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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 55, de 08/03/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1994 Núm. 55 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 54
celebrada el martes, 8 de marzo de 1994
Página
ORDEN DEL DIA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que
se modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el fin de
0posibilitar el ejercicio de la acción popular a las personas
jurídicas. (Orgánica.) «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie B, número 45.1, de 3 de diciembre de 1993.
(Corrección de error: «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie B, número 45.2, de 17 de diciembre de 1993)
(número de expediente 122/000034) (Página 2647)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, relativa al gravamen sobre las
grandes fortunas, de modificación de la Ley 19/1991, de 6 de
junio, del Impuesto sobre el Patrimonio. «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Serie B, número 30.1, de 14 de
septiembre de 1993 (número de expediente 122/000020) (Página 2653)
Proposiciones no de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
prohibición de comercializar especies pesqueras capturadas con
artes prohibidas en España. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie D, número 35, de 7 de diciembre de 1993
(número de expediente 162/000055) (Página 2662)
Declaración institucional:
--Sobre el Día Internacional de la Mujer Trabajadora (Página 2669)
Avocación por el Pleno de proyectos de ley:
--Del proyecto de ley de trasposición de la Directiva 89/552
de la Comunidad Económica Europea sobre la coordinación de
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los
Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de
radiodifusión televisiva (número de expediente 121/000029)
(Página 2669)
--Del proyecto de ley de Fundaciones y de incentivos fiscales
a la participación privada en actividades de interés general
(número de expediente 121/000025) (Página 2669)
Solicitud de tramitación directa y en lectura única de
iniciativas legislativas:
--Del proyecto de ley por la que se establecen normas sobre
concursos de provisión de puestos de trabajo para funcionarios
docentes (número de expediente 121/000035) (Página 2669)
Proposiciones no de ley (continuación):
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, sobre criterios a aplicar para la
reconversión de la siderurgia. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie D, número 20, de 25 de octubre de 1993
(número de expediente 162/000033) (Página 2669)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, sobre política del Gobierno para
garantizar el mantenimiento, actual y futuro, de un régimen
público de Seguridad Social y de pensiones adecuadas y
periódicamente actualizadas (número de expediente 173/000026)
(Página 2678)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
medidas que adoptará el Gobierno para garantizar el cobro de
las pensiones en el futuro y para potenciar las fórmulas
privadas de ahorro a largo plazo (número de expediente
173/000027) (Página 2678)
--Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre
medidas de política general que piensa adoptar el Gobierno
para asegurar la continuidad futura de un sistema público de
pensiones justo, equilibrado y solidario (número de expediente
173/000028) (Página 2678)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número
56, de 9 de marzo de 1994.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 2647)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se
modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el fin de
posibilitar el ejercicio de la acción popular a las personas
jurídicas. (Orgánica) (Página 2647)
Defiende la proposición de ley, en nombre del Grupo Popular,
el señor Robles Orozco, manifestando que a través de esta
iniciativa intentan profundizar en el entramado jurídico
necesario e imprescindible para poder ser eficaces en la lucha
contra la droga y permitir la defensa de la sociedad frente a
la plaga de las drogodependencias. Si hace unas semanas pedía
en esta misma tribuna la destrucción automática de las drogas
decomisadas, en este momento defiende una proposición de ley
de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que va en
la misma línea de reforzar y apoyar a la sociedad civil frente
al mundo del narcotráfico, extensible a otros fenómenos como
el terrorismo o los delitos ecológicos.
Menciona algunas cifras de la memoria anual del Plan Nacional
de la Lucha contra las Drogas, destacando el número de
personas y familias que directa o indirectamente están
padeciendo el problema de la drogodependencia, y son
precisamente esas cifras las que, a su juicio, justifican la
oportunidad de esta iniciativa parlamentaria, encaminada a
potenciar la acción popular de las asociaciones de lucha
contra la droga, atribuyendo a las personas jurídicas,
públicas o privadas, la legitimación para ejercer la acción
popular. Señala que nuestros textos legales atribuyen la
legitimidad activa a todos los ciudadanos españoles,
residiendo el problema en determinar si la palabra
«ciudadanos» debe interpretarse restrictivamente o, por el
contrario, extensivamente; si debe considerarse referida
exclusivamente a las personas físicas o cabe considerar
incluidas también a las personas jurídicas. En su opinión,
existen criterios del Tribunal Constitucional que apuntan a
una interpretación extensiva y permiten entender que también
las asociaciones pueden ejercer la acción popular, pero existe
igualmente la sentencia 53/81 de ese mismo Tribunal
Constitucional contraria a esta interpretación. Precisamente a
terminar con esta ambigüedad y fijar un criterio claro en
nuestro ordenamiento jurídico se dirige la proposición que
ahora defiende en nombre del Grupo Popular, para la que pide
el apoyo de los grupos de la Cámara.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores
González Lizondo, del Grupo Mixto; López Garrido, del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y Pérez Solano, del
Grupo Socialista.
Sometida a votación, se rechaza la proposición de ley debatida
por 114 votos a favor, 152 en contra y 11 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, relativa al gravamen sobre las grandes
fortunas, de modificación de la Ley 19/1991, de 6 de junio,
del Impuesto sobre el Patrimonio (Página 2653)
Defiende la proposición de ley el señor Espasa Oliver. Expone
que una propuesta idéntica a esta la ha presentado ya en dos
ocasiones en los trámites de los Presupuestos Generales del
Estado, e insiste en ella ahora ante la caída brusca de los
ingresos fiscales del Estado y el disparo del déficit público.
Reconoce que el Impuesto a través del cual intentan
incrementar la capacidad recaudatoria del Estado, el que
llaman impuesto de las grandes fortunas, no entraña un gran
rendimiento, pero en su opinión, tiene en cambio un fuerte
impacto ético y poltico. Con esta modificación se trata,
además, de equilibrar la tributación de las rentas del
trabajo.
La proposición de ley pretende incrementar de forma sustancial
la tarifa marginal aplicable a la cuota liquidable del
Impuesto sobre el Patrimonio, sobre todo a partir de los mil
millones de pesetas. Reitera que se trata de una propuesta
fundamentalmente ética y ejemplar, más que recaudatoria, que
no deberían echar en saco roto. No van a conseguir el
equilibrio deseable con las rentas del trabajo ni una
verdadera justicia distributiva de las cargas fiscales porque
el bajo rendimiento de este impuesto no lo permiten, pero en
algo contribuirán a la reducción del preocupante déficit
público, independientemente del carácter ético de la medida a
que antes se refería. Termina señalando que lo más probable es
que en los bancos del centro y de la derecha aparezcan las
voces quejumbrosas de la excesiva carga fiscal que ya vienen
soportando bienes, derechos y rentas del capital, pero lo que
sería
sorprendente es que esas voces quejumbrosas las oyeran también
del Grupo Socialista.
En turno en contra interviene, en nombre del Grupo Socialista,
el señor García Ronda, afirmando que, a su juicio, la
proposición de ley de Izquierda Unida adolece de una débil
argumentación, sin entrar en otras consideraciones, fijándose
en un solo aspecto de lo que propone, sin tener en cuenta
todos los resultados, todo el efecto que surge tras cualquier
determinación de tipo fiscal en cualquier ley. Cualquiera que
haya leído el contenido de la proposición cree que coincidirá
con él en que su única ventaja es la de ser breve, sin que
haya en ella nada más verdaderamente interesante y, en cambio,
probablemente sólo podrá traer perjuicios, tanto para nuestro
sistema fiscal como por las reacciones económicas que se
podrían dar.
Pregunta al señor Espasa qué tienen que ver las rentas del
trabajo en relación con las rentas del capital y con el
Impuesto del Patrimonio, e incluso por qué confunde este
Impuesto con las rentas de capital. El Diputado proponente
sabe que hablar «in genere» de rentas de trabajo y de rentas
de capital es engañoso, pues hay rentas de trabajo altísimas y
rentas de capital muy bajas.
En cuanto a las modificaciones que se proponen del Impuesto
sobre el Patrimonio manifiesta que los porcentajes propuestos
son bastante menos realistas que los vigentes. Y respecto a
los objetivos del Impuesto cree que no se escapan al señor
Espasa, pues en ningún sitio el Impuesto sobre el Patrimonio
es sustantivo y sí complementario, siendo la tendencia europea
en relación con este Impuesto incluso la de aligeramiento del
mismo.
Por otra parte, se habla de grandes fortunas a partir de 25
millones de base liquidable, lo cual cree que no se le ocurre
a nadie hoy en Europa con los niveles que existen de precios y
de valoraciones, pues a esa cifra llega seguramente el
patrimonio de cualquier trabajador que haya tenido un mediano
sueldo y haya podido ahorrar algo a lo largo de equis años. Se
trata, por tanto, de una falta de realismo, ya que el Grupo
proponente parece no conocer el valor actual de la moneda y en
qué cifras nos movemos. Habla, por otro lado, de una ley ética
y ejemplar, sin diferenciar ningún tipo de patrimonio, ni por
su procedencia ni por el destino que tiene, lo cual se traduce
en una ley puramente aritmética como la que ahora proponen y
no en una ley ejemplar en ningún sentido. Es una proposición
un tanto simple, y cuando se proponen este tipo de
modificaciones debería
considerarse la propia estructura económica del país, la
coyuntura económica, la distribución de la riqueza y los
procesos de inversión, así como el efecto, que no es sólo
tributario, sobre decisiones de los agentes económicos, sobre
los agentes del mercado y hasta de la elasticidad del fraude.
En definitiva, es una proposición que calificaría de un poco
estrepitosa,
innecesaria desde el punto de vista fiscal y tributario y un
tanto demagógica en su planteamiento, así como facilona para
el discurso hacia el exterior y la posible propagación que
quieran hacer de ello. Por tanto, el Grupo Socialista se
opondrá a su toma en consideración.
Replica el señor Espasa Oliver, duplicando el señor García
Ronda. En turno de fijación de posiciones intervienen los
señores González Lizondo, del Grupo Mixto; Zabalía Lezámiz,
del Grupo Vasco (PNV); Homs i Ferret, del Grupo Catalán de
Convergència i Unió, y la señora Rudi Ubeda del Grupo Popular.
Sometida a votación, se rechaza la proposición de ley
defendida por el señor Espasa por 21 votos a favor, 275 en
contra y tres abstenciones.
Proposiciones no de ley (Página 2662)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
prohibición de comercializar especies pesqueras capturadas con
artes prohibidas en España (Página 2662)
El señor Fernández de Mesa Díaz del Río defiende la
proposición no de ley del Grupo Popular para tratar de instar
al Gobierno a que defienda los intereses españoles dentro de
nuestro propio territorio nacional ante las agresiones que
están sufriendo con las importaciones que se realizan de otros
países de productos capturados con artes prohibidas en España.
Señala que existen artes pesqueras que estando prohibidas por
las leyes españolas para nuestros barcos, sin embargo están
permitidas por la legislación pesquera comunitaria para los
barcos pesqueros de otros países de la Comunidad, con la
consecuencia de una disminución de las capturas en los
diferentes caladeros. Agrega que le parece bien la normativa
comunitaria, pero no debemos ser más quijotes que nadie
imponiendo taxativamente esta normativa para los españoles y
que fuera no sólo no se cumpla sino que, además, se importe de
esos países algo que perjudica gravemente a los intereses
nacionales.
Solicita, por tanto, la aprobación de la proposición no de
ley, que, desde luego, es ampliable y mejorable, mostrando su
disposición a aceptar cuantas aportaciones puedan realizarse
para perfeccionarla y proteger a los pescadores españoles de
las agresiones de los países comunitarios que no cumplen la
propia normativa comunitaria.
Para la defensa de las enmiendas presentadas y fijar la
posición de sus respectivos grupos intervienen los señores
Moragues Gomila, del Grupo Socialista, y Vidal i Sardo, del
Grupo Catalán (Convergència i Unió). Completan el turno de
fijación de posiciones los señores Gatzagaetxebarría Bastida,
del Grupo Vasco(PNV), y Andreu Andreu, de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo
Popular, se aprueba por 303 votos a favor.
Declaración institucional (Página 2669)
El señor Presidente propone a la Cámara, de acuerdo con los
grupos parlamentarios, la aprobación de una declaración
institucional, a la que da lectura, con motivo de la
celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
Avocación por el Pleno de proyectos de ley (Página 2669)
Del proyecto de ley de trasposición de la Directiva 89/552, de
la Comunidad Económica Europea, sobre la coordinación de
disposiciones legales reglamentarias y administrativas de los
Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de
radiodifusión televisiva (Página 2669)
El señor Presidente manifiesta que la Mesa, oída la Junta de
Portavoces y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
149 del Reglamento, propone al Pleno la avocación de la
deliberación y votación final del proyecto de trasposición de
la citada Directiva 89/552 de la Comunidad Económica Europea.
Se acuerda por asentimiento dicha avocación.
Del proyecto de ley de fundaciones y de incentivos fiscales a
la participación privada en actividades de interés general
(Página 2669)
El señor Presidente expone que la Mesa, oída la Junta de
Portavoces, ha acordado asimismo proponer al Pleno la
avocación de la deliberación y votación final del proyecto de
ley de referencia.
Se acuerda por asentimiento dicha avocación.
Solicitud de tramitación directa y en lectura única de
iniciativas legislativas (Página 2669)
Del proyecto de ley por la que se establecennormas sobre
concursos de provisión de puestos de trabajo para funcionarios
docentes (Página 2669)
El señor Presidente informa también que la Mesa, oída la Junta
de Portavoces y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150
del Reglamento, ha acordado someter a la aprobación de la
Cámara la tramitación directa y en lectura única por el propio
Pleno del proyecto de ley de referencia. Se aprueba por
asentimiento dicha tramitación directa y en lectura única de
este proyecto de ley.
Proposiciones no de ley (Continuación)(Página 2669)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre criterios a aplicar para la reconversión
de la siderurgia (Página 2669)
Defiende la proposición no de ley, en nombre del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor García
Fonseca, manifestando que la reiteración con la que su Grupo
viene planteando el tema de la reconversión y del futuro de la
siderurgia integral en nuestro país les parece suficientemente
justificada si tienen en cuenta dos datos fundamentales, entre
otros muchos. El primero de esos datos es que la reconversión
de la siderurgia integral en nuestro país, comenzada en el año
1984, va a suponer nada menos que casi un billón de pesetas de
dinero público entre inversiones, gastos sociales, gasto
financiero, etcétera. Un segundo dato suficientemente
expresivo es que la producción de la siderurgia integral
española supone el 0,25 por ciento del producto interior
bruto, no tratándose, por tanto, de un tema menor, por
sectorial que pueda parecer. Es, por el contrario, un tema de
gran envergadura, de enormes magnitudes, de tremendos costos,
y si la reconversión termina en fracaso las responsabilidades
serían enormes.
Su Grupo Parlamentario piensa que el proceso desde su inicio
no se está llevando por buen camino, no cumpliéndose los
objetivos señalados para la primera etapa, que comprendía los
años del 84 al 90, como lo demuestra el que después de esta
primera reconversión el coste de la bobina caliente sigue
siendo un 25 por ciento más caro que el de nuestros homólogos
comunitarios. Consecuentemente, ello exige un segundo plan de
reconversión que implica una reducción de capacidad y una
reducción de plantilla de más de diez mil trabajadores, no
pudiendo calificarse, por tanto, aquella primera reconversión
más que como un rotundo fracaso.
Menciona algunos de los elementos erróneos que considera
fundamentales en el fracaso de la reconversión, que da lugar a
unas pérdidas de nuestra siderurgia muy superiores a las que
sufren las siderurgias europeas, considerando que el nuevo
plan acordado en Bruselas en sus líneas fundamentales sigue
padeciendo, a su entender, de los mismos errores básicos que
el anterior. Tenemos las mejores instalaciones, pero
absolutamente infrautilizadas, siendo el motivo fundamental de
esta proposición no de ley que con el mismo dinero, e incluso
con los parámetros fundamentales aprobados en Bruselas, puedan
hacerse inversiones mucho más adecuadas. Ruega a los grupos de
la Cámara la toma en consideración de la proposición no de
ley, asumiendo todas y cada una de las partesde la misma, que
considera razonables y válidas. En defensa de las enmiendas
presentadas por el Grupo Popular interviene el señor Landeta
Alvarez-Valdés.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los
señores González Lizondo, y Albistur Marín, del Grupo Mixto;
Olabarría Muñoz, del Grupo Vasco (PNV); Molins i Amat, del
Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Marcos Merino, del
Grupo Socialista. Sometidos a votación, se rechazan los
diversos apartados que integran la proposición debatida.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 2678)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre política del Gobierno para garantizar el
mantenimiento, actual y futuro, de un régimen público de
Seguridad Social y de pensiones adecuadas y periódicamente
actualizadas (Página 2678)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas
que adoptará el Gobierno para garantizar el cobro de las
pensiones en el futuro y para potenciar las fórmulas privadas
de ahorro a largo plazo (Página 2678)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre
medidas de políticageneral que piensa adoptar el Gobierno para
asegurar la continuidad futura de un sistema público de
pensiones justo, equilibrado y solidario (Página 2678)
El señor Ríos Martínez defiende la moción de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, siendo consciente de que se trata de
un debate reiterado en esta Cámara que, por decisión unánime,
ya ha creado una Ponencia para estudiar la situación de la
Seguridad Social. La moción que ahora defiende plantea por
dónde entienden que debe caminarse después del debate de la
semana anterior y la contestación del Gobierno en aquel
debate. Su Grupo cree que es erróneo plantear la discusión
sobre la situación de la Seguridad Social, y en concreto de
las pensiones, desde la óptica del problema del déficit
público y desde un falso dilema de confrontación. Van a
defender que el Estado de bienestar y la solidaridad hay que
ejercerla desde la sociedad en su conjunto, con todos y cada
uno de los miembros de esta sociedad. Piensa que existen
condiciones hoy en el Estado español para garantizar, de cara
al futuro, un sistema público de pensiones actualizadas y
dignas, partiendo de la generalización de una pensión
contributiva, utilizando como complemento otra figura.
Considera que hay que incrementar la cotización a la Seguridad
Social haciendo participar y cotizar a las personas que hoy no
participan y reduciendo el posible fraude que pueda existir.
Añade que, desde el momento en que se producen las
declaraciones del Ministro de Economía y Hacienda, se crea una
tensión social, una presión que ha dado lugar a verdaderas
colas para establecer planes de pensiones particulares.
Sucede, además, que el Ministro es parte de un Gobierno que
incluso se está planteando actuaciones más profundas,
hablando, de cara al año 2020, en una línea de actuación
distinta a lo que es el proceso europeo en este momento. Cree
que tal situación debería llevar a solicitar el cese del señor
Ministro que ha provocado este debate, aunque no lo van a
hacer por prudencia y para no ir a una actuación forzada desde
la Cámara. Seguidamente, procede el señor Ríos Martínez a
exponer las medidas contenidas en la moción presentada por su
Grupo Parlamentario. Asimismo fija la posición de Izquierda
Unida en relación con las restantes mociones presentadas por
otros Grupos de la Cámara sobre esta misma cuestión. En
defensa de la moción del Grupo Popular interviene el señor
Montoro Romero. Expone que en el debate de la semana anterior
el Ministro de Economía y Hacienda rehuyó explicar a la Cámara
las intenciones del Gobierno sobre las medidas que pensaba
adoptar para garantizar el futuro del sistema público de
pensiones en España. Hoy también ha rehuido su comparecencia
cuando tan necesaria era al estar debatiendo la Cámara un
asunto tan crucial para todos los españoles.
Añade que, a través de esta moción, el Partido Popular quiere
dirigirse a todos los pensionistas y a todos los que con sus
cotizaciones de hoy confían en llegar a ser pensionistas el
día de manaña para explicarles cuáles son las raíces del
problema que de manera tan insensata ha suscitado el señor
Ministro con sus declaraciones. Se trata de un problema que
surge aquí y ahora, y no en el año 2020 como el Gobierno
pretende hacer creer. El Grupo Popular sale al paso de la
política de las medias palabras, de la política de los
rumores, de los globos sondas, de la polítia de promover
incendios para después aparecer como bomberos que lo apagan.
La primera causa de la zozobra que vive el sistema público de
pensiones radica en la continua manipulación política de la
que son objeto por parte del Gobierno, manipulación que se
produjo en las pasadas elecciones al utilizar don Felipe
González de forma ruin el argumento del miedo para atemorizar
impunemente a nuestros mayores. Considera que debe quedar
claro, de una vez por todas, que las pensiones no dependen de
la voluntad del gobierno de turno, sino del derecho que cada
uno de los trabajadores de este país ha generado con su propio
esfuerzo. El tratamiento que el Gobierno viene dando a las
pensiones está cargado de cinismo, radicando su primer engaño
en el método de actualización de las pensiones establecido en
los
Presupuestos Generales del Estado, con el pretexto de corregir
un déficit público desbordado del que no hablaron para nada
durante las elecciones generales.
Añade que la pretensión del Gobierno en este momento es la de
aplicar nuevos recortes al sistema actual de pensiones, como
ya advirtió la semana pasada en el debate de la interpelación.
Ha bastado sólo el transcurso de seis días para darles la
clave de lo que el Gobierno pretende, como, por ejemplo, la
supresión de algunas pensiones de viudedad, ampliación del
período de cálculo de las pensiones, incentivos para retrasar
la edad de jubilación. Y no queda aquí la cosa, ya que vendrán
recortes mayores, puesto que esta es la única política que
este Gobierno es capaz de hacer. Añade el señor Montoro que el
Grupo Popular quiere lanzar un mensaje de tranquilidad a los
españoles y de confianza en el futuro del sistema público de
pensiones, al igual que han hecho en todas las declaraciones
públicas realizadas desde que estalló este asunto. Lo hacen
desde la confianza que emana de quienes creen en las
potencialidades de la economía española y la capacidad que
seguimos teniendo para resolver nuestros problemas, comenzando
por el primero de ellos, que es la elevada tasa de paro. De
ahí que insista en que el problema fundamental de las
pensiones es esencialmente económico y no demográfico.
Expone algunas de las medidas propuestas por el Grupo Popular,
con especial hincapié en la mejorade nuestra situación
económica, y termina fijando la posición de su Grupo en
relación con las mociones presentadas por otros grupos de la
Cámara.
El señor Homs i Ferret defiende la moción del Grupo Catalán
(Convergència i Unió). Expone que no desea anticipar lo que
debe ser un debate profundo a realizar por la Ponencia
nombrada al efecto, en un trabajo serio y responsable, porque
no es éste el momento de entrar en el contenido de la
problemática existente sino el de atender lo que ha sido una
iniciativa política de diversos grupos parlamentarios para
pronunciarse en torno a la situación que hoy aqueja a la
Seguridad Social. Frente a las manifestaciones de los oradores
precedentes, reitera la necesidad de retomar el impulso de
este debate con serenidad y sin contribuir a confundir a la
sociedad, ya que, en su opinión, no existe psicosis ni tensión
social. Sobre la situación de las pensiones piensa que debe
hacerse poca demagogia y dejar a la Ponencia antes citada que
realice sus trabajos de cara a la transformación que sin duda
habrá que acometer.
Concluye exponiendo los dos compromisos o declaraciones
políticas que, a juicio de su Grupo, procedería realizar de
cara a llevar un mensaje de serenidad y tranquilidad al
colectivo de pensionistas, e igualmente expresa la postura de
su grupo respecto a las demás mociones objeto de debate. En
defensa de la enmienda presentada a la moción del Grupo
Catalán (Convergència i Unió) interviene el señor Cercas
Alonso, en nombre del Grupo Socialista. Asimismo fija la
posición de este Grupo en relación con las tres mociones
objeto de debate.
Completan el turno de fijación de posiciones los señores Mur
Bernad, del Grupo Mixto, y el señor Olabarría Muñoz, del Grupo
Vasco (PNV). Sometida a votación la moción del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, es rechazada por 17
votos a favor, 270 en contra y tres abstenciones.
Asimismo es rechazada la moción del Grupo Popular por 120
votos a favor y 174 en contra.
Se aprueba la moción del Grupo Catalán (Convergència i Unió),
en los términos resultantes de la aceptación de la enmienda
del Grupo Socialista, por 160 votos a favor, 118 en contra y
16 abstenciones.
Se suspende la sesión a las nueve y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, POR LA QUE
SE MODIFICA LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL CON EL FIN DE
POSIBILITAR EL EJERCICIO DE LA ACCION POPULAR A LAS PERSONAS
JURIDICAS (ORGANICA.) (Número de expediente 122/000034)
El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión.
Punto I del orden del día: Toma en consideración de
proposiciones de ley. Proposición del Grupo Popular por la que
se modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el fin de
posibilitar el ejercicio de la acción popular a las personas
jurídicas.
En nombre del grupo proponente, tiene la palabra el señor
Robles Orozco.
El señor ROBLES OROZCO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a esta tribuna a defender una nueva iniciativa
del Grupo Parlamentario Popular, que intenta profundizar en el
entramado jurídico necesario e imprescindible para poder ser
eficaces en la lucha contra las drogas y permitir,
fundamentalmente, la defensa de la sociedad frente a la plaga
de las drogodependencias.
Hace unas semanas defendía en esta misma tribuna la necesidad
del proceso de destrucción automática de las drogas
decomisadas porque generaba alarma social y porque era una
forma, también, de ayudar a la sociedad a defenderse contra
esta plaga. En este momento defiendo, precisamente, una
proposición de ley de modificación de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal que va en la misma línea de reforzar y de apoyar las
asociaciones, la sociedad civil frente al mundo del
narcotráfico, y extensible a otros fenómenos como el
terrorismo o los delitos ecológicos.
Es innecesario, señorías, decirles lo que supone la lacra
social de la droga. Son individuos, familias, sociedades,
barrios enteros los que sufren en este momento el problema de
las drogas, de su adicción, de su tráfico, de su deterioro
social. No solamente es el individuo que la consume el que
sufre ese deterioro, sino que también es su familia y su
entorno social. Con mucha frecuencia son los drogodependientes
y sus familias los que, fundamentalmente, sufren el desamparo,
los que sufren la indefensión. Los propios datos de la memoria
anual del Plan Nacional de Lucha contra las Drogas dicen que
son 640.000 los cocainómanos habituales, que son 150.000 los
heroinómanos y que son, aproximadamente, 800.000 familias las
que en nuestro país, de una u otra forma, directa o
indirectamente, están padeciendo el problema del narcotráfico,
de la drogodependencia. Creo que la importancia de las cifras
y los daños individuales, familiares y sociales justifican,
más que de sobra, la iniciativa que hoy les traemos para su
consideración.
Como he dicho antes, barrios enteros, zonas geográficas de
nuestro país están sufriendo ese enorme volumen de tráfico,
que se puede cifrar en unos 500.000 millones anuales, y que
están dejando en indefensión a las personas, a las familias, a
los ciudadanos. Pero también es cierto --para reforzar estos
argumentos-- que no solamente es el problema del deterioro
individual y familiar, sino, también, con mucha frecuencia, es
el problema del miedo a las represalias, como un factor
decisivo, a la hora de no ejercer la acción de denuncia, la
acción de acusación.
Por tanto, esta interpretación rígida del artículo 101 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal puede acrecentar ese desamparo
al ignorar que la acción jurídica de las personas físicas se
puede ver dificultada en innumerables ocasiones por la
incapacidad individual a la que conduce el deterioro de las
drogas. Es, por tanto, a nuestro juicio, extraordinariamente
oportuna esta iniciativa, que pretende potenciar la acción
popular de las asociaciones de lucha contra las drogas. No
tengo que hacer tampoco a SS.SS. una enumeración de lo que en
estos momentos supone el esfuerzo y el trabajo de las
organizaciones no
gubernamentales. Un aspecto de la lucha asociativa que va en
beneficio del individuo, de la sociedad, y que está haciéndose
desde la vocación humanitaria, desde la acción y desde el
esfuerzo absolutamente vocacional y humanitario de tantas
organizaciones no gubernamentales de nuestro país, que merecen
el reconocimiento por su labor, que merecen el apoyo y el
estímulo de esta Cámara y que merecen, también, que las
dotemos, en este aspecto concreto, de eficacia jurídica para
que puedan ejercer, como he dicho antes, la acusación y la
denuncia al igual que lo hacen las personas físicas.
Se trata de atribuir a las personas jurídicas, públicas o
privadas, la legitimación para ejercer la acción popular. Esta
acción, consagrada en el artículo 125 de la Constitución con
anterioridad al artículo 101 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, es un derecho por el que el ciudadano puede recabar
la tutela judicial efectiva. Esto es así, al declarar el
artículo 125 de la Constitución que los ciudadanos podrán
ejercer la acción popular, y el artículo 24 que todas las
personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los
jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e
intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse
indefensión. Nuestros textos legales atribuyen la legitimidad
activa a todos los ciudadanos españoles. Así, el artículo 101
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el artículo 207.1 del
mismo texto, y el artículo 125 de la Constitución se
manifiestan en estos términos. El problema, señorías, reside
en determinar si el término ciudadano debe interpretarse
restrictivamente o debe interpretarse
extensivamente. Si debe concretarse a las personas físicas o
también a las personas jurídicas.
Hay criterios del Tribunal Constitucional que apuntan a una
interpretación extensiva y que permiten entender, por tanto,
que son las asociaciones las que pueden ejercer la acción
popular, pero simultáneamente también (y posteriormente a esa
sentencia 53/1981 del Tribunal Constitucional) hay sentencias
contrarias que deniegan en el Tribunal Supremo la posibilidad
de la acción popular por las organizaciones no
gubernamentales. En concreto, puedo citarles a ustedes una de
2 de marzo de 1982.
Por todo esto, por esta ambigüedad y por la necesidad de
trasladar al ordenamiento jurídico español, con claridad y sin
ambigüedad esta situación, es por lo que hemos traído la
iniciativa que hoy les estoy presentando. Pero, además de los
argumentos que yo he expresado, debemos buscar los fundamentos
en la propia memoria del Fiscal General del Estado que, en la
última que conocemos, precisamente argumenta en este mismo
sentido, da bases jurídicas y razonamientos prácticos para
proceder a trasladar al ordenamiento jurídico español
la posibilidad de que las asociaciones jurídicas puedan
ejercer la acción popular.
Señorías, además de lo expuesto, quiero recabar de ustedes
todo el apoyo para estas organizaciones no gubernamentales. El
fenómeno asociativo tiene el reconocimiento constitucional,
pero debe tener también el reconocimiento de esta Cámara, el
reconocimiento de los representantes del pueblo español para
apoyarles en la acción decidida que están siguiendo en la
lucha contra lacras tan importantes como el terrorismo, el
narcotráfico o los delitos ecológicos.
Por tanto, señorías, se trata, para terminar, de incorporar al
ordenamiento jurídico español una interpretación extensiva del
término ciudadano. Extensiva a los fenómenos de lucha contra
el narcotráfico, del terrorismo y del delito ecológico. En
concreto, la redacción que les proponemos sería la siguiente:
Artículo 1.º «Igualmente podrán ejercitar dicha acción las
personas jurídicas, siempre y cuando se aprecie identidad
entre su objeto o fin social y la naturaleza del delito».
Artículo 2.º El artículo 270, primer párrafo, de la misma Ley
quedaría redactado en los siguientes términos: «Todos los
ciudadanos españoles, así como las personas jurídicas a que se
refiere el artículo 101, hayan sido o no defendidos por el
delito, pueden querellarse,
ejercitando la acción popular establecida en el citado
artículo». Señorías, hay cientos de ciudadanos en nuestro país
que demandan de este Parlamento una acción decidida en la
lucha contra las drogas; pero también hay cientos de
asociaciones que están todos los días padeciendo, esforzándose
en la lucha contra el
narcotráfico y otros aspectos tan importantes como los que he
citado, que también esperan de nosotros una acción decidida.
Ellos están todos los días a pie de obra trabajando. Démosles
el instrumento jurídico, sin demora, para que lo puedan hacer.
En muchas ocasiones esta Cámara se ha adelantado con reformas
parciales en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, o en el Código
Penal, a las reformas anunciadas posteriormente. No hay razón
para que en este momento se deje, para posteriores reformas,
lo que es una oportunidad de oro que les brindamos a través de
esta iniciativa y que puede traducirse en una acción rápida y
eficaz para que estas asociaciones puedan ejercitar lo que
está siendo una demanda constante por parte del colectivo
asociativo en su lucha contra la droga. No creo que hubiera
justificación para que en este momento demoráramos más una
petición que, además, puede ser un arma, extraordinariamente
eficaz, en la lucha contra el narcotráfico, habida cuenta de
que los individuos, las personas físicas y sus familias se
encuentran fuertemente desestructurados sin medios veces
económicosy claramente, muchas veces, asustados ante el drama
y la presión de lo que significan las mafias organizadas del
narcotráfico.
Muchas gracias, señorías y espero su consideración hacia esta
proposición de ley.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles.
¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su
posición? (Pausa.) Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el
señor González Lizondo.
El señor GONZALEZ LIZONDO: Señor Presidente, señorías, desde
Unión Valenciana, y respecto a la proposición presentada por
el Partido Popular, tenemos que expresar que en la actualidad
la acción popular está prevista en el artículo 125 de la
Constitución Española, donde dice: Los ciudadanos podrán
ejercer la acción popular; y en los artículos 101 y 270 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que se pretende
modificar. El ejercicio de la acción popular viene concebido
como un derecho fundamental que se ha de poner en relación
directa con el artículo 24 de la misma Constitución, relativo
al derecho de acción, como derecho que asiste a todas las
personas a obtener la tutela efectiva de los jueces y
tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses
legítimos.
Teniendo en cuenta que este derecho viene regulado por la
propia Constitución, la reforma de la Lecrim, según nuestro
criterio, quedaría incompleta si previamente no se modifica el
texto constitucional, pues podría incluso rozar la
inconstitucionalidad al contradecir lo dispuesto en la norma
suprema. Si en la Lecrim se da derecho a las personas públicas
a solicitar la incoación del proceso penal y a comparecer en
él como parte acusadora, habría que hacer una interpretación
muy amplia y extensiva del texto constitucional, pues en éste,
al referirse a la acción popular, en su artículo 125, se dice
que los ciudadanos podrán ejercer la acción popular, con lo
que en otros artículos, donde la Constitución habla de
ciudadanos, habría que englobar también a las personas
jurídicas.
Por otro lado, consideramos que esta modificación tampoco se
hace tan necesaria, según nuestro criterio, pues en numerosas
ocasiones --como también se dice en la proposición-- los
tribunales han concedido legitimación a las personas jurídicas
no sólo para el ejercicio de la querella, sino también para la
acción popular.
Al mismo tiempo entendemos que si la modificación tiene como
finalidad incluir a las personas jurídicas, por la misma razón
también debería ser revisada al objeto de incluir en este
derecho a los «extranjeros» --entre comillas--, con vistas a
la tendencia europeísta del derecho comunitario hacia la
consecución de una ciudadanía europea.
También querría hacer una breve aclaración antes de concluir.
Unicamente que la proposición presentada por
el Partido Popular, cuando en su exposición de motivos enumera
los artículos relativos a la acción penal popular, alude al
artículo 207.1, que se refiere a las notificaciones,
citaciones y emplazamientos del juzgado o tribunal y no a la
acción penal. Creemos que éste es el artículo 201. Unicamente
es con el fin de, si ha habido un error de transcripción, que
se pueda mejorar. La primera exposición del representante del
Partido Popular hablaba --y atendíamos con mucha diligencia--,
de los temas graves, gravísimos, en los que se encuentra
inmersa la droga.
Efectivamente, es un campo en donde tenemos que trabajar
mucho, muchísimo, pero no creemos que esto sea imprescindible
en estos momentos. Creemos que tendríamos que dedicar todos
los esfuerzos a esa otra lucha más concreta con vistas a
detectar
definitivamente que no se mantenga la escalada tan brutal que
tiene la droga.
De ahí que anunciemos que en esta proposición nuestro voto
será de abstención.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González Lizondo.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor López Garrido.
El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, señorías, nuestro
Grupo Parlamentario va a oponerse a la toma en consideración
de la proposición de ley presentada por el Grupo Popular, por
la que se modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el
fin de posibilitar el ejercicio de la acción popular a las
personas jurídicas. Y no va a oponerse por razón de la
finalidad,
expresada por el portavoz del Grupo Popular, ya que
compartimos la extensión de la legitimidad para actuar como
parte en un proceso penal, sino porque nos parece que la
proposición de ley, al menos el texto que tenemos aquí,
significa una restricción en este momento de legitimación para
la acción popular. Es decir, no se corresponde al texto
presentado con la finalidad supuesta de esa proposición de
ley.
Queremos explicarlo algo más detenidamente para justificar
nuestra posición. La acción popular, que es una institución
muy importante de nuestro derecho histórico procesal, está
garantizada por la legislación ordinaria, los artículos
mencionados por el portavoz del Grupo Popular y también --no
lo ha mencionado-- el artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial y, además, está nada menos que constitucionalizado,
es decir, el artículo 125 de la Constitución establece la
acción popular de los ciudadanos como parte o como expresión
de la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la
Constitución. Por tanto, es una institución firmemente
consolidada y asentada en nuestro derecho, nada menos que a
nivel constitucional. Por cierto, la acción popular suele ser
mencionada junto a la institución del jurado, es decir, es un
instrumento de
participación popular. Nuestro Grupo está a favor de la máxima
extensión de la acción popular; es decir, no solamente las
personas físicas, sino también las personas jurídicas, las
asociaciones, no solamente el ciudadano individual, sino el
ciudadano asociado. En ese sentido la jurisprudencia en este
momento vigente, también consolidada, ha extendido con
absoluta claridad la legitimación en la acción popular desde
el ciudadano individual al ciudadano asociado, a las personas
jurídicas. Esto está consolidado por numerosas sentencias de
nuestros tribunales ordinarios y del Tribunal Supremo y
también con absoluta claridad por el Tribunal Constitucional.
El Tribunal Constitucional ha entendido, por ejemplo, que la
expresión «cualquier ciudadano», que se refiere en el artículo
53.2 de la Constitución al recurso de amparo, significa
también personas jurídicas; y el Tribunal Constitucional ha
entendido que la expresión «todas las
personas», del artículo 24.1 de la Constitución, también se
refiere a personas jurídicas. Luego está muy claro en nuestra
jurisprudencia, y en la del Tribunal Constitucional en
concreto, que la expresión «los ciudadanos», «todas las
personas» o «cualquier ciudadano» incluye personas físicas y
jurídicas, asociaciones. No hay ninguna duda en este momento,
creemos, sobre que una persona jurídica puede utilizar la
acción popular. Sin embargo --y es ahí donde viene la
contradicción con el texto que presenta el Grupo Popular--, en
el texto que se nos propone se dice como añadido al artículo
101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. «Igualmente podrán
ejercitar dicha acción las personas jurídicas» --lo que ya
está admitido por nuestra jurisprudencia--«siempre y cuando se
aprecie identidad entre su objeto o fin social y la naturaleza
del delito.» Es decir, que una persona jurídica que no tuviera
exactamente identidad concreta entre su objeto o fin social y
la naturaleza del delito, según este texto, no podría realizar
la acción popular, lo que evidentemente significaría un
retroceso en este momento en la legitimación de la acción
popular que está consolidada en nuestra jurisprudencia.
Entendemos que esto es algo esencial en el texto presentado
por el Grupo Popular «siempre y cuando se aprecie identidad»,
es algo absolutamente consciente y premeditado y se ha puesto
en ese texto con la intención de que solamente sea cuando haya
identidad entre el objeto o fin social de la persona jurídica
y la
naturaleza del delito. Esto es, a nuestro juicio, un retroceso
respecto de la situación actual, pacífica, en nuestra
jurisprudencia y la doctrina; de que la acción popular puede
ser disfrutada no solamente por los ciudadanos particulares,
sino también por las personas jurídicas, lo cual es muy de
agradecer porque la acción popular es una manifestación del
Estado de bienestar, es decir, de la participación popular, de
que
asociaciones
y colectividades puedan participar en la acción de la justicia
y puedan producirse los beneficios de la acción popular.
Se ha hablado de algunas desventajas de la acción popular,
pero tiene muchas más ventajas que desventajas; entre otras,
por ejemplo, ayudar a establecer, a fijar el objeto del
proceso, a evitar que en el futuro haya problemas sobre cosa
juzgada. Está admitido que la acción popular es benéfica, es
algo que existe en nuestro Derecho, y ojalá existiera en
muchos otros
ordenamientos jurídicos que no tienen esa acción popular.
Además, la proposición de ley no modifica --lo cual sería
obligado-- el artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, que
concretamente habla de ciudadanos españoles, y no se refiere a
ella. También tendría que modificar ese artículo para expresar
claramente lo que se quiere decir, que la acción popular se
extiende a las personas jurídicas, a las asociaciones. En
definitiva, creemos que este texto que se propone restringe la
situación existente, en cuanto a la legitimación, para acudir
a la acción popular como acusador popular junto a los otros
acusadores privados o al Ministerio Fiscal. En consecuencia,
no nos parece conveniente su toma en consideración. Muchas
gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Garrido.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Pérez Solano.
El señor PEREZ SOLANO: Señor Presidente, señorías, intervengo
en nombre del Grupo Socialista para fijar su posición negativa
a la toma en consideración de la proposición de ley orgánica
presentada por el Partido Popular para la modificación de dos
preceptos de la Ley de Enjuciamiento Criminal, con el fin de
posibilitar el ejercicio de la acción popular por las personas
jurídicas o colectivas.
La posición negativa del Grupo Socialista se fundamenta en dos
órdenes de razones: la primera, porque la consideramos
superflua, y, la segunda, porque la consideramos restrictiva
sobre el actual reconocimiento jurisprudencial de la
institución jurídica de la acción popular. (Rumores.) Respecto
al primer orden de razones, una interpretación literal del
artículo 101 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal podría conducir...
El señor PRESIDENTE: Señor Pérez Solano, un momento. Ruego a
SS.SS. guarden silencio. (Pausa.)
Puede continuar.
El señor PEREZ SOLANO: Decía, señor Presidente, que una
interpretación puramente literal o terminológica del artículo
101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal podría conducir a
entender que sólo las personas físicas pueden ejercer la
acción popular, como ocurría en el siglo pasado o a comienzos
de éste. Pero esa interpretación no es la que predomina
actualmente en la práctica forense, como SS.SS. conocen
sobradamente. Basta ojear cualquier repertorio de
jurisprudencia para comprobar que la expresión ciudadanos,
contenida tanto en los artículos 125 de la
Constitución como en el 19 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, no está siendo entendida de forma restrictiva por
los tribunales, limitándola sólo a las personas físicas, sino
en el sentido de permitir la acción popular tanto a las
personas físicas como a las jurídicas. Incluso en la reciente
sentencia de 4 de abril de 1993 el Tribunal Supremo ha llegado
a decir que una asociación ecologista no sólo ejercita la
acción popular contra el cazador de un animal protegido, un
oso en los Picos de Europa, sino la acción civil reclamando la
correspondiente indemnización, no para sí, evidentemente, para
la asociación, sino a favor de la Administración pública que
tenía encomendada la protección del animal abatido.
Ya el artículo 38 del Código Civil dispone que las personas
jurídicas pueden ejercer acciones criminales sin distinguir
cuál fuere el concepto en que lo hicieren, y, tras la
Constitución, la acción popular se ha visto como una
manifestación del derecho a la tutela judicial efectivva. Es
una forma de acceso a la jurisdicción, derecho que, según el
Tribunal Constitucional, corresponde tanto a las personas
físicas como a las jurídicas. Hoy se entiende que la acción
popular es un verdadero derecho de acción que asiste a todas
las personas sin necesidad de que ostenten legitimación
material alguna, en opinión del Profesor Gimeno Sendra. En
suma, señorías, los ciudadanos pueden ejercer tanto de forma
individual como asociada el derecho a la acción popular que la
Constitución les concede. Precisamente, por esta razón que les
acabo de indicar, la Sentencia número 241/1992 del Tribunal
Constitucional, de 21 de diciembre, otorgó a la
Asociación de Mujeres de Policía Nacional de Guipúzcoa el
amparo que habían solicitado contra el auto del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco, Sala de lo Civil y de lo
Penal, que no le había permitido el ejercicio de la acción
popular por tratarse de una persona jurídica y porque, además,
sus fines no tenían ningún punto de coincidencia con el
ejercicio de la acción popular. El problema, pues, del
ejercicio de la acción popular para las personas jurídicas ha
sido ya resuelto por el Tribunal Constitucional, cuya doctrina
es vinculante para todos los órganos jurisdiccionales por
aplicación del artículo 5.º 1 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial. Por consiguiente, consideramos superfluo que se
regule, porque no es necesario modificar la Ley de
Enjuiciamiento Criminal en este sentido, dado que la realidad
jurisprudencial la está reconociendo sin cortapisas.
El segundo orden de razones por el que consideramos que es
restrictiva la regulación que postula la proposición del Grupo
Parlamentario Popular, es el siguiente. Efectivamente, así las
cosas, la proposición de ley, si bien tiene la virtud de
reconocer expresamente --y así lo manifestamos paladinamente--
que las personas jurídicas pueden ejercer la acción popular,
en realidad restringe este derecho, además de forma
injustificada, por lo siguiente: el actor popular, por
definición, no actúa en defensa de intereses propios o ajenos,
sino en defensa de la sociedad, a fin de proteger la legalidad
y los intereses públicos. Es evidente que la defensa de los
intereses colectivos, generales o públicos, se puede efectuar
de forma mucho más eficaz desde sociedades o asociaciones que
individualmente. La vitalidad, por tanto, de la acción popular
lo que requiere es el fomento del fenómeno asociativo, no la
búsqueda de fórmulas que limiten la posibilidad de que sea
ejercida por las asociaciones. El único límite que cabría
establecer para el ejercicio de la acción popular, por
consiguiente, vendría determinado por la ausencia de un
interés espurio en ejercer la acusación, pues el derecho a la
tutela judicial efectiva sólo se reconoce para la defensa de
los derechos e intereses legítimos. A esta finalidad responde
precisamente la fianza que el artículo 270 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal exige al acusador popular, cuya
constitucionalidad --la de la fianza-- ha sido expresamente
admitida por el Tribunal Constitucional, entre otras, en
sentencias 63/1983, de 20 de julio, y 147/1985, de 29 de
octubre. La identidad entre el objeto o fin social y la
naturaleza del delito no garantiza la legitimidad de los
intereses que defienda el acusador particular, bastaría con
que una asociación tuviera como fin social acusar a los
delincuentes, calificándolo como forma de defensa de la
sociedad. Por el contrario, esa identidad no existirá
normalmente entre ninguna asociación de vecinos, ecologista,
de consumidores y el delito de prevaricación
ecológico contra la salud pública, etcétera, que algún día
puedan decidir perseguir, ya que lo más que llegará a haber
será una cierta relación o conexión entre aquellos intereses
que defiende la asociación y el bien jurídico que protegen el
delito, como ocurría en la Asociación de Mujeres de Policía
Nacional, amparada por el Tribunal Constitucional en la
Sentencia antes citada de 21 de diciembre de 1992.
La esencia en la acción popular es, como hemos visto, el
derecho a ejercer la acción penal sin necesidad de una
legitimación especial, precisamente porque el interés del
actor se convierte en legítimo cuando el objeto de su
pretensión es el cumplimiento del ordenamiento jurídico.
Exigir una especial legitimación, aunque sea por la vía de
reclamar una cierta adecuación entre los fines de la persona
jurídica y la naturaleza del delito, supone una limitación al
acceso a la jurisdicción. Como la proposición es más
restrictiva que la realidad jurisprudencial y que las
opiniones mayoritarias de la doctrina científica, vamos a
votar negativamente la proposición de ley objeto de debate.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Solano.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Robles Orozco pide
la palabra.) El señor Robles tiene la palabra.
El señor ROBLES OROZCO: Señor Presidente, considero que los
grupos parlamentarios, especialmente el Grupo Socialista, han
utilizado el turno de fijación de posiciones para hacer en
realidad un turno en contra; además, el portavoz socialista ha
empezado su intervención haciendo alusión al tema. Por lo
tanto, me gustaría consumir medio minuto para poder también en
este sentido expresar... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio!, señorías.
Señor Robles, los grupos que han intervenido en este turno han
fijado su posición que, como ocurre siempre que esta posición
no es coincidente con la propuesta del Grupo autor de la
iniciativa, cabe interpretarla como un turno en contra. Yo
entiendo que los dos grupos que se han manifestado han hecho
un uso correcto de esa fijación de posición, pero para que no
queden dudas, le ruego que utilice un turno brevísimo de tres
minutos.
El señor ROBLES OROZCO: Gracias, señor Presidente.
Agradeciendo de antemano su generosidad, quiero expresar
simplemente que creemos que es una ocasión perdida y que había
ocasión para que los grupos que discrepaban... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Robles. Dentro de la
excepcionalidad, le ruego que utilice el turno para replicar a
argumentos no para una segunda intervención de oportunidad.
Puede seguir.
El señor ROBLES OROZCO: Uno de los argumentos que se ha dicho,
señor Presidente, es precisamente que la redacción o la
posibilidad no era la correcta. Creo que la posibilidad de
haber hecho una enmienda al texto existe y el Reglamento de la
Cámara lo da. Me parece --insisto-- que hay una demanda social
en este momento, que las cosas normalmente no son gratuitas,
es decir, que quizá... (Fuertes rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Robles.
Señorías, ruego guarden silencio. (Pausa.)
Continúe.
El señor ROBLES OROZCO: Decía que quizá SS.SS. no estén tan en
contacto con algunas organizaciones sociales que están
trabajando en el ámbito de la drogodependencia, pero es una
demanda global y colectiva de todo este entramado social
precisamente. Lo cierto es que aunque hay posibilidad, también
hay dificultades reales para poder ejercer la acción popular
por parte de las organizaciones jurídicas. Por lo tanto, esta
posibilidad que se convierte muchas veces en dificultad
debería tener una plasmación en nuestro ordenamiento jurídico;
deberíamos no haber dejado pasar la ocasión de haber
trasladado al ordenamiento jurídico con más claridad este
derecho y, sobre todo --insisto--, haber escuchado y atendido
en este momento lo que son las voces de la inmensa mayoría de
las organizaciones que están luchando en el ámbito de las
drogodependencias. Lamento que sea una ocasión perdida y, en
todo caso, nosotros presentaremos nuevas proposiciones a esta
Cámara para que pueda proceder a regular este aspecto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles.
Vamos a proceder a la votación.
Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo
Popular por la que se modifica la Ley de Enjuiciamiento
Criminal con el fin de posibilitar el ejercicio de la acción
popular a las personas jurídicas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 277; a favor, 114; en contra 152; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, RELATIVA AL GRAVAMEN SOBRE LAS
GRANDES FORTUNAS, DE MODIFICACION DE LA LEY 19/1991, DE 6 DE
JUNIO, DEL IMPUESTO SO-BRE EL PATRIMONIO. (Número de
expediente 122/000020)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición de ley del Grupo
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, relativa al
gravamen sobre las grandes fortunas, de modificación de la Ley
del Impuesto sobre el Patrimonio. En nombre del Grupo
proponente, tiene la palabra el señor Espasa. (Fuertes
rumores.)
Señorías, guarden silencio y ocupen sus escaños.
(Pausa.)Señorías, estamos en sesión. Guarden silencio y ocupen
sus escaños. (Pausa.) Puede empezar.
El señor ESPASA OLIVER: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, la proposición de ley que Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya trae hoy a consideración de la Cámara
ha sido presentada ya en dos ocasiones en el trámite de los
Presupuestos Generales del Estado, pero nuestro Grupo ha
creído importante, más en esta situación de caída brusca e
importante de los ingresos fiscales del Estado, de disparo del
déficit público, aportar de nuevo una propuesta sobre la
modificación de los ingresos fiscales del Estado. (El señor
Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) Es bien
cierto que el impuesto que vamos a intentar incrementar en su
capacidad recaudatoria, el impuesto que nosotros llamamos de
las grandes fortunas, aunque se trata técnicamente de una
modificación del Impuesto sobre el Patrimonio, no tiene un
gran rendimiento, pero no es menos cierto que tiene y debe
tener, en nuestra opinión y espero que en la de todos
ustedes --quizás no en la de los Diputados de la derecha--un
impacto ético y político sustancial.
Se trata de equilibrar, en lo posible, la tributación de las
rentas del trabajo. En nuestro país el impuesto rey es el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y los reyes de
este impuesto, valga la ironía, son los trabajadores, son las
rentas del trabajo, y convendría equilibrar, en la medida de
lo posible, las fuentes de los ingresos fiscales del Estado.
Por eso, nuestra proposición de ley viene a incrementar la
tarifa marginal aplicable a la cuota liquidable del Impuesto
sobre el Patrimonio de forma sustancial, sobre todo a partir -
-no se asusten SS.SS.-- de los 1.000 millones de pesetas, por
eso hablamos de impuesto de las grandes fortunas. Insisto en
que se trata de una propuesta política, naturalmente, fiscal
también, pero, sobre todo, ética y ejemplar y no tanto
recaudatoria, pero no por eso deberían SS.SS. echarla en saco
roto.
Nosotros, a través de esta proposición, manteniendo en lo
esencial la estructura general de la Ley, es decir, la Ley del
Impuesto sobre el Patrimonio, manteniendo los mínimos exentos,
la estructura de exenciones de la Ley y las modificaciones que
se produjeron en la Ley que acompañaba a los Presupuestos,
modificamos de forma sustancial el tipo aplicable en la tarifa
en forma de porcentaje para que la cuota íntegra se vea
sensiblemente elevada, sobre todo a partir de fortunas o de
base liquidable de 100 millones de pesetas, llegando al tipo
máximo que proponemos, el 5,4, el doble del hoy existente,
para una base liquidable de 1.000 millones de pesetas.
Sería importante tomar en consideración esta proposición de
ley puesto que viene a incidir de forma sustancial en un tema
pendiente que nuestro Grupo ha
denunciado repetidamente en el proceso de una Unión Europea
que nosotros queremos socialmente solidaria, territorialmente
integrada y fiscalmente transparente. Señorías, el hecho de
haber aceptado la libre circulación de capitales y no haber
producido una armonización fiscal en el territorio de la
Unión; el hecho de permitir la existencia de paraísos fiscales
en territorios limítrofes a la Unión: Gibraltar, Andorra, y en
países de la Unión, Luxemburgo, que se comporta de hecho como
un paraíso fiscal, está distorsionando la capacidad
recaudatoria e
impositiva de los Estados miembros. Se nos dirá --estoy
seguro--no sé si por parte del Grupo Socialista o de algún
otro Diputado que es peligroso gravar más las rentas del
capital puesto que esto podría producir una deslocalización de
inversiones. Esta es una contraargumentación que no vamos a
aceptar de ninguna forma. Creemos que es una excusa más para
aumentar la poca tributación de las rentas del capital y
mantener un sistema fiscal
excesivamente escorado hacia los impuestos indirectos, y
cuando se trata de impuestos directos, el impuesto rey, el
IRPF, también demasiado escorado hacia las rentas del trabajo.
Con esta proposición de ley que Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya trae hoy aquí no es que vayamos a conseguir el
equilibrio deseable, perfecto, el que nosotros quisiéramos en
pura justicia distributiva, de las cargas fiscales; no crean
SS.SS. que esto es posible --lo he dicho al principio--, el
bajo rendimiento general de este impuesto no lo permite. Por
eso hablaba no tanto de una decisión de carácter estrictamente
recaudatorio como sí de una decisión de carácter ético,
político, de ejemplaridad y también, naturalmente, de equidad
fiscal. Piensen SS.SS. en el gran debate que entre izquierda y
derecha tenemos sobre si debido a la caída de los ingresos
fiscales, debido al mantenimiento del gasto público y, sobre
todo, del gasto social en nuestro país, el déficit ha sido --
como todos sabemos-- del 7,1 por ciento. Quisiera señalar que
sabemos perfectamente que no se trata tanto de un mayor gasto
cuanto de la afloración de gastos escondidos en ejercicios
anteriores, por lo tanto, la utilización que hace el Gobierno
y los grupos de la derecha del excesivo déficit fiscal o
presupuestario de este año como ariete, como arma para reducir
aún más los gastos sociales y, en general, del Estado, es una
utilización ideológica que nosotros no sólo no compartimos,
sino que queremos denunciar con toda vehemencia. Yo creo que
el déficit de este año es en buena parte debido a cuentas
nuevas, ministro nuevo; es lógico que un ministro nuevo no
quiera cargar con deudas acumuladas y
escondidas del gabinete anterior o del ministro anterior, pero
no todo es incremento desaforado del gasto, como a veces se
pretende demostrar. Aun así, es cierto que ha habido una caída
importantísima en los ingresos fiscales del Estado: en IVA,
IRPF, en Sociedades y en Impuestos Indirectos. Con esta
modificación de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio --
vuelvo a repetir--no vamos a corregir esta caída de ingresos
fiscales, pero sí permite a las distintas fuerzas políticas
fijar su posición sobre cuál es su ideal de equilibrio fiscal.
Desde Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya creemos que
hemos de equilibrar la capacidad recaudatoria del Estado, el
esfuerzo fiscal de los ciudadanos españoles y que una forma
importante --no tanto en la cuantía cuanto en la ejemplaridad
y en la motivación-- de hacer más justo y equitativo el
conjunto de la carga fiscal sería incrementar de forma
sensible, como nosotros proponemos en nuestra proposición de
ley, las tarifas a aplicar en las bases liquidables de este
impuesto. Como decía al principio, el resto de la estructura
de la ley nos parece aceptable, siempre y cuando se aceptase
esta proposición no de ley del artículo único que, como SS.SS.
saben, viene a modificar únicamente la tarifa aplicable sobre
las bases liquidables.
El Impuesto sobre el Patrimonio, que empezó siendo en nuestro
país un impuesto extraordinario, después de la modificación de
la Ley, en el año 1991, ha pasado a ser ya un impuesto
ordinario, que tiene autonomía propia, que tiene carácter
propio, que no tiene el carácter complementario censal o de
comprobación que tenía respecto a las declaraciones de renta
en el inicio de las declaraciones de renta en nuestro país;
ahora tiene una vida propia y autónoma y en este sentido es en
el que nosotros proponemos esta modificación. Creemos que esto
aumentaría la mejor utilización de los patrimonios, creemos
que las reglas de valoración que se contienen en el articulado
de la Ley, que no modificamos, son, en líneas generales,
aceptables, aunque quizá se podría modificar alguna, en el
sentido de hacerlo más preciso. También nos parecen bien las
reglas de valoración de estos patrimonios --sean bienes, sean
derechos-- para llegar a la base liquidable; nos parece bien
el mínimo exento establecido en la ley y en la última
modificación que se ha producido, pero, insisto --y con ello
voy a terminar, señor Presidente--, tienen ustedes la
oportunidad de posicionarse sobre un impuesto que requiere el
equilibrio fiscal, un impuesto que va dirigido, como dice el
frontispicio de nuestra proposición de ley, a las grandes
fortunas, a los grandes patrimonios; que pretende equilibrar,
en la medida en que el impuesto mismo lo permite, la carga
tributaria y cuya aceptación por parte de la Cámara sería un
signo inequívoco de la voluntad de avanzar en un sistema
fiscal más justo, más equilibrado, más progresista. Lo más
probable es que en los bancos del centro y de la derecha
aparezcan las voces quejumbrosas por la excesiva carga fiscal
que ya vienen
soportando bienes, derechos y rentas del capital, lo que sería
sorprendente es que estas voces quejumbrosas las oyésemos
también en el Grupo Socialista.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Espasa.
Para un turno en contra, tiene la palabra el señor García
Ronda.
El señor GARCIA RONDA: Señor Presidente, señorías, subo a la
tribuna para oponerme, como es notorio en cuanto que estoy
utilizando el turno en contra, a esta proposición de ley del
Grupo de Izquierda Unida, que, a mi juicio, no solamente
adolece de una débil argumentación, sin entrar en otras
consideraciones que trataré de calificar al final de mi
intervención, como resumen, sino que, a simple vista, se ve
que está hecha con lo que pudiéramos llamar orejeras
económicas y fiscales en cuanto que no se fija más que en un
solo aspecto de lo que propone, sin tener en cuenta todos los
resultados, todo lo que viene a continuación, todo el efecto
que surge tras cualquier
determinación de tipo fiscal en cualquier ley.
El señor Espasa se ha autoinciensado en cuanto a la
proposición de ley, diciendo que era maravillosa y que todos
teníamos la oportunidad de hacer algo espléndido para la
nación, pero yo, de verdad, creo que no hay nada de eso;
cualquiera de SS.SS. que haya conocido la breve proposición de
ley --probablemente es su única ventaja, su única gloria: la
de ser breve --habrá podido ver que no hay nada en ella que
sea verdaderamente interesante y que probablemente sólo podría
traer perjuicios, tanto para nuestro sistema fiscal como por
las reacciones económicas que se podrían dar. En primer lugar,
quiero preguntar a S.S. qué tienen que ver las rentas de
trabajo en relación con las rentas de capital con el impuesto
sobre el Patrimonio. ¿Por qué confunde el Impuesto sobre el
Patrimonio con las rentas del capital? Notorio es que el
patrimonio puede venir por una acumulación de rentas previas
de capital, pero también por una acumulación de rentas de
trabajo, y de forma mucho más notoria aún cuando no se trata
de lo que pudiéramos llamar grandes fortunas, que ahora voy a
ello. Su señoría sabe que hablar «in genere» de rentas de
trabajo y de rentas de capital es engañoso; hay rentas de
trabajo, que no voy a especificar, altísimas y hay rentas de
capital muy bajas. En ese sentido, creo que sería un poco
absurdo y podrían ser contestada S.S. aludiendo al ahorro
pequeño, etcétera. Por otra parte, en la proposición que hace
figura por dos veces --supongo que será un error-- «base
liquidada» del Impuesto sobre el Patrimonio. Supongo que es
«base liquidable». En cuanto a la llamada «necesaria
modificación», que figura en la exposición de motivos de su
proposición, tengo que decir que no sé por qué califican de
necesaria la modificación. Creo que de nuevo incurre S.S. o el
Grupo al que representa en considerar como válido
objetivamente aquello que no es más que una
proposición subjetiva o de Grupo. ¿Por qué es necesaria la
modificación? Nosotros estimamos que no. ¿Por qué hablar de
porcentajes más realistas? He de decir a S.S. que los
porcentajes que proponen son bastante menos realistas que los
existentes. No sé a qué llaman realismo. El actual impuesto,
el que tenemos, elevó la progresividad de la tarifa de un 0,2
hasta un 2 por ciento, como estaba al comienzo --el 2 por
ciento alcanzaba a los patrimonios de 2.500 millones--, para
empezar también en un 0,2 por ciento y terminar en un 2,5 pero
para los patrimonios de 1.600 millones. Es decir, ya hay una
progresividad notoria al hacer el nuevo Impuesto sobre el
Patrimonio. La franja en la que se mueve este Impuesto en los
países europeos es entre el 0,20 y lo más alto el 3 por
ciento. En la nueva Ley también hay un efecto favorecedor para
los patrimonios pequeños por la exención de los 15 millones,
exención que se elevó, precisamente de esa manera se inicia la
progresividad antes de lo que se iniciaba en otro momento,
porque antes la progresividad empezaba más atrás, con una
falta de realismo que se subsanó en el nuevo impuesto. El
impuesto tiene unos objetivos que a SS.SS. no se les escapan.
En primer lugar, un control no único sino complementario al de
otros controles que existen en nuestro sistema fiscal. Además,
tiene la misión de cierre del Impuesto sobre la Renta y del
Impuesto de Sucesiones. A nuestro juicio, debe seguir siendo
así. En ningún sitio el Impuesto sobre el Patrimonio es
sustantivo; en todo caso, es complementario. La tendencia
europea es esa e incluso me atrevo a decir que es de
aligeramiento del Impuesto. Creo que no hay que distorsionar
el sistema tributario, a cuyo equilibrio contribuye
precisamente este Impuesto como cierre del conjunto de los
impuestos directos.
En realidad, su propuesta plantea una tarifa que tiene
prácticamente la misma progresividad que el actual, una
progresividad que --prescindo del tramo primero, que lo
mantienen en el 0,20-- se inicia en el tramo segundo, a partir
de los 25 millones de base liquidable, con un 0,30 por ciento
actualmente, lo que ustedes proponen a un 0,50 por ciento; lo
que termina en un 2,1 por ciento en los mil millones --voy a
ir hasta mil millones--, ustedes lo suben a un 4,4 por ciento
en esos mismos mil millones. Luego la progresividad que
pretenden introducir apenas lo es con referencia a la tarifa
que hoy existe, en cuanto que la proporción es de uno a siete
en la actualidad y en su caso es de uno a ocho u ocho y pico.
Por lo tanto, apenas introduce mayor progresividad, lo que no
quiere decir que yo estuviera a favor de que introdujese una
progresividad mayor o mucho mayor, como parece entenderse de
su discurso.
¿Por qué hay esa heterogeneidad, seños Espasa, entre el
discurso que quieren presentar al exterior y lo que realmente
hacen? Lo único que hacen es lo que podríamos llamar
musicalmente doblar el tono, subir al
doble la tarifa y, con ello, convertir en estridente el
Impuesto. A mi juicio, eso es lo único que hacen.
Hablan de grandes fortunas. Me parece que hablar de grandes
fortunas a partir de 25 millones de base liquidable no se le
ocurre a nadie hoy en Europa, con los niveles que existen de
precios y de valoraciones. A esa cifra llega seguramente el
patrimonio de cualquier trabajador que haya tenido un mediano
sueldo y haya podido ahorrar algo a lo largo de equis años,
porque tampoco hace ninguna diferenciación en un caso y en
otro. Creo que tienen ustedes falta de realismo, ya que no
parecen conocer el valor actual de la moneda y en qué cifras
nos movemos. Hacen también una exageración retórica al hablar
de grandes fortunas. Yo lo que creo que hay son escasas
realidades cuando se trata de los tramos bajos de la base del
impuesto.
Considero que en un salto como el que pretenden ustedes cabría
esperar una sutileza mayor, con unas consideraciones
distintas, quizá, para diferentes tipos de patrimonio, o
tratamientos especiales para inversiones, etcétera. Cuando
dice S.S. que se trata de hacer una ley que sea ética y
ejemplar, me parece que el no diferenciar ningún tipo de
patrimonio, ni por su
procedencia ni por el destino que tienen, se traduce en una
ley puramente aritmética como la que nos proponen y no en una
ley ejemplar en ningún sentido. Alguna mayor sutileza debían
haber tenido. Creo que es una proposición un tanto simple.
Cuando se propone este tipo de modificaciones --S.S. debía de
estar de acuerdo en ello puesto que es más inteligente que lo
que se denota por su discurso y por la proposición que hoy
presenta--ha de considerarse la propia estructura económica
del país, la coyuntura económica, la distribución de la
riqueza y los procesos de inversión, así como el efecto, que
no solamente es tributario, sobre decisiones de los agentes
económicos, sobre decisiones del mercado y hasta de la
elasticidad del fraude.
Su señoría ha manifestado que se le iba a decir que iba a
haber una deslocalización de inversiones. No se me había
ocurrido aludir a ello, no le iba a decir nada al respecto,
pero ya que lo ha hecho usted he de decirle que ha planteado
el problema pero no lo ha resuelto, ha dicho simplemente que
le íbamos a decir que eso era cierto pero que ustedes lo
pasaban por alto. Y no se trata de eso. Yo no voy a argumentar
con ello; es S.S. quien lo ha hecho y no ha resuelto su propia
argumentación.
Como decía anteriormente, creo que es una proposición simple,
hasta un poco espesa podríamos decir y un tanto vulgar. Es una
proposición que yo calificaría de un poco estrepitosa, desde
luego innecesaria desde el punto de vista fiscal y tributario
y, si S.S. me permite y no se lo toma a mal, le diré que un
tanto demagógica en su planteamiento, un tanto demagógica y
facilona para el discurso hacia el exterior y para la posible
propagación que quieran hacer de ello. No caiga en el error de
considerar simplemente que los impuestos son mejores, desde el
punto de vista de la izquierda, cuanto mayores son. No es así.
Su señoría sabe que son otras cosas las que hacen justos a los
impuestos y no meramente su cuantía.
Por todo ello, nuestro grupo se va a oponer a la toma en
consideración de esta proposición de ley presentada por el
Grupo de Izquierda Unida. Nada más. Muchas gracias, señor
Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor García
Ronda. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor
Espasa.
El señor ESPASA OLIVER: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, el señor García Ronda nos quiere someter a una
especie de ducha escocesa. Por una parte nos dice: ya que es
una ley que viene de ustedes, debería ser mucho más ambiciosa,
mucho más radical; total, ustedes doblan el porcentaje
aplicable en los tipos marginales y, si la progresividad
estaba situada de uno a siete, ustedes la ponen de uno a ocho.
Y a continuación añade: para tan corto viaje no hacen falta
alforjas. Es decir, porque nos pasamos o porque nos quedamos
cortos, al señor García Ronda nada le gusta de lo que propone
nuestro grupo. Me parece que las cosas no son tan sencillas
como el señor García Ronda pretende presentarlas. Le puedo
conceder quizá que el sobretítulo de grandes fortunas (aunque
yo me he cuidado muy mucho de señalar que es una modificación
de la Ley del Impuesto sobre el
Patrimonio) pueda resultar a algunos oídos, a los oídos del
señor García Ronda, un poco estentóreo, pero yo me he
preocupado muy mucho de señalar que, en primer lugar,
aceptábamos la estructura general de la Ley del Impuesto sobre
el Patrimonio, y la votamos a favor en su momento; aceptábamos
la estructura de valoración de bienes y de derechos, la
estructura de las exenciones; la progresividad la aumentábamos
un poco y el pocentaje de la tarifa lo doblábamos al final del
recorrido, produciéndose un cierto aumento de progresividad.
Por tanto --usted mismo lo decía-- nos separan 600 millones.
Aplicamos el doble de la tarifa en los 1.000 millones cuando
en la ley se aplica la mitad de la tarifa en los 1.600
millones. Se trata de una cuestión cuantitativa de opción, de
sensibilidad fiscal, si usted quiere, señor García Ronda, pero
en ningún caso puede descalificar la ley por corta ni pequeña.
La ley es corta voluntariamente porque se inscribe en el marco
general de la ley. No hemos querido hacer otra ley del
impuesto sobre el patrimonio; hemos querido simplemente
aumentar un poco más la progresividad, incrementar un poco más
los tipos marginales aplicables, y nada más. Del resto
aceptamos toda la estructura.
Es cierto que he hablado de rentas del capital y rentas del
trabajo en una licencia, más retórica naturalmente que
poética, cuando al referirme al Impuesto sobre el Patrimonio
parecía que estaba hablando sólo de rentas del capital. Por
supuesto que no. El Impuesto sobre el Patrimonio está
perfectamente definido en la ley de 1991 y a él me refería. Lo
que sí es cierto es que para nosotros este incremento de las
bases liquidables, esta mayor progresividad en las bases y
este incremento de la tarifa nos da esta imagen que yo he
calificado de ejemplaridad, de un cierto reequilibrio en la
carga fiscal, que sabemos que no es completo ni total, ni
mucho menos, y que no podemos conseguirlo por esa vía, en
absoluto. Pero creemos que la fuerza de la imagen tiene
también su valor en política y por eso hemos presentado esta
propuesta, además de que aumentaría, en la medida que pudiese,
la recaudación.
Me dice usted que no es bueno comparar el tipo de gravamen y
la progresividad de este impuesto en nuestro país y en el
resto de los países de la Unión Europea. Yo he señalado el
problema que repetidamente hemos denunciado y algunas veces
ustedes han compartido, al menos sotto voce, nuestras críticas
de una Unión Europea que se está construyendo sin armonización
fiscal. Este es un problema que a todos nos ata, que a unos
les puede servir para decir que hay que bajar aún más los
impuestos, y a otros nos sirve para decir que en la medida que
no tengamos una
armonización fiscal vamos cojos en campos tan importantes como
el de la localización de las inversiones, el de una adecuada y
justa tributación fiscal en todo el territorio de la Unión y
no estado a estado. Por eso he hecho esta referencia a que
esta es una debilidad que incide negativamente sobre la ley y,
aunque usted no ha utilizado el tema de la deslocalización de
las inversiones, sí me ha recordado rápidamente que los tipos
en el resto de los países de Europa no llegan a la mitad de
los que proponemos nosotros. Por tanto, aquí hay un fenómeno
de
comparación que constantemente estamos utilizando.
Señoras y señores Diputados, la proposición de ley vale en lo
que está escrito negro sobre blanco, en la voluntad política
expresa --insisto-- de mantener la estructura de la ley, de
aceptarla como válida y de aumentar la progresividad en las
bases
liquidables, que no liquidadas (este es un error del texto de
nuestra proposición de ley que debe corregirse), y en el
incremento de la tarifa marginal aplicable. Es una opción
política apostar por esta propuesta o no aceptarla, pero en
ningún caso puede decirse que está fuera de lugar, que no
tiene sentido o que no es armónica con el resto del sistema
fiscal del que recientemente nos hemos dotado en nuestro país.
Es
perfectamente congruente, es armónica y las mismas palabras
del señor García Ronda lo vienen a demostrar, ya que nos dice:
Total, ustedes hacen un semitono más hacia arriba. Lo que pasa
es que para el señor García Ronda y para el Grupo Socialista
un semitono más en progresividad fiscal parece que ya es una
estridencia. A nosotros no nos lo parece. Mantenemos la
proposición de ley y nos gustaría verla, al menos, aceptada a
trámite, poderla discutir después y quizás atemperar un poco
la propuesta de tarifa que viene en nuestro artículo único de
la repetida proposición de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor García Ronda
tiene la palabra.
El señor GARCIA RONDA: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a empezar por lo del semitono. La verdad es que si es un
semitono doblar el sonido, creo que el señor Espasa sabe de
música todavía menos que yo. (Risas.) Por eso he hablado de
estridencia. Es nada menos duplicar el impuesto y, a partir de
cierto momento, más que duplicar. Creo que se lo he demostrado
antes con las cifras que he dado y que no voy a repetir; basta
con que cualquiera de SS.SS. compare la tarifa propuesta con
la que existe hasta ahora en el artículo 30 de la Ley del
Impuesto sobre el Patrimonio. En realidad la única diferencia
que existe es hasta los mil millones; la proporcionalidad es
de uno a siete en la actual tarifa y ellos proponen de uno a
8,8 para que no se me diga que no soy exacto. En ese sentido,
con referencia a lo que ustedes mismos pedían no hacen mucho,
únicamente elevan los decibelios. Pero no señalaba solamente
esta contradicción. El hecho de pedirles que fuesen coherentes
no significa que tuviesen que incrementar todavía más.
Naturalmente que se puede ser más progresivo en una tarifa,
pero también con otras cifras. Se puede ser más progresivo y
partiendo de cifras más bajas en las zonas bajas, algo que no
hacen SS.SS. porque a partir de 25 millones de base
liquidable, vuelvo a subrayarlo, les parece lo que han llamado
una gran fortuna, aunque ahora el señor Espasa ha atemperado
un poco su retórica y ha dicho que a lo mejor habían sido un
poco exagerados al calificar así a esas fortunillas. Por
consiguiente, me tengo que reiterar en lo que he dicho antes
y, desde luego, señalar algo que SS.SS. no pueden olvidar. Hay
cuestiones importantísimas de estructura socio-económica, de
coyunturas y de decisiones de agentes económicos y también
cuestiones de fraude.
Otra cosa que no he dicho antes y que S.S. sabrá --si tuviera
un conocimiento, que creo que lo tendrá por pequeño que sea,
de las empresas, de su desarrollo y de cómo juegan los
capitales o la falta de los mismos en ellas-- es que un
impuesto excesivo sobre el patrimonio puede ser disuasorio
para la capitalización en la propia empresa de quienes son
accionistas. Puede ser disuasorio para ese incremento
necesario de los capitales
y de las reservas, porque puede hacérseles totalmente
perjudicial en el caso de que lo sigan dejando en la empresa
y, por tanto, se les cobrase a posteriori un impuesto sobre el
patrimonio excesivamente alto. Es decir, que no eche humo de
paja S.S. esa importancia que puede tener este impuesto y
sobre todo las modificaciones enloquecidas que hagamos de él
en la economía de nuestra nación. Estamos en una situación
delicada, tenemos que calcular cada vez mejor y cualquier
movimiento que hagamos tiene su efecto en el resto de la
economía de nuestra nación.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Grupos que deseen
fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Mixto tiene la
palabra el señor González Lizondo.
El señor GONZALEZ LIZONDO: Señor Presidente, señorías, la
proposición de ley relativa al gravamen sobre las grandes
fortunas modifica la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto
sobre el Patrimonio de las Personas Físicas, «Boletín Oficial
del Estado» de 7 de junio, rectificado el 2 de octubre. En la
breve exposición de motivos de Izquierda Unida se hace
referencia al precepto constitucional de justicia tributaria,
el cual puede verse desvirtuado por las grandes diferencias
que aportan las rentas del trabajo dependiente respecto a las
del capital. La proposición tan sólo se limita a modificar el
artículo 30 de la ley del patrimonio, proponiendo una nueva
escala de tipos. En primer lugar, señor Espasa, si considera
una gran fortuna veinticinco millones de pesetas hoy --creo
que ya en la segunda intervención se habrá usted dado cuenta--
, posiblemente más de uno diría que no, y a lo mejor de los
que están sentados en los bancos cerca de donde estamos todos.
La postura de Unión Valenciana a este respecto es que, en
primer lugar, hemos de destacar la omisión de cualquier
explicación respecto a la tabla propuesta por Izquierda Unida.
Recoge en la proposición de ley una tabla sin más explicación.
¿Por qué esta y no otra? ¿Por qué, en vez del 5,47, no el 8,43
o el 2,44? No se ha aducido motivo alguno sobre la idoneidad
de la tabla presentada ni sobre los posibles efectos en la
distribución de la renta: aumento de recaudación previsto,
destino de estas nuevas rentas, etcétera. Tampoco nos explican
por qué no
disminuyen el tipo aplicable hasta valores inferiores a
veinticinco millones de pesetas. Por otra parte, hemos de
señalar que, además de tributar en el Impuesto sobre la Renta
las propiedades que tengan sujeto pasivo como rendimientos del
capital inmobiliario, la finalidad del Impuesto sobre el
Patrimonio --usted lo ha dicho y lo sabe muy bien-- no es la
de recaudar, sino la de servir de referencia y control al
Impuesto sobre la Renta. La justicia equitativa se conseguiría
con una mejora en la liquidación del IRPF que ustedes no
contemplan ni abordan en esta ley. Penalizan la inversión y
están queriendo obligar a la gente a que no invierta, porque
es mucho más cómodo no invertir, olvidarse de que las rentas
del capital --que quizás es donde tendríamos que haber
entrado-- están ahí y gastar el dinero. Por tanto,
consideramos que la propuesta es excesivamente simplista --y
perdone usted que lo diga de esta manera--, de dudosa
incidencia efectiva en la redistribución de la renta, y que su
inclusión como enmienda a los Presupuestos Generales del
Estado, por ejemplo, hubiera evitado cualquier trámite
posterior parlamentario, y no lo hicieron ustedes, o por lo
menos yo no me di cuenta. (Un señor Diputado del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya pronuncia palabras
que no se perciben.) Pues perdón.
Finalmente le he de recordar --porque quiero hacerlo-- que un
representante de Izquierda Unida, en un programa televisivo,
me preguntó sobre mi voto respecto a este proyecto de ley, si
se pudiera hacer de grandes fortunas --decía con
grandilocuencia--que hoy se nos presenta. Quizá sea el momento
de recordar mi propuesta del 10 por ciento, en la que señalar
que estamos de acuerdo en que los más ricos sean más
solidarios no es óbice para que esta solidaridad se transmita
también desde la clase
política; quizás no sea malo recordarlo en este momento.
Señor Espasa, no me lo tome a mal, pero usted ha dicho que era
un proyecto ético y político. Tenía usted que haber añadido la
palabra demagógico también, porque además es bonito pero no
actual para este tiempo; yo creo que está un poquito desfasado
en el tiempo.
Quiero aclararle una cosa. Yo creo que usted no se ha sabido
expresar bien --quiero entender, porque creo que sabe usted de
qué va el tema--, porque no es progresividad fiscal hablar de
la subida del Impuesto sobre el Patrimonio; eso sería --y
habría que hablar claro-- de las rentas del capital. Olvídense
ustedes de esa parte tan folklórica y un poquito demagógica
que pueden representar las grandes fortunas. Traigan un
proyecto serio, firme, comprometido con la clase que estoy
convencido que ustedes defienden, y posiblemente aquí tengamos
un debate muy serio sobre un tema muy importante que hoy no se
toca, se pasa de
«raspallón», como decimos en mi pueblo, pero no se profundiza
verdaderamente en lo que vale. Esto, además de ser el
chocolate del loro, no es lógico y es un tipo de impuesto que
usted sabe que no existe en la mayor parte del mundo. Tenemos
que ir hacia otra parte, hacia otro camino donde posiblemente,
casi con toda seguridad, si es justo y equitativo nos
encontrará; en éste, lo lamentamos pero no lo creemos efectivo
ni adecuado.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo Vasco
(PNV) tiene la palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Señor Presidente, señorías, voy a
intervenir muy brevemente para fijar la postura de nuestro
grupo parlamentario en referencia a la toma en consideración
de la proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya relativa
al gravamen sobre las grandes fortunas, modificando la Ley
19/1991, del 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.
Yo tenía apuntado al margen que los bancos de la derecha y del
centro, señor Espasa, íbamos a emitir quejidos y voces
quejumbrosas. Espero que no le parezcan quejidos ni voces
quejumbrosas por lo menos la mía, pero voy a ser un poco
crítico con su proposición. Ya la exposición de motivos tiene
un
planteamiento cuestionable, desde nuestro punto de vista, pues
aunque participamos de lo que debe ser una mejor y más justa
distribución de la carga impositiva, no creemos que la
revisión de la tarifa del Impuesto sobre el Patrimonio sea la
vía más efectiva para hacerlo. El conseguir una mejor y más
justa distribución de la renta requiere, a mi entender, un
planteamiento más profundo de la política fiscal y
especialmente de sus aspectos de tributación. Hay que acometer
decididamente la reforma fiscal que nuestro grupo
parlamentario ya ha
propuesto, en varias ocasiones, en esta Cámara, apoyada por la
persecución, también decisiva, del fraude fiscal. Para
nosotros éstos son los dos componentes básicos en estos
momentos. Por tanto, como decía antes, este objetivo que
persigue la iniciativa del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya difícilmente puede
alcanzarse con las medidas que proponen. No olviden SS.SS. la
filosofía con que nació este impuesto, como instrumento de
control y cierre del sistema impositivo y de carácter
transitorio. En todos los países que tienen establecido este
impuesto el efecto recaudatorio es mínimo. Así, por ejemplo,
los porcentajes de recaudación sobre el producto interior
bruto, salvo en Luxemburgo que representa el 1,34 por ciento,
en el resto de los países de la OCDE no llega al 0,5 por
ciento. Y si lo calculamos sobre la imposición total, salvo
también en Luxemburgo, en este caso con Noruega y Alemania, en
la mayoría de los países de la OCDE no llega al uno por
ciento. Por tanto, desde el punto de vista de la recaudación,
su importancia, como se ve, no es relevante. Y como decía el
catedrático de Derecho financiero Francisco Escribano, poca o
nula incidencia en tema de mayor distribución de la riqueza y
aumento de la progresividad puede llevarse a cabo con un
tributo que no ha alcanzado nunca el uno por ciento de los
ingresos totales del Estado.
Por otro lado, hay seis países de la Unión Europea que no
tienen un impuesto sobre el activo neto, con lo cual habría
que comenzar por cuestionarse la propia existencia del mismo,
teniendo en cuenta que con la Ley reguladora de Haciendas
Locales los impuestos municipales se basan, fundamentalmente,
en la riqueza inmobiliaria y que, por tanto, no pueden
desvincularse el impuesto sobre el patrimonio neto y los
impuestos locales que gravan la riqueza inmobiliaria, ya que
inciden ambos en el mismo objeto. Creo que su tradicional
papel de control e impuesto censal y la consideración de que
este impuesto debería desempeñar un papel compensatorio de los
efectos de la libre circulación de capitales sobre la
progresividad de la imposición, tal como aparece en la
exposición de motivos de la ley del impuesto, parece abocado,
desde mi punto de vista, al más estrepitoso fracaso. Al margen
de estas consideraciones, existe el problema de la valoración
de bienes y derechos, problema que si bien se está
contemplando últimamente con más decisión, no ha llegado a
resolverse. Entiendo que la existencia de un único valor de
aplicación para todos los impuestos del sistema tributario,
calculado por la propia Administración, es una pretensión
difícil por problemas administrativos y porque los diferentes
impuestos gravan, en teoría, distintos hechos impositivos. Sin
embargo, debería de mantenerse una coordinación y una
coherencia entre las valoraciones aplicadas para la exacción
de los diferentes tributos. Me estoy refiriendo, por ejemplo,
al Impuesto sobre la Renta, al Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales, al de
plusvalías, etcétera. No voy a entrar a fondo en este tema
sobre la valoración de bienes y derechos porque estimo que no
es el momento adecuado. No quisiera terminar esta breve
intervención dando la sensación de que mi grupo tiene alguna
reticencia al gravamen de las grandes fortunas, ni mucho
menos. Tampoco creo necesario recordar a SS.SS. los
planteamientos sobre política social y redistributiva que
propugna nuestro partido. Que paguen más los que más tienen,
por supuesto. Pero cuidado con los planteamientos y medidas
aisladas que proponemos no vayan a pagar, como en muchos
casos, justos por pecadores. Intentar perseguir las grandes
fortunas con el Impuesto sobre el
Patrimonio es una labor imposible. Los grandes patrimonios no
están en manos de las personas físicas; están, señorías, en
manos de las personas jurídicas. A partir de esta reflexión
hay que plantearse seriamente acometer la reforma necesaria.
Por todo ello, adelanto que nuestro grupo parlamentario no va
a votar a favor de la toma en consideración de esta
proposición de ley. Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Zabalía. Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Muchas gracias, señor Presidente.
Brevemente, voy a fijar nuestra posición en esta proposición
de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. Nuestro grupo es contrario a
la toma en consideración de esta proposición de ley, por
consiguiente vamos a oponernos a la misma. Creemos que es una
iniciativa que se equivoca, es en cierta forma superficial y
muy poco equitativa, lo cual se contradice con el propósito
que persigue. No podemos apoyar esta proposición de ley, entre
otras cosas, porque es contraria a la tendencia general que
hoy está teniendo la regulación del Impuesto del Patrimonio en
todos los países de Europa y en la mayoría de los países
occidentales. Esta iniciativa de Izquierda Unida va en
dirección opuesta a todas las reflexiones y revisiones que
están haciendo hoy los países de Europa. Por consiguiente, no
nos parece que sea ahora y en este momento oportuno tomar un
rumbo distinto al que está tomando toda la revisión de la
fiscalidad que grava los patrimonios en todos los países de
Europa. Precisamente los países europeos están abandonando la
filosofía, demostrada como caduca, de gravar la tenencia de
los activos para ir a gravar su rendimiento. Lo que hay que
hacer es revisar la filosofía que inspira nuestras normas
tributarias para incorporar en las mismas los mecanismos que
deben estimular que los activos generen rendimiento,
especialmente sobre la base de promover actividad productiva,
que es la que puede facilitar la creación de puestos de
trabajo. Hay que abandonar los tributos --dicen la mayoría de
los países de Europa--, que hoy gravan la existencia de los
activos por sí mismos y hay que gravar en todo caso el
rendimiento de los activos. Dentro de lo que es el gravamen
sobre los rendimientos de los activos hay que distinguir entre
lo que son los activos ociosos y los activos productivos, que
esa iniciativa tampoco lo contiene. Nuestro grupo cree que es
un error, es absolutamente injusto, que persistamos en la
filosofía de gravar de la misma forma los rendimientos de los
activos que son productivos, de los que no lo son. Es más,
nuestro grupo cree, y es una de las razones por las que nos
oponemos a esta iniciativa, que lo que hay que hacer es todo
lo contrario: introducir en las leyes fiscales mecanismos que
estimulen la vía de generar rendimientos de la tenencia de
activos. Por tanto, creemos más necesario abandonar totalmente
la filosofía que contiene esta proposición de ley y, en todo
caso, introducirnos en la filosofía de
estimular los rendimientos de los activos especialmente
productivos para que, en su momento, cuando generen los
correspondientes beneficios puedan estar sometidos a los
gravámenes a que hoy se someten todos los rendimientos de la
actividad productiva. Creemos, señoras y señores Diputados,
que ésta es una iniciativa absolutamente caduca en su
filosofía, absolutamente contraria a la filosofía con que hoy
están operando todas las revisiones tributarias en Europa y,
por esa razón, no nos parece oportuno que se tome en
consideración.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Homs.
Finalmente, por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora
Rudi.
La señora RUDI UBEDA: Señor Presidente, señorías, voy a
empezar mi intervención de fijación de posición en nombre del
Grupo Popular, respecto a la iniciativa presentada por
Izquierda Unida, referente a la modificación del artículo 30
de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, tranquilizando al
señor Espasa en el sentido de que no va a oír voces
quejumbrosas desde mis bancos, si a eso es a lo que usted
tenía miedo. No es nuestra costumbre, no es la de la Diputada
que aquí le habla, y más bien voy a intentar utilizar una voz
suficientemente clara para que las ideas queden también
suficientemente ordenadas.
Resulta difícil, señor Espasa plantear la fijación de posición
respecto al texto de la proposición de ley y, al mismo tiempo,
respecto a lo que usted ha dicho aquí, porque hay que
reconocer que no hay una concordancia en ello. Aquí se ha
estado hablando, a lo largo de todo el debate, de modificación
de ley.
Efectivamente se pretende modificar una ley pero se pretende
modificar un artículo de una ley. Yo creo que es bueno que
vayamos acotando cuál es el ámbito de esta proposición de ley,
y es el artículo que fija la tarifa del Impuesto sobre el
Patrimonio.
Usted en su exposición ha tomado como punto de partida la
exposición de motivos de esta proposición de ley y ha ido
mucho más allá del contenido de la propia proposición. Usted
ha hecho referencia en su intervención, en un primer momento,
a la caída de los ingresos fiscales del Estado, dando la
sensación de que ese problema, que existe y es real, podría
tener solución, si esta tarde esta Cámara tomara en cuenta
esta proposición de ley. Luego usted mismo ha reconocido, más
adelante en su intervención, que las cifras de recaudación de
este impuesto tienen una participación tan pequeña en el
montante total de recaudación general del Estado que,
realmente, no es ése uno de los motivos principales.
Pero, señor Espasa, me voy a parar en dos conceptos que usted
ha mezclado, que creo hay que diferenciar y que, además, no
están contenidos en el texto de su proposición de ley. Usted
ha hablado de equilibrio entre las fuentes de los ingresos
fiscales del Estado, y ha hablado de impuestos directos, de
impuestos
indirectos, rentas del patrimonio y rentas del capital. Eso,
señor Espasa, es un debate sobre modelo fiscal que si
Izquierda Unida plantea la iniciativa aquí indudablemente
todos los grupos entraremos en ello. Mi grupo ya lo ha
presentado en otros momentos, pero aunque en muchas
ocasiones en este Parlamento utilicemos perchas endebles para
sostener debates, debe reconocerme, en este caso, que la
endeblez de la percha es excesiva como para que, de la
propuesta de modificación de la tarifa del Impuesto sobre el
Patrimonio, pretenda usted que entremos esta tarde aquí en
toda la
modificación del sistema fiscal español.
Luego, señor Espasa, usted ha venido constantemente manejando,
como si fuera lo mismo o como conceptos homogéneos, la
distinta tributación de las rentas del capital y de las rentas
del trabajo, y ha venido diciendo, una y otra vez, que se
debían equilibrar.
Señor Espasa, yo soy Diputada antigua en esta casa, lo mismo
que usted, y sé que S.S. sabe bastante de estos temas. Me
sorprende que si no ha sido de una manera intencionada usted
esté
confundiendo el Impuesto del Patrimonio con el Impuesto sobre
la Renta.
Si lo que plantea es que las rentas de capital tienen un
«tratamiento mejor» --entre comillas--, fiscalmente hablando,
que las rentas de trabajo, lo que tendrá que proponer es una
modificación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas que no someta a una misma tarifa la parte de base
imponible proveniente del trabajo y la parte de base imponible
proveniente de rentas del capital. Ahí sí podremos hablar, y
cada uno expresaremos nuestro criterio, sobre el diferente
trato de rentas de trabajo o rentas de capital. Usted sabe, y
yo estoy convencida de ello, que con esta modificación no está
introduciendo ningún cambio en el sistema de tributación de
las rentas del trabajo o las rentas del capital, porque tanto
unas como otras al final van al mismo saco común, que es la
base imponible del Impuesto sobre la Renta, y tributan al
mismo tipo de tarifa, con lo cual, señor Espasa, es una
argumentación que no afecta a la defensa de su texto de
proposición de ley. Señor Espasa, usted ha introducido también
aquí otro concepto que sí afecta a la Ley del Impuesto sobre
el Patrimonio, pero que, sin embargo, ustedes no tocan en el
texto que nos traen esta tarde aquí. Usted ha hablado de la
mejor utilización de los
patrimonios, y es un concepto en el que efectivamente podemos
entrar en él, pero señor Espasa, no lo contemplan en su texto.
Si de lo que quiere hablar aquí es de que los patrimonios que
sean productivos tengan un tratamiento fiscal y los
patrimonios que sean improductivos tengan tratamiento fiscal
distinto, habrá que modificar no solamente la tarifa del
Impuesto sobre el Patrimonio, que no los diferencia, sino que
habrá que plantear dos tarifas diferentes, o habrá que
plantear una vía de
exenciones, deducciones o bonificaciones, pero en ningún caso
con esta modificación se va a ver afectado.
Por último, señor Presidente, señor Espasa, ha hablado usted
también del proceso de la Unión Europea y de la necesidad de
una armonización fiscal. Efectivamente, todos sabemos que en
una economía internacionalizada y además con libertad de
movimiento de capitales es necesario que haya una armonización
fiscal; pero es que ese argumento, señor Espasa, se vuelve en
contra de su tesis, porque, como bien ya han dicho algunos
Diputados de otros grupos que me han precedido en el uso de la
palabra, en estos momentos el modelo de Impuesto sobre el
Patrimonio que hay en Europa sus tipos medios están por debajo
de los que se están aplicando en España; me refiero a aquellos
países de la Unión Económica Europea en que existe este
Impuesto sobre el
Patrimonio.
Voy a terminar, señor Espasa, haciendo referencia a una teoría
de Hacienda Pública muy conocida, en la cual cuando se habla
de imposición patrimonial se habla de tres figuras
principales: por una parte, el Impuesto sobre el Patrimonio
neto; por otra parte el Impuesto sobre Transmisiones
patrimoniales a título lucrativo, es decir, sucesiones y
donaciones; y, por otra parte, el gravamen sobre las ganancias
de capital o plusvalías. En España se aplican en este momento
los tres: el de Patrimonio neto; el Impuesto sobre
transmisiones patrimoniales a título lucrativo, y el gravamen
sobre ganancias de capital o plusvalías, que se integra en la
base imponible del Impuesto General sobre la Renta como
incrementos de patrimonio. Pues bien, según el criterio de la
OCDE dice: si un país tiene un impuesto sobre las plusvalías,
los argumentos a favor de otras formas de imposición
patrimonial se ven afectados y, en particular, un impuesto
anual sobre el patrimonio neto puede parecer menos necesario.
Por tanto, señor Espasa, por cuanto su argumentación va mucho
más allá del texto de su proposición de ley que, aunque fuese
aceptada, no iba a corregir todos aquellos desequilibrios que
usted dice que hay --en este momento no entramos desde mi
grupo a valorar si los hay o no--; y, además, señor Espasa,
por cuanto las tesis fiscales en Europa van en contra de lo
que usted está planteando, mi grupo va a votar en contra de la
admisión de esta proposición de ley. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Rudi.
Finalizado el debate de la proposición de ley del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
vamos a pasar a su votación. (Pausa.--El señor Presidente
ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación para la toma en consideración de
la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, relativa al gravamen sobre las
grandes fortunas y de modificación de la Ley del Impuesto
sobre el Patrimonio.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 299; a favor, 21; en contra, 275; abstenciones,
tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
PROHIBICION DE COMERCIALIZAR ESPECIES PESQUERAS CAPTURADAS CON
ARTES PROHIBIDAS EN ESPAÑA (Número de expediente 162/000055)
El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día:
proposiciones no de ley. Proposición del Grupo Popular sobre
prohibición de comercializar especies pesqueras capturadas con
artes prohibidas en España. Por el Grupo Parlamentario
Popular, el señor Fernández de Mesa tiene la palabra.
(Rumores.--Numerosos señores Diputados abandonan el salón de
sesiones.)
Señorías, guarden silencio y ocupen sus escaños. (Pausa.--
Continúan los rumores.)
Señorías, guarden silencio. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Fernández de Mesa.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor
Presidente. Señorías, el Grupo Parlamentario Popular trae hoy
una proposición no de ley a esta Cámara para tratar de instar
al Gobierno, si es que todos los grupos votan favorablemente,
a que defienda los intereses españoles dentro de nuestro
propio territorio nacional ante las agresiones que se están
sufriendo por las importaciones que se realizan de otros
países de productos capturados con artes prohibidas en España,
no atendiendo a las recomendaciones de la Comunidad Europea e
infringiendo, incluso, aquella normativa que prohibiría en
algunos casos la utilización de determinadas artes de pesca,
que están perjudicando gravemente los intereses del sector en
España. Existen artes pesqueras que, estando prohibidas por
las leyes españolas para nuestros barcos, sin embargo están
permitidas por la legislación pesquera comunitaria para los
barcos pesqueros de otros países miembros de la Comunidad
Europea. La prohibición de esas artes por parte de nuestra
legislación viene derivada de los daños que su utilización
provoca en la mayor parte de las especies pesqueras,
incluyendo los inmaduros, para lo que el Grupo Parlamentario
Popular ha presentado ya otra proposición no de ley para
prohibir su comercialización en España, ya que a corto plazo
los propios pescadores se ven gravemente perjudicados por la
disminución en el volumen de peces existentes y, en
consecuencia, por la disminución de las capturas en los
diferentes caladeros.
No tenemos más que mirar lo que ha pasado con las flotas del
Norte, con las redes de enmalle a la deriva, donde nuestra
flota, que está faenando en el Atlántico Norte, está
capturando especies, túnidos, por debajo de las capacidades
que están realizando otros países comunitarios, y mientras
nuestros pescadores realizan del orden de dos toneladas cada
dos noches, los franceses realizan las capturas mediante redes
de enmalle de veinte toneladas, y con esa diferencia de
capturas se están permitiendo las importaciones en nuestro
propio territorio de esas capturas realizadas en otros países,
dándose la paradoja de que mientras los productos capturados
con artes como las que están en vigor en España se están
vendiendo en lonja a 100 pesetas el kilo, los franceses los
venden a esos precios, sin embargo, ese mismo producto los
españoles lo están vendiendo a un precio del orden de 400 o
500 pesetas, con lo cual el problema no es sólo de cantidad de
capturas, no es sólo que el esfuerzo pesquero que se está
realizando esté perjudicando y esquilmando nuestros caladeros,
sino que también es un problema de comercialización en todo el
territorio nacional. Y no nos referimos sólo a las flotas del
Norte, a la flota de los túnidos, sino que podemos referirnos
a otros problemas que están sucediendo hoy día en el Sur de
España, como veíamos aquí la semana pasada, con las paradas
biológicas que nuestros buques están realizando adaptándose a
la normativa comunitaria, mientras que otros países no las
realizan, y no sólo no las realizan, con grave perjuicio para
los buques españoles, para las flotas españolas, sino que con
posterioridad importan esas capturas cuando en España las
paradas se cumplen de manera importante. Nosotros decimos que
nos parece bien la normativa comunitaria, pero que no vamos a
ser más quijotes que nadie y no vamos a imponer taxativamente
esa normativa para los españoles mientras que desde fuera no
sólo no se cumple sino que, encima, se importe algo que
perjudica gravemente a los intereses nacionales. En la
Comunidad Europea la utilización de las artes de enmalle está
regulada por el Reglamento 345/92, que considera que la
expansión y el incremento de la pesca con redes de enmalle a
la deriva pueden presentar serios inconvenientes, tales como
el aumento de esfuerzo pesquero con la esquilmación de
caladeros y de las capturas accesorias de especies distintas
de las que se buscan. Por tanto, es preciso regular la
actividad con este tipo de redes.
Nosotros hemos solicitado recientemente en esta Cámara, el 26
de octubre del año 1993, un acuerdo votado mayoritariamente
por todos los grupos para que, a partir del día primero del
año 1994, se erradicaran definitivamente las volantas y las
redes de enmalle --no sólo las de 5 kilómetros sino también
las de 2,5 kilómetros--, y nos gustaría saber en este momento
qué medidas
de control y de inspección se están llevando a cabo para que,
efectivamente, eso sea así y que los buques comunitarios que
faenan en aguas del Atlántico Norte estén cumpliendo el
acuerdo de esta Cámara trasladado al Consejo de Europa por los
representantes españoles en el Parlamento Europeo.
Señorías, los pescadores españoles (España, hay que recordar,
es una de las primeras potencias del mundo en materia pesquera
y, desde luego, la primera de la Unión Europea) están pasando
por graves problemas. Se puede decir que hay cerca de 500.000
personas que viven entre puestos directos e indirectos de la
mar y que está en grave peligro la permanencia de esos puestos
de trabajo por el incumplimiento de la normativa comunitaria
por parte de otros países y por el estricto cumplimiento por
los españoles de la normativa comunitaria. Creemos que ha
llegado el momento de tomar algunas medidas que protejan
nuestro sector de manera clara y taxativa como lo están
haciendo otros países en este momento de importante coyuntura
para la Unión Europea y la integración de otros países dentro
del mercado.
Los pescadores españoles, que utilizan para pescar las mismas
especies artes de anzuelos selectivos, ya que las redes de
enmalle y pelágicas están prohibidas en España, han comprobado
en numerosas ocasiones cómo gran parte de los pesqueros
franceses ignoran las limitaciones impuestas por la propia
Comunidad, utilizando redes prohibidas para capturar un
elevado volumen de túnidos, que posteriormente son
comercializados en gran medida en los mercados españoles con
grave perjuicio económico para nuestra flota. Señorías,
nosotros propusimos en su día en la Cámara (lo han hecho
también otros grupos parlamentarios y esperamos que esto salga
adelante) que cada país pueda regular las artes de pesca
dentro de sus 12 millas. Por eso consideramos importantísimo
para la defensa de los legítimos intereses de los pescadores
españoles que la Administración adopte una serie de medidas
que, sin salirnos del marco comunitario, protejan los
intereses en este momento más que nunca, en el que se habla de
la ampliación de la Comunidad. Por ello, el Grupo
Parlamentario Popular presenta hoy esta proposición no de ley
ampliable, modificable, mejorable. Estamos en disposición de
aceptar cuantas aportaciones puedan hacerse para mejorarla,
siempre que quede claro que esta Cámara se preocupa por los
intereses de los pescadores españoles y está dispuesta a
protegerlos de las agresiones de los países comunitarios que
no cumplen la propia normativa de la Comunidad.
Es por ello que solicitamos la aprobación de la presente
proposición no de ley para instar al Gobierno a que tome
medidas para prohibir en todo el territorio español la
comercialización de las especies pesqueras capturadas por
medio de artes de enmalle a la deriva o por cualquier otro
arte pesquero prohibido por la legislación española. Es
preocupación del Grupo
Parlamentario Popular desde hace varias legislaturas --desde
la II y III legislatura-- en las que algunos Diputados de este
grupo parlamentario ya plantearon el problema que iba a
sobrevenir con la utilización de este tipo de artes por otros
países
comunitarios, y es bien cierto que en determinados puertos
españoles se están desembarcando cantidades importantes de
túnidos pescados con volantas mientras que los españoles no
pueden realizarlo. En Galicia se han tomado una serie de
medidas como las de no permitir la comercialización, y el que
comercialice no recibe ayudas públicas para poder realizarla.
De alguna manera hay que protegerse de las agresiones
exteriores y por eso nosotros instamos al Gobierno, mediante
la presente proposición no de ley, para que adopte en firme, y
de una vez por todas, medidas que de alguna manera protejan al
sector pesquero español.
Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señoras y señores
Diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Mesa.
Para defender la enmienda del Grupo Socialista y fijar la
posición sobre esta proposición no de ley, tiene la palabra el
señor Moragues.
El señor MORAGUES GOMILA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, esta proposición no de ley que presenta el Grupo
Popular es una proposición que, de alguna forma, es
consecuencia de la que debatimos en la Cámara el pasado 26 de
octubre, como nos recordaba hace unos momentos el propio
portavoz, señor Fernández de Mesa; proposición sobre medidas a
tomar para mejorar la situación por la que atraviesan los
pescadores españoles de bonito, que también presentó el Grupo
Popular en concordancia con otra presentada por el Grupo
Nacionalista Vasco sobre prohibición definitiva de las
volantas para la captura de túnidos, a partir del 1.º de enero
de 1994. Decía que ésta es una proposición que guarda cierta
coherencia con las citadas, puesto que si en ellas se proponía
la prohibición de unas artes de pesca es lógico que ahora se
proponga la prohibición de comercializar especies pesqueras
capturadas con ellas.
Es clara la posición del Gobierno español acerca de la pesca
con volanta, puesto que ya desde el año 1990 una orden
ministerial prohíbe el ejercicio de la pesca marítima con
artes de deriva para todos los buques que faenen bajo pabellón
español y a los buques extranjeros que practiquen esta
modalidad en aguas jurisdiccionales españolas.
Es también público y notorio el esfuerzo que nuestros
responsables de pesca están haciendo a nivel comunitario para
que el uso de estas artes desaparezca
de los mares de la Unión Europea, postura que reiteradamente
está defendiendo nuestro Gobierno y que ha merecido en varias
ocasiones el refrendo de todas las fuerzas políticas del arco
parlamentario. Seguramente no es ajena a este esfuerzo y
postura ampliamente compartida la publicación del Reglamento
345/92, del Consejo, que limita el uso de redes de enmalle a
la deriva por los buques comunitarios a una longitud máxima de
2,5 kilómetros. Parece claro, por otro lado, que los
pescadores españoles y la Administración pesquera española son
los más conscientes de que el cumplimiento estricto de este
reglamento comunitario, hubiera significado la suspensión del
uso de la volanta, por el improbable y elemental hecho de su
falta de rentabilidad económica. Los cálculos más optimistas
no conceden rentabilidad a la pesca con este arte por menos
del doble de la longitud autorizada, es decir 5 kilómetros, y
aun así lo normal son longitudes hasta diez veces mayores.
Ante esta situación, los esfuerzos de la Administración
española van dirigidos en dos sentidos complementarios. Por un
lado, a exigir un estricto cumplimiento del reglamento en
vigor, denunciando ante la Comunidad Europea las infracciones
de las flotas que utilizan estos métodos, incrementando las
medidas de inspección y control en los caladeros, pero también
incrementando medidas de inspección en puerto y, por otro
lado, a seguir trabajando con reiteración e insistencia para
lograr la prohibición total y definitiva del uso de las redes
de deriva. Pero mientras esto no llegue, señorías, nuestra
pertenencia a la Unión Europea nos obliga a aceptar el marco
normativo vigente incluso en materia de pesca y si bien las
autoridades de cualquier Estado pueden introducir
prohibiciones o limitaciones a sus flotas pesqueras o en las
actividades pesqueras que se realicen en sus aguas
territoriales, no es menos cierto que no pueden oponerse a la
pesca o a su comercialización si éstas se ajustan a los
requisitos que las normas comunitarias establecen. Por ello el
Grupo Socialista, compartiendo la preocupación de fondo del
grupo proponente y la de otros grupos de la Cámara, y sabiendo
que la aprobación taxativa de lo que se plantea sería muy bien
aceptada por la flota española afectada, no podemos compartir
en los términos en que se plantea esta proposición no de ley,
por lo que presentamos una enmienda de sustitución en la línea
que hemos argumentado nuestra posición. Así, instamos al
Gobierno a que continúe defendiendo a nivel comunitario la
necesaria prohibición de la utilización de las redes de malla
a la deriva, en concordancia con la postura mantenida hasta
ahora y expresamente apoyada por este Parlamento y, a nuestro
entender, única solución, total y definitiva, para el problema
que nos ocupa. Asimismo instamos al Gobierno para que propugne
ante la Unión Europea la adopción de las medidas necesarias
para asegurar que en el ínterin no se vulneren los objetivos
perseguidos por esta prohibición que resumidamente son los
siguientes. En primer lugar, la protección de los caladeros al
sobreesfuerzo que el uso abusivo y a veces ilegal de estas
artes por flotas de la Unión Europea o de terceros países
pudiera ocasionar a las reservas pesqueras nacionales; En
segundo lugar, continuar manteniendo criterios de protección
medioambiental y ecológicos, que han sido, son y continuarán
siendo en el futuro uno de los elementos característicos de la
postura defendida por España en el seno de la Comisión, porque
se es muy consciente de la escasa
selectividad que el uso de estas artes conlleva, permitiendo
la captura de especies no objeto de la pesquería e incluso, y
más importante, de especies protegidas. En tercer y último
lugar, impedir o suavizar, en la medida de lo posible, los
consiguientes perjuicios que la utilización de las volantas
conlleva para nuestras flotas artesanales.
Creemos que esta redacción que ahora presentamos, que
comparte, como ya hemos dicho, la argumentación de fondo y la
preocupación del Grupo proponente, siendo además más
respetuosa con la normativa comunitaria será más aceptable
para la mayoría de la Cámara, por lo que solicito de SS.SS. el
voto favorable para nuestra enmienda.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Moragues.
Enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió). Para su
defensa y para fijar la posición en relación con esta
proposición, tiene la palabra el señor Vidal.
El señor VIDAL I SARDO: Muchas gracias, señor Presidente.
Muchas de las dificultades que padecen numerosos sectores
agrarios y pesqueros de nuestro país desde nuestra pertenencia
al Mercado Común provienen, en parte, de olvidos,
imprecisiones o improvisaciones del Tratado de Adhesión. Otros
problemas tienen su origen en incumplimientos o, si se
prefiere, en subterfugios de algunos países comunitarios para
incumplir determinadas normativas comunitarias o bien en la no
aplicación, de forma eficaz, de las medidas de control
adecuadas.
El Grupo Popular nos trae hoy a debate una proposición no de
ley que pone de manifiesto las dificultades que sufre el
sector pesquero español debidas a la utilización de métodos y
artes de pesca por parte de algunos países miembros de la
Unión Europea que están prohibidos por la legislación
española, situación no prevista en el Tratado de Adhesión. Se
trata de un problema grave que afecta y preocupa seriamente al
sector pesquero, porque a pesar de estar planteado desde hace
tiempo no se ha obtenido una solución hasta ahora
satisfactoria. Preocupa también a todos los grupos de la
Cámara, como lo demuestra que ha sido reiterado de
muchas formas en numerosas ocasiones. Baste citar que nuestro
Grupo Parlamentario lo planteó la pasada legislatura respecto
a la falta de legislación comunitaria para la pesca en el
Mediterráneo, especialmente referida a las diferentes artes y
métodos de pesca del pescado azul entre las flotas que
faenaban en el Golfo de León y sus repercusiones de
competencia desleal en los mercados españoles y el
subsiguiente hundimiento de los precios de nuestras capturas
realizadas por métodos obligatorios de cerco frente a las
realizadas por italianos y franceses con métodos de arrastre
pelágico. Recientemente el Grupo Vasco (PNV) denunció una
situación parecida respecto a la pesca de túnidos y otras
especies con redes de enmalle y de deriva realizada por países
comunitarios frente a los métodos autorizados a los pescadores
españoles en aguas del Cantábrico y del Golfo de Vizcaya.
El Grupo Parlamentario Catalán coincide con los antecedentes
que se relacionan en la exposición de motivos de la
proposición no de ley. Coincidimos en que son graves los
perjuicios económicos que afectan a nuestros pescadores, a la
economía pesquera y, en general, a la economía de nuestro
país; perjuicios que se derivan de la falta de homologación,
de las tallas mínimas permitidas en las capturas de las
distintas especies y del uso de artes por países comunitarios
competidores que les permiten mayores rendimientos con menor
esfuerzo, menor coste y menor mano de obra, aunque esto sea a
expensas de una menor calidad por el deterioro que sufren los
peces. Ello conduce a que se ofrezcan a los mercados
nacionales a precios muy inferiores a los que pueden hacerlo
los pescadores españoles. También estamos de acuerdo en el
aspecto científico-técnico que delata los
perjuicios irreparables infligidos con estos métodos agresivos
de pesca pasiva e indiscriminada a los caladeros donde se
practica. Coincidimos con los proponentes en que esta injusta
discriminación respecto a nuestros pescadores no puede
continuar en el seno de la Unión Europea y en que no deberían
demorarse por más tiempo las soluciones técnicamente correctas
y unificadoras que, por descontado, no pasan por autorizar a
nuestros
pescadores, responsables y cumplidores de las normativas
nacionales y comunitarias, a faenar con las artes depredadoras
que usan los pescadores de otros países, porque con ello
solamente se lograría acelerar el agotamiento de los caladeros
en los que faenan nuestros pescadores. Nuestro Grupo no cree
tampoco que ni siquiera solidarizándonos --como hacemos-- con
la justa indignación de nuestros pescadores, la solución
consista en prohibir la comercialización en nuestro país de
las capturas obtenidas con estas artes prohibidas por la
legislación española, porque, aparte de la práctica
imposibilidad de determinar el método de pesca en los
controles en destino, que son los únicos permitidos, se
entraría en una escalada de proteccionismo y de represalias
inaceptable con los criterios comunitarios que nos alejaría de
lo que todos queremos que sea el Mercado Común y la Unión
Europea: un espacio económico y político con igualdad de trato
y de oportunidades para todos, países, sectores económicos y
personas. Con este objetivo y porque nos preocupa hallar
cuanto antes la solución a este grave problema pesquero,
nuestro Grupo ha presentado una enmienda que pretende lo
siguiente. En primer lugar ante la reiteración con que este
Congreso ha instado al Gobierno para que obtenga de los
organismos comunitarios la prohibición de redes de enmalle y
deriva y ante el poco éxito práctico obtenido hasta ahora,
sólo nos queda --tras urgir esta prohibición-- urgir también
la homologación de métodos y artes de pesca. Señorías, soy
consciente de que se trata de una provocación a los organismos
europeos para saber de una vez si se pronuncian por los
métodos conservacionistas españoles o se inclinan por la
destrucción de nuestras pesquerías más próximas; si se
pronuncian por la igualdad o por la discriminación. En segundo
lugar, proponemos, mientras subsistan las actuales
circunstancias, adoptar desde el Gobierno aquellas medidas que
permitan superar a nuestros pescadores las dificultades que se
derivan de la comercialización en España de especies
capturadas con métodos prohibidos por nuestra legislación.
Respecto a la enmienda presentada por el Grupo Socialista, si
fuera aceptada por el Grupo Popular, nuestro grupo podría
estar de acuerdo en el primer punto, siempre que se aceptara
la urgencia en vez de la continuidad en la defensa y que se
incluyera la segunda idea de nuestra enmienda, consistente en
la adopción de medidas en nuestro país que contrarresten los
efectos de comercialización de especies pesqueras por métodos
prohibidos en nuestra legislación.
La solución, por lo tanto, queda sujeta a la decisión del
Partido Popular y del Partido Socialista, también por
descontado del señor Presidente del Congreso, por si se diera
el caso de posibilitar la coincidencia --que nuestro Grupo
desea
fervientemente-- para garantizar el inmediato futuro de buena
parte de nuestro sector pesquero.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vidal.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo Vasco
respecto a la prohibición de comercializar especies pesqueras
capturadas con artes prohibidas en España planteada por el
Grupo Parlamentario Popular.
Desde nuestro Grupo Parlamentario queremos realizar diferentes
consideraciones al respecto.
En primer lugar, apreciamos que hay una incoherencia, una
contradicción entre la regulación que se efectúa por parte de
la Unión Europea y la existente en el Estado español en cuanto
al uso de artes de pesca, en la medida en que existe una
regulación que no ensambla de lleno y que es, a nuestro
juicio, lo que origina el problema, la contradicción que ha
suscitado el Partido Popular en su proposición no de ley.
Nosotros estimamos positivo que el Gobierno central prohibiera
definitivamente --hace ya unos años-- la utilización de las
redes de volante a la flota
española, así como que se pesque en aguas jurisdiccionales
españolas --a doce millas--, además de con las redes de
enmalle a la deriva, con las redes de arrastre pelágico. Es de
reconocer que en España existe una sensibilidad ecológica
diferente a la que existe en otros países y, así, la adopción
de estas medidas --la prohibición de la utilización de la red
de enmalle a la deriva así como el arrastre pelágico-- supuso
en España una contestación, una discusión. Hubo una
confrontación con el sector pesquero porque, efectivamente,
este tipo de artes proporcionaba un rendimiento a la flota
pesquera española, pero, como digo, hubo una sensibilidad
tanto por parte de la Administración central como de las
administraciones autónomas pesqueras y se prohibió la
utilización de este tipo de artes. En definitiva, digamos que
hubo una visión y una sensibilidad medioambiental para evitar
la utilización de estas artes pesqueras.
En el año 1987 la flota francesa empieza a utilizar el
arrastre pelágico y las volantas --la flota de altura utiliza
el arrastre y la de bajura las volantas-- y es como
consecuencia de la utilización de estas redes por parte de la
flota francesa cuando se produce el incremento del rendimiento
pesquero de esta flota, que va unido progresivamente, según lo
corroboran datos
científicos, a la disminución de capturas por parte de la
flota del Cantábrico, que faena bien con el sistema del cebo
vivo o del anzuelo o bien por el sistema del curricán o cañas.
Señorías, el que el esfuerzo de la flota pesquera francesa de
la red de deriva, si lo medimos en número de barcos y días de
pesca, se haya incrementado considerablemente de 1990 a 1992 -
-en los dos últimos años--, alcanzando la excepcional cifra de
un 84 por ciento, es un dato a considerar.
Como tuvimos ocasión de manifestar en el debate mantenido el
pasado mes de octubre con relación a la prohibición de las
redes de enmalle a la deriva, yo resaltaría una serie de
aspectos negativos. En primer lugar, constituyen un obstáculo
normal en la navegación marítima, puesto que estas artes de
pesca se colocan un metro por debajo de la superficie del mar,
originando colisiones y que los barcos queden encallados con
sus hélices en este tipo de artes. En segundo lugar, suponen
la disminución de los rendimientos de la flota que utiliza las
artes tradicionales, bien del cebo vivo, bien del curricán, y
ello se comprueba con los datos que he dado de que a medida
que el esfuerzo pesquero de la flota francesa aumenta
disminuye el rendimiento y las capturas de la flota pesquera
del Cantábrico. Y, en tercer lugar, este tipo de artes supone
una mortalidad adicional, no sólo para los túnidos sino
también para los cetáceos, en la medida en que las especies
pesqueras quedan enmalladas y logran liberarse ya heridas, lo
cual origina y adelanta la mortalidad de las mismas, así como
el efecto mecánico que produce el oleaje a la hora de la
utilización de este tipo de redes de enmalle a la deriva.
Desde el Grupo Vasco ya manifestábamos que el aspecto esencial
en esta materia está en el control y en la fiscalización.
Evidentemente, puede ser bonito que nosotros prohibamos la
comercialización de especies pesqueras capturadas con artes de
pesca prohibidas en España cuando eso entra en contradicción
con la entrada en vigor del Espacio Económico Europeo, pues
hay una libertad de mercado, hay un mercado único y
efectivamente no pueden existir esos controles en frontera ni
en destino.
El problema está en cómo se controla si se utilizan artes
reglamentadas o artes que van en contra del reglamento.
Señorías, hay tres tipos de controles. En primer lugar, se
puede controlar en alta mar, que es un control exacto,
específico y muy certero, que no se realiza porque la Unión
Europea no tiene mecanismos de fiscalización. En segundo
lugar, se realiza el control con el desembarco de las especies
en los diferentes puertos de la Unión Europea; ahí, la
responsabilidad es también de los Estados y ahí está la
sensibilidad, la competencia y las ganas de cumplir la
normativa por parte de los Estados. Desgraciadamente, hemos de
decir que tampoco se cumple con el rigor y la suficiencia
necesarias. En tercer lugar, se puede realizar el control en
destino, que evidentemente no tiene ninguna eficacia, ninguna
virtualidad, por una sencilla razón, que el control en
destino, el control en los grandes mercados españoles de
ninguna manera nos puede certificar, justificar o acreditar
que el pescado que en su caso se inspecciona viene de una
pesca derivada de un arte de deriva legal o ilegal, puesto que
eso no puede determinarse en ese momento a efectos
administrativos. Por lo tanto,
estaríamos faltos de pruebas a la hora de incautar una
mercancía o de establecer una sanción a través del mecanismo
sancionador correspondiente.
Por ello, vemos difícil el planteamiento que hace el Grupo
Popular, pero nos parece interesante la iniciativa que
plantea, puesto que suscita un problema que existe en la
realidad pesquera de la Unión Europea. En relación a las
enmiendas que han
planteado el Grupo Catalán (Convergència i Unió) y el Grupo
Parlamentario Socialista, nos posicionaríamos en este sentido.
El Grupo Catalán planteaba la necesidad de homologación.
Efectivamente, es necesario que exista una uniformización, de
forma que ensamble la legislación pesquera española con la de
la Unión Europea, sobre todo en el tema de las redes de
volanta, puesto que el arrastre pelágico, como sabe el Grupo
Parlamentario enmendante, va a venir progresivamente. Hay
flota española utilizando ya el arrastre pelágico en el
Cantábrico fuera de las doce millas y los avances tecnológicos
pesqueros se están fomentando porque origina rentabilidad y
bien utilizados pueden preservar el medio ambiente, entiendo
yo. En ese sentido, diferenciaríamos lo que es la red de
enmalle a la deriva o volanta tradicional de lo que es el
arrastre pelágico. En segundo lugar proponen medidas --lo
redactan a través de una formulación muy genérica-- para
dificultar la comercialización, con lo que nosotros estaríamos
de acuerdo. Quizás hubiera sido más oportuno una precisión más
exacta, pero entendemos que, en aras al consenso con el resto
de los grupos parlamentarios, quizá sea la redacción adecuada.
Con relación a la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista,
quiero indicar que hace alusión al acuerdo parlamentario del
pasado 26 de octubre e insta nuevamente a la Unión Europea
para la adopción de medidas, pero hay que recordar que no es
la Unión Europea la que puede adoptar esas medidas, sino que
lo que podrá hacer es recomendar, instar, urgir a los diversos
Estados para que establezcan los mecanismos de control. Al fin
y al cabo, son estos Estados, bien con el control en alta mar
bien con el control en el desembarco de las especies pesqueras
en el puerto, los que tendrán que realizar la fiscalización de
si se utilizan o no redes de enmalle a la deriva o de arrastre
pelágico, de acuerdo con la reglamentación comunitaria. Por
ello, nuestro Grupo Parlamentario estaría dispuesto a lograr
un consenso, tanto en lo relativo al punto segundo de la
enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista como con la enmienda que plantea
acertadamente el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Por el grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, el día 26 de octubre se adoptó por unanimidad de la
Cámara una resolución por la que se instaba al Gobierno a la
prohibición de determinadas artes pesqueras (volantas, malla a
la deriva y arrastre pelágico) que fue acogida positivamente
por el conjunto de los pescadores, además de que fue, como
digo, una decisión unánime de la Cámara. Creo que hubiera sido
bueno que el desarrollo posterior de la resolución presentada
a raíz de aquella de 26 de octubre también hubiera buscado la
unanimidad incluso en el principio, y no por un prurito de
intentar que todos los grupos estuvieran presentes en la
resolución, sino porque se podían producir disfuncionalidades
como la que hoy se está produciendo en el debate, ya que de
una buena intención como la que plantea la proposición no de
ley, probablemente al final nos encontremos con una resolución
que necesariamente tiene que ser aprobada por toda la Cámara -
-no creo que ningún grupo parlamentario quiera ceder nada en
relación con lo aprobado el 26 de octubre-- pero que, en
realidad, no signifique
prácticamente ningún avance sobre lo aprobado en aquella
fecha. La resolución final de este trámite puede ser el
conseguir que por lo menos no retrocedamos nada con respecto a
lo que se consiguió el 26 de octubre, aunque en realidad
avancemos poca cosa. Por eso yo creo que hubiera sido
interesante haber
conseguido que esa unanimidad que se logró el 26 de octubre se
hubiera plasmado, no en el momento en que se está sustanciando
este debate sino previamente a la entrega de esta proposición
no de ley. Efectivamente, es buena la intención que plantea la
proposición del Grupo Popular en el sentido de que es justo
que no se comercialice en España lo que estamos prohibiendo
que se pesque aquí con las leyes que estamos planteando, pero,
evidentemente, al no poder lograr que salga esto de la Cámara,
lo que por lo menos debería conseguirse es lo que propone el
Grupo Catalán (Convergència i Unió) en su enmienda, en el
sentido de urgir a la Unión Europea a que tome medidas
legislativas similares a las que se elaboren en España. Sin
embargo, no parece que sea eso lo que vaya a salir del debate,
ya que entendemos que la enmienda que presenta el Grupo
Socialista no aporta mucho con respecto a lo aprobado el día
26 de octubre, aunque creemos que debe ser unánimemente
aprobada para que al menos no se produza un paso atrás sobre
lo conseguido en aquella fecha. Creemos que sería bueno que se
avanzara en este proceso y que se equipara la legislación
europea a la legislación española para impedir que nuestros
pescadores se encuentren en esa situación de
inferioridad en la que hoy día se hallan con respecto al
conjunto de los pescadores europeos. No hay que olvidar que
éste es un sector importantísimo en nuestro país, que además
nos lleva a situaciones como las que se están dando estos días
en que España está planteando serios problemas a la
integración de Noruega, porque realmente se está comprobando
que puede existir un daño grave al haber situaciones
diferentes de unos países con respecto a otros dentro de la
Unión Europea.
Por tanto, anunciando que mi Grupo Parlamentario, vistas las
enmiendas, apoyará la resolución en el sentido que salga,
lamentamos en última instancia que en un debate como éste no
se avance mucho más de lo que
realmente se consiguió en la resolución de 26 de octubre.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Andreu.
Por el Grupo autor de la proposición, para expresar la
aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, tiene la
palabra el señor Fernández de Mesa.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Muchas gracias, señor
Presidente. El Grupo Parlamentario Popular no pretende un mero
acuerdo testimonial de la Cámara sobre algo en lo que estamos
todos de acuerdo. Por tanto, en cuanto a la enmienda
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo
Parlamentario Popular la aceptaría en los términos expresados,
incluyendo en el segundo párrafo, después de «asimismo», lo
siguiente: «se insta a incrementar la vigilancia y control
sanitario a las importaciones de especies pesqueras».
Recuerdo a los representantes del Grupo Parlamentario
Socialista lo que pasa con nuestros productos hortofrutícolas
cuando llegan a Francia, y les recuerdo lo que ha pasado con
los pescadores franceses cuando Francia limitó las
importaciones de países de fuera de la Comunidad: han
defendido los intereses de Francia, dentro de la Comunidad
Europea, del sector pesquero. Nos parece bien la propuesta que
realiza el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y
sobre todo si el Grupo Parlamentario Socialista pudiera
aceptar la segunda parte de la enmienda presentada por dicho
Grupo, que tampoco obliga al Gobierno a prohibir la
comercialización sino simplemente a adoptar medidas que
permitan superar las dificultades que se deriven de la
comercialización en España de aquellas especies pesqueras
capturadas por métodos, etcétera, etcétera.
En realidad, lo que plantea el PNV en relación con el --
permítame la expresión-- «refrito» de las enmiendas
presentadas --aunque el control en destino sí se puede hacer,
señor representante del Partido Nacionalista Vasco, porque
para eso hay especialistas en este país, y no es lo mismo
pescar con redes de enmalle que con anzuelo, ni llegan en las
mismas condiciones las capturas pescadas con enmalle que
pescadas con anzuelo--, es incrementar el control que
propone...
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández de Mesa, le ruego se
atenga a la aceptación o rechazo de las enmiendas y no realice
un debate con el representante del Grupo Vasco.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Sí, señor Presidente.
Digo que aceptamos lo que propone el Grupo Catalán
(Convergència i Unió) en cuanto a la comercialización y
pedimos al Grupo Parlamentario Socialista que, además de la
inclusión, en el segundo párrafo de su enmienda, de que se
inste a incrementar la vigilancia y control sanitario que
nosotros proponemos, realice un esfuerzo, si es posible, por
añadir a su enmienda el segundo apartado de la del Grupo
Catalán (Convergència i Unió). En ese sentido, nosotros no
tendríamos inconveniente en aceptar las enmiendas presentadas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Mesa.
Tiene la palabra el señor Moragues.
El señor MORAGUES GOMILA: Gracias, señor Presidente.
Para adelantar que aceptamos la inclusión del párrafo
propuesto por el Grupo Popular, en el sentido de incrementar
los requisitos de vigilancia y control sanitario a la
importación de especies pesqueras. Lamentamos que no podamos
aceptar el segundo párrafo de la enmienda del Grupo Catalán,
porque la redacción complica y desvirtúa a nuestro entender el
texto de la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista,
por las razones que hemos expuesto en nuestra primera
intervención.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Moragues.
El señor Vidal tiene la palabra.
El señor VIDAL I SARDO: Sí, señor Presidente.
Nosotros retiramos nuestra enmienda en aras del consenso de
esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vidal.
Señor Fernández de Mesa y señor Moragues, agradeceríamos que
hiciesen llegar a la Presidencia el texto preciso que
pretenden que se someta a votación, fruto de las transacciones
que han expuesto. (Pausa.)
Señorías, vamos a proceder a la votación de la proposición. Se
somete a votación en los siguientes términos, tras la
aceptación, por parte del Grupo proponente, de la enmienda del
Grupo
Socialista, con las siguientes modificaciones: el apartado
primero de la enmienda será el que figura en la enmienda del
Grupo Socialista y el segundo párrafo de la proposición no de
ley será el siguiente: «Asimismo, se insta al Gobierno a
incrementar la vigilancia y control sanitario de las
importaciones de especies pesqueras y a que propugne ante la
Unión Europea la adopción de las medidas necesarias para
asegurar que no se vulneran los objetivos perseguidos por esta
prohibición.» Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 303; a favor, 303.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición.
DECLARACION INSTITUCIONAL:
El señor PRESIDENTE: De acuerdo con los grupos, propongo a la
Cámara la aprobación de una declaración institucional con
motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer.
Declaración por la que se asume la resolución aprobada por el
Parlamento Europeo el 11 de febrero de 1994 sobre la mujer en
los órganos decisorios y según la cual se solicita a los
partidos políticos que elaboren una política de acción
positiva para lograr una representación democrática
equilibrada e incrementar la participación de la mujer en la
vida política y su eligibilidad para cargos políticos. Se
solicita a la Comisión que aplique recursos adicionales para
formular acciones y medidas, en cooperación con los Estados
miembros, de los partidos políticos con vistas a aumentar el
número de mujeres electas al Parlamento Europeo. El Congreso
de los Diputados expresa su voluntad de hacer suya esta
resolución, y manifiesta su solidaridad con sus objetivos, en
el convencimiento de que, para conseguirlos, es necesario
seguir avanzando en la igualdad real entre hombres y mujeres
en el conjunto de la sociedad. ¿Aprueba la Cámara la
declaración? (Asentimiento.)
Queda aprobada. (Aplausos.)
AVOCACION POR EL PLENO DE PROYECTOS DE LEY:
--DEL PROYECTO DE LEY DE TRASPOSICION DE LA DIRECTIVA 89/552
DE LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA SOBRE LA COORDINACION DE
DISPOSICIONES LEGALES, REGLAMENTARIAS Y ADMINISTRATIVAS DE LOS
ESTADOS MIEMBROS RELATIVAS AL EJERCICIO DE ACTIVIDADES DE
RADIODIFUSION TELEVISIVA (Número de expediente 121/000029)
El señor PRESIDENTE: La Mesa, oída la Junta de Portavoces, ha
acordado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149
del Reglamento, proponer al Pleno la avocación de la
deliberación y votación final del proyecto de transposición de
la Directiva 89/552 de la Comunidad Económica Europea sobre la
coordinación de disposiciones legales reglamentarias y
administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio
de actividades de radiodifusión televisiva.
¿Acuerda el Pleno recabar la avocación? (Asentimiento.)
Queda aprobada la avocación.
--DEL PROYECTO DE LEY DE FUNDACIONES Y DE INCENTIVOS FISCALES
A LA PARTICIPACION PRIVADA EN ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL
(Número de expediente 121/000025)
El señor PRESIDENTE: La Mesa, oída la Junta de Portavoces, ha
acordado también proponer al Pleno la avocación de la
deliberación y votación final del proyecto de ley de
fundaciones y de incentivos fiscales a la participación
privada en actividades de interés general.
¿Acuerda el Pleno recabar la avocación? (Asentimiento.)
Queda aprobado.
SOLICITUD DE TRAMITACION DIRECTA Y EN LECTURA UNICA DE
INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
--DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ESTABLECEN NORMAS SOBRE
CONCURSOS DE PROVISION DE PUESTOS DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS
DOCENTES (Número de expediente 121/000035)
El señor PRESIDENTE: Finalmente, la Mesa, oída la Junta de
Portavoces y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150
del Reglamento, ha acordado someter a la aprobación de la
Cámara la tramitación directa y en lectura única por el propio
Pleno del proyecto de ley por la que se establecen normas
sobre concursos de provisión de puestos de trabajo para
funcionarios docentes. ¿Lo aprueba la Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobada la tramitación directa y en lectura única de
este proyecto de ley.
PROPOSICIONES NO DE LEY (Continuación):
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE CRITERIOS A APLICAR PARA LA
RECONVERSION DE LA SIDERURGIA (Número de expediente
162/000033)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sobre criterios a
aplicar para la reconversión de la siderurgia.
Tiene la palabra el señor García Fonseca. (El señor
Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor GARCIA FONSECA: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, intervengo para plantear, una vez
más, en nombre de mi Grupo, Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, el tema de la reconversión o, dicho de otra manera,
del futuro que pueda tener la siderurgia integral en nuestro
país.
La reiteración con que nuestro grupo viene planteando este
tema nos parece suficientemente justificada --y creo que a
todos ustedes se lo parecerá igualmente-- si tenemos en cuenta
dos datos fundamentales, entre otros muchos. Un primer dato es
que la reconversión de la siderurgia en nuestro país, de toda
la siderurgia integral fundamentalmente, empezada en 1984,
está suponiendo y va a suponer --nada más y nada menos-- casi
un billón de pesetas de dinero público, entre inversiones,
gastos sociales, gastos financieros, etcétera. Repito, un
billón de dinero público que se está gastando, que se ha
gastado ya en gran parte y que está previsto gastar en todo el
proceso de reconversión siderúrgica.
Un segundo dato suficientemente expresivo, a nuestro entender,
de su importancia --y de ahí la reiteración con que nuestro
grupo vuelve sobre el tema en esta Cámara-- es que la
producción de la siderurgia integral española supone nada más
y nada menos que el 0,25 por ciento del producto interior
bruto. No se trata, por tanto, de un tema menor, por sectorial
que pueda parecer; es tun tema de gran envergadura y,
obviamente, es un tema de gran calado. Porque la cuestión está
en que siendo un tema de esta enorme importancia, de estas
enormes magnitudes, de estos tremendos costos, lógicamente es
de un interés no menos
fundamental que esta reconversión se lleve a cabo de forma y
manera que asegure con claridad un futuro a nuestra
siderurgia. Si esta reconversión, con estas cifras casi
escalofriantes, terminase en un fracaso, las responsabilidades
serían enormes. Nosotros pensamos, y lo hemos manifestado en
repetidas ocasiones en esta Cámara, que el proceso, desde su
inicio, no se está llevando por buen camino, y simplemente
quiero aportar algunos datos significativos, al entender de mi
Grupo. La primera etapa de la reconversión, del año 1984 al
año 1990 --recién terminada, por tanto, y algunas de cuyas
intervenciones ni siquiera han terminado de materializarse--,
a nuestro juicio no cumplió los objetivos señalados, y prueba
de ello es que, según el propio Presidente de la Corporación
de la Siderurgia Integral Española, después de esta primera
reconversión, de cuatro años, el coste de la bobina caliente
sigue siendo un 25 por ciento más caro que el de nuestros
homólogos comunitarios. Este me parece que es un dato
suficientemente expresivo de que si hubo una reconversión
importante y costosa no se puede decir, igualmente, que haya
sido una reconversión acertada. Si una vez terminada la misma
los costes de nuestra bobina caliente son un 25 por ciento más
caros que los de nuestros competidores comunitarios y,
consecuentemente, eso exige un segundo plan de reconversión,
que implica una reducción de capacidad y una reducción de
plantilla de más de 10.000 trabajadores, creo que esa primera
reconversión --porque no era una primera etapa, era una
reconversión que terminaba, en principio, en sí misma-- no se
puede calificar de otra manera que como un fracaso rotundo.
Nuestro Grupo quiere señalar algunos de los elementos erróneos
que han sido factores fundamentales en el fracaso de esa
reconversión. En primer lugar, hubo un plan, con una inversión
de 85.000 millones de pesetas en la cabecera y acería de Altos
Hornos de Vizcaya, que terminaba en 1990, y en 1991 el nuevo
plan plantea nada más y nada menos que el cierre total de las
instalaciones donde se invirtió una cantidad tan tremenda como
la que acabo de citar; plantea su achatarramiento total. Una
de dos: o el primer plan estaba muy mal diseñado --¿a quién se
han pedido responsabilidades?-- o el nuevo plan no tiene en
cuenta, realmente, el enorme esfuerzo que supuso el anterior.
Otro error fundamental, que nuestro Grupo viene denunciando en
muchas ocasiones, es que entonces se repararon los dos trenes
de bandas en caliente que había. Fue un poco como el juicio
salomónico, pero llevado hasta el final. Se partió el niño en
dos. En lugar de construir un solo tren de bandas en caliente,
del ancho suficiente como para abastecer el mercado del
automóvil, uno de los fundamentales de nuestra siderurgia, por
un coste muy aproximado se repararon esos dos trenes que hoy
se muestran estructuralmente incapaces para abastecer este
mercado; por tanto, tenemos que importar este tipo de plancha
de fuera. Repito, por una cantidad muy similar a la que se
gastó hubiéramos tenido hoy un tren de bandas en caliente, que
es una de las piezas clave de cualquier siderurgia moderna y
uno de los elementos nucleares de cualquier siderurgia que
haya tenido algún tipo de reconversión o que, simplemente, sea
una siderurgia competitiva, cualesquiera que sea, tanto a
nivel europeo como a nivel mundial.
A consecuencia de estos y otros errores que no quiero enumerar
en aras de la brevedad, las pérdidas totales de la CSI --
repito, un 25 por ciento más cara la bobina caliente--
resultaron, en 1991, 55.000 millones de pesetas,
inmediatamente terminado el primer plan; en 1992, 100.000
millones de pesetas, y en 1993, otros 100.000 millones de
pesetas. Dicho en otros términos escalofriantes: la
Corporación Siderúrgica Integral pierde 43 pesetas por cada
100 de ventas, mientras que la siderurgia europea que más
pierde a continuación, que sería la holandesa, Hoogovens,
pierde siete de cada 100 pesetas. No se puede hablar, por
tanto, que las pérdidas de nuestra siderurgia son las que
sufren, que padecen todas las siderurgias mundiales, porque no
es así. Hay siderurgias que no solamente no tienen pérdidas,
sino que tienen beneficios, como puede ser el caso de Thyssen
o de Preussag. De cualquier forma,
nuestras pérdidas no son en absoluto comparables. De 43
pesetas por cada 100 a 7 por cada 100 es una diferencia tan
abrumadora que no se puede justificar de ninguna de las
maneras.
El nuevo plan, ya acordado en Bruselas en sus líneas
fundamentales, a nuestro entender sigue padeciendo, sigue
cojeando de los errores básicos que acabo de señalar. No se
contempla un tren de bandas en caliente de ancho adecuado.
Seguimos teniendo las mejores instalaciones. Concretamente la
LD-III, reconocida como la acería más moderna de Europa y una
de las más modernas, incluso, de las siderurgias mundiales, la
tenemos absolutamente infrautilizada, a mitad de su posible
utilización. Simplemente, con un tercer convertidor, que
supondría 25.000 millones de pesetas, esta acería duplicaría
su capacidad y no podría ser comparada ni en precio ni en
calidad con una
miniacería eléctrica, que supone entre 50 o 70.000 millones de
pesetas y que, según todas las predicciones (predicciones cada
vez más negativas en cuanto a coste de electricidad, coste de
la chatarra, etcétera), en ningún momento puede competir, por
supuesto, en calidad; esto de ninguna de las maneras,
estructuralmente es imposible, pero ni siquiera en costes, con
una LD-III que es la acería más moderna que posee nuestra
siderurgia y una de las más modernas europeas.
Por tanto, el motivo fundamental de esta proposición no de ley
hecha en su día (y en su día, octubre de 1993, hubiera sido un
momento mucho más propicio, pero nunca es tarde para corregir
errores) es que con el mismo dinero, e incluso con los
parámetros básicos fundamentales aprobados en Bruselas,
podrían hacerse inversiones mucho más adecuadas. Este es el
sentido que todavía sigue teniendo, a nuestro entender, la
proposición que hoy sometemos a consideración de todos
ustedes. Porque resulta que los planes no se hacen de una vez
por todas, y cuando ya parece que ante un segundo plan
aprobado en Bruselas el futuro
teóricamente quedaría despejado (a nuestro entender nunca lo
ha estado, como acabo de exponer), nos encontramos con que, de
nuevo, se vuelven a plantear recortes de plantilla que,
posiblemente, repercutan en recortes de capacidad.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vaya concluyendo,
señor García Fonseca.
Este es, repito, el sentido fundamental de que nosotros
mantengamos viva esta proposición no de ley, hecha en un
momento mucho más favorable que el de ahora, pero, repito,
nunca es tarde para corregir errores. Quisiera --y este es un
ruego que hago a todos los grupos parlamentarios--que tomaran
en consideración esta proposición no de ley. Entiendo que
puede ser discutible según la filosofía, el planteamiento o
los intereses que pueda representar para cada grupo asumir
todas y cada una de las partes que a nosotros nos parecen
razonables y válidas. En todo caso, quisiera subrayar
simplemente algunas a las que ya,
indirectamente, hice defensa de ellas en esta exposición que
acabo prácticamente de concluir. Me refiero fundamentalmente a
las del punto 2 y 6.
Incluso en los planes laborales aprobados con alguno de los
sindicatos se contemplaban medidas para estas zonas que van a
estar afectadas fuertemente por reducciones de empleo, que se
suman a reducciones de otras empresas y sectores en
reconversión, y se planteaba que hubiera planes o programas de
reindustrialización, de diversificación, etcétera, e incluso
se aceptaba oficialmente liberación del suelo industrial,
sociedades de capital riesgo, tanto en Asturias como en
Euskadi (en Euskadi se ha hablado ya de una sociedad de
capital-riesgo de 30.000 millones), planes de formación,
incluidos en las negociacionese con la propia UGT en el plano
laboral, etcétera. Sobre esto, hasta la fecha, que nuestro
Grupo sepa, todavía no hay nada de nada, con lo cual, a una
reconversión que, a nuestro juicio, no solamente no
salvaguarda el futuro de la siderurgia, sino que incide en los
mismos errores de las anteriores que han dado motivo a nuevas
y permanentes reconversiones, se añade el vacío de programas
de reindustrialización y de diversificación que mi Grupo
también quiere hacer constar críticamente en esta
proposición no de ley.
Estos son los puntos fundamentales de la proposición que
sometemos a debate, a considereación y aprobación de todos
ustedes. Simplemente quiero pedirles que la tomen con el mayor
cariño y que lo expresen con un voto positivo. Nada más.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor García
Fonseca. A esta prohibición no de ley se han presentado una
serie de enmiendas por parte del Grupo Popular. Para la
presentación y defensa de estas enmiendas, tiene la palabra el
señor Landeta.
El señor LANDETA ALVAREZ-VALDES: Señor Presidente, señoras y
señores Diputados, en esta primera intervención en este foro
quiero, en primer lugar, extender mi saludo al Presidente, a
los miembros de la Mesa y también a los queridos compañeros
que en este momento me acompañan. En primer lugar, tengo que
decir que nuestra intervención es para defender seis enmiendas
presentadas a esta proposición no de ley del Grupo Federal de
Izquierda Unida sobre criterios a aplicar para la reconversión
siderúrgica. Tengo que decir que esta proposición no de ley se
debatió el día 4 de noviembre de 1993 ante la Junta General
del Principado de Asturias y en ese momento fue
aceptado el sexto apartado y rechazado el contenido del resto.
Con dicha pretensión, Izquierda Unida pretendía la
reelaboración del Plan de Competitividad de la siderurgia
integral al considerar que el mismo era inadecuado. En segundo
lugr, pretendía una estrategia diferente en el marco
comunitario, que suponga la incorporación de la reconversión
al marco de la siderurgia comunitaria. En concreto, se
pretendía modificar la siderurgia estatal y la estrategia en
el marco comunitario en cuanto que afecta a todo el plan
siderúrgico español, porque para Izquierda Unida en Europa no
existía política siderúrgica. Somos conscientes de la
importancia y trascendencia que tiene la política siderúrgica
para dos autonomías: Euskadi y Asturias. Para estas regiones,
Altos Hornos de Vizcaya y Ensidesa no son una simple empresa,
sino que, en los momentos actuales de las crisis tan grandes
que están padeciendo estas regiones, son dos elementos
trascendentales y dinamizadores para ambas regiones. A lo
largo de todas las sesiones, tanto en la Comisión de Industria
como en las comparecencias del Presidente del CSI, mi
distinguido compañero señor Peón incidió en todo momento en la
defensa de la política vasca de la siderurgia. En todo momento
se interesó por los nuevos socios y la gestión de la Acería
Compacta de Sestao, del adelanto del cierre de Laminados de
Ansio, y también de los perjuicios que se dice que están
sufriendo en los momentos actuales los socios minoritarios de
Altos Hornos de Vizcaya. Fue un claro defensor --y tengo que
decirlo-- también de la miniacería vasca que, en modo alguno,
la consideramos incompatible con las actuaciones que se están
llevando a efecto en los momentos actuales por la industria de
Ensidesa.
La iniciativa a debatir se presentó en esta Cámara en octubre
de 1993. En ese momento fijaba Izquierda Unida la posición
sobre la misma. Hoy han transcurrido cuatro meses y el Plan se
encuentra aprobado por el Consejo de la Comunidad el 17 de
diciembre de 1993.
Por tanto, entendemos que esta proposición no de ley tiene
indiscutiblemente un efecto testimonial, por lo menos, pero no
un efecto práctico, dado que es muy difícil volver a negociar
las condiciones del Plan al estar cerradas todas las
negociaciones. No existe en el momento actual una vía posible
de revisión desde el Plan con todas sus consecuencias.
Creo que para poder juzgar el tema siderúrgico es necesario
tener en cuenta lo que de sí dio el informe Brown, informe que
encargó la Comunidad Económica Europea en el año 1990, que
puso de relieve que en toda Europa había un excedente de 30
millones de toneladas anuales en la fabricación de acero bruto
y de 16 a 26 millones de toneladas de productos laminados.
Esto ha puesto en peligro en estos últimos años 70.000 puestos
de trabajo y, de no tomarse unas medidas serias, importantes
respecto a este tema, la consecuencia sería la pérdida de
otros 175.000 puestos de trabajo. Debemos resaltar que los
males que padece en el momento actual la siderurgia no son
achacables sólo al problema de nuestra entrada en Europa. Para
nosotros existió una mala política del Gobierno y una mala
gestión empresarial, y basta examinar los planteamientos y las
realidades que ha sufrido Ensidesa. En el año 1985 Ensidesa
tenía una producción de acero de cuatro millones y medio de
toneladas, en 1991 tiene 4
millones. La plantilla bajó, nada más y nada menos, que de
24.500 puestos de trabajo a 17.250 en 1991 y en el momento
actual ronda los 8.900 puestos de trabajo. En las pérdidas
ocurrió otro tanto. En el año 1985 Ensidesa perdía 17.500
millones de pesetas: en el año 1991, 33.864 millones de
pesetas y en el año 1992-1993, lleva nada más y nada menos que
68.000 millones de pesetas de pérdidas. Esto da
indiscutiblemente la idea clara de por qué defendemos que la
política siderúrgica del Gobierno no fue la acertada durante
todos estos años.
Para nosotros hubo errores al combatir los costes de
producción; hubo errores en los tipos tan altos que se
aplicaron a estas empresas y hubo errores también en el costo
de la energía y otros elementos que llevaron a este desastre
económico, a la quiebra técnica de estas dos empresas. Creo
que España en el momento actual tiene una baza muy importante
que jugar. Todos
pretendemos, y este es el interés principal, que lo que se
aprobó tenga éxito; que los acuerdos que ha impuesto la
comunidad de que la acería compacta de Sestao tuviera un mayor
capital privado, de que el cierre de laminados de Ansio, de
Altos Hornos de Vizcaya, se adelante en dieciocho meses o que
se haya aumentado la autorización para las ayudas
comunitarias, sean los elementos fundamentales para que ese
plan realmente se lleve adelante. Nosotros hemos presentado
unas enmiendas que lógicamente tienen, creo, una importancia
muy grande. En primer lugar, al punto 1 presentamos una
enmienda de modificación que creo que tiene que votar
afirmativamente toda la Cámara, porque su objetivo
fundamental es lograr que las industrias siderúrgicas tengan
futuro.
En segundo lugar, presentamos la enmienda número 2, también de
modificación, en la que se dice que debían de potenciarse las
instalaciones rentables infrautilizadas o cuya productividad
fuera claramente mejorada con algunas inversiones
complementarias, de acuerdo con el plan aprobado por la Unión
Europea. De esta enmienda hemos eliminado una frase que hacía
mención al tren de la acería de Avilés LD-III porque creo que
ese criterio no sólo se debe de aplicar a Avilés y la LD-III,
sino también a todas aquellas instalaciones siderúrgicas que
gocen de esos pronunciamientos.
Hemos presentado sendas enmiendas de supresión de los
apartados 3, 4, 5 y 7 porque consideramos que el plan se
encuentra aprobado en los momentos actuales, que es muy
difícil reabrir el proceso de negociación y que es el momento
de mirar hacia el futuro y entre todos sacar adelante la
siderurgia en nuestro país, de la que viven tantas familias en
las autonomías de Asturias y País Vasco.
Finalmente, en lo que se refiere al apartado sexto, estamos
plenamente conformes con intensificar los programas de
reindustrialización tanto en los sectores mineros, como en el
naval, en el siderúrgico, en el agrícola y en el ganadero. La
Comunidad está realizando esfuerzos en este sentido, pero
nosotros somos conscientes de que deben seguir adelante los
fondos estructurales y aplicar con todas sus consecuencias el
programa previsto. Por todas estas razones, proponemos al
grupo que ha presentado esta proposición no de ley que acepte
nuestras enmiendas a fin de votar favorablemente dicha
Proposición. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Landeta. ¿Qué grupos desean fijar su posición en este debate?
(Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
señor González Lizondo.
El señor GONZALEZ LIZONDO: Señor Presidente, señorías, quiero
agradecer al señor García Fonseca y al Grupo de Izquierda
Unida la presentación de esta proposición no de ley, que me
permite hablar de la siderúrgica y recordar lo sucedido en una
que no tuvo que desaparecer y que desapareció. El señor García
Fonseca ha dicho que la primera reconversión fue un fracaso.
Yo añado que un fracaso y una chapuza, porque no se hizo lo
que se debía. Y cuando ustedes hablan aquí y dicen con qué
criterios se va a estudiar, yo pregunto con qué criterios se
hizo entonces. ¿Con qué criterios desapareció Sagunto? Sagunto
desapareció
sencillamente por los criterios políticos del momento, por los
criterios que los grupos políticos supieron defender. Cada uno
supo defender su parcela. Usted defendió determinadas acerías
en el resto del Estado español, pero no se supo defender allí,
puesto que todos los informes que se dieron demostraban que la
siderúrgica de Sagunto posiblemente era la única que en estos
momentos hubiera podido llegar a ser si no rentable, por lo
menos sí a mantener los costos que hoy en día se han vuelto a
disparar, porque, efectivamente, fue una perfecta chapuza. Hoy
hablan ustedes de los criterios y en el punto cuarto de su
propuesta se dice: el cierre de instalaciones debe hacerse
teniendo en cuenta la competitividad y obsolescencia de cada
una de las plantas industriales. No sé si lo van a hacer así o
no. Está claro que desde mi punto de vista España no debe
ceder absolutamente nada más en siderurgia. Ya cedimos
bastante los valencianos para el resto del Estado. Creo que no
se debe ceder nada. Debemos mantener la producción que se
tiene y se debe intentar que no haya una nueva sangría a este
respecto. Ahí nos encontrarán. Fuimos los grandes perdedores.
Hoy da la impresión de que hay una confrontación regional
entre dos comunidades autónomas. Yo creo que no debe existir.
Creo que se deben aunar los criterios para que no sigamos
perdiendo y, por supuesto, que con la racionalidad, que no se
tuvo hace años, se mantenga el proceso de reindustrialización,
de regeneración de la industria siderúrgica con criterios
verdaderamente objetivos y que no se adopten los que se
fijaron en su tiempo cuando se desmanteló Sagunto con una
bomba que, desgraciadamente, segó no solamente la riqueza de
una región, sino las grandes
posibilidades que tenía la siderúrgica española a través de
Altos Hornos del Mediterráneo en sus instalaciones en Sagunto.
Vuelvo a repetir, que no existían criterios subjetivos de
ningún tipo, única y exclusivamente los objetivos, y ahora se
van a volver a cumplir. Lo que me gustaría es que no hubiera
otros objetivos que no fueran la defensa integral de lo que
queda.
Así que, señor García Fonseca, dentro de esa técnica le voy a
apoyar y, naturalmente --vuelvo a repetir otra vez--, gracias
por haber permitido que aquí se diga, aunque sucedió hace unos
años, que no fue un fracaso, fue una perfecta chapuza con
criterios eminentemente políticos, y que los valencianos, una
vez más, no tuvimos en este hemiciclo ni en ningún sitio
aquellas personas capaces de defender lo que se perdió, sin
necesidad de que se hubiera hecho.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Albistur
tiene la palabra.
El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.
Quisiera subrayar la sensibilidad del señor García Fonseca en
este tema --que me consta, porque como compañero de la
Comisión la he vivido-- y, sobre todo, lo que de verdad hay en
su
proposición no de ley, en la cual se destaca que resulta a
todas luces descompensada la propuesta de reducción de
capacidad que se está realizando en este tema. Sin embargo,
creo que el Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya ha tenido la oportunidad de
fortalecer por la vía parlamentaria el trabajo, por solucionar
un problema que afecta a dos regiones industrializadas en
declive, y lo ha hecho, pero consiguiendo
lo que a mi modo de entender parece más una confrontación que
la búsqueda de una solución.
Bien es verdad que existe una sobrecapacidad y que
precisamente el problema está en la solución que se nos está
planteando --la de redimensionar la siderurgia española--,
pero el hecho de proponer inversiones en LD-III de Ensidesa
cubriría toda la capacidad del Estado haciendo inviable el
tema de Sestao. Más que la solución que se nos da en esta
proposición, la miniacería en estos momentos se presenta como
más competitiva, habiéndose exigido la incorporación no de
capital público, sino privado, cuya rentabilidad hoy por hoy
es dudosa pero que, en definitiva, se exige y se está
procediendo a juntar y a reunir. Además, se exige el cierre de
instalaciones y no hay ideas claras sobre el futuro de los
activos de Altos Hornos de Vizcaya y las sociedades acabadoras
participadas hoy mayoritariamente por Altos Hornos de Vizcaya.
El problema reside en algo que un periodista decía no hace
mucho tiempo: que para nosotros no es precisamente un problema
de confrontación, sino de síntesis que tenemos que buscar. Que
España y, en consecuencia, el País Vasco le hayan aplicado la
dosis que le correspondía o no en materia de reconversión
siderúrgica es un tema que parece ser irrelevante. Esa guerra
se perdió hace tiempo y quizás no combatimos suficientemente.
La cuestión hoy en día es saber si la receta, justa o injusta,
va a funcionar y a garantizar, en el caso del País Vasco --y
digo también en el caso de Asturias--, la producción de acero
necesaria para alimentar nuestras plantas acabadoras y
mantener los mercados que actualmente tiene la siderurgia
española. Estaríamos de acuerdo con los puntos 6, 4 y 5 de la
proposición, no así con los puntos 1, 2, 3 y 7. También
estaríamos de acuerdo --porque nos parecen razonables-- con
las enmiendas presentadas a los puntos 1 y 2 por parte del PP,
pero creo que de alguna forma pierden su consistencia en la
misma condición que la proposición tiene, no por sí mismas.
Yo terminaría invitando al Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya a presentar una
iniciativa parlamentaria para desarrollar el punto 6 de su
proposición, porque considero que hay que mirar el futuro,
tratando de solucionar los enormes excedentes que va a haber
en este sector.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Albistur. Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la
palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
Señor García Fonsea, voy a intervenir brevemente desde el
escaño y voy a indicar que usted es una persona normalmente
bienintencionada y rigurosa en el planteamiento de las
cuestiones que suele presentar en esta Cámara, pero con una
excepción, desgraciadamente: las iniciativas parlamentarias
atinentes al sector siderometalúrgico, donde de forma casi
sistemática, señor García Fonseca, de forma regular, nos
provoca severas reservas mentales.
En relación a esta proposición no de ley que su Grupo presenta
y usted en su nombre defiende, tengo que decirle que, en
primer lugar, tiene problemas de extemporaneidad. Usted
pretende modificar la esencia, los aspectos esenciales de un
plan que ya ha sido aprobado en Bruselas por el Consejo de
Ministros de la Unión Europea y que está, además, en una fase
avanzada de ejecución en algunos de sus aspectos, en algunos
de sus ámbitos. Lógicamente, eso deshomologa la pretensión de
que cualquiera de sus contenidos, salvo el punto 6, como luego
le indicaré, sea objeto de su toma en consideración. Con esto
le estoy indicando ya que nuestro voto va a ser negativo a la
toma en consideración de esta proposición no de ley. Pero nos
preocupa más otra cosa, señor García Fonseca. Normalmente,
cuando usted presenta este tipo de iniciativas subyace en las
mismas de forma sutil, de forma subrepticia, cierto tono de
confrontación, de alienamiento entre los intereses a favor de
unos o de otros o enfrentando a unos contra otros, de las dos
grandes factorías que constituyen en este momento el sector
siderometalúrgico del Estado español. Usted me hace signos que
desde una perspectiva semiótica entiendo que son negativos en
relación a esta interpelación que yo hago, y como ya esperaba
una negación de esta naturaleza por su parte, le voy a leer
unas declaraciones suyas, una intervención suya que consta en
el «Diario de Sesiones» de fecha 22 de diciembre de 1993.
Dice usted --y reproduzco sus palabras-- lo siguiente: Por
ejemplo, simplemente un ejemplo, yo le preguntaba que cómo es
posible que el plan 1984-1990 haya gastado 85.000 millones de
pesetas en las instalaciones de Baracaldo y ustedes en su plan
las achatarran un año después de terminar las inversiones; un
año después.
Usted me dice que es muy bonito ver las cosas desde la barrera
y lo que hoy se ve mal entonces era bueno, pero usted mismo
daba razones de la inviabilidad de Altos Hornos de Vizcaya --y
cito palabras suyas sobre las razones de inviabilidad--, de la
cabecera de Altos Hornos de Vizcaya tan absolutamente
insuperables --es la cita que usted hace en este momento--como
que las instalaciones de Sestao y Baracaldo están en el fondo
de una ría que no permite la entrada de buques de más de un
determinado tonelaje. Es una cita literal del «Diario de
Sesiones». ¿Cómo puede explicar --continúa usted preguntando--
usted que esto que hoy se ve mal por
razones de este tipo, hace cuatro años estuviera bien? ¿O es
que entonces la ría de Bilbao tenía más calado?
Hay otra serie de reflexiones complementarias que hace que
acreditan cuál es el talante, cuál es el tono, cuáles son los
presupuestos teóricos, en definitiva, de este tipo de
iniciativas, donde se incorpora un tono latente de
confrontación entre intereses legítimos ambos, pero que no
pueden ser objeto de confrontación desde una perspectiva
prudente de análisis político. No puede ser objeto de
confrontación, señor García Fonseca, porque en virtud del plan
europeo de viabilidad del sector y de las decisiones ya
tomadas por la corporación
siderúrgica integral Ensidesa en este momento se queda con la
parte del león, con la columna vertebral de la industra
siderometalúrgica española. Usted lo sabe perfectamente.
Altos Hornos de Vizcaya pierde su cabecera. Altos Hornos de
Vizcaya --y esto ha sido comentado ampliamente en la Comisión
de Industria-- ve minorada notablemente su capacidad de
producción y se tiene que transformar en virtud de los
requerimientos del plan aprobado por los órganos de la Unión
Europea. Se ve en la necesidad de transformarse, a través de
la creación de un nuevo grupo industrial, donde, además, la
iniciativa y el capital privado es preminente, es hegemónico,
en algo diferente, en una industria no ya siderúrgica, sino en
una acería compacta, en una miniacería que va a intentar
compensar lo único que en este momento en nuestra industria
siderometalúrgica se puede
compensar, lo único que es deficitario, que es la bobina de
caliente.
Por esa razón, señor García Fonseca, por este talante que
nosotros entendemos que incorpora sutilmente --no lo dice con
claridad-- a sus iniciativas atinentes al sector
siderometalúrgico, le vamos a votar que no. Entendemos que
sólo se puede salvar el punto 6, pero quizá éste sea el menos
relevante --en su propia consideración usted lo ha dicho-- y
sería poco decoroso que sólo sea aprobado, que sólo sea objeto
de aceptación la toma en consideración del punto 6 en el
contexto de la serie de puntos que constituye su proposición
no de ley. Nos parecen mucho más acertadas las enmiendas, las
propuestas presentadas por el Grupo Popular. Nos parecen mucho
más
congruentes, mucho mejor concebidas conceptualmente. Lo que
pasa es que --usted lo sabe perfectamente-- estas enmiendas
suponen una modificación de la propia esencia de su
proposición no de ley. El Grupo Popular, a través de estas
enmiendas, lo que propone es una proposición no de ley de
contenido sustancialmente diferente, por no decir que
contradictorio. Nosotros, si usted las toma en consideración,
votaríamos afirmativamente las enmiendas del Partido Popular.
No nos gusta su proposición porque el plan está aprobado ya
por las instancias comunitarias competentes; porque el plan
está ya en fase avanzada, incluso de ejecución, en concreto en
lo relativo a la creación del grupo empresarial que va a
gestionar la acería compacta de Sestao, la que sustituye a
Altos Hornos de Vizcaya; porque éste es un plan integral y
usted pretende desagregar un plan integral que está
configurado como plan integral por las instancias comunitarias
que lo han configurado. Es un plan que no se puede desagregar
ni territorial ni
empresarialmente, y esto es lo que usted solicita y porque, en
definitiva, no nos gustan los elementos de confrontación que
usted a veces incorpora a este tipo de iniciativas. Por estas
razones ya le anuncio nuestro voto negativo a su proposición
no de ley.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Olabarría. Para fijar la posición del Grupo Catalán
(Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Molíns.
El señor MOLINS I AMAT: Muchas grasias, señor Presidente.
Conoce el señor García Fonseca, y también los demás grupos
parlamentarios que acuden a las sesiones de la Comisión de
Industria, cuál es la posición de nuestro grupo parlamentario
sobre el plan de la siderurgia integral y hasta qué punto ha
sido y sigue siendo crítico respecto al contenido de ese plan.
Probablemente no por las mismas razones que las del grupo
parlamentario del que forma parte el señor García Fonseca
pero, en cualquier caso, nuestro Grupo ha expresado, en
repetidas ocasiones, con un éxito, como después diré,
perfectamente descriptible, nuestra falta de acuerdo con el
contenido del plan siderúrgico.
Es un plan que, para los que no lo sepan, valdría la pena
recordar que implicaría la inversión --todavía no se sabe
exactamente cuánto-- de más de 550.000 millones de pesetas de
recursos públicos y en ningún momento hemos sabido, puede ser
un error de nuestro grupo, determinar si la inversión de esos
recursos que, como digo son extraordinariamente cuantiosos, va
a producir los efectos que entendemos que debería producir
tamaña inversión, que es la viabilidad del sector
siderometalúrgico en nuestro país, de lo que quede de ese
sector después de la aplicación de ese plan de
reestructuración.
Conoce el señor García Fonseca que a pesar de haber intentado
que el nuevo Ministerio de Industria se replanteara los
contenidos del plan presentado a aprobación de la Comunidad
Europea, por el hecho simplemente de haber transcurrido un año
y medio sin que ese plan tuviera respuesta por parte de la
Unión Europea y reformarlo en la parte que fuera necesaria, el
actual Ministerio de Industria ha preferido seguir con un
plan en los mismos términos en que fue planteado por el
Ministerio anterior, insisto, hace ya dieciocho meses.
Así ha sido aprobado por la Unión Europea y a pesar de que,
insisto, tampoco puedo decir que estemos en desacuerdo, pero
que no tenemos ninguna razón, ni se nos ha justificado la
razón por qué deberíamos tenerla para apoyar ese plan por
cuanto nadie todavía nos ha dicho ni en qué se invertirán esos
recursos ni cuál será el efecto sobre el sector, tampoco
creemos que se pueda, en una proposición no de ley, como la
que nos propone el Grupo parlamentario de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, cambiar los objetivos del plan sin
cambiar el propio contenido del mismo. El plan está ya
aprobado por el Ministerio de
Industria, por la Unión Europea, y ahora pretendemos cambiar
los objetivos del plan sin cambiar el propio plan. Eso nos
parece un objetivo absolutamente imposible, de tal manera que
nuestro grupo parlamentario no podrá dar su voto afirmativo ni
al contenido de la proposición no de ley ni tampoco a las
enmiendas que pretenden en el fondo lo mismo: cambiar los
objetivos sin cambiar el contenido.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Molíns.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Marcos
Merino.
El señor MARCOS MERINO: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, intervengo en nombre del Grupo Socialista para
fijar posición en contra de esta proposición no de ley que
presenta el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Creáme, señor García Fonseca, que lo hago con pena porque
usted sabe que a mí me hubiera gustado enormemente haber
conseguido el mayor consenso posible en torno al apoyo que
todos estamos deseando para sacar adelante un plan de la
siderurgia española que es, como todos hemos dicho de una
manera o de otra, muy importante para este país, para dos
empresas, como Altos Hornos de Vizcaya y Ensidesa, y para dos
regiones de España como son Asturias y el País Vasco, más en
concreto Vizcaya, que están afrontando una nueva
reconversión sobre la que llueve sobre mojado y que les ha
llevado a tener que afrontar una pérdida importante de aparato
industrial y como consecuencia de ello una pérdida importante
de empleo.
Sin embargo, a pesar de ese interés personal y de mi Grupo por
haber conseguido el máximo consenso, no podemos decir que sí a
su planteamiento, porque esta propuesta, en primer lugar,
llega tarde, llega cuando ya ha sido aprobado el plan en
Europa --se aprobó el 17 de diciembre del año pasado--y no
tiene ningún sentido que ahora nosotros nos replanteemos su
contenido. En segundo lugar, porque no aporta nuevas ideas,
puesto que está lleno de obviedades que, dado su planteamiento
y su fuera de lugar, no sirven ni para utilizar como
referencia de cara al futuro.
Por otro lado, quiero recordarles a SS.SS. que en este país
estamos afrontando, por desgracia, procesos de reconversión
desde el año 1978 y desde entonces ha llovido mucho y todos
sabemos qué conlleva un plan de reconversión, cuáles son los
objetivos y cuáles son las derivadas y la resultante que al
final se produce. En tercer lugar, no podemos decir que sí
porque consideramos que encierra un grave problema. Abrir
ahora el melón de la
reconversión puede tener un efecto «boomerang» para nosotros,
puesto que supondría reelaborar el plan y presentarlo de nuevo
en Bruselas. Dada la situación que vive la siderurgia europea
en este momento, es evidente --no hay que hacer ningún
esfuerzo intelectual ni de imaginación-- que lo mejor que nos
podía pasar es que nos quedáramos como estamos, pero
seguramente el resultado sería mucho peor.
Saben SS.SS. --y aquí lo ha dicho alguno de los oradores que
me han precedido en el uso de la palabra-- que en este momento
la siderurgia europea tiene un excedente de productos entre 40
y 60 millones de toneladas y un excedente de personal entre
60.000 y 80.000 trabajadores. Es evidente que con ese panorama
lo mejor que nos puede pasar es que nos quedemos como estamos.
Quiero decir también a S.S. que cuando venimos aquí a plantear
una solución para la siderurgia y para la reconversión no
tiene nada de positivo recurrir al pasado; yo creo que se
refugian en algunos errores que puedan haberse cometido --que,
como voy a intentar explicar, no han sido tantos-- ocultando
lo que de verdad importa en este caso, que es mirar hacia el
futuro y ver de qué manera somos capaces de consolidar el
aparato industrial y los empleos que este plan nos marca.
Considero que ha sido un gran éxito --que todos debemos
reconocer-- del Gobierno de España por la habilidad y rapidez
con que presentó el proyecto en Bruselas, cuando ni los
gobiernos europeos ni las empresas europeas se estaban
planteando con seriedad la situación de crisis que vivía el
sector. Eso nos ha permitido sacar adelante este plan, cuando
los demás países todavía siguen discutiendo sobre el futuro de
la siderurgia. Ello ha permitido que, por primera vez, nuestro
país se haya adelantado y haya sido capaz de sacar adelante un
proyecto de reconversión para la siderurgia.
Quiero recordar a estos efectos que nosotros no tenemos nada
que ver con el plan del señor Brown. Lo que ha ocurrido con el
señor Brown ha venido mucho después de que nosotros hubiéramos
presentado el plan, e incluso después de que nuestro plan
hubiera dado muchas vueltas en Bruselas, porque fue a partir
de su presentación cuando el resto de los gobiernos y de las
empresas se movilizaron para ejercer una presión
sobre el Gobierno español con el fin de que planteara mayores
reducciones de capacidad de las que al principio se habían
propuesto. Además S.S. plantea una dicotomía, una
incompatibilidad entre dos empresas y dos regiones que sólo
existen en su cabeza. No es verdad que exista dicha
incompatibilidad. Desde el punto de vista político, tengo que
decirle que es bastante inconsecuente que se plantee en esos
términos y mucho menos que lo haga S.S. Yo creo que todos
deberíamos conseguir la integración de las dos empresas,
eliminando la competencia que ha habido hasta este momento
entre ellas y que ha ido reduciendo la capacidad que tenían
para aprovechar su fortaleza. Y cuando se consigue sacar
adelante un plan de forma que las dos empresas se convierten
en complementarias, usted las presenta aquí --como hizo en la
Comisión-- como incompatibles. Yo creo que este es un gran
error, desde el punto de vista político, y que todavía lo es
más en la medida de que quien lo presenta es S.S.
Nosotros vamos a seguir defendiendo que las dos plantas tienen
viabilidad en este momento, que son complementarias y, por lo
tanto, de cara al futuro hay que aprovechar las fortalezas y
las sinergias que, en conjunto, nos van a permitir garantizar
un futuro para estas empresas. Y cuando digo garantizar un
futuro, no lo digo alegremente, porque sé que el futuro no es
nada fácil; el futuro en el conjunto de la siderurgia es muy
complicado. Cuando algunos hablan aquí de la mala gestión del
Gobierno, de la mala gestión de las empresas, se olvidan de
recordar los fracasos de algunas empresas privadas, de las que
no hablan nunca, pero que las podríamos cuantificar, no con
los dedos de una mano, porque seguramente necesitaríamos más
de las dos. Creo que la situación se define por la propia
evolución del mercado, por el exceso de productos y por la
necesaria reordenación de todas las empresas y todos los
sectores.
Dicho esto, quiero manifestarle que el planteamiento que se
hizo por parte del Gobierno en relación con el plan de la
siderurgia pretendía dos cosas. En primer lugar, mantener la
ubicación de las dos empresas, porque era fundamental para
garantizar en el futuro estas industrias. Si desparecía de
Sestao la producción de acero no hubiera sido posible mantener
en el futuro las plantas acabadoras, porque no tendrían ningún
sentido. Por tanto, el objetivo era garantizar la permanencia
de la zona siderúrgica. Y, además de esto, se planteaba el
reforzamiento, la
modernización de las instalaciones; por una parte, con nuevas
inversiones en Ensidesa y, por otra parte, con la planta que
se va a montar en Sestao, asumiendo los nuevos condicionantes
que se plantearon en Bruselas. En todo caso, esto supone sacar
adelante el plan con muy pequeñas modificaciones teniendo en
cuenta la situación general que se vive en la siderurgia y la
situación general que existe a la hora de garantizar la
competencia y la competitividad de nuestras empresas. Al señor
González Lizondo le quiero decir que es verdad que en Sagunto
ya se ha producido una reconversión...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Perdón, señor Marcos
Merino. Se trata solamente de fijar posición sobre la
proposición no de ley, sin entrar en debate con los otros
grupos que han fijado posición.
El señor MARCOS MERINO: Entonces diré simplemente que creo que
el objetivo está cumplido con el plan que se presentó en su
momento por el Gobierno, con el apoyo conseguido de la
Comunidad Económica Europea, y entendemos que ahora no es
posible plantear una reelaboración del plan porque abriría un
melón que podría ser muy peligroso para nosotros. Por todo
ello, nos vamos a oponer a la proposición no de ley presentada
por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
recordando una vez más que nos hubiera gustado alcanzar un
mayor consenso en la Cámara y que, en todo caso, a pesar de
esto, seguimos reclamando de todos ustedes el apoyo, la
unanimidad, el esfuerzo de cada uno de nosotros y de los
grupos para que este proyecto se consolide y permita
garantizar en el futuro los aparatos industriales y los
empleos que de ello dependen.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Marcos Merino. Señor García Fonseca, tiene la palabra a los
efectos de indicar si acepta o no las enmiendas presentadas
por el Grupo Popular.
El señor GARCIA FONSECA: Gracias, señor Presidente.
Quiero decir que mi Grupo no va a aceptar las enmiendas
presentadas por el Grupo Popular por dos razones: una de
carácter procedimental, ya que esto impediría la votación
separada, si el Grupo lo requiriera, de alguno de los puntos,
y otra más de fondo, en la que no voy a insistir porque ha
sido muy bien explicitada por el propio portavoz del PNV,
señor Olabarría. Simplemente querría añadir, señor Olabarría,
que yo no introduzco elementos de confrontación entre
comunidades. Me duele además que usted emplee palabras como
talante...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor García Fonseca,
lo que la Presidencia ha indicado al señor Marcos Merino es
que éste no es un trámite para entrar en confrontación entre
los diferentes grupos. El señor Olabarría ha fijado su
posición, lo ha citado y ha
hecho una interpretación, pero eso no da lugar a un turno.
El señor GARCIA FONSECA: Señor Presidente, brevísimamente,
además, no entro en confrontación. Sin embargo, señor
Presidente, casi podría entrar en un turno de réplica porque
me he sentido aludido, incluso personalmente. Voy a ser muy
breve, señor Presidente.
Señor Olabarría, no, mi Grupo no entra en ninguna
confrontación interterritorial. He expuesto una política sobre
el sector siderúrgico. Podremos coincidir o no, podrá
beneficiar a unos o a otros, pero mi Grupo ha buscado la
racionalidad de un sector, acertada o equivocadamente. Por
tanto, me duelen palabras como confrontación unida a talante,
originaria y casi etimológicamente tan próximas a etos, que
dichas por usted en un tono correcto e incluso cordial, no
dejan de dolerme porque me parecen
completamente injustas.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señorías, vamos a
pasar a la votación de esta proposición no de ley. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sobre criterios a
aplicar para la reconversión de la siderurgia. (El señor
Fernández-Miranda y Lozana pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Fernández-Miranda.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor
Presidente. Solicitamos la votación separada del punto sexto
de la
proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Se someten a votación los apartados uno a
cinco y siete de la proposición.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 290; a favor, 16; en contra, 273; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados los apartados sometidos
a votación. Votación relativa al apartado sexto de la
proposición.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 290; a favor, 138; en contra, 151; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el apartado sexto.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE POLITICA DEL GOBIERNO PARA
GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO, ACTUAL Y FUTURO, DE UN REGIMEN
PUBLICO DE
SEGURIDAD SOCIAL Y DE PENSIONES ADECUADAS Y PERIODICAMENTE
ACTUALIZADAS (Número de expediente 173/000026)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
MEDIDAS QUE ADOPTARA EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR EL COBRO DE
LAS
PENSIONES EN EL FUTURO Y PARA POTENCIAR LAS FORMULAS PRIVADAS
DE AHORRO A LARGO PLAZO (Número de expediente 173/000027)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), SOBRE
MEDIDAS DE POLITICA GENERAL QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO
PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD FUTURA DE UN SISTEMA PUBLICO DE
PENSIONES JUSTO, EQUILIBRADO Y SOLIDARIO (Número de expediente
173/000028)
El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día: Mociones
consecuencia de interpelaciones urgentes.
Moción del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
consecuente a la interpelación sobre políticadel Gobierno para
garantizar el mantenimiento actual y futuro de un régimen
público de Seguridad Social y de pensiones adecuadas y
periódicamente actualizadas.
La tramitación de este apartado del orden del día, en
concordancia con la tramitación de las interpelaciones de las
que traen causa las mociones, será también acumulable. Es
decir, se defenderán en primer lugar las tres mociones y los
intervinientes, en nombre de los respectivos grupos, fijarán
además su posición sobre las otras mociones presentadas;
posteriormente intervendrán los grupos que hayan presentado
enmiendas y los demás que quieran fijar posición en relación
con las tres mociones. Por el Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos. (El
señor
Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señorías, ocupen sus
escaños. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a tratar de defender la moción que presenta el
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya con la intención de no utilizar en este debate algo
que pueda exacerbar la situación complicada que ahora mismo
vive un vector bastante importante de la población. Es decir,
voy a intentar que no nos echemos en cara unos y otros la
situación de los
pensionistas; voy a intentar defender, por tanto, la opinión
que merece a Izquierda Unida la situación actual y las salidas
que creemos que puede tener, siendo consciente de que éste es
un debate reiterado en esta Cámara y que ya se ha creado una
Ponencia, por decisión unánime de la misma, para estudiar la
situación de la Seguridad Social. Por tanto, vaya mi defensa
de la propuesta de Izquierda Unida por donde entendemos que
debe caminarse, después de la interpelación y la respuesta que
el Gobierno dio a nuestro Grupo en ese debate.
Nosotros creemos que es equivocado, que es erróneo, plantearse
la discusión de la situación de la Seguridad Social y, en
concreto, de las pensiones, desde la óptica del problema de
déficit público, del problema de dificultad dentro de las
arcas del Estado y desde un falso dilema de confrontación.
Nosotros vamos a defender que el Estado del bienestar, la
solidaridad, hay que ejercerla desde la sociedad en su
conjunto, con todos y cadauno de los miembros de esta
sociedad; no entendemos, por tanto, que deba establecerse
entre los cotizantes de un sistema y los perceptores que en
cada momento haya de un sistema. Ni mucho menos vamos a entrar
a entender que el problema de las pensiones sea la
distribución entre los perceptores (los que cobran una pensión
muy grande y los que cobran una pensión muy pequeña,
reduciendo los que cobran mucho en favor de los que cobran
poco); no hacemos desde esta óptica nuestro planteamiento.
Nosotros creemos que hay condiciones hoy, en el Estado
español, desde una acción planificada cara al futuro, para
garantizar un sistema público de pensiones actualizadas y
dignas, partiendo de la generalización de una pensión
contributiva y utilizando como complemento otra figura. Vamos
a abordar la propuesta desde la conjunción que para nosotros
supone la acción del Gobierno, un Gobierno que ha ido
reduciendo paulatinamente derechos
conquistados en lo que ha sido la reforma del mercado laboral,
un Gobierno que se plantea actuaciones sobre el tema de
cotización porque no hay un volumen de cotización, pero que no
adopta medidas para incrementar la cotización. Por tanto,
nosotros creemos que hay que incrementar la cotización a la
Seguridad Social, haciendo participar y cotizar a las personas
que no participan, hay que reducir el posible fraude que pueda
existir e intentar desarrollar nuevas figuras de cotización.
El otro día, algunos sindicatos proponían en el debate que,
por ejemplo, podía haber un acto de solidaridad de las
empresas que tienen alto nivel tecnológico, y por tanto un
valor añadido importante, participando en mayor medida para,
así, facilitar esa comunicación en un sistema de Seguridad
Social. Pero lo cierto es que, desde el momento en que se
hacen las declaraciones del Ministro hasta hoy, se ha
producido una tensión social, una desazón social, una presión
que ha llevado a colas verdaderas (si ustedes hablan con algún
director de cualquier entidad financiera podrá confirmárselo)
para buscar su plan de pensión particular. Se ha forzado ya
una salida, se ha instalado una psicosis en la mente de los
españoles que nosotros consideramos que es
equivocada, porque no es la solución al sistema de la
Seguridad Social un sistema privado de pensiones, ni siquiera
un sistema que lleve a buscar un plan de pensiones.
Si pudiéramos hacer una raya hoy y ver qué nivel de planes de
pensiones teníamos en el momento de las declaraciones del
Ministro, 1,2 billones de pesetas y, aproximadamente,
1.200.000 españoles acogidos, a dentro de tres meses o a
dentro de un año, veríamos el incremento, el salto cualitativo
que se va a dar con esta actuación. No vale aquí decir que el
Ministro fue inocentón o que el Ministro fue valiente,
cualquiera que sea la
interpretación; el Ministro fue parte de un Gobierno que
inclusive está planteándose actuaciones más profundas. Por
ejemplo, el Subdirector general de Planes de Fondos de
Pensiones del Ministerio de Economía, don José Miracle,
plantea, como solución a la situación de las pensiones, el
fomento del ahorro, la libre inversión y la mejora del
tratamiento fiscal de las aportaciones a planes y fondos de
pensiones, como mejora para abordar el sistema actual de
pensiones. Eso lo está planteando quien gestiona el fondo de
pensiones; no es un azar, no es un accidente, no es una
declaración hecha al vuelo, es una
declaración que entra dentro de una política general, que,
desde nuestro punto de vista, es desmontar un sistema que aquí
no está consolidado.
No se nos puede decir que vamos a equipararnos a Europa. Por
utilizar Derecho comparado, la situación de las pensiones en
Bélgica, por ejemplo, es la siguiente: todos los empleados,
sin cotización, entre la edad de 60 a 65 años, a elegir,
tienen derecho a una pensión con un mínimo de 7.000 ecus y con
un máximo de 29.000 ecus; en cualquiera de los casos pensiones
muy por encima, tanto en el mínimo como en el máximo, de las
que hay en España. En el Reino Unido, todos los contribuyentes
comprendidos entre 60 y 65 años gozan de una pensión, aunque
es verdad que la cuantía es inferior a la de Bélgica. O en
Italia, donde la fórmula adoptada está en función de la
cotización, fijada en un mínimo de quince años. Ustedes
dejaron caer como propuesta a los sindicatos la idea de
ampliar la edad de cotización progresivamente, inclusive la
fijación de la cuantía de la pensión, que ahora mismo se
establece sobre
lo cotizado en los últimos ocho años; ustedes han dejado caer
la propuesta, como parte del Gobierno, de ir incrementando un
año cada año hasta llegar a que la cotización que se fije vaya
en relación con todo lo que hemos pagado en toda nuestra
actividad productiva. Pues bien, así no existe en otros
países, como por ejemplo en Italia o en Francia, donde no hay
cotización mínima, la edad de jubilación es de 60 años y donde
se suplementa, si uno quiere actuar desde la continuidad en la
acción productiva, una serie de elementos, una serie de
cuantías. Pero es más, se va a una jubilación que se va
elevando automáticamente en unos casos trimestralmente, como
es el caso italiano, o anualmente, como es el caso francés. En
suma, la realidad que se nos plantea aquí, pretendidamente
para el año 2020, no es la que significa un proceso europeo,
por lo menos el que existe ahora mismo.
Por tanto, la primera propuesta que debiéramos hacer aquí, y
no la hemos hecho por prudencia, por no ir a una actuación
forzada desde la Cámara, sería o bien solicitar la dimisión
del Ministro que ha provocado esta discusión o bien su cese.
Pero como eso no está en nuestras manos, lo que hemos
planteado son propuestas concretas.
¿Cuál es la propuesta de Izquierda Unida? Primero, que se
adopten medidas desde el Gobierno para que, mientras se
terminan las conclusiones de la Ponencia que se ha creado --
que debe trabajar profunda y sosegadamente--, se defienda el
sistema público de pensiones, se garantice esa actuación y no
se alerte a la población, para que lideremos desde este
Parlamento la ilusión por un futuro que debe ser positivo para
todos los ciudadanos. Choca que lo que hoy significa un avance
en la sociedad se nos venda como una complicación. Cuando
estamos contentos porque cada vez nos vamos haciendo más
mayores y tenemos posibilidad de vida más larga, resulta que
se nos dice: ¡Ojo!, que la vida que os queda va a ser
complicada a nivel de pensión, a nivel de
prestación. Pues bien, nosotros creemos que no debe ser así,
que se debe trabajar desde el Gobierno para defender que la
solución no sea individual, que no sea desde la acción de un
producto financiero como pueden ser los planes de pensiones.
La segunda propuesta que hacemos es que el Gobierno no fuerce
desde fuera una reforma, ni sectorialmente desde la Seguridad
Social, como puede ser la pensión de invalidez, como puede ser
la de viudedad, como puede ser el Inem, como puede ser el
desempleo, que tampoco se plantea desde fuera del Gobierno lo
que significa la propuesta de una nueva ley de pensiones que
actualice una realidad determinada. En suma, que el Gobierno
dé la tranquilidad y el sosiego suficientes para, aportando a
la Cámara todos los datos que posee, la Ponencia queda llegar
a las conclusiones más consensuadas y unánimes, porque a mí me
gustaría que en la Cámara utilizáramos el consenso, pero el
consenso para mantener un tipo de Estado social y democrático
de Derecho y no para mantener la reducción, un Estado
económico, un Estado más o menos coyuntural, moviéndose al
azar permanente del devenir de la crisis económica. Por tanto,
pedimos que no se fuerce desde fuera mientras no se terminen
estos trabajos y, sobre todo, que la actuación sea conforme
marca nuestra Constitución: la idea de una pensión
contributiva digna y actualizada y la idea de complemento de
esa actuación o actuación desde los propios presupuestos para
hacer frente a las pensiones no contributivas. Por otro lado,
proponemos que se mejore el funcionamiento de gestión de la
Seguridad Social. Y hacemos tres propuestas: una, que haya
mejor información al INSS y del INSS de todos los organismos
que funcionan a su alrededor, puesto que es el que va a
actuar; segundo, un establecimiento de mecanismos de
coordinación y cooperación entre los distintos organismos y,
tercero, aumentar la recaudación que ahora mismo se hace a
nivel de prestaciones indebidamente concedidas o, inclusive,
la recuperación de la deuda que se tiene. Yo he dado algunas
cifras en algunos debates. Se debe a la Seguridad Social un
billón de pesetas. Se me dice que no, que no es así, que
apenas es un 30 por ciento, porque el resto es debido a
empresas que han
desaparecido, que han quebrado, que no existen en la
actualidad. Pero son empresas que tenían trabajadores y que
debían de haber cotizado por ellos. Por tanto, la postura de
nuestro grupo es ir a una pensión digna, a una pensión
actualizada que no sea la que ahora mismo tenemos. Debemos
plantearnos como objetivo caminar hacia ese modelo de Estado
del bienestar, Estado social y democrático de Derecho.
Termino pronunciándome sobre las propuestas que han hecho los
otros grupos. Nosotros compartimos el criterio de la
proposición que hace el Grupo Parlamentario Popular en sus dos
primeros puntos: primero, que el Gobierno garantice las
pensiones
públicas; y segundo, que el Congreso de los Diputados inste al
Gobierno para garantizar la viabilidad del sistema de
pensiones y que se vaya a conseguir un mayor número de
cotizantes a la Seguridad Social. Sin embargo, no estamos de
acuerdo y vamos a votar en contra de los dos puntos
siguientes: primero, la salida del sistema desde la actuación
de los planes de ahorro, sin ligarlo con el propio sistema,
desde una política fiscal que fomente esos planes de ahorro o
de pensiones; y segundo, el tema de la reforma de la
financiación de la Seguridad Social, que debe abordarse desde
la Ponencia poniendo un plazo a la misma. No creemos que haya
que poner plazo a la Ponencia; en todo caso, habría que buscar
salidas distintas a la reforma del actual sistema de
pensiones, habría que buscar salidas que significasen más
recaudación, e inclusive una política fiscal distinta que,
desde el conjunto de los Presupuestos, pudiera apoyar una
política social.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vaya terminando, señor
Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Voy
terminando. La propuesta del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) va dirigida, por un lado, a pedirnos a
los grupos parlamentarios que nos pronunciemos, como si no lo
hubiéramos hecho ya hace unos días en esta Cámara al
pronunciarnos por la creación de la Ponencia, y nos viene a
decir que nos manifestemos como Cámara, primero, en la
voluntad para un sistema público de pensiones, justo,
equilibrado y solidario, y segundo, nos propone potenciar y
acelerar el trabajo de la Ponencia y que se haga frente a las
principales reformas que debe hacer el sistema de pensiones
actual. Nosotros no compartimos lo de acelerar el trabajo de
la Ponencia, puede trabajar durante todo este año, y segundo,
no solamente sobre la reforma, sino también sobre los
incrementos de la cotización al sistema para garantizar una
política social desde la óptica que debe tener el Estado del
bienestar. Así como es muy amplio en las peticiones al
Congreso, sin embargo, en las dos peticiones que hace al
Gobierno el Grupo de Convergència es muy poco exigente. Veamos
lo que le exige. Primero, realizar un exhaustivo análisis
demográfico de proyección futura de la población española.
Esto ya está realizado; según el departamento correspondiente
del propio Ministerio, en el año 2010 tendremos un 21 por
ciento más de pensionistas de los que tenemos hoy en la década
de los 90. No es un problema crucial el que desde aquí
instemos a ese trabajo. Segundo, impulsar políticas activas de
empleo. Nosotros estamos de acuerdo, pero empleo que cotice,
reforma del mercado laboral que signifique trabajadores a
tiempo parcial que también coticen, y que coticen en cuantía,
porque si la cotización en el aprendizaje o en el tiempo
parcial es escasa, si cotizan 1.000 o 1.200 pesetas al mes,
lógicamente la pensión que puedan obtener después va a ser
escasísima, se condena a lo que pudiéramos llamar una pensión
de subsistencia o una pensión no contributiva a la mayoría de
la población que es joven. En suma, estaríamos consolidando
los tres sistemas que ahora mismo podríamos tener los tres
tercios de la población: los mayores de 55 años, que tienen la
pensión garantizada (eso sí, no la actualizaremos, porque
tenemos alguna complicación, y reduciremos paulatinamente esa
distancia que existe entre la pensión más pequeña y la grande
--nosotros estamos de acuerdo, subidas lineales; solución:
subimos 5.000 o 10.000 pesetas a cada pensión y las pequeñas
se irán equiparando siempre a las grandes--); segunda
población, los jóvenes, que van a estar condenados a no tener
pensión, y los del medio, las clases medias, a los que se nos
pide que gastemos menos en consumo y que ahorremos porque
podemos no tener pensión del Estado o necesitar un complemento
desde los planes de pensiones.
Esa no es la perspectiva que nosotros tenemos. Por tanto, no
vamos a poder apoyar esa propuesta de Convergència i Unió.
Nada más, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.
Para la presentación de la moción del Grupo Popular, y a la
vez, en el mismo turno, para fijar su posición respecto a las
otras mociones, tiene la palabra el señor Montoro.
El señor MONTORO ROMERO: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, la moción que el Grupo Popular somete a esta Cámara
deriva de la interpelación que presentamos el pasado miércoles
al Gobierno. Una interpelación en la que el señor Ministro de
Economía rehuyó explicar las intenciones del Gobierno sobre
las medidas que pensaba adoptar para garantizar el futuro del
sistema público de pensiones en España. Por cierto, hoy
también ha rehuido su comparecencia en esta Cámara que tan
necesaria era cuando se está debatiendo un asunto crucial para
todos los españoles. A través de esta moción el Grupo Popular
quiere dirigirse a todos los pensionistas y a todos los que
con sus cotizaciones de hoy confían en llegar a ser
pensionistas el día de mañana. Queremos dirigirnos a ellos,
que son la gran mayoría de los españoles, para explicarles
cuáles son las raíces del problema que de manera tan insensata
ha suscitado el señor Ministro con sus declaraciones sobre el
futuro del sistema público de pensiones; un problema que surge
aquí y ahora y no en el año 2020, como el Gobierno pretende
hacernos creer. La moción del Grupo Popular sale al paso de la
política de las medias palabras, de la política de los
rumores, de la política de los globos sonda, de la política de
provocar incendios para después aparecer como bomberos que los
apagan. La primera causa de la zozobra que vive el sistema
público de pensiones radica en la continua manipulación
política de la que son objeto por parte del Gobierno. Hubo
manipulación política en las últimas elecciones, cuando el
PSOE y su candidato Felipe González utilizaron de forma ruin
el argumento del miedo para atemorizar impunemente a nuestros
mayores. Hubo manipulación política entonces y la sigue
habiendo ahora cuando el señor Serra ha vuelto a afirmar que
mientras gobiernen los socialistas las pensiones están
garantizadas. Ese es un planteamiento falso y mezquino y todos
ustedes lo saben. Debe quedar claro, de una vez por todas, que
las pensiones no dependen de la voluntad del gobierno de
turno, sino del derecho que cada uno de los trabajadores de
este país ha generado con su propio esfuerzo.
El tratamiento que el Gobierno está dando a las pensiones está
cargado de cinismo. En los presupuestos generales del Estado
para el año 1994 han cambiado el método de actualización de
las pensiones. Si las previsiones oficiales de inflación
fallan, no se cumplen, como es habitual, los pensionistas
perderán poder adquisitivo este año 1994. Ahí radica un primer
engaño, no advertir a los pensionistas de lo que se iba a
hacer con sus pensiones. El pretexto para ese primer recorte
fue la necesidad de corregir un déficit público desbordado, un
déficit público que el Gobierno ha desbordado con su política
de gasto. Ustedes --el Gobierno-- guardaron en el armario el
cadáver del déficit público durante las elecciones generales
porque no les convenía exhibirlo a la hora de recaudar votos.
Días después, en el debate de investidura, el señor González
reconocía que el déficit público se situaría en el año 1993 en
el siete por ciento del producto interior bruto, y aún se
quedó corto. Segundo engaño, no decirle a los españoles la
verdad sobre el déficit público de nuestra economía. Y lo que
el Gobierno pretende ahora es aplicar nuevos recortes al
actual sistema de pensiones. Ha puesto por delante la
evolución demográfica, la excusa del envejecimiento de la
población, pero ésa es sólo media verdad. El Gobierno habla de
reforma del sistema público de pensiones y está pensando en
recortar las pensiones. Ya lo advertí desde esta misma
tribuna, durante la interpelación del pasado miércoles, y seis
días han bastado para darnos la clave de lo que el Gobierno
pretende: supresión de algunas pensiones de viudedad,
ampliación del período de cálculo de la pensión, incentivos
para retrasar la edad de la jubilación. Pero la cosa no
quedará ahí. Vendrán recortes mayores, recortes, que es la
única política que este Gobierno es capaz de hacer. Como botón
de muestra de la eficacia de estas actuaciones, de este tipo
de políticas, está la Ley de Pensiones del año 1985, que hoy
ya parece inútil, o los recortes de las prestaciones de
desempleo que sucesivamente se han producido en nuestro país y
que para nada han servido a efectos de promover una auténtica
política activa de empleo. Ese es el tercer engaño de esta
dramática secuencia a la que estamos asistiendo. No se está
diciendo la verdad a la sociedad, porque la auténtica amenaza
para la sociedad española, para los
pensionistas, radica en la falta de empleo, en otras palabras,
en la falta de cotizantes por razón del elevado nivel de
desempleo que padecemos y de esa enorme --millones-- cantidad
de desanimados, fundamentalmente mujeres casadas que
permanecen fuera del mercado laboral.
Hoy se celebra el día internacional de la mujer trabajadora,
una fecha idónea para recordar la marginación de millones de
españolas que no han tenido opciones para incorporarse al
mercado de trabajo regular. Es toda la sociedad la que padece
esa carencia, esa falta. No seremos una sociedad moderna hasta
que incorporemos realmente a la mujer, y a la mujer casada, al
mercado de trabajo. No lo ha hecho hasta ahora por la falta de
oportunidades que le ha brindado un gobierno que, bajo el
título de socialista, no deja de llamarse progresista.
El Grupo Popular quiere lanzar hoy un mensaje de tranquilidad
y confianza a los españoles en el futuro del sistema público
de pensiones, al igual que hemos hecho en todas las
declaraciones públicas realizadas por todos los miembros de
nuestro grupo desde que estalló este asunto. Lo hacemos desde
la tranquilidad, desde la confianza que emana de quienes creen
en las capacidades, en las potencialidades de la economía
española, en esa capacidad que seguimos teniendo para resolver
nuestros problemas de fondo, problemas graves, comenzando por
el primero que es, sin duda, el desempleo, la alta tasa de
paro. Por eso, señorías, insistimos en nuestra tesis
fundamental. El problema de las pensiones en España es
esencialmente económico, no demográfico. Es ese problema
económico el que los gobiernos de izquierda son
incapaces de resolver.
Efectivamente, hay una crisis internacional del sector
público, una crisis, insisto, que tiene una dimensión mundial,
pero que en nuestra sociedad adquiere tintes muy graves. En
todas partes del mundo desarrollado se están realizando
reformas del sector público, también se están realizando
reformas de las pensiones públicas. Pero quiero recordar aquí
que esas reformas se
inscriben en estrategias de política económica que en España
sencillamente no existen. El problema de las pensiones hay que
insertarlo en un planteamiento general más ambicioso,
homologable al que practican los países más desarrollados de
nuestro entorno; países que efectivamente están revisando ese
sistema de
pensiones, pero dentro de planteamientos de políticas
modernas, de políticas económicas eficaces para superar la
situación de crisis económica y de falta de empleo. Son
políticas de reforma de los grandes centros de gasto público,
son políticas de cambio de los impuestos, de cambio de la
fiscalidad, entre otros motivos, para dejarde penalizar el
empleo, son políticas de privatizaciones de empresas públicas,
son políticas de
desregulación de sectores claves de la economía, son políticas
de reformas laborales, son políticas de apoyo decidido a la
actividad empresarial, al surgimiento de nuevas generaciones
de empresas. Esa es la línea de reformas que nosostros
propugnamos. Por ello reclamamos desde esta tribuna y en
nuestra moción, en primer lugar, la aplicación de una
auténtica política económica favorable al empleo, una apuesta
eficaz de la política económica en nuestro país que sirva para
devolvernos a las sendas de crecimiento económico, a las
sendas de confianza para la
inversión empresarial y a las sendas, en definitiva, de la
creación de empleo. A tales efectos instamos al Gobierno a
promover una política fiscal que incentive el ahorro de todos
los españoles y procure su instrumentación a medio y largo
plazo; un ahorro que no provenga del miedo, que sea posible a
partir de un cambio de la fiscalidad y que sea posible porque
en nuestra sociedad se extienda un sentimiento de confianza en
el futuro, un sentimiento que devuelva a esa sociedad la
seguridad de que puede afrontar firmemente, con decisión, ese
futuro. Al mismo tiempo, apoyamos una reforma del sistema de
financiación de la Seguridad Social, una reforma que facilite
el equilibrio
financiero a través de la mejor delimitación del ámbito
específico de la Seguridad Social, una reforma que cambie su
financiación para no penalizar el empleo, una reforma que
adecue sus prestaciones a las formas de vida actuales, más
prolongadas en el tiempo y que permitan mantener determinadas
actividades, por supuesto laborales, que tienen un sentido
diferente en la medida en que se ha producido una prolongación
de la esperanza de vida de los españoles. Queremos dejar bien
establecido que el Grupo Popular no va a admitir
interpretaciones reduccionistas de este problema. Allá quienes
quieran responsabilizar de los males económicos de España a
las viudas. Nosotros estamos y estaremos en contra de esas
interpretaciones simplonas y cargadas de falacia. La cuestión
de fondo, señorías, es la falta de confianza que emana de la
política económica de este Gobierno. El Ministro de Economía,
que no cesa en sus declaraciones públicas, acaba de reconocer
que será imposible reducir el déficit público hasta el 3 por
ciento en 1997. Y es que no hay objetivos claros en nuestra
política económica. Sobran dudas, sobran vacilaciones y sobran
guerras intestinas en el Gobierno y en el Partido Socialista.
En los últimos días hemos asistido a un cúmulo de
declaraciones sobre el tema que son, en buena medida,
declaraciones
contradictorias la mayor parte de las veces. La sociedad
española debe saber, con toda seguridad, que la solución al
problema de las pensiones no pasa por el recorte sino por el
cambio de la política económica; ese cambio que nosotros
reclamamos. Este tren, el tren de la economía española ya no
tira. Con la política económica de este Gobierno lo que se ha
provocado es que se apaguen las calderas de esta economía y
que no haya presión suficiente para que el convoy prosiga su
marcha. No intenten hacernos creer que la solución pasa por
desenganchar vagones y dejar tirados a algunos pasajeros. No
hay que debatir qué vagón es el que desenganchamos o a quién
dejamos en tierra; lo que hay que debatir, y con urgencia, es
cómo reavivar el fuego de la caldera de la economía española.
En esa tarea, como hemos venido insistiendo todos los miembros
del Grupo Parlamentario Popular, nos tendrán siempre
dispuestos. Por eso solicitamos el voto favorable de la Cámara
a nuestra moción; moción que aspira a ser el embrión del
cambio de la política económica y social que España necesita.
Paso ahora brevemente, con su permiso,...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Brevemente porque ha
sobrepasado en dos minutos su tiempo.
El señor MONTORO ROMERO: Paso a fijar la posición del Grupo
Popular sobre las mociones que han presentado, consecuencia de
las intepelaciones, los grupos de Izquierda Unida y
Convergència i Unió.
Respecto de la moción de Izquierda Unida, vamos a votar en
contra porque esa moción no enfatiza suficientemente que el
problema de las pensiones en España es un problema de empleo.
No requerimos nuevas figuras de cotización, no requerimos
nuevas fórmulas de financiación de ese tipo. Hace falta ese
cambio de política económica, que es por el que nosotros
apostamos. Por tanto anunciamos nuestro voto negativo, aunque
también es cierto que el punto primero de su moción lo
compartimos, pero pretender que la Cámara salve con
declaraciones generales y un tanto genéricas el futuro del
sistema de pensiones no va a consolar a quienes se han sentido
amenazados y necesitan que su esperanza se fundamente en
cambios de política económica. Respecto de la moción de
Convergència i Unió, ésta no hace sino intentar descargar las
responsabilidades del Gobierno, que es el papel que
Convergència está asumiendo claramente en esta legislatura. De
hecho, la interpelación que hizo en su día no fue más que el
capotazo, el segundo, para evitar que el Gobierno fuera cogido
por un toro al que, desde luego, no está sabiendo plantarle
cara.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Termine ya, señor
Montoro.
El señor MONTORO ROMERO: Acabo en un momento, señor
Presidente. Saben perfectamente que somos críticos con la
actitud de apoyo al continuismo de una política económica de
la que les hacemos directamente corresponsables. Les hacemos
corresponsables de la falta de trabajo, de empleos en España;
les estamos haciendo corresponsables de esa deficiencia de
cotizantes que amenaza la Seguridad Social. Es claro que al
señor Roca no le gusta la EPA y es claro también que el señor
Pujol lo que aconseja es recortar las pensiones de más alta
cuantía. Yo animo a Convergència a que deje esa política
mercantil que está practicando y pese a provocar un auténtico
cambio de política económica en España, que es la que
realmente necesitamos para provocar una nueva
generación de empleos y para que la Seguridad Social en España
despeje las amenazas que actualmente la atenazan. Nada más.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para la presentación
de la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) y, a la vez y en el mismo turno, para fijar su posición
respecto a las otras dos mociones, tiene la palabra el señor
Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Seré breve puesto que creo que este debate que estamos
teniendo no debiera transcurrir entre crispaciones
innecesarias entre los distintos portavoces, sino que debiera
conducirse con serenidad, como ya apunté la semana pasada.
Tampoco quiero anticipar lo que debe ser un debate profundo y
un trabajo serio y responsable que debe realizar la Ponencia,
porque creo que no es el momento de entrar en el contenido de
la problemática, sino de atender lo que ha sido una iniciativa
política, por parte de varios grupos parlamentarios, de
pronunciarse sobre esta situación que está generando el
compromiso de afrontar un análisis de la
problemática que hoy aqueja a la Seguridad Social y a todo el
problema económico-financiero que ésta conlleva. Han hablado
los portavoces de los distintos grupos que me han precedido de
gran tensión social. Hablaba el portavoz de Izquierda Unida de
psicosis en la sociedad. El portavoz del Grupo Popular decía
que no se está diciendo la verdad a la sociedad. Yo creo,
señorías, y reitero, que deberíamos retomar el pulso de este
debate político con serenidad, no desbordando con
calificativos que creo que contribuyen a confundir a la
sociedad, puesto que no hay psicosis y no hay tensiones
sociales, y tampoco es cierto que no se esté diciendo por
parte de ningún grupo ni por nuestra parte la verdad, aunque
algunas cosas que he oído en cuanto a no sé qué aspectos
relativos a actuaciones de mi grupo son absolutamente falsas.
En cuanto al origen del debate, la situación de las pensiones,
creo que hemos de hacer poca demagogia sobre esa cuestión. El
problema que estamos analizando y que debemos solucionar en la
ponencia es un problema que tiene un origen profundamente
demográfico. En eso discrepo con el Grupo Popular. El origen
es profundamente de alteración de la estructura demográfica de
nuestra sociedad. También el problema tiene un origen
económico-financiero porque está transformándose la estructura
productiva de nuestro sistema económico. Por tanto, en sus dos
orígenes, transformación profunda de la estructura demográfica
y
transformación también profunda del sistema de producción, se
desarrollan unas consecuencias en torno a la previsión social
en nuestro sistema económico. En consecuencia, nuestro grupo
cree que la forma de afrontar estas problemáticas es avanzando
en el compromiso que hemos adoptado en esta Cámara: que una
ponencia constituida por todos los grupos profundice en estos
temas y proponga y eleve al Gobierno un conjunto de
recomendaciones. Por eso todos los grupos de esta Cámara
debemos dejar que esta ponencia desarrolle su función, la
función que le hemos
encomendado, y por eso nuestro grupo, al debate político de la
interpelación y a las mociones consecuentes que hoy
analizamos, ha presentado la siguiente propuesta. Planteamos
asumir dos declaraciones políticas. La primera es que esta
Cámara manifieste ante la sociedad su profunda voluntad
política de transmitir un mensaje de serenidad, de
tranquilidad, al colectivo de
pensionistas que hoy pueden estar inquietos o atentos a lo que
podamos estar reflexionando sobre esta materia. Proponemos a
la Cámara que acordemos, a poder ser unánimemente, nuestra
profunda voluntad política de garantizar en el futuro un
sistema público de pensiones justo, equilibrado y solidario,
de acuerdo --como no podía ser de otra forma-- con los
principios contenidos en el artículo 41 de la Constitución
española. El segundo compromiso político que transmitimos hoy
a la sociedad, y que proponemos que se acuerde por mayoría de
los grupos, es que esta Cámara tiene la voluntad política de
efectuar un debate profundo y sereno sobre la realidad de los
problemas y del futuro de nuestro sistema de pensiones. Así lo
manifestamos hoy y podemos
transmitir este mensaje de esta forma. A tal efecto, lo que
propone nuestro grupo es que nos ratifiquemos en el
instrumento que hemos acordado para realizar ese debate
profundo, que no es más que la ponencia constituida en el seno
de la Comisión de Presupuestos para alcanzar esa función que
hemos acordado entre todos. Por eso nuestra moción en el punto
segundo se compromete a potenciar y acelerar los trabajos,
pero no con ánimo de que la aceleración, como ha dicho el
portavoz de Izquierda Unida, sea tan rápida que no analicemos
nada; no, con ánimo de que esa ponencia no se demore en el
tiempo y puedan dilatarse sus resoluciones en dos, tres o
cuatro años. No es este el propósito de este grupo ni de
ningún grupo de esta Cámara. No queremos acelerar nada para
que acelerando no estudiemos nada. En todo caso queremos
potenciar y acelerar, si es posible, los trabajos para que
esas conclusiones no se demoren en el tiempo y podamos
conocerlas con celeridad. Por tanto, el propósito que
planteamos en nuestro segundo punto, en cuanto manifiesto
político, es ratificarnos en la ponencia especial,
recientemente creada en esta Cámara, para que podamos elaborar
ese informe en el que se analicen, por un lado, los problemas
estructurales del sistema de la Seguridad Social y, por otro,
se indiquen las principales reformas que, a ser posible con el
criterio unánime de todos los grupos, entendemos que debemos
abordar para afrontar esos problemas.
La segunda cuestión que planteamos en nuestra moción es una
instancia al Gobierno, elevar al Gobierno algunos compromisos.
Pero, claro, no vamos a elevar al Gobierno hoy parte de los
contenidos que tiene que elaborar
la ponencia. Le proponemos al Gobierno que, paralelamente a
los trabajos que podamos hacer, realice un exhaustivo análisis
demográfico, de proyección futura de la población española. El
portavoz de Izquierda Unida se ha quedado a medio leer nuestro
punto, porque estamos instando al Gobierno a realizar un
exhaustivo análisis demográfico, pero con el propósito de
determinar con la mayor precisión posible las necesidades
financieras del sistema económico de pensiones de la Seguridad
Social. No le instamos a hacer un análisis demográfico, que
hay muchos ciertamente ya, sino un análisis demográfico que
nos lleve a poder determinar con precisión cuáles son las
necesidades financieras. Sería bueno, en ese sentido, que
paralelamente a nuestros trabajos el Gobierno realizara este
análisis de
precisión de las incidencias financieras que puede tener la
alteración de la estructura demográfica. El segundo compromiso
a que instamos al Gobierno es a que se impulsen políticas
activas de empleo que propicien una mayor generación de
puestos de trabajo, en coherencia con lo que se está
debatiendo y analizando en el marco de la reflexión de las
normativas laborales que se están trasladando a esos proyectos
de ley, medidas que incentiven y ayuden a estimular la
contratación en este país. Por
consiguiente, creemos que paralelamente a los trabajos de la
ponencia, esas dos exigencias pueden ser positivas y pueden
ayudar al propósito que tenemos todos, en este momento, de
afrontar la reflexión sobre el sistema de pensiones públicas
en España.
Señor Presidente, en relación con la enmienda que ha planteado
el Grupo Socialista, proponiéndonos añadir un tercer elemento
de instancia al Gobierno, tengo que decir que nos parece
positiva. El Partido Socialista nos propone que incorporemos
un compromiso más, una instancia al Gobierno más relativa a
todo lo que hace referencia a la gestión de la Seguridad
Social. Esta propuesta viene a coincidir con el tercer punto
de la moción de Izquierda Unida. En ese aspecto podríamos
coincidir porque consiste prácticamente en trasladar, con casi
igual redacción, lo que ustedes plantean en el tercer punto de
la moción, y es que se establezcan por el Gobierno mecanismos
de coordinación y de cooperación entre las distintas entidades
y organismos que posibiliten la información sobre otras
prestaciones públicas o sobre datos necesarios para la gestión
de las pensiones de la Seguridad Social, lo que nos parece
acertado y correcto. Como también nos lo parece que se
refuercen los mecanismos de control tendentes a evitar la
existencia de fraude, tanto en la
percepción indebida de las prestaciones como en el pago de las
cotizaciones. Nos parece acertada, complementaria, contribuye
a hacer más operativa y eficaz la instancia que podíamos hacer
al Gobierno en cuanto a estas materias, por lo que nuestro
grupo la ve bien y la aceptará en su momento. En cuanto a las
mociones de Izquierda Unida y del Grupo Parlamentario Popular,
debo decirles que ambas tienen parecidos propósitos, ambas
tienen incluso en algunos puntos semejantes redacciones y
recogen algunos
propósitos iguales a los de nuestra moción, aunque de la
literalidad deben ustedes permitirme que pueda discrepar
profundamente sobre la vacuidad que tienen esos puntos, porque
en ellos a veces no se tocan más que aspectos muy generales
que no nos conducen prácticamente a nada preciso. En el primer
punto de la moción presentada por Izquierda Unida se señala
que se adopte por el Gobierno una serie de medidas mientras se
aplican las que sean fruto de las conclusiones de la ponencia.
En cambio, en el segundo punto dicen que el Gobierno no aborde
ninguna medida hasta que no se aprueben las conclusiones de la
ponencia. Señorías, esto es una contradicción. O tomamos
medidas antes o nos esperamos a que terminen los trabajos de
la ponencia. Por tanto, nos parece un poco contradictorio
aprobar dichos puntos. La iniciativa del Grupo Popular
coincide con el propósito que tenemos todos los grupos
parlamentarios. Simplemente quiero apuntar a su representante
que si deseaban que pudiéramos estar de acuerdo con el texto
de su moción, le ruego y le repito que no escriban ustedes eso
de que desarrolle una política económica no errática porque
jamás podremos coincidir con ustedes en eso. Nada más. Muchas
gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Homs. A
la moción del Grupo Catalán de Convergència i Unió ha sido
presentada una enmienda por el Grupo Socialista. Para su
defensa y para fijar la posición respecto al resto de las
mociones, tiene la palabra el señor Cercas.
El señor CERCAS ALONSO: Señor Presidente, señores Diputados y
señoras Diputadas, creo que no ha habido excepción en ninguno
de los portavoces de los grupos parlamentarios que me han
precedido en la tribuna en el sentido de que han evidenciado
su voluntad de tranquilizar a la opinión pública, de terminar
con este clima de incertidumbre que hemos vivido estos últimos
días, y asegurar con toda rotundidad que sus derechos
adquiridos o sus derechos en curso de adquisición están
plenamente asegurados en el sistema de pensiones público
español. Bien es cierto, como luego veremos, que el desarrollo
del debate les ha llevado por otros derroteros, pero en esta
primera parte de la intervención quiero quedarme con esta
manifestación de voluntad que me parece constructiva. Con ese
ánimo constructivo subo también a la tribuna en nombre de mi
grupo.
Nos parece que el debate de estas mociones es una buena
ocasión para cerrar definitivamente el falso debate
que nos ha estado agotando en estos últimos días, y que ha
estado llenando de inquietud a centenares de miles de familias
españolas, para decir con claridad y con rotundidad que la
situación del sistema español de pensiones no tiene problemas
a corto plazo, que los retos de futuro que tiene el sistema
español de pensionesvan a ser analizados por la Cámara y que
todos pueden estar absolutamente tranquilos, absolutamente
seguros de que esos derechos en curso de adquisición o ya
adquiridos no corren el menor riesgo. Pero lamentablemente
esas buenas intenciones se han ido quebrando por parte de
algunos intervinientes a lo largo de la tarde, con lo cual
mucho me temo que hoy volvamos otra vez a acumular toneladas
de pesimismo, de interrogantes, toneladas de situaciones de
agobio en tantas y tantas personas que nos están escuchando en
este momento. Por eso, señorías, deberíamos hacer el esfuerzo,
que espero que se mantenga en la ponencia que va a estudiar el
problema del futuro de nuestras pensiones, para huir de los
falsos debates. Por mucho que se empeñen los
representantes del Partido Popular esta tarde, el debate que
hay en España es exactamente igual al conjunto de debates que
hay en los países de la Unión Europea en este momento. Está
implícito en todas y cada una de las iniciativas comunitarias,
sea el Libro Blanco de Delors, sea el Libro Verde que se debe
convertir en el Libro Blanco de la política social y que ha
presentado el Comisario Flynn a la Comisión, en todos los
países comunitarios se están planteando exactamente este
debate. Por tanto, no es un debate que se pueda arrojar en el
pasivo del Gobierno socialista, es algo que todos los países
europeos se están planteando, señor Montoro. En España, salvo
que la derecha española siga pensando que España tiene que ser
diferente, tenemos que plantearnos esta cuestión con seriedad,
con serenidad, sin demagogias, sin oportunismos. Tenemos que
plantearnos si tenemos la vocación de dejar a nuestros hijos
un sistema de Seguridad Social
equilibrado, justo, equitativo; hacer bueno el artículo 41 de
la Constitución. No es un tema de gobiernos de derechas o de
izquierdas que estén haciendo los análisis de esos sistemas de
Seguridad Social. Realmente que un catedrático de la
universidad española diga esas cosas en la tribuna del
Parlamento me llena de profunda tristeza, porque eso está en
la literatura de todos los parlamentos europeos y de todas las
instituciones
comunitarias. El gobierno francés, el gobierno alemán, todos
los gobiernos hoy en Europa se lo están planteando.
Ciertamente las soluciones serán distintas desde la derecha y
desde la izquierda, pero todo el mundo está pensando en el
problema demográfico que van a sufrir nuestros países, nuestra
Unión Europea en el próximo siglo. ¿Cómo puede decir usted
aquí que no tenemos problema demográfico si dentro de 40 años
vamos a tener el doble de ancianos de los que hay en este
momento y vamos a tener menos habitantes y población en
España? Cómo se puede decir desde las filas del Grupo Popular,
salvo que ustedes no quieran poner remedio, y quieran que
efectivamente el sistema público de pensiones quiebre y no
tenga futuro. Pero justamente eso será lo que tengamos que
debatir, sus posiciones y nuestras posiciones. Nosotros
creemos que la moción del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), junto con la enmienda que ha presentado
el Grupo Parlamentario Socialista, es la que plantea en este
momento en la Cámara de manera más racional este problema.
Efectivamente, en un primer punto de esa moción del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) se plantea algo
que me parece novedoso en estos debates en la Cámara y que me
parece útil de cara a un futuro. Es la reflexión que se hace
desde la Cámara al conjunto de la sociedad. No se dirige
solamente al Gobierno --que también lo hace en el siguiente
parágrafo--; se dirige al conjunto de la sociedad. Me parece
muy útil que esta tarde en el debate parlamentario los
Diputados nos dirijamos a la nación diciéndole que éste no es
un problema sólo del Gobierno de la nación, del Estado. Parece
mentira también que la derecha vuelva otra vez a referirse
como siempre al Estado y al Gobierno como el último hacedor o
no hacedor de los problemas del país. Este es un problema de
la sociedad española, de su conjunto, que tendrán que
abordarlo sus empresarios, sus sindicatos, que tendremos que
abordar los consumidores; es un problema del conjunto de la
sociedad española.
El hecho de que tengamos una determinada demografía o el hecho
de que tengamos unos determinados niveles de empleo no es una
cuestión de este Gobierno, de esta coyuntura que está viviendo
España. El profesor Julio Segura nos ilustraba ayer
suficientemente en la Comisión y hacía un repaso de lo que
había sido el mercado de trabajo en España en los últimos 30
años. Usted sabe, señor Montoro, que no ha sido precisamente
la década socialista donde menos trabajo se ha creado en
España ni donde menos cotizantes nuevos ha habido en el
sistema de la Seguridad Social. Al contrario; en los últimos
30 años ha sido esta década la que ha generado más empleo y
más cotizaciones sociales, pero también ha sido la que ha
originado que en dos millones más de familias españolas haya
un pensionista. Estemos nosotros en el Gobierno o estén
ustedes --y quiera Dios que tarde mucho en producirse esa
eventualidad-- habrá, y ustedes lo saben, una progresión en el
número de personas que van a percibir las pensiones de la
Seguridad Social. Tenemos que estudiarlo
sensatamente y tenemos que decirle a la sociedad española que
basta ya de referirse siempre al Gobierno, que hay que
producir todo un conjunto de corresponsabilidades sociales
para sacar estos problemas adelante; que no es un problema
coyuntural; que los gobiernos cambian y habrá alternancia de
poder.
Precisamente un gobierno como el nuestro, cuando está
planteando el horizonte del año 2030, lo está haciendo con
suma responsabilidad. Sería más fácil mirar hacia otro lado y
no cuestionarse, siquiera preguntarse, porque ni siquiera se
están poniendo encima de la mesa elementos de reforma; se
están poniendo encima de la mesa elementos de reflexión para
analizar el problema que va a tener nuestro sistema de
pensiones dentro de 30, 40 y 50 años. ¿Es que acaso no es
razonable que un Gobierno prevea las necesidades que va a
tener de carreteras o de abastecimiento de agua potable a las
ciudades? ¿No es
igualmente razonable que estudiemos las necesidades
financieras que va a tener nuestra Seguridad Social, o
dejaremos que pasen los años, las décadas, teniendo luego un
problema que todos los técnicos saben, que es toda una
generación que va consolidando los derechos de cada persona?
Tenemos que empezar ahora a saber exactamente cuáles son
nuestras posibilidades y cuáles son nuestras necesidades. Por
eso nosotros vamos a votar la enmienda del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), porque creemos que éste es un problema
serio, un problema que se va a plantear
ineludiblemente; y porque sabemos y creemos que hay que dar
respuesta a este problema, nosotros vamos a dar esa respuesta
en el seno de esa ponencia creada en la Comisión de
Presupuestos. Tiene que quedar claro, por tanto, esta tarde,
que la Cámara va a trabajar seria y sensatamente para dar
seguridad, para dar viabilidad en ese horizonte de 40 o
también de 50 años al sistema público de pensiones. Hemos
presentado una enmienda que
complementa la moción del Grupo Catalán, porque nosotros
queremos también instar al Gobierno a que mejore determinados
elementos de la gestión de las prestaciones y de la gestión de
la
recaudación. No es que no se pueda hacer un juicio positivo,
porque desde luego la Seguridad Social --y en eso han
coincidido todos los grupos de la Cámara en los debates
presupuestarios--es modélica en su gestión, pero se puede
hacer más y, con motivo de los trabajos y de los debates que
estamos teniendo, se puede aprovechar este debate para decir a
la sociedad española que tenemos que hacer un pacto nacional
contra el fraude; un fraude que no es fraude al Estado y al
Gobierno --vuelvo otra vez con mi argumento--cuando se produce
es un fraude a la sociedad española, a los estamentos y a las
capas sociales más necesitadas de la población española. Hemos
presentado una enmienda a la moción del Grupo Catalán porque
queremos también
corresponsabilizarnos todos y responsabilizar al Gobierno para
que avancemos en ese camino hasta donde sea humanamente
posible, puesto que en estos momentos es aún más necesario
incrementar absolutamente todas las medidas que lleven a la
mayor solvencia económica y financiera del sistema.En este
punto estamos de acuerdo con la moción de Izquierda Unida
aunque nuestra redacción nos parece más coherente.
Desgraciadamente no estamos de acuerdo con el resto de la
moción de Izquierda Unida. No podemos estar de acuerdo, señor
Ríos, porque no nos gusta su análisis ni nos gustan sus
pretendidas soluciones, que son soluciones que no abordan
estos problemas.
Permítame le diga simplemente que desde una concepción de
izquierdas, profundamente comprometida con el Estado del
bienestar, puedo decirle y espero no equivocarme, que la peor
estrategia de defensa de ese Estado de bienestar es negar
apriorísticamente cualquier reforma o cualquier innovación.
Eso no es ser de izquierdas; eso es ser conservador, señor
Ríos. Los sistemas públicos de pensiones, los sistemas del
Estado del bienestar tienen necesidad de adecuarse, tienen
necesidad cada equis tiempo de evaluarse, de analizarse y de
ver si queremos que tenga futuro. No podemos estar prisioneros
de las imágenes, de las palabras, sino estar profundamente
comprometidos con esa realidad para hacerla viable, porque de
otra forma no será viable, señor Ríos. Tenemos necesidad
ahora, como tuvimos necesidad en el año 1985, posiblemente, de
podar determinadas escrecencias del sistema de bienestar
social que no irá en contra del propio sistema de bienestar
social, le dará viabilidad en el futuro, señor Ríos.
En todo caso, ¿por qué negarse a hacer ese análisis sobre la
demografía española? En todo caso, señor Ríos, ¿por qué
negarse «a priori» a que es imposible cualquier reforma,
reformas a las que usted se ha referido de ampliar el período,
por ejemplo, de cómputo de las bases reguladoras? ¡Si a lo
mejor hasta eso favorece a los trabajadores de este país
debidamente actualizado! ¿Por qué dice usted que no si eso es
lo que se produce en momentos de crisis económica donde el
paro está básicamente atacando a una población escasamente
cualificada que en los últimos años de su vida laboral tiene
unos salarios reales inferiores a los de cuando son jóvenes o
cuando están en una edad madura?
Por tanto, señor Ríos, como cuestión de principio, no podemos
asumir el discurso de Izquierda Unida negador de analizar la
realidad, negador de operar en la realidad con las reformas
que sean pertinentes y que sean necesarias.
Pero sí desde luego nuestro desencuentro con usted es
importante, con los señores del Patido Popular es abismal y
nos gustaría que no fuese así; en este tema nos gustaría que
no fuese así. (Un señor Diputado: ¡Faltaría más!) Nos gustaría
que ustedes
estuviesen, como han estado en Europa otras fuerzas políticas
demócrata-cristianas e incluso liberales, auténticamente
liberales comprometidos con el pacto social, comprometidos con
ideas socialdemócratas en cuanto a lo que eran los sistemas
públicos de bienestar social. Pero no es el caso, señor
Montoro.
Usted nos ha hecho una soflama esta tarde, como suele hacer.
Nos hubiera encantado encontrar en su discurso ideas, pero
solamente hemos encontrado descalificaciones, adjetivaciones,
juicios de intenciones y un discurso sobre ustedes mismos que
no se tiene. Si se analizan todos y cada uno de los cuatro
puntos de su moción y si me da tiempo, señor Presidente...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Le queda un minuto,
señor Cercas. (Rumores.--La señora De Palacio Valle-Lersundi:
No; no.) Silencio, señorías.
El señor CERCAS ALONSO: Ya sé que no les gusta a ustedes
escuchar ciertas cosas que les duelen, pero van a tener que
escuchar mucho de esto en adelante. (Rumores.)
Señor Montoro, aunque no tengan realmente mucha entidad esos
pequeños pellizcos de monja y maledicencias que usted ha dicho
de nuestro Gobierno, empezaré por decirle que cómo puede usted
afirmar desde aquí que el Gobierno intranquiliza a los
pensionistas, a los trabajadores (El señor Fernández-Miranda y
Lozana: Dígaselo a Solbes.) e inmediatamente sacar una cita
del señor Vicepresidente del Gobierno diciendo que es un
cínico y que miente cuando habla; una cita que era de
tranquilidad o ¿es que ha venido usted aquí a intranquilizar
esta tarde también a los ciudadanos y a los pensionistas?
(Rumores y protestas.--El señor Fernández-Miranda y Lozana: Lo
que faltaba, que seamos nosotros.) ¿Ha venido usted a eso?
(Continúan los rumores.)
Cómo puede usted decir, señor Montoro, esta tarde que no hay
problemas demográficos, que es un problema de política
económica errática, que es un problema coyuntural esta tarde
cuando no hace ni un mes, firmado por su portavoz, el señor
Rodrigo de Rato Figaredo, en un tema que era justamente la
creación de la ponencia de la Comisión presentan una enmienda
que tratan de evitar en el preámbulo de esa proposición no de
ley y ¿saben lo que quitan del preámbulo? Que se suprima que
los problemas son a causa del aumento del paro y que se
fundamenta el sistema público de pensiones en un sistema de
reparto. (Un señor Diputado del Grupo Popular: ¿Qué tiene que
ver eso?)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Cercas, termine
ya.
El señor CERCAS ALONSO: Lo discutiremos más despacio.
(Rumores.) Ustedes están constantemente variando su posición.
(Varios señores Diputados del Grupo Popular: No.) Ustedes no
tienen, y lo han demostrado durante diez años en la Cámara...
(Rumores y protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señorías ¡silencio!
Señor Cercas, termine ya, por favor.
El señor CERCAS ALONSO: Termino, señor Presidente, diciendo:
el día que cuenten la verdad dirán que el problema de la
Seguridad Social no es un problema coyuntural, ni es un
problema
estructural para ustedes; es un problema ideológico porque no
quieren que tenga futuro.
Nada más y muchas gracias. (Rumores.--Aplausos.--El señor
Montoro pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Silencio, señorías.
Señor Montoro. (Continúan los rumores.)
El señor MONTORO ROMERO: Señor Presidente, he sido contradicho
y además con una falsa argumentación (Rumores.) por parte del
señor Cercas, por lo que reclamo mi derecho a intervenir. (La
señora De Palacio Valle-Lersundi: ¡Muy bien!)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Montoro, usted
sabe cómo funciona el mecanismo de las mociones. Ha defendido
la moción de su grupo y ha adoptado posición respecto a las
otras mociones. En su intervención ha dedicado una parte
importante a hacer una ampliación de la interpelación y, en
consecuencia, y usted es muy libre de administrar su tiempo,
ha hecho, permítame que se lo diga, una crítica viva al
Gobierno e incluso al grupo y al Partido Socialista; por
tanto, en su fijación de posición el señor Cercas ha fijado su
posición respecto a su moción (Rumores.) y en los términos en
que ha sido planteada por S.S. por tanto, no ha lugar a ningún
turno de réplica ni de
contradicción.
El señor MONTORO ROMERO: Señor Presidente, le ruego que
reconsidere su posición porque el señor Cercas además ha
aludido a mi condición de catedrático de universidad (Rumores
y
protestas.) para rechazar el argumento.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): En ningún momento
estimo, señor Montoro, que eso se pueda considerar como algo
que sea despectivo, en absoluto. No hay turno de palabra.
(Rumores.--El señor Hernández-Sito García-Blanco pronuncia
palabras que no se perciben.) Señor Hernández-Sito, ¡silencio!
El señor MONTORO ROMERO: Que conste mi discrepancia absoluta.
(Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Que conste en acta lo
que usted desee pero nada más; no tiene la palabra.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, el señor Albistur tiene la palabra.
El señor MUR BERNAD: Gracias, señor Presidente.
Permítame una pequeña rectificación, soy el Diputado señor
Mur.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Perdón. Tiene S.S. la
palabra.
El señor MUR BERNAD: Voy a fijar la posición en estas mociones
intentando evitar la crispación que en este debate acaba de
producirse, dado que el portavoz socialista ha venido a echar
leña al fuego en un asunto que merecería un poco más de
reposo, bastantes más ideas y menos descalificaciones.
Las mociones que aquí esta tarde se han presentado son
consecuencia natural de las interpelaciones de la semana
pasada sobre un tema que nos parece oportuno. Es un tema que
está inquietando a la sociedad española porque está habiendo
un recorte más de las prestaciones sociales y un recorte más
de sus derechos. Todo tiene su origen, señorías --digámoslo
claro--, en la imprudencia de algún miembro del Gobierno al
tratar este asunto de manera frívola y este asunto no puede
tratarse de esta manera. Nosotros creemos que este tema debe
analizarse
seriamente. Hay que analizar las causas si queremos evitar las
consecuencias, pero hay que analizarlas sin demagogias, sin
utilizar el asunto como arma arrojadiza.
Señores que sustentan al Gobierno, es el Gobierno y el Grupo
Socialista quienes en este momento tienen la responsabilidad
de dar garantías y tranquilidad a los ciudadanos, no son
ustedes precisamente los más llamados a avivar la llama de la
controversia, a generar en este momento la crispación y, sobre
todo, a no aclarar cuáles son las posiciones que ustedes
mantienen sobre un tema tan serio.
Las mociones presentadas por el Grupo Popular y por el Grupo
Catalán (Convergència i Unió) nos parecen ajustadas a la
cuestión que estamos tratando, nos parecen ajustadas porque
dan
soluciones, porque expresan claramente una serie de medidas
que hay que tomar alejadas del voluntarismo con que algunas
veces se tratan estos temas en la Cámara. No es una cuestión
de
voluntarismo, no es una cuestión electoral, no es una cuestión
a arrojar encima de los grupos de la oposición, es una
cuestión que hay que abordarla seriamente. Por ello creemos
que tanto la moción del Partido Popular como la moción de
Convergència i Unió merecen ser apoyadas, sobre todo porque en
ambas mociones queda claro algo que es muy importante y que ya
se ha debatido en esta Cámara: la confianza en la ponencia
especial que se ha creado. Creo que ésa es la salida, ésa es
la solución y --quizá por alardes dialécticos-- en esta tarde
dejémonos de utilizar un asunto tan serio, y que tan
preocupada tiene a la opinión pública, tratarlo frívola y
demagógicamente. Situemos las cosas en su punto, dejemos que
la ponencia haga sus conclusiones y debatamos con seriedad y
serenidad un tema que a nosotros también nos tiene muy
preocupados.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Mur. Por el Grupo Vasco (PNV), el señor Olabarría tiene la
palabra.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
Mi intervención va a ser breve también y desde el escaño. Me
veo en la obligación, señor Presidente, de empezar indicando
que este problema es muy complejo, es un problema proclive a
la polémica, a la confrontación dialéctica e ideológica y en
el intercambio de reflexiones y de acusaciones que hemos
escuchado se han oído cosas muy pertinentes, conceptualmente
atinadas y acertadas; se han oído otras mucho menos
pertinentes y se han oído algunas reflexiones francamente
demagógicas, señor Presidente. Nosotros tenemos la impresión
de que un debate de esta entidad, sobre un problema de esta
magnitud, sobre un problema de esta naturaleza, requiere un
debate mucho más riguroso; sobre todo los ciudadanos del
Estado español esperaban un debate mucho más riguroso sobre
esta cuestión. Hecho este pequeño preámbulo, sin ánimo de
moralizar (sabe que no es una tentación a la que seamos
especialmente proclives en este grupo parlamentario, señor
Presidente), tenemos que indicar que este problema es
tremendamente complicado y que realmente requiere apelaciones
al consenso; todas las que se hagan son pocas. Es un problema
que está planteado como cuestión genuina de Estado, vinculado
a los elementos más elementales de la convivencia en todos los
países de nuestro contexto socioeconómico. Nosotros para
reformar la Seguridad Social --y seguro que nadie discute que
esta reforma debe acometerse-- hemos de tener en cuenta las
razones
demográficas, que han sido apuntadas por algunos portavoces;
las razones económico-financieras, que también son muy
pertinentes y han sido apuntadas por otros; las razones del
modelo de nuestro sistema público de Seguridad Social y de su
régimen jurídico --que no ha sido apuntadas por casi nadie--;
las razones del modelo del sistema complementario libre o
complementario voluntario y su régimen jurídico --que,
paradójicamente, no ha sido apuntado por casi nadie--; y otro
tipo de cuestiones que a las que es inevitable aludir.
Tenemos un requerimiento constitucional para afrontar la
reforma de nuestro sistema público de Seguridad Social, que es
el mandato contenido de forma inequívoca en el artículo 41 de
nuestro texto constitucional, en el cual se establece que el
sistema público de Seguridad Social español tiene que atender
a las contingencias
que afecten a todos los ciudadanos, lo que se suele denominar
técnicamente principio de universalidad de protección. Este es
uno de los paradigmas del Estado del bienestar que en este
momento es objeto de relativización en casi todos los países
del mundo, porque esta universalización de la protección de
los sistemas públicos empieza a ser realmente gravosa para los
Estados en una situación de recesión económica de naturaleza
estructural. Además, configura nuestro sistema público de
Seguridad Social --artículo 41 del mismo texto constitucional-
-con otro principio caracterizador, que es el de la
suficiencia; no sólo se tiene que proteger a todo ciudadano y
estoy
reproduciendo su tenor literal, ante cualquier situación de
necesidad, sino que esta protección tiene que ser suficiente
en su dimensión y en su cuantía. Esos son los requerimientos
constitucionales y de no modificar la Constitución es
inevitable acomodarse a ellos cuando se conciba
intelectualmente cualquier reforma de la Seguridad Social.
Además, por si esto fuese poco y el problema fuese escasamente
relevante planteado en estos términos constitucionales, la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha consagrado un
principio que en este momento deja de ser dilecto a muchas
personas aquí presentes, que es el principio de
irregresividad. Cada vez que lo comento en sus propios
términos, tal como ha sido configurado jurisprudencialmente
interpretando el Tribunal Constitucional el contenido del
artículo 41 de la Constitución, provoca sonrisas un tanto
sarcásticas que no termino de percibir en su sentido
ideológico último, señor Presidente. El principio de
irregresividad significa que cualquier reforma de nuestro
sistema público de Seguridad Social tiene que mantener o
incrementar necesariamente el nivel y cuantía de la protección
de la legislación previgente -- la que es objeto de reforma--,
porque cualquier norma que configure la cuantía y dimensión de
protección del sistemapúblico y las condiciones de acceso a
dicha protección, es decir, los períodos de carencia, en
reformas posteriores, sólo puede ser objeto de incremento o de
mantenimiento. Esa legislación cristaliza automáticamente...
(Rumores.)
Señor Presidente, no sé si sería algo desorbitado pedir en
este momento un poco de silencio. En todo caso solicito su
amparo.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por favor, señorías,
ocupen sus escaños y guarden silencio.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Agradezco su amparo, señor
Presidente, y continúo con la digresión.
Enunciado el principio de irregresividad, diré que estos son
requerimientos constitucionales que constan en el tenor
literal del artículo 41 de la Constitución y en la
jurisprudencia de desarrollo.
Atendidos estos requerimientos constitucionales nosotros
tampoco vamos a querer relativizaciones de los problemas
económicos y presupuestarios absurdas y políticamente
imprudentes. Si en este momento, considerando a su vez los
presupuestos acumulados del Estado, de las comunidades
autónomas, de los ayuntamientos y de la Seguridad Social,
tenemos acumulado un déficit público del 7,1 por ciento del
producto interior bruto y tenemos un requerimiento en el plan
de convergencia --indicado por el señor Solchaga cuando era
ministro-- del 1,5 del PIB, realmente hay que hacer
reflexiones muy serias sobre esta materia y sobre este
problema económico-presupuestario.
Entonces, ¿qué propone mi grupo? Sirva ya esto paradefinir
cuál va a ser su posición respecto a las distintas mociones
presentadas por los distintos grupos de esta Cámara. En primer
lugar, la reforma debe acometerse desde varios puntos de
vista. Tenemos que crear un sistema contributivo que realmente
lo sea, un sistema contributivo que sea autofinanciado o, por
lo menos, autofinanciable. Estamos muy lejos de llegar a este
sistema y, desde luego, vamos a seguir lejos de un sistema
contributivo autofinanciable si seguimos recurriendo a las
leyes de los Presupuestos Generales del Estado para acometer
la reforma del sistema de pensiones; reduciendo su cuantía, la
cuantía de las pensiones obligatorias máximas, reduciendo la
cuantía de las pensiones complementarias, recurriendo a lo que
la doctrina internacional denomina teorías anticúmulo o
procedimientos de restricción anticúmulo; es decir, reduciendo
las pensiones obligatorias en leyes de presupuestos o cuando
hay una
concurrencia de pensiones, limitando la cuantía de esta
concurrencia a la máxima de cada una de ellas individualmente
considerada. Nosotros no creemos en las teorías anticúmulo,
señor Presidente, lo digo con claridad, y creemos que en un
sistema contributivo autofinanciado o autofinanciable debe
admitirse la concurrencia de pensiones que cada cual, en
carreras de
aseguramiento individual, pueda conseguir.
Necesitamos y esto es complementario con lo anterior, un
sistema complementario libre o complementario privado en
términos razonablemente europeos, mediante la propiciación, no
sólo de instituciones de previsión social lucrativas, que es
lo que está haciendo el Gobierno en este momento, sino
mediante la
propiciación, casi exclusivamente a través de una fiscalidad
propiciatoria, de fondos y planes de pensiones. Queremos que,
en condiciones de igualdad con los fondos y planes de
pensiones, concurran las entidades de previsión social
volutaria, concurran las mutuas de previsión social voluntaria
y todas las
instituciones de previsión social de carácter no lucrativo.
Esto es algo terriblemente importante, desde nuestro punto de
vista, para consolidar en términos y niveles europeos un
sistema complementario libre que --atendiendo a las
alarmantes reflexiones del señor Solbes, Ministro de Economía-
-llene las insuficiencias que previsiblemente va a tener en el
futuro el sistema público contributivo.
Necesitamos crear, casi por último, señor Presidente, un
sistema asistencial que cubra de forma universal --éste sí--
todas las situaciones de necesidad, tal como mandata en
términos inequívocos el artículo 41 de la Constitución.
Necesitamos otras muchas cosas, señor Presidente --le he
prometido que no iba a ser prolijo--; necesitamos una política
familiarista que permita la promoción de la natalidad y no se
vayan produciendo estas terribles inversiones demográficas que
están descapitalizando los sistemas de financiación de nuestro
sistema de Seguridad Social; necesitamos una fiscalidad
propiciadora de instrumentos de ahorro, que no sólo reconduzca
la capacidad de ahorro a sistemas de aseguramiento y de
complemento de pensiones sino que posibile la existencia en el
Estado español de instrumentos de ahorro que impidan la
descapitalización de la economía y la necesidad de recurrir al
mercado internacional de capitales, sin mantener, por tanto,
unos tipos de interés tan altos que gravitan negativamente en
la competitividad de nuestras empresas. En definitiva, se
necesitan muchas cosas, señor Presidente --y con esto acabo--
que se proponen en las mociones que han sido objeto de debate
en esta Cámara y algunas otras que, lamentablemente, no han
sido objeto de proposición.
Nosotros, congruentemente con esta filosofía, congruentemente
con estas proposiciones, vamos a votar las distintas mociones
de forma parcelada. Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Olabarría. Señor Homs, tiene la palabra para indicar si acepta
la enmienda presentada por el Grupo Socialista, aunque algo ha
apuntado en su intervención inicial, pero ya de una forma
definitiva.
El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, acepto la enmienda
planteada por el Grupo Socialista, que es de adición. (Rumores
en los bancos del Grupo Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias.
Vamos a pasar a la votación de las diferentes mociones. (El
señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 290; a favor, 17; en contra, 270; abstenciones,
tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Moción del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 294; a favor, 120; en contra, 174.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Moción del Grupo Catalán (Convergència i Unió), que se somete
a votación en los términos resultantes de la aceptación de la
enmienda del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 294; a favor, 160; en contra, 118; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
El Pleno se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las nueve y cinco minutos de la noche.