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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 56, de 09/03/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1994 Núm. 56 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 55
celebrada el miércoles, 9 de marzo de 1994
Página
ORDEN DEL DIA:
--Preguntas (Página 2700)
Interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
proyectos de política general que tiene el Gobierno respecto a
la política hidrológica en España (número de expediente
172/000038) (Página 2721)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, sobre criterios de política
industrial que piensa adoptar el Gobierno ante la grave crisis
que afecta al sector del automóvil y en concreto a la empresa
automovilística Santana Motor (número de expediente
172/000039) (Página 2735)
--Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Rahola), sobre medidas
que tiene previsto llevar a cabo el Gobierno para llenar el
vacío legal existente en el tema de la eutanasia activa
(número de expediente 172/000040) (Página 2745)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número
57, de 10 de marzo de 1994.)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Preguntas (Página 2700)
Del Diputado don Diego López Garrido, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que
formula al Gobierno: ¿Cuál es la posición del Gobierno en
relación con la circular de la Fiscalía General del Estado
sobre expulsión de extranjeros? (Número de expediente
180/000348) (Página 2700)
Del Diputado don Nicolás Redondo Terreros, del Grupo
Parlamentario Socialista, que formula al Gobierno: ¿Qué
medidas piensa adoptar el Gobierno en relación a las escuchas
telefónicas ilegales? (Número de expediente 180/000373)
(Página 2701)
De la Diputada doña Angustias María Rodríguez Ortega, del
Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Cuál es el estado
actual de las relaciones entre el Gobierno y la Iglesia
Católica? (Número de expediente 180/000350) (Página 2701)
Del Diputado don Jaume Antich i Balada, del Grupo Socialista,
que formula al Gobierno: ¿Tiene previsto el Gobierno ampliar
los Convenios con los Ayuntamientos y otros Entes Locales,
para la prestación social sustitutoria de los objetores de
conciencia? (Número de expediente 180/000352) (Página 2702)
Del Diputado don Javier Arenas Bocanegra, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Justicia: ¿Cuáles son las razones por las que
el Ministerio de Justicia ha decidido ahora iniciar el
traspaso de competencias en Justicia a la Comunidad Autónoma
de Andalucía? (Número de expediente 180/000354) (Página 2702)
Del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Quién es el
responsable de que en el llamado «caso Gorostiza» se tardaran
diecisiete días en notificar al juez la intervención del
secreto de las comunicaciones, decretada por la autoridad
penitenciaria, con las consecuencias negativas que finalmente
esa demora ha conllevado? (Número de expediente 180/000362)
(Página 2703)
Del Diputado don Ramón Aguirre Rodríguez, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Comercio y Turismo: ¿Qué opinión le merece el
resultado del ejercicio de 1993 de la Red de Paradores
Nacionales? (Número de expediente 180/000365) (Página 2705)
Del Diputado don Narcís Vázquez Romero, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, que formula al Gobierno: ¿Qué gestiones ha
realizado el Gobierno español ante el Gobierno de Bolivia para
esclarecer las circunstancias del asesinato del ciudadano
español Manuel Ramón Puchol y exigir las responsabilidades que
de ellas se desprendan? (Número de expediente 180/000347)
(Página 2705)
Del Diputado don José María Robles Fraga, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Considera el Gobierno que la ampliación de la Unión Europea
constituye una oportunidad para mejorar las condiciones de la
adhesión española? (Número de expediente 180/000355) (Página 2706)
De la Diputada doña Loyola de Palacio Valle-Lersundi, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al
Gobierno: ¿Considera el Gobierno que esta ampliación de la
Unión Europea afecta a la capacidad de España de defender sus
intereses nacionales en el seno de la Unión? (Número de
expediente 180/000356) (Página 2707)
Del Diputado don Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al
Excmo. Sr. Ministro de Asuntos Exteriores: ¿Cuáles son las
acciones que el Gobierno español ha tomado con respecto a la
muerte en Bolivia del súbdito español don Manuel Ramón Puchol?
(Número de expediente 180/000363) (Página 2708)
Del Diputado don Sergio Gómez-Alba y Ruiz, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Cuáles han sido las razones que han motivado el último cambio
de arquitecto en las obras de remodelación del Teatro Real de
Madrid? (Número de expediente 180/000359) (Página 2709)
Del Diputado don Alfonso Soriano Benítez de Lugo, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Qué información tiene el Gobierno sobre el Acuerdo de
colaboración suscrito por el Vicepresidente cubano y el
Presidente del Gobierno Autónomo de Canarias, el pasado 23 de
febrero de 1994? (Número de expediente 180/000368) (Página 2710)
Del Diputado don José Manuel García-Margallo y Marfil, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al
Gobierno: ¿Cuándo piensa el Gobierno regular los planes de
ahorro popular? (Número de expediente 180/000357) (Página 2711)
Del Diputado don Felipe Camisón Asensio, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Por qué Telefónica compra tan caro en Hispanoamérica? (Número
de expediente 180/000358) (Página 2712)
De la Diputada doña María Reyes Montseny Masip, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Cómo interpreta el Gobierno la congelación salarial de los
funcionarios para el ejercicio 1994? (Número de expediente
180/000360) (Página 2713)
Del Diputado don Valentín Bravo Martín-Pintado, de Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo,
Sr. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación: ¿Cómo
valora el Sr. Ministro la futura supresión de la ayuda
comunitaria al consumo de aceite de oliva, incorporándola a
las ayudas a la producción? (Número de expediente 180/000366)
(Página 2713)
Del Diputado don Gabriel Díaz Berbel, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué destino
tiene previsto el Ministerio de Defensa para el edificio
actualmente desocupado que en su día se utilizaba como
Hospital Militar de Granada? (Número de expediente 180/000369)
(Página 2715)
Del Diputado don Jaume Antich i Balada, del Grupo Socialista,
que formula al Gobierno: ¿Cuáles son los resultados del Plan
de extensión del teléfono a las zonas rurales, previsto con la
colaboración de otras Administraciones? (Número de expediente
180/000351) (Página 2716)
De la Diputada doña María Bernarda Barrios Curbelo, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Cuáles son las razones por las que el Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente ha disminuido la
dotación presupuestaria para el II Plan Canario de Viviendas
para 1992-93 en 3.200 millones de pesetas? (Número de
expediente 180/000361) (Página 2716)
Del Diputado don Leocadio Bueso Zaera, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Por qué se
ha retrasado el inicio de las obras de la autovía del Somport-
Sagunto? (Número de expediente 180/000364) (Página 2718)
De la Diputada doña Teófila Martínez Saiz (Grupo Parlamentario
Popular), que formula al Excmo. Sr. Ministro de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente: ¿Cuántas veces más
tiene previsto presentar el señor Ministro el Plan Director de
Infraestructuras? (Número de expediente 180/000374) (Página 2719)
De la Diputada doña Anna Balletbó i Puig, del Grupo
Socialista, que formula al Gobierno: Dentro del Plan
Energético vigente, ¿qué inversiones van a destinarse a nuevas
centrales térmicas de ciclo combinado, o de funcionamiento con
gas natural? (Número de expediente 180/000353) (Página 2720)
Interpelaciones urgentes (Página 2721)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
proyectos de política general que tiene el Gobierno respecto a
la política hidrológica en España (Página 2721)
La señora De Palacio Valle-Lersundi defiende la interpelación
del Grupo Popular. Comienza señalando que a finales de abril
de 1993, con las Cámaras disueltas y en plena campaña
electoral, el Ministro presentó al Consejo Nacional de Aguas
un anteproyecto de Plan Hidrológico Nacional en un momento de
sequía, cuando la opinión pública española recibía con la
máxima avidez cualquier noticia sobre el agua. Al día de hoy,
tras un estudio detallado de aquellos documentos y de las
alegaciones posteriormente presentadas, pueden llegar a
conclusiones gravísimas según las cuales, una vez más, su
pésima gestión no sólo ha hecho perder el dinero a los
ciudadanos españoles sino algo mucho más valioso: el tiempo.
Once años de política hidráulica del PSOE se saldan con un
estrepitoso fracaso cuya expresión más clara es el déficit de
3.000 hectómetros cúbicos/año. Para que los señores Diputados
entiendan de qué orden de magnitudes están hablando, esto
equivale a tres veces todos los recursos de la cuenca del
Segura, superficiales y subterráneos.
Sin embargo, el núcleo fundamental del plan hidrológico, los
trasvases, han descubierto que no tenía respaldo ni técnico ni
económico. Sucede, además, que aun cuando fueran viables no
servirían para nada, porque el artículo 76 del Plan
Hidrológico Nacional otorga esas aguas trasvasados en
precario, sin ninguna garantía, incluso en circunstancias
meteorológicas normales. Ocurre, por otra parte, que la
gestión económica del Plan tiene dos aspectos muy
preocupantes. Por un lado, el Plan ha sido redactado al margen
de los servicios del Ministeiro y la
ejecución de los proyectos se basa en una cofinanciación con
fondos estructurales y de cohesión que están garantizados
hasta el año 1999, pero ya veremos qué pasa después. Sucede
también que, lo mismo que el resto del plan de
infraestructuras, se basa en un crecimiento sostenido del PIB
del 2,5 por ciento para los próximos 15 años, lo que les
coloca en una profecía que tiene tanto de arrogancia como de
arbitrariedad, por no hablar de engaño. En resumen, se trata
de uno de los fraudes mejor servidos en plena campaña
electoral durante el año 1993.
Añade la señora De Palacio que en el año 1985 se promulgó la
Ley de Aguas, cuyo punto fundamental, que comparte plenamente,
es la unidad del ciclo hidrológico. A partir de ahí se
declararon públicas no sólo las aguas superficiales sino
también las subterráneas, afirmándose que se evitaría así el
crecimiento incontrolado de los pozos y sobre todo la
sobreexplotación de los acuíferos. Pues bien, el fracaso
absoluto en la aplicación de la Ley de Aguas hace que al día
de hoy se considere que hay más de 1.000 hectómetros cúbicos
de sobreexplotación de los acuíferos. En cuanto a las aguas
superficiales, el déficit se cifra en 2.000 hectómetros
cúbicos, que debería haberse corregido con una adecuada
política de ahorro y con una construcción racional de
embalses.
Seguidamente alude a los cortes de agua en ciudades
importantes, así como, en materia medioambiental, al estado de
nuestros ríos, más sucios y contaminados que nunca, y a la
grave situación de los humedales de Doñana, Daimiel y La
Albufera, de todo lo cual extrae la conclusión de la mala
gestión de los recursos.
Volviendo al tema de los trasvases y la publicidad hecha sobre
los mismos, afirma que en el sector privado a una actuación de
ese tipo se le llama publicidad engañosa, y eso es lo que se
ha estado haciendo durante este tiempo, evidentemente en
beneficio del Partido Socialista. Pregunta al señor Ministro
si se da cuenta de la inseguridad que genera una situación
como la descrita y quién va a realizar inversiones en
agricultura punta, en servicios, hoteles o industrias si no
tienen garantizado el suministro de agua. Afirma que el Plan
Hidrológico se ha
elaborado con gran secretismo, a espaldas del Centro de
Estudios Hidrológicos, centro prestigioso que creara Lorenzo
Pardo, precisamente para llevar a cabo el plan de obras
hidráulicas de 1933. Entretanto se acude
a cinco consultorías, con reparto de muchos millones, mientras
existen efectivos ociosos en el Ministerio, donde hay gente
suficientemente capacitada para realizar ese trabajo. Afirma
que un Ministerio prestigioso como era el de Obras Públicas se
ha convertido en un ministerio inválido y ahora pretenden
arreglarlo todo con más papeles, cubriendo su incapacidad
vendiendo futuro, ya que el presente es seco y desolador, en
gran medida por culpa del señor Ministro. El señor Ministro no
debe intentar ocultar responsabilidades mediante mapas
coloreados o nuevas ilusiones cuando él mismo dice que no
tiene respaldo técnico ni económico al presentar por enésima
vez planes como el de infraestructuras. Concluye manifestando
que el Plan Hidrológico elaborado es un trabajo mal hecho
porque se redacta sin base documental fiable y porque se
edifica sobre la ignorancia de la realidad, un programa lleno
de ambigüedades y de confusión. El Plan se atribuye unos
medios de financiación tan inexistentes como su falsa base de
partida. El señor Ministro ni sabe lo que tiene, ni lo que
necesita, ni cómo puede agenciar los medios para gestionar los
recursos a la hora de incluirlos en los
presupuestos. Como todos los proyectos socialistas, se
convertirán en un simple papel, y al cabo de cinco meses se
dan ya por terminados. Es un plan que técnica y
financieramente carece de credibilidad para resolver el grave
problema que tiene España y más bien parece una carta a los
Reyes Magos, escrita además por alguien que no cree en ellos.
De ahí que pida al señor Ministro que lo retire para no perder
más tiempo y se remita lo antes posible a la Cámara un
auténtico plan hidrológico nacional. En nombre del Gobierno
contesta el señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente (Borrell Fontelles), manifestando que observa
que al Grupo Popular le ha puesto de mal humor el que el
Consejo de Ministros decidiera la remisión a las Cortes del
Plan Director de Infraestructuras. Les observa nerviosos, no
entendiendo por qué se enfadan y recuerdan una campaña
electoral donde ciertamente la oferta de continuar dotando al
país, a través de un ambicioso plan de
infraestructuras, fue para el Partido Socialista un elemento
positivo. Agrega que el Grupo Popular se negó a discutir el
Plan Director de Infraestructuras en la primavera de 1992, e
igual hicieron las comunidades autónomas gobernadas por ese
Partido porque, según sus consejeros, después de las
elecciones habría otro gobierno que haría otro plan.
Consecuentemente, tuvieron que suspender las negociaciones con
las comunidades autónomas hasta que el pueblo español decidió
quién debía gobernar este país, poniéndose de nuevo el
proyecto en marcha, y después de haber sido objeto de revisión
vendrá a la Cámara, donde podrán
discutirlo y criticarlo después de haberlo leído, ya que hasta
ahora todas las críticas son de oído, como no podía ser de
otra forma en relación con un proyecto que todavía no ha sido
distribuido.
Otro tanto podría decir respecto al Plan Hidrológico Nacional,
que todavía no está terminado, criticando por tanto algo que
aún no ha sido aprobado por el Consejo de Ministros. Afirma
que no hay retrasos en la elaboración de unos trabajos
complejosdonde se está procurando la coordinación sectorial y
territorial y la máxima participación social en la elaboración
de los planes, requisito inexcusable en una cuestión tan
básica como la relativa a la planificación hidrológica. Sin
embargo, a pesar de esa complejidad, los trabajos se están
desarrollando en plazos prudentes, no muy dilatados y de forma
coordinada y simultánea a los planes de cuenca y el Plan
Nacional, como no podía ser de otra manera, ya que no pueden
hacerse los unos sin el otro al exigirse una planificación
conjunta.
Alude seguidamente a la participación social en la elaboración
de los planes, fruto de la cual han recibido más de 2.000
alegaciones, y a los debates desarrollados en los consejos de
cada cuenca para la aprobación de los proyectos de
directrices, la mayoría de las cuales se han aprobado por
unanimidad, lo cual debe llenarles de satisfacción y felicita
a las confederaciones por su buen hacer técnico y
administrativo. Explica también las siguientes fases
desarrolladas de cara a la elaboración del definitivo Plan
Hidrológico Nacional y la situación actual del mismo, respecto
de la cual afirma que continúan los trabajos, avanzando a
ritmo razonablemente aceptable y las Cortes tendrán ocasión de
debatirlo, con la intensidad y extensión requeridas, en el
momento oportuno.
Replica la señora De Palacio Valle-Lersundi, duplicando el
señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente. El señor Secretario (Olabarría Muñoz) da lectura a
un documento, a solicitud de la señora De Palacio Valle-
Lersundi al amparo del artículo 72.2 del Reglamento.
Para fijación de posiciones interviene el señor Mur Bernad,
del Grupo Mixto. Interviene de nuevo el señor Ministro de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (Borrell
Fontelles). Completan el turno de fijación de posiciones los
señores Sedó i Marsal, del Grupo Catalán (Convergència i
Unió), y Andreu Andreu, de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
De nuevo hace uso de la palabra el señor Ministro de Obras
Públicas,Transportes y Medio Ambiente. Pide la palabra la
señora De Palacio Valle-Lersundi, no concediéndosela el señor
Vicepresidente (Beviá Pastor), al considerar que el señor
Ministro no ha reabierto el debate.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre criterios de política industrial que
piensa adoptar el Gobierno ante la gravecrisis que afecta al
sector del automóvily en concreto a la empresa automovilística
Santana Motor (Página 2735)
El señor Alcaraz Masats defiende la interpelación del Grupo
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, refiriéndose
concretamente a la crisis industrial de la automoción en
Linares, una comarca que puede terminar absolutamente
desierta, así como la propia provincia de Jaén, que es la
última en el PIB de Andalucía y de España, con una elevada
tasa de paro, por encima de la media nacional y una economía
precaria y sumergida, habida cuenta de que las perspectivas
del monocultivo del olivo está en una situación desesperada.
De ahí la gran y constante movilización que se está
produciendo, una llamada de atención pacífica, indignada y
masiva que ha llegado hasta las puertas de este Congreso.
Señala que se trata de un problema, además de industrial,
fundamentalmente territorial, fruto en parte de la relación
industrial y social injusta mantenida con las multinacionales,
especialmente con Suzuki, que implica las condiciones de un
laudo firmado no hace más de 12 meses entre la Junta de
Andalucía y Santana Motor con condiciones muy negativas para
los trabajadores, que han cumplido a rajatabla, aumentando en
un 14 por ciento la productividad. En cambio, ha habido una
extraña permisividad, que a veces parecía rozar la
connivencia, traducida en un secretismo y antisindicalismo y
una posición de silencio prepotente ante la ciudad de Linares,
la provincia y la comunidad autónoma, que está generando ya
signos de radicalidad ante la falta de respuestas a la actual
situación.
La Junta de Andalucía habla de solidaridad con los
trabajadores, pero no aparecen soluciones para un problema que
por su volumen no es fácil resolver de la noche a la mañana.
Añade que la multinacional mantiene la posición de partida,
sin facilitar ningún tipo de información a los trabajadores de
la empresa, en una actitud de secretismo y prepotencia que el
Gobierno está cultivando de manera irresponsable, generando
una situación que puede estallar en cualquier momento. Los
trabajadores desean saber qué pasa, Linares también espera y,
entretanto, las movilizaciones continuan, aunque las
esperanzas se están convirtiendo en situaciones críticas y de
preocupación profunda. Pide al señor Ministro que sea
consciente de la situación social que se vive en aquella
provincia, debiendo contar, a su juicio, en primer lugar con
los trabajadores y el comité de empresa y, en segundo lugar,
que la Administración central y la autonómica entren como
accionistas de la empresa, tal como se hace en otros muchos
lugares de Europa, responsabilizando en otro caso al Gobierno
central y al autonómico de lo que pueda suceder allí a nivel
social a partir de este momento. En nombre del Gobierno
contesta el señor Ministro de Industria (Eguiagaray Ucelay),
manifestando que el énfasis con que ha expuesto el señor
Alcaraz el tema en la tribuna no va a contribuir a encontrar
soluciones. Desde luego, el Gobierno, él personalmente y otras
administraciones son conscientes del problema suscitado desde
hace mucho tiempo y han venido trabajando para no llegar a la
situación actual y siguen trabajando para que la misma pueda
ser superada y, naturalmente, no van a perder la calma y la
serenidad al tratar de encontrar soluciones a dicho problema.
Sin embargo, escuchando al señor Alcaraz debiera deducir que
es el Ministro de Industria el responsable de la crisis de
Linares, a pesar de estar trabajando intensamente para
encontrar soluciones.
Comprendiendo el Gobierno la preocupación que sobre el tema
existe, considera necesario exponer algunos datos para, a
partir de ellos, intentar entre todos llegar a dichas
soluciones. Afirma que, desde el clima de esperanza que
personalmente ha contribuido a generar y que quiere seguir
generando, no existe hoy ninguna garantía para la viabilidad
de Santana Motor y solamente si se aborda el problema con toda
la gravedad y el conjunto de implicaciones que tiene podrán
ser capaces de encontrar
soluciones que no sean la pura expresión del voluntarismo.
Expone el señor Ministro diversos datos relativos a la
gravedad por la que atraviesa la empresa de Linares, una
difícil situación de partida a la que se une la negativa
evolución de la coyuntura económica con la caída del mercado,
tanto interior como exterior, informando asimismo de algunas
de las decisiones básicas adoptadas por la empresa, tal y como
las conoce la Administración del Estado y el Ministro de
Industria en particular y, por otra parte, han sido en buena
medida recogidas en los medios de comunicación. Asimismo
expone la posición del Gobierno, en cooperación con la Junta
de Andalucía, realizando un esfuerzo permanente para hacer
posible la búsqueda de socios de la empresa
y la puesta en marcha de un plan empresarial que permita
mantener un nivel de actividad industrial y de empleo
compatibles con la necesaria viabilidad económica y
rentabilidad de la empresa. Aclara, en todo caso, que el
Gobierno no tiene intención de convertirse en empresario
automovilístico ni en accionista de la empresa,
independientemente de que la preste el apoyo financiero
pertinente, pero como hoy no tienen garantizada una solución
no puede decir que la misma exista, sino que siguen hablando y
negociando para buscar de qué forma Suzuki mantenga su
posición mayoritaria.
Replica el señor Alcaraz Masats, duplicando el señor Ministro
de Industria. El señor Alcaraz Masats solicita la palabra por
alusiones, considerando el señor Vicepresidente (Beviá Pastor)
que no ha lugar a la misma. Para fijación de posiciones
intervienen los señores Sánchez i Llibre, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), y Puche Rodríguez Acosta, del Grupo
Popular.
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Rahola), sobre medidas que
tiene previsto llevar a cabo el Gobierno para llenar el vacío
legal existente en el tema de la eutanasia activa (Página 2745)
La señora Rahola i Martínez, del Grupo Mixto, defiende la
interpelación presentada. Expone que el auto dictado por la
Sección 14 de la Audiencia Provincial de Barcelona
desautorizando la eutanasia para el ciudadano gallego Ramón
Sampedro dice en su punto 7.º que no es función de los
tribunales suplir o rellenar vacíos u omisiones del
ordenamiento jurídico, lo cual corresponde al Poder
Legislativo. Piensa que debe aceptarse el reto que les lanza
el Tribunal, que no hace sino recordarles su primera
responsabilidad como políticos, que es llenar los vacíos
legales que impiden resolver problemas sociales de primera
magnitud. Ante dicho reto considera que sería una grave
irresponsabilidad de la Cámara optar por el silencio político
y la inhibición, ya que estaría desertando de su
responsabilidad primera, que es la de dar cuerpo legal a las
demandas sociales. Afirma que la
interpelación quisiera ser un acto de responsabilidad, una
asunción plena del compromiso político que han adoptado, a
pesar de la incomodidad que dicho compromiso conlleva a veces,
pero, al igual que el gran debate sobre el aborto, el debate
sobre la eutanasia surge de la necesidad social y no de la
estrategia política, surge de la voluntad política personal y
de la
responsabilidad política de dar cauce a la demanda social.
Plantea el problema desde una sensibilidad progresiva de su
partido político, aunque la regulación legal de la eutanasia
les compete a todos. Expone que la vida no es un valor
absoluto en sí misma, puesto que es un derecho, pero no un
deber, y debe ligarse a la calidad de vida. Cuando esta
calidad se degrada más allá de ciertos límites uno tiene
derecho a dimitir. En nombre del Gobierno contesta el señor
Ministro de Justicia (Belloch Julbe), que comienza felicitando
a la señora Rahola por el tono y hasta por el contenido de la
intervención, considerando que ha planteado el tema en los
términos de seriedad con que hay que plantear esta cuestión.
No obstante, tiene que decirle que no considera que exista
vacío legal alguno en relación con la eutanasia activa, con
independencia de lo que haya dicho el Tribunal de Barcelona,
que entre sus facultades amplísimas no está la de inventar lo
que no existe, como no existe ningún vacío legal desde el
punto de vista técnico. Otra cosa es que la regulación legal
sea insatisfactoria, y en esto coincide con la interpelante y
con la resolución judicial a que ha aludido, así como con el
sentir general de los ciudadanos. Afirma que en la situación
de conflicto entre dos tipos de derechos
constitucionales suele resolverse en términos generales por la
vía de sentar la primacía del derecho a la vida y de sus
correlatos, aunque es verdad que existen excepciones, incluso
en nuestro propio ordenamiento jurídico. Alude también a la
postura mantenida en el mundo jurídico occidental y concluye
señalando que, aun reconociendo que la oponión sostenida
mayoritariamente por los ciudadanos es la de despenalización,
la posición del Gobierno, hoy por hoy, es la de considerar que
los riesgos que tiene la generalización de una ley de
eutanasia son superiores a los problemas que resolvería. De
ahí que inicialmente sostenga el criterio de disminución o
atenuación de la pena en términos razonables, pero
mantenimiento del tipo.
Replica la señora Rahola i Martínez, duplicando el señor
Ministro de Justicia.
Para fijación de posiciones intervienen los señores López
Garrido, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y Ollero
Tassara, del Grupo Popular.
Se suspende la sesión a las nueve y diez minutos de la noche.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
PREGUNTAS:
--DEL DIPUTADO DON DIEGO LOPEZ GARRIDO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES LA POSICION DEL
GOBIERNO EN RELACION CON LA CIRCULAR DE LA FISCALIA GENERAL
DEL ESTADO SOBRE EXPULSION DE EXTRANJEROS? (Número de
expediente 180/000348)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto IV del orden del día: Preguntas. Pregunta número 10 del
señor López Garrido, que tiene la palabra.
El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, señor Ministro,
nuestra pregunta va dirigida a conocer la posición del
Gobierno respecto de la circular 1/1994, de la Fiscalía
General del Estado, sobre expulsión de extranjeros. En esa
circular se ordena a los fiscales que insten la expulsión de
los extranjeros encartados en delitos de carácter menos graves
o condenados por este delito. Esta circular ha lanzado, se
quiera o no, haya habido intención o no, un mensaje de
naturaleza xenófoba a la sociedad española por la generalidad
con la que establece esa posición del Fiscal hacia la
expulsión de extranjeros, de carácter masivo y porque se
asocia una vez más --y esto es algo muy grave-- en los medios
de comunicación a los extranjeros con la delincuencia. Suelen
aparecer los extranjeros siempre vinculados a problemas de
marginalidad o delincuencia.
Es una circular que abunda en algo que ya está en la Ley de
Extranjería, pero no está de acuerdo exactamente con la
legalidad en cuanto que invierte la carga de la prueba;
considera que, en todo caso, los fiscales tienen que instar la
expulsión, salvo excepciones, y, por tanto, olvidándose del
caso concreto. Se trata de algo que no va con el espíritu de
nuestra Constitución, de nuestro Derecho, que tiene que exigir
que se estudie caso por caso el tema de la expulsión porque en
la Ley de Extranjería no está visto con generalidad, sino como
una posibilidad más. Esa circular no hace hincapié en las
necesarias garantías y, desde luego, tampoco está de acuerdo
con el espíritu de la legislación penitenciaria española de
reinserción. Además, no va muy de acuerdo con el mantenimiento
de una figura digna del Ministerio Fiscal. Le fuerza a una
posición procesal en un sentido determinado y contradice
claramente el artículo 7 de su Estatuto, que habla de la
imparcialidad, de la objetividad y de la independencia del
Ministerio Fiscal. Es prácticamente imposible que sea
imparcial, objetivo e independiente el Ministerio Fiscal
cuando se le está instando a tomar una posición forzada, salvo
imponderables o salvo excepciones. Así se regula en la
circular.
Por último, señor Ministro, hago alusión al artículo 8.º del
Estatuto del Ministerio Fiscal. Dice el artículo 8.º: El
Gobierno podrá interesar del Fiscal General del Estado que
promueva ante los tribunales las actuaciones pertinentes en
orden a la defensa del interés público.
Nosotros instamos al Gobierno a que interese del Fiscal
General del Estado que promueva ante los tribunales esta
actuación en un sentido contrario a esta circular...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Garrido.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Con la venia
del Presidente. En principio, la posición del Gobierno
respecto a la actuación del Ministerio Fiscal siempre se
orienta a respetar la autonomía en el ejercicio de sus
funciones, sin perjuicio de intervenciones en casos muy
excepcionales al amparo del precepto que S.S. ha citado. En
todo caso, la existencia de la circular es un buen mecanismo
para tratar de unificar la actuación del Ministerio Fiscal,
uno de sus principios decisivos que justifican incluso la
existencia misma de la figura.
En este caso concreto, la necesidad de una circular era
patente, en opinión del Gobierno, dado que después de la Ley
llamada comúnmente de Extranjería habían existido sucesivas
reformas procesales que obligaban a tratar de unificar la
interpretación sobre en qué casos era procedente no ejercer la
acción penal, ante qué órgano judicial, sobre todo, en qué
momento procesal. No se olvide que todavía en 1975 se hablaba
del concepto de encartado, por ejemplo. En este sentido, la
unificación de criterios le parece positiva. A S.S. le
preocupan unas cuentas cosas, algunas de las cuales también le
preocupan al Gobierno, sobre todo que en torno a la circular
se pueda extender ese clima de xenofobia, que es un mal
definitivo, un mal en sí mismo. Pienso que existe el riesgo de
que ese clima se pueda extender si no se comprende bien la
circular o se transmite mal el contenido real de la misma.
Desde mi punto de vista, existen dos aspectos concretos. Uno
es el de los que estén condenados a penas privativas de
libertad correspondientes a delitos menos graves, en
definitiva, hasta seis años de prisión. Respecto de ese
supuesto, tanto la Ley de Extranjería como el propio proyecto
de Código Penal de 1982 preveía expresamente esa posibilidad y
no se planteó cuestión frontal por parte de ninguno de los
grupos parlamentarios. Es lógico, porque las penas cortas
privativas de libertad tienen difícilmente efectos
resocializadores, y
es razonable que los tengan menos todavía cuando se trata de
personas desarraigadas. Si se tratara de extranjeros
arraigados, evidentemente, deberían caber dentro de la
excepción de personas que deberían cumplir las penas en
España.
El otro problema alude a las personas imputadas --ese es el
sentido que le da ahora la circular-- también por delitos que
lleven consigo penas correspondientes a los llamados delitos
menos graves. En este caso, no se trata, como se ha dicho, de
que desconozca la presunción de inocencia. Se olvida que eso
sólo operará respecto de aquellos extranjeros en los que ya
concurra una causa legal prevista de expulsión, es decir,
respecto de aquellos extranjeros para los cuales la Seguridad
del Estado ya, sin necesidad de ese procedimiento...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON NICOLAS REDONDO TERRENOS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE
MEDIDAS PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO EN RELACION A LAS ESCUCHAS
TELEFONICAS ILEGALES? (Número de expediente 180/000373)
El señor PRESIDENTE: Pregunta nueva, del señor Redondo
Terreros. (Pausa.) Queda decaída.
--DE LA DIPUTADA DOÑA ANGUSTIAS MARIA RODRIGUEZ ORTEGA, DEL
GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUA ES EL ESTADO
ACTUAL DE LAS RELACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y LA IGLESIA
CATOLICA? (Número de expediente 180/000350)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 12, de la señora
Rodríguez Ortega. Tiene la palabra.
La señora RODRIGUEZ ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Justicia, la Constitución Española reconoce
el carácter aconfesional del Estado español, al mismo tiempo
que recoge la conveniencia de que los poderes públicos
mantengan relaciones de cooperación con la Iglesia católica y
las demás confesiones.
Es un hecho conocido y cierto la atención que en el Ministerio
de Justicia se dedica a intensificar esta cooperación, no
solamente por la existencia de una Dirección General
específica de asuntos religiosos, sino, también, por el
interés especial puesto de manifiesto por el propio Ministro
en la firma de algunos acuerdos y de algunos convenios. A este
respecto quiero recordar la contestación del señor Ministro
hace unas semanas a una pregunta sobre el tema del Convenio
firmado con la Iglesia católica para facilitar la
incorporación de objetores de conciencia a la prestación
social en organizaciones vinculadas o relacionadas con la
iglesia. También es un hecho aceptado que se compartan
preocupaciones, no sólo en materia de prestación social, sino,
también, en otras áreas relacionadas con educación o con
trabajo que vinculan a estos dos organismos.
A esta situación se debe añadir, además, la circunstancia de
que existe un número importante de ciudadanos que practican la
religión católica. Esto es un incentivo para que estas
relaciones entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal
cuenten con una cierta relevancia y se haga necesario la
puesta en marcha, el funcionamiento de unos cauces de
comunicación y de cooperación que se deben coordinar desde el
propio Ministerio de Justicia. Los motivos expuestos me
llevan, señor Presidente, señor Ministro, a formular la
siguiente pregunta: ¿Cuál es el estado actual de las
relaciones entre el Gobierno y la Iglesia católica? Gracias,
señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rodríguez Ortega.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Gracias, señor
Presidente. Señorías, desde el punto de vista del Gobierno, el
estado actual de las relaciones entre el Gobierno y la
Conferencia Episcopal es francamente satisfactorio,
francamente positivo.
En esta legislatura se inició un cierto cambio metodológico al
decidirse por el Gobierno que se centralizara en el Ministerio
de Justicia, a través de la Dirección General, el conjunto de
relaciones con la totalidad de ministerios que tienen temas
bilaterales con la Conferencia Episcopal. Ese nuevo modelo
organizativo, que recuperaba, en cierto modo, la vieja
tradición que había existido en esa Dirección General, se ha
mostrado, de hecho, más operativo. Hubo una primera reunión
plenaria en octubre del año pasado a la cual asistieron, bajo
la coordinación del Director General de Asuntos Religiosos,
representantes de los ministerios de Asuntos Sociales,
Cultura, Sanidad, Trabajo y Seguridad Social, Educación y
Ciencia, Economía y Hacienda y Justicia.
En esa reunión se acordó trabajar, por un lado, en plenario;
por otro, en grupos sectoriales. Por parte de la Conferencia
Episcopal estuvo el Secretario General, el Vicesecretario
encargado de Asuntos Económicos y técnicos especialistas en
cada uno de los concretos sectores.
A raíz de esa reunión plenaria se ha acordado que la siguiente
para revisar el conjunto de los acuerdos va a ser en el mes de
abril. A raíz de ella, ya digo, se han realizado reuniones
sectoriales con cada uno de los ministerios, siempre con la
coordinación de la Dirección General de Asuntos Religiosos. A
estas alturas en tres de esos ministerios, concretamente en
Sanidad, en Trabajo y Seguridad Social y en Justicia, se han
terminado ya las necogiaciones con plena satisfacción para
ambas partes. Es decir, han quedado resueltos los pequeños
contenciosos que existían en esas tres áreas departamentales.
Por otro lado, se ha avanzado notablemente en Economía y
Hacienda y Cultura, muy concretamente en torno a la Ley de
Fundaciones. Se ha avanzado también satisfactoriamente en
Asuntos Sociales y sigue habiendo pegas, que esperamos se
resuelvan en los próximos meses, en el tema concreto de
Educación. Eso es todo cuanto puedo informar a S.S.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JAUME ANTICH I BALADA, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL
GOBIERNO: ¿TIENE PREVISTO EL GOBIERNO AMPLIAR LOS CONVENIOS
CON LOS AYUNTAMIENTOS Y OTROS ENTES LOCALES, PARA LA
PRESTACION SOCIAL SUSTITUTORIA DE LOS OBJETORES DE CONCIENCIA?
(Número de expediente 180/000352)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 14, del señor Antich i
Balada, que tiene la palabra.
El señor ANTICHI BALADA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro de Justicia, en respuesta a
anteriores preguntas formuladas por este mismo Diputado, me
informó usted en relación a la ya confirmada ampliación de los
convenios existentes con, por un lado, comunidades autónomas
y, por otro, algunos organismos de la propia Administración
del Estado. En este sentido parece lógico que, como ya muchos
de los
ayuntamientos y otros entes locales tienen firmados convenios
con el Ministerio, pudieran ampliarse en el futuro. Es más,
desde la experiencia personal pienso que sería bastante
positivo para ayudar a solucionar el problema, en parte
actualmente existente, del número elevado de objetores
reconocidos pendientes de realizar la prestación social
sustitutoria. Es por ello, señor Ministro, que le formulo la
pregunta siguiente: ¿Tiene previsto el Gobierno ampliar los
convenios con los ayuntamientos y otros entes locales, para la
prestación social sustitutoria de los objetores de conciencia?
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Antich.
Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Señoría,
efectivamente el artículo 7.º de la Ley de Objeción de
Conciencia ya preveía, con acierto, que de manera preferente
las plazas de prestación social sustitutoria deberían cubrirse
sobre todo en entidades dependientes de las Administraciones
Públicas. Es una obviedad --pero una obviedad que hay que
recordar-- que dentro del conjunto de las administraciones
públicas la Administración local no sólo cuantitativamente es
la más importante en todas sus modalidades, desde las
diputaciones, cabildos insulares,
ayuntamientos, mancomunidades, consejos comarcales, entidades
locales menores, etcétera, sino que además tiene
características especialmente idóneas para que pueda prestarse
en relación a ellas servicios característicos de la prestación
social
sustitutoria, sobre todo en el ámbito sanitario y en el
social. Esa realidad se evidencia en las cifras. De un total
de 1.800 entidades colaboradoras actualmente con la Oficina,
el 60 por ciento de las mismas se corresponde precisamente con
convenios o conciertos realizados con entidades locales. Esa
línea se sigue manteniendo hasta el punto de que los primeros
meses de este año 234 nuevos conciertos se han realizado con
entidades locales menores, en su mayoría con ayuntamientos.
La aspiración del Ministerio de Justicia en este momento se
centra --y tenemos esperanzas de que así sea-- en la firma
próxima de un convenio marco general con la Federación
Española de Municipios y Provincias. Nada más, señoría.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADOD DON JAVIER ARENAS BOCANEGRA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR
MINISTRO DE JUSTICIA: ¿CUALES SON LAS RAZONES POR LAS QUE EL
MINISTERIO DE JUSTICIA HA DECIDIDO AHORA INICIAR EL TRASPASO
DE COMPETENCIAS EN JUSTICIA A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE
ANDALUCIA? (Número de expediente 180/000354)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 16, que va a formular el
señor De Torres Gómez.
El señor DE TORRES GOMEZ: Señor Ministro de Justicia, ¿cuáles
son las razones por las que el Ministerio de Justicia ha
decidido ahora iniciar el traspaso
de competencias en Justicia a la Comunidad Autónoma de
Andalucía?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De Torres.
Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Señoría, no es
de ahora precisamente, es desde la primera comparecencia que
realizó el Ministro de Justicia presentando el programa del
Gobierno en esa materia ante la Comisión de Justicia e
Interior del Congreso de los Diputados. Entonces se
establecieron las líneas
prioritarias de actuación del Gobierno en materia de Justicia.
Junto a la transferencia a favor del Consejo General del Poder
Judicial que, por cierto, hoy ha tenido reflejo inmediato en
la actividad prelegislativa del Gobierno, se indicaba de igual
manera la transferencia de medios materiales y de personal
laboral a favor de las comunidades autónomas de autonomía
plena, entre las cuales S.S. sabe se encuentra Andalucía.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor De Torres.
El señor DE TORRES GOMEZ: Señor Ministro, no hay nada más
cierto en esta ocasión que ese dicho popular de que cuando se
acercan las elecciones comienzan las inauguraciones.
Como no podía ser menos, la Administración socialista andaluza
y el Ministerio de Justicia, que se presta a hacerle el juego
en esta ocasión, no han podido sustraerse a la demagogia
electoral y proclaman ahora, repito, a los cuatro vientos, las
transferencias a la Junta de Andalucía, pero en la gestión de
los medios materiales y económicos; transferencia que sólo le
va a costar a la Junta 500 millones de pesetas, y que es la
diferencia que existe entre la valoración que hace el Estado y
la que hace la Junta, aproximadamente entre 4.000 y 5.000
millones de pesetas. De la transferencia de personal que se
hará mucho después por problemas técnicos, según declaraciones
del señor Ministro, hablaremos, pero después de las
elecciones.
Señor Ministro, ustedes transfirieron en su día a Cataluña y
al País Vasco la ordenación de medios materiales y económicos
para juzgados y tribunales, e incluso para Cataluña la
administración penitenciaria con bastante celeridad.
Precisamente ahora, a los casi trece años de la aprobación del
Estatuto de Andalucía, que en su artículo 25.1 prevé esas
transferencias, en época electoral y después de trece años,
repito, ustedes se acuerdan de realizar estas transferencias
para Andalucía.
Señor Ministro, Andalucía merece que se le trate con un poco
más de seriedad. El Partido Popular de Andalucía y otros
vienen reivindicando en sus programas electorales las
transferencias en materia de justicia al mismo nivel que las
recibidas por otras comunidades. La postura que su Ministerio
debe adoptar, si lo que pretende es hablar en serio de
transferencias, después, insisto, de trece años, es esperar y
sentarse a negociar dichas
transferencias con el nuevo Gobierno andaluz que elijamos
nosotros, los andaluces, el próximo día 12 de junio.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor De Torres.
Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Con la venia,
señor Presidente.
Efectivamente, he estado en Andalucía y, que yo sepa, los
únicos que están de campaña electoral son los del Partido
Popular porque vi muchos carteles anunciando su candidato.
El Ministerio de Justicia no está de elecciones. Le recuerdo
lo que le he dicho, pero me da la impresión de que las
preguntas se hacen, no para escuchar las respuestas. Le he
dicho que en octubre de 1993 fijó el Ministerio de Justicia
sus prioridades, y entre ellas estaba esa transferencia.
Aunque sea inútil, le volveré a tratar de dar más datos. De
igual modo se han anunciado las transferencias para Galicia,
por ejemplo, donde no creo que haya elecciones, por lo menos
este año --a lo mejor me acusa de que tendrán elecciones otro
año y que también es una maniobra electoral-- o para Canarias
o para Valencia. Lo que hay es un proceso serio de iniciar las
transferencias de medios materiales porque es una de las
prioridades del Gobierno en esta legislatura. Lo que no me va
a pedir es que no trasfiera precisamente a la Comunidad
Autónoma de Andalucía en base al proceso electoral. No creo
que su demagogia llegue tan lejos.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON IGNACIO GIL LAZARO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUIEN ES EL
RESPONSABLE DE QUE EN EL LLAMADO «CASO GOROSTIZA» SE TARDARAN
DIECISIETE DIAS EN NOTIFICAR AL JUEZ LA INTERVENCION DEL
SECRETO DE LAS COMUNICACIONES, DECRETADA POR LA AUTORIDAD
PENITENCIARIA, CON LAS CONSECUENCIAS NEGATIVAS QUE FINALMENTE
ESA DEMORA HA CONLLEVADO? (Número de expediente 180/000362)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 24, del señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente, suele ser ya
demasiado frecuente que en nuestro país se produzcan hechos de
notable repercusión en los asuntos públicos y en la opinión
ciudadana sin que de la comisión de los mismos se determine
responsabilidad política alguna. Quizá por ello existe la
sensación de una especie de unidad «orbi et orbe» que protege
a quienes gobiernan, sea cual fuere el resultado de sus
acciones. Pues bien, en relación con los sucesos acaecidos
alrededor del llamado «caso Gorostiza» parece claro que
alguien no actuó conforme a la diligencia que determina la
previsión del artículo 51.2 de la Ley General Penitenciaria, y
que esa falta de
diligencia se tradujo en una negligencia manifiesta con muy
graves repercusiones en orden a la prevención y persecución
del delito. Por eso preguntamos: ¿Quién es el responsable de
que en el llamado «caso Gorostiza» se tardaran diecisiete días
en notificar al juez la intervención del secreto de las
comunicaciones, decretada por la autoridad penitenciaria, con
las consecuencias negativas que, finalmente, esa demora
conlleva? Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro.
Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Con la venia,
señor Presidente.
Señoría, si la pregunta es genéricamente quién tiene la última
responsabilidad política de todo cuanto acontece en un
Ministerio, bueno, malo o regular, que es lo más frecuente,
sin duda el Ministro de Justicia. Nadie más. El tiene siempre
la última responsabilidad política de todo lo que acontece en
su departamento.
Si lo que usted pregunta, por otro lado, es por qué se produjo
esa dilación, en ese caso sí le explicaré que se debió a que
en aquel momento no existía una organización adecuada ni
suficiente. Como resultaba que la declaración era muy larga,
sesenta folios, y además la transcripción requería trabajos de
traducción, concretamente del euskera en parte de su
contenido, ello
determinó, debido a la falta de un mecanismo administrativo
suficiente, ese retraso de diecisiete días. Desde entonces ya
se ha corregido y este tipo de situaciones no volverá a
ocurrir. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Gil Lázaro tiene la palabra.
El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, indiscutiblemente lo que sucede en el ámbito
de un Ministerio es responsabilidad última del señor Ministro
y colectiva o solidariamente de todo el Gobierno, pero, sin
embargo, a pesar de las explicaciones que S.S. ha dado aquí,
hay un hecho de notable gravedad: nosotros no podemos dar por
buenas esas dificultades de carácter material a las que alude
S.S. cuando ésta era una operación previamente preparada. Lo
cierto es que sí hubo una diligencia manifiesta para acudir a
los medios de comunicación para realizar una acción
pseudopropagandística en torno a un hecho que tenía una enorme
dimensión, y como consecuencia de toda esa serie de
frivolidades, de
improvisaciones y de negligencias, al final, un terrorista, un
presunto terrorista no ha podido ser inculpado por unos hechos
que ciertamente pretendía cometer.
Creo que aquí hay una responsabiidad política fundamental, que
le afecta a usted, naturalmente, pero que afecta también a
quien en ese momento ostentaba la responsabilidad máxima, es
decir, al hoy Ministro del Interior. Esperemos que este tipo
de sucesos, señor Ministro de Justicia, por más que se sonría,
no vuelvan a repetirse, porque está en juego la seguridad de
todos los ciudadanos frente a supuestas actuaciones
propagandísticas del poder político.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro.
El señor Ministro de Justicia tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Señoría,
tranquilamente y con sonrisa en la boca, que yo creo que es
una buena actitud en determinadas ocasiones, le diré que no ha
tenido ninguna de esas graves consecuencias a la que usted
alude. Si dice eso es que no ha leído el auto, o no ha leído
la sentencia, o no tiene conocimientos suficientes para
entender lo que dice el auto o lo que dice la sentencia. Con
diecisiete días o sin diecisiete días, con tardanza o sin
ella, tanto los criterios del auto como los de la sentencia
hubieran conducido al mismo resultado: consideración de prueba
no válida. Porque el único argumento central, dentro de la
profusión de la argumentación que sostiene, es que al tratarse
de una persona que no está privada de sus derechos, en este
caso el abogado, y una persona que sí que lo está, el preso,
en ese caso en opinión del tribunal no puede funcionar el
51.2, sino que siempre hace falta la
autorización judicial previa. Naturalmente que no estoy de
acuerdo con ese criterio, pero eso es lo que ha dicho un
tribunal. Tampoco lo está el Ministerio Fiscal, y el Fiscal ha
presentado el correspondiente recurso. Ya hablará el Tribunal
Supremo, y cuando hable el Tribunal Supremo, que tiene que
hablar, todos, usted, señoría, y yo, lo acateremos.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON RAMON AGUIRRE RODRIGUEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR
MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO: ¿QUE OPINION LE MERECE EL
RESULTADO DEL EJERCICIO DE 1993 DE LA RED DE PARADORES
NACIONALES (Número de expediente 180/000365)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 27, del
señor Aguirre Rodríguez, que tiene la palabra para formularla.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Desconocemos cuál va a ser el sentido de la respuesta del
señor Ministro, pero queremos tener presente que en esta
Cámara, señor Ministro, usted ha venido a decir que no puede
poner la mano en el fuego por las cifras estadísticas del
comercio exterior, que nuestras ayudas financieras a la
exportación no son del todo competitivas, que es escasa su
conformidad respecto del sistema de estudios turísticos.
Formulamos esta pregunta, señor Ministro, con la confianza de
que la habilidad parlamentaria no le
traicione, como sucedio la semana pasada.
Señor Ministro, ¿qué opinión le merece el resultado del
ejercicio de 1993 de la Red de Paradores Nacionales?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aguirre.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro
Navarrete): El año 1993 ha sido difícil para los hoteles de
ciudad. En consecuencia, lo mismo que ha sido un buen año para
los hoteles de playa, no lo ha sido para los hoteles de
ciudad. Todavía no está terminada la auditoría de paradores
pero, a pesar de ello, los resultados van a ser positivos;
paradores va a ganar dinero y, por tanto, mi opinión --si es
lo que me pregunta-- no es negativa.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Aguirre tiene la palabra.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, en su anterior comparecencia nos viene a decir
con rotundidad que los paradores tienen que constituir una
empresa que tiene que ser rentable. ¿Sabe usted por qué no han
cerrado todavía el balance y la cuenta de resultados de la Red
de Paradores? Se lo voy a decir yo: porque ustedes están
haciendo malabarismos contables con objeto de que les salga un
resultado positivo de aproximadamente 30 ó 40 millones. Y
¿sabe en qué consiste ese malabarismo contable? Sencilla y
llanamente en imputar los beneficios a ingresos financieros.
Cualquier
explotación de carácter hotelero que base su beneficio en
ingresos financieros y no en el beneficio de explotación es,
sencillamente, intentar maquillar un resultado deficitario;
resultado deficitario, señor Ministro, que tiene su
protagonista en un sistema de gestión comercial
manifiestamente incapaz, en un desfase notable en el capital
humano destinado en los
establecimientos, y en una sobredimensión de los servicios
centrales.
¿Podría usted contestar cuántos miembros trabajaban en los
servicios centrales en los años 1982 y 1994? Señor Ministro,
¿debe dedicarse el Estado a operaciones y productos de
hostelería, máxime en condiciones claramente faltas de
rentabilidad? Señor Ministro, ¿está en sus planes privatizar
la gestión de la Red de Paradores o diversificar
accionarialmente la Sociedad de Paradores? Una actividad
empresarial de
hostelería, que corrige sus déficit vía ingresos financieros y
no vía ingresos de explotación, realiza un malabarismo
contable para falsear una realidad.
Gracias, señor Aguirre.
El señor PRESIDENTE: Señor Ministro, le recuerdo que no tiene
obligación de contestar más que a la pregunta en los términos
que figuran en el orden del día.
El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro
Navarrete): Evidentemente, no puedo aceptar el término
maquillaje de la contabilidad. Las cuentas no se van a
maquillar, la empresa va a ganar un dinero considerable. Es
verdad que es una empresa que, teniendo en cuenta su
capitalización, tiene beneficios financieros importantes y es
verdad que puede y es suceptible de una mejora importante de
gestión. Usted sabe, porque lo planteé yo en mi comparecencia
parlamentaria, que nosotros hemos
encargado un plan estratégico de la Sociedad de Paradores que
va a conducir a una mejora, y esperamos que notable, de
gestión, pero eso no quiere decir que los resultados de este
año no sean positivos y que, por tanto, la afirmación que he
hecho al principio acerca de que en mi opinión no son
negativos, es la que se corresponde con la realidad.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON NARCIS VAZQUEZ ROMERO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE GESTIONES HA
REALIZADO EL GOBIERNO ESPAÑOL ANTE EL GOBIERNO DE BOLIVIA PARA
ESCLARECER LAS CIRCUNSTANCIAS DEL ASESINATO DEL CIUDADANO
ESPAÑOL MANUEL RAM'ON PUCHOL Y EXIGIR LAS RESPONSABILIDADES
QUE DE ELLAS SE DESPRENDAN? (Número de expediente 180/000347)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 9, del señor Vázquez
Romero, que tiene la palabra.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, aunque conocemos a través de los medios de
comunicación la secuencia de los hechos producidos a partir
del día 10 de febrero con el asesinato del ciudadano español
Manuel Ramón Puchol a manos de miembros de las Fuerzas Armadas
de Bolivia, concretamente un teniente, un sargento y cinco
soldados, quisiéramos alguna precisión más detallada de las
investigaciones que haya podido hacer el Gobierno español al
respecto. También conocemos las contradicciones en las que han
incurrido los miembros del Gobierno boliviano. Asimismo
conocemos la
intervención del Embajador español, don Fernando Martínez
Westerhausen, y su participación en la práctica de la segunda
necropsia a este ciudadano español en la que se confirma como
causa de muerte el politraumatismo, el traumatismo
craneoencefálico, el estallido pulmonar y se descarta
absolutamente la presencia de drogas.
Sabemos que la familia ha estado relativamente informada a
través del Director General de Asuntos Consulares, pero
nuestro interés fundamental está en conocer si a través del
Ministerio van a seguir instando las acciones diplomáticas
para mantener la presión sobre el caso y llegar hasta el final
para que sean juzgados estos miembros de las Fuerzas Armadas
de Bolivia y reciban el castigo legal por la comisión del
asesinato que nos ocupa. Al mismo tiempo queremos conocer si
ustedes van a prestar apoyo diplomático y jurídico a la
familia de este ciudadano español para el seguimiento del
mismo caso policial.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vázquez.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga):
Muchas gracias, señor Presidente.
El Servicio Exterior de España, desde el momento que tuvo
conocimiento de este terrible asesinato, puso en marcha todos
los mecanismos que están a su alcance, desde los contactos con
el propio Canciller de Bolivia, con quien tuve ocasión de
hablar varias veces, hasta todos los servicios que han
prestado no solamente el Embajador, sino toda la Embajada, y
los servicios centrales del Ministerio, como usted ha tenido
la gentileza de relatar. En este momento, como saben, hay
detenidas siete personas, que han sido expulsadas del
Ejército. Se ha cesado también al teniente coronel jefe de la
guarnición. Tenga la certeza de que seguiremos haciendo las
mismas presiones hasta que se condene a los culpables.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Gracias, señor Presidente.
Le pediría, señor Ministro, alguna precisión. Ya me ha dicho
usted que van a seguir manteniendo la presión para que el
juicio se produzca y para que las penasa las que dé lugar el
desarrollo del mismo se cumplan. Repito la necesidad de la
familia de contar con el apoyo diplomático y jurídico de la
Embajada Española en Bolivia para seguir también el desarrollo
del caso.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vázquez.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga):
Gracias, señor Presidente.
Le pido disculpas, señoría, por no haber contestado a esa
segunda parte de su solicitud. Le diré que estamos en contacto
con la familia y prestaremos toda la ayuda que nos sea
solicitada dentro de lo que las normas nos autoricen.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JOSE MARIA ROBLES FRAGA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE LA AMPLIACION DE LA UNION EUROPEA
CONSTITUYE UNA OPORTUNIDAD PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA
ADHESION ESPAÑOLA? (Número de expediente 180/000355)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 17 del señor
Robles Fraga, que tiene la palabra.
El señor ROBLES FRAGA: ¿Considera el Gobierno que la
ampliación de la Unión Europea constituye una oportunidad para
mejorar las condiciones de la adhesión española?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga):
Gracias, señor Presidente.
Todo momento es bueno para defender los intereses de España.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Robles.
El señor ROBLES FRAGA: Señor Ministro, el Gobierno español
está bloqueando el proceso de ampliación y se encuentra, según
todas las informaciones, solo en este momento. Pero si ustedes
están solos, señor Ministro, defendiendo nuestros intereses
nacionales, no dudede que tendrán la opinión española detrás.
No pierdan esta ocasión para reconciliar su política europea
con la voluntad de la nación.
Como decía el clásico: El mayor crimen que se puede cometer en
España es empequeñecer el momento. Si quieren corregir los
defectos de nuestra adhesión en los sectores agrícola y
pesquero en el curso de la ampliación, aunque sólo sea como
argumento negociador, deberían hacer otra cosa que
empequeñecer ante la opinión la importancia que tiene la
ampliación. Han estado ustedes quizás atrapados en esta idea
de que se negocia mejor en Bruselas sin debate previo, en la
sombra y lejos de los
parlamentos. Pero el sentido común nos lleva a hacernos unas
preguntas y nos las hacemos desde el Grupo Popular. ¿Cómo es
posible que países más ricos que España entren en mejores
condiciones de las que lo hizo España en 1986 y que tengan
ahora mejores condiciones de las que tienen todavía en 1994
sectores tan importantes como el de la agricultura y la pesca?
El Grupo Popular lleva mucho tiempo pidiendo firmeza en
Bruselas, exigiendo el fin de los períodos transitorios y las
discriminaciones a nuestros agricultores y pescadores. Por
eso, señor Ministro, señores del Gobierno, les seguimos
pidiendo firmeza.
Ustedes han dicho que hay dos asuntos irrenunciables: la pesca
en Noruega y la minoría de 23 votos, minoría de bloqueo. ¿Y si
no obtenemos satisfacción? ¿Está dispuesto el Gobierno a
bloquear la ampliación? Si bloquea, señor Ministro, no lo haga
en la oscuridad, en la soledad a la que nos tiene
acostumbrados. ¿O es que acaso nos preparamos a un compromiso
de última hora? No ceda, señor Ministro, y estará acompañado
de la coincidencia de los grupos de esta Cámara. No ceda,
señor Ministro, y no estará usted tan solo en Bruselas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga):
Gracias, señor Presidente.
Me alegro mucho de conocer que el Grupo Parlamentario Popular
está en este caso detrás del Gobierno. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.--DE LA DIPUTADA
DOÑA LOYOLA DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE ESTA AMPLIACION DE LA UNION EUROPEA
AFECTA A LA CAPACIDAD DE ESPAÑA DE DEFENDER SUS INTERESES
NACIONALES EN EL SENO DE LA UNION? (Número de expediente
180/000356)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 18.
Tiene la palabra el señor Robles Fraga.
El señor ROBLES FRAGA: Gracias, señor Presidente.
Me alegro que cuente usted con el apoyo de la nación entera en
la defensa de los intereses nacionales y espero que escuche el
llamado para no ceder a última hora en estas negociaciones.
Señor Ministro, en España, como decía Ortega, hacen falta dos
cosas: Tomar las cosas como son y renunciar al fatalismo.
Hemos pasado, en unos días, al parecer, de ser una potencia
media a quedarnos en media-pequeña. Pero eso no es
consecuencia de la petición de ingreso de cuatro naciones
europeas. Más allá de la minoría de bloqueo y de las
cuestiones institucionales, más allá de las cuestiones
presupuestarias, está la fragilidad extrema de la propia
situación económica española, porque tras la cuestión del
bloqueo se encuentra el fracaso de la convergencia. Se hace
verdad la afirmación de que la mejor política europea es una
buena política económica española, que no se hace buena
política europea sin la participación de las opiniones
públicas nacionales y que este Gobierno ha fallado en la
empresa nacional de
acercarnos a Europa con reformas y cambios profundos. Con
2.000 parados diarios no se puede hablar de convergencia,
señores. Decía don Quijote que nadie vale más otro si no hace
más que otro y nosotros no seremos más que nadie si no hacemos
más que los demás y hacemos las cosas mejor. En política esto
significa otra actitud europea y en lo económico, otra
política española. En lo diplomático, en este caso, significa
la pesca en Noruega y 23 votos de bloqueo.
Señor Ministro, no podemos ceder más en nuestros intereses
nacionales. ¿Seremos capaces de hacer valer nuestra voluntad
en Europa o, por el contrario, pasaremos a la historia por
haber intentado bloquer la ampliación para ceder a última hora
defraudando a todos, europeos y españoles, por una política
errática del Gobierno que decía primero que había que
profundizar antes que ampliar, luego que profundizar equivalía
a ampliar y, al final, acabaremos ampliando sin profundizar?
Peor que el escepticismo europeo, señor Ministro, es el
fatalismo del Gobierno. Peor que el escepticismo y
el fatalismo es la debilidad europea del Gobierno. Y si al
final todo se resume en la frase: «Ni un pez más, ni un voto
más», habrá que decir: «Ni un país más».
Por eso, señor Ministro, le repito: no ceda usted en su
soledad de Bruselas. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: ¿Cuál es su pregunta, señor Robles Fraga?
(Risas.)
El señor ROBLES FRAGA: Ya la he formulado, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Estamos en la pregunta número 18.
El señor ROBLES FRAGA: Es si considera el señor Ministro que
los intereses de nuestro país están en este momento bien
defendidos en el curso de la ampliación y que pueden ser
afectados por esta ampliación.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga): A
la pregunta formulada contestaré que sí. A la reflexión hecha,
que corresponde a las páginas 14 y siguientes del borrador de
su manifiesto electoral, diré que en las elecciones tendremos
ocasión de discutirlo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
SR. MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES: ¿CUALES SON LAS ACCIONES
QUE EL GOBIERNO ESPAÑOL HA TOMADO CON RESPECTO A LA MUERTE EN
BOLIVIA DEL SUBDITO ESPAÑOL DON MANUEL RAMON PUCHOL? (Número
de
expediente 180/000363)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 25 del señor Trillo-
Figueroa. Tiene la palabra su señoría.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE: Gracias, señor
Presidente. Para que el señor Presidente no me diga cuál es mi
pregunta, y dado que un compañero de distrito electoral y de
escaño en otro lado de Cámara le ha preguntado ya por la
muerte del súbdito español don Manuel Ramón Puchol, yo quería
que usted fuera algo más concreto, señor Ministro de Asuntos
Exteriores y que además de las acciones de Gobierno, que nos
ha resumido, nos dijera cuándo tuvo noticia el Gobierno
español de la muerte del súbdito español, alicantino, al que
me he referido, qué
información se le dio y, sobre todo, qué medios ha adoptado
para ayudar a la familia, no sólo las conversaciones
telefónicas, que nos constan, sino qué medidas concretas ha
tomado para proteger los intereses de la familia.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Trillo.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga):
Gracias, señor Presidente.
La parte importante de la pregunta ya la he respondido, pero
le diré que el 11 de febrero la Embajada de La Paz comunicó el
fallecimiento del ciudadano español y dio todos los datos, y
la información a su familia. A partir de ese momento, todos
nos pusimos a trabajar para tratar de esclarecer los hechos.
Insisto en que, desde el primer momento estuve yo mismo en
contacto con el señor Ministro de Asuntos Exteriores de
Bolivia, que se le ha dado a la familia toda la ayuda que la
normativa vigente nos permite, y que seguiremos haciéndolo.
No tenga la menor duda de que a cualquier ciudadano español
que sufra una desgracia como ésta fuera de sus fronteras el
Servicio Exterior de España le apoya y le ayuda.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Trillo.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE: Gracias, señor
Presidente. No tengo la menor duda, señor Ministro, porque es
la obligación del Servicio Exterior y la suya como director de
ese Servicio de manera principalísima. Pero, desgraciadamente,
no es como usted ha señalado.
Ciertamente que una familia en una circunstancia tan trágica
siempre echa de menos alguna llamada más, y desde luego,
alguna atención más precisa. No se entera por el Ministerio de
Asuntos Exteriores al día siguiente, sino algunos días --en
plural-- más tarde y porque asiste al enterramiento una monja
española, que es la que da la noticia al Consulado.
Ciertamente, el consulado se porta bien.
Señor Ministro, lo que creo es que, de aquí en adelante, usted
tiene que tener por seguro que va a contar con el respaldo de
esta Cámara para ejercer esa protección, que en términos
jurídico-internacionales se llama protección diplomática y, si
lo quiere usted, protección consular. La va a ejercer, señor
Ministro, porque el Decreto de 1976 autoriza al Ministro de
Asuntos Exteriores a ejercer la protección diplomática, y
usted, como consular, puede ejercerla, por ejemplo, para que
alguien le ofrezca a la familia Puchol las acciones que se
derivan en cualquier Estado de Derecho, que es como lo
calificó, por cierto, el Defensor del Pueblo adjunto español
que estaba aquellos días en Bolivia. Esta familia ha sido
privada de uno de sus miembros. Nadie le ha hecho ofrecimiento
de acciones a esta familia, señor Ministro.
Yo le voy a pedir, primero, que hagan lo posible, a través de
la protección diplomática y, en su caso, de la exigencia de
responsabilidad internacional, para que la dignidad del nombre
del fallecido quede absolutamente impoluta. En segundo lugar,
para que se repare a su familia. Y, si me lo permite, en
tercer lugar, para que todos los ciudadanos españoles puedan
ir a Bolivia o a cualquier otro país iberoamericano, pero
especialmente a éste, que tanto se ha beneficiado, el que más,
de las ayudas exteriores de España, con la seguridad de que
allí no les va a ocurrir que sean asesinados por las fuerzas
de seguridad o por las fuerzas del orden.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Trillo.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga):
Gracias, señor Presidente.
Yo no voy a instrumentalizar la muerte de un ciudadano español
ni en España, ni en Bolivia, ni en ningún otro país del mundo.
Sepa S.S. que el Servicio Exterior se ha comportado con la
máxima eficiencia y con el máximo respeto a los
acontecimientos que desgraciadamente han tenido lugar,
empezando por un trabajo intenso sobre el terreno y también
con los familiares. Y no voy a sacar a colación en este
momento las gestiones que se han hecho con los familiares. El
teléfono de su padre lo conoce usted y si no, se lo doy. Creo
que usted no será de los que pida que su padre haga
declaraciones públicas. Yo no se lo pediré.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON SERGIO GOMEZ-ALBA Y RUIZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿CUALES HAN SIDO LAS RAZONES QUE HAN MOTIVADO EL ULTIMO CAMBIO
DE ARQUITECTO EN LAS OBRAS DE REMODELACION DEL TEATRO REAL DE
MADRID? (Número de expediente 180/000359)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 21 del señor Gómez-Alba,
que tiene la palabra.
El señor GOMEZ-ALBA Y RUIZ: Gracias, señor Presidente.Señora
Ministra, el Director General del Inaem reconoce que se nombró
al anterior arquitecto director de obras del Teatro Real sin
convocar concurso, por razones sentimentales, y que luego no
ha habido otras razones específicas para cambiarlo de nuevo.
Me permito preguntarle: ¿sabe usted cuáles son las razones que
han motivado el citado cambio?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gómez-Alba.
La señora Ministra de Cultura tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Muchas
gracias, señor Presidente.
Con independencia de las declaraciones del Director General
del Inaem, de las que no tengo constancia oficial, lo que sí
le puedo decir es que la primera razón para cambiar a don José
Manuel González Valcárcel en la dirección facultativa de las
obras de remodelación del Teatro Real no fue otra que la de su
desgraciado fallecimiento el 29 de enero de 1992. Justamente
dos días antes de su fallecimiento, mediante la
correspondiente resolucion, se había encargado al mismo equipo
que él presidía la redacción y dirección de las obras de la
tercera y última fase del proyecto de rehabilitación del
Teatro Real. Por tanto, señorías, fue una causa externa y
desgraciada, en primer término, la que supuso este cambio de
dirección de las obras de remodelación del Teatro Real.
Esta circunstancia, junto con lo avanzado en que se encontraba
el proyecto, así como la naturaleza del mismo, constituyen las
otras razones que incidieron en la elección del sustituto, el
señor Rodríguez de Partearroyo. Tras la realización de una
serie de consultas, se trataba de que asumiera el proyecto una
persona con la debida calificación profesional. Además,
previamente a la designación del señor Rodríguez de
Partearroyo, él mismo realizó, antes de asumir el encargo, un
estudio, a partir de los elementos básicos del proyecto
aprobado, para dar respuesta a determinados problemas que se
planteaban en este proyecto complejo.
Las soluciones ofrecidas en este estudio, así como su
experiencia y su alta calificación profesional, fueron las
razones que, en su momento, determinaron la elección del señor
Rodríguez de Partearroyo para la dirección del proyecto del
Teatro Real.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
El señor Gómez-Alba tiene la palabra.
El señor GOMEZ-ALBA Y RUIZ: Señora Ministra, yo no la he
preguntado las razones por las que se cambió al fallecido,
sino por las que se ha nombrado al nuevo. Dicho esto, el
problema no es que sea un arquitecto u otro. El problema es el
desmadre al que hemos llegado, que permite trabajar sin
proyecto aprobado y sin su presupuesto, sin licencia municipal
y con demoliciones
y cambios sustanciales de lo recién terminado, que
incrementarán el gasto en 3.000 millones.
Ahora entendemos por qué se negaron ustedes y sus asociados a
la auditoría de cuentas y gestión que solicitamos
recientemente para las obras del Teatro Real.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gómez-Alba.
La señora Ministra de Cultura tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Aunque la
respuesta del señor Diputado excede a la pregunta que en su
primer momento ha formulado, lo que sí le puedo asegurar, y
hay constancia de ello, es que precisamente el señor Rodríguez
de Partearroyo, por las circunstancias que concurren en él, y
su currículum brillante, fueron los que determinaron en su
momento que se hiciera esta elección porque, como S.S.
comprenderá, un proyecto que ya estaba elaborado y aprobada su
licencia en su primera y segunda fase, y además...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
--DEL DIPUTADO DON ALFONSO SORIANO BENITEZ DE LUGO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿QUE INFORMACION TIENE EL GOBIERNO SOBRE EL ACUERDO DE
COLABORACION SUSCRITO POR EL VICEPRESIDENTE CUBANO Y EL
PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DE CANARIAS, EL PASADO 23 DE
FEBRERO DE 1994? (Número de expediente 180/000368)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 30, del señor Soriano
Benítez de Lugo, que tiene la palabra.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Gracias, señor Presidente.
Los medios de comunicación se han hecho eco de que el pasado
23 de febrero el Presidente de Canarias, en su visita a Cuba,
firmó con el Vicepresidente de este país (y cito textualmente)
un acuerdo de colaboración en virtud del cual se compromete a
solicitar de las autoridades españolas y de la Unión Europea
medios de financiación para proyectos de desarrollo en la isla
caribeña, proponiéndose desarrollar el intercambio comercial y
la promoción de productos cubanos en Canarias, con proyección
al resto del territorio comunitario europeo, y la futura
colaboración de un convenio marco de promoción comercial entre
ambos Gobiernos. Sí, así como suena: de igual a igual.
Hasta aquí lo dicho por los medios de comunicación, pero nada
sabemos de las contrapartidas cubanas que, sin duda conocerá
el señor Ministro de Exteriores, y mucho menos de que se haya
recogido la llamada cláusula democrática, aprobada por esta
Cámara recientemente a iniciativa del Grupo Popular, con el
apoyo de todos los grupos incluido el nacionalista canario.
Espero que el señor Ministro nos dé cumplida información sobre
un convenio del que desconocemos hasta su propia naturaleza
jurídica. ¿Deberán ser informadas las Cortes Generales, tal y
como
establece la Constitución? ¿Es precisa su publicación oficial
y formará parte del Derecho interno español, de conformidad
con el artículo 96 de la Constitución? ¿O al menos formará
parte de las normas comunitarias canarias? ¿A quién y a qué
obliga? ¿Puede ser denunciado por las partes? ¿Cuáles son las
partes, Cuba y el Estado español, o la Comunidad Autónoma de
Canarias? ¿Qué valor tiene, si es que tiene alguno, en
definitiva? ¿Se le puede calificar incluso de convenio con
arreglo al Derecho
Internacional? ¿O es más bien un mero compadreo entre
mariachis caribeños?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soriano.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga):
Gracias, señor Presidente.
El acuerdo al que S.S. hace referencia es una mera declaración
de intenciones sobre promoción comercial recíproca. Por
consiguiente, este acuerdo no es un tratado de carácter
internacional y carece de efectos jurídicos vinculantes para
el Estado español. Quiero que lo sepa claramente porque S.S.
ha hecho aportaciones de los medios de comunicación y repito,
que no tiene ningún efecto jurídico vinculante para España. La
materia en sí --la promoción comercial, no la política
comercial-- no entra, propiamente hablando, dentro de las
competencias de la Unión Europea. Por tanto, tampoco tiene
nada que ver. Eso es lo que le puedo decir a su señoría.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Soriano.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: En definitiva, el señor
Ministro me ha venido a decir que esto es un mero papel
mojado, que no sirve para nada. Supongo que el Ministerio de
Asuntos Exteriores ni siquiera tiene el texto del convenio. Le
advierto que esto va a continuar porque el propio Presidente
de Canarias ya ha anunciado la inmediata llegada a Cuba de un
equipo de expertos canarios --no sabemos en qué, posiblemente
en hacer viajes turísticos al Caribe-- para completar las
posibilidades de cooperación.
Me extraña que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se
puedan permitir este tipo de actuaciones que comprometen el
buen nombre del Gobierno español
único que, de acuerdo con la Constitución, está capacitado
para esta firma de convenios de tipo internacional; que, como
muy bien ha dicho el señor Ministro, es una mera declaración
de intenciones, no sirve absolutamente para nada y, en
definitiva, que deja mal parado el nombre de España y el
nombre de las Islas Canarias.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga):
Muy brevemente, señoría, para decirle que los contenciosos que
S.S. tenga con el señor Hermoso, Presidente de Canarias, no es
el motivo para que yo se los pueda resolver. Yo trato de
resolver los que yo tengo defendiendo --como usted muy bien ha
dicho-- el nombre de España, y no solamente el nombre, sino
los intereses de España. No están en mi mano las posibilidades
de evitar que el señor Hermoso, a la sazón Presidente de la
Comunidad Canaria, de la que usted es tan digno representante
de una de sus
circunscripciones, viaje a donde le plazca.
Lo que sí le puedo decir es que impediré que tenga vigencia
jurídica lo que no tiene vigencia jurídica.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO JOSE MANUEL GARCIA-MARGALLO Y MARFIL, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿CUANDO PIENSA EL GOBIERNO REGULAR LOS PLANES DE AHORRO
POPULAR? (Número de expediente 180/000357)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 19, del señor García-
Margallo, que tiene la palabra.
El señor GARCIA-MARGALLO Y MARFIL: ¿Cuándo piensa el Gobierno
regular los planes de ahorro popular?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García-Margallo.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, después de una larga discusión técnica finalmente
hemos terminado ya el proyecto de decreto que regula los
planes de ahorro popular. Precisamente esta mañana ha sido
remitido a los representantes de las entidades financieras
para que den su opinión sobre el mismo. Tan pronto como
recabemos esa opinión lo enviaremos al Consejo de Estado como
trámite previo a su
aprobación por el Consejo de Ministros.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor García-Margallo.
El señor GARCIA-MARGALLO Y MARFIL: Señor Presidente, señor
Ministro, el principio pacta sunt servanda no es sino la
traducción jurídica del viejo refrán castellano que dice: Al
buey por el asta y al hombre por la palabra. El Gobierno sacó
adelante la Ley sobre el Impuesto sobre la Renta prometiendo a
CiU --mediopensionista entonces, interno ahora-- y al CDS tres
cosas: La puesta en marcha de los llamados planes de ahorro
popular; la aprobación para 1993 de una escala con un tipo
mínimo del 18 por ciento y un tipo máximo del 50 por ciento;
el envío a las Cortes, antes de finalizar 1992, de un nuevo
proyecto de ley del impuesto sobre sociedades. Han hecho
ustedes bacarrá, porque no han cumplido hasta ahora ninguna de
las tres cosas.
Sin embargo, ahora sólo voy a hablar de los planes de ahorro
popular. El Libro Blanco concibió estos planes para cumplir
una de las más vistosas promesas electorales del PSOE para
1989, para la legislatura anterior --página 66 del programa--.
Ven la luz al aprobarse el artículo 37.2 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, en 1991, que declara exentos los
rendimientos del capital mobiliario derivados de estos planes.
La madre de la reforma: el PSOE; el padre de la reforma:
Convergència i Unió y CDS, que vieron aprobadas sus enmiendas
en este tema.
Lo que está ocurriendo después es un auténtico culebrón. El 12
de febrero de 1992, el señor Homs pregunta cuándo se piensa
desarrollar estos planes, a los que califica como uno de los
elementos más novedosos del impuesto. El señor Ministro
contesta que nadie tiene más interés que el Gobierno en
desarrollarlos rápidamente.
El 18 de mayo de 1992, se filtra que los planes de ahorro
popular, uno de los estrenos más esperados del año, no se
regularán hasta otoño. Con esta declaración, el Gobierno --eso
sí-- se asegura el apoyo parlamentario necesario para sacar
adelante el plan de convergencia.
El 23 de junio de 1992, el Secretario de Estado de Economía, a
la sazón don Pedro Pérez, dice que estarán terminados antes de
las vacaciones del mes de agosto de ese mismo año. El 11 de
septiembre de 1992, se anuncia que los planes de ahorro
popular se posponen hasta 1993.
El 1 de marzo de 1993, se declara...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García-Margallo.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Le ha faltado a S.S. en su lista el 13 de octubre de 1992, en
que el Congreso aprobó también una moción sobre el mismo tema.
Su señoría debe saber que, evidentemente, el plan de ahorro
popular, en gran medida, se superpone a los fondos de
inversión. En consecuencia, había que estudiar técnicamente un
elemento que nos permitiese diferenciar ambos instrumentos
financieros, de forma que no se plantease un solape o una
lucha por la captura de un ahorro, que tiene que tener ambos
instrumentos para poder materializarse.
Esa fórmula, finalmente, la hemos encontrado, está en marcha.
Queremos que no compita con los fondos de inversión, que tan
buen resultado están dando, y espero que en un período muy
breve esos planes estén aprobados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON FELIPE CAMISON ASENSIO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿POR QUE TELEFONICA COMPRA TAN CARO EN HISPANOAMERICA? (Número
de expediente 180/000358)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 20, del señor Camisón
Asensio, que tiene la palabra.
El señor CAMISON ASENSIO: Señor Presidente, ¿por qué
Telefónica compra tan caro en Hispanoamérica?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Camisón.
El señor Ministro de Economía y Hacienda tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Yo le pediría al señor Camisón que, aparte de hacer una
afirmación, la justificase, porque esa afirmación no responde
en nada a la realidad. Le puedo decir que Telefónica lleva en
Hispanoamérica desde el año 1989. En 1994 forma parte ya o
tiene compañía en Argentina, Venezuela, Puerto Rico, Chile,
Colombia y Uruguay, y que sus inversiones se han revalorizado
en un 305 por ciento desde el momento de su compra.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Camisón tiene la palabra.
El señor CAMISON ASENSIO: Señor Presidente, todo lo que usted
quiera, señor Ministro, pero los hechos son muy tozudos. Son
éstos: Telefónica acaba de comprar el 35 por ciento de Entel-
Perú y de la Compañía Peruana de Teléfonos por 2.000 millones
de dólares, es decir, 280.000 millones de pesetas. Esto
entraña pagar el cuádruple del precio de salida de subasta o
pagar más del doble del precio ofrecido por el segundo
concursante, el consorcio --como sabe-- liderado por un «baby
Bell» americano, que ofreció 857 millones; negocio como
mínimo, chocante, porque Telefónica Internacional pudo comprar
lo mismo por 160.000 millones de pesetas menos.
Ante tan generosa prodigalidad de Telefónica, preguntamos:
¿Por qué se ha pagado por línea en Perú el doble que en
Venezuela? ¿Es que en esta compra hay gato encerrado en
connivencia con el Gobierno peruano? Se nos intenta convencer
con camuflajes como que tiene un alto valor estratégico, pero
es que la estrategia, señor Ministro, no se hubiera perdido
pagando el justo precio. Se nos dice que el Gobierno peruano
revertirá 610 millones de dólares como futura ampliación de
capital, pero es que esto sería por saltar de la participación
del 20 al 35 por ciento.
Semejantes argumentos podríamos aportar para desmentir tan
falsos pretextos, por ejemplo, el que se refiere a la prima
del 30 por ciento sobre valoración por descuentos de flujo de
caja, o cuando se dice que los socios peruanos podrán
suscribir más, cuando se trata de un compromiso de nada y de
una opción, con lo cual no hay que extrañarse de que Moody''s
intente rebajar el rating internacional de Telefónica o que el
Gobierno peruano clame por una investigación desde el
Parlamento español.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Camisón.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Su señoría parte de una práctica que no suele ser habitual, y
es que en la subasta se conoce el precio del otro. En general,
trabajamos con pliegos cerrados y, en consecuencia, cada uno
tiene que hacer la oferta en función de lo que considera que
vale para él. Si S.S. se toma la molestia de ver cuál es la
presencia de Telefónica Internacional en Sudamérica, verá
inmediatamente que Perú es clave, desde el punto de vista de
cierre de sus operaciones en esta zona. A mí me parece que el
hecho de que una compañía española pueda acceder a una
compañía como es la Telefónica Peruana, debería ser
considerado como algo positivo, y creo que en otros países así
se valoraría. La experiencia que hemos tenido de Telefónica
Internacional en anteriores
actuaciones ha sido correcta. Dejemos que las cosas funcionen
por su camino. Este proceso todavía no está terminado, y
cuando termine podremos hablar con más calma y sin crear
ningún problema a la compañía.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Solbes.
--DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA REYES MONTSENY MASIP, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿COMO INTERPRETA EL GOBIERNO LA CONGELACION SALARIAL DE LOS
FUNCIONIARIOS PARA EL EJERCICIO 1994? (Número de expediente
180/000360)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 22, de la señora Montseny
Masip, que tiene la palabra.
La señora MONTSENY MASIP: Gracias, señor Presidente.
Mi pregunta va encaminada, dentro de lo que se supone la
congelación de los sueldos o retribuciones de los funcionarios
públicos por segundo año consecutivo, a que el Gobierno nos
aclare si esto va a suponer un préstamo temporal que los
funcionarios van a hacer al Estado o bien, por el contrario,
una pérdida definitiva otra vez del poder adquisitivo de
éstos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Montseny.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra
Acevedo): Gracias, señor Presidente.
Señora Montseny, la pregunta que me formula es cómo interpreta
el Gobierno la congelación de salarios. Podría fácilmente
prestarme a una broma acerca de la interpretación. La
interpretación de las normas corresponde a los jueces y, como
usted sabe, está recogida en la Ley de Presupuestos dicha
congelación.
Lo que sí le rogaría a S.S., con el máximo respeto, es que
haga un seguimiento de sus propias iniciativas parlamentarias,
porque su pregunta, exactamente igual, fue formulada para
responderla por escrito, y está publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes», Congreso de los Diputados, Serie D,
Actas de control, número 56, de 15 de febrero pasado, en la
página 142. Por consiguiente, me remitiría a la lectura de esa
respuesta que el Gobierno le transmitió.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
La señora Montseny tiene la palabra.
La señora MONTSENY MASIP: Señor Ministro, evidentemente, he
leído la respuesta. El Ministerio me dice en ella que los
funcionarios han conservado el poder adquisitivo a lo largo de
los últimos años. Yo tengo aquí unas cifras que me gustaría
que usted conociera, que me han sido facilitadas por las
centrales
sindicales, en las que se especifica que los funcionarios
públicos, entre los años 1982 y 1988, han perdido el 18,40 por
ciento del poder adquisitivo, puesto que el incremento del IPC
en esos mismos años fue del 62,10 por ciento y la subida
salarial de los funcionarios un 43,70 por ciento, amén de que
en los últimos años ha habido ahí alguna retribución tipo
bufanda, que no se subsume en los complementos específico y de
destino, que sería tal vez motivo de otra pregunta.
Además, es que el año pasado, con el incremento del IPC, los
funcionarios sufrieron una nueva pérdida de un tres por ciento
de poder adquisitivo, y este año, sabiendo que además ustedes
ya han comunicado que será difícilmente reducible el déficit
público, van a perder, aproximadamente, otro cinco por ciento,
con lo cual nos situamos en esa década en más de un 25 por
ciento de pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios,
señor Ministro.
Incluso conocemos en este momento que es posible que haya
recorte en las pensiones, que no se sabe si los jóvenes
funcionarios van a poder obtener las pensiones de jubilación,
y eso, señor Ministro, crea una gran incertidumbre en todo
este colectivo, que no tiene ninguna culpa del incremento de
la Administración pública; ellos prestan ahí su trabajo y
tienen que tener una seguridad.
Nosotros ya propusimos que se incrementara un 3,5 por ciento
la retribución de los funcionarios, en el bien entendido que
procedía que se suprimieran altos cargos y algún organismo
público.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Montseny.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra
Acevedo): Sin necesidad de apelar a cosas juzgadas, porque
volveríamos a repetir el debate del Título III de la Ley de
Presupuestos que se produjo en esta Cámara, sí quiero decirle,
en relación con las cifras que ha utilizado, que en 1989 la
retribución media de los empleados públicos experimentó un
incremento del ocho por ciento, con un IPC del 6,8; en el año
1990, un aumento del diez por ciento, con un IPC del 6,7; en
1991, un 9,9 por ciento, con un IPC del 5,9; y en 1992, un 8,6
por ciento, con un IPC del 5,3 por ciento. Hay que tener en
cuenta no sólo lo que se establece en la Ley de Presupuestos,
sino los deslizamientos que también significan cientos de
miles de millones y que acompañan a las retribuciones de los
funcionarios públicos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON VALENTIN BRAVO MARTIN-PINTADO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCELENTISIMO SEÑOR
MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION: ¿COMO VALORA EL
SEÑOR MINISTRO LA FUTURA SUPRESION DE LA AYUDA COMUNITARIA AL
CONSUMO DE ACEITE DE OLIVA, INCORPORANDOLA A LAS AYUDAS A LA
PRODUCCION? (Número de expediente 180/000366)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 28, del señor Bravo
Martín-Pintado.
El señor BRAVO MARTIN-PINTADO: Señor Presidente, señorías,
señor Ministro, ¿cómo valora el Ministro de Agricultura la
futura supresión de la ayuda comunitaria al consumo del aceite
de oliva, incorporándola a las ayudas a la producción del
olivar?
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bravo.
Tiene la palabra el señor Ministro de Agricultura.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero
Silla): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, como bien sabe, la propuesta de la Comisión para la
fijación de precios de los productos agrícolas en la campaña
1994-1995 contempla, efectivamente, la transferencia de esa
ayuda al consumo a la ayuda a la producción. Desde el punto de
vista estrictamente técnico la propuesta es neutra dado, que
el agricultor compensa la disminución de los precios
institucionales con el incremento de la ayuda a la producción.
El industrial envasador dispondrá de unos precios de mercado
inferiores en la cuantía de la ayuda que desaparece y el
consumidor de aceite de oliva, en consecuencia, pagará los
mismos precios para el producto. Esa es la explicación que da
la Comisión, y que desde el punto de vista técnico, como le
digo a S.S., es absolutamente aceptable.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Bravo.
El señor BRAVO MARTIN-PINTADO: Señor Presidente, señor
Ministro, tal y como usted me contesta parece que es así, pero
S.S. estará de acuerdo conmigo en que si se quita la ayuda al
consumo los aceites van a salir al mercado con un precio
bastante más elevado, lo que va a suponer una caída en el
consumo del aceite virgen de oliva. Esto tiene que repercutir
negativamente en el productor, porque si vemos los datos, y
estoy seguro que usted los conoce, en el año 1990 en España
había 193 envasadoras, y se envasaron 334.000 toneladas de
aceite; en el año 1993, ese número de envasadoras se
incrementó hasta 501, con un envasado de 530.000 toneladas.
Esto dice claro que esa medida era beneficiosa para el consumo
de aceite virgen de oliva, lo que repercute favorablemente en
el agricultor.
La compensación que usted decía que va a tener el agricultor
con el incremento es también altamente peligrosa, porque
parece ser que la subvención a la producción se va a hacer por
superficie, y, señor Ministro, de ninguna manera puede esto
ser válido cuando se va a primar lo mismo a los olivareros que
cultiven bien que a los que cultiven mal; o lo que es igual,
no puede tener la misma subvención un olivo de la Castrejona
de mi pueblo, por ejemplo, que uno de la Cañada del Castillo,
y usted perfectamente lo conoce.
Señor Ministro, estoy seguro de que lo defenderá con todas las
armas que tenga en sus manos, y si así lo hace tendrá el apoyo
de todos los olivareros; si no, que quede claro que estamos
asistiendo al entierro del olivar.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bravo.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero
Silla): Señor Presidente, señorías, la mejor ayuda que tiene
el consumo de aceite de oliva, y el envasado, por tanto, es la
propia calidad del producto. Yo creo que ese es el elemento
distintivo que hace que podamos seguir incrementando el
consumo de aceite de oliva no sólo en España, sino en la
Comunidad Europea.
En todo caso, nuestra preocupación en lo que se refiere a esta
modificación lógicamente está en el impacto que puede tener,
que técnicamente, como le decía en mi primera intervención, no
tiene por qué ser grave, pero que, en cambio, si se hace
gradualmente, sí que realmente podrá tener un efecto que pueda
ser asumido por el conjunto del sector.
En cuanto a la segunda parte de la cuestión, que no se refiere
exactamente a la pregunta que S.S. planteaba, es decir, la
vinculación de la ayuda no a la hectárea sino a los
rendimientos, estamos de acuerdo, y esa es la posición que el
Gobierno español va a defender, que exista una diferenciación
con respecto a la ayuda que no esté estrictamente vinculada a
la hectárea, aunque tenga una vinculación a la misma, pero que
siga estimulando a los productores a hacer cantidad y calidad.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Se suspende la sesión durante cinco minutos.
Se reanuda la sesión.
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. (La señora De
Palacio Valle-Lersundi pide la palabra.)
La señora De Palacio tiene la palabra.
La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Señor Presidente, lamento
tener que plantear una cuestión de orden, algo que ya se está
volviendo casi una cláusula de estilo a lo largo de los
Plenos, por cuanto lamentablemente tenemos que soportar una y
otra vez que los retrasos de los señores ministros impidan el
normal desarrollo de las sesiones. Una vez más, el Grupo
Popular manifiesta su protesta ante un retraso que a una
sesión
parlamentaria no termino de comprender, y que espero
justifique el señor Ministro de Defensa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De Palacio.
Como sabe, la Presidencia comparte el deseo de que las
sesiones se puedan desarrollar al ritmo que el orden del día
permite esperar en relación con el contenido del mismo, y
lamenta tanto o más, por las funciones que tiene que cumplir,
que ese ritmo no se pueda seguir como todos deseamos.
--DEL DIPUTADO DON GABRIEL DIAZ BERBEL, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿QUE DESTINO TIENE PREVISTO EL MINISTERIO DE DEFENSA PARA EL
EDIFICIO
ACTUALMENTE DESOCUPADO QUE EN SU DIA SE UTILIZABA COMO
HOSPITAL MILITAR DE GRANADA? (Número de expediente 180/000369)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 31, del señor Díaz
Berbel, quien tiene la palabra.
El señor DIAZ BERBEL: Gracias, señor Presidente.
¿Qué destino tiene previsto el Ministerio de Defensa para el
edificio actualmente desocupado que en su día se utilizaba
como Hospital Militar de Granada?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Díaz Berbel.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (García Vargas): Señor
Presidente, ante todo le ruego me acepte las disculpas por
haber llegado tarde al Pleno. Ruego que me las acepte también
la señora De Palacio y todos los presentes en la Cámara. No
volverá a ocurrir señora De Palacio.
En cuanto a la pregunta sobre el ex Hospital Militar de
Granada, ha sido desafectado y estamos en conversaciones con
distintos organismos de la Junta de Andalucía para que, a
través de una enajenación con contraprestación, se pueda
dedicar a fines distintos de los militares.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Díaz Berbel tiene la palabra.
El señor DIAZ BERBEL: Gracias, señor Presidente.
Me ha parecido entender, señor Ministro, que están en
negociación con la Junta de Andalucía.
Señor Ministro, el pasado 28 de febrero, que por cierto era el
Día de Andalucía, se firmaba una operación de compra-venta por
parte del Gobierno central y de la Generalitat del que ha sido
Hospital Militar de Lérida, desactivado en el plan sanitario
que están llevando a cabo en el Ministerio de Defensa. Fueron
1.091 metros cuadrados por 371 millones y lo firmaron el
Secretario de Estado para la Defensa y el Consejero de Sanidad
de Cataluña. Dirá el señor Ministro que por qué le hablo de
Lérida y no de Granada. Pues porque respecto al Hospital de
Lérida ustedes han dado un plazo a la Generalitat para que lo
tenga desalojado antes del 31 de mayo próximo. Y no es nada
ese pequeño retraso que le ha impedido al Ministro estar aquí
para continuar la sesión normalmente comparado con los dos
años que va a cumplir el Hospital de Granada desactivado,
desalojado y vacío.
Nosotros, desde el Ayuntamiento --y digo nosotros porque
también comparto mis labores políticas en aquella institución-
- hemos instado al Gobierno, se lo anticipo, para que proceda
a la venta de este hospital (que lleva dos años parado y
cerrado con los consiguientes deterioros), para que proceda,
decía a la venta preferiblemente a la Universidad de Granada
para instalar en él, presumiblemente también, la Facultad de
Bellas Artes. Sin embargo, la realidad es que ahora mismo
estamos en una situación de un agravio comparativo que se
produce además el Día de Andalucía. Mientras que a una
Comunidad, de la cual depende el mantenerse ustedes en el
poder, se le beneficia --y lo digo así de claro-- comprándoles
o, mejor dicho, vendiéndoles ustedes el Hospital de Lérida sin
estar ni siquiera desocupado, ahí está esa Andalucía esclava
de los subsidios que clama por tener alguna instalación más y
ustedes se permiten el lujo de tenerla cerrada hasta estar en
las puertas de las elecciones andaluzas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Díaz Berbel.
El señor Ministro de Defensa tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (García Vargas): Señor Díaz
Berbel, creo que ha perdido usted una excelente oportunidad de
mostrar sensatez delante de la Cámara, porque mezclar dos
comunidades autónomas en un asunto como éste no tiene ningún
sentido. Ustedes me han hecho en algún momento críticas en la
Comisión de Defensa porque el Ministerio enajenaba
--a quien fuera-- en general las propiedades desafectadas por
precios inferiores a los del mercado, y ahora me dice, de una
manera más o menos chapucera y haciendo demagogia con
Andalucía que no respete lo que ustedes mismos me han pedido
ni lo que establece la Ley de Gerencia e Infraestructura de la
Defensa, y arregle el problema porque usted tiene prisa, y me
dice algo sobre el día de Andalucía que no he entendido
exactamente. Cuando lleguemos a un acuerdo, o bien con la
universidad o bien con el Servicio andaluz de salud, se
resolverá, pero con un principio: ni se va a especular con esa
propiedad, como no se hace con ninguna desafectada a la
defensa, ni se va tampoco a acceder sin cumplir los límites o
condiciones que establece la Ley de Gerencia e Infraestructura
de la Defensa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JAUME ANTICH I BALADA, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LOS
RESULTADOS DEL PLAN DE EXTENSION DEL TELEFONO A LAS ZONAS
RURALES, PREVISTO CON LA COLABORACION DE OTRAS
ADMINISTRACIONES? (Número de expediente 180/000351)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 13, del señor Antich i
Balada. Tiene la palabra.
El señor ANTICH I BALADA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro de Obras Públicas, durante 1993 por
parte del Gobierno del que usted forma parte se aprobó el Plan
de extensión del teléfono a las zonas rurales, previendo en el
mismo la posibilidad de colaboración, a base de convenios, de
Telefónica con las administraciones. Por ejemplo, en Cataluña,
la «Generalitat» y las diputaciones firmaron un convenio con
Telefónica de cara a prever esta colaboración para la
extensión del teléfono a las zonas rurales, y en otras zonas
del territorio español también se firmaron convenios
semejantes.
Por ello, al cabo ya de un cierto tiempo de aplicación de este
Plan de extensión y de los convenios firmados, tal vez sea
hora ya de poder formular la pregunta siguiente: ¿Cuáles son
los resultados hasta ahora del Plan de extensión del teléfono
a las zonas rurales, previsto con la colaboración de otras
administraciones?
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Antich.
El señor Ministro tiene la palabra.El señor MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles):
Muchas gracias, señor Presidente.
El Plan de extensión del servicio telefónico al medio rural
fue aprobado por el Consejo de Ministros en marzo de 1993, con
el objetivo de extender el servicio telefónico a todos los
usuarios en los mismos términos de coste, cualquiera que sea
el lugar de su residencia dentro del territorio nacional. El
Plan preveía unas inversiones de 103.000 millones de pesetas
para instalar 441.154 líneas telefónicas a través de procesos
de concertación con los entes territoriales, que podrían
colaborar en las inversiones necesarias para alcanzar estos
objetivos. Telefónica ha firmado ya 34 convenios para ello con
diputaciones y
comunidades autónomas, ha efectuado inversiones por valor de
22.000 millones de pesetas y a finales de 1993 había instalado
87.028 líneas de teléfono, que servían a casi un cuarto de
millón de personas.
La colaboración de las administraciones territorialescon
Telefónica, unida al impulso que ha dado el Gobierno a este
Plan y a la aplicación de nuevas tecnologías, como el acceso
celular vía radio, está así promoviendo una importante mejora
en la disponibilidad del servicio telefónico en el medido
rural, de manera que el radio-teléfono --el teléfono portátil-
- no sea sólo un símbolo del progreso en la ciudad, no sea
sólo un elemento que usan típicamente los «yuppies» urbanos,
sino que sea también una forma de extender al mundo rural, a
los agricultores que viven en zonas alejadas de difícil acceso
y poco densas, los beneficios de las modernas tecnologías de
comunicación. Allí donde nunca hubiéramos llegado con un hilo
de cobre, estamos llegando con la moderna tecnología celular,
que a finales de 1996 habrá cubierto completamente la
geografía española.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA BERNARDA BARROS CURBELO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿CUALES SON LAS RAZONES POR LAS QUE EL MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE HA DISMINUIDO LA
DOTACION PRESUPUESTARIA PARA EL II PLAN CANARIO DE VIVIENDAS
PARA 1992-93 EN 3.200 MILLONES DE PESETAS? (Número de
expediente 180/000361)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 23, de la señora Barrios
Curbelo, quien tiene la palabra.
La señora BARRIOS CURBELO: Buenas tardes. Señor Presidente,
señorías, señor Ministro, ¿Cuáles son
las razones por las que su Ministerio ha disminuido la
dotación presupuestaria para el II Plan Canario de viviendas
en 3.200 millones de pesetas?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Barrios.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.
Por no haberse alcanzado los objetivos del convenio en la
modalidad de viviendas de régimen especial.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
La señora Barrios tiene la palabra.
La señora BARRIOS CURBELO: Señor Ministro, ¿no es más cierto
que, sin embargo, había un acuerdo previsto de forma ficticia
entre el Gobierno canario y la Administración del Estado?
Quiero recordarle, señor Ministro, que durante la campaña
electoral de las últimas elecciones autonómicas, en 1991, su
Partido, el PSOE, recogió en su programa electoral el
compromiso de construir 10.000 viviendas sociales en Canarias
si llegaba a gobernar. Gobernó, y un compañero suyo actual en
el Gobierno, don Jerónimo Saavedra, fue nuestro Presidente
gracias al apoyo de esos que se denominan nacionalistas,
quienes también asumieron el compromiso de la construcción de
tal número de viviendas. Posteriormente, sin embargo, al
firmar el II Plan Canario de Viviendas en 1992 entre el
Ministerio y el Gobierno canario, como sólo su Ministerio se
comprometía a financiar 7.000 viviendas, es decir, 3.000 menos
que las que se recogían en la campaña, y sabiendo el coste
político que esto supone, se elabora una treta, y es que los
irresponsables del Gobierno canario, aun sabiendo que el
Estado no va a financiar más de 7.000 viviendas, plantean al
Estado que aparecieran las 3.000 viviendas más, pero sólo se
iba a poner cara a la galería, y a ese juego se prestó su
Ministerio. Está claro, señor Ministro, que su Partido, el
PSOE, continúa con la ya famosa y conocida tradición
socialista de cumplir a rajatabla lo que promete en campaña
electoral. Pero más me sorpende que esos que en mi tierra
dicen que su único fin es defender Canarias, no sólo han
votado afirmativamente unos presupuestos que olvidan los
intereses de Canarias, sino que, además, se ponen de acuerdo
con ustedes, con el Gobierno
socialista, para engañar a mi pueblo canario y jugar con una
necesidad tal elemental y prioritaria como es la vivienda.
Miles de familias en Canarias vivien en chabolas, y mientras,
nuestro Presidente de la Comunidad Autónoma tiene dos
residencias que han costado más de 1.000 millones de
pesetas.Señor Ministro, el problema de Canarias con el
Gobierno socialista no es la lejanía geográfica. Existe otro
que, desde luego, más nos duele y más nos daña, es la lejanía
de la comprensión y de la responssabilidad; comprensión de los
problemas canarios y responsabilidad para solventarlos. Ni el
Gobierno socialista en el Estado ni el Gobierno de Canarias en
este momento, los pseudonacionalistas, tienen comprensión y
responsabilidad.
Gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Barrios.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): ¿Qué me cuenta usted, señoría?
(Risas.) ¿Qué cosas me cuenta usted? Tiene S.S. una
imaginación fértil y desbordada. Le aconsejo que se dedique a
una actividad como la novela, porque sin duda alguna sería muy
interesante leer sus relatos de ficción. De momento, lo único
que usted cuenta es una fábula. (Rumores.--El señor Hernández-
Sito García Blanco
pronuncia palabras que no se perciben.)
El señor PRESIDENTE: ¡Señor Hernández-Sito, silencio!
¡Silencio, señorías! Señor Ministro, continúe.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias.
De momento, lo que usted cuenta es una fábula que no tiene
apoyo en ningún documento ni en nada que pueda ser
contrastado. Le digo que lamento profundamente que el Gobierno
canario no haya sido capaz de aprovechar la financiación
establecida, por la cual hubieran podido construirse 10.000
viviendas de régimen especial en Canarias y aprovechar 15.000
millones de pesetas puestas a su disposición por el Convenio
de marzo de 1992, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
(que aunque no es tan divertido como una novela es bastante
más real), que podrá usted leer, si le interesa, para observar
cómo el Gobierno de la nación puso a disposición del Gobierno
canario una financiación de 15.030 millones de pesetas para
10.000 viviendas.
Si el Gobierno canario no ha sido capaz, por razones que yo no
entro a valorar, de hacerlo y, mientras el resto de las
comunidades ha conseguido una tasa de realización en el
programa de viviendas de régimen especial del 120 por ciento,
ustedes sólo han conseguido el 36 por ciento, tendrán que
responder frente a ese pueblo canario de cuyos males tanto se
lamentan, porque ustedes no han sido
capaces de utilizar la financiación puesta a su disposición.
Ustedes no han sido capaces de eso y a nadie más que a ustedes
mismos tienen que echar la culpa. (Grandes rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON LEOCADIO BUESO ZAERA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿POR QUE SE HA RETRASADO EL INICIO DE LAS OBRAS DE LA AUTOVIA
DEL SOMPORT-SAGUNTO? (Número de expedientes 180/000364)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 26, del señor Bueso
Zaera, que tiene la palabra.
El señor BUESO ZAERA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿por qué se ha retrasado el inicio de las
obras de la autovía del Somport-Sagunto?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bueso.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.
Como decían las aristotélicos, niego la mayor; es decir, no se
han retrasado las obras del Somport-Sagunto.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Bueso.
El señor BUESO ZAERA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, usted puede negar lo que quiera, pero el 15 de
octubre de 1992 se firmó un convenio entre la Administración
central y la Diputación General de Aragón para adelantar la
construcción del tramo de autovía entre Villanueva de Gállego
y Nueno. No ha sido denunciado y sí ha sido anunciado que no
se iba a cumplir, cinco meses después, y usted lo ha
incumplido
unilateralmente, por intereses partidistas. Si no, vea el
pleno de las Cortes de Aragón del 10 de febrero.
Esto no es juego limpio ni se lo merece Aragón. Y no lo digo
yo, lo ha dicho Izquierda Unida.
Usted, señor Ministro, sabe que se trataba de un magnífico
convenio y se sorprendía de la bondad para esa tierra y para
su Departamento ministerial. El día 23 de febrero usted dijo
que no se diga ahora que se deje de agitar la demagogia de
este convenio que se entendió que no servía a los fines de
hacer la autovía lo más rápido posible. ¿Por qué lo firmó si
eso era así? A raíz del convenio, el señor Solchaga, entonces
Ministro de Economía, metió, la última noche antes de la
presentación de los
Presupuestos Generales del Estado de 1993, 2.300 millones de
pesetas a la Sección 31 de dichos presupuestos. Tengo aquí la
nota de prensa del Ministerio de Obras Públicas y Transportes
que avala todo lo que estoy diciendo. Tengo también una de las
notas que le pasaban a usted los altos cargos responsables del
Ministerio como información de que la constitución de la
sociedad mixta --estamos hablando del 15 de octubre de 1991--
se haría en un mes; la contratación del proyecto se haría en
un mes; la tramitación del proyecto se haría en seis meses; la
contratación de las obras en tres meses y las obras se
comprometía el
Departamento de Obras Públicas a comenzarlas en el último
trimestre de 1993. Estamos en el primer trimestre de 1994 y,
después de haber tenido el respaldo del Consejo de Ministros y
de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, la Comunidad
Autónoma no tiene absolutamente nada; tendría unos pequeños
costos financieros para anticipar la obra. Si esto no se
hubiera tirado por razones absolutamente partidistas, hoy la
vía estaría puesta en marcha, lo cual quiere decir que a usted
le han metido un gol. Y, desde luego, hay que tener en cuenta
que ha sido necesaria una interpelación y una moción del Grupo
Popular en las Cortes de Aragón para retormar esta lamentable
actuación y ahora tiene la oportunidad de demostrar lo
contrario, porque se aprobó por unanimidad en las Cortes de
Aragón el pasado día 23 de febrero.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señoría.
Tiene usted las ideas bastante confusas; las explica aprisa y
quizá eso conduce todavía más a dar la impresión de confusión.
Veo que ha descubierto usted otra conjura del Partido
Socialista --hoy va de conjuras, por lo visto-- de conjuras
imaginadas acerca de lo que nuestra perversión nos induce a
hacer para perjudicar a todas las tierras de España. Ahora
también hemos conspirado para hacer tarde y mal la autovía de
Zaragoza hasta Huesca. ¡Hay que ver, señorías! Pero, ¿por qué
no dejan ustedes de fabular y se limitan a analizar los hechos
concretamente? (Varios señores Diputados del Grupo Popular
pronuncian palabras que no se perciben. Rumores.)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio!, señorías. (Rumores.)
¡Silencio! Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): La verdad es que prefiro que
fabulen que no que griten. No hay ninguna conspiración. Hay la
voluntad de hacer esta autovía lo más rápidamente posible y se
lo he
explicado mil veces. Esta autovía se está haciendo en los
plazos más cortos técnicamente posibles. Es imposible hacerlo
más rápido y de haber continuado con la voluntad de colaborar
a través de una sociedad mixta con la Comunidad Autónoma de
Aragón la hubiéramos hecho más tarde y hubiera costado a los
aragoneses más dinero. Suspendimos el acuerdo porque las
múltiples
dificultades de todo tipo que iban apareciendo estaban
retrasando los procedimientos de ejecución de la obra, del
diseño del proyecto y comunicamos al Gobierno aragonés que no
hacía falta su aportación presupuestaria porque disponíamos de
fondos de cohesión. La verdad es que es la primera vez que veo
a una comunidad autónoma protestar porque no se le pide que
cofinancie una obra, que ya es el colmo, señorías. Es el
colmo. Es la primera vez que alguien protesta porque se le
dice: no hace falta, lo va a pagar cien por cien el
presupuesto del Estado. Ustedes protestan cuando se les pide
que cofinancien y protestan cuando se les dice que no hace
falta que cofinancien. ¿Por qué no aplicó el Gobierno aragonés
de entonces esos recursos a la cantidad de obras públicas que
son de su competencia y todavía no ha ejecutado? ¿O es que ya
han hecho todo lo que tenían que hacer en el ámbito de sus
competencias? Es absolutamente
irracional su planteamiento, señoría.
En este momento el Ministerio está trabajando en la
elaboración de un proyecto constructivo que nos permitirá
licitar las obras este año y acabarlas en los plazos
técnicamente más rápidos posible. Por favor, dejen ustedes ya
de agitar el sonajero con este tema.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DE LA DIPUTADA DOÑA TEOFILA MARTINEZ SAIZ (GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR), QUE FORMULA AL EXCELENTISIMO SEÑOR
MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE:
¿CUANTAS VECES MAS TIENE PREVISTO PRESENTAR EL SEÑOR MINISTRO
EL PLAN DIRECTOR DE
INFRAESTRUCTURAS? (Número de expediente 180/000374)
El señor PRESIDENTE: Pregunta nueva de la señora Martínez
Saiz.
La señora MARTINEZ SAIZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿cuántas veces más tiene previsto presentar el
señor Ministro de Obras Públicas el Plan Director de
Infraestructuras?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.
Tiene la palabra el señor Ministro de Obras Públicas.El señor
MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Cuatro. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra la señora Martínez.
La señora MARTINEZ SAIZ: Señor Presidente, señor Ministro, eso
no se lo cree ni usted.
Desde el pasado año en marzo en que presentó el Plan Director
de Infraestructuras, primero en la sede de su partido, a los
gobernadores civiles, a los delegados del Gobierno, a las
comunidades autónomas, ha pasado, señor Ministro, un año, y
han sido tantas las presentaciones que es imposible llevarle
la cuenta. Lo de las cuatro sería lo de menos. Utilizó la
precampaña, la campaña electoral, presentando un plan
elaborado con el dinero de todos los españoles como que era el
plan del Partido Socialista Obrero Español. En todas las
presentaciones insistió en que se trataba de conseguir, antes
de aprobarlo por el Gobierno y presentarlo en el Parlamento,
el mayor debate posible en la sociedad y un proceso previo de
concertación. Señor Ministro, ha pasado un año, como le decía
al principio, y todo se ha quedado en una nueva presentación y
en una aprobación por parte del Gobierno. Por lo que sabemos
de sus propias
manifestaciones por los medios de comunicación, esas
modificaciones que se han introducido en un año son aumentar
en 20.000 millones, según usted mismo ha dicho, la dotación
para mejoras en los presupuestos de Medio Ambiente y añadir
480 kilómetros más de autovías.
Señor Borrell, nada concreto sobre financiación, que es, según
usted y todo el mundo, el principal escollo para que realizar
un plan de 18 billones de pesetas en 15 años, sea realidad.
Esto, señor Ministro, sí que son cuentos y fábulas en lo que
usted es experto. Eso sí, en este espacio de tiempo se ha
aprobado un plan puente de obras hidráulicas 1993-94; nos ha
anunciado otro 1994-95; un plan puente de carreteras 1994-95,
cuando no han hecho el anterior 1992-93; ha editado usted un
libro, eso sí, 6.000 pesetas, que cuesta en el Ministerio.
Además, en la comparecencia del 2 de noviembre no coincidían
las cifras que daba de la participación de los Presupuestos
Generales del Estado en ese PDI con lo que usted dice ahora.
Entonces decía que iba a participar con 14 billones y medio y
ahora que con trece billones. Nada coincide.
Ha sido, señor Ministro, un año de pérdida de tiempo
deliberado. Ahora vuelve a decir; hay que iniciar otra vez el
debate social. ¿Qué ha hecho usted este año, señor Ministro?
¿Presentarlo en ruedas de prensa para verse cómodo?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Tranquilícese, señoría.
(Rumores.) Tendrá usted ocasión de discutir en la Cámara el
PDI todo lo que usted quiera. (Fuertes rumores.)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio!, señorías.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Me ha preguntado que cuántas
veces más pienso presentarlo y yo le he contestado con la
máxima concreción posible. He dicho: cuatro veces. Una vez, al
Grupo Parlamentario Socialista, que será el primero al que se
presentará en su trámite en las Cámaras; otra vez, a las
Comunidades Autónomas, a sus consejeros de Medio Ambiente y
Obras Públicas; otra vez, en el Pleno del Congreso, cuando sea
sometido a debate de la Cámara. (Insistentes rumores.) Están
ustedes hoy muy charlatanes, señorías. Y otra vez, en el Pleno
del Senado, porque supongo que también participará en el
debate de este Plan. Cuatro veces, institucionalmente. (La
señora Martínez Saiz: Le sobra una.)
El señor PRESIDENTE: ¡Señora Martínez! (Pausa.)
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Cuatro veces, institucionalmente
hablando. En plan particular, muchas más. Incluso estoy
dispuesto a presentárselo a usted, porque quizá sería una de
las pocas formas que tendríamos de conseguir que usted se lo
leyera.
Muchas gracias. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DE LA DIPUTADA DOÑA ANA BALLETBO I PUIG, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: DENTRO DEL PLAN
ENERGETICO VIGENTE, ¿QUE INVERSIONES VAN A DESTINARSE A NUEVAS
CENTRALES TERMICAS DE CICLO COMBINADO, O DE FUNCIONAMIENTO CON
GAS NATURAL? (Número de expediente 180/000353)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 15, de la señora Balletbó
i Puig, que tiene la palabra para formularla.
La señora BALLETBO I PUIG: Gracias, señor Presidente.
Esta pregunta, dirigida al Ministro de Industria, hace
referencia a los planes que tiene su Ministerio en relación
con las
inversiones destinadas a nuevas centrales térmicas de ciclo
combinado dentro del Plan Energético. Al parecer, se han
producido conversaciones en este sentido con las compañías
eléctricas, por lo menos ésta es la información que me ha
llegado, y la intención que se tenía --yo quería que el señor
Ministro me lo aclarara-- era si estas nuevas centrales tenían
como destino solucionar los problemas de falta de electricidad
cuando el nuevo ciclo económico de crecimiento se ponga en
marcha e iban a poder ser combinadas con gas natural para
atender las demandas de lo que se llama meses-valle, cuando el
consumo de energía es más bajo, como en los meses de verano,
por ejemplo. Quería saber exactamente si esta información es
cierto y si está previsto inversiones dentro del Plan
Energético para esas centrales combinadas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Balletbó.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay):
Señor Presidente, muchas gracias.
Señoría, con mucho gusto voy a tratar de aclararle algunos
puntos. No tengo idea de ningún tipo de conversaciones y
muchísimo menos de compromisos específicos. Le puedo decir que
las previsiones del Plan Energético Nacional siguen vigentes.
En dicho plan se preveía una nueva aportación de potencia en
torno a 8.377 megavatios, de los cuales 1.835 corresponderían
a gas natural, gas natural descompuesto en distintos tipos de
centrales: en primer lugar, 495 megavatios para «repowering»
de centrales ya existentes; en segundo lugar, 640 megavatios
para la adaptación de centrales existentes a ciclo combinado,
y el Plan Energético Nacional preveía por su nombre dos, una
de ellas la de Escombreras III y otra la de Cristóbal Colón;
y, en tercer lugar, dos grupos para el nuevo ciclo combinado
por un importe de 700 megavatios. Estas son las previsiones
del plan.
En la medida en que, como sabe usted, fruto del distinto grado
de evolución económica desde el momento en que se aprobó el
plan se ha producido una caída en la demanda, sin duda tenemos
algún margen para hacer que la entrada de nuevas centrales y
el aprovechamiento de gas natural se pueda realizar
dosificadamente, dosificadamente entre el «repowering» y el
ciclo combinado, pero, en relación con otro tipo de
previsiones concretas sobre algún otro tipo de central, quiero
decirle que en este momento no hay ningún compromiso, ninguna
previsión, salvo, naturalmente, en el mundo del sector
eléctrico, muchísimas especulaciones, como es habitual.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
La señora Balletbó tiene la palabra.
La señora BALLETBO I PUIG: Yo le agreadezco, señor Ministro,
sus explicaciones porque, como usted sabe bien, el coste del
gasoducto magrebí, que parece ser que ronda los 400.000
millones de pesetas, ha despertado los rumores de que el
precio del gas no bajaría y que, en consecuencia, había
intención de hacer centrales combinadas de gas y electricidad
para que los
consumidores de electricidad fueran los que finalmente
absorbieran esta dificultad de bajar el coste.
Por tanto, agradezco su información que disipa todos estos
rumores y especulaciones, que, en cualquier caso, lo que no
conseguiremos es que paren, porque hablar es una condición
humana y criticar o rumorear, también.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Balletbó.
INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
PROYECTOS DE POLITICA GENERAL QUE TIENE EL GOBIERNO RESPECTO A
LA POLITICA HIDROLOGICA EN ESPAÑA (Número de expediente
172/000038)
El señor PRESIDENTE: Punto quinto del orden del día:
Interpelaciones urgentes.
Interpelación del Grupo Popular sobre proyectos de política
general que tiene el Gobierno respecto a la política
hidrológica en España. Para desarrollar la interpelación, en
nombre del Grupo proponente de la misma tiene la palabra la
señora De Palacio.
La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Señor Presidente, señor
Ministro, a finales de abril de 1993, con las Cámaras
disueltas, en plena campaña electoral, presentó al Consejo
Nacional del Agua un anteproyecto del plan hidrológico
nacional, en un momento de sequía, cuando la opinión pública
española recibía con la máxima avidez cualquier noticia sobre
el agua. Al día de hoy, tras un estudio detallado de aquellos
documentos y de las alegaciones que posteriormente han sido
presentadas, podemos llegar a
conclusiones gravísimas, conclusiones según las cuales, una
vez más, su pésima gestión no sólo nos ha hecho perder el
dinero a los ciudadanos españoles, sino algo mucho más
valioso, el tiempo, señor Ministro. (El señor Vicepresidente,
Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) Once años de política
hidráulica del PSOE se saldan con un estrepitoso fracaso cuya
expresión más clara es el déficit de 3.000 hectómetros
cúbicos/año. Y para que SS.SS. entiendan de qué orden de
magnitud estamos hablando, eso equivale a tres veces todos los
recursos de la cuenca del Segura, superficiales y
subterráneos. (Algunos señores Diputados: ¡Qué barbaridad!) El
núcleo fundamental del plan hidrológico, los trasvases --nos
quedamos todos fascinados en aquel mes de abril cuando
mediante grandes flechas y profusión de colores se nos explicó
a través de las televisiones cómo se iba a hacer llegar al
agua desde la vertiente cantábrica y la cuenca del Duero hasta
la seca Almería e incluso alguno de sus colegas ilustres
señaló que aquello quería decir «vertebrar la sequía»-- nos
hemos enterado y hemos visto que no tenían respaldo, ni
técnico ni económico. Pero es que, además, aun cuando fueran
viables no servirían para nada por cuanto el artículo 76 del
plan hidrológico nacional otorga esas aguas trasvasadas en
precario, sin ninguna garantía, incluso en circunstancias
meteorológicas normales. En tercer lugar, la gestión económica
del plan tiene dos aspectos muy preocupantes. Por un lado,
debo decirle, señor Ministro, que este plan ha sido redactado
al margen de los servicios del Ministerio y, además, la
ejecución de los proyectos se basa en una cofinanciación con
fondos estructurales y de cohesión, que, como sabe muy bien
S.S., están garantizados hasta el año 1999; después, ya
veremos. Y, lo mismo que el resto del plan de
infraestructuras, se basa en un crecimiento sostenido del PIB
del 2,5 por ciento para los próximos 15 años, lo cual me
permitirá decirle, señor Ministro, nos coloca en una profecía
que tiene tanto de arrogancia cuanto de arbitrariedad, y eso
por no hablar de engaño. En resumen, se trata de uno de los
fraudes mejor servidos en plena campaña electoral durante el
año 1993.
En el año 1985 se promulgó la Ley de Aguas cuyo punto
fundamental, que yo comparto plenamente, es la unidad del
ciclo hidrológico. A partir de ahí se declararon públicas no
sólo las aguas superficiales, sino también las subterráneas.
Se afirmó entonces que así se evitaría el crecimiento
incontrolado de los pozos y concretamente la sobreexplotación
de los acuíferos. Pues bien, fracaso absoluto en la aplicación
de la Ley de Aguas, ya que según sus propias cifras, cifras
discutibles pero que voy a utilizar a lo largo de esta
exposición para evitar discusiones estériles, a día de hoy se
considera que hay más de 1.000 hectómetros cúbicos de
sobreexplotación de los acuíferos. Es decir que se extrae un
billón de litros de agua más de los pozos de las que entran y
rellenan esa zona de pozos. Y si hablamos de aguas
superficiales ahí el déficit se cifra en 2.000 hectómetros
cúbicos, que deberían haberse corregido con una adecuada
política de ahorro y con una construcción racional de
embalses. ¿Es que es propio de un país moderno, señorías, que
Sevilla reciba como broche a la Expo encontrarse con cortes de
agua? Podemos hablar de otras capitales, sometidas
también a cortes de agua, y de pueblos como Almadén,
Puertollano o tantos otros que en verano se encuentran en
alerta roja. Luego, señor Ministro, hay que recurrir a las
medidas de urgente necesidad, a la contratación a dedo y a
despilfarrar el dinero de los ciudadanos para intentar
tranquilizarles, aunque para no dar soluciones definitivas.
Señor Ministro, ¿es que es razonable, de verdad, que nuestros
agricultores, los que tenen concesiones legales, los que pagan
sus impuestos, los que pagan sus cánones, no vean garantizado
el suministro de agua a sus tierras, cuando se han empeñado
hasta las cejas para mejorar sus producciones? Eso sí, en el
plan prometen más hectáreas de regadío, pero resulta que hoy
ni tan siquiera las que hay tienen garantizado el agua.
Podemos hablar también del aspecto medioambiental. Ahí nos
encontramos con que nuestros ríos jamás han estado tan sucios
y tan contaminados. Nos encontramos, además, con respecto a
los humedales, con que Daimiel, por ejemplo, agoniza; Doñana
espera desde 1984 la ejecución del Plan de regeneración
hídrica; en la Albufera, los agricultores padecen mil
limitaciones, mientras también la Albufera se muere porque no
se aplica la Ley de Aguas y los vertidos siguen contaminándola
sin ninguna depuración. Señor Ministro, de lo único que se
trata cuando se habla de déficit hídrico en gran medida es
como cuando se habla de déficit presupuestario: de mala
gestión de los recursos.
Y si hablamos de los trasvases, sin duda, el núcleo del plan,
como afirma la Ley de Aguas, nos encontramos con que los
trasvases que aparecen en la memoria y en el plan refleja una
osadía asombrosa. Señor Ministro, ¿cómo es posible que hayan
divulgado, con todo tipo de lujo y color, todo tipo de
esquemas según los cuales --como decía-- van a enviar el agua
desde el Cantábrico y desde el Duero a las cuencas del Segura,
del Guadiana, del Guadalquivir o del Júcar, todo ello para, en
la página contigua, en su memoria, en su texto, señalar que
hay que hacer, que «urge hacer los estudios correspondientes
para garantizar su viabilidad técnica y económica»? ¿No
hubiera sido lo lógico reflejar en estos planos, en estos
mapas, en estos esquemas, aunque fuera en letra pequeña, a pie
de página, que ello era así?
Señor Ministro, en el sector privado a una actuación de este
tipo se le llama publicidad engañosa y eso es lo que ha estado
haciendo durante este tiempo: publicidad engañosa en
beneficio, evidentemente, de su partido. Pero lo peor es que
ese agua, inevitablemente cara, se concede en precario. Señor
Ministro, el artículo 76 es claro y contundente: «incluso
cuando los volúmenes hayan sido objeto de concesión». Y no
sólo es que se cifren esos volúmenes a una situación de
normalidad hidrológica, de
normalidad meteorológica, no; se supedita ello a la decisión
omnipotente del SIEHNA, organismo autónomo dependiente
directamente de la Administración, que es el que corta el
grifo o da el agua.
¿Se da cuenta de la capacidad de coacción, la capacidad de
presión, la inseguridad que genera una situación como ésta,
señor Ministro? Con este panorama, ¿para qué sirve el agua?
¿Quién se va a meter de verdad a inversiones en agricultura
punta, en inversiones en servicios, en hoteles, en industrias,
si de verdad no tiene garantizado el suministro y está al
albur de ese SIEHNA? Además, señor Ministro, cuando se estudia
la memoria del plan se ve que el 80 por ciento de la demanda,
la agricultura no está analizada y apenas merece diez páginas.
Esto en un momento como el actual, donde el pavoroso problema
de la agricultura española aparece con toda su crudeza,
rodeado de incertidumbre. No ha existido una elaboración
conjunta, como dice la Ley de Aguas en su artículo 42.2, con
los distintos Ministerios y muy
especialmente con el de Agricultura, con el de Industria y con
el de Comercio. ¿Cómo se podría explicar todos estos dislates,
señor Ministro? ¿Sabe que el Plan Hidrológico se ha elaborado
con gran secretismo a espaldas del Centro de Estudios
Hidrológicos, ese centro prestigioso que, en su día creara
Lorenzo Pardo, en épocas de Prieto, precisamente para llevar a
cabo la
planificación, el Plan de Obras Hidráulicas de 1933?
¿Es que ignora que entre cinco consultorías, algunas de ellas
especialmente relacionadas con su Director General de Obras
Hidráulicas, se han repartido miles y miles de millones en
contratos de los planes de cuenca y del plan hidrológico
nacional? Yo no estoy en contra de que se contraten
consultorías para estudiar aspectos determinados: lo que me
parece mal es que ello se haga mientras hay efectivos ociosos
dentro del
Ministerio, mientras hay gente capacitada y preparada dentro
del Ministerio que podría llevar a cabo ese trabajo.
A veces, tengo la sensación, señor Ministro, de que lo que
ocurre es que no termina de enterarse de lo que pasa en su
Ministerio. Si no, ¿cómo podríamos explicar que el 18 de
noviembre en el Senado dijera que Matallana estaba parada y
resulta que el día anterior se había licitado las obras de
Matallana en su
Ministerio? Pero es que es más. ¿Sabe que se están
adjudicando, que se están dando a dedo contratos millonarios
que suponen a veces la dejación de funciones esenciales de la
Administración civil del Estado?
Señor Ministro, le puedo leer unos cuantos, pero tengo
muchísimos más. Su señoría, hace un momento, hablaba de leer
el «BOE». Creo que no lo lee suficientemente, señor Ministro.
Leo textualmente: «Contratación de la asistencia técnica para
el apoyo del seguimiento del control del desarrollo
presupuestario». ¿Qué
pasa con la Dirección General de Seguimiento Presupuestario?
«La asistencia para la tramitación de expedientes
sancionadores en la relación con la calidad de aguas de
España.» La capacidad sancionadora de la Administración, señor
Ministro. Esto es gravísimo. Seguimos. Por ese camino la
Confederación del Tajo lo que encarga a terceros es «la
tramitación de expedientes de autorización de vertidos de
aguas residuales» y más adelante, también el Tajo, «el estudio
y seguimiento de expedientes y concesiones». Señor Ministro,
eso son cuestiones nucleares de las competencias, de las
funciones soberanas del Estado en materia de agua.
Podemos hablar de un contrato de 51 millones de pesetas para
«un estudio de las cuentas del agua de España», en diciembre
de 1993. ¿Es que ni tan siquiera llevan las cuentas del agua?
Pero, ¿qué cuentas llevan en su Ministerio? Pero, ¿en qué ha
convertido su Ministerio, señor Ministro? Es que estamos
llegando a la
paradójica situación de privatizar funciones básicas de la
Administración.
Podría seguir leyendo, ya le digo que tengo muchos más,
distintos contratos que, al final, ¿qué es lo que reflejan?
Reflejan un Ministerio que necesita ser asistido hasta para
las cosas más esenciales y básicas de sus competencias. Al
final, un Ministerio prestigioso, como era el Ministerio de
Obras Públicas, lo han convertido en un Ministerio inválido,
señor Ministro.
Ahora pretenden arreglarlo todo con más papel, cubrir su
incapacidad vendiendo futuro, ya que el presente es seco y
desolador, en gran medida por su culpa.
Y, señor Borrell, ni las leyes ni los planes dan agua. Lo que
da agua de verdad es el ahorro, es el mantenimiento del
capital hidráulico acumulado, es evitar las fugas y las
pérdidas, es la lucha contra los abusos y las captaciones
piratas, la depuración y la reutilización, la restauración
hidrológica forestal y la lucha contra el aterramiento de
nuestros embalses, es la
construcción de embalses y, en su caso, la construcción de
trasvases, cuando ésta sea la solución.
Señor Ministro, su propio Ministerio declara, en la Orden de
24 de septiembre de 1992, que la eficiencia de los riegos está
en torno al 0,5. Es decir, que la mitad del agua destinada a
riegos se pierde, no se utiliza, no llega a las parcelas.
No intente ocultar responsabilidades. No intente ocultar
mediante colorines o nuevas ilusiones, que no tienen respaldo
técnico ni económico, su incapacidad de estos años.
El otro día, el viernes, nos presentaba el plan de
infraestructuras, por enésima vez, se lo recordaba la Diputada
doña Teófila Martínez. Lo que le pasa es que como al
prestidigitador que saca una y otra vez la paloma de la
chistera, al final, de tanto repetir el truco, se le ve la
trampa. Termino, señor Presidente. Señor Ministro, como
resumen, estoy en la obligación de decirle que el plan
hidrológico elaborado es una trabajo mal hecho, porque se
redacta sin una base documental fiable, porque edifica sobre
la ignorancia de la realidad un programa lleno de ambigüedades
y de confusiones.
El plan se atribuye unos medios de financiación tan
inexistentes, señor Ministro, como su falsa base de partida.
Ni usted sabe lo que tiene, ni sabe lo que necesita, ni sabe
cómo puede agenciar los medios para gestionar nuestros
recursos a la hora de
incluirlos en unos presupuestos, que, como todos los
presupuestos del Gobierno socialista, se convertirán en simple
papel, que, al cabo de cinco meses, ya no se cumplen.
Técnicamente, su plan carece de credibilidad y
financieramente, señor Ministro, lo mismo que el PDI, más que
un plan serio para remediar uno de los problemas más graves
que tiene España lo que parece es una carta a los Reyes Magos,
pero, además, escrita por alguien que no cree en ellos. El
deseo de este Grupo
Parlamentario, señor Ministro, es que se elaboren los Planes
de Cuenca, es que se elabore el Plan Hidrológico Nacional,
capaz de aportar soluciones al terrible problema del agua que
padece históricamente nuestro pueblo. Y estamos dispuestos,
señor Ministro, a ofrecer nuestra colaboración más leal a
cualquier proyecto bien construido, con información
suficiente, que permita deducir razonables conclusiones.
Por eso, me permito decirle que lo que usted ha presentado no
es aceptable, no puede servir como documento de base, por la
poderosa razón de que está mal hecho, quizá porque la
precipitación al presentarlo, en abril de 1993, por
oportunismos políticos, hoy, a lo mejor, puramente personales,
impiden que el trabajo tenga la mínima seriedad que reclama
una operación tan importante para la vida nacional.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora De Palacio,
termine, por favor.
La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Concluyo, señor
Presidente. Mi consejo, señor Ministro, es que no perdamos má
tiempo. Que lo retire, que no se enrede en ponerle parches y
que, con los estudios necesarios, remita lo antes posible un
auténtico Plan Hidrológico Nacional. Mientras, entérese de lo
que pasa en su Ministerio, gestione, avance en la elaboración
de los Planes de Cuenca y desarrolle una auténtica política
del agua eficaz. Aplique la Ley de Aguas, que puede ser un
instrumento
válido para la lucha contra los vertidos y la contaminación,
contra la invasión de cauces, contra la sobreexploración de
acuíferos y contra los abusos, y desarrolle un buen programa
de ahorro y de restauración hidrológica forestal. No
desacelere más, como ha venido haciendo a lo largo de estos
años, las inversiones en obras hidráulicas. Todo ello, lo sabe
muy bien, se puede ir llevando
a cabo mientras, de consuno, desarrolla de verdad y prepara un
auténtico Plan Hidrológico Nacional.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para contestar en
nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor
Presidente.
Señorías, veo que les ha puesto a ustedes de mal humor (Un
señor Diputado: A mí no, ¡eh!) que el Consejo de Ministros
decidiera la remisión a las Cortes del Plan Director de
Infraestructuras. Creo que les ha puesto a ustedes inquietos,
nerviosos, y aunque se supone que la interpelación iba por el
plan hidrológico, no ha perdido usted ocasión de reprocharme
rápidamente que hayamos vuelto a hablar del Plan Director de
Infraestructuras. Bueno, no hemos vuelto a hablar.
Simplemente, el Consejo de Ministros, después de un proceso de
concertación con las comunidades autónomas, y después de la
revisión del Plan para adaptarlo a las nuevas circunstancias,
y después de haber rehecho buena parte de sus capítulos, lo ha
aprobado, en tanto que proyecto, y ha decidido remitirlo a las
Cortes. No veo por qué se enfadan ustedes ni por qué recuerdan
una campaña electoral donde
ciertamente la oferta de continuar equipando el país a través
de un ambicioso plan de infraestructuras fue para el Partido
Socialista un elemento activo y positivo. (Varios señores
Diputados del Grupo Popular pronuncian palabras que no se
perciben.)
Ustedes se negaron a discutir el Plan Director de
Infraestructuras en la primavera de 1992, me refiero a las
comunidades autónomas que ustedes gobiernan; en la reunión
convocada al efecto, se negaron a discutir un plan presentado
por un Gobierno que, según los consejeros de las comunidades
autónomas gobernadas por el Partido Popular, no merecía la
pena discutir, porque después de las elecciones habría otro
Gobierno que haría otro plan. (Rumores.) Y, faltos de
interlocutores, tuvimos que suspender la negociación con las
comunidades
autónomas de un proyecto que, una vez que el pueblo español
decidió quién debía gobernar este país, fue puesto de nuevo
sobre la mesa de la conferencia sectorial --después de haberse
aprobado los presupuestos-- y que, a lo largo de los tres
últimos meses, ha sidoobjeto de revisión y, finalmente, de una
versión aprobada por el Gobierno, que vendrá a esta Cámara,
que podremos discutir y que ustedes podrán criticar, si fuera
posible, después de haberlo leído --mucho mejor-- porque hasta
ahora todas las críticas que he oído son críticas de oído, ya
que difícilmente se pueden referir a un documento que todavía
no ha sido
distribuido y que, naturalmente, todavía no pueden ustedes
conocer. (Rumores.)
Realmente están ustedes belicosos esta tarde. No sé si lo
hacen por el especial cariño que me profesan, o es realmente
como un método de trabajo parlamentario innovador que han
decidido aplicar a partir de ahora en todas las
interpelaciones.
Lo mismo podemos decir del plan hidrológico nacional. Sube
aquí S.S. a criticar el plan hidrológico nacional, ¡pero si
todavía no lo hemos acabado! ¿Por qué critica usted algo que
todavía el Consejo de Ministros no ha aprobado, después del
proceso de consultas al que está siendo sometido? (Rumores.)
Y, ¿por qué critica usted que la Ley de Aguas, aprobada en
enero de 1986, no haya todavía culminado el proceso de
planificación que
incorporaba? ¿No fueron ustedes los que presentaron recurso de
inconstitucionalidad contra esa Ley? ¿No fueron ustedes los
que se opusieron a su aplicación, de manera que realmente
hasta que no falló el Tribunal Constitucional, a finales de
1988, esta Ley no pudo ser utilizada como un elemento director
de la política hidráulica? ¿No fueron ustedes, varios
parlamentarios de este Grupo y varias comunidades autónomas
gobernadas por el Partido Popular? ¡Claro que fueron ustedes!
A partir del año 1988 es cuando se ponen en marcha el
reglamento de administración hidráulica, el reglamento de
planificación hidrológica, a partir de los cuales se puede
iniciar la
elaboración de los planes de cuenca y del plan nacional.
No hay retrasos. Ni siquiera es sensato hablar de una duración
innecesaria de los trabajos, como usted plantea, si se tienen
en cuenta dos condiciones básicas que la Ley impone,
acertadamente --en mi criterio-- a la planificación
hidrológica y que la hacen extremadamente compleja. En primer
lugar, la coordinación sectorial y territorial, y, en segundo
lugar, la máxima
participación social en la elaboración de los planes, un
requisito inexcusable en una cuestión tan básica como ésta. A
pesar de esta complejidad, los trabajos de planificación que
estamos desarrollando se están efectuando en plazos prudentes
y no muy dilatados, gracias a una estrategia absolutamente
coherente con la Ley de Aguas y que, sin embargo, su Grupo --
usted, autora de esta interpelación-- ha intentado
descalificar en repetidas ocasiones. Estamos desarrollando de
forma simultánea y coordinada los planes de cuenca y el Plan
Nacional, algo que no sólo es imprescindible, desde el punto
de vista conceptual y metodológico, sino que es la única
manera de avanzar rápidamente, de forma que el rígido esquema
reclamado por usted, imposible de aplicar en nuestro país, en
el sentido de elaborar primero los planes de cuenca y sólo
después iniciar el plan nacional, sería imposible.
Me he referido a ello en varias ocasiones. Los planes de
cuenca no pueden hacerse sin el Plan Nacional y éste no puede
elaborarse sin aquéllos, están en una íntima relación
dialéctica y eso es lo que nos obliga a avanzar
simultáneamente en ambos frentes. De forma que ni usted ni su
jefe de filas nacional, el señor Aznar, deberían estar
repitiendo sistemáticamente esa cantinela de «primero hagan
los planes de cuenca y después hagan el plan nacional», porque
plan de cuencas y plan nacional no se pueden hacer el uno sin
el otro. Esa interrelación entre planes de cuenca y plan
nacional exige una planificación conjunta.
A mediados de 1992 salieron a información pública los
proyectos de directrices, elaborados por las confederaciones
hidrográficas, doce planes intercomunitarios: tres en el
norte, dos en el Guadiana y una en cada una de las restantes
cuencas. Estos proyectos fueron sometidos a información
durante cinco meses, un plazo mucho más amplio que el de dos
meses previsto
reglamentariamente. ¿Y no fue usted, acaso, señoría, la
Diputada que me pidió que se ampliara el plazo? ¿Cómo puede
usted pedir que se amplíe el plazo y a continuación criticar
que los plazos se alarguen? Fue usted, en persona, quien me
solicitó que los plazos se alargaran, cosa a la que yo accedí
de buen gusto, porque pensé que unos meses más estaban
plenamente justificados dada la importancia del tema.
Como consecuencia de esta participación social hemos recibido
más de dos mil alegaciones, que han sido estudiadas en detalle
por las confederaciones desde finales del año 1992 hasta el
primer semestre de 1993, al mismo tiempo que preparábamos
redacciones alternativas de los proyectos de directrices
iniciales. En la segunda mitad de 1993 las alegaciones y los
proyectos de
directrices fueron sometidos a debate en el Consejo de Agua de
cada cuenca, organismo que garantiza la participación
institucional de los departamentos sectoriales, de las
comunidades autónomas y de los usuarios, lo cual exigió
previamente una ardua tarea para elegir a 400 consejeros en
toda España, precedida, a su vez, de la constitución de todas
las juntas de usuarios de cada confederación, amplio proceso
participativo en el que han intervenido miles de personas.
Fruto de los respectivos debates en los consejos del agua de
cada cuenca ha sido la aprobación, entre finales de 1993 y
principios de 1994, de doce proyectos de directrices, la
mayoría de los cuales se han aprobado por unanimidad del
consejo
correspondiente, lo cual debe llenarnos de satisfacción y
felicitar a las confederaciones por su buen hacer técnico y
administrativo. Eso es muy importante, pero sería más
importante todavía que, cuando hiciésemos referencia a las
directrices de planificación de los planes de cuenca,
estuviésemos refiriéndonos al último de ellos, y no hacer como
usted, señoría, que en su última rueda de prensa, al referirse
al proyecto de directrices del plan de cuenca del
Guadalquivir, se refería al de junio de 1992, cuando éste está
totalmente superado por las directrices finalmente aprobadas
en noviembre de 1993.
A partir de estos doce proyectos de directrices, elaborados un
año antes, y de la información facilitada por las comunidades
autónomas responsables de los cuatro planes intracomunitarios,
el Ministerio presentó, en la primavera de 1993, el
anteproyecto de ley de plan hidrológico nacional, presentación
que fue posible gracias a esta estrategia coordinada antes
aludida, año y medio de trabajo, y no a ningún oportunismo
electoral como el que usted, irresponsablemente, defiende en
su interpelación. De acuerdo con lo previsto legalmente, el
anteproyecto fue
presentado al Consejo Nacional del Agua, con 80 miembros, cuya
constitución se efectuó a finales de 1992, cuando no estaban
ni de lejos convocadas las elecciones, lo que previamente
había exigido la tarea de coordinar los doce consejos de agua
de las cuencas intercomunitarias, los 17 gobiernos autónomos,
las asociaciones de usuarios y los distintos departamentos
sectoriales. Con los mismos fines de garantizar la máxima
participación social, el anteproyecto del plan nacional ha
estado sometido a informe del Consejo Nacional y de todo el
público durante cinco meses, hasta el pasado septiembre. Cinco
meses me sigue pareciendo poco para un proceso de esta enorme
complejidad y de esta gran trascendencia. Hemos recibido 70
alegaciones adicionales, muchas de ellas constituyen
verdaderas baterías de cuestiones, amplias y detalladas, que
nos han obligado a
contestar o a considerar más de 1.200 propuestas concretas que
afectan a aspectos muy fundamentales del plan hidrológico. Los
cinco meses transcurridos desde entonces los hemos dedicado a
un estudio exhaustivo de estas propuestas y al de otras muchas
sugerencias que nos han sido remitidas por los más variados
cauces de participación social (en seminarios, jornadas
técnicas, mesas redondas, debates con usuarios e
instituciones), que a ustedes también les puede molestar y les
puede parecer que se trata siempre de lo mismo: explicar una y
otra vez de qué se trata para recabar cuanta más participación
social, mejor, para perfeccionar un proyecto de una enorme
trascendencia. Traducir eso en términos de retrasos o de
plazos innecesariamente largos, como usted ha hecho en su
interpelación, no puede provenir sino de una extrema
ignorancia de en qué consiste la planificación hidrológica.
Los planes de cuenca han partido desde los proyectos y
directrices elaborados de acuerdo con el anteproyecto del plan
nacional. En este momento, estamos redactando los propios
planes de cuenca, tomando en consideración las orientaciones
del anteproyecto del plan nacional, y mi previsión es que
estos planes puedan estar terminados en torno al verano.
En los trámites posteriores --remisión por el Consejo de
Cuenca al Ministerio y por éste al Gobierno para su
aprobación--, todavía tendremos posibilidad de recoger
eventuales modificaciones que se deriven de los informes a que
den lugar mientras las Cortes discuten y aprueban el plan
nacional, sin perjuicio de que, finalmente, éste tenga que
acomodarse a la relación que pueda mantener con los planes de
cuenca.
¿Cuál es la situación del plan nacional? La Comisión
Permanente del Consejo Nacional del Agua va a ser convocada a
finales del presente mes, en una fecha que dependerá de las
circunstancias de la Semana Santa, con antelación suficiente
como para que todos sus miembros puedan asistir. Someteremos a
la consideración de la Comisión Permanente del Consejo
Nacional del Agua el documento que el Ministerio ha preparado,
donde se da respuesta a esas 1.200 propuestas que hemos
recibido al anteproyecto. Las
conclusiones básicas de este documento que se está elaborando
y que será presentado a la Comisión Permanente, me permiten
anticiparle algunas líneas directrices para su mejor
conocimiento del problema.
La primera es la necesidad de dar mayor flexibilidad a la
estrategia de planificación, porque los escenarios
alternativos realizados al efecto enseñan claramente que el
plan nacional que aprueben las Cortes para los próximos veinte
años puede ser reajustado quinquenalmente por el Gobierno de
acuerdo con la evolución de las magnitudes básicas de la
demanda y el
correspondiente ajuste de la oferta. También tendremos que
presentar, simultáneamente, un plan más detallado para el
quinquenio 1994/98, el primer quinquenio del plan, para que no
digan ustedes que unos planes a tan largo plazo son esfuerzos
de la voluntad que sólo limitan con la imaginación del
proponente. En tercer lugar, hay que incrementar el esfuerzo a
realizar en mejora de los actuales sistemas de riego y
abastecimiento, con el doble fin de reducir las pérdidas o
usos ineficientes del agua y garantizar los suministros
necesarios en cantidad y calidad, y reducir las previsiones de
crecimiento de la demanda en abastecimiento y del regadío
durante el primer quinquenio. Seguramente, las previsiones
efectuadas en los borradores anteriores deben ser revisadas a
la baja si este esfuerzo de ahorro que proponemos como piedra
angular del plan puede llevarse a la práctica.
En consecuencia, reajuste de las necesidades de trasvases
intercuencas con reducción del incremento total previsto.
También habrá, porque así lo contemplan las directrices que le
estoy resumiendo, que extender los programas de modernización
de regadíos en las redes secundarias y terciarias y ampliar el
catálogo de infraestructuras hidráulicas sometido a
declaración de impacto ambiental, junto con un paquete de
medidas destinadas al incentivo económico del agua.
Una vez que la Comisión Permanente --con esto acabo, señorías-
-informe este documento, cosa que podrá empezar a efectuar a
finales de este mes, será presentado al Pleno del Consejo
Nacional del Agua, que previamente va a ser ampliado para dar
cabida en el mismo a representantes de las universidades y de
las organizaciones ecologistas. Tras el informe del Pleno, el
Ministerio procederá a la revisión definitiva del anteproyecto
para que el Gobierno pueda aprobarlo y remitirlo a las Cortes,
remisión que preveo que pueda tener lugar en torno al próximo
verano o al inicio del período de sesiones del otoño, junto
con la Ley de Presupuestos, y que cuenta ya también con el
indudable compromiso político derivado de la reciente
aprobación del Plan Director de Infraestructuras, del cual el
plan hidrológico es una pieza fundamental de su desarrollo.
En base a todo lo expuesto, señorías, debe quedar claro que el
propósito central del Gobierno es inequívoco: articular en
torno a la planificación hidrológica una ordenación racional
del agua, que proyecte medidas para encarar los problemas
históricos y actuales que aquejan a nuestro país en este
complejo y polémico aspecto de nuestra realidad.
Finalmente, debo insistirle, como he expuesto hoy, que
continuarán los trabajos, que avanzan razonablemente bien y
que, desde luego, el ritmo de su progreso ha venido marcado
por la voluntad de conseguir la mayor participación social de
los intereses afectados, que sin duda alguna han enriquecido
notablemente con sus aportaciones la elaboración de estos
instrumentos de planificación que tendrá S.S. ocasión de
conocer en el momento oportuno y las Cortes de debatir con
toda la intensidad y extensión requeridas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para un turno de
réplica, tiene la palabra la señora De Palacio.
La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Señor Borrell, ha venido
usted con un documento escrito, no sé si por una asesoría
externa o por los servicios del propio Ministerio, y no me ha
contestado a lo que yo le he planteado. Venía con una idea
preconcebida y así no hay manera de debatir. Esperaba una
mayor flexibilidad, ya que habla de flexibilidad, por parte de
S.S. y un mayor conocimiento del problema para poderme
responder en directo a los planteamientos que le había dicho.
En ningún caso le he echado en cara los retrasos en la
presentación del Plan. De lo que se trata es de presentar un
buen Plan Hidrológico Nacional, un auténtico Plan Hidrológico
Nacional que sea un buen instrumento al servicio de una
política
hidráulica. Lo que sí le he echado en cara ha sido perder el
tiempo de los ciudadanos, que es distinto. Y lo he hecho
porque el documento al que yo me he referido, que es el
documento presentado ante el Consejo Nacional del Agua, no es
un
anteproyecto de plan hidrológico nacional. Lamentablemente
notiene el rigor, la solvencia --ni técnica, ni económica ni
financiera-- necesaria para, de verdad, ser un anteproyecto de
Plan Hidrológico Nacional. Pero, como tenía preparada la
contestación me la ha soltado, como si fuera de lo que se
trataba.
La Ley de Aguas, señor Ministro. El problema de la Ley de
Aguas, y se lo he repetido, es que no la aplican. Pero tan no
la aplican que por lo que se refiere a los cánones, que es una
de las cuestiones de la Ley de Aguas, nueve años después de su
aprobación están licitando los cálculos y los estudios para
los cánones de vertido y para los cánones de utilización. Aquí
lo tengo: «Trabajos necesarios para la gestión del canon de
vertido.» Enero de 1994. Esto es lo que están licitando, pero,
claro, con la asesoría externa, como siempre. «Estudio de
reordenación de los procedimientos de cálculo de canon de
regulación y tarifa de utilización del agua». Noviembre de
1993. No aplican la Ley de Aguas, se lo he dicho, es uno de
sus problemas. No me ha contestado nada. Incapacidad de
gestión porque no aplican la Ley de Aguas.
Siguiente cuestión: El Guadalquivir. Pero, señor Ministro, yo
le señalaba, efectivamente, que el proyecto de directrices
estaba fechado en julio de 1992. Tengo también las
directrices, pero el problema es que usted mismo, no sé si
usted, pero su Ministerio está tan convencido como yo de que
no hay datos fiables en la cuenca del Guadalquivir, tanto que
se ha visto obligado a licitar en febrero de 1994, también
fuera del Ministerio, unos trabajos para efectuar «los
inventarios de datos de recursos, demandas e infraestructuras,
básicos para el plan hidrológico de la cuenca del
Guadalquivir». Lo siento, señor Ministro, no soy yo sola, lo
dicen sus documentos. En el año 1993 y en febrero de 1994
tienen que ponerse a licitar la búsqueda de este tipo de
datos. Pero puedo seguir, en la cuenca del Sur también en
1994, el mismo día, qué casualidad, resulta que licitan el
«estudio de los aspectos socioeconómicos del agua en la cuenca
del Sur y varias provincias» también para el plan hidrológico
de la cuenca del Sur. Señor Ministro, las alegaciones. ¿Ha
visto S.S. las alegaciones que han hecho los ministerios? Yo
creo que no. Tampoco me ha contestado a eso --no se entera de
lo que pasa en su Ministerio-- yo creo que no las ha visto.
¿Sabe cuáles son las alegaciones del Ministerio de
Agricultura? Pues únicamente unas alegaciones del Icona de
folio y medio donde se interesan por los riegos de la Hoya de
Huesca en todo un plan hidrológico nacional. ¡Qué casualidad!,
el señor Marraco, que es el que firma el escrito, es también
de Huesca. Desde luego utilizar las
instituciones para defender la patria chica es una cosa
fantástica, pero de paso también hay que defender el resto de
los intereses que están en manos de un responsable de la
Administración.Ministerio de Industria. No hay alegaciones del
Ministerio de Industria como tal. Sé que ha habido discusiones
en el seño del propio Consejo de Ministros. Las únicas
alegaciones que hay del Ministerio de Industria son del
Instituto Técnico Geominero. Ahí se plantean 47 puntos y de
los 47 puntos sólo uno es en positivo, todos los demás son
críticos. Se niegan cuestiones como que los balances de la
cuenca del Júcar o de la cuenca del Pirineo Oriental estén
bien realizados. Esto lo dice el Instituto Técnico Geominero.
Yo no digo que tengan o no razón. Lo que digo es que plantea
serias dudas y serios problemas porque estos documentos no son
suficientemente serios, ni solventes. Puedo seguir, señor
Ministro, los únicos que, de verdad, han presentado unas
alegaciones es el Ministerio de Economía y Hacienda. Supongo
que S.S. se habrá leído con detenimiento dichas alegaciones y
que sabe que dicen que el plan propuesto, aparte de otra serie
de cuestiones enormemente negativas, podría convertirse en un
conjunto de obras hidráulicas, sin que se llegaran a cumplir
los objetivos fundamentales definidos en la Ley de Aguas. Ese
es el resumen de la opinión del Ministerio de Economía y
Hacienda de lo que es este bodrio, señor Ministro, presentado
ante el Consejo.
Yo lo que he dicho es que no perdamos más tiempo, que no
intente ponerle parches, que tenga la gallardía de retirarlo y
enviar un documento suficientemente respaldado, que de verdad
plantee alternativas cuando ofrece unos trasvases. No se puede
enviar un único modelo de trasvases. ¿En qué se basa? ¿Qué
justificación hay? ¿Qué explicación técnica?
Cuando he planteado eso en su Ministerio que, como muy bien
sabe, he ido a visitar y donde he pedido los documentos del
Ministerio de Agricultura, la Ley de Aguas dice, artículo
43.2, que tendría que elaborarlo conjuntamente con
Agricultura, no hay un solo papel de Agricultura, señor
Ministro. Miento, hay un folio y medio de agricultura. Supongo
que lo de la elaboración conjunta en colaboración con
Agricultura será tradición oral. Si así es como han actuado,
por ejemplo, en las negociaciones en Bruselas, se entiende lo
que nos ha pasado. (Algunos señores Diputados del Grupo
Popular: claro, claro.)
Agricultura tampoco, y no hay nada más que leerse la memoria,
diez páginas, señor Ministro, del papel ese. Por eso le digo:
retírelo. Háganlo en colaboración con Agricultura, planteando
las certidumbres hasta donde se puedan plantear, y las
incertidumbres donde existen, que hay incertidumbres enormes,
y lo sabe S.S. tan bien como yo, en cuestiones esenciales como
la PAC y como el GATT, y la agricultura es el 80 por ciento
del uso del agua y el 90 por ciento del consumo, señor
Ministro, que no es baladí la cuestión.
Yo no he planteado si hay que hacer antes los planes de cuenca
o el plan hidrológico nacional. Lo que le digo es que vaya
avanzando los planes de cuenca; a mí
me parece bien hacerlo simultáneamente; desde luego nunca el
plan hidrológico antes que los de cuenca, pero simultáneamente
me parece adecuado, pero yo no se lo he dicho. Insisto en que
se ha leído un papel previo; escuche un poquito más, por
favor, si no, no nos vamos a entender nunca.
El plan para los próximos cinco años. Señor Ministro, el
cuatrienio, lo que hay son...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora De Palacio,
concluya.
La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Señor Presidente, en
seguida concluyo. En el cuatrienio que nos planteó en el año
1990 había en obras hidráulicas una previsión de inversiones
de 621.000 millones. ¿Sabe en cuánto se han transformado las
inversiones de 1990-1993? En 435.000 millones; es decir, una
tercera parte menos. Sencillamente con que de verdad hubieran
llevado a cabo lo que tenían previsto, ya estábamos del otro
lado, o por lo menos tendríamos muchos menos problemas.
¿Sabe en qué punto está su Dirección General de Obras
Hidráulicas al día de hoy? de 157.000 millones que tiene para
el año 1994, ya tiene en créditos contraídos o reconocidos
148.000; es decir, le quedan todavía 9.000 millones. Pero de
esos 9.000 millones tiene que pagar liquidaciones, más de
6.000 millones,
explotaciones más de 8.000 millones, modificaciones más del
mil; luego vendrán imprevistos, emergencias e incidencias.
Señor Ministro, el problema es que no administran bien, no son
capaces de desarrollar una gestión adecuada.
Señor Ministro, universidades, ya sabe lo que le han dicho las
universidades, Sahuquillo, Custodio, Llamas, Martínez Díaz y
tantos otros. Me parece muy bien que los convoque, pero le
digo que este documento no vale ni tan siquiera como documento
de base. Prepare otro más sólido, con un mayor respaldo
técnico y económico. (Algunos señores Diputados del Grupo
Popular: ¡Muy bien, muy bien!)
Voy a concluir, señor Presidente, y no me puedo resistir,
podría también leerle lo que dice el Colegio de Ingenieros de
Caminos sobre el Plan de Aguas...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora De Palacio
concluya.
La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Por eso, voy a concluir,
señor Presidente, con algo que creo que al señor Ministro le
puede interesar especialmente, y es una cita de Prieto sobre
el Plan de Obras Hidráulicas, que supongo que sus ayudantes no
se lo han acotado y por eso no se ha enterado, que dice
hablando de los estudios --también había consultorías en la
época de Prieto--: «La Administración pública ha sufrido un
lamentable error al desconocer y desestimar, o estimar
insuficientemente, sus propios medios, que si puede ser
conveniente la concurrencia de
iniciativas particulares y organizaciones privadas y su
colaboración, en lo fundamental no le conviene el abandono de
su función esencial reguladora y directiva». Señor Ministro,
«reguladora y directiva». Yo le he leído cómo han hecho
dejación de funciones esenciales de la Administración, y le
pregunto, ¿la Inspección General de su Ministerio se ha
preocupado de controlar de verdad la necesidad de estos
contratos? ¿Se ha preocupado de verdad de controlar lo que se
ha producido por el pago de ese dinero? No vaya a ser que se
encuentre con que son traducciones de artículos extranjeros o
fotocopias de periódicos. Es que eso es así, señor Ministro.
Evidentemente...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora De Palacio,
termine ya, por favor.
La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Evidentemente S.S. no es
Prieto, y por eso quizás le falte la grandeza para ser capaz
de plantear un auténtico Plan Hidrológico Nacional, para lo
cual tendría que retirar este documento y presentar uno nuevo
bien preparado, bien estudiado y con un respaldo técnico
adecuado. Nada más. Muchas gracias. (Varios señores Diputados
del Grupo Popular: ¡Muy bien!--Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora De
Palacio. El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor
Presidente.
Ha estado usted muy bien en su papel de disco rayado. (Un
señor Diputado: Muy amable.) Ha repetido una y otra vez lo
mismo: este plan es muy malo, retírenlo. (El señor Guerra
Zunzunegui: ¡No se oye!) Da igual, tampoco escuchan. (Risas.)
Retírelo, es muy malo, este plan es muy malo, una y otra vez,
es muy malo, retírelo. (Los señores Guerra Zunzunegui y
Ramírez González pronuncian palabras que no se perciben.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor
Ministro. Señor Ramírez, creo que la primera condición que se
desprende de la cortesía parlamentaria es escuchar, como se ha
escuchado a la señora De Palacio, y atender. A pesar de todos
los esfuerzos que puedan hacer los servicios de la Cámara de
poner en condiciones el aparato de megafonía, si ustedes no
guardan silencio, va a ser imposible que se escuche al señor
Ministro. Así es que vamos a ayudar todos para ello. Muchas
gracias, señor Ramírez.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor
Presidente.
Con la venia de los señores Diputados. (Un señor Diputado
pronuncia palabras que no se perciben.) ¡Cállense cuando los
demás hablen, por favor! ¡Cállese usted! ¡Ya está bien!
(Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡Silencio, señorías!
Señor Ministro, deje a la Presidencia que cuide... (El señor
Hernández-Sito García-Blanco pronuncia palabras que no se
perciben.) Señor Hernández-Sito, ¡Silencio!
Señor Ministro, deje a la Presidencia que cuide de mantener el
orden en el hemiciclo.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): A su protección me acojo, señor
Presidente. Ha repetido usted una y otra vez juicios de valor:
estos estudios son innecesarios, este plan es malo, retírelo.
Es una opinión que respeto, pero no comparto. El plan es malo,
retírelo, los estudios son innecesarios, este plan es malo,
este plan es malo. ¿Que quiere usted que le conteste? Es una
opinión que no puedo compartir, pero que tampoco puedo evitar
que usted suba a la tribuna a explicar tantas veces como crea
oportuno. (Rumores.) Sin embargo, comprendo por dónde van los
tiros, señoría. Ustedes no se han sacado todavía la espina del
ridículo que hicieron durante la campaña electoral. (Fuertes
protestas.--El señor Guerra Zunzunegui pronuncia palabras que
no se perciben.--El señor Pascual Monzo: ¡Qué venga a
contestar, no a insultar!)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡Silencio, señorías!
Señor Guerra Zunzunegui, ¡silencio, por favor! (El señor
Pascual Monzo: Que conteste al tema y no se vaya por las
ramas.) Señor Pascual, no pretenda hacerle el guión usted al
señor Ministro. (Risas.) Silencio, por favor.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Con su venia, señor Presidente.
Estaba diciendo que ustedes no se han sacado todavía la espina
del ridículo que hicieron en la campaña electoral. (Fuertes
protestas.--El señor Guerra Zunzunegui: ¡Eso es intolerable!
El señor Pascual Monzo: ¡Provocador!)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡Silencio, señorías!
(Pausa.) Continúe, señor Ministro.El señor MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles):
Cuando durante la campaña electoral ustedes defendían una cosa
en Zaragoza y otra cosa en Murcia. (La señora De Palacio
Valle-Lersundi: Eso no es verdad.--El señor López Riaño: Sí es
verdad.), cuando iban a Zaragoza a decir que nunca jamás el
Partido Popular apoyaría un trasvase y sus candidatos en
Murcia estaban explicando que gracias al Partido Popular
habría agua allí... (Aplausos en los bancos socialistas.),
hasta el punto de que su candidato, señor Aznar, después de
repetir varias veces esa chuleta (La señora Martínez Saiz:
Chuleta como la suya.) que le pasaron de «primero hay que
hacer los planes de cuenca y después el plan nacional»... (La
señora Villalobos Talero: Chuleta, otro.), despues de repetir
eso varias veces, tuvo que exigirles a unos y a otros que por
lo menos no pusieran tan de manifiesto su absoluta
incoherencia en política hidráulica. (El señor Guerra
Zunzunegui: ¡Al grano!--Un señor Diputado del Grupo
Socialista: ¿No sabes decir nada más? La señora De Palacio
Valle-Lersundi: ¡Conteste a lo que le he dicho! ¡Eso ya lo
hemos oído.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro, espere
un momento, por favor.
Señorías, por última vez apelo a la cortesía parlamentaria. A
esta Presidencia le parece que este recinto es el de la
libertad de expresión dentro del respeto. Por tanto, de la
misma manera que cuando el portavoz de cualquier grupo se
manifiesta con absoluta libertad dentro de esa cortesía, el
mismo derecho tiene el señor Ministro para hacerlo así. (Un
señor Diputado: ¡No sabe!) No obliguen a la Presidencia a que
tenga que llamar al orden a ninguna de sus señorías.
Señor Ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Pusieron de manifiesto una
visión
incoherente de los problemas hidráulicos de España y no
pudieron aceptar en buena lid que el Partido Socialista
hubiera levantado un proyecto que trata de dar coherencia al
territorio a través de una política hidráulica que es a la vez
la expresión de una voluntad solidaria y de una
racionalización del uso del recurso. Les dolió el plan
hidrológico porque ciertamente fue un activo político
importante para el Partido Socialista, que demostró ser capaz
de decir lo mismo en cualquier parte del país. (Rumores.) Creo
que el país reconoció esta coherencia y esta solvencia
dándonos la oportunidad política de seguir con los trabajos
que estamos desarrollando. Usted ahora se pone la venda antes
de la herida y, antes de que llegue aquí el plan nacional, se
apresura a correr a la tribuna para descalificarlo. Esa es su
estrategia. (Un señor Diputado de los bancos del Grupo
Popular: ¡Al grano!) Como ven que
los trabajos avanzan, que la gente participa, que las
consideraciones que nos llegan son estudiadas, que las
propuestas que se hacen se debaten en los Consejos del Agua,
como ven que hay una participación ciudadana de miles de
personas en un proyecto que sólo se puede entender desde la
participación ciudadana, se les enciende el farolillo rojo y
dicen: ¡Ciudado!, que se van a apuntar otro tanto con el tema
del agua. (Risas.--Rumores.) Y suben corriendo a la tribuna a
descalificar a priori el documento que todavía no ha llegado
aquí, a lanzar ya de entrada toda clase de dudas y sospechas:
«¿No será que alguna de las consultorías contratadas tiene
algo que ver con alguien?» ¿No será ésta otra forma para
aprovechar y descalificar el esfuerzo que hace la
Administración?
Sembrar dudas, desconfianza, descalificaciones, juicios de
valor negativos es todo lo que usted ha aportado desde esta
tribuna, señoría. A casi nada de ello merece la pena
contestar. Solamente se puede contestar, como he hecho yo,
aportándole datos que describen un proceso, los calendarios y
las fechas a través de las cuales pensamos que este proceso
puede culminar, para llegar aquí con un proyecto de plan, que
tampoco será perfecto, sin duda alguna, en la medida en que la
difícil conjunción de criterios, muchas veces contradictorios,
y de intereses contrapuestos obligará a la Cámara a hacer un
esfuerzo de debate político para intentar ofrecer a la
sociedad española un proyecto que le sirva para resolver uno
de sus problemas históricos, como es el de la utilización del
agua que llega de forma irregular y consumimos también de
forma irregular.
Será una gran oportunidad política para la Cámara, y sin duda
alguna el Partido Socialista la aprovechará, porque llevará a
esta Cámara la voz conjunta de todos los territorios para
definir un proyecto común que a todos sirva. Usted seguirá
hablando del contrato de asistencia técnica, el detalle, la
coma, la anécdota, el vuelo bajo, la incuria que usted ha
demostrado hoy.
Muchas gracias. (La señora De Palacio Valle-Lersundi pide la
palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Señora De Palacio?
La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Gracias, señor
Presidente. Artículo 72.2 del Reglamento de la Cámara, que
invoco en este momento.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Y dentro del artículo
72.2, ¿qué pide?
La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Le recuerdo al señor
Presidente que lo que dice textualmente es que: «Cualquier
Diputado podrá pedir, durante la discusión..., la lectura de
las normas o documentos» --y este es un documento-- «que crea
conducente a la ilustración de la materia de que se trate».
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Páselo al señor
Secretario y él dará lectura a ese documento. (La señora De
Palacio Valle-Lersundi hace entrega del documento a la Mesa.--
Pausa.)
Señorías, por parte del Secretario Cuarto de la Cámara, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 72.2, va a darse
lectura por deseo de la señora Diputada, de una parte de la
conclusión de una de las alegaciones, presentada por la
Asociación General de Planificación Sectorial, repito, de una
de las alegaciones, solamente de esas conclusiones.
El señor SECRETARIO (Olabarría Muñoz): En conclusión, cabe
señalar que la actual propuesta no responde a algunos de los
objetivos fundamentales que deben reunir un plan hidrológico
nacional como son el ahorro y mejora de la utilización de un
recurso escaso. De otra parte, las modificaciones esbozadas
para un nuevo sistema económico-financiero mantienen los
defectos reconocidos en el sistema vigente. Por todo ello, de
aprobarse el plan propuesto, podría convertirse en un conjunto
de obras hidráulicas, de las que gran parte están siendo
comprometidas mediante sucesivos acuerdos parciales, sin que
se llegaran a cumplir los objetivos fundamentales definidos en
la Ley de Aguas. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien!)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Efectuada la lectura,
seguimos el debate.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición en este
debate? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la
palabra el señor Mur.
El señor MUR BERNAD: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo brevemente en este debate, que al final ha
resultado tan caldeado --no es de extrañar, dado el interés de
la materia--, para recordar una vez más en esta Cámara la
postura que sobre un tema tan importante ha mantenido siempre
el Partido Aragonés. Me parece que este es un asunto
difícilmente evaluable en un trámite parlamentario como el de
la interpelación, puesto que es un documento amplio,
participativo y de una gran trascendencia social y económica.
Por eso nos parece oportuno que se pregunte al Gobierno --a
este Gobierno que presenta tantas veces los grandes planes, de
los cuales nunca llegamos a tener un
conocimiento exacto de los mismos -- y que se vayan recabando
datos sobre cómo van los trabajos de ese plan hidrológico
tantas veces prometido. Y es oportuno también recordar aquí al
señor Ministro el acuerdo que se ha tomado en Aragón, donde el
tema del agua
es un tema vital, fundamental, permanente, los acuerdos que se
han tomado en las Cortes Aragonesas --y que el señor Ministro,
sin duda alguna, conoce--, tendentes a que los planes
hidrológicos de cuenca precedan al plan hidrológico nacional.
No entendemos que se pueda hacer una planificación global sin
tener en cuenta las planificaciones de las cuencas que, en su
conjunto, tienen que dar como resultado el plan hidrológico
nacional. Sabe también el señor Ministro lo sensibles que
somos en Aragón a algunas de sus propuestas, y si bien ha
acusado de ambigüedad a algún grupo político, yo sí que en
este aspecto quiero
agradecerle al señor Ministro la claridad con la que siempre
se ha manifestado, la claridad y hasta la valentía, porque
hace falta tener valentía para defender en Aragón los
trasvases de agua del Ebro hacia otras cuencas. Es cierto, el
Gobierno socialista y el señor Ministro han sido siempre unos
claros defensores de la política de los trasvases, por eso el
señor Ministro sabe que en Aragón se le llama el Ministro
trasvasista, dada su afición a trasvasar aguas, claro, aguas
del Ebro hacia zonas del Levante, hacia zonas de Cataluña,
hacia esas zonas que el señor Ministro quiere reequilibrar
hidrológicamente, sin acordarse de que también hay que
reequilibrar España
económicamente, demográficamente, industrialmente. Parece que
el reequilibrio sólo hay que llevarlo en el tema hidrológico.
No obstante, como el trámite no da mucho más de sí, quiero
dejar este apunte de la voluntad permanente de nuestro Partido
y de una gran mayoría de la opinión aragonesa de que vamos a
estar muy atentos sobre esa redacción del plan hidrológico
nacional, que con todas esas virtudes que el señor Ministro ha
dicho que tiene, con tanta participación y con tanto cuidado,
puede ser el instrumento que acabe definitivamente con la
esperanza, con el futuro de los aragoneses, si no se
administran con solidaridad pero sobre todo con justicia las
aguas de la cuenca del Ebro. Ya sé que en este momento hay
acuerdos importantes que pueden suponer una garantía o que
pueden suponer, de alguna manera, una cierta tranquilidad, si
el Gobierno de la nación es capaz de cumplir algunos de los
compromisos que tenemos adquiridos en relación con las
inversiones del pacto del agua en Aragón. Esa es la prueba,
señor Ministro, de la bondad de sus propuestas, la prueba de
si usted, además de un plan perfecto y de unas bellas
palabras, nos tiene reservadas inversiones suficientes para
cambiar el signo histórico de las cosas. No es usted el
culpable de la situación en que se encuentra la Comunidad
aragonesa. ¡Líbreme Dios de echarle a usted la culpa de lo que
nos ocurre! Pero va a tener, para bien y para mal, la
oportunidad,
posiblemente, de dar un giro a la situación histórica que
venimos padeciendo. Usted va a tener la oportunidad de hacer
las
inversiones necesarias para garantizar el presente y el futuro
de las necesidades hidráulicas de Aragón; o quizá será usted
el que apuntillará las esperanzas de recuperación, las
esperanzas de reequilibrio que, basadas en el agua, que
basadas en la utilización racional de los recursos hidráulicos
de la cuenca del Ebro, tenemos todos los aragoneses. De ahí,
su grave
responsabilidad. Yo le deseo, señor Ministro, que acierte. Por
eso, me permitirá que, de vez en cuando, le recordemos cuál es
la postura que nosotros hemos mantenido y vamos a seguir
manteniendo. Le repito que, quizá, para nosotros, en este
caso, usted supone un adversario más fácil, permítame que se
lo diga, porque por lo menos ya sabemos lo que piensa. De
otros tenemos ciertas dudas que, a lo mejor, no llegaremos a
despejar nunca. Muchas gracias. (El señor Ministro de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, Borrell Fontelles,
pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mur.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el
señor Sedó. (Pausa.)
Perdón, es que la Presidencia no había advertido que el señor
Ministro había solicitado la palabra, señor Sedó.
Señor Ministro, sabe S.S. que el debate de las interpelaciones
es un debate tasado, no cabe una contestación a cada uno de
los grupos que fijan la posición. En todo caso, puesto que
S.S. lo solicita y dado que el Gobierno puede intervenir en
cualquier momento, lo puede hacer también ahora.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Si me concede el uso de la
prerrogativa que tiene el Gobierno --creo-- para poder
intervenir solamente para decirle al señor Mur que su tono
constructivo merece de parte del Gobierno que le haga, una vez
más, parte de nuesta convicción de que el plan hidrológico es
sobre todo y antes que nada el instrumento que va a permitir
resolver los problemas de
abastecimiento hidráulico en Aragón.
El pacto del agua, suscrito entre todas las fuerzas políticas
aragonesas y asumido por el Ministerio --buena prueba de lo
cual son las reuniones que usted sabe que están teniendo lugar
en Aragón con asistencia de altos cargos del Ministerio--, se
va a cumplir y gracias al cumplimiento de este pacto vamos a
dotar a Aragón de las infraestructuras hidráulicas necesarias
para que pueda saciar su sed histórica de agua, y una vez
conseguido esto, estoy seguro que ni usted ni ningún aragonés
pondrá impedimento alguno para que el agua que ustedes ya no
necesiten se pueda utilizar en beneficio de otras tierras de
España.
Señoría, tenga la seguridad que de las dos opciones que usted
me ha planteado, haré todo lo que esté en mi mano para quedar
catalogado definitivamente en la primera de ellas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el
señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo para fijar, casi diría difícilmente, la
posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió). La pregunta de la interpelación decía, ¿qué proyectos
de política general tiene el Gobierno respecto a la política
hidrológica en España? Este es el enunciado de la
interpelación que debatimos y que se fundamenta en alusiones,
por una parte, al artículo 15 de la Ley de Aguas del año 1985,
que determina la planificación hidrológica como función
primordial del Estado. Por otra parte, también hace referencia
la presentación al trámite inicial del anteproyecto de ley del
plan hidrológico en abril del año pasado, en plena campaña
electoral, y a declaraciones que hacen suponer cambios de
criterio en el Gobierno. Este era el texto sobre el que
inicialmente los grupos tenemos que trabajar.
Verdaderamente esta interpelación nos podría parecer correcta
y, por lo tanto, esperar la moción y votar en consecuencia,
pero del debate de esta tarde resulta que a una pregunta se ha
dado ya respuesta diseccionando lo que en estos momentos tiene
pensado el Ministerio como trabajo inicial. Nosotros por ello
consideramos que esta interpelación hoy es totalmente
inoportuna en el tiempo, y me explicaré.
Creo que si la portavoz del Grupo Popular o, en su caso, el
proponente de la interpelación conociese el desarrollo de la
comparecencia del señor Ministro en la Comisión de
Infraestructura y Medio Ambiente, el día 2 de noviembre
pasado, no se hubiese presentado esta interpelación, al menos
en los términos en que se ha producido después en su
desarrollo. De allí se deduce muy claramente que no está
encajada en el tiempo. La comparecencia del señor Ministro, a
solicitud propia y de diversos grupos, entre ellos el Popular,
era para informar de la situación en la que se encuentra la
elaboración del Plan Director de Infraestructuras, así como de
los plazos previstos para su presentación en las Cortes
Generales. La comparecencia --digo--reflejada en el «Diario de
Sesiones» es verdaderamente
ilustrativa respecto a que el debate de hoy quizá está fuera
de tiempo. En su exposición el Ministro, en las páginas 1666 y
1667 del «Diario de Sesiones», en una referencia inicial al
Plan Director de Infraestructuras, decía lo siguiente: «...los
plazos que creo razonables plantear a esta Comisión y sobre
los cuales podríamos establecer un acuerdo, si ello es
posible, y comentarlo con SS.SS., sería que el plan director
podría llegar a las Cortes al comienzo del próximo período de
sesiones, en el mes de febrero próximo...» Poco después había
una frase categórica: «El plan hidrológico debería derivarse
del plan director.» Y, a
continuación: «El plan hidrológico debería llegar a las Cortes
en forma de ley poco tiempo después del plan director. Debería
llegar primero el plan director y después, el plan
hidrológico...»
Encontramos a continuación también una intervención correcta y
muy mesurada del portavoz del Grupo Popular en la Comisión,
señor Posada, que hace indicaciones sobre política
hidrológica, sobre la posible, en primer lugar, independencia
inicial que debería tener el plan hidrológico del plan de
infraestructuras para poder dedicar más tiempo a un debate
consensuado, a lo que nos
favorecían los distintos planes-puente existentes. Entonces,
el desarrollo de la interpelación de hoy es verdaderamente
contradictoria con lo que el portavoz del Grupo Popular nos
decía en Comisión. Por otra parte, en mi intervención en dicha
Comisión insistí especialmente en la brevedad de los plazos
que fijaba el señor Ministro. Para abreviar, en su réplica el
señor Ministro concretaba que el plan director debería llegar
aquí en el mes de febrero, y el plan hidrológico, junto con el
segundo plan de carreteras, entre febrero y el verano. Estos
son los plazos a los que me puedo comprometer.
Prosiguió el debate con más citas de plazos y de
características de los planes, y, cosa extraña, con un final
por parte del señor Ministro, después de todo el debate, que
en parte nos sorprendía y cambiaba su exposición diciendo:
«Señores Diputados, me han convencido ustedes. Después de
escuchar al señor Sedó y al señor Posada yo creo que
posiblemente no perdamos nada si aceptamos que es necesario un
plazo mayor...» Por lo tanto, quedaban
concretados los plazos con el objetivo de que «... a finales
del primer trimestre del próximo ejercicio la Cámara disponga
en el plan director, con mi intención y deseo de que sea
antes». Por tanto, si ha quedado claro que el plan hidrológico
es
consecuencia del plan director, estamos dentro de las fechas.
El Ministerio está dentro del plazo en cuanto al plan
director, y por derivación, en cuanto al plan hidrológico.
Esperemos que los plazos se cumplan, aunque puede
planteársenos aquí alguna duda. Es un problema importante que
puede tener el Ministerio, dada su facilidad para fijar plazos
optimistas. El señor Ministro ya no dice que el plan
hidrológico estará en la Cámara enseguida que venga el Plan
Director de Infraestructuras, que esperamos que esté en la
Cámara dentro de pocos días, sino que habla, posiblemente, de
que para después del verano. Nosotros hemos mantenido
divergencias con el señor Ministro respecto a sus plazos
optimistas en distintos debates.
Creemos, señorías, que la interpelación está fuera de tiempo.
Esperamos al texto de la moción para dejar fijado nuestro voto
respecto a lo que se diga, y si en la reducción de la misma se
introdujera algo que en estos momentos no se desprende,
estaríamos dispuestos a apoyarla, pero dentro de este tipo de
control de los plazos que el señor Ministro, con el consenso
de todos los grupos, estableció en la Comisión y consta en el
«Diario de Sesiones» del 2 de noviembre pasado. Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Sedó. Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, señor Ministro,
señoras y señores Diputados, no sé si la interpelación está o
no fuera de tiempo; en cualquier caso es legítimo que los
grupos
parlamentarios traigan los problemas que acucian al país, y
este es un problema realmente acuciante. No sé si se ha hecho
para criticar cualquier acción del Gobierno, pero es un poco
indiferente.
Lo que me preocupa es que el señor Ministro presentó en rueda
de prensa el viernes el Plan Director de Infraestructuras,
cinco días después ningún grupo parlamentario, por lo menos
ninguno que no sea el Socialista, tiene esos documentos del
Plan Director de Infraestructuras, y el señor Ministro se
permite acusar a los grupos parlamentarios del desconocimiento
que del documento existe. Evidentemente nos puede acusar de
eso porque lo
desconocemos. Por tanto, no puedo entrar a cuestionar el
documento que ha presentado porque no sería lógico que
cuestionara algo que desconozco. Más allá de este ardid del
debate, lo que realmente me preocupa, y hubiera sido una buena
ocasión para que el señor Ministro lo hubiera aclarado, es si
el documento que ha aprobado el Consejo de Ministros el
viernes recoge muchos de los aspectos del debate que se
produjo con el anterior documento que se planteó en abril de
1992. Hubiera sido un buen momento y ése hubiera sido el
auténtico contenido de la interpelación. Cada Grupo que
interpela es libre de desarrollar el debate en los términos
que quiera, pero el señor Ministro también habría tenido esa
oportunidad. También hubiera sido oportuno habernos traído el
documento a esta Cámara para que nosotros nos fuéramos
ilustrando sobre el debate.
Yo no voy a animarle, señor Ministro, a que no traiga el Plan
Hidrológico, no voy a animarle a eso. Yo, con perdón, soy
partidario de la planificación en algunos aspectos. No creemos
fantasmas pero, en fin, soy partidario de la planificación y
creo que son buenas las planificaciones territoriales, son
bastante buenas. Esto no quiere decir que vaya a estar de
acuerdo con su plan hidrológico ni muchísimo menos, pero creo
que es mejor que haya un plan malo a que no haya ningún plan.
El problema es que estamos sin ningún plan, lo cual está
haciendo que vayamos con actuaciones arbitrarias de las
diferentes cuencas hidrográficas que no tienen ni ton ni son
en muchísimas ocasiones y que no tienen ningún hilo conductor.
Yo sé que el Plan Hidrológico va a significar una especie de
psicodrama nacional; va a ser un psicodrama nacional, porque,
evidentemente, va a haber conflictos entre comunidades y va a
haber conflictos entre colectivos económicos. Por ejemplo, hay
un conflicto importante respecto al cual creo que hubiera sido
una buena oportunidad que usted nos dijera qué va a pasar con
las actuaciones en la agricutura en este país. Cuando hay un
sector como el agrícola que consume el 80 por ciento del agua
y que, además, se encuentra en fase de profundas
modificaciones, tendrá que tenerse en cuenta todo esto. ¿Está
dispuesto el sector agrícola español a aceptar
transformaciones profundas de manera que ese tanto por ciento
no pueda tener la relevancia que tiene? Es importante saber
esto. ¿Estaría dispuesto el Ministerio de Agricultura, el
Gobierno, a seguir unas pautas de consumo diferentes a las
actuales? Esto sí que hubiera sido interesante conocerlo en la
interpelación. ¿Se ha tenido en cuenta lo que dicen los
agricultores a la hora de elaborar este nuevo plan? ¿Se ha
tenido en cuenta lo que dicen los medioambientalistas y todas
las personas con sensibilidad medioambiental a la hora de
elaborar este plan? Esto sí que hubiera sido interesante
conocer en esta interpelación y, desgraciadamente, no se ha
podido plantear. Nosotros creemos que es importante que este
debate nacional se produzca. Por tanto, nosotros vamos a
animar a que el Gobierno plantee el debate y que presente esas
propuestas, pero también le vamos a animar a que venga con una
actitud absolutamente abierta al debate, no solamente abierta
a la Cámara --que, evidentemente, es la legítima representante
de la
sociedad--, sino también abierta a lo que le van a plantear
muchísimos colectivos desde fuera de la Cámara, porque aunque
se encuentren representados en ella, hay muchísimos colectivos
que tienen pensamientos contrapuestos sobre esto e intereses
concretos sobre el agua. Esto es lo que le pedimos
fundamentalmente al Gobierno, que haya un debate sincero. No
creo que sea la mejor manera de plantear el debate que el
Gobierno se encierre en un documento concreto que traiga a la
Cámara y decir que apenas lo va a modificar, o que va a hacer
escasísimas modificaciones. También confío en que el hecho de
que primero se lo presente al Grupo Socialista, como se
planteó en una pregunta formulada por una parlamentaria, y
después a los Diputados, no signifique que por ello va a tener
un orden de prelación en el debate. Confío en que no sea así.
Yo le animo,
señor Ministro, a tener una actitud enormemente abierta en el
debate, a la vez que le animo a que intente coordinar el
conjunto de los ministerios que, evidentemente, pueden tener
intereses muy contrapuestos.
Lamentando que haya tardado tanto tiempo en plantearse este
debate ante la Cámara, creo que será bueno que se traiga en el
plazo más breve posible, pero también será bueno que se esté
muy atento a lo que va a decir el conjunto de la sociedad
sobre la utilización del agua en este país. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Andreu.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor
Presidente.
Creo que es importante que el Gobierno utilice su capacidad de
intervenir en el debate para clarificar algunos de los
aspectos que se van desgranando en la tribuna.
Quiero agradecer al señor Sedó que haya echado mano del
archivo para ver qué plazos hemos estado barajando en
Comisión. El último de ellos fue el del plan director a
finales del primer trimestre de 1993. El Gobierno lo aprobó el
viernes pasado, es decir, a primeros de marzo y llegará a la
Cámara cuando la intendencia administrativa lo haya vehiculado
en un número de ejemplares suficiente, cosa que puede
producirse en estos mismos días, porque imagino que debe estar
en camino la versión, aunque sea provisional, para que tengan
un cierto número de ejemplares los grupos políticos. Por
tanto, habremos cumplido con el plan director en la Cámara a
finales del primer trimestre.
Esto abre un debate, que formalmente debería conducirnos hasta
el verano, en torno al plan director; de manera que cuando
acabe el debate sobre el plan director pueda llegar el Plan
Hidrológico a finales de este período de sesiones o principios
del siguiente, julio o septiembre, junto con el II Plan de
Carreteras, los dos derivados del marco conceptual de política
territorial que el plan director pretende establecer y que
pretende ser objeto de debate, señor Diputado, totalmente
abierto, no solamente en el plan director sino en el Plan
Hidrológico.
Permítame decirle que en ningún momento he pretendido
recriminar a los grupos políticos porque no conozcan lo que no
pueden conocer, puesto que no les ha llegado todavía. Si ha
sido así interpretado es que me he expresado mal; me he
referido a aquellos grupos políticos que han criticado el plan
director sin haberlo podido conocer; a aquellos que no lo han
criticado porque esperan a conocerlo para hacerlo,
naturalmente no les he dirigido ninguna crítica, ya que su
actitud es plenamente coherente. Del plan director llegarán
ejemplares suficientes --yo me siento en la obligación de
presentarlo al Grupo Socialista, como todas las leyes que el
Gobierno remite al Congreso, aunque esta no sea una ley, sino
un plan que será objeto de informe y debate nada más--y espero
del debate en la Cámara del mencionado plan director y del
Plan Hidrológico que seamos capaces de aportar unos y otros
una visión de la geografía española y de los recursos
naturales españoles que permitan a nuestra sociedad tomar
clara conciencia del reto que representa el equipamiento de
nuestro territorio y el aprovechamiento de los mismos. Este y
no otro es el objetivo que nos guía, y estoy seguro que la
Cámara aprovechará estos documentos para contribuir a su
mejora a lo largo del debate que se avecina.
Muchas gracias. (La señora De Palacio Valle-Lersundi pide la
palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Señora De Palacio?
La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Señor Presidente, la
intervención del señor Ministro ha reabierto el debate, al
tratar el tema de los plazos. Yo no voy a intervenir en otros
aspectos.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Ministro ha
pedido la palabra, que le ha sido concedida por la
Presidencia, en virtud del apartado 5 del artículo 70, que
dice: «Los miembros del Gobierno podrán hacer uso de la
palabra siempre que lo soliciten...» El sentido de reabrir
debate esta Presidencia no lo entienden más que en el contexto
del artículo 73.1 que dice: «En todo debate, el que fuera
contradicho en sus argumentaciones por otro u otros
intervinientes tendrá derecho a replicar...» El señor Ministro
se ha referido a la intervención del señor Sedó, que no ha
solicitado la palabra, y a la intervención del señor Andreu, y
en ningún momento ha aludido a S.S. Por tanto, la reapertura
del debate es exclusivamente en los términos del artículo
73.1.
La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Gracias, señor
Presidente. Ha reabierto el debate al plantear la cuestión de
los plazos, los plazos antes del verano, después del verano,
cuestión que yo no había planteado. Y nada más quiero hacer
una precisión... El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No,
no tiene la palabra, señora De Palacio. No tiene la palabra,
no ha reabierto ningún debate. Ha hecho unas observaciones
respecto a dos
intervenciones.
La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: No, no, respecto a dos
intervenciones e indirectamente a otras intervenciones.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Esta Presidencia
entiende que no hay ninguna alusión indirecta a ninguna otra
intervención. Se ha finalizado el debate.
La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Señor Presidente, ha
reabierto el debate...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Se ha finalizado este
debate, señora De Palacio.
La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Se ha rebierto este
debate claramente en cuanto a la cuestión de los plazos.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No tiene la palabra,
señora De Palacio, no tiene la palabra. (El señor Puche
Rodríguez-Acosta: Ha reabierto el debate.)
La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Ha reabierto el debate,
insisto, señor Presidente.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE CRITERIOS DE POLITICA
INDUSTRIAL QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO ANTE LA GRAVE CRISIS
QUE AFECTA AL SECTOR DEL AUTOMOVIL Y EN CONCRETO A LA EMPRESA
AUTOMOVILISTICA SANTANA MOTOR (Número de expediente
172/000039)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pasamos al punto
número 33: Interpelación urgente del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, sobre criterios de política
industrial que piensa adoptar el Gobierno ante la grave crisis
que afecta al sector del automóvil y en concreto a la empresa
automovilística Santana-Motor.
En nombre del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señor Presidente.
«¿No nos conocéis? Somos de Linares». Señor Presidente,
señoras diputadas, señores diputados, señor ministro, éste es
uno de los gritos de presentación y de ubicación del problema
que se repite en prácticamente todas las movilizaciones.
Efectivamente, se trata de la crisis general de la industria,
la crisis general de la automoción, pero una crisis ubicada.
Se trata de la crisis de la automoción en el seno de un
problema territorial y de Estado. Estamos hablando de la
crisis del automóvil, de la crisis industrial de la automoción
allí, en Linares, en Andalucía, en una comarca que puede
terminar absolutamente desierta --y sabe usted que no exagero,
señor Eguiagaray--, en una provincia, Jaén, que es la última
en producto interior bruto de Andalucía, que con mucho es la
última de España y está entre las últimas de la Unión Europea,
en un momento en que tenemos diez puntos porcentuales de
diferencial negativo respecto a la media nacional de paro; y
Jaén en este sentido, en economía precaria, en economía
sumergida y en paro y teniendo en cuenta las perspectivas del
monocultivo del olivar, está en una situación francamente
desesperada. De ahí la gran movilización, la constante
movilización que se está suscitando; una llamarada pacífica,
indignada y masiva que está ocurriendo en las verjas del
Congreso hoy mismo, y de ahí también ese inmenso y activo mar
de solidaridad.
El otro día, al principio de esta situación, inmediatamente
después de contestar usted a la pregunta de este Diputado,
cuando dijo que estaba profundamente preocupado, que la
situación era crítica, se produjo una manifestación, en una
población de 61.431 habitantes, de 110.000 personas en opinión
de la policía
Municipal y de las fuerzas de orden público. Ayer mismo se
produjo una movilización de 15.000 mujeres y para el 22 de
marzo, el mismo día en que vamos a debatir aquí la moción
consecuencia de esta interpelación, está convocada una huelga
general en 19 pueblos de la provincia de Jaén, que abarcan a
la mayoría de la población de esta provincia. Por lo tanto,
estamos hablando de un problema territorial también,
fundamentalmente territorial y de Estado, puesto que se
entremezcla con relaciones comerciales, relaciones exteriores
de todo tipo, en una nación que con ustedes tienen una
relación específica y en lo industrial bastante singular.
Se ha establecido una relación industrial y social injusta con
las multinacionales, especialmente con Suzuki, que puede
iniciar ahora un camino de transformación de la planta de
Linares en una simple plantade ensamblaje, como una simple
plataforma comercial, para mantener la cuota de entrada en el
mercado europeo, con la consiguiente masacre de una parte muy
importante de la plantilla, incumpliendo las condiciones de un
laudo que se firmó no hace más de doce meses entre la Junta y
Santana Motor, con condiciones muy negativas para los
trabajadores, que han cumplido a rajatabla, aumentando en un
14 por ciento la productividad. No sólo se ha establecido esta
relación subordinada a los intereses nacionales, agravados
éstos por la falta de política industrial --enfermedad crónica
en los sucesivos gobiernos de don Felipe González--, sino que
ha existido una extraña permisividad que a veces parecía rozar
la connivencia y que se ha traducido en un secretismo, en un
antisindicalismo, en una posición de silencio prepotente ante
la ciudad de Linares, ante la comarca, ante la provincia, ante
Andalucía
que está generando ya radicalidad, señor Ministro. Está
generando ya una situación radical porque nadie sabe, nadie
contesta. Está terminando ahora mismo el debate con el
Parlamento de Andalucía. Han vuelto a reiterar el brindis al
sol, diciendo que comprenden la situación y se solidarizan con
los trabajadores, pero ni siquiera el Presidente Chaves ha
asistido a este debate en el Parlamento de Andalucía.
El señor Montaner ha dicho que se van a solidarizar con los
trabajadores, que ahí tienen un aliado, que sigan
movilizándose, pero no aparece ni una sola solución.
¿Desde cuándo conocen ustedes este problema, señor Eguiagaray?
Porque este problema, dado su volumen, dada la crisis que esto
supone, no salta de la noche a la mañana.
Los sucesivos viajes en septiembre de don Juan Ignacio Moltó,
Secretario de Estado, al Japón ¿en qué se han traducido? Cada
viaje se traducía en un paso atrás acumulado y secreto de esta
situación que de pronto ha estallado el día 17 de febrero. ¿De
dónde procede la extraña comprensión del señor Moltó que ha
dicho que entiende que Suzuki se vaya de Linares si no está
cómoda en Andalucía, que se vaya con el bolso lleno de dinero
público? Esto lo ha dicho don Juan Ignacio Moltó y no le
afecta a usted directamente, aunque sí en cuanto a que es un
Gobierno con la misma matriz política, el Partido Socialista
Obrero Español. El Partido Socialista, el Gobierno del señor
Chaves tiene una oficina del IFA en Tokio, que era una
embajada de sordos que no se ha enterado de nada. ¿Por qué la
Comisión que se aprobó de tres miembros del Gobierno
autonómico y tres miembros de Santana Motor no se ha reunido
sino para constituirse y nada más, y tenía que perseguir los
acuerdos del laudo firmado el 3 de marzo de 1993? ¿Por qué no
se abren las puertas de la negociación a los trabajadores,
señor Eguiagaray? Anteayer estuvieron en las puertas de la
sede central de Leganés. Forzaron una entrevista, pero los
responsables de Suzuki dijeron que volvieran ayer mismo, el
martes. Les recibieron con malos modos, rozando el insulto,
señor Eguiagaray, y les dijeron: no habrá reunión con ustedes
ni esta semana ni la que viene, y mantenemos la misma
posición, la de partida, el ultimátum que dieron y que hoy o
mañana expira sin ningún tipo de información, sin ningún tipo
de participación de los trabajadores del Comité de Empresa o
de los sindicatos en este secretismo, en esta prepotencia, en
este tenebrismo que ustedes están cultivando de una manera
irresponsable, se lo digo yo, que he vivido más de 20 años en
Jaén. He sido diputado en la legislatura 1978-1982. Se lo digo
yo que ustedes están generando, cultivando una situación que
puede estallar en cualquier momento. Queremos saber qué pasa,
señor Eguiagaray. Los trabajadores quieren saber qué pasa,
están ahí, están fuera, están en Linares esperando. Hay
convocada una huelga general para el 22 y en cuanto problema
de Estado van a intentar trasladarlo a nivel general, con
movilizaciones generales en este Estado, donde la crisis de la
automoción reviste caracteres diferentes en función del
territorio y del diálogo distinto que ustedes mantienen
respecto a las distintas comunidades autónomas de este país.
¿Qué puede estar pasando en estos momentos? Que ustedes
practican una especie de estrategia de luz de gas. De pronto
la esperanza la convierten en situación crítica, en
responsabilidad profunda, en preocupación profunda. En un
momento determinado el señor Chaves dice que hay solución, que
la esperanza está ahí a la vuelta de la esquina, que
efectivamente van a preparar un plan industrial desde la Junta
de Andalucía, desmentido acto seguido por el responsable de
prensa. Eso sí, se solidarizan con las
movilizaciones, alientan las movilizaciones diciendo que puede
haber una salida. Ustedes pueden, en todo caso, estar
esperando, pero con una estrategia diferente de aquí a allí en
cuanto al problema social, me refiero ahora al problema
social. Ustedes pueden estar esperando que acabe la
resistencia de los
trabajadores en las manifestaciones más masivas que se han
conocido en Andalucía, teniendo en cuenta relativamente la
población a la que se refiere, en toda la historia de
Andalucía, señor Eguiagaray. Valoren ustedes esto. Calculen
hasta dónde está llegando el secretismo, la prepotencia de
ustedes, de Suzuki, hasta dónde está llegando, está calando la
impresión de que ustedes se han metido en la trinchera de
Suzuki contra los trabajadores, contra Linares, contra el
problema territorial de Andalucía, no comprendiendo la
situación territorial y el problema de Estado que representa
perder allí posiblemente el 60 por ciento de la plantilla,
perder una parte muy importante de los 2.500 puestos de las
empresas auxiliares, lo cual supondría una pérdida del 20 por
ciento del emple industrial de la
provincia de Jaén, y perder el futuro de una manera
absolutamente inexplicable.
Ustedes pueden decir en un momento determinado: ya hay un plan
de viabilidad de Suzuki. Convertimos a Santana Motor en una
plataforma comercial para insertarnos en el mercado europeo.
Convertimos a Santana Motor en una simple planta de
ensamblaje, y ya le echan el problema a los sindicatos
diciéndoles: ahora hagan ustedes el favor de reducir el 30, el
40, el 50 o el 58 por ciento, como se rumorea, la plantilla de
Santana Motor; el resto indemnizaciones: 20 días al año, tal
como reza la nueva
contrarreforma radical del mercado laboral, y una congelación
salarial con dos fases, posiblemente una con el horizonte del
12 de junio --le recuerdo que hay elecciones-- y una segunda
etapa de reducción de los salarios entre el 10 y el 20 por
ciento. Desde este punto de vista hay que recordarle, señor
Eguiagaray, que allí la reducción por prejubilaciones sería
muy difícil y, desde luego, absolutamente dramática,
traumática, porque la media de edad de los trabajadores es de
47 o 48 años. Por tanto, esa salida es muy difícil. Desde ese
punto de vista, señor Eguiagaray, nosotros le pedimos que sea
consciente de esta situación. El señor Borrell ha intervenido
en la anterior interpelación (que no es realmente de urgencia,
ni social, ni industrial, como en este caso) hasta cuatro
veces. Yo le pido que aclaremos muchas cosas en este momento,
en este acto, señor Eguiagaray, de cara a las cosas que se
están convocando y de cara a la situación social.
No le pido que hable usted con los Diputados de Jaén, porque a
lo mejor no han podido ir a Linares, pero le recomiendo que
detecte esta situación, que detecte el pulso real de la
sociedad de Linares, de la comarca y de la provincia de Jaén.
A nuestro juicio, primero hay que contar con los trabajadores,
comité de empresa, sindicatos, a partir de ahora mismo. La
última ofensa fue ayer, en Leganés. Rozó el insulto la
posición de los directores de Suzuki; se les echó
prácticamente a la calle. Eso se ha informado en Linares y en
Andalucía.
La segunda situación, señor Eguiagaray, es dinero público
entre ustedes y la Administración autonómica, entrando como
accionistas en la empresa, tal como se hace en muchos sitios
de Europa; por ejemplo, en la Baja Sajonia, para la Wolkswagen
con gobiernos de la Democracia Cristiana. Por ejemplo, en la
fábrica de autobuses DAF, en Holanda, o, por ejemplo, la
Renault, que sigue siendo pública y cuya reprivatización
anunciada se ha pospuesto de nuevo, sin tener en cuenta (si
quiere usted ahora lo discutimos) la subvención de mil
millones que se ha anunciado en Aragón, sin que lo haya pedido
la General Motor de ninguna de las maneras. Nosotros pedimos
que ese dinero se convierta en representación en el Consejo de
Administración de Santana Motor, permitiendo el seguimiento
por los sindicatos de todo el proceso que se genere a partir
de la nueva situación económica, financiera y laboral. Hace
falta un plan industrial y tecnológico para Santana Motor. No
es posible decir que hay una viabilidad de Santana Motor
cuando se puede restringir toda una plataforma comercial de
cara a mantener Suzuki, sin tener en cuenta las
responsabilidades financieras ni sociales, ni su cuota de
mercado en la Unión Europea, porque la otra fábrica de Hungría
todavía no tiene cuota de mercado ni la va a tener a corto o
medio plazo. Por tanto, no es posible acceder a esa situación
que se viene planteando de una manera cada vez más sólida y
que supondría la reducción drástica del personal de Santana
Motor.
Pedimos también un plan complementario para empresas
auxiliares que integra a unos 2.500 trabajadores y que tiene
situaciones muy difíciles a los que de inmediato habría que
ayudar con préstamos blandos, o como sea, de cara a mantener
el empleo en aquella situación. Le estoy hablando de Linares,
Jaén, Andalucía. Sí, de la crisis de la automoción; pero estoy
hablando de un problema de Estado diferente; si no no se
podrían entender las
movilizaciones, señor Eguiagaray; se lo dice alguien que lleva
mucho tiempo en política y que lleva mucho tiempo en
manifestaciones. Analícenlo, pongan un termómetro racional,
objetivo.
Y para terminar, señor Presidente (y gracias por su
amabilidad), yo sí quiero decirle que nosotros, desde esta
tribuna, para que conste ahí, negro sobre blanco, en la
transcripción oficial que se haga en esta Cámara,
responsabilizamos al Gobierno central y al Gobierno autonómico
de lo que pueda pasar a partir de ahora a nivel social, a
nivel de las movilizaciones que se están haciendo, sin ningún
tipo de información, sometidas a esta estrategia de luz de gas
terrorífica, cruel. Por un sitio se les dice que hay
esperanzas. Hoy en el Parlamento de Andalucía se les ha
reiterado la cantinela de siempre, sin nigún tipo de solución.
Se les azuza, como el señor Nevado ayer, comprendiendo que se
haya convocado la huelga geneal (el señor Nevado es el
portavoz del Gobierno en Andalucía) y, por otra parte, aquí
ayer los responsables de Suzuki reiteraron que mantienen su
posición, mantienen el ultimátum: recorte del 60 por ciento de
la
plantilla; que no se van si no aparece un accionista;
mantienen el tema de los 38.000 millones y mantienen que las
relaciones con ustedes son de una manera especial y que ellos
marcan los interlocutores, y no admiten a los trabajadores, y
no admiten al comité de empresa, ni a los sindicatos. Me
parece que esto es incluso subordinar la dignidad nacional, la
soberanía nacional, a que unos señores de una empresa
instalada en Linares marquen los interlocutores en un problema
que siempre se soluciona aquí con la participación de los
trabajadors.
Desde ese punto de vista, señor Eguiagaray, ustedes son
responsables de que, en función del secretismo, en función de
la prepotencia de ese silencio que está creando situaciones
muy difíciles de sostener, se generen situaciones que nadie
desea. Pero, señor Eguiagaray, llevamos ya muchos días, desde
el 17 de febrero; lo que se ve venir es la desesperación.
Usted dirá que soy demagógico; usted dirá que quiero utilizar
una palabra de intercambio usual, de comercio usual en el
Parlamento, pero usted sabe que en absoluto estoy exagerando.
Señor Eguiagaray, le ruego que nos aclare algo, le ruego que
haga el esfuerzo de hablar, le ruego que haga el esfuerzo de
debatir, le ruego que por lo menos imite, en esa necesidad de
trenzar soluciones, el debate que se ha producido
anteriormente con la intervención por cuatro vecees del señor
Ministro Borrell. Por lo tanto, señor Eguiagaray, espero muy
interesado su respuesta. El señor VICEPRESIDENTE (Beviá
Pastor): Para contestar, en nombre del Gobierno, tiene la
palabra el señor Ministro de Industria.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay):
Gracias, señor Presidente.
Señor Alcaraz, plantea S.S. un tema en el que el énfasis que
utiliza en la tribuna naturalmente no va a contribuir a
encontrar la solución. Ha termiando diciendo S.S. que quizá le
voy a acusar yo de demagogo; no sé si es que usted estaba
temiendo que el tono que ha utilizado tenía algo que ver con
eso, pero yo no quiero decir nada ni utilizar ningún
calificativo sobre su intervención. Este Gobierno, este
Ministro y otras administraciones son conscientes de este
problema lamentablementedesde hace demasiado tiempo. Han
venido trabajando para no llegar a esta situación, siguen
trabajando para que esta situación pueda ser superada y,
naturalmente, no vamos a perder la calma ni la serenidad ni la
frialdad para tratar de abordar soluciones a este problema,
aun cuando uno tenga que comprender no solamente la angustia,
sino también la inquietud e incluso muchos de los fenómenos
que socialmente están teniendo lugar en Linares, en la
provincia, en Andalucía y la preocupación que en general hay
en España por la solución de este problema. Por lo tanto, si
me permite S.S., deberíamos bajar el tono y tratar de
enfocarlo un poco más racionalmente, de ver, si, además de
exponer alguna pasión y trasladar algunos sentimientos, que
uno puede entender, tenemos al mismo tiempo una actitud que
pueda ser conducente a encontrar soluciones. Esto contribuiría
algo más que la elevación del tono o la utilización de la
responsabilización al Gobierno, como usted ha dicho. Yo
debiera deducir de sus palabras que soy el
responsable de la crisis de Linares, debiera ser el
responsable de lo que está teniendo lugar en esa empresa en
Jaén o en otros lugares de España, a pesar de haber estado
trabajando y seguir trabajando en este momento por encontrar
soluciones.
Usted dice que ha estado en esa provincia en muchas
manifestaciones. No sé si algunas de las cosas que hoy tienen
lugar tienen algo que ver también con el pasado, pero quizá la
situación de Linares sirva no solamente para encontrar una
solución al problema, un buen momento para la reflexión
colectiva sobre el futuro, sino también para la reflexión
colectiva sobre el pasado y, obviamente, sobre el presente.
Déjeme, por tanto, señor Alcaraz, que, entendiendo la enorme
preocupación que sobre este tema existe, le aporte algunos
datos que más que la expresión de sentimientos puedan
contribuir a encontrar algunas soluciones, si finalmente somos
capaces de encontrarlas entre todos.
Me adelanto a decirle, señor Alcaraz, que hoy ninguno tenemos
garantizada la viabilidad de Santana Motor y quiero decirle
eso desde el clima de esperanza que yo he contribuido a
generar y desde la esperanza que quiero seguir generando.
Solamente si abordamos el tema con su gravedad y con todo el
conjunto de implicaciones que tiene, quizá tengamos la ocasión
de encontrar soluciones que no sean la pura expresión del
voluntarismo, del voluntarismo en el sentido de que las cosas
se tienen que resolver simplemente porque yo lo quiero o
simplemente porque el tema es muy grave. Evidentemente es muy
grave, y como es muy grave será difícil que no pase nada; algo
tendrá que pasar, incluso si conseguimos, como estamos
pretendiendo, encontrar una solución que pase por el
mantenimiento de la actividad industrial en un lugar como
Linares, en una provincia como Jaén, en una comunidad autónoma
como Andalucía, lo mismo que hemos estado haciendo esfuerzos
por conseguir la viabilidad industrial y el mantenimiento de
otros proyectos industriales en otras
comunidades autónomas y como lo seguiremos haciendo, puesto
que esta es nuestra responsabilidad.
Déjeme, sin embargo, que le aporte algunos datos que tal vez
ayuden a comprender la gravedad de la situación y por qué lo
que estoy diciendo no lo digo a humo de pajas. No se trata, en
este momento, de halagar los oídos de nadie, tampoco de los
trabajadores que puedan estar escuchando este debate, sino de
plantear los temas con algún rigor, por lo menos, como a mí me
parece que un Gobierno tiene que plantearlos, a la vez que
busca encontrar soluciones.
La empresa Santana Motor, cuyo accionista, como saben ustedes,
es Suzuki Motor Corporation, en un 84 por ciento en este
momento, atraviesa por una situación muy grave. A finales de
1993, la situación financiera y patrimonial se caracterizaba
por los siguientes datos: Fondos propios negativos --y lamento
tener que entrar en esto, pero creo que hay que tomarlo en
consdieración si queremos encontrar soluciones-- por un
importe de 3.400 millones de pesetas, como consecuencia de
resultados negativos de ejercicios anteriores arrastrados
hasta este ejercicio, por 2.271 millones de pesetas, más las
perdidas de 1993, por 4.809 millones, que no han podido ser
compensadas por la ampliación de capital llevada a cabo, por
un importe de 3.639 millones de pesetas, realizada casi
exclusivamente por Suzuki, que le ha llevado de tener una
posición minoritaria, a una posición ampliamente mayoritaria
en el capital de la empresa en el 83,7 por ciento. La empresa
tiene una estructura profundamente desequilibrada
financieramente, con un endeudamiento a corto plazo del 87 por
ciento del pasivo total, centrado básicamente en acreedores
comerciales. Ha tenido en este ejercicio del año 1993, a pesar
de los apoyos que Suzuki matriz ha realizado a la propia
empresa Santana Motor, unas pérdidas de 4.809 millones,
inferiores a las que tuvo en el año 1992, que fueron de 7.500
millones, pero, en todo caso, unas pérdidas considerables, que
se unen a las que también en el año 1991 sumó esta empresa y a
las que se han unido, ciertamente --lo digo en tono objetivo,
no quiero en estos momentos que
se interprete de ninguna otra manera--, unos gastos
extraordinarios por jubilaciones anticipadas en 1993, por un
importe de 2.261 millones de pesetas para 154 empleados, con
un coste medio de 14,68 millones de pesetas por persona.
La situación de la empresa es una situación difícil, con
deficiencias de carácter estructural consistentes,
fundamentalmente, en la estrechez del mercado accesible, las
carencias históricas de la estructura industrial, un escaso
nivel de automatización, entre otras; los bajos niveles de
productividad, en términos comparativos, derivados, entre
otras cosas (no únicamente, y en términos comparativos, de
nuevo en relación con otras empresas del sector del
automóvil), de un excesivo peso de los gastos de personal en
la cuenta de resultados y un escaso margen bruto sobre ventas,
además de esta endeblísima estructura financiera.
A esta situación de partida, se une una evolución negativa de
la coyuntura económica, evolución concretada en una reducción
de las ventas de vehículos todoterreno del 13 por ciento
respecto al año 1992, con una caída del mercado interior de un
38 por ciento y de un 6 por ciento de los mercados exteriores,
que no ha podido ser compensada por un crecimiento de la
comercialización de vehículos Suzuki importados de Japón ni
con el esfuerzo exportador, que, no obstante, ha alcanzado el
85 por ciento de las ventas en el año 1993. Junto a esto, se
han derivado otra serie de circunstancias, que no quiero
pormenorizar por no convertir la contestación a una
interpelación en un análisis financiero. En segundo lugar,
quiero darles cuenta de algunas de las decisiones básicas
adoptadas por Suzuki Motor Corporation tal y como las conoce
la Administración del Estado y el Ministerio de Industria y
Energía en particular. El consejo de administración de Santana
Motor, en reunión celebrada el día 16 de febrero, adoptó las
siguientes decisiones. En primer lugar, formular las cuentas
del ejercicio de 1993 y, ante la necesidad de proceder a la
restructuración patrimonial derivada de la situación
financiera que he comentado, aceptar la aportación por Suzuki
Motor Corporation de 5.271 millones de pesetas adicionales en
concepto de contribución para la reposición de pérdidas y
saneamiento del patrimonio hasta marzo de 1994. Se trataba de
compensar el patrimonio neto negativo de finales de 1993, al
que he hecho referencia, y de absorber las pérdidas previstas
hasta marzo de 1994. Esa es una decisión que Suzuki sigue
reiterando y
manteniendo.
En segundo lugar, solicitar la declaración de suspensión de
pagos, a cuyos efectos se presentó el expediente ante el
Juzgado correspondiente con fecha 21 de febrero, que ha
dictado la correspondiente providencia de admisión a trámite.
Por otro lado, en las relaciones que se vienen manteniendo de
antes y de ahora, y especialmente intensas en los últimos
días, entre el Ministerio de Industria y Suzuki, esta compañía
mayoritaria del capital de Santana Motor ha manifestado los
siguientes criterios para sus actuaciones futuras. Suzuki,
como consecuencia de la propia estrategia que a nivel
multinacional ha mantenido Suzuki Motor, no tiene la voluntad
de ser accionista mayoritario permanente de la compañía. No lo
era tradicionalmente en Santana Motor, ha accedido a esta
condición en virtud de la no concurrencia de otros accionistas
al proceso de ampliación de capital. Por tanto, su voluntad
sigue siendo la de abandonar la mayoría del capital de Santana
Motor y mantener, con una
presencia accionarial minoritaria, una colaboración de
carácter tecnológico y comercial en la compañía. En segundo
lugar, Suzuki ha expresado la imposibilidad, más allá de lo
que ya he dicho, de realizar en este momento, teniendo en
cuenta la repercusión y las inyecciones que en los años
pasados ha venido haciendo al capital de la empresa,
aportaciones financieras adicionales más allá de las que se
derivan del marco de colaboración que se pueda obtener. En
tercer lugar, han expresado la disposición de aceptar un socio
mayoritario, cuya selección e identificación ustedes
comprenden que en este momento no es muy fácil de hacer ni de
conseguir, que realizara las aportaciones financieras
necesarias para una reducción de la plantilla y el saneamiento
del pasivo. Estas son las expresiones que se han traducido a
veces en los medios de comunicación y algunas de las que, en
la relación directa con Suzuki, han sido vertidas. En cuarto
lugar, han expresado la imposibilidad de aceptar
responsabilidades de gestión en la empresa por las negativas
experiencias del pasado, agravadas por la actual situación de
tensión y en coherencia con la deseada participación
minoritaria en el capital de la empresa. Finalmente, Suzuki ha
expresado también que el laudo arbitral del año 1993 no ha
producido los efectos necesarios para enderezar la situación
de la empresa. Hasta aquí algunas de las posiciones expresadas
por Suzuki.
A continuación, para que tengan ustedes una información
cumplida sobre esta cuestión, quisiera darles algunos rasgos
de lo que significa la suspensión de pagos. Los aspectos más
relevantes de la información disponible en este momento son
los siguientes. El Grupo Suzuki, directa o indirectamente,
tiene el 53,5 por ciento de la deuda, y si se excluye la deuda
a trabajadores activos y pasivos, la proporción citada se
eleva al 69 por ciento. Existe un elevado número de
proveedores, alrededor de 720, con una deuda unitaria inferior
a 30 millones de pesetas, una deuda media de 2,78 millones de
pesetas, expresivo del impacto que Santana Motor tiene en el
entorno de Linares. En tercer lugar, no hay
acreedores financieros de entidad, salvo Suzuki por un importe
de 3.234 millones de pesetas, resultante de la compra reciente
por Suzuki de un crédito que anteriormente
tenía una entidad financiera. En cuarto lugar y
consecuentemente con lo que acabo de decirles, pueden existir
bases razonables para que el Grupo Suzuki pudiera desempeñar
un papel relevante en la suspensión de pagos y formular un
convenio de acreedores que pudiera tener efectos sustantivos
en el saneamiento financiero necesario. Esto, naturalmente, es
un juicio que hago como Ministro de Industria y una parte de
lo que puede ser un esbozo de la solución si, efectivamente,
esta solución finalmente existe. Dicho todo esto, que es una
descripción que no aminora en absoluto la gravedad de la
situación y, muchísimo menos, la preocupación de este Ministro
y de otras administraciones por encontrar una solución, quiero
decirles cuál es y seguirá siendo la posición del Gobierno en
esta cuestión. El Gobierno, en cooperación con la Junta de
Andalucía, lo mismo que hemos cooperado con otras
administraciones autonómicas en otros momentos y ante otras
crisis, despliega y seguirá desplegando un esfuerzo permanente
para hacer posible la búsqueda de socios, la puesta en marcha
de un plan empresarial que permita mantener el nivel de
actividad industrial y de empleo compatible con la necesaria
viabilidad y rentabilidad de la empresa. No sé si ustedes,
señor Alcaraz, comparten esta posición. Yo no creo que se
pueda mantener una empresa que no pueda ser rentable o viable.
Es desde la
perspectiva del saneamiento, desde la perspectiva de la
viabilidad, desde donde es necesario afrontar este grave
problema económico y también social. Pero contribuiríamos a
generar más incertidumbre y más esperanzas que después se
verían defraudadas, si pensáramos que la actividad industrial
se puede mantener a toda costa contra la propia viabilidad
económica.
Dicho esto, el Gobierno pretende orientar su función partiendo
de que Santana Motor está en esta importante crisis
empresarial, que tiene dificultades claras para su viabilidad
futura y que, en consecuencia, compete en esta crisis como en
otras,
fundamentalmente --no digo exclusivamente--, a los
accionistas, a los trabajadores, a los acreedores, realizar
los esfuerzos necesarios para la búsqueda de soluciones
viables y rentables que adecuen la estructura de la empresa a
las condiciones actuales y futuras del mercado.
En segundo lugar, les quiero reiterar, frente a su posición,
que el Gobierno central no tiene la intención de convertirse
en empresario automovilístico, ni en accionista de esa
empresa. La existencia de un accionista con capacidad de
gestión empresarial, de tecnología y de conocimiento del
mercado, sigue siendo sustancial para la pervivencia de
Santana Motor en un mercado global como el de la automoción.
En tercer lugar, les quiero decir también que los apoyos e
intervenciones financieras procedentes de las administraciones
públicas tendrán que someterse en todo caso a criterios
coherentes en esta crisis, como en otras, con las normas
comunitarias vigentes al respecto, con la legislación española
y con la existencia de un proyecto viable y rentable,
soportado por un esquema accionarial solvente, tanto desde el
punto de vista industrial, como financiero.
Estos son los puntos a partir de los cuales el Gobierno está
trabajando. No quiero terminar solamente diciéndoles esto.
Quiero terminar diciéndoles que hoy --como ya he tenido
ocasión de avanzar en días pasados, aunque hoy no les puedo
añadir nuevos datos adicionales-- trabajamos en una solución
que puede augurar algún futuro. Pero no quisiera que nadie se
llamara a engaño. Si hablamos en serio de la gravedad de la
situación debemos seguir hablando en serio de la gravedad de
la situación y, en
consecuencia, conjuntar los esfuerzos de todos para garantizar
un proyecto y un futuro industrial que deberá ser capaz, no
solamente de mantener parte del empleo, sino, al mismo tiempo,
de convertirse en una fuente de empleo en el futuro. Como hoy
no tenemos garantizada una solución, no les puedo decir que
esta solución va a existir. Tengo la esperanza de que podamos
encontrar una solución. Seguimos hablando, seguimos
discutiendo, seguimos negociando, y seguimos viendo de qué
forma es posible el que Suzuki mantenga su posición
mayoritaria, el que Suzuki haga un esfuerzo importante en el
convenio de acreedores; de qué forma es posible garantizar que
el plan industrial, el plan financiero pueda encontrar al
mismo tiempo otras aportaciones en el marco de referencia que
he mencionado.
Todo esto hoy no está garantizado. Como no está garantizado,
se lo digo con esta claridad, aunque sigo teniendo la
esperanza y, desde luego, el enorme deseo de poder decirles,
quizá, dentro de unos días, que tenemos una solución muy
difícil, una solución que exige sacrificios, pero, en todo
caso, una solución para un proyecto viable, para un proyecto
industrial y para un proyecto que es social, económica y
políticamente importante en esa región.
Es en esa perspectiva en la que estamos trabajando, en esa
perspectiva en la que seguiremos trabajando. Quizás algunos
tengan solamente en este momento que expresar sentimientos y
culpabilizar o responsabilizar al Gobierno. A otros nos toca,
cuando hay crisis, hacer los esfuerzos por salvar aquello que
es posible salvar.
Me gustaría, señor Alcaraz, finalmente --y termino con esto
esta primera parte de mi intervención--, que su Grupo, lo
mismo que otros grupos, lo mismo que otras organizaciones que
han de ser absolutamente fundamentales en todo este proceso,
tengan una actitud coherente con la gravedad de la situación,
con el realismo que esto impone y con el esfuerzo que, desde
el Gobierno --lo mismo que me consta desde la Junta de
Andalucía-- se está haciendo por encontrar luz detrás de este
túnel.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para un turno de
réplica, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, Ministro Eguiagaray, cuando usted
hable de sentimientos, de los sentimientos de Linares, de
Jaén, de Andalucía, o de los de este Diputado, no ponga a los
sentimientos en el plano de irracionalidad, como ha hecho,
homologando sentimientos a irracionalidad; homologando
sentimientos a falta de soluciones. Yo le he dado la línea de
soluciones que estamos hoy planteando aquí --y se lo voy a
reiterar--, al mismo tiempo que lo estamos planteando en
Andalucía ante la irresponsabilidad de los gobernantes aquí y
en Andalucía. No desprecie usted los sentimientos que unen a
pueblos enteros en cuanto a la necesidad de salvar social,
industrial y territorialmente una zona muy importante de este
país y muy abandonada. Están ustedes convirtiendo a Jaén en
una especie de Macondo de «Cien años de soledad», en una zona
de paso, en una zona urbana inexistente, a la que mandan
Diputados que nunca vuelven: señor Boyer, señor Morán, señora
Conde, precisamente procedente de Linares, de la que ustedes
nunca se acuerdan, excepto para hacer de Jaén el principal
granero de votos del Partido Socialista Obrero Español.
Posiblemente ustedes estén pensando: Si tantos votos da Jaén
sin mandar un duro, ¿para qué lo vamos a mandar? Mandemos
dinero donde hay menos votos, donde hay posibilidad de subir
los votos a base de planes industriales, que usted ha
corregido de inmediato diciendo plan financiero para Santana
Motor.
La solución que usted ha dado aquí otra vez dentro de la
estrategia de luz de gas, del intento de desarticular, del
intento posiblemente de radicalizar a la gente para que
pierdan apoyo masivo, es otro paso atrás. Hoy el señor
Montaner ha vendido esperanzas en Sevilla, cuando ya se huele
el azahar; ha vendido primavera; ha vendido futuro. Y usted ha
vendido pasado; ha vendido negrura; ha vendido tenebrismo; ha
vendido
desesperanza; ha vendido una política industrial que no
existe, existiendo el Ministro de Industria; ha vendido una
política industrial del dejar hacer; ha vendido una política
industrial de sumisión a las multinacionales; ha vendido una
política industrial que va a convertir la situación en un
auténtico desierto, que va a convertir la acción de ustedes en
un auténtico genocidio industrial para Andalucía.
Esta es la penúltima fábrica, por decirlo así; la última ya ha
caído en Linares, la fábrica de las latas. Acaban de abrir el
expediente de extinción de contrato. Latas que se fabricaban
para echar en ellas aceite, ahora se van a fabricar fuera de
Andalucía y van a viajar en camiones hasta Andalucía para ser
llenadas de aceite andaluz. Esta es la última, la penúltima es
Santana Motor, y usted dice que la solución depende de
accionistas, de
trabajadores, de acreedores y que yo aquí sólo vengo a exponer
un sentimiento.
El sentimiento es profundo, desde luego. Me estoy conteniendo,
señor Ministro. El sentimiento es profundo, no voy a
extralimitar los límites, sí de la cortesía parlamentaria,
pero no del respeto a las personas. A usted le tengo respeto
como persona pero no como político, no como Ministro de
Industria.
Le estoy dando una solución, y usted me dice que el Gobierno
no se va a convertir en accionista. ¿Por qué sí en otros
Gobiernos en la Europa a la que usted ha aludido, intentando
insinuar que las leyes no permiten ser accionistas? ¿Por qué
sí en Holanda? ¿Por qué sí en la Baja Sajonia? ¿Por qué sí en
Francia y no aquí? Usted me dice al mismo tiempo que los
apoyos de la Administración se han de basar en una situación
muy difícil de Santana Motor, y ha hablado de una situación
financiera en la que no ha
analizado los auténticos vectores de la situación. Desde que
se firmó el laudo, el 3 de marzo de 1993, señor Ministro, se
ha mejorado mucho la productividad --antes le he dado un
porcentaje del 14 por ciento--, y el coste del personal, a
efectos de obtener un resultado operativo (que, en índices de
beneficios, ha sido de 1.320 millones de pesetas en 1993, con
independencia de la situación financiera que se arrastra en
función de una estructura que hace que Suzuki quiera asumir
los beneficios de ser plataforma mercantil en Europa pero no
el peso social, sin meter tecnologías, como ha hecho en
Canadá, como está haciendo en otras plantas, y sin ayudar de
verdad a mantener los puestos de trabajo), el coste de
personal sobre ventas netas ha bajado desde un 24,1 por
ciento, en 1990, a un 19,2 por ciento, en 1993. Como en el
caso de Seat, no es culpa de los trabajadores, no es culpa de
la productividad. Se firmó un laudo hace justo un año, los
trabajadores han cumplido rigurosamente y ni Suzuki ni la
Junta han cumplido; y la Junta, de manera flagrante,
determinante, no reuniendo a la comisión de seguimiento ni una
sola vez, excepto cuando se constituyó, esa vez escénica. La
Junta no ha pasado de esta situación escénica desde que se
firmó, en marzo de 1993, o desde que se firmó el protocolo en
mayo de ese mismo año. Señor Ministro debo recordarle que ha
mejorado muy sustancialmente la productividad de la mano de
obra. Que Santana Motor ha estado en manos de Suzuki en cuanto
a mercado, en cuanto a producto, en cuanto a tecnología del
proceso; todo eso lo sabían ustedes. El señor Moltó ha viajado
sucesivamente a Japón y, sin embargo, no le han
responsabilizado ustedes de que se iba acumulando una
situación financiera muy específica. Se le debe a Suzuki
Motor, la fábrica matriz --usted lo ha dicho aquí--, más de
11.000 millones de pesetas, esa deuda a la que usted ha
aludido como causa fundamental del peso muerto que arrastra
Santana Motor.
Han instalado tornillos que valían 20 pesetas cuando en España
se producían de la misma calidad a cinco pesetas. hemos estado
cambiando préstamos en yens en una situación muy difícil,
perdiendo constantemente dinero --usted lo sabe--, y ha habido
transferencias constantes entre sucursales en esa estructura
financiera que hace que Suzuki tenga pérdidas allí donde
quiere tenerlas, en este caso en Linares, en Santana Motor,
para, con un Gobierno cómplice como en este caso el del señor
González, ir a un recorte drástico de personal, que es lo que
usted ha anunciado aquí.
Le vuelvo a repetir la solución, señor Eguiagaray, y voy a
añadir algo. Usted, de nuevo, ha inoculado...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Alcaraz, vaya
terminando.
El señor ALCARAZ MASATS: Decía que usted ha inoculado
desesperanza. El señor Montaner, hoy mismo --ha terminado hace
un cuarto de hora--, ha inoculado esperanza. Usted nos ha
venido a decir que hay que sacrificar parte del empleo y ha
corregido sobre la marcha lo de plan industrial por plan
financiero. Le doy la solución de nuevo, señor Eguiagaray. Con
sentimiento. ¡Pues, claro! Con sentimiento profundo: inviertan
ustedes ahí, como accionistas, dinero público juntamente la
Junta de Andalucía y el Gobierno central; entren en el consejo
de administración junto a los trabajadores. En segundo lugar,
plan industrial y
tecnológico para Santana Motor, no reduciéndola a una planta
de ensamblaje como plataforma comercial para que la Suzuki
mantenga la cuota de mercado en la Unión Europea que después
abandonará cuando Hungría entre, equis años después, en esta
Unión Europea. Vamos a un plan integral complementario para
las empresas auxiliares que integran 2.500 trabajadores y, de
inmediato --y hablo ahora del tema social--, que el comité de
empresa, los trabajadores, los sindicatos se integren en esta
negociación; que haya una solución compartida, participativa;
que haya una situación social de emergencia, señor Eguiagaray.
Termino diciéndole que usted no comprende el problema porque
no tiene sentimiento en el mismo. (Rumores.) No comprende el
problema --si me dejan terminar-- porque es un problema
industrial y territorial, señor Eguiagaray; de Estado. Usted
no comprende lo que es aquella zona: Jaén, Linares, Andalucía.
Como tal problema territorial, industrial, y de Estado, debe
ser abordado en relaciones comerciales y relaciones
exteriores, teniendo en cuenta que no rompemos ninguna cultura
europea. He citado a la Baja Sajonia, a Holanda a Francia,
teniendo en cuenta que el problema de fondo es la política
industrial que ustedes no tienen. Dejan pasar, dejan hacer y
están culminando un auténtico genocidio industrial.
Hay solución, señor Eguiagaray. Ustedes están esperando a que
esa solución se la dicte Suzuki. Y Suzuki les va decir a
ustedes: «El 50 ó 55 por ciento del personal fuera, planta de
ensamblaje, mantener la cuota de mercado en Europa». Ustedes
inmediatamente van a decir: «Ya hay una solución, se mantiene
Linares, pero, trabajadores, entre vosotros decidid que 50 por
ciento, qué mil y pico de entre vosotros se va a la calle.
Entre vosotros decidid cómo quedan las setecientas y pico
empresas auxiliares con mil o dos mil quinientos
trabajadores». Dirán ustedes que esa es la solución. Solución,
y termino, señor Presidente, que van a ir anunciando con esta
estrategia irresponsable de luz de gas. Luz de gas simultánea:
hoy allí esperanza, hoy aquí de nuevo
desesperanza. Luz de gas también muy en cuenta como referencia
en el horizonte de las elecciones del 12 de junio. Son ustedes
responsables de la situación, no tienen política industrial.
Le estoy dando la solución, pero usted no la entiende ni
política, ni económica, ni financiera, ni sentimentalmente.
(El señor Romero Ruiz: ¡Muy bien!)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Ministro
tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay):
Señor Alcaraz, con bastante más contención que la suya, voy a
pasar por alto algunas de las expresiones que usted ha hecho.
Expresiones sobre mis sentimientos, expresiones sobre el
respeto que le merezco, expresiones sobre la responsabilidad
de este Gobierno y el genocidio industrial que, al parecer,
estoy perpetrando u otras expresiones que me parece que le
descalifican a usted profundamente.
Señor Alcaraz, usted es un demagogo de primera división.
(Rumores. Varios señores diputados: ¡Muy bien!) Señor Alcaraz,
usted juega con los sentimientos de la gente. Señor Alcaraz,
usted está jugando con la desgracia y con los problemas de
Linares. Señor Alcaraz, ustedme merece un nulo respeto
político y personal. (Aplausos.--El señor Alcaraz Masats pide
la palabra.--El señor Romero Ruiz: ¡Impresentable!)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Señor Alcaraz?
El señor ALCARAZ MASATS: Señor Presidente, solicito la palabra
por dos alusiones: Pérdida del respeto personal y demagogo.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Alcaraz, el
término relativo a la falta de respeto, igual que S.S. lo ha
utilizado aquí.
El señor ALCARAZ MASATS: Es respeto personal lo que ha dicho.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El respeto personal,
en otras ocasiones... En cuanto al término «demagogo», ha
empezado usted por decir en su primera intervención que
posiblemente se lo llamarían. No ha lugar al uso de la
palabra.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor Presidente, que conste en acta
mi posición formal reglamentaria. Nunca dan ustedes un turno
de alusiones a Izquierda Unida. Me parece que ustedes
interpretan parcialmente el Reglamento.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No ha lugar a ningún
turno. ¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición?
(Pausa.) Por el Grupo Catalán, tiene la palabra el señor
Sánchez i Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Señor Presidente, señoras y señores
diputados, señor Ministro, quizá hubiera sido más fácil y
sencillo que el Grupo Catalán (Convergència i Unió) hubiese
intervenido directamentecuando Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya hubiera presentado la moción correspondiente a la
interpelación que ha efectuado hoy en el Congreso de los
Diputados. Sin embargo, por sensibilidad política, por
corresponsabilidad y por entender que justamente desde
Cataluña nosotros padecimos y estamos padeciendo una situación
crítica en el sector del automóvil (quizá desde otra
perspectiva pero, en el fondo, similar a la que está
padeciendo la factoría de Santana-Suzuki, de Jaén), hemos
decidido intervenir para explicar cuál va a ser nuestra
posición y cuáles son nuestros criterios de cara a fijar
nuestra posición para cuando ustedes presenten la moción
correspondiente.
En ningún momento aquí se ha explicado lo que representaba el
sector del automóvil para el Estado español. Nosotros ya lo
definimos también cuando presentamos una interpelación,
similar en el fondo, pero cuyas soluciones iban en otra
dirección porque, como usted recordará, señor Alcaraz, su
Grupo, que también presentó una interpelación en este sentido,
proponía soluciones que iban en otra dirección, a pesar de
que, al final, en las votaciones coincidimos en algunos de los
puntos. Tal como le estoy explicando, nosotros entendemos que
el sector del automóvil en España es un sector importantísimo,
que reúne unas condiciones económicas que no reúne ningún
sector, que factura un billón de pesetas anuales; que da
empleo directo a 65.000 personas y a 180.000 personas de forma
indirecta; que es el primer exportador de la economía
española; que es el sector que está invirtiendo más en
tecnología y en desarrollo; y que es un sector que genera el
12 por ciento del producto interior bruto.
Nosotros, cuando nos encontramos dentro de la problemática de
Seat-Volskwagen, presentamos una serie de soluciones que iban
encaminadas a determinar un plan industrial, orientado
básicamente a la industria del automóvil y a las industrias
auxiliares de componentes, a la investigación y al desarrollo
y al mantenimiento del máximo número de empleos posibles. En
todas las soluciones que ustedes propongan que vayan
orientadas en la misma dirección que nosotros apuntábamos en
la interpelación y en la moción subsiguiente que presentamos
en el Pleno, ustedes van a contar con el apoyo de Convergència
i Unió.
También he de decir que el señor Ministro, en su intervención,
ha apuntado una luz de esperanza en el sentido de que cabría
la posibilidad del máximo mantenimiento del empleo dentro de
una también máxima actividad empresarial, que sería posible
buscando socios.
Nosotros entendemos que en todas estas soluciones que vayan
encaminadas a mantener el máximo de actividad empresarial
posible, el máximo empleo dentro de esta actividad empresarial
y a la búsqueda de nuevos socios, encontrarán, insisto en
ello, el soporte --como ustedes ya saben-- de Convergència i
Unió. Muchas gracias, señores Diputados, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Puche.
El señor PUCHE RODRIGUEZ-ACOSTA: Señor Presidente, señorías,
quiero empezar manifestando, en este turno de fijación de
posiciones respecto de la interpelación que acaba de presentar
el Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, que el problema de Santana Motor, efectivamente, es
un problema de enorme trascendencia económica, de enorme
trascendencia social y, por supuesto, de enorme trascendencia
política. En el problema de Santana Motor yo creo que la
situación económica de España, la debilidad por la que
atraviesa el sector del automóvil en este momento y el
incumplimiento, por supuesto --ya se ha dicho aquí-- del laudo
del plan de futuro de 1993-1995, que tenía previsto, como ya
es conocido, la
consolidación y la viabilidad de la empresa a través de
medidas de política industrial, señor Ministro, a través de
medidas de política económico-financiera y, por supuesto, a
través de medidas laborales; estas tres cuestiones son las que
han llevado a la suspensión de pagos a la empresa Santana
Motor.
Desde el mismo momento, señor Ministro, señoras y señores
Diputados, en que se anuncia la suspensión de pagos de Santana
Motor, desde ese mismo momento, el sector industrial andaluz
sufre una fuerte convulsión;
convulsión a la que hay que añadirle otras también fuertes en
el sector industrial andaluz, en el sector naval, en el sector
de la minería, en el sector de la química en general y, cómo
no, también en el sector pesquero. Es decir, a partir de ese
momento se inicia un grave deterioro de la situación política,
de la situación financiera y, por supuesto, del sector
industrial en Andalucía, que, desde luego, impide nuestra
actividad económica y, qué duda cabe, abre también una sangría
de una enorme pérdida de puestos de trabajo. En esa situación,
señorías, nos preocupan varias cuestiones. En primer lugar, al
Grupo Parlamentario Popular le preocupa el entorno, es decir,
el marco donde se desenvuelve esta crisis. Quiero recordar que
en el año 1993 cerca de 90.000 trabajadores del sector de la
automoción, incluidas, por supuesto, las empresas de
componentes, se han visto sujetos a una regulación de empleo.
Hay que recordar, asimismo, que en el año 1993 han bajado un
26 por ciento las ventas en el sector de la automoción con
respecto al año 1992, lo que viene a suponer más de 300.000
unidades de vehículos en España. Quiero recordar también hoy
en esta Cámara, como no podía ser menos, que el sector del
automóvil en España viene a significar, para los ingresos del
Estado, aproximadamente dos billones y medio de pesetas, lo
que representa, como ya se ha dicho en esta tribuna, cerca del
5,5 por ciento del producto interior bruto de la economía
nacional; da empleo el sector de la automoción --creo que es
conocido también-- a más de dos millones de trabajadores,
tanto en puestos directos como en puestos indirectos; somos
los quintos fabricantes del mundo, los terceros fabricantes de
Europa, y se han reducido las inversiones conjuntas en el
sector, durante el año 1992, aproximadamente en 350.000
millones de pesetas. Esto, señorías, quiere decir que somos
cabeza de grupo o que estamos hablando de una cabeza de grupo
de la industria locomotora que tira de todo el sector de la
economía nacional. Ante esta realidad, la caída de la
producción, la caída de las ventas y la caída del consumo ha
afectado a numerosísimas empresas, que han visto, señor
Ministro, descender de forma importante su negocio. Podríamos
citar Fasa Renault, con un 21 por ciento de descenso; Peugeot
Talbot, con el 47 por ciento de descenso; la General Motors,
con un 31 por ciento de descenso, y el 22 por ciento de Ford
España. Es decir, en el conjunto total de España han
disminuido, aproximadamente, en un 22 por ciento, sin citarle
la parte de vehículos industriales, es decir, el camionaje,
cifrado aproximadamente entre el 42 y el 52 por ciento. Esto
hace que digamos que es un auténtico descalabro en el sector
de la automoción.
Nos preocupa también, señorías enormemente, y así queremos
significarlo hoy en esta tribuna, la política económica que ha
venido practicando el Gobierno; la política económica que no
ha sabido, bajo ningún concepto, crear el marco estable, crear
el marco competitivo adecuado para que las empresas españolas
pudieran ordenarse adecuadamente y pudieran trabajar
eficientemente. Más en concreto, se ha dicho en esta tribuna
mucha veces por el portavoz económico de mi Partido --lo
repetimos hoy una vez más-- que la política económica ha sido
todavía más negativa para el sector industrial, que es el que
tiene más competencia en el exterior, y ya no solamente en los
sectores dedicados a la exportación, sino también, señor
Ministro, en los sectores que se dedican claramente a la
importación.
Por tanto, en este marco, señor Ministro, señoras y señores
Diputados la empresa Santana Motor es un ejemplo de cómo las
empresas no pueden funcionar en España con la política
económica que ha venido aplicando el Gobierno, con la ausencia
de la política industrial, que no ha venido aplicando el
Gobierno, y con las peculiaridades de la política económica,
repito, a lo largo de los últimos años, caracterizada por un
alarmante déficit presupuestario, por un incontrolado gasto
público, por un elevado tipo de interés, por una
sobrevaloración de los tipos de cambio, hasta la devaluación,
por una fiscalidad desestimulante y, cómo no, señor Ministro,
también por un mercado de trabajo, heredado del régimen
anterior, que no se ha hecho nada por reformar, y que parece
que ahora hay un intento, aunque de una forma bastante tímida.
Nos preocupa, asimismo, señoras y señores Diputados, la
tremenda política de condescendencia que se ha tenido --y que
parece tenerse-- con las multinacionales que operan en España.
Parece permitírseles, señor Ministro, desmantelar cuando
quieren; parece permitírseles incumplir compromisos jurídicos,
compromisos políticos y compromisos laborales, no solamente
con las empresas, no solamente con la población, sino también
con los trabajadores. A nosotros se nos ocurre decir en este
caso de la preocupación que nos asalta respecto a la política
de condescendencia de las multinacionales, que nos da la
sensación de que nos toman como el pito del sereno cuando
operan en nuestro país. El Gobierno no puede continuar, desde
nuestro punto de vista, permitiéndole a las multinacionales
que nos tomen el pelo, que se instalen en España en los
tiempos de vacas gordas y se acojan a las
subvenciones y a los incentivos fiscales, y que apenas aparece
la primera dificultad económica nos dejan tirados como una
colilla, sin el menor compromiso y sin el menor riesgo por su
parte.
Por eso decíamos que nos preocupaba...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vaya concluyendo,
señor Puche.
El señor PUCHE RODRIGUEZ-ACOSTA: Acabo, señor Presidente, pero
dada la importancia del tema rogaría la benevolencia de la
Presidencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Puche, es un
turno de fijación de posiciones. Son cinco minutos y ya ha
pasado un poco. Por eso, le pido que vaya concluyendo.
El señor PUCHE RODRIGUEZ-ACOSTA: Concluyo enseguida, señor
Presidente, pero no sin antes decir que Santana Motor, como se
ha manifestado aquí, es clave para Jaén y para Andalucía, como
sin duda alguna Seat es clave fundamental para Cataluña, o
como sin duda ninguna la siderurgia y la industria son claves
para el País Vasco o son claves para Asturias concretamente.
Andalucía está hoy totalmente descompuesta en su débil tejido
industrial, con una tasa de paro elevadísima; Jaén está
totalmente quebrada en su debilísimo tejido industrial, siendo
--como también se ha dicho-- la última provincia andaluza. De
ahí que sería gravísimo el cierre de esta factoría, el cierre
de Santana Motor, que acarrearía --como también se ha
manifestado-- enormes
consecuencias sociales, no exentas, por supuesto, de graves
conflictos.
En definitiva, señor Ministro, y concluyo, señor Presidente,
nosotros en cualquier caso creemos que la crisis de Santana
Motor ha puesto encima de la mesa tres realidades. La primera
evidencia, desde luego, la falta de un tejido productivo
importante en Jaén y en Andalucía que evite riesgos cuando
vienen marasmos como los que estamos viviendo.
Ha puesto, en segundo lugar, señor Ministro, encima de la mesa
una tremenda realidad, y es la falta de rigor de un Gobierno
incapaz de diversificar las producciones para blindar, de
alguna forma, estos riesgos que se están corriendo. Y, en
tercer lugar, señorías, y lamento tener que decirlo, se ha
puesto de manifiesto la cultura empresarial, una cultura
japonesa, la cultura de Suzuki, que desde que se instaló en
Linares, desde que se instaló en la provincia de Jaén, no ha
hecho nada por comprender a los jienenses, no ha hecho nada
por comprender su carencia en infraestructuras, no ha hecho
nada, en definitiva, por comprender sus problemas.
Yo creo, señor Ministro, que a diferencia de lo que usted ha
expuesto aquí esta tarde, ustedes tienen la obligación (porque
con su política de Gobierno lo han hecho posible y han
contribuido también al desastre de la provincia de Jaén) y la
grave responsabilidad de buscar soluciones no traumáticas para
la provincia de Jaén. Y ante todo y sobre todo, señor
Ministro, tienen ustedes la obligación de asumir, juntamente
con los intereses públicos y privados, un compromiso
ineludible con la provincia de Jaén, que haga, de alguna
forma, vislumbrar el futuro con esperanza para los ciudadanos
de Linares y para los ciudadanos de Jaén.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente por su
benevolencia. (El señor Alonso Conesa: Ni una sola solución.--
El señor De Torres Gómez pronuncia palabras que no se
perciben.--Rumores.)El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor):
Señor De Torres, silencio. Señorías, silencio.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SRA. RAHOLA), SOBRE MEDIDAS
QUE TIENE PREVISTO LLEVAR A CABO EL GOBIERNO PARA LLENAR EL
VACIO LEGAL EXISTENTE EN EL TEMA DE LA EUTANASIA ACTIVA
(Número de expediente 172/000040)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Mixto, señora Rahola, sobre medidas
que tiene previsto llevar a cabo el Gobierno para llenar el
vacío legal existente en el tema de la eutanasia activa.
Tiene la palabra la señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
El auto dictado por la Sección 14 de la Audiencia Provincial
de Barcelona desautorizando la eutanasia para el ciudadano
gallego Ramón Sampedro, y firmado por los magistrados Joan
Poch Serrat, José Francisco Valls Gombau y Enric Anglada Fors,
dice, en su punto séptimo: «no es función de los Tribunales el
suplir o rellenar vacíos u omisiones del ordenamiento
jurídico», y añade: «corresponde al Poder Legislativo,
impulsado y motivado desde los naturales cauces políticos de
expresión y participación propios de un Estado de Derecho
democráticamente constituido, el dictar o promulgar la
pertinente y necesaria norma, con todas las garantías de
representatividad colectiva que se insertan y derivan del
debate parlamentario, expresión viva, directa y plural del
sentimiento social». Creo, señorías, que no podía empezar de
mejor manera ni la reflexión sobre un tema tan delicado, ni la
justificación a esta interpelación urgente. Empezar, pues,
aceptando el reto que nos lanza el Tribunal y que no hace sino
recordarnos nuestra primera responsabilidad como políticos:
llenar los vacíos legales que impiden resolver problemas
sociales de primera magnitud. Si existe el problema y su vacío
legal, si existe la demanda y el debate social, si la
eutanasia es objeto de preocupación mayoritaria, sería una
grave irresponsabilidad de esta Cámara optar por el silencio
político y por la inhibición. En ese caso estaríamos
desertando de nuestra responsabilidad primera, que es la de
dar cuerpo legal a la demanda social. Esta interpelación,
pues, quisiera ser un acto de responsabilidad, una asunción
plena del compromiso político que hemos aceptado, a pesar de
la incomodidad que dicho
compromiso conlleva a veces. Y hablo de incomodidad porque
estoy segura que este debate no nos hace ilusión a nadie, no
respira ningún tipo de alegría parlamentaria, no nace fruto
del juego dialéctico a que
a veces nos sometemos, sino de la voluntad de rigor. Nace,
pues, fruto de la seriedad. Y quisiera remarcarlo porque me
parece previo, conforma el paisaje de fondo en el que habría
que situar --o personalmente comomínimo quisiera situar-- el
debate sobre la eutanasia.
Primero, que al igual que el gran debate sobre el aborto, el
debate sobre la eutanasia surge de la necesidad social y no de
la estrategia política; surge de la voluntad personal, del
acontecimiento social que se deriva, y de la responsabilidad
política de dar cauce legal a la demanda. Ni a la mujer que se
ve obligada a abortar, ni al ciudadano que elige acabar con
una vida que está por debajo de los límites de dignidad, ni al
político que cree necesario dar curso legal a esta
problemática compleja, a ninguno de nosotros nos hace ilusión
tener que decidir. Pero decidir conforma nuestra condición
humana y, desde luego, nuestra responsabilidad política. Si la
ética tiene mucho que ver con este debate, nuestroprimer
compromiso ético es no dimitir de plantearlo.
La segunda previa al debate hace referencia a la apropiación
partidista. Esta interpelación la plantea Esquerra Republicana
de Cataluña como resultado de nuestra sensibilidad y
preocupación por este tema, y la planteamos desde una
sensibilidad progresista que nos compromete con la defensa de
un derecho fundamental del hombre: el derecho a la propia
autodeterminación, el derecho a elegir.
Pero no es, desde luego, ni un debate de partido, ni puede ser
reivindicación de un solo proyecto político. La regulación
legal de la eutanasia tendría que competirnos a todos. Es un
tema que por su gravedad y urgencia tendría que aunar diversas
sensiblidades morales, religiosas y políticas. Esta
interpelación es, pues, también un toque de atención a favor
de un consenso básico por encima de las propias dialécticas
políticas que nos permita resolver el vacío legal.
Es por ello que, más que plantear una proposición concreta
sobre la eutanasia, muy probablemente Esquerra Republicana
planteará, en la moción posterior a la interpelación, la
creación de una ponencia que estudie el tema y consiga una
fórmula capaz de articular legalmente la demanda social que se
ha generado al respecto. Por supuesto asumiremos como propias
las enmiendas al proyecto de ley orgánica del Código Penal que
plantea la
Asociación por el Derecho a Morir Dignamente. Lo haremos a
pesar de que el Ministro Belloch, no sé si contradiciendo sus
conocidos postulados progresistas, asegure tajantemente en
«Interviu» de esta semanaque el Gobierno no va a tocar este
tema en el proyecto de ley.
Pero, ¿cuál es el debate de fondo, ese debate incómodo que no
hace ilusión a nadie? El manifiesto en defensa del derecho a
una muerte digna, que han firmado personalidades tan dispares
como Pilar Miró, Josep María Flotats, el padre Jordi Llimona,
Santiago Dexeus, Victoria Camps, Andrés Aberasturi o Elena
Ochoa, dice: «En base al respeto a la libre voluntad de
aquellos enfermos que se hallen en situación irreversible de
sufrimiento o dolor, y al precepto constitucional que prohíbe
los tratos inhumanos y degradantes, hace falta autorizar la
ayuda a morir de forma indolora a quienes así lo hayan
solicitado, de manera expresa y reiterada, desde su plena
capacidad jurídica y debidamente informados de su estado
clínico.»
Como reiteradamente ha defendido Salvador Pániker, el derecho
a la eutanasia voluntaria está antes relacionado con la
libertad de la persona que con la condición de enfermo
terminal. Y puesto que la vida no es un valor absoluto en sí
misma, puesto que es un derecho pero no es un deber, debe
ligarse a la calidad, y cuando esta calidad se degrada más
allá de ciertos límites, uno tiene el derecho a dimitir. En
este sentido, la vida no se puede absolutizar, no es un
concepto absoluto que está más alla de toda decisión, sino que
es una práctica ejercida día a día desde la voluntad de
ejercerla. La vida, como no se cansan de repetir muchos
enfermos terminales, puede ser maravillosa y puede ser
terriblemente espantosa. ¿Qué hacemos cuando se convierte en
una carga terrible, en una práctica que ha perdido toda
dignidad? Y creo que el concepto de dignidad es el fundamental
en el debate, como lo ha puesto dramáticamente sobre la mesa
la llamada de auxilio --que no ha sido otra cosa sino una
llamada de auxilio--de Ramón Sanpedro: Mucho más allá del
dolor físico --que
lentamente va suavizando la medicina paliativa, aunque está
muy lejos de paliar el dolor-- lo que pesa, de verdad, en la
decisión madurada durante años --en este caso durante 25 años-
- es el sentimiento que uno ha perdido la dignidad humana.
Pedro Crespo, en un artículo titulado «Cabeza de hombre», lo
expresaba en estos términos: Ramón Sanpedro, cabeza parlante,
esencia de humanidad del cuello hasta la calva, afirma haber
padecido un exceso de sufrimientos y de humillaciones, porque
es uno mismo el que gradúa la humillación que es capaz de
soportar, a cambio de las pequeñas felicidades de un flan o
una sinfonía. «No me compensa», asegura, y pide, continúa
pidiendo, una mano amiga. No desea la muerte porque ya la
tiene al setenta por ciento. Vivir con dignidad y morir sin
abjurar de ella. La dignidad como fundamento de la vida. La
misma tradición cristiana, por ejemplo, que ha convertido en
objeto de reverencia los primeros cristianos que murieron
mártires, ¿no nos remite a este concepto? Prefirieron morir a
vivir en contra de su dignidad. Jordi Llimona, sacerdote
progresista, considera a Ramón Sanpedro una especie de mártir
laico y, en su defensa de la protección jurídica de la
eutanasia, añade: «Muchos católicos todavía no entienden lo
que es una genuina teología de la libertad».
Pero el debate que hay que hacer aquí y ahora no es religioso
ni moral --aunque no le sobraría a la Cámara
un poco de debate moral--, sino fundamentalmente político. La
medicina ha sido capaz de prolongar la vida más allá de las
condiciones humanas mínimas y, en estas condiciones, muchos
seres humanos no pueden ejercer el derecho indiscutible a
dimitir de la vida.
¿Cómo protegemos este derecho fundamental? ¿Cómo llenamos el
vacío legal que existe ante el problema? El 30 de noviembre de
1993, hace poco, Holanda se convirtió en el primer país del
mundo que aprobaba una ley reguladora de la eutanasia activa.
En líneas generales, la normativa, que fue aprobada con los
votos de socialistas y democratacritianos, considera admisible
acelerar la muerte o ayudar al suicidio de un enfermo que lo
solicite por estar sufriendo de forma insorportable o porque
su dolencia sea irreversible. Otros países, como Alemania y
Suiza, no penalizan la ayuda al suicidio, y 45 de los 50
Estados norteamericanos permiten a los ciudadanos hacer su
voluntad en el supuesto de que su vida llegue a una situación
límite gracias a un documento legal denominado «Autorización
del paciente». Japón reconoce, incluso, el derecho a acelerar
la muerte siguiendo los rituales culturales de su tradición.
Diferentes fórmulas legales, pues, a un problema que no tiene
una solución fácil, pero que obliga a encontrar algún tipo de
remedio. El Estado español no puede inhibirse; a corto o a
medio plazo tendrá que encontrar la fórmula para resolver ese
vacío legal que deja en absoluta indefensión a los que quieren
optar por dimitir de la vida. ¿Qué tendrá que hacer Ramón
Sanpedro, los Sanpedros que ya existen entre nosotros si no
damos salida a su problema? La respuesta de Ramón Sanpedro fue
terrible: «ustedes me obligan a morir de hambre, la única
manera que tengo de acabar con 25 años de sufrimientos». Y
recuerda: «mi situación es como estar permanentemente con la
cabeza pegada a un cadáver». Ni tan sólo en el momento de
morir, pues, ¿vamos a permitir a Ramón Sanpedro morir con
dignidad?
Existe Ramón Sanpedro. Existe su dolor probablemente más allá
del dolor mismo, existe también su derecho y existen casos
como el suyo, cada vez más casos, con seguridad; existe el
derecho a la libertad de elegir por encima de cualquier otro
derecho, pero no existe ninguna legislación que lo ampare.
Esta interpelación, señor Ministro, no plantea ninguna
solución óptima (vaya usted a saber si hay una solución
óptima), pero plantea la urgencia de encontrarla desde la
voluntad de consenso y desde la
responsabilidad política. Porque no legislar, no llenar el
vacío legal es entrar en un tétrico juego del avestruz. Como
pasaba con el aborto, no legislar no era evitar el aborto,
sino dramatizarlo aún más, agudizar el drama. No legislar la
eutanasia no evitará la tragedia de todos estos hombres y
mujeres que viven por debajo de los límites de la dignidad, ni
anatemizará el problema; sólo contribuirá a agudizar la
tragedia.
Que la doble moral, pues, que la cómoda actitud del avestruz,
con la excusa de una pretendida humanidad, no nos haga más
inhumanos y, desde luego, que no nos inhiba de nuestra
responsabilidad política.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Rahola. Para contestar, en nombre del Gobierno tiene la
palabra el señor Ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Señor
Presidente, señoría, en primer lugar quiero felicitarla
sinceramente por el tono y hasta por el contenido, en gran
parte, de su intervención. Me parece que ha planteado el tema
en los términos de seriedad con que hay que plantear la
cuestión que hoy nos incumbe por vía de su interpelación.
No obstante, tengo que empezar subrayando lo que entiendo es
una incorrección técnica que puede tener alguna consecuencia
política, y de ahí que me vea obligado a precisar. No existe
vacío legal alguno en este tema de la eutanasia activa. El
tribunal --lo haya dicho o no lo haya dicho-- no lo puede
decir. Entre las facultades amplísimas que implica el Poder
Judicial no está la de inventar lo que no existe y,
ciertamente, no existe vacío legal. Ya en los clásicos, en
Kelsen, se subrayaba siempre que cuando se habla de un vacío
de la ley, de un vacío legal, en general se está describiendo
un fenómeno diferente, que es el de la divergencia entre el
Derecho positivo y otro derecho,
normalmente en el ámbito del Derecho natural. No hay vacío
legal por la simple razón de que existen normas jurídicas que
resuelven el conflicto. Como mucho, habría eso que Perelman
llamaba una laguna axiológica, o «preter legem», o una laguna
ideológica. En definitiva, una manifestación de disconformidad
por parte del juez que aplica la norma frente a esa norma, una
manifestación de opinión sobre que está mal regulado el
conflicto. Pero ciertamente, insisto, no existe vacío legal,
no puede existir, y eso es así sin necesidad de acudir a esa
metáfora tradicional del principio de cumplitud del
ordenamiento jurídico tan bien reflejada en nuestro
ordenamiento
en el Código Civil, 1.7, y en el Código Penal, en el 357; el
viejo texto que determinaba que incurría en responsabilidad el
juez que «so pretexto de oscuridad, insuficiencia o silencio
de la Ley...», etcétera. En este caso existe una regulación
legal precisa; existe un artículo 409, creo que es, del Código
penal que prohíbe expresamente la eutanasia activa. A partir
de este dato, por tanto, lo que hay que discutir no es si hay
un
incumplimiento por parte del legislador del deber de regular,
sino simplemente si la regulación actualmente contenida es
satisfactoria o no.
Y aclarado este puro problema técnico, habría que indicar que
ciertamente la regulación legal de la materia,
en opinión del Gobierno, es insatisfactoria; en eso coincide
con S.S., coincide también con la resolución judicial a que
usted ha aludido y coincide con el sentir generalizado de los
ciudadanos: la regulación es insatisfactoria. De hecho, en la
anterior legislatura, el proyecto de Código Penal de 1982
recogía expresamente esa insatisfacción. Consideraba que la
forma de resolver el conflicto actualmente del artículo 409,
ya sea considerándolo como una forma de auxilio o inducción al
suicidio, con penas muy graves; ya fuera considerándolo
exclusivamente como homicidio, lo que suponía una atenuación
respecto del eventual tipo de asesinato, seguía siendo una
respuesta particularmente dura. Se consideró insuficiente, se
consideró poco satisfactoria, y en función de ello se propuso
un texto alternativo que la mayor parte de SS.SS. conocen,
puesto que se tramitó en la Cámara en una cierta fase, y
respecto a ese precepto ya tuvieron
oportunidad de formular enmiendas diversos grupos
parlamentarios. Hecho este planteamiento general habría que
intentar situar también, desde el punto de vista del Gobierno,
el problema en sus términos jurídico-conceptuales. Se trata de
una manifestación más, y desde luego de las importantes, de
los supuestos de colisión o conflicto entre, por un lado, el
derecho público subjetivo fundamental a la autodeterminación
de la persona --para algunos también a la dignidad y al libre
desarrollo de su personalidad--, y, por otro lado, el también
derecho público constitucional subjetivo a la vida y sus
correlatos, a la integridad física, a la salud. Esa situación
de conflicto entre estos dos tipos de derechos
constitucionales suele resolverse, como saben SS.SS., en
términos generales por la vía de sentar la primacía del
derecho a la vida y de sus correlatos. Es verdad que existen
excepciones. En nuestro propio ordenamiento jurídico
excepciones serían, por ejemplo, el autoconsumo de drogas,
considerado impune; la donación de órganos a efectos de
trasplantes, y algún otro supuesto excepcional, como, por
ejemplo, la tentativa de suicidio, considerada impune. En
definitiva, hay algunas excepciones, pero el criterio general
en todos los demás supuestos es el de predominio del derecho a
la vida y sus correlatos.
Esa es la solución que en términos generales adopta nuestro
ordenamiento jurídico y esa es también la solución que
mantienen la doctrina, nuestros tribunales, y en particular el
Tribunal Constitucional, que ha tenido ocasión de enfrentarse
a este conflicto general por lo menos en dos ocasiones, que
recuerdo en este momento de manera clara, como son los
supuestos de testigos de Jehová y su negativa a ser
perceptores de transfusiones de sangre, o el supuesto, muy
conocido, dramáticamente conocido, de la huelga de hambre de
los presos de Grapo. En ambos casos la tesis del
Constitucional fue en la línea de considerar
prioritario el derecho a la vida.
Este mero planteamiento general, este encuadre dentro de ese
mundo de conflicto entre bienes jurídicos y derechos
constitucionales --todos ellos dignos de protección--,
evidencian hasta qué punto el tema es complejo, es delicado y
requiere efectivamente tratarlo con la extrema prudencia con
que lo ha hecho S.S. y que trataré de mantener yo también a lo
largo de mi contestación.
Es verdad que se han producido fenómenos sociales en los
últimos tiempos muy graves que, sin entrar en su detalle, han
producido un fenómeno que muchos historiadores de la medicina
dicen que es nuevo, el fenómeno de quien demanda su propia
muerte. Muchas circunstancias sociales han producido esa
situación, hasta hace no demasiados años fenómeno
prácticamente desconocido. También es verdad que los avances
de la ciencia en materias como, por ejemplo, la prolongación
de la vida han producido situaciones, en los casos límite,
particularmente agudas de conflicto entre algo inicialmente
positivo, el conocimiento científico tendente a prolongar la
vida de las personas y, sin embargo, otros conceptos tan
importantes como la calidad de vida, como la dignidad humana,
a que también aludía su señoría. Y en esos supuestos es cuando
de una manera más clara se plasma la extrema sensibilidad
social sobre esta materia y, en consecuencia, su importante
trascendencia social.
Pese a eso, pese a la complejidad de la situación, lo cierto
es que un análisis del Derecho comparado en este campo ofrece
resultados muy concretos que no se pueden obviar.
El primero es que en ningún país se ha despenalizado la
eutanasia, del mundo jurídico occidental, tampoco en Holanda.
Después tendré oportunidad de decir algo más concreto sobre el
tema holandés.
Lo que sí existe es una tendencia en nuestro ámbito jurídico,
en Alemania, en Austria, en Suiza, en Portugal, que,
consciente de la gravedad de la situación y del tipo de
conflictos que se genera, tiende a establecer modalidades o
penalidades
particularmente atenuadas para los supuestos de eutanasia
activa. En esta línea se situaba el proyecto del Código Penal
de 1982 y en este sentido he tenido oportunidad de afirmar en
otras ocasiones que me parecía una línea correcta en la que,
en principio, no veía razón para introducir correcciones, no
respecto al mantenimiento, por descontado, del sistema actual
del Código Penal, sino respecto del proyecto de Código Penal
de 1982, que supone, como saben ustedes, una atenuación
extraordinaria de la pena para estos supuestos y con los
matices que después indicaré. Por otro lado, otro tipo de
precedentes tampoco parece apoyar la conveniencia de una
regulación legal de la eutanasia activa. El propio Consejo de
Europa, en su célebre Resolución de diciembre de 1987, pese a
que
era una resolución llena de sensibilidad por los problemas que
aquí nos ocupan, por los problemas de la calidad y de la
dignidad de la vida, sin embargo, terminaba llegando a la
conclusión, tras una consulta con más de 20 países, de que no
parecía positiva ni conveniente la regulación expresa de la
eutanasia activa, es decir, la despenalización expresa de la
eutanasia activa. Esta misma conclusión ha sido mantenida por
los expertos de la Organización Mundial de la Salud en temas
tan concretos como el cáncer y tratamientos paliativos; en
definitiva, expertos que conocen y viven de cerca realmente el
problema. Tampoco lo ha considerado adecuado la Asamblea
Médica Mundial, en sus dos últimas reuniones, que yo recuerde,
la de Venecia y la de Madrid, de 1983 y 1987, respectivamente.
Holanda --comentaba-- no establece una despenalización. Sigue
siendo delito la eutanasia activa. Lo que establece vendría a
ser algo parecido a lo que en nuestro ordenamiento jurídico
podríamos calificar como una eximente específica o mejor, en
el supuesto de excusa absolutoria, expresamente referido al
médico cuando concurran cinco requisitos concretos. El primero
--que quede claro--, la solicitud expresa del paciente;
segundo, que se haya comprobado de manera fehaciente la
seriedad, duración en el tiempo y rigor de esa petición;
tercero, que se trate
efectivamente de una enfermedad incurable que, en cualquier
caso, ocasionaría la muerte o que produzca dolores que no sea
humanamente admisible que se tengan que soportar y finalmente,
que, además del médico que llega a esa evaluación, exista el
contraste de otro médico.
En base a esos requisitos, con un expediente perfectamente
documentado, pasa al Fiscal de Distrito correspondiente, lo
que allí se llama Fiscal de Distrito, que podría ser aquí el
Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de la respectiva
comunidad autónoma. Ese fiscal es el que debe analizar la
concurrencia o no del conjunto de esos requisitos y, a partir
de ese análisis, decidir si abre el proceso penal y si, en
consecuencia, ejerce o no la acción penal.
La posición del Gobierno en este momento es que le parece --
respetando plenamente esa opción-- más prudente, más adecuado
a la situación el optar por la vía de la pena atenuada, es
decir, por la vía de Alemania, Portugal, Suiza y Austria. Ese
es el modelo que nos parece más adecuado. Antes de concretar
algo más la fórmula que se prevé en el proyecto de Código
Penal, es importante delimitar mínimamente el tema, porque, en
ocasiones, al menos, cara a la opinión pública, se confunde
dentro del concepto de eutanasia un montón de categorías, que
deben ser diferenciadas. Desde luego, no constituye ningún
problema ni la modalidad de eutanasia pasiva, en definitiva,
no prolongar artificialmente la vida, ni supone tampoco ningún
problema, desde un punto de vista jurídico estoy hablando, la
eutanasia
indirecta, también llamada ortotanasia, es decir, la
medicación del enfermo de estas características, aun siendo
conscientes de que ese tipo de medicación produce, como efecto
secundario, el acortamiento de la vida. Una y otra modalidad
son impunes en nuestro ordenamiento jurídico y el proyecto de
Código Penal lo único que haría es ratificar algo que ya está
en la doctrina jurídica, en los tribunales, en la
jurisprudencia. En uno y otro caso, se trataría de actos
médicos regulables conforme a la propia «lex artis». Por lo
tanto, cuando hablemos de ese tema haya que descartar, porque
son cuestiones por otro lado que llegan muy directamente a la
opinión pública, esas dos
modalidades de eutanasia. Nada tiene que decir el Derecho
Penal respecto de ellas.
En segundo lugar, y en sentido inverso, hay que descartar
también las modalidades de eutanasia no consentida o no
querida, es decir, cuando no consta el consentimiento o cuando
consta expresamente la voluntad en sentido contrario. Respecto
de tales modalidades de eutanasia tampoco hay nada que decir,
puesto que de «lege data» y de «lege ferenda», hoy y en el
futuro, nadie duda de que serán y deben seguir siendo
actividades lícitas y sancionadas penalmente.
El problema, por lo tanto, queda perfectamente delimitado a
los supuestos de eutanasia activa y voluntaria, es decir a
aquellos concretos supuestos en que consta la decisión firme,
reiterada, seria, inequívoca del enfermo y, además, se produce
esa decisión sobre una base objetiva, constituida o bien
porque se trate de un enfermo terminal, una enfermedad que, en
cualquier caso, hubiera generado la muerte, o bien porque
sufra efectivamente unos padecimientos de tal intensidad que
no sea razonable exigir al enfermo que se mantenga en esa
situación.
Esa es la cuestión. Y respecto de esa cuestión no se puede
ocultar cosas evidentes. La mayor parte de los ciudadanos
considera que debería estar despenalizada esa conducta. Y eso
es así. Basta contrastar los datos del CIS de los años 1988,
1989 y 1992. A la pregunta concreta de si considera usted que
un enfermo incurable tiene derecho a que los médicos le
proporcionen algún producto para poner fin a su vida sin
dolor, y eso sería una manifestación típica de eutanasia
activa y voluntaria, en 1988 opinaba que sí el 53 por ciento,
en 1989, el 58 por ciento, en 1992, el 59 por ciento,
porcentaje que llega hasta el 66 por ciento cuando la decisión
la toma el médico. Sin embargo, los contrarios a esa
posibilidad se mantienen establemente en torno al 27, 28 por
ciento, desde que existe control al respecto. Por lo tanto, no
se acude a la despenalización cuando se
considera que no es oportuna la despenalización total. Desde
luego, lo que no se está teniendo en cuenta son
consideraciones demográficas o de encuesta o de cuál sea la
actitud de los ciudadanos. Quien actuara
conforme a ese criterio podría proponer, y tendría éxito
garantizado, la despenalización.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro, vaya
concluyendo.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): ¿Cuánto tiempo
puedo utilizar?
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Ha pasado ya del
tiempo. Concluya lo más rápidamente que pueda.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Muy bien. Por
lo tanto, tratando de decir lo esencial de lo que me faltaba
por comentar a SS.SS., en síntesis, por razones de opinión
pública, la despenalización es la opinión sostenida
mayoritariamente por los ciudadanos. Pese a eso, hoy por hoy,
el Gobierno considera que los riesgos que tiene la
generalización implícita en un proceso de establecer una ley
de eutanasia son superiores a los problemas que resolvería. De
ahí que, inicialmente, sostenga el criterio de disminución de
la pena, atenuación de la pena en términos razonables, pero
mantenimiento del tipo.
Nada más, y perdón, señor Presidente, por el exceso de tiempo
invertido.
El señor VICEPRESIDENTE (Bevia Pastor): Muchas gracias, señor
Ministro. Tiene la palabra la señora Rahola, para un turno de
réplica.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: A estas horas, señor Presidente,
y teniendo en cuenta que podremos continuar el debate en la
moción subsiguiente, voy a intervenir desde el escaño y
brevemente. Quiero agradecer el tono, la forma y el fondo del
señor Ministro. Desde luego, no voy a discutir sobre la
narrativa jurídica con una persona de profesionalidad tan
reconocida en la materia como es usted, pero sea vacío legal,
sea laguna, sea regulación insatisfactoria, lo llamemos como
lo llamemos, lo cierto es que existe la demanda social y no
hay una articulación política que satisfaga esa demanda. Ese
es el problema de fondo.
Usted ha dado algunos datos del CIS sobre la preocupación
social respecto al tema. Yo tenía, por ejemplo (sale en alguna
revista esta semana) la última encuesta del CIS. A la pregunta
concreta: ¿Cree usted que se debe prolongar artificialmente la
vida de un enfermo, sea cual sea su edad, cuando no existe
ninguna esperanza de curación?, el 74 por ciento se mostraba
partidario de que no se lleve a cabo este mantenimiento
artificial de la vida. Y los datos respecto a la encuesta son
muy claros. También, por ejemplo, el Centro de Investigaciones
sobre la Realidad Social, Cires, refleja que el 66 por ciento
de los españoles es
partidario de la eutanasia activa. Estamos, por tanto, ante un
debate real que existe en la calle y que es de preocupación
social.
Además, tengo otros datos: 29 personas, 29 «Sampedros» han
solicitado a la Asociación «Derecho a Morir Dignamente» que
les ayude a resolver el problema legal y jurídico que hay al
respecto. Y 1.500 personas han suscrito ya el testamento vital
que esta misma Asociación plantea. Un documento, por cierto, a
favor de la muerte digna que, en Dinamarca, por ejemplo, se
puede comprar en las farmacias.
Quiero plantear con todo ello, señor Ministro, que el debate
existe, que el problema existe, y que no le hemos dado una
solución satisfactoria. Y mi intención fundamental,
presentando la interpelación, era recoger esa preocupación
social, traerla a esta Cámara y, desde esa preocupación
social, y con una sensibilidad erizada ante el problema,
plantear como mínimo que empecemos a hablar de ello. Plantear
aquello que yo llamaba antes, en la interpelación, muy
probablemente la ponencia, la voluntad de sentarnos los
diferentes partidos, las diferentes sensibilidades de esta
Cámara y empezar a hablar de un tema que está en la calle, que
es dramático, de un tema que un día u otro vamos a tener que
resolver.
Yo no quiero alargarme. Sólo voy a acabar con esta pequeña
intervención, que es el testimonio de una persona que pide la
eutanasia activa: «Me llamo Sue Rodríguez, tengo 42 años y
padezco una enfermedad terminal conocida como esclerosis
lateral amiotrófica. Hace un año, cuando me la diagnosticaron,
todavía era yo bastante ágil. Hoy, apenas sí puedo caminar.
Tenía control de mis manos, a no ser por algún que otro
movimiento espasmódico. Hoy, como ustedes pueden ver, tengo
las manos deformadas y lo único que puedo hacer con ellas es
un garabato a modo de firma. Lo que me espera es mucho peor.
La ELA es una enfermedad de las neuronas motoras que afecta a
casi todas las funciones
corporales. Pronto ya no seré capaz de hablar. No podré
respirar sin ayuda de un respirador. Seré incapaz de comer, de
tragar, de moverme sin ayuda. Hasta cierto punto, el deterioro
que estoy sufriendo es aceptable para mí. Más allá de ese
punto, mi vida habrá degenerado hasta reducirse a una mera
existencia biológica. Me habré convertido en una víctima
impotente de mi enfermedad y tendré que aguantar un
sufrimiento prolongado, que puede durar años. Quiero
preguntarles a ustedes --dice--, caballeros: Si yo no puedo
dar consentimiento a mi propia muerte, ¿de quién es, entonces,
este cuerpo? ¿Quién es el dueño de mi vida?
Señorías, sentémonos a intentar, como mínimo, dar respuesta a
estas preguntas.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro de
Justicia, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Con la venia.
Efectivamente, señoría, el debate de la eutanasia está abierto
y seguirá abierto durante muchos años en todo el mundo
jurídico occidental. Yo también, de manera breve, en esta
segunda
intervención, diré lo siguiente: Cuando realmente se pregunta
a los ciudadanos: ¿Y usted qué haría, personalmente, en este
caso?, todos los porcentajes anteriores desaparecen. En ese
caso, la gran mayoría contesta algo tan fuerte como: No sé lo
que haría. Solamente cuando se les plantea respecto a
terceros, o en abstracto, su opinión es clara. Cuando se le
pregunta: ¿qué haría usted respecto de su familiar próximo? la
inmensa mayoría dice lo que diríamos todos, seria y
dignamente: no sé lo que haría en ese momento. El tipo de
leyes de carácter general tiene un riesgo manifiesto. Voy a
leer un párrafo, que me parece muy interesante, del Consejo
Asesor de Sanidad. Cuando estudiaba este tema terminaba
diciendo: Este tipo de leyes --las que plantean con carácter
general la despenalización-- nos parecen tremendamente
peligrosas, pues el establecimiento de cualquier tipo de norma
general y pública sobre eutanasia produce siempre un efecto
contrario al primariamente buscado, ya que acaba volviéndose
en contra del paciente que se ve, de algún modo, coaccionado -
-bien que silenciosa e indirectamente-- a pedir la eutanasia
cuando se encuentra en situación muy comprometida. Con ello
sólo quiero apuntar una cosa. Si el tema fuera claro, haría
mucho tiempo que todos lo habríamos resuelto. Acepto el
planteamiento de S.S., es un tema que está abierto, que la
Cámara va a tener ocasión de debatir con la presentación del
Código Penal, que se producirá aproximadamente a finales de
mayo, y a SS.SS. les tocará tomar una decisión muy difícil y
muy seria. ¡Ojalá logren una fórmula satisfactoria para todos!
Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro. ¿Grupos que deseen fijar su posición en el debate?
(Pausa.) Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor López Garrido.
El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, señorías, voy a
fijar la posición del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya en relación con la interpelación
sobre la
eutanasia, que es muy oportuna, porque abre un debate, que es
lo que seguramente se necesita más urgentemente en relación
con este problema.
Habría que empezar por fijar de qué estamos hablando. La
eutanasia podría definirse como la producción, anticipación o
no aplazamiento de la muerte de una persona que padece una
lesión o enfermedad incurable, generalmente mortal, que le
causa graves sufrimientos y le afecta considerablemente a su
calidad de vida. Cuando estamos hablando de la eutanasia no
estamos hablando del suicidio, del auxilio al suicidio;
estamos hablando de problemas de una vida insoportable, llena
de padecimientos físicos y psíquicos incurables, una vida
misrable, ante la cual la
perspectiva de la muerte aparece como un bien para esa
persona. Es decir, no estamos ante procesos inmediatos de
muerte, sino ante procesos de tal padecimiento físico que para
el que los sufre la muerte es un bien. La eutanasia, por
tanto, es una acción que se toma con la intención de producir
un bien a la persona sobre la cual se ejerce esa eutanasia.
Es un problema socialmente relevante --creo que ha quedado
puesto de manifiesto--, pero jurídicamente no resuelto. El
Ministro decía: jurídicamente resuelto insatisfactoriamente,
yo me atrevería a decir que jurídicamente no está resuelto. No
está resuelto por el Tribunal Constitucional; yo discrepo de
la interpretación de la sentencia sobre los GRAPO, que se
refiere a internos de una cárcel sobre los que el Tribunal
Constitucional admite que haya limitación a sus derechos
fundamentales, pero dice que esas limitaciones sobre el
derecho a disponer de su vida, en el sentido de continuar la
huelga de hambre, podrían --dice el Tribunal Constitucional--
resultar contrarias a sus derechos si se tratara de ciudadanos
libres. Luego el Tribunal Constitucional está admitiendo que
sería constitucional una regulación de la eutanasia.
Y no está resuelto a pesar de que nuestra Constitución nos
parece que es bastante clara. Nuestra Constitución establece
el derecho a la vida, el derecho a vivir dignamente y a no
sufrir tratos inhumanos o degradantes; establece el derecho a
la libertad personal, que para algunos es un gran principio
general de nuestra Constitución --tengamos en cuenta que el
principio de la libertad está, como valor fundamental, en el
artículo 1.º de la Constitución-- y establece el principio de
la dignidad personal. Todo eso creo que incluye el derecho a
morir también dignamente, el derecho a vivir con una mínima
calidad de vida. Porque para que la vida humana sea un bien,
hay que entender que tienen que darse unos mínimos de calidad,
para que sea una vida digna y, por tanto, no confundamos la
existencia humana con la mera existencia biológica, que es
algo diferente.
Por consiguiente, el derecho a la vida está concebido en
nuestra Constitución en un sentido garantista; nuestra
Constitución lo que garantiza es que el Estado respete la vida
humana, que significa que suprima la pena de muerte; que
respete la
integridad física y moral de las personas; que no les infrinja
tratos inhumanos o degradantes y también implica el derecho a
la vida que
el Estado proteja frente a cualquier atentado de terceros.
Pero eso es lo que protege la Constitución; no más allá. No
hay en nuestra Constitución un deber de vivir, deber, en todo
caso, de vivir. Hay un derecho a la vida pero no hay un deber
de vivir, en todo caso. Y, como consecuencia de ello, nuestro
ordenamiento penal castiga conductas que podrían incluirse
dentro de la eutanasia, no solamente de la eutanasia activa,
sino algunos aspectos de eutanasia pasiva o indirecta. Hay, en
ese sentido, una diferencia con la interpretación del señor
Ministro, hay una laguna legal, en la medida en que nuestro
Código Penal, cuando establece la penalización del auxilio al
suicidio, no está pensando en la problemática de la eutanasia.
Es algo que el legislador no concibió. Por tanto, no podemos
ni debemos incluir ahí algo que es muy distinto del auxilio al
suicidio.
Estamos ante un problema en donde hay, objetivamente,
demostradamente, una situación de insoportables dolores
físicos, de padecimientos, de cercanía a la muerte y de
petición por esa persona de que se ponga fin a su sufrimiento;
es una situación objetiva. No es una situación inventada, no
es un estado
transitorio depresivo; es una situación objetiva. A eso es a
lo que se aplica la eutanasia; no el auxilio al suicidio, que
es algo absolutamente distinto. Por ello es por lo que creemos
que en nuestro ordenamiento hay una ausencia de regulación de
este problema de la eutanasia, problema que es socialmente,
sin duda, relevante --se ha puesto de manifiesto en alguna de
las
intervenciones anteriores--. El avance de la medicina, no el
llegar a curar, pero al menos sí mantener la vida, se ha
convertido, paradójicamente, en una amenaza para muchas
personas; para pacientes, no solamente en los casos dramáticos
en donde están sufriendo el problema, sino cuando no lo sufren
pero pueden temer racionalmente --y de ahí las estadísticas--
que en su momento no se les va a permitir morir dignamente y
se les va a obligar a mantener artificialmente la vida,
prolongando los sufrimientos. Por esto es por lo que en
Estados Unidos, y en Europa después, han surgido en todas las
sociedades las
asociaciones pro-eutanasia, y donde se fraguó la idea del
testamento del paciente, esos documentos firmados que exhortan
a los médicos, en su momento, a respetar el derecho de
autodeterminación del paciente, o sea, no ser obligado...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor López Garrido,
vaya concluyendo.
El señor LOPEZ GARRIDO: Voy terminando, señor Presidente. Y
también para el médico, que puede temer que si ayuda a morir
dignamente, puede tener una responsabilidad penal. El médico -
-yo comprendo que en muchos casos puede resistirse a aceptar
la cultura médica, que es una cultura tradicionalmente muy
interventora en la prolongación de la vida--puede resistirse a
pensar que él puede constituirse en un ayudador a morir
dignamente.
Ante todo esto, nuestra legislación guarda silencio y, desde
una perspectiva moral --para terminar--, me parece que, una
vez aceptado que una persona tiene una enfermedad incurable y
reconocido que esa enfermedadsera fuente de continuos
tormentos, no hay sinceramente un argumento racional para
considerar reprobable, desde un punto de vista moral y mucho
menos desde un punto de vista penal, la opción de esa persona
a favor de una muerte digna y dulce. Aquí se da un presupuesto
objetivo de esa situación insoportable y un presupuesto
subjetivo de alguien que está en pleno dominio de sus
facultades mentales.
Nosotros entendemos que el tema de la eutanasia debe ser
regulado, debe ser debatido con serenidad, en el marco de un
consenso social que creemos que ya se da, que la
despenalización atenuada es insuficiente, porque no acaba de
reconocer el derecho a morir dignamente --nos parece un camino
intermedio
insuficiente--, y que, después de un debate sereno, debe
regularse este problema con todas las cautelas; yo diría,
incluso, acudiendo a la profesora Marina Gascón, que ha
estudiado muy detenidamente este problema, al menos con tres
fundamentales cautelas: lo que ella llama el juicio de
motivos, que la muerte sea algo benéfico para esa persona; el
juicio de indignidad, que llegue un momento en que lo inhumano
sea seguir viviendo; y el juicio de irreversibilidad de esa
situación.
No regular, como decía la interpelante, este problema es
cerrar los ojos a la realidad. Hay que rescatar este problema,
su regulación, del campo en el que está ahora mismo, que es el
puro campo de la deontología médica, hay que llevarlo a la
decisión democrática regulada jurídicamente, y para ello hace
falta una voluntad política que pedimos al Gobierno.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ollero, tiene la
palabra.
El señor OLLERO TASSARA: Señor Presidente, señorías, quiero,
ante todo, agradecer a la Diputada Rahola el tono que ha
empleado, sobre todo en su primera intervención, porque,
aunque obviamente no soy el interpelado, yo creo que hoy todos
somos interpelados, porque ha planteado un problema que, sin
duda, nos llega a todos. Cuando alguien ha tenido la ocasión
de estar horas frente a una persona querida, sin saber que,
donde uno quiere adivinar un gesto de afecto, a lo mejor lo
que hay es un puro movimiento reflejo --no sé si usted ha
estado en esas circunstancias--, se entiende de lo que estamos
hablando; o cuando se tiene ocasión de dedicar horas
provechosamente a tratar con una chica tetrapléjica a los 21
años, en la Facultad de Derecho
de Granada, en concreto, que luego ha hecho la carrera de
Filosofía y ahora está haciendo el doctorado, se sabe también
de lo que se está hablando. Por eso, yo creo que es muy de
agradecer que el tema se plantee como se ha planteado. Usted
ha hablado de rigor y de responsabilidad, y yo, en nombre de
mi Grupo, voy a hablar de esas dos cuestiones.
Señor Ministro, hablando de responsabilidad, yo creo que en su
intervención ha habido mucho rigor, pero yo he echado de menos
la responsabilidad. Usted hoy ha actuado como un pésimo
abogado, porque ha enunciado--que no defendido-- una postura y
no ha puesto ni un argumento sobre esta tribuna en favor de su
postura. Ha dicho usted que no está de acuerdo en aquello,
sino en otra cosa, y no ha dicho por qué. Ha dicho en un
momento que hay riesgos, pero no se ha molestado --y eso que
le ha tenido que llamar la atención el señor Presidente,
porque falta de tiempo no ha habido-- en decir ni un solo
riesgo. Señor Ministro, usted ha hablado aquí de una serie de
encuestas del CIS. Usted, que es jurista, ¿no cree que en
buena parte esas encuentas se deben a que gran parte de la
población no tiene ni idea de Derecho ni de las consecuencias
de las normas jurídicas? ¿A usted le parece responsable que un
Ministro de Justicia, que tiene una
oportunidad de oro como la de hoy de venir aquí, que es la
casa de todos los españoles, a decir algún argumento jurídico
de por qué dice usted que hay riesgos --le creemos por su
palabra--, no exprese ni uno siquiera? ¿Qué riesgos hay?
Dígalo. ¿Es que le da vergüenza decirlo? ¿Es que en el fondo
usted está de acuerdo con una postura distinta de la que
defiende desde el Ministerio? Usted va diciendo por ahí que el
tema no está maduro, como diciendo: a mí me gustaría que
estuviera más maduro. Y, desde luego, con intervenciones como
la que ha hecho hoy aquí, puede que llegue a conseguirlo, pero
eso es su responsabilidad. Yo estoy de acuerdo en que se esté
a favor o en contra, pero dando la cara. Si está usted a
favor, dé la cara. Lo que no puede ser es un abogado de turno,
de oficio, malo. Yo creo que eso no debe ser. Por tanto,
responsabilidad, porque aquí el problema está en que el
planteamiento que se hace es desde un radicalismo
individualista. Indudablemente, analizado así, eso,
emocionalmente, llega a los ciudadanos; pero esto tiene un
envés, porque no es verdad que esto sea un problema de una
persona aislada.
Stwart Mill decía: Si una persona se abstiene de molestar a
otros en lo que le concierte y actúa sencillamente, de acuerdo
con su propio criterio e inclinaciones, en cosas que sólo a él
atañen, debe permitirse a esa persona, sin molestia alguna,
que ponga en práctica sus opiniones a su propia costa. Cuando
la conducta de una persona no afecta a otros intereses que a
los suyos propios tiene que haber perfecta libertad legal y
social para ejecutar sus actos y sufrir las consecuencias de
los mismos.
Esto es lo que piensan los ciudadanos cuando oyen hablar de
eso, y dicen que sí. Pero es que usted sabe que esto no es
verdad. Usted sabe que un problema como el de la eutanasia
lleva consigo repercusiones sociales. Usted conocerá el
Informe holandés, y ahí hay datos. Ahí hay datos de que a mil
señores los han matado sin su consentimiento. Los hay. Y en
esto, señor Ministro, se vota con los pies. Hay ancianos que
se van de Holanda a hospitales extranjeros porque no quieren
bromas. Eso es verdad y usted tiene que decirlo. Eso es parte
de su responsabilidad. Lo que no podemos es hacer creer a la
gente que esto es un problema de libertad sí o libertad no. No
es verdad. Esto es un problema donde están en juego razones
sociales. El Derecho, y usted lo sabe tan bien como yo porque
es jurista, y muy bueno, por cierto, el Derecho no es un
instrumento para que las pretensiones individuales se puedan
realizar. Es, antes que eso, un
instrumento de convivencia social donde se defiendan valores
que afectan a todos. Y como usted ha actuado hoy no lo ha
hecho. Usted no ha defendido eso. Se ha hablado aquí de
esclerosis. Pues la Asociación Española de Esclerosis Múltiple
y una serie de asociaciones de minusválidos han hecho un
comunicado en estos días, mostrando su total oposición a la
eutanasia. Reivindican el apoyo y la ayuda necesaria para
tener una vida digna
equiparable a la de cualquier otro ciudadano, y no solamente
una ley de eutanasia que abriría un portillo a muchos abusos
aún peores. Hacer propaganda de la eutanasia activa es
destruir la labor humanitaria que, durante muchos años y con
tantos frutos positivos, venimos realizando todas estas
asociaciones. Esto es la sociedad hablando. Los que saben de
lo que hablan porque se dedican a eso.
Esta es la situación. Usted ha dicho, con una técnica
rigurosa, que, en efecto, no hay una laguna. En efecto, no hay
una laguna. Además hay que tener en cuenta el juego en el que
estamos, señora Rahola. Usted no ha dicho aquí qué tribunal es
el que ha dado esa sentencia. Un tribunal de lo civil.
Explíqueme, tribunal de lo civil, no de lo penal, ¿por qué?
Porque estamos en un juego. Estamos en un juego en el cual
determinada asociación que es la que actúa, lo que quiere es
llegar al Constitucional. Buscando una vía para el
constitucional ha montado un teatro jurídico fino y se ha ido
por lo civil. Y el tribunal ha dicho que hay una laguna, que
esa sí la hay, una laguna técnica de la que es responsable el
señor Ministro. Y es que el artículo 53 de la Constitución
está sin desarrollar, señor Ministro, y aprovecho para
decírselo ¿Por qué no lo desarrolla? Se sigue aplicando una
ley que es preconstitucional por un día.
Haga esa ley. Esa es la laguna que existe. En lo otro no
existe laguna. Es más, el tribunal se ha permitido decir que
no es función de los jueces suplir cuando no
hay. Pues sí, claro que sí. Por supuesto que esa sí es la
función de los jueces. Tienen que integrar el ordenamiento
jurídico. ¿Para qué existen si no los principios generales del
Derecho, todavía en nuestro ordenamiento civil? ¿Para qué
existen los principios constitucionales? Por supuesto que sí.
Para lo que no están, evidentemente, es para servir de
vehículo a lagunas ideológicas, como muy bien se ha dicho. En
efecto, para eso no. Para suplirnos a nosotros no están.
Pero es que, además, lagunas en el ordenamiento penal... En el
ordenamiento penal por definición, lo que no está prohibido
está permitido. No puede haber una laguna jamás. Nunca puede
haber una laguna en el ordenamiento penal. Es más, por eso se
prohíbe la analogía, cosa ritual, porque ya mi maestro Arthur
Kauffman escribió un libro sobre eso.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vaya terminando señor
Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Voy concluyendo. Ha escrito un libro
sobre eso demostrando que es imposible prohibir la analogía
porque el lenguaje es analógico. El Derecho tiene más que ver
con la analogía que con la lógica. Los que apelan a la lógica
en el Derecho suele ser por motivos ideológicos, si me permite
el juego de palabras.
¿Qué ocurre, por tanto?, y voy terminando, señor Presidente.
Primero, que no existe un derecho a la muerte, no existe. El
Tribunal Constitucional, en efecto, ha dicho, por ejemplo,
algo que hoy aquí no se ha dicho y voy a decirlo. Ha dicho
algo tan elemental como lo siguiente: No todo lo permitido es
un derecho; hay un espacio de «agere» y «dícere», de actuar
lícito, que no es un derecho. Por tanto, todo ese amplio
espacio que el Derecho Penal deja al no prohibir que nos
permite hacer un espacio de libertad no se identifica con el
derecho. Yo puedo ser libre de hacer algo sin tener derecho a
hacerlo, sin tener derecho a pedir, como pide esta Asociación,
que alguien mate a alguien. No, esa es una cosa totalmente
distinta. Dice alguien tan poco sospechoso como mi colega
Peces Barba, que ocupó este sitial: no hay ni un solo apoyo
constitucional para sostener que el derecho a la vida
comprende el de disponer de la misma libremente. (Este es un
documento para el Consejo Asesor de Sanidad). La
consideración de que el derecho a la vida supone el disponer
libremente de ella carece absolutamente de base jurídico-
constitucional y, a mi juicio, también de fundamento ético-
racional. Por una vez estoy de acuerdo con el profesor Peces
Barba, sin que sirva de precedente.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay derechos
irrenunciables, y repito: El principio de libertad no puede
exigir que una persona sea libre de no ser libre. No es
libertad poder renunciar a la libertad.
Probablemente este mismo... (El señor Ríos Martínez pronuncia
palabras que no se perciben.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Ruego silencio, por
favor.
El señor OLLERO TASSARA: Puede seguir, me trae sin cuidado. Es
algo que me enorgullece. Puede seguir.
El principio de libertad no puede exigir que una persona sea
libre de no ser libre. No es libertad poder renunciar a la
libertad. Probablemente este mismo argumento --dice Peces
Barba--se puede extender al derecho a la vida. Este es el
problema. Termino. Señor Ministro, usted dice que la opinión
pública está confundida, y más que va a estarlo si sigue
hablando usted. Usted habla, por ejemplo, de la eutanasia
pasiva. El término eutanasia pasiva no se identifica con lo
que usted ha dicho. La eutanasia pasiva no se diferencia de la
activa en nada, en que simplemente donde hay una acción hay
una omisión. Por ejemplo, es eutanasia pasiva la llamada
eutanasia precoz que deja morir de hambre a los recién nacidos
cuando se entiende que no son de una calidad suficiente para
seguir viviendo. Eso es eutanasia pasiva. Es simplemente
provocar la muerte por omisión. No tiene nada que ver con la
denuncia del encarnizamiento terapéutico, lo sabe usted muy
bien. Por tanto, no mezcle la eutanasia pasiva con el
encarnizamiento terapéutico a no ser que quiera confundir a la
opinión pública, lo cual supongo que no será su intención.
Para terminar, aquí el problema que tenemos planteado --y
esperamos a la moción para ver cómo se puede instrumentar-- es
que el legislador tiene que reflexionar sobre cuál es la
realidad social del tiempo que legisla, no sólo el juez cuando
aplica la norma, sino el legislador. Y hay que plantearse si
vivimos en una sociedad rebosante de solidaridad y de
altruismo que permite que se puedan hacer concesiones al
radicalismo individualista, o estamos en una sociedad en donde
a la mínima facilidad que se dé, los ancianos van a tener que
irse a otro país, a los hospitales, para poder estar
tranquilos de lo que les pueda ocurrir.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señorías, finalizado
el debate de las intepelaciones urgentes, indicarles que la
sesión se reanudará mañana a las nueve de la mañana.
Se suspende la sesión.
Eran las nueve y diez minutos de la noche.