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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 23, de 02/11/1993
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1993 Núm. 23 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 21
celebrada el martes, 2 de noviembre de 1993
Página
ORDEN DEL DIA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de
modificación del artículo 5 de la Ley 47/1985, de 27 de
diciembre, de Bases de Delegación al Gobierno para la
Aplicación del Derecho de las Comunidades Europeas. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 21.1, de 30
de julio de 1993 (número de expediente 122/000012) (Página 810)
--De los Grupos Parlamentarios Socialista del Congreso,
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Catalán
(Convergència i Unió), Vasco (PNV) y de Coalición Canaria, de
modificación de la Ley de Bases de Delegación al Gobierno para
la aplicación del Derecho de las Comunidades Europeas.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número
34.1, de 24 de septiembre de 1993 (número de expediente
122/000024) (Página 810)
Proposiciones no de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que
se acuerda la creación en el seno de la Comisión
Constitucional de una Ponencia para el estudio de las
condiciones actuales de elaboración del Censo Electoral.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 4,
de 30 de julio de 1993 (número de expediente 162/000007)
(Página 822)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, por la que se insta al Gobierno a
que imparta instrucciones al Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS) para que informe puntualmente a la Cámara
de los estudios que realiza. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie D, número 11, de 27 de septiembre de 1993
(número de expediente 162/000022) (Página 828)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, sobre medidas que piensa adoptar el
Gobierno para asegurar que el descenso en los tipos de interés
del dinero tenga su adecuado traslado al mercado hipotecario
en las mejores condiciones económicas para los deudores
(número de expediente 173/000009) (Página 835)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los
principios de política general que aplicará el Gobierno, en
relación al Ente Público RTVE, al objeto de conseguir el
adecuado funcionamiento del mismo como servicio público con la
estabilidad económico-financiera que es precisa (número de
expediente 173/000010) (Página 842)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones», número
24, de 3 de noviembre de 1993.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 810)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de
modificación del artículo 5 de la Ley 47/1985, de 27 de
diciembre, de Bases de Delegación al Gobierno para la
Aplicación del Derecho de las Comunidades Europeas (Página 810)
De los Grupos Parlamentarios Socialista del Congreso, Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Catalán
(Convergència i Unió) y de Coalición Canaria, de modificación
de la Ley de Bases de Delegación al Gobierno para la
aplicación del Derecho de las Comunidades Europeas (Página 810)
El señor Vicepresidente (Beviá Pastor) informa a la Cámara
que, de conformidad con lo acordado en la Junta de Portavoces,
se debatirá conjuntamente la toma en consideración de las dos
proposiciones de ley que figuran en el orden del día.
En defensa de la proposición de ley presentada por el Grupo
Popular, interviene la señora De Palacio Valle-Lersundi,
recordando que en la anterior legislatura se celebró un debate
análogo al que tiene lugar en el día de hoy. La proposición
que ahora defiende trata de responder a la urgente necesidad
de remediar en los campos de la vida política el evidente
déficit democrático que ha padecido hasta ahora el proceso de
construcción europea y que es causa importante de ciertos
peligrosos movimientos de la opinión pública comunitaria, que
contempla con creciente recelo el desarrollo de la Unión por
carecer de la información necesaria, no ya sobre el contenido
literal de los tratados sino incluso sobre la aplicación
diaria de sus consecuencias para la realidad de la vida humana
del día a día. Esta desconfianza de buena parte de la
ciudadanía europea sólo podrá remediarse con un acercamiento
entre los pueblos y las instituciones de la Unión.
Agrega la señora De Palacio que, para poner remedio a esta
indeseable situación, el Grupo Popular, en el ámbito de los
derechos y deberes parlamentarios, presentó en el mes de julio
la proposición que ahora defiende ante el Pleno y por la que,
en sustancia, pretende establecer un marco de reglas fijas
para conseguir que los asuntos europeos con importante
incidencia en la vida nacional reciban un debate previo a su
discusión y aprobación en el Consejo de Ministros de la Unión,
para conseguir así interesar progresivamente al pueblo en los
temas europeos y también para que el Gobierno acuda a la mesa
del Consejo
ministerial en Bruselas en posesión de un perfecto
conocimiento de las opiniones de los partidos sobre las
cuestiones que deberá negociar con los representantes de otros
países
comunitarios. Se trata de una legítima preocupación que han
sentido y resuelto en varios Parlamentos europeos de manera
análoga a la propuesta que hoy plantean ante la Cámara.
Menciona concretamente el ejemplo de Francia como referencia
considerada atentamente, reiterando que con esta iniciativa
pueden ser informados con anticipación y de una manera más
eficaz sobre lo que se va a tratar, a la vez que se garantiza
al Gobierno el envío de la información necesaria con tiempo
suficiente para que conozca, a través de los eventuales
debates parlamentarios, las plurales inquietudes y criterios
de los distintos Grupos políticos aquí representados antes de
abrir el proceso negociador con los restantes países miembros
de la Unión.
En defensa de la proposición de ley conjunta de diversos
grupos parlamentarios interviene el representante del Grupo
socialista, señor Costa Costa, manifestando que justamente el
día después de la entrada en vigor del Tratado de la Unión
Europea el Parlamento español revisa las bases de delegación
al Gobierno para la aplicación del Derecho de las Comunidades
Europeas. Precisamente el Tratado de la Unión recoge en su
Protocolo decimotercero una declaración relativa al cometido
de los Parlamentos nacionales, destacando la importancia de
fomentar una mayor participación de estos parlamentos en las
actividades de la Unión Europea e intensificando al efecto el
intercambio de información.
Precisamente la voluntad de hacer viable esta declaración
incluida en el Tratado de Maastricht ha llevado a los grupos
firmantes de la proposición de ley a presentarla a esta
Cámara. La modificación que hoy aportan cierra un período, el
de la Comunidad Económica Europea, en el que ha tenido lugar
la integración de España en la Comunidad y se ha producido un
nivel satisfactorio de transposición de normas comunitarias
que sitúan a nuestro país en la media de cumplimiento
comunitario. El efecto directo y la primacía del Derecho
comunitario han modificado nuestras relaciones y nuestras
vidas, dada la prioridad del Derecho comu- nitario contemplada
en el artículo 189 del Tratado de Roma.
Reconoce, sin embargo, que el Tratado de la Unión Europea
representa un avance hacia un funcionamiento más transparente
y democrático de las instituciones comunitarias, contemplando
al ciudadano como protagonista y partícipe de su devenir, lo
cual se logra básicamente acercándole el nivel de adopción de
decisiones y adaptando una legislación transparente y
fácilmente comprensible en la que juegan un importante papel
los parlamentos nacionales. Explica a continuación el
contenido básico de la proposición de ley, en cuyo artículo
único se contempla conocer las iniciativas legislativas de la
Comisión, establecer relación con otros parlamentos nacionales
y el Parlamento Europeo y mantener una relación de recíproca
información y colaboración con las comisiones existentes en
otros parlamentos nacionales de los Estados miembros de la
Unión.
Por otra parte, es deseo de su Grupo el incorporar en los
trámites parlamentarios posteriores las aportaciones que el
Grupo Popular o cualquier otro de la Cámara pueda realizar y
que redunden en beneficio de la proposición de ley. Es
voluntad del Grupo Socialista abrir un diálogo en trámites
poste- riores para ver hasta qué punto pueden lograr un
consenso en relación con algo tan importante como el control
del Gobierno en materia de construcción europea.
Completan la presentación y defensa de la proposición de ley
los señores Vázquez Romero, del Grupo Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya; Homs i Ferret, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), y Mardones Sevilla, del Grupo de
Coalición Canaria.
En turno en contra de la proposición conjunta que acaba de ser
defendida, interviene, en nombre del Grupo Popular, la señora
De Palacio Valle-Ler- sundi. Replica el señor Costa Costa y
duplica la señora De Palacio Valle-Lersundi.
Para fijación de posiciones intervienen, en nombre del Grupo
Mixto, los señores Albirtur Marín y González Lizondo.
Sometida a votación, se rechaza la proposición del Grupo
Popular por 132 votos a favor, 143 en contra y 16
abstenciones.
Se aprueba la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Socialista y otros Grupos de la Cámara por 162 votos
a favor y 125 abstenciones.
Proposiciones no de ley (Página 822)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se
acuerda la creación en el seno de la Comisión Constitucional
de una Ponencia para el estudio de las condiciones actuales de
elaboración del censo electoral (Página 822)
En nombre del Grupo Popular defiende la proposición no de ley
el señor Arenas Bocanegra, manifestando que a través de la
misma pretende la
creación, en el seno de la Comisión Constitucional, de una
Ponencia que estudie los problemas relativos al censo
electoral. Afirma que si se analizan todos los procesos
electorales habidos en España desde 1977 es imposible
encontrar que en las jornadas electorales no se hayan
producido errores que imposibilitasen el ejercicio del derecho
de sufragio a algunos españoles. El Grupo Popular pretende,
con la iniciativa que hoy someten a la Cámara, acabar de una
vez por todas con el problema del censo electoral. Querrían
incluso que el censo electoral dejara de ser
protagonista y noticia en la democracia española.
Expone que ha habido una amplia coincidencia en calificar al
censo electoral como una gran chapuza nacional, producto de la
ineficacia administrativa y de los permanentes errores, y
piensa que la existencia de un censo electoral sin problemas
interesa a todos los ciudadanos, a todas las fuerzas políticas
y, sobre todo, interesa al sistema democrático.
Alude a los problemas habidos en las elecciones generales de
1989 y 1993, e incluso a los acontecimientos producidos en
Galicia, y más concretamente en la provincia de Orense, en las
últimas elecciones autonómicas como motivo para elevar su
preocupación y profundizar en el asunto, y así lo harán desde
el Grupo Popular sin juicios de valor previos y sí pidiendo la
colaboración de todos los grupos para adoptar una posición
responsable porque el problema a todos afecta. Recuerda que en
las elecciones del pasado 6 de junio colegios electorales
correspondientes a cinco provincias distintas estuvieron
abiertos hasta dos horas después de finalizar el período
legalmente establecido para las
votaciones, produciéndose anomalías en 25 provincias, y de ahí
su deseo de analizar en la Ponencia, cuya constitución
solicitan, todos los errores, las situaciones y el propio
Derecho comparado para llegar a las soluciones más acertadas,
anticipando su disposición para analizar cualquier
posibilidad, aunque ya anticipa su preferencia para que en
España se dé una dependencia única y exclusiva del censo
electoral respecto de la Junta Electoral Central como máximo
organismo independiente de
Administración electoral.
Llama la atención, finalmente, acerca del cumplimiento de las
leyes, en este caso concreto de la Ley de Régimen Electoral
General, en la que se preceptúa como un dato censal
imprescindible que en el censo figure el correspondiente DNI
de cada uno de los electores, lo que todavía no se ha
conseguido.
En defensa de la enmienda presentada y para fijar la postura
del Grupo Socialista interviene el señor Curiel Alonso.
Completan el turno de fijación de posiciones los señores
Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; López de
Lerma i López, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y
López Garrido, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Sometida a votación la proposición del Grupo Popular en los
términos resultantes de la aceptación de la enmienda del Grupo
Socialista, es aprobada por 285 votos a favor.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, por la que se insta al Gobierno a que imparta
instrucciones al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)
para que informe puntualmente a la Cámara de los estudios que
realiza (Página 828)
En defensa de la proposición no de ley del Grupo de Izquierda
Unida interviene el señor Romero Ruiz, señalando que la
propuesta que hoy hacen a la Cámara cree que es lógica y
razonable en un Par- lamento democrático que debe controlar
los informes de los organismos públicos que dependen de la
Administración central del Estado. Destaca que en el artículo
2.º del Real Decreto 1.526/90 se especifica claramente que el
Centro de Investigaciones Sociológicas desarrollará sus
funciones de acuerdo con los principios de objetividad y
neutralidad en su actuación y, al mismo tiempo, consagra el
derecho de igualdad en el acceso a sus datos. Sin embargo, la
práctica por parte del Gobierno en relación con los estudios
elaborados por aquella institución, sobre todo los referentes
al análisis de la realidad
sociopolítica, quedan muy lejos de lo que especifica el citado
artículo 2.º.
Añade el señor Romero que la magnitud de los medios puestos a
disposición del CIS hace de éste un potencial instrumento para
la manipulación política, no sólo por parte del Gobierno sino
también del Partido que lo sustenta, de lo que es buena prueba
el que constantemente se filtren a los medios de comunicación,
de forma selectiva e interesada, datos, estudios, o sondeos
con el mismo origen, es decir, el Partido del Gobierno, cuando
el Parlamento de la nación desconoce estos datos. A la vista
de lo dispuesto en los artículos 66 y 6.º de la Constitución,
no resulta lógico que se oculten los análisis científicos de
la sociedad española, ya que su conocimiento por parte de los
diferentes grupos parlamentarios sería de gran ayuda para su
labor, en igualdad de condiciones con el Partido que apoya o
sustenta al Gobierno.
Recuerda también el contenido del artículo 7.º del Reglamento
del Congreso, a pesar de lo cual tanto la Cámara como los
grupos parlamentarios desconocen
generalmente los estudios que realiza el CIS, por lo cual
resulta prácticamente inútil solicitar estos datos. Aclara que
en ningún caso es intención de su Grupo controlar o fiscalizar
el Centro de Investigaciones Sociológicas, pero tampoco puede
aceptarse una situación como la actual en la que puede
sospecharse que este organismo es un instrumento partidista en
manos del Gobierno y al servicio del PSOE, y de ahí que
solicite que se inste al Gobierno para que con la mayor
urgencia posible imparta
instrucciones al CIS en el sentido de que informe a la Cámara
puntualmente de los estudios que dicho centro está elaborando
en cada momento, especialmente de aquellos que analizan la
realidad sociopolítica española.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Popular y
para fijar la posición de dicho Grupo interviene la señora
Becerril Bustamante.
Completan el turno de fijación de posiciones los señores
Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; Camp i
Batalla, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), e Izquierdo
Collado, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se rechaza la proposición debatida por
144 votos a favor, 148 en contra y cuatro abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 835)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno
para asegurar que el descenso en los tipos de interés del
dinero tenga su adecuado traslado al mercado hipotecario en
las mejores condiciones económicas para los deudores
(Página 835)
En nombre del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya defiende la enmienda presentada el señor Espasa
Oliver,
reiterando lo dicho en la semana anterior respecto a la
existencia de un volumen de crédito hipotecario vivo de 13
billones de pesetas, de los cuales 7 billones están en manos
de particulares que así están accediendo al uso de un derecho
fundamental y constitucional como es el derecho a la vivienda.
Aclara que la moción va a referirse de manera positiva y
concluyente a favor de estas personas tratando de mejorar su
situación, en primer lugar haciendo que el deudor pueda
subrogar la hipoteca de un acreedor a otro, situando al deudor
en el mismo plano que al acreedor y poniendo también en sus
manos mecanismos para conseguir mejores tipos de interés para
su deuda. Junto al ahorro fundamental que supone la
subrogación de hipoteca
consiguiendo un prestamista más barato, habría un segundo
ahorro que consistiría en que no fuese necesario cancelar y
abrir nueva hipoteca para producir la subrogación, ahorrando
gastos
notariales y registrales e impuestos.
Insiste nuevamente en lo dicho la semana anterior de que no se
trata de una medida contra el Gobierno y sí, en todo caso,
contra la ineficiencia y prepotencia de la banca y demás
entidades crediticias que sabiendo que el tipo de interés ha
bajado de manera importante en los últimos años, y
esencialmente en los últimos meses, se muestra reacia a
trasladar este descenso al saldo vivo de su crédito. Explica
el contenido de los restantes puntos que integran la moción y
solicita al Gobierno que adopte, en el plazo más breve
posible, las medidas adecuadas para que el descenso en los
tipos de interés se puedan trasladar de modo inmediato a los
particulares tomadores de hipotecas, pidiendo el voto
favorable de la Cámara para su propuesta.
En defensa de las enmiendas presentadas y para la fijación de
posiciones de sus respectivos grupos intervienen los señores
Fernández de Trocóniz Marcos, del Grupo Popular; Martínez
Noval, del Grupo Socialista, y Homs i Ferret, del Grupo
Catalán
(Convergència i Unió).
Completa el turno de fijación de posiciones el señor Albistur
Marín, del Grupo Mixto.
Sometida a votación la moción del Grupo Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya en los términos resultantes de la
aceptación de las enmiendas de los Grupos Socialista y Catalán
(Convergència i Unió), es aprobado por 293 votos a favor.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los
principios de política general que aplicará el Gobierno, en
relación al ente público RTVE, al objeto de conseguir el
adecuado funcionamiento del mismo como servicio público con la
estabilidad económico-financiera que es precisa (Página 842)
En defensa de la moción del Grupo Popular interviene la señora
Mato Adrover. Expresa su propósito de defender una concepción
determinada de lo que creen que debe ser la televisión pública
y también su voluntad de defender el pluralismo en el panorama
audiovisual español. Su Grupo es muy consciente de la vital
importancia del respeto a la libertad de información y
expresión en un sistema
democrático y de la necesidad de que el Estado garantice, a
través de una televisión pública, el pluralismo y determinados
valores sociales. Añade que hasta este momento la presencia
del Estado en el sector de la comunicación ha sido y es el
principal factor que distorsiona la sociedad y que tanto el
tamaño de la Radiotelevisón pública como su coste la han
llevado a competir deslealmente en el mercado de la
publicidad, desviándose de los fines que inspiran el servicio
público.
Desde el punto de vista económico, lo más grave ha sido
sustituir el régimen de monopolio pasándose a un sistema mixto
público y privado, sin redimensionar los entramados
empresariales públicos. La equivocada política de gastos
derivada de una mala gestión y la lógica reducción de ingresos
publicitarios han dado lugar a la situación de quiebra en la
que se encuentra Radiotelevisión Española. Considera que es
difícilmente explicable que en época de crisis económica las
pérdidas del Ente público para 1993 estén superando los 12.000
millones de pesetas mensuales y que se haya endeudado este año
en más de 272.000 millones, según datos extraídos del Consejo
de Ministros y de los Presupuestos
Generales para 1994.
Seguidamente expone la predisposición del Grupo Popular para
intentar un acuerdo sobre el papel de los medios de
comunicación públicos, a fin de que, a través de una adecuada
gestión que garantice la estabilidad económico-financiera,
podamos tener una Radiotelevisión pública que ofrezca una
programación diferenciada de las ofertas privadas y garantice
el pluralismo necesario en toda sociedad democrática. Afirma
que sobre estas líneas
argumentales gira la moción de su Grupo, con el ánimo de
avanzar por la vía del acuerdo en las condiciones que
faciliten el más amplio ejercicio de las libertades
informativas.
Se extiende en el contenido de otros puntos de la moción, para
la que termina solicitando el voto favorable de la Cámara.
En defensa de las enmiendas presentadas y para fijación de
posiciones intervienen los señores Alcaraz Masats, del Grupo
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y Fuentes Gallardo,
del Grupo Socialista.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los
señores Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria, y
Recoder i Miralles, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación la moción del Grupo Popular en los
términos resultantes de la aceptación de las enmiendas del
Grupo Socialista, con las rectificaciones transaccionales
introducidas en el curso del debate, es aprobada por 275 votos
a favor, 10 en contra y una abstención.
Se suspende la sesión a las ocho y cuarenta y cinco minutos de
la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE
MODIFICACION DEL ARTICULO 5 DE LA LEY 47/1985, DE 27 DE
DICIEMBRE, DE BASES DE DELEGACION AL GOBIERNO PARA LA
APLICACION DEL DERECHO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Número de
expediente 122/000012)
--DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA DEL CONGRESO,
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, CATALAN
(CONVERGENCIA I UNIO), VASCO (PNV) Y DE COALICION CANARIA, DE
MODIFICACION DE LA LEY DE BASES DE DELEGACION AL GOBIERNO PARA
LA APLICACION DEL DERECHO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Número
de expediente 122/000024)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señorías, se abre la
sesión.
Respecto al I punto del orden del día, toma en consideración
de proposiciones de ley, de conformidad con lo acordado
previamente en la Junta de Portavoces, va a debatirse
conjuntamente la toma en consideración de las dos
proposiciones de ley.
La ordenación del debate será la siguiente. En primer lugar,
presentación o defensa por parte del Grupo Popular de su
proposición de ley; a continuación, un eventual turno en
contra; seguidamente, la presentación de la proposición de ley
conjunta de los Grupos Parlamentarios Socialista, Izquierda
Unida, Convergència i Unió, PNV y Coalición Canaria. Después
de la presentación por estos Grupos de su proposición de ley,
también existe la posibilidad de un eventual turno en contra.
Finalmente, la fijación de posiciones por parte de aquellos
grupos que no hayan intervenido previamente, en este caso será
sólo por parte del Grupo Mixto. Comenzamos con la primera de
las proposiciones de ley, del Grupo Popular, de modificación
del artículo 5 de la Ley 47/1985, de 27 de diciembre, de Bases
de Delegación
al Gobierno para la Aplicación del Derecho de las Comunidades
Europeas.
Para su presentación, tiene la palabra la señora De Palacio.
La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Gracias, señor
Presidente. En la anterior legislatura esta Cámara celebró un
debate análogo al que tiene lugar en el día de hoy. Mi Grupo
Parlamentario repite ahora una acción que, esta vez, se
acompaña de un
redoblado interés porque el Tratado de Maastricht ha entrado
en vigor desde hace dos días, y porque desde entonces han
pasado muchas cosas en Europa durante el largo período de
sucesivas ratificaciones parlamentarias indispensables para su
aplicación legal.
Nuestra proposición de ley trata de responder a la urgente
necesidad de remediar, en los campos de la vida política, el
evidente déficit democrático que ha padecido hasta ahora el
proceso de construcción europea. Déficit democrático que es
causa importante de ciertos peligrosos movimientos de la
opinión pública comunitaria, que contempla con creciente
recelo el desarrollo de la Unión, simplemente porque carece de
la
información necesaria, no ya sobre el contenido literal de los
tratados sino, incluso, sobre la aplicación diaria de sus
consecuencias para la realidad de la vida humana del día a
día. Este deslizamiento hacia la desconfianza de una buena
parte de la ciudadanía eu- ropea sólo podrá remediarse con un
acercamiento entre los pueblos y las instituciones de la
Unión; acercamiento que, por desgracia, no ha existido después
del indudable respaldo popular que recibió el Acta Unica.
Para poner remedio a esta indeseable situación el Grupo
Popular, en el ámbito de los derechos y deberes
parlamentarios, presentó en el mes de julio la proposición de
ley que ahora planteamos ante la Cámara. En sustancia, el
texto pretende establecer un marco de reglas fijas para
conseguir que los asuntos europeos, tanto cuando se trate de
propuestas legislativas comuni- tarias destinadas a aplicarse
en España como en cualquier cuestión de resonante incidencia
en la vida nacional, reciban un debate previo, en su caso, a
su discusión y aprobación en el Consejo de Ministros de la
Unión, para conseguir interesar progresivamente al pueblo en
los temas europeos y también para que el Gobierno acuda a la
Mesa del Consejo ministerial en Bruselas en posesión de un
perfecto conocimiento de las opiniones de los partidos sobre
las cuestiones que deberá negociar con las representaciones de
otros países miembros; opiniones, insisto, en ningún caso
mandatos. Con ello pondríamos punto final a una insostenible
situación de pobreza de nuestra vida parlamentaria sobre
capitales problemas europeos que el Gobierno presenta ante
esta Cámara una vez negociados, exclusivamente por él en
Bruselas, que nos llegan con la calidad de hechos consumados
ante los cuales sólo nos queda el triste recurso de la
resignación.
No creo que haga falta insistir en la condición defectuosa de
este procedimiento ni repetir que constituye la causa
principal del déficit democrático que a todos nos convendría
corregir urgentemente. Pero sí parece importante añadir que
esta legítima preocupación la han sentido y resuelto, de una
manera análoga a la propuesta que hoy aquí planteamos, en
varios parlamentos europeos. El más viejo ejemplo de estricto
control parlamentario sobre sus gobiernos lo ofrece la fórmula
danesa, donde, por la especial característica del electorado
nacional, todos los gobiernos deben apoyarse en amplias
coaliciones, en las que los intereses de sus componentes no
son siempre idénticos, y reclaman una armonización previa para
permitir al Ministro de turno presentar una propuesta
coherente en la Mesa de Bruselas. El sistema ha funcionado
bien, dentro de lo posible, y no ha perjudicado nunca la
actividad de los representantes daneses, aunque es evidente
que ese modelo obedece a las particulares necesidades de un
país, y no es el caso español. Sin embargo, el ejemplo de
Francia constituye una útil lección que debemos considerar
atentamente. Porque los legisladores del país vecino, en un
marco diferente, no sólo han procedido a una modificación de
su Constitución, concretamente del artículo 88.4, en el que se
dice que el Gobierno someterá a la Asamblea Nacional y al
Senado, desde el momento de su transmisión al Consejo de las
Comunidades, las proposiciones de actos comunitarios que
impliquen disposiciones de naturaleza legislativa, sino que,
además, la Asamblea Nacional ha ordenado estos trabajos
parlamentarios diciendo que, con carácter previo a la
comparecencia del Gobierno francés en Bruselas, podrán dar
lugar a debates durante los períodos de sesiones, o incluso
fuera de dichos períodos de sesiones, y, eventualmente, a
votaciones de mociones o posturas concretas.
El Parlamento Federal alemán también tiene establecidos
sistemas para debatir sobre todos los proyectos --en este caso
todos los proyectos y no sólo aquéllos de carácter
legislativo-- que pudieran ser de interés para la República
Federal antes de que sean convertidos en normas de obligado
cumplimiento tras los acuerdos del Consejo ministerial de la
Unión.
Esta ordenación del Bundestag es anterior al reciente
veredicto del Tribunal Constitucional del pasado 12 de
octubre, pero queda perfectamente ajustada a la concepción
doctrinal que siempre ha existido en Alemania sobre el papel
soberano del Parlamento Federal, si algún texto no se ajusta a
los límites de las cesiones de soberanía realizadas en favor
de las competencias comunitarias. El veredicto del Tribunal
Constitucional de Karlsruhe preserva de esta manera la
independencia del Parlamento
Federal frente a cualquier automatismo impuesto desde
Bruselas, y afirma, incluso, su libertad para aplazar, si así
lo estimase conveniente, las fechas tope del calendario sobre
la Unión Económica y Monetaria inscritas, incluso, en el
Tratado de Maastricht. Establece muy claramente, y esto es lo
vital, que la legitimación democrática se deriva del
acoplamiento de la actuación de los órganos europeos con los
parlamentos de los Estados miembros.
Señor Presidente, señorías, este recorrido por las reacciones
parlamentarias de dos grandes países eu- ropeos, como son
Francia y Alemania, indica claramente que, ante la complejidad
y riesgo que encerrará el desarrollo y aplicación del Tratado
de
Maastricht, las representaciones soberanas de los pueblos
toman sus necesarias precauciones, no sólo en orden a la
prudencia, a la que nos obliga el ejercicio de la legitimación
democrática, sino también como procedimiento para interesar a
los ciudadanos en los temas comunitarios; interesarles
mediante la frecuente discusión por parte de los
representantes populares de los grandes asuntos europeos antes
de que nos vengan ya hechos, antes de que cristalicen
definitivamente los acuerdos tomados en los distintos Consejos
de Ministros comunitarios.
En comparación con lo anteriormente dicho, será preciso
reconocer que nuestra proposición de ley no pretende, como en
el caso francés, una revisión constitucional ni encierra una
obligación de voto, cuestión que resulta posible tanto en el
caso alemán como en el francés, y que queda enormemente
alejado de lo que es el sistema del Parlamento danés.
Sencillamente, desde el Grupo Popular, con esta iniciativa
pedimos estar informados con anticipación de una manera más
eficaz de lo que hasta ahora se ha venido produciendo, o de
los ceremoniosos debates a los que asistimos como oyentes
sobre las buenas, o a veces, las menos buenas nuevas que nos
ofrece el señor Presidente del Gobierno a la vuelta de las
cumbres comunitarias.
Queremos, señorías, que se garantice el envío de la
información necesaria con tiempo suficiente para permitir que
el Gobierno conozca, a través de los eventuales debates
parlamentarios, las plurales inquietudes y criterios de los
distintos Grupos
políticos aquí representados antes de abrir, ante los
restantes países miembros, el proceso negociador. Es decir, lo
que
pretendemos es hacer exactamente todo lo contrario de lo que
se ha venido haciendo hasta ahora. Pretendemos claridad,
transparencia, luz y taquígrafos. Nuestra preocupación al
presentar el texto que hoy se ofrece a esta Cámara es remediar
un déficit democrático indudable, que crece peligrosamente en
muchos países comunitarios, y que se empieza a percibir en
España.
Este déficit democrático no puede justificarse, en ningún
caso, en nombre de pueriles y, yo diría, ridículos argumentos
sobre la necesidad de preservar el margen de maniobra
diplomática de nuestro Gobierno en las negociaciones europeas,
porque no creo que ni Francia, ni Alemania, ni Dinamarca, por
ejemplo, hayan tenido ningún interés en llegar a las mesas de
negociación desarmados, sino todo lo contrario. Porque todo el
mundo sabe que cuando los representantes de los distintos
países se sientan en las reuniones de Bruselas, todos conocen
exactamente cuál es la fuerza real de cada uno y cuáles son
los intereses concretos de todos y cada uno de los países.
Emplear infantiles argumentos de la diplomacia del Congreso de
Viena para resolver las dificultades de la diplomacia de
finales del XX, entra de lleno en lo que bien podríamos llamar
una burla a la inteligencia y al buen sentido del país.
Los Parlamentos nacionales tienen la obligación de ocupar, con
sus trabajos, el vacío de control que hoy existe en el
organigrama comunitario. Vacío de control que se ha visto
multiplicado por un verdadero abuso de las costumbres de
trabajo imperantes en los últimos años.
El auténtico poder Legislativo, sobre todas las cuestiones,
reside en el Consejo de Ministros, que opera a partir de las
iniciativas de la Comisión Ejecutiva, y esta condición
bicéfala del Consejo de Ministros de poder Ejecutivo y de
poder
Legislativo, ha sido la causa de una perceptible corriente de
rechazo del secretismo bruselense en las opiniones públicas,
todo ello en un momento en que, por esta vía, se va a regular
la mayor parte de nuestras relaciones. En el caso de nuestras
relaciones socio-económicas, estamos hablando de regular más
del sesenta por cien de las mismas; en el caso de algunos
sectores, como por ejemplo el sector agrario, estamos hablando
de la regulación del cien por cien de las mismas. El Grupo
Popular ha defendido siempre la ampliación de competencias del
Parlamento Europeo. Ampliación de competencias que se han
visto, en parte,
satisfechas a través del Tratado de Maastricht, con un
conveniente refuerzo para su acción de control y sus
actividades a escala comunitaria. Pero es evidente que el
mismo Tratado de la Unión establece los límites de la
actuación de los trabajos de esta institución del Parlamento
Europeo. En ningún caso el Parlamento Europeo, por sí solo, en
las actuales circunstancias, está en condiciones de cubrir
totalmente el denominado déficit democrático, por la sencilla
razón de que es aquí, en los Parlamentos nacionales, donde se
padece, de manera escandalosa, ese déficit democrático.
Esta desviación sólo puede corregirse en origen, estableciendo
el hasta hoy inexistente o escaso control y colaboración de
los Parlamentos nacionales sobre sus respectivos gobiernos, y
su aportación antes de que estos se encierren en la torre de
marfil de la capital europea.
Y esto es lo que en una versión muy modesta, y que seguro que
mejorable, intenta remediar la proposición de ley del Grupo
Popular que, sinceramente, no aparece desde luego en los
planteamientos del otro texto que vamos a debatir dentro de un
momento.
Nuestro texto ofrece un sistema sencillo y flexible, sin
automatismos, que no supone encorsertamientos para el
Ejecutivo, sino una cabal participación de esta Cámara, una
adecuada publicidad hacia los ciudadanos, y una mejor
información del Gobierno.
Precisamente cuando todos los Grupos aquí reunidos saludamos
el nacimiento de la Unión Europea, parece lógico que
intentemos guardar, para tan ilusionante y esperanzador
proyecto, la asistencia popular de la que carecería si los
españoles tienen que seguir sufriendo, en plena ignorancia, la
aparición de normas importantes y de fuerte incidencia en su
vida personal del día a día, de cuyo origen ni ellos ni sus
representantes nunca supieron nada.
En fin de cuentas, señorías, lo que pretendemos con esta
iniciativa es dar un remedio efectivo al déficit democrático.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora De
Palacio. Para la presentación de la proposición de ley
conjunta a la que hemos aludido antes, por parte del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Costa.
El señor COSTA COSTA: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, permítanme defender la proposición de ley conjunta,
presentada por diversos grupos de esta Cámara, respecto a las
bases de delegación al Gobierno para la aplicación del Derecho
de las Comunidades Europeas. Señorías, el calendario
parlamentario ha querido que sea hoy, 2 de noviembre, un día
después de la entrada en vigor del Tratado de la Unión
Europea, celebrado en Maastricht, cuando el Parlamento español
revise las bases de delegación al Gobierno para la aplicación
del Derecho de las Comunidades Europeas. Es precisamente en
este Tratado de la Unión donde recoge su Protocolo
decimotercero una declaración relativa al cometido de los
parlamentos nacionales en la Unión Europea, que me voy a
permitir reproducir en sus términos literales. Cito
textualmente: La Conferencia estima que es importante fomentar
una mayor participación de los parlamentos nacionales en las
actividades de la Unión Europea. Para ello conviene
intensificar el intercambio de información entre los
parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo. En este
contexto, los gobiernos de los Estados miembros velarán, entre
otros aspectos, por que en los parlamentos nacionales puedan
disponer de las propuestas legislativas de la Comisión con la
antelación suficiente, para información o para que puedan ser
examinadas. La Conferencia considera, asimismo, importante que
se
intensifiquen los contactos entre los parlamentos nacionales y
el Parlamento Europeo, en particular, gracias a la concesión
de facilidades mutuas adecuadas, mediante reuniones
periódicas, de parlamentarios interesados por las mismas
cuestiones. Termino la cita.
Es ésta, precisamente, la voluntad de hacer viable esta
declaración, que está incluida en el Tratado de Maastricht, lo
que ha llevado a los grupos firmantes de esta proposición de
ley a presentarla a esta Cámara. La modificación que hoy
abordamos de la Ley de Bases de Delegación al Gobierno para la
aplicación del Derecho comunitario cierra un período, que
podríamos
calificar como el de la Comunidad Económica Europea, y abre
uno nuevo, que sería el del Tratado de la Unión, la unión
política, económica y monetaria.
En el período transcurrido desde la integración de España en
la Comunidad, se ha producido un nivel satisfactorio de
trasposición de normas comunitarias, que sitúa a nuestro país
en la media de cumplimiento comunitario en esta tarea. El
programa legislativo que conduce a la definición del mercado
único ha exigido la promulgación e incardinación, bien en el
ordenamiento comunitario con efecto directo, bien en el
ordenamiento jurídico de los Estados miembros, de más de
trescientas iniciativas legislativas, en un período de casi
seis años. Hoy, señorías, transcurridos ya casi ocho años
desde nuestra integración en la Comunidad, nuestras relaciones
económico-sociales, como comunidad
organizada, están reguladas mayoritariamente dentro del ámbito
jurídico comunitario, tal como decía antes la portavoz del
Grupo Parlamentario Popular. El efecto directo y la primacía
del Derecho comunitario, a la que ha contribuido de manera
importante el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas, han
modificado nuestras relaciones y nuestras vidas. La prioridad
del Derecho comunitario aparece en el artículo 189 del Tratado
de Roma, por el cual los reglamentos tienen carácter
obligatorio y son directamente aplicables en los Estados
miembros. Si además tenemos presente que las disposiciones de
las directivas obligan a los Estados y los particulares están
legitimados, al amparo de la misma, para invocarlas frente al
Estado cuando se abstenga éste de adaptarlas en el plazo
debido al Derecho nacional, o porque la adaptación fuera
incorrecta, ello viene a mostrar el importante cambio operado,
desde una dimensión jurídica, con nuestro ingreso en la
Comunidad Económica Europea. El Tratado de la Unión Europea
representa, sin lugar a dudas, un avance hacia un
funcionamiento más transparente y democrático de las
instituciones comunitarias. España viene demostrando
claramente su vocación europea, produciendo un amplio consenso
de todos los grupos políticos en torno a las condiciones
que reclaman los compromisos destinados a reforzar la gran
empresa europea.
Es preciso conseguir que el ciudadano europeo (al que así se
reconoce en el Tratado de la Unión con el correspondiente
estatuto y que respecto a su definición tanto tuvo que ver la
actitud de España y de su Gobierno durante la negociación
comunitaria) sea protagonista y partícipe de su devenir. Ello
se logra básicamente acercándole el nivel de adopción de
decisiones y adaptando una legislación transparente y
fácilmente
comprensible. Es precisamente aquí donde entra en juego el
papel de los parlamentos nacionales. A partir de la
declaración decimotercera del Tratado de la Unión Europea y
del Anexo de la declaración del Consejo de Birmingham, de 16
de octubre de 1992, que lleva por título «Una Comunidad
cercana a sus ciudadanos, en cuyo punto cuarto se reitera --
cito
textualmente-- que los parlamentos nacionales deberían
participar más estrechamente en las actividades comunitarias -
-cierro la cita--, así como la felicitación por la buena
disposición de la Comisión para responder positivamente --y
vuelvo a citar-- a las peticiones de explicación de sus
propuestas formuladas por los parlamentos nacionales para
hacer realidad el acercamiento a los ciudadanos a través de un
protagonismo mayor de los parlamentos nacionales en el proceso
de construcción de la Unión Europea, resulta conveniente
generalizar el deber de información del Gobierno al
Parlamento, que hasta ahora se hallaba limitado a los
proyectos normativos comunitarios que pudieran afectar a
España en materias sometidas a reserva de ley.
El artículo único de la reforma que hoy proponemos contempla
básicamente conocer las iniciativas legislativas de la
Comisión, establecer relaciones con otros parlamentos
nacionales, el Parlamento Europeo, y los Diputados españoles,
y mantener una relación de recíproca información y
colaboración con las
Comisiones existentes en otros parlamentos nacionales de los
Estados miembros de la Unión.
Quiero aquí también expesar el deseo de mi Grupo parlamentario
de incorporar, en los trámites parlamentarios posteriores, las
aportaciones que el Grupo Popular o cualquier otro de la
Cámara puedan realizar a esta proposición de ley y que
redunden en una mejora de la misma, manifestando el deseo de
conseguir un amplio consenso en cuestiones relacionadas con el
proceso de
construcción europea. Y quiero aquí recordar que la novedad
más importante de la proposición de ley del Grupo Popular se
refiere a la modificación del artículo quinto, apartado
tercero, letras b), f) y g), que tiene como finalidad prever
la celebración de un debate en la Comisión Mixta o en el Pleno
de una de las Cámaras con participación del Gobierno cuando
así lo soliciten un quinto de los Diputados o Senadores o dos
Grupos
parlamentarios, al objeto de que la posición del Gobierno en
el proceso negociador pueda tener en cuenta los criterios
expresados por los distintos Grupos parlamentarios. Se
introduciría así un control previo, potencialmente muy amplio,
de la actuación del Gobierno en el Consejo de Ministros
comunitario, que supondría un cambio importante respecto de la
situación actual.
También se propone que, ultimadas las negociaciones, el
Gobierno comparecerá de nuevo ante el Parlamento para dar
cuenta de los resultados de la negociación, lo que parece
indicar que, una vez adoptado el acto normativo, el Gobierno
tendría que comparecer de nuevo ante el Parlamento español
para explicar el resultado de la negociación y la manera en
que se han tenido en cuenta las posiciones de los distintos
Grupos parlamentarios.
En definitiva, se produciría un control previo y, a
posteriori, la actuación del Gobierno respecto de las
propuestas legislativas de la Comisión aplicables en España,
que le obligaría a
comparecer en las Cortes en relación con la negociación de
cualquier directiva, reglamento o decisión propuestos por la
Comisión Eu- ropea. Esta es la diferencia fundamental respecto
a las dos proposiciones de ley. Deseo reiterar la voluntad de
nuestro Grupo de abrir un diálogo en trámites posteriores para
ver hasta qué punto podemos lograr un consenso en este
instrumento tan importante para el control del Gobierno en
materia de construcción europea.
Quiero, finalmente, enlazar con la declaración preliminar de
Bruselas, que saluda la entrada en vigor del Tratado, en donde
se considera el debate producido durante el proceso de
ratificación como un debate saludable. Para evitar que Europa
se vea, como dice la citada declaración, lejana, anónima y
vacilante, comprometámonos con ella participando en los
debates desde los parlamentos nacionales e informando a los
ciudadanos de las ventajas de la Unión Europea derivada del
Tratado de Maastricht.
Muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Costa.
Por parte del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Señor Presidente, señorías, el
trámite parlamentario que abordamos en esta tarde, las
proposiciones de ley que se presentan a la consideración de
SS.SS. para modificar el artículo 5 de la Ley 47/1985, de 27
de diciembre, a su vez modificado por la Ley 18/1988, de 1 de
julio, para modificar la Ley de Bases de Delegación al
Gobierno para la aplicación del Derecho de las Comunidades
Europeas, nos parece que tiene varias virtualidades positivas.
En primer lugar, desde nuestro punto de vista, ambas
proposiciones de ley tienen como objetivo fundamental
algo coincidente, que es potenciar el papel de los parlamentos
nacionales --en nuestro caso de las Cortes Generales-- en el
proceso legislativo de la Unión Europea. Tanto una como otra
proposiciones son oportunas al producirse en este segundo día
de entrada en vigor del Tratado de la Unión, en el inicio de
un camino sin duda incierto, pero que, con las modificaciones
necesarias y probablemente imprescindibles tendentes más a
potenciar la unión económica, la cohesión social y política, y
no sólo eso, sino también económica, puede abrir un futuro
esperanzador para nuestro país. En el propio Tratado de la
Unión, en la declaración decimotercera, relativa al cometido
de los parlamentos nacionales en la Unión Europea, se cita lo
que textualmente figura en nuestra proposición de ley:
información y examen, con la antelación suficiente, de las
propuestas de la Comisión Europea.
En segundo lugar, la comparecencia del Gobierno, a petición
propia o de cualquier grupo, está garantizada por el
Reglamento de estas Cortes Generales, que en sus artículos 202
y 203 obliga al Gobierno a comparecer a petición de dos
grupos, en los términos que se especifican en estos preceptos
para dar cuenta de los resultados de las periódicas reuniones
o negociaciones que puedan tener lugar en el seno de la
Comisión.
Nuestra proposición de ley, la que hemos firmado conjuntamente
los Grupos Socialista, Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, Catalán (Convergència i Unió), Vasco (PNV) y de
Coalición Canaria, es más escueta en su redacción en el único
punto discrepante con la que ha presentado el Partido Popular,
que es el punto b), puesto que tanto el punto f) como el punto
g) de ambas son copia literal una de la otra, y vienen a
significar, en el punto f), aumentar las relaciones de la
Comisión Mixta con los parlamentos de países miembros de la
Comunidad, es decir, de la Unión Europea, y en el punto g)
aumentar las relaciones con las comisiones correspondientes
del propio Parlamento Europeo. Los aspectos positivos de la
proposición de ley del Partido Popular creemos sinceramente
que están contenidos en la que firmamos conjuntamente el resto
de los grupos, con la excepción del Grupo Mixto. En primer
lugar, como hemos dicho, la información y examen de las
propuestas
legislativas de la Comisión, lo que lleva implícito conocer la
posición del Gobierno y que él conozca las de los demás
grupos. En segundo lugar, la comparecencia «a posteriori»
asegurada, como decía antes, por nuestro propio Reglamento, el
Reglamento de esta Cámara.
Sin embargo, alguno de los inconvenientes que tiene la
redacción actual del punto b) de la proposición del Partido
Popular para nosotros son evidentes. Dicho de otra manera, no
se puede ir a un proceso negociador, sea el que sea, con
posiciones cerradas y, además, explicitadas ante los otros
negociadores.
Difícilmente, cualquier persona que tenga que negociar algo
con quien sea podrá aceptar que previamente la otra parte
negociadora conozca las posiciones y, además, vaya con un
mandato cerrado. Yo creo que ésta no es una posición demasiado
conveniente. Los otros puntos, el f) y el g) son literalmente
idénticos.
En cualquier caso, señora De Palacio (y creo que eso le consta
a S.S.), si el Gobierno hace un uso restrictivo del contenido
de esta proposición de ley, si se muestra cicatero y hurta a
la Comisión Mixta la necesaria información y el necesario
examen de las propuestas de dicha Comisión, estén tranquilos
porque, sin duda, nos encontraremos en el camino de exigir las
debidas responsabilidades al Gobierno.
Al mismo tiempo, en el trámite que va a seguir esta
proposición de ley estamos absolutamente dispuestos, como ha
sido ya de hecho explicitado por otro grupo, a aceptar aquella
redacción que, al final, consigamos entre todos adoptar, capaz
de explicitar lo que todos queremos defender en este trámite,
que es aumentar las competencias del Parlamento nacional, de
las Cortes Generales, en todo lo que significa asunción de
legislación de las
Comunidades. Creo sinceramente que la proposición de ley que
firmamos todos los grupos, con excepción del Partido Popular y
del Grupo Mixto, puede prestarse a diferentes
interpretaciones. La que nosotros hacemos es que permite la
información, el examen y, por tanto, el debate previo de
aquellas posiciones que sea razonable que se debatan
previamente, y asegura, por la vía del propio Reglamento, la
obligatoriedad de discutir en esta Cámara que el Gobierno
traiga aquí aquellos acuerdos que haya tomado a lo largo de un
proceso negociador. Por eso con la proposición de ley que hoy
presentamos, tanto el antes como el después quedan
suficientemente asegurados. Acabo diciéndole, una vez más que,
como creo que coincidimos todos en el objetivo esencial, que
es aumentar las competencias del Parlamento nacional en toda
esta maraña legislativa y además intentar combatir eso que
usted ha dicho y que yo comparto, esa especie de poder
bicéfalo a la vez ejecutivo y legislativo de la Comisión, en
mi opinión vamos a poder encontrarnos en ese camino. Si así
es, yo creo que
estaremos haciendo un trabajo adecuado. De todas formas,
señorías, creo que con esta proposición que hoy debatimos
vamos a aumentar nuestras responsabilidades ante el Tratado de
la Unión, ante nuestra relación legislativa con la Comunidad.
Y eso, si se hace con la debida transparencia y eficacia,
redundará, sin duda, en beneficio de nuestro país.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Vázquez. Por parte del Grupo Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente. Brevemente,
para fijar la posición de nuestro Grupo en relación con la
toma en consideración de esta proposición de ley de la cual
somos autores junto con otros tres grupos de la Cámara.
Quiero hacer una referencia a la iniciativa que planteamos,
conjuntamente con los otros grupos, en el sentido de expresar
que esta iniciativa responde a la conveniencia de ir adaptando
nuestro marco legislativo al propio proceso dinámico de
construcción de la Unión Europea. Esta Cámara debate
precisamente esa cuestión de ampliar las competencias de la
Comisión Mixta de la Comunidad Europea en un momento altamente
oportuno e
interesante, puesto que en la fecha de ayer se tomaba una
decisión importante de impulsar la construcción de Europa con
la entrada en vigor de la Unión Europea.
Cree nuestro Grupo que esta iniciativa no tiene otro propósito
que el de poder permitir una adaptación y adecuación de las
funciones que debería realizar esa Comisión Mixta de acuerdo
con el proceso que está siguiendo toda la construcción de la
Unión Europea, es decir, darle concreción al artículo 93 de la
Constitución cuando afirma que corresponde a las Cortes
Generales --o al Gobierno, según los casos-- la garantía del
cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas
de los
organismos internacionales. Por tanto, estamos haciendo una
adaptación legislativa para permitir un mayor encuadre, un
mayor alcance de las
responsabilidades que tiene esta Cámara en cuanto a exigir y
seguir el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones que se
firmen con organismos in- ternacionales en los que España está
presente. Las propuestas concretas que se plantean son
básicamente tres; tres objetivos tiene la iniciativa conjunta
que plantean los cuatro grupos de esta Cámara.
El primero de estos objetivos es recibir, a través del
Gobierno, las propuestas legislativas de la Comisión con
antelación suficiente para que puedan ser examinadas. Este
propósito es exactamente el mismo que persigue la iniciativa
del Grupo Parlamentario Popular: pretender que la legislación
nos reafirme el compromiso de recibir, por parte del Gobierno,
las propuestas legislativas de la Comisión.
El segundo objetivo es establecer relaciones de cooperación
con los órganos adecuados de los restantes parlamentos de
países miembros de la Comunidad, contenido y redacción
literalmente igual al que plantea también el Grupo
Parlamentario Popular. Se trata, señorías, de que la
legislación permita a esta Comisión Mixta poder establecer
relaciones de cooperación con otros órganos equivalentes.
El tercer objetivo es el de mantener una relación de recíproca
información y colaboración con las comisiones existentes en
otros parlamentos de los Estados miembros de la Unión que
tengan competencias similares a la Comisión Mixta Congreso de
los Diputados-Senado, así como las correspondientes comisiones
del Parlamento Europeo. Este tercer objetivo es exactamente
igual al que presenta la iniciativa del Grupo Parlamentario
Popular. Entonces, ¿dónde podrían residir las posibles
discrepancias de esta iniciativa que plantean cuatro grupos de
la Cámara con la que presenta el Grupo Popular?
Aquí quiero hacer un paréntesis para decir que esta iniciativa
en el clima y contexto actual de buenas relaciones
institucionales para las cuestiones de Estado, no creo que el
Grupo Popular la hubiera planteado, porque parecería absurdo
que los grupos parlamentarios de la Cámara no fuéramos capaces
de ponernos de acuerdo en una cuestión como la que estamos
debatiendo.
Mi Grupo hubiera deseado que esta Cámara tuviera una posición
unánime de todos los grupos en torno a esta modificación que
estamos tratando, porque creo que ello sería positivo desde la
perspectiva de las posiciones institucionales en la defensa de
los intereses generales de España dentro del ámbito de la
construcción de la Unión Europea. Creo que en el contexto del
día de hoy esta iniciativa no se debiera haber planteado;
probablemente la hubiéramos podido suscribir todos juntos. No
obstante, quiero hacer notar que donde pueden residir algunas
observaciones discrepantes entre la iniciativa del Grupo
Popular y la que mantenemos todos los demás grupos es en la
letra b) de la iniciativa del Grupo Popular, como ha indicado
el portavoz de Izquierda Unida. Pero el Reglamento de la
Cámara nos permite un marco de actuación lo suficientemente
amplio y preciso como para llevar a cabo lo que ustedes
plantean en esa letra b), del punto tercero, del artículo 5.º,
que se pretende modificar. Creemos que el propósito es
exactamente el mismo que suscribimos todos los grupos, lo que
pasa es que la redacción que propone el Grupo Parlamentario
Popular es excesivamente rígida y no tiene en cuenta los
mecanisos y procesos de elaboración de normas de ámbito
comunitario, que a veces pasan por el Parlamento Europeo,
otras por la Comisión, y otras veces tienen trámites que
harían difícil la exigencia que impone dicha redacción.
Por tanto, si el propósito es exactamente el mismo; si el
objetivo que pretendemos es compartido y además la redacción
que se plantea también tiene por finalidad conocer esas
propuestas legislativas de la Comisión por parte de esta
Cámara para poder examinarlas, como decimos, para que se
realice mediante debates, es decir, debates de las iniciativas
legislativas de las que tenemos conocimiento, si el objetivo
nos permite alcanzar el propósito de este punto tercero b) que
proponemos modificar todos los grupos de la Cámara, me parece
que sería oportuno que por parte del Grupo Popular se
reflexionara
sobre la conveniencia de someter a votación esa iniciativa.
Sería oportuno, si se aceptara a trámite una de estas
iniciativas, que pudiéramos, por la vía de las
correspondientes enmiendas, buscar el consenso que sería bueno
que alcanzáramos en esta materia. No hay discrepancias de
fondo, y no hay discrepancias políticas; hay una discrepancia
en la mejor o peor articulación de un objetivo que todos
deseamos. Creo que por vía de enmienda se podría alcanzar
perfectamente una transacción lo suficientemente satisfactoria
como para que esta Cámara diera la imagen ante la sociedad y
ante el ámbito comunitario de que en una cuestión como ésta de
adaptar la legislación que regula la Comisión Mixta-CEE
estamos absolutamente de acuerdo.
Por tanto, le brindo al Grupo Parlamentario Popular la
oportunidad de reflexionar sobre la materia y permitir un
consenso en torno a una iniciativa legislativa que pueda
permitir, vía enmienda, el correspondiente ajuste para poder
dar el marco más adecuado, a juicio del Grupo Popular,
mediante alguna enmienda que se pueda plantear al respecto.
Sería oportuno que un día después de entrar en vigor la Unión
Europea esta Cámara visualizará una posición unánime en torno
a una cuestión tan puntual y concreta como reglamentar la
forma de conocer las decisiones que la Comunidad tiene que
tomar en materia de la Unión Europea.
Le brindo, pues, la posición de nuestro Grupo para tratar de
alcanzar en este último trámite, la posición unánime de todos
los grupos parlamentarios de la Cámara, puesto que el
contenido no es tan discrepante y las distancias no nos alejan
tanto como para poder alcanzar el acuerdo que le sugiero.
Acuerdo que pasaría por no someter a votación su iniciativa, y
permitir, vía enmienda, en la iniciativa de todos los grupos,
algún ajuste que pudiera permitir ese acuerdo global que sería
bueno para toda la
sociedad. Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Homs.
Para la presentación de esta iniciativa, tiene la palabra el
señor Mardones, por el Grupo de Coalición Canaria.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Por parte de Coalición Canaria, al defender la toma en
consideración de la proposición de ley conjunta con los otros
grupos cuyos portavoces me han precedido en el uso de la
palabra, queremos dejar constancia de nuestra valoración
positiva como una necesidad de consenso entre todas las
fuerzas políticas para una mo- dificación de la Ley de 1985,
que tantas adhesiones propició en su momento cuando
debatíamos, ya prácticamente a las puertas del uno de enero de
1986, el ingreso de España en la Comunidad Europea, y hoy, ya
al modificar esa vieja Ley, hasta el título se nos queda un
poco anticuado, teniendo que hablar de la Unión Europea.
Quisiéramos precisamente que lo que es un procedimiento, lo
que es arbitrar un «modus operandi» procedimental para que a
través del Gobierno español todas aquellas iniciativas de la
Comisión Europea sean puntual y exactamente conocidas por la
Cámara, tengan la virtualidad de efectuar todo proceso de
iniciativa parlamentaria. Todo esto lo digo en este momento
porque cuando en nuestro primer considerando para el artículo
único, al proponer la modificación del apartado 3 b), de la
Ley 47/1985, solicitamos que esta propuesta legislativa de la
Comisión venga aquí con un porqué para información o para que
puedan ser examinadas, qué duda cabe, señorías, que esto no
cercena la potestad reglamentaria de cualquier grupo de la
Cámara de presentar las iniciativas parlamentarias que
conduzcan a cualquier debate, dado que la alternativa que se
presenta aquí como proposición por el Grupo Parlamentario
Popular introduce la figura del debate.
Pero quiero hacer una advertencia para buscar aproximaciones
de consenso. Nosotros y los distintos grupos que hemos firmado
esta proposición vamos a un sentido amplio de la legislación,
que creemos que es toda y no sólo aquella que de una manera
concreta o específica afecte a España. Tenemos que sentirnos,
en este momento, miembros de una Unión Europea, en la que todo
lo que afecte a cualquiera de sus miembros tiene que afectar
al resto de los doce. No se puede concebir que a través de la
Comisión cualquier legislación que se diga que específicamente
puede afectar al Reino Unido o Dinamarca no puede afectar, por
un efecto inducido, a cualquiera de los otros diez países
componentes de la Unión Europea, entre ellos España.
Por estas razones, señorías, la toma en consideración abre un
período de mejora, como han dicho los anteriores oradores
firmantes de la proposición, mediante las enmiendas
pertinentes que garanticen no solamente la potestad de
enriquecimiento democrático, sino el compromiso de vinculación
del Parlamento español, y en este caso también con el
Parlamento Europeo, para que verdaderamente esta simbiosis sea
fértil jurídica y
legalmente, que creo que es lo que pretendemos. La Unión
Europea, nación a nación y miembros todos de esa Comunidad de
los doce, creo que se merece que tengamos el acuerdo unánime
de un
procedimiento reglamentario para conocer las decisiones del
Consejo.
Por todo ello, nosotros, con este espíritu de ampliación y de
consenso defendemos el texto presentado. Nada más. Muchas
gracias, señorías. (La señora De Palacio Valle-Lersundi pide
la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora De Palacio,
¿con qué finalidad pide la palabra?
La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Para consumir un turno en
contra.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para un turno en
contra, tiene la palabra la señora De Palacio.
La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Gracias, señor
Presidente. Agradezco la intervención de los distintos
portavoces que han hecho un llamamiento al consenso en cuanto
a esta iniciativa. Llamamiento al consenso que por parte del
Grupo Popular
consideramos muy oportuno, y así lo entendimos hace unos meses
cuando debatimos unas iniciativas semejantes en esta Cámara.
Entonces, en aras de ese consenso --porque entendemos que no
sólo el desarrollo comunitario en todos sus aspectos, sino que
además todo lo que tenga que ver con las relaciones entre el
legislativo y el ejecutivo, todo lo que tenga que ver con los
equilibrios de poderes debe ser objeto de un consenso--
retiramos nuestra proposición de ley y votamos afirmativamente
la que hoy se vuelve a presentar.
Entonces también se nos dijo claramente que por vía de
enmiendas se iban a incorporar criterios y planteamientos del
Grupo Popular que reclamaban una mayor precisión en cuanto al
texto sometido a esta Cámara. El problema es que el tiempo ha
transcurrido, que en el mes de julio planteamos nuestra
propuesta y que el 16 de septiembre se plantea una distinta,
que es la que ustedes presentan, con el texto exactamente
igual a la que se debatió en el mes de febrero; no han
modificado una tilde, no han
incorporado nada, no se han dirigido a nosotros para decirnos
por qué no incorporan algo de lo que entonces hablamos.
Además, señor Presidente, hay que decir que desde entonces han
sucedido muchas cuestiones, y hablaba el señor Homs del clima
actual. Pues en el clima actual el Grupo Popular entiende que
debe plantear esta proposición de ley y que la reacción que se
produzca por parte de algunos grupos respecto a la misma es
piedra de toque de lo que de verdad hay detrás de ese clima,
de la voluntad real política que existe de cambiar de verdad
las cosas y de verdad llevar a cabo una regeneración
democrática, una recuperación de la fuerza de esta Cámara, una
recuperación del papel del Parlamento de lo que aquí se haga,
de lo que aquí se vote en una propuesta muy concreta. Por eso,
en este clima, que se pretende que haya, planteamos y
mantenemos nuestra proposición de ley y reclamamos que sea
respaldada con el voto de los otros grupos de esta Cámara.
Además, no es contradictoria, y voy a explicar un poco más por
qué insistimos en lo que acabo de decir. Insistimos porque la
redacción que aquí se plantea por los otros grupos, es la
estricta y escueta reproducción de lo que dice la declaración
decimotercera del Tratado de Maastricht, no es casual. Al
final, lo que pretende es facilitar al Gobierno el que evite,
una vez más, el control de esta Cámara; incluso, lo que es más
grave (porque no es sólo control sino, además, diálogo lo que
pretende la iniciativa del Grupo Popular), impedir, de alguna
manera, ese diálogo con las restantes fuerzas políticas aquí
representadas.
Nuestra proposición de ley, señorías, no nos engañemos, no va
a revelar ningún secreto que no conozcan los otros
negociadores comunitarios, no va a colocar a nuestro Gobierno
en ninguna situación de inferioridad frente a otros gobiernos;
en ningún caso desde el Grupo Popular plantearíamos nada
semejante. Nuestra proposición de ley, señorías, plantea un
sistema y unos métodos semejantes a los que tienen en otros
parlamentos europeos, y me he referido a ello sin exponerlos
exhaustivamente, pero si quieren les digo lo que hacen en el
parlamento alemán.
Concretamente, allí se dice que se enviarán y se debatirán, de
forma exhaustiva y a la mayor brevedad posible, todos los
proyectos de la Unión Europea que pudieran ser de interés para
la República Federal. Se habla también de la posibilidad de
llevar a cabo no sólo esos debates, sino de votar unas
resoluciones en algunos casos concretos, cuando así lo reclame
la importancia del asunto que se está debatiendo. En el
Parlamento francés tienen expuesto un método muy detallado de
cómo se lleva a cabo, desde un acuerdo tácito hasta la simple
comunicación al Gobierno mediante carta dirigida por la
comisión correspondiente --o por varias comisiones, porque
allí hay un posible examen conjunto con las comisiones
permanentes--, incluso un documento informativo compuesto por
las conclusiones
elaboradas por la comisión europea correspondiente en la
Asamblea francesa, y eventualmente un debate en pleno con un
voto final. Eso está todo perfectamente estipulado y
establecido de una manera específica, como he hecho
referencia, en la Constitución francesa, ya que lo tienen a
nivel de Constitución, donde dice que «el Gobierno someterá
todos los asuntos, todos los actos comunitarios que lleven
disposiciones legislativas, y que durante los períodos de
sesiones o fuera de ellos se procederá a debatir resoluciones
que puedan ser votadas».
Señorías, no estoy en absoluto planteando que el Gobierno
español se encuentre atado a unas mociones, sencillamente lo
que estoy planteando es que de verdad se produzca un debate,
que de verdad haya en asuntos concretos --porque tampoco
nuestra propuesta dice que en todos los casos--, cuya
importancia así lo reclame a juicio de los grupos
parlamentarios, que se produzca un debate, no que haya ninguna
votación, no que haya ningún mandato, sencillamente que haya
un fijación
de posiciones y que el Gobierno tenga pleno conocimiento. Pero
es que, además, el problema es que hay antecedentes. Todos
nosotros somos víctimas de nuestras propias circunstancias y
de nuestras propias actuaciones. Aquí está lo que ha sucedido
a lo largo de estos años por parte del Gobierno Socialista y
el cumplimiento que ha dado de los mandatos a los que le
obliga la actual Ley de Bases. La actual Ley de Bases que crea
la Comisión Mixta le da un mandato claramente al Gobierno para
que «informe ante la Comisión Mixta de los proyectos
normativos de las Comunidades Europeas que puedan afectar a
materias sometidas a reserva de Ley en España».
Señoras y señores Diputados, a lo largo de estos años --y me
he tomado la molestia de confirmarlo y comprobarlo-- jamás el
Gobierno ha enviado a la Comisión Mixta información alguna
sobre proyectos normativos que se estuvieran debatiendo en el
seno de la Comisión y que fueran a ser sometidos
posteriormente a su aprobación en el Consejo Comunitario. Esto
lo he comprobado. Es más, después de la aprobación de
Maastricht, después de la aprobación de la declaración
decimotercera, se podía haber cambiado de talante y haber
utilizado bien el artículo 196 del Reglamento referente a las
comunicaciones, que evidentemente planteaba un problema porque
supone luego unas votaciones, pero en vez del 196 podía haber
utilizado el artículo 5.3.b) de la Ley de Bases que ahora
pretendemos modificar, así como su apartado d), y podía haber
remitido a esta Cámara, desde el mes de febrero de 1992,
cuando se aprobó Maastricht, la información sobre todos los
textos
legislativos con incidencia real sobre la vida política y la
vida social de los españoles.
No tienen nada más que coger lo que está en estos momentos en
la Cámara. Estamos debatiendo, por ejemplo, un importantísimo
proyecto de ley que supone la adaptación de la legislación
española a la Segunda Directiva de la Coordinación Bancaria,
algo capital para los mercados financieros y para la
realización del Mercado Unico, como se dice en la exposición
de motivos. Aquí no se debatió en su día nada al respecto, de
forma que, en sus negociaciones, el Gobierno hubiera tenido
idea de qué es lo que opinaban los demás grupos.
Pero, si SS.SS. cogen este libro, que se llama «Boletín de
Información», que preparan los Servicios de la Cámara, y
miran, al final, lo que se refiere a legislación comunitaria,
verán asombrados en las últimas semanas páginas de
reglamentos, directivas y decisiones, que nos afectan, en unos
casos, de manera inmediata y directa, y, en otros, de manera
mediata, por un futuro desarrollo legislativo, a todos los
ciudadanos, a nuestras vidas. Hay cuestiones tan vitales como,
por ejemplo, la Directiva de 30 de septiembre de 1993, en la
que se modifica otra Directiva relativa a la trasparencia de
las relaciones
financieras entre los estados miembros y las empresas
públicas, por ejemplo. Y hay una serie de reglamentos y de
directivas que regulan amplias cuestiones referidas al sector
agrario, al sector de los aceites, al sector olivarero, al
sector de la pesca, al sector hortofrutícola, a los que
quieran. Hay decenas de
decisiones que nos afectan de manera directa. Y durante todo
este tiempo por parte del Gobierno no ha habido un solo gesto
que tradujera de verdad una voluntad de dar participación a
esta Cámara, de terminar de una vez con el déficit
democrático. Ese es el problema señorías. El problema es que
la circunstancias son las que son y por eso es por lo que
pretendemos que haya una mayor precisión a la hora de
configurar este desarrollo de la Declaración 13.ª.
Señor Presidente, señorías, el Grupo Popular no va a votar en
contra de la proposición que plantean los otros grupos. No va
a hacerlo porque no es contradictoria con lo que nosotros
planteamos; no podemos votar en contra porque no es
contradictoria. Lo que no podemos es respaldarla porque es
insuficiente, porque, lamentablemente, consideramos que con
este enunciado tan escueto no se puede dar solución al
problema aquí planteado. Me gustaría que se pudiera levantar,
por ejemplo, el portavoz socialista o alguno de los otros
firmantes de esa proposición de ley para decir que de verdad
en esas promesas de incorporación de modifi- caciones se van a
recoger precisamente la celebración de estos debates, la
información a la mayor brevedad posible, es decir, lo que se
plantea, según hemos sabido, y estamos dispuestos a plantearlo
en una redacción distinta, pero en lo que son los criterios
del Grupo Popular. Además, cuando haya lugar a esos debates,
que haya una dación de cuentas al final; sencillamente, que se
nos informe de qué sucedió. Se trata tan sólo de esto. Aquí no
se revela ningún secreto a nadie; no estamos --como he dicho
antes-- en Viena, señorías; no estamos en el siglo XIX; hace
mucho tiempo que eso se ha pasado. Ahora existe el Fax, el
teléfono, la transmisión en tiempo real. Leyéndome el
«Finantial Times» veo exactamente cuáles son los problemas que
afectan a España allí reflejados y aparecen mucho mejor
explicados que la información que recibo --que no recibo para
ser exactos-- por parte del Gobierno.
Aquí todos sabemos muy bien dónde estamos cada uno, cuáles son
los intereses que están en juego, qué es lo que pretendemos.
Yo lo que reclamo, en nombre del Grupo Popular, es que de
verdad ese nuevo clima que todos pretendemos que se produzca,
esa
recuperación de la fuerza del Parlamento arranque en este acto
de hoy. No se trata de cumplir un simple trámite; por el
contrario, de lo que se trata es de que despertemos, de que
seamos capaces de establecer un mecanismo de control eficaz,
un mecanismo de colaboración eficaz, que permita evitar en
España el déficit democrático, que mantenga las opiniones
públicas perfectamente enlazadas
con la actuación de sus representantes, que consigamos
mantener vivo el ideal europeo entre los españoles.
Esta es la razón por la que solicitamos de nuevo de los grupos
firmantes que haya una respuesta positiva al texto del Grupo
Popular, que tampoco es contradictorio; se podría tramitar
simultáneamente y producir una fusión entre los dos textos en
trámite de ponencia. Nada de eso es contradictorio ni es
imposible. Señorías, de lo que se trata una vez más es de
defender el Parlamento; se trata de verdad de garantizar que
el pueblo confiera la legitimación democrática en el proceso
europeo a través del Parlamento nacional, algo que ha sido
dicho hace muy poquitos días por una alta instancia europea.
De eso nada más es de lo que se trata.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora De
Palacio. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor
Costa.
El señor COSTA COSTA: Señorías, señor Presidente, señoras y
señores Diputados, felicito a la señora De Palacio por su
intervención vehemente pero que no da más razón a los hechos.
Yo voy a intentar contestar a alguna de las cuestiones que ha
planteado.
Es verdad que han transcurrido muchos hechos desde que se
produjo el debate de dos iniciativas básicamente similares a
las que hoy estamos debatiendo y es verdad que se han
mantenido también básicamente dos posturas, no sólo por los
grupos firmantes de una, sino por ambos grupos firmantes de
las dos, o por todos los grupos firmantes de ambas
iniciativas. Y los hechos que han transcurrido son ni más ni
menos que unas elecciones
democráticas, que han tenido un resultado, donde se ha visto
una vez más cuál era la voluntad de los ciudadanos españoles
respecto de esta Cámara. En esta voluntad implícita de los
ciudadanos españoles está
necesariamente la de un mayor clima de diálogo y de
responsabilidad de todos y cada uno de los grupos
parlamentarios que componen esta Cámara.
Por tanto, diálogo y responsabilidad, no sólo diálogo de cara
a la galería. Responsabilidad también con las decisiones,
corresponsabilidad con las decisiones que se toman en la
Cámara por parte de todos los grupos y no brindis al sol
gratuitos. A veces algunos grupos se dejan llevar mucho por
esta última fase y no por la primera de corresponsabilidad:
esto casi siempre tiene un coste. Es verdad que, derivado de
la situación
electoral, vivimos un nuevo clima político. Es verdad. Y es
verdad también que durante mi intervención de presentación de
la iniciativa que firman distintos grupos de esta Cámara he
intentado hacer dos partes claramente diferenciadas: una,
respecto a la Ley de Bases que hoy está en vigor, y otra,
respecto a la Ley de Bases derivada del Tratado de la Unión
aprobado en Maastricht y que cambia fundamentalmente el papel
de los parlamentos nacionales con instrumentos concretos para
que éstos sean informados incluso por la Comisión, nombrando a
un Comisario de relaciones con los parlamentos nacionales. En
estos aspectos, en los que necesariamente deberíamos llegar a
un acuerdo en los debates de la comisión, que no deben ser
objeto del debate en este Pleno, yo creo que nos vamos a poner
de acuerdo. ¿Dónde no nos vamos a poner de acuerdo? En lo que
no nos vamos a poner de acuerdo es en excederse en el ámbito
de la potestad legislativa que compete a las Cámaras, que
incluirían dentro de la potestad reglamentaria propia del
Gobierno, con la incidencia entre los distintos poderes que
eso implicaría. Yo creo que su proposición de ley está basada
en la buena voluntad, pero seguramente que trasciende de la
voluntad de la iniciativa que su Grupo presenta. Vamos a dejar
este debate para la Comisión, vamos a ver cuál es la voluntad
real, una vez debatido y, en base al sentido común,
incorporados aquellos aspectos que puedan serlo de su
proposición de ley, vamos a ver después quién realmente quiere
el consenso o no respecto a un instrumento tan importante
relacionado con las Comunidades Europeas, no respecto del
Reglamento de esta Cámara. Digo esto porque a mí me produce un
cierto temor que, a través de este instrumento, lo que
pretendamos sea reformar el propio Reglamento de la Cámara en
aspectos que trascienden al Reglamento actual de la misma
respecto del control del Gobierno o de las iniciativas del
Gobierno en política comunitaria.
En consecuencia, le emplazo a que esa transparencia
democrática, esa profundidad de debate de todos los
Parlamentos, no sólo del nacional, si de verdad se cree, la
realicen ustedes allá donde tienen sus responsabilidades
también. Porque ustedes están gobernando algunas instituciones
importantes en este país y los Parlamentos donde ustedes están
son los más opacos. Yo he sufrido su gestión en un Parlamento
autónomo y conozco cuál es la política de su Grupo en los
parlamentos donde ustedes gobiernan. (Protestas.) Ustedes sólo
creen en la transparencia democrática donde esto les es útil
de manera partidista, pero no creen en ella donde ustedes
tienen capacidad de ejercerla. (Protestas.) Aquí hay gente que
ha tenido responsabilidades en gobiernos autónomos y que
conoce perfectamente esto. (Protestas.)
Por tanto, vamos a llegar al consenso, pero hagámoslo
seriamente. No hagamos discursos de cara a la galería. No
hagamos aquí un uso partidista de la transparencia
democrática, porque la
transparencia democrática nos pertenece a todos; a unos más
que a otros.
El señor VICEPRESIDENTE: (Beviá Pastor): Tiene la palabra la
señora De Palacio.
La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Gracias, señor
Presidente. Muy brevemente.
Tengo que decir que no se nos ha dicho nada de por qué. Y hay
una razón básica de lo que hemos planteado nosotros y es que
el Gobierno actual ha incumplido sistemáticamente la
legislación actual. En concreto, en lo que se refiere a la Ley
que hoy pretendemos modificar. Estamos intentando cambiar lo
que son la función y las competencias de la Comisión Mixta,
evidentemente. Porque estamos en un nuevo período, en una
nueva etapa. Ahí coincidimos plenamente. El problema es que no
se nos ha dado garantía de ningún tipo. Ni se nos ha dicho en
absoluto, que de verdad se vaya a pretender incorporar unos
sistemas eficaces en orden al cumplimiento de lo que dice el
espíritu de la
declaración decimotercera del Tratado de Maastricht.
En absoluto, por parte del Grupo Popular, pretendemos con esta
Proposición de ley modificar el Reglamento de la Cámara. No es
ése el sentido ni el objeto. Lo que planteamos es que en el
seno de la Comisión Mixta, que es una comisión muy «sui
generis», sobre cuya condición y naturaleza parlamentaria se
podrá decir mucho, porque tiene una condición muy especial,
aunque no es la cuestión del debate de hoy, haya unos
procedimientos concretos y específicos de trabajo, unos
procedimientos que, de verdad, garanticen la eficacia de lo
que se está hoy debatiendo.
Lamentablemente, insisto, con una declaración genérica como la
que aquí se plantea va a pasar lo que ha pasado con el
apartado b) del artículo 5.º3 de la Ley vigente, que reclamaba
que hubiera sido informada la Comisión Mixta de todos los
proyectos de cuestiones legislativas que tuvieran reserva de
ley en España, cosa que jamás se ha realizado. Eso es así y lo
siento mucho, a pesar de tratarse de cuestiones de gran
trascendencia para nuestra vida nacional.
Podemos tomar decisiones semejantes a las que se están tomando
en otros parlamentos de otros países europeos, podemos
enfrentarnos claramente a lo que es una nueva situación,
podemos, de verdad, asumir unos métodos que garanticen ese
trámite de esas nuevas realidades que nos van a llover sobre
nuestra vida cotidiana a través de decisiones legislativas
tomadas por los gobiernos nacionales de los distintos países
miembros en Bruselas y podemos hacerlo como lo hacen, según he
dicho, el Parlamento francés o el Parlamento alemán y que he
planteado yo hoy como ejemplo ante esta Cámara. Por el
contrario, podemos adoptar otros caminos que yo considero poco
recomendables para el prestigio de esta Cámara y, además, para
la mejora de la transparencia de nuestra vida democrática y
del afecto y del apego de todos los ciudadanos a lo que es el
desarrollo y la construcción europea. Insisto en que es
posible votar las dos proposiciones de ley. Aquí están a
disposición de los otros firmantes los papeles de base que han
sido utilizados por nuestro Grupo para desarrollar esta
formulación concreta que hemos puesto hoy a discusión ante
esta Cámara y, desde luego, la mejor manera de demostrar que
esa voluntad de consenso existe es votar afirmativamente,
también, el texto del Grupo Popular y que los dos se
incorporen y se fundan finalmente en el trámite de Ponencia.
Nada más.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Grupos que no hayan
intervenido y que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por parte del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
señor Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.
Intervengo brevemente para expresar tres puntos en relación
con la toma de posición respecto a esta proposición de ley que
ha sido presentada sin haber invitado al Grupo Mixto a formar
parte de los ponentes. Quisiera recordar esto particularmente
al representante de Izquierda Unida, que tanto nos ha citado
por no habernos presentado. No lo digo como una cuestión de
contenido, lo señalo simplemente como un tema de educación o
de cortesía parlamentaria. El tema de fondo es reconocer el
hecho de no hurtar la mayor participación posible al
Parlamento en la construcción europea. Y, sin querer poner en
cuestión el artículo 93 de la Constitución pero deseando
destacar que el actual Estado español es un Estado de las
autonomías y algunas de estas autonomías han sustituido al
Estado en sus competencias y en el ejercicio de sus
competencias exclusivas, por coherencia, tampoco se puede
hurtar a estas comunidades autónomas y a sus parlamentos su
responsabilidad en la construcción europea. Ellos también
deben ser partícipes, tal y como se indica en el texto;
resulta indispensable que los parlamentos de los Estados
miembros de la Unión tengan acceso a todas las propuestas de
actos legislativos elaborados por la Comisión. Y, a mi modo de
entender, también debe afectar a los parlamentos de las
comunidades autónomas con competencias exclusivas.
Entiendo que por sensibilidad, los grupos nacionalistas, como
Convergència i Unió y el propio Partido Nacionalista Vasco,
incluso Izquierda Unida, apoyarán esto mismo. Mi propuesta
para este próximo futuro, que va a ser prácticamente inmediato
en cuanto entre en Ponencia, es hacer extensivo el contenido
de esta proposición de ley a las comisiones que se puedan
crear en los parlamentos autónomicos de aquellas comunidades
autónomas con competencias exclusivas y hacerles partícipes de
lo que se indica en el artículo 1.3.f), en el que se
establecen relaciones de cooperación con los órganos adecuados
de los restantes parlamentos de países
miembros de la Comunidad y del Parlamento Europeo; se
establece que la Comisión Mixta podrá, asimismo, celebrar
reuniones conjuntas con los Diputados españoles en ese
Parlamento Europeo, lo cual considero que debe ser extensivo a
los parlamentos de las comunidades autónomas con competencias
exclusivas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor González
Lizondo tiene la palabra.
El señor GONZALEZ LIZONDO: Señor Presidente, señorías, nos
encontramos hoy ante la toma en consideración de dos
proposiciones de ley que, aunque parecen iguales, no lo son.
Hay una que profundiza bastante más, la del Partido Popular.
Nosotros no vamos a votar en contra de ninguna; vamos a votar
a favor de las dos. Hay una frase que estos días ha puesto muy
de moda el Partido Socialista; habla de profundizar en la
democracia. Profundizar en la democracia significa que una
serie de grupos de esta Cámara se ha unido hoy y han apartado
tranquilamente a 800.000 votantes, lo que significa el Grupo
Mixto, sin haberle dado posibilidad de discutir nada. Esto no
es profundizar en la democracia; por el contrario, creo que es
disminuirla.
Efectivamente, como ha dicho mi compañero del Grupo Mixto, las
comunidades autónomas cuentan, algunas de ellas ya tienen en
estos momentos unos derechos que habrá que cumplir. Así,
presentaremos una serie de enmiendas en la Comisión, cuando
esto sea aprobado en el día de hoy.
No quiero dejar de referirme a las palabras del señor Homs,
representante de Convergència i Unió. Ha dicho que habría
deseado que toda la Cámara se hubiera puesto de acuerdo. Yo
también, pero no nos han dado oportunidad. Seguramente,
800.000 votos no valen nada; parece que son muy pocos porque
hay una bolsa de la compra en la que valen única y
exclusivamente los que se sientan aquí; a los 800.000 que
están en la calle les damos para leer
profundizamos en la democracia, tenemos déficit democrático
pero lo vamos a solucionar. Y ya está. Qué le vamos a hacer.
Tendremos que acostumbrarnos.
Quiero hacer también referencia a unas palabras que ha dicho
el representante socialista: la transparencia democrática nos
pertenece a todos. Y ha continuado: A unos más que a otros.
Empieza ya por no ser transparente, por hacernos dudar un
poquito de la democracia, porque cree que unos tienen más
derechos que otros. Ustedes sí que lo creen, porque, vuelvo a
repetirlo, 800.000 votos no cuentan.
Nosotros, naturalmente, votaremos las dos a favor y
presentaremos las enmiendas que correspondan, pero no presuman
aquí hoy, día en el que todos somos eu-ropeos, de profundizar
en la democracia, hablen de profundizar en su modelo de
democracia.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vamos a pasar a la
votación de ambas proposiciones de ley. (El señor Presidente
ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación para la toma en consideración de
la proposición de ley del Grupo Popular, de modificación del
artículo 5 de la Ley 47/1985, de 27 de diciembre.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 291; a favor, 132; en contra, 143; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.
Proposición de ley de los grupos Socialista, Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, Catalán (Convergència i Unió),
Vasco (PNV) y Coalición Canaria, de modificación de la Ley de
Bases de Delegación al Gobierno para la Aplicación del Derecho
de las Comunidades Europeas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 287; a favor, 162; abstenciones, 125.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, POR LA QUE
SE ACUERDA LA CREACION EN EL SENO DE LA COMISION
CONSTITUCIONAL DE UNA PONENCIA PARA EL ESTUDIO DE LAS
CONDICIONES ACTUALES DE ELABORACION DEL CENSO ELECTORAL
(Número de expediente 162/000007)
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Proposiciones
no de ley.
Proposición del Grupo Popular, por la que se acuerda la
creación en el seno de la Comisión Constitucional de una
ponencia para el estudio de las condiciones actuales de
elaboración del censo electoral.
En nombre del Grupo proponente, tiene la palabra el señor
Arenas. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Arenas.
El señor ARENAS BOCANEGRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, subo a la tribuna a defender la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, que
pretende que, en el seno de la Cámara, y más concretamente en
el seno de la Comisión Constitucional, se cree una ponencia
que estudie los problemas relativos al censo electoral.
Señorías, si se analizan todos los procesos electorales en
España desde el año 1977 es imposible encontrar que en la
jornada electoral, en el día electoral, no se hayan producido
errores que hayan imposibilitado ejercer el derecho de
sufragio a los españoles. También, señorías, es difícil
entender que, después de estos procesos electorales, en el
Congreso de los Diputados o en el Senado no se haya abierto
una investigación en
profundidad para depurar las responsabilidades acerca de los
mismos.
Mi Grupo Parlamentario pretende, con la iniciativa que somete
hoy a la Cámara, acabar, de una vez por todas, con el problema
del censo electoral. Querríamos incluso, señorías, que el
censo electoral dejara de ser protagonista, dejara de ser
noticia en la democracia española. Digo esto, porque ha habido
una amplia coincidencia en calificar el censo electoral como
una gran chapuza nacional producto de la ineficacia
administrativa y de los permanentes errores. La existencia de
un censo electoral sin problemas, señorías, creo que interesa
a todos los ciudadanos, que interesa a todas las fuerzas
políticas y que, sobre todo, interesa al sistema democrático.
Cuando hablamos con reiteración, en las elecciones, de la
participación que se puede producir y luego comprobamos la
participación que se ha producido, tenemos que decir que esta
participación está en directa relación con el estado de
perfección que tiene el censo electoral y que este grado de
perfección del censo es lo que realmente da la imagen de toda
una organización electoral en un país democráticamente
consolidado, en un país consolidado en cuanto a sus
libertades. Decimos esto, señorías, porque tampoco querríamos
abrir hoy el debate en la Cámara acerca de si los errores en
el censo son muchos o son pocos, si han supe-rado los
centenares de miles o el millón de irregularidades. Nos parece
que no estamos ante un asunto cuantitativo sino ante una
valoración cualitativa, porque cualquier error que se produzca
en el censo electoral, por pequeño que sea, está afectando,
como digo, al resultado
electoral y a la credibilidad del sistema.
Decía al principio que pretendemos crear una ponencia que
analice minuciosamente los problemas y queremos incluso,
señorías, que esta ponencia, si lo tiene a bien, como
resultado de sus
trabajos, proponga a la Cámara la revisión de la normativa que
regula el censo electoral. Parece que hablar de problemas en
el censo en los años 1977 ó 1979 tendría alguna justificación,
pero lo acontecido en las elecciones generales de 1989, lo
acontecido el 6 de junio en las últimas elecciones generales,
incluso los acontecimientos de Galicia y más concretamente de
la provincia de Orense en 1993 deben elevar nuestra
preocupación y hacernos profundizar en el asunto, y nosotros
lo haremos, desde el Grupo Parlamentario Popular, sin juicios
de valor, sin ninguna
acusación de manipulación política del censo pero sí con toda
la acusación de ineficacia administrativa en su elaboración y
diciendo a todos los grupos de la Cámara que adoptemos una
posición responsable porque a todos nos afecta.
Terminadas, señorías, las elecciones generales de 1989 se
constituyó en la Cámara una Comisión de investigación para
analizar las posibles irregularidades. En el dictamen de esa
Comisión, y por unanimidad, los grupos pusieron el acento,
como decía anteriormente, en las irregularidades en torno al
censo electoral. Pero es más, el día 6 de junio colegios
electorales que correspondían a cinco provincias distintas
estuvieron abiertos hasta dos horas después de finalizar el
período
establecido legalmente para las votaciones y se produjeron
anomalías en veinticinco provincias. Se ha hablado de ello en
esta Cámara y creo que el último debate profundo lo celebramos
en 1992. En aquella ocasión el entonces Ministro de Economía y
Hacienda, el señor Solchaga, atribuía la responsabilidad al
funcionamiento de las corporaciones locales, a los
ayuntamientos, al grado de desinterés de los ciudadanos para
comprobar su correcta inscripción; incluso decía el señor
Ministro que la responsabilidad no era del Gobierno sino de la
Junta Electoral Central.
Señorías, los ciudadanos no tienen ninguna obligación de
comprobar su correcta inscripción en el censo, y sí tiene el
Estado y la Administración electoral todas las obligaciones
para garantizar esa correcta inclusión en el censo electoral.
En segundo lugar, nuestro Grupo no va a apostar porque haya
una desviación de responsabilidades entre ayuntamientos y el
Gobierno en esta materia sino que solicita expresamente la
colaboración de todas las instituciones públicas para mejorar
el censo. Y, finalmente, quiero decir que, aunque no ha sido
compartido por el Grupo Parlamentario Popular, hoy la Oficina
del Censo tiene una doble dependencia: por una vía, de la
Junta Electoral Central y, luego, está encuadrada
administrativamente dentro del
Instituto Nacional de Estadística, que sí es responsabilidad
del propio Gobierno.
Queremos analizar en la ponencia que vamos a constitutir, si
contamos con el respaldo de la Cámara, todos los errores,
todas las situaciones, así como el Derecho comparado que
tengamos oportunidad de comprobar. Hay países en los que el
censo
electoral depende de organismos independientes, países en los
que depende de instancias municipales y también países en
los que depende de las administraciones centrales de los
Estados. Aunque estamos abiertos a analizar cualquier
posibilidad, sí he de anticiparles nuestra preferencia para
que en España se dé una dependencia única y exclusiva del
censo electoral de la Junta Electoral Central como máximo
organismo independiente de
Administración electoral.
En segundo lugar, señorías, quiero llamar la atención también
acerca del cumplimiento de las leyes, y en este caso muy
concretamente de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General.
En esta Ley se preceptúa como un dato imprescindible, como un
dato censal imprescindible, que en el censo figure el
correspondiente DNI de cada uno de los electores. Todavía no
ha sido posible que en el censo electoral figure el documento
nacional de identidad de los electores. En este momento, salvo
aquellos que concurrieron a observarse en las correspondientes
listas con motivo de la revisión extraordinaria decretada por
la Junta Electoral Central,
concretamente 26.000 españoles, salvo ésos, no figura nuestro
documento nacional de identidad en el censo, produciéndose
circunstancias tan preocupantes como que haya ciudadanos
extranjeros (y hay pruebas documentales) que están inscritos
en el censo electoral figurando incluso su nacionalidad
(dominicana o marroquí), y que pueden haber ejercido el
derecho al voto simplemente mostrando su permiso de conducir
en la mesa electoral como documento acreditativo. Señor
Presidente, nos parece que también hay una cuestión urgente e
importante, cual es la participación de los residentes
comunitarios en las elecciones europeas y también en las
elecciones municipales que, si todos los grupos parlamentarios
lo tuvieran a bien, debería analizarse asimismo en el marco de
la ponencia, por si se puede plantear alguna propuesta a la
Cámara. Termino, señorías, diciendo que sólo nos trae el ánimo
de solventar este problema y, repito, cuidadosos en no hacer
juicios de valor, cuidadosos en no hacer acusaciones, pero
poniendo de manifiesto que la falta de eficacia de la
Administración, y más concretamente del Gobierno en esta
materia, ha dañado seriamente a la propia credibilidad del
sistema. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arenas. Por el Grupo
Socialista, para fijar la posición y defender la enmienda
presentada por este Grupo, tiene la palabra el señor Curiel.
El señor CURIEL ALONSO: Señorías, señor Presidente, debo
decirle, señor Arenas, que he seguido con mucha atención su
intervención, de la que tomo nota, y además le voy a pedir que
hagamos un esfuerzo por parte de todos para que no caigamos en
la tentación de hacer de estos temas una cierta utilización
demagógica o, ¿cómo diría yo?, pensando en otros objetivos que
no sean
estrictamente aquellos a los que se refiere la proposición, y
ya le adelanto que nosotros compartimos como Grupo Socialista
y creo que puedo decir que también en nombre del Gobierno que,
evidentemente, queremos tener un censo permanentemente
actualizado, en perfecta correspondencia con las disposiciones
de la LOREG, de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General,
y que la mejor manera para que hagamos esto adecuadamente,
para que funcione bien la ponencia, para que de ella podamos
extraer consecuencias razonables y positivas, incluso de orden
normativo, es realizar todos un esfuerzo por evitar que
caigamos en la tentación de utilizar estos temas, por ejemplo,
para lanzar dudas sobre el sufragio o para deslegitimar algún
proceso electoral, o, por ejemplo, como usted ha hecho ahora
mismo, para hablar de las elecciones de Galicia. Yo tengo aquí
datos de las elecciones de Galicia que no van precisamente en
la línea de lo que usted ha dicho. Pero, en fin, vamos a
mantenernos en esa voluntad de discutir estrictamente y de
buscar un acuerdo y un consenso sobre esta cuestión.
Desde este punto de vista, quisiera señalarle algunas cosas,
señor Arenas. Primero, lo que ya he dicho, que nosotros, con
las enmiendas que luego explicaré, vamos a votar
favorablemente esa proposición, repito, porque todo aquello
que sea factible de mejoramiento en cuanto al censo lo vamos a
hacer. La vamos a aceptar y vamos a trabajar en esa ponencia
para que así sea. De todos modos, conviene hacer alguna
precisión sobre alguna cosa que usted ha dicho, porque ha
dicho parte de la verdad, pero permítame decirle que no ha
dicho exactamente toda la verdad. Cuando usted se refería al
señor Solchaga y a las alusiones que él ha hecho sobre la
dependencia administrativa de la Oficina del Censo Electoral,
debo decirle que el señor Solchaga tenía razón, y usted, que
es conocedor de la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General, sabe perfectamente que según la
terminología que se utiliza en el artículo correspondiente se
dice que la Oficina está encuadrada en el Instituto Nacional
de Estadística, pero que está bajo la dirección y control de
la Junta Electoral Central. Dígalo usted todo. Por
consiguiente, no hay
responsabilidad gubernamental ni partidaria en cuanto a los
problemas de censo que, si
desgraciadamente existen, vamos a corregirlos. Repito:
encuadrada en el Instituto Nacional de Estadística bajo la
dirección y control de la Junta Electoral Central. Por
consiguiente, no lance usted, por favor, alusionesque puedan
pretender una supuesta «gubernamentalización» de la Oficina
del Censo. No es así. Usted sabe bien que el artículo 29.1 de
la LOREG precisamente lo que establece son dos principios
básicos, el principio de la
autonomía de la propia Oficina del Censo, la no
«gubernamentalización», y, en definitiva, la transferencia que
en su día se hizo a la Administración electoral de este tema,
justamente como un tema crucial
de la propia limpieza del sufragio. Por consiguiente, vamos a
ponernos de acuerdo en que esto es así. Además, yo creo que
fue un avance importante de la LOREG el que esto fuera
planteado y aceptado así.
La segunda cuestión que quería precisar es respecto a algunas
incidencias que usted ha dicho que se han producido el día 6
de junio. Creo que es preciso aclarar que el censo electoral
utilizado en las pasadas elecciones generales estaba referido
al 1 de enero de 1992. En cuanto al censo electoral de
residentes, recogía la información de los padrones municipales
hasta dicha fecha, concretamente la derivada de la renovación
patronal de marzo de 1991, así como la procedente de las
reclamaciones realizadas por los ciudadanos en los diferentes
períodos
habilitados. Quiero decirle también que a las personas no
empadronadas en 1991 y que figuraban en el censo electoral
anterior se les envió una notificación de baja en junio de
1992, a fin de que, si no estaban conformes con la baja,
comunicada por el ayuntamiento respectivo, solicitasen
precisamente su inclusión en el censo electoral. Quiero
recordarle también, señor Arenas, que además se habilitaron
tres períodos de reclamación y
rectificación de datos, concretamente, del 1 al 15 de junio,
del 22 de julio al 5 de agosto y del 1 al 15 de diciembre de
1992. Es más, posteriormente, con motivo del proceso
electoral, se expusieron nuevamente al público las listas
electorales,
pudiéndose presentar reclamaciones del 19 al 26 de abril de
1993. Por otra parte, señor Arenas, al estar el censo
electoral referido al 1.º de enero de 1992, no podían figurar
en él las personas que habían causado alta en los padrones
municipales con posterioridad a esa fecha, de acuerdo con lo
dispuesto en la propia LOREG. En efecto, al convocarse las
pasadas elecciones generales, la Oficina del Censo Electoral
disponía de la
información de las personas que se habían inscrito en los
padrones municipales durante el año 1992, la cual había sido
comunicada por los ayuntamientos, para la revisión del censo
electoral, a 1 de enero de 1993. Esas personas no figuraban en
el censo electoral en enero de 1992, y se cumplía lo previsto
en los artículos 34 y 38.2, concretamente, de la LOREG.
Quiero decirle que la Oficina del Censo Electoral informó al
día siguiente de producirse la convocatoria de las elecciones
generales de esta situación a la Junta Electoral Central, que,
con fecha 26 de abril de 1993, acordó que esta Oficina
remitiese certificación censal específica a los electores que,
no figurando en censo electoral a 1.º de enero de 1992,
figurasen en la relación de altas comunicadas por los
ayuntamientos, en orden a la revisión del censo electoral, a
1.º de enero de 1993.
¿Qué ocurrió exactamente, señor Arenas? Porque ustedes han
redactado la moción de una manera en la que dicen: «... un
número indeterminado de bajas en el Censo Electoral que
privaron a otros tantos ciudadanos...» Estas son cosas muy
serias que conviene precisar. Yo quiero decirle que, de
acuerdo con los datos que nos ha facilitado --y que a usted
también le podrá facilitar--, la Oficina del Censo estima que,
a pesar de todas las dificultades que hubo, no fueron más de
mil las personas que se vieron sometidas, no a
irregularidades, a dificultades en el
procedimiento
administrativo. En cuanto al horario de votación, quiero
decirle que fueron cinco las juntas electorales de zona,
cinco, las que decidieron ampliar el plazo de votación de la
mesa; pero es una decisión autónoma de la Administración
electoral. No lo lance usted como una especie de catapulta o
de piedra contra el Partido del Gobierno, porque no tiene
ningún sentido.
Termino, señor Presidente. Nosotros hemos presentado dos
enmiendas, que estimo que no afectan al fondo de la moción,
sino que más bien la complementan y la precisan de una forma
más razonable. Por la primera de ellas, a continuación de «...
las condiciones actuales de elaboración del Censo
Electoral...», añadiríamos la expresión: «en el marco del Plan
de modernización» --no es normalización; es evidente que hay
una errata, es modernización, señor Arenas-- «que está
llevando a cabo la Oficina del Censo Electoral». Esa sería la
primera enmienda. La segunda enmienda, que nos parece también
razonable si queremos hacer un trabajo eficaz en la ponencia,
propone sustituir el máximo de tres meses en cuanto a los
trabajos de la ponencia, para que la expresión sea «y ultimará
sus trabajos antes del 30 de marzo de 1994». Eso quiere decir
que, como muy bien insisten en la exposición de motivos
diciendo que esta materia debe de ser retirada a la hora de la
proximidad de las convocatorias
electorales, cubriríamos con ese plazo las dos cosas:
podríamos trabajar con un plazo razonable para llegar a
acuerdos y a modificaciones normativas, en su caso, y,
segundo, incluso podríamos recomendar alguna modificación, si
ello fuese preciso, de cara a las elecciones europeas que se
convocarán, si no me equivoco, en junio de 1994.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Curiel.
¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, por
parte de Coalición Canaria vamos a dar nuestro apoyo y a votar
favorablemente esta proposición no de ley que nos trae aquí el
Grupo Popular.
Ya en la anterior legislatura, en un debate semejante por la
cuestión de los censos electorales, habíamos manifestado
nuestra preocupación y el deseo de que un procedimiento, en el
fondo puramente mecánico e instrumental, tuviera la solución
adecuada. En un país donde los Patronatos de Apuestas Mutuas
Deportivo Benéficas
o las Loterías del Estado son capaces de tener los resultados
al día siguiente de celebrado el sorteo o los eventos
deportivos con una exactitud matemática dada por los
ordenadores y el
procesamiento de todos los datos, parece extraño que un censo
electoral que es ni más ni menos que el soporte técnico de un
derecho constitucional, el derecho a participar en la
democracia, el derecho a votar que tienen todos los electores,
tenga en todos los procesos esa retahíla de noticias
periodísticas que, en verdad, en el fondo significan la
privación a un número de electores determinado de su derecho a
votar. Sería verdaderamente pintoresco que, por ejemplo,
cuando el Ministerio de Defensa tiene
perfectamente realizados los censos de los llamamientos a
filas, que en eso ocurriera lo mismo que ocurre a veces con
los procesos electorales: entonces habría muchos mozos del
reemplazo
voluntario en este país que no harían el servicio militar. Si
esto se ha conseguido ahí, vamos a conseguirlo precisamente en
donde está una de las piedras de toque de uno de los derechos
electorales constitucionales.
Nosotros creemos que la vía que propone el Grupo Popular es
precisamente una vía adecuada, entre otras cosas,
precisamente, para evitar, como bien ha dicho el protavoz del
Grupo Socialista, señor Curiel, que nadie utilice este
anecdotario lamentable para deslegitimar procesos electorales.
En todo proceso electoral en un país que tiene los controles
que afortunadamente tiene España, ese borrón que a veces
resulta perjudica la imagen total. Ojalá lo rectifiquemos con
claridad, con transparencia y con el beneplácito de todos, y
que aquella casuística que sea debida solamente a leyes del
puro azar, quede en eso: sencillamente en una casuística
marginal.
Yo siempre he dicho que cuando se han producido estos procesos
electorales, en un sentido de responsabilidad democrática, no
he querido ver aviesas intenciones en nadie, porque la
realidad nos demuestra que el puro ejercicio de las reglas del
azar discrimina y veta el derecho de votar a personas que
después manifiestan que hubieran votado por el partido A, el B
o el C, en todo el espectro político; porque la chapuza del
azar actúa también distribuyendo esta dejación de derechos
precisamente a votantes que son de todas las fuerzas políticas
o ésa era su intención definitiva.
Pues bien, ¿qué debemos hacer? Si hay una serie de
dependencias de entramado, si aquí se habla de lo que es la
Junta Electoral Central, lo que es la Oficina del Censo
Electoral, lo que es el Instituto Nacional de Estadística,
vamos a llegar a donde esté el soporte de datos, el soporte
técnico que es el que genera después el proceso. Porque yo no
pongo en tela de juicio las competencias que tienen los
órganos jurisdiccionales en estas materias. Sin embargo, si
todos trabajamos sobre un dato
incompleto, defectuoso o viciado, se va trasladando instancia
tras instancia y al final todos salimos responsables de
aquello y perjudicados. Entiendo también que las enmiendas que
presenta el Grupo Socialista son oportunas, dado que se hace
referencia al Plan de normalización que está llevando la
Oficina del Censo Electoral, para que este factor corrector lo
tenga allí. Si a todo esto se le añade la voluntad de realizar
unos trabajos muy minuciosos y detallados --y le pediría en
ese sentido
flexibilidad al Grupo Popular para que no se estableciera el
plazo de tres meses, sino que los trabajos quedaran ultimados,
con las opciones que se dan aquí, el 30 de marzo de 1994, es
decir, antes de que una serie de electores españoles sean
llamados tanto a las elecciones en la Comunidad Autónoma de
Andalucía como, toda España como distrito electoral único, a
las elecciones al Parlamento Europeo-- estaremos frente un
proceso de credibilidad, como pretende el Grupo Popular.
Por estos motivos, si se aceptan las enmiendas, vamos a votar,
por parte de Coalición Canaria, favorablemente a esta
iniciativa, que consideramos oportuna y que, con una ponencia
o comisión adecuada, puede dejar zanjados los contenciosos
internos que se nos presenten aquí. Creo que en este momento
el sentido común, democrático y parlamentario así lo
aconsejan.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor López de Lerma.
El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Señor Presidente, señorías,
intervengo para manifestar nuestro apoyo a la proposición no
de ley que ha presentado y defendido el Grupo Parlamentario
Popular respecto a la creación, en el seno de la Comisión
Constitucional, de una ponencia para el estudio de las
condiciones actules de elaboración del censo electoral.
La Ley a la que hace referencia esta proposición del Grupo
Parlamentario Popular, la vigente Ley Orgánica del Régimen
Electoral General, es fruto en su mayor parte, prácticamente
en todo su articulado, del consenso, y bajo un consenso muy
generalizado se han realizado diversas reformas, una de las
cuales precisamente ha salido a relucir en el transcurso del
debate que estamos teniendo en estos momentos, como es la de
poner bajo la dirección y control de la Junta Electoral la
propia Oficina del Censo del Instituto Nacional de
Estadística,
encuadrado
orgánicamente en el Ministerio de Economía y Hacienda. Esta
modificación vino a cuento precisamente de un debate que tuvo
lugar en el Pleno de este Congreso de los Diputados la pasada
legislatura si mal no recuerdo, al hilo de deficiencias que
también ha denunciado el Grupo Parlamentario Popular mediante
una proposición no de ley.
Lo cierto es que, como dice el Grupo proponente, durante la
jornada electoral del 6 de junio último se pusieron
de manifiesto --yo diría que nuevamente-- deficiencias en el
censo electoral que privaron a numerosos ciudadanos de su
derecho al voto y que además, en esta ocasión, obligaron a
juntas electorales de zona, como aquí se ha recordado, a
mantener abiertos varios colegios electorales hasta dos horas
después de haber finalizado oficialmente el período de tiempo
legalmente establecido para las votaciones. Esto, junto a
otras deficiencias e incluso a
irregularidades, producidas en otras jornadas electorales,
pone en evidencia las deficiencias de esta Oficina del Censo y
las deficiencias posiblemente legales que todavía existen en
el texto originario, es decir, en la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General, incluso después de haber sido modificado en
la pasada legislatura con el acuerdo mayoritario, repito, de
los Diputados de esta Cámara, y al hilo precisamente de
deficiencias que se habían observado en anteriores elecciones
generales.
Nosotros estamos de acuerdo en dar nuestro apoyo a la
aprobación de esta proposición no de ley y, por tanto, estamos
de acuerdo en crear una ponencia que en la Comisión
Constitucional estudie nuevamente, de manera muy detenida, muy
a fondo y con toda la experiencia que tenemos sobre nuestras
espaldas, estas
deficiencias con la finalidad de proponer al Pleno de esta
Cámara las oportunas rectificaciones o modificaciones legales,
si es que esto nos va a servir, creemos que sí, para subsanar
estas deficiencias por todos conocidas.
Decía el señor Arenas en su discurso que la pretensión es
acabar, de una vez por todas, con las irregularidades y con
las
deficiencias que todos conocemos. Yo no sé si esto va a ser
posible, porque siempre habrá errores mecánicos y errores
humanos, no errores voluntarios. En todo caso, si es posible
acabar con la mayoría de las deficiencias e irregularidades
puestas de
manifiesto, me parece que es bueno dar apoyo, y así lo vamos a
hacer, a esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López de Lerma.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene
la palabra el señor López Garrido.
El señor LOPEZ GARRIDO: Gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo va a votar favorablemente la proposición no de
ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, por la que
se acuerda la creación en el seno de la Comisión
Constitucional de una ponencia para el estudio de las
condiciones actuales de elaboración del censo electoral. Vamos
a votar a favor porque compartimos el fondo y la forma de esta
proposición no de ley. Compartimos el fondo porque los
problemas derivados de la elaboración del censo electoral
merecen un estudio detenido en este Parlamento. Sin un buen
censo electoral se ve afectado un derecho básico, el nervio
sobre el que se apoya la democracia, que es el sufragio
universal, y aun cuando por supuesto
entendemos que el censo ha funcionado, de forma que no puede
ponerse en ningún caso en cuestión ningún resultado electoral
de nuestra democracia, a pesar de todo, ha tenido y tiene
deficiencias que han sido puestas de manifiesto por anteriores
intervinientes y en las que yo no voy a incidir. Realmente,
hoy no estamos para debatir el problema de fondo. Este no es
un debate sobre el fondo de la cuestión, porque precisamente
lo que se va a hcer, espero, a continuación es enviar este
debate a la ponencia y a la Comisión, y, por tanto, no creo
que éste sea el momento de entrar en debates o acusaciones
sobre el
funcionamiento mejor o peor de ese censo. También estamos de
acuerdo en cuanto a la forma. Nos parece que problemas que
tienen que ver con una vinculación estrecha con la
Constitución o con derechos constitucionales tienen un buen
encaje en su discusión en la ponencia, dentro de la Comisión
Constitucional, de tal forma que es el Parlamento, de una
manera muy evidente, del que surgen las soluciones
correspondientes a estos problemas. Por tanto, en este caso
nos parece muy adecuado que sea un ponencia la que lo discuta
y de la que salgan estas soluciones.
Compartimos, además, con ello la idea de que para otras
cuestiones que seguramente vendrán a esta Cámara, como, por
ejemplo, el tema de financiación de partidos políticos o el
del Estatuto de Radiotelevisión o la reforma de la Ley
Electoral, pueda utilizarse también este procedimiento de una
ponencia en la Comisión Constitucional, en donde mejor se
logre el consenso amplio sobre el que se tiene que fundamentar
este tipo de reformas de contenido fuertemente constitucional.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Garrido.
Tiene la palabra el señor Arenas para expresar la aceptación o
rechazo de la enmienda defendida.
El señor ARENAS BOCANEGRA: Quiero decir que vamos a aceptar
las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Socialista. La primera se refiere, efectivamente, al plan de
modernización, que no al plan de normalización, que me imagino
que dirige al director de la Oficina, nombrado por el
Gobierno, por el Ministro de Economía y Hacienda. Aceptamos
también la segunda enmienda, referida al plazo del 30 de
marzo, si bien planteando ante la Cámara que es objetivo de mi
Grupo Parlamentario que los trabajos que
desarrollemos en la ponencia sirvan para eliminar defectos e
irregularidades, tanto en el proceso que significan las
elecciones europeas como en el de las próximas elecciones
autonómicas andaluzas. Lo digo para que la fecha
del 30 de marzo no condicione la efectividad y la aplicación
de sugerencias positivas que podamos hacer en la ponencia.
Finalmente, con todo el cariño, quiero resaltar otra errata
que tiene la enmienda, porque se habla de enmienda de
«adición». Espero que el deseo sea de añadir y no de viciar
nuestra
propuesta. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arenas.
Vamos a proceder a la votación.
Votación relativa a la proposición no de ley del Grupo
Popular, que se somete a votación en los términos resultantes
de la aceptación de la enmienda del Grupo Socialista con las
correcciones que se han señalado en el curso del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 285; a favor, 285.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
QUE IMPARTA INSTRUCCIONES AL CENTRO DE INVESTIGACIONES
SOCIOLOGICAS (CIS) PARA QUE INFORME PUNTUALMENTE A LA CAMARA
DE LOS ESTUDIOS QUE REALIZA (Número de expediente 162/000022)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por la que se insta
al Gobierno a que imparta instrucciones al Centro de
Investigaciones
Sociológicas para que informe puntualmente a la Cámara de los
estudios que realiza.
En nombre del Grupo proponente, tiene la palabra el señor
Romero. (Rumores.)
Señorías, les ruego guarden silencio.
El señor ROMERO RUIZ: Gracias, señor Presidente, señoras y
señores Diputados, el Grupo Parlamentario Federal de Izquieda
Unida-Iniciativa per Catalunya presenta a la consideración de
este Parlamento en Pleno esta proposición no de ley referente
a que, como ha enunciado el Presidente de la Cámara, se insta
al Gobierno para que imparta instrucciones al Centro de
Investigaciones Sociológicas con el fin de que informe
puntualmente a la Cámara de los estudios que realiza. Este
acuerdo, que sometemos a la consideración del Pleno en la
tarde de hoy, es un acuerdo lógico y razonable en un
Parlamento democrático que debe controlar losinformes de los
órganos públicos que dependen de la
Administración Central del Estado.
En el artículo 2.º del Real Decreto 1.526/1990 se especifica
claramente que el Centro de Investigaciones Sociológicas, el
CIS, desarrollará sus funciones de acuerdo con los principios
de objetividad y neutralidad en su actuación. Asimismo,
consagra el derecho de la igualdad en el acceso a sus datos.
Desgraciadamente, la práctica en la utilización por parte del
Gobierno de los estudios elaborados por la citada institución,
especialmente en todo aquello que se refiere al análisis de la
realidad
socio-política, queda muy lejos de lo que especifica en el
referido artículo 2.º dicho Real Decreto. La magnitud de los
medios puestos a disposición del CIS, ahora que los
Presupuestos Generales del Estado están en la Cámara y hay una
partida asignada para su funcionamiento y su operatividad,
hace de éste un potencial instrumento para la manipulación
política, no sólo por parte del Gobierno, sino también del
Partido que lo sustenta. Constantemente se van filtrando a los
medios de comunicación de forma selectiva e interesada datos,
estudios o sondeos con el mismo origen: el Partido del
Gobierno. Datos que el Parlamento de la Nación desconoce.
En el artículo 66 de la Constitución se consagra que las
Cortes Generales representan al pueblo español. Son, pues, la
más alta instancia del Estado y los partidos políticos,
representados por medio de nuestros grupos parlamentarios, son
instrumentos fundamentales para la participación política y la
formación, los formadores de voluntad popular según reza en el
artículo 6.º de la Constitución. No es lógico, pues, que se
oculten los análisis científicos de la sociedad española a los
que se refiere el artículo 3.º del Real Decreto anteriormente
citado.
El conocimiento por parte de los diferentes grupos
parlamentarios de dichos estudios realizados sería de una gran
ayuda para su actividad formadora de la opinión, así como para
su labor parlamentaria, en igualdad de condiciones con el
Partido que apoya y sostiene al Gobierno.
El mismo Reglamento del Congreso de los Diputados, en su
artículo 7.º dicta el derecho de los miembros de la Cámara a
recabar los datos, los informes y los documentos que obran en
poder de las administraciones públicas, que deberán facilitar
la documentación solicitada en un plazo escasamente superior a
los quince días tras su publicación en el «Boletín Oficial de
las Cortes». Sucede que tanto la Cámara como los grupos
parlamentarios desconocen generalmente los estudios que
realiza el Centro de Investigaciones Sociológicas, por lo cual
es prácticamente imposible solicitar unos datos de los que no
se conoce su existencia.
No es intención de este Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya controlar o fiscalizar
el Centro de Investigaciones Sociológicas. Por el contrario,
estamos convencidos de que sólo la máxima independencia y
autonomía profesional, con rigor, con los mecanismos
sociológicos que profesionalmente se pongan en marcha, hará
que cumplan los cometidos para los que fue creado.
En ningún caso puede crearse una situación, repito, como la
actual, en la que puede sospecharse que el CIS es un
instrumento partidista en manos del Gobierno y al servicio del
Partido que lo apoya, del PSOE, por todo lo cual se presenta
esta proposición no de ley por la que el Congreso de los
Diputados insta al Gobierno para que, con la mayor urgencia
posible, imparta instrucciones al CIS (Centro de
Investigaciones Sociológicas) para que informe a la Cámara
puntualmente de los estudios que dicho Centro está elaborando
en cada momento, especialmente todos aquellos que analicen la
realidad sociopolítica española. De acuerdo con la información
que obra en poder de nuestro Grupo Parlamentario, el plan de
investigaciones del Centro de
Investigaciones Sociológicas, desde octubre a diciembre de
este año 1993, es decir, del último tramo del año en curso,
contiene unos estudios cuyos nombres y fechas de realización y
el número de entrevistas es el siguiente: ayuda informal a la
tercera edad, fecha prevista de realización, octubre, número
de entrevistas, 2.500; elecciones autonómicas en Galicia,
fecha prevista de realización, octubre; número de entrevistas,
2.200; percepción del escenario internacional, fecha octubre,
2.500 entrevistas; barómetro de octubre, 2.500 entrevistas;
estudio poselectoral sobre los comicios autonómicos de
Galicia, octubre-noviembre, 2.200 entrevistas; opiniones y
actitudes hacia el consumo de drogas, octubre-diciembre,
20.500 entrevistas --se trata de una macroencuesta
importantísima sobre una de las más trágicas lacras de la
sociedad española y a nivel internacional--; cultura política
de los españoles, está prevista para noviembre, 2.500
entrevistas; el barómetro de noviembre, 2.500 entrevistas;
opinión pública y medio ambiente, para noviembre y diciembre
el trabajo de campo y los datos definitivos con 2.500
entrevistas; opinión pública y medio ambiente y, a
continuación, encuesta sobre el aniversario de la Constitución
Española de 1978, está previsto realizar este estudio en
diciembre con 2.500
entrevistas; y el barómetro de diciembre con 2.500
entrevistas... Señorías, todos estos estudios, su título, el
mes y el período temporal de su realización, así como el
número de entrevistas están en marcha y esta Cámara no conoce
sus resultados. Los que se han hecho no los conocemos, los que
ahora se están haciendo y están en el calendario del Centro de
Investigaciones
Sociológicas no nos llegarán y, sin embargo, se financia la
actividad del Instituto con dinero público de todos los
españoles, que representamos todos los grupos parlamentarios
que estamos en esta Cámara, no sólo el Partido o los partidos
que apoyan al Gobierno; en este caso el PSOE y Convergència i
Unió, que no sé si tendrá esa preferencia por la vía
clandestina o de matute de recibir los resultados de las
encuestas del CIS a partir de su apoyo al Gobierno de Felipe
González, que está en minoría parlamentaria en esta Cámara.
Pero no es de recibo que exista un centro como el CIS y no
tengamos acceso a sus
conclusiones.
A veces se nos dice: Que venga cualquier Diputado, cualquier
ciudadano o cualquier entidad del país y que solicite en
nuestro banco de datos los informes que tenemos publicados,
algunos referentes a temas que se han abordado hace cinco
meses, uno o dos años. En el CIS hay buenos profesionales --
nuestro Grupo Parlamentario lo reconoce--, hace estudios
científicos y una radiografía permanente de la evolución de la
sociedad española y tiene una buena documentación a la que los
historiadores, los investigadores, los partidos políticos, los
sindicatos, la universidad o cualquier colectivo ciudadano
pueden tener acceso si van a sus dependencias y solicitan la
información. Pero cuando un grupo parlamentario de esta Cámara
solicita, por la vía del artículo 7.º del Reglamento del
Congreso, que se le faciliten los datos de una encuesta, el
resultado concreto de una encuesta, a veces se facilita y a
veces, no. En muchas ocasiones se nos recomienda dirigirnos al
CIS porque allí se nos atenderá. Además, hay un problema
temporal. Yo no quiero que me informen de las elecciones en
Galicia cuando han pasado ya. En mi pueblo hay un proverbio
que dice: «Una vez que se va el conejo, no vale darle palos a
la madriguera.» Es decir, tendremos que tener los resultados
antes de que los hechos se produzcan. Al Gobierno se le puede
dar una ventaja --que en este caso no ha servido de mucho, me
refiero a lo de Galicia, desgraciadamente para las fuerzas de
la izquieda y para las fuerzas progresistas--: puede tener
esos resultados un mes antes, pero dos o tres meses antes es
ya mucha ventaja para el Gobierno, mucha cara para el Gobierno
de la Nación. Eso no es asumible, porque se trata de
desproteger los derechos fundamentales de los grupos
parlamentarios.
Como quiera que aquí hay una relación de estudios que están en
marcha, como quiera que hay otros estudios que se pueden estar
elaborando y que no figuran, sería conveniente conocer esos
informes del CIS, independientemente del debate de fondo, de
si debe depender del Gobierno o del Parlamento. Hay países en
los que el CIS depende del Parlamento, hay países donde
centros de este tipo dependen de los gobiernos y hay países
como Méjico, que es lo más importante que allí hay, pero que
no existe legalmente, como casi todas las cosas del PRI. Aquí
no llegamos a tanto, pero andamos cerca.
Sería bueno solucionar esta asignatura pendiente de la
democracia española, tener acceso puntual, de verdad,
no de lo que uno solicite, sino que el CIS debe remitir
periódicamente a esta Cámara y a sus grupos parlamentarios los
estudios que están en curso, los trabajos de campo, su
calendario, el tema en cuestión, y los resultados una vez que
se elaboren y que se concreten, porque eso ayudará a que entre
todos defendamos mejor el interés general del país y cumplamos
lo que establece la Constitución respecto a un acceso a la
información neutral en condiciones de igualdad.
Esto es lo que pretende esta proposición no de ley de mi
Grupo, que se defiende sola. Yo he empleado algunos minutos en
argumentarla, pero es algo que para cualquier demócrata es de
cajón. Decían los clásicos que desgraciados los tiempos en los
que hay que demostrar lo evidente. Lo evidente es que el
Gobierno tiene acceso a esta información y los demás grupos
parlamentarios no, o la tenemos de manera rara, tardía, e
improcedente a como debe ser un país moderno, democrático y
avanzado.
Por eso, no habrá ningún inconveniente por parte de los
partidos que sostienen al Gobierno, tanto por Convergència i
Unió como el PSOE, en votar favorablemente esta proposición no
de ley. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
Por el Grupo Popular, para la defensa de la enmienda
presentada y la fijación de posición de este Grupo, tiene la
palabra la señora Becerril.
La señora BECERRIL BUSTAMANTE: Gracias, señor Presidente.
Señorías, nosotros coincidimos con la importancia y el interés
que tiene para todos el que las Cortes Generales dispongan de
la información, de los estudios científicos que realiza a lo
largo del año el Centro de Investigaciones Sociológicas; un
organismo que va a contar, para el año 1994, con un
presupuesto de casi mil millones de pesetas; un organismo que
realiza con toda
profesionalidad y rigor estudios y análisis sobre cuestiones
tan variadas como la sanidad y la percepción que los españoles
tienen sobre las prestaciones sociales, la percepción que
tienen también acerca de la igualdad o no de la mujer en la
sociedad, que analiza con profundidad el problema tan complejo
y tan
preocupante del alto consumo de droga en España y otros
muchos, además de los que realiza con una periodicidad ya
determinada sobre cuestiones meramente electorales. Todos
estos informes y estudios deben estar en conocimiento, como
dice la propia memoria del Centro de Investigaciones, de
aquellas personas, de aquellas instituciones que tienen que
tomar constantemene decisiones que afectan a la opinión
pública.
Por tanto, es importante, es razonable y es riguroso que las
Cortes Generales, y no solamente el Gobierno, conozcan el
parecer, la impresión y la opinión que tienen los españoles
sobre asuntos sobre los que estas Cámaras van a tomar una
posición o van a definirse a medio o largo plazo.
Dice el Partido Socialista en muchas ocasiones, cuando se ha
tratado de este asunto en los debates en Comisión, en las
comparecencias en la Comisión de Presu- puestos o en otras
ocasiones, que ya tienen todos los españoles, de acuerdo con
la ley, derecho a acceder a la información del Centro de
Investigaciones Sociológicas. Nosotros pensamos que aquí lo
que se está pidiendo es que las Cortes Generales tengan la
misma posibilidad que el Gobierno, con la misma inmediatez, a
tener conocimiento de lo que ese Centro, que se nutre de
fondos del Estado, que tiene un carácter público, le va a dar
el Gobierno. Nos sorprenden a veces las reticencias del
Partido Socialista a aceptar estas tesis que son sencillas,
claras, y que no plantean enormes complejidades. Con la
posición que adopta el Partido Socialista de poner
dificultades a esta mayor vinculación entre las Cortes
Generales y el Centro de Investigaciones Sociológicas a través
de la información que solicitamos, nos hace pensar que tiene
algún especial interés en aprovechar antes que los demás datos
o estudios que son, como decíamos, de enorme interés para
todos. Hemos presentado una enmienda a la proposición no de
ley del Grupo de Izquierda Unida, que no pretende sino
concretar la petición que hace esta Cámara esta tarde al
Gobierno y al Centro de Investigaciones Sociológicas,
propuesta que se concreta en que mensualmente se informe a
esta Cámara y que, además de esos estudios que solicita la
proposición de Izquierda Unida, se remita anualmente a esta
Cámara una memoria de todos los trabajos que ha realizado a lo
largo del año. Este es el sentido de la enmienda que hemos
propuesto. Señor Presidente, con intención de que esta
enmienda pueda ser aceptada por el Grupo proponente, en lugar
de ser de modificación puede ser una enmienda de adición,
añadiendo un segundo párrafo a la propuesta de Izquierda
Unida. Quedaría así: «dichos estudios serán remitidos con
carácter mensual. Asimismo, se insta al Gobierno para que
periódicamente remita una memoria de la ejecución del programa
anual del Centro de Investigaciones Sociológicas.» Esta es la
enmienda que nosotros proponemos. Señor Presidente, para
terminar, si el Centro de Investigaciones Sociológicas tiene
una dotación importante procedente de los Presupuestos
Generales del Estado, como son mil millones de pesetas; si
hace un trabajo que resulta absolutamente necesario, como dice
el propio Centro, para tomar decisiones que afectan a la vida
nacional, nos parece que esta mayor vinculación con las Cortes
Generales es imprescindible. Si no es así, nos gustaría que el
Partido Socialista lo dijera y que expusiera su tesis sobre la
conveniencia de que el Gobierno tenga un Centro de
Investigaciones para
fundamentar o estudiar las medidas que tome en su cotidiana
acción de Gobierno. Es una posición que nosotros no
compartimos. En ese caso, pensamos que lo que habría que hacer
en el futuro es suprimir un Centro de Investigaciones que
tienen el propósito u objetivo fundamental de proporcionar
información al Gobierno. ¿Por qué? Porque el Gobierno tiene
hoy en día ya suficientes instrumentos de información. A
través de la propia
Administración, tiene muchísimos instrumentos para conocer la
realidad española. Tiene muchísimos centros de estudios, tiene
dependencias y áreas donde se editan documentos, donde se
editan informes, donde se hacen revistas,... Para conocer la
realidad española, creemos que el Gobierno tiene suficientes
instrumentos. Sin embargo, sería mucho más útil que ese dinero
que se dedica hoy a un centro de investigaciones del cual
fundamentalmente tiene información antes que los demás el
Gobierno, que utiliza el Gobierno y seguramente también el
propio Partido Socialista que le apoya, sería más útil, digo,
que ese fondo que es
importante, que esos 1.000 millones de pesetas se dieran a las
universidades españolas que tienen facultades desde las que se
podrían hacer estudios y trabajos de investigación, estudios y
trabajos sociológicos sobre la realidad política, cultural y
económica española.
Por todo ello, señor Presidente, espero que el Grupo
proponente considere la posibilidad de aceptar esta enmienda y
que los demás grupos voten a favor de esta iniciativa que
antes ha sido defendida.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Becerril.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías,
Coalición Canaria va a dar su apoyo y a votar favorablemente
esta
proposición no de ley que nos trae hoy aquí Izquierda Unida.
Adelanto que desearíamos que se pudiera incluir en la misma la
enmienda que ha presentado el Grupo Popular y que ha defendido
aquí la señora Soledad Becerril, su portavoz, porque
entendemos que complementa y concreta de una manera singular y
específica lo que se pretende, coincidiendo en el fondo con la
proposición del Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya.
Me da la sensación, señorías, de que no es la última vez que
vamos a hablar y a debatir aquí sobre el Centro de
Investigaciones Sociológicas, pues, la propia importancia que
se deriva de sus textos constituyentes orgánicos da motivo
para que la materia de su competencia sea siempre de
permanente
actualidad, no so- lamente para la opinión pública española y
para el Gobierno, sino para la clase política en cualquiera de
sus representaciones parlamentarias en este momento.
El primer antecedente que nosotros encontramos está en el Real
Decreto 84/1987, de 24 de julio, cuando, al establecerse la
estructura del entonces Ministerio de Relaciones con las
Cortes y de Secretaría del Gobierno, se hace la inclusión en
el mismo del Centro de Investigaciones Sociológicas. Pero su
gran
consagración viene en la Ley 4/1990, que fue la de
Presupuestos Generales del Estado, donde se crea el organismo
autónomo con carácter administrativo.
La verdad es que aquí se perdió una gran ocasión para haber
definido las responsabilidades (no solamente las competencias
y principios que lo inspiraban en la Ley 4/1990) y para haber
vinculado un compromiso precisamente con las Cortes Generales,
porque ésa es la razón de fondo de un instrumento de
prospección estadística tan importante para la toma de
decisiones. Porque no olvidemos que ese instrumento --el CIS--
tuvo una información inmediata, como fue un posicionamiento de
la opinión pública española en el referéndum de la OTAN, ¿o es
que hemos olvidado cuál fue el instrumento que se utilizó
precisamente para esto? Y ojalá, porque casos hay en el
Derecho comparado en que
instrumentos como este Centro no dependen de un órgano del
Gobierno ejecutivo, sino que dependen de parlamentos.
Lo lógico hubiera sido que un instrumento tenga la finalidad
que se señala en su Ley de 1990 --vamos a decir fundacional en
cuanto su carácter de organismo autónomo administrativo--, que
se desarrolla precisamente en el Real Decreto 1526/90 --y hago
notar que tuvieron que transcurrir 1526 decretos para que
llegara éste--, porque la Ley 4/1990, de Presupuestos
Generales del Estado, se aprueba en enero de 1990 y sólo en
noviembre de ese año es cuando se publica el Real Decreto que
desarrolla y repite principios generales, como la objetividad,
neutralidad e igualdad de acceso.
Ahora, en un régimen parlamentario democrático, ¿hasta dónde
llegan y dónde terminan las susceptibilidades de entender que
los principios de objetividad, neutralidad e igualdad no
queden en pura retórica legislativa y no tengan que residir
más en un parlamento democrático que en un órgano ejecutivo de
Gobierno? Esto se lo han planteado otros parlamentos del mundo
democrático occidental y han llegado a la conclusión de que,
ubicados estos organismos en órganos jurisdiccionales que
garanticen
precisamente el permanente autocontrol parlamentario, los
principios de objetividad, neutralidad e igualdad estarían
mejor salvaguardados en esta finalidad.
Pues bien, cuando se ven las finalidades que se señalan en
este último Decreto citado del año 1990, que dice que sus
funciones son varias, como las dirigidas a conocer la realidad
de la sociedad española, la evolución que experimentan, sus
reacciones frente a determinadas situaciones, etcétera,
nosotros coincidimos con
la petición del Grupo parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, porque esta Cámara y los
partidos que la sustentan tienen que conocer la evolución no
sólo de una opinión pública, sino las reacciones frente a
determinadas situaciones, que son puntuales, aunque el Decreto
no las
concreta, ni vincula el compromiso con esta Cámara.
Por tanto, al amparo, al menos, de nuestro Reglamento, que
exige y permite que esta Cámara, a través de su Presidente,
pueda dirigirse al poder ejecutivo para reclamarle cualquier
documento que obre en su poder, en relación a un órgano que
está
continuamente peinando y chequeando el estado de opinión
pública a través de una estadística sustentada con métodos y
procedimientos que no tienen las limitaciones presupuestarias
o técnicas de encuestas
periodísticas o de cualquier partido político, señorías, creo
que habría que tener una sensibilidad exquisita para exigirle
a este organismo no que nos mande aquí sus publicaciones a
toro pasado, con la tinta de imprenta ya seca, sino que nos
mandara no sólo una memoria, sino el índice o la propuesta de
qué tipo de estudio y hacia qué segmento de la población
española va a ir dirigido, porque eso puede ser una opción
política. Digo esto porque, de la lectura que he tenido que
hacer de la Ley del año 90 y del Decreto último del Centro de
Investigaciones Sociológicas, constato que queda en una
indeterminación absoluta quién toma la decisión, dentro de los
fines que la legislación le señala, para hacer el encargo del
trabajo concreto y específico del análisis o del estudio
sociológico que tenga que hacer el centro en la base
estadística. Eso es muy importante, porque eso es una decisión
política fundamental: quién es el que da la orden y la
selectividad del trabajo que tiene que hacer. Eso sí que le
interesaría conocerlo también a esta Cámara.
Por todas esas razones, señorías, porque es obvio y para no
extendernos en un principio de derecho democrático de este
Parlamento a conocer no sólo cualquier documento, sino también
los orígenes de la decisión que motivó el pertinente estudio
sociológico del CIS, Coalición Canaria va a apoyar esta
proposición no de ley del Grupo parlamentario Federal de
Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, deseando también votar,
incluida dentro del texto, la enmienda del Grupo Popular.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Camp.
El señor CAMP I BATALLA: Gracias, señor Presidente.
La proposición no de ley que nos presenta el Grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya nos
lleva a una coincidencia en cuanto al fin último que persigue,
pero no es menos cierto que, analizando los trámites
parlamentarios en curso, vemos que también hay otros caminos
para poder estudiarla en toda su extensión.
Digo en primer lugar que coincidimos con el fin último que
persigue porque, ciertamente, comunicar los resultados de
estudios de opinión fuera de tiempo es tanto como dejarlos
invalidados. Por consiguiente, es bueno plantear aquí
automatismos en el
conocimiento de los datos en los que haya trabajado el Centro
de Investigaciones Sociológicas. Nuestro grupo va a estar de
acuerdo en este punto cuando este tema pueda ser tratado en
toda su extensión, no tanto en los trabajos en proyecto o
trabajos en curso, que nos pueden indicar los trabajos a
realizar, pero lo que realmente interesa son los realizados y
comunicados con prontitud, con celeridad, porque los trabajos
realizados y comunicados tardíamente, como se ha dicho
anteriormente, pierden su valor. Nos interesa que continúe la
evolución que este Centro ha experimentado pasando de ser un
organismo muy dependiente de la Administración, del Gobierno,
en concreto como Dirección General de Presidencia para,
posteriormente, a través de la Ley de
Presupuestos, como se ha comentado hace un momento, pasar a
ser un organismo autónomo y a tener unos rasgos de mayor
autonomía. Nos interesa que dicha evolución continúe y alcance
realmente unas cotas que aseguren su independencia y que
aseguren los principios por los que se rige y que hoy en día
están
establecidos en el Decreto de 1990. Como decía, está en
trámite una proposición de ley del Grupo Popular presentada
incluso con anterioridad a la proposición no de ley del grupo
proponente, y nos parece que el trámite de la proposición de
ley del Grupo Popular nos llevará a una discusión mucho más
ordenada del tema que estamos tratando. Avanzo nuestra
intención de votar
favorablemente en el momento en que se presente esta
proposición de ley del Grupo Popular para, así, poder darle
trámite y, con ello, tratar este tema: las comunicaciones
mensuales de aquellos trabajos realizados por parte del CIS
con prontitud. Ahí está nuestra coincidencia y quizá no tanto
en cuanto a los proyectos en curso o a los que están
elaborándose. Posteriormente, poder tratar en profundidad el
conjunto de elementos que harán que este organismo cubra una
etapa más en su independencia.
Todo ello nos lo va a permitir la proposición de ley del Grupo
Popular y no de manera parcial la proposición no de ley que
hoy nos presenta el Grupo parlamentario de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya.
Muchas gracias, señoras y señores Diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Camp. Por el Grupo
parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO COLLADO: Señor Presidente, señoras y
señores Diputados, la proposición no de ley
que estamos tramitando se refiere a un organismo autónomo, el
CIS. (Centro de Investigaciones Sociológicas), cuya
importancia para el conocimiento de la realidad social y
política de nuestro país es imprescindible y unánimemente
reconocida. Es reconocida por las disposiciones legales que
van transformando su estructura para adecuarla de forma más
precisa y positiva tanto a los fines de máximo interés que
tiene encomendados como a la demanda creciente de ciudadanos e
instituciones que ven en sus trabajos una herramienta
necesaria para el conocimiento de la realidad sociológica de
su entorno, para la elaboración de propuestas y políticas que
puedan enmarcarse en lo que Max Weber denominaría la política
de la responsabilidad, es decir, aquella que no se limita a la
convicción, sino que conoce la realidad social en la que se
plasman y es consciente de las consecuencias sociales que
derivan de su aplicación.
El CIS, señorías, es reconocido por los investigadores
sociales de nuestro país, que incorporan los contenidos de sus
investigaciones y del banco de datos como un ingrediente
básico de sus trabajos y siguen de cerca sus aportaciones
metodológicas, cuyo
perfeccionamiento es una obsesión constante en la difícil
tarea de la investigación en las ciencias sociales.
Me interesa subrayar que la preocupación por la transparencia
y la divulgación de sus investigaciones es una de las líneas
marcadas de forma singular en la legislación producida en los
últimos años, de tal forma que se eliminó la limitación de
acceso anteriormente existente, que suponía restringir la
consulta sólo a los
investigadores de ciencias sociales, y se regula el acceso a
toda persona, física o jurídica, que lo solicite. Si el acceso
a la información del CIS está abierto a toda persona, el de
los grupos parlamentarios y el de los diputados y senadores es
privilegiado, es directo, es preferente y sin el coste
económico que la consulta tiene para los particulares, en
virtud de la Orden de 31 de marzo de 1993 y del artículo 7.º
del Reglamento de la Cámara.
El Centro de Investigaciones Sociológicas, señorías, produce
un barómetro de opinión pública con carácter mensual, estudios
monográficos periódicos de carácter anual, estudios
monográficos no periódicos en relación con algún
acontecimiento de importancia y sondeos pre y post
electorales. Todos estos trabajos se contemplan en la Memoria
anual del CIS; una vez realizados, pasan al banco de datos,
tras cumplir, lógicamente, la legislación en materia de
estadística pública y de protección de datos, pero pasan
inmediatamente al banco de datos.
El Centro de Investigaciones Sociológicas acredita una copiosa
actividad editorial mediante la revista REIS, la colección de
monografías, la colección de estudios y encuestas y los
cuadernos metodológicos. En ellas se publican tanto la
totalidad de las investigaciones del Centro como aportaciones
de distintos investigadores.
Señorías, a la totalidad de los trabajos publicados y a los
incorporados por los investigadores tienen acceso inmediato
los parlamentarios y los grupos de la Cámara. Ellos se
incorporan al banco de datos de forma inmediata y anualmente
se edita un catálogo de los fondos del banco de datos, que se
intenta convertir en semestral a partir de 1994. Para
facilitar el acceso a las investigaciones, el CIS está
procediendo en estos momentos a la informatización en el banco
de datos.
Esta es, señorías, la realidad del Centro de Investigaciones
Sociológicas y éste es su nivel de cumplimiento, explícito y
sobreabundante, de la realidad y de la legalidad de las que el
Parlamento, nosotros, diputados y senadores, le ha dotado.
¿Cuál es, por tanto, el soporte argumental de la proposición
no de ley que presenta Izquierda Unida? Ya hemos oído a su
portavoz, que abunda en los mensajes que están contemplados en
el texto de la proposición no de ley.
Primero, la utilización por parte del Gobierno de los trabajos
que el CIS realiza. Conviene recordar que el CIS es un
organismo autónomo administrativo que, como el resto de la
Administración, está al servicio del Gobierno como poder del
Estado para servir con objetividad los intereses generales.
Como cualquier otra entidad de la Administración, viene
obligado a elaborar los informes que el Gobierno, en el
ejercicio de sus funciones, le recabe, exactamente como
cualquier otro organismo de la
Administración.
En segundo lugar, esta acusación inicial de utilización del
Gobierno viene complementada por la generosa acogida que la
ideología de la sospecha suele tener en las afirmaciones del
Grupo proponente. Cito: La magnitud de los medios del CIS le
convierten en un potencial instrumento de manipulación
política. Esta afirmación, señorías, se podría aplicar a
muchas
instituciones y grupos sociales e incluso grupos políticos, de
los que no estaría ausente el Grupo proponente. La posibilidad
de extensión de tal acusación le convierte en políticamente
inoperante y permite sacar como conclusión que la vía correcta
es poner al descubierto la manipulación concreta, que se pueda
efectuar en cualquier sitio, allí donde se efectúe, más que
elucubrar con posibilidades de utilizar incorrectamente
cualquier medio público.
En tercer lugar, sostiene la proposición que constantemente se
filtran a los medios de comunicación datos de estudios o
sondeos que el Parlamento desconoce. Señorías, el protagonista
de los datos del CIS es el propio Centro, que, lógicamente,
está interesado en que --no las filtraciones-- la presentación
a la opinión pública de sus trabajos se efectúe por la propia
Dirección y responsables de las distintas áreas del CIS. Si
nos atenemos a las últimas elecciones, el proponente podría
llegar a dos conclusiones: que lo que él denomina filtraciones
eran más bien elucubraciones intencionadas, al margen de la
realidad de los sondeos aludidos, y que las mismas no
beneficiaban precisamente al Gobierno ni al Partido
Socialista. En cuarto lugar, dice la proposición no de ley que
no es lógico que se le oculten a la Cámara los análisis
científicos de la sociedad española. ¿Es posible que algún
grupo desconozca la oferta general a que antes me he referido?
¿Es posible que no se haya recurrido al artículo 7.º del
Reglamento del Congreso para solicitar información del CIS, y,
si se ha recurrido, que se pueda sostener ante esta Cámara que
no ha sido un instrumento idóneo? ¿Es posible que no conozca
el grupo parlamentario proponente el acceso directo e
inmediato al banco de datos que tienen los grupos y los
parlamentarios? Si considera que no existe información
suficiente, ¿por qué no ha solicitado la comparecencia del
Director o responsable del Centro? ¿Por qué no ha elevado
pregunta al Gobierno, en lugar de iniciar la proposición no de
ley con acusaciones que dejan en evidencia su falta de
información? Y, especialmente, el carácter retórico de sus
afirmaciones sobre la importancia de los estudios sociales
para el conocimiento de la realidad del país. Anuncio, desde
este momento, la petición de mi Grupo de comparecencia del
Director del CIS, señor Arango, para que, con el tiempo
adecuado y la participación de todos, podamos tener un diálogo
fructífero que nos permita anteponer los hechos a las
sospechas.
En quinto lugar, por si alguien considera que mis comentarios
a la proposición tienen excesiva intencionalidad, quiero citar
un párrafo de la propia introducción de dicha proposición no
de ley: Sucede que la Cámara, como los grupos parlamentarios
que la sustentan, desconocen generalmente los estudios que el
CIS realiza, por lo cual se convierte en prácticamente
imposible solicitar unos datos de los que se desconoce su
existencia. Hacer acusaciones de ocultación de datos o de
dificultad de acceso a los mismos por parte de los grupos
parlamentarios son dos errores graves fácilmente constatables
y que evidencian la falta de información sobre las
comunicaciones del CIS a esta Cámara, a su Presidencia, a las
presidencias de las comisiones, a la totalidad de los
organismos de investigación social, a las universidades,
etcétera. Los datos están a disposición, en cuanto están
tabulados, y las afirmaciones del señor Romero son, por tanto,
sencillamente calumniosas con el Centro de Investigaciones
Sociológicas. La petición de la proposición no de ley consiste
en que el Gobierno exija al CIS que, de forma permanente,
informe a la Cámara de su actividad. Por lo que acabo de
decir, se comprende que el CIS practica esa política de
comunicación de forma sistemática, aunque no de oficio, y que
si se quiere transformar el conjunto de obligaciones del
Centro debe hacerse mediante un debate ponderado, con rango de
ley, en el que se especifiquen al máximo los cometidos del
organismo autónomo y se evite la ingenuidad de dejar al CIS a
merced de
contraprogramaciones de otros institutos privados de
investigación social o de cualquier investigador que,
conociendo los proyectos prioritarios del CIS, produzca
trabajos similares, que convertirían a los del Centro en
segundos o reiterados datos. Por ello vamos a proceder a ese
debate no aceptando esta
proposición de ley ni la enmienda presentada por el Grupo
Popular y tomando en consideración una proposición de ley del
propio Grupo Popular que entró en las Cámaras el 30 de julio
de 1993, que se refiere tanto a la Ley 4/1990 como al Real
Decreto 1.526/1990. Es difícil --termino señor Presidente--,
señorías, encontrar un organismo que por más vías legales y
prácticas esté más abierto a la comunicación y a la opinión
pública que el CIS. Procedamos a las reformas que sean
necesarias o convenientes en su funcionamiento, pero dejemos
de utilizar como arma arrojadiza partidista uno de los pilares
más importantes, si no el que más, para comprender la historia
y la realidad actual de nuestro país, un organismo que se
enorgullece de estar no sólo abierto, sino incitando a la
colaboración de los Grupos Parlamentarios de nuestro país.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Izquierdo. Por el Grupo
proponente tiene la palabra el señor Romero, para expresar la
aceptación o rechazo de la enmienda defendida.
El señor ROMERO RUIZ: Gracias, señor Presidente.
Queremos comunicar a la Cámara nuestra aceptación, en los
términos formulados, de la enmienda adicional del Grupo
Popular a nuestra proposición, entre otras cosas porque, como
decimos, no se está cumpliendo la entrega puntual, y la
enmienda del Grupo Popular es muy precisa y enriquece el texto
--por eso la vamos a aceptar--, en la medida en que fija una
temporalidad y plantea que los datos del CIS lleguen a esta
Cámara, porque ahora no están llegando. Es mentira cuando se
dice que se tiene libre acceso al banco de datos o a los temas
tabulados, porque los baremos mensuales terminan el día 30 y
el día 2 o el 3 no los tenemos. Se dice que se está tabulando
y con esa excusa (no del CIS, al que respeto, que tiene
buenos, dignos y rigurosos profesionales, sino por las
orientaciones que reciben del Gobierno para que tarde en
tabular los temas) tardan en
entregarlos, y cuando lo hacen ya no tienen validez, como
sucede con aquellos que hemos recibido recientemente, hace
pocos días, del mes de julio. El baremo de octubre, ahora que
estamos a 2 de noviembre, ¿cuándo lo vamos a recibir?
Esas son las razones, señor Presidente, por las que aceptamos
la enmienda del Grupo Popular, y lamentamos
que algunos Grupos gubernamentales, como Convergència i Unió,
hagan de Pinito del Oro para decir que no a una cosa tan
justa. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
Vamos a proceder a la votación. (Pausa.)
Votación relativa a la proposición no de ley del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que se somete a
votación en los términos resultantes de la aceptación de la
enmienda del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 296; a favor, 144; en contra, 148; abstenciones,
cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.
(Rumores.)
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL
GOBIERNO PARA ASEGURAR QUE EL DESCENSO EN LOS TIPOS DE INTERES
DEL DINERO TENGA SU ADECUADO TRASLADO AL MERCADO HIPOTECARIO
EN LAS MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS PARA LOS DEUDORES
(Número de expediente 173/000009)
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: mociones
consecuencia de interpelaciones urgentes. Moción del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, subsiguiente a la
interpelación, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno
para asegurar que el descenso en los tipos de interés del
dinero tenga su adecuado traslado al mercado hipotecario en
las mejores condiciones económicas para los deudores.
En nombre del Grupo proponente, tiene la palabra el señor
Espasa. (Rumores.) Señorías, ruego guarden silencio.
(Continúan los rumores.) Señorías, ruego guarden silencio y
ocupen sus escaños. (Pausa.) Cuando quiera.
El señor ESPASA OLIVER: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, vamos a sustanciar la moción subsiguiente a la
interpelación sobre el traslado del descenso de los tipos de
interés al crédito hipotecario. (El señor Vicepresidente,
Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
Como les decía la semana pasada, estamos hablando de una
volumen de crédito hipotecario vivo de 13 billones de pesetas.
De estos 13 billones de pesetas, señorías, siete billones
están en manos de particulares que así están accediendo al uso
de un derecho fundamental constitucional: el derecho a la
vivienda.
Esta moción va a referirse, de forma positiva, de forma
concluyente, en favor de estas pesonas que tienen un crédito
vivo, repito, de siete billones de pesetas.
¿De qué forma vamos a mejorar la situación de estos deudores
de hipotecas? Fundamentalmente a través de dos mecanismos, los
dos de ahorro: en primer lugar, porque, aceptando y
proponiendo que esta Cámara vote afirmativamente (como estoy
seguro que hará) que el deudor puede subrogar la hipoteca de
un acreedor al otro, situaremos al deudor en el mismo plano
que al acreedor, al menos en el mismo plano jurí- dico, y
pondremos en sus manos mecanismos para conseguir mejores tipos
de interés para su deuda.
Pero es que además de este ahorro, que es el más importante,
tengan presente que, por ejemplo, para un crédito hipotecario
de 15 millones de pesetas, a 10 años, suscrito al 15 por
ciento, una subrogación de hipoteca que consiga un nuevo
prestamista al 10 por ciento, va a producir al particular
deudor un ahorro de dos millones y medio de pesetas en los
diez años que le quedaban para pagar este crédito. Vean,
señorías, si no es importante este ahorro conseguido.
Junto a este primer y fundamental ahorro, vamos a conseguir un
segundo ahorro: no va a ser necesario cancelar y abrir nuevas
hipotecas para producir la subrogación; antes al contrario:
por mor de la propia subrogación, la propia hipoteca puede
valer de una entidad prestamista a otra, con lo cual el
deudor, el particular, se va a ahorrar gastos de notario,
gastos regis-trales, impuestos, en la cancelación y en la
apertura de la nueva hipoteca.
Todo esto es así porque, como decíamos la semana pasada, esta
no era una interpelación contra el Gobierno, esta, en todo
caso, no era una interpelación contra la ineficacia de la
banca, contra la prepotencia de las entidades crediticias de
nuestro país que, sabiendo que el tipo de interés ha bajado de
forma importante en los últimos años, y especialmente en los
últimos meses, se muestran reacias a trasladar este descenso
del tipo de interés al saldo vivo de sus créditos. Nosotros
hemos querido fijarnos especialmente en un crédito singular,
porque está conectando con un derecho fundamental, el derecho
a la vivienda. Por eso, en la moción les proponemos que nos
centremos en el crédito
hipotecario, porque es un crédito importante, pero sobre todo
porque está conectado con un derecho fundamental, el derecho a
la vivienda. Este es, señoras y señores Diputados, el núcleo
de nuestra propuesta, este era el núcleo del debate político
tenido aquí la semana pasada y en estos términos se produce
nuestra moción, que consta de cuatro puntos, a la que se han
presentado enmiendas y quiero ya adelantar que algunas de
ellas la
enriquecen, la mejoran y la pulen, y vamos a aceptarlas, pero
que, en su esencia, viene a significar lo siguiente.
En primer lugar, se le pide al Gobierno que produzca, en el
más breve plazo posible, la normativa adecuada, sean órdenes
ministeriales, leyes o circulares del Banco de España, para
que el descenso en los tipos de interés del crédito
hipotecario se pueda trasladar de forma rápida e inmediata a
las personas físicas, es decir, a los particulares tomadores
de hipotecas, deudores frente a entidades de crédito, y, en
segundo lugar, a las personas jurídicas.
Decía antes que, de los trece billones de pesetas de saldo
vivo hipotecario, siete están en manos de particulares y cinco
están en manos de promotoras e inmobiliarias, muchas veces
personas jurídicas, no personas físicas, aunque en algún caso
pueden también serlo. Pues bien, la moción propone centrarse
sobre todo en las personas físicas, es decir, en los
particulares, y ampliarlo posteriormente al conjunto de los
posibles
beneficiarios de esta medida.
En el segundo punto, con varios subapartados, se viene a
recordar lo que era el centro jurídico y también político de
nuestra interpelación, es decir, que, en virtud de lo que
prevén los artículos 1211 y 1212 del Código Civil, el deudor
pueda realmente subrogar la hipoteca. Esta es la clave de
vuelta, la piedra filosofal de todo el entramado de
interpelación y moción que les proponemos, como decía al
principio de mi intervención, situar en el mismo plano
jurídico al deudor respecto del acreedor, para que el deudor
pueda (en aras del libre mercado de la competencia y de la
competitividad, de la que algunos portavoces tanto hablan, en
aplicación de estos, para algunos, sacrosantos principios del
mercado) beneficiarse de verdad de los aspectos positivos, que
sin duda los tiene, de la competencia y el mercado.
Planteamos también la necesidad de que se pueda reconsiderar
la reducción de los costes, aun en el caso de la subrogación,
notariales, registrales e incluso fiscales de las operaciones
relacionadas con el crédito o la subrogación hipotecaria. Como
punto final, y para que se vea nuestra voluntad conciliadora
en todo momento, incluso para los ineficientes y los obtusos -
-que así calificaba yo el otro día a la banca y a las
entidades de crédito--, les proponemos que puedan resarcirse
de todas las condiciones pactadas, condiciones muchas veces
leoninas, en las pólizas de crédito, en las escrituras
públicas de las hipotecas que hasta ahora se han contratado en
España. A pesar de que estas condiciones son de dudosa
legalidad --en mi opinión no legítimas y en todo caso
leoninas--, nosotros creemos que el ahorro que se consigue con
el descenso en los tipos de interés y con la posibilidad de no
tener que cancelar y abrir nueva hipoteca es tan grande que,
en aras del consenso y en aras del acuerdo para que la moción
sea aprobada por la mayoría, estamos dispuestos a reconocer
que los acuerdos, las mociones o la producción
legislativa, normativa, del tipo que fuere, que produzca el
Gobierno nunca puede ser retroactiva y, por lo tanto,
correremos un tupido y estúpido velo sobre aquellas
condiciones leoninas, pero abriremos hacia adelante unas
condiciones realmente
positivas, igualitarias y democráticas para deudores y
acreedores.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): A la moción
consecuencia de interpelación, presentada por el Grupo Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, se han presentado
enmiendas por parte de tres Grupos. El primero de ellos es el
Grupo
Parlamentario Popular, y para la defensa de sus enmiendas
tiene la palabra el señor Fernández de Trocóniz.
El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Señor Presidente,
señoras y señores Diputados, las enmiendas que presentamos
requieren previamente que hagamos de nuevo un somero análisis
de la cuestión traída a debate.
Los tipos de interés en el mercado hipotecario, y no solamente
en el mercado hipotecario sino en el mercado de créditos,
están a la baja. Esto está teniendo una traducción en los
préstamos existentes, si bien, debido a los mecanismos que
impiden, dificultan o hacen excesivamente caro el
procedimiento de cambio de crédito hipotecario o inclusive la
reducción de tipos de interés dentro de la misma entidad
crediticia, se dificulta. Por esto se trata --y ya lo decíamos
y hemos presentado una
proposición no de ley en este mismo sentido-- de abaratar y
agilizar la operativa jurídica de cambio de crédito
hipotecario o de reducción de tipos de interés dentro de los
préstamos hipotecarios.
Por cierto, he de decir el señor Espasa que, a pesar de que
las malvadas y plutócratas entidades financieras no realizan
con la debida fluidez estos cambios de tipos de interés en los
créditos hipotecarios, hoy por hoy sí que se están
produciendo, y dentro de las mismas entidades financieras,
reducciones sustanciales e importantes de los préstamos
hipotecarios. Sin perjuicio de lo cual, he de decirle lo
siguiente: hoy por hoy, y tal y como está regulado el mercado
en cuanto a costes de actos jurídicos documentados,
notariales, registrales y los financieros de comisiones, viene
a imposi- bilitarse más de un cambio de entidad financiera o
más de un cambio de préstamo hipotecario. Sin perjuicio de lo
cual, voy a permitirme realizar una disección de su moción,
para, posteriormente, defender las enmiendas que proponemos a
la misma.
Pide usted, en primer lugar, instar al Gobierno a que se
produzca la normativa sobre transparencia, condiciones
financieras y derechos de acreedores y deudores en los
préstamos hipotecarios y créditos en general,
de forma que las personas físicas y jurídicas se beneficien de
la bajada de los tipos de interés. He de decirle que ésto y
nada, a efectos de una bajada y de un abaratamiento real cara
al consumidor de los préstamos hipotecarios, es lo mismo.
Usted viene a pedir --y me imagino que así será aprobado en la
Cámara--poco más o menos que un Real Decreto, como el de 21 de
noviembre de 1989, que regula la oferta, a efectos de la
legislación sobre consumidores, de viviendas. Y, seriamente,
no se trata de regular la oferta, no se trata de regular la
publicidad de los préstamos hipotecarios. Se trata de algo más
importante: de abaratar y agilizar la
transformación de los préstamos hipotecarios, su modificación,
su subrogación por parte de otras entidades financieras. Y,
además, me temo que va a quedar así. Votaremos a favor de la
moción --nuestras enmiendas, aunque usted no las acepte, las
presentaremos como iniciativa en otro sentido-- porque siempre
es mejor algo que nada. Entendemos que, aunque simplemente sea
regular las condiciones de la oferta, las condiciones de la
publicidad de los préstamos hipotecarios, merecerá la pena la
moción, aunque no consigue la finalidad propuesta en su
enunciado y no salva, en absoluto, la problemática general y
radical que entraña dentro de la problemática de los préstamos
hipotecarios. Por otro lado, en la segunda parte de su moción
usted pide al Gobierno que dentro de esta normativa se regulen
los siguientes tres apartados: a) habilitar los mecanismos
para que se
posibilite, en aplicación de los artículos 1211, 1212 y 1528
del Código Civil, la subrogación de los préstamos
hipotecarios. Yo creo que el Gobierno no tiene que habilitar
nada. Los artículos 1211, 1212 y 1528 del Código Civil se
aplican porque las partes así lo quieren y porque la ley está
ahí. En último extremo están los Tribunales para exigir la
aplicación del Derecho, y poco puede hacer el Gobierno al
respecto. Otro caso bien distinto sería que, sin embargo, el
Gobierno introdujese las
modificaciones legislativas --en este caso creo que
simplemente reglamentarias-- necesarias para que se pudieran
producir subrogaciones dentro de los préstamos hipotecarios,
con la consiguiente modificación, a efectos de obtener un
acceso ágil, dinámico y barato al Registro de la Propiedad.
Por otra parte, usted también dice que esta normativa que
insta al Gobierno a que produzca conlleve los siguientes
extremos: cuantificar la necesaria reducción de los gastos de
todo tipo, notariales y registrales, a efectos de abaratar la
transformación de préstamos hi- potecarios. Evidentemente, si
se aprueba en estos términos la moción, no sirve para nada,
porque si la normativa del Gobierno se limita a cuantificar
los gastos necesarios, esto y nada es lo mismo, por cuanto una
cosa es cuantificar y otra cosa bien distinta es abaratar.
Por último, e incomprensiblemente --seriamente se lo digo--,
dice usted que también insta al Gobierno a que se reconozcan
los derechos de los primeros acreedores a efectos de que, en
definitiva, no se perjudiquen sus derechos en los supuestos de
cancelación anticipada de los préstamos hipotecarios.
Nuevamente llega a ser un tanto incomprensible, porque no
sabemos a qué derechos se está refiriendo usted. ¿Se está
refiriendo a las comisiones de cancelación anticipada? No hace
falta que el Gobierno ni nadie reconozca nada, está en el
contrato del préstamo la comisión por cancelación anticipada.
¿Está tal vez en que se debe a su plazo establecido
contractualmente el beneficio que obtendría la entidad
financiera como consecuencia de la existencia del préstamo
hipotecario? Evidentemente, no puede ser así, y sin embargo,
como le decía, mejor es algo que nada y votaremos a favor de
su moción.
Paso, a continuación, señor Presidente, señoras y señores
Diputados, a defender las enmiendas que al respecto
introducimos. Creemos que hay tres elementos fundamentales en
esta cuestión. Por una parte, que el Gobierno estudie (estudio
que ha de ser rápido, por cuanto, no nos engañemos, la bajada
en el mercado hipotecario durará poco tiempo y luego el
mercado de tipos de interés se estabilizará) con urgencia cómo
hacer para que el cambio de entidad crediticia o bien la
bajada de tipos de interés se realice de forma rápida y
barata. ¿Qué es a través de medidas legislativas? Que envíen
el correspondiente proyecto de ley. ¿Qué es a través de
medidas reglamentarias? Que rápidamente se apruebe el
correspondiente real decreto.
Por otra parte, hay un elemento muy importante en relación a
la bajada generalizada de los tipos de interés dentro del
mercado hipotecario, y son los mecanismos establecidos por el
Estado, en colaboración con las comunidades autónomas, de
subsidiación de interés, en definitiva, ayuda pública a la
adquisición de viviendas. Me estoy refiriendo, señoras y
señores Diputados, al régimen de viviendas de protección
oficial, tanto en régimen general como especial, así como a
las viviendas a precio tasado, que, como ustedes saben, se
regula por un Real Decreto de 20 de diciembre de 1991, que
estableció unos tipos de interés
subsidiados del 11, del 9,5, del 7,5 y del 6,5 por ciento para
la adquisición de este tipo de viviendas en régimen de
protección oficial. Hoy, no se le escapa a ninguno de ustedes,
estos tipos han quedado radicalmente obsoletos; el tipo del 11
está
ampliamente superado por entidades financieras, que ofrecían
tipos nominales del 9,25 por ciento, que hoy ya ofrecen tipos
del 8,5 por ciento, que son inclusive más bajos que la segunda
banda de los préstamos especiales subvencionados por el
Estado. Tengan ustedes en cuenta que para que el Estado
subsidiara esos tipos de interés realizó conciertos en general
con las entidades financieras, ofreciendo tipos de interés, y
que el Estado subvencionara el resto hasta completar la
diferencia con lo que debería pagar el adquirente de la
vivienda. Empezó con el 12,25 por ciento, para pasar
posteriormente, a primeros de 1993, al 12,50 por ciento, para
reducirse a principios de verano de este mismo año al 11,75
por ciento.
Ciertamente, si estamos hablando hoy de un tipo de interés
interbancario en Madrid del 8,22 o del 8,5 por ciento, si
estamos atendiendo a reducciones importantes, sustanciales, de
los tipos de interés, bueno es, y así debería ser, que el
Gobierno también introdujese las modificaciones reglamentarias
necesarias en este Real Decreto de 20 de diciembre de 1991,
que acabo de citarles, para que los tipos de interés
subsidiados por la Administración, para favorecer el acceso a
la vivienda de protección oficial a precio tasado, se
redujeran para acompasar a los tipos del mercado, y bien
podrían reducirse en dos o tres puntos.
Nos queda, como les decía, un tercer punto muy importante y, a
nuestro juicio, fundamental a considerar. ¿Saben ustedes,
señoras y señores Diputados, cuál es el tipo nominal del
interés que está aplicando la banca pública a los préstamos
hipotecarios por adquisición de viviendas? El 11 por ciento,
más las comisiones oportunas; 0,5 por ciento de comisión de
apertura y el 0,5 por ciento de comisión de estudios, más la
correspondiente valoración de la finca. El 11 por ciento de
nominal frente a entidades privadas que están aplicando tipos
de hasta el 8,5 por ciento. Nuestra pregunta es la siguiente:
¿para qué sirve el sector público bancario? ¿Para qué sirve
Argentaria que no sea para la obtención de beneficios pura y
simplemente para el Estado? ¿Es que no puede servir la banca
pública estatal, Argentaria, de locomotora a fin de mover el
mercado financiero para que, efectivamente, los tipos de
interés del mercado lleguen de la manera más real, positiva y
barata al consumidor final del préstamo? ¿Es que las entidades
públicas financieras, las entidades públicas bancarias, el
sector público bancario, Argentaria, no pueden establecer los
mecanismos necesarios en sus cláusulas contractuales para que
sirvan de modelo, a su vez, a la competencia para que se
produzcan con fluidez los cambios de actividades financieras,
para que se produzcan con fluidez las bajadas de los tipos de
interés en los préstamos hipotecarios? Señoras y señores
Diputados, básicamente las enmiendas que nosotros proponemos
estriban en estos tres pilares básicos: Primero, regulación
ágil y barata del cambio del interés
financiero en los préstamos hipotecarios. Segundo,
acompasamiento de los tipos de interés subsidiados por parte
de la
Administración pública para la adquisición de primeras
viviendas en régimen de protección oficial y régimen de precio
tasado, a los precios reales y actuales del mercado
hipotecario. En tercer lugar, que se inste al sector público
bancario, Argentaria, para que sirva de locomotora para mover
el mercado financiero de forma que los consumidores sean los
beneficiarios finales de estos préstamos. Al señor Espasa, le
reitero, que nosotros, aunque usted no acepte nuestras
enmiendas, votaremos a favor de su moción, porque es mejor
algo que nada, y sin perjuicio,
lógicamente, de que instemos los procedimientos oportunos para
defenderlas adecuadamente.
Señor Presidente, muchas gracias. (Aplausos en los bancos del
Grupo Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Fernández de Trocóniz.
Para la presentación de las enmiendas del Grupo Socialista,
tiene la palabra el señor Martínez Noval.
El señor MARTINEZ NOVAL: Señor Presidente, señorías, qué duda
cabe que el crédito cumple una función social y que el crédito
a largo plazo la cumple en una medida en la que es ocioso que
yo me extienda, puesto que otros portavoces han desarrollado
el papel social que juega en particular un crédito a largo
plazo con respaldo hipotecario, como son los préstamos de los
que estamos discutiendo aquí esta tarde.
Efectivamente, circunscribimos esta moción al problema de los
préstamos hipotecarios, a qué fórmulas debe habilitar el
Gobierno, por moción aprobada en esta Cámara, para trasladar
al mercado hipotecario la reducción de tipos de interés, que
en los últimos meses se ha venido produciendo básicamente como
consecuencia de la reducción del tipo de intervención del
Banco de España.
Creo que hay dos factores que pueden conducir a la reducción
de esos costes, bien por vía de tipos o bien por vía de los
aranceles, y los impuestos asociados a las operaciones
hipotecarias, reducción de todos esos costes inherentes a la
operación de compra de una vivienda, una operación
inmobiliaria, que recaen sobre millones de ciudadanos
españoles.
Estos son dos problemas que requieren dos tratamientos
distintos. En primer lugar, la reducción del tipo de interés
es un problema de transparencia del mercado. Aquí se ha
hablado repetidamente de la eficiencia del mercado financiero.
Quiero recordar a SS.SS. que la eficiencia de todos los
mercados está fuertemente
correlacionada con la información, con la transparencia
informativa, con el volumen de información que se posee en
esos mercados. Por tanto, el primer factor de reducción de
esos costes, la reducción de los tipos de interés en el
mercado hipotecario, ha de ser instrumentada a través de un
reforzamiento de la transparencia informativa que en estos
momentos se registra en el sector.
Por cierto, yo creo que es sesgado comparar tipos de interés
de entidades públicas y privadas sin precisar si uno se está
refiriendo a tipos de interés iniciales de los préstamos
variables o no se está refiriendo a tipos de interés
iniciales. Lo que ocurre, señorías, en estos momentos es que
muchas
entidades hacen publicidad del tipo de interés inicial de los
préstamos variables y
no del tipo que resultaría en el momento inicial de aplicar
las condiciones de la primera revisión de ese crédito
variable. De ser así, algunos tipos de interés que vemos con
cifras abultadas por su tamaño y reducidas por su cuantía en
los medios de comunicación se verían considerablemente
incrementados. Ese es un problema de transparencia informativa
que debe de llegar con toda nitidez y claridad al inversor de
un préstamo hipotecario. Señorías, estamos ante un problema
que surge como consecuencia de la inexistencia de un acuerdo
entre prestamista y prestatario. Esa inexistencia de acuerdo
en relación con la reducción del tipo de interés que el
prestatario demanda y el prestamista se niega a conceder lleva
al primero a acudir a otro prestamista para la cancelación del
crédito inicial y la apertura de otro nuevo. El problema con
el que nos enfrentamos, señorías, es que en ambos casos esas
operaciones están sujetas al pago del Impuestos de Actos
Jurídicos Documentados, más todos los costes asociados a dos
escrituras que se han de inscribir en el Registro de la
Propiedad, con los costes asociados de aranceles notariales y
aranceles registrales.
Pues bien, para reducir estos costes, señorías, nosotros
entendemos que hay dos procedimientos. El primero, sin ninguna
duda, es el del artículo 1.211 del Código Civil, que supone
una excepción del principio general de que la subrogación se
ha de hacer con el consentimiento del acreedor. Esta fórmula
del artículo 1.211 es, sin ninguna duda, una fórmula viable
jurídicamente, y en el caso de llevarse a la práctica se
podría desdoblar en dos operaciones: la obtención de un nuevo
préstamo por parte del prestatario y el otorgamiento de una
carta de pago por parte del primitivo acreedor, del primer
prestamista. En todo caso el acreedor tendría derecho a cobrar
la comisión del reembolso anticipado del crédito, porque si la
comisión por reembolso anticipado es discutible en el caso de
créditos variables, a tipos de interés variable, quizá en esos
casos sólo esté justificada esa comisión cuando el reembolso
se produzca antes de o en el intermedio de un plazo entre dos
revisiones de ese tipo de interés; donde está esa comisión
plenamente
justificada, señorías, es en el caso de un préstamo
hipotecario con tipo de interés fijo, porque no cabe ninguna
duda de que las entidades financieras cubren el riesgo de
tipos de interés cuando contratan un préstamo a tipo de
interés fijo, realizando
operaciones de cobertura, y, por lo tanto, incurriendo en unos
costes que le tendría que resarcir el prestatario en el caso
de que éste decidiera el reembolso anticipado del crédito.
Por lo tanto, señorías, esa operación a la que me refiero, que
consistiría en la obtención de un nuevo préstamo y el
otorgamiento de una carta de pago por parte del primer
prestamista, del primer acreedor, lleva asociados unos costes
elevados, porque esas operaciones, insisto, tributan por
Impuesto de Actos Jurídicos Documentados y originan, además,
inscripciones en el Registro de la Propiedad.
El procedimiento descrito tal como yo lo hago, presenta
también algunos problemas. Los presenta porque si el primitivo
acreedor no colabora en la operación, el plazo de cierre de la
misma, se puede ver enormemente dilatado. Piensen que el
primer prestamista puede obligar al deudor a requerirle de
pago y a consignar el importe de la deuda judicialmente, lo
cual sin ninguna duda, para desgracia del prestatario,
aplazaría la conclusión de la
operación de modo muy importante.
Ahora bien, si los dos prestamistas, el primero y el segundo,
estuvieran de acuerdo, la operación se puede realizar en un
solo documento, aunque tenga el concepto de préstamo y de
carta de pago. Creemos en el Grupo Socialista que sólo hay una
entidad que puede llevar la concordia y el entendimiento a los
dos
prestamistas, que es el Banco de España. Esta es una vía
posible, la de la búsqueda, la concordia y el acuerdo entre
los dos prestamistas.
Queda otra vía, señorías, que sería la de la obtención de un
nuevo préstamo y cancelación del antiguo, que se facilitaría
enormemente si la cancelación viese reducido el Impuesto de
Actos Jurídicos Documentados y fuesen también minorados todos
los aranceles notariales y registrales. Digo que la operación
reduciría los costes respecto a la vía o al procedimiento
anterior y así el nuevo prestamista podría inscribir su
préstamo en el registro sin necesitar la colaboración del
primer
prestamista y se aseguraría, en caso de que éste no quiera
colaborar, la cancelación del préstamo anterior, reteniendo en
su poder el importe de dinero necesario del nuevo préstamo
concedido.
Estas dos vías, señorías, son posibles y ambas se verían
facilitadas si se redujeran los impuestos que gravan estas
operaciones, en particular el Impuesto de Actos Jurídicos
Documentados y también minorados los aranceles registrales y
notariales. Esto creemos que de un modo u otro y en términos
más bien genéricos, que es como se redacta una moción, refleja
la que hoy discutimos presentada a iniciativa de Izquierda
Unida. Mi grupo ha presentado algunas enmiendas que consisten,
en primer lugar, en suprimir en el párrafo inicial la
referencia al crédito general. Decía anteriormente que estamos
hablando de un problema muy concreto y más difícil que el del
crédito en general, que es el crédito hipotecario. En segundo
lugar, enmendamos el primer párrafo también para hacer
desaparecer el término «personas jurídicas» y añadir «in fine»
en ese párrafo uno nuevo que dijera «y valore la conveniencia
de extenderlo posteriormente a las personas
jurídicas». Nos parece más delicada la operación de traslación
de la reducción de tipos de interés a personas jurídicas. Por
ello, señorías, no nos oponemos a
ello, sino que pedimos un mayor plazo que el que en su primera
línea determina la moción de Izquierda Unida.
En tercer lugar, somos partidarios de la supresión de la
referencia al artículo 1.528 del Código Civil, en la medida en
que en ese artículo no se habla de subrogación, sino de venta
o cesión de créditos. En estos momentos no existe la
oportunidad ni la conveniencia de que el Gobierno modifique la
legislación en torno a la cesión de créditos ni a la venta de
los mismos. En último término, señorías, tenemos una enmienda
de menor cuantía y de menor calado que trata de añadir en la
letra c) la palabra «expresamente»; es decir, «Las condiciones
pactadas expresamente». Señorías, creemos en el Grupo
Socialista que con estas enmiendas podemos contribuir a
mejorar el texto de la moción de Izquierda Unida y por esa vía
a solventar, a la mayor brevedad posible, el problema de la
reducción de los tipos de interés, de los costes que para
millones de españoles supone el acceso a la vivienda, el
acceso al crédito hipotecario.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Martínez Noval.
Para la representación de sus enmiendas, por parte del Grupo
Catalán (Conergència i Unió), tiene la palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Brevemente, para defender las enmiendas que nuestro Grupo ha
presentado a esta moción de Izquierda Unida, en la que se
plantea la conveniencia de que esta Cámara manifieste su deseo
de que el Gobierno adopte una modificación de la normativa
vigente al objeto de permitir una traslación de la reducción
de los tipos de interés oficiales dentro de los productos
financieros que se comercializan en el mercado hipotecario.
Nuestro Grupo quiere manifestar que es partidario de la
necesidad de aumentar la competitividad dentro del mercado
hipotecario. Se hace urgente y necesario adoptar decisiones y
medidas que faciliten el incremento de la competitividad entre
las
instituciones financieras dentro del mercado hipotecario.
Creemos que esa mejora de la competitividad en el sector se
puede alcanzar adoptando criterios de mayor transparencia en
la concesión y la comercialización de dichos productos dentro
de este mercado. Por eso nos parece adecuada y correcta la
iniciativa que ha presentado el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, porque en el fondo
plantea la necesidad de que el Gobierno adopte una revisión de
la normativa con un objetivo: favorecer una mayor
transparencia en los procesos de concesión de créditos
hipotecarios en este sector. Nuestro Grupo cree que esta
Cámara lo que va a hacer básicamente con la aprobación de esta
moción es instar al Gobierno a que adopte esa revisión de la
normativa, revisión que se apunta en tres direcciones, en tres
elementos que todos ellos juntos nos parecen correctos y
aceptables, con las observaciones, con los matices y con las
correcciones que ha planteado el portavoz del Grupo Socialista
para enmendar puntualmente algunas de las cuestiones que se
recogen en la moción en cuanto a estos tres puntos.
El primero, que es el más importante, señorías, es que esta
Cámara se manifiesta favorable a que el Gobierno articule los
cambios normativos para poder permitir la subrogación de
hipotecas. Creemos que esta es una actuación necesaria y
oportuna, además de permitir una mayor competencia del sector
en el mercado mediante criterios de transparencia. Por eso nos
parece que va a ser positivo, en definitiva, para un correcto
funcionamiento de este sector. El segundo objetivo es revisar
lo relativo a los costes de la subrogación, tanto notariales
como específicamente los planteados por las instituciones
financieras. Nos parece necesario, repito, revisar este
capítulo para poder hacer más barato ese proceso de
subrogación y concesión de títulos hipotecarios.
Señorías, el tercer aspecto es el que da pie al reconocimiento
del derecho de los acreedores a resarcirse en todas las
condiciones pactadas en las correspondientes escrituras en
caso de vencimiento anticipado por subrogación. Esto también
es quitarle una rigidez que tenía el funcionamiento del
mercado hipotecario. En ese sentido, permitimos una mayor
competencia dentro del sector, y por eso nos parece que es
aceptable la propuesta del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en
cuanto a este tercer aspecto.
Nuestro Grupo, señorías, ha planteado una enmienda de adición,
proponiendo incrementar a estos tres criterios otros dos más,
porque creemos que es conveniente que en la revisión de la
normativa a la cual instamos al Gobierno a proceder, se tienen
que tener en cuenta dos criterios más, el primero de los
cuales sería que se establezca, de acuerdo con el Banco de
España, un índice de referencia único. Hoy, señorías, en todas
las
escrituras hay múltiples referencias a tipos que orientan la
posible adaptación de los tipos de interés aplicables en esos
productos financieros, lo que hace bastante difícil orientar
al consumidor en el momento de suscribir un crédito
hipotecario. La verdad es que el hecho de exigir al Gobierno
que, de acuerdo con el Banco de España, establezca un índice
de referencia único, permitiría una mayor transparencia en el
funcionamiento del mercado; ese índice de referencia único
podría establecerse por ley. En todo caso, el solo hecho de
que se establezca de forma orientativa e indicativa por el
Banco de España ayudaría
muchísimo a poder darle más transparencia al funcionamiento
del mercado. Hoy, las referencias al Mibor,
a los tipos de interés preferenciales, a los preferenciales de
la institución financiera, o a los determinados productos
hacen muy compleja la información al ciudadano para saber
cuándo le sube o le baja el tipo de interés, que le podría
permitir el derecho de revisión del tipo que se aplica a su
contrato. La verdad es que creemos que establecer esa
orientación mediante un índice de referencia único,
establecido por el Banco de España, puede ser también un paso
muy positivo para alcanzar mayor transparecencia en el
funcionamiento de ese mercado, y creemos que este sería
también un criterio aceptable, positivo para que el Gobierno
lo tuviera en cuenta en el momento de revisar esa normativa.
El segundo aspecto que proponemos es otro criterio adicional
al que plantea la moción, y consiste en que el Gobierno, de
conformidad con el Banco de España, fije el tipo de interés
máximo que podrán aplicar las entidades financieras a los
descubiertos en cuentas bancarias.
Señorías, los datos que he podido obtener al respecto me
indican, de acuerdo con el Instituto Nacional del Consumo, que
en España el tipo medio que se está aplicando por los siete
grandes Bancos para descubiertos de este tipo de productos
supera el 32 por ciento. La verdad es que este es un tipo, a
nuestro juicio, excesivamente exorbitante. Tengan en cuenta
que en Francia ya se considera usura, por la normativa
vigente, cualquier interés superior al 21 por ciento. Por
tanto, creemos que, en los casos de descubierto, el Banco de
España debería establecer un tipo de interés máximo por encima
del cual ninguna institución financiera pudiera situarse. A
partir de ese límite, por debajo, el mercado, cada institución
financiera aplicará el que le convenga.
Estos dos criterios son los que proponemos adicionar a la
moción de Izquierda Unida. Nos parece que serían positivos,
ayudarían a darle al funcionamiento del mercado una mayor
competencia, y, en definitiva, creo, que una mayor solvencia
para un correcto funcionamiento, que incidiría positivamente
en el consumidor de ese tipo de productos financieros.
Señor Presidente, nuestro Grupo desea que esta enmienda de
adición pudiera ser aceptada por el Grupo de Izquierda Unida.
En caso de ser así nuestro Grupo anuncia que va a votar
favorablemente la moción que se ha planteado en este trámite.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Homs.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.
Intervengo con brevedad porque creo que prácticamente está
casi todo dicho, pero pretendo aportar algún dato más a este
debate que prácticamente está siendo de unanimidad.
Quisiera decir que esta moción, que en sus términos se puede
calificar como genérica, creo que ha sido acertado plantearla
de la forma en que se ha hecho, precisamente para poder
sustanciar un acuerdo como el que se va a producir. No hemos
querido presentar enmiendas en función de que lo haremos a lo
largo de los trabajos parlamentarios y en los procedimientos
que se inicien a
continuación del acuerdo que hoy se produzca.
Hay que buscar un objetivo claro que tendría como finalidad el
no poner trabas a las cancelaciones y nuevas constituciones de
hipotecas, pero para ello habría que adecuar una vía
impositiva, por un lado, y otra vía de limitación de gastos
administrativos, por otro. En ese sentido es necesario
arbitrar medidas fiscales de protección para que, producidas
las subrogaciones, no
impliquen un peor trato fiscal que el tenido anteriormente.
Por eso me ha parecido satisfactorio escuchar al ponente del
Grupo Socialista, que ha apuntado una posible revisión fiscal
que esperamos que haga suya también el Gobierno.
Dado que la situación no se origina por una cuestión
estructural, sino por un cambio en la coyuntura económica,
como es el descenso de los tipos de interés, esperamos que la
misma no se vea frenada por los gastos burocráticos, notario,
registro, etcétera. Hay que incentivar el cambio en las
hipotecas mediante la limitación y adecuación de este tipo de
gastos. En este sentido existen precedentes en la propia
legislación, uno de ellos con motivo de la adaptación de las
normas a la Comunidad Económica Europea, donde se produjo un
cambio en la legislación mercantil en el año 1989, y en una
disposición transitoria se permitían las
adaptaciones de los estatutos de las sociedades anónimas a la
nueva legislación mercantil. Allí se limitaban precisamente
los gastos burocráticos o administrativos.
Lo mismo se ha aplicado precisamente a la constitución de las
sociedades anónimas laborales en cuanto a los gstos, así como,
también de alguna forma, están siendo limitadas las deudas
precedentes.
Con todo esto pretendemos favorecer el movimiento del mercado
financiero hipotecario de la baja de los tipos de interés.
Creo que habría que evitar las penali- zaciones, también por
procedimientos legales, por cancelación anticipada, que
constituyen un medio de impedir la adecuación de los deudores
hipotecarios a los nuevos tipos de interés, cosa que está
sucediendo ahora, pese a lo que se ha dicho en esta Cámara, y
que son un elemento de disuasión en las subrogaciones o
cambios de entidad, que son los que queremos producir. Además,
este tema está afectando sobre todo a personas físicas, y
entiendo esa definición o distinción que ha querido realizar
el Partido Socialista cuando habla
también de personas jurídicas, pero poniendo el énfasis en las
personas físicas, ya que son un importante número de millones
de españoles pertenecientes a una clase media baja los que se
encuentran en esta situación y cuyo futuro es necesario
mejorar. Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Albistur. Tiene la palabra el señor Espasa a los efectos de
manifestar la aceptación o rechazo de las enmiendas
presentadas.
El señor ESPASA OLIVER: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero agracer las manifestaciones de los
Diputados que han intervenido en nombre de los distintos
grupos parlamentarios, y señalar, respecto a las enmiendas del
Grupo Socialista, que nuestro Grupo va a aceptarlas, puesto
que mejoran y circunscriben el texto de la moción. Lo mejoran
en el sentido de que centran la moción solamente en el crédito
hipotecario, sin perjuicio de que esta Cámara, en posteriores
iniciativas
políticas, pueda entrar también en la cuestión del crédito en
general, pero en la moción, con la enmienda socialista, que
aceptamos e incorporamos, queda circunscrito a créditos
hipotecarios. También queda mejor circunscrito el que estos
créditos, de forma inmediata, van a beneficiar a las personas
físicas, es decir, a los deudores particulares, y en una
segunda actuación, que esperamos que será lo más rápida
posible, también a las personas jurídicas. Finalmente, la
enmienda de menor cuantía, respecto a las condiciones pactadas
expresamente, también la aceptamos, así como la retirada de la
mención del artículo 1.528.
Respecto de las enmiendas del Grupo de Convergència i Unió,
las aceptamos, pero creemos que debería introducirse una
enmienda técnica o de redacción en el sentido de que en la
letra d) de la redacción de Convergència i Unió, donde dice
«establecimiento, de acuerdo con el Banco de España», dijese
«recomendación, de acuerdo con el Banco de España», es decir,
como acción por parte del Gobierno. Y en la letra e) de esta
misma enmienda, donde dice «el Gobierno, de conformidad con el
Banco de España, fijará el tipo de interés máximo», dijese:
«el Gobierno, de conformidad con el Banco de España, analizará
el establecimiento de un tipo de interés máximo», es decir,
que la cuestión quede más abierta a la acción del Gobierno,
pero no por ello dejar de darle un mandato político claro.
Señor Presidente, trasladaré a la Mesa el escrito que
incorpora la aceptación de estas enmiendas, pero no sin antes
referirme, muy brevemente, y con la mejor cordialidad
personal, al Diputado del Grupo Popular para decirle que no
podemos aceptar las enmiendas de dicho Grupo. Y no las podemos
aceptar porque aun reconociendo, como ha sido manifiesto, el
mayor rigor jurídico con el que se ha producido el Diputado
del Grupo Popular respecto del que haya podido tener yo en la
defensa política de la enmienda, no me negará S.S. que una
moción es fundamentalmente una expresión de voluntad política,
y tratándose de voluntad política yo estoy más tranquilo y más
seguro eligiendo a mis socios. Estoy más tranquilo y más
seguro teniendo como socio al Partido Socialista, aunque lleve
la ganga de Convergència i Unió, que no al Partido Popular.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Espasa.
Señor Homs, ¿acepta las modificaciones sugeridas por el señor
Espasa a sus enmiendas?
El señor HOMS I FERRET: Sí, señor Presidente.
Acepto las correcciones de las enmiendas que ha sugerido.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias.
Vamos a pasar a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, que se somete a votación en los
términos resultantes de la aceptación de las enmiendas de los
Grupos Socialista y Catalán (Convergència i Unió), con las
precisiones, respecto a estas últimas, que resultan del propio
debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 293; a favor, 293.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LOS
PRINCIPIOS DE POLITICA GENERAL QUE APLICARA EL GOBIERNO, EN
RELACION AL ENTE PUBLICO RTVE, AL OBJETO DE CONSEGUIR EL
ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL MISMO COMO SERVICIO PUBLICO CON LA
ESTABILIDAD ECONOMICO-FINANCIERA QUE ES PRECISA (Número de
expediente 173/000010)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular, consecuencia de
interpelación, sobre principios de política general que
aplicará el Gobierno en relación al Ente Público RTVE, al
objeto de conseguir el adecuado
funcionamiento del mismo como servicio público con la
estabilidad económico-financiera que es precisa.
En nombre del Grupo proponente de la moción tiene la palabra
la señora Mato.
La señora MATO ADROVER: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, subo a esta tribuna con el ánimo de defender una
concepción determinada de lo que creemos debe ser la
televisión pública, y también, por supuesto, con el ánimo de
defender el pluralismo en el panorama audiovisual español.
Nuestro Grupo es muy consciente de la vital importancia del
respeto a la libertad de información y expresión en un sistema
democrático, y de la necesidad de que el Estado garantice, a
través de una televisión pública, el pluralismo y determinados
valores sociales. Hasta este momento, la presencia del Estado
en el sector de la comunicación ha sido y es el principal
factor que distorsiona la sociedad. Tanto el tamaño de la
Radiotelevisión pública como su coste le han llevado a
competir deslealmente en el mercado de la publicidad,
desviándose de los fines que inspiran el servicio público.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Mato.
Señorías, ruego guarden silencio.
Puede continuar, señora Mato.
La señora MATO ADROVER: Desde el punto de vista económico lo
más grave ha sido que al sustituir el régimen de monopolio se
ha pasado a un sistema mixto, público y privado, sin
redimensionar los entramados empresariales públicos. La
equivocada política de gastos, derivada de una mala gestión, y
la lógica reducción de ingresos publicitarios, han dado lugar
a la situación de quiebra en la que se encuentra
Radiotelevisión Española.
Resulta muy difícil explicar que en épocas de crisis económica
las pérdidas de Radiotelevisión para 1993 estén superando los
12.000 millones de pesetas mensuales, y que Radiotelevisión
Española nos haya endeudado este año en más de 272.000
millones de pesetas. Estos datos, señorías, estan sacados del
Consejo de Ministros y de los Presupuestos Generales del
Estado para 1994. El 13 de mayo de 1992, en esta misma Cámara
se debatía la actuación del Gobierno en relación con los
medios de titularidad pública. En esa fecha, hace poco más de
un año, el Gobierno reconocía que los medios de comunicación
públicos, es decir, Radiotelevisión Española y todas las
televisiones autonómicas, costaban a los ciudadanos cerca de
doscientos mil millones de pesetas. Hoy, sólo Radiotelevisión
Española, sin contar con las televisiones autonómicas, le
cuesta a los contribuyentes casi cuatrocientos mil millones de
pesetas, el doble que el año pasado todas las televisiones
públicas.
Por estos motivos, nuestro Grupo ofrece desde aquí su
predisposición para intentar un acuerdo sobre el papel de los
medios de comunicación públicos, a fin de que a través de una
adecuada gestión, que por supuesto garantice la estabilidad
económico- financiera, podamos tener una radiotelevisión
pública que ofrezca una programación diferenciada de la de las
ofertas privadas y garantice el pluralismo necesario en toda
sociedad democrática.
Señorías, sobre estas líneas argumentales gira el conjunto de
la moción que el Grupo Popular presenta ante esta Cámara y que
es consecuencia de la interpelación que se debatió la semana
pasada. El espíritu que anima el primer punto de la misma es
avanzar, por la vía del acuerdo, en las condiciones que
faciliten el más amplio ejercicio de las libertades
informativas. Actualmente, por su origen legal, como todos
ustedes saben las radiotelevisiones públicas están integradas
en tres grupos. Por un lado, la estatal, que se rige por el
Estatuto de Radiotelevisión; por otro, las autonómicas,
sujetas a la Ley del Tercer Canal y a los propios estatutos de
sus respectivos entornos, y, por último, las privadas, que
están sujetas a la Ley de Televisión Privada. Estas tres
categorías también podrían reducirse en dos si tenemos en
cuenta la naturaleza de su gestión. Por un lado, estarían las
cadenas públicas y, por otro, las cadenas privadas.
El Grupo Popular no considera razonable la existencia de tres
marcos jurídicos diferentes para regular los medios
audiovisuales. Creemos que esto no hace más que
institucionalizar ciertas discriminaciones, y permite, entre
otras, situaciones financieras privilegiadas que suponen una
amenaza al pluralismo informativo. Por este motivo, nuestro
Grupo cree necesario revisar el actual sistema normativo, a
fin de crear un marco que, frente al actual modelo disperso,
suponga la ordenación y sistematización legal de toda la
materia.
Señorías, hoy, el caduco Estatuto de Radiotelevisión sigue en
vigor como ley básica de lo audiovisual. Esto está superado
por normativas posteriores, algunas de las cuales he comentado
anteriormente. Quiero dejar claro que le ley general de lo
audiovisual, que nosotros proponemos y solicitamos, sería una
ley básica, y esta misma ley nos obligaría a la redacción de
un texto legal que regulara la radiotelevisión pública del
Estado, de igual manera que las televisiones autonómicas
tienen una norma específica para su funcionamiento.
La segunda parte de nuestra propuesta hace referencia al
modelo de radiotelevisión pública que nuestro Grupo quiere
para la sociedad española.
En primer lugar, proponemos un modelo de funcionamiento y
gestión que garantice la estabilidad financiera y delimite una
oferta de programación diferenciada de la oferta privada.
Señorías, la prioridad de una radiotelevisión pública no puede
ser ni el entretenimiento
ni la variedades. Aspiramos a que lo primero sea la
información y los contenidos educativos, culturales y
formativos.
Para 1994 está prevista la Concesión a Radiotelevisión
Española, por parte del Estado, de una cantidad superior a los
57.000 millones de pesetas. Resulta difícil comprender, y más
difícil les va a resultar explicarlo, por qué se recortan
50.000 millones de pesetas, por ejemplo, en medicamentos; por
qué el programa de formación profesional-ocupacional, que es
para la promoción de empleo y debería ser una prioridad --por
lo menos para el Grupo Popular lo es--, tiene un presupuesto
de 129.800 millones de pesetas, y por qué, por ejemplo, por
tocar otro sector, para modernizar estructuras agrarias se
dedican sólo 9.800 millones de pesetas, que se han ido
reduciendo año tras año, cuando se destinan 57.000 millones
para un incremento de poder.
Por todo esto consideramos necesario mejorar el control y que
la gestión sea mucho más profesional y de auténtica empresa,
en la que lo público no sea siempre el justificante del
desastre económico. Además, nuestro Grupo no puede compartir
que se realice un gran esfuerzo económico para ofrecer una
programación que en nada se diferencia de otras ofertas,
porque está hecha, por supuesto, con la vista puesta en
competir, por un lado, con las televisiones autonómicas, que
por cierto también salen del bolsillo de los españoles, y, por
otro, para competir con las privadas,
olvidándose, por supuesto, de los ciudadanos.
Actualmente, según datos de Radiotelevisión Española, en
Televisión Española Primera Cadena, de 7.500 horas de
programación, 6.000 serían de programación comercial, 110 se
dedicarían a deporte y sólo 254 horas se dedicarían a
programación cultural, educativa y religiosa; eso sí, a
publicidad se destinan 340 horas.
Por todo esto, es necesario que el nuevo modelo fije una serie
de obligaciones sobre los contenidos de la programación, de
manera que éstas justifiquen su carácter público atendiendo a
determinadas funciones que son difícilmente aplicables a las
cadenas privadas. En segundo lugar, nuestro Grupo está
preocupado por la falta de objetividad e imparcialidad que
demuetra la televisión pública. Esta falta de objetividad ha
sido cuestionada por las distintas formaciones políticas, y en
la última campaña de las elecciones generales también por las
fuerzas sociales e incluso por la Junta Electoral Central.
Hasta que no tengamos estatuto de redacción en los medios
públicos no se podrá afirmar con seriedad que son los
profesionales los responsables de sus servicios informativos.
Señorías, nuestro Grupo cree que un medio público viene
decidido, entre otras cosas, por el contenido pluralista de su
programación y por el acceso al mismo de las distintas
organizaciones sociales y políticas de acuerdo con su
representación. El diseño de un medio de comunicación público
como el que tenemos ahora, al servicio de un concreto proyecto
político, no es admisible en ninguna democracia, y por ello
nuestro Grupo apuesta por la independencia y
profesionalización de Radiotelevisión Española y por su
adecuación a las exigencias de una sociedad plural, tanto
desde el punto de vista político como social y cultural.
El tercer apartado de nuestra moción se refiere a otro aspecto
del contenido de la programación, que también ha sido
denunciado y es objeto de preocupación de la opinión pública
al considerar que se perjudica a los sectores y a los
espectadores más
indefensos: los niños y los jóvenes. Dado que todo parece
indicar que la mera referencia a la protección del menor no
asegura convenientemente la efectividad de este mandato,
nuestro Grupo cree necesario que el Gobierno garantice,
efectiva y
adecuadamente, la protección de la juventud y de la infancia.
Por último, este segundo punto de la moción contempla la
posibilidad de disolución del Ente Público, de manera que
queden sólo las dos sociedades: Radio Nacional de España,
Sociedad Anónima, y Televisión Española, Sociedad Anónima, lo
que, sin ninguna duda, redundará en un beneficio económico.
Por más que lo estudiamos no vemos la justificación al
organigrama actual. El Ente Público es una cabeza que encarga
y encarga trabajos al exterior, cuesta miles de millones de
pesetas y tiene un número de directivos insostenible para
cualquier gestión. Si la apuesta por la profesionalización es
firme, eliminemos los controles políticos del Ente y
fortalezcamos las dos sociedades anónimas dotándolas de
autonomía y de competencias como si fueran sociedades
mercantiles privadas. Nosotros no vamos a dogmatizar sobre
esta cuestión, pero, señorías, sí nos
parecería positivo abordar en el debate la posible disolución
del Ente Público como tal.
Asimismo, nuestro Grupo considera importante contribuir a la
difusión de los valores culturales de nuestro país y a la
aprobación de España y de lo español en el extranjero. Por
ello, creemos conveniente el reforzamiento de Radio Exterior y
de Televisión Internacional a través de la creación de dos
nuevas sociedades independientes.
Que está muy claro el papel de lo público en la comunicación
se demuestra principalmente cuando hablamos de la proyección
exterior. Siempre contarán con nuestro voto (por supuesto si
hay una buena gestión) para fortalecer a la Agencia EFE en su
influencia en el exterior, a Televisión Internacional o a
Radio Exterior. Por eso nosotros creemos imprescindible una
gestión separada, y que asuman, como sociedades
individualizadas, sus propias responsabilidades. Esto, lejos
de incrementar el gasto, creemos que puede reducirlo al no
soportar estas sociedades costes generales que les son ajenos
y que se les atribuyen por su vinculación con el Ente Público.
Para finalizar, el último apartado de nuestra moción nos
remite, porque es obligado, al momento actual. Una vez
realizadas las previsiones de futuro, y hasta el momento en
que éstas hayan sido plasmadas en un texto global, es
necesario adoptar una serie de medidas urgentes que garanticen
el funcionamiento adecuado del Ente Público Radiotelevisión
Española y sus sociedades. Nuestra propuesta va dirigida a
mejorar el control y realizar un
seguimiento de la actividad de Radiotelevisión Española y,
sobre todo, a que su gestión sea mucho más transparente.
Señorías, como explicaba la semana pasada mi compañero de
Grupo Parlamentario el señor Arenas, Radiotelevisión Española,
lejos de hacer un esfuerzo de austeridad, crece en un 11 por
ciento en su presupuesto, y tiene previstas unas pérdidas de
105.000 millones de pesetas para el ejercicio de 1994. Hay que
tener en cuenta que en 1993 Radiotelevisión Española perderá
más de 122.000 millones de pesetas, cuando tenía previsto
perder 50.000 millones, por lo que las desviaciones
presupuestarias deben ser inmediatamente controladas mediante
el adecuado seguimiento y control presupuestario, que hoy día
no existe, pues, de lo contrario, podríamos encontrarnos con
que esta cifra de pérdidas prevista para 1994 también se
duplique, como ha ocurrido en 1993. (Varios señores Diputados
desde los escaños del Grupo Popular: ¡Muy bien, muy bien!)
Nos preocupa que Radiotelevisión Española, si tenemos en
cuenta los 319.000 millones de pesetas que debe a proveedores
y
entidades financieras y los 105.000 millones que está previsto
que pierda en 1994, nos cueste a los españoles el próximo año
más de 400.000 millones de pesetas y que esta cifra se pueda
multiplicar por dos. Nuestro Grupo cree que estos datos
económicos son consecuencia de la pésima gestión, en el
aspecto económico-financiero, del señor García Candau, que ha
sido ratificado en su cargo por el actual Gobierno sin contar
con la preceptiva opinión de esta Cámara, que hoy no se
encuentra legítimamente representada en el consejo de
Administración de Radiotelevisión Española.
Por este motivo, solicitamos el control presupuestario así
como la adopción de medidas, repito, urgentes, tendentes a una
reducción sustancial de gastos, mediante la supresión de
determinadas partidas y la adecuada utilización tanto de
medios materiales como personales, es decir, de los
profesionales de Radiotelevisión Española, que en este momento
se sienten
infrautilizados mientras se hace una política de gastos
expansiva hacia el exterior, incrementado las partidas de
compras y servicios exteriores.
El señor PRESIDENTE: Señora Mato, le ruego concluya.
La señora MATO ADROVER: Termino en seguida, Presidente.
Sería una paradoja reducir plantilla e incrementar las compras
y los encargos al exterior, aparte de una tomadura de pelo
para los trabajadores de Radiotelevisión Española.
Señoras y señores Diputados, el problema de Televisión no es
la plantilla, que también lo es, mucho más es su mastodóntico
esquema directivo y, sobre todo, los 110.000 millones de
pesetas que en 1993 se han gastado en compras y en servicio
exteriores. Señorías, les estamos ofreciendo propuestas que
miran al futuro de nuestra Radiotelevisión Española, una
propuesta para controlar y mejorar la situación actual hasta
que dispongamos de los medios legales oportunos para evitar el
despilfarro, la mala gestión y la falta de pluralismo que
existe hoy en Televisión Española. Estoy segura de que si
pensamos sólo en los ciudadanos, en nuestra economía y en
nuestras necesidades desde un talante abierto y democrático,
SS.SS. van a apoyar con su voto nuestra moción. Hacer en el
día de hoy estas propuestas es defender la Radiotelevisión
pública, pero no descarten que, de seguir así, en algún
momento la sociedad española clame por su desaparición. Una
radiotelevisión pública que no cumple su finalidad y que
cuesta impuestos e impuestos a los españoles tiene poco
sentido en un sistema democrático.
Taparse los ojos ante el grave problema quizás sea el mejor
servicio a su desaparición.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Mato.
En nombre del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, para defender la enmienda presentada a esta moción
y fijar la posición de su Grupo, tiene la palabra el señor
Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor Presidente.
Señora Diputada, señores Diputados, nos encontramos hoy ante
una moción que supera con mucho los términos en que se encajó
la interpelación que debatimos la semana anterior. El debate
de aquella interpelación se realizaba pocas horas antes de la
primera reunión de impulso democrático entre don José María
Aznar y don Felipe González en la Moncloa. Yo le advertí al
señor Arenas que tenían el tono un poco alto en aquella
interpelación, que se iban a entender en alto grado; está
grabado negro sobre blanco en el «Diario de Sesiones». El
señor Arenas me decía que no; yo le advertía que aquello, más
que un debate, era un dueto, una consonancia no tanto tonal
cuanto de contenido, de fondo. Hoy el tono agresivo del señor
Arenas ha desaparecido en parte. El señor Arenas ha
desaparecido
de la tribuna. Eso está claro. Es evidente. Hay un cierto tono
pactado, porque, aunque la señora Mato es una gran Diputada,
emplea a veces un tono alto, cuando ya han llegado a acuerdos
sobre las enmiendas. Por tanto, hay un tono pactado que a
nuestro Grupo no convence, porque sigue el dueto con
desencajes tonales pero el fondo es el mismo, exactamente el
mismo. ¿Quién ha ganado después del debate entre José María
González y Felipe Aznar en la Moncloa? (Risas.) Por lo pronto,
y lo vamos a ver en las enmiendas que ahora vienen, habéis
perdido el discurso de oposición. Lo vamos a ver
inmediatamente. El impulso se ha desmoronado en todo caso y el
Partido Popular marcha hoy en el trasportín del Partido
Socialista Obrero Español. (Protestas en los bancos del Grupo
Popular.) ¿Hacia dónde? ¿Cuál es el camino, el método?
Reducción drástica del medio público.
En segundo lugar, se ventea ya y está escrito, aunque no se ha
llegado a ese pacto todavía, la disolución del ente público,
en el punto 2.º En tercer lugar, se mantiene el actual Consejo
de Administración y no se pone en cuestión el actual Consejo
de Administración, que integra miembros del Partido Popular.
No se pone en cuestión. Se intenta mantener más de un año para
que, en ese año, con la apuesta --puntos 2.º y 3.º-- de un
debate más largo realice, desmonte, desencaje y reduzca todo
lo que tenga que realizar en ese tiempo, entre otras cosas el
personal. Ustedes han dicho que hay que defender al personal.
Señora Mato, no sé si ha leído bien la moción que han
presentado. Dice que el Congreso de los Diputados, hasta el
momento en que se defina el modelo de la radio y televisión de
titularidad pública --que tal y como figura en la moción va
para largo, échenle ustedes uno o dos años-- debe promover --
cambien ustedes reforzar por promover-- medidas concretas para
la reducción de gastos en este grupo de sociedades y que
contemplen todas las partidas de ingresos y gastos. Ustedes
van a apoyar hoy aquí la reducción de personal con esta
moción. Que se sepa y que lo sepa la gente. No valen ya
discursos y tonos pactados, vamos a los contenidos. Vamos al
fondo, y el fondo es éste. La enmienda del Grupo Federal de
Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, naturalmente, va en
dirección contraria. Nos hemos quedado como contradictores
reales de un modelo que ustedes ya comparten. No sólo
comparten el modelo, sino el ritmo, la forma de hacerlo y la
reducción inmediata de personal. Lo van a votar hoy. Lo van a
votar hoy en esa moción a la que acabo de referirme. Al punto
1.º nosotros presentamos una enmienda que se cae por su peso.
Que nadie me diga que automáticamente debe ser renovado el
Consejo de
Administración y que, por lo tanto, esta enmienda no vale. No.
Ustedes han pactado tener ese Consejo de Administración más de
un año todavía vivo, en formol, pero vivo, para que haga los
cambios que tiene que hacer. Pedimos que el Congreso de los
Diputados acuerde la renovación inmediata del Consejo de
Administración de Radiotelevisión Española, de acuerdo con los
resultados de las últimas elecciones generales y con la
legislación vigente. Debe ser elegido automáticamente al
principio de la legislatura y por un tiempo de duración igual
a ésta. Y Consejo de Administración nuevo, Director General
nuevo. Ninguna de las dos cosas se ha hecho.
Naturalmente, yo ya entiendo --veremos a ver si mañana se
publica--lo que ha dicho el señor Serra al grupo de Diputados
del PSOE --o no sé si a un grupo del Grupo--; les ha dicho que
van a quitar los consejos de administración. Pactado con
ustedes. Que van a quitar los consejos de administración en la
pespectiva de esa renovación profunda que se ve venir. He
dicho al Grupo o a un grupo del Grupo. Al punto 2.º
presentamos una enmienda de supresión; de supresión porque
diluye los plazos que ya hemos aprobado en la Comisión de
Control de Radiotelevisión Española. Los plazos eran: se
aprueba el plan de futuro en el Consejo de Administración, que
está a punto de aprobarse, y a los dos meses ese Plan de
futuro tiene que pasar para su debate a la Comisión de Control
de Radiotelevisión Española. Y eso lo cambian ustedes. Y,
después, añaden otra cosa que no tiene nada que ver, pero que
es de una importancia radical. Ustedes dicen que la ley que
tiene que venir por parte del Partido Socialista Obrero
Español (ahí el Partido Socialista Obrero Español, será por la
tradición, ha estado mucho más inteligente y no ha aprobado,
por ahora, explícitamente, esta situación) tiene que contener
la posibilidad de disolución del Ente Público. Y hay que
decirlo claramente: la posibilidad de disolución del Ente
Público supone romper el cañamazo que une el Grupo RTVE, pero
no sólo eso, supone acabar con el concepto de servicio público
esencial. Que se sepa. Ustedes lo ponen aquí negro sobre
blanco. Que se sepa, por lo tanto, a dónde vamos o a dónde se
quiere ir y cuáles serán los ritmos.
Por lo tanto, pedimos la supresión del punto 2.º
Al punto 3.º intentamos introducir una modificación. Quedaría
redactado con el siguiente texto: El Congreso de los Diputados
insta al Gobierno a promover la plantilla óptima, tanto de
cargos directivos (a los que ustedes se refieren) y mandos
orgánicos (a los que también se refiere) como del resto del
personal (al que no se refieren, porque está claro que van a
aprobar hoy aquí la reducción de 2.710), una vez se haya
debatido en esta Cámara el plan de futuro, de acuerdo con lo
aprobado en la Comisión de Control de Radiotelevisión
Española.
Por lo tanto, la reducción actual que se plantea es
arbitraria. No se puede reducir personal, ni siquiera de los
altos cargos, aunque están inflados, y eso es más fácil de
reducir, de haber la reducción, sin marcar los objetivos, sin
marcar el modelo de televisión. Y ustedes hoy van a aprobar
aquí la reducción sin que haya
entrado el plan de futuro en la Comisión de Control de
Radiotelevisión. Es que ustedes han suplantado lo que
aprobamos el otro día en la Comisión de Control y, desde ese
punto de vista, ustedes, de extranjis, han metido la reducción
de personal a través de uno de los puntos consensuados.
Nosotros, desde luego, vamos a votar en contra.
Y termino, señor Presidente. Introducimos un nuevo punto, el
4.º, del siguiente tenor, intentando recuperar lo que fue la
moción, a propuesta de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, aprobada en la Comisión de Control de
Radiotelevisión Española no hace más de una semana. El
Congreso de los Diputados acuerda, tras el debate del plan de
futuro de RTVE, promover la creación de una ponencia --de este
tema se habló en dos de las reuniones de los portavoces y la
Mesa-- en el seno de la Comisión Constitucional, para debatir,
y proponía el PP en el plazo de tres meses, la reforma del
Estatuto de Radiotelevisión Española. Esto también ha
desaparecido de la resolución.
Por lo tanto, ustedes han realizado un gran impulso hacia
atrás el otro día en la Moncloa. (Rumores.--El señor Arenas
Bocanegra pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: ¿Señor Arenas?
El señor ARENAS BOCANEGRA: Señor Presidente, al amparo del
artículo 71, y habiendo sido aludido en varias ocasiones, sin,
ni siquiera, haber intervenido en el debate, solicito un
brevísimo turno a la Presidencia.
El señor PRESIDENTE: Señor Arenas, el señor Alcaraz...
(Rumores.)
El señor ARENAS BOCANEGRA: Juicios de valor y juicios de
intención, señor Presidente. (Rumores y protestas). Pactos, no
pactos, acuerdos, no acuerdos. (Rumores y protestas.)
El señor PRESIDENTE: Yo les agradezco la colaboración sobre la
decisión que hay que tomar, pero dejen que la tome la
Presidencia. Señor Arenas, en el curso de la intervención, el
señor Alcaraz ha hecho referencia a lo que había dicho S.S. y
a lo que él había dicho en el debate anterior.
El señor ARENAS BOCANEGRA: No a lo que yo había dicho, señor
Presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor Arenas, esto puede ser más o menos
conducente, en relación con el debate de la moción, como lo ha
sido la intervención de la señora Mato en relación con la
interpelación. Como saben SS.SS., el criterio que se sigue en
relación con la discusión de las mociones, no sé si afortunada
o desgraciadamente, es bastante amplio y flexible. Vamos a
mantener esta amplitud y esta flexibilidad, pero no a
suscitar, cada vez que se haga una referencia al debate de la
interpelación, un nuevo debate por alusiones. (Rumores y
protestas.)
Muchas gracias.
El señor ARENAS BOCANEGRA: Ya explicará la Presidencia cuándo
hay alusiones. Ya lo explicará. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, para la defensa
de las enmiendas a la moción, tiene la palabra el señor
Fuentes.
El señor FUENTES GALLARDO: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, intervengo para defender la
enmienda del Grupo Socialista a la moción presentada por el
Partido Popular. Quiero significar, en primer lugar, que,
después de las elecciones generales últimas, han sido varios,
numerosos, los momentos en los cuales hemos podido debatir
sobre la
radiotelevisión pública, sobre este mismo tema que hoy nos
ocupa. El día 22 de julio lo debatimos, cuando la
convalidación del decreto-ley; el día 29 de septiembre pasado
compareció el Director General ante la Comisión de Control de
Radiotelevisión; el 15 de octubre compareció el Director
General en la Comisión de Presupuestos; el 27 de octubre
último fue la interpelación; hoy estamos en la moción y dentro
de unos días estaremos en el debate presupuestario.
Sería bueno, en nuestra opinión, que hubiera unos mínimos
puntos de acuerdos o coincidencias sobre la radiotelevisión
pública. En esa línea van nuestras enmiendas a la moción que
presenta el Partido Popular. Al punto número 1 planteamos un
texto de sustitución del siguiente tenor: El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a que remita a la Cámara una
comunicación sobre el panorama actual, evolución y
perspectivas de lo audiovisual en España, a la vista de las
transformaciones producidas en la última década.
En el punto número 2 pedimos la supresión del primer párrafo
y, asimismo, la supresión de los párrafos 2 y 3.
Al punto número 3 planteamos la sustitución de la expresión
«adopte» por la expresión «refuerce», y supresión de la frase:
«... a fin de evitar pérdidas que sobrepasan los 100.000
millones de pesetas para 1993...», así como la frase final.
Esto es lo que dicen nuestras enmiendas; esto. No lo que
algunos quieren decir que dicen nuestras enmiendas, tal vez
porque algunos confunden la oposición con la resistencia.
De todas formas, yo creo que sería bueno aclarar una serie de
datos objetivos que han salido en la tribuna,
a los cuales se ha hecho mención en los distintos debates que
ha habido, para que, por lo menos, si estamos de acuerdo en
esos datos, a partir de ahí, cada uno, cada fuerza política,
pueda plantear legítimamente su estrategia con respecto a la
radiotelevisión pública.
En primer lugar, primera afirmación en la que yo creo que
debemos llegar a un acuerdo para ver quién tiene la razón:
Televisión Española la pagamos todos los españoles. El déficit
de Televisión (se ha dicho en la última intervención) es de
alrededor de 400.000 millones de pesetas. ¿Eso se corresponde
con la realidad o no? Señorías, desde el año 1982, desde que
llegamos los socialistas al Gobierno, no hay una sola peseta
en los
Presupuestos Generales del Estado para Televisión Española. No
hay una sola peseta. Habrá en los presupuestos de las
comunidades autónomas para sus respectivos canales
autonómicos, pero en los Presupuestos, desde el año 1982, no
figuran partidas para Televisión Española.
Y, no solamente eso; es que, con el dinero que ha generado
Televisión Española, con los recursos, con el superávit año
tras año, hasta hace doce que ha generado Televisión Española,
se han pagado servicios públicos que, en teoría, no tenía por
qué pagar Televisión Española. Desde el año 1982 hasta hoy,
con el
superávit de Televisión Española se han pagado Radio Nacional
de España, la orquesta y el Instituto, que suponen 30.000
millones de pesetas. Multipliquen por diez y les dará una
cifra
importante. Desde el año 1982 con el superávit de Televisión
Española se han pagado los centros territoriales, que valen
todos los años 20.000 millones de pesetas. Se ha pagado el
canal internacional, que vale todos los años 6.000 millones de
pesetas. Se han pagado servicios institucionales, incluida la
Santa Misa de todos los domingos, que vale todos los años
2.000 millones de pesetas. (Rumores.) Con los beneficios de
Televisión Española se han pagado servicios públicos que
suponen 58.000 millones de pesetas todos los años. (Rumores.)
Así es. A uno les parecerá bien, a otros les parecerá mal,
pero creo que ésa es la realidad. Los que estén de acuerdo,
tendremos que ponerlo en valor, y los que no estén de acuerdo,
podrán criticarlo, pero no decir que es falso. Se podrá estar
en desacuerdo, pero estos son datos bastante claros. Cuando se
hacen esas afirmaciones, que después reproducen páginas de
algunos periódicos y miembros de algunas tertulias, de que
Televisión la pagamos todos los españoles, que a todos los
españoles nos cuesta 400.000 millones de pesetas, hay que
decir que eso es falso (Rumores.), falso (Rumores.), porque
durante diez años, es verdad que en los dos últimos hay un
déficit en Televisión, pero en todos los anteriores se han
llevado a cabo servicios públicos por valor de 58.000 millones
de pesetas gracias a los superávit de Televisión. (Un señor
Diputado del Grupo Popular: ¡Gratis total!) Lo puede repetir
otra vez, que no me he enterado. (Un señor Diputado del Grupo
Popular: ¡Gratis total!--Rumores.)
Segunda afirmación: Competencia desleal. La competencia
desleal sería si Televisión Española recibiese subvención y
después hiciese una campaña para captar publicidad, pero ése
no es el caso, señorías. (Rumores.) Es que Televisión no tiene
subvención. Por consiguiente, en el campo publicitario no hay
competencia desleal de Televisión con las cadenas privadas.
(Rumores.) Radio Nacional de España sí tiene subvención, por
eso no tiene
publicidad y por eso no hay competencia desleal. Si Radio
Nacional de España tuviese publicidad y subvención, habría
competencia desleal. Si Televisión tuviese subvención y
publicidad, habría competencia desleal. Pero Televisión no
tiene subvención y tiene publicidad, Radio Nacional de España
tiene subvención y no tiene publicidad. (Rumores.) Por
consiguiente, yo creo que no es válida esa afirmación de
competencia desleal. Y otro dato, que se lo hemos dicho muchas
veces: El no va más de la debacle en la gestión de Televisión,
según ustedes --y quiero utilizar un tono bastante correcto,
como el que ha utilizado la señora Mato en su intervención--;
ustedes lo saben, pero mucha gente debería saberlo: hasta el
año 1982, que en España solamente había una televisión,
Televisión Española, no había ni
autonómicas ni privadas, monopolio absoluto, y recibía dinero
de los Presupuestos Generales del Estado. ¡Qué gran gestión,
monopolio y subvención! Llegamos nosotros, hay autonómicas,
hay privadas, ya no hay monopolio y no hay subvención. ¡Qué
mala gestión es ésta! (Rumores.) Esa es la realidad, que --
repito--a unos les gustará, a otros no les gustará, pero ésa
es la realidad y cada uno tiene derecho a defender su modelo.
La falta de objetividad. Señora Mato, yo creo que la
objetividad o el pluralismo no son valores absolutos; la
objetividad y el pluralismo son procesos y, para hablar de
objetividad y de pluralismo, habrá que comparar con otras
épocas o con otros sitios. Y comparando la situación del
pluralismo y de la
objetividad de Televisión hoy con otras épocas, o comparando
el pluralismo y la objetividad de Televisión con otras cadenas
autonómicas, yo creo que sale bastante airosa Televisión
Español. (Rumores.)
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, termino mi
intervención. Creo yo que lo importante hoy es lograr un
mínimo de acuerdo en base a la moción que ha presentado el
Grupo Popular y a la enmienda que plantea el Grupo Socialista.
Las
discrepancias legítimas que tenemos, el modelo legítimo del
Partido Popular o el modelo legítimo del Partido Socialista
Obrero Español tendremos ocasión de confrontarlo, dentro de
unos días, en el debate de presupuestos.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fuentes.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, lo que este Diputado de Coalición Canaria tiene que
decirles es que se daría por satisfecho si, en este largo
debate que ya vamos teniendo, tanto en el seno de la Comisión
correspondiente de Control del Ente Público de Radiotelevisión
Española como en el Pleno, al menos se aprobase la enmienda
que ha presentado el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya referente a la renovación
inmediata del Consejo de Administración. Porque lo hemos dicho
en Comisión: todo este procedimiento requiere de un compromiso
de formalidad, al menos; de que lleguen al entendimiento los
Grupos mayoritarios con los restantes que hagan falta en la
Cámara para reunir los dos tercios para aceptar los candidatos
que lleguen, votarles y que tengamos el nuevo Consejo de
Administración. Y solamente por un principio no digo ya de
cumplimiento de los textos legales democráticos, sino de
autoestima en esta propia Cámara, porque va ya para seis meses
de la disolución de estas Cámaras y estamos conculcando --
valga la expresión--, dejándolo morir en el tiempo, el
artículo 7, punto 6, del Estatuto de Radiotelevisión que dice
que su Consejo cesa con la disolución de las Cámaras al
terminar la legislatura y que van a continuar, sí, en una
interinidad hasta que tomen posesión los nuevos Consejeros.
Mientras no superemos esta realidad formal como obligación
política y, vuelvo a decir, por la autoestima de la Cámara,
estaremos dando vueltas a un problema cuyo arranque inicial
está, precisamente, en uno de sus puntos fundamentales, junto
al Director del Ente Público, en su propio Consejo de
Administración.
¿Qué tenemos que decir con respecto a la moción consecuencia
de la interpelación que nos trae el Grupo Popular? Señorías,
en cuanto al primer punto, nosotros estamos de acuerdo en que
hay que ir a una modificación del Estatuto del Ente Público de
Radiotelevisión Española. Ahora bien, mezclarlo aquí con un
tema tan genérico como el audiovisual, donde se mete el tema
del tercer canal de televisión, pero, sobre todo, se pretende
reabrir la Ley 10/1988, sobre la Televisión Privada, me parece
un ejercicio bastante peligroso y complicado en este momento.
Vamos a dejar tranquilas por el momento a las televisiones
privadas, porque razones suficientes hay para necesitar
procesos en el tiempo de maduración para entrar en este
terreno, que debemos separar perfectamente del Ente Público. Y
vaya por delante que nosotros vamos a mantener la permanencia
del Ente Público y no vamos a aceptar ninguna posibilidad
dialéctica de su disolución, porque entraríamos en el viejo
problema, que ha tenido a veces acceso en esta Cámara en
legislaturas anteriores, sobre el estatuto de la empresa
pública y el estatuto de la empresa privada. Pues muy bien;
como hay una Ley de Sociedades Anónimas ahí van todas, y la
empresa pública, las que dependen del sector tradicional del
INI, que tengan su propio estatuto, pero no mezclarlas, porque
se llega a situaciones bastante dificultosas para encontrar
una solución política armónica.
Por tanto, nosotros estamos de acuerdo con esta enmienda que
plantea el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
referente a la prioridad de la renovación inmediata de su
Consejo de Administración. Y con la que presenta el Grupo
Socialista de sustitución del punto 1, estamos de acuerdo,
porque, al menos, suprime esa complejidad de enfrentarnos con
una ley de lo audiovisual, donde se va a introducir el tema de
la televisión privada, y se circunscribe concretamente a lo
que es solicitar del Gobierno una comunicación que haga una
prospectiva de diagnóstico sobre cuál es la evolución y
situación del sector en España, introduciendo la posibilidad
de una nueva regulación legal, que nosotros apoyamos.
Por lo que respecta al punto 2 de la moción, sobre el primer
párrafo poco tenemos que añadir, sino mostrar nuestra
conformidad y, desde luego, pedir la supresión de las dos
últimas líneas, que se delimite las diferencias de la
programación que ofrece con respecto a la oferta privada. ¿Por
qué decimos esto? Porque la oferta privada de televisión es
algo movible y el referente estatal no puede estar con
respecto a algo que se está moviendo; es la propia libertad de
programación de las televisiones privadas. ¿Cómo voy a obligar
yo a un ente público a que tenga un referente para su
programación con respecto a la programación de la oferta
privada, si ésta puede cambiar, porque es uno de los
fundamentos de la captación de mercado y de la captación de
oyentes? Por tanto, no sé a qué cuento viene esto.
Finalmente, señorías, por lo que respecta al punto 2, en los
párrafos segundo y tercero, los conceptos de objetividad e
imparcialidad deben estar referidos al nuevo estatuto de la
radio y de la televisión como valores políticos fundamentales
que tienen que ser recogidos no como una cuestión subsidiaria
sino como una custión legal fundamental, como se necesita
hacer y se hace en la reforma de la Ley 4/1987, del Estatuto.
En cuanto al último párrafo, por supuesto, no admitimos la
disolución del Ente Público Radiotelevisión Española; sería un
paso atrás volver a dejar sueltas a Radio Nacional, a
Televisión, y lo que aquí se pretende hacer con la Televisión
Internacional o la Radio Exterior, porque volveríamos a
circunstancias muy anteriores, incluso del anterior régimen
político español previo a la democracia.
Por último, por lo que respecta al punto 3 de la moción,
nosotros apoyamos tanto las enmiendas que se han introducido
aquí por Izquierda Unida como por el Grupo Socialista, por
entender que todo aquello que refuerce medidas de control
económico será positivo, pero sin llegar a poner una exigencia
de cláusula de que sobrepase o no 100.000 millones de pesetas.
Esto es minimizar el problema de fondo y cuantificarlo. No le
podemos poner nosotros una traba financiera en una
cuantificación en guarismos a ninguna empresa pública, porque,
si no, tendríamos que ser consecuentes con una torpeza y
llevar esto mismo al tema de Hunosa, de Iberia o de cualquier
empresa pública. Al menos hay que reconocerle unos campos de
operatividad de lo que tienen que ser sus compromisos
financieros.
Por estas razones, señorías, nosotros vamos a votar
favorablemente estas enmiendas, si son aceptadas por el Grupo
Popular, estando de acuerdo en el fondo con que esta materia
hay que resolverla, política, y legalmente en primer lugar, de
una vez por todas, empezando por el propio Consejo de
Administración. Nada más y muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Muchas gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo Parlamentario ha estudiado con atención la
moción consecuencia de interpelación que, en relación con el
Ente Público Radiotelevisión, ha presentado el Grupo
Parlamentario Popular y, de entrada, debo decir que
coincidimos con la preocupación por el presente y futuro de
Radiotelevisión Española. Sin lugar a dudas, el problema que
se plantea en la actualidad sobre Radiotelevisión Española es
importante, por cuanto a la complejidad y a los cambios que se
han producido en el panorama de la comunicación audiovisual y
a los que se van a producir en un futuro cercano, consecuencia
del avance imparable de las tecnologías de la comunicación,
hay que añadir el
gravísimo problema financiero que arrastra dicho Ente Público.
El Grupo Popular nos propone una moción que se divide en tres
apartados, a los cuales me voy a referir con brevedad. En el
primer punto de la moción se insta al Gobierno a que remita a
la Cámara una ley general de lo audiovisual que, dice el Grupo
Popular, debería sustituir al Estatuto de Radiotelevisión
Española, a la Ley reguladora del tercer canal y a la de
televisión privada. Debo decir que nosotros creemos que la
situación televisiva actual requiere de una reordenación, por
lo que una iniciativa similar a la que nos propone el PP no
nos parece mal, aunque creemos que es necesario un proceso de
maduración, pero no entendíamos, hasta la intervención de la
portavoz del Partido Popular, por qué limitar una iniciativa
de este tipo a la simple sustitución de las tres leyes a que
hacía referencia y más cuando una de ellas, el Estatuto de
Radiotelevisión, ya nos ha anunciado el Gobierno que la va a
remitir a la Cámara, es decir, que va a ser objeto de reforma
dentro de esta legislatura. Nos preguntábamos por qué una ley
de este tipo obviaba, por ejemplo, aspectos tan importantes
dentro del panorama audiovisual español y quizá mundial como
la
televisión por satélite, el cable o incluso la que nosotros
consideramos necesaria y urgente regulación de las
televisiones locales o, por qué no, la inminente trasposición
de la directiva comunitaria de televisión europea. La verdad,
es que no tenía la respuesta hasta la intervención de la
portavoz del Partido Popular. En cualquier caso, nos parece
que adoptar una ley de este tipo requiere de un proceso de
maduración.
En cuanto al segundo punto de la moción, nos parece
interesante la propuesta de la comunicación para su debate en
la Comisión sobre el modelo de funcionamiento y gestión de la
radio y televisión públicas, pero no olvidemos que la semana
pasada aprobamos en la Comisión de Control Parlamentario de
Radiotelevisión Española una iniciativa, si no recuerdo mal
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, que obliga al Gobierno a remitir a la Cámara el
plan de futuro del Ente Público, en un plazo, creo, que de dos
meses, desde su aprobación por el Consejo de
Administración. Ahora bien, tan fundamental para nosotros como
que este debate se produzca es que el modelo de televisión
pública que decidamos tenga traducción legal, es decir, que el
modelo de funcionamiento y gestión de la televisión pública ha
de quedar incorporado al Estatuto de Radiotelevisión Española.
No entiendo, y en esa afirmación creo que coincido con otros
portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, la
propuesta que se incluye en este mismo segundo punto de la
moción, acerca de la disolución del Ente Público de
Radiotelevisión Española, y no creo que dicha propuesta
obedezca simplemente a la voluntad de introducir elementos de
debate. Es decir, si el objetivo que parezco intuir de la
propuesta del Partido Popular es el de dar un primer paso
hacia la
privatización del Ente o de las empresas que lo integran, creo
que vamos a tener ocasión en el futuro, ante los debates que
se van a plantear en esta Cámara, de tratar dicho asunto en
profundidad. Sin embargo, ya les avanzo que para nosotros tan
necesaria es la televisión pública, con sus objetivos
específicos que podemos discutir, como lo es la privada. Por
último, y con ello termino, en cuanto al tercer punto de la
moción, entran ustedes en el polémico tema del déficit de
Radiotelevisión Española, tema en el cual, al menos en su
diagnóstico,
coincidimos creo que absolutamente. Nosotros ya hemos
manifestado repetidamente
nuestra preocupación por la grave situación financiera del
Ente Público. Ya dijimos durante la anterior legislatura, y lo
dijimos varias veces en la Cámara precisamente en todos los
debates presupuestarios, cuando se estaba produciendo
precisamente una caída de los ingresos publicitarios, que ello
nos hacía temer que en el futuro nos íbamos a encontrar con un
panorama desolador, como el que nos hemos encontrado. Por ello
ya reclamamos en su momento la adopción de medidas estables y
definitivas sobre la financiación de Radiotelevisión Española,
petición que también debo recordar que en ese momento no fue
atendida por el Gobierno, quien la abandonó a su suerte,
obligándola a ir sistemáticamente al endeudamiento. Y esta
política gubernamental de dejar pasar el tiempo supone y está
suponiendo en la actualidad miles de millones de pesetas en
gastos financieros que cree nuestro Grupo Parlamentario que
nos podíamos haber evitado. En ese sentido no comparto el
optimismo del portavoz socialista.
Para salir de esta situación pensamos que además de incidir en
aquello que nos propone el Grupo Parlamentario Popular en este
tercer punto de la moción, es imprescindible avanzar en una
nueva definición de actividades, en la racionalización de la
estructura del Ente Público y, sobre todo, en definir un
modelo de
financiación que permita saber a Radiotelevisión Española de
qué ayudas va a poder disponer y, sobre todo, que permita al
Parlamento saber exactamente lo que nos va a costar
Radiotelevisión Española cada año. Todo ello espera este Grupo
Parlamentario verlo concretado en el plan de futuro y, sobre
todo, espera poderlo analizar en profundidad con el resto de
los grupos de la Cámara en los debates que, como consecuencia
de esta moción, se van a producir o bien en los debates que,
dentro del funcionamiento normal de la Comisión de Control
Parlamentario de Radiotelevisión, van a ir teniendo lugar.
Quedamos, pues, a la espera de la aceptación o no por parte
del Grupo proponente de las enmiendas planteadas por los
diversos grupos parlamentarios y reitero, un aspecto que ya he
comentado a lo largo de mi intervención, el de que
consideramos que antes de tomar determinadas decisiones que se
incluyen en alguno de los puntos de la moción, nuestro Grupo
cree que es importante poder tener un debate en profundidad
sobre los mismos.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Recoder.
Por el Grupo proponente para expresar la aceptación o rechazo
de las enmiendas defendidas, tiene la palabra la señora Mato.
La señora MATO ADROVER: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quería agradecer a los señores Mardones y
Recoder sus intervenciones. Como nosotros también creemos que
es importante propiciar un debate en profundidad sobre esta
materia, como decía el señor Recoder, vamos a aceptar algunas
enmiendas que se nos han formulado, algunas de ellas, señor
Presidente, a través de enmiendas transaccionales que nos
gustaría proponer al Grupo Socialista.
Empezaré por las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida. Tengo
que decirle al señor Alcaraz, siguiendo con nuestro discurso
de Gobierno, porque me encanta que nuestras propuestas les
parezcan propuestas de Gobierno, que la primera enmienda que
nos proponen al punto 1 no podemos aceptarla, fundamen-
talmente porque es obligado por ley que después de unas
elecciones generales se renueve el Consejo de Administración
de Radiotelevisión. No creo que haya que acordarlo en esta
Cámara; hay que hacerlo, con lo cual no creo que sea necesario
aceptar esta enmienda.
En cuanto a la enmienda segunda, creo que tiene una confusión,
porque el otro día aprobamos en la Comisión de Control una
proposición no de ley de su propio Grupo en la que se pedía
que se trajera el plan de futuro en el plazo de dos meses y
creo que es el mismo texto que contempla el punto 3, por lo
cual como ya está aprobado en una proposición no de ley en
esta Cámara, no creo que haga ninguna falta incluirlo.
En cuanto a la enmienda número 4, en la que se habla del plan
de futuro y de promover la creación de una ponencia, creo que
este punto está absolutamente contenido en nuestros puntos 1 y
2 de la moción, por lo cual también me parece absurdo
aceptarla y, sin embargo, les pido que voten a favor de
nuestra moción porque sus puntos están contenidos en la
nuestra.
En cuanto a las enmiendas del Grupo Socialista, la relativa al
punto 1 queríamos ofrecerle una transaccional cuyo texto leo,
señor Presidente: «El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a que remita a la Cámara una comunicación sobre el
panorama actual, evolución y perspectivas de lo audiovisual en
España a la vista de las transformaciones producidas en la
última
década»... Nosotros ahí añadiríamos: «y específicamente sobre
la posibilidad de una nueva regulación legal».
En cuanto a la enmienda número 2, referida al punto 2, también
estamos dispuestos a aceptarla en aras de que haya un debate
en profundidad en esta Cámara sobre este tema. Ahora bien, sí
que les anuncio --siento dar un disgusto a alguno de los
portavoces--que en ese debate también plantearemos la falta de
objetividad y de pluralismo, hecho objetivo que la Junta
Electoral Central ha reconocido por primera vez en estas
elecciones generales al decir que ha habido falta de
objetividad y pluralismo en la Televisión Española. También
plantearemos el tema de la supresión del Ente Público.
En cuanto a la tercera enmienda del Grupo Socialista también
proponemos una transaccional que quedaría
prácticamente como la propone el Grupo Socialista sólo que al
final diría: «...y promueva medidas concretas para la
reducción del gasto en este grupo de sociedades que contemple
todas las partidas de ingresos y gastos». Aquí ampliaríamos el
tema abarcando no sólo las partidas relativas a servicios
exteriores, compras y directivos que por supuesto las
mantenemos, sino además el resto de las partidas de ingresos y
gastos.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Mato.
Entiendo que ha aceptado la enmienda número 2 en sus propios
términos. (Asentimiento.)
Señor Fuentes, ¿acepta el Grupo Socialista las enmiendas
transaccionales?
El señor FUENTES GALLARDO: Sí, señor Presidente. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular que se somete a
votación en los términos resultantes de la aceptación de las
enmiendas del Grupo Socialista con las rectificaciones
transaccionales introducidas en el curso del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 286; a favor, 275; en contra, diez; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción.
El Pleno se reanudará mañana a las diez de la mañana.
Se suspende la sesión.
Eran las ocho y cuarenta y cinco minutos de la noche.