudadano que no
tiene medios económicos y que no conoce los pasillos y los
entresijos del funcionamiento de los ayuntamientos? ¿Se pondrá
a la cola a ver qué pasa con sus intereses específicos? ¿Quién
se lo va a explicar? Señor Nadal, si usted tiene experiencia
municipal, que no lo duda nadie, los demás también la hemos
tenido y la tenemos y sabemos que eso tiene muchas
dificultades, porque habría que poner muchos funcionarios a
explicar a los ciudadanos bien intencionados qué se va a hacer
con sus intereses y cuándo se les va a aplicar una
expropiación según venga en la norma, si han puesto en
vigencia esos planes de ordenación urbana que les obligan a
una determinada actuación.
¿Deberá pedir una información completa del planeamiento para
sólo saber cómo están tratados sus legítimos intereses con
respecto a los demás? ¿Cómo sabrá si, por ejemplo, su
propiedad ha tenido un trato desigual ante una misma situación
urbanística? ¿Qué habrá de hacer para saber el porqué de una
calificación
determinada a un lado o a otro de una línea trazada
caprichosamente? ¿Cuánto le costará tener la información?
¿Cuánto le costarán las copias? ¿Quién le asegurará que la
información que le dan es correcta? ¿Quién le garantizará la
veracidad del documento aprobado? Señorías, con los últimos y
constantes ejemplos de actitudes personales y políticas de
algunos
responsables de las distintas administraciones es necesario
que no se deje nada a la discrecionalidad de nadie, porque, en
materia urbanística, señorías, al parecer es muy fácil y
corriente el tráfico de influencias y el uso de información
privilegiada, que, sin duda, da pie a prácticas corruptas.
Prácticas que, según parece, últimamente todos estamos muy
decididos a erradicar. Empecemos, pues, señorías, por lo más
sencillo, gastarnos unos recursos económicos necesarios en
procurar la máxima transparencia en los procesos urbanísticos
y evitaremos
muchas cosas. A no ser, señorías, que queramos seguir
permitiendo que algunos ayuntamientos utilicen el urbanismo
para muchas cosas, incluido el cobro de determinados impuestos
que podríamos calificar de revolucionarios, urbanísticamente
hablando.
Señor Nadal, no se extrañe; hay más de ocho mil municipios en
nuestro país y usted no debería poner la mano en el fuego por
nadie, no vaya a ser que le pase como a algún responsable del
Gobierno socialista, que se le vaya a quemar por haber puesto
la mano en el fuego por actitudes políticas y personales que
luego no han podido garantizar.
Gracias, señorías. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Martínez. Para fijar la posición del Grupo Socialista, tiene
la palabra el señor Antich.
El señor ANTICH I BALADA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para fijar la posición en nombre
de mi Grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, en relación a
la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo
Catalán (Convergència i Unió) por la que se modifica el
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de
Régimen Local.
El texto refundido de la Ley del Suelo al que se ha referido
en parte alguna de sus señorías, ponentes anteriores, y al que
hace referencia también la proposición de ley del Grupo
Catalán (Convergència i Unió) no tenía legitimación para
alterar la Ley de bases y lo único que ha podido hacer es
decir, en un artículo concreto, el 124, y después de referirse
a la publicación del acuerdo de aprobación definitiva, que,
respecto a las normas urbanísticas y ordenanzas, se estará a
lo dispuesto en la legislación aplicable, y añadir en el
artículo 131, a propósito del carácter ejecutivo del
planeamiento derivado de la
publicación de su aprobación, que esto se entiende sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124, ya que el texto
ha tenido que reconocer, muy a su pesar, la vigencia del
artículo 70.2 de la tan citada Ley de bases de Régimen Local.
Así pues, nuestro criterio sobre la conveniencia de la
iniciativa parlamentaria es totalmente favorable, basándose en
el principio precisamente de seguridad jurídica, pues la
jurisprudencia del Tribunal Supremo, tras alguna sentencia en
que entendió que el artículo 70.2 se refería a las puras
ordenanzas municipales de edificación y no a las normas y
ordenanzas de los planes que se aprobasen definitivamente por
los órganos urbanísticos, no ha tenido más remedio que
inclinarse por su aplicación general, que se establece, entre
otras, en la sentencia de 10 de abril de 1990. Hay sentencias
en este sentido, por tanto, de distintos tribunales pero
incluso del Tribunal Supremo.
Cuestión posterior, como ya dijimos la vez anterior, a la
indudable conveniencia de la modificación propuesta es la de
la redacción concreta y literal que se formula en este caso y
en la que hay dos puntos que es preciso aclarar.
El primer punto es el referente a los catálogos. El texto
refundido de la Ley del Suelo contempla dos clases: los
contenidos en el artículo 93, de aprobación simultánea con el
planeamiento, y los recogidos en el 123 que no se contuvieran
en el planeamiento y respecto de los que, sobre todo, no se
ven razones para equipararlos a las ordenanzas municipales a
efectos de su publicación, sino que debe entenderse que son
análogos a otros documentos de planeamiento y considerarse que
no es necesaria su publicación. El segundo extremo del que
resulta necesario ocuparse es el del órgano que aprueba
definitivamente el planeamiento, bien sean los ayuntamientos,
bien otros
organismos, por ejemplo, la Comisión provincial de Urbanismo,
etcétera, ya que, en este sentido, no todas las comunidades
autónomas tienen la misma regulación.
Nuestro Grupo parlamentario cree que ha de darse el mismo
tratamiento al planeamiento aprobado por los ayuntamientos que
al aprobado por los órganos urbanísticos y exigir sólo la
publicación de la aprobación. Aunque no pretendo entrar en
polémica con otros portavoces, al menos, desde mi doble
condición de Diputado pero también alcalde, ruego, tanto a los
ponentes del Grupo de Izquierda Unida como a los del Grupo
parlamentario Popular, que hablen con sus alcaldes. Yo no sé
si con los de Izquierda Unida, pero puedo asegurarle que con
los de Iniciativa per Catalunya; que hablen con los alcaldes
de Sabadell, Sant Feliú, Prat de Llobregat, Rubí y verán lo
que les dicen. El Grupo parlamentario de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya nos tiene acostumbrados muchas veces
a que una cosa es lo que dicen aquí sus representantes y otra
la que dicen sus alcaldes en sus pueblos.
Señora Ponente del Grupo Popular, yo no pongo la mano por
nadie, pero creo que los alcaldes del Grupo Popular, que hay
muchos en toda España, les deberían merecer mucha mayor
confianza. Me parece que esta es una aspiración de todos los
municipios, dada la situación en que se encuentran. Pienso
sinceramente que la proposición, como se ha dicho, del Grupo
Catalán (Convergència i Unió) es mejorable y en ese sentido
irá nuestro trabajo como Grupo, pero quede claro que la
voluntad de transparencia, de rapidez en la publicación, es
una aspiración de todos los grupos y, por supuesto, de todos
los alcaldes.
Termino, señorías, indicando que la posición del Grupo
Socialista va a ser votar a favor, anunciando ya desde aquí la
presentación de enmiendas parciales en los ulteriores trámites
parlamentarios. Muchas gracias. (El señor Nadal i Malé pide la
palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Nadal.
El señor NADAL I MALE: Señor Presidente, desearía un brevísimo
turno, por alusiones.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pero un turno, ¿en
base a qué?
El señor NADAL I MALE: De réplica, en función de las
alusiones.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Nadal, en alguna
intervención, concretamente en la de la portavoz en este
debate del Grupo Popular, S.S. ha sido citado reiteradamente,
pero esta Presidencia, que ha estado muy atenta a la
intervención de la señora Martínez Saiz, no ha visto que
hubiera ninguna alusión con una valoración negativa de S.S. En
consecuencia, esta Presidencia entiende que no ha lugar a un
turno.
El señor NADAL I MALE: Tiene razón el señor Presidente, quizá
no vale la pena.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vamos a pasar a la
votación. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), por la que se modifica el artículo 70.2
de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Comienza la votación (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 314; a favor, 173; en contra, 139; abstenciones,
dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, POR LA QUE
SE INSTA AL GOBIERNO A ADOPTAR DETERMINADAS MEDIDAS DE APOYO
EN RELACION CON LA CRISIS DE LA EMPRESA AUTOMOVILISTICA
SANTANA MOTOR Y DE LINARES (JAEN) Y SU COMARCA (Número de
expediente 162/000095)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR SOBRE MEDIDAS A ADOPTAR POR
EL GOBIERNO ANTE LA GRAVE CRISIS QUE AFECTA AL SECTOR DEL
AUTOMOVIL, Y EN CONCRETO A LA EMPRESA AUTOMOVILISTICA SANTANA
MOTOR (Número de expediente 162/000097)
El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día,
proposiciones no de ley. Proposición no de ley del Grupo
Socialista por la que se insta al Gobierno a adoptar
determinadas medidas de apoyo en relación con la crisis de la
empresa
automovilística Santana Motor y de Linares (Jaén) y su
comarca. Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Martín Mesa. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la
Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por favor, señorías,
ocupen sus escaños. (Pausa.)
Cuando quiera, señoría.
El señor MARTIN MESA: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, el pasado día 22 de marzo, con motivo del debate
suscitado por la moción presentada por el Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida, sobre medidas a adoptar en relación con la
crisis de Santa Motor, anuncié, desde esta tribuna, tras
justificar nuestra oposición a aquella moción, la inmediata
presentación de una proposición no de ley por la que se
instara la adopción de medidas de apoyo en relación con la
crisis de esta empresa automovilística y de la inducida por la
misma en la comarca de Linares y en toda la provincia de Jaén.
Dos días después, el 24 de marzo, fue presentada en el
Registro de la Cámara y, tras su calificación por la Mesa, hoy
procedemos a su debate.
Puesto que ya se han producido dos amplios y densos debates en
torno a la crisis de Santana y de Linares (uno de ellos el día
9 de marzo, con motivo de la interpelación urgente, y el
segundo, el día 22 de marzo, con motivo de la moción antes
mencionada), en esta ocasión, señor Presidente, habremos de no
reiterar argumentos y razonamientos ya ampliamente expuestos y
conseguir que, definitivamente, la Cámara adopte una
resolución --en este caso, bajo la fórmula de proposición no
de ley--, clara e inequívoca, de apoyo a Santana, a Linares, a
Jaén y, a ser posible --ésa es nuestra intención-- con un
amplio respaldo de los diferentes grupos parlamentarios. Una
resolución, en
definitiva, que, con parecido o idéntico tenor, ya ha sido
aprobada, con amplio consenso, por el Parlamento Europeo, por
el Parlamento de Andalucía, por la totalidad de los
ayuntamientos de la comarca de Linares, por la Diputación
Provincial de Jaén y por una inmensa mayoría de los
ayuntamientos de la provincia, e incluso por gran número de
ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Señoras y señores Diputados, ha llegado la hora, después de
más de dos meses de conflicto, de hacer un esfuerzo por parte
de todos y aprobar, con amplio consenso, como decía antes, una
proposición no de ley que
muestre el apoyo del Congreso de los Diputados a Linares, a su
población y, en definitiva, a los trabajadoresde Santana
Motor; y algo que todavía es más importante y que me
permitirán que diga, que se propicie la adopción de medidas
que permitan, por una parte, el mantenimiento de Santana Motor
como empresa fabricante de automóviles, con capacidad
industrial, tecnológica, comercial y financiera propia, y, por
otra parte, el mantenimiento de la actual estructura
industrial de Linares, así como la instalación de nuevas
empresas industriales que permitan recuperar el tradicional
nivel de industrialización de la zona. Estos, y solamente
estos, son los objetivos, señorías: mantener Santana, mantener
la actividad laboral, industrial y económica de Linares. En
este contexto, señorías, es indudable que se están dando pasos
importantes, por lo que, a pesar de la gravedad de la
situación, no podemos dejar de confiar en que se pueden
encontrar soluciones al difícil problema de Santana Motor de
Linares.
Así, por ejemplo, como ustedes conocen, se ha constituido una
ponencia técnica, integrada por representantes de la empresa
Suzuki, por representantes de los trabajadores y con presencia
igualmente de la Junta de Andalucía, que tratará de negociar y
aprobar un plan de viabilidad para Santana.
Esta ponencia técnica ya se reunió la semana pasada, hoy
martes ha vuelto a reunirse, se reunirá el próximo jueves e
incluso tiene previsto reunirse dos días más durante la semana
próxima. Es verdad que el miércoles pasado, en la reunión
celebrada en la Consejería de Trabajo, se daba por finalizado
el período de consultas y la empresa ya puede instar el
expediente de
regulación de empleo. Sin embargo, ello no impedirá en
absoluto que continúe la negociación.
El Ministerio de Industria y Energía, por otra parte, como
ustedes también conocen, ha establecido negociaciones con
Suzuki para disuadirle del abandono de la sociedad y ha puesto
claramente de manifiesto su disposición de ayuda para
refinanciar la deuda y los pagos, tanto a la Hacienda pública
como a la Seguridad Social.
La Junta de Andalucía, por otra parte, ha reiterado hasta la
saciedad --ustedes lo conocen-- su total disposición para
instrumentar las medidas financieras que sean precisas y ello
de cara a afrontar la crisis, tanto de Santana como de Linares
y su comarca.
El Instituto de Fomento de Andalucía también es conocido, va a
prestar avales a la empresa suministradora, cuya dependencia
de Santana sea superior al 20 por ciento de su facturación, al
objeto de poder acogerse a los créditos contemplados en el
convenio Junta de Andalucía-entidades financieras, concediendo
una subvención variable de tipo de interés de manera que
elcoste de los créditos en ningún caso supere el 4 por ciento.
El sector de la automoción español y europeo, señoras y
señores Diputados, conocen perfectamente que está atavesando
en la actualidad una importante crisis de demanda, lo que ha
provocado, lógicamente, un exceso de capacidad productiva, que
se refleja, asimismo, en las empresas auxiliares y de
componentes y en una disminución, en definitiva, de la
actividad económica y de distribución de la comercialización
de vehículos.
Pues bien, para afrontar esta situación y con el fin último de
estimular la demanda, el Gobierno ha aprobado --y esta Cámara
ha tenido conocimiento de ello-- un Real Decreto-ley de 8 de
abril de 1994, por el que se conceden ayudas a los adquirentes
de automóviles nuevos, siempre que den de baja otro de su
propiedad con una antigüedad superior a diez años.
Podíamos continuar en esta línea con una serie de acciones ya
puestas en marcha. En este momento cabría preguntarnos: ¿Nos
parecen suficientes todos los pasos que se han dado hasta la
fecha? Señora y señores Diputados, es evidente que todo lo que
se está instrumentando, con ser necesario, no es suficiente, a
nuestro juicio, por lo cual el Grupo Socialista ha presentado
a la consideración de la Cámara una proposición no de ley que
lo que pretende es sencillamente, en primer lugar, que se
continúen realizando las gestiones necesarias para asegurar el
mantenimiento de Santana Motor como empresa fabricante de
automóviles y no como una simple planta de montaje. En segundo
lugar, aplicar, de acuerdo con las previsiones legales, los
fondos públicos que sean necesarios para apoyar los proyectos
de inversión que garanticen el mantenimiento del nivel de
industrialización de la comarca de Linares, tanto en lo que
afecta a Santana como a las empresas auxiliares y de
componentes. En tercer lugar, habrán de ponerse en marcha los
mecanismos legales y financieros de índole comunitaria, de
índole estatal o autonómica que permitan la creación de un
parque industrial, así como incentivos suficientes que
garanticen, por una parte, el mantenimiento de la actual
estructura industrial de Linares y, por otra, la instalación
de nuevas empresas industriales que permitan --y en esto
queremos poner especial énfasis-- la recuperación del
tradicional nivel de industrialización de la comarca de
Linares.
Señor Presidente, y ya para terminar la defensa de nuestra
proposición, quiero insistir hoy --como lo hacíamos en la
intervención que tuvimos el pasado día 22 de marzo-- en que la
crisis de Santana reviste unas características especiales por
la enorme repercusión que tiene en la economía de la comarca
de Linares y en toda una provincia, la de Jaén. Y algunas
cifras son claramente significativas.
Señorías, Santana representa el 65 por ciento del empleo
industrial de Linares o el 70 por ciento de la renta
industrial del municipio; el 12 por ciento del empleo
industrial de Jaén o el 14 por ciento de la renta industrial
de la provincia. En definitiva, el 20 por ciento de la renta
de Linares o el dos por ciento de la renta provincial. A ello,
que sería lo que podríamos denominar efectos directos, habría
que unir una serie de efetos indirectos, derivados, todos
ellos, de las relaciones de dependencia de Santana con más de
30 empresas auxiliares, suministradoras de componentes, de
conjuntos funcionales y de productos y servicios auxiliares,
que, en su conjunto, dan empleo en torno a 2.000 trabajadores.
Además, las graves repercusiones que esta crisis está teniendo
ya en el comercio, en la hostelería, en la construcción,
etcétera. Señor Presidente, en el ánimo de consenso y de que,
a ser posible, la Cámara esta tarde aprobara una resolución
con el apoyo, si no unánime sí absolutamente mayoritario, de
los señores Diputados, el Grupo Socialista, en relación a la
proposición no de ley que presenta el Grupo Popular, ha de
manifestar su acuerdo, su coincidencia, con gran parte de
ella, pero igualmente ha de presentar algunas enmiendas,
muchas de ellas de carácter técnico, cuya aceptación
propondríamos al Grupo Popular, al objeto de poder votar
conjuntamente las dos proposiciones.
Así, en el punto primero --y están presentadas por escrito--
propondríamos sustituir el plan industrial por un plan de
viabilidad, que es lo que realmente se está negociando. Igual
propondríamos, en el punto segundo, cambiar plan industrial
por plan de viabilidad. El punto tercero lo apoyaremos tal
cual, igual que el punto cuarto. Proponemos al Grupo Popular
la retirada del punto quinto de su proposición, porque creemos
que el punto cuarto de la nuestra puede ser más completo,
puede tener una redacción más afortunada. Igualmente pedimos
la retirada del punto sexto de la proposición. Además,
señorías, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
ha presentado una transacción a este punto en el sentido de
que se prosigan estudiando en el campo de la fiscalidad los
mecanismos necesarios para hacer cada vez más competitivo el
sector de la automoción. Y nosotros propondríamos al grupo
proponente, en este caso Convergència i Unió, siempre que el
Grupo Popular tenga a bien aceptar esta transacción, una
transaccional en el sentido de que el punto sexto pasara a ser
del siguiente tenor --y he pasado a la Presidencia--: que
prosiga estudiando, en el campo de la fiscalidad, la
posibilidad de adoptar mecanismos que hagan cada vez más
competitivo el sector de la automoción. Esta sería la
propuesta. Y respecto al punto séptimo de la propuesta del
Grupo Parlamentario Popular, propondríamos su supresión y su
sustitución por un párrafo que comenzaría diciendo: Asimismo,
el Congreso de los Diputados manifiesta su voluntad de que la
Administración competente elabore...Y a partir de ahí,
literalmente, respetaríamos la redacción que le da el Grupo
Popular.
Señorías, esta no es sino una manifestación --como decía al
principio-- de la voluntad del Grupo Socialista de llegar al
mayor consenso posible para que el Congreso de los Diputados
muestre su apoyo a Santana y al pueblo de Linares.
Con relación a la enmienda presentada por el Grupo Vasco
(PNV), tengo que manifestar...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Martín Mesa, el
turno que está consumiendo S.S. es para la defensa de la
proposición no de ley y de la enmienda que presenta a la
proposición no de ley el Grupo Popular. En cualquier caso,
como no se sabe si el Grupo Popular va a aceptar o no la
enmienda y como la enmienda del PNV es a la proposición no de
ley presentada por el Grupo Socialista, una vez defendida las
enmiendas, tanto la del Grupo de Izquierda Unida como la del
Grupo Vasco (PNV), S.S. tendrá ocasión de manifestar o no la
aceptación de estas enmiendas.
El señor MARTIN MESA: Perfecto, señor Presidente. Tenía
entendido por las gestiones que realicé antes de defender la
enmienda, que mi intervención iba en este sentido para
simplificar. Con muchísimo gusto guardo argumentos para
contestar a las enmiendas presentadas por los grupos
enmendantes a la proposición del Grupo Popular.
Termino, señor Presidente, manifestando que Santana, Linares y
Jaén exigen una solución. Señorías, la presente proposición no
de ley aspira sencillamente a mostrar la solidaridad del
Congreso con la población de Linares y a contribuir a alcanzar
esa solución.
Es todo. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Martín
Mesa. Para la defensa de la proposición no de ley del Grupo
Popular, sobre medidas a adoptar por el Gobierno ante la grave
crisis que afecta al sector del automóvil y en concreto a la
empresa automovilística Santana Motor, tiene la palabra el
señor Puche.
El señor PUCHE RODRIGUEZ-ACOSTA: Señor Presidente, señorías,
ha transcurrido más de un mes, más de dos meses incluso, desde
que se iniciara la crisis de Santana Motor. En ese período de
tiempo se han realizado, como ustedes habrán podido apreciar
multitud de declaraciones, multitud de manifestaciones, de
concentraciones, incluso de marchas de trabajadores tanto a
Madrid como a Sevilla, y multitud de declaraciones, como les
decía, de todo tipo. Sin embargo, durante estos dos meses,
señorías, no apreciamos todavía que se perfile ninguna
solución a este enorme problema de tanta trascendencia social,
económica y política.
Por ello, señorías, el Grupo Popular presentó en su día en el
Registro de la Cámara una proposición no de ley para su debate
en este Pleno con la sana intención de tratar de buscar alguna
solución y con un objetivo fundamental, claro y terminante,
como era --y sigue siendo-- intentar la participación del
Gobierno en la salvaguarda y en el mantenimiento de Santana
Motor como empresa fabricante de automóviles; intentar,
asimismo, la participación del Gobierno en la potenciación de
una serie de iniciativas empresariales alrededor de Santana
que permitiesen la creación de nuevos puestos de trabajo, y
era nuestro objetivo --y sigue siendo nuestro objetivo
fundamental-- intentar implicar al Gobierno --que, por cierto
se ausenta en este momento en un debate tan importante, al no
estar presente el Ministro de Industria-- en algo que nos
parece fundamental, como es el establecimiento de una adecuada
política industrial que permita no solamente el saneamiento
del sector del automóvil sino también algo tan fundamental
como la consolidación de la industria auxiliar del automóvil,
que mantenga esas pequeñas, grandes y medianas empresas
vinculadas a ese sector que tan importante servicio ha venido
desempeñando en los últimos tiempos. Esa era la intención del
Grupo Popular al presentar esta proposición no de ley.
Señorías, yo creo que en relación con Santana Motor, dentro de
la crisis económica por la que atraviesa España y de las
dificultades que atraviesa el sector del automóvil --de las
que ustedes son conocedores--, fue el incumplimiento del laudo
arbitral de 1993 (que, comoSS.SS. saben, pretendía la
consolidación y la viabilidad de Santana Motor a través de una
serie de medidas industriales, económicas y laborales) el que
motivó la suspensión de pagos por parte de la empresa.
Señorías, créanme si les digo que desde el mismo momento en
que se presenta la suspensión de pagos por parte de Santana
Motor, el sector industrial andaluz sufre una fuerte
convulsión; convulsión que si la unimos a la crisis por la que
ya atravesaba el sector con motivo de la crisis naval, con
motivo de la crisis química, con motivo de la crisis de la
minería o con motivo de la crisis del sector pesquero, hace
que el sector industrial entre en un claro deterioro en
Andalucía que desde luego permite incluso no solamente acabar
con nuestro sector productivo, sino que abre fundamentalmente
una importante sangría de pérdida de puestos de trabajo en una
Comunidad Autónoma como es la andaluza. Para ser exactos,
señorías, ante esta situación de marasmo en el sector
industrial de Andalucía con motivo de la presentación de la
suspensión de pagos de Santana Motor, a nosotros nos preocupan
algunas cuestiones. Al Grupo Popular le preocupa, en primer
lugar, el marco en el que se está desenvolviendo esta crisis,
y para ser más exactos en el marco, yo tengo que decirles
señorías que en el año 1993 más de 90.000 trabajadores del
sector de la automoción se han visto sometidos a un expediente
de regulación de empleo. En el año 1993 el volumen de ventas
del sector de la automoción pierde un 26 por ciento con
respecto al año 1992. Señorías, el sector de la automoción en
España está suponiendo en este momento para el Estado español
más de dos billones de pesetas, que viene a representar el 5,5
del producto industrial bruto nacional; más de la cuarta parte
de las exportaciones en España proceden del sector de la
automoción, que da empleo a más de dos millones de
trabajadores de forma directa y de forma indirecta. Señorías,
somos los quintos fabricantes de automóviles en el mundo, los
terceros fabricantes en Europa, detrás de Alemania, Inglaterra
y Francia, y, señorías, es un sector que se está incrementando
y que ha hecho unas inversiones en conjunto durante el año
1992 de más de 350.000 millones de pesetas. Eso, señorías,
quiere decir que estamos, nada más y nada menos, ante uno de
los grupos de cabeza que tiran de la industria locomotora de
toda la industria de la economía nacional. De ahí, como decía,
la enorme preocupación del Grupo Popular por el marco en que
se está desenvolviendo esta crisis.
Pero es que también al Grupo Popular le preocupa en segundo
lugar, señorías, la política económica que ha venido aplicando
el Gobierno durante los últimos tiempos, una política
económica que no ha favorecido el desarrollo de un marco
estable, de un marco competitivo que hubiese permitido un
desarrollo armónico de las empresas industriales españolas y
que, en definitiva, hubieran permitido un funcionamiento
creciente de las mismas. Es decir, creo que se ha dicho en
esta Cámara en alguna ocasión, esa política económica actúa y
ha actuado negativamente precisamente sobre el sector
industrial, que es el que más sujeto está a la competencia
exterior, tanto a esos sectores que se dedican a la
exportación como a los sectores que compiten con las propias
importaciones.
Señorías, Santana Motor ha sido el claro y típico ejemplo de
cómo las empresas industriales en España no han podido
funcionar dentro del contexto general de la economía española
caracterizada, como ustedes saben, durante los últimos tiempos
por un déficit presupuestario alarmante, por unos elevados
tipos de interés, por una sobrevaloración de los tipos de
cambio, hasta que ha llegado la devaluación de la peseta,
señorías, por una fiscalidad desestimulante y por un mercado
de trabajo antiguo, arcaico y, cómo no decirlo también,
obsoleto. (La señora De Palacio Valle-Lersundi: ¡Muy bien!)
Es por eso señorías por lo que a nosotros nos preocupa también
en consecuencia, en tercer lugar, que se pueda dar la
sensación de que estamos en una tremenda política de
condescencia con las multinacionales. No decimos que se dé,
sino que se pudiera dar la sensación por parte del Gobierno
español de que estamos en tremenda política de condescendencia
con ella, puesto
que parece dar la impresión de que se les permite desmantelar
cuando quieren, que se les permite abandonar ocupación y se
les permite abandonar producción en España; se les permite
incluso acabar con nuestro sistema de trabajo y con nuestro
sistema de bienestar social y, desde luego, se les permiten
también acabar en muchos casos con nuestra economía social con
un paro creciente.
Y también hay algo que nos preocupa fundamentalmente y que
debiera preocupar a esta Cámara y que creo que debe ser el
elemento fundamental a tener en cuenta en esta crisis. Es algo
que se llama la infraudación de los mercados, es decir, cómo
las multinacionales viene a España, cómo se instalan en
nuestro país, cómo compran nuestras empresas y luego, por
razones de competitividad o por razones de costos laborales,
marchan a los países del Tercer Mundo, en su perfecto derecho,
pero infraudan nuestros mercados, impidiendo que surja de
nuevo la competencia interna a través de nuevos competidores
de la industria nacional. Señorías, creo que ha llegado el
momento --y soy consciente de que ese es un problema genérico-
- de que los gobiernos europeos se planteen ante la Unión
Europea algún tipo de medidas que evitara el movimiento de
estas transnacionales que producen estos importantes y graves
problemas sociales, como está ocurriendo en el que nos ocupa,
en el tema de Santana Motor.
Señorías, creo que la crisis de Santana Motor ha puesto encima
del tapete tres realidades que son incuestionables. La primera
es la falta de potencia del sector productivo jienense y del
sector productivo andaluz, que evidentemente corre tremendos
riesgos en una
situación de marasmo como la que se está viviendo, con una
complicada situación económica nacional y con una complicada
situación económica internacional. En segundo lugar, señorías,
pone sobre el tapete la falta de rigor de una gestión política
que hubiese permitido la diversificación de la producción para
haber blindado al máximo las posibilidades de riesgo. Y en
tercer lugar, señorías, pone encima de la mesa algo que nos
parece fundamental a los jienenses, y es la cultura
empresarial
japonesa, la cultura empresarial de Suzuki, que desde que
llega a Jaén, desde que se instala en Linares, no hacho nada
por identificarse con la población, no ha hecho nada por
identificarse con sus carencias estructurales ni con sus
problemas de desarrollo.
Por tanto, señorías, creo que es claro y terminante que
Suzuki, en este caso Santana Motor, es una empresa clave para
Andalucía y para Jaén. yo diría que es igual de importante que
lo puede ser la Seat para Cataluña, igual de importante que
puede serlo la siderurgia o la minería para el caso del País
Vasco o de
Asturias. En Andalucía, señorías, el tejido industrial está
totalmente descompuesto, y el débil tejido industrial de
Andalucía, sin ningún género de duda, está atravesando por una
difícil situación en un momento en que el paro es creciente,
con una tasa de 10 puntos por encima de la media nacional. En
Jaén, para la débil estructura industrial, para el debilísimo
tejido industrial de Jaén sería tremendamente perjudicial si,
por casualidad y por desgracia, se suprimiera esta empresa,
esta factoría, que provocaría un desequilibrio tremendo en los
conflictos sociales y, desde luego, generaría graves
conflictos en la provincia.
Es por eso por lo que nosotros creemos, y es el objetivo de
esta proposición no de ley, que el Gobierno, que también ha
sido de forma importante responsable de la situación por falta
de una adecuada política económica y por la ausencia total de
una política industrial, tiene hoy el compromiso y la
obligación de asumir esa cuota con la provincia para intentar
que los jienense afronten el futuro con esperanza. Con ese
ánimo traemos hoy esta proposición no de ley al Congreso de
los Diputados; una
proposición no de ley en la que solicitamos del Gobierno que
se proponga a la empresa Santana Motor un plan industrial, un
plan económico, un plan financiero y un plan laboral, para
que, en el contexto de una adecuada política macroeconómica y
de una política industrial posible, permita el mantenimiento
de Santana Motor como empresa, insisto, con capacidad
productiva, con capacidad industrial y con capacidad
tecnológica. Nosotros solicitamos del Gobierno que propicie la
entrada del comité de empresa en la participación y en la
negociación de ese plan industrial.
Creemos, asimismo, que a la vista de las tremendas
dificultades económicas por las que atraviesa en estos
momentos la comarca de Linares, sería de todo punto necesario
hacer todos los esfuerzos posibles para intentar, en línea con
la Unión Europea, hasta los límites que ésta marca, conseguir
mantener al máximo el número de puestos de trabajo del que en
este momento dispone Santana Motor. Creemos importante que se
realice un estudio económico de los aspectos sociales, de los
aspectos económicos, de los aspectos laborales de las
industrias vinculadas a Santana Motor que permitan y consigan
su mantenimiento. Creemos que es
fundamental para Santana Motor, y para otras industrias
autonomovilísticas españolas, que se supriman determinados
impuestos especiales, como el de matriculación, que permitiría
adaptar el sistema impositivo de este sector al de otros
sectores económicos españoles y, por supuesto, de otros países
europeos. Y, señorías, creemos que es fundamental, y es el
último punto de nuestra proposición no de ley, que se
establezca por parte de las administraciones competentes...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Puche, vaya
concluyendo, por favor.
El señor PUCHE RODRIGUEZ-ACOSTA: Termino, señor Presidente.
... que se establezca, como decía, por parte de las
administraciones competentes, un plan industrial de las
posibilidades de desarrollo de Andalucía, de acuerdo con la
normativa y con la resolución que aprobó en su día el
Parlamento Europeo.
Termino, señor Presidente, como no podía ser menos,
solicitando el apoyo de esta Cámara para esta proposición no
de ley. Lo hago, fundamental y sinceramente, porque creo que
en esta Cámara hoy nadie puede llamarse a engaño. Si, por
desgracia, Santana Motor tuviera que desaparecer, cosa que
esperamos que no suceda, la provincia de Jaén hoy viviría
fuertes convulsiones sociales y, evidentemente, importantes
fenómenos sociales. Si, afortunadamente, Santana Motor
siguiera su vida, a nadie le cabe duda, y creo que hay que
decirlo porque es conveniente que se sepa, que va a haber un
ajuste importante, que allí va a haber un ajuste lamentable
para trabajadores, para familias, para cientos de puestos de
trabajo de una forma directa o indirecta. Es por eso por lo
que creo que las administraciones públicas tienen hoy que
reflexionar profundamente, tienen que aprender de la amarga
lección que ha supuesto Santana Motor, y, desde luego, pase lo
que pase con Santana Motor, y yo espero que siga teniendo
viabilidad y siga funcionando, las administraciones deben ir
pensando ya en el diseño de un nuevo marco de desarrollo de
esa comarca que implique lo público y lo privado, con el
ineludible compromiso por parte del Gobierno para que los
ciudadanos de Jaén, insisto, puedan afrontar el futuro con
esperanza, puedan afrontar el futuro de sus hijos con esa
esperanza.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): A la proposición no de
ley del Grupo Socialista se han presentado enmiendas, de una
parte, por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y, de otra
por el Grupo Vasco (PNV) juntamente con el señor Albistur.
Para la defensa de la enmienda de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya y, a la vez, para fijar en el mismo turno la
posición con respecto a la proposición no de ley del Grupo
Popular, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor Presidente.
Desde que debatimos aquí sobre este tema el 16 de febrero, con
la presencia del señor Ministro, hoy ausente, el 2 de marzo,
con motivo de la interpelación de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, y el 22 de marzo con la moción que se presentó
como consecuencia de esa interpelación, el Grupo Parlamentario
del Partido Socialista Obrero Español y, consecuentemente, el
Gobierno no ha cambiado un ápice su posición. Ante la posición
de los trabajadores, ante la posición del comité de empresa,
ante la posición de Linares, incluido su ayuntamiento, que
aprobó nuestra moción, no la que aquí ha presentado el Partido
Socialista Obrero Español, el Grupo Socialista mantiene desde
la A a la Z todas sus posiciones sin matizar ni una brizna.
Jamás se ha visto mayor recurrencia en el dogmatismo, jamás se
ha visto mayor prepotencia. Se trata quizá de echar un pulso,
de torcer, de doblegar, de vencer, no de convencer, porque yo
no he visto ni una sola matización, y lo demuestra el hecho de
que la proposición no de ley que aquí se presenta es
exactamente la enmienda que nos plantearon a la moción el 22
de marzo, sin cambiar ni una sola palabra. No hay diálogo, no
hay debate. Ustedes tienen una posición absolutamente
cristalizada y no hay posibilidad alguna de entenderse con la
izquierda, quizá sí en un ménage à trois nuevo con
Convergència i Unió y no sé si con el Partido Popular, pero se
parecen muchísimo las dos
proposiciones no de ley en esa orilla extensa de la derecha
que ustedes acaban de ampliar en la ausencia de política
industrial alguna.
No sabéis o no podéis, desde la renuncia a la política
industrial, solucionar el problema de Santana Motor; es
imposible desde esa prepotencia que no permite ningún tipo de
diálogo. Se ha cancelado la posibilidad de llegar a un diálogo
y ahora empieza la extinción parcial de contratos, ahora
empieza la renuncia a un proyecto industrial verdadero, ahora
empieza el recorte de la capacidad de vida de la comarca de
Linares y de la provincia de Jaén. Hay un problema industrial
que ustedes comprenden desde otra política, que es la ausencia
de política. La frase más famosa que en este terreno, en esta
legislatura y en la anterior, se va a hacer y va a seguir
hacia adelante marchando sola con esos pies esperpénticos que
se le han puesto, es la de que «la mejor política industrial
es la que no existe». Eso es lo que ustedes han grabado en el
emblema de su programa electoral y en su programa de Gobierno,
y no han comprendido que junto al problema de una política
sectorial, junto al problema del sector del automóvil, está el
problema territorial, el problema de un territorio que no es
igual que Cataluña. Este no es el problema de
la SEAT. No estamos en Barcelona, no estamos en la Comunidad
Autónoma de Cataluña. Estamos en otra Comunidad Autónoma muy
por debajo de la media de entre las seis últimas de todas las
regiones de la Unión Europea. No estamos en cualquier sitio.
Estamos en Linares, en la provincia última en renta familiar
de España y, consecuentemente, de Europa. No estamos en
cualquier sitio. Este problema territorial no se ha entendido;
ni desde el eje sectorial, desde la política industrial que
ustedes no tienen, ni desde el eje territorial se ha entendido
la posible solución al problema de Santana Motor. Y por
primera vez ha saltado un problema andaluz, y de Linares, de
Jaén, esa aduana que parecía que no existía para nadie, para
casi nadie, ha saltado con fuerza un problema de Estado, y con
fuerza incluso como noticia internacional. Y todo el mundo
empieza
a entender que es un problema también de índole territorial,
menos ustedes, que siguen elevándolo al nivel general de la
crisis mundial de la automoción, y no entienden las
consecuencias que tiene y que, por tanto, hay que aplicarle
métodos muy específicos y una intervención muy singular del
Gobierno. Tener política significa intervenir, y si ustedes
tienen en su mano la mitad del producto interior bruto en los
presupuestos y no intervienen, en ese «dejar hacer» están
ustedes hundiendo la industria nacional, están ustedes
hundiendo el empleo nacional y, por descontado, con mucha más
rudeza, la industria y el empleo en Andalucía. Todo el mundo
lo entiende, mucha gente lo entiende, menos vosotros, ex
compañeros del Partido Socialista Obrero Español. Aquí lo
único que se escuchan son balbuceos, auténticos balbuceos, no
hay otra cosa. O se escuchan engaños. Hemos oído a don Felipe
González decir, después del tema de Linares-Baeza, cuando se
reprimió bruscamente a los trabajadores y se dejó a uno sin un
ojo, que íbamos a negociar un plan industrial. ¿Dónde está ese
plan industrial? ¿Cómo hablo don Felipe González, sin
conocimiento de causa? ¿No distingue don Felipe González entre
un plan de viabilidad, un plan financiero y un plan
industrial? ¿O qué es lo que está pasando aquí? O como el
señor Zarrías, Senador responsable del Partido Socialista en
la provincia de Jaén, que acaba de decir que este problema se
solucionará antes de finales de mayo. ¿Por qué se sigue
mintiendo de esta manera? Hasta la misma Junta de Andalucía ha
desmentido esta posibilidad, porque dicen que no hay encima de
la mesa ningún plan industrial que negociar; sólo existe un
plan de viabilidad, y desde el 16 de febrero, el señor
Eguiagaray se ha subido aquí con las palabras, esta vez en
castellano, de la Suzuki, como
representante de la Suzuki, como menestral de la Suzuki, no
como Ministro del Gobierno español y de los trabajadores
frente a los intereses de la multinacional Suzuki. No se ha
sabido retener, mantener, defender la dignidad nacional, y
esta respuesta que ustedes le dan aquí es meramente simbólica
y no llega, ni con mucho, a lo que ha aprobado el propio
Ayuntamiento de Linares cuyo alcalde, por cierto, en función
de cómo va la dinámica de la lucha, ha entrado en total
contradicción y, naturalmente, va a chocar con estaspropuestas
absolutamente vaporosas e
irresponsables que desde aquí se hacen. Ustedes sólo responden
con complicidad o con represión, y no hay otra forma de
entender las cosas. No crean que la lucha termina mañana,
cuando lleguen los trabajadores a Sevilla (duermen hoy en
Alcalá de Guadaira, junto a los de Gillette, y se desplazan
andando a Sevilla). No crean que la lucha termina cuando
llegue aquí el viernes la otra marcha que viene desde Linares
andando. La lucha no va a
terminar. No crean ustedes que dividen, que cansan, que
vencen. O convencen ustedes, o la lucha va a seguir en este
terreno y en otros muchos hasta que se recupere la posibilidad
de una política que gire a la izquierda y que gire a la
realidad. Parece como si la realidad les viniera grande. Esa
política que ustedes hacen, basada en la jardinería política
del bonsái, no sirve para esta realidad. Parece como si
ustedes hubieran echado cuentas y les sobraran tres millones
de españoles y españolas, y hacen una política restrictiva,
absolutamente contraindustrial,
absolutamente contra zonas deprimidas del Estado, como es la
Comunidad Autónoma andaluza y, dentro de ella, muy
específicamente, la provincia de Jaén. Hay una solución desde
otra política. ¿Qué plantearon ustedes el 16 de febrero, el 2
de marzo, el 22 de marzo, hoy mismo, qué plantean ustedes?
Porque coinciden exactamente lo que dijeron el primer día del
conflicto, el 16 de febrero, con lo que dicen hoy, cuando han
pasado ya más de dos meses. Ustedes plantean: hay que asegurar
el mantenimiento de Santana Motor. ¡Nadie duda de que se va a
mantener Santana Motor al nivel que sea! El problema no es
ese. El problema no es decir a la gente: o poco o nada. No,
no, Suzuki no se va; Suzuki no se puede ir; no nos vengan con
chantajes. No se puede ir mientras Hungría no entre en la
Unión Europea, porque no tendrían otra plataforma de entrada
de producción si no es a través de Santana Motor y de las
empresas ubicadas en España. Por tanto, no hablen ustedes de
que es o una parte o nada. No es ese el problema por ahora.
En segundo lugar, ustedes hablan de un ajuste industrial,
siempre de un ajuste industrial. No hay plan industrial sobre
la mesa y nos hablan de ajuste industrial recurrentemente, de
manera reiterativa, obsesiva. ¿Qué es lo que hay que ajustar,
sobre qué plan, si no ha planteado nadie un plan, ni la Junta,
ni el Gobierno central, ni la empresa? Sólo lo han presentado
los trabajadores y lo aprobaron, junto a Suzuki y junto a la
administración autonómica, en el laudo de marzo de 1993. Hace
muy poco se aprobó el plan industrial. Se aprobó que tenía que
subir la productividad: ha subido un 14 por ciento. Se aprobó
que se mantenían los puestos de trabajo: 2.400 se han de
mantener. Se aprobó la producción industrial tal como viene en
el laudo. Ya se aprobó, ése es el plan industrial, negociemos
sobre él. Ustedes dicen que el laudo no vale, no sirve.
En el punto tercero nos dicen que hay que estimular los
mecanismos legales y financieros. ¿Qué quiere decir estimular?
¿Qué quiere decir exactamente esto? ¿Qué quiere decir esta
fórmula vaporosa de estímulo en abstracto sobre mecanismos
legales y financieros que en absoluto han funcionado en otros
temas, excepto en la Thyssen, excepto en Banesto, excepto en
una serie de sectores en los que ustedes sí intervienen con
dinero público, y mucho, y sin garantías jurídicas en la
inmensa mayoría de los casos? En el punto cuarto nos dicen
ustedes: Establecer las líneas de una política industrial
adecuada. ¿Quiere decir
que la que había hasta ahora o no existía o era inadecuada?
Pues establezcan ustedes las líneas de una puñetera vez,
porque no las conocemos. ¿Cuáles son las líneas de una
política industrial adecuada en este país? Aquí se dice
adecuada. Quiérese decir que la anterior era absolutamente
inadecuada o yo no entiendo el castellano. Pues bien, en poco
tiempo, aunque no tiene nada que ver en concreto con este
problema, traigan ustedes aquí un programa, vinculante en
plazo y dinero, de política industrial. De acuerdo, en ese
sentido va la enmienda que nosotros les planteamos. En quinto
lugar, ustedes hablan de propiciar la negociación entre
empresa y trabajadores para elaborar un plan de viabilidad, no
un plan industrial --como dijo don Felipe González, por
cierto--, un plan de viabilidad que garantice el máximo nivel
de producción y empleo. Cuál es el máximo nivel cuando les han
dicho ustedes a los trabajadores: negocien ustedes solos con
la empresa, negocien entre ustedes quiénes se van, cuándo y
cómo, y sobre el plan de viabilidad negocien ustedes también
con la empresa, no en función del laudo de marzo de 1993 sino
en función de nada, de aire, en función de necesidades
financieras que ha marcado la Suzuki y que ustedes no han
cuestionado, y han estado meses y meses negociando en Tokio
tanto el señor Moltó, Secretario de Estado, como el señor
Eguiagaray, Ministro. ¿Sobre qué hay que negociar? ¿Sobre el
cansancio de los trabajadores, sobre su división, sobre su
miedo? Nosotros planteamos la única alternativa posible, que
no es exclusivamente nuestra, es la alternativa de los
trabajadores, es la alternativa que han votado muchos
ayuntamientos, incluido el de Linares, es la alternativa que
se está elaborando por la gente que cree que hay salida, como
defensa de un sector industrial español, siempre que se
protejan los intereses nacionales, siempre que no seamos los
primeros de la clase en neoliberalismo, siempre que nos
protejamos en algún grado ante los que se protegen e incluso
se blindan de una manera específica, interviniendo
públicamente, como se interviene en otros sectores, como se
está interviniendo descaradamente, sin auténtica participación
democrática, en otros sectores.
Planteamos la necesidad de que, en el primer párrafo general
que ustedes ponen aquí, se añada: «...Así como para mantener
los puestos de trabajo actualmente existentes», es decir,
2.400 puestos de trabajo. En el segundo punto planteamos la
necesidad de elaborar una solución compartida con la
Administración andaluza y los representantes de cara a la
participación del dinero público en el accionariado de la
empresa; dinero público con control público, no subvenciones
sin control, como se ha hecho en la Volkswagen. No nos hablen
ustedes de otros
dogmatismos, no. La Volkswagen en Alemania, la Daf en Holanda,
la Renault es pública, y aquí ¿qué pasa, que somos los
primeros de la clase en neoliberalismo? ¿Por qué no seguimos
en este sentido la senda de muchos países europeos, de muchos
gobiernos, incluso de la Democracia Cristiana y, desde luego,
socialdemócratas? ¿Qué es lo que pasa aquí para no intentar
salvar Santana, con ese socio que pide la Suzuki, con una
plataforma comercial que no puede encontrar en ningún otro
país de cara a la inserción de productos que hay que elevar
tecnológicamente en todo el mercado de la Unión Europea? En el
tercer punto pedimos un plan integral, al que ustedes aluden
en abstracto, borrachos otra vez de humo, en el sentido de
marcar plazo y dinero. Vamos a dejarnos de abstracciones.
¿Cuándo y cuánto en ese plan de empresas auxiliares? No valen
más
declaraciones en un momento muy grave que está pasando
Andalucía. En el punto cuarto, nosotros hablamos de que hay
que ir a un plan industrial en tres meses, ese plan que
ustedes dicen que hay que traer en política, esta vez sí.
¡Venga! En tres meses traigan un plan industrial aquí. No vale
dejarlo para el fin de la
legislatura; no vale dejarlo en el pasillo: tres meses y
discutimos un plan, por fin, de una política industrial en
este país; de acuerdo. Pero introduzcan ustedes la coletilla
de los tres meses, si no, no vale; si no, es un paño caliente;
si no, estamos debatiendo sobre algo que nunca se va a
producir
realmente; si no, estamos ante una posible comunicación del
Gobierno, sin un plan, es que estamos hablando de plan, con
plazo vinculante.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Alcaraz, vaya
concluyendo, por favor.
El señor ALCARAZ MASATS: Termino, señor Presidente.
Finalmente, nosotros pedimos que se elabore ese plan
industrial del que tanto han hablado ustedes, por lo menos el
Presidente del Gobierno; vamos a lograr el plan industrial,
naturalmente, basándonos en la única fuente que es posible en
este momento, fuente además legitimada y legal, puesto que es
un laudo firmado por la Junta de Andalucía, los trabajadores y
la empresa, que es el laudo arbitral de marzo de 1993. Vamos a
basarnos en él, vamos a un plan industrial y negociemos
simultáneamente el plan financiero, que ustedes plantean, con
este plan industrial basado en el laudo, con trabajadores y
con empresa. Lo contrario, lo que ustedes plantean, no
significa nada.
Termino, señor Presidente, diciendo que los miembros del
Partido Socialista, como los del Partido Popular, empezaron el
17 de febrero --parece haber transcurrido un siglo, pero no--
a participar en las movilizaciones, en las concentraciones, en
los mítines, en lo actos; pero en este momento ya es difícil
asistir a la entrada de las marchas en Sevilla o en Madrid, es
difícil que podáis salir a la calle junto con los trabajadores
en este momento, máxime después de esta resolución que estáis
a punto de adoptar y que no puede engañar
a nadie. Sois, simplemente, vendedores de nada en este
momento; no hay responsabilidad real aquí y no hay ningún
cambio, y está escrito a 16 de febrero, a 2 de marzo, a 22 de
marzo; es la misma posición. Por tanto, no vengáis aquí a
decir: Ahora es el momento. Pero si es que habéis reproducido
exactamente las mismas palabras y por escrito, la otra vez
como enmienda y ahora como proposición no de ley --me refiero
al 22 de marzo--. Espero ahora que no se produzca aquí, como
parece ser, un «ménage à trois» contra el empleo desde
Convergència i Unió, el Partido Popular y el Partido
Socialista Obrero Español, porque, desde ese momento, desde
este punto y hora, habríais iniciado la operación «harakiri»
contra Santana Motor, en Linares (Jaén). (Rumores.--Fuertes
protestas en los bancos del Grupo Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para defender la
enmienda presentada juntamente con el Grupo Vasco (PNV) tiene
la palabra el señor Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor
Albistur. Por favor, señorías, guarden silencio.
Cuando quiera, señor Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias.
Pedía el portavoz del Grupo Socialista el mayor consenso
posible en la aprobación de esta proposición no de ley, y yo
quisiera manifestarle, en nombre del Grupo Vasco y del grupo
al que represento, Euskal Ezkerra, nuestra solidaridad con
toda
propuesta que se realice por mantener una empresa, garantizar
el empleo y contribuir a dinamizar, en este caso, una comarca.
Y lo decimos porque el País Vasco tiene una larga tradición en
crisis sectoriales o empresariales, y nos hubiera gustado
idéntica solidaridad del Partido Socialista y de otros Grupos,
en crisis como la naval, los aceros especiales, la siderurgia,
tubos, etcétera, que hubieran también tenido eco en esta
Cámara como para haber atendido en aquellos momentos los
graves problemas de desempleo y de desaparición de empresas
que se han producido en el pasado. Pero creo que la
oportunidad de hoy estriba, sobre todo, en llamar la atención
sobre la grave situación local. A partir de esta grave
situación local, debemos tomar esta
proposición no de ley como una oportunidad de llamada de
atención al sector, porque lo que hoy ocurre en Linares puede
suceder mañana en cualquier otra comarca del amplio territorio
del Estado.
Debemos también generalizar. Yo creo que hay una crisis
generalizada en este sector, hay una crisis abierta como la
que motiva esta proposición no de ley y otra crisis callada
que se está resolviendo, en convenios o fuera de convenios,
entre empresarios y sindicatos. Mucho de esto hay en el caso
del País Vasco.
Insisto mucho en que esta proposición no de ley debe llamar la
atención, como otras que ya han pasado por esta Cámara, sobre
el sector fabricante de automóviles, pero sobre todo sobre el
subsector de componentes y auxiliar del automóvil, que es
diverso y está disperso por todo el territorio en diferentes
tipos de empresas, con mayor o menor número de empleo y en
algunos casos con importante incidencia en empleo sobre zonas
concretas. Hemos pasado a una importante dependencia de
decisiones externas, cuando antes prácticamente se decidía en
el propio mercado español, con una fuerte nacionalización de
compras. Hoy día se compra en París, en Stuttgart, se compra
en otras ciudades europeas, no se compra ya en Valladolid, en
Palencia, en La Coruña o en Vigo. Ya no se compra aquí, se
tiene que trasladar el empresario a otras zonas, a otros
mercados. Hemos pasado también a importantes reducciones de
precios, impuestas por los fabricantes y las casas matrices, a
una mayor exigencia
tecnológica --que debe ser adquirida-- al productor, que
prácticamente resulta imposible desarrollar por las empresas
españolas.
En la Comisión de Industria pregunté al Secretario de Estado
del Ministerio de Industria sobre las acciones, posible plan
industrial, posible plan sectorial, medidas especiales de
reindustrialización o reestructuración del sector o
subsectores, medidas fiscales, etcétera, para este sector y
subsector. Las respuestas que obtuve eran que el Ministerio de
Industria estaba realizando los estudios pertinentes, que el
tema, como ya he dicho anteriormente, presentaba dificultades
por la complejidad empresarial de pequeñas y medianas empresas
junto con grandes productores y la dispersión geográfica, la
dispersión de
dimensión y de productos que hay en el sector, pero que
existía una verdadera voluntad de abordar cualquier medida que
fuera precisamente a relanzar el sector.
Nuestra enmienda propone en el punto 4 algo a este respecto:
tratar de salir del ámbito local --con el que, como hemos
manifestado antes, debemos solidarizarnos y con el que estamos
expresando nuestra auténtica solidaridad--, ampliar el campo
de aplicación porque también aquí se le ven las orejas al
lobo. El sector de componentes del automóvil afecta a todo el
territorio del Estado. En el País Vasco, por ejemplo, a uno de
cada tres trabajadores industriales, a un tercio del producto
interior bruto industrial, que se incrementaría al 50 por
ciento si incluimos ramas de actividad, como máquina,
herramienta, forja, fundición, plástico, etcétera, sin querer
hacer tampoco referencia al sector de servicios directamente
vinculados a la actividad.
No se trata, a la hora de generalizar, de reproducir políticas
proteccionistas. Ni siquiera se habla, a la hora de establecer
líneas de actuación industrial o líneas de política
industrial, de reproducir políticas de proteccionismo para
nuestras empresas y nuestras producciones. Quizás es el
momento de iniciar una política industrial de potenciación del
sector, pero en directa colaboración con comunidades
autónomas, que, como en el caso del País Vasco, colaboran ya
con las PYME y con las grandes empresas del sector,
específicamente en acciones de investigación y desarrollo
propias; en medidas de normalización y calidad; persiguiendo
actuaciones empresariales de producción y comercialización
conjuntas; animando las acciones de mayor dimensionamiento
mediante asociaciones, fusiones empresariales; en medidas que
vayan precisamente a acciones de mayor dimensionamiento
empresarial de oferta y también, consecuentemente, de mayor
capacidad financiera de las propias empresas; a consolidar
también, finalmente, la internacionalización del sector.
Insisto al proponer nuestra enmienda en la oportunidad
consensuada, como quiere el portavoz del Grupo Socialista, en
que hace falta una acción parlamentaria quizás de mayor
contenido y peso legislativo que una proposición no de ley
para abordar con rigor la consolidación del sector productor
de automóviles y en particular el de componentes o auxiliar.
Seguimos manifestando y reiterando nuestra solidaridad con
toda medida que suponga el relanzamiento industrial en la
comarca de Linares, pero consideramos que en el conjunto de la
economía estatal debe aunarse con voluntad política decidida,
realizando planes industriales coordinados con las acciones
del Ministerio de Industria y de aquellas comunidades
autónomas que ya están abordando a su costa la reconversión y
relanzamiento del sector. Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Albistur. A la proposición no de ley del Grupo Popular se ha
presentado una enmienda por parte del Grupo Socialista, que ya
ha sido defendida en la intervención anterior del señor Martín
Mesa y también una enmienda por parte del Grupo Catalán
(Convergència i Unió).
Para la defensa de esta enmienda, tiene la palabra el señor
Sánchez i Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, efectivamente el Grupo Catalán
(Convergència i Unió) ha presentado una enmienda a la
proposición no de ley del Grupo Popular respecto a la
estructuración de Santana Motor en el punto referente al
número 6. Nuestro Grupo entiende que es mucho más efectivo --
como se ha venido
demostrando en las medidas que ha adoptado el Gobierno
recientemente en cuanto a las medidas urgentes fiscales para
renovación de parques de vehículos-- que estas medidas sean
tomadas a través de decreto-ley sin crear expectativas de
posibles rebajas de impuestos y de que sean hoy para mañana.
En definitiva, estamos convencidos de que crear expectativas
que tiendan a la posibilidad de que se puedan rebajar los
impuestos en un corto espacio de tiempo, en vez de favorecer
la coyuntura de la venta de automóviles de los distintos
distribuidores en el Estado español, más bien nos perjudica.
Estos son los «inputs» que el Grupo Catalán (Convergència i
Unió) ha recibido
últimamente a través de los diferentes sectores de automoción
y, por eso, nosotros presentamos una enmienda de sustitución
al número 6 que ha propuesto el Grupo Popular a fin de que el
Gobierno siga estudiando, en el campo de la fiscalidad, los
mecanismos necesarios para hacer cada vez más competitivo el
sector de la automoción.
Nuestro Grupo tampoco tendría inconveniente en introducir si
el Grupo que ha presentado la proposición no de ley lo
aceptara, en esta enmienda que hemos propuesto la enmienda
transaccional que ha defendido el Diputado del Grupo
Socialista, en el sentido de que siga estudiando la
posibilidad en el campo de la fiscalidad. Por parte de nuestro
Grupo no habría ningún tipo de problema en poder incorporar
esta enmienda transaccional, como he dicho anteriormente, del
Grupo Socialista.
Entendemos que esta medida sería mucho más efectiva en el
sentido de dar confianza al Gobierno y de que, dentro de sus
posibilidades, y a la vista de cómo se desarrolla el sector
del automóvil en cuanto a ventas y en cuanto a producción,
pueda estimar en un momento oportuno dar más competitividad
desde un punto de vista fiscal al sector del automóvil.
Si el Presidente me lo permite, nosotros ya fijaríamos la
posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
a las dos proposiciones no de ley que han presentado tanto el
Grupo Popular como el Grupo Socialista. Estamos básicamente de
acuerdo en la mayoría de los puntos que han presentado los dos
Grupos parlamentarios, pues no deja de ser en cierto modo una
coincidencia con la moción que ya presentó en su día nuestro
Grupo, orientada básicamente a reestructurar o a solucionar la
grave crisis automovilística que en su momento padeció y sigue
padeciendo la compañía Seat-Volkswagen.
También coinciden estas dos propuestas con la enmienda que
nuestro Grupo presentó a la interpelación y moción
subsiguiente del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya respecto a la problemática industrial
automovilística, que en estos momentos está padeciendo la zona
de Linares y Jaén con la empresa Santana Motor.
Vamos a votar favorablemente estas iniciativas porque, en
primer lugar, en ellas hay un intento de asegurar el
mantenimiento de Santana Motor como fabricante independiente
de automóviles, con independencia financiera, tecnológica e
industrial. Entendemos que éste es un buen camino para
intentar, si es posible, superar esta crisis.
En segundo lugar, en estas proposiciones no de ley también se
recoge la aplicación de los fondos necesarios y suficientes,
por parte de todas las Administraciones, para paliar los
efectos que pueda producir este plan de reestructuración y
también el soporte que por parte de las Administraciones se va
a dar a la generación de los proyectos industriales en esta
zona, que permitirán crear ocupación y eliminar las bolsas de
desempleo que pueda producir la misma.
También hay un soporte importante de industrialización para la
zona de Linares y Jaén, con nuevos proyectos industriales que
nosotros también creemos que son muy interesantes para ayudar
a paliar la situación grave de desempleo que seguramente se va
a producir en este plan de reestructuración. También hay un
punto importante, que nosotros consideramos de vital interés,
como es que se va a dar impulso al desarrollo de la industria
auxiliar en todo aquello que afecta a componentes y
fabricantes del automóvil. Todas estas medidas, junto con la
inclusión propuesta en estas dos proposiciones no de ley sobre
posibilidad de que los comités de empresa puedan negociar con
la empresa los sendos planes de viabilidad, seguramente
ayudarán en una crisis de la que es muy difícil salir a corto
plazo, pero que a medio y a largo plazo estas medidas van a
posibilitar que el papel de la industria automovilística en el
Estado español sea el que ha jugado hasta la fecha.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Sánchez
i Llibre. ¿Algún Grupo parlamentario, que no haya intervenido
en el debate, quiere fijar su posición? (Pausa.)
El señor Martín Mesa tiene la palabra a los efectos de indicar
si acepta o no las enmiendas presentadas a su proposición no
de ley por parte de Izquierda Unida y del Grupo Vasco (PNV) y
señor Albistur, del Grupo Mixto, firmada conjuntamente.
El señor MARTIN MESA: Gracias, señor Presidente.
Respecto de la enmienda del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, debo decir al señor Alcaraz --y
créame que se lo digo con todo respeto-- que no se defienden
mejor los intereses de los trabajadores proponiendo soluciones
que lleven a los mismos a un callejón sn salida. Señor
Alcaraz, ustedes no tienen el monopolio en la defensa de los
trabajadores.
Desde luego no por ser más vehemente, por utilizar más
adjetivos altisonantes, por utilizar más descalificaciones --
usted ha hablado de borrachos, de menestrales y de no sé
cuántas más cosas--, por ser más vehemente en sus
manifestaciones...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Martín Mesa, su
turno es a los efectos de indicar si acepta o no las enmiendas
del Grupo de Izquierda Unida.
El señor MARTIN MESA: Sí, señor Presidente.
Para indicar, como le decíamos en el debate pasado, que en
absoluto compartimos la filosofía de sus enmiendas, que usted
explicita en su intervención como una empresa pública
socializadora del sector privado. Señores de Izquierda Unida,
no podemos aceptar sus enmiendas porque la subsidiariedad, la
socialización de pérdidas, el servicio a la autarquía nacional
eran principios inspiradores de una empresa pública industrial
que ha pasado a la historia. En definitiva, señor Presidente,
no podemos aceptar ninguna de las enmiendas que nos plantea el
Grupo de Izquierda Unida. En relación con las enmiendas
presentadas por el Grupo Vasco (PNV) en colaboración con el
señor Albistur, debo decir que, si entiendo bien, la enmienda
consistiría en
intercalar en nuestro punto cuarto, entre «establecer» y la
línea, la frase «en coordinación con las comunidades
autónomas». Estamos de acuerdo y aceptamos esta enmienda a
nuestro párrafo cuarto.
Por último, señor Presidente, no conocemos cuál es la
disposición del Grupo Popular en relación a las enmiendas que
hemos
presentado a su proposición y reservamos nuestra posición
definitiva sobre las mismas a la espera de saber si aceptan o
no las enmiendas planteadas.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Martín
Mesa. (El señor Alcaraz Masats pide la palabra.)
Señor Alcaraz, ¿a efectos de qué solicita la palabra?
El señor ALCARAZ MASATS: No quiero entrar en absoluto en el
debate.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿A efectos de qué?
El señor ALCARAZ MASATS: Borrachera de humo he dicho, metáfora
vulgar y corriente, que no tiene nada que ver con lo que el
señor Martín Mesa ha dicho.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Ha quedado claro.
Señor Puche, tiene la palabra a los efectos de indicar si
acepta las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista y por
el Grupo Catalán (Convergència i Unió); y, si es tan amable,
incluso como segunda fase, en el caso de que acepte la
enmienda del Grupo Catalán, manifieste si aceptaría también la
transaccional del Grupo Socialista, a la que el señor Sánchez
i Llibre ha dicho que él no tiene inconveniente en aceptar, si
S.S. acepta esa enmienda.
El señor PUCHE RODRIGUEZ-ACOSTA: Muchas gracias.
A los efectos de lo que usted me pide, tengo que decir que el
Grupo Popular desde la interpelación que presentó en su día
Izquierda Unida, la consecuente moción, la proposición no de
ley hoy del Grupo Socialista y la nuestra, desde el principio
hemos venido haciendo un acopio de realismo para intentar que
todos los grupos parlamentarios llegasen a una fórmula
adecuada que permiera una vía de exigencia común al Gobierno
para que comprendiera acertadamente la crisis. De ahí que
entendamos que la magnitud de esta crisis obliga al
entendimiento, a buscar fórmulas de viabilidad; obliga, sin
duda alguna, a mantener el máximo número de puestos de trabajo
y en función de la responsabilidad, señor Presidente, y de la
solidaridad con una provincia nosotros vamos a aceptar la
enmienda del Grupo Socialista y, por supuesto, también la
enmienda que a su vez presentó el Grupo Catalán (Convergència
i Unió) y que transacciona el Grupo Socialista. Quiero
tranquilizar a algunos grupos, señor Presidente porque...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No hace falta. No hay
ningún turno de tranquilidad.
El señor PUCHE RODRIGUEZ-COSTA: Era tranquilizar al Grupo de
Izquierda Unida, señor Presidente, porque con la
descalificación se califica el que la hace y con la demagogia
se producen los acontecimientos que ya hemos visto en algunos
otros países.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El turno era para
fijar la posición respecto a las enmiendas, señor Puche.
Muchas gracias. (El señor Martín Mesa pide la palabra..)
Tiene la palabra el señor Martín Mesa.
El señor MARTIN MESA: Señor Presidente, para una aclaración.
Entendemos que entonces el Grupo parlamentario Popular retira
los puntos 5 y 6.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Claro, acepta todas
las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista; acepta la
enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió) en la
modificación que ha hecho S.S. como enmienda transaccional a
ese punto número 6. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo
Socialista que se somete a votación en los términos
resultantes de la adición al punto 4 de la enmienda del Grupo
Vasco (PNV),
consecuencia del propio debate. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 314; a favor, 299; en contra, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
Proposición no de ley del Grupo Popular, que se somete a
votación en los términos resultantes de la aceptación de las
enmiendas del Grupo Socialista y de la enmienda del Grupo
Catalán (Convergència i Unió), en los términos transaccionales
propuestos por el Grupo Socialista y aceptados por el Grupo
Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 314; a favor, 299; en contra, 14; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA RAHOLA), SOBRE
CREACION DE UNA PONENCIA QUE ESTUDIE DAR CURSO LEGAL A LA
DEMANDA SOCIAL GENERADA EN TORNO A LA EUTANASIA (Número de
expediente
162/000093)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Mixto (señora Rahola), sobre creación de una
ponencia que estudie dar curso legal a la demanda social
generada en torno a la eutanasia.
Tiene la palabra la señora Rahola. (Rumores.) Silencio,
señorías, ocupen sus escaños. (Rumores.)
Un momento, señora Rahola. (Pausa.)
Cuando quiera, señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Si me permiten SS.SS. la confesión, siento una cierta
satisfacción al subir hoy a la tribuna para defender esta
proposición no de ley, y no porque el origen de la proposición
sea un motivo de alegría --bien al contrario, surge del dolor
y de la preocupación--, sino porque nos encontramos ante uno
de esos raros debates
cuya compleja y trágica naturaleza nos permiten abstraernos de
la legítima dialéctica de confrontación que inevitablemente
representa el debate parlamentario. No subo a esta tribuna con
ánimo de tener la solución del problema, bien al contrario,
subo con el ánimo de escuchar e intentar encontrar, a través
del consenso, la solución legal que sea capaz de resolverlo.
Por ello, la proposición no plantea ninguna solución
específica, sino una ponencia que escuche a los diferentes
sectores, analice la complejidad social y jurídica de la
eutanasia activa y legisle en consecuencia.
Decía en la interpelación urgente al respecto que esta
iniciativa parlamentaria parte de dos premisas. Una, la
voluntad y la necesidad de ese consenso; otra, la
responsabilidad política. No estamos ante un debate de
partido, ni tampoco, ni muchísimo menos, ante un debate
estrictamente ideológico, aunque es natural que cada cual
reaccione ante el problema en función de su sensibilidad
política. Y no es ajeno a esa sensibilidad el hecho de que
Esquerra Republicana traiga al Pleno esta proposición, pero
estamos fundamentalmente ante un problema humano y ante una
necesidad social a la que hay que dar cobertura legal. Este
debate, pues, no surge de la legitima estrategia política, de
la esgrima parlamentaria que tantos momentos de color retórico
dan a esta Cámara, sino de la demanda social y de la
responsabilidad política. Responsabilidad porque, tal como
dije en la
interpelación urgente, el Auto de la Sección 14 de la
Audiencia Provincial que desautorizó la eutanasia para el
ciudadano gallego Ramón Sanpedro es muy preciso en sus
términos. Esta Cámara y no la audiencia tiene que resolver el
vacío legal existente. Como políticos, pues, tenemos la
obligación de dar respuesta a las demandas sociales que aún no
la tienen, y es evidente que la eutanasia es objeto de una
preocupación mayoritaria y de una sensibilidad social que,
desgraciadamente, aún no ha tenido correspondencia política.
Señorías, lo que estamos planteando desde Esquerra Republicana
es una ponencia y no una solución ya diseñada; no porque no
tengamos claro, desde una perspectiva progresista, cómo hay
que defender un derecho fundamental del hombre (el derecho a
la propia autodeterminación, el derecho a elegir), sino porque
valoramos especialmente, en un tema tan delicado, la necesidad
de aunar sensibilidades morales,
religiosas y políticas en un mismo proyecto.
Esquerra Republicana piensa hacer suyas, ciertamente, las
enmiendas al proyecto de ley orgánica del Código Penal que
plantea la Asociación por el Derecho a Morir Dignamente, pero
sabemos que no es voluntad del Gobierno, según el propio
Ministro Belloch, resolver el problema en ese proyecto de ley.
Desde esa perspectiva, la ponencia se hace especialmente
necesaria y especialmente urgente si no queremos dar la
pésimaimagen de inhibición, de rehuir políticamente un debate
inevitablemente incómodo.
«Soy una cabeza enganchada a un cuerpo muerto». Con esta
expresión brutal, Ramón Sanpedro planteaba su radical
predisposición a acabar su sufrimiento y también, como no,
expresaba su radical sentimiento de tragedia. Decía Faustino
Alvarez, refiriéndose a él en «Interviú»: Marinero clavado en
tierra, caña pensante y muerta, casi un cadáver a la espera
del certificado de defunción. Su situación es tan
clamorosamente grave que hace falta ser muy hipócrita para no
entender qué es razonable su aspiración a la nada, su sed de
finitud, su afán de darle con la puerta en las narices a la
crueldad que el mundo practica con él.
El debate sobre la eutanasia activa es un debate en carne
viva, con nombres y apellidos forjados en los límites mismos
del dolor tan duro, tan caliente y tan fuerte y, a la vez, tan
frío que, incluso, ya tiene estadísticas. La Asociación por el
Derecho a Morir Dignamente ha recibido ya más de 30
solicitudes de personas que piden ayuda para morir, y
centenares han suscrito ese derecho en el caso de encontrarse
en situación límite. No estamos, pues, ante un caso aislado,
sino ante una realidad social que, con los avances de la
medicina y con las carencias drásticas, desde la perspectiva
de la dignidad, de la medicina paliativa, no hará sino
agravarse. La medicina es capaz de prolongar la vida en
condiciones muy poco humanas, y si la vida no es un valor
absoluto sino un valor íntimamente ligado a la calidad con que
se puede administrar, hay que legislar, proteger y regular el
derecho a dimitir de la vida.
La vida, dice Paniker, una y otra vez, no es un deber sino un
derecho, y ese derecho puede ser tan maravilloso como
definitivamente espantoso, depende de los límites por debajo
de la dignidad que uno es capaz de soportar. Lo decía el mismo
Sanpedro: No sólo hay que saber vivir con dignidad, sobre todo
hay que saber morir sin perderla del todo.
¿Es digno vivir ligado durante 25 años a un cerebro del que
cuelga un cuerpo muerto, reducida la felicidad a unos ojos que
siempre ven la misma ventana, al gusto de un postre de
domingo, a la música de siempre que permamentemente hace
compañía, sin que nada más allá de la mirada sea posible? No
es función de esta Cámara ni de esta Diputada ni de nadie con
sentido común
responder a esta pregunta, porque los límites de dignidad no
son baremos externos, sino decisiones de una radical
intimidad. Y si Ramón Sanpedro dice que la vida no le compensa
desde hace veinticinco años sólo él tiene derecho a decidir si
la mantiene o la termina. Nosotros no podemos decidir por él,
no tenemos ese derecho. Sólo podemos legislar, y ésta es
nuestra obligación política para que él sí pueda decidir.
Porque si no, si gana la cómoda inhibición al compromiso
político, si se vota en contra de
la ponencia y en contra, por tanto, de la voluntad de
articular una solución legal a un problema de hondo calado
social, si esta Cámara decide no legislar, no anatemizará el
problema, no lo diluirá, no lo neutralizará. Sólo agravará la
tragedia de cada ciudadano implicado y lo dejará fuera del
amparo de la ley. Ramón Sanpedro lo dijo con toda la
brutalidad acusatoria que comporta: Ustedes me obligan a morir
de hambre, la única manera que tengo de acabar con veinticinco
años de sufrimientos.
Si esta Cámara se inhibe de su clara responsabilidad con este
problema, si no estudia cómo resolver el vacío legal de la
eutanasia activa, las palabras de este gallego, metáfora de
tantas otras vidas en situación límite, serán no sólo una
acusación moral, sino también una acusación política. Un
Parlamento puede permitirse, probablemente, muchas cosas, pero
nunca puede permitirse rehuir la demanda y la problemática
social que bulle fuera de sus paredes.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Olarte.
El señor OLARTE CULLEN: Señor Presidente, señorías, la
intervención de la señora proponente podría resumirse en lo
que constituye el final de su propuesta. Solicita, en
definitiva, constituir, en el seno de la Comisión de Justicia
e Interior, una ponencia que dé curso legal a una demanda
social generalizada en torno a la eutanasia para su discusión
en el Pleno. En
definitiva, no cabe duda de que ni siquiera se ha señalado hoy
una dirección que culmine en un objetivo concreto o en un
pronunciamiento concreto, sino simplemente que se debata en la
Cámara, exponiendo adecuadamente las posiciones de cada cual,
primero, en el seno de la Comisión de Justicia e Interior y,
después, en el Pleno, sobre una cuestión que evidentemente
está planteada en nuestra sociedad. En definitiva, que no
rehuyamos dar respuesta a una cuestión tan importante, sino
que, por el contrario, con todo sosiego, sin
predeterminaciones, con las ilustraciones correspondientes,
seamos capaces de debatirlo en el seno de esta Cámara.
Ha habido momentos recientes en nuestra actividad
parlamentaria en los que, con carácter previo a un debate y a
la fijación de posturas, más o menos radicales, de parte y
parte, en las Comisiones, por ejemplo, se ha solicitado la
comparecencia de instituciones debidamente representadas por
quienes comparecieron en su día ante la Comisión para
ilustrarnos respecto de diversas cuestiones. Así aconteció con
el derecho de asilo, pongo por ejemplo, y así acontecerá con
la llamada cláusula de conciencia y secreto profesional de los
periodistas, en que incluso se ha pospuesto el plazo de
presentación de las enmiendas a las proposiciones de ley
correspondientes, formuladas por Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, para que la Comisión tenga un conocimiento de
causa más amplio en virtud de lo que se produzca y de lo que
se explicite a través de dichas comparecencias. Por eso, a
Coalición Canaria le parece acertada la proposición de la
señora Rahola --así como la moción consecuencia de
interpelación del día 9 de marzo último--, ya que es la
sociedad, en
definitiva, la que nos ordena revisar --si es que hay que
revisarlo-- o por lo menos plantearnos y debatir sobre los
esquemas tradicionales que en su día fueron cuestiones
importantes, y yo diría que inamovibles, en virtud de los
sentimientos éticos o políticos de nuestra sociedad, pero que
hoy han entrado en un proceso de revisión. Y exactamente igual
que se revisaron, en su día, viejos preceptos en materia, por
ejemplo, del divorcio y, posteriormente, del aborto, hoy nos
encontramos con algo que está también presente en nuestra
sociedad y que no se debe rehuir.
Sabemos, y tampoco es ésta la cuestión, que el suicidio
permanece impune en el Código Penal y que no sucede así con el
auxilio al suicidio. Pero aquí no estamos hablando del auxilio
al suicidio sino de la eutanasia activa; en definitiva, de la
conclusión que saquemos al respecto para evitar a quienes
padecen diversos males, o un mal grave, sufrimientos que, en
ocasiones, no sólo son físicos sino que son mucho más
insoportables, como son los sufrimientos morales a
consecuencia del estado de postración en que se encuentra el
individuo; un individuo que quiere poner fin a su existencia,
que quiere poner término a su vida, voluntariamente y en
plenitud de su capacidad mental para tomar tan drástica
decisión, precisamente porque considera que ése es su derecho
a la autodeterminación personal y también, inseparablemente
unido a ello, el de su dignidad personal. En suma, se trata de
dar un paso más allá de los moldes establecidos, de los moldes
que han ido envejeciendo en virtud del progreso que se ha ido
produciendo en el pensamiento de nuestra sociedad y que se ha
puesto de manifiesto cuando, por razones científicas, se ha
producido un avance que antes, años ha, era impensable poder
traducir en una norma legal.
Evidentemente, el Código Penal no ha sido capaz de castigar la
forma imperfecta del suicidio, y lo más que ha llegado a
castigar es el auxilio al suicidio. Pero hoy nos encontramos
con otro tema, el de ver si, en las situaciones a que antes me
refería, se le exige al ciudadano la obligación de vivir,
cuando la Constitución de lo que habla es del derecho a la
vida. Pero como en el último Pleno en que se tocó esta
cuestión alguien lo abordaba, señalaré que aquí y ahora no
estamos hablando del derecho a la vida --derecho a la vida que
se establece como una especie de garantía por la Constitución
en beneficio de aquél a quien se le puede privar de su
existencia-- sino de la obligación tremena, insoportable e
inhumana en ocasiones, de que continúe en la misma. A todo
esto, ¿qué es lo que piensa al respecto nuestra sociedad?
Creo, señorías, que son suficientemente ilustrativas las
respuestas que en diversas encuestas ha puesto de manifiesto
el CIS. A la pregunta de si debe prolongarse artificialmente
la vida si no hay esperanza de curación, un 64 por ciento de
los encuestados afirmó que no. En cuanto a la pregunta sobre
el derecho de los médicos a suministrar o recomendar
medicamentos que pongan fin a la vida en tales circunstancias
de insoportabilidad, un 66 por ciento contestó que sí diciendo
que si el paciente lo pide, siendo incurable, los médicos
pueden dar tales medicamentos o tomar tales decisiones,
coadyuvar, en definitiva, con el paciente. Un 74 por ciento
contestó que sí a la interrogante de si se pueden suministrar
calmantes aunque se anticipe la muerte, y un 66 por ciento a
si cabe la eutanasia activa en los supuestos de dolor físico
insoportable. Por tanto, ya sabemos lo que, de una manera
mayoritaria, ha dicho nuestro pueblo. Y lo único que se
pretende ahora es ver si con el conocimiento de las
aportaciones que se produzcan desde el exterior, en virtud de
esa ponencia que se cree en el seno de la Comisión de
Justicia, esa polémica, que está en la sociedad, somos capaces
de asumirla o siquiera de entenderla, de
plantearla, de debatirla sin temor a nada.
Polémica abierta en Europa y en América. En este momento,
aunque se ha rechazado en la Cámara de los Lores el supuesto
de la eutanasia activa, se dice que la razón es la presión que
puede producir en los ancianos o en personas psicológicamente
vulnerables. En Holanda, por el contrario, se ha dado un paso
decidido y se han establecido las necesidades del dictamen de
dos médicos, las condiciones muy precisas, la petición
voluntaria y reiterada del paciente y que éste se encuentre en
plenitud de facultades mentales, incluso se recaban los
informes de los psiquiatras correspondientes.
En España, como decíamos, estaba de actualidad, pero se ha
puesto más de manifiesto con la situación tristísima de ese
tetrapléjico llamado Ramón Sanpedro, de Barcelona, que no
podía soportar continuar durante más de un cuarto de siglo --
que es lo que lleva-- postrado en una situación absolutamente
inhumana, insoportable y absolutamente incomprensible también.
Los
tribunales barceloneses, a nuestro juicio, han dicho algo que
era una obviedad: que a nosotros nos corresponde colmar una
laguna legal. Para ese viaje judicial no se necesitaban
alforjas. Obviamente, tenemos nosotros que colmar las lagunas
legales existentes. Acaso penetró en el fondo de la cuestión
el órgano jurisdiccional correspondiente porque se planteó el
tema a través de un procedimiento --el de jurisdicción
voluntaria-- que no era el cauce adecuado para la defensa de
un derecho de la
personalidad como lo era éste.
En suma, nosotros hoy queremos poner de manifiesto cómo la
crueldad de una situación puede llegar en ocasiones como ésta
a la necesidad de dar una respuesta, con gallardía y con
firmeza, a esa demanda que se plantea la sociedad; cómo el
sufrimiento moral en ocasiones es tan intolerable que aconseja
y nos impone esa obligación. Por supuesto que una cosa es la
apología del suicidio y otra la autoliberación racional que
venimos
defendiendo.
Seguimos atentamente la intervención que, con ocasión de la
formulación de la interpelación urgente presentada por la
señora Rahola, tuvo el señor Ministro de Justicia. En esa
ocasión no le encontramos sujeto rigurosamente a las
características de su personalidad que en cuestiones
similares, siempre ha acreditado un avance incuestionable. Le
encontramos sujeto a unos moldes exógenos, en virtud de los
cuales ni siquiera penetraba en la cuestión, y cuando nos
hablaba del vacío legal y decía que éste era una divergencia
entre el Derecho natural y el Derecho positivo, nosotros
preguntamos: ¿el Derecho natural --al que se refería el señor
Ministro-- no es un Derecho inamovible de tiempos atrás y
anterior al Derecho positivo? Ese Derecho natural es el
Derecho que cada día está en permanente revisión en la
ciudadanía...
El señor PRESIDENTE: Señor Olarte, le ruego concluya.
El señor OLARTE CULLEN: Por eso, señor Presidente, nosotros
consideramos que la proposición no de ley de la señora Rahola
es incluso suave. La señora Rahola ni siquiera toma la
decisión de solicitar de esta Cámara una aprobación a un
planteamiento en favor de la eutanasia activa, simplemente
apoya la constitución de esa ponencia que dé curso legal, con
un debate aquí en el Congreso de los Diputados, en un Pleno, a
una demanda social que es indiscutible, porque el sentimiento
que está en la calle, en la sociedad, aunque nosotros hagamos
el avestruz, no podemos obviarlo. Simplemente se trataba de
eso. Y con esa misma
moderación en el planteamiento, nosotros solicitamos hoy ante
esta Cámara, con nuestro apoyo a la solicitud y a la
proposición no de ley presentada por la señora Rahola, que el
Congreso de los Diputados tome conciencia de su
responsabilidad y la ejerza, como nosotros la ejercemos con
toda claridad al decir que apoyaremos con nuestro voto la
proposición no de ley formulada hoy por la señora Rahola.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olarte.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Cardona.
El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, cuando se debatió en el Pleno la
interpelación urgente sobre las medidas que tenía previsto el
Gobierno para llenar el vacío legal en el tema de la eutanasia
activa, en el pasado mes de marzo, nuestro Grupo se abstuvo de
intervenir en el curso del mismo. No era ni muchísimo menos
por entender que la cuestión no merecía nuestra atención, sino
por todo lo contrario. Seguimos con gran interés el curso del
debate y, sobre todo, la respuesta del Gobierno por parte del
Ministro de Justicia. Por otra parte, no siendo imprescindible
fijar la posición en una interpelación, reservamos nuestra
intervención para la moción consecuencia de la misma. Sea por
las razones que fuere, esa moción no se sustanció en su
momento y ahora tenemos la ocasión y la oportunidad de exponer
y fijar la posición de nuestro Grupo Parlamentario.
Vaya por delante que el interés que podía tener la cuestión
planteada no quedó defraudado en el debate de la
interpelación, en su día, sino, por el contrario, entendemos
que, por parte de todos los intervinientes, el debate tuvo la
altura que la importancia del tema precisaba, sobre todo desde
el punto de vista jurídico.
Tal como exponía el señor Ministro en su contestación, se
trata de una manifestación de conflicto entre dos derechos
constitucionales: el derecho a la vida y el derecho a la
libertad. El derecho a la vida en el sentido de no ejercer
ninguna acción que atente a la misma y el derecho a la
libertad en el sentido de que la vida pertenece a cada cual y,
por consiguiente, cada persona puede en consecuencia decidir
por sí misma.
Ahora bien, de acuerdo con el documento elaborado en su
momento por el Consejo de Europa en el sentido de entender la
eutanasia como la ayuda a una buena muerte, a una muerte
digna, podemos distinguir entre la eutanasia activa y la
eutanasia pasiva, desde el punto de vista de acción y/o de
omisión. La eutanasia activa sería aquella acción que por su
intención o naturaleza causa directamente la muerte en una
situación, bien es cierto, grave e irreversible. Mientras
tanto, en la eutanasia pasiva podríamos considerar tres tipos:
no iniciar o suprimir un tratamiento cuando el enfermo lo pide
de forma seria y explícita, que sería un primer tipo; un
segundo tipo sería el caso de no comenzar o interrumpir un
tratamiento cuando su inicio o continuación no tenga sentido
de acuerdo con los criterios médicos de los que se dispone en
la actualidad; y, finalmente, un tercer tipo lo representaría
el empezar un tratamiento que es necesario y que, por su
naturaleza, está dirigido a mitigar el dolor de un enfermo y,
por tanto, contribuir a su mayor dignidad y calidad de vida,
incluso en el caso de que la muerte pueda ser probablemente
acelerada como consecuencia de este tratamiento.
En el conflicto de derechos al que hacíamos referencia
anteriormente, nuestro Código Penal opta por la primacía del
derecho a la vida, considerando en consecuencia la eutanasia
activa como una ayuda o un auxilio al suicidio y, por
consiguiente, lo penaliza. Como dijo también el señor
Ministro, en la reforma del Código Penal que se presentará
próximamente el Gobierno sostiene el mismo criterio y por ello
contempla en el anteproyecto la pena, si bien atenuándola en
algunos términos, pero manteniendo la tipificación por
considerar que los riesgos que tendría el establecimiento de
la despenalización de esta eutanasia activa (por acción)
podrían ser superiores a los problemas que podría resolver.
De manera que la despenalización de la eutanasia activa
supondría de hecho un cambio sustancial en el conflicto de
derechos al que nos venimos refiriendo, de manera que el
derecho a la libertad prevaleciera por encima del derecho a la
vida, sin olvidar tampoco, como decía el señor Ministro, en
contestación
precisamente a una pregunta que le hacía el Senador Cuevas, de
Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluña, pocos días después
del debate de la interpelación en esta Cámara, que en el mundo
jurídico occidental no se está seguro de que una
despenalización de esta eutanasia activa equivaliera a un
mayor marco de libertad en la decisión libre y voluntaria del
enfermo.
Bien es cierto, por otra parte, que los avances técnicos en
medicina han conducido a situaciones límites, que puedan hacer
pensar y dudar sobre lo que podríamos entender como una vida
digna, dadas las circunstancias mínimas de calidad de vida.
Son estos casos los que, desde nuestro punto de vista, pueden
chocar con la sensibilidad social en el sentido de qué puede
significar alargar innecesariamente y artificialmente un hilo
de vida. Pero es en estos casos y en estas circunstancias,
precisamente, cuando podemos comprender la puesta en marcha de
lo que hemos
conceptuado como eutanasia pasiva, y sin agotar, por otra
parte, las posibilidades que hoy en día se contemplan en la
llamada medicina paliativa, en la que hay que profundizar,
basada en el control de los síntomas mediante el tratamiento
farmacológico, con un soporte emocional, cuando ello es
factible, así como la comunicación tanto al enfermo como a los
familiares, todo ello en aras a contemplar al enfermo desde un
punto de vista integral. No debemos olvidar que el médico, por
excepción y en cualquier sistema sanitario, en primer lugar ha
de procurar curar, si es que puede, si no, por lo menos
aliviar, pero en cualquier caso siempre reconfortar.
Señor Presidente, señorías, fijando la posición de
Convergéncia i Unió, no podemos dar apoyo a la proposición no
de ley que se nos presenta, aun cuando participamos de la
preocupación sobre el fondo de la cuestión. No nos debe
escandalizar hablar del problema de la eutanasia, concebido
desde el punto de vista global, pero no nos parece adecuado ni
la forma ni el
momento. Estamos ante la reforma del Código Penal y, en este
sentido, ya ha manifestado el señor Ministro, tanto en esta
Cámara como en el Senado, así como ante diferentes medios de
comunicación, que el proyecto contemplará la despenalización
de la eutanasia pasiva, manteniendo la penalización de la
activa y directa, rebajando la pena en uno o dos grados.
Entedemos que entonces será el momento adecuado para debatir
la cuestión. En relación a la forma, se pide crear una
ponencia en el seno de la Comisión de Justicia. Será
precisamente cuando llegue al Congreso el proyecto de reforma
del Código Penal cuando se creará esa ponencia. Allí tendrá
que debatirse, entre otras, esta cuestión. Bien es cierto que
probablemente no sea esta la intención de la ponencia de
estudio, pero en este caso sí entendemos que tendría que
abarcar un más amplio conjunto de disciplinas y no solamente
el aspecto jurídico. De acuerdo. Nosotros también creemos
necesario una contemplación más amplia de su estudio. Aspectos
como, por ejemplo, el sanitario, no pueden dejarse al margen.
Les recuerdo --seguramente SS.SS. lo saben-- las encuestas que
hay, entre ellas precisamente una que tuvo un gran impacto
social, a través de los medios de comunicación, promovida por
el Colegio de Médicos de Barcelona. En la interpelación, por
otra parte, se hacía referencia a la eutanasia activa, y
aunque en el redactado de la proposición que se nos propone
aprobar no se explicita, sí queda claro en la exposición de
motivos que es a la eutanasia activa a la que se quiere dar
curso legal como consecuencia de la demanda social. Demanda
social, por otro lado, muy respetable en los casos afectados,
qué duda cabe, pero que desde nuestro punto de vista podría
comportar más efectos no deseados, por sus riesgos, que
ventajas. Por todo ello, señor Presidente, señorías, nosotros
vamos a votar en contra de la proposición no de ley que se nos
presenta.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cardona.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, subo a la tribuna para defender
la posición del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya ante el texto concreto de la
proposición no de ley de la señora Rahola. A lo largo del
debate de la interpelación urgente, planteada por ella misma,
creo que quedó claro que el Grupo Parlamentario al que
represento en este momento compartía la preocupación de la
señora Rahola por el tema de la eutanasia activa, compartía
también las consideraciones que hizo en la exposición
argumental para defenderla y, en este momento, quiero anunciar
el voto favorable de Izquierda Unida a la proposición no de
ley mediante la cual se plantea la creación de una ponencia
que analice el tema. Pienso que es muy difícil justificar, por
parte de los grupos parlamentarios, votaciones en contra que
sustancien argumentos que se relacionen con los hechos. Es
evidente, y quedó de manifiesto a mi juicio en el debate de la
interpelación urgente, que el vacío legal existe, que la
preocupación social existe y que además, de alguna manera, las
dimensiones, la extensión del hecho en este momento es
desconocida respecto a etapas históricas anteriores. Algunos
Diputados y la misma señora Rahola hicieron mención en sus
intervenciones, en el mes de marzo, a la existencia de
solventes encuestas que arrojan resultados que hablan de una
preocupación social por el tema, pero también de una toma de
posición
mayoritaria de la sociedad ante el problema de la eutanasia
activa. Es decir, por más que sea limitado el número de
personas que en este momento han solicitado la eutanasia
activa las dimensiones reales del hecho, las situaciones que
pudieran llevar a personas a desear terminar con su vida
permiten
identificaciones mucho más amplias que tener en cuenta
exclusivamente al colectivo que en este momento ha planteado
las demandas.
Es interesante analizar que los avances científicos y ténicos
de la medicina en los últimos años no se han planteado en
materia de curación de enfermedades crónicas y degenerativas,
principales causas de muerte en países industrializados y en
concreto en nuestro país, que en su origen remiten a factores
no tanto biológicos, físicos o químicos, sino a factores de
orden social, económico y cultural, poniendo de manifiesto el
impacto de una manera determinada de entender el crecimiento
económico y la civilización sobre esa unidad biopsíquico-
social que constituye el ser humano. Esos avances de la
medicina se han producido sobre todo en materia de
medicamentos y equipos altamente sofisticados, capaces muchas
veces no tanto de prolongar la vida humana, en su estricto
sentido, sino de mantener constantes vitales en niveles
compatibles con la actividad biológica. El análisis de la
utilidad, de la eficacia y de la justificación moral y
sanitaria del enorme gasto que se destina a estos objetivos,
difíciles de mantener desde el punto de vista de las
necesidades humanas, pero que sin duda son origen de
beneficios económicos sustanciales, queda fuera del marco de
la proposición no de ley, pero sería interesante planteárselo
en la medida en que en sanidad, como en economía, se proponen
siempre gastos alternativos y el
mantenimiento de modelos hospitalo-centristas y altamente
intervencionistas va sin duda, desde el punto de vista de los
recursos, en detrimento
de otro tipo de actuaciones más eficaces desde la perspectiva
sanitaria.
Sin compartir la mayor parte de las tesis que Ivan Illich
plantea en su Némesis médica, es evidente que la progresiva
complejidad tecnológica de la medicina pudiera formar parte de
esa mafia blanca, a la que él aludía y denunciaba, que sustrae
en la práctica el derecho de las personas a elegir, el derecho
de las personas a la autodeterminación, a la decisión libre
sobre la propia vida. Es verdad que en muchas ocasiones,
cuando se traspasan las puertas del hospital, desaparece la
democracia y se plantean relaciones de dependencia, de
información
insuficiente en cuanto a riesgos, etcétera. Mi Grupo comparte
también el análisis que hacía la señora Rahola en su primera
intervención, en el sentido de señalar el paralelismo entre la
necesaria regulación de la eutanasia activa y la regulación
del aborto. Son temas muy sensibles, desde el punto de vista
social, cultural y religioso, pero es evidente que la
obligación de esta Cámara de adoptar una regulación legal de
la demanda no plantea, por encima de razonamientos simplistas,
una compulsión a la utilización de ese derecho, sino, por el
contrario, una
posibilidad de evitar sufrimientos y situaciones penosas que
se derivan de la falta de regulación.
Mi Grupo no entiende que haya contraposición de fondo entre el
reconocimiento constitucional del derecho a la vida, a la
integridad física de las personas, y la regulación de la
eutanasia activa. Es evidente que la afirmación fundamental
del derecho a la vida se realiza desde el punto de vista de su
defensa frente al Estado, frente a terceros, y se plantea la
dignidad de la persona, que es algo a valorar individualmente
como fundamento de la propia vida, y en ningún caso se puede
hacer una extensión mecánica de la regulación de este derecho
a la vida a planteamientos absolutos de la misma ni a pasar
del derecho a la obligación de mantenerse con vida. La
regulación legal de la eutanasia avanza en numerosos países.
Insisto en que la situación concreta en la que se plantea en
este momento histórico no es la misma en la que se podía
plantear hace décadas. Estamos ante un fenómeno nuevo en su
profundidad y en sus dimensiones y, por tanto, no valen
planteamientos cerrados ni dogmáticos frente a una realidad
que se modifica
continuamente.
En opinión de mi Grupo Parlamentario no es justificación
suficiente la que el Ministro Belloch esgrimió en esta misma
tribuna aludiendo al riesgo de que la generalización, que
lógicamente se produce, de su regulación legal pudiera
volverse en contra de los mismos a quienes pretende dar una
vía, hasta ahora inexistente, y volverse contra el paciente en
el sentido de facilitar vías perversas de presión familiar o
social para solicitar la eutanasia en contra de la voluntad
del interesado cuando su situación sea muy comprometida.
Entendemos que las diferentes formas de regulación legal de la
eutanasia activa que se han dado en los diferentes países
toman en cuenta este riesgo evidente que la propia regulación
legal pudiera contemplar en el sentido de garantizar, de
manera muy estricta, que realmente sea la voluntad de la
persona interesada la que se permita poner de manifiesto, sin
presiones externas, que haya valoraciones técnicas, desde el
punto de vista del aseguramiento de la irreversibilidad de la
situación desde la cual se plantea y de la evaluación
contrastada por parte de profesionales de la sanidad.
En definitiva, señorías, mi Grupo Parlamentario entiende que
la no regulación de la eutanasia activa, como en el caso del
aborto, supone la coerción de supuestas mayorías, no
comprobadas en la práctica, sobre derechos individuales que en
este caso se refieren a aspectos tan fundamentales como la
autodeterminació de las personas, el derecho a elegir y la
propia dignidad del ser humano. Insisto, señorías, en que el
exquisito cuidado de la formulación del texto concreto de la
proposición no de ley plantea, a juicio de mi Grupo
Parlamentario, el problema en sus estrictos términos, por
cuanto que lo que promueve es una reflexión plural, desde
plurales sensibilidades, morales, religiosas o políticas, en
torno a un tema que está teniendo relación con un número
progresivo de ciudadanos y que, repito, es un vacío legal
incuestionable y que atenta si no a mayorías, sí a aspectos
fundamentales de los derechos y de la dignidad de las
personas. Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Maestro.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Señor Presidente, señorías, se nos
pide hoy aquí, a través de esta atípica proposición no de ley
consecuencia de una interpelación, dar curso legal a la
demanda social, según se nos dice. Esto me lleva ya a tomar la
palabra, en nombre del Grupo Popular, y a hacer reflexionar a
la
proponente sobre la peculiar relación que siempre tiene que
existir entre el Derecho penal, concretamente, y la demanda
social, porque el ordenamiento penal no es una parte
cualquiera del Derecho, sino que constituye --evidentemente no
tanto como la Constitución, que tiene una peculiar rigidez--
el núcleo básico del ordenamiento en la medida en que señala
una protección especialmente contundente de unos valores
básicos, donde en el ordenamiento jurídico se sitúa el mínimo
ético por debajo del cual la convivencia humana acabaría
resintiéndose. Esto quiere decir precisamente que el Derecho
penal no puede estar
dependiendo de demandas sociales más o menos coyunturales, y
en ese aspecto --perdone, pero es consecuencia de lo en serio
que me he tomado la proposición-- no es muy afortunado que
comience diciéndonos que en las últimas semanas se ha
suscitado un intenso debate, como si sugiriera que
fuera un fenómeno puramente coyuntural, una reacción emocional
ante determinados hechos --por otra parte, ya lo vimos el otro
día, provocados con clara artificio-sidad-- lo que justificara
el que nos ocupáramos aquí de un tema de este calado.
Yo quisiera recordar a la proponente, que lo conoce de manera
clara, cómo la Constitución, al analizar algo tan vinculado a
las demandas sociales como es la posibilidad de iniciativas
legislativas populares planteadas con firmas, como hay ahora
una en marcha, sustrae esa posibilidad al establecer que no
procederá dicha iniciativa en materias propias de ley
orgánica, al igual que en tributarias de carácter
internacional ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia.
Quiere decir que la propia Constitución señala que
precisamente aquellos aspectos de mayor calado deben mantener
un tono especialmente sereno y templado, que no esté vinculado
de manera directa a demandas sociales coyunturales. Si
estuviéramos hablando de la regulación de unas sanciones
administrativas, indudablemente, lo que haya pasado en las
últimas semanas podría ser decisivo, pero estamos hablando del
Código penal y del Código penal relativo a aspectos básicos y
claramente relacionados con bienes que están protegidos
constitucionalmente.
Por otra parte, la proponente nos habla siempre en singular,
nos habla de la demanda social. Señora Rahola, reconózcame que
no existe la demanda social, una demanda social. Existen
demandas sociales, como ha quedado reflejado en esta misma
tribuna cuando se han aportado estadísticas, y los resultados
no son abrumadores en favor de una postura, sino que
demuestran claramente una división por parte de la propia
ciudadanía. Además, esas demandas sociales reflejadas en
encuestas no son de tan fácil
interpretación. Usted, sin duda, que ha estudiado el asunto
puesto que nos invita a estudiarlo, habrá observado que no se
corresponden los porcentajes de los que adoptan una actitud
tolerante ante la posibilidad de que un tercero se decida por
la eutanasia y, por el contrario, la actitud de esa misma
persona al referirse a qué haría él. Esto no es inocuo porque
significa --reflexione sobre el particular-- que quizás a
veces la respuesta se basa en un planteamiento incorrecto,
según el cual el problema de la eutanasia consistiría en
adoptar una actitud de tolerancia hacia una conducta ajena,
deliberada y sin repercusión para terceros. Y esto, señora
Rahola, no es cierto. Usted ha hablado de demanda social, o
sea, de demandas sociales, pero usted debe reconocer también,
y debe estudiarlo, que hay consecuencias sociales. No es el
problema de un señor determinado que lo está pasando muy mal y
ello nos mueve a todos a la simpatía, sin duda ninguna, y a la
compasión en el sentido más positivo de compartir su situación
y de intentar ayudarle si estuviera en nuestra mano. Algo muy
distinto es el Código penal y su reforma. Otra cosa, señora
Rahola, no deposite usted en el ordenamiento jurídico más
esperanza de la que merece. El Derecho no sirve para todo; el
Derecho como instrumento de compasión es muy limitado; el
Derecho tiene más que ver con la responsabilidad. Ya el señor
Ministro apuntó en su intervención, de manera muy cauta
ciertamente, que había riesgos y riesgos tales como para
justificar que no sea de entrada, siguiendo sus invitaciones.
A todo esto, señora Rahola, usted dice que el Ministro ha
afirmado que no piensa resolver el problema, pero perdone que
le diga que incurre en una
contradicción porque, si usted viene aquí a plantear la
cuestión de manera abierta sin defender una opción, cómo puede
decirnos que lo que dijo el otro día el señor Ministro no
resuelve el problema. No resuelve el problema como usted
quiere, pero claro que resuelve el problema. Es una de las
muchas soluciones que el problema admite. Entonces no me diga
usted que ésa no es la solución. Esa no es su solución y quizá
la de algunos otros grupos de la Cámara, pero no diga usted
eso porque, si no, vamos a ir a una ponencia de estudio cuya
finalidad es llegar a compartir su solución; de lo contrario
no estaría solucionado. Es un planteamiento, reconózcamelo, un
poco artificial.
El otro día cité aquí a un compañero académico --con el que
estoy en deuda porque esta mañana he dado clase en su aula, en
la Universidad Carlos III--al hablar de este tema
precisamente. Cuando el profesor Peces-Barba --una vez más lo
voy a citar-- se planteaba la posibilidad de una ley de
eutanasia era más
expresivo que el Ministro y decía que habría que tener en
cuenta lo siguiente: «Es necesario ponderar las
circunstancias, los posibles beneficios de terceros no
necesariamente familiares; excluir cualquier cálculo
utilitarista o de intereses públicos sobre recursos aplicables
a los tratamientos de la sanidad pública --y alguno se ha
hecho aquí, me parece--; evitar que sirva como solución
paralistas de espera --lo dice el señor Peces-Barba, no yo-- o
cualquier otra decisión inspirada en intereses generales que
sacrificase los intereses de la persona afectada». Estas son
consecuencias sociales. No es el problema sólo de esas 30
personas que dice usted que han pedido la eutanasia; es el
problema de las 1.000 personas que se sabe ya que en un país,
que la ha puesto en marcha, han muerto sin su consentimiento y
que hace que los ancianos se sientan amenazados en centros
hospitalarios donde, en teoría, se les pretende garantizar una
vida digna. Dice usted, señora Rahola, que se trata de crear
una ponencia para estudiar. Ultimamente, no sé qué pasa en
esta Cámara que todo el mundo nos quiere poner a
estudiar. El otro día pedíamos una comisión contra la
corrupción, que ésa sí que es una demanda social, y nos
pusieron a estudiar. Y ahora usted también quiere que
estudiemos. Yo le quiero recordar una cosa porque usted lleva
aquí poco tiempo y algún otro Diputado
que ha intervenido también. Este Diputado, sin ir más lejos,
tuvo ocasión de hablar sobre esta cuestión en esta Cámara el
23 de marzo del año pasado, hace un año justo. Señora Rahola,
una ponencia de estudios para empezar a aproximarse a un
problema. Yo comprendo que usted acaba de llegar y se está
aproximando al problema, pero reconozca que algunos llevamos
algún tiempo trabajando en esta cuestión. Hace un año que
todos los grupos de esta Cámara dedicaron bastante tiempo a
estudiar este problema. Mi Grupo, que procuró que la reforma
del Código penal se hiciera con serenidad, con estudio, con
audiencia de todos aquellos que tuvieran algo que aportar, fue
acusado de obstruccionista, fíjese si estudiamos las cosas; o
sea, que no es que estemos
desayunándonos ahora con esta cuestión. Por otra parte,
reconozca --y en los ejemplos que se han puesto queda de
relieve-- que el trámite de una ponencia de estudio no es el
más adecuado para algo que tenga que ver con las demandas
sociales, porque están ahí, las conocemos. Desde luego, muy
malos representantes populares seríamos si para captar las
demandas sociales
necesitáramos organizar una ponencia de estudio. Se han
organizado para temas de especial complejidad en los que hay
que oír precisamente a los expertos que tienen unos
conocimientos a los que la opinión pública es absolutamente
ajena. Esa es la cuestión. Por tanto, me temo que la fórmula
no parece la más adecuada.
Termina usted diciendo que los ciudadanos esperan que sus
representantes --dice textualmente-- resuelvan los temas. En
efecto, señora Rahola, pero su proposición no resuelve nada,
no es resolutiva. Por un lado nos invita a estudiar y, por
otro lado, ya nos da por suspendidos si no decimos lo que
usted quiere que digamos. Ha suspendido usted al Ministro sin
apelación, tendrá que volver en septiembre. Usted no aporta
una solución. Yo creo que tendría que tener cuidado porque
podría llegar a dar la apariencia de que alguien pretende que
esta Cámara le
sustituya en su intento de atraer la atención de la opinión
pública sobre las posibles ventajas de una despenalización de
la eutanasia. Y yo no creo que esa sea la función de esta
Cámara. No tenemos por qué acaparar un debate que es un debate
de todos los ciudadanos y que todos seguiremos con especial
atención, como hemos hecho hasta ahora. De todas maneras, en
nombre de mi Grupo y muy especialmente en el mío propio, le
prometo que seguiremos y seguiré estudiando. No lo entienda
como una cuña publicitaria, pero yo, modestamente, acabo de
publicar un libro que se titula «Derecho a la vida y derecho a
la muerte» y algo he estudiado para ello (Mostrándolo a la
Cámara.), pero seguiré estudiando. Muchas gracias. (Aplausos
en los escaños del Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ollero.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Del Campo.
La señora DEL CAMPO CASASUS: Señor Presidente, señorías,
quiero señalar en nombre del Grupo Socialista ante todo un
acuerdo inicial, el acuerdo con la preocupación que hoy ha
movido a la señora Rahola a presentar esta proposición no de
ley y que la movió hace días a presentar la interpelación que
se debatió en esta Cámara.
Es verdad que no es infrecuente la aparición en nuestra
sociedad de casos concretos de conflicto entre el derecho a la
vida y valores como la dignidad y la libertad; casos en
ocasiones tan dolorosos y tan trágicos como el que impulsó a
traer aquí estas iniciativas parlamentarias. Estos conflictos
dolorosos y trágicos provocan en la sociedad no diría yo ya
una situación de demanda social, pero sí una situación de
angustia ante la que sería irresponsable esta Cámara --y tiene
razón en esto la proponente--si contestara con el silencio y
la inhibición, por más que, como ella misma dice, este
compromiso que debemos afrontar no sea cómodo. Yo quiero
adelantarle, señora Rahola, un par de cosas. La primera de
ellas, que el Grupo Socialista está dispuesto a afrontar este
compromiso por incómodo que resulte. La segunda, que estamos
dispuestos a afrontarlo con el máximo consenso social y
parlamentario. Tenía usted razón en algo fundamental: no es
esta una cuestión partidista; es una cuestión en la que
estamos jugando con temas que preocupan hondamente, que están
hondamente imbricados con los derechos humanos y que no
podemos afrontar, desde perspectivas de un partido u otro, con
este acuerdo inicial. Otra cosa distinta es que no estemos de
acuerdo --y se lo digo desde ahora-- en que la forma más ágil
y más eficaz para llegar a la solución de este problema sea la
constitución de una ponencia en el seno de la Comisión de
Justicia con la finalidad específica de estudiarlo.
Creemos que el problema de la eutanasia activa directa existe,
que debe tratarse. Y quisiera recordarle --porque aquí hemos
vuelto a generalizar--que es sólo el problema de la eutanasia
activa directa. Ni la eutanasia pasiva ni la eutanasia activa
indirecta son hoy problema ni para nuestro ordenamiento
jurídico, puesto que no están penalizadas, ni para nuestra
sociedad, que las acepta con toda naturalidad. Con tanta
naturalidad y es tan general esta aceptación que en el caso de
la eutanasia pasiva de renunciar a continuar tratamientos
dolorosos e inútiles y que sólo supongan una prolongación
precaria y penosa de la existencia es aceptado por la propia
Iglesia católica, el sector más defensor de la conservación de
la vida, en cualquier caso. Por tanto, nos remitimos a un solo
problema, al problema central de la eutanasia activa directa:
el acto ejecutado con el solo fin de quitar la vida a una
persona enferma que se lleva a cabo a petición de ésta. Y aquí
sí que reconocemos
que estamos en una situación difícil porque --el otro día lo
decía el Ministro de Justicia-- el artículo 409 del Código
penal, que regula la penalización de estas conductas, no nos
parece adecuado. No nos parece adecuado, primero, porque no
distingue estas formas de eutanasia provocadas por motivos de
compasión al enfermo de otras formas de homicidio o suicidio;
segundo, porque establece una pena a todas luces exagerada,
una pena de reclusión menor igual a la del homicidio, que
choca frontalmente con cualquier principio de proporcionalidad
entre el delito y la pena. Estamos de acuerdo, por tanto, con
usted y con gran parte de los intervinientes en que hay que
modificar la ley. Ahora bien, no estamos de acuerdo --no diré
con usted, puesto que no ha llegado a un pronunciamiento
definitivo-- con la señora Maestro o con el señor Olarte, que
han hablado aquí en
representación de sus grupos, en que esa modificación de la
ley deba ir en el sentido radical de proceder a una
despenalización total de la eutanasia. Creemos, seguimos
creyendo que un tema tan delicado, un tema que afecta tan
hondamente a los sentimientos sociales debe ser tratado con
prudencia, una prudencia que recomendamos no sólo nosotros,
sino desde múltiples fuentes y múltiples sectores de la
sociedad.
Yo quiero recordarle aquí opiniones de expertos. El señor
Ollero ya ha citado al profesor Peces-Barba, y no lo volveré a
citar, pero sí al profesor Diego Gracia, catedrático de
Bioética, que en su informe de hace apenas cinco meses al
Consejo Asesor de Sanidad señala, literalmente, que cualquier
regulación permisiva de la eutanasia exige previamente un
cambio de estructuras y de mentalidad que no será posible sin
un proceso educativo tanto de los profesionales sanitarios
como de la sociedad en general, y considera que no ha llegado
el momento de elaborar aún una ley sobre la eutanasia activa.
Esta es la opinión de los expertos. En esta opinión --lo
señalaba el Ministro de Justicia el otro día-- abunda también
la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional. En el conflicto entre el derecho a la vida y
los valores de dignidad y libertad ha señalado hasta ahora la
primacía del primero y ha establecido, además, que es un
derecho que tiene un contenido de protección positiva que
impide
configurarlo como un derecho de libertad que incluya el
derecho a la propia muerte. Y no sólo estos sectores de
nuestro país --sectores jurídicos, sectores científicos--
mantienen esta opinión. Esta es la opinión común en la Europa
que nos rodea, en la Europa de la que formamos parte.
Se ha hablado hoy aquí de que el Consejo de Europa hace unos
años, en 1987, consideró que no había llegado aún el momento
de regular la eutanasia activa directa. Pero no se ha
hablado --y conviene recordarlo-- de que la mayoría de los
países de nuestro entorno --Alemania, Portugal, Francia,
Italia, Suiza-- siguen penalizando esta conducta con penas sin
duda proporcionadas, con penas inferiores a las del homicidio,
pero sigue tipificada, lo mismo que en Holanda en el Código
penal, aunque una ley especial haya establecido que no sea
perseguida en determinados supuestos. Nosotros creemos que
esta línea de la Europa que nos rodea, esta línea de
prudencia, esta línea de apertura a los problemas sociales
pero tratándolos con el debido sosiego es la que debemos
seguir y es la línea que hemos venido manteniendo en el Grupo
Socialista. Quiero recordarle algo también, señora Rahola: es
la línea que ha mantenido en el debate del proyecto de reforma
del Código penal de 1992, que presentaba una solución de este
tipo --es decir, atenuación significativa de las penas pero no
despenalización--, la gran mayoría de la Cámara, la gran
mayoría de los grupos parlamentarios, con la única excepción
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Es cierto que con
diversos matices, mayor grado de despenalización por nuestra
parte, menor grado de despenalización por parte del Grupo
Popular, pero la línea de conducta era ésta, que era la que
estábamos de acuerdo en seguir.
A esta línea nos atendremos en el próximo debate del Código
Penal. Puede ser ésta la solución que se consiga, puede ser
que no. Dependerá de las conclusiones a que llegue la Cámara
en ese debate, que yo no niego que es urgente y necesario,
pero un debate que para nosotros debe producirse en su sede
natural. Y su sede natural es la ponencia del Código Penal.
Allí será posible que los representantes de los distintos
grupos, que representan también, no lo olvidemos, las distinta
sensibilidades sociales, debatan esta cuestión con toda calma.
Allí será posible escuchar, cómo no, opiniones de expertos y
de sectores sociales. Allí sera posible discutir con sosiego
este asunto que tiene un hondo calado social, lo mismo que
otros que también están incluidos en ese proyecto de Código
Penal.
Creemos sinceramente, señora Rahola, que una ponencia especial
constituida ahora significaría sólo un retraso para la
solución de un problema cuya resolución es acuciante. Por eso,
resumiendo, señor Presidente, y para terminar, quiero fijar la
posición del Grupo Socialista. No es la nuestra, como ha
mencionado el señor Olarte, la postura del avestruz, pero
tampoco queremos ser halcones que se lancen inconscientes e
impensadamente a dar soluciones radicales a un problema tan
grave, soluciones que luego puedan ser contraproducentes.
Creemos que el debate es necesario, pero que debe producirse
en su sede natural y con el debido sosiego. Por ello, señora
Rahola, tengo que negar la afirmación que usted ha hecho en su
intervención. Vamos a votar en contra de la ponencia especial,
pero votarla negativamente no es votar no legislar. Para
nosotros, votar en contra de esa ponencia especial, con los
planteamientos que le acabo de hacer, es votar legislar con
más rapidez,
con más eficacia y es votar por llegar cuanto antes a la
solución más adecuada posible para esta cuestión que a todos
nos angustia.
El señor PRESIDENTE: Gracias señora Del Campo.
Vamos a proceder a la votación.
Proposición no de ley del Grupo Mixto, señora Rahola, sobre
creación de una Ponencia que estudie dar curso legal a la
demanda social generada en torno a la eutanasia.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 302; a favor, 14; en contra, 282; abstenciones,
seis.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición.
--DEL GRUPO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTAAL GOBIERNO A
REALIZAR LAS MODIFICACIONES LEGALES OPORTUNAS A FIN DE
FACILITAR EL ACCESO A DETERMINADA DOCUMENTACION A LAS
COMISIONES PARLAMENTARIAS DE INVESTIGACION (Número de registro
16626)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo
Socialista por la que se insta al Gobierno a realizar las
modificaciones legales oportunas a fin de facilitar el acceso
a determinada documentación a las comisiones parlamentarias de
investigación. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Cuesta. (Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio y ocupen sus escaños.
(Continúan los rumores.) Señorías, estamos en sesión, les
ruego guarden silencio. Cuando quiera, señor Cuesta.
El señor CUESTA MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, como ustedes saben, el artículo 76 de la
Constitución Española estabece que el Congreso y el Senado
podrán nombrar comisiones de investigación sobre cualquier
asunto de interés público. En desarrollo de este precepto
existe efectivamente un marco normativo, que podríamos decir
que más que desarrollarlo lo que hace es canalizarlo en lo que
es el funcionamiento, el ámbito competencial de las propias
comisiones de investigación. (El señor Vicepresidente, Beviá
Pastor, ocupa la Presidencia.) Es cierto asimismo que, salvo
los límites previstos en la Constitución Española, la
regulación que hace en su artículo 76 no cercena ni restringe;
cabe por lo tanto concluir que hay límites en la operatividad
de las cita-das comisiones, sin perjuicio de lo que son las
garantías reconocidas en la propia Constitución.
La razón de ser de las garantías y de los derechos
fundamentales en todo caso no puede ser, no es bajo ningún
concepto, impedir la lucha contra la corrupción. Cuando hay
brotes de corrupción la sociedad se siente alarmada y el
Parlamento debe asumir su función con decisión debiendo
removerse además los obstáculos que impidan, o puedan impedir,
llegar al fondo de un asunto. Señor Presidente, señorías no
cabe en nuestra sociedad hablar de corrupción generalizada,
pero debemos ser enérgicos en la respuesta. Los militantes
socialistas, los políticos, toda esta Cámara, no podemos
tolerar que una minoría traicione y defraude el interés
público, embadurnando la credibilidad de las
instituciones democráticas.
Como ustedes saben, el Reglamento de la Cámara en su artículo
52 regula el funcionamiento de las comisiones de
investigación, y la propia Ley Orgánica 5/1984, de 24 de mayo,
regula la
obligación de comparecer ante las mismas, por parte de los
ciudadanos, llegando incluso a establecer una sanción penal en
los supuestos de incomparecencia injustificada. Pero la
paradoja de nuestro ordenamiento jurídico es que en esta
materia quizá nuestro ordenamiento jurídico se ha quedadolejos
de los
mecanismos existentes en otros parlamentos de países de
nuestro entorno. El derecho comparado ofrece soluciones
diversas en cuanto a los poderes, facultades, procedimientos e
instrumentos de las propias comisiones de investigación,
cuando se les encomienda una investigación determinada. Se
otorga a las mismas, analizando el derecho comparado, poderes
especiales más
penetrantes que los de las demás comisiones, bien mediante la
declaración de aplicabilidad de la normativa procesal de los
tribunales de justicia, y así por ejemplo, los reglamentos y
los ordenamientos de Italia, de Alemania o de la reciente
reforma del reglamento de Portugal; bien a través de una
legislación
especial, como ocurre, por ejemplo, en Bélgica o en los Países
Bajos. Creo que las comisiones deberían utilizar los poderes
propios de las autoridades judiciales en la conciencia, eso
sí, de que investigar políticamente no es juzgar, y
preservando los derechos constitucionales. Como afirma el
profesor Andrea Manzzella, ningún ciudadano puede encontrarse
ante el poder político inquirente en peores condiciones de
garantía que las que tendría ante un juez cualquiera. Estas
garantías, no obstante, nunca pueden devenir en obstáculos a
una investigación, nunca pueden ser escudos que permitan
encubrir supuestos de corrupción. Recientemente, esta Cámara
recibió de la Dirección del Servicio Jurídico del Estado una
negativa de documentación fundada, como establece nuestro
artículo 7.º del Reglamento, argumentada jurídicamente, con la
fundamentación debida, que es la requerida en nuestro
propio Reglamento y esa fundamentación estaba basada en el
artículo 111 de la Ley General Tributaria. Creemos, señorías,
que la declaración de la renta y patrimonio de aquellos
responsables políticos a los que se investigue su gestión en
defensa del interés público, es lo mínimo a lo que puede tener
acceso una comisión cuando investiga supuestos de corrupción.
Es cierto que hoy hay límites. En efecto, el artículo 111 de
la Ley General Tributaria señala claramente que los datos,
informes o antecedentes obtenidos por la Administración
tributaria sólo pueden utilizarse para los fines tributarios
encomendados al Ministerio de Economía y Hacienda y, en su
caso, para la denuncia de los hechos que puedan ser
constitutivos de delito. Junto a los límites contenidos en la
propia Ley General Tributaria, el acceso a documentación
encuentra también dificultades o impedimentos en otra serie de
normas, por ejemplo, aquellas que se refieren en ocasiones a
la regulación de aspectos del conocimiento de los movimientos
de las cuentas bancarias. El artículo 6.º del Real Decreto-ley
1298/1986, de 28 de junio; el artículo 90 de la Ley 24/1988,
de 28 de julio, del Mercado de Valores; o la Ley 19/1993, de
28 de diciembre, del blanqueo de capitales... A pesar de este
marco normativo, no existen derechos ilimitados. La sentencia
del Tribunal Constitucional 110/1984, de 26 de noviembre, lo
deja claramente afirmado: «No existen, efectivamente, derechos
ilimitados.» Aun admitiendo como hipótesis que el movimiento
de cuentas bancarias esté cubierto por el derecho a la
intimidad, éste tiene sus límites por la necesidad de proteger
o preservar no sólo otros derechos constitucionales sino
también otros bienes constitucionalmente protegidos. La ley
puede autorizar intromisiones por imperativo de interés
público.
Esta Cámara, ya en 1988, reconoció sus limitaciones en cuanto
a competencias de investigación de las propias comisiones de
investigación. Así, por ejemplo, el dictamen de la Comisión de
Investigación sobre Incompatibilidades y Tráfico de
Influencias, de abril de 1988, dice en su conclusión
decimotercera: La comisión no puede requerir, ni la
Administración tributaria remitir, los datos, informes o
antecedentes de índole tributaria obrantes en dicha
Administración, sin perjuicio de que, si la comisión pide a
cualquier declarante copia de sus declaraciones tributarias,
pueda aportarlas voluntariamente el declarante. Recientemente,
como todas SS.SS. saben, la Cámara, en el debate sobre el
estado de la nación, adoptó el acuerdo de facilitar el acceso
de las comisiones de investigación a la información precisa
para el cumplimiento de sus fines. El Gobierno está obligado a
cumplir con el principio de legalidad, y yo creo que lo está
haciendo, pero ello no significa que no se pueda promover la
propia reforma de la legalidad. Recientemente, hoy todavía se
ha anunciado un horizonte próximo y muy a corto plazo de
reforma de esa legalidad, para permitir más capacidad de
investigación y de penetración por parte de las comisiones de
investigación. Queremos investigar a fondo. Creemos que, desde
la investigación, se está llevando a cabo una lucha política
activa contra la corrupción; que el que la haga, señor
Presidente, señorías, la pague. El Parlamento, en defensa del
interés público, no puede ser, bajo ningún concepto, menos que
la Inspección del Ministerio de Hacienda. Cuando un político
tiene la conciencia tranquila no tiene por qué dificultar una
investigación, es más, debe ser transparente. Nuestra
obligación con los ciudadanos es garantizar esa transparencia
y eliminar las barreras que lo impidan, tanto en el presente
como en el futuro. Por ello y a la vista de que el
ordenamiento jurídico vigente contiene determinadas normas que
pudieran impedir la extensión de las facultades de las
comisiones de investigación, tales como la posibilidad de
acceso a las declaraciones fiscales o el conocimiento de lo
movimientos de cuentas existentes en las entidades
financieras, se insta al Gobierno, a través de esta
proposición no de ley que esperamos tenga el apoyo mayoritario
de la Cámara, a presentar ante esta Cámara, en el plazo de 30
días, las reformas legales necesarias que permitan el acceso a
cuantas informaciones resulten
pertinentes para el buen funcionamiento de las comisiones de
investigación del Congreso de los Diputados y del Senado, con
el único límite de las garantías y el respeto de los derechos
constitucionales de las personas.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): A la proposición no de
ley del Grupo Socialista ha sido presentada una enmienda por
parte del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Romero.
El señor ROMERO RUIZ: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, esta proposición no de ley que presenta el Grupo
Parlamentario Socialista esta tarde, propone dar un plazo de
30 días al Gobierno para iniciar las reformas legales
necesarias, con el fin de facilitar el funcionamiento de las
comisiones de investigación del Congreso de los Diputados y
del Senado, estableciendo que debe existir un único límite,
que es la garantía y el respeto a los derechos
constitucionales de las personas.
El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya presenta una enmienda de modificación del texto de
la proposición no de ley, cambiando una serie de palabras por
las siguientes: «... con los únicos límites previstos en la
Constitución Española».
La Constitución reconoce garantías y derechos para los
ciudadanos y hay leyes que establecen los cauces para el
respeto de esas garantías. Al hablar de la Constitución
Española, al hablar de la posibilidad de modificar
esas leyes que desarrollan la Constitución Española, se
plantea con claridad que los límites son los únicos previstos
en la misma, porque las leyes que emanan de esos derechos y de
esas garantías constitucionales son modificables. De hecho, se
pide en esta proposición no de ley que se modifiquen algunas
de esas leyes que ya están en vigor.
Pero veamos el caso concreto que nos ocupa en la Comisión de
investigación sobre la gestión de don Luis Roldán al frente de
la Guardia Civil en España, o la Comisión de investigación en
marcha referida al caso Rubio, u otras comisiones de
investigación que se habiliten. Se ha pedido a la Dirección
General del Servicio Jurídico del Estado, dependiente del
Ministerio de Justicia, que funde en Derecho las razones que
impiden al Gobierno enviar una documentación solicitada
relativa a las declaraciones de renta y patrimonio y al
movimiento de las cuentas bancarias del señor Roldán. En el
primer párrafo, como no podía ser de otra manera, se establece
el deber constitucional, claro, contundente, de colaboración
del Gobierno con las Cortes Generales. A continuación se dice
que, de acuerdo con la Ley Tributaria, con el registro de
intereses y de patrimonio de altos cargos, con estas leyes en
vigor, el Gobierno no puede, garantizando la intimidad de las
personas, facilitar la documentación que requiere la
investigación en este caso. Hay una serie de datos que se
citan, como son, en concreto, el artículo 7.º2 del Reglamento
de la Cámara, así como el número 44, sobre la constitución de
las comisiones y la obtención de información a través de la
Presidencia. También está la Ley orgánica 5/1984, de 24 de
mayo, de comparecencias ante las comisiones de investigación
que reglamenta lo concreto. Pero hay, señorías, unos datos muy
precisos que políticamente debemos situar: la declaración de
renta y patrimonio. Cuando una persona accede a un alto cargo
presenta su declaración de renta, de patrimonio y sus
intereses, con objeto de que pueda ser
investigado cuando cesa en el cargo, para que se pueda
apreciar si ha recibido un incremento importante, fruto de una
utilización ilegal durante su mandato al frente de esa
institución. Si podemos conocer, como de hecho ya conocemos, a
raíz, de las respuestas en contestaciones por escrito a
preguntas de Diputados de esta Cámara, los datos relativos al
patrimonio y a la
declaración de bienes y de intereses, ¿cómo es posible que
ahora no podamos conocer los bienes, el patrimonio y los
intereses que declaró en su día un alto cargo político de la
Administración que está siendo investigado? ¿Para qué se exige
que haya ese registro de intereses y de declaración de bienes
si sólo se utiliza para tenerlo en cuenta cuando se accede al
cargo y no se pueden cotejar con los que existen en la
práctica cuando se cesa? Se pierde toda virtualidad. ¿Qué
objetivos se persiguen cuando se abre un registro de estas
características? Saber si tiene intereses distintos que puedan
colisionar y ser incompatibles con el interés público, de
acuerdo con el cargo que va a desempeñar y también qué tipo de
patrimonio tiene, para saber si con el salario que se le
asigna, con la remuneración oficial que percibe de los
Presupuestos Generales del Estado, puede o no acumular un
patrimonio mayor, en este caso utilizando mecanismos ilegales.
Ahí hay una duda que debemos resolver a favor, claro está, de
la Comisión de investigación y necesitamos que esas
declaraciones de renta se remitan. Voy a poner ejemplos
concretos: cuando se hace la matrícula escolar en EGB, en
instituto o incluso en guardería, se exige la declaración de
la renta; cuando se hace la tramitación de una beca se pide la
declaración de la renta por cualquier funcionario del
Ministerio de Educación y Ciencia o de una comunidad autónoma
con las competencias transferidas, en la que participan
sindicatos, juntas de becas, de evaluación, representantes
estudiantiles; cuando uno se compra un coche, incluidos los de
segunda mano, se pide la declaración de la renta, para ver el
número de letras que el ciudadano está obligado a presentar;
cuando se alquila una vivienda para cualquier actividad
relacionada con la Administración, así como para actividades
de carácter civil y comercial, se piden las declaraciones de
renta. Pero el Parlamento no puede acceder a las declaraciones
de renta, no de cualquier ciudadano sino de un alto cargo
público investigado por una comisión parlamentaria. La gente
está alarmada no sólo de que existan casos de corrupción sino
de que el Gobierno niegue esos datos a una Comisión de
investigación, Porque no es que esos datos se pidan y
voluntariamente la gente los aporte, es que si no aportas la
declarción de la renta no te dan la beca que solicitas si tu
hijo está en un instituto de enseñanza media o en la
universidad; es que si no los presentas para hacer algunos
trámites en algunos aspectos de la Administración Pública, no
se puede acceder a ellos.
¿Quién puede acceder a la declaración de la renta? Un
inspector que representa al Poder ejecutivo, a la Agencia
Tributaria, al Ministerio de Economía y Hacienda, que mañana
puede cambiar su actividad e irse al sector privado. ¿Quién
puede acceder? El Poder judicial. Y los representantes del
pueblo, que se
constituyen en comisión de investigación parlamentaria, no
pueden acceder, según el Gobierno y el dictamen jurídico de
los
servicios del Ministerio de Justicia, a la declaración de la
renta de un alto cargo investigado. Eso es increíble. Es un
problema político y es necesario que se resuelva de manera
clara. En relación con el movimiento de las cuentas bancarias,
imaginemos que un banco es una embajada de un país extranjero,
donde se refugia alguien que ha cometido un delito. Ese
banco --utilizando ese símil-- se niega a dar la extradición y
las pruebas que confirman ese
posible delito. Podría darse el caso de que no tengamos
tratado de extradición con algunos bancos o con algunas
instituciones bancarias. Señorías, no es posible que la banca
se convierta en santuario o en tierra de asilo para
actividades delictivas y corruptas.
¿Con quién colabora la banca? Con la justicia cuando determina
que puede existir la comisión de un delito o blanqueo de
dinero negro procedente del tráfico de droga. ¿Con quién
colabora la banca? Con el Ministerio de Economía y Hacienda
cuando pide una investigación concreta. Pero, ¿por qué no
colabora con la comisión de investigación de un Parlamento en
la que los
representantes del pueblo están investigando no todas las
cuentas sino unas determinadas cuentas para conocer el salario
que un Director General de la Guardia Civil, el señor Roldán,
ingresaba en su cuenta y para ver si hay ingresos procedentes
de otras actividades que expliquen un aumento de patrimonio o
de riqueza con procedencia ilícita, de carácter ilegal? Si no
se nos facilitan esos movimientos de cuenta no podemos llegar
a la verdad. ¿Qué dice esta proposición no de ley? Que como
hay o pudiera haber obstáculos, se modifiquen las leyes que
contienen esos obstáculos para que en el futuro las comisiones
de
investigación tengan la facultad de acceder a las cuentas
bancarias, a los bienes y declaraciones de renta de los cargos
públicos que sean objeto de investigación. Pero en el futuro,
porque aquí se ha dado un plazo de 30 días que no se lo cree
ni el Grupo proponente ni ninguno de los grupos de la Cámara.
Supongamos que hay que modificar la Ley General Tributaria,
supongamos que hay que modificar la Ley de Registro de Bienes
de Altos Cargos, tendrá que venir un proyecto, constituirse
una ponencia, pasar por la comisión, tendrá que llevarse a
cabo la participación de la Cámara en el Pleno, pasará al
Senado y volverá del Senado. Por tanto, lo que aquí se pide
que se reforme se reformará dentro de unos meses y no será de
aplicación para el caso Roldán, para el caso Rubio, ni para
los otros casos actuales.
El problema que tenemos sobre la mesa es el siguiente. Esta
proposición no de ley va a recibir nuestro voto favorable con
esta enmienda que pensamos debe incorporarse, situando el
marco de la Constitución, pero creemos que esta iniciativa no
le debe servir al Gobierno de excusa para decir: Como la ley
me impide mandar esta documentación y el Congreso me ha dado
un plazo de 30 días, ahora iniciaré las modificaciones legales
pertinentes que terminarán a finales de este año o el año que
viene, porque todo tiene su trámite.
Aquí hay una responsabilidad política y hay que enviar esa
documentación solicitada a la Comisión Roldán.
De hecho, ya lo ha realizado Argentaria; ya hay dos cuentas de
la Caja Postal que hemos podido ver, con los movimientos de
cuentas, los ingresos y los gastos; ya hay una notificación de
un préstamo de la Caja de Ahorros de Navarra; ya hay algunos
datos que van llegando porque nos hemos dirigido directamente
a los responsables.
Creo que no hay obstáculo hoy, si hay voluntad política, para
que la comisión de investigación...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Romero, vaya
concluyendo.
El señor ROMERO RUIZ: Termino, señor Presidente.
Decía que no hay obstáculo para que la comisión de
investigación del caso Roldán tenga acceso a las declaraciones
de la renta; para que tengan acceso los representantes del
pueblo; y, para que, al mismo tiempo, el Gobierno tenga
voluntad de participar en las instituciones financieras sobre
dinero que pueda provenir de comisiones ilegales fruto de un
delito, de una utilización desviada de unos fondos reservados
para la seguridad del Estado, o de otro tipo de actividades de
las que se investigan en este caso. Por lo tanto, ni la banca
puede negar esos datos, ni las instituciones financieras, ni
la declaración de renta puede negarse a esta Comisión de
investigación. Vamos a aprobar esta proposición no de ley,
pero que no sea interpretado por el Gobierno como una excusa
para justificarse ante la sociedad española y decir que, hasta
que no se modifiquen las leyes que hay que modificar, no se
envían estas documentaciones a la Comisión de investigación.
Porque si eso es así --y hay ciertas contradicciones en este
tema--, tenemos un Gobierno que debería hacer sesiones
nocturnas para ponerse de acuerdo porque cambia de opinión
cada tres horas, va a salto de mata. Y ya saben ustedes que
gobernar es dirigir, dirigir es prever y, para coordinar y que
no haya este desbarajuste, el Gobierno debería dar pruebas
evidentes de su voluntad decidida y enviar esta documentación
para sosegar a la opinión pública española, que no entenderá
nunca cómo la declaración de la renta hay que
entregarla para pedir una beca, para hacer la matrícula en una
guardería o para comprar un coche de segunda mano y no se
entrega a una Comisión de investigación parlamentaria. O unas
cuentas bancarias, de las que se entrega el extracto al Poder
judicial o a un funcionario de Hacienda y no se entrega a los
representantes del pueblo en las Cortes Generales.
Hay una parte política, hay otra parte jurídica, pero hay una
parte de sentido común y si el Gobierno acepta, con esta
proposición no de ley, mucho tiempo para modificar estas leyes
y no atiende a estas dos comisiones, que en la actualidad
están funcionando, carecería del sentido común necesario.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Grupos parlamentarios
que deseen fijar su posición en este debate.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, Coalición Canaria
va --y lo adelanto-- a dar su voto de apoyo, favorable, a esta
proposición no de ley que nos ha presentado el Grupo
Parlamentario Socialista por boca de su portavoz, don Alvaro
Cuesta.
Compartimos y suscribimos los argumentos, incluso con su
enmienda, que el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya ha presentado para que el
límite de las garantías y derechos sean los que están textual
y formalmente escritos en la Constitución Española, no en una
norma derivada o en una interpretación, sino en la
Constitución y en la jurisprudencia que el Tribunal
Constitucional, en la interpretación de esos derechos
constitucionales y garantías, pudiera haber tenido o tener en
un futuro.
Sería verdaderamente preocupante que las comisiones de
investigación de esta Cámara o del Senado siguieran trabajando
en esa ortopedia de limitación de tener acceso para clarificar
conductas de responsabilidad política, no digo penales, que
tienen que aportar, como carga de la prueba, una serie de
documentos, fundamentalmente de naturaleza fiscal,
hacendística o bancaria, para llegar a las conclusiones que
permitan cumplir el mandato soberano que esta Cámara ha
encomendado a cada Comisión de investigación. Como los
oradores que hasta este momento hemos hecho uso de la palabra
en la tribuna somos miembros competentes, por designación de
esta Cámara, de la Comisión que investiga la situación del
patrimonio de don Luis Roldán mientras fue Director General de
la Guardia Civil, nos hemos encontrado con este escollo. No es
casualidad que una fortísima presión de la opinión pública
durante estas semanas, reflejada en el debate del estado de la
Nación en esta Cámara, lleve a que se haya adoptado esa
conclusión con una propuesta de resolución que votó toda la
Cámara para este tema. También tengo que decir que hubiera
parecido mucho más presentable que el Gobierno hubiera traído,
después del último Consejo de Ministros, el Proyecto de ley,
recogiendo esto para tramitación de urgencia o que la
Proposición no de ley hubiera sido una Proposición de ley
firmada por todos los grupos parlamentarios que en el debate
sobre el estado de la Nación votamos precisamente esta
propuesta de resolución. Porque la realidad es que la Comisión
que
investiga la situación de don Luis Roldán, con los treinta
días que aparecen aquí, va a terminar el plazo del mandato que
le dio este Pleno de la Cámara, plazo tasado y limitado, sin
poder disponer de la documentación fundamental, tanto en el
movimiento de las cuentas bancarias del señor Roldán como su
declaración de renta y de patrimonio. Lo curioso es que la
prensa de hoy trae, en relación con esta cuestión de que no
podemos disponer de la declaración de la renta ni de
patrimonio del señor Roldán, que en el denominado Programa
PADRE el Ministerio de Hacienda acaba de autorizar a los
bancos a que hagan la declaración del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas de sus clientes. Un documento sobre el
que se dice que si el interesado lo quiere aportar
voluntariamente ante la Comisión o la Ponencia encargada de la
investigación, lo puede hacer. Pues bien, a partir de la
próxima declaración del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, que empieza en fechas inmediatas, en el
próximo mes, los bancos podrán rellenar los impresos. Un
documento que, por un lado, parece ser de una protección
cautelar, amparándose el Ministerio de Hacienda, la propia
Administración, que es, por imperativo legal, constitucional,
un objeto del control de esta Cámara. Y resulta que nos vamos
a encontrar con una paradoja digna de una tesis doctoral: Que
quien puede lo más, que es este Parlamento, al legislar, no
puede lo menos. En un Estado de Derecho, en un Estado
democrático, donde la soberanía reside en la Cámara
legislativa, resulta que quien puede lo más, quien hace las
leyes fiscales, quien hace las leyes generales
presupuestarias, quien hace las leyes de todo el ordenamiento,
quien aprobó la Constitución previamente al referéndum
soberano del pueblo español, no puede recabar de un órgano que
está sometido a su control parlamentario, como es la
Administración, en este caso el Ministerio de Hacienda, que
aporte las
declaraciones de la renta de un ciudadano que está encartado
ante una comisión o una ponencia de investigación.
Desde luego, yo encuadro esto dentro de lo que el propio
portavoz del Grupo Socialista, don Alvaro Cuesta, ha llamado
paradójico. Verdaderamente es paradójico que quien puede lo
más --lo repito--no pueda lo menos. Con esta limitación, es
imposible guardar las formas democráticas y de potestad
soberana de una Cámara y venir aquí a rendir cuentas de un
informe que exige la propia Cámara para responder a una
exigencia de derecho frente a la corrupción, a una exigencia
de velar por los caudales públicos, a una exigencia ante la
opinión pública soberana y para poder cumplir con este mandato
y con este imperativo de la propia Cámara que legisla. Y
cuando ha dado facultades de ley esta Cámara al Poder
judicial, para así poder obtener, tanto de la banca como de la
administración pública del Tesoro, cualquier documento que
afecte en una causa de cualquier índole jurídica a un
ciudadano
encartado en un juzgado, resulta que nosotros no podemos ni
siquiera aportar la carga de la prueba para dilucidar la
responsabilidad política que ahí se haya planteado.
Yo digo con tristeza, como miembro de la Ponencia, y ya
veremos el informe que elevaremos a la Mesa de la Cámara, la
limitación que aquí nos encontramos. Yo pediría que por parte
del Gobierno haya un esfuerzo
de aproximación. Después de los ejemplos que ha puesto el
portavoz socialista --que compartimos-- en Derecho comparado,
lo que ha dicho el señor Romero, por el Grupo Parlamentario
Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y este dato
que digo de la autorización del Ministerio de Hacienda a la
banca para rellenar los impresos del IRPF, sin estar sometidos
a un proceso de secreto --la propia banca va a conocer todos
los detalles de renta y de patrimonio de un ciudadano-- esto,
que va a estar al alcance de cualquier fotocopia que quiera
salir hacia el exterior, no lo tiene de una manera formal una
Comisión especial de investigación, de acuerdo con nuestro
Reglamento. Esto es para hacernos sonrojar, desde el punto de
vista de las competencias de una Cámara legislativa y de lo
que de verdad se quiere para dar transparencia en todo proceso
en que esté cuestionada la honorabilidad política, la
responsabilidad política de cualquier servidor de la
Administración pública, hecho, además, por nombramiento de
cargo político.
Nosotros lo vamos a votar. Hubiéramos deseado, como he dicho
al principio, otra fórmula de presentación, pero, al menos,
que cualquier inmediata futura comisión de investigación pueda
disponer de esto; si nos están escuchando o leen el «Diario de
Sesiones» de este Pleno parlamentarios de otros parlamentos de
nuestro entorno democrático occidental, les parecería
increíble este vacío legal que imposibilita que quien puede lo
más no pueda lo menos, máxime cuando tiene por derecho e
imperativo
constitucional las funciones de control del Ejecutivo, de la
Administración y de cualquier administración concordante en
las leyes de tipo bancario, de tipo financiero que salgan de
aquí: que
este principio de obligatoriedad no se ejerza de la manera más
natural, por simple demanda de oficio y no en la circunstancia
en que nos encontramos. Bienvenida sea cualquier oportunidad,
porque más vale tarde que nunca. Nosotros, en esta
reafirmación de lo que hemos querido exponer con nuestra
palabra, vamos a dar el voto favorable, como antes decía. Nada
más.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo Catalán
de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor López de
Lerma.
El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Señor Presidente, señorías,
voy a manifestar y argumentar nuestro apoyo a la Proposición
no de ley que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado
en esta Cámara y que ha defendido el señor Cuesta.
Vamos a dar nuestro apoyo, además, con la seguridad --ya
anunciada por televisión-- de que el Gobierno va a remitir a
esta Cámara un proyecto legislativo que será aprobado --se
dice-- en el próximo Consejo de Ministros, es decir, este
viernes. Por tanto, vamos a tener, al menos así aparece en el
escenario de la información, la seguridad de que lo que aquí
vamos a aprobar esta tarde se va a traducir el próximo viernes
en un Proyecto de ley, que va a ser remitido al Congreso de
los Diputados. Las
comisiones de investigación, ciertamente, aparecen con un
tratamiento diferenciado y, a la vez, con notable amplitud, en
el artículo 76 de nuestra Constitución, que en ningún caso se
ve recortado, antes lo contrario, por nuestro Reglamento. De
hecho, señorías, como ya conocerán, la Constitución de 1978
rompe una especie de conjuración del silencio, a la que en
toda nuestra historia constitucional han estado sometidas las
comisiones de investigación, porque nunca en una Constitución
española apareció la posibilidad de creación de comisiones de
investigación. En algunos momentos de nuestra historia, en
algunos reglamentos de la Cámara y al amparo de lo que
sucedía, se organizaban
comisiones investigadoras que pueden tener cierto paralelismo
con el constitucionalismo moderno, pero en ningún momento de
nuestra trayectoria constitucional aparece, hasta 1978, en esa
especie de conjuración del silencio, comisiones de
investigación. El poder de investigación parlamentaria
constituye, señorías, en los ordenamientos constitucionales
modernos, los más allegados a nuestra democracia, el sistema
más orgánico, más incisivo, yo diría que el más directo,
mediante el cual las asambleas
legislativas pueden, por un lado, actuar como forma de control
sobre el Ejecutivo y, por otro, recoger la información
necesaria para el desarrollo de sus funciones, tanto políticas
como legislativas.
De alguna manera se considera en el ordenamiento jurídico
constitucional moderno que las encuestas parlamentarias, las
comisiones de investigación parlamentaria, que son
investigaciones realizadas por el Parlamento sobre
determinados hechos y objetos, tienen su encuadramiento,
tienen su marco en la función de información y también en la
función de inspección de las Cámaras legislativas, y que su
papel instrumental es, además, respecto de otras funciones
parlamentarias. Precisamente, esa naturaleza de comisiones de
encuesta, comisiones de
investigación, permite concluir que el poder investigador de
una Cámara legislativa se utiliza legítimamente por el
Parlamento cuando se encamina hacia el ejercicio de la función
legislativa, el ejercicio de orientación y de control
político, que son las funciones típicas de un órgano como este
Congreso de los
Diputados. Del ejercicio de ese poder de investigación de las
Cámaras legislativas modernas, que, ciertamente, como aquí se
ha explicitado, no es un poder de juzgar, sino que es un poder
de investigar, no se derivan sanciones; eso sí, activan
mecanismos directos e indirectos de reacción,
mecanismos políticos e incluso mecanismos jurídicos. Por eso,
saludamos con satisfacción la iniciativa del Grupo
Parlamentario Socialista, porque, como se dice textualmente en
la exposición de motivos, también a nosotros nos parece
oportuno remover cuantos obstáculos impidan la plenitud de la
función investigadora del Parlamento, sin perjuicio, eso sí,
como aquí han expuesto otras señorías, de las garantías y el
respeto de los derechos constitucionales de las personas. Pero
lo hacemos, además, señor Cuesta, por algo que nos parece muy
oportuno que ustedes lo hayan indicado y, además, de la manera
que lo han hecho en su propia exposición de motivos, por el
carácter dubitativo de que normas existentes, vigentes,
pudieran impedir. Que quizás para otros no impidan, como aquí
se ha expuesto, porque pareceres distintos los hay,
interpretaciones sobre normas jurídicas existen, se dieron
ayer, se han dado esta misma tarde, y me parece muy elegante,
se lo digo, que su Grupo Parlamentario no incida en este
debate interpretativo y diga que, precisamente, normas
existentes pudieran impedir la extensión de las facultades
investigadoras del Parlamento.
Por eso, nosotros damos nuestro apoyo, pero, si se me permite,
señor Presidente, más allá de la redacción y la propuesta
concretas del Grupo Parlamentario Socialista, de la propia
enmienda del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, y más allá del proyecto de Ley que puede traer
el Gobierno dentro de pocos días, la próxima semana, a esta
Cámara, para su tramitación, y quizás por el procedimiento de
urgencia, no lo sé, uno se ve en la obligación como Diputado
de hacer una reflexión, plantear que la Cámara, que todos
nosotros, señorías, hagamos una reflexión serena, tranquila,
sosegada, reposada, si se me permite la expresión, una
reflexión apartidista sobre los cometidos, los contenidos y
los instrumentos investigadores de una comisión de
investigación como la que nuestro ordenamiento jurídico
constitucional, nuestra Constitución, ampara.
A este Diputado, señor Presidente, señorías, se le presentan
algunas cuestiones que creo que no son menos relevantes. Por
ejemplo, ¿es coherente la trayectoria de este Parlamento en
materia de comisiones de investigación? ¿Existe coherencia con
todas las comisiones de investigación que aquí se han creado?
¿Este Parlamento tiene coherencia cuando el 20 de septiembre
de 1979 dio luz verde a una proposición de Ley presentada por
el Grupo Parlamentario Socialista, que fue tomada en
consideración por el Pleno y que fue tramitada incluso ante el
Senado, en cuyo artículo 1.º se decía que las comisiones de
investigación desarrollarán su actividad con los mismos
poderes y las mismas limitaciones que la autoridad judicial?
¿Es acaso coherente esta afirmación, a la cual se dio luz
verde en esta Cámara, a
propuesta socialista de entonces, con lo realizado en esta
Cámara? ¿Es coherente nuestra trayectoria como Parlamento,
como Cámara, en materia de comisiones de investigación? De ahí
que yo suscite una reflexión serena, reposada, tranquila,
apartidista, señorías.
¿Es absolutamente abierto --me pregunto-- el marco
constitucional en el que se instalan, o debemos examinarnos,
como creo, en relación con el denominado bloque de
constitucionalidad?
La Constitución, cuando habla de comisiones de investigación,
en particular, ¿deja todas las puertas abiertas, o esas
puertas abiertas lo deben ser también en función, y sólo en
función, del llamado bloque de constitucionalidad? ¿Cabe todo,
señorías, en una comisión de investigación y todo puede ser
objeto de
investigación, apelando sólo al interés público? ¿Y quién
determina el interés público? ¿Esta Cámara, coyunturalmente?
¿Debe ser el Reglamento de esta Cámara el que ampare y regule,
con exclusividad, quizá, los trabajos investigadores, o
debemos tener otras leyes como referencia, como marco, si me
permiten, como pared de fondo? ¿Cuál debe ser nuestra relación
con el Poder judicial y sus actuaciones? Porque no hace mucho
que este Diputado, en función de presidente de una comisión de
investigación, criticó cierto procedimiento de un juzgado de
Madrid, pero no es menos cierto que esta Cámara, cuando se
hizo una comisión de investigación sobre ciertos accidentes
aéreos, llegó a solicitar, y a obtener, documentación que
integraba el sumario, las actuaciones de un juzgado.
¿Podemos pasar, señorías, de la noche a la mañana, de no poder
hacerlo todo a hacerlo absolutamente todo?
Por eso, señorías, señor Presidente, me he permitido, y
ustedes me van a perdonar, además de argumentar a favor de
esta propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, hacer esta
llamada a una reflexión serena, tranquila, sosegada, alejada
sobre todo de necesidades políticas urgentes, como las que
quizá acompañan la propuesta y como uno supone que va a
acompañar la iniciativa legislativa del Gobierno. Simplemente
quiero hacer, repito, esta reflexión, al amparo de la
iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista y del anuncio
del Gobierno de la aportación de un proyecto legislativo.
Nada más, señor Presidente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor López de
Lerma. Para fijar la posición del Grupo Popular, tiene la
palabra el señor Ramallo.
El señor RAMALLO GARCIA: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, hubo una vez un Ministro socialista que afirmó en
esta Cámara que mientras fuera Ministro no habría comisiones
de investigación. Por azares del destino, aquel Ministro, de
don Felipe González, que en 1987, desde esta misma tribuna,
realizó
semejante afirmación (me la hacía a mí, porque me estaba
contestando, y yo estaba sentado allí), es quien hoy firma, en
nombre del Grupo Socialista, la proposición no de ley que
debatimos y que tiene por objeto ampliar los poderes de las
comisiones de investigación.
Es también la misma persona que, cuando estaba en la oposición
y era portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Vasco, decía
aquello de: Existe, señorías, la regla, que sigue siendo
válida, de la mujer del César, según la cual un político,
además de ser honesto, debe parecerlo. Y es que hoy yo
recapacito y digo al ilustre portavoz socialista, señor
Cuesta: Con la que está cayendo, no es para que hablemos de
Derecho comparado, señor Cuesta. Es quizás para que hagamos
memoria y yo voy a hacerla. Permítanme que me remonte a 1982,
para recordar algo que desde los escaños socialistas quizá lo
recuerden mejor que yo y que el pueblo español hoy lo recuerde
con añoranza. Me refiero a la gira electoral de don Felipe
González, actual Presidente del Gobierno, que lanzaba un solo
mensaje: Hay que moralizar la vida pública y luchar contra la
corrupción. Y lo he leído en la prensa, y así debe ser, que lo
dijo en una excursión que hizo por toda España, que la pateó,
de 20.000 kilómetros. En el mitin final socialista, Alfonso
Guerra fustigó a los gobiernos de UCD y afirmó: Hay que ganar,
para que se viva sin corrupción, estafas ni asesinatos como el
masivo del aceite de colza.
Felipe González subrayó las palabras de Alfonso Guerra --¡Qué
tiempos! decía, su amigo de siempre-- y añadió: Frente a
quienes dicen que somos las dos caras de la moneda, yo digo
que somos la misma cara de la misma moneda: la lucha contra la
corrupción. ¿Qué ha ocurrido desde entonces, señorías? Ustedes
prometieron ilusión, ustedes prometieron moralizar la vida
pública, ustedes prometieron limpiar la corrupción a una
España que no estaba llena de corrupción. Decía don Felipe
González: Hay que hacer la revolución de la honestidad a todos
los niveles y en todos los campos.
Esto era en 1980. En 1981: El PSOE defenderá como principio
básico, si llega al Gobierno, la honradez en el ejercicio de
la función pública. Por eso me preguntaba y me pregunto: ¿Qué
ha ocurrido desde entonces para que cambien tanto las cosas y
ustedes hoy nos traigan una proposición no de ley que hace
unos años no pensarían ni siquiera en coger la pluma para
redactarla? Pues yo se lo voy a decir.
Primero: El Grupo Popular se ha quedado afónico, día a día,
Pleno a Pleno, de pedir medidas similares a esa que ustedes
traen hoy y a la que yo estoy contestando desde esta tribuna,
sin obtener ninguna respuesta. Y en eso tenían ustedes
compañía. Segundo. Los hechos han venido a dar la razón a este
Grupo Parlamentario y el propio Presidente del Gobierno ha
tenido que aceptar, en el pasado debate del estado de la
Nación, que este es un problema nacional de primera magnitud
que le concierne personalmente. Dijo: Me siento concernido. ¡Y
tanto! Y el pueblo español yo creo que estafado. (Rumores.) En
las mociones consecuencia del debate se puso de manifiesto la
necesidad de reformas legales para que las comisiones de
investigación tengan pleno acceso al objeto de las mismas. Así
ocurre en el caso de la Comisión de la que formo parte, en
unión del señor Baón, por el Grupo Popular, la Comisión
Roldán, que se solicitó por mi Grupo Parlamentario y que se
votó por los demás grupos de la Cámara. La documentación que
obra en poder de la Administración la hemos pedido, referida a
las declaraciones de renta y patrimonio de las personas
investigadas, y se nos ha negado la excepción contenida en el
artículo 6 del número 111 de la Ley General Tributaria. Ya lo
esperábamos y ya lo suponíamos.
Pues bien, señorías, aun sin perjuicio de lo que diré después,
el Grupo Popular está contento, se congratula porque, de una
vez, ustedes vienen a nuestra tesis, facilitan los medios de
investigación y luchan para erradicar a los corruptos. Por
ello vamos a votar a favor. Si no es para luchar contra los
corruptos, díganme ustedes para qué lo traen. Sin embargo,
quiero precisar que esta iniciativa no sería necesaria si
previamente se hubiera dado una voluntad en ese Gobierno, que
está clamorosamente ausente de esta Cámara, como hace a
diario, porque si hubiera habido voluntad política en el
Gobierno, no hubiera hecho falta que hoy trajeran ustedes
esto. Señorías, yo tengo a gran orgullo, como muchos de
ustedes, llevar seis legislaturas. Yo era Senador de las
Constituyentes y les digo que cuando votamos en lo que fue el
referéndum, no ya como pueblo, sino como senador o como
diputado, y aprobábamos el artículo 76, ¿ustedes se creen que
estábamos votando unas comisiones de investigación, que se
recogían en la Constitución, que sirvieran para lo que han
servido mientras el Partido Socialista ha gobernado, es decir,
para nada? No. ¿Pensábamos que estábamos dándonos un
instrumento para poder luchar contra la corrupción? No, porque
no pensábamos que iba a pasar lo que ha pasado. Lo que
queríamos era conseguir que hubiera transparencia en la vida
pública española. Queríamos que, a través de lo que era la
limpieza en la ejecutoria de los cargos públicos, del manejo
de los caudales públicos, el
ciudadano se sintiera cada vez más identificado con la
democracia y, poco a poco, fuera cambiando mucho de lo que no
había
cambiado, diciendo: ¡Caramba!, este sistema es mejor que el
otro. Es bueno el sistema en el que cada cuatro años podemos
decir: éste me gusta, el otro no me gusta. (Varios señores
Diputados: ¡Muy bien!) Y ustedes lo han interpretado, amigos
socialistas, de otra manera. Dice el artículo 76 que se
aprobarán comisiones de investigación para cualquier asunto de
interés público. Y miren ustedes si el asunto que tenemos
entre manos es de interés público, éste, el caso de Mariano
Rubio y tantos y tantos que no han pasado por esta Cámara y
que hubieran tenido tanto mérito como éstos para hacer una
comisión de investigación. Ahí está, en el «Diario de
Sesiones», la afirmación del Presidente del Gobierno realizada
hace una semana desde esta misma tribuna de que a la Comisión
Roldán habían entregado el material que permitiría esclarecer
los hechos que constituyen la finalidad de la Comisión. Y hoy
es el día en que aún sigue llegando documentación a la Cámara.
Si quieren ustedes, les muestro la relación de hoy. Ayer era
el día en que, haciendo un esfuerzo portentoso, el Gobierno
había conseguido que el Ministro de Educación y Ciencia
mandara a la Comisión un papel así de corto (el señor Ramallo
García muestra un papel a la Cámara), que decía que el señor
Roldán ni era ingeniero industrial ni era licenciado en
Económicas ni era master ni era nada, que era un simple
ciudadano, lo cual no es malo. Pero hay que decir que quizás
el Gobierno no mandó antes eso por vergüenza, porque se
acompañaba también la declaración de aquel día de 1986 en que
el portavoz del Gobierno daba ese currículum, sobre el que mi
compañero y yo hemos tenido que preguntar al Gobierno y en el
que se demuestra qué es lo que ocurría.
Señorías, no tenemos «titulitis» ni «meritocracia», pero qué
mal empieza quien alega títulos que no tiene para decir ¡qué
grande soy!, cuando luego ha demostrado lo pequeño que es.
(Rumores.) Queridos amigos, ¿qué quieren que les diga? ¿Que el
Presidente del Gobierno faltó a la verdad? Saquen ustedes la
conclusión. Si hoy estamos aprobando esta ley para que se
mande lo que es necesario, es porque el Gobierno no ha
contestado, desde el día 9 de marzo en que se mandó la
solicitud de documentación, hasta hoy, a lo que tenía que
haber contestado. Era el 9 de marzo --han pasado dos meses--
cuando se pedía la documentación y ayer se nos descuelgan con
un papelito de tres folios diciendo que como es de aplicación
el artículo 111, número 6, de la Ley General Tributaria: de lo
dicho, nada, que no les mandamos un papel. (Rumores y
protestas.--Varios señores Diputados: ¡Muy bien!) Y tengan en
cuenta... (Un señor Diputado pronuncia palabras que no se
perciben claramente.) Con taza van a necesitar ustedes recoger
lo que han dejado. Más vale que estén tranquilos. (Aplausos en
los bancos del Grupo Popular.--Rumores y protestas.) Por lo
menos, tengan seriedad, que el pueblo me parece que no está
para bromas; es bastante serio lo que estamos hablando. Si
estuvieran un ratito en la Comisión Roldán, a muchos de
ustedes se les iba a poner la cara colorada como un pimiento.
(Rumores.)
Amigos, es discutible y discutida la doctrina de que el
artículo 111 de la Ley General Tributaria que se nos alega sea
un
obstáculo para que se envíen las declaraciones de la renta y
patrimonio. No voy a entrar en la discusión teórica. Es que el
artículo 111 de lo que está hablando es del deber de
colaboración de los terceros que tengan relaciones con otros
contribuyentes y que mandan datos a la Hacienda pública, pero,
que yo crea, la declaración de renta y patrimonio es una
obligación personal que hace cada una de las personas. Por
tanto, la excepción del número 6 no es de aplicación, ni mucho
menos, y ustedes lo saben. Pero es que, además, señorías, el
venir hoy aquí --y se ha dicho ya antes--tiene su motivación.
Por ejemplo, aquí tienen: Colegio General Navarro, de Badajoz,
Ministerio de Educación y Ciencia: para poder optar a una
plaza en un colegio público --no nos lo inventamos--, copia
compulsada de la hoja de liquidación del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas del año 1992. Señorías, las
cosas están bastante claras; hasta en los tablones de anuncios
hasta hace poco tiempo han estado las declaraciones de la
renta. Se podían consultar declaraciones o se exigía --como se
ha dicho aquí ya--la declaración para cualquier otra cosa,
como para un préstamo en un banco, público o no público.
En fin, señor Cuesta, bienvenida sea la proposición si se
facilita, con pleno respeto al Estado de Derecho, la labor de
investigación que forma parte del control al Gobierno. Sin
embargo, quisiera hacer una reflexión al hilo de un
interrogante: ¿Puede creer ahora alguien que el Grupo Popular
iba a querer invadir los límites de las garantías
constitucionales? Porque, a veces, se nos ha hecho esa
imputación. (Varios señores
Diputados: ¡No! ¡No!--Rumores.) Desde luego, a nosotros no,
porque nosotros --y esperamos que rectifiquen y no hagan
imputaciones gratuitas-- no fuimos los que propusimos el poder
entrar en los domicilios sin autorización judicial, y el señor
Garzón está muy de acuerdo con nosotros en lo que hicimos,
mucho. (Rumores y protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ramallo, vaya
terminando, por favor. (Rumores.)
¡Silencio, señorías!
El señor RAMALLO GARCIA: Voy terminando, señor Presidente. No
ha sido el Grupo Popular el que ordenó al CESID o a sus
agentes espiar a media Barcelona. Supongo que habrán sido
ustedes o el señor Serra. No sé quién habrá sido. (Rumores.)
No hemos sido nosotros los que hemos introducido el delito de
difamación en el Código Penal para amordazar la libertad de
expresión y con ello facilitar el ambiente de impunidad.
Fueron otros, el anterior Ministro de Justicia, señor De la
Quadra, al que le gustaba mucho aquel tipo de delitos.
(Rumores.) No se preocupen ustedes señores de la mayoría.
Nosotros ya hemos demostrado bastante que no queremos limitar
los derechos de los españoles. (Rumores.--Risas.) No se ría,
que no está para bromas la cosa, señoría. Permítanme que, por
fin --no sé si está el señor Martín Toval--, lea algo, hoy que
también ha traído buenas
perlas el señor López de Lerma, magnífico Presidente hasta
ahora, y espero que lo siga siendo, de la Comisión Roldán...
(Rumores.--Risas.) --yo puedo hablar hasta ahora, mañana no lo
sé; hasta ahora, sí--, hoy que ha traído buenas perlas de lo
que estos señores (señalando a los bancos del Grupo
Socialista) decían cuando eran oposición. Es que algunas
señorías no nos entienden, pero lo que los tuvimos que
aguantar desde el Gobierno siendo ellos oposición quizá sí
entiendan.
Miren ustedes, nada más y nada menos que el 21 de diciembre de
1978 --estaba la democracia tierna, tan tierna que acabábamos
de aprobar la Constitución--se concede una Comisión que se
llamaba de encuesta, no de investigación como ahora. ¿Saben
ustedes cuál era el gran pecado? Que se había publicado en la
prensa que a los invitados extranjeros al Congreso de UCD se
les había pagado desde Televisión Española. Pues bien, el
Grupo de UCD con su abstención dio lugar a que se creara la
Comisión, y el señor Martín Toval dijo lo que yo no me resisto
hoy a repetir:
«Nosotros quisiéramos»... (Rumores.) Si él no está,
cuéntenselo; además, figura en el «Diario de Sesiones»: página
5942, número 147. ¡Es que les va a picar! (Risas.--Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡Señor Ramallo,
termine, por favor!
El señor RAMALLO GARCIA: Voy a terminar, señor Presidente. Al
tercer aviso, si quiere usted, me sienta.
Decía el señor Martín Toval: «Nosotros quisiéramos que esta
abstención del Grupo de UCD...» (Rumores.) Ahí también hay
gente que lo oyó desde el Grupo de UCD.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ramallo, el
orden lo mantiene la Presidencia.
El señor RAMALLO GARCIA: «Nosotros quisiéramos que esta
abstención del Grupo de UCD no se continúe en una abstención
en cuanto a los trabajos que esta Comisión de encuesta debe
desarrollar, de forma que esa abstención en el voto de hoy no
signifique que los objetivos de la Comisión de encuesta aquí
prefigurados: 'para que con mesura y firmeza determine'''' --
dice la moción-- 'si las acusaciones contenidas en la prensa
sobre la corrupción en dicho medio social son o no
ciertas'''', digo que en la actuación de esa Comisión de
encuesta --y será fundamental la actitud del Grupo hoy
mayoritario relativo en el Congreso y hoy en el Gobierno--
será fundamental que no mantenga esa actitud de abstención. Si
no, difícilmente la Comisión de encuesta podría tener
eficacia, quedando entonces en papel mojado». Decía el señor
Martín Toval para terminar: «Los hechos nos dirán quién está o
no a favor o en contra de la corrupción».
Muchas gracias, porque quienes no han apoyado las comisiones
de investigación hasta ahora han sido ustedes. Aplíquese el
cuento el señor Martín Toval. (Rumores y protestas.--
Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el
señor Cuesta a los efectos de indicar si acepta o no la
enmienda defendida en nombre del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya por el señor Romero.
El señor CUESTA MARTINEZ: Permítame, señor Presidente, alguna
precisión al hilo de la enmienda suscitada y al hilo también
de lo que es la necesaria explicación de esta proposición no
de Ley. (Rumores.) Estoy en el trámite...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No, no. Señor Cuesta,
exclusivamente a los efectos de indicar si acepta o no la
enmienda, a lo sumo con alguna mínima argumentación de por qué
la acepta o no. (Rumores y protestas. Varios señores Diputados
del Grupo Popular: ¡No! ¡No!)
¡Silencio Señorías!
El señor CUESTA MARTINEZ: Señor Presidente, mi primera
reflexión o afirmación es que mi Grupo no vive exclusivamente
anclado en el pasado. (Aplausos.--Rumores y protestas.--El
señor Fernández-Miranda y Lozana: ¡Está reabriendo el debate!)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Cuesta, no hay
reflexiones. Indique si acepta o no y arguméntelo.
El señor CUESTA MARTINEZ: Quisiera que me permitiera la
Presidencia...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Es que este es uno de
los turnos tasados, señor Cuesta, y usted lo conoce bien.
El señor CUESTA MARTINEZ: Muchas gracias por la benevolencia
de la Presidencia.
Efectivamente, en línea con aquella proposición de Ley de 1979
que presentamos en su día, ésta no de Ley recoge aquel
espíritu. Por cierto, aquella proposición fue rechazada por el
Parlamento de la época y, por cierto, la voluntad que había
detrás de aquella proposición se ha desarrollado por la
mayoría socialista en este Parlamento a través de una Ley
orgánica que regula las comparecencias en las comisiones de
investigación, que no existían como instrumento. (Rumores y
protestas.--Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Cuesta, aténgase
al turno concedido.
El señor CUESTA MARTINEZ: Hecha esta precisión, que creo que
es de utilidad para darle el marco interpretativo a la
proposición que hoy nos ocupa, quisiera agradecer en primer
lugar el espíritu constructivo y el apoyo que todos los grupos
dan a esta iniciativa de mi Grupo Parlamentario y quisiera a
su vez también afirmar que, en efecto, vamos a asumir la
enmienda planteada por el portavoz y el representante del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, porque creemos que esta enmienda en realidad no
modifica en lo sustancial el espíritu de esta proposición no
de ley, que es preservar efectivamente, en el funcionamiento
de las comisiones de investigación,
el respeto a las garantías constitucionales. A más
competencias, y hoy estamos hablando, señorías, de
competencias de las
comisiones de investigación --por cierto, es la primera vez
que se habla en los doce últimos años en esta Cámara de
competencias, de capacidad de remover obstáculos en el
funcionamiento de las comisiones de investigación, no de
constituir las comisiones, sino de las competencias...
(Protestas.) ... de las comisiones, por iniciativa de mi Grupo
Parlamentario...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Cuesta, la
Presidencia ha entendido claramente que por parte del Grupo
Parlamentario Socialista se acepta la enmienda. Ese era el
efecto de este turno.
El señor CUESTA MARTINEZ: La aceptamos en el sentido además de
que a más competencias, removiendo los obstáculos legales,
recogiendo el principio de legalidad, reformando la ley, más
garantías también.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Cuesta.
Vamos a pasar a la votación de la proposición no de ley. (El
señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo
Socialista. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 297; a favor, 296; abstenciones, una. (Rumores y
protestas.--Varios señores Diputados del Grupo Socialista: ¡No
está! ¡No está!--Señalando el escaño del Grupo Popular que
aparece como abstención en el panel electrónico.)
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
(Continúan las protestas. Varios señores Diputados pronuncian
palabras que no se perciben claramente.)
¡Silencio, señorías! ¡Silencio! (Rumores.)MOCIONES
CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, EN RELACION CON LA POLITICA DEL
GOBIERNO SOBRE LA INDUSTRIA MILITAR Y DE ARMAMENTO Y LA
OBTENCION DE AYUDAS DE FONDOS EUROPEOS PARA SU RECONVERSION, A
LA VISTA DEL PLAN DE REESTRUCTURACION DE LA EMPRESA NACIONAL
SANTA BARBARA (Número de expediente 173/000034)
El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día: Mociones
consecuencia de interpelaciones urgentes. Moción del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya subsiguiente a
interpelación en relación con la política del Gobierno sobre
la industria militar y de armamento y la obtención de ayudas
de fondos europeos para su reconversión, a la vista del plan
de reestructuración de la Empresa Nacional Santa Bárbara.
(Continúan los rumores.)
En nombre de Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Ríos. (Continúan los rumores.)
Señorías, guarden silencio. (Continúan los rumores.)
Señorías, estamos en sesión. Ruego guarden silencio y ocupen
sus escaños. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, quisiera
defender esta moción, por parte del Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, fruto de la respuesta, mejor
dicho, de la no respuesta que el Ministro de Industria dio en
el debate de la interpelación, haciendo un ejercicio de
responsabilidad, intentando no utilizar como argumento una
situación complicada o un drama en determinadas familias, sino
utilizando el razonamiento para defender aquí, en el Pleno de
la Cámara, lo mismo que hemos defendido fuera de ella y en
cada uno de los sitios. Creo que nos encontramos ante una
situación complicada, porque una vez más el Gobierno de la
nación, ante una equivocación, ante una actuación equivocada y
ante la respuesta de presión, de exigencia, de movilización,
por parte de los ciudadanos afectados, ha aplicado una receta
también equivocada, mantenella y no enmendalla. Y, cuando las
cosas se han
complicado, han utilizado la policía.
¿De qué estamos hablando hoy aquí y por qué viene esta moción
al Pleno de la Cámara? Estamos hablando de una moción sobre la
situación de la Empresa Nacional Santa Bárbara, porque la
empresa ha presentado un pretendido plan de viabilidad o plan
industrial que llevaba consigo el cierre de cinco centros de
trabajo y el despido, ipso facto, de 2.070 trabajadores. Una
empresa que venía desde el año 1987, en pleno Gobierno
del actual Presidente, de un proceso de reconversión que
supuso una reducción de 2.300 empleos, sin que la
contrapartida que a los trabajadores se les puso encima de la
mesa --la contrapartida de una inversión para modernizar y
adecuar la industria a la realidad y a las demandas del
futuro-- se acometiera. Como eso no se hizo en el año 87,
llegamos al año 90 a un programa de regulación de empleo que
tuvo una decisión de la autoridad del Ministerio de Trabajo
reduciendo las peticiones de la empresa en la regulación de
empleo temporal e incluso el número de personas afectadas. En
aquella resolución mandataba a la empresa para que se
presentara, entre lo que pudiéramos llamar organismos
implicados y no implicados directamente, pero también
implicados, y los propios trabajadores, un nuevo plan que
introdujera una viabilidad industrial para la empresa.
Sin embargo la realidad ha sido que el Gobierno, el INI ha
respondido a compromisos contraídos con los trabajadores
firmados, con documentos concretos, presentando
unilateralmente un plan de ajuste impuesto en la
Administración de Trabajo. No se ha cumplido por tanto la
negociación, pero es que había compromisos específicos en
centros concretos, por ejemplo en el de Toledo, donde en
septiembre del 89 y en el año 90 se
comprometían a mantener todos los puestos de trabajo y la
incorporación a una empresa nueva que se llamaba Icsa; acuerdo
que se mantuvo en junio del año 93 por realidades productivas
sin que el Ministerio de Defensa haya definido cuáles son las
necesidades de Defensa para las próximos años. En suma, nos
encontramos ante un plan unilateral. Yo creo que aquí, para el
Ministro de Industria, valdría la anécdota de Pablo Neruda
cuando un amigo suyo, Julián Husley, preguntó por él en el
aeropuerto de Chile y le decían: ¿Por quién, el poeta Neruda?
y dijo él: No, el malacólogo Neruda. ¿A qué es a lo que se
refería? Que el conocimiento que tenían de Neruda como poeta
él lo tenía como especialista coleccionista de moluscos. En el
caso del Ministro de Industria debiéramos decir que por lo que
es conocido no es por lo que yo le vengo a conocer; más bien
le conozco por el Ministro del desmantelamiento industrial,
porque la realidad ha sido que aquí no han venido propuestas
que recojan ordenadamente una actuación dentro de una
industria tan estratégica como la de Santa Bárbara.
¿Quién se opondría, los trabajadores, los sindicatos, o qué
fuerza política se opondría si hubiese un plan industrial que
recogiera los compromisos para los próximos diez años del
Ministerio de Defensa? Compromisos que hoy se están cumpliendo
fuera de la empresa Santa Bárbara; compromisos que --se los
puedo leer-- han funcionado en los años 89, 90, 91, 92 y 93
obteniendo fuera de la empresa Santa Bárbara actuaciones que
corresponden a dicha empresa por valor superior a cinco, ocho,
diez mil millones de pesetas; actuaciones como carros de
combate,
mantenimiento y repuesto para los vehículos TOA, ATP o carros
de combate M-47; cartuchería, etcétera, algunas geniales
porque hemos adquirido en el exterior cartuchería que después
hemos tenido que tirar porque no ha sido válida.
En suma, en lugar de definir qué puede producir Santa Bárbara
hoy de lo que necesita el Ministerio de Defensa, el que
tenemos hoy, el que vamos a tener en los próximos años, se ha
sacado a licitar bajo dos argumentos: porque es más barato y
porque el mercado puede facilitar una realidad de oferta de
unas empresas que no puede hacer Santa Bárbara. Y ¿qué se ha
hecho, qué inventiva ha tenido el propio Ministerio de
Industria para introducir
modificaciones tecnológicas que puedan llevar a la empresa
Santa Bárbara a producir lo que se produce fuera? Creemos que
definiendo esas necesidades del Ministerio de Defensa lo que
puede producir hoy, hay que producirlo y encargarlo; lo que no
puede producir pero podría hacerlo con innovaciones
tecnológicas, que se introduzcan, y, segundo, haciendo frente
a planes de conversión industrial hacia otros frentes
industriales; ejemplos como se ha hecho en Toledo con Icsa,
como se ha hecho en Oviedo con el grupo Coli, como se ha hecho
en Granada; proyectos que podían y deberían estar acogidos al
Plan Konver y que no se han acogido a dicho plan que
precisamente se utiliza en Europa para reconversión de la
industria militar o de infraestructuras militares.
Por tanto, la propuesta que hace Izquierda Unida va dirigida a
conseguir, primero, que en lugar de poner sobre el tapete el
carro por delante de los bueyes, que se retire el expediente
de regulación de empleo y que la empresa negocie, junto con
los ministerios de Industria y de Defensa, porque hay que
comprometerse. No podemos decir que las partes se entiendan.
Los compromisos de un Gobierno en un sector estratégico son
importantes. Una política de Gobierno, una actuación de todos
sus ministros. No puede haber una opinión distinta en Defensa,
por otro lado en Industria y por otro lado en Economía, como
una pelea entre ministerios que impiden acogerse a proyectos o
poner en marcha determinadas iniciativas. Es necesario, por
tanto, una actuación dentro de un plan industrial, negociado,
por tanto, por el Ministerio de Industria, por el Ministerio
de Defensa, el de Economía, el INI y la empresa, los
trabajadores y los sindicatos; plan industrial que vienen
anunciando y han ido firmando
sucesivamente en el tiempo. Ese plan puede estar encima de la
mesa en seis meses, y dentro de ese plan, donde se recoge lo
que va a producir Santa Bárbara para Defensa, la conversión,
se puede hablar de un ajuste de empleo, se puede hablar de una
regulación de empleo, de incentivación de jubilaciones, de
transferencia o movilidad geográfica. Dentro de ese plan nadie
se va a oponer, si hay un plan de viabilidad industrial. Por
tanto la propuesta de Izquierda
Unida sería que ese plan se acogiera, en los proyectos de
conversión, a los fondos Feder.
Me gustaría responder a las propuestas que se nos han hecho a
esta moción. Se han presentado iniciativas de otros grupos, en
concreto la que hemos intentado tratar con el Grupo
Parlamentario Socialista. Plantea que este Pleno requiera al
Gobierno para que éste inste a las partes a negociar, pero no
plantea la retirada del expediente. Y si esto lo aprobamos
así, con la voluntad que podíamos tener de que esto fuese así,
que promoviéramos la negociación, lo que estaríamos aprobando
es que se instaba a las partes a negociar sin retirar la
amenaza que supone el expediente de cerrar cinco centros y
despedir 2.000 personas, a negociar cómo se produce eso, y no
precisamente a negociar un plan industrial para la propia
empresa, del que hoy se carece. Por tanto no es posible
admitir esa propuesta. En las demás
propuestas del Grupo Socialista no habría ningún problema. El
punto tercero, para asumirlo junto con el segundo de
Convergència i Unió. El punto cuarto, como una adición a la
propuesta. Creemos que la propuesta que hace el Grupo
Parlamentario Socialista no retira el expediente, además
utiliza el convenio INI-Teneo, que no es un mecanismo adecuado
porque ese convenio no va a actuar para lo que pudiéramos
llamar cierre de empresas totales ni tampoco para dictar, como
una especie de juez que va a arbitrar dentro del proceso. pero
es que además nosotros creemos que sería bueno que junto con
la actuación global pudiéramos hablar de recolocaciones en
otras empresas. Fuera de eso es una declaración de intenciones
que hace el propio Grupo, si no está unido a otras actuaciones
en su propio conjunto. De las propuestas del Grupo Popular
nosotros aceptaríamos la propuesta primera, para
homologar las importaciones de armamento militar; aceptaríamos
la tercera, como adición para que Santa Bárbara ponga encima
de la mesa, para la negociación de ese plan industrial, una
propuesta de un nuevo plan estratégico, en lo que significa el
armamento y la munición que van a necesitar Defensa e
Interior; aceptaríamos el punto cuarto para que antes de
proceder al cierre de ninguna factoría se haga frente a la
diversificación
industrial, también como adición al punto tercero. Sin
embargo, nosotros no aceptaríamos el punto segundo, no porque
no estemos de acuerdo, no porque no estuvieran de acuerdo los
sindicatos y los propios trabajadores, sino porque plantear
hoy una regulación de empleo temporal como tránsito, mientras
se negocia el plan industrial, es un elemento a negociar con
los propios sindicatos, no que esta Cámara se pronuncie sobre
lo que deben hacer; son los propios sindicatos los que deben
decir: mientras se hace esto podríamos ir a la regulación
temporal. Se trata de facilitar la negociación entre las
partes, desde el acuerdo aquí, para que se retire el
expediente y se pongan a negociar de verdad, no con una
amenaza encima de la cabeza.
El señor PRESIDENTE: Señor Ríos, le ruego concluya.
El señor RIOS MARTINEZ: Concluyo, señor Presidente, con la
proposición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió). Nosotros aceptaríamos el punto segundo como sustitución
del punto tercero nuestro; aceptaríamos el punto tercero como
sustitución al punto cuarto nuestro, y aceptaríamos el punto
primero, y por tanto toda la moción, como adición al punto
primero nuestro.
Por tanto, señorías, y para demostrar que no hay un interés de
iniciativa exclusiva de nuestro Grupo, inclusive nos
atreveríamos a proponer una transacción al Grupo mayoritario
para que
pudiéramos llegar a un acuerdo unánime de toda la Cámara y que
pudiera haber tranquilidad mientras se negocia ese plan
industrial. Propondríamos una transacción al Grupo
Parlamentario Socialista en el punto primero, en el sentido de
que este Congreso de los Diputados inste al Gobierno para
promover el aplazamiento en la tramitación del expediente de
extinción de contrato mientras se negocia un plan industrial.
Volvemos a hacer otra propuesta de transacción, facilitando no
ya el expediente o el plan industrial en su conjunto, sino
precisamente el aplazamiento en la tramitación del expediente
de extinción de contratos, para así facilitar la negociación
en los próximos seis meses sin ninguna presión sobre esa
negociación. Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
A esta moción han sido presentadas enmiendas por parte del
Grupo Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el señor
Marcos Merino.
El señor MARCOS MERINO: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, intervengo en nombre del Grupo Socialista y, como
siempre, lo hago con rigor y responsabilidad, sobre un tema
importante y delicado, porque se trata de definir el proyecto
de una empresa que tiene ocho centros de trabajo y que cuenta
con 3.000 trabajadores que en este momento están viendo
cuestionado su futuro.
El origen del problema que en este momento padece Santa
Bárbara deriva, desde nuestro punto de vista, de tres
elementos. En primer lugar, el proceso de distensión que se ha
producido en el mundo a partir de la desaparición de los
bloques; en segundo lugar, las políticas de desarme interno y
las limitaciones en las exportaciones; y, en tercer lugar, las
drásticas reducciones presupuestarias que se han experimentado
en todos los países, lo que viene a hacer todavía más difícil
la situación.
En estas circunstancias, la empresa se ha colocado en una
difícil situación, que se puede describir con tres
datos que me parece que son muy elocuentes. En primer lugar,
viene atravesando una subactividad del 90 por ciento en la
media de sus centros de trabajo; en segundo lugar, ha
experimentado una reducción de la carga de trabajo que va de
los 22.400 millones en 1986 a los 2.254 millones del año 1993,
o los 2.300 del año 1994; y, en tercer lugar, unas pérdidas
que han pasado, a lo largo de estos años, de los 6.876
millones en 1989 a los 26.164 del año 1993.
Ante esta situación, podemos responder de dos maneras. Una,
seguir como estamos, aguantando el chaparrón como podamos; y
otra, hacer frente a esta situación, intentando aplicar
medidas de reordenación del propio proyecto empresarial que
nos permitan garantizar, de cara al futuro, el mantenimiento
de la empresa y el mayor número de puestos de trabajo posible.
Entendemos que ésta es la decisión que hay que tomar, que ésta
es la línea de actuación, y, en ese sentido, lo que hacemos es
proponer a las partes que afronten un proceso de negociación
tendente a
conseguir el consenso necesario para que las medidas que hay
que adoptar para garantizar el futuro cuenten con el apoyo y
el consenso del conjunto de los trabajadores. Yo creo que en
ello coincidimos todos, la única diferencia es que algunos --
en este tema coinciden los representantes de los trabajadores,
los representantes de los sindicatos e Izquierda Unida--
consideran que es imprescindible la retirada del expediente o
el
aplazamiento del mismo. Nuestro Grupo considera que esto no es
vital porque, realmente, lo importante es hacer frente a esta
situación, para lo cual es imprescindible negociar. La
negociación, a partir de la situación actual, lo que delimita
es el punto de partida, pero no condiciona ni los plazos, ni
el tiempo, ni los contenidos finales, puesto que éstos tienen
que ser delimitados y acordados en el proceso de negociación.
Vamos a poder marcar los tiempos, vamos a poder pedir el
tiempo que necesitemos si realmente estamos en condiciones de
llegar a un acuerdo. Esa es nuestra posición y creemos que ese
es el enfoque que debemos dar a la propuesta que estamos
haciendo.
Además, creemos que la negociación debe de afrontar el diseño
de futuro de la empresa, que debe estar basado en lo que son
las expectativas de carga de trabajo que tiene en este momento
la empresa y las que previsiblemente va a tener de cara al
futuro, porque eso lo tenemos. No hace falta juntar en una
mesa a distintos ministerios, pues se sabe más o menos cuál va
a ser el nivel de pedidos, cuáles van a ser las posibilidades
desde el punto de vista presupuestario y en función de eso
vamos a poder determinar, de una manera bastante aproximada,
cuáles van a ser las posibilidades de mantenimiento del
aparato productivo. Además, habría que hacer un esfuerzo, en
la línea que está afrontando la empresa, de diversificación
hacia productos en el sector civil, de esos proyectos que ya
tienen y que de alguna manera se han planteado ya en relación
con todos los centros de trabajo. Asimismo, aprovechando la
importante cualificación que tienen los trabajadores de estas
empresas, debiera hacerse un esfuerzo por recolocar a los
trabajadores excedentes en las empresas del entorno. Para eso
habría que promocionar y estimular esa recolocación.
Finalmente, lo que tendríamos que hacer es plantear la
negociación entre empresa, el INI y los sindicatos; un plan de
formación que permita cualificar a los trabajadores para
facilitar su recolocación en los casos en que se declaren
excedentes.
Señorías, yo creo que desde este Parlamento debemos de
intentar insistir en lo que realmente es importante. Y lo
importante es que estamos ante un problema empresarial que
tiene y atraviesa una profunda crisis, que está motivada por
una serie de factores que no vamos a poder eliminar de cara al
futuro. Lo importante es que nosotros exijamos a las partes
que negocien, que den soluciones, que den respuestas al
problema, porque en la medida en que paralicemos o retiremos
el expediente estaremos haciendo un flaco favor a todo el
mundo. Dejaremos que eso se quede ahí muerto, que eso siga en
la situación en que estaba de hibernación y que sigamos
dejando que este problema, que cada vez es más grave, no tenga
futuro, no tenga solución y no se pueda
garantizar la supervivencia de la empresa, de los centros de
trabajo y de los empleos que las circunstancias lo permitan.
Señorías, en esta línea el Grupo Socialista va a hacer y
requerir todo el esfuerzo y para eso nos van a tener a su
disposición. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias señor Marcos.
Enmiendas del Grupo Popular.
Tiene la palabra el señor Fernández de Mesa.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Muchas gracias, señor
Presidente. Señorías, después de haber oído con atención lo
que ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista,
realmente uno tiene que llegar a la conclusión de que la
posibilidad de que superviva alguna industria en España pasa
por que deje el Gobierno el Grupo Parlamentario Socialista.
Después de haber sido los responsables del Gobierno en Santa
Bárbara, vienen a plantearnos aquí ahora que hay que instar a
las partes a que negocien, como si con ellos no fuera nada.
Podían haberlo pensado antes y no acordarse en esta situación
crítica que atraviesa ahora Santa Bárbara en toda España. El
Grupo
Parlamentario Popular ha presentado un texto alternativo a la
moción de Izquierda Unida porque hay que recordar al Partido
Socialista que habiéndose creado un plan estratégico en el año
1986 y en el
año 1987, como consecuencia de la ampliación de Santa Bárbara,
con la incorporación de las factorías de Valladolid, de Murcia
y de Trubia en el año 1987, se aprueba un plan estratégico que
comprende de 1987 a 1991. De 1987 a 1989 da buenos resultados
y a partir de 1989 hasta 1994 la subactividad crece hasta el
límite del 98 por ciento en la actualidad, la carga de trabajo
cae de una manera impresionante, la facturación cae de una
manera determinante y después de cinco años se hacen cargo de
que hay que tomar medidas para tratar de salvar la empresa. ¡A
buenas horas se acuerdan ustedes de que hay que salvar esta
factoría! Pero esto no es más que consecuencia de aquella
frase --que hereda el señor Eguiagaray-- de un ministro
ilustre que dijo que la mejor política industrial era la que
no existía. Y ahora nos encontramos en esta situación
catastrófica, y no dicho por este representante del Grupo
Parlamentario Popular sino por todos los ayuntamientos en los
que gobierna el Grupo Parlamentario
Socialista, como más adelante diré.
En primer lugar, nosotros solicitamos que se extremen al
máximo las medidas de homologación del armamento militar
procedente del extranjero, de la misma manera que el material
que se exporta de España pasa por unos cauces de homologación
que hacen, en muchas ocasiones, que se pierda gran cantidad de
tiempo en la
posibilidad de introducir nuestro material militar en el
extranjero.
En el segundo apartado aportamos una solución intermedia, para
que sea creíble esta Cámara. Si plantemos la retirada del plan
estratégico seguramente se vote que no, y no hay ninguna
solución. Pero realmente hay una solución intermedia, en la
que están de acuerdo los trabajadores --y, también hay que
decirlo, en la Cámara ¿por qué no?--, que es que mientras se
negocie este plan estratégico puedan retirarse esos
expedientes de rescisión de contrato y se transformen en
expedientes de regulación temporal. Desde nuestro punto de
vista, no hay problema alguno en que desde aquí se inste eso
al Gobierno, se inste eso a Santa Bárbara y a la Presidencia
del INI, porque, al fin y al cabo, no les queda más remedio
que aceptarlo, una vez que se haya aprobado por estas Cortes.
Y sí tienen que ver, señor representante del Grupo
Parlamentario Socialista, los Ministerios de Defensa,
Industria y Economía y Hacienda. ¡Cómo no van a tener que ver!
La continuidad de Santa Bárbara depende de los presupuestos
del Ministerio de Defensa. Y mientras continuemos con una Ley,
la 44/1982, de Dotaciones, que está prorrogada 12 años después
y que es un cajón de sastre donde no hay absolutamente nada
programado para la inversión, Santa Bárbara no podrá saber
nada. Y hay que requerir del Ministerio de Defensa que diga,
de una vez por todas y claramente, qué es lo que piensa
invertir en Santa Bárbara, en Bazán, en CASA, etcétera; hay
que saberlo. Y, en base a eso, hay que saber qué previsiones
puede hacer el Ministerio de Industria con respecto, en este
caso concreto, a Santa Bárbara. De lo contrario, no podrá
hacer ningún tipo de plan estratégico, puesto que su única
dependencia es la de los presupuestos de Defensa, Sección 14.
De manera que fíjese usted si tiene que ver.
También tiene que ver el Ministerio de Economía y Hacienda,
porque los gastos financieros que se están originando en la
Empresa Nacional Santa Bárbara están producidos por tener que
acudir permanentemente al crédito, porque el Ministerio de
Hacienda no paga las certificaciones que hace el Ministerio de
Defensa, y eso está obligando a que dichos gastos financieros
engrosen cada vez más la deuda y las posibilidades de Santa
Bárbara cada vez sean menores. Y después nada paga intereses.
¡Fíjese usted si tiene que ver! En el punto tercero
solicitamos que, en el plazo de tres meses, la Empresa
Nacional Santa Bárbara presente un nuevo plan estratégico, de
acuerdo con lo que se ha planteado por el Ministerio de
Defensa e incluso por los de Interior e Industria. También
solicitamos que antes de proceder al cierre de alguna de las
factorías se dé la posibilidad de diversificación a la empresa
para que, mediante la creación de empresas filiales, tal y
como ya se ha establecido, se dé entrada al capital privado o
se busquen otras fórmulas que permitan aprovechar
instalaciones, infraestructuras y personal. Ya lo ha hecho
Santa Bárbara, pero tímidamente. Se ha creado Internacional de
Composites, y se han creado Deftec y AMT, se ha creado
Surgiclinic, y se ha creado la fábrica de blindados de
Sevilla. Pero, en definitiva, ¿cuántos puestos de trabajo ha
creado todo eso? No para dar carga suficiente de trabajo al
personal que hay en plantilla.
En cuanto a diversificación quiero decirle, señor portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista, que Galicia ha sido la única
comunidad autónoma que ha presentado un plan alternativo,
aceptado por el Gobierno socialista del Ayuntamiento de La
Coruña, en el que da la casualidad que tienen ustedes mayoría
absoluta.
Por último, señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista,
el Grupo Parlamentario Popular plantea que, en todo caso y una
vez estudiadas las diferentes alternativas, hay que garantizar
al personal que resultase excedente las mejores condiciones
posibles, haciendo uso de jubilaciones anticipadas, de bajas
incentivadas, con la movilidad geográfica con una cierta
cobertura y, desde luego, teniendo en cuenta, dentro de la
reestructuración, las posibilidades de futuro de la empresa.
Porque de reconversiones industriales sabemos mucho en este
país; porque nos acordamos del Real Decreto 71/1984, de
reconversión industrial, que ha supuesto el cierre de cantidad
de industrias, algunas del sector naval y me acuerdo, en este
caso concreto, de Astano, en El Ferrol.
Aquel plan de reindustrialización que iba a suponer la
recolocación de los excedentes, murió por sí solo y ni las ZUR
ni las ZID, absolutamente nada sirvió para generar empleo. Por
tanto, habrá que garantizar el futuro de la empresa teniendo
en cuenta que estas jubilaciones que se piensan realizar
tengan un plan industrial como para no dejar desprotegidos
ninguno de los estamentos que pueda haber dentro de la Empresa
Nacional Santa Bárbara.
Señor Presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Popular no
ha planteado ante esta Cámara una moción tan dura como la que
se ha presentado por el Grupo municipal socialista en el
Ayuntamiento de La Coruña, que insta al Ministerio de
Industria y al INI a que dé las directrices necesarias para
que la Empresa Nacional Santa Bárbara retire el actual plan de
empresa. Que se abra una mesa de negociación con los
sindicatos; requerir al Ministerio de Defensa la planificación
dentro del Plan de Defensa Nacional, es decir, lo mismo que
plantea el Grupo Parlamentario Popular en innumerables
ocasiones. Y no todos los países han reducido los gastos de
defensa. Precisamente los de economías emergentes son los que
están metiendo su militar defensivo ahora en España y tenemos
ejemplos no sólo en Arabia, Corea del Norte, Corea del Sur,
Taiwan, Japón, China, etcétera, sino también en Europa:
Italia, Noruega o dentro de la NATO, la propia Turquía. Por
consiguiente, olvidándonos de viejos tópicos sobre la
reducción permanente de gastos militares, olvidándonos de que
influye directamente en miles de puestos de trabajo, el Grupo
Parlamentario Popular pretende con esta moción que lo que se
acuerde en esta Cámara sirva para algo y que no nos vayamos de
aquí, después de haber aprobado una serie de medidas,
preguntándonos: ¿para qué han servido? Para nada. En realidad
no sirven para nada. Si queremos recobrar realmente la
credibilidad de las instituciones, empecemos a aprobar medidas
efectivas de forma que en la calle tengan conciencia de que
sirven para algo y no para beneplácito de esta Cámara y
congratulación de todos los que aquí estamos, como si lo que
pretendiéramos fuera complacernos en lo que proponemos, sin
que en realidad sean medidas efectivas.
Señorías, lo que se ha planteado hoy por el Grupo
Parlamentario Socialista, lo que se ha presentado por el INI,
no es más que un despido libre, algo que yo creía que los
socialistas tenían olvidado y no creían en él. Por ello,
nosotros no estamos de acuerdo con lo que aquí se plantea hoy
por parte del Partido Socialista y votaremos a favor de la
moción presentada por el Grupo de Izquierda Unida con los
puntos que se han admitido de la presentada por nosotros.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos del
Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Mesa.
Enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Para su defensa, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores diputados, en primer lugar, desde el Grupo
de Convergència i Unió queremos manifestar nuestra
preocupación por las personas que se encuentran afectadas por
la crisis de la Empresa Santa Bárbara. Queremos manifestar
también nuestra sensibilidad hacia las personas que se
encuentran en esta situación por la grave crisis que está
atravesando dicha empresa. Desde el Grupo de Convergència i
Unió no somos ajenos a dichas susceptibilidades porque en
Cataluña hay también diferentes colectivos que están
enmarcados en crisis industriales de diferentes sectores. Pero
también desde el Grupo de Convergència i Unió queremos ser
realistas ante la moción que presenta el Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. Es verdad que el sector del
armamento militar y la fabricación de municiones está
atravesando una grave crisis, seguramente motivada por la
crisis internacional de los diferentes sectores, por los
cambios internacionales que ha habido por la desaparición de
los bloques y también porque, desde el punto de vista de la
defensa de los países occidentales y de otros países, han
modificado sus esquemas de funcionamiento y de
aprovisionamiento de dichas armas.
También es verdad que en la Empresa Santa Bárbara existen unos
factores económicos que nadie los ha comentado, pero creo que
son interesantes y demuestran la grave crisis que está
atravesando dicha empresa. Las pérdidas del año 1989 fueron de
6.800 millones de pesetas y alcanzaron hasta el año 1993 la
cantidad de 23.000 millones de pesetas. El índice de
subactividad de dicha compañía, del grupo Santa Bárbara, era
de un 23 por ciento en el año 1987 y es de un 89 por ciento en
el año 1993.
Es por este motivo que desde Convergència i Unió entendemos
que las propuestas de resolución para racionalizar dicho
sector han de ir en otra dirección. Es importante, por una
parte, insistir en que la negociación entre las partes
(empresa, sindicatos y trabajadores) no ha de acabar y se ha
de profundizar al máximo porque seguramente se encontrarán
soluciones de viabilidad, soluciones para racionalizar el plan
de saneamiento de dicha compañía.
Por otra parte, desde Convergència i Unió hemos presentado
unas enmiendas. Agradezco directamente al señor Ríos Martínez
la aceptación de nuestras enmiendas a su moción, pero le he de
manifestar desde la tribuna que van orientadas a la
sustitución de su moción, a la sustitución de la totalidad de
las propuestas que usted nos ha presentado. Si esto es así,
nosotros la votaríamos favorablemente. Si fuera de adición no
podríamos
votarla favorablemente porque entendemos que la solución de
dicho terrible problema no iría en la adecuada dirección para
poder solventarlo. Nosotros hemos presentado varias enmiendas
que van orientadas en tres direcciones básicamente. Una
primera es para que se proceda con urgencia por parte del
Instituto Nacional de Industria y la Empresa Nacional Santa
Bárbara a profundizar, a acelerar un plan de diversificación
de las actividades militares de esta empresa hacia actividades
civiles. De la intervención del señor Ministro la pasada
semana, cuando ustedes presentaron la interpelación, yo deduje
que el Ministerio ya ha estudiado 150 proyectos posibles, de
los cuales algunos ya han fructificado en diferentes
creaciones de nuevas compañías y en subcontrataciones para la
fabricación de piezas en diferentes multinacionales que ha
dado ya un fruto determinado. Según nos dijo también el señor
Ministro, ya se han podido consolidar o se van a consolidar en
breve 840 puestos de trabajo. Igualmente nos dijo el señor
Ministro que hay once proyectos en estudio para poder
diversificar y trasladar la fabricación de armamento militar a
la sociedad civil, y que podrían consolidarse en un breve
plazo de tiempo con 400 empleos.
Nosotros no solamente insistimos en que hay que actuar con
contundencia y profundizar y acelerar dichos procesos, sino
que entendemos que el Gobierno ha de hacer un esfuerzo
marginal importante para incorporar más proyectos en la
diversificación de la fabricación de armamento para que de
esta manera, con estos nuevos proyectos, sea posible la
generación de nuevas iniciativas que puedan dar un resultado
final de creación de nuevos puestos de trabajo.
En la segunda parte de nuestra enmienda introducimos la
posibilidad de que el Gobierno, junto con la Empresa Santa
Bárbara, se pueda beneficiar de los fondos europeos Konver,
que, como usted muy bien ha dicho, son los destinados por el
Feder para la reindustrialización o para la reforma de las
industrias orientadas a la fabricación de armamento militar y
que puedan ser diversificadas hacia otras actividades.
Creemos que hay fondos suficientes. Si no recuerdo mal, para
1994-1997 la Unión Europea tiene previsto destinar 800.000
millones de pesetas a este tipo de proyectos, y es aquí donde
nosotros también instamos al Gobierno español para que
introduzca programas importantes de diversificación de
fabricación de nuevos proyectos para que se puedan crear
nuevas iniciativas
empresariales y sea posible generar nuevos puestos de trabajo.
El Ministro también nos comentó en su intervención que había
14 proyectos, que el Gobierno español había preparado
juntamente con la Empresa Santa Bárbara, para incorporar
fondos Konver. Nosotros entendemos que aquí también hay que
instar al Gobierno no para que pueda presentar 14 proyectos
industriales, sino todos los que seamos capaces para poder
generar también nuevas iniciativas empresariales y nuevos
puestos de trabajo. También nosotros en el punto 3 de nuestra
enmienda coincidíamos con ustedes en la posibilidad de que el
Gobierno informara puntualmente sobre todos los contactos y
gestiones realizadas respecto al sector privado y a los fondos
Konver para que la Comisión de Industria, que es la que ha de
sentar la posibilidad de poder establecer los criterios sobre
dichos asuntos, pueda estar informada
puntualmente.
Por todos estos motivos, señoras y señores Diputados, si
aceptan nuestra enmienda como sustitución a su moción la
votaríamos favorablemente. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez i Llibre.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Ya en el debate de la interpelación, que trae como causa esta
moción, Coalición Canaria, a través de este portavoz que
habla, expresó su apoyo a una política, en el campo de la
industria del armamento y de la munición, que fuera coherente
con la situación en que nos encontramos dentro del contexto de
la Unión Europea y de la necesidad de clarificar, por parte
del Ministerio de Defensa, su política de inversiones, de
tipología de armamento y munición que debe emplearse por las
Fuerzas Armadas españolas y cualquiera de sus institutos
armados, como es el caso de la Guardia Civil y de la Policía
Nacional, o cualquier otra
organización.
Nosotros habíamos dicho que la consideración de sector
estratégico para esta industria obliga a una coordinación de
un plan de modernización en que tienen que estar implicados el
Ministerio de Defensa, el Ministerio de Industria, el
Ministerio de Economía y Hacienda y el INI. Nosotros creemos
que, hasta el momento, esta coordinación y la creación de un
plan de
modernización no se ha llevado a efecto. No se han agotado las
posibilidades que el Tratado de Maastricht señala, dentro de
la Unión Europea, para que se hagan consorcios de industrias,
tanto por parte española como de otros países de la Unión
Europea. A la hora de fijar nuestra posición nosotros creemos
que los renglones que definen la solución de este problema se
contienen, implícitos o explícitos, en la propia moción del
Grupo
proponente, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya. En las enmiendas que han presentado
otros grupos, concretamente en las del Grupo Popular,
vemos unas aportaciones positivas que, de ser incorporadas,
nosotros las votaremos también. Por tanto, ante la ambigua
situación en que nos encontramos frente a las enmiendas
presentadas, queremos resaltar que vamos a apoyar, si no hay
aceptación por parte de Izquierda Unida, la moción de
Izquierda Unida tal como la ha presentado, porque recoge
fundamentalmente estas líneas que ha situado en la resolución
del problema de Coalición Canaria, es decir, los aspectos
laborales; poner en una mesa de negociación a los Ministerios
que he citado, incluyendo también los comités intercentros y
los sindicatos, la llamada a colaborar con el programa Konver
y aquellas otras garantías de las industrias militares que
deben ser también reconducidas hacia el sector civil. Mientras
esto no se efectúe por las partes, nosotros no creemos que
haya otra manera de enfocar el problema que los propios
términos que trae la moción de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, que es a la que en principio, repito, daremos
nuestro apoyo, sin perjuicio de aquellas otras
aceptaciones que de las otras enmiendas y en su sentido
positivo se hagan.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
aunque el señor Ríos ha consumido en su primera intervención
una buena parte de la misma para expresar la aceptación de las
enmiendas planteadas, le voy a dar la palabra por si quiere
hacer alguna precisión después de las intervenciones de los
grupos en relación con las enmiendas, pero sabe que con la
precisión y el laconismo propio de este trámite.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, puesto que el Grupo
de Convergència i Unió ha dicho que votaría favorablemente si
fuese de sustitución, yo quisiera precisar lo que he dicho en
mi intervención anterior.
Nosotros entendemos los puntos 2 y 3 de la moción de
Convergència i Unió como sustitución de nuestros puntos 3 y 4,
y el punto 1 de su moción, en el que pone que proceda con
urgencia a la diversificación de actividades militares, lo
proponemos como adición final de nuestro punto 2, porque no es
solución a todo el problema global.
En cuanto a la propuesta del Grupo Popular, señor Presidente,
el punto 1, sobre la homologación de armamento militar
procedente del exterior, iría como adición a nuestro punto 1.
El punto 3, sobre el plan estratégico, lo pondríamos como
adición en nuestro punto 2. El punto 4, para que no se cierre
ninguna factoría mientras no se aborde la diversificación, lo
pondríamos como adición al punto 3 de nuestra moción.
Y en cuanto a la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista,
nosotros aceptaríamos como adición a nuestra moción el punto
4, cuando habla del plan de formación entre empresas,
sindicatos e Inem, y asumido en el punto 2 de Convergència i
Unió su punto 3. Insisto, señor Presidente, en leer la
transacción que he ofrecido en cuanto al punto 1 para que
quedase: ... promueva el
aplazamiento en la tramitación del expediente de extinción de
contratos mientras se negocia en los próximos seis meses un
plan industrial de la misma a corto y medio plazo. Nada más,
señor Presidente. (El señor Sánchez i Llibre pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos. Tiene la palabra el
señor Sánchez i Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Gracias, señor Presidente.
Solamente quiero hacer una aclaración. Nosotros, si la
enmienda que hemos presentado a la moción del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya no es de sustitución
a la globalidad de la suya, no la podremos votar a favor.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Vamos a proceder a la votación.
Votamos la moción del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya que se somete a votación en los términos resultantes
de la aceptación de las enmiendas del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 284; a favor, 130; en contra, 153; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción. (Varias
personas desde la tribuna de invitados: ¡Fuera, que se vayan!)
¡Silencio, señorías! ¡Silencio! (Continúan las protestas en la
tribuna de invitados.) ¡Silencio! Ruego a los servicios de la
Cámara despejen la tribuna. (Varias personas desde la tribuna
de invitados: ¡Sinvergüenzas! ¡No defendéis a los
trabajadores!) Ruego despejen la tribuna. (Fuertes protestas
desde la tribuna. Varias personas: ¡Fuera, fuera!) Ruego a los
servicios de la Cámara que despejen las tribunas. (Varias
personas desde la tribuna de invitados: ¡Fuera! ¡Fuera!
¡Fuera! ¡Fuera!) Ruego a los servicios de la Cámara que
despejen las tribunas.
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
MEDIDAS DE POLITICA GENERAL PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA
CONTROLAR EL GASTO PUBLICO, TANTO DE LA ADMINISTRACION GENERAL
DEL ESTADO COMO DE SUS ORGANISMOS AUTONOMOS, SOCIEDADES
ESTATALES Y ENTES PUBLICOS CON ESTATUTO JURIDICO ESPECIAL
(Número de expediente 173/000035).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular subsiguiente a
interpelación sobre medidas de política general previstas por
el Gobierno para controlar el gasto público, tanto de la
Administración General del Estado, como de sus Organismos
Autónomos, Sociedades Estatales y Entes Públicos con estatuto
jurídico especial.
Tiene la palabra el señor Núñez.
El señor NUÑEZ PEREZ: Señor Presidente, señorías, a estas
alturas de la noche, y en este ambiente, voy a ver si expongo
la moción de la manera más rápida posible. (El señor
Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) Moción
que trae causa de la interpelación urgente al Gobierno sobre
medidas que tiene previstas para controlar el gasto público,
tanto de la
Administración General del Estado, como de sus organismos
autónomos, sociedades estatales y entes públicos con estatuto
jurídico especial. La interpelación fue debatida, como saben
SS.SS., el 13 de abril, y la moción presentada el día 14, pero
después de aquellos días se celebró en esta Cámara el debate
sobre el estado de la Nación, y se aprobaron en el Pleno, el
día 20, varias resoluciones que vienen, en algunos casos, a
coincidir con apartados que nuestra moción contiene y con las
enmiendas que varios grupos de la Cámara han presentado a
dicha moción. Es posible que hoy se produzcan también
resultados parecidos en las votaciones de los distintos puntos
de la moción, que concretan... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor
Núñez. Silencio, por favor, señorías. (Pausa.) Señorías,
ocupen sus escaños, por favor. (Pausa.)
Continúe, señor Núñez.
El señor NUÑEZ PEREZ: ... que concretan y cuantifican algunas
de las resoluciones del debate sobre el estado de la Nación,
pero que son demasiado vagas e imprecisas. No voy a repetir el
debate que tuvo lugar el día que presentamos la interpelación.
Doy por reproducido lo que allí dije. Me limitaré a exponer y
a justificar los distintos apartados de la moción, que
dividiría en tres grupos.
El primero, los que se refieren a la reducción del gasto
público, contenidos en los puntos 1, 2 y 3 del apartado a). La
mejor manera de controlar el gasto es reducirlo. El elevado
déficit presupuestario, el 7 por ciento del producto interior
bruto, parece concitar la opinión unánime de todos los
analistas y grupos políticos. Hasta el Gobierno socialista
recoge esta necesidad incluyendo en la segunda fase del plan
de modernización de la Administración del Estado, que ayer, en
la Comisión de Administraciones Públicas de esta Cámara, el
Ministro señor Saavedra cifraba para este año en la reducción
del 10 por ciento de los gastos de funcionamiento de los
ministerios y sus
organismos autónomos. La propuesta de reducción era tan
gaseosa que no comprometía prácticamente a nada, porque se
limitaba a recomendar que los funcionarios hablen menos por
teléfono, apaguen antes las luces y hagan menos fotocopias.
Nuestra propuesta es más clara, más concreta y más austera, y
trae causa de la enmienda 416 que presentamos a los
Presupuestos Generales del Estado para 1994, solicitando que
el Gobierno envíe a esta Cámara, en el plazo de tres meses,
una reducción de los gastos de funcionamiento de los
ministerios y sus organismos autónomos en un 30 por ciento
sobre el total presupuestado, que asciende para 1994 a 620.000
millones de pesetas, un 10 por ciento más que en 1993, a pesar
de la crisis y a pesar de que ustedes han calificado estos
Presupuestos de restrictivos. El Gobierno puede aplicar el
bisturí de esta reducción de la manera que estime conveniente,
en arrendamientos, publicaciones, estudios y trabajos
técnicos, atenciones protocolarias y representativas,
teléfonos, transportes, etcétera. Espero que voten ustedes que
sí o que ofrezcan una fórmula concreta que se acerque a la
nuestra, porque si no esta segunda fase del Plan de
modernización de la Administración general del Estado, que
ustedes con tanto aparato propagandístico presentan cada año,
perderá toda su credibilidad y quedará en agua de borrajas.
Pero para que no se piense que hablamos del mar y de los
peces, recuerdo a SS.SS. que entre estos gastos corrientes
figuran los famosos estudios y trabajos técnicos, que sólo
para cinco ministerios suman 17.000 millones de pesetas. De
estos fondos se pagaron, por ejemplo, por el Ministerio de
Obras Públicas y Transportes los famosos 4.000 millones a
consultoras privadas y los contratos de asistencia técnica
para elaborar el Plan Hidrológico Nacional, acudiendo al
procedimiento de reconocida urgencia, por no citar el
famosísimo contrato adjudicado a una empresa privada para
calcular --¡pásmense SS.SS.!-- la productividad y su
retribución en la Dirección General de Carreteras. ¿Para qué
quieren --se lo preguntaba ayer al señor Ministro-- los
ministerios a los funcionarios? ¿Para qué sirven los cuerpos
especiales, los ingenieros y los demás titulados superiores?
En esta misma línea se justifica el punto 2, que pretende
reducir en un plazo de seis meses el personal eventual de
confianza que exceda de los límites marcados por las normas
vigentes, puesto que supera en cuatro veces el permitido y
desde luego el que había en 1983. Y por si acaso luego no
tengo derecho de réplica, ya adelanto, para desmentir unos
datos que en esta Cámara se dijeron el pasado miércoles, que
esta propuesta se llevó a cabo en la Comunidad de Castilla y
León cuando llegó a la Presidencia don José María Aznar. Había
entonces 56 puestos de confianza en Presidencia, lo redujo a
tres y este número se mantiene con el actual Presidente Juan
José Lucas. Recuerdo a SS.SS. que
este personal de confianza en la Presidencia del Gobierno al
servicio de don Felipe González asciende, en estos momentos, a
345 personas. Algo se podrá hacer que dé ejemplo de austeridad
a los ciudadanos a los que tanta se pide. Y lo mismo ocurre
con lo que solicita el punto 3, que trata de aprovechar al
máximo los recursos humanos existentes en la Administración
para que los entes públicos cubran las vacantes de sus
plantillas con personal funcionario excedentario de la
Administración del Estado. El segundo grupo de medidas se
refiere más estrictamente al control del gasto público y son
las contenidas en los puntos 4, 5 y 6 de nuestra moción. La
primera de ellas solicita al Gobierno que remita al Congreso
de los Diputados, en el plazo de tres meses, una nueva ley
general presupuestaria que, entre otras cosas, reduzca la
discrecionalidad de las modificaciones
presupuestarias, sujetándolas a mayor rigor y disciplina (debo
citar a estos efectos el informe anual de 1990 del Tribunal de
Cuentas, que descubrió desvíos bimillonarios en la ejecución
del presupuesto); que restrinja los créditos ampliables; que
amplíe el número de créditos vinculantes en la misma forma que
proponía nuestra enmienda al artículo diez de los Presupuestos
Generales del Estado para 1994; que introduzca y aplique unos
principios de contabilidad pública que den... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor
Núñez. (Pausa.) Continúe, señor Núñez.
El señor NUÑEZ PEREZ: Gracias, señor Presidente.
... que introduzca y aplique unos principios de contabilidad
pública que den la imagen fiel de la actividad económica de
los entes públicos; que introduzca el presupuesto por
objetivos de gasto en el marco de una auténtica
presupuestación por programas que hoy sólo tienen aplicación
nominal; y que aumente --cómo no--la transparencia y
posibilidad del control financiero y
parlamentario sobre todas las clases de organismos y entes
públicos. Doy por reproducidas aquí las consideraciones y
argumentos expuestos por mi compañero, Rafael Arias-Salgado,
cuando defendió la proposición de ley de reforma de la Ley
General Presupuestaria. (Rumores.) En nada se diferencia el
espíritu y la letra de la presente moción que estoy
defendiendo de las propuestas de resolución presentadas por
varios grupos parlamentarios, incluso de muchas enmiendas
presentadas por los grupos a este apartado de nuestra moción.
Con ocasión del tantas veces citado debate sobre el estado de
la Nación, volvieron a presentarse estas resoluciones. Si no
fuera por la exigencia de medidas concretas y comprometidas en
línea con lo que ha venido siendo la actitud del Grupo
Parlamentario Popular desde que los efectos negativos de la
permisividad, la laxitud y minimización de los mecanismos de
control del gasto público y en ejecución presupuestaria
camparan a sus anchas, no tendría yo, ni tendría mi Grupo,
motivo de especial presentación de estos asuntos ahora. Pero
porque necesitan medidas concretas y emplazadas, por eso,
repetimos estas resoluciones en esta moción.
Dentro del segundo grupo, figura también --cómo no-- la
petición al Gobierno de un proyecto de ley que reforme
profundamente la Intervención General del Estado, que
garantice su plena autonomía funcional mediante una jerarquía
administrativa que en la propuesta de resolución presentada
por el Grupo Parlamentario Popular al tantas veces citado
debate del estado de la Nación se fijó como una secretaría de
Estado, recuperando la intervención previa del gasto público,
suprimiendo el actual sistema de intervención que sólo
fiscaliza «a posteriori» y por muestreo, y así ocurre lo que
ocurre. Yo no voy a señalar ahora las advertencias de
irregularidades que la Interventora General y determinados
interventores de determinados ministerios hicieron llegar a
los titulares del Ministerio del Interior y de Economía y
Hacienda. Pero sí les digo que la Intervención no puede quedar
limitada, como ahora, a advertir, sino a impedir
irregularidades, ilegalidades o presuntas corrupciones. La
fiscalización previa y posterior del gasto se impone y si en
algún Ministerio no se cumple, el Ministro de turno deberá
pasar el trago de pedir al Consejo de Ministros que le
convalide el gasto; así de claro y de sencillo. Tanta ley
permisiva tiene mucho que ver con la dañina y maloliente
atmósfera de corrupción que nos envuelve. (Rumores.)
En este grupo figura también la necesidad de un proyecto de
ley modificativa de la responsabilidad de los altos cargos y
creadora de la acción de responsabilidad subrogada en
beneficio de la Administración. Al margen de las
responsabilidades políticas, tan difíciles de aceptar y
reconocer en estos tiempos ...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vaya concluyendo,
señor Núñez.
El señor NUÑEZ PEREZ: ... regulemos también responsabilidades
administrativas y de otra naturaleza que velarán, sin duda,
por una mayor transparencia y limpieza en la gestión.
Finalmente, y teniendo en cuenta los datos que suministran los
informes del Tribunal de Cuentas y las irregularidades
detectadas por el mismo, tanto en las adjudicaciones directas
por razones de seguridad o reconocida urgencia, que son en
muchos casos argucias y fraudes de ley, como en las
contrataciones realizadas por entes públicos que huyen al
Derecho privado para evitar controles en pro de la llamada
eficacia y flexibilidad, creemos necesario que se constituya
en esta Cámara y en el seno de la Comisión de Presupuestos una
ponencia que estudie y analice la contratación del Estado, sus
organismos autónomos y entes públicos, tanto en lo que se
refiere a las formas de adjudicación como al coste final de
cada obra y servicio. La tarea es ardua, ya lo sé. Podemos
ampliar el plazo. Contaríamos, sin duda --supongo--, con la
colaboración de los ministerios. Pero merece la pena
intentarlo. (Un señor Diputado: ¡Tiempo!)
Se dirá que en otros ámbitos, y aquí se ha dicho, de
administraciones distintas de la Administración central del
Estado también se utilizan las formas directas de
contratación. Y puede ser cierto, pero con una diferencia: que
en la mayor parte de las comunidades autónomas y corporaciones
locales se utiliza la intervención previa, la fiscalización
previa en todos y cada uno de los contratos.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Núñez, termine
ya, por favor.
El señor NUÑEZ PEREZ: Termino ya. (Rumores.)
Estas cosas, estos modos de actuación deben ser recuperados y
nada más fácil que el análisis de lo actuado para sugerir las
soluciones más correctas y eficaces, que sin duda servirán
para erradicar tanta irregularidad, tanto despilfarro y tanta
corrupción. (Rumores.--Un señor Diputado del Grupo Socialista:
¡Tiempo!)
Esa es la causa y el motivo de nuestra moción.
Muchas gracias. (Aplausos.--Varios señores Diputados del Grupo
Popular: ¡Bien, Manolo!--Varios señores Diputados del Grupo
Socialista: ¡Agua!, ¡agua!)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): A la moción presentada
por el Grupo Popular se han presentado a su vez enmiendas por
parte del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
Grupo Socialista y Grupo Catalán (Convergència i Unió). Para
la defensa de la enmienda de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ha
presentado un grupo de enmiendas a la propuesta de moción
fruto de la interpelación de la semana pasada del Grupo
Popular. Pero me gustaría hacer dos grandes comentarios antes
de explicar o justificar cada una de nuestras propuestas de
modificación de esta moción.
Miren, señorías, no se puede confundir la necesidad de
demostrar las palabras con los hechos y a la vez generalizar
la evolución del gasto público como mala y la de otro tipo de
gasto como no mala. Yo creo que hay parte de razón cuando se
dice que la discusión iniciada en la campaña electoral de un
gobierno que anunciaba austeridad no se ha producido. Hace
apenas unos días el Gobierno me respondía por escrito a una
pregunta con las modificaciones presupuestarias habidas en el
ejercicio del año 1993. Pues bien, señorías, en el año 1993,
en lugar de reducir el gasto corriente en el capítulo II, las
modificaciones de crédito han significado un incremento por
encima de las
previsiones iniciales de 113.000 millones de pesetas y en el
capítuloI un incremento de 85.000 millones de pesetas. Si a
eso unimos que ha habido unos deslizamientos presupuestarios
al año 1994 de 544.000 millones de pesetas, tenemos que decir
que la gestión presupuestaria no ha brillado por los
compromisos que se habían anunciado en la propia campaña. La
propuesta del Grupo Popular viene a plantear una especie de
declaración de
intenciones más que un compromiso realizable. Viene a decir:
Pidámosle al Gobierno. Cuando hace poco tiempo que hemos
discutido los presupuestos, cuando apenas hace un tiempo que
hemos discutido una proposición de ley del Grupo Parlamentario
Popular que proponía una reforma de la Ley General
Presupuestaria, se nos viene a proponer una reducción lineal
del 30 por ciento de los gastos corrientes, del capítulo II.
Incluso precisa y dice: en arrendamientos, publicaciones,
publicidad, propaganda, estudios, trabajos técnicos, teléfono,
atenciones protocolarias, etcétera.
Bueno, señorías, una bajada lineal no se puede producir como
técnica presupuestaria --habrá partidas presupuestarias en que
podamos rebajar el cien por cien; otras partidas donde apenas
podamos bajar el 10 por ciento--, porque esa irracionalidad
nos podría llevar a no poder prestar servicios necesarios. No
podemos decir que vamos a reducir el arrendamiento de locales
que tenemos contratados para determinados servicios que se
prestan o los gastos de teléfono de determinados servicios.
Pero sí que es cierto que se puede producir una reducción del
gasto corriente. ¿Cuál es la enmienda que propone el Grupo
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya? Con la filosofía que
nos llevó al debate presupuestario, ahorremos en gasto
corriente, seamos austeros y llevemos ese ahorro de gasto
corriente a la inversión en políticas activas dirigidas hacia
lo que demanda la sociedad. Nosotros proponemos, por tanto,
que el Gobierno presente --no fijamos el 30 por ciento ni el
10 por ciento ni el 40 por ciento-- una adecuación
presupuestaria, un ahorro presupuestario, una reestructuración
presupuestaria en los capítulos I y II dirigido en especial a
economía productiva --industria, investigación y desarrollo,
creación de un parque público de vivienda y
actuaciones en función de lo que el Gobierno decida--. Por
tanto, nuestra propuesta sería no cuantificar el porcentaje de
minoración, porque no conocemos uno a uno cada uno de ellos.
Ustedes dicen que luego se hace una media, pero hacer las
medias es muy complicado a la hora de llevar adelante una
voluntad política.
La segunda enmienda que nosotros presentamos es de adición,
relativa a una propuesta que ustedes hacen en cuanto a reducir
el personal eventual de confianza. Nosotros estamos de
acuerdo. Mientras se han transferido competencias a las
comunidades autónomas, mientras se ha descentralizado el
poder, el aparato central, en cargos de alta dirección y de
confianza, ha crecido, y no es razonable. Nosotros estamos de
acuerdo en la reducción de personal eventual de confianza, que
muchas veces no viene a ser nada más que un grupo de asesores
o técnicos de los que se puede prescindir porque tenemos
técnicos preparados en la Administración y lo que hace falta
es utilizar al funcionario en función de su cualificación y no
de su adscripción política o ideológica, cosa que espero que
se haga también en los sitios donde cada uno tiene
responsabilidad para ello. Pero ¿qué proponemos nosotros?
También altos cargos. No solamente cargos de personal eventual
contratado, sino altos cargos de la
Administración que son innecesarios --secretarios de Estado,
directores generales, gobernadores civiles-- incluso
ministerios que se pueden reducir, y así se demostraría con el
ejemplo que somos austeros y reducimos el gasto público.
Queremos reducir el aparato administrativo que tenemos.
La gran diferencia que nosotros tenemos con el Grupo Popular
es que nosotros no estamos de acuerdo con la propuesta que
habla de intervención previa. Ese punto quinto que ustedes
introducen creemos que no soluciona, como ustedes lo proponen,
los problemas que ahora mismo tiene la Administración. Por
tanto, nosotros lo que proponemos es que, en caso de
anunciarse una actuación previa en disconformidad con lo que
es la propia Administración que tiene que tomar la decisión,
pueda, reformándose no solamente el Texto Refundido de la Ley
General Presupuestaria sino también la Ley del Tribunal de
Cuentas, darse traslado para que una
intervención externa a la propia Administración pueda decir si
se ajusta a las previsiones presupuestarias. Pero no estamos
de acuerdo en crear un cuerpo que no se elige, que parece que
está dotado por no sabemos qué realidad, que va a interpretar
lo que debe o no puede aplicarse. ¿Por qué? Porque estaríamos
creando un cuerpo que tendría un poder que podría confrontarse
con el poder elegido, y hace falta residenciar en el poder
elegido la capacidad de actuación. Y es paradójico que
defendamos esto y es que, por ejemplo, hoy, en un
ayuntamiento, a un concejal se le pueda negar un expediente
administrativo y un interventor pueda bloquear una actuación.
No estamos de acuerdo con la figura de la Intervención
General, con ese anuncio de ilegalidad que existía antes, con
una actuación de la manera que ustedes lo proponen.
Por último, ustedes proponen en el apartado b) al que
presentamos la enmienda después de la Cuenta General, puesto
que ha habido un uso y abuso de la contratación directa por
parte del Gobierno, fruto de esa conclusión a la que llega el
Tribunal de Cuentas, que este Congreso acuerde la creación de
una ponencia para que antes del 30 de septiembre estudie la
contratación del Estado tanto en los organismos autónomos,
entes públicos como la propia Administración. Nosotros creemos
que además debiéramos de plantearnos el problema de la gestión
pública en su conjunto, que no vale ir actuando con parches en
función de una realidad puntual, sino que debiéramos abordarlo
globalmente. Por tanto, nuestra propuesta no sería crear una
ponencia, sino una comisión no permanente, según lo
establecido en el artículo 51, para que aborde cuatro grandes
reformas que son imprescindibles para que pueda mejorar el
funcionamiento de nuestra Administración: primero, los
recursos humanos (la reforma de la Función Pública), segundo,
la gestión económica (reforma presupuestaria, la contratación,
la contabilidad, el control de las administraciones públicas,
de los organismos autónomos y entes públicos); tercero, cómo
funciona la relación entre las distintas administraciones; y
cuarto, la planificación económica y la presupuestación
plurianual. No va a haber presupuestación por programas
mientras que los objetivos sean mera declaración de
intenciones de un ministro o de un departamento ministerial y
no se comprometan a cuantificarlos.
Nosotros creemos que además de decir lo que tenemos como
objetivo en este programa, y en esta determinada declaración,
debería cuantificarse. Es verdad que es difícil cuantificar
algunos gastos como el capítulo 1. No podemos decir que un
médico va a intervenir el 25 por ciento de su horario para
atención primaria, otro 25 para vacunación, otro 25 para otro
tipo de atención. Sin embargo, sí que podríamos presupuestar
el capítulo 2: qué gasto de arrendamiento, qué gasto de dieta,
qué gasto de transporte vamos a destinar para este objetivo o
para aquél; el capítulo 4, transferencias corrientes, el
capítulo 6 y el capítulo 7. Por tanto, mientras no avancemos
en la cuantificación de los
objetivos, no avanzaremos en la presupuestación objetivada por
programas.
Reiteramos debates en presupuestos, hemos hecho uno hace poco,
haremos el próximo, pero reiteramos debates. Es lógico que se
vaya a presupuestaciones plurianuales; tenemos recursos
europeos plurianuales, tenemos actuaciones de inversión
plurianual. Sería lógico un presupuesto por programas
plurianual que concrete anualmente las actuaciones o las
modificaciones que puedan producirse, pero no ir a una
repetición de toda la discusión. Por tanto, señorías, creemos
que nuestras propuestas van al fondo de la propuesta del Grupo
Popular, pero modifican sustancialmente la medicina. Estamos
de acuerdo en el diagnóstico, pero no coincidimos en la
terapia a aplicar, en la medicina a aplicar; la técnica
sí, la medicación no. Yo creo que si en ese sentido no se
modifica la propuesta originaria, nosotros no podremos votar
la propuesta del Grupo Popular.
Nada más señorías, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias señor Ríos.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista tiene la
palabra el señor Almunia.
El señor ALMUNIA AMANN: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, qué duda cabe que el Grupo Socialista, como todos
los demás grupos de la Cámara, comparte la preocupación por el
gasto público, por el control del gasto público, por la buena
gestión del gasto público. Ha quedado de manifiesto en
múltiples
ocasiones en debates en esta Cámara y en la actuación que el
Gobierno, al que apoyamos, viene desarrollando y se propone
seguir desarrollando.
El control del gasto es una necesidad económica y es también
nuestra convicción política, pero convicción, señor Núñez, que
nos lleva a rechazar, cuando se habla de gasto público, la
esquizofrenia y la hipocresía. Porque no se puede abogar por
el control y en la misma sesión decir que sí a todo tipo de
gasto o cargas sobre los Presupuestos públicos, para quedar
bien ante algunos durante poco tiempo. (Protestas.) No se
puede confundir el control con la visión conservadora del
control que implica --se atrevan ustedes o no a decirlo--
reducir el gasto, en cuanto tienen oportunidad de hacerlo, sin
aparecer ante la opinión pública, y no atreverse a decir lo
que harían cuando la opinión pública se fija en lo que ustedes
dicen. No queremos nosotros identificar, ni contribuir a que
se haga, la acción pública, la administración de los recursos
públicos de
tantos miles y miles de servidores públicos, de funcionarios y
de representantes políticos de este país, con el despilfarro
como leitmotiv de la mayoría de sus intervenciones.
Sabe la Cámara que en esta legislatura el Gobierno tiene
compromisos importantes asumidos en materia de control de
gasto público, y esta Cámara le ha añadido, a partir del
programa de investidura votado aquí, mandatos adicionales. Hay
un programa de investidura donde ya se compromete el Gobierno
y lo ha dicho en reiteradas ocasiones, a traer un proyecto de
nueva ley general presupuestaria. Hay planes de diferentes
departamentos y usted mismo evocaba aquí, al principio de su
intervención, el último expuesto ayer por el Ministro para las
Administraciones Públicas en esta misma Cámara. Hay unos
presupuestos de este ejercicio de 1994 que son restrictivos
donde deben serlo, no siempre con su voto porque les da
vergüenza votar restricciones de gasto cuando hay que hacerlo,
y hay datos de ejecución del primer trimestre de esos
presupuestos que revelan cómo se están cumpliendo
escrupulosamente, en lo que va de ejercicio, las previsiones
presupuestarias.
A todo esto se suman múltiples compromisos votados aquí la
semana pasada como consecuencia de las mociones al final del
debate del estado de la Nación; compromisos que van desde la
necesidad de crear una oficina presupuestaria en el futuro
Reglamento de la Cámara --que esperamos que ustedes colaboren
a que se apruebe pronto-- hasta criterios para mejorar el
proyecto de ley de contratos, que ha enviado el Gobierno a
esta Cámara; compromisos votados la semana pasada que van
desde la eliminación de
duplicidades entre las Administraciones públicas hasta la
elaboración de un plan cuatrienal que el Gobierno se ha
comprometido a elaborar y traer a esta Cámara para la
reducción del déficit público; compromisos que van desde la
reiteración del ya asumido en el programa de investidura del
envío a esta Cámara de un proyecto de nueva Ley General
Presupuestaria, con criterios muy precisos que van a marcar y
condicionar el contenido de ese proyecto de ley que el
Gobierno ya ha asumido ante esta Cámara, hasta compromisos
para racionalizar la gestión de los recursos públicos que se
dirigen a financiar el funcionamiento de empresas públicas en
pérdidas; parece que usted ha olvidado que están vigentes esos
compromisos de reducir los recursos progresivamente a medida
que se va racionalizando el sector público empresarial. Con
todo esto, con los compromisos ya asumidos por el Gobierno en
su programa de investidura, con mociones ya aprobadas por esta
Cámara, y algunas muy precisas, la pasada semana con su voto a
favor, ¿qué hacer con su moción? ¿Recoger en un rasgo de
frivolidad algunas aportaciones originales, entre comillas,
que ustedes aportan? ¿Creerles cuando dicen que quieren
controlar el gasto o creerles cuando votan para incrementarlo
sin
justificación? ¿Votar en contra para que ustedes todavía
pudiesen tener algún hilo de razón para poder decir que el
Grupo
Socialista no quiere controlar el gasto público? Pues le damos
la solución, señor Núñez y señores del Grupo Popular. Les
hemos presentado una enmienda de sustitución de su moción con
un primer párrafo que compromete la voluntad política de esta
Cámara, insta al Gobierno a que la reitere en su actuación
para seguir
manteniendo una ejecución presupuestaria rigurosa, siguiendo,
y no tiene otra cosa que hacer más que seguir los carriles del
presupuesto que votamos aquí a finales del pasado año para
este ejercicio, y le reiteramos las propuestas más precisas y
más concretas que en materia de control de gasto votamos
prácticamente todos los Diputados de esta Cámara el jueves
pasado, y que en muchas de las mismas se recogen ideas,
incluso propuestas anteriores que ustedes mismos han planteado
en otras ocasiones ante esta Cámara.
Si ustedes aceptan nuestra enmienda podríamos todos coincidir
en que, en materia de control de gasto, todos lo que presentan
la moción, ustedes y nosotros, que les facilitamos una
enmienda para rehacer un amplio apoyo a medidas de control de
gasto, todos contribuiríamos a pasar, en la medida en que
todavía quede algo por hacer, de la retórica a la
responsabilidad política en esta materia tan importante. Ahora
bien, si ustedes no quieren pasar de las palabras a los hechos
y prefieren seguir haciendo un uso reiterado de la sal gorda,
utilizando continuamente el ritornello del despilfarro, cuando
no de la corrupción indiscriminada, no se preocupen, no les
vamos a apoyar, no consideramos que eso sea hablar de control
de gasto público, no consideramos que quien utiliza así el
término, el concepto, la voluntad del contol del gasto público
tenga realmente ganas de llevarlo a cabo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para la defensa de la
enmienda presentada por el Grupo Catalán (Convergència i Unió)
tiene la palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente. Brevemente
para no prorrogar la sesión de esta tarde, quiero hacer unas
indicaciones sobre la enmienda que proponemos a esta Cámara
para intentar alcanzar un consenso con los grupos en torno al
objetivo común de reducir el gasto público. No obstante, señor
Presidente, quisiera hacer antes una pequeña observación en el
sentido de que hoy, para nuestro Grupo, luchar contra el
déficit público supone sin duda tomar medidas que requieren un
cierto coraje y que seguro que van a tener que ser
impopulares, atendiendo al problema que hoy tiene el gasto
público en nuestra economía. Esta tarde hemos asistido a un
acto en que en el punto VI del orden del día se proponían unas
medidas de incremento del gasto público para intentar evitar
la pérdida de puestos de trabajo para trabajadores que están
en la empresa pública; en cambio, en el punto VII asistimos al
debate de unas medidas para intentar reducir el gasto público
que, si las aceptamos, su consecuencia va a generar la pérdida
de empleo para muchos trabajadores que están también en el
sector público, y todos ellos son
trabajadores del sector público. Por supuesto que la
conclusión que obtenemos de ello es que para luchar contra el
déficit público hay que mantener actitudes coherentes,
rigurosas; hay que ser coherentes. Y esas medidas sin duda van
a tener que ser, señorías, impopulares. Por eso hemos
presentado una enmienda a la moción que propone el Grupo
Popular con el ánimo de, con rigor y con seriedad, poder
adoptar unos acuerdos que nos permitan avanzar en el común
propósito de reducir el gasto público y el déficit que éste
tiene. La moción que nos plantea el Grupo Popular, señorías, a
nuestro juicio es poco seria, poco rigurosa. No se puede
plantear una reducción drástica del 30 por ciento de los
capítulos de funcionamiento de toda la Administración pública
y de todos los organismos públicos. Esto, señorías, deberán
reconocer que es poco serio, es inaplicable, y traerá como
consecuencia generar más desempleo de trabajadores en el
sector público. Lo mismo sucede con la segunda que plantean en
el punto 2, que es que todo el empleo que se ha contratado en
los últimos doce años, más allá del compromiso que acordó el
Consejo de Ministros de 21 de diciembre de 1982 (han
transcurrido doce años), todo el empleo que ha excedido aquel
límite desaparezca. Esto tampoco es serio, tampoco es
riguroso. Creo que tampoco es serio pedir en el punto 4 que se
restrinjan los créditos
ampliables y en el punto 5 pedir que se amplíe el número de
créditos ampliables. Esto es una contradicción. O, como en el
punto B), que presenten ustedes la solicitud de creación de
una ponencia que en el plazo de dos meses --dos meses,
señorías--estudie toda la contratación del Estado, de todos
los organismos públicos y todas las empresas públicas, y toda
la contratación de bienes y servicios realizada en los últimos
tres años. ¡En dos meses! Señorías, eso es inabordable.
Nuestro Grupo concluye proponiendo una enmienda que es
asumible, perfectamente asumible, y que tiene un propósito:
alcanzar un acuerdo para luchar efectivamente contra el
déficit público. Les proponemos con esta enmienda que todos
los grupos intentemos alcanzar un consenso para poder adoptar
unos compromisos que nos permitan avanzar en ese propósito
común. Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Grupos parlamentarios
que desean fijar su posición? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Núñez para indicar si acepta o no
las enmiendas que han sido defendidas por los diferentes
grupos parlamentarios.
El señor NUÑEZ PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Brevemente, respecto a la intervención del representante de
Izquierda Unida en la defensa de sus enmiendas, nos gustaría
aceptar alguna de ellas, sobre todo la 2 y la 6, de adición;
digo nos gustaría, que no quiere decir que las vayamos a
aceptar. (Risas.) Algunas otras, las números 1, 4, 5 y 7,
también podrían ser tomadas en consideración, aunque no las
vamos a aceptar por las razones que diré brevísimamente a
continuación. (Algunos señores Diputados: ¡No, no!)
Brevísimamente. Me permito decirle, única y exclusivamente,
que no ha entendido nuestra propuesta de reducción del gasto.
Se le da al Gobierno la facultad de distribuir entre todos los
organismos la reducción, incluso proponer, como hacía nuestra
enmienda 416 a los presupuestos,
que usted conocía, porcentajes distintos que lleven la suma
total al 30. Por tanto, no hay ningún descabellamiento en
nuestra propuesta. En cuanto al señor Almunia, le tengo que
decir que le he notado enfadado y que mis años de experiencia
en esta Cámara me dicen que no conteste nunca a ninguna
descalificación que procede, a lo mejor, de no haber
aceptado --yo lo entiendo-- un incidente desagradable y
reciente. No aceptamos su enmienda, la enmienda del Partido
Socialista, por gaseosa, gaseosa y poco comprometida, como
casi siempre (Rumores.), porque servirá para justificar --
algunas veces no necesitan ni la justificación-- los
reiteradísimos incumplimientos de promesas que desde hace
muchos años vienen ustedes haciendo en esta Cámara...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Núñez, no olvide
cuál es la finalidad del turno que está consumiendo.
El señor NUÑEZ PEREZ: Ya termino, señor Presidente.
Finalmente, nos gustaría aceptar del Grupo Parlamentario
Catalán, como enmienda de sustitución, todo el apartado a) al
punto 4 nuestro. Y también el apartado b) como enmienda de
sustitución. (Rumores.) Pero como, si acepto una enmienda,
ninguno de ustedes va a poder pedir votación separada para
aceptar los puntos de nuestra adición, que están perfectamente
redactados y de acuerdo con resoluciones aprobadas en esta
Cámara, no acepto ninguna sobre la posibilidadde que, si
ustedes piden votación separada, puedan prestarnos el apoyo a
aquella parte de la moción que, por lo visto, sí les
satisface. (Rumores.)
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Núñez.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la
presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 270; a favor, 114; en contra, 156.
El señor PRESIDENTE: Queda redactada la moción.
El Pleno se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las once y veinte minutos de la noche.
RECTIFICACION DE NUMERO DE EXPEDIENTE: En la portada del
«Diario de Sesiones» número 61, de 12 de abril pasado, en la
avocación por el Pleno de la proposición de Ley de
Organización del Centro de Investigaciones Sociológicas figura
como número de expediente el 122/000009, debiendo sustituirse
por el correcto: 124/000002.