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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 17, de 30/09/1993
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1993 Núm. 17 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 15
celebrada el jueves, 30 de septiembre de 1993
Página
ORDEN DEL DIA:
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre
declaraciones de actividades de Excmos. Sres. Diputados.
(Sesión secreta)
--Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre
declaraciones de actividades de Excmos. Sres. Diputados
(Página 541)
Convalidación o derogación de Reales Decretos-ley:
--Del Real Decreto-ley 15/1993, de 17 de septiembre, por el
que se permite a los funcionarios públicos de los cuerpos
docentes universitarios que deban jubilarse al finalizar el
curso académico 1992-1993, la posibilidad de optar por
jubilarse a la finalización del curso académico 1993-1994.
(número de expediente 130/000004) (Página 542)
Debates de totalidad de Convenios Internacionales:
--Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y Protocolo
Adicional, hecho en Bruselas el 17 de marzo de 1993. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 5.1, de 30
de julio de 1993 (número de expediente 110/000003) (Página 548)
--Protocolo para enmendar el párrafo 2 del artículo X del
Convenio Internacional para la Conservación del Atún
Atlántico, hecho en Madrid el 5 de junio de 1992. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 8.1, de 30
de julio de 1993 (número de expediente 110/000006) (Página 558)
Debates de totalidad de Propuestas de Reforma de Estatutos de
Autonomía:
--Del Parlamento de las Islas Baleares, de reforma del
Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares. (Orgánica.)
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número
12.1, de 26 de julio de 1993 (número de expediente 127/000008)
(Página 559)
--De las Cortes de Aragón, de reforma del Estatuto de
Autonomía de Aragón. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie A, número 14.1, de 30 de julio de 1993
(número de expediente 127/000014) (Página 567)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana,
con carácter secreto, para debatir el dictamen de la Comisión
del Estatuto de los Diputados sobre declaraciones de
actividades de los señores Diputados (Página 541)
Se reanuda la sesión con carácter público.
Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes (Página 541)
Real Decreto 15/1993, de 17 de septiembre, por el que se
permite a los funcionarios públicos de los Cuerpos docentes
universitarios que deban jubilarse al finalizar el curso
académico 1992-93 la posibilidad de optar por jubilarse a la
finalización del curso académico 1993-94 (Página 542)
En nombre del Gobierno expone las razones que han obligado a
la promulgación del Decreto-ley el señor Ministro de Educación
y Ciencia (Suárez Pertierra), manifestando que el 14 de
septiembre de 1992 el Gobierno presentó un plan de
actualización de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma
Universitaria, en la que se introduce una modificación en la
edad de jubilación forzosa de los
funcionarios públicos de los Cuerpos docentes universitarios,
fijando en los 70 años dicha edad. Recuerda que esta medida
fue apoyada y votada favorablemente por la práctica unanimidad
de los grupos parlamentarios, pero la disolución de las Cortes
impidió la cul-minación de los trámites parlamentarios y, por
consiguiente, la entrada en vigor de la norma. Esta situación
venía a frustrar las expectativas de un grupo de profesores
que habían cumplido 65 años durante el curso académico 1992-93
y que esperaban poder continuar con la vida académica por mor
de la nueva ley.
Añade que el 14 de septiembre pasado el Pleno de esta Cámara
aprobó por abrumadora mayoría una proposición no de ley en la
que se instaba al Gobierno a dictar un Real Decreto-ley que
viniera a poner remedio a la situación creada para ese grupo
de profesores, permitiéndoles prorrogar su fecha de jubilación
hasta la terminación del curso académico 1993-94. El Gobierno
cumplió con celeridad este encargo, aprobando, en los
estrictos términos de la proposición no de ley, el Real
Decreto-ley 15/1993, de 17 de septiembre, por el que se
permite a estos funcionarios la posibilidad de optar por
jubilarse a la finalización del curso 1993-94, Real Decreto-
ley que hoy se somete a la consideración de la Cámara de
acuerdo con lo establecido en el artículo 86.2 de la
Constitución.
Termina señalando el señor Ministro que es intención del
Gobierno remitir a la mayor brevedad posible un nuevo proyecto
de ley de actualización de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de
agosto, en el que se aborde, entre otras cuestiones, el tema
de la jubilación del profesorado universitario de forma
definitiva. Entre tanto, y para dar respuesta urgente a los
problemas suscitados en este momento, solicita el voto
favorable de la Cámara para la convalidación del Real Decreto-
ley de 17 de septiembre por entender que concurren los
requisitos formales y materiales previstos en el artículo 86
de la Constitución.
En turno en contra de la convalidación del Real Decreto-ley
interviene el señor Martínez Blasco, del
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
manifestando que ya en el debate de la proposición no de ley
expusieron su postura en contra de las medidas propuestas que
hoy se tratan de convalidar a través de un Real Decreto
promulgado con extraordinaria celeridad por el Gobierno, del
que espera que actúe con idéntica prontitud cuando la Cámara
apruebe otras mociones.
Respecto al contenido del Real Decreto, afirma que no
beneficia a la Universidad y ni siquiera a los profesores que
hayan de jubilarse después de 40 años de docencia. El
problema, a su juicio, está en las pensiones, que es el tema a
resolver. Sucede, además, que la medida propuesta supone una
quiebra del principio general de la edad de jubilación y un
privilegio para un determinado sector, lo que ya ha dado lugar
a que otros colectivos de la Administración hayan solicitado
recientemente la jubilación a los 70 años. Coincide esta
medida con un momento en que su Grupo Parlamentario pide
anticipar la edad de jubilación como una de las medidas
fundamentales en momentos de crisis para atenuar e incluso
resolver el problema del desempleo.
En turno a favor de la convalidación interviene el señor Lazo
Díaz, en nombre del Grupo Socialista, manifestando que poco
tiene que añadir después de lo manifestado por el señor
Ministro. Solamente desea recordar, primero, que el Real
Decreto-ley es consecuencia directa de una proposición no de
ley aprobada por la casi unanimidad de esta Cámara, con la
excepción del voto de Izquierda Unida. En segundo lugar,
quiere aclarar que el Decreto-ley no es comprensible si no se
tiene en cuenta la enmienda introducida por el Grupo
Socialista en la proposición no de ley, según la cual el
Gobierno se compromete a enviar rápidamente un proyecto de ley
de reforma de la LRU donde se contemple la edad de jubilación
del profesorado universitario a los 70 años, lo cual coincide
con una idea que estaba en el programa electoral del Partido
Socialista y que no pudo ser aprobada anteriormente como
consecuencia de la disolución de las Cortes.
Señala, por otra parte, que los propios profesores afectados
desean esta prórroga en la edad de jubilación, tratándose por
consiguiente de una opción progresista, realista y deseada por
los interesados y por la propia Universidad, por lo que el
Grupo Socialista votará a favor de la misma.
Replica el señor Martínez Blasco, duplicando el señor Ministro
de Educación y Ciencia.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; López de Lerma i
López, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y la señora
Barrios Curbelo, del Grupo Popular.
Sometida a votación, se aprueba la convalidación del Real
Decreto-ley por 260 votos a favor y 11 en contra.
Debates de totalidad de convenios internacionales (Página 548)
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y Protocolo
Adicional, hecho en Bruselas el 17 de marzo de 1993 (Página 548)
El señor Mur Bernad, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas
de totalidad presentadas por él mismo y por su compañero de
Grupo el señor González Lizondo, limitándose a formular el
contenido de las mismas, ya que su justificación es sencilla,
pues se trata de que en el futuro los países de la Asociación
Europea de Libre Comercio, excepto Suiza, no puedan impedir la
libre circulación de productos con las características
señaladas en las enmiendas y que son tan importantes para la
Comunidad valenciana y para otras zonas de España. Una segunda
enmienda consiste en la adición al artículo 24 del párrafo al
que da lectura. Igualmente formula una enmienda al artículo
25, enmienda también de adición del texto, que asimismo lee
para conocimiento de la Cámara.
En turno en contra interviene, en nombre del Grupo Socialista,
el señor Costa Costa, que considera que las enmiendas
presentadas persiguen buenos propósitos, pero no se ajustan al
marco adecuado para convertir esos propósitos en realidad. Son
conocidas las complejidades de un Tratado como el que les
ocupa, que tiene que armonizar los intereses nacionales y
sectoriales de dieciocho países, siendo imposible que no
resulten afectados algunos aspectos de esos sectores
económicos o que estos aspectos no sean
mejorables. Agrega que el Grupo Socialista valora muy
positivamente la creación de este espacio europeo y las
condiciones que del acuerdo se derivan para nuestro país y,
por encima de los beneficios inmediatos que pueda suponer para
España, son las potencialidades, el escenario de oportunidades
que representa la creación de un espacio con 380 millones de
consumidores, con un alto poder adquisitivo. Explica algunas
características del convenio y los beneficios concretos que
reporta para algunos sectores productivos españoles y,
consiguientemente, anuncia que el Grupo Socialista votará a su
favor, como espera que hagan los demás grupos de la Cámara.
Replica el señor Mur Bernad, duplicando el señor Costa Costa.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Coalición Canaria; Zabalía Lezámiz, del
Grupo Vasco (PNV); Homs i Ferret, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió); Espasa Oliver, del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, y la señora Tocino
Biscarolasaga, del Grupo Popular.
Sometidas a votación, se rechazan las enmiendas debatidas por
nueve votos a favor, 256 en contra y 14 abstenciones.
Protocolo para enmendar el párrafo 2 del Artículo X del
Convenio Internacional para la Conservación del Atún
Atlántico, hecho en Madrid el 5 de junio de 1992 (Página 558)
El señor Durán Núñez defiende la enmienda de totalidad
presentada por el Grupo Popular, manifestando que realmente se
trata de una enmienda de adición, a la que da lectura, y que
si la Cámara la aprueba el Grupo Popular votará lógicamente a
favor del Convenio. En otro caso, esperará a ver qué dice el
Grupo Socialista, en representación del Gobierno, por si
ilumina algo a la Cámara en relación con el contenido de la
enmienda.
En turno en contra de la enmienda interviene el señor Curiel
Alonso, en nombre del Grupo Socialista, señalando que comparte
el espíritu de la preocupación expuesta por el señor Durán, e
incluso el sentido de la enmienda, pero no puede apoyarla tal
como la han planteado, lo que no evita que haga una propuesta
transaccional que cree que puede ser aceptada por el Grupo
Popular. Añade que no pueden aceptar la enmienda en sus
actuales términos porque significaría que el Gobierno no
tendría autorización para firmar el Protocolo y, por
consiguiente, éste no entraría en vigor, con graves y
negativas consecuencias.
Han estudiado las iniciativas parlamentarias que se están
tramitando en este momento en la Cámara a propuesta del Grupo
Popular y de Izquierda Unida y desearían llegar a un acuerdo
sobre esta materia buscando un punto de encuentro entre todos
los grupos, pero en este momento tiene que insistir en que
comparte el espíritu y el sentido de la proposición que el
Grupo Popular ha presentado y, por consiguiente, pediría a
éste que retirase la enmienda y votara conjuntamente el
Protocolo, dando así solución satisfactoria al grave problema
que está planteando.
Replica el señor Durán Núñez, retirando la enmienda y
anunciando el voto favorable de su Grupo al Protocolo.
Debates de totalidad de propuestas de reforma de estatutos de
autonomía (Página 559)
Del Parlamento de las Islas Baleares, de reforma del Estatuto
de Autonomía para las Islas Baleares. (Orgánica.) (Página 559)
En nombre del Parlamento de las Islas Baleares interviene en
primer lugar, en defensa de la propuesta de reforma
estatutaria, el señor Huguet Rotger. Expone que el Parlamento
de las Islas Baleares aprobó por amplísima mayoría una reforma
del Estatuto cuyo contenido se inspira y se adapta al pacto
autonómico de 1992, y para que esa voluntad mayoritaria de la
Cámara autonómica pueda prosperar definitivamente comparece en
esta tribuna solicitando que convalide estos deseos de ampliar
la dimensión del Estatuto autonómico.
Estima paradójico que las Islas Baleares no hayan sido aún
jurídicamente consideradas una comunidad histórica, puesto que
elementos sustanciales para ello no les faltan ni son
discutibles sociológicamente. Sin embargo, la coyuntura de la
transición hizo que la reconstrucción de su personalidad
tuviera que presentarse por la vía del artículo 143 de la
Constitución y no por la del 151. Acomodándose a esta vía, dan
hoy un paso decisivo y claro desde la armonía del conjunto de
las comunidades autónomas que viven el mismo proceso de
crecimiento de su marco estatutario. No obstante, no puede
dejar de reconocer que en Baleares las aspiraciones eran
mayores, pero han sabido y querido aparcar temporalmente una
parte de sus derechos particulares en beneficio de un
compromiso superior llamado España y que debe proyectarse en
la unidad de todos sus pueblos, regiones y nacionalidades.
Pide el apoyo de esta Cámara para esta reforma que en realidad
abre un proceso, pero de ningún modo cierra el desarrollo
estatutario de Baleares.
Completa la defensa de la propuesta de reforma estatutaria, en
nombre del Parlamento de las Islas Baleares, el señor Alfonso
Villanueva, manifestando que desde el Partido Socialista
defienden con orgullo esta reforma que, en su opinión,
constituye un paso importante en el camino hacia la efectiva
igualdad competencial entre todas las comunidades. Pero aun
siendo un paso
importantísimo, tiene que decir que no es, ni debe ser, el
último o definitivo.
Expone algunas modificaciones que han considerado necesarias y
aspiraciones que quedan pendientes para corregir
disfuncionalidades importantes en la inicial configuración
institucional, no
obstante lo cual considera que la reforma que ahora defienden
es un paso imprescindible para el objetivo de seguir
profundizando en la consolidación del Estado autonómico y,
consiguientemente, solicita el voto favorable de este Congreso
para la misma.
Para fijación de posiciones intervienen la señora Rahola i
Martínez, del Grupo Mixto; el señor Sánchez i Llibre, del
Grupo Catalán (Convergència i Unió); la señora Rivadulla
Gracia, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y los
señores Gilet Girart, del Grupo Popular, y Costa Costa, del
Grupo Socialista. Sometida a votación de totalidad, se aprueba
la propuesta de reforma objeto de debate por 256 votos a
favor, nueve en contra y cuatro abstenciones.
De las Cortes de Aragón, de reforma del Estatuto de Autonomía
de Aragón Página 567
En representación de las Cortes de Aragón interviene, en
defensa de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía,
el señor Arola Blanquet, manifestando que el 30 de junio de
1993 las cortes autonómicas aprobaron la proposición de ley de
reforma del Estatuto de Autonomía después de un largo camino
recorrido hasta conseguir esta modificación, encaminada a
profundizar en el desarrollo del modelo autonómico del Estado
y realizarlo desde las experiencias pasadas y dentro del
ámbito de lo que se ha dado en llamar un pacto de Estado. Se
trata de una reforma tendente a aumentar la capacidad de
autogobierno y autoorganización de la Comunidad Autónoma de
Aragón y aumentar también su techo competencial una vez
transcurrido el plazo previsto a tal efecto.
Solicita, por tanto, el voto favorable de este Congreso para
el nuevo techo autonómico, ya que tras su aprobación podrán en
Aragón profundizar en nuevos debates sobre el hecho
autonómico, pero tendrán buena parte de la tarea ya realizada.
Completa la defensa de la propuesta de reforma, en nombre de
las Cortes de Aragón, el señor Gimeno Fustet, que alude a la
voluntad política mayoritaria de las fuerzas representativas
del Estado plasmada en el acuerdo conseguido en febrero de
1992 en relación con las autonomías que accedieron por la vía
del artículo 143 de la Constitución. En base al citado
acuerdo, estas autonomías pueden recortar lo que calificaría
de diferencias abismales que existían entre las comunidades de
los artículos 151 y 143. Pero sucede que para el Grupo Popular
este paso no es el último, como se viene manifestando desde el
primer momento, ya que desde su punto de vista el proceso de
organización del Estado es dinámico hasta conseguir la total
equiparación de los territorios, como desea la Constitución,
aunque sea recorriendo diversos caminos para ello. Desea que
quede constancia de que no quedarán satisfechos con la simple
incorporación de esta reforma del Estatuto de Autonomía de
Aragón, puesto que hay diversas materias sobre las que es
preciso seguir hablando y realizando un esfuerzo mayor de
colaboración, cooperación y consenso entre el Gobierno y las
fuerzas políticas. Termina solicitando el voto favorable de la
Cámara para la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía
de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los
señores Mur Bernad, del Grupo Mixto; Mardones Sevilla, del
Grupo de Coalición Canaria; Sánchez i Llibre, del Grupo
Catalán (Convergència i Unió); Martínez Blasco, de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya; señora Rudi Ubeda, del Grupo
Popular, y señor Sainz Lorenzo, del Grupo Socialista.
Sometida a votación de totalidad, se aprueba la propuesta de
reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón por 256 votos a
favor, 15 en contra y una abstención.
Se levanta la sesión a la una y veinticinco minutos de la
tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS (Sesión
secreta):
--DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE
DECLARACIONES DE ACTIVIDADES DE LOS EXCELENTISIMOS SEÑORES
DIPUTADOS
Se somete a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto
de los Diputados, que queda aprobado.
Se reanuda la sesión con carácter público.
CONVALIDACION O DEROGACION DE REALES DECRETOS-LEY:
--REAL DECRETO-LEY 15/1993, DE 17 SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE
PERMITE A LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE LOS CUERPOS DOCENTES
UNIVERSITARIOS QUE DEBAN JUBILARSE AL FINALIZAR EL CURSO
ACADEMICO 1992-1993, LA POSIBILIDAD DE OPTAR POR JUBILARSE A
LA FINALIZACION DEL CURSO ACADEMICO 1993-1994. «BOE» NUMERO
226, DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 1993 (Número de expediente
130/000004)
El señor PRESIDENTE: El punto siguiente del orden del día,
según lo acordado por el Pleno, es la convalidación o
derogación del Real Decreto-ley 15/1993, de 17 de septiembre,
por el que se permite a los funcionarios públicos de los
cuerpos docentes universitarios que deban jubilarse al
finalizar el curso académico 1992-1993, la posibilidad de
optar por jubilarse a la finalización del curso académico
1993-1994.
Para exponer, en nombre del Gobierno, las razones que han
obligado a la promulgación del Real Decreto-ley, tiene la
palabra el señor Ministro de Educación y Ciencia.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el 14 de septiembre de 1992 el Gobierno presentó un
proyecto de ley de actualización de la Ley Orgánica 11/1983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, en el que se
introducía una modificación en la edad de jubilación forzosa
de los funcionarios públicos de los cuerpos docentes
universitarios, fijando en los 70 años dicha edad.
En la exposición de motivos de dicho proyecto de ley se
justificaba su inclusión en el texto por las condiciones
singulares del profesorado, a la luz de la experiencia
acumulada en los últimos años y teniendo en cuenta las
características específicas de las funciones docente e
investigadora.
Pues bien... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Ministro, Disculpe.
Señorías, les ruego guarden silencio. (Pausa.)
Cuando quiera puede continuar.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra):
Pues bien, esta medida fue apoyada y votada favorablemente por
la práctica unanimidad de los grupos parlamentarios y figuraba
en el texto aprobado por el Senado el 31 de marzo de 1993 que
se remitió al Congreso para su ratificación.
La disolución de las Cortes impidió la culminación de los
trámites parlamentarios y, por consiguiente, la entrada en
vigor de la norma.
Esta situación venía a frustrar las expectativas de un grupo
de profesores que había cumplido 65 años durante el curso
académico 1992-1993 y que esperaba poder continuar su vida
académica por mor de la nueva ley.
El 14 de septiembre pasado, el Pleno de esta Cámara, aprobó,
por abrumadora mayoría, una proposición no de ley en la que se
instaba al Gobierno a dictar un Real Decreto-ley que viniera a
poner remedio a la situación creada para ese grupo de
profesores, permitiéndoles prorrogar su fecha de jubilación
hasta la
terminación del curso académico 1993-1994.
El Gobierno cumplió con celeridad, aprobando, en los estrictos
términos de la proposición no de ley, el Real Decreto-ley
15/1993, de 17 de septiembre, por el que se permite a los
funcionarios públicos de los cuerpos docentes universitarios
que deban jubilarse al finalizar este curso académico, la
posibilidad de optar por jubilarse a la finalización del curso
1993-1994, Real Decreto-ley que hoy se somete a la
consideración de SS.SS. de acuerdo con lo establecido en el
artículo 86.2 de nuestra Constitución.
El apartado 1 de este artículo se refiere al caso de
extraordinaria y urgente necesidad para justificar la
utilización de este tipo de norma, y quiero referirme, con la
necesaria brevedad, a ese requisito material.
Es intención del Gobierno, y ésa era la segunda parte de la
proposición no de ley aprobada por esta Cámara y a la que he
venido aludiendo, remitir, a la mayor brevedad posible, un
nuevo proyecto de ley de actualización de la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, en el que
se aborde el tema de la jubilación del profesorado
universitario de forma definitiva, entre otras cuestiones.
Pero obviamente no resulta posible el que dicha ley viera la
luz antes del 30 de septiembre de 1993, por lo que no podrían
operarse las modificaciones en ella previstas antes de esa
fecha. Esta situación generaría importantes dificultades a las
universidades, que podrían haber planificado el curso
académico que ahora comienza contando con la participación de
ese profesorado, al tiempo que dejaba sin resolver el problema
de los profesores afectados.
Para evitar esas consecuencias era preciso adoptar con
urgencia la oportuna medida legislativa que viniera a dar
respuesta a los problemas suscitados. La práctica unanimidad
de los grupos parlamentarios en torno a esta posición era una
justificación añadida para hacerlo así.
Señor Presidente, señorías, concluyo solicitando su voto
favorable a la convalidación del Real Decreto-ley 15/1993, de
17 de septiembre, por entender que concurren en él los
requisitos tanto formales como materiales del artículo 86 de
la Constitución. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En contra de la convalidación del Real Decreto-ley, por
Izquierda Unida tiene la palabra el señor Martínez Blasco.
El señor MARTINEZ BLASCO: Señor Presidente, señorías, nuestro
Grupo, con ocasión del debate de las dos proposiciones no de
ley el pasado día 14, ya expresó su opinión en contra de esta
medida. Por tanto, hoy cuando se trata de convalidar un
Decreto-ley que, como ha señalado el señor Ministro se hace
con extraordinaria celeridad, a los tres días --esperemos que
en otras ocasiones que este Parlamento apruebe mociones al
Gobierno tengan la misma
celeridad--; como digo, con ocasión de la convalidación
nosotros también vamos a posiciones en contra.
Creemos, señorías, que esto no beneficia a los profesores que
hayan de jubilarse después de 40 años de docencia. En nuestra
opinión, la mayor parte de ellos, cuando tienen 65 años deben
jubilarse, como el resto de ciudadanos, de los profesionales.
Si el problema eran las pensiones --no se ha dicho hoy, pero
se señaló el otro día en el debate de las proposiciones no de
ley--, resuélvase el problema de las pensiones, pero los
ciudadanos, todos, incluidos el personal docente, tienen
derecho a la jubilación a los 40 años de servicios prestados.
Además, creemos que esto no beneficia a la universidad, y hay
que hablar claro en este tema. En estos momentos hay un
problema de poder dentro de la universidad española. Se ha
producido un rejuvenecimiento de los cuerpos docentes
precisamente por el incremento de los alumnos en los últimos
años; se ha producido un incremento muy sustancial de los
cuerpos docentes universitarios y hay determinados sectores
del profesorado que no quisieran perder cuotas de poder en la
Universidad. Los que estaban sujetos a la obligación de cesar
por jubilación, como se señaló el otro día, representan casi
un tercio del profesorado, y algunos piensan que van a perder
cuotas de poder en los tribunales, cuotas de poder en los
órganos de decisión de la universidad por esta oleada de
nuevas generaciones de profesores que han entrado en la
universidad española.
Por fin, señorías, creemos que no beneficia a la sociedad en
su conjunto. Supone una quiebra del principio general y un
privilegio para un determinado sector. Y como SS.SS. pudieron
conocer por la prensa en días pasados, ya se han dirigido las
asociaciones y a los sindicatos de funcionarios a la
Presidencia del Gobierno los abogados del Estado, los
administradores civiles, los arquitectos de Hacienda, los
diplomáticos, los estadísticos facultativos, los ingenieros
agrónomos, los ingenieros de caminos, los inspectores de
finanzas del Estado, interventores, etcétera. Es decir, el
resto de cuerpos superiores de la Administración reclama ahora
que si los profesores universitarios se van a jubilar a los 70
años, ellos también, bien sea por el tema de la pensión de
jubilación o bien sea --como nosotros señalamos-- por el
mantenimiento de un determinado poder en las estructuras de la
Administración. Nuestro Grupo, señorías, plantea, además,
anticipar la edad de jubilación como una de las medidas
fundamentales, en estos momentos de crisis, para poder
atenuar, o resolver incluso, el problema del desempleo en la
línea del reparto de trabajo. Es más, el propio Gobierno, en
las medidas que pretende proponer a esta Cámara, en la ley de
acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado,
propone incentivar la jubilación anticipada.
Por tanto, señorías, si el esquema general es que se debe
anticipar la jubilación como medida de lucha contra el
desempleo, si el propio Gobierno va a proponer entre los
funcionarios las
jubilaciones anticipadas, ¿qué sentido tiene aprobar en estos
momentos un decreto-ley que ya señaló el otro día que afecta
incluso a aquellos que se han jubilado por el sistema normal,
después de la entrada en vigor de la LRU, es decir, que afecta
a unas doscientas personas? ¿Qué sentido tiene, repito, que en
estos momentos se apruebe un decreto-ley con este privilegio
para un determinado sector de la Administración?
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Blasco.
¿Turno a favor de la convalidación? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Lazo.
El señor LAZO DIAZ: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, solamente intervendré un par de minutos respecto a
este asunto de la jubilación de los profesores de universidad,
que ya hemos debatido aquí hace quince días, porque después de
las palabras del señor Ministro poco puede añadirse de nuevo.
Recordaré sólo dos cosas. Primera, que el presente decreto-ley
es la consecuencia directa de una proposición presentada por
el Grupo Catalán y enmendada por el Grupo Socialista, que se
aprobó en esta Cámara casi por unanimidad, con la excepción
del voto de Izquierda Unida, al que enseguida voy a referirme.
Según aquella proposición y según este decreto, a los
profesores que hoy tienen 65 años y que deberían jubilarse el
1.º de octubre se les prorroga su vida académica durante un
año, y de ahí, señor representante de Izquierda Unida, viene
la celeridad. Tenemos esa fecha del 1.º de octubre, hoy
estamos a 30 de septiembre y, en consecuencia, no había más
remedio que sacar inmediatamente este Decreto, porque, si no,
no tendría sentido.
Segunda cuestión a recordar. Este Decreto-ley no es
comprensible si no se tiene en cuenta la enmienda introducida
por el Grupo Socialista en aquella proposición no de ley del
Grupo Catalán. Una enmienda según
la cual el Gobierno se compromete a enviar prontamente --como
ha recordado el señor Ministro-- un proyecto de reforma de la
LRU donde se contemple la edad de jubilación del profesorado
universitario a los 70 años. Nosotros teníamos que apoyarlo,
no podía ser de otra manera, en cuanto que es una idea que ya
estaba en el programa electoral socialista y en cuanto que
había sido introducida por el PSOE en el proyecto de ley de
reforma de la LRU, que, como es sabido, no vio su final por
disolución de las Cortes.
Por consiguiente --y es donde quería llegar--, tanto el
Decreto que estamos debatiendo como la posición del Grupo
Socialista en esta cuestión, son sólo un primer paso que debe
ser completado en su momento.
En contra de la opinión de Izquierda Unida, a nuestro entender
esta opción de jubilación del profesorado a los 70 años es una
opción progresista y realista. Considerar --como se ha
considerado-- que adelantar la edad de la jubilación a los 65
años es una conquista social, es, a mi entender, negar la
evidencia. ¿Cómo puede ser una conquista social algo que los
interesados no quieren que se produzca? El representante de
Izquierda Unida ha hablado aquí del deseo de jubilarse que
tienen los profesores de universidad después de 40 años, y que
por eso deben ser jubilados. Esto me recuerda las liberaciones
a la fuerza en las guerras civiles, porque la mayoría de los
profesores universitarios no quiere jubilarse a los 65 años.
Además, rechazar, como hace Izquierda Unida, la idea de
alargar la edad de jubilación, es ignorar la situación
poblacional del mundo y de la misma España. Estamos ante una
pirámide de población donde hay cada vez menos jóvenes, donde
la vejez biológica se aleja cada vez más, y donde por momentos
resulta más difícil mantener a una creciente población pasiva
que, por lo demás, en la universidad en su mayor parte se
encuentra en perfectas condiciones para seguir trabajando.
Porque se trata, entonces, de una opción progresista, de una
opción realista, de una opción deseada por la mayor parte de
los interesados y por la mayor parte de la universidad, es por
lo que el Grupo Socialista votará a favor de la convalidación
de este Decreto-ley.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lazo.
Tiene la palabra el señor Martínez.
El señor MARTINEZ BLASCO: La verdad, señorías, es que cuando
se quiere rizar el rizo se dicen cosas como que no es
progresista una conquista social que se hace contra los
interesados, porque los interesados no quieren.
Señorías, estoy absolutamente convencido de que en nuestro
país habría en estos momentos trabajadores que estarían
dispuestos a trabajar sin contrato por escrito, con un salario
inferior al salario mínimo, etcétera, y todo porque hay una
enorme presión por la crisis. ¿Ustedes creen, señorías, que
sería progresista en estos momentos permitir que eso existiese
en nuestro mercado laboral simplemente porque los interesados
lo quieren así? Creo, señorías, que no se puede decir que el
progresismo aquí consiste en atender lo que quieren los
interesados.
Se señaló el otro día que los interesados pueden quererlo por
una razón: por el tema de las pensiones. He dicho que eso se
resuelva. Se ha señalado hoy otra razón: el tema de la pugna
por el poder dentro de la universidad. Aquí se ha dicho que
por razones biológicas cada vez hay menos jóvenes, se alarga
la esperanza de vida, etcétera. Sí, señorías, pero estos 900
que se han jubilado en virtud de la LRU en los últimos años
son 900 puestos de trabajo para los jóvenes, ya que un
problema que tiene este país es que también las nuevas
generaciones quieren acceder a los puestos de trabajo,
incluida la docencia.
Ya está bien de apelar a razones que no tienen nada que ver
con lo que se está discutiendo. ¿Que están en perfectas
condiciones? Claro, señorías. Todos deseamos que cuando se
llegue a los 65 años a disfrutar de la tercera edad, de la
jubilación, estemos en las mejores condiciones juveniles. Eso
es lo óptimo para todas las profesiones. Lo que no se puede
hacer en estos momentos es que, con la excusa de que hay un
problema --con el apremio, que
evidentemente no ha generado nadie salvo los interesados, de
que el día 1.º se debía proceder a la jubilación--, con esa
excusa se esté quebrando el principio de una conquista social
en España y en muchos otros países de anticipar la edad de
jubilación.
Advierto, señorías, como recoge la prensa, que éste va a ser
un portillo por el que otros profesionales, otros altos cargos
de la Administración, por las mismas razones, tanto de la
pensión como del poder dentro de sus propios cuerpos, van a
exigir a estas Cámaras que se prolongue su edad de jubilación.
A ver si en ese momento las razones son las mismas por parte
de quienes defienden este Decreto-ley.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Blasco.
Tiene la palabra el señor Lazo.
El señor LAZO DIAZ: Señor Presidente, voy a ser breve porque
es reiterar lo que ya he dicho.
Hay profesiones, y me parece recordar que me referí a ello
hace 15 días cuando tratábamos este mismo tema, que, en
efecto, son duras, son angustiosas y los interesados desean
terminar cuanto antes su vida laboral, pero no es de ninguna
manera el caso de la profesión universitaria.
Yo he hablado de que no puede ser considerado como un avance
social algo que se hace contra el deseo de los interesados en
cuanto que usted ha dicho que los
interesados querían jubilarse. De ninguna manera. En el caso
de la Universidad, el 99 por ciento de los interesados no
quiere jubilarse. No es por las pensiones, no; no es que
quieran seguir cobrando su sueldo, no se trata de eso; es que
quieren seguir trabajando porque consideran, y es la verdad,
que están perfectamente bien en su nivel intelectual, en su
nivel de investigación, en su nivel docente, para hacerlo.
No sé si habrá pensado bien en su argumentación de dejar
puestos libres para los jóvenes que se incorporan al trabajo.
Recuerdo una película de ciencia ficción bastante antigua,
donde los muchachos de catorce años habían llegado al poder e
iban eliminando a todos los que cumplían treinta años. Su
propuesta llevaría a una situación semejante. ¿Por qué la
jubilación si están en buenas condiciones? Si se trata
solamente de dejar puestos de trabajo libres... (El orador se
dirige al señor Martínez Blasco.) El señor PRESIDENTE: Señor
Lazo, si se dirige a la Presidencia, se enterará toda la
Cámara.
El señor LAZO DIAZ: Perdón, señor Presidente, me dirijo a la
Presidencia.
Si utiliza ese argumento de dejar puestos libres, ¿por qué a
los sesenta y cinco años, por qué no jubilar a los cuarenta y
cinco años? Habría todavía más puestos libres si fuera a los
treinta y cinco y, así, la revolución de los adolescentes de
catorce años. A lo mejor es una nueva propuesta de Izquierda
Unida.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lazo.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías,
Coalición Canaria va a votar positivamente la convalidación de
este Real Decreto y quiere expresar las razones de su
posición, por la que va a conducir el voto de esta manera.
En primer lugar, consideramos que si el proyecto de ley que
debatimos en la pasada legislatura para modificar y actualizar
la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria, había
creado unas expectativas en un determinado segmento de edad
del profesorado universitario, no habría razón para votar en
contra aquí frustrando esas expectativas. Nos parece una
consecuencia lógica, humana y de sentido común. Pero también
vamos a votar favorablemente la convalidación de este Real
Decreto para sentar el segundo precedente de lo que es nuestra
cuestión de fondo en esta materia: el principio general de
jubilación de los funcionarios públicos, de todos los
funcionarios públicos, sea cual sea su nivel y su Cuerpo de
pertenencia.
La unificación de normas que hizo la Ley 30/1984 y su
modificación por la Ley 23/1988, a regañadientes para unos,
convencidos otros, sentó el principio unificador en la función
pública de la jubilación obligatoria a los sesenta y cinco
años, pasando, en un golpe de péndulo hacia atrás, de setenta
a sesenta y cinco. Posiblemente, señorías, si la Ley 30/1984 y
la del año 1988 hubieran contemplado un sistema de acordeón, o
flexible, de voluntariedad entre la jubilación a los setenta
años y a los sesenta y cinco, hoy no estaríamos discutiendo
aquí la
convalidación de este Real Decreto, porque cualquier Cuerpo de
funcionarios, docente o de cualquier otra administración
pública, se hubiera podido acoger a un principio de
voluntariedad a partir de los sesenta y cinco años. El que
quisiera jubilarse, por razones personales, físicas, mentales,
etcétera, lo habría hecho y el que hubiera querido estar hasta
los setenta lo habría podido hacer también.
La primera brecha de precedente se hizo con jueces y
magistrados. Yo pregunto: ¿Estamos creando ahora, en razón de
la edad y de legislación, unos privilegiados en la
Administración pública? ¿Estamos creando unos cuerpos de elite
en razón a la jubilación? ¿Por qué se puede jubilar a los 70
años un juez o un magistrado y un secretario de la
Administración de Justicia se tiene que jubilar forzosamente a
los 65, cuando es una pieza clave en esa propia Administración
de Justicia? ¿Por qué se van a poder jubilar con estas razones
--que no se alcanzan en un fondo, ni siquiera en el preámbulo
del Decreto-ley que viene aquí a convalidación-- los docentes
universitarios y no los docentes que no son
universitarios? ¿Es que estamos haciendo una degradación de un
principio de que el docente no universitario tiene que
jubilarse forzosamente a los 65 años y otros, no?
Señorías, nosotros vamos a invocar y a incentivar al Gobierno
para que traiga el tercer cuerpo legal, que vuelva a un
principio unificador, como hizo con los sesenta y cinco años
la Ley de 1984 de la Función Pública, en razón de introducir
la posibilidad y la voluntariedad en el segmento de edad de
los 65 a los 70 años. Esto es importante, porque no se puede
legislar desde una Cámara que tiene un Cuerpo de letrados a
los que se obliga a jubilarse a los 65 años. El
enriquecimiento humano existe en cualquier otro cuerpo y en
cualquier nivel.
No me extraña la denuncia que se acaba de hacer desde esta
Cámara de que ya hay cuerpos de funcionarios que reclaman
también este derecho que hoy estamos tratando aquí. ¡Claro! Lo
que no se puede hacer es legislar en un país en el principio
de romper la unicidad y los principios generales de
unificación creando el agravio comparativo. Porque en cuanto
dejemos una plataforma de reivindicación vía agravio
comparativo, vamos a tener estas dislocaciones del tratamiento
de
igualdad que un sistema racional y democrático debe dar a
todos sus cuerpos que sirven a la función pública en
cualquiera de sus distintas administraciones. El tercer
principio que nosotros queremos invocar aquí tiene que ver con
la disposición final primera, que dice una cosa curiosa. Dice:
Se autoriza al Gobierno y al Ministerio de Educación y
Ciencia. Es de suponer que el Ministerio de Educación y
Ciencia español forma parte del Gobierno español y que el
Gobierno no tiene una segmentación. Posiblemente el legislador
sabe que, cuando dice que se autoriza al Gobierno y al
Ministerio de Educación y Ciencia, dentro del Gobierno va a
tener que llamarse a la parte el Ministerio de Economía y
Hacienda, porque este Decreto-ley no solamente va a afectar a
una dinámica de aprovechamiento de una experiencia del
profesorado universitario, sino que va a generar un efecto en
clases pasivas.
El Ministerio de Hacienda tendrá que instrumentalizar al menos
una circular para decir a sus cajeros y a sus funcionarios de
clases pasivas que éstos que ahora se ven afectados por el
Real
Decreto-ley no van a entrar en clases pasivas a partir de los
65 años; van a estar cotizando hasta los 70.
¿Qué va a hacer el Ministerio de Educación y Ciencia con los
funcionarios no docentes que se van a encontrar en una
discriminación de clases pasivas? ¿O es que el Ministerio de
Economía y Hacienda va a dictar porcentajes distintos en la
deducción o retracción que se efectúa sobre el sueldo de los
funcionarios para las clases pasivas?
Señores, ¡no compliquemos aquí la propia gestión interna y
administrativa de la función pública! Yo creo que tarde o
temprano --y no por la presión de unos cuerpos-- el Ministerio
de Economía y Hacienda, al ver cómo se le está poniendo en
tensión por la jubilación a los 65 años, la Caja de las Clases
Pasivas, no tendría más solución que elevar la retención a los
funcionarios de clases pasivas y veríamos qué opinan los
funcionarios con un proyecto de ley de presupuestos generales
del Estado donde se les congela su sueldo. ¿No creen ustedes
que los funcionarios restantes del Estado, si tienen que
someterse a una disciplina ejemplarizante, por indicación o
por imposición del Gobierno, de ver sus sueldos congelados, no
deberían al menos tener la pequeña satisfacción de ver que su
edad de jubilación se amplía hasta los 70 años? Esto puede
permitir, al mismo tiempo, que la Caja de Derechos Pasivos del
Ministerio de Economía y Hacienda para toda la función pública
tenga un respiro y no se vea forzada por una imposición
actuarial de la expectativa de vida de los ciudadanos
españoles.
Los docentes, o los jueces, o los magistrados son tan
ciudadanos españoles como cualquier otro para una sociedad de
seguros de vida que entra dentro de sus cálculos actuariales.
Lo que no puede soportar la Caja de Derechos Pasivos de
Hacienda es tener unos funcionarios durante diez años, según
las expectativas de vida, recibiendo las clases pasivas y
otros solamente cinco, calculándose sobre los 75 años de media
la edad de expectativa de vida que existe en España.
Por estas razones, señorías, yo quiero instar, ya que está
aquí el señor Ministro de Educación y Ciencia como
representante del Gobierno, a que lleve al ánimo del Gobierno
el deseo de que este principio, ahora unificador hacia los 70
años, se lleve a todos los cuerpos y escalas de funcionarios
del Estado.
Nada más y muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor López de Lerma.
El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Muchas gracias, señor
Presidente. Quiero manifestar el parecer favorable de nuestro
Grupo
Parlamentario a la convalidación de este Real Decreto-ley. Se
trata de una norma que seguro que será provisional en el
tiempo, toda vez que el propio señor Ministro ha anunciado el
envío a esta Cámara de un nuevo proyecto de Ley de
actualización de la Ley de Reforma Universitaria. En todo
caso, en primer lugar, da una salida legal, aunque, repito,
provisional, a una apreciación del Consejo de Universidades;
en segundo lugar, viene a sustituir en el tiempo, por la vía
de urgencia, a un proyecto de ley, cuyo camino hacia el
«Boletín Oficial del Estado» fue truncado por la convocatoria
electoral; y, en tercer lugar, como ha señalado muy bien el
señor Ministro, da respuesta positiva y, además, muy
acelerada, del propio Gobierno del Estado a una proposición no
de ley que este Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i
Unió presentó a la consideración de esta Cámara y al que este
Pleno dio apoyo mayoritario.
Por esas razones, basadas en la coherencia, pues nosotros
estuvimos de acuerdo con el planteamiento de la nonata ley de
actualización de la Ley de Reforma Universitaria y, por
coherencia con nuestra propia iniciativa, vamos a dar apoyo a
la convalidación de este Real Decreto-ley.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López de Lerma.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Barrios.
La señora BARRIOS CURBELO: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, me corresponde hoy a mi, aquí, en el Congreso,
expresar la postura de mi Grupo, el Grupo Parlamentario
Popular, en relación a la convalidación del Real Decreto-ley
15/1993, de fecha 17 de septiembre.
Esta convalidación permite a los funcionarios públicos de los
cuerpos docentes universitarios que cumplan
los 65 años en este curso académico 1992-1993, poder optar y
jubilarse a lo largo del curso 1993-1994. Todo ello,
lógicamente, a la espera de una modificación, de una reforma
definitiva del sistema actual de jubilación que regula la Ley
30/1984, reformada posteriormente por la 23/1988.
Mi Grupo, el Grupo Popular asume este Real Decreto-ley. No
olvidemos que ha sido el Grupo Popular el que, en un comienzo,
el pasado 9 de julio, públicamente, solicitó esta medida por
medio de una proposición no de ley que defendió mi compañero,
el señor Ollero, y cuyo contenido ha sido copiado totalmente
por la enmienda presentada por el Partido Socialista Obrero
Español notablemente deficiente. Y es que el Partido
Socialista Obrero Español, en una contumaz conducta de no
querer admitir nunca sus errores y de no admitir la acertada
actuación del Grupo Popular en este apartado, ha preferido
presentar una enmienda a un texto alternativo en lugar de
sumarse a la proposición no de ley que presentaba nuestro
Grupo y que recogía lo justo y lo equitativo, que era en este
momento permitir que los docentes universitarios pudiesen
estar impartiendo clase e investigando hasta los 70 años. Sin
embargo, no se nos puede olvidar que este Real Decreto-ley
viene sólo a aliviar un poco el problema planteado por la
disolución anticipada de las Cámaras, que no permitió que se
aprobara definitivamente el proyecto de ley, de actualización
de la Ley de Reforma
Universitaria. Y digo que sólo viene a aliviar, porque, dicho
todo esto, no podemos perder de vista que el auténtico
problema, el grave problema producido por la aprobación de la
Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
en la que se adelantó, se anticipó la jubilación forzosa de
los funcionarios públicos a los 65 años, continúa. Todos los
funcionarios públicos, a excepción, como saben ustedes, en
este momento de los
magistrados, deben, forzosamente, jubilarse a los sesenta y
cinco años. Ello, desde luego, produjo que las aulas
universitarias fueran abandonadas por prestigiosos profesores,
por profesores con un currículum internacionalmente
reconocido, con varias
publicaciones; además, fueron condenados a percibir una
pensión de miseria y causó a España un daño irreparable no
sólo en lo cultural, sino en lo educativo y en la
investigación española. Por ello, mi Grupo va a dar el voto
afirmativo a la convalidación de este Real Decreto-ley, pero
permítanme ustedes, señorías, que en esta intervención mía no
sólo critique al Gobierno por esta actuación, sino que,
además, le anime a que sea valiente y a que reconozca sus
errores. Señores del Gobierno, sean valientes no sólo en el
sentido de admitir parcialmente que unos determinados
funcionarios públicos no se deban jubilar a los sesenta y
cinco años, sino posteriormente, de aprobar ahora este Real
Decreto-ley para los profesores universitarios que cumplan los
sesenta y cinco años en este curso académico o en el próximo,
sino que sean lo suficientemente valientes como para recuperar
para la universidad española todo ese ingente número de
cerebros que se han ido perdiendo, más de dos mil, desde el
año 1984, porque sería importantísimo poder elevar el nivel
educativo y de investigación de nuestra universidad española.
Valientes de verdad, serios y coherentes si, además, por fin,
se aprobara, tal como ha dicho el Grupo Popular, una
legislación en la cual se recogiera que los funcionarios
públicos se jubilaran de forma voluntaria a los sesenta y
cinco años y a los setenta años de forma forzosa. Esta
propuesta la ha defendido el Grupo Popular en repetidas
ocasiones desde la aprobación de la Ley en 1984, la ha
defendido mi compañero en el ámbito educativo, el señor
Ollero, la ha defendido en el ámbito de administraciones
públicas mi compañero Manuel Núñez.
Esta postura, que siempre la hemos planteado en todas las
situaciones que hemos podido, la vamos a seguir manteniendo no
sólo con preguntas, con interpelaciones, con proposiciones no
de ley. Estamos convencidos y vamos a mantenerlo y, hasta que
no consigamos verlo plasmado en una ley y publicado en el
«Boletin Oficial del Estado», no vamos a descansar, porque
consideramos que el país no se puede permitir el lujo de
prescindir de unos funcionarios públicos que, no habiendo
cumplido lo setenta años y en plena capacidad intelectual,
pueden prestar grandes servicios al país en todas aquellas
facetas que conforman la actividad pública. También quiero
hacer una pequeña reflexión. ¿Se han fijado ustedes, señorías,
cómo cuando únicamente aciertan el Gobierno y el Partido que
sustenta al Gobierno es cuando rectifican? (Rumores.--
Aplausos en los escaños del Grupo Popular.) ¿Se han fijado,
además, que rectifica muy lentamente, muy despacio y en muy
pocas cantidades? Fíjense ustedes cómo les ha costado, desde
1984, rectificar, y además rectificar poquito, para que no se
note, sólo en relación a determinados funcionarios públicos.
Esto no es serio. Hay que ser valientes, hay que reconocer los
errores. Si no, recuerden ustedes la frase de don Eugenio
D''Ors: Los experimentos, con gaseosa. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Rumores.) Señores
del Gobierno, dejen de experimentar con el cuerpo social,
dejen de experimentar con la sociedad, porque le producen
graves desajustes, un gran daño y, sobre todo, perjudican a
los derechos de las personas y atacan al interés del país.
Por ello, señores del Partido Socialista Obrero Español, yo
les pido desde la tribuna que sean ustedes más pausados, más
coherentes. Abandonen esa prepotencia, abandonen, señor
Ministro, esa política educativa errática, errónea, sean
ustedes más serenos. Cuando les entren esas ínfulas de querer
legislar sin tener en cuenta a la sociedad española, cuando
quieran
legislar sin tener en cuenta las opiniones del resto de los
grupos políticos, por favor, plantéense una maravillosa frase
de un poeta sevillano, Machado, tan admirado, además, como
saben, por altos dirigentes del Partido Socialista Obrero
Español. (Rumores.) Cuando vayan a legislar con esta fórmula
del rodillo, piensen en la siguiente frase, que decía Machado:
«Entre hacer las cosas bien y hacer las cosas mal hay un
honroso término medio: no hacerlas».
Gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Barrios.
Vamos a proceder a la votación.
Votación para la convalidación o derogación del Real Decreto-
ley 15/1993, de 17 de septiembre.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 271; a favor, 260; en contra, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la convalidación del Real
Decreto-ley.
¿Desea algún grupo que se tramite como proyecto de ley?
(Pausa.)
DEBATES DE TOTALIDAD DE CONVENIOS INTERNACIONALES:
--ACUERDO SOBRE EL ESPACIO ECONOMICO EUROPEO Y PROTOCOLO
ADICIONAL, HECHO EN BRUSELAS EL 17 DE MARZO DE 1993 (Número de
expediente 110/000003)
El señor PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día:
Debates de totalidad de Convenios Internacionales.
Debate de totalidad relativo al acuerdo sobre el espacio
económico europeo y protocolo adicional. Enmienda de totalidad
del Grupo Mixto.
Tiene la palabra el señor Mur.
El señor MUR BERNAD: Gracias, señor Presidente.
Intervengo para presentar las enmiendas de don Vicente
González Lizondo, compañero del Grupo Mixto, y voy a limitarme
a la escueta formulación de las mismas, sin necesidad de
mayores argumentos que posiblemente él, en el momento en que
se presentó las enmiendas, podría haber hecho mejor que yo.
Con el fin de explicar a SS.SS. cuál es la intención del
proponente, como ustedes conocen, hay tres enmiendas
presentadas al Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y
Protocolo Adicional. Hay una enmienda de adición, que por
razón del Reglamento se tiene que tramitar como enmienda de
totalidad, que dice lo siguiente: «A partir de la entrada en
vigor del Espacio Económico Europeo, no se permitirá ningún
tipo de restricción a las exportaciones de contratantes del
presente Acuerdo. Por tanto, en el Espacio Económico Europeo
no se aplicará el apartado 1.6 de la parte A del Anexo V,
correspondiente a la Directiva Fitosanitaria 77/93, modificada
posteriormente por la Directiva del Consejo 90/168 y la
Directiva de la Comisió 92/71».
La justificación a esta enmienda es muy sencilla. Se trata de
que en el futuro los países de la Asociación Europea de Libre
Comercio, excepto Suiza, no puedan impedir la libre
circulación de estos productos con las características arriba
reseñadas, tan importantes para la Comunidad Valenciana y para
otras zonas de España. La imagen de calidad y frescura
ofrecida por nuestros cítricos al portar hojas y pedúnculos
proporciona un mayor valor añadido a la agricultura citrícola.
Por otra parte, está demostrado que el hecho de llevar hojas o
pedúnculos no transmite ninguna enfermedad vegetal y que esta
argucia se ha utilizado más como una restricción encubierta a
la exportación que como una auténtica protección
fitopatológica.
La segunda enmienda, que sería de adición al artículo 24,
diría lo siguiente: En el Protocolo 45, sobre los períodos
transitorios relativos a España y Portugal, debería añadirse
el siguiente párrafo: «No obstante lo anterior, no serán de
aplicación en el Espacio Económico Europeo los períodos
transitorios (y los mecanismos complementarios de
intercambios), actualmente vigentes en la Comunidad Europea, a
los siguientes productos: albaricoque, melocotón, fresa,
tomate, melón y alcachofas, que procedan de España».
La justificación también es muy sencilla, puesto que el
Consejo de Ministros de Agricultura celebrado en Bruselas los
días 14 y 17 de diciembre de 1992 adelantó la finalización de
los períodos transitorios para las frutas y hortalizas,
excepto para seis productos netamente mediterráneos, como los
que acabo de citar, productos que quedaban obligados al
mecanismo complementario de intercambios.
Con la enmienda presentada, se trataría de no permitir la
traslación de estas trabas a la libre circulación de estos
productos, tan importantes como son para la economía del arco
mediterráneo, en su exportación a los países de la Asociación
Europea para el Libre Comercio, en el Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo.
Por fin, hay una tercera enmienda al artículo 25, que también
es de adición al mismo, que quedaría redactada así: «A partir
de la entrada en vigor del Espacio Económico Europeo, las
partes contratantes acordarán el establecimiento de una
barrera fitosanitaria común relativa a la importación de
vegetales procedentes de terceros países, alcanzando la
protección fitopatológica a la totalidad de los países del
Espacio Económico Europeo.
La partes contratantes presentarán especial atención a
cítricos, tomates, fresas y arroz, de manera que cualquier
importación de un país tercero al Espacio Económico Europeo de
estos productos requiera la autorización de las autoridades
fitosanitarias de los diferentes países pertenecientes al
Espacio Económico Europeo. Esta obligación será exigible a la
totalidad de las partes contratantes y las inspecciones de
estos productos deberán estar coordinadas entre éstas.»
Se pretende, señorías, sencillamente conseguir, porque resulta
conveniente, habida cuenta de la ausencia total de las más
elementales normas de sanidad en el proceso de elaboración de
los productos vegetales en países terceros --por ejemplo,
países de la cuenca mediterránea que no pertenecen al Espacio
Económico Europeo--, la realización de controles cualitativos
y
fitosanitarios de estos productos en el área que ahora queda
delimitada por el Espacio Económico Europeo.
En este sentido, y con estos argumentos, es por lo que, en
nombre del Diputado que ha presentado las enmiendas, señor
González Lizondo, de Unión Valenciana, como portavoz del Grupo
Mixto, pido a SS.SS. el voto positivo para estas enmiendas.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mur.
¿Turno en contra? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene la
palabra el señor Costa.
El señor COSTA COSTA: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, permítanme expresar la opinión del Grupo
Parlamentario Socialista respecto a las enmiendas de totalidad
presentada por el Diputado del Grupo Mixto señor González
Lizondo, así como sobre el conjunto del Tratado que hoy se
somete a la consideración de esta Cámara.
Unión Valenciana presenta una enmienda de totalidad que
modifica tres aspectos del protocolo del Tratado sobre el
Espacio Económico Europeo, que son, básicamente, los
siguientes: establecimiento de una barrera fitosanitaria
frente a terceros países, aceptación del comercio de cítricos
con pedúnculo y hojas en el Espacio Económico Europeo y
períodos transitorios de adhesión de España y Portugal a la
Comunidad Económica Europea.
Respecto a la primera enmienda: establecimiento de una barrera
fitosanitaria frente a terceros, el Grupo Parlamentario
Socialista entiende que el Espacio Económico Europeo supone en
materia comercial una zona de libre cambio sólo para productos
industriales (capítulos 25 a 97 del Arancel); un régimen
especial para los productos agrícolas transformados (Protocolo
número 3), y la incorporación unilateral por los países de la
EFTA de parte del acervo comunitario en determinadas materias
que afectan a este Tratado. Esto significa que el Espacio
Económico Europeo no es una unión aduanera, no existe un
arancel exterior común frente a terceros países, ni una
política comercial común, ni política agrícola común ni, mucho
menos, una legislación fitosanitaria armonizada y, además, se
mantienen los controles aduaneros en los intercambios de
mercancías entre ambas zonas. Por tanto, no es éste el marco
adecuado para solicitar la armonización de la legislación
fitosanitaria entre la Comunidad Económica Europea y los
países EFTA.
Sólo por aceptación unilateral de los países de la EFTA se han
introducido en el anexo 1 del Espacio Económico Europeo un
listado de la normativa comunitaria fitosanitaria que estos
países están dispuestos a aceptar. Entre esta normativa no
figura la Directiva 77/93, relativa a las medidas de
protección contra la introducción en los Estados miembros de
organismos nocivos para los vegetales, lo que significa que
cada país de la EFTA mantiene su legislación nacional al
respecto.
El segundo aspecto de la enmienda de totalidad se refiere a la
aceptación del comercio de cítricos con pedúnculo y hojas en
el Espacio Económico Europeo. Como acabo de explicar en la
enmienda anterior, el Espacio Económico Europeo no implica
armonización fitosanitaria y, de hecho, entre las normas que
los países EFTA firmantes del Acuerdo han decidido aceptar
unilateralmente, no está la Directiva 77/93, que es la que
prohíbe en los momentos actuales la comercialización de
cítricos con hojas en el mercado
comunitario. Por ello carece de objeto la presente enmienda.
Sin embargo, sabemos que esta Directiva está en proceso
comunitario interno de modificación y es muy probable que en
el mes de octubre, en el Comité Permanente Fitosanitario, se
autorice la
comercialización intracomunitaria de cítricos españoles con
hojas en los países no productores. Esta modificación de la
Directiva supondrá que, cuando los países EFTA tengan que
asumir el acervo comunitario como consecuencia de su adhesión
por parte de algunos de ellos a las Comunidades Europeas,
aceptarán, en el paquete de comercialización, la de cítricos
españoles con hojas.
La tercera enmienda se refiere a los períodos transitorios de
adhesión de España y Portugal a la comunidad Económica
Europea. Para el Grupo Parlamentario Socialista la propuesta
de adición de esta enmienda no es necesaria, ya que el Espacio
Económico Europeo nada tiene que ver con los períodos
transitorios de adhesión de España y Portugal a la Comunidad
Europea, que sólo se refiere a las relaciones entre España y
Portugal y la Comunidad en su composición al 31 de diciembre
de 1985.
Los países EFTA, tras la aprobación del Espacio Económico
Europeo, seguirán con su régimen nacional de importación de
frutas y hortalizas, bastante más restrictivo que el mecanismo
complementario en los intercambios
entre España y la Comunidad a Diez en algunas frutas y
hortalizas. En conjunto, señorías, el Grupo Parlamentario
Socialista entiende que las enmiendas presentadas persiguen
buenos propósitos, pero no se ajustan al marco adecuado para
convertir esos propósitos en realidad.
Sus Señorías conocen las complejidades de un Tratado como el
que nos ocupa, que tiene que armonizar los intereses
nacionales y sectoriales de 18 países, y es imposible que no
resulte afectado algún aspecto de esos sectores económicos o
que estos aspectos no sean mejorables. Una idea de la
complejidad del Tratado que hoy se somete a consideración nos
la da las 1.250 páginas que ocupa, los 129 artículos que
tiene, los 49 protocolos y los 22 anejos que lo componen. Yo
creo que esto puede dar una idea de la complejidad del Tratado
que estamos sometiendo a la Cámara. Pero, para el Grupo
Parlamentario Socialista, la creación del Espacio Económico
Europeo, la extensión del mercado interior comunitario
previsto por el Acta Unica a los países de la EFTA --que, como
conocen SS.SS., se basa fundamentalmente en la aplicación por
parte de estos países de la EFTA de gran parte del acervo
comunitario y del acervo por venir en las materias objeto de
este convenio--, el Acuerdo extiende, como ya he dicho, el
mercado Interior a un Espacio de 380 millones de personas y se
basa en la aplicación de las cuatro libertades: libre
circulación de personas, servicios, mercancías y capitales, a
los que se amplía, como ya he dicho, el acervo comunitario
existente y el que pueda venir en el futuro en estas materias.
Asimismo, establece sistemas de cooperación fuera de esas
cuatro libertades y aspectos institucionales.
El Grupo Parlamentario Socialista valora muy positivamente la
creación de este Espacio Económico y las condiciones que del
Acuerdo se derivan para nuestro país.
Por encima de los beneficios sectoriales o coyunturales que
este Acuerdo supone para determinados sectores productivos
españoles, lo que el Grupo Parlamentario Socialista quiere
destacar, insisto, por encima de los beneficios inmediatos que
ello pueda suponer para España, son las potencialidades, el
escenario de oportunidades que representa la creación de este
Espacio Económico Europeo con 380 millones de personas,
consumidores con un alto poder adquisitivo. Es por ello que el
Grupo Parlamentario Socialista centra su posición favorable a
la creación de este Espacio en dos líneas argumentales: la
primera, económica: la ampliación del mercado y el nuevo
escenario de oportunidades que ello conlleva; y la segunda,
política: la voluntad firme por parte de nuestro Grupo de
avanzar en la construcción europea.
Respecto a la primera, la económica, la extensión del mercado
interior a los países de la EFTA supone la incorporación a
este mercado de seis países con un alto grado de poder
adquisitivo, situado por encima de la media de los países
comunitarios, al ser la renta per cápita media de estos países
de 20.000 ecus, frente a 14.000 ecus de rentas medias de los
países comunitarios.
El acontecer demuestra que la economía española mejora
notablemente sus posiciones en estos procesos de apertura,
resultando, a la vez, un estímulo a la competitividad de las
empresas y del conjunto de la sociedad española. Son las
empresas españolas y el marco en el que se desenvuelve su
capacidad competitiva los que determinarán los beneficios que
para España supondrá este Tratado. Asimismo, el Tratado
resulta beneficioso, entiende nuestro Grupo, para el sector
pesquero y agrícola. La reducción de derechos arancelarios
para 71 productos mediterráneos, fundamentalmente frutas,
hortalizas y vinos, hará que los exportadores españoles se
ahorren cientos de millones de pesetas que repercutirán sobre
su margen comercial. En pesca se ha conseguido romper el
principio de estabilidad relativa a la hora de distribuir los
recursos pesqueros adicionales y se ha logrado un convenio
bilateral con Noruega que permitirá a España y Portugal
alcanzar la captura de hasta 11.000 toneladas de bacalao en
aguas a las que no tenía acceso España hasta estos momentos.
En el apartado de la competencia que existe entre los países
de la EFTA y los países de la Comunidad se extiende a la EFTA
la legislación comunitaria en materia de ayudas públicas,
ayudas del Estado y competencia, con lo cual se evitan
perjuicios importantes para España, especialmente en la
competencia de atraer inversión extranjera, así como el poner
fin en algún país de la EFTA al monopolio, como puede ser el
del alcohol en Suecia.
Por otra parte, este Tratado del Espacio Económico Europeo
tiene una indudable dimensión política: la voluntad de avanzar
en la construcción europea mostrando un alto grado de
compromiso. Cuando la debilidad de algunos liderazgos ha
enfriado excesivamente el ambiente de la construcción europea,
mostrando una falta de confianza preocupante en las virtudes
de esta construcción, la esperanza de estos países en la
Comunidad nos debería hacer reflexionar conjuntamente. Algunos
de los países de la EFTA han solicitado la apertura de
negociaciones para su incorporación definitiva a la Comunidad.
Estamos en puertas de una ampliación comunitaria, de una
integración definitiva en cuanto la Comunidad lo permita,
aceptando todo el acervo comunitario por parte de estos
países, y el Grupo parlamentario Socialista sostiene que, por
encima de particularismos, es bueno para España y es bueno
para la Comunidad la ratificación de este Tratado. Es bueno
que la ratificación se produzca en el tiempo comprometido para
mantener el prestigio de la política europea de España y de
todas sus fuerzas políticas y
reafirmar la voluntad de seguir avanzando en la misma con la
ratificación de esteTratado. Quiero hacer referencia a algunos
aspectos institucionales. El acuerdo prevé tres instituciones
Comunidad Europea-países de la EFTA: el Consejo del Espacio
Económico Europeo, que dará las tres grandes orientaciones al
espacio económico; el comité mixto del Espacio Económico
Europeo, encargado del desarrollo del acuerdo, y el órgano
jurisdiccional del Espacio Económico Europeo, que deja en
manos del Tribunal Europeo de Justicia una interpretación
definitiva de las diferencias o litigios que se pudieran
establecer. Crea, asimismo, otros dos órganos: el comité mixto
parlamentario del Espacio Económico Europeo, que podrá exponer
sus opiniones en forma de resoluciones o informes y conocerá
del informe anual del comité mixto; y el comité consultivo del
Espacio Económico Europeo. Además, crea órganos de cooperación
en el artículo 78 en materias tan importantes para los
ciudadanos como la investigación y el desarrollo tecnológico,
la educación, la formación, la juventud, el turismo, el medio
ambiente y la pequeña y mediana empresa, entre otros.
El señor PRESIDENTE: Señor Costa, le ruego concluya.
El señor COSTA COSTA: Acabo, señor Presidente.
Finalmente, quisiera hacer una referencia a lo que
consideramos de especial importancia para España, al tema de
la cohesión. En este tema se encuadran las concesiones
obtenidas en materia agrícola y de pesca. Ha sido completado
con la creación de un mecanismo financiero del Espacio
Económico Europeo o fondo EFTA de cohesión. Dicho fondo
dispondrá de 1.500 mecus en concepto de préstamos, con una
bonificación de intereses del 2 por ciento para toda la
duración del Tratado, así como 500 mecus en donaciones
desembolsables en cinco años a partes iguales anuales a partir
de la entrada en vigor del Acuerdo. Serán beneficiarios
Irlanda, Grecia, Portugal y las regiones españolas calificadas
como el objetivo 1 del FEDER. Está previsto que los recursos
del mecanismo financiero se dediquen a proyectos en los
siguientes sectores prioritarios: medio ambiente,
infraestructuras (incluidas las del transporte) y educación
(formación de los recursos humanos). En conjunto, señorías, el
Tratado sobre el Espacio Económico Europeo aporta aspectos de
interés para España --económicos, políticos y sociales--, y
configura un escenario que ayudará, si es aprovechado
adecuadamente, al bienestar de los ciudadanos españoles y, por
ello, el Grupo Parlamentario Socialista votará a favor del
Tratado y en contra de la enmienda de totalidad.
Muchas gracias, señoría.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Costa.
Señor Mur, tiene la palabra.
El señor MUR BERNAD: Muchas gracias, señor Presidente. Con
toda brevedad, para agradecer al portavoz socialista el tono
de su intervención, aunque después de oír la misma han quedado
claras algunas cuestiones. Primera, que las enmiendas
presentadas, como mínimo, suscitan una reflexión, ya que no
están tan desencaminadas en los objetivos que pretenden,
aunque, evidentemente, como él ha dicho, haya dificultad para
introducir modificaciones en un tratado tan complejo, en el
que hay que contentar a tantos países y tantos sectores. Pero
la llamada de atención queda hecha.
La segunda cuestión es que, como usted mismo ha reconocido, la
globalidad del Tratado y la integración es positiva, pero no
es positiva para todos, ya que siempre hay algún sector
perjudicado. Su intervención ha sido como la que nosotros
podríamos hacer si estuviéramos enjuiciando el Tratado, y no
una parte muy concreta y muy especial del mismo, porque usted
ha hecho una intervención a favor de la globalidad del
Tratado, una intervención europeísta, y nosotros también
estamos a favor de la globalidad del Tratado y estamos a favor
de la integración europea, pero, ¡hombre!, permítanos alguna
duda y permítanos siquiera sea alguna precaución. El sector
agrario, los agricultores españoles han sido los grandes
perjudicados y los grandes sacrificados en aras de otros
sectores; como mínimo, reconozcamos eso, que es el principio
para poder ir introduciendo alguna modificación, alguna
vigilancia en el desarrollo del Tratado. Porque si partimos
del hecho de que los agricultores han sido los perjudicados y
a esto no le damos ninguna importancia, me parece que estamos
haciendo un flaco servicio a ese sector.
Y, para terminar, señor Presidente, no he querido extenderme,
porque el objeto de mi intervención era ceñirme lo más
estrictamente posible a estas enmiendas, que eran enmiendas
parciales, enmiendas de adición y que, por razón del
Reglamento, tienen que tramitarse como enmiendas de totalidad.
No hemos pretendido enjuiciar el conjuto del Tratado, no hemos
pretendido, ni muchísimo menos, criticar el Tratado, a favor
del cual estamos y en su momento lo diremos. Pero,
evidentemente, creo que esta reflexión, como el propio
portavoz socialista ha dicho, no era inútil, aunque
posiblemente el procedimiento utilizado y la solemnidad del
Pleno hayan parecido excesivos para cuestiones tan concretas y
tan putuales que, en todo caso, deberán quedar como constancia
en el «Diario de Sesiones», y ojalá que más adelante,
bien sea en el propio Tratado, que es muy difícil, o bien sea
en el desarrollo de toda la normativa que afectará a estas
cuestiones que hemos planteado, no nos tengamos que lamentar
de no haber sido sensibles a estas razonables peticiones.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mur.
El señor Costa tiene la palabra.
El señor COSTA COSTA: Gracias, señor Presidente.
Muy brevemente también para agradecer el tono de la réplica
del señor Mur y decirle que, desde el Grupo Parlamentario
Socialista, consideramos el debate como un elemento
fundamental para conformar la opinión. Usted mismo ha
reconocido que no era el marco adecuado este Tratado para
introducir enmiendas parciales del tipo de las que se
proponían en el debate de hoy.
Aceptando esta consideración, es evidente que las
preocupaciones que SS.SS. traen a esta Cámara no caen en saco
roto del ejercicio dialéctico, del diálogo. En temas tan
importantes para nuestro país como son todos los tratados
internacionales, y especialmente la nueva configuración
europea, en nosotros encontrarán unos buenos agentes de
diálogo, receptores a aquellas peticiones constructivas que se
hagan desde cualquier planteamiento político.
Por tanto, le agradecemos su tono y nos ofrecemos a construir
conjuntamente el marco en el que España se tiene que
incorporar progresivamente a todos los marcos europeos.
Esperemos encontrar en SS.SS. una respuesta positiva a este
ofrecimiento.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Costa.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías,
Coalición Canaria va a votar en contra de la aceptación de
estas enmiendas que nos ha traído aquí el Diputado de Unión
Valenciana, señor Lizondo, y no porque no le demos ningún
valor puntual a unas enmiendas que son precisamente eso,
puntuales, en temas muy específicos y muy concretos, sino
porque creemos que en las garantías jurídicas y en los
principios correctores de temas concretos, puntuales y
específicos, el propio Acuerdo del Espacio Económico Europeo,
en su Protocolo adicional de la primavera de este año 1993,
tiene las suficientes vías de recursos para hacer las
correcciones oportunas en temas tan específicos como el que
contempla alguna enmienda referida a los cítricos.
Nosotros creemos que este documento requiere una apreciación
puramente política, y decimos esto desde la óptica de
Coalición Canaria, cuando tendríamos determinadas reservas a
algunos artículos que trae precisamente este Acuerdo del
Espacio Económico Europeo. Y eso empieza precisamente por una
definición de algo que contempla el Acuerdo: las cuatro
libertades. Sin el entendimiento político de cualquier parte
de los países de la EFTA, del denominado mundo de la
Asociación Europea de Libre Comercio, en el cual el
Archipiélago canario, por su marco específico de
legislación económica y fiscal necesita estar perfecta y
permanentemente incardinado, no se entendería este apoyo que
nosotros hacemos en defensa del Acuerdo del Espacio Económico
Europeo, junto a esas cuatro fundamentales libertades, que se
encarga de señalar como libertad de circulación de mercancías,
libertad de circulación de personas, de servicios y de
capitales, junto a una defensa de la libre competencia, y
precisamente para equilibrar a aquellas regiones
ultraperiféricas de la Comunidad Europea que, como es el caso
de Canarias, se han visto ya reconocidas, tanto en una de las
adicionales del Tratado de Maastricht como en el Poseican,
como en aquellas otras
disposiciones que se contemplan aquí, y me explicaré.
Cuando el capítulo 2, referido a la primera de las
libertades --la libre circulación de mercancías--, se
introduce en el mundo de la agricultura y de la pesca --
ligando esto con nuestro debate de ayer con el Ministro de
Agricultura--, cuando el artículo 19 del Acuerdo va a señalar
las obligaciones de las partes contratantes, remite esta libre
circulación de productos de la agricultura y de la pesca,
donde van a estar, fundamentalmente, los cítricos, objeto de
una enmienda del Diputado de Unión Valenciana, como el
plátano, como los productos de la pesca o aquellos productos
de exportación que hoy, de hecho, por ejemplo, en el caso del
Archipiélago canario, un tremendo porcentaje, por encima del
80 por ciento, es dirigido a exportaciones al mercado de la
EFTA, no solamente de la Comunidad Económica Europea, sino a
países de la EFTA, y para nosotros eso es una garantía del
marco de amplitud de mercados. Por eso apoyamos esta libertad
y porque hay una referencia en el artículo 19 de este Acuerdo,
referido precisamente a que habrá que obtener respuestas de la
Ronda Uruguay y de los acuerdos del GATT, donde nosotros hemos
hecho las advertencias al Gobierno para mantener las máximas
cautelas en defensa de estos intereses y no caer en una
política agrícola y pesquera que genere dentro de España, por
ejemplo, el fenómeno perturbador de los excedentes. Quiero
señalar también que cualquier enmienda --y lo sabemos por
nuestro procedimiento--, por muy respetuosa que sea con el
fondo político del Acuerdo, perturba la marcha del mismo, por
el sistema de tramitación de una norma de este carácter
internacional; y cuando en el capítulo 2 y en el artículo 61
se habla de las ayudas otorgadas por otros Estados, nosotros,
desde Coalición Canaria, hacemos una lectura positiva, por una
razón: porque no aceptaríamos un acuerdo en el que el libre
comercio estuviera basado
exclusivamente en el precio de origen de los productos o en el
precio puesto en mercado consumidor, ya que aquí las regiones
ultraperiféricas tienen la tremenda servidumbre del coste de
los fletes, del transporte marítimo o aéreo, y verdaderamente
sería introducir un factor no
competencial si no se garantizase, como viene a hacer a
nuestra lectura el artículo 61, el considerar aquellas ayudas
como, por ejemplo, la subvención al transporte de mercancías,
que las zonas periféricas, ultraperiféricas o archipielágicas
tienen con respecto al núcleo territorial de lo que es el
Continente europeo, salvando lo que es insular, como el Reino
Unido de la Gran Bretaña, de lo que es verdaderamente
territorio EFTA, territorio de libre comercio
fundamentalmente, soportando unos costes adicionales que no lo
harían competitivo. La seguridad de que los Estados miembros
pueden introducir, vía subvención al transporte, estas
posibilidades, nos da también una de las razones puntuales y
fundamentales para argumentar nuestra disposición. Por tanto,
como, al igual que en el fondo, en los apartados del artículo
1.º se garantizan aquellas cuestiones que son de política
social como principio de solidaridad en la creación de este
marco europeo, nosotros tenemos que votar en contra de estas
enmiendas, precisamente por hacer una lectura y una defensa
política de lo que es un marco general con una cooperación
estrecha en ambientes que hoy día requieren este principio de
compromiso y de
corresponsabilidad en construir. Sesgarlos por una cuestión
verdaderamente puntual o local, por muy respetable que sea, no
nos parece que contribuya a un principio de aprobación
solidaria. Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Señor Presidente, señorías,
intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Vasco para fijar
nuestra posición en este debate de totalidad ante el Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo y el Protocolo adicional.
El Tratado del Espacio Económico Europeo fue firmado, como
SS.SS. ya conocen, por los siete Estados de la EFTA
(Asociación Europea de Libre Comercio) y la Comunidad Europa
con sus 12 Estados miembros, en Oporto, el día 2 de marzo de
1992. La base jurídica de este Acuerdo es el 238 Tratado de
Roma, que establece la capacidad de la Comunidad Europea para
concluir tratados internacionales. Al mismo tiempo, se
negociaron acuerdos bilaterales en materia de
agricultura y pesca, de acuerdo con el artículo 113 del
Tratado de Roma sobre política comercial común. Aunque
jurídicamente se han establecido estas dos diferencias en lo
que respecta a los acuerdos bilaterales de agricultura y
pesca, políticamente responde a un solo espíritu, lo cual
implica que una eventual no entrada en vigor del Tratado del
Espacio Económico Europeo traería como consecuencia el
previsible incumplimiento de los acuerdos bilaterales. La
negativa suiza a suscribir el Tratado refrendado en el
referéndum del 6 de diciembre de 1992 obligó a las restantes
partes contratantes a firmar un Protocolo adicional que
salvara esta negativa; Protocolo que debe ser ratificado por
los parlamentos nacionales y al cual ya dio su conformidad el
Parlamento Europeo el 23 de junio de 1993. El Tratado entrará,
pues, en vigor cuando todas las partes contratantes hayan
ratificado el citado Tratado y su Protocolo. En estos
momentos, los únicos países que están pendientes de
ratificarlo son Francia, Reino Unido y España. El espíritu del
Tratado es extender el mercado interior a los Estados de la
EFTA en materias tales como la libre circulación de
mercancías, de servicios, de capitales y de personas, sobre el
acervo comunitario existente en 1 de enero de 1993. Es,
también, el establecimiento de una unidad de vigilancia por
los Estados de la EFTA para la correcta aplicación de las
reglas de la competencia; la mejora recíproca de las
condiciones de acceso de los productos agrícolas, la búsqueda
de una solución equilibrada para el acceso al mercado y a los
recursos en materia de pesca; la reducción de las disparidades
económicas y sociales entre las regiones y la apertura de
derechos directos para las personas y las empresas. En base a
estos principios y objetivos que contempla el Tratado, la
valoración que hacemos al mismo desde nuestro Grupo
Parlamentario es positiva, desde el punto de vista económico.
Los acuerdos de libre intercambio concluidos entre 1972 y 1973
entre los países de la Asociación Europea de Libre Comercio y
la Comunidad Económica han permitido, fundamentalmente, con la
supresión de los derechos de aduanas sobre los intercambios de
productos industriales, desarrollar considerablemente el
comercio entre estas dos zonas de la Europa occidental, con un
valor sensiblemente equivalente entre importaciones y
exportaciones. Hay que tener en cuenta que la Comunidad
encuentra en la Asociación Europea de Libre Comercio, a la
vez, su primer abastecedor, con un 25 por ciento de sus
importaciones, y su primer cliente, con un 26 por ciento de
sus exportaciones.
Los derechos de aduana y los derechos de efecto equivalente
sobre los productos originarios de la zona de libre cambio han
sido abolidos, bajo los acuerdos de este libre comercio para
los productos industriales. Este principio ha sido extendido a
los productos agrícolas transformados y concierne también,
según modalidades particulares, a ciertos productos agrícolas
base y a ciertos productos de pesca.
Por lo que respecta al mercado agrícola, éste no sufrirá
especialmente, sobre todo en lo que concierne a los vinos y
lácteos, legumbres y hortalizas, puesto que en los acuerdos se
puso especial atención en negociar
un acceso privilegiado de los productos de la cuenca
mediterránea a los mercados de los países de la Asociación
Europea de Libre Comercio. Por otra parte, la producción
agrícola de los países de esta asociación no supone una gran
competencia sobre nuestros productos, si exceptuamos la leche.
Sin embargo, por lo que respecta a los acuerdos pesqueros,
aunque globalmente son favorables para la Comunidad Europea,
será necesario establecer entre nuestras comunidades autónomas
un reparto equitativo de la cuota que será otorgada al Estado
español, cuota que, según fuentes de la Comisión, será
generosa, y que, desde nuestro punto de vista, tendrá que
repartirse en proporción a las capturas que realizan nuestras
flotas pesqueras.
Dado que el Consejo de Ministros de la Comunidad Económica
está negociando un reglamento de aplicación del Acuerdo, que
aún no ha sido aprobado por el Parlamento Europeo, los Estados
miembros tienen aún posibilidad de introducir enmiendas a su
articulado. En este sentido, nuestro Grupo Parlamentario
estima oportuno que la Administración española introduzca una
enmienda en los artículos 1 a 3 del reglamento de aplicación
del Acuerdo, que desarrolla las medidas de salvaguardia de los
artículos 112 a 114 del Tratado. Conviene que jurídicamente se
añadan los acuerdos bilaterales que se negociaron en materia
de agricultura
y pesca, para que, mediante estos artículos nombrados, 112 a
114 del Tratado, se puedan tomar medidas de
salvaguardia en caso de dificultades serias de orden
económico, social o medioambiental, de naturaleza sectorial o
regional, en los temas de agricultura y pesca.
Otro aspecto positivo de este Tratado es que incluye un
mecanismo financiero para reducir las disparidades económicas
y
sociales-regionales, a fin de garantizar el equilibrio general
de ventajas para todas las partes contratantes. Este mecanismo
establecerá una asistencia financiera para el desarrollo y
ajuste estructural en Grecia, Irlanda, Portugal y España, en
las regiones que corresponden al objetivo 1 de los fondos
estructurales de la Comunidad. Asimismo, contribuirá tambián a
la realización de inversiones en materia medioambiental y de
política regional, así como de ordenación del territorio.
Desde nuestro punto de vista, sería importante que el
reglamento de aplicación introduzca una disposición que
permita establecer el control sobre la utilización de los
recursos financieros, que determine las prioridades de los
proyectos --entendemos que los proyectos sobre medio ambiente
e infraestructuras deben de ser prioritarios-- y que
clarifique la gestión de este fondo
financiero.
Esta es, señorías, en síntesis la valoración de nuestro Grupo
Parlamentario y las recomendaciones que deseamos se
introduzcan en el reglamento de la aplicación del Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo.
Por lo que respecta a las enmiendas presentadas por el Grupo
Mixto, no vamos a entrar en sus consideraciones que han sido
debatidas suficientemente en esta Cámara hace unos momentos,
simplemente nos permitimos la recomendación de que puedan ser
recogidas en este reglamento que, como digo, está tratándose
actualmente en la Comunidad Europea.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra
el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, muchas gracias. Para
fijar, muy brevemente, nuestra posición en relación con estas
tres enmiendas que ha planteado Unión Valenciana al Tratado de
Constitución del Espacio Económico Europeo. Son tres
enmiendas, señor Presidente, que aun teniendo el trámite de
naturaleza de totalidad no se oponen a la totalidad del
contenido de ese Acuerdo. Son tres enmiendas puntuales,
parciales y, a nuestro juicio, no debemos extrapolar la
posición puntual que se pueda manifestar en esta Cámara en
relación con el propósito de esas tres enmiendas a un juicio
global del propósito que tiene la firma de ese Acuerdo. Vamos
a valorar --y valoramos en su momento en el trámite de
Comisión y en el Pleno-- el significado, el contenido, el
alcance, la repercusión que va a tener ese Acuerdo --
importante Acuerdo--sobre nuestra economía, sobre nuestra
sociedad, pero creemos que en el trámite de esta mañana se
trata de fijar nuestra posición en relación con estas
modificaciones que nos plantea el Grupo de Unión Valenciana.
Nuestro Grupo comprende la motivación que ha impulsado a este
Grupo a plantear estas cuestiones, no obstante, no se puede
reducir la valoración de ese Acuerdo a lo que pueda sucederle
a un determinado producto que se encuentra --digamos--
afectado por el proceso de creación de ese Espacio Económico
Europeo. Tienen sentido las preocupaciones, las motivaciones
que se han impulsado con esas enmiendas, pero las
articulaciones técnicas que nos presentan estas enmiendas no
tienen fundamento. Concretamente, las dos enmiendas que hacen
referencia a los cítricos, de alguna forma, como muy bien ha
fundamentado el portavoz del Grupo Socialista, tienen otro
cauce de resolución, al menos, tal como hoy está establecido
el proceso internacional de construcción europea, este
problema tiene otro proceso para poder ser abordado, otra vía
para poder resolverse. No obstante, el artículo 13 del propio
Tratado al cual se presenta una de esas enmiendas ya permite
el propósito que tiene la misma. No se prohíbe que se puedan
establecer requisitos, exigencias fitosanitarias por los
países del Espacio Económico Europeo a un determinado
producto que provenga del exterior de ese Espacio. Por tanto,
ya se puede establecer, el propio Tratado no impide que pueda
alcanzarse esta prohibición, pero dentro del acuerdo y de los
mecanismos que el propio Tratado establece. Respecto a la
segunda enmienda del grupo de Unión Valenciana, que hace
referencia a levantar la restricción de comercializar cítricos
con hojas o pedúnculos, creo que también, como hay dicho muy
bien el Portavoz Socialista, la vía para poder resolver este
problema es modificar la Directiva fitosanitaria en que se
establece esa restricción. Si para cada uno de los productos
que pueden afectar a ese Acuerdo, estableciéramos en el mismo
Acuerdo los problemas de naturaleza fitosanitaria o de
incidencia social o de incidencia de seguridad que pueda tener
cada uno de esos productos, la verdad es que no serían las mil
y pico páginas que hoy nos acompañan, sino muchas más y no son
estos los procedimientos que se han
establecido. Creo que la Directiva 77/1993 --que va a ser
prontamente modificada-- puede dejar resuelta esta cuestión
definitivamente, como se ha apuntado, y no hace falta
modificar el Tratado en el sentido que propone el Grupo de
Unión Valenciana. Por último, señor Presidente, la tercera
enmienda. Nuestro Grupo comparte la preocupación, incluso
diría que en otros debates de naturaleza agraria ya hemos
manifestado que seríamos partidarios de una actuación política
más intensa para levantar esos plazos transitorios que hoy se
han establecido todavía para seis productos agrícolas. La
verdad es que compartimos también la finalidad, la motivación
que ha llevado al Grupo a plantear esa enmienda. No obstante,
éste es un requisito de la Unión Europea, éste es un requisito
del mercado interno europeo y no entender que extrapolar esa
modificación a todo el Espacio Económico Europeo y no hacerlo
en el espacio interior es una contradicción en el orden
jurídico internacional y, por tanto, no es el momento ni el
trámite donde se tiene que plantear. Sin embargo, suscribimos
la motivación y el propósito que ha llevado a este Grupo a
solicitar el levantamiento de los períodos transitorios para
esos seis productos y entendemos que el Gobierno debería
acelerar o intensificar todas las actuaciones posibles en el
campo internacional, para poder reducir realmente los períodos
para estos seis productos, como se ha hecho en otros productos
agrarios.
Señor Presidente, en relación con la globalidad de ese
acuerdo, nuestro Grupo es totalmente favorable a su
ratificación --ya lo manifestamos en el debate que tuvo lugar
en la legislatura anterior--, pero como vamos a tener ocasión
de intervenir en la Comisión y en el Pleno, cuando se apruebe
definitivamente, en esos trámites expresaremos nuestros
recelos, nuestras cautelas y nuestras inquietudes sobre los
impactos que puede tener esa creación del Espacio Económico
Europeo en nuestra sociedad y en nuestra economía, porque no
va a ser banal ese efecto, lo que nos comporta una reflexión y
una exigencia de revisar actuaciones de naturaleza interna,
para proteger lo que son los intereses de nuestro país.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Espasa.
El señor ESPASA OLIVER: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, de estas tres enmiendas que ha
presentado el Diputado de Unión Valenciana podríamos decir que
no hay mal que por bien no venga. Nosotros creemos que tienen
o han tenido una única virtualidad política, la de retrasar la
aprobación o no por esta Cámara del Tratado del Espacio
Económico Europeo a después de que el Tratado de la Unión
Europea esté ratificado por los doce países miembros. Esta era
la posición política de nuestro Grupo; ésta fue la que
defendió nuestra portavoz en la anterior ocasión en que se
produjo este debate, porque nosotros queremos una Europa
social y territorialmente cohesionada.
Hemos denunciado importantísimas insuficiencias en el Tratado
de la Unión Europea, en el Tratado de Maastricht, y SS.SS.
saben cómo durante todo un año, la ampliación o no, a través
del Espacio Económico Europeo --aparte de los aspectos
técnicos que inciden sobre determinados productos, objeto de
las tres enmiendas que hoy aquí debatimos, aparte de los
aspectos políticos que incidían sobre la forma de construir
Europa--, ha sido lo que ha centrado el debate de este año. Es
decir, había quienes hablando de más Europa estaban apostando
por el Espacio Económico Europeo, cuando en realidad estaban
apostando sólo por una Europa de libre cambio, por una Europa
comercial y no por una Europa unida y cohesionada en el plano
territorial, en el plano social y en el plano político. Y
aunque esto no aflorara en los debates, es lo que permanecía
subyacente, de forma importante, en este gran tema.
Las enmiendas --como ya han señalado otros oradores y yo no
voy a insistir en ellas, quiero centrarme sobre todo en la
reflexión política-- tienen sentido en cuanto a la base de su
preocupación, pero son absolutamente disparatadas en cuanto al
mecanismo que quieren aportar para corregir estas
preocupaciones. Como han dicho otros intervinientes antes que
yo, por vía de la discusión del reglamento de aplicación de
este Tratado puede darse perfecta cobertura a las
preocupaciones que vehiculan estas enmiendas. Por tanto, no
voy a referirme más a ellas. Compartimos las
preocupaciones concretas de áreas y de productos que se ven
afectados, al parecer, por este Tratado, pero no la vía de
solución.
En definitiva, lo que el señor González Lizondo nos proponía -
-quizá él mismo no se daba cuenta-- era modificar los tratados
de la Comunidad Económica Europea, cuando pretendía ampliar el
acervo comunitario a los países de la EFTA. Y debe ser
exactamente al revés: los países de la EFTA deberán aceptar
todo el acervo comunitario siempre y cuando la adhesión y la
ratificación del Tratado del Espacio Económico Europeo se
produzca después de que esté en pleno vigor el Tratado de la
Unión Europea. Esta ha sido, ésta es y ésta será la posición
política del Grupo en cuyo nombre estoy hablando. Por eso,
hace un año nos opusimos aquí a que se aprobase el Tratado de
la Unión Europea, votamos abstención porque no estábamos de
acuerdo y pedíamos que se retrasase la ratificación de la
Cámara española respecto de aquel Tratado hasta tanto no se
despejasen las dudas de Dinamarca y del Reino Unido. Hoy sólo
queda una duda de tipo jurídico, no político, la del Tribunal
Constitucional de Karlsruhe, en Alemania. Sabemos que antes
del 12 de octubre se va a producir el fallo, que muy
probablemente será positivo. Por lo tanto, después del 12 de
octubre estará ratificado el Tratado de la Unión por todos los
Estados miembros y, en estas condiciones, cuando el dictamen
de la Comisión vuelva a esta Cámara, estoy seguro de que
estaremos en condiciones de dar nuestro voto favorable al
Espacio Económico Europeo, porque, con toda seguridad,
entonces no representará ningún atentado al acervo
comunitario, al grado de cohesión, para nosotros, repito, muy
insuficiente social, territorial y políticamente, que hoy
representa el Tratado de la Unión, que queremos cambiar y
mejorar, pero sin perder nada de lo ya conseguido, sin perder
nada de lo poco que pueda representar para algunos el Tratado
de la Unión. Esta ratificación «a posteriori» del Espacio
Económico Europeo por
parte de esta Cámara y por parte de los Doce es fundamental
para nosotros. En este sentido, decía que las enmiendas de
Unión Valenciana, aunque técnicamente improcedentes y
políticamente injustificadas, al menos para nuestro Grupo han
servido para clarificar y poder estar seguros de que cuando
discutamos a fondo, no las enmiendas, que vamos a votar en
contra, sino el Tratado, estaremos en unas condiciones
políticas distintas a las de hace un año y, por lo tanto,
nuestra posición política podrá ser también distinta, es
decir, de apoyo al Espacio Económico Europeo, a la firma de
este Tratado, pero sobre la base de no perder un ápice de lo
que para nosotros es aún demasiado poco respecto a lo que es
nuestra concepción de una Europa federal, solidaria social y
territorialmente, con una vocación de unión política y con
capacidad de ampliarse para, sin perder nada de este acervo,
avanzar tranquilamente hacia una Europa más amplia y más
solidaria.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Espasa.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Tocino.
La señora TOCINO BISCAROLASAGA: Gracias, señor Presidente.
Señores y señoras Diputados, subo a la tribuna para fijar
posición, en nombre de mi Grupo, frente a las enmiendas que ha
presentado el Grupo de Unión Valenciana. He de decir que la
posición de mi Grupo en este debate de totalidad es un no a
las enmiendas que se han presentado; un debate que, como se
está viendo a lo largo de la mañana, es mucho más importante
de lo que el propio Gobierno ha establecido. La ausencia en
esta mañana también de representantes del Gobierno,
fundamentalmente del Ministro de Asuntos Exteriores, está
indicando que parece que todavía no se ha tomado muy en serio
las repercusiones que para España tiene, sin lugar a dudas,
este Tratado.
Esto no significa que esas enmiendas no tuvieran, como ya se
ha dicho aquí esta mañana, cierto interés. Lo que ocurre es
que en los tratados y en los convenios, cuando se llega a
estos debates de totalidad, cuando nos presentamos ante la
ratificación o no, lo que hay que plantearse es que cualquier
enmienda de este sentido, si se mantiene, es un no a la
ratificación. Como lo que se está ventilando en esta
ratificación no deja de ser la ampliación (incluir ese Espacio
Económico Europeo es, como si dijéramos, un paso previo a la
ampliación de estos países de la EFTA que se van a incorporar
próximamente, sin lugar a dudas --y así lo deseamos--, a la
Comunidad Europea), no tiene sentido que quienes como, en mi
Grupo, se han manifestado siempre a favor de esa ampliación,
quienes hemos dicho que no estamos de acuerdo ni lo estaremos
nunca con los temas llamados de fortaleza europea, pudiéramos
en este momento oponernos a lo que de ampliación significa
este Acuerdo que hoy nos trae este debate de totalidad del
Espacio Económico Europeo.
Sin embargo, señorías, lo que entendemos que se plantea hoy en
este Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo creemos que es
el impacto que dicho acuerdo va a tener sobre la economía
española. Señorías, creo que es hora ya de decir en esta
Cámara --mi Grupo lo ha dicho en reiteradas ocasiones-- que
basta ya de falsos europeísmos. Nos decía esta mañana el
representante socialista que hay que avanzar en la
construcción europea. Evidentemente, esto no lo pone nadie en
duda. Estamos convencidos de que España
concretamente, fuera de ese proyecto de construcción europea,
no tiene salvación. Por tanto, España está avanzando, y tiene
que avanzar, en ese proceso de construcción europea. Lo que
pasa, señorías, es que nos estamos encontrando día tras día
con que este Gobierno está convencido de que se avanza en la
Unión Europea simplemente por formar parte de ese proyecto,
pero se les olvida en muchas ocasiones que las cosas no salen
adelante por sí solas y que tiene una repercusión inmensa ese
avance de construcción europea en la política interna de
nuestro país. En el debate que hoy nos plantea este Acuerdo de
Espacio Económico Europeo, hay que hablar de la
competitividad. Ante este gran Espacio Económico Europeo que
va a constituirse que es el mercado mayor del mundo, con 385
millones de consumidores --ahora que Suiza se ha desgajado del
Espacio Económico Europeo--, que representa el 40 por ciento
del comercio mundial, que representa el 30 por ciento del
producto interior bruto mundial, no tiene ningún sentido,
señorías, que pensemos que esto, por sí mismo y sin hacer nada
de puertas adentro, va a beneficiar a España. Todos sabemos
que el comercio internacional y la inversión extranjera, la
apertura de mercados, sin lugar a dudas puede estimular la
productividad de una nación, pero también puede amenazarla, y
seriamente. El exponer nuestra productividad y nuestra
competitividad a la de los países que nos superan en
productividad puede suponer un grave perjuicio para
determinados sectores de nuestra economía.
Creo que no está de más recordar esta importancia de la
competitividad, que no se da por sí sola, en un día como hoy,
en el que lamentablemente tenemos que estar hablando de los
graves perjuicios que se pueden derivar si se cierra nada
menos que la factoría de Seat en Cataluña. Creo que también es
importante hablar de este tema cuando se está felicitando hoy
nuestro Gobierno por esos grandes éxitos que se han conseguido
en esta primera batalla --batalla envenenada en cierta medida,
diría yo-- que se ha arrancado a Bruselas para el Plan de la
Siderurgia Integral. No tenemos que seguir pensando en los
éxitos que conseguimos cuando nos tenemos que resignar con lo
que nos dan, sino que tenemos que hablar con sinceridad de qué
es lo que estábamos pidiendo y qué es lo que al final
obtenemos. Señorías, hay que recordar una vez más que lo que
ha ocurrido aquí con la siderurgia es que este Gobierno no ha
sabido hacer la reconversión en las instalaciones en los
momentos oportunos y, ahora, tenemos que resignarnos con lo
que nos van a dar. Cuando se estaban produciendo y vendiendo
hasta 6.000 millones de toneladas de acero, ahora contamos por
millones también las toneladas que se van a reducir. Por
tanto, señorías, si hay que aceptar esto, tendremos que
aceptarlo porque no nos han dado otra opción, sobre todo a la
oposición, pero encima no vengamos a contar que esto es un
gran éxito.
Señorías, esto es lo que nos puede ocurrir si llegamos al
convencimiento de que, por el mero hecho de ratificar este
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo --que sin duda
puede traer grandes ventajas a España--, las ventajas van a
darse por sí solas. Queremos llamar la atención del Grupo
Socialista porque nos ha preocupado, una vez más, el
triunfalismo con el que ha presentado las grandes ventajas que
se obtienen de este Espacio Económico Europeo. Señorías,
señores del Grupo Socialista, representantes del Gobierno,
ausentes, ustedes saben muy bien que una nación es competitiva
cuando realmente tiene esa capacidad de innovar en sus
empresas, día tras día, y la innovación exige cada vez mayor
inversión. En un momento en el que los mercados van a ser cada
vez más agresivos y vamos a pasar a formar parte --y esto en
principio es positivo-- del mercado mayor del mundo, no
podemos consentir que nuestra inversión siga cayendo y que las
previsiones de la caída de la inversión para este año sean que
ésta aumenta en dos puntos porcentuales, caída que ya fue de
más del 3 por ciento el año pasado.
Señorías, no podemos aceptar que para conseguir esa innovación
tecnológica, esa innovación en diseños, en calidad de
productos, en «marketing», en áreas de distribución que
necesita nuestra empresa para ser competitiva y para,
realmente, obtener las ventajas que concretamente nos puede
traer este Acuerdo del espacio Económico Europeo, nos va a
bastar con cruzarnos de brazos o con exigir simplemente una
moderación salarial.
Porque, señorías, la competitividad no viene sólo del número
de puestos de trabajo que creemos --que evidentemente es muy
importante cuando el desempleo es tan grande-- sino que, a
nuestro entender, lo más importante es la calidad de esos
puestos de trabajo. No seremos competitivos si nos limitamos a
producir, con unos salarios bajos, unos productos que luego no
podemos ni exportar y sigamos importando productos de mucha
mejor calidad que somos incapaces de producir. Eso nos puede
arreglar momentáneamente nuestra balanza comercial, pero desde
luego no está produciendo el verdadero avance de productividad
que no podemos desligar de nuestra competitividad.
Señoras y señores Diputados, nuestro Grupo entiende que ese
impacto que en nuestra economía va a producir este Acuerdo es
el que tenemos que estudiar y por eso reiteramos una vez más,
a la vez que decimos que nuestro voto va a ser favorable
cuando llegue el momento de la ratificación, que tedremos
ocasión de profundizar y de aportar nuevamente soluciones para
lo que tiene que ser ese marco mucho más competitivo que tiene
que crear el Gobierno; condiciones de un marco financiero, de
un marco fiscal y de un marco laboral en donde las empresas
españolas puedan ser mucho más competitivas. Y, puesto que
estamos a punto de empezar el debate de presupuestos, queremos
entender que, efectivamente, pueden ir en esta línea, para
que, lo que sin duda va a ser un éxito para los demás países
del Espacio Económico Europeo, sea también un éxito en cuanto
a lo que este Acuerdo va a representar para España y, de esta
forma, poder beneficiarnos, porque sólo así mi Grupo entiende
que de verdad España estará
colaborando y se estará beneficiando del proyecto de
construcción europea en el que está inmersa. Gracias,
señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Tocino.
Vamos a proceder a la votación de las enmiendas de totalidad
del Grupo Mixto al Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo y
Protocolo Adicional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 279: a favor, nueve; en contra, 256; abstenciones,
14.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas de
totalidad.
--PROTOCOLO PARA ENMENDAR EL PARRAFO 2 DEL ARTICULO X DEL
CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DEL ATUN
ATLANTICO, HECHO EN MADRID EL 5 DE JUNIO DE 1992 (Número de
expediente 110/000006)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a debatir las
enmiendas de totalidad al Protocolo para enmendar el párrafo 2
del Artículo X del Convenio Internacional para la Conservación
del Atún Atlántico.
Para defender la enmienda del Grupo Popular, tiene la palabra
el señor Durán. (El señor Vicepresidente, López de Lerma y
López, ocupa la Presidencia.)
El señor DURAN NUÑEZ: Señor Presidente, señorías, nuestro
Grupo tradicionalmente dictamina favorablemente todos los
tratados y convenios internacionales, como acabamos de hacer
ahora mismo con el importantísimo Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo. Sin embargo, en el tema que ahora tratamos,
que es un Protocolo para enmendar el párrafo 2 del artículo X
del Convenio Internacional para la Conservación del Atún
Atlántico, nuestro Grupo ha presentado una enmienda de
totalidad --que es una enmienda de adición, pero según el
Reglamento tiene que ser de totalidad--. Para aclararles el
tema a SS.SS., que están muy al tanto
precisamente de todo lo que se refiere al atún, les diré que
de las veintidós partes contratantes que se reunieron en
Madrid en la sesión internacional de la ICCAT, sólo asistieron
dieciséis, algo importante ya, y de éstas realmente van a
tener que contribuir --que es de lo que se trataba en este
Protocolo adicional-- nada más que Canadá, Corea, España,
Estados Unidos, Francia, Japón, Portugal y Suráfrica, y de
ellas, probablemente la mitad tampoco contribuyan. Por lo que
vemos no es una cosa dramática y además veo que a la Cámara no
le importa excesivamente, pero hay que tener en cuenta que
España pesca muy poco, contribuye mucho y encima tienen un
gravísimo problema que tiene que ser controlado por esta
Comisión, que es el problema de las drifting nets, el problema
de las redes de deriva que, como saben ustedes, en la parte
atlántica realmente hacen que mientras nuestros pescadores
pescan el equivalente a dos toneladas, los franceses pescan de
20 a 30, y tienen un problema gravísimo a nivel de nuestros
compradores de Estados Unidos del atún en lata, que es que las
drifting nets, no sólo las del Atlántico, sino las del
Pacífico, como saben SS.SS., están contribuyendo a extinguir
el delfín. Este es un tema que, repito, grandes compradores,
como son Estados Unidos y Canadá, lo han tomado muy en serio,
y en este momento están castigando a nuestra conserva por usar
la volanta en este caso.
Nosotros proponemos que para aprobar este Protocolo se añada
el siguiente párrafo: Las partes contratantes promoverán la
prohibición del uso de redes de deriva para túnidos en todos
los casos. Si SS.SS. aprueban esta enmienda, como es natural
nosotros votaremos favorablemente el Convenio, y si no,
esperaré a ver lo que dice el portavoz que intervendrá en
representación del Gobierno, que a lo mejor nos ilumina algo
en este tema.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias,
señor Durán. ¿Turno en contra? (Pausa.) Tiene la palabra el
señor Curiel.
El señor CURIEL ALONSO: Señor Presidente, señorías, gracias,
señor Durán, hemos seguido con interés su intervención y el
espíritu que la anima y quiero decirle al inicio de la
fijación de la fijación de postura de nuestro Grupo que
compartimos el espíritu de su preocupación, que compartimos el
sentido de la enmienda que proponen, pero que, por razones que
ahora voy a explicar, nuestro Grupo no puede apoyarla tal y
como ustedes la han planteado, lo cual no evita que le haga
una propuesta transaccional de encuentro, que yo creo que
puede ser aceptada por su Grupo.
No podemos aceptar la enmienda porque, como S.S. sabe, estamos
ante un trámite de totalidad de un Protocolo, en virtud del
cual esta Cámara autoriza al Gobierno a firmar la modificación
del párrafo 2 del artículo X del ICCAT. Es decir, estamos
tramitando este debate al amparo del artículo 156.2.2 del
Reglamento del Congreso. Si aceptáramos la enmienda, esto
quiere decir que el Gobierno no tendría la autorización para
firmar este Protocolo y que, por consiguiente, no entraría en
vigor, lo cual traería gravísimas consecuencias para la
Comisión del ICCAT que, como usted ha explicado, atraviesa
precisamente por unas circunstancias económicas ciertamente
difíciles.
Por consiguiente, se trata, señoría, de que aprobemos --y así
se pronuncia nuestro Grupo y solicitamos el apoyo
de los demás grupos parlamentarios-- una modificación,
inspirada precisamente por el Gobierno español, que pretendía
y pretende resolver una grave dificultad de los países en vías
de desarrollo que no pueden contribuir con las cuotas
previstas al sistema de financiación del ICCAT. España ha
promovido este cambio, lo ha impulsado, ha convencido a los
países desarrollados con economía de mercado, de acuerdo con
la propia terminología de Naciones Unidas, para que apoyen
esta modificación y, tras cuatro años de largo y difícil
trabajo, se llegó a un consenso, que es el que hoy está
sometido a la ratificación de la Cámara. Por consiguiente,
señor Durán, estamos planteando prácticamente la supervivencia
de la Comisión de la ICCAT, y usted sabe muy bien, por sus
propias responsabilidades, que este tema es de la máxima
importancia para nuestra industria pesquera, para un sector
importante de nuestra actividad económica. En segundo lugar,
quiero decirle que el propio artículo 3 de la Comisión, de la
ICCAT impediría, en el caso de apoyar su enmienda, que
ratificásemos la Comisión, porque se exige la firma del
Protocolo de todos los países desarrollados con economía de
mercado. Si España no ratificase este Protocolo, ciertamente
no entraría en vigor, lo cual nos lleva a la argumentación a
la que yo antes me refería y que creo que S.S. compartirá. Por
lo demás, le puedo decir, y creo que usted estará de acuerdo,
que el sentido de la enmienda se puede alcanzar sin necesidad
de modificar el Convenio de la ICCAT. Es decir, basta una
resolución interna de la propia Comisión para que abordemos el
problema de las redes de deriva en la pesca de túnidos en el
Atlántico, que ciertamente es de máxima preocupación para el
Gobierno.
Nuestro Grupo --y con esto termino-- ha estudiado las
iniciativas parlamentarias que están en este momento
tramitándose en la Cámara, concretamente una de su Grupo y
otra del Grupo de Izquierda Unida, y puedo decirle, en nombre
de mi Grupo, que desearíamos llegar a un acuerdo sobre esta
materia buscando un punto de encuentro entre todos los grupos
de la Cámara, tomando como punto de referencia las iniciativas
parlamentarias a las que me he referido, las dos proposiciones
no de ley, la suya especialmente porque estamos tramitando en
este momento esta enmienda. Nuestro Grupo buscará el consenso
en la literalidad de la moción, sobre la que en este momento
sería difícil pronunciarse, pero quiero decirle que
compartimos el espíritu y el sentido de la proposición no de
ley que su Grupo ha presentado.
Dicho esto, señoría, le pediría que el Grupo Parlamentario que
usted representa retirase la enmienda, que votáramos
conjuntamente este Protocolo, porque de esta manera daríamos
una solución satisfactoria a este grave problema que está
planteado en la Comisión del ICCAT, y que inmediatamente nos
pondríamos a trabajar en el encuentro, en el consenso dentro
del espíritu de la moción que usted tiene presentada. Nada
más.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias,
señor Curiel.
Señor Durán, tiene la palabra.
El señor DURAN NUÑEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Gracias, señor Curiel. Agradezco sus palabras, el comentario
que nos ha hecho. Creo que, para tranquilizar a la Cámara, hay
que señalar que aquí no estamos ratificando la ICCAT en sí,
sino que estamos ratificando un Protocolo y debatiendo una
enmienda a un Protocolo, por el que quieren que paguemos unos
seis países y, si pagamos los seis países, que los
funcionarios cobren. Eso es todo lo que estamos ratificando,
nada más. Es decir, la ICCAT sigue funcionando, mal o bien, de
los veintidós países sólo asisten dieciséis y, de ellos, sólo
pagan cuatro. Esto es realmente de lo que se trata. Parece ser
que España es uno de los países que paga y por esto se nos
trae el Protocolo.
Dicho esto, sí es verdad que nuestro Grupo ha presentado una
proposición no de ley, similar a la del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, en la cual lo que pedimos,
como usted sabe muy bien porque, incluso, lo hemos discutido
fuera de la Cámara, es negociar ante las pertinentes
instancias comunitarias el establecimiento de un severo
control en el cumplimiento de la normativa comunitaria en
cuanto a la utilización de las volantas pelágicas en la pesca
del bonito. Esto es lo más importante. Como usted sabe, señor
Curiel, señor Presidente, los franceses, hasta finales de
diciembre de 1993, van a seguir pescando con las drifting
nets, con todo lo que esto quiere decir, incluso de
competencia desleal con nuestros pescadores. Pero, repito, si
se pesca con las drifting nets, el mercado riquísimo de
Estados Unidos para la conserva española quedaría cerrado.
Esto es lo más importante.
Yo entiendo que SS.SS. ven positivamente y adoptan un cierto
compromiso para apoyar nuestra proposición no de ley. Si esto
es así, señor Presidente, retiramos la enmienda y nuestro
Grupo, como siempre, va a dictaminar favorablemente el
Tratado.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias,
señor Durán. Retirada la enmienda, pasamos al siguiente punto
del orden del día.
DEBATES DE TOTALIDAD DE PROPUESTAS DE REFORMA DE ESTATUTOS DE
AUTONOMIA:
--DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES, DE REFORMA DEL
ESTATUTO DE AUTONOMIA
PARA LAS ISLAS BALEARES (ORGANICA) (Número de expediente
127/000008)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Punto IX del
orden del día: Debates de totalidad de propuestas de reforma
de Estatutos de Autonomía. (El señor Presidente ocupa la
presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Debates de totalidad de propuestas de
reforma de Estatutos de Autonomía.
Debate relativo a la propuesta del Parlamento de las Islas
Baleares de reforma del Estatuto de Autonomía para las Islas
Baleares.
En nombre del Parlamento de las Islas Baleares, tiene la
palabra, en primer lugar, don Juan Huguet Rotger.
El señor HUGUET ROTGER (Diputado del Parlamento de las Islas
Baleares): Señor Presidente, señorías, en primer lugar, quiero
agradecer en nombre de las Islas Baleares la posibilidad de
poder estar en esta Cámara para defender la reforma del
Estatuto propuesto por el Parlamento balear.
Acudimos a esta tribuna del Congreso de los Diputados con una
doble e indisoluble conciencia. Lo que me trae a esta
asamblea, lo que pretendo defender ante SS.SS. se asienta
primero en mi condición de pertenencia a un grupo político,
pero también en la seguridad de que hablo legítimamente en
nombre del pueblo de las Islas Baleares. Hoy puedo y aun debo
darle a mis palabras no sólo el matiz de mis convicciones
políticas de grupo, sino, a la vez, la firmeza de que quien se
expresa en nombre de una Comunidad encarnando la
representación de sus instituciones democráticas y públicas
asume una alta y noble responsabilidad.
El Parlamento de las Islas Baleares tiene aprobada por
amplísima mayoría una reforma de Estatuto cuyo contenido se
inspira y se adapta al pacto autonómico de 1992 y para que
esta voluntad política mayoritaria en la Cámara autonómica
pueda prosperar definitivamente, comparecemos en esta tribuna
de las Cortes Generales solicitando su atención y reclamo que
convaliden los deseos de ampliar la dimensión del Estatuto que
nos rige en nuestra Comunidad Autónoma.
No sé a ciencia cierta a qué azares históricos, sociales o
legales imputarlo, pero convendrán conmigo que no deja de ser
una paradoja tremenda que las Islas Baleares no hayan sido aún
jurídicamente consideradas una Comunidad histórica. Elementos
sustanciales para ello ni le faltan ni le son discutibles
sociológicamente. Poseemos una lengua propia de las Islas
Baleares, distinta de la lengua castellana, y hasta los
decretos de Nueva Planta de Felipe V se gobernaban con
instituciones propias multiseculares, y con acuerdo a ello se
ha forjado una personalidad colectiva muy acusada y genuina a
lo largo de los siglos.
No obstante, la coyuntura de la transición hizo que la
reconstrucción de nuestra personalidad tuviera que fraguarse
por la vía del artículo 143 de la Constitución española y no
por la del 151. Es, pues, nuestro camino jurídico como
Comunidad Autónoma con el que estamos comprometidos, y a él
nos acomodamos, pero no estamos en él dormidos; antes bien,
nos ha servido de plataforma desde la cual aceptar lo que nos
ha sido dado y, a la vez, reiterar permanentemente la mejora
estatutaria. Hoy es el día en que esa constancia va a dar un
paso preciso, evidente y claro, y lo hacemos no desde demandas
grotescas o extemporáneas, sino desde la armonía del conjunto
de las comunidades autónomas que viven en el mismo proceso de
crecimiento de marco estatutario.
Permítanme que señale, llegado este punto, una de las virtudes
de este proceso, y es que las reclamaciones autonómicas de
Baleares encajan y se adaptan al ajuste general de la
estructura territorial del Estado en lo que atañe a las
comunidades del artículo 143. No podemos dejar de reconocer
que en Baleares las aspiraciones eran mayores. Así lo ha dicho
en múltiples ocasiones la formación política a la que
pertenezco, el Partido Popular, que gobierna en nuestro
archipiélago desde hace diez años. Incluso hemos propuesto por
ahora la defensa de aquella otra propuesta de reforma de
nuestro Estatuto que era mucho más profunda. Hemos sabido y
hemos querido con ello aparcar temporalmente una parte de
nuestros derechos particulares en beneficio de un compromiso
superior llamado España y que debe proyectarse en la unidad de
todos sus pueblos, regiones y nacionalidades.
He aquí, señoras y señores Diputados, la razón primera que nos
mueve a aceptar el pacto autonómico suscrito con el Partido
Popular, el Gobierno de la nación y el Partido Socialista.
Todo cuanto se derive de él en términos de ampliación de
competencias es entendido como bueno, aplicándole a la
afirmación un sentido evolutivo de las cosas. Tras la
aplicación de los acuerdos autonómicos estaremos mejor que en
1983, en que el Estatuto de Baleares fue puesto en práctica
por primera vez, y consecuentemente esperamos en un futuro
próximo estar aún mejor de lo que deparará la reforma que hoy
aquí defendemos. Ahora bien, coherentes con las apelaciones de
las raíces lingüísticas e históricas mencionadas al comienzo
de mi intervención, Baleares, como Comunidad Autónoma, también
debe manifestar, y lo hace hoy ante el Congreso de los
Diputados, sin titubeos ni ambages, que el pacto autonómico no
supone el paso definitivo ni mucho menos el paso final. No
podemos renunciar ni renunciamos a lo que establece la propia
Constitución. Sería ir en contra de las previsiones y
posibilidades de la misma Carta Magna que contiene el Título
VIII, que aún no ha sido aplicado íntegramente. Eso sí,
estamos ante una etapa que debe invitarnos a seguir adelante
con esperanza.
Lo expuesto hasta aquí, ¿adónde nos conduce? Desde mi punto de
vista, a una conclusión clara, y es que el pacto es necesario
pero no suficiente; estimable pero no culminante. Entendemos
que la reforma del Estatuto, cuyo asentimiento pedimos a esta
Cámara, supone, en realidad, abrir un proceso, pero, en modo
alguno, cerrar el desarrollo estatutario de Baleares ni el
desarrollo
constitucional. Con esta reforma perfeccionaremos el Estado de
las autonomías, porque nunca una vertebración de un Estado en
la forma en que diseña la Constitución podrá ser estanca o
inmutable para siempre. La gran virtud de un Estado autonómico
frente a otro centralizado es la de no caer el primer modelo
en la petrificación que padece el segundo. Espero que no se
interpreten estas palabras en un sentido hostil para con la
Administración central del Estado, no es mi propósito. El
Partido al que represento y el Parlamento autonómico en cuyo
nombre intervengo consideramos que las comunidades autónomas
no son sistemas opuestos al Estado, sino elementos de un
cuerpo articulado que configuran un mismo Estado. Por tanto,
han de poder acceder, todas sus partes a los procesos de
decisión unitaria. Según el espíritu de la Constitución en
materia territorial, todo cuanto se haga en bien de las
autonomías se hace en bien del Estado y nunca en contra de él.
Señorías, después de la Ley Orgánica de Transferencia de
Competencias a las Comunidades Autónomas y de la posterior
modificación de los estatutos de autonomía, todo ello fruto de
un pacto autonómico de madurez política, podemos afirmar que
el modelo autonómico, salvo en los casos pendientes de Ceuta y
Melilla ha alcanzado un grado aceptable de desarrollo en lo
que a nivel competencial se refiere, aunque esto no impide en
ningún caso, sino que alienta, a seguir elevando ese techo
competencial conforme a los preceptos constitucionales.
Quiero acabar reiterando la necesidad de que la reforma del
Estatuto de Baleares, tal y como se desprende del pacto
autonómico, ha sido un buen ejemplo de acuerdos a gran escala.
De ahí que los representantes políticos del Parlamento de las
Islas Baleares haya, al menos la mayoría, aceptado el proyecto
de reforma si va en aras de una razón de Estado, en el bien
entendido que el Partido Popular de Baleares y sus legítimos
representantes en el Legislativo regional tenemos una vocación
autonómica final, que es equipararnos con las autonomías
históricas del 151. Así nos lo demandan los ciudadanos, así
está escrito en los Diarios de Sesiones de la Cámara de
Baleares, así lo merece históricamente nuestro
archipiélago, y en nombre de las Islas Baleares, a las que
tengo el honor de representar hoy ante esta Cámara, pido a
todos ustedes el apoyo a esta reforma.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Huguet.
Tiene la palabra don José Alfonso Villanueva.
El señor ALFONSO VILLANUEVA (Diputado del Parlamento de las
Islas Baleares): Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, como Diputado del Grupo Parlamentario Socialista
del Parlamento de las Islas Baleares, tengo el honor hoy de
pedir a SS.SS. la aprobación de la reforma del Estatuto de
Autonomía de las Islas Baleares. Cuando el 6 de diciembre de
1978 el pueblo español ratificaba la Constitución, se
producían, en mi opinión, dos hechos
fundamentales: se reemprendía el camino democrático de España
que nos habían arrebatado y se abordaba decididamente el
proceso hacia el reconocimiento de que España es una nación
plural y que esta pluralidad debería manifestarse en la
configuración política del Estatuto.
El Título VIII ponía claramente de manifiesto que el punto de
partida de esta diversidad no era el mismo para todos, pero
también que el resultado final había de tener un grado de
homogeneidad tal que todos los pueblos de España sintieran que
su nivel de autogobierno era, dentro de la diferenciación,
sensiblemente igual para todos. De ahí que la Constitución y
el propio Estatuto posponían a cinco años la posibilidad de
ampliar los límites competenciales y, en definitiva, acercar
estos límites entre todas las autonomías. Fruto de esta
posibilidad y, obviamente, del deseo de todas las autonomías
de acceder a mayores niveles de
autogobierno, fue el pacto autonómico de 1992, la Ley Orgánica
y la proposición de ley de reforma que hoy el Parlamento de
las Islas Baleares somete a las Cortes Generales.
Desde el Partido Socialista defendemos con orgullo esta
reforma, que constituye, en nuestra opinión, un paso
importante en el camino hacia la efectiva igualdad
competencial entre todas las comunidades autónomas. Siendo un
paso importantísimo, hay que decir que no es ni debe ser el
último o definitivo. Como dice muy bien el preámbulo del pacto
autonómico, la Constitución de 1978 estableció los principios
que articulan la organización territorial del poder, sin
consagrar una ordenación cerrada o estática del mismo. Dentro
de este espíritu debe entenderse el mantenimiento en el texto
estatutario del artículo 16, que establece un nuevo plazo de
cinco años para reiniciar para nuestra autonomía un nuevo
proceso de asunción de competencias; proceso que, en todo
caso, se
justificaría cuando el ejercicio efectivo de las actuales
hubiera servido para mejorar la efectividad de los servicios
públicos, acercar la Administración a los ciudadanos y hacer
más
transparente, conocida, eficaz y, en consecuencia, más asumida
por estos mismos ciudadanos la gestión de la cosa pública. Son
estos los objetivos del proceso autonómico, y a ellos hemos de
dirigir todos nuestros esfuerzos.
En este sentido, señorías, se está haciendo cada vez más
necesario que cada comunidad autónoma adapte su funcionamiento
institucional a sus peculiaridades, a la vez que se configura
una democracia completa en las comunidades autónomas que
accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143. En
estos momentos, la principal diferencia política entre los dos
grupos de autonomías no es de su nivel competencial sino de la
organización y funcionamiento de sus instituciones.
Se hará necesario adoptar una solución, evidentemente con el
más amplio consenso, con el fin de que las asambleas
autonómicas tengan el auténtico papel que les corresponde en
un Estado ampliamente descentralizado y en el que las
autonomías tienen amplias competencias legislativas y
efectivas. Así, va a resultar imprescindible pasar de unas
comunidades autónomas con casi total preponderancia del Poder
Ejecutivo (todas las del artículo 143) a unas autonomías en
las que el equilibrio entre Ejecutivo y Legislativo esté
garantizado, en las que la función parlamentaria sea la normal
de los Diputados, y que el Ejecutivo no considere, como hasta
ahora, que los Parlamentos son unas Cámaras molestas que
sirven para elegir un presidente y aprobar unos presupuestos.
En nuestra Comunidad, tras diez años de autonomía, se están
detectando disfunciones importantes en la inicial
configuración institucional. Por citar algunas, la doble
condición de Diputado y Conseller será, sin duda alguna,
después de asumir las competencias previstas en esta reforma
del Estatuto, un problema muy grave para el funcionamiento
normal del Parlamento y de los Consells y se agravará más en
el momento en que a éstos se les transfieran competencias de
la autonomía.
Otro grave problema es la dificultad que tiene cualquier
Parlamento autonómico de la vía del artículo 143 de la
Constitución, para afrontar el control efectivo de los
ejecutivos. Por ello, creo que la profundización del Estado de
las autonomías no puede pasar únicamente por una cuestión
competencial. Pienso que el debate y el consenso deberán
centrarse, en los próximos años, en aspectos institucionales
del tenor de los manifestados, con el fin de llegar al
objetivo previsto en la Constitución, que no hemos de olvidar
es que respetando los hechos diferenciales de cada
nacionalidad o región, todas las autonomías tengan una
igualdad, hayan empezado o no por el artículo 151.
La aprobación de la reforma que hoy pido a SS.SS. en nombre
del Parlamento de las Islas Baleares, es un paso
imprescindible para este objetivo, para el objetivo de seguir
profundizando en la consolidación del Estado autonómico. Por
ello, dándoles las gracias anticipadas, espero su voto
afirmativo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alfonso.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Señor Presidente, señorías,
Esquerra Republicana ha ido apoyando las diferentes reformas
que se han presentado en esta Cámara, a pesar de no compartir
el espíritu que alimentaba esta especie de reedición del
famoso café para todos; un espíritu que no nacía del pacto con
cada comunidad y de la voluntad de resolver la especificidad
de esa comunidad, sino de un pacto PSOE-PP que tenía
precisamente como objetivo la homogeneización. Es así de
paradójico, pues, pero esta reforma generalizada, que incluso
prevé la creación de comisiones sectoriales para articular las
actuaciones de las diferentes administraciones públicas y que
funcionará por unanimidad o por reglas de mayoría, lo cual
significa en la práctica que una decisión tomada por ejemplo
en las Islas Baleares puede ser invalidada por otras
comunidades, esta reforma generalizada, digo, no responde a
una voluntad de descentralización sino precisamente a una
concepción homogénea del Estado. Pero hemos votado a favor
siempre porque entendemos que lo poco que se llevan las
comunidades autónomas es mejor que nada y porque esperamos que
la propia dinámica autonómica consiga, al final, modificar
este espíritu centralista.
Llega ahora el turno al Estatuto de las Islas y es en este
Estatuto donde fijamos nuestro sí más crítico: Primero, porque
es una reforma --¿reforma del Estatuto o contrarreforma,
señorías?-- que dista años luz de la reforma que aprobó, el 29
de enero de 1991, el Parlamento balear con los votos de todos
los partidos menos el del PSOE que se abstuvo, incluyendo los
votos del PP balear, que más tarde, por mor de la disciplina
al PP español, se comió sus anhelos de reforma. Esperemos que
sea una renuncia transitoria.
Contrarreforma también porque aleja a las Islas de un «status»
político coherente a su condición de nación histórica. El
espíritu de la reforma del Parlamento balear recogía esta
condición. El espíritu de la reforma actual equipara la
condición nacional de las Islas a una condición regional, la
regionaliza y, regionalizándola, la deja fuera de aspectos
básicos de soberanía como son la sanidad, la policía
autonómica o, muy especialmente, aspectos de
planificación económica en el sentido en que, por ejemplo, se
discuten en Cataluña o ya se tienen en el País Vasco. Ello es
especialmente grave no sólo por la rebaja política de primera
magnitud que representa para las Islas esta contrarreforma,
sino también por la indefensión económica en que la deja.
Las Islas se quedan fuera de la posibilidad de tener
instrumentos económicos para resolver su situación de crisis;
fuera de la posibilidad de una banca propia, por ejemplo; de
concierto económico, de incentivos fiscales
para sus empresas, etcétera, cuando todos estos instrumentos
políticos serían básicos para reforzar su economía, puesto que
la situación de dependencia absoluta del Estado las ha dejado
con una economía muy erosionada. ¿Conocen SS.SS. los datos?
Con la magnífica negociación que en su día hizo un memorable
Ministro con la CEE, se ha hundido, por ejemplo, la
comercialización de la almendra en las Islas. Con el decretazo
de hace dos años, que recortó las prestaciones del paro a los
trabajadores estacionarios, que son una gran mayoría, las
Islas dejaron de ingresar por residentes más de 5.000 millones
de pesetas, y con el 15 por ciento del IVA aplicado a los
hoteles de lujo, en contra de la opinión de los agentes del
sector y del Gobierno balear, que hacían grandes esfuerzos
para mejorar la oferta hotelera, se ayudó a deteriorar más la
situación. Con el 15 por ciento de IVA, por ejemplo, a los
vuelos , que no
estaban antes gravados, el sector quedó definitivamente
tocado. Podríamos eternizarnos con datos parecidos. Las
Baleares son la Comunidad que más paga al Estado y una de las
que menos recibe. Son el 1,8 por ciento de la población, pero
pagan el 2,6 por ciento del total. La inversión pública del
Estado, en cambio, no ha llegado al 1,4 por ciento durante los
últimos 20 años.
Un último dato, sacado de un informe del diario El País del
lunes pasado: cada habitante de las Islas produce un 40 por
ciento más del PIB que la mediana; en cambio, su renta
familiar no llega al 20 por ciento. Los gastos sociales del
Estado, que en Asturias o en Extremadura llegan al 28 por
ciento, sólo representan el 17 en las Baleares.
, decía el lema electoral de Esquerra durante la
pasada campaña. Los datos me parece que son elocuentes, y el
problema fundamental es que con esta reforma estatutaria,
surgida del pacto del Estado, las Islas no van a tener
mecanismos políticos para cambiar esta situación. Estafa,
pues, política, pero también económica.
Acabo con un apunte en positivo. La reforma va a permitir que
se traspasen las competencias en Educación, y ello es muy
importante para consolidar la lengua catalana y la cultura
específica de las Islas. Hasta ahora, sin embargo, las Islas
eran la única Comunidad con lengua propia que no tenía estas
competencias. ¿Pero cuándo llegarán? Según el pacto, no antes
de 1996-1997. Ello significa que las Islas van a estar aún
muchos años como territorio MEC, y sin poder por tanto
desarrollar la normalización lingüística, lo cual atenta
directamente a la consolidación de su idioma y de su cultura.
Esquerra Republicana va a votar que sí, pero es un sí muy
crítico. De hecho me atrevo a decir, como diría el poeta, que
es un sí que nos duele en el alma.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Sánchez i Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, sean mis primeras palabras de
salutación a los honorables portavoces de las Islas Baleares
que han defendido aquí la proposición de ley de reforma del
Estatuto de las Islas Baleares, en nombre de mi Grupo
(Convergència i Unió) y en el mío propio. También deseo
hacerlo efectivo para que lo trasladen a los miembros del
Parlamento de las Islas Baleares. Como viene siendo habitual
en mi Grupo (Convergència i Unió), vamos a votar
favorablemente la iniciativa del Parlamento de las Islas
Baleares para la reforma del Estatuto de Autonomía. No deja de
ser un motivo de satisfacción esta reforma, ya que con ello
vamos haciendo la configuración autonómica del Estado español.
Motivo de satisfacción doble en el caso de las Islas Baleares,
por lo importante que resulta en esta Comunidad su tradición
histórica, su derecho y su identidad propia, como fue el
antiguo Reino de Mallorca.
Se han cumplido holgadamente las previsiones constitucionales
del artículo 143, y en el transcurso de las mismas se ha
evidenciado que por parte del Parlamento de las Islas Baleares
hay una voluntad propia de profundización de su autonomía y lo
está demostrando con la reforma de dicho Estatuto. La reforma
del Estatuto de las Islas Baleares presupone una ampliación
importante del margen de sus competencias, que les serán
asignadas por la votación del mismo. No deja de ser importante
que, a partir de esta reforma, van a conseguir competencias
exclusivas que antes no tenían en temas tan importantes como
son las fundaciones, la industria, la publicidad y en materias
importantísimas --se lo digo por experiencia, por las
competencias que tenemos en la Generalitat de Catalunya--,
como es la competencia exclusiva en la tutela de menores. Van
a asumir competencias de desarrollo legislativo, que antes no
tenían, en temas tan importantes como enseñanza y en las
corporaciones profesionales y económicas. También asumirán
competencias de ejecución en cuanto a la propiedad industrial
e intelectual y a la gestión y planificación económicas.
No deja de ser una realidad importante la reivindicación por
parte de las Islas Baleares en la tutela de menores,
competencia no reivindicada por otras autonomías que, igual
que ustedes, están en las mismas condiciones. Este hecho
demuestra una importante voluntad por parte del Parlamento de
las Islas Baleares de profundizar en su Estatuto de Autonomía.
Como ya he dicho al principio de mi intervención, nuestro voto
va a ser favorable a la iniciativa que ha presentado el
Parlamento de las Islas Baleares, porque no deja de ser un
adelanto y una profundización en la
configuración autonómica del Estado español. Sería deseable
que fuera asumida por la mayoría de los miembros de la Cámara
sin el mínimo titubeo.
Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores Diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, señorías, desde
mi sincero respeto al Parlamento balear y a los dignos
representantes del mismo que hoy nos acompañan, pero también
desde la coherencia política y desde la concepción que del
Estado tiene Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
manifiesto que mi Grupo va a votar en contra de esta propuesta
de reforma del Estatuto de las Islas Baleares, posición que es
idéntica, por otra parte, a la mantenida por Esquerrà Unida de
las Islas.
Me refiero concretamente a esta propuesta porque, como SS.SS.
ya conocen, en esta Cámara entró en su momento otra
proposición, anterior a la que hoy debatimos, aprobada por
mayoría absoluta del Parlamento balear el 20 de enero de 1991,
y a la que, con gran satisfacción, nuestro Grupo votaría
favorablemente si fuera sometida a nuestra consideración,
aunque mucho me temo, señorías, que no tendremos esta
oportunidad. Siendo esto así, ¿no sería procedente que se
clarificase esta situación? ¿No tiene derecho el pueblo de las
Islas a conocer qué va a pasar con su primera propuesta de
reforma? ¿No es suficiente el desconcierto creado en la
sociedad de las Islas por estas dos proposiciones tan
contradictorias entre sí en la regulación de un derecho
esencial como es el de la profundización en el autogobierno?
¿Se pretende retirar la proposición no de ley 926/1990, de
reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares? Si es
así, dígase, porque, señorías, hoy por hoy tenemos en esta
Cámara dos textos de reforma que constituyen una evidencia
escrita magistral de aquel dicho de «donde dije digo, digo
Diego».
Por voluntad del Parlamento balear vamos a debatir hoy sobre
la propuesta que deriva del pacto autonómico y que, como
habrán podido observar SS.SS., es una fotocopia de otras que,
teniendo su origen también en el mismo pacto, hemos discutido
estos días.
Nada más ilustrativo, señorías, para comprender la naturaleza
de una y otra reforma, que la lectura de sus respectivas
exposiciones de motivos. En la primera, la de 20 de enero de
1991, la que surge del impulso normativo del propio Parlamento
balear, se dice: El pueblo de las Islas Baleares, que accedió
a su autogobierno mediante el Estatuto de Autonomía, aprobado
por la Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febrero, dentro de los
mismos principios y espíritu que presidieron su acceso a la
condición de Comunidad Autónoma y deseando tener el mayor
grado de autonomía
constitucionalmente prevista, entiende que habiendo
transcurrido los plazos establecidos en el artículo 148.2 de
la Constitución, resulta imprescindible una ampliación
sustancial de sus
competencias estatutarias que ayuden a un auténtico y más
eficaz desarrollo social, económico, cultural y político de
las Islas Baleares.
La exposición de motivos de la que se somete hoy a nuestra
consideración, dice: Como consecuencia de la firma del pacto
autonómico entre los Partidos Socialista y Popular, el 23 de
diciembre se aprobó la Ley Orgánica 9/1992, de Transferencia
de Competencias a las comunidades autónomas. Procede, pues,
incorporar el contenido de la citada Ley al Estatuto de
Autonomía de las Islas Baleares.
Esto es exactamente en lo que consiste esta propuesta de
reforma: en incorporar el contenido de la citada Ley al
Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares. Incorporarlo de
tal manera que no se ha podido hacer la mínima corrección, la
menor enmienda, debiéndose asumir las 32 competencias que
introduce tal y como fueron redactadas desde Madrid.
¿Consideran SS.SS. que éste es el espíritu de nuestra
Constitución? Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya cree,
por el contrario, que, en este proyecto de reforma, las
formaciones políticas mayoritarias de las Islas Baleares
contraen la responsabilidad histórica de renunciar
voluntariamente al techo competencial contemplado en el
artículo 148 de la Constitución, que permite asumir las
máximas competencias a los cinco años de la promulgación del
Estatuto, renunciando por tanto a la consideración de
comunidad histórica a la que por cultura, lengua y tradición
le corresponde.
Sólo con gran ironía, señorías, se puede considerar esta
reforma como el desarrollo del derecho de autonomía. Un
diputado del Parlamento Balear, en el curso de los debates del
proceso de reforma, recordaba la procedencia etimológica de la
palabra autonomía, , es decir, palabra propia. Díganme,
señorías, si cabe mayor ironía que hablar de ampliación de
autonomía cuando ni una sola palabra propia del Parlamento
Balear se ha podido incoporar al texto que hoy debatimos y que
con toda seguridad vamos a aprobar.
Atrás quedan, en el otro proyecto de reforma, temas tales como
el sistema de financiación, policía autonómica y el deseo del
pueblo de las Islas de gobernar por sí mismo derechos tan
fundamentales como los de sanidad y educación. Quedan también
excluidos o pospuestos a cinco años --en este tema hay
interpretaciones--contenidos tan principales como aquellos que
tenían por objetivo el fortalecimiento de las instituciones
autonómicas, especialmente el Parlamento, y las que proponían
dar una mayor entidad política a los consejos insulares. Y no
nos queda en este caso, señorías, ni el consuelo de pensar que
la asunción de estas competencias
supone un paso adelante. No podemos porque, al contrario de lo
que ha sucedido en otros debates de reforma, podríamos estar
hoy aquí debatiendo una proposición de ley respecto de la cual
la que hoy se somete a nuestra consideración representa un
gran paso hacia atrás. Entendemos también, señorías, que no
hay ningún motivo, ni de orden constitucional ni de
conveniencia política, que obligue a las comunidades autónomas
a respetar un pacto político que las amordaza de tal manera,
por muy legítimo que sea dicho pacto.
Por todas estas razones, pero, sobre todo, porque Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya defiende aquí y en las Islas el
derecho de todos los pueblos del Estado español a profundizar
en el autogobierno, en el camino hacia el Estado federal, y
porque sentimos un profundo respeto hacia las instituciones de
autogobierno, nuestro Grupo, como he señalado al inicio de mi
intervención, no puede votar favorablemente esta proposición
de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rivadulla.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Gilet.
El señor GILET GIRART: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, señorías, interviene este
Diputado por vez primera ante este Congreso para,
precisamente, fijar postura por parte del Grupo Popular
respecto a la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía
de las Islas Baleares. Me sumo, como es lógico, a la
salutación a los diputados del Parlamento balear, con los
cuales he compartido --con uno de ellos concretamente-- años
de compañerismo en el Parlamento y en el Gobierno --me estoy
refiriendo al señor Huguet-- y, con el otro, años de
confrontación parlamentaria --me estoy refiriendo al señor
Alfonso.
Efectivamente, fijación de postura por parte del Grupo Popular
que no puede ser otra que afirmativa, positiva, ante la
propuesta de reforma del Estatuto de las Islas Baleares. Unas
Islas Baleares que son la primera comunidad autónoma en renta
«per capita» de España y que tiene un producto interior bruto
en crecimiento, y no esa visión que se ha dado desde esta
tribuna hace escasos momentos de una comunidad --la mía-- que
me parecía no reconocer.
Las razones de la postura positiva son varias, pero, en primer
lugar, yo diría que se trata de una visión optimista del texto
que se propone a aprobación; una visión que contempla más lo
lleno que lo vacío; una visión que no pretende ser negativa,
sino todo lo contrario, positiva. Aparte de ello, existen
otras razones, que concisamente voy a reseñar.
En primer lugar, cumplimiento de los acuerdos autonómicos de
febrero de 1992. La propuesta que discutimos trae causa de
aquellos acuerdos y el Partido Popular cumple, no solamente lo
firmado, sino también sus promesas.
En segundo lugar, ampliación competencial. Más que
cuantitativamente hablando, cabría referirse a una cuestión
cualitativa; es decir, al ámbito de ejercicio de esas
competencias, pero también a subsanación de errores, como
materias de menores; a esclarecimiento interpretativo, como
aguas o recursos hidráulicos, o a pacificación interpretativa,
como el juego. Todo ello representa, al fin y a la postre, una
ruptura en esa inercia, en esa pasividad que arranca desde
1984 y que finaliza en febrero de 1992 con los acuerdos
autonómicos suscritos entre el Gobierno socialista, el Partido
Socialista y el Partido Popular.
De aquellos primeros pactos de 1981, surgidos del informe de
la comisión de expertos, han transcurrido demasiados años, han
surgido demasiados problemas, han nacido demasiadas ilusiones
para que la respuesta del Gobierno socialista se haya
producido desde una pasividad, desde una insensibilidad, desde
un silencio
gubernamental.
Por ello, bienvenida sea esa ruptura, bienvenidos sean esos
acuerdos y bienvenida sea esta reforma de que traen causa.
Porque, al fin y a la postre, es una ruptura que representa un
avance, un paso hacia adelante, que no culmina, que no cierra
ningún proceso autonómico. Son palabras ratificadas ayer por
el Ministro para las Administraciones Públicas en la Comisión
de Régimen de las Administraciones Públicas, señor Saavedra,
el cual manifestó bien claramente que bajo la viña del Señor
nada ha finalizado. Y que deseo que consten hoy aquí. Paso
importante.
Cabe añadir que esos acuerdos autonómicos, a que tantas veces
me he referido, significaron y significan un olvido de un
problema gubernamental para elevar ese problema a una solución
de Estado. En ese punto entiendo sumamente trascendente el
establecimiento explícito de lo que es el principio de
cooperación. Principio de cooperación que si bien no tiene su
reflejo constitucional, sí ha sido posteriormente desarrollado
en la doctrina constitucional. Principio de cooperación que
representa, en primer término, el ejercicio de una igualdad
autonómica. Nos estamos refiriendo a que la Constitución no
establece dos clases de comunidades autónomas, sino dos modos
de acceder a la autonomía. En segundo término, una unificación
de esfuerzos en la estructuración real y efectiva del Estado
de las autonomías, de España como Estado de las autonomías. En
último término, respeto mutuo y recíproco, que significa
unanimidad en la adopción de acuerdos en las conferencias
sectoriales desde el respeto a la soberanía competencial de la
Administración central, de las Administraciones autonómicas.
Por eso, entendemos que esas conferencias sectoriales que se
reflejan en la Ley 9/1992 son de suma importancia, son de suma
trascendencia, al efecto de poner en funcionamiento ese
principio de cooperación. Estas razones, cumplimiento de los
acuerdos autonómicos, ampliación competencial y explicitación
del principio de cooperación, son las que amparan el voto
afirmativo, la postura afirmativa del Grupo Popular a la
propuesta de reforma del Estatuto de las Islas Baleares.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gilet.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Costa.
El señor COSTA COSTA: Señor Presidente, señorías, permítanme,
¡cómo no!, dar la bienvenida a los parlamentarios del
Parlamento de las Islas Baleares con quienes también he podido
compartir el inicio de esta autonomía que hoy ampliamos para
las Islas en un período constituyente.
Estamos aquí para debatir una reforma del Estatuto de
Autonomía que es fruto de Ley Orgánica de Transferencias a las
Comunidades Autónomas, que suscitó un amplio acuerdo entre las
fuerzas políticas mayoritarias de esta Cámara y de nuestro
país. Estamos ante un acto de voluntad de una mayoría
representativa, de una mayoría social de ciudadanos en nuestro
país. No es el momento, por consiguiente, de entrar en
discusiones o en análisis que se hacen más bien por personas
que conocen a las Islas casi desde un punto de vista
turístico.
Alguna de las intervenciones que he oído desde esta tribuna me
ha recordado un libro de fino e irónico humor inglés, el «Sí,
Ministro» donde, en un apartado, el Ministro correspondiente
se montaba en una salchicha y hacía una magnífica campaña
electoral diciendo que la salchicha británica no podía
quedarse fuera del Mercado Común, que la salchicha británica
se convertía en el centro de las necesidades políticas de todo
un país. Alguna de las intervenciones sobre la almendra, sobre
la renta familiar disponible en las Islas Baleares o sobre la
crisis turística me han venido a recordar perfectamente esta
anécdota que la tomo como es, como una anécdota y como un
conocimiento superficial de la realidad que tienen de nuestras
Islas.
Yo no subía a esta tribuna para responder a las intervenciones
de otros grupos, sino más bien para fijar la posición del
Grupo Parlamentario Socialista y hacer un análisis de lo que
han sido estos años, estos largos años de autonomía --diez
años llevamos ya-- desde que este Congreso de los Diputados,
por la Ley Orgánica 2/1983, aprobara el Estatuto de Autonomía.
Se desarrollaba para nuestras Islas el Título VIII de la
Constitución, una obra de ingeniería política que ha dado
lugar a que los distintos pueblos y nacionalidades que
componen el Estado español hayan visto realizados sus anhelos
de autonomía según sus particularidades. En estos diez años
que han transcurrido han sucedido bastantes cosas que los
ciudadanos difícilmente pueden recordar. En el camino ha
habido distintos avatares hacia la autonomía, se han ido
venciendo incomprensiones y dificultades. Quiero recordar
algunos de los aspectos del debate que tuvo lugar en esta
Cámara cuando se aprobó este Estatuto.
Baleares accedió a la autonomía, pero es necesario hacer un
ejercicio intelectual para comprobar no sé si el oportunismo o
la maduración de alguna fuerza política. Recordar que quienes
negaban nuestra lengua catalana hacen hoy normalización
lingüística; que quienes rechazaban la bandera autonómica hoy
se envuelven en ella; que quienes negaban el sistema de
representación política previsto en el Estatuto hoy gobiernan
con él, puede ser un magnífico ejemplo de madurez democrática
sólo interrumpido, eso sí, por alguna que otra tentación
infantil que aquí se ha puesto en evidencia. El Parlamento de
las Islas Baleares ha aprobado dos reformas distintas y
contradictorias con el concurso de una misma fuerza política,
la que gobierna la Comunidad Autónoma. Hoy hemos oído que no
se cierra el proceso de autonomía para las Islas Baleares,
algunos quieren estar donde nosotros estábamos hace ahora 16
años, queremos que nuestra Comunidad Autónoma tenga las
competencias propias de una comunidad histórica, como lo son
las de la vía del artículo 151 de la Constitución.
Sin embargo, esto es sólo un recuerdo que queda para la
historia. El sentido de responsabilidad ha primado en los
últimos años, y hoy asistimos a la reforma del Estatuto de
Autonomía de las Islas Baleares con la satisfacción que dan la
normalidad y el buen funcionamiento del sistema democrático,
que logra el consenso para desarrollar preceptos
constitucionales que a todos nos atañen. Y hay que
congratularse por ello. Una reforma que --como ya he dicho--
ha sido capaz de concitar el consenso que faltó en el momento
de acceder a la autonomía y que consolida y fortalece el
Estatuto entonces aprobado, dotándolo de nuevas competencias
que van a realizar los anhelos de autonomía de los ciudadanos
de las Islas Baleares, es para felicitarse.
Por ello, quiero hoy destacar aquí algunos aspectos singulares
que para las Islas Baleares y sus ciudadanos tiene la reforma
que hoy aprobamos. Además de las competencias a las que
acceden el resto de las autonomías de la vía del artículo 143
de la Constitución Española y la racionalización del Estado
autonómico, a la que se contribuye con esta reforma, para las
Islas Baleares tiene aspectos singulares, el transporte
marítimo interinsular, o las obras hidráulicas son, repito,
aspectos que afectan de una manera muy directa a nuestra
autonomía.
Por otra parte, Baleares era la única Comunidad Autónoma con
lengua propia que no disponía de competencias
en materia de educación. Esta reforma permite a los ciudadanos
de las Islas Baleares acceder a esta competencia,
especialmente importante para conseguir la recuperación y el
uso normal de nuestra lengua catalana, todo ello manteniendo y
garantizando un adecuado funcionamiento del sistema educativo
y garantizando también su solidaridad y sus sistema de
igualdades.
En conjunto, podemos afirmar que hoy somos más autónomos, que
somos más responsables de nuestro destino como islas, que nos
sentimos orgullosos de vivir en un Estado, España, que ha
dotado a sus comunidades de autonomía suficiente para
desarrollar y afirmar sus propias personalidades. Y lo
hacemos, en el Grupo Parlamentario Socialista, desde la
solidaridad que requiere participar en una empresa colectiva
en la que todos aportamos lo individual para enriquecer el
conjunto.
En este sentido, es preciso recordar hoy aquí que las Islas
Baleares han vivido, a lo largo de su dilatada historia,
grandes períodos de desencuentros unas con otras. Pero desde
la
Constitución de 1978, primero con la preautonomía y muy
especialmente con el Estatuto de Autonomía del 1 de marzo de
1983, los pueblos de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera se
han reencontrado en un camino común. Están aprendiendo a
convivir, se han mejorado las relaciones humanas, comerciales
y sociales, se han potenciado los elementos de personalidad
común, como la lengua, y se han establecido, a través del
Estatuto de Autonomía, los instrumentos adecuados, los
consejos insulares, capaces de acercar la Administración
autonómica y de hacer sentir la autonomía en cada una de las
islas y para todos los ciudadanos. Su escaso grado de
desarrollo no es óbice para que los valoremos muy
positivamente, dada la singularidad que vienen a reconocer: la
insularidad. Algún grupo tiene más responsabilidad que otros
en este tema, pero la insularidad, que singulariza casi todo
(transportes,
administración, economía, el conjunto de factores que inciden
en la sociedad de las Islas Baleares), también debe ser
desarrollada por quienes son los responsables de la autonomía.
En definitiva, hoy nos podemos congratular por el grado de
consenso alcanzado respecto al marco autonómico. Se ha
impuesto la racionalidad, y es deseable para el bienestar de
los ciudadanos que este consenso se amplíe al desarrollo
institucional del propio Estatuto de Autonomía. Sin duda, ello
redundará en el bienestar de los ciudadanos, en su grado de
aprecio hacia la Administración pública autonómica y en la
capacidad de ésta para resolver los problemas que afectan a
estos ciudadanos.
Por todo ello, evidentemente vamos a votar a favor de esta
reforma del Estatuto de Autonomía.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Costa.
Vamos a proceder a la votación.
Votación de totalidad relativa a la propuesta de reforma del
Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 269; a favor, 256; en contra, nueve; abstenciones,
cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada, en votación de totalidad,
la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas
Baleares.
--DE LAS CORTES DE ARAGON, DE REFORMA DEL ESTATUTO DE
AUTONOMIADE ARAGON (Número de expediente 127/000014)
El señor PRESIDENTE: Propuesta de reforma del Estatuto de
Autonomía de Aragón, formulada por las Cortes de Aragón.
Para la defensa de la propuesta, en nombre de las Cortes de
Aragón, tiene la palabra, en primer lugar, don Alfredo Arola
Blanquet. (Los señores Diputados del Grupo Popular, a
excepción del señor Rato Figaredo, abandonan el salón de
sesiones.--Rumores y protestas en los bancos del Grupo
Socialista.--El señor Ollero Tassara: ¡Viva la ética!--El
señor Guerra Zunzunegui: No se exciten.)
¡Silencio, señorías!
Tiene la palabra, señor Arola.
El señor AROLA BLANQUET (Diputado de las Cortes de Aragón):
Muchas gracias, señor Presidente.
Cómo iba a esperar este humilde diputado regional producir tal
ejercicio de gimnasia en estos momentos, pero parece que la
gimnasia está muy de moda en estas Cámaras; ayer, en Aragón,
también asistimos a distintos desfiles. Cualquier día que
tenga más tiempo, señorías, se lo podré explicar.
El 30 de junio de 1993, las Cortes de Aragón aprobaron la
proposición de ley de reforma del Estatuto de Autonomía de
Aragón. La firma de los pactos autonómicos de febrero de 1992,
produjo en nuestra Comunidad Autónoma una situación política
que difícilmente podría resumir hoy ante sus señorías. Si
repasan las fechas de aprobación de aquellas otras
proposiciones, verán el largo camino y la profunda polémica
que se suscitó en Aragón.
Hoy, cuando el objeto de nuestra polémica está ya ante
ustedes, se hace más necesario recordar los motivos de
aquellos acuerdos, y que impulsan las reformas que hoy tengo
el honor de defender ante ustedes: profundizar --primer
elemento-- en el desarrollo del modelo autonómico del Estado,
realizándolo desde las experiencias pasadas y, por tanto,
dentro del ámbito de lo que se ha dado en llamar un pacto de
Estado; producir una
reforma que permitiera aumentar la capacidad de autogobierno y
de autoorganización de la Comunidad Autónoma de Aragón, y
aumentar el techo competencial de nuestra Comunidad Autónoma,
tal como estaba previsto, pasados los plazos de nuestra
Constitución y nuestro Estatuto. En consecuencia, avanzar
hacia un Estado más descentralizado, en el que las comunidades
autónomas garanticen la gestión de los servicios, con mayor
proximidad al ciudadano, y procurar mejorar la eficacia y la
eficiencia de dichos servicios, pero también un Estado más
coordinado, con mejores técnicas de cooperación y, por
supuesto, basado también en la solidaridad.
Ha sido un debate duro en Aragón, señorías. Las dudas de los
hoy paseantes, de los que hacen llamadas al agravio
comparativo, a la lucha de territorios, de los que hacen
apelaciones a que se sustituía la autonomía por la delegación,
han sido frecuentes en nuestra Comunidad Autónoma. Incluso
hubo un Diputado de esta Cámara anteriormente que llegó a
decir que si se aprobaba esta reforma había que cerrar las
Cortes de Aragón. Pero si, como espero, contamos hoy con su
aprobación, las consecuencias del pacto, las consecuencias de
la reforma del Estatuto de Aragón serán la mejor prueba de
quiénes teníamos razón y quiénes tienen una visión monopolista
de la autonomía, tal vez porque no hay actitud más
intransigente que la del recién converso.
Solicito, por tanto, señorías, su voto favorable para este
texto. Tras su aprobación podremos, en Aragón, profundizar en
nuevos debates sobre el hecho autonómico, pero tendremos buena
parte de la tarea realizada. Los nuevos debates tendrán,
seguro, nuevos y viejos protagonistas, pero esta reforma, la
que queremos, la que nos ocupa hoy, depende de su voluntad
política, depende de sus señorías.
Por todo ello, les pido, a los unos, que sigan haciendo
ejercicio, y a todos su voto.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos en los bancos del Grupo
Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arola.
Tiene la palabra el señor Gimeno Fuster.
El señor GIMENO FUSTER (Diputado de las Cortes de Aragón):
Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, traemos hoy a consideración en
esta Cámara la Ley de 30 de junio de 1993, aprobada en las
Cortes de Aragón.
Somos conscientes, desde el Partido Popular, de que el modelo
de organización territorial debe estar sometido constantemente
a un continuado debate político. (Los señores Diputados del
Grupo Popular vuelven a ocupar sus bancos.--Rumores y
protestas en los bancos del Grupo Socialista.)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías! Ruego guarden
silencio. Señor Gimeno, continúe.
El señor GIMENO FUSTER: Gracias, señor Presidente.
La constancia en este trabajo dinámico de reforma y de
construcción del Estado de las autonomías la avala la propia
interpretación del Título VIII de nuestra Constitución, que ve
en este modelo un modelo de actuación dinámica y no estática.
Este marco de actuación debe llevarse obligatoriamente bajo
dos caminos, a nuestro entender distintos: el primero, fruto
de la voluntad de la mayoría, que, hay que decirlo en esta
Cámara de representación nacional, no fue llevada a cabo por
el Partido Socialista a lo largo de diez años y que dio pie a
que en algunas comunidades autónomas, en algunos territorios
del Estado español prosperasen movimientos políticos
sustentados unos en nacionalismos históricos y otros en
fáciles demagogias y manipulaciones. Y el segundo camino, es
el del resultado de unos pactos, de unos consensos. Hoy
discutimos en esta Cámara la segunda opción, que nosotros
estamos convencidos que tiene que ser el camino real para
solucionar los problemas de España. Resultante de esta segunda
opción, del acuerdo, del consenso, de la voluntad política
mayoritaria de las fuerzas representativas del Estado fue el
acuerdo conseguido en febrero de 1992 entre el Gobierno, el
Partido Socialista y el Partido Popular.
Pero no fueron estos los primeros pactos. Los resultados de
ellos son conocidos sobradamente por parte de sus señorías.
Todos tuvieron defectos, que se han ido subsanando a lo largo
de la vida pública y política, pero también virtualidades y,
sobre todo, una muy importante: posibilitar pasos para
conseguir la organización territorial del Estado.
Una pregunta nos hacemos nosotros como Partido Popular en
Aragón: ¿cuál será el trecho conseguido en ese camino por la
iniciativa que hoy traemos a debate en esta Cámara? Para el
Partido Popular el trecho es importantísimo, tan importante
que permite acelerar y recortar las que yo calificaría de
abismales diferencias que existían entre las comunidades del
151 y las del 143.
Además, para el Partido Popular este paso no es el último, y
lo hemos venido manifestando desde el primer momento. Contra
las interpretaciones sesgadas dadas por algunas fuerzas
políticas en el sentido de que el término ultimar cerraba el
proceso de desarrollo autonómico, nosotros estamos
convencidos, repito, de que éste no es el último, es uno más
de otros que con toda probabilidad llegarán. Decía al
principio de mi intervención que este proceso de organización
del Estado es un proceso dinámico. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta
dónde? Hasta conseguir la total equiparación de los
territorios que la Constitución
desea. Porque estoy de acuerdo con algunos de los
intervinientes en la defensa de la reforma del Estatuto de las
Islas Baleares, la Constitución no reconoce varias modalidades
de comunidades autónomas; sí que reconoce varios caminos para
conseguir esa igualación o equiparación. Este pacto autonómico
estamos convencidos de que es el camino que ha empezado a
conseguir esa igualación; esta ley orgánica va a incorporar a
la Comunidad Autónoma de Aragón nuevas competencias.
Además, aquí me gustaría hacer una reflexión dirigida
fundamentalmente al Gobierno y al Partido Socialista. No vamos
a quedar satisfechos con la simple incorporación del contenido
de la ley orgánica al Estatuto de la Comunidad Autónoma de
Aragón. En el contenido del acuerdo se dice claramente que es
necesario crear comisiones de cooperación para llevar adelante
el contenido del pacto autonómico, y voy a hacer referencia a
una de ellas, la relacionada con educación, que creo que
todavía no ha sido constituida. Le recuerdo también que en el
contenido del pacto las transferencias que se contemplan en el
mismo deben ser hechas a las comunidades autónomas a lo largo
de este período legislativo, período legislativo que termina
en mayo de 1995, y que es necesario revisar el sistema de
financiación que suponga la incorporación a las distintas
comunidades autónomas, y en este caso a la de Aragón, de las
nuevas competencias.
Pero no solamente es esto. El esfuerzo debe ser mayor. La
colaboración, la cooperación y el consenso que debe ser
propiciado por el Gobierno con el resto de las fuerzas
políticas debe conducirnos a otras reformas ajenas a este
pacto autonómico: reforma del Senado, participación de las
comunidades autónomas en la construcción de ese Estado,
etcétera.
Haciendo referencia a la Comunidad Autónoma de Aragón, a la
que represento, la firma de estos acuerdos autonómicos por el
Gobierno, el Partido Socialista y el Partido Popular hizo
resurgir un nacionalismo que hasta entonces había estado
callado y aletargado. Voy a repetir palabras que dije en el
debate de la proposición de ley en las Cortes de Aragón. Quizá
el no de estas fuerzas al contenido del pacto autonómico sea
el sí a su propia incapacidad para conseguir nada nuevo, desde
el punto de vista de la reforma del Estatuto. En el Partido
Popular en Aragón, frente al
nacionalismo, al que lógicamente respetamos, abogamos por un
autonomismo basado en principios de eficacia, subsidiariedad,
libertad y solidaridad.
¿Qué es autonomía? Escuchaba, en el debate de la reforma del
Estatuto balear, que autonomía significa palabra propia.
Verdad ésta es, aunque pueden darse otras interpretaciones al
concepto de autonomía. Si nosotros entendemos la autonomía
territorial como la técnica funcional de gobierno, basada en
el derecho y en la voluntad de participación e integración de
las comunidades autónomas en la actividad del Estado, habremos
dado un paso importante para conseguir entender los contenidos
de este pacto y de los otros muchos pactos que puedan
continuar después, que evitarán --no les quepa a SS.SS. la
menor duda-- el superponer una estructura hasta ahora
unitaria, centralizadora y centralista, sobre otra
organización política totalmente distinta, como es el Estado
de las autonomías.
El Partido Popular de Aragón --lo decía también el
representante del Partido Socialista-- ha actuado sin
concesiones fáciles, porque no han sido fáciles para el
Partido Popular de Aragón los dos últimos años, pero ha
actuado sin falsas demagogias, entendiendo que la primera
responsabilidad política es la defensa del concepto de Estado,
y así lo recogíamos en nuestro programa para las elecciones
autonómicas de 1991, y derivada de ella, lógicamente, la
configuración del mismo de acuerdo y conforme al modelo
constitucional.
No cabe impulsar políticas de agravios comparativos, no
conducen a ningún lugar, ni mucho menos fomentar el
sentimiento insolidario de reivindicación frente al Estado.
Desde la sensatez, tenemos el convencimiento de que la
incorporación, cuando se produzca, a nuestro Estatuto del
contenido de la ley orgánica no es un paso más, sino que es un
paso muy importante, y no el último, repito, para consolidar
el Estado de las autonomías. Por ello, el Partido Popular de
Aragón se pronuncia claramente por una reforma del Estatuto
que contemple los planteamientos institucionales, impulsados
desde la Comisión especial creada en las Cortes de Aragón de
reforma del Estatuto, y se compromete a impulsar cuantas
acciones legislativas sean necesarias para dotar de
virtualidad jurídica las propuestas de esta Comisión.
Escuchaba al representante socialista diciendo que había
detectado que algunos grupos de esta Cámara, incluso de la
Cámara balear, defendíamos reformas distintas. Yo quiero
recordarle que el planteamiento que ha tenido el Partido
Popular en Aragón desde el primer momento es el de decir que,
entre la derivada del contenido de los pactos autonómicos y la
reforma del Estatuto que el pueblo de Aragón deseó y manifestó
públicamente, existía, única y exclusivamente, una
incompatibilidad temporal. A este planteamiento coherente del
Partido Popular en privado se sumaron todos, en público ya no
era así. Pero últimamente nos ha sorprendido que el Partido
Socialista en Aragón se haya sumado a la iniciativa que, con
coherencia, había mantenido el Partido Popular desde el primer
momento.
Por éstas y por otras muchas razones, que algún día podremos
exponerle, solicitamos de los miembros de esta Cámara el voto
favorable para la ley orgánica de reforma del Estatuto de
Aragón.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gimeno.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Mur.
El señor MUR BERNAD: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, intervengo para fijar la posición del Partido
Aragonés en este debate sobre la propuesta... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Mur.
Silencio, señorías.
El señor MUR BERNAD: ...sobre la propuesta de reforma del
Estatuto de Autonomía de Aragón.
Nuestra posición política es bien conocida, ya que en las
Cortes de Aragón, de donde procede este proyecto, nosotros ya
hemos votado que no y seguiremos votando que no. Esperamos
contar con los votos de aquellos autonomistas, de aquellos que
sinceramente creen en la España de las autonomías y que
defienden la igualdad y la solidaridad, sin temores, sin
recelos y con el máximo respeto a nuestra Constitución.
Es curioso y sintomático que la reforma del Estatuto de
Autonomía de Aragón sea la última de las diez que se han
tramitado en esta Cámara. Si fuera verdad aquello de que los
últimos serán los primeros, pronto veríamos de nuevo aquí otra
propuesta de reforma amplia, enviada desde las Cortes de
Aragón con el apoyo de todos los grupos, y no como ésta. Así,
al menos, lo han prometido allí los que ahora apoyan esta
mini-reforma competencial. Nosotros estamos esperando que lo
cumplan.
Señorías, este modelo de desarrollo del Estado de las
Autonomías sólo lo apoyan explícitamente los dos partidos
estatales, Partido Socialista y Partido Popular. Por tanto, no
es cierto lo que se dice en la exposición de motivos del
proyecto que se presenta: Superado el plazo de cinco años del
apartado 148 de la
Constitución. Cinco años y hasta once han pasado. ¡Claro que
se han superado los cinco! Nos deben ya seis de retraso. Esto
ya se pudo hacer en 1987 y ustedes no quisieron.
No es cierto que el consenso sea amplio. Si recuerdan los
pactos autonómicos del 28 de febrero de 1992, todos menos el
Partido Popular y el PSOE estuvimos en contra por diversos
motivos. Entonces dijimos que los pactos no resuelven el
problema. Lo aplazan y lo agravan. Ahí tenemos en este
momento, por ejemplo, el tema de la financiación autonómica.
Ni siquiera el primer fruto de los pactos, que fue la Ley
Orgánica 9/1992, del 23 de diciembre, de Transferencia de
Competencias, ha servido para nada. No se ha transferido
ninguna competencia, señorías, a pesar de haber aprobado aquí
la Ley el 23 de diciembre del año pasado. No se ha transferido
ninguna de las pocas con verdadero contenido que se preveían
en dicha Ley. Año y medio después de los pactos autonómicos, y
nada. Estamos donde estábamos. Estamos aquí hoy en un trámite
inútil, porque, evidentemente, si hubiera habido voluntad de
transferir, con la Ley ya podían haber transferido alguna
cosa. Repetiremos aquí argumentos, dando la impresión de
avanzar, creando una especie de sensación de que se está
desarrollando el Estado de las autonomías. Y esto no es más
que una maniobra de distracción más. Es guardar las
apariencias, es hacer ejercicios de simulación que a nada
conducen y a nadie convencen.
¿A quién creen ustedes que se puede engañar a estas alturas?
¿No recuerdan, señorías, el 23 de abril de 1992, el 15 de
noviembre de 1992 y el 23 de abril de 1993, las
manifestaciones masivas por la plena autonomía de Aragón? Con
este proyecto, los aragoneses seguimos discriminados e
injustamente tratados.
A nuestro juicio deberíamos ocuparnos en serio, como dice la
Constitución, en el artículo 2 y en el 138.2, en reformar el
Estatuto de Autonomía de Aragón para avanzar en nuestro
gobierno y no para retroceder. Es conocida nuestra postura, la
que mantenemos aquí y allí, la que decimos ahora y antes, lo
que defendemos siempre, no sólo en campaña electoral, cuando a
los que hoy defienden este proyecto se convierten súbitamente
a la autonomía plena.
Repetimos aquí los argumentos que ya dijimos en 1978, cuando
se debatía la Constitución; en 1982, cuando se debatió este
Estatuto de Autonomía de Aragón todavía en vigor; en 1987,
cuando el Partido Aragonés accedió al gobierno de la
Comunidad; en 1988, cuando presentamos en las Cortes de Aragón
los criterios para la reforma amplia del Estatuto. Han pasado
desde entonces, señorías, otros cinco años y estamos en el
mismo sitio. ¿Recuerdan ustedes, señores socialistas y señores
del Partido Popular, lo que dijeron entonces en aquel debate?
Hagan un poco de memoria. Decían: hay que esperar. Cinco años.
Otra vez cinco años perdidos. Volvimos a reiterar nuestros
criterios aquí el 24 de septiembre de 1992, en el debate de
totalidad de la Ley 9/92.
Analicemos brevemente lo que hoy nos proponen, esta reforma
parcial y limitada a unas pocas competencias, algunas de las
cuales ya estaban en nuestro pobre Estatuto de 1982, incluso
con un mayor alcance del que ahora se nos quiere transferir.
Voy a poner dos ejemplos muy significativos. En el actual
artículo 35.1.11 del proyecto que se nos propone se copia lo
que ya teníamos en el Estatuto de 1982, pero casualmente
desaparecen competencias en dos cosas fundamentales, en
canales y en regadíos. ¿Habrá sido un olvido o será que ahora
no les interesa a los redactores de este plan que el Gobierno
de Aragón tenga competencia en los regadíos? Todo el mundo
sabe lo importantes que son los regadíos para Aragón. También
les diré que, en el nuevo proyecto, el artículo 41 que ustedes
incorporan es mucho más restrictivo que el que ya teníamos en
el Estatuto que se deroga y por qué no decirles que cuando
hablan ustedes de cómo vamos a recibir las competencias en
educación, en la Ley orgánica que tanto criticamos, a través
de una enmienda apoyada en la Comisión, pusimos una condición
que era
que la Administración del Estado ofreciera a las comunidades
autónomas la información general sobre el funcionamiento del
sistema educativo en sus diferentes aspectos, es decir, el
derecho de información recíproca. En el proyecto de ley que
hoy nos presentan desde Aragón han obviado ese derecho tan
importante, que
favorecería a la Comunidad Autónoma de Aragón.
Ni de lejos están todas las competencias posibles. Que nadie
diga seriamente que con este Estatuto estamos equiparados a
otras autonomías, a las avanzadas. No deseo cansar a SS.SS.
recordándoles lo que dicen a este respecto el Estatuto
Catalán, el Vasco, el Gallego o el Andaluz, pero verían lo
lejos que estamos todavía. Para equipararnos realmente, el
Partido Aragonés dice que tendríamos que actuar sobre los
aspectos generales de nuestro Estatuto: las competencias --
pero todas, las reconocidas
constitucionalmente y que otros ya tienen--, los poderes de la
Comunidad Autónoma, la administración pública de la Comunidad
Autónoma --sobre lo que nada se dice--, las relaciones con las
administraciones locales, la economía y hacienda --en estos
días estamos aquí sensibilizados por el problema económico de
las comunidades autónomas y no se dice absolutamente nada-- y,
en fin, sobre la evaluación de las transferencias, no
solamente de las pendientes, sino de las que ya tenemos
transferidas.
Ustedes, señorías, hacen un diseño autonómico en el que
pretenden que convivan, y sin problemas, los siguientes
niveles y tipos de autonomía: un primer nivel, País Vasco y
Navarra, autonomía financiera con el cupo; un segundo nivel,
Cataluña, Galicia y Andalucía, plena autonomía, artículo 151;
un tercer nivel, Murcia, Rioja, Cantabria, Madrid y Asturias,
aquellas comunidades uniprovinciales que se liberaron de las
diputaciones provinciales al ser asumidas con la autonomía; un
cuarto nivel, Canarias y Valencia, que tienen desde 1982 una
Ley orgánica que ya les transfirió importantes competencias;
un quinto nivel, Castilla-La Mancha, Castilla y León,
Extremadura, Baleares y Aragón; y, por fin, todavía, un sexto
nivel, el «non nato» nivel de los estatutos de Ceuta y
Melilla. Este es el panorama, señorías, un panorama que no
satisface a nadie, y todo ello, reflexionemos, mientras
estamos articulando a duras penas la plena integración en
Europa, con lo que supone de reordenación de competencias y
cesiones de soberanía. El texto que hoy se presenta no resulta
nada original, es la repetición de otros que hemos visto aquí
durante estos últimos días. Hacen falta, en Aragón y en el
conjunto del Estado, normas legales contra el transfuguismo,
que no están tampoco aquí. Tampoco tenemos la previsión de
poder disolver el Parlamento Aragonés y convocar elecciones
anticipadas, como tienen las verdaderas autonomías. Y en este
momento, señorías, hacen falta esas normas para evitar el
transfuguismo que, a nuestro juicio, es la expresión máxima de
la corrupción política. No puede ser, señorías, que el Partido
Socialista gobierne en Aragón con los votos de un tránsfuga
que ha sido elegido en las listas del Partido Popular. En
Aragón existe una quiebra de la credibilidad política. Los que
creemos en la regeneración política, los que creemos en la
ética y condenamos el transfuguismo tenemos que manifestarlo
con gestos para que no se olvide. De ahí la campaña del lazo
blanco que hemos iniciado en Aragón y a la cual invito a
sumarse a todos aquellos que estén en contra de los tránsfugas
y de la corrupción política.
Por este conjunto de razones y de circunstancias que
confluyen, pido que se rechace este proyecto de reforma, que a
nada conduce, para nada sirve y que sólo es una excusa de
freno, en lugar de servir para avanzar.
Hago la petición expresa al Partido Popular, hasta hace quince
días coaligado con el Partido Aragonés en el Gobierno de
Aragón, hasta que los socialistas tomaron el poder con el
apoyo del tránsfuga. Ustedes también han sido burlados por los
socialistas, también han sido engañados. No pueden votar con
el PSOE si quieren aparecer diferentes. No les den balones de
oxígeno. Voten en conciencia y, por favor, que no prevalezca
la disciplina de Grupo o de Partido. No crean eso que dice
ahora el señor Marco de que, tan pronto como esta reforma se
termine, va a traer aquí la autonomía plena. No se lo crean
porque no lo va a cumplir. El Partido Aragonés seguirá
insistiendo, como siempre lo ha hecho, por el bien de Aragón y
por el bien del Estado de las autonomías, que también nos
preocupa. No queremos ser colaboracionistas en la involución
autonómica. De esta involución, de esta mentalidad
centralista, señorías, nadie se verá libre, ni siquiera los
que ahora van por delante, ni siquiera los que tienen otros
procedimientos para obtener cosas fuera de los estatutos y
fuera de las leyes. Lo que nos ocurre en Aragón, señorías,
tarde o temprano perjudicará a todo el Estado. Como creemos en
el parlamentarismo, estos argumentos los digo aquí, con
crudeza, con rotundidad. Los socialistas, señores del
Gobierno, son los máximos responsables de este agravio
innecesario que hoy se hace a los aragoneses. Les pido que
corrijan; les pido que cambien. No tengan ustedes dudas. En
Aragón conseguiremos la plena autonomía, porque ustedes,
señorías, no lo podrán evitar, pues solamente aceptan aquello
que no pueden evitar.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mur.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías,
Coalición Canaria, a la hora de fijar su posición, con
respecto a este debate de totalidad que nos trae aquí por
iniciativa de las Cortes de Aragón de reformar
su Estatuto de Autonomía de esta Comunidad Autónoma, quiere
hacer una observación a la Cámara.
Se termina con este debate, como acaba de señalar el portavoz
del Partido Aragonés, el señor Mur, todo un amplio paquete que
hemos visto a lo largo de estos últimos plenos celebrados en
las tres semanas anteriores de sesiones de la Cámara, pero no
está acabo el paquete de reforma de estatutos de autonomía.
Queda uno para Coalición Canaria, y para muchos Diputados de
otras fuerzas políticas aquí representadas por el Partido
Socialista o el Partido Popular, también representadas en el
Parlamento autónomo de nuestra Comunidad Canaria, que es
precisamente la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias.
Este no ha venido, ni vendrá, por ahora. Allí adoptamos la
posición de que no nos parecía de recibo a determinadas
fuerzas políticas del Parlamento Canario que se hiciera
sencillamente una aplicación lineal del pacto autonómico
firmado por las dos fuerzas mayoritarias de esta Cámara el
pasado año, de incorporar lisa y llanamente la Ley Orgánica de
Transferencias a la Comunidad Autónoma de Canarias de 1982 que
había hecho un nivel diferencial entre las autonomías
históricas, Cataluña, País Vasco, Galicia, también sumada
después Andalucía, y las restantes de la vía denominada lenta,
porque precisamente a la Comunidad Autónoma de Canarias y a la
de Valencia se las dotó de unas leyes orgánicas
complementarias de las que tenían en sus originarios estatutos
de autonomía.
Por parecernos que no era de recibo hacer simplemente una
incorporación y llamar actualización de un estatuto de
autonomía a lo que era incorporar sencillamente una Ley
Orgánica ya vigente desde hace once años, en el Parlamento de
Canarias funciona una Comisión para actualizarlo
verdaderamente con el espíritu, la letra y las competencias
que se señalan en el Título VIII de nuestra Constitución.
Esta salvedad y advertencia, y habiendo respetado lo que en su
momento las fuerzas democráticas representadas en el
Parlamento de la Comunidad Autónoma de Valencia decidieron y
que nosotros respetamos, es la razón por la cual, con los
argumentos que acabo de exponer a SS.SS., no viene en todo
este paquete la actualización del Estatuto de Autonomía de
Canarias.
Si nosotros hemos encontrado esas deficiencias, hemos hecho en
este momento, oídos los argumentos del portavoz del Partido
Aragonés, causa común para una de las comunidades autónomas
que habíamos entendido siempre que, en la mejora que tuviera
que tener, incluso por el pacto autonómico del pasado año, su
Estatuto vigente hasta el momento no era posible reconsiderar
un paso atrás.
Por esta razón fundamental, señorías, Coalición Canaria va a
votar en contra de esta propuesta de las Cortes de Aragón de
reforma de su Estatuto de Autonomía, haciendo nuestros en gran
parte los argumentos que el portavoz del Partido Aragonés,
señor Mur, ha expuesto. Si esto se aceptara lisa y llanamente,
si no quedara una constancia fehaciente de un punto de
disconformidad expresado por una fuerza política regionalista
o nacionalista, que somos los afectados precisamente por estos
estatutos --hoy es el de la Comunidad Autónoma de Aragón,
mañana se dirá y se verá en qué sesión plenaria o en qué año
viene aquí el de la Comunidad Autónoma de Canarias--, donde
los partidos nacionalistas que impregnan de doctrina y de
contenido comunidades autónomas como la catalana o la del País
Vasco han dejado ya satisfechos, tiempo ha, gran parte de sus
aspiraciones, pero plantean una actualización y avance de las
competencias, si no dejamos abierto el sentido de comprensión
de la dinámica de puertas abiertas del Título VIII de la
Constitución, flaco servicio estamos haciendo al Estado de las
Autonomías. Me dolería que hoy, con una interpretación
sesgada, al finalizar este paquete de estatutos de autonomía,
se quisiera hacer creer que ha quedado cerrado con siete
llaves, como el sepulcro del Cid, el Título VIII de la
Constitución y que ya no habrá ningún pacto autonómico
político más.
Por esa razón, señorías, y en ese principio de identidad y de
solidaridad, Coalición Canaria, haciendo causa común con lo
que ha expuesto aquí mi antecesor en la tribuna, el señor Mur,
va a votar negativamente.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el
señor Sánchez i Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, por cortesía parlamentaria, en
nombre de mi Grupo, Convergència i Unió, doy la bienvenida a
los ilustres portavoces de las Cortes de Aragón en su defensa
de modificación del Estatuto de Autonomía.
La posición de nuestro Grupo ya les adelantó que va a ser
votar favorablemente su iniciativa, como ya viene siendo
habitual en nuestro Grupo.
En cuanto a la argumentación, me remito a lo que ya he
manifestado en mi intervención sobre la reforma del Estatuto
de Baleares. Muchas gracias, señor Presidente, señoras y
señores Diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Martínez Blasco.
El señor MARTINEZ BLASCO: Señor Presidente, señorías, yo mismo
tuve ocasión de exponer las razones
de nuestro grupo federal para votar en contra de las reformas
de los estatutos de la vía del 143. Por tanto, los argumentos
podrían ser los mismos porque esta reforma corta de los
estatutos no permite a las comunidades autónomas que optaron,
más o menos voluntariamente, por la vía del 143 la
equiparación al techo constitucional y, sobre todo, porque
estas reformas obedecen a un pacto entre las dos fuerzas
políticas hecho en Madrid, no en la Comunidad de Madrid sino
en Madrid donde están las directivas de los partidos, y la
Constitución prevé un sistema de reforma de los estatutos de
abajo arriba. Las razones podrían ser las mismas y los
elementos puntuales de las competencias van a ser discutidos
en la Comisión Constitucional. Nosotros queremos advertir que
esta reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón todavía
perjudica más a Aragón en la redacción de su propio Estatuto,
como ya se ha señalado.
La reforma del Estatuto de Aragón tiene características
especiales, no sólo por el elemento anecdótico que ustedes han
podido ver aquí esta mañana, sino por los argumentos de los
diferentes portavoces de los grupos. Resulta que en Aragón,
señorías, el debate sobre la autonomía no ha sido fruto del
pacto autonómico; el debate de la autonomía es una
reivindicación de los aragoneses insistentemente plasmada en
las manifestaciones de 1992, de abril de 1993 y en el mes de
noviembre, delante de este mismo edificio del Congreso de los
Diputados.
Es también especial el debate de la autonomía en Aragón porque
las fuerzas que han sido padres del pacto autonómico --SS.SS.
lo han podido observar en las intervenciones de los
representantes de las Cortes de Aragón-- están por el pacto
autonómico pero, al mismo tiempo, están diciendo que ese pacto
autonómico es ya insuficiente y hay que obtener una autonomía
plena. Hasta el día 6 de junio, día de las elecciones
generales, el Partido Socialista no decía esto; decía que
Aragón tenía suficiente con el cumplimiento del pacto
autonómico. Pero después del día 6 de junio el Partido
Socialista piensa otra cosa, y me van a permitir SS.SS. que
textualmente lea las palabras del nuevo Presidente de la
Comunidad Autónoma: Los socialistas deberíamos reconocer esta
mañana (se refiere al debate de la moción de censura de días
pasados) que en este tema nos confundimos cuando un día
consideramos que podría ser bastante en nuestro territorio
incrementar el techo competencial hasta donde iba. El texto de
la reforma que hoy viene a este Congreso. Yo tengo que
reconocer públicamente, dice el Secretario General del Partido
Socialista, que nunca pensé que pudiera ser el vendaval tan
fuerte, tan fuerte como para poner el partido más fuerte de
esta Comunidad en una crisis profunda.
Eso es lo especial, que uno de los padres, que hasta ahora ha
impedido la autonomía plena, después del día 6 de junio
reconoce que se equivocó y que Aragón tiene derecho a la
autonomía plena. El otro padre, el Partido Popular, durante la
campaña electoral dijo que efectivamente estaba por la
autonomía plena pero que estaba obligado a cumplir el pacto.
Señorías, seamos serios, los pactos hay que cumplirlos, pero
si ambas dos partes están de acuerdo en que es insuficiente la
autonomía que hoy viene, no ha lugar a cumplir por cumplir el
pacto.
Yo entendería la postura del Partido Popular durante la
campaña electoral que decía: nosotros no estamos de acuerdo
con esta reforma pequeña del Estatuto pero nos obliga el pacto
con el Partido Socialista. Eso es lo que se dijo en campaña
electoral. Yo estaría de acuerdo; el pacto obliga. Pero ahora
ya no obliga. El Partido Socialista también dice que la
autonomía plena es lo que ahora conviene a Aragón y que esta
autonomía es insuficiente. A preguntas de nuestro
representante al candidato entonces de la Diputación General
de Aragón se le dijo: ¿La autonomía plena para cuándo? Y
fíjense ustedes, señorías, lo que dijo: ¿Cuándo? Al día
siguiente.
Es decir, se propone a esta Cámara que vote hoy y que apruebe
una reforma del Estatuto de Autonomía que todos están de
acuerdo en que es absolutamente insuficiente y que al día
siguiente se va a iniciar una nueva reforma en profundidad del
Estatuto de Autonomía que nos permita mayores competencias y
que nos permita reformas institucionales.
Yo creo, señorías, que no se puede jugar con los ciudadanos;
no se les puede confundir hasta el extremo de decir quiero y
no quiero; no saben si realmente se quiere o no la autonomía
plena de Aragón. Para hacer eficaz, que yo creo que es lo
importante, este trámite parlamentario, los padres de la
criatura, a mi modo de ver, tienen tres posiciones diferentes:
Primera, rechazar esta proposición de las Cortes de Aragón y
que vuelva una nueva proposición con un contenido que quiero
advertir a SS.SS. que ya está redactado. Hubo una comisión
especial en las Cortes de Aragón que elaboró ya un texto,
participando tanto el Partido Socialista como el Partido
Popular. Ya tenemos el nuevo texto. Pues rechacemos en este
momento este texto de la autonomía corta y que vuelva el texto
de la autonomía plena.
Segunda forma (no con nuestro voto, pero con el voto de los
padres): aceptar en este momento a trámite la autonomía corta,
pero, en el proceso del debate de la Comisión, aceptar
enmiendas sustanciales y, de acuerdo con la resolución de la
Presidencia que regula este tipo de procedimiento, la
Comunidad Autónoma, las Cortes de Aragón, deberán opinar sobre
esas reformas sustanciales introducidas por las Cámaras.
O tercera forma: que de inmediato las Cortes de Aragón,
también de acuerdo con lo que estableció la Presidencia,
reclamen este texto, lo retiren del procedimiento
y envíen uno nuevo. Esta tercera fórmula es la que Izquierda
Unida está proponiendo en la Comunidad Autónoma.
Háganlo, en definitiva, señorías, como quieran; votando aquí
en contra, votando a favor de las enmiendas en la Comisión,
pidiendo en las Cortes de Aragón la retirada de este texto;
pero lo que es absurdo es que, a finales de septiembre,
estemos diciendo que ésta es la autonomía que Aragón necesita
y, al día siguiente, en texto del propio Partido Socialista
(y, por las observaciones que hemos visto, en el Partido
Popular también será así) vamos a hacer la autonomía plena.
Si los padres de la criatura se dieron cuenta el día 6 de
junio de que se habían equivocado (y así lo indican los
resultados electorales), quiero hacerles sólo una advertencia,
que
evidentemente no es una amenaza. Si el día 23 de abril de 1994
los aragoneses todavía no tienen la autonomía plena, no será,
desde luego, por Izquierda Unida, será por el Partido Popular
y por el Partido Socialista. Y, en 1995, otra vez habrá
elecciones y esta vez autonómicas.
No juguemos, por tanto, señorías, con los deseos expresados
multitudinariamente por los aragoneses en la calle y delante
de estas mismas Cortes; no juguemos con ellos, no juguemos con
los ciudadanos. No les vamos a pedir cuentas porque hayan
reconocido su error, no les vamos a pedir cuentas, no les
vamos a pedir que se flagelen aquí delante de toda la Cámara,
pero, reconocido el error, enmendémoslo todos para el bien de
los aragoneses, para el bien, en definitiva, de la
construcción del modelo del Estado de las autonomías que todos
pretendemos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Blasco.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Rudi.
La señora RUDI UBEDA: Señor Presidente, señorías, en esta
mañana de Pleno de hoy, día último de septiembre, llega
también, en último lugar, para la defensa en esta Cámara la
propuesta de reforma del último de los estatutos de autonomía
que durante estas semanas hemos venido debatiendo aquí. Llega
con unas connotaciones especiales indudablemente y creo que
vamos a concidir en ello, aunque cada uno quizá distingamos
más unas de otras.
Quiero decir, en primer lugar, algo que creo que todavía no ha
sido comentado por ninguno de los intervinientes, y es que me
sorprende la ausencia en el banco azul del Ministro para las
Administraciones Públicas, presencia que ha sido constante en
los debates anteriores y que, me imagino, motivos muy
importantes debe tener en su despacho u otras obligaciones
para que precisamente hoy, que se cierra en esta Cámara el
proceso iniciado por el pacto autonómico con el debate de los
Estatutos de Baleares y de Aragón, no se encuentre sentado en
su escaño. Quede constancia del disgusto, como Diputada de
esta Cámara y, desde luego, como Diputada por la provincia de
Zaragoza.
Llevamos muchos plenos y muchas semanas hablando de autonomía,
y ha habido opiniones coincidentes. El Estado de las
autonomías, que todos los españoles nos dimos en la
Constitución de 1978, indudablemente es un camino sin retorno,
pero es un camino que se va conformando día a día. Hubo un
consenso para aprobar la Constitución de 1978, y también hubo
un consenso para confeccionar el Título VIII y para ahormar
este nuevo modelo de administración que todos los españoles,
en la etapa democrática, estuvimos de acuerdo en iniciar. Y
aunque sea reiterativo, porque es una argumentación que se ha
venido utilizando aquí a lo largo de esta mañana y de otros
debates semejantes, quiero decir que,
efectivamente, en el año 1988 se podía haber reiniciado o
haber reabierto el proceso autonómico, tal y como preveía la
constitución. Los estatutos de autonomía de aquellas regiones
que no fueron llamadas, entre comillas, , tenían
cinco años a partir de su aprobación, es decir, a partir de
1983, para reiniciar este proceso. Hay que recordar que el
Partido Socialista lleva gobernando en España desde octubre de
1982; es decir que, justo cuando se cumple la fecha para que
se pudiera volver sobre el modelo autonómico y sobre su
diseño, es cuando los socialistas llegan al Gobierno y lo
congelan, y lo congelan durante un número amplio de años. Los
que han sido diputados en esta Cámara en anteriores
legislaturas recordarán que se ha hablado muchas veces en esta
tribuna de temas que tenían relación lateral con el desarrollo
del Estato autonómico, cuando se ha hablado de revisiones de
financiación, y desde los bancos del Partido Popular se les ha
recordado siempre que era una asignatura pendiente que había
que llevar a cabo.
Pues bien, esa parálisis duró hasta el año pasado y,
efectivamente, se desbloqueó el proceso autonómico y se
desbloqueó con la colaboración del Partido Popular, algo de lo
que en Aragón ha habido fuerzas políticas que nos han acusado
de haberlo hecho. Y no hemos mantenido posturas distintas allí
y aquí. Yo hoy, aquí, como representante en el Congreso de los
Diputados de la provincia de Zaragoza, no voy a decir nada
distinto de lo que he venido diciendo en Zaragoza, en Aragón,
tanto en campañas electorales como en debates, y lo voy a
decir con la presencia de mis compañeros diputados y, desde
luego, con la presencia de la dirección del Grupo (Aplausos.)
y la ausencia del Presidente nacional porque está fuera de
España. Que quede perfectamente claro.
¿Por qué el Partido Popular firmó el pacto autonómico? --se ha
explicado también en esta tribuna hasta la saciedad por
nuestro Diputado don Mariano Rajoy--. Pues porque tenemos un
sentido de Estado y porque
entendíamos que era necesario desbloquear el proceso. Dijimos
entonces --y lo seguimos repitiendo ahora-- que el pacto
autonómico no era nuestro modelo, no era nuestro modelo
suficiente, pero cuando nos sentamos a negociar las propuestas
del Partido Socialista, las propuestas del Gobierno sostenido
por los Diputados socialistas, estaba muy lejos de lo que hoy
se aprueba aquí. Y se sabe que en aquellos momentos la
propuesta del Partido Socialista era una ley de delegaciones;
no pretendían modificar los estatutos de autonomía, y esa fue
una postura de acercamiento conseguida gracias a los esfuerzos
del Partido Popular.
También dijimos, cuando se debatió aquí la toma en
consideración del proyecto de ley --y lo dijo nuestro
compañero Mariano Rajoy--que este texto de proyecto de ley se
había criticado por
insuficiente, pero que eso se podía corregir y que, desde
luego, esa iba a ser la postura del Partido Popular. Y lo
hemos venido diciendo en campaña y fuera de campaña, antes del
6 de junio y después del 6 de junio.
Que quede constancia en el «Diario de Sesiones»: la postura
del partido Popular, tanto en el ámbito nacional como en el
ámbito de Aragón, que ya ha sido puesta de manifiesto por el
representante del mismo Grupo que ha venido de las Cortes de
Aragón, sigue siendo la misma. Este ha sido un paso previo, un
paso que ha sido necesario porque teníamos firmado un pacto
autonómico que no consideramos suficiente, pero que así servía
para desbloquear el proceso autonómico.
Nosotros no damos por concluido el proceso, buena prueba de
ello es que en el programa electoral de las elecciones
generales llevamos nuestro diseño autonómico, que será
criticable, que será
compartido, pero que, desde luego, no es dar carpetazo a la
actual situación; llevamos una propuesta de Administración
única y de homologación de las competencias de todas las
comunidades, pero por arriba. ¿Por qué entonces los populares
de Aragón --y yo pertenezco a ellos-- hemos estado en las
manifestaciones en las que las gentes de Aragón pedían la
autonomía plena? Precisamente por ser coherentes con nuestra
postura. Hemos dado un paso, un paso que no dependía solamente
de nosotros, sino que dependía de la mayoría socialista, y
entendemos que cuando esté cumplido ese paso, esa firma --
porque a nosotros nuestros compromisos morales sí nos obligan
y no los rompemos, no los rompemos, aunque en ocasiones nos
cueste mucho cumplirlos--, iremos al siguiente. Además, si se
hiciera lo que hace unos momentos planteaba el representante
de Izquierda Unida en la tribuna, si hoy no se aprobara aquí
esta reforma del Estatuto de Aragón, iba a ocurrir que Aragón
se iba a quedar con competencias más pequeñas que el resto de
las
comunidades autónomas, es decir, ya no solamente íbamos a
estar por debajo de las comunidades llamadas históricas, ya no
solamente íbamos a estar en esa quinta categoría o
clasificación que hacía el señor Mur, sino que íbamos a estar
en una peor todavía, nos íbamos a quedar incluso por debajo de
las autonomías que a lo largo de estas fechas han reformado
sus estatutos.
Por ello nuestra postura hoy aquí va a ser de apoyo a este
proyecto de ley, de apoyo para cumplir un compromiso firmado
como lo hemos venido manteniendo, porque, insisto, los
compromisos, nos gusten o no nos gusten, cuando se firman,
aunque la otra parte los rom pa, hay que seguir
manteniéndolos, porque eso es lo único que nos permite
después, con la cabeza alta, seguir defendiendo nuestras
posturas.
El representante del Grupo Mixto perteneciente al Partido
Aragonés, señor Mur, hacía un llamamiento a los autonomistas y
decía que los que estuviéramos en esta Cámara hoy aquí
fuéramos autonomistas y votásemos no a esta reforma. Continúo
con la argumentación que estaba utilizando hace un momento y
que quizá usted, porque tenía a alguien por delante, no sé si
ha podido oír. Si en este momento dijéramos no a esta reforma,
siguiendo su clasificación, señor Mur, Aragón no estaría en el
grupo de los quintos, estaría en el sexto, porque nos íbamos a
quedar con menos competencias todavía de las que ya el resto
de las comunidades van a tener. Usted decía que los populares
en Aragón hemos sido burlados por los socialistas.
Efectivamente, lleva usted razón. En el año 1991 salió de las
urnas un gobierno que era representativo de la voluntad
popular que había conformado las Cortes de Aragón: 17
diputados el Partido Aragonés, 17 diputados el Partido Popular
(suma de los dos: 34; mayoría absoluta), 30 Diputados el
Partido Socialista, tres diputados Izquierda Unida (suma: 33).
Pero sucedió, efectivamente, hace 15 días, algo que ha hecho
famosa a Aragón, por desgracia, hasta más allá de nuestras
fronteras; hemos sido titulares de la prensa inglesa y de la
prensa alemana. ¡Quién nos lo iba a decir a los aragoneses que
íbamos a ser objeto de titular en esos medios por algo, desde
luego, nada positivo y que bien poco dice en favor de las
gentes de nuestra región! Pero, en fin, los hechos son así.
Sin embargo, señor Mur, le vamos a hacer caso y vamos a votar
en conciencia como usted nos pedía que hiciésemos, lo vamos a
hacer así. Y la conciencia, a los Diputados del Grupo
Popular --como le decía antes-- nos obliga a cumplir nuestros
pactos, por mal que se haya portado la otra parte firmante del
acuerdo; vamos a votar en conciencia y le vamos a hacer caso.
(Rumores.--Un señor Diputado: ¡Muy bien!)
En cuanto a la intervención del representante de Izquierda
Unida, que ha hecho constantes alusiones a los bancos de mi
Grupo, ha empezado hablando de lo que decía el Partido
Socialista antes del 6-J y lo que dice después. Señor
Martínez, yo le puedo preguntar a usted lo que decía Izquierda
Unida cuando el señor Gomáriz, ilustre representante de las
Cortes de Aragón, se fue al Grupo Mixto y lo que han hecho
ustedes hace
15 días, que también tiene su encanto y también tiene su
enjundia para estudiarlo. Nos dice que seamos serios y que el
pacto obliga, precisamente por eso, por seriedad, pero
aplíquese usted la misma receta, que sea seria Izquierda Unida
también, y no quiero seguir haciendo hincapié en ese asunto,
pero usted lo sabe, usted sabe que gente muy importante de su
partido, tanto en Aragón como fuera de Aragón, ha hecho
constantes alusiones a ese asunto. Sea usted serio y no nos
pida seriedad cuando ustedes no han tenido ni la seriedad ni
la ética hace quince días en las Cortes de Aragón. (Aplausos.)
Termino, señor Presidente. También hacía usted referencia,
señor Martínez, a los resultados electorales, por lo cual nos
había hecho reflexionar. No sé si al Partido Socialista le
habrá hecho reflexionar. Sólo le puedo decir que en la
provincia de Zaragoza, por donde usted y yo somos Diputados,
en el año 1989 el Partido Popular sacó 120.000 votos; en el
año 1993 ha sacado 170.000. Creo que los electores de Zaragoza
supieron entender el mensaje de seriedad y de cumplimiento de
los pactos que el Partido Popular ha hecho constantemente.
(Aplausos.)
Por último, y para ilustración de SS.SS., sólo me queda
repetir una vez más aquí que el Partido Popular en Aragón se
ha comprometido públicamente, con el respaldo del Partido
nacional Popular, a impulsar cuantas acciones legislativas
sean necesarias para dotar de virtualidad jurídica las
propuestas de la comisión especial para la reforma del
estatuto.
Por todas estas razones, porque votamos en conciencia, porque
el Partido Popular respeta los pactos por ética y por
coherencia, lo que no tienen otras fuerzas políticas, vamos a
decir que sí. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rudi.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Sáenz
Lorenzo.
El señor SAENZ LORENZO: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, me corresponde en este turno fijar la posición del
Grupo Parlamentario Socialista ante la iniciativa que nos
remiten las Cortes de Aragón y que tan dignamente ha sido
defendida por los representantes del Grupo Socialista y del
Grupo Popular, a quienes quiero también dar la bienvenida,
como les han dado otros grupos parlamentarios.
La posición del Grupo Socialista, como no podía ser de otra
manera, va a ser de apoyo a esta iniciativa de reforma del
Estatuto de Aragón, en primer lugar, y fundamentalmente, por
el contenido que tiene esta reforma, que, desde nuestro punto
de vista, es positivo para las instituciones autonómicas
aragonesas y que supone un paso adelante muy significativo a
este respecto.
Si analizamos la reforma, nos encontramos con que todos los
artículos referidos a competencias ven notablemente ampliado
su contenido. El artículo 35, que se refiere a las
competencias exclusivas de la comunidad autónoma, se ve
ampliado con nueve competencias nuevas. Lo mismo ocurre con el
artículo 36, referido a las competencias de desarrollo
legislativo y ejecución; el 37, referido a las competencias de
ejecución, o el 41, referido a las competencias de educación.
Aumento de competencias que va a producir un cambio muy
significativo en la capacidad de actuación política de la
Diputación General de Aragón, porque cuando esté culminado
este proceso va a suponer, aproximadamente un aumento de los
ingresos de la comunidad autónoma que se multiplicarán por un
índice próximo a tres. Y eso, señoras y señores Diputados,
todos sabemos que significa, en definitiva, aumentar la
capacidad política de unas instituciones que se han afianzado
en los últimos años.
Pienso que hay que hacer también un poco de historia y
recordar cuáles son las posiciones políticas que se han
mantenido a lo largo de estos años. Después de la aprobación
de 1978 se abrió un proceso de negociación en Aragón entre
todas las fuerzas políticas. Y se llegó a un acuerdo entre
esas fuerzas políticas. Yo mismo participé directamente en
aquellas conversaciones y acuerdos. El acuerdo fue, en primer
lugar, que hubiera unas Cortes de Aragón elegidas directamete
por todos los ciudadanos y que hubiera una Diputación General
de Aragón. Los desacuerdos, los debates, se planteaban en el
terreno de las competencias. Pero hay que decir que pocos
meses antes, los incipientes regionalistas de entonces, hoy
llamados nacionalistas, lo que planteaban como institución
autonómica era simplemente una mancomunidad de diputaciones,
muy pocos meses antes de la aprobación y de estos acuerdos
políticos que se produjeron en Aragón. Hoy, esas instituciones
parlamentarias directamente elegidas por los ciudadanos están
afortunadamente consolidadas y hoy abordamos lo que entonces
era objeto de debate entre las fuerzas políticas, que
establecía, efectivamente, algunas diferencias, las
diferencias desde mi punto de vista más
significativas entre unas comunidades autónomas y otras: el
tema de las competencias.
La reforma que hoy vamos a aprobar, y a la que vamos a dar
nuestro apoyo, significa el eliminar en buena medida esas
diferencias y dar un paso muy importante en la consolidación
del autogobierno de esa Comunidad Autónoma. Por tanto, nuestro
apoyo, en primer lugar y fundamentalmente, por el contenido de
la reforma que hoy contemplamos. También porque esta reforma
es consecuencia de unos acuerdos entre los dos Grupos
parlamentarios, entre los dos partidos políticos con mayor
representación parlamentaria en esta Cámara y también que
constituyen una amplia mayoría en las Cortes de Aragón, como
se ha puesto de manifiesto hoy con la presencia de los
representantes de las mismas.
Creo que el desarrollo de la Constitución, en particular del
desarrollo del Título VIII, si queremos que sea efectivo y que
no esté sometido a los avatares de las distintas correlaciones
de fuerzas en las diversas instituciones, debe hacerse de
mutuo acuerdo mediante política de pactos. Yo, señor Mur, creo
que es muy necesaria la política de acuerdos y la política de
pactos entre las fuerzas políticas, es indispensable y, por
tanto, estos acuerdos que se han producido suponen un avance y
suponen que la reforma se va a consolidar sin estar sometida a
ningún tipo de avatares. Además, esta reforma no cierra otros
posibles caminos de futuro. Han hablado los distintos
representantes de que, efectivamente, en Aragón hay un fuerte
sentimiento autonomista, hay una
reivindicación de un mayor grado de autonomía. Se ha
manifestado públicamente y todas las fuerzas políticas debemos
ser sensibles a estas manifestaciones y creo que debemos ser
sensibles abriendo el diálogo, abriendo el debate allí donde
se debe hacer, que es en las Cortes de Aragón, y buscando el
acuerdo. Desde mi punto de vista, hay que buscar el acuerdo
entre los partidos políticos y la cooperación entre las
instituciones, yo diría, señoras y señores Diputados, que
justamente lo contrario de lo que hemos venido viendo en los
útimos años: la falta de cooperación institucional y la falta
de acuerdo en el terreno político. Abramos el debate en la
aprobación de esta reforma, que no cierra ese camino, abramos
el debate y sean las Cortes de Aragón, si se llega a un
acuerdo, las que nos puedan proponer otras iniciativas en el
futuro.
Soy contrario a la opinión manifestada por algunos grupos aquí
de un voto en contra en función de futuros acuerdos. Yo pienso
que el paso que hoy damos es un paso positivo para la
Comunidad Autónoma de Aragón que afianza sus instituciones y,
por tanto,
inequívocamente, nuestro Grupo va a apoyarlo.
Se ha pretendido aquí también introducir algunos otros
elementos de debate que creo no son propios de esta Cámara. Sí
que diré que en el tema del transfuguismo nuestro Grupo asume
la posición que aquí expuso la pasada semana en representación
del Gobierno el Ministro de la Presidencia, señor Pérez
Rubalcaba. Estamos abiertos a considerar las propuestas porque
hay mucho transfuguismo en nuestro país y unas veces sirve a
unas formaciones políticas y otras veces sirve a otras. Les
digo que, desde mi punto de vista estrictamente personal como
diputado, pienso que la solución a esos temas está más en la
responsabilización personal de los representantes a los
distintos niveles ante los ciudadanos que en limitar las
posibilidades de actuación de estos representantes. Ese es un
debate que creo se puede tener a todos los niveles y al que
nuestro Grupo no está cerrado.
Por todas estas razones, señoras y señores Diputados, nuestro
Grupo va a apoyar la reforma del Estatuto de Aragón que nos
parece un paso de afianzamiento de las instituciones
autonómicas y un paso positivo, en definitiva, para el
autogobierno de nuestra Comunidad Autónoma.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sáenz Lorenzo. (El señor
Mur pide la palabra.)
Tiene la palabra, señor Mur.
El señor MUR BERNAD: Gracias, señor Presidente.
Muy brevemente, para responder a las alusiones y argumentos
del señor Sáenz Lorenzo, con relación a nuestro Partido.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!
Sabe S.S. que en este debate de fijación de posiciones no hay
turnos de réplica, y alusiones, propiamente dichas, yo no las
he oído. Ha habido un intercambio dialéctico, fruto de la
diferencia de posiciones que se han mantenido, pero entiendo
que no ha habido alusiones.
El señor MUR BERNAD: He sido contradicho y, además, con una
mentira que quiero aclarar. (Fuertes rumores.)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!
Evidentemente, como le estaba diciendo, de las posiciones de
los distintos grupos se ha evidenciado la no coincidencia y,
por tanto, la contradicción entre estas posiciones, pero de
eso no nace necesariamente la apertura de un turno de réplica
generalizado, como entiendo sería el caso, por lo que he oído
en el debate.
El señor MUR BERNAD: Señor Presidente, no se trata de réplica
generalizada, sino, simplemente de desmentir un hecho que se
puede comprobar en el «Diario de Sesiones». (Fuertes rumores.)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!
Señor Mur, a los simples efectos de desmentir este hecho,
tiene la palabra por un minuto.
El señor MUR BERNAD: Gracias, señor Presidente.
Señor Sáenz Lorenzo, para defenderse no necesita usted mentir.
Léase los «Diarios de Sesiones» del año 1978, cuando se
discutió la Constitución, y de 1982, cuando se discutió el
Estatuto de Autonomía de Aragón, y yo me hago responsable de
lo que nuestro representante dijo entonces, que aparece en el
«Diario de Sesiones» y que nada tiene que ver con la mentira
que usted ha dicho aquí respecto de nuestro grupo político.
(El señor Sáenz Lorenzo pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mur.
Señor Sáenz Lorenzo, tiene la palabra por tiempo de un minuto.
El señor SAENZ LORENZO: Señor Mur, siento contradecirle, pero
su representante entonces, don Hipólito Gómez de las Roces,
mantuvo públicamente, en todos los foros en que quisieron
oírle, que la solución a la autonomía era la mancomunidad de
diputaciones. A mí me parece que es muy correcto que cada uno
pueda cambiar de opinión cuando lo estime oportuno, pero creo
que la historia sólo tenemos que leerla en las hemerotecas
para saber la exactitud de esta afirmación.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sáenz Lorenzo.
Vamos a proceder a la votación.
Votación de totalidad relativa a la propuesta de reforma del
Estatuto de Autonomía de Aragón.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 272; a favor, 256; en contra, 15; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada en votación de totalidad
la propuesta de reforma.
Se levanta la sesión.
Era la una y veinticinco minutos de la tarde.