CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1993 Núm. 38 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 36
celebrada el miércoles, 15 de diciembre de 1993
Página
ORDEN DEL DIA:



Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 del
Reglamento:



--Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 del
Reglamento, para informar sobre el Consejo Europeo Ordinario
celebrado en Bruselas los días 10 y 11 de diciembre (número de
expediente 210/000006) (Página 1720)



--Preguntas (Página 1752)



Interpelaciones urgentes:



--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a
la colocación de escuchas telefónicas (número de expediente
172/000022) (Página 1773)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, sobre opinión del Gobierno sobre la
asignación del 0,7 del PIB para favorecer el índice de
desarrollo humano de los países empobrecidos (número de
expediente 172/000023) (Página 1781)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número
39, de 16 de diciembre de 1993.)

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SUMARIO



Se reanuda la sesión a las diez de la mañana.




Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 del
Reglamento (Página 1720)



Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 del
Reglamento, para informar sobre el Consejo Europeo Ordinario
celebrado en Bruselas los días 10 y 11 de diciembre (Página 1720)



El señor Presidente del Gobierno (González Márquez) informa a
la Cámara del Consejo Europeo celebrado en Bruselas los días
10 y 11 del corriente mes, Consejo que ha revestido una
importancia particular al ser la primera Cumbre de Jefes de
Estado y de Gobierno de la Unión Europea como tal en el pleno
ejercicio de sus nuevas funciones y responsabilidades.

El Consejo ha expresado una voluntad unánime de utilizar
plenamente y con carácter inmediato las nuevas posibilidades
que ofrece el Tratado para hacer frente a los problemas
actuales y conferir un impulso a la Unión Europea. Ha sido,
por otra parte, un Consejo con marcado sentido práctico al
ocuparse de los problemas más importantes que afectan a los
ciudadanos, como son el desempleo y la crisis económica y,
quizá por primera vez desde hace dos años, el Consejo se ha
caracterizado por el consenso en todas las grandes cuestiones,
especialmente en relación al Libro Blanco.

Expone seguidamente los siete grandes asuntos que ha abordado
el Consejo para contribuir a la solución de los problemas
económicos y al propio desarrollo de la Unión Europea y cuyas
conclusiones de la Presidencia y sus anexos obran en poder de
los señores Diputados, por lo que se limitará a subrayar los
aspectos que considera más sobresalientes de las discusiones
del Consejo y los resultados alcanzados. En primer lugar,
alude a la coincidencia del Consejo con la última fase de
negociación multilateral de la Ronda Uruguay, destacando como
conclusión más destacada referida al GATT el apoyo a la
finalización de las negociaciones, por constituir sin duda un
impulso importante para la recuperación económica mundial.

En relación con las orientaciones del Libro Blanco señala que
supone un ejercicio de coordinación de las políticas
económicas de los Estados miembros y tiene un carácter
vinculante en el sentido de que los programas de convergencia
nacionales deben respetar las recomendaciones de política
económica contenidas en el mismo para el año 1994. Recuerda
que el Libro Blanco responde a una invitación que el Consejo
Europeo de Copenhague dirigió a la Comisión, encargándole que
reflexionara sobre las posibles actuaciones a corto, medio y
largo plazo de la Unión Europea para hacer frente a los
problemas de desempleo, de la competitividad y del
crecimiento. En este sentido, los distintos documentos
presentados comparten el objetivo de suscitar una serie de
medidas coordinadas por parte de los Estados miembros y de las
propias instituciones comunitarias para favorecer la vuelta de
la Unión Europea a una senda de crecimiento estable, capaz de
generar empleo. Las orientaciones se centran en el estudio de
medidas coyunturales de política económica que deben adoptarse
inmediatamente por los Estados miembros, reservando al Libro
Blanco el análisis de las posibles líneas de reformas
estructurales que precisan las economías de la Unión Europea.

Destaca la importancia del consenso existente entre los
Estados miembros acerca del diagnóstico de las causas de la
crisis económica que atraviesa la Unión y, aún más importante,
el acuerdo sobre las medidas para salir de la crisis y generar
empleo. Las orientaciones han sido aprobadas por unanimidad y
ello es una buena noticia en la medida en que va a permitir
que la Unión Europea comience la segunda fase de la Unión
Económica y Monetaria con un mayor grado de coordinación, que
propiciará una mayor estabilidad cambiaria y el
establecimiento de la confianza de los mercados. Dichas
orientaciones se estructuran en tres apartados, referidos, el
primero, a la estabilidad de precios y tipos de cambio; el
segundo, al saneamiento de las finanzas públicas, y el tercero
a las medidas para la creación de empleo, apartado en el que
se pone especial énfasis en la moderación salarial y el
relanzamiento de las inversiones. Agrega el señor Presidente
del Gobierno que con las orientaciones del Libro Blanco el
Consejo Europeo ha diseñado un plan de acción destinado a
reducir significativamente el número de desempleados de la
Unión Europea en los dos próximos años, incorporando acciones
que deben adoptar los Estados miembros a nivel nacional, así
como un conjunto de actuaciones a nivel comunitario y un
procedimiento de seguimiento de los resultados obtenidos que
impliquen tanto a la Comisión como al Consejo. Destaca en
particular la mejora de la flexibilidad del mercado laboral,
eliminando las rigideces que puedan existir en el mismo y que
impidan una mayor capacidad de adaptación del



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trabajo a las necesidades de la empresa para mejorar su
productividad. Añade que, en un sentido positivo, lo que busca
esta flexibilidad es facilitar que un gran colectivo de
desempleados, en particular aquellos con poca cualificación
profesional, puedan acceder rápidamente a un primer empleo,
evitando así su exclusión social.

Destaca otras acciones encaminadas a la creación de empleo,
como son la explotación plena de los beneficios del mercado
único y el papel dinámico de las pequeñas y medianas empresas,
a las que se debe prestar apoyo administrativo y financiero.

Otra conclusión importante se refiere a abordar, a nivel
comunitario, una serie de inversiones en sectores de futuro,
como las infraestructuras comunitarias, favoreciendo así la
competitividad en los procesos productivos y acelerando la
interpenetración económica en la Unión Europea. Menciona en
este sentido una serie de inversiones en redes de
eurotransporte y el estudio de medidas concretas a adoptar
para el desarrollo de las redes de información, a lo que se
destinarán importantes
cantidades anuales.

A continuacion expone brevemente el señor Presidente del
Gobierno los resultados alcanzados en los restantes asuntos o
apartados a que aludía al principio, con mención especial a la
acción común en materia de política exterior y de seguridad,
con el objetivo de contribuir a la estabilidad en nuestro
continente mediante la prevención de tensiones y conflictos
potenciales y suscitando relaciones de buena vecindad, a cuyo
fin la Unión Europea organizará una conferencia en París hacia
el próximo mes de abril. Menciona también la política común a
seguir en relación con el Oriente Medio, así como, en otro
ámbito, el importante acuerdo alcanzado sobre las
modificaciones institucionales a realizar con motivo de la
ampliación de la Comunidad.

Concluye el señor Presidente del Gobierno señalando que con
las decisiones adoptadas nos acercamos a los futuros pasos de
la Unión Europea, aunque quedan aún retos importantes, como la
ampliación de la Comunidad. Confía que se pueda alcanzar el
próximo año y a medio plazo el paso a la tercera fase de la
Unión Económica y Monetaria. Sin embargo, y por encima de
todo, cree que el Consejo Europeo ha estado a la altura de lo
que cabía esperar del mismo porque ha examinado los problemas
de nuestras economías y ha buscado soluciones tanto para las
causas
coyunturales como para las estructurales, marcando el camino
para la recuperación de un crecimiento económico capaz de
generar empleo. Piensa, con todas las reservas del caso, que
se ha cerrado en este Consejo Europeo un período de crisis
psicológica que se abrió con el resultado negativo del primer
referéndum danés.

Para fijación de posiciones interviene, en primer lugar, el
señor Aznar López, en representación del Grupo Popular.

Destaca el día de hoy por la más que probable firma final del
acuerdo sobre la Ronda Uruguay del GATT, que ha sido valorado
como un acuerdo histórico y que espera pueda ser útil para las
economías en general y, sobre todo, para la economía española
en particular. En cuanto a los acuerdos alcanzados en el
Consejo Europeo desea comenzar haciendo una evaluación
positiva de los varios elementos que han concurrido en el
Consejo y de las resoluciones del mismo. Por ejemplo, en el
ámbito de Justicia e Interior y en lo que significa la
adopción de medidas conjuntas y más decididas destaca la
puesta en marcha de Europol en relación con la lucha contra la
droga y la criminalidad organizada. Sobre este
particular desea manifestar que le ha parecido correcta la
actitud del Gobierno en relación con la no ratificación y no
avance en lo que significan políticas de asilo, que no son
aplicables a ciudadanos que forman parte de Estados que, a su
vez, integran la Unión Europea, y espera que el Gobierno
impulse las políticas y las iniciativas necesarias para evitar
que se vuelvan a producir circunstancias como las que han
tenido lugar en Bélgica con dos presuntos terroristas de la
banda ETA. También hace una evaluación positiva de la ofera de
pacto de estabilidad en Europa, nacida del Gobierno francés,
iniciativa que considera interesante, sin perjuicio de las
competencias y del desarrollo de la Conferencia de Seguridad y
Cooperación Europea.

Respecto a la parte central del Consejo Europeo, el análisis
del llamado Libro Blanco sobre la competitividad y el empleo
para dar una respuesta adecuada al problema más acuciante de
las
sociedades europeas hoy, cual es el paro, que es el que más
interesa a los ciudadanos españoles, resalta que ayer mismo se
conocían las cifras de paro registradas en el mes de noviembre
y arrojan un balance negativo que vuelve a poner en entredicho
los planteamientos económicos del Gobierno. Pues bien, sobre
este importante asunto cree que tanto el modelo formulado a la
luz del Libro Blanco, que tiene diagnósticos muy certeros,
como las recomendaciones de Ecofin tienen pleno sentido para
España si previamente se saben asumir dos cosas, como son, en
primer lugar, una reflexión muy crítica sobre la realidad
económica española presente, más grave que la de nuestros
socios europeos, y también que el Gobierno español ha cometido
equivocaciones muy graves, lo que obliga a introducir cambios
en esa política española, como viene



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reiterando el Partido Popular dentro y fuera de esta Cámara.

Piensa que lo importante en este momento es actuar y hacerlo
coherentemente, ya que no vale admitir una cosa en Bruselas y
practicar aquí la contraria, como tampoco vale aceptar un
diagnóstico del que se derivan un conjunto de políticas a
desarrollar en el ámbito de nuestro país y mantenerse luego
internamente a la espera de una mejora en los mercados
internacionales pensando que ellos por sí solos sacarán a
España de la crisis.

Afirma que una de las cosas más importantes que dice el Libro
Blanco y las resoluciones del Consejo Europeo es que tenemos
que hacer cambios profundos en nuestra política económica y no
leves retoques o parches aquí o allá, ya que es una política
económica que nos deja como herencia gravísimas cifras de paro
una deuda y un déficit insostenibles, un hundimiento de la
inversión y una desconfianza generalizada en que este Gobierno
sea capaz de actuar con eficacia ante esa situación. Considera
que las conclusiones del Libro Blanco representan en el fondo
una dura requisitoria contra la política económica
desarrollada en España en los últimos años.

En cuanto al balance de los seis meses transcurridos desde el
6 de julio, lo califica de claramente negativo, ya que no han
mejorado las expectativas empresariales, ha continuado la
caída de las inversiones, se ha incrementado el déficit del
sector público y ha crecido el paro, limitándose el Gobierno a
enviar a la Cámara un proyecto de ley de Presupuestos que por
su falta de credibilidad ha acentuado el desánimo de los
inversores y la desconfianza de los agentes sociales.

Respecto a la reforma del mercado laboral recuerda que su
Partido ha insistido en muchas ocasionesen la necesidad de
esta reforma como condición necesaria, aunque no suficiente,
en la lucha contra la crisis, no sirviendo simples retoques
para arreglar el problema, como la experiencia viene
demostrando. Tampoco puede aceptarse que se anuncie un pacto
social como panacea que todo lo resuelve y concluir con un
rotundo fracaso después de cinco meses de negociación. Siendo
éste el único resultado que en materia de política económica y
de empleo el Gobierno puede presentar hoy a los españoles. El
pacto social iba a servir para todo, pero el fracaso del
Gobierno, en un terreno en el que tantas expectativas había
depositado, ha incrementado el desánimo porque evidencia, una
vez más, la falta de un proyecto global y coherente para sacar
a España de la crisis. El último ejemplo que manifiesta esa
falta de proyecto global lo representa, en su opinión, el
Real-Decreto ley de medidas urgentes que se hizo público el
pasado día 3 y que, en contra de las recomendaciones del Libro
Blanco, ofrece una primera medida que no está
consensuada ni correctamente instrumentada desde el punto de
vista jurídico, además de estar hecha al margen de una reforma
global de nuestra política económica. En todo caso anuncia que
el Grupo Popular tratará de mejorar esa reforma laboral que,
por fin, el señor González se ha decidido a poner en marcha,
si el Gobierno acepta que dicho Real-Decreto se tramite como
proyecto de ley. Precisamente esta tramitación legislativa
debe servir, en su opinión, para intentar recuperar el diálogo
con los agentes sociales.

Aprovecha este momento para preguntar al señor González si
cree que los Presupuestos Generales del Estado aguantarían un
análisis serio en el marco de las exigencias y del rigor que
piden el Libro Blanco y el Consejo Europeo. Dado que
difícilmente se pueden encontrar con algo más contrario a lo
acordado en
Bruselas, al exigir una evolución controlada del gasto
público, cree que todavía que están a tiempo de mejorar esos
Presupuestos y de introducir medidas de apoyo a nuestra
economía, y sugeriría que no se desaprovechase esta
oportunidad.

Expone a continuación algunas de las medidas indispensables
que deben acompañar a la reforma del mercado laboral, que ya
llega tarde a la Cámara, y termina señalando que ante la
situación de recesión y paro que atraviesa España y que a
nadie puede
satisfacer, no se puede renunciar a intentar ganar el futuro
de nuestro país delegando en otros el compromiso que tenemos
hacia nuestros ciudadanos, puesto que nadie vendrá a remediar
lo que no seamos capaces de hacer nosotros mismos.

El señor Anguita González, del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, comienza solicitando del Presidente
del Gobierno su comparecencia previa en esta Cámara a la
celebración de las cumbres comunitarias para que el Gobierno
se presente a las mismas conociendo la opinión de nuestro
Parlamento.

En relación con la Cumbre de Bruselas recuerda las
declaraciones del señor Delors el 8 de diciembre, reconociendo
el fracaso de la primera fase de la Unión Económica y
Monetaria y advirtiendo la posibilidad de crear una Europa de
dos velocidades. A la vista de ello y de la aprobación por
esta Cámara de forma abrumadora del Tratado de Maastricht,
pregunta a los grupos parlamentarios y a los señores Diputados
si no sienten una tomadura de pelo a la vista de la
ratificación de un Tratado que no se está cumpliendo en el
desarrollo de sus fases, según palabras del propio Presidente
de la Comisión Europea.




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En relación con el Libro Blanco de la Cumbre de Bruselas
señala que hay antecedentes en cuanto a la capacidad de llamar
la atención y de distraer a la opinión pública para después
acabar absolutamente en nada. Se presenta el Libro Blanco con
un plan de infraestructuras aparentemente ambicioso y
modélico, permitiendo crear quince millones de empleos en
pocos años, pero la parte más importante que demuestra si hay
voluntad o no de llevar a cabo esa acción, como son los
presupuestos y la financiación, se deja para el Consejo de
Ministros de Economía y Finanzas que después de un debate
llega a la conclusión de remitir el tema a la Comisión para
que en marzo o abril se vuelva a discutir. Con ello todo queda
en humo, propaganda y distración de la opinión pública y, en
definitiva, en absolutamente nada, como antes decía. Agrega
que el resultado de todo ello es presentar a la opinión
pública al señor Delors, a su Libro Blanco y a la Comisión
como los responsables del paro que hay en cada país, cuando
realmente la situación de éstos obedece a la actuación de sus
gobiernos respectivos. Por otra parte, el Libro Blanco choca
frontalmente con su filosofía de fuerte inversión en la medida
en que se prioriza el que no haya endeudamiento, con lo que
resulta una vez más que dicho Libro Blanco consiste en una
simple operación de propaganda.

Expone algunas otras contradicciones observadas entre el
citado Libro Blanco y la realidad, que demuestran, a su
entender, la imposibilidad de crear los 15 millones de puestos
de trabajo de que se habla y con lo que se ha engolosinado
durante diez días a la opinión pública. En su opinión, donde
únicamente no se hacen concesiones a la galería en la Cumbre
de Bruselas es en lo relativo a la moderación salarial, cuando
no congelación, y a los planes de ajuste, así como en bendecir
políticas salvajes de ajuste en detrimento de los intereses de
los trabajadores y de las capas populares, donde se produce
una rara unanimidad. Sucede además que se va hacia unas
diferentes políticas de ajuste entre el norte y el sur de
Europa, ya que mientras por el norte simplemente pretenden un
recorte de las prestaciones, para el sur se acude a una mayor
flexibilidad en el mercado de trabajo, en un desigual
tratamiento que potencia, a su vez, las desigualdades
existentes.

En relación con la política exterior y de seguridad
comunitaria formula algunas consideraciones llamando la
atención de que ahora se están pagando las consecuencias de no
haber actuado
anteriormente con mayor prudencia y cautela en relación con
los países del Este de Europa.

Termina solicitando que, siguiendo el ejemplo de Gran Bretaña
y Dinamarca en relación con la elección de comisarios
europeos, se produzca un debate previo en esta Cámara para
que, a la vista del mismo, el Gobierno elija con mayor
capacidad.

En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió) interviene
el señor Roca i Junyent, que expresa una valoración positiva
de la Cumbre de Bruselas, sobre todo porque Europa estaba
pasando por una crisis de confianza en sí misma al no estar
acostumbrada a sufrir etapas de recesión, de desempleo y de
preocupación por el futuro del bienestar como la que está
ocurriendo últimamente. Afortunadamente, Europa reacciona y
asume su propia realidad y responsabilidad para asegurar
políticas activas de crecimiento económico que puedan
traducirse en un aumento del empleo y en asegurar altas cotas
de bienestar a nuestros ciudadanos, con lo que se recupera la
imagen de una Europa interesante para los mismos. Cree que es
una buena ocasión para hacer una renovación de nuestra fe
europeísta, en un momento en que no está de moda, y por ello a
su Grupo le satisface poder decir que precisamente en este
momento se está demostrando que Europa es un proyecto
necesario, útil e inteligente para construir el futuro de
nuestros ciudadanos y para hacer frente a la actual crisis.

Señala después que no hay remedios milagrosos contra el
desempleo, pero tampoco cabe resignación, por lo cual están
obligados a actuar y la respuesta será más eficaz si es común.

En relación con algunos intentos descalificatorios oídos estos
días hablando de la Europa de las derechas, tiene que decir
que lo cierto es que es la única zona del mundo en la que
existe una posibilidad de progreso.

Respecto a la importancia de las decisiones adoptadas en
Bruselas y el contenido del Libro Blanco formula una
valoración positiva, si bien es necesaria su traducción en un
conjunto de propuestas operativas para que no se quede en una
mera formulación de diagnósticos. En este sentido consideraría
muy positivo el debate en la Comisión Mixta para las
Comunidades Europeas de un plan de acción a corto y medio
plazo. También desearía que por parte del Ministerio de Obras
Públicas se procediese a presentar a la Cámara un documento
que recoja las propuestas de actuación que debe formular
España ante las instituciones comunitarias en torno a las
redes transeuropeas y las infraestructuras, así como los
programas de inversión correspondientes.

Termina reiterando el pleno apoyo de su Grupo a la posición
mantenida por el Gobierno español en Bruselas en lo referente
al Tratado de Cooperación en el ámbito de la Justicia, y muy
concretamente en lo que concierne al derecho de asilo.




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En nombre del Grupo Vasco (PNV) interviene el señor Anasagasti
Olabeaga, señalando que para su Grupo la Cumbre Europea de
Bruselas ha tenido un final extraño desde el punto de vista
práctico, aunque se hayan dado pasos sustanciales para
abordar, en principio, la situación de crisis económica y
desánimo general. Considera un acierto que se haya aprobado el
plan Delors, pero también es cierto que se le niega el
presupuesto necesario para llevarlo a cabo, lo que equivale
simplemente a convertirlo en un documento difícil de cumplir.

Si los propios Jefes de Gobierno no han sidos capaces de
encontrar los fondos necesarios, piensa que será difícil que
los puedan lograr los Ministros de Economía, que están
tratando de cuadrar sus propias cuentas y de poner freno a los
déficit desbocados. Reconoce lo ambicioso del plan y su
objetivo de crear nada menos que 15 millones de puestos de
trabajo antes del año 2000.

Alude después a la falta de acuerdo en torno al método de
funcionamiento comunitario, tema que sigue sin abordarse en
profundidad, lo que hará difícil el funcionamiento de los
órganos de la Comunidad si se llega a producir la
incorporación de los nuevos países a la vista de las
dificultades para ponerse de acuerdo en un Consejo más
reducido como el actual.

En relación con el problema de los dos supuestos terroristas
liberados por la justicia belga llama la atención, una vez
más, sobre el hecho de que el proceso de integración europea
provoca la necesidad de que los Estados miembros modifiquen
incluso su ordenamiento interno constitucional.

Termina haciendo referencia a la sede de las Agencias
comunitarias, agradeciendo nuevamente que haya sido elegida
Bilbao como una de dichas sedes, si bien cree sobre el
particular que se está actuando con opacidad y falta de
información.

En representación del Grupo de Coalición Canaria interviene el
señor Mardones Sevilla, manifestando que, a su juicio, el
señor Delors ha prestado un gran servicio a la Unión Europea
presentando un documento muy importante, aun con todas las
críticas que se le quieran hacer. En relación con dicho
documento señala las repercusiones del mismo en el sector
hortofrutícola español, y más concretamente en el canario, así
como las medidas de competitividad y de aprovechamiento del
mercado interior. Otra valoración positiva del Consejo de
Bruselas la realiza en torno a las cuestiones relativas a
justicia e interior, sumándose a la posición española en su
contencioso con Bélgica.

Pasando al capítulo de política exterior y seguridad,
considera un acierto el pacto de estabilidad en Europa a la
vista de las distorsiones de todo orden que se pueden producir
como
consecuencia de la situación en la Europa del Este ante la
vuelta de fórmulas políticas que se creían olvidadas. Sobre el
tema central de la Cumbre, el relativo a la competitividad y
creación de empleo, se suma a la acertada propuesta realizada
por el representante de Convergència i Unió de que en el seno
de la Comisión Mixta Congreso-Senado se proceda a los estudios
y análisis necesarios de cara a llegar a fórmulas con gran
respaldo parlamentario para su negociación en Bruselas.

También se une a la propuesta del señor Roca de que en el seno
de la Cámara se aborde la temática relativa a la
competitividad y creación de empleo para la elaboración de
acciones y políticas específicas que sirvan para generar una
mayor productividad en diferentes sectores españoles. Alude a
los problemas que tienen actualmente algunos productos
agrícolas españoles y a la competencia que sufren por parte de
otros países, especialmente del norte de Africa, considerando
que deben aprovecharse al máximo todos los recursos existentes
en favor de nuestros productos. Termina expresando su
satisfacción por las conclusiones a que se ha llegado en torno
al Libro Blanco, a pesar de los inconvenientes que puedan
existir para encontrar las necesarias propuestas de
financiación.

En representación del Grupo Mixto comienza el turno de
fijación de posiciones la señora Rahola i Martínez, que se
limita a hacer una reflexión global sobre la Cumbre de
Bruselas, estimando que el Libro Blanco es un paso adelante
significativo en el proceso de europeización de las decisiones
y, sin embargo, que el capítulo dedicado a las medidas
económicas es reducido de contenido y ambiguo en las
soluciones. En todo caso, piensa que dicho Libro Blanco no
explica de ninguna manera la dureza de las medidas económicas
que quiere implantar nuestro Gobierno ni traspasa a Europa la
actuación irresponsable de la economía española. Sobre este
particular anticipa la postura contraria de su Partido en
torno a la reforma laboral tal como parece que se plantea,
precarizando el mercado laboral en cuanto que es regresiva
para los derechos de las clases más desfavorecidas e
insolidaria.

Expresa, en cambio, su acuerdo sobre la potenciación de la
pequeña y mediana empresa, así como sobre la mejora de los
sistemas educativos para atajar especialmente el paro juvenil.

Asimismo muestra su acuerdo con la propuesta comunitaria de
consolidar y potenciar los grandes ejes de comunicación como
base del crecimiento de la economía, acerca de cuyo particular
llama la atención sobre la necesidad de potenciar el eje
viario Mediterráneo.




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El señor González Lizondo, del Grupo Mixto, destaca la
importancia de los acuerdos del GATT, si bien existe cierta
preocupación en su Comunidad Autónoma ante la posible
indefensión en que se pueden encontrar los productores del
Mediterráneo y de Canarias.

Agrega que el viaje del Presidente del Gobierno a Europa ha
estado muy bien, pero que la realidad es que aquí estamos en
España y que España no funciona, ante lo cual pregunta cómo se
van a poder aplicar las normativas comunitarias. Reconoce que
la crisis económica es general, pero indica que,
desgraciadamente, España se encuentra a la cabeza, con una
tasa de paro que nos está abocando a una situación que se
puede calificar de
catastrófica. Siendo Europa importante, entiende que el
Presidente del Gobierno debe bajar de su pedestal y conocer la
situación real de los españoles, que parece que no se la
cuentan sus asesores y respecto a la cual disponemos ya de
poco tiempo para hacer frente a la misma.

El señor Mur Bernad, del Grupo Mixto, agradece al Presidente
del Gobierno la información facilitada sobre la Cumbre de
Bruselas, donde se ha constatado, una vez más, la gravedad de
nuestra situación, con datos más preocupantes que los de los
demás países comunitarios, especialmente en relación al
déficit y el
desempleo. De ahí que todos coincidan en que es hora de
acometer medidas urgentes y profundas, no bastando con
quedarse en el diagnóstico.

Reconoce, por otra parte, que la Cumbre de Bruselas ha
finalizado mejor de lo esperado, aunque sobre la misma se
ciernen
importantes incógnitas en relación con la capacidad de
financiación de las medidas adoptadas. Destaca algunas de las
medidas que considera prioritarias de entre las contempladas
en el Libro Blanco, para llevar adelante las cuales cree que
hay que propiciar el debate y la participación de los
ciudadanos.

El señor Albistur Marín, del Grupo Mixto, considera acertado
el resumen hecho de las conclusiones de Bruselas sobre
crecimiento, competitividad y empleo, aunque le hubiera
gustado escuchar una intervención más comprometida del
Presidente del Gobierno para hacer frente a situaciones
económicas y sociales tan graves como las que tenemos.

Entiende que ha llegado el momento de aportar ideas nuevas
para modernizar el Estado y la sociedad española,
introduciendo un espíritu de trabajo, de austeridad y de
ganarse los beneficios sociales mediante el esfuerzo
individual y colectivo.

Termina expresando la necesidad de dar respuesta a la actual
problemática del empleo y de modernización de nuestras
estructuras económicas, en estrecha cooperación con las
comunidades autónomas, así como de aprovechar esta oportunidad
histórica para abordar un plan de infraestructuras y una
política de inversiones públicas decidida que no sea una mera
continuación de planes ya realizados anteriormente.

Completa el turno de fijación de posiciones, en nombre del
Grupo Socialista, el señor Costa Costa, que realiza un
reconocimiento del papel desempeñado por Delors en la
construcción de una Europa solidaria a través de las
propuestas formuladas en el Libro Blanco. Añade que la Unión
Europea ha centrado su acción en el estudio de la situación
económica y de la lucha contra el desempleo, adoptando un plan
de acción a corto y medio plazo con suficiente fundamento para
generar esperanza en los ciudadanos de la Unión, con el fin de
atajar la marea de insolidaridad que representan para la
cohesión social europea los cerca de 17 millones de parados.

Esta situación ha suscitado la respuesta y el acuerdo de los
doce países de la Unión sobre la necesidad y urgencia de
medidas coordinadas que se fundamentan en las grandes
orientaciones de la política económica de la Unión y en el
Libro Blanco sobre el empleo, la competitividad y el
crecimiento.

Expone algunas consideraciones en torno a dichos documentos y
la esperanza que representan para los 17 millones de
ciudadanos que no pueden ejercer el derecho al trabajo y a un
salario, así como en relación con los restantes acuerdos
alcanzados en la Cumbre, a la vez que expresa el compromiso
del Grupo Socialista de hacer que la Comisión Mixta para las
Comunidades Europeas sea el foro adecuado para llevar a cabo
las discusiones correspondientes y realizar la política
adecuada en este momento. Asimismo destaca la coherencia del
Gobierno en su política nacional y europea, manteniendo un
modelo de cohesión social que ha permitido la sociedad de
bienestar de mayor nivel conocido a lo largo de nuestra
historia.

Para contestar a los anteriores intervinientes hace de nuevo
uso de la palabra el señor Presidente del Gobierno (González
Márquez), replicando el señor Anguita González.

Se suspende la sesión a la una y treinta y cinco minutos de la
tarde.

Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.




Preguntas (Página 1752)



Del Diputado don Xabier Albistur Marín, del Grupo
Parlamentario Mixto, que formula



Página 1716



al Excmo. Sr. Ministro de Economía y Hacienda: El Parlamento
Vasco, en sesión plenaria celebrada el 30 de septiembre,
adoptó el acuerdo de aprobar una proposición no de Ley en
apoyo de las medidas fiscales a favor de la inversión y el
empleo. Dicho acuerdo fue trasladado a los Presidentes de las
Diputaciones Forales de los tres territorios históricos, a los
de las Juntas Generales, a la Presidencia del Gobierno
Central, así como al Presidente del Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja. ¿Cuál va a ser la actitud del
Gobierno, una vez recibida por su Presidencia la resolución
del Parlamento Vasco? (Número de expediente 180/000204)
(Página 1752)



Del Diputado don Ramón Espasa i Oliver, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, que formula al Gobierno: ¿Cuándo y cómo piensa el
Gobierno dar pleno cumplimiento a la moción aprobada por este
Congreso de los Diputados sobre el abaratamiento de los
créditos hipotecarios? (Número de expediente 180/000205)
(Página 1753)



Del Diputado don José Manuel García-Margallo y Marfil, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al
Gobierno: ¿Cuándo va a remitir el Gobierno a esta Cámara el
Proyecto de Ley que modifica la Ley General Tributaria?
(Número de expediente 180/000210) (Página 1754)



Del Diputado don Juan Costa Climent, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuándo va a
remitir el Gobierno a esta Cámara el Proyecto de Ley que
modifica el Impuesto de Sociedades? (Número de expediente
180/000211) (Página 1755)



Del Diputado don Gabino Puche Rodríguez-Acosta, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Ha adoptado el Gobierno las medidas contempladas en el Plan
de revisión del Catastro para cumplir el compromiso de que
dicha revisión seafiscalmente neutra? (Número de expediente
180/000219) (Página 1756)



Del Diputado don Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al
Excmo. Sr. Vicepresidente del Gobierno: ¿Considera el Sr.

Serra que se puede ser Vicepresidente del Gobierno en un
régimen parlamentario sin haber comparecido ante el Congreso
de los Diputados desde su nombramiento en 1991? (Número de
expediente 180/000207) (Página 1757)



Del Diputado don Ricardo Peralta Ortega, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, que formula al Gobierno: ¿Qué previsiones tiene el
Gobierno para la fijación con efectos de 1 de enero de 1994
del Salario Mínimo Interprofesional Garantizado? (Número de
expediente 180/000206) (Página 1758)



Del Diputado don Enrique Fernández-Miranda y Lozana, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Excma.

Sra. Ministra de Sanidad y Consumo: ¿Qué responsabilidad exige
el Ministerio de Sanidad y Consumo a los gerentes de los
hospitales del INSALUD --cargos de designación directa-- en la
utilización de fondos públicos, para el mantenimiento de sus
infraestructuras, gastos corrientes, utilización de fármacos,
y relaciones laborales con el personal sanitario? (Número de
expediente 180/000209) (Página 1759)



Del Diputado don Manuel Milian Mestre, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra
de Cultura: ¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para
proteger el patrimonio histórico-documental del Estado?
(Número de expediente 180/000213) (Página 1760)



Del Diputado don Antonio Pillado Montero, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Piensa el Gobierno seguir consintiendo la proliferación de
mercadillos de droga



Página 1717



en nuestras ciudades y pueblos, en lugar de perseguir los
constantes delitos de tráfico de tales sustancias, deteniendo
y poniendo a disposición judicial a los traficantes, aunque lo
sean en pequeña escala? (Número de expediente 180/000214)
(Página 1762)



Del Diputado don Guillermo Gortazar Echeverría, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno en relación con el
incremento de accidentes de tráfico en los que se ven
involucrados ciclistas? (Número de expediente 180/000216)
(Página 1763)



Del Diputado don Francisco Alvarez-Cascos Fernández, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.

Sr. Vicepresidente del Gobierno: ¿Es cierto que el CESID
recibía periódicamente una copia de las escuchas ilegales
obtenidas por la red recientemente descubierta en Barcelona?
(Número de expediente 181/000230) (Página 1764)



De la Diputada doña Inmaculada Romacho Romero, del Grupo
Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
valoración hace el Gobierno de la aplicación de la Ley 4/92,
de 5 de junio, de Reforma de la Ley Reguladora de las
competencias y el procedimiento de los Juzgados de Menores?
(Número de expediente 180/000227) (Página 1765)



De la Diputada doña Inmaculada Romacho Romero, del Grupo
Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo valora
el Ministerio de Asuntos Sociales las actuaciones que, en el
marco del Plan Gerontológico, se han realizado en los dos
últimos años? (Número de expediente 180/000228) (Página 1766)



Del Diputado don Eduardo Rodríguez Espinosa, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.

Sr. Ministro de Educación y Ciencia: ¿Cuál es la razón por la
que el Ministerio de Educación y Ciencia no ha aplicado lo
establecido en el artículo 49.4 de la LODE, en relación a la
necesaria analogía retributiva ante el profesorado de los
centros concertados y centros públicos, según la Proposición
de Ley aprobada por el Congreso de los Diputados el 3 de marzo
de 1992? (Número de expediente 180/000215) (Página 1767)



De la Diputada doña Angustias María Rodríguez Ortega, del
Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno:
¿Cuáles son los criterios utilizados por el Ministerio de
Educación y Ciencia para el diseño y la adaptación definitiva
de la red de centros escolares? (Número de expediente
180/000223) (Página 1767)



Del Diputado don Felipe Camisón Asensio, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿No estima el Gobierno que es injustificado el comprar ahora
trenes AVE ALSTHON para circular por vías convencionales?
(Número de expediente 180/000208) (Página 1768)



Del Diputado don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al
Excmo. Sr. Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente: ¿Cuáles son las razones para retrasar, en cuarenta y
cinco minutos, el trayecto de ferrocarril entre El Ferrol y
Madrid, que era de doce horas aproximadamente? (Número de
expediente 180/000212) (Página 1769)



Del Diputado don Javier Gómez Darmendrail, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.

Sr. Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente:
¿Cuándo piensa el Gobierno presentar a la Cámara el Proyecto
de Ley General de la Edificación? (Número de expediente
180/000218) (Página 1771)



Del Diputado don Jaume Antich i Balada, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las
actuaciones previstas en materia de costas en la provincia de
Tarragona? (Número de expediente 180/000224) (Página 1772)



Página 1718



Del Diputado don Jaume Antich i Balada, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuándo se van a
ejecutar las obras de los tramos pendientes de la N-420 en la
provincia de Tarragona? (Número de expediente 180/000225)
(Página 1772)



Interpelaciones urgentes (Página 1773)



Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la
colocación de escuchas telefónicas (Número de expediente
172/000022) (Página 1773)



El señor Alvarez-Cascos Fernández defiende la interpelación
del Grupo Popular. Comienza señalando que como los mejores
desmentidos son los que hace uno mismo, la voluntad política
del señor Vicepresidente del Gobierno de informarse del
problema de las escuchas telefónicas en España ha quedado
patente con su ausencia en este momento del hemiciclo,
ausencia que no está justificada en ninguna previsión
reglamentaria. Añade que la interpelación que hoy formula el
Grupo Popular plantea un problema recurrente en la vida
política nacional, ya que las escuchas ilegales no son, en
efecto, un problema nuevo:
constituyen una reiteración de hechos en el tiempo que
arrancan del ya lejano 1983 y que desde entonces han
proliferado en un ambiente de impunidad del que el Gobierno de
don Felipe González es políticamente responsable.

Agrega el señor Alvarez-Cascos que, a instancias del Grupo
Popular, en el año 1984 se produjo la primera regulación penal
de las escuchas telefónicas ilegales, tipificándose como
delito esta figura cuando no está debidamente autorizada por
un juez. Se trata de un conflicto que se ha alimentado desde
el principio por la ausencia de medidas gubernativas, por la
ausencia de una voluntad política decidida para acabar con la
grave irregularidad que la violación del artículo 18.3 de la
Constitución supone en un Estado de Derecho. Cuatro años
después de aquella reforma, y constatando un clima de
desconfianza que no hacía sino crecer, el Grupo Popular
interpeló al Gobierno, poniendo sobre la mesa la necesidad de
acometer inmediatamente este fenómeno. En la correspondiente
moción su Grupo planteó un programa de
actuaciones urgentes ya en 1988, programa que no mereció
entonces la atención del Gobierno, que declaró en esta Cámara
que sólo podía actuar «a posteriori», es decir, una vez
denunciados los hechos, renunciando negligentemente a
cualquier labor preventiva y de reforma de las leyes. Por su
parte, el Grupo Socialista negaba toda trascendencia social a
la situación puesta entonces de manifiesto.

Han pasado cinco años desde aquella fecha, tiempo en el que se
ha llegado a una situación que pueden calificar de auténtico
bochorno para nuestra democracia, puesto que la lista de casos
de escuchas ilegales conocidos constituye una interminable
relación de políticos, empresarios, periodistas y magistrados,
que reflejan bien a las claras el clima de inseguridad en la
protección de un derecho fundamental de los españoles.

Menciona la existencia de una serie de casos públicos y
notorios de pinchazos telefónicos desde mayo de 1990 hasta
llegar a la trama de Barcelona, en que, a la luz de lo
publicado estos días en la prensa, se ha escuchado ilegalmente
a once empresarios, diez periodistas, dos abogados y ocho
políticos.

A la vista de lo expuesto, pregunta al Grupo Socialista y al
Gobierno si se atreve a decir lo mismo que afirmaban en 1988 y
a devaluar la importancia del problema y rechazar su
negligencia culpable, derivada de su irresponsable pasividad
para combatir esta alarmante figura de delincuencia que
incrementa la
inseguridad ciudadana de los españoles. Afirma el interpelante
que los Gobiernos socialistas de don Felipe González nos han
acostumbrado a vivir con el miedo y han trasladado a la
sociedad española la resignación de convivir con una
normalidad que ha ido abriendo brechas en nuestro sistema de
garantías de los derechos y libertades.

Frente a esa pasividad irreponsable, el Grupo Popular propone
medidas concretas, fácilmente realizables y en las que no
sería difícil encontrar un acuerdo general que permita su
puesta en práctica. Lo que hoy, como en 1988, plantea y exige
urgentemente el Grupo Popular es un conjunto de instrumentos
que sólo pueden abundar en una reducción del problema y en el
aumento de las garantías de los españoles. Enumera dichos
instrumentos en relación con los recientes hechos de
Barcelona, siendo la primera vez que en España se tienen
noticias de una operación ilegal de estas características,
encontrándonos, frente a casos aislados anteriores, en
presencia de una verdadera organización que operaba desde hace
más de dos años y en cuyo poder podrían hallarse importantes
grabaciones tanto por su contenido como por las personas
afectadas. Pero, con ser esto importante, es aún más
preocupante el hecho de que los autores presuntamente
responsables de este delito habían formado parte del Cesid. El
juez establecerá en su momento si otras personas del Cesid
tienen



Página 1719



alguna implicación en este caso, por lo que, por su parte, no
va a anticipar prejuicio alguno sobre este extremo, sobre el
que el sumario tiene la última palabra. Sin embargo, de la
preocupación pasan a la alarma y el asombro a la vista de la
comparecencia del señor Ministro de Defensa el pasado día 9 en
Comisión.

Todo lo expuesto les sitúa de nuevo ante las dos
responsabilidades políticas básicas derivadas de este
problema. La primera, la pasividad de un Gobierno que no sólo
no ha cumplido con la misión de garantizar derechos y
libertades básicas sino que, al rehuirla, ha fomentado el
clima de impunidad que hoy denuncian de nuevo para pedir
medidas gubernativas urgentes que se enfrenten decididamente a
la delincuencia del pinchazo telefónico ilegal. En segundo
lugar, como mínimo la negligencia culpable de un
Vicepresidente del Gobierno, hoy ausente pero que ha
reconocido su función de coordinador y, antes, organizador de
los servicios del Cesid, reservándose para calificar el nivel
de gravedad de esta negligencia hasta la publicidad del
sumario abierto en Barcelona, de manera que permita conocer el
alcance exacto de las conexiones descubiertas por la justicia
española.

En nombre del Gobierno contesta el señor Ministro de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente (Borrell Fontelles),
que recuerda que el artículo 18.3 de la Constitución Española
establece como derechos fundamentales la garantía del secreto
de los comunicaciones, y en especial de las comunicaciones
postales, telegráficas y telefónicas. Ha sido preocupación
constante del Gobierno garantizar este mandato constitucional
y en cumplimiento del mismo la Ley Orgánica 17/1984 añadió al
Código Penal dos artículos relativos a las escuchas
telefónicas ilegales. Sin embargo, como ha dicho recientemente
el Ministro de Defensa en esta Cámara, el Gobierno es
consciente de que estas escuchas ilegales constituyen un
delito sancionado con una pena baja en relación al bien
jurídico vulnerado, por lo que el Ministro de Justicia ha
anunciado la realización de una reforma en esta materia, en la
parte especial del nuevo Código Penal, de manera que las penas
estén más ajustadas al bien jurídico protegido y a la alarma
social que generan esta clase de conductas.

Agrega el señor Ministro que, en el orden administrativo, la
Ley 32/1992 introdujo dos nuevas infracciones de carácter muy
grave que sancionan tanto la interceptación de las
telecomunicaciones sin autorización como la divulgación de su
contenido o de su simple existencia.

Por último, alude a la cláusula quinta del contrato que regula
la concesión para la prestación de estos servicios entre la
Administración del Estado y la Compañía Telefónica de España,
imponiendo a esta compañía la obligación de asegurar el
secreto de las comunicaciones y de efectuar la adecuada
protección de los datos con motivo de la prestación de estos
servicios. Alude también a las actuaciones realizadas en el
marco comunitario para la protección de las comunicaciones,
así como a algunas
características de estas acciones ilegales y a los trabajos
emprendidos por la Telefónica para el mejor cumplimiento de
las obligaciones que le impone el contrato con el Estado, lo
que permitirá en el futuro consolidar el objetivo de
protección del secreto de las comunicaciones que hoy tiene
limitaciones
inevitables contra las que el Gobierno trata de desarrollar lo
mejor de sus capacidades con los medios de que dispone la
Compañía Telefónica, que es la encargada de garantizar ese
secreto. En cuanto a los aspectos concretos de las escuchas
telefónicas descubiertas en Barcelona, el Gobierno no tiene
nada que añadir a lo ya manifestado en esta Cámara por el
Ministro de Defensa y el Vicepresidente del Gobierno.

Replica el señor Alvarez-Cascos, duplicando el señor Ministro
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (Borrell
Fontelles). Para fijación de posiciones intervienen los
señores Carrera i Comes, del Grupo Catalán (Convergència i
Unió), y Romero Ruiz, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya.




Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre opinión del Gobierno sobre la asignación
del 0,7 del PIB para favorecer el índice de desarrollo humano
de los países empobrecidos (Página 1781)



El señor Presidente informa a la Cámara de que se ha
solicitado el aplazamiento de la interpelación que figura con
el número 32 en el orden del día y, hasta donde alcanza la
información de la Presidencia, el motivo del aplazamiento es
que el señor Ministro de Asuntos Exteriores, que tenía que
contestar a la
interpelación, asistía en el día de hoy a una reunión en
Bruselas para cerrar la negociación sobre el GATT y ha tenido
que retrasar su regreso a España al haberse prolongado más de
lo esperado la reunión del Consejo de Ministros. El Gobierno
ha intentado mantener hasta el último momento su propósito de
dar respuesta a la interpelación esta tarde, pero ante la
imposibilidad material de que el Ministro de Asuntos
Exteriores pudiese hacerlo, ha solicitado su aplazamiento.




Página 1720



El señor Frutos Gras, en nombre del Grupo Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, muestra su perplejidad, en primer
lugar porque media hora antes de la interpelación se diga que
no puede realizarse por las razones que el señor Presidente
acaba de exponer y, en segundo lugar, porque parece que el
señor Solana es insustituible. Recuerda que, en otras
ocasiones, él personalmente ha formulado preguntas al Ministro
de Trabajo y le ha contestado, por ejemplo, el Ministro de
Industria. Espera que en este momento haya en la Cámara
representantes del Gobierno, ya que en otro caso resultará que
es que ya no hay Gobierno. Agrega que el aplazamiento de la
interpelación lo considera una falta de respeto a la
movilización ciudadana, absolutamente pacífica, que se ha
producido en torno a la reivindicación del 0,7 por ciento del
producto interior bruto para la ayuda a los países
empobrecidos, falta de respeto por la que muestra su
indignación y su Grupo protesta de forma tajante, pidiendo que
figure en el acta de la sesión el hecho que se acaba de
producir en estos momentos, que considera un acto de
arbitrariedad y de prepotencia por parte del Gobierno en
pleno.

Se suspende la sesión a las seis y treinta minutos de la
tarde.




Se reanuda la sesión a las diez de la mañana.




COMPARECENCIA DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO DE LA CAMARA, DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 203 DEL
REGLAMENTO:



--COMPARECENCIA DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO DE LA CAMARA, DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 203 DEL
REGLAMENTO, PARA INFORMAR SOBRE EL CONSEJO EUROPEO ORDINARIO
CELEBRADO EN BRUSELAS LOS DIAS 10 Y 11 DE DICIEMBRE (Número de
expediente 210/000006)



El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

Punto cuarto del orden del día: comparecencia del Gobierno, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 del
Reglamento, para informar sobre el Consejo Europeo Ordinario
celebrado en Bruselas los días 10 y 11 de diciembre.

Tiene la palabra el señor Presidente del Gobierno.




El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Señor
Presidente, señorías, comparezco hoy ante la Cámara para
informar del Consejo Europeo celebrado en Bruselas los pasados
10 y 11 de diciembre.

Antes de referirme al contenido y al resultado de los trabajos
de la cumbre me gustaría resaltar algunos elementos que, a mi
juicio, habría que destacar de esta reunión.

En primer lugar, este Consejo ha revestido una importancia
particular, ya que se trata de la primera cumbre de Jefes de
Estado y de Gobierno de la Unión Europea como tal y, por
tanto, en pleno ejercicio de sus nuevas funciones y
responsabilidades como institución de impulso para el
desarrollo de la Unión Europea y de definición de sus
orientaciones políticas generales. En segundo lugar, el
Consejo ha expresado una voluntad unánime de utilizar
plenamente y con carácter inmediato las nuevas posibilidades
que ofrece el Tratado para hacer frente a nuestros problemas
actuales y conferir un impulso nuevo a la Unión Europea.

En tercer lugar, ha sido un Consejo Europeo que, con marcado
sentido práctico, se ha ocupado de los problemas más
importantes que afectan a los ciudadanos, como el desempleo y
la crisis económica.

En cuarto lugar, y quizás por primera vez desde hace dos años,
se ha tratado de un Consejo Europeo caracterizado por el
consenso en todas las grandes cuestiones y especialmente en
relación al Libro Blanco.

Los trabajos del Consejo han abarcado siete asuntos de cierta
importancia para contribuir a la solución de los problemas
económicos y al propio desarrollo de la Unión Europea. Todas
las cuestiones han permitido abordar el futuro de la Unión con
capacidad de decisión en asuntos cruciales. Se trata de los
temas siguientes: En primer lugar, el examen del Libro Blanco
que contiene las reflexiones de la Comisión sobre crecimiento,
competitividad y empleo y que solicitó el Consejo Europeo de
Copenhague. De él se deriva un plan de acción para la
Comunidad y los Estados miembros. En segundo lugar, la
aprobación de las orientaciones generales de política
económica previstas en el artículo 103.2 del Tratado de la
Unión Europea. El primer plan de acción sobre la cooperación
en los ámbitos de justicia e interior ha sido el tercero de
los temas. El cuarto, las acciones comunes en política
exterior y de seguridad. El quinto, las consecuencias
institucionales de la ampliación de la Unión Europea. Sexto,
el examen del informe sobre subsidiariedad solicitado a la
Comisión por el Consejo Europeo de Edimburgo. Y el séptimo,
las orientaciones del Consejo con vistas a la conclusión de
las negociaciones sobre la Ronda Uruguay.

Como las conclusiones de la Presidencia y sus anexos obran ya
en poder de SS.SS., voy a limitarme a subrayar los aspectos
que considero más sobresalientes de las discusiones del
Consejo y los resultados concretos que se han alcanzado.

El contenido económico de la agenda del Consejo se ha
articulado en torno a dos apartados: las grandes



Página 1721



orientaciones de política económica para 1994 y el Libro
Blanco de la Comisión sobre crecimiento, competitividad y
empleo, sin olvidar las negociaciones del GATT, de gran
actualidad en el día de hoy, a las que me voy a referir ahora
para centrarme luego en las cuestiones económicas.

La coincidencia de la celebración de este Consejo con la
última fase de negociaciones multilaterales en la Ronda
Uruguay ha llevado a los Jefes de Estado y de Gobierno a un
intercambio de reflexiones sobre la misma aunque la
Presidencia belga no lo había incluido en el orden del día.

Naturalmente ello no fue obstáculo para que se diera la
discusión acerca de los últimos puntos sobre los que no se
había alcanzado todavía un acuerdo, así como la reflexión
acerca de las posibles consecuencias financieras que para la
reforma de la PAC pudiera tener la negociación agrícola en el
GATT.

En estos dos temas el Consejo Europeo ha incluido como anexo a
las conclusiones de la Presidencia la constatación de que
persistían diferencias en los capítulos textil y audiovisual -
-ya saben que el audiovisual ha terminado por ser excluido-- y
la importancia de que el multilateralismo se consagre en el
comercio internacional con la creación de una organización
mundial, la Organización Multilateral de Comercio que
finalmente parece haber sido aceptada.

En el capítulo agrícola el Consejo Europeo se ha manifestado
dispuesto a estudiar las medidas complementarias que pudieran
derivarse, con carácter necesario, para completar la reforma
de la PAC y hacerla compatible con la negociación del GATT.

Nuestro país, junto con otros, ha expresado su oposición a que
la mayor financiación que pudiera requerirse de la política
agrícola común provenga de otras partidas del presupuesto de
la Comunidad o se haga a costa de la futura inclusión en la
política agrícola común de los productos agrícolas
mediterráneos.

Dejando de lado estas observaciones, la conclusión más
importante referida al GATT es el apoyo a la finalización de
las
negociaciones que parece va a conseguirse y que constituirá,
sin duda, un impulso importante para la recuperación económica
internacional.

Centrándonos en las orientaciones y el Libro Blanco, la
primera observación se refiere al carácter de ambos
documentos. Como SS.SS. conocen, la naturaleza de los dos
documentos es muy distinta.

Las orientaciones suponen un ejercicio de coordinación de las
políticas económicas de los Estados miembros, según lo
dispuesto en el Tratado de la Unión, en su artículo 103.

Tiene, por tanto, un carácter vinculante en el sentido de que
los programas de convergencia nacionales deben respetar las
recomendaciones de política económica contenidas en el mismo
para el año 1994. El Libro Blanco, por su parte, responde a
una invitación que el Consejo Europeo de Copenhague dirigió a
la Comisión, encargándole que reflexionara sobre las posibles
actuaciones a corto, medio y largo plazo de la Unión Europea
para hacer frente a los problemas del desempleo, de la
competitividad y del crecimiento. El propio subtítulo del
Libro Blanco, «Retos y pistas para entrar en el siglo XXI», es
suficientemente ilustrativo para señalar el carácter de este
documento. Y si son distintos los documentos por su carácter,
comparten, sin embargo, el objetivo de suscitar una serie de
medidas coordinadas por parte de los Estados miembros y de las
propias instituciones comunitarias para favorecer la vuelta de
la Unión Europea a una senda de crecimiento estable capaz de
generar empleo.

Las características del paro en los países de la Unión han
llevado a la conclusión de que una recuperación del
crecimiento no se traducirá necesariamente en una reducción
significativa del desempleo. En consecuencia, el Consejo
Europeo, que en sus tres últimas reuniones habían centrado su
trabajo en el diseño de una iniciativa europea de crecimiento,
se ha embarcado ahora en una reflexión acerca de los problemas
específicos que tienen las estructuras económicas de los
Estados miembros a la hora de que su nivel de crecimiento sea
intensivo en creación de empleo. Desde esta perspectiva, las
orientaciones se centran en el estudio de las medidas
coyunturales de política económica que deben adoptarse
inmediatamente por los Estados miembros,
reservando al Libro Blanco el análisis de las posibles líneas
de reforma estructural que precisan las economías de la Unión
Europea.

Me gustaría destacar la importancia que reviste el consenso
existente entre todos los Estados miembros acerca del
diagnóstico de las causas de la crisis económica que atraviesa
la Unión y, lo que me parece aún más importante, el acuerdo
sobre las medidas para salir de la misma y generar empleo. El
artículo 103 del Tratado establece que las orientaciones
generales de política económica sean aprobadas en el Consejo
por mayoría cualificada. El sentido de esta regla de decisión
es evidente: la creciente integración de las economías
comunitarias en su transición a la Unión Económica y Monetaria
exige una mayor coordinación de sus políticas económicas,
introduciendo una cierta disciplina. Se trata de evitar que
políticas nacionales insolidarias por parte de algún Estado
miembro aislado puedan afectar a los demás Estados. Pues bien,
las orientaciones han sido aprobadas por unanimidad. Estimo
que este consenso es una buena noticia en la medida que va a
permitir que la Unión Europea comience la segunda fase de la
Unión Económica y Monetaria con un mayor grado de
coordinación, que propiciará una mayor estabilidad cambiaria y
el restablecimiento de la confianza de los mercados.

La Comisión presentó al Consejo de Ministros de Economía y
Finanzas un proyecto de orientaciones generales que se ha
elevado al Consejo Europeo, aprobado



Página 1722



en éste y remitiéndose nuevamente a Ecofin para su redacción
definitiva. Las orientaciones se estructuran en tres
apartados: el primero, referido a la estabilidad de precios y
tipos de cambio; el segundo, al saneamiento de las finanzas
públicas, y el tercero, a las medidas para la creación de
empleo.

En el primer apartado se recomienda un objetivo de inflación
máximo del 2 al 3 por ciento, que debe ser alcanzado en el año
1996. La consolidación fiscal y una evolución salarial
moderada deben hacer posible este objetivo para permitir una
progresiva reducción de los tipos de interés a corto plazo y,
lo que resulta más importante, que este descenso se traslade
por el mercado a los tipos a largo plazo. La estabilidad
cambiaria se considera fundamental para la plena explotación
de los beneficios del mercado único, reconociéndose que el
Instituto Monetario Europeo representará un factor adicional
de cooperación en esta
dirección. Las orientaciones reafirman el compromiso de la
Comunidad en relación con el proceso de transición a la Unión
Económica y Monetaria.

En el segundo apartado, referido a la consolidación fiscal, se
insta a los Estados miembros para que eviten en 1994 un
deterioro adicional de la situación presupuestaria, tanto en
lo que se refiere a su nivel de déficit público como a la
participación del nivel de deuda en el producto interior
bruto. Esta petición de disciplina presupuestaria reconoce, en
definitiva, que no existe prácticamente un margen fiscal para
la reactivación de la economía. Esta posición se extiende a la
propia Unión,
señalándose que deberá respetarse a nivel comunitario el techo
de recursos acordado en Edimburgo.

En tercer lugar, la mejora en la creación de empleo requiere
la aplicación de una serie de reformas de carácter estructural
cuyo análisis se remite al Libro Blanco. Entre las medidas que
puedan generar empleo a corto plazo el documento pone especial
énfasis en la moderación salarial y en el relanzamiento de la
inversión. Se reconoce que la situación económica no va a
permitir un aumento en términos reales de los salarios en el
año 1994. Incluso se destaca que en algunas empresas, sectores
o regiones puede ser necesaria una bajada de los mismos si se
quiere evitar el deterioro del empleo. Esta moderación en el
coste directo del trabajo debe ir acompañada de un
reequilibrio en los costes de los distintos factores de
producción, con medidas como la reducción de los costes
indirectos del trabajo menos cualificado y la adecuación de
los sistemas de protección social con el objetivo prioritario
de creación de empleo. Todas estas medidas permitirán aumentar
la inversión al propiciar una bajada de los tipos de interés y
el restablecimiento de la confianza
empresarial.

Con las orientaciones del Libro Blanco el Consejo Europeo ha
diseñado un plan de acción destinado a reducir
significativamente el número de desempleados en la Unión
Europea en los próximos años. Este plan incorpora acciones que
deben adoptar los Estados miembros a nivel nacional, un
conjunto de actuaciones a nivel comunitario y un procedimiento
de seguimiento de los resultados obtenidos que implica tanto a
la Comisión como al Consejo. Las acciones que se proponen a
nivel nacional se centran en la mejora de lo que se califica
como sistemas de empleo, expresión que comprende tanto el
mercado de trabajo y su regulación como el entorno que puede
afectar a su funcionamiento. En particular se ha estimado que
los Estados miembros deben concentrar su atención en la mejora
de la flexibilidad del mercado laboral, eliminando las
rigideces que puedan existir en el mismo y que impidan una
mayor capacidad de adaptación del trabajo a las necesidades de
la empresa para mejorar su productividad. En un sentido
positivo, lo que busca esta flexibilidad es facilitar que un
gran colectivo de desempleados, en particular aquellos con
poca cualificación profesional, puedan acceder rápidamente a
un primer empleo, eliminando así su exclusión social. Al
servicio de este objetivo debe contribuir una política de
empleo activa y renovada, que se base en un sistema de
formación profesional continua y
descentralizada, combinada con acciones específicas para la
inserción de los colectivos más afectados por el desempleo. En
esta incentivación de la creación de empleo el Consejo ha
contemplado asimismo en sus conclusiones la reducción de los
costes indirectos del trabajo poco cualificado, que deberán
ser compensados fiscalmente, y la búsqueda de nuevas
posibilidades de empleo en actividades características de la
sociedad postindustrial, como el medio ambiente, la cultura o
el ocio.

Las conclusiones señalan asimismo la necesidad de que a nivel
comunitario se acometan una serie de acciones específicas que
permitan catalizar el efecto de creación de empleo de las
medidas nacionales. En primertérmino se destaca la importancia
de que se exploten plenamente los beneficios del mercado
único, completando la trasposición de la normativa comunitaria
y favoreciendo la descentralización de la economía. En este
apartado el Consejo reconoce el papel dinámico de las pequeñas
y medianas empresas como foco de creación de empleo y de
cohesión económica. Resulta fundamental --se dice-- que tanto
a nivel comunitario como nacional se facilite el marco
administrativo de las pymes, se las apoye financieramente con
arreglo a las decisiones de los Consejos europeos de
Copenhague y de Bruselas y, en definitiva, se facilite,
mediante programas comunitarios, la relación entre pequeñas y
medianas empresas de distintos países.

El informe anual de la Comisión sobre mercado interior se
tendrá en cuenta dentro del seguimiento del plan de acción
sobre el empleo, pero, señorías, los beneficios del mercado
único, y por extensión de la Unión Económica y Monetaria,
deben considerarse en un sentido dinámico, con una proyección
hacia el futuro. Por



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ello, el Consejo Europeo considera que debe abordarsea nivel
comunitario una serie de inversiones en sectoresde futuro que
mejoren la infraestructura comunitaria, favoreciendo así la
competitividad en los procesos productivos y acelerando la
interpenetración económica en la Unión Europea.

En concreto, el Consejo Europeo invita al Consejo de la Unión
Europea para que, explotando las posibilidades que brinda el
propio Tratado (artículo 129, b y c), identifique una serie de
inversiones en redes europeas de transporte, energía e
información y estudie un esquema de financiación de las mismas
que, movilizando las inversiones de empresas privadas, no
suponga un deterioro presupuestario para los Estados miembros
ni para la propia Unión Europea. Concretamente ya existen
planes directores en la Comunidad referidos a trenes de alta
velocidad, transportes combinados, carreteras y vías
navegables, y se espera que antes del 1.º de julio de 1994 se
hayan adoptado los planes directores pendientes, de manera que
puedan determinarse proyectos de interés común en áreas como
la infraestructura ferroviaria, la portuaria o aeroportuaria,
así como en las redes de electricidad y de gas.

Una novedad muy significativa en las conclusiones del Consejo
se refiere a la necesidad de que la Unión estudie las medidas
concretas que deben adoptarse para el desarrollo de las redes
de información. El ConsejoEuropeo solicita que se forme un
grupo de personalidades representativas de todas las
industrias de información y usuarios de las mismas que deberá
elaborar un informe proponiendo medidas concretas que permitan
desarrollar la infraestructura europea en el campo de la
información. Este informe se presentará en el próximo Consejo
Europeo, definiéndose un programa operativo para los servicios
básicos europeos en materia de infraestructura de la
información. Evidentemente, en la medida en que la Unión
Europea disponga de redes conectadas que permitan explotar en
toda Europa servicios como el correo electrónico, bancos de
datosy otras aplicaciones, se generarán mayores posibilidades
de empleo en el sector de los servicios y nuevas prácticas de
organización del trabajo que mejorarán la competitividad.

Se estima que el esfuerzo comunitario para la financiación de
estas redes debería ascender en los próximos seis años a unos
20.000 mecus anuales, de los cuales 5.000 corresponden a los
esfuerzos ya previstos por el presupuesto comunitario y 7.000
a los empréstitos del Banco Europeo de Inversiones,
incorporado en las líneas aprobadas por la iniciativa de
crecimiento comunitario en forma de préstamos y garantías. La
financiación adicional requerida se cifra, por consiguiente,
en unos 8.000 mecus anuales, encargándose al Consejo de
Economía y Finanzas el estudio de los posibles mecanismos
financieros para su
movilización sin de-teriorar la situación presupuestaria
nacional y comunitaria.

Quisiera cerrar este capítulo recalcando la importancia que
supone el establecimiento de un procedimiento anual de
revisión de este plan de acción. Se insiste de esta manera,
señorías, en el carácter de estrategia a medio plazo que tiene
esta
iniciativa, que no pretende simplemente explorar medidas para
salir de la crisis sino orientar claramente el modelo de
crecimiento hacia la creación de empleo y a las necesidades de
la nueva revolución tecnológica que se está produciendo a
nivel mundial.

Este seguimiento se llevará a cabo por el Consejo Europeo en
el segundo semestre de cada año y se basará en un informe de
síntesis de la Comisión, así como de sendos informes del
Consejo sobre las políticas nacionales de empleo y la
aplicación de las orientaciones económicas por parte de los
Estados miembros. La revisión se completará con un informe
anual de la Comisión sobre el funcionamiento del mercado
interior y con un balance de la misma Comisión sobre los
progresos en la ejecución de inversiones de las redes
transeuropeas. Estoy convencido, señorías, de que este plan de
acción de la Comunidad supone un punto de partida que
informará las discusiones a nivel nacional y comunitario sobre
la creación de empleo.

El escenario europeo al que apunta el plan de acción sobre el
empleo es el de una sociedad más flexible, más próxima a las
necesidades y demandas de los ciudadanos, con mayor
solidaridad entre Estados, regiones y agentes sociales y, en
particular, que permite resolver de manera eficiente el acceso
al empleo de los ciudadanos, eliminando la exclusión social y
la dualización de la sociedad, salvaguardando con ello el
estado de bienestar europeo.

Señor Presidente, señorías, dentro del tercer apartado de la
agenda al que me he referido, el Consejo Europeo ha decidido
utilizar plenamente las nuevas posibilidades que ofrece el
Tratado de la Unión para estrechar la cooperación en el ámbito
de la justicia y de los asuntos de interior, especialmente en
lo que afecta a la libertad de circulación y a la seguridad de
los ciudadanos.

Con la aprobación del primer plan de acción, sometido por los
ministros de Justicia e Interior, se podrán iniciar las
primeras acciones comunes en cinco ámbitos de gran
importancia. Primero, el de la cooperación policial, a través
de Europol, cuya puesta en funcionamiento, comenzando por su
Unidad de drogas, será efectiva a partir del próximo mes de
octubre. Segundo, mediante la aplicación de una estrategia
global de lucha contra la droga en su doble aspecto de
aplicación de medidas contra el blanqueo de los beneficios de
este comercio ilícito y de cooperación con los países terceros
comprometidos en esta batalla; los países andinos precisamente
se encuentran entre los primeros que podrán



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beneficiarse de la prórroga de las preferencias arancelarias.

Tercero, el inicio de una política común de visados a través
de la elaboración de una lista de terceros países a cuyos
nacionales se les exigirá visado en el momento de franquear la
frontera exterior común, para que luego puedan circular
libremente dentro del espacio interior sin fronteras. Cuarto,
el fortalecimiento de la cooperación judicial tanto penal como
civil, comenzando por la extradición y otras formas de
actuación contra la delincuencia internacional organizada.

Finalmente, la coordinación entre las políticas del segundo y
el tercer pilar del Tratado,
especialmente en materia de emigración, a través de la
readmisión de emigrantes ilegales por parte de los países
terceros. La valoración flobal de este plan de acción es sin
duda muy positiva si se tiene en cuenta el corto espacio de
tiempo de que se ha dispuesto y el carácter delicado de todas
las cuestiones
planteadas. No obstante, la delegación española se ha visto
obligada a mantener la reserva sobre las cuestiones relativas
al asilo ante la falta de una solución satisfactoria a la
decisión de Bélgica de admitir a trámite una solicitud de
asilo planteada por dos presuntos colaboradores de ETA de
nacionalidad española. Mantendremos nuestra posición mientras
no desaparezcan las causas que la motivaron. Todos los Estados
miembros sin excepción han reconocido el fundamento de nuestra
posición de fondo y es de esperar que la fórmula final,
recogida en las conclusiones del Consejo sobre este problema,
ayudará a erradicar de las
legislaciones nacionales la posibilidad de que pueda
suscitarse una petición de asilo por situaciones presuntamente
producidas en otro Estado miembro de la Unión Europea. Tan
pronto como podamos alcanzar este resultado en el interior de
la Unión se podrá y se deberán adoptar medidas comunes frente
al exterior en este importante ámbito de la defensa y
protección de los derechos y libertades fundamentales de la
persona.

En cuanto a la política exterior y de seguridad, me referiré a
los progresos conseguidos en el desarrollo de esta materia,
cuyo resultado más importante, señorías, ha sido la concreción
de la acción común sobre el pacto de estabilidad en Europa. El
Consejo Europeo de Copenhague decidió la oportunidad de lanzar
un pacto de estabilidad que se inscribe en el marco de los
objetivos generales de la política exterior y de seguridad
común y que fue considerado como una de las primeras acciones
comunes de la Unión en el reciente Consejo extraordinario de
Bruselas, del 29 de octubre pasado.

Esta iniciativa tiene como objetivo contribuir a la
estabilidad en nuestro continente mediante la prevención de
tensiones y conflictos potenciales, suscitando relaciones de
buena vecindad e incitando a que los países de Europa central
y oriental consoliden sus fronteras y diriman sus problemas de
minorías étnicas. La Unión Europea organizará a tal fin una
conferencia en París hacia el próximo mes de abril. Esta
servirá para lanzar el pacto y serán invitados a participar en
ella, además de los países implicados directamente en el
proceso, países de Europa central y oriental y los tres
Estados bálticos, el resto de los miembros de la Conferencia
de Seguridad y Cooperación Europea, a excepción de los países
del Cáucaso y de las ex repúblicas soviéticas del Asia
central. Se trata, por lo tanto, de la primera muestra de
diplomacia preventiva de la Unión y de la puesta en práctica
de una acción común del Título V del Tratado. El proyecto
tiene un carácter evolutivo y abierto
geográficamente, aunque en esta primera fase se concentrará en
los países de Europa central y oriental que tienen mayores
posibilidades de adherirse a la Unión Europea y sobre los que
podemos ejercer una influencia más directa.

El conflicto de la antigua Yugoslavia fue de nuevo otro de los
motivos de preocupación del Consejo, que ha aprobado una nueva
declaración cuyos elementos principales son los siguientes. Se
realiza un nuevo llamamiento urgente a las partes en conflicto
para que, ante el desastre humanitario que se avecina con la
presencia del invierno, se sienten a negociar de buena fe
sobre la base del Plan de Paz de Ginebra. Se les señala que la
Unión Europea es quien está proporcionando la mayor parte de
la ayuda humanitaria, que, por lo tanto, exige a las partes el
cumplimiento de lo pactado en Ginebra para permitir el paso
libre de convoyes humanitarios, incluida la reapertura del
aeropuerto de Tuzla. Se endosan las peticiones musulmanas
sobre el
territorio y acceso al mar, solicitando al mismo tiempo que se
garantice en Sarajevo el libre acceso y circulación de sus
ciudadanos bajo supervisión de las Naciones Unidas. Se formula
un nuevo llamamiento a los serbios para que cumplan sus
compromisos, especialmente los relativos a las concesiones
territoriales en Bosnia y la aceptación de un «modus vivendi»
en Croacia para que sea posible suspender de manera progresiva
las sanciones. Por último, se urge a las partes para que no
recurran a la opción militar, comprometiéndose la Unión a
poner en práctica el dispositivo requerido, bajo la autoridad
del Consejo de Seguridad, y a que acudan a la reunión de
Ministros de Asuntos Exteriores en Bruselas el día 22 de
diciembre.

También ha precisado el Consejo Europeo la acción común sobre
Oriente Medio, decidiendo la participación en los acuerdos
internacionales para favorecer el proceso de Madrid, la
asistencia a las elecciones en los territorios autónomos
palestinos, contribuir a la cooperación regional, apoyar el
autogobierno palestino y ayudar a las otras partes en las
negociaciones bilaterales, a medida que se vayan registrando
progresos sustantivos en las mismas. La Unión reconoce que la
conclusión de un acuerdo entre la Comunidad e Israel
constituye uno de los elementos importantes de cooperación con
Oriente Medio.




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A partir de ahí, señorías, se analizó, se examinó, dentro del
Tratado de la Unión, el informe de la Comisión sobre
adaptación de la legislación existente al principio de
subsidiariedad, solicitado por el Consejo Europeo de
Edimburgo, y a la Comisión se le ha vuelto a solicitar que
presente nuevas propuestas formales en este ámbito, así como
un nuevo informe para el Consejo Europeo de diciembre de 1994.

El temor inicial a que este principio pudiese acabar derivando
en una herramienta de
renacionalización de determinados aspectos del acervo
comunitario ha quedado, afortunadamente, desprovisto de
fundamento. El informe de la Comisión encauza adecuadamente la
interpretación del principio de subsidiariedad en términos
constructivos que compartimos, sobre todo los Estados miembros
más partidarios de la integración, y que, además, ha quedado
garantizado a través del acuerdo interinstitucional que se ha
suscrito recientemente. El informe que ha sido aprobado
concibe la subsidiariedad de todos como un principio político
cuya función no es realizar un reparto de competencias sino
regular su ejercicio y justificar su aplicación en cada caso
concreto. Por tanto, se trata de un principio dinámico
aplicable al campo de las competencias compartidas y nunca en
aquellos en los que la Comunidad ha recibido competencias de
actuación precisas e incontestables.

El Consejo Europeo adoptó también, señorías, un importante
acuerdo sobre las modificaciones institucionales, con motivo
de la ampliación, en todos los aspectos propuestos, salvo en
el relativo a la ponderación del voto por mayoría cualificada
porque dos Estados miembros (España y Gran Bretaña) se oponían
a la fórmula de la Presidencia.

La Comisión mantiene para su composición el criterio actual.

Por consiguiente, habrá dos comisarios por cada uno de los
cinco Estados miembros más grandes y uno por cada Estado
miembro restante, y los nuevos Estados miembros contarán con
un miembro en la Comisión, por lo que ésta va a pasar a un
total de 21 comisarios, si se consuman las cuatro solicitudes
de adhesión. El Tribunal de Justicia se seguirá componiendo de
un juez por Estado miembro y únicamente en el caso de que el
número
resultante fuese par se añadiría otro juez, a través de un
sistema rotatorio entre los cinco Estados miembros más
grandes. España contará además, a partir de ahora, con un
abogado general, como Alemania, Francia, Italia y Reino Unido.

A partir de la ampliación, en 1996, se modificará el orden de
rotación de las presidencias del Consejo, con arreglo a un
nuevo sistema que asegurará siempre la presencia de un Estado
miembro grande en la troika, con el objeto de reforzar su peso
político. En cuanto a la mayoría cualificada, que no ha sido
adoptada la decisión para las votaciones en el Consejo, lo que
se ha hecho es invitar al Consejo de Asuntos Generales a pre-
sentar una propuesta en el contexto de la conclusión de las
negociaciones de ampliación. Estaremos vigilantes para que los
intereses españoles queden a salvo en la fórmula que se elija
finalmente y, sobre todo, para que ésta garantice el
mantenimiento de los equilibrios institucionales actuales y la
proporcionalidad con la composición demográfica de la
Comunidad.

Señor Presidente, señorías, concluyo. Con estas decisiones nos
acercamos a los futuros pasos de la Unión Europea. Quedan ante
nosotros retos muy importantes. Uno, que podemos confiar en
alcanzar el próximo año como el de la ampliación de la
Comunidad, y otro, a medio plazo, el del paso a la tercera
fase de la Unión Económica y Monetaria. Pero, por encima de
todo, creo que el Consejo Europeo ha estado a la altura de lo
que cabía esperar del mismo, porque ha examinado los problemas
de nuestras economías y ha buscado soluciones tanto para las
causas coyunturales cuanto para las estructurales, porque ha
marcado el camino para la recuperación de un crecimiento
económico capaz de generar empleo y porque ha respaldado a la
Comisión y su trabajo como un elemento fundamental en el
desarrollo de la Unión Europea. Creo, además, que ha
confirmado la dirección del Gobierno español en la adopción de
decisiones para encarar la crisis, acentuando los elementos de
solidaridad de aquellos que tienen empleo con los que no lo
tienen.

Tengo la impresión, pero lo digo con todas las reservas del
caso, de que se ha cerrado en este Consejo Europeo un período
de crisis psicológica que se abrió con el resultado negativo
del primer referéndum danés. El Tratado de la Unión ha
arrancado ahora con decisión y ha aportado los primeros
elementos para encarar el futuro con un mayor grado de
esperanza.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.

¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo
Popular tiene la palabra el señor Aznar.




El señor AZNAR LOPEZ: Señor Presidente, señorías, sin duda el
día que hoy viene marcado, antes de la evolución del Consejo
Europeo de Bruselas, por la más que probable firma final del
acuerdo sobre la Ronda Uruguay del GATT que, en la opinión de
nuestro partido, desde un punto de vista general, con reserva
de las matizaciones que se han expuesto ante la opinión que el
día 21 se reiterarán y a las que me referiré más adelante, ha
sido valorado y se valora como un acuerdo sin duda histórico,
el más importante que se ha producido, pero que esperamos,
sobre todo, que pueda ser un acuerdo útil para las economías
en general y, por supuesto, para la economía española muy en
particular. De los acuerdos y de las conclusiones del Consejo
Europeo quisiera, al comienzo a esta intervención, destacar



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dos, antes de centrarme en lo que significa el punto esencial
del Consejo Europeo desde el punto de vista político. Quisiera
valorar, hacer una evaluación positiva de los varios elementos
que han concurrido en el Consejo, de las resoluciones del
Consejo. Por ejemplo, en el ámbito de Justicia e Interior --
uno de los pilares de la Unión-- en lo que significa la
adopción de medidas conjuntas y más decididas, la puesta en
marcha de la Europol en relación con la lucha contra la droga
y la
criminalidad organizada. Quiero manifestar que me ha parecido
correcta --y lo tengo que decir así-- la actitud del Gobierno
en relación con la no ratificación, el no avance en lo que
significan las políticas de asilo que no son aplicables, como
se ha dicho correctamente, a ciudadanos que formen parte de
Estados que a su vez integren la Unión Europea, y espero que
el Gobierno impulse las políticas y las iniciativas que sean
necesarias para evitar que circunstancias como las que se han
producido
recientemente en Bélgica con dos presuntos terroristas de la
banda ETA se vuelvan a producir en el seno de la Unión
Europea. Quisiéramos también hacer una evaluación positiva,
somera, de la oferta de pacto de estabilidad en Europa, nacida
del Gobierno francés, que consideramos una iniciativa
interesante tanto para la identificación como para la
prevención de problemas que puedan surgir en algunas áreas
europeas. Con independencia de que algunos núcleos y zonas
conflictivas queden al margen de la misma, con independencia
del grado de participación en ella, pueden surgir propuestas
interesantes de esa iniciativa que debe en todo caso
administrarse, en nuestra opinión, sin perjuicio de las
competencias y del desarrollo de la Conferencia de Seguridad y
de Cooperación en Europa.

Pero, sin duda, la parte central del Consejo Europeo, aquello
para lo que realmente el Consejo Europeo se había reunido y se
exigía una respuesta positiva, era el análisis del llamado
Libro Blanco sobre la competitividad y el empleo y si el
Consejo Europeo, en su responsabilidad y en la responsabilidad
que hace referencia a los gobiernos de las naciones que
integran la Unión Europea, daba una respuesta adecuada al
problema más acuciante de las sociedades europeas hoy, cual es
el problema del paro; las orientraciones macroeconómicas, el
relanzamiento del mercado interior, el plan de
infraestructuras, pero sobre todo si se daba una respuesta
coherente y qué nivel de responsabilidad se determinaba, desde
el Consejo Europeo, en los gobiernos de los Estados miembros a
la hora de afrontar una estrategia común y unas orientaciones
concretas, desde el punto de vista económico, en la lucha
contra el desempleo. Es evidente que si esto era el punto
esencial de este Consejo, era el que más interesaba, sin la
menor duda, a los ciudadanos europeos y era también el que más
nos interesaba a los ciudadanos españoles, no en vano
padecemos la tasa de paro más alta de la Unión Europea. Y es
de eso de lo que hay que hablar en este momento, de lo
aprobado en el Consejo Europeo y de lo que está haciendo el
Gobierno español, porque tendrá que hacerlo, sea orientación
para 1994, sea supuesta estrategia común para combatir el paro
e intentar luchar contra la crisis. Anteayer conocíamos las
cifras de paro registrado correspondientes al mes de
noviembre, la más alta que ha habido, mes de noviembre, desde
1986. Cifra que arroja un balance negativo y que vuelve, en
nuestra opinión, a poner en entredicho los planteamientos
económicos del Gobierno.

Nosotros creemos que tanto el modelo formulado a la luz del
Libro Blanco, que tiene diagnósticos muy certeros, como las
recomendaciones del Ecofin tienen pleno sentido para España si
previamente se saben asumir dos cosas. La primera, que es
preciso hacer al menos una reflexión crítica, muy crítica,
sobre la realidad económica española presente, como, por otra
parte, hace el propio Libro Blanco en relación con el conjunto
de la
Comunidad. Nuestra situación es objetivamente más grave que la
de nuestros socios principales y debe asumirse, al menos, que
el Gobierno español ha cometido equivocaciones muy graves. La
segunda, que es preciso introducir cambios en la política
económica, algo que el Partido Popular viene reiterando hasta
la saciedad en esta Cámara y fuera de esta Cámara. Sin ir más
lejos, quiero recordar que el pasado mes de septiembre
presentábamos una moción que a través de 40 medidas, unas de
carácter coyuntural y otras de carácter estructural, definían
nuestra propuesta de política económica; propuesta que fue
rechazada por el Gobierno entonces, en el mes de septiembre, y
que, sin embargo, después de escuchar al señor González, ahora
que viene de Bruselas, al menos en parte encuentran mejor
acogida. Nosotros creemos que lo importante ahora es actuar y
hacerlo con coherencia. No vale admitir una cosa en Bruselas y
practicar aquí la contraria. Y no vale y no es suficiente
aceptar un diagnóstico del que se deriva un conjunto de
políticas a desarrollar en el ámbito propio de nuestro país y
mantenerse luego, internamente, a la espera de una mejora en
los mercados internacionales, pensando que ellos mismos y por
sí solos sacarán a España de la crisis.

Una de las cosas más importantes que nos dicen el Libro Blanco
y las resoluciones del Consejo Europeo es que tenemos que
hacer cambios profundos en nuestra política económica, no unos
retoques, no unas leves correcciones, no unos parches aquí o
allá. Se nos piden cambios profundos en una política que en
los últimos años ha caminado en una dirección contraria a lo
requerido y que como herencia deja, al menos en el día de hoy,
gravísimas cifras de paro, una deuda y un déficit público
insostenibles, un hundimiento de la inversión y una
desconfianza generalizada en que este Gobierno sea capaz de
actuar con eficacia ante esta situación. Por decirlo de forma
suave, las conclusiones



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del Consejo y el informe del Libro Blanco sobre el crecimiento
de la competitividad y el empleo representan, en el fondo, una
dura requisitoria contra la política económica desarrollada en
España en los últimos años. Por eso resulta al menos
sarcástico que ahora se intente presentar como un aval, como
se ha intentado hacer, de las actuaciones de ese mismo
Gobierno que durante años se ha empecinado en el error, sin
que en los últimos meses, desde las elecciones para acá, haya
mostrado ninguna voluntad positiva de cambio. Así no puede
sorprender, señorías, que el balance de los seis meses
transcurridos desde el 6 de junio arroje un resultado
claramente negativo. No han mejorado las expectativas
empresariales, ha continuado la caída de las inversiones, se
ha incrementado el déficit del sector público, se sigue
destruyendo empleo y ha crecido el paro. Baste recordar, como
resumen de intenciones, que el Gobierno ha enviado a la Cámara
un proyecto de presupuestos que, por su falta de credibilidad,
ha acentuado el desánimo de los inversores y la desconfianza
de los agentes sociales.

Ha hecho el señor González mucho hincapié, a la hora de
analizar las conclusiones del Consejo Europeo en esta Cámara y
antes, previamente a acudir al Consejo Europeo, en las
orientaciones que en materia laboral el Consejo Europeo podría
determinar en relación con las políticas internas que
practican los Estados miembros. Nosotros hemos insistido, en
muchas ocasiones, en que la reforma del mercado laboral
constituye una condición
necesaria, pero no suficiente, en la lucha contra la crisis y
en el deseo de obtener en España un crecimiento económico, un
crecimiento del empleo que permita no solamente mitigar las
cifras de paro, sino que permita que en España haya empleo
estable, empleo seguro. Presentar lo que se conoce hasta ahora
como una reforma global y estructural es, a nuestro juicio, un
error, una equivocación.

Quiero recordar, señorías, que hace nueve meses --y estamos
hablando de uno de los puntos capitales que tratan las
conclusiones del Consejo Europeo--celebramos en esta misma
Cámara un debate sobre una serie de medidas que el Gobierno
había adoptado como reacción ante la cifra, entonces conocida,
de tres millones de parados; medidas calificadas entonces como
extraordinarias por el Gobierno y que, según el Gobierno, iban
a hacer posible frenar la sangría del paro y actuar como un
impulso inicial para la creación de empleo. Las calificamos
entonces como un simple parche con el que el Gobierno
pretendía guardar las apariencias de que estaba haciendo algo
y de que no era insensible a los tres millones de parados.

Hoy, cuando la cifra de paro supera los tres millones y medio,
es necesario recordar aquellas medidas como un buen ejemplo de
lo que no debe hacerse, porque no puede mantenerse --y ésa es
una de las coherencias que exige el Libro Blanco-- una
política económica globalmente equivocada y pensar luego que
cuatro retoques vienen a arreglar el problema. Tampoco puede
ser que se nos anuncie un pacto social como panacea que todo
lo resuelve, para presentarnos en último término un rotundo
fracaso como único balance tras cinco meses de negociación,
porque este es el único resultado que en materia de política
económica y de empleo el Gobierno puede presentar hoy a los
españoles. El pacto social iba a servir para todo, para
rebajar los tipos de interés, para mejorar nuestra
competitividad, para reducir el déficit del sector público,
para reformar el mercado laboral; para todo. Pero el fracaso
del Gobierno en este terreno en que tantas expectativas había
depositado incrementa el desánimo, porque evidencia una vez
más la falta de un proyecto global y coherente para sacar a
España de la crisis. Y el último ejemplo que manifiesta esa
falta de proyecto global, en nuestra opinión, lo representa el
Real Decreto-ley de Medidas Urgentes para el Fomento de la
Ocupación que se hizo público el pasado día 3. Vuelvo a
insistir en la necesidad de una profunda reforma de las
estructuras laborales, porque no son sin duda las más
adecuadas ni para la creación ni para el mantenimiento de
empleos estables.

Pues bien, en contra de las recomendaciones que emanan del
Consejo Europeo y del Libro Blanco sobre la necesidad de un
alto grado de consenso en materia de reforma laboral, se nos
ofrece una primera medida que no está consensuada, que no está
correctamente instrumentada desde el punto de vista jurídico
y, desde luego, que se hace al margen de una reforma global de
nuestra política económica, es decir, al margen de lo que son
las grandes orientaciones macroeconómicas que figuran en el
primer capítulo de las conclusiones del Consejo Europeo.

En lo que conocemos del resto del paquete de medidas
laborales, es decir, de los anteproyectos que en este momento
están en períodos de consultas ante el Consejo Económico y
Social, podríamos decir lo mismo: No basta con acertar en los
objetivos, porque los mejores objetivos pueden torcerse
inútiles cuando no se dispone de los medios adecuados.

Si la reforma laboral es condición necesaria pero no
suficiente, quiero aprovechar este trámite para decir a SS.SS.

que nuestro Grupo Parlamentario tratará de mejorar esa reforma
laboral que, por fin, el señor González se ha decidido a poner
en marcha. Y si el Gobierno, como esperamos, acepta que el
Decreto-ley se tramite como proyecto de ley, presentaremos las
correspondientes enmiendas al conjunto de los textos del
Gobierno con un triple propósito, coherente con lo expuesto
por el Consejo Europeo y el Libro Blanco: que la reforma sirva
para conservar puestos de trabajo y favorecer la creación de
otros nuevos, que se incrementen garantías contra los abusos
que se puedan dar en determinadas formas de contratación, y
que se recojan todas las sugerencias del Libro Blanco que
permitan equiparar la



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regulación de nuestro mercado laboral al de nuestros socios
comunitarios. Quiero señalar, en todo caso, en este punto que,
en nuestra opinión, la tramitación legislativa de estas
reformas no sólo no debe impedir el diálogo con los agentes
sociales, sino que debe ser aprovechada para intentar
recuperar dicho diálogo, de la misma manera que se hizo --y
ustedes lo recordarán-- en el trámite parlamentario del
Estatuto de los Trabajadores en 1980. Yo creo --perdóneme que
insista-- que el proyecto económico debe ser global, en
coherencia con lo establecido por el Consejo Europeo, y no
podemos olvidar en este trámite y en este momento que todavía
están los Presupuestos Generales del Estado en el Senado. Yo
quisiera preguntar si el señor González piensa que esos
presupuestos, que están en el Senado y que él ha presentado
aquí, aguantarían un análisis serio en el marcode las
exigencias y del rigor que piden el Libro Blanco, el Consejo
Europeo o el Ecofin. Creo que no aguantan en absoluto esa
comparación ni esa prueba. Ni las propuestas fiscales ni las
medidas de contención del gasto ni las previsiones del déficit
ni las disposiciones referentes a la eficiencia del sector
público tienen nada que ver con el planteamiento que se ha
hecho en Bruselas. No voy a hablar ya de una desviación de
gasto de más de tres billones de pesetas. Digo que un aumento
del gasto no financiero en términos
monetarios del 10,1 por ciento, mientras que para el producto
bruto sólo se prevé un crecimiento nominal del 4,8 comparando
1993 con 1994, significa que el gasto público crecerá
nominalmente más del doble que el producto bruto; es decir,
que el gasto público va a ganar dos puntos de participación en
el producto bruto. Difícilmente se puede encontrar algo más
contrario a lo que usted mismo ha acordado en Bruselas al
exigir para las economías comunitarias --y cito literalmente--
una evolución controlada del gasto público. Creo que todavía
estamos a tiempo de mejorar esos presupuestos y de introducir
medidas claras de apoyo a nuestra economía, por lo que
sugeriría que no se desaprovechase esa oportunidad.

En consecuencia, es necesario que la reforma del mercado
laboral, que ya llega tarde a esta Cámara, se vea, en nuestra
opinión, acompañada de aquellas otras medidas que permitan
iniciar, sobre bases sólidas, la recuperación de nuestra
economía y hacer más competitivo nuestro aparato productivo,
única forma de que nuestro país se empiece a recuperar y de
que en nuestro país se empiecen a sentar las bases que
permitan la superación del paro y la creación de empleo. Para
ello es preciso actuar en diversos frentes en nuestro país, en
concordancia con lo que correcta y coherentemente, en nuestra
opinión, abordan el Libro Blanco y una buena parte de las
conclusiones del Consejo.

En primer término, es necesario apoyar la economía productiva
mediante una reforma fiscal que favorezca el ahorro y la
inversión. En segundo lugar, es preciso hacer una combinación
estable y equilibrada de las políticas monetaria y fiscal. La
mezcla de ambas políticasen los últimos años ha sido
profundamente equivocada. No ha habido disciplina
presupuestaria y el gasto real del Estado en los últimos cinco
años ha excedido más de un 35 por ciento al presupuestado. En
tercer lugar, es urgente reformar el sector público, que ha
crecido aceleradamente y representa ya el 50 por ciento del
producto interior bruto; es imprescindible reducir su tamaño y
hacerlo más transparente y eficaz. En cuarto lugar, es
absolutamente imprescindible la liberalización del sector
servicios. El precio de los servicios en España aumenta a
ritmo muy superior al que aumenta en otros países, presiona la
inflación al alza y perjudica seriamente a nuestras empresas
industriales, que han de pagar unos precios más caros que sus
competidores extranjeros. Por último, y es algo en lo que
insiste particularmente el Libro Blanco, resulta
imprescindible mejorar los sistemas de educación, lo cual ya
se ve que para el año 1994 no va a ser posible, de formación e
innovación, así como la organización y la gestión empresarial.

Sólo así pueden cumplirse los cuatro requisitos que exigen las
orientaciones emanadas y acordadas en Bruselas, la
configuración de una economía sana, abierta, solidaria y
descentralizada. Señor Presidente, señorías, como señala el
Libro Blanco, nos corresponde vivir, sin duda, en un momento
especialmente difícil. Concluye para todos los países
desarrollados, y también para España, lo que se ha dado en
denominar la era industrial, un modelo de crecimiento al que
ya se están incorporando con ventajas otros países. Las
propias necesidades de España, la adaptación al mercado único
y a la competencia europea, el propio acuerdo de la Ronda
Uruguay que va a ser firmado hoy y la mayor liberalización
comercial que se ha conocido en la historia exigen un esfuerzo
sin precedentes a España y a la sociedad española. Todas esas
circunstancias nos sitúan en un momento en que las reformas
más importantes de nuestra economía, de nuestro aparato
productivo, están por hacer. Todas las reformas estructurales,
las más importantes, que necesita la economía española para
abordar esos procesos están pendientes y por hacer. También en
unos momentos en que el 38 por ciento de nuestra economía,
frente a nuestros competidores, está integrado por nuestro
comercio y nuestras posibilidades de comerciar. También en
unos momentos en que nuestra balanza comercial es la más
deficitaria de todos los países industrializados de la OCDE,
incluso ahora, cuando con motivo de las recesiones y de las
devaluaciones, han mejorado, excepto Estados Unidos. No basta
simplemente con decir que las cosas podrán mejorar o las cosas
mejorarán. Alguien ha dicho, a mi juicio con certeza, que,
literalmente, España, en el conjunto de estos tres factores,
se juega su futuro.




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Yo creo que, efectivamente, se abre para nosotros un período
lleno de posibilidades y también lleno de incertidumbres; un
período en el que, como señala el Libro Blanco, es necesario
salir con mucha decisión y con mucho coraje al encuentro de
las nuevas necesidades. Nuestro futuro reclama una política
económica centrada en la educación, en la investigación y en
el empleo y este período que abrimos, que se abre
inevitablemente y que yo creo que se va a abrir para bien,
este período por el que apostamos desde la confianza en la
nación y en los ciudadanos españoles, nos obliga a
interrogarnos si estamos mejor preparados hoy para ingresar en
esas nuevas fórmulas de producción, de competencia, en esas
nuevas fórmulas de convivencia y de
integración social que algunos llaman la sociedad de
información, que lo estuvimos cuando dimos el salto hace años
de la
agricultura a la industria. Quien aspire a crear empleo y
bienestar debe responder afirmativamente. Creo que estamos
mejor preparados, y si el siglo XIX contempló nuestro retraso
en el acceso a la industria, nada justificaría hoy que
llegásemos con retraso a las nuevas necesidades que nuestras
sociedades demandan y a los nuevos modelos que en el mundo se
producen.

Hoy, España muestra un rostro de recesión y de paro que a
nadie puede satisfacer. Nosotros no podemos renunciar a
intentar ganar el futuro de nuestro país ni tampoco delegar en
nadie el
compromiso que tenemos ante nuestros ciudadanos. Nadie vendrá
a remediar lo que no seamos capaces de hacer por nosotros
mismos. España será lo que seamos capaces de hacer aquí con
nuestro esfuerzo, con nuestra capacidad y con nuestra
decisión. Por eso creemos que es tarea de todos contribuir
desde nuestro papel, como legítimos representantes de la
nación y sin que importe el esfuerzo que haya que hacer,
porque lo que importa es la meta que hay que alcanzar para que
España no pierda esa oportunidad que tiene delante.

Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos del
Grupo Popular.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aznar.

Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Anguita.




El señor ANGUITA GONZALEZ: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, al comenzar mi intervención en nombre del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, quisiera demandar
del Presidente del Gobierno su predisposición a comparecer en
esta Cámara en sesión previa a las cumbres comunitarias. Y
demando de los demás grupos políticos apoyo explícito aquí,
hoy, en las intervenciones de los portavoces, a fin de que
esta demanda tenga mayor fuerza. Lo hago en base a unos
razonamientos claros y creo que contundentes.

La Unión Europea es ya una estructura consolidada, tiene unos
contenidos, unos plazos, unos ritmos, unas fases, unos
organismos, no es ya un lugar donde tienen un encuentro los
distintos gobiernos y, por tanto, esa estructura necesita que
antes de acontecimientos tan importantes como las cumbres
conozca el señor Presidente del Gobierno, en torno al orden
del día, cuál es la opinión de esta Cámara, a fin de que
después pueda
compararse lo que se ha dicho anteriormente con los resultados
obtenidos en dicha cumbre. Por tanto, esperamos respuesta del
señor Presidente del Gobierno.

Y entrando ya en materia, señorías, la cumbre de Bruselas
viene precedida el día 8 de diciembre por unas declaraciones
del señor Delors, nada menos que el Presidente de la Comisión
Europea. Permítanme que les lea algunos párrafos. Dice así el
señor Delors:
La primera fase de la Unión Económica y Monetaria ha
fracasado. Continúa: Pretendíamos avanzar en la convergencia y
en un sistema de cambios relativamente estable, y estamos
justo en la situación opuesta. Y sigue: Reforzar los poderes
del Instituto Monetario Europeo para que se facilite el camino
a los países más sanos económicamente que quieran adelantar la
creación de la moneda única. Dice el señor Presidente de la
Comisión Europea que la primera fase de la Unión Económica y
Monetaria ha fracasado. Vayamos a los textos, al Tratado de
Maastricht que tan
abrumadoramente aprobó esta Cámara. Dice que en la primera
fase, que se extiende desde julio de 1990 y que termina el 31
de diciembre de este año, tenían que haberse conseguido los
siguientes objetivos: el primero, la pertenencia de todos los
países al sistema monetario europeo. Ya tenemos dos monedas
fuera: la libra y la lira. La segunda condición: pertenencia a
la banda estrecha. Ya no hay banda estrecha, lo que hay ya es
un +15 o -15; prácticamente ya no hay nada. Y, en tercer lugar
--eso sí se ha cumplido--, la presentación ante la Comisión de
planes de convergencia. Pues bien, después de estas palabras
del señor Presidente de la Comisión, en las que en el tercer
párrafo que acabo de leer ya advierte de la posibilidad más
que real de que estamos ante una Europa de dos velocidades,
las conclusiones de la presidencia, en su página 22, son las
siguientes: De un modo general, el Consejo Europeo constata
con satisfacción que se reúnen todas las condiciones para
permitir un inicio efectivo de la segunda fase de la Unión
Económica y Monetaria en la fecha convenida, es decir, el 1 de
enero de 1994.

Señorías, yo le pregunto a esta Cámara, a los grupos
parlamentarios y a las señoras y señores Diputados de manera
individual: ¿no sienten SS.SS. que es una tomadura de pelo?
Esta Cámara aprobó el Tratado de Maastricht con unas fases, un
despliegue, por fechas y por contenidos, que están en las
palabras del Presidente de la Comisión, la constatación de la
realidad con el propio Tratado de Maastricht; y el Consejo,
reunido



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en Bruselas, asegura que hay condiciones para pasar a la
segunda fase. ¿Qué dicen SS.SS.? ¿Qué opinan los grupos
parlamentarios cuando han tenido que ratificar aquí un Tratado
que no se está cumpliendo en el desarrollo de sus fases? ¿Hay,
quizás, silencio? Pues si hay silencio, señorías, hay
silencios bastante responsables porque aquí está depositada la
soberanía nacional.

A partir de ahí, viene la segunda parte de mi exposición en
torno a la supervedette de la cumbre de Bruselas, el efímero
protagonista: el Libro Blanco. Hay antecedentes en torno al
Libro Blanco en cuanto a la capacidad de llamar la atención,
de distraer a la opinión pública para después acabar
absolutamente en nada. Recuerden SS.SS. todo aquello que se
montó en torno al paquete Delor-II, sin duda para olvidar las
dificultades de todo el debate de Maastricht en aquella época.

¿En qué acabó el paquete Delors II? Recuerden SS.SS. que al
filo de las cumbres de Birmingham y de Edimburgo, cuando
estaba pendiente todo el debate sobre el sistema monetario
europeo y las tensiones producidas en el mismo, aparece la
iniciativa de crecimiento. ¿En que quedó todo?
Pues ahora, en los momentos en que tenemos 11 millones de
parados en Europa, una crisis económica con componentes
clásicos pero con componentes nuevos y estructurales, aparece
el Libro Blanco. Y aparece el Libro Blanco, con un plan de
infraestructura,
aparentemente ambicioso, aparentemente modélico, prometiendo
crear 15 millones de empleos en pocos años. Se aprueba el
Libro Blanco en el Consejo pero la parte más importante, la
que demuestra si hay voluntad o no hay voluntad de llevar a
cabo una acción, que son los presupuestos, que es la
financiación, se deja para el lunes al Consejo de Ministros de
Economía y Finanzas, los cuales, después de un debate, llegan
a la conclusión de que se lo remiten a la Comisión para que en
marzo o en abril ésta lo vuelva a discutir, a fin de que que
se vea, no sabemos, siendo la Presidencia griega.

¿Qué queda? Nada, humo, propaganda, absolutamente nada,
distracción ante la opinión pública europea que, con las
primeras noticias de los 15 millones de empleo, con todo lo
que ha aparecido en los medios de comunicación como grandes
declaraciones --lo otro ya comienza a no percibirse con tal
fuerza--todavía piensa que estamos ante un prometedor cambio
de rumbo de la economía o, por lo menos, ante un prometedor
plan que permita crear empleos. Nada, absolutamente nada,
humo, totalmente humo.

Señorías, el resultado es que para la opinión pública el señor
Delors y su Libro Blanco, la Comisión son los responsables del
paro que hay en cada país, cuando realmente la situación de
paro en cada país obedece a los gobiernos respectivos y no se
puede imputar al Libro Blanco de Delors la responsabilidad de
resolver estos problemas, porque no solamente ha habido
financiación sino que el Libro Blanco se enfrentaba a una
serie de contradicciones que hacían imposible su cumplimiento.

Veamos unas cuantas, las contradicciones del Libro Blanco con
la situación económica y con las directrices de política
económica en el ámbito europeo.

El Libro Blanco, señoras y señores Diputados, choca
frontalmente, con su filosfía de fuerte inversión, con ciertos
parámetros de un ligero keynesianismo, con los contenidos de
política económica inspirados en el Fondo Monetario
Internacional. Porque en la medida en que se prioriza el que
no haya endeudamiento, tenemos aquí que el Libro Blanco cuando
habla de un 40 por ciento de financiación recurriendo al
endeudamiento, establece un
enfrentamiento de dos posiciones que hace inútil que ese Libro
Blanco pueda avanzar y, por tanto, se resalta más todavía que
el Libro Blanco haya sido o ha terminado siendo una operación
de pura propaganda. En segundo lugar, para poder llevar
políticas de este tipo hace falta un poder político unificado
que haga posible que las inversiones diseñadas y programadas
se realicen de acuerdo con un poder político que pueda decidir
la aplicación con las directrices técnicas y políticas
necesarias. Dicho de otra manera, cuando sabemos que se han
perdido 40.000 millones de pesetas en España, puesto que el
diseño y la realización de determinadas autovías chocaba con
la legislación comunitaria sobre medio ambiente, estamos
diciendo que la aplicación de unas infraestructuras, en cuanto
choca con un no poder político que se capaz de desarrollarlas
adecuadamente, produce estos vacíos y estas imposibilidades.

En tercer lugar, los criterios del Libro Blanco sobre
infraestructuras se llevan a ciertas operaciones, a propuestas
que desde luego no generan una gran cantidad de mano de obra,
de puestos de trabajo. Pero hay otras contradicciones en el
seno propio del Libro Blanco. Veamos las primeras. Señorías,
creo que el señor Presidente del Gobierno ha manifestado algo
en esta Cámara. Ya es sabido que para poder crear empleo hay
que tener un crecimiento del producto interior bruto superior
al 2,5 por ciento. Que ya con un 3 por ciento tampoco se puede
asimilar el 0,5 por ciento de crecimiento pasivo de la mano de
obra
disponible. Pues bien, cuando se llega a la conclusión, y está
ya plasmada en estudios, de que ni siquiera con este
crecimiento del 3 por ciento se producen puestos de trabajo,
¿a cuánto tenía que crecer el producto interior bruto para que
en pocos años se creasen 15 millones de empleos? Esto es un
cuento, simplemente humo, era prácticamente imposible, pero
durante diez días la opinión pública ha estado engolosinada en
ese Libro Blanco con la perspectiva de que era el remedio
universal para solucionar los problemas del paro. Pero veamos
las inversiones del Libro Blanco, inversiones que son
fundamentalmente proyectos



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con fuerte impacto territorial y ambiental y que generan menos
puestos de trabajo. Pero ese Libro Blanco, además, tiene algo
que me gustaría comentar ante SS.SS.: como es un producto de
la creación de imágenes y no es un producto serio, riguroso,
sino simplemente para salir del trance, por encargo que se le
ha hecho en la cumbre de Copenhague y mostrar imágenes de
pseudosalidas en positivo, incurre hasta en perversiones del
lenguaje, y habla, por ejemplo, de desarrollo sostenible.

Señorías, señoras y señores Diputados, por mucho que haya
vocablos con una gran capacidad de polisemia, desarrollo
sostenible quiere decir cosas muy claras: por ejemplo,
predominio de lo colectivo, de lo público, y el Libro Blanco
apuesta claramente por la iniciativa privada; significa
sistema fiscal solidario, y tenemos en el Libro Blanco
propuestas, avances de un sistema fiscal regresivo; significa
un sistema ecológico, fundamentado, de desarrollo en
armonización con los intereses de la propia naturaleza, y,
naturalmente, se rechaza en el Libro Blanco cualquier tipo de
impuesto ecológico; desarrollo
sostenible significa regulación y consideraciones ecológicas y
sociales, que están totalmente ausentes de este Libro Blanco,
y, naturalmente, significa medidas generalizadas del reparto
de empleo, y tengo que hacer aquí un paréntesis, única salida
posible contra el paro en estos momentos. Lo demás es crear,
cuando mucho, puestos de trabajo en precario, en situaciones
que atentan contra los contenidos de los propios derechos
humanos. No hay otra salida nada más que ésa. Eso está ausente
en el Libro Blanco. El desarrollo sostenible también significa
control democrático de parte del excedente y de las decisiones
empresariales (lo que aquí, en España, está originando nuestra
propuesta de creación del fondo obligatorio de inversiones) y
control democrático del sistema financiero.

¿Qué es aquello en lo que la cumbre de Bruselas se para
detenidamente, se toma en serio y no hace concesiones a la
galería? En lo único que interesa: la moderación salarial
cuando no la congelación salarial, los planes de ajuste y
bendecir las políticas salvajes de ajuste en detrimento de los
intereses de los trabajadores y de las capas populares. Ahí
hay unanimidad, lo ha dicho el señor Presidente del Gobierno.

Una rara
unanimidad, no hay concesiones a la galería, no hay Libro
Blanco, hay la frialdad de los números, de los datos, la
alusión a la competitividad, el nuevo Moloch, en aras del cual
se sacrifica todo lo que tenga que sacrificarse, y, a partir
de ahí, la cumbre de Bruselas toma contenidos que, en muchos
casos, ya vienen de los distintos Estados miembros, como es el
caso de España; nuestro Presidente del Gobierno ha sido el
abanderado, el paladín de estas políticas de fuerte contenido
antisocial.

¿Qué es? ¿A dónde se va así? A un creciente proceso de
«taiwanización» de nuestra sociedad, marcando diferencias, es
cierto, porque en el propio Libro Blanco y, después, en las
conclusiones se insinúa que hay una diferencia de tratamiento
de estas políticas de ajuste entre el norte y el sur de
Europa. Para el norte se pretende un recorte de prestaciones,
pero para el sur mayor flexibilidad, y esto indica ya un
desigual desarrollo, un desigual tratamiento que va a seguir
potenciando la diferencia entre el norte y el sur. Por tanto,
estamos ya ante una dualidad en el tratamiento, una dualidad
en torno a las consecuencias. Y, retomando las palabras y
denuncias del Presidente Delors, ante una Europa no solamente
dual sino a dos velocidades. Y, a partir de ahí, siguiendo el
Libro Blanco, siguiendo la filosofía que informa el comunicado
de la reunión de Jefes de Estado y
Presidentes de Gobierno, se aconseja que el incremento de los
salarios unitarios no debe pasar del 2 o el 3 por ciento.

Justamente la propuesta del señor Ministro Solbes en esta
Cámara cuando se debatió aquí ese pase de cinco billones de
pesetas hacia el sector empresarial en base a esquilmar a los
trabajadores. Justamente se recoge esto en el Libro Blanco. Me
gustaría que los señores Diputados y las señoras Diputadas
comparasen estas conclusiones con el Protocolo 14 de los
acuerdos de Maastricht que hablan de la política social y de
las
declaraciones de principios. Creo que SS.SS. deberían tomarse
un tiempo simplemente para encontrarse ante esta tremenda
paradoja. Sus señorías, que tan abrumadoramente apoyaron el
Tratado de Maastricht, debían de sentirse por lo menos
escandalizados al comparar el Protocolo 14 con los resultados
de la cumbre de Bruselas.

El señor Presidente del Gobierno afirmó aquí --de manera
fugaz, pero lo ha dicho--que se ha demostrado--venía a decir,
más o menos-- que la política del Gobierno era acertada,
puesto que se ve avalada por las decisiones de la cumbre de
Bruselas. Claro, cuando se pide al Soberano de España la
aportación al Libro Blanco --la hemos oído-- vemos que el
especial hincapié se hace en las cuestiones de política
social. Política social que se viene aplicando ya hace mucho
tiempo aquí en España, mucho antes de la cumbre de Bruselas y
que, en todo caso, lo que busca es el respaldo europeo para
poder decir: No podemos hacer otra cosa, es una cuestión
europea. No; esto es una cuestión española. Y a partir de ahí
entramos en otros aspectos de la cumbre de Bruselas, aunque a
juicio de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya éstos han
sido los aspectos centrales, fundamentales en cuanto a las
tremendas situaciones, a las consecuencias que van a tener
para las capas populares y en general para el pueblo español.

Hay una conferencia sobre el pacto de estabilidad. Nos parece
muy bien. A nuestro Grupo le parece muy bien que haya una
conferencia en la cual se hable de



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los nuevos problemas por los que atraviesa Europa, pero, desde
luego, ¿a qué tanta OTAN y tanta UEO si tenemos la Conferencia
de Seguridad y Cooperación Europea? ¿Por qué no la CESCE?
Tenemos ya el instrumento. ¿A qué inventarse la participación
de elementos que precisamente están originando debates y que
son en cierta medida extraños? ¿No tenemos el instrumento
netamente europeo? ¿Por qué la OTAN? ¿Por qué la UEO?
Estamos de acuerdo en ese apoyo a los acuerdos entre la OLP y
el Gobierno de Israel. No obstante, demandaríamos una cierta
presión sobre el Gobierno de Israel para cumplir los plazos de
retirada o, por lo menos, para avanzar más o con mayor ritmo
en la excarcelación de presos.

Hay un tema que quisiéramos colocar en la mesa como una
reflexión de cara a futuras cumbres y de cara a futuros
debates. Hace aproximadamente quince o veinte días el Ministro
alemán de Asuntos Exteriores anunció solemnemente que Alemania
estaba en condiciones de apoyar la independencia de la ex
Macedonia, República de Yugoslavia, lo que se conoce en Grecia
con el nombre de Skopia.

Señorías, es para echarse a temblar. El precipitado
reconocimiento sin contar con los demás países de la Comunidad
Europea, cosa que ya el señor Presidente de Gobierno denunció,
con tímidas palabras, pero denunció en esta Cámara, ha traído
y ha ayudado a originar ciertos problemas que hoy asolan
Europa. Si no una ayuda, por lo menos no ha sido un freno.

Pues bien, si hay un reconocimiento unilateral por parte de
Alemania sin que los órganos de la Comunidad Europea puedan
intervenir, estamos generando otro problema y nada menos que
en el momento en que va a tener la Presidencia de la Comunidad
el Gobierno griego, Grecia. Por tanto, cautela y prudencia. La
cautela y la prudencia que no se han tenido y ahora estamos
pagando las consecuencias; la improvisación, la alegría basada
en la propaganda y en la publicidad y no en el sosiego del
análisis ante los acontecimientos ocurridos en Rusia.

Señorías, con mucha tranquilidad, no se puede apoyar a un
golpista. Señorías, con mucha tranquilidad, el tránsito de una
economía a otra exige mayor precisión, mayor calma, mayor
ayuda; si no, después se llora. Y se llora porque la actividad
política internacional tiene que estar presidida por el
conocimiento histórico, el conocimiento exhaustivo de lo que
ha pasado y de lo que puede ocurrir y, sobre todo, teniendo
presente que un mundo que era bipolar no pasa sin daño, sin
trauma alguno a ser un mundo unipolar. Y sobre todo teniendo
en cuenta los problemas existentes en esa parte del mundo. Y
hoy hay una gran
preocupación, se ha sido demasiado alegre, porque esta
construcción europea hecha muchas veces, casi siempre, sin que
los pueblos intervengan --recordemos el debate habido aquí
sobre el referéndum--, a espaldas de lo que sienten los
pueblos, hecha muy cupularmente, con ese alejamiento de la
política, hace que el fantasma --ya no tan fantasma-- del
fascismo aparezca en Rusia, pero va a aparecer ya en el
Parlamento Europeo de la mano de Italia y quizá de otros
países, consecuencia de que esta propia construcción europea
se ha hecho sin consultar a los pueblos, muy cupularmente. La
lección debe servir para
reflexionar porque si no lo que es está creando, con el nombre
eufemístico de Unión Europea, es una zona de libre cambio,
punto, nada más, y a partir de ahí, cuando los problemas
surgen como consecuencia de ser solamente libre cambio, sin un
poder político que corrija los desequilibrios, las gentes, los
pueblos a veces toman el camino fácil, irracional y aberrante
de creer en soluciones que han sido condenadas por la
historia.




El señor PRESIDENTE: Señor Anguita, le ruego concluya.




El señor ANGUITA GONZALEZ: Estoy terminando, señor Presidente.

Rogaríamos, pediríamos, siguiendo el ejemplo de Gran Bretaña y
Dinamarca, que en la elección de los comisarios hubiese al
menos un debate previo en esta Cámara, en cualquier Comisión,
para que el Gobierno, en vista del debate, pudiera elegir con
mayor facultad y con mayor capacidad.

Esperamos que de los acontecimientos que están ocurriendo, de
la grave situación económica y sobre todo social haya un
momento de cordura, de reflexión, de rectificación en aquellas
cosas que se ve que han fracasado, porque si no vendremos
dentro de seis meses, o antes, a una nueva cumbre, esta vez
celebrada bajo la Presidencia griega, a repetir lo de siempre
y uno ya piensa que hasta dónde puede llegar la imaginación,
qué nuevo Libro Blanco se van a inventar entonces para
distraer los puntos de vista del respetable.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anguita.

Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el
señor Roca.




El señor ROCA I JUNYENT: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, para nuestro Grupo las conclusiones de esta última
reunión del Consejo Europeo de Bruselas, que como recordaba el
Presidente del Gobierno ha sido la primera reunión que se
produce desde la vigencia y entrada en vigor de la Unión
Europea, constituida a raíz del Tratado de Maastricht, tiene
una
valoración positiva, sobre todo y ante todo, por una razón.

Europa estaba pasando ciertamente una crisis de confianza en
sí misma. Europa ha tenido una imagen asociada durante muchos
años al crecimiento, al desarrollo y al bienestar y parecía
como si la historia se negase



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a asociar esta misma imagen de Europa a épocas de recesión, de
desempleo y de preocupación sobre el futuro del bienestar.

Afortunadamente Europa reacciona y asume su propia realidad,
su propia responsabilidad en seguir asegurando políticas
activas de crecimiento que puedan traducirse en crecimiento
del empleo y que puedan asegurar altas cotas de bienestar a
nuestros conciudadanos, asume este reto y con ello recupera --
yo creo--la imagen de una Europa interesante para los
ciudadanos.

A la etapa ya remota del eurooptimismo y a la etapa, no tan
remota del europesimismo había seguido últimamente lo que
algunos calificaban como el eurodesconcierto. Y yo creo que
ahora, en esta necesidad de calificar los momentos de Europa,
estamos en un nuevo momento, en el de la euronecesidad. Los
ciudadanos europeos descubren que necesitan Europa. ¿Qué sería
de los países comunitarios en este momento, ante la grave
coyuntura
internacional en términos económicos, en términos políticos?
¿Qué sería de los ciudadanos europeos ante esta recesión
económica si la Comunidad y la Unión Europea no existieran?
Nos encontraríamos en mucho peores condiciones para hacer
frente a la crisis.

Por tanto, pienso que este momento es una buena ocasión para
hacer una renovación de nuestra fe europeísta. Ahora que no
está de moda, a nuestro Grupo le gusta hacerlo; en este
momento nos gusta poder decir: ahora se está demostrando que
Europa es un proyecto necesario, útil, diligente para
construir el futuro de nuestros conciudadanos. Para hacer
frente a la crisis, Europa vuelve a ser un proyecto necesario.

Fue un proyecto bueno para administrar el crecimiento y es un
proyecto absolutamente imprescindible para superar la crisis.

Primera valoración positiva, valoración que se hace desde una
fe y una convicción europeísta, avalada en esta ocasión por
esto que hemos definido como la necesidad de que el proyecto
europeo pueda dar eficaz respuesta a la situación de crisis
que estamos atravesando.

En una segunda consideración sobre la importancia de estas
decisiones adoptadas en el Consejo Europeo, en el frontispicio
de la misma, hay una declaración que se contiene en las
conclusiones que a nosotros nos gusta recordar en este
momento: No hay un remedio milagroso contra el desempleo, pero
tampoco cabe la resignación; es preciso actuar, y nuestra
respuesta será más eficaz si es común. En poco espacio de
tiempo no se podía decir más ante una situación de crisis que
necesita que no nos resignemos frente a la misma, pero que
hagamos una advertencia seria, responsable a nuestros
ciudadanos de que frente a esta situación no existen remedios
milagrosos. Los que esperen cambios en tres, cuatro o cinco
meses que puedan definir escenarios muy distintos no es que se
equivoquen, es que, en todo caso, están pura y simplemente
instalados en la línea de un verbalismo voluntarista que no
nos conducirá a nada. Nunca el progreso se ha construido desde
el simple verbalismo; el progreso se ha construido siempre
desde la asunción de una realidad para operar en la misma
transformándola, es decir, invitando a todos a no resignarse,
pero no discutiendo la realidad, y la realidad hoy es la que
es.

Algunas opiniones no vertidas exactamente hoy aquí, pero que
se han oído estos días, se refieren a Europa, en un intento un
tanto descalificatorio, diciendo: la Europa de derechas. No sé
si Europa es la Europa de las derechas, lo que sé seguro es
que es la única zona del mundo en la que existe una
posibilidad de progreso. Hoy el paraíso de progreso para
muchas zonas del mundo es Europa y es seguro que no existe
ningún otro punto de
referencia, a no ser que se considere menos de derechas la
opción de Estados Unidos o el Japón. Si no es eso, hoy Europa
es el escenario de más progreso que hay en el mundo; por eso
yo coincido con el señor Anguita cuando decía que luego hay
quienes se equivocan y eligen el camino aberrante de opciones
que han sido condenadas por la historia. Espero que nadie lo
vuelva a repetir en España.

Dicho esto, hay que ver la importancia que tienen las
decisiones. El Libro Blanco, cuya valoración tenía que ser
positiva,
precisaba, no obstante, una traducción a medio y corto plazo.

Necesitábamos que fuera traducido en un conjunto de propuestas
operativas para que no se quedara en una mera formulación de
diagnósticos. Por eso hay una primera invitación que nuestro
Grupo formula a la Cámara y muy concretamente al Gobierno:
entendemos que sería muy positivo que este plan de acción a
corto y medio plazo que se deriva del Libro Blanco de la
Comisión pudiera ser debatido en la Comisión Mixta para las
Comunidades Europeas, a los efectos de que los representantes
del Gobierno pudieran comparecer y, de esta manera, establecer
un debate del que surgieran propuestas de resolución que nos
permitieran adaptar a España lo que podemos hacer en relación
a estas propuestas a medio y corto plazo. Es decir, no
rechazamos en modo alguno que la acción común europea sea el
marco idóneo para hacer frente a la crisis económica, pero
también es cierto que aquí debemos hacer el esfuerzo para ver
en qué medida estas acciones propuestas pueden adaptarse a la
realidad económica del momento español.

En una segunda cuestión, también sería bueno --según entiende
nuestro Grupo parlamentario-- que, en relación con las
acciones específicas a nivel comunitario que se han de
establecer y haciendo referencia a las que se mencionan sobre
la plena utilización del mercado interior, propongamos que por
la
Secretaría de Estado para las Comunidades Europeas se presente
en esta Cámara un informe que contenga, en primer término, el
programa del Gobierno para la transposición íntegra de la
normativa comunitaria al Derecho



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español y una segunda, que es la propuesta para simplificar y
aligerar dicha normativa de acuerdo con el principio de
subsidiariedad, tal y como sugieren las conclusiones del
propio Consejo Europeo.

Asimismo, en la línea, diríamos, de ejecución, de desarrollo
de los acuerdos alcanzados en el Consejo, a nuestro Grupo le
gustaría que en relación a las redes transeuropeas en el
ámbito de los transportes y la energía, el medio ambiente, así
como de las infraestructuras en el ámbito de la información,
por parte del Ministerio de Obras Públicas se proceda a
presentar ante esta Cámara un documento que recoja las
propuestas y actuaciones que debe formular España ante las
instituciones comunitarias, así como los programas de
inversión que se integren en las
mencionadas redes de actuaciones comunitarias, y que deberán
ser objeto de selección por el Consejo Europeo, de acuerdo,
asimismo, con las conclusiones aprobadas en Bruselas.

Creo que con este esfuerzo de adaptación de lo que han sido
las conclusiones del Consejo a nuestra realidad interna,
daremos un paso muy positivo en la línea de instrumentar en
España
mecanismos más eficaces para hacer frente a la crisis. Existe
un debate, que puede ser teórico, sobre si las conclusiones
del Consejo vienen de hecho a avalar o no la actuación
emprendida por el Gobierno desde la reforma del mercado
laboral o en algunos aspectos de la política presupuestaria.

Es un debate teórico, pero, en todo caso, lo que sí es cierto
es que podríamos
concluir, deberíamos concluir --y esto es bueno que llegue a
la opinión pública del conjunto de España--que se está
trabajando en una línea, que es la línea que Europa propone,
estamos avanzando en la línea que Europa nos propone. ¿Una
línea que debe ser mejorada? Puede ser. ¿Una línea que debe
ser profundizada? Seguramente. ¿Una línea que debe ser
complementada? Tanto mejor, pero estamos avanzando en la línea
que de manera unánime los países comunitario han señalado a
cada uno de nuestros países --y en este caso a España-- como
horizonte de referencia para hacer frente a la lucha contra el
desempleo y contra la crisis.

Otro aspecto que quisiera señalar, señor Presidente, es que
hoy, como se ha comentado, puede ser un día histórico si
realmente la Ronda Uruguay del GATT ha alcanzado un acuerdo.

Para ser sincero, saludaremos con satisfacción --fíjese en el
plural-- este acuerdo cuando lo conozcamos en detalle. Parece
que es bueno, parece que es un acto muy importante para el
progreso futuro y para lo que puede representar el incremento
del comercio en todo el mundo, pero no debe extrañarle,
conocidas nuestras posiciones, que queramos manifestar nuestra
exaltación con un poco más de conocimiento, porque seguro que
es positivo este acuerdo, pero deberíamos saber en qué medida
exacta Europa debe poder
complementar medidas internas que compensen sacrificios que se
pidan más a unos que a otros, porque puede darse esta
situación. Y si leemos que Portugal está planteando a la
Comunidad la adoptación de medidas que compensen el enorme
sacrificio que pueda representar un posible defectuoso acuerdo
en el campo del textil, pudiera ser que alguna cosa también
tuviéramos que decir en este campo desde España, o en otros
campos, porque ciertamente hay una filosofía que nosotros no
podríamos compartir, y es que la competitividad descanse en el
hecho de ser pobres. La
competitividad descansa, en todo caso, en la calidad, descansa
en altas cotas de progreso incorporadas a lo que puede
representar desde el punto de vista de incremento del comercio
internacional para las economías de los terceros países, pero
debemos vigilar muy de cerca que una parte muy importante de
este incremento va a traducirse en estos propios países en la
mejora de sus costes sociales, porque de lo contrario, quizá,
estaríamos no protegiendo, sino desprotegiendo los derechos
propios de los países comunitarios. Vigilaremos con entusiasmo
el acuerdo y lo celebraremos; sabemos que es un paso
importante, pero debemos dejarnos de complejos y aceptar ya
que los grandes acuerdos históricos pueden ir acompañados y
vigilados por una actitud tutelar que vigile exactamente las
consecuencias internas de esos propios acuerdos.

Señor Presidente, no quisiera terminar mi intervención sobre
esta reunión de Bruselas sin señalar el pleno apoyo de nuestro
grupo a la posición mantenida por el Gobierno español en lo
que hace referencia al Tratado de Cooperación en el ámbito de
justicia y muy concretamente en lo que concierne al derecho de
asilo. Evidentemente, plantear que unos países comunitarios
han sido capaces de constituir la Unión Europea y que entre
ellos puedan existir valoraciones distintas sobre lo que cada
uno de ellos ejerce en el campo de la protección de los
derechos humanos, es poner en cuestión la propia esencia del
Tratado. Por tanto, no es España quien debe reconsiderar su
posición, sino algún otro país, porque quizá se equivocó al
suscribir con nosotros un acuerdo de esta naturaleza; en todo
caso, es a ellos a quienes les corresponde rectificar. Sería
muy malo para España que en este momento existiera entre
nosotros cualquier tipo de inflexión en este campo; hay aquí
una intransigencia que es la
intransigencia no únicamente del derecho, no únicamente de lo
que corresponde en función de los tratados internacionales,
sino la de que en el campo de la legitimidad democrática,
afortunadamente para España, ya no estamos en condiciones de
recibir lecciones de nadie.

Nada más. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Roca.

Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Anasagasti.




El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señor Presidente, señoría, la
cumbre europea que hoy analizamos ha



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tenido para nuestro Grupo Parlamentario un final extraño,
desde el punto de vista práctico, aunque se hayan dado
sustanciales pasos para abordar en serio la situación de
crisis económica y desánimo general que la trababa. A nuestro
juicio, ha sido un acierto que se haya aprobado el Plan
Delors, pero también es cierto que se le niega el presupuesto
necesario para llevarlo a cabo, y haberlo desechado hubiese
significado un desaire
inaceptable para el Presidente de la Comisión, una especie de
moción de censura, pero, asimismo, no dotarle del sustento
financiero que requieren las medidas previstas en el mismo
equivale simplemente a convertirlo en un documento difícil de
cumplir. Si los máximos líderes políticos del Continente no
han sido capaces de encontrar los fondos necesarios o no han
visto de forma clara la necesidad de hacerlo, remitiendo la
cuestión a los instrumentos actuales, tampoco lo serán los
ministros que forman el Consejo de Economía, que recibe ahora
el encargo de buscar una fórmula de compromiso. Y no creemos
que lo puedan lograr, por la sencilla razón de que todos los
Ministros del Ecofin están tratanto de cuadrar sus propias
cuentas y de poner freno a unos déficit desbocados. No es, por
tanto, el mejor momento para pedirles esfuerzos financieros ni
grandes alardes de solidaridad.

Sin embargo, es justo reconocer que el plan es ambicioso en
sus objetivos, pues pretende crear nada menos que 15 millones
de empleos hasta el año 2000, y relativamente original en sus
instrumentos; los ocho mil millones de ecus anuales que se
pedían, y que no se han concedido, estarían destinados a
financiar grandes obras de infraestructura paneuropea. Pero si
los Doce dieron su visto bueno al libro blanco sobre la
competitividad y el empleo de Jacques Delors, metieron el
freno a todo lo que representa gastos adicionales, a lo ya
contemplado en las perspectivas financieras 94-99 y en la
iniciativa
económica de crecimiento para no entorpecer más aún el ya de
por sí difícil saneamiento de las finanzas públicas de la
Unión, seriamente afectadas por déficit públicos monstruosos.

Sin embargo, como siempre sucede en la permanentemente
inacabada historia de la Europa unida, los Doce no han
descartado por completo la apelación a mecanismos financieros
excepcionales si las circunstancias así lo recomiendan. Se
aportará una
financiación complementaria --dice el documento de
conclusiones--, después de consagrar como únicamente
abordables las líneas de gasto ya previstas en la iniciativa
económica de crecimiento y en los fondos estructurales de la
Unión Europa, siempre que sea necesario para garantizar que
los proyectos prioritarios no se enfrenten a obstáculos
financieros que comprometan su
realización, dice el Libro Blanco.

Y, por otra parte, desviar el análisis del programa de
inversiones en infraestructuras y redes transeuropeas hacia el
Consejo de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin),
tendría para el futuro del plan un augurio incierto. Si se
hubiera responsabilizado a los consejos sectoriales la
realización de este Libro Blanco, hoy no se tendría disponible
el documento. Y es que existe el precedente de la iniciativa
europea de crecimiento. Dicha iniciativa no ha sido plenamente
desarrollada aún, a pesar de haber sido programada para el
bienio actual, porque el Ecofin ha puesto trabas de manera
sistemática a varios de sus contenidos --la bonificación de
créditos para las Pymes, por ejemplo--, o porque los
parlamentos de los Estados miembros no han ratificado aún la
reforma de los Estatutos del Banco Europeo de Inversiones para
que éste pueda gestionar el Fondo Europeo de Inversiones
creado por la Cumbre de Edimburgo precisamente para favorecer
programas de gasto generadores de empleo a través de la
realización de grandes infraestructuras.

Sin embargo, el Consejo dio garantías a Francia de que
obtendría compensaciones en el caso de que el acuerdo sobre
aranceles tenga un impacto negativo sobre el sector agrícola
de este país, y quizás un apunte sobre la negociación del
GATT. Sin embargo --y algo que nos afecta directamente--, la
Comisión Europea abordó el pasado viernes la propuesta de TAC
(totales admisibles de captura y cuotas pesqueras para los
Estados miembros durante 1994), que los ministros responsables
del ramo habrán de discutir junto con otros temas de
importancia mayor para España, como la pervivencia del régimen
de volantas más allá del año en curso o el fin del período
transitorio en la adaptación de los dos países ibéricos a la
política azul de la Unión Europea.

No tenemos información directa sobre este Consejo, pero
creemos que la propuesta del ejecutivo comunitario es
restrictiva para nuestros intereses.

Otro asunto de interés tras la Cumbre de Bruselas, a nuestro
juicio, es que sigue sin abordarse en profundidad, y quizás
haya que dejarlo para 1996, el método de funcionamiento
comunitario. La ampliación de la Comunidad a los países de la
EFTA, si ésta llega a producirse, harán casi imposibles
futuros consejos, de no ser que se vaya a un ejecutivo
comunitario. La Comisión y el Parlamento de la Unión Europea
observarán incrementos lineales en el número de personas. El
ejecutivo comunitario pasará a tener veintiún comisarios y los
grandes de la Unión, desde el punto de vista demográfico,
continuarán contando con dos asientos en el Gobierno, y la
verdad es que no sabemos cómo un Consejo de Doce, más la
posible ampliación, pueda funcionar con agilidad y capacidad
para abordar con rapidez los mil problemas de una Europa que
se va asentando, mucho más si todavía no se han puesto los
actuales Estados miembros de acuerdo sobre la llamada minoría
de bloqueo.

Por otra parte, la delegación española ha obtenido
satisfacción en relación con el problema de los presuntos



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terroristas liberados por la justicia belga y es preciso notar
una vez más, aunque en esta ocasión con mayor claridad si
cabe, que el proceso de integración europea provoca la
necesidad de que los Estados miembros incluso modifiquen su
ordenamiento interno constitucional. Este caso puede
representar mayor interés porque en casos anteriores cada
Estado procedía a la modificación de la legislación o de su
carta magna según su criterio, y recordamos las diferencias
entre España, Alemania o Bélgica respecto a las regiones con
la entrada en vigor del Tratado de Maastricht. Por el
contrario, en este momento un texto de política de compromiso,
conclusiones de la Presidencia, hace un llamamiento implícito
a un Estado, a Bélgica, para que modifique su Constitución en
torno a un asunto que constituye uno de los principios
fundamentales de la propia Unión Europea: la democracia y el
Estado de Derecho. Finalmente, un apunte sobre algo decidido
en la última Cumbre extraordinaria, y es lo relativo a las
sedes comunitarias de las propias agencias comunitarias. La
semana posterior a que usted informara sobre aquella reunión,
el Consejo de Ministros español acordó que Alicante y Bilbao
fueran las ciudades elegidas para las dos agencias
comunitarias que le correspondían al Estado español. Nosotros
agradecimos, tanto pública como privadamente, tales
designaciones. No las esperábamos y lo consideramos un gesto
de alto valor político que volvemos a agradecer en lo que nos
toque por cercanía, simplemente por eso.

Sin embargo, en lo referente a la Agencia para la Salud e
Higiene en el Trabajo, no ha habido, a nuestro juicio, una
buena
información al respecto posterior a aquella decisión. Hicimos
una pregunta oral al Gobierno, que fue contestada por el
Ministro de Trabajo, a nuestro juicio de forma algo desabrida,
y creemos que ése no es el mejor procedimiento para involucrar
a los agentes en algo que es una magnífica noticia. Se nos
remitió a decisiones bajo presidencia griega, al marco
jurídico y al reglamento y, siendo esto correcto, nos parece
que sigue faltando información y que tales cuestiones se están
llevando con opacidad y como si fuera un negociado particular
de la burocracia comunitaria, en lugar de tratar de incorporar
a mucha gente en algo que directa o indirectamente les va a
influir, aunque sea una agencia comunitaria y, por tanto,
dependiente de la Unión Europea y no de una comunidad
autónoma, y eso lo tenemos muy claro. Pero si deseamos que
Europa no sea una entelequia lejana, la
transparencia, el esfuerzo de información, el tratar de dar
cuenta de forma continua de las decisiones nos parece
fundamental y es algo que, a nuestro juicio, no se está
haciendo en este caso, aunque volvamos a insistir en el
reconocimiento por la decisión tomada por el Consejo de
Ministros.

Finalizo. Históricamente no se puede decir que la construcción
europea haya sido un movimiento popular. La idea de la
unificación europea como tal no fue compartida más que en
estrechos círculos intelectuales o de intereses. En el impulso
inicial, ampliamente inspirado por Jean Monnet, la voluntad
popular no fue considerada como un factor inmediato de la
política de integración. Quizás era considerada en parte como
adquirida. Los europeos, habiendo sufrido la experiencia de
sangrientas divisiones europeas, de guerras, tenían un deseo
angustioso de paz duradera, lo que suponía una reconciliación,
pero la voluntad popular era en parte considerada como
accesoria y la integración económica debería conducir
automáticamente a la unificación política, y eso es lo que se
creía hasta que en el último año, marcado por la irrupción
imprevista de las opiniones públicas en la construcción
europea con ocasión de la
ratificación del Tratado de Maastricht, el 2 de junio de 1992
el grano de arena danés comenzó a poner en cuestión una manera
de hacer Europa. Por una parte, finalizaba una forma de hacer
Europa sin el asentimiento de los ciudadanos, es decir, sin
convencerles, tras un verdadero debate democrático, sobre los
objetivos y el sentido mismo de la construcción europea y, por
otra parte, no se puede hacer una Europa lejos de los
ciudadanos, en circuito cerrado, entre técnicos y diplomáticos
tras puertas cerradas. Tras esta cumbre, intermedia a nuestro
juicio, seguimos con la misma inquietud de si puede hacerse
una Unión Europea siguiendo con este procedimiento
intergubernamental tan sólido que avanza con tanta lentitud
hacia la Europa federal frente a los problemas y desafíos
actuales y sin que haya un
funcionamiento realmente político implicando a los pueblos y a
sus representantes elegidos de forma directa. Primero hay que
hacer, a nuestro juicio, la Europa política, y no hay más que
mirar a Bosnia para ver el desastre de la actual política en
ese campo.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anasagasti.

Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, señor
Presidente del Gobierno, al inicio de este debate informativo,
ya normal y desde hace varios años semestral, de rendir
cuentas y hacer un análisis de resultados de los acuerdos y
conclusiones del Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno de
la Unión Europea --ya hoy lo podemos decir felizmente--, para
Coalición Canaria se plantean dos puntos de observación y de
valoración: uno general de responsabilidad de política de
Estado, que es venir a denominar este Consejo de Bruselas
celebrado los pasados días 10 y 11 como el Consejo del
análisis del Libro Blanco.




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Creo que el Presidente de la Comisión, señor Delors, ha
prestado un gran servicio a la Unión Europea presentando un
documento, con todos los aspectos críticos que se quieran
hacer, empezando por la premura del tiempo, aunque ya se
habían quejado --y usted lo sabe, señor Presidente-- los
ministros de Economía y de Hacienda, no en el Ecofin, sino
días antes, por no tener tiempo material de analizar un
documento tan importante como éste.

Quiero centrar este primer análisis de valoración dentro de
ese documento, por las repercusiones que va a tener,
fundamentalmente en el sector hortofrutícola español y
concretamente en el canario, así como en las medidas de la
competitividad y el aprovechamiento del mercado interior. Creo
que es muy importante que el Libro Blanco haya recogido este
punto de reflexión. La segunda cuestión, que nosotros queremos
valorar positivamente, del orden del día de este Consejo es
precisamente, dentro de todos los puntos que usted ha citado y
que conocemos por el informe, pero obvio por razones de
tiempo, es el análisis de la aplicación del Tratado de la
Unión o de las cuestiones relativas a justicia e interior,
sobre las que quiero sumarme a la posición española con
respecto a Bélgica en las cuestiones de asilo y extradición,
por lo que ha ocurrido. Secundamos y apoyamos esta política
para hacer creíble --y lo vuelvo a resaltar--, creíble entre
los socios de la Unión Europea que esa política interior y de
justicia tiene los principios de solidaridad y de
corresponsabilidad internos. Me parece que Bélgica no ha dado
un ejemplo en esta medida.

Por tanto, mi valoración va a ser sobre el capítulo de
política exterior y de seguridad. No puedo dejar de mencionar,
aunque sea brevemente, que considero un acierto que, con el
apoyo de los países que lo han suscrito, el pacto de
estabilidad en Europa trate de hacer una prevención de algo
que ya está, no en el horizonte, sino en las puertas, que es
la antigua Europa del Este y estos países que pueden producir
una distorsión en todos los órdenes, políticos, laborales,
económicos, sociológicos, con todas las implicaciones de
fórmulas que Europa ya creía olvidadas en la noche de los
fascismos o de los regímenes que conculcan los derechos
humanos.

Por tanto, la conferencia que se anuncia para abril en París
sobre un pacto de estabilidad en Europa la consideramos
imprescindible y un acierto el que ha tenido el Consejo para
prevenir un peligro en puertas.

Vuelvo, por tanto, a hacer la valoración del Libro Blanco
sobre crecimiento, competitividad y empleo, que, curiosamente,
en el ejemplar que dispongo, el señor Delors, o quien haya
sido, ha puesto un subtítulo bastante indicativo: retos y
pistas para entrar en el siglo XXI. Muy adecuado. Porque si no
nos proponemos entrar en el siglo XXI con unas condiciones de
credibilidad en el proceso europeo que genera el Tratado de
Maastricht y de la Unión Europea, que los ciudadanos no se nos
vuelvan
euroescépticos ni eurosensibles a cuestiones negativas y que
produzcan eurorrechazo en los ciudadanos, sea cual sea la
valoración política que los parlamentos, los gobiernos de la
Unión Europea y los partidos políticos de la misma hagan, hay
que trasladar al ciudadano normal, al sindicato y al
empresario que hay una Europa tangible, que, al margen de
cuestiones puramente de enunciado político son tangibles en la
mejora de la calidad de vida, de la creación de puestos de
trabajo, de la seguridad en el empleo, de la seguridad en el
Estado del bienestar. Si no, fracasaríamos como clase
política, por mucha seguridad que diéramos al marco de
convivencia política de la Unión Europea.

Quería valorar, como le he dicho al principio, señor
Presidente, para llegar a su ánimo y sensibilidad, utilizar al
máximo las posibilidades de la Carta de la Unión Europea. En
el documento de competitividad se nos hace un llamamiento para
aprovechar al máximo las posibilidades del mercado interior;
se dice también a los presidentes de nuestros gobiernos:
aprovechen ustedes todas las oportunidades para llevar al foro
comunitario de la Unión europea ese principio. Y ¿cuál es?
Tengo que decir que me sumo a la atinada propuesta que ha
hecho el portavoz del Grupo Catalán de Convergència i Unió, el
señor Roca, de que en el seno de la Comisión Mixta Congreso-
Senado --y aquí están sus dos
presidentes, el titular Presidente de esta Cámara y el
ejecutivo, en este momento, señor Oreja-- tengamos el Libro
Blanco como un punto de estudio, análisis y referencia para
que, con las comparecencias que procedan, se cree una
conciencia política entre partidos de esta Cámara y
representantes de la
Administración del Gobierno y que negocien en Bruselas para
llevar ese mensaje que tiene que ser extraído del Libro Blanco
y, sobre todo, en los aspectos de la competitividad.

Señor Presidente, cuando se han hecho no solamente los
enunciados que ahora repasaré, sino el que usted ha hecho al
principio de su intervención, que he copiado literalmente,
que, con respecto al capítulo agrícola, el Consejo se ha
comprometido a estudiar medidas complementarias de reforma de
la política agrícola común, la PAC, y hacerla compatible con
los acuerdos del GATT, con inclusión de los productos
agrícolas mediterráneos
hortofrutícolas, quiero insistirle, señor Presidente, que eso
lo clave en su agenda, porque en estos sectores está,
precisamente, el mantenimiento y la creación de competitividad
y de puestos de trabajo en España. Si no, terminaríamos aquí
hablando de
entelequias de dónde se crean los puestos de trabajo. Porque
una gran parte del Documento Delors, en cuanto a la
competitividad, en lo que me ha dado tiempo a estudiar y a
analizar, está, a mi juicio, excesivamente sesgado hacia la
industria y se olvida del sector primario, en el que países
como España, Francia o Italia creo que tienen



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algo muy importante que decir en cuanto a la generación de
puestos de trabajo y su mantenimiento en el sector agrícola y,
concretamente, de los productos mediterráneos.

Cuando, en las conclusiones de la Presidencia del Consejo que
ustedes acaban de celebrar, se habla de una política a favor
del empleo y acciones específicas de acompañamiento que deben
llevarse a cabo a nivel comunitario, de los acuerdos de esa
comisión mixta que propone el señor Roca atinadamente deben
salir todas nuestras iniciativas de acciones y políticas
específicas de acompañamiento que, a nivel comunitario,
ustedes llevarán, pero que afectarán a la economía española en
cualquiera de sus sectores y subsectores que generen
productividad y, sobre todo, empleo; no se puede hacer un
discurso puramente teórico, como han pretendido otros.

Si nosotros hablamos de una economía abierta, como ustedes han
acordado en las conclusiones, y de acabar con determinadas
prácticas de competencia desleal, entiendo, señor Presidente,
que hay que traducirlo en prácticas de competencia desleal no
solamente dentro de los socios de la Unión Europea, sino,
cuando se trata de hacer una economía abierta, con terceros
países, que, sobre todo en el sector hortofrutícola, nos
hacen, queriéndolo o no queriéndolo, una competencia desleal,
porque introducen, precisamente, el componente del coste
salarial de la mano de obra en obtener para sus productos unos
precios, no digo ya
competitivos, hago la otra lectura, ruinosos para la
agricultura, para la industria, para los servicios de la Unión
Europea. Usted verá, señor Presidente, porque no se le ocultan
las razones de la orientación de la brújula de mi discurso,
que, en gran medida, estoy hablando de productos
hortofrutícolas, como es el caso del tomate mediterráneo y
canario, de la competencia del Magreb, de Marruecos
actualmente, presente en los mercados, a lo que dedicaré la
última parte de mi intervención, para llevarle a usted una
reflexión.

Pues bien, cuando en el documento se habla de las conclusiones
de la Presidencia, de buscar una economía solidaria, con la
creación de puestos de trabajo que ofrecen las pequeñas y
medianas empresas, habría que decir que la caridad bien
entendida empieza por uno mismo. Porque aquí no vamos a tener
que competir sólo --como dice el Libro Blanco, con unos
gráficos
verdaderamente espectaculares-- con las tasas de desempleo,
población activa, o renta entre Estados Unidos, Japón y la
Unión Europea, sino con esos otros terceros países a los
cuales la Ronda Uruguay, el GATT nos puede poner en una
situación
tremendamente difícil. Y me vuelvo a sumar a la propuesta del
señor Roca. Por ejemplo, si Portugal obtiene en el sector
textil unas determinadas condiciones de bondad, efecto
colchón, porque hay que hacer una solidaridad interna,
respecto a aquellos otros sectores de la economía española que
tuvieran que ser objeto de una reconsideración especial en el
seno de una política agrícola, común en este caso, reformada,
hágase también desde este punto de vista de garantizar los
puestos de trabajo; no se entre solamente en una cuestión de
precios, de competitividad, sino en la capacidad que tiene el
sector o el subsector de generar y de mantener puestos de
trabajo en este momento. (El señor
Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia)
Por tanto, con las acciones específicas, que se han señalado
en el documento que ustedes han aprobado, de plena utilización
del mercado único y de aprovechar al máximo las posibilidades
del mercado interior, yo le sugiero, señor Presidente, una de
esas medidas, como puede ser las repercusiones del mercado
interior sobre el crecimiento, la competitividad y el empleo,
el apoyo al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas
para garantizar un mercado interior plenamente eficaz, que se
las proteja fundamentalmente también frente a terceros, pero
que esto sea una conciencia de la propia Unión Europea y sobre
todo de los comisarios, españoles o no, que forman parte del
equipo directivo que preside el señor Delors. Se está hablando
de renovar el acuerdo de cooperación de la Unión Europea con
Marruecos, el propio Comisario español, señor Marín, y esto ya
casi lo han parado, afortunadamente, los ministros de Asuntos
Exteriores, entre ellos el señor Solana, el pasado día 6 de
diciembre, en la reunión que han mantenido, para que la
renegociación de un nuevo acuerdo de cooperación con Marruecos
se haga sin detrimento de los derechos primordiales de los
socios comunitarios y,
precisamente, en sectores sensibles, como pueden ser la
agricultura y la pesca.

Vamos a alejarnos de hablar de un acuerdo euromagrebí de
asociación. El problema no es con el Magreb, en estos aspectos
concretos; es con el mandato que se dio a Marruecos. ¿Y qué ha
ocurrido? Pues, señor Presidente, y esto es lo que quiero
hacer llegar a su ánimo, que alguien ha hecho una dejación
frente a una excesiva manga ancha de Bruselas en autorizar la
entrada, por ejemplo, en el caso presente, del tomate marroquí
en Europa. ¿y qué ha llevado eso? Que, en las últimas semanas,
las
exportaciones marroquíes se han incrementado, respecto al año
pasado, cerca de un 55 por ciento. Los precios del tomate
español, y considerablemente el canario, se han derrumbado. Y
eso puede repercutir, va a repercutir y está repercutiendo, en
una creación de mano de obra --por ser tremendamente manual su
recogida, no es mecanizable-- que precisamente, en estos
momentos, en España es prioritaria. Y alguien tendrá que decir
a Marruecos que no aumente las plantaciones en Agadir, con los
salarios que paga allí, con el costo de las materias primas y
del agua que emplea, porque entonces el principio de
competitividad que señala el Libro Blanco es imposible de
cumplir. El principio de competitividad es bueno internamente
en



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el seno de la Unión Europea, en sus empresas y en sus
actividades, incluidas las agrícolas. Porque nuestros
empresarios agrícolas dirán: Compitamos con los empresarios
franceses o italianos en productos mediterráneos, pero no me
haga usted competir con quien tiene esas reglas laborales y
costes de mano de obra y materias primas y que se ven
generosamente atendidos por no se qué comisario en Bruselas o
qué manga ancha de Bruselas. Quiero estimular el apoyo, al
menos en las declaraciones que conozco, de los ministros de
Asuntos Exteriores español y francés; han dicho, en la
Comisión, que despacio, que prudencia, que eviten proponer
nuevas concesiones marroquíes, porque eso iría en detrimento
no solamente del sector español, sino del propio principio del
Libro Blanco en cuanto a la agricultura y a la competitividad.

Y este capítulo que estoy comentando es de los que me parecen
más afortunados de la redacción del Libro Blanco.

Es un magnífico decálogo de principios para atender una
política sobre la productividad y el empleo, aprovechar
nuestros propios recursos jurídicos de mercado de población y
de
tecnología. Hay una frase que considero también afortunada en
las propuestas de solución, y es la que habla de hacer
creíble, señor Presidente, a corto plazo, el potencial que el
mercado interior ofrece a las pequeñas y medianas empresas,
donde están
precisamente estos sectores productivos. Porque si no hacemos
creíble esto, a la larga serie de eurocalificativos que se han
dicho en la Cámara habría que añadir el de eurosuspicaces. Lo
que no pueden entender nuestros trabajadores, nuestros
parados, nuestros empresarios, nuestros sindicatos, es que la
propia Unión Europea, con su régimen jurídico, con su acervo
legal, pudiera estar favoreciendo, en detrimento de los
propios miembros de la Unión Europea, que tenemos ahora el
orgullo de tener la carta --que usted tantas veces ha
defendido y yo he coincidido en ello--de nacionalidad europea,
el certificado, esa especie de pasaporte de ciudadano de la
Unión Europea. Pues bien, para no generar eurosuspicacias de
quienes están aplicando, que son las
autoridades aduaneras o comunitarias de Bruselas, estas
cuestiones, es por lo que yo he hecho, señor Presidente, estas
reflexiones, al hilo del magnífico documento que nos aporta,
en lo sucesivo como documento de referencia, el Libro Blanco.

Quiero, señor Presidente, mostrar mi satisfacción ya que, con
todos los inconvenientes que tengan las propuestas de
financiación, habrá que analizar por qué todo el movimiento de
impulso de aprovechamiento de los fondos comunitarios hechos
en Edimburgo, según las propias manifestaciones del ministro
alemán de Economía y Finanzas, no se ha aprovechado al máximo.

A nosotros no nos preocupa que se pueda acusar al Documento
Delors de hacer un planteamiento neokeynesiano, porque va
hacer una infraestructura con una aportación de capital, vía
endeudamiento de esos ocho millones de ecus. Resolver el
problema del desempleo y de la producción de la Unión Europea
no es cuestión, si se hace, de decir en función de qué teoría
o de qué doctrina económica, del ayer, del hoy o del mañana,
se puede hacer. Mientras sigamos caminando por generar la
euroconfianza de todos nuestros ciudadanos, trabajadores,
parados y empresarios, creo que estaremos en el buen camino.

He hecho una reflexión en un problema final, que es el que
afecta a Canarias y a las provincias mediterráneas productoras
de este bien, que genera puestos de trabajo, y sobre la
situación de desamparo, señor Presidente, que vamos a tener a
partir del próximo día 20 de diciembre hasta el 31 de marzo.

Usted sabe que los derechos de protección arancelaria del
tomate desaparecen, y si esto desaparece, si la Unión Europea
no es solidaria con este principio, si nosotros no somos
capaces de reorientar esto, que es necesario, yo le pido,
señor Presidente, que, a través de sus ministros de
Exteriores, de Economía o de Comercio, se trate de modificar
el calendario de los precios de referencia, porque si no, no
podremos tener esa competitividad frente a Marruecos, iría en
detrimento y no haría creíble lo que se está diciendo
atinadamente en el Libro Blanco.

Por esta razón, porque para comunidades como la canaria esto
es fundamental, y me imagino que lo mismo será para aquellas
de Alicante, Murcia o Andalucía, el principio de solidaridad
nos debe llevar también a que, junto a apoyar lo que de bueno
y político hay en toda esta continuidad de la Unión Europea,
como marco de un punto de convivencia democrática y política,
radicalicemos la democracia interna de la Unión Europea, con
todas aquellas medidas del acervo legal en sus aspectos
jurídicos, en sus aspectos económicos, de defensa, de
exteriores, etcétera. Ese marco no puede estar desequilibrado,
no puede estar asimétrico. La simetría en una política de
Schengen tiene que tener su simetría con una política aduanera
o fiscal. En ese sentido, queremos seguir manteniendo una
línea de consecuencia, congruencia y apoyo, dentro del marco
de una política de Estado, que diferentes comunidades
autónomas, con sus sectores
económicos, definen lo que, a final de cuentas, se trata de
reflejar en un Libro Blanco. Si el Libro Blanco en todas sus
propuestas no es la suma de todas y cada una de las naciones y
estados de la Unión Europea, de todas y cada una de sus
comunidades autónomas, del Comité de las regiones, estaríamos
haciendo una fase verdaderamente desequilibrada, atípica y no
simétrica.

Creo que en el ánimo de usted, como lo ha expresado tantas
veces aquí, ha estado el principio de simetría para que
también España, en sus políticas exterior e interior, se
beneficie.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.




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El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo Mixto,
tiene la palabra, en primer lugar, la señora Rahola.




La señora RAHOLA I MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, el
poco tiempo de que dispongo y especialmente mi estado de
salud, que es de gripe galopante, me aconseja plantear más que
una reflexión global un conjunto de puntos.

Primero, que el Libro Blanco nos parece un paso adelante
significativo en el proceso de europeización de las
decisiones. El esfuerzo por plantear un marco común, un
análisis conjunto y acciones comunes es encomiable y, en este
sentido, cabe felicitar a Jacques Delors. Como decía el
periodista Fermín Bocos, en un artículo, el mensaje de la
biblia Delors es el que induce a pensar que ya no hay
soluciones particulares a los problemas estatales.

Segundo, que, sin embargo, el capítulo dedicado a las medidas
económicas es, como decían diversos eurodiputados en la
Comisión de Comunidades Europeas, reducido de contenido y
ambiguo en las soluciones. De hecho, ese apartado parece más
un marco teórico cómodo para justificar las diferentes medidas
económicas, quizás impopulares, que quieran aplicar diferentes
Estados que no una reflexión de bloque. En cierta medida, es
una racionalización de la coartada europea, la creación de una
excelente muleta que sirva para eludir responsabilidades
políticas cuando las cifras o las decisiones resultan
difíciles de justificar.

Entiendo, pues, la alegría de S.S. con el Libro Blanco;
traspasa lo que es una decisión, creo que dura, del PSOE en
materia económica en una especie conjunta, pero a nuestro
entender este Libro no explica de ninguna manera la dureza de
las medidas económicas que quiere implantar el Gobierno ni
traspasa a Europea la situación de la economía española. Aquí
hay responsabilidad propia en la crisis, más allá de la crisis
conjunta, y hay responsabilidad propia en optar por estas
medidas impopulares y no por medidas con más sensibilidad
social.

Avanzo, pues, la postura contraria de Esquerra Republicana a
la reforma del mercado laboral tal como parece que se plantea,
porque precariza el mercado laboral, porque es regresivo en
los derechos de las clases más desfavorecidas, porque nos
parece insolidario. En un punto sí estamos de acuerdo, en la
necesidad de potenciar la pequeña y mediana empresa como base
fundamental de la economía productiva, lo cual no significa
optar por medidas antisociales.

Tercer punto. Totalmente de acuerdo con el consejo del Libro
Blanco de mejorar los sistemas educativos y formativos, así
como atacar especialmente el paro juvenil.

Eso no sirva, sin embargo, para justificar con coartada
europea el contrato de aprendizaje que ustedes plantean, un
contrato que nos parece más una explotación encubierta de la
juventud, una especie de contrato Dickens, que no una medida
racional para solucionar el problema del paro juvenil.

También, un apunte ecológico. Hagan caso del consejo de crear
el impuesto ecológico en las emisiones de CO2, a ver si así
mejora la sensibilidad ecológica, francamente baja, de este
Gobierno. Por último, totalmente de acuerdo también con el
consejo de la biblia Delors de consolidar y potenciar los
grandes ejes de comunicación como base al crecimiento de la
economía. Aprovecho para recordar la necesidad de potenciar
todo el eje viario mediterráneo, donde se asienta la parte
fundamental de la economía productiva y, por supuesto, la
necesidad urgente de construir el tren de alta velocidad, no
sólo el eje Madrid-Barcelona hacia Francia, sino también por
el sur, hacia Valencia.




Por premura de tiempo acabo aquí, aunque quiero dejar ante la
Cámara una última reflexión.

Su señoría ha hablado del conflicto de los Balcanes y de la
postura europea. La postura de Europa respecto al conflicto
balcánico continúa siendo impresentable. Europa está aceptando
la dialéctica de las armas como dialéctica política, está
aceptando conquistas militares como negociación política y ha
permitido, por inhibición, el caos actual. Europa, señoría, ha
fracasado en los Balcanes. Y mientras a ex ministros toreros
les da por cantar villancicos para los niños de Sarajevo en
televisión allí continúan sonando las bombas. Esa no es la
derrota de la ex Yugoslavia, es nuestra derrota y es nuestra
responsabilidad. Es pues, señorías, nuestra vergüenza.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Rahola.

Tiene la palabra el señor González Lizondo.




El señor GONZALEZ LIZONDO: Señor Presidente, señorías, señor
Presidente del Gobierno, hoy es un día verdaderamente
importante, hoy termina la negociación del GATT. Y es mucho
más importante aun, sobre todo para un partido nacionalista
como Unión
Valenciana, que tengo entendido que hoy es la primera reunión
del Comité de las Regiones, el cual creo que, para nuestro
país, para todo el Estado, es importantísimo y espero que este
séptimo punto que se ha aprobado de solidaridad,
verdaderamente llegue a ser una realidad.

Los acuerdos del GATT pueden ser buenos, pueden ser menos
buenos, tendremos que juzgarlo en un futuro. De momento,
naturalmente no los vamos a valorar, pero sí hay una
preocupación, la
preocupación lógica de que no resulte que Alicante, Castellón
y Valencia volvamos a pagar la factura y que esa factura que
los productos del Mediterráneo y canarios pueden tener en una
indefensión desde el 20 de diciembre hasta el día



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31 de marzo en alguna forma se pueda ver corregida, que pueda
haber verdaderamente una intervención clara, eficaz y concreta
del Gobierno que usted preside.

Señor González, su viaje a Europa, bien; su viaje a Estados
Unidos, muy bien; pero, señor Presidente, estamos en España,
usted lo sabe, es nuestro Presidente y tengo que decirle que
España no va, que España no funciona.

Yo me pregunto: ¿Cómo va usted a poder aplicar las normativas
de nuestro país?
Ha discutido, ha hablado, ha visto el Libro Blanco de Delors y
de una parte de él, señor Presidente, yo le recuerdo lo que le
adelantamos cuando hablamos del Tratado de Maastricht; no
puede haber --le decíamos entonces--una convergencia real
europea si no se ataca en primer lugar el tema del desempleo.

Naturalmente, las magnitudes económicas son importantes, el
nivel de deuda, el aumento del IPC, el aumento de la
inflación, pero el desempleo, convendrá usted conmigo, que es
más fundamental aún.

La crisis, efectivamente, es general, señor Presidente, pero
España desgraciadamente hoy va a la cabeza. Se lo dijimos ya y
usted se sonrió y ahora es cierto. El paro nos está abocando a
una situación que se puede tachar prácticamente de
catastrófica.

Yo pienso, señor Presidente, que, además de hablar de planes
de trabajo con el señor Clinton o el señor Delors, usted tiene
que hablar más con los señores Redondo y Gutiérrez. Y me da la
impresión de que su diálogo se ha terminado donde
verdaderamente es importante, que es España, porque aquí el
diálogo social va a terminar con una huelga general.

Señor Presidente, yo me voy a permitir darle un consejo y le
ruego que lo acepte en el sentido totalmente constructivo. En
Europa, extraordinario --creo que su labor como estadista
europeo está siendo importante--, pero debe usted bajar de su
pedestal; baje usted a la calle, señor González, y, además de
saludar a los «mister Smith», a los «monsieur Gerard», hable
con los Pérez, con los García, con los Gutiérrez, con los
Martínez, etcétera, con todos esos españoles a los que usted
lamentablemente, usted y su Gobierno, están fallando. Haga
buenas estas palabras que leía el otro día en un periódico en
el que reclama más para el diálogo social. Converse con los
labradores, con los mecánicos, con los albañiles, con la
universidad, con los técnicos, con todo su pueblo, en suma.

Conozca la realidad, no lo que le cuenten, no lo que le
cuentan sus asesores. Vea la verdad al desnudo, no vea
solamente el decorado. Y, señor González, por favor, hágalo
pronto, porque no nos queda mucho tiempo. La situación, y yo
creo que usted la conoce naturalmente mucho mejor que yo, es
mucho más agria de lo que creemos. Estamos atravesando una
situación francamente extraordinaria y el pueblo necesita ver
a sus dirigentes, más que en un plano internacional, en un
plano de reconocimiento de cuáles son sus problemas. Queramos
o no queramos, estamos todos en el mismo barco y usted es el
capitán. En ese aspecto nosotros estamos dispuestos a apoyarle
y a ayudarle, pero, lamentablemente, si sólo vive en las
ínsulas de un Quijote, si no baja verdaderamente a reconocer
la realidad y a ver en la práctica cómo vamos a aplicar aquí,
en España, esos siete puntos en función a cómo se encuentra el
país,
lamentablemente, su labor habrá sido muy buena a nivel
europeo, habrá usted conseguido un gran liderazgo del Partido
Socialista, pero seguramente no habrá conseguido su fin
fundamental, que es transmitir al país la confianza en un
Gobierno y la posibilidad de salir adelante verdaderamente.

Por último, señor Presidente, para terminar, me sumo a la
solicitud del señor Anguita, de Izquierda Unida, y solicito su
presencia con anterioridad a la celebración de las cumbres
europeas, y no para criticarle absolutamente nada, no para
querer averiguar a ciencia cierta qué es lo que usted va a
negociar allí, porque, naturalmente, tendrá usted que tener
las cartas guardadas para determinados momentos, pero sí que
se nos permita a la Cámara, a los representantes de todos los
partidos
políticos, de todos los grupos parlamentarios aconsejarle o
intentarlo, hacer llegar a usted cuáles son nuestras
inquietudes y cuáles creemos que son los temas que usted,
además de los que haya considerado, debe tratar.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el
señor Mur.




El señor MUR BERNAD: Señor Presidente, señor Presidente del
Gobierno, señorías, intervengo en nombre del Partido Aragonés
para fijar la posición en esta comparecencia a propósito de la
cumbre europea celebrada en Bruselas los pasados días 10 y 11,
en la que se han abordado un conjunto de medidas, a nuestro
juicio, del máximo interés. Quiero empezar agradeciendo al
señor Presidente la información que nos ha expuesto, así como
la documentación que nos ha hecho llegar. Es útil que en esta
Cámara se produzcan debates como éste para conocer, de primera
mano, la política del Gobierno español en relación con la
compleja integración en la Unión Europea y para que todos
podamos
posicionarnos con nuestras propuestas, nuestras críticas o
simplemente con nuestras reflexiones.

Quiero aprovechar este momento para transmitirle, señor
Presidente, nuestra solidaridad con la postura adoptada por su
Gobierno en relación con el desgraciado asunto de la petición
de asilo por presuntos miembros de la banda etarra ante el
Gobierno belga. En este asunto, señor Presidente, hay que
actuar con firmeza; no es de recibo que un país miembro de la
Unión Europea, como nosotros, desconozca nuestra realidad



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jurídica y política. Por eso, nos parecen bien las medidas
adoptadas.

En esta Cumbre de Bruselas se ha constatado una vez más la
gravedad de nuestra situación, que es más grave porque el
resto de países europeos también padece problemas similares,
aunque sea España el país que tiene datos más preocupantes, en
especial los referentes al déficit y al desempleo. Por eso
coincidimos en que en esta hora es preciso acometer medidas
urgentes y profundas. No podemos quedarnos sólo con el
diagnóstico, y ni siquiera con formular recetas, sino que hay
que aplicarlas. Y es posible que, de haberse llevado a la
práctica las propuestas que aquí se hicieron en su momento,
como en el famoso plan de competitividad o el plan de
convergencia con Europa, nuestra situación no fuera ahora tan
mala.

Aunque los resultados inmediatos de la Cumbre de Bruselas nos
parezcan insuficientes, en especial por las incógnitas que se
ciernen sobre la capacidad de financiación de las medidas
tomadas, tendremos que reconocer que la cumbre ha finalizado
mejor de lo esperado. Ha habido unanimidad de los Doce en
abordar un plan común contra el desempleo, y eso de no
permitir políticas insolidarias nos parece una buena medida.

Creemos que la solución a los problemas planteados es una
solución de conjunto. Aquí ya no caben soluciones individuales
ni sálvese el que pueda. Pensamos que el desarrollo solidario
de la Unión Europea es el camino más adecuado. Estamos de
acuerdo en que Europa, la Europa unida, conserva todas las
posibilidades para hacer frente a los retos planteados en este
momento. Afirmamos con rotundidad que, a pesar de las
dificultades, Europa tiene futuro y España también, siendo
parte activa de este conjunto europeo.

Del Libro Blanco sobre el crecimiento, la competitividad y el
empleo nos gustaría destacar algunas medidas que deben ser
prioritarias, y que su Gobierno, señor González, debería
adoptar aquí con especial atención. Nos parecen esenciales
para un crecimiento sostenido que permita crear empleo estable
todas aquellas que se refieren a la puesta en marcha de las
redes transeuropeas, en especial de aquellas que nos integren
mejor en el territorio europeo. Por eso apoyaremos todas
aquellas
inversiones que hagan posible, de una vez por todas, borrar
los Pirineos, esa barrera natural que nos aísla y que debe
convertirse en un eje de desarrollo integrado entre Francia y
España. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Hay que hacer un esfuerzo en mejorar nuestra situación en la
investigación y en el desarrollo. La sociedad y la iniciativa
privada deben acometer con interés y con ayudas el clima
adecuado para invertir en investigación y en desarrollo para
lograr una transformación social a través y con el apoyo de
las nuevas tecnologías.

Señor Presidente, creo que todos estamos de acuerdo en que el
mundo cambia muy deprisa y por eso no hay tiempo que perder.

Hay que tomar medidas realistas para que todas las soluciones
necesarias no se hagan imposibles por falta de financiación.

Es preciso obtener esos 7,4 billones de pesetas necesarios
para el período 1994-1996. Si no están disponibles, el impulso
económico será limitado, y el efecto contra el desempleo
insuficiente, siendo, como es, la lucha contra el desempleo el
objetivo prioritario para devolver la confianza a los 17
millones de parados de la Unión Europea, de los que España
aporta el mayor porcentaje.

Por todo ello, señor Presidente, hay que propiciar el debate y
la participación de los ciudadanos. El Gobierno sólo, aunque
quiera, no puede abordar todas las medidas. Estamos en una
economía descentralizada y de iniciativa privada. La especial
configuración de nuestro Estado, del Estado de las autonomías,
implica que hay que contar con todos a la hora de conformar la
voluntad política que usted, señor Presidente, debe trasladar
a los debates europeos.

Queremos hacer una llamada especial a favor de las medidas que
potencian las pequeñas y medianas empresas, que son las
principales creadoras de empleo, y prestar una atención
también muy especial, señor Presidente, al sector agrícola,
que está pasando una grave crisis y que puede verse agravada
todavía más por los acuerdos del GATT. En este sentido, la
política de Francia con sus agricultores puede ser un ejemplo
a imitar. Estas son, señor Presidente, brevemente expuestas,
las reflexiones con las que queremos colaborar en este debate.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mur.

Tiene la palabra el señor Albistur.




El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Presidente del Gobierno, nos ha hecho un resumen de las
conclusiones de la Presidencia y del documento sobre
crecimiento, competitividad y empleo que yo creo que es
francamente acertado. Pero me hubiera gustado escuchar sus
opiniones como Presidente del Gobierno de un Estado con graves
temas económicos y sociales, y como político europeo
comprometido, creo yo, por lo menos en el desarrollo,
especialmente después de las expectativas que su última
intervención creó de cara a esta reunión que se acaba de
celebrar.

En cuanto a mi valoración política como miembro de este
Congreso y representante de ciudadanos que padecen la crisis y
la
incertidumbre ante el futuro, permítame que baje al terreno
quizá mucho más pedestre que el de las personas que han
intervenido antes que yo.

Creo que hay una oportunidad histórica para decidirse por una
política económica agresiva. Además, ustedes diponen de la
cobertura de toda Europa --yo



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diría, además, que del consenso de los ciudadanos-- ante un
modelo, el que ha resultado ser después de este Consejo, que
es el que es porque nadie sabe hacer otro mejor de ninguna
manera. Y coincido con las palabras de su Ministro de
Industria cuando dice que hay que apostar por recetas nuevas,
y en esa línea quiero continuar.

Es necesario introducir ideas nuevas para modernizar el Estado
y la sociedad española. Yo creo que es la oportunida histórica
para abandonar la dejadez, la burocracia, el despilfarro y la
mentalidad de rico que forman parte, desgraciadamente, de
nuestra cultura, y para introducir un espíritu de trabajo, de
austeridad, de ganarse los beneficios sociales mediante el
esfuerzo
individual y colectivo. Creo que esa es una labor que se
espera por lo menos del Gobierno, y de los políticos que tenga
un reflejo en la sociedad.

Diría, además, que usted ha citado la necesidad de una
política activa de empleo. Yo creo que caben muchas
consideraciones, pero me voy a detener solamente en este caso
en una, indicando que creo que es necesario realizar un
valiente cambio de la formación profesional desde los
Ministerios de Educación y Trabajo. Hay que romper el esquema
que todavía arrastramos, tanto en materia de formación
profesional como en materia de relaciones laborales, desde el
anterior régimen. Considero que la reforma laboral propuesta
por ustedes puede estar abocada al fracaso si no se coordina
con una reforma de la formación profesional y una reforma de
la información y comunicación con las empresas y con el
mercado de trabajo. Es obvio, y creo que está a la vista de
todos, el considerable número de trabajadores sin
cualificación que todavía configuran el colectivo de empleados
y de
trabajadores en paro. Asimismo, entre los jóvenes que tras un
fracaso escolar deben incorporarse al mercado de trabajo
también el colectivo de descualificados es enorme. La reforma
del mercado de trabajo exige dar una respuesta a esta
problemática, y la formación da oportunidad para el empleo y
para autoemplearse, y además contribuye a modernizar la
estructura económica. Por eso le pido que desde los
Ministerios de Educación y Trabajo, en estrecha cooperación
con las comunidades autónomas con
competencias e iniciativas en esta materia, se comience una
reforma decidida de la formación profesional para jóvenes y
para adultos, más ahora que el Inem está en su proceso más
intenso de reforma.

También considero importante y necesario aprovechar esta
oportunidad histórica para abordar un plan de infraestructuras
y una política decidida de inversión en obra pública que no
sea una continuación de planes ya realizados anteriormente que
se aplican con una cadencia casi burocrática. Yo diría que ya
hay que decidirse a adelantar los planes previstos para dentro
de un decenio --puesto que aquí, en esta misma Cámara, se nos
ha dicho que dentro de un decenio se crearán esas necesidades
y se podrán atender-- que responden a situaciones de deterioro
que sí son actuales y que han ido creando graves déficit que
afectan a la calidad de vida e impiden nuevas facetas de
desarrollo económico. Me refiero al plan hidrológico y al plan
de saneamiento de aguas residuales y urbanas, donde la
actuación del Gobierno yo creo que es larga en palabras y
corta en los hechos. Y aprovecho para reiterar lo ya dicho en
repetidas ocasiones en esta misma Cámara sobre demanda de
infraestructuras de saneamiento y depuración, que no voy a
concretar en este momento.

Reitero también la necesidad de adelantar los proyectos y la
ejecución de las nuevas líneas de ferrocarril de alta
velocidad a través de la frontera de Irún para conectar con la
cornisa cantábrica, potenciar el eje atlántico y conectarlo
con el centro, Aragón y Cataluña. Se trata de una
infraestructura estratégica e incentivadora de reinversión
industrial y en servicios, pero debe ir acompañada de la
inversión en
modernización de aeropuertos y puertos.

Usted mismo se ha referido a la búsqueda de nuevos empleos en
el campo de la cultura y del ocio, y dentro también del
tratamiento de las infraestructuras me quiero referir
precisamente a un impulso y apoyo decidido a la construcción
de auditorios, centros de congresos, etcétera, que seguro que
son un instrumento ocasional de crecimiento y alternativa de
empleo.




El señor PRESIDENTE: Señor Albistur, le ruego concluya.




El señor ALBISTUR MARIN: Termino ya, señor Presidente.

Me gustaría que usted y su Gobierno apostaran decididamente
por un cambio; que los ciudadanos de este Estado pudieran ver
que de una vez aprovechamos las oportunidades históricas para
competir y compartir calidad de vida y desarrollo con los
grandes países, y que dejemos de ser furgón de cola.

Señor Presidente, si de su Gobierno y de su Partido quizás se
pueda dudar de que ya son de izquierdas, yo sí que le diría
que no se dude de que son modernos y que pueden contribuir a
modernizar este Estado que tanto lo necesita.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Albistur.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Costa.




El señor COSTA COSTA: Señor Presidente, señorías, el Consejo
Europeo celebrado en Bruselas los pasados 10 y 11 de diciembre
ha sido el primero desde la entrada en vigor, el 1 de
noviembre, del Tratado de la Unión Europea firmado en
Maastricht.




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Este Consejo ordinario venía precedido por otro extraordinario
de finales de octubre, en el que se apuntaló la voluntad de
los países de la Unión para mantener el calendario de la Unión
Económica Europea, y se llegó a un acuerdo para el reparto de
futuras sedes comunitarias, ambas cuestiones del máximo
interés para la construcción de la Unión Europea. En este
Consejo extraordinario se avanzaba, además, en algunos de los
temas sobre los que el Consejo ordinario de diciembre iba a
tratar y, en su caso, decidir.

El Consejo de los días 10 y 11 de diciembre se enfrentaba así,
por primera vez desde la entrada en vigor del Tratado de la
Unión Europea, con una agenda que ha generado una gran
expectativa entre los ciudadanos de la Unión al afrontar el
Consejo
problemáticas vividas muy intensamente por la opinión pública
europea, como son el estancamiento económico y el aumento del
paro.

Quisiera aquí hacer un reconocimiento al papel que el
Presidente de la Comisión, señor Delors, ha jugado en la
construcción de una Europa solidaria a través de las
propuestas realizadas en el Libro Blanco.

La Unión Europea ha centrado su acción en el estudio, como ya
se ha dicho, de la situación económica y en la lucha contra el
desempleo, adoptando un plan de acción a corto y medio plazo
con suficiente fundamento para generar esperanzas en los
ciudadanos de la Unión respecto a las posibilidades de atajar
esta marea de insolidaridad que representan para la cohesión
social europea los cerca de 17 millones de parados.

Esta situación ha suscitado la respuesta y el acuerdo de los
doce países de la Unión en la necesidad y urgencia de medidas
coordinadas que se fundamenten en las grandes orientaciones de
la política económica de la Unión y en el Libro Blanco sobre
el empleo, la competitividad y el crecimiento.

Respecto a las orientaciones de la política económica, fijan
el objetivo de reducir el desempleo en la Comunidad hasta el
año 2000, creando en torno a unos 15 millones de nuevos
puestos de trabajo. Para ello, el Consejo considera necesario
un crecimiento más elevado, no inflacionista y respetuoso con
el medio ambiente, y reforzar la convergencia económica entre
los Estados miembros que permita aprovechar todas las
potencialidades del mercado interior.

Ello permitirá, a la vez, un paso ordenado a la tercera fase
de la Unión Económica y Monetaria, y para ello se proponen dos
grandes líneas políticas. En primer lugar, asegurar un cuadro
macroeconómico estable y, en segundo lugar, eliminar los
obstáculos macro y microeconómicos al crecimiento.

En el primer apartado son fundamentales la estabilidad de los
tipos de cambio y un bajo nivel de inflación, fijando como
objetivo para el año 1996 llegar a porcentajes del dos o tres
por ciento al año, el saneamiento de las finanzas públicas
mediante la reducción de los déficit presupuestarios,
fijándose el objetivo de un tres por ciento de déficit
respecto a los
productos interiores brutos nacionales para los años 1996 y
1997, y un equilibrio presupuestario en el año 2000.

Las líneas para sanear los déficit públicos deben atender a
una reducción de los gastos corrientes y a mejorar la eficacia
del sistema fiscal, recomendando el gasto productivo,
especialmente en investigación.

Yo diría que, frente al ejercicio dialéctico de algunos,
nosotros preferimos otras políticas, una verdadera política
progresista que sea capaz de analizar, sin sacralizar, el
conjunto de elementos que actúan sobre el empleo y el
bienestar y
transformarlos para garantizar la continuidad de este
bienestar. La política presupuestaria española para el año
1994, en sus grandes magnitudes, coincide con las
orientaciones generales del Consejo para lograr una economía
sana, abierta, solidaria y descentralizada.

Respecto al Libro Blanco sobre el crecimiento, competitividad
y empleo, el Grupo Parlamentario Socialista destaca los
siguientes aspectos.

En primer lugar, su carácter. No es un plan de gastos, sino un
instrumento de acción concertada, de acción conjunta de los
Doce para solucionar un grave problema que afecta a un
conjunto muy importante de la sociedad europea. En segundo
lugar, sus
análisis, la constatación del mal funcionamiento de los
mercados de trabajo que requieren profundos cambios
estructurales del mismo en la dirección de una fuerza de
trabajo más cualificada, más flexible y más móvil, con medidas
para grupos específicos: jóvenes de menos de 25 años, mujeres
y parados de larga duración, así como a cambios en la cultura
dominante en la sociedad europea protegiendo la inversión.

Quiero destacar aquí que mientras en Estados Unidos, con el
0,5 por ciento de crecimiento del producto interior bruto, se
empieza a crear empleo, en Europa se necesita un 1,5, y en
España se necesita crecer en torno al 2,5 del producto
interior bruto para crear empleo. Es, por lo tanto,
absolutamente necesario actuar conjuntamente sobre los
distintos instrumentos que impiden esta creación de empleo. Y
es ahí donde coincidimos precisamente en las soluciones que
nos propone el Consejo europeo: la reforma de los mercados
laborales; la moderación salarial de una forma coyuntural y a
veces específica, incluso dentro de las propias empresas; el
reforzamiento de la formación profesional, y el recomponer los
desequilibrios económicos derivados de un excesivo gasto
público que ha acentuado la fiscalidad laboral, encarecido el
dinero y ha conducido a una falta de confianza de los agentes
económicos con la consiguiente contracción de la demanda.

El restablecer las condiciones macroeconómicas estables, tal
como lo propone el Libro Blanco, es para el Grupo
Parlamentario Socialista la condición necesaria para devolver
la confianza a los agentes sociales a corto



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plazo, que permita un crecimiento económico sostenible y
creador de empleo. Vincular el saneamiento de la economía al
proceso de convergencia es el instrumento adecuado para hacer
frente a los problemas estructurales.

Frente a la narración nacionalizada del pasado de las
políticas europeas de algún grupo, el Grupo Parlamentario
Socialista ha hecho una apuesta por el futuro apoyando
aquellas medidas y reformas estructurales que ayuden a hacerlo
mejor. Con su apoyo a la política presupuestaria y a estas
reformas estructurales que está llevando a cabo, el Gobierno
de España deja bien clara su posición respecto a las políticas
que en estos campos propone el Libro Blanco sobre crecimiento,
competitividad y empleo.

De todos los discursos que he oído hoy en esta Cámara no he
podido escuchar una sola referencia a la coincidencia que
existe entre las políticas nacionales y las políticas europeas
de nuestro Gobierno. Hay que decir que en el Libro Blanco
propuesto por la Comisión existen grandes coincidencias en las
políticas que aquí se están llevando a cabo y que van a tener
un marco de discusión propio en esta Cámara en fechas
próximas. Quiero decir también que el Libro Blanco representa
una esperanza para 17 millones de ciudadanos que no pueden
ejercer el derecho a un trabajo y a un salario. Lo valoramos,
más que por lo que propone, por lo que evita. Propone
políticas coordinadas para afrontar un grave problema dentro
de Europa y evita los escapismos
insolidarios, que son una tentación permanente en tiempo de
crisis y que creemos que hay que valorar de una manera muy
importante.

Es verdad que estas condiciones por sí mismas son
insuficientes y por ello se complementan con unas propuestas
comunitarias de inversión, fundamentalmente en estructuras,
derivadas del paquete Delors-II, destinadas no sólo a generar
más empleo, sino a profundizar en la conexión, en la
integración real de los países comunitarios, dotándolos de
nuevos elementos estructurales de competitividad global, sobre
los que volveré en mi intervención, y a mejorar la
competitividad industrial con vistas a lograr cuatro objetivos
primordiales que el Grupo Parlamentario
Socialista comparte: facilitar la integración de empresas
europeas en un nuevo entorno competitivo globalizado e
interdependiente, explotar las ventajas comparativas derivadas
de la inmaterialización de la economía, promover un desarrollo
sostenible de la industria y reducir el desfase existente
entre el ritmo de evolución de la oferta y la demanda.

Asimismo, es necesario para el Grupo Parlamentario Socialista,
y así lo contempla el Libro Blanco, restablecer la confianza
de las pymes para aprovechar su importante potencial de
crecimiento, su papel primordial en la creación de empleo, y
muy
particularmente en la oferta del primer empleo. El Grupo
Parlamentario Socialista comparte la necesidad de una acción
concertada entre los Estados miembros de la Unión y las pymes
que elimine las legislaciones que restringen la creación y
desarrollo de las empresas, así como la conveniencia de
reforzar y mejorar la adecuación de los medios financieros de
que disponen las pymes y su idoneidad.

La liberalización del comercio exige una revisión equilibrada
de las reglas que permitan impulsar un crecimiento económico
mundial a medio y largo plazo y produzcan beneficios a los
consumidores, al poder acceder éstos a más productos y más
baratos, disfrutando así de un mayor nivel de vida al
beneficiarse de las ganancias de la productividad de su país y
de la economía mundial, cuya transmisión posibilita el libre
comercio.

Para el Grupo Parlamentario Socialista tiene un especial
interés destacar la conveniencia expuesta por el Consejo de
transformar el GATT en una institución internacional de pleno
derecho, en una organización multilateral de comercio que
garantizaría un desarrollo sostenible y armónico en los
intercambios
internacionales. Además, en este aspecto se ha logrado un
tratamiento excepcional en el sector audiovisual, es decir, la
excepción cultural, y se ha logrado también la revisión del
acuerdo de Blair House en materia agrícola, del que quedan
pendientes acuerdos intracomunitarios sobre los que anunciamos
un estrecho seguimiento en defensa de los intereses nacionales
y comunitarios.

La consolidación del sistema multilateral de intercambios, su
eficaz aplicación y la transparencia de sus reglas constituyen
para la Comunidad y para España la mejor garantía de éxito en
su esfuerzo de adaptación; además, forma parte de una
perspectiva de gestión mundial coherente con los problemas que
plantean las desigualdades de desarrollo y la concentración de
la pobreza en determinadas regiones.

Permítanme, señorías, regresar a la creación de las redes
transeuropeas, y hacerlo desde la perspectiva de un grupo
parlamentario, el Grupo Socialista, que ha apoyado e impulsado
una política nacional en un sentido casi mimético respecto de
lo acordado un año después por el Consejo a través del Libro
Blanco.




Las fuertes inversiones --20.000 millones anuales de ecus--, y
sus objetivos --creación de empleo, cohesión económica y
contribución al ordenamiento territorial--, coinciden
plenamentea, tanto en lo ambicioso del proyecto como en sus
objetivos, con el Plan director de infraestructuras diseñado
por el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio
Ambiente, y con el Plan de telecomunicaciones, que en España
vienen a sumar una previsión de inversiones de carácter
público de 17 billones de pesetas en el período de aplicación
previsto. Una vez más, la política diseñada por el Consejo
Europeo de Bruselas coincide con la que el Gobierno



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español aplica en nuestro Estado. Su financiación europea a
través del BEI nos parece razonable y pragmática.

El programa marco de investigación 1994-1988, en discusión, se
dirige a la orientación de mecanismos de coordinación de
esfuerzos nacionales y de políticas de investigación
industrial y a la concentración de esfuerzos en un determinado
número de tecnologías clave de repercusión sobre numerosos
sectores industriales, especialmente en la creación de redes
de
información. Para el Grupo Socialista esta política tiene una
gran importancia respecto al bienestar futuro de la Comunidad.

Finalmente, respecto del Libro Blanco, el Consejo Europeo ha
estableciedo un procedimiento de seguimiento que realizará
todos los años, el balance de los resultados del plan de
acción, y adoptará todas las disposiciones que juzgue
necesarias para alcanzar los objetivos que se haya marcado.

Llegado a este punto me gustaría hacer una reflexión sobre el
diálogo social. Frente a la propuesta de pacto social de café
que algunos han venido a realizar en esta Cámara, nosotros
creemos profundamente en el instrumento del diálogo social. El
Gobierno y nuestro Grupo Parlamentario han hecho un esfuerzo
importante para llegar a acuerdos con las fuerzas sociales en
nuestro país. Este esfuerzo no ha sido respondido en la forma
que nosotros entendemos que sería exigible a la
responsabilidad que cada uno de los agentes tiene en nuestra
sociedad. Dicho esto, quiero manifestar nuestra predisposición
a continuar el diálogo social, pero a hacerlo también desde la
responsabilidad que estas Cámaras tienen en las modificaciones
legislativas que debe abordar nuestro país para no quedarse
desfasado hacia el futuro.

El Consejo trató otros aspectos, como la cooperación en el
ámbito de la justicia y de los asuntos de interior, y no voy a
alargarme en ello, señorías. Queremos manifestar nuestra
satisfacción por la entrada en funcionamiento de la unidad
antidrogas, de Europol, que incluye la aplicación de una
estrategia global de lucha contra la droga, medidas eficaces
contra el blanqueo de los beneficios ilícitos y la cooperación
con terceros países
comprometidos en esa lucha contra los productos de drogas
ilícitas y el comercio internacional de las mismas, la
elaboración de una lista común de los terceros países cuyos
nacionales deban contar con un visado, el fortalecimiento de
la cooperación judicial, en particular sobre la extradición, y
actuaciones contra la delincuencia internacional organizada,
entre otros.

Quiero hacer aquí una referencia a que nuestro Grupo
manifiesta su apoyo más firme al Gobierno español en política
de asilo. España mantiene una reserva y propone solución al
problema --recogida en las conclusiones de la Presidencia--
ante la
situación absurda que, respetando las decisiones de los
tribunales belgas, entendemos se ha producido. Se deben hacer,
a nuestro entender, las modificaciones legislativas que hagan
imposible situaciones absurdas como la que estamos tratando.

Esas actitudes confunden a la opinión pública, favorecen a los
violentos y deben ser erradicadas sin contemplación del
Derecho en los países miembros de la Unión. Entendemos que
esta actitud ha sido compartida por los otros países de la
Unión, y así se recoge en las conclusiones de este Consejo.

En política exterior queremos destacar el pacto de estabilidad
propuesto y aprobado por el Consejo Europeo. Forma parte de un
objetivo de diplomacia preventiva, por lo que no afecta a los
países en conflicto. Este pacto va dirigido a los países de
Europa central y oriental, para los que existe la perspectiva
de ser miembros de la Unión Europea y con los que la Unión
haya celebrado o esté negociando acuerdos. El objetivo de la
iniciativa es contribuir a la estabilidad previniendo
abstenciones y conflictos que puedan surgir en Europa,
suscitando relaciones de buena vecindad e incitando a los
países a
consolidar sus fronteras y a resolver los problemas que se
plantean respecto de las minorías nacionales. Se trata, en
suma, de que el proceso de integración prevalezca sobre el de
desintegración, y cualquier esfuerzo en este sentido me parece
conveniente. La declaración sobre la antigua Yugoslavia y las
directrices para una acción común en el proceso de paz en el
Oriente Medio, iniciado en Madrid, son la continuidad de una
actitud coherente que nuestro Grupo Parlamentario comparte y
apoya. Respecto a las resoluciones de aplicación del Tratado
de la Unión, queremos manifestar nuestra satisfacción por el
nombramiento del Presidente del Instituto Monetario Europeo,
llamado a desempeñar un cometido importante en el
fortalecimiento de los mecanismos de coordinación de las
políticas monetarias de los Estados miembros, así como la
supervisión del Sistema Monetario Europeo. El Grupo
Parlamentario Socialista comparte la satisfacción del Consejo
respecto de las condiciones para permitir el inicio efectivo
de la segunda fase de la Unión Económica y Monetaria en la
fecha prevista.

Estamos también satisfechos por el compromiso a que se ha
llegado entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión sobre la
interpretación de la política de subsidiariedad, y creemos que
este acuerdo es el más conveniente para el futuro de la Unión
Europea.

Respecto a los temas institucionales, se logra un acuerdo
sobre la presencia institucional de los países protagonistas
de la ampliación y se pospone a la Conferencia
intergubernamental de 1996 el estudio del papel legislativo
del Parlamento Europeo, el estudio de las cuestiones relativas
al número de miembros de la Comisión y la ponderación del voto
de los Estados miembros del Consejo. En todos estos acuerdos
el peso relativo de España se ha visto mantenido o reforzado.




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El Grupo Parlamentario Socialista, por su vocación europea,
quiere hacer una manifestación favorable a la ampliación de la
Unión Europea. En ese aspecto también queremos efectuar una
llamada sobre lo que entendemos que se está produciendo hoy en
esta Cámara de una manera importante: el acuerdo de las
distintas fuerzas políticas sobre la política nacional en
Europa.

Entendemos que los distintos tonos empleados por los
diferentes grupos parlamentarios son tonos y formas que pueden
de verdad contribuir a que el Parlamento participe de una
manera más directa, más eficaz y más efectiva en la política
europea. Nuestro grupo ha manifestado ya su compromiso de
hacer que la Comisión Mixta para las Comunidades Europeas sea
el foro adecuado para llevar a cabo esas discusiones y hacer
esta política.

En conjunto, quiero destacar la coherencia del Gobierno en su
política nacional y europea, manteniendo un modelo de cohesión
social que ha producido la sociedad de bienestar del mayor
nivel conocido a lo largo de la historia. La Cumbre Europea de
los pasados días 10 y 11 de diciembre ha sido para los
ciudadanos de la Unión la luz que se enciende en la oscuridad
y que nos guía en el buen camino, manteniendo una sociedad
cohesionada y competitiva.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Costa.

Para contestar a los distintos intervinientes de los grupos,
tiene la palabra el señor Presidente del Gobierno.




El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Señor
Presidente, señorías, para no alargar mucho esta sesión
informativa, procuraré contestar a algunas de las
interrogantes que se han planteado intentando no polemizar.

Creo que prácticamente se ha podido constatar que existe un
acuerdo en cuanto a los resultados del Consejo en materia de
justicia e interior, con pocas excepciones al respecto, y debo
agradecer el apoyo que se ha recibido por parte de muchos
grupos parlamentarios sobre la actitud que hemos debido
mantener --debido, en el sentido literal del término-- en la
cuestión del asilo por el incidente que vivió nuestro país con
Bélgica.

También creo que existe un amplio grado de acuerdo en cuanto a
la virtualidad del pacto para la estabilidad, aunque quizá no
hay suficiente comprensión en alguna intervención de que los
invitados a ese pacto son por una parte los países afectados y
que por otra parte se invite a organizaciones internacionales
como la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa, el
Consejo de Europa, Naciones Unidas, la Alianza Atlántica o la
Unión Europea Occidental; parece que tiene el mismo sentido
que vayan unas u otras, sobre todo cuando se plantea un
problema de estabilidad. Sin embargo, creo que también ha
habido un amplio acuerdo en relación con esas políticas, así
como con otras decisiones de política exterior y de seguridad.

Se ha hablado a lo largo de la mañana en varias ocasiones,
como no podía ser menos por la fecha en que nos encontramos
(igual que no lo pudo ser en el caso del Consejo Europeo por
la inmediatez de la conclusión de la Ronda Uruguay) del tema
del GATT, al que vamos a dedicar una sesión una vez que se
haya concluido la ronda y se conozcan los detalles.

A mí me gustaría hacer algunas precisiones. Yo creo que de una
negociación como la del GATT, extraordinariamente compleja,
cada país tiene que sacar las consecuencias que, además,
tardarán años en decantarse y las consecuencias positivas que
tengan
globalmente para el país. No es posible pensar que si se van a
discutir cien temas, en los cien temas va a haber ventajas
para todas las partes intervinientes. Es evidente que hay
contrapartidas cuando se hace un efuerzo de liberalización
como el que contiene la nueva ronda del GATT. Por
consiguiente, habrá que establecer procesos de reajuste.

También me gustaría aclarar que en la Comunidad Europea,
cuando se ha discutido el tema de la agricultura se ha hecho
con bastante precaución; se ha hecho, en primer lugar,
diciendo que en el supuesto de que la política agrícola común
reformada mostrara alguna incompatibilidad en su desarrollo
pleno con la aplicación del GATT, en ese supuesto se revisaría
no sólo la política agrícola común reformada, referida a lo
que ya ha sido reformado de productos continentales, sino a lo
que queda por reformar de productos mediterráneos y no voy a
detenerme en cada uno de los detalles. Por ejemplo, ya hay un
acuerdo previo para la modificación de los calendarios de
alguno de nuestros
productos, al hilo de este debate o de esta negociación GATT.

Es verdad, por ejemplo, que Portugal y nosotros, no sólo
Portugal, planteamos como uno de los aspectos importantes y
graves el problema del textil, porque los períodos de
adaptación no nos parecían suficientes y el impacto podría ser
muy negativo, en términos relativos, mayor para Portugal que
para nosotros. Ahora bien, yo creo que hay que comprender que
el fenómeno del GATT, como cualquier acuerdo de esta
naturaleza, no sólo puede tener consecuencias positivas en
todos y cada uno de los
productos afectados o de las líneas de producción afectadas,
tiene que tener también algunas consecuencias que seguramente
obligarán a procesos de adaptación y a procesos de ajuste;
algunos de ellos se podrán contemplar a nivel europeo, otros
habrá que contemplarlos a nivel nacional, y otros,
sencillamente, tendrán que adaptarse naturalmente a nuevas
normas de competencia de manera inexorable. Sería imposible
que hubiera una negociación de carácter internacional en la
que para todos la suma total fuera una suma positiva en todo;
hay cesiones, seguro, y, por consiguiente,



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hay sectores que tendrán dificultades y otros que tendrán
ventajas desde el principio. Esto me parece evidente.

En cuanto a dos temas que han sido los centrales del Consejo
Europeo, el Libro Blanco y las orientaciones de política
económica para 1994, a mí me gustaría hacer algunas
precisiones. En primer lugar, las orientaciones de política
económica para 1994 son orientaciones de obligado
cumplimiento, son el resultado de la aplicación del artículo
103 del Tratado en la segunda fase de la Unión Económica y
Monetaria. Por consiguiente, ésas no son orientaciones que uno
pueda eludir. Se puede discutir, de hecho se ha discutido, si
las orientaciones contenidas en la decisión que ahora están
viendo los ministros de Economía y Finanzas, si las
orientaciones contenidas en la decisión del Consejo Europeo
son o no coherentes con lo que estamos haciendo aquí desde el
punto de vista presupuestario, desde el punto de vista de
lucha contra la inflación o desde el punto de vista de
cualquier otra de las magnitudes macroeconómicas. Yo creo que
lo que estamos haciendo es coherente con esas orientaciones.

Hemos apoyado las orientaciones y las hemos apoyado asumiendo
que hay una
coherencia entre las orientaciones y lo que estamos haciendo.

Creo que también es coherente, desde el punto de vista de las
reformas estructurales, lo que se dice en el Libro Blanco con
lo que estamos haciendo; pero la discusión no la quiero llevar
al infinito; es absurdo. Yo creo que es bueno que se lleve más
bien con sentido práctico a la propuesta que ha hecho el señor
Roca de estudiar en la Comisión Mixta este nivel de
coherencia. Alguna precisión más haré porque probablemente se
podría incluso simplificar la propuesta y en la Comisión Mixta
podrían entrar también los programas referidos a las
transposiciones de normas respecto del mercado interior, a la
aplicación del principio de subsidiariedad y, desde luego, a
los proyectos que se contienen en el Libro Blanco y que ya se
contenían también anteriormente en algunos acuerdos de
Consejos anteriores, proyectos de
desarrollo de infraestructuras. Por consiguiente, no me
gustaría polemizar sobre si la reforma laboral es coincidente
o no con el Libro Blanco, si es coherente o no con el Libro
Blanco, si el Libro Blanco sirve o no de aval para la reforma
laboral, porque lo mismo que he dicho que por su naturaleza
jurídica el artículo 103 nos obliga a aceptar las
orientaciones de política económica general, no hay nada en la
naturaleza jurídica del acuerdo sobre el Libro Blanco, ni
siquiera en el plan de acción, que nos obligue a aceptarlo.

Por consiguiente, si queremos, podemos hacer lo contrario de
lo que dice el Libro Blanco, como digo, no en la parte
referida a algo que se asume de acuerdo con la aplicación del
artículo 103.

¿Nos parece coherente el Libro Blanco? Es una buena base de
apoyo, es una buena base de partida, porque si entendemos que
es un documento que tiene un contenido coherente desde el
punto de vista del diagnóstico y desde el punto de vista de la
terapia que ofrece, entonces no tenemos más que intentar
someterlo a cierto control, ya que eso es una base de acuerdo
bastante amplio --con alguna excepción, que naturalmente
respeto y a la que me
referiré--; no hay más que analizar la reforma laboral a la
luz de esa base de acuerdo amplio, si es que se quiere
mantener esa dinámica de acuerdo o esa aproximación de
posiciones. Por tanto, en el día de hoy no querría discutir,
ya digo, cuánto de
coherente hay en la reforma laboral o en las medidas que
adoptamos en la primavera respecto del paquete de iniciativas
de crecimiento que se decidió en Edimburgo. Eran coherentes
con las medidas decididas en Edimburgo, con los efectos que
pudieran tener, y eran las primeras que se plantearon. Así lo
estimó la Comunidad Europea que las recibió como las primeras
medidas aplicadas por un país comunitario en relación con el
paquete decidido en Edimburgo.

Además, estoy dispuesto a discutir y a mejorar la reforma
laboral, ¡cómo no!, sin duda. No puedo creer que sea una
reforma laboral perfecta, será perfectible. Por consiguiente,
no hay ningún problema para discutirla ¿Que es una condición
necesaria pero no suficiente para la generación de empleo? Me
parece obvio. Por consiguiente, tampoco estoy dispuesto a
discutirlo así. Es una condición necesaria, pero no suficiente
para la creación de empleo. Por tanto, tienen que darse otras
condiciones, por ejemplo, bajada de tipos de interés --algo se
ha hecho en esta cuestión--, un cambio más realista de la
moneda --algo se ha hecho--, más otra serie de medidas
estructurales en sectores como el de servicios u otros.

Repito, a mí me parece que es coherente lo que se ha decidido
en Bruselas con lo que pretendemos hacer aquí, y es coherente
no sólo por los contenidos, sino porque hay una filosofía, que
alguien ha citado desde esta tribuna, que es absolutamente
clara. El espacio europeo es más adecuado para la adopción de
determinadas políticas que los espacios nacionales o, dicho en
otros términos, cuando se agotan las posibilidades o los
márgenes que se producen a nivel nacional, el espacio europeo,
sin duda alguna, es un espacio óptimo para la aplicación de
algunas políticas que puedan suponer un nuevo impulso desde el
punto de vista de la competitividad.

Es verdad que hay quien no está de acuerdo con el Libro
Blanco, como es el caso de la intervención del señor Anguita,
pero a mí, a título puramente informativo, me gustaría decir
que hay algunos errores de concepción de lo que representa el
Libro Blanco. En primer
lugar, no se puede comparar con el paquete Delors-II, no tiene
nada que ver. El paquete Delors-II define la financiación de
la Comunidad en todos sus órdenes en los próximos años. Aquí
lo menos importante del Libro



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Blanco, lo menos importante, repito, es cómo se instrumenta el
paquete financiero que se refiere a uno de los aspectos
contemplados en el Libro Blanco. Debo decir a continuación
para que no haya lugar a dudas, porque me parece que el señor
Anasagasti ha puesto en duda si había un acuerdo de
financiación, que hay 5.000 millones de ecus decididos, hay
otros 7.000 millones de ecus decididos, como financiación ya
acordada, y ha habido un debate en el Consejo Europeo
aceptando que sería necesario disponer de 8.000 millones de
ecus más; ha habido un debate sobre si el mecanismo es un
empréstito o puede ser necesaria una ampliación de capital del
BEI o simplemente hay capital suficiente para aumentar las
líneas de crédito de 7.000 millones a 15.000, que sería la
suma de los 8.000 restantes. Se han discutido los mecanismos y
es obvio, además, que a nivel de Consejo Europeo es
prácticamente imposible tomar la decisión de cuál es el
instrumento más adecuado. Por tanto, se ha dicho a los
ministros de economía y finanzas no que estudien la
posibilidad de aumentar hasta 8.000 millones; se les ha dicho
que estudien los mecanismos de financiación de los 8.000
millones de ecus que pueden ser necesarios para la
financiación complementaria de los proyectos de desarrollo de
redes que antes se venían estudiando, más lo que ahora llaman
autopistas de la información. Por consiguiente, debía quedar
claro que esa parte del Libro Blanco también está resuelta,
pero que es sólo una parte del Libro Blanco, al menos del que
yo he leído, que me parece es el original presentado por la
Comisión. Por tanto, con el Libro Blanco se puede estar o no
de acuerdo, es perfectamente
respetable. Por ejemplo el Libro Blanco --tiene razón el señor
Anguita--, no opta por la salida del reparto del tiempo de
trabajo disponible como una solución al desempleo; no opta por
eso. Yo coincido plenamente con lo que dice el Libro Blanco, y
no porque no crea que se pueda discutir el reparto del tiempo
de trabajo disponible, sino porque eso se puede hacer a nivel
de empresa de manera muy descentralizada y cuando se tenga en
cuenta que ese mismo reparto puede mejorar o no empeorar la
productividad o la competitividad de la empresa, que ya sé que
es una expresión que puede sonar rara, pero que es
absolutamente imprescindible. A mí lo que me parece erróneo es
pensar que hay una cantidad de trabajo disponible. Es una
premisa sobre la que sólo se puede partir de manera falsa,
porque no hay una cantidad de trabajo disponible. La cantidad
de trabajo depende de la capacidad productiva o de la
competitividad que tenga cada empresa o el número total de las
empresas considerado en su conjunto. Por consiguiente, al no
haber una cantidad de trabajo disponible, la premisa no sirve
para decir cómo se va a repartir el trabajo disponible, porque
no hay una cantidad previa. Si ese reparto de trabajo
disponible contribuyera (y se discutió en el Consejo y
previamente, además, en reuniones sectoriales o de partidos),
si esa cantidad de trabajo disponible --repito--, supusiera en
su reparto una pérdida de competitividad en una economía
mundializada, no sólo no se estaría creando empleo, sino que,
irreversiblemente, se estaría destruyendo empleo. Es verdad
que se puede estar o no de acuerdo con determinadas políticas
salariales. Nosotros no tenemos tanta influencia en la
Comunidad como parece decirse aquí, que el Libro Blanco es el
fruto de lo que nosotros decimos en política salarial o de
reforma del mercado de trabajo. Tanta influencia no tenemos;
tratamos de tener la máxima posible; pero me permitirán que
diga que a veces se dice que tenemos tanta influencia como eso
y a veces que somos contradictorios con lo que se decide a
nivel europeo.

Me interesa más resaltar los acuerdos que los desacuerdos.

Sobre las medidas en Oriente Medio también se está de acuerdo
y sobre el tema de Macedonia, que es un tema delicado y que ha
salido aquí sólo por un interviniente, debo decir que no se
trata de reconocer a la antigua República yugoslava de
Macedonia, que así está ya reconocida por todos los países y
consta así en Naciones Unidas como Estado independiente. Por
tanto, no se trata tampoco de reconocer la independencia. De
lo único que se trata en este momento (se está discutiendo por
algunos países y no se está decidiendo unilateralmente por
alguno, según mi información), de lo único que se trata es de
si se mandan representantes
diplomáticos a esa antigua República yugoslava de Macedonia.

Por consiguiente, se trata de ese paso y no de otros. A mi
juicio, sigue siendo una materia delicada y, por tanto, como
tal hemos tratado de hacer un esfuerzo para que no haya
precipitaciones en las decisiones que se adopten.

De las propuestas que se han formulado por el señor Roca a mí
me gustaría comentarles, aunque ya lo he hecho, que ya en el
plan de acción se contemplan medidas nacionales, medidas
comunitarias y mecanismos de seguimiento comunitario. Por
tanto, me parece perfectamente coherente que se establezca
aquí un mecanismo de seguimiento, que se conozca qué medidas
nacionales se van a aplicar en desarrollo de la acción
decidida por el Libro Blanco y que estas medidas, además, se
conozcan, no sólo en su dimensión interna nacional, sino en su
dimensión comunitaria. Me parece que esta mañana no lo
expliqué suficientemente bien. Hay esa doble dimensión de las
medidas a aplicar; por tanto, cada Estado miembro debe tener
en cuenta esas medidas.

No quiero olvidar, además, que las comparecencias, antes o
después de las cumbres, serán como las decida la mayoría de la
Cámara. Por consiguiente, una vez más repito que me parece más
operativo sentarse a discutir en la Comisión Mixta las
preparaciones de los Consejos europeos, como ya propuse la
otra vez, que intentar hacer una sesión plenaria sobre lo que
puede



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ser el Consejo Europeo, cuando, como he explicado tantas
veces, el orden del día de la mayoría de los Consejos europeos
se conoce 24 horas antes, cuando mucho 48 horas antes y, por
consiguiente, sin tiempo material para celebrar una sesión
parlamentaria que se pronuncie sobre el orden del día. Se
puede hacer sobre lo que se supone que se va a discutir en el
Consejo Europeo, pero sobre el orden del día no porque no se
conoce con carácter previo. Asumo que las propuestas que ha
hecho el señor Roca, entonces, como propuestas operativas son
propuestas razonables y que, en su conjunto, deberían estar en
la Comisión Mixta Congreso-Senado. Recuerdo, además, que
cuando hablaba de la euronecesidad, quizá la frase que ha
destacado del propio documento de conclusiones no hay remedios
milagrosos para el desempleo, pero tampoco cabe la
resignación, me parece que es absolutamente ajustada a lo que
está pasando. Muchas veces se oyen decir cosas que no se
fundamentan en ninguna experiencia, en ningún razonamiento
real.

Agradezco, una vez más, el apoyo al tema del asilo que sale
prácticamente en todas las intervenciones. Creo haber aclarado
con el señor Anasagasti que el tema de la financiación sí se
ha decidido. Otra cosa es cuál es el procedimiento y me parece
que es lógico, además, que se haya dado la responsabilidad del
procedimiento para allegar esos 8.000 millones de ecus a los
ministros de economía y finanzas en cooperación con la
Comisión y con el Banco Europeo de Inversiones. En el momento
que
discutíamos no se sabía si exigiría una ampliación o no del
capital del Banco, lo cual, desde el punto de vista técnico,
es un tema que lógicamente debería residenciarse en el Consejo
de Economía y Finanzas.

Hay algo que ha dicho sobre los acuerdos institucionales y que
también me gustaría precisar. Ha habido bastantes acuerdos
institucionales relacionados con la ampliación, otra cosa es
que se esté de acuerdo o no con la evolución que ha habido en
esos acuerdos institucionales. No lo ha habido en cuanto a las
minorías de bloqueo o a las mayorías cualificadas y no lo ha
habido porque se pasa de 23 votos, minoría de bloqueo, a 27 en
el supuesto de que entren los cuatro nuevos candidatos, los
cuatro países. Pasar de 23 a 27, puedo decir claramente en la
Cámara, que a nosotros como país del sur de Europa y en la
periferia de la Comunidad, nos plantea un problema bastante
serio porque 23 votos hemos sacado con cierta frecuencia y con
frecuencia muchísimo menor, por no decir nunca, 24 cuando
hemos necesitado una minoría de bloqueo; y los socios nuevos,
los nuevos países que pueden entrar en la Comunidad no van a
tener necesaria y objetivamente los problemas a que se refería
el señor Mardones, de agricultura mediterránea y otros que
tiene nuestro país. Por consiguiente, para buscar un acuerdo
hemos llegado a ofrecer una fórmula comunitaria, un poco
sofisticada, que no es aceptada todavía, pero esperamos que se
abra camino. Es decir, 27 lo aceptaríamos como norma general,
pero siempre que fueran 27 ó --y el o aquí funciona como una
disyuntiva-- ó 23, siempre que sean tres Estados miembros los
que sumen 23; por tanto, que pueda ser la suma de dos grandes
y uno pequeño. Nuestra
experiencia, a lo largo de estos años, nos dice que nosotros
hemos conseguido minorías de bloqueo, en temas de un enorme
interés para nosotros, cuando dos Estados grandes y uno
pequeño han hecho una votación conjunta con nosotros.

Esto tiene cierto sentido y aunque no me gustaría deslizar una
explicación excesiva, esos dos países grandes y uno pequeño
suponen aproximadamente un tercio de toda la población de la
Comunidad --en algunos casos, incluso más de un tercio-- en
tanto que la suma de 27, en otros casos, podría suponer,
incluso, un sexto de los habitantes de toda la Comunidad. Por
tanto, hay bastante lógica en lo que decimos, pero, sobre
todo, además de lógica lo que hay es un interés nacional
clarísimo que no queremos, de ninguna manera, abandonar.

Creo haber dado satisfacción a los problemas que planteaba
desde el punto de vista del funcionamiento institucional. Los
que se planteen desde el análisis teórico no se resuelven en
este Consejo y creo que no se van a resolver en muchos más. Es
verdad que los mecanismos de toma de decisión en la Comunidad
siguen siendo mecanismos extraordinariamente lentos o pesados
porque se avanza poco, por no decir que no se avanza más de lo
que está contenido en el Tratado de la Unión, en la idea
federalizadora a que usted hace referencia.

Creo haber respondido ya a algunas de las inquietudes que se
han planteado por parte de algunos portavoces, como el señor
Mardones, hablando del Libro Blanco y del mercado interior,
incluso hablando de algunas líneas de productos mediterráneos.

Considero que estamos ya en un acuerdo sobre la modificación
de los calendarios y, por consiguiente, la política agrícola
común reformada referida a los productos mediterráneos va
avanzando, o ha avanzado, en algunos aspectos importantes.

Ahora bien, cuando se habla de la competitividad o de la
competencia interna en la Comunidad, en el Libro Blanco no se
está diciendo que esa competencia deba ser exclusivamente
interna; también la Unión se entiende como un espacio abierto
a la competencia exterior. Por consiguiente, vamos a tener que
soportar --y el acuerdo del GATT lo va a incrementar--
competencia externa.

Desde luego nosotros somos --y me gustaría aclararlo desde
esta tribuna--de los que creemos que sería muy positivo, muy
bueno, que hubiera un acuerdo de la Comunidad, de carácter
especial, con el Reino de Marruecos. Sería bueno desde el
punto de vista de la Estabilidad política, sería bueno desde
el punto de vista del desarrollo económico, y deberíamos
intentar, naturalmente,



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que los costes se repartieran razonablemente y que nosotros no
saliéramos globalmente perjudicados por un acuerdo de esa
naturaleza, que defendemos.

También creo haber explicado el problema de la compatibilidad
GATT y política agrícola común. Lo único que se ha hecho es
establecer una especie de mecanismo de reserva diciendo: la
Comisión estima que es compatible la política agrícola común
con el acuerdo a que se ha llegado en el GATT, pero en el
supuesto de que no fuera compatible y hubiera, por
consiguiente, alguna distorsión, hay que sentarse a verlo.

Cuando eso se ha
manifestado por parte de Francia, nosotros hemos dicho que
estamos de acuerdo, siempre que se refiera a la política
agrícola común reformada, no sólo de productos continentales
sino también de productos agrícolas mediterráneos; siempre que
se refiera, por consiguiente, a la totalidad de la política
agrícola común, y siempre que, además, no vaya a haber
transferencias de fondos de otras partidas, en caso de que
haya necesidad de aumentar los fondos.

Por el Grupo Mixto ha habido varias intervenciones, algunas en
contra de lo que supone la reforma del mercado de trabajo,
aunque en favor del Libro Blanco, como la de la representante
de Esquerra Republicana. Una de las cosas que el Libro Blanco
destaca con toda claridad es la necesidad de flexibilizar el
mercado de trabajo. Se puede discutir, naturalmente, sobre los
contenidos, y ha habido otras intervenciones en la misma
dirección.

Nosotros no sólo no hemos rechazado, sino que hemos aceptado
que pueda haber, por si les sirve de orientación, un impuesto
de carácter ecológico. No nos gusta un impuesto sobre el CO2 -
-y no nos gusta porque perjudica directamente a nuestro país--
, pero hemos dicho que estamos completamente abiertos a que se
pudiera estudiar algún impuesto de esa naturaleza, siempre que
sea sustitutivo de alguna de las cargas indirectas que pesan
sobre los salarios.

El señor González Lizondo no se ha referido prácticamente para
nada, a la Cumbre Europea, aunque sí me ha dado muchos
consejos sobre política interior, que le agradezco, pero que
no eran probablemente --y él lo comprenderá-- el motivo de la
sesión de hoy. Sí se ha sumado a la petición del señor Anguita
de una comparecencia antes de las cumbres europeas, y he
explicado ya la razón.

Doy las gracias al señor Mur --como a los demás que lo han
hecho-- por su solidaridad en el tema del asilo. Quiero
aclararle una vez más que no hay insuficiencia en la capacidad
de financiación de las estimaciones del Libro Blanco. Además,
debo decir que la financiación que se establece en el Libro
Blanco no es una financiación para los sectores públicos --
sean sector público de cada Estado, sean sectores públicos
comunitarios--, es para obras; y a esa financiación se puede
añadir (de hecho se está añadiendo ya en la que se ha liberado
hasta ahora) una
financiación complementaria para los proyectos que se están
desarrollando. Por consiguiente, la movilización de recursos
es mucho mayor, pero la condición es que no pese sobre los
déficit de los diferentes Estados miembros ni se consituya o
convierta en un déficit comunitario.

En cuanto a algunas de las reflexiones que se han hecho en la
última intervención sobre la aceleración de los planes, creo
que siempre tiene que haber una cierta coherencia entre la
posibilidad de acelerar los planes, de mantener los objetivos
macroeconómico y, sobre todo, de control del déficit. Hay algo
con lo que coincido plenamente en la última intervención del
señor Albistur, antes de la intervención del portavoz del
Grupo Socialista, y es que la formación profesional es clave,
desde el punto de vista del sistema educativo, desde el punto
de vista de la formación, no sólo de la reglada sino de la
formación
ocupacional, para que la reforma del mercado de trabajo sea
eficaz.

Creo, señorías, que con esto he dado respuesta a la mayor
parte de las cuestiones que se han planteado. Creo,
honradamente, que el Consejo Europeo ha sido un consejo muy
operativo que
probablemente está cerrando una fase de europesimismo, una
fase de eurodesconcierto o como quieran, que se ha vivido
durante dos años en la Comunidad, que está centrando sus
debates en temas muy concretos que afectan a todos los
ciudadanos, y espero que sea así la línea de los próximos
consejos. Anuncio a SS.SS. que en lo que respecta a nosotros,
que nos tocará la presidencia de nuevo, la coordinación
comunitaria por tanto, en el segundo semestre de 1995, hemos
llegado a un acuerdo con Alemania y con Francia --Alemania
presidirá el segundo semestre de este año próximo y Francia el
primer semestre de 1995-- para coordinar las tres
presidencias, de manera que podamos dar continuidad a todos
los trabajos que se emprendan desde la primera hasta la
tercera, lo cual permitirá dar un impulso decisivo para 1996.

Gracias. (El señor Anguita González pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.

Señor Anguita, no parece que la intervención del señor
Presidente del Gobierno requiera abrir un turno de réplica. Si
S.S. quiere hacer alguna precisión imprescindible, le
concederé la palabra.




El señor ANGUITA GONZALEZ: Gracias, señor Presidente, pero el
señor González ha dicho: El señor Anguita..., y en cierta
medida me ha contradicho en algunos pasajes de su
intervención.

(Rumores.) Con brevedad.




El señor PRESIDENTE: Precise.




El señor ANGUITA GONZALEZ: De manera telegráfica, cuando el
señor Presidente ha hablado de europesimismo,



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no se ha interrogado por qué el europesimismo. Al comienzo de
mi intervención yo apuntaba, naturalmente en base a datos y a
hechos concretos, dónde podía estar una fuente del
europesimismo, y es que la realidad va por un sitio y la
declaración política va por otro. Cuando no se han cumplido
los contenidos de la primera fase de la Unión Económica y
Monetaria se dice, en esa reunión de Bruselas, que vamos a ir
a la segunda fase. Yo creo que esto ya demuestra dónde pueden
estar las raíces del europesimismo.

En segundo lugar, yo no he comparado, en cuanto a contenidos,
al Libro Blanco con el paquete Delors-II, ni muchísimo menos.

Lo que sí he dicho y sigo manteniendo es que el nivel de
expectativas que se arrojan sobre la población europea, sobre
el papel casi de milagro que pueden hacer estas medidas, es
similar. El paquete Delors-II --sigan SS.SS. la prensa-- todos
los apologetas de aquello coinciden en que era el milagro, y
después la iniciativa de crecimiento y el Libro Blanco.

En tercer lugar, el señor Presidente manifiesta que ya casi no
hay duda acerca de los 8.000 millones de ecus que son
necesarios para el Libro Blanco. Se plantea que sea a través
del Banco Europeo de Inversiones, pero éstos se nutren de los
presupuestos estatales, del presupuesto comunitario, cuando el
problema fundamental es que está reñida una política de
inversiones con ese freno que se coloca al endeudamiento.

En cuarto lugar, el reparto de trabajo se hace empresa a
empresa. A mí me gustaría --y vuelvo a repetir la invitación a
un debate--discutir sobre el tema del reparto del empleo. No
es empresa por empresa. Es una filosofía y una aplicación
económica que tiene en cuenta muchas cuestiones --en el debate
de los presupuestos ya incidí en algunas-- sobre todo para
España. Se trata, en principio, de las horas extraordinarias;
se trata también de verificar el salario indirecto como
prioritario, y de hablar incluso de la moderación salarial, la
educación, la salud, el transporte público, etcétera; se
trata, en definitiva, de medidas verificables y concretas a
discutir, naturalmente.

Y, por último, el señor Presidente en su contestación me ha
dicho que no se pueden calcular ciertas cosas porque la
cantidad de trabajo no se puede calcular. Si eso es así, y ahí
está la debilidad de la construcción europea, no se pueden
calcular tampoco los puestos de trabajo. Por tanto, resulta un
discurso demagógico cuando se habla de que con el crecimiento
no podemos calcular los puestos de trabajo porque no se puede
calcular el trabajo a repartir. ¿Y entonces qué ocurre? Que
cae por su pie también la cohesión económica y social. No hay
ningún principio de planificación, de coordinación de
previsión. Por tanto, el no poder calcular el trabajo
significa renunciar a todo elemento de racionalidad en una
construcción; es dejarlo todo al llamado mercado.

Gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anguita.

Tiene la palabra el señor Presidente del Gobierno.




El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Señor
Presidente, con ese esquema de razonamiento es preferible no
seguir discutiendo. (Rumores.--Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.

El Pleno se reanudará a las cuatro de la tarde.

Se suspende la sesión.




Era la una y treinta y cinco minutos de la tarde.




Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.




PREGUNTAS:



--DEL DIPUTADO DON XABIER ALBISTUR MARIN, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL EXCMO. SR. MINISTRO DE
ECONOMIA Y HACIENDA: EL PARLAMENTO VASCO, EN SESION PLENARIA
CELEBRADA EL 30 DE SEPTIEMBRE, ADOPTO EL ACUERDO DE APROBAR
UNA PROPOSICION NO DE LEY EN APOYO DE LAS MEDIDAS FISCALES A
FAVOR DE LA INVERSION Y EL EMPLEO. DICHO ACUERDO FUE
TRASLADADO A LOS PRESIDENTES DE LAS DIPUTACIONES FORALES DE
LOS TRES TERRITORIOS HISTORICOS. A LOS DE LAS JUNTAS
GENERALES, A LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, ASI COMO AL
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE
LA RIOJA. ¿CUAL VA A SER LA ACTITUD DEL GOBIERNO, UNA VEZ
RECIBIDA POR SU PRESIDENCIA LA RESOLUCION DEL PARLAMENTO
VASCO? (Número de expediente 180/000204)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señorías, se reanuda
la sesión.

Punto V del orden del día: Preguntas. En primer lugar,
pregunta del Diputado don Xabier Albistur Marín, que tiene la
palabra.




El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente. Gracias,
señor Ministro, por su presencia en un día como el de hoy y a
esta hora de la tarde. Dentro del contexto de las preguntas
que anteriormente le he formulado, quisiera de alguna forma
ver si podemos llegar a una conclusión final.

El Parlamento Vasco, en sesión plenaria celebrada el 30 de
septiembre, adoptó el acuerdo de aprobar una proposición no de
ley en apoyo de las medidas fiscales a favor de la inversión y
el empleo. Dicho acuerdo fue



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trasladado a los Presidentes de las Diputaciones Forales de
los tres territorios históricos, a los de las Juntas
Generales, a la Presidencia del Gobierno Central, así como al
Presidente del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de
la Rioja. ¿Cuál va a ser la actitud del Gobierno, una vez
recibida por su Presidencia la resolución del Parlamento
Vasco?
Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): En nombre del
Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de Economía y
Hacienda.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.

Señoría, cuando el Gobierno presentó el día 7 de septiembre
los recursos sobre este tema tuvimos ocasión ya de poner de
relieve los argumentos por los cuales los mismos se
planteaban. En esta Cámara he tenido ocasión ya de explicar en
algún caso cuáles fueron estos argumentos, que tienen que ver
con dos razones fundamentales. La primera es que, desde el
punto de vista del Gobierno, las medidas fiscales urgentes
suponen una vulneración de las competencias que atribuye el
concierto a la Comunidad Autónoma del País Vasco. La segunda
es porque infringen las directrices comunitarias sobre ayudas
otorgadas por los Estados, que pueden generar distorsiones de
concurrencia y no se ajustan a los límites máximos aceptados
por la Comunidad. Deberían haber sido comunicadas previamente,
de acuerdo con el artículo 93.3 y, en consecuencia, son nulas
de pleno derecho.

Esas son las razones que nos hacen prácticamente imposible
renunciar al recurso que en su día planteamos. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Albistur
tiene la palabra.




El señor ALBISTUR MARIN: Me gustaría saber únicamente si
existe alguna razón más de las que ya han sido expuestas, nada
más que eso, y que se me responda al fondo de mi pregunta.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Ministro
tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, Presidente.

Esas son las razones del fondo de su pregunta. Si S.S. lo que
plantea es el problema del procedimiento sobre el valor de la
resolución del Parlamento Vasco, yo le digo que la hemos
estudiado con el máximo interés, pero no podemos darle otro
valor que el que tiene, que es una petición del Parlamento
Vasco. Creemos que no se han modificado para nada las
condiciones de lo que en su día autorizó las diputaciones
forales en estas
condiciones. En su momento dije que el margen de modificación
derivaba del cambio que se podía introducir en esta
legislación por parte de las comunidades responsables en las
diputaciones o por una modificación de la normativa estatal.

Esa modificación de la normativa estatal se puede producir
como consecuencia de la aprobación de la ley de acompañamiento
a la ley de
Presupuestos, pero en todo caso las condiciones de esa ley son
distintas. Aunque pudiésemos avanzar algo en ese punto
concreto, quedaría sin resolver el otro tema, que me parece
esencial, que es el del incumplimiento de las normas
comunitarias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro.




--DEL DIPUTADO DON RAMON ESPASA OLIVER, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUANDO Y COMO PIENSA EL
GOBIERNO DAR PLENO
CUMPLIMIENTO A LA MOCION APROBADA POR ESTE CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS SOBRE EL ABARATAMIENTO DE LOS CREDITOS HIPOTECARIOS?
(Número de expediente 180/000205)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 8, del
Diputado don Ramón Espasa Oliver.

El señor Espasa tiene la palabra.




El señor ESPASA OLIVER: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, el pasado 2 de noviembre, esta Cámara aprobó
por unanimidad una moción que venía a pedir básicamente tres
cosas. Primero, que se trasladase rápidamente al mercado
hipotecario el descenso en los tipos de interés; segundo, que
se facilitase así el derecho a la vivienda a muchas personas
en nuestro país que puedan, a través de la hipoteca, acceder a
la compra de un piso o vivienda; y tercero, se buscaba la
dinamización de la economía. El Gobierno tomó el compromiso y
tiene la obligación de cumplir esta moción en su integridad.

Me gustaría saber si el Gobierno está en condiciones de
decirnos hoy cuándo va a cumplir la moción y si la va a
cumplir en su total y plena integridad; es decir, si además
del decreto que haga referencia a la simplificación de los
índices de referencia hipotecarios, a las reducciones
arancelarias notariales, registrales e incluso de impuestos,
al menor coste de la novación y a la transparencia informativa
de los bancos, el Gobierno abordará también (porque esto
sería, señor Ministro --permítame la expresión--, la
guarnición del plato) la chuleta, el filete del plato; el
filete --usted lo sabe tan bien como yo-- es la subrogación.

Si esto se hará a través



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de una ley, si se hará a través de una moficación de la Ley
Hipotecaria. En todo caso, vuelvo a insistir, me gustaría
saber si cumplirá en su integridad la moción y en qué tiempo
la cumplirá, señor Ministro.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Ministro de
Economía tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.

Además de hablar de este tema a primeros de noviembre, también
hablamos de él el día 1 de diciembre. Desde entonces hasta
ahora se ha seguido trabajando en la misma dirección que en
aquel momento expuse; sin embargo, la filosofía de aquel
momento sigue siendo válida. Supongo que eso da satisfacción
al señor Espasa. Estamos trabajando en medidas que afecten a
la transparencia informativa, a la indicacaión de tipos de
intereses, al coste registral, notarial y fiscal y a la
subrogación de préstamos hipotearios. Por tanto, todos los
temas incluidos en su día en la moción.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Espasa tiene
la palabra.




El señor ESPASA OLIVER: El señor Ministro ya sabe que en la
intervención --la unanimidad de la Cámara fue una muestra de
ello-- estuvimos todos de acuerdo en que esto era bueno para
el bolsillo de los españoles deudores de préstamos
hipotecarios, era bueno para la economía y, por tanto, era
bueno para el país.

Me satisface saber y oírle por tercera vez --le hemos estado
preguntando en este mismo sentido-- que está trabajando en
ello. Lo que nos daría plena y total satisfacción es que
usted, en la segunda contestación, nos pudiese decir, como
parece que ha dicho alguna vez, que todo estará listo para el
1.º de enero de 1994 o, en su caso, saber para cuándo estará
listo. Piense que hay muchas personas en este país que están
pendientes de este decreto y de esta reforma legislativa para
abordar o bien un nuevo crédito hipotecario o para poder
subrogar su hipoteca y
beneficiarse del descenso en los tipos de interés que su
Gobierno, con acierto, ha conseguido introducir en la economía
española. Por tanto, es enormemente importante que usted nos
diga ya, definitivamente, una fecha para esta buena noticia
que compartiremos todos.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Espasa.

El señor Ministro de Economía tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias.

Señor Espasa, de forma muy escueta le diré que aquellos
aspectos que no exigen norma con carácter de ley, pueden
requerir informe del Consejo de Estado. Nuestro deseo es que,
a pesar de todo, esas normas estén en vigor lo más próximo
posible al 1.º de enero.

Por lo que se refiere al proyecto de ley necesario para la
subrogación, lógicamente tendrá su plazo de tramitación
parlamentaria y exigirá más tiempo. Pero también mi deseo es
que, por parte del Gobierno, se acepte antes de dicha fecha.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro.




--DEL DIPUTADO DON JOSE MANUEL GARCIA-MARGALLO Y MARFIL, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
GOBIERNO: ¿CUANDO VA A REMITIR EL GOBIERNO A ESTA CAMARA EL
PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY GENERAL TRIBUTARIA?
(Número de expediente 180/000210)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 13,
del Diputado don José Manuel García-Margallo y Marfil, que
tiene la palabra.




El señor GARCIA-MARGALLO Y MARFIL: ¿Cuándo va a remitir el
Gobierno el proyecto de ley modificando la Ley General
Tributaria?



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Ministro
tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.

Señoría, desde luego, es deseo del Gobierno elaborar la
reforma básica de la Ley General Tributaria en la que en estos
momentos se está trabajando. Lo anuncié ya en mi comparecencia
el pasado día 21 de septiembre y nuestro deseo es que a lo
largo del año 1997 se haya presentado ese proyecto, de tal
forma que, por parte del Gobierno, se remita a las Cortes en
ese período de tiempo y que se produzca la tramitación
parlamentaria.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor García-
Margallo tiene la palabra.




El señor GARCIA-MARGALLO Y MARFIL: Señor Ministro, si reprimir
los deseos es camino seguro de salvación, S.S. tiene el cielo
ganado. (Risas.)
Desde hace mucho tiempo, el Grupo Popular ha denunciado que
sus antecesores en la calle de Alcalá han sido una especie de
plaga bíblica para el sistema tributario español. Han
destrozado ustedes los principios clásicos de la imposición,
de claridad, continuidad, economía,



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conveniencia, etcétera y han aumentado ustedes el fraude
fiscal y la emigración fiscal a récords difícilmente
homologables en la historia occidental. (Rumores.)
Mi Grupo Parlamentario no se ha limitado a denunciar, ha
propuesto en distintas ocasiones un estatuto del contribuyente
que restableciese el principio de seguridad jurídica y el
equilibrio entre los privilegios de la Administración y los
derechos de los contribuyentes.

Se discutió hace muy poco tiempo aquí. Proponíamos cosas tan
sensatas como que el Gobierno publicase los textos refundidos
de los impuestos en el primer trimestre, para que el
contribuyente supiese cuáles eran las reglas del juego; que
las consultas fuesen vinculantes y publicadas; que se revisase
el procedimiento económico-administrativo, para que un
contribuyente no tuviese que esperar como poco diez años a que
la Administración le diese la razón; una revisión del
procedimiento sancionador, anunciado, por cierto, en prensa
por su Director General, etcétera.

No voy a insistir demasiado en el contenido de ese estatuto
del contribuyente. Gastaron ustedes el dinero que todos
pagamos en pagar al Instituto de Estudios Fiscales, para que
hiciese la crítica más acerba y torticera posible de nuestro
estatuto del contribuyente; por tanto, S.S. lo conoce bien.

Ahora el señor Ministro, después de que los representantes de
su Grupo dijeron que el estatuto del contribuyente estaba muy
bien pero que no era políticamente oportuno (supongo que por
el tiempo y porque lo presentábamos nosotros), como Larra, me
dice: «Vuelva usted mañana». El sistema tributario español
lleva esperando desde el año 1982, con quebrantos ya de
difícil reparación y con daños en el horizonte, en un contexto
de libre circulación de capitales, que van a pagar ustedes el
tiempo que les queda y nosotros, cuando les sucedamos.

Por eso, no me repita como Larra: «Vuelva usted mañana».

Terminen ustedes de estudiar de una vez. No me conteste, como
al señor Espasa, que siguen estudiando. Y, por favor, cráme,
yo soy democratacristiano: Al reprimirse el deseo de enviarlo
no incurre usted en ningún pecado carnal. (Risas.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias.

El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.

Su señoría me ha hecho una pregunta muy concreta y yo le he
dado respuesta a esa pregunta muy concreta. No viene a cuento
discutir ahora problemas referentes a la represión del fraude
fiscal, que, evidentemente, podemos hacerlo en cualquier
momento. Me parece mucho más incorrecto hacer esa afirmación
de que hemos ayudado a incrementar el fraude fiscal. Basta
consultar las cifras para ver cuál es la realidad sobre el
comportamiento del fraude y la recaudación en estos años.

Yo comprendo que la Ley General Tributaria es del año 1964,
merece una modificación, y esa discusión sobre un tema
especialmente delicado se empieza en 1992 con un amplio
debate. Se sigue en 1993. Es verdad que en 1993 se produce el
período electoral que retrasa en cierta medida la discusión de
estos elementos. Me hubiera parecido absolutamente incorrecto
decir a S.S. que íbamos a presentarla en 1993. Por eso le he
dicho que lo vamos a hacer en 1994.

Muchas gracias.




--DEL DIPUTADO DON JUAN COSTA CLIMENT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUANDO VA A
REMITIR EL GOBIERNO A ESTA CAMARA EL PROYECTO DE LEY QUE
MODIFICA EL IMPUESTO DE SOCIEDADES? (Número de expediente
180/000211)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pasamos a la pregunta
número 14 del Diputado don Juan Costa Climent, que tiene la
palabra para formularla.




El señor COSTA CLIMENT: ¿Cuándo va a remitir el Gobierno a
esta Cámara el proyecto de ley que modifica el Impuesto de
Sociedades?



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Costa.

El señor Ministro de Economía y Hacienda tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.

El Presidente del Gobierno se propone difundir, antes de que
finalice el primer trimestre del año 1994, un documento en el
que se contendrán las líneas básicas de la reforma del
Impuesto sobre Sociedades con la finalidad de suscitar un
amplio debate sobre el mismo. Tras la discusión de ese
documento, esperamos poder presentar un texto articulado en el
segundo semestre del año 1994.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Costa tiene
la palabra.




El señor COSTA CLIMENT: Señor Ministro, el Gobierno lleva más
de dos años y con un plazo de por medio sin remitir a esta
Cámara el proyecto de ley del nuevo Impuesto sobre Sociedades.

Parece que en este país resulta normal que el Gobierno no
cumpla sus compromisos en materia de plazos con esta Cámara.

En estos momentos nuestro país se encuentra en una situación
de grave recesión económica y, por tanto,



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constituye una falta de responsabilidad política por parte del
Gobierno no utilizar un instrumento tan importante de
ordenación de la actividad económica como el Impuesto sobre
Sociedades para intentar fomentar la inversión, para intentar
crear empleo y para intentar atraer capitales exteriores. Esa
inactividad por parte del Gobierno, que no es más que un claro
reflejo de la impotencia y de la falta de capacidad del
Gobierno para adoptar decisiones económicas, decisiones
importantes en materia de política económica, supone decir sí
al desempleo, supone decir sí al fraude fiscal. Nuestro país
necesita adoptar medidas específicas en materia de Impuesto
sobre Sociedades que hagan frente al fraude fiscal, tal y como
han adoptado el resto de los países de nuestro entorno. Supone
renunciar a la posibilidad de atraer nuevos capitales
exteriores y supone también aceptar la
paralización de nuevos proyectos de inversión. En estos
momentos la mayor parte de los inversores españoles y no
residentes están paralizando sus proyectos de inversión porque
carecen de un marco jurídico estable que les permita conocer
cuáles van a ser las consecuencias fiscales de las decisiones
económicas que adopten en estos momentos.

Señor Ministro, se lo he dicho ya pero se lo vuelvo a decir
con toda honestidad: Me parece una falta grave de
responsabilidad política el hecho de que no hayan remitido
todavía el proyecto de ley del nuevo Impuesto sobre
Sociedades.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Ministro de
Economía y Hacienda tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.

Su señoría toma el rábano por las hojas y realiza una
argumentación que nada tiene que ver con el punto esencial que
discutimos. Según S.S., la inversión en este país no se
produce porque falta un marco jurídico estable. Será más bien
que la inversión no se produce porque hay dificultades
económicas que hacen que la inversión funcione de otra forma.

Ese marco jurídico era igual de estable hace dos años y la
inversión se producía. A S.S. le preocupan los efectos sobre
el empleo, los efectos que puede tener sobre la propia vida de
las sociedades, y S.S. desconoce con eso las medidas
específicas que sobre inversión y sobre tratamiento específico
de los pagos de sociedades se han introducido en la ley de
acompañamiento al Presupuesto este año, en la que se modifican
todos esos hechos para tener en
consideración la coyuntura económica. Su señoría olvida que,
aunque discutiésemos en el momento actual una ley de
sociedades, no tendría aplicación, en el mejor de los casos,
hasta el año 1995 y, por tanto, no tendría ningún efecto.

En consecuencia, ninguno de sus argumentos es correcto,
excepto uno, que sí se lo acepto: tenemos que presentar una
ley que modifique el actual Impuesto de Sociedades y es verdad
que andamos con un cierto retraso en ese tema. Ese retraso
obedece a razones parecidas a las que anteriormente he hecho
referencia; sin embargo, es un tema lo suficientemente
complejo como para que exija un análisis en profundidad, cosa
que, como he dicho, estamos dispuestos a hacer en el primer
trimestre de este año, para que la ley esté aprobada en el
segundo semestre de este año. Muchas gracias.




--DEL DIPUTADO DON GABINO PUCHE RODRIGUEZ-ACOSTA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿HA ADOPTADO EL GOBIERNO LAS MEDIDAS CONTEMPLADAS EN EL PLAN
DE REVISION DEL CATASTRO PARA CUMPLIR EL COMPROMISO DE QUE
DICHA REVISION SEA FISCALMENTE NEUTRA? (Número de expediente
180/000219)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 22 del
Diputado don Gabino Puche Rodríguez-Acosta, que tiene la
palabra.




El señor PUCHE RODRIGUEZ-ACOSTA: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, con motivo de la convocatoria electoral se
paralizó en la primavera la revisión catastral que estaba
prevista y se aplazó, por acuerdo de la Federación Española de
Municipios con el Ministerio de Hacienda, al objeto de hacer
esa revisión por plazo. Trancurrido ya el plazo electoral, ha
sido más de un millón y medio de españoles los que han
recibido ya los nuevos valores catastrales, aproximadamente de
1.242 municipios, con una cuadruplicación del valor con
respecto al valor antiguo. Es por esa razón por la que
queríamos conocer, señor Ministro, si el Gobierno ha adoptado
alguna medida prevista del plan de revisión catastral para
hacer que este tipo de revisión sea fiscalmente neutro, como
en su día prometió el Gobierno.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el
señor Ministro.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.

La neutralidad fiscal evidentemente afecta a distintas facetas
de la tributación y, en consecuencia, no se puede hacer frente
a la misma con una medida única. El Gobierno en el propio plan
ha establecido una regulación específica entre el valor
catastral y el valor de mercado que permite una modificación
de la situación



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anterior. (El señor Vicepresidente del Gobierno, Serra i
Serra, entra en el hemiciclo.--Un señor Diputado del Grupo
Popular: ¡Bravo!--Rumores.)
También el Gobierno ha tomado una decisión específica sobre
las viviendas de protección oficial que permite la mejora de
la situación. No está aún resuelto el problema de los
arrendamientos urbanos que, sin embargo, quedará resuelto en
la próxima ley de arrendamientos urbanos. En lo que se refiere
al Impuesto de Bienes Inmuebles, corresponderá a los
ayuntamientos tomar las decisiones pertinentes.

Finalmente me gustaría recordar que, tanto en el Impuesto de
la Renta de las Personas Físicas como en el Impuesto del
Patrimonio, se han tomado las medidas pertinentes que permitan
que esa neutralidad juegue.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el
señor Puche.




El señor PUCHE RODRIGUEZ-ACOSTA: Señor Ministro, lamento tener
que decirle que no coincido con usted, porque la
cuadruplicación de los valores catastrales que se está
produciendo va a generar una grave consecuencia. La primera,
inmediata, es la repercusión sobre el valor del patrimonio,
sobre el Impuesto de Sucesiones y, sin ningún género de dudas,
sobre el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas.

Sobre el Impuesto del Patrimonio, que sería la primera
repercusión, va a haber una cantidad importante de ciudadanos
españoles que tendrán que empezar a declarar por primera vez
este año, a pesar de que la Ley de Presupuestos de 1994 ha
previsto el incremento del mínimo exento. Pero es que sobre el
Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, en su aspecto
obligatorio de la consignación del 2 por ciento sobre el valor
catastral o sobre el valor de la escritura pública, a la vista
de un
incremento como el que se esta produciendo del cuádruple del
valor de los bienes inmuebles, muchos ciudadanos españoles
tendrán que hacer su declaración de la renta, a partir de este
momento, por el 2 por ciento del valor catastral, con lo que
supone un incremento importante de la cuota tributaria.

Eso me permite a mí esta tarde, señor Ministro, a la vista de
su respuesta, decirle que de nuevo lo que está haciendo el
Gobierno por ese camino es retomar por la puerta falsa, a
traición, por debajo de la mesa camilla, por la gatera o como
usted quiera, el tristemente famoso ya llamado catastrazo, que
en su día impuso el señor Borrell. De la misma manera, señor
Ministro, a la vista de su respuesta, he de decirle que
tampoco el Gobierno, lamentablemente, va a cumplir con esa
promesa que en su día hizo de que efectivamente esta revisión
fuese fiscalmente neutra.

Termino, señor Presidente, señor Ministro, lamentando de
verdad la inseguridad jurídica en la que queda el
contribuyente en este momento, sobre todo ante la
discrecionalidad de muchos ayuntamientos a la hora de tener
que aplicar, una vez más, de una forma arbitraria, lamentable
e impertinente esta nueva figura, mientras el Gobierno, señor
Presidente, señor Ministro, sigue tomándose la sopa boba...




El señor VICEPRESIDENTE (Pastor Beviá): Muchas gracias, señor
Puche.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, Presidente.

Su señoría parte de un tema discutible, que es que el
incremento medio es de cuatro veces el valor anterior. A
partir de ahí todas sus cuentas le salen correctas. Sin
embargo, no son ésas las cifras de las que nosotros
disponemos. Nosotros pensamos que la neutralidad queda
suficientemente cumplida, desde el punto de vista del
Patrimonio, con la modificación del mínimo exento. Y en cuanto
a la renta, al pasar del 3 al 2 por ciento, la parte
correspondiente a la atribución del Impuesto sobre la Renta.

Respecto a la llamada discrecionalidad de los ayuntamientos,
evidentemente que existe. Siempre hemos defendido la
discrecionalidad de los ayuntamientos, que deben ser
responsables de sus propios tributos. En consecuencia, esa
discrecionalidad me parece perfectamente correcta y deben ser
los alcaldes los que tendrán que responder ante sus electores
del ejercicio de esa discrecionalidad.

Muchas gracias.




--DEL DIPUTADO DON FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
EXCELENTISIMO SEÑOR VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CONSIDERA EL
SEÑOR SERRA QUE SE PUEDE SER VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO EN UN
REGIMEN PARLAMENTARIO SIN HABER COMPARECIDO ANTE EL CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS DESDE SU NOMBRAMIENTO EN 1991? (Número de
expediente 180/000207)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 10,
del Diputado don Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde, que
tiene la palabra.




El señor TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE: Señor Presidente,
¿considera el señor Serra que se puede ser Vicepresidente del
Gobierno en un régimen parlamentario sin haber comparecido en
el Congreso de los Diputados desde su nombramiento en 1991?
(Varios señores Diputados: ¡Muy bien, muy bien!)



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El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): En nombre del
Gobierno, tiene la palabra el señor Vicepresidente.




El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO (Serra i Serra): Señor
Presidente, señor Trillo, obviamente sí, porque así ha
sucedido. Creo también que es muy conveniente que en el nuevo
Reglamento se abran cauces a la comparecencia del
Vicepresidente. (Rumores.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Trillo tiene
la palabra:



El señor TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE: Señor Serra, por la
profusión de su respuesta y al ritmo de dos años una
respuesta, con lo que acaba de decir podemos confeccionar un
discurso parlamentario dentro de cuarente años. Es usted muy
expresivo. No se refugie en el Reglamento. La Constitución
española --y usted debiera saberlo--obliga al Gobierno y a
cada uno de sus miembros a someterse al control de esta
Cámara, porque éste es un régimen parlamentario. Un régimen
parlamentario se basa en un mandato entre el Gobierno y esta
Cámara por el lado de la mayoría, porque expresa su confianza,
por el de la oposición, porque debe controlar. Y yo me
pregunto por qué usted durante dos años y ocho comparecencias
solicitadas por mi Grupo ha estado usted callado, silente.

Sospecho que usted o tiene miedo a asumir sus
responsabilidades ante la oposición, o a lo mejor no tiene la
confianza de la mayoría, señor Serra. (Rumores.) Explíquese.

Le diré una cosa más. No alegue el Reglamento, señor
Vicepresidente (Continúan los rumores.); no alegue el
Reglamento, señor Vicepresidente, porque no es cuestión de que
el Reglamento se lo impida. Si existe voluntad política, el
Reglamento no se lo impide. ¿Usted va a hacer creer a alguien
que el Reglamento le impide venir a esta Cámara cuando se le
ha pedido que
comparezca? Su antecesor vino aquí a dar la cara y decía que
sólo era modestamente un oyente. Yo sospecho, señor Serra, que
usted es un superoyente, o quizás un superescucha.

Gracias, señor Presidente. (Rumores.--Aplausos en los escaños
del Grupo Popular.--Pateos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor
Vicepresidente tiene la palabra.




El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO (Serra i Serra): Señor
Trillo, por el final de su intervención deduzco que a usted le
parece que el debate político es la búsqueda del epíteto
descalificativo mejor, o despreciativo. Yo no creo que ése sea
el debate político, sino que éste es el lenguaje propio de los
que no tienen nada que decir en política. (Rumores.)
La tarea del Vicepresidente está regulada en las leyes: es
sustituir al Presidente (Un señor Diputado del Grupo Popular:
El miedo.), es coordinar la labor del Gobierno de acuerdo con
el Presidente. Esta tarea --lo digo con sosiego-- es más
interna que de proyección exterior y no favorece la
comparecencia en el Parlamento. (Continúan los rumores.)
Precisamente a iniciativa del Grupo Socialista (Un señor
Diputado del Grupo Popular: ¡Calma!), estamos abiertos --y el
Grupo lo está-- a considerar esa situación en el nuevo
Reglamento (La señora De Palacio Valle-Lersundi: No hace
falta.) y a encontrar en el Pleno, cuando los asuntos sean de
carácter general y afecten a varios
departamentos, la fórmula para que el Vicepresidente
comparezca (Un señor Diputado del Grupo Popular: Dos veces.) y
tenga de esta manera ese contacto que yo personalmente soy el
primero que desea.

Durante más de nueve años he sido Ministro de Defensa y he
comparecido puntualmente y muchísimas veces. Espero que en el
futuro como Vicepresidente también pueda hacerlo. (Aplausos en
los escaños del Grupo Socialista.--Rumores.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Vicepresidente. (El señor Ramallo García: ¡A ver si buscáis
uno mejor!--Ahí, ahí.--Rumores y protestas.) ¡Silencio,
señorías!



--DEL DIPUTADO DON RICARDO PERALTA ORTEGA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE PREVISIONES TIENE EL
GOBIERNO PARA LA FIJACION, CON EFECTO DE 1 DE ENERO DE 1994,
DEL SALARIO MINIMO INTERPROFESIONAL GARANTIZADO? (Número de
expediente 180/000206)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 9, del
Diputado don Ricardo Peralta Ortega.

El señor Peralta tiene la palabra.




El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro de Trabajo, ¿qué previsiones tiene el Gobierno
para la fijación con efectos de 1 de enero de 1994 del salario
mínimo interprofesional garantizado?



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): En nombre del
Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro del Trabajo y
Seguridad Social.




El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán
Martínez): Gracias, señor Presidente.




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Señor Peralta, el Gobierno tiene previsto convocar la próxima
semana a las organizaciones sindicales y empresariales más
representativas para someter a consulta las propuestas
correspondientes para fijar el salario mínimo
interprofesional, que habrá de hacerse antes del final de año
para que entre en vigor el 1 de enero, y lo hará de acuerdo
con lo previsto en el artículo 27 del Estatuto de los
Trabajadores.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Peralta, tiene
la palabra.




El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.

Permítame que le diga que la respuesta que me da sobre el
procedimiento me parece que es una respuesta parcial.

Evidentemente, se contesta a la pregunta de nuestro Grupo
acerca de las previsiones en el apartado concreto del
procedimiento. Nos cabía esperar, señor Ministro, que eso,
cuando menos, se
respetara, es decir, ya contamos con que el Ministerio tiene
que llevara cabo reglamentaria y legalmente una serie de
consultas con las organizaciones sindicales más
representantivas. Quiero anticiparle, señor Ministro, que es
nuestra voluntad y nuestro deseo que sean consultas y no
simplemente llevar a cabo y trasladarles las decisiones
adoptadas por el Gobierno, pero eso lo podemos formular en
estos momentos única y exclusivamente como un simple deseo,
como una simple voluntad de nuestro Grupo y manifestar la
confianza de que, efectivamente, el Gobierno lo va a llevar
así. Me gustaría, y creo que eso no entorpece el
procedimiento, que, en la medida en que por el Gobierno se
está trabajando sobre los criterios legales establecidos en el
artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, nos pudiera
anticipar, con el carácter de simple borrador de trabajo por
parte del Gobierno sometido a las consultas que llevan a cabo
con las organizaciones sindicales, cuáles son aproximadamente
los criterios porcentuales, los criterios cuantitativos;
incluso cabría la posibilidad de que el Gobierno decidiera
suprimir la distinción entre menores de 18 años y mayores de
18 años. Pediríamos que intentara darnos una respuesta más
concreta, y eso, señor Ministro, yo creo que es perfectamente
compatible con el procedimiento, y desde el punto de vista de
la consideración y el respeto de esta Cámara, donde reside la
soberanía popular, sería una respuesta más precisa. Le
animaría a que en su
respuesta, si lo estima oportuno, avanzara en esa dirección.

Gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Peralta.

Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo.




El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán
Martínez): Muchas gracias, señor Presidente.

Me temo que ni la cortesía parlamentaria puede impedir que
perdamos la cortesía con los agentes sociales. Que sean ellos
los que primero tengan conocimiento de cuál es la propuesta
que, en su caso, va a hacer el Gobierno. Permítame que sea la
semana próxima, cuando hagamos una propuesta formal a
empresarios y sindicatos para, a partir de ahí, iniciar esa
fase de consultas y luego llevarlo a Consejo de Ministros.

Este es el buen orden que exige no sólo la legislación vigente
sino, al mismo tiempo, los buenos modos.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro.




--DEL DIPUTADO DON ENRIQUE FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA
EXCELENTISIMA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿QUE
RESPONSABILIDAD EXIGE EL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO A LOS
GERENTES DE LOS HOSPITALES DEL INSALUD --CARGOS DE DESIGNACION
DIRECTA-- EN LA UTILIZACION DE FONDOS PUBLICOS, PARA EL
MANTENIMIENTO DE SUS INFRAESTRUCTURAS, GASTOS CORRIENTES,
UTILIZACION DE FARMACOS, Y RELACIONES LABORALES CON EL
PERSONAL SANITARIO? (Número de expediente 180/000209)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 12 del
Diputado don Enrique Fernández-Miranda y Lozana.

Tiene la palabra el señor Fernández-Miranda.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor
Presidente.

Señora Ministra, ¿qué responsabilidad exige el Ministerio de
Sanidad y Consumo a los gerentes de los hospitales del Insalud
--cargos de designación directa--en la utilización de fondos
públicos, para el mantenimiento de sus infraestructuras,
gastos corrientes, utilización de fármacos, y relaciones
laborales con el personal sanitario?
Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Fernández-Miranda.

Tiene la palabra, la señora Ministra de Sanidad.




La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán):
Gracias, señor Presidente.

Señoría, la provisión de los órganos de dirección de los
centros, servicios y establecimientos sanitarios gestionados
por el Insalud se efectúa conforme al régimen laboral especial
de alta dirección, pero, como es evidente,



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les alcanza la responsabilidad civil y penal del personal al
servicio de las administraciones públicas que determina el
artículo 146 de la Ley de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común. Naturalmente, en lo que se refiere a la gestión de
fondos públicos, como gestores de esos fondos públicos, les
resulta de aplicación las previsiones en cuanto a
responsabilidad de la Ley General Presupuestaria.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Fernández-
Miranda tiene la palabra.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor
Presidente.

Bien, señora Ministra, está clara la relación contractual,
pero explíqueme qué responsabilidades les pide S.S. a los
gerentes de los hospitales, porque aparantemente nunca les
pasa nada, y han sucedido demasiadas cosas en los hospitales
públicos como para que sea así. ¿A cuántos gerentes ha cesado?
¿A cuántos gerentes ha pedido directamente responsabilidades?
Porque, señoría, últimamente, hace muy pocos meses, un
acelerador lineal de partículas causa la muerte de un buen
número de pacientes y se condena judicialmente a un técnico de
mantenimiento. ¿Le ha pedido usted responsabilidades al
gerente de ese hospital?
Se incendia en la Clínica Puerta de Hierro una planta completa
de consultas y archivos, en una noche, fallando
estrepitosamente todos los sistemas de alarma y extinción, con
varios centenares de enfermos ingresados. ¿Le ha pedido usted
alguna responsabilidad al gerente del hospital?
Desde hace años se gasta un 20 por ciento más de lo que se
presupuesta en los presupuestos Generales del Estado. A los
proveedores de material sanitario, a los empresarios de
ambulancias, a los centros concertados, a la propia Seguridad
Social, al Ministerio de Hacienda se les debe, por lo que
ustedes llaman «obligaciones no reconocidas», hasta cerca de
un billón de pesetas. ¿Les ha pedido S.S. alguna
responsabilidad a los gerentes de los hospitales?
Se anuncia en el Hospital Ramón y Cajal, por ejemplo, una
especie de amnistía laboral para los médicos de dicho centro
con unos contratos con el Insalud de dedicación exclusiva y
después se da marcha atrás y queda en un mero anuncio. ¿Le ha
pedido S.S. alguna responsabilidad al gerente de ese hospital?
En ese mismo centro, también hace muy pocos meses, se
relaciona el
fallecimiento de nueve enfermos de cirugía cardiaca con un
suero cardiopléjico. ¿Ha pedido usted alguna responsabilidad?
Mi duda es, señoría, si su compromiso con algunos de sus
gerentes, al pedirles incluso en algunas ocasiones que actúen
también como comisarios políticos, es un compromiso de
impunidad total, a no ser que literalmente se les caiga el
centro cuya gestión dirigen encima de ellos mismos.

Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): La señora Ministra
tiene la palabra.




La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Señor
Presidente, señoría, evidentemente tenemos conceptos distintos
de cuáles son mis responsabilidades en relación con los
gestores de los hospitales que dependen del Insalud.

Contestando a todos los casos que S.S. ha enumerado, en
relación con la gerente del hospital de Zaragoza, donde se
produjo el accidente del
acelerador lineal, los que he hecho ha sido ocuparme de que
tuviera la defensa adecuada, porque considero que no ha tenido
la más mínima responsabilidad, y he celebrado la absolución y
la constatación por los tribunales de esa cuestión.

En lo que se refiere al gerente de Puerta Hierro por el
incendio ocasionado, lo que hice fue ir al hospital a
agradecerle que a las cuatro de la mañana estuviera allí para
atender las
incidencias que generó el incendio.

En cuanto a la desviación del presupuesto, que S.S. fija en un
20 por ciento y que le informo que en el último ejercicio, en
el corriente, va a ser de un 5 por ciento, evidentemente no es
una causa para exigir responsabilidad a los gerentes, porque
está perfectamente documentado dónde están las causas de esa
desviación. Lo que sí estamos haciendo es tratar de que la
gestión sea cada vez más eficaz mediante la suscripción con
cada hospital de un contrato-programa que fija objetivos, que
vincula los presupuestos a los objetivos y cuyo cumplimiento
no le oculto que está siendo bastante satisfactorio.

En consecuencia, le confirmo a S.S. que no tengo comisarios de
ningún tipo: tengo gerentes que son personas lo más
cualificadas posible, porque así nos ocupamos de buscarlas
para su
nombramiento, que están desempeñando una labor, a mi juicio
encomiable, y por la que como Ministra de Sanidad les estoy
agradecida.

Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señora
Ministra.




--DEL DIPUTADO DON MANUEL MILIAN MESTRE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA EXCMA.

SRA. MINISTRA DE CULTURA: ¿QUE MEDIDAS PIENSA TOMAR EL
GOBIERNO PARA PROTEGER EL PATRIMONIO HISTORICO-DOCUMENTAL DEL
ESTADO? (Número de expediente 180/000213)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 16 del
Diputado don Manuel Milian Mestre, que tiene la palabra.




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El señor MILIAN MESTRE: Muchas gracias.

Señora Ministra, ¿qué medidas piensa tomar el Gobierno para
proteger el patrimonio histórico-documental del Estado?



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): La señora Ministra de
Cultura tiene la palabra.




La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Gracias,
señor Presidente.

El Gobierno, señoría, no es que se plantee ahora tomar
medidas, sino que las viene tomando desde 1982 en que se
acometió un plan de renovación de los edificios que conforman
la red de archivos estatales. Fruto de este plan,
precisamente, son los veintiocho nuevos edificios que se han
construido a lo largo de estos diez años, todos ellos dotados
de los medios técnicos necesarios para la protección del
patrimonio documental. Además, en 1987 se diseña un plan de
actuación de conservación preventiva con el fin de subsanar
deficiencias detectadas en el conjunto de la red de archivos
estatales. Hay también otro tipo de actuaciones
puntuales, diríamos más específicas como la diseñada en el
caso del Archivo General de Indias, que permite el acceso
informático a los documentos en un alto porcentaje de los
mismos.

Como ve su señoría, el Gobierno no es que piense actuar, va a
seguir actuando, pero no ha dejado de hacerlo en todo este
tiempo y en frentes diferentes a la vez. No obstante, señoría,
estoy receptiva a alguna sugerencia concreta que me quiera
formular. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Ministra.




Tiene la palabra el señor Milian.




El señor MILIAN MESTRE: Muchas gracias, señor Presidente.

Señora Ministra, tengo muchas sugerencias. En primer lugar, le
diré que esta pregunta viene motivada por razones casi
sentimentales. Yo me crié con un historiador medievalista
valenciano, como usted y como yo, que lleva mis apellidos y
que manejaba precisamente el tema de la Corona de Aragón y el
específico de la Orden de Montesa. Motiva esta pregunta el
desastre que supone para la cultura de este país, y para la
mía específicamente, la desaparición en el mes de abril o mayo
del corriente año de la cantoría número III y de la cantoría V
de los siglos XVI y XVIII de la Orden de Montesa del Archivo
Histórico Nacional. Usted comprenderá que para mí eso es algo
traumático. En este sentido, quiero decir que son muchas las
sugerencias. En primer lugar, más seguridad con los fondos
históricos; en segundo lugar, mejor conservación, mucha mejor
conservación. Existe en España un cuerpo de archiveros, al que
pertenecía mi ilustre tío, que en este momento lo integran 103
miembros, 85 facultativos y 28 ayudantes, para nada menos que
740 kilómetros de fondos documentales. Eso sale a un promedio
de un archivero por cada 6 kilómetros y medio. Eso es algo tan
tremendo y paradójico si lo contrastamos con lo que significa
el Presupuesto General del año 1994, cuyos fondos de
conservación preventiva suponen un millón de pesetas, que
solamente se me ocurre una consideración clásica que usted,
persona culta, más que yo, entenderá. Citando, creo, a
Horacio, le diré aquello de «Et montes parturient ridiculum
mus». Es decir, aquí tenemos un ridículo ratón presupuestario
para un monstruo como es nuestro fondo de archivo documental
de primera magnitud en el orbe, no cristiano sino en el orbe
de la humanidad.

Le digo esto con una cierta ironía, señoría, porque de verdad
a mí este tema me preocupa especialmente, y no solamente en
cuanto a la seguridad sino en cuanto a la batalla contra los
gusanos, contra los insectos, contra la destrucción del
patrimonio que, una vez perdido, es irreparable, y que
evidentemente supone mucho más que simples edificios y simples
sistemas de conservación. Es decir, hay que penetrar en la
investigación, cuidar los fondos, tratar de salvar todo esto,
porque de lo contrario nos quedaremos con poco de lo mucho que
hemos recibido. Simplemente quiero apelar a la Constitución
española que en su artículo 149.1.28 dice muy claramente que
estas son unas competencias exclusivas del Estado, aunque a
veces sean administradas por las comunidades autónomas. En
cosecuencia, muchas sugerencias, señora Ministra, mucho
interés por salvar un patrimonio único en el mundo, del cual
estamos perdiendo a retazos algunas partes.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Milian.

Tiene la palabra la señora Ministra.




La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Gracias,
señor Presidente.

Gracias, señoría, por sus sugerencias. Hace pocos días tuve la
ocasión de contestar en el Senado a una pregunta del señor
Van-Halen, de su propio Grupo Parlamentario, sobre la
desaparición de las obras referidas a la Orden de Montesa;
allí di una explicación más exhaustiva y también apunté las
medidas que habíamos adoptado en el último mes, precisamente
para instalar un sistema de detección mediante infrarrojos,
etcétera, y, en definitiva, asegurar una mayor y mejor
conservación de nuestro patrimonio documental, que si a usted
le preocupa, como comprenderá, a mí, como Ministra de Cultura,
me preocupa por lo menos igual que a usted.




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En los últimos diez años hemos invertido en conservación de
patrimonio documental más de 8.000 millones de pesetas desde
el Ministerio de Cultura. Desde un punto de vista más técnico
quisiera precisarle alguna de las medidas protectoras
contenidas en lo que podemos denominar un plan de actuación
preventivo que lo que pretende, además, es dotar de un
carácter estable a este patrimonio y que tenga, además, una
incidencia permanente. Dentro de estas medidas destacaría la
renovación y actualización del equipamiento para la
instalación de estas...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señora
Ministra.




--DEL DIPUTADO DON ANTONIO PILLADO MONTERO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿PIENSA EL GOBIERNO SEGUIR CONSINTIENDO LA PROLIFERACION DE
MERCADILLOS DE DROGA EN NUESTRAS CIUDADES Y PUEBLOS, EN LUGAR
DE PERSEGUIR LOS CONSTANTES DELITOS DE TRAFICO DE TALES
SUSTANCIAS, DETENIENDO Y PONIENDO A DISPOSICION JUDICIAL A LOS
TRAFICANTES, AUNQUE LO SEAN EN PEQUEÑA ESCALA? (Número de
expediente
180/000214)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 17 del
Diputado don Antonio Pillado Montero.

Tiene la palabra.




El señor PILLADO MONTERO: Gracias, señor Presidente.

Pese a los frecuentes éxitos policiales en la lucha contra
bandas organizadas de narcotraficantes, de lo cual hay que
felicitarse y felicitar a las autoridades competentes, lo
cierto es que en nuestros pueblos y ciudades proliferan zonas
donde la droga circula libre e impunemente. ¿Piensa el
Gobierno seguir
consintiendo la proliferación de mercadillos de droga en
nuestras ciudades y pueblos, en lugar de perseguir los
constantes delitos de tráfico de tales sustancias que se
cometen en estos
mercadillos, deteniendo y poniendo a disposición judicial a
los traficantes, aunque lo sean en pequeña escala?



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el
señor Ministro del Interior.




El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Asunción Hernández): Muchas
gracias, señor Presidente.

Debo decir, señoría, que el contenido de su pregunta no se
corresponde en absoluto con la realidad, porque el Gobierno ni
ha consentido ni va a consentir nunca el tráfico de drogas ni
a pequeña ni a gran escala. Es sorprendente que acuse usted al
Gobierno de cometer actividades ilícitas, porque sabe usted
muy bien que eso no es cierto. Creo que se trata de una
cuestión muy seria y, por tanto, apelo a su sentido de la
responsabilidad para no trivializar temas de esta índole.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el
señor Pillado. (Un señor Diputado del Grupo Socialista: ¡Te
han pillado!)



El señor PILLADO MONTERO: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, debemos estar hablando de países diferentes.

Desde que en 1983 cometieron ustedes el grave error de
modificar el Código Penal en esta materia y de tener una
cierta tolerancia con el consumo de droga, nuestros pueblos y
ciudades se han llenado de zonasen las que la droga circula
libre e impunemente, zonas donde los ciudadanos honrados no
pueden circular
tranquilamente sin cierto temor, y no digamos los niños.

Personas conocidas, en vehículos fácilmente identificables,
van a
suministrar diariamente a estos mercadillos. Allí acuden los
pobres drogadictos a hundirse cada día más y allí se hacen
prosélitos, nuevos consumidores, todos los días; y esto ante
la indignación del vecindario y ante la impotencia de las
autoridades locales que, inútilmente, piden la intervención de
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Se me dirá que
hay que dejar sueltos a los pequeños traficantes porque éstos
llevan a los grandes capos, pero pese al desmantelamiento de
importantes redes, el mercado de la droga sigue saturado,
señor Ministro, y es que hay que luchar contra la droga en
todos los escalones, en los escalones superiores y en los
escalones inferiores. Se me dirá que las manos sin la cabeza
no pueden hacer nada, pero la cabeza, si se inutilizan las
manos, tampoco puede hacer nada. En todo caso, en esos
mercadillos, señor Ministro, hay un cúmulo de delitos
constantes, a ojos vista, diarios, los puede apreciar todo el
mundo, y si quiere me acompaña un día y yo se lo digo, señor
Ministro.

¿De qué país estamos hablando? De países diferentes. ¡Pero si
esto es público y notorio! Y parece que el Gobierno ha
abdicado de su deber de combatir la delincuencia. Repito, es
público y notorio. Al menos, que los delincuentes sepan que se
les combate y, al menos, que los ciudadanos sepan que la
autoridad se dedica a combatir la delincuencia, aunque a veces
no lo consiga plenamente.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el
señor Ministro.




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El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Asunción Hernández): Yo
insisto, señoría, en que trivializa usted en exceso y tendría
que decirle que también debería usted reconocer el esfuerzo
del Gobierno y también de las autoridades locales, cómo no, en
lo que es la persecución del delito. Por tanto, me parece poco
seria, por no adjetivarla de otra forma, su alocución o tal
vez el discurso para presentar después el balance de cuentas
de la gestión parlamentaria, porque esa forma de plantearlo,
señorías, me parece poco seria. (Rumores.)
Debo decirle que el 80 por ciento de las personas detenidas y
puestas a disposición judicial por tráfico de drogas en el
período de enero a octubre del presente año lo han sido por
pequeño tráfico, y el 15,8 por ciento por tráfico de tipo
medio. Se persigue todo tipo de delitos, señoría. Otra cosa es
que podamos llegar a donde nos gustaría, a donde desearíamos,
y en ese sentido trabajamos y vamos a seguir trabajando. Y no
dude usted que vamos a seguir persiguiendo al delincuente en
todas sus escalas, porque así lo dice además el ordenamiento,
porque es nuestra obligación, y también esperamos en ese
sentido de su cooperación responsable, más que de la alocución
un poco trivial para justificar la intervención parlamentaria.

Gracias. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien!)



--DEL DIPUTADO DON GUILLERMO GORTAZAR ECHEVARRIA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿QUE MEDIDAS PIENSA TOMAR EL GOBIERNO EN RELACION CON EL
INCREMENTO DE ACCIDENTES DE TRAFICO EN LOS QUE SE VEN
INVOLUCRADOS CICLISTAS? (Número de expediente 180/000216)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 19,
del Diputado don Guillermo Gortazar Echevarría.

Tiene la palabra, señor Gortazar.




El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: Señor Ministro, ¿qué medidas
piensa tomar el Gobierno en relación con el incremento de
accidentes de tráfico en los que se ven involucrados
ciclistas?



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Ministro
tiene la palabra.




El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Asunción Hernández): Muchas
gracias, señor Presidente.

Tengo que aclararle, señoría, en primer lugar, que
afortunadamente no aumenta sino disminuye el número de
accidentes y que, a nivel nacional, tenemos un 10 por ciento
menos de accidentes en este año 1993 que en el mismo período
del año anterior. No cabe duda de que hace falta intensificar
las campañas, sobre todo de información, tanto para ciclistas
como para conductores de los demás vehículos, naturalmente con
medidas complementarias que el Gobierno tiene que
intensificar,
evidentemente, y hay programas para este año.

Gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Gortazar
tiene la palabra.




El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: Celebro que realmente tenga
usted esos datos; los míos son más inquietantes --más de 70
accidentes mortales este año--. Este es un tema al que la
opinión es muy sensible. Según las informaciones que se han
podido leer en la prensa, parece ser que el Ministerio del
Interior piensa en la posibilidad de sugerir o de hacer
obligatoria la utilización del casco protector a los
ciclistas. Yo le sugiero que realmente ésta no es una solución
adecuada. El casco en los ciclistas es como si ustedes
pretendieran colocar obligatoriamente un flotador a los
bañistas en la costa. Realmente no va por ahí la solución. Yo
les sugiero que no piensen en esa solución, no es la adecuada,
porque lo adecuado es, como ocurre con los bañistas en la
playa, separar por un lado las canoas y por otro los bañistas.

Realmente el problema de fondo es establecer y proteger las
áreas
específicas de ciclistas y las áreas específicas de
automóviles. Sabemos que hay competencias municipales,
autonómicas y del Gobierno, y en lo que a nosotros respecta,
tomaremos iniciativas autonómicas y municipales para ayudar a
resolver este tema. Pero de las que afectan al Gobierno, unas
forman parte del Ministerio del Interior y otras del
Ministerio de Obras Públicas. Ahora constatamos que una medida
aparentemente inocente como es la construcción de autovías
trae como consecuencia algo tan
sorprendente como que los ciclistas van a ser básicamente de
las zonas donde hay autopistas de peaje, porque allí hay
carreteras nacionales, y los ciudadanos de Burgos que tienen
que ir hacia Madrid tienen que usar autovías, en las que está
prohibido, y realmente éste es un problema incluso a los
efectos de la utilización de ese vehículo, que es muy indicado
para cercanías, pero también a los efectos de otro tipo de
actividades. Por ejemplo, dentro de las competencias del
Ministerio de Obras Públicas, sin implicar gasto suplementario
o complementario del gasto público, hay levantamientos de
paseos en costas y
levantamientos de saneamientos, en los que con un poco de
imaginación y sin aumentar --insisto-- el gasto del Ministerio
de Obras Públicas, se pueden adecuar caminos para los
ciclistas en las costas. Este es un problema --y yo se lo digo
a usted como representante del Gobierno-- muy sensible para
una parte numerosa de la opinión, incide en la conservación
del medio ambiente, en el ambiente un poco moderno de una
ciudad. Yo le sugiero que



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no vayan con soluciones falsas sino con la imaginación. En
Tráfico basta una línea --la pintura es muy barata-- y en
Obras Públicas basta simplemente con aprovechar obras que se
están realizando para evitar el fallecimiento en accidente de
ciclistas.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Ministro del
Interior tiene la palabra.




El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Asunción Hernández): Agradezco
a S.S. las sugerencias que hace. Como bien sabe, hay que
distinguir entre lo que son los accidentes en el núcleo urbano
y los que pueden ser en las diferentes carreteras, las que
pueden depender naturalmente también de las distintas
administraciones, no lo olvidemos --diputaciones, comunidades
autónomas y también Administración central--. En este sentido,
también S.S. sabe que los ayuntamientos tienen autonomía en lo
que es el trazo
urbanístico y en el diseño. Por lo tanto, aunque hay una ley
marco, es compleja la utilización de los carriles-bici y a
veces son muy controvertidos. Hay experiencias que se han dado
ya en muchas ciudades, en que después de instalarse, se han
tenido que suprimir. Esto no obvia en absoluto que el esfuerzo
del Gobierno continúe intensificándose, pero también
conscientes de las limitaciones de que en muchos casos falta
una costumbre en este país de que las trazas urbanas pudieran
asemejarse más a las holandesas, donde ya es un hecho natural
la trama urbana con el carril-bici; aquí esto ya está hecho,
pero es difícil de resolver y hay que actuar en la medida en
que tengamos hueco.

Yo agradezco las sugerencias que usted ha hecho y me parece
que la pintura es un instrumento. Se está estudiando, sin
duda. El Ministerio está estudiando la utilización de casco.

No está decidido, no hay nada decidido, en absoluto. Se ha
estudiado como una medida de protección. En cualquier caso hay
otras medidas también, como las de información, concienciación
y las de saber exactamente utilizar las vías adecuadas.

También, naturalmente, donde sea posible habilitar carriles
específicos, habrá que hacerlo. En eso compartimos totalmente
su opinión, como también la comparten los demás departamentos
que son competentes para resolver este tipo de problemas. Pero
mi opinión y lo que el Ministerio está...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Ministro.




--DEL DIPUTADO DON FRANCISCO ALVAREZ-CASCO FERNANDEZ, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
EXCMO. SR. VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿ES CIERTO QUE EL
CESID RECIBIA PERIODICAMENTE UNA COPIA DE LAS ESCUCHAS
ILEGALES OBTENIDAS POR LA RED RECIENTEMENTE DESCUBIERTA EN
BARCELONA? (Número de expediente 181/000230)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta del Diputado
don Francisco Alvarez-Cascos Fernández.

El señor Alvarez-Cascos tiene la palabra.




El señor ALVAREZ CASCOS FERNANDEZ: Gracias, señor Presidente.

El pasado día 9 de diciembre el señor García Vargas reconoció
ante la Comisión de Defensa de esta Cámara, en primer lugar,
que el Cesid no tenía ninguna información de la red de
escuchas ilegales descubierta en Barcelona. Además, reconoció
rotundamente que el Gobierno prestaba colaboración a
particulares en esta materia. Decía literalmente: «Entre ellos
estaba el señor Godó, que tuvo, por esas relaciones de
asesoramiento sobre su seguridad personal, contactos con la
persona que estamos mencionando» (que es uno de los
detenidos). Dos días después, señor Presidente, «Diario 16»
recogía una información muy precisa donde se
detallaba que el Cesid recibía semanalmente una copia de las
escuchas de la red de «El lobo», dando datos de personas,
lugares, fechas y obtención de la información a través de una
gravación en cinta de la policía. Asimismo, la revista
«Tribuna» recogía la información de que el Vicepresidente
Serra es la persona que autorizó a Godó para contratar a dos
espías. A la vista de estas informaciones y ante el silencio
del Gobierno, roto hace unos minutos a través de los medios de
comunicación por el señor Serra, de lo que tenemos constancia
por los teletipos y la televisión, hemos formulado esta
pregunta, dirigida al señor Vicepresidente, para saber si es
cierto que el Cesid recibía periódicamente una copia de las
escuchas ilegales obtenidas por la red descubierta en
Barcelona.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el
señor Vicepresidente.




El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO (Serra i Serra): Gracias,
señor Presidente.

Señoría, usted mismo conoce ya la respuesta. Trató el tema
específicamente el Ministerio de Defensa en su comparecencia y
dijo textualmente: «El Cesid tampoco ha recibido de la red
investigada ninguna información procedente de sus escuchas
ilegales, ni ha tenido conocimiento del contenido de las
cintas incautadas.» (El señor Pascual Monzo: ¡Caray, cuánto
sabe!)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Alvarez-Cascos.




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El señor ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ: Señor Vicepresidente, hace
unos minutos usted ha reconocido que su actual tarea es de
coordinar las funciones del Gobierno. Es decir, a su
responsabilidad en la organización del Cesid en su actual
estructura durante los años de Ministro de Defensa, hoy suma
la posibilidad de coordinar el resto de los servicios de
información de los que dispone el Gobierno. Resulta, señor
Vicepresidente, difícilmente creíble que el Gobierno --y usted
como Vicepresidente--no tuviera noticia de la doble actividad
del recomendado por el Gobierno, que no intentara controlar
sus actividades privadas y que, a cambio de tanta negligencia,
el Gobierno no recibiera alguna compensación que la
justificara. No sé lo que va a desvelar el sumario cuando se
levante el secreto, señor Vicepresidente, pero le aseguro que
si el Cesid o personas del Cesid están implicadas, no hay
reglamento alguno que evite su responsabilidad política en
este asunto.

Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.--
Varios señores Diputados: ¡Muy bien!--Un señor Diputado: ¡Muy
mal!)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Vicepresidente.




El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO (Serra i Serra): Señor
Alvarez-Cascos, usted ha hecho referencia a los nueve años
largos en que, como Ministro de Defensa, participé en la
reorganización del Cesid. Debo decirle que estoy orgulloso de
esa tarea y de haber adecuado los servicios de inteligencia de
la Defensa a lo que corresponde a un Estado democrático. Me
duele que con su intervención, sobre todo en su parte final,
esté usted echando sombras sobre el Cesid (Los señores
Hernández-Sito García-Blanco y Pascual Monzo: ¡Usted, usted!),
que tantos servicios ha prestado a la seguridad de este país y
también a la lucha contra el terrorismo. (El señor Pascual
Monzo: ¡De hablar es de lo que se trata!... Varios señores
Diputados del Grupo Popular
pronuncian palabras que no se perciben.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡Silencio, señorías!



El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO (Serra i Serra): Por lo
que se refiere al Gobierno, si la respuesta del Ministro de
Defensa en relación al Cesid es la que le he leído, por
descontado el Gobierno no ha tenido absolutamente ninguna
responsabilidad en este tema. Quiero decirle que cualquier
intento de vincular al Gobierno con estas actividades ilegales
está condenado al fracaso, porque tales imputaciones son
absolutamente falsas, y no sólo falsas sino una temeridad.

Usted ha declarado esta mañana que no tiene más datos que los
que tiene un ciudadano medio informado. Pues le digo, señor
Alvarez-Cascos, que si eso es así, derivar de esa información
las imputaciones que usted ha derivado es un acto no sólo de
temeridad sino de irresponsabilidad política. (Aplausos en los
bancos del Grupo Socialista.--El señor Hernández-Sito García-
Blanco y otros señores Diputados pronuncian palabras que no se
perciben.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Hernández-Sito,
silencio, por favor.




--DE LA DIPUTADA DOÑA INMACULADA ROMACHO ROMERO, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE
VALORACION HACE EL GOBIERNO DE LA APLICACION DE LA LEY 4/1992,
DE 5 DE JUNIO, DE REFORMA DE LA LEY REGULADORA DE LAS
COMPETENCIAS Y EL PROCEDIMIENTO DE LOS JUZGADOS DE MENORES?
(Número de expediente 180/000227)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 28, de
la Diputada doña Inmaculada Romacho Romero.




La señora ROMACHO ROMERO: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, es sabido que los menores en situación
sociofamiliar desfavorable, con problemas de marginación y
desestructuración familiar, constituyen uno de los sectores
más vulnerables de la población.

Estas circunstancias socioambientales y familiares con
frecuencia actúan como causa generadora de conductas
delictivas. Si
cualquier medida sancionadora debe ir encaminada a producir la
modificación de la conducta no deseada y, por tanto, la
reeducación del individuo, no cabe duda que este carácter
educativo adquiere una vital importancia en el caso de que los
infractores sean menores.

Siendo la reeducación y la reinserción los objetivos a
conseguir con los menores en situación de riesgo social, la
Ley 4/1992, garantizando la constitucionalidad de los
procedimientos, contempla una serie de medidas que, al ir
desde el internamiento al seguimiento en medio abierto,
pretenden favorecer la
integración social del menor.

Desde estos planteamientos y una vez trancurrido un tiempo
desde su entrada en vigor, ¿qué valoración hace el Gobierno de
la aplicación de la Ley Orgánica 4/1992, de 5 de junio, sobre
la reforma de la Ley reguladora de las Competencias y
Procedimientos en los Juzgados de Menores?



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): En nombre del
Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.




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El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Con la venia,
señor Presidente.

Efectivamente, como S.S. sabe, la referida Ley fue en
ejecución de una sentencia del Tribunal Constitucional, que
declaró inconstitucional el artículo 15 de la vieja Ley
reguladora de los Tribunales Tutelares de Menores y que
pretendía garantizar para los menores el artículo 24.2 de la
Constitución; en definitiva, un marco de garantías
constitucionales para toda persona a la que se le imputa un
hecho que, caso de no ser menor de edad, sería constitutivo de
delito.

La reforma básicamente contemplaba o se regía desde cuatro
puntos de vista fundamentales. El primero, dar mayor
flexibilidad a la respuesta judicial, es decir, la posibilidad
de adoptar medidas que se acomodaran mejor a las
características del hecho cometido por menores. En ese sentido
van las medidas de acogimiento, por ejemplo, las medidas de
sometimiento a trabajos comunitarios, etcétera.

La segunda era permitir que el Ministerio Fiscal tuviera un
mayor protagonismo en el ámbito de la investigación a fin de
preservar la imparcialidad del juez.

La tercera era concebir el proceso mismo como un mal y en esa
misma medida facultar al juez para evitarel proceso o incluso
para suspender el fallo desde la perspectiva esencial de
tutelar los intereses del menor.

Como es obvio, en aquellos supuestos en que el procedimiento
fuera inevitable, se trataba de dotar de esas garantías al
juez ordinario predeterminado por la Ley, a la asistencia
letrada, a la presunción de inocencia, etcétera.

Pues bien, se ha puesto en marcha la ley y la valoración es
positiva. Han mejorado las cosas y, sin embargo, seguimos
pensando en el Ministerio de Justicia que es necesario seguir
avanzando en este tema.

Finalmente, tenemos una ley reguladora, una ley penal del
menor, que, por un lado, es uno de los objetivos de esta
legislatura, y, por otro, es necesario mejorar los equipos
técnicos de los juzgados de menores y es preciso mejorar
también la relación con las comunidades autónomas.

En definitiva, hemos avanzado, pero no estamos aún
completamente satisfechos.

Muchas gracias.




--DE LA DIPUTADA DOÑA INMACULADA ROMACHO ROMERO, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMO VALORA
EL MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES LAS ACTUACIONES QUE, EN EL
MARCO DEL PLAN GERONTOLOGICO, SE HAN REALIZADO EN LOS DOS
ULTIMOS AÑOS? (Número de expediente 180/000228)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 29, de
la Diputada doña Inmaculada Romacho Romero, quien tiene la
palabra.




La señora ROMACHO ROMERO: Gracias, señor Presidente.

Señora Ministra de Asuntos Sociales, es un hecho que el
envejecimiento de la población aparece como una constante de
los países desarrollados en las últimas décadas de este siglo.

Nuestro país no ha permanecido al margen de este fenómeno y en
la actualidad el colectivo de personas de tercera edad
representa prácticamente el 15 por ciento del total de la
población. Esta evolución demográfica, junto a los cambios
sociales
producidos, ha generado una serie de necesidades en los
mayores a las que urge dar respuesta. Mejorar las condiciones
de vida de las personas mayores ha sido y es un objetivo
prioritario de los socialistas en su gestión. La
generalización de las pensiones, la mejora de la atención
sanitaria, la promoción de actividades, la creación de clubes
y residencias son algunos logros
conseguidos. Pero estos logros, siendo fundamentales, no
agotan las necesidades que se le plantean a este colectivo. Se
hace necesario seguir profundizando en ello, así como trabajar
para promover un cambio de actitudes en la sociedad, recuperar
el papel de los mayores desde la participación, valorar
positivamente sus funciones y todo ello potenciando la
solidaridad entre las generaciones.

El plan gerontológico, como plan integral, pretende ser el
instrumento eficaz para dar respuesta desde la globalidad a
todas estas necesidades. Es por ello que se formula la
siguiente pregunta: ¿Cómo valora el Ministerio de Asuntos
Sociales las actuaciones que en el marco del plan
gerontológico se han realizado en estos dos años?



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra la
señora Ministra de Asuntos Sociales.




La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso):
Muchas gracias, señor Presidente.

Señora Diputada, me satisface contestar esta pregunta, ya que
está a punto de concluir el año 1993, año en el que los países
comunitarios se han propuesto pensar un poco más en las
personas mayores, sintiéndose más solidarios con ellas y
también
incrementando las medidas de apoyo y de asistencia a las
mismas. Este año que termina ha sido declarado el Año Europeo
de los Mayores y de la Solidaridad entre Generaciones.

En este sentido considero que la mejor aportación del Estado
español a esta celebración ha sido ese esfuerzo continuado a
lo largo del año para profundizar en la implantación del plan
gerontológico.

Como S.S. sabe, el plan gerontológico es uno de los planes
integrales impulsado por el Ministerio de Asuntos Sociales
para la ejecución de las políticas sociales de carácter
horizontal que afectan a todas las administraciones públicas.

El mérito de este plan no reside sólo



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en el hecho de integrar en un marco único y global los
objetivos comunes en relación con las personas mayores, sino
que también reside, y muy especialmente, en un cambio de
filosofía respecto al diseño de las políticas sociales
relativas al sector de población de mayor edad.

Con este plan se ha superado definitivamente la concepción
paternalista asistencialista, y se ha dado un paso hacia una
política nueva basada en la implantación de los servicios
sociales, que se conciben como un moderno sistema de
prevención y de satisfacción de las necesidades propias de los
mayores. Desde esta consideración ya se justifica el plan por
sí solo. Pero, además de incorporar esa nueva filosofía,
integra toda una serie de medidas relativas a las prestaciones
económicas, a la sanidad, a los servicios sociales, al ocio, a
la cultura y a la participación.

La valoración del grado de implantación de estas medidas es
muy positiva, a nuestro juicio, y hago una sucinta valoración
de los temas más importantes. Uno de ellos es que, sin
perjuicio de continuar en la política de creación de plazas
residenciales, se ha puesto un énfasis muy especial durante
los dos últimos años en el desarrollo de los llamados
servicios comunitarios, aquellos que permiten que el mayor
permanezca en su propio domicilio y no salga de su entorno.

Ahí, en esa área se han creado 69 viviendas tuteladas, con un
total de 872 plazas; se ha puesto en marcha 32 servicios de
estancia diurna en centros gerontológicos y también existe el
servicio de teleasistencia.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Ministra.




--DEL DIPUTADO DON EDUARDO RODRIGUEZ ESPINOSA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR
MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA: ¿CUAL ES LA RAZON POR LA QUE
EL MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA NO HA APLICADO LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 49.4 DE LA LODE, EN RELACION A LA
NECESARIA ANALOGIA RETRIBUTIVA ANTE EL PROFESORADO DE CENTROS
CONCERTADOS Y CENTROS PUBLICOS, SEGUN LA PROPOSICION DE LEY
APROBADA POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EL 3 DE MARZO DE
1992? (Número de expediente 180/000215)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 18,
del Diputado don Eduardo Rodríguez Espinosa, que tiene la
palabra.




El señor RODRIGUEZ ESPINOSA: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro de Educación, ¿cuál es la razón por la que su
Ministerio no ha aplicado lo establecido en el artículo 49.4
de la LODE, en relación a la necesaria obligación retributiva
entre el profesorado de los centros concertados y el de los
centros públicos, pese al tiempo transcurrido desde la entrada
en vigor de la LODE y la proposición de ley aprobada por este
Pleno el pasado 3 de marzo de 1992 instando al Gobierno a su
cumplimiento?



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el
señor Ministro de Educación y Ciencia.




El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra):
Muchas gracias, señor Presidente.

Efectivamente, señoría, la LODE establece que las cantidades
correspondientes a los salarios del personal docente tenderán
a hacer posible gradualmente que la remuneración del
profesorado de la enseñanza concertada sea análoga a la del
profesorado estatal en los respectivos niveles.

Conoce S.S. que, con el fin de dar cumplimiento a este mandato
del artículo 49 de la LODE, se firmó el 11 de marzo de 1988 un
acuerdo entre el Ministro de Educación y Ciencia y los
sindicatos más representantivos. Este acuerdo contemplaba los
tres conceptos citados en el supuesto legal de aquella ley:
tendencia,
gradualidad y analogía, teniendo como objetivo final que las
remuneraciones del personal docente de estos centros fueran
equivalentes en un plazo de 6 años al 95 por ciento de la
remuneración del profesorado estatal funcionario de los
respectivos niveles de la enseñanza.

El plazo de seis años finaliza el 31 de diciembre de 1993, y
puedo decir a S.S. que el citado porcentaje del 95 por ciento
se ha alcanzado para EGB en el mes de septiembre del presente
año, también para la educación especial, y el 1 de octubre de
1993 para el resto del sistema de enseñanza. El proyecto de
ley de Presupuestos Generales del Estado para 1994 consolida
este aumento retributivo para los diferentes niveles.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro.




--DE LA DIPUTADA DOÑA ANGUSTIAS MARIA RODRIGUEZ ORTEGA, DEL
GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿CUALES SON LOS CRITERIOS UTILIZADOS POR EL MINISTERIO DE
EDUCACION Y CIENCIA PARA EL DISEÑO Y LA ADAPTACION DEFINITIVA
DE LA RED DE CENTROS ESCOLARES? (Número de expediente
180/000223)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 24, de
la Diputada doña Angustias María Rodríguez Ortega, que tiene
la palabra.




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La señora RODRIGUEZ ORTEGA: Gracias, señor Presidente.

En la comparecencia celebrada esta semana en la Comisión de
Educación y Cultura, el señor Ministro hizo una afirmación
importante al exponer que deben primar, sobre todo, los
requisitos de calidad sobre los de rapidez, al referirse al
calendario de aplicación de la Logse.

A mejorar la calidad del sistema educativo contribuyen
distintos factores y, sobre todo, uno, al que me quiero
referir, como es el de la correcta planificación de la red de
centros escolares, la decisión final, acerca de la ubicación y
la distribución de los centros de educación infantil, primaria
o secundaria, o de los centros de bachiller.

Esta planificación, además, en estos momentos de desarrollo de
la Logse se debe tener en cuenta tanto para los centros que ya
existen como para los de nueva creación. Por otra parte, esta
adaptación definitiva de los centros escolares puede provocar,
y de hecho entiendo que está provocando, una cierta inquietud,
tanto a los profesores, por cuanto afecta a la plantilla, como
a los padres que desean conocer las previsiones para que sus
hijos puedan cursar los distintos niveles de enseñanza
obligatoria. Las administraciones educativas están trabajando
en este tema y se están celebrando también reuniones con los
sindicatos de enseñanza con el objetivo de aunar criterios en
esta materia.

Por todos estos motivos desearía conocer, señor Ministro de
Educación, los criterios utilizados por su Ministerio para el
diseño y la adaptación definitiva de la red de centros
escolares. Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el
señor Ministro de Educación.




El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra):
Gracias, señor Presidente.

En efecto, señoría, la planificación de la reforma de la red
de centros escolares ha sido una de las cuestiones a las que
más importancia ha dado el Ministerio de Educación y Ciencia
durante los últimos años. Esta planificación es un proceso de
carácter dinámico y se están teniendo en cuenta una serie de
criterios para su puesta en práctica, alguno de los cuales voy
a intentar exponer a SS.SS.

Respecto a la extensión, la planificación de la red pretende
cubrir la demanda de puestos escolares de 6-3 años, por
consiguiente en la educación infantil. Pretende extender la
obligatoriedad de las enseñanzas en la etapa de 14-16 años y
pretende incrementar en un porcentaje determinado las tasas de
escolarización en la educación postobligatoria, es decir, a
partir de los 16. Pretende rebajar sensiblemente los ratios en
todos los niveles y etapas. Y por lo que se refiere a los
centros donde deban cursarse las enseñanzas, la idea del
Departamento es la de realizar la oferta de las etapas de
educación infantil y primaria en los centros de preescolar y
educación general básica y configurar los actuales centros de
bachillerato y de formación profesional como centros que
impartan toda la educación
secundaria obligatoria, también el bachillerato y los centros
de EGB.

Igualmente se ha pretendido tener en cuenta la diversidad de
tratamiento entre zonas rurales y urbanas, en cuanto a las
capacidades de los centros, de tal modo que tratamos de
acercar el centro de secundaria al alumnado a una distancia
que, medida en tiempo, no supere en la medida de lo posible,
los 30 minutos en lo que se refiere al transporte escolar.

Sólo para cuando esto no es posible, se han previsto
residencias localizadas, de tal forma que el alumnado pueda
pasar los fines de semana en su domicilio.

Intentamos también --y sería otro criterio-- agrupar el mayor
número de alumnos en un centro, respeto a los criterios de
cercanía, evitando de este modo al máximo el transporte. Estos
criterios han conducido a respetar, por una parte, todos los
centros de enseñanzas medias actuales, mientras que los nuevos
centros se han planificado en las cabeceras de comarca o en
los núcleos con mayor concentración de población.

Toda esta planificación habrá que contrastarla a partir del
momento en el que comiencen las conversaciones sobre
transferencias con las comunidades que todavía no las tienen
asumidas de una manera plena, para lo cual conoce S.S. que
estamos formando unas comisiones específicas que serán
copresididas por el consejero correspondiente y por el
Secretario de Estado de Educación, y donde la planificación
sería uno de los objetivos fundamentales.

Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Ministro.




--DEL DIPUTADO DON FELIPE CAMISON ASENSIO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿NO ESTIMA EL GOBIERNO QUE ES INJUSTIFICADO EL COMPRAR AHORA
TRENES AVE ALSTHON PARA CIRCULAR POR VIAS CONVENCIONALES?
(Número de expediente 180/000208)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 11,
del Diputado don Felipe Camisón Asensio.




El señor CAMISON ASENSIO: ¿No estima el Gobierno que es
injustificado comprar ahora trenes AVE Alshton para circular
por vías convencionales?



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El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el
señor Ministro.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): No, no lo considera
injustificado.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el
señor Camisón.




El señor CAMISON ASENSIO: Veo que ni siquiera se molesta el
señor Ministro en justificarlo. Cómo va a justificarlo, si se
trata únicamente de hacer frente a un gran patinazo del
Gobierno. La decisión actual de comprar ocho nuevas ramas de
AVE a Alshton, con un coste superior a los 20.000 millones de
pesetas,
constituye el reconocimiento, un poco tardíamente, por cierto,
de un gran fiasco de la política ferroviaria del Gobierno
socialista, señor Ministro. Porque nos vemos ahora obligados a
hacer circular por vías antiguas, por vías convencionales,
máquinas no adaptadas para ello, por lo menos con seis
unidades, que no están preparadas y que están pagadas para
circular con prestaciones de velocidades de más de 300
kilómetros por hora.

Este desgobierno hace prever --al igual que ha ocurrido con
las 75 lomocomotoras de gran potencia de Siemens-- que van a
aparecer las disfunciones del rodaje sobre vías antiguas, y
estamos otra vez en que se consuma el despilfarro. Luego ahora
no vale, señor Ministro, decir que se está disparando
alocadamente el déficit y la deuda, ya vemos las causas por
las que está ocurriendo esto. Ahora ya queda meridianamente
claro un historial de decisiones completamente perjudiciales
para la economía nacional, como es la firma de un contrato con
Alshton para comprar 24 ramas, cuando solamente eran
necesarias 16. O establecer condiciones tan dañinas para la
economía nacional como aceptar una cláusula penalizadora de
10.000 millones en caso de que no se pueda cumplir el contrato
inicial por Renfe. Sencillamente lo que ocurrió, señor
Ministro, es que el Gobierno español se dejó embaucar, eso es
lo que pasó, nada más. Y con esta imprevisión a lo que hemos
llegado y la consecuencia es que estamos comprando ahora
máquinas o nuevas unidades absolutamente innecesarias. Usted,
señor Ministro, ha defendido, incluso en este Pleno, que este
coste no se debe imputar a la línea del AVE, en un intento de
justificar aquel coste disparatado. Pues bien, si eso era así,
ahora tendrá que explicar...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Camisón.

Tiene la palbra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Usted se niega a entender las
cosas, señor Camisón. No sé cuántas veces le he explicado ya
que las locomotores de gran potencia, a las que hace
referencia otra vez, parte de ellas fueron compradas con ancho
Renfe y parte con ancho internacional, y es evidente que una
locomotora con ancho Renfe no puede circular por una vía que
tiene un ancho diferente; por tanto, es obvio que no se le
puede imputar el coste. Pero usted es inasequible al
desaliento y comprendo que quiera quitarse la espinilla del
fracaso de sus dotes de previsión cuando anunció una vez tras
otra que después de la Expo el AVE a Sevilla iría vacío y que
sería realmente una desgracia verlo circular sin pasajeros
dentro. Pues mire usted por dónde, circula con una tasa de
ocupación cercana al cien por ciento, lo cual ha aconsejado
que compremos dos trenes AVE más, para tener 18 ramas
funcionando sobre este recorrido, para atender la creciente
demanda de este corredor.

Habida cuenta que hay otro corredor donde la demanda crece
también extraordinariamente, que es el corredor del
Mediterráneo, en el que estamos invirtiendo 100.000 millones
de pesetas para colocar la línea en capacidad de circulación a
220 kilómetros por hora y que, en cualquier caso hay que
comprar nuevo material rodante que no tiene Renfe para servir
a esta línea cuando esté terminada, ha parecido razonable,
adecuado y oportuno, encargar los seis AVE restantes en ancho
Renfe para que puedan circular y dar servicio al corredor del
Mediterráneo hasta que no haya nuevas líneas que permitan
circular a mayores velocidades, en cuyo momento, con un coste
prácticamente despreciable, se podrán cambiar los «bogies» de
estas ramas AVE y podrán pasar a circular por líneas de otro
ancho y con otras características técnicas. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.)
Por tanto, señoría, no se trata en absoluto de ninguna de las
desgracias a que usted nos tiene tan acostumbrados a
vaticinar, y con las que seguro que obtendrá un éxito de
previsión
comparable al que viene obteniendo hasta ahora, cada vez que
ha opinado sobre el futuro de la líneas ferroviarias que hemos
construido en los últimos años. Estas seis ramas AVE servirán
excelentemente al corredor mediterráneo, cuando dentro de dos
años la vía tenga condiciones para circular a 220 kilómetros
por hora y posteriormente puedan adaptarse a líneas de ancho
internacional.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON ARSENIO FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE: ¿CUALES SON LAS RAZONES PARA RETRASAR, EN CUARENTA Y
CINCO MINUTOS, EL



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TRAYECTO DE FERROCARRIL ENTRE EL FERROL Y MADRID, QUE ERA DE
DOCE HORAS APROXIMADAMENTE? (Número de expediente 180/000212)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 15, del señor Fernández
de Mesa, que tiene la palabra.




El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Muchas gracias, señor
Presidente. Señor Ministro, después de oírle a usted hablar
del AVE, se le ponen a uno los dientes largos, siendo gallego,
y por eso yo le pregunto cuáles son las razones para retrasar,
en cuarenta y cinco minutos, el trayecto de ferrocarril entre
El Ferrol y Madrid, que era de doce horas, aproximadamente.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Mesa.

Señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente, tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor
Presidente.

Señoría, desde el cambio de servicio de mayo de 1993, y con
objeto de reducir el fuerte déficit que soportaba el tren
«Estrella del Atlántico», se ha decidido que este tren circule
fusionado al «Estrella Irún-Bilbao-Coruña-Vigo», entre Venta
de Baños y Betanzos. Esta es la razón de que en el trayecto
Ferrol-Madrid se haya incrementado el tiempo de viaje en
aproximadamente cuarenta y dos minutos. Esta medida permite
mejorar el margen de explotación de este tren, con un
importante ahorro de costes respecto a 1992, y este ahorro de
costes se ha considerado que es compatible con un incremento
del factor tiempo que, en un tren nocturno, no tiene la misma
significación que se produciría en el caso de ser un tren
diurno. Le ha parecido a Renfe, creo que con razón, que esta
combinación entre costes y longitudes de recorrido sirve mejor
a la combinación de objetivos que tiene la red para seguir
prestando servicios y, al mismo tiempo, reducir sus déficit de
explotación.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Señor Fernández de Mesa, tiene la palabra.




El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor
Presidente.

Gracias, señor Ministro, por su explicación, cuando menos
razonada y clara, aunque los intereses que podamos defender
desde Galicia, y desde luego desde la ciudad de El Ferrol, no
tengan nada que ver con la inversión que se pueda hacer en
otras zonas, como el corredor del Mediterráneo, o esos 18
nuevos ramales del AVE que saludamos que así sean, pero
lamentamos que a Galicia no lleguen, o por lo menos no lleguen
en el tiempo debido, sino que se alejen todavía más. Usted
conoce perfectamente que entre El Ferrol y Madrid se mete uno
en un tren a las seis de la tarde y llega aquí a las ocho y
media de la mañana, o que desde El Ferrol a Barcelona, pasando
por muchas ciudades de España, se tarda más de veinte horas en
atravesar ese recorrido.

Realmente, agradezco su contestación; por lo menos da una
explicación coherente a cuáles son los motivos por los que se
retrasa este tren, aunque no los comparta. Sin embargo, tengo
que decirle que lo que me parece absolutamente intolerable,
aunque usted lo ha dicho de manera mucho más correcta, es que
la presidenta de Renfe se dirija al presidente de un organismo
de la ciudad de El Ferrol diciendo que aunque ha implicado un
incremento de tiempo... puedo comunicarle, ante todo, que en
los trenes nocturnos, la mayoría de las personas viajan
durmiendo y, por tanto, un ligero aumento en el tiempo de
recorrido no es molesto en absoluto. (Risas.)
Señor Ministro, yo creo que esta contestación, poco razonada,
es realmente intolerable, cuando de lo que se está tratando es
de acercar una ciudad, una región, como es Galicia, al resto
de España, y desde luego en modo alguno puede tratarse esto
así, a no ser que sea considerado como una burla hacia una
ciudad y hacia un trayecto en concreto que parte de El Ferrol,
llega a Madrid, pero pasa por muchos pueblos de España.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Mesa.

Señor Ministro, tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor
Presidente.

Señoría, las razones son las que le he explicado. Se trata de
compaginar el objetivo de reducir el déficit de explotación
con el mantenimiento de un servicio, y eso trae consigo una
demora en el tiempo de viaje, pero también trae consigo un
ahorro importante de costes para la red. Saben ustedes que el
objetivo Común de todos es reducir el déficit de explotación
de Renfe, y esta parecía una buena forma de hacerlo. Comprendo
que causa un perjuicio; simplemente pensamos que este
perjuicio es menor tratándose de un tren nocturno que el que
sería si fuera un tren diurno.

La hipótesis de la Presidenta de Renfe, quizá mal expresada,
no es descabellada. Suponer que la gente va durmiendo en un
tren nocturno, es razonable; pero, naturalmente, eso no debe
ser, por así decirlo, la razón



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fundamental. La razón fundamental es que queremos ajustar los
costes de explotación de la red.

Una última observación, señoría. No hemos comprado dieciocho
nuevas ramas de trenes AVE, como creo que ha dicho usted;
hemos cumplido simplemente los términos de un contrato por el
cual habíamos decidido adquirir veinticuatro. Teníamos
dieciocho, adquirimos dos más en ancho internacional, para
servir la línea Madrid-Sevilla, y seis transitoriamente en
ancho Renfe, para la línea Barcelona-Valencia.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON JAVIER GOMEZ DARMENDRAIL, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR
MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE:
¿CUANDO PIENSA EL GOBIERNO PRESENTAR A LA CAMARA EL PROYECTO
DE LEY GENERAL DE LA EDIFICACION? (Número de expediente
180/000218)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 21, del señor Gómez
Darmendrail, que tiene la palabra.




El señor GOMEZ DARMENDRAIL: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, la Ley 12/1986, de 1 de abril, establece que
el Gobierno remitirá, en el plazo de un año, a las Cortes
Generales un proyecto de ley de ordenación de la edificación.

Sin embargo, han transcurrido más de siete años --más de siete
años, señor Ministro-- y aún no ha sido presentada la ley de
edificación, por lo que ya no nos queda sino apelar a las
virtudes teologales, y se lo digo con talante democrático y
espíritu deportivo porque, señoría, sigo manteniendo la fe,
pero, casi sin esperanza, pregunto: Por caridad, señor
Ministro, ¿cuándo piensa el Gobierno presentar en la Cámara el
proyecto de ley de edificación? Muchas gracias, señor
Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gómez Darmendrail.

Señor Ministro, tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Señoría, a finales del primer
semestre de 1994.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Señor Gómez Darmendrail, tiene la palabra.




El señor GOMEZ DARMENDRAIL: Muchas gracias, señor Presidente.

Le agradezco la locuacidad, señor Ministro, pero la realidad
es que ustedes nos están entreteniendo desde hace una serie de
años. La historia es la siguiente. En el año 1989, en
contestación a una pregunta escrita, el Ministro de Obras
Públicas manifiesta que un grupo de trabajo está elaborando un
borrador de anteproyecto de esta ley. En 1990, el Ministro
Virgilio Zapatero nos dice que en la legislatura --es decir,
en la anterior legislatura-- se iba a presentar en las Cortes
la Ley de edificación, cuestión que ratificaría más tarde por
escrito al Diputado del Partido Popular Eduardo Rodríguez
Espinosa. En abril de 1991, a este Diputado que habla se le
reitera que se remitirá el proyecto a la mayor brevedad
posible. Finalmente, el 1 de octubre de 1991, el Congreso
aprueba, por unanimidad por cierto, una proposición no de ley
instando al Gobierno a presentar un proyecto de ley general de
la edificación dentro del primer cuatrimestre de 1992. La
realidad es que estamos terminando el año 1993 y de la ley
nunca más se supo. Y es importante porque urge regular, además
del régimen jurídico general, las
actividades, responsabilidades y garantías exigibles a los
diferentes agentes que intervienen en el proceso de
edificación.

El hecho objetivo, señor Ministro, es que esta ley que usted
dice que va a presentar inmediatamente --yo le creo y espero
creerle, pero decimos reiteradamente que les creemos y nunca
viene-- es demandada tanto por los distintos sectores
implicados, los arquitectos, los aparejadores, los
constructores, los promotores, etcétera, como por los
ciudadanos, a través de asociaciones de consumidores y del
propio Defensor del Pueblo.

Señor Ministro, como siempre se ha dicho en política, lo que
es necesario, se debe hacer. Como todos estamos de acuerdo en
que esta ley es necesaria, S.S. sabrá cuál es su obligación.

Si realmente se va a presentar como usted dice, pues
bienvenida sea, pero los antecedentes, señor Ministro, no son
buenos...




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gómez Darmendrail.

Señor Ministro, tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor
Presidente.

Señoría coincido con usted en la necesidad de que esta ley se
presente cuanto antes. Es una ley compleja, como no se le
oculta a su señoría. En la anterior legislatura, sus líneas
básicas fueron consultadas con los diversos sectores
afectados,
arquitectos, arquitectos técnicos, promotores y constructores,
empresas aseguradoras, sindicatos de la construcción,
Dirección General de Seguros, que fueron enviando sus
observaciones a un borrador inicial del texto que fue
elaborado por la Dirección General para la Vivienda y
Arquitectura. La convocatoria de elecciones interrumpió este
proceso; proceso que hemos reemprendido después de la
formación



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del nuevo Gobierno, analizando las observaciones que estos
sectores remitieron al borrador del proyecto que les fue
consultado y que espero que culmine, en el curso de los
próximos meses, en un texto que pueda ser remitido a la
Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios
para su preceptivo informe, para que los distintos ministerios
involucrados puedan intervenir en su elaboración final.

Espero, de verdad, señoría, que este proceso, largo y
complejo, que debe también llevar consigo una serie de
consultas con las comunidades autónomas, culmine en los
próximos seis meses y la ley pueda llegar a la Cámara, para
que ésta pueda abordarla en el segundo período de sesiones de
1994.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON JAUME ANTICH I BALADA, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LAS
ACTUACIONES PREVISTAS EN MATERIA DE COSTAS EN LA PROVINCIA DE
TARRAGONA? (Número de expediente 180/000224)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 25, del señor Antich i
Balada, que tiene la palabra.




El señor ANTICH I BALADA: Gracias, señor Presidente.

Señorías, señor Ministro, el pasado 29 de septiembre le
pregunté sobre las actuaciones en materia de costas en la zona
del Delta del Ebro, en la provincia de Tarragona. En su
respuesta, me informó de las que tenía previstas su Ministerio
desde Alcanar hasta LþAmpolla. Así pues, aunque en la pregunta
escrita presentada hoy me refiero a toda la provincia de
Tarragona, en previsión de que, a lo mejor, pueda faltarle
tiempo, le rogaría y la circunscribiría, si así lo prefiere, a
cuáles son las obras previstas en materia de costas en la
provincia de Tarragona, exceptuando las que ya fueron
informadas en su día, como he citado anteriormente.

Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Antich.

El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor
Presidente.

Señoría, actualmente, hay en ejecución siete obras, cuyos
presupuestos de adjudicación suman 1.855 millones de pesetas,
entre las que destaca la regeneración de 10 kilómetros de
playa, con una anchura mínima de 60 metros, en los términos
municipales de Calafell, Vendrell y Roda de Bará, con un
presupuesto de 1.220 millones de pesetas.

En el cuatrienio 1993/1997, está previsto iniciar otras 24
obras, distribuidas en tres programas, con una inversión que
superará los 7.500 millones de pesetas. Ya tenemos proyectos
para ocho de estas 24 actuaciones, con un presupuesto de 2.400
millones, y estamos redactando los proyectos correspondientes
a otras trece obras.

Las obras con proyectos son, por un lado, las referentes a las
playas Cristal, en Mont-roig del Camp, Santa Llúcia, en
Perelló y Ponent de Salou. Por otra parte, la ordenación de la
playa de La Rabassada, en Tarragona, y los paseos marítimos de
Vilaseca, Taracell, Comarruga y Alcanar que, como le digo,
podrán ser ejecutados inmediatamente, puesto que disponemos de
suficientes recursos presupuestarios en el marco del Plan de
Costas
1993/1997.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON JAUME ANTICH I BALADA, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUANDO SE VAN A
EJECUTAR LAS OBRAS DE LOS TRAMOS PENDIENTES DE LA N-420 EN LA
PROVINCIA DE TARRAGONA? (Número de expediente 180/000225)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 26, del señor Antich i
Balada.




El señor ANTICH I BALADA: Gracias, señor Presidente.

Señorías, señor Ministro, hace ahora algo más de un año, en
octubre de 1992, inauguró usted, como recuerda sin duda, el
puente sobre el río Ebro, entre Mora D''Ebre y Mora la Nova, y
visitó una parte de la obra ya realizada en esa carretera
entre Mora la Nova y Falset. Otros tramos de dicha carretera,
en la provincia de Tarragona, también están terminados. Pero,
todavía hoy, hay algún tramo iniciado y sin acabar y otros que
todavía no han empezado. En cambio, esta misma carretera, en
su tramo de la Comunidad aragonesa, está en bastante buen
estado, al menos en la zona limítrofe. Consecuentemente,
aunque sólo faltan algunos tramos, ello es suficiente para
dificultar las comunicaciones entre el Bajo Aragón y la zona
del Delta del Ebro, en Tarragona, y también en el área de
Tarragona-Reus-Valls.

Por todo ello, señor Ministro, le formulo la pregunta
siguiente: ¿Cuándo se van a ejecutar las obras de los tramos
pendientes de la N-420 en la provincia de Tarragona?
Gracias.




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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Antich.

El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Señor Presidente, señoría, en la
N-420 están en ejecución en este momento los tramos entre
Riudecols y Reus, Gandesa-Mora D''Ebre y el límite de la
provincia de Teruel con Gandesa. Las obras de
acondicionamiento de los restantes tramos entre el límite de
la provincia y Reus ya están ejecutadas, con una inversión que
ha rondado los 3.500 millones de pesetas. De las obras
pendientes, las del tramo Riudecols-Reus tienen un presupuesto
de 700 millones y están prácticamente terminadas; se
terminarán definitivamente en el próximo mes de enero. Entre
Gandesa y Mora D''Ebre la obra cuyo presupuesto es de casi
1.000 millones y está realizada en gran parte, aunque por
razones de seguridad y viabilidad se ha decidido modificar el
proyecto para construir dos puentes que crucen la corta del
río Segre. La terminación de las obras, excepto la de estos
dos puentes, está prevista para el verano de 1994, dándose
entonces paso
provisional al tráfico por el tramo antiguo.

Finalmente, el acondicionamiento del tramo límite provincial
de Teruel hasta Gandesa está en fase de movimiento de tierras,
y la terminación de las obras está prevista para los últimos
meses de 1994. En este tramo hemos tenido que modificar el
proyecto en la parte de su recorrido que afectaba a restos
arqueológicos de un poblado íbero.

Además de estas obras en fase de ejecución, hay otras que
están previstas y cuyos proyectos se redactarán a lo largo de
1994, entre las que quiero destacar las siguientes: en primer
lugar, el tramo del Coll Negre al Coll de la Teixeta, con un
presupuesto estimado de casi 2.000 millones de pesetas; la
duplicación del tramo entre Reus y el aeropuerto de Tarragona,
con un presupuesto de 1.500 millones; la variante sur de Reus,
con un presupuesto de 5.000 millones de pesetas, y las
variantes de Falset, Corbera D''Ebre y de Riudecols, con un
presupuesto que supera los 1.300 millones de pesetas, y que en
su conjunto, como puede apreciar S.S., implica una inversión
cercana a los 10.000 millones de pesetas, que terminarán
completamente de acondicionar la
carretera 420.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




INTERPELACIONES URGENTES:



--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A
LA COLOCACION DE ESCUCHAS TELEFONICAS (Número de expediente:
172/000022)



El señor PRESIDENTE: Entramos en el punto sexto del orden del
día: interpelaciones urgentes. Comenzamos la discusión de la
interpelación del Grupo Popular relativa a la colocación de
escuchas telefónicas. En nombre del grupo proponente, tiene la
palabra el señor Alvarez-Cascos.




El señor ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ: Con la venia, señor
Presidente, como los mejores desmentidos son los que hace uno
mismo, la voluntad política del señor Vicepresidente del
Gobierno de informarse del problema de las escuchas
telefónicas en España ha quedado patente con su ausencia en
este momento del hemiciclo, ausencia que no está justificada
en ninguna previsión
reglamentaria. (Varios señores Diputados desde los bancos del
Grupo Popular: ¡Muy bien! ¡Muy bien!) (Rumores.) (Varios
señores Diputados de los grupos parlamentarios Socialista y
Popular se increpan mutuamente.)
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, la
interpelación que hoy el Grupo Parlamentario Popular formula
al Gobierno plantea un problema recurrente en la vida política
nacional. (Grandes y prolongados rumores.)



El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!
Continúe su intervención, señor Alvarez-Cascos.




El señor ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ: Las escuchas ilegales no
son, en efecto, un problema nuevo. Constituyen una reiteración
de hechos en el tiempo que arrancan ya del lejano 1983 y que
desde entonces han proliferado en un ambiente de impunidad del
que el Gobierno, el Gobierno de don Felipe González es
políticamente responsable. (Varios señores Diputados desde los
bancos del Grupo Popular: ¡Muy bien! ¡Muy bien!)
A instancias de mi Grupo, en 1984 se produce la primera
regulación penal de las escuchas telefónicas ilegales,
tipificándose entonces esta figura, cuando no está debidamente
autorizada por un juez, como delito. Aquella reforma
legislativa venía a poner de manifiesto ya que algo grave
comenzaba a tomar forma: una práctica espúrea que afectaba a
la libertad y a la seguridad de todos los españoles. Frente a
la solemne declaración del artículo 18.3 de la Constitución,
que consagró el secreto de las comunicaciones telefónicas como
un derecho fundamental, la aparición de casos de escuchas
ilegales y, sobre todo, la constatación de una negligente
ausencia de medios preventivos ponía de manifiesto el
contraste entre las libertades formales constitucionalmente
declaradas y la efectiva protección de esas libertades en el
plano de la realidad, misión ineludible e indelegable del
Gobierno de la nación.

Este conflicto se ha alimentado desde el principio por la
ausencia de medidas gubernativas, por la ausencia de una
voluntad política decidida para acabar con la



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grave irregularidad que la violación de este principio supone
en un Estado de derecho. Cuatro años después de producida
aquella reforma y constatado un clima de desconfianza que no
hacía sino crecer, el Grupo Parlamentario Popular de nuevo
interpeló al Gobierno, poniendo sobre la mesa la necesidad de
acometer inmediatamente este fenómeno.

En la correspondiente moción, mi Grupo planteó un programa de
actuaciones urgentes --señorías, urgentes ya en 1988--
consistente en la organización de grupos policiales
especializados en telecomunicaciones; el desarrollo de
servicios de prevención de escuchas ilegales y la coordinación
policial con los servicios de Telefónica, todo ello sujeto al
debido control parlamentario. Además, se planteaba ya entonces
--repito, marzo de 1988--la necesidad de regular, mediante ley
formal, la organización y funciones de los servicios de
inteligencia del Estado.

Ese programa de actuaciones urgentes no mereció entonces la
atención del Gobierno, que declaró en esta Cámara que sólo
podía actuar «a posteriori», es decir, una vez denunciados los
hechos, renunciando negligentemente a cualquier labor
preventiva y de reforma de las leyes. Por su parte, el Grupo
Socialista
calificaba literalmente de «estrategia política para crear
sensaciones» los hechos en que el Grupo Popular basaba su
denuncia y la demanda de medidas, negando toda trascendencia
social a la situación puesta entonces de manifiesto.

Han pasado más de cinco años desde entonces, tiempo en el que
el número de las sensaciones de que habló el portavoz
socialista no ha hecho sino engrosar lo que hoy tristemente
podemos calificar de auténtico bochorno para nuestra
democracia. La lista de denuncias y casos de escuchas ilegales
conocidos desde entonces constituye una interminable relación
de políticos, empresarios, periodistas o magistrados que
reflejan bien a las claras el clima de inseguridad en la
protección de un derecho fundamental que sufren los españoles.

Permítanme un rápido repaso, que le convendría recibir
rápidamente al señor Vicepresidente del Gobierno, de algunas
de las sensaciones conocidas por los ciudadanos normales, a
los que invocaba el señor Vicepresidente del Gobierno, después
de nuestra interpelación del año 1988.

Mayo de 1990, José Marco, hoy Presidente del Gobierno de
Aragón, instala dispositivos antipinchazos en sus despachos.

Junio de 1990, pinchazo del teléfono de la Brigada de la
Policía Judicial de Sevilla que investiga el caso Juan Guerra.

Julio de 1991, pinchazo del teléfono de Enric Sopena, Director
de Televisión en Cataluña. Diciembre de 1991, pinchazo de los
teléfonos de Carlos Jiménez Villarejo, Fiscal Jefe del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y del Juez
barcelonés Luis Pascual. Marzo de 1992, espionaje telefónico
en el domicilio del periodista Jesús Cacho. Junio de 1992,
denuncia de escuchas en la sede madrileña de Izquierda Unida.

Y ahora la trama de Barcelona. A la luz de lo publicado estos
días en la Prensa española, supuestamente, esta trama ha
escuchado ilegalmente a once empresarios, diez
periodistas, dos abogados y ocho políticos.

¿Se atreve hoy el Gobierno y el Grupo Socialista a acusar al
Partido Popular de desarrollar una estrategia política, sin
datos objetivos, para trasladar sensaciones inquietantes a la
sociedad española? ¿Se atreven hoy a decir lo mismo? (Varios
Diputados del Grupo Socialista: ¡Sí!--El señor García-
Arreciado: Igual.) ¿Se atreve hoy el Gobierno a devaluar la
importancia del problema y a rechazar su negligencia culpable,
derivada de su irresponsable pasividad para combatir esta
alarmante figura de delincuencia que incrementa la inseguridad
ciudadana de la sociedad española? Yo creo que no; que este
clima de inseguridad existe y es fruto de la impunidad con que
los españoles perciben que se realizan este tipo de prácticas.

Impunidad de la que el Gobierno, con una política negligente,
es responsable en última instancia. Porque desde la ya citada
reforma del Código Penal de 1984, el Gobierno de don Felipe
González no ha tomado ni una sola medida para atajar este
problema. En el ámbito penal las sanciones previstas en 1984
dejaron hace tiempo de hacer frente con realismo a las
dimensiones de este delito, como oportunamente recordó una
iniciativa del Grupo Popular en el Senado, en mayo de 1990.

Así, sigue vigente la pena de arresto mayor, de un mes a seis
meses, como tipo básico; pena, como digo, absolutamente
desprorporcionada a las características actuales de este
delito.

En el ámbito administrativo, y como ha reconocido ante la
Comisión de Defensa el Ministro del ramo, el control sobre los
medios técnicos que permiten la realización de estas prácticas
es casi inexistente. En un mundo que avanza vertiginosamente
en la perfección de las comunicaciones y en el desarrollo de
los aparatos técnicos que le sirven de soporte, la ausencia de
controles efectivos sobre aquellos que se utilizan en la
interceptación de las comunicaciones telefónicas es de una
culpabilidad fuera de toda duda; pero, sin duda, el factor que
más ha contribuido a la creación y al sostenimiento de ese
clima de inseguridad e impunidad, es la pasividad del Gobierno
ante la proliferación de las escuchas telefónicas ilegales.

Siguiendo un modelo que se traslada miméticamente a otros
ámbitos de su responsabilidad, el Gobierno ha optado desde el
primer momento, repito, en 1983, por dar la espalda al
problema, por negar toda evidencia, por no asumir como
inequívocos signos de alarma, lo que eran pruebas manifiestas
de que algo y algo muy grave pasaba.

Los gobiernos socialistas de Felipe González, expertos en
nacionalizar la verdad, nos han acostumbrado a vivir con el
miedo y han trasladado a la sociedad la resignación de
convivir con una normalidad que ha ido



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abriendo brechas en nuestro sistema de garantías de los
derechos y las libertades. De esta manera, la filosofía
gubernamental del «no pasa nada» es la forma socialista de dar
respuesta a los problemas de la sociedad, en este caso el de
las escuchas ilegales como, en su momento, por ejemplo, el
problema de la droga.

Este es, sin duda, el auténtico núcleo de la cuestión, y lo es
porque, frente a esa pasividad irresponsable, lo que se
propone por parte del Grupo Popular son medidas concretas,
fácilmente realizables y en las que no sería difícil encontrar
un acuerdo general que permitiera su puesta en práctica.

En efecto, lo que hoy, como en marzo de 1988, plantea y exige
urgentemente el Grupo Popular, es un conjunto de instrumentos,
hoy ya absolutamente indiscutibles que sólo pueden abundar en
una reducción del problema y en el aumento de las garantías de
los españoles. Dichos instrumentos consistirían, en primer
lugar, en comprometer a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
una auténtica labor preventiva en la lucha contra esta forma
de delincuencia; en segundo lugar, acometer las reformas
legislativas precisas para, por una parte, acomodar las
sanciones penales a la gravedad de esta forma de delito,
manifiestamente desproporcionada hoy, y por otra, para
permitir y asegurar --esto es muy importante y quizá es lo
único que roza con el único representante del Gobierno que
está presente en el banco azul en estos momentos--un mayor
control de los medios técnicos de escucha que hoy circulan por
nuestro país; en tercer lugar, un mayor control parlamentario
del desarrollo de todas las actividades oficiales tendentes a
la prevención y represión de las escuchas ilegales; y, en
cuarto lugar y por último, una redifinición de la
organización y funciones de los servicios de inteligencia del
Estado, así como su regulación mediante ley. Mi Grupo ha
presentado recientemente una proposición no de ley para crear
una ponencia en la Comisión de Defensa y no insistiré más
sobre esta cuestión.

Hechos estos anuncios, señor Presidente, es inevitable dedicar
muy brevemente la última parte de la intervención, en el
contexto que acabo de describir, a la red de escuchas ilegales
recientemente puesta de manifiesto, que no descubierta por el
Gobierno, en Barcelona.

Por las informaciones públicas conocidas hasta este momento,
estamos en presencia de una auténtica red, concebida y
organizada con fines de escucha permanente. Es la primera vez
en España que se tiene noticias de una operación ilegal de
estas
características, y ello redunda en lo dicho con anterioridad,
es decir, en el clima de creciente impunidad que rodea estas
actividades en nuestro país, y lo es el conocimiento público
de esta trama, no por una acción del Gobierno, sino por una
iniciativa de la justicia. Hasta ahora, sólo se conocían casos
aislados, graves todos ellos, denunciados por particulares,
cuya reiteración generaba la sensación de desconfianza que
pronto se generalizó. Hoy, sin embargo, estamos en presencia
de una verdadera organización que, por los datos conocidos,
operaba desde hace más de dos años y en cuyo poder podrían
encontrarse importantes grabaciones, tanto por su contenido
como por las personas afectadas.

Pero con ser este factor importante, el más preocupante de
este caso lo constituye el hecho de que los autores
presuntamente responsables de este delito continuado habían
formado parte, en determinados momentos, del Cesid, organismo
dependiente del Ministerio de Defensa y que encarna el
servicio de inteligencia español para la defensa. Entre ellos,
y especialmente, un coronel de Infantería, que desempeñó altos
cargos desde 1979 hasta junio de 1993, en que pasó a la
reserva.

Las actuaciones judiciales esclarecerán en su momento si otras
personas del Cesid tienen alguna implicación en este caso y
hasta qué punto. Por mi parte, no anticiparé prejuicio alguno
sobre este extremo. El sumario tendrá la última palabra. Pero
de la preocupación pasamos a la alarma, tras seguir la
comparecencia que sobre este asunto celebró en esta Cámara el
señor Ministro de Defensa el pasado jueves, día 9. En el
transcurso de la misma, el señor García Vargas, y hoy, de
nuevo, el señor Serra, negaron cualquier relación del Cesid
con la red descubierta en Barcelona, pero el señor García
Vargas ofreció otros datos obtenidos tras la correspondiente
investigación oficial ciertamente asombrosos. Así, por
ejemplo, que el Cesid, directamente y por encargo del
Gobierno, facilitara asesoramiento a particulares, y en
concreto al particular afectado por este caso de espionaje;
que la persona con la que éste contactara, el coronel
Rodríguez González, pasara más tarde a su servicio particular;
que el coronel Rodríguez planteara su excedencia de forma
irregular, como el propio Ministro de Defensa reconoció, y
que, al final, pudiera pasar a la empresa privada con la
celeridad y la falta de control con que lo hizo, o, en fin,
que se reconoce que agentes del Cesid, tras su salida de este
organismo, siguen, al parecer impune e
irregularmente, utilizando de manera sistemática su nombre.




El señor PRESIDENTE: Señor Alvarez-Cascos, le ruego concluya.




El señor ALVAREZ-CASCOS: Estoy concluyendo, señor Presidente.

Causa asombro comprobar que este tipo de hechos puedan
producirse en el seno de un organismo cuya finalidad última es
la defensa nacional. Causa asombro, por lo demás, que una red
presuntamente dirigida por antiguos miembros del Cesid pudiera
actuar durante tanto tiempo sin que sus propios servicios se
enterasen, como tampoco los servicios policiales. Ha tenido
que ser una actuación judicial la desencadenante de esta



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operación. Lo que no ha causado asombro, señor Presidente,
porque es imposible rebasar su descrédito, es el meteórico
desplazamiento a Barcelona del Fiscal General del Estado al
que esperan desde hace meses los billetes a Italia para
interesarse por las posibles conexiones españolas de la
tangentopolis. Ello nos sitúa de nuevo, y termino, señor
Presidente, ante las dos responsabilidades políticas básicas
derivadas de este problema. La primera, la pasividad de un
Gobierno que no sólo no ha cumplido con la misión de
garantizar derechos y libertades básicos, sino que, al
rehuirla, ha fomentado el clima de
impunidad que hoy denunciamos de nuevo para pedir, señorías,
medidas gubernativas urgentísimas que se enfrenten
decididamente a la delincuencia del pinchazo telefónico
ilegal.

En segundo lugar, y por último, como mínimo la negligencia
culpable de un Vicepresidente del Gobierno, hoy ausente, pero
que ha reconocido su función de coordinador y antes
organizador de estos servicios, cuyo nivel de gravedad a la
hora de determinar la negligencia culpable nos reservamos,
para calificarla cuando la publicidad del sumario abierto en
Barcelona permita conocer el alcance exacto de las conexiones
descubiertas por la justicia española. Muchas gracias.

(Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alvarez-Cascos.

Para contestar a la interpelación en nombre del Gobierno,
tiene la palabra el señor Ministro de Obras Públicas.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Señor Presidente, señorías, el
artículo 18.3 de la Constitución establece como derecho
fundamental la garantía del secreto de las comunicaciones, y
en especial de las
comunicaciones postales, telegráficas y telefónicas, y ha sido
preocupación constante del Gobierno garantizar este mandato
constitucional.

En cumplimiento del mismo, la Ley Orgánica 17/84, del 15 de
octubre, añadió al Código Penal dos artículos relativos a las
escuchas telefónicas ilegales. Pero como ha dicho
recientemente en esta Cámara el Ministro de Defensa, el
Gobierno es consciente de que las escuchas ilegales
constituyen un delito con una pena muy baja en relación a la
importancia del bien jurídico
vulnerado: el derecho a la intimidad garantizado
constitucionalmente. Por ello, el Ministro de Justicia ha
anunciado la realización de una reforma en esta materia, en la
parte especial del nuevo Código Penal, para que las penas
estén más ajustadas a este bien jurídico protegido y a la
alarma social que generan esta clase de conductas.

En el orden administrativo, la Ley 32/92, de 3 de diciembre,
por la que se modificó la Ley de Ordenación de las
Telecomunicaciones, introdujo dos nuevas infracciones de
carácter muy grave que sancionan tanto la interceptación de
las
telecomunicaciones sin autorización como la divulgación de su
contenido o de su simple existencia, aun cuando tal
información se hubiese obtenido de forma involuntaria o
fortuita. (Por cierto que estas medidas recibieron un gran
apoyo por parte de su Grupo).

Finalmente, cabe señalar que la cláusula quinta del contrato
regulador de la concesión para la prestación de los servicios
finales y portadores entre la Administración del Estado y la
Compañía Telefónica de España, impone a esta compañía la
obligación de asegurar el secreto de las comunicaciones y de
efectuar la adecuada protección de los datos que ésta deba
tratar con motivo de la prestación de los servicios que le han
sido concedidos.

En el marco comunitario, la propuesta de directiva del Consejo
relativa a la protección de los datos personales y a la
intimidad en relación con las redes públicas digitales de
telecomunicación fue presentada por la Comisión en 1990 y está
siendo discutida por un grupo de trabajo que lo ha dividido en
dos proyectos de directivas: un proyecto relativo a la
protección de datosy otro específico para el sector de las
telecomunicaciones, que
garantice un nivel equivalente de protección de la intimidad
en la Comunidad, en el marco de los servicios públicos de
telecomunicación. Para llegar a los niveles de protección que
se pretenden por la Comunidad en estas directivas sería
preciso digitalizar previamente las redes españolas, lo que
supondría unas inversiones de gran cuantía que sólo pueden
asumirse a largo plazo. Asimismo, las Comunidades Europeas, en
marzo de 1992, adoptaron una decisión relativa a la seguridad
de los sistemas de información en el ámbito de la seguridad
que incluya el desarrollo de estrategias y la creación de
grupos de trabajo que deberán asesorar a la Comisión sobre las
actuaciones más
pertinentes en esta materia.

Por lo que respecta a las escuchas ilegales, en concreto, de
producirse, se podrían dar en la red exterior a la central
telefónica y a partir de la terminación de cable de red, es
decir, de la caja terminal del repartidorinterior, de las
acometidas y del equipo de abonados.

En todos esos puntos de la red se puede producir una escucha
ilegal, técnicamente se pueden introducir elementos de escucha
de variado tipo que normalmente no dejan, durante su
funcionamiento, ningún rastro sonoro que pueda indicar la
existencia de una escucha ilegal. Lo digo porque, a veces, la
existencia de ruidos en la comunicación telefónica hace pensar
en la posibilidad de que éstos sean debidos a observaciones
ilegales, cuando en la práctica solamente los expertos pueden
detectar la existencia de este tipo de escuchas, y no son los
ruidos o las interferencias en la línea o ni siquiera
mediciones de la tensión o variaciones en la



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imperancia de los circuitos lo que pueda indicar la existencia
de esta clase de escuchas.

Los procedimientos de interceptación habitualmenteutilizados
en ocasiones son difíciles de detectar y escapan a los
elementos de control que desarrolla sistemáticamente la
Compañía Telefónica y la Dirección General de
Telecomunicaciones, puesto que se pueden establecer en el
propio teléfono; en este caso, se pueden inducir vía radio, a
través de cápsulas introducidas en los micrófonos, o vía
emisores que recogen las conversaciones del ambiente mediante
transmisores de infinito, o bien incluso sin necesidad de que
el teléfonofuncione, transmitiendo las
conversaciones que se efectúan a su alrededor. También se
pueden efectuar en las centralitas de los edificios o en la
propia telefónica mediante derivaciones o emisiones de radio.

Pero el elemento más vulnerable es la caja de registro,
afectando a los terminales de red, a los pares que
corresponden a las líneas telefónicas que se desean
interceptar, sobre las cuales se pueden colocar microemisores
o bien realizar derivaciones. Finalmente, también es
técnicamente posible que sean las centrales
telefónicas aquellas que sean objeto de una actuación ilegal,
a través de un comportamiento irregular del personal que las
sirve.




Por ello, en las instalaciones en edificios antiguos,
Telefónica viene haciendo una constante labor de saneado,
cambiando de sitio cajas terminales, a lugares más seguros, y
modificando el recorrido de las acometidas de cable por las
fachadas cuando éstas son de fácil acceso. Toda esta labor se
hace en conjunción con los proyectos de ampliación de la red,
y desde febrero de 1989, Telefónica, en cumplimiento de las
obligaciones que le impone el contrato con el Estado, ha
venido estableciendo una serie de normas que definen las
características técnicas y de seguridad que deben reunir las
redes telefónicas en el interior de los edificios, con las
cuales se orienta a constructores y promotores en la
realización de las preinstalaciones que permitan garantizar
las máximas condiciones de seguridad en el acceso a los
circuitos.

Por la parte administrativa, la Delegación del Gobierno en
Telefónica, en resolución de las reclamaciones que le son
planteadas por usuarios y abonados hace que la Dirección
General de Telecomunicaciones inspeccione la red y las
centrales, para contar con los mejores elementos de juicio
para esclarecer los hechos alegados por aquéllos, y, por
supuesto, está a la
permanente disposición de la autoridad judicial cuando ésta
está efectuando investigaciones en el marco de las denuncias
presentadas por los particulares o por la policía judicial.

Las actuaciones que desarrolla Telefónica en este marco son
tanto de control sistemático como de colaboración con las
autoridades judiciales, como de comprobación de reclamaciones,
como de vigilancia y control del personal y de los medios
técnicos. Es cierto, señorías, que la garantía del secreto de
las
comunicaciones es más un objetivo permanente, que debe ser
perseguido incrementando los medios técnicos y las
disposiciones normativas, que una realidad estática que
hayamos podido dar por conseguida, ya que las posibilidades de
protección de las comunicaciones y de conseguir medios que
invaliden dicha
protección evolucionan con el tiempo en virtud de los avances
tecnológicos de forma que exige una permanente puesta al día
de los mecanismos de inspección y de control.

Además, la protección del secreto de las comunicaciones puede
acentuarse en los puntos más sensibles de la red, como son las
centrales, pero no puede alcanzar la totalidad de las
instalaciones hasta el domicilio del abonado. Por ello,
algunos usuarios especialmente preocupados por la salvaguardia
del secreto de sus informaciones comerciales, industriales o
de otra naturaleza, y para garantizar al 100 por ciento el
secreto de las comunicaciones, instalan aparatos denominados
secráfonos que hacen ininteligible para terceros la
comunicación establecida entre aparatos que dispongan de
dichos equipos. Fruto de esta dicotomía entre el objetivo a
alcanzar y la realidad es la existencia, como he indicado, de
grupos de trabajo en el seno de las comisiones de la Comunidad
Económica Europea que están buscando soluciones al problema,
aunque éstas no alcancen, y posiblemente no lo hagan nunca, al
100 por ciento este objetivo. La culminación de estos trabajos
y una amplia digitalización de la red telefónica que exigirá
inversiones que se prolongarán hasta el año 2002 en los planes
que actualmente está
desarrollando el Gobierno, permitirán en el futuro consolidar
el objetivo de protección del secreto de las comunicaciones
que hoy tiene las limitaciones inevitables que acabo de
exponer, contra las cuales el Gobierno trata de desarrollar lo
mejor de sus capacidades con los medios de que dispone y de
los que dispone la Compañía Telefónica que, en virtud del
contrato que le une con el Estado, es la encargada de
garantizar su secreto.

En cuanto a los aspectos concretos a los que ha hecho
referencia S.S., relativos a las escuchas telefónicas que la
policía ha descubierto, desmantelado y puesto en conocimiento
de la
autoridad judicial en Barcelona, el Gobierno no tiene nada que
añadir a lo que ya han manifestado en esta Cámara el Ministro
de Defensa y el Vicepresidente del Gobierno.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Señor Alvarez-Cascos.




El señor ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ: Señor Presidente, señorías,
la presencia en la tribuna del señor Borrell, Ministro para
las telecomunicaciones, en



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un debate sobre los pinchazos telefónicos es un pinchazo más
(Rumores.), en este caso un pinchazo parlamentario a un debate
político. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.) Este,
señorías, es un ejemplo de los debates en los que el propio
señor Vicepresidente ha dejado constancia en esta Cámara de
que era su papel. Afecta al Ministerio de Interior, afecta al
Ministerio de Defensa, afecta al Ministerio de
Telecomunicaciones, afecta al Ministerio de Justicia; afecta a
las funciones de coordinación del señor Vicepresidente que
tutela la totalidad de los
Ministerios. Aquí tenía que estar el señor Serra en estos
momentos señor Presidente. (Rumores.--Varios señores
Diputados: ¡Muy bien!-- Aplausos en los bancos del Grupo
Popular.)
Es un pinchazo parlamentario más, porque lo que ha venido a
explicar el señor Borrell (y supongo que si los ciudadanos
españoles escuchan íntegramente el discurso del señor Borrell
se van a sonrojar), no es lo que el Gobierno hace o ha hecho
para combatir las escuchas telefónicas; nos ha venido a
explicar cómo se hacen las escuchas telefónicas. ¡Si venimos a
interpelarle por lo que ustedes han hecho para combatir las
escuchas telefónicas ilegales!
De sus palabras, señor Borrell, desprendo que absolutamente
nada; como en 1988, absolutamente nada. Ha tenido que ser una
iniciativa judicial, como en otras ocasiones, una iniciativa
de particulares la que pusiera de manifiesto la existencia de
estas prácticas ilegales en España. Ustedes conocen a través
de los medios de comunicación que hoy se comercializan estos
servicios de pinchazos telefónicos a precios módicos en la
sociedad española, que no hay ningún tipo de control sobre la
venta de los artilugios técnicos en locales comerciales e
industrias dedicadas a su fabricación, que la policía no
cuenta con medios técnicos para combatir al nivel deseado la
proliferación de estas
prácticas. Señorías, señor Borrell, todo lo que en esta
materia no sean acciones del Gobierno es palabrería, y lo suyo
hoy en esta tribuna ha sido palabrería. (Rumores.)
Hablar de reformas legales sin que se comprometan acciones
preventivas y represivas de los cuerpos policiales para poner
a disposición de los jueces a los responsables de estos actos
delictivos, señor Borrell, es literatura, y lo que ofrece el
señor Ministro de Justicia es literatura y pura literatura. Ya
hay una tipificación como delito, insuficiente, pero que no ha
podido ser utilizada porque el Gobierno, a través de sus
instrumentos de prevención y de represión, no ha sido capaz de
poner a disposición de la Justicia a los que han practicado
este tipo de delitos.

Ustedes quieren trasladar una vez más con sus palabras,
alejando la realidad de su intervención de la realidad del
problema; quieren transmitir un clima de resignación a la
sociedad española diciendo una vez más que aquí no pasa nada,
que el Gobierno lo resuelve todo. Pues bien, señor Borrell, no
sé hasta dónde va a llegar el éxito en su intento de trasladar
resignación a la sociedad española, pero sepa usted que aquí
hay un reducto, que es el Grupo Popular (Rumores.--Un señor
Diputado: Sí un
reducto.), que en la defensa de las libertades y derechos
fundamentales de los españoles resistirá numantinamente los
intentos de crear este clima de resignación con que ustedes
están dejando indefensos a los ciudadanos españoles ante lo
que les consagra y defiende su Constitución.

Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.--
Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alvarez-Cascos.

Silencio, señorías.

Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor
Presidente.

Señoría, su interpelación tiene por propósito preguntarle al
Gobierno acerca del secreto de las comunicaciones telefónicas.

(Un señor Diputado: ¡No!) Las comunicaciones telefónicas en
España están gestionadas, en régimen de servicio público
universal, por la Compañía Telefónica Nacional de España (Un
señor Diputado: ¡Ah!), que está vinculada para desempeñar este
servicio público, a través de un contrato, con el Ministerio
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente... (Rumores.--
Un señor Diputado: Es que no se enteran.)



El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!



El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Ese Ministerio es el responsable
de la política de las telecomunicaciones y garante del
cumplimiento de este contrato. En la cláusula quinta de este
contrato se
establecen las condiciones por las cuales el prestador del
servicio debe garantizar el secreto de las comunicaciones
telefónicas, y por esta razón el ministro responsable de la
política a que hace referencia su interpelación es el ministro
que la ha contestado; es el ministro que la ha contestado, no
el de Defensa ni el de Interior ni el de Justicia ni el
Vicepresidente del Gobierno. (Rumores.) El secreto de las
telecomunicaciones está contenido en una cláusula del contrato
que liga al Ministerio de que soy titular con la empresa que
gestiona el servicio, su interpelación va dirigida al
Ministerio del que soy titular, y por eso le he contestado yo,
señoría. (El señor Robles Fraga: ¡Se trata de derechos
fundamentales!)



El señor PRESIDENTE: ¡Silencio! (Rumores.--Un señor Diputado
pronuncia palabras que no se perciben.)



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¡Señor Robles! (El señor Gayarre Bermejo: Es que nos están
tomando el pelo.)



El señor PRESIDENTE: ¡Señor Gayarre!



El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Aclarada la razón por la cual su
interpelación ha sido contestada por el ministro responsable
de la política afectada, he intentado en la misma explicarle
cuáles son los problemas técnicos que existen en España, en
cualquier país del mundo, para hacer frente a un problema que
no es exclusivo de los teléfonos en España, que tienen
dificultades técnicas para su control aquí y en cualquier otra
parte. Estas dificultades técnicas están tratando de ser
superadas a través de procedimientos de digitalización de la
red y a través de procedimientos sistemáticos de control por
parte de la propia Compañía Telefónica y de la Dirección
General de
Telecomunicaciones. A pesar de estos instrumentos y de estos
procedimientos de control y de inspección, una escucha
telefónica ilegal no puede excluirse y, sin duda, se produce.

Cuando se producen y se detectan, corresponden ser sancionadas
a través de los procedimientos fijados en nuestras leyes, que
el Gobierno considera que no son suficientemente penalizadores
y ha
anunciado, a través del Ministro de Justicia, su intención de
incrementar las penas correspondientes para aquellas peronas
que incurran en esta clase de delitos. Nos congratulamos que
la policía española, actuando una vez más de una forma
diligente que le honra, haya detectado en Barcelona la
existencia de una red de escuchas ilegales y la haya puesto a
disposición del juez. Nos congratulamos de que la policía
española haya detectado que un grupo de personas estuviese
desempeñando actividades ilegales, que serán sancionadas de
acuerdo con lo que nuestra legislación establezca, ofreciendo,
por supuesto a la autoridad policial --obvio es decirlo--,
toda la colaboración de las autoridades de las
telecomunicaciones españolas, tanto de las que regulan el
sistema como de aquellos que lo prestan, tanto de mi
ministerio como de la Compañía Telefónica. Muchas gracias.

(Varios señores Diputados: ¡Muy bien!--Aplausos en los bancos
del Grupo
Socialista.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el
señor Carrera.




El señor CARRERA I COMES: Señor Presidente, intervengo para
fijar la posición de nuestro grupo parlamentario en la
interpelación que se está produciendo en esta sesión.

Se ha presentado esta iniciativa en un momento, sin duda, de
gran actualidad y también, a nuestro entender, de cierta
intranquilidad. La presunta implicación de personas que
anteriormente habían formado parte de los servicios de la
Seguridad del Estado acrecienta --digamos-- esta alarma
social. La implicación de estas personas y sus vinculaciones
ya fueron tratadas en la comparecencia, la pasada semana, del
Ministerio de Defensa y, por tanto, no estamos valorando de
nuevo esas repercusiones --por lo menos nosotros no las vamos
a valorar de nuevo--, pues ya se hizo en la comparecencia del
Ministro de Defensa de forma muy explícita. Entiendo, por
tanto, que lo estamos haciendo sobre el hecho en sí de
escuchas ilegales de conversaciones telefónicas y la alarma
social consiguiente, justificada, sin duda, por el carácter
fundamental del derecho violado y la indefensión que ello
comporta.

No es la primera vez que saltan a la luz pública hechos como
los que ahora se denuncian y también es cierto que no es la
primera iniciativa sobre esta cuestión por parte del grupo
interpelante.

A mi entender, el Grupo Parlamentario Popular plantea una
cuestión de suma importancia, también de trascendencia y que
requiere como mínimo una profunda reflexión. Sin duda, la
reiteración en el tiempo de este tipo de hechos requiere un
debate sobre los mismos y también la toma de decisiones en su
caso. Por tanto, nada objetamos a los objetivos de fondo si
son éstos los que realmente se buscan. Sin duda, puede haber,
y las hay, discrepancias en algunos de los planteamientos
puestos de relieve en el debate de la interpelación, pero --
repito-- los objetivos de fondo, a nuestro entender, son
correctos o creemos, por lo menos, que pueden serlo. Vamos a
esperar para ver cómo se plasman en la moción correspondiente
y así poder fijar
definitivamente la posición del Grupo Catalán (Convergència i
Unió) al respecto.

Nada más. Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carrera.

Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene
la palabra el señor Romero.




El señor ROMERO RUIZ: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, el día 15 de noviembre se procedió a la detención
por la Policía Judicial de tres personas relacionadas con el
Cesid por haber puesto en marcha una trama de escuchas
ilegales. Es necesario que se conozcan algunos datos.

El Cesid cuenta con unos 7.000 millones de presupuesto,
aprobado por esta Cámara, cuenta con unas 2.000 personas que
trabajan para el Centro, de los que cerca de 800 pertenecen a
Benemérita, a la Guardia Civil; una parte al Cuerpo Nacional
de Policía, otra a las Fuerzas Armadas y el resto al Cuerpo
Diplomático y a otros sectores de la sociedad civil.

Todos los estados democráticos tienen su servicio de
inteligencia, y estos servicios de inteligencia actúan en



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defensa del Estado democrático en diversos planos. Está
ubicado en el organigrama del Ministerio de Defensa, al que
pertenece formalmente, y lo encabeza un Director General, el
Teniente General don Emilio Alonso Manglano; pero se dedica a
la
inteligencia militar, se dedica a la industria de armamento y
al comercio internacional de armas, se dedica a la tecnología,
a la economía, al comercio, a la política exterior y también a
la actividad industrial. Por eso el Cesid es coordinado por la
Presidencia del Gobierno, por eso depende de Presidencia del
Gobierno y por eso el Vicepresidente del Gobierno coordina sus
servicios en general, porque afecta a diversos ministerios: al
de Interior para la seguridad nacional, al de la tecnología,
la economía, etcétera. Todos los países cuentan con su
servicio de inteligencia que actúa en estos planos.

En la Comisión de Defensa compareció el Ministro de Defensa,
pero para un tema de este tipo no debería haber comparecido el
Ministro de Defensa sino el Vicepresidente del Gobierno, señor
Serra, porque, ¿qué coordina el señor Serra en el Gabinete?
Quiero contarle una anécdota, señor Borrell. En cierta ocasión
un funcionario de policía llegó al patio de la comisaría y le
dijo al comisario: Señor comisario, acaban de llegar los
voluntarios. El comisario le contesta: Que los desaten. Eso ha
ocurrido con don Narcís Serra y los ministros que han venido
aquí a contestar, porque más que coordinarle le ha obligado a
venir a un tema que debe coordinar él por la amplitud general
del servicio de inteligencia.

Voy a ser muy breve. Usted sólo tiene una responsabilidad: la
que usted ha dicho. Lo ha explicado bien y lleva razón. Pero
ha cometido un error: la Compañía Telefónica no se ha
personado ante el Juzgado de Barcelona como parte afectada y
violada en sus derechos. La Compañía Telefónica firma un
contrato con un ciudadano, con una empresa, con un despacho, y
esa línea no puede ser violada. Si lo es, se dañan los
derechos de la Compañía Telefónica y del usuario que tiene
alquilado el servicio.

La Compañía Telefónica no sólo tiene capital público. Aunque
fuese todo privado es una empresa en el marco de un Estado de
Derecho y debe garantizar siempre que las líneas que ofrece a
los ciudadanos cumplen con lo que establece la Constitución y
el ordenamiento legal: no pueden ser violadas. En esa
dirección, ¿por qué no se ha presentado en Barcelona la
Compañía Telefónica como parte dañada y afectada por la trama
de escuchas ilegales ligada a Godó y a «La Vanguardia», a ese
grupo editorial? Le diré más, al Coronel del Cesid, señor
Rodríguez González, que era nada menos que responsable del
área de economía y de tecnología del Centro, se le han
descubierto documentos que pertenecen al Centro. Se ha faltado
a la custodia de los documentos. El Ministro de Defensa dice
que no son graves, que no ponen en peligro la seguridad del
Estado. Cuando se abra el secreto del sumario veremos qué
gravedad alcanzan esos documentos.

Además, se le asigna al señor Conde de Godó, para prestarle
seguridad y asesoramiento, en relación con problemas para su
integridad o por las extorsiones que podía recibir. Eso se
hace en 1991, pero este coronel pide la baja en 1993, después
de haber estado colaborando en una misión del Estado de
Derecho y en la prestación de un servicio. ¿Qué ocurre?
¿cuándo deja de ser ex agente del Cesid? ¿Cuándo pasa a ex y
cuándo era titular del servicio? Ahí hay una responsabilidad
política, y esa
responsabilidad es la gestión. En todos los lugares se pueden
cometer errores, pero que intervenga la justicia. A
disposición de los jueces, como usted ha dicho. Es necesario
que se tomen medidas para que esas cosas no ocurran. En España
hay que controlar los servicios de información. ¿Quién
controla a los que nos controlan? Esta es la pregunta. No hay
mecanismos. En Estados Unidos, en Italia, en Francia los hay.

Siempre habrá un antes y un después de los sucesos de
Barcelona. Sería necesario que no se arrojara sobre el Cesid,
que es un servicio que ha hecho grandes labores, la sombra de
la duda generalizada, pero ahí hay un error grave del que
habrá que rendir cuentas. Nada menos que un ex coronel, un
guardia civil que deja el servicio y un representante que
trabajó en los temas relacionados con el terrorismo.

Es necesario que se investigue quién pagó a Rodríguez González
sus servicios, dónde le pagó, con qué dinero y a qué cuenta,
para poner en marcha una trama de escuchas ilegales de manera
mafiosa y criminal, violando, sin mandato judicial, las líneas
telefónicas en Barcelona.

Es muy grave todo eso, pero hay que sentar los temas. ¿Dónde
están? En manos de la justicia. La policía ha hecho una gran
labor, yo me uno a su felicitación a la Policía Judicial de
Barcelona y a la labor que ha hecho, pero hay tres miembros,
uno de ellos muy destacado, del Centro de Investigaciones
Superiores de la Defensa y hay que rendir cuentas de esa labor
de
coordinación. Por eso nosotros dijimos en la Comisión de
Defensa que hay una responsabilidad política grave y que el
señor Serra debería presentar su dimisión. Lo dijimos en
nombre de nuestro grupo parlamentario. Tampoco se notaría
mucho si lo hiciera, porque no sabemos a qué se dedica.

Sinceramente, señor Ministro, cargue usted con su
responsabilidad, no con la del Vicepresidente. Cada uno lleva
su responsabilidad y algunas veces con muchas dificultades. No
cargue usted con más cosas de las que debe. Yo creo que el
Gobierno debe ser solidario, pero no hasta el punto de que
aquí se venga a dar cuenta de un tema de las leyes de las
telecomunicaciones cuando se habla de tres agentes del Cesid.




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También creo que el Grupo Popular no ha estado fino, no lo
estuvo en la Comisión ni tampoco aquí, porque ha planteado el
secreto de las comunicaciones cuando el problema son los
miembros del Cesid, los representantes del servicio de
inteligencia implicados y desde qué tiempo y en qué tramo en
estos servicios.

Por tanto, señor Borrell, creo que esta tarde a usted le han
soltado un toro que no estaba asignado, es una especie de
sobrero en el corral que no estaba asignado para usted. Yo
creo que se debería tomar nota y deberían ser ustedes muy
finos cuando planteen los temas porque en estas cosas no se
puede venir con discursos mecanografiados, no se puede venir
con preguntas y con respuestas hechas, hay que escuchar a la
gente y hay que hacerlo porque en la vida hay veces --la gente
lo sabe-- que es bueno callarse y cuando se hable centrar los
problemas donde están.

Es de una enorme gravedad lo que ha sucedido en Barcelona y
veremos su resultado en los próximos meses cuando se levante
el secreto del sumario. Usted que tiene su responsabilidad, y
es gorda, apechugue con ella; que Telefónica intervenga, que
se presente como parte querellada, que no se cruce de brazos,
que la línea es propiedad de la Compañía y el destinatario
final y, en medio, una violación de un derecho constitucional,
algo inadmisible en la democracia, señor Borrell.

Muchas gracias por la atención prestada.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero. (El señor Ministro
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente pide la
palabra.) Señor Ministro, no está prevista reglamentariamente
la
intervención posterior del Gobierno. (Pausa.)
Gracias, señor Ministro.




--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE OPINION DEL GOBIERNO SOBRE LA
ASIGNACION DEL 0,7 DEL PIB PARA FAVORECER EL INDICE DE
DESARROLLO HUMANO DE LOS PAISES EMPOBRECIDOS (Número de
expediente 172/000023)



El señor PRESIDENTE: Se ha solicitado el aplazamiento de la
interpelación que figura con el número 32 en el orden del día.

(El señor Frutos Gras pide la palabra.)
Señor Frutos.




El señor FRUTOS GRAS: Señor Presidente, a nuestro grupo le
gustaría que se informase el porqué del aplazamiento de esta
interpelación y, ante esta información, pediré intervenir
brevemente para explicar nuestras razones ante la suspensión.




El señor PRESIDENTE: Con mucho gusto y hasta donde alcanza el
conocimiento de la Presidencia, voy a informar al Pleno de las
razones del aplazamiento, pero no hay posterior intervención
en relación con esta iniciativa. (El señor Frutos Gras pide la
palabra.)
Perdón, señor Frutos, un momento. Voy a complacerle en
relacicón con la información.

El motivo del aplazamiento es que el Ministro de Asuntos
Exteriores, que debía contestar a la interpelación, asistía en
el día de hoy, en Bruselas, a la reunión de Ministros de la
Unión Europea para cerrar la negociación con el GATT ha tenido
que retrasar su regreso a España por razón de haberse
prolongado má de lo esperado la reunión del Consejo de
Ministros.

El Gobierno ha intentado hasta el último momento mantener la
previsión de compatibilizar la asistencia del Ministro al
Consejo de Ministros de la Unión Europea y su respuesta a la
interpelación esta tarde, pero, ante la imposibilidad material
de que el Ministro contestase a la interpelación, ha
solicitado su aplazamiento.

Estas son las razones.

Señor Frutos.




El señor FRUTOS GRAS: Francamente, señor Presidente, estoy
perpeljo por dos razones. La primera es que media hora antes
de la interpelación se diga que la misma no puede ser llevada
a cabo por las razones que usted está exponiendo. Esta es la
primera. Me extraña, francamente.

En segundo lugar, y vinculada a la primera, parece ser que el
señor Solana es insistituible. Yo he hecho preguntas e
interpelaciones al Ministro de Trabajo y ha salido a
contestarlas, por ejemplo, el Ministro de Industria. Es decir,
hay aquí representantes, espero que los habrá, o si no es que
ya no hay Gobierno, ya no sólo está «missing» el señor Serra
sino que ya ni siquiera hay Gobierno. Hay Ministros que de
forma solidaria con el señor Solana podrían haber aparecido
aquí en el momento que se ha terminado una huelga de hambre de
29 días, de una serie de ciudadanos y después que ha habido
una serie de movilizaciones en el país en torno a la
reivindicación del 0,7 por ciento del producto interior bruto
para ayuda a los países empobrecidos.

Creo que es una falta de respeto a esta movilización
ciudadana, absolutamente pacífica que se ha producido, y una
falta de respeto por la cual yo estoy indignado, nuestro grupo
protesta de forma tajante, y quiere que figure en el acta de
esta sesión el hecho que se acaba de producir en estos
momentos. Es un acto de arbitrariedad y de prepotencia por
parte del Gobierno en pleno.

Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Frutos.

El Pleno se reanudará mañana a las nueve de la mañana.

Se suspende la sesión.




Eran las seis y treinta minutos de la tarde.