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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 12, de 21/09/1993
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1993 Núm. 12 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 10
celebrada el martes, 21 de septiembre de 1993
Página
ORDEN DEL DIA:
Proposiciones no de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la
puesta en vigor de un Plan Integral Agrario. «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Serie D, número 4, de 30 de julio de
1993 (número de expediente 162/000006) (Página 306)
--Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por
la que se crea una Ponencia para analizar los plazos de pago
entre empresas en el sector de la distribución y los problemas
que se derivan como consecuencia de la morosidad en el
cumplimiento de las obligaciones comerciales. «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Serie D, número 6, de 14 de
septiembre de 1993 (número de expediente 162/000015) (Página 317)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre
criterios y prioridades de política general que se aplican a
los fondos de cohesión de la Comunidad Europea (número de
expediente 173/000001) (Página 323)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, sobre la política económico-
financiera y social del Gobierno respecto de la Pequeña y
Mediana Empresa para su defensa y fomento (número de
expediente 173/000002) (Página 329)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el
Programa de acción de Gobierno en materia de política
económica para superar la crisis actual (número de expediente
173/000003) (Página 339)
(Continúa el orden del día en el número 13, de 22 de
septiembre de 1993.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Proposiciones no de ley (Página 306)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la
puesta en vigor de un Plan Integral Agrario (Página 306)
En nombre del Grupo Popular defiende la proposición no de ley
el señor Ramírez González, manifestando que se inicia esta
legislatura con un claro signo de continuidad y compromiso con
el sector agrario español y, ante la absoluta paralización del
Gobierno en cuestiones relacionadas con el sector agrario, al
igual que con todos los sectores económicos del país,
nuevamente el Grupo Popular trae esta proposición no de ley a
la Cámara y vuelve a suscitar un debate sobre aquellas
cuestiones que urgentemente deben debatirse, y aprobarse en su
caso, con el fin de paliar la grave situación por la que
atraviesa este sector agrario. Su pretensión es que el Pleno
conozca y compruebe las circunstancias que concurren en el
sector, que se han agravado en los últimos meses, tanto por la
paralización del Gobierno como por las circunstancias
meteorológicas.
Recuerda el esclarecedor debate habido en este Pleno el pasado
mes de marzo y las mociones que presentaban exigiendo que el
Gobierno cambiase de actitud y adoptara medidas que
permitieran paliar la situación del sector agrario. No va a
insistir en los datos que entonces se manejaron y que se han
agravado con el transcurso del tiempo, aunque desea resaltar
simplemente la desertización del sector, el envejecimiento de
su población por el abandono sistemático de los jóvenes y el
endeudamiento del mismo hasta llegar hasta las dos billones de
pesetas. Agrega que en los últimos meses, cada vez que se
planteaban, el Gobierno y el Partido Socialista prometían la
inmediata solución de los problemas denunciados, pero a estas
alturas del 93 desconocen cualquier acción positiva del
Gobierno socialista en relación con el sector agrario.
Continúa el señor Ramírez manifestando que en estos momentos
el Ministerio de Agricultura ni siquiera ha completado el
nombramiento de altos cargos y, en cuanto al Ministro, no han
podido mantener un debate en profundidad sobre la situación
del campo, encontrándose en este momento pendientes de poderse
reunir con el Ministro para debatir esta problemática.
Concluye el interviniente manifestando que a través de la
proposición intentan traer a la Cámara soluciones de carácter
nacional que en nada chocan con la normativa de la CEE y que
ya han sido puestas en vigor en otros países. Asimismo explica
a la Cámara el contenido concreto de algunas de esas medidas.
En defensa de las enmiendas presentadas y para la fijación de
posiciones de sus respectivos Grupos intervienen la señora
Rivadulla Gracia, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, y el señor Roncero Rodríguez, del Grupo Socialista.
Completan el turno de fijación de posiciones los señores
Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria;
Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV), y Vidal i
Sardo, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación, es rechazada la proposición debatida por
148 votos a favor, 155 en contra y cinco abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la
que se crea una Ponencia para analizar los plazos de pago
entre empresas en el sector de la distribución y los problemas
que se derivan como consecuencia de la morosidad en el
cumplimiento de las obligaciones comerciales (Página 317)
En representación del Grupo Catalán (Convergència i Unió)
defiende la proposición no de ley el señor Homs i Ferret,
manifestando que se trata de una iniciativa que tiene su razón
de ser raíz de otra iniciativa planteada por su Grupo en la
legislatura pasada y que fue unánimemente apoyada por todos
los grupos de la Cámara, dando lugar a la constitución de una
Ponencia, en el seno de la Comisión de Economía, la cual fue
desarrollando sus trabajos hasta la disolución de la Cámara.
Considera que sería oportuno, necesario y conveniente que el
resultado de aquella labor de análisis realizada por la
Ponencia pudiera dar lugar a la elaboración definitiva de un
informe descriptivo de la problemática existente para poder
elevar al Gobierno un marco de soluciones para afrontar estos
problemas. Insiste en la conveniencia de retomar la tarea
iniciada
constituyendo nuevamente una Ponencia en el seno de la
Comisión de Economía, con el objeto estricto de poder terminar
los trabajos emprendidos. No va a reabrir en este momento el
debate en torno a la problemática en cuestión, que fue
analizada exhaustivamente a lo largo de un año por la Ponencia
creada en la anterior legislatura y que debe continuar para
concluir aquella labor, lo que podría permitir la elevación de
unas conclusiones como aportación positiva a los problemas
denunciados, ya que el tema de fondo permanece vivo.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los
señores Mur Bernad, del Grupo Mixto; Mardones Sevilla, del
Grupo de Coalición Canaria; Gatzagaetxebarría Bastida, del
Grupo Vasco (PNV); Martínez Blasco, del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya; Aguirre Rodríguez, del Grupo
Popular, y Pau i Pernau, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se aprueba la proposición debatida por
306 votos a favor, uno en contra y una abstención.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 323)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre
criterios y prioridades de política general que se aplican a
los fondos de cohesión de la Comunidad Europea (Página 323)
En defensa de la moción del Grupo Catalán (Convergència i
Unió) el señor Molins i Amat manifiesta que, consecuentes con
el contenido de la interpelación que defendieron la semana
pasada, pretenden que el Gobierno explicite los criterios y
fije las prioridades con los que actuará en la selección y
propuesta de proyectos de inversión con cargo a los fondos de
cohesión de la Comunidad Europea. Otro objetivo de la
interpelación consiste en que la Cámara conozca cuál es la
aplicación concreta que cada año hace el Gobierno de esos
criterios y prioridades y, por tanto, qué proyectos se
beneficiarán de esta financiación. Sobre este particular
considera razonable que sean los Presupuestos
Generales del Estado de cada año los que contengan los
proyectos en cuestión, lo que permitiría su aprobación por
esta Cámara y, por tanto, el respeto de su soberanía. Otra
preocupación puesta de relieve en el debate de la
interpelación, y que se refleja en la moción, se refiere al
reparto de competencias de las
comunidades autónomas, especialmente las fronterizas, con
competencias en la red transeuropea de transporte, y que
pudieran ver financiados algunos de sus proyectos con los
fondos de cohesión.
Entienden que el contenido de la moción obedece al interés de
todos los grupos de la Cámara, expresado el miércoles pasado,
y, por tanto, piensa que puede merecer el voto favorable de
todos los grupos parlamentarios, lo cual solicita en este
acto. En defensa de las enmiendas presentadas y para fijación
de posiciones de sus grupos intervienen los señores Espasa
Oliver, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluña,
y Caldera Sánchez-Capitán, del Grupo Socialista.
Completa el turno de fijación de posiciones la señora Rahola i
Martínez, del Grupo Mixto, y los señores Mauricio Rodríguez,
del Grupo de Coalición Canaria; Zabalía Lezámiz, del Grupo
Vasco (PNV), y señora Tocino Biscarolasaga, del Grupo Popular.
Sometida a votación, se aprueba la moción debatida por 183
votos a favor, 14 en contra y 116 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre la política económico-financiera y social del
Gobierno respecto de la pequeña y mediana empresa para su
defensa y fomento (Página 329)
En nombre del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya defiende la moción el señor Frutos Gras, explicando
el contenido de la misma. En primer lugar, intentan hacer
frente a la
situación de crisis de la pequeña empresa potenciando todos
los instrumentos que permitan hacer una política económica y
social diferente a la actual con la que, obviamente, no están
de acuerdo. En segundo lugar,
pretenden recoger las propuestas unitarias de UGT y Comisiones
Obreras en la Mesa de negociación tendentes a potenciar las
sociedades de capital-riesgo y de garantía recíproca,
incentivar las iniciativas de futuro, potenciar los procesos
de fusión y concentración para competir en el mercado
internacional y proyectos de cooperación empresarial que les
permitan crear redes de distribución propios. En tercer lugar,
pretenden la derogación del llamado Decreto Boyer, a la vez
que recogen una serie de propuestas contenidas en diversas
iniciativas presentadas en la Cámara por los grupos
parlamentarios en legislaturas anteriores. Concluye afirmando
que sus actuaciones siempre en estos debates y en otros que
tengan carácter más general tienen un sentido central, que es
la creación de empleo, es decir, la creación de riqueza
socialmente útil, con regulaciones precisas, intentando
coordinar lo concreto a nivel sectorial y territorial con lo
general, en este caso concreto el papel que las pequeñas y
medianas empresas pueden jugar en momentos de crisis y
recesión económica para hacer frente a esa crisis y relanzar
la economía. Consiguientemente, la moción tiene como eje
fundamental la necesidad de creación de empleo a través de la
potenciación de una serie de medidas que afectan positivamente
a la pequeña empresa.
Para la defensa de las enmiendas presentadas y fijación de
posición de sus respectivos grupos intervienen los señores
García-Margallo y Marfil, del Grupo Popular; Zabalía Lezámiz,
del Grupo Vasco (PNV), y Martín Mesa, del Grupo Socialista.
Completan el turno de fijación de posiciones los señores
Albistur Marín, del Grupo Mixto, y Homs i Ferret, del Grupo
Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación, se rechaza la moción debatida por 18
votos a favor, 163 en contra y 24 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el
programa de acción de Gobierno en materia de política
económica para superar la crisis actual (Página 339)
El señor Montoro Romero defiende la moción del Grupo Popular
para tratar de salir de la crisis económica a la que se
refirieron la semana anterior en el debate de la interpelación
correspondiente y donde tuvo ocasión de calificarla como una
crisis muy grave. Explica a continuación el contenido de las
numerosas propuestas contenidas en la moción, para terminar
afirmando que lo
importante es recuperar cuanto antes la senda del crecimiento
económico y de la creación de empleo que hemos perdido, ya que
si seguimos en las actuales circunstancias de parálisis vamos
a tardar mucho en volver a la senda de crecimiento y de
creación de empleo.
Piensa que con las propuestas contenidas en la moción que hoy
se someten a la votación de esta Cámara la economía española
puede aspirar a recuperarse en el momento en que viva en un
contexto internacional más favorable.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Vasco y para
fijación de posición sobre la misma interviene el señor
Zabalía Lezámiz.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los
señores Albistur Marín, del Grupo Mixto; la señora Rahola i
Martínez, del Grupo Mixto; Homs i Ferret, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió); Andreu Andreu, del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, y Hernández Moltó, del Grupo
Socialista.
Sometida a votación, se rechaza la moción debatida por 124
votos a favor, 176 en contra y cuatro abstenciones.
Se suspende la sesión a las ocho y cuarenta minutos de la
noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA
PUESTA EN VIGOR DE UN PLAN INTEGRAL AGRARIO (Número de
expediente 162/000006)
El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión.
Punto I del orden del día: Proposiciones no de ley.
Proposición del Grupo Popular sobre la puesta en vigor de un
plan integral agrario.
Por el grupo proponente, tiene la palabra el señor Ramírez.
El señor RAMIREZ GONZALEZ: Señor Presidente, señorías, al
inicio de la nueva legislatura y con un claro signo de
continuidad y compromiso con el sector agrario español,
nuevamente el Grupo Parlamentario Popular, consciente de su
responsabilidad y ante la absoluta paralización del Gobierno
en cuestiones relacionadas con el sector agrario --como con
todos los
sectores económicos del país--, vuelve a traer esta
proposición no de ley al Pleno del Congreso y vuelve a
suscitar un debate sobre aquellas cuestiones que urgentemente
deben solicitarse, debatirse y aprobarse, en su caso, con el
fin de paliar la absoluta situación de gravedad por la que
atraviesa nuestro sector. Es nuestra pretensión, por lo tanto,
que el Pleno del Congreso conozca y compruebe aquellas
circunstancias que
concurren en el sector y que se han agravado en los últimos
meses, no solamente motivadas por la paralización del Gobierno
socialista, sino, también,
desgraciadamente, por circunstancias meteorológicas.
Finalizábamos la anterior legislatura con un creo que
esclarecedor debate en el Pleno del mes de marzo a través de
una interpelación del Grupo Parlamentario Popular y de una
moción, donde pretendíamos poner de manifiesto las
circunstancias que concurrían en el sector, circunstancias que
estaban
denunciándose, simultáneamente, por miles de agricultores que
se movilizaban en la conocida marcha verde, mediante la cual
estaban exigiendo que el Gobierno cambiara de actitud y
adoptara medidas que permitieran paliar su situación. Creo
que es innecesario recordar los datos que se manejaron en
aquellos debates, datos que se han agravado con el transcurso
del tiempo y que son continuamente puestos de manifiesto por
las organizaciones agrarias, pero algunos habrá que citar.
Tenemos la población agraria más envejecida de toda la
Comunidad Económica Europea. Está desertizándose nuestro
sector, nuestra población; 400.000 agricultores han
desaparecido de la agricultura y de la ganadería española en
los últimos cuatro años. La juventud está abandonando el
sector agrario. El envejecimiento de nuestra población --he
dicho antes que es la más vieja de la Comunidad Económica
Europea-- se acentúa, se provoca, con un grado
verdaderamente peligroso, con el abandono sistemático de los
jóvenes del sector. El endeudamiento de nuestra actividad
profesional... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Ramírez.
Señorías, ruego guarden silencio. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Ramírez.
El señor RAMIREZ GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
El endeudamiento de nuestra actividad profesional ha llegado
a los dos billones de pesetas, cifra realmente irresistible
por el pago de intereses que supone.
Pues bien, durante los meses anteriores, en la anterior
legislatura, cada vez que o bien se suscitaba un debate de
este talante en el Congreso o bien los agricultores estaban en
las calles y en las carreteras manifestándose, el Gobierno y
el Partido Socialista prometían la inmediata solución de los
problemas denunciados. Por ejemplo, en el mes de noviembre de
1992
prometieron al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) la remisión urgente de un proyecto de ley que definiera
la figura del agricultor profesional y, a su vez, las
actuaciones urgentes para la modernización de las
explotaciones agrarias españolas. Noviembre de 1992. Estamos
en septiembre de 1993 y desconocemos cualquier acción del
Gobierno socialista en esa materia.
En marzo pasado, con ocasión de la interpelación y de la
moción del Grupo Parlamentario Popular y de las movilizaciones
que en calles y carreteras estaban protagonizando más de cien
mil agricultores, el Gobierno y el Partido Socialista se
comprometieron: Primero, a modificar el sistema del cálculo de
la financiación de la Seguridad Social Agraria, eliminando las
llamadas jornadas teóricas, e incluso se dio una nota de
prensa anunciando que se había aprobado un proyecto de ley que
iba a ser remitido urgentemente al Congreso de los Diputados.
Marzo de 1993. Ignoramos el contenido del citado proyecto de
ley y cualquier acción positiva del Gobierno en materia de
reforma del sistema de financiación de la Seguridad Social
Agraria.
Segundo, el Gobierno se comprometió a modificar el cálculo
del IRPF que tienen que pagar los agricultores, negociando con
los sectores interesados, en este caso las organizaciones
profesionales agrarias, los nuevos módulos que permitieran
efectuar un IRPF ajustado a la realidad económica de la
agricutura y de la ganadería española. Marzo de 1993. Estamos
en septiembre de 1993 y nadie sabe nada respecto al nuevo
sistema de módulos, al nuevo sistema de cálculo del IRPF.
Tercero, el Gobierno se comprometió a remitir, por boca del
portavoz socialista, antes de que finalizara la legislatura,
un proyecto de ley de modernización de las explotaciones
agrarias. No sabemos nada de la existencia de ese proyecto de
ley, e incluso, como luego tendré oportunidad de manifestar
cuando se conozca la enmienda del Grupo Socialista, es
pretensión del Partido Socialista que ese proyecto de ley no
llegue a esta Cámara hasta dentro de ocho o nueve meses. Por
lo tanto, tres cuestiones a las que se comprometió el Gobierno
socialista, tres cuestiones que apoyó el Partido Socialista en
marzo de 1993, seis meses después no son aplicables en
absoluto, a pesar de que por medio ha habido un proceso
electoral, ha habido un programa electoral del Partido
Socialista donde se contenían expresiones exactas a las que
acabo de mencionar como compromiso urgente a llevar a efecto
de una forma inmediata.
¿Qué ha sucedido mientras? Pues una paralización absoluta del
Gobierno en el área agrícola. El Ministerio de Agricultura no
ha cumplimentado aún el nombramiento de altos cargos. Todas
las semanas asistimos al goteo del nombramiento de un alto
cargo dirigente, y estamos a finales del mes de septiembre sin
que ese
Ministerio haya cerrado dicho nombramiento. Del Ministro, para
qué vamos a hablar. No lo conocemos, no sabemos de su
existencia, de declaraciones, salvo la aparición como
figurante en una película que se está rodando en la antigua
cárcel de Valencia. Se nos prometió un debate urgente
respecto a las circunstancias que concurrían en la reforma de
la política agraria común; un debate urgente sobre la
explicación del compromiso del GATT sobre la agricultura
española. No lo hemos podido celebrar. Estamos pendientes la
próxima semana de podernos reunir con el señor Ministro de
Agricultura para debatir estas cuestiones que no son objeto de
esta proposición.
En esta proposición no de ley estamos intentando traer a la
Cámara soluciones de carácter nacional, soluciones que en nada
chocan con la normativa comunitaria, que no tenemos que pedir
permiso a la Comunidad Económica Europea para llevarlas a cabo
y que ya han sido puestas en vigor en otros países. Por
ejemplo, en Francia. El nuevo Gobierno de centro derecha no ha
tenido que esperar a que se suscitara el debate en el
Parlamento francés, sino que, , a los 15 días de acceder al
Gobierno ha aprobado un plan, valorado aproximadamente en unos
40.000 millones de pesetas, que tiene por objetivo las
siguientes finalidades: primero, acelerar el acceso de los
jóvenes a la titularidad de las explotaciones agrarias;
segundo aligerar sustancialmente las cargas financieras
bonificando intereses; tercero, disminuir la fiscalidad
agraria y, cuarto, acelerar las jubilaciones
anticipadas. Esa acción del Gobierno francés ya está en vigor;
ya se están beneficiando de ella los agricultores y ganaderos
franceses. Y aquí estamos aún esperando a conocer los
criterios del Gobierno y del partido que lo sustenta. Pues
bien, señorías, la proposición objeto de debate, y que tengo
el honor de defender en nombre del Grupo Parlamentario
Popular, pretende alcanzar esos objetivos, adecuándolos a la
realidad española e introduciendo algunas cuestiones de
inaplazable interés. Primero, pretendemos aprovechar al
máximo el paquete de medidas de acompañamiento aprobado por la
Comunidad Económica Europea simultáneamente a la dura reforma
de la política agraria común. Ese paquete de medidas de
acompañamiento, como recordarán SS.SS., hacía referencia a la
jubilación anticipada de los agricultores y ganaderos, a la
forestación de tierras arables y a las medidas
medioambientales. Pues bien, la regulación española sobre la
jubilación anticipada es la más timorata y pacata de toda la
Comunidad Económica Europea. Los reglamentos comunitarios
permiten acceder a la jubilación anticipada a partir de los 55
años; la normativa española, a partir de los 60 años. Los
precios económicos españoles son los más bajos de la Comunidad
Económica Europea, y el Grupo Popular pretende la modificación
de la normativa española en el sentido de permitir aplicar
aquí las normas comunitarias; es decir, posibilitar la
jubilación a partir de los 55 años y cambiar las dotaciones
económicas, dentro de las previsiones de la Comunidad
Económica Europea que, repito, financia el 75 por ciento, en
la mayoría del territorio español, de las medidas que se
aprueben como legislación española. Segundo, forestación de
tierras arables. Existe una norma española que aplica esta
normativa comunitaria. Es insuficiente, está mal dotada
económicamente y mal hecha técnicamente. El Gobierno
socialista pretende forestar exclusivamente 400.000 hectáreas
en los próximos cinco años, y la dotación económica es
totalmente insuficiente. Así se ha puesto de manifiesto. Han
terminado los plazos en los que los agricultores pudieran
solicitar acogerse a estos beneficios y de miles de hectáreas,
que teóricamente se podrían hacer centenares de miles, se ha
pedido, en el mejor de los casos, el 20 por ciento.
Hay que modificar el programa, primero, siendo más
ambiciosos; ir a un programa de 500.000 hectáreas en cuatro
años. Segundo, atraer los fondos comunitarios, cambiando y
mejorando la dotación económica, que --repito-- es financiada
en el 75 por ciento con fondos comunitarios y en el 12,5 por
ciento por las comunidades autónomas. Tercero, recordar que
somos el país con mayores espacios naturales y posiblemente
podría atraer la mayoría de los fondos comunitarios en la
mejora de los hábitat y del medio ambiente. No conocemos
ningún programa nacional que ponga en marcha esta posibilidad.
Conocemos programas de las comunidades autónomas, ayudados y
no coordinados; pero no conocemos del Ministerio de
Agricultura y del Gobierno español un programa medioambiental
que haga posible la atracción de estos Fondos, repito, con una
cuantía verdaderamente importante, que podían permitir abordar
deficiencias estructurales de la agricultura y ganadería
españolas.
En tercer lugar, señorías, pretendemos que la fiscalidad sea
un potente instrumento para mejorar nuestras estructuras
productivas. ¡Qué duda cabe que a través de medidas fiscales,
se puede mejorar nuestra situación agraria y coyuntural!
Podemos propiciar el rejuvenecimiento del sector agrario con
una medida fiscal que venimos planteando hace tiempo; que han
pedido otros Grupos Parlamentarios y a la que sistemáticamente
se ha opuesto el Partido Socialista: declaremos la exención
del Impuesto de Sucesiones en aquellas explotaciones agrarias
de menos de 50 millones de pesetas de valor catastral cuando
la sucesión sea a través de un titular de explotación joven y
que tenga un
compromiso de quedarse en ella.
El señor PRESIDENTE: Le ruego concluya.
El señor RAMIREZ GONZALEZ: Estoy terminando, señor
Presidente.
Declaremos la exención fiscal de las permutas entre
agricultores de tierra; declaremos que el IRPF es una
posibilidad de igualar las rentas de un sector que percibe el
40 por ciento de las rentas de otros sectores económicos;
llevemos a cabo acciones imaginativas en el sentido de regular
las interprofesionales. Ahora los socialistas creen en la
interprofesión, lo hemos oído en boca del señor Ministro en
algún medio de comunicación. Hace poco tiempo, el Grupo
Parlamentario Socialista votó en contra de la regulación de la
interprofesión. Ahora descubre la panacea de tener normas que
permitan aglutinar el esfuerzo de agricultores, ganaderos,
sector agroindustrial y sector comercial. Ahora, a finales de
1993, cuando hemos perdido un tiempo impresionante, cuando
hemos perdido cuotas de mercado, posibilidades de
competitividad, cuando tenemos una balanza comercial negativa,
los socialistas descubren la
importancia de la interprofesión, hacen buena aquella
expresión de que solamente aciertan cuando rectifican.
Finalmente, señor Presidente, seguimos apostando por un
programa de atracción de los jóvenes al sector. Tenemos la
responsabilidad, a finales del siglo XX, de permitir con
nuestra inacción que el sector agrario español sea el más
viejo de la Comunidad Económica Europea y que sea un progreso
absolutamente imparable, y esa responsabilidad es de aquellos
que desde hace once años están impasibles ante este drama y no
reaccionan ni adoptan medidas de ningún tipo. Nosotros hemos
pretendido con esta iniciativa tender una mano honesta al
principio de esta legislatura a todos los Grupos
Parlamentarios para que, entre todos, pudiéramos elaborar unas
normas, un paquete de iniciativas que posibilitaran que el
sector superara acciones y situaciones realmente
irreversibles. De aquellos que se opongan a estas medidas será
la responsabilidad. Otros ya hemos demostrado que tenemos un
fuerte compromiso con el sector agrario español. Gracias,
señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramírez.
Para defender las enmiendas presentadas y fijar la posición
de su Grupo, por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, señorías, subo
por primera vez a esta tribuna para fijar la posición de mi
Grupo, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre la
proposición no de ley presentada por el Grupo Popular para la
aprobación por esta Cámara de un plan integral agrario que
contemple diversos aspectos, que en este caso, a nuestro
entender, no son
exhaustivos, pero sí indispensables si queremos dar solución,
con la urgencia que requiere el caso, a la durísima situación
por la que desde hace años atraviesa nuestro sector agrario y,
por extensión, el mundo rural.
Si bien somos conscientes de que el Grupo Popular nos trae
hoy a la Cámara una proposición no de ley antigua, desfasada,
en la que nos remite a plazos vencidos y a reglamentos
derogados --como es el caso de la propuesta contemplada en el
punto dos y a la que mi Grupo ha presentado una enmienda de
supresión--, dicha proposición, digo, contará con la posición
favorable de mi Grupo, de ser aprobadas nuestras enmiendas, y
no sólo porque aborda muchos de los problemas que afectan al
campo español y que han sido objeto de múltiples debates en
anteriores legislaturas, sino porque introduce un concepto, a
nuestro juicio, esencial para afrontar la solución de los
mismos, como es la idea de la urgente necesidad de establecer
una planificación para la modernización de nuestras
estructuras agrarias.
Sólo cabría exigir del Grupo Popular que, para ser
consecuente con su propuesta, adopte con carácter urgente en
las comunidades donde gobierna todas cuantas medidas sean de
competencia
autonómica y que hasta ahora no han sido llevadas a cabo. De
cualquier manera, señorías, nos complace que en este tema el
Grupo Popular abandone uno de sus baluartes ideológicos
principales y concuerde con nosotros en que el mercado, por sí
solo, no da respuesta a los problemas económicos, ni a las
situaciones de injusticia que genera, haciéndose necesario,
por tanto, la actuación del Estado para la corrección de las
mismas. Entendemos también que esta planificación debe ir
encaminada prioritariamente al fortalecimiento y modernización
de las pequeñas y medianas empresas familiares agrarias, que
son el colectivo más numeroso y constituyen la base del mundo
rural. Demasiados años llevamos ya, señorías, sometidos a una
política marcada por el liberalismo más feroz, practicada por
los
sucesivos gobiernos presididos por el señor González, que ha
llevado al conjunto de nuestra economía, y en especial al
sector agrario, a la situación desesperada en que nos
encontramos. Se hace necesario, por tanto, una planificación
y que ésta sea urgente. Una planificación indicativa.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Rivadulla.
Ruego silencio a SS.SS. (Pausa.)
Cuando quiera, señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Decía que se hace necesaria una planificación indicativa, pero
urgente, para orientar a los agentes económicos en la adopción
de las medidas y actividades que nos permitan ser más
competitivos en los diversos sectores de la producción y los
servicios.
Consecuentes con
esta idea, recordarán SS.SS. que hace muy pocos días Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya presentó en esta Cámara una
interpelación urgente exponiendo la crítica situación en que
se halla también la pequeña y mediana empresa de nuestro país
y las medidas que, a nuestro juicio, son necesarias arbitrar
por parte del Gobierno para impulsar la inversión y el empleo.
Nos manifestamos, pues, favorables a la elaboración del plan
integral agrario, propuesto por el Grupo Popular, porque
consideramos imprescindible que el Gobierno defina, de una vez
por todas, con claridad, su política agraria y que ésta sea
conocida por el sector y consensuada con él.
Es esta la finalidad por la que mi Grupo ha introducido una
enmienda de adición a la proposición no de ley del Grupo
Popular.
Pretendemos que la proposición recoja la necesidad de
participación de las organizaciones agrarias y, a su vez, de
las comunidades autónomas en la elaboración del mencionado
plan agrario. Consideramos indispensable tal participación,
tanto más que muchas comunidades autónomas, algunas gobernadas
por el PP, tienen transferidas las competencias en materia de
agricultura, lo que no les impide, sin embargo, como es el
caso también de Convergència i Unió, coalición que desde hace
años gobierna con mayoría absoluta en Cataluña, subirse a esta
tribuna propugnando iniciativas varias, pero eludiendo en su
Comunidad aquellas acciones de gobierno cuya ejecución
permitiría elevar la renta del sector agrario, tales como la
modernización de las
cooperativas, su desarrollo en entidades de segundo grado, que
permitan a los agricultores la comercialización de sus
productos, la promulgación de medidas para el desarrollo de
industrias agroalimentarias --desgraciadamente, señorías, ya
casi todas en manos de
multinacionales del sector-- o el apoyo a la empresa familiar
agraria, lo que, sin duda, la llevaría a ser más atractiva
para los jóvenes que desean continuar la actividad agrícola.
Es cierto, señorías, que otro paquete de medidas, como son
las de tipo fiscal, de seguridad social, la modificación del
Impuesto de Sucesiones y las negociaciones con la Comunidad
Económica Europea y el GATT, entre otras, pertenecen al ámbito
competencial estatal. Es por esta razón que para abordar el
problema de forma global Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya propone la participación activa de todas las partes
implicadas, entre las cuales queremos destacar de forma
especial la de las
organizaciones profesionales agrarias, a las que es necesario
fortalecer y dar legitimidad normativa mediante la
realización, ya impostergable, de elecciones sindicales por
sufragio universal y voto directo de los
agricultores y ganaderos, como desde hace tanto tiempo esas
mismas organizaciones y nuestro Grupo vienen demandando.
Señorías, he tenido especial interés en hacer una lectura
detenida de cuantas iniciativas parlamentarias y debates sobre
política agraria se han desarrollado en la anterior
legislatura en esta Cámara, y he llegado a la conclusión de
que todos los problemas han sido ya enunciados y expuestos con
claridad en repetidas ocasiones: el endeudamiento del sector;
el
envejecimiento de la población agraria; la caída constante de
la renta agraria; la desertización del campo y la desaparición
paulatina pero creciente del mundo rural; problemas todos que
configuran un cuadro de reconversión incontrolada y
encubierta, pero que da la medida de la falta de sensibilidad
del Gobierno respecto al sector, y a los que habría que añadir
ahora el peligro que para las exportaciones de producciones
mediterráneas supone el acuerdo de Blair House y las
restricciones
presupuestarias que ya se anuncian, y a las que nuestro grupo
se opondrá si suponen que el Gobierno no va a cofinanciar
aquellos proyectos a cargo de los fondos estructurales de la
Comunidad Europea.
Por todo lo expuesto, y porque estamos convencidos de que es
el momento de actuar de forma global y planificada, apoyamos
la proposición no de ley del Grupo Popular con las enmiendas
ya enunciadas. Esperamos que para bien del sector esta
iniciativa prospere y que podamos contribuir a su
materialización y a restituir la esperanza de todos aquellos
que esperan de nosotros algo más que palabras.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rivadulla.
Por el Grupo Socialista, para defender la enmienda
presentada, y fijar la posición del grupo, tiene la palabra el
señor Roncero.
El señor RONCERO RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a defender la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista con un sentido de responsabilidad. El señor
Ramírez, portavoz del Grupo Popular, apelaba al final de su
intervención a la responsabilidad, y desde luego nuestra
enmienda está hecha desde la responsabilidad; desde la
responsabilidad de los debates a los que él se ha referido, de
noviembre de 1992 y de marzo de 1993; desde la responsabilidad
de lo que esta Cámara aprobó; desde la responsabilidad de
sostener la acción del Gobierno, y de saber lo que es posible
hacer, en qué plazos se pueden hacer las cosas y en qué
términos.
Antes de defender la enmienda concretamente quisiera insistir
en una visión responsable de la situación agraria en nuestro
país, porque es verdad que es una situación compleja (yo diría
compleja, no catastrófica), como debe serlo por la naturaleza
del período o el nuevo escenario en que estamos viviendo desde
nuestra
integración en la Comunidad Económica Europea. Sin embargo, si
hacemos un análisis realista, razonable de
esa situación, de su evolución en el tiempo, la situación es
una situación que en nuestra opinión, y creo que en la opinión
de personas razonables y responsables en nuestro país, debe
ser que la evolución global es una valoración positiva de esa
evolución global. Cuando se habla de las rentas y de su
disminución es verdad que se producen disminuciones, pero si
hablamos como hacen las estadísticas agrarias de la Comunidad
hay que hacerlo comparándolas y comparando qué evolución han
tenido los demás países europeos, es verdad que puede haber
descendido menos la media europea en el último año, pero si
comparamos nuestro período de integración de 1986 a 1993 es
verdad que nuestro crecimiento productivo respecto de la renta
agraria por unidad de trabajo anual con relación a la media
europea ha sido
espectacular y sigue habiendo una diferencia espectacular en
ese campo. Repito que aceptamos que es una situación compleja,
pero desde luego no catastrófica y no para llamar al
dramatismo. Desde esa responsabilidad de conocer una
situación compleja presentamos una enmienda que está en la
línea de lo que el Grupo Popular en el fondo propone y de lo
que el Grupo Popular desea, que creo tiene buenas intenciones
en cuanto al sector, pero que desde luego también tiene malas
intenciones en cuanto a la situación de ponernos en un debate
que sea más cara a la galería que a obtener soluciones
concretas. Digo esto porque las
propuestas que hace el Grupo Popular son para ponernos en una
mala situación de cara a la galería porque creo que, en
principio, están hechas con poco rigor. Si vamos a los debates
de 1992 y 1993, en 1992 con buen criterio se pedía que
determinadas medidas deberían entrar en vigor antes del 1.º de
enero de 1993 para aprovechar la reforma de la PAC, etcétera;
pero ahora en 1993 nos encontramos con que las medidas tienen
que entrar en vigor el 1.º de enero de 1993. Será de 1994; lo
que pedimos ahora será que entren en vigor en 1994.
También pedíamos entonces el aprovechamiento de un reglamento
comunitario que estaba en vigor en 1992, pero que ahora,
después del marco de 1993, está derogado y ustedes mismos se
han dado cuenta y mediante una enmienda lo retiran. Por tanto,
reconociendo, por una parte, su interés por el sector agario y
por los problemas que tiene, reconozcan también su poco
interés por no hacer un debate serio, responsable y de fondo
para solucionar los problemas, para llegar a acuerdos de
verdad y no plantear confrontaciones. A ese sentido de
responsabilidad de llegar a acuerdos se dirige nuestra
enmienda porque plantea cosas razonables en planos razonables
que sabemos se pueden cumplir. Cuando ustedes aluden a plazos
de otros gobiernos que consideran muy rápidos, piensen que
esos gobiernos están elegidos en marzo y llevan gobernando más
de seis meses. Este Gobierno está elegido en junio y no lleva
ni tres meses con problemas de formación, de estabilidad, como
todos sabemos, y de negociaciones
parlamentarias. Así y todo se están tomando medidas, están en
vigor algunas de las que ustedes plantean y habrá que
profundizar en ellas.
En ese sentido presentamos nuestra propuesta de enmienda para
continuar en el camino de poder llegar a acuerdos. Es verdad
que se está llegando a acuerdos con las organizaciones
profesionales agrarias, que existen líneas de actuación
comunes, y
planteamientos concretos globales en los que se puede llegar a
acuerdos y existe una mesa de negociación. Hay un cauce
institucionalizado de relaciones con las organizaciones
profesionales agrarias, hay acuerdos básicos en cuanto a leyes
importantes como la ley de modernización del profesional a
título principal, la fiscalidad; hay importantes acuerdos de
base sobre problemas de
interprofesiones; en definitiva, hay medidas de funcionamiento
tendentes a lo que ustedes plantean.
¿Por qué presentamos nuestra enmienda con una redacción
diferente aunque en el fondo habla de lo mismo que ustedes?
Porque no tenemos ese plazo perentorio de tres meses que
ustedes proponen para un plan integral y no consideramos que
esto sea un plan integral sino que son medidas que es
necesario instrumentar y que formarán parte de un conjunto
mucho más amplio, pero que no es para llamarlo plan integral,
aunque contiene programas que ustedes también llaman
integrales. Es decir, no creo que ahora les dé por una
economía planificada, centralizada y con temas que han sido
aludidos por otros portavoces, de interrelación
necesaria con las comunidades autónomas y con sus
competencias. Son temas para establecer conjuntos de medidas
que vayan
abordando los problemas de esa situación compleja. En este
sentido ofrecemos profundizar, y así está en nuestro programa
electoral; ofrecemos profundizar en aplicación de las medidas
de acompañamiento de la política agraria comunitaria para
garantizar fondos suficientes para que pueda ser aplicada esa
medida de acompañamiento por quien lo debe hacer que son las
comunidades autónomas.
También hay que llamar la atención en que es necesario ser
prudentes en determinadas aplicaciones porque a pesar de que
es verdad que tenemos una población envejecida, tampoco se
puede hacer uso de una jubilación masiva anticipada de nuestra
agricultura, ya que estaríamos creando otros problemas quizás
más difíciles de resolver que el propio de la rentabilidad de
las explotaciones, problemas medioambientales que también hay
que solucionar. Es necesario que esas jubilaciones se
produzcan escalonadamente a la vez que seamos capaces de
incorporar nuevos profesionales para que el mundo rural, en
toda su complejidad, no sólo la agricultura, tenga población
que esté fijada al territorio para que no se produzcan las
desertizaciones que están produciéndose. Es un problema
complicado que hay que manejar con prudencia, pero
estamos dispuestos a afrontarlo con la responsabilidad de que
vaya ligado a la reestructuración de las explotaciones y de
esa jubilación.
En la reforestación aunque no decimos ninguna cifra, nuestro
programa electoral y las medidas que se están poniendo en
marcha van a afectar a más hectáreas de las que ustedes
proponen en el cuatrienio. Nuestra propuesta es de un millón
de hectáreas en la legislatura, ustedes nos están hablando de
500.000 hectáreas y desde luego las medidas en vigor van a
afectar seguramente a más de 125.000 hectáreas anuales.
La ley de modernización de estructuras agrarias, que
ofrecemos en nuestro programa --y aquí reiteramos nuestro
compromiso de la legislatura pasada en aquellos debates de
noviembre y febrero--, contemplará aspectos capitales del
sector, como ustedes han manifestado, que son la figura del
profesional de la agricultura a título principal, que hay que
definir y aclarar para que de verdad sean beneficiarios
principales de las ayudas aquellos que de verdad más lo
necesitan y que están ligados fundamentalmente a la profesión
agraria; el problema de la juventud y una serie de ayudas
destinadas a la misma, unas medidas específicas para la
juventud rural, y el desarrollo de instrumentos normativos y
financieros, incluidos los fiscales, que fomenten el
incremento de la dimensión de las explotaciones para aumentar
su
productividad y su
rentabilidad; también el acceso y la transmisión, sucesiones,
etcétera. Todos los problemas derivados de la fiscalidad serán
tratados convenientemente para facilitar esos accesos.
Se contempla también la presentación de un proyecto de ley de
interprofesional, compromiso electoral que también es una
reiteración de los debates de la legislatura pasada y que está
en avanzado estado de elaboración, al igual que la ley de
modernización.
Por último, la puesta en marcha de un programa de desarrollo
del mundo rural que contemple medidas de todo tipo, como las
que mencioné antes, y que tenga en cuenta, dentro de esa
prudencia a la que me refería, el entorno económico, social y
cultural del medio agrario, medidas para que los agricultores
dispongan de servicios básicos, electricidad, telefonía, vías
de comunicación, sanitarios, enseñanza, equipamiento, ocio, y
actividades
complementarias y diversificación de la economía del mundo
rural, como son la industria agroalimentaria, el turismo
rural, la artesanía, etcétera, con el compromiso de que el
Gobierno informará de este plan en un plazo no superior a un
año.
Como ustedes comprenderán no es un conjunto de medidas que en
un plazo perentorio de tres meses puedan ponerse en marcha con
un desarrollo inteligible para los afectados, para el sector y
para los ciudadanos.
Por tanto, valorando la iniciativa desde la responsabilidad,
creemos que el Grupo Popular debía hacer gala de esa
responsabilidad; reconocemos su interés por solucionar el
problema del sector, pero péguense más al terreno, olvídense
algo de la confrontación política pura y dura y pegándose al
terreno de los problemas reales de los agricultores acepten
esta enmienda y comencemos a hablar y a buscar consensos
necesarios a partir de ya mismo, de la próxima semana cuando
el señor Ministro de Agricultura comparezca y podamos sostener
debates pausados, sensatos con ofertas de futuro para los
agricultores y que de verdad consigan los objetivos que estoy
seguro todos queremos. Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Roncero.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, el señor Mardones tiene la
palabra.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señoras y
señores Diputados, el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria
comienza anunciando en esta fijación de posición que va a
votar
favorablemente esta proposición no de ley que nos presenta el
Grupo Popular.
Desearíamos, si es posible llegar a ese entendimiento y si lo
acepta el Grupo Popular, que enmiendas como la que ha
planteado Izquierda Unida, incluso el Grupo Parlamentario
Socialista, pudieran ser aceptadas.
Una vez que he dicho que vamos a apoyar la iniciativa por
razones de fondo de necesidad de la política agraria española
de un plan integral de la agricultura, quisiera que en ese
plan integral participen fundamentalmente todas las
instituciones parlamentarias o extraparlamentarias, como
propone el Grupo de Izquierda Unida, la representación de los
sindicatos o de los empresarios del sector --porque si no no
estaríamos ante un plan integral--, y, por supuesto, las
comunidades autónomas.
A Coalición Canaria lo de las comunidades autónomas le hace
recordar fundamentalmente a aquellas que tienen transferidas
competencias muy importantes, tanto en la ordenación de sus
cultivos como en las producciones y qué decir de esas otras,
como la Comunidad Autónoma Canaria, que de cara a la Comunidad
Económica Europea, dentro del marco comunitario de la
agricultura, se rigen por una serie de disposiciones
específicas. Le diría al portavoz del Grupo Popular que no
toda la agricultura española es arable, porque parece que se
da aquí la
intencionalidad de agricultura arable. Hay regiones como la
nuestra, de la que hablo, que tienen cultivos intensivos bajo
plástico o invernaderos, con cultivos tropicales o
subtropicales, fundamentalmente en el sector hortofrutícola,
que poco tendrían que ver con algunas de las cuestiones que
aquí se plantean.
Pero es más, cuando en el punto tercero, con el que nosotros
estamos plenamente conformes, se habla de aquellos incentivos
fiscales que tiene que haber para incorporar a la juventud --
estamos de acuerdo en todo--, les pediría que de ser aceptado
esto por el Grupo Socialista se tenga en cuenta también la
fiscalidad de algo a lo que nos obliga nuestro compromiso con
la Comunidad Económica, que son las organizaciones comunes de
mercado o las agrupaciones de productores. Aquí le diría al
Partido que sustenta al Gobierno que lleve a sus Ministros de
Agricultura y de Economía y Hacienda el ánimo de que sin una
política fiscal que incentive estas organizaciones comunes de
mercado, que incentive el cooperativismo agrario, que
incentive a una agrupación de empresas, no se consiguen los
fines que se persiguen, porque no se trata aquí ya de hablar
de la unidad territorial, de la estructura en áreas o
hectáreas de cultivo, sino que lo que me interesa
fundamentalmente en una agricultura intensiva, bajo plástico o
de invernadero, o cultivos de alta productividad como los
hortofrutícolas, o en el caso canario, el plátano, no es tanto
la dimensión territorial como la estructura de la empresa
familiar agraria. ¿Por qué voy a obligar a una agrupación de
hectáreas? Tengo que obligar a una organización de mercado,
que es lo que me está pidiendo la Comunidad Económica Europea
fundamentalmente. Por tanto, si esto se puede llevar a efecto,
hágase así en esa confluencia de
interlocutores.
La enmienda que presenta el Grupo Socialista --sobre la que
nosotros también nos pronunciamos aquí-- nos parece coherente
y da un marco global para considerar todas aquellas distintas
agriculturas extensivas o intensivas, arables o no, que
existen en España y que puede dar a esto que yo llamaría
concurrencia de instituciones, de entidades de sectores
comprometidos con el gran sector agrario, que es un plan
integral. Nosotros en el fondo estamos de acuerdo.
Salvando aquellas enmiendas, tanto de Izquierda Unida como
del propio Grupo Popular, respecto al punto segundo, por no
ser de aplicación este reglamento de la Comunidad Europea,
todo lo demás para nosotros es plenamente asumible, pero
queremos destacar fundamentalmente que en este plan integral
agrario hay que dejar a las comunidades autónomas jugar el
papel que las transferencias les están dando. Los debates que
estamos realizando estos días en la Cámara sobre los Estatutos
de Autonomía no tendrían sentido sin comprometer también a las
consejerías de agricultura de los distintos gobiernos
autónomos que existen.
Vuelvo a insistir en el tema de la fiscalidad para aquellas
agriculturas de la España ultramarina o periférica en las que
sus agricultores se ven sometidos a la servidumbre de los
fletes en el transporte de sus productos agrarios a los
mercados
continentales, que obliga también a un tratamiento fiscal. En
esa línea, Coalición Canaria está de acuerdo en apoyar esta
proposición no de ley, y si son asumidas las enmiendas que han
planteado los distintos grupos parlamentarios, nosotros
participamos de ellas, porque nos parecen acertadas y
consecuentes. Nosotros vamos a dar nuestro voto afirmativo en
aras de este principio de solidaridad con un plan integral
agrario y, sobre todo, a partir de fechas como la de hoy, ya
que quisiéramos saber pronto qué acuerdan nuestros Ministros
de Asuntos Exteriores, de Agricultura y de Comercio en la
reunión que desde ayer lunes se celebra en el ámbito
comunitario de cara a ese tremendo reto que tenemos con la
Ronda Uruguay y con el GATT, porque si de ahí no salen
criterios claros en la política agraria española para
integrarnos en una acción totalmente consecuente con lo que se
deriva de nuestros compromisos
comunitarios, pero también con la ineludible necesidad de
defender política de rentas, política de empleo, política de
producción de la agricultura española, estaríamos haciendo
verdaderamente una entelequia abstracta que al final ninguno
de nuestros agricultores entendería. Nada más. Muchas
gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor
Presidente. Señorías, la proposición no de ley presentada por
el Grupo Popular pretende la aprobación de un plan integral
para la agricultura a la vista de la preocupante situación en
que se encuentra el campo español, aspecto sobre el cual
queremos realizar diversas consideraciones.
En primer lugar, la situación agraria española es preocupante
y está padeciendo esta crítica situación, y sobre tal cuestión
coincidimos básicamente en el análisis de los diferentes
grupos parlamentarios.
El estado de la agricultura española ya era difícil,
señorías, cuando ingresamos en la Comunidad Económica Europea
y se pensaba que ello iba a solucionar los males del campo
español, cuando así no ha ocurrido, pero no ha ocurrido porque
la infraestructura agraria española ya era claramente inferior
a la del resto de los países comunitarios, uniéndose a ello
otro conjunto de factores como las características
geográficas, el carácter geológico de suelo, el estado de las
infraestructuras hidráulicas y la influencia de las
inclemencias climatológicas.
La Política Agraria Común no ha solucionado los males del
campo español pero estimamos que con carácter general su
aplicación no ha incidido de forma favorable en las situación
general de la agricultura española. Ahora bien, la reforma de
la Política Agraria Común nosotros la vemos positivamente en
términos generales pues la anterior política agraria suponía
un
enorme esfuerzo presupuestario para los fondos comunitarios,
además de propiciar un exagerado volumen excedentario de
productos agrarios. Se ha pasado, pues, de modelo de
intervención sobre los precios y, por lo tanto, de una apoyo
al producto a un sistema de ayudas directas a los agricultores
y, por tanto, de ayuda al productor.
Entendemos que la reforma de la PAC ha buscado un punto de
equilibrio entre los diferentes intereses agrícolas de los
Estados miembros, es decir, entre la agricultura nórdica y la
agricultura de los países del sur.
El Grupo Vasco era más partidario de la propuesta inicial del
comisario Mac Sharry, en virtud de la cual se establecían unas
ayudas complementarias, unas ayudas especiales para la
agricultura en montaña, pero, bueno, a la luz del equilibrio
político que se logró, entendemos que en un breve período de
tiempo se tendrá que plantear lo que ya algunos han venido
llamando la reforma de la PAC.
La reforma de la PAC ha llevado consigo, tal y como se apunta
en la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular,
unas medidas complementarias o de acompañamiento de carácter
medioambiental, de reforestación y de propiciar una jubilación
anticipada o un cese anticipado en el ejercicio de la
actividad agraria que implique o fomente la incorporación de
nuevas generaciones a la actividad agraria.
Nuestro grupo es optimista respecto a la aplicación de estas
medidas y creemos que el Gobierno central, en colaboración con
la Comisión Europea y las comunidades autónomas, está poniendo
en marcha estas medidas complementarias, que se están poniendo
en debidas condiciones y que van a tener el éxito que
inicialmente tenían previsto cuando se aprobó por la Comisión
de las Comunidades Europeas.
En segundo lugar, la proposición no de ley del Grupo Popular
solicita la puesta en vigor de las ayudas agrarias previstas
en el Real Reglamento 768/89. Evidentemente ésta es una
cuestión en que la Comunidad Autónoma del País Vasco ha sido
pionera en la materia, siendo la primera comunidad autónoma
del Estado junto con algún land de Alemania y con alguna
región italiana, que aprobó una PAR de ayuda directa a las
rentas agrarias. Pero, además, queríamos hacer una
consideración de orden competencial o técnico, y es que en
materia de agricultura y ganadería la competencia, de
conformidad con el reparto constitucional realizado en los
Estatutos y en la Constitución, corresponde a las Comunidades
Autónomas. Luego si las comunidades autónomas son competentes
exclusivamente en materia de agricultura, corresponderá a
éstas la realización de medidas de desarrollo legislativo y de
ejecución y no al Gobierno Central. Por tanto, la puesta en
marcha de un plan de ayuda directa a las rentas agrarias
corresponderá al ente competente por razón de la materia que
no es el Gobierno Central, sino las comunidades autónomas. No
obstante, y siguiendo con nuestra filosofía, pongo como
ejemplo, además del País Vasco, a Extremadura, Castilla y
León, Andalucía han sido comunidades que han puesto en marcha
un plan de estas características. Y como han indicado otros
portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, el
Grupo Popular comete un pequeño lapsus en el sentido de que
efectivamente el Reglamento comunitario está en este momento
caducado puesto que el plazo para la aprobación de estas
ayudas terminaba el pasado 31 de marzo de 1993.
En tercer lugar, la proposición no de ley del Grupo Popular
se refiere al régimen tributario o fiscal agrícola, respecto
de la cual realiza una serie de propuestas.
Nuestro grupo entiende que se ha producido un avance
importante en materia de fiscalidad en los últimos años, tanto
en el IRPF, como en el tratamiento del IVA reducido y en el
Impuesto sobre Actividades Económicas, donde aparece como
actividad no sujeta. Sí estimamos que todavía se puede
proteger más fiscalmente a la agricultura y estamos de acuerdo
en que se establezcan una serie de exenciones en las
transmisiones bien inter vivos o bien mortis causa de aquellas
actividades, de aquellos terrenos y de aquellas actuaciones
económicas que estén dedicadas a la agricultura. Por tanto,
nuestro grupo sería partidario de fomentar el que bien a
través de la jubilación anticipada o bien a través de
operaciones de concentración agrícola, existieran exenciones u
operaciones de no sujeción tanto en el Impuesto sobre
Transmisiones
Patrimoniales como en el Impuesto sobre Sucesiones.
Igualmente, el Grupo Popular plantea la adopción de medidas
de infraestructuras rurales, sobre las que procede indicar que
la Comunidad Autónoma del País Vasco ha sido también pionera
en el Estado al aprobar en el Parlamento Vasco, por unanimidad
de todos los grupos parlamentarios, un plan estratégico rural,
en el cual se prevén medidas tanto estructurales como de
infraestructura rural, comercialización y calidad de
productos, y sobre política forestal. En coherencia con ello,
señor portavoz del Grupo Popular, nuestro grupo parlamentario
no va a poder votar en contra de la iniciativa que ustedes han
presentado, en el sentido de que van en la misma línea y
filosofía de lo que ya en la Comunidad Autónoma del País
Vasco, y por unanimidad de los grupos parlamentarios,
aprobamos en el Parlamento vasco el año pasado. Por último,
señor Presidente, nuestro grupo está de acuerdo en que exista
una regulación legal sobre las relaciones
interprofesionales; es decir, una regulación que ordene las
relaciones entre productores, industria agroalimentaria, las
cooperativas y el sector de la distribución. Así se evitarían
situaciones como que la industria esté en crisis cuando exista
una buena venta de los productos agrícolas al fresco y no
dispongan de productos
naturales para poderlos elaborar en la industria
agroalimentaria.
Se trata de una petición de las organizaciones agrarias, ya
realizada al Gobierno por los distintos grupos parlamentarios,
y sobre la que recientemente el Ministro de Agricultura, Pesca
y Alimentación ha manifestado su intención de elaborar una ley
en esta materia.
Para terminar, señor Presidente, quiero referirme a las
enmiendas presentadas por el Grupo parlamentario Socialista y
el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. En
relación a la del Grupo Socialista, he de manifestar que en el
fondo existe una coincidencia básica y fundamental en las
medidas que se plantean tanto por uno como por otro y en lo
único que discrepan el Grupo Popular y el Grupo Socialista es
en el horizonte temporal en el que se han de realizar las
mismas. Yo les plantearía que,
efectivamente, si se trata sólo de un horizonte temporal, de
si han de ser tres u ocho meses, creo que es una discrepancia
de menor orden. Lo que importa es analizar los problemas del
campo español y, una vez analizado esto y estando de acuerdo
en el análisis y las medidas que vayamos a emprender,
dejémonos de pequeñas
discrepancias en cuanto a la forma de si ha de ser en tres o
en ocho meses, como también ha indicado el portavoz del Grupo
Socialista, manifestando que había una coincidencia de fondo.
En relación a la enmienda de Izquierda Unida, nuestro grupo
parlamentario está también de acuerdo con la misma, puesto que
entendemos, como he indicado anteriormente, que las
comunidades autónomas disponen de competencia en la materia.
Es más, son los entes públicos competentes en exclusiva, de
conformidad con el bloque de constitucionalidad,
correspondiendo únicamente al Estado la ordenación general de
la agricultura como sector económico que es, pero todo el
desarrollo legislativo y la ejecución de las medidas puntuales
y concretas a realizar en el campo español corresponde a las
comunidades autónomas.
Por todo ello, señor Presidente, nuestro grupo parlamentario,
en base a las consideraciones realizadas, va a votar
favorablemente la proposición no de ley del Grupo Popular.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Vidal.
El señor VIDAL I SARDO: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, intervengo para fijar la
posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
respecto a la proposición no de ley del Grupo Popular por la
que se insta al Gobierno a aprobar antes de tres meses un plan
integral agrario que contenga un conjunto de medidas de
política agraria. Nuestro grupo, que recién iniciada esta
legislatura, ha
reiterado algunas iniciativas, esencialmente de carácter
legislativo fiscal, referidas a transmisiones y sucesiones de
patrimonios agrarios, hubiera preferido esperar a debatir las
carencias y soluciones de la política general agraria en la
comparecencia del nuevo titular del Ministerio de Agricultura
en la próxima semana. Pero, a tenor del debate de las mociones
y enmiendas de los pasados 11 y 24 de noviembre y de las
producidas aquí en la proposición no de ley que debatimos hoy
y de sus enmiendas, se puede afirmar que en lo esencial, en
temas
agrarios, todos los grupos de la Cámara participamos de una
amplia coincidencia nada desdeñable, atendida la complejidad
de los problemas pendientes en el sector agrario. Todos
coincidimos en que hay que aprovechar al máximo las
posibilidades de
financiación de nuestra agricultura a través de las ayudas de
la Comunidad Económica Europea y aprovechar las medidas que
acompañan a la PAC, contando con el apoyo financiero de todas
las administraciones españolas; que se debe potenciar e
incentivar la incorporación de los jóvenes agricultores; que
es
imprescindible, para que nuestra agricultura sea competitiva,
modernizar las estructuras productivas y de comercialización;
que se debe reformar la fiscalidad del sector agrario para
favorecer unas explotaciones viables y bien dimensionadas; que
se deben regular las relaciones interprofesionales en el
sector
agroalimentario; que es necesario un nuevo modelo de
financiación en el sector agrario capaz de enjugar el
endeudamiento actual y facilitar los créditos agrarios a
intereses semejantes a los de los demás países europeos; que
hay que promover un programa de desarrollo integral del mundo
rural; que se debe coordinar por todas las administraciones, y
que se debe fomentar la formación, la investigación y la
divulgación tecnológica; que se debe proteger a la empresa
familiar agraria y definir la figura del profesional de la
agricultura a título principal como
beneficiario preferente de las ayudas del sector agrario.
Coincidimos, por lo tanto --pienso que todos--, en lo esencial
e incluso todas éstas y otras medidas constituían la base de
los programas electorales de los partidos políticos, en
coincidencia también con las peticiones de las organizaciones
profesionales agrarias.
Pero, señorías, pretender abordar toda esta amplia
problemática proponiendo soluciones realistas que permitan
recomponer toda la política general agraria del país y
garantizar su cumplimiento en el plazo propuesto de tres
meses, mi Grupo piensa que es materialmente imposible. Además,
señorías, tampoco nos parece adecuada la titulación de por la
de , cuando el plan integral agrario constituye un conjunto de
medidas de diferente
calificación y ubicación --que propone el Partido
Popular--, ya que unas medidas inciden en la modificación de
leyes vigentes y otras se deberán incorporar a otros o a
varios Presupuestos Generales. Por ejemplo, la refinanciación
de la deuda contraída de los agricultores, que algunos estiman
en dos billones de pesetas, debe ser objeto de un análisis
económico profundo, siendo imposible determinar su cuantía en
el período que impone el preámbulo de la proposición no de
ley.
Esta refinanciación, que mi Grupo estima necesaria, debe
quedar garantizada a los agricultores de forma que no pueda
crear nuevas frustraciones, como seguramente sucedería si se
abordara esta cuestión con precipitación o se demorara su
cumplimiento. El Grupo Catalán (Convergència i Unió) desearía
que al debatir esta primera proposición no de ley de interés
agrario de esta
legislatura las coincidencias programáticas que he citado se
pudieran plasmar en un acuerdo unánime de la Cámara, aunque
pudiera interpretarse un acuerdo de mínimos, y que fuera en
base al texto de la enmienda alternativa presentada por el
Grupo Socialista y en espera de las aportaciones y las
concreciones que haga el Ministro de Agricultura la próxima
semana. Así, pues, nuestro Grupo votará favorablemente la
enmienda de sustitución del Grupo Socialista, en caso de ser
aceptada por el Grupo Popular, cosa que deseamos
fervientemente y, a ser posible, con la incorporación de la
enmienda de Izquierda Unida.
Pienso, señorías, que en los tiempos críticos que nos toca
vivir, al desempeñar las responsabilidades políticas que nos
competen, debería ser mucho más positivo para el país y para
el sector agrario, y en última instancia incluso más rentable
electoralmente, poder afirmar que hemos concertado unos
mínimos razonables realizables, que no buscar el escaso
beneficio de esgrimir contra el adversario el rechazo a unas
proposiciones difícilmente realizables, sobre todo en el plazo
propuesto. Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vidal.
En nombre del grupo proponente, para expresar la aceptación o
rechazo de las enmiendas presentadas, tiene la palabra el
señor Ramírez.
El señor RAMIREZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quisiera agradecer el tono de las
intervenciones de todos los grupos, tanto de aquellos que han
advertido y hecho público el apoyo a nuestra proposición como
de aquellos que, a través de una enmienda de sustitución o
como acaba de realizar el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), han manifestado su oposición, por
algunas cuestiones que no entiendo. Nosotros, y lo sabe el
señor portavoz del Grupo Catalán, no hemos hecho cuestión...
El señor PRESIDENTE: Señor Ramírez, sabe S.S. que el turno es
para expresar la aceptación o rechazo de las enmiendas. Le
ruego se atenga a ello.
El señor RAMIREZ GONZALEZ: En esa cuestión estaba, señor
Presidente.
Le decía al portavoz del Grupo Catalán (Convergència i Unió)
que nosotros no hemos hecho cuestión del tema de los plazos o
la denominación de la proposición no de ley y que él es
consciente, por conversaciones de esta mañana, de que no
hacíamos de los tres meses un elemento innegociable. Ha
mantenido esa actitud; allá él con su responsabilidad.
Comunicamos que aceptamos la enmienda del Grupo de Izquierda
Unida porque entendemos que mejora nuestro texto y que había
sido una pequeña omisión el no contemplar en la elaboración y
aplicación de las medidas de acompañamiento y de todo lo que
compone el Plan Integral propuesto por nuestro Grupo la
elaboración y
coparticipación de las comunidades autónomas y de las
organizaciones profesionales agrarias.
Todos los grupos conocen nuestra enmienda, en la que hacemos
mención de que el número 2 de nuestra proposición desaparecía
porque había habido un error material a la hora de hacer
referencia a un reglamento comunitario, que ha desaparecido.
Por lo que respecta a la enmienda del Grupo Socialista, quiero
decir que nos es imposible aceptarla. Yo agradezco el tono de
la intervención de su portavoz; creo que han ganado mucho el
Partido Socialista y el Grupo Socialista con el nuevo
portavoz, pero comprenderá S.S. que su intervención y su
enmienda desvirtúan absolutamente nuestra proposición. En su
enmienda no hay
referencia a ceses anticipados fijando una edad determinada ni
hay referencia a las palabras , no aparece en su enmienda la
palabra y no hablan ustedes de refinanciación de la deuda
agraria. Así, nosotros no podemos aceptar la sustitución de la
idea que animaba nuestra proposición por la de ustedes.
A mí me gustaría que ustedes acierten, y que acierte el
Gobierno, y que acierte el Partido Socialista en el programa
que nos plantean en su enmienda y que me temo que va a ser la
filosofía de la nueva política agraria socialista. Que la ley
de modernización agraria esté aquí, en el Congreso de los
Diputados...
El señor PRESIDENTE: Señor Ramírez, éste no es un turno de
réplica ni de contestación a la intervención del portavoz del
Grupo Socialista. Su Señoría ha expresado cuál va a ser la
posición respecto de la enmienda y le ruego que concluya.
El señor RAMIREZ GONZALEZ: Termino, señor Presidente.
Por lo tanto, nosotros no podemos aceptar la enmienda del
Grupo Socialista y agradecemos las posiciones que han
manifestado otros grupos parlamentarios, de apoyo a nuestra
proposición.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramírez.
Vamos a proceder a la votación. Proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Popular, sobre puesta en vigor de un Plan
Integral Agrario, que se somete a votación en los términos
resultantes de la aceptación de la enmienda del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 308; a favor, 148; en contra, 155; abstenciones,
cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de
ley.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), POR
LA QUE SE CREA UNA PONENCIA PARA ANALIZAR LOS PLAZOS DE PAGO
ENTRE EMPRESAS EN EL SECTOR DE LA DISTRIBUCION Y LOS PROBLEMAS
QUE SE DERIVAN COMO CONSECUENCIA DE LA MOROSIDAD EN EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES COMERCIALES (Número de
expediente 162/000015)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), por la que se crea una Ponencia para
analizar los plazos de pago entre empresas en el sector de la
distribución y los problemas que se derivan como consecuencia
de la morosidad en el cumplimiento de las obligaciones
comerciales. En nombre del Grupo proponente, tiene la palabra
el señor Homs. (Rumores.) Señorías, ruego guarden silencio.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Intervengo...
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Homs. ¡Silencio,
señorías! Cuando quiera, señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Intervengo en nombre de mi Grupo Parlamentario para defender
la proposición no de ley por la que se propone la creación de
una Ponencia en el Congreso de los Diputados para analizar los
plazos de pago entre empresas del sector de la distribución y
las empresas proveedoras. Esta es, señorías, una iniciativa
que tiene su razón de ser a raíz de una anterior iniciativa
planteada por nuestro Grupo Parlamentario en la legislatura
pasada, que fue unánimemente apoyada por todos los Grupos de
esta Cámara en el mes de septiembre de 1992, que se constituyó
en el seno de la Comisión de Economía y que desde entonces
hasta que se disolvió esta Cámara fue
desarrollando todos sus trabajos para comprender y analizar la
problemática del aplazamiento de pago entre las empresas del
sector de la distribución y las empresas proveedoras, y los
trabajos de esta Ponencia quedaron interrumpidos por la
disolución de la Cámara. (El señor Vicepresidente, Beviá
Pastor, ocupa la
Presidencia.)
Nuestro grupo cree que sería oportuno, necesario y
conveniente que el resultado de toda aquella labor de análisis
y de
comprensión de esta problemática que realizó la Ponencia
referida pudiera dar lugar al propósito que tenía esta Cámara
cuando aceptó constituir dicha Ponencia, y que era que esta
Ponencia elaborara un informe descriptivo de la problemática,
comprensivo de los elementos que hoy enfrentan los intereses
de los sectores relacionados y pudiera elevar al Gobierno un
marco de soluciones para afrontar dicho problema.
Esta Ponencia no pudo aprobar ni concluir ese informe y
nuestro Grupo cree que, reanudada la legislatura, sería
oportuno y necesario que esta Cámara tomara otra vez el
compromiso de que se constituyera, en el seno de la Comisión
de Economía, dicha Ponencia, con el objeto estricto de poder
terminar los trabajos iniciados.
No tengo ni tiene mi grupo parlamentario otra intención en el
debate de esta tarde que el de considerar nuevamente la
decisión que proponemos a la Cámara de poder terminar ese
proceso ya iniciado en la anterior legislatura. No deseamos
reabrir en estos momentos el debate en torno a dicha
problemática; ha sido analizado exhaustivamente por dicha
Ponencia a lo largo de un año y creo que, si se acepta por
parte de todos los grupos
parlamentarios esta iniciativa, podría dar por concluido su
trabajo dicha Ponencia y, consiguientemente, elevarse unas
conclusiones, lo que creo que sería una aportación positiva a
la problemática que hoy nos inquieta y preocupa.
Realmente, el tema de fondo continúa estando vivo; continúa
la necesidad de que en una Cámara como la del Congreso de los
Diputados pueda una Ponencia, con objetividad, comprender y
analizar los problemas que hoy relacionan estos sectores en el
ámbito del sector de la distribución; es un problema nuevo y
así lo constatamos los ponentes de dicha Ponencia, pero al
cual no se le ha dado ninguna solución; crea unas tensiones
importantes que deberían ser objeto de alguna respuesta por
parte de los poderes públicos, incluso por parte de esta
Cámara, si ello procede.
Creemos que este instrumento puede ser muy positivo para
encauzar los problemas y las tensiones generados a raíz del
aplazamiento de pago entre las empresas de distribución y sus
proveedoras. Y creemos que el objeto que impulsó a la Cámara a
adoptar aquella decisión en septiembre del año 1992 todavía
hoy está latente y el desarrollo durante este período
justifica todavía más que esta Cámara no renuncie a concluir
sus trabajos ya iniciados.
En consecuencia, señorías, la iniciativa que planteamos y la
cuestión que proponemos deliberar por parte del Pleno de la
Cámara es, concretamente, que se adopte la decisión de que se
cree, en el seno de la Comisión de Economía, Comercio y
Hacienda, una Ponencia para analizar los plazos de pago entre
empresas del sector de la distribución y los problemas que se
derivan como consecuencia de la morosidad en el cumplimiento
de las
obligaciones comerciales. Esta Ponencia, señorías --y este es
el punto segundo de la proposición no de ley que plantemos--,
indica que, previa solicitud de las comparecencias que se
estimen oportunas --que deberían ser pocas, puesto que ya se
consumieron exhaustivamente muchas de ellas en la anterior
legislatura--, elabore una propuesta de medidas a adoptar y
emita un informe de conclusiones para que sea remitido al
Gobierno.
Este es el propósito de la iniciativa que, coherentemente con
la posición que adoptaron todos los grupos parlamentarios,
este grupo que represento intuye que debería ser ampliamente
apoyada también por todos los grupos de esta Cámara.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Homs.
No habiéndose presentado enmiendas a esta proposición no de
ley, corresponde ahora ver qué grupos desean fijar posición en
el debate.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Mur.
El señor MUR BERNARD: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, en nombre del Partido Aragonés, voy a hacer uso de
este turno de fijación de posiciones sobre esta propuesta del
Grupo Parlamentario Catalán, y empezaré diciendo que vamos a
apoyar con nuestro voto una propuesta que creo que es fruto de
la lógica y de la experiencia.
Yo fui miembro la anterior legislatura de esta Ponencia y
quizá puedo decir, porque no fui de los que más trabajé, que
hubo señores Diputados, miembros de esta Ponencia, que
hicieron un trabajo encomiable y que solamente la disolución
anticipada de las Cámaras impidió que esta Ponencia llevara a
feliz término el trabajo que se había realizado.
Era, evidentemente, una necesidad sentida que, en la medida
en la que se avanzó en los trabajos de la Ponencia, se fue
poniendo de manifiesto que se estaba trabajando en algo
importante, y lo que ahora se pretende es llegar a
conclusiones que nos permiten traer aquí (como dice también el
punto 2.º de la proposición) una serie de propuestas para
hacer las modificaciones legislativas precisas que impidan
algo que ya no es desgraciadamente un temor, sino que se está
ya materializando en algunos casos de manera pública y grave.
Son, simplemente, los efectos de la morosidad en los pagos por
parte del sector de la distribución entre tantos pequeños
fabricantes y productores como se ven afectados, primero, por
los plazos del pago y, segundo, por el riesgo que se está
corriendo. Desde que esta Ponencia finalizó, por la
disolución de las Cortes, su trabajo, algunos ejemplos
podríamos poner de la necesidad de retomarlo rápidamente y
tomar medidas. Desgraciadamente, ha sido en Aragón donde una
empresa importante de distribución ha presentado una
suspensión de pagos con un pasivo amplísimo que afecta a miles
y miles de pequeños
proveedores que van a verse gravemente dañados por las
consecuencias económicas.
Por tanto, si había una necesidad en su momento, hoy existe
la necesidad y, diría yo, la urgencia de que esta Ponencia
culmine los trabajos que ya se hicieron en la legislatura
pasada. De ahí que reitero la necesidad, reitero el voto
afirmativo e invito a SS.SS. a tomar las medidas necesarias
para que el trabajo de esta Ponencia pueda concluir y podamos
presentar aquí una serie de conclusiones que nos permitan
aquellas modificaciones
legislativas que den algo de tranquilidad a tantas y tantas
personas que en este momento tienen algo muy importante en el
aire, como es su pequeño negocio, su pequeño patrimonio, en
virtud, primero, de este sistema de pago del sector de la
distribución, que, además --¿por qué no
decirlo?--, se ha visto agravado con la crisis económica
generalizada que sufre España y que, evidentemente, va a
incidir, y de manera muy negativa, en el problema que habíamos
analizado. De ahí que reitere nuestro apoyo, y yo deseo el
mismo entusiasmo a SS.SS. para seguir trabajando en la
Ponencia que, espero, que con el voto afirmativo de todos los
Grupos se constituya a la mayor brevedad.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo de
Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, el
Grupo de Coalición Canaria, consecuente con las ideas sobre el
fondo que plantea esta proposición no de ley del Grupo Catalán
de Convergència i Unió, pretendiendo la creación de esta
Ponencia en esta nueva legislatura, va a dar su voto
favorable, en la mayor extensión, para compartir todas
aquellas ideas
que han enriquecido lo que fue la Ponencia que aprobamos el
día 15 de septiembre del año pasado, cuando también votamos
afirmativamente esta proposición y vimos en los primeros
trabajos y comparecencias de los representantes de las
instituciones más destacadas del sector de la distribución en
España, la necesidad de elevar a un rango legislativo
correspondiente lo que allí habíamos venido a detectar.
Posiblemente, de acuerdo con la segunda parte de la
proposición no de ley que hoy presenta el Grupo Catalán de
Convergència i Unió, habrá que elevar al Gobierno estas
propuestas que a lo mejor van a insertarse en su momento en
esos proyectos, en una ley de comercio, con todo este debate
al que estamos asistiendo en la actualidad por el tema de los
horarios comerciales, etcétera, porque
verdaderamente el sector de la distribución comercial en
España está demandando un marco legislativo amplio, y que no
solamente se pague. Porque da la casualidad que cuando hemos
entrado en la polémica de los horarios comerciales entre el
pequeño
comerciante, sujeto a determinados imperativos en su horario,
y las grandes superficies comerciales que abren en días
festivos y en sábados, son precisamente estas grandes
superficies
comerciales las que vienen a plantear el problema de fondo que
trae aquí el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió). Qué duda cabe que cuando aconsejábamos el año pasado
prudencia y cautela en las recomendaciones que salgan de aquí,
dado que hay muchas instituciones o entidades implicadas en
este problema, vamos a llamarle de la morosidad, del
alargamiento, indebido muchas veces, en los pagos a
proveedores, también en aquella ocasión dijimos que había una
serie de instituciones financieras, bancos o cajas, que tenían
que implicarse en el proceso, puesto que tampoco se puede
dejar fuera de una ley propia de la libertad de comercio, que
señala nuestra Constitución, de una economía libre de mercado,
que aquel proveedor cuyo demandante, la gran superficie
comercial, no le paga en los plazos que estime oportunos, no
encuentre la intermediación de bancos o de cajas, que aquí me
parece que están siendo poco solidarias, en la financiación a
ese proveedor. Habría que encontrar el documento de aval o de
garantía que permitiese ayudar a este pequeño proveedor que se
encuentra en largos plazos de pago; en largos plazos de pago
como se encuentran también los contratistas de obras públicas
frente al Ministerio. ¿O es que el Ministerio de Obras
Públicas está pagando a los contratistas a 30 o 60 días? ¿O es
que el INSALUD está pagando a los proveedores de material
hospitalario en 30 o 60 días? ¡Pero si hay proveedores que
están casi un año para poder cobrar los suministros que
realizan a los hospitales de la Seguridad Social estatal!
Vamos, por tanto, a hacer todo lo posible para que haya una
armonización de los pagos en que las empresas y las
representaciones de los proveedores tengan una equiparación o
igualdad de tratamiento. Si la Ponencia, que consideramos
necesaria, es capaz de hacer que este país sea en sus pagos
socialmente justo, sea también socialmente solidario con los
que tienen que mantener una tesorería, que es la que genera
después la posibilidad de pagar a sus empleados y
trabajadores, seremos también solidarios fundamentalmente con
los asalariados que están en estos sectores, ya que muchas
veces algunos empresarios recurren a la excusa del
alargamiento de los pagos para producir expedientes de
despidos, que creemos que a estas alturas de una política
social no pueden estar amparados por una ausencia de la
legislación. Y que sean fundamentalmente asalariados, que sean
fundamentalmente consumidores los que puedan beneficiarse,
dentro del amplio marco de las leyes comerciales, de las leyes
de pagos, de las leyes fiscales, de las leyes laborales o
sociales, de una legislación justa que salga de este
Parlamento, sin que tengamos aquí que sesgarnos a ninguno de
los autores o actores económicos, que existen en estos
momentos --oscuro mercado, oscuro sistema--, de los pagos a
proveedores.
Estas son las fundamentaciones de nuestro voto para que esta
Ponencia vuelva a trabajar, vuelva a hacer la radiografía de
este amplio sector que necesita fundamentalmente de
clarificación. Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo
Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Gazagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor
Presidente. Ya en la pasada legislatura tuvimos ocasión de
debatir una proposición no de ley de idéntico tenor planteada
por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Efectivamente, el problema derivado del aplazamiento en el
pago del precio en el sector de la distribución está
originando fuertes problemas en la industria agroalimentaria,
y, por efecto inducido, también lo genera en los productores;
en definitiva, en el sector más débil, que es el de los
agricultores.
La creación de una ponencia, tal y como plantea el Grupo
Catalán, es una propuesta a nuestro juicio acertada, puesto
que, como tuvimos ocasión de ver, en la ponencia constituida
en la anterior legislatura se pudo apreciar la interesante
información que los diferentes sectores afectados, en las
sucesivas
comparecencias que estaban teniendo lugar en la Comisión de
Economía, efectuaron ante los diferentes grupos
parlamentarios. Por ello, nos parece procedente que se
continúe con los trabajos que se iniciaron en la anterior
legislatura, con la constitución nuevamente de la ponencia
para
analizar el aplazamiento del pago en el sector de la
distribución. El excesivo aplazamiento en los pagos de los
precios de los productos está generando, como ha indicado
también el portavoz que me ha precedido en el uso de la
palabra, graves problemas financieros en los productores,
provocando situaciones de falta de liquidez o de tesorería,
juntamente con
incumplimientos
contractuales constantes, que, a su vez, lo que originan son
auténticas situaciones de crisis en cadena en el sector
económico, y todo ello deviene por unas condiciones gravosas,
unas condiciones onerosas de pago, que establecen los que
disponen de una posición dominante en el mercado. Por ello,
sin perjuicio de las propuestas que pueda realizar la ponencia
cuando termine sus trabajos, ya podemos apuntar que se ve como
necesaria una modificación de la legislación civil o mercantil
española, cuya competencia
corresponde a esta Cámara, para regular lo que es el contrato
de compraventa, bien en su modalidad civil o mercantil, en
cuanto a que en el Derecho español la propiedad se adquiere en
el momento en que se efectúa la entrega, la romana. Eso es lo
que está originando la debilidad de pequeños y medianos
empresarios, que se ven ante el sometimiento a los grandes
sectores de distribución, que tienen posiciones abusivas en el
mercado. Nuestro Grupo Parlamentario entiende, señorías, que,
con carácter alternativo, se podrían adoptar medidas desde la
Comisión de las Comunidades Europeas a través de la normativa,
bien sea
reglamentaria o bien de directiva de las Comunidades Europeas,
sobre el derecho de la competencia, evitando que se puedan
producir estas distorsiones, repito, por parte de las empresas
y de los sectores económicos que disponen de posición abusiva
o dominante en el mercado.
Por todo ello, señor Presidente, nuestro Grupo Parlamentario
va a votar favorablemente la proposición no de ley del Grupo
Popular. Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): La proposición no de
ley, señor Gatzagaetxebarría, es del Grupo Parlamentario
Catalán.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Martínez.
El señor MARTINEZ BLASCO: Señor Presidente, señorías, también
nuestro Grupo considera que se deben continuar los trabajos de
la ponencia creada en la pasada legislatura, que, como se ha
señalado, estaba ya a punto de elevar las conclusiones, puesto
que nos habíamos propuesto incluso la fecha de Semana Santa
para hacerlo. Creemos que es necesario, pero además que es
urgente, el tomar medidas. Se ha señalado alguno de los rasgos
de lo que está pasando en este país: grandes empresas de
distribución que tienen en estos momentos, de acuerdo con los
balances publicados en 1991, carteras de activos. Una de
ellas, además, la que más tarda en pagar --que tardó, en 1991,
ciento treinta y cinco días--, tiene una cartera de activos de
40.000 millones de pesetas constantemente, que son de sus
proveedores. Con esa cartera, que mueve y que tiene sus
beneficios, que no está sujeta a ningún tipo de control como
el resto de instituciones financieras, hace y deshace,
evidentemente, trasladando una serie de perjuicios, de
financiación, de riesgos y demás, a sus propios proveedores.
Eso que ocurre en nuestro país no sucede en ningún país de
Europa. Se ha señalado que la Comunidad podría tomar algún
tipo de medidas de carácter general. Los problemas que existen
en España no existen en ningún país de Europa, o bien porque
el régimen jurídico de la traslación patrimonial no es el
español derivado del francés, como ocurre en otros países de
Europa, o bien porque Francia ha tomado ya medidas
legislativas, o bien porque la existencia de grandes
superficies de distribución, como es el caso italiano, está
supeditada a la autorización de los pequeños comerciantes, que
raras, escasísimas veces, la conceden. Por tanto, el problema
tiene unos tintes especiales en nuestro país y no nos
parecería bien, como se ha señalado, que se apele a que haya
una legislación comunitaria. Señorías, el problema
fundamental es si se debe intervenir legislativamente. Nuestro
Grupo recela, en la segunda parte de la propuesta del Grupo
Catalán (Convergència i Unió), de que se eleven las
conclusiones al Gobierno. Y recela porque ya el Gobierno
opinó, en la
comparecencia en la Ponencia del Director General de Comercio
Interior, el día 31 de marzo, que, por lo menos a juicio de la
Dirección General de Comercio Interior, la fijación del plazo
debe dejarse a las partes como uno de los elementos de libre
comercio. Si el Gobierno --por lo menos el anterior-- ya
expresó su opinión diciendo que es una cuestión de libre pacto
entre las partes, nosotros no compartimos esa idea, porque las
partes no son libres en la práctica. No es libre el pequeño
agricultor o la pequeña o mediana cooperativa para pactar los
plazos de pago con la gran superficie comercial; no es libre
el resto de elementos que participan en la cadena de
producción-distribución. Nosotros creemos que debería haber
una intervención legislativa, de forma similar a la francesa,
para acotar los elementos distorsionadores del mercado que no
funciona; en ésta como en otras muchas ocasiones, no ajusta
los diferentes intereses en confrontación. No es suficiente,
como proponía la Dirección General, que sea un elemento
exclusivamente de defensa de la competencia; no es sólo ése el
problema. Es un problema,
evidentemente, de que partes desiguales entran en litigio, en
confrontación, y la legislación debe garantizar los intereses
generales. Porque cuando, señorías, una de estas grandes
superficies, una gran cadena de compras, como se ha señalado
en alguna intervención
anterior, quiebra o hace suspensión de pagos, los afectados
son, en general, los sectores más desfavorecidos de la cadena,
los pequeños productores industriales o agrícolas. Por tanto,
debe velar la Administración, debe velar el Parlamento.
Creemos, por fin, que ésta sería una de las ocasiones en las
que el Parlamento, si encuentra que no hay sensibilidad en la
Administración --como yo he recogido en la comparecencia del
día 31 de marzo del presente año, en la que el Director
General de Comercio Interior decía que el aplazamiento del
pago era una cuestión a fijar entre las partes--; si --repito-
- esta Cámara encuentra que no hay sensibilidad suficiente en
el Gobierno, como no la hubo en el anterior, esta Cámara tiene
capacidad suficiente de iniciativa legislativa como para
regular todo lo que afecta al cumplimiento de los
aplazamientos, así como todo lo que en la ponencia de la
pasada legislatura se vio.
Por consiguiente, vamos a apoyar que continúe el trabajo.
Como se ha dicho, ya es muy poco lo que queda, es cuestión de
pasar a estudiar las propuestas concretas, aunque dudamos --es
lo que la vez anterior dijo la Administración central-- de que
tenga sensibilidad suficiente para atajar este grave conflicto
que existe en nuestra sociedad.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por parte del Grupo
Popular, tiene la palabra el señor Aguirre.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el 15 de septiembre de 1992, todos lo grupos de
esta Cámara, por unanimidad, aprobamos la creación de una
ponencia para analizar los plazos de pago entre el sector de
la
distribución y las empresas proveedoras. Los trabajos de esta
ponencia --como ya se ha dicho anteriormente-- tuvieron que
ser interrumpidos por la convocatoria de elecciones generales
anticipadas, lo que ha impedido llevar a cabo la totalidad del
objetivo para el que fue creado esta ponencia.
Transcurrido un año, las razones que movieron al Grupo
Popular a votar favorablemente la creación de esta ponencia no
han variado. Si me apuran, cabría afirmar que se han
reforzado, habida cuenta de la información más detallada que
se ha recibido en esta Cámara. Persisten, por tanto, las
mismas razones y, por ende, las mismas características en las
relaciones mercantiles entre proveedores y grandes
superficies. Estas relaciones afectan, fundamentalmente, al
sector agrario y a la industria agroalimentaria, que ocupan a
500.000 trabajadores, agrupados en 65.000 empresas, que tienen
que sufrir y padecer unos
aplazamientos de pago que oscilan entre los 90 y los 150 días.
Estos aplazamientos de pago se están
convirtiendo en una práctica financiera que crea dinero por
métodos nada corrientes, que recaen como una imposición sobre
el sistema productivo de bienes de consumo y de bienes
agroalimentarios, que, como SS.SS. conocen, es un tejido
empresarial que presenta el más alto grado de fragilidad. La
demora del pago ejercida de forma reiterada, cabría pensar que
llega a adquirir un rango de moratoria impuesta por el deudor,
que es una curiosa circunstancia que pervierte el sector de
los proveedores. Pero al mismo tiempo, señorías, no es menos
cierto que esta demora en el pago puede ser el resultado de
pactos propios de un sistema de libre mercado.
Tenemos sobre la mesa un asunto delicado que ha surgido por
la aparición de nuevas fórmulas de comercialización, que en
este caso se identifican con las grandes superficies, grandes
superficies que han favorecido, sin lugar a dudas, la
competitividad y la calidad de vida de los consumidores pero
que, al mismo tiempo, presentan aspectos negativos
identificados, principalmente, con las peculiares formas de
pago y con las atípicas condiciones
comerciales que siempre afectan a la parte menos sólida, como
son los pequeños proveedores.
El Grupo Popular asistirá a esta ponencia con el fin de
encontrar medidas que corrijan las diferencias y las
disfunciones que estamos observando hoy; medidas que tienen
que tener un punto de referencia en las ya adoptadas en
Francia; medidas que nos parece prudente que tengan su marco
en la reforma de la
legislación ya existente o, por qué no decirlo, en textos
legales de nueva promulgación. En ambos casos, señorías,
tienen que ser medidas que tengan presente no incurrir en
fórmulas tutelares o intervencionistas innecesarias. Sería
bueno reiterar hoy lo que ya afirmó con acierto el señor
Fernández-Miranda, con ocasión de la anterior toma en
consideración de esta misma propuesta. Decía el señor
Fernández-Miranda que no sería realista considerar que los
problemas del pequeño y mediano productor nacen de la
existencia de las grandes superficies. Las grandes
superficies, señorías, no son responsables de la política
agraria, no lo son tampoco de la política fiscal, ni del
precio del dinero, ni del precio del suelo; ni tampoco lo son
del régimen de transmisiones. Como he puesto de manifiesto al
inicio de mi intervención, las características y las formas de
pago entre proveedores y grandes distribuidores no han
variado; sigue siendo necesario encontrar fórmulas
correctoras; y sigue siendo necesario, al entender del Grupo
Popular, trabajar conjuntamente en el seno de la ponencia. Por
estas razones, señorías, el Grupo Popular va a votar
favorablemente la presente propuesta de Convergència i Unió.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Aguirre.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Pau.
El señor PAU I PERNAU: Señor Presidente, señorías, para
defender la posición de nuestro Grupo sobre la proposición de
Convergència i Unió me bastaría repetir los argumentos
expuestos por nuestro portavoz en el debate del año pasado,
señor Padrón, y reiterarles que nuestro voto, como no podía
ser de otra manera, será positivo al coincidir con el fondo y
con la forma de la propuesta que se nos presenta.
De todas formas, la importancia creciente del problema que
tratamos nos obliga a explicar cuál es nuestra visión y
nuestra reflexión acerca del mismo, ya que el Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió pretende ampliar los
trabajos de la ponencia no solamente al estudio de los plazos
de pago entre empresas del sector de la alimentación o de la
distribución, sino también a los que se derivan como
consecuencia de la morosidad creciente en el cumplimiento de
las obligaciones comerciales, tema éste complejo donde los
haya pero que, sin duda, merece la máxima atención del
legislador y, a su vez, de quien puede y debe tomar medidas
sobre este asunto.
Este planteamiento más global del problema, que afecta a todo
tipo de industrias de nuestro país pero que se traslada cada
vez más y repercute negativamente en el sector primario de la
producción, sobre todo el agroalimentario, debería hacernos
reflexionar sobre la conveniencia de modificar también el
propio enunciado de la ponencia y, después, su propio
contenido, variando la referencia concreta entre empresas en
el sector de la distribución por entre empresas en las
transacciones
comerciales, ya que, como hemos indicado anteriormente, el
problema ya no se limita al sector de la distribución, con ser
éste muy importante, sino que se extiende ya a las relaciones
comerciales entre producción e industria, industria-
distribución, al repercutir las industrias los excesivos
aplazamientos de plazo que sufren a los agricultores y
ganaderos, que generalmente son el eslabón más débil de la
cadena. Al mismo tiempo, con esta modificación armonizaríamos
su denominación con la que utiliza la Comisión de las
Comunidades Europeas, que desde hace algunos años viene
aderezando este tema al padecerlo también, señor Martínez,
otros países de la Comunidad, si bien con matices distintos, y
que considera que esta denominación más genérica abarca más
ámbitos que el de la distribución, al constar también la
propia Comisión una degradación de la disciplina de pago en
los últimos años.
Debate que, por otra parte, creemos que no avanza al ritmo
deseado y que, de momento, se mantiene solamente como un
documento de trabajo de los servicios de la Comisión, o como
borrador de un posible libro verde a la espera de la opinión
que se ha solicitado de todos los sectores afectados.
Entendemos que este libro verde sería de gran utilidad para
armonizar las normas nacionales a la nueva realidad del
mercado único.
La creación, pues, de la ponencia debe permitirnos afrontar
con seriedad y rigor las dificultades de financiación que
afectan a nuestras empresas y estudiar con detenimiento, sin
dogmas preestablecidos, el complejo entramado de las nuevas
relaciones comerciales.
No se trata, a nuestro entender, de plantear una batalla
entre buenos y malos, sino de analizar las causas y las
consecuencias de fenómenos comerciales atípicos.
Problemas que son reales y que afectan al tejido productivo y
comercial de nuestro país que tenemos la obligación de
defender ya que detrás del mismo (y, sobre todo, de la
industria
agroalimentaria, que es la más afectada, sin olvidar otras
también muy importantes, como la perfumería, limpieza,
artículos del hogar, electrónica de consumo, deportes,
juguetería), detrás de este tejido productivo, repito, hay
algo más que una simple realidad económica, está el sostén
imprescindible de una
industria agroalimentaria.
Hay que reconocer que más del 80 por ciento de la producción
agraria es comprada por este tipo de industrias, generando el
valor añadido que conocemos; genera también una parte muy
importante del empleo de este país; tiene unas posibilidades
exportadoras que debemos potenciar y una implantación
territorial que permite un cierto reequilibrio en el
mantenimiento de la población en zonas rurales, sin olvidarnos
del pequeño y mediano comercio que sufre la presión de las
grandes superficies al no poder competir con ellas. Estas
industrias, amén de otras dificultades que no son objeto de la
ponencia que se pretende constituir si bien alguna de ellas
será tratada esta misma tarde, sufren lo que bien podríamos
denominar abuso de la posición dominante y prácticas desleales
por parte de las grandes empresas de la distribución y
centrales de compra, que tienen cuotas de mercado cada vez más
importantes. En el sector de la
alimentación, más del 36% y mucho más en otros productos, y
les imponen condiciones exageradas en sus relaciones con
ellas. Algunas se han comentado: alargamiento de los plazos,
incumplimiento de los plazos pactados, obligaciones de
descuento, , cantidades iniciales de apertura, participaciones
en publicidad sponsorización, ventas por debajo de coste,
compre tres y pague dos, etcétera. Esta situación bloquea
dinero muy importante para este tipo de industrias que
necesitan para desarrollar sus negocios debilitando su
expansión, al mismo tiempo aumentan los costes de las
industrias y no les permiten competir con otros países que
tienen el coste del dinero más barato; provoca los riesgos que
se han comentado en las relaciones comerciales, y lógicamente
se da la paradoja de que el pequeño tiene que financiar la
expansión de los grandes. Esta situación es
insostenible, hay que modificarla y de ahí nuestro
acuerdo en la formulación que plantea el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió).
Entendemos que es obligación del Gobierno --en ello está el
señor Martínez-- y también de este Grupo Parlamentario
garantizar una protección para todos que evite los abusos, que
evite las prácticas desleales, las actividades encubiertas y
que permita una relación equilibrada entre industria y
comercio.
Para finalizar, me permitirán una pequeña licencia: ojalá que
el interés y el entusiasmo manifestado en este Pleno por todos
los grupos parlamentarios se mantenga en el desarrollo de las
tareas de la ponencia, que se traduzca en una presencia
constante y activa, en un trabajo serio, riguroso y eficaz.
Más allá de las grandes declaraciones, con las que son fáciles
ponernos de acuerdo, que en ocasiones sólo se producen con el
fin de
granjearse la simpatía de algunos sectores o para merecer la
atención de los medios de comunicación, para nosotros la
ponencia debe buscar soluciones efectivas, prácticas y que
sean
aplicables. Eso solamente se consigue con un debate sereno y
reposado, con la participación y el acuerdo de todos los
grupos y los sectores afectados (fabricantes, distribución,
consumidores, productores), a los que solicitaremos de nuevo
su colaboración, así como de las administraciones públicas y
del Tribunal de Defensa de la Competencia.
Consciente de la responsabilidad que asume, nuestro Grupo
colaborará intensamente en la ponencia aportando ideas,
reflexiones y propuestas, convencidos también de la necesidad
de emitir conclusiones y de adoptar medidas que permitan
afrontar y resolver un tema difícil pero de cuya salida
depende, en gran parte, el futuro de la industria y del sector
productivo de nuestro país. Con esta disposición, totalmente
abiertos al debate con todos los grupos parlamentarios y
sectores implicados, el Grupo Socialista abordará las tareas
de la Ponencia que con nuestro voto hoy aprobamos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Pau. Finalizada la fijación de posiciones de los diferentes
grupos, vamos a pasar a la votación. (El señor Presidente
ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 308; a favor, 306; en contra, uno; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), SOBRE
CRITERIOS Y PRIORIDADES DE POLITICA GENERAL QUE SE APLICAN A
LOS FONDOS DE COHESION DE LA COMUNIDAD EUROPEA (Número de
expediente 173/000001)
El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día:
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Moción del
Grupo Catalán (Convergència i Unió), subsiguiente a
interpelación, sobre criterios y prioridades de política
general que se aplican a los fondos de cohesión de la
Comunidad Europea.
Tiene la palabra el señor Molins.
El señor MOLINS I AMAT: Gracias, señor Presidente.
Subo a la tribuna para defender la moción consecuencia de la
interpelación presentada por nuestro Grupo Parlamentario y
sustanciada en el Pleno de la semana pasada, sobre la
aplicación de los fondos de cohesión y, en este momento, del
fondo que provisionalmente sustituye a los fondos de cohesión
contemplados en el Tratado de Maastricht.
Consecuentes con el contenido de nuestra interpelación,
nuestro Grupo Parlamentario en esta interpelación fijaba su
interés, fundamentalmente, en tres aspectos. Un primer aspecto
hacía referencia al cumplimiento por parte del Gobierno de
aquello que está ya contenido en el reglamento del propio
Consejo Europeo respecto al objetivo de los fondos de cohesión
y a la
obligatoriedad que se fija en dicho reglamento de que los
Estados miembros fijen los criterios y prioridades con las que
tomarán sus decisiones respecto a los proyectos a ser
financiados por los fondos de cohesión.
Nuestro interés estaba en que el Gobierno explicitara esos
criterios, fijara esas prioridades y diera cuenta y los
discutiera con la Comisión Mixta Congreso-Senado para los
Asuntos Europeos, que figura en las Cámaras y que existe en
nuestro Parlamento. Ese es uno de nuestros objetivos y a ello
obedecen dos de los puntos de nuestra moción. En primer lugar,
el que solicita al Gobierno que fije esos criterios y esas
prioridades con las que actuará en la selección y propuesta de
proyectos de inversión.
En el punto tercero de la moción se solicita que el Gobierno
informe a la Comisión Mixta de las Cortes Generales del
contenido de dichos criterios y prioridades a través de ese
reglamento. El segundo objetivo de nuestra interpelación --
también surgió después en la intervención de diversos grupos
de la Cámara-- era el relativo a la necesidad de que la Cámara
conozca cuál es la aplicación concreta que cada año hace el
Gobierno de esos criteersos grupos de la Cámara-- era el
relativo a la necesidad de que la Cámara conozca cuál es la
aplicación concreta que cada año hace el Gobierno de esos
criterios
y de esas prioridades y, por tanto, cuáles serán los
proyectos, dado que esos fondos son de cuantía muy
importantes, y cuál será la aplicación de esos criterios del
Gobierno en la financiación de proyectos concretos. Nos ha
parecido que un mecanismo
razonable, ya que el proyecto de ley de Presupuestos Generales
del Estado lo aprueba, año tras año, esta Cámara, y que, por
tanto, podrá ser aprobado por esta Cámara, que contenga esos
proyectos. Es un mecanismo que respeta la soberanía de esta
Cámara y nos parece posible en la actuación del propio
Gobierno. Esta era nuestra segunda preocupación.
Existía una tercera preocupación, que probablemente se fijó
más en el debate con el propio Gobierno, mediante la que
nuestro Grupo Parlamentario proponía que los fondos de
cohesión pudieran dedicarse a la financiación de proyectos
que, como fija el reglamento, sean de infraestructuras o de
medio ambiente de interés general. En el caso de las
infraestructuras de
transporte, lo fija muy concretamente el reglamento en el
sentido de que deben ser en red transeuropea. Teniendo en
cuenta que en el reparto de competencias que existe en el
Estado determinadas comunidades autónomas, particularmente las
fronterizas, tienen bajo sus competencias red contenida en la
red transeuropea de transportes, que pudiera ser posible que
determinados proyectos competencia de esas comunidades
autónomas fueran financiados con los fondos de cohesión. Este
es el objetivo que persigue el punto segundo de nuestra
moción, que dice que debe incluirse en el citado reglamento la
forma de participación de las comunidades autónomas para la
financiación de los proyectos elaborados en el marco de sus
competencias y que sean de interés general, de acuerdo con los
artículos 1.º y 2.º del Reglamento del Consejo Europeo.
Por tanto, señor Presidente, es una moción que trae causa,
como debe ser, de la interpelación, pero además muy de acuerdo
con el contenido de la discusión que a raíz de la
sustanciación de la interpelación se suscitó en esta Cámara, y
que ha tenido en cuenta no sólo los criterios expuestos por el
Gobierno, sino también --al menos eso hemos intentado-- los
que expusieron los diversos grupos parlamentarios.
Entendemos que el contenido de la moción obedece al interés
de todos los grupos de la Cámara expresado el miércoles
pasado, y es por ello que pensamos que puede recoger el voto
favorable de todos los grupos parlamentarios, que solicito en
este acto. Avanzo, señor Presidente, sin perjuicio de, en su
momento, aceptarlas concretamente, que nuestro criterio en la
aceptación de las enmiendas presentadas por los distintos
grupos será que no desvirtúen estos tres objetivos que se
plantea nuestro Grupo al presentar esta moción, que son, como
he dicho, en primer lugar, la información a las Cortes
Generales, a través de la Comisión Mixta, de los criterios y
prioridades que adoptará el Gobierno para la toma de
decisiones respecto a los proyectos a financiar. En segundo
lugar, que venga a esta Cámara cuáles serán cada año los
proyectos que serán cofinanciados por el fondo de cohesión, y,
en tercer lugar, la posibilidad de que las
comunidades autónomas con competencias en proyectos de interés
general, de acuerdo con el reglamento de los fondos de
cohesión, puedan presentar también proyectos para ser
financiados por dichos fondos de cohesión. Ese será el
criterio que adoptaremos para la aceptación o no de las
enmiendas presentadas por los distintos grupos.
Gracias, señor Presidente. Gracias, señoras y señores
Diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Molins.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
para la defensa de la enmienda presentada y la fijación de la
posición del Grupo, tiene la palabra el señor Espasa.
El señor ESPASA OLIVER: Gracias, señor Presidente.
Nuestra única enmienda a esta moción está formulada al punto
3 y es de modificación y adición en la línea de lo que
planteaba el ponente del Grupo de Convergència i Unió. Lo que
hacemos con nuestra enmienda, que nos gustaría que fuese
aceptada por el Grupo proponente de la moción, es reforzar aún
más lo que fue el centro del debate la semana pasada, es
decir, la necesaria obligación de que el Gobierno dé cuenta a
estas Cámaras, en la Comisión Mixta para las relaciones con
las Comunidades Europeas, de los
contenidos, de los objetivos y de las prioridades de la
aplicación del fondo de cohesión. En el resto de la moción
estamos de acuerdo y, por tanto, anuncio que la votaremos
favorablemente, pero creemos que si se aceptase nuestra
enmienda al punto 3.º se mejoraría lo que nos pareció entender
que era el espíritu de la interpelación, en todo caso --lo
anuncié la semana pasada--, sí era la posición política que
mantenemos como grupo parlamentario en esta cuestión. No
estamos en absoluto cerrados, antes al contrario, a la
participación de las comunidades autónomas en la ejecución de
proyectos dependientes de los fondos de cohesión, siempre que
sean, claro está, de interés general, esto es obvio. Estamos a
favor también de que las comunidades autónomas tengan una
mayor presencia y protagonismo en el desarrollo y en la
elaboración de los planes de desarrollo regional, lo que atañe
a los fondos estructurales, y creemos que todo esto lo vamos a
materializar, como dije, en una iniciativa legislativa que
recoja estas dos preocupaciones: participación de las
comunidades en el PDR (Plan de Desarrollo Regional);
participación de las Cortes Generales en la discusión de
criterios y objetivos de los fondos de cohesión.
Nuestra enmienda propone que el Gobierno informe en la
Comisión Mixta del contenido y orientación del
reglamento que propone la moción para la aplicación de los
fondos de cohesión, pero, sobre todo, lo que propone en su
segundo inciso es que se produzca un debate en la Comisión y,
por tanto, una aprobación mayoritaria por parte de ésta de las
propuestas que pudiera haber hecho el Gobierno o de las
correcciones que la propia Comisión estimase conveniente
introducir.
En definitiva, queremos dinamizar el protagonismo del
Parlamento, de la Comisión Mixta para las Comunidades
Europeas, en la discusión de objetivos tan importantes como
los que se desprenden del trascendente fondo de cohesión del
que España dispondrá a partir del próximo ejercicio
presupuestario. Creemos que la enmienda refuerza esta posición
y nos gustará oír al ponente, señor Molins, sobre su posible
aceptación en función de otras enmiendas que parece ser que
pueden dar satisfacción al Grupo proponente, pero que, en
nuestra opinión, van a diluir la capacidad de intervención y
de participación de estas Cámaras. Veremos, en todo caso, cuál
es el resultado final de la propuesta sometida a votación,
aunque ya señalo que nosotros estamos de acuerdo con el
principio general de la moción y, por tanto, de no quedar ésta
muy desfigurada o modificada, la votaremos a favor.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Espasa.
Por el Grupo Socialista, para defender las enmiendas
presentadas y fijar su posición, tiene la palabra el señor
Caldera.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Señor Presidente, señoras y
señores Diputados, señor Molins, hemos escuchado atentamente
desde el Grupo Parlamentario Socialista la defensa de su
moción y me place hacerle las siguientes indicaciones.
Como usted sabe, cuando uno se enfrenta a cualquier realidad
o fenómeno, lo más conveniente (al menos eso pienso yo y estoy
convencido de que usted estará conmigo en esta línea de
pensamientos) es preguntarse por su naturaleza. ¿Qué es, por
tanto, el fondo de cohesión? ¿De qué estamos discutiendo?
Avanzo ya que tiene muy poco que ver, y usted lo sabe
perfectamente, con hipotéticas faltas de transparencia, con
fantasmales opacidades, con situaciones de no sé qué falta de
clarificación, como pudimos oír en el debate de la
interpelación que da origen a esta moción presentada hoy.
Para nosotros, el fondo de cohesión, en términos muy
sencillos, no es sino un instrumento más para fomentar el
progreso económico y social, y, desde luego, a través de un
concepto como es el de la cohesión económica y social;
cohesión económica y social que en términos jurídicos queda no
sólo establecida, sino refrendada en el Tratado de la Unión
Europea en los artículos 2 y 3, por los cuales tanto luchamos
no sólo el Gobierno español, sino también todos los grupos
parlamentarios que toman asiento en esta Cámara. Además, con
una implicación evidente que me gustaría poner de manifiesto.
La regulación ulterior de la constitución del fondo se hace en
diversos artículos del Tratado de la Unión Europea, 130, 129,
130 R), pero a mí me gustaría indicarles que lo más
importante, en nuestra opinión, señorías, son los efectos
jurídicos del
reconocimiento de la cohesión. Quizá en la discusión que hasta
ahora se ha tenido de esta materia no le hemos dedicado la
suficiente atención, porqué ¿qué significa esto en opinión del
Grupo Parlamentario Socialista? Dos cosas, señorías. De una
parte, que, el reconocimiento y plasmación jurídica de un
principio como el de la cohesión en un Tratado como el de la
Unión Europea obliga a la Comunidad, al ente comunitario,
primero, a fomentar esa cohesión económica y social. Con el
procedimiento establecido, con los instrumentos de que hoy
dispone la vida comunitaria, esto significa que podríamos
incluso anular o discutir los actos y resoluciones de carácter
comunitario que contravinieren o vulneraren ese espíritu de la
cohesión económica y social. Esto para nosotros es algo
absolutamente esencial.
Por otra parte, los Estados miembros del otro lado de la
situación han de conducir sus políticas de conformidad con ese
espíritu de la cohesión, tal y como establece el artículo 130
B) del Tratado. Esto es meritorio, tiene algunas raíces y ha
ocurrido así por los trabajos de determinadas instituciones,
no hay por qué negarlo. ¿Por qué vamos a negarnos a efectuar
aquí públicamente el reconocimiento de la labor de esas
instituciones (la primera de las cuales es el Gobierno
español) en las
conferencias
intergubernamentales para la unión política y la unión
económica y monetaria, y también, naturalmente a poner en
lugar prioritario y privilegiado a este Parlamento, que en la
anterior legislatura supo llegar a acuerdos prácticamente
unánimes en defensa de estas posiciones? Hay que reconocer
aquello que se ha hecho bien, y hay que estimar que un fondo
como el de cohesión es importantísimo porque se inscribe como
una más de las múltiples políticas correctoras de las
desigualdades, pero, eso sí, con carácter estatal, y ésta es
la segunda parte de la intervención que quiero abordar.
Dicho esto, yo no quiero pronunciar palabras que supongan
situaciones de cólera, señor Molins --aunque me temo que en
intervenciones ulteriores escucharemos algún exabrupto-- pero
tengo que decirle que antes me preguntaba por la naturaleza
del fondo de cohesión, y el concepto, como usted bien sabe, no
es sino la representación universal y abstracta de una cosa;
que los juicios, además, se construyen con conceptos y que el
raciocinio no es sino un conjunto de juicios. Cuando se topa
con los conceptos, señorías, se anda escaso de juicio, y
naturalmente, por derivación, disminuido, al menos en parte,
de raciocinio. Como yo sé que ésa no es su posición, le voy a
ofrecer la colaboración intensa del
Grupo Parlamentario Socialista en la discusión de lo que
verdaderamente nos interesa, que es la regulación o traslación
a nuestro ámbito nacional del fondo de cohesión. Es decir,
este fondo, como usted sabe, tiene carácter nacional. Incluso
la escasa doctrina que ha tenido oportunidad de pronunciarse
sobre la configuración y naturaleza del fondo de cohesión y
del Tratado de la Unión Europea así lo indica. Le hago una
cita textual: Sin embargo --dicen varios autores--, son los
propios Estados miembros los que están legitimados activamente
para acceder a la ayuda comunitaria, de modo tal que no sería
Andalucía, por ejemplo, la que pidiera la asistencia, sino
España en su favor. Es un criterio orientativo de parte de la
doctrina. (Cisnal de Ugarte, Moreiro González y otros en una
publicación colectiva). Esto significa que llevado a sus
últimas consecuencias como instrumento de cohesión, corrector
de las desigualdades,
probablemente tendríamos que articular algún sistema de umbral
de rentas para la participación si equiparásemos este
instrumento de corrección de desigualdades al resto de los
establecidos con este carácter en la vida comunitaria. No es
así, y al no ser así se nos permite --de ahí que sea evidente
la necesidad de mantener la naturaleza estatal del fondo--
establecer desde el interés interno la distribución del mismo.
Usted sabe que, a pesar de las dificultades económicas, la
consagración del fondo sigue un venturoso camino. Ya en la
primera lectura del Consejo se establece, para el ejercicio de
1994, en créditos de compromiso 1.853 millones de ecus y en
créditos de pago 1.679 millones, es decir, en el entorno de lo
acordado, como no podía ser menos, en el conocido paquete
financiero Delors II. Por consiguiente, el problema no está
tanto en la filosofía en que hemos de movernos al establecer
el fondo. El problema está en quienes no quieren discutir el
fondo de cohesión; el problema está en quienes siguen otra
filosofía distinta, aquélla de cuanto peor, mejor, y el
problema está, señorías, en que se nos quieren trasladar aquí
a veces
dificultades que no debemos asumir. Este conjunto de razones
nos lleva al Grupo Parlamentario Socialista a indicarle, señor
Molins, que estamos de acuerdo en que las comunidades
autónomas tienen que participar en la definición, en la
ejecución de los proyectos que en su momento sean
cofinanciados por el fondo de cohesión. Entendemos que éste
es, sin embargo, un instrumento financiero provisional y, por
tanto, las enmiendas que hemos sometido y sometemos a su
consideración eliminan el hecho normativo de un reglamento al
menos de modo temporal; es decir, hasta que éste no exista en
el ámbito comunitario, que será a mediados del año 1994, no
nos parece oportuno regular con carácter de reglamento la
norma interna que aborde estas materias, sin embargo, se
seguirán una serie de criterios y prioridades en los cuales
naturalmente se ha de dar participación a las comunidades
autónomas.
La segunda de nuestras enmiendas quiere que esa participación
se articule en torno a proyectos elaborados en el marco
también de las competencias de las comunidades autónomas, eso
sí, que abarquen al interés general, que sean compatibles con
la
naturaleza del fondo de cohesión. Y la tercera enmienda dice
que hay que admitir la información continuada y permanente a
la Comisión Mixta para las Comunidades Europeas sobre los
criterios y prioridades establecidos para la aplicación del
fondo de cohesión, así como en el punto cuarto el hecho de que
en los Presupuestos deban aparecer anualmente los proyectos
susceptibles de ser cofinanciados o presentados a este fondo.
Eso ya se hace así. Desgraciadamente, se presentan más
proyectos para ser cofinanciados por la Comunidad, al amparo
de la cohesión
económica y social, que fondos existen para hacerlo, pero en
todo caso nos parece evidente que esto podría ser así.
Respecto a la enmienda --y así ya fijo posición-- de
Izquierda Unida, señorías, debería decirles que, a nuestro
juicio, no es precisa esa determinación y clarificación,
porque estamos diciendo que anualmente se reflejarán en los
Presupuestos Generales del Estado el conjunto de proyectos
susceptibles, ya que no debemos olvidar que la voluntad no es
unilateral. A pesar de que la conformemos aquí de forma
cooperativa, esa voluntad tiene que articularse después en el
ámbito de la Comunidad, y no será la nuestra la que prevalezca
siempre, sino que habrá que establecerla en términos de
acuerdo con los pertinentes órganos comunitarios. Por tanto -
-repito--, tendremos claramente establecido cada año, en los
Presupuestos Generales del Estado, el conjunto de proyectos,
también de competencia de comunidades autónomas, que serán
presentados a cofinanciación, y por eso no es preciso
establecer esta enmienda concreta que plantea
Izquierda Unida.
Quiero acabar, señorías, diciéndoles que para nosotros esta
discusión es muy importante, que queremos llegar a que haya un
momento de entendimiento con el máximo número posible de
grupos que toman asiento en esta Cámara y que hay discursos
que sólo buscan --repito-- introducir confusiones que nos
parecen
rechazables. En todo caso, tengo que decirles, en lenguaje
cervantino, que una golondrina sola no hace verano, y mientras
la golondrina vuele sola desde luego el verano no llegará.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Caldera.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Señor Presidente, señorías,
Esquerra Republicana de Cataluña quiere dejar fijada su
posición a favor de la moción presentada por el Grupo
Parlamentario Catalán, primero por la importancia y la cuantía
que tienen los fondos de cohesión y las enormes posibilidades
que puede generar su buena
administración. Segundo, por la preocupación que percibimos en
Cataluña ante una previsible discriminación de nuestro país en
el reparto. En este sentido, tanto la división que se ha hecho
de los fondos estructurales de la CEE como la transitoria de
los propios fondos de cohesión, que ha discriminado a
Cataluña, nos obliga a la preocupación y nos obliga también a
reaccionar antes de consolidar esta posible discriminación.
Tercero, porque creemos necesario y coherente con el espíritu
autonómico que las comunidades autónomas puedan presentar
proyectos propios
susceptibles de ser financiados. Cuarto, porque la situación
de crisis aguda de muchos sectores de la economía catalana se
vería claramente beneficiada si llegaran partidas
significativas de estos fondos de cohesión. Asimismo, la
posibilidad de plantear proyectos propios incentivaría y
mejoraría la competitividad. Finalmente, esperamos que la
aceptación de esta moción, así como de otras paralelas que
puedan plantearse en el futuro, consigan cambiar el espíritu
que hasta ahora ha alimentado el reparto de los fondos
económicos de la CEE y que inequívocamente siempre ha
discriminado a Cataluña, como si en Cataluña no hubiera una
crisis profunda y no fueran necesarias las ayudas.
Por todo ello, Esquerra Republicana votará a favor y, si el
proponente acepta, también votaríamos a favor de la enmienda
de Iniciativa por Cataluña-Izquierda Unida, aunque no la vemos
en principio necesaria, así como también de las que ha
presentado el Grupo Socialista, a pesar, déjemelo decir, de
disgustarme enormemente las maneras y el tono utilizado por el
Diputado socialista que las ha defendido.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rahola.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mauricio.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor Presidente, el Grupo de
Coalición Canaria intervino en el Pleno en que se debatió la
interpelación presentada por el Grupo Catalán defendiendo la
oportunidad y la coherencia de la propuesta que exponían. Nos
tememos que con la moción que se vaya a corregir hoy se está
cambiando el espíritu y los criterios que nos parecían igual
de importantes que al Grupo Socialista; pero, en definitiva,
hay un cambio sustancial de la filosofía de la interpelación y
de la moción original con las enmiendas presentadas.
El Grupo de Coalición Canaria quiere dejar muy claro lo
siguiente. Primero, que el sistema del control de las
decisiones de los fondos de cohesión a través de un reglamento
de la Comisión Mixta y del presupuesto eran los instrumentos
claves, como se ha explicado muy bien en la moción defendida
por el Grupo Catalán.
El Grupo de Coalición Canaria habría estado totalmente de
acuerdo con la moción presentada por el Grupo Catalán, e
incluso con la enmienda que ha presentado Izquierda Unida.
Creo que era perfecta para conseguir que los fondos de
cohesión no se
conviertan en un instrumento puramente del Gobierno, y
peligrosamente, en una época de déficit público, en
sustitución de las inversiones normales del Estado. Y también
para que tuvieran todas las comunidades autónomas, al estar
concebida España como el conjunto de las comunidades autónomas
dentro del pacto territorial del Estado, la participación que
deberían tener, tanto en los fondos de cohesión como en los
fondos estructurales.
Por ello, si la propuesta que presenta el Grupo Catalán se
mantiene con la moción presentada y con la enmienda de
Izquierda Unida, nosotros la votaríamos a favor. Si hay una
modificación en la línea presentada por el Grupo Socialista,
nos abstendríamos y seguiríamos pidiendo al Grupo Catalán que
cuando haga un avance no retroceda; que mida las posibilidades
que pueda tener el avance, pero que no retroceda, repito,
porque un retroceso en temas tan fundamentales como éste creo
que no ayuda a la solución de progreso económico, social y
autonómico que necesita este país.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mauricio.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Señor Presidente, señorías, desde
nuestro Grupo Parlamentario, antes de fijar nuestra posición,
quisiéramos hacer una serie de precisiones y consideraciones.
Entendemos que debe quedar suficientemente clara y concisa la
participación de las comunidades autónomas en los fondos de
cohesión. Ahora bien, dicha participación tiene que ir
forzosamente ligada al desempeño de las competencias que cada
administración autónoma realiza, ya que son éstas, las
competencias, las que dan lugar a los proyectos de inversión
concretos.
El Estatuto de Autonomía del País Vasco confiere a éste
competencia exclusiva en materias tales como carreteras y
caminos, montes, aprovechamientos hidráulicos y ferrocarriles.
Asimismo, es competencia de la Comunidad Autónoma del País
Vasco el desarrollo legislativo y la ejecución, dentro de su
territorio, de la legislación básica del Estado en materia de
medio ambiente y ecología. En el caso de infraestructuras de
transporte por carretera de interés común, Euskadi es una
Comunidad Autónoma que posee competencia plena
en esta materia, no existiendo parangón alguno en el mapa
autonómico español. A modo ilustrativo indicaré que en el
trazado, diseño y ejecución de la Nacional I, por ejemplo, lo
que se efectúa por las instituciones públicas vascas es
materia independiente del tipo de carretera de que se trate;
la
intervención del Estado en Euskadi no se produce, ya que no es
competente para ello. Quiero indicar que las comunidades
autónomas deben participar en los fondos de cohesión, lo que
dicho de forma general puede parecer correcto, pero si con
dicha afirmación lo que se pretende de nuevo es conseguir café
con leche para todos, como en ocasiones anteriores, no podemos
estar de acuerdo.
El reglamento del instrumento financiero de cohesión explica
claramente qué tipos de proyectos son los subvencionables, y
estos proyectos son, por una parte, en el sector del medio
ambiente los que contribuyen a la consecución de los objetivos
del artículo 130 del Reglamento del Tratado, es decir:
conservación, protección y mejora de la calidad del medio
ambiente; proyectos de
infraestructura de transporte de interés común, que fomenten
la interconexión y la interpolaridad de las redes nacionales y
el acceso a las mismas. Quizá varias comunidades autónomas
puedan presentar proyectos de medio ambiente, principalmente
por reforestación, pero únicamente el País Vasco puede
presentar proyectos de infraestructura del transporte por
carretera que cumplan todos los requisitos del reglamento. Por
ello, desde el Grupo Vasco entendemos que, si bien las
comunidades autónomas deben participar en el fondo de
cohesión, esta participación debe ser consecuencia directa del
ejercicio de sus competencias. Siendo necesario conocer los
criterios y prioridades que la Administración central está
utilizando en la elección de
proyectos, habría que dar un paso adicional con el fin de que
se incluyan en el instrumento financiero de cohesión proyectos
que, encajando plenamente en el reglamento que regula dicho
instrumento, sean realizados por las comunidades autónomas.
Además de que sean proyectos que encajen en la normativa
comunitaria existente, habría que considerar otro tipo de
factores, como es la inversión que viene realizando el Estado
en los últimos años en las diferentes comunidades autónomas.
Así, por ejemplo, la inversión que el Estado lleva a efecto en
Euskadi no alcanza ni tan siquiera el dos por ciento del
total. Existen una serie de proyectos, como son el aeropuerto
de Sondica, la «Y» vasca y el puerto de Bilbao,
competencialmente dependientes del Gobierno central que, a
pesar de los comprisos adquiridos, nunca han sido emprendidos.
Por ello, entendemos que dado el
instrumento financiero de cohesión, que financia entre un 80 y
un 85 por ciento de estos proyectos, éste es el momento idóneo
para empezar a cumplir lo prometido.
De todas formas, y al margen de estas posiciones y
consideradciones, estimacions adecuada la moción tal como ha
quedado establecida, por lo que damos nuestro apoyo a la
misma.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Tocino.
La señora TOCINO BISCAROLASAGA: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, al conocer la moción,
consecuencia de interpelación, que ha presentado el Grupo
Catalán
(Convergència i Unió), mi Grupo decidió apoyarla, puesto que,
aunque a lo mejor se podría haber concretado algo más en lo
que nosotros entendíamos que debía ser el seguimiento «a
priori» y «a posteriori» de esos criterios y prioridades de
política general que se aplican a los fondos de cohesión,
entendíamos que éstos podían quedar
establecidos a través de ese reglamento. Por tanto, si
efectivamente el Grupo Catalán va a mantener su moción tal y
como está redactada, nosotros podemos, sin lugar a dudas,
aceptarla. Sin embargo, habiendo escuchado al representante
del Grupo Socialista y teniendo conocimiento de las enmiendas
que ha presentado su Grupo, sí queríamos establecer algunas
matizaciones no sólo a la intervención, sino, sobre todo, a lo
que llegaría a hacer cambiar el sentido de nuestro voto.
Porque, señorías, por algo son realmente tan importantes los
procedimientos de
inversión lingüística; cuando se conoce realmente un idioma,
tan rico como es el castellano, con sólo modificar algunos
términos se puede cambiar por completo el sentido de una
moción, y eso es lo que a nuestro entender pasaría si se
llegaran a aceptar las enmiendas que presenta el Grupo
Socialista.
¿Por qué decimos esto? Porque se dice que no ha lugar a
establecer un reglamento. Las razones de por qué no se acepta
un reglamento en este momento por el Grupo Socialista son tan
pobres como lo es toda la hojarasca doctrinaria del señor
Caldera, sin lugar a dudas de muchísimo interés, máxime si
hubiera estado el señor Solbes, que el otro día nos quiso
cambiar por completo el concepto de la cohesión. El nos
hubiera agradecido muchísimo esas incursiones para no hablar
de lo que nos trae aquí hoy, de las verdaderas enmiendas que
han presentado al decirnos cuál es la doctrina, la naturaleza
jurídica del fondo de cohesión, y quisiera advertirle, señor
Caldera --usted lo sabe muy bien--, que estamos hablando nada
más y nada menos que de un instrumento financiero temporal, lo
cual significa que no hay que aludir al Tratado de Maastricht,
sino que la naturaleza jurídica está en el Tratado de Roma,
como usted bien sabe. Por tanto, no hace falta hacer esos
circunloquios, sino que es mucho mejor llamar a las cosas por
su nombre, y desde luego las enmiendas
que ustedes presentan son, como muy bien dicen, enmiendas de
sustitución y enmiendas de supresión, y sustituyen por
completo la intención de esta moción que presenta el Grupo de
Convergència i Unió. Porque, por ejemplo, si lo que se está
pidiendo es un reglamento, ustedes dicen que no ha lugar
porque estamos ahora mismo en una situación de temporalidad.
Señor Caldera, ustedes son tan pro-europeístas, si los
europeos oyeran esta
argumentación, desde luego se quedarían maravillados, porque
lo que no se puede es desprestigiar en este momento un
instrumento financiero temporal, de cohesión, que está dando
pleno vigor al fondo de cohesión --que no sabemos cuando
entrará el fondo de cohesión-- cuando usted dice que no
podemos establecer un reglamento porque estamos en una
situación de temporalidad. Esto no es entender el sentido
europeo en el que nos estamos moviendo. Por otra parte,
cuando se habla de la participación para la financiación,
ustedes tienen la habilidad no sólo de suprimir el reglamento,
sino que hablan ya de la participación en la
selección y propuesta. Esta mañana oíamos con qué matización
se habla de la decision shaping o de la decision making, y
ustedes quieren que nos conformemos con que ya nos van a traer
en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado --
ahí hacen una enmienda de adición-- los proyectos cuya
financiación correrá parcialmente a cargo de dichos fondos.
Saben ustedes, señorías, que en ese momento ya sería tarde,
porque cuando ya estén ahí asumidos los proyectos en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado, desde luego en esa Ley de
Presupuestos Generales del Estado nadie nos aclararía los
criterios ni las prioridades que desde luego mi Grupo ha
entendido siempre que eran el motivo de esta interpelación.
Por tanto, señoras y señores Diputados, señor Presidente,
nosotros no queremos asistir a la ceremonia de la confusión.
Estamos totalmente de acuerdo en aceptar la moción, y ya ven
que la intención de nuestro Grupo ha sido no presentar
siquiera una enmienda. Aceptamos de la a a la zeta la moción
que presenta el Grupo de Convergència y, de ser así,
mantendremos nuestro voto favorable. Por el contrario, si se
llega a la sustitución y a la supresión de lo que es esta
moción original para aceptar lo que algunos estamos diciendo
que es más de lo mismo y que sustituye todo esto por lo que es
el cambio sobre el cambio --y sabemos que algún otro Grupo
está dispuesto a aceptar esa situación--, nuestro voto
entonces no podría ser el mismo.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Tocino.
Por el Grupo proponente, para expresar la aceptación o
rechazo de las enmiendas defendidas, tiene la palabra el señor
Molins.
El señor MOLINS I AMAT: Gracias, señor Presidente. Voy a
contestar desde el mismo escaño. Quiero agradecer al Grupo
Parlamentario Socialista las enmiendas que ha presentado y
anunciar nuestra aceptación de las mismas porque, en nuestro
criterio, en absoluto cambia el contenido de nuestra moción, y
voy a intentar explicar por qué, aunque sé, señor Presidente,
que de poco va a servir en cuanto el voto de SS.SS.
El señor PRESIDENTE: Creía, señor Molins, que iba a decir que
no es pertinente hacer la explicación. Sabe que el turno es
para expresar la aceptación o rechazo y no para explicación de
las razones. Le ruego que lo haga con la máxima concisión.
El señor MOLINS I AMAT: Seré muy rápido, señor Presidente.
Quiero decir simplemente que uno de los objetivos
fundamentales de la moción, que era que figurara en los
Presupuestos Generales, va a seguir cumpliéndose, ese punto en
absoluto queda cambiado. El punto que recoge la posibilidad de
que las comunidades autónomas, en uso de sus competencias,
presenten proyectos para ser
financiados tampoco va a ser modificado. En lo que sí va a
serlo es en la redacción de un reglamento; un reglamento no
deja de ser una acción unilateral del Gobierno, que será el
mismo que fijará esos criterios y los vendrá a exponer a la
Comisión mixta, que es lo que nosotros solicitábamos en
nuestra moción. Es decir, que por entender que en nada cambia
el contenido de nuestra moción, aceptamos esas enmiendas.
No podemos hacer lo mismo con la enmienda presentada por el
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya por cuanto
sería contradictoria con la enmienda que acabamos de aceptar,
del Grupo Parlamentario Socialista, esperando y confiando en
que ello no cambie el sentido del voto del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Molins.
Vamos a proceder a la votación.
Moción del Grupo Catalán (Convergència i Unió) que se somete
a votación en los términos resultantes de la aceptación de las
enmiendas del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 313; a favor, 183; en contra, 14; abstenciones, 116.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA,
SOBRE LA POLITICA ECONOMICO-FINANCIERA Y SOCIAL DEL GOBIERNO
RESPECTO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA PARA SU DEFENSA Y
FOMENTO (Número de expediente 173/000002)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya sobre la política
económico-financiera y social del Gobierno respecto de la
pequeña y mediana empresa para su defensa y fomento.
En nombre del Grupo proponente, tiene la palabra el señor
Frutos.
El señor FRUTO GRAS: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, en lo fundamental basamos nuestra moción en tres
realidades, urgentes, en marcha o en debate. (El señor
Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
Una está basada en nuestro programa, en las iniciativas que
hay en el mismo para intentar hacer frente a la situación de
crisis, de recesión, a la situación de la pequeña empresa, a
la
potenciación de todos los instrumentos que permiten hacer una
política económica y social diferente a la actual, con la cual
obviamente no estamos de acuerdo. La segunda está basada en
las propuestas sindicales, las propuestas unitarias que hacen
UGT y Comisiones Obreras a la mesa de la negociación, es
decir, cuando se refieren a potenciar las sociedades de
capital-riesgo y de garantía recíproca, el acceso a vías de
información para las empresas, para facilitar la adaptación
tecnológica, así como para conocer las actuales tendencias en
los mercados, incentivando así las iniciativas de futuro;
potenciar los procesos de fusión y concentración
empresarial para competir con garantías en el mercado
internacional; potenciar proyectos de cooperación empresarial
que les permita crear redes propias de distribución, etcétera,
y programas de gasto público que discriminen a favor de las
pymes que creen empleo y que acompañen a la mejor situación de
devaluación de la peseta. Y, como tercera pata de apoyo de una
realidad que está en plena ebullición, están las iniciativas y
propuestas de la mesa de comercio; las iniciativas en relación
a la necesidad de una ley de comercio, a la necesidad de la
derogación del llamado decreto Boyer, etcétera, y una serie de
propuestas que están contenidas ya en proyectos de ley
presentados a esta Cámara por más de un Grupo y, en concreto,
por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Nuestra
actuación siempre en estos debates, y en otros de carácter más
general, tiene un sentido central: la creación de empleo, es
decir, la creación de riqueza socialmente útil y con
regulaciones sociales y ecológicas, regulaciones precisas,
concretas (y por eso presentamos argumentaciones para el
desarrollo de determinadas leyes), e intentar coordinar lo
concreto, a nivel sectorial y a nivel territorial, con lo
general, y lo concreto en este caso es el papel que las
pequeñas y medianas empresas (sobre todo las pequeñas) pueden
jugar en este momento de crisis y recesión económica para
hacer frente a esta crisis y para relanzar la economía.
Desgraciadamente, los planes o propuestas en marcha por parte
del Gobierno no cubren el objetivo de crear empleo. Para el
año 1994 no vemos ninguna perspectiva; el Gobierno no ha
presentado ninguna alternativa seria de creación de empleo, ni
prácticamente para el año 1995. La normativa, legislación y
todo el sector público deben ser, por tanto, elementos que con
objetivos precisos y políticas concretas ayuden o contribuyan
a la creación de empleo. Por ello, nuestra moción, en sus tres
puntos, tiene como centro de toda la propuesta la necesidad de
la creación de empleo a través del potenciamiento de una serie
de medidas que afecten positivamente a la pequeña empresa.
La propuesta del punto 1 de la moción tiene sentido si se
contempla como la búsqueda de marcos para potenciar las
inversiones privadas a partir de la racionalización y
cooperación de las pequeñas empresas y entre los pequeños
empresarios, y en eso el impulso de una legislación adecuada
puede ayudar a potenciarlo. Es decir, se trataría de cambiar
la tendencia de que en los años de expansión sean la
especulación inmobiliaria y financiera las que predominen y no
el desarrollo de verdaderos proyectos empresariales que,
incluso en este momento concreto (ya lo planteamos en la
moción), necesitan naturalmente de apoyos para que se
consoliden grupos estables que son imprescindibles para la
competencia en los mercados internacionales y muy en concreto
la Comunidad Europea. Actualmente hay pérdida de capacidad y
calidad en los productos, hay una excesiva
dependencia, yo diría incluso invasión, del exterior en los
momentos expansivos, pero que continúa
manteniéndose incluso en los momentos recesivos, como en el
que estamos ahora. Este fenómeno liquida empresas, sobre todo
empresas pequeñas, y hace que algunas de estas empresas se
localicen en otros lugares, muchas veces fuera de nuestras
fronteras. Todo lo que proponemos en este primer punto de la
moción debe ir, naturalmente, acompañado de una política
industrial capaz de fortalecer o recrear la estructura
productiva, recuperar tasa de mercado interno e intentar
incrementar la presencia en los mercados externos. Además,
todo el mundo hace igual. Ya no vale aquello de que las leyes
del mercado, las leyes de la Comunidad Europea liquidan toda
una serie de presupuestos que valían antes. No. Cada uno de
los países de la Comunidad Europea hace lo mismo. Es decir,
intenta, frente a una convergencia nominal planteada, que
puede ser muy lesiva para el conjunto de las economías de la
Comunidad Europea --y también en concreto para la
nuestra nuestro plan de convergencia--, aplicar unas políticas
que no sean tan lesivas. Creo que en España debemos hacer
exactamente lo mismo. La calidad del producto, la utilización
racional de una tecnología adecuada que ofrezca servicios
colectivos, la
cualificación profesional, etcétera, son las mejores formas
para intervenir en el mercado con posibilidades de que
nuestros productos sean competitivos, no en el marco de una
competitividad feroz de unos contra otros sino en el marco de
la calificación de los productos, de la profesionalización,
etcétera.
Proponemos, pues, sumar la iniciativa pública y la privada, y
no ver una incompatibilidad práctica que exija las
privatizaciones, tal como se está planteando en este momento
concreto, que parece que serán apoyadas por todo el mundo,
salvo por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y que
sería, a nuestro entender, la peor política que pueda hacerse.
Como han señalado algunos sindicalistas y políticos, sería pan
para hoy y hambre para mañana. El punto 2 de la moción supone
el intento de avanzar en tres aspectos básicos. Primero,
reconocer a los interlocutores, es decir, reconocer a la mesa
del comercio que, según sus componentes, puede representar más
o menos el 70 por ciento del sector. Se trata de reconocer,
por tanto, a
organizaciones que hay en esta mesa como elemento
imprescindible para que los interlocutores, cuando se habla
del pequeño o del mediano empresario, no sea únicamente la
CEOE, sino que sean otras organizaciones. En segundo lugar,
una ley del comercio que es imprescindible en estos momentos,
y la eliminación del llamado decreto Boyer. En tercer lugar,
adecuar la normativa fiscal a la realidad del sector. Ello
exige,
naturalmente, una negociación y un consenso, que nosotros
consideramos posible en este momento concreto. Recuerdo que en
la mesa del comercio están presentes, además de las
organizaciones de pequeños empresarios y pequeños
comerciantes, los sindicatos. El punto 3 intenta garantizar
unas condiciones mínimas para un colectivo importante y
necesario, cual es el de los socios trabajadores de
cooperativa. Pueden y deben buscarse fórmulas que no sean
contradictorias, que no representen
diferencias hirientes entre sectores distintos pero que son,
todo ellos en conjunto, la base para la creación de la riqueza
colectiva: trabajadores autónomos, trabajadores de las
pequeñas empresas, trabajadores asociados en cooperativa.
Asimismo, dentro del tercer punto, se incluye la necesidad de
la coordinación de lo federal o de lo central, es decir, leyes
básicas que permitan la coordinación de los esfuerzos y el
desarrollo de lo
autonómico. No se puede alegar que como hay competencias
autonómicas en toda una serie de materias, esto no corresponde
a una legislación de carácter básico o de carácter general.
Creemos que sería una mala forma de construir el Estado, que
debe funcionar sobre la base de dos patas: el núcleo federal o
central, en el cual debemos ponernos de acuerdo todos los
territorios, y luego la federación o la comunidad autónoma en
este momento concreto, que tiene que tener sus plenas
competencias para desarrollar lo que les corresponde.
Por todo ello planteamos la aprobación, la votación positiva
de nuestra moción, porque consideramos que recoge, además,
propuestas que se habían hecho anteriormente en esta Cámara
por diversos grupos y pensamos que sería un elemento para
empezar a funcionar y para empezar a superar algunos cuellos
de botella que hay en la legislación para intentar que la
pequeña empresa juegue el papel que le corresponda en nuestra
sociedad.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Frutos.
A esta moción se han presentado tres enmiendas, la primera de
ellas por el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa,
tiene la palabra el señor García-Margallo.
El señor GARCIA-MARGALLO Y MARFIL: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, tres observaciones previas. Voy a
intentar, puesto que mi papel hoy es presentar una enmienda a
una moción presentada por otro Grupo Parlamentario, seguir el
mismo hilo argumental que ha utilizado el proponente,
manifestando mis convergencias y, también, mis divergencias.
En segundo lugar, quiero también señalar que no pretendo aquí
anticipar los argumentos que serán formulados en la discusión
que cosntituye el siguiente punto del orden del día de esta
sesión, pero no quiero dejar de significar que la política
económica que debe seguirse con la pequeña y mediana empresa
constituye un capítulo importante, pero sólo un capítulo, de
la política económica general que mi Partido propone para
salir de la situación de crisis en la que nos encontramos. No
sorprenderá, por tanto, a esta Cámara ni a la opinión pública
que muchas de las medidas que proponemos aquí, dirigidas a un
sector concreto de la sociedad como es la pequeña y la mediana
empresa, se encuadren también en las medidas que vamos a
proponer desde el punto de vista del cambio radical de lo que
es la política económica general. Tercera observación. Si el
proponente ha dicho que las medidas que él ha desgranado aquí,
una por una, constituyen, como no podía ser menos, el programa
electoral de Izquierda Unida, no sorprenderá que las que yo he
encajado en la enmienda a la moción de Izquierda Unida sean
también consecuencia del programa del Partido Popular y, lo
que es más importante para que SS.SS. tengan un juicio exacto
y cabal de lo que aquí estamos
discutiendo, sean reiteración de las medidas que propusimos el
año 1992 y 1993 y que contaron entonces con el voto favorable
de
la Cámara, excepción hecha del Grupo Socialista y del Grupo
que representa Izquierda Unida. Quiero con ello decir que
estas medidas contaron con el voto de Convergència i Unió y
del Partido Nacionalista Vasco.
Coincido también con el proponente, como no podía ser menos,
en que una política de creación de empleo, de reactivación
económica y, en definitiva, de freno a la destrucción del
tejido
industrial, pasa necesariamente por una potenciación activa,
real, decidida, de la pequeña y de la mediana empresa. Reiteré
aquí, al desgranar los argumentos en materia de la
interpelación que sirve de base a esta moción, que ya en el
año 1988 una comisión de expertos,
absolutamente neutral, creada por iniciativa de la Comisión de
Economía y Hacienda y con el voto unánime de todos los grupos
de esta Cámara, señaló que incluso en las épocas de auge, y
coincido de nuevo con el proponente, sólo la pequeña y la
mediana empresa creó empleo, mientras que las grandes
empresas, incluso en aquellas épocas de bonanza, destruyeron
empleo. La conclusión era obvia: si queremos salir de la
situación de recesión en la que nos
encontramos, si queremos, de verdad, poner en marcha una
política decidida de creación de puestos de trabajo, es
necesario
potenciar la pequeña y la mediana empresa. La pregunta es
cómo, y decía entonces la comisión de expertos: el nombre del
juego se llama flexibilidad. Y desgranaba la comisión de
expertos en qué terrenos, en qué ámbitos concretos era
necesario aplicar el principio de la flexibilidad. Y se
refería así a la
flexibilización del marco mercantil, poniendo en marcha
medidas ya tomadas en Europa, obligatorias en virtud de una
directiva, que debían estar en vigor en España desde hace
mucho tiempo, como es la puesta en marcha de las sociedades
unipersonales de responsabilidad limitada, para incentivar a
quien tenga de verdad una iniciativa empresarial a ponerse en
marcha decididamente sin correr el riesgo de poner en peligro
su patrimonio personal a la par que su patrimonio empresarial,
medida que va a adoptar el Gobierno socialista en el proyecto
de ley de sociedades de responsabilidad limitada, pero, como
muchas otras, llega tarde, y alguien será responsable de los
efectos que esa tardanza ha tenido. Flexibilización del marco
fiscal, y aquí, probablemente, el proponente y yo sea
imposible que lleguemos a un acuerdo mínimo.
Recordaba, al hilo de la interpelación, que bastaría repasar
las medidas que ha ido tomando el Gobierno socialista para
saber qué es lo que hay que hacer cogiendo el negativo de
aquellas medidas. Recordaba que la historia fiscal del
Gobierno socialista empieza en el año 1985, en el que adoptan
dos medidas que constituyen dos torpedos de flotación para la
pequeña y mediana empresa: el establecimiento de una
obligación de retener, que se sanciona de forma más onerosa
que la misma obligación de pagar, y la
destrucción del sistema de transparencia voluntaria, que
permitía a la pequeña y mediana empresa no pagar dos veces
sobre los mismos beneficios, medida vigente hasta el año 1985.
Recordaba que en el año 1988, por iniciativa del Gobierno de
Felipe González, se estableció el Impuesto sobre Actividades
Económicas, que el propio Partido Socialista dice que hay que
reconsiderar; que en 1990 se establece la estimación objetiva
por índices, signos y módulos, que en años malos ha supuesto
multiplicar por tres y por cuatro la carga fiscal de la
pequeña y mediana empresa. Recordaba que el Reglamento del
Impuesto sobre la Renta excluye, exime de los beneficios, de
los incentivos para crear nuevas inversiones, exportar,
desarrollar programas de inversión y desarrollo y formación
profesional a la pequeña y la mediana empresa que está en
estimación objetiva, cuando abre ese cauce a la gran empresa
en estimación directa. Y recordaba, finalmente, que seguimos
teniendo lagunas en nuestro sistema fiscal. El Impuesto sobre
el Patrimonio no discrimina en favor de los patrimonios
empresariales; los trata igual que el
patrimonio que no se dedica a la creación de riqueza y puestos
de trabajo. Recordaba que en el Impuesto sobre Sucesiones
seguimos obligando a pagar a quien adquiere, mortis causa, una
explotación mercantil o una pequeña explotación agraria, lo
que en la mayoría de los casos se traduce en la necesidad de
vender, en la necesidad de realizar para pagar el impuesto,
con la consiguiente destrucción de puestos de trabajo.
Recordaba, en definitiva, que el marco fiscal que tenemos no
coincide con las necesidades de la pequeña y mediana empresa.
El proponente dice muy vagamente que hay que revisar el marco
fiscal. Pero no creo que en este momento estemos en la hora de
hacer declaraciones de principios, declaraciones inconcretas,
declaraciones vagas. Es necesario descender a las medidas
concretas. Por eso, la enmienda que nosotros proponemos hace
un catálogo completo de lo que son las medidas fiscales a
nuestro juicio necesarias: desde la revisión del impuesto
sobre
Actividades Económicas; a la revisión de los índices que
gravan, por vía de estimación objetiva, a la pequeña y mediana
empresa; a la necesidad de modificar el Impuesto sobre el
Patrimonio, para incentivar a la gente a que dedique su
riqueza a crear empleo y no la dedique al consumo o a usos
suntuarios; a la necesidad de revisar todos los sistemas de
regularización de balances que están esperando en este país
desde el año 1982, una modificación profunda del sistema de
plusvalías. Y yo, en este momento, le ofrezco al proponente:
mi Grupo está dispuesto a aceptar
cualquier sistema de plusvalías que esté vigente en cualquiera
de los países de la Comunidad Económica Europea; el que más le
guste de los otros once sistemas fiscales lo podríamos aceptar
sin pestañear, porque es mucho mejor que el que nosotros
tenemos. Y créame, señor Frutos, cuando usted decía desde
esta tribuna que le preocupa la destrucción del tejido
industrial
vía destrucción de pequeña empresa, por la repercusión que
ello tiene en los puestos de trabajo; cuando decía que le
preocupa la emigración de la pequeña y mediana empresa
española fuera de nuestras fronteras; y cuando supongo que le
preocupará la decisión de inversores de fuera de nuestras
fronteras que eligen una localización distinta para su pequeña
y mediana empresa que en España, estamos hablando del sistema
fiscal. Y para que esas inversiones se queden aquí o se
localicen las nuevas aquí, es necesario que nuestro sistema
fiscal sea competitivo, que nuestro sistema fiscal sea
homologable, que nuestro sistema fiscal no penalice a la
pequeña y mediana empresa lo que le penalizan los otros países
de la Comunidad Económica Europea, porque créame que nuestro
sistema es peor que cualquiera de ellos, y en esas condiciones
es normal que se produzca una deslocalización como se está
produciendo.
En tercer lugar, proponemos un cambio del marco financiero, y
aquí también precisamos su moción. Dice S.S. que es necesaria
una ley de sociedades de garantía recíproca; era necesaria esa
ley desde hace ya doce años, y lo que intentamos precisar en
nuestra enmienda son las líneas maestras, las cuadernas
básicas de lo que tiene que tener esa ley de garantía
recíproca para que esto no se quede en una pura declaración de
principios, una declaración retórica que la pereza
gubernamental vaya trasladando .
En cuarto lugar, establecemos una serie de medidas de
carácter laboral, y no creo, señor Frutos, que sea desvelar
ningún secreto ni faltar a la cortesía parlamentaria decir que
me comentaba S.S., el proponente, cuando hemos comentado esta
moción, que probablemente esto mereciese ser objeto de un
debate específico y separado. Coincido plenamente con el
parecer de su Grupo, como coincide la ponente de mi Grupo
Parlamentario, y mi Grupo estaría dispuesto a obviar estas
medidas sabiendo también que se va a discutir de forma
específica en otro debate.
Yo suelo desanimarme muy poco, y aunque el proponente tiene
en estos momentos la llave de las enmiendas que propongo vía
moción aceptándolas o no, sepa la Cámara que aquellas que no
sean aceptadas serán discutidas en una proposición no de ley
que mi Grupo presentó ya en julio, que resume lo que son la
filosofía y las medidas concretas que mi Grupo Parlamentario
cree adecuadas para hacer frente a un sector tan dañado por la
política
gubernamental como lo han sido las pequeñas y medianas
empresas. He visto a lo largo de estos tiempos que el
Gobierno socialista empieza a rectificar sus medidas. Empezó
en febrero cuando, en un decreto-ley, trajo aquí nuevas
medidas sobre compensación de pérdidas, amortizaciones y
revisión de las estimaciones
objetivas, coincidentes, por cierto, con las medidas que
habíamos propuesto en 1992 y en 1993. Leo ahora en los medios
de
comunicación que el Gobierno está estudiando traer a los
presupuestos nuevas medidas en este sentido, medidas de
regularización de balances, de aceleración de amortizaciones,
de revisión de la estimación objetiva, de modificación del
Impuesto sobre Actividades Económicas. Creánme que a mi Grupo
le alegra esto, porque, como dice el refrán, nunca es tarde si
la dicha es buena, pero no eximirá eso al Gobierno de la
responsabilidad que ha tenido por el retraso en la adopción de
estas medidas, que se ha traslucido no sólo en emigraciones
masivas, en destrucción y desaparición de pequeñas empresas,
sino en una caída brutal de sus beneficios y de las
inversiones y en la destrucción del tejido empresarial.
Créanme que, aunque sea tarde, todavía es momento de adoptar
estas medidas.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor García-
Margallo, vaya terminando, ha concluido su turno.
El señor GARCIA-MARGALLO Y MARFIL: Sí, señor Presidente. Y
no tengan pudor en aceptarlas única y exclusivamente porque
las proponga el Grupo Popular, porque tendrán ustedes que
aceptarlas; les recordaremos que nosotros ya las habíamos
pedido, pero no podremos resucitar aquellas pequeñas y
medianas empresas que hayan caído en el camino por la timidez
y el retraso del Gobierno socialista.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para la defensa de la
enmienda del Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Señor Presidente, señorías, la
actividad empresarial es, sin duda, el instrumento clave para
la generación de riqueza y desarrollo económico y social de un
país. Para ello, en estos momentos de crisis aguda que estamos
viviendo se hace necesario establecer los mecanismos que
permitan a nuestras empresas alcanzar el nivel de
competitividad adecuado en un contexto de mercado agresivo y
permanentemente en
evolución. Bien es cierto que el protagonismo del reto que
supone la puesta al día de nuestras empresas debe recaer en
sus propios agentes: empresarios y trabajadores. De su
trabajo, de su esfuerzo y sacrificio depende fundamentalmente
superar esta etapa. Pero no es menos cierto, sin embargo, que
sólo esto no es suficiente. El empresario necesita contar con
un marco adecuado para el desarrollo de su actividad, una
política económica que abarque una fiscalidad precisa, un
mercado laboral adecuado y unos medios de financiación
asequibles. Esto es responsabilidad del Gobierno.
La grave situación de crisis económica que atravesamos está
poniendo en evidencia las carencias de nuestras empresas,
habituadas a desenvolverse en mercados de épocas
proteccionistas muy distintos de los actuales de libre
mercado. Esta situación está incidiendo especialmente en la
pequeña y mediana empresa al ser ésta el último eslabón de la
cadena productiva y, por tanto, dependiente del nivel de
actividad del resto de las empresas. Así lo hemos entendido
todos los grupos políticos. En este caso la unanimidad parece
clara, como se desprende de la atención concreta que los
partidos políticos dedicamos a la pequeña y mediana empresa en
nuestros programas electorales.
Nuestro Grupo coincide, en gran parte, con las medidas
propuestas por el Grupo de Izquierda Unida y con la moción
presentada, pero, como es lógico, no coincidimos en la
totalidad de las medidas propuestas. Por otro lado, entendemos
que deben ser complementadas con medidas financieras como
instrumento necesario para la pequeña y mediana empresa.
En consecuencia, hemos propuesto esta enmienda, que se va a
someter a votación de SS.SS., que viene a reforzar las medidas
financieras expuestas y presentadas por Izquierda Unida. Estas
medidas están desarrolladas en dos instrumentos más, como son
la potenciación de las sociedades de crédito participativo,
con el fin de proporcionar a la pequeña y mediana empresa
créditos más baratos que en el mercado. Por otra parte, las
medidas
conducentes a la puesta en marcha del segundo mercado de
valores para la pequeña y mediana empresa, como instrumento
también de ayuda financiera a estas empresas que, dada su
posición
accionarial, no tienen en estos momentos posibilidades para
poder afrontar la situación de crisis que están viviendo.
Por ello, nuetro Grupo va a esperar a dar su parecer
condicionado a que la votación de estas enmiendas pueda ser
separada de la totalidad, porque, como digo, nosotros estamos
en una parte de acuerdo con las medidas, pero en otra no
estamos de acuerdo con ellas. Por tanto, nos reservamos el
voto hasta después del debate. Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Zabalía. Para defender la última de las enmiendas, la del
Grupo
Socialista, tiene la palabra el señor Martín Mesa.
El señor MARTIN MESA: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, en nombre del Grupo Socialista
debo, en primer lugar, fija nuestra posición en relación a la
moción presentada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya y, asimismo, defender la enmienda de sustitución
que hemos presentado. Como es lógico deberé de puntualizar
algunas cuestiones en torno a nuestra visión sobre la
problemática que afecta al sector de las pequeñas y medianas
empresas en el momento actual de la economía española.
Respecto a la moción que presenta Izquierda Unida-Inciativa
per Catalunya, nuestra posición puede esquematizarse,
señorías, de la siguiente manera: En la misma se solicita la
adopción de un bloque de medidas de muy distinta índole: de
carácter
administrativo, de carácter fiscal, de I 2DD, de formación
profesional, medidas financieras, del fomento del
cooperativismo, etcétera.
De entrada debemos realizar dos consideraciones.
El primer objetivo de la política económica debe ser la
creación de empleo, y ello --estará de acuerdo conmigo el
defensor de la moción-- sobre unas bases sólidas. La
estrategia actual se orienta a la reactivación de la economía
a través de la creación de empleo, y ello mediante la
recuperación de la inversión. El Gobierno y el Grupo
Socialista son conscientes, y lo hemos dicho muchas veces, de
la importancia de la pequeña y mediana empresa en nuestra
economía. El 98 por ciento de las empresas, el 66 por ciento
del empleo, el 50 por ciento del valor añadido o el 40 por
ciento de las exportaciones son generadas por pequeñas y
medianas empresas en nuestro país. Actualmente se están
estudiando medidas para su reactivación que vengan a completar
las adoptadas en el Real Decreto-ley de 26 febrero de 1993;
medidas que, como SS.SS. conocen, perfectamente, están siendo
debatidas con los interlocutores sociales, y ello para lograr
una mayor efectividad. Algunas de las medidas que ustedes
proponen en la moción son plenamente convergentes, bien con
los planes del Gobierno o bien con otras que ha realizado el
Grupo Socialista, y ello siempre a fin de promover la creación
de empleo. Otras, sin embargo, contienen un enfoque que yo
calificaría como de radicalmente diferente, ya que se
anteponen medidas intervencionistas al funcionamiento del
mercado y al funcionamiento de la competencia. Entrando ya en
materia, diríamos que en el punto primero de su moción se
contemplan medidas de carácter muy genérico; medidas que, o
bien ya han sido puestas en marcha, o bien han sido anunciadas
por el propio Gobierno; incluso algunas otras están en las
mesas de negociación por el empleo, y entre todas ellas cubren
perfectamente las prioridades fijadas por Izquierda Unida en
su moción. Con lo cual yo he de reconocer que nos deja
perplejos al urgir en el
preámbulo a una clara rectificación de la política económica
para, acto seguido, entrar a desgranar una serie de medidas
que, o bien, como decía antes, ya han sido puestas en marcha,
o ha sido anunciada su inmediata puesta en marcha, o incluso
están contenidas en proyectos de ley que ya han entrado en
esta Cámara.
Por ejemplo, en el punto 1 c) hablan de una oficina de gestión
administrativa para pymes. Se contempla en el elenco de
medidas que la Administración va a apoyar, pero eso sí, con un
componente de información y de autogestión de la información.
La adecuación de la normativa fiscal. En ello se está
trabajando de cara a la Ley de Presupuestos de 1994 con
medidas que vengan a completar, como decía, el Real Decreto de
febrero de 1993.
Defienden en los puntos 2 b) y 2 c) una ley marco del
comercio interior y la derogación del Real Decreto de 30 de
abril de 1985.
Deberán ser objeto de una mayor reflexión y negociación y,
desde luego, en ningún caso esto debe llevar a la promulgación
de una ley que, regulada en exceso, pueda llegar a perjudicar
al libre mercado o vulnere las leyes de la competencia.
Los criterios coherentes, a nuestro juicio, serían los que
permitieran analizar la problemática existente en el pequeño
comercio en todas sus vertientes y encontrar, eso sí, una
solución de equilibrio que no mine la competencia. Nosotros
nos hemos comprometido, y es manifiesto y conocido
sobradamente, a potenciar un plan de comercio interior que
garantice la
modernización del sector, la competitividad y la unidad del
mercado interior. Ahora bien, estos criterios deben encontrar
siempre una solución de equilibrio que en ningún caso mine la
competencia.
Estamos absolutamente de acuerdo en el punto 2 de su moción,
que habla de potenciar las sociedades de garantía recíproca y
la remisión a la Cámara de una ley. Como usted conoce
perfectamente, en el Boletín de la Cámara del día 13 de
septiembre se contempla un proyecto de ley de sociedades de
garantía recíproca.
Se me ha olvidado poner de manifiesto mi , entre comillas,
cuando habla de poner un coeficiente de inversión financiera
obligatorio para bancos y cajas de ahorro. Señorías, esto es
dar un paso hacia atrás. Como usted conoce perfectamente,
señor Frutos, el Real Decreto 37, de 13 de enero de 1989,
establece la paulatina supresión de los CIO (coeficientes de
inversión obligatoria), que ha llevado a que de un 10,625, a
31 de
diciembre de 1989, hayan quedado reducidos al cero por ciento
tres años después, es decir, a 31 de diciembre de 1992.
Es más, estamos asistiendo --ayer mismo-- a una reducción del
coeficiente de caja a dos puntos. Un punto por debajo de lo
que estaba con anterioridad. En cualquier caso, en el momento
actual de nuestra integración en la Comunidad Europea las
entidades bancarias en absoluto requieren la existencia de
coeficientes de inversión obligatoria. Ello para que las
entidades puedan conseguir una mayor competitividad y,
consecuentemente, unos tipo de interés más bajos al poder
dirigir las inversiones hacia aquellos sectores más rentables,
hacia aquellas inversiones más eficientes.
Evidentemente, el camino para la creación, en última
instancia, del empleo.
Hablan de un marco artesanal. Como usted conoce
perfectamente, eso corresponde a las comunidades autónomas.
Carece de sentido el punto referente a la adaptación de
facturas. Hablan, por ejemplo, de la convergencia jurídica, de
la cooperativa de trabajo asociado y de las SAL, de las
sociedades anónimas laborales. Señor Frutos, la Ley 3, de 2 de
abril de 1987, General de Cooperativas, hay que reconocer que
dio un trato innovador a las cooperativas de trabajo social,
tanto a la prestación del trabajo como a los diferentes
supuestos en los que el socio tiene derecho a suspender su
trabajo y las facultades de las
cooperativas cuando concurren causas económicas, tecnológicas
o de fuerza mayor. Debe saber que no existe en nuestra
legislación vigente discriminación entre los trabajadores de
las cooperativas de trabajo asociado y de las sociedades
anónimas laborales, ni en los expedientes de regulación de
empleo, ni en cuanto a la prestación por desempleo. Otra cosa
es en el tema de las
prestaciones sustitutorias de las rentas de trabajo, en el
caso de las empresas, al tener la condición de propietarios y
no de trabajadores.
Hablan de la potenciación del INFES, del Instituto Nacional
de Fomento de la Economía Social, un instituto que ha sido
creado recientemente por Real Decreto de 28 de diciembre de
1991, Decreto 1.836, que absorbía las funciones de la antigua
Dirección General de Cooperativas y de Sociedades Laborales.
Habrá de saber el señor Frutos que en este Real Decreto se
establecen cuáles son las funciones básicas que tiene
encomendadas el INFES. Entre otras, la coordinación con los
departamentos ministeriales que realicen actividades de
fomento de la economía social,
formulación de propuestas a incorporar a distintas políticas
sectoriales de la Administración, formalización de acuerdos
con comunidades autónomas y corporaciones locales, fomento y
cooperación con instituciones internacionales y de carácter
igualmente nacional. Es realmente una verdadera entidad de
fomento. Además, en su composición, como usted también sabe,
están representados hasta once Ministerios en esta labor de
coordinación y de potenciación.
No sé si lo conocerá porque acaba de aparecer, a mí al menos
me llegaba la semana pasada. El INFES ha publicado la revista
de la economía social en su número uno. Ahí podrá encontrar la
importante función de fomento que viene realizando hasta el
momento. Por ejemplo, le remito a la página 17 en donde
encontrará muy resumidamente desde subvenciones gestionadas
por el INFES, por valor de más de 1.076 millones de pesetas,
asignaciones a comunidades autónomas por parte del INFES por
más de 871 millones de pesetas, o subvenciones de fomento y
economía social por dos mil millones de pesetas.
En el punto siguiente hablan de traspasos de competencias a
las comunidades autónomas en temas de economía social. Señoría
las competencias en materia de cooperativa y desempleo se
encuentran descentralizadas. Además, hay comunidades autónomas
que incluso disponen de regulaciones propias, por ejemplo el
País Vasco, Navarra, Andalucía, Cataluña o Valencia. Es una
contradicción. En la letra b) del punto 3 hablan de pontenciar
el INFES y que pase a depender del Ministerio de Economía, y
acto seguido de descentralización en materia de economía
social a las comunidades autónomas. Es una evidente
contradicción.
En cuanto al último punto, referente a promover la
participación pública en empresas y asociaciones que tengan
como objetivo el desarrollo local, le diría que contacte con
los municipalistas de su Grupo y compruebe la importante labor
que numerosos ayuntamientos están haciendo en el tema de
participación en empresas que promueven el desarrollo local.
Como consecuencia de todo ello he de decir que, por una
parte, nuestro Grupo encuentra que no hay en absoluto
concatenación entre la declaración general de principios, de
cambio radical de la política económica, y el desgranamiento
de una serie de medidas que en muchos casos pueden ser
perfectamente aceptables e incluso diría que en otros muchos
son innecesarios, aunque también hay que dejar puesto de
manifiesto que hay muchas que en absoluto son aceptables. Por
ello hemos presentado una enmienda de sustitución...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Martín Mesa,
vaya terminando.
El señor MARTIN MESA: Muchas gracias, señor Presidente,
enseguida termino.
La enmienda de sustitución dice que el Congreso insta al
Gobierno a proceder a una política económica decidida en el
sentido de priorizar directa y adecuadamente la creación de
empleo,
facilitando el fomento de las pymes a través de programas que
faciliten la creación, puesta en marcha y divulgación de
tecnología y procesos productivos. Quizás recogemos los dos
puntos esenciales que en este sentido se pueden contemplar: la
adecuación de la normativa fiscal a la realidad del sector y,
por otra parte, la potenciación, con la que estamos
absolutamente de acuerdo, de las sociedades de garantía
recíproca.
Quiero dedicar unos breves instantes para comentar la
enmienda de adición que presenta el Grupo del Partido
Nacionalista Vasco. Nos parecen medidas que, en principio,
pueden ser razonables, que pudieran ser objeto de estudio, de
reflexión y de negociación, aunque quizás el marco adecuado,
señores del PNV, no creemos que sea éste, sino más bien el
debate del proyecto de ley de
presupuestos para 1994. Allí podríamos discutir tanto de las
sociedades de crédito participativo, como la potenciación de
la Bolsa mediante la creación de un segundo mercado para
pymes. Naturalmente, nuestro rechazo a la enmienda presentada
por el PP es evidente, porque aunque soy nuevo en esta Cámara
he leído en estos días, una vez que mi Grupo me encargó la
defensa de nuestra Posición en el debate, la intervención del
señor García-Margallo en el último debate que sobre pymes hubo
a raíz de una
interpelación urgente planteada por el Partido Popular y que
dio lugar a la presentación de cuarenta y cinco medidas. Las
medidas son más cortas pero, en cualquier caso, es toda una
política de reforma fiscal que en absoluto compartimos.
En definitiva, dejamos claramente puesta de manifiesto
nuestra posición. Si el Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya acepta nuestra enmienda de sustitución la votaremos,
y si no, en cualquier caso, votaremos de forma contraria a la
moción
defendida en esta tribuna por el señor Frutos.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Finalizada la defensa
de las tres enmiendas presentadas, ¿grupos que no hayan
intervenido y que deseen fijar su posición respecto a la
moción de Izquierda Unida? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, el señor Albistur tiene la palabra.
El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.
Brevemente, para indicar la posición de este Grupo en
relación, precisamente, a la moción presentada.
En primer lugar, como continuación del debate mantenido la
semana anterior, quiero felicitar al Grupo proponente por su
moción. Es oportuna, fundamentalmente el apartado 1.b), en
cuanto que trata del fortalecimiento y la adecuada dimensión
de las pymes con medidas de integración, cooperación y
asociacionismo empresarial. También, por poner el dedo en la
llaga, en temas como la adecuación de la normativa fiscal a la
realidad del sector, aunque nos hubiera gustado que, además de
una posible revisión del marco legal que actualmente pude
constreñir a la pequeña y mediana empresa en materia fiscal,
se incluyera aquí todo tipo de medidas que busquen el
incentivo fiscal a la inversión, a la creación e incluso al
asociacionismo
anteriormente citado.
También deseo abundar, junto con las razones anteriores, en
nuestra posición de apoyo, porque en la letra d) se contempla
que se promueva la participación pública en aquellas empresas
y asociaciones que tengan como objetivo el desarrollo local.
Digo esto de la misma forma y siendo coherente con lo que
exponía el otro día en el sentido de que este desarrollo local
es el que debe, de alguna forma, contribuir a la consolidación
de pequeñas y medianas empresas.
Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Martínez.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Intervengo brevemente para fijar la posición de nuestro Grupo
en relación con la moción que ha presentado Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya. Hemos escuchado atentamente a lo
largo del debate los argumentos de los distintos
intervinientes, especialmente los expuestos por el portavoz
del Grupo proponente, y llegamos a la conclusión, de la
lectura estricta de los puntos que se nos someten a votación,
de que quizá quedan ciertas dudas sobre si realmente de la
letra y de lo que se está, digamos, en estos momentos
planteando se desprenderán las soluciones reales a los
problemas que hoy tiene el ámbito de la pequeña y mediana
empresa.
El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya sabe perfectamente de nuestra tradición en la
defensa de los problemas que hoy aquejan a las pequeñas y
medianas empresas. Es una sensibilidad defendida y expresada
desde el inicio del proceso democrático y a lo largo de todos
estos años han sido infinitas las iniciativas planteadas en
esta Cámara acerca de hacer escuchar y transmitir a toda la
Cámara la problemática que hoy aqueja a la pequeña y mediana
empresa y aportar soluciones.
Podríamos hacer una larga lista de medidas, iniciativas,
enmiendas a distintos trámites parlamentarios en las que
nuestro Grupo ha planteado propuestas concretas para afrontar
los problemas de la pequeña y mediana empresa. Por tanto, no
le corresponde a este Grupo hacer ningún alarde en este
trámite de defensor de una causa, porque han sido ya muchas
las ocasiones en las que nos hemos expresado desde esta
tribuna para poder hacer comprender las necesidades de que la
política económica sea sensible a la problemática de la
pequeña y mediana empresa. Por consiguiente, debo decirle al
portavoz del Grupo proponente de la moción que leyéndonos
atentamente su contenido encontramos que ésta es
extremadamente genérica e imprecisa para poder resolver los
problemas reales que hoy tiene la pequeña y mediana empresa.
En el punto primero, en el que se insta, se urge al Gobierno a
dar unas reorientaciones de la política económica, se nos dice
en la letra a) que se reclaman medidas de fomento a las
pequeñas y medianas empresas a través de programas; pero no se
nos dice qué tipo de programas. En la letra b) también se
plantea la necesidad de adoptar medidas que puedan facilitar
la
simplificación y la mejora de procedimientos y trámites
jurídicos; pero no se nos dice qué tipo de trámites ni qué
medidas. En la letra c) se nos dice que el fortalecimiento y
adecuada dimensión de las pequeñas y medianas empresas
requieren medidas de integración y cooperación; pero no se nos
dice qué tipo de medidas ni cómo se puede realizar esto.
Pasando al punto segundo, en él se hace un esfuerzo de
concreción y de detalle en cuanto a lo que podemos decidir en
esta Cámara en beneficio de la pequeña y mediana empresa. En
la letra a) se nos recaba la adecuación de la normativa fiscal
a la realidad del sector, objetivo compartido por nuestro
Grupo, pero no se nos dice qué medidas fiscales debemos
adoptar ni cómo debemos adecuar el marco fiscal; se nos
plantea genéricamente que nos declaremos a favor de una
adecuación, pero hoy la pequeña y mediana empresa requiere de
decisiones más concretas que simples declaraciones genéricas
de adecuación.
En la letra b) se nos exige la remisión a las Cortes
Generales de una ley marco de comercio interior que fije
reglas adecuadas de competencia. En este punto debo decirle
que nuestro Grupo no puede compartir esa petición, porque ya
tenemos planteada en la Cámara una iniciativa, un proyecto de
ley general de comercio y no creemos que sea necesario recabar
al Gobierno a que haga otro y que lo tramite; es más, creo que
su Grupo Parlamentario también ha planteado una proposición de
ley marco de comercio y no entiendo por qué ustedes piden que
el Gobierno haga otra, ya han presentado una en esta Cámara,
nuestro Grupo también, podemos debatir estos textos y con
ellos legislar sobre la materia. En cuanto a la letra c), la
remisión a las Cortes Generales de un proyecto de ley por el
que se derogue el Real Decreto-ley 2/1985, de 30 de abril,
sobre medidas de política económica, el , tengo que decir que
no lo podemos derogar. Ustedes nos piden que deroguemos todo
el ; no se puede derogar todo el , son sólo unos artículos de
este Decreto, porque la consecuencia de derogarlo todo sería
muy negativa. No sé si usted conoce todo el texto del .
Punto d), la potenciación de las sociedades de garantía
recíproca. Hay un proyecto de ley en trámite en la Cámara; se
ha presentado un proyecto de ley que ya habíamos planteado,
una nueva legislación sobre las sociedades de garantía
recíproca. No importa que le pidamos al Gobierno que lo
presente, ya está en trámite, ya está en fase de enmiendas en
estos momentos.
Punto e), el establecimiento de un coeficiente de inversión
financiera para las cajas de ahorro y banca privada. No,
señorías. El marco comunitario no nos lo permite; no nos
permiten las directivas comunitarias de libre circulación de
capitales adoptar esa medida; no se puede hoy tomar esta
medida. En el punto f) y siguientes, señorías, se va
observando que la materialización de las concreciones que
ustedes
nos proponen no se pueden literalmente admitir en estos
momentos. El espíritu lo compartimos, el propósito lo
compartimos, el objetivo que ustedes persiguen lo compartimos,
pero la
literalidad del texto que nos plantean a votación no la
podemos suscribir, aun compartiendo su motivación.
En el punto tercero y siguientes, señor Presidente --y voy a
ir terminando--, la verdad es que ustedes nos plantean otro
conjunto de reflexiones, dispersas entre ellas, que nada
tienen que ver estrictamente con la problemática que hoy tiene
la pequeña y mediana empresa; que pueden ser problemáticas
referentes al cooperativismo y a la economía social; muy
loable y necesario que esta Cámara reflexione sobre estas
materias, pero, señorías, no es éste el tema que hoy preocupa
a la pequeña empresa. Son más los marcos laborales que hoy sí
que requerirían de esta Cámara una reflexión sobre la pequeña
y mediana empresa, marcos
laborales sobre los que ustedes no dicen nada, absolutamente
nada, y esto sí es importante para resolver la situación de
las pequeñas empresas. Le hago observar que sí hay una
ausencia sustantiva en esta moción referente al marco laboral
que hoy regula, incide y gravita sobre la actividad de las
pequeñas empresas.
En fin, señorías, deseando poder compartir un día con ustedes
un compromiso político en favor de las pequeñas empresas, éste
que ustedes nos proponen hoy se nos hace difícil apoyarlo
porque por su generalización no nos permite resolver los
problemas concretos y porque los concretos que sí contiene no
se pueden apoyar porque son incorrectos, permítame que se lo
diga con esta claridad.
En resumen, señorías, compartimos su espíritu y su
motivación, pero no se nos hace posible apoyar su moción
porque creemos que la letra no es posible apoyarla en su
literalidad.
Nada más, señor Presidente, y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Homs.
El señor Frutos tiene la palabra a los efectos exclusivos de
indicar si acepta o no las enmiendas presentadas.
El señor FRUTOS GRAS: Señor Presidente, el catálogo completo
de medidas que propone el Partido Popular, y así se lo he
dicho yo a su representante, al señor García-Margallo, en su
momento, merece un debate específico, singular, aparte. Por
tanto, lo aparcamos en este momento concreto porque hay cosas
sobre las cuales hay una importante discrepancia naturalmente
y otras sobre las que deben y pueden discutirse.
Nosotros no rechazamos nada porque venga del Partido Popular.
Vamos a rechazar en función de los contenidos, venga del
Partido Popular, venga del Grupo Catalán (Convergència i
Unió), venga del Partido Socialista. Independientemente del
debate de contenidos, que es un debate singular, nosotros
aceptamos del contenido del conjunto de propuestas del
Catálogo que ha llamado el señor García-Margallo el de la
página 2, la segunda parte, la
modificación de las normas procesales que regulen los
impagados, aumentando la agilidad en el cobro de los mismos; y
el de la página 7, la necesidad de concreción...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Frutos, por
favor, un poco más despacio para poder tomar nota. Dice que de
la página 2 y de la enmienda del Grupo Popular acepta, ¿qué
apartado? ¿El apartado d)?
El señor FRUTOS GRAS: La modificación de las normas
procesales que regulen los impagados, aumentando la agilidad
en el cobro de los mismos. Efectivamente, aunque la primera
parte será
seguramente una directiva europea, pero la vemos ya más en
concreto en el debate esta segunda.
En la página 7, aceptamos la enmienda, que es de adición.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): En la página 7, ¿toda
la enmienda de adición al punto 2,d) completa?
El señor FRUTOS GRAS: Sí, es de adición.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): De acuerdo.
El señor FRUTOS GRAS: De las presentadas por el Grupo
Parlamentario Vasco (PNV), aceptamos las dos. Pensamos que no
son contradictorias, sino que complementan la propuesta.
Finalmente, en relación a lo que ha dicho el señor Martín
Mesa, del Grupo Socialista, yo debería contestarle que si
todas las medidas propuestas ya han sido anunciadas en esta
Cámara, vótenlas ustedes. No por mucha mies es mal año.
Vótenlas ustedes. No puede ser que todo esté realizado, como
ha dicho el señor Martín Mesa, que esté ya pensado o esté en
vías de realización, porque, si todo está en vías de
realización, pensado o realizado, no entiendo los problemas
económicos que hay en este país, ni los problemas que tienen
las pequeñas empresas, ni los problemas de determinados
sectores del país.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Perdón, este turno es
sólo para indicar la aceptación o no de las enmiendas, no para
explicar las razones de por qué no se aceptan.
El señor FRUTOS GRAS: Termino, señor Presidente.
Seguramente los sindicatos están equivocados, la Mesa del
Comercio y yo también, e Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya también. (El señor García-Margallo y Marfil pide la
palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor García-
Margallo tiene la palabra.
El señor GARCIA-MARGALLO Y MARFIL: Señor Presidente, he
escuchado con atención las propuestas del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y mi grupo parlamentario,
aceptando la gentileza de que se admitan dos propuestas
concretas, entiende que el grueso de su filosofía no ha sido
aceptado, entiende también que se mantiene posiciones en la
moción original que no coinciden con la filosofía de mi grupo
y, por tanto, anuncia su abstención a la moción.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): De acuerdo.
En consecuencia, señorías, el texto que a continuación va a
someterse a votación es el texto de la moción del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, con la adición de la
segunda parte de la enmienda de adición del Grupo
Parlamentario Popular al punto 1, que indica la modificación
de las normas procesales, etcétera, hasta el cobro de los
mismos; la enmienda íntegra de adición al punto 2 d), también
del Grupo Popular; y las dos enmiendas presentadas por el
Grupo Vasco. (El señor Zabalía Lezamiz pide la palabra.)
El señor Zabalía tiene la palabra.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Señor Presidente, en mi
intervención anterior había anunciado que me reservaba el voto
a la moción de Izquierda Unida, dependiendo de que se pudiera
votar
separadamente dicha moción. Entiendo que al ser admitidas las
enmiendas de nuestro grupo no es posible votar separadamente.
Como también había anunciado, no estamos totalmente de acuerdo
con las medidas que proponía Izquierda Unida y, por tanto, y
sin que parezca una incongruencia, en este caso nuestro grupo
se va a abstener de votar afirmativamente.
El señor VICEPRESIDENTE (Bevía Pastor): Efectivamente, señor
Zabalía si el proponente de una moción acepta enmiendas,
necesariamente la votación ha de ser única para el conjunto
del texto de la moción y de las enmiendas que han sido
aceptadas. Vamos a pasar a la votación. (El señor Presidente
ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Se somete a votación la moción del Grupo
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya con las
modificaciones inherentes a las enmiendasdel Grupo Popular y
del Grupo Vasco (PNV) que han sido aceptadas en el curso del
debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitido 305; a favor, 18; en contra, 163; abstenciones, 124.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE EL
PROGRAMA DE ACCION DE GOBIERNO EN MATERIA DE POLITICA
ECONOMICA PARA SUPERAR LA CRISIS ACTUAL (Número de expediente
173/000003)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular, subsiguiente a
interpelación, sobre el Programa de acción de Gobierno en
materia de política económica para superar la crisis actual.
Para la defensa de la moción en nombre del Grupo proponente,
tiene la palabra el señor Montoro. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Montoro.
El señor MONTORO ROMERO: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, la moción que hoy presenta el Grupo Parlamentario
Popular es consecuencia de la interpelación urgente relativa
al programa de acción de Gobierno sobre política económica
para superar la crisis.
La moción es consecuencia de la insatisfacción que nos
produjo la explicación del Ministro de Economía, señor Solbes,
relativa al proyecto del Gobierno de política económica para
salvar esta crisis económica que la semana pasada, en la
defensa de la interpelación, tuve ocasión de exponer y
calificar como de una crisis muy grave. Una crisis que amenaza
con ser larga y profunda y que sería un tremendo error
considerarla como un hecho
meramente coyuntural. Estamos en una crisis de modelo, estamos
ante la necesidad de cambiar el modo de crecimiento de la
economía española hacia un modo de crecer basado,
fundamentado, que consiga la creación de empleo, y esto exige
ese cambio que reclamamos de la política económica del
Gobierno.
La moción también obedece a la preocupación que nos suscita
la parálisis del Gobierno, una parálisis que en parte se debe
a la propia gravedad de las circunstancias económicas, pero
que también procede de las disensiones internas existentes en
el Partido Socialista y que viene también del apoyo errático
que le están prestando determinados grupos parlamentarios a
cambio de exigencias que no tienen nada que ver con la
superación de la crisis económica. Por cierto, me gustaría
referirme a alguno de esos grupos parlamentarios, en concreto
al Grupo Parlamentario Catalán, para recabar su voto en favor
de la moción que hoy presentamos, porque, si no es así, será
interesante ver cómo explican a sus electores que votan en
contra de propuestas bastante coincidentes con su programa y,
sobre todo, razonables para solucionar la crisis económica. Si
votan en contra en aras de una negociación cuyos contenidos no
son capaces de explicitar, tengan cuidado, adviertan el
peligro que están corriendo, que puede ser el de convertirse
en cómplices de la pasividad de este Gobierno a la hora de
diseñar y aplicar una política económica capaz de afrontar
nuestros problemas.
El Grupo Parlamentario Popular, en coherencia, en perfecta
sintonía con su programa electoral, pretende un cambio radical
de política económica, y a ese cambio obedece el conjunto de
medidas, de naturaleza coyuntural unas y estructural otras, de
las que reclamamos su inicio, su comienzo de acción, todas
ellas urgentes y necesarias para afrontar la crisis. Tenemos
que saber, hemos de ser conscientes de que para mejorar las
expectativas de los agentes económicos ha de modificarse esa
política económica que hasta ahora no nos ha traído nada más
que confusión y, en definitiva, ha profundizado los problemas
en vez de resolverlos. las medidas que proponemos --todos
ustedes las conocen-- están, obviamente, incluidas en la
moción. Se trata de una moción larga, la moción tenía que ser
larga y prolija en sus contenidos y, por tanto, yo no voy a
repetir una por una esas medidas, que están suficientemente
detalladas, especificadas, y sólo voy a hacer un resumen
global de cuál es el planteamiento de la acción que el Partido
Popular propone para superar la crisis actual.
Un primer aspecto se refiere a la necesidad de mejorar
nuestro conocimiento de los problemas. A este respecto lo que
demandamos es un mejor conocimiento del déficit público que
hasta ahora ha sido ocultado por el Gobierno, y somos
conscientes de que aún queda déficit por aflorar.
También pedimos un estudio más completo, una mayor
especificación acerca del alcance del fraude fiscal en nuestro
país, así como reclamamos el conocimiento del informe del
Tribunal de la Competencia sobre la liberalización del sector
servicios. Otra área de medidas se refiere a la contención
del gasto público. Hago gracia a SS.SS. de una descripción de
esas medidas, que tienen detalladas en la moción, y explicaré
con brevedad por qué es importante proceder a esa contención
del gasto público en los momentos actuales. La contención del
gasto público, que en nuestra opinión tiene que descansar
sobre el gasto público de naturaleza corriente de manera que
ese gasto público no crezca más deprisa de lo que lo hace la
inflación prevista, es fundamental para procurar la mejora en
la eficiencia de los servicios públicos y, además, es básica
para procurar que los Presupuestos Generales del Estado ganen
la credibilidad que han perdido tras las continuas
desviaciones que han caracterizado su elaboración y su
aplicación. Además, la contención del gasto público es
absolutamente necesaria para reducir el déficit presupuestario
en nuestro país, y en eso coincidimos todas las fuerzas
parlamentarias, bueno, matizo, casi todas las fuerzas
parlamentarias, coincidimos en que la reducción del déficit
público es condición previa para que realmente asistamos a un
descenso de tipos de interés, a un abaratamiento del precio
del dinero que también es necesario para reactivar nuestra
economía, para que nuestras empresas vuelvan a invertir con
decisión. La segunda área de medidas que proponemos es la
relativa a la reforma fiscal. Aquí nos distinguimos claramente
de las
propuestas del Gobierno al levantar de nuevo la bandera --que
nunca hemos arriado, por cierto, pero que estamos exhibiendo
con toda propiedad-- de la reforma fiscal que es necesaria
para aumentar el ahorro, para impulsar la inversión y, en
definitiva, para dejar de penalizar el empleo. Toda una gama
de medidas fiscales que, por razón de tiempo, no voy a
enumerar ahora pero que completan lo que es en nuestra opinión
el comienzo de una reforma tributaria que no va a redundar en
una bajada de
recaudación, sino todo lo contrario, porque eso propiciaría
una mayor actividad económica. Desde luego nosotros no
pretendemos una mayor presión fiscal, pero lo que no se
contempla en nuestro escrito es provocar una caída de ingresos
que perjudicara al déficit público. La reforma fiscal que
proponemos no mermaría los ingresos tributarios.
El tercer bloque de medidas se refiere a la reforma del
mercado de trabajo, y lo que pretendemos es adecuar ese
mercado de trabajo, cuyas rigideces son causa de problemas,
entre ellos el del propio desempleo, y SS.SS. encontrarán
perfectamente
especificadas las medidas de reforma con una visión completa,
que abarca desde las nuevas formas de acceso a ese mercado de
trabajo hasta el perfeccionamiento de su funcionamiento, para
teminar con ciertos aspectos de la finalización del contrato
de trabajo. Otro bloque de medidas se refiere al apoyo
específico a la pequeña y mediana empresa, apoyo que está
contenido en las ofertas de reforma fiscal a las que acabo de
aludir, pero estamos pensando en que es necesario, y ha sido
suficientemente debatido en esta Cámara, un planteamiento de
cambio normativo relativo a la pequeña y mediana empresa y, en
definitiva, un cambio en la supresión de las numerosas trabas,
de los grandes inconvenientes que encuentra el pequeño
empresario en su acción, en su gestión diaria que, además,
obstaculizan el nacimiento de las empresas.
Hay un último bloque de medidas que incluimos dentro de
nuestro proyecto de reactivación económica, de política
económica en aras a la reactivación, se refieren a la
liberalización y a la desregulación y privatización de
empresas públicas. La liberalización es absolutamente
necesaria para que el sector servicios, en buena medida en
manos del sector público, deje de ser fuente de la inflación
causante de los problemas de precios que seguimos padeciendo y
que nos restan competitividad y ganando mayores cuotas de
competencia se convierta, efectivamente, en un acicate para
mejorar la competitividad de la economía española. Demandamos
entonces una desregulación de actividades económicas, así como
un programa explicitado de privatizaciones de empresas
públicas, privatización de empresas públicas que debe estar
guiada por el obetivo de mejora de la eficiencia asignativa de
recursos en la economía española.
Estamos ante un programa completo, un programa coherente, un
programa ordenado de política económica que nosotros ofrecemos
a la Cámara, solicitamos el apoyo de esta Cámara sin
contrapartidas. Quiero subrayar este planteamiento. El Partido
Popular demanda a la Cámara su responsabilidad ante la crisis
económica y lo hace sin exigir contrapartidas, porque estamos
convencidos de que lo prioritario es la lucha contra la crisis
económica, y esa lucha pasa por el cambio de política
económica que estamos sustanciando en la moción que sometemos
a la votación de esta Cámara.
Lo importante es recuperar cuanto antes la senda del
crecimiento económico y de la creación de empleo que hemos
perdido. Si seguimos en estas circunstancias de parálisis,
vamos a tardar mucho, vamos a tardar demasiado en volver a esa
senda de
crecimiento económico y de creación de empleo. Con las
propuestas contenidas en la moción que hoy sometemos a la
votación de esta Cámara, la economía española puede aspirar a
recuperarse en el momento que viva en un contexto
internacional más favorable. Nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Montoro.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Vasco
y fijar la posición del mismo en relación con la moción, tiene
la palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Señor Presidente, señorías, no voy
a insistir sobre la grave situación de nuestra economía ni
tampoco voy a aventurar la posibilidad de que la crisis haya
tocado fondo, como hace unos días nos dijo en esta Cámara el
Ministro de Economía y Hacienda. Lo cierto es que persistimos
en los mismos
desequilibrios macroeconómicos y en las mismas tasas de
desempleo y, lo que es más grave, se está deteriorando
alarmantemente la confianza de la sociedad, que no percibe el
prometido cambio. Lo hemos dicho y seguiremos insistiendo: el
Presidente del Gobierno tiene que tomar las riendas y liderar
la salida de la crisis. El Gobierno tiene que transmitir
credibilidad y confianza al sistema productivo, a los
potenciales inversores, tanto nacionales como extranjeros; en
definitiva, a la sociedad en general. Si no es así, la crisis
perdurará largo tiempo entre nosotros.
En este contexto, entiendo que las medidas de acción en
materia económica propuestas por el Grupo Parlamentario
Popular son urgentes y necesarias, y coinciden en buena parte
con el programa económico de nuestro grupo. También creo que
coincide con el programa económico de otros grupos de la
Cámara en un porcentaje elevado. Sin embargo, hay aspectos,
como es obvio, con los que no estamos de acuerdo o echamos en
falta otras medidas que consideramos importantes.
En este contexto es por lo que hemos presentado a la Cámara y
presentamos ahora al Partido Popular unas enmiendas de
adición, fundamentalmente al grupo de medidas fiscales. Este
grupo de medidas fiscales que nosotros presentamos, en gran
medida y en gran parte están en estos momentos en estudio en
el País Vasco; por tanto, lo que pretendemos es trasladar al
resto de las empresas del Estado la posibilidad de acogerse a
medidas fiscales que nosotros esperamos poder implantar en
nuestra comunidad autónoma, al margen de los recursos que
ponga el Gobierno, como es habitual.
Por tanto, entendemos que en el aspecto fiscal habría que
complementar el capítulo de medidas establecidas por el Grupo
Popular. Así, por ejemplo, entendemos que dentro de las
medidas fiscales está la reforma del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas en cuanto a una articulación que está
recogida en los textos legales en materia de planes de ahorro
popular, pero que no se ha llevado a efecto. Medidas fiscales
en la reforma del Impuesto sobre Sociedades, en las que no me
voy a detener porque SS.SS. las tienen delante, pero me van a
permitir que les diga que están basadas fundamentalmente, por
una parte, en el fomento a la inversión, como son las medidas
para potenciar la inversión productiva, elevando la deducción
de la cuota del Impuesto sobre Sociedades y en el
establecimiento transitorio de una reserva especial para
inversiones productivas.
Está también el fomento de la actividad exportadora, que
aunque ahora, existe en la legislación estatal la posibilidad
de deducción del 30 por ciento, nosotros creemos que en estos
momentos es necesario incrementar este porcentaje.
Asimismo, también pensamos en medidas para la posibilidad de
la autofinanciación de las empresas, sobre todo de las
pequeñas y medianas, a través de la deducción de la cuota del
impuesto en un porcentaje sobre las ampliaciones de capital,
siempre y cuando estén totalmente desembolsadas y sean
realizadas en efectivo.
El apoyo a la potenciación del acceso de las empresas al
crédito, a través de la exención total del impuesto para
incrementos de patrimonio que contengan las sociedades de
garantía recíproca para la enajenación de acciones. Esta
creemos que es una medida que puede, de alguna forma,
potenciar a las sociedades de garantía recíproca que en estos
momentos están francamente desaprovechadas. Medidas fiscales
para el empleo y la formación; fomentar la formación
profesional del personal, estableciendo una deducción de un
porcentaje del total de los gastos centralizados; o potenciar
la creación de empleo, a través de una deducción de la cuota.
Y, finalmente, la creación de empresas. Creemos que todo lo
que en estos momentos se pueda realizar para incentivar la
creación de empresas es poco, y aunque parezca exagerado, como
así lo han demostrado a través de sus declaraciones y de los
recursos presentados, la exención del Impuesto sobre
Sociedades durante un período temporal para las empresas de
nueva creación, seguimos insistiendo en que es una medida
adecuada.
Todas estas medidas que nosotros proponemos en esta enmienda
de adición sí tengo que advertir que tampoco por nuestra parte
pueden ser moneda de cambio y que, por tanto, lo que vamos a
exigir es que se acceda a la totalidad de las medidas
presentadas.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.
Brevemente. Creo que hemos perdido una oportunidad y una
responsabilidad también precisamente en el contenido de esta
moción. No me parece que sea serio (y no quiero con esto
faltar, sino que lo digo desde el más puro respeto a quienes
lo han presentado) que este plan, tan bien trabajado, y con el
que yo personalmente mantengo muchas coincidencias, yo diría
incluso que tiene algunas
afirmaciones valientes, sea presentado aquí en medio de un
debate que no va a ser acogido con la suficiente profundidad y
con el suficiente respeto. Yo creo que se hace dentro del
desacuerdo y con una gran dosis de protagonismo político que
invalida y que hace ineficaz precisamente el esfuerzo con el
que se ha
elaborado. Por esa razón, yo me voy a abstener en esta
votación; me voy a abstener porque precisamente este debate
debería haberse realizado quizá con un acuerdo entre los
grupos políticos para haber planteado, desde una estructura
similar a la que se ha planteado hoy, una posible moción,
diríamos, de acuerdo general. Por otra parte, creo que hay
una ausencia en el tratamiento del déficit de todas aquellas
medidas que puedan ser de carácter presupuestario,
fundamentalmente, en lo que puede afectar a los capítulos I y
II. Yo creo que se hace un tratamiento meramente cuantitativo,
pero no se están atendiendo las causas que están produciendo
ese déficit público, que va a continuar en los años sucesivos.
Quisiera finalmente también reiterar mi apoyo a las enmiendas
presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, en función
de que considero complementan de forma seria las medidas
fiscales que han sido presentadas por el Grupo Popular.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.
Señora Rahola, tiene la palabra.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Señor Presidente, señorías,
Izquierda Republicana está de acuerdo en la preocupación que
motiva la moción del Partido Popular: el silencio del
Gobierno, sostenido durante meses, a pesar de que la gravedad
de la crisis obligaría a actuar con rapidez y a responder a
las preguntas que se formula nuestra ciudadanía, y, sobre
todo, la presencia de Felipe González en este hemiciclo para
explicar el alcance de la crisis y sus proyectos para
solucionarla. El largo silencio de Felipe parece, en el mejor
de los casos, irresponsable.
También estamos de acuerdo con algunos puntos planteados,
como, por supuesto, la reducción del déficit público; pero la
poca claridad de algunas de las propuestas presentadas por el
Partido Popular o la excesiva claridad de otras, que no nos
parecen progresistas, así como el hecho de entender que la
solución de la crisis pasa por una voluntad de consenso y no
por una
instrumentalización desde la oposición, nos lleva a votar en
contra de la moción.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Brevemente, en el plazo que tenemos establecido para poder
fijar nuestra posición en relación con la moción que ha
planteado el Grupo Popular, recabando la atención de esta
Cámara sobre una reorientación de la política económica.
Antes de nada quisiera decirle al Portavoz del Grupo Popular
que le agradezco todas las advertencias. Nuestro grupo suele
escuchar todas las advertencias políticas, vengan de donde
vengan, pero quiero --y permitirá que al final le haga una
referencia--desarrollar mi reflexión en un ámbito muy poco
crispado, con muy poca confrontación política, mucho menos con
su grupo
parlamentario, puesto que nuestro grupo entiende que la
situación económica es lo suficientemente delicada y crítica
como para que en esta Cámara nos enzarcemos
en dialécticas que creo que la sociedad no entendería que las
realizáramos.
Sin duda, va a ser ésta una legislatura muy singular. El
orden del día de esta semana nos está dando muestras de la
singularidad que va a tener esta legislatura a lo largo de los
años que puede ser que dure. No obstante, quiero decirle que
el sentido de responsabilidad y la sensatez creo que deberán,
en muchos casos, tenerse en cuenta para evitar actuaciones
incoherentes a lo largo de la legislatura y, en cualquier
caso, evitar imágenes a la sociedad que puedan devaluar,
incluso, esta propia Institución. Creo que la sensatez y el
sentido común deberán presidir muchos de los actos y de los
comportamientos de los respectivos grupos parlamentarios en
esta legislatura, repito, muy singular. Hemos analizado y
estudiado detalladamente la moción de su grupo parlamentario.
Sin duda. Y, sin duda, no les extrañe que
comprendemos la motivación por la que ustedes han planteado
esta iniciativa. No les quepa ninguna duda. Y la hemos
analizado, repito, detalladamente. Señorías, son casi más de
50 compromisos de política económica importantes, muy
trascendentes, de una incidencia en la economía y en nuestra
sociedad sustantivas. No se les escape que, de aceptarse estos
49 compromisos de variación de política económica hoy en esta
Cámara, exigiéndole su
aplicación inmediata, dudo que nuestra sociedad pueda
digerirlos. Lo dudo. Hoy, en el año en que nos encontramos,
estos 49 compromisos es imposible que nuestra sociedad los
digiera. Por tanto, quiero decirle, en nombre de mi Grupo,
que del análisis que hemos hecho se deduce que, sin duda, hay
muchos puntos en los que coincidimos. Sin duda hay muchos
compromisos que ustedes plantean y que ponen a consideración
de toda la Cámara, sobre los que nuestro grupo ha planteado
iniciativas similares y exactas muchas veces. Incluso creo que
ustedes han recogido algunas informaciones, a través de los
medios de comunicación, de las conversaciones con el Gobierno
en relación con la revisión de política económica, y al
observar que algunas de nuestras insistencias y preocupaciones
en estos momentos podían ser asumidas las han trasladado a su
moción casi
literalmente. Sin duda que esto es así. Pero no pidan a
nuestro Grupo actos de una cierta irresponsabilidad, en una
tarde de un debate parlamentario, para que aprobemos cuarenta
y nueve medidas de política económica que, de aceptarse, van
prácticamente a cambiar totalmente el esquema de la política
económica y que nuestra sociedad, señorías del Grupo Popular,
no puede costear. Por lo tanto, nuestro Grupo no puede asumir
compromisos de una cierta irresponsabilidad. Porque, ¿qué
sucedería si aprobáramos en esta Cámara estos cuarenta y nueve
compromisos y pasaran los meses y los años y la sociedad viera
que no se pueden aplicar? Cometeríamos una acción de
irresponsabilidad política,
degradaríamos la imagen de esta Cámara al tomar decisiones
políticas de una trascendencia importante, y no ver si el
poder político y los responsables de la dirección de la
economía pueden realmente trasladar estos compromisos de esta
Cámara a su acción de gobierno.
Muchos de estos compromisos se pueden llevar a cabo, sin duda
que sí, y nuestro Grupo parlamentario ha iniciado un proceso
de conversaciones con el Gobierno y con el Grupo Parlamentario
Socialista para intentar, en el ejercicio de 1994, dar unos
primeros pasos sustantivos en esta dirección. En este proceso
estamos y en el proceso de que en el ejercicio de 1994, en la
dirección de la contención del gasto público y en la dirección
de la, digamos, reactivación de la política dirigida a la
actividad económica productiva, podamos adoptar decisiones,
muchas de las que ustedes sugieren, en el sentido de poder
superar la situación económica en que nos encontramos. Este es
el compromiso que ha iniciado nuestro Grupo, ésta es la
trayectoria que ha iniciado nuestro Grupo, y vamos a ser
coherentes en esta trayectoria mientras se mantenga este marco
de relación, para intentar real y efectivamente poder
introducir en la política económica cambios importantes, que
algunos de ellos coinciden con su moción. Mientras dure este
proceso y estemos en este marco, nuestro Grupo va a mantener
su propia coherencia, la coherencia de intentar hacer realidad
algunas de las cosas que ustedes desean que se hagan realidad,
que nuestro Grupo comparte con ustedes y hace años que venimos
defendiéndolo. Pero no nos pidan, señorías del Grupo Popular,
que tomemos, en unos actos irresponsables, en un debate en
este Pleno, decisiones que la sociedad no comprendería y que
romperían con una cierta coherencia de una institución
parlamentaria, que cuando vota mayoritariamente un compromiso,
debe ejercerse. Seamos coherentes y que la coyuntura no nos
haga perder el sentido común, que yo creo que, en todo caso,
en estas circunstancias que administramos, debe preservarse.
Señorías, en todo caso y haciendo referencia a la moción
concreta, vamos a hacer --yo creo-- lo que ustedes desean que
hagamos, vamos a hacer exactamente lo que ustedes desean que
hagamos. Porque si ustedes hubieran deseado un acuerdo en esta
Cámara para poder llegar a compromisos de revisión de la
política económica, hubieran hecho otra cosa muy distinta, y,
en la relación de advertencias mutuas, les sugiero que, en
todo caso, en futuros debates lo tengan en cuenta. No se puede
plantear un programa exhaustivo para que en esta Cámara, en
una tarde, decidamos cuarenta y nueve compromisos de esta
trascendencia. Esto no da una imagen seria a la sociedad. No
obstante, hay muchos puntos que sí son serios e importantes y
los podríamos incorporar. En todo caso, nuestro Grupo desea
decirles que, en la justificación y la exposición de motivos
que está precediendo a esta moción, leemos lo siguiente.
Dicen ustedes, tras criticar la situación actual, que no lo
juzgamos: El panorama se complica porque la incapacidad de
manejar la situación por parte del Gobierno, apoyado
erráticamente por una mayoría a la que no consigue dar
carácter estable...
Señorías, si ustedes deseaban que nuestro Grupo Parlamentario
entrara en una relación de comprensión de su iniciativa, ¿por
qué ustedes nos sitúan, en su exposición de motivos, fuera de
esta posibilidad, colocándonos en una actitud errática?, que
dicen ustedes que es la que realizamos en este Parlamento y
que no consigue carácter estable. Pues miren, estamos
intentando dar carácter estable a una mayoría de esta Cámara y
estamos dando este carácter estable adoptando posiciones no
erráticas, y precisamente por eso no vamos a darle el apoyo a
su moción, para no ser erráticos, porque, de hacerlo,
estaríamos actuando erráticamente. Vamos a intentar dar una
mayoría estable para cambiar algunas cosas de la política
económica, que ustedes también desean y en nuestro Grupo hace
años que estamos
persiguiéndolo. Por lo tanto, si deseaban ustedes un cierto
acuerdo con nuestro Grupo Parlamentario, tenían otra forma de
plantearlo, pero ni mucho menos hacer, en la justificación,
una crítica a nuestro Grupo, a un comportamiento errático, que
en ningún momento estamos realizando. (Rumores y protestas.)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!
El señor HOMS I FERRET: Por consiguiente, señorías, no vamos
a ser erráticos; vamos a ser coherentes y vamos, en todo caso,
a satisfacer su deseo más íntimo, y su deseo más íntimo es que
no apoyemos su moción (Risas y rumores.), porque, de lo
contrario, hubieran ustedes planteado unas propuestas con un
matiz y un alcance un poco distintos al que han expuesto.
Porque la imagen que trasladaremos a la sociedad, en el
supuesto de admitir 49 cambios tan sustantivos y de tan
elevado coste en esta moción, sería un acto de una cierta
irresponsabilidad y, por consiguiente, aun coincidiendo con
muchos aspectos, les invitamos a que en un futuro hagan
ustedes otra estrategia más efectiva y, por supuesto, que la
sociedad, desde una posición más realista, la pueda digerir y
la pueda hacer realidad. Porque, en definitiva, todas las
medidas que tome esta Cámara, la sociedad deberá costearlas y
hacerlas realidad. Por tanto, les invito a ustedes a que
comprendan la iniciativa que ha hecho nuestro Grupo al empezar
esta legislatura para intentar cambiar muchas cosas sobre la
política económica, desde una posición responsable y coherente
con nuestro ideario en nuestro programa electoral (Protestas y
rumores.), y que puede ser coincidente, pero que se mueve en
el campo de los aspectos positivos y reales que la sociedad
hoy puede aceptar y digerir. Nada más, señor Presidente.
Quiero sólo decir que no se preocupe el portavoz del Grupo
Popular por hacernos algunas recomendaciones en cuanto a la
comprensión o no comprensión de nuestros electores, de nuestro
comportamiento en esta Cámara; no se preocupe. (Rumores.)
Nuestros electores --creo que no se debe usted llamar a
engaño--hace muchos años que nos comprenden y hace muchos años
que, elección tras elección, nos dan un mayor apoyo por
nuestra actitud en esta Cámara. No se llame usted a engaño,
porque, de alguna manera, yo creo que, en todo caso,
corresponde más a ustedes hacer un esfuerzo para que algunos
de sus Diputados comprendan algunas de sus actuaciones, no sus
electores; porque algunos de sus Diputados en nuestra
circunscripción les dimiten a ustedes por no comprender sus
actuaciones. (Protestas y rumores.) Por tanto, les agradezco
sus advertencias, pero no sufran. Nuestros electores van a
comprender perfectamente la coherencia de nuestro
comportamiento político en esta Cámara. Siempre lo han hecho
y, año tras año, así nos lo han manifestado en las elecciones.
Nada más y muchas gracias. (Protestas.--Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, yo subía a la tribuna con el ánimo de atacar
directamente la moción presentada por el Partido Popular;
atacarla directamente porque creo que es una salida salvaje a
la crisis. (Protestas.) Pero creo que, parlamentariamente, ha
sido un acierto la propuesta que ustedes hacen; ha sido un
acierto porque creo que se ha visualizado perfectamente en la
Cámara que hay una salida de derechas a la crisis económica, y
que esa salida de derechas aglutina a los sectores de la
derecha en España, a los sectores de la derecha que no
solamente representan ustedes. Yo pienso que es políticamente
muy interesante lo que hemos oído aquí por parte del portavoz
del Grupo Vasco; es políticamente interesante porque habla de
la sintonía política económica que existe entre esos grupos
políticos. Y también enormemente interesante ver los
equilibrios que ha hecho el Grupo Catalán para mantener una
cierta sintonía y una cierta distancia. (Rumores.) Yo creo que
eso es muy interesante, porque demuestra que hay una salida de
derechas a la crisis, al igual que hay una salida de
izquierdas. Y lo que realmente está complicando el debate en
este país es que parece que hay sectores que están mezclando
esas dos salidas, y eso tiene muy difícil casamiento.
Por tanto, independientemente de que a mí me parezca una
salida absolutamente salvaje la que ustedes están proponiendo,
yo creo que políticamente es enormemente interesante este
debate, y yo creo que no es debate, y yo creo que no es
una buena salida para los trabajadores, para amplísimos
sectores sociales, ni siquiera para el país, porque en el
fondo lo que ustedes proponen es cargarse el déficit de una
manera absolutamente radical y sin contemplaciones. En el
fondo, plantean menos presión fiscal, diga lo que diga el
señor portavoz del Grupo Popular, y una drástica privatización
de todas las empresas públicas. Todo lo demás, siendo algunas
cosas que ustedes plantean en la moción lógicas y sensatas y
que ninguna persona en sus cabales rechazaría, como todo
aquello que sea transparencia, agilizar la Administración,
etcétera --eso nadie se lo puede rebatir, o por lo menos yo no
voy a plantearme aquí rebatírselo--, estos tres elementos, dos
de los cuales son cargarse el déficit o luchar contra él de
una manera sistemática, sin ningún tipo de cortapisas, y
plantearse una privatización de las empresas incluso para
disminuir el déficit (lo cual para nosotros es algo
absolutamente incomprensible, como decía el propio Ministro
Borrel, que decía que significaba vender los activos del país
para conseguir que haya un mayor déficit dentro de unos
cuantos años), este tipo de medidas yo creo que a la larga
serían tremendamente negativas para el país. El otro aspecto
importante que ustedes plantean aquí es convertir el mercado
laboral en una auténtica selva; el mercado laboral, que ya hoy
día tiene unas connotaciones de liberalidad tremendas,
plantean llevarlo a una situación absolutamente insostenible
para los trabajadores. Por tanto, yo creo que socialmente la
alternativa que ustedes plantean no puede ser aceptada por la
izquierda desde ningún punto de vista, desde luego no lo es
por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. La virtud que sí
tiene su propuesta es la de visualizar alianzas reales de
sectores económicos y políticos que sustentan a esos sectores
económicos.
Cuando decimos que con sus medidas va a haber un menor
ingreso por parte del erario público (porque, a pesar de que
ustedes digan, como han planteado en esta tribuna, que ninguna
de sus medidas va a limitar el ingreso por vía fiscal, lo
cierto es que todo ese conjunto de medidas es una reducción
enmascarada de impuestos, tanto del Impuesto sobre Sociedades
como del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas),
nosotros consideramos que, de igual manera, toda la artillería
que ustedes plantean para la liberalización y la desregulación
y privatizaciones significará también, como he dicho
anteriormente, que este país va a perder las joyas de la
corona para no se sabe qué inversión tenga en el futuro
España.
Por consiguiente, el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya va a votar negativamente su moción, lo cual es algo
que creo que ustedes podían esperar perfectamente, porque
nuestra ubicación social y política está perfectamente
determinada, pero yo creo que sería interesante que los Grupos
parlamentarios fueran coherentes en el futuro, en sus
políticas de alianza y las políticas reales que intentaran
presentar al pueblo español, con las posiciones que tomaran
aquí.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Andreu.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Hernández
Moltó.
El señor HERNANDEZ MOLTO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, mi Grupo ha seguido con mucha
atención la revisión a la lectura de la moción que el señor
portavoz del Partido Popular ha realizado esta tarde.
Realmente creo que ha hecho un gran servicio a esta Cámara: el
servicio, al menos, de la economía procesal; el servicio de no
hacer perder el tiempo a las señoras y señores Diputados.
Porque si existiera esa vieja tradición que existía antes de
que los cronistas parlamentarios calificaran las iniciativas
políticas, creo que la moción que el Partido Popular presenta
esta tarde tendría una definición francamente ecológica. Sería
una moción búho, ya que estos animales cuando se hinchan
parece que pesan 20 kilos, pero cuando vuelven a su ser se
quedan en su kilo y medio justo. Yo creo que es una moción
que ya había tenido todo el ruido que tenía que tener. Esta
mañana en la Comisión, en la rueda de prensa, en las
conversaciones con los medios de comunicación que los fines de
semana lógicamente tienen que tener los grupos, había dado de
sí todo lo que tenía que dar.
En cualquier caso, no crean que el Grupo Parlamentario
Socialista no ha hecho un serio esfuerzo de estudio y de
análisis de su propuesta. Créanme. Lo que pasa es que
cometimos una ingenuidad. Fuimos a textos económicos, fuimos a
los clásicos, fuimos a hablar de economía y nos equivocamos,
porque la moción estaba mucho más próxima del Partido Popular.
Estaba, lógicamente, donde tenía que estar: en su programa
electoral, en el programa electoral que hace algunos meses se
ha sometido a debate en este país.
Por tanto, yo sé que no se sorprenderán SS.SS. cuando el
resultado de la votación de esta moción arroje un resultado
similar al que ya arrojó el debate económico que ustedes casi
nunca tuvieron la oportunidad de expresar ante la opinión
pública.
Porque, señoras y señores Diputados del Partido Popular, yo
sé que les tienen prohibido decir en público, yo creo que
hasta pensarlo, algo que es público y notorio: ustedes
perdieron las elecciones el 6 de junio. (Rumores y protestas
en los bancos del Grupo Popular.) Doy este dato porque tiene
mucho interés para lo que ustedes han traído a colación a esta
Cámara. (Rumores. Algunos señores Diputados del Grupo Popular
pronuncian palabras que no se perciben.) No hace falta que se
expresen tan gráficamente. Con verles la cara ya se
sabe que son ustedes la derecha del país. No hace falta
explicitarlo más. (Risas y Rumores.)
Decía que ustedes habían perdido las elecciones, pero es una
pura crónica de los acontecimientos, no es ningún argumento
parlamentario agresivo; lejos de mí en este momento. Lo que
pasa es que el PSOE ganó las elecciones. Lo saben ustedes
(Rumores.) Y las ganó de una forma distinta a como las había
ganado en las tres legislaturas anteriores. (Rumores.) Lo cual
nos coloca en una situación parlamentaria distinta, en una
situación política diferente, pero también le coloca al país
con una expectativa de que en esta Cámara los grupos políticos
hagan un ejercicio de responsabilidad para que, fuera cual
fuere el resultado de las elecciones, haya gobernabilidad y se
solucionen problemas. Digo esto porque el Partido Socialista
ganó esas elecciones, desde mi punto de vista, con un serio
esfuerzo de explicación y una rigurosa explicación, no sólo de
la situación económica, (Rumores) sino haciendo un esfuerzo de
responsabilidad, tomando, incluso, decisiones económicas en
plena campaña electoral que probablemente pusieron de
manifiesto la responsabilidad y el rigor de este Partido. Lo
hicimos, además, con un escenario y un diagnóstico de la
situación económica que, créanme, comparte cualquiera que
tenga un cierto sentido común económico y una cierta
formación; por tanto, ustedes también.
Yo sé que ustedes comparten el diagnóstico de la situación
económica española, pero no es un diagnóstico nuevo que haya
surgido a tenor de la moción que presenta el Partido Popular.
Ni siquiera el diagnóstico surgió en la campaña electoral,
surgió mucho antes. Si el diagnóstico de la situación
económica española viene reiterándose en esta Cámara por parte
del Gobierno Socialista y de este Partido desde hace año y
medio. Si los males de nuestra economía, los problemas
internos y externos, públicos y privados, propios y ajenos han
sido analizados y desgranados uno a uno. Si no se está
aportando nada nuevo al debate económico. Se está aportando,
eso sí, un nuevo elemento que, señorías, creo que no hacen
ningún favor ni a su coherencia económica, ni a su
responsabilidad política ante la sociedad.
¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? Que hemos
encontrado una moción --49 medidas se proponían-- en la que
algunas de ellas probablemente sean originales del Partido
Popular, otras son el plagio o simplemente el contagio del
discurso económico que se está teniendo aquí durante el último
año y medio.
En realidad, yo creo que se persigue algo más. Yo tengo la
impresión de que detrás de ese esfuerzo intelectual que a
algún ilustre Diputado del Partido Popular le toca hacer, se
esconde algo. Yo creo que detrás de la moción del Partido
Popular está la niebla que esconde una situación que
desgraciadamente esta mañana se ha puesto de manifiesto. De
ahí que ya entiendo yo la frustración de algún portavoz de
algún grupo de esta Cámara cuando, después de hacer el
derroche intelectual que ha podido hacer, o las fotocopias
correspondientes en las últimas semanas, ha venido aquí a
convencer a esta Cámara del programa alternativo --nada más y
nada menos-- de la derecha española para que sea votado. Pero
esta mañana le han gastado una faena, señor Montoro, porque
detrás de esos 49 mandamientos económicos, su jefe de filas ha
dicho: Y todos ésos se encierran en uno, elecciones. Lo que
probablemente está detrás del discurso económico que el
Partido Poplar está generando en las últimas semanas es el
echar por tierra un esfuerzo importante; un esfuerzo que
incluso no se para uno en chinitas para descalificar e
insultar a cualquier grupo político o a cualquier agente
económico social que no tenga complejos en decir que quiere
dar estabilidad política a este país. Quizás ese espejo de
grupos y de agentes sociales y económicos que tienen criterio
propio y no tienen complejos, les hace actuar de una forma
equivocada. (Un señor Diputado de los bancos del Grupo
Popular: ¡Al grano!) Porque este proceso está generando la
sensación de que las cosas están encaminadas, pero hay algo
que empieza a herir lo que quizás algún grupo crea que son sus
expectativas electorales de futuro (Rumores.), y es la
confianza en el país. (Risas y rumores.)
Cada día se aprende una cosa nueva, y ustedes necesitan
aprender muchas. (Nuevas risas y rumores.)
Si el escenario está diagnosticado, y coincidirá conmigo S.S.
en que las medidas están expuestas; si el proceso de debate y
de diálogo de la situación política y social del país está
trazado, ¿qué es lo que falta? Que el inversor nacional y
extranjero tenga confianza en este país. Ustedes han
encontrado su blanco de campaña cuatro años antes de
iniciarla: Vamos a quitar confianza a los inversores dando
sensación de debilidad del Gobierno (Rumores.), de secuestro
del Gobierno, y vamos a calificar a todos aquellos grupos que
tienen criterio propio de interesados. (Prolongados rumores.)
Es bastante sencillo. Yo sé que frente a los argumentos,
ustedes tienen que sonreír, pero no están alegres. (Nuevos
rumores.) No están alegres. (Risas.) Ustedes están preocupados
seriamente. Esto tiene solución y, por suerte, creo que hemos
encontrado más bien el ámbito de solución en la propia
política del Gobierno. Para eso, señoras y señores Diputados,
hagan caso sobre todo a aquellos a quienes tanto les gusta oír
hablar de economía, hagan caso a los economistas. (Risas y
rumores.) No hagan tanto caso a sus técnicos de marketing
político, porque se pueden equivocar. Y lo que es peor, lo
puede pagar todo el país. Muchas gracias. (Protestas en los
bancos del Grupo Popular.--Aplausos en los del Grupo
Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hernández Moltó.
Por el Grupo proponente de la moción, tiene la palabra el
señor Montoro, a efectos de expresar la aceptación o rechazo
de la enmienda defendida por el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).
El señor MONTORO ROMERO: Señor Presidente, en primer lugar
quiero agradecer las valoraciones que se han hecho. Ha sido
una auténtica lección de economía lo que hemos escuchado esta
tarde en esta Cámara. (Aplausos en los bancos del Grupo
Popular.) Además, hemos aprendido también... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!
El señor MONTORO ROMERO: Decía que hemos aprendido también
que, para algunos grupos parlamentarios, el ejercicio de
responsabilidad consiste en mantener la política económica
socialista que profundiza la crisis económica. (Nuevos
aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
En lo relativo a la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco,
agradecemos sinceramente esta enmienda que completa y
enriquece nuestro proyecto. Vamos a aceptar la citada enmienda
salvo la adición en el punto 2.3, que se refiere a la bajada
del tipo de gravamen del Impuesto sobre Sociedades, y el
último apartado relativo... (Varios señores Diputados
pronuncian palabras que no se perciben.--Rumores.)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías! (Continúan los
rumores.)
El señor MONTORO ROMERO: ...a la enmienda de adición, al
punto dos... (Un señor Diputado del GrupoSocialista pronuncia
palabras que tampoco se perciben.--Continúan los rumores.)
El señor PRESIDENTE: ¡Señorías, les ruego guarden silencio!
El señor MONTORO ROMERO: Déjeles que su portavoz les ha
producido gran excitación, señor Presidente. Déjeles que
completen esa alegría.
Decía que no aceptamos tampoco el final del contenido de la
enmienda de adición, relativo a la exención en el Impuesto
sobre Sociedades, durante un período temporal en determinadas
condiciones, para las sociedades de nueva creación. Esto es lo
que no admitimos de esta enmienda.
Una vez más, agradecemos el contenido de esta enmienda.
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular, que se somete
a votación en los términos resultantes de la aceptación de la
enmienda del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), excepto los
extremos de la misma que han sido excluidos por el señor
Montoro en su intervención de aceptación de la citada
enmienda.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 304; a favor, 124; en contra, 176; abstenciones,
cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
El Pleno se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las ocho y cuarenta minutos de la noche.