CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1994 Núm. 50 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 49
celebrada el miércoles, 23 de febrero de 1994



Página



ORDEN DEL DIA:



--Preguntas (Página 2412)



Interpelaciones urgentes:



--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
medidas de política general que piensa adoptar el Gobierno
para reactivar el sector naval en su conjunto, tanto en lo que
afecta a la construcción de buques como a la potenciación de
nuestra marina mercante (número de expediente 172/000032)
(Página 2435)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, sobre la política del Gobierno y
medidas a realizar por el mismo a fin de poder transferir las
competencias sobre la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir a la Comunidad Autónoma Andaluza (número de
expediente 180/000033) (Página 2441)



(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número
51, de 24 de febrero de 1994.)

Página 2408



SUMARIO



Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.




Preguntas (Página 2412)



Del Diputado don Ricardo Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo
Vasco (PNV), que formula al Gobierno: ¿Qué gestiones está
realizando el Gobierno para dar cumplimiento al acuerdo
parlamentario de 26 de octubre de 1993, relativo a la
prohibición definitiva del uso de las redes de enmalle a la
deriva (volantas)? (Número de expediente 180/000292) (Página 2412)



Del Diputado don Manuel Guillermo Varela Flores, del Grupo
Socialista, que formula al Gobierno: ¿Cuándo prevé el Ministro
de Agricultura, Pesca y Alimentación que la Comisión Europea
apruebe los diferentes programas presentados por España, en
relación con las tres medidas de acompañamiento aprobadas con
la reforma de la PAC? (Número de expediente 180/000316)
(Página 2413)



Del Diputado don Xabier Albistur Marín, del Grupo
Parlamentario Mixto, que formula al Excmo. Sr. Ministro de
Justicia: ¿Cuáles son las razones para conceder el tercer
grado penitenciario a José Amedo y Michel Domínguez? (Número
de expediente 180/000293) (Página 2414)



Del Diputado don Enrique Fernández-Miranda y Lozana, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Cuáles son las razones políticas por las que el Gobierno
vuelve a conceder indultos de forma unilateral a alcaldes
socialistas como don Vicente Avila Ródenas, del municipio de
Ayora (Valencia), según consta en el B.O.E. número 30 de fecha
4 de febrero de 1994? (Número de expediente 180/000295)
(Página 2415)



Del Diputado don Antonio Pillado Montero, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno crear una auténtica policía
judicial? (Número de expediente 180/000300) (Página 2417)



Del Diputado don Antonio Romero Ruiz, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que
formula al Gobierno: ¿Qué posición tiene el Gobierno respecto
de la atenuación del régimen penitenciario a los internos José
Amedo y Michel Domínguez, condenados por actividades de los
«GAL»? (Número de expediente 180/000311) (Página 2418)



Del Diputado don José Eugenio Azpiroz Villar, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Puede informar el Gobierno si piensa poner en marcha algún
Plan específico que aborde la problemática que se presenta en
las familias en las que alguno de sus miembros sufre la
enfermedad de alzheimer, parkinsson o la esclerosis múltiple?
(Número de expediente 180/000304) (Página 2419)



Del Diputado don Ramón Aguirre Rodríguez, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.

Sr. Ministro de Comercio y Turismo: ¿Resulta competitivo el
seguro español para la exportación a terceros países? (Número
de expediente 180/000302) (Página 2420)



Del Diputado don Santiago López Valdivielso, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Qué significado tiene la información del Presidente del
Gobierno de que estamos al límite de nuestras posibilidades
humanas como justificación de la decisión de no enviar más
cascos azules a Bosnia-Herzegovina? (Número de expediente
180/000296) (Página 2421)



Del Diputado don Manuel Núñez Pérez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Por qué
razón el Gobierno no ha incluido la cláusula de revisión de
las pensiones en los



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Reales Decretos sobre revalorizaciones de pensiones para 1994?
(Número de expediente 180/000297) (Página 2422)



Del Diputado don Cristóbal Montoro Romero, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.

Sr. Ministro de Economía y Hacienda: ¿Cuáles son las razones
por las que el Ministerio de Economía y Hacienda ha cambiado
su previsión de consumo público para 1994 de una caída de
-2,0% (Presupuestos Generales del Estado para 1994) a un
descenso del -1,5% (Informe de Coyuntura Económica del
Ministerio, enero 1994)? (Número de expediente 180/000298)
(Página 2423)



Del Diputado don Juan Costa Climent, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de
Economía y Hacienda: ¿Cuáles son las hipótesis que sustentan
el cambio en la previsión del Ministerio de Economía y
Hacienda sobre la evolución de la inversión en 1994, de un
aumento del 0,8% (Informe de Coyuntura Económica del
Ministerio, enero 1994) en lugar de un crecimiento del 1,5%
(Presupuestos Generales del Estado para 1994)? (Número de
expediente 180/000299) (Página 2424)



Del Diputado don Isidoro Hernández-Sito García-Blanco, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al
Excmo. Sr. Ministro de Economía y Hacienda: ¿Cuándo va a
modificar el Ministerio de Economía y Hacienda la legislación
en materia tributaria, de tal manera que queden exentas de la
tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, las ayudas comunitarias que perciben los agricultores
y ganaderos? (Número de expediente 180/000305) (Página 2426)



De la Diputada doña Blanca Fernández-Capel Baños, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.

Sr. Ministro de Educación y Ciencia: ¿Conoce el Sr. Ministro
si los criterios de evaluación y corrección de las pruebas de
selectividad han sido publicadas por las distintas Comisiones
Coordinadoras de cada Universidad, o la Comisión
Interuniversitaria? (Número de expediente 180/000303) (Página 2426)



De la Diputada doña Elena García-Alcañiz Calvo, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno ante la situación de
indefensión que padecen las víctimas del terrorismo? (Número
de expediente 180/000306) (Página 2428)



De la Diputada doña Angeles Maestro Martín, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, que formula al Gobierno: ¿Es intención del Gobierno
adoptar alguna medida respecto de la Cónsul de la República
Dominicana en relación con las noticias aparecidas sobre su
supuesta conexión con una red de inmigración ilegal y
proxenetismo? (Número de expediente 180/000312) (Página 2429)



Del Diputado don Joaquín Pérez Siquier, del Grupo Socialista,
que formula al Gobierno: ¿Tiene previsto el Ministerio de
Cultura iniciar el proyecto de nueva construcción del Museo
Arqueológico de Almería? (Número de expediente 180/000313)
(Página 2430)



Del Diputado don Vicente González Lizondo, del Grupo
Parlamentario Mixto, que formula al Gobierno: ¿Piensa incluir
el idioma valenciano en el instrumento de ratificación, de
aceptación o de aprobación de la Carta Europea como lengua
autóctona reconocida en el Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Valenciana de 1 de julio de 1982 y con qué criterios
se han incluido las distintas lenguas en el instrumentos o
documentos remitidos al Consejo de Europa para configurar la
Carta Europea de las lenguas regionales o minoritarias?
(Número de expediente 180/000319) (Página 2430)



Del Diputado don Luis Mardones Sevilla, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, que formula al Excmo. Sr.

Ministro



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de Obras Públicas Transportes y Medio Ambiente: ¿Cómo valora
el Gobierno los resultados, hasta el presente, del Registro
Especial de Buques y Empresas Navieras, sito en el territorio
de la Comunidad Autónoma de Canarias? (Número de expediente
180/000291) Página 2432)



Del Diputado don Luis Carlos Piquer Jiménez, del Grupo
Socialista, que formula al Gobierno: ¿Cuáles han sido los
criterios y actuaciones del Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente en el tramo de autovía Zaragoza-
Nueno? (Número de expediente 180/000314) (Página 2432)



Del Diputado don Rafael Estrella Pedrola, del Grupo
Socialista, que formula al Gobierno: ¿Cuándo espera el
Gobierno realizar las obras del nuevo puente de Tablate en la
carretera Granada-Motril? (Número de expediente 180/000317)
(Página 2433)



Del Diputado don Jaume Antich i Balada, del Grupo Socialista,
que formula al Gobierno: ¿Va a intervenir el Gobierno en el
Proyecto de navegabilidad del tramo final del río Ebro, desde
Riba-Roja d''Ebre al mar? (Número de expediente 180/000318)
(Página 2434)



Interpelaciones urgentes (Página 2435)



Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas
de política general que piensa adoptar el Gobierno para
reactivar el sector naval en su conjunto, tanto en lo que
afecta a la construcción de buques como a la potenciación de
nuestra marina mercante (Página 2435)



El señor Fernández de Mesa Díaz del Río defiende la
interpelación del Grupo Popular, con el objetivo de conocer
qué medidas piensa adoptar el Gobierno para tratar de relanzar
el sector naval en España. A nadie le cabe la menor duda de
que la reconversión del sector naval, como consecuencia del
Real Decreto 1.271/84, tuvo efectos negativos tanto en la
construcción de buques como en el ámbito de la marina mercante
española. Como ejemplos cita desde la pérdida importante de
puestos de trabajo, pasando de 40.000 trabajadores
inicialmente a la cifra hoy en día de 14.000 o 15.000, lo que
ha supuesto una pérdida de casi el 60 por ciento de puestos de
trabajo directos, a los que hay que añadir
numerosos puestos indirectos. Importante también ha sido la
reducción de capacidad de nuestros astilleros, quedándonos con
menos de 150.000 metros cuadrados de superficie, lo que ha
supuestouna reducción de casi el 53 por ciento de nuestras
instalaciones. La cartera de pedidos es prácticamente nula y
encima tenemos ejemplos como el de Trasmediterránea, empresa
estatal que encarga la construcción de un buque a Finlandia
por importe de 10.000 millones de pesetas.

Añade que acabamos de perder un contrato de 70.000 millones de
pesetas para la construcción de cinco grandes petroleros para
Arabia Saudí, al tiempo que se amenaza con una mayor reducción
de plantillas. Quizá sea la hora de comenzar a pedir
dimisiones de altos cargos de la Administración que comparten
sus puestos directivos con vocalías en los Consejos de
Administración de empresas públicas españolas que no rinden,
que no son capaces de salir adelante y se ven obligadas a
reducir las plantillas de trabajadores, pero no así las de
esos vocales, que cobran sustanciosas cantidades por asistir a
sus Consejos. Agrega el interpelante que se conforman con las
400.000 toneladas de registro bruto anual que la Comunidad
Europea ha fijado para España, lo que es un techo
relativamente bajo para la capacidad de producción que
históricamente ha tenido nuestro país. Sucede, sin embargo,
que ni siquiera somos capaces de llegar a esos techos,
perdiendo mercado constantemente.

Por otra parte, la flota mercante española ha disminuido, lo
que indudablemente indica que las medidas adoptadas no han
beneficiado ni al sector de la construcción de buques ni al de
la marina mercante, debido a la falta de voluntad política del
Gobierno de potenciar ambos sectores. Expone seguidamente que
los Diputados de esta Cámara, de cualquier grupo político que
sean, en sus respectivas comunidades autónomas sufren
constantemente, con los trabajadores, la falta de medidas por
parte del Gobierno central, mientras que los alcaldes se
encuentran con las reivindicaciones permanentes de los
trabajadores para el relanzamiento del sector naval.

Afirma que estamos prácticamente sin flota y en tal situación
el Presidente del Gobierno se permite declarar en Washington
que nuestro sector naval puede empeorar aún, a la vista de
todo lo cual el Grupo Popular considera necesaria una política
integral en todo lo referente al sector marítimo, con
independencia de las peculiaridades de cada uno de los
asuntos. Creen necesario revisar la política de puertos, la de
la marina mercante, de construcción



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de buques y un plan decidido de renovación de la flota
mercante y de la flota pesquera, involucrando a todos los
Ministerios con competencia en la materia. Considera llegado
el momento de prestar más atención a este sector y de adoptar
medidas positivas para su relanzamiento. Anuncia la
presentación de una moción en la que recordarán dichas
medidas, solicitando en este momento que el señor Ministro de
Industria informe a la Cámara sobre las medidas de política
general que piensa adoptar el Gobierno para reactivar el
sector naval en su conjunto.

En nombre del Gobierno contesta el señor Ministro de Industria
y Energía (Eguiagaray Ucelay), que reconoce la urgencia de la
interpelación, al igual que la capacidad del interpelante para
mezclar unas cosas con otras y anunciar, con independencia de
lo que ahora diga el Ministro, la presentación de una moción.

En este sentido, piensa que se podían haber ahorrado todo este
trámite si lo que querían verdaderamente era presentar la
moción sobre las medidas que el Partido Popular entiende que
hay que adoptar. Consiguientemente, ignora si este trámite es
demasiado útil, con independencia de la oportunidad que el
señor Fernández de Mesa ha tenido para mezclar unas cuestiones
con otras que poco tenían que ver entre sí. Se alegra, no
obstante, de que el interpelante sufra con los trabajadores,
lo cual le produce gran satisfacción.

Señala a continuación que, en contra de lo expuesto por el
representante del Grupo Popular, la reconversión naval no tuvo
de ninguna manera efectos negativos para la construcción de
buques en España, produciéndose tales efectos negativos, al
igual que en el resto de los países constructores de buques,
como consecuencia de la brusca disminución de la demanda
mundial de construcción naval, originada, a su vez, como
consecuencia de una crisis que arrancaba de la crisis del
petróleo de 1973.

Agrega que el Decreto de 1984 y sucesivas disposiciones sobre
ayudas al sector naval han tratado de ajustar el sector al
nuevo valor de la demanda, fomentando al mismo tiempo la
modernización de las instalaciones, de los procesos
productivos y de los sistemas organizativos y de formación del
personal, facilitando sobre el particular algunas cifras
relativas a la evolución del sector en nuestro país y en otros
países de la Comunidad Económica Europea. Afirma que la crisis
del sector representa un fenómeno no específico español y que
la reconversión del sector ha tenido efectos claramente
beneficiosos en términos de recuperación de una parte de
nuestra participación en la demanda mundial y, al mismo
tiempo, una mejora ostensible de todos los terrenos desde el
punto de vista de la competitividad de nuestra industria
naval. Nos encontramos en una mejor situación relativa de la
que estábamos anteriormente, lo que no significa ignorar los
evidentes problemas de la construcción naval en este país, al
igual que en Europa y en el mundo. No obstante, el Gobierno ha
tomado algunas iniciativas posibles de tomar, junto a otras
que darán lugar a un próximo Real Decreto sobre primas y
financiación en la construcción naval.

En cuanto al desarrollo del sector del transporte marítimo, el
Gobierno sigue juzgando correctas las medidas adoptadas, que
tienen una enorme importancia en el marco de la liberalización
del transporte marítimo y cuyo objetivo es poner a nuestra
flota y a nuestros puertos en condiciones de competencia en el
marco europeo.

Replica el señor Fernández de Mesa Díaz del Río, duplicando el
señor Ministro de Industria y Energía.




Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre la política del Gobierno y medidas a
realizar por el mismo a fin de poder transferir las
competencias sobre la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir a la Comunidad Autónoma andaluza (Página 2441)



El señor Alcaraz Masats defiende la interpelación del Grupo
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, manifestando que no
puede hablarse de autonomía plena desde el punto de vista
político sin las transferencias de un río que nace y muere en
Andalucía y que pasa también por la transferencia de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que conlleva,
naturalmente, la transferencia del acuífero 27, que es el que
abastece el Parque Nacional de Doñana. Desde el punto de vista
económico y agrícola no es posible una política autónoma,
real, profunda, de competencias plenas a nivel de vascos,
catalanes y gallegos, sin la transferencia de las competencias
del Guadalquivir. Recuerda que el 62 por ciento de todo el
territorio andaluz, aproximadamente 58.000 kilómetros
cuadrados, depende de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, Confederación que en un 95 por ciento de su
totalidad se instala también dentro de Andalucía.

Se basa en lo dispuesto en el artículo 145 de la Constitución
para apoyar esta reivindicación, señalando que por formular la
misma no se les puedeacusar de desmembrar el Estado. Por el
contrario, hay que superar cualquier desconfianza y la actual
situación de la estructura de las confederaciones, estructura
que proviene del franquismo. Su Grupo plantea, de acuerdo con
la filosofía del Estado



Página 2412



de las autonomías, un nuevo concepto de unidad de cuenca, ya
que la Ley de Aguas de 1975 restringe la óptica planteada
tanto en la Constitución como en los distintos estatutos de
autonomía. Espera de la voluntad jurídica y política del
Gobierno de la nación poder llegar a una solución para
completar una autonomía de vía rápida y profunda ganada a
pulso en las calles andaluzas en 1980, haciendo frente a
muchas dificultades.

En nombre del Gobierno contesta el señor Ministro de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente (Borrell Fontelles),
manifestando que, evidentemente, las Comunidades Autónomas
también son Estado, pero lo son de una manera algo más
compleja que la mera yuxtaposición de piezas, donde las partes
simplemente se suman para formar un todo. El todo es algo más
que la unión de las partes, es el resultado de las
interacciones en que las partes se producen, y así hay que
entender el Estado de las autonomías y el carácter de Estado
que las autonomías tienen. Agrega que cuando se hace
referencia al agua, dadas las características especiales de
nuestro territorio, hay que ser muy cuidadosos con los
planteamientos competenciales. La sequía que viene azotando
nuestro país en los últimos años, especialmente la mitad sur,
pone en primer plano el objetivo de aprovechar mejor el agua y
dibujar con sensatez y racionalidad una política hidráulica
que modernice sus infraestructuras y tenga en cuenta la
relación del Plan Nacional con los planes de cadacuenca para
satisfacer en el futuro las demandas racionales. Esto les
conduce a una preocupación por las insuficiencias que pueda
presentar la administración de los recursos desde la
perspectiva aislada de una Comunidad Autónoma en un país como
el nuestro, en el que la elaboración de una política
hidráulica de carácter general es fundamental. En este cuadro
hay que entender la preocupación de nuestros constituyentes
por mantener una única administración del aprovechamiento de
los recursos hidráulicos cuando éstos discurran por el
territorio de más de una Comunidad Autónoma, recursos que, por
escasos, han sido muy valiosos, sobre los que atribuye la
competencia exclusiva a la Administración central el artículo
149.1.22 de la Constitución en materia de legislación,
ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos
hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una
Comunidad Autónoma, independientemente de la importancia
cultural y geopolítica que un río determinado tenga para una
Comunidad. Es un modelo no casual, sino que obedece a hondas
razones lógicas, técnicas y a la propia experiencia. Añade que
el hecho de que un curso fluvial determinado discurra
íntegramente por el territorio de una Comunidad Autónoma no es
suficiente para atribuir a ésta competencias sobre el mismo si
éste está integrado por una cuenca intercomunitaria, como es
el caso del Guadalquivir, y de ahí que la gestión de sus
competencias corresponda al Estado.

Replica el señor Alcaraz Masats.

Para fijación de posiciones interviene la señora De Palacio
Valle Lersundi, del Grupo Popular.

Se suspende la sesión a las siete y cinco minutos de la tarde.




Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.




PREGUNTAS:



--DEL DIPUTADO DON RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA, DEL
GRUPO VASCO (PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE GESTIONES
ESTA REALIZANDO EL GOBIERNO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO
PARLAMENTARIO DE 26 DE OCTUBRE DE 1993, RELATIVO A LA
PROHIBICION DEFINITIVA DEL USO DE LAS REDES DE ENMALLE A LA
DERIVA (VOLANTAS)? (Número de expediente 180/000292)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Se reanuda la sesión.

Punto IV del orden del día: Preguntas.

Pregunta número 8, del Diputado don Ricardo Gatzagaetxebarría
Bastida, que tiene la palabra.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Grupo
Parlamentario Vasco le pregunta al Gobierno, para que informe
a los representantes de esta Cámara, sobre las gestiones que
está realizando en aras a dar cumplimiento al mandato
parlamentario adoptado en esta Cámara el pasado 26 de octubre
relativo a la prohibición definitiva del uso de las redes de
volanta.

En relación a esta cuestión, el Consejo de Ministros
comunitario de pesca, celebrado el pasado mes de diciembre, no
tomó ninguna determinación al respecto, por lo cual en la
fecha del 31 de diciembre de 1993 se cumplió el período
previsto en el Reglamento comunitario 345/1992, no pudiéndose
utilizar ya las redes de enmalle a la deriva, que tienen una
longitud entre 2,50 a 5 kilómetros. En este momento, por lo
tanto, el Reglamento comunitario sólo permite la utilización
de las redes de cero hasta 2,5 kilómetros.




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Señor Ministro, al sector pesquero de la bajura, por las
razones de todos conocidas, es decir, daños medioambientales y
perjuicio económico que origina el uso de estas redes por la
flota francesa, le interesa la prohibición total del uso de
este tipo de redes, incluso de las que alcanzan los 2,5
kilómetros, porque, en la práctica, esta medida que en este
momento permite la Comunidad Económica Europea está llamada a
ser defraudada porque realmente no se utilizan por parte de la
flota francesa redes de estas dimensiones, sino que llegan a
los 8 o 10 y, en algunos casos, a los 20 kilómetros.

En la reunión del Consejo de Ministros del pasado mes de
diciembre decayó el plazo de vigencia anteriormente expuesto,
pero sin que existiera por parte del señor Paleocrasas,
Comisario de Pesca, una propuesta en concreto. Es este el
momento en que interesa que el Comisario haga una propuesta de
prohibición definitiva del uso de estas redes, en coherencia,
también, con la Resolución adoptada por el Parlamento Europeo
el 17 de diciembre de 1993, admitiéndose, como se preveía en
dicha Resolución parlamentaria, que cada Estado miembro
pudiera regular, dentro de las 12 millas, la utilización de
las redes de enmalle a la deriva; propuesta que, a nuestro
juicio, es interesante y podría viabilizar el que España
pudiera integrar la voluntad de otros países comunitarios en
aras a lograr la prohibición definitiva de ese tipo de redes.

Al Grupo Vasco, señor Ministro --termino--, le preocupa que
exista una propuesta nacida en el seno de la Comisión por
parte de unos estudiosos representando a Francia, en la que,
incluso, se planteaba la posibilidad de prorrogar la
utilización de redes hasta los 5 kilómetros.

Por todas estas consideraciones, entendemos --y así se lo
pedimos, señor Ministro-- que el Gobierno debe trabajar
política y diplomáticamente para sensibilizar a la Comisión
Europea y a los Estados miembros para integrar su voluntad...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Gatzagaetxebarría. En nombre del Gobierno, tiene la palabra el
señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero
Silla): Muchas gracias, señor Presidente.

Señoría, no voy a reiterar la respuesta que ya di a una
pregunta similar la semana pasada. Sí quiero indicarle que,
como sabe S.S., el Gobierno español está haciendo los máximos
esfuerzos, a todos los niveles, para conseguir que ese
objetivo, que compartimos todos los grupos de la Cámara, de
eliminar la práctica del uso de las redes de enmalle a la
deriva, incluso las de menos de 2,5 kilómetros, se pueda
conseguir. No se le oculta a S.S. la dificultad que esto
tiene, sobre todo teniendo en cuenta que algún Estado miembro,
al que usted ha hecho mención, está trabajando en sentido
contrario. No es de extrañar que ese Estado miembro haya
planteado, de nuevo, una derogación que permita seguir
utilizando, a un determinado número de buques, redes de 5
kilómetros.

Creo que lo que se consiguió en el Consejo de diciembre fue
importante. El hecho de que no hubiera --como S.S. ha
indicado--una propuesta de la Comisión para volver a prorrogar
esa práctica excepcional de los 5 kilómetros fue producto de
la presión de muchos grupos proteccionistas, pero,
indudablemente, en la medida que le corresponda, también de la
presión del Gobierno español para evitar que la Comisión
pusiera sobre la mesa esa nueva derogación. Esa es actualmente
la situación. Como S.S. muy bien ha indicado, se puede pescar
con redes de 2,5, pero no con redes de 5 kilómetros, desde el
1 de enero. Esperamos que, en el Consejo de abril, podamos
seguir avanzando para la erradicación total de esta práctica,
e incluso en la línea que aprobó el Parlamento Europeo de
permitir su uso dentro de las doce millas, que aunque no sería
el objetivo ideal, podría ser, desde luego, un objetivo
bastante realista.

Vamos a continuar trabajando conjuntamente con todos aquellos
sectores preocupados por los daños medioambientales y por el
efecto que tiene para nuestra flota este tipo de prácticas y
vamos, lógicamente, a intentar conseguir --yo estoy convencido
de que tendremos un avance importante--, en el Consejo del mes
de abril, que la práctica del uso de las volantas se erradique
de las aguas comunitarias.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Ministro.




--DEL DIPUTADO DON MANUEL GUILLERMO VARELA FLORES, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUANDO PREVE EL MINISTRO
DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION QUE LA COMISION EUROPEA
APRUEBE LOS DIFERENTES PROGRAMAS PRESENTADOS POR ESPAÑA, EN
RELACION CON LAS TRES MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO APROBADAS CON
LA REFORMA DE LA PAC? (Número de expediente 180/000316)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 28,
del Diputado don Manuel Guillermo Varela Flores.

Señor Varela, tiene la palabra.

El señor VARELA FLORES: Gracias, señor Presidente.




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Con la reforma de 1992 de la política agraria común, España
impulsó la aprobación de tres medidas de acompañamiento
destinadas a la obtención de recursos comunitarios para el
desarrollo de programas de reforestación, tierras de cultivo,
cese anticipado de la actividad agraria y agroambientales, lo
que supone una financiación del 50 por ciento del coste de los
mismos, con carácter general, alcanzando el 75 por ciento en
las zonas más desfavorecidas, las denominadas zonas 1 y 5-B.

El interés del Gobierno español en la aplicación de estas
medidas se ha puesto de manifiesto al haber sido nuestro país
el primero que presentó programas de este tipo, concretamente
de carácter agroambientales, elaborados con la participación
de las comunidades autónomas afectadas, así como del cese
anticipado de la actividad agraria. Pero dada la importancia
de todos ellos y de la aplicación prácticamente a todo nuestro
territorio de los integrados en el Plan de reforestación,
formulo la siguiente pregunta: ¿Cuándo prevé el Ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación que la Comisión Europea
apruebe los diferentes programas presentados por España, en
relación con las tres medidas de acompañamiento aprobadas con
la reforma de la PAC?



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Varela.

Señor Ministro, tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero
Silla): Señor Presidente, señorías, el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, y en algunos casos
conjuntamente, como S.S. ha indicado, con las comunidades
autónomas, ha presentado los correspondientes programas para
aplicar en España las tres medidas de acompañamiento
establecidas en la reforma de la PAC. Esos programas, de
acuerdo con los reglamentos correspondientes, tenían que ser
presentados antes del día 30 de julio de 1993. El programa-
marco nacional sobre medidas forestales, que fue presentado el
2 de marzo de 1993 y posteriormente ampliado, prevé forestar
806.600 hectáreas, con un coste de 276.226 millones de pesetas
en los cinco años de ejecución, desde 1994 hasta 1998, ambos
inclusive, y otros 299.902 millones de pesetas hasta el año
2017, para compensar las rentas de los agricultores que se
acojan al programa. El Comité forestal, en su reunión del 15
de febrero, ha aprobado el programa-marco nacional y los dos
programas regionales de Navarra y País Vasco. No obstante, las
diferentes comunidades autónomas ya han iniciado el programa,
habiendo alcanzado las solicitudes, en esta primera fase, por
encima de las 200.000 hectáreas.

En relación a la medida de acompañamiento consistente en la
aplicación de prácticas de cultivo compatibles con el medio
ambiente, en septiembre de 1992 se presentó el primer programa
europeo que contemplaba la compensación de rentas a los
agricultores que disminuyan sus necesidades de riego en los
acuíferos de La Mancha occidental y del campo de Montiel, con
el fin de mejorar la situación del parque nacional de las
Tablas de Daimiel y del parque natural de las Laguna de
Ruidera. Este programa, cofinanciado por el Ministerio y la
Junta de Castilla-La Mancha, prevé una inversión de 16.250
millones de pesetas, que ha sido aprobado por decisión de la
Comisión de marzo de 1993 y se ha puesto en marcha en el año
1993, con una muy buena acogida. Posteriormente se presentó
otro programa para estepas cerealistas en Castilla y León, con
financiación de la Comunidad de Castilla y León, con un
importe de 31.700 millones de pesetas, que fue aprobado por la
decisión de la Comisión de 16 de septiembre de 1993 y se ha
puesto en marcha recientemente. En el mes de junio de 1993 se
presentó un programa-marco nacional que contempla la inversión
de 126.000 millones de pesetas, en el que está incluido el
programa de los acuíferos y que es confinanciado por el MAPA y
las comunidades autónomas. Por otro lado, en el mes de junio
se presentaron programas de las distintas comunidades
autónomas, con financiación exclusiva de éstas, por 308.000
millones de pesetas, en los que está incluido el programa de
estepas
cerealistas de Castilla y León, al que he hecho antes mención.

En próximas fechas se espera que sean aprobados estos
programas por el...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Ministro.




--DEL DIPUTADO DON XABIER ALBISTUR MARIN, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE
JUSTICIA: ¿CUALES SON LAS RAZONES PARA CONCEDER EL TERCER
GRADO PENITENCIARIO A JOSE AMEDO Y MICHEL DOMINGUEZ? (Número
de expediente 180/000293)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 9, de
don Xabier Albistur, quien tiene la palabra.




El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.

Mi pregunta es sobre si se va a conceder el tercer grado
penitenciario a José Amedo y a Míchel Domínguez.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Albistur. En nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor
Ministro de Justicia.




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El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Con la venia,
señor Presidente.

Señorías, en este momento mal se puede contestar a la pregunta
formulada en términos de qué razones tiene la concesión del
tercer grado a los internos por los que S.S. pregunta.

Esas razones, esos motivos, en su día existirán cuando exista
la correspondiente resolución administrativa de la Dirección
General. Hoy por hoy no hay ninguna decisión al respecto y,
por tanto, todavía no hay motivos o razones para esa
concesión. Lo único que hay hasta este momento es una
resolución judicial, un auto, en el que sí se concedía un
permiso de siete días y se argumenta que uno de los motivos de
su concesión es preparar su posibilidad legal y reglamentaria
de tercer grado.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro. El señor Albistur tiene la palabra.




El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Ministro, porque yo
creo que su respuesta es clarificadora. Sin embargo, pese a
ello mi Grupo considera que existe una responsabilidad por
parte del Estado y, en especial, por las dificultades puestas
por el Gobierno a la investigación judicial sobre los fondos
reservados. Los hechos de referencia han supuesto un grave
enfrentamiento con la Judicatura hasta terminar en un problema
de Estado, en alguna forma.

El Ejecutivo, con sus razones, obstaculizó una investigación
que correspondía al Poder Judicial y que era necesaria para la
credibilidad de las instituciones y de la propia democracia.

Se ha producido una grave confrontación institucional entre
Ejecutivo y Poder Judicial que, junto con el caso Linaza,
supone los dos más graves conflictos institucionales de la
democracia española entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.

Desde esta situación, y ante la responsabilidad que tiene el
Gobierno, este caso pudiera no tener nada de común en su
tratamiento. Es un caso específico, que afecta a la
respetabilidad del Estado y de la democracia. Por eso
entendemos que la concesión del tercer grado, si se produjera
en su momento, supondría una aplicación artificiosa y
extremadamente forzada de los beneficios contemplados en la
legislación penitenciaria, lo que revela el gran interés del
Ejecutivo en este tema, si es que se llega a conseguir, y no
dudaremos en calificar de arbitraria tal concesión en el caso
de que ocurra.

Muchas gracias, señor Ministro.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Albistur. Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Señor
Presidente, señorías, todos los delincuentes penados, sin
ninguna excepción, tienen una legítima expectativa a ser
progresados de grado. Absolutamente todos. Por razones obvias.

Por razones de que existe un marco constitucional y un marco
penitenciario que hay que respetar en todos sus términos.

El marco constitucional viene dado por el artículo 25 de la
Constitución, que establece que necesariamente las penas
privativas de libertad deben, entre sus fines, aunque no sea
el único, estar orientadas a la reinserción social. Es decir,
a que exista un pronóstico favorable de inserción en la
sociedad, así como por el artículo 14 de la Constitución, que
debe garantizar el principio de igualdad en la aplicación de
la ley.

Desde ese marco constitucional hay que tener presente
necesariamente el penitenciario, dentro del cual hay dos
principios que son derivación evidente de esos mandatos
constitucionales, cuales son, por un lado, el sistema de
cumplimiento progresivo, derecho evidente de todos los
delincuentes penados, y, por otro, el principio del
tratamiento científico individualizado en la aplicación de la
pena.

Esos parámetros son los que marca el sistema jurídico y la
obligación del Ministerio de Justicia no es otra que
garantizar que no se produzca discriminación a favor, pero
tampoco en perjuicio de ningún penado. Nada más, señoría.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro.




--DEL DIPUTADO DON ENRIQUE FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
GOBIERNO: ¿CUALES SON LAS RAZONES POLITICAS POR LAS QUE EL
GOBIERNO VUELVE A CONCEDER INDULTOS DE FORMA UNILATERAL A
ALCALDES SOCIALISTAS, COMO DON VICENTE AVILA RODENAS, DEL
MUNICIPIO DE AYORA
(VALENCIA), SEGUN CONSTA EN EL «BOE» NUMERO 30 DE FECHA 4 DE
FEBRERO DE 1994? (Número de expediente 180/000295)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta del Diputado
don Enrique Fernández-Miranda y Lozana, quien tiene la
palabra.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor
Presidente. Señor Ministro, ¿cuáles son las razones políticas
por las que el Gobierno vuelve a conceder indultos de forma
unilateral a alcaldes socialistas?
Gracias, señor Presidente.




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El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Fernández-Miranda. El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Señor
Presidente, señorías la propia formulación de la pregunta
contiene, S.S. lo sabe perfectamente, connotaciones que yo
particularmente
considero que son juicios de valor, por decirlo de una manera
suave en esta tarde tan poco concurrida. En cualquier caso,
planteado ese tema, me gustaría saber si lo que pregunta S.S.

es si damos un tratamiento desigual, discriminatorio, en
beneficio de alcaldes socialistas. Si usted lo pregunta con
esa claridad, yo se lo contestaré con la misma. Si es otro el
contenido, esperaré a su réplica para, después, articular la
dúplica. En los términos en que usted plantea la pregunta, me
limito a decir que ese indulto está basado en razones de
equidad y corresponde a los parámetros generales de la
política de
indultos.

Nada más.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro. Señor Fernández-Miranda, tiene la palabra.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor
Presidente. Señor Ministro, yo creí que las preguntas las
hacíamos la oposición al Gobierno y no el Gobierno a la
oposición. Por si no quedaba claro, le digo que, efectivamente
vuelven ustedes a utilizar a su favor, a favor de su partido,
la figura del indulto, como ya denunció nuestro Grupo
Parlamentario en la legislatura anterior en ocho ocasiones
que, por cierto, dio lugar a que durante unos meses
desapareciese del «BOE» la publicación del delito que
indultaban, en una actuación, sin duda, ejemplar de
transparencia política. Señor Ministro, por eso yo le pregunto
en este caso, donde el informe del Fiscal y el informe del
propio Tribunal es negativo respecto a la aplicación del
indulto, cuáles son las razones políticas, porque razones
jurídicas, que yo sepa, no existen o no son conocidas. Los
ciudadanos españoles tienen la sensación de que los altos
cargos que tienen carné del Partido Socialista actúan
impunemente, que basta con que se tenga ese carné del Partido
Socialista Obrero Español para que uno pueda incluso
permitirse el lujo de pagar una multa personal con fondos
públicos de un ayuntamiento, que es el caso del indulto que
conceden a este alcalde. (Rumores.) Por lo tanto, señor
Ministro, hay la sensación en la sociedad de que si se
delinque siendo miembro del Partido Socialista, se descubre y
se condena, siempre vendrá el Gobierno con las rebajas, es
decir, con el indulto. Esto ya sabíamos que pasaba en la
legislatura anterior, en el cambio; pero en el cambio del
cambio --ese anuncio que hizo el señor González--pensábamos
que iban a ser las cosas de forma distinta, pero son iguales.

El Gobierno sigue indultando a alcaldes socialistas condenados
previamente por delitos de corrupción, señor Ministro, y lo
que queremos saber es cuáles son los alcaldes, qué número de
alcaldes han indultado en estos ocho meses, en esta nueva era
del señor González y, sobre todo, cuáles son las razones
políticas, ya que, efectivamente, no hay razones jurídicas en
consonancia con la opinión del Tribunal y del Fiscal del caso
que nos ocupa. Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Ministro de
Justicia tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Señor
Presidente, como me temía, usted no quiere saber qué pasa; y
si lo quisiera saber, basta que me lo diga en la Comisión de
Justicia y no en tres minutos, que además aquí el tiempo es
muy corto. Le
explicaré con mucho gusto todos y cada uno de los expedientes
de indulto por lo que usted se interesa. Tiene ese
ofrecimiento ya de entrada.

Usted está haciendo un acto legítimamente político y, por lo
tanto, no vale la pena contestarle más que en términos
estictamente políticos. La contestación en esos términos es
muy sencilla. Es hacerle otra pregunta. Yo considero que
también puedo hacer preguntas, señoría. ¿Por qué en los once
indultos anteriores, afectantes a nueve concejales --porque
tengo
entendido que usted sigue, ya que tiene este trabajo, según me
han dicho, de otras legislaturas, el «BOE» a este respecto--,
concedidos a dos alcaldes y a nueve concejales usted no ha
preguntado las razones? Se lo voy a contestar yo. (El señor
Fernández-Miranda y Lozana pronuncia palabras que no se
perciben.) Hago la pregunta y se la contesto. Porque en esos
once casos ninguno pertenecía al Partido Socialista, sino a
otros partidos políticos, por ejemplo, Alianza Popular
(Rumores.), que creo que le sonará, Bloque Nacionalista
Gallego, Izquierda Unida. Este es el duodécimo caso, y la
primera y única vez. (Continúan los rumores.) Señor
Presidente, pido su amparo para poder continuar.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor
Ministro. Señorías, por favor, guarden silencio. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Ministro.




El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Trataré de
terminar el argumento.

De los doce casos, usted ha preguntado por éste sobre los once
anteriores, que afectaban a concejales o a alcaldes, no ha
habido pregunta de clase alguna. Da la pequeña casualidad que
los otros once casos no se refieren



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a ninguna persona que pertenezca al Partido Socialista.

(Varios señores Diputados: ¡Muy bien!)
Usted lo que quiere hacer, en definitiva, es una exhibición
política y no merece más que una contestación de este tenor.

Nada más, señor Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo
Socialista.)



--DEL DIPUTADO DON ANTONIO PILLADO MONTERO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿CUANDO TIENE PREVISTO EL GOBIERNO CREAR UNA AUTENTICA POLICIA
JUDICIAL? (Número de expediente 180/000300)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pasamos a la pregunta
número 16, del Diputado don Antonio Pillado Montero.

Señor Pillado, tiene la palabra.




El señor PILLADO MONTERO: Muchas gracias, señor Presidente. A
pesar de lo que dispone el Real Decreto 789/1987, de 19 de
junio, que regula la supuesta policía judicial, y de lo que
disponen los artículos 29 y siguientes de la Ley Orgánica
2/1986, de 13 de marzo, Reguladora de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, pregunto al Gobierno: ¿Cuándo tienen previsto crear
una auténtica policía judicial?



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Pillado. Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.




El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Señor
Presidente, señorías, efectivamente la clave de la pregunta
está en el adjetivo auténtica. Supongo que podremos aclararnos
de qué entiende por auténtica. En todo caso, la constatación
es que en el programa de Justicia, que presenté en nombre del
Gobierno para esta legislatura, no estaba entre las
prioridades --ese es el hecho, le constará a S.S. de las actas
correspondientes--
establecer modificaciones en materia de policía judicial.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el
señor Pillado.




El señor PILLADO MONTERO: Gracias, señor Presidente.

Seño Ministro, la pregunta viene a cuento porque hace tres
semanas ocurrió el cuádruple asesinato de Nigrán en
Pontevedra, que se hizo famoso, primero, por lo horroroso del
crimen en sí y, después, por el insólito encontronazo entre el
Poder Judicial y la Policía.

No juzgo yo aquí de qué parte está la razón, no tengo datos
suficientes para ello, ni es lo que importa en este momento.

Lo que realmente importa es que, tenga quien tenga la razón,
el choque institucional ha dejado atónita a la ciudadanía. Lo
que importa es que, al parecer, hay ocasiones en que los
jueces y la policía van cada uno por su lado en esto de la
investigación de los delitos. Lo que importa es que si lo
jueces quieren corregir una actuación, supuestamente
incorrecta de la policía, no pueden hacerlo directamente, sino
a través de otros medios, como este al que estoy aludiendo.

Esto quiere decir, señor Ministro, que algo parece que falla
en nuestro sistema de policía judicial. Esto quiere decir que
nuestra policía judicial depende muy poco de los jueces,
porque, si el caso concreto a que he aludido fuese aislado, no
habría habido esta reacción de la Judicatura a su más alto
nivel. Dígase lo que se diga, algo falla en las relaciones
entre jueces y policías, y parece que el asunto de Nigrán no
fue más que la gota que colmó el vaso. Parece que éste no es
el modelo de policía judicial en el que pensó la Constitución
en su artículo 126, ni la Ley Orgánica del Poder Judicial en
su artículo 443 y
siguientes. Desearía que el señor Miistro incluyera la reforma
entre sus prioridades.

Está claro que no hay cosa que cambie tanto, a veces, a un
magistrado como el tener responsabilidades políticas, y este
parece ser el caso, señor Ministro, visto lo que oímos muchas
veces de S.S.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Pillado. Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Con la venia
del Presidente. Señorías, indudablemente el tema de la policía
judicial tiene importancia. Lo que ocurre es que a la hora de
fijar un programa necesariamente hay que seleccionar
objetivos, y en este caso, hasta este momento, no está
seleccionado entre esos objetivos. Trataré de darle alguna
explicación, aunque el tema que usted plantea también tiene
mucha importancia. La explicación fundamental es que es un
tema que se podrá retocar inicialmente al tratar de la reforma
general de la Ley Orgánica del Poder Judicial y, por otro
lado, donde debe tener su
respuesta cumplida, al menosasí lo ve el Ministerio de
Justicia, es cuando optemospor un modelo definitivo de
procedimiento criminal; porque es en ese marco, en definitiva
en el marco de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y en el
marco de la futura reforma integral de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, donde debe diseñarse realmente esa policía
judicial, examinar las posibles deficiencias del modelo y
tratar de superarlas. Como quiera que esa reforma procesal
criminal en el programa estaba anunciada para



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1995, así como la reforma integral, para esa fecha le tengo
que emplazar en la solución concreta del problema.

Entretanto sí que quisiera decir, si es que tengo tiempo, que
las actuales unidades de policía judicial tienen cierta
entidad, afortunadamente ya. Conoce S.S. que hay 7.000
miembros del Cuerpo Nacional de Policía y 1.500 de la Guardia
Civil que están distribuidas en todas las provincias
españolas, que en las ciudades grandes están, incluso, en sede
judicial, adscritos a los decanatos y que, por tanto, se están
dando pasos positivos. Sin embargo, una reforma de modelo me
temo que será necesario aplazarla a la fecha que le he
indicado.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro.




--DEL DIPUTADO DON ANTONIO ROMERO RUIZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE POSICION TIENE EL
GOBIERNO RESPECTO DE LA ATENUACION DEL REGIMEN PENITENCIARIO A
LOS INTERNOS JOSE AMEDO Y MICHEL DOMINGUEZ, CONDENADOS POR
ACTIVIDADES DE LOS «GAL»? (Número de expediente 180/000311)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 23,
del Diputado don Antonio Romero Ruiz.




El señor ROMERO RUIZ: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro de Justicia, nosotros preguntamos sobre su
valoración para que se atenúe el régimen penitenciario para
José Amedo y Michel Domínguez. El acceso al régimen abierto de
Amedo y Domínguez, condenados a 108 años de cárcel por unos
hechos extremadamente graves, no puede ser calificado, en
absoluto, de funcionamiento normal de los mecanismos legales
penitenciarios, sino de una aplicación forzada y privilegiada.

En concreto constituye un verdadero indulto encubierto. Usted
es Ministro de Justicia e Instituciones Penitenciarias está en
el seno de su Ministerio. Debe usted hacer una valoración de
este hecho, dar una opinión, y no jugar con la formalidad de
las palabras para huir de una respuesta que reclama la
sociedad española. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Ministro de
Justicia tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Con la venia,
Presidente. Señoría, los términos iniciales de la pregunta
aludían a cuál era el criterio del Gobierno al respecto; se ha
cambiado a cuál es el parecer delMinisterio de Justicia, lo
cual simplifica ciertamente los temas. Yo comprendo, porque
hemos tenido ya más de una conversación de este tipo, esta
misma mañana, que cuando utilizo términos jurídicos usted me
acusa siempre de que oculto la realidad. No. Me limito a
utilizar términos jurídicos, por lo menos esa es mi versión de
las cosas. En este tema es fundamental tener en cuenta una
cosa. Yo no puedo dar un parecer; lo que dará el Ministro de
Justicia es una decisión, que es algo bastante distinto y con
mayor
responsabilidad, sin duda, pero una decisión, puesto que, pese
a que se confunda, lo cierto es que esta materia no compete al
Consejo de Ministros porque no tiene la naturaleza de un acto
político, como corresponde a los indultos, que junto al motivo
de equidad y de justicia tiene trascendencia político-
criminal, de ahí que se resitúe la competencia del Consejo de
Ministros, sino que el tercer grado es sólo y exclusivamente
de la decisión, competencia y responsabilidad de este
Ministerio de Justicia. Precisamente por eso daré mi opinión,
mi Ministerio la dará, concretamente la Dirección General, a
través de una resolución fundada en Derecho y cuando realmente
sea posible darla. ¿Cuándo será posible darla? Pues cuando se
cumpla el procedimiento. Falta, entre otras cosas, que la
Junta de Tratamiento informe sobre si procede o no progresar
de grado. Mientras no se produzca el informe de la Junta de
Tratamiento --y no tengo ninguna noticia de que se vaya a
producir de manera inmediata, pese a que algún medio de
comunicación así lo haya dicho, a mí no me consta-- a partir
de la decisión de la Junta de Tratamiento es cuando elevará la
propuesta correspondiente a la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias. En ese momento no tendrá usted
un parecer, tendrá una decisión que me parece algo mucho más
serio y responsable. En cuanto al planteamiento de la misma,
insisto, tratamiento discriminatorio no, pero ni a favor ni en
perjuicio. Tendrá usted que esperar a la decisión, señoría.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Romero tiene
la palabra.




El señor ROMERO RUIZ: Señor Ministro de Justicia, usted es
Ministro del Gobierno de Felipe González y le pedimos que
valore políticamente el debate abierto en torno al pase al
tercer grado de José Amedo y Míchel Domínguez. Los jueces
hablan a través de sus resoluciones motivadas. Usted en este
momento ya no es juez, está ejerciendo de Ministro, por tanto
debe hablar de la decisión que piensa tomar. Y la decisión que
piensa tomar, cuando se tome (que va a ser en breve, cuando la
Junta haga sus valoraciones), va a ser una decisión a partir
de lo que han dicho su colega el Ministro del Interior y el
propio Presidente del Gobierno. En usted había esperanzas por
su biografía progresista. Lo que acabo de leerle es una
resolución de Jueces para la Democracia;



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no sé si a usted le suena. Las razones de Estado han terminado
por sepultarle a usted y ahora aquí no habla con claridad de
lo que significa aplicar dos varas de medir, del retroceso en
la lucha contra el terrorismo de ETA al otorgar una situación
de privilegio a Amedo y Domínguez. Además, existe una carta
dirigida a usted, en la que se dice por Amedo: Dolorosamente
harto de mi situación, me prometieron un indulto que no llega,
me dijeron que estaría poco tiempo en la cárcel, y me
arrepiento de ser policía, porque era en esa condición como,
siguiendo instrucciones, puse en marcha a los GAL en España.

Es una vergüenza que usted se escude en las fechas y en la
toma de decisiones, siendo un Ministro con biografía
democrática para tomar una decisión de este tipo. Un verdadero
escándalo, señor Belloch. (Un señor Diputado: Se ha pasado.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro, 32
segundos nada más.




El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): ¿Sólo?



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Sólo.




El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): La verdad es
que es muy poco. Lamento que le provoque escándalo, pero la
verdad es que ser Ministro de Justicia es algo tan serio como
ser juez. Las decisiones de un Ministro de Justicia se tienen
que atener estrictamente, como las del juez, a los principios
de legalidad, y no antes ni de acuerdo con otro tipo de
fundamentaciones. Cuando haya los datos de juicio sobre los
que basar la decisión, el Ministro de Justicia tomará la
decisión, no antes.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro.




--DEL DIPUTADO DON JOSE EUGENIO AZPIROZ VILLAR, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿PUEDE INFORMAR EL GOBIERNO SI PIENSA PONER EN MARCHA ALGUN
PLAN ESPECIFICO QUE ABORDE LA PROBLEMATICA QUE SE PRESENTA EN
LAS FAMILIAS EN LAS QUE ALGUNO DE SUS MIEMBROS SUFRE LA
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER, PARKINSON O LA ESCLEROSIS MULTIPLE?
(Número de expediente 180/000304)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 20,
del Diputado don José Eugenio Azpiroz Villar.




El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señor Presidente.

Gracias a la señora Ministra por su comparecencia, más cuando
era una cuestión la que planteamos susceptible, a su vez, de
haber sido tratada por la Ministra de Asuntos Sociales o
incluso por el Ministro de Economía. La pregunta que hoy le
formulamos, con un ánimo meramente informativo y de
trasladarle una preocupación social cada día más extendida, es
si piensa el Gobierno poner en marcha algún plan específico
que aborde la problemática que presentan las familias en las
que alguno de sus miembros sufre la enfermedad de Alzheimer,
Parkinson o esclerosis múltiple. En definitiva lo que queremos
(más que hablar quizás de esclerosis múltiple tendríamos que
hablar de otras cuestiones como la epilepsia tardía), lo que
nos preocupa son los casos en que, por mor del aumento de la
expectativa de vida, se van incrementando las demencias
seniles que precisan de una solución en
solidaridad.

Gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Azpiroz. En nombre del Gobierno tiene la palabra la señora
Ministra de Sanidad y Consumo.




La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán):
Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Diputado, como S.S. conoce, las enfermedades de
Alzkeimer, Parkinson y la esclerosis múltiple son procesos
degenerativos del sistema nervioso, de causa hoy desconocida y
con incidencia creciente en nuestra sociedad, vinculadas al
aumento de la esperanza de vida y que tienen en común la
afectación de
funciones elementales de la persona, lo que determina la
importancia fundamental de las atenciones sustitutivas del
autocuidado que deben facilitarse, además de los tratamientos
médicos sintomáticos de cada caso. Lo que hemos previsto para
atender al problema que S.S. plantea es la atención
especializada que requieren no sólo estos pacientes, sino sus
familias. Para ello hemos suscrito en diciembre del año 1993,
es decir hace dos meses, un acuerdo marco entre los
Ministerios de Asuntos Sociales y de Sanidad y Consumo para
impulsar y desarrollar programas sociosanitarios de actuación
conjunta. Nos centramos en un esfuerzo para crear un plan de
reorientación de los servicios sanitarios que, además de
cubrir la asistencia de estos
pacientes, potencie las actuaciones de prevención del
deterioro funcional en todos estos trastornos de salud que lo
requieren. Es un plan orientado desde la óptica de procurar
mantener a esas personas en su medio habitual, favoreciendo su
autonomía e independencia, evitando internamientos
innecesarios, potenciando sistemas alternativos de atención
más adecuados para cada situación y contribuyendo, en
definitiva, a la integración y coordinación de los servicios
sanitarios y sociales que en este



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tipo de enfermedades se demuestran imprescindibles.

Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Ministra. Tiene la palabra el señor Azpiroz.




El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señor Presidente.

Agradezco a la señora Ministra su explicación y comparto la
filosofía que acaba de exponer. Es importante llevar a cabo
una labor plural, porque plural es la cuestión que nos
preocupa, y que como bien señalaba afectano sólo a los
enfermos sino a las familias, que muchas veces se ven con
problemas de soledad y de atención, con problemas financieros
y de no saber qué hay que hacer. No es fácil la prevención
cuando se desconoce, como se reconoció hace un momento, la
etiología de estas diversas enfermedades, pero lo que es
cierto es que un número cada día mayor de hogares españoles se
encuentran con estos problemas a los cuales hay que dar una
respuesta partiendo de los limitados recursos públicos. No
puede rechazarse el uso de plazas para no válidos
residenciales, pero hay que combinarlo con una asistencia
domiciliaria sanitaria, incluso plantearse si no hay que ir a
una reforma, a efectos tributarios en la renta, de estos
gastos sociales. Yo, desde luego, como Diputado vasco del
Partido Popular, le puedo decir que vamos a plantear y debatir
en breve una norma foral que afecte a los incentivos fiscales
para asistencia social, a los problemas sociales, culturales y
deportivos en las Juntas Generales de Guipúzcoa, en el
próximomarzo. En eso contarán siempre ustedes con nosotros.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Azpiroz. Tiene la palabra la señora Ministra.




La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán):
Gracias, señor Presidente.

Por completar la información, señoría, quiero aclararle que en
el convenio al que he hecho referencia se contemplan programas
de atención a personas de avanzada edad que han llegado a una
situación de dependencia, programas de atención a personas con
minusvalías que precisan servicios de detección y atención
precoz, rehabilitación y recuperación profesional, y programas
de apoyo sociosanitario a pacientes crónicos inmovilizados no
hospitalizados. Además, el Ministerio está en permanente
contacto y colaboración con las asociaciones de familiares y
pacientes afectados por estas enfermedades, porque es
fundamental la especial información a los familiares y los
programas de apoyo a los mismos.

Agradezco la preocupación del Diputado y la sensibilidad
demostrada por unas enfermedades que tienen, como he dicho,
cada vez más incidencia social y que requieren de la
colaboración de todos.

Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Ministra.




--DEL DIPUTADO DON RAMON AGUIRRE RODRIGUEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCMO.

SEÑOR MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO: ¿RESULTA COMPETITIVO EL
SEGURO ESPAÑOL PARA LA EXPORTACION A TERCEROS PAISES? (Número
de expediente 180/000302)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 18,
del Diputado don Ramón Aguirre Rodríguez.

Señor Aguirre, tiene la palabra.




El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, ¿resulta competitivo el seguro español para la
exportación a terceros países?



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): En nombre del
Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de Comercio y
Turismo.




El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro
Navarrete): Como usted bien sabe, hay dos tipos de riesgo: el
riesgo político, que identifica en esencia el llamado riesgo
de transferencia, y el riesgo comercial, que deriva de la
quiebra del cliente importador extranjero. Al mismo tiempo,
dentro del riesgo comercial, en función del plazo, hay una
parte del riesgo que la Compañía Española de Seguro de Crédito
a la Exportación, CESCE, hace por cuenta propia y donde hay
libre competencia, que es el crédito a plazo menor de 36
meses, y en el plazo mayor de 36 meses el crédito se hace a
cuenta del Estado. Cuando CESCE hace el seguro por cuenta
propia hay libre competencia. Hay otras empresas que trabajan
en el mercado, Mapfre Caución, Crédito y Caución. Se puede
hacer también en cualquier compañía extranjera, donde está
liberalizado y, por tanto, se trabaja a precios de mercado. En
lo que es riesgo político, las primas que se pagan a CESCE son
más baratas que las comunitarias, y en lo que se llama riesgo
comercial por cuenta del Estado son un poco más caras.

Le quiero anunciar ya que en la política de apoyo a la
exportación, en el plan que vamos a presentar en breve plazo,
el Gobierno piensa introducir una rebaja en este tipo de
pólizas.




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El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Aguirre, tiene
la palabra.




El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.

El señor ministro ha contestado que no estamos en precios
competitivos dentro de nuestros seguros; por lo menos así lo
he entendido yo. Tengo que reconocer, señor Ministro, que el
proceso de devaluación a que ha estado sometida nuestra moneda
para corregir el reiterado error del Gobierno socialista de
mantener un tipo de cambio falso ha originado unas ventajas,
por lo menos transitorias, y ha posibilitado que podamos
competir en precios. Pero, en efecto, han sido precisamente el
porcentaje de cobertura del seguro y los tipos de prima dos
obstáculos para que sean nuestros productos más competitivos.

Yo no comparto su opinión. Yo creo que en porcentaje de
cobertura estamos cubriendo el 95 por ciento, mientras que
otros países cubren el cien por cien. Sería bueno corregir
este tema, porque al final, cuando hay que cubrir ese
porcentaje de descobertura, tenemos que ir al mercado y el
exportador sale perjudicado porque tiene que incrementar un
valor al precio final de su producto. Además, en materia de
primas, al lado de las descoberturas --y usted lo ha dicho--
no somos competitivos, somos más caros en el riesgo comercial
que los países europeos. Pero dice usted que somos más baratos
en las primas de riesgos políticos. No lo creo. Somos
exactamente lineales.

Por tanto, recojo que con buen sentido ustedes vayan a abordar
esta reforma, porque el exportador se verá beneficiado, pero,
señor Ministro, acelere un poco porque tenemos que aprovechar
las condiciones óptimas de nuestros precios competitivos, y
una manera muy prudente de aprovecharlas sería intentar que en
materia de primas no estuviéramos el 15 por ciento por encima
de las comunitarias y en materia de porcentaje de coberturas
pudiéramos alcanzar el cien por cien. Sería bueno que alguna
orden ministerial intentara corregir este defecto que usted
mismo ha señalado como cierto.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Aguirre. Señor Ministro, tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro
Navarrete): Lamento insistir en que los datos que le puedo dar
están bien contrastados porque la Comisión Europea ha hecho
sucesivos informes para intentar unificar los seguros del
crédito a la exportación. Está el llamado informe Callut, el
Stolzenburg y el Truffaut, el último, donde se comparan los
costes de las primas país a país. Tengo que insistir en que en
las primas de riesgo político somos significativamente más
baratos que la media comunitaria, y efectivamente somos un
poco más caros en las primas de riesgo comercial. Ya le puedo
anunciar que vamos a introducir un abaratamiento de las primas
y que vamos a
incrementar la cobertura de las primas de riesgo político.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro.




--DEL DIPUTADO DON SANTIAGO LOPEZ VALDIVIELSO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿QUE SIGNIFICADO TIENE LA INFORMACION DEL PRESIDENTE DEL
GOBIERNO DE QUE ESTAMOS AL LIMITE DE NUESTRAS POSIBILIDADES
HUMANAS COMO JUSTIFICACION DE LA DECISION DE NO ENVIAR MAS
CASCOS AZULES A BOSNIA-HERZEGOVINA (Número de expediente
180/000296)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pasamos a la pregunta
número 12, del Diputado don Santiago López Valdivielso, que
tiene la palabra.




El señor LOPEZ VALDIVIELSO: Gracias, señor Presidente.

El señor Ministro de Defensa se pone muy nervioso últimamente
cuando desde la oposición se pone en entredicho o se critica
su gestión al frente del Departamento. Y le afecta
especialmente que le digamos que, dado el estado en que ha
situado a nuestras Fuerzas Armadas, desplegar, sostener y
apoyar 1.000 o 1.200 soldados en Bosnia-Herzegovina es todo lo
más que podemos hacer. Se da la circunstancia de que parece
que no exagerábamos tanto, de que no estábamos tan
equivocados, dado que hace unos días el Presidente del
Gobierno declaraba que no podíamos enviar más soldados a
Bosnia-Herzegovina porque estábamos al límite de nuestras
posibilidades humanas. Yo no sé qué es lo que ha querido decir
el Presidente González, pero me parece que es lo mismo que
solemos decir nosotros. Yo le ruego al señor Ministro de
Defensa que nos lo aclare, y le ruego que nos conteste, porque
últimamente su crispación, a la que antes me he referido, le
hace tirar balones fuera, acusarnos de todo lo que se le
ocurre: de irresponsables, de mezquinos, de todo, pero no
contesta a las preguntas. Le ruego, señor Ministro, que nos
conteste hoy la pregunta.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor López
Valdivielso.

Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa.




El señor MINISTRO DE DEFENSA (García Vargas): Gracias, señor
Presidente.




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Señor López Valdivielso, para haber estado una semana
preparando la pregunta no resulta ser muy brillante.

(Rumores.--Un señor Diputado: Contesta, hombre, contesta; da
una respuesta.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Silencio, señorías.

Señor Ministro, continúe.




El señor MINISTRO DE DEFENSA (García Vargas): Lo que quiere
decir el Presidente del Gobierno es lo que han dicho los
ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa, yo mismo, en las
comisiones tanto de Asuntos Exteriores como de Defensa en
varias ocasiones: que España no va a incrementar los recursos
humanos ni de ningún tipo que tiene en Bosnia-Herzegovina. Ya
sé, señoría, que para usted incluso eso es demasiado, porque
usted y su grupo lo que quieren hacer es retirar de mala
manera los cascos azules españoles de Bosnia-Herzegovina
(Rumores.--La señora De Palacio del Valle-Lersundi: ¡Eso no!
¡De mala manera, no!), dejando el papel de nuestro país por
los suelos.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el
señor López Valdivielso.




El señor LOPEZ VALDIVIELSO: Gracias, señor Presidente.

Yo por lo menos me preparo mis preguntas; a usted le preparan
las respuestas. (Risas.)
Diga lo que diga, señor Ministro, las declaraciones de don
Felipe González, no pueden interpretarse más que en el sentido
en que lo ha dicho, es decir, no tenemos más posibilidades.

Estas declaraciones en cualquier gobierno serio hubieran
supuesto la dimisión, al menos, del Ministro de Defensa. ¿Cómo
podemos justificar ante los contribuyentes, señor Ministro,
que se gastan ustedes casi un billón de pesetas y que mandar
1.000 soldados a una misión nos pone en el límite de nuestras
posibilidades? Eso no tiene más explicación que su gestión,
señor Ministro.

Quiero aprovechar para decirle que su problema en estos
momentos es que, como ya no tiene argumentos para justificar
el
desbarajuste que es hoy su Ministerio, se dedica a
tergiversar, se dedica a malinterpretar lo que dice la
oposición. Esa es su responsabilidad. Si cree que así cumple
con su deber y con el deber que como Ministro tiene, allá
usted. (Algunos señores Diputados: ¡Muy bien!)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor López
Valdivielso.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE DEFENSA (García Vargas): Gracias, señor
Presidente. Ante tal cúmulo de argumentos sin ningún
contenido, muy bien, señoría, muy bien. (El señor Isasi Gómez:
¡Brillantísimo!)



--DEL DIPUTADO DON MANUEL NUÑEZ PEREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿POR QUE
RAZON EL GOBIERNO NO HA INCLUIDO LA CLAUSULA DE REVISION DE
LAS PENSIONES EN LOS REALES DECRETOS SOBRE REVALORIZACIONES DE
PENSIONES PARA 1994? (Número de expediente 180/000297)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pasamos a la pregunta
número 13, del Diputado don Manuel Núñez Pérez, que tiene la
palabra.




El señor NUÑEZ PEREZ: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, después de las terribles profecías del señor
Solbes, sólo comparables a las de Nostradamus, anunciando un
futuro negrísimo para las pensiones (Rumores.), esta pregunta
puede parecer una nadería, porque si todas las pensiones están
amenazadas parece normal que también lo esté su cláusula de
revisión. Sin embargo, el citado profeta Solbes afirmó en el
debate de totalidad de los presupuestos que la cláusula de
revisión figuraba en el articulado de los mismos y, a mayor
abundamiento, el rey de las promesas electorales, don Felipe
González, aseguró urbi et orbi que la cláusula de revisión
figuraba en los textos legales como garantía del poder
adquisitivo de las pensiones. Después de leídos detenidamente
los artículos de la ley y de los decretos no hemos encontrado,
salvo una vaporosa referencia en la exposición de motivos, ni
rastro de la citada cláusula y por eso le preguntamos al
Gobierno: ¿Por qué razón no está?



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): En nombre del Gobierno
tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo y Seguridad
Social.




El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán
Martínez): Gracias, señor Presidente.

Le recuerdo que en el Real Decreto de revalorización de
pensiones esa vaporosa cláusula dice exactamente, en la
exposición de motivos efectivamente, que los porcentajes de
revalorización indicados se enmarcan en el objeto de
mantenimiento del poder adquisitivo, por lo que en el supuesto
de que la evolución real del IPC, durante 1994, superase las
previsiones iniciales, habrían de efectuarse en su momento, y
en relación con dicho ejercicio económico, las oportunas
compensaciones en favor de los pensionistas. Se dice en el
decreto. (Rumores.)



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El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Núñez tiene
la palabra.




El señor NUÑEZ PEREZ: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, la cláusula de revisión como precepto que
vincule y obligue al Gobierno no está en ningún artículo de
las
disposiciones citadas. Un alumno de primero de Derecho sabe
muy bien que las exposiciones de motivos y los preámbulos de
las leyes no tienen valor normativo, sólo sirven para
interpretar los preceptos y conocer la mens legislatoris o las
intenciones del Gobierno. Las intenciones del Gobierno, aparte
de embaucar a los pensionistas, podrán ser buenas, pero de
buenas intenciones está empedrado el reino de los cielos y de
promesas fallidas del PSOE están los pensionistas hasta los
pelos. (Risas.) Por no aplicarse correctamente la cláusula de
revisión este año han perdido, como poco, 1,4 de poder
adquisitivo, lo cual es mucho más que las famosas 8.000
pesetas con que amenazó Felipe González a los pensionistas si
votaban al PP, y eso sin contar lo que han perdido
determinados jubilados por incapacidad laboral permanente al
sujetar sus pensiones al IRPF. Si en el primer mes del año
1994 ya se han comido ustedes casi la mitad de la inflación
prevista, ¿cómo garantizan jurídicamente a los pensionistas
que en su día les compensarán la diferencia entre la inflación
real y la prevista? ¿En qué precepto se apoyarán los
pensionistas para reclamar contra el engaño? Esta es la razón,
señor Ministro, de por qué no incluyen ustedes la cláusula de
revisión. Ustedes saben que seguirán recortando las
prestaciones sociales, porque no pueden crear empleo y porque
no quieren acabar con el
despilfarro en la Administración. Ustedes prefiren recortar
las pensiones a los mineros antes que suprimir un alto cargo
en la Administración. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien,
muy bien!--Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Ministro
tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán
Martínez): Gracias, señor Presidente.

Le confieso, señor Núñez, que me sorprende no tanto lo que
dice sino que no sienta rubor al decirlo y, por consiguiente,
me va a permitir que le recuerde algunas cosas a su señoría
para que en ese recuerdo sienta un cierto rubor.

Para empezar le recordaré que siendo usted Ministro del
Gobierno, que lo fue en 1981-82, ustedes incrementaron las
pensiones en 1982 un 9,4 por ciento, sin cláusula de revisión,
cuando la inflación en 1981 era del 14,4 por ciento. Pero es
que además usted, cuando era Ministro de un Gobierno en
1982... (Rumores.--El señor Núñez Pérez: ¡Ahora, ahora!)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor
Ministro. Señorías, por favor, guarden silencio.




El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán
Martínez): Le quiero recordar, señor Núñez, que, siendo usted
Ministro del Gobierno en 1982, su Gobierno hizo también de
profeta Nostradamus y en un documento que se llamó Libro Verde
de la Seguridad Social empezaban ustedes diciendo: «El sistema
actual de Seguridad Social presenta numerosos problemas de
financiación y de organización. Los primeros responden, en
general, el desequilibrio demográfico y a la crisis económica.

El sistema se ha situado en cifras de déficit alarmantes y,
con ser grave el volumen del déficit anual, más aún lo es la
incertidumbre sobre la situación futura.» (Rumores.) De 1982 a
1994 han pasado años, y esa incertidumbre no es tal porque ha
gobernado el Partido Socialista en vez de usted, señor Núñez.

Precisamente por eso aquí hemos creado una comisión para
estudiar los problemas de seguridad social, comisión en la que
todos los grupos harán las reflexiones que consideren
oportunas, aunque me da la impresión, escuchándoles, que las
reflexiones para ustedes no son mucho más allá que el grito de
Tarzán en la selva. (Rumores.--Aplausos.--El señor Núñez
Pérez: ¿Dónde está la cláusula de revisión?)



--DEL DIPUTADO DON CRISTOBAL MONTORO ROMERO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCMO.

SR. MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA: ¿CUALES SON LAS RAZONES
POR LAS QUE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA HA CAMBIADO
SU PREVISION DE CONSUMO PUBLICO PARA 1994 DE UNA CAIDA DE
-2,0% (PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1994) A UN
DESCENSO DEL -1,5% (INFORME DE COYUNTURA ECONOMICA DEL
MINISTERIO, ENERO 1994)? (Número de expediente 180/000298)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pástor): Pasamos a la pregunta
número 14, del Diputado don Cristóbal Montoro Romero.

El señor Montoro tiene la palabra.




El señor MONTORO ROMERO: Gracias, señor Presidente.

¿Cuáles son las razones por las que el Ministerio de Economía
y Hacienda ha cambiado su previsión de consumo público para
1994 desde una caída de menos 2,0 por ciento en los
Presupuestos Generales del Estado a un descenso del menos 1,5
por ciento contenido en el reciente Informe de Coyuntura
Económica elaborado por el Ministerio?
Gracias.




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El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Ministro de
Economía y Hacienda tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias. Señorías, cuando en el mes de septiembre establecimos
las previsiones de consumo público para el año 1994, estábamos
trabajando sobre las cifras entonces disponibles y,
fundamentalmente, en el proyecto de Presupuestos Generales del
Estado. En aquel momento desconocíamos el grado de realización
de los correspondientes créditos presupuestarios en el año
1993 y, en consecuencia, la comparación con el año 1994
también resultaba difícil. Posteriormente hemos tenido
conocimiento de estos hechos y esa modificación del grado de
realización de presupuestos, unido a una restricción
presupuestaria de ese año, nos permite considerar que van a
ser menores. Por otra parte, la evolución, de acuerdo con la
información disponible, del gasto de las restantes
administraciones públicas nos hace pensar que el consumo
público el año 1994 caerá menos que el inicialmente previsto.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro. Tiene la palabra el señor Montoro.




El señor MONTORO ROMERO: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, estamos ya con juegos malabares de cifras. Ese
es el peor servicio que puede usted prestar a su Gobierno, que
es acreedor de credibilidad ante los agentes económicos. Han
comenzado el año retocando el cuadro macroeconómico y yo le
voy a ofrecer otra explicación de por qué han cambiado la
previsión de consumo público: sencillamente porque necesitan
una variable que expanda el crecimiento del PIB, puesto que
las otras
variables no les encajan. Es realmente lamentable que tengan
que hacer eso con el consumo público, porque la explicación
auténtica de por qué mueven ese crecimiento es porque, en
definitiva, el Gobierno va a gastar más de lo que realmente
estaba establecido en los Presupuestos Generales del Estado.

No me dirá el señor Ministro que la inflación va a ser
inferior a la que estaban estableciendo. Por tanto, lo que
está revelando esa cifra que nos acaba de dar usted en esta
Cámara es que el gasto de
funcionamiento --el que ustedes están obligados a controlar en
una crisis económica como la que estamos viviendo-- va a ser
un motor de crecimiento --relativo pero un motor de
crecimiento--, escorando el crecimiento de la economía
española hacia el lado, hacia el planteamiento donde no debe
estar. En definitiva, no estamos ante un auténtico control del
gasto público; estamos ante un descontrol de gasto de
transformación del sector público. Señor Ministro, le voy a
hacer un pronóstico. El consumo público va a crecer más de lo
que ustedes están diciendo, y usted sabe perfectamente que eso
va a ocurrir.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Montoro. Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.

Señoría, no acabo de entender muy bien su pregunta. Por una
parte le preocupa que modifiquemos al alza el consumo público
y, por otra, me dice que va a crecer mucho más. Yo tengo la
esperanza de que no, de que nos quedemos en el menos 1,5 por
ciento. Es verdad que ese crecimiento es consecuencia del
factor al que anteriormente he hecho referencia y no tiene que
ver con el gasto de la Administración central sino,
básicamente, con las
administraciones territoriales, en función de la información
que actualmente disponemos. Por otra parte, S.S. ha dicho que
tiene una importancia relativa. Estamos hablando de una cifra
relativamente pequeña; estamos hablando aproximadamente de
50.000 millones de pesetas y es verdad que si tomásemos en
consideración las modificaciones presupuestarias y algunos
ajustes de otra naturaleza, que S.S. conoce, se daría cuenta
de que es una cifra perfectamente coherente.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro.




--DEL DIPUTADO DON JUAN COSTA CLIMENT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCMO. SR. MINISTRO DE
ECONOMIA Y HACIENDA: ¿CUALES SON LAS HIPOTESIS QUE SUSTENTAN
EL CAMBIO EN LA PREVISION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y
HACIENDA SOBRE LA EVOLUCION DE LA INVERSION EN 1994, DE UN
AUMENTO 0,8% (INFORME DE COYUNTURA ECONOMICA DEL MINISTERIO,
ENERO 1994) EN LUGAR DE UN CRECIMIENTO DEL 1,5% (PRESUPUESTOS
GENERALES DEL ESTADO PARA 1994)? (Número de expediente
180/000299)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 15,
del Diputado don Juan Costa Climent, que va a ser formulada
por don Cristóbal Montoro Romero. Tiene la palabra el señor
Montoro.




El señor MONTORO ROMERO: Gracias, señor Presidente.




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¿Cuáles son las hipótesis que sustentan el cambio en la
previsión del Ministerio de Economía y Hacienda sobre la
evolución de la inversión en 1994, de un aumento del 0,8 por
ciento contenido en el Informe de Coyuntura Económica del
Ministerio en lugar de un crecimiento del 1,5 por ciento
establecido en el proyecto de Presupuestos Generales del
Estado? Gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Montoro. Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira):
Gracias, señor Presidente.

Señoría, como he dicho antes, las previsiones del presupuesto
se preparan en septiembre del año 1993 y teníamos que hacer un
cálculo sobre la inversión posible en el año 1994. En aquel
momento teníamos como datos disponibles, especialmente en
inversión en construcción, los del primer trimestre del año.

También teníamos algunos indicadores importantes, como la
evolución de la licitación oficial de las viviendas, que nos
daban una tendencia relativamente favorable, por lo cual
pensamos, en su momento, que el comportamiento en los
trimestres siguientes del año iba a ser coherente con el
comportamiento del primer trimestre. Por esa razón pensamos en
un incremento en la construcción de un 2,2 por ciento, unido a
un incremento en las inversiones en bienes de equipo del 0,2
por ciento. La realidad nos ha demostrado después que en parte
esa construcción se ha retrasado, por tanto, que el ciclo en
construcción viene algo más tarde y, en consecuencia, ha
disminuido ese 2,2 por ciento hasta el 1,1 por ciento.

Pensamos que en bienes de equipo, sin embargo, el cálculo era
correcto y, en consecuencia, ese 1,1 más el 0,2 nos da el 0,8
actual.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro. Tiene la palabra el señor Montoro.




El señor MONTORO ROMERO: Gracias, señor Presidente.

Lo que nos está diciendo con este retoque de la cifra de
inversión, señor Ministro de Economía, es que la crisis
económica es bastante más grave de lo que ustedes estaban
suponiendo y nos estaban diciendo en los Presupuestos
Generales del Estado. Corregir a la baja la previsión de
inversión significa aceptar este reconocimiento y aceptar que
ha habido un fallo bastante serio en las previsiones del
Gobierno. Es un fallo porque, en definitiva, ninguna de las
razones que sustentan un aumento de la inversión se está dando
en estos momentos en España y es bastante significativo que el
Ministerio de Economía reconozca esto. En primer lugar, no hay
una mejora de las expectativas empresariales y, en segundo
lugar, tampoco estamos asistiendo en España a un descenso de
los tipos de interés que permita que la inversión se recupere
y se convierta en un motor del crecimiento económico. El
retoque de la inversión es la auténtica razón por la que
ustedes retocan el consumo público, porque no pueden
despegarse de la estimación de crecimiento del producto
interior bruto del 1,3 por ciento; el cuadro se les
desequilibra y, por tanto, se tienen que apoyar en la variable
más sencilla y más negativa para el crecimiento económico, que
es la del consumo público. Credibilidad, señor Ministro, y con
estos retoques en los cuadros macroeconómicos está usted
restando credibilidad a la política económica del Gobierno. No
pretenda que los agentes económicos sigan esa política
económica cuando a pocas semanas de comenzar el año tienen que
introducir retoques tan básicos como es el reconocimiento de
que la inversión no está
recuperándose, y no se recupera, sencillamente, porque falta
confianza. Falta confianza en un Gobierno que no la merece ni
siquiera cuando establece sus previsiones económicas en forma
de cifras básicas, que deben ser orientación de todos los
agentes económicos. Han convertido los cuadros macroeconómicos
en un auténtico acertijo; esto es el juego de las adivinanzas,
señor Ministro. Cuando tocan una variable, para que no se les
estropee, necesitan retocar la otra, pero ustedes saben
perfectamente que la economía española no va a crecer lo que
ustedes dicen, no se va a conseguir ese crecimiento del 1,3
por ciento y, por tanto, los Presupuestos Generales del Estado
se van a desequilibrar este año. No vamos a reducir el déficit
público en la cuantía que ustedes están estableciendo.

Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Montoro.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.

Señoría, usted lo que quiere es que me coja el toro. Si
cambiamos las cifras, las cambiamos y se modifican las
previsiones del Gobierno, y si no las cambianos, no estamos
recogiendo la realidad.

La posición del Gobierno ha intentado ser lo más coherente
posible y no me haga usted comparaciones falaces diciendo que
retocamos las previsiones al poco de empezar el año. No
compare el veintitantos de febrero con el uno de enero cuando
S.S. sabe como yo que estas previsiones se elaboran en el mes
de junio y con datos, en el mejor de los casos, del mes de
marzo o abril del año 1993 y desde entonces ha llovido mucho.

Seguimos pensando que el 1,3 es perfectamente correcto y



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seguimos pensando que la inversión va a funcionar de forma
positiva este año.

De sus afirmaciones hay una que me ha llamado la atención
especialmente. Su señoría afirma que no asistimos a descensos
de tipos de interés. O S.S. y yo entendemos cosas distintas
por tipos de interés o estamos viviendo en países distintos.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro.




--PREGUNTA DEL DIPUTADO DON ISIDORO HERNANDEZ-SITO GARCIA-
BLANCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE
FORMULA AL EXCMO. SR. MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA: ¿CUANDO
VA A
MODIFICAR EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA LA LEGISLACION
EN MATERIA TRIBUTARIA, DE TAL MANERA QUE QUEDEN EXENTAS DE LA
TRIBUTACION EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS
FISICAS LAS AYUDAS COMUNITARIAS QUE PERCIBEN LOS AGRICULTORES
Y
GANADEROS? (Número de expediente 180/000305)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 21,
del Diputado don Isidoro Hernández-Sito García-Blanco, que
tiene la palabra.




El señor HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO: Gracias, señor
Presidente. ¿Cuándo va a modificar el Ministerio de Economía y
Hacienda la legislación en materia tributaria, de tal manera
que queden exentas de la tributación en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas las ayudas comunitarias que
perciben los agricultores y ganaderos?
Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Diputado. Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.

Su señoría plantea y prejuzga en su pregunta un tema que aún
no está resuelto: si van a quedar exentas todas las ayudas
comunitarias en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.

Como S.S. conoce, como consecuencia de una moción en el
Senado, el Gobierno se comprometió a estudiar la posibilidad
de modificar la legislación vigente aplicable al IRPF; sin
embargo, no estamos hablando únicay exclusivamente de las
subvenciones, estamos hablando de la implantación del régimen
de módulos, de la determinación del coeficiente de gastos
aplicables en el sistema de estimación objetiva por
coeficientes y también del tratamiento de subvenciones
comunitarias. Estos tres temas exigen un
tratamiento coherente y, por lo tanto, es imposible avanzar en
uno de ellos sin avanzar en los demás. Hasta ahora no hemos
llegado a un acuerdo global; espero que podamos hacerlo en las
próximas semanas o, mejor, en los próximos meses --tampoco es
muy relevante, dado que no sería aplicable hasta el próximo
año--, pero sólo en un concepto global tiene sentido la
solución. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el
señor Hernández-Sito.




El señor HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO: Muchas gracias, señor
Presidente. Usted sabe, señor Ministro, o debe saber, que en
la Comunidad Europea este tipo de subvenciones están exentas
de contribuir a la Hacienda Pública. Señor Ministro, nosotros
no le podemos querer a usted nada; lo que yo le pedía y le
vuelvo a pedir es que nos diga usted con qué fecha y en qué
plazo, tres, cuatro meses, van a estudiar esto, porque el
acuerdo del Senado es «in fillo tempore», y ustedes pueden
dormir el sueño de los justos. Yo no me creo nada de lo que
usted dice, sobre todo cuando usted nos dice que somos
catastrofistas. Algunos
compañeros suyos nos han dicho que somos catastrofistas. Cada
vez que sale usted en televisión, con la imagen que da usted,
no es para cantar sevillanas precisamente. Usted parece que
nos da un pésame cada vez que sale en televisión. De modo que
yo le ruego que no salga usted más en televisión porque es que
nos pone usted malísimos (Risas.); nos quita usted las
pensiones, el campo se lo carga usted, y vamos a pasar en este
país del paro a la beneficiencia, sin pasar por una renta de
ningún tipo de cosas. Para terminar, y no es broma, porque es
una cosa muy seria, voy a hacer como aquel que decía a la
Virgen María: que me quede como estoy, señor Ministro, pero no
toque usted nada, porque cada vez que toca usted algo lo
estropea y da usted una sensación en este país --algunos
compañeros suyos lo dicen en los medios de comunicación-- de
terrorismo, de asustar a la gente. ¿Qué es lo que pasa aquí?
Su imagen no se la puede quitar, como tampoco yo la mía, pero
ya que no es usted alegre lo que menos puede hacer es
callarse.




--DE LA DIPUTADA DOÑA BLANCA FERNANDEZ-CAPEL BAÑOS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
EXCELENTISIMO SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA: ¿CONOCE
EL SEÑOR MINISTRO



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SI LOS CRITERIOS DE EVALUACION Y CORRECCION DE LAS PRUEBAS DE
SELECTIVIDAD HAN SIDO PUBLICADAS POR LAS DISTINTAS COMISIONES
COORDINADORAS DE CADA UNIVERSIDAD, O LA COMISION
INTERUNIVERSITARIA? (Número de expediente 180/000303)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 19, de
la Diputada doña Blanca Fernández-Capel Baños, que tiene la
palabra.




La señora FERNANDEZ-CAPEL BAÑOS: Señor Presidente, señorías,
¿conoce el señor Ministro si los criterios de evaluación y
corrección de las pruebas de Selectividad han sido publicados
por las distintas comisiones coordinadoras de cada universidad
o la Comisión interuniversitaria?



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el
señor Ministro de Educación y Ciencia.




El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra):
Gracias, señor Presidente.

Señoría, en efecto, los criterios generales de evaluación, que
son aplicables a cada uno de los ejercicios y materiales que
componen la prueba de acceso a la Universidad, tienen que ser
hechos públicos, de acuerdo a lo establecido por una Orden
Ministerial de 9 de junio, por cada universidad. El Ministerio
de Educación proporcionó a comienzos de curso unas
orientaciones para la puesta en práctica de las modificaciones
de las pruebas de acceso a la universidad que han de aplicarse
en el curso 1993-94. Son orientaciones que contenían modelos
ajustados a la nueva normativa, con criterios generales que,
luego, contando con los coordinadores del COU, las
universidades tienen que
concretar. Esta orden dispone una estructura ligeramente
diferente y ciertamente más flexible para cada una de las
pruebas; mantiene la posibilidad de que el alumno disponga de
un cierto margen de opcionalidad a la hora de responder a las
cuestiones propuestas y, además, las pruebas para las
distintas materias habrán de ir acompañadas --se dice en la
Orden-- de los diferentes criterios de corrección. Estos
criterios son
elaborados por la Comisión coordinadora de cada universidad o
la comisión interuniversitaria, en su caso, teniendo en
cuenta, como decía antes, los criterios establecidos por los
coordinadores del COU. Según los datos que tenemos, las
universidades, en su generalidad, han cumplido con este
mandato de la normativa a través de las actuaciones de los
coordinadores que se han puesto en marcha desde comienzos de
este curso. Muchas gracias,
señorías, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra la
señora Fernández-Capel.




La señora FERNANDEZ-CAPEL BAÑOS: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, esto es muy grave, porque usted o no está
informado, o a usted no le han informado, o usted pretende
desinformar a esta Cámara; tres supuestos gravísimos.

En el punto 5.º de la Orden Ministerial de 9 de junio se decía
que antes de empezar el curso se conocerían los criterios de
evaluación, que serían enviados a los centros por las
universidades antes de empezar el curso. Han pasado cinco
meses, vamos a entrar en el sexto mes del curso, queda
exactamente mes y medio y solamente alguna universidad, como,
por ejemplo, ayer y anteayer la Complutense y la «Carlos III»,
han recibido criterios de algunas asignaturas, por ejemplo,
física, pero no han recibido el criterio de en cuanto al
latín. En Murcia, ayer, se tenía solamente conocimiento --y
Murcia es territorio del Ministerio de Educación y Ciencia--
del Decreto de 5 de febrero, en el que se habla de las fechas
previstas para los exámenes de selectividad, pero en el que no
se alude para nada a los
criterios. Tengo en la mano, señor Ministro, una respuesta
firmada por usted el día 11 de febrero, con fecha de salida
del Ministerio del día 22, donde se dice que los bachilleres
experimentales de la LOGSE tendrán unas pruebas específicas,
pero sin que se diga qué tipo de pruebas van a ser, quiénes se
las van a dar, ni cuándo, ni cómo. El Ministerio nos tiene
acostumbrados, metido en ese ritmo atónico, agónico,
inoperante e incompetente que acompaña al Gobierno, a
sorprender a los alumnos el día anterior.

Los estudiantes tienen que estar examinados a mitad de mayo,
las notas deben estar en la universidad el día 3 de junio,
falta exactamente un mes y medio de clase y las
universidades --también las de las comunidades autónomas con
transferencias plenas--todavía no han hecho llegar a los
centros los criterios de evaluación. ¿Es ésta la selectividad
que usted quiere? ¿Es ésta la selectividad de las 70 grandes
propuestas grandilocuentes del Ministerio? No, señor Ministro.

Legislen. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Fernández-Capel. Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra):
Gracias, señor Presidente.

Señoría, no se pueden elevar a generales determinados
conceptos y descalificar la labor del Gobierno por una serie
de supuestos incumplimientos de la normativa a que S.S. alude.

Desde la perspectiva del Ministerio de Educación y Ciencia, el
proceso de aplicación de las modificaciones que han de
introducirse en las pruebas de selectividad



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debe estar regido siempre por criterios de prudencia y de
publicidad, y como ésta es una cuestión que tiene una
repercusión académica y social tan importante como S.S.

manifiesta, yo creo que no estaría bien en modo alguno
justificar cambios bruscos en momentos que no sean oportunos
como puede ser el comienzo o el primer trimestre del curso.

El conocimiento que yo tengo es que las universidades han
comunicado que se ha dado cumplimiento a lo mandado en la
Orden de 9 de junio de 1993, habiéndolo efectuado la práctica
totalidad de las mismas en el primer trimestre, si bien una de
ellas, efectivamente, lo hizo ayer por un problema habido con
los coordinadores, y en el ámbito del territorio MEC, a pesar
de lo que S.S. diga, sólo falta una universidad por hacerlo.

Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro.




--DE LA DIPUTADA DOÑA ELENA GARCIA-ALCAÑIZ CALVO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿QUE MEDIDAS PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO ANTE LA SITUACION DE
INDEFENSION QUE PADECEN LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO? (Número
de expediente 180/000306)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 22, de
la Diputada doña Elena García-Alcañiz Calvo.




La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, ¿qué medidas piensa adoptar el Gobierno ante
la situación de indefensión que padecen las víctimas del
terrorismo?



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): En nombre del
Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro del Interior.




El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Asunción Hernández): Muchas
gracias, señor Presidente.

Señoría, no sé si he entendido bien la pregunta, puesto que no
sé si por indefensión entiende qué tipo de protección debería
prestarse a todas las posibles víctimas de atentados
terroristas. Debo decir que la siniestra práctica de estos
grupos terroristas, en especial y concretamente de la banda
terrorista ETA, demuestra que cualquier ciudadano de este país
puede resultar víctima directa o indirecta de un atentado
terrorista en un momento dado. La única medida preventiva
posible en estos casos es la propia lucha contra el
terrorismo, sin embargo, debe tenerse en cuenta que hay
determinados colectivos de ciudadanos, como pueden ser los
integrantes de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos de
Seguridad, que siempre han sido objetivos prioritarios de las
acciones terroristas, y lo que puedo asegurarle es que, en
esos casos, se adoptan todo tipo de medidas de seguridad
posibles, tanto de autoprotección, impartiéndoles
instrucciones específicas al respecto, como de aportación
externa; igualmente se procede en el caso de personas cuya
identidad aparece en documentos de la banda ETA y que pueden
ser, o no ser, miembros de esos colectivos anteriormente
citados. Como primera medida se comunica esa circunstancia al
interesado y se le asignan los servicios de seguridad
adecuados. Ahora bien, desgraciadamente, hay que rendirse a la
evidencia de que no hay sistemas y medidas que puedan
garantizar la seguridad al cien por cien frente a la violencia
terrorista. La única totalmente segura es que las bandas
terroristas dejen de matar, siendo la medida más eficaz la
propia lucha contra el terrorismo.

Si por indefensión entiende, señoría, la falta de atención a
las víctimas por parte del Estado, o la falta de cobertura de
los daños percibidos, le diré que, sin perjuicio de que
considero que no hay ningún tipo de prestación de carácter
económico o de otro carácter que pueda cubrir los daños que un
atentado terrorista puede causar a las personas que son objeto
del mismo, o a sus familiares, creo que no hay situación de
indefensión en este caso, y están reguladas por la Ley las
medidas que en este caso se adoptan.

No hay situación de indefensión ni ante la Administración,
porque el sistema de concesión de prestaciones a las que tiene
derecho está perfectamente regulado, ni ante la Justicia,
porque todas las resoluciones administrativas son recurribles
ante los tribunales.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Ministro. La señora García-Alcañiz tiene la palabra.




La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, yo reconozco su buena voluntad, aunque no le
he entendido muy bien porque la megafonía esta tarde en la
Cámara no parece muy clara, y en ese reconocimiento, señor
Ministro, de su buena voluntad, yo le voy a sugerir un hecho
concreto porque seguiremos hablando de las medidas que, a
nuestro juicio, debe tomarse ante la indefensión en que se
encuentran, como usted muy bien ha dicho, las Fuerzas de
Seguridad del Estado. Un hecho concreto fue el atentado de ETA
que sucedió en Madrid el 9 de septiembre de 1985, en el que,
desgraciadamente, un guardia civil fue declarado inútil para
el servicio activo, como consecuencia del atentado,



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y por ello se vio obligado a desalojar una vivienda de apenas
55 metros que ocupaba con su familia. La ejecución de la
sentencia quedó aplazada por dos meses.

Me va a permitir, señor Ministro, que le haga un ruegoque
estoy segura que usted va a atender. Señor Ministro, ¿por qué
no mantiene usted una entrañable conversación con el señor
Roldán, y le solicita que le ceda o le alquile un pisito a
este guardia civil, claro está por un precio ajustado a la
pensión que hoy cobra, porque mañana no sabemos si va a
cobrar, según nos ha anunciado el señor Solbes?
Yo creo, señor Ministro que el señor Roldán no va a tener
ningún inconveniente en buscarle un piso en Aravaca, en
Pozuelo, en la Castellana, en Madrid o fuera de Madrid, en
Rota o donde le parezca. Estoy segura de que usted lo va a
hacer y, sin duda alguna, el gesto del señor Roldán sería un
bonito gesto para la honorable benemérita Guardia Civil.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señora
García-Alcañiz.




--DE LA DIPUTADA DOÑA ANGELES MAESTRO MARTIN, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿ES INTENCION DEL GOBIERNO
ADOPTAR ALGUNA MEDIDA RESPECTO DE LA CONSUL DE LA REPUBLICA
DOMINICANA EN RELACION CON LAS NOTICIAS APARECIDAS SOBRE SU
SUPUESTA CONEXION CON UNA RED DE INMIGRACION ILEGAL Y
PROXENETISMO? (Número de expediente 180/000312)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 24, de
la Diputada doña Angeles Maestro Martín, que tiene la palabra.




La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, el grupo primero de la Brigada de
Documentación de Madrid desencadenó a partir de agosto del año
1993 una operación denominada los cónsules, encaminada a
identificar las actividades de una red de estafadores y
proxenetas relacionados con el Consulado de la República
Dominicana en Madrid, que ha culminado, según conozco, con una
desarticulación parcial de la red, por lo que felicito a dicha
Brigada.

Sin embargo, el contenido de mi pregunta tiene relación con la
participación supuestamente necesaria y directa de
funcionarios de alto rango de la República Dominicana en
Madrid, según se desprende de las declaraciones del señor José
Carlos Galeano, ciudadano español y falso abogado, quien habla
de que dichas operaciones se realizaban dentro de la sede
consular en Madrid, con la permisividad de funcionarios
dominicanos, quienes le remitían ciudadanos y ciudadanas de
este país para solucionar la legalización de su situación. La
señora Emilia de la Mota, consejera encargada de asuntos
consulares y vicecónsul, parece ser, según se desprende de las
investigaciones realizadas, partícipe como encubridora
necesaria, al menos, en la utilización de la sede consular
para estas actividades delictivas. Asimismo, de las
investigaciones policiales se deduce que el miembro más
conectado con Galeano es un sobrino de la cónsul, don
Francisco Alvarez de la Mota, supuesto delincuente prófugo
buscado por la justicia de los Estados Unidos. La propia
cónsul llevó a cabo gestiones ante el Ministerio de Asuntos
Exteriores para que le fuera conferido a su sobrino «status»
consular, aunque es verdad que sólo consiguió permiso temporal
de residencia, de lo que pudiera deducirse una situación
ilegal de esta persona en España. Aparecen también hechos
relacionados con el caso y con las actividades de la cónsul y
de la vicecónsul, la posible relación --insisto-- de la
supuesta....




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Maestro, ha
concluido su tiempo. Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Asunción Hernández): Gracias,
señor Presidente.

Señoría, sobre este tema debo informarle que por los
funcionarios de la Brigada de Documentación de la Jefatura
Superior de Policía de Madrid se vienen llevando a cabo desde
hace unos meses determinadas investigaciones para tratar de
desarticular una red integrada por ciudadanos españoles y
dominicanos que se viene dedicando desde hace unos dos años a
introducir ilegalmente ciudadanos dominicanos en España,
utilizando para ello todo tipo de documentos falsos.

De estas investigaciones se deduce la posible conexión de esta
red con ciudadanos residentes en la República Dominicana, y
por ello se están llevando a cabo las gestiones a través del
Ministerio de Asuntos Exteriores con las autoridades de aquel
país para lograr con su colaboración la total desarticulación
de esta organización delictiva. De las investigaciones también
se deducen determinados indicios de una posible conexión de
esta organización con algunas personas que pueden tener
relación con el personal del consulado de ese país.

En todo caso, le informo que las investigaciones llevadas a
cabo por la policía han sido puestas en conocimiento de la
autoridad judicial, concretamente del Juzgado de Instrucción
número 9 de Madrid. Se trata de una investigación que aún
sigue abierta bajo la dirección del juzgado que conoce del
caso, a quien corresponde resolver sobre el mismo. Si se
comprobara la



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efectiva implicación de la persona a la que usted se refiere,
sería preciso tener en cuenta las medidas previstas en los
convenios internacionales al respecto, concretamente en la
Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 18 de
noviembre de 1981.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro.




--DEL DIPUTADO DON JOAQUIN PEREZ SIQUIER, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE PREVISTO EL
MINISTERIO DE CULTURA INICIAR EL PROYECTO DE NUEVA
CONSTRUCCION DEL MUSEO ARQUEOLOGICO DE ALMERIA? (Número de
expediente 180/000313)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 25,
del Diputado don Joaquín Pérez Siquier.




El señor PEREZ SIQUIER: Gracias, señor Presidente.

Señora Ministra de Cultura, se puede afirmar que la
importancia del Museo de Almería por su contenido está
directamente
relacionada con la importancia de los yacimientos de su
provincia. Como dijo en 1887 el eminente arqueólogo belga don
Louis Siret, a la provincia de Almería sólo le falta un gran
techo para ser un inmenso e insuperable museo de prehistoria y
protohistoria. Si en un principio esta aseveración pudo
parecer exagerada, en el transcurso de las investigaciones se
ha
demostrado la extraordinaria importancia de yacimientos como
el de los Millares, El Algar, Fuentealamo, Villaricos,
etcétera. En la historia del Museo de Almería hay dos etapas
bien
diferenciadas. La primera, a partir de 28 de marzo de 1933,
fecha del Decreto de creación del Museo Arqueológico
Provincial Louis Siret, instalado en el Instituto Celia Viñas,
y la segunda arranca de 22 de octubre de 1982, fecha de
inauguración del Museo de Almería, ubicado en el Colegio menor
Santa María del Mar. Pero hay otra tercera, a partir de 15 de
julio de 1991, cuando por el mal estado en que se encontraba
la estructura del edificio fue cerrado al público y
apuntalado, desenvolviéndose los
funcionarios que lo custodian y en él trabajan y los pocos
investigadores autorizados a visitarlo entre cajas de cartón
que guardan sus milenarios fondos arqueológicos bajo unos
techos agujereados por las cataduras. Como una de las razones
de ser de un museo es que esté abierto al público y como el
edificio es propiedad del Ministerio de Cultura, si bien la
gestión del mismo corresponde a la Junta de Andalucía, este
Diputado espera que la solución del problema sea un objetivo
prioritario de la
sensibilidad de la señora Ministra, se construya un nuevo
museo y hasta entonces se estudie la posibilidd de que algún
centro albergue provisionalmente las piezas para su
contemplación y estudio por cientos de investigadores y
estudiantes que así lo demandan. Porque si don Louis Siret,
cuyo busto bronceado vigila la entrada del museo, levantara la
cabeza, ¿qué diría de
nosotros?
Por todo ello, señor Presidente, es por lo que formulo la
siguiente pregunta: ¿Tiene previsto el ministerio de Cultura
iniciar el proyecto de nueva construcción del Museo
Arqueológico Provincial de Almería? Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra la
señora Ministra de Cultura.




La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Gracias,
señor Presidente. En la programación económica de la Dirección
de los museos estatales, para 1994 está prevista la
contratación y redacción de un proyecto básico de ejecución de
la nueva sede del Museo de Almería en el mismo solar que ocupa
actualmente, sustituyendo y ampliando la edificación actual. A
esta solución se ha llegado tras los análisis de las
patologías estructurales que sufre la sede actual, según los
estudios realizados por la propia Junta de Andalucía.

En encargo, de acuerdo con la comisión gestora, recaerá en el
equipo formado por los arquitectos Luis Pastor, Félix Ponzo,
Luis Fernández Martínez y Alberto Torres Galán, y se prevé la
edificación, de nueva planta, de 5.500 metros cuadrados,
ampliables posteriormente a 6.500 metros cuadrados, con un
presupuesto aproximado de 800 millones de pesetas.

La previsión inicial, cuyo desarrollo dependerá de las
disponibilidades presupuestarias, sitúa el comienzo de las
obras en 1995. No obstante, el establecimiento de una
inversión en este año se concretará en la reunión de la
Comisión mixta
correspondiente, Junta de Andalucía-Ministerio de Cultura, al
determinar, de mutuo acuerdo con esta comunidad autónoma, las
prioridades de dicho año. En estos momentos se están
finalizando las gestiones previas al contrato, elaborando un
programa de necesidades espaciales y los pliegos de
condiciones para la contratación.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señora
Ministra.




--DEL DIPUTADO DON VICENTE GONZALEZ LIZONDO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PIENSA INCLUIR
EL IDIOMA VALENCIANO EN EL INSTRUMENTO DE RATIFICACION, DE
ACEPTACION O DE APROBACION DE LA CARTA EUROPEA COMO LENGUA
AUTOCTONA RECONOCIDA EN EL ESTATUTO



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DE AUTONOMIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA DE 1 DE JULIO DE 1982
Y CON QUE CRITERIOS SE HAN INCLUIDO LAS DISTINTAS LENGUAS EN
EL INSTRUMENTO O DOCUMENTOS REMITIDOS AL CONSEJO DE EUROPA
PARA CONFIGURAR LA CARTA EUROPEA DE LAS LENGUAS REGIONALES O
MINORITARIAS? (Número de expediente 180/000319)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 31,
del Diputado don Vicente González Lizondo.

El señor González Lizondo tiene la palabra.




El señor GONZALEZ LIZONDO: Gracias, señor Presidente.

Doy por formulada la pregunta según consta en el orden del
día, señora Ministra.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra la
señora Ministra de Cultura.




La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Gracias,
señor Presidente. Señor González Lizondo, el Gobierno ha
manifestado en varias ocasiones, como usted recordará, que, de
acuerdo, con lo establecido en los respectivos estatutos de
autonomía, se incorporará en el instrumento de adhesión de
España a la Carta Europea de las lenguas regionales o
minoritarias, aquellas lenguas españolas
que son reconocidas por dichos estatutos. De acuerdo con esta
voluntad, que ya le manifesté en una pregunta por escrito, y
que en este momento le reitero, los criterios que se barajan
por el Gobierno para determinar las lenguas a las que pueda
ser de aplicación la Carta Europea no son otros --insisto--
que los que recoge nuestro ordenamiento en esta materia. Como
usted recordará también, el artículo 7.º del Estatuto de
Autonomía de la
Comunidad Valenciana dice que los dos idiomas oficiales de esa
Comunidad son el valenciano y el castellano y todos tienen
derecho a conocerlos y a usarlos. En los siguientes apartados
del propio artículo 7.º se hace referencia a la especial
protección y respeto a la recuperación del valenciano. En esta
línea, podemos considerar que en nuestros propios estatutos de
autonomía están protegidas las lenguas cooficiales, pero que,
no obstante, este es el criterio que se ha postulado desde
hace tiempo para incorporar estas lenguas a la Carta de
protección de las lenguas minoritarias europeas.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministra. El señor González Lizondo tiene la palabra.




El señor GONZALEZ LIZONDO: Gracias, señora Ministra.

Efectivamente, todas las lenguas tienen cabida, y ya dice la
propia Carta Europea que serán los Estados miembros los que,
en su momento, delimiten las lenguas que integrarán en cada
país su catálogo.

Quiero comentar que la lengua valenciana tuvo su siglo de oro
literario entre los siglos XIV y XV, siendo el primero entre
las lenguas neolatinas, antes incluso que el italiano. Así,
podemos decir que la primera imprenta de la península estaba
en Valencia; que el primer libro impreso lo fue en Valencia en
el año 1474; que la primera letra de cambio se hizo en
Valencia en 1371. Ausías Marchs, Jaume Roig y Joanot
Martorell, fueron clásicos valencianos, integrantes señeros
del Siglo de Oro de la lengua valenciana, junto a Miguel de
Cervantes, que en la obra «Persiles y Segismundo» dice que la
lengua valenciana es «graciosa lengua con quien sólo la
portuguesa puede competir por ser dulce y agradable.»
La primera impresión de la Biblia en una lengua románica dice:
«De lengua latina en la nostra valenciana», hecha por Fray
Bonifacio Ferrer. Uno de los primeros diccionarios románicos
conocidos, el «Liber elegantiarum», publicado en Venecia en
1489, en «Latina et valentina lingua». En cuanto al papel de
la Real Academia Española de la Lengua, cabe recordar que en
1923 entró como académico el filólogo Padre Lluis Fullana, en
nombre de la lengua valenciana, estando hasta 1948, y en 1926
fue el Rey Alfonso XIII el que firmaba un decreto en el que se
daba entrada y cabida a la lengua valenciana.

Alejandro Cirici, catedrático de arte y ponente en el Consejo
de Europa sobre lenguas minoritarias declaró --vale la pena
decirlo-- en el diario «ABC», el 5 de abril de 1980: «En
cuanto al valenciano, aquí la cosa es muy pintoresca, verá:
Los catalanes escribimos en valenciano o leridano...», «... es
una cosa muy curiosa el hecho de que nuestra lengua ha tenido
su desarrollo literario a partir del valenciano...».

Creo que era importante que algunos de estos testimonios, de
los que se podrían aportar muchísimos más, constaran en el
«Diario de Sesiones». Estoy convencido de que se va a hacer
honor a la Carta Magna de todos los españoles y al Estatuto de
Autonomía, que consagra la lengua valenciana como lengua
histórica, que lo es, y al mismo tiempo merecedora de estar en
la carta de las lenguas minoritarias. Espero que la señora
Ministra hará honor al tema y se preocupará.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
González Lizondo. ¿Señora Ministra? (Pausa.)



--DEL DIPUTADO DON LUIS MARDONES SEVILLA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE COALICION CANARIA, QUE FORMULA AL EXCMO. SR.

MINISTRO



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DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE: ¿COMO VALORA
EL GOBIERNO LOS RESULTADOS, HASTA EL PRESENTE, DEL REGISTRO
ESPECIAL DE BUQUES Y EMPRESAS NAVIERAS, SITO EN EL TERRITORIO
DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS? (Número de expediente
180/000291)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 7, del
Diputado don Luis Mardones Sevilla.

Señor Mardones, tiene la palabra.




El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente, ¿cómo valora el Gobierno los resultados, hasta el
presente, del Registro Especial de Buques y Empresas Navieras
ubicado en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias?
Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Mardones. Señor Ministro de Obras Públicas, tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Señoría, el Gobierno lo valora
de forma satisfactoria y dentro de las previsiones fijadas
cuando este Registro se estableció, sin pretender que sea la
solución a los problemas de competitividad de la flota
española, sino un instrumento a disposición de las empresas
navieras que les permita obtener mejores condiciones de
explotación de cara a la competencia exterior. Hasta el
momento presente se han inscrito siete buques y hay otros dos
en trámite de inscripción, y ello teniendo en cuenta el clima
de rechazo sindical con que fue acogido y el hecho de que el
mismo no haya tenido todavía su pleno desarrollo en lo que se
refiere a las ventajas e
incentivos. Precisamente la inminente ley sobre el régimen
económico y fiscal de Canarias deberá adoptar las medidas
fiscales y de Seguridad Social que complementen las ahora
existentes, sobre todo en lo que se refiere al régimen laboral
de las tripulaciones, para perfilar de forma definitiva la
regulación de este Registro. Con ello esperamos que aumente su
utilidad para nuestras empresas navieras y se incremente
significativamente el número de buques inscritos en el mismo.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro. Señor Mardones, tiene la palabra.




El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, mi pregunta va en una línea de hacer una
convergencia de los esfuerzos del Gobierno de la nación con el
Gobierno de Canarias, y los intereses económicos y sociales
que afectan tanto al archipiélago como a nuestra marina
mercante, tema amplio.

La realidad es que en 1993 la flota mercante española de
pabellón nacional ha disminuido casi un 47 por ciento, pero no
porque hayan desaparecido físicamente los buques, sino porque
muchas navieras españolas encuentran más atractivos fiscales y
laborales, por tanto mayor rentabilidad en la política de
fletes, en banderas de conveniencia exteriores, incluso de
algunos territorios que forman parte de países de la Unión
Europea, como es Portugal en el caso del registro de buques en
Madeira. En Canarias, el señor Ministro da la cifra de siete
buques; esto es escasamente un poco más de un dos por ciento.

En estos momentos está en trámite en la Cámara la nueva ley de
bases del régimen económico y fiscal de Canarias, lo que
supuso en su día la Ley de la Marina Mercante y de Puertos
parece que no da el resultado conveniente; algo ocurre cuando
las navieras nacionales no se abanderan en Canarias y se van a
otras banderas de conveniencia. Según las cifras de que
dispongo, bajo control de empresas navieras españolas en 1994
hay más de 1.400.000 toneladas de registro bruto. En este
momento, el Registro español, en pabellón nacional no canario,
es de un millón de toneladas de registro bruto
aproximadamente; 27.400 toneladas en Canarias.

Hagamos todos un esfuerzo --a esto viene mi pregunta-- para
incentivar y sensiblizar al Gobierno de que hay que dotar al
Registro de Buques de Canarias de la máxima cuota de
beneficios de todo tipo, fiscales, económicos, laborales, los
que sean, para que las navieras españolas no abanderen en
terceros países, incluso fuera del área de la Unión Europea,
ni abanderen tampoco en Madeira o en territorios de fiscalidad
europea. Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Mardones. ¿Señor Ministro? (Pausa.)



--DEL DIPUTADO DON LUIS CARLOS PIQUER JIMENEZ, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES HAN SIDO LOS
CRITERIOS Y ACTUACIONES DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE EN EL TRABAJO DE AUTOVIA
ZARAGOZA-NUENO? (Número de expediente 180/000314)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 26, de don Luis Carlos
Piquer Jiménez, quien tiene la palabra.




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El señor PIQUER JIMENEZ: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, como conoce, existe una sensibilidad en la
Comunidad aragonesa para conseguir la realización del
denominado eje Norte-Sur. Para su agilización se firmó un
convenio en el cual se preveía un adelanto en la financiación
por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón. Con fecha 11 de
marzo de 1993, el Ministerio comunicó su voluntad de ejecutar
la obra y de asumir la financiación de la misma, lo que en
principio es una decisión que claramente beneficia a la
hacienda de la Comunidad.

Recientemente se han producido declaraciones e iniciativas que
curiosamente son de responsables políticos que no consideraron
la obra prioritaria en su acción de gobierno, imputando
intenciones oscuras en la anulación del convenio y sobre todo
retrasos como consecuencia de la anulación. Con el deseo de
aclarar qué fuerzas políticas lo han considerado prioritario y
qué administraciones están realizando el esfuerzo de
ejecución, es por lo que le formulo la siguiente pregunta:
¿Cuáles han sido los criterios y actuaciones del Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente en el tramo de
autovía Zaragoza-Nueno?
Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Piquer.

El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Señoría, el Ministerio sigue muy
de cerca todo lo relativo a esta autovía porque está
considerada de interés prioritario, tiene todos los recursos
presupuestarios necesarios para su ejecución y ésta se está
efectuando en los plazos técnicamente más cortos posibles. Es
imposible hacerlo más rápido de lo que lo estamos haciendo, y
los partidos políticos, como el PP y el PAR, que usan y abusan
de una intolerable demagogia al respecto, tienen que saber que
desde marzo de 1992, en que se inicia el trámite de
información pública, el Ministerio está agotando los plazos
para poderla ejecutar en el tiempo técnicamente más corto
posible. Ni aunque tuviéramos todo el dinero del mundo lo
podríamos hacer más aprisa de lo que lo estamos haciendo.

El que un proyecto se declare financiable o no por los fondos
de cohesión, que algunos reclaman como si fuera eso la panacea
universal, tampoco va a adelantar un solo día la construcción
de las obras, porque con fondos de cohesión o sin ellos el
compromiso del Ministerio es claro: esta obra se va a ejecutar
en los plazos de tiempo más cortos posibles.

En marzo de 1992, información pública; en julio de 1992,
declaración de impacto ambiental; en septiembre de 1992,
aprobación del estudio informativo; en febrero de 1993 se
licita la asistencia técnica para redactar los proyectos de
trazado y construcción; en noviembre de 1993 se adjudica la
elaboración de los proyectos, que esperamos estén terminados
al inicio del verano de 1994, porque se tarda diez meses como
mínimo en hacer el proyecto de una autovía de estas
características, pero tan pronto como lo tengamos la vamos a
licitar y a adjudicar las obras; espero que se puedan licitar
a finales de 1994 y que puedan iniciarse en 1995 sin perder un
solo día, teniendo el crédito presupuestario necesario para
ello y solicitando que se deje de agitar la demagogia de ese
convenio que se entendió que no servía a los fines de hacer la
autovía lo más rápido posible, y que se va a hacer sin que le
cueste una sola peseta a la hacienda de la Comunidad Autónoma
de Aragón.

Señorías, es la primera vez que veo que una comunidad autónoma
protesta porque se hacen las autovías sin que le cueste
dinero. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Ministro.

El señor Piquer tiene la palabra.




El señor PIQUEZ JIMENEZ: Señor Presidente, simplemente para
tener unas palabras de agradecimiento por la contestación del
señor Ministro y para decirle que no toda la Comunidad
Autónoma, sino algunas fuerzas políticas, como usted ha
señalado, son las que emplean la demagogia y las que están
sembrando la inquietud en la población aragonesa.




--DEL DIPUTADO DON RAFAEL ESTRELLA PEDROLA, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUANDO ESPERA EL
GOBIERNO REALIZAR LAS OBRAS DEL NUEVO PUENTE DE TABLATE EN LA
CARRETERA GRANADA-MOTRIL? (Número de expediente 180/000317)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 29,
del Diputado señor Estrella Pedrola, quien tiene la palabra.




El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor Ministro, las obras de
acondicionamiento de la carretera nacional 323, en su tramo
Beznar-Vélez de Benaudalla, contemplaba la sustitución del
denominado Puente de Tablate. Una serie de problemas de
cimentación o asentamiento han provocado que se haya retrasado
hasta la fecha la realización de esta obra, causando en este
punto una serie de ralentizaciones de tráfico, cuando no
auténticos atascos, especialmente en la época estival.




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Por ello se pregunta cuándo espera el Gobierno realizar las
obras de ese Puente de Tablate en la carretera nacional 323.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Estrella.

El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor
Presidente.

Para realizar las nuevas obras del puente de Tablate, por
razones geotécnicas y después de haber hecho un completo
estudio de las laderas del barranco, ha sido necesario
redactar una
modificación, que contiene una variación importante en la
estructura prevista para cruzar dicho barranco, incluidas las
obras de acondicionamiento del tramo entre Beznar y Vélez de
Benaudalla, en la carretera 323.

Este proyecto de modificado ya ha sido redactado y dictaminado
favorablemente por el Consejo de Obras Públicas. La
modificación sabe S.S. que deberá ser, además, remitida para
su dictamen preceptivo al Consejo de Estado como paso previo a
su aprobación económica, en cuyo momento podremos reanudar las
obras, lo que espero que tenga lugar a mediados del presente
año.

El Ministerio lamenta que estos trámites sean preceptivos e
inevitables cada vez que se presenta una circunstancia que
obligue a efectuar un modificado en un proyecto en
construcción, pero así es la legislación de contratos del
Estado y naturalmente el Ministerio se ve no sólo en la
obligación, sino en la voluntad de cumplir esta norma, aunque
eso a veces tiene como consecuencia indeseada el tener que
paralizar los trabajos hasta que el proyecto no se haya
acomodado a la realidad de la ejecución de las obras físicas,
previo los trámites que la legislación establece de consulta
al Consejo de Obras Públicas primero, y al Consejo de Estado
después, cuando la importancia del modificado es, como en este
caso, de especial significado. Pero yo espero, señoría, que
podamos terminar todos estos trámites y que las obras puedan
reanudarse a mediados del presente año, tan pronto como el
Consejo de Estado haya evacuado el preceptivo informe. Muchas
gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Ministro.




--DEL DIPUTADO DON JAUME ANTICH I BALADA, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿VA A INTERVENIR EL
GOBIERNO EN EL PROYECTO DE NAVEGABILIDAD DEL TRAMO FINAL DEL
RIO EBRO, DESDE RIBA-ROJA D'EBRE AL MAR? (Número de expediente
180/000318)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Finalmente, pasamos a
la pregunta número 30, del Diputado don Jaume Antich i Balada.

Señor Antich, tiene la palabra.




El señor ANTICH I BALADA: Gracias, señor Presidente.

Señorías, señor Ministro, el proyecto de navegabilidad del río
Ebro desde Riba-Roja d'Ebre al mar ha sido elaborado a
iniciativa de los consejos comarcales de la zona --
concretamente Ribera d'Ebre, Baix d'Ebre y Montsia--, con la
ayuda y colaboración, al parecer, de la Diputación de
Tarragona y la Generalitat de Catalunya. En algún momento
alguien ha hablado también del Gobierno central o del Gobierno
español, implicándolo, al parecer, en este proyecto, bien sea
como que había autorizado las obras o el proyecto, o bien,
como se ha dicho, que podría colaborar económicamente en la
realización del mismo.

Por todo ello, señor Ministro, a fin de aclarar el tema en sus
justos términos, le formulo la pregunta siguiente: ¿Va a
intervenir el Gobierno en el proyecto de navegabilidad del
tramo final del río Ebro desde Riba-Roja d'Ebre al mar?
Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Antich.

El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor
Presidente.

Señoría, como usted ha señalado, el proyecto de referencia ha
sido promovido por entidades locales de la provincia de
Tarragona con intervención de la Generalitat.

En ningún momento se ha solicitado al Estado su participación,
ni en la financiación ni en las obras. Nos hemos enterado por
la lectura atenta de los medios de comunicación, dado que
naturalmente le ha llamado la atención a la Confederación
Hidrográfica un proyecto que afecta al río Quetute, pero nadie
nos ha pedido ni comunicado nada. Nuestra única participación
es la que nos corresponde como un órgano que tiene que
autorizar aquellas actuaciones que afecten al dominio público
y al cauce del Ebro en los casos legalmente previstos. La
única referencia concreta que he encontrado ha sido el
proyecto presentado por la Dirección General de Puertos y
Costas de la Generalitat en agosto pasado al Servicio de
Costas del Ministerio en Tarragona para dragar un tramo del
río Ebro entre Tortosa y Amposta con destino a su
rehabilitación para la navegación. El proyecto fue
presentado y fue aprobado en agosto.




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La Confederación del Ebro está pendiente de verificar su
posible intervención, siempre a efectos de autorizar las obras
que se le soliciten, una vez que tenga acceso a la
documentación incorporada al expediente que tramita la
Generalitat. Por tanto, máxima voluntad de cooperación en
aquellas competencias que tenemos atribuidas en la protección
de cauces, riberas y costas, per no puedo, obviamente, decirle
que hayamos comprometido participaciones efectivas financieras
o de otra clase, puesto que nadie se ha dirigido a nosotros
solicitándolas, ni tampoco dándonos una información de lo que
se pretende con este proyecto, que en la medida en que podamos
contribuir a desarrollar lo haremos encantados.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Ministro.




INTERPELACIONES URGENTES:



--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
MEDIDAS DE POLITICA GENERAL QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO
PARA REACTIVAR EL SECTOR NAVAL EN SU CONJUNTO, TANTO EN LO QUE
AFECTA A LA CONSTRUCCION DE BUQUES COMO A LA POTENCIACION DE
NUESTRA MARINA MERCANTE (Número de expediente 172/000032)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Finalizado el debate
de las preguntas orales en Pleno, pasamos al punto V del orden
del día sobre interpelaciones urgentes.

En primer lugar, la interpelación urgente del Grupo Popular
sobre medidas de política general que piensa adoptar el
Gobierno para reactivar el sector naval en su conjunto, tanto
en lo que afecta a la construcción de buques como a la
potenciación de nuestra marina mercante.

Para exponer el contenido de su interpelación, tiene la
palabra el señor Fernández de Mesa.




El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Muchas gracias, señor
Presidente. Señorías, señor Ministro de Industria, el Grupo
Parlamentario Popular trae nuevamente al Pleno de la Cámara
una interpelación para ver qué medidas piensa adoptar el
Gobierno para tratar de relanzar el sector naval en España.

A nadie le cabe la menor duda de que la reconversión del
sector naval, como consecuencia del Real Decreto 1271/1984,
tuvo efectos negativos tanto en la construcción de buques como
en el ámbito de la marina mercante española, y ejemplos hay
bastantes. Existe una pérdida importante de puestos de trabajo
directos en el sector, pasando de tener del orden de los
40.000 trabajadores a situarnos hoy en día en una banda que
oscila entre los 14.000 y 15.000, lo que ha supuesto una
pérdida de casi el 60 por ciento desde los años en que España
tenía una mayor pujanza en este sector, teniendo en cuenta,
además, que en un astillero el 30 por ciento se cuece, valga
la expresión, dentro del propio astillero, y el 70 por ciento
restante es mano de obra auxiliar de fuera, lo que genera una
también importante cantidad de puestos de trabajo de los que
para nada se ha hablado ni se han cuantificado dentro de las
pérdidas, aunque sí me imagino que habrán pasado a engrosar el
importante y elevado número de parados de que disponemos hoy
en día. Importante ha sido también la reducción de capacidades
de nuestros astilleros, ya que nos hemos quedado con menos de
150.000 metros cuadrados de superficie, lo que ha supuesto una
reducción de casi el 53 por ciento en nuestras instalaciones
en gradas y diques en servicio. (El señor
Presidente, ocupa la Presidencia.)
La cartera de pedidos, según los propios informes del
Ministerio de Industria, es prácticamente nula, y aun encima
tenemos ejemplos como el de Trasmediterránea, una empresa
estatal que el año pasado contrata un buque, la construcción
del JJ Sister en Finlandia, entregando 10.000 millones de
pesetas de trabajo a los finlandeses, con lo que ello
supondría de valor añadido, además, para España, y no teniendo
en cuenta que aquí, por ejemplo, también construimos motores y
los que hoy en día tiene este barco lamentablemente no son
capaces de dar la potencia y alcanzar la velocidad
especificada. No le quepa a usted la menor duda, señor
Ministro de Industria, que este Grupo Parlamentario va a
solicitar una auditoría técnica durante el período de garantía
de ese barco.

Señor Presidente, señor Ministro, AESA acaba de perder un
contrato de 70.000 millones de pesetas de cinco grandes
petroleros de doble casco para Arabia Saudí, unos 500 millones
de dólares, y ahora se amenaza con una mayor reducción de
plantillas.

Quizá tengamos que empezar a pedir dimisiones de altos cargos
de la Administración, y no me refiero precisamente ahora a
cargos del Gobierno, ni tan siquisiera a Diputados de los que
integramos esta Cámara, pero sí de esa relación de 1.400 altos
cargos de la Administración que no son ni Diputados ni
miembros del Gobierno; que comparten, además de sus trabajos
en sus Secretarías de Estado, vocalías en los consejos de
administración de cantidad de empresas españolas que no
rinden, que no son capaces de salir adelante, pero que, por
otro lado, están cobrando sustanciosos sueldos por asistir a
sus consejos, y a ellos no se les reduce, pero sí a las
plantillas de trabajadores, que son los que, en definitiva,
están sufriendo siempre la expoliación



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por la incompetencia de quienes deben aportar medidas para
relanzar el sector naval.

Nos conformamos, señor Ministro, con las 400.000 toneladas de
registro bruto compensadas anuales que la Comunidad Europea ha
fijado para España, y nos fijamos un techo relativamente bajo
para la capacidad de producción que históricamente ha tenido
España. Pero es que ni tan siquiera somos capaces de llegar a
esos techos; es decir, perdemos mercado constantemente. La
flota mercante española ha disminuido (como decía antes el
Diputado Mardones en una réplica a una respuesta del Ministro
de
Transportes), lo que indudablemente indica que las medidas
adoptadas no han beneficiado en absoluto ni al sector de la
construcción de buques, ni al de la marina mercante, debido a
la falta de voluntad política del Gobierno --después diré por
qué--de potenciar ambos sectores, y estoy completamente
convencido de que por no creer en ellos.

Estos días el personal de AESA se manifiesta. El personal de
Astano se pasea por Galicia de un lado a otro para ver qué es
lo que va a pasar con los 400 o 500 trabajadores que quedan en
plantilla, después de haber sido un astillero con cerca de
9.000 hombres. La Empresa Nacional Bazán, que no depende ni de
unos ni de otros, siempre del Ministro que no contesta,
resulta que tiene una incertidumbre sobre ella y no sabe cuál
va a ser su futuro. Lo mismo podíamos decir de Puerto Real o
de Matagorda, o de todas las reducciones que ha habido a lo
largo de estos años.

Yo puedo decirle, señor Ministro, que dentro de esta Cámara
podrá pensarse lo que se quiera, pero sepa usted que los
Diputados, tanto socialistas como populares o de cualquier
otro grupo político, en sus comunidades autónomas sufren
constantemente con los trabajadores las medidas que no se
adoptan desde el Gobierno Central. Los alcaldes de las
ciudades --y aquí hay dos, el de Ferrol y el de Cartagena--
tienen permanentemente a los
trabajadores reivindicando medidas para relanzar el sector
naval, y ni siquiera siendo Diputados son capaces de hacerse
oír aquí en Madrid.

Estamos prácticamente sin flota. Los datos que se acaban de
mencionar son evidentemente claros, y los pocos buques que nos
quedan se abanderan en países extranjeros con banderas de
conveniencia. Y lo más vergonzoso para España y vergonzoso
para este Gobierno es que empresas estatales están abanderando
sus propios barcos en países con banderas de conveniencia, y
ahí tenemos Trasmediterránea, o tenemos Elcano Trasatlántica.

¿Y qué es lo que pasa con el segundo registro de Canarias?
¿Cuáles son los motivos por los que después de un año de
entrada en vigor de la Ley de Puertos de Estado y de la Marina
Mercante no se han obtenido todavía las ventajas fiscales y
económicas dentro del registro especial de Canarias?
Y para qué hablar de tráfico de cabotajes, señor Ministro de
Industria, donde además de haber pocos barcos para el
transporte marítimo nacional, esos pocos barcos que existen no
son
suficientes para cubrir las necesidades de los usuarios de
puerto para los transportes marítimos, y aún encima encuentran
dificultades para que se les autorice desde el Gobierno los
«weaver» para poder tener un barco en posición, aunque no sea
de bandera nacional.

Claro que habría que recordar ante esta Cámara las
declaraciones del Presidente del Gobierno en Washington el
pasado 8 de
diciembre, diciendo que el sector navan en España no sólo
estaba mal, sino que podría empeorar. Con esas declaraciones,
que permítanme que diga que son de una total irresponsabilidad
del Jefe del Ejecutivo español en un país extranjero, ¿quién
puede pensar en invertir en España en el sector naval, cuando
el propio Presidente, insisto, dice que nuestro sector no sólo
está mal, sino que tiende a empeorar? ¿Quién puede no pensar
que ese contrato de 70.000 millones de pesetas con Arabia
Saudí que ha perdido AESA no haya podido estar influido por
estas
declaraciones, puesto que se ha ventilado en el último
trimestre del año 1993?
Por otro lado, señor Ministro, la entrada en vigor de la Ley
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante a principios del
año 1993 ha supuesto un cambio en profundidad de la normativa
que regía el ordenamiento portuario y el tráfico marítimo
español que existía. Aquí no sirve aplicar aquello que decía
Romanones, porque después de un año de ley no están
desarrollados los reglamentos. Ni siquiera se han desarrollado
los reglamentos, y eso está produciendo una cantidad de trabas
en el tráfico marítimo, en el libertinaje a la hora de
establecer tasas o precios públicos dentro de los puertos que
hace que no exista una política coherente en el conjunto de
los puertos españoles. Por ello, señor Ministro, el Partido
Popular cree necesaria una política integral en todo lo
referente al sector marítimo, con independencia de las
peculiaridades de cada uno de los asuntos. Creemos que es
necesario revisar la política de puertos, la política de
marina mercante, de construcción de buques, un plan de
renovación de flota de marina mercante, de la misma manera que
un plan de renovación de flota pesquera que involucre a todos
los Ministerios que tiene que ver en ello, al de Economía y
Hacienda, al de Industria, al de Transportes, al propio de
Defensa en cuestiones de la Empresa Nacional Bazán, y al de
Agricultura, Pesca y Alimentación. Todo está relacionado entre
sí, todo debería de tener un coordinador general del Gobierno
para que, cuando se plantee un tema como este, con
competencias de
distintos ministerios, hubiera alguien que pudiera contestar
de manera colegiada lo que el Gobierno piensa sobre estos
asuntos. Pero, lamentablemente, el desaparecido señor
Vicepresidente del Gobierno, coordinador de los asuntos de su
gabinete, está reiteradas veces ausente de esta Cámara y no se
puede



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contar con él para que explique cuál es la política coordinada
del Gobierno en determinados asuntos, como por ejemplo éste.

Después de pasado un año de la entrada en vigor de la Ley de
Puertos, a la cual presentamos una enmienda a la totalidad,
quizá sea el momento de replantearseel contenido de aquella
Ley que privó de la autonomía a las cuatro Juntas de Puertos
que eran autónomas en aquel momento: Barcelona, Sevilla,
Valencia y Bilbao; les privó de su autonomía y les ha hecho
depender de un ente público con un marcado carácter
centralista, que lejos de dotarles de mayor autonomía les ha
encorsetado todavía más. Desde nuestro punto de vista,
ustedes, desde el año 1984, están creando las condiciones para
que, pasados diez años, exista una
infraestructura adecuada, reestructurada, con tecnología
avanzada; ustedes han dicho durante diez años que han estado
invirtiendo en investigación y desarrollo para el repunte del
sector naval; ustedes han hecho una importantísima reducción
de plantillas, cuyos sacrificios tienen que servir para algo a
partir de ahora.




El señor PRESIDENTE: Señor Fernández de Mesa, le ruego
concluya.




El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Concluyo, señor
Presidente. Por tanto, no deberían de existir razones para la
situación de crisis que viven en este momento estos sectores.

Tendría que haberse conseguido aumentar la competitividad,
tanto en nuestro sector de construcción naval como en el de la
marina mercante.

El Grupo Parlamentario Popular cree que, lejos de las críticas
constantes, ha llegado el momento de que el Gobierno comience,
primero, a prestar más atención a este sector y, segundo, a
adoptar ya medidas positivas, después de diez años, y con
decidida voluntad política de relanzarlas. Nosotros
presentaremos, señor Ministro de Industria, una moción,
consecuencia de esta interpelación, en la que se recogerán
cantidad de apartados con lo que exigen todos los sectores
implicados, y que el Partido Popular, desde el año 1989, viene
reivindicando en esta Cámara. Parece que algunos de los altos
cargos de la Administración que ya han comparecido están más
de acuerdo con lo que nosotros planteamos.

Por ello, y termino, señor Presidente, es por lo que
solicitamos del señor Ministro de Industria que nos diga qué
medidas de política general piensa adoptar el Gobierno para
reactivar el sector naval en su conjunto, tanto en lo que
afecta a la
construcción de buques como a la potenciación de la marina
mercante.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Mesa.

Para contestar a la interpelación, en nombre del Gobierno, el
señor Ministro de Industria y Energía tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay):
Muchas gracias, señor Presidente.

La interpelación, efectivamente, es urgente, sobre la
construcción naval y, al mismo tiempo, sobre el transporte
marítimo, en la que se pide al Gobierno que indique qué
medidas de política general va a adoptar. No puedo sino
empezar esta contestación a la interpelación felicitando al
portavoz del Grupo Popular por la brillantez de su voz, por el
tono utilizado y por su capacidad de mezclar unas cosas con
otras. Se ha quejado de que no esté aquí el Vicepresidente
para contestar; ha acusado al Presidente del Gobierno de
demagogia y, finalmente, ha anunciado que diga lo que diga el
Ministro que tiene que contestar, y que contesta con sumo
gusto a la interpelación, presentará una moción. Sinceramente,
señoría, creo que podía haber ahorrado todo este trámite a
usted y a mí, si lo que quiere es presentar una moción sobre
las medidas que el Partido Popular entiende que hay que
adoptar. Por tanto, no sé si es un trámite demasiado útil,
aparte de la oportunidad que le brinda a usted para mezclar el
problema del contrato de Arabia Saudí, que se han llevado los
japoneses y que está siendo objeto de investigación por ese
Gobierno, si se han cumplido las condiciones o no por las
cuales AESA ha perdido ese contrato o el anuncio de una
auditoría técnica que va a solicitar también en relación con
un contrato de Trasmediterránea. En todo caso, créame,
señoría, que me alegro, antes de empezar a contestarle, de que
usted sufra con los trabajadores, créame que eso me conmueve y
que me produce una enorme satisfacción. Lo digo sin ninguna
ironía, lo digo porque me parece que todos sufrimos con
problemas como los que han tenido lugar en el sector naval en
el pasado o incluso con los que tiene en el momento presente y
es bueno que lo que algunos sufrimos pueda ser compartido
también por su señoría.

En primer lugar, señoría, me gustaría aclararle que la
reconversión del sector naval, frente a lo que usted dice, por
aplicación del Real Decreto 1271/84, no tuvo de ninguna manera
efectos negativos para la construcción de buques en España si
se entiende por esto el saneamiento del sector, sino que, al
igual que en el resto de los países constructores de buques,
los efectos negativos fueron consecuencia directa de la brusca
disminución de la demanda mundial de construcción naval
originada a su vez por una crisis que databa, como
sabe S.S., de la crisis del petróleo que se inicia en el año
1973. Ese Real Decreto de 1984 y las sucesivas disposiciones
sobre ayuda al sector naval de 1987 y 1991 han tratado de
ajustar el sector al nuevo valor de la demanda, fomentando al
mismo tiempo la modernización de las



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instalaciones, de los procesos productivos, de los sistemas
organizativos, de la formación, del reciclaje, de la
polivalencia del personal de los astilleros. Vale la pena
quizás comparar algunos de los datos que existían en el pasado
en España, en el mundo y en la Comunidad Europea, porque
quizás no hagamos solamente un canto al sol, sino que
analicemos cuál es la evolución del mundo en esta importante
cuestión.

Mire, la capacidad mundial de construcción naval se ha
reducido desde el año 1975, medida en arqueo bruto compensado,
de 22,4 millones de toneladas, año de máxima actividad del
sector, a 15 millones en 1990; esto es, ha sufrido en el mundo
una reducción del 33 por ciento, una reducción que en términos
globales es menor que la correspondiente a los países de la
OCDE, que ha sido de un 49 por ciento, debido fundamentalmente
al incremento de la capacidad de un país, que es Corea, que ha
pasado de 0,4 a 1,8 millones de toneladas de arqueo bruto
compensado. A su vez, la reducción en el conjunto de países
comunitarios ha sido todavía mayor que en el ámbito de la
OCDE; ha sido de un 54 por ciento y aproximadamente de ese
porte, entre el cincuenta y tantos y el 60 por ciento,
dependiendo de cómo se mida, ha sido la reducción española.

Es verdad que en estos momentos no existen datos homologables
de plantillas a nivel mundial, pero limitaré mi comparación al
ámbito de la OCDE, más Corea, en el que las plantillas propias
de los astilleros, esto es, sin tener en cuenta la mano de
obra de las compañías subcontratistas a las que usted hacía
referencia, se han reducido desde 548.852 trabajadores en el
año 1975 a 224.125 en el año 1990; esto es, un 59 por ciento
nada menos, un porcentaje de reducción similar al que ha
tenido lugar en la Comunidad Europea y, desde luego, en
España.

En resumen, lo que quiero decir con estos datos, señoría, es
que el ajuste del sector de construcción naval en España ha
sido básicamente similar al que ha experimentado el resto de
los países comunitarios. Voy a hacer alguna referencia más
para que tenga usted idea de la evolución de la contratación
en el mundo, en Europa y en España y a partir de ahí juzgue si
la política que se está llevando a cabo es correcta, aunque
luego diré las nuevas medidas que el Gobierno está poniendo en
marcha. Los nuevos contratos de construcción de buques en el
mundo han oscilado entre 10 y 15 millones, medidos en las
mismas unidades de arqueo bruto compensado entre 1975 y 1993.

La cuota española de participación en la construcción naval
mundial en los años setenta era del 4,5 por ciento, años que
usted ha venido a considerar como los más idóneos. Cayó en la
primera mitad de la década de los ochenta hasta valores del
uno por ciento, recuperándose justamente a partir de los
Decretos de reconversión del sector naval, esto es, a partir
del año 1985 en que comienzan a aplicarse las medidas de ese
Decreto; se alcanza de nuevo una tasa de participación o un
porcentaje de partipación en el entorno del cuatro por ciento
en la segunda mitad de la década y vuelve a caer bruscamente
en el año 1991 a poco más del uno por ciento, y ha crecido --
debo reconocerlo-- en los años siguientes 1992 y 1993, aunque
ligeramente. Esta mayor
disminución de los contratos en España se puede explicar
fundamentalmente en este período, en el trienio 1991-93, por
los siguientes hechos. En primer lugar, porque es verdad que
hemos experimentado una pérdida de niveles de competitividad
en la construcción naval, de alguna manera explicados por
fenómenos como el tipo de cambio o los diferenciales de tipos
de interés, por una disminución, ciertamente más acusada que
en otros países, de la flota mercante nacional, por la crisis
del sector pesquero cuyos pedidos en el período 1987-90
suponían del orden del 90 por ciento del pedido de los
astilleros nacionales, porcentajes que se ha reducido
notablemente en los años 1991 a 1993 hasta significar,
respectivamente, en estas tres fechas el 24, el tres y el tres
por ciento. Lo digo para que se dé usted alguna idea de la
diferencia. Por lo tanto, éstas son algunas de las razones por
las cuales se ha producido el fenómeno al que usted hacía
referencia, un fenómeno no específico español, un fenómeno en
el que la reconversión del sector naval ha tenido efectos
claramente beneficiosos en términos de recuperación de una
parte de nuestra participación en la demanda mundial y, al
mismo tiempo, una mejora ostensible en todos los terrenos
desde el punto de vista de la competitividad de la industria
naval.

No estamos, por lo tanto, en peor situación relativa, como
sugería usted, de la que estábamos, sino, por el contrario, en
muchísima mejor situación relativa, lo cual no significa
ignorar los evidentes problemas españoles y los evidentes
problemas de la construcción naval en el mundo y también en
Europa.

Le quiero decir, no obstante, que el Gobierno, precisamente
por la fase en la que hemos estado vivendo, ha tomado algunas
medidas al amparo de las medidas que es posible tomar,
teniendo en cuenta la prórroga de la llamada Séptima Directiva
de la Unión Europea; medidas que darán lugar a un próximo real
decreto sobre primas y financiación a la construcción naval,
con el que se pretenden lograr los siguientes efectos.

En primer lugar, que los astilleros nacionales disfruten de
ayudas de funcionamiento similares a las de los restantes
países comunitarios que, junto con los actuales tipos de
cambio e interés comercial, claramente en un proceso de
descenso, les permitan una contratación en el año 1994 más
acorde con la capacidad del sector.

En segundo lugar, que las primas, no ya de funcionamiento,
sino de reestructuración, correspondientes a los nuevos
contratos del año 1994, sean suficientes para compensar los
menores ingresos del Fondo de



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Reestructuración, consecuencia de la menor contratación del
trienio 1991-93, de tal forma que pueda atenderse con cargo al
mismo tanto las necesidades pendientes derivadas de la
ejecución de los programas de actuación de los astilleros en
ese período (en el trienio 1991-93) como las nuevas
aplicaciones para el año en curso.

En tercer lugar, ese Real Decreto, que es un real decreto que
espero poder llevar en brevísimas fechas al Consejo de
Ministros, tiene como objetivo aplicar prioritariamente los
recursos del fondo de reestructuración a aquellas actuaciones
de los
astilleros encaminadas a inversiones intangibles en áreas
tales como marketing, oficinas técnicas, aprovisionamiento,
producción, formación, etcétera.

En cuarto lugar, el fomento de la contratación de nuevas
construcciones de buques en los astilleros nacionales por
parte tanto de armadores españoles como de otros países
comunitarios mediante condiciones de financiación similares a
las mejores existentes en otros Estados miembros de la Unión
Europea. En quinto y último lugar, unificar en un único
instrumento normativo las ayudas al sector por primas y por
financiación, ya que ambas en este caso, en construcción
naval, tienen su encuadre en la Séptima Directiva y en un
único órgano ministerial en el ámbito de la Administración del
Estado, como es el Departamento de Industria y Energía, del
que soy, como sabe S.S., titular. Dos palabras, brevemente,
para expresarle algo que no tiene que ver o tiene una relación
indirecta con lo que le acabo de decir, que no es una
competencia directa de mi Departamento, pero que sí es una
competencia del Gobierno: qué piensa hacer el Gobierno al
mismo tiempo para el desarrollo del sector del transporte
marítimo. Usted se ha referido a unas cuantas cuestiones,
fundamentalmente al registro especial de buques, a la Ley de
Puertos y a su desarrollo. Quiero decirle en este momento que
esas medidas, que el Gobierno sigue juzgando correctas, tienen
una enorme importancia en el marco de la liberalización del
transporte marítimo, y tienen como objetivo poner a nuestra
flota, a nuestros puertos en condiciones de competencia
también en ese marco europeo. Pero sí le quiero anunciar que
el Gobierno ha elaborado un Real Decreto, el 897/93, de 11 de
junio, en desarrollo de algunas de las disposiciones de la Ley
de Puertos y fundamentalmente de aquellas que hacen referencia
al registro especial en las islas Canarias, y quiero decirle
que se está elaborando en este momento, precisamente en este
caso, no en mi Departamento, sino en el Departamento de Obras
Públicas y Transportes, una serie de decretos de desarrollo de
esta misma medida, que en parte se refieren, en conexión con
el análisis realizado por esta Cámara, fundamentalmente a todo
aquello que tiene que ver con el régimen fiscal, especialmente
a través de la Ley del Régimen Fiscal Especial de Canarias,
que,
naturalmente, tiene que tener una conexión tanto en materia
del Impuesto de Transmisiones como del Impuesto de Sociedades
con las disposiciones y las previsiones del registro especial
de buques.




El señor PRESIDENTE: Señor Ministro, le ruego concluya.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay):
Termino, señor Presidente.

Sin duda alguna, hay muchas otras cosas, como las
correspondientes a decretos o a desarrollo del régimen de
cabotaje, del régimen de practicaje en los puertos o de tarifa
portuarias que tienen que ver con las preocupaciones que
expresaba su señoría.

Concluyo, señor Presidente, diciendo lo siguiente: señoría, yo
le contesto con muchísimo gusto a lo que usted quiera
presentar o preguntar sobre las intenciones del Gobierno. Lo
que lamento es que usted tenga prejuzgado su veredicto mucho
antes de saber lo que el Gobierno está haciendo y piensa
hacer.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

El señor Fernández de Mesa tiene la palabra.




El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor
Presidente; gracias, señor Ministro.

Mire usted, yo no tengo nada prejuzgado ni el grupo
parlamentario tiene nada prejuzgado. Yo he visto pasar por ahí
al señor Croissier, al señor Aranzadi, al señor Solchaga
haciendo cantos de sirenas diciendo que todo se iba a resolver
poniendo en práctica cantidad de medidas que nunca se hicieron
realidad. Venga usted a contarnos historias aquí, pero paséese
usted algo más que por el centro de Madrid y vea lo que pasa
en las ciudades donde hay astilleros; véalo usted. Y usted
dice que la pérdida de competitividad que ha habido en España
ha sido dentro del sector pesquero, que ha habido una pérdida
importante de
contratación. ¿Y cómo se está tratando de resolver eso?
¿Usted sabe que España es el único país de la Unión Europea
que obliga al sector pesquero, a cada armador, a destruir
tantos barcos de toneladas de registro bruto compensadas como
construidas? Somos el único país, y, hasta hace muy poco
tiempo, el 150 por ciento. Y yo me creo lo que usted dice de
que estamos en una mejor situación relativa. Me creo lo que
usted dice como Gobierno, no por lo que yo vea. ¿A qué vienen
las declaraciones del Presidente del Gobierno diciendo que el
sector naval en España no sólo está mal, sino que puede tender
a empeorar? ¿Usted cree que es tan ridículo hacer referencia
en este momento a esas declaraciones del Presidente del
Gobierno? Yo las considero imprescindibles.




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Señor Ministro de Industria, si yo me refería aquí al
desaparecido señor Serra no es más que porque en la pasada
legislatura, en esta misma tribuna, planteando temas del
Ministerio de Industria referidos a la Empresa Nacional Bazán,
referidos a la Empresa Trasmediterránea, referidos a un largo
etcétera de problemas contenidos dentro de lo que es el propio
sector naval, nunca atinábamos con el ministro
correspondiente; si nos referíamos a Bazán, el de Industria
decía que dependía de Defensa; si nos referíamos a las
compañías estatales, como Trasmediterránea u otras de
transportes, decía que era competencia del de Economía y
Hacienda. Nunca teníamos un interlocutor válido, hasta que un
día el señor Serra dijo que él coordinaba los asuntos
correspondientes a los Ministerios del Gabinete. Por eso quizá
hoy, esperando de usted una contestación similar a las que
hubo aquí de aquel ministro que decía que la mejor política
industrial era la que no existía, pretenderíamos, a lo mejor,
que un coordinador del Gobierno nos explicara qué era lo que
iba a hacer de verdad.

Muchas de las medidas que usted plantea hoy aquí, el Grupo
parlamentario Popular lo ha hecho en reiteradas ocasiones en
la pasada legislatura, y nos alegramosde que se hagan
realidad. Yo no vengo premeditadamente a presentar una moción.

Hay un trámite parlamentario, hay una interpelación urgente
presentada y hay una moción, consecuencia de interpelación, y,
desde luego, el Grupo parlamentario Popular va a aprovechar
ese trámite parlamentario de la moción, consecuencia de la
interpelación, para que esas promesas o ese enumerado de
medidas que usted ha hecho aquí se plasmenen papeles y
empiecen a ser realidad, se voten en esta Cámara, que es lo
que tiene que hacerse, y empiecena ponerse en práctica. Lo
demás son cantos de sirena. Mientras vemos lo que está pasando
con Suzuki-Santana y los 2.400 puestos de trabajo o lo que
está pasando en Barcelona con el sector de Seat-
Volkswagen, del sector naval nadie se ha ocupado durante diez
años, señor Ministro, absolutamente nadie en este Gobierno. Y
desde hace mucho tiempo veníamos pidiendo una flexibilización
de las directivas comunitarias, de la Sexta, de la aprobación
de la Séptima, que nos cogió a contrapié y de la
flexibilización de la Séptima Directiva. Precisamente con ese
9 por ciento que se puede ofertarque se flexibilice --como
usted dice ahora y nosotros decíamos hace un año--, como pasa
en Dinamarca, en Andalucía y en cantidad de países de la Unión
Europea.

Yo no me voy a ir de esta tribuna sin ofrecerle otros datos,
señor Ministro; datos compartidos por el propio señor Aranzadi
en la anterior legislatura o por el señorCroissier o por el
señor Solchaga. En cuestión de cifras, marear la perdiz es
fácil, pero hay otros datos mucho más duros que los que usted
acaba de decir aquí hoy.

En las décadas a las que usted se ha referido, Japón llegó a
tener el 50 por ciento de la construcción mundial y Europa
tenía el 37,9. A finales de la década de los años 1980, aunque
Japón haya bajado al 44 por ciento, en combinación con Corea,
Taiwán y China, supera el 70 por ciento de producción y Europa
ha bajado el 37,6, a menos del 13 por ciento. Y en ese
porcentaje España le tengo que decir que se ha quedado en la
ridiculez del 13,5 por ciento al final de la década de los
años 1980. No me diga usted que están sentadas las bases para
la recuperación del sector naval. ¿Ahora empiezan ustedes a
tomar medidas? Tómenlas de una vez. Y mientras no se plasmen
en papeles, usted tendrá aquí una moción en la que nosotros
reivindiquemos un paquete de medidas en positivo. Y vamos a
pedir que las ayudas a la exportación --las que se pudieran
hacer-- fueran similares a la construcción de buques a nivel
nacional. Nos parece mucho mejor eso que ha planteado de
manera soterrada, de la posible devolución de los créditos, en
lugar de en ocho años y medio --que están ahora--, en doce o
catorce, como venimos pidiendo desde hace muchos años. En
cuanto al registro especial de Canarias, al que yo he hecho
una alusión y a lo que traeremos también nuestra propuesta,
señor Ministro de Industria, si usted cree que está tan bien,
si --como yo le he dicho-- ni Romanones ha hecho lo que
ustedes decían, porque han sido incapaces en un año de hacer
un reglamento de la ley de puertos del Estado y de la marina
mercante, ¿por qué las empresas estatales navieras --
Trasmediterránea Elcano,
Trasatlántica-- no abanderan en Canarias? Cuéntemelo usted,
cuénteselo a la Cámara, cuénteselo a todas las personas que
dentro del sector naval saben cuál es la crisis que está
padeciendo el sector; ese sector que, tan sólo dentro del
sector pesquero, mueve cerca de más de 500.000 puestos de
trabajo --directos e indirectos-- en España; sólo en el sector
pesquero, señor Ministro de Industria.

Por tanto, señor Presidente, señor Ministro, la interpelación
sirve para muchas cosas, entre otras, para saber cómo ha
variado la posición del Gobierno de unos años ahora, aun a
pesar de que en cantidad de ocasiones este Grupo
parlamentario, en positivo, propuso en esta Cámara cantidad de
medidas que no fueron
atendidas. Aunque hayan pasado años, nos alegramos de que
usted ahora, como Ministro de Industria, sea capaz de poner en
práctica, cuando menos, la mitad de ellos, porque yo le
garantizo que no hay nadie más interesado en ver que el sector
se relanza, remonta, que los propios usuarios: los astilleros,
los armadores, las empresas navieras. El sector está
completamente destrozado; no hay competitividad, pero no la
hay --lo cual hace que haya que regenerar las empresas-- no
porque la reconversión naval haya sido maravillosa, sino
porque se hizo única y exclusivamente en base a bajas
incentivadas y a un sistema de reducción de
plantillas que nada tenía que ver con las instalaciones y los
departamentos que había en cada astillero.




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El señor PRESIDENTE: Señor Fernández de Mesa, le ruego
concluya.




El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Concluyo, señor
Presidente. Se ha perdido mucho tiempo. Yo me alegro, señor
Ministro de Industria, de que usted haya expuesto aquí
someramente algunas de las medidas que el Gobierno tiene
previsto llevar adelante, pero ver para creer. Mientras no
veamos en papeles lo que usted dice nos lo creemos tanto como
las promesas del señor Aranzadi, del señor Croissier o del
señor Solchaga y por ello, señor Ministro, la semana que viene
se encontrará usted con la moción consecuencia de esta
interpelación.

Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos del
Grupo Popular.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Mesa.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay):
Gracias, señor Presidente.

Solamente quería volver a felicitarle por el tono de su voz y
la exaltación que consigue usted lograr y, en todo caso,
agradecerle que finalmente haya reconocido que le parecen muy
bien las medidas que el Gobierno está tomando. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)



--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE LA POLITICA DEL GOBIERNO Y
MEDIDAS A REALIZAR POR EL MISMO A FIN DE PODER TRANSFERIR LAS
COMPETENCIAS SOBRE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL
GUADALQUIVIR A LA COMUNIDAD AUTONOMA ANDALUZA (Número de
expediente 180/000033)



El señor PRESIDENTE: Interpelación del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya sobre la política del Gobierno
y medidas a realizar por el mismo a fin de poder transferir
las
competencias sobre la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir a la Comunidad Autónoma Andaluza. (Pausa.)



Se suspende la sesión durante cinco minutos.




Se reanuda la sesión.




El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.

Interpelación del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre la política del Gobierno y medidas a realizar
por el mismo a fin de poder transferir las competencias sobre
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a la Comunidad
Autónoma Andaluza.

Por el Grupo proponente de la interpelación, tiene la palabra
el señor Alcaraz.




El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor Presidente,
señoras y señores Diputados, señor Ministro, vengo aquí a
hablar del gran río, gran rey de Andalucía, en palabras de
Góngora, y traigo no sólo un discurso cultural que conectaría
la importancia del Guadalquivir con la importancia que tiene
el árbol de Guernica en Euskadi o la importancia de la montaña
de Montserrat en Cataluña; el Guadalquivir, a ese nivel
cultural, significa lo mismo. Pero es que tiene mucha más
importancia a otros niveles, niveles complementarios, como son
el tema político, el tema económico y el tema ecológico. No
puede hablarse de autonomía plena desde el punto de vista
político sin las transferencias de un río que nace y muere en
Andalucía, aunque últimamente, por razones de contaminación se
dice que nace y muere en Jaén, por el fenómeno del alpechín y
cosas por el estilo. Efectivamente, cualquier política
ecológica de ámbito andaluz, de competencia plena en
Andalucía, pasa también por la transferencia de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que conlleva,
naturalmente, por ejemplo, la transferencia del acuífero 27,
que es el que abastece el Parque Nacional de Doñana. Y desde
el punto de vista económico y agrícola, no es posible una
política autónoma, real, profunda, de competencias plenas a
nivel de vascos, catalanes y gallegos, porque nosotros también
conquistamos en 1980 la autonomía plena, a pesar de las
enormes dificultades interpuestas por la ley, de diversas
modalidades de referéndum, sin las transferencias de las
competencias del Guadalquivir; una política agrícola de
verdad, agraria, una política económica pasa por estas
transferencias.

Quiero recordarle, señor Ministro, aunque usted lo sabe
perfectamente, que el 62 por ciento de todo el territorio
andaluz, aproximadamente 58.000 kilómetros cuadrados, dependen
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir; por
utilizar una metáfora, puesto que no todo es agua en sus
cuencas, baña 58.000 kilómetros cuadrados de territorio
andaluz. El 95 por ciento de esta Confederación en su
conjunto, no ya el río Guadalquivir que sí nace y muere en
Andalucía, se instala en su totalidad dentro de Andalucía,
salvo tres colitas de agua que salen del territorio andaluz y
que corresponden en una pequeña parte al río Piar, en Badajoz;
otra pequeña parte al río Jándula, en Ciudad Real; y una parte
también muy pequeña del río
Guadalimar, en Albacete. Desde luego, todos los pantanos están
dentro de la Confederación Hidrográfica del



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Guadalquivir y no tendría sentido territorial, político, ni
desde luego económico o autonómico que el Guadalquivir no sea
andaluz, que no se transfiera a Andalucía.

La gestión del Guadalquivir y lo que supone a todos los
niveles sigue residenciada en Madrid, y esto sin duda es una
afrenta para Andalucía, tanto más cuento que, en términos de
Estatuto de autonomía, los elementos diferenciales entre el
vasco, el catalán y el andaluz, por ejemplo, sería el tema de
la lengua --también en el caso del gallego--, y el tema de la
ausencia del río Guadalquivir. Allí no existe una lengua
diferente aunque sí un dialecto moderno del castellano (el
andaluz); ésa sería la diferencia esencial entre estatutos de
autonomía plena, a través de la vía del 151, en el caso de
Andalucía: la ausencia de transferencias de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir. Si partimos del concepto de
cuenca, que es la trinchera que utilizan sucesivos gobiernos
de la nación para no transferir el Guadalquivir, naturalmente
daremos en la clave al decir que la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir en su conjunto, o en el 95 por ciento del
mismo, puede transferirse. Por tanto, desde la óptica de la
descentralización del Estado de las autonomías, proponemos una
solución que supera cualquier conflicto con otra comunidad
autónoma y que supera la imagen de una autonomía tutelada, la
andaluza, y una autonomía realmente vacía de contenido si no
tiene en su seno las competencias del
Guadalquivir. Por eso basamos nuestro argumento ya
directamente jurídico, aparte del económico, político y
cultural, en el artículo 145 de la Constitución que ampara los
acuerdos de cooperación y la creación de organismos mixtos sin
la tutela del Gobierno central (artículo 145 de la
Constitución). Es decir, las autonomías también son el Estado,
no se nos puede decir que vamos a desmembrar el Estado al
construir el Estado de las autonomías. Hay que superar esa
desconfianza y la actual situación de la estructura de las
confederaciones, que es la estructura
franquista. La estructura que se mantiene en estos momentos es
exactamente la estructura del anterior régimen. Nosotros
planteamos, de acuerdo con la filosofía del Estado de las
autonomías, un nuevo concepto de unidad de cuenca.

La actual Ley de Aguas de 1985 cambia y restringe la óptica
planteada tanto en la Constitución como en los distintos
estatutos de autonomía. En ambos pilares jurídicos
(Constitución y estatutos) se habla de competencias cuando las
aguas --ojo al término-- transcurran por un determinado
territorio. Sin embargo, la Ley de Aguas, en su artículo 14
(ley de 1985), cuando se inicia el giro neocentralista en el
gobierno de la nación, fija el concepto de cuenca de la
siguiente manera: Territorio en el que las aguas fluyen al
mar, a través de cauces secundarios que convergen en un cauce
principal único. Remacha el concepto, y aquí viene el
problema: la cuenca hidrográfica, comunidad de gestión de
recursos, se considera indivisible. Este es el problema de
fondo que no se contiene --repito-- en la
Constitución ni en los estatutos; desde luego en el Estatuto
de Autonomía para Andalucía no se contiene.

Por tanto, nosotros damos solución jurídica y esperamos la
voluntad política del Gobierno de la nación. Esperemos que
ahora, que parece se está destrabando aquella situación
neocentralista, por lo menos respecto a ciertas comunidades
autónomas (lo que pasa es que si no se destraba con respecto a
todas,
confederaremos el norte, excepto la sufrida Asturias, y
regionalizaremos o provincializaremos el resto de las
comunidades autónomas), habrá que ir a esta solución para
completar una autonomía de vía rápida y profunda a través del
artículo 151, ganada a pulso en la calle, en Andalucía, en
1980, frente a muchas dificultades; ganada al Gobierno de la
UCD, que pidió la abstención con el siguiente eslogan que
entonces proclamaba Lauren Postigo: Andaluz abstente, éste no
es tu referéndum. Se derrotó al Gobierno en la calle, se
conquistó el Estatuto de Autonomía plena sin el Guadalquivir.

Es --repito-- como si las transferencias del Arbol de Guernica
o de la Montaña de Monserrat no estuviesen efectuadas. Este
problema es mucho más grave por cuanto afecta al río
Guadalquivir, al 62 por ciento del
territorio andaluz, en un problema como es el del agua, el de
la agricultura, el de la economía y el del medio ambiente.

Desde ese punto de vista, señor Ministro, es un tema exclusivo
de la Ley de Aguas; por tanto, no hay qué rozar la
Constitución. Es un tema de voluntad política, primero, y un
tema de
comprensión de qué es un Estado de las autonomías, donde hay
una autonomía, la de Andalucía, que es también de vía rápida y
profunda, que tiene un estatuto que no la representa. La mala
suerte es que no tenemos un Presidente que reivindique ante
Madrid lo que de verdad representa y lo que no representa la
voluntad popular; tenemos un Presidente que difumina la
autonomía plena absolutamente conquistada, y, desde este punto
de vista, nosotros venimos aquí a reivindicar lo que el
Parlamento de Andalucía, por mor y gracia de la mayoría
absoluta que
actualmente hay en él, no ha querido venir aquí a defender,
porque presentamos la posibilidad de que el Parlamento de
Andalucía compareciera en estas Cortes Generales para
solicitar las competencias de la Confederación Hidrográfica
del
Guadalquivir.

Esa es la propuesta, señor ministro, señoras y señores
Diputados, y esperemos que se nos conteste desde la voluntad
política y desde la comprensión de que necesitamos un Estado
donde las comunidades autónomas no sean un pórtico, no sean
parientes, exógenos a veces, a la responsabilidad de Estado.

Las comunidades autónomas somos tan Estado como la llamada
Administración central, y un tema de este estilo me parece a
mí que sólo se puede contestar desde la falta de voluntad



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política, de construir el Estado de las autonomías. Muchas
gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.

Por contestar a la interpelación, en nombre del Gobierno,
tiene la palabra el señor Ministro de Obras Públicas.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.

Señorías, evidentemente las comunidades autónomas también son
Estado, pero lo son de una manera algo más compleja que la
mera yuxtaposición de piezas disjuntas de un despiece donde
las partes simplemente se suman para formar el todo. El todo
es algo más que la unión de las partes; el todo es el
resultado de las
interacciones en que las partes se producen, y así hay que
entender el Estado de las autonomías y el carácter de Estado
que las autonomías tienen.

Cuando se hace referencia al agua, señoría, dadas las
especiales características de nuestro territorio, del
territorio español --hay que utilizar la palabra a veces-- hay
que ser muy cuidadoso con los planteamientos competenciales.

La sequía que viene azotando nuestro país en los últimos años,
especialmente en la mitad sur, pone en primer plano el
objetivo de aprovechar mejor el agua y dibujar con sensatez y
racionalidad una política hidráulica que modernice sus
infraestructuras y tenga en cuenta la relación del plan
nacional con los planes de cada cuenca para satisfacer, en el
futuro, las demandas
razonables.

La ya vieja Ley de aguas, de 1879, ordenaba los
aprovechamientos como el núcleo central de la intervención
pública, que, dicho sea de paso, es una técnica instrumental
de la que se vale la Administración para ejercer sus
competencias sobre los
aprovechamientos.

Esto nos conduce a una preocupación por las insuficiencias que
puede presentar la administración de los recursos desde la
perspectiva aislada de una comunidad autónoma en un país como
el nuestro en el que la elaboración de una política hidráulica
de carácter general es fundamental. En este cuadro hay que
entender la preocupación de nuestros constituyentes por
mantener una única administración del aprovechamiento de los
recursos hidráulicos cuando éstos discurran por el territorio
de más de una comunidad autónoma, recursos que por escasos han
sido muy valiosos, que luego toma cuerpo en el artículo
149.1.22.ª de la Constitución, cuando dice que el Estado tiene
competencia exclusiva (y al hablar del Estado, obviamente, se
está refiriendo a la
Administración central del Estado) sobre la legislación,
ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos
hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una
comunidad autónoma, independientemente de la importancia
cultural y geopolítica que un río determinado tenga para una
comunidad: el Guadalquivir para Andalucía, el Ebro para
Aragón, el Duero para Castilla y León. En este sentido,
también el Estatuto andaluz afirma que son competencias
exclusivas de la Comunidad Autónoma de Andalucía los recursos
y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas
transcurran únicamente por Andalucía.

Este modelo no es casual, sino que obedece a hondas razones
lógicas, técnicas y a la propia experiencia. Los recursos
naturales, señoría, no conocen divisiones políticas ni
administrativas y por ello lo usos y aprovechamientos que se
realicen en el territorio de una comunidad condicionan la
posibilidad de uso de los caudales cuando atraviesan otra
comunidad.

La experiencia de la gestión en recursos de nuestro país
indica también que es la cuenca hidrográfica entera, y no un
curso fluvial, lo que debe tenerse en cuenta para ordenar
correctamente la gestión de las aguas. Esta experiencia ha
conducido a la actual Ley de Aguas al reafirmar como línea de
principio que la unidad de gestión es la cuenca hidrográfica
cuando ésta exceda el ámbito territorial de la comunidad
autónoma. Así se ha pronunciado el Tribunal Constitucional al
corroborar estas razones en su sentencia de noviembre de 1988
y ha admitido la constitucionalidad de este criterio por las
razones mencionadas. A eso hay que añadir el hecho de que un
curso fluvial determinado discurra íntegramente por el
territorio de una comunidad autónoma no es suficiente para
atribuir a ésta competencia sobre el mismo si éste está
integrado por una cuenca intercomunitaria. La aceptación de
los planteamientos del grupo autor de la
interpelación supondría la profunda revisión del modelo
constitucional y un alejamiento de los criterios racionales en
que se ha sustentado. La del Guadalquivir es una cuenca
hidrográfica intercomunitaria y por ello la gestión de sus
competencias corresponde al Estado. La confederación del
Guadalquivir comprende parte del territorio de Andalucía, una
parte muy importante, pero también de Castilla-La Mancha,
Extremadura y Murcia, como el Júcar, vital para Valencia,
tiene parte de su recorrido y de su cuenca en territorios de
Castilla-La Mancha y de Aragón.

Es quizá la circulación del agua en España una red que
contribuye más que ninguna otra a conformar el territorio de
una unidad política que trasciende más allá de su división en
comunidades autónomas. Por ello creo que no es razonable la
modificación del principio de unidad de gestión de la cuenca
hidrográfica cuando ésta excede el ámbito territorial de una
comunidad autónoma. No lo es desde el punto de vista jurídico
constitucional, porque el modelo se adecua perfectamente a la
Constitución y así lo ha dicho su intérprete,



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el Tribunal Constitucional. Tampoco desde el punto de vista
técnico, porque el principio de indivisibilidad de la cuenca
hidrográfica se ha revelado eficaz en el pasado, y la adopción
de un criterio alternativo tendría un carácter manifiestamente
contrario a las recomendaciones de los organismos
internacionales competentes en materia de agua.

La Ley de Aguas no cierra, en absoluto, el paso de la
colaboración y participación de las comunidades en los órganos
de gobierno. Así, se ha reconocido que la colaboración con las
comunidades es imprescindible y se han previsto mecanismos de
incorporación de las comunidades autónomas a los órganos de
gobierno y administración de las cuencas hidrográficas. Por
ello, creo que la pretensión que sustenta la interpelación,
cuya puesta en práctica sería contraria a las previsiones
constitucionales, al derecho positivo derivado de la
Constitución y a la buena administración técnica de la cuenca
hidrográfica del
Guadalquivir, no debe ser desarrollada. Las comparaciones con
Montserrat y el Arbol de Guernica son muy poéticas, señor
Diputado --y le felicito por ello--, pero ni la montaña de
Montserrat ni el Arbol de Guernica son elementos
transferibles. No constituyen competencias, son elementos
vivos de una geografía y elementos definitorios de una
identidad cultural. El
Guadalquivir también es eso, también es eso, pero no sólo es
eso. Es un precioso recurso natural que nace del territorio de
varias comunidades, que si bien discurre en su mayoría por el
territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía no puede
considerarse, en exclusiva, perteneciente a la misma. De lo
contrario, habría que extraer las mismas conclusiones para el
Duero, en Castilla y León; el Ebro, para el territorio de
Aragón, por qué no, el Júcar, en Valencia; y, por qué no, el
Segura para Murcia, que son cuencas intercomunitarias, a veces
por mucha extensión y a veces por menos. Con ello creo que
desvertebraríamos un poco más el territorio del Estado, su
unidad física concebida como un instrumento de gestión de un
recurso escaso al servicio de objetivos que trascienden, de
los que se puedan plantear en el territorio de cada comunidad
autónoma para configurarse como elementos definitorios de una
política de Estado. Ello no supone, insisto, la adopción por
parte del Gobierno de una política restrictiva en materia de
transferencias a las comunidades autónomas. Estamos elaborando
un Real Decreto para el traspaso de funciones y servicios, en
materia de obras hidráulicas, a la Comunidad Autónoma de
Andalucía, por el cual se prevé el traspaso a dicha Comunidad
de la Confederación Hidrográfica del Sur, dado que, en ese
caso sí, las cuencas ubicadas en su territorio tienen carácter
intracomunitario. También podemos plantear el traspaso de
aquellas cuencas que son cedibles, porque constituyen
subcuencas perfectamente independientes de la gran cuenca del
Guadalquivir. Subcuencas en Huelva y en Cádiz, ríos Piedra,
Odiel, Tinto, Barbate y Guadalete, porque, en ese caso,
estaríamos configurando unidades geofísicas que, al estar
todas ellas situadas en el territorio de la comunidad
autónoma, dentro del espíritu de la Constitución y de la
voluntad de
desarrollarla, cabe su transferencia a la comunidad autónoma
correspondiente, como se ha hecho en los casos de Cataluña y
Galicia, y en todos los casos en los que sea posible.

Señoría, no es un problema de voluntad política. No es un
problema de buena o mala voluntad. No es un problema de
comparaciones poéticas sobre los elementos que definen la
geografía de España y que caracterizan a sus distintos
territorios y comunidades. Se trata de un modelo concebido
desde una perspectiva constitucional, desde la perspectiva de
arquitectura del Estado y de las funciones que le corresponde
a la Administración central cuando éstas se ejercen sobre un
territorio que incluye a varias comunidades autónomas a la
vez. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Señor Alcaraz.




El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor Presidente.

Realmente, señor Borrell, usted me ha defraudado. No tiene el
mismo lenguaje fuera de la tribuna que en la tribuna. Ha
esgrimido una especie de dogmatismo de cuenca indivisible que,
a lo mejor, se trata de un aferramiento centralista, quizá por
los años que ha militado en Madrid. Al mismo tiempo, la
estructura profunda de su discurso venía a decir que el
Guadalquivir no es sólo un bien cultural sino algo mucho más
importante, muy rico, que vale mucho dinero. Es decir, si el
Arbol de Guernica diera monedas de oro, no lo hubieran
transferido; o, dicho de otra manera, como es una cosa muy
rica, muy importante, ¿los andaluces no tenemos capacidad para
solventarlo y gestionarlo? Unido este argumento a la sequía,
como puede haber sequía, ¿los andaluces son suficientemente
insolidarios como para si hay sequía no dar agua al resto de
las comunidades autónomas, y eso tiene que estar tutelado por
alguien que es mucho más responsable y solidario como es el
Gobierno de la nación? ¿Ve usted cuál es la estructura
profunda del discurso que ha esgrimido desde esta tribuna? Ha
dicho, incluso, que la estructura del Estado se resquebrajaría
con este tipo de
transferencias. Pero --repito lo mismo de antes-- ¿las
comunidades autónomas no somos Estado? ¿Somos un Estado de
segunda división o, no tenemos la confianza, no sabemos quién
es el Estado? Esperemos que nadie termine diciendo: El Estado
soy yo.

Desde ese punto de vista, usted ha vuelto a retomar la vieja
cantinela, muy utilizada en Andalucía, de que



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se trata de una situación constitucional. No, no es cierto. La
sentencia a la que usted alude no habla de este tema, de la
relación aguas-cuenca, de la relación entre el concepto aguas,
que es el que utiliza la Constitución, el que utilizan los
estatutos, y el concepto cuenca indivisible, que es el que
utiliza la Ley de Aguas y el que restringe la posibilidad de
transferencia.

¿Qué habría que hacer a nuestro juicio? Se lo digo de manera
organizada, aunque sea brevísimamente, para que vea que se
puede hacer y que depende de la voluntad política y del
concepto que se tenga del Estado. En primer lugar, hay que
ajustar el régimen jurídico de la administración hidráulica
para constituir
organismos de cuenca que permitan la gestión por parte de las
comunidades autónomas afectadas. En segundo lugar, hay que ir
a un nuevo concepto de la unidad de cuenca, no el de cuenca
dogmáticamente indivisible que viene en la actual Ley de Aguas
de 1985. Por tanto, las comunidades autónomas afectadas --en
este caso sería fundamentalmente Andalucía, donde hay tres
colitas de agua-- inician los contactos oportunos en demanda
de su
organización y, posteriormente, petición de las
transferencias. ¿Cómo se organizan? Le he citado el artículo
constitucional que permie la cooperación entre comunidades
autónomas sin la
intervención del Gobierno de la nación, como dice la
Constitución, Gobierno de la nación. Pues bien, formarían
órganos mixtos, con representaciones proporcionales, incluso
con
asistencia del Gobierno de la nación en la parte que se
considere oportuna, para establecer acuerdos de cooperación,
que tendrían que autorizar las Cortes Generales. Por tanto,
acuerdos de cooperación entre distintas comunidades autónomas
que, para regular la parte de agua que es de una comunidad o
de otra, constituyen organismos mixtos y después piden. Usted
me decía que es competencia exclusiva del Estado. Pues bien,
el artículo 150 de la Constitución dice que las comunidades
autónomas pueden pedir competencias que en los estatutos
figuran como exclusivas del Estado pero que se pueden ampliar;
lo ha pedido algún partido vasco o algún partido catalán. Es
posible ampliar las
competencias que venían previamente en los estatutos a través
del artículo 150, que extralimita el 151 o, desde luego, claro
está, el 143, que son los que se reflejan en los estatutos
actualmente en vigor. Por tanto --termino, señor Presidente--,
no es un problema de reforma de la Constitución; es un
problema de reforma de la Ley de Aguas, es un problema de ir a
organismos mixtos, de ir a cooperación entre distintas
comunidades autónomas,
autorizadas por estas Cortes Generales, y es un problema,
fundamentalmente, de concepción del Estado.

El señor Chaves salía el otro día de una entrevista con don
Felipe González Márquez y lo primero que dijo fue: Nos van a
transferir las competencias de las confederaciones
hidrográficas del Guadalquivir. Ahora nos enteramos aquí,
siguiendo su
razonamiento, que son, las no ricas, las que no valen mucho,
excepto la del Guadalquivir que como vale mucho, como es muy
importante, aunque el Guadalquivir nazca y muera en Andalucía,
se la quedan ustedes.

No hay voz de Andalucía en el Gobierno de la nación, señor
Ministro. Es posible que haya voz de otras comunidades
autónomas; de Andalucía, no. No tratan ustedes a Andalucía en
pie de igualdad y, desde ese punto de vista, yo le he dado el
razonamiento jurídico, político y cultural, porque parece que
incluso podría subestimarse el profundo calado de lo que
culturalmente para Andalucía es el río Guadalquivir que --
repito-- tiene el mismo nivel que el Arbol de Guernica o la
Montaña de Montserrat. El gran río, gran rey de Andalucía, que
se lo quieren ustedes quedar porque es muy rico y porque no se
fían de los andaluces.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.

¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, la señora De Palacio tiene la palabra.




La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Gracias, señor
Presidente. Señor Ministro, señorías, el concepto de unidad de
cuenca no es un concepto dogmático, se trata sencillamente de
un concepto geográfico. Quizá se podría hacer una desviación
parcial de aquellos afluentes del Guadalquivir cuyas aguas
discurren fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía, pero me
parece que para poder proceder a una transferencia de estas
características sería una solución demasiado traumática, sobre
todo, señor Alcaraz, porque la única solución para poder hacer
lo que usted ha planteado, según dice y reza el artículo
149.1, 22.ª de la Constitución, y no estoy hablando del 143,
ni de ninguno de los otros artículos a los que se ha referido
S.S., la única manera sería hacer eso.

Además, si tomáramos otra medida, estaríamos absolutamente en
contra de todo lo que son las tesis de los organismos
internacionales en cuanto a la gestión del agua, que reclaman
precisamente la unidad de gestión y la unidad de cuenca;
cuenca física, geográfica, no cuenca administrativa. Las cosas
son como son.

Dicho eso, cuestión distinta es si de la cuenca del
Guadalquivir se segrega la cuenca del Barbate, la cuenca del
Guadalete, los inter-ríos si se añaden el Piedra, el Odiel, el
Tinto. Ahí el Grupo Popular está totalmente de acuerdo.

Sin embargo, hay quizá una razón que explica el porqué de esta
inquietud en una serie de comunidades autónomas: es el
problema de la incapacidad de gestión por parte de la
Administración central y concretamente el fracaso absoluto de
la actual configuración



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administrativa de las confederaciones hidrográficas de cuenca.

Ahí tenemos lamentablemente el hecho de que la actual
configuración que se deduce de la Ley de Aguas, que ha
supuesto la unión de nuevo de las antiguas comisarías con las
confederaciones hidrográficas, planteando nuevamente en un
mismo organismo lo que eran competencias de gestión del
recurso con competencias puramente administrativas, como eran
las funciones administrativas del recurso o las funciones de
vigilancia y policía, están dando muy mal resultado. ¿Por qué?
Porque además esto se ha visto totalmente afectado por el
hecho de que se han politizado de manera total y radical las
cuencas hidrográficas. Se han politizado al plantear el
nombramiento del director de cuenca de manera totalmente
arbitraria y se han politizado por que además así lo reconoce
y plantea la propia Administración, que, en el último Decreto,
de 28 de septiembre de 1993, habla precisamente de la
importancia de que la dirección de las confederaciones
hidrográficas se configura como «órgano de gran importancia
política».

Además, en el desarrollo de esa Ley de Aguas --y ahí sí tiene
razón-- los distintos órganos de gestión y participación de
los usuarios resulta que se han visto en gran medida
desprovistos de sus competencias originarias de la Ley de
aguas de 1985 a través del desarrollo posterior reglamentario
y de la configuración concretamente de las competencias del
director de las
confederaciones hidrográficas.

Lo último ha sido que el viernes pasado han tenido que
modificar precisamente la configuración de las confederaciones
hidrográficas para dar razón a una sentencia del Tribunal
Supremo que planteaba no eran correctas las actuales
competencias de la Presidencia porque detraían parte de las
que corresponden a las Juntas de gobierno según la Ley de
Aguas. Dicho eso, lo peor de todo es que si vemos lo que está
haciendo la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir --por
ceñirnos exactamente a esta Confederación Hidrográfica-- nos
encontramos con el problema de los alpechines, que ha salido a
la palestra hace bien poco, donde se ha demostrado una
absoluta incapacidad en su labor de policía y de vigilancia.

El problema de Doñana, estamos en efémerides. Mañana se cumple
el décimo aniversario de la aprobación del Decreto que plantea
el plan de regeneración hídrica de Doñana. Desde la
Confederación Hidrográfica, al cabo de diez años, no se ha
hecho nada o prácticamente nada para la regeneración hídrica
de Doñana.

Estamos ante la incapacidad de una confederación hidrográfica
y de un gobierno, señor Borrell, que sitúa a la ciudad de
Sevilla con cortes de agua cada dos por tres.

Estamos sencillamente en lo que dice el Ministerio de Obras
Públicas. En el proyecto de directrices de la Cuenca del
Guadalquivir se habla de que «entre los trabajos pendientes a
desarrollar se encuentra la realización de un inventario de
bienes patrimoniales que se estima como muy importante». Sigue
diciendo que «no se tiene conocimiento...» por ejemplo, «de
los regadíos privados»; que «hay dificultad de control en la
apertura de pozos, que es prácticamente imposible con los
servicios de guardería existentes detectar la ejecución de un
pozo no
autorizado». Añade: «deficientes estados de algunas
infraestructuras por deficiente servicio»; «los presupuestos
de conservación son pequeños y a veces hay que acudir», señor
Ministro, a una práctica totalmente perversa desde el punto de
vista presupuestaria como es el «conceptuar como proyecto de
obra nueva unos trabajos que realmente son de mantenimiento».

Seguimos: «insuficiencia del sistema de información
hidrológica». Seguimos: «insuficiencia de conocimiento en la
utilización del dominio público hidráulico»; «no se dispone de
un inventario de usos», señor Ministro, ni de plantaciones, ni
de pesca, ni de acampada y baños, ni de azules y molinos, ni
de zonas de
edificación, ni de encauzamientos; «insuficiencia en cuanto al
conocimiento de los propios recursos» --eso es lo que dicen
las directrices del Guadalquivir-- y ¿con esto quieren
planificar algo? Pero es que añade: «insuficiencia en cuanto
al conocimiento de la demanda»; «no existe un inventario zonal
de riego»; «no existe un inventario de tomas de agua»;
insuficiencia de
conocimiento suficiente para prevenir avenidas y sequías. Y
termina...




El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya.




La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Termino, señor
Presidente. Finaliza con la guinda: «insuficiente conocimiento
entre relación de recursos superficiales y subterráneos,
cuestión de gran importancia» --leo textualmente-- «que
conforman el flujo de base de los ríos, cuyo conocimiento en
el momento actual es muy débil».

Señor Ministro, para que les digan esto han pagado a unas
empresas privadas, concretamente INYPSA y otras, 146 millones
de pesetas, para que les digan que no hay datos, que no son
suficientemente fiables y que de esta manera no sé qué es lo
que van a planificar de verdad. Hay dos posibilidades: o bien
estas empresas lo que quieren es proceder a esos estudios y,
por lo tanto, conseguir más contratos, o bien la gestión de
las
confederaciones a lo largo de los once años de Gobierno
socialista es absolutamente nula; ha sido realmente una
catástrofe.

Entonces, señor Ministro, aquí hay sólo esas dos
posibilidades, pero le voy a decir que pagar 146 millones para
no recoger un dato --sino sencillamente para, utilizando los
datos de la Administración, que le vengan a decir a usted
esto--, me parece bastante lamentable.

Por último, y concluyo señor Presidente, dentro de la Cuenca
del Guadalquivir hay algo que no es sólo patrimonio



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de los andaluces, y es uno de los signos de identidad a los
que se refería hace un momento el señor Alcaraz, importantes
de Andalucía, sino también de España y de Europa, como es el
Coto de Doñana.

En el Coto de Doñana no es sólo, como digo, que al cabo de
diez años no hayan empezado a hacer el plan de regeneración
hídrica, es que en el proyecto de directrices ni lo menciona,
no existe. Eso es lo que les importa a SS.SS., los
socialistas, el Coto de Doñana, el medio ambiente y la
depuración de las aguas.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De Palacio.

El Pleno se reanudará mañana, a las nueve de la mañana.

Se suspende la sesión.




Eran las siete y cinco minutos de la tarde.