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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 58, de 22/03/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1994 Núm. 58 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 57
celebrada el martes, 22 de marzo de 1994
Página
ORDEN DEL DIA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, sobre creación del Impuesto sobre
viviendas vacías, por el que se modifica la Ley 39/1988, de 28
de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 31.1, de 14
de septiembre de 1993 (número de expediente 122/000021)
(Página 2805)
Proposiciones no de Ley:
--Del Grupo Socialista del Congreso, relativa al grupo de
trabajo constituido en el seno de la Comisión Delegada de
Política de Visados y de Cooperación Internacional que estudia
los problemas de la nacionalidad. «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie D, número 71, de 14 de marzo de 1994
(número de expediente 162/000084) (Página 2818)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que
se insta al Gobierno a remitir a la Cámara un Proyecto de Ley
extendiendo y actualizando la Ley 57/1968, de 27 de julio, que
regula la percepción de cantidades anticipadas en la
construcción y venta de viviendas. «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie D, número 46, de 28 de enero de 1994
(número de expediente 162/000069) (Página 2823)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, sobre criterios de política
industrial que piensa adoptar el Gobierno ante la grave crisis
que afecta al sector del automóvil y en concreto a la empresa
automovilística Santana Motor (número de expediente
173/000029) (Página 2827)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
proyectos de política general que tiene el Gobierno respecto a
la política hidrológica en España (número de expediente
173/000031) (Página 2837)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número
59, de 23 de marzo de 1994.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 2805)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre creación del Impuesto sobre viviendas
vacías, por el que se modifica la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales (Página 2805)
En nombre del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya defiende la proposición de ley el señor Frutos Gras.
Expone que en defensa de la misma podría mencionar, en primer
lugar, el artículo 47 de la Constitución, que dice que toda
persona debe tener una vivienda digna y que por las
administraciones públicas deben hacerse unas políticas activas
que permitan que se realice este derecho de todo ciudadano.
Pero sin ahondar en el contenido de la Constitución, porque
tal como están yendo las cosas pudiera parecer algo casi
subversivo en estos tiempos de crisis económica, va a
centrarse en la propuesta concreta que formula a la Cámara,
solicitando la imposición de un impuesto sobre viviendas
vacías. Se le dirá que lo que se necesita en momentos de
recesión es rebajar los impuestos, pero desde su Grupo
insisten en la creación de este impuesto, gestionado por los
ayuntamientos, cuando hacer real el derecho a una vivienda
digna puede ser tan difícil como tener un trabajo más o menos
estable. Alude a la escasez de viviendas en alquiler en
nuestro país, en buena parte como consecuencia de la política
seguida durante la década de los ochenta y la existencia de un
importante número de viviendas desocupadas cuando la necesidad
de vivienda afecta a los sectores más humildes de nuestra
sociedad, a la vista de lo cual desde su Grupo proponen una
nueva imposición por parte de las Haciendas locales, dando
lectura a la nueva redacción que a estos efectos se daría al
artículo 111 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Afirma que se trata de una medida modesta, ya que ocasión
tendrá de entrar más a fondo sobre la materia cuando aborden
la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos.
En turno en contra interviene, en nombre del Grupo Socialista,
el señor García Ronda, manifestando que si ya el texto de la
proposición de Izquierda Unida les había llevado a una cierta
perplejidad, el discurso del señor Frutos ha reforzado esa
perplejidad, dando a entender que en esta Cámara despreciamos
lo que la Constitución dice, cuando piensa que no hay nadie,
ni siquiera el propio señor Frutos, al que se le pueda aplicar
esa acusación. Precisamente todos los que están aquí lo hacen
porque desean que la Constitución se cumpla.
Recuerda, por otra parte, al señor Frutos que en la Cámara no
existe miedo a hablar de impuestos, como lo demuestra el que
aproximadamente un 40 por ciento del producto interior bruto
pasa a las administraciones públicas, dando por tanto a
aquéllas la importancia que tienen que darles. También hacía
referencia el representante de Izquierda Unida a la
especulación y, si bien ésta pudo haber existido
anteriormente, no cree que pueda hablarse de ella en estos
momentos en que ni siquiera se produce un aumento del precio
de las viviendas ni de los alquileres ofertados.
Agrega el señor García Ronda que se trata nuevamente de una
proposición de Izquierda Unida que calificaría de populista
por lo que tiene de llamar
la atención y por lo que tiene también en el fondo de falta de
compromiso, ya que no resuelve los problemas socioeconómicos
de fondo que pretende ni los problemas de forma jurídico-
fiscales. En la proposición de ley Izquierda Unida se
prescinde de todos los aspectos fundamentales, como son la
causa de que cada vivienda esté vacía y de los precios de
arrendamiento, en los que inevitablemente juega el mercado y
las circunstancias temporales que en el mismo se dan.
Analiza las medidas concretas contenidas en la proposición,
resaltando el escaso efecto de las medidas fiscales sobre la
movilidad del parque de viviendas disponible y concluye
expresando la necesidad de estimular el mercado, pero
precisamente ésta es una de las finalidades de la Ley de
Arrendamientos Urbanos, en proceso de elaboración actualmente.
Replica el señor Frutos Gras, duplicando el señor García
Ronda. En turno de fijación de posiciones intervienen los
señores Mur Bernad, del Grupo Mixto; Mardones Sevilla, de
Coalición Canaria; Zabalía Lezámiz, del Grupo Vasco (PNV);
Recoder i Miralles, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y
Senao Gómez, del Grupo Popular.
Sometida a votación, se rechaza la proposición de ley debatida
por 15 votos a favor y 288 en contra.
Proposiciones no de ley (Página 2818)
Del Grupo Socialista del Congreso, relativa al grupo de
trabajo constituido en el seno de la Comisión Delegada de
Política de Visados y de Cooperación Internacional que estudia
los problemas de la nacionalidad (Página 2818)
En representación del Grupo Socialista defiende la proposición
no de ley la señora Pelayo Duque, manifestando que ha sido y
es nuestro país el origen y el destino de flujos migratorios
de especial importancia. Hemos padecido una emigración masiva
y estamos recibiendo hoy una fuerte presión de numerosos
colectivos de inmigrantes. Sin embargo, los movimientos
migratorios que se perciben en nuestro país no son algo
inédito en otras geografías europeas, ni siquiera en otras
partes del mundo, aunque le interesa destacar su trascendencia
social, económica y cultural. Pero su objetivo hoy no es
afrontar los problemas de los flujos migratorios sino abordar
el análisis de algunas de sus secuelas y pulsar la opinión de
la Cámara acerca de algunos de los problemas que hoy están
afectando a la recuperación de la nacionalidad española por
parte de muchos de nuestros emigrantes. Expone que nuestro
saldo migratorio es hoy prácticamente nulo. Sin embargo, hay
1.625.000 españoles que viven habitualmente en países
extranjeros, y nuestra Constitución marca en dos de sus
preceptos, los artículos 11.3 y 42, cuál puede ser el camino
de la acción política. Alude a la importante acción de
gobierno y la profunda tarea normativa desarrollada durante la
última década, a pesar de lo cual reconoce que no ha sido
suficiente, ya que todavía subsisten problemas que no se han
resuelto de forma satisfactoria, al menos a juicio del Grupo
Parlamentario Socialista. Informa que en la actualidad existen
planteadas ante el Gobierno alrededor de 22.000 solicitudes de
recuperación de la nacionalidad, respecto de las que existen
determinados trámites que se están convirtiendo en auténticos
cuellos de botella para la solución del problema. Se trata de
factores que llevaron al Gobierno a mandatar a la Comisión
Interministerial de Extranjería a fin de que se creara un
grupo de trabajo, lo que se hizo el 15 de febrero último, con
lo que parece que deberían haber quedado satisfechos, pero les
interesa constatar que dicha creación no significa enfriar la
cuestión ni trasladarla a foros puramente de estudio, sino que
creen que esta Cámara debe exponer al Gobierno su opinión
sobre el asunto. En consecuencia, el Grupo Socialista presenta
esta proposición a efectos de que ese grupo de
trabajorecientemente nombrado por el Gobierno elabore a la
mayor brevedad posible los estudios y trabajos que le han sido
encomendados y que, además, el Gobierno informe sobre el
resultado de los mismos con el fin de producir los procesos o
las acciones pertinentes.
Termina solicitando el apoyo de la Cámara a la proposición no
de ley. En defensa de la enmienda presentada por el Grupo
Popular interviene el señor Cotoner Goyeneche.
Para fijación de posiciones intervienen los señores González
Lizondo, del Grupo Mixto; Camp i Batalla, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), y López Garrido, del Grupo Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. Sometida a votación, se
aprueba la proposición no de ley del Grupo Socialista por 289
votos a favor y una abstención.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se
insta al Gobierno a remitir a la Cámara un proyecto de ley
extendiendo y actualizando la Ley
57/1968, de 27 de julio, que regula la percepción de
cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas
(Página 2823)
En defensa de la proposición no de ley interviene, en nombre
del Grupo Popular, el señor Fernández de Trocóniz Marcos,
manifestando que a través de esta iniciativa pretenden que se
inste al Gobierno a que en un plazo de seis meses remita a
esta Cámara un proyecto de ley en cuya virtud se modifique la
Ley de 27 de julio de 1968, por la que se establecen
determinadas garantías para la percepción de cantidades a
cuenta en el supuesto de venta de viviendas, siempre que estas
cantidades se perciban antes de la finalización de la
construcción de las mismas. Expone brevemente el contenido de
la ley en cuestión y el interés jurídico necesitado de
protección y, en definitiva, el vacío que vino a llenar en su
día y por qué hoy dicha Ley no cubre suficientemente aquello
que trata de remediar en la sociedad. Termina reconociendo que
llegan tarde, pero como más vale tarde que nunca, solicita el
voto favorable de la Cámara para la proposición no de ley.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista
interviene el señor Madrid López.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los
señores Mur Bernad, del Grupo Mixto; Martín Menis, del Grupo
de Coalición Canaria; Molins i Amat, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), y Andreu Andreu, del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación, se aprueba la proposición del Grupo
Popular por 295 votos a favor, uno en contra y una abstención.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 2827)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre criterios se política industrial que
piensa adoptar el Gobierno ante la grave crisis que afecta al
sector del automóvil y en concreto a la empresa
automovilística Santana Motor (Página 2827)
El señor Alcaraz Masats defiende la moción del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, manifestando que
consideran que es éste el momento de valorar el fracaso social
y aritmético de una política económica y de una concepción no
equilibrada del Estado. Creen que a partir de hoy, en función
de la moción que ahora defiende y de las enmiendas que se le
interponen, es el momento de enmarcar líneas divisorias para
saber concretamente dónde está cada uno, qué sentido
territorial de los problemas tienen, qué política industrial,
social, económica y laboral defienden, qué concepción del
protagonismo social y del orden público tienen y qué
soluciones aportan, ofertando, en función de esos y de otros
criterios, medidas respecto a Santana Motor de Linares.
Afirma que la igualdad con los desiguales no es
constitucional, por lo que a la hora de acercarse al problema
de Santana Motor hay que partir de una concepción territorial
del Estado y de la problemática que están abordando. No se
trata simplemente de la crisis de la automoción, ni mucho
menos de una crisis industrial en general, sino de la crisis
de la automoción en Linares, Jaén, Andalucía, donde existe el
34 por ciento de paro, donde se da una desarticulación social
y económica, un genocidio industrial que se está sufriendo en
función de la política industrial y económica que viene
soportando en el último período. Reitera que en el marco de
este delirio liberal Andalucía está sufriendo un auténtico
genocidio industrial, ya que a Santana Motor se ha sumado el
desplome de Gillete y Puleva o Renfe, entre las empresas
públicas, etcétera, con una actuación que califica de
indeseable por parte del señor Ministro de Industria, que
mantiene contactos secretos en Tokio durante meses y meses y
entre tanto estalla la situación en la empresa. Agrega que a
partir de ese momento el señor Ministro se pone del lado de la
multinacional japonesa, lo cual les lleva a pedir la dimisión
del señor Eguiagaray.
Expone a continuación que se les tacha de demagogos cuando la
mayoría socialista en el Ayuntamiento de Linares defiende
exactamente lo mismo. Insiste en la gravedad de la situación
por la que atraviesan Linares, Jaen y Andalucía ante el
desplome industrial que se está produciendo debido a la
ausencia de una verdadera política industrial, a la par que
muestra su discrepancia con la política de orden público
seguida en un intento de dividir, asustar y desprestigiar a
Linares y termina aludiendo brevemente a algunas de las
medidas concretas contenidas en la moción. En defensa de las
enmiendas presentadas y para fijar la posición de sus
respectivos grupos intervienen los señores Martín Mesa, del
Grupo Socialista; Puche Rodríguez-Acosta, del Grupo Popular, y
Sánchez i Llibre, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Completa el turno de fijación de posiciones el señor González
Lizondo, del Grupo Mixto.
Sometida a votación, se rechaza la moción debatida por 15
votos a favor, 270 votos en contra y siete abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
proyectos de política general que tiene el Gobierno respecto a
la política hidrológica en España (Página 2837)
La señora De Palacio Valle-Lersundi defiende la moción del
Grupo Popular. Recuerda su intervención durante el debate de
la interpelación criticando la gestión del agua por parte de
los distintos gobiernos socialistas durante los últimos once
años, pero hoy se trata de conseguir acuerdos, de alcanzar
compromisos responsables por parte de los distintos grupos
políticos de cara a lo que debe ser la política de agua, y muy
especialmente de lo que debe ser el instrumento máximo de la
planificación hidrológica. Añade que el Plan Hidrológico
Nacional es un documento que todos los grupos de la Cámara
vienen reclamando desde hace años, aunque reconoce que si bien
es urgente disponer del mismo no lo es menos conseguir que su
calidad y contenido garanticen su utilidad. Lamenta, sin
embargo, que a la hora de contemplar las demandas a las que
trata de dar respuesta adecuada el Plan Hidrológico no se haya
contado con los ministerios sectoriales correspondientes, ni
haya una evaluación lo suficientemente respaldada de estas
demandas. Otra cuestión planteada durante el debate anterior
era la referida a las transferencias desde las cuencas
excedentarias a cuencas deficitarias y los posibles volúmenes
de aguas a trasvasar, temas todos ellos contemplados en la
moción que hoy somete a la Cámara. Expone que el Grupo Popular
no ha querido esperar a que se remita a la Cámara el proyecto
de Plan Hidrológico Nacional para hacer sus críticas y
retrasar el procedimiento sino que interviene ahora, cuando
todavía se habla de anteproyecto y de documento susceptible de
ser modificado, denunciando las carencias que a todas luces
existen para que pueda ser corregido, evitando la posible
presentación de enmiendas de devolución. En este sentido pide
un acuerdo de todos los grupos de la Cámara para alcanzar un
consenso cimentado sobre el rigor y la razón para garantizar
la viabilidad de un proyecto ambicioso como es el de
solucionar el histórico problema del agua en España.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista
interviene el señor Jerez Colino.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los
señores González Lizondo, del Grupo Mixto; Sedó i Marsal, del
Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Andreu Andreu, del
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación la moción del Grupo Popular, en los
términos resultantes de la aceptación en parte de la enmienda
del Grupo Socialista, es aprobada por 287 votos a favor.
Se suspende la sesión a las ocho y treinta y cinco minutos de
la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE CREACION DEL IMPUESTO SOBRE
VIVIENDAS VACIAS, POR EL QUE SE MODIFICA LA LEY 39/1988, DE 28
DE
DICIEMBRE, REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES (Número de
expediente 122/000021)
El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión.
Punto I del orden del día: Toma en consideración de
proposiciones de ley. Proposición del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre creación del impuesto
sobre viviendas vacías, por el que se modifica la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. En
nombre del Grupo proponente, tiene la palabra el señor Frutos.
(Rumores.)
Señorías, guarden silencio.
El señor FRUTOS GRAS: Señoras Diputadas, señores Diputados,
desde Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya venimos a
hablar de un impuesto concreto, aunque ese concepto
normalmente no suene muy bien en esta Cámara porque se
considera casi un atentado gravísimo contra las leyes de
mercado, que son las que tienen que decirlo todo. (Rumores.)
Y vamos a hablar de un impuesto que afecta...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Frutos. Perdone.
(Pausa.) Cuando quiera, señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Gracias por su atención, señores
Diputados. Gracias por su amparo, señor Presidente.
Como decía, para defender esta proposición podría citar, en
primer lugar, el artículo 47 de la Constitución,
cuando dice que toda persona debe tener una vivienda digna y
que debe de haber desde las administraciones públicas unas
políticas activas que permitan que se realice este derecho de
todo ciudadano y de toda ciudadana. Sin embargo, temo que si
cito este artículo ampliamente, en toda su intensidad, los
efectos sean contrarios, porque tal como están yendo las cosas
en nuestro país citar la Constitución, y hacerlo en esta
Cámara, puede parecer ya algo casi subversivo. Por tanto, me
limitaré a intentar entrar en la propuesta concreta,
explicando previamente por qué en tiempos recesivos, en
tiempos de crisis económica, en tiempos del cólera, proponemos
desde Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya un impuesto
sobre viviendas vacías. Por qué, se dirá (desde estos bancos y
desde aquéllos, del centro y de la izquierda hacia abajo),
cuando lo que conviene, lo que es necesario en momentos de
recesión y de crisis es rebajar los impuestos, quitar
impuestos y que el mercado vaya asignando libremente lo que
conviene a cada uno, sea entidad, sea asociación, sea un ente
jurídico. Por tanto, voy a intentar explicar el porqué de esta
proposición de ley para crear un impuesto gestionado por los
ayuntamientos.
Hoy hacer real el imperativo de la Constitución de que cada
ciudadano o ciudadana tenga derecho a una vivienda digna
(Rumores.) es ya tan difícil...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Frutos. Lo siento.
(Pausa.) Cuando quiera, señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Decía que hoy hacer real el derecho a
una vivienda digna puede ser tan difícil como tener un trabajo
más o menos estable (no muy estable, porque de ello ya se
encarga el señor Ministro de Economía). Por tanto, plantear
aquí esta proposición de ley puede sonar a más extraño
todavía. ¿Por qué puede ser tan difícil tener una vivienda
digna, como es
imperativo de la Constitución, como tener un trabajo digno,
que también es imperativo de la Constitución?
En resumidas cuentas, porque hay carencia de viviendas, porque
las viviendas que hay en régimen de compra o de alquiler son
carísimas, porque hay una especulación del suelo y de la
vivienda de carácter extraordinario, que se llamó en la pasada
década prodigiosa «boom», pero que ahora, conocidos ya todos
los datos de esta década, y en concreto los referentes a la
vivienda, podemos calificarlo de puro proceso especulativo,
que nació además a partir del eutanásico decreto Boyer, el
cual potenció la especulación y con ella contribuyó al gran
«show» de la miseria moral y, en algunos casos, para amplios
sectores de la ciudadanía española, incluso material, que
permitió la
incorporación de masas ingentes de suelo público al mercado
sin planificación, con lo cual hubo una elevación constante,
permanente y brutal de los alquileres, de los precios de las
viviendas de compra, y porque, en definitiva, la carencia de
viviendas asequibles y/o de alquiler, comparativamente con la
Unión Europea, a la que tanto decimos asemejarnos siempre o
queremos asemejar, es espectacular.
En España hay entre un 10 y un 12 por ciento sólo de viviendas
de alquiler. Entre los años 1981 y 1990 han desaparecido del
mercado prácticamente el 40 por ciento de las viviendas de
alquiler, pasando en estos diez años, en esta década
prodigiosa, del 20 por ciento al 10, 12 por ciento, como
máximo. Sólo el 5 por ciento del gasto público se destina en
España a viviendas de alquiler en estos momentos, frente a un
porcentaje muchísimo más elevado (no voy a citar porcentajes,
no voy a hacer comparaciones con la Unión Europea, porque
están en la mente de todos), con fórmulas que además son
regresivas, ineficaces y
discriminatorias, frente a las fórmulas que tiene la
producción de viviendas por parte del sector privado. Sólo el
0,94 por ciento del producto interior bruto está destinado a
la vivienda, cuando en la Unión Europea es el 2,5 por ciento
lo que se destina por parte del sector público. La vivienda de
alquiler empieza a ser ya un gran fenómeno de gravísimas
consecuencias sociales, especialmente, como siempre ha sido en
los grandes núcleos urbanos, pero ya también en estos momentos
en los medianos núcleos urbanos. En la España cada vez más
desvertebrada
socialmente la vivienda en régimen de alquiler, entendiéndose
por ello, naturalmente, un alquiler de una cierta decencia, es
algo ya prácticamente exótico. Pero es que, además, este
conjunto de viviendas, en el cual la participación pública es
escasísima, es absolutamente débil, es miserable, el 15 por
ciento de las viviendas están desocupadas. También en esto
somos de nuevo un récord en el conjunto de la Unión Europea.
En definitiva, la propuesta que plantea Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya es una iniciativa modesta. Queremos
simplemente incidir sobre este 15 por ciento de viviendas
vacías, y además de forma que fuerce al conjunto de las
Administraciones a mirar de frente el problema y tomar cartas
en el asunto, porque hay necesidad de viviendas y porque esta
necesidad afecta a los sectores más humildes de nuestra
sociedad.
Por todo ello, proponemos una nueva imposición desde las
Haciendas locales; no una desgravación, como se solicita
arteramente y como se aplicó con las viviendas construidas
alrededor de la Expo y alrededor de los Juegos Olímpicos, sino
una nueva imposición a través de esta proposición de ley cuyo
artículo 1.º pretende modificar el artículo 60.2 de la ley
39/1988, reguladora de Haciendas Locales, que dice así:
Artículo 60.2: Asimismo, los Ayuntamientos podrán establecer y
exigir el Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras
y el Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos,
etcétera. En nuestra proposición de ley
planteamos un artículo 1.º que sustituya a este artículo 60.2,
que diga: «Asimismo, los Ayuntamientos podrán establecer y
exigir el Impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras, el Impuesto sobre el incremento del valor de los
terrenos naturaleza urbana y el Impuesto sobre viviendas
desocupadas, de acuerdo con la presente ley, las disposiciones
que la desarrollan y las respectivas ordenanzas fiscales».
El artículo 2.º de nuestra proposición de ley consta de tres
apartados, con una subsección séptima y que se incluya todo
ello en el Título II, Capítulo II, Sección 3.ª de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales.
Diría así: «Artículo 111 bis. Naturaleza y hecho imponible. El
Impuesto sobre viviendas desocupadas gravará la tenencia de
viviendas desocupadas, es decir, sin que sirvan de domicilio
habitual del propietario, sus familiares o arrendatarios. Son
sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas y
jurídicas, las herencias yacentes, comunidades de bienes y
demás entidades que, aun carentes de personalidad jurídica,
constituyan una unidad económica o un patrimonio separado
susceptible de imposición, que sean titulares de los inmuebles
gravados». En el artículo 111 ter. Base imponible y tipo, se
diría: «La base imponible de este impuesto será el valor que
corresponda a las viviendas en el Impuesto de Bienes Inmuebles
en el momento de producirse el devengo de aquél. La base
imponible será la base liquidable. El tipo impositivo será
progresivo en función del tiempo ininterrumpido que la
vivienda permanezca sin ocupar, sin que pueda ser inferior al
2 por ciento ni superior al 6 por ciento. La graduación del
tipo impositivo de los indicados límites se hará según las
siguientes reglas: viviendas que hayan estado desocupadas
menos de dos años, el tipo no podrá ser superior al 4 por
ciento, y las viviendas que hayan estado desocupadas más de 4
años, el tipo no podrá ser inferior al referido porcentaje del
4 por ciento. Quedarán exentas del pago del impuesto aquellas
viviendas que su desocupación no llegue al año natural».
Finalmente, en el artículo 111 quattor, cuyo título es:
Devengo y gestión, antes de la disposición final, decimos que
el impuesto será anual y se devengará el día 1 de enero de
cada año, siendo la cuota irreducible. Los Ayuntamientos
vendrán obligados a aprobar la correspondiente ordenanza, de
acuerdo con lo establecido en la Sección 2.ª del Capítulo III
del Título Primero de esta ley, y a la formación del
correspondiente registro de viviendas desocupadas con
especificación del titular, valor a los efectos del Impuesto
de Bienes Inmuebles y fecha desde la que se hallan
desocupadas. Los sujetos pasivos estarán obligados, de acuerdo
con el modelo que establezcan los
ayuntamientos, a presentar declaración por cada una de las
viviendas de su situación de desocupadas, en el plazo de
treinta días desde que se produzca esta situación, y de su
ocupación en igual plazo a los efectos del nacimiento o
interrupción del sujeto impositivo. Cuando lo sujetos pasivos
no presenten las declaraciones citadas, o éstas fueran
defectuosas, los
ayuntamientos procederán de oficio o a instancia de parte a
incluir en registro las viviendas desocupadas o a rectificar
las presentadas, sin perjuicio de las sanciones que se deriven
de la omisión o del defectuoso cumplimiento de las
obligaciones impuestas. Y una disposición final que dice que
la presente ley entrará en vigor el día primero de enero de
1994, por tanto a estas alturas ya del año será con carácter
retroactivo.
El mensaje que queremos dar, en definitiva, tal como he
señalado antes, es el de que es posible poner a disposición
del conjunto de los ciudadanos, sobre todo de los sectores más
humildes de nuestra sociedad, un 15 por ciento en concreto de
viviendas desocupadas a unos precios que sean accesibles.
Para ello, y como no somos utópicos en el momento del
planteamiento de leyes concretas, proponemos que el mensaje
que se dirija al propietario de la vivienda vacía podría ser
del siguiente tenor: Si usted tiene capital invertido, por
tanto una vivienda a disposición social, tendrá beneficios
fiscales. Por tanto, habrá beneficios fiscales para el
propietario que ponga su vivienda a disposición de la
sociedad.
En segundo lugar, queremos decir también a este propietario de
vivienda vacía, que no la quiere ocupar esperando que el nivel
especulativo suba un poquito más, que si tiene capital
paralizado habrá una penalización, tal como planteamos, de
forma ejemplar pero muy modesta, en esta proposición de ley.
Señoras Diputadas, señores Diputados, esto no es todavía la
ley de Arrendamientos Urbanos. Tendremos más ocasiones y
posibilidades de entrar mucho más a fondo en todos y cada uno
de estos apartados, pero podría ser ya un elemento que nos
situara en buenas condiciones para hacer una buena ley de
Arrendamientos Urbanos, que permitiera afrontar el conjunto de
problemas sociales que hay en el país y, al mismo tiempo, que
sirviera un poco de palanca a la solución de problemas
económicos que servirían también para la posterior solución de
problemas sociales.
Señoras y señores Diputados, muchas gracias por los silencios,
por las voces y también por los ecos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Frutos.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor García
Ronda.
El señor GARCIA RONDA: Señor Presidente, señorías, subo a la
tribuna en esta ocasión, también como en la última semana tuve
que subir a ella, para oponerme inevitablemente a la toma en
consideración de esta
proposición de ley del Grupo de Izquierda Unida. Aparte de que
la proposición ya me había llevado a una cierta perplejidad,
el discurso del señor Frutos ha refozado esa perplejidad
porque, nada más empezar, ha hecho afirmaciones que no se
corresponden con la realidad, salvo que tenga una lente tan
deformadora que realmente no la vea.
En primer lugar, ha citado la Constitución y ha dicho algo que
a mí me parece increíble y es que, poco menos, si es que no
incurrimos en ello, despreciamos en esta Cámara lo que la
Constitución dice. Creo que no hay nadie, ni el propio señor
Frutos tan siquiera, al que se le pueda aplicar esa acusación.
Creo que todos los que estamos aquí lo estamos precisamente
porque queremos que la Constitución se cumpla y porque tenemos
esa voluntad. Otra cuestión de la que ha hablado, y ha dicho
que también parece que nos da miedo hablar aquí, es sobre los
impuestos. Basta con repasar los diarios de sesiones para ver
que, muchas veces y desde muy distintos campos, no tenemos
miedo a hablar de impuestos y lo que sí tenemos son posiciones
que cada uno considera, desde su punto de vista, las más
realistas. Pero he de recordarle que, aproximadamente, un 40
por ciento del producto interior bruto pasa a las
administraciones públicas, con lo cual no me parece a mí que
quienes estamos aquí, los diversos grupos políticos, no
consideremos a los impuestos y no
consideremos la enorme importancia que tenemos que darles. Por
otro lado, habla de Europa, para que nos parezcamos. El señor
Frutos no puede ignorar que si en Europa el nivel de
arrendamientos de viviendas es mayor que en España, eso se
debe a otras causas y no a las que él ha enumerado. Se debe,
fundamentalmente, a un proceso de contratos de arrendamiento
muy distinto al que se ha llevado en España en décadas pasadas
y que, de alguna manera, se trata de ir corrigiendo también.
Por fin, creo que ha hablado de proceso especulativo en estos
momentos. A mí me parece que precisamente no es en estos
momentos cuando hay un proceso especulativo en la compraventa
de inmuebles y, notoriamente, de viviendas. Habrá podido
haberlo en esos tiempos de «boom» de los que también él ha
hablado, pero desde luego no precisamente en este momento.
Actualmente creo que no se puede decir no ya que haya
especulación, sino ni tan siquiera
incremento del precio de las viviendas ni de los alquileres
puestos a disposición u ofertados.
De nuevo, una proposición de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya que para no utilizar términos que ya usé la semana
del último Pleno, voy a llamar proposición populista, por dos
causas: por lo que tiene de colores gruesos para llamar la
atención y por lo que tiene en el fondo de falta de
compromiso, ya que no resuelve ni los problemas
socioeconómicos de fondo que pretende, ni los problemas de
forma jurídico-fiscales.
Su exposición de motivos es un tanto ampulosa en las
pretensiones y trata de colocarse, como es tan habitual en el
Grupo y, sobre todo, en el proponente que lo ha hecho por lo
que yo le oído en esta Cámara, en el terreno de los
principios, incluso de los principios constitucionales, y de
los problemas generales. Y aunque el discurso está construido
para conseguir la justicia abstracta, desde luego, es inútil
para implantar la justicia concreta.
Su señoría sabe que no es tanto la grave carencia de
viviendas, como se dice en la proposición de ley, cuanto la
falta de coincidencia entre oferta y demanda en dos aspectos,
tanto en tipo de viviendas como en precio, lo que origina la
inadecuación entre la población y su alojamiento. En su
proposición de ley prescinde el Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya de dos aspectos fundamentales:
primero, la causa de que cada vivienda esté vacía y, segundo,
de los precios de arrendamiento en los que inevitablemente
juega el mercado, las circunstancias temporales y hasta las
circunstancias instantáneas que en el mercado se dan.
En el primer caso, en el de las causas de que una vivienda
esté vacía, creo que prescindir de esa causa significa, si se
implantase el tributo propuesto, que se incurriría en
injusticia desde la misma génesis del tributo. Porque, dentro
de las viviendas que se pueden considerar vacías o más bien no
habitadas, hay --y según los datos que, desde luego, he podido
obtener y creo que son válidos, aunque pueda haber una
diferencia en décimas-- más de un 10 por ciento que son
abandonadas por emigración, cosa que afecta fundamentalmente a
zonas poco industriales, a zonas rurales, etcétera; hay casi
un ocho por ciento de viviendas cuya demolición está prevista;
un 10,5 por ciento adquiridas para usos posteriores, y ahí
podemos decir que hay viviendas adquiridas para donárselas o
transmitírselas a los hijos que, a lo mejor, van a contraer
matrimonio o van a empezar a vivir independientemente y, en
otras ocasiones, incluso por la oportunidad precisamente de
adquirir esas viviendas para cuando sean necesarias. También
hay viviendas de temporada que suponen nada menos que más del
26 por ciento de esas viviendas llamadas vacías. Luego hay
viviendas vacías ofertadas en un 12,5 por ciento. Ese es el
conjunto, aproximadamente --quedan otras que no quiero
enumerar, porque se deben a muy diversos motivos--, de causas
por las que las viviendas están vacías.
Dígame, señoría, si no son causas perfectamente admisibles y
que solamente tienen su derivación y su importancia en el
tiempo, por el pequeño tiempo, en muchos casos, que tendrán
que estar vacías, aunque ese pequeño tiempo exceda del año que
el Grupo de S.S. trata de considerar como tiempo para que se
devengue el impuesto que pretenden.
En el segundo caso --y hablaba de los precios--, S.S. parece
obviar el hecho crucial de que el contrato de arrendamiento
contiene siempre una cláusula de precio, que es fijada
libremente entre las partes y, por tanto, las ofertas de
alquiler no necesariamente se convierten en contratos y en
consiguiente ocupación de las viviendas afectadas, salvo que
S.S. quiera obligar a que los contratos se celebren, lo cual,
tal vez, tendría problemas constitucionales, incluso referidos
al derecho de propiedad; o que pretenda marcar los mínimos o
máximos de precios, para que ningún propietario pueda
escaparse de arrendar siempre que lo quiera un posible
inquilino. Creo que en este caso habría un intervencionismo
que, quizá, también tropezaría con nuestro ordenamiento
jurídico y, en todo caso, con la voluntad de mantener un
mercado que sea libre y transparente, que es el que, dentro de
un parque de viviendas como el existente y como el que se está
construyendo, puede adecuar la necesidad con la ocupación
real.
En conjunto, son pocas las viviendas no ofertadas o no
adquiridas para uso posterior. Parte de la desocupación viene
dada --creo que S.S. lo sabe; lo que ocurrees que hace un
discurso en el que obvia las cuestiones de realidad existentes
que le impedirían proponer lo que ha propuesto-- por la
evolución social, por la emigración de población rural a
urbana, de los municipios demográficos decrecientes a los de
crecimiento acelerado, etcétera. Por otra parte, hay muchas
viviendas que se destinan en épocas al turismo, muchas veces
no dentro de un año, pero sí a lo mejor cada dos años, y desde
luego hay muchas viviendas que se construyen en fase expansiva
y se «stockan» en fase recesiva, como S.S. también ha dicho.
Si no se está en «boom» cuando realmente hay un crecimiento de
actividad en la construcción, precisamente ello da lugar a un
«stockage», salvo que continúe la situación de ventas
importantes, o que se dé una situación económica importante en
su desarrollo, o bien inflacionaria. Como no es el caso,
podemos decir que estamos en una cierta recesión en esa
cuestión y, por tanto, hay un inevitable «stockage». Por poco
que S.S. considere cuáles son los movimientos de la dinámica
económica sabrá --no me cabe duda-- que esto es así de cierto.
Por otra parte, el dinamismo de la población necesita también
un «stock» de viviendas desocupadas, puesto que precisamente
es el único modo de que se puedan acomodar los movimientos
poblacionales. ¿Cuánto tiene que ser? No se puede decir.
Cuanto más dinámica sea la población, más se necesitará ese
«stock». Lo que sí es evidente es que hay un porcentaje de
viviendas que tienen que ser «stockadas» en parte para que
puedan ser ocupadas en el momento en que se presente el
inmigrante.
Pasando al articulado, he de señalar algunos aspectos que
están en la misma línea de lo que he venido diciendo.
El artículo primero, que pretende la modificación del artículo
60.2 de la Ley de Haciendas Locales, habla de la voluntariedad
del establecimiento del tributo, con lo cual a S.S. no se le
escapa que habría realmente una injusticia dentro del
territorio nacional simplemente por voluntad de los
ayuntamientos, e incluso seguramente una turbulencia en el
mercado, sobre todo entre municipios contiguos.
En el artículo segundo, la parte que pretende modificar el
artículo 111 bis, habla de la tenencia. Creo que ahí hay un
error muy importante, desde el punto de vista jurídico. Habla
de la tenencia de viviendas desocupadas. ¿Es que S.S. y el
Grupo proponente se refieren solamente a la propiedad o pueden
referirse a un arrendatario que no esté ocupando la vivienda y
que por ello tendría que subarrendarla o devolverla? Realmente
hablar de tenencia es utilizar un vocablo que tiene una
ambigüedad o una polivalencia que no conviene a una
proposición de ley de tipo fiscal, que siempre debe ser lo más
precisa posible.
En cuanto a la parte correspondiente al artículo 111 tercius,
cuando dice que la base imponible será la base liquidable,
debe tratarse también de un error. En todo caso sería lo
contrario. Si se quisiera que la base liquidable --que es lo
que viene en el proceso tributario después de la base
imponible-- fuera igual a la base imponible, quizá pueda ser
así. En todo caso, como he dicho anteriormente, incurre en una
especie de error o de confusión. Por otro lado, en la
modificación de ese mismo artículo proponen un tipo enorme y,
además, progresivo (a un año, a dos años, a partir de dos años
más porcentaje, etcétera). Luego --y esto ya es de tipo formal
meramente-- hablan de aquellas viviendas «que su desocupación
no llega al año natural». Si lo señalo es simplemente por lo
que al final diré de la mala articulación de la proposición no
de ley. En vez de «viviendas que su desocupación», será
«viviendas cuya desocupación». En cuanto al 111 quattor, si se
impone una ordenanza no parece ya que el establecimiento del
impuesto sea potestativo. En fin, establecimiento del impuesto
potestativo y, sin embargo,
obligación de llevar a cabo una ordenanza. Parece que es
contradictorio. Por otro lado, inicia un régimen de sanciones
sin una cobertura
legal suficiente, como es evidente tal como está redactado, y
además no se contempla un régimen de inspección, que sería
absolutamente necesario para ver el cumplimiento o no de las
declaraciones que pretenden, esa declaración de cuándo está
vacía la vivienda o cuándo queda vacía, cuándo se vuelve a
ocupar, etcétera, y luego habla de interrupción del sujeto
impositivo, que yo supongo que también habrá otro error, y se
habla de interrupción del hecho impositivo.
Resumiendo, puedo decir que hay un escaso efecto --y esto lo
sabe cualquiera que haya tenido una cierta experiencia o que
haya seguido la experiencia que ha
habido en estos últimos decenios-- de las medidas fiscales
sobre la movilidad del parque de viviendas disponibles, y casi
sobre cualquier tipo de decisiones de inversión o de
desinversión, aunque ciertas medidas fiscales pueden ayudar
complementariamente a determinados aspectos, pero desde luego,
si hay algo que no se mueve apenas por cuestiones fiscales,
son precisamente los inmovilizados.
Creo que es necesario estimular el mercado --en eso quizá S.S.
esté de acuerdo--, pero precisamente esa es una de las
finalidades que tiene la Ley de Arrendamientos Urbanos, en
proceso actualmente. Creo que, cuando habla --y S.S. se ha
referido a ello-- de políticas activas necesarias, ahí está la
Ley de Arrendamientos Urbanos y ahí están las políticas que se
vienen haciendo en estos últimos años de construcción de
viviendas con subvenciones, etcétera.
El señor PRESIDENTE: Señor García Ronda, le ruego concluya.
El señor GARCIA RONDA: Concluyo ahora mismo, señor Presidente.
Por otra parte, el carácter discrecional, ambiguo y hasta
confuso restaría incluso efectividad para lo que ustedes
proponen. Cuando ha dicho que no son utópicos, en efecto, no
lo son, pero yo creo que sí son estériles presentando esta
proposición de ley. Está mal expresada jurídica y fiscalmente.
Yo tengo la tentación de pensar que casi les da un poco igual,
es lo de menos, porque saben que su contenido no puede
conmovernos excesivamente, en cuanto que de nada serviría y no
es más que una especie de discurso para que se oiga por ahí y
ustedes pueden venderlo políticamente. Yo creo que, como he
dicho al principio, adolecen de populismo, en el sentido de
querer tener popularidad con ello, aunque yo creo que la
sociedad española tampoco recibe ya estos discursos como
ustedes quisieran. A mí me parece que es una proposición un
tanto vacua para viviendas vacías.
Cuando ha hablado de los tiempos del cólera, diciendo que hay
que hacer otras cosas, yo, parafraseando a quien usted ha
querido parafrasear también, le recuerdo que García Márquez
pedía para los tiempos del cólera amor y no necesariamente más
impuestos. Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Ronda.
Señor Frutos, tiene la palabra.
El señor FRUTOS GRAS: Si llega usted a conmoverse o a
conmocionarse, señor García Ronda, habría utilizado los
veintitrés calificativos que ha utilizado multiplicados por
veintitrés, casi una cita bíblica: per-plejidad, ambiguo,
confuso, contenidos defectuosos, decrépitos, falta de
principios o excesivos principios...
Yo, francamente, señor García Ronda, sí que siento perplejidad
ante lo que dice usted. De verdad, pero no es nuevo. No es
únicamente con este Diputado que está hablando en estos
momentos, es con el conjunto de los diputados del Grupo, desde
los que son considerados en los medios de comunicación más
ortodoxos, más a la caverna, hasta los que son considerados
más moderados. Ustedes, en el momento que tocamos los puntos
álgidos de la realidad económica, social, industrial de este
país, saltan como saltamontes, señor García Ronda. Porque su
defecto está en la política que están haciendo, en su
política. En la política que no se han atrevido, incluso, a
criticar en el Congreso que acaban de terminar este fin de
semana. Perdone que haya entrado en algo que no debería entrar
porque pertenece a la libertad de los partidos y no es propia
de este Parlamento. Pero yo sí estoy perplejo, estupefacto,
cuando dice: Las afirmaciones que hacen ustedes no se
conforman con la realidad. Mire, señor García Ronda, su
realidad, no la suya personal, la realidad de la política que
defiende su Grupo a mí, francamente, me conduce a la
melancolía, porque veo que no aprenden nada de esta realidad
para establecer otras políticas, hacer frente a los problemas
y solucionar los mismos. No entiende, por ejemplo, mi cita en
relación a la Constitución. Señor García Ronda, ¿es que la
Constitución va a ser un elemento subversivo, va a ser un
instrumento subversivo frente a la realidad económico-social
que tenemos en este país? Y si no, lo estamos viendo, si
queremos verlo, estas mismas semanas, estos mismos días en
relación a la pigmentación de toda la piel de toro en este
momento concreto en relación a la liquidación de puestos de
trabajo, a la liquidación de empresas, cuando parecía que en
«la década prodigiosa», donde se produjo este nivel de
especulación tan alto que hay en España sobre la vivienda,
también tenían que venir las multinacionales extranjeras a
regalarnos lo que no han regalado en otros países que
contemplan, a través de sus leyes, otra forma de actuación de
las multinacionales.
Habla usted de la Unión Europea y de que en ésta ha habido
otros procesos. ¿Sabe usted, señor García Ronda, que un piso
medio de cien metros cuadrados, por ejemplo, en el centro de
Bruselas es más barato que un piso de las mismas
características en metros cuadrados en Alcorcón? ¿Lo sabe
usted, señor García Ronda, o no lo sabe? ¿No sabe que los
niveles de especulación, los niveles de carestía de la
vivienda, sea de compra o sea de alquiler, son los más altos
del conjunto de la Unión Europea? ¿No lo sabía usted? Además,
con salarios reales y nominales más bajos que los que hay en
el conjunto de la Comunidad Europea, salvo,
seguramente, Portugal, Grecia e Irlanda. ¿Lo sabía usted,
señor García Ronda?
En este momento, es verdad, como dice usted, que no hay
especulación ni incremento de los precios; tiene usted razón.
Esto ya se ha producido durante la década de los 80, «la
década prodigiosa». No puede haber más especulación. Hay
viviendas vacías, sobran las viviendas; sin embargo, no bajan
o bajan poco, lo sabe usted perfectamente. La especulación se
potenció fundamentalmente a partir del bien llamado «Decreto
Boyer»; este señor que, en su momento, puso en marcha una
política que todavía no ha sido criticada y sobre todo
autocriticada, por lo que les compete a ustedes. La
proposición, dice, no resuelve los problemas de fondo, pero es
que lo he dicho yo en mi intervención, señor García Ronda. No
vamos a la solución de los problemas de fondo. He dicho que
vamos de inmediato a un debate en relación a la ley de
arrendamientos urbanos, que vamos a tocarlo todo. Esto y
muchas más cosas. He dicho que nuestra proposición de ley
intenta ser ejemplar en este momento concreto e intenta dar un
signo inequívoco al propietario de viviendas vacías,
diciéndole: Si pone su vivienda al servicio del conjunto de la
sociedad, va a tener usted un premio fiscal, y al que no haga
esto, al que tenga la vivienda vacía y no quiera ponerla al
servicio del conjunto de la sociedad, será penalizado de una
forma, repito, muy modesta, tal como proponemos en nuestra
proposición. Por tanto, no queríamos resolver los problemas de
la vivienda de alquiler, de compra, etcétera, con nuestra ley.
Me dice usted que me muevo en el terreno de los principios. A
lo mejor tiene usted razón. Será que tengo un exceso de
principios para amortiguar la pérdida de principios de ustedes
y de su Grupo en conjunto. Por eso, quizá, en este Parlamento
es necesario volver a reconsiderar, en el momento, incluso, de
discutir una proposición de ley como ésta, los principios de
justicia social y de equidad que deben presidir el
comportamiento, como mínimo, de las fuerzas que nos
consideramos de izquierda.
El señor PRESIDENTE: Señor Frutos, le ruego concluya.
El señor FRUTOS GRAS: Termino.
He señalado, y señalamos en nuestra proposición de ley, que
los problemas --usted lo cita como si realmente no lo
tuviéramos en cuenta-- residen porque hay emigración de los
núcleos del campo hacia los núcleos urbanos, hacia las grandes
ciudades. Es precisamente lo que señalamos en concreto en esta
proposición de ley, que en las grandes ciudades y en los
núcleos medios se está agudizando este problema, agudizado
todavía más por este 15 por ciento de viviendas que podrían
estar disponibles con unas determinadas leyes, no solamente
con ésta, y no lo están. En definitiva, consideramos, además,
que tipos progresivos como el que planteamos del 2 al 6 por
ciento no son tipos progresivos y que en este momento puedan
significar una agresión económica para cualquier propietario.
Son tipos muy asequibles, en función del mal que pretendemos
solucionar. En la medida en que estos tipos se pongan en
marcha, estamos convencidos de que el mercado de la vivienda
tendrá a su disposición nuevas viviendas que en estos momentos
están incapacitadas para hacer un servicio social. Es lo que
pretendemos nosotros.
Termino, y le aclaro, que, efectivamente, para nosotros
tenencia es propiedad, no es otra cosa; no quiere decir una
persona que tenga alquilada una vivienda que pueda ser
considerada ya como teniente de esta vivienda. No, señor.
Tenencia, en lo que proponemos en la proposición de ley, es
propiedad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Frutos.
El señor García Ronda tiene la palabra.
El señor GARCIA RONDA: Muchas gracias, señor Presidente.
Para contestar, siquiera en aquéllo que merece ser contestado
de la nueva intervención del señor Frutos.
Me ha dicho que he adjetivado excesivamente. Pues sí, era
inevitable; su proposición de ley era provocativa en algunos
aspectos. Entonces he respondido no álgidamente --ha
pretendido decir-- o, en todo caso, sí algidamente, que creo
que quiere decir fríamente. Creo que he intentado ser preciso
en lo que quería decir, y me parece también que el señor
Frutos me ha entendido perfectamente a juzgar por su segunda
intervención. Otra cosa es que le provoque melancolía nuestra
actuación, pero a veces la melancolía está provocada no tanto
porque no hace, quien no es de nuestro grupo, lo que debiera
hacer, sino porque nosotros nos empecinamos en que haga cosas
inviables, que eso es lo que ha tratado de expresar el señor
Frutos defendiendo esta proposición de ley; que se vuelva a
hablar de que defender la Constitución poco menos que parece
subversivo. Léala, vuélvala a leer, no lea solamente una línea
o dos de ella y no la
tergiverse. Todos defendemos la Constitución y no tenemos
ningún carácter subversivo por ello. Me dice que los precios
son distintos en un lugar y en otro; que en España son más
caros --me ha nombrado Alcorcón y Bruselas--. La verdad, se lo
digo
sinceramente, no lo he comprobado así de exactamente, pero he
de decirle que si esos precios existen en efecto son porque el
mercado ha llegado a ser, por razones de una evolución
económica, de tal manera, pero le vuelvo a decir algo que ha
obviado en su segunda intervención, y es que parece que usted
quiere imponer los precios, no solamente que se alquile,
porque, claro, en el fondo, qué otra manera tendría de obligar
a alquilar sino poniendo unas tarifas mínimas de precios que,
como he dicho antes, el propietario tendría que aceptar
necesariamente, con lo cual entrábamos en un juego de
intervencionismos, que desde luego no me parece que es el más
lógico, y mucho menos en estos momentos de la evolución
económica en Europa.
Cuando ha hablado de premiar a los propietarios que se decidan
a alquilar, eso, desde luego, no está en su proposición de
ley; no sé qué otra proposición pueden preparar ustedes, pero
no está en ésta, y lo que sí hay es una especie de castigo
para aquel que tenga más de un año una vivienda sin ocupar, e
independientemente de por qué causas no esté ocupada. Creo que
S.S. también obvia lo de las causas. He sido suficientemente
explícito en mi anterior intervención y S.S., al hacer tabla
rasa de esas causas, está incurriendo en una injusticia
palmaria.
Hablar continuamente de «la década prodigiosa», nuestro Grupo,
nuestro Gobierno no cree que haya sido una década prodigiosa.
Ha sido una década en la cual se ha hecho más sensato y más
lógico el desarrollo económico para ponernos bastante más
cerca de aquellos países que, de alguna manera, y en ese
aspecto al menos, si no modelos, han sido ejemplos de ciertas
cuestiones que nosotros no habíamos alcanzado en épocas, en
décadas y en gobiernos anteriores.
Por favor, señor Frutos, tiene usted, y en esta segunda
intervención todavía mucho más, algo que le he apuntado antes:
un cierto carácter de alegato mitinero en su intervención.
Esto puede dejarlo para las elecciones sucesivas, pero no
aquí. En este Parlamento debemos hablar con mucha más
precisión, con mucha más lógica, queriendo que las cosas se
hagan para mejorar el desarrollo y la situación de nuestra
Nación.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Ronda.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Mur.
El señor MUR BERNAD: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, para fijar la posición y anunciar nuestro voto en
contra de esta proposición de ley presentada por Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, por la que se pretende crear
un impuesto sobre viviendas vacías, modificando la Ley
38/1988, Reguladora de las Haciendas Locales.
Esta proposición nos parece bien intencionada, utópica y
demagógica, y si no fuera un debate, más teórica que real,
entre los grupos llamados de izquierdas, yo terminaría mi
intervención diciendo que hacía míos los argumentos que aquí
ha defendido con claridad el señor García Ronda, porque creo
que han sido
suficientemente expresivos. Pero como también creo que es
bueno que haya un debate político, y todo el mundo tiene
derecho a hacer las propuestas que crea oportunas, voya
apuntar algunas de las cuestiones que me parecen importantes.
He dicho que la proposición es bienintencionada porque
pretende garantizar el derecho a la vivienda que reconoce
nuestra
Constitución española. ¿Pero han parado ustedes a pensar,
señores del Grupo proponente, que con esta medida se puede
conseguir justamente lo contrario: que se encarezcan todavía
más las viviendas?
Hay otras muchas medidas que se pueden tomar antes que ésta
que hoy proponen ustedes. No vamos a hacer aquí un debate
sobre cómo lograr viviendas asequibles a los ciudadanos, pero,
de pasada, permítame que le recuerde la posibilidad de crear
suelo barato, que sea de titularidad pública, que sea en
régimen de uso y no necesariamente de propiedad, también
fomentar créditos baratos, reducir la fiscalidad, mejorar los
sistemas de gestión, agilizar el papeleo, que, a la larga,
encarece todo el proceso de
construcción de la vivienda, seleccionar muy bien los
procedimientos con los que se promociona y no caer, a veces,
en la tentación de utilizar procedimientos cooperativos que
dan al traste con tantas ilusiones. En definitiva, muchas
medidas a proponer antes que ésta que ustedes han traído aquí.
Porque, ¿creen ustedes que se pueden gravar todavía más las
viviendas que soportan una enorme carga fiscal? ¿Sabe usted,
del precio total de la vivienda, cuánto es imputable a los
impuestos que soporta la vivienda, en todo el transcurso de la
ejecución, de la construcción, de la promoción y de la venta
de esa
vivienda? Un porcentaje, señor Frutos, del que posiblemente
usted se soprendería. Si fuéramos capaces de hacer justamente
lo contrario, de reducir la fiscalidad de las viviendas, a lo
mejor el abaratamiento que se conseguía sería suficiente para
hacerlas asequibles a tantas personas que hoy no pueden llegar
a tener una vivienda. Por tanto, creo que, siendo
bienintencionada su propuesta, conseguiría, de llevarla a
cabo, justamente lo contrario de lo que ustedes proponen,
porque le hago una
pregunta: ¿cómo determinaríamos las causas reales de la falta
de ocupación de la vivienda? ¿Cuándo esa falta de ocupación es
voluntaria o cuándo es forzada por las circunstancias? Porque,
por ejemplo, en el actual momento de estancamiento del mercado
de la vivienda, donde tantas viviendas vacías lo están
simplemente porque nadie las quiere o las puede comprar, ¿cree
usted que se lograría mejorar esa circunstancia poniéndoles un
impuesto mayor? Por ejemplo, las viviendas que con motivo de
la despoblación del mundo rural por la emigración hacia las
ciudades están vacías en nuestros pueblos, ¿qué les haríamos?
¿Todavía gravar más la situación de esos propietarios que han
tenido que dejar la vivienda vacía precisamente porque no
pueden no
solamente mantenerla, sino ni siquiera tener un medio de vida
allí donde tienen la vivienda? Me
parece que, como digo, su propuesta es absolutamente utópica.
Permítame que le diga, incluso, que en este país tan
aficionado a la picaresca ya estoy viendo yo cómo muchas de
esas viviendas vacías se alquilarían a final de año en lo que
podríamos llamar alquiler de un solo mes para evitar este
impuesto que ustedes nos proponen.
Por tanto, y están ustedes en su derecho de hacerlo,
permítanme que les diga que es un poco demagógica la
proposición, y creo que lo saben, es un poco populista; pero
no se equivoquen, porque quizás aquellos a los que creen
ustedes que va dirigida esta proposición se asusten cuando
vean las consecuencias reales que puede tener. Por tanto, creo
que en estos temas hay que ser muy rigurosos y no hablar a los
ciudadanos de aumentar los impuestos, sobre todo a la sufrida
clase media, que ya está demasiado harta de pagar impuestos y
muchos de ellos han hecho de la posesión de una vivienda un
procedimiento de ir ahorrando o simplemente de tener una
inversión o de preparar un bien que les puede dar una
rentabilidad de cara a esa jubilación que tan en peligro o tan
aleatoria vemos en este momento. ¿Por qué puestos a gravar con
un impuesto extraordinario bienes que no se utilizan como las
viviendas no proponen ustedes otra larga serie de artículos
que también podrían ser gravados y que posiblemente se podrían
considerar mucho más lujosos que las viviendas? Permítame que
le diga que por qué no gravamos la existencia de un tercer
abrigo de visón, por ejemplo, que eso sí que sería francamente
popular y posiblemente afectaría a los que son ricos, dicho en
la terminología que a veces nos gusta utilizar. Permítanme que
les diga que éste no es el camino, que hay otros
procedimientos y que el debate que aquí está teniendo lugar
esta tarde suena como un debate lejano en el tiempo y en el
espacio, nos recuerda otras épocas y otros países.
Afortunadamente estamos en la España que estamos, con una
Constitución que garantiza precisamente una libertad de
mercado, en una economía cada día más liberalizada y más
interrelacionada y, desde luego, créame, señor Frutos, que, si
aprobamos una cosa así, los inversores extranjeros, de los que
tanto esperamos que vengan a invertir precisamente en la
compra de viviendas en España, seguramente se asustarían ante
este tipo de medidas que podemos ser capaces de tomar aquí. En
la Europa en la que estamos integrados y a la que cada día más
queremos parecernos no creo que sea fácilmente compatible con
la propuesta que hacen ustedes aquí esta tarde.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mur.
Por el Grupo de Coalición Canaria, el señor Mardones tiene la
palabra.El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías,
Coalición Canaria fija su posición ante la iniciativa del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya en esta proposición de ley sobre un nuevo impuesto
en las viviendas vacías.
La verdad es que la iniciativa del Grupo de Izquierda Unida ha
venido a poner el dedo en la llaga en una realidad estadística
que trasciende el puro guarismo frío y se transforma en una
realidad lacerante y grave, económica y social,
fundamentalmente en el campo duro y estrecho de la adquisición
de la vivienda en España. La estadística nos dice la gran
cantidad de viviendas desocupadas que en este momento existen
en España. Denunciado el problema, lo que ocurre es que hay
que encontrar una fórmula para resolverlo con una apoyatura
jurídica fundamentalmente. El abanico es estrecho. El Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ha optado por el que
a nosotros nos parece más endeble y menos seguro, que es irse
a la Ley 39 de 1988, de las Haciendas Locales. Precisamente
hay otros instrumentos legales que en este momento están
incidiendo de manera económica y fiscal sobre la vivienda. En
primer lugar, la vigente Ley de Arrendamiento Urbanos y la que
vaya --ahora hablaremos-- a efectuar la ley en trámite en las
Cámaras. En segundo lugar, las leyes anuales del impuesto
general y, sobre todo, la Ley de Presupuestos Generales del
Estado y aquellas salvedades en que fuera del marco de la
misma se haga uso de leyes especiales para el Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el
Patrimonio. La realidad es que, como bien decía el portavoz
del Grupo Mixto, señor Mur, meter albarda sobre albarda en
fiscalidad de la vivienda va a ser un problema difícil, porque
si ya en el Impuesto sobre el Patrimonio vemos recogida
fuertemente la figura de la fiscalidad del aumento del
patrimonio de aquellos
propietarios que junto a su vivienda habitual tienen otra
segunda o tercera vivienda vacía, sine die o temporalmente en
anualidades, difícil va a ser encontrar una fórmula fiscal por
la Ley de las Haciendas Locales de 1988 para resolver este
problema. La verdad es que tenemos que preocuparnos de, como
bien ha señalado el señor García Ronda, cuál es la causa del
vacío de la vivienda o de su desocupación... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Mardones.
Ruego guarden silencio. (Pausa.)
Puede continuar cuando quiera, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor Presidente.
Decía que como no se especifica en la proposición de ley cuál
es la causa de la desocupación y se entra, nada más y nada
menos, que en lo que se llama el epígrafe
de base imponible y tipo en una inseguridad fiscal tremenda de
doctrina y de régimen de la ecuanimidad y del sentido de la
ponderación en los impuestos, y cuando al mismo tiempo a los
ayuntamientos se les va a mandar, por la vía del artículo 11
en su vertiente cuarta de devengo y gestión, que creen o
formen el correspondiente registro de viviendas desocupadas,
nos
encontraríamos en una situación posiblemente inalcanzable para
la gran mayoría de los ayuntamientos de España con una
población superior a los 50.000 habitantes. Porque no es lo
mismo llevar este registro de viviendas desocupadas en un
municipio con una población de derecho de dos mil o tres mil
habitantes que en un municipio tipo Madrid, Barcelona, Bilbao,
Sevilla, Valencia o Zaragoza, por poner ejemplos de la
cabecera nacional. La verdad es que tampoco nadie adquiere un
bien para tenerlo improductivo. ¿Qué causas hay, entonces, en
el vacío de viviendas? Es ahí donde nosotros intentamos que
esta denuncia acertada sea llevada a la Ley de Arrendamientos
Urbanos, que es la que tiene que
clarificar, porque ya los ayuntamientos, vía Impuesto de
Bienes Inmuebles, impuesto de urbana en el lenguaje vulgar,
tienen hecho el esquema y la radiografía perfecta de las
viviendas tributables que hay dentro de su municipio. Y para
evitar un desajuste que no va a ocurrir tan sólo al llevar la
competencia a los
ayuntamientos, podría preguntar: ¿Por qué no se lleva la
competencia que tienen las comunidades autónomas? Porque
posiblemente la comunidad autónoma unifica más un tipo de
impuesto de esta medida y no que pueda ocurrir, no ya dentro
de una comunidad autónoma sino de una misma provincia
administrativa, que en el ayuntamiento A, colindante con el
ayuntamiento B, el tratamiento de fiscalidad de la vivienda
vacía podría tener un diferencial que no se ajustaría a los
principios de igualdad que señalan nuestra tradición y nuestro
ordenamiento jurídico. De aquí que para nosotros solamente
cabría decidir dónde se ubica la manera de solventar este
tema, nunca en la modificación de la Ley de Haciendas Locales;
o esto se lleva a la Ley de Arrendamientos Urbanos o se lleva
vía Ley de
Presupuestos Generales del Estado en cuanto se hable de tablas
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del
Impuesto sobre el Patrimonio, donde tendría que tener un lugar
jurídico-fiscal perfectamente claro para hacer compatible el
principio de unidad fiscal de todo el territorio español. Por
estas razones, señorías, entendemos que este bienintencionado
principio de poner en circulación viviendas debe hacerse con
prudencia, pero con sujeción al Derecho fiscal y de propiedad
que merece el principio de igualdad, que se señala
precisamente en nuestra Constitución. Nuestra Constitución no
sólo habla del derecho a la vivienda digna sino también de una
equiparación en los tratamientos fiscales. Por tanto, si lo
que se pretende es poner en oferta de adquisición o de
arrendamiento viviendas desocupadas o vacías en este momento,
vamos a ir a la patología, pero no a hacer el tratamiento por
vía fiscal sin antes haber hecho el diagnóstico y saber los
beneficios que se pretenden: cuál es el bien jurídico, en este
caso el bien social, a proteger o a promover, para que no nos
equivoquemos. Por esta razón, señorías, el Grupo Coalición
Canaria no va a votar favorablemente la toma en consideración
de esta proposición de ley y apoyaremos cualquier iniciativa
sobre este tema que venga por la vía de Presupuestos Generales
del Estado o, con más idoneidad para nosotros, por la vía de
la Ley de Arrendamientos Urbanos. Nada más. Muchas gracias,
señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya nos presenta una proposición de ley para la
creación de un impuesto sobre viviendas vacías que significa
el establecimiento de un impuesto municipal potestativo, en el
que el hecho imponible estaría constituido por la propiedad de
viviendas desocupadas. Parece defendible, hasta cierto punto,
que las viviendas desocupadas no realizan la finalidad social
para la que fueron construidas. Vivimos en un país donde
existe la arraigada costumbre de materializar el ahorro en
cemento, es decir, en activos tangibles y visibles, esperando
la obtención, a medio y largo plazo, de plusvalías implícitas.
Por tanto, la vivienda se utiliza como forma de mantener la
riqueza, lo cual encarece la misma para los demandantes por
motivos de uso, y los más afectados son, como sabemos, los
jóvenes y los nuevos matrimonios, que tienen verdaderas
dificultades en acceder a una vivienda. Además, se ha
demostrado históricamente que este tipo de inversión genera
mayores plusvalías que otros activos
financieros: puede diferirse la tributación, soporta la
erosión de la inflación, se escritura por un precio inferior
al real y ha servido de refugio al dinero negro. Todo ello a
cambio de renunciar a la liquidez, característica de otro tipo
de
inversión, y es que la inversión en activos tangibles es
propia de países con economías y productos financieros poco
desarrollados y monedas poco estables. Ello hace que no
existan productos fiables para materializar el ahorro
suficientemente desarrollados y aceptados por la generalidad
como podrían ser los planes de pensiones, la deuda pública, el
mercado hipotecario, los fondos de inversión inmobiliaria y de
titulación, etcétera. En suma, productos que ofrezcan una
rentabilidad similar
y alternativa a esa inversión especulativa en cemento, que
decía anteriormente.
Es indudable que el mercado inmobiliario español es rígido a
la baja por estas y otras razones: Ley de Arrendamientos con
rentas congeladas --por cierto, espero su pronta resolución a
través de la ley sobre arrendamientos urbanos que se va a
debatir en el Congreso--, escasez del suelo, impuestos y tasas
municipales a la construcción, intervencionismo en licencias,
y así podríamos seguir enumerando toda una serie de razones
que inciden en esta rigidez, pero corregir los problemas de la
vivienda a través de un impuesto municipal es una propuesta, a
nuestro entender, cuando menos un tanto demagógica. El
impuesto que se nos propone tiene una serie de dificultades de
implantación y gestión que lo hacen prácticamente inviable,
como ya se ha demostrado en anteriores ocasiones. Además,
puede producir efectos
contraproducentes que agraven la situación en lugar de
solucionar un problema real que existe en España, y explicaré
el porqué. Desde un punto de vista técnico se pueden realizar
las siguientes observaciones. En primer lugar, sería muy
difícil la delimitación del hecho imponible que se propone al
tratarse de una situación, la desocupación, difícilmente
objetivable. Habría que delimitar la calificación de habitadas
con relación a las viviendas cuyo uso exclusivo es el
esparcimiento o recreo durante determinados períodos de cada
año por quien no sea residente en la localidad donde la
vivienda está enclavada. El mismo problema surge con viviendas
de funcionarios, trabajadores, desplazados a otra localidad,
quienes cumplan el servicio militar, etcétera. Habría que
excluir las viviendas propiedad de los constructores, de los
promotores destinadas a la venta. Además, sería necesario
presumir la ocupación de viviendas siempre que exista un
contrato de arrendamiento.
En segundo lugar están las dificultades de gestión. Un
impuesto similar al que se contempla en la proposición de ley
se
estableció en Navarra: la Ley Foral navarra de 18/1989, de 29
de diciembre, del Impuesto sobre Viviendas Desocupadas. Hoy
podemos decir que las dificultades de gestión hacen que la Ley
Foral navarra no esté aplicándose. Sus señorías recordarán
también el derogado artículo 15.7 de la Ley 44/1978, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Decía lo
siguiente: En el supuesto de vivienda propiedad distinta del
promotor que se encuentre desocupada durante diez meses al
año, seguidos o alternos, y que pertenezca a miembros de una
unidad familiar que posea más de tres viviendas, se estimará
la renta que resulte de aplicar el 10 por ciento --para el
resto de viviendas era el tres-- del valor por el que se
hallen computadas o deberían en su caso computarse a los
efectos del impuesto sobre el patrimonio neto. Este precepto
tuvo escasa vigen-cia y fue derogado el 1 de enero de 1986 sin
que su aplicación efectiva fuese contrastada por su
dificultad.
En tercer lugar, sometería a doble o incluso triple gravamen
las viviendas desocupadas. La tenencia de inmuebles está
gravada actualmente por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y
por el Impuesto sobre el Patrimonio. Además, se le imputa una
renta a efectos del Impuesto sobre la Renta. Su tramitación
está gravada también por el Impuesto sobre la Renta y por el
Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de
naturaleza urbana. Si a ello añadimos toda la parafernalia que
rodea a la compraventa de una vivienda, gastos notariales, de
registro, actos jurídicos documentados de la constitución,
cancelación de préstamos hipotecarios, gastos de inscripción
de hipoteca, etcétera, ante este panorama convendrán conmigo
en que nos encontramos ante situaciones, me atrevo a calificar
de delirantes, en las que la adquisición de la vivienda se
convierte en una verdadera carrera de obstáculos. No se trata,
pues, de crear nuevas figuras tributarias, sino más bien de
gestionar y simplificar lo que ya existe. En esto es cierto
que la Administración del Estado ha sido incapaz, hasta ahora,
de elaborar y articular el catastro inmobiliario, instrumento
básico para la adecuada gestión de los tributos que recaen
sobre los mismos. Quizá es este el momento de recordar los
75.000 millones que ha gastado la Administración del Estado
sin que haya habido una renovación del catastro. Por otra
parte, el impuesto que se nos propone me hace recordar por su
similitud a los impuestos sobre tierras infrautilizadas que se
establecieron en Andalucía y Extremadura y que constituyeron
auténticos episodios tributarios nacionales típicos de una
época de un, llamémosle, socialismo real. El establecimiento
de este tipo de impuestos ha sido abandonado ya por el propio
Partido Socialista, entre otras cosas porque tanto el concepto
de desocupada como el de infrautilizada constituyen, como
decía, conceptos difícilmente objetivables.
En cuarto lugar, puede tratarse de un impuesto claramente
confiscatorio, dado que el artículo 31.1 de la Constitución
dice: «Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos
públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un
sistema tributario justo inspirado en los principios de
igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrán alcance
confiscatorio.» En
conclusión podemos decir que se trata de un tributo con fines
extrafiscales y de dudosa viabilidad en la práctica, por lo
que nuestro Grupo Parlamentario votará en contra de la toma en
consideración de esta proposición de ley.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, señorías, el
problema de fondo que plantea la proposición del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y
que no es otro que el de la vivienda es, sin duda, de
primerísima magnitud. Pero éste que es un debate muy
importante que a menudo se suscita en la Cámara, y continuará
suscitándose, entiendo que no es el debate de hoy. El debate
de hoy, señor Presidente, señorías, es mucho más concreto y
poco aporta al importante debate sobre la vivienda porque este
Diputado cree que parte precisamente de una premisa
equivocada, la de dar por cierta la existencia de un número
elevadísimo de viviendas desocupadas en nuestro país. La
afirmación, que hemos oído a menudo y que se repite, de que
existen unos tres millones de viviendas vacías entiendo que
debe hacerse, cuando menos, con un cierto rigor y la verdad es
que aún no he conseguido ver este rigor al menos cuando de esa
afirmación se extraen conclusiones contundentes. Si fueran
ciertas las cifras que se escriben, por ejemplo, en una ciudad
como Barcelona deberían existir --haciendo una simple regla de
tres-- aproximadamente unas 150.000 viviendas vacías, lo que
no es cierto ni de lejos. Permítanme que brevemente, para
ilustrar nuestra posición acerca de esta proposición de ley,
analice cuál es la realidad del problema.
Creo sinceramente que hoy en día no existe ningún motivo para
que el propietario de una vivienda no la ponga en el mercado.
Si viajamos en el tiempo hasta antes del 9 de mayo de 1985, en
que se aprobó el célebre decreto Boyer, puede que existiera
una razón para aquellos propietarios de una vivienda o de un
inmueble en general que, por la obligada existencia de la
prórroga forzosa --valga la redundancia--, prefirieran no
ponerla en alquiler, puesto que de esa forma la comprometían
en principio para toda la vida. Pero después del decreto Boyer
que liberalizó el mercado y que si ha merecido críticas ha
sido por el hecho de la
desprotección en que dejaba al inquilino al admitir contratos
de duración limitada, sin ni siquiera un mínimo período de
estabilidad, sinceramente no acierto a comprender las razones
que pueda tener un propietario de una vivienda que no la
quiera vender para no alquilarla, por ejemplo. Es más, de
hecho, el impuesto que se crea en la proposición de alguna
forma ya existe porque hay impuestos que gravan la propiedad,
se alquile o no. Por ejemplo, un propietario, alquile o no, va
a tener que pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles o, yendo
aún más lejos, si alquila una vivienda va a poder repercutir
una parte de ese impuesto; o con el proyecto de ley de reforma
de la LAU, que está en fase de tramitación en la Cámara, podrá
repercutir el cien por ciento del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles en el inquilino, cosa que, de no alquilarse la
vivienda, no va a poder realizar; o, como se ha dicho también
anteriormente, el propietario, alquile o no alquile, va a
tener que soportar el Impuesto Extraordinario sobre el
Patrimonio de las Personas Físicas. Este análisis de la
realidad me lleva a reafirmarme en la conclusión de que sí
existe un parque de viviendas vacías, pero está localizado
fundamentalmente en poblaciones donde hay un alojamiento de
temporada, en poblaciones de veraneo, y en poblaciones que
tradicionalmente han generado emigración hacia otros puntos
del Estado. Es decir, básicamente el censo de viviendas
desocupadas está compuesto de viviendas de temporada o por lo
que constituye la segunda residencia, la cual, por cierto, y
tal como está redactada la proposición de ley, también sería
gravada por este nuevo impuesto. Por otro lado, sí que existe
un parque de viviendas vacías de tipo urbano, pero creo que
este parque es mínimo y, además, está constituido
fundamentalmente por inmuebles que no reúnen los requisitos
mínimos de habitabilidad y, por tanto, no sólo no hemos de
intentar que entren en el mercado de alquiler sino que, todo
lo contrario, hemos de hacer lo posible para que no entren en
este mercado. Es más, y refiriéndome también a una ley que
está en tramitación en la Cámara como es la reforma de la Ley
de Arrendamientos Urbanos, en su primer artículo se exige
expresamente el requisito de la habitabilidad para poder poner
en alquiler una vivienda, cosa que hasta ahora no era
exigible, y creo que ello es positivo en beneficio de los
posibles inquilinos.
Creo, señor Presidente, señorías, y con ello termino, que lo
que hemos de hacer es desarrollar políticas activas de acceso
a la vivienda y de entrada tenemos ante nosotros, ante la
Cámara, el reto de ser capaces de hacer una ley de
arrendamientos urbanos bien hecha, que constituya un marco
estable para el mercado de alquiler, que dé seguridad jurídica
a las partes y que,
complementada con otras medidas, sirva para incentivar este
mercado. Pero propuestas como la de hoy, además de partir de
unas premisas muy discutibles y que no comparto, como he
dicho, de llevarse a la práctica acabarían convirtiéndose en
una medida más de tipo recaudatorio, pero para poca cosa más
servirían, y me remito, para ilustrar esta afirmación, al que
fue el Impuesto sobre solares sin edificar que intentaba
incidir sobre una situación real, no ficticia, pero que
terminó convirtiéndose en una medida fiscal y poco más.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Recoder.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Senao.
(Rumores.) Señorías, ruego guarden silencio.
El señor SENAO GOMEZ: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, intervengo para fijar la posición de mi grupo sobre
esta iniciativa, presentada por el Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, para la creación
de un impuesto sobre
viviendas vacías, por el que se modifica la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
El Grupo Parlamentario Popular está sensibilizado con el grave
problema de las viviendas de alquiler en España. Por tanto,
defiende el derecho constitucional que tienen todos los
españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Otras
cuestiones, señorías, serían el estudio de las causas que
producen este grave problema y los sistemas que deban
adoptarse con urgencia. La propia Constitución Española --aquí
se ha dicho--, cuando en su artículo 47 se refiere a este
derecho constitucional, habla de regular la utilización del
suelo de acuerdo con el interés general para impedir la
especulación; especulación que, en modo alguno, los sucesivos
gobiernos del señor González han sido ni tan siquiera capaces
de atemperar. Como ejemplo basta decir que el Gobierno
socialista ha consentido y facilitado la especulación
inmobiliaria aplicando una política urbanística muy
restrictiva en las grandes ciudades y una errónea política de
suelo que ha ocasionado una espectacular escalada en el precio
del mismo. Como ejemplo, en Madrid capital --sin citar
Alcorcón o Bruselas-- se ha encarecido en un 571 por ciento en
10 años. Pero además de todo esto, por si fuese poco, el
precio medio nacional de mercado del metro cuadrado construido
de vivienda, según el último estudio de Sociedad de Tasación,
a 31 de diciembre de 1993, es de 152.600 pesetas, es decir,
que la vivienda es 2,813 veces más cara que en 1985. Los altos
precios y los prohibitivos tipos de interés de los últimos
años obligan a una familia a destinar más de la mitad de sus
ingresos a la compra de una vivienda. Este ratio, aceptable en
los países de la Unión Europea, en modo alguno debe ser
superior al 20 o 25 por ciento de los ingresos familiares.
Señor Frutos, para afrontar con efectividad el derecho a una
vivienda digna y adecuada, de la que se encuentran necesitadas
un sinnúmero de familias y jóvenes en nuestro país, habrá que
aplicar medidas legislativas, medidas financieras y medidas
fiscales. Ustedes, en su proposición de ley, presentan como
resolución del problema unas medidas de carácter fiscal pero
que suponen una doble imposición sobre el mismo hecho
imponible, y analizando su proposición de ley hay que valorar
los siguientes puntos. Primero. Que la titularidad de
viviendas desocupadas está también gravada por el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, cuantificándose el
rendimiento presunto en el dos por ciento del valor que ésta
tenga, a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio neto.
Segundo. Que, a nuestro juicio, existe una confusión en la
determinación del sujeto pasivo, ya que la proposición no
aclara qué debe entenderse por titular del inmueble. Podría
darse la situación de que el titular dominical no pueda
disponer
libremente del inmueble por estar gravado éste con un derecho
real de usufructo, y en estos supuestos se exigiría un tributo
a un administrado que no habría dado lugar al hecho imponible.
Tercero. Que para la aplicación del tipo impositivo la
determinación de la cuota tributaria, tal y como se prevé en
la proposición, daría lugar a las siguientes situaciones
interrogantes: a) ¿Qué debe entenderse por tiempo
ininterrumpido? Esta disposición podría ser fácilmente eludida
por el mero hecho de que el sujeto pasivo acredite que la
vivienda ha sido ocupada en el año natural, aunque solamente
sea por un día. b) Se produce también un vacío legislativo en
el período comprendido entre los dos y cuatro años. Según la
proposición de ley, la graduación sería: de un mes a 12 meses,
exento; de 13 meses a 24 meses, del dos por ciento al cuatro
por ciento; de 25 meses a 48 meses, no se señala nada, y más
de 48 meses, es decir, cuatro años, mínimo un cuatro por
ciento.
Cuarto. Que tiene carácter sancionador. El hecho imponible de
esta disposición tiene por objeto gravar la supuesta
inactividad del sujeto pasivo, cual es en suma no ocupar su
vivienda vacía. No obstante, la vivienda puede encontrarse en
esta situación por causas totalmente ajenas a su voluntad,
tales como no encontrar las personas apropiadas para su
ocupación, o no alcanzar el acuerdo pertinente en los casos de
herencias u otras situaciones de carácter excepcional, como
pueden ser reparaciones o
siniestros. Basta dar una vuelta alrededor de este Palacio del
Congreso para ver la cantidad de carteles que están esperando
un arrendatario para poder utilizar viviendas.
Si prosperase esta proposición de ley de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, nos encontraríamos ante la situación
de personas que en posesión de una segunda vivienda destinada
a los días de vacaciones, por ejemplo, por eventuales giros de
la economía doméstica (economía que en la mayoría de los casos
es una prolongación de las dificultades por las que atraviesa
la propia economía nacional), u otras de forzoso cumplimiento,
les impidiese su utilización por el tiempo superior al año,
que es lo que especifica su iniciativa.
Aquí no puede aplicarse la filosofía de esta proposición por
la que los propietarios de las viviendas les otorguen el fin
social para el que debieran estar construidas, es decir, estar
habitadas; pero otro tanto sucede con el mismo caso de
aquellas familias que, por circunstancias de diversa índole,
se ven precisadas a fijar su residencia en las capitales de
provincia o localidades donde tienen ubicado su centro de
trabajo; por ejemplo los jóvenes agricultores cuando tienen
que abandonar sus tierras que, posteriormente, en las
herencias, reciben la casa donde nacieron, la casa de sus
propios padres, de un valor material insignificante y, por
contra, de un valor espiritual incalculable. ¿Sería justo
gravar con un nuevo impuesto la imposibilidad de ocupar estas
viviendas por el plazo establecido en la proposición, además
del quebradero de cabeza que supone normalmente
el mantenimiento de estas segundas viviendas, en posesión
generalmente de las rentas más bajas del país? Así podríamos
citar varios ejemplos.
Por último, señor Frutos, en quinto lugar, incrementa las
obligaciones formales de los ciudadanos, así como los costes
administrativos de gestión. Si se tienen en cuenta las normas
de gestión que prevé la proposición de ley, un mismo inmueble
podría dar lugar a la presentación de varias declaraciones en
el transcurso del año natural; y, por otro lado, parece
extremadamente complicado mantener actualizado el registro de
viviendas desocupadas, obligando, sobre todo en los grandes
ayuntamientos, a destinar todo un equipo de funcionarios para
llevar dicho control. En consecuencia, el Grupo Parlamentario
Popular es contrario a la aplicación de medidas fiscales de
carácter sancionador en la vía de garantizar una vivienda
digna y adecuada a todos los españoles y, en cambio, se
manifiesta favorable a las modificaciones legales encaminadas
a impedir precisamente el doble gravamen, primando los usos de
la renta con el destino a alquileres, cuentas de ahorro
viviendas y fondos de inversión inmobiliaria, evitando todo
tratamiento desfavorable de la vivienda, planteando la
exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y el
Impuesto sobre el Valor Añadido de las viviendas de protección
oficial, al igual que reformando la Ley de Haciendas Locales,
para dotar de mayor autonomía a los ayuntamientos en la
fijación de la base imponible del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles y tomando medidas fiscales para las viviendas
principales en alquiler, mediante bonificación
tributaria a las empresas dedicadas a la construcción y
promoción de viviendas en alquiler.
Para atajar este problema, señorías, habrá que empezar por
acercarnos al nivel del parque de viviendas en alquiler
existentes en los países de la Unión Europea, en los que,
comparativamente, nos encontramos los primeros, los primeros
sí, pero por la cola; por la cola porque, fíjense, señorías,
en España contamos únicamente con el 15 por ciento de
viviendas en alquiler respecto al parque total de viviendas y
pasamos al 27 por ciento, en Italia; al 32 por ciento, en el
Reino Unido; al 36,8 por ciento, en Francia; al 43,2 por
ciento, en Dinamarca; al 56 por ciento, en Holanda; y al 60,9
por ciento en la
República Federal Alemana.
Es significativo, señor Presidente, que el porcentaje de
viviendas en alquiler en España haya evolucionado
negativamente desde el 30 por ciento, en 1970, al 20,8 por
ciento, en 1981; al 16,5 por ciento, en 1985; y en la
actualidad, al 15 por ciento. Está suficientemente claro, si
las matemáticas no nos engañan, que la actual situación sería
muy diferente si el Gobierno socialista hubiese cumplido las
promesas electorales (que, al parecer, se hacen para no
cumplirse) de haber construido, por ejemplo, un millón de
viviendas desde 1982, de las cuales medio millón hubieran sido
de protección oficial y si los sucesivos gobiernos del señor
González hubiesen afrontado con valentía una política decidida
para acabar con el problema de las viviendas en alquiler.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Senao, un momento.
Señorías, ruego guarden silencio.
Le ruego concluya, señor Senao.
El señor SENAO GOMEZ: Termino enseguida, señor Presidente.
Desde 1982 los gobiernos del señor González no han sido
capaces de traer a esta Cámara una nueva ley de arrendamientos
urbanos. Esto es lo que nosotros estamos ahora padeciendo;
esto es lo que la sociedad española está padeciendo.
Queremos que se resuelva, porque, en definitiva, es de interés
general, el problema de la vivienda tantas veces denunciado
por el Grupo Parlamentario Popular ofreciendo soluciones
prácticas que reiterada y repetidamente han sido desechadas
por los que hoy precisamente tienen la total responsabilidad
de una más de las situaciones caóticas en que se encuentra
inmerso nuestro país sin querer ser, en modo alguno,
catastrofista.
Por todo ello la posición del Grupo Parlamentario Popular en
esta proposición de ley, aparte de las melancolías expresadas
por el portavoz de Izquierda UnidaIniciativa per Catalunya,
será la de votar en contra, ya que la misma en modo alguno
viene a resolver la agitación necesaria del mercado fomentando
las viviendas en alquiler y provocando, en contra de lo
pretendido, un efecto negativo que agravaría, más que
mejoraría, la ya tan deteriorada situación de la vivienda en
España.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Senao.
Vamos a proceder a la votación.
Votación relativa a la toma en consideración de la proposición
de ley del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 303; a favor, 15; en contra, 288.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, RELATIVA AL GRUPO DE
TRABAJO CONSTITUIDO EN EL SENO DE LA COMISION DELEGADA DE
POLITICA DE VISADOS Y DE COOPERACION INTERNACIONAL QUE ESTUDIA
LOS PROBLEMAS DE LA NACIONALIDAD (Número de expediente
162/000084)
El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día,
Proposiciones no de ley: Proposición del Grupo Socialista,
relativa al grupo de trabajo constituido en el seno de la
Comisión Delegada de Política de Visados y de Cooperación
Internacional que estudia los problemas de la nacionalidad. En
nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora
Pelayo. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la
Presidencia.--Varios señores Diputados abandonan el salón de
sesiones.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señorías, ocupen sus
escaños, por favor. (Pausa.)
Cuando quiera, señora Pelayo.
La señora PELAYO DUQUE: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, ha sido y es nuestro país el
origen y el destino de flujos migratorios de especial
importancia. Hemos padecido una emigración masiva y estamos
recibiendo hoy una fuerte presión de numerosos colectivos de
inmigrantes. Los movimientos migratorios que se perciben en
nuestro país no son, sin embargo, algo inédito en otras
geografías europeas ni siquiera en otras partes del mundo; han
adquirido una dimensión global y baste recordar, a manera de
ejemplo, los fenómenos que se están produciendo en América del
Norte o en el Extremo Oriente, pero sí me interesa poner en
evidencia la trascedencia social, económica y cultural del
problema.
Nuestro objetivo hoy, con esta modesta proposición no de ley,
no es afrontar los problemas de los flujos migratorios; sólo
abordar el análisis de algunas secuelas de aquel fenómeno
histórico de la emigración, pulsar, en fin, la opinión de la
Cámara acerca de algunos problemas que hoy están afectando a
la recuperación de la nacionalidad española por parte de
muchos de nuestros
emigrantes. Algunos datos nos ayudarán a introducirnos en la
materia. Nuestro saldo emigratorio hoy es prácticamente nulo
y, sin embargo, hay 1.625.000 españoles que, tanto
trabajadores como población no activa, viven habitualmente en
países extranjeros. De ellos, alrededor de 600.000 en Europa y
en torno a 800.000 en América.
Nuestra Constitución marca en dos de sus preceptos cuál pueda
ser el camino de la acción política. El artículo 11.3, cuando
establece que «El Estado podrá concertar tratados de doble
nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que
hayan tenido o tengan una particular vinculación con España.
En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus
ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los
españoles sin perder su nacionalidad de origen»; y el artículo
42, cuando afirma: «El Estado velará especialmente por la
salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los
trabajadores españoles en el extranjero y orientará su
política hacia su retorno.» En los últimos años, en la última
década, hemos sido partícipes y protagonistas de una
importante acción de gobierno y de una profunda tarea
normativa en la materia. Así, no sólo el
reconocimiento de los derechos civiles y políticos, leyes como
las que se mencionan en los antecedentes de esta proposición
no de ley, sino también leyes sectoriales, como podrían ser la
Ley de Pensiones no contributivas, la Ley Orgánica del Derecho
a la Educación, la Ley del Servicio Militar, etcétera. Ahí
están también los numerosos convenios bilaterales firmados por
nuestro país con países como Finlandia, Australia, Marruecos,
Canadá, Brasil o Venezuela, a efectos de las mejoras en
seguridad social para nuestros emigrantes o las múltiples
acciones positivas del Gobierno tendentes a equiparar a los
españoles con independencia del lugar de su residencia. Cito,
a manera de recordatorio también, la ampliación y mejora de
las oficinas consulares y, por tanto, la ampliación y mejora
de los servicios y gestión de la emigración; las acciones
puestas en marcha para la formación profesional o la promoción
social y cultural de nuestros
emigrantes; el subsidio de desempleo, que se ha puesto en
marcha también en fecha reciente, o las últimas disposiciones
del Gobierno, en el año 1993, para el reconocimiento de las
pensiones asistenciales de nuestros emigrantes. Las Cámaras
también han tenido oportunidad de debatir los problemas
referentes a la emigración, tanto en el Congreso como en el
Senado. A pesar de todo ello, a pesar de este esfuerzo
importante en la acción de gobierno, en la acción normativa y
de los trabajos que hemos realizado tanto en el Congreso como
en el Senado, sin embargo, hemos de decir que no ha sido
suficiente; que todavía subsisten problemas y que no se han
resuelto de una manera satisfactoria, por lo menos, a juicio
del Grupo Parlamentario Socialista. En la actualidad, existen
planteadas ante el Gobierno alrededor de 22.000 solicitudes de
recuperación de la nacionalidad. Como saben SS.SS., uno de los
requisitos que se viene exigiendo es la residencia continuada,
inmediata y seguida durante un año antes de la petición de
solicitud de recuperación de la nacionalidad; pero también
existen otros trámites que están convirtiéndose en auténticos
cuellos de botella para la solución de esta cuestión. De otro
lado, es obvio que la simple petición de recuperación de la
nacionalidad no debería ser suficiente. Junto a ello, hemos de
analizar también las repercusiones que la recuperación de la
nacionalidad española implica para un Estado, como el español,
que está dentro de la Unión Europea; y aunque resulte una
obviedad
afirmarlo, la recuperación de la nacionalidad española lleva
implícita también la adquisición de la nacionalidad europea.
Luego, hay implicaciones de otro calibre, como pueden ser las
económicas, dado que, como ya he tenido oportunidad de
señalar, nuestro país ha puesto en marcha en fechas recientes
una amplia labor social de reconocimiento de subsidio y de
pensiones asistenciales.
Todos estos factores fueron los que llevaron al Gobierno a
mandatar a la Comisión Interministerial de Extranjería, a fin
de que se creara un grupo de trabajo. Ese grupo de trabajo se
creó el día 15 de febrero del presente año; por tanto, hace
muy escasas fechas. Parece que con la creación de este grupo
de trabajo los socialistas hubiéramos quedado satisfechos;
pero es lo cierto que nos interesa constatar ante la opinión
pública, pero también ante esta Cámara, que la creación de
este grupo de trabajo no significa enfriar la cuestión, no
significa trasladar la cuestión a foros puramente de estudio,
sino que esta Cámara creemos tiene que dar al Gobierno la
opinión que la cuestión le merece. Es decir, no se trata de
mantenernos al margen. De hecho, saben SS.SS. que
recientemente tuvimos que modificar precisamente una
disposición transitoria del Código Civil relativa a la
recuperación de la nacionalidad española por parte de hijos de
emigrantes. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista
ha presentado esta proposición, a efectos de que el grupo de
trabajo nombrado por el Gobierno elabore, a la mayor brevedad
posible, los estudios y trabajos que se le han encomendado y
que, además, el Gobierno informe sobre el resultado de los
mismos, con el fin de producir las reformas, los procesos o
las acciones
pertinentes.
Conocemos la posición del Grupo Popular y hemos de decir que,
por la complejidad de esta materia, no nos parece apropiado
que se ponga un plazo tan corto como el que indica la
enmienda. Además, respetamos la autonomía de la Cámara y es
por ello por lo que pedimos a las señoras y señores diputados
el apoyo a esta proposición no de ley, en los términos que la
hemos formulado. Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señora
Pelayo. A esta proposición no de ley ha sido presentada una
enmienda doble, por parte del Grupo Popular, dirigida a cada
uno de sus apartados. Para la defensa de la enmienda conjunta,
tiene la palabra el señor Cotoner.
El señor COTONER GOYENECHE: Gracias, señor Presidente.
Ante todo, siendo mi primera intervención en esta Cámara, lo
cual me llena de orgullo, quisiera saludar a los diputados
presentes en la misma y ponerme a su entera disposición.
Nuestro grupo, a la vista de la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Socialista --la cual en principio apoya--,
observa que no se fija un plazo, sino que solamente dice que a
la mayor brevedad posible ese grupo de trabajo presente, y
formule propuestas sobre los problemas que vienen acuciando a
todos los emigrantes que solicitan la adquisición o la
recuperación por pérdida de la nacionalidad española y
nosotros creemos que ha de delimitarse ese plazo. De ahí las
enmiendas presentadas por nuestro grupo, al entender que el
plazo de tres meses para llevar a cabo esos estudios era
suficientemente expresivo de que se puede realizar. Hay que
tener en cuenta que el problema de la nacionalidad es algo que
ya viene desde el año 1975, que fue cuando se dictó la primera
reforma sobre este capítulo, que volvió a ser reformado en los
años 1982 y posteriormente en el año 1990, a través de
diferentes leyes, en las que ya tuvo intervención el Gobierno
socialista, sobre todo en la última; reformas que tendrían que
haber solventado los problemas que se venían detectando.
Creemos que el plazo de 12 años (desde la reforma de 1982
hasta el momento actual) es suficiente para que la
Administración, el Gobierno en suma, haya sabido detectar esos
problemas. Supongo que las personas que han sido designadas
para integrar el grupo de trabajo, que fue creado el 15 de
febrero, son duchas en la materia y tendrán conocimiento de
toda esa sistemática y de los problemas que se han venido
detectando. Por eso, creíamos y creemos que la primera
enmienda que formulamos al punto primero, fijando el plazo de
tres meses, era suficiente, además de que en la misma se
detectaba que el Grupo Socialista había olvidado acabar la
última frase de dicho punto poniendo: «y formule las
propuestas pertinentes», cosa que nosotros creemos era la
intención de ese grupo.
En cuanto a la segunda enmienda, creemos pertinente que el
Gobierno informe no solamente a esta Cámara, sino también al
Senado, ya que allí está constituida la Comisión de Asuntos
Iberoamericanos, que estimamos debe tener alguna intervención
en este tema. Sobre todo, y ya que estamos hablando de
emigrantes y de países iberoamericanos, en los cuales, como
nos indica el Código Civil, ningún súbdito tiene por qué
renunciar a su nacionalidad por recuperar o adquirir la
nacionalidad española, creemos que esos estudios y propuestas
que haga ese grupo tendrían que ir al Senado, bien a la
Comisión de Asuntos
Iberoamericanos o bien a la Comisión de Justicia. Consideramos
que ambas Cámaras tienen que tener conocimiento de esos
estudios y de las propuestas que haga el grupo. Además
fijábamos un plazo para que lo hiciera el Gobierno, que era el
mes posterior a aquel en que hubiera finalizado los estudios
el grupo de trabajo. Creemos está claro que, una vez
finalizados esos estudios, tiene que ser inmediata la
información que debe realizar el Gobierno a las Cortes
Generales. Por
eso hemos fijado un plazo suficientemente amplio para que se
informe a estas Cámaras de todo lo concerniente a los estudios
que se hayan realizado por ese grupo y las propuestas que haya
formulado.
Por eso, pedimos a todos los grupos parlamentarios de la
Cámara, incluido el Grupo Socialista, que, debido a que todo
tiene que estar ya muy estudiado, se lleven a la práctica esos
estudios, no a la mayor brevedad posible, sino que se fije un
plazo. Si se quiere podemos llegar a una transaccional y en
vez de tres meses ponerle cuatro o cinco, pero hay que tener
en cuenta que tenemos una ley dictada en diciembre de 1993, en
la cual la prórroga de la disposición transitoria tercera se
amplía en dos años, que finalizan el día 7 de enero de 1996.
Creemos que esos estudios tienen que ser rápidos y urgentes, y
por eso se tienen que traer a estas Cámaras, a estas Cortes
Generales, lo más rápidamente posible; de ahí que pidamos que
en la proposición no de ley se rectifique a la mayor brevedad
posible y se pueda fijar el plazo de tres meses, o un plazo
corto, para que las Cámaras puedan estudiar esas propuestas
que realice el grupo de trabajo. Por todo ello, solicitamos a
la Cámara la aprobación de estas enmiendas, y su aceptación
por el grupo proponente de la
proposición no de ley. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Cotoner. ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición
en este debate? (Pausa.) Por el Grupo Mixto, el señor González
Lizondo tiene la palabra.
El señor GONZALEZ LIZONDO: Gracias, señor Presidente.
Unicamente para manifestar la voluntad de Unión Valenciana de
aprobar esta proposición, llamando la atención del Grupo
Socialista para que acepte algunas de estas enmiendas, que
conllevan una mejora del texto que todos veríamos con agrado.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
González Lizondo.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), el señor Camp
tiene la palabra.
El señor CAMP I BATALLA: Gracias, señor Presidente.
Permítanme, señorías, que haga brevemente dos consideraciones
respecto de esta iniciativa que estamos analizando. Una
primera consideración sería que, después de las diversas
iniciativas legislativas que sobre la cuestión de la
nacionalidad,
concretamente sobre la adquisición, conservación y pérdida de
la nacionalidad, se han tramitado en esta Cámara, uno tiene la
sensación de que se ha producido una improvisación por parte
del Gobierno al analizar las consecuencias que habían de
regular esta materia y, sobre todo, poca visión en cuanto a
los problemas que generarían las medidas adoptadas en su
momento.
Una segunda consideración es, analizando el contenido material
de la proposición no de ley, el propio hecho de que, si el 15
de febrero el Gobierno creó con urgencia este grupo de trabajo
dentro de la comisión delegada de política de visados y
cooperación internacional, parece un poco superfluo que la
Cámara se plantee hoy efectuar un impulso al Gobierno, ya que
uno diría que el propio Gobierno ya actúa en esta materia en
forma
suficiente.
Nosotros vamos a votar favorablemente; esta es una proposición
no de ley que entendemos que es para mejor proveer y en este
sentido va a recabar nuestro voto favorable.
En cuanto a las enmiendas presentadas al tema de plazos,
nosotros hemos de tener en consideración, en primer lugar, los
argumentos del Grupo proponente, que nos parece que son de
peso, el volumen que hay en este momento de solicitudes y,
sobre todo, de
problemáticas diversas. Nos parece que su argumentación es
suficiente, si bien entendemos también que un conocimiento del
Senado sobre esta materia tampoco comportaría ningún elemento
distorsionador, sino todo lo contrario.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Camp. Finalmente, por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya tiene la palabra el señor López Garrido.
El señor LOPEZ GARRIDO: Gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo va a apoyar esta proposición no de ley que
incide sobre las obligaciones que tiene nuestro Estado con los
emigrantes españoles en países iberoamericanos, una obligación
de solidaridad elemental para unos emigrantes que han sido,
por cierto, bien recibidos en esos países. Y debiéramos
corresponder también nosotros con el tratamiento a los
emigrantes e
inmigrantes que vienen a nuestro país, una obligación que
proviene de la Constitución española, como ha señalado la
señora Pelayo. Se trata de un problema acuciante, que no se ha
sabido solucionar, ni por la vía legal, lo que reconoce la
propia proposición no de ley, ni por la vía administrativa.
Existe en este momento una bolsa importante de solicitudes de
recuperación de nacionalidad española y es difícil imaginar
hoy cuándo podrá darse salida a esas peticiones.
Todo lo que sea instar al Gobierno a que se estudien y se
solucionen todos estos problemas, nunca está de
más. Por eso nosotros vamos a apoyar esta proposición no de
ley. De todas formas, querríamos decir que, con independencia
de lo que manifestemos cuando este grupo de trabajo rinda sus
trabajos al Congreso de los Diputados, nos parece que la línea
que debería seguirse en el futuro va por la propuesta por la
Fiscalía General del Estado, en cuanto a la forma en que se
solucionen de una vez por todas estos problemas. Por una
parte, los emigrantes nacidos en España que se han
naturalizado en países iberoamericanos después de la entrada
en vigor de la Constitución y que no han perdido la
nacionalidad española; sin embargo, a pesar de ello,
encuentran enormes dificultades para entrar en España y para
residir, dado que en la frontera se les considera como
extranjeros. Por otra parte, los emigrantes nacidos en España
que se han naturalizado en países iberoamericanos antes de la
entrada en vigor de la Constitución de 1978. En este caso,
estos
emigrantes han perdido su nacionalidad por aplicación del
artículo 22 del Código Civil y el problema es que para poder
adquirirla necesitan una residencia legal en España de dos
años, que tiene que ser justo anterior, contemporánea a la
solicitud. Esto es absolutamente imposible de cumplir por esos
emigrantes y si bien el Gobierno podría dispensar esta
residencia legal, en la práctica los trámites son tan
dilatados que no existe una solución para estos emigrantes. La
única vía posible, a nuestro juicio, aparte de que se dote de
mayores medios a las direcciones o dependencias ministeriales
correspondientes, es aquélla que nosotros propusimos cuando se
debatió en esta Cámara la reforma del Código Civil de 1990 en
materia de nacionalidad. Nosotros proponíamos entonces, a
través de sendas enmiendas, y creemos que es de actualidad
recordarlo en este momento, que hubiera, en primer lugar, una
delegación de la competencia que tiene el Gobierno para
otorgar la dispensa de residencia en favor de las autoridades
diplomáticas o consulares de España en países iberoamericanos.
Además, y éste sería el punto fundamental, hay que suprimir el
requisito de residencia legal en España para estos emigrantes.
Esto es lo que está imposibilitando que exista esta
recuperación de la nacionalidad española para los emigrantes
españoles.
El mismo problema se plantea a los hijos de emigrantes; a
aquellos cuyo padre o madre había sido originariamente español
les pasa exactamente lo mismo, pueden optar --hace muy pocas
semanas que hemos aprobado aquí una posibilidad de opción--,
pero la lenta tramitación está impidiendo que esto se
produzca. Esta debe ser la línea a seguir en el futuro, como
nosotros defendimos en su momento. En todo caso, nos parece
bien que se inste a que este grupo de trabajo creado rinda sus
trabajos a la Cámara, pero creemos, repito, que la línea a
seguir para
solucionar este problema es la que acabamos de indicar. Muchas
gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
López Garrido. La señora Pelayo tiene la palabra
exclusivamente a los efectos de indicar si acepta o no las
enmiendas defendidas por el señor Cotoner en nombre del Grupo
Popular.
La señora PELAYO DUQUE: Señor Presidente, yo pensé que había
convencido al representante del Grupo Popular sobre las
razones por las que la proposición no de ley del Grupo
Socialista no había puesto plazo para la conclusión de los
trabajos de ese grupo, por la complejidad de la materia y por
las implicaciones que tiene de todo tipo. Por ello nos vemos
obligados o estamos en la necesidad de no poderle admitir la
primera parte de la enmienda. En cuanto a la segunda parte de
la enmienda, el Grupo Socialista no tiene inconveniente en
sustituir «el Congreso de los Diputados», por «Cortes
Generales», si eso puede satisfacer, como transaccional, al
Grupo Popular. En realidad, nosotros somos respetuosos con la
autonomía de las Cámaras; el Grupo Popular tiene
representación en el Senado y puede generar las iniciativas
que crea convenientes en orden a solicitar las comparecencias
del Gobierno en los temas que le parezca oportuno. Es por eso
por lo que en sede parlamentaria, en el Congreso de los
Diputados, el Grupo Socialista había solicitado que fuera ante
dicho Congreso de los Diputados. Esta es la posición que
mantiene mi Grupo, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Entonces entiendo,
señora Pelayo, que no hay aceptación de enmiendas, porque la
sustitución de «Corte Generales» por «Congreso de los
Diputados», sería igual que poner «Congreso de los Diputados
más Senado».
Señor Cotoner, ¿usted acepta la propuesta, la sugerencia de la
señora Pelayo de que, en lugar de aceptar toda la enmienda
exclusivamente se reduzca a aceptar la sustitución de
«Congreso de los Diputados» por «Cortes Generales» Sólo eso.
El señor COTONER GOYECHE: Sí, señor Presidente. Yo aceptaría
la transaccional de que se ponga «Cortes Generales», porque
encuadra a las dos Cámaras.
No retiro la anterior.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Perdone un momento.
Con relación a las proposiciones no de ley, no se trata de
retirarlas o no, sino que, si no son aceptadas por el Grupo
que presenta la proposición no de ley, automáticamente el
resto de enmiendas no se
somete a votación. Se somete a votación sólo el texto de la
proposición no de ley con, en este caso sería, la modificación
de «Cortes Generales» en lugar de «Congreso de los Diputados».
El señor COTONER GOYECHE: De acuerdo, de acuerdo.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vamos a pasar a la
votación. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo
Socialista. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 290; a favor, 289; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, POR LA QUE
SE INSTA AL GOBIERNO A REMITIR A LA CAMARA UN PROYECTO DE LEY
EXTENDIENDO Y ACTUALIZANDO LA LEY 57/1968, DE 27 DE JULIO, QUE
REGULA LA PERCEPCION DE CANTIDADES ANTICIPADAS EN LA
CONSTRUCCION Y VENTA DE VIVIENDAS (Número de expediente
162/000069)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular
por la que se insta al Gobierno a remitir a la Cámara un
proyecto de ley extendiendo y actualizando la Ley 57/1968, de
27 de julio, que regula la percepción de cantidades
anticipadas en la
construcción y venta de viviendas. En nombre del Grupo
Popular, tiene la palabra el señor Fernández de Trocóniz.
(Rumores.) Señorías, guarden silencio y ocupen sus escaños.
(Pausa.)
El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Señor Presidente,
señoras y señores Diputados, cúmplemedefender y pedir el voto
de SS.SS. acerca de la proposición no de ley que presenta el
Grupo Popular, en la cual se insta al Gobierno a que, en un
plazo de seis meses, remita a esta Cámara un proyecto de ley
en cuya virtud se modifique la Ley de 27 de julio de 1968, por
la que se establecen determinadas garantías para la percepción
de cantidades a cuenta, en el supuesto de venta de viviendas,
siempre que éstas
cantidades se perciban antes de la finalización de la
construcción de las mismas.Para ello permítanme SS.SS. que
brevemente realice un esbozo de en qué consiste esta ley y
cuál es el interés jurídico necesitado de protección, cuál es,
en definitiva, el vacío que vino a llenar en su día esta ley y
por qué hoy día esta ley no cubre suficientemente aquello que
trata de remediar en la sociedad. (El señor Vicepresidente,
Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) La Ley de 27 de julio de
1968, cuya modificación y actualización instamos al Gobierno,
establece que los promotores de viviendas que no sean de
protección oficial --puesto que éstas tienen su normativa
paralela y adecuada, a través, fundamentalmente, del
Reglamento de Viviendas de
Protección Oficial de 27 de julio del mismo año 1968--, ya
sean residencia habitual, es decir, su domicilio, ya sean
residencia de temporada accidental o circunstancial, tienen la
obligación de garantizar, siempre y cuando se trate de
percibir de los cesionarios cantidades a cuenta del precio de
la vivienda, durante la construcción de ellas o antes de
finalizar la misma, la devolución de las cantidades entregadas
anticipadamente junto con el 6 por ciento de interés.
Estascantidades deben ser garantizadas mediante contrato de
seguro a suscribir con una entidad aseguradora, dice la Ley,
lógicamente, en aquellos tiempos, refiriéndose a que estuviera
autorizada e inscrita en la Subdirección General, hoy habría
que entender en la Dirección General de Seguros, o bien
garantizarla mediante un aval
solidario, concertado con una entidad inscrita en el Registro
de Bancos y Banqueros o en una Caja de Ahorros.
Al propio tiempo, el promotor que pretendiera realizar esta
percepción de cantidades a cuenta debería abrir una cuenta
especial en un banco o caja de ahorros, en la cual deberían
ingresarse estas cantidades y de las cuales no se podría
disponer sino precisamente para la finalidad de la
construcción de la vivienda de que se trata.
Asimismo, esta Ley, y en garantía complementaria, establece la
obligación para el promotor de la vivienda de hacer figurar en
el contrato de venta de la vivienda y en cuya virtud se
perciben las cantidades anticipadas el inicio y fin de la
construcción, señalar la garantía que se hubiera concertado y
la entidad con que se hubiera realizado, el número de la
cuenta corriente y la entidad en que se hubiera abierto para
percibir anticipadamente esas cantidades a cuenta, así como la
obligación de devolver estas cantidades en el supuesto de que
la vivienda no se iniciase o concluyese en el plazo
contractualmente previsto.
Llegado el plazo en que no se hubiera iniciado la vivienda,
llegado el plazo en que la construcción no se hubiera
concluido o no se hubiera obtenido la correspondiente cédula
de
habitabilidad, podría haber lugar bien a una prórroga de
plazo, bien a ejecutar directamente la póliza de seguro que el
aval solidario ha suscrito con la entidad bancaria de que se
trate, acompañado, lógicamente, del documento fehaciente
que acreditase la falta de inicio o finalización de las obras
en el plazo previsto.
Esta Ley, sin embargo, y a los efectos de sancionar su
inaplicación, que no se cumpliesen por parte del promotor las
obligaciones allí establecidas, preveía que sería sancionado
de acuerdo con la Ley de Orden Público de 30 de julio de 1959,
y, a su vez, la falta de reembolso por parte del promotor al
adquirente de las cantidades entregadas a cuenta, en los
supuestos de incumplimiento de sus obligaciones, daría lugar a
que fuese sancionado de acuerdo con los artículos 535 y 587.3
del Código Penal.
Esta Ley, señoras y señores Diputados, evidentemente ha
quedado obsoleta, en la medida en que, por una parte, la Ley
de Orden Público de 30 de julio de 1959 está derogada. Por
otra parte, toda la materia de viviendas, toda la materia del
sector de vivienda en nuestro ordenamiento jurídico está
transferida a las comunidades autónomas, de acuerdo con el
artículo 149 de la Constitución, que prevé como competencia
exclusiva de las comunidades autónomas todo lo relativo a
ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
También, el artículo 535 del Código Penal, que es de más
dudosa aplicación al supuesto que nos ocupa, en cuanto, como
todos ustedes saben, lo que prevé, sanciona y tipifica como
delito es a aquél que se apropiare o distrajere dinero u otro
bien mueble que hubiere recibido en depósito, comisión o
administración. El artículo 587.3 fue derogado por la Ley
Orgánica de 21 de junio de 1989.
En lo que se refiere a las comunidades autónomas, podríamos
preguntarnos: ¿Y por qué las comunidades autónomas no pasan a
desarrollar legislativamente esta ley? No pueden realizarlo,
pura y simplemente, porque estamos en relaciones de supremacía
general, no de supremacía especial; es decir, estamos en una
materia típica y propia casi del Derecho mercantil, a caballo
con el Derecho civil, cuales son las bases de las obligaciones
contractuales, dentro de las cuales, quitando alguna comunidad
autónoma en concreto, como luego tendré ocasión de referirme,
como la Comunidad Autónoma de Cataluña, ninguna comunidad
autónoma, lógicamente, ha entrado a regular el asunto que nos
ocupa.
Como les decía, el interés en la protección en estos casos es
claro, palmario y evidente. Unas personas que confían sus
ahorros a un tercero para adquirir un bien esencial y
constitucionalmente garantizado cual es el de la vivienda y
que pueden ver frustrados sus deseos, ver frustrados sus
intereses, el esfuerzo y
sacrificio de muchos años como consecuencia de que aquello que
ellos pensaban que iba a salir correctamente, después no sale.
Y no quiero acudir a ejemplos recientes y cercanos. Si, desde
luego, esta Ley se hubiera aplicado en su integridad y
adecuadamente, hoy no estaríamos asis-tiendo a las graves
crisis sociales y económicas de muchas familias, como está
ocurriendo. Señoras y señores Diputados, si creemos en el
mercado y en que funcione adecuadamente, no puede hacerlosino
si aquellas partes que entran en él contractualmente no actúan
a través y desde un principio de igualdad en la relación entre
ellos. Esta Ley vino a procurar esto y, por ello es
absolutamente necesaria,
imprescindible, para garantizar precisamente la transparencia,
la adecuación, la posición de igualdad de las partes en el
mercado, adecuarla a los tiempos presentes.
No solamente es esto. También esta Ley fue aplicada y
desarrollada en las comunidades, al régimen de construcción en
comunidad, y a las cooperativas por el Decreto siguiente, de
12 de diciembre de 1968. Sin embargo, y en relación, por
ejemplo, con las cooperativas, establecía esta obligación con
las antiguas juntas rectoras en la vieja Ley de Cooperativas
de 1941. Hoy, como todos ustedes saben, ya ni siquiera las
cooperativas son las que gestionan directamente la promoción
de viviendas, sino que es una gestora paralela a éstas quien
viene realizando
normalmente estos cometidos. Es, pues, necesario acudir a
contemplar los nuevos retos que plantea la sociedad presente
en el desenvolvimiento económico y fundamentalmente en materia
de promoción de viviendas, la promoción de construcciones.
No queremos pensar ahora en qué se puede regular con esta Ley;
desde luego, muchos y más diversos supuestos que aquéllos que
se contemplaban en la vieja Ley de 1968. Ya no solamente cabe
contemplar inicio y fin de construcción, es preciso entrar en
el precio fijado de la vivienda futura, calidades de la
vivienda futura, inclusive, por qué no, también en materia de
cooperativas habría que separar aquéllas que tienen una
gestora para la cooperativa y aquéllas que no la tienen. Es
importante también en esto la legislación de la Comunidad
Autónoma de Cataluña, que nos da una lección a todos los
demás; y me estoy refiriendo a la Ley de la Comunidad de
Cataluña sobre vivienda, de 29 de
noviembre de 1992, que expresamente en su artículo 15
establece garantías adicionales al supuesto del artículo 1.591
del Código Civil que regula la responsabilidad decenal de
constructores y arquitectos en relación con la ruina posterior
del inmueble. No quiero entrar ahora a discutir la procedencia
o no de esta Ley que acabo de citar de la Comunidad Autónoma
de Cataluña, pero, desde luego, es sugerente e introduce
aspectos muy importantes y a tener en cuenta, en general, en
la legislación del Estado. Por otra parte, también podríamos
pensar, por qué no, en prever que aquél que realiza la venta
de las viviendas tenga,
efectivamente, la titularidad jurídica del bien, sin necesidad
de que el adquirente acuda al Registro de la Propiedad.
Podemos, en definitiva, pensar en un abanico enorme de
posibilidades que pueden ser
objeto de regulación en este futuro proyecto de ley que
proponemos a sus señorías y que instamos al Gobierno a que
remita urgentemente a esta Cámara. Urgentemente, además,
porque es urgente la necesidad social de paliar estas
cuestiones para que en un futuro no sucedan aquellos
acontecimientos que recientemente han agitado nuestra
sociedad; y no es bueno que en un futuro se vuelvan a
producir. Aldabonazo, a nosotros como legisladores, al
Gobierno para que tome las iniciativas oportunas.
Y, no nos engañemos, llegamos tarde; aunque, desde luego, más
vale llegar tarde que nunca. Por eso, señoras y señores
Diputados, vuelvo a pedir su voto favorable a nuestra
proposición no de ley.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Fernández de Trocóniz.
A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por
parte del Grupo Socialista.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Madrid.
El señor MADRID LOPEZ: Señor Presidente, señoras Diputadas y
señores Diputados, el Grupo Popular fundamenta la presentación
de esta proposición no de ley en los siguientes extremos, por
hacer alguna pedagogía. Dice que la entrega de cantidades a
cuenta es una actividad generalizada en España, entrañando una
desprotección jurídica y casos de estafa, incrementos de
precios, que obligan a continuar la aportación de cantidades
sobre el precio inicial; la escasa --sigue diciendo--
aplicación de la Ley 57/1968 y el carecer administrativo del
régimen sancionador de las viviendas de protección oficial y
la exclusión del ámbito de la ley de las formas de adquisición
en régimen de comunidad o cooperativa.
Pues bien, don Fernando, tenemos que manifestar, señor
Presidente, que no cabe hablar de desprotección jurídica en
tanto que existe y es de aplicación la Ley 57/1968, que fue
declarada vigente en la disposición derogatoria, punto 2,
letra h), de la Ley 33/1984, de Ordenación de los Seguros
Privados. Por otro lado, los incrementos de valor por
imposición unilateral del vendedor se deben regir por los
artículos 1.156 del Código Civil y 1.203 del mismo texto.
Habrá de atenerse más a las condiciones presentadas en los
contratos respectivos para determinar si las partes han
pactado precio cerrado o abierto. Es un problema que, si están
garantizados los depósitos pagados a cuenta, no debe salir del
marco contractual.
Por otro lado, la Ley 57/1968 ha sido completada por el Real
Decreto 515/1984, de 2 de abril, de protección a los
consumidores, en cuanto a la información que debe facilitarse
a los mismos. Por lo tanto, es una Ley envigor, que no impide,
en su artículo 6, el recurso a tribunales. La exclusión
parcial del ámbito de la ley de las formas de adquisición en
régimen de comunidad o cooperativas no es exacta. Por una
parte, el Decreto 314/1968 sometió expresamente, artículo 1.º,
a la Ley 57/1968 a las viviendas en régimen de comunidad. Por
otra parte, estableció un régimen para las cooperativas con
una obligación de emisión de garantía mediante aval bancario o
póliza de seguro, en tanto que para las comunidades se
requería específicamente la garantía primera de la Ley
57/1968. No obstante vistas las respuestas, las alternativas,
la parte fundamental y fundamentada de esta iniciativa y
la argumentación del Grupo proponente, hay que destacar que la
reforma del Código Penal ha derogado el artículo 587.3, que,
por otra parte, era una mera falta, si bien continúan siendo
aplicables los artículos 535 y 528 del Código Penal.
En resumen, a fin de mejorar estas disposiciones, y
englobándolo también en lo que el propio proponente explica de
aprovechar las mejoras que se pueden conseguir y la seguridad
jurídica, el Partido Socialista ofrece una enmienda al Grupo
proponente, que sería de sustitución. Donde dice «en el plazo
de seis meses un proyecto de ley», debe decir «en el plazo de
nueve meses un proyecto de ley».
Creo, don Fernando, que nueve meses es casi lo natural.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Madrid. ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición?
(Pausa.) Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Mur.
El señor MUR BERNAD: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo para fijar la posición de mi Grupo en
relación con esta proposición no de ley presentada por el
Grupo Popular. Anuncio que vamos a apoyarla porque nos parece
una proposición oportuna y una proposición necesaria en estos
momentos. Solamente el enunciado de la misma, cual es
actualizar la Ley 57 de 1968, nos da una idea de la pérdida de
vigencia de esta Ley, que si en aquel momento fue oportuna y
quizá solucionó la problemática que tenían los compradores de
viviendas en construcción en cuanto a las cantidades que
entregaban antes de recibir la vivienda, sin embargo, las
circunstancias han cambiado en el transcurso de tantos años, y
es una ley que se ha quedado obsoleta hoy en día, tan obsoleta
como que prácticamente no se utiliza, y si hubiera
estadísticas fiables que pusieran de manifiesto, de verdad,
cuántos compradores de viviendas en construcción hacen uso
efectivo de lo que
prevé esta Ley, solicitando el oportuno certificado de las
cantidades que entregan, que es el documento requisito
indispensable para estar protegidos por esta Ley, no solamente
el hecho de que el promotor o el vendedor tenga concertado el
aval o el seguro; si hubiera esas estadísticas, repito,
veríamos cómo en la práctica ha dejado de usarse quizá por
desconocimiento, quizá porque no llega a otras modalidades de
promoción de viviendas que actualmente están copando una
amplia parte del mercado, me refiero a las viviendas de
protección oficial y a las viviendas que se gestionan en
régimen de comunidad o de cooperativa, las dos modalidades
están fuera de la protección de esta Ley 57 de 1968.
Aunque en el transcurso de los años esta Ley se ha hecho mas
necesaria o se ha puesto más de actualidad en función de los
escándalos que se han ido produciendo por aquellos que,
utilizando la buena fe o la necesidad de los compradores de
vivienda, no han entregado aquella vivienda prometida y, por
tanto, los compradores han perdido las cantidades invertidas,
últimamente han aparecido fenómenos que no solamente preocupan
a los afectados, sino a la sociedad española, fenómenos que,
aunque se hubieran querido garantizar, con esta Ley no hubiera
sido posible. Me refiero a todos aquellos que han puesto su
esperanza en tener una vivienda en el régimen cooperativo. Y
recuerdo en este momento, porque se ha planteado en esta
Cámara, el debate, la preocupación por tantos y tantos
afectados por la cooperativa PSV que están viendo cómo a pesar
de las cantidades dadas a cuenta de una vivienda, las
viviendas prometidas no les son entragadas y temen perder
dichas cantidades. Esta modalidad no está amparada por la Ley
57 de 1968, que obliga solamente a los promotores de
viviendas, y además de viviendas libres. En el régimen
cooperativo o comunitario, al ser el propio comprador, a su
vez, el promotor de la vivienda, queda fuera del ámbito de
protección de esta Ley.
Por esta razón me parece que es oportuno, es necesario que el
Gobierno traiga aquí ese proyecto de ley en un plazo
razonable. También es verdad que se podría haber hecho una
proposición de ley desde los grupos parlamentarios, dado que
la materia está suficientemente clara, está suficientemente
delimitada, pero nosotros vamos a apoyar esta iniciativa,
vamos a pedir al Gobierno que se esfuerce en traer un buen
proyecto, aunque tendremos la oportunidad de enmendarlo en
aquello con lo que no estuviéramos de acuerdo.
No obstante, ya me gustaría dejar claros aquí algunos de los
criterios que pediríamos para ese proyecto de ley. El primero
de ellos que fuera un proyecto de ley eficaz, que no fuera un
proyecto de ley burocrático que complicara todavía más las
dificultades al comprador de una vivienda, que fuera de una
aplicación automática y fácil, que no encareciera el costo de
la vivienda, no vayamos a caer en la trampa de buscar tanta
protección que al final la acaba pagando siempre el
consumidor, en este caso el comprador de la vivienda, y con
esta medida de protección, que es necesaria, acabemos
encareciendo un bien ya de por sí bastante caro y bastante
difícil de adquirir por los compradores.
Esas medidas, que se pueden lograr, como es ampliar el ámbito
de protección a todo tipo de viviendas, de protección oficial,
de régimen comunitario y cooperativo y de régimen libre,
admitir que sean no solamente los bancos y cajas de ahorro
sino también las compañías de seguros las que puedan operar en
el campo de este aval o de este aseguramiento, creo que serían
requisitos
imprescindibles para poder tramitar rápidamente una buena ley,
que, en definitiva, pudiera conseguir lo que se pretende con
esta proposición no de ley, que es evitar que los compradores
de viviendas, que tienen que comprarlas en construcción porque
no las pueden adquirir terminadas dado el alto coste de las
mismas, que tienen que esforzarse durante muchos años pagando
mensualidades para una vivienda que les va a llegar años
después, no vean frustrado este deseo, no vean frustrado este
legítimo derecho. Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mur.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Martín.
El señor MARTIN MENIS: Muchas gracias, señor Presidente. Voy a
ser muy breve.
Yo creo que el que la Ley de 1968 no se ha cumplido es claro y
sencillo, y el problema es real. Es un problema que existe y
que ha llevado a multitud de ahorradores a perder años de
trabajo. Esto es algo que está ahí y que no hay que discutir.
La realidad es que ha sido una legislación difícil de cumplir,
y en los casos en que algunos promotores la han cumplido se
han salido del mercado, pues al tener las operaciones unos
costos relativamente amplios les dejaban fuera de dicho
mercado por ser competitivo y necesitar vender a unos precios
que permitan tener clientela. Por eso nos parece que la Ley es
necesaria, que hay que apoyarla, que ha de garantizar
indudablemente los ahorros, pero ha de ser, además, una ley
simple, una ley que no grave más el costo de la vivienda. Si
queremos resolver el problema, como antes se decía, hay que
buscar el bajar los costos. La garantía es necesaria, pero no
se debe convertir esa ley en un nuevo negocio de las compañías
de seguros, sino en una fórmula para que no puedan producirse
casos como los que todos hemos visto en los últimos tiempos y
durante muchos años ya.
Por tanto, nos parece oportuno admitir la enmienda que se
refiere a los nueve meses, ya que, en cualquier caso, lo
importante es que la ley salga. Por tanto, apoyaremos
la proposición no de ley y apoyaremos la enmienda.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Martín.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el
señor Molins.
El señor MOLINS I AMAT: Gracias, señor Presidente. Voy a
intervenir muy brevemente.
A quien haya seguido con atención la intervención del Diputado
que ha defendido esta proposición no de ley del Grupo Popular
no le extrañará que nuestro Grupo Parlamentario manifieste su
intención de votarla favorablemente. Ha hecho referencia el
señor Diputado a cómo el Gobierno de la Generalitat tiene una
legislación donde, además de hacer otras cosas, afronta este
problema y le intenta dar solución. Nosotros estamos muy de
acuerdo en el sentido de que los problemas a los que se sale
al paso con esta proposición no de ley es necesario
regularlos. Por tanto, y sin más, señor Presidente, quiero
anunciar nuestro voto afirmativo, favorable, a la misma.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Molins.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: Gracias, señor Presidente.
Nosotros entendemos que la proposición no de ley que presenta
el Grupo Popular, más allá del texto que plantea, lo que
quiere hacer llegar al conjunto de la Cámara es una inquietud
manifiesta por una situación en la cual muchísimas personas
que anticipan cantidades de dinero para vivienda no la
reciben. Pero claro, como no se puede presentar una
proposición no de ley que pida que se cumpla más estrictamente
la Ley 57/1968, es lógico que se presente una proposición no
de ley en la que se plantee una modificación y una
actualización de los contenidos de esta Ley. Lo realmente
importante hubiera sido que esta Ley se cumpliera, ya lo ha
dicho algún otro interviniente, pero si estamos hablando de si
se amplía el plazo de seis meses a nueve meses, yo creo que lo
interesante por parte del Gobierno sería no que se trajera el
texto que aquí se propone, sino que se trajera aquí una
auténtica ley de la edificación, una auténtica ley que
recogiera todos los aspectos de la edificación que están hoy
repartidos en
innumerables textos legales y que hace que este sector sea
enormemente disperso. Esta dispersión legal no contribuye a la
clarificación de un sector como éste, y además esa falta de
clarificación contribu-ye a situaciones de profundas
irregularidades en el sector, como las que se producen
cotidianamente.
Por lo tanto, aunque nosotros consideramos que lo que
realmente tendría que traerse aquí es una ley de la
edificación, y la Cámara lleva años y años esperando que el
Gobierno la traiga, nosotros compartimos la intencionalidad
política del Grupo proponente y en esa voluntad política
daremos nuestro voto favorable.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Andreu.
El señor Fernández de Trocóniz tiene la palabra para indicar
si acepta o no la enmienda parcial presentada por el Grupo
Socialista.
El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Señor Presidente,
muchas gracias. Vamos a aceptar la enmienda que presenta el
Grupo Socialista a través de su ponente, el Presidente Madrid,
y no precisamente por el respeto que le deba por haber servido
en su día a sus órdenes cuando no era señoría sino simplemente
señor, y decirle que, por supuesto, aceptamos la enmienda
porque bien vale aceptarla, aunque simplemente sea por tener
su sí. Es cierto que la generación humana tarda aquello que
ustedes proponen, pero ojalá nazca esa criatura con los
requisitos del artículo 30 del Código Civil. Quiero decirle,
además, mi querido Presidente Madrid, que desde luego en este
caso, y en lo que a mi persona se refiere, un sí bien vale
París.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Fernández de Trocóniz.
Vamos a pasar a la votación de la proposición no de ley. (El
señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular
que se somete a votación en los términos resultantes de la
aceptación de la enmienda del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 297; a favor, 295; en contra, uno; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE CRITERIOS DE POLITICA
INDUSTRIAL
QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO ANTE LA GRAVE CRISIS QUE AFECTA
AL SECTOR DEL AUTOMOVIL Y, EN CONCRETO, A LA EMPRESA
AUTOMOVILISTICA SANTANA MOTOR (Número de expediente
173/000029)
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: Mociones
consecuencia de interpelaciones urgentes.
Moción del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
subsiguiente a interpelación sobre criterios de política
industrial que piensa adoptar el Gobierno ante la grave crisis
que afecta al sector del automóvil y, en concreto, a la
empresa automovilística Santana Motor.
En nombre del Grupo proponente de la moción, tiene la palabra
el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señor Presidente.
Señoras Diputadas y señores Diputados, pensamos que ahora,
cuando seguramente se inicia una segunda fase laboral, social,
sindical, industrial, política y de orden público en el
conflicto de Santana Motor, de Linares, de la comarca y, por
extensión, de una gran parte de Andalucía y de este país, es
el momento de elaborar y de valorar el fracaso social y
aritmético de una política económica y de una concepción no
equilibrada del Estado. Pensamos que, a partir de hoy, en
función de la moción que presenta el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y de las
enmiendas que se le interponen, es el momento de enmarcar
líneas divisorias para saber efectiva, singular y
concretamente dónde estamos cada uno, qué sentido territorial
de los problemas tenemos, qué política industrial, social,
económica y laboral estamos defendiendo, qué concepción del
protagonismo social y del orden público tenemos también, y qué
soluciones aportamos, planteamos, ofertamos en función de
todos estos criterios, y de otros que no da tiempo a
sistematizar, respecto a Santana Motor, de Linares.
Señor Presidente, la igualdad con los desiguales no es
constitucional. Por tanto, a la hora de acercarse al problema
de Santana Motor hay que partir de un concepto territorial del
Estado y de la problemática que estamos abordando. No se
trata, simplemente, de la crisis de la automoción, mucho menos
de una crisis industrial en general, se trata de la crisis de
la automoción allí, en Linares, en Jaén, en Andalucía; la del
34 por ciento de paro; la de la desarticulación social y
económica; la del genocidio industrial que se está sufriendo
en función de la política industrial y económica que venimos
soportando en el último período.
En el marco de un delirio liberal, que no concibe desde la
santificación de la dinámica libre del mercado la posibilidad
de una política industrial, la posibilidad de intervenir
(porque esa es la política, intervenir industrialmente en la
solución de los problemas), nos encontramos con una salida muy
difícil, porque se nos está oponiendo el dogmatismo más o
menos liberal que aparece en las mismas enmiendas que ahora se
presentan a esta moción de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya; un dogmatismo que confunde la absoluta
desprotección con la modernidad. En este sentido, somos los
primeros, es el señor González el primero de la clase en
Europa. Una desprotección en estos momentos que no consuena
con lo que se está haciendo en otros países, y mucho menos
respecto a la crisis de la automoción, que roza en algunos
momentos la misma deslealtad respecto a los intereses
generales del Estado.
Dentro de este delirio liberal, Andalucía está sufriendo, y de
manera muy rítmica, inesperada a veces por la eclosión que ha
tenido la destrucción, un auténtico --repito-- genocidio
industrial. A Santana Motor se le ha sumado, de inmediato, el
desplome de Gillete, o Puleva, o Santa Bárbara y Renfe entre
las empresas públicas, o Metalner, la fábrica de latas de
Linares, o del textil, o de Construcciones Aeronáuticas, o los
astilleros, o la naval. Todo en crisis a corto o medio plazo,
nunca a largo plazo, con desplomes muy sonados, como el de
Gillette, en la población sevillana de Alcalá de Guadaira, una
empresa con beneficios que dice que cierra de la noche a la
mañana y todos tan tranquilos, a lo que parece. Hay, además,
una actuación indeseable del señor Ministro, el señor
Eguiagaray. Meses y meses de contactos secretos en Tokyo,
contactos que hemos conocido después, pero que dan a ver que
la crisis de Santana Motor se ha estado incubando en el
tenebrismo, en el secretismo; se ha estado incubando hsta el
17 de febrero, en que, en la estela de una pregunta (no voy a
decir en función de esa pregunta) de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya estalla la situación con las
filtraciones a los medios de comunicación de que posiblemente
cierra Santana Motor, o que, en todo caso, habrá una reducción
de empleo (se dice entonces) del 58 por ciento de la plantilla
actual.
El señor Moltó, Secretario de Estado, llega a pronunciar una
frase fatídica, inaceptable y espeluznante. Dice: Comprendo
que se vaya la multinacional Suzuki si no está cómoda en
Andalucía. Esta frase se pronuncia y se queda uno tan
tranquilo (desde el dogmatismo liberal, claro está). Y desde
el 17 de febrero al 20 de marzo las puertas cerradas a cal y
canto a los sindicatos. Aumenta la tensión, aumenta la
prepotencia, y el señor Eguiagaray se pone en la trinchera de
la empresa, de Suzuki, y cuando se sube a esta tribuna a
contestar a una interpelación de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya no expone la posición del
Gobierno, no expone la posición del Partido Socialista Obrero
Español, expone, parte por parte, sistemática, rigurosa y
detalladamente, la posición de Suzuki, la posición de la
multinacional
de matriz japonesa. Esa era la posición exacta, idéntica, del
señor Eguiagaray. Desde nuestro punto de vista este apoyo a la
posición drástica, antisindical, antiobrera y antiandaluza de
Suzuki, del señor Moltó y del señor Eguiagaray, esta
complejidad en la estrategia de Suzuki, que les lleva incluso,
desde esta tribuna a defender minuciosamente la posición de la
empresa, nos hace pedir tranquilamente la dimisión del señor
Eguiagaray. Es lo que corresponde.
Además, no hay una política industrial, y se jactan de ello,
de que la mejor política industrial es la que no existe. Y
todo ello en el marco de una crisis territorial que está
concitando, y no se entiende, una gran solidaridad
territorial, ya que, cuando emprendan las marchas que van a
emprender desde Linares a Madrid, o desde Linares a Sevilla,
pueblos enteros van a acompañar esa marcha de los obreros de
Santana Motor, y ese abrazo que hoy se han dado, en el marco
de la huelga general, los comités de empresa de Santana Motor
y de Gillette, es el abrazo de una situación que no se
entiende cuando se observa desde un punto de vista abstracto,
sin pasar por el eje de lo territorial; de lo territorial en
la zona más profundamente deprimida de Andalucía: Jaén,
Linares. Y se nos dice que somos demagogos o que jugamos con
el sentimiento de la gente cuando al mismo tiempo la mayoría
del Partido Socialista Obrero Español en el Ayuntamiento de
Linares ha aprobado lo que yo hoy aquí estoy defendiendo,
exactamente igual; o el de Ibros, o los ayuntamientos cercanos
a Linares con mayoría socialista están aprobando la moción que
yo hoy aquí defiendo. ¿También están jugando con los
sentimientos de la gente? ¿También están siendo demagógicos?
Desde ese punto de vista, señor presidente, se puede estar
produciendo una muerte de Santana Motor en dos fases, y
también la crónica de esa muerte anunciada, porque no es ya el
58 por ciento de reducción lo que se pide, sino el 61,4.
Además de los 941 trabajadores que quedarían en Santana Motor,
sólo 500 sería de mano de obra directa, lo que demuestra que
sin duda vamos a lo que allí nadie desea, una planta de
ensamblaje de productos externos simplemente como plataforma
de inserción comercial en la Unión Europea, que no pueden
conseguir a través de Hungría, donde han instalado una fábrica
con alta tecnología, porque aún este país no se ha incorporado
a dicha Unión Europea.
Desde ese punto de vista hay una gran protesta, ustedes lo
saben señoras y señores Diputados. Linares se mueve y con
Linares se mueve algo más, se mueve Jaén y se mueve Andalucía,
y habrá más abrazos que el de Gillette con el comité de
empresa de Santana Motor, porque está ocurriendo un desplome
industrial en este país ante la ausencia y la jactancia de una
falta de política
industrial, desde un dogmatismo liberal con el que chocamos
una vez y otra, pero vamos a seguir es-trellando pelotas en
ese muro cada vez más acompañados...
El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, sabe que no tengo por
costumbre llamar a la cuestión a los Diputados, pero le
advierto que el turno es para defender la moción presentada.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor Presidente, la estoy
defendiendo como sé y...
El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, no tengo ningún
inconveniente en que la defienda así, pero cuando culmine el
tiempo del turno no habrá más.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor Presidente, le ruego que no me
cuente este tiempo que acabamos de consumir.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra.
El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señor Presidente. Es que
conecta esto que digo del dogmatismo liberal con el punto uno
de la moción: intervención de dinero público para el
accionariado, que conste así. Por eso estaba poniendo el
acento en este tema de fondo.
Desde ese punto de vista nosotros tampoco concebimos la
política de orden público como se ha concebido en Linares.
Este ataque que se hizo el otro día en la estación de Linares-
Baeza fue con la gente sentada y de espaldas; se dispararon a
tres metros las bolas, por eso se le quitó el ojo a un
ciudadano, y se disparó cuando estaba en ese momento
negociando por teléfono el
Presidente del comité de empresa con el Gobernador Civil; y
cuando venían 60 autocares el otro día se les registró cuatro
veces, se les manoseó hasta los bocadillos; o se han puesto
una lluvia de multas de 100.000 pesetas que han caído como las
hojas en otoño sobre los ciudadanos y ciudadanas de Linares.
No concebimos de esta forma el intento de amedentrar, de
dividir, de asustar, de agotar, de desprestigiar a Linares. No
vamos a estar en esa canción, señoras y señores Diputados.
Nuestra propuesta, señor Presidente, ha sido aprobada en el
Ayuntamiento de Linares por unanimidad. En los ayuntamientos
del entorno ha sido apoyada, y esperemos que no sea una jugada
múltiple de ajedrez: allí movemos una pieza y aquí la
contraria; allí utilizamos un lenguaje y en otro sitio el
distinto; en coyunturas diferentes lenguajes distintos.
Hacemos una llamada, naturalmente, a unir las palabras y los
hechos, a unir los sentimientos con la política, a unir las
soluciones reales. La primera solución es dinero público. La
Suzuki pide un socio, pues vayamos a una empresa mixta con
dinero público en el accionariado, en el Consejo de
Administración, igual que en Holanda, igual que en la Baja
Sajonia, igual que en Francia en muchas factorías de la
automoción. No estamos hablando de algo foráneo a Europa;
estamos hablando de soluciones a la crisis desde prismas no
dogmáticos, socialdemócratas como mínimo, y se mete dinero en
el Consejo de Administración.
Segundo punto. El laudo se firmó hace un año y se empezó a
dejar de cumplir al día siguiente. El laudo está firmado por
la Suzuki, por la Junta de Andalucía y por los trabajadores,
aumenta la productividad un 14 por ciento, y tienen una carta
de
felicitación dichos trabajadores por ese aumento de la
productividad. Por tanto, hay que ir a una planta con
producción industrial y con inserción tecnológica, no a una
simple planta de ensamblaje.
Punto tercero, un plan industrial. Aquí el señor Ministro ha
hablado fundamentalmente de un plan financiero cuando a la
misma matriz, a la Suzuki se le deben 14.000 millones de
pesetas, se debe ella misma en función de trasvases internos
de acuerdo con las deudas que señalan las multinacionales
donde quieren, teniendo en cuenta las problemáticas
posteriores en las que van a incidir. Estamos aplicando, como
dije el otro día, tornillos que valen 20 o 25 pesetas --no se
ha nacionalizado esa
producción--, cuando aquí valen entre cinco y siete pesetas, o
la transferencia entre agencias interiores, o el cambio en
pesetas y yenes que es siempre perjudicial para las cuentas
financieras de la empresa.
El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, le ruego concluya.
El señor ALCARAZ MASATS: Termino, señor Presidente.
Nosotros pedimos que se mantenga el empleo actual. El grito de
hoy en la huelga general es: 2.400, ni uno menos. Y es
posible, es posible si interviene la Administración, como he
dicho anteriormente. Pedimos un plan integral complementario
de saneamiento de las empresas auxiliares. Son muchas y
emplean también a unos 2.500 trabajadores y trabajadoras.
Finalmente, pedimos que el Gobierno promueva, con urgencia,
una reunión bilateral al máximo nivel entre el Estado español
y el Estado japonés para discutir, a la luz de la política
comercial y a cualquier otra luz, la problemática que estamos
atravesando; que se promueva desde el Gobierno este diálogo
porque es posible y, desde la dignidad que requiere superar la
situación de tenebrismo de los contactos anteriores durante
cuatro meses, es preciso, es necesario, creemos,
absolutamente.
Termino, señor Presidnete. Nosotros, desde ese punto de vista,
no podemos aceptar propuestas que nos hablen de viabilidad en
abstracto, de mantenimiento de la actividad en abstracto; no
podemos aceptar propuestas que no vayan al plan industrial,
que no partan del laudo; no podemos aceptar propuestas que se
basan en la reforma radical del mercado laboral, que se ha
hecho con efectos no calculados en algunos casos, que están
aprovechando ahora la Gillette y Santana Motor. Precisamente
la aprobación de la reforma del mercado laboral es lo que ha
hecho que levanten el vuelo de improviso, y seguirán
levantando el vuelo
multinacionales. No podemos aprobar una serie de cuestiones
que se plantean, que son abstractas y que no se
corresponden...
El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, le ruego concluya.
El señor ALCARAZ MASATS: Termino, señor Presidente.
Repito que no se corresponden con lo que ha aprobado el
Ayuntamiento de Linares y el resto de los ayuntamientos de la
zona, de mayoría socialista.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
Para defender la enmienda presentada a esta moción y fijar la
posición del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Martín Mesa.
El señor MARTIN MESA: Señor Presidente, señoras y señores
diputados, quisiera contribuir con mi intervención desde esta
tribuna a establecer un clima de diálogo sosegado, racional y
constructivo, y ello de cara a poder alcanzar puntos de
encuentro dentro de las legítimas discrepancias, es lógico, y
ser capaces esta tarde de aprobar aquí una resolución, con el
máximo consenso posible, que propicie, por una parte, el
acercamiento entre las partes, Suzuki y el Comité de Empresa
de Santana Motor, con la colaboración e intervención de las
administraciones públicas, Ministerio de Industria y Junta de
Andalucía, de forma que se permita --y esto es lo esencial--
el mantenimiento de Santana Motor como empresa fabricante de
automóviles, con capacidad industrial, financiera, tecnológica
y comercial propia; y, en segundo lugar, el mantenimiento de
la actual estructura
industrial de la comarca de Linares, así como la instalación
de nuevas empresas que permitan recuperar el tradicional nivel
de industrialización de la zona. Estos, señorías, son los dos
objetivos básicos: mantener Santana Motor, mantener el nivel
de actividad industrial de Linares y su comarca. A partir de
estas premisas, se pueden realizar cuantos cantos al sol se
quiera, sobre el supuesto genocidio industrial del que
habitualmente habla el señor Alcaraz, sobre los rasgos de la
existente o inexistente política industrial del Gobierno,
sobre el desierto industrial, etcétera. Pero, señor Alcaraz,
permítame que le diga que a través de descalificaciones, de
voces altisonantes, de enardecimiento de ánimos, de insultos,
de
improperios o de desplantes no se va a resolver el gravísimo
problema económico, social y político que en estas fechas
tiene la provincia de Jaén y más concretamente Linares. Desde
luego, con el debate que usted propició el pasado día 9, con
ocasión de la interpelación urgente, no se contribuye a
arrojar luz para la resolución del problema, sino, muy al
contrario, a alimentar los demonios de la discordia. El pueblo
de Linares está demostrando un comportamiento ejemplar en
cuantas movilizaciones está protagonizando. Tomemos nosotros
aquí buena nota de ello, contribuyamos con este debate a
calmar los ánimos y, sobre todo, a propiciar vías de solución.
Señor Presidente, me voy a centrar, porque creo que es lo
importante a partir de este momento, en tres bloques
esenciales. Por una parte --y brevemente--, analizar la crisis
de Santana y analizar la situación que genera en la economía y
en el empleo de la comarca de Linares y en toda la provincia
de Jaén. En segundo término, esbozar muy brevemente las
características de la crisis generalizada del sector de
automoción y, particularmente, de Santana Motor, y en tercer
lugar, exponer la naturaleza de la enmienda de sustitución que
el Grupo Socialista presenta a la moción de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya.
Respecto al primer bloque, señoras y señores Diputados, la
crisis de Santana, aunque enmarcada dentro de una crisis
general del sector de la automoción, que afecta a este sector
en todo el mundo, reviste unas características especiales por
la enorme repercusión que tiene en la economía de la comarca
de Linares y en toda una provincia: la de Jaén. Basten algunas
cifras para corroborar estas afirmaciones. Señorías, Santana
representa el 65 por ciento del empleo industrial de Linares;
el 70 por ciento de la renta industrial del municipio; el 12
por ciento del empleo industrial de la provincia de Jaén; el
14 por ciento de la renta industrial de la provincia. Pero,
ítem más, Santana representa el 20 por ciento de la renta de
Linares o el 2 por ciento de la renta de la provincia de Jaén.
Estas cifras por sí solas ya son representativas, y no
requieren ningún comentario adicional, de los gravísimos
efectos directos de la crisis de Santana.
A estos efectos directos habría que añadir los efectos
indirectos derivados, lógicamente, de las relaciones de
dependencia que existen entre Santana y un total de 31
empresas jienenses suministradoras de componentes, de
conjuntos funcionales y de productos y servicios auxiliares;
empresas que en su conjunto dan empleo a más de 2.000
trabajadores, siendo, indudablemente --yo no me voy a detener
en ello--, la influencia que la actividad de Santana
representa para todas ellas.
Pero es que, además de los efectos directos e indirectos, dada
la capacidad de arrastre de Santana, cabe hablar también de
efectos inducidos. Baste un sólo dato: las remuneraciones de
los trabajadores de Santana se pueden cuantificar,
aproximadamente, en 12.500 millones de pesetas, de las cuales
se derivan un consumo privado de 9.150 millones de pesetas,
dada la propensión media al consumo que se deriva de la
contabilidad provincial. Pues bien, esto tiene unas lógicas e
implícitas repercusiones en el comercio, en la alimentación,
en el textil, en el equipamiento de hogar, en la construcción,
en la hostelería, etcétera. Señorías, no voy a insistir en
esta línea. La crisis de Santana, con estas implicaciones
territoriales, permítanme que les diga, no es una crisis
cualquiera. No obstante, la crisis de Santana Motor sí que se
enmarca claramente en el contexto de una crisis industrial
general y particular del sector de la automoción. El señor
Ministro de Industria y Energía nos recordaba, el pasado día
9, durante su intervención en el Pleno, algunas de las cifras
clave de la crisis por la que atraviesa la empresa: fondos
propios negativos por valor de 3.400 millones de pesetas;
pérdidas del ejercicio de 1993, por 4.809 millones o
endeudamiento a corto plazo equivalente al 87 por ciento del
pasivo total, datos todos ellos referidos a 31 de diciembre de
1993. Puesto que estas informaciones fueron expuestas muy
claramente por el Ministro de Industria y Energía, señor
Eguiagaray, y aunque he querido recordar las más
significativas, les remito al «Diario de Sesiones» del
miércoles 9 de marzo. Ahora bien, existe todo un proceso de
reestructuración en la industria del automóvil, a nivel
comunitario y a nivel español, del que obviamente no se está
escapando la industria española ni tampoco Santana Motor:
Caída generalizada de las ventas, proceso de cambio
estructural en el sector de componentes, introducción de
nuevas tecnologías con la consiguiente reducción de
plantillas, nuevas técnicas de organización y gestión de las
empresas del sector, adopción de técnicas de producción
flexibles que fueron inicialmente puestas en práctica por
Toyota y que después fueron adoptadas por la generalidad de
las industrias del sector, o bien la reorganización de los
procesos productivos en torno al sistema «just in time», cuyo
principio básico es la reducción de los «stocks», tanto de
componentes como de productos finales, sobre la base de una
implicación de los trabajadores en la resolución de los
problemas, etcétera.
No es mi intención, señor Presidente, consumir el tiempo de mi
intervención exponiendo los rasgos del proceso de
reestructuración del sector automovilístico, por lo que me
centraré en estos minutos finales en la naturaleza de las
enmiendas de sustitución que proponemos a la moción de
Izquierda Unida, y cómo no, en dejar claramente expuesta la
posición del Grupo Socialista en torno a la crisis de Santana
Motor.
Señoras y señores Diputados, debo manifestar, en primer lugar,
nuestro absoluto rechazo --y subrayo lo de rechazo-- a la
propuesta realizada por la empresa a los
trabajadores el pasado día 15 y concretada en el expediente de
regulación de empleo del día 18; y ello sencillamente porque
la reducción de plantilla propuesta nos parece inaceptable y
rechazable. En segundo lugar, creemos que se deben continuar
realizando cuantas gestiones sean necesarias para asegurar el
mantenimiento de Santana Motor como empresa fabricante de
automóviles con capacidad industrial, tecnológica, comercial y
financiera propias. En tercer lugar, creemos que es
indispensable que se lleve a cabo una verdadera negociación
entre Suzuki, el Comité de Empresa de Santana, la Junta de
Andalucía y los Ministerios de Industria y de Trabajo para la
elaboración de un plan de viabilidad que garantice el máximo
nivel de producción y empleo, tanto en Santana como en el
conjunto de las empresas auxiliares y de componentes. En
cuarto lugar, creemos esencial aplicar, de acuerdo con las
previsiones legales, los fondos públicos que sean necesarios
para apoyar proyectos de inversión que garanticen el
mantenimiento del nivel de industrialización de Linares, tanto
en lo que afecta a Santana como a las empresas auxiliares y de
componentes. En quinto lugar, habrán de ponerse en marcha los
mecanismos legales y financieros (comunitarios, estatales,
autonómicos y de cualquier otro tipo) para la creación de un
parque industrial en Linares, así como incentivos
suficientes que garanticen, por una parte, el mantenimiento de
la actual estructura industrial, y por otra, la instalación de
nuevas empresas industriales que permitan recuperar --creo que
esto es importante-- el tradicional nivel de industrialización
de la comarca de Linares.
Estas son, señor Presidente, señoras y señores Diputados, las
coordenadas que, a nuestro juicio, deben marcar la posible
resolución de la crisis industrial que afecta a Linares.
Para terminar, quería decir al señor Alcaraz que en absoluto
compartimos la filosofía expuesta en la moción, y reiterada en
su intervención, de una empresa pública socializadora de las
pérdidas del sector privado. Señores de Izquierda Unida, la
subsidiariedad, la socialización de pérdidas y el servicio a
la autarquía nacional eran principios inspiradores de la
empresa pública industrial española que pertenecen al pasado,
y permítame que le diga que bien olvidados están. Santana,
Linares y Jaén exigen una solución, pero una verdadera
solución.
Usted, señor Alcaraz, utilizó ayer en Jaén un amplio catálogo
de insultos dirigidos al Presidente del Gobierno, al
Presidente de la Junta de Andalucía, al Ministro de Industria
y al Consejero de Economía, cuyo tenor, por decoro y respeto a
esta Cámara, no voy a reproducir aquí. Señor Alcaraz, así no
se resuelve la crisis de Santana, así no se resuelve la crisis
de Linares; lo que ustedes pretenden es rentabilizar
políticamente la misma bajo la máxima perversa de cuanto peor,
mejor. De cualquier forma, de no aceptar las enmiendas, y
puesto que tienen la llave
reglamentaria para que hoy aquí no se apruebe nada, le anuncio
que nuestro Grupo va a presentar de forma inmediata una
proposición no de ley, porque el Grupo Socialista, señor
Alcaraz, lo que quiere es contribuir a resolver la crisis de
Linares por encima de todo.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos del
Grupo Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín Mesa.
Para defender la enmienda presentada por el Grupo Popular y
fijar la posición del mismo en relación con esta moción,
tienen la palabra el señor Puche.
El señor PUCHE RODRIGUEZ-ACOSTA: Señor Presidente, señorías,
nosotros no vamos hoy a insistir una vez más acerca de la
enorme importancia y la enorme trascendencia social, política
y
económica que tiene la crisis de Santana Motor; y no vamos a
hacerlo porque ya tuvimos ocasión de manifestarlo ampliamente
con motivo de la interpelación en el Pleno pasado, que dio
precisamente origen a esta moción que enmendamos de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. Sin embargo, señorías, si no
queremos insistir en esta importancia y en esta enorme
trascendencia de esta crisis, nosotros esta tarde aquí sí
queremos hacer un acopio de verdadero realismo, para que
podamos llegar a entender entre todos, de alguna manera, la
enorme crisis de Santana Motor. Lo que más le interesa al
Grupo Popular esta tarde es que podamos llegar a puntos de
coincidencia entre todos para que todos los Grupos
parlamentarios podamos encontrar esa causa o esa vía de
exigencia común, a fin de que el Gobierno considere
acertadamente la identidad de la crisis.
En este sentido, señorías, y respecto, como digo, de la moción
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, bajo ningún
concepto podemos compartir la filosofía que subyace en su
planteamiento; y no podemos compartir la filosofía de
Izquierda Unida porque no coincide desde ningún punto de vista
con nuestro pensamiento ni coincide, desde luego, señor
Alcaraz, evidentemente, con nuestra política industrial, tan
alejada de esas intervenciones del Estado, tan alejada de las
participaciones, de las adquisiciones directas de las empresas
y, por tanto, del accionariado. Yo desearía que el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, su Grupo Parlamentario,
señor Alcaraz, e incluso me atrevería a decir que algunas
organizaciones sindicales que van postulando --
extemporáneamente, desde mi punto de vista-- esas
intervenciones directas del Estado y la adquisición --sin duda
ninguna, con buena fe-- de paquetes accionariales,
comprendieran, y que comprendiera usted esta tarde, que desde
luego esa no es la mejor vía, no es el mejor camino para
solucionar la crisis de una empresa. Cuando una empresa se
encuentra en crisis,
nosotros entendemos que el mejor sistema no es ni mucho menos
la nacionalización, no es ni mucho menos mandarla al sector
público; nosotros entendemos que, cuando una empresa está en
crisis, la mejor solución es buscar fórmulas, buscar vías de
viabilidad, valga la redundancia, y desde luego, señor
Alcaraz, está claro que la viabilidad no está solamente ligada
a la productividad. La viabilidad está ligada no solamente al
volumen de la plantilla, sino también a las ventas y, sin duda
alguna, a la producción, según las condiciones del mercado.
Señorías, nosotros consideramos que la magnitud de la crisis a
la que hacía referencia en la fijación de posiciones en cuanto
a la interpelación, igual que digo hoy en la moción que
presenta Izquierda Unida; la magnitud, como digo, de esta
importante crisis nos obliga --y creo que nos obliga a todos
los Grupos Parlamentarios esta tarde aquí-- al entendimiento,
a alejarnos de filosofías, a buscar soluciones, a superar la
crisis, a intentar entre todos salvar el mayor número posible
de puestos de trabajo, y desde luego, señorías, nos obliga a
que entre todos intentemos conseguir la supervivencia de la
empresa Santana Motor para poder recomponer ese tejido
industrial tan importante para la provincia y para Andalucía
en el mismo momento en que pase la tormenta; pero desde luego
considero, señor Alcaraz, que no sería prudente esta tarde que
en el Congreso de los Diputados se mantuviesen posturas
cerradas simplemente por razón de
silogismos.
Por eso, los objetivos fundamentales de nuestras enmiendas a
esta moción son fundamentalmente dos: en principio mantener,
considerar, e incluso garantizar y consolidar a Santana Motor
como fabricante de automóviles, garantizando su
competitividad, así como potenciar una serie de nuevas
iniciativas empresariales, alrededor de esa empresa, que
permitan, en definitiva, una constitución de ese tejido
industrial y la posibilidad de crear nuevos puestos de
trabajo.
Por otro lado, señor Alcaraz, la puesta en marcha de una nueva
política industrial que vaya dirigida también, señor Ministro,
a la organización y fundamentalmente orientada al sector de la
automoción y de su industria auxiliar para evitar que
desaparezcan esas empresas pequeñas, medianas y grandes del
sector de la automoción, del sector, incluso, auxiliar que tan
importante papel han venido desempeñando en los últimos
tiempos. Siendo esos los objetivos fundamentales de las
enmiendas que presenta el Grupo Popular a la moción de
Izquierda Unida, vamos, a continuación, a explicar a la Cámara
cuál es la filosofía de estas enmiendas y el objetivo
fundamental que nosotros
perseguimos con ellas; enmiendas, como digo, que se basan en
los siguientes argumentos, razones y justificaciones. En
primer lugar, nosotros entendemos que la generalización de la
crisis del sector de la automoción, y, evidentemente, la que
se deriva para todo el sector que soporta a la misma, pudiera
hacernos pensar acertadamente que no se permite la casuística
discriminatoria sino que, más bien, debiéramos de atender a
todo el sector en su conjunto. Estas son palabras que se
oyeron en la interpelación y que se han oído aquí esta tarde,
habida cuenta, sin duda alguna, de que estamos hablando de más
de 300.000 puestos de trabajo inducido y, además, de la enorme
cantidad de puestos de trabajo de las propias empresas
constructoras. Siendo cierto, asimismo, que todas las empresas
--y eso lo compartimos-- tienen igual derecho a la ayuda
gubernamental, nosotros consideramos que, sin caer en
localismos, sin caer en provincialismos, estamos obligados
esta tarde aquí (dada la naturaleza del problema, que ya se ha
generado en la provincia de Jaén y en Andalucía, y el que se
pueda generar, así como de la zona de la que estamos hablando,
una zona atrasada respecto a España y a Andalucía) a solicitar
ayudas superiores a las que se han producido en otras zonas
del país en crisis análogas a la nuestra, considerando y
comprendiendo también que todas las ayudas gubernamentales son
necesarias para todas las empresas. En segundo lugar, nosotros
consideramos que la política económica que ha venido siguiendo
el Gobierno durante los últimos tiempos no ha permitido la
creación de un marco competitivo y estable en el que se
hubiesen podido desarrollar adecuadamente las empresas
industriales. Es más, incluso se ha dicho aquí varias veces,
por parte del portavoz de Economía de mi Grupo, que esas
causas son las que más negativamente han influido en el sector
industrial. Y no
solamente en el sector industrial, que es el que más
competencia recibe del exterior, sino en aquellos sectores que
compiten en las exportaciones.
En cualquier caso, nosotros consideramos que Santana Motor es
un claro ejemplo de cuál ha sido la política económica del
Gobierno, y de cómo se ha impedido a las empresas industriales
funcionar dentro de ese marco general de la política
económica,
caracterizada durante los últimos años, señoría, por un
déficit presupuestario alarmante, caracterizado por unos
elevados tipos de interés, por una sobrevaloración de los
tipos de cambio hasta la devaluación, por unas fiscalidades
estimulantes y, desde luego, por una reforma o por un mercado
de trabajo, mejor dicho, heredado del régimen anterior que
ahora estamos reformando y que lo estamos haciendo, por cierto
muy detenidamente.
Nosotros consideramos que, a la vista de esa política
económica, sería necesario y urgente la puesta en marcha y el
diseño con carácter de urgencia de un nuevo modelo, de una
nueva política industrial que permita el desarrollo y
garantice la
competitividad no solamente de Santana Motor, sino también de
sus industrias auxiliares, no sólo de tipo general, sino
también de Santana Motor. Y, cómo no, también la puesta en
marcha con carácter de urgencia de un modelo de financiación
que, compatibilizando incluso la normativa europea, nos
permita mantener los niveles de competitividad de la empresa
Santana Motor, los niveles de competitividad de la industria
del motor y los niveles de competitividad de las industrias
auxiliares, para cuando la coyuntura económica, como digo, sea
bastante más favorable.
En tercer lugar, también creemos que deben basarse nuestras
enmiendas en el sentido de mantener la industria auxiliar del
automóvil, y para eso entendemos que deben tomarse una serie
de medidas coherentes que permitan favorecer la salida de la
crisis del sector, pero que lo hagan armónicamente basadas en
la propia realidad de España. Estamos hablando de la
superviviencia, como digo, y del mantenimiento de la industria
auxiliar del automóvil, incluso de medidas que trascenderían
esta tarde a la propia crisis de Santa Motor; es decir,
estamos hablando de aquellas medidas que favorecen la
investigación y el desarrollo; estamos hablando de medidas que
hagan aportación tecnológica; estamos, en definitiva, hablando
de medidas que permitan multiplicar el tejido industrial de
nuestro país. En cuarto lugar, señorías, nosotros entendemos
básicamente que tenemos que tutelar la industria auxiliar
española, y tenemos que hacerlo potenciando su exportación
hacia aquellos sectores, incluso me atrevería a decir hacia
aquellos países que son fabricantes de automóviles dependiendo
de nosotros; es decir, reduciendo nuestra propia dependencia
con el exterior. No en vano, señorías, este sector
precisamente no ha recibido ninguna ayuda gubernamental; este
sector, señorías, no ha recibido ni siquiera la consideración
de las Administraciones públicas. Es por eso que nosotros
entendemos que la fiscalidad ha sido precisamente una de las
causas
fundamentales del decrecimiento de las ventas en España, a
diferencia de lo que ocurre en Inglaterra, que una
desgravación fiscal les ha permitido ser posiblemente la
expcepción en Europa, aumentando en más de un 12 por ciento
las ventas durante el año 1993.
El señor PRESIDENTE: Le ruego concluya.
El señor PUCHE RODRIGUEZ-ACOSTA: Concluyo con la quinta razón
por la que nosotros entendemos que teníamos que enmendar la
moción que se presentaba esta tarde por parte de Izquierda
Unida. En ese sentido para nosotros sería un sarcasmo vincular
la desaparición de la industria del motor y de la industria
auxiliar a la sola rigidez del mercado laboral, cuando desde
nuestro punto de vista eso no puede asegurarse, no es la causa
exclusiva, sino que hay muchísimas más.
Señorías, la flexibilidad del mercado de trabajo es una
condición necesaria, pero no suficiente. Lo que sí está claro
es que se ha perdido la gran oportunidad de haber hecho la
reforma laboral en épocas de buena coyuntura económica y no,
lamentablemente, tener que hacerla en tiempos que son
dramáticos para los trabajadores y para sus propias familias.
Creo que se han hecho demasiados experimentos en España --y
éste es uno más-- con champán cuando debiéramos haberlos hecho
con gaseosa. En cualquier caso, creo sinceramente que España
está perdiendo aliciente y, desde luego no reúne las
condiciones mínimas para seguir atrayendo capitales foráneos a
nuestro país.
No voy a proceder, dada la premura del tiempo, a la lectura de
esas enmiendas, puesto que mi intervención se ha basado en la
filosofía fundamental de las enmiendas del Grupo Popular; es
decir, el rechazo de esa filosofía que subyacía en el
planteamiento de Izquierda Unida, la nacionalización y la
intervención directa de las empresas, etcétera. En cualquier
caso, señor Alcaraz, éstas son unas enmiendas que van
dirigidas al desarrollo, a la potenciación y a garantizar la
continuación de la empresa Santana Motor y su viabilidad. En
definitiva, señorías, yo espero que sean apoyadas por
Izquierda Unida y por el resto de los grupos de la Cámara. Si
así no fuera, señor Alcaraz, nos reservaremos, por supuesto,
los trámites
reglamentarios para poder presentan cualquier otra iniciativa
en esta Cámara.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Puche.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), para defender la
enmienda presentada y fijar la posición de este grupo, tiene
la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor Presidente.
Sean las primeras palabras de mi intervención para exponer a
la Cámara la preocupación del Grupo de Convergència i Unió por
los sucesos ocurridos en la población de Linares y en toda la
provincia de Jaén por la situación en que se encuentran una
parte importante de los trabajadores de Linares afectados por
la crisis de la empresa «Santana Motor» y otras empresas
auxiliares relacionadas con el sector del automóvil.
Ya dije en la intervención de la pasada semana, en
contestación a la interpelación que presentó el Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que nuestra posición
de cara a la moción que presentaría dicho grupo, estaría
condicionada en función de las coordenadas que interpretara
dicho Grupo. Ya anunciamos que todas las orientaciones y
mecanismos que fueran encaminados a buscar una solución para
dicha empresa y para solventar la crisis del sector del
automóvil estarían en función de la moción y de la
interpelación que nuestro Grupo de Convergència i Unió
presentó para
solucionar la grave crisis que en su momento afectó y que
sigue afectando a la empresa SEAT-Volkswagen.
Hemos presentado una enmienda a la totalidad de la moción de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya porque entendemos que
la solución que propone dicho grupo va encaminada a un sector
totalmente diferente del que propusimos en la moción de la
empresa SEAT-Volkswagen. Por eso proponemos una enmienda a la
totalidad encaminada a orientar la solución de dicha empresa
en dos factores fundamentales. En el caso de que se produzca
un plan de reestructuración de dicha empresa, tendría que
existir un soporte importante de todas las administraciones
afectadas para intentar resolver situaciones de jubilaciones
anticipadas y situaciones de desempleo. También entendemos que
por parte de las administraciones implicadas, tanto la central
como la autonómica, sería muy interesante que se pudieran
destinar todas aquellas ayudas económicas necesarias y
suficientes para intentar superar la actual crisis y la
recolocación de los trabajadores de dicho sector.
Es importante impulsar a las administraciones
correspondientes, tanto la central como la autonómica, en la
búsqueda de soluciones para intentar paliar tan grave
situación. Cuando la semana pasada intervino el Ministro en la
presentación de la interpelación de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, entendimos que el Gobierno estaba dispuesto a
colaborar en la búsqueda de nuevos socios, en el caso de que
no se encontrara una solución con los actuales socios
japoneses de Suzuki. Entendimos también que era interesante
buscar el máximo de ayudas económicas por parte del grupo
japonés, pero que por parte del Gobierno se harían también
todos los esfuerzos posibles para mantener el máximo de empleo
dentro de la compañía «Santana Motor», dadas las expectativas
económicas por las que está atravesando dicho sector. Es
interesante mantener el máximo empleo posible, atendiendo a
dicha actividad empresarial.
Convergència i Unió, en su enmienda a la totalidad a esta
moción no ha incorporado dos temas fundamentales que se
aprobaron cuando presentamos la moción para SEAT-Volkswagen,
pero pensamos que sería aceptable para solventar la grave
crisis que está
padeciendo la empresa de «Santana Motor». En aquel pleno se
aprobaron dos cuestiones importantísimas: establecer unas
líneas de política industrial orientadas al sector del
automóvil y a las empresas auxiliares en general que también
se podía aplicar en este contexto. Seguramente el Gobierno ya
estará elaborando dicho plan y dichas líneas fundamentales.
Creemos que vale la pena insistir sobre esta situación.
También planteábamos otro aspecto importante que fue aprobado
cuando presentamos la moción, que era apoyar todos aquellos
centros de investigación y desa-rrollo para fomentar la
competitividad de dichas empresas y fomentar también el diseño
de las mismas.
Por tanto, caso de que no aceptaran la enmienda a la totalidad
no podríamos votar la moción que ha presentado Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. Creemos que urge crear un
clima de diálogo social moderado entre las partes implicadas
para intentar paliar este grave problema, que ya le he dicho
anteriormente que preocupaba muchísimo a nuestro Grupo de
Convergència i Unió. Muchas gracias, señor Presidente, señoras
y señores Diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez i Llibre.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor González
Lizondo.
El señor GONZALEZ LIZONDO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, vaya en principio que desde Unión Valenciana
lamentamos los desgraciados sucesos ocurridos estos días atrás
y también la lamentable situación en la que se encuentra
Santana, la población de Linares e inclusive toda la provincia
de Jaén.
La mayoría de sus razonamientos los avalo y creo que tiene
usted mucha razón. Hoy contemplamos un nuevo fracaso de la
política económica del Partido Socialista, pero, naturalmente,
ustedes, como fuerza política, también son corresponsables en
una gran parte de lo que ha sucedido. El Partido Socialista e
Izquierda Unida no han sabido, los unos en el gobierno y los
otros desde la oposición, intentar dirigir este país como se
debía y hoy estamos asistiendo aquí a una sesión en la que la
demagogia es una parte importante de casi todas las
actuaciones que se han desarrollado. Ya he dicho que lamento y
mucho la situación de Santana, que pretendo y quiero que se
pongan las soluciones, pero estamos aquí hablando de un suceso
olvidando lo que está
sucediendo no solamente en Andalucía, sino también en el resto
de España y en otros sectores donde, naturalmente, la
televisión no aparece, pero donde se están generando bastante
más cantidad de pérdidas de puestos de trabajo, de industrias
privadas, de pequeñas y medianas empresas que están todos los
días perdiendo inclusive su patrimonio. Puedo hablar con
números concretos de prácticamente las doscientas empresas que
dentro de la Comunidad Valenciana hicieron suspensión de pago
o quiebra en 1993 y en el primer trimestre de 1994 llevamos
prácticamente un centenar de empresas en la misma situación,
con una industria...
El señor PRESIDENTE: Señor González Lizondo, recuerdo a S.S.
que el turno es para fijar posición en relación
con la moción presentada por el grupo de Izquierda Unida.
El señor GONZALEZ LIZONDO: Eso es lo que intento, señor
Presidente, buscando los argumentos que razonan mi toma de
posición; si no sé hacerlo mejor, le ruego me disculpe, pero
es la única manera que sé hacerlo. Intentaré ceñirme lo más
posible, señor Presidente. Gracias, no obstante.
Como decía, la toma de posición la estamos haciendo. Estamos
en que hay que favorecer, pero, naturalmente, hay que
denunciar al mismo tiempo lo que está sucediendo y, señores de
Izquierda Unida, deben ustedes de aceptar algunas de las
enmiendas que se les están ofreciendo, y concretamente me voy
a referir a la presentada por el Grupo Catalán (Convergència i
Unió), de la que participo también y que creo que deben
ustedes de aceptarla. Si es cierto que se quiere ayudar y no
se está haciendo única y exclusivamente demagogia, ahora
tienen ustedes la oportunidad de hacerlo, pero no juguemos con
una cosa tan importante como es el trabajo para plantear aquí
exclusivamente temas que pueden ser interesantes o importantes
con vistas a unas próximas elecciones. Creo que el fracaso del
Gobierno es total, pero, vuelvo a repetir, ustedes también
tienen una parte de culpa y espero que entre todos seamos
capaces de darnos cuenta de que la cultura del pelotazo a la
que se nos ha sometido en los últimos años viene a que
naturalmente sucedan parte de estas cosas que van muy
relacionadas con el cierre de empresas que no tenían por qué
haberlo hecho. Como es posible que yo también esté pasándome a
la demagogia, mejor es que rápidamente termine y anuncie que,
de acuerdo con la postura de Izquierda Unida, según las
enmiendas que acepten, fijaremos definitivamente nuestro voto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González Lizondo.
Para expresar la aceptación o rechazo de las enmiendas
defendidas, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor Presidente, si me permite, en
principio, una cuestión de orden...
El señor PRESIDENTE: Si es una cuestión de orden,
indiscutiblemente se la permito.
El señor ALCARAZ MASATS: Rigurosamente de orden, en el sentido
de que, dada la importancia del tema, y puesto que en lugar de
hacer la defensa de las enmiendas se han referido
fundamentalmente a la intervención de este Diputado, quisiera
pedir un turno brevísimo de puntualizaciones.El señor
PRESIDENTE: No, señor Alcaraz. Casi todos los temas, por no
decir todos, que se incluyen en el orden del día son
importantes. Su señoría ha hecho el uso que ha considerado
conveniente y la Presidencia le ha llamado la atención sobre
el uso que estaba haciendo en el turno de defensa de la
moción; los restantes portavoces han hecho lo procedente, han
hecho el uso que han creído conveniente de los turnos de la
moción.
Le ruego que se atenga a expresar la aceptación o rechazo de
las enmiendas defendidas.
El señor ALCARAZ MASATS: Sí, señor Presidente. Tenga en cuenta
que son muchas enmiendas. ¿Me permite, entonces, también
brevísimamente, poder redondear un poco el rechazo que pienso
hacer?
El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, sabe lo que le estoy
diciendo, y no intente soslayar lo que son las exigencias de
este trámite. Aténgase a expresar la aceptación o rechazo de
las enmiendas.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor Presidente, pensamos que las
enmiendas que se nos plantean, en númerobastante voluminoso,
reproducen, tanto en el PP como en el PSOE, la misma filosofía
de fondo, cosa que entendemos en el caso del PP, pero no en el
caso del PSOE.
Por tanto, desde esa filosofía contradictoria, como siempre,
desde el respeto personal --hablar de cobardía o deslealtad
política no es un insulto--, nosotros, señor Presidente --sólo
puede perder el respeto personal quien no es un demócrata--,
no podemos aceptar esa filosofía de fondo que une en este caso
al PSOE y al Partido Popular.
Saludamos que otros portavoces hayan iniciado su intervención
hablando de que sienten lo que ha pasado en Linares-Baeza, en
una situación de orden público; por lo menos han demostrado
esa sensibilidad, con una filosofía que concuerda con lo que
he dicho anteriormente, pero con mayor sensibilidad política y
social. Por tanto, señor Presidente, hemos defendido --y
termino--nuestra moción apoyándonos en los casos de Holanda,
de la Baja Sajonia, de Francia. Aquí se nos ha dicho de todo,
no se nos ha insultado; no voy a caer en victimismos de ningún
tipo, pero mantenemos nuestra posición, que es la del
Ayuntamiento de Linares, es la posición de los trabajadores y
de los sindicatos en una nueva fase a partir de esa posición
concreta que aquí vamos a adoptar.
Señor Presidente, pido que se vote la moción del Grupo Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. También, por
razones procedimentales, no aceptamos ninguna enmienda. Lo
digo por si algún Grupo pide la votación segregada de alguno
de los puntos. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
Vamos a proceder a la votación. Moción del Grupo Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 302; a favor, 15; en contra, 280; abstenciones,
siete.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
PROYECTOS DE POLITICA GENERAL QUE TIENE EL GOBIERNO RESPECTO A
LA POLITICA HIDROLOGICA EN ESPAÑA (Número de expediente
173/000031)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular, subsiguiente a
interpelación, sobre proyectos de política general que tiene
el Gobierno respecto a la política hidrológica en España.
En nombre del Grupo proponente, tiene la palabra la señora De
Palacio. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la
Presidencia.--Rumores.--Varios señores diputados abandonan el
salón de sesiones.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señorías, ocupen sus
escaños, por favor.
Cuando quiera, señora De Palacio.
La señora DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI: Gracias, señor
Presidente. Señor Presidente, señorías, la semana pasada, en
nombre del Grupo Popular, tuve la responsabilidad de
interpelar al Gobierno sobre el Plan Hidrológico Nacional y la
política de aguas. Esta interpelación se producía de manera
voluntaria, lejos del apasionamiento de una convocatoria
electoral y lejos de la angustia de los meses de verano en que
la dramática sequía que sufren desde hace años algunas
regiones españolas y muy especialmente el Levante aumenta de
manera inevitable el apasionamiento en el debate,
obscureciendo la razón y las razones en una materia como es el
agua que por su condición vital hace más necesario que nunca
huir de demagogias e intentar encontrar soluciones reales y
viables que cuenten con el mayor respaldo posible. A lo largo
de mi intervención critiqué lo que ha sido la gestión del agua
de los distintos gobiernos socialistas durante estos últimos
once años y denuncié, además, los documentos que como
anteproyecto y Memoria del Plan Hidrológico Nacional fueron
presentados a finales de abril ante el Consejo Nacional del
Agua. Para ello utilicé exactamente las afirmaciones de la
propia Memoria del plan, así como diversas alegaciones de
distintos organismos y entidades, entre otros el del propio
Ministerio de Hacienda. Pero hoy de lo que se trata en esa
moción es de conseguir acuerdos, de alcanzar compromisos
responsables por parte de los distintos grupos políticos de
cara a lo que debe ser una política de agua y muy
especialmente de lo que debe ser el instrumento máximo de la
planificación hidrológica según nuestra Ley de aguas.
Señorías, el Plan Hidrológico Nacional es un documento que
todos los grupos, absolutamente todos los grupos de esta
Cámara venimos reclamando con urgencia desde hace años. Sin
embargo, debemos saber todos también que, si bien es
importante disponer cuanto antes de ese instrumento de la
política del agua, no lo es menos, insisto, lo más importante
será conseguir que su calidad, que su rigor, que su contenido
garantice su utilidad y evite de nuevo un tren perdido. Porque
si retraso ha habido desde 1985 hasta la hora de producirse
esta discusión, la responabilidad recae fundamentalmente --y
no puede ser de otra manera-- sobre el Gobierno. No vale
aportar pueriles excusas, como el otro día, sobre si pedir el
aumento de dos meses más para presentar alegaciones puede
compensar nueve años de retraso. Denuncié en su día, la semana
pasada, que el documento presentado ante el Consejo del Agua
en primer lugar no había sido elaborado conforme a la Ley de
Aguas y al Reglamento de planificación hidrológica en el
sentido de que no se había contado con la elaboración conjunta
--y subrayo la palabra conjunta, que aparece expresamente
reflejada en el artículo 43.2 de la Ley de Aguas--, no se
había elaborado conjuntamente ni con el Ministerio de
Industria, ni con el Ministerio de Comercio y Turismo, ni con
el de Economía y Hacienda ni, lo que es todavía mucho peor,
con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, sobre
todo tratándose de la agricultura, 80 por ciento de la demanda
del agua. Digo esto porque los escasos documentos de este
Ministerio que obran en el Ministerio de Obras Públicas --
folio y medio de texto y unos cuantos esquemas en cuanto a
superficies de regadío-- no justifican ni pueden considerarse
una elaboración conjunta. En resumen, señorías, a la hora de
contemplar las demandas a las que trata de dar respuesta
adecuada el Plan Hidrológico, no se ha contado con los
ministerios sectoriales correspondientes y no hay una
evolución lo suficientemente respaldada de estas demandas. El
apartado anterior se refiere al punto primero de la moción del
Grupo Popular y a parte del punto segundo, concretamente, al
punto 2.º b), primer párrafo.
La segunda gran crítica fue referida a las transferencias
desde cuencas excedentarias a cuencas deficitarias, es decir,
el reequilibrio artificial de nuestros desequilibrios
hidrológicos naturales, en una palabra, a los trasvases,
diciendo que no tenían --según se afirmaba en la propia
Memoria del Plan-- los estudios que garantizaran su viabilidad
técnico-económica y, además,
los volúmenes de trasvasar --de los cuales no se conoce
todavía ni cómo, ni cuándo ni a qué precio-- se concederían en
una situación de precario al albur de las decisiones
arbitrarias del omnipontente SIENA. Por otro lado, se crean,
según explica la memoria y recoge el propio texto articulado
del Plan Hidrológico, algunas situaciones inconcebibles, como
es, por ejemplo, amenazar a la zona del Tajo-Segura,
concretamente a la cuenca del Segura, con la posibilidad de
verse privada de los 600 hectómetros cúbicos de concesión de
aguas del Tajo, con los que cuentan en este momento, sin que,
sin embargo, lleguen de verdad las aportaciones de otras
cuencas diferentes. Quiero expresar aquí la profunda inquietud
que existe en esas zonas del Levante español sobre estas
cuestiones.
El tercer aspecto que reflejé en mi intervención hacía
referencia al aspecto económico y financiero del Plan y parte
de la denuncia de la propia Secretaría de Estado de Hacienda.
Según aparece reflejado en sus alegaciones al Plan, se habla
de unos
planteamientos que parten de un esfuerzo presupuestario del
Estado en la financiación del plan difícil de cumplir --y cito
textualmente-- «en un momento de escasez de recursos como el
actual» --fin de la cita--, porque, como señala más adelante
en sus alegaciones la Secretaría de Planificación, el Plan
propuesto --empieza la cita-- «podría convertirse en un
conjunto de obras hidráulicas... sin que llegara a cumplir los
objetivos
fundamentales definidos en la Ley de Aguas». Señor Presidente,
ante estas manifiestas carencias del documento presentado ante
el Consejo Nacional del Agua, ante la necesidad y la
urgencia --y creo que en la urgencia estamos todos de acuerdo-
- de contar cuanto antes con un plan hidrológico capaz de
marcar las líneas de actuación que solucionen los históricos
problemas que la sequía plantea en diversos puntos de nuestra
geografía, no se puede perder más tiempo y hay que actuar
desde ya. Así, el Grupo Popular no ha querido esperar
tranquilamente a que nos fuera remitido al Congreso un texto
de plan hidrológico nacional para hacer entonces sus críticas
y retrasar el procedimiento sino intervenir ahora cuando
todavía estamos hablando de un
anteproyecto, cuando todavía hablamos de documentos
susceptibles de ser modificados y completados de manera
profunda y denunciar ahora las carencias que a todas luces
tienen para que sean corregidas. Pretendemos con ello ganar
tiempo, pretendemos que, cuando por fin el Gobierno remita a
esta Cámara el proyecto del plan hidrológico nacional, podamos
debatir y analizar un
documento que de verdad obedezca a lo que dice la Ley de Aguas
y que así permita que ningún Grupo --y éste es mi deseo, éste
es el deseo del Grupo Popular-- tenga que plantear enmiendas
de devolución al texto presentado, al plan presentado;
enmiendas que, sin embargo, en la situación actual, con el
texto actual, estarían justificadas por las múltiples
insuficiencias señaladas y en aquel momento esas
insuficiencias serían difícilmente superables.
Pedimos, por lo tanto, a esta Cámara un acuerdo de todos los
Grupos en el sentido de buscar un consenso cimentado sobre el
rigor y la razón, el análisis técnico y el estudio económico
que garanticen la viabilidad de un proyecto ambicioso, como es
el de solucionar el histórico problema del agua en España. Eso
pretendemos al solicitar la reelaboración del plan hidrológico
nacional y aquí aprovecho para decir que en nuestra moción se
habla de retirada y de envío de un nuevo plan. Que quede muy
claro. No es cuestión de retirar y de enviar un nuevo plan; de
lo que se trata es que de una manera o de otra se proceda a
una reelaboración, a que se presente un texto que reúna las
condiciones necesarias para que así, incorporando las
previsiones de carácter sectorial como la energética, la
industrial, la de ordenación del territorio y muy
especialmente la agrícola y reclamando un plan agrario de
regadío, podamos discutir en condiciones. Pedimos que cuando
se habla de los trasvases se contemplen las distintas
alternativas y su cuantificación económica. Pedimos, además,
que todas las actuaciones que contemple el plan hidrológico
nacional tengan una financiación seria que las haga factibles
y que contemple la posible
participación del sector privado. Queremos el avance en la
elaboración de los planes de cuenca, un plan de ahorro y de
reutilización del agua, así como un balance de la aplicación
de la Ley de Aguas desde su aprobación en el año 1985 hasta
nuestros días.
Señor Presidente, concluyo. Como he dicho al principio, lo que
se pretende con esta propuesta que se somete hoy a la
consideración de la Cámara es conseguir un plan hidrológico
que desde el rigor y desde la razón pueda obtener el respaldo
de todos los Grupos parlamentarios, de todas las fuerzas
políticas por encima de las demagogias oportunistas, porque no
basta con propuestas cautivadoras y audaces, sino que hacen
falta
soluciones que cuenten con un respaldo técnico y económico que
garantice su viabilidad. Los datos que hasta ahora conocemos
del anteproyecto del Plan Hidrológico Nacional lamentablemente
nos conducen a pronunciar aquella frase referida a otro plan
de obras hidráulicas, también muy ambicioso sobre el papel,
que decía lo siguiente y que repito: «Lo planeado fue mucho,
pero lo estudiado fue poco y ese poco sin los medios de
garantías indispensables». Esta frase la decía Lorenzo Pardo
hace ya unos cuantos años, y precisamente lo que queremos en
este momento es que entre todos demos un mandato al Gobierno,
que es quien tiene la
responsabilidad, que es quien tiene la capacidad técnica para
llevar a cabo las medidas oportunas para que no tengamos que
repetir en esta ocasión aquella frase famosa.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora De
Palacio. A la moción del Grupo Popular se han presentado
varias enmiendas por parte del Grupo Socialista. Para su
defensa tiene la palabra el señor Jerez Colino.
El señor JEREZ COLINO: Señor Presidente, señorías, en
principio, como no podía ser menos, quiero agradecer el tono
de la señora De Palacio, que no cabe duda de que cambia de
manera radical la interpelación que hizo al señor Ministro.
Creo que todo lo que es positivo en el tema del agua, que está
generando grandes esperanzas, como no podía ser de otra
manera, es un tema de Estado por muchas razones, porque el
plan hidrológico nacional puede cambiar muchas de las
situaciones presentes y abrirnos un camino de futuro deseable,
y porque es un plan para 20 años y no cabe duda de que 20 años
necesitan un acuerdo lo más amplio posible para que no pueda
quedarse atascado en ese camino en un momento determinado.
Además, va a tener que ser financiado forzosamente con fondos
de la Comunidad y el que el plan
hidrológico vaya consensuado por la Cámara no cabe duda de que
aumenta su credibilidad y sus posibilidades. Por tanto, desde
ese plano estamos totalmente de acuerdo. No quisiera que se
cambiara ese clima, pero sí es necesario dar respuestas a
algunas de las afirmaciones que se hacen, que yo creo que no
son del todo justas.
Por ejemplo, el retraso del Gobierno. Señoría, no es solamente
que el Grupo Popular aporte la idea de dos o cuatro meses en
el sentido de ampliar el tiempo de alegaciones, sino que no
tenemos que olvidar que por el Grupo Popular, fundamentalmente
en el Senado, se llevaron una serie de enmiendas al Tribunal
Constitucional, con la demora correspondiente que esto supuso.
Yo creo que no es momento de adjudicar la demora a nadie, sino
una necesidad en beneficio de la perfección primero de la ley
y, a continuación, de poder elaborar el plan con todas las
situaciones legales definidas. Por tanto, no creo que sea un
elemento a tener en cuenta sino en función de la prudencia y
del buen hacer del propio trabajo.
La participación de los distintos ministerios sí se ha
producido, señoría, por eso algunos de los ministerios no han
hecho casi alegaciones porque han participado en el trabajo.
Le diré, porque sé que le preocupa de manera especial, que el
Ministerio de Agricultura sí que ha participado en los
trabajos del plan hidrológico nacional.
Respecto al Tajo-Segura y su inseguridad de aportaciones, el
tema de los excedentes de un río en cabecera, como el Tajo-
Segura, se debe más a un error de la construcción de ese
conjunto de trasvase que a una voluntad o diferencias de
opinión en
determinados momentos. La definición de excedentes o no muchas
veces es el caballo de batalla cuando no hay precisión en la
ley. Por tanto, entiendo que ese problema que crea
incertidumbres en la región murciana, como usted conoce, y que
crea determinados posicionamientos en Castilla-La Mancha se
debe a imprecisiones que es necesario resolver para que Murcia
tenga el agua que necesita y Castilla-La Mancha tenga también
el agua que necesita. Y el plan hidrológico contempla esa
posibilidad. Me alegra oírle hablar de la urgencia del plan
hidrológico, la necesidad de un tiempo como éste, con
serenidad, que nos permita estudiar a fondo un plan que va a
influir prácticamente en todos los rincones de España y que
tiene necesidad de equilibrar los territorios de este país y
solventar muchos de los problemas medioambientales, muchos
problemas de mentalización cultural para llegar a un ahorro
del agua y a una mejora importante en la calidad del producto.
No olvidemos que, a pesar de muchas acusaciones, el plan
hidrológico nacional es fundamentalmente de mejora de la
calidad del agua y del ahorro, Decimos esto porque, en el
primer avance, cerca de dos tercios del presupuesto global se
dedican a este interés. No cabe duda de que hay que reconocer
que los trasvases, en una situación muy desequilibrada desde
el punto de vista hídrico, son absolutamente imprescindibles,
guardando unas determinada condiciones como, por ejemplo,
definir muy claramente cuándo una cuenca es excedentaria y
cuándo no. Por tanto, me alegra ese sentido de su señoría.
Decíamos que es un problema de Estado, pero además es que está
en un momento procesal importante. Está llegando a la
permanente del Consejo Nacional del Agua y llega --como conoce
S.S.-- con 65 enmiendas, que suponen del orden de 1.209
propuestas, y después pasará al pleno. Además de todo eso,
precisamente todos los proyectos de directrices de los planes
hidrológicos, los nueve que dependen del Ministerio, están en
estos momentos ultimados prácticamente por unanimidad y han
incorporado cosas muy interesantes que es necesario que el
plan hidrológico nacional, como coordinador de los distintos
planes hidrológicos de cuenca, tenga en consideración. Por
tanto, estamos en un momento interesante del elemento
procesal, que va a culminar con la llegada aquí, a la Cámara,
para que ésta sea en última instancia, junto con el Senado, la
que defina esta ley de Plan Hidrológico Nacional. Por ello
creo --y me parece importante--que al hablar de retirada en
estos momentos se intenta iniciar un proceso cuando buena
parte de las regiones de nuestro país están esperando, yo
diría como agua de mayo, que el plan
hidrológico culmine definitivamente su proceso. Por eso al
Grupo Socialista, consciente de que esto se produce así,
consciente de que hay que unificar el lenguaje de todos para
no encontrarnos con problemas distintos en regiones distintas
y con opciones políticas distintas, le parece que su postura
de esta tarde es perfectamente asumible.
En esa idea de que es un problema de Estado, en esa idea de
que esta moción puede ser la puerta de entrada al estudio del
Plan Hidrológico Nacional, es por lo que me parece
verdaderamente interesante que arranquemos con buen pie. Por
ello el Grupo Socialista ha propuesto una serie de enmiendas
que intentan, en primer lugar, perfeccionar lo propuesto y, en
segundo lugar, reflejar la voluntad política de consensuar. El
plan se va a presentar abierto y flexible. Por tanto, quiere,
desea y pide que se vaya perfeccionando en el conjunto de los
distintos trámites. Es interés del Gobierno --lo manifestó
aquí el Ministro-- que eso se produzca. Por eso le voy a decir
cuáles son las enmiendas que a los siete puntos que presenta
su grupo se proponen por parte del Grupo Socialista.
Prácticamente las enmiendas primera, tercera y quinta
perfeccionan el procedimiento. Se pide que se remita al
Ministerio de Obras Públicas y al Congreso de los Diputados, y
que la confección se realice por el Ministerio de Agricultura.
Parece más correcto que el Gobierno remita a las Cortes esta
situación. Además, como se establecen elementos que inciden en
el plan, éstos se presenten conjuntamente. Lo mismo puedo
decirle del punto 5.º, en el que también es otro elemento que
debe ir junto con el plan hidrológico y no podemos presentarlo
de manera distinta y con fechas distintas. Esa es la realidad.
En el punto 3.º, en el que piden ustedes una confección de los
proyectos de directrices y planes hidrológicos (cuando usted
conoce que los proyectos de directrices están ultimados y que
los planes hidrológicos están en marcha) se hace una
aclaración al final que también me parece razonable. En lo que
me parece que es bueno pararnos, porque es quizá donde está lo
más fuerte de la moción presentada por el Grupo Popular, es en
el punto 2.º, en el que se habla de retirada del plan
hidrológico. Me parece interesante, por el momento procesal
que le describía, teniendo en cuenta que está entrando en el
Consejo Nacional del Agua, y que cada una de las aportaciones
que se realizan por los proyectos de
directrices, prácticamente por unanimidad aprobados, que se
incorporen y enriquezcan el anteproyecto del Plan Hidrológico
Nacional. Retirarlo y volver a iniciar el proceso es un flaco
servicio a las expectativas creadas en todo el país sobre este
plan. Por eso el Grupo Socialista incide en esta
circunstancia: que estudiado el plan hidrológico, sus
aportaciones, esas 57 enmiendas con 1.200 y pico
proposiciones, incorporadas también las que aporten los planes
hidrológicos de cuenca (porque no debemos olvidar que el Plan
Hidrológico Nacional debe coordinar los planes hidrológicos de
cuenca), con eso se corrija lo que haya que corregir dentro
del anteproyecto del plan, y con todas esas incorporaciones,
ya perfeccionado, venga al Ministerio, al Gobierno, y a
continuación a esta Cámara, con todas las
aportaciones y participaciones que se van a realizar. Creo que
esto es lo más interesante y el mejor servicio que podemos
hacer en pro de la consecución de esta ley del Plan
Hidrológico Nacional.
Yo espero, después de haber oído el tono de su discurso, que
se acepten estas enmiendas que propone el Grupo Socialista, y
en esta especie de pórtico, que decía, de entrar ya en el plan
hidrológico, hagamos lo que yo creo que interesa a todos los
españoles: que lo iniciemos consensuando lo más posible, sin
quitar que pueda ser mejorable (yo estoy convencido de que el
plan que venga será manifiestamente mejorable), pero que en
esa dirección vayamos, no tengamos dobles lenguajes, no
tengamos nada más que sentido de responsabilidad y de Estado,
y podamos entrar con ese buen pie con que yo creo que inicia
su discurso y que mi grupo quiere apoyar corrigiendo aquello
que considera que debe corregir. Espero que S.S. nos acepte
estas enmiendas y podamos sacar de aquí un documento conjunto
que permita mandar un mensaje claro, y es que los grupos de la
Cámara están unidos para que el plan hidrológico, con las
correcciones necesarias, siga adelante. Muchas gracias, señor
Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Jerez.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor González Lizondo.
El señor GONZALEZ LIZONDO: Gracias, señor Presidente.
En principio quiero anunciar, desde Unión Valenciana, la
voluntad de apoyar que sean aceptadas por el Partido Popular
las enmiendas del Partido Socialista, con el fin de que este
plan hidrológico no se pare, que continúe, que venga en las
mejores condiciones y que naturalmente luego, desde ese
consenso del que hablaba el portavoz del Partido Socialista
(ojalá sea así), consigamos que entre todos salga un necesario
plan, imprescindible para muchas zonas y para algunas más
concretamente.
No puedo evitar recordar que ha habido un momento en el que,
cuando se ha hablado de los graves problemas de los trasvases,
por la portavoz del Partido Popular se ha nombrado
especialmente a Levante, y yo quisiera saber qué significa ese
Levante. Levante puede ser el nombre de un viento; levante es
por donde sale el sol; Levante es el nombre de un equipo de
fútbol que tiene ya 85 años; Levante es el nombre de un
periódico que fue creado durante la dictadura; Levante pueden
ser muchísimas cosas. Luego ha interpretado el representante
del Partido Socialista que Levante se refería a Murcia, e
introducía también a Castilla-La Mancha. A ambos les diré que
es muy fácil: que hay una zona
extaordinaria, que hay una zona, que efectivamente es Murcia,
que tiene muchos problemas de agua, pero que
se concentran también muy grandes en la provincia de Alicante,
en la provincia de Valencia y en la provincia de Castellón.
Miren ustedes qué bonito, la Comunidad Valenciana, nombre que
me gustaría que recordaran ambos porque, si efectivamente es
un problema de Estado, vamos a hablar de todos aquellos que
necesitamos este plan hidrológico con una urgencia enorme y
vamos a no despersonalizarnos absolutamente más porque desde
Alicante, Castellón y Valencia estamos ya un poquito hartos de
que inclusive se olviden nuestros nombres.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en el debate de la interpelación decía, en
representación del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), que estaríamos dispuestos a apoyar una moción que
presentase algo nuevo respecto al tono y contenido de lo que
se había dicho en aquella interpelación. En realidad, la
moción, en su redacción aporta ideas nuevas, pero con unos
matices de tipo imperativo que provocarían un fuerte parón en
la tramitación del anteproyecto del plan hidrológico. Ello
sería negativo en sí. Ahora bien, las enmiendas que el Grupo
Socialista presenta a los puntos 1 y 2 de la moción corrigen
los matices negativos que antes citaba. Por otra parte, si se
aceptan las enmiendas --y creo que así debería ser-- hay en la
moción una aportación muy positiva, la del consenso. Para
nuestro Grupo es mucho más importante conseguir un clima de
consenso que no la rapidez en la tramitación del plan
hidrológico, plan que debe ser tramitado dentro del esquema de
proyecto de ley. La ley del plan
hidrológico debe tener carácter de pacto de Estado. Es
demasiado importante y su efecto demasiado impactante como
para que sacrifiquemos un amplio consenso a la rapidez en el
trámite. La moción enmendada, al ser votada afirmativamente,
se nos ofrece como una mejora y ampliación complementaria en
estudios y textos anexos de gran utilidad para que en su
trámite posterior el plan hidrológico permita unos debates
previos y parciales.
En fin, esperamos que las enmiendas sean aceptadas y, si es
así nuestro grupo votará favorablemente la moción,
congratulándose de que el camino del consenso quede abierto en
este tema que nos puede llevar a definir un plan hidrológico
aceptable para todos los grupos, aunque sea a costa de ligeros
retrasos en los plazos. Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Sedó.Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per
Catalunya tiene la palabra el señor Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, nuestro grupo parlamentario se congratula del tono
en el debate de esta moción y se corrobora que la posición que
mi grupo mantuvo en la interpelación es correcta. Nosotros ya
manifestamos en la interpelación que aun manteniendo una
posición bastante crítica con muchos aspectos del plan
hidrológico, que estaba en el Consejo Nacional del Agua, no
estábamos por la devolución del plan porque creíamos que no
valía la pena retrasar indefinidamente este proceso de
planificación. Probablemente gran parte de los problemas que
tiene la actual redacción del plan hidrológico, por lo menos
la conocida que está en el Consejo Nacional, se deben
precisamente a que aquel espíritu que se planteaba en la Ley
de Aguas, por el cual, primero se hacían los planes de cuenca
y después el plan hidrológico nacional, y por tanto se podía
saber lo que podía trasvasarse de una cuenca a otra y también
cómo sería el equilibrio hídrico en el conjunto del país, se
ha quebrado. Un buen proyecto planificador como el que existía
en la Ley de Aguas, que mi grupo parlamentario siente como
suya porque considera que realmente es una ley positiva para
el conjunto del Estado, ha sido quebrado sin que se llegue a
entender el porqué y se ha redactado ese plan hidrológico
precisamente cuando no están aún redactados los planes de
cuenca. Me alegro de que el señor Jerez, representante del
Grupo
Socialista, haya insistido en la necesidad de que el plan
hidrológico sea coordinador del conjunto de los planes de
cuenca. Le recordaremos lo que ello significa y la necesidad
que hay de imbricar al conjunto de los planes de cuenca con el
plan
hidrológico para conseguir, entre otras cosas, que haya una
buen equilibrio entre el conjunto de las autonomías y, además,
un buen equilibrio medioambiental en el conjunto del Estado.
Nosotros celebramos que los aspectos de la moción del Partido
Popular que tenían mayores aristas hayan sido rectificados,
como ya ha anunciado su portavoz, y concretamente lo que se
refiere al punto segundo, teniendo una actitud que nosotros
consideramos más positiva. Por tanto, estaremos en ese
consenso de la Cámara, ese consenso que no es para nosotros
una posición nueva, sino que es la posición que ya anunciamos
hace dos semanas cuando esta interpelación se sustanció en
esta Cámara.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Andreu. La señora De Palacio tiene la palabra para indicar la
aceptación o no de las enmiendas presentadas por el Grupo
Socialista.
La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Gracias, señor
Presidente. Voy a intervenir muy brevemente porque es
indudable que hay una común opinión de que de lo que se trata
es de conseguir cuanto antes un auténtico plan hidrológico,
con suficiente rigor y calidad, para que podamos obtener, en
su día, en esta misma Cámara, un consenso sobre su contenido
final. Además, es verdad, estamos hablando de cuestiones que
tienen continuidad a lo largo de los años y que reclaman
continuidad de gobiernos, de unos con otros, por ejemplo en
este caso también por parte del Gobiero del PSOE, ya que la
planificación hidrológica empieza en el año 1979, en épocas de
UCD...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora De Palacio,
céntrese en el turno.
La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Señor Presidente,
ciñéndome a las enmiendas, debo señalar que la enmienda que
plantea al punto 1, que tiene el mismo significado que la que
se refiere al punto 5, en el sentido de vincular el plan
agrario de regadíos junto con el plan hidrológico nacional y,
en el otro caso, un plan nacional sobre medidas aplicables
para el ahorro y la reutilización de aguas, nos parece
correcto. De lo que se trata es de que, junto con toda la
documentación, formando parte de los anejos de ese plan
hidrológico, vayan estos documentos que consideramos
imprescindibles y que además, de hecho, aunque no expresados
de esta manera, aparecen reflejados en la propia Ley de Aguas.
La enmienda al punto número 3, el añadir el «in fine»
«pendiente de finalización» me parece perfecto, puesto que no
es más que la precisión de algo que es cierto; no hay ningún
problema, por supuesto. Entrando en lo que supone la parte más
complicada del asunto, que es el punto número 2, como he
señalado a lo largo de mi intervención, no se trata de obligar
a retirar el plan; no es ese el objetivo. El objetivo que se
busca es la calidad de un texto, obtener un buen Plan
Hidrológico Nacional. Lo de pedir su retirada era por obtener
ese plan, era un medio, no es el fin, el fin es el otro. En
tanto en cuanto el fin claramente es conseguir un Plan
Hidrológico Nacional, con calidad y rigor, desde el punto de
vista técnico y económico, que permita la viabilidad de los
proyectos allí planteados, el Grupo Popular acepta la enmienda
en el sentido de suprimir la retirada y petición del envío
urgente de un nuevo texto, que era lo que nosotros
planteábamos, y la sustitución por el texto que se propone en
la enmienda del Grupo Socialista. Es decir, que se añada una
serie de documentos que nosotros pedíamos que se incorporaran
en ese nuevo plan hidrológico --en este caso sería el mismo,
pero reelaborado--, con un matiz que sería el
siguiente. Dejar el texto tal cual y añadir una cuestión que
no está ahí recogida y que en nuestra opinión no es menor, y
que quedaría zanjada de la siguiente manera: añadiendo un
nuevo punto que recogiera todo lo que tiene que ver con el
artículo 43.2 de la Ley de Aguas y la sección segunda del
Reglamento de
planificación hidrológica. Supondría añadir un nuevo punto --o
incluirlo dentro del número 2 o añadirlo como punto número 3,
es igual, y mover correlativamente los distintos números-- que
dijera lo siguiente: Al objeto de completar el marco general
del Plan Hidrológico Nacional y así dar cumplimiento al
artículo 43.2 de la Ley de Aguas y a la sección segunda del
Reglamento de planificación hidrológica, el Gobierno, oído el
Consejo del Agua, incorporará en la elaboración definitiva del
PHN las diversas planificaciones sectoriales de carácter
general, en particular la agrícola, la energética y la de
ordenación del territorio, así como la protección del medio
ambiente y de la naturaleza, todo ello en el marco de la
política económica general del Estado. Si el Grupo Socialista
admite este añadido, con lo cual haríamos una enmienda
transaccional, el Grupo Popular estaría encantado y se
sentiría totalmente satisfecho en sus pretensiones con el
texto de la moción que va a ser --si es así-- aprobada por
esta Cámara, evitando así que la esquizofrenia de la cual
acusaba el señor Borrell el otro día a mi Grupo y que existe
también en la del Grupo del PSOE, lamentablemente...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora De Palacio, el
turno era para aceptar o no las enmiendas.
La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: ...porque existe en
varios sitios, entre distintos gobiernos... No, si es sólo el
problema, en Castilla-La Mancha, del señor Bono con Murcia,
etcétera. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora De Palacio, por
favor. Silencio, señorías.
La señora DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI:
... para evitar que eso se produzca y para evitar que haya
reacciones y guerras entre regiones, yo creo que eso es lo que
todos queremos y entre todos podemos evitar.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por favor, señora De
Palacio, ¿quiere pasarme el texto propuesto para ese nuevo
apartado? Señora De Palacio, para dejar claro lo que va a ser
votado, de las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista,
¿la enmienda presentada al punto 1, de sustitución, sería
aceptada; la enmienda presentada al punto 2, de sustitución,
sería aceptada siempre que el Grupo Socialista acceda a
admitir como un nuevo apartado
el texto que S.S. ha leído; la enmienda al punto 3 sería
también aceptada y, asimismo, la enmienda al punto 5?
La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Exactamente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Y el resto de los
puntos serían tal como están planteados en la moción del Grupo
Popular. Señor Jerez, por parte del Grupo Socialista y desde
este planteamiento global, ¿se acepta la incorporación, en la
enmienda al punto 2, de ese nuevo apartado que ha leído la
señora De Palacio?
El señor JEREZ COLINO: Señor Presidente, teniendo en cuenta
que lo que añade es únicamente --y me parece razonable-- el
cumplimiento de determinados preceptos de la ley y de su
reglamento, como no podía ser de otra manera, nos parece
correcto que pueda incluirse al final de la modificación del
punto 2 y no habría ningún problema. Quiero añadir únicamente
que en lo de las guerras regionales, unos aportan más que
otros, porque si no quedaría en el aire.Muchas gracias, señor
Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vamos a pasar a la
votación. (El señor Presidente ocupa la presidencia. Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular, que se somete a
votación en los términos resultantes de la aceptación de la
enmienda del Grupo Socialista, con la transacción resultante
de los términos del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 287; a favor, 287.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción.
El Pleno se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las ocho y treinta y cinco minutos de la noche.