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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 52, de 01/03/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1994 Núm. 52 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 51
celebrada el martes, 1 de marzo de 1994
Página
ORDEN DEL DIA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
modificación de la Ley General Presupuestaria en materia de
control del gasto, transparencia administrativa y financiera y
de plazos de pago de las deudas vencidas, restableciéndose,
asimismo, el principio de «intervención previa». «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 13.1, de 30
de junio de 1993 (número de expediente 122/000004) (Página 2517)
En su caso, tramitación directa y en lectura única de
iniciativas legislativas:
--Proposición de Ley de modificación de la Ley de Bases de
Delegación al Gobierno para la aplicación del Derecho de las
Comunidades Europeas. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie B, número 34.1, de 24 de septiembre de 1993
(número de expediente 122/000024) (Página 2530)
--Proyecto de Ley de creación de la Universidad de Burgos
(número de expediente 121/000037) (Página 2530)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Continuación):
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, sobre reforma de la Ley 48/1984,
reguladora de la objeción de conciencia de la prestación
social sustitutoria. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie B, número 28.1, de 14 de septiembre de 1993
(número de expediente 122/000018) (Página 2530)
Proposiciones no de Ley:
--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre medidas para paliar
los efectos económicos y sociales que afectan a las flotas
españolas, producidas como consecuencia de las paradas
biológicas, recogidas en el Convenio de Pesca en vigor, entre
la Unión Europea y el Reino de Marruecos de fecha 1 de mayo de
1992. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D,
número 57, de 21 de febrero de 1994 (número de expediente
162/000076) (Página 2546)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que
se insta a la modificación del ordenamiento jurídico español
con la finalidad de lograr una mayor protección social y
económica de la familia como grupo fundamental de la sociedad.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 39,
de 20 de diciembre de 1993 (número de expediente 162/000063)
(Página 2554)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, sobre la política del Gobierno y
medidas a realizar por el mismo a fin de poder transferir las
competencias sobre la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir a la Comunidad Autónoma Andaluza (número de
expediente 173/000024) (Página 2560)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
medidas de política general que piensa adoptar el Gobierno
para reactiviar el sector naval en su conjunto, tanto en lo
que afecta a la construcción de buques como a la potenciación
de nuestra marina mercante (número de expediente 173/000025)
(Página 2567)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número
53, de 2 de marzo de 1994.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 2517)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
modificación de la Ley General Presupuestaria en materia de
control del gasto, transparencia administrativa y financiera y
de plazos de pago de las deudas vencidas, restableciéndose,
asimismo, el principio de «intervención previa» (Página 2517)
En nombre del Grupo Popular, el señor Arias-Salgado Montalvo
defiende la toma en consideración de la proposición de ley,
solicitando el voto favorable para la misma. Como antecedentes
de la proposición de ley recuerda que, ya en la legislatura
anterior el Grupo Popular presentó una proposición similar,
que en esta ocasión repite, técnicamente mejorada, afirmando
que existe una justificación general de la misma, reconocida,
incluso, por el propio Gobierno. Sin ir más lejos, la semana
pasada celebraron una reunión en la Comisión de Presupuestos
en la que el propio Secretario de Estado de Hacienda, en
nombre del Gobierno, venía a reconocer que el año 1993 había
sido un mal año presupuestario, lo cual no deja de ser un
eufemismo del Gobierno para referirse al déficit
presupuestario más alto de la historia de la democracia
española, producto de una crisis económica grave y profunda,
pero también efecto de una mala gestión del Presupuesto, de
una situación de descontrol presupuestario y de la existencia
de unos procedimientos presupuestarios laxos que no ayudan a
corregirla o mejorarla.
Agrega que la lucha contra el déficit es hoy una prioridad
urgente, y para combatirlo hay que utilizar todo tipo de
medios, unos sustantivos y otros formales. Los primeros
implicarían un cierto cambio de la política económica del
Gobierno y emprender un conjunto de reformas estructurales del
sector público. En cuanto a los procedimientos formales, es a
los que la proposición de ley quiere dar respuesta, ya que
estudios empíricos demuestran que los países que tienen
procedimientos presupuestarios laxos acaban por tener una
imposibilidad de cumplimiento de sus previsiones de déficit y
de la evolución de la deuda.
Afirma que, si la justificación económica de la proposición de
ley es la lucha contra el fraude también contiene un objetivo
fundamentalmente político como es la recuperación de la
credibilidad que deben tener los Presupuestos Generales del
Estado y, en concreto, la institución presupuestaria. En este
sentido la proposición tiene varios grupos de medidas, que
expone a la Cámara, y que van dirigidas a evitar el exceso de
discrecionalidad que contiene hoy nuestro ordenamiento
jurídico presupuestario en materia de modificación de
créditos, a evitar también el aumento y descontrol del gasto
previsto y autorizado, a evitar igualmente prácticas contables
dudosas que violan el principio de especialidad temporal, a
fortalecer la intervención y el control del sector público
para mejorar la disciplina presupuestaria y al establecimiento
de un sistema de
responsabilidad de los administradores que en alguna medida
funcione, habida cuenta de que el sistema previsto actualmente
en la Ley General Presupuestaria es prácticamente inoperante.
Por último, la proposición de ley pretende ajustar el ámbito
material de las leyes anuales de Presupuestos.
Concluye calificando como razonable este conjunto de medidas,
que tienden a modernizar la institución presupuestaria y cuya
adopción considera urgente de cara a los próximos Presupuestos
Generales del Estado para corregir la situación actual. Piensa
que, de ser aprobadas estas medidas por la Cámara,
contribuirían a recuperar la credibilidad de la institución
presupuestaria. En turno en contra interviene, en nombre del
Grupo Socialista, el señor Gimeno Marín, que califica de
oportuno el debate planteado, coincidiendo también con el
portavoz del Grupo Popular acerca de la importancia de los
procedimientos formales, en materia presupuestaria, en
relación con los problemas económicos reales que tiene nuestro
país y entre los que el déficit público es, sin duda, uno de
los más importantes. El propio Gobierno y el Grupo Socialista
ya han hecho referencia en lo que llevan de
legislatura a la necesidad de producir un debate o presentar
un proyecto de ley que modifique la Ley General
Presupuestaria, adecuándola a la situación real actual.
Coincide también con el señor Arias-Salgado en que la
propuesta que hoy presenta el Grupo Popular mejora los
planteamientos que hicieron otras propuestas, e incluso los
argumentos expuestos desde la tribuna los considera mejores
que los de la misma proposición de ley. Sin embargo, el
proponente imputa una parte de los problemas existentes a la
mala gestión o malos instrumentos de la legislación actuales,
mientras que su impresión es que los condicionantes que
tenemos provienen del marco de crisis económica que padecemos
en España, con sus secuelas de paro que han dado lugar a una
disminución de ingresos y a un incremento importante de los
gastos.
Asimismo, existe una serie de condicionantes en materia
presupuestaria, que en todo Estado de Derecho se tienen que
plantear y que hacen referencia a una serie de derechos
subjetivos que tienen los ciudadanos o las empresas y que
limitan también el margen de maniobra para resolver alguno de
los problemas existentes.
En cuanto a las propuestas concretas formuladas por el Grupo
Popular diría que algunas, incluso en la práctica, ya están
resueltas. Así, por ejemplo, el limitar la Ley de Presupuestos
a lo que es materia estrictamente presupuestaria se viene
aplicando en la Ley de Presupuestos que no hace mucho
aprobaron en la Cámara. En cuanto a otras medidas, como las
tendentes a evitar el descontrol del gasto, considera
interesante poder debatir estas cuestiones, si bien le
preocupa la distinción entre gastos corrientes y gastos de
capital, como plantea el Grupo Popular, resaltando los
problemas que en este ámbito se plantean. Respecto a la
limitación de los créditos ampliables en la Ley General
Presupuestaria, señala al proponente que las leyes de
presupuestos han tendido a esa limitación. En todo caso, la
voluntad existe, pero son las circunstancias políticas, y
sobre todo económicas, de cada momento las que condicionan
para que cada ley de Presupuestos delimite qué son los
créditos
ampliables.
Acerca de las llamadas prácticas contables dudosas, la
proposición de ley podrá tener la voluntad de resolver esas
prácticas, pero la definición técnica de las mismas es ya más
difícil.
Termina aludiendo a las excesivas rigideces de alguna de las
propuestas presentadas por el Grupo Popular y, estando de
acuerdo en la conveniencia de ir hacia una mayor
transparencia, también debe tenerse en cuenta la necesidad de
la agilidad suficiente para que los gestores puedan realmente
administrar el Presupuesto. En definitiva, hay puntos
de acuerdo y, en su opinión, en algunos casos resueltos por
otro lado, el Gobierno ha anunciado el deseo del debate de un
proyecto integrador y global de la Ley General Presupuestaria,
y ese sería el momento oportuno para realizar el debate ahora
propuesto por el Grupo Popular. Está seguro de que en ese
debate se podrán encontrar y lograr aproximaciones que sirvan
para que los los gestores públicos puedan administrar mejor
los presupuestos. Fundamentalmente por esta razón, el Grupo
Socialista considera que no es conveniente aprobar
en este momento la proposición de ley objeto de debate.
Replica el señor Arias-Salgado Montalvo, duplicando el señor
Gimeno Marín. Para fijación de posiciones intervienen los
señores Albistur Marín, del Grupo Mixto; Zabalía Lezámiz, del
Grupo Vasco (PNV); Homs i Ferret, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), y Ríos Martínez, del Grupo Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
El señor Presidente se refiere al reciente fallecimiento de
don Antonio de Senillosa, que fue compañero de escaño de
alguno de los que están aquí, amigo de muchos y que, desde
luego, mereció el respeto de todos, así como al de don Modesto
Fraile, del que destaca su importante aportación en las
primeras legislaturas durante la transición, asumiendo
responsabilidades
institucionales importantes en el gobierno de la Cámara. Cree
representar el sentido de ésta expresando su sentimiento,
respeto y gratitud por la dedicación pública de estos dos
compañeros fallecidos.
Seguidamente se procede a la votación de la proposición de ley
del Grupo Popular debatida anteriormente, proposición que es
rechazada por 29 votos a favor y 162 en contra.
En su caso, tramitación directa y en lectura única de
iniciativas legislativas.
Proposición de ley de modificación de la Ley de bases de
Delegación al Gobierno para la aplicación del Derecho de las
Comunidades Europeas (Página 2530)
El señor Presidente informa que la Mesa, oída la Junta de
Portavoces, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
150 del Reglamento, ha acordado someter a la aprobación de la
Cámara la tramitación directa y en lectura única por el propio
Pleno de la proposición de ley de modificación de la Ley de
bases de delegación al Gobierno para la aplicación del Derecho
de las Comunidades Europeas.Se aprueba por asentimiento dicha
tramitación directa y en lectura única.
El señor Presidente manifiesta que, en coherencia con el
acuerdo anterior, se somete a la Cámara, de conformidad con el
artículo 68.1 del Reglamento, la inclusión en el orden del día
de la presente sesión de la proposición de ley de modificación
de la Ley de bases de delegación al Gobierno para la
aplicación del Derecho de las Comunidades Europeas.
Se aprueba por asentimiento dicha inclusión en el orden del
día.
Proyecto de ley de creación de la Universidad de Burgos
(Página 2530)
El señor Presidente informa que asimismo la Mesa, oída la
Junta de Portavoces, ha acordado, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 150 del Reglamento, someter a la
aprobación de la Cámara la tramitación directa y en lectura
única por el propio Pleno del proyecto de ley de creación de
la Universidad de Burgos.
Se aprueba por asentimiento la tramitación directa y en
lectura única de este proyecto de ley.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Continuación)
(Página 2530)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre reforma de la Ley 48/1984, reguladora de
la objeción de conciencia de la prestación social sustitutoria
(Página 2530)
El señor Romero Ruiz defiende la proposición de ley del Grupo
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
manifestando que presenta la misma a la Cámara por creer que
el problema de la objeción de conciencia, el ejercicio de ese
derecho constitucional y la dimensión que ha alcanzado en
nuestro país exigen que haya cambios en la legislación en
vigor sobre la objeción de conciencia y la prestación social
sustitutoria. Expone algunos datos que se dieron a conocer a
la Cámara la semana anterior sobre la evolución de los
objetores en los últimos años y que sirven para calibrar la
gravedad y dimensión del problema, que es importante y que hay
que poner sobre la mesa, porque a pesar del aumento de plazas
para la prestación social sustitutoria éstas no pueden
absorber el número de objetores, que en la actualidad supera
los 100.000, a los que hay que añadir
los que se hallaban pendientes de años anteriores para
realizar la prestación social sustitutoria.
Por estas razones presentan la proposición de ley de
modificación de la Ley 48/1984, proposición que parte de la
idea de los defectos que su Grupo apreciaba, hace ya tiempo,
en la Ley de objetores de conciencia vigente, defectos cuya
solución le parece ahora más importante y urgente. Añade que
las previsiones negativas que hacían respecto de esa ley se
han visto confirmadas y que con una legislación más
progresista se hubieran evitado una serie de fenómenos y
problemas que se han ido acumulando. Por otro lado, el
fenómeno de la insumisión en España alcanza la cifra de 40.000
jóvenes, lo que obliga a una serie de
modificaciones de la ley actual. Resume los aspectos que
considera más destacables de la proposición de ley y termina
resaltando la necesidad de adaptar nuestra legislación a una
situación que, en todo caso, la juventud en la práctica y por
la vía de los hechos, irá adecuando, consiguiéndose, más
pronto que tarde, un ejército pequeño, profesional y
proporcionado a las necesidades de nuestro país. En turno en
contra interviene, en nombre del Grupo Socialista, la señora
Rodríguez Ortega,
manifestando que se hallan ante un tema que cuenta ya con
cierta tradición en legislaturas anteriores y que,
efectivamente, fue abordado la semana pasada en la Comisión de
Justicia: la objeción de conciencia y la prestación social
sustitutoria. Sobre este asunto el Grupo Socialista va a
mantener una actitud coherente con las posiciones que han
defendido en anteriores ocasiones, haciendo referencia,
inevitablemente, a la configuración de nuestras Fuerzas
Armadas.
Piensa que deberían centrarse en este debate en si con la Ley
actual, aprobada en 1984, es posible conseguir la
normalización de la prestación social sustitutoria y, sobre
todo, si es posible garantizar el ejercicio de este derecho a
todos y cada uno de los jóvenes por motivos y convicciones que
aparecen perfectamente regulados en la actual Ley. Las
posiciones que ha mantenido el Grupo Socialista, y mantendrá
también en esta ocasión, tienen como objetivo agilizar la
gestión de la prestación social sustitutoria y, sobre todo,
permitir una incorporación más rápida de los objetores que
están reconocidos a su puesto de prestación social. En cuanto
a la proposición de Izquierda Unida, se justifica en base a
una serie de insuficiencias que fueron rechazadas en el año
1987 por el Tribunal Constitucional, que confirmó la plena
constitucionalidad de la Ley vigente. Izquierda Unida plantea
temás que son ya clásicos en materia de objeción de conciencia
y prestación social sustitutoria, junto a otros que no harían
necesaria la modificación de la Ley vigente, ya que bastaría
con poner en marcha una serie de medidas perfectamente
definidas y articuladas. Sobre este particular anuncia la
próxima aprobación por el Consejo de Ministros de un plan de
normalización y modernización de los organismos relacionados
con la gestión y el ejercicio de ese derecho, sin que sea
necesaria para tal fin modificar la Ley de 1984.
Cree que en estos momentos se halla plenamente garantizado y
consolidado ese derecho individual de los jóvenes a través de
una ley progresista, avanzada, que nos iguala con las leyes
existentes en países de nuestro entorno europeo. Sucede,
además, que Izquierda Unida, realiza un planteamiento
maximalista que nos llevaría a una situación distinta a la
existente en esos países europeos, en los que existen
mecanismos mucho más duros y rígidos que en el nuestro para el
reconocimiento de la objeción de conciencia. En definitiva,
considera que la Ley actual mantiene un equilibrio perfecto
entre lo que es el ejercicio de ese derecho y el deber del
cumplimiento del servicio militar. De ahí que se oponga a la
toma en consideración de la proposición de ley objeto de
debate.
Replica el señor Romero Ruiz, duplicando la señora Rodríguez
Ortega. Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra el
señor Albistur Marín y la señora Rahola Martínez, del Grupo
Mixto, y los señores Olarte Cullen, del Grupo de Coalición
Canaria; Olabarría Muñoz, del Grupo Vasco (PNV); Recoder i
Miralles, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Burgos
Gallego, del Grupo Popular.
Sometida a votación, se rechaza la proposición debatida por 40
votos a favor, 261 en contra y una abstención.
Proposiciones no de ley (Página 2546)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre medidas para paliar
los efectos económicos y sociales que afectan a las flotas
españolas, producidas como consecuencia de las paradas
biológicas, recogidas en el Convenio de Pesca en vigor, entre
la Unión Europea y el Reino de Marruecos de fecha 1 de mayo de
1992 (Página 2546)
En nombre del Grupo Socialista defiende la proposición de ley
el señor Méndez Martínez, que señala que la actividad de las
flotas españolas que faenan en los caladeros de otros países
ha venido
evolucionando en los últimos años como consecuencia de un
conjunto de factores, entre los que cabe citar la aplicación
de las nuevas normas internacionales procedentes del Derecho
del mar, los cambios políticos producidos en aquellos países
en los que nuestra flota ha tenido presencia tradicionalmente,
la modificación de la forma en la que se fijan los precios del
pescado, la aparición de nuevas flotas de países productores y
el mayor control que sobre la explotación de sus recursos
ejercen esos países, así como mayor grado de concienciación
existente acerca de la necesidad de evitar la sobrepesca y
permitir la regeneración de los caladeros. Este cambio de la
situación internacional ha supuesto una importante
diversificación de los caladeros a los que en estos momentos
es posible acceder. Todo ello ha obligado a las diferentes
flotas a adoptar estrategias de actuación, transformación y
contingentación como consecuencia de nuestra incorporación a
la Unión Europea. Puede hablarse de la existencia en estos
momentos de un mayor coste en el esfuerzo pesquero, mayor
coste que está siendo asumido por las propias empresas
pesqueras y finalmente por los consumidores, al
repercutir aquél sobre los precios finales. Se refiere
seguidamente a la existencia de paradas biológicas con una
duración de dos meses que obligan a la flota afectada al cese
de su actividad y durante los cuales los tripulantes tienen la
prestación por desempleo, manteniéndose la obligación social
de la empresa pesquera con toda su plantilla. Tal situación ha
producido importantes efectos negativos sobre la flota, la
cual cree que debe recibir todo el apoyo posible para reducir
las repercusiones sociales y económicas de las paradas
biológicas citadas. Para ello, procedería exigir a las
empresas un esfuerzo de racionalización y ordenación de su
actividad, recibiendo las flotas, como compensación de sus
esfuerzos, el apoyo comunitario y el nacional. No obstante,
como no cabe contemplar al erario público como un paraguas
protector permanente, debe hacerse que dichas paradas sean un
elemento estructural en la actividad de la flota y no
coyuntural, integrándose plenamente en el esfuerzo del trabajo
de las empresas pesqueras. En este sentido, la proposición
tiende a destacar la voluntad del Parlamento para apoyar en la
situación por la que atraviesan nuestras flotas y sentar
criterios concretos de esa voluntad de apoyo.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los
señores Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV);
Arqueros Orozco, del Grupo Popular, y Mardones Sevilla, del
Grupo de Coalición Canaria.Para fijación de posiciones
intervienen los señores Vidal i Sardo, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), y Andreu Andreu, del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación, se aprueba la proposición no de ley por
286 votos a favor y tres abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se
insta a la modificación del ordenamiento jurídico español con
la finalidad de lograr una mayor protección social y económica
de la familia como grupo fundamental de la sociedad (Página 2554)
La señora Sainz García defiende la proposición no de ley del
Grupo Popular, cuya finalidad es lograr una mayor protección
social y económica a la familia al considerar que es una
institución social de convivencia natural y pacífica que juega
un valor importante en la transmisión de los valores sociales.
El Grupo Popular parte de la realidad de que en España, igual
que en el resto de los países europeos, se ha producido
durante los últimos años una profunda transformación, con una
constante reducción del número de hijos por pareja, caída de
la tasa de natalidad que en España es espectacular y por ello
preocupante. Agrega la señora Sainz García que este año 1994
ha sido declarado por Naciones Unidas Año Internacional de la
Familia, proclamándose también el deber de ayudar a las
familias en el cumplimiento de sus funciones. Afirma que la
institución familiar está actuando en estos momentos en la
sociedad española como colchón y ayuda a paliar los graves
conflictos que la crisis está provocando en tantos ciudadanos
españoles, por todo lo cual es preciso establecer una política
de ayuda clara a la familia, igual que vienen realizando los
gobiernos europeos, considerándola como algo prioritario, a
diferencia de lo sucedido hasta la fecha en que las ayudas
económicas son las más bajas de Europa y el tratamiento fiscal
raquítico, por calificarlo de alguna manera.
Termina aludiendo al contenido concreto recogido en los
diversos puntos que integran la proposición no de ley.
En defensa de la enmienda suscrita por los Grupos Catalán
(Convergència i Unió), Socialista y Vasco (PNV) intervienen
los señores Casas i Bedós, del Grupo Catalán (Convergència i
Unió), y Cercas Alonso, del Grupo Socialista.
Para fijación de posiciones hace uso de la palabra el señor
Vázquez Romero, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación, se aprueba la proposición del Grupo
Popular, en los términos resultantes de la aceptación de la
enmienda presentada a la misma, por 268 votos a favor y 14
abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 2560)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre la política del Gobierno y medidas a
realizar por el mismo a fin de poder transferir las
competencias sobre la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir a la Comunidad Autónoma Andaluza (Página 2560)
El señor Alcaraz Masats, defiende la moción del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, cuya importancia
destaca para la propia personalidad política y económica de
Andalucía y para la configuración del Estado autonómico.
Anuncia la presentación por su Grupo de una proposición de ley
sobre adecuación de la política de aguas al Estado de las
autonomías modificando, consiguientemente, la Ley de Aguas de
1975, con lo que superan el primer obstáculo a que aludía el
Ministro durante el debate de la semana anterior, aduciendo
que el Tribunal Constitucional había aceptado como tal la Ley
de Aguas. Pero considera que también la modificación que
proponen a dicha ley es constitucional, ya que en la Carta
Magna para nada se habla de los términos «cuenca» o
«confederaciones».
Otro de los obstáculos que se mencionaban es que se trata de
una competencia exclusiva del Estado, lo cual es cierto, pero
también la Constitución prevé en su artículo 150, en el caso
de que se pongan de acuerdo la Administración central y las
comunidades autónomas, que se podrán ampliar las competencias
por encima de lo previsto en el artículo 151. Por tanto, no se
desmembra el Estado porque el Guadalquivir lo gestionen los
andaluces. Piensa que no existe ningún problema jurídico y sí
un problema de voluntad política y un problema de desconfianza
hacia los andaluces.
En cuanto a la enmienda presentada por el Grupo Popular
anuncia su aceptación, siempre que se trate de una enmienda de
adición, pero no de sustitución o modificación, porque en tal
caso suprimiría lo esencial de la moción.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Popular
interviene el señor Sanz Escalera.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Se-dó i
Marsal, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y García
Arreciado Batanero. Sometida a votación, se rechaza la moción
del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya por 20
votos a favor y 250 en contra.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas
de política general que piensa adoptar el Gobierno para
reactivar el sector naval en su conjunto, tanto en lo que
afecta a la construcción de buques como a la potenciación de
nuestra marina mercante (Página 2567)
El señor Fernández de Mesa Díaz del Río defiende la moción del
Grupo Popular, en la que trata de recoger una serie de medidas
con el único transfondo de procurar conseguir una recuperación
del sector naval, evitando lo ocurrido en la legislatura
anterior y que lleguemos al mes de diciembre próximo, a la
conclusión de la Sexta Directiva Comunitaria, sin un marco
definido para que nuestros armadores puedan acogerse a la
financiación de buques. Expone las restantes medidas
contenidas en los diversos puntos que integran la moción, para
la que concluye solicitando el apoyo de la Cámara. En defensa
de las enmiendas presentadas intervienen los señores Cuevas
Delgado, del Grupo Socialista, y Mardones Sevilla, del Grupo
de Coalición Canaria.
Para fijación de posiciones hace uso de la palabra el señor
Andreu Andreu, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Sometida a votación, se aprueba la moción del Grupo Popular,
en los términos resultantes de la aceptación de la enmienda
del Grupo Socialista, por 251 votos a favor y una abstención.
Se suspende la sesión a las diez y quince minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
MODIFICACION DE LA LEY
GENERAL PRESUPUESTARIA EN MATERIA DE CONTROL DEL GASTO,
TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y DE PLAZOS DE PAGO
DE LAS DEUDAS VENCIDAS, RESTABLECIENDOSE, ASIMISMO, EL
PRINCIPIO DE INTERVENCION PREVIA (Número de expediente
122/000004)
El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión.
Punto I del orden del día: Toma en consideración de
proposiciones de ley. Proposición del Grupo Popular, sobre
modificación de la Ley General Presupuestaria en materia de
control del gasto, transparencia administrativa y financiera y
de plazos de pago de las deudas vencidas, restableciéndose,
asimismo, el principio de intervención previa.
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Arias-
Salgado.
El señor ARIAS-SALGADO MONTALVO: Señor Presidente, señorías,
subo a la tribuna a defender una proposición de ley de mi
Grupo Parlamentario que modifica algunos aspectos de la Ley
General Presupuestaria, y pido de SS.SS. el voto favorable
para esta proposición de ley por el conjunto de razones que
voy a tratar de exponer a continuación.
Esta proposición tiene antecedentes en el sentido de que ya en
la legislatura pasada el Grupo Parlamentario Popular presentó
una proposición similar, pero que en esta ocasión repite en
forma técnicamente mejorada, claramente mejorada.
No se puede negar la oportunidad del momento en que esta
proposición de ley entra en el orden del día. Hay una
justificación general reconocida, incluso, por el propio
Gobierno. En la pasada semana tuvimos una reunión en la
Comisión de Presupuestos en la que el propio Secretario de
Estado de Hacienda, en nombre del Gobierno, venía a reconocer
que el año 1993 había sido, efectivamente, un mal año
presupuestario. Es un reconocimiento general. Naturalmente que
lo que el Gobierno llama mal año presupuestario no deja de ser
un eufemismo que refleja el déficit presupuestario más alto de
la historia de la
democracia española, que es, ciertamente, producto de una
crisis económica grave y profunda, pero que es también el
efecto de una mala gestión presupuestaria, es también el
efecto de una
situación de descontrol presupuestario y es, en definitiva, el
efecto de la existencia de unos procedimientos presupuestarios
laxos que no prestan ningún servicio a la existencia de una
situación de crisis y que, por tanto, no coadyuvan a
corregirla y a mejorarla.
La lucha contra el déficit es hoy una prioridad urgente, y
para combatirlo hay que utilizar todo tipo de medios, unos son
sustantivos y otros son formales, todos ellos igualmente
importantes. Los sustantivos implicarían, al menos, un cierto
cambio de la política económica del Gobierno y emprender un
conjunto de reformas estructurales del sector público. Pero
hay también otros procedimientos formales de lucha contra el
déficit a los que esta proposición de ley quiere dar
respuesta. Estos procedimientos formales no se deben
infravalorar. Hay hoy estudios empíricos que demuestran que
los países que tienen procedimientos presupuestarios laxos...
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Arias-Salgado.
Señorías, ruego silencio. (Pausa.)
Cuando quiera.
El señor ARIAS-SALGADO MONTALVO: Gracias, señor Presidente.
Decía que hay estudios empíricos que demuestran que los países
que tienen procedimientos presupuestarios laxos acaban por
tener una imposibilidad de cumplimiento de sus previsiones de
déficit y de la evolución de la deuda. Este es, en cierto
modo, el caso de España.
Si la justificación económica de esta proposición de ley es la
lucha contra el déficit, hay también en ella un objetivo
fundamentalmente político, como es la recuperación de la
credibilidad que deben tener los Presupuestos Generales del
Estado y, en concreto, la institución presupuestaria. Contiene
la proposición de ley varios grupos de medidas que muy
sucintamente voy a tratar de resumir.
Hay un primer grupo de medidas que tienen por objeto evitar el
exceso de discrecionalidad que contiene hoy nuestro
ordenamiento jurídico presupuestario en materia de
modificaciones de créditos. Son medidas que tratan, por tanto,
de evitar modificaciones presupuestarias arbitrarias, es
decir, en última instancia, evitar la probada divergencia
entre las previsiones y la
ejecución presupuestaria, y ello tanto en lo que afecta a la
cuantía de los créditos como al uso que se da a los mismos en
función de su previsión inicial.
El tema no es de menor cuantía, en contra de lo que parece, o
que podría parecer, desde una contemplación formal del
problema. Entre 1983 y 1993 la media de modificaciones
presupuestarias ha alcanzado el 10 por ciento de la totalidad
de los presupuestos, lo cual es una cuantía respetable. Pero
es que esa cifra ha alcanzado el 15,7 por ciento en el año
1993. Ello significa que es absolutamente imprescindible poner
unos límites a las
modificaciones presupuestarias que hoy no existen.
Hay que fortalecer, en ese sentido, los principios de
especialidad cuantitativa y cualitativa, y a ese propósito
responde la propuesta de modificación que hace la proposición
de ley de los artículos 59, 67 y 68 de la Ley General
Presupuestaria, que aspiran a conseguir cosas tan razonables
como éstas: Que los créditos autorizados tengan carácter
limitativo y vinculante con el
nivel de desagregación económica con el que son aprobados,
cosa absolutamente razonable y elemental. Que se eliminen
partidas con denominaciones ambiguas, como, por ejemplo, las
famosas partidas de imprevistos. Que se limiten las
posibilidades de
transferencias de créditos entre exacciones y capítulos de
gasto y que se haga más rígido el ejercicio de las
competencias ministeriales para decidir esas modificaciones de
créditos, de tal manera que la inmensa mayoría de ellas, las
que hayan de realizarse dentro de cada sección, correspondan
al Consejo de Ministros y no sólo y exclusivamente, como
ahora, al Ministro de Economía o a los titulares de cada
departamento ministerial. El segundo grupo de medidas tiene
por objeto evitar el aumento y descontrol del gasto previsto y
autorizado, y a ese propósito responde la reforma de los
artículos 60, 61 y 66 de la Ley General Presupuestaria. En
esta propuesta de modificación se persiguen también cosas
absolutamente razonables. Llevar a la Ley General
Presupuestaria en términos algo más rígidos el famoso artículo
10 que aparece en las leyes anuales de presupuestos. Y digo en
términos algo más amplios y algo más rígidos para que la
limitación afecte, calculándose separadamente, tanto a la
cuantía de los créditos aprobados inicialmente para
operaciones
corrientes como para operaciones de capital, de tal manera que
el límite opere para ambas operaciones, corrientes y de
capital, y no se acuda al final al artificio de hacer
transferencias de crédito desde las operaciones corrientes que
están incontroladas hacia las operaciones de capital, que
quedan siempre mucho más bajas. Por tanto, es también una
propuesta de reforma
absolutamente razonable.
Estas propuestas de modificación o de reforma de la Ley
pretenden que se contabilicen de una manera precisa y adecuada
los
compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios
posteriores, especificándose, como es lógico, las cantidades
que hayan de corresponder a ejercicios posteriores. En este
orden de cosas, se pretende, asimismo, limitar los créditos
ampliables, que es uno de los agujeros por donde se dispara el
gasto público. Y digo se dispara porque lo hace
injustificadamente. El Gobierno y la mayoría que le apoya ha
hecho una interpretación muy laxa de la regulación que
actualmente contiene la Ley General
Presupuestaria sobre las posibilidades de créditos ampliables.
El profesor Barea ha contabilizado más de dos mil créditos
ampliables, y eso carece de toda lógica y priva de toda
significación al concepto de crédito ampliable. Por eso,
nuestra propuesta pasa por reducir la posibilidad de crédito
ampliable a cinco conceptos: pago de obligaciones financieras
del Estado, atenciones a clases pasivas, pago de trienios al
personal al servicio de la Administración Pública, compromisos
derivados de convenios internacionales y cumplimientos de
sentencias cuando no haya cuantía suficiente recogida en los
créditos
presupuestarios.
El tercer grupo de medidas tiende a evitar prácticas contables
dudosas que violan el principio de especialidad temporal.
Recientemente, el Tribunal de Cuentas, en lo que afecta a la
Cuenta General de 1990, ha afirmado que el Gobierno no reflejó
gastos por un billón 420.000 millones de pesetas. Siendo
discutible el criterio del Tribunal de Cuentas en este orden
de cosas, no es menos cierto que es un órgano de control y que
ha de atenderse con mucho cuidado a los pronunciamientos que
hace ese órgano, dependiente de las Cortes Generales. Y hay
que evitar estas prácticas contables, como son los créditos
extraordinarios al Inem durante 1993, que han ido destinados a
cubrir
insuficiencias presupuestarias de 1991 y 1992, rompiendo el
principio de especialidad temporal. También hay que terminar
con los préstamos del Estado a la Seguridad Social para pagar
las deudas del Insalud correspondientes a 1991 y a 1992, como
se ha hecho en el transcurso del año 1993. A eso aspira la
reforma que proponemos del artículo 63.2 de la Ley General
Presupuestaria. Se trata de obligar a que se reseñe con
rúbrica explícita las obligaciones contraídas en ejercicios
anteriores para que ello tenga debido reflejo presupuestario y
debida contabilización. El cuarto grupo de medidas trata de
fortalecer la intervención y el control del sector público
para mejorar la disciplina
presupuestaria. Se derogan aquellos preceptos de la Ley
General Presupuestaria que excluyen la intervención previa de
determinadas operaciones presupuestarias. Se propone un mejor
y un mayor control de los créditos FAD, lo cual implica a su
vez una posibilidad de controlar la política de cooperación al
desarrollo y de vigilar el cumplimiento de la cláusula
democrática, que habitualmente tienen los tratados
relacionados con la ayuda de cooperación al desarrollo. Se
propone también una reforma del artículo 90 para conseguir que
las Cortes conozcan toda la documentación mercantil de las
empresas públicas, así como un mejor control de la morosidad
de la Administración Pública, estableciendo la obligación del
pago de deudas
reconocidas a partir de un mes, devengando a partir de ese
momento los intereses correspondientes, junto con la
obligación de suministrar información a las Cortes de todas
las deudas contraídas por el Estado. Además, queremos incluir
a este respecto tanto el concepto de obligaciones reconocidas
como ese concepto singular, que, inventado por la
Administración y, en concreto, por el Secretario de Estado de
Hacienda, hace
referencia a las obligaciones pendientes de reconocer, que no
sabemos exactamente en qué consisten pero que, una vez creado
el concepto, hay que darle cuerpo legal para que esta Cámara
tenga posibilidad de vigilar y de controlar la ejecución
presupuestaria.
Finalmente, se propone un sistema de responsabilidad de los
administradores que en alguna medida funcione. El actual
sistema previsto por la Ley General Presupuestaria es
prácticamente inoperante. De la última comparecencia de la
Interventora General del Estado se deduce la escasa
operatividad del sistema de responsabilidades. Cuando hay mal
ejercicio de la administración de caudales públicos, bien sea
simplemente de carácter culposo, y por supuesto si fueran de
carácter doloso, hay que establecer un sistema de
responsabilidades que finalmente funcione.
Por último, la proposición de ley pretende ajustar el ámbito
material de las leyes anuales de presupuestos. Debe
reconocerse que en el último ejercicio presupuestario se ha
hecho un esfuerzo acompañando una ley complementaria, por
tanto, extrayendo de la Ley anual de Presupuestos un conjunto
de materias que tenían difícil encaje; pero no es menos cierto
que todavía las leyes anuales de presupuestos se utilizan de
forma técnicamente incorrecta. No hay más que recordar que en
una ley de
presupuestos se ha creado la Agencia Estatal Tributaria y se
ha regulado el mal llamado sistema de corresponsabilidad
fiscal. No parece que, por la entidad de las materias, sea una
ley anual la norma correcta para regular este tipo de
cuestiones. Concluyo, señor Presidente. Todo este conjunto de
medidas es razonable. Difícilmente, creo yo, podría discutirse
su razonabilidad. Son también medidas modernizadoras de la
institución presupuestaria y recogen, en el fondo, las
tendencias más modernas en cuanto afecta a la disciplina
presupuestaria en los Estados más
desarrollados. Son, en tercer lugar, reformas urgentes que
convendría adoptar de cara a los próximos presupuestos
generales del Estado, porque ya se pone de relieve un nuevo
descontrol presupuestario con el déficit de caja no financiero
correspondiente al mes de enero, calculado sobre el mes de
enero del pasado año. Son, en última instancia, medidas que
tratan de corregir una situación actual, que se caracteriza
por una mala presupuestación, que se caracteriza por una
deficiente gestión del presupuesto, que se caracteriza por un
insuficiente control interno en la ejecución presupuestaria,
que se caracteriza por una inadecuada contabilización de no
pocas decisiones de gasto y que se caracteriza también porque
no hay en nuestro sistema una forma de exigencia efectiva de
responsabilidades a los gestores públicos.
Decía al principio que no conviene infravalorar estas
modificaciones formales a la Ley General Presupuestaria.
Podría encontrarse una dimensión sustantiva a estas
modificaciones formales, pero quiero leer simplemente un
párrafo extraído del Informe Von Hagen hecho en el ámbito de
la Comunidad Europea en relación con España. Dice así: España
tiene reglas y
procedimientos presupuestarios que se encuentran entre los más
laxos de la Comunidad Europea. En la fase de elaboración, el
enorme peso de los gastos comprometido y el fracaso del
intento de introducir la presupuestación por programas han
hecho
virtualmente imposible una dirección estratégica del
presupuesto basada en objetivos, indicadores y técnicas de
análisis. Por otra parte, la información presupuestaria es,
aunque abundante, escasamente transparente, no facilita
comparaciones relevantes para evaluar su contenido ni informa
sobre compromisos futuros u obligaciones contingentes ni
permite identificar rápidamente desviaciones que, con más
frecuencia de la que sería deseable, dan lugar a la cumulación
de deudas hasta que su volumen hace inevitable la decisión
política de regularizarlas.
Son, por tanto, señor Presidente, reformas que, de aprobarse
por esta Cámara, contribuirán a recuperar la credibilidad de
la institución presupuestaria. Son, por ello, reformas que
deberían encontrar el apoyo de esta Cámara porque, en última
instancia, nunca es bueno oponerse a lo razonable.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arias-Salgado.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Gimeno.
El señor GIMENO MARIN: Gracias, señor Presidente.
Señoras Diputadas, señores Diputados, quiero indicar al
portavoz del Grupo Popular que sí es oportuno el debate que su
Grupo ha planteado con la proposición de ley que presenta y es
verdad lo que él dice --yo creo que eso le da más validez a
alguno de los argumentos que utiliza y que podemos compartir--
de que los planteamientos formales en la materia
presupuestaria, en relación con los problemas económicos
reales que tiene nuestro país, y el déficit público es sin
ninguna duda uno de los más importantes, constituyen un
elemento importante a la hora de resolver o de coadyuvar a
resolver los problemas que forzosamente tienen que ir unidos,
sin ninguna duda, con propuestas de política económica o de
carácter sustantivo, como el dice. Creo que eso es correcto en
lo fundamental para poder plantearle hoy aquí, en este debate,
que el Gobierno y el Grupo Socialista ya han hecho referencia,
en lo que llevamos de esta legislatura, a la necesidad de
producir un debate o presentar un proyecto de ley que
modifique la Ley General Preuspuestaria, puesto que se
considera que es oportuno; modificación y propuesta de
proyecto de ley que tienen que adecuarse a la situación real
que se plantea.
En estos momentos, con el déficit público existente, el
instrumento de la Ley General Presupuestaria se convierte en
un elemento de enorme importancia. En ese sentido tengo que
compartir con S.S. que hay planteamientos que hace su Grupo
que yo creo que mejoran
los de otras propuestas, y no sólo lo creo así sino que
también considero que los argumentos utilizados por usted en
esta tribuna son casi mejores que los que presenta la propia
proposición de ley. Así lo creo y se lo digo con sinceridad,
porque es verdad que en materia presupuestaria hay factores
que han condicionado los presupuestos, y eso a pesar de que
usted imputa una parte de los problemas existentes a la mala
gestión o a los malos
instrumentos de que se dispone por la legislación actual. La
impresión es que, fundamentalmente, los condicionantes que
tenemos provienen, en lo que se refiere a las manifestaciones
y consecuencias del déficit, del marco económico o crisis
económica que padecemos en España, con sus secuelas de paro,
que han puesto en marcha, desde hace unos años, y en 1993 de
una manera mucho más importante, los estabilizadores
automáticos de la propia economía, que ha dado lugar a una
disminución de los ingresos y a un incremento importante de
los gastos. Eso es así --y hay que reconocerlo, aunque yo creo
que S.S. también lo ha dicho--, igual que es verdad, sin
ninguna duda, que en materia presupuestaria existe una serie
de condicionantes, que en todo Estado de Derecho se tienen que
plantear y que hacen referencia a una serie de derechos
subjetivos, a los que tienen derecho los ciudadanos o las
empresas y que se vienen planteando, que limitan también el
margen de maniobra para resolver algunos de los problemas que
se tienen. Creo que eso, en cualquier caso, es importante. De
las propuestas que hace usted, yo le diría que algunas,
incluso en la práctica, ya están resueltas. Por ejemplo,
plantea que el contenido de la Ley de Presupuestos se limite a
lo que es materia estrictamente presupuestaria, porque se ha
venido diciendo y debatiendo en esta Cámara porque lo ha dicho
el Tribunal
Constitucional, pero yo le tengo que decir que eso, en la Ley
de Presupuestos que acabamos de aprobar no hace mucho tiempo
en las Cámaras, ya ha venido aplicándose en la práctica. A
veces es muy difícil, aunque políticamente creo que tiene más
sentido que técnica y jurídicamente, establecer en una Ley
General
Presupuestaria lo que debe decir la Ley de Presupuestos, en el
sentido de que una Ley de Presupuestos siempre podrá
introducir los elementos que constitucionalmente pueda
introducir; sólo en ese aspecto se lo planteo. Pero estando de
acuerdo en que es conveniente que no se introduzcan
determinadas modificaciones fundamentales en las leyes de
Presupuestos, coincidimos con su propuesta y creo que es un
punto de encuentro a tener en cuenta. Ha hecho usted
referencia a algunos ejemplos históricos que, por supuesto,
ahí están. El Tribunal Constitucional ya ha dicho que esos
ejemplos históricos han sido válidos y ha hecho unas
recomendaciones. En cualquier caso, creo que no es la práctica
que en estos momentos se viene planteando. También ha
mencionado S.S. otro bloque de materias, que es el que se
refería a evitar el descontrol del gasto y que se utiliza --de
todos es conocido--como el artículo 10 de las últimas leyes de
presupuestos. Su Grupo expone términos más estrictos, es
verdad, pero me parece interesante que podamos debatir esa
cuestión, porque creo que en lo que se refiere a distinguir
entre los gastos corrientes y los gastos de capital plantea
rigideces, que es lo que quiere su Grupo, sin ningún tipo de
duda. Pero a nosotros, sinceramente, nos preocupa su
posibilidad práctica, ya que como usted también ha dicho donde
tenemos el problema es en los gastos corrientes, que luego
repercuten, en muchas ocasiones por el mantenimiento de esos
límites que se establecen en el artículo 10, en los gastos de
capital, algo que parece que a su Grupo le preocupa y a
nosotros también. Pero si usted quita la posibilidad de
aplicación de un límite de las características de tal
artículo, se nos plantearía algún problema importante.
Citaba usted casos concretos de su proposición de ley cuyo
planteamiento es más correcto incluso que el que presenta el
texto de la misma. Así lo pienso. Habla de la limitación de
los créditos ampliables en la Ley General Presupuestaria, y le
tengo que decir que la práctica normal es que las leyes de
presupuestos han tendido a esa limitación. En cualquier caso,
algunos
planteamientos que hacen de créditos ampliables sobre posibles
sentencias futuras me originan algunas dudas. Lo digo más como
pregunta que como un intento de suscitar una discrepancia. Con
los créditos ampliables nos pasa lo mismo que cuando
hablábamos antes sobre qué debe decir o qué no debe decir una
ley general presupuestaria. Sin duda alguna se deben plantear
limitaciones a esos créditos ampliables, pero que no quepa la
menor duda de que, en cualquier caso y a pesar de la voluntad
que exista, las circunstancias concretas económicas y
políticas que se produzcan, pero fundamentalmente económicas,
también son una buena oportunidad para que cada ley de
presupuestos delimite qué son los créditos ampliables.
Usted planteaba prácticas contables dudosas que pretende
resolver con su proposición de ley. Su proposición de ley
podrá tener esa voluntad, pero yo creo que la definición
técnica es más difícil. Ponía el ejemplo del Tribunal de
Cuentas, pero me parece que lo citaba con alguna duda, y no
por lo que ha dicho, dicho Tribunal, que usted conoce y yo
también. Ahora tenemos a debate en esta Cámara, en la Comisión
Mixta, las cuentas del año 1990 y del año 1989, y acaban de
ser aprobadas también resoluciones respecto a las mismas. El
Tribunal siempre viene a decir que no se incluyen los gastos
reales de cada ejercicio.
Nuestro sistema actual de contabilidad se rige, y usted lo
sabe, por un sistema integrado de cuentas, que es el de la
Unión Europea. Pero aún le diré más: no tenemos
otra salida que cumplirlo a partir del año 1994, porque nos
vinculan y nos obligan las resoluciones tomadas por la Unión
Europea consecuencia del Tratado de Maastricht, que imponía
unos criterios homogéneos a la hora de la delimitación del
déficit. Técnicamente es posible computar los déficit en
conceptos como el de caja, que usted ha utilizado también para
citar algún caso concreto ahora mismo en esta tribuna;
técnicamente, sin ninguna duda, también es posible
contabilizar el déficit en términos de contabilidad nacional,
se puede hacer sin ningún problema; pero eso no evita ni
contradice la realidad de que nosotros,
obligatoriamente, tenemos que cumplir el sistema de
contabilidad por el que se rigen ya los países de la Unión
Europea; nos hemos obligado con las firmas de los tratados.
En algunas de sus propuestas se establecen unas vinculaciones
y unas limitaciones. Yo pienso que en ciertos casos se podría
discutir en mayor profundidad, y posiblemente encontraríamos
un punto de coincidencia, sin ninguna duda. Ha citado usted su
texto, que dice que los créditos autorizados en los programas
de gasto tienen carácter limitativo y vinculante con el nivel
de desagregación económica con que aparezcan en los estados de
gasto. Eso es mucho más laxo que la propuesta que actualmente
hay en el texto refundido. Esa es mi opinión. Otra cuestión es
su voluntad, y otra diferente es lo que dice en diferentes
artículos de la proposición de ley, que establecen rigidices
que a mí me sorprenden, y se lo digo en el tono de encontrar
incluso
posiciones de aproximación.
Usted fuerza a que las transferencias de crédito dentro de
cada sección pasen a Consejo de Ministros y no como se hace en
estos momentos. Pero yo creo que cuando usted está
estableciendo ese debate se está olvidando de que, por lo
menos, en los
Presupuestos actuales también existen los presupuestos por
programas, en los que se definen objetivos, ¿que podrán
mejorarse? Sin ningún tipo de duda, pero usted hace un
planteamiento totalmente económico-organicista y llega a
situaciones un poco difíciles, porque un programa, en
cualquier caso, afectará a distintos departamentos, y usted
establece rigideces para que todos esos supuestos sean
llevados al Consejo de Ministros, y lleva el caso a una
situación extrema cuando expone que organismos autónomos
planteen también sus créditos extraordinarios en determinadas
condiciones, temporal y
acumuladamente, cuando se debatan en esta Cámara.
Lo que le vengo a manifestar es que eso en la práctica es casi
imposible, nos inundaría esta Cámara. Me estoy refiriendo
ahora a determinados planteamientos que hoy es posible que se
resuelvan a nivel de la Administración, porque afectan a
cuantías que no son muy importantes y que se pueden decidir en
los niveles en los que se plantean.
Ustedes endurecen su postura en lo que se refiere a la
posibilidad de que el Ministerio de Economía y los demás
ministerios puedan adoptar transferencias de crédito, pero les
plantean la posiblidad de incorporaciones de crédito o incluso
de que sigan con enfoques que podrían aumentar el déficit,
cuando las transferencias, como mínimo, tienen contenido el
límite del déficit que vienen definiendo.
Yo lo que quería decir es que me da la sensación de que
algunas de las propuestas que plantea establecen excesivas
rigideces, aunque posiblemente compartamos, sin ninguna duda,
el criterio de que se consiga o no se consiga mayor o menor
transparencia; en eso es seguro que todos estamos de acuerdo.
Queremos la máxima transparencia, pero también queremos la
agilidad suficiente que permita que los gestores puedan
administrar el presupuesto y no se conviertan en malos
operadores, como usted dice, porque yo creo que ésa no es la
situación concreta.
En su intervención daba ejemplos de que las modificaciones de
crédito se han disparado; me ponía esos ejemplos para evitar
prácticas anteriores que se han planteado de forma más o menos
correcta, yo creo que correcta, y se lo digo así. Siempre se
ha suscitado en los debates en esta Cámara (posiblemente hoy
en el debate que usted produce no se suscita ese tipo de
problemas) si se habían ocultado o no determinadas situaciones
de ciertos organismos, como el Inem, a los que ya sabe S.S.
que se han otorgado créditos extraordinarios para sanear
situación anterior pero eso no quería decir, bajo ningún
concepto, que sus déficit no estuvieran recogidos en la
contabilidad nacional, ya que es obvio que eso se estaba
produciendo. Lo que le quiero indicar es que muchos de los
planteamientos que le preocupan de
modificaciones presupuestarias han tenido que ver con créditos
extraordinarios, es decir, han tenido que ver con decisiones
que se toman en esta Cámara, que tienen, por lo menos, tanta
validez como lo que son las propias leyes de presupuestos.
Lo que le quiero indicar con el conjunto de mi intervención es
que mi Grupo tiene la voluntad de buscar aproximaciones en un
tema como la Ley General Presupuestaria, que es un instrumento
importante que tiene que coadyuvar a la política económica
para resolver, sin ninguna duda, un problema importante que
tenemos, como es el déficit público. Hay puntos de acuerdo, y
resueltos en mi opinión, como es el contenido de la Ley de
Presupuestos o como son las referencias que hace su
proposición al tema del Banco de España, que usted no ha
citado porque en la práctica más o menos es un problema que
está resuelto. Pero como el Gobierno ha anunciado que quiere
el debate de un proyecto integrado, global de ley general
presupuestaria, a mi Grupo le parece que ése es el momento más
oportuno para poder producir ese encuentro en las posiciones
en las que podamos coincidir, aunque también le digo que
en algunas de las afirmaciones que ha hecho podemos considerar
que existen ciertas discrepancias. No obstante, estoy
convencido, sin ninguna duda, de que en ese debate, repito,
nos podremos encontrar y podremos lograr aproximaciones que
sirvan para que los gestores públicos puedan administrar mucho
mejor lo que son los presupuestos.
Por todo eso, fundamentalmente, porque hay un proyecto de ley
anunciado por el Gobierno, mi Grupo considera que no es
conveniente aprobar esta proposición de ley, y aun le diría
más: yo creo que, a lo mejor, su Grupo podría considerar
igualmente la posibilidad de incorporarse a ese debate de la
próxima ley general presupuestaria, y quizá podría retirar
hasta esta proposición de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gimeno.
Tiene la palabra el señor Arias-Salgado.
El señor ARIAS-SALGADO MONTALVO: Señor Presidente, señoras y
señores Diputados, qué duda cabe que en no pocas cuestiones de
las que trata esta proposición de ley nos movemos en el
terreno de lo opinable. Por otra parte, sería difícil discutir
en un Parlamento... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento. Disculpe, señor Arias-
Salgado. Señorías, ruego guarden silencio. (Pausa.)
Cuando quiera puede continuar, señor Arias-Salgado.
El señor ARIAS-SALGADO MONTALVO: Gracias, señor Presidente.
Decía que sería difícil actuar en un Parlamento si no
aceptáramos, como principio básico, que nos movemos
permanentemente en el terreno de lo opinable. Por eso yo he
querido plantear mi intervención en el terreno de lo
razonable, porque creo que todo lo que la proposición de ley
contiene es fundamentalmente razonable, y decía que no era
conveniente la espera, no era conveniente esperar al proyecto
de ley que tiene anunciado el Gobierno de reforma general de
la Ley General Presupuestaria.
Yo creo que los resultados del año 1993 demuestran hasta qué
punto, en una situación de crisis, es absolutamente inoperante
el ordenamiento jurídico presupuestario vigente. Recordaba en
la Comisión de Presupuestos que la cuantía global de las
modificaciones presupuestarias en el año 1993 ha supuesto dos
billones 430.000 millones de pesetas; es decir, un 93,4 por
ciento más que en 1992. Recordaba también que las ampliaciones
de créditos han supuesto una desviación de 461.000 millones de
pesetas. Recordaba, asimismo, que las incorporaciones de
créditos han supuesto 514.000 millones de pesetas de
desviación; es difícil ir más allá en el descontrol. Y
recordaba, por último, que incluso en el pago de bienes y
servicios se había producido una desviación del 30 por ciento
y se habían gastado 113.000 millones de pesetas más que los
créditos inicialmente previstos en el capítulo 2. Y entrando
en las transferencias corrientes pasábamos a un 20 por ciento
de desviación.
Es esta una situación que, desde el punto de vista de lo que
es la administración presupuestaria, no admite espera. El
Gobierno lleva ya demasiado tiempo preparando este proyecto de
ley. Por eso creo que sería urgente adoptar algunas
modificaciones. Y sería urgente adoptarlas porque S.S. no ha
hecho referencia a la crítica que me he permitido poner encima
de la mesa sobre la credibilidad de la institución
presupuestaria entre nosotros, y la credibilidad, por tanto,
de la política presupuestaria formal del Gobierno.
Los Presupuestos Generales del Estado han perdido toda
credibilidad en el mundo económico, de tal manera que no
despiertan hoy confianza en los agentes económicos y sociales,
y han perdido credibilidad en el mundo científico. A mí me
gustaría que usted pudiera aportar aquí, desde una perspectiva
académica, juicios positivos sobre la política presupuestaria
formal del Gobierno y sobre la credibilidad de los
presupuestos de la última década. Yo no he encontrado ninguno,
y a efectos de contraste he buscado juicios positivos para ver
por dónde podrían ir los argumentos de defensa de la política
presupuestaria de los gobiernos socialistas; pero no he
encontrado, repito, ningún juicio solvente, ninguna
publicación solvente de los cuales se deduzca un juicio
positivo sobre esa política presupuestaria de los gobiernos
socialistas.
Ha hecho S.S. referencia a un problema jurídico que tal y como
está planteado en la Constitución española carece de solución,
y es que las leyes anuales de presupuestos, en la medida en
que son leyes ordinarias, pueden modificar la Ley General
Presupuestaria cada año. Pero naturalmente ahí nos deberíamos
mover nosotros, en defensa de los intereses generales,
distinguiendo un doble plano: lo que es constitucional o no,
que en última instancia podemos nosotros anticiparlo a la
esperade lo que pueda decir el Tribunal Constitucional; pero
deberíamos distinguir entre lo que es o no constitucional,
insisto, y lo que es o no correcto. Aquí, por sistema, se
apoyan decisiones presupuestarias que son fundamentalmente
incorrectas. Ahora voy a poner un ejemplo que, a mi juicio,
habla por sí solo, y es, me parece, el artículo 7 de la ley
anual de presupuestos, que deja en suspenso ni más ni menos
que a todo el régimen jurídico de las modificaciones
presupuestarias previsto por la Ley General Presupuestaria.
Eso no es razonable, porque hay un compromiso político y
jurídico que supone la Ley General Presupuestaria, y si con
carácter general aquellas disposiciones restrictivas las
dejamos en suspenso en cada ley anual, evidentemente
terminamos en donde se ha terminado, en una política
presupuestaria carente de disciplina.
Por todo esto no tiene mucho sentido en estos momentos hablar
de un exceso de rigidez, porque el problema con el que hemos
de enfrentarnos no es ese, es justamente el de un exceso de
laxitud, el de un exceso de discrecionalidad presupuestaria,
que termina por anular la eficacia de todos los controles
internos. Al final, eso incrementa el déficit y, por
consiguiente, contribuye a agravar la situación de crisis
económica. Yo creo que la
proposición de ley que presenta mi Grupo Parlamentario tiene
urgencia, porque hay dos cosas que no pueden esperar. En
principio, el Estado de Derecho no puede esperar, y la
vinculación obvia entre la institución presupuestaria y el
Estado de Derecho no hace falta discutirla aquí. Con este
exceso de discrecionalidad, teniendo en cuenta que el
resultado final de la ejecución presupuestaria coincide en
escasa medida con lo que aquí se discute y se aprueba, en esa
misma medida se perjudica la institución presupuestaria y,
consiguientemente, el Estado de Derecho. Y hay también una
urgencia económica.
El señor PRESIDENTE: Señor Arias-Salgado, le ruego concluya.
El señor ARIAS-SALGADO MONTALVO: Termino, señor Presidente. Y
hay, finalmente, decía, una urgencia económica. Será difícil
controlar el gasto público si no asumimos, como compromiso
político y jurídico, una mayor severidad y una mayor rigidez
en el ejercicio de la política y ejecución presupuestarias. Si
así lo hacemos y se vota favorablemente esta proposición de
ley estaremos contribuyendo a poner esos límites necesarios a
una situación en la que el gasto público anda desbocado y
perjudicando gravemente la situación de crisis por la que
atraviesa la economía española. Muchas gracias, señor
Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Arias-Salgado. El
señor Gimeno tiene la palabra.
El señor GIMENO MARIN: Gracias, señor Presidente.
Yo creo que de la intervención del portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, en la forma en que la plantea, parece
desprenderse que las dificultades que existen en lo que
respecta al déficit público tienen que ver, en lo fundamental,
con lo que es el contenido de la institución presupuestaria o
con los instrumentos de que se disponen presupuestariamente
para contener ese déficit.
Yo creo que esa afirmación, en su segunda intervención, la ha
exagerado un poco más de lo que lo ha hecho en la primera,
porque el déficit público no deriva fundamentalmente de los
problemas de las instituciones presupuestarias, sino de un
conjunto de condicionantes sustantivos o reales sobre los que
hay que operar o actuar para que puedan resolverse los
problemas de déficit que tenemos. Es más, en el presupuesto
para el año 1994 uno de los condicionantes fundamentales, que
ha sido tenido en cuenta en ese presupuesto para contener el
déficit, es el gasto público necesario como consecuencia de la
crisis económica. Ese es un condicionante que limita los
márgenes y los objetivos que se plantean de limitación de ese
déficit público.
Su señoría sabe que hay, o ha habido debates de política
económica a nivel de otros países en los que alguien ha
llegado a plantear, como única posibilidad dentro de dicha
política, y por lo que respecta a la relación entre ley y
Constitución, poner las limitaciones constitucionales para que
fuera posible operar sobre los mecanismos legales.
En nuestro planteamiento --y se lo digo así sinceramente--,
estando de acuerdo en que la Ley General Presupuestaria debe
contribuir, en la situación que tenemos en estos momentos, a
ser un instrumento para corregirla --que así lo creo--,
considero que también hay compaginar ese proyecto de ley que
nosotros
defendemos y que tiene que presentar el Gobierno, con los
aspectos que faciliten una gestión tanto en la elaboración del
presupuesto como en la propia realización del gasto. En ese
planteamiento yo no comparto sus afirmaciones de excesiva
discrecionalidad. Creo que hay que buscar el equilibrio justo
entre lo que es la eficacia y lo que es la necesidad de
contener un déficit público.
Desde este punto de vista me remito a lo que ya he dicho
anteriormente, que el Gobierno se ha comprometido a presentar
un proyecto de ley general presupuestaria. Creo que es el
mecanismo más adecuado para producir un debate global, y por
eso nuestro Grupo, aun teniendo puntos de aproximación con el
suyo en las materias que ha planteado, cree que es mejor decir
que no a su proposición de ley para esperar el proyecto del
Gobierno. Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gimeno.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Quisiera mostrar mi congratulación, y también felicitación, al
portavoz del Grupo Popular, don Rafael Arias-Salgado, por la
iniciativa que ha planteado, no sé si por la oportunidad --eso
es algo discutible--, pero sí, por lo menos, por introducir un
debate de interés que toca a la reforma del sector público y a
la lucha contra el déficit público, e incide en algo urgente,
como
es mejorar la eficiencia y la eficacia de dicho sector
público. Y me va a permitir que intente aportar, desde mi
humilde condición, una serie de propuestas que considero de
interés para este debate.
En la exposición de motivos se justifica esta proposición de
ley por la necesidad de reducir el déficit público y también
porque, mientras se produce una renovación completa de la Ley
General Presupuestaria, se proponen una serie de medidas...
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Albistur.
Señorías, les ruego una colaboración más permanente para el
buen desarrollo de la sesión.
Cuando quiera puede continuar, señor Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Decía, señorías --en nueve minutos y dos segundos termino--,
que en la exposición de motivos se justifica esta proposición
de ley, por la necesidad de reducir el déficit público y
porque se hacen tres propuestas que, de alguna forma, vienen a
paliar el tiempo que va a discurrir entre la renovación
completa de la Ley General Presupuestaria, como son en primer
lugar el devolver a los Presupuestos Generales del Estado la
credibilidad que han perdido por el abuso de los cambios
normativos; en segundo lugar, el terminar con la práctica
viciosa de regular en el articulado de la ley materias que son
ajenas, y, tercero, por la probada divergencia entre
previsiones y gastos.
Yo quiero hacer una serie de observaciones generales diciendo,
en primer lugar, que es peligrosa la hipótesis subyacente en
esta proposición de que se trata de recobrar una credibilidad
que se ha perdido porque ello pretende justificar la vuelta a
prácticas pasadas. No es verdad que los presupuestos tuvieran
mayor credibilidad antes ni que la vuelta a prácticas pasadas,
como son la dificultad de modificaciones, intervenciones
previas,
etcétera, sirva para mejorar la gestión del gasto público. En
cambio, resultan positivas las medidas dirigidas a aumentar la
transparencia de la información sobre el contenido de los
presupuestos --cosa que no se hace muy a menudo-- y hacer más
responsables a los gestores públicos por el mal uso de los
recursos. Creo que puede existir un planteamiento alternativo.
La reducción del déficit público ha de venir, además, por una
reducción selectiva de las actividades de los organismos
públicos, priorizando las mismas y eliminando las menos
interesantes en términos de intereses públicos. Para ello es
necesario que los presupuestos reflejen con precisión
actividades concretas, con descripción de volúmenes de
prestaciones,
beneficiarios y costes, y además una reducción del coste de
las actividades mantenidas a través de una gestión más
rigurosa de las plantillas, puestos de trabajo y de las
adquisiciones exteriores, que no sé por qué tienen que ser
siempre más caras para la Administración que para un privado.
Desde el punto de vista del control del Ejecutivo esto
significa medidas tendentes a exigir más y mejor información
sobre el contenido material de los presupuestos, prestaciones,
beneficiarios, costes comparativos, e igualmente sobre la
ejecución y las causas de las desviaciones, y establecer
realmente las evaluaciones de eficacia y eficiencia que la
Constitución y las leyes fijan y que prácticamente están por
estrenar todavía. El restablecimiento de controles formales no
es más que una inútil vuelta a reivindicaciones corporativas
de funcionarios en nada próximos a los valores de eficacia y
eficiencia. Y también diré que el ataque al déficit público
debe venir de medidas más difíciles de elaborar y aplicar,
pero que atacan las causas, y no como las medidas formales.
Estas medidas deben dirigirse a hacer efectivos los controles
de evaluación de eficacia y de eficiencia; modificar las
prácticas de elaboración del presupuesto y toma de decisiones
para integrar los criterios de eficacia y eficiencia, y acotar
los papeles respectivos de los gobiernos y de las
administraciones públicas, dando autonomía a una verdadera
dirección pública profesionalizada responsable de la calidad y
de la eficiencia de los servicios públicos, junto a unos
gobiernos responsables de la eficacia pública, que se puede
medir a través de una clara explicitación de objetivos
públicos y del control de su cumpimiento.
A todo ello habrá que añadir el dotar a estas Cortes de medios
de análisis y evaluación del presupuesto, vía potenciación del
Tribunal de Cuentas, o incluso convirtiendo la Comisión de
Presupuestos en una verdadera comisión de seguimiento
presupuestaria, controladora del cumplimiento de objetivos,
medir y valorar la eficiencia y eficacia, y realizar una
intervención sobre la gestión realizada.
En las propuestas por ustedes presentadas hay una serie de
medidas positivas. La propuesta número 1, referida al artículo
45, hace relación a los intereses por demora a los acreedores
de la Hacienda Pública y la comunicación trimestral a las
Cortes de las deudas y los vencimientos. La número 7, referida
al punto 2, del artículo 63, se refiere a especificar en los
presupuestos las obligaciones contraídas en ejercicios
anteriores. La número 5, que añade dos nuevos párrafos al
artículo 60, exige que se equilibre separadamente el
presupuesto de gastos corrientes y de capital --cosa que se
debería hacer normalmente--, y que se comunique
trimestralmente al Congreso la ejecución de los Presupuestos.
La propuesta número 13 pide que se añada al artículo 90 un
texto que exige la función de los programas de actuación,
inversiones y financiación de las sociedades
estatales, tema que parece que puede ser clave. La propuesta
número 17 impone el control sobre los Fondos de Ayuda al
Desarrollo, y la número 18 establece una responsabilidad más
rigurosa por las infracciones sobre
la gestión del gasto público. En las demás, considero que las
medidas son contraproducentes o vuelta a un pasado
corporativo. Limitar las posibilidades de modificaciones
presupuestarias sin trámites engorrosos es un objetivo que hay
que conseguir. Un presupuesto no es mejor porque se cumpla al
pie de la letra; por el contrario, lo lógico es que se
modifique, pero naturalmente con explicitación y explicación
clara del porqué, lo mismo que del contenido inicial.
El inmovilismo del presupuesto justificó en el pasado la
falsedad de los datos contables --de alguna forma hoy seguimos
con el mismo engaño-- y la solución al «desmadre» --entre
comillas--supone más control material, evaluación de eficacia
y eficiencia --repito-- y no más dificultades formales.
Restablecer, por otra parte, la intervención previa, que
tampoco evita el despilfarro ni la falsedad de la información.
Yo podría decir que hay todo un catálogo de prácticas viciosas
al respecto en la intervención previa. Y debe seguirse un
proceso actual, que todavía es muy tímido, de pasar a una
intervención a posteriori unida a evaluaciones más estrictas
de eficacia y eficiencia.
El progreso vendrá por una gestión y controles más materiales,
en lugar de por controles formales, ya experimentados y
superados en otros países. De todas formas, si hoy no sale
votada
favorablemente la proposición de ley presentada por el Grupo
Popular, considero que estamos abriendo un camino esperanzador
para garantizar los mejores resultados en el próximo debate
sobre la Ley General Presupuestaria.
Muchas gracias, señorías, por su escucha.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Compartimos con el Grupo Popular el fondo de la cuestión que
nos lleva en esta moción: la urgente necesidad de controlar el
déficit público, cuya trayectoria ascendente en los últimos
años es verdaderamente preocupante. Este aumento del déficit
está desembocando inexorablemente en un fuerte endeudamiento,
cuyas consecuencias pueden motivar un freno en el descenso de
los tipos de interés que estamos consiguiendo en los últimos
meses. Y si queremos controlar el déficit público, ya se sabe
qué hay que hacer. Señores del Grupo Socialista, si queremos
controlar el déficit público o, mejor dicho, si queremos
reducir el gasto público, lo que hay que hacer es un verdadero
esfuerzo en mejorar la gestión. La política presupuestaria
debe ser, desde nuestro punto de vista, uno de los
instrumentos básicos de la política económica; debe ser el
gran protagonista de la misma. Para esto es necesario, entre
otras cosas, realizar dos acciones: en primer lugar,
reorientar el gasto público hacia la inversión productiva. No
nos cansaremos de repetir esto una y otra vez. En segundo
lugar, acometer decididamente la modernización de la
Administración pública.
Claro está que para conseguir estos objetivos es necesario,
además de un cambio de aptitud del sector público poder
disponer de herramientas adecuadas, y una de ellas es, sin
duda, un marco jurídico apropiado. Para ello existe un
compromiso del Gobierno de modificar la Ley General
Presupuestaria, que debe cumplir y debe hacerlo sin demora,
incluso antes de abordar los
Presupuestos Generales del Estado para el próximo año 1995.
Como decía al principio, comparto la preocupación del Grupo
Popular por la necesidad y urgencia de esta reforma. No
comparto, sin embargo, abordar la misma de forma precipitada.
Sí con urgencia, no con precipitación. Tampoco comparto una
reforma que es importante, pero es parcial.
En su propuesta hay aspectos que ya existen ahora, como puede
ser la limitación relativa de los créditos o la limitación del
endeudamiento neto del Estado. Son aspectos que de alguna
forma están ya contemplados. No es tanto imponer limitaciones,
creo yo, sino exigir que se cumplan los requisitos que están
establecidos ya en la Ley.
Hay otros aspectos cuya implantación puede producir efectos
quizá perturbadores o contrarios a los fines que se pretenden.
Me refiero al establecimiento de un mes para el pago
voluntario de la Administración (ahora está establecido en
tres meses), aplicándose a partir de este período --insisten
ustedes-- un interés de demora.
Estamos de acuerdio en que éste es un problema, pero no lo es
tanto adelantar de tres a un mes el plazo de pago. El problema
es que la Administración del Estado está pagando a los
suministradores con más de un año de demora. Si pagara a los
tres meses, los contratistas estarían encantados. Les puedo
decir que en la Comunidad Autónoma Vasca se está pagando por
la
Administración pública con una media del orden de cuarenta y
cinco días y no hay ningún problema en este aspecto. Desde
luego, como esta situación no se corrija y el Estado siga
permanentemente consiguiendo financiación por esta vía o por
otra --y en este momento estoy pensando en el retraso en la
devolución del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas--, habrá que imponer algún tipo de penalización. Eso
es seguro. Otros aspectos que se modifican en esta moción son
más bien producto de
situaciones coyunturales, creo yo, y, por tanto, encajarían
mejor en las leyes propias de los Presupuestos Generales
anuales, en vez de en la Ley General Presupuestaria, que debe
contemplar aspectos más coyunturales. Me refiero en este caso
al punto 14, que deroga los números 2, 3, 4 y 5 del artículo
95 del texto refundido. Sin embargo, no voy a entrar a debatir
cada uno de los puntos que ustedes destacan, con los cuales,
en muchos aspectos, estoy totalmente de acuerdo.
Señalar únicamente que sí creo que es necesario establecer un
control del gasto público, lo que no es un problema tanto de
establecer una mayor o menor rigidez de fiscalización, que
también es necesaria, sino el cumplimiento estricto de la
normativa existente en cada momento. Este es el verdadero
problema: la reforma y adaptación de esta norma --y aquí
encajaría la propuesta de reforma del actual texto refundido
de la Ley General Presupuestaria-- y, finalmente, la
aplicación de la política presupuestaria como elemento
fundamental de la política económica.
Señor Gimeno, sé que están con el borrador de la futura
reforma de la Ley General Presupuestaria, pero preséntenla
cuanto antes, controlen el gasto público, gasten mejor o no
será posible controlar la escalada del déficit público.
Señores del Partido Socialista, acometan en profundidad una
reforma de la
Administración pública que propicie este control, reformen la
Administración pública, porque al final todas las demás
medidas de política económica pueden fracasar si no
conseguimos reducir el gasto público. Por lo demás, y como ya
he apuntado,
coincidimos con la necesidad y urgencia de acometer la reforma
de la Ley General Presupuestaria, pero en su globalidad,
estableciendo sus líneas básicas, por una parte, y las normas
para confeccionar las leyes de los Presupuestos Generales del
Estado anuales. Este es nuestro planteamiento.
En consecuencia, nuestro Grupo Parlamentario no va a apoyar,
señor Arias-Salgado, la proposición presentada por su Grupo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Con brevedad, para fijar la posición de nuestro Grupo acerca
de esta proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular. En
primer lugar quisiera manifestar que compartimos el propósito
de adoptar medidas para luchar contra el déficit público; en
eso creo que estamos de acuerdo. La pregunta que quizá nos
planteamos es si esta medida que nos propone el Grupo
Parlamentario Popular, esta proposición de ley, es suficiente
para alcanzar ese
objetivo. Nuestro criterio es que no es suficiente, es una
buena iniciativa en una buena dirección, pero es excesivamente
parcial para alcanzar el propósito de contener efectivamente
el déficit público. La cuestión que nos hemos de plantear es
si esta Cámara opta por aceptar a trámite una regulación
puntual y parcial de la Ley General Presupuestaria, en algún
punto que nos plantea podríamos decir incluso que hasta
positiva, y en otros deberán permitir que les diga que creo
que han sido ustedes muy rápidos en redactar, porque incluso
hay algún aspecto incorrecto, pero o aceptamos esa regulación
parcial y puntual o entramos en esta Cámara a debatir en
profundidad la Ley General Presupuestaria para revisar todos
los mecanismos de elaboración de los
presupuestos en su fase de elaboración por parte del Gobierno,
la fase de aprobación por esta Cámara, que, como ustedes
saben, está en el Reglamento, y ello se está abordando en
estos
momentos, y toda la fase de ejecución y control posterior,
adoptando paralelamente medidas de política económica de
naturaleza presupuestaria que contengan el excesivo gasto
público.
Nuestra posición, señorías, es que preferimos alcanzar una
regulación sobre la base de una revisión general de la Ley
General Presupuestaria. Preferimos, puesto que el Gobierno nos
ha anunciado muy próximamente la presentación de esta revisión
de la Ley General Presupuestaria, que sea mediante esa
iniciativa legislativa como entremos a fondo y exhaustivamente
a revisar todo ese marco normativo en materia presupuestaria.
Si
alcanzáramos un acuerdo para aceptar a trámite, daríamos un
paso parcial, insuficiente y puntual, y quizás nos generaría
un obstáculo al adoptar luego una medida con mayor
exhaustividad, que es la que entendemos que deberíamos
adoptar, puesto que el problema del déficit público es
importante y urgente para que se adopten medidas por parte de
esta Cámara.
Señor Presidente, señorías, señor portavoz del Grupo Popular,
creo que esta proposición que ustedes nos plantean es una
buena iniciativa en cuanto a su propósito, pero es una regular
iniciativa en cuanto a su contenido, en cuanto a los elementos
que la definen. Con alguno de sus puntos, como ya he indicado,
podríamos estar de acuerdo, pero, francamente, hay demasidados
puntos que nos generan muchas dudas y, por tanto, también, en
el supuesto de que la admitiéramos a trámite, deberíamos
transformarla muy en profundidad.
Fíjese usted que el primer artículo de esta proposición de ley
que ustedes nos proponen nos dice la siguiente medida: si la
Administración no pagara al acreedor de la Hacienda pública en
el plazo de un mes a partir del día de la notificación de la
resolución judicial o del reconocimiento de la obligación.
Fíjese qué dos supuestos tan distintos: el reconocimiento de
la
obligación es un proceso totalmente distinto, en la ejecución
de un presupuesto, de la resolución judicial por parte de la
Administración judicial de una obligación de pago por parte de
la Administración pública. ¿Cómo pueden ustedes redactar una
iniciativa que diga pasado un mes de la notificación de la
resolución judicial o el reconocimiento de la obligación de
pago por parte de la Administración pública? Son dos cosas
totalmente distintas; distintas en el tiempo, distintas en el
proceso; naturalezas totalmente distintas.
Ahora, sí que estamos de acuerdo en establecer medidas que
aceleren la obligación en el pago. Quizá la Ley de Contratos
que ya está en trámite en esta Cámara podía ser útil a este
propósito. Pero el plazo de un mes y la redacción que nos
proponen es un propósito muy voluntarista, muy poco realista,
muy poco efectivo y, por supuesto, en el redactado posterior,
discutible.
Como también puede ser un aspecto discutible el que nos
proponen en el punto 2, que nos dicen que la Ley de
Presupuestos Generales del Estado contenga exclusivamente --
dicen ustedes; ¡Ahí va! ¡Exclusivamente!-- las innovaciones
normativas que sean
consecuencia indispensable de la política económica. ¿Qué es
lo que es indispensable en la política económica? ¿Dónde
definimos el contenido de indispensable y dónde restringimos
la
exclusividad a los contenidos indispensables? Es francamente
complicado, muy complicado. Sería más interesante estudiar
otras redacciones.
Comparto el propósito de la iniciativa, que la Ley de
Presupuestos del Estado no sirva para todo, estamos de
acuerdo, no sea la Ley escoba y ahí pueda modificarse todo,
estamos de acuerdo, pero tampoco podemos aceptar ese criterio
como muy correcto, porque es de una rigidez y de una
inflexibilidad inaplicable también.
O como muchos otros aspectos que aquí se nos plantean, que lo
entendemos bastante complicado. Todo el mecanismo de no
autorizar sobrepasarse ninguna cuantía establecida en la Ley
de
Presupuestos, pero, en todo caso, luego permitir, por la vía
de trasladar a los presupuestos futuros, los gastos
contraídos. Es una contradicción. O nos mantenemos rígidos con
un margen de flexibilidad en los gastos contraídos o lo que no
podemos luego es decirle: Puede usted trasladar al presupuesto
del año que viene todos los gastos que sobrepasen el período
anual del ejercicio.
Yo creo que éste tampoco es un buen método. Debíamos
reflexionar más, porque por esa vía no vamos a contener el
gasto, que es lo que usted y nosotros deseamos alcanzar. Por
eso yo creo que es una buena proposición en cuanto al
propósito, pero una mala proposición en cuento a sus medidas
concretas; por otro lado, es parcial y no va a alcanzar el
propósito y el objetivo que ustedes persiguen.
Les invitamos a que se sumen, junto con nuestro Grupo, a
enmendar profundamente la iniciativa que traiga el Gobierno
sobre esta materia, que si demora su plazo y su compromiso van
a
encontrarnos ustedes en exigirle al Gobierno medidas eficaces
y efectivas para luchar contra el déficit público, y si en un
tiempo breve no da a conocer esta nueva regulación, vamos a
exigir entonces iniciativas en esa dirección para poder
obtener medidas efectivas y eficaces para luchar contra el
déficit público. Por tanto, señor Presidente, nuestra posición
va a ser la de no poder aceptar la toma en consideración,
auncompartiendo el propósito y discrepando en los elementos
que ustedes nos plantean.
Muchas gracias, y nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, para el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya cada propuesta, y en concreto ésta, debiéramos de
analizarla en varias vertientes: qué se nos propone, cuál es
el objetivo, cuándo se nos propone y para qué.
Yo quisiera empezar por la parte primera, qué nos propone el
Grupo Popular. Para el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya tiene como tres grandes orientaciones
la proposición de ley del Grupo Popular: primero, tomar una
serie de medidas para reducir y contener el gasto público
desde la óptica de medidas de control, de restricción, de una
actuación prácticamente legal o administrativa que lo ponga en
cuestión. Pero para Izquierda Unida ese no es el problema: el
problema es la voluntad política del que decide. Podemos tener
un cuerpo legal muy importante, y el que está ejerciendo la
actuación pública, vulnerarle. El ejemplo más claro es la
última Ley de Presupuestos del año 1993. La realidad de lo que
discutimos en el texto de la ley y en la distribución de cada
una de las partidas presupuestarias así lo ha venido a
demostrar.
Pero voy a romper una lanza en el tema del déficit público. Lo
importante del déficit público no es --que también lo es-- el
número, la cuantía, sino por qué se ha producido, hacia dónde
y cuál ha sido el objetivo que ha provocado ese déficit
público. La línea de actuación de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya iría orientada hacia lo que pudiéramos llamar el
artículo 31.2 de la Constitución: buscar criterios de
eficiencia y de economía a la hora de asignar equitativamente
los recursos públicos, una asignación equitativa de los
recursos públicos. Y eso no se ha producido en este país.
Junto a eso, ¿cuál ha sido la política de recaudación? Hay un
déficit público provocado porque no hemos recaudado lo que
teníamos previsto. No sólo por el gasto, no sólo porque haya
mucha administración, mucho aparato, porque prestamos mucho
servicio, sino porque ha fallado el recurso al ingreso, porque
no hemos sabido meter el diente en el fraude fiscal, porque no
hemos ido a buscar figuras impositivas directas y nos hemos
encaminado a dejar una magan ancha, una flexibilidad, una
relativización de la actuación de recaudación. Por tanto, el
objetivo para Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sería
desarrollar globalmente una normativa que consiguiera conjugar
en la gestión pública, equidad y eficiencia, junto con
austeridad en los criterios de la asignación de los recursos
públicos.
El segundo gran objetivo que se plantea el Partido Popular es
devolver más protagonismo al Parlamento, darle más control al
Parlamento. Ahí vamos a coincidir; no hay ningún problema.
Pero ese planteamiento no se hace sólo desde la reforma del
texto refundido de la Ley General Presupuestaria; también hay
que hacerlo desde lo que pudiéramos llamar la Ley Orgánica del
Tribunal de Cuentas para una eficacia más permanente, más del
día; no liquidar las cuentas de 1990 en 1994, sino tener una
mayor relación directa. Esa actuación también habría que
hacerla desde un mayor protagonismo a la oficina
presupuestaria del Congreso, desde lo que hemos venido en
llamar el papel en el Reglamento del trabajo del propio
Congreso de los Diputados. Por tanto, con esta reforma no se
soluciona sólo ese problema que nosotros creemos que es vital:
mayor control, mayor presencia del Parlamento, tanto en la
definición de los objetivos como en la consecución o en la
propia gestión. El problema que Izquierda Unida detecta no es
en una legalidad formal, no es en la
modificación de crédito, que este año ha sido importante, no
ya en créditos, como decía el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, sino que hay un deslizamiento del año anterior de
0,5 billones de pesetas, quinientos cincuenta y tantos mil
millones de pesetas, y ese deslizamiento bastante elevado es
importante. Para Izquierda Unida sería: ¿por qué no plantearse
un presupuesto definiendo unos programas y unos objetivos y
que la discusión presupuestaria sea la coyuntura de cómo
adecuamos esos objetivos, cuándo se modifica, qué objetivo
relativizamos y qué objetivo potenciamos? El drama es que aquí
no hay objetivos, el drama es que aquí no hay un presupuesto
por programas y objetivos; hay una mera gestión funcional, un
mero desarrollo presupuestario funcional. No se ha llegado a
objetivar la vida política, a objetivar la vida
presupuestaria. Para Izquierda Unida, esa es la discusión de
lo que nos estamos planteando. El tercer objetivo que se
plantea la iniciativa del Grupo Popular, que nosotros no
compartimos, es recuperar algo que ya está experimentado, que
ya es clásico, que no es modernizar. Decía S.S. que el
objetivo de sus propuestas eran reformas urgentes para frenar
una realidad y modernizar la gestión pública. El control de
legalidad y la intervención previa, moderno no es; lo hemos
tenido ya. Además, crea dos elementos negativos, desde nuestro
punto de vista: primero, que empieza a recuperar algo tan
tradicional como un cuerpo de administración que tiene derecho
a una información previa, que es la intervención del cuerpo de
interventores, que, al final, condiciona a los gestores o a la
decisión política. Hay una potenciación de un papel que no
creemos que hoy sea moderno aplicarlo. Es más, no creemos en
los controles previos desde dentro de la propia
Administración. Y usted lo sabe. Es verdad que debe de haber
una gerencia ligada para evitar todo lo que es la evolución
sin despilfarro. Pero eso está ligado con el que toma la
decisión, es más bien un consejo que acompaña al que toma la
decisión, al que tiene la necesidad de tomar la posición
política. Los únicos controles verdaderamente fuertes son los
externos: el Tribunal de Cuentas, esta Cámara, no los previos
que podamos tener; desde nuestro punto de vista, esto no
solucionaría absolutamente nada. ¿Pero cuándo se nos hace esta
propuesta? Nosotros no compartimos el tempus político que el
Partido Popular ha planteado. Venía a decir el Partido
Popular: Hay exceso de discrecionalidad, hay exceso de abuso
en el gasto público; tomemos medidas en un debate hoy, en el
mes de marzo. Acabamos de terminar el debate presupuestario,
donde cada Grupo ha podido argumentar qué filosofía tiene y
donde se ha llegado a la mayoría que se ha llegado. Estamos
discutiendo dentro de la Comisión de Presupuestos una reforma
del Reglamento o de qué manera debiera reformarse el
Reglamento para el control, la gestión y el seguimiento
presupuestario, pero es que, por otro lado, está también una
reforma más amplia. El portavoz del Grupo mayoritario ha
anunciado que el Gobierno va a presentar un proyecto de ley.
Creo que una actuación más global y más amplia es mejor para
abordar todas estas cuestiones que una actuación puntual. Por
tanto, no compartimos el tempus político.
El objetivo. A un Grupo Parlamentario en la oposición le caben
dos maneras de trabajar. No he participado en la discusión en
esta Cámara otros años sobre este tema, pero, es verdad que la
exposición de usted ha sido brillante, usted ha sido Ministro,
lógicamente conoce los entresijos del poder lo suficiente,
pero la realidad que estamos planteando iría por un objetivo
distinto. Ustedes han utilizado la coyuntura más que la
voluntad política y desde la oposición hay dos caminos: uno,
instigar
manifiestamente hasta decir, demostrándolo: Yo tengo la receta
para modificar esto. Si yo gano, si tuviera que gobernar esto
sería lo que haría. Es pobre la propuesta que usted nos ha
hecho. Si cuando usted gobierne, si es que gobierna --ojalá
sea más tarde que pronto-- esto es lo que va a hacer como
modificación para la transparencia presupuestaria, es
limitadito, es cortico. Ahora, otra actuación puede ser decir:
Vamos a incidir en la realidad actual. Creo que usted ha
utilizado la tramitación de esta propuesta para seguir con el
dedico metido en el ojo del gasto y el déficit público, del no
control y ha mantenido este debate hoy con ese objetivo
político de deteriorar a quien está gobernando y plantear que
hay que reformar eso. No es que no comparta esa valentía o ese
objetivo, no; hay que echar en la palestra todas las cartas,
pero a mí me gustaría que en estos temas, como en otros,
funcionara algo que es muy importante para una fuerza
política, y es en lo que son reglas y dimensiones del campo de
juego pongámonos
de acuerdo, y una básica es ésta: al principio de una
legislatura, pongámonos en el campo, en las reglas del juego y
después echémonos cosas en cara en los objetivos, en las
prioridades, en la gestión. En este sentido, el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya no
va a respaldar la estrategia parlamentaria del Grupo Popular.
Nada más, señor Presidente; nada más, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Señorías, en algunas ocasiones se producen circunstancias que,
por su excepcionalidad, implican un sentimiento que de otra
manera tendría, seguramente, otra traducción. En muy pocos
días hemos sabido que dos compañeros de algunos de bastantes
de los que estamos hoy aquí han desaparecido.
Antonio de Senillosa fue compañero de escaño de algunos de los
que estamos aquí, amigo de muchos y, desde luego, mereció el
respeto de todos. Modesto Fraile fue un elemento permanente de
los más característicos del paisaje de esta casa durante
muchos años, y su aportación en las primeras legislaturas,
durante la transición, fue muy destacada. Asumió
responsabilidades
importantes institucionales en el gobierno de la Cámara, y
creo representar el sentir de ésta expresando hoy nuestro
sentimiento, nuestro respeto y nuestra gratitud por la
dedicación pública de estos dos compañeros fallecidos.
Vamos a proceder a la votación.
Proposición de ley del Grupo Popular sobre modificación de la
Ley General Presupuestaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 301; a favor, 129; en contra, 172.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.
EN SU CASO; TRAMITACION DIRECTA Y EN LECTURA UNICA DE
INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
--PROPOSICION DE LEY DE MODIFICACION DE LA LEY DE BASES DE
DELEGACION AL GOBIERNO PARA LA APLICACION DEL DERECHO DE LAS
COMUNIDADES EUROPEAS (Número de expediente 122/000024)
El señor PRESIDENTE: La Mesa, oída la Junta de Portavoces, y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del
Reglamento, ha acordado someter a la aprobación de la Cámara
la tramitación directa y en lectura única, por el propio
Pleno, de la
proposición de ley de modificación de la Ley de Bases de
Delegación al Go-bierno para la aplicación del Derecho de las
Comunidades Europeas.
¿Lo aprueba la Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobada la tramitación directa y en lectura única. En
coherencia con este acuerdo, se somete a la Cámara, de
conformidad con el artículo 68.1 del Reglamento, la inclusión
en el orden del día de la presente sesión de la proposición de
ley de modificación de la Ley de Bases de Delegación al
Gobierno para la aplicación del Derecho de las Comunidades
Europeas.
¿Lo acuerda la Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobada la inclusión en el orden del día.
--PROYECTO DE LEY DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS
(Número de expediente 121/000037)
El señor PRESIDENTE: Asimismo, la Mesa, oída la Junta de
Portavoces, ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 150 del Reglamento, someter a la aprobación de la
Cámara la tramitación directa y en lectura única, por el
propio Pleno, del proyecto de ley de creación de la
Universidad de Burgos. ¿Lo acuerda la Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobada la tramitación directa y en lectura única de
este proyecto de ley.
PROPOSICIONES DE LEY (CONTINUACION):
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE REFORMA DE LA LEY 48/1984,
REGULADORA DE LA OBJECION DE CONCIENCIA Y DE LA PRESTACION
SOCIAL SUSTITUTORIA (Número de expediente 122/000018)
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley, del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre reforma de la
Ley 48/1984, reguladora de la objeción de conciencia de la
prestación social sustitutoria. En nombre del grupo proponente
tiene la palabra el señor Romero. (El señor Vicepresidente,
Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor ROMERO RUIZ: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya presenta en este momento, ante el
Pleno de la Cámara, la proposición de ley de modificación de
la ley
reguladora de la objeción de conciencia y de la prestación
social sustitutoria, la Ley 48/1984, de 26 de diciembre.
Presentamos esta proposición de ley de modificación de la
regulación de la objeción de conciencia en España porque
creemos
que el problema de la objeción de conciencia, el ejercicio de
ese derecho constitucional y la dimensión que ha alcanzado en
nuestro país exigen que haya modificaciones en la legislación
en vigor sobre la objeción de conciencia y la prestación
social
sustitutoria. Voy a ofrecer algunos datos que se dieron a
conocer en la Cámara la semana pasada, datos oficiales de la
Dirección General del Ministerio de Justicia y de la Oficina
de la
Prestación Social Sustitutoria.
Para que se logre alcanzar la gravedad y la dimensión del
problema, es necesario partir de que en el año 1985 fue cuando
se produjo en España la legalización del fenómeno de la
objeción de conciencia, la entrada en vigor de la ley. En
concreto, el número de solicitudes en el año 1985 --recogiendo
las de todos los objetores que hasta ese momento no habían
podido ejercer su derecho porque no estaba regulado legalmente
en España-- fue de 12.170. El año siguiente, en 1986, bajó a
6.407 solicitudes. En 1987 fueron 8.897 solicitudes; por
tanto, empieza un leve ascenso. En 1988 fueron 11.094. En 1989
se presentaron 13.130 solicitudes. En 1990 fueron 27.398
solicitudes; se produce el primer salto importante en cuanto
al número de solicitudes. En 1991 se estabiliza, son 28.051
las solicitudes que se presentan. Y a partir de ahí las cifras
de las solicitudes de objeción de conciencia aumentan de forma
muy considerable. En 1992 fueron 42.454 solicitudes, en 1993
fueron 68.209, y a la fecha del día 21 de febrero había
registradas 10.182 solicitudes en lo que va de año 1994 hasta
el día 21 de febrero pasado, lo que supone un crecimiento
aproximado del 56 por ciento en relación con el mismo período
de 1993. Decía el Director General responsable de la objeción
de conciencia en el Ministerio de Justicia que con esas cifras
se puede hacer una proposición y, continuando en esa línea,
con una comparación puramente matemática se puede alcanzar de
manera clara en este año 1994 la cifra de 106.000 jóvenes que
soliciten ser reconocidos objetores de conciencia en España.
Aunque éste es un tema importante que hay que poner sobre la
mesa, es necesario poner de manifiesto que el Consejo Nacional
de Objeción de Conciencia, que preside un magistrado del
Tribunal Supremo que de manera automática da el visto bueno a
las
solicitudes que se presentan, ha reconocido en nuestro país
que el 96 por ciento de las solicitudes se atienen a los
requisitos que establece la ley, se adecuan a la exigencias
formales de la legislación. En consecuencia, teniendo en
cuenta ese 96 por ciento, las 106.000 solicitudes que se van a
presentar en 1994 se pueden quedar reducidas a 97.000 personas
en condiciones de realizar la prestación social sustitutoria;
prestación social sustitutoria que partió de una acumulación
de objetores al no existir esa regulación. Al transcurrir tres
años hasta habilitar la prestación social sustitutoria, hubo
una acumulación de 25.000 objetores durante todos estos años y
una especie de exoneración de la prestación social
sustitutoria, exoneración que creó algunas dificultades en
nuestro país, pero que era justa a raíz de las recomendaciones
del Defensor del Pueblo y de la
permanencia en el número de años que estos jóvenes estaban
pendientes de que el Ministerio de Justicia les asignara una
plaza para realizar la prestación social sustitutoria. En
1988, el número de objetores que hicieron la prestación social
sustitutoria en nuestro país fue de 647. Este número pasó a
2.910 en 1989, a 4.166 en 1990, a 5.750 en 1991, a 17.589 en
1992 y a 26.778 en 1993. A pesar de este aumento y de la
creación de estas plazas efectivas de la prestación social
sustitutoria, no se ha podido absorber por parte de la
Administración el número de objetores que entran en el sistema
de objeción de conciencia, y en la actualidad, hasta la pasada
semana, existen 115.779 objetores pendientes de realizar la
prestación social
sustitutoria, lo que pone de manifiesto claramente que la
gestión administrativa y la habilitación de plazas para la
prestación social sustitutoria no absorbe la demanda que
actualmente hay sobre la mesa. A estos cien mil y pico,
acumulados de años anteriores, sin otorgarles plaza alguna, se
pueden sumar los más de 100.000 que se declararán objetores
este año en curso. Por eso nosotros presentamos esta
proposición de ley de modificación de la Ley 48/1984; una
proposición que parte de la idea de los defectos que nosotros
apreciábamos hace ya un tiempo y
encontrábamos en la Ley de Objeción de Conciencia vigente,
defectos cuya solución nos parece ahora más importante y
urgente, porque las previsiones negativas que hacíamos
respecto a esta ley se han visto confirmadas. Con una
legislación más progresista se hubiera evitado una serie de
fenómenos y de problemas que se han ido acumulando en torno a
una ley que nosotros considerábamos penalizadora.
La ley actual, a nuestra manera de ver, tiene graves defectos,
pero es una ley a la que pueden acogerse todos aquellos que,
aun no habiéndose incorporado al Ejército, pueden objetar la
prestación del servicio militar obligatorio. Es necesario que
tengamos en cuenta que hay jóvenes que consideran que el
Estado no tiene derecho a imponerles un servicio civil, que lo
consideran un castigo por negarse a su incorporación al
servicio militar obligatorio. El fenómeno de la insumisión en
España alcanza ya la cifra de cuatro mil jóvenes; puede haber
más que se declaran insumisos al servicio militar obligatorio
y a la prestación social sustitutoria. Es necesario que se
introduzca una serie de modificaciones en la ley actual. Las
modificaciones que proponemos a la ley están en la línea de lo
que han venido defendiendo los grupos de objetores, las
legislaciones más avanzadas en Europa, en Holanda y en
Alemania, y especialmente la resolución aprobada por el
Parlamento Europeo el 13 de octubre de 1989, así como las
iniciativas legislativas de los parlamentos de Cataluña y del
País Vasco que tuvimos ocasión de debatir aquí
en la legislatura anterior. Es necesario partir de que la
Constitución reconoce el derecho a la objeción de conciencia y
permite, no obliga --es muy importante esta frase--, una
prestación social sustitutoria. No creemos posible plantear
ahora el tema, que debería venir de cajón, de conseguir un
ejército profesional en España pequeño, de reducidas
dimensiones, tecnológicamente muy preparado, con una formación
constitucional capaz de cumplir con lo que estipula el
artículo 8.º de nuestra Carta Magna, pero es necesario que los
aspectos más destacables de nuestra proposición de ley sean
resumidos para que se conozcan por la Cámara las
modificaciones y las reformas que pensamos introducir.
Se eliminarán las facultades judiciales del Consejo de
Objeción de Conciencia, reservándole un carácter
administrativo y
registral. Aunque reconocemos que ha venido funcionando en la
práctica como un registro, ahora se alzan voces. Esta misma
mañana, el Ministro de Defensa ha dicho que se está pensando
endurecer la actual ley que regula la objeción de conciencia
en España, penalizar aún más a los objetores de conciencia,
endurecer las condiciones para ser reconocido objetor de
conciencia en España, y ello a raíz de que no salen las
cuentas ni al Ministerio de Defensa ni a la Junta de Jefes de
Estado Mayor de nuestros ejércitos porque, con un crecimiento
demográfico cero y con un aumento geométrico sin parangón en
ningún país de la Unión Europea, ni en ningún otro país del
mundo, con la objeción de conciencia creciendo a ese nivel en
España se han perdido ya unos años muy valiosos, pero en la
práctica va a saltar por los aires el modelo de Fuerzas
Armadas basado en el servicio militar obligatorio. Por tanto
planteamos, por una razón que nos parece obvia, que no es
posible juzgar algo tan personal e íntimo como la conciencia;
los motivos que a unos les pueden parecer graves, a otros les
pueden parecer nimiedades o simplemente inaceptables. La
objeción de conciencia debe reconocerse a partir de la mera
declaración en tal sentido hecha por el interesado, sin
necesidad de exponer razones, cosa que por otra parte vulnera
el derecho a la intimidad de las creencias religiosas,
filosóficas, étnicas o políticas.
Otra cuestión que proponemos modificar es el carácter
discriminatorio de la actual ley respecto a la que regula el
servicio militar. Proponemos equiparar los derechos y
obligaciones de los objetores a los de los soldados, tanto en
lo que se refiere al tiempo de duración como al régimen de
sanciones, hoy más duro para los objetores, porque no está
actualizado, que para los soldados, después de la
actualización que se ha hecho en el reglamento en vigor y en
la ley que regula el servicio militar obligatorio en nuestro
país. Se puede alegar que la actual duración del servicio no
es caprichosa, sino una garantía de que a la ley se acojan
sólo los auténticos objetores y no los jóvenes que por
conveniencia se acogen a ella para huir del servicio militar
obligatorio y no efectuar la prestación social sustitutoria.
Nosotros creemos, en sentido contrario, que quienes se
muestran más arriesgados en sus convicciones son aquellos que
están dispuestos a recargar un 50 por ciento de tiempo, en
relación con el servicio militar obligatorio, cuando se
incorporan a la prestación social sustitutoria.
Otro elemento esencial de nuestra propuesta es el que pretende
reconocer las debidas garantías de la objeción sobrevenida o
extemporánea, como se llama también jurídicamente, tal y como
se reconoce en Almania y en Holanda; es decir, aquella
objeción que se manifiesta una vez incorporado al servicio
militar. No podemos ignorar que se crean situaciones, una vez
incorporados a las filas del Ejército, en las que hay jóvenes
que podrían plantear la objeción sobrevenida, la objeción de
conciencia tal y como se reconoce en las resoluciones del
Consejo de Europa y en varios países de nuestro entorno. A
propósito, con un Gobierno tan europeo él para otras
cuestiones y, sin embargo, para ésta no concibe cómo se puede
equiparar, en la objeción de conciencia sobrevenida, nuestra
legislación con legislaciones avanzadas como la de los Países
Bajos, Alemania o Instituciones de carácter europeo y
supranacional.
Es necesario también que se tome en consideración nuestra
proposición, que insiste en la línea de que la prestación
social sustitutoria no ocupe lugares de trabajo, que los
sindicatos sean oídos para que no se quiebre el mercado de
trabajo por esta vía, para que no se ofrezca a los objetores
como mano de obra barata que repercuta en materias que están
bajo el amparo de la
negociación colectiva; me refiero a trabajos que puedan ser
sustitutivos de puestos de trabajos reales. Es muy importante
que estos temas se tengan en cuenta y que se actualice nuestra
ley de objeción de conciencia. Hoy ha dicho el Ministro de
Defensa que quiere modificarla para endurecerla todavía más, y
dice que no hay unanimidad en el Gobierno a raíz de esta
reforma que él pensaba proponer a debate y a reflexión en el
Gobierno y en la sociedad española. Todos sabemos que en el
Ministerio de Justicia no existe esa opinión y que hay
diferencias en el seno del Ejecutivo sobre cómo tocar la
actual legislación de la objeción de conciencia en España.
Pero si se intenta, por la vía de habilitar plazas suficientes
para la prestación social
sustitutoria, introducirse de manera violenta en el mercado de
trabajo, se estará incumpliendo la ley, que deja muy claro que
los objetores deben hacer prestación social sustitutoria en
aquellos lugares de voluntariado social, de solidaridad con la
sociedad civil, que no estén reguladas en materia de
relaciones laborales. Ese es nuestro planteamiento de fondo.
Pero además, con más de 106.000 jóvenes que se declararán
objetores de conciencia en el año 1994, el problema en España
es de una dimensión extraordinaria, ya que afecta
prácticamente al
50 por ciento de los jóvenes que anualmente son llamados a
incorporarse al servicio militar obligatorio.
Es verdad que se puede abrir un debate sobre modelo de Fuerzas
Armadas, sobre el derecho constitucional a la objeción de
conciencia o sobre el fenómeno de la insumisión, si se va a
despenalizar --que ahora es castigado por nuestras leyes con
cárcel-- y se va a considerar al inhabilitación como una
sustitución del reproche social a los insumisos, o sobre si el
Gobierno intenta adecuar nuestra legislación a los problemas
reales que se están planteando actualmente en la sociedad
española. Ni endureciendo la ley de objeción de conciencia ni
penalizando con cárcel a los insumisos se impide que en España
haya una cantidad importante de jóvenes que se declaren
objetores al servicio militar obligatorio, y ello por la
historia de España...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Romero,
concluya, por favor.
El señor ROMERO RUIZ: Concluyo, señor Presidente.
Por la historia de España, por el papel histórico que han
jugado los ejércitos en nuestro país, por nuestra actitud
neutral en relación con la primera y la segunda guerra
mundial, por una serie de fenómenos muy importantes que han
acaecido
históricamente y que están en una cultura profunda de nuestra
juventud. Pero eso no se puede modificar. Es necesario adecuar
nuestra legislación a una situación que, si nosotros no la
adecuamos, la juventud, en la práctica y por la vía de los
hechos, lo irá haciendo. Por eso es necesario modificar esta
ley y conseguir más pronto que tarde, porque se han perdido
seis años claves, un ejército pequeño, profesional y adecuado
a las necesidades de nuestro país. Muchas gracias por la
atención prestada.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para un turno en
contra, por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora
Rodríguez Ortega.
La señora RODRIGUEZ ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, ciertamente la proposición de ley que presenta
Izquierda Unida nos permite debatir de nuevo en esta Cámara un
tema que cuenta ya con cierta tradición en legislaturas
anteriores, que fue efectivamente abordado la semana pasada en
la Comisión de Justicia, como es la objeción de conciencia y
la prestación social sustitutoria. Sobre este tema, el Grupo
Parlamentario Socialista, en cuyo nombre intervengo, va a
mantener una actitud coherente con la posición que hemos
defendido en anteriores ocasiones y en anteriores debates.
Además, creemos que es inevitable que se haga referencia a una
serie de temas que, efectivamente, mantienen relación con la
objeción de conciencia, como son el modelo de servicio militar
y la configuración del Ejército y de las Fuerzas Armadas;
incluso se puede abordar el de la respuesta que queramos dar a
la insumisión en nuestro país. Yo creo que deberíamos
centrarnos en lo que es, en mi opinión, el objetivo
fundamental y prioritario, en el que creo que coincidiremos
con otros grupos parlamentarios, que es analizar la situación
actual de la objeción de conciencia en nuestro país. Creo que
deberíamos centrar este debate sobre todo en plantearnos si
con la ley actual, aprobada en el año 1984, es posible
conseguir la normalización de la prestación social
sustitutoria, sobre todo si es posible garantizar el ejercicio
de este derecho a todos y cada uno de los jóvenes por motivos
de conciencia, por convicciones que aparecen perfecta y
ampliamente reguladas en la actual ley; si contamos con un
buen instrumento legal para hacer posible una gestión cada vez
más ágil de la prestación social sustitutoria que responda,
por una parte, a las necesidades de ciertos colectivos de
nuestra sociedad, que ofrezca plazas de utilidad social y, por
otra parte, que también se vean satisfechas las demandas y
reivincidaciones de un número importante de jóvenes que optan
por el reconocimiento de la objeción de conciencia en estos
momentos en nuestro país.
La posición que hemos mantenido desde el Grupo Socialista y
que mantendremos también en esta ocasión tiene como objetivo
agilizar la gestión de la prestación social sustitutoria y,
sobre todo, permitir una incorporación más rápida de los
objetores que están reconocidos a su puesto de prestación
social. Esa es la voluntad política, por otra parte, del
Ministerio de Justicia; así se ha expresado por parte del
Ministro y por algunos cargos del Ministerio. Además, yo creo
que tampoco hay una diferencia con la actitud que mantienen
otros miembros del Ejecutivo. Hay una postura unánime,
uniforme, en el sentido de que los objetores se puedan
incorporar con la mayor agilidad posible a su puesto de
prestación social.
La proposición que nos presenta Izquierda Unida se justifica
en base a una serie de insuficiencias --y así se dice en la
exposición de motivos--, insuficiencias que fueron rechazadas
en el año 1987 por sentencia del Tribunal Constitucional, que
confirmó la plena constitucionalidad de la actual ley de
objeción de conciencia. En la iniciativa de Izquierda Unida se
plantean los que ya son temas clásicos en materia de objeción
de
conciencia y de prestación social; me refiero a la objeción
sobrevenida, a la necesidad de equiparar el tiempo de duración
del servicio militar y de la prestación social que, de
admitirlos, supondrían efectivamente una reforma de la actual
ley. Pero al mismo tiempo se plantean otros temas que no
necesitarían, en mi opinión, reforma ni modificación de la
actual ley; coincidimos con lo expresado por el señor Romero
de que es necesaria una mejora. Me refiero a la gestión, al
aumento de plazas, al control, inspección y eficacia de las
plazas
que estamos ofreciendo y que están siendo ocupadas por los
jóvenes. En muchos casos se trataría de poner en marcha una
serie de medidas que ya están perfectamente definidas,
articuladas y que se van a aprobar, dentro de muy pocas
semanas, en Consejo de Ministros, en un plan de normalización
y de modernización de los organismos relacionados con la
gestión, con el ejercicio y en el desarrollo de este derecho,
el de la objeción de conciencia, y que en otros casos
simplemente requeriría algún tipo de
modificación de los reglamentos, tanto del reglamento del
Consejo Nacional de Objeción de Conciencia como del reglamento
que regula la prestación social sustitutoria. De ahí, como
decía al
principio de mi intervención, que no consideremos necesario ni
urgente ni, desde luego, oportuno modificar en estos momentos
la actual ley de objeción de conciencia. Además, yo creo,
señorías, que en estos momentos está perfectamente garantizado
y
consolidado el derecho individual de los jóvenes, de más de
100.000 jóvenes que pueden llegar a finales de año con una
solicitud de reconocimiento de objeción de conciencia, que,
insisto, está perfectamente garantizado y articulado en
nuestra ley. Es un texto progresista y avanzado y que nos
iguala con las leyes existentes en países de nuestro entorno
europeo. Hemos sido de los últimos que lo hemos aprobado y,
por tanto, nos hemos valido de mejoras que se han llevado a
cabo en otros países para incorporarlas a nuestro texto
legislativo.
Yo creo que el planteamiento que hace Izquierda Unida en su
proposición de ley es un planteamiento maximalista, y explico
por qué. Yo creo que si aceptáramos todas y cada una de las
propuestas que recoge el texto de Izquierda Unida nos
encontaríamos con una situación cuando menos curiosa y, desde
luego, siempre distinta de la que existe en el resto de países
europeos, de países de nuestro entorno. ¿Por qué? Porque en
ningún país comunitario --y S.S. lo sabe-- se acepta al
mismotiempo la objeción de conciencia sobrevenida, aquella que
se pueda ejercer incluso cuando se está realizando el servicio
militar, y la igualdad de duración del período en que se
realiza el servicio militar y la prestación social
sustitutoria. Tampoco se acepta el hecho de que el organismo
encargado de reconocer y, por tanto, de conceder la objeción
de conciencia al joven no tenga ninguna vinculación ni con el
Ministerio de Defensa ni ejerza ningún tipo de actividad
sancionadora, precisamente, de ese deseo o solicitud del
joven. Por tanto, nos encontraríamos con la situación
paradójica de que esta legislación de desarrollo normativo no
se da con todas estas características en ningún país de
nuestro entorno. Su señoría conoce perfectamente que en
Alemania y en Holanda, donde sí se admite la objeción
sobrevenida, se contempla en su legislación que la duración de
la prestación social es mayor que la del servicio militar, tal
y como por otra parte reconoce la propia resolución del
Parlamento Europeo, a la que S.S. ha hecho referencia. En esa
resolución del Parlamento Europeo, de octubre del año 1989,
sin que sea un texto que obligue a aceptarlo a los países
comunitarios --sabe que son recomendaciones-- se admite que la
prestación social puede durar hasta un máximo de la mitad del
período que esté establecido para el servicio militar. Por
tanto, el análisis comparativo, el Derecho comparado de otros
países, textos a los que S.S. se ha referido, además de la
sentencia del Tribunal Constitucional nos dicen que nuestro
texto está ajustado a Derecho y, por tanto, es un texto bueno
y válido para hacer posible el ejercicio de la objeción de
conciencia en nuestro país. En Alemania y en Holanda los
mecanismos son muchos más duros, más rígidos, más rigurosos
para reconocer la objeción sobrevenida, porque incluso los
expedientes se instruyen por autoridades militares, no por
autoridades civiles, cosa que evidentemente no ocurre en
nuestro país, ni vamos a proponer en ningún momento que se
cambie la legislación en ese sentido. Desde luego, creo que en
ello coincidiremos perfectamente el portavoz de Izquierda
Unida y otros portavoces de esta Cámara. No tenga S.S. ningún
temor, no va a haber ningún endurecimiento en ese sentido. Sí
va a haber un mayor afán, un mayor empeño en que las plazas
que efectivamente se ofrezcan gocen de la suficiente calidad e
idoneidad para que sean ocupadas de forma ventajosa para el
joven y también para los colectivos a los que está ofreciendo
su servicio, para estos colectivos que necesitan de una
atención y también de la solidaridad de los jóvenes de nuestro
país para mejorar su propia situación. Entendemos que en la
ley actual se mantiene un equilibrio perfecto entre lo que es
el ejercicio de este derecho, del derecho a la objeción de
conciencia, y el deber y el derecho generalizado de cumplir el
servicio militar, tal y como aparece reconocido en nuestro
texto constitucional. Por tanto, no es un equilibrio
arbitrario, caprichoso, sino que la propia sentencia del
Tribunal
Constitucional, a la que he hecho referencia, y el mismo texto
constitucional, así nos lo demandan a los legisladores y así
quisimos recogerlo y lo mantenemos en estos momentos, porque
estamos plenamente convencidos de la bondad y de la idoneidad
de nuestro texto legislativo.
En el caso de mayor duración de la prestación social
sustitutoria, a lo que S.S. hacía referencia, en total 13
meses, como conoce, se justifica porque se trata de
situaciones que no son equiparables ni asimilables entre el
soldado que está realizando el servicio militar y el joven que
está realizando la prestación social sustitutoria. ¿Por qué?
Habría varios
argumentos para aceptar este planteamiento. Uno, que me parece
importante, es que el 97 por ciento de los jóvenes que objetan
y que realizan la prestación social sustitutoria lo están
haciendo en el mismo municipio en que residen. Esa es una
ventaja añadida con la que no cuentan los jóvenes
que están haciendo el servicio militar. Además, lo hacen
desempeñando la función que ellos mismos han elegido y también
decidiendo el momento en que se incorporan. Por tanto, no son
situaciones equiparables y por ello no podemos dar la misma
respuesta ni el mismo tratamiento, puesto que de hacerlo
estaríamos creando desequilibrios y estaríamos discriminando a
los jóvenes que están realizando el servicio militar.
Quisiera también, señor Presidente, dedicar alguna atención a
otro de los temas que aborda la proposición de ley de
Izquierda Unida, al contenido del artículo 12.2 de dicha
proposición de ley, en el que se plantean modificaciones de
carácter competencial y aboga por una delegación de
competencias del Ministerio de Justicia a las comunidades
autónomas en cuanto a lo que es la gestión y la inspección de
la prestación social sustitutoria.
Entiendo que aquí hay un problema de carácter jurídico
constitucional para no aceptar este traspaso de competencias,
por la sencilla razón de que, como S.S. conoce, la
Constitución española requiere que haya una regulación
mediante ley orgánica cuando se produce ese traspaso de
competencias y, por tanto, no puede ser recogida esta
traslación de competencias a las comunidades autónomas en una
ley de carácter ordinario, como hace la propuesta del Grupo de
Izquierda Unida. Además, entiendo que también habría problemas
de carácter presupuestario, porque esta nueva fórmula que
establecería el ejercicio de este derecho de la objeción de
conciencia no sería más eficaz, en cuanto al desarrollo
cotidiano de la prestación social sustitutoria, que el actual
sistema de conciertos que está establecido con las comunidades
autónomas.
Se hacía también referencia a la composición del Consejo
Nacional de Objeción de Conciencia diciendo que deberían
formar parte de este Consejo desde representantes de centrales
sindicales hasta entidades colaboradoras, organismos que
establecen convenios con el Ministerio de Justicia y, por
supuesto también, representantes de las comunidades autónomas.
Si tenemos en cuenta la propuesta que hace Izquierda Unida de
conceder un valor meramente
instrumental, un valor meramente registral, burocrático, diría
yo, al propio Consejo, la ampliación de miembros nos parece
injustificada, porque la misma función del Consejo no requiere
que haya más representantes de los que actualmente están
recogidos y regulados por la ley. En el tema de una mayor
participación o colaboración de las comunidades autónomas, en
todo lo que es ofertar un mayor número de plazas para que
puedan ser ocupadas por los objetores, sí entendemos, desde el
Grupo Parlamentario Socialista, que se debe seguir haciendo un
esfuerzo. Digo seguir haciendo un esfuerzo, porque ya hay
iniciativas que establecen mecanismos de colaboración entre el
propio Ministerio, la Oficina para la Prestación Social y
comunidades autónomas. Se han creado comisiones de
seguimiento, que recuerde, en comunidades autónomas como
Cataluña, Asturias, Valencia o Andalucía, comisiones en las
que, por lo menos en el caso de Andalucía, sí participan las
propias centrales
sindicales, para que también puedan opinar y tener una
participación en este tema. En esa línea se irá avanzando para
poner en marcha, para aprobar un convenio marco, que está ya
elaborado, que está ya redactado por el propio Ministerio de
Justicia, y que será uno de los temas que se incluyan en el
plan de modernización y normalización de la prestación social
sustitutoria.
Tampoco necesitaría cambio legislativo el hecho de que se
requiera ampliar los sectores en los que se está realizando la
prestación social. Los servicios civiles para la paz o los
programas concertados con el Ministerio de Educación y
Cultura, a los que el grupo proponente hace referencia en su
iniciativa legislativa, aparecen ya recogidos y tenemos ahora
mismo, en estos momentos, un número importante de objetores
que están realizando labores humanitarias --por ejemplo, de
ayuda a la población civil en Bosnia--, que están sometidos a
situaciones difíciles, desempeñando una labor efectivamente
loable importante y muy generosa por su parte, sin necesidad
de que se ampliara ese sector, porque ha habido interés por
parte del Ministerio de Justicia de abrir cada vez más el
abanico para que entren a formar parte no solamente
ayuntamientos, diputaciones
provinciales o instituciones como Cruz Roja, que estaban ya
desde el principio de la puesta en marcha de la prestación
social, sino el Insalud, que se ha incorporado la semana
pasada, mediante la firma de un convenio, y se incorporará
esta misma semana el Ministerio de Educación, firmando también
un convenio, con un número importantísimo de plazas, que,
efectivamente, van a contribuir a esta agilización a la que me
vengo refiriendo en mi intervención y por la que hemos
apostado abierta y firmemente desde el Grupo Socialista, no
solamente en este momento, sino hace bastantes meses, incluso
bastantes años.
Decía, señorías --y quiero ir acabando-- que el éxito del plan
de modernización y normalización no solamente depende de la
propia Administración central. Que permita se incorpre este
número, no es tanto, como S.S. ha dicho, porque es cierto que
a finales de año podemos tener en torno a 100.000 jóvenes,
pero no todos se querrán incorporar inmediatamente, porque
muchos habrán pedido prórroga o aplazamiento por algún motivo,
otros incluso no habrán cumplido la edad mínima para
incorporarse a esta prestación social. Por tanto, esta cifra
tendremos que utilizarla y barajarla con mucho cuidado, aun
reconociendo --no voy a dejar de hacerlo--que es una cifra
demasiado importante, que requiere muchos esfuerzos, toda la
atención y el trabajo parlamentario por parte de los Diputados
y Diputadas que nos dedicamos a esta labor o actividad.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Rodríguez
Ortega, le ruego, que termine.
La señora RODRIGUEZ ORTEGA: Acabo con brevedad, señor
Presidente. Quisiera simplemente dar unos datos que me parecen
significativos. Su señoría ha citado bastantes en cuanto al
número de objetores reconocidos y a los que se incorporaron,
pero, sin duda, yo creo que ha olvidado algunos que me parecen
significativos.
En el año 1990 fueron llamados a realizar la prestación social
4.166 jóvenes; en el año 1993 --sólo tres años después-- se
multiplicó casi por ocho la cifra de objetores llamados,
fueron casi 27.000 los que a lo largo de ese año se
incorporaron en un momento o en otro a la prestación social
sustitutoria. En este año 1994 contaremos con más de 34.000
jóvenes que serán llamados para realizar la prestación social
sustitutoria en el momento que ellos decidan incorporarse por
las características de la propia plaza a que han optado. Por
tanto, sería injusto por nuestra parte si no reconociéramos el
esfuerzo que se está haciendo por parte de la Administración,
el esfuerzo que se está haciendo por las entidades públicas y
privadas en este tema de ofrecer más plazas y de facilitar la
incorporación de los jóvenes.
Concluyo, señor Presidente, señorías, diciendo que en mi
opinión, en opinión del Grupo Parlamentario Socialista, en
estos momentos no existen razones de tipo jurídico ni de tipo
político para aconsejarnos la necesidad urgente de modificar
la actual
legislación, aunque sí existen todas las razones, todos los
motivos --bastantes-- para que cuenten con el esfuerzo de
muchos Diputados, de muchas personas que estamos interesadas
porque los jóvenes se puedan incorporar con mayor agilidad a
la prestación social sustitutoria. Por estos mismos motivos,
señor Presidente, señorías, nos opondremos a la toma en
consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para hacer un turno de
réplica, tiene la palabra el señor Romero.
El señor ROMERO RUIZ: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, la señora portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista ha planteado que, en coherencia con las posiciones
anteriores mantenidas por su grupo, se opone a la toma en
consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Ha planteado que de lo que se trata es de gestionar bien la
ley en vigor y de garantizar que haya plazas para la
prestación del servicio social sustitutorio porque nuestra
legislación es adecuada, la ha calificado de progresista y
dice que el Tribunal Constitucional ya se pronunció sobre
ella. El alcance o no de una Ley, sus contenidos, la redacción
de sus artículos pueden ser declarados por el Tribunal
Constitucional de acuerdo con la Constitución pero eso no
quiere decir que no admitan reformas y modificaciones que
seguirían manteniendo la ley nueva resultante en el marco de
la Constitución. Por tanto, no se puede decir --no creo que lo
haya dicho-- que nuestra proposición de ley es
anticonstitucional, sino que se ha limitado a plantear que la
ley en vigor tiene una sentencia favorable del Tribunal
Constitucional.
En este asunto hay tres posibilidades. Una, reformar de manera
progresista la ley que regula la objeción de conciencia en
España y la prestación social sustitutoria. La segunda es una
reforma conservadora o restrictiva que propone parte del
Gobierno o, en concreto, la dirección política del Ministerio
de Defensa. La tercera es aplicarla y gestionarla mejor, que
es la que usted ha defendido aquí.
Esas son las tres actitudes que caben ante la ley actual, de
1984, que regula la objeción de conciencia.
La que Izquierda Unida defiende es una reforma progresista de
la actual legislación. Yo creo que no se va a abrir camino la
tesis del Ministerio de Defensa y de algunos miembros del
Gobierno o del partido en el Gobierno, dirigida a poner más
obstáculos dentro ya de la ley para acceder a la condición de
objetor de conciencia, lo que creen sería un efecto disuasorio
para
conseguir que los jóvenes, en lugar de inclinarse por la
objeción de conciencia, lo hicieran por incorporarse al
servicio militar obligatorio, que es lo que preocupa, de
manera seria por la envergadura del problema, al Ministerio de
Defensa y a algunos sectores del partido en el Gobierno. No
creo que se abra camino esa idea. Se abrirá camino cómo se
aplica y se gestiona mejor, que es lo que usted ha defendido
aquí, pero ¿cómo se puede aplicar y gestionar mejor una ley si
lo que se quiere introducir no es sólo la creación de plazas
para todos los objetores, sino al mismo tiempo ir
introduciendo algunos elementos de
endurecimiento para que se adquiera la condición de objetor en
España?
Ese es uno de los riesgos que se corre. Nosotros, en línea con
lo que hemos defendido hasta ahora y en coherencia con
nuestras posiciones defendemos nuestra propuesta que sí se
homologa a los países europeos de nuestro entorno. Es verdad
que hay una mayor duración temporal en algunos países europeos
de la prestación social sustitutoria a la prestación del
servicio militar
obligatorio, pero esos países tienen la objeción sobrevenida.
Nosotros no tenemos lo uno ni lo otro; es decir, tenemos una
prolongación superior, una penalización para el joven que se
declara objetor de conciencia y no se contempla la objeción de
conciencia sobrevenida.
Usted dice que los jóvenes tienen una ventaja cuando se
declaran objetores porque hacen la objeción en el municipio de
su residencia y en la plaza que han pedido. La juventud que se
incorpora al servicio militar obligatorio en nuestro país ya
tiene el servicio regionalizado y también puede decidir, en
gran medida, arma o lugar donde prestar el servicio militar
obligatorio. Por tanto, esas ventajas no son tales.
Usted habla de que habría dificultades para transferir a las
comunidades autónomas la gestión, a través de la Dirección
General de Justicia de estas comunidades autónomas, la
prestación social sustitutoria. Para nuestro grupo no hay
ningún problema jurídico, ni administrativo, ni presupuestario
si se asignan las cantidades adecuadas para que en España nos
creamos de verdad un avance serio de carácter federal en el
Estado de las autonomías y las comunidades autónomas puedan
gestonar la oficina de la prestación social sustitutoria. La
lectura que usted hace de esta Ley y de su gestión por las
comunidades autónomas es restrictiva; es una lectura que se
contradice con esa necesidad de que en España avancemos desde
el Estado de las autonomías hacia el Estado federal y, además,
caerá en contradicción seria con los planteamientos de sus
socios en esta legislatura, Convergència i Unió, y de otro
grupo que gobierna en una Comunidad Autónoma como Euskadi,
porque van a reclamar, con razón, para sus
comunidades autónomas, entre otras competencias, ésta concreta
de la prestación social sustitutoria. Así es que ustedes lo
van a tener muy difícil, señora portavoz del PSOE, no sólo con
el planteamiento que hace Izquierda Unida, sino con sus
socios, con sus colaboradores de apoyo parlamentario a la
gobernación del país que tienen en la actualidad.
En ese terreno, para terminar, quiero plantearle lo siguiente.
Usted ha dicho que se pueden habilitar 34.000 plazas para el
año en curso, y que de los 100.000 objetores no todos se van a
incorporar, puesto que algunos van a pedir aplazamiento,
etcétera. Pero hay ya más de 112.000 acumulados de años
anteriores y, si sólo habilitan 34.000 plazas para la
prestación social sustitutoria, no van a solucionar el
problema que ya hay pendiente de objetores de conciencia
reconocidos en ejercicios anteriores que se va a incrementar
en este año 1994.
En definitiva, ustedes se oponen de manera permanente a la
modificación de la Ley de Objeción de Conciencia; quieren
gestionarla mejor; pero el problema de fondo radica --y usted
no ha querido entrar en él-- que en España hay que ir a un
ejército profesional, hay que solucionar el problema de la
objeción de conciencia y de la insumisión y entonces podremos
abordar una ley civil de voluntariado social y de solidaridad.
Esa ley, de manera muy abierta y flexible, podría recoger la
solidaridad de la sociedad, de los sectores juveniles, debatir
la incorporación de la mujer a esa solidaridad del
voluntariado civil en algunos terrenos, etcétera. Partiendo de
ahí se solucionaría el problema de la objeción de conciencia
al servicio militar obligatorio, que dejaría de existir en
España, se solucionaría el problema de la insumisión al
servicio militar obligatorio y a la prestación social
sustitutoria y avanzaríamos, como un país moderno y
democrático, de acuerdo con lo que plantea la juventud, que ya
ha dicho, en encuestas del CIS y en manifestaciones concretas,
que no está de acuerdo con un modelo de Fuerzas Armadas que
contemple para su funcionamiento el servicio militar
obligatorio.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Romero, termine
ya.
El señor ROMERO RUIZ: Termino, señor Presidente, con un último
dato. Se dice que el problema demográfico dificulta en España
la formación de un ejército profesional. Eso no es verdad. El
problema demográfico dificulta el mantenimiento del servicio
militar obligatorio, porque un contrato de 15 años para un
soldado profesional, ampliable a 17 o 18 años, se dirige a un
universo mayor de población que el servicio militar en una
etapa corta de la juventud, con un crecimiento demográfico
reducido. Por tanto, no pongan ustedes puertas al campo;
homológuennos a los países más avanzados de Europa y este
Parlamento debería reformar esta ley, porque no tiene salida,
porque la juventud, en la práctica, les está quitando la
razón.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): La señora Rodríguez
tiene la palabra.
La señora RODRIGUEZ ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señor Romero, no quiero entrar con usted a plantear un debate
o una carrera sobre lo que es más progresista, qué es menos
progresista, qué están demandando los jóvenes en estos
momentos de los que, permítame que le diga, no solamente es
usted el portavoz en esta Cámara; también tenemos posibilidad,
capacidad y opción de serlo los representantes de otros grupos
parlamentarios, de otros partidos políticos. Yo creo que en
estos momentos lo necesario, y también me atrevo a decir que
lo progresista, no es entrar en una modificación de la actual
Ley de Objeción de Conciencia que mantengo y defiendo que es
de las más avanzadas de los países de nuestro entorno, aunque
usted no quiera reconocerlo; lo necesario, lo urgente, lo
prioritario políticamente y también lo progresista es acortar
el tiempo de espera desde que un joven es reconocido objetor
de conciencia hasta que se puede incorporar a su puesto de
prestación social, porque esto, sin duda, disminuye una
indudable incertidumbre, que admito la hay
en estos momentos. ¡Cómo no iba a reconocerlo! Pero deberemos
mantener y dirigir todos nuestros esfuerzos para propiciar que
haya un aumento de plazas y, por tanto, una incorporación cada
vez mayor y más progresiva de jóvenes que se incorporan a la
prestación social.
Tendremos que debatir sobre la actual Ley y no podremos entrar
en el debate --o yo al menos no entraré en él-- de presuntos
endurecimientos según S.S. No hay ninguna presunción de
endurecimiento; esté totalmente tranquilo en este tema y en
esta materia. Sí queremos que los jóvenes que objetan lo hagan
por estrictos motivos de conciencia, por propias convicciones
que se han ido fraguando y madurando a lo largo de los años en
distintas etapas y que no obedezcan a respuestas coyunturales
de un mayor o menor endurecimiento, de una mayor o menor
comodidad en la realización del servicio militar.
También le decía que el plan de normalización, que aprobará el
Consejo de Ministros dentro de muy pocas semanas, tiene unos
objetivos claros y contempla los instrumentos y los mecanismos
para llevarlo a cabo. Estos objetivos son: Acortar en un plazo
de tres meses el período de reconocimiento del objetor por
parte del Consejo y disminuir hasta el máximo de un año el
período de incorporación del joven desde que es reconocido
objetor hasta que se incorpora a su puesto de actividad.
Para conseguir este plan de normalización de la prestación
social sustitutoria contamos con un período de tiempo de dos
años e incorporar, efectivamente a todos aquellos jóvenes que
tengan edad para incorporarse a esta prestación, a este puesto
de actividad, y que, por otra parte, no hayan solicitado algún
tipo de prórroga o de aplazamiento. Por eso insisto en que si
utilizamos la cifra de forma parcial e interesada, estaremos
dando una imagen de la realidad
absolutamente desenfocada, que no corresponde realmente con la
situación actual de la prestación social sustitutoria y del
ejercicio de este derecho a la objeción de conciencia. Este
plan, además, necesitará unos recursos presupuestarios que se
reconoce pueden ascender a unos 3.000 millones de pesetas.
Para esto, efectivamente, el Grupo Parlamentario Socialista
tendrá siempre a disposición del Gobierno, en el debate
presupuestario en esta Cámara, las modificaciones
presupuestarias que sean necesarias para hacer viable este
plan de modernización y de normalización. No se preocupe,
señor Romero, por nuestras relaciones con otros grupos
parlamentarios de la Cámara. Llegaremos también a acuerdos en
este tema. Es algo en lo que venimos trabajando no sólo con el
Grupo Catalán, sino también con otros grupos, entre ellos el
Grupo Vasco, para que las comunidades autónomas tengan también
más capacidad de incidencia y más capacidad de colaboración en
lo que es la gestión diaria, cotidiana, el día a día de la
prestación social sustitutoria.
Por último, señor Presidente, para no agotar más del tiempo
que me corresponde, creo que este debate no lo debemos
aprovechar para subir el nivel de productividad, si me permite
la expresión, de los Diputados y de las Diputadas que
intervenimos en él. Si estamos debatiendo sobre la objeción de
conciencia, centrémonos en ese debate. Ocasión habrá para
hablar del ejército
profesional, para hablar de respuesta a la insumisión, para
hablar de todos aquellos temas que efectivamente están
relacionados con la prestación social sustitutoria y la
objeción de conciencia. Al final de su intervención yo veía al
señor Romero casi más preocupado por llevar el debate hacia un
modelo de Fuerzas Armadas profesionales, que por dar respuesta
a unos jóvenes que efectivamente están demandando de los
representantes de la soberanía popular que prestemos toda
nuestra atención y nuestra energía a resolver este tema y a
dar una respuesta satisfactoria a esta necesidad de
incorporación de los objetores. Por tanto --insisto--
mantendremos nuestro voto en contra de la toma en
consideración de la proposición de ley de Izquierda Unida.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señora
Rodríguez. ¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.) Por
el Grupo Mixto, el señor Albistur tiene la palabra.
El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.
Reconozco al señor representante de Izquierda Unida que la
propuesta supone un avance muy importante respecto a la
situación actual, porque elimina la potestad de la Comisión
Nacional de Objeción de Conciencia de decir quién es objetor y
quién no lo es, porque recoge la objeción sobrevenida durante
la realización del servicio militar, lo cual no se recogía
hasta este momento; porque establece la duración de la
prestación social sustitutoria en igual tiempo que la del
servicio militar, siguiendo las resoluciones del Parlamento
Europeo; porque traslada la gestión de la prestación social
sustitutoria a Justicia cuando hasta ahora estaba en Defensa y
también intenta que se transfieran con acierto a las
comunidades autónomas que lo soliciten, y elimina también el
carácter de servicio militar o militarizado sin armas que
quiere imprimir la actual legislación a la prestación social
sustitutoria.
Sin embargo, y sin ánimo de crítica, sino con el ánimo de
colaborar fundamentalmente, y si bien todo lo anterior es
cierto, también es cierto que nuestra posición, de alguna
forma, es contraria a la existencia del ejército como tal,
pero esta afirmación hoy día es una utopía, y si, así y todo,
los ejércitos deben existir y están
ahí, somos partidarios de que sean profesionales, desde la
base de la libre voluntad de los ciudadanos de participar en
esos ejércitos. Consideramos que es discutible que el Estado
pueda obligar porque sí a sus ciudadanos a dedicar una parte
de su vida al mismo, bien sea bajo fórmula militar o bajo
fórmula civil. Por ello, no estamos de acuerdo con el artículo
6.º1, por el que se establece un mecanismo automático entre
servicio militar y prestación social civil. Yo diría que en
este tema no estamos de acuerdo por lo siguiente. La objeción
y la prestación social no tienen un carácter de causa y
consecuencia, hay que romper esa lógica, y a eso quisiéramos
invitar a reflexionar. Abramos un debate civil sobre por qué
debe haber una prestación social y cómo hay que realizarla,
pero relacionada con objetivos de desarrollo, de asistencia
social, de formación, de compromiso ciudadano, y abramos otro
debate sobre el futuro del Ejército y los recursos humanos que
necesita.
Seamos claros y dejemos también claro que son ámbitos
distintos y no relacionados.
También diría, respecto a lo dicho por la portavoz del Partido
Socialista, que la propuesta de Izquierda Unida no se adecua a
los países del entorno, no es un argumento. No hay en Europa
un movimiento social como el que se está produciendo en España
entre objeción de conciencia e insumisión. La ley debe
responder a situaciones sociológicas precisas, y la propuesta
de Izquierda Unida tiene la virtud de tratar de acercarse a
las situación real de gran parte de la juventud y familias
españolas; tiene la virtud de tratar de adecuarse, lejos de la
penalización, a la demanda social. Utilizando su argumento
también le diré que la situación de incorporación al Ejército
no es la misma en el entorno de países europeos, donde la
profesionalización militar y la recluta tienen una
manifestación claramente distinta con la situación del
servicio militar español. Por eso, desde estos puntos de
vista, aunque podría no haber coincidencia con la propuesta de
Izquierda Unida en su totalidad, y ahora bien, desde la
situación real existente hoy en España, no cabe duda que esta
propuesta es una mejora sustancial. Por tanto, en mi opinión,
debemos votar a favor de la toma en consideración, al margen
de que se expliquen otros tipos de principios y que se pueda
llegar con ellos a acuerdos que puedan mejorar la propuesta.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Albistur. Señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Esquerra Republicana va a votar, naturalmente, a favor de la
proposición de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
primero porque tiene como voluntad mejorar la situación de los
objetores que están haciendo la mili; segundo, porque, aunque
no toca el tema de fondo, intenta, como mínimo, suavizar la
actual
situación. Votamos, pues, a favor, fundamentalmente, para que,
superado el actual trámite, pueda permitir las enmiendas que
entendemos son fundamentales, especialmente la despenalización
de la insumisión y la interrupción inmediata del servicio
cuando se pide la objeción de conciencia, dos parámetros
básicos para democratizar la actual ley y que la proposición
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya no plantea. Pero
el tema no es la mejora de la actual ley, aunque toda mejora
en la actual
situación es un auténtico balón de oxígeno. Bienvenida sea,
pues, como solución transitoria. El tema es el servicio
militar obligatorio y todo lo que ello conlleva, especialmente
estos días en que aún hierve el escándalo de las COE en Palma
de Mallorca. El gran debate de fondo que ha comportado una
parte muy
sustancial, por ejemplo, de las preocupaciones y de las
acciones políticas de las JER (Juventudes de Esquerra
Republicana), es el debate sobre el servicio militar
obligatorio; el gran debate de fondo es el secuestro legal de
los jóvenes obligados a hacer el servicio militar más allá de
sus propias opiniones y de sus propios proyectos; el debate de
fondo es la actual y deficitaria ley que no reconoce a todos
los objetores por cuestiones de forma y que, por ejemplo, deja
fuera de su amparo a todos los objetores que alegan razones
políticas; el debate de fondo, señorías, es que la insumisión
está aún penalizada, que hay en las cárceles del Estado 142
presos de conciencia, 142 insumisos que están padeciendo
prisión por su militancia pacifista; que esta
democracia, pues, los ha condenado a prisión a causa de sus
creencias; que esta democracia les ha fallado.
Este es el debate y el problema que la proposición de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya no se atreve a
plantear ni, por supuesto, resuelve. A pesar de ello, mejorar
la actual Ley siempre será preferible a mantenerla, pero la
solución no está en poner tiritas a grandes heridos, sino en
resolver la herida de fondo, y la herida de fondo son esos 142
presos de conciencia en las cárceles; la herida de fondo es la
criminalización de la militancia pacifista; la herida de fondo
es el secuestro legal y obligatorio de miles de jóvenes; la
herida de fondo es un ejército esquizofrénico capaz de
protagonizar acciones de ayuda en Bosnia y, en cambio, también
protagonizar escándalos de represión sobre jóvenes soldados.
A la espera, pues, de conseguir que el Estado de Derecho sea
capaz de ser un Estado de Derecho también para todos estos
centenares de jóvenes, votaremos a favor de la proposición de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Pero, repito, es una
proposición de maquillaje a una herida de fondo.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo de
Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Olarte.
El señor OLARTE CULLEN: Señor Presidente, señorías, un
análisis riguroso de lo que podríamos calificar situación
actual en la sociedad sobre la objeción de conciencia y la
necesidad de ampliar distintos conceptos y límites de la
misma, desde la perspectiva de la evolución doctrinal y de
distintos colectivos importantes, instituciones importantes de
la Comunidad Europea, un examen de las normas administrativas
en vigor, del criterio que se mantiene en distintos países de
nuestro entorno, de las no siempre coherentes posiciones de la
jurisprudencia,
fundamentalmente de la constitucional, todo, en definitiva,
pone de manifiesto, desde la perspectiva de Coalición Canaria,
la necesidad de votar afirmativamente la iniciativa de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, votación que va a
ser positiva y de adhesión a tal iniciativa, por varias
razones. Porque creemos que es hora ya de que, al igual que se
puede desistir de la prestación sustitutoria de la objeción de
conciencia para realizar el servicio militar, no hay razones
que impidan la adversa, en definitiva, la objeción de
conciencia sobrevenida. Porque no hay razones tampoco que
impidan que la prestación social sustitutoria deba tener una
duración superior a la del servicio militar. Porque, en
definitiva, es preciso también dar el protagonismo que merecen
en la cuestión a las comunidades autónomas, aunque sólo sea
para dar eficacia social a la
prestación social y, fundamentalmente, porque la prestación
social se verifica de manera importante, de manera fundamental
en el área de los servicios sociales que constituyen
competencias de las comunidades autónomas en su práctica
totalidad. Porque cuando hay una tensión entre la norma y la
realidad, la realidad sólo se deja ser objeto de tensión hasta
cierto punto. En este caso, la realidad, nuestra realidad
social, se está dejando en exceso y no soporta ya tal tensión.
Nosotros nos negamos, además, a intervenir en este debate y a
plantearlo desde las coordenadas de la comparación, la
equiparación o la confrontación con la cuestión atinente al
servicio militar en sí. Es un tema que afortunadamente se
residenció en el Ministerio de Justicia y tan sólo los
problemas que hoy puede causar, por lo que se refiere al
servicio militar, están fundamentados precisamente en la
inexistencia de un ejército profesional. Si no, no existirían
tales problemas.
En definitiva, estamos convencidos de que el legislador
constitucional se olvidó de incluir la libertad de conciencia
entre los derechos fundamentales. Este es el parecer de
Coalición Canaria. Y parece que ese miedo a la conciencia es
realmente un miedo al libre albedrío, como si el miedo al
abuso del derecho y al abuso, en definitiva, tuviera que
producir una sensación atinente a la libertad misma. Creemos
que es preciso reconocer que la conciencia está sujeta a
evolución, como lo están las concepciones morales del ser
humano y la personalidad misma. Por eso, nada debe objetarse
al hecho de que, transformándose y evolucionando la conciencia
del individuo, en un momento
determinado, aunque haya sido llamado a filas, aunque esté
prestando el servicio militar, porque experimente una mutación
en sus criterios, en sus conceptos filosóficos, en las ideas
que tenga sobre la cuestión, tenga perfecto derecho a pedir la
prestación social, en definitiva, opte por la objeción de
conciencia, porque es un derecho que, además, viene reconocido
no ya por algunos Estados, si bien hay que admitir que en
Europa ha habido una cierta resistencia a aceptar ampliamente
esta cuestión, sino porque esta es la evolución, por ejemplo,
del Parlamento Europeo, como lo reconocen las últimas
resoluciones. Es preciso recordar también que igual que a
algunos países en tantas ocasiones pretendemos seguir en lo
bueno, sigámosles también en esto, como Alemania, donde no
podrá ser superior el tiempo de prestación social sustitutoria
a la del servicio militar. También en algunas situaciones
graves atinentes a la defensa en momentos de tensión, en
momentos de gravedad, aunque se haya llamado a filas y aunque
se esté prestando el servicio, es posible realizar la
prestación social sustitutoria de ese país, mediante la
fórmula del concepto de lo sobrevenido. Cómo se ha ido
produciendo la evolución del Consejo de Europa a lo largo de
estos años y estamos seguros de que en fechas próximas se dará
un paso importante en la materia. Aludíamos antes a la
evolución que se ha producido en el Parlamento Europeo, y nos
parece que no es preciso insistir en que, en cuanto a la
duración, se ha establecido tajantemente que no deberá exceder
del período del servicio militar ordinario, exactamente igual
que establece la necesidad de reconocer el derecho a rehusar
el servicio militar, es decir, a optar por la separación del
mismo, aunque se esté prestando.
La señora portavoz del Grupo Socialista reconocía la
disfunción y la perturbación que viene produciendo el exceso
de tiempo comprendido desde que se solicita la prestación
hasta que se comienza a realizar; cómo, en ocasiones, es de
años. Estos son criterios perturbadores a la hora de reconocer
en su amplitud un derecho que no sólo hay que reconocer en los
tratados y en los debates, sino que es preciso reconocer por
el ministerio de la ley.
Por eso, estamos de acuerdo con la iniciativa que ha traído
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por estos conceptos
a que nos referíamos y por el protagonismo que otorga a las
comunidades autónomas. Es preciso despejar esa incertidumbre
que tantos perjuicios viene causando precisamente al objetor.
Por encima de todo, se requiere reconocer la objeción, igual
que
se reconoce la posibilidad, como antes decía, de prestar el
servicio militar al objetor que desiste, porque su
personalidad, sus ideas y sus conceptos también pueden
evolucionar y transformarse. No hay razones para que no se
aplique la reciprocidad.
No estamos en un debate sobre el servicio militar y la
objeción de conciencia; estamos simplemente en un debate sobre
el reconocimiento de un derecho como el de la objeción de
conciencia que hasta ahora ha tenido muchas limitaciones,
porque se ha vuelto la espalda al sentido que cada día se
viene introduciendo de manera más plena en nuestra sociedad y
porque estamos dando la espalda a conceptos sobre los cuales
se viene debatiendo desde hace mucho tiempo de manera
importante.
No voy a analizar ahora, tanto por falta de tiempo como porque
creo que le corresponde, está más legitimado para ello, al
Grupo Nacionalista Vasco, que, previsiblemente, intervendrá a
continuación, pero, con todas las intervenciones del Defensor
del Pueblo, en definitiva por la posición que muchos grupos
parlamentarios han expresado en esta Cámara con anterioridad a
esta legislatura, me parece que no estamos diciendo nada
nuevo; simplemente somos un Grupo más que sintoniza también
con una demanda importante de nuestra sociedad.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Olarte.
Por el Grupo Vasco, PNV, el señor Olabarría tiene la palabra.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
Acogiéndonos a la amable invitación del portavoz del Grupo
canario y con brevedad, desde el escaño que estoy
usufructuando en estos momentos, voy a comentar al portavoz de
Izquierda Unida que vamos a votar favorablemente a la toma en
consideración de esta proposición de ley, primero porque
entendemos que está muy bien concebida, está muy bien
articulada. Ha hecho el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya un buen trabajo jurídico y ha percibido bien las
pulsiones sociales que subyacen en un problema tan delicado
como el de la objeción de conciencia. En lo que todo el mundo
está de acuerdo, seguramente hasta la señora Rodríguez, es en
las deficiencias de la actual legislación, la Ley 48/1984. Tan
es así, que todo el mundo está de acuerdo, que contra esta
legislación y sus normas de desarrollo se han pronunciado los
obispos, por citar un ejemplo, al menos los obispos vascos
recientemente, el fin de semana pasado, los sindicatos, los
jóvenes por abrumadora mayoría, casi todos los catedráticos,
los juristas especializados en las materias atinentes al
servicio militar o a la objeción de conciencia, el Parlamento
Europeo, a través de la clara resolución, que ha sido objeto
de comentario, de 13 de octubre del año 1993, y está en contra
de la actual legislación el Grupo Vasco, por no continuar con
una relación demasiado prolija. Estamos en contra de la actual
legislación y entendemos que sus perversiones las corrige la
proposición de ley de Izquierda Unida de forma muy pertinente,
por lo que todos los jóvenes comentan y por lo que está
provocando un incremento exponencial, espectacular del número
de objetores. En este momento, para este año se prevé que la
mitad del contingente de recluta obligatoria se va a declarar
objetor de conciencia y va a tener que realizar alguna
hipotética y enigmática, porque no está configurada,
prestación social sustitutoria. En este momento se puede
prever que de los 200.000 chicos jóvenes que constituyen el
contingente de recluta
obligatoria actual, por lo menos 106.000 van a ser objetores
de conciencia, lo cual ya acredita, sin mayores indagaciones
complementarias, intelectuales, las perversiones, las
insuficiencias de la legislación actual. Entendemos que la
proposición de ley de Izquierda Unida corrige estas
perversiones, estas insuficiencias, y entendemos que esto está
poniendo también de manifiesto algo que ha sido «obiter
dicta», se puede decir, señor Presidente, comentado por todos
los portavoces, aquí está replanteándose la propia esencia del
modelo de ejército que empecinadamente el Grupo Socialista
pretende mantener. Este modelo de ejército, el de recluta
obligatoria, va a terminar quebrando por la propia fuerza o
evolución de los hechos y por el crecimiento espectacular del
número de objetores que ya constituye algo increíble en
términos comparativos, la mitad del contingente de recluta
obligatoria, y por el incremento, también espectacular, de los
insumisos.
Porque, ¿qué ocurre y cuál es otra de las deficiencias o las
más características de la legislación reguladora de la
objeción de conciencia? El mayor gravamen, la mayor
onerosidad, en términos de Derechos Civil, que supone para los
objetores la prestación social sustitutoria en relación al
servicio militar obligatorio; mayor onerosidad, mayor gravamen
en materia de duración y en materia de condiciones de
ejercicio.
También, de forma muy pertinente la proposición de ley de
Izquierda Unida corrige esta disfunción que atenta contra el
principio de igualdad ante la ley, que atenga seguramente
contra el principio más elemental, principio general de
derecho de equidad.
Por esa razón, vamos a votar a favor de la proposición de ley
presentada por Izquierda Unida. Nos parece una muy buena
proposición. Nos parece especialmente sugestivo en el texto de
esta proposición de ley, en primer lugar, la admisión de la
objeción de conciencia sobrevenida, aquélla que puede
practicarse durante el servicio militar; es algo que mi Grupo
Parlamentario, a través de múltiples iniciativas, en
anteriores legislaturas, ha solicitado expresamente. La
equiparación exacta del tiempo de duración de la prestación
social sustitutoria al servicio militar, este es un
requerimiento de la justicia material más elemental. Nos
parece muy pertinente que se haga así.
Nos parece muy sugerente también la potestad de atribuir
competencias a las comunidades autónomas, que es un debate
especialmente dilecto para nosotros y que nos produce, señor
Presidente, usted lo comprenderá, especial alegría por la
escasez de articulación de discursos de esta naturaleza en
esta Cámara. No es frecuente que alquien propugne --un partido
no nacionalista, al menos-- discursos o configure las
proposiciones de ley, incluso en materias donde la
distribución competencial es discutible, reconociendo
competencias autonómicas.
La señora Rodríguez --no me gustaría provocar una réplica-- ha
planteado una argumentación discutible, incluso jurídicamente
tramposa. Ha planteado una cuestión de juridicidad, indicando
que es una ley orgánica (el rango jurídico formal de la ley
delegadora de competencias tiene que ser orgánica, es verdad,
ése es un requerimiento constitucional), pero lo que no ha
percibido, lo que no ha dicho, es que la proposición de ley
que presenta el Grupo de Izquierda Unida prevé la posibilidad
de la delegación, no provee a la delegación material. La
delegación material tendrá que articularse a través de una ley
orgánica, sin ninguna duda, pero no la ley en la que se prevea
una distribución competencial que no tiene que poseer,
necesariamente, este rango jurídico formal. Luego la
argumentación de juridicidad de la portavoz del Grupo
Socialista no nos parece correcta. Este fenómeno se está
descontrolando. Creo que es percibido por las autoridades
políticas y particularmente por el Ministro de Justicia con
preocupación. Es un factor que está provocando un incremento
de la insumisión. Esto es mucho más disolvente para el modelo
de ejército que empecinadamente sigue defendiendo todavía el
Partido Socialista. Antes de que esto se termine de
descontrolar
definitivamente es pertinente, es oportuno, señor Presidente,
que proposiciones de ley como ésta tengan la debida
consideración. Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Olabarría. Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene
la palabra el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, señoras y
señores Diputados, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya trae de nuevo a la Cámara, por
primera vez en esta legislatura, el debate de la reforma de la
Ley 48/1984,
reguladora de la objeción de conciencia y de la prestación
social sustitutoria. Se trata de un debate que, como se ha
dicho por anteriores intervinientes, no es nuevo, puesto que,
en la anterior legislatura, diversos grupos y el propio
Parlament de Cataluña propusieron iniciativas parlamentarias
en la misma dirección.
Estamos ante una Ley que ya desde sus comienzos ha sido
conflictiva. Sólo hay que recordar el difícil camino que ha
tenido que recorrer el ejercicio del derechoa la objeción de
conciencia desde que la Constitución de 1978 lo reconoció. La
Ley actual, que no fue aprobada hasta el año 1984, nació en
medio de la crítica, no sólo de algunos grupos parlamentarios
de la oposición, sino también de los grupos sociales
afectados. El Defensor del Pueblo interpuso recurso de
inconstitucionalidad contra la misma, recurso que fue
desestimado por el Tribunal, aunque debo recordar --como ha
hecho también algún otro
interviniente-- que la sentencia no decía que una ley distinta
a la aprobada debiera ser inconstitucional, sino que,
simplemente, la Ley encajaba en las disposiciones y el
espíritu de la Carta Magna. Tras dicha sentencia, el
reglamento que desarrollaba la Ley, como saben SS.SS., fue
suspendido por el Tribunal Supremo a instancias de la
Asociación de Objetores de Conciencia, que no había sido oída
en el trámite de su
elaboración. Todo ello ocasionó que un derecho reconocido en
el año 1978 no empezó a ser ejercido con una cierta normalidad
hasta 11 años después, hasta el año 1989. Simultáneamente, se
declaró exentos de la prestación social sustitutoria a los
cerca de 24.000 objetores, a los que, al amparo de la
Constitución, se les había reconocido su derecho, pero que no
habían podido realizar la prestación porque no se había
procedido a desarrollar
legalmente su ejercicio.
Tras este brevísimo, pero que considero necesario, repaso de
una historia cargada de despropósitos, y viendo cuál es la
realidad del ejercicio de este derecho hoy en día, nos daremos
cuenta de los múltiples problemas que todavía está creando su
puesta en práctica porque aún no se ejerce con plena
normalidad. De un lado, los objetores de conciencia padecen la
inseguridad de no saber cuándo podrán incorporarse a la
prestación, a pesar de habérseles reconocido su condición, lo
que les imposibilita, por ejemplo, a algo tan importante como
planificar sus vidas en un momento crucial de toda persona,
que es el de la juventud. Reconocía la semana pasada en su
comparecencia ante la Comisión de Justicia el Director General
de Asuntos Religiosos y Objeción de Conciencia --comparecencia
solicitada por este Grupo
Parlamentario-- que esa demora era, nada más y nada menos, que
de entre 24 y 36 meses. Ello es grave, pero aún lo es más si
tenemos en cuenta que a finales del año 1991, si no recuerdo
mal, en el mes de diciembre de ese año, la Comisión de
Justicia de esta Cámara aprobó una proposición no de ley, a
iniciativa también del Grupo Parlamentario Catalán, a la cual
se introdujo una enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista, en la que se instaba al Gobierno a
adoptar de forma urgente las medidas necesarias para acelerar
el proceso de distribución de los efectivos anuales de
objetores reconocidos y eliminar la incertidumbre en la fecha
de incorporación a la realización de la prestación social
sustitutoria. Han transcurrido más de dos años desde entonces
y la dimensión del problema continúa siendo exactamente la
misma, si no mayor.
De otro lado, esta situación de inoperatividad está generando
muchas veces la sensación de que declararse objetor supone
tanto como no hacer nada, lo que, además de que no debería ser
cierto, es radicalmente contrario al espíritu de un derecho
como es el de la objeción de conciencia, con un alto
componente solidario y de servicio a la sociedad.
¿A qué se debe esta situación de inseguridad, incluso de
cierto colapso de la prestación? Desde mi punto de vista, al
hecho de que el Gobierno se ha tomado a broma la objeción de
conciencia, y permítanme que sea tan contundente en mi
afirmación. Supongo que una oculta voluntad en el inicio de
mantenerlo como algo residual ha conllevado que no se dedicara
al mismo el esfuerzo material, es decir, dinero y personal,
necesario. Se
desaprovecharon, por ejemplo, los cinco años que iban desde la
aprobación de la Ley en 1984 hasta que por primera vez se
empezó a realizar la prestación social sustitutoria, en 1989,
para organizar una estructura capaz de organizar todo lo
referente al ejercicio de este derecho. La infraestructura se
creó,
evidentemente, pero me estoy refiriendo a una infraestructura
capaz de administrar con eficacia y dar respuesta a los
problemas que se preveía que se iban a plantear en el futuro.
Las
consecuencias de este desinterés ya las conocemos. Ahora se
nos anuncia --lo hacía el Director General la semana pasada--
un plan de normalización de la gestión administrativa de la
prestación social que está pendiente de la aprobación del
Consejo de Ministros; un plan que pretende mejoras
administrativas,
modificaciones reglamentarias, descentralización en la gestión
y aumento de plazas para la realización de la prestación. No
le queda otro remedio a este Grupo Parlamentario que confiar
en que el plan llegue a buen puerto y sea eficaz. Pero ¿por
qué han tardado tantos años en proponer algo así si llevamos
años advirtiéndolo y reclamándoles algo similar? Es una
pregunta que formulo en voz alta y que seguramente no tendrá
respuesta. En definitiva, la esperanza de que todos estos
problemas se resuelvan la deposito más en el hecho de que la
situación de colapso a que hemos llegado obliga a ello que en
una convencida voluntad política por parte del Gobierno.
Además de la resolución de estos problemas queda pendiente la
reforma de la Ley 48/1984 que, desde nuestro punto de vista,
es insuficiente y que debe y puede ser mejorada en muchos
aspectos, tanto en aquellos que han de posibilitar el
ejercicio del derecho en toda su amplitud, como en aquellos de
otra índole, más prácticos, pero de suma importancia,
relativos, por ejemplo, a los sectores en donde se puede
realizar la prestación. Quiero recordar que hay presentada en
el Registro de la Cámara una iniciativa de nuestro Grupo
Parlamentario en dicho sentido. Todo ello, acompañado de una
mejora sustancial en la gestión por parte de los poderes
públicos, lo que ahora para nosotros es prioritario, haría del
ejercicio de este derecho algo normal y no, como es a menudo,
una auténtica carrera de obstáculos. En definitiva, señor
Presidente, señorías, no se puede
desaprovechar toda la energía potencial que representa la
objeción de conciencia, que puede contribuir a corregir tantos
déficit de nuestra sociedad. Incluso, y como decía el anterior
director general, la posibilidad de que el Estado del
bienestar siga ofertando cada vez más y mejores servicios
probablemente depende de que sepa aprovechar toda la energía
representada por estos colectivos. Además, la incentivación
del voluntariado pondría en primer plano como valores
estimados socialmente la generosidad y la solidaridad,
constituyendo un importante instrumento de vertebración
social. La prestación social
sustitutoria de los objetores de conciencia, si se hace bien,
puede ser la punta de lanza hacia la normalización del
servicio civil al que se refiere el número 3 del artículo 30
de la Constitución. No la desaprovechemos.
Nada más.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Recoder. Para la defensa de la posición del Grupo Popular,
tiene la palabra el señor Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, mi Grupo parlamentario tiene muy claro que la
Constitución consagra el derecho no sólo a que las personas
sustenten la ideología o religión que libremente elijan, sino
también que los comportamientos personales, en cuanto no
lesionen ningún bien social, se ajusten a las propias
convicciones. En previsión de que la prestación del servicio
militar resultara contradictoria con las convicciones
religiosas o ideológicas, la Constitución ampara el derecho
individual a la objeción de conciencia. Sin embargo, como su
ejercicio no puede prevalecer sobre el deber y la
responsabilidad de concurrir al cumplimiento de obligaciones
colectivas, el reducido grupo de naciones que amparan este
derecho, entre las cuales, por cierto, no se encuentra ninguna
de las llamadas del socialismo
real o vinculadas a regímenes comunistas, o afines a la
ideología que ostenta el grupo que presenta esta proposición,
como decía, esos países, limitados en su número, que reconocen
este derecho, acompañan su reconocimiento con el
establecimiento de una prestación social sustitutoria para
evitar que la objeción se convierta en expediente de amparo
para la insolidaridad, para el egoísmo o para la cobardía.
La objeción de conciencia, señorías, es una conquista de los
sistemas democráticos y de las sociedades libres y esa
conquista no podría ser un hecho cierto sin los pilares que
sustentan a esas mismas sociedades libres, entre los cuales no
son los menores precisamente unas instituciones fuertes, una
legislación respetada y un compromiso auténtico con la defensa
nacional. La situación actual en nuestro país respecto a la
objeción de conciencia y a la prestación social sustitutoria
es de ausencia práctica de acatamiento a la legalidad, de
incumplimiento sistemático de la normativa vigente, de
ineficacia administrativa generalizada, de discriminación
arbitraria y de desconcierto general en la población,
específicamente entre los jóvenes. Y la imagen que está dando
el Gobierno es de total incapacidad política para dar salida a
la situación actual y de resignación ante los acontecimientos
que le superan, como este mismo fin de semana afirmaban altas
autoridades de la Administración del Estado.
El partido que represento y su Grupo parlamentario es muy
consciente del extremo al que han llegado las cosas en este
país y, en el ejercicio de nuestra responsabilidad como
alternativa de gobierno, debemos denunciar la actual
situación, las causas que nos han llevado a la misma y buscar
salidas para ello, dada la ausencia de ideas y la parálisis
gubernamental. Estamos ante un problema muy delicado y la
solución al mismo no está
precisamente en el contenido de la proposición de ley que aquí
debatimos, que acentuaría, sin duda, el colapso institucional
y que ahondaría aún más en la problemática que vivimos, pero
tampoco está en la permanencia de un sistema que mantiene a
buena parte de la juventud española en una situación que
hipoteca su futuro inmediato, con jóvenes que esperan durante
meses un llamamiento a la prestación social sustitutoria que
nunca llega, con jóvenes que arrastran penas de cárcel por
insumisión, que unos cumplen y otros no, con jóvenes que
contemplan situaciones generalizadas de arbitrariedad, con
jóvenes que realizan su servicio militar mientras otros no
hacen absolutamente nada, en definitiva, con jóvenes que dudan
de que las leyes en vigor contribuyan a un marco válido de
referencia.
La situación práctica a la que nos hemos visto abocados es
ciertamente muy compleja. Esta ley, se afirmaba aquí hace unos
momentos, no está funcionando. Sinceramente, creo que, al
hablar de esta cuestión, hay que distinguir dos aspectos
esencialmente distintos. El primero, el que hace referencia en
la propia ley al reconocimiento del objetor, al procedimiento
del ejercicio al derecho efectivo de la objeción. Creo,
señorías, que el
espectacular aumento de objetores en nuestro país en los
últimos años, que ha superado completamente las previsiones,
es
suficientemente significativo al respecto. No hay parangón, se
ha dicho, en ningún país europeo con esta situación. Yo diría
precisamente que la ley está funcionando demasiado bien; si
entendemos que su objetivo es el reconocimiento al pleno
derecho a la objeción de conciencia, sin duda SS.SS.
imaginarán que es muy difícil presentar un sistema que sea
capaz de generar tantos objetores y con tanta facilidad como
lo ha hecho la ley vigente. Por tanto, la consideración que
nos merece la Ley en este sentido es que resulta esencialmente
válida. Otra consideración distinta nos merece la parte de la
Ley que hace referencia a la gestión de la prestación social
sustitutoria, que es el gran punto oscuro, el gran agujero
negro de esta legislación, y no por su redacción sino por el
desarrollo y la articulación que el Partido Socialista y el
Gobierno al que sustenta ese Partido han sido capaces de
desarrollar en estos últimos años. Algo está fallando en esta
cuestión, pero mi Grupo no piensa tanto que esa
deficiencia se encuentre en el ordenamiento jurídico vigente,
que sin duda es mejorable y es posible que sea necesario
hacerlo, sino más bien en su aplicación por la Administración
o por los propios tribunales de Justicia.
Sin dudar de la persistente buena fe de la iniciativa de
Izquierda Unida, cabe decir que la opción que en ella se
contempla y se perfila puede ser legítima, pero desde luego no
es en absoluto la nuestra. Las deficiencias en que pretende
apoyar su presentación no se subsanan con su aplicación, sino
que pueden provocar una situación aún más complicada para
nuestro ordenamiento jurídico. El pretendido progresismo en el
que intentan apoyarla resulta un tanto discutible por cuanto
nos convertiríamos con su aplicación en un país con una
legislación de la objeción que contemplaría una situación sin
parangón en ningún otro país del mundo. Ustedes, señorías de
Izquierda Unida, lo piden todo haciendo gala al mismo tiempo
de un escaso realismo y de una menor responsabilidad. Además,
su proposición de ley incide en conocidos y reiterados debates
sobre aspectos que, desde nuestro punto de vista, resultan ya
un tanto vanos y alejados de la realidad. Seguimos debatiendo
en esta Cámara una y otra vez sobre la objeción sobrevenida sí
o no y, mientras la ley la prohíbe taxativamente, en la
práctica existe por cuanto ningún mando militar en este país
se siente moralmente respaldado para hacer frente a los pocos
casos que se producen de la misma. Seguimos debatiendo sobre
la duración de la prestación social sustitutoria en relación
al servicio militar y, en la práctica, lo que de verdad está
ocurriendo es que la inmensa mayoría de
los jóvenes no realizan tal prestación, ni corta ni larga ni
de tipo medio, y si lo hacen, se ausentan, no respetan
horarios o simplemente no hacen nada útil para la sociedad.
Seguimos hablando de la sancionabilidad de los insumisos y,
mientras tanto, existen decenas de miles de insumisos
prácticos, porque no se les deja por parte de la
Administración competente realizar la prestación sustitutoria,
y a otros los propios jueces les están diciendo que, piense lo
que piense el Parlamento al respecto, no son acreedores a
sanción alguna. A la vez, la mitad de los españoles, las
chicas, no piensan que esta historia les afecte en absoluto.
En definitiva, señorías, podemos asistir a floridos debates en
este Parlamento sobre el alcance y la relevancia del derecho a
la objeción de conciencia... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor
Burgos. Por favor, señorías, silencio. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Podemos seguir asistiendo a floridos
debates sobre el alcance y relevancia del derecho a la
objeción, sin limitaciones y sin condicionamientos, pero mi
Grupo prefiere venir aquí hoy a pedirle al Gobierno
responsabilidad para formular respuestas que agilicen el
cumplimiento de la prestación social sustitutoria. La actual
ley lo hace posible y es sólo la incapacidad del Gobierno
socialista la que ha supuesto el mayor obstáculo para su
aplicación. Y no puede ser tan difícil realizar la prestación
social sustitutoria en un país como el nuestro, que si por
algo se caracteriza es por una carencia dramática de servicios
sociales y por la existencia de importantes bolsas de
población en situación técnica de pobreza o de marginación
social.
Señoras y señores Diputados, lo que sí me gustaría es que la
prestación social sustitutoria no sirviera, como en algunos
casos, para que jóvenes hicieran la misma en las sedes
provinciales del Partido Socialista. Creo que, en algunos
casos, convendría que los dirigentes del Partido Socialista se
ahorraran su discurso de buenas palabras y, con el esfuerzo de
ese ahorro, se aplicaran con mayor rigor a la discusión y,
sobre todo, a la solución de los problemas con los que tenemos
que enfrentarnos. Aplíquense SS.SS. del Partido Socialista y
del Gobierno a dignificar nuestro servicio militar y a
devolverle la confianza de los ciudadanos. Aplíquense a
resolver las deficiencias y los anacronismos de esa prestación
social sustitutoria. Y aplíquense --por qué no-- a un
reconocimiento abierto a la objeción como algo normal y que
merece el trato que se corresponde.
Pretender que esta problemática se resuelva deshaciendo el
modelo vigente y apoyando propuestas como las contenidas en la
proposición de ley de Izquierda Unida, simple y llanamente, es
un absurdo. Los problemas, desde nuestro punto de vista,
básicamente son de gestión y no de reforma legislativa, lo
cual no implica que la ley no necesite retoques, pero no en la
dirección que establece su proposición de ley ni tampoco --y
quiero decirlo con toda claridad y toda contundencia-- en una
dirección limitativa del derecho al ejercicio de la objeción.
Para nada la posición del Grupo Parlamentario Popular será
limitar en ningún caso el derecho a la objeción de conciencia.
Lo que sí resulta necesario en estos momentos es prestigiar,
como digo, modernizar y mejorar nuestro servicio militar,
hacer frente a tantas promesas incumplidas en relación con
estas medidas, para convertirlo, de verdad, en una opción
atractiva, aceptable y socialmente respetada en nuestro país,
mejorar urgentemente la gestión, desde la Oficina de la
prestación social, desde el Consejo Nacional de objeción de
conciencia, adecuando su
respuesta a la demanda, diversificando realmente la oferta de
plazas e introduciendo posibilidades inéditas, rentabilizar,
señorías, la utilidad social...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Burgos, termine
ya, por favor.
El señor BURGOS GALLEGO: Voy acabando, señor Presidente.
Decía que es necesario rentabilizar la utilidad social de la
prestación, utilizar los mecanismos de control que afronta la
propia legislación vigente y dar, finalmente, una respuesta
consensuada y satisfactoria al fenómeno de la insumisión. Esa
es nuestra opción, señorías, ésa es la que nos lleva a tomar
nuestra posición contraria a la toma en consideración de la
proposición de ley de Izquierda Unida y la que nos lleva a
pedirle al Gobierno, una vez más, antes de que sea
definitivamente tarde para nuestro país, responsabilidad,
responsabilidad y
responsabilidad. Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señorías, finalizando
el debate de la proposición de ley de Izquierda Unida, vamos a
pasar a su votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación relativa a
la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre reforma de la
Ley reguladora de la objeción de conciencia de la prestación
social sustitutoria. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 302; a favor, 40; en contra, 261; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS PARA PALIAR
LOS EFECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES QUE AFECTAN A LAS FLOTAS
ESPAÑOLAS, PRODUCIDAS COMO CONSECUENCIA DE LAS PARADAS
BIOLOGICAS, RECOGIDAS EN EL CONVENIO DE PESCA EN VIGOR, ENTRE
LA UNION EUROPEA Y EL REINO DE MARRUECOS DE FECHA 1 DE MAYO DE
1992 (Número de expediente 162/000076)
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Proposiciones
no de ley. Proposición del Grupo Socialista sobre medidas para
paliar los efectos económicos y sociales que afectan a las
flotas españolas, producidas como consecuencia de las paradas
biológicas, recogidas en el Convenio de Pesca en vigor entre
la Unión Europea y el Reino de Marruecos.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Méndez. (El
señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor MENDEZ MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, la actividad de las flotas españolas que faenan en
los caladeros de otros países ha venido evolucionando en los
últimos años de manera muy sensible como consecuencia de un
conjunto de factores entre los que cabe citar, como más
oportunos al caso que planteamos, la aplicación de las nuevas
normas internacionales procedentes del derecho del mar; los
cambios políticos producidos en aquellos países en los que
nuestra flota ha tenido presencia tradicionalmente; la
modificación de la forma en la que se fijan los precios del
pescado; la aparición de nuevas flotas de países productores,
que antes no lo eran; el mayor control que sobre la
explotación de sus recursos ejercen sobre sus caladeros esos
países y otros factores entre los que destacaría el mayor
grado de concienciación existente acerca de la necesidad de
evitar la sobrepesca y permitir, por tanto, la regeneración de
los
caladeros.
Este cambio de situación internacional respecto de la pesca ha
supuesto que la Unión Europea haya ido adoptando en estos años
políticas cada vez más globales en los acuerdos que ha tenido
que suscribir y que, para evitar también el estancamiento de
las flotas, haya producido una importante diversificación de
los caladeros a los que en estos momentos es posible acceder.
Ese acceso a los caladeros de otros países está exigiendo,
además, el abandono de una vieja concepción del pago de
cánones por la existencia de nuevos compromisos en materia de
desarrollo, de la propia capacidad pesquera de esos países con
los que convenimos la entrega de tecnología para sus propios
avances y también la entrega de sistemas de control y de
desarrollo de las infraestructuras portuarias.
Se trata, en suma, y he querido citarlo, de la aparición de
los criterios de reciprocidad en materia de obtención de los
recursos pesqueros. Todo ello, por tanto, ha obligado a las
diferentes flotas a adoptar estrategias de adaptación,
transformación y de contingentación para seguir accediendo a
los caladeros históricos o a aquellos otros a los que en estos
años hemos tenido acceso, como consecuencia de nuestra
incorporación a la Unión Europea. Podemos afirmar, por tanto,
que existe en estos momentos un mayor coste en el esfuerzo
pesquero, que está siendo asumido por la propia Unión Europea
a través del pago de mayores compensaciones a los países
convenidos o de ayudas estructurales a las flotas afectadas,
pero también ese mayor coste está siendo asumido por las
propias empresas pesqueras y, finalmente, por los
consumidores al repercutir los mayores costes, que cito, sobre
los precios finales.
También conviene señalar, como preliminar de esta proposición,
que la entrada de España en la Comunidad Europea ha supuesto
la reconsideración de nuestra política tradicional en materia
pesquera. Hoy nuestra política pesquera es política común, y
es en el marco de la Unión Europea en el que se están
adoptando ya las decisiones que afectan a nuestros intereses
pesqueros. Este contexto general, aplicable a cualquiera de
nuestras flotas, es especialmente significativo por lo que se
refiere a la situación que vive, que atraviesa la flota
española en aguas marroquíes.
Quiero recordar a SS.SS. en que los caladeros marroquíes
faenan alrededor de unas 650 embarcaciones españolas, que
ocupan aproximadamente a 10.000 tripulantes, y que tienen sus
bases operativas habitualmente en Andalucía, Canarias,
Levante, Ceuta y Melilla, si bien la procedencia de esas
flotas sea
habitualmente la Comunidad gallega o también la vasca. Es lo
cierto también que esa presencia que he citado nunca es
simultánea pero, en todo caso, sí da cumplida cuenta de la
importancia de ese caladero para nuestros intereses pesqueros.
Faenan allí también buques portugueses, franceses, holandeses,
daneses, griegos, y la flota marroquí se ha convertido a lo
largo de estos años en una flota importante en la medida en la
que alcanza ya la cifra de 150 embarcaciones.
Quiero recordar a SS.SS. que alrededor de un tercio del
pescado fresco que consumimos procede de esas aguas y que
nuestra cuota de exportación en materia de cefalópodos, por
ejemplo, a Japón, a Italia e incluso a Portugal, es
francamente relevante.
Pues bien, existe al respecto un acuerdo pesquero vigente
entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos, suscrito en el
año 1992, por un período de cuatro años, que viene funcionando
en régimen de normaldad y diría que satisfactoriamente. Entre
sus contenidos, quiero destacarles a SS.SS. que el acuerdo
dispone la existencia de paradas biológicas programadas, con
una duración de dos meses, introduciendo además un estricto
calendario en función de las zonas, las especies pesqueras y
el tipo de flota. Ahora bien, la existencia de estas paradas
no significa que esta actividad, tradicional en nuestra flota,
sea de temporada o de campaña. Estas paradas que he citado son
extensivas a todas las zonas y modalidades de pesca, excepción
hecha de la pesca artesanal y de los atuneros cañeros.
Hay que destacar que durante esa parada biológica la flota
afectada cesa en su actividad, los tripulantes tienen acceso a
las prestaciones por desempleo y se mantienen, por tanto, las
obligaciones sociales de la empresa pesquera con toda su
plantilla. No se trata de una innovación --decía hace un
instante--, toda vez que el acuerdo pesquero del año 1988 ya
incluía estas paradas, si bien durante períodos más cortos y
variables. Pese al esfuerzo de España por intentar reducir la
parada en el actual acuerdo al período anterior de un mes, y
permitir con ello la regeneración del caladero, no fue
posible, desde el criterio de evitar la sobrepesca y la
esquilmación de los bancos. Creemos que esa falta de
posibilidad de acuerdo con esa materia no es relevante si
dicha parada es respetada por todas las flotas, incluyendo la
marroquí, para que no exista deslealtad en el acceso a los
mercados durante el tiempo de la parada biológica.
Quiero destacar, por tanto, en este contexto, que es lo cierto
que la flota no ha terminado de adaptarse todavía a este
sistema, ni se ha organizado de modo que el tiempo de
inactividad forme parte de su propio programa de actividad
normal. Existen
disfunciones que es necesario tener en cuenta a la hora de
exigir a esa flota su adecuación a la nueva situación
dispuesta en el acuerdo.
Creemos que hasta que no desaparezcan esos efectos negativos
que el impacto del citado acuerdo ha producido en la flota, la
misma debe recibir todo el apoyo posible para reducir sus
repercusiones sociales y económicas, las que en estos momentos
se están produciendo. Consideramos, además, que el objetivo
para esa flota no puede ser otro que el de conseguir la plena
normalización de su actividad pesquera. Esa normalización debe
incluir,
inexorablemente, las consecuencias económicas y sociales de la
parada biológica programada, tiempo durante el cual creemos
que las tripulaciones deben concentrar sus períodos de
descanso anual, atender a los programas de formación
ocupacional y también a los programas de sanidad marítima
previstos. En suma, convertir los efectos negativos de tales
paradas en actividades
normalizadas de la flota. Insisto sobremanera en este aspecto:
el marco en el que se desenvuelve la actividad pesquera en
aguas marroquíes está, de presente y de futuro, nítida,
claramente dibujado, y no va a verse alterado en el futuro de
forma
sustancial. Por ello, cabe exigir a las empresas pesqueras que
lleven a cabo un esfuerzo de racionalización y de ordenación
de sus actividades, con la perspectiva de un esfuerzo pesquero
que sin duda en el tiempo habrá de ser más reducido, pero que
puede ser también, al tiempo que reducido, más selectivo.
Creemos que las flotas deben hacer por sí mismas ese esfuerzo,
pero contando con el apoyo comunitario y con el apoyo
nacional. Del mismo modo que creemos que no es posible
mantener a las flotas bajo un paraguas protector
permanentemente, ni es posible pensar (nadie debe hacerlo) que
el erario público soporte indefinidamente el mayor coste que
la nueva situación pone de manifiesto.
Se trata, en suma, de hacer que las paradas sean un elemento
estructural en la actividad de la flota, no conyuntural, sino
un elemento de naturaleza previsible y, por tanto, se integre
plenamente en la organización del trabajo de las empresas
pesqueras.
También insisto, para que no haya duda, en que nadie debe
pensar que durante esa fase de adaptación que estoy citando
existe la suficiente voluntad política para apoyar un proceso
de
reordenación de las flotas a las que me refiero. Es más, en el
momento actual los representantes del sector saben que
disponen de ayudas a través de la Secretaría General de Pesca
Marítima porque, a propuesta del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, se han ido adoptando recientemente en
estas últimas semanas un conjunto de medidas para relanzar la
actividad en esos caladeros y obtener también un mejor
aprovechamiento de los contenidos del acuerdo.
Quisiera destacar en estos momentos el bloque de medidas que
están propuestas y que conoce el sector: el apoyo financiero
urgente y excepcional, con bonificación de intereses y aval a
bajo coste, que saben que existe; el acceso prioritario a las
ayudas estructurales de apoyo previstas en la legislación
comunitaria, destacando las que afectan a la renovación y
modernización de las flotas; las campañas de promoción de
consumo; y también la elaboración de un estudio urgente, que
ha sido debatido y aceptado en el Senado, sobre la situación
de estas flotas, en el que deben participar tanto la
Administración Central como las autonómicas y, evidentemente,
los representantes del propio sector.
Se trata, en suma, señorías, de hacer que la capacidad
pesquera de nuestras flotas en Marruecos se adecue a las
posibilidades y planes de captura recogidos en el acuerdo. Se
trata también de paliar una situación extremadamente difícil,
al coincidir en el tiempo el reinicio de la actividad pesquera
tras la parada biológica
programada, con la no existencia de los ingresos procedentes
de la actividad que no ha existido en esos dos meses y también
la obligación de abonar en ese momento los derechos de pesca,
los cánones, la licencia, así como la contribución al programa
de observadores.
En la proposición que traemos hemos creído conveniente
destacar la voluntad del Parlamento para apoyar la situación
que
atraviesan nuestras flotas y sentar criterios concretos de esa
voluntad de apoyo.
Creemos que la situación que he referido de los caladeros
marroquíes que faenan en dichas aguas no es exclusiva y, por
tanto, hacemos extensiva la recomendación contenida en nuestra
proposición respecto de aquellas situaciones similares en las
que el nuevo contexto de trabajo pesquero internacional, al
que me he referido, produzca efectos similares al que ahora
analizamos de esta flota afectada por los contenidos del
acuerdo de la Unión Europea y Marruecos. Nuestra propuesta,
por tanto, es un apoyo equivalente a aquellos costes que
asumían el pasado año respecto al pago de las cuotas sociales
a las que se hacía frente durante la parada por vía de la
exoneración de las mismas.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Méndez, vaya
terminando.
El señor MENDEZ MARTINEZ: Termino, señor Presidente.
Una recomendación: que el criterio se haga extensivo al resto
de las flotas en la misma situación, pero insistiendo en lo
siguiente: en que una correcta ordenación de la actividad
anual de las flotas debe repercutir positivamente sobre el
conjunto de los intereses presentes en la empresa pesquera. De
este modo, creemos que las paradas biológicas programadas
pueden convertirse en el período en el que por las empresas se
desarrollen aquellas actividades de mejoramiento del buque y
de las tripulaciones, garantizando así la seguridad de los
buques, pero también esencialmente los descansos vacacionales
anuales de los
tripulantes, la mejora de la capacidad profesional de las
tripulaciones, aplicándose para ello los programas de
formación, si la actividad del ISM desarrollada en los puertos
lo permite, y mejorando, en suma, las condiciones de vida y de
trabajo de la gente de mar.
Me gustaría, señor Presidente, terminar diciendo que soy
consciente de que esta propuesta tal y como la relataba en
estos momentos choca con algunas circunstancias que hacen
difícil que pueda ser efectiva en el corto plazo. Es cierto
que la
atomización empresarial en la que se mueve el sector pesquero
dificulta un trabajo de ordenación de esta actividad, del
mismo modo que el bajo nivel de afiliación sindical en las
flotas hace que sea éste uno de los sectores más atrasados en
la
modernización de las relaciones laborales. También es cierto
que se trata de una actividad singular, con riesgos que no
presentan algunas otras. Ello nos lleva a enfatizar aún más en
la
importancia de que ese tipo de apoyo económico a las empresas
pesqueras para mejorar sus rendimientos no vaya
incondicionalmente hacia la actividad en sí misma, sino hacia
la obtención de aquellos beneficios que repercuten
directamente sobre los trabajadores de esas empresas, a los
que
tradicionalmente les repercute ese tipo de situaciones que se
crean de parada biológica y de carencia de ingresos y, por
tanto, que estos recursos que pudieran llegar por esta vía
vayan esencialmente dirigidos a mejoras de condiciones de vida
y de trabajo de las tripulaciones, de los pesqueros. Este es
un sector, señorías, eterna e históricamente subsidiado que
nunca progresará por sí mismo. En todo caso, los consumidores,
que son los que al final pagan la diferencia de precio, nunca
estarán por apoyar y sostener lo insostenible.
Quiero añadir, finalmente, que somos un país de tradición
marítima y pesquera, con mercados, con potencial económico,
con recursos humanos francamente expertos en la actividad
pesquera y que tenemos que saber sacar provecho de esta
circunstancia. Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Méndez, esta
Presidencia entiende que a la vez que la defensa de su
proposición no de ley, queda incluida, lógicamente, la defensa
de la enmienda presentada por el Grupo Socialista, que
modifica, por sustitución, una parte del apartado dos, y que
incorpora un apartado tercero nuevo. ¿No es así?
(Asentimiento.) Gracias. A esta proposición no de ley se han
presentado, además de las enmiendas que hemos indicado del
Grupo Socialista, enmiendas por parte del Grupo Vasco (PNV),
del Grupo Popular y del Grupo de Coalición Canaria. Por el
Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Voy a fijar la posición del Grupo Vasco en relación a la
proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista, y
comenzaré indicando que el origen de esta proposición no de
ley nace, a nuestro juicio, de una falta de comprensión
legislativa realizada por esta Cámara muy recientemente,
cuando se aprobó la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, que en su
artículo 12.2
modificaba la Ley 31/1984 de protección por desempleo.
La ley financiera que acompañaba a la de Presupuestos
Generales del Estado establecía una regulación diferente a la
tradicional existente en el ámbito de la protección social, en
el sentido de que se venían considerando todas las actuaciones
económicas pesqueras que no se podían desenvolver con
normalidad, porque se conceptuaban como una fuerza mayor
impropia derivada
de la imposibilidad de ejercer la actividad de la pesca en un
fundamento que es la existencia de una decisión de un poder
público. Esto, era a lo que la jurisprudencia del Tribunal
Supremo venía conceptuando como el «factum principis», la
fuerza de una institución, de un poder público que tenía un
efecto que generaba el que no se pudiera realizar una
actividad económica empresarial --en este caso la pesquera--
y, por tanto,
fundamentaba el que la autoridad laboral admitiese, en estos
supuestos, el que la suspensión de las relaciones laborales en
los expedientes de regulación de empleo conllevara la
exoneración del pago de los costes de la Seguridad Social en
la medida en que la imposibilidad de ejercer esa actividad
deriva de una fuerza dimanante de un poder público, en este
caso bien sería un convenio internacional en el que serían
parte Marruecos o la Unión Europea, o en otros casos, como en
el caso de la flota de los 300 que faenan en aguas de la zona
económica exclusiva de la Unión Europea, sería el estado
español o sería la propia Unión Europea.
Yo creo que el error de principio se encuentra en la
regulación que el Grupo Socialista realizó, y no admitir
nuestra enmienda de que en esos supuestos de suscripción de
las relaciones laborales devenidas por un supuesto de fuerza
mayor impropia conceptuado por el Tribunal Supremo, no
generara una cotización a la Seguridad Social, como
tradicionalmente ha sido costumbre en el sector pesquero
español.
Nosotros entendemos que el planteamiento que hace el Grupo
Socialista, y así lo hemos enmendado, quizá pueda atentar
incluso al principio de igualdad ante la norma prevista en el
artículo 14 de la Constitución, en la medida en que ustedes,
efectivamente, parten de regímenes jurídicos pesqueros
diferentes. Por un lado, tenemos el que ustedes plantean, que
es el que vincula a Marruecos con la Unión Europea, pero
nuestra enmienda expone también regímenes pesqueros que
relaciona otros Estados ajenos (entiéndase Mozambique, Guinea-
Bissau, Guinea-Conakry o Argentina) con la Unión Europea, y en
los caladeros de esos países faena flota española, faena flota
de Galicia o del País Vasco, y ustedes eso no lo recogen.
Yo entiendo que esto tiene una fundamentación, unos soportes,
y son que el Grupo Socialista está preocupado porque hay
elecciones en Andalucía y se debe proteger a la flota
andaluza, y me parece bien. Pero también va a haber elecciones
en el País Vasco y las va a haber en Galicia, en Cantabria y
en Asturias, y habrá que decir a los pescadores de la flota
que el Grupo Socialista no ha tenido a bien considerar los
regímenes pesqueros que vinculan a los pescadores de dichos
puertos con las previsiones que ustedes aquí hacen de
compensación de los costes sociales aprobados recientemente.
Por tanto, procedía no haber aprobado esa
modificación legislativa para que dos meses más tarde venga
una iniciativa, no del Gobierno sino del Grupo Parlamentario
que lo apoya, intentando no modificar el texto de la ley,
puesto que no tendría una presentación política suficiente, y
se va a la vía de la proposición no de ley para que, por medio
de la
modificación reglamentaria, se interprete ese precepto de otra
manera y se puedan vehicular unas ayudas compensatorias, es
decir, que lo que se paga por Seguridad Social, se devuelva
por ayuda pesquera, lo cual nos parece bien, pero siempre que
se haga con seriedad, con rigor, con uniformidad y
respetándose el principio de igualdad, y aquí no se ha
respetado. En ese sentido, entiendo que quizás se pueda
conculcar el principio de igualdad ante la norma previsto en
el artículo 14 de la Constitución. Se podrá decir que el
régimen pesquero previsto en el Convenio entre Marruecos y la
Unión Europea es uno, el previsto en el Tratado de Adhesión de
España a la Comunidad Europea es otro y el convenio con
Argentina es otro; de acuerdo. Pero el soporte que cada uno de
esos convenios da a la conceptuación de la fuerza mayor es el
mismo. La fuerza mayor deviene, en todos los casos, de la
existencia de una autoridad --en este caso un convenio
internacional-- que establece una inactividad, una parada por
la preservación de los recursos. Y en ese caso, ante la
legislación laboral, ante la legislación de protección social,
el concepto de la fuerza mayor es el mismo, independientemente
del régimen jurídico de los convenios pesqueros que hayan
tenido soporte previo para la conceptuación de esa fuerza
mayor impropia. Señorías, nuestro Grupo Parlamentario había
ofrecido al Grupo Socialista dos tipos de enmiendas: en primer
lugar, que se extendiera el tipo de ayudas que otorgaban no
únicamente a la cuota andaluza o canaria que faena en
Marruecos, sino también a toda la flota (gallega, asturiana,
cántabra o vasca) que faena en aguas de la zona económica
exclusiva de la Unión Europea. Y es más, también --y siguiendo
su mismo hilo argumental--, para todas aquellas flotas
españolas que faenan en aguas de terceros países, regulados
bien por convenios Unión Europea terceros países, o por
convenios regulados entre Estados --en este caso el Estado
español estaría representado por la Unión Europea--, como
puede ser la organización de pesquerías del Atlántico
noroccidental en aguas que exceden de las 200 millas de
Canadá, o en el caso del Consejo del Artico, en la zona de
Svalbard, dedicada a la pesca del bacalao.
Nosotros hemos ofrecido dos alternativas: una, más profunda,
que establece un tratamiento igualitario para toda la flota
pesquera española; y otra que entendíamos que el Grupo
Parlamentario Socialista podía tener limitaciones de todo
tipo,
fundamentalmente presupuestarias, y la circunscribíamos a la
flota pesquera del Cantábrico. Pero ni una ni otra han tenido
acogida por parte de dicho Grupo Parlamentario Socialista.
Señorías, yo quería recalcar que la flota del Cantábrico, la
flota gallega, la flota vasca y la flota asturiana, han
sufrido una reconversión muy importante, una reconversión
iniciada en el año 1980, cuando, al margen de cualquier tipo
de ayudas, se empezó con un procedimiento de acumulación de
derechos de licencias de pesca que permitían elaborar unos
planes con los cuales poder faenar en unas condiciones dignas,
y se empezó con esa acumulación sin ningún tipo de ayudas por
parte ni de las comunidades autónomas ni del Gobierno central.
Ultimamente se ha modificado la legislación relativa a la
acumulación de los derechos de pesca, y cabe la
compatibilización del desguace y de la reestructuración de los
buques con las ayudas para la
realización de esta desaparición de buques. En este sentido,
nuestro Grupo entiende que la flota pesquera española que
faena en aguas de la Unión Europea padece toda clase de
limitaciones, limitaciones en cuanto al acceso a los caladeros
y limitaciones en cuanto al acceso a los recursos, porque de
27 especies reguladas en el régimen pesquero de adhesión a la
comunidad Europea, únicamente España puede pescar siete, y
quedan excluidas especies tan tradicionales para la flota
española como el bacalao o el lenguado.
Señorías, ¿eso qué supone? Supone que existen unas
limitaciones muy fuertes, repito, para que la flota pesquera
pueda faenar, y que no se recogen, en este caso mediante un
sistema de
compensación de ayudas por los costes sociales devenidos por
las paradas obligatorias derivadas por falta de licencia, en
la proposición no de ley del Grupo Socialista. Igualmente
podría extenderme en lo que ocurre con la flota de bajura,
donde hay limitaciones para poder pescar entre el 1.º de marzo
y el 30 de junio el boquerón o la anchoa, con un número
limitado de
licencias. Para terminar, quiero indicar que, efectivamente,
nosotros entendemos, como ha planteado el Grupo Socialista,
que ante situaciones excepcionales son necesarias medidas
excepcionales, pero no únicamente para la flota que faena en
aguas de Marruecos, hay otras que están en una situación
también excepcional, y así se lo han hecho saber recientemente
al Ministro del sector, en el sentido de que es necesario
adoptar medidas compensatorias. Lo han hecho en Francia aunque
quizá no por el procedimiento más ortodoxo o reglamentario,
que era la utilización de la fuerza para conseguir ese
objetivo.
Nosotros valoramos la utilización de los mecanismos políticos,
valoramos la utilización de las vías parlamentarias, y así lo
hemos hecho en la proposición no de ley que tenemos
presentada, y que en esta ocasión no hemos hecho más que
trasladar, como enmienda a los planteamientos que ha expuesto
aquí el Grupo Parlamentario Socialista, que carecen --tenemos
que decirlo que todo rigor y con toda pena--, en este caso con
la ayuda del Gobierno, de una política pesquera diseñada de
una forma
racional, rigurosa y sensata, en la medida en que se apoya a
unos determinados pescadores, a una determinada flota, lo que
nos parece muy bien y nosotros estamos de acuerdo, pero
entendemos que esa misma situación padecen otras flotas
españolas que están necesitadas de esas mismas ayudas y que no
se recogen en la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista. Termino diciendo que quizá habrá que recordar en
esas comunidades autónomas que cuando hubo elecciones el Grupo
Parlamentario Socialista no planteó proposiciones de ley
semejantes a las que han planteado ustedes en el día de hoy.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Arqueros.
El señor ARQUEROS OROZCO: Señor Presidente, señorías,
intervengo para fijar la posición del Grupo Popular en
relación con la proposición no de ley y presentar nuestras
enmiendas.
El Grupo Socialista reconoce, en el preámbulo de su
proposición no de ley, que existen problemas que producen
efectos económicos y sociales derivados de la inactividad de
la flota pesquera española como consecuencia de las paradas
biológicas establecidas en el vigente convenio o acuerdo entre
la Comunidad Económica Europea y Marruecos, al manifestar
textualmente que los efectos económicos y sociales producidos
por la inactividad no han de verse agravados con el coste
adicional que supone el ingreso de las cotizaciones sociales
mientras dure la jornada programada. La proposición no de ley
del Grupo Socialista es, a nuestro juicio, insuficiente, pues
sólo resolvería una parte de los problemas por los que está
atravesando la flota pesquera
afectada.
Para que se hagan una idea, los barcos afectados por el
Tratado e inactivos por paradas biológicas tienen un coste
medio por unidad de 2.600.000 pesetas --cables, mallas,
varadero, limpieza de cascos, etcétera--, y además tienen que
pagar a Marruecos, por anticipado, la licencia por su
actividad pesquera. Todos estos gastos repercuten muy
negativamente en los trabajadores del mar, en los armadores,
en los pescadores y en las industrias afines, lo que puede
provocar el incremento del paro en el sector. Andalucía no
está en estos momentos como para soportar
pacientemente el aumento del paro, y, aunque no deja de ser
una situación especial ante la peculiaridad de la iniciativa
derivada del Convenio de pesca en vigor entre la Unión Europea
y el Reino de Marruecos, se estima conveniente apoyar la
proposición no de ley,
así como las enmiendas presentadas por el Grupo que nos ha
precedido en el uso de la palabra.
He de manifestar que esta es la quinta intervención en la
Cámara --en Pleno y en Comisión-- del Grupo Popular en
relación con los temas pesqueros derivados de las paradas
biológicas, que por cierto, y es un ejemplo, el Gobierno
autónomo gallego ha resuelto con eficacia recientemente
ayudando a las tripulaciones paradas y, por otro lado,
recuperando los caladeros de su litoral, algo que
desgraciadamente el Gobierno andaluz no ha hecho. El Grupo
Popular entiende que, ante la insuficiencia de las medidas
ofrecidas en esta proposición no de ley del Grupo Socialista,
es conveniente tomar otras iniciativas que sí ataquen en
profundidad el problema, y para ello el Grupo Popular presenta
cinco
enmiendas de adición, la primera de las cuales consiste en
añadir un punto tercero que diría: «A que se exija en las
negociaciones previstas en el Acuerdo pesquero CEE-Marruecos
para el próximo mes de mayo, la reducción del período del paro
biológico a un mes al año». El período de paro biológico
actual es muy dilatado, habida cuenta que en el caladero de
Marruecos únicamente lo cumplen los barcos comunitarios, no
existiendo paradas biológicas para otras flotas que faenan en
ese caladero de terceros países, como son, entre otras, la
japonesa, la rusa, la coreana e incluso los propios barcos
marroquíes, que sí pescan en período de parada biológica,
aunque el portavoz del Grupo Socialista haya dicho lo
contrario. En el mes de mayo de 1994 se han de celebrar las
reuniones previstas en el artículo 15 del Convenio de la Unión
Europea en Marruecos, y conviene también señalar que en el
anterior Convenio de 1988 las paradas biológicas eran de un
mes. La segunda enmienda también es de adición, y pretende
añadir un punto 4.º que diga: «A establecer y articular, en el
caso de que persistan en el Convenio pesquero CEE-Marruecos
las paradas biológicas, las medidas técnicas y sanitarias para
impedir la importación de pescado capturado en el caladero de
Marruecos durante el amarre de la flota pesquera española como
consecuencia de dichas paradas biológicas».
Es incoherente que, mientras los barcos españoles no faenan en
el caladero de Marruecos como consecuencia de las paradas
biológicas, se esté importando pescado capturado por otras
flotas en el mismo caladero. Conviene recordar a SS.SS. que,
como consecuencia de las elevadas importaciones de pescado
procedente de capturas por barcos de terceros países en el
caladero de Marruecos y que no respetan las paradas
biológicas, los precios en lonja de dicha pesca son similares
a los de hace quince años, mientras los costes de los barcos
han aumentado de manera sensible.
El Senador socialista señor González Laxe, como consecuencia
de una moción del Grupo Popular en el Senado, debatida el 9 de
febrero pasado, decía textualmente: Evidentemente, si
centramos bien el asunto, podemos y debemos exigir --y ahí
encontrarán a los socialistas, exigiendo-- que las medidas que
adopte la Comunidad con respecto a la aplicación del Acuerdo
pesquero con Marruecos se cumplan. Y evidentemente, si la
política de
vigilancia y control aplicable a la flota pesquera española es
rígida por parte de las autoridades marroquíes y las
autoridades comunitarias, habrá que exigir que esa política de
vigilancia y de inspección también sea rígida, completamente
rígida, respecto de otras flotas que allí operan. Eso lo decía
el Senador, excelentísimo señor González Laxe, y no tengo por
qué justificar sus palabras ni alabarlas, ahí están.
El Comisario Europeo de Pesca, de nacionalidad griega, en unas
declaraciones solicitó la ayuda de las autoridades españolas y
de la Comunidad andaluza para que se evitase la venta de pesca
capturada por terceros países durante las paradas biológicas
en nuestros puertos, ya que se hacía con ello una burla, un
fraude al Tratado de la Unión Europea con Marruecos y a
nuestros pescadores.
La tercera enmienda es añadir un quinto punto, que diría: «A
dar prioridad a los puertos pesqueros españoles afectados por
paradas biológicas de conformidad con lo establecido en el
Convenio pesquero Unión Europea-Marruecos, en la selección de
ayudas de la futura iniciativa comunitaria que se denomina
'Pesca'''' que va a introducir la Comisión Europea este año,
en favor de las zonas comunitarias fuertemente dependientes de
la pesca». Los puertos españoles se ven negativamente
afectados por los efectos del amarre de la flota pesquera,
derivada de los períodos de paro biológico establecidos en el
Convenio pesquero con Marruecos. La Comisión Europea tiene en
estudio avanzado una iniciativa denominada Pesca, como decía
antes, que casi con toda seguridad se pondrá en vigor este
año, y por la que se establecen ayudas en favor de las zonas
comunitarias fuertemente
dependientes de la pesca, como ocurre con bastantes puertos
españoles. Estas medidas de ayuda están previstas como
consecuencia de la grave crisis por la que atraviesa gran
parte del sector pesquero comunitario, y tiene pleno encaje en
los puertos andaluces, en los puertos españoles, que se ven
negativamente afectados por los amarres de la flota pesquera
en los meses de paradas biológicas previstas en los Acuerdos
pesqueros Comunidad Económica-Marruecos.
La cuarta enmienda es añadir un sexto punto, que diga: «A
negociar con Marruecos para que los armadoresno tengan que
satisfacer por adelantado los correspondientes importes de las
licencias pesqueras.» Por la fuerte crisis financiera por la
que está atravesando el sector pesquero, y muy especialmente
en el Sur de España y, en general, la economía española.
En el Convenio pesquero con Marruecos se establece que el
importe de las licencias pesqueras se tiene que pagar por
adelantado en el momento de solicitarlas, lo cual supone un
fuerte desembolso financiero de los armadores, que tienen que
empezar a pagar antes de obtener recursos derivados de la
venta de sus capturas, e incluso antes de salir a la mar a
faenar, con los consiguientes costos financieros derivados de
las peticiones de préstamos y de créditos.
Por último, la quinta enmienda es añadir un punto séptimo, que
diría: «A que establezca la parada biológica en los caladeros
del País Vasco, Asturias y Cantabria, en los que faena la
flota pesquera nacional.» Por necesidad de preservar
estructuralmente los esfuerzos pesqueros de estos caladeros.
Anuncio que el Grupo Popular lo que pretende es mejorar la
proposición no de ley y que la vamos a votar afirmativamente,
junto con las enmiendas del Grupo Socialista y del Grupo
Vasco.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Arqueros. Para la defensa de la enmienda presentada por el
Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías,
Coalición Canaria ha presentado una enmienda a esta
proposición no de ley que nos ha traído aquí el Grupo
Socialista, que nosotros vamos a votar positivamente porque la
consideramos oportuna y
pertinente; no tenemos nada que objetar al contenido de los
dos puntos que trae.
Sin embargo, hemos presentado una enmienda con una óptica en
verdad general para toda la flota pesquera española que se ve
obligada al amarre y, por tanto, al cese de su actividad
empresarial, de actividad pesquera, con los efectos económicos
y sociales, pero con una lectura muy específica de aquellas
flotas que están lo más cerca posible con base en territorio
español, peninsular o canario, del caladero marroquí.
El problema que existe actualmente con la parada biológica,
que era una cosa que se veía venir, no está solamente en sus
efectos paliativos, como pretende la proposición no de ley, en
las cuotas de la Seguridad Social, sino que la flota pesquera
tiene otra dependencia, tiene otra tributación que no es
solamente las cuotas de la Seguridad Social.
Efectivamente, ustedes, cuando recurren para justificar la
base legal en que se puede hacer esto, se van a los artículos
47 y 51 del Estatuto de los Trabajadores. Correcto. Lo que
ocurre es que el Estatuto de los Trabajadores, cuando
contempla la posibilidad de que haya un cese temporal de la
actividad laboral de una empresa y se ven esos obreros
condenados a un paro temporal, hace la salvaguarda de la
exención de los tributos a la Seguridad Social. Pero el
legislador estaba pensando en esa empresa física sobre un
territorio que no devenga una tributación a terceros. Es
distinto el problema de la flota de pesca. ¿Por qué? Porque al
cesar la actividad de la empresa pesquera, del armador y de
las tripulaciones, como tiene que estar en una ubicación que
es el puerto, ahí le coge la Ley de Puertos y de la Marina
Mercante, y ahí le cogen precisamente las tarifas portuarias,
y lo que pretende nuestra enmienda es que se haga una
bonificación en las mismas, lo cual no requiere una segunda
cláusula de recurrir al Ministerio de Economía y Hacienda para
que haga la previsión de gastos, porque aquí no va a haber
gastos, sino que se ampara en lo que dice la vigente Ley 27,
de 1992, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, que en
su artículo 66 hace referencia a los conceptos de servicios
portuarios, donde están las
disponibilidades y la asignación de puestos de fondeo, el
amarre y desamarre de los buques, el atraque y, en general, lo
que afetan al movimiento de las embarcaciones, es decir, los
buques de pesca.
Viene a señalar la sección tercera de dicha Ley, en las
tarifas por servicios portuarios (dos de los cuales son los
que he citado en el ámbito de la determinación), que la
autoridad máxima dentro de la portuaria, corresponde al
Ministerio de Obras Públicas, y ello a tenor del artículo 71 -
-y aquí le brindo al señor
portavoz, porque ustedes acertadamente en el encabezamiento de
su proposición no de ley hablan de efectos económicos y
sociales--, que en su párrafo dos dice: El Ministerio de Obras
Públicas y Transportes podrá establecer exenciones o
bonificaciones para actividades de relevante interés
humanitario o social en el tema de las bonificaciones en los
amarres en los puertos.
Nuestra enmienda la hemos singularizado, además, con un hecho
de mucha gravedad, y celebro la presencia junto a usted del
Diputado por la provincia de Las Palmas, don Carmelo Artiles.
En cuanto a la flota de cefalópodos, a la que ustedes se han
referido, Anacef tiene su base tradicional en el puerto de La
Luz y de Las Palmas. Yo no estoy haciendo aquí, y que quede
bien claro, una defensa de los intereses empresariales de
Anacef, la estoy haciendo de los intereses sociales del puerto
de La Luz y de Las Palmas. Porque Anacef ha anunciado, con las
críticas que tenga que recibir y que ya ha recibido en
determinadas
editoriales de la prensa canaria, que después de tantos años
de ganar dinero saca el 70 por ciento de su flota del Puerto
de La Luz y de Las Palmas y se la lleva a puertos
peninsulares, y han dicho que incluso el de Vigo u otros son
igual de caros que los canarios. Pero sí hay un hecho social y
es que los servicios que genera Anacef en el Puerto de la Luz
son muy importantes, y el abandono por causa de la parada
biológica y la salida de la flota, tanto de Anacef como de
otros que operan
en el caladero marroquí, va a producir un daño tremendo en
toda esa economía, de escalas y de servicios que tiene el
Puerto de la Luz y de Las Palmas, y por extensión el Puerto de
Santa Cruz de Tenerife aunque en menor medida.
Esto es lo que pedimos con nuestra enmienda, dentro del
sentido común, añadir un párrafo tercero en que se haga una
bonificación de las tarifas portuarias, concretamente en este
aspecto. Y no ya tanto por el lucro cesante que pueda tener
una empresa o una asociación como Anacef, sino por el tremendo
daño de un puerto que está soportando una penuria, como es el
Puerto de La Luz y de Las Palmas, que se encuentra con la
competencia del marroquí de Agadir, y en la misma línea del
surco que ustedes abren con su proposición no de ley, que
vuelvo a decir que apoyaremos y la considero oportuna, junto
al tema de cuotas de la Seguridad Social está la actuación
sobre la bonificación de las tarifas portuarias al amparo de
la Ley que le he citado, de la que tiene competencias el
Ministerio de Transportes. Esa parada biológica que se vaya a
aplicar en los años sucesivos va requerir esto, para que ni
Anacef ni nadie tengan un motivo para abandonar una actividad
en el Puerto de La Luz y de Las Palmas o de Tenerife. Porque
aunque la flota esté amarrada, sus tripulaciones están
generando la demanda de servicios que es muy necesario que
sigan funcionando en el puerto canario de La Luz y de Las
Palmas y en el de Santa Cruz de Tenerife. Nada más y muchas
gracias,
señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Mardones. ¿Grupos que desean fijar su posición en este debate?
(Pausa.) Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra
el señor Vidal.
El señor VIDAL I SARDO: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo para fijar la posición del Grupo Catalán de
Convergència i Unió respecto a la proposición no de ley del
Grupo Socialista por la que se insta al Gobierno a financiar
mediante una ayuda equivalente las cotizaciones de la
Seguridad Social de las empresas y trabajadores del mar
afectados por paradas biológicas de las flotas que faenan en
el caladero marroquí, paradas previstas en el Acuerdo
Comunidad Económica-Marruecos. Nuestro Grupo entiende que las
paradas biológicas, sean
realizadas por acuerdo adoptados bajo los auspicios de la
Unión Europea o por convenios internacionales o pactadas entre
las administraciones y el propio sector, todas ellas son
beneficiosas y necesarias para garantizar la supervivencia de
pesquerías cuya explotación se desea proteger y prolongar.
Entendiéndolo así, la propia Comisión de la Comunidad
Económica Europea ha mantenido líneas de ayudas para proteger
y fomentar estas paradas
biológicas, cuyo plazo para nuestro país finalizó el pasado 31
de diciembre. Esta financiación comunitaria se realizaba
conjuntamente con el Estado español hasta un 50 por ciento,
corriendo a cargo el otro 50 por ciento de los convenios entre
comunidades autónomas y el sector pesquero. Al suspenderse
esta línea de subvención y habiéndose demostrado técnicamente
efectivas las paradas biológicas, las administraciones
deberían garantizar, con ayudas como las que hoy debatimos, su
continuidad en todos los lugares donde tradicionalmente se han
realizado hasta ahora. Esta es la opinión de nuestro Grupo
Parlamentario. He hecho este preámbulo para justificar que, a
nuestro juicio, la medida propuesta por la proposición no de
ley debería ir más allá del ámbito afectado por el acuerdo
Comunidad-Marruecos, y entendiéndolo así el propio Grupo
Socialista ha enmendado su proposición ampliando sus
beneficios a las flotas que faenan en caladeros de otros
países donde se exijan también estas paradas biológicas.
Por otra parte, el Grupo Vasco, PNV, a nuestro juicio propone
una muy razonada enmienda extendiendo estos beneficios a las
flotas que están sujetas a paradas obligatorias debidas a la
falta de licencias o de autorización para faenar, derivadas de
lo
dispuesto en el Tratado de Adhesión a la Comunidad Económica
Europea, así como a las paradas que realizan los buques
españoles, obligados por tratados de la Comunidad Económica,
con países terceros no comunitarios.
A su vez, el Partido Popular presenta un conjunto de cinco
enmiendas que abarca una problemática pesquera mucho más
compleja que la planteada por la iniciativa socialista.
Nuestro Grupo, que también podría coincidir con la enmienda
presentada por Coalición Canaria, entiende que, por un
estricto sentido de justicia y de equidad, no deberían hacerse
discriminaciones ni en razón del motivo y origen de las
paradas biológicas o no biológicas, ni por razones de
ubicación
geográfica, de forma que no se impidiera el acceso a las
compensaciones de las cuotas de la Seguridad Social a todos
los sectores pesqueros que practiquen paradas biológicas u
obligatorias. Por ello se comprenderá que nuestro Grupo apoye
preferentemente las enmiendas del Grupo Vasco, PNV, en caso de
ser aceptadas por los proponentes, porque significan un
compromiso más concreto y más profundo de política pesquera y
porque se formulan de forma más coincidente con la posición de
nuestro Grupo. Pero también podemos entender que, dada la
actual coyuntura económico-presupuestaria del Estado, se opte
por una aplicación progresiva de estos beneficios, sin
renunciar a extenderlos, cuando sea posible, al conjunto del
sector pesquero, que es lo que quisiéramos entender
que significa la proposición socialista, con el añadido de su
autoenmienda.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señora
Vidal. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, el señor Andreu tiene la palabra.
El señor ANDREU ANDREU: Decía el portavoz del Grupo Socialista
que pretendía dar una solución estructural a lo que
consideraba que debería ser ya algo absolutamente
consuetudinario del sector pesquero, que era la parada
biológica. Sin embargo, no hay solución menos estructural que
la que plantea la proposición no de ley del Grupo Socialista.
Una proposición no de ley que abarca, únicamente, un aspecto
del problema, un aspecto que no deja de ser importante, pero
no deja de ser tampoco uno de los múltiples aspectos que
tiene. En ese sentido, las enmiendas que presentan los otros
grupos parlamentarios, independientemente de que podamos estar
de acuerdo o no porque dan visiones que difieren
profundamente, en algunos casos, de la que Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya tiene del problema, hay que reconocer
que sí intentan plantearlo en su globalidad.
Sí se puede plantear que puede considerarse oportunista --más
que oportuna--la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista cuando se refiere únicamente a un sector de nuestra
flota pesquera, como es el que plantea las faenas en
territorio marroquí. Nosotros, en cualquier caso, aun siendo
tan escasa y tan nimia la solución que se da en esta
proposición no de ley, la vamos a apoyar. Hubiéramos preferido
que se hubiera aceptado la enmienda que plantea el Grupo
Parlamentario Vasco, que, por lo menos, abarcaría la totalidad
de la flota española, sea cual sea el territorio o las aguas
donde se faena. Creemos que es insuficiente, en ese sentido,
la autoenmienda que se plantea el Grupo Socialista. Por
cierto, ese hecho de autoenmendarse puede ser bastante
significativo de hasta qué punto está verde la proposición no
de ley que presentan.
Creemos que esta proposición no de ley no debe ser óbice para
que se plantee con mayor profundidad el problema del sector
pesquero, y que se aborden la totalidad de los factores que
inciden y que necesitan protección dentro de este sector.
Nosotros no creemos, como parece deducirse del discurso del
portavoz socialista, que sea negativo un sistema de protección
en el sector pesquero, porque consideramos que este sector es
importantísimo dentro del panorama económico de nuestro país y
que es necesario que se planteen protecciones para que en el
futro pueda seguir hacia delante. Muchas gracias.El señor
VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Méndez, tiene la palabra
exclusivamente a los efectos de indicar si acepta o no las
enmiendas defendidas por otros grupos.
El señor MENDEZ MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Simplemente para indicar que, haciendo distinción entre ellas,
pienso que si las aceptáramos convertiríamos nuestra
proposición en algo así como un ómnibus en el que cupieran
propuestas variopintas, porque incorporan SS.SS. desde una
modificación de tarifas portuarias a una moratoria del pago de
licencias, el segundo registro de buques, etcétera. Por tanto,
me voy a limitar a indicar que nuestro rechazo de esas
enmiendas no obedece sino a que el fondo del asunto que hemos
planteado no está bien percibido en ellas. No podemos aceptar
las enmiendas propuestas por el Grupo de Coalición Canaria,
aunque agradezco que respecto del fondo haya coincidencia y
vayan a votar positivamente. Tampoco puedo hacerlo respecto de
las dos enmiendas alternativas planteadas por el PNV, porque,
efectivamente, hemos ampliado ya el contenido de nuestra
proposición y creemos que damos cabida a lo que ellos plantean
ahora. Por último, me parecen fuera de todo contenido las que
presenta el Grupo Popular, porque tienen escasa relación con
lo que hemos estado hablando esta misma tarde.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Méndez.
Vamos a pasar, en consecuencia, a la votación de la
proposición no de ley. (Pausa.--El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación relativa a la proposición no de
ley del Grupo Socialista, que se somete a votación en los
términos resultantes de las correcciones introducidas por vía
de enmienda por el propio Grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 289; a favor, 286; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, POR LA QUE
SE INSTA A LA MODIFICACION DEL ORDENAMIENTO JURIDICO ESPAÑOL
CON LA FINALIDAD DE LOGRAR UNA MAYOR PROTECCION SOCIAL Y
ECONOMICA DE LA FAMILIA COMO GRUPO FUNDAMENTAL DE LA SOCIEDAD
(Número de expediente 162/000063)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular,
por la que se insta a la modificación del ordenamiento
jurídico español con la finalidad de lograr una mayor
protección social y económica de la familia como grupo
fundamental de la sociedad. En nombre del Grupo Popular, tiene
la palabra la señora Sainz.
La señora SAINZ GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a la tribuna para defender, en nombre de mi
Grupo, la proposición no de ley que tiene la finalidad de
lograr una mayor protección social y económica a la familia. Y
lo hacemos, desde luego, porque consideramos que la familia es
una
institución social de convivencia natural y básica, que es un
núcleo de relaciones, sentimientos también, obligaciones y
responsabilidades y que juega un papel importante en la
transmisión de los valores sociales. (Rumores.)
Partimos, parte el Grupo Popular de la realidad de que en
España, igual que ha sucedido en el resto de los países
europeos, se ha producido durante los últimos años una
profunda transformación de la familia, nuclear hoy en su
mayoría, con uno o dos hijos, y un crecimiento de las familias
monoparentales...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Sainz. Ruego a SS.SS.
guarden silencio. (Pausa.) Cuando quiera S.S. puede continuar
su intervención.
La señora SAINZ GARCIA: ...Y de personas que viven solas.
También es conocida la constante reducción del número de hijos
por pareja y la caída de la tasa de natalidad, que en España
es espectacular y precisamente por ello es preocupante. El
crecimiento vegetativo en nuestro país es, con Italia, el más
bajo de todo el mundo: 1,27, y recordemos que el
envejecimiento de la población se traducirá, sin duda, en
desequilibrios sociales.
Señor Presidente, señorías, 1994 fue declarado por Naciones
Unidas Año Internacional de la Familia y se proclamó, al mismo
tiempo, el deber de ayudar a las familias en el cumplimiento
de sus funciones, de las funciones que le son propias. Nuestro
Grupo, sin lugar a dudas, se une a ello y apuesta por mejorar
la calidad de vida de todas las familias y por aumentar su
peso en la sociedad, porque estamos seguros de que con ello
contribuiremos a un país más equilibrado y a conseguir una
sociedad más libre y también una sociedad más justa.
Por otro lado, nuestro Grupo considera que la familia aporta
asistencia de forma espontánea a sus miembros, a esos miembros
hoy más necesitados, asumiendo, por tanto, con solidaridad las
funciones del llamado Estado del bienestar, que,
desgraciadamente, está en peligro de quiebra, entre otros
factores por el descenso de la natalidad y por el descenso de
la población trabajadora, que aporta a los sistemas de
seguridad social los recursos indispensables para la
asistencia necesaria, para unas pensiones de jubilación,
etcétera.
La institución familiar, señorías --cada vez más se dice y se
comenta y, desde luego, nosotros lo compartimos--, está
actuando en estos momentos en la sociedad española como
colchón y ayuda a paliar los graves conflictos que la crisis
está provocando en tantos ciudadanos españoles; se convierte
de alguna manera en un resorte de seguridad y de una
estabilidad que en este momento es importantísimo. Todo ello,
sin lugar a dudas, requiere
establecer, por tanto, una política claramente de ayuda a la
familia. ¿Y cuál es --porque me parece que España tiene que
tener un referente en los países de nuestro entorno-- la
política de los países de nuestro entorno en el área de la
familia? Todos los gobiernos europeos realizan políticas
claramente de apoyo a las familias, por razones varias; unos
se basan en principios de solidaridad, de redistribución o
también de ahorro de recursos, de respeto --y nos parece
importantísimo-- a la libertad
individual; para otros son fundamentales los objetivos
demográficos, y, sin lugar a dudas, no despreciamos a aquellos
que lo hacen también por razones de equidad de ambos sexos. ¿Y
qué sucede en España, señorías? El Grupo Popular considera que
no existe una política familiar. Pensamos que la familia ha
sido la gran castigada, en última consecuencia, del Gobierno
socialista, y, señorías, ahí tenemos los resultados, esos
resultados que hoy en día están produciendo en muchas
ocasiones una alarma social, que es el resultado de la quiebra
de la solidaridad familiar y una serie de problemas, repito,
que tienen preocupada a la sociedad y seguro que también a
todas SS.SS., porque están causando problemas muy serios en la
sociedad española.
Desde luego, señorías, si hoy presentamos esta iniciativa es
porque creemos que ayudar a las familias españolas no ha sido
considerado como algo prioritario en el marco de una política
social hasta la fecha. Lo digo con cifras que están ahí, en
las estadísticas, y que son públicas, señorías. Las ayudas
económicas a la familia en España son las más bajas de Europa
y el
tratamiento fiscal es raquítico, por calificarlo de alguna
manera en un término más cercano. En contra de la tendencia a
la universalidad, que en Europa es prácticamente general, de
manera que esas medidas abarcan a todas las familias con hijos
a su cargo, en España, lo saben perfectamente, solamente
reciben estas ayudas aquellas personas que tienen un nivel de
renta precario, y las reciben además en una cuantía también
absolutamente baja y claramente insuficiente. Por lo tanto,
señorías, esas ayudas directas, porque con la modificación
última solamente las reciben las rentas que no sobrepasan un
millón 37.000 pesetas, se enmarcan más como una política de
ayuda a ingresos mínimos familiares
que como una política de protección a la familia, que es lo
que se da en el resto de los países europeos. Por otra parte,
SS.SS. conocen perfectamente que en España no se asocia la
protección a la dependencia del hijo con respecto a la
familia, sino a la mayoría de edad, independientemente de
cualquier otra
circunstancia. Tampoco esto suele ser la norma general de los
países europeos. Así, nos encontramos con que los padres cuyos
hijos realizan estudios superiores ya no reciben esas
prestaciones; incluso, fíjense ustedes, esto está teniendo una
repercusión en las dificultades para acceder a algunos
programas de intercambio de jóvenes europeos.
Por otra parte, los incrementos en las ayudas no se producen
regular o progresivamente, sino en una cuantía insignificante,
en la medida en que aumenta el número de hijos, como suele
suceder, de una manera mucho más clara y rotunda, en los
países europeos a partir del segundo hijo y mucho más a partir
del tercero. Por otra parte, conocerán SS.SS. cómo la Ley
26/1985 suprime las prestaciones de pago único, en contra de
la tendencia europea.
Si hago una brevísima referencia a las normas fiscales,
ustedes sabrán perfectamente que no hay opción a tributar
separadamente cuando el perceptor es único. Esta situación
resulta
discriminatoria para las familias con un único perceptor de
renta frente a las que obtengan la misma renta sumadas las de
los dos cónyuges, salvo, naturalmente, si esta renta deriva
del capital. Las desgravaciones fiscales que hoy existen por
hijos son claramente insignificantes e insuficientes para la
función que las familias tienen que realizar en la educación y
en el
desarrollo de sus hijos. Por tanto, podríamos concluir que el
régimen tributario no es justo con las familias; desde luego,
no es protector en lo referido a la relación directa entre el
número de hijos y la presión fiscal. Pensamos que en él se
ignora lo que queremos que se tenga en cuenta: la dimensión
familiar. Por tanto, la necesidad, la conveniencia, si ustedes
quieren, de una política familiar no puede plantearse de cara
a un futuro incierto, lejano, cuando en toda Europa, repito,
por unas u otras razones, existe coincidencia en que es
imprescindible proteger a la familia, se está haciendo y se
están obteniendo resultados claramente satisfactorios y
efectivos.
Es cierto que me podrán decir que en determinados momentos, en
unos momentos de recesión económica, puede parecer utópico que
se solicite un aumento de subvenciones para la familia.
Aunque, señorías, si lo consideran así, tienen que tener
presente que ello nos aleja también de la homologación con
Europa. Sin embargo, estoy segura que convendrán conmigo en
que no conviene olvidar que aquí se están dando subvenciones
por encima muchas veces de las posibilidades y, desde luego,
muchas veces con una clara intención electoralista; lo ha
denunciado aquí en esta tribuna recientementenuestro Grupo. El
Gobierno, por lo tanto, no administra bien los recursos.
Pensamos que es preciso
racionalizar, ordenar y priorizar el gasto, y desde luego el
gasto, para el Partido Popular, tiene en las ayudas a la
familia una prioridad importante.
Por último, yo quiero que ustedes, en el momento de valorar la
iniciativa del Grupo Popular, piensen que la solidaridad
familiar que encierran estas medidas es una fuente de recursos
sociales que está sin explotar en nuestro país y que estamos,
además, viviendo unos momentos muy duros, como antes hacía
referencia, de un caminar hacia una quiebra del Estado de
bienestar en definitiva, no porque no haya personas que no
puedan trabajar, sino por la incapacidad de crear empleo en
este país. Las funciones de la familia suponen, además,
señorías, un ahorro para el Estado, y no olvidemos el alto
coste social que supone la disgregación familiar, la nueva
pobreza, en donde,
desgraciadamente, están a la cabeza las mujeres con hijos
solas, para las que nuestro Grupo ha venido pidiendo también
unas ayudas constantes...
El señor PRESIDENTE: Señora Sainz, le ruego concluya.
La señora SAINZ GARCIA: Sí, señor Presidente, concluyo en
seguida. No podemos olvidar que del capital humano que
representan los hijos pueden incluso derivarse beneficios
externos. Nuestro Grupo tiene claro que la política en materia
de maternidad es una suma de efectos en la que tienen que ver
todas las políticas del Gobierno. Hoy, en esta proposición no
de ley, hacemos una referencia a medidas en el terreno fiscal.
En el primer bloque solicitamos modificaciones del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, unas líneas que
esbozamos de reforma, para llegar a un acuerdo posterior, para
ayudar de manera especial a las familias a partir del tercer
hijo y cuando estos hijos son más pequeños, y desde luego
cuando tienen algunos problemas de minusvalías. Un segundo
bloque de medidas se refiere a las familias como empresarios
que son, y lo hacemos porque las pequeñas empresas no sólo son
importantes para el tejido
industrial de nuestro país, sino que sirven para el sustento
de muchísimas familias en España; esas pequeñas empresas de
carácter familiar respecto a las cuales nuestro Grupo ha
presentado constantemente iniciativas en las que se pide un
tratamiento específico para ellas. Mencionemos el Impuesto de
Actividades Económicas, señalemos también la necesidad de una
reforma para la tributación de la actividad empresarial, que
grava en estos momentos no los beneficios reales y nosotros
pedimos que se graven los beneficios reales obtenidos, y muy
especialmente en la estimación objetiva. Termino, señor
Presidente, diciendo que en los puntos 5 y 6, genérico el
primero y más concreto el segundo, nos referimos también a la
necesidad de dar una
continuidad a las empresas pequeñas familiares. Hemos
presentado hace dos semanas una iniciativa, que no tuvo en su
momento el apoyo de la Cámara; a la semana siguiente otro
grupo presentó una iniciativa que compartía la misma filosofía
y fue aprobada. Esa es nuestra filosofía, ésa es la idea en la
que en general queremos ahondar, porque sabemos que el coste
fiscal dificulta, cuando no impide porque hay que vender, la
continuidad de las explotaciones familiares. Señorías, en este
terreno también los países europeos...
El señor PRESIDENTE: Señora Sainz, le ruego concluya.
La señora SAINZ GARCIA: Sí, señor Presidente. Concluyo, por lo
tanto, diciendo que el último punto hace referencia al
problema, también importante, de la vivienda.
Queremos señalar que lo único que pretende nuestro Grupo con
esta proposición no de ley es impulsar medidas que ayuden a la
familia, comunidad base de la sociedad. Queremos, señor
Presidente, señorías, que no solamente haya buenas intenciones
en el Año Internacional de la Familia. No queremos que por
parte del Gobierno todo quede en actos de celebración. La
fiesta es buena, pero sin lugar a dudas tiene que empezar por
celebrarlo la familia con unas ayudas que de verdad mejoren la
calidad de vida, convencidos, por otra parte, señor
Presidente, señorías, de que con ello estaremos trabajando
para tener en España una sociedad cada vez más libre y más
solidaria. Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sainz.
Se ha presentado una enmienda suscrita por los grupos Catalán
(Convergència i Unió), Socialista y Vasco (PNV). Tiene la
palabra en primer lugar, por el Grupo Catalán (Convergència i
Unió), el señor Casas.
El señor CASAS I BEDOS: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Catalán presentó la pasada legislatura
una proposición no de ley en la que se solicitaba la creación
de una ponencia para estudiar la situación actual de la
familia en España y para ayudar a coordinar la celebración del
Año
Internacional de la Familia. Esta iniciativa no pudo
tramitarse por disolverse las Cámaras anticipadamente y, al
iniciarse de nuevo la actividad legislativa, el Grupo
Parlamentario Catalán volvió a presentar esta proposición no
de ley para que se creara una ponencia que estudiara la
familia. Por este motivo hemos presentado hoy una enmienda de
sustitución, juntamente con otros grupos parlamentarios, ya
que por razones de cupo y de calendario se ha visto
precisamente esta semana esta iniciativa del Grupo Popular
que, a nuestro juicio, persigue los mismos objetivos que el
Grupo Parlamentario Catalán, es decir, que se estudien todos
aquellos aspectos que rodean la situación familiar, tanto
fiscales como de vivienda, como de políticas sociales. Nos
parece más adecuado que se haga en el marco de una ponencia
que tenga tiempo y tranquilidad para estudiar todos estos
temas y recibir las sugerencias de todos los grupos
parlamentarios. Por esta razón, insisto, hemos presentado esta
enmienda, con el ánimo también de aportar nuestros puntos de
vista y más que instar al Gobierno, hacer un trabajo de
conjunto y ver si es posible entre todos los grupos presentar
unas conclusiones de ponencia que sirvan para que el Gobierno
pueda impulsar estas políticas. No voy a entrar en el fondo de
la cuestión como ha hecho la Diputada proponente --lógicamente
porque estaba defendiendo su proposición no de ley--, entre
otras razones porque lo que piensa el Grupo Catalán sobre este
tema es harto conocido por la Cámara. En reiteradas ocasiones
hemos presentado iniciativas que hacen referencia a aspectos
que rodean a la familia, incluso en el debate de los
presupuestos y de la ley llamada de acompañamiento de medidas
fiscales se introdujeron algunas modificaciones en los
proyectos de ley en atención a proposiciones del Grupo
Catalán. Será en la ponencia donde nuestro grupo se
manifieste, presente las iniciativas y someta a la
consideración de los demás grupos todos aquellos aspectos que
entendemos que pueden mejorar la situación de la familia. Creo
que será positivo que realicemos este trabajo conjunto todos
los grupos parlamentarios y creo también que es un tema que
interesa a la sociedad española; es un tema vivo, un tema al
que podemos hacer muchas aportaciones, y desde esta Cámara
podemos dar una buena solución a algunos de los problemas que
tiene planteados la familia española.
Tengo conocimiento de que el grupo proponente va a aceptar
esta enmienda de sustitución, lo que quiero agradecer porque
creo que con la actitud del Grupo Popular, en este acto, al
aceptar esta enmienda facilita que podamos aceptar, con un
amplio consenso en la Cámara, un método de trabajo con el que
todos los grupos podamos hacer las aportaciones que nos
parezcan oportunas, podamos con serenidad y con calma debatir
todos estos temas y elevar, antes de que acabe el período de
sesiones, las
conclusiones al Pleno para que sean transmitidas al Gobierno.
Creo, por tanto, que es un buen comienzo, es una buena forma
de empezar este trabajo parlamentario y espero que del
esfuerzo y el trabajo de todos --evidentemente va a haber
muchos matices distintos, porque no todos entendemos las
políticas familiares de la misma forma--, de la discusión y
del debate puedan salir algunos puntos en común que faciliten
que el Gobierno adopte medidas que satisfagan al conjunto de
la Cámara y al conjunto de la sociedad española.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Casas.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Cercas.
El señor CERCAS ALONSO: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, el Grupo Parlamentario Socialista
se ha sumado también a otros grupos de la Cámara al objeto de
sustituir la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular por una iniciativa que tomase más en consideración lo
que hoy es la filosofía general que en los países occidentales
se está elaborando sobre la problemática de la familia y por
considerar que debíamos sustituir una iniciativa que se
quedaba corta, que quedaba vaga en la resolución de problemas
reales que hay que abordar en la situación española.
Para nuestro grupo los temas de la familia suscitan, como es
lógico, el interés acrecentado que supone que estemos
celebrando el Año Internacional de la Familia, estimando que
ésta es una oportuna circunstancia para crear las ocasiones de
reflexionar seria y serenamente sobre el presente y el futuro
de la
institución familiar en España. Con esta finalidad y siguiendo
las recomendaciones de las Naciones Unidas, que han sido
plasmadas en la resolución de la Asamblea General de 10 de
enero de 1991, el pasado día 2 de diciembre se ha constituido
ya en España el Comité para el Año Internacional de la
Familia. Este Comité, cuya composición y funciones están
regulados ya en órdenes ministeriales, está integrado por
representantes de la Administración general del Estado, de las
17 comunidades
autónomas, de la Federación Española de Municipios y
Provincias y por más de 21 representaciones específicas de las
ONG que están trabajando relevantemente en el ámbito familiar
y que representan a los diversos sectores sociales interesados
en esta problemática y que representan también una variada
gama de opciones
ideológicas y programáticas.
Nosotros creemos, señoras y señores Diputados, que esta
proposición, la que plantea el Grupo Parlamentario Popular,
debería ser sustituida para que el Parlamento se sume también
a estas iniciativas que están en nuestro país y en el conjunto
de la organización de Naciones Unidas y que aportemos nuestra
experiencia y nuestra particular visión al debate del presente
y del futuro de la sociedad, de la familia como célula básica
de esa sociedad que se está realizando en todo el mundo. En
España, además --y en esto coincidimos con todas las opiniones
que se han expresado hasta el momento--, esta reflexión es
especialmente necesaria por cuanto la institución familiar ha
experimentado una profundísima evolución durante los últimos
años debido al cambio de valores en torno a la familia y a la
incipiente modificación del papel de la mujer en el seno de la
familia y de la propia sociedad. A la vista de todos está la
transformación de las relaciones entre los miembros de la
familia, que han dejado ya de ser jerárquicas y autoritarias
para cimentarse en los valores de la libertad, la solidaridad
y la corresponsabilidad. Es también una evidencia la
diversificación, en un cortísimo espacio temporal, de los
modelos familiares en España, todos ellos dignos de protección
y de apoyo. Estas transformaciones, experimentadas por la
institución familiar, no han hecho que ésta pierda la
tradicional importancia que siempre ha tenido en nuestro país
como unidad básica de la sociedad. La alta valoración que
todos los españoles seguimos haciendo de la institución
familiar y el indudable papel que ésta sigue jugando en el
sostenimiento y desarrollo de la cohesión y el bienestar
sociales obligan a los poderes públicos a proseguir en el
desarrollo de políticas de apoyo a esta institución.
Los socialistas partimos, como recordaba recientemente la
Ministra Alberdi en una comparecencia en la Cámara, de la
convicción de que la familia es un núcleo de solidaridad y
afecto y un factor fundamental de cohesión social al que hay
que apoyar desde la libertad y la solidaridad de todos sus
miembros, y consideramos las medidas de apoyo a la familia en
los distintos ámbitos, fiscal, laboral y existencial, como
algo que debe tener no sólo continuidad sino que se debe
incrementar y tener un carácter integrador. Precisamente esta
visión que nosotros tenemos sobre la necesidad de una política
integral es la base, de alguna manera también, de la
sustitución, que pretendemos que la Cámara apoye esta tarde, a
la iniciativa del PP. Por eso hemos propuesto una enmienda de
sustitución. Pensamos, con el debido respeto a los
proponentes, que con iniciativas fragmentarias, poco
argumentadas y sobre todo totalmente inconcretas, como tienen
ocasión de ver SS.SS. si leen la proposición del Partido
Popular, poco podemos avanzar en lo que a todos nos importa.
Precisamos, por el contrario, realizar entre todos un análisis
riguroso de la institución familiar en España para concretar
una política integral de la familia que aborde en su conjunto,
y desde una óptica global, la variada problemática de esta
institución en sus diversas modalidades.
Si me permiten SS.SS., acudiré a lo que ha sido la propia
declaración del Año Internacional de la Familia, de las
Naciones Unidas, para que entiendan el punto de vista de
nuestro grupo, que creo que es coincidente con los otros
enmendantes. Dice esa declaración del Año Internacional de la
Familia que las políticas que afectan a la familia deben
tratar de evitar la promoción, explícita o implícita, de una
sola imagen ideal de la familia. No podemos seguir basados
(dice la Organización de Naciones Unidas) en conceptos que no
responden ya a la realidad. Por eso pensamos que la creación
de una ponencia en la Comisión de Política Social y Empleo,
haciendo un trabajo serio y riguroso el conjunto de la
Cámara, y no deslizándonos hacia posiciones partidistas como
las que desgraciadamente también hemos tenido ocasión de oír
en alguna parte de la intervención de la portavoz del Grupo
Popular, puede permitir, en primer lugar, que conozcamos mejor
los efectos de los cambios en la estructura familiar, en las
capacidades y en las dificultades que tienen las familias
españolas para cumplir con sus altas responsabilidades, sobre
todo para aquellos miembros que más necesitan de esta
institución para su pleno crecimiento y desarrollo como
personas.
Necesitamos también trabajar seriamente para poder evaluar los
efectos positivos (también los negativos, si es que son
negativos) de las actuales políticas y programas de apoyo
familiar. Y sobre todo necesitamos esa ponencia, dentro de la
Comisión, para que podamos formular y ejecutar mejor las
políticas y los programas que ayuden a resolver los problemas
específicos, sobre todo aquellos problemas que afectan a las
familias que se encuentran en mayores dificultades; a
diferencia de lo que acaba de decir la proponente del Partido
Popular, debemos fijarnos en aquellas familias con mayores
dificultades. No estamos, por tanto, dispuestos ni disponibles
para transitar por un discurso que parte de la quiebra del
Estado del bienestar, de la necesidad de políticas natalistas
o de la necesidad de fomentar y de proteger solamente una de
las clases o una de las tipologías de la familia española.
Creemos más bien que lo que tenemos que hacer esta tarde (y a
ello llamamos también al Grupo Popular) es sustituir esa
iniciativa por un trabajo riguroso, por un trabajo amplio y en
la línea de las orientaciones de la propia Organización de las
Naciones Unidas.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cercas.
¿Por el Grupo Vasco, PNV? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su
posición? (Pausa.) Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Señor Presidente, señorías, el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya no
va a apoyar esta proposición no de ley, que nos presenta el
Partido Popular, porque nos parece que no contempla la
complejidad de la realidad social en que se mueve el tema de
la familia. A pesar de eso no queremos dar la impresión (creo
que ha quedado claro con la intervención anterior) de que
dejamos a la derecha, que representa el Partido Popular,
enarbolar en solitario la bandera de la familia. Nosotros
también queremos hablar de ella como expresión de nuestra
preocupación por el tema, pero
contemplándola en toda la complejidad y la amplitud a que
antes me refería. Ha sido citada hace un momento la
declaración de Naciones Unidas sobre el Año Internacional de
la Familia, digamos que instando a evitar caer en el error de
contemplar
unidireccionalmente el tema de la familia.
La enmienda que nos ha presentado Convergència i Unió y el
Grupo Socialista, firmada también por el PNV, sinceramente
tampoco nos satisface. Ciertamente es más abierta una ponencia
en la que se genera la posibilidad de discutir temas y
contrastar opiniones, pero en el tenor literal de la enmienda
tampoco se recoge la complejidad del tema. Debo recordar a la
Cámara que ya estaba en curso una propuesta de creación de una
ponencia similar en el seno de la Comisión Mixta de Derechos
de la Mujer para tratar precisamente los temas de la familia.
El artículo 39 de la Constitución Española indica que es
obligación de los poderes públicos asegurar la protección
social, económica y jurídica de la familia. En este artículo,
que se usa como basamento o referencia de la proposición no de
ley que presenta el Grupo Parlamentario Popular, no existe
referencia a un modelo de familia determinado ni predominante,
lo que hace necesario una interpretación amplia de lo que debe
entenderse por familia, consecuente con la realidad
socialactual y con el resto del texto constitucional referido
a la persona. Además de la familia en su concepción clásica
existen, como es evidente, muchas otras formas de familia. En
el artículo 9.2 de la
Constitución se especifica que los poderes públicos deben
asegurar al respecto que esa agrupación --la familia--,
determinada socialmente por la convivencia y la efectividad,
se produzca en condiciones de libertad e igualdad reales y
efectivas. La libertad significa, en este campo concreto, que
los individuos --seres humanos, hombres y mujeres--puedan
optar por cualquier medio para formar una familia que les
permita el libre desarrollo de su personalidad y el propio y
mutuo respeto de su dignidad personal. La igualdad es, a su
vez, garante de que esta opción pueda ser tomada sin que por
ello puedan derivarse discriminaciones por razón de esta
condición o circunstancia personal o social. Todo ello porque
la familia debe ser protegida como un instrumento idóneo,
quizá el más idóneo, para el
ejercicio de derechos fundamentales. Señorías, desde 1983, las
diferentes reformas parciales del Código Penal han venido
equiparando, en la práctica concreta, en todos sus preceptos
las relaciones conyugales a aquellas unidades por análoga
efectividad. Paralelamente, la convivencia estable en pareja
se ha ido normalizando en diversos textos legislativos en
consecuencia con la realidad sociológica que representan y su
aceptación social generalizada en un sistema político, social
y democrático de Derecho. Hay mucho basamento legislativo: el
artículo 39 de la Constitución Española, la Declaración de
Derechos Humanos del año 1948, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos --el Pacto de Nueva York--, de
1966, todos ellos contienen el mandato de protección
legal a la familia y ésta no se constituye siempre a través
del matrimonio, lo que ha obligado a modificar, ampliando su
sentido, las normas que en los diversos ámbitos del Derecho
contemplan las relaciones familiares. Nuestra intención es
eliminar las
discriminaciones que por razones de la condición o
circunstancia personal o social de los componentes de la
familia --entendida en la multiplicidad de formas admitidas
culturalmente en nuestro entorno social-- todavía perduran en
la legislación y de esta manera perfeccionar el desarrollo
normativo del principio constitucional de protección social,
económica y jurídica de la familia, y no sólo los aspectos
fiscales, como de alguna manera hace la proposición no de ley
del Partido Popular, sino en muchos otros, en temas muy de
fondo, muy conceptuales, cuya dimensión es muy superior a la
propia e importante, sin duda, fiscalidad u otros como derecho
sucesorio, etcétera. Señorías, si en este acto de esta Cámara
hubiéramos oído una manifestación explícita de tratar estos
temas a los que me estoy refiriendo en el seno de esa ponencia
que propone la enmienda del Grupo Catalán (Convergència i
Unió), Grupo Parlamentario Vasco (PNV) y Grupo Parlamentario
Socialista, dando cumplimiento a todas esas resoluciones,
nosotros, el Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, podríamos modificar nuestra posición
a priori. Decíamos que no nos gustaba la proposición no de ley
del Grupo Parlamentario Popular y no nos gusta la enmienda
presentada conjuntamente por los grupos Catalán, PNV y
Socialista, porque también, de una forma o de otra, acaban
teniendo una visión limitada del concepto de familia de hoy.
Repito que si hubiera alguna manifestación explícita de
voluntad política de incorporar, en los trabajos de la
Comisión, estas otras maneras de entender la familia, estas
otras realidades sociales continuas en nuestra vida de todos
los días, podríamos modificar nuestra intención de voto. En
caso contrario, nuestro voto será en contra tanto de la
proposición no de ley como de la enmienda que han presentado
los diferentes grupos.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vázquez.
Por el grupo proponente, para expresar la aceptación o rechazo
de la enmienda presentada, tiene la palabra la señora Sainz.
La señora SAINZ GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Si bien nuestro grupo hubiera deseado que el cambio que
consideramos urgente en la política familiar se iniciase de
inmediato con la aprobación de esta proposición no de ley, no
obstante, vamos a aceptar la enmienda que ha defendido el
señor Casas porque, en definitiva, en ella se contienen
aquellas propuestas que el Grupo Popular pedía de mejora del
tratamiento fiscal y de ayudas para el acceso a la vivienda.
Aceptamos también la enmienda --es otra de las razones--
porque en ella se establece un plazo, el mes de junio de este
período de sesiones, que consideramos que pone un límite para
la acción del Gobierno y porque --es otra de las razones por
la que aceptamos la enmienda-- tenemos la confianza de que el
Gobierno, una vez que se produzca el consenso en esta Cámara,
que desde luego nuestro grupo solicita, pueda tomarlo en
consideración para producir este cambio de actitud y, sin
lugar a dudas, porque también esa ponencia permitirá que
nuestro grupo haga nuevas aportaciones --quiero decírselo de
manera especial al último interviniente--para la ayuda a la
familia, a todas las realidades familiares que en este momento
existen. Y confiamos, desde luego, en que todos juntos podamos
convencer al Gobierno para que actúe. Muchas gracias, señor
Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sainz.
Vamos a proceder a la votación.
Proposición no de ley, del Grupo Popular, que se somete a
votación en los términos resultantes de la aceptación de la
enmienda presentada a la misma. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 282; a favor, 268; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE LA POLITICA DEL GOBIERNO Y
MEDIDAS A REALIZAR POR EL MISMO A FIN DE PODER TRANSFERIR LAS
COMPETENCIAS SOBRE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL
GUADALQUIVIR A LA COMUNIDAD AUTONOMA ANDALUZA (Número de
expediente 173/000024)
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: Mociones
consecuencia de interpelaciones urgentes. Moción, del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, subsiguiente a
interpelación sobre la política del Gobierno y medidas a
realizar por el mismo a fin de poder transferir las
competencias sobre la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir a la Comunidad Autónoma Andaluza.
Tiene la palabra el señor Alcaraz. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor Presidente,...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Alcaraz. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Señoras Diputadas, señores Diputados,
vamos a enfocar en esta sesión una parte muy importante de un
debate que es permanente en Andalucía: el debate que afecta a
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, a la que están
adscritos 57.000 kilómetros de la Comunidad Autónoma andaluza;
a la que están adscritos, de una manera o de otra, cuatro
millones y medio de habitantes, andaluces y andaluzas, y que
también toca a 500 de los 800 pueblos de la Comunidad Autónoma
andaluza. Por tanto, el debate es de una gran importancia para
la personalidad política y económica de Andalucía y para la
configuración del Estado autonómico.
Desde ese punto de vista, anunciamos que Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya acaba de presentar una proposición de
ley en esta Cámara sobre la adecuación de la política de aguas
al Estado de las autonomías; por consiguiente, de modificación
de la Ley de Aguas, de 1985, fundamentalmente en torno al
concepto indivisible de cuenca. Esto quiere decir que
superamos el primer obstáculo que interponía el señor
Ministro, cuando decía que había problemas de índole
constitucional, ya que el Tribunal Constitucional había
aceptado como tal la Ley de Aguas. Es cierto. La Ley de Aguas
es plenamente constitucional por esa sentencia de 1988 del
Tribunal correspondiente, pero nuestra proposición de ley que
modifica la Ley de Aguas también es constitucional. Es decir,
no se salta, en ningún caso, ninguno de los principios
constitucionales --repito-- porque en la Constitución se
contiene el término aguas y nunca los términos cuenca,
confederaciones, etcétera. De otro lado, se nos había dicho
aquí, como segundo obstáculo, que el tema del agua a este
nivel era una competencia exclusiva del Estado, y es cierto,
señorías. Pero también la Constitución prevé en su artículo
150 --a través del cual, por ejemplo, ciertos partidos de esta
Cámara están pidiendo legítimamente la ampliación de
competencias-- que, en caso de que se pongan de acuerdo la
Administración central y las comunidades autónomas, se pueden
ampliar las competencias por encima del artículo 151 y, por
descontado, por encima de las competencias previstas en los
estatutos del artículo 143. Los discursos que hoy se están
dando en Andalucía --acabamos de pasar su día histórico, el 28
de febrero-- son todos de cara a hacer en la comunidad
autónoma una política andaluza más
reivindicativa, más peleona, ha dicho el Presidente de la
Cámara andaluza señor Marín Rite; pidiendo competencias de
confederaciones, como ha dicho el señor Chaves; votando a
favor de la transferencia de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, como hizo el Partido Popular en la Cámara
andaluza; votando la transferencia del Guadalquivir, y aquí
tengo el «Diario de Sesiones». Intervino, entre otros, el
señor Arance Soto diciendo que era posible y que dependía sólo
y
exclusivamente --y estamos totalmente de acuerdo-- de la
voluntad jurídica y política y nada más.
Por tanto --tercer obstáculo que interponía el señor ministro-
-no se rompe nada. No se desmembra el Estado porque el
Guadalquivir lo gestionemos los andaluces y las andaluzas. Las
comunidades autónomas somos también Estado y si estamos
diseñando un Estado de las autonomías y nosotros hemos
conquistado la autonomía de vía rápida y profunda, queremos el
Guadalquivir --cuarto obstáculo-- que nace y muere en
Andalucía. Decía el señor Borrell el otro día que el
Guadalquivir no nace y muere
completamente en Andalucía. No es cierto. Nace en la sierra de
Jaén, en La Iruela, muy cerca de Cazorla --no en Cazorla como
se suele decir-- y desemboca en Sanlúcar de Barrameda. Hay un
argumento que acaba de dar la propia enmienda del PP que hace
ver que se puede hacer la transferencia por vía jurídica y que
lo da también la Junta de Andalucía cuando está acelerando el
desglose de subcuencas del Guadalquivir. Eso es lo que pedimos
nosotros, que se desglosen las subcuencas del Piar, del
Jándula y del Guadalimar que dan a otras comunidades autónomas
y ya tenemos la solución. Se están desglosando en estos
momentos, señorías, las subcuencas que aquí pone el Grupo
Popular en su enmienda, del Guadalete y del Barbate; por
tanto, no hay problema jurídico, sino un problema de voluntad
política y un problema --quinto obstáculo del ministro-- de
desconfianza hacia los andaluces. El ministro llega a decir, y
nos sentimos relativamente ofendidos porque me parece que no
se habían sopesado bien las palabras, que, para satisfacer
demandas razonables, el Guadalquivir debiera seguir en la
gestión de la Administración central. ¿No somos razonables a
ese nivel los andaluces y andaluzas, y si hay sequía y hay que
llevar agua de un sitio a otro, los andaluces no llegamos a
ese estado de racionalidad? Yo creo que el señor ministro se
coló bastante cuando habló de este tema; o cuando dijo que el
Guadalquivir iba a permanecer en la Administración central --y
cito textualmente-- para mantener la buena
administración técnica. ¿Nosotros no podríamos? Yo quiero
decir aquí a SS.SS. que jamás el Guadalquivir ha estado peor
gestionado, en lo ecológico, en lo agrario, en la misma
administración del agua en cuanto se dedica a regadío, a
industria o a consumo de boca; jamás ha estado más contaminado
el Guadalquivir. El acuífero 27, que abastece el Coto de
Doñana, como se dijo aquí --el Parque Nacional de Doñana,
mejor
dicho-- es un acuífero del que si se sacan más de 52
hectómetros cúbicos de agua al año (lo ha dicho el Fondo
Mundial para la Protección de la Naturaleza y todos lo hemos
dicho en el Parlamento andaluz hasta la saciedad) está siendo
sobrexplotado. ¡Se están sacando hasta 80 hectómetros cúbicos
al año! Jamás ha estado peor gestionado el gran río de
Andalucía y ahí se demuestra últimamente con el tema del
estallido de la balsa de alpechín, balsa de simple tierra sin
ninguna vigilancia, sin ningún control, que ha provocado un
derroche tremendo de agua y la muerte de centenares de olivos
en el entorno de esta pequeña tragedia.
¿Qué hacer? Ya lo dijimos el otro día. Primero, se cambia la
Ley de Aguas. Nosotros acabamos de presentar una proposición
de ley, la pueden leer SS.SS. para verla desde el punto de
vista técnico-político o técnico-jurídico. Segundo, se reúnen
las comunidades autónomas que están involucradas en este tema
y por el artículo 145 de la Constitución se ponen de acuerdo,
con la asistencia también de estas Cortes Generales. Tercero,
la transferencia del río Guadalquivir por el artículo 150 de
la Constitución. En cuarto lugar, se constituyen organismos
mixtos de cuenca, tal como permite también el artículo 145 de
la Constitución y la proposición de ley que acabamos de
presentar.
Quiero ahora dirigirme a cada uno de los grupos políticos para
evitar el doble lenguaje de ahora en adelante, porque,
efectivamente, el señor Chaves anda diciendo que vamos a tener
las transferencias de la Confederación. Ahora se va a ver si
es así o no; ahora se va a ver en el voto, y de ahora en
adelante que se nos repita más hasta el 12 de junio, porque en
este voto es cuando se dice la verdad, no en ruedas de prensa
diseminadas a lo largo y ancho de los 87 kilómetros de
Andalucía, sino ahora, votando, en este momento.
El Grupo Popular, presenta una enmienda que yo le acepto,
siempre que sea de adición, no de modificación, porque si
modifica quita lo esencial de esta propuesta, que es la
transferencia de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir. A ese Grupo Popular que votó a favor en el
Parlamento Andaluz, yo le pido aquí el voto ahora, aceptando
su enmienda como enmienda de adición, para hacer coincidir las
sostenidas y reiteradas declaraciones de andalucismo del señor
Arenas con lo que aquí hoy vamos a votar. Lo mismo que
entendemos y apoyamos la política de normalización lingüística
de Convergència i Unió y del resto de los grupos
parlamentarios de Cataluña, respecto a lo que es la política
en la nacionalidad de Cataluña, nosotros les decimos que el
hecho diferencial del Estatuto andaluz es el Guadalquivir. Que
no se crean que es una cosa adjetiva, secundaria, no, ahora es
cuando vamos a ver si hay de verdad un equilibrio de Estado,
una solidaridad de Estado. Nosotros vamos a seguir apoyando,
aunque no vote Convergència i Unió, la política de
normalización lingüística, porque somos coherentes; pero
pedimos una
correspondencia en esta situación en que se va a ver si la
seña de identidad del Estatuto de Andalucía, todavía virgen,
se integra o no en las competencias plenas de lo que necesita
en estos momentos Andalucía. Igual le decimos al PNV. Lo mismo
que comprendemos su ampliación competencial a partir del
artículo 150 de la Constitución, pedimos que se entienda
nuestra petición de transferencia del río Guadalquivir; igual
respecto al resto de los grupos, Coalición Canaria y el Grupo
Mixto. Por tanto, señorías, yo termino diciendo que la
enmienda del Grupo Popular nos parece bien, pero si se
aceptara como alternativa, como de modificación, cambiaría
totalmente el debate que hemos tenido al principio en la
interpelación y hoy en la moción como
consecuencia de aquella iniciativa. Por consiguiente, la
aceptamos como adición, porque, entre otras cosas, demuestra
que la gestión del Guadalquivir es muy mala respecto a Doñana,
respecto al agua de Sevilla o respecto a las subcuencas que se
están desglosando, cuando a la vez se dice que no se pueden
desglosar porque es anticonstitucional. La aceptamos, repito,
como de adición, no de modificación, y desde ese punto de
vista los obstáculos técnico-jurídicos y políticos estarían
resueltos. Solamente queda la voluntad parlamentaria de apoyar
un tema de enorme importancia, que todo el mundo va a utilizar
en la campaña electoral, pero a partir de aquí se tendrá ya
una conciencia clara y sólida de lo que de verdad piensa cada
grupo
parlamentario. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para defender la
enmienda presentada por el Grupo Popular, el señor Sanz
Escalera tiene la palabra.
El señor SANZ ESCALERA: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, en estas dos últimas legislaturas
es esta la segunda vez que personalmente me gustaría coincidir
con una iniciativa de su grupo parlamentario, al menos en su
espíritu, lo cual, aunque no tengo fantasmas ni prejuicios en
la mente, no deja de preocuparme; mejor dicho, no sé si debo
preocuparme yo o si tiene que empezar a preocuparse usted. En
cualquier caso, es una mera coincidencia, que no una
identidad. Señor Alcaraz, S.S. y yo tenemos en común algo más
que pertenecer a la sufrida oposición, y es que, por encima de
coincidencias circunstanciales (esto de la oposición es una
circunstancia que en cualquier momento puede, y yo digo que
debe, desaparecer), nos une un hecho matriz profundo, y es que
ambos somos andaluces, y como tales los dos queremos llenar de
contenido nuestra autonomía.
Que el Guadalquivir es un río andaluz es una verdad avalada no
sólo por la geografía, sino también por la historia. Le debo
decir únicamente, señor Alcaraz, que el Guadalquivir no nace
en La Iruela, nace en la Cañada de las Aguas Frías, en el
término municipal de Cazorla. El Guadalquivir, digo, es un río
andaluz por su cultura y es ciertamente algo propio de nuestro
ser y de nuestra identidad; por ello, que los órganos de
gobierno de esta riqueza estén en Andalucía parece una
exigencia de pura
tautología. Frente a este hecho tan evidente, señor Alcaraz,
se alzan cuatro enormes argumentos: uno objetivo, cual es el
hecho evidente y cierto de que la cuenca del Guadalquivir
tiene varios --más bien pocos-- y pequeños arroyos en otra
comunidad autónoma distinta de la andaluza, con lo que una
lectura severa y rigurosa también, lleva al legislador, señor
Alcaraz, a decir que la cuenca del Guadalquivir,
desgraciadamente para nosotros, es intracomunitaria.
Hay otros tres argumentos de derecho sustantivo: las dos
últimas líneas del artículo 14, que usted tantas veces ha
manejado, de la vigente Ley de Aguas, de 2 de agosto de 1985,
cuando expresa que la cuenca hidrográfica, como unidad de
gestión del recurso, se considera indivisible. El artículo
13.12, señor Alcaraz, de nuestro estatuto, del Estatuto de
Andalcía expresa que es competencia exclusiva de la Comunidad
los recursos y
aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos, cuando las
aguas discurran exclusivamente por Andalucía. Por fin, el
artículo 149.22.ª de nuestra Constitución, que atribuye
competencias exclusivas al Estado para los recursos y
aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por
más de una comunidad autónoma. Estos cuatro obstáculos,
cualquiera que sea nuestra voluntad, cualquiera que sea
nuestra vocación política y cualesquiera que sean nuestros
deseos, son
insalvables, a mi entender, en un Estado de derecho.
A todos nosotros nos gustaría la superación de estas
dificultades y que eso fuera exclusivamente una cuestión de
voluntad política, de querer de verdad llenar de contenido y
de sentido nuestra economía; pero, señor Alcaraz, no es que
nos encontremos con un fajo de pequeños argumentos, no es que
tengamos enfrente unos minúsculos riachuelos, sino que tenemos
enfrente una auténtica montaña hecha por la geografía; se nos
ha caído encima la Ley de Aguas, el Estatuto de Andalucía y la
mismísima Constitución. Por eso, su moción está condenada al
fracaso; por eso, señor Alcaraz, mantenerla en sus propios
términos solamente conduce a una cosa que aquí se repite
mucho: la frustración y la melancolía. Le voy a poner un
ejemplo claro y terminante. Ha habido unas reuniones, unos
estudios, unos debates largos y profundos --dicen por lo
menos-- para establecer lo que se ha dado en llamar «el pacto
del agua en Andalucía». Pues bien, cuando se ha tratado de la
transferencia de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir a la Junta de Andalucía la propuesta no fue
aceptada por la mayoría y, lo que es peor, he leído la
naturaleza de los
componentes de la Mesa para el acuerdo andaluz por el agua, y
de ellos resulta la decepcionante conclusión que, de un total
de 20 miembros, 14, es decir, la mayoría, tenían apellido de
Andalucía o andaluces y, sin embargo, no salió aprobada la
propuesta de transferencia.
Añádale a eso, señor Diputado, la clara y rotunda oposición
del señor ministro del ramo, oída aquí el día pasado con
ocasión de su interpelación, examine S.S. el concurso de
fuerzas políticas de este Parlamento, y luego vayámonos todos
al desierto a flagelarnos y a considerar sobre la brevedad de
la vida y la validez de las pompas ciudadanas. «Finis gloria
mundi», como dice un cuadro que usted conoce perfectamente
(Rumores.), que está en el Hospital de la Caridad, de Sevilla.
En Andalucía, señor Alcaraz, no nos bastan las actitudes
románticas, ni las frases poéticas y solemnes, como las del
señor Presidente del Parlamento andaluz de hace unos días. En
Andalucía nos deberán estar pidiendo, digo yo que con alguna
convicción, un poco de pragmatismo. Por ello, si la
transferencia de la Confederación no nos la van a aprobar, si
la modificación de la Ley de Aguas nos la van a denegar, si
está en contra la
Constitución y no lo quiere el Estatuto, ¿qué estamos
defendiendo? Sólo y exclusivamente su mera voluntad, su buen
deseo de que la Comunidad Autónoma andaluza dirija los
destinos del río Guadalquivir.
En lugar de perder rotundamente la batalla, acudamos a ganar
una escaramuza, que ya vendrán tiempos mejores. Por eso le
propongo un pequeño pacto aquí, en público, con luz y
taquígrafos, y le hago las tres enmiendas siguientes: El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno: Primero. A
acelerar el desglose de las cuencas de los ríos Guadalete y
Barbate de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y a
proceder a su transferencia a la Comunidad Autónoma de
Andalucía. Segundo. La puesta en marcha inmediata del plan de
regeneración hídrica del Parque Nacional de Doñana,
contemplado en el Real Decreto 357/84, de 8 de febrero. Y,
tercero. Garantizar a la ciudad de Sevilla y a su área
metropolitana el suministro de agua adecuado al objeto de
evitar la precariedad de la actual situación, fruto de un
sistema de emergencia que no tiene vocación de continuidad.
Esto puede tener el consentimiento del Congreso. No olvide que
el propio Ministro manifestó el pasado 23 de febrero que
estaban elaborando un Real Decreto para el traspaso de
funciones y servicios a nuestra comunidad de estas subcuencas
que son enteramente andaluzas, pues los ríos mencionados
nacen, discurren y mueren en territorio andaluz
exclusivamente, por lo que no tienen ningún inconveniente
geográfico, ni de derecho positivo. La segunda enmienda
referida al Parque
Nacional de Doñana es una necesidad imperiosa para evitar el
deterioro en una política durmiente y pasiva que se está
produciendo en Doñana. Y la tercera, después de lo sucedido el
pasado verano, es una exigencia de buen gobierno y un
inexcusable derecho de los ciudadanos de Sevilla. Ni siquiera
se puede mantener oculta esta situación porque el señor
ministro, contestando a una iniciativa de la Diputada doña
Soledad Becerril Bustamente, dice que el proyecto de
construcción de la Presa de Los Melonares, presupuestado en
3.025.519.280 pesetas está todavía pendiente del impacto
ambiental, por lo que es urgente y necesario acudir en defensa
de los ciudadanos de Sevilla. Acepte las enmiendas de
sustitución, señor Alcaraz, como están --lamento decirle que
no puedo hacerlo como una adición a su propuesta--, y algo
habremos aportado hoy a nuestra comunidad. Si numantinamente
se atrinchera usted en sus criterios,
maximalistas para la mayoría, los dos habremos perdido el
tiempo y ambos habremos cansado a SS.SS., dada la avanzada
hora en que estamos.
Ya tendremos en otra ocasión, con el mismo interés puesto hoy
aquí y parecida iniciativa, posibilidad de transferir a
nuestra comunidad otros tres importantes ríos, onubenses en
este caso, el Tinto y el Odiel, ambos contaminados desde
tiempo inmemorial y cuya recuperación, al menos la de uno de
ellos, podría ser, sin duda, la más importante operación
ecológica de Andalucía, y el Piedra, de enorme importancia
piscícola, los cuales aparecen anclados en la Confederación
Hidrográfica del Guadiana y
gobernados --es un decir--, desde tierras ajenas a sus
intereses, desde Ciudad Real y Badajoz. Así lo espero de su
buen sentido y, por favor, no valore nuestro sentido
andalucista por el apoyo o rechazo a sus iniciativas.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Sanz Escalera. Grupos parlamentarios que deseen fijar su
posición. (Pausa.) Por el Grupo de Convergència i Unió, el
señor Sedó tiene la palabra.
El señor SEDO I MARSAL: Gracias, señor Presidente.
Muy brevemente. Nosotros creemos que a lo largo del debate de
hoy y también de la interpelación, se ha visto la existencia
de suficientes impedimentos legales, independientes de la Ley
de Aguas, para que no pueda prosperar, al menos desde nuestro
punto de vista, la moción que hoy se presenta, teniendo en
cuenta, además, que queda pendiente la presentación a esta
Cámara del Plan Hidrológico que nos ha prometido el
Ministerioy que puede afectar a toda la temática que hoy
debatimos.
Por otra parte, en el punto uno se dice que se remita a las
Cortes, en el plazo de tres meses, un proyecto de ley a fin de
adecuar la vigente Ley de Aguas a la estructura del Estado
autonómico. No vemos que sea posible que en el plazo de tres
meses se pueda desarrollar un proyecto de ley de esta
envergadura por sus amplios efectos. De todas maneras,
sorprendentemente estamos discutiendo que nos traiga un
proyecto de ley a la Cámara cuando se nos anuncia por el
proponente que en estos momentos ya se ha presentado una
proposición de ley. Por tanto, veremos en su momento la
proposición de ley y nuestro voto, como he
anunciado será negativo a la moción del día de hoy. Nada más y
muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Sedó. Por el Grupo Socialista, el señor García-Arreciado tiene
la palabra.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Muchas gracias, señor
Presidente. Señoras y señores diputados, debería no sentirme
andaluz en razón de la consideración que ha hecho el señor
Alcaraz de que el río Guadalquivir es un sesgo de identidad
sustancial en Andalucía, de que el río Guadalquivir es poco
más o menos que Andalucía misma. No es verdad, señor Alcaraz,
porque más del 40 por ciento de los andaluces, casi el 50 por
ciento, entre los cuales me encuentro, estamos en
organizaciones
administrativas y geográficas, desde el punto de vista de la
gestión de aguas, diferentes de la del río Guadalquivir. Por
tanto, ha utilizado usted creo que un paradigma excesivamente
contundente que no responde a la realidad. Tampoco responde a
la realidad que el debate sobre la transferencia de las
competencias de la cuenca del Guadalquivir a Andalucía sea, ni
mucho menos, un debate permanente en la sociedad andaluza.
Tenemos, por desgracia, problemas mucho más importantes,
cuestiones incluso relacionadas con el agua bastante más
importantes que la mera nominalidad de las competencias con
ser importantes, que se ejercen sobre la cuenca del río
Guadalquivir.
No voy a extenderme, porque lo ha hecho perfectamente el señor
Sanza Escalera, en los impedimentos constitucionales que
justifican por sí mismos un rechazo de la propuesta que nos
formula en su moción. Es un modelo constitucional que se
materializa en la Ley de Aguas y que tiene el amparo del
Tribunal Constitucional en la sentencia 277/88, pero es un
modelo
constitucional que no es casual ni es arbitrario, sino que se
apoya en poderosísimas razones.
La primera es que los constituyentes, que tenían de geografía
al menos los mismos conocimientos que nosotros
y que sabían que sólo una pequeña parte de la cuenca del río
Guadalquivir no pertenecía a Andalucía, sin embargo
concretaron en el texto máximo, en la Constitución, una serie
de mandatos, a los que se ha hecho referencia por el señor
Sanz Escalera. Lo hicieron porque tuvieron el buen criterio de
entender que los recursos naturales, entre ellos el agua, no
entienden de
divisiones políticas ni de divisiones geográficas, alguna de
ellas tan recientes como el Estado actual de España, cuya
división geográfica tiene causa en fechas muy recientes, en la
Constitución del año 1978. Por tanto, esos recursos naturales
que deben responder a necesidades generales del país, parece
que deben de tener la gestión residenciada en un órgano que
atienda al interés colectivo, al interés general y que tenga
cierta imposibilidad de caer en los debates localistas que se
originan con estas cuestiones.
La segunda es que también nuestros constituyentes entendieron
algo que la comunidad técnica internacional ha entendido
perfectamente, y es que las aguas de una misma cuenca --cuenca
entendida en los términos en que viene definida en el artículo
14 de la Ley de Aguas-- forman un todo uniforme, un conjunto
integrado de recursos que deben gestionarse de una manera
homogénea, como el espacio radioeléctrico, como las costas.
Hay una serie de bienes naturales que por ser propiedad del
conjunto de los españoles deben ser gestionados, o parece
razonable que pueden ser mejor gestionados desde instancias
que representan el interés general.
Por último, los constituyentes españoles también fueron
sensibles a la experiencia de entender que la unidad de
cuenca, que no es una cosa reciente en España, que data del
siglo XIX, y su consideración como un único cauce fluvial
gestionado en su conjunto es un principio generalizado que ya
es atendido y recomendado por todos los organismos
internacionales con
competencias en materia de aguas. Las confederaciones,
actualmente como organismos de cuenca. El principio de
indivisibilidad de la cuenca y el de gestión unitaria de sus
recursos es la gran aportación de la política hidráulica
española a la política hidráulica mundial, quizá porque las
especiales condiciones de nuestro país, por la lluvia, el
reparto asimétrico e irregular en el tiempo y en el espacio de
la misma, nos obliga a una política de gestión de esos
recursos que nos impele a considerarlos, como digo, en su
conjunto.
No hay ninguna duda, como se ha dicho, que el Guadalquivir es
una cuenca cuyas aguas discurren por más de una comunidad
autónoma, por tanto, de competencia exclusiva del Estado. En
virtud del mandato constitucional, de las previsiones del
Estatuto --que también han sido citadas por el señor Sanz
Escalera--, así como de las razones técnicas que he dado en
los párrafos anteriores, nosotros rechazamos la posibilidad de
que, constitucionalmente, las competencias sobre la cuenca
hidrográfica del Guadalquivir puedan ser transferidas a la
Junta de Andalucía. El primer punto de su moción --que es el
segundo en el orden de mi intervención--es la necesaria
modificación de la Ley de Aguas para adaptarla a la
configuración autonómica del Estado. Lo primero que tenemos
que decir es que esta posibilidad plantearía dos problemas muy
graves, cuyo conocimiento no debe ser ajeno al debate de esta
tarde en esta Cámara. En primer lugar, transfiriendo, mediante
la modificación de la Ley de Aguas, si fuese posible, a la
Junta de Andalucía las competencias sobre la cuenca
hidrográfica del Guadalquivir estaríamos facultando a la Junta
de Andalucía para invadir competencialmente territorios de
otras comunidades autónomas, como son Castilla-La Mancha,
Extremadura y Murcia, que tienen predios sirvientes en la
cuenca del Guadalquivir.
Alternativamente, si esa no es la pretensión de su grupo,
estaríamos rompiendo los dos criterios básicos de la Ley de
Aguas, que tienen amparo constitucional, que son la unidad de
cuenca y la gestión de competencia estatal de aquellas cuencas
cuyas aguas discurren por más de una comunidad autónoma.
No es posible, por tanto, ni es oportuno, sería regresivo
atender a la solicitud de alguno de los dos puntos que constan
en su moción. Por lo demás, la Ley de Aguas ya se adapta
perfectamente al Estado de las autonomías, porque estimula y
propicia la participación de las comunidades autónomas en los
órganos de Gobierno y en los órganos de administración de los
organismos de cuenca.
Creo, señor Alcaraz, que Andalucía debe solucionar
urgentemente su problema de escasez de agua. Debe hacerlo por
razones
económicas, porque la economía de muchas familias depende de
una dotación adecuada, de una disponibilidad suficiente del
recurso de agua. Creo que debe hacerlo por razones sociales,
porque todavía hay poblaciones, en Andalucía --incluso
poblaciones importantes--, que no tienen garantizado en
períodos de sequía el suministro de agua para sus ciudadanos.
Debe de hacerlo, también, por problemas medioambientales,
porque la mayoría de nuestros cauces, en la época de estiaje,
no llegan al caudal ecológico mínimo que es preciso para
mantener la vida en los ríos.
Creo, señor Alcaraz, que no necesitamos más competencias, que
lo que necesitamos es más agua, que el agua que no tenemos en
Andalucía debe venir de otras comunidades autónomas que sí
disponen en exceso del recurso y sólo podrán venir si la
planificación hidrológica, actualmente en marcha, y desde la
óptica de la competencia exclusiva del Estado, tiene un
trámite parlamentario rápido. Esa planificación hidrológica,
los planes de cuenca y el Plan accional se verían afectados en
caso de aceptar los puntos de su moción, porque entonces ya no
sería la Administración del Estado la encargada de establecer
los criterios de planificación
hidrológica, en el caso concreto del río Guadalquivir, sino
que tendríamos que ir a ese complejísimo sistema, que usted
propone como salida, del artículo 150 de la Constitución, que
llevaría previamente la puesta en común y la adopción de una
salida concertada con cuatro comunidades autónomas. Ese es un
proceso que, además de las imposibilidades jurídicas que se
han mencionado, introduciría una demora importante en la
tramitación de esos planes de cuenca o de esos planes
hidrológicos que son los que deben suministrar a Andalucía el
agua, no las competencias que nos son precisas para solucionar
nuestro problema.
Por tanto, por el propio interés de Andalucía, por el respeto
al Estatuto que nos dimos y por la defensa obligada que
debemos hacer de los preceptos de nuestra Constitución,
nosotros vamos a votar en contra de la moción que ustedes han
presentado.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor García-
Arreciado. Señor Alcaraz, si esta Presidencia no ha entendido
mal, con relación a la enmienda presentada por el Grupo
Popular, su señoría ha indicado que la aceptaría en el caso de
que el Grupo Popular la planteara como enmienda de adición.
Por otro lado, si tampoco he entendido mal al señor Sanz
Escalera, no ha aceptado esta posibilidad.
Por tanto, lo que sí le pregunto es si acepta la enmienda del
Grupo Popular en los términos en que ha sido planteada, como
enmienda de modificación o de sustitución.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor Presidente, tal como se ha
hecho en el punto anterior, consumiré unos brevísimos segundos
para contestar a esa enmienda. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡Silencio, señorías!
Sabe, señor Alcaraz, que este es un debate tasado, que los
grupos intervienen para defender su propuesta de moción o sus
propuestas de enmienda o, lógicamente, para fijar su posición,
explicar las razones de por qué su voto va en un sentido o en
otro.
El señor ALCARAZ MASATS: Conozco el Reglamento, señor
Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Solamente con relación
a la enmienda del Grupo Popular y a su propuesta, puede hacer
su señoría brevemente alguna indicación.
El señor ALCARAZ MASATS: Brevísimamente, señor Presidente,
para contestar al señor Sanz Escalera que nosotros vamos a
seguir defendiendo la transferencia de la competencia del río
Guadalquivir, esté como esté la correlación de fuerzas; y que
vamos a seguir teniendo aquí una voz andaluza, cosa que no han
hecho el resto de los grupos de esta Cámara. (Fuertes
rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por favor, señorías,
guarden silencio.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor Presidente, voy a consumir
menos tiempo...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Alcaraz, este no
es el momento de consumir un turno en contra.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor Presidente, voy a consumir
mucho menos tiempo que la señora Sainz anteriormente. (Fuertes
rumores.--Varios señores Diputados pronuncian palabras que no
se perciben.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): !Silencio, señorías¡
Señor Alcaraz, no tiene la palabra. Esta Presidencia ha
entendido ya suficientemente claro que por parte de su Grupo
Parlamentario su señoría no acepta la enmienda en los términos
en que se plantea.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor Presidente, usted cumple con su
trabajo y yo con el mío. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Ya lo sé. Cumplamos
los dos con el nuestro y, en consecuencia, no tiene la
palabra.
El señor ALCARAZ MASATS: No me explique usted lo que tengo que
aceptar, porque lo voy a explicar yo.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No tiene la palabra.
El señor ALCARAZ MASATS: No, señor Presidente; lo voy a
explicar yo, es que no lo he explicado. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Alcaraz...
El señor ALCARAZ MASATS: Le voy a explicar que no puedo
aceptar la enmienda.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Ya está dicho y
explicado, señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Yo no lo doy por explicado.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Quien entiende si está
dicho o explicado, de acuerdo con lo
que expresa el Reglamento, es la Presidencia. La Presidencia
ha entendido, a menos que usted me diga lo contrario, que
usted no acepta, en los términos en que está planteada, la
enmienda del Grupo Popular.
El señor ALCARAZ MASATS: No es por los términos, señor
Presidente; lo siento.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿La acepta?
El señor ALCARAZ MASATS: Déjeme explicárselo y entonces verá
que no es eso.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No, señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: No es por los términos de la
enmienda...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Alcaraz, el
turno es exclusivamente a los efectos de indicar si la acepta
o no. Ha dicho su señoría que no la acepta.
No tiene la palabra, señor Alcaraz; no tiene la palabra.
El señor ALCARAZ MASATS: De acuerdo, no tengo la palabra,
señor Presidente... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No tiene la palabra.
Señorías, vamos a pasar a la votación. (El señor Presidente
ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación la moción presentada
por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 275; a favor, 21; en contra, 254.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
MEDIDAS DE POLITICA GENERAL QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO
PARA REACTIVAR EL SECTOR NAVAL EN SU CONJUNTO, TANTO EN LO QUE
AFECTA A LA CONSTRUCCION DE BUQUES COMO A LA POTENCIACION DE
NUESTRA MARINA MERCANTE (Número de expediente 173/000025)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular subsiguiente a
interpelación, sobre medidas de política general que piensa
adoptar el Gobierno para reactivar el sector naval en su
conjunto, tanto en lo que afecta a la construcción de buques
como a la potenciación de nuestra marina mercante. Tiene la
palabra el señor Fernández de Mesa.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor
Presidente. (Rumores.)
Señorías, debatíamos hace una semana una interpelación urgente
que ha dado origen a la moción que hoy plantea el Grupo
Parlamentario Popular ante la Cámara...
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández de Mesa, un momento.
(Pausa.) Cuando quiera.
El señor FERNANDEZ DE MESA Y DIAZ DEL RIO: Gracias, señor
Presidente. Señorías, decía que debatíamos hace una semana una
interpelación urgente que ha dado origen a la presente moción
que el Grupo Parlamentario Popular plantea hoy ante la Cámara
para tratar de recoger una serie de medidas con el único
trasfondo de tratar de conseguir la recuperación del sector
naval y de hacer constar que, existiendo como existe un vacío
legal desde el pasado 31 de diciembre, en que expiró el Real
Decreto de primas a la construcción naval, es necesario --y
estoy convencido de que el Gobierno así lo entiende-- que no
nos encontremos como hace una legislatura, aproximadamente
hace un año y medio, cuando, precisamente por falta de un real
decreto que regulara las primas y las ayudas al sector, nos
encontramos en el mes de septiembre, prácticamente cercanos a
la conclusión de la sexta directiva comunitaria, sin tener un
marco definido para que nuestros armadores pudieran acogerse a
la financiación de buques.
Quiero recordar, una vez más, que la flota mercante de
pabellón español se redujo durante 1993 en su tonelaje de
registro bruto en un 47 por ciento, de modo que, a 1 de enero
de este año, estaba integrada tan sólo por 250 buques y, de
ellos, solamente cinco en el Registro especial de Canarias. En
ese mismo período, ha aumentado la flota controlada por
navieras españolas bajo pabellones extranjeros que, a 1 de
enero del año 1994, sumaba 1.400.000 toneladas de registro
bruto, mientras que en idéntico período del año 1993
totalizaba solamente 815.000 toneladas. Por ello, el Grupo
Parlamentario Popular plantea hoy ante la Cámara nueve puntos
concretos en una moción para tratar de abordar en positivo una
serie de medidas que consideramos imprescindibles para
aquellos armadores españoles que pretendan tener un marco
legal de financiación y de acceso a la
construcción de buques, que esté delimitado cuanto antes
mediante ley o, cuando menos, obligado por esta Cámara para
que el Gobierno así lo promulgue.
En nuestra moción se habla de nueve puntos concretos. No voy a
volver a entrar ni en el debate de la interpelación ni en las
reiteradas consideraciones que nuestro Grupo Parlamentario
viene haciendo desde la pasada legislatura. Pedimos en el
primer punto la posibilidad de prorrogar los plazos de
devolución de créditos, establecido ahora en ocho años y
medio, hasta un máximo de catorce años.
En segundo lugar, solicitamos que se puedan complementar las
hipotecas del buque con un fondo de garantías, que quizá ya
esté creado, con apoyo estatal, de forma semejante al esquema
recientemente establecido en otros países comunitarios --y
sirva de referencia Dinamarca-- y posibilitar que las ayudas
autorizadas por la séptima Directiva comunitaria puedan ser
dispuestas de manera flexible, adaptadas a las necesidades del
mercado, tal y como hacen otros países en Europa, aplicando el
9 por ciento actual a factores tales como la mejora de las
condiciones financieras de la venta, compensar en términos de
garantía las cantidades no cubiertas por la primera hipoteca y
flexibilizar el uso de la ayuda en su calidad y no en su
cantidad.
En tercer lugar, establecer medidas de fomento a la inversión
en buques, mediante incentivos fiscales, por ejemplo, y a la
contratación de buques nacionales para nuestro transporte
marítimo.
En cuarto lugar, aplicar bonificaciones en impuestos y cuotas
a la Seguridad Social para el Registro Especial de Canarias,
porque hay que hacerse cargo que no sólo debe servir este
segundo registro en Canarias para abanderar buques españoles.
Se supone que debe resultar atractivo para otras flotas
extranjeras; nos referimos a bonificaciones al coste laboral,
al IRPF y a
cotizaciones de la Seguridad Social en tripulantes.
Solicitamos también el desarrollo inmediato del Reglamento de
practicaje y remolcadores, con bonificaciones al cabotaje en
términos compatibles con la normativa comunitaria. Ha pasado
más de un año desde la entrada en vigor de la Ley de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante y todavía no se han
desarrollado los reglamentos que la hagan competitiva y que la
hagan entrar en funcionamiento.
Con nuestro sexto punto pretendemos establecer la cobertura de
enfermedad y accidentes de los alumnos de la marina mercante
embarcados, en prácticas, a través del seguro escolar. Y si
este apartado está resuelto en parte, porque los alumnos de
tercero y cuarto curso embarcados ya tienen este sistema en
funcionamiento, no es menos cierto que aquellos que obtienen
la licenciatura y se embarcan en prácticas para poder
conseguir el título definitivo que haga posible que puedan ser
primeros oficiales o capitanes, ésos no tienen ningún tipo de
cobertura. Por ello, nosotros solicitamos que este marco de
ayudas a los alumnos se extienda también a los licenciados,
por decirlo de alguna forma, que todavía no tienen el título y
la competencia de poder mandar o de ser primer oficial en un
buque. En séptimo lugar, solicitamos reforzar el control de
los estándares
internacionales, en coordinación con los demás Estados
comunitarios y, en particular, en el marco del memorándum de
París. Es bien conocida la escasez de inspectores de buques
que existe hoy día en España, aunque también se reconoce que
se están ampliando estas nuevas oposiciones. Pero no es menos
cierto que no podemos quedarnos atrasados para controlar lo
que en otros países se está haciendo de una manera mucho más
importante. En octavo lugar solicitamos una defensa de los
intereses españoles, dentro de la Unión Europea, en las
negociaciones OCDE, de desarme de subsidios, en el sentido de
que la Unión Europea no se quede unilateralmente desarmada en
su acuerdo, que se prevé próximo, con Japón, Estados Unidos y
Corea. Hay que tener muy en cuenta que estamos en el úlitmo
año de vigencia de la séptima Directiva comunitaria y que la
OCDE, hace tres años, a petición de Estados Unidos, está
discutiendo la desaparición de todo tipo de
distorsiones y de ayudas a la construcción naval. Estados
Unidos no permite el tráfico de cabotaje con barcos
construidos fuera de Estados Unidos o con bandera extranjera y
Japón concede créditos que permiten construir fuera, pero la
realidad es que todos se construyen dentro. Por ello, señoras
y señores
Diputados, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado esta
moción con estos nueve puntos concretos. Estamos en un momento
en el que se están perdiendo construcciones de buques en
España, no tanto por el precio que se oferta, sino porque no
existen las condiciones para una financiación adecuada.
Por el Grupo Parlamentario Socialista se ha presentado una
enmienda a nuestro texto. No le quepa la menor duda al Grupo
del Gobierno que, en aras del mayor consenso, en aras de
realizar acciones positivas en el seno de la Cámara, no tanto
por la apariencia de unidad sino porque realmente el sector lo
demanda, el Grupo Parlamentario Popular se dispone a apoyar
esas enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Socialista, en los términos recogidos en su enmienda a esta
moción, teniendo bien en cuenta que se respetan algunos de los
puntos de la nuestra, tales como la posibilidad de prorrogar
los plazos de la
devolución de créditos, que ahora está establecido en ocho
años y medio y se pide una prórroga hasta catorce, y los que
se refieren al reforzamiento del control de los estándares
internacionales y a la defensa de los intereses españoles ante
las negociaciones próximas de la OCDE.
Entendemos que el segundo apartado, relativo al complemento de
la hipoteca del buque con un fondo de garantías, probablemente
necesitaría de una ley, de una ley que no estamos en
condiciones de garantizar que entre en vigor dentro de este
año, cuando más necesitan
nuestros armadores que estas ayudas salgan adelante. Pero
quizá no fuera necesaria esa ley si realmente ese fondo,
creado ya de alguna manera con esas primas que el Ministerio
de Industria destina precisamente a la construcción naval, ese
propio fondo pudiera servir, creado de alguna manera, dirigido
de alguna forma, desde el punto de vista CSCE o de lo que
antiguamente era el ICO, para conseguir que estas hipotecas
pudieran regir desde un fondo de garantía. Quiero recordar a
los señores del Grupo Parlamentario Socialista que, hasta hace
poco tiempo, existían unas comisiones de estudio,
especializadas, capaces de valorar la hipoteca de un barco,
comisiones de estudio capaces de decidir si la inversión de un
buque, aproximadamente de 6.000 millones de pesetas, era o no
rentable para realizar una inversión en él. Esto ha
desaparecido y probablemente el Gobierno en un futuro no muy
lejano tenga que replantearse que por alguna parte, en algún
estamento de la Administración tengan que volver a crearse
estas agrupaciones de personas que conocen el sector y que
están capacitadas para hacer una valoración real de las
hipotecas. Yo creo, señorías, que se habrá dado un paso
importante hacia adelante esta noche con la aprobación de esta
moción ensamblada, desde el punto de vista del relanzamiento
del sector naval. Indiscutiblemente, el Grupo Parlamentario
Popular renuncia de alguna manera a algunos de los postulados
que ha formulado. Sin embargo, en la enmienda que presenta el
Grupo Socialista se refunden algunos de los términos de otros
de los apartados que nosotros hemos presentado. Pues bien,
entendiendo que esto es lo interesante, entendiendo que por
primera vez en la Cámara se consigue, con la unanimidad por lo
menos de los grupos
mayoritarios, establecer las bases para que ese Real Decreto
se ponga en funcionamiento antes de que sea demasiado tarde,
para que no perdamos el tren; todo lo que sea aunar esfuerzos
para conseguir resarcir al sector naval nos parece importante.
Por ello, nosotros presentamos nuestra moción y aceptamos de
alguna manera, aunque esperando la explicación del portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista, las enemiendas de adición
o de
sustitución.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Mesa.
Enmienda del Grupo Socialista. Para su defensa tiene la
palabra el señor Cuevas.
El señor CUEVAS DELGADO: Señor Presidente, señorías, en primer
lugar, desde el Grupo Socialista nos congratulamos de la
aceptación de las enmiendas propuestas, si bien me ha parecido
entender que quedan a la espera de la explicación que se dé.
Yo creo que las enmiendas son lo que son, independientemente
de la explicación, igual que su moción es la que es,
independientemente de la interpelación del otro día. Porque
aunque la memoria sea flaca, todos nos acordamos de aquella
intervención, que no tiene nada que ver con las propuestas,
que nos parecen razonables y están, además, en la línea que el
Gobierno ha mantenido básicamente en todo el proceso de
reconversión. Ya con ocasión de un debate en la Comisión el 14
de diciembre de una proposición no de ley de Izquierda Unida,
mi Grupo anunció que el Gobierno estaba elaborando un paquete
de medidas para facilitar la contratación y relacionadas con
los mecanismos financieros para la construcción de buques. Lo
que no quiero dejar de exponer en esta intervención es, por lo
menos, la opinión que desde el Grupo Socialista seguimos
manteniendo de que durante estos años, en un problema difícil,
como el del sector naval --que no lo ha sido sólo en España,
lo ha sido en Europa y en todo el mundo y sigue habiendo
problemas de
sobredimensión en los astilleros en todo el mundo en relación
con las necesidades de construcción de buques--, esa política
básicamente ha sido correcta, con independencia de que en un
momento determinado se hubiera tenido que habilitar algún
mecanismo con mayor urgencia.
En este sentido, estas medidas responden también a esa
política y son el complemento de todo el desarrollo de lo que
tiene que ser un proceso en un amplio margen de tiempo de un
problema tan difícil como es la reconversión del sector naval
y la
recuperación de la construcción de buques en todo el mundo.
Por tanto, señorías, para no cansarles mucho, vamos a votar
favorablemente los puntos 1, 7 y 8 de la moción del Grupo
Popular. Y hemos presentado una enmienda sobre los restantes
puntos que, a nuestro juicio, corrigen algún pequeño error que
puede haber y también salvan alguna que otra obviedad. El
señor Fernández de Mesa, por una conversación que hemos
tenido, lo entenderá así. Son pequeñas cosas, pero la
redacción se mejora. Así pues, estamos de acuerdo con el punto
1 y con los contenidos del punto 2, con la redacción de la
enmienda. Básicamente es lo mismo, si bien está dividida en
dos partes y hay una tercera que añade, quizá, un punto sobre
la elevación del porcentaje
correspondiente a las primas de reestructuración.
El punto 3 de la moción quedaría modificado por el párrafo 4
de la enmienda porque, aun estando de acuerdo con la redacción
de la moción, estaríamos incurriendo en una infracción del
Tratado de Roma en su artículo 92.1, por cuanto podemos estar
dando subvenciones que falsean el intercambio de bienes entre
Estados miembros. Por eso la redacción en la que no aparece la
expresión «buques de nuestro país» nos parece más general y
puede ocurrir como en el ejemplo que él ponía, de Japón, donde
se ofrece esta ayuda específicamente
pero al final son los armadores y los constructores del país
los que la reciben.
El punto 4 de la moción es uno de los que nos parece
innecesario porque, en realidad, se está tramitando el
proyecto de ley sobre régimen económico y fiscal de Canarias,
que ya contempla
distintas reducciones y bonificaciones de carácter fiscal y de
seguridad social, equiparándolo al resto de segundos registros
europeos.
En el punto 5 proponemos una redacción un poco más genérica
que la que aparece en la moción. Es realmente lo mismo pero lo
hacemos así porque, como ya lo anunciamos, el proyecto de real
decreto que contendrá el reglamento general de practicaje está
casi elaborado y en él se van a contener las medidas que usted
propone y otras muchas.
Sobre el punto 6, las prestaciones por accidentes y
enfermedad, está regulado ya por Ley, según nuestro punto de
vista. Ya conocemos las discrepancias.
En el punto 7, sobre la inspección de buques, tenemos que
decir con claridad que si bien es cierto que el reglamento de
inspección de buques aún no está terminado, también es cierto
que el Memorándum de París prevé que, al menos, el 25 por
ciento, como mínimo, de buques se inspeccione y en la
actualidad estamos en nuestro país alrededor del 31 por
ciento, siendo del 2 por ciento en 1985. O sea, que ahí ha
habido un avance considerable. Seguramente hará falta, como
usted dice, más medios, pero estamos elaborando ese reglamento
de inspección de buques, que yo creo que resolverá
definitivamente el problema.
Sobre el punto 8 estamos totalmente de acuerdo. Es más, señor
Fernández de Mesa, creemos que eso ha sido así en el caso del
sector naval y va a ser así en todos los casos. El Gobierno
español siempre va a estar defendiendo los intereses de
nuestro país. Por lo tanto, nos parece que está bien puesto y
también supone un reconocimiento a esa labor.
En definitiva, señorías, y desde una valoración política de
esta iniciativa, para finalizar, tengo que decir que corrobora
una impresión personal de que a veces desde el Grupo Popular
se hacen debates con algunas palabras altisonantes, elevando
el tono del debate, quizás sabiendo en su interior que el
problema es más complejo, que el problema requiere soluciones
más estudiadas y más realistas.
Esta moción que ustedes presentan está dentro de esta idea de
que, aunque el problema es grave, es mejor adoptar soluciones
realistas y que puedan solventarlo. Yo y mi Grupo nos
congratulamos.
Con esto termino la intervención, aceptando lo que usted
ofrecía sobre los puntos 1, 7 y 8.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cuevas.
Por el Grupo de Coalición Canaria, para la defensa de la
enmienda presentada, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías,
Coalición Canaria ha presentado una enmienda a esta moción que
nos trae hoy el Grupo Popular. Nosotros, en la defensa y en la
fijación de posiciones, empezando por esta última parte,
tenemos que decir que nos parece oportuno que el Grupo Popular
haya traído esta moción, consecuencia de la interpelación que
vimos la semana pasada, dada la tremenda crisis por la que
está pasando el sector de construcción naval y, en general, el
sector naviero en España, tanto por las deficiencias en este
momento de pedidos en los astilleros, como incluso las
anomalías que se dan, como las que hace uso una de las
navieras de pabellón español y de propiedad estatal, como es
Trasmediterránea, que, por ejemplo, en las líneas que van a
surtir, y que están surtiendo ya, en el plan de modernización
de flota (que nos parece adecuado) ha encargado dos «ferries»,
para las líneas del Archipiélago Canario, a unos astilleros
españoles, Unión Naval de Levante; pero otras líneas, para el
traslado de mercancías y pasajeros entre Canarias y la
península, han encargado sus buques a astilleros extranjeros,
fuera incluso del área comunitaria, como puede ser Finlandia,
donde se encuentran unas condiciones de crédito mucho más
blandas y favorables que las que se obtienen en los astilleros
españoles. Incluso hay en este momento navieras de pabellón
español, matriculadas en el registro de Canarias --o para
matricularse como empresas, no como buques--, que están
utilizando astilleros de países de la Unión Europea, como
Holanda, donde encuentran condiciones crediticias mejores.
Dicho esto, y habiendo escuchado la intervención del portavoz
del Grupo Socialista, así como la del portavoz del Grupo
Popular ante las enmiendas que presenta el Grupo Socialista y
que afectan fundamentalmente a los puntos que en ella se
citan, concretamente los números 2, 3, 4, 5 y 6, y dado que
nuestra enmienda está dirigida al punto 4 (aunque figura en el
texto repartido el punto 9 es el punto 4; ha habido un error
mecanográfico), referente al registro especial de Canarias,
nosotros queremos decir que en la lectura detallada de la ley
27 de 1992, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante,
cuando llegamos a la lectura que da pie al registro canario,
que es la disposición adicional decimoquinta, nos encontramos
con que, con respecto a este registro, no se exigen
condiciones de procedencia de la construcción del buque, tanto
para el registro del buque como de las empresas navieras. Esto
es precisamente porque el registro canario no está hecho con
una filosofía de apoyo al sector naval español de la
construcción. Por tanto, si han sido aceptadas por el Grupo
Popular las enmiendas del Grupo Socialista, coincidimos con su
portavoz en que el punto 4, referente a aplicar bonificaciones
en impuestos y cuotas al registro especial para Canarias, no
tiene en verdad nada que ver
con esto, porque es una moción más dirigida al sector de la
construcción naval, y el registro de buques en Canarias no
exige construcción en astilleros españoles; por respeto al
marco jurídico en que se está desarrollando esta materia, que
para nosotros es, como bien se ha citado por el portavoz del
Grupo Socialista, la proposición de ley que está en este
momento en trámite de Ponencia, de las bases económicas para
el régimen económico y fiscal de Canarias, quiero aquí
recordar que fue incluso criterio del Ministerio de Hacienda,
en la época en que el señor Solchaga era Ministro, que el
segundo registro de buques de Canarias figurase, no en la Ley
de Puertos y de la Marina Mercante, sino en la futura ley de
bases del régimen económico y fiscal de Canarias. Creemos que
es ahí donde debe estar contemplada esta figura de tratamiento
fiscal, de régimen de la Seguridad Social, etcétera.
Como he visto que se aceptan las enmiendas, no ha lugar, por
tanto, a que nosotros tengamos que votar esta enmienda y
Coalición Canaria la retira mostrando su apoyo, tanto al resto
de la proposición del Grupo Popular, que compartimos, como a
las enmiendas que ha presentado el Grupo Socialista. Pero
quisiéramos nosotros, y lo digo aquí en nombre de Coalición
Canaria, que en ese Registro, que todavía está tan en precario
(el portavoz del Grupo Popular ha hablado de cinco buques
registrados en este momento; en el debate que tuvimos sobre la
pregunta que este Diputado, en nombre de Coalición Canaria, le
hizo al señor Ministro de Transportes la semana pasada él
habló de siete registrados), en cuaquier caso, vayan buques
que estén construidos, de acuerdo con lo que dice la moción,
en astilleros españoles, que es lo que nos hace falta.
Nada más y muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, tiene la palabra el señor Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: Gracias, señor Presidente.
El debate de esta moción es de esos sorprendentes que hay en
la Cámara en que, tras contrastes duros en la interpelación,
se llega a mociones, que prácticamente son consensuadas por el
conjunto de la Cámara. Y son más sorprendentes aún cuando
mociones de características muy similares fueron rechazadas
apenas hace dos meses por la mayoría, planteándose problemas y
soluciones que eran de muy similares contenidos a las que se
presentan por el grupo proponente.
¿Qué pasa con el grupo mayoritario? ¿Hay que llevarle con un
ronzal detrás, poniéndole delante de los problemas reales que
tiene la industria en nuestro país y, concretamente, la
industria naval? ¿Es que no se daba cuenta hace dos meses de
que hacía falta una actuación de apoyo público en el sector
naval para que saliera adelante el conjunto del sector?
Es difícilmente comprensible la tozudez del grupo mayoritario,
que tarda tanto en enterarse de estas situaciones. Por otra
parte, nos hace tener la esperanza de que haya una actitud de
mayor apoyo público al conjunto de nuestra industria.
En cualquier caso, la moción que presumiblemente se aprobará
hoy consideramos que no es más que el marco del decreto-ley
que saldrá el viernes. Ese decreto-ley es el que realmente
creemos que debe ser objeto del debate, y habrá que ver si
realmente puede favorecer las medidas que consideren que son
necesarias los empresarios públicos y privados del sector, así
como los sindicatos, para que se relance el sector naval.
Lamentamos que sea tan duro el conseguir que la mayoría de
esta Cámara abra los ojos a situaciones que son reales, pero
confiemos que estos esfuerzos tengan más frutos en el futuro.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Andreu.
Entiendo, señor Fernández de Mesa, que de su intervención se
desprende la aceptación de la enmienda en términos claros y
suficientes.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Señor Presidente, la
enmienda se acepta en los términos expresados por el Grupo
Parlamento Socialista, bien entendido que aquí no está
recogido el que se aceptan los puntos números 1, 7 y 8 de la
moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández de Mesa, la moción del
Grupo Socialista es de sustitución de los puntos 2, 3, 4, 5 y
6. Por tanto, no afecta a los restantes puntos de la enmienda
presentada por el Grupo Popular.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Perfecto.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación.
Moción del Grupo Popular, que se somete a votación en los
términos resultantes de la aceptación de la enmienda del Grupo
Socialista. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 252; a favor, 251; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción.
El Pleno se reanudará mañana, a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las diez y quince minutos de la noche.