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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 9, de 14/09/1993
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1993 Núm. 9 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 7
celebrada el martes, 14 de septiembre de 1993
ORDEN DEL DIA: Página
Debates de totalidad de propuestas de reforma de Estatutos de
Autonomía:
--De las Cortes Valencianas, de Reforma del Estatuto de Autonomía
de la Comunidad Valenciana. (Orgánica.) «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie A, número 4.1, de 8 de julio de 1993
(número de expediente 127/000004) (Página 205)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades
Autónomas:
--De las Cortes Valencianas, por la que se deroga la Ley Orgánica
12/1982, de 10 de agosto, de transferencias a la Comunidad Autónoma
Valenciana de competencias de titularidad estatal. «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Serie B, número 4.1, de 7 de julio de
1993 (número de expediente 125/000004) (Página 205)
Debates de totalidad de propuestas de reforma de Estatutos de
autonomía. (Continuación):
--De la Diputación General de La Rioja, sobre ampliación de
competencias del Estatuto de Autonomía de La Rioja.
(Orgánica.) «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A,
número 5.1, de 8 de julio de 1993 (número de expediente 127/000005)
(Página 214)
--De la Asamblea Regional de Cantabria, de Reforma del Estatuto
para Cantabria. (Orgánica.) «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie A, número 6.1, de 8 de julio de 1993 (número de
expediente 127/000006) (Página 221)
Proposiciones no de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se
insta al Gobierno a la modificación de la Disposición Decimoquinta
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
laFunción Pública, modificada a su vez por la Ley 23/1988, de 28 de
julio, mediante Real Decreto-Ley. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie D, número 4, de 30 de julio de 1993 (número de
expediente 162/000005) (Página 227)
--Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que
se solicita la urgente modificación de la edad de jubilación de los
funcionarios de los Cuerpos docentes universitarios, ampliándola
hasta los 70 años. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie
D, número 4, de 30 de julio de 1993 (número de expediente
162/000001) (Página 227)
(Continúa el orden del día en el número 10, de 15 de septiembre de
1993.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Debates de totalidad de propuestas de reforma de Estatutos de
Autonomía (Página 205)
De las Cortes Valencianas, de reforma del Estatuto de Autonomía de
la Comunidad Valenciana. (Orgánica) Página 205 Toma en
consideración de proposiciones de ley de Comunidades Autónomas
(Página 205)
De las Cortes Valencianas, por la que se deroga la Ley Orgánica
12/1982, de 10 de agosto, de transferencias a la Comunidad Autónoma
Valenciana de competencias de titularidad estatal (Página 205)
El señor Presidente anuncia que el debate correspondiente a la
propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Valenciana se celebrará conjuntamente con el relativo a la toma en
consideración de la proposición de ley de las Cortes Valencianas
por la que se deroga la Ley 12/1982, de 10 de agosto, de
transferencias a la Comunidad Autónoma Valenciana de competencias
de titularidad estatal.
En representación de las Cortes Valencianas interviene, en primer
lugar, el Diputado de las mismas señor Parra, manifestando que la
reforma que proponen del Estatuto de Autonomía cuenta con el
respaldo unánime de las Cortes Valencianas y pretende dotar al
pueblo valenciano del ejercicio pleno de su autogobierno, y
responde tanto a la legitimidad histórica como a los deseos
reiterados de las actuales generaciones de valencianos. Afirma que
son un pueblo cuya personalidad nacional se forjó en casi medio
milenio de particularismo político en forma de reino, un pueblo que
a través de muy diversos avatares ha conservado su memoria
histórica, su cultura y su identidad nacional. Recuerda también que
hace diez años la práctica totalidad de los municipios valencianos
solicitaron la máxima autonomía en el tiempomás corto posible,
aceptando, no obstante, con realismo y generosidad el Estatuto de
Autonomía promulgado, una vez cerrada la vía constitucional del
artículo 152, si bien considerando que se trataba de una situación
transitoria que algún día habría de ser superada, profundizando
mucho en la dimensión política de la autonomía y dotándola de un
soporte definitivo y propio, aspiración que puede verse hoy
cumplida. Interviene a continuación el también Diputado de las
Cortes Valencianas señor Agramunt Font de Mora, que destaca la
importancia de la reforma estatutaria que se propone, con la que se
cierra un período transitorio en la autonomía de la Comunidad
Autónoma de Valencia, una vez superados con creces los cinco años
que establece la Constitución para la reforma de los Estatutos
autonómicos. Solicita el voto favorable de los Diputados para
una reforma que fue aprobada por unanimidad en las Cortes
Valencianas, en la seguridad de que se hará así justicia con el
pueblo valenciano, que podrá celebrar con júbilo la culminación del
proceso estatutario. En representación de las Cortes Valencianas
interviene seguidamente el Diputado señor Villalba Chirivella, que
insiste en la unanimidad alcanzada en aquellas Cortes a la hora de
aprobar la reforma que ahora defiende, demostrando que la
conciencia política de la sociedad valenciana reclama la asunción
de las competencias con carácter definitivo, pasando de una
situación de competencias prestadas a la nueva realidad de
ejercerlas en propiedad. Completa el turno de representantes de las
Cortes Valencianas el Diputado señor Taberner Ferrer, señalando que
intervenir cuatro portavoces de las Cortes Valencianas no significa
desconfianza entre los diversos Grupos de aquéllas, sino que, por
el contrario, desean resaltar la unanimidad de los grupos
representados en dichas Cortes a la hora de solicitar hoy ante este
Congreso la aprobación de su Estatuto de Autonomía y la derogación
de la LOTRAVA. Esta presencia múltiple aquí hoy viene a significar
como un símbolo de la voluntad del pueblo valenciano por conseguir
el máximo nivel autonómico. En turno de fijación de posiciones de
los diversos grupos de la Cámara intervienen los señores González
Lizondo, del Grupo Mixto; Recoder i Miralles, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió); Olarte Cullen, del Grupo de Coalición
Canaria; Peralta Ortega, del Grupo Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya; Cartagena Travesedo, del Grupo Popular y
Ciscar Casabán, del Grupo Socialista. En votación de totalidad
relativa a la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Valenciana se aprueba su tramitación por 293 votos a
favor y una abstención. Asimismo se aprueba la toma en
consideración de la proposición de ley de las Cortes Valencianas,
por la que se deroga la Ley Orgánica 12/1982, de 10 de agosto, de
transferencias a la Comunidad Autónoma Valenciana de competencias
de titularidad estatal por 294 votos afavor y tres abstenciones.
Debates de totalidad de propuestas de reforma de Estatutos de
Autonomía. (Continuación) (Página 214)
De la Diputación General de La Rioja, sobre ampliación de
competencias del Estatuto de Autonomía de La Rioja. (Orgánica)
(Página 214)
En defensa de la propuesta de la Diputación General de La Rioja
interviene el Diputado de la misma señor Fraile Ruiz, manifestando
que el trámite que hoy les ocupa significa, fundamentalmente, dar
satisfactorio cumplimiento a las previsiones constitucionales del
artículo 150.2 y a las estatutarias de su Carta autonómica en sus
artículos 11 y 43. Se trata, además, de un acto de profundo
significado político por el que se transfieren nuevas competencias
del Estado a la Comunidad Autónoma, dando cumplimiento y
satisfactoria respuesta a las aspiraciones mayoritarias de los
riojanos al incrementar las cotas de autogobierno de la región,
aproximando los niveles competenciales al resto de las comunidades
autónomas. Termina señalando que al defender la proposición de ley
no lo hace desde una perspectiva localista sino desde una visión de
Estado y desde la reflexión positiva de lo que históricamente
significa la evolución de una España centralista a una España
autonómica, una España descentralizada política, económica y
administrativamente en un espacio de tiempo muy corto y que, sin
duda, debe ser vertebrada y solidaria entre sus regiones y
nacionalidades. Continúa el turno de representantes de la Asamblea
de La Rioja el Diputado de la misma señor Espert Pérez-Caballero,
que solicita el apoyo de este Congreso a la proposición de ley en
cuanto que supone un desbloqueo en las transferencias de nuevas
competencias a la Comunidad Autónoma de La Rioja. Alude al
desarrollo del Estado autonómico que, a su juicio, culminará cuando
todas las comunidades autónomas tengan potencialmente el mismo
techo competencial. Completa el turno de representantes de la
Asamblea de La Rioja el Diputado de la misma señor Virosta Garoz,
que califica de buena la proposición de ley, aunque no óptima al no
dar total cumplimiento a sus aspiraciones de mayores competencias,
no obstante lo cual apoyaron la misma con su voto en la Asamblea
regional. No va a repetir los argumentos allí expuestos, que además
supondría un esfuerzo inútil, pero sí desea dejar constancia de que
en el supuesto de que la ley sea aprobada tal como está quedan
muchas cosas, muchos problemas pendientes de resolver, por lo que
piensa que no puede cerrarse el proceso autonómico mientras existan
las grandes diferencias que hoy existen entre las diversas
comunidades autónomas. En turno de fijación de posiciones
intervienen los Diputados Camp i Batalla, del Grupo Catalán
(Convergència
i Unió); Martínez Blasco, del Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya; Alegre Galilea, del Grupo Popular,
y Sáenz Cosculluela, del Grupo Socialista. Sometida a votación de
totalidad, se aprueba la propuesta de la Diputación General de La
Rioja por 280 votos a favor, 14 en contra y tres abstenciones.
De la Asamblea Regional de Cantabria, de reforma del Estatuto para
Cantabria. (Orgánica.) (Página 221)
En defensa de la propuesta objeto de debate interviene, en primer
lugar, el señor Pajares Compostizo, Presidente de la Asamblea
Regional de Cantabria manifestando que se trata de una iniciativa
legislativa, que representa un paso importante en la potenciación
del Estado descentralizado que define nuestra Constitución y que en
los últimos años han venido defendiendo con más ahínco aquellos
territorios que accedieron a la autonomía por el procedimiento
denominado de vía lenta. Cree que éste es el lugar adecuado para
reconocer y subsanar, en lo posible, esa lentitud, dando además
satisfacción a aquellas regiones que, como Cantabria, han venido
reivindicando constantemente estos mayores niveles competenciales,
aunque lo hayan hecho de forma sosegada a través de sus órganos de
autogobierno. Alude a continuación al importante declive y a la
difícil situación económica por la que atraviesa Cantabria en estos
momentos, y de ahí que tengan una especial importancia las nuevas
competencias que ahora se les transfieran. Completa el turno de
representantes de la Asamblea Regional de Cantabria el señor
Palacio García, manifestando que este nuevo proceso que se abre
para Cantabria es la expresión no sólo de un consenso político sino
de un estudio y de un debate sereno, riguroso y racional que, desde
la lealtad al proyecto nacional español, pretende dar satisfacción
a las aspiraciones de autogobierno de aquella Comunidad. Con esta
reforma estatutaria se pone fin a la desigualdad inicial con otras
autonomías en cuanto a los niveles competenciales, se eliminan
desajustes territoriales y, en definitiva, su significado político
es de gran trascendencia para la articulación del conjunto del
Estado. Finaliza haciendo alusión al elevado grado de preocupación
política que existe en aquella Comunidad, ya que no está claro que
los ciudadanos de Cantabria con los nuevos traspasos de
competencias del Estado a la Comunidad Autónoma vayan a recibir más
y mejores servicios de la Administración, puesto que el deterioro
institucional que vive la Comunidad Autónoma como consecuencia de
las crisis permanentes que generan los partidos de la derecha está
poniendo en peligro el grado de eficiencia de la Administración
autonómica. Para fijación de posiciones intervienen los señores
Mardones Sevilla, de Coalición Canaria; Camp i Batalla, del Grupo
Catalán (Convergència i Unió); González Blázquez, del Grupo Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Martínez Sieso, del
Grupo Popular, y la señora Fernández Sanz, del Grupo Socialista.
Sometida a votación de totalidad, queda aceptada la propuesta de
reforma del Estatuto de Cantabria por 283 votos a favor, 11 en
contra y tres abstenciones.
Proposiciones no de Ley (Página 227)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta
al Gobierno a la modificación de la Disposición Decimoquinta de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, modificada a su vez por la Ley 23/1988, de 28 de
julio, mediante Real Decreto-Ley (Página 227)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que
se solicita la urgente modificación de la edad de jubilación de los
funcionarios de los cuerpos docentes universitarios, ampliándola
hasta los 70 años (Página 227)
El señor Presidente informa a la Cámara de que se procederá al
debate acumulado de las dos proposiciones no de ley que figuran en
el orden del día, interviniendo, en primer lugar, los portavoces de
los grupos proponentes y, a continuación, fijarán su posición sobre
las dos propuestas los grupos que deseen hacerlo. En representación
del Grupo Popular interviene el señor Ollero Tassara, manifestando
que cuando se adoptó la medida de establecer la jubilación
anticipada para todos los funcionarios y, como consecuencia, se
vieron afectados también los docentes universitarios, la reacción
no se hizo esperar y así recordaron unos que los 65 años es un
momento de madurez en la vida universitaria o dijeron otros que la
enseñanza quedaría en manos de los aprendices, no faltando quienes
hablaron también del desamparo económico en que quedaban estos
jubilados. El propio Defensor del Pueblo se hizo eco
de esta situación en su informe del año 1988, sugiriendo que se
replanteasen las retribuciones de los jubilados. Agrega el señor
Ollero que ante esta situación se ha producido toda una colección
de intervenciones en esta Cámara, recordando algunas, ya que es
imposible hacerlo en su totalidad, encaminadas a resolver tan grave
problema, no sólo de los jubilados sino también de la propia
Universidad, en un momento de grave masificación de la misma y de
escasez de profesorado. Termina congratulándose de la presentación
simultánea de otra proposición no de ley por parte del Grupo
Catalán (Convergència i Unió), aunque lamenta que la propuesta de
este Grupo, desde el punto de vista técnico, no sea muy feliz,
obligando al propio Grupo Socialista a enmendarla, si bien con un
texto que es prácticamente el mismo que figura en la proposición
del Grupo Popular. En nombre del Grupo Catalán (Convergència i
Unió), el señor López de Lerma i López señala que con fecha 19 de
julio pasado presentaron esta iniciativa encaminada a la urgente
modificación de la edad de jubilación de los funcionarios de los
cuerpos docentes universitarios ampliándola hasta los 70 años.
Recuerda que, de hecho, en la legislatura pasada se tramitó en el
Parlamento unproyecto de ley que trataba de este asunto en dos de
sus artículos, impidiendo su aprobación definitiva la disolución
anticipada de las Cortes Generales. Este hecho movió a su Grupo
Parlamentario a presentar la proposición no de ley que ahora
defiende, instando al Gobierno a adoptar con urgencia una medida
legislativa que debería consistir en un decreto-ley para solventar
rápidamente este grave problema. Sabe que el Grupo Socialista ha
presentado una enmienda a la proposición de su Grupo y anticipa que
aceptará dicha enmienda por razones prácticas, ya que lo que
realmente les interesa es la solución rápida del problema. En
defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista
interviene el señor Lazo Díaz. Para fijación de posiciones hacen
uso de la palabra los señores González Lizondo, del Grupo Mixto;
Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria, y Martínez
Blasco, del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo
Popular es rechazada por 128 votos a favor, 151 en contra y 18
abstenciones. Sometida a votación la proposición no de ley del
Grupo Catalán (Convergència i Unió), en los términos resultantes de
la aceptación de la enmienda delGrupo Socialista, es aprobada por
288 votos a favor, diez en contra y una abstención.
Se suspende la sesión a las siete y treinta y cinco minutos de la
tarde.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde. El
señor PRESIDENTE: Comienza la sesión.
DEBATES DE TOTALIDAD DE PROPUESTAS DE REFORMA DE ESTATUTOS DE
AUTONOMIA: --DE LAS CORTES VALENCIANAS, DE REFORMA DEL ESTATUTO
DE AUTONOMIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. (ORGANICA.) (Número de
expediente 127/000004)
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES
AUTONOMAS: --DE LAS CORTES VALENCIANAS, POR LA QUE SE DEROGA LA
LEY ORGANICA 12/1982, DE 10 DE AGOSTO, DE TRANSFERENCIAS A LA
COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA DE COMPETENCIAS DE TITULARIDAD
ESTATAL (Número de expediente 125/000004)
El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día: debates de
totalidad de propuestas de reforma de estatutos de autonomía.
Vamos a proceder, en primer lugar, al debate correspondiente a la
propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la
ComunidadValenciana, debate que se celebrará conjuntamente con el
correspondiente al punto segundo, que es la toma en consideración
de la proposición de ley de las Cortes Valencianas por la que se
deroga la Ley Orgánica 12/1982, de 10 de agosto, de transferencias
a la Comunidad Autónoma Valenciana de competencias de titularidad
estatal. Intervendrán, en primer lugar, los Diputados de las Cortes
Valencianas que han sido encargados de la defensa de las dos
iniciativas, y posteriormente fijarán la posición los grupos que
deseen hacerlo en relación con ambas. Por tanto, tiene la palabra,
en primer lugar y en representación de las Cortes Valencianas, don
Segundo Bru.
El señor BRU PARRA (Diputado de las Cortes Valencianas): Señor
Presidente, señorías, la reforma que se propone a esta Cámara de
nuestro Estatuto de Autonomía, por iniciativa y con el respaldo
unánime de las Cortes
Valencianas, pretende dotar al pueblo valenciano del ejercicio
pleno de su autogobierno, y responde tanto a la legitimidad
histórica como a los deseos reiterados de las actuales generaciones
de valencianos. Somos un pueblo cuya personalidad nacional se forjó
en casi medio milenio de particularismo político en forma de Reino,
del Reino de Valencia, dentro de la estructura confederal de la
Corona de Aragón. No es ocioso recordar que fuimos desposeídos de
nuestro autogobierno y sometidos a una legislación ajena no por
nuestra voluntad, sino como consecuencia de una derrota militar que
puede simbolizarse en la Batalla de Almansa en 1707. Pero somos,
señorías, un pueblo que, a través de muy diversos avatares, ha
conservado su memoria histórica, su cultura y su identidad
nacional.
No es el momento de repasar, siquiera someramente, los episodios
más significativos de este largo paréntesis en el que carecimos de
nuestras propias instituciones de gobierno. Baste con recordar, por
ceñirnos al pasado inmediato, cómo la oposición valenciana
democrática al régimen franquista siempre aspiró a una democracia
en la que las libertades y los derechos individuales fueran al
unísono con nuestras libertades y derechos colectivos como pueblo;
no en vano al lema más coreado y popular en las manifestaciones por
la democracia fue el de , que tuvo su más vibrante expresión el 9
de octubre de 1977, cuando más de medio millón de valencianos lo
gritaron por las calles de la ciudad de Valencia en la mayor
manifestación de nuestra historia. Pero la simplificación, no sé si
inevitable, que se introdujo en las negociaciones constitucionales
y sus secuelas redujeron los derechos históricos a las
nacionalidades que habían tenido estatuto durante la Segunda
República, olvidando que, en nuestro caso, nuevamente un hecho de
armas, el golpe militar de 1936, había abortado los trámites ya
iniciados para conseguirlo. No fue posible, hace diez años, el
acuerdo entre quienes comosocialistas siempre habíamos propugnado
un estatuto de plena autonomía y quienes mantenían posiciones
diferentes, pese a que la práctica totalidad de nuestros municipios
solicitaron la máxima autonomía en el tiempo más corto posible.
Cerrada así la vía constitucional del artículo 151, pero habiendo
quedado también patente que era inaceptable la vía del artículo
143, fue preciso acudir a una solución de alquimia política, de
ingeniería constitucional, que se tradujo en un estatuto de
autonomía del máximo nivel competencial, a través de una ley
orgánica de transferencias delegadas; solución que aceptamos en su
momento con realismo, generosidad y con un indiscutible sentido del
Estado. Resulta evidente, transcurrida ya una década, que desde
1982 los valencianos hemos aprovechado y ejercido todas las
posibilidades que ofrecía el Estatuto de Autonomía. Y lo hemos
hecho con responsabilidad, con esfuerzo, acreditando, día a día,
nuestra capacidad de autogobierno y convirtiendo a la Generalitat
en un referente, hoy ya imprescindible, en todos los ámbitos de
nuestra existencia individual y colectiva. No menos cierto es que
siempre hemos defendido que algún día habría que superar
formalmente la situación de singularidad con que nació nuestro
Estatuto y que por su propia excepcionalidad debía ser una
situación transitoria, que siempre hemos deseado profundizar en la
dimensión política de nuestra autonomía, dotándola de su soporte
definitivo y propio. Hoy, con su voto, señorías, podemos cumplir
esta aspiración. Hace ya muchos años que Raimon nos hablaba ; de
un tiempo que ya es un poco nuestro, de un país que vamos haciendo.
Hoy, nosotros los valencianos podemos sentir que el tiempo es ya
nuestro y continuaremos haciendo día a día nuestro país,
integrando, uniendo deseos de futuro y realidades del presente en
una comunidad libre, tolerante, orgullosa de su identidad, pero a
la vez solidaria a ultranza con cuanto representan España y Europa
como modelos de convivencia. Hoy, su voto favorable, señorías, es
un acto de justicia histórica con el pueblo valenciano, y así
espero que sea recordado en nuestra propia y vieja historia y en la
historia de España. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bru.
Tiene la palabra don Pedro Agramunt.
El señor AGRAMUNT FONT DE MORA (Diputado de las Cortes
Valencianas): Muchas gracias, señor Presidente. Señoras y señores
Diputados, es para mí hoy un doble honor ocupar esta tribuna, una
vez más, y en este caso defendiendo, en nombre de las Cortes
Valencianas, la reforma del Estatuto de Autonomía de nuestra
Comunidad y la derogación de la Ley de Transferencias. Hoy es un
día importante en la reciente historia de la Comunidad Valenciana.
Con la reforma estatutaria que hoy culmina se cierra un período
transitorio en la autonomía de nuestra Comunidad Valenciana, de
nuestro antiguo Reino de Valencia. Superados con creces los cinco
años que establece la Constitución, nuestro Estatuto fue aprobado
el 1 de julio de 1982. Las Cortes Valencianas aprobaron el 2 de
junio de 1992, hace ya más de un año, las proposiciones de ley
orgánicas que hoy se debaten en estaCámara. Con enorme
satisfacción, como digo, y representando al conjunto de las Cortes
Valencianas que aprobaron por unanimidad todos los grupos políticos
las dos proposiciones de ley defendidas, solicitamos el voto
favorable de SS.SS. a las mismas. Tengan la seguridad, señoras y
señores Diputados, de que habrán hecho justicia con el pueblo
valenciano, que podrá celebrar con
júbilo la culminación del proceso estatutario. Con la reforma que
hoy defendemos permitiremos la coincidencia de la realidad
normativa con las legítimas aspiraciones políticas de nuestro
pueblo, recordando a ese efecto que la concordancia del derecho con
la realidad querida por los ciudadanos es la última razón de ser
del Estado social y democrático de derecho consagrado por nuestra
Constitución. La Lotrava (Ley Orgánica de transferencia a la
Comunidad Valenciana de competencias de titularidad estatal), cuya
derogación hoy consecuentemente solicitamos de este Congreso de los
Diputados, fue hace ya más de once años una solución jurídica para
una contingencia política. El proceso de recuperación del
autogobierno valenciano se ha visto en alguna ocasión complicado
por circunstancias más coyunturales que de fondo valenciano. En ese
sentido, la Lotrava precisamente permitió, en un momento dado,
superar contingencias y contratar políticamente en lo profundo,
contratar políticamente sobre lo valenciano. Sin embargo, sería muy
negativo que las soluciones jurídicas se superpusieran
indefinidamente sobre las razones políticas, y aún más negativo que
se superpusieran, en el pacto civil de una comunidad, en el
Estatuto de Autonomía valenciano. Todo ello quedará definitivamente
superado, el proceso estatutario cerrado, con el voto afirmativo de
SS.SS. a estas dos proposiciones de ley que conjuntamente
defendemos. Con ese voto contamos todos los grupos políticos
representados en las Cortes Valencianas y también todo el pueblo
valenciano. Anticipadamente, señorías, les doy las gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Agramunt.
Tiene la palabra don Héctor Villalba.
El señor VILLALBA CHIRIVELLA (Diputado de las Cortes Valencianas):
Muchas gracias, señor Presidente. Señoras y señores Diputados,
comparezco ante SS.SS. en representación de las Cortes Valencianas
con la finalidad de defender la proposición de Ley Orgánica de
reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana,
proposición de ley para la que solicitamos el voto favorable de los
distintos grupos de la Cámara, ya que, como consecuencia de la
aprobación de la reforma del Estatuto y la posterior derogación de
la Lotrava, conseguiremos transformar en competencias estatutarias
de pleno derecho, incorporándolas al mismo, y poniendo fin a la
situación de transitoriedad e interinidad con que los valencianos
las teníamostransferidas. La unanimidad alcanzada en las Cortes
Valencianas demuestra que la conciencia política de la sociedad
valenciana reclama la asunción de las competencias con carácter
definitivo, pasando de una situación de competencias prestadas a la
nueva realidad de ejercerlas en propiedad. No obstante, señoras y
señores Diputados, esta unanimidad final, durante el desarrollo de
la tramitación parlamentaria esta Proposición de Ley fue objeto de
la interposición de enmiendas, tanto a la totalidad como
particulares, que hacían referencia al título de la misma, a la
exposición de motivos y al articulado. Concretamente, el grupo
nacionalista Unió Valenciana, del cual ejerzo como portavoz,
presentamos una enmienda de totalidad con devolución del proyecto
al Conseill, no porque estuviéramos en contra del contenido del
mismo, sino porque manifestamos nuestra voluntad política de haber
aprovechado el proceso de reforma para dotar al Estatuto de
Autonomía de aquellos contenidos que lo completasen y que
culminasen las aspiraciones sociopolíticas de la nacionalidad
valenciana, ilusionándonos y haciéndonos salir de las condiciones
desfavorables que impiden la consolidación de nuestro autogobierno.
Señorías, pretendíamos conseguir el cumplimiento del precepto
constitucional que posibilita a todas las autonomías alcanzar el
mismo nivel competencial. Pretendíamos aprovechar la reforma para,
con verdadera voluntad autonomista, no dejar pasar una oportunidad
tan extraordinaria para reforzar las instituciones políticas
valencianas. Bien es verdad, señoras y señores Diputados, que con
la actual composición de las Cortes Valencianas, con una amplia
representación de los grupos firmantes del pacto autonómico, se
vislumbraba difícil conseguir el objetivo propuesto. Pero como
supongo, señorías, compartiremos el criterio de que no se puede
considerar zanjado el proceso de construcción del Estado de las
autonomías, es por lo que estamos convencidos de que quizá en una
nueva proposición de reforma del Estatuto de Autonomía se puede
reabrir ese proceso, posibilitando que podamos incidir en aspectos
fundamentales como la facultad del Presidente de la Generalitat
para disolver anticipadamente les Corts Valencianes, la
financiación autonómica a través de los conciertos económicos, la
supresión de la Administración periférica del Estado, la
modificación de las regulaciones institucionales, la participación
directa en los asuntos de la política europea vinculados
directamente con nuestra Comunidad, o la ampliación efectiva del
ámbito competencial en materias como Patrimonio
histórico-artístico, Protección Civil, Trabajo y Seguridad Social,
Justicia, Investigación y Seguridad. Este fue nuestro ofrecimiento
tendente a posibilitar la realización de la reforma de acuerdo con
el dinamismo y el progresismo que la sociedad valenciana espera de
sus instituciones de gobierno. La enmienda a la totalidad no
prosperó, ni tampoco las particulares del resto de los grupos.
Señorías, el resultado final, las proposiciones de ley que
presentamos hoy en el Congreso de los Diputados, es fruto de la
voluntad unánime de la sociedad valenciana representada en les
Corts Valencianes, que esperan con su decisión afirmativa, respecto
al contenido de las mismas, seguir
avanzando, con esta asunción plena de las competencias, hacia la
profundización de la autonomía, hacia la gestión de nuestros
recursos y potencialidades que nos permitan mejorar el nivel de
calidad de vida y de bienestar social de todos los habitantes de la
Comunidad Valenciana, del Reino de Valencia. Señorías, moltes
gracies per la sua atençió y per ajudar a engrandir l'autogobern
dels valencians.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Villalba.
Tiene la palabra el señor Taberner.
El señor TABERNER FERRER (Diputado de las Cortes Valencianas):
Gracias, señor Presidente. Señoras Diputadas, señores Diputados,
el venir hoy aquí cuatro portavoces de los grupos parlamentarios de
las Cortes Valencianas quiere significar no la desconfianza entre
nuestros respectivos grupos, sino visualizar la voluntad, la
unanimidad de los grupos representados en aquellas Cortes a la hora
de presentar hoy, ante ustedes, la solicitud para la aprobación de
la reforma de nuestro Estatuto y la derogación de la Lotrava.
Insisto en que nuestra presencia hoy aquí viene a significar como
un símbolo de la voluntad de nuestro pueblo por conseguir el máximo
nivel autonómico. Durante la época de la transición se hizo famoso
un grito entre todos los ciudadanos valencianos que hablaba de
libertad, que hablaba de amnistía, que hablaba de estatuto de
autonomía. Y fue aquel grito un símbolo de lo que debió ser y no
fue ahora hace ya más de once años, un grito de los ciudadanos y
las ciudadanas en la calle, pero también un grito democrático de
los ayuntamientos valencianos que, representando a la mayoría
absoluta de nuestros conciudadanos, tomaron la iniciativa para la
consecución de un estatuto de autonomía del máximo nivel
competencial. Esta fue una iniciativa de los ayuntamientos
valencianos y de otras instituciones que, como expresaba, quedó
frustrada al tramitarse nuestro Estatuto por la vía del 143, como
muy bien conocen sus señorías. Estas Cortes Generales van a
enmendar once años después lo que durante ese tiempo ha vivido el
pueblo valenciano como una frustración, y diré más, como una
humillación a veces, porque lo que quería era otra cosa: quería,
desde un principio, el reconocimiento del mayor rango para nuestro
Estatuto. Nosotros no somos un pueblo que lleve bien las tutelas.
Ejercer el máximo techo competencial en virtud del otorgamiento de
estas Cortes, a través de la Lotrava sin duda ha sido una
experiencia importante, singular, positiva para todo el pueblo
valenciano. Nosotros hemos tenido que demostrar día a día nuestra
voluntad, nuestra capacidad de autogobierno y creo que hemos
demostrado responsabilidad y sentido de Estado para que a nadie dé
miedo esta reforma, ni las que en el futuro deban iniciarse para la
reforma de los estatutos y de la propia Constitución, en el proceso
de construcción de unEstado federal solidario dentro de la Europa
de los pueblos que queremos construir. Señorías, una casa, aun
siendo nueva, con el tiempo necesita reformas precisamente para
garantizar sus condiciones de habitabilidad. Esa es la propuesta
que hoy traemos a estas Cortes Generales: mejorar aquel Estatuto
que nos dimos ahora hace más de once años. Otras reformas, pues,
han de ser igualmente posibles si la voluntad, el consenso y la
unanimidad que ahora hemos conseguido en las Cortes Valencianas, y
que espero ustedes secunden, presiden las exigencias de nuestro
pueblo, de nuestros pueblos, para conseguir el máximo autogobierno
en un marco de solidaridad entre todos los pueblos de España y de
Europa. Por ello pido de todos ustedes, al igual que ya lo han
hecho los que me han precedido en el uso de la palabra, el voto
favorable de sus señorías a las dos proposiciones de ley que en
nombre y representación de las Cortes Valencianas traemos hoy a
estas Cortes. Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Taberner.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Mixto
tiene la palabra el señor González Lizondo.
El señor GONZALEZ LIZONDO: Señor Presidente, señorías, en primer
lugar quiero agradecer a la Presidencia del Congreso su palabra de
incorporar este tema lo más pronto posible a las sesiones de la
Cámara. Muchas gracias, señor Presidente. Señorías, a finales de
1979, con la aprobación de los estatutos de autonomía del País
Vasco y Cataluña, se inició en el Estado español la constitución
del llamado Estado de las autonomías, pero, sin duda, también se
inició el primero de un continuado cúmulo de agravios hacia una
comunidad histórica, el Reino de Valencia, que por ser voluntad
expresa de los partidos mayoritarios quedó relegada, desde los
inicios del proceso autonómico, a un segundo plano. Esta Comunidad
es la valenciana. Los ciudadanos de Alicante, Castellón y Valencia
han tenido que sufrir todo tipo de excusas para ver truncadas sus
limitadas aspiraciones de autogobierno pleno, como el asumido por
las llamadas nacionalidades históricas. Tras varios años del mal
llamado consenso, el día 1 de julio de 1982 se aprobó la Ley
Orgánica del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y con
ello se consumó la primera discriminación de la recién estrenada
época democrática para nuestra nacionalidad. La Constitución
Española de 1978, si bien regula el derecho a la autonomía de los
pueblos que forman el Estado, en su aplicación, y por la actitud
consensuada de determinados partidos autonomistas y estatales, a
los valencianos nos privó, a pesar de tener título, lengua,
cultura, historia y, en suma, todos los elementos definidores de
nacionalidad propia, de la posibilidad de acceder al
autogobiernopor la única manera honrosa, producto de un acto de
soberanía. El Estatuto de Autonomía valenciano fue un acto de
magnanimidad del Estado y no fruto del ejercicio del derecho
natural que asiste a nuestro pueblo. Los valencianos accedimos a la
autonomía por la vía constitucional del artículo 143 por voluntad
de los máximos mentores del consenso alcanzado y decidido en
Madrid. Los valencianos poco o nada pudimos decir al respecto,
puesto que el Estatuto de Autonomía de nuestra Comunidad estaba
atado y bien atado por los grandes partidos, que intentaron con
todas sus fuerzas frenar la voluntad de los valencianos de ejercer
su derecho al autogobierno en igualdad de condiciones que los
vascos, catalanes, gallegos o andaluces. Consecuencia de esa
voluntad de determinados partidos nacionalistas y centralistas,
elementos de expresión de nuestra identidad histórica fueron
borrados de nuestro Estatuto, y el techo competencial que se nos
otorgó graciosamente no es el que, por razones históricas, nos
corresponde. Conseguimos un paquete competencial que nos sitúa en
el furgón de cola de las comunidades autónomas del Estado español.
Nuestro Estatuto de 1982, producto de ese acto de magnanimidad, por
lo menos podría haber servido de punto de partida para que los
valencianos, por medio de sus representantes, iniciáramos e
impulsáramos un efectivo autogobierno. Pero la realidad --y hoy
tenemos un nuevo ejemplo-- es que aquellos mismos partidos de clara
actitud centralista y que en su tiempo consensuaron la manera de
otorgarnos el Estatuto, gracias a sus poderosos recursos y gracias
también, o mejor dicho por desgracia, a la débil conciencia
nacional hasta hoy de nuestro pueblo, tienen el control de todos
los resortes de poder y decisión, desde el aparato estatal
establecido en Madrid y en las instituciones de la Generalidad, que
actúan como simple correa de transmisión de aquél. Unió
Valenciana, que en su continua labor política ha exigido para la
Comunidad Valenciana el máximo techo competencial y ha adoptado, en
ese sentido, diversas iniciativas, consideró, en su momento, que
esta reforma suponía un avance para la sociedad valenciana. No
obstante, nuestro Grupo Parlamentario, en Cortes Valencianas,
presentó una enmienda a la totalidad con devolución al Gobierno por
considerar que el contenido de la misma no se ajustaba a las
necesidades sociopolíticas de la Comunidad valenciana. Una reforma
que, por su contenido, no ayuda a salir de las condiciones
desfavorables que impiden la consolidación de nuestro gobierno; una
reforma que no nos hace capaces de situarnos en la línea de
modernidad a nivel de otras comunidades autónomas para afrontar el
reto europeo, ya que ni tan sólo sirve para cumplir el precepto
constitucional que habla de que todas las autonomías puedan tener
el mismo techo competencial. Unió Valenciana considera que es una
reforma estatutaria que denota poca voluntad autonomista, que hace,
por tanto, imposible que se vean plasmadas en ella todas las
expectativas que se habían generado. Es una reforma que queda
descafeinada. Las grandes decisiones, como se ve, sobre cuestiones
de todo tipo que afectan a nuestros intereses económicos,
culturales, sociales o estrictamente políticos, nos vienen dadas e
impuestas desde el aparato estatal por la dependencia y sumisión
que los políticosvalencianos de partidos centralistas les deben a
sus direcciones centrales de Madrid y a no se sabe qué otros pactos
ocultos. Unió Valenciana exige que en las Cortes Valencianas se
redacten las letras mayúsculas en la adopción de las medidas que
permitan nuestro desarollo socioeconómico, y no sólo la letra
menuda, como hasta ahora. Llegado este momento, se nos va de las
manos la responsabilidad histórica de poder adoptar un acuerdo que
permita a nuestras instituciones tomar las decisiones más
importantes y de mayor peso específico. Señorías, estamos de
inquilinos en nuestra propia casa y, además, pagamos un alquiler
brutal. ¿A quién le debemos que nuestra Comunidad vuelva a perder
la oportunidad de alcanzar el nivel competencial de las , entre
comillas? Sin duda, los acuerdos autonómicos firmados el año pasado
por el Partido Socialista y el Partido Popular tienen mucho que ver
en esta nueva discriminación hacia el pueblo valenciano. Estos dos
partidos, que en lo referente a Valencia suelen coincidir con
frecuencia, plasmaron en el acuerdo autonómico, en su apartado de
acuerdos políticos-administrativos, punto 6.º, que la Comunidad
Valenciana sólo podría ver reformado su Estatuto en lo referente a
la incorporación en el mismo de la ampliación de competencias
efectuadas por la Lotrava. Ambos partidos, en el último párrafo del
punto 6.º, ya determinaron que la reforma de nuestro Estatuto debía
responder estrictamente al contenido antes indicado,
comprometiéndose ambos firmantes del acuerdo a votar su aprobación
en las Cortes Generales. Se ve a las claras que es un acuerdo de
los dos grandes partidos centralistas, los que siguen decidiendo el
futuro de un pueblo. Queda patente quién sigue mandando en
Valencia, quién es el amo. Unió Valenciana, como opción política
nacionalista, quiere profundizar en el autogobierno de Alicante,
Castellón y Valencia y conseguir las máximas cuotas competenciales
para nuestra Comunidad. Ha llegado el momento de que el Parlamento
valenciano legisle sobre aquellos temas esenciales que la
colectividad reclama. El poder sigue concentrado en el Gobierno de
Madrid y fundamentalmente en aquello que es esencial. El Estatuto
de 1982 concedido a los valencianos no satisfacía nuestras
legítimas aspiraciones, y la reforma
que ahora se propone, señorías, es insuficiente. La referencia a la
reforma de una disposición adicional y dos transitorias - -porque
el debate que nos ocupa hoy no deja de ser la mera incorporación de
una disposición adicional, la tercera, y una derogación de dos
disposiciones transitorias-- no significa una reforma en
profundidad, es una reforma insuficiente, ésta debería ser más
amplia. Y a la altura de hoy, once años después de aquel 1982 en
que se inició el camino autonómico del Reino de Valencia --más de
diez años se ha tardado en llevar a cabo esta modificación pese a
que el artículo 148.2 del texto constitucional faculta a las
comunidades a ampliar sucesivamente sus competencias, dentro
delmarco establecido en el artículo 149, una vez transcurridos
cinco años--, a la altura de hoy, repito, transcurridos once años
y a pesar de que la autonomía valenciana se encuentra
suficientemente consolidada desde hace años, la desidia de Madrid
hacia nuestra Comunidad ha determinado que hayamos tenido que
esperar a que transcurrieran más de diez años a modo de castigo, a
pesar de que, como bien recoge el preámbulo de la propuesta de
reforma, la sociedad ha demostrado estar preparada para hacer un
uso eficaz y responsable de las competencias. Unió Valenciana
considera insuficiente, limitada y corta la reforma por cuanto se
debería haber aprovechado ésta y haber incluido algunos aspectos
que, según criterios mayoritarios de nuestra sociedad, son
prioritarios e inaplazables. Se debiera conceder la facultad al
presidente de la Generalidad para disolver anticipadamente las
Cortes Valencianas, cosa que cualquier asociación cultural, una
asociación de cazadores e incluso una asociación de vecinos, sí
puede hacer; reforma del Senado, y financiación autonómica a través
de conciertos económicos son asignaturas pendientes, y la inversión
de los coeficientes de caja, con banco o sin banco valenciano, que
necesitamos y creemos que nos es propia. En fin, todo un cúmulo de
materias que permitiría a la Comunidad Valenciana tener el mismo
nivel competencial que las llamadas nacionalidades históricas, o
sea, las que accedieron por el 151. Cuando se aprobó el Estatuto
de 1982 tuvimos la oportunidad de construir los cimientos de una
comunidad, unas cortes con peso específico en el contexto estatal,
y esto no se consiguió. La Comunidad Valenciana puede y debe
avanzar más lejos en su autogobierno. El ejecutivo valenciano ha
renunciado a esta posibilidad. Unió Valenciana, en el Pleno de las
Cortes Valencianas celebrado el dos de junio de 1992, votó sí a la
proposición de ley, acordándose por unanimidad presentar ante la
Mesa del Congreso de los Diputados dicha proposición de ley, y Unió
Valenciana, en este Pleno, votará sí a esta proposición, pero
seguiremos considerando que ésta no aporta nada nuevo a la sociedad
valenciana, sino que se ha traducido en una simple adecuación
formal de aquello que de hecho se está gestionando. Consideramos
que es una reforma cobarde y significa el último de los atropellos
a los que nos tiene acostumbrados el Gobierno central y que
demuestra nuevamente las desconfianzas de éste hacia nuestras
instituciones autonómicas e impide la posibilidad de alcanzar la
legítima aspiración de autogobierno para Alicante, Castellón y
Valencia. Es una reforma que desde nuestro punto de vista ha
denotado una falta de voluntad autonómica de los partidos
centralistas, colapsando definitivamente el derecho que el pueblo
valenciano tiene de hacer realidad su firme voluntad de profundizar
día a día en el autogobierno que garantice un futuro para los
ciudadanos de Alicante, Castellón y Valencia. Termino diciendo que
alguien podrá poner en entredicho mis palabras a la vista de los
resultados en las pasadas elecciones. Pero, señorías, yo hablo en
representación de 240.000 valencianos que sí creen en una autonomía
completa y que nos otorgaron su confianza en las últimas elecciones
autonómicas. Yo espero que alguien en este Congreso no tenga que
tragarse las palabras que aeste respecto pueda pronunciar. Son
muchos los engaños y vemos claramente quien manda en el Congreso.
Alicante, Castellón y Valencia son un mismo pueblo, por mucho que
se intente enfrentarnos con mentiras de centralismos que sólo
existen en los partidos que lo pregonan. Como decimos en lengua
valenciana: Señorías, la veritat sura. Y tal y como dijo un gran
nacionalista valenciano: aprovéchense y pisoteen, si quieren
continuar, los derechos de los valencianos ahora que pueden; les
aseguro que les queda muy poco. Muchas gracias. (Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González Lizondo.
Silencio, señorías.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, en primer lugar, y en nombre del Grupo parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), quiero dar la bienvenida a esta
Cámara a los representantes de las Corts Valencianes que hoy nos
acompañan para defender la reforma de su Estatuto de Autonomía. Es
de sobras conocido el proceso de consolidación de las instituciones
valencianas de autogobierno que fueron restauradas con la
recuperación de la democracia que posibilitó la aprobación del
Estatuto de Autonomía en el año 1982 y de la Ley Orgánica 12/1982,
que la completaba, transfiriendo a la Comunidad Autónoma, al amparo
del artículo 150.2 de la Constitución, toda una serie de
competencias de titularidad estatal.
Ya han transcurrido, sobradamente en este caso, los cinco años que
la propia Constitución establece para ampliar las competencias de
las autonomías del artículo 143 y hoy las Corts Valencianes nos
proponen la reforma del Estatuto de Autonomía mediante la plena
incorporación al mismo de todas las competencias por él atribuidas
y la asunción de las mismas con carácter estatutario por la
Generalitat Valenciana. La reforma que nos proponen, además, se
complementa con la derogación de la Ley Orgánica de transferencia
de competencias de titularidad estatal, la ya citada Ley 12/1982,
que también debatimos, pues, esta tarde. Anuncio el voto favorable
del Grupo parlamentario Catalán a ambas iniciativas. Es costumbre
en la práctica parlamentaria de este Grupo el facilitar, con su
voto afirmativo, la tramitación en la Cámara de todas las
iniciativas de los parlamentos autonómicos, pero en este caso
quiero destacar la importancia en sí de la iniciativa --nada más y
nada menos que la reforma del Estatuto de Autonomía Valenciano-- y
sobre todo el hecho de que dicha reforma obedece a la voluntad
popular representada por las Corts Valencianes, institución que es
quien hoy nos propone la modificación de su norma básica
autonómica. Reitero, pues, nuestro voto favorable, y quiero, para
finalizar,felicitar al pueblo valenciano y a sus legítimos
representantes por el paso adelante que con este trámite dan en la
consolidación de su autonomía, una autonomía con la que nos unen
tantos lazos históricos y culturales. Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Recoder.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Olarte.
El señor OLARTE CULLEN: Voy a pronunciar unas palabras tan sólo,
señor Presidente, para expresar la solidaridad de Coalición Canaria
con la legítima aspiración del pueblo valenciano, que se ha
materializado en la feliz iniciativa de su Gobierno y que llega
aquí, a esta Cámara, con el respaldo unánime de las Cortes
Valencianas. Coalición Canaria considera que, acreditada de manera
evidente la capacidad de autogobierno y el ejercicio responsable de
sus competencias por la Comunidad Valenciana en virtud del Estatuto
de Autonomía y de la Ley Orgánica de Transferencias de que ha
disfrutado hasta la fecha, se hace acreedora al respaldo de
Coalición Canaria, que se traducirá en nuestro voto afirmativo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olarte.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la
palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya quiero adherirme también a la
bienvenida a los representantes de las Corts Valencianes,
verdaderos representantes del pueblo valenciano, que como es lógico
en una democracia es el único dueño de sí mismo y decide sus
destinos en unas elecciones libres, escogiendo precisamente estas
Cortes Valencianas que por unanimidad de sus miembros presentan hoy
aquí estas proposiciones que son motivo de debate en la Cámara.
Nuestro Grupo anuncia su voto unánime favorable a las mismas, y
ello, señorías, por considerar que, tras las elecciones municipales
democráticas de marzo de 1979, el acuerdo de la mayoría de los
municipios del País Valenciano a favor de la más amplia autonomía
en el más breve plazo posible, reflejaba, sin lugar a dudas, la
entonces unánime opinión de las fuerzas políticas en favor de la
vía del artículo 151 de la Constitución para la tramitación del
Estatuto de Autonomía de nuestra Comunidad, y expresaba también la
gran ilusión que en nuestro pueblo había despertado la vía de la
autonomía tan reivindicada junto con la libertad y la amnistía.
Acontecimientos posteriores condujeron a las fuerzas políticas
mayoritarias en aquel momento a restringir el acceso a la autonomía
por la vía del artículo 151 exclusivamente a las denominadas
comunidades históricas y Andalucía. Este cambio de posición
resultaba particularmente difícil de aplicar en nuestra Comunidad
Autónoma. De ahí, que, si bien finalmente el Estatuto de Autonomía
se tramitó por la vía delartículo 143, simultáneamente se aprobaba
por las Cortes del Estado una Ley Orgánica de Transferencia a la
Comunidad Valenciana de todas las competencias en materia de
titularidad estatal susceptibles de dicha transferencia. Este
peculiar modelo de acceso a la autonomía no permitía desconocer que
esa plenitud de competencias de nuestra Comunidad Autónoma era
resultado no de un estatuto de autonomía, expresión por una u otra
vía de la voluntad de los ciudadanos de la comunidad autónoma, sino
de una ley orgánica de transferencias, expresión de la voluntad de
estas Cortes y susceptible de modificación por la exclusiva
voluntad de las mismas si apreciaba un ejercicio incorrecto de las
transferencias por la comunidad autónoma. En definitiva, señorías,
era fácil de apreciar en este modelo de acceso a la autonomía el
error político, puesto de manifiesto entre otros por uno de los
ponentes constitucionales, de querer situar el centro de gravedad
en el poder central, reforzando el centralismo y disminuyendo la
posible capacidad renovadora de las autonomías. Se configuraba así,
un autogobierno vigilado o sometido a cautelas.
Señorías, poner fin a esta situación era para los valencianos, más
que un avance en el ejercicio de competencias, algo mucho más
importante por básico y previo: era el reconocimiento de nuestra
plena capacidad de autogobierno. Y aunque este proceso de
reconocimiento no cabe considerarlo hoy totalmente cerrado --ahí
queda, entre otros aspectos, el relativo a la facultad de
configurar un marco político plenamente autónomo--, qué duda cabe
de que hoy se da un paso sustancial en esa dirección. Y si los
valencianos estamos satisfechos de haber alcanzado este objetivo
largamente deseado y por algunos especialmente reclamado, hemos de
decir que nuestra satisfacción procede también de haber conseguido
convencer a las fuerzas políticas mayoritarias que han suscrito el
último pacto autonómico del grave error político que suponía este
procedimiento, y haber conseguido que rectificaran su inicial
posición contraria a la reforma de los estatutos de las comunidades
del artículo 143 de la Constitución Española. Satisfacción, por
tanto, por nosotros mismos como valencianos y por las comunidades
del artículo 143, cuya aspiración a un pleno desarrollo del Estado
de las autonomías compartimos y apoyamos. Sólo me queda solicitar
de esta Cámara el apoyo unánime de todas las fuerzas políticas,
como va a ser el del Grupo Parlamentario federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, y ello como claro colofón final de
un proceso de consecución por los valencianos de una
reinvindicación largamente demandada, así como de una etapa de
indefinición y ambigüedad del proceso autonómico del Estado
español. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Peralta.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Cartagena. El
señor CARTAGENA TRAVESEDO: Gracias, señor Presidente. Consumiré un
breve turno para fijar la posición de mi Grupo Parlamentario ante
la proposición de ley orgánica por la que se reforma el Estatuto de
la Comunidad Valenciana. Y lo haré sin ninguna duda y de principio
mostrando mi satisfacción por la consolidación del marco
competencial de la Comunidad Valenciana. Porque no es sólo una
cuestión formal, no es sólo que la letra ya responde a la melodía,
que ya hay armonía entre lo que eran las competencias y la
titularidad que tanto se reclamó, es que estamos en un momento
importante en el que hay un cambio cualitativo. La derogación de
las disposiciones transitorias primera y segunda del Estatuto, la
contundencia en la disposición adicional tercera y, sobre todo, en
la derogación de la Lotrava, conforman un sumatorio que hace
desaparecer las tutelas y nos lleva a la definitiva normalización
del Estatuto, que no a la culminación, pero sí, repito, a su
normalización en un marco competencial --por otro lado entendemos
que óptimo-- para el desarrollo de los intereses valencianos.
Lógicamente, la felicitación y el reconocimiento a los grupos
políticos en las Cortes Valencianas que en representación de todos
los valencianos han resuelto un proceso de unánime identificación
con el autogobierno. Y mi reconocimiento, como valenciano, a estas
Cortes Generales por el apoyo que sin duda van a otorgar a lo que
es la consolidación de este Estatuto de la Comunidad y por este
nuevo impulso a la construcción del Estado que sólo esbozado en el
Título VIII de nuestra Constitución precisaba de gestos como éste.
Gestos que tienen sus características y tienen sus matices, y
lógicamente nuestra posición no será diferente de la que el señor
Agramunt, nuestro compañero en la Comunidad Valenciana, aquí ha
reflejado. Es fundamental para nosotros el móvil, el consenso,
como instrumento fundamental, como fórmula básica para el
encuentro, para la definición de ese modelo al que me he referido.
Consenso amplio huyendo de cualquier acuerdo parcial, de cualquier
acuerdo que pudiera romper la armonía por razones de oportunidad o
de oportunismo político. La base de acuerdo con que nos llega esta
proposición desde las Cortes Valencianas es ejemplar y debe ser
celebrado. Es ahora el Estatuto una aportación nítida a la cohesión
interna del Estado y, desde luego, una decidida apuesta en relación
con los principios de la cooperación. Por eso hay que definir,
repito, una característica: la coherencia. La coherencia en el
sentido de que se ha profundizado y se sigue profundizando en el
desarrollo de las capacidades y peculiaridades de nuestra Comunidad
Autónoma, procurando la mayor eficiencia en el uso de los recursos
del Estatuto. Pero hay una segunda acepción de esta coherencia, y
no es otra que aquella que orienta nuestros pasos a subrayar la
necesidad de reflexionar y actuar observando la necesaria
solidaridad en el marco de lo que es la definición del Estado. Sé
que un sentido de la corresponsabilidad ha guiado a los políticos
valencianos a, en nombre del pueblo valenciano, llevarnos a todos
al debate y a la anuencia ante la proposición de modificación de la
Ley Orgánica. Este sentido de la corresponsabilidad es una
característica de imprescindible asunción en un modelo de Estado no
culminado, que todavía tiene retos pendientes, cuales son la
reforma del Senadocomo Cámara de representación, la financiación de
las comunidades, la reducción de la administración periférica o la
relación entre Estado, comunidades e instituciones europeas. Si la
autonomía es el derecho a la diferencia, y ha sido reiteradamente
definido así, entendemos que desde la coherencia, desde la
corresponsabilidad, la solidaridad
y el consenso debemos felicitarnos por la consolidación del
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana a través de esta
proposición que desde las Corts Valencianes nos llega para que
todos, y ésa es la propuesta del Grupo Popular en el Congreso, la
apoyemos. Nada más. Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cartagena.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Ciscar. El
señor CISCAR CASABAN: Señor Presidente, señorías, señores
representantes de las Cortes Valencianas, intervengo en nombre del
Grupo Parlamentario Socialista para fijar la posición de mi Grupo
en torno a dos iniciativas legislativas presentadas por las Cortes
Valencianas y que hoy estamos tratando en esta Cámara. La primera
de estas iniciativas supone el claro deseo y el comienzo de la
reforma del Estatuto de Autonomía mediante un texto de único
artículo que incorpora y asume, con carácter estatutario, todas las
competencias que estaban atribuidas en el Estatuto de Autonomía, y
de las que la Comunidad Valenciana disponía a través de la Ley
Orgánica de Transferencias a la Comunidad Valenciana. Supone, por
tanto, una situación peculiar. La segunda iniciativa trae causa y
razón de la primera, puesto que si ya está asumido en su totalidad
por el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana el conjunto
de transferencias que comportan las competencias que la Lotrava
entregaba, es el momento --una vez asumidas éstas en el propio
texto estatutario-- de derogar la Lotrava y, por tanto, ejercerlas
ya, como se viene ejerciendo pero en plenitud, como parte del mismo
texto estatutario. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Valenciana fue el producto de un dilatado y peculiar proceso que,
finalmente, permitió recuperar el autogobierno de los valencianos.
Es necesario recordar la historia de este proceso para conocer la
peculiar configuración y la necesidad de la reforma del Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Valenciana que hoy nos es presentada a
iniciativa de las Cortes Valencianas. La Constitución Española
diseñó, en el Título VIII, los márgenes en que, en base al
principio dispositivo, era posible la creación de comunidades
autónomas. Los partidos políticos presentes en el ámbito de la
actual Comunidad Valenciana, conforme a tales principios,
acordaron, tras la aprobación de la Constitución, comprometerse a
apoyar la vía establecida en el artículo 151 de la Constitución
para alcanzar el máximo grado de autonomía en eltérmino más breve
de tiempo que permite la Constitución aprobada democráticamente por
el pueblo español. Tras la celebración de las elecciones locales
de 1979, los municipios fueron expresando la voluntad de los
ciudadanos de alcanzar el máximo autogobierno para los valencianos.
La aprobación del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana
se dilató hasta el 15 de junio de 1982, en que fue aprobado
definitivamente por el Senado de estas Cortes Generales. La
conflictividad en la fase de elaboración del Estatuto de Autonomía
de la Comunidad Valenciana giró esencialmente en torno a las señas
de identidad de los valencianos. Bajo este enfrentamiento existió
otro más importante, sobre la amplitud y alcance del autogobierno
de los valencianos. No se siguió, como de todos es conocido, la vía
prevista en el artículo 151 de la Constitución. El proceso
negociador, no obstante, consiguió incluir e introducir en el
propio texto estatutario un nivel competencial igual al de las
comunidades autónomas que accedieron a su autonomía por la referida
vía del artículo 151. Al no ser empleado este procedimiento había
que establecer cómo se plasmaban y transferían las competencias que
correspondían al artículo 151. El conflicto planteado fue resuelto
por una ley orgánica de transferencias a la Comunidad Valenciana,
de acuerdo con el mecanismo previsto en el artículo 150.2 de la
Constitución. El problema competencial quedaba resuelto del
siguiente modo: transitoriamente se procedía a la transferencia de
materias y competencias que excedían del listado del artículo 148
de la Constitución, mediante las disposiciones transitorias primera
y segunda. Al mismo tiempo, la situación se consolidaba con la
aprobación de la Ley Orgánica 12, la Lotrava, que regularizaba tal
situación y cuyo texto, en lo esencial, es el mismo de dichas
disposiciones transitorias. Finalmente, transcurrido el término de
cinco años previsto en el artículo 148.2 de la Constitución
española y mediante la reforma del Estatuto, se podían asumir
estatutariamente las materias transferidas al amparo de la Lotrava,
que ya venían ejerciéndose a lo largo del tiempo. El binomio
normativo formado por el Estatuto de Autonomía y la Lotrava ha
permitido a los valencianos gozar de amplia autonomía política
desde 1982. En estos más de diez años se han sucedido de una forma
ordenada y coherente las transferencias sobre los medios materiales
y personales correspondientes a los servicios esenciales para los
valencianos y valencianas. Los valencianos han comprobado el
desarrollo de las instituciones contenidas en su Estatuto,
participando en el proceso de recuperación de autogobierno. En este
período hemos asistido al proceso de consolidación de instituciones
valencianas y estas instituciones han venido haciendo un eficaz y
responsable uso de sus competencias. Este Grupo conviene con las
Cortes Valencianas que ha llegado el momento para incorporar al
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana como propias la
totalidad de las competencias presentes en el mismo. En definitiva,
las razones que para este Grupo Parlamentario
avalan la necesidad de aprobación de la reforma del Estatuto y
coherentemente con ello la derogación de la Lotrava, son las
siguientes. En primer lugar, la Generalitat Valenciana ha superado
la prueba de eficacia en la gestión de las materias y competencias
que gestionaba en virtud del binomio Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Valenciana y Lotrava. En segundo lugar, la Lotrava,
basada en la previsión normativa del artículo 150.2 de la
Constitución española, no es igual a la reforma estatutaria. El
derecho a las autonomías que consagra la Constitución debe hacerse
efectivo a través de un instrumento normativo fundamental, que es
el Estatuto de Autonomía, y en este caso, y tras el ejercicio de
estas competencias a lo largo de estos diez años, estimamos que se
da, tal y como la iniciativa de las Cortes Valencianas por
unanimidad establece, razón suficiente para incorporarlas con
plenitud. En tercer lugar, se ha superado el plazo de tiempo
exigido para reformar el Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Valenciana, que establece el artículo 148 de la Constitución y que
se cifra en cinco años. Por todas estas razones, es absolutamente
legítimo satisfacer las aspiraciones del pueblo valenciano,
expresadas de forma unánime por las Cortes Valencianas, de que las
instituciones valencianas posean, a nivel formal, las competencias
y materias que a nivel real ya vienen desempeñando. En este momento
y tras el trabajo realizado por las Cortes Valencianas, por el
gobierno de la Generalitat, por el conjunto de la Generalitat
Valenciana, y con la idea clara de que no es desde el agravio y el
victimismo, sino desde la confianza y la esperanza en el futuro que
genera un pueblo con importante bagaje y desde la voluntad de
construir este futuro, es el momento para llevar adelante estas
iniciativas que las Cortes valencianas han planteado. Quizás en el
pasado reciente, hace algo más de diez años, fueron más las
discrepancias que las coincidencias. Hubo discusión en torno a
símbolos, que también encubrían un planteamiento y una polémica más
profunda de competencias. Hubo temores que fueron manifestados.
Hubo también utilización de fibras sensibles en cuanto a lo que
suponen los sentimientos de los ciudadanos. Hubo deseos de
autonomía real y hubo algunos deseos de sectores de la sociedad,
que hoy ya parecen haber cambiado en este aspecto, de que esa
autonomía no se alcanzara de forma real. Transcurrido el tiempo se
ha avanzado de manera considerable, y se ha avanzado sobre todo en
la coincidencia. Se ha avanzado con la unanimidad de los
representantes de todos los valencianos, expresada en las Cortes
Valencianas. Y ello ha permitido esta doble iniciativa que
consolida con plenitud las transferencias competenciales que la
Comunidad Valenciana ha venido recibiendo a lo largo de estos años
al incorporarlas plenamente al texto de su Estatuto. Por ello,
desde mi Grupo, felicitamos a losrepresentantes de las Cortes
Valencianas que, por unanimidad, han consensuado esta iniciativa y
expresamos también que nuestro voto será favorable a las dos
iniciativas presentadas. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ciscar.
Vamos a proceder a la votación.
Votación de totalidad relativa a la propuesta de reforma del
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Comienza la
votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 294; a favor, 293; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la tramitación de la propuesta
de reforma. Votación relativa a la toma en consideración de la
proposición de ley de las Cortes Valencianas por la que se deroga
la Ley Orgánica 12/1982, de 10 de agosto, de transferencias a la
Comunidad Autónoma Valenciana de competencias de titularidad
estatal. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 297; a favor, 294; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración de la
proposición de ley.
DEBATES DE TOTALIDAD DE PROPUESTAS DE REFORMA DE ESTATUTOS DE
AUTONOMIA (Continuación): --DE LA DIPUTACION GENERAL DE LA RIOJA,
SOBRE AMPLIACION DE COMPETENCIAS DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE LA
RIOJA.
(Orgánica.) (Número de expediente 127/000005)
El señor PRESIDENTE: Propuesta de reforma de la Diputación
General de La Rioja, sobre ampliación de competencias del Estatuto
de Autonomía de La Rioja. Para la defensa de la citada propuesta
de la Diputación General de La Rioja sobre ampliación de
competencias del Estatuto de Autonomía de La Rioja tiene la
palabra, en primer lugar, don Mario Fraile.
El señor FRAILE RUIZ (Diputado de la Asamblea de La Rioja): Señor
Presidente, señoras y señores Diputados, es para mí una
satisfacción presentar, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista de la Diputación General de La Rioja, la proposición de
ley orgánica de
liación de competencia de nuestro Estatuto de Autonomía.
Recordarán SS.SS. que en el reciente proceso autonómico ha habido
tres hitos: el primero y fundamental, la realización del pacto
autonómico entre el Partido Popular, el Partido Socialista y el
Gobierno de la Nación; pacto de carácter amplio para la
transferencia de una serie de competencias a las comunidades
autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143
de la Constitución, entre ellas, La Rioja. El segundo hito fue la
aprobación de la Ley Orgánica 9/1992, de transferencia de
competencias a diversas comunidades autónomas. Hoy aborda esta
Cámara el tercero y último al modificar el Estatuto de La Rioja,
para finalizar el proceso iniciado en febrero de 1992. Desde un
punto de vista puramente formal, el trámite que hoy nos ocupa
significa fundamentalmente dar satisfactorio cumplimiento a las
previsiones constitucionales del artículo 150.2 y a las
estatutarias de nuestra Carta autonómica, en sus artículos 11 y 43.
Pero, por encima de los aspectos formales, es necesario destacar el
profundo significado político que tiene este acto: la reforma del
Estatuto de La Rioja, aprobado en su día por unanimidad de los tres
grupos parlamentarios de la Diputación General de La Rioja.
Significa, señorías, que somos conscientes y consecuentes con el
desarrollo de la estructura territorial del Estado de una manera
seria y responsable, de una manera coherente y equilibrada, en
tiempos de debates y opiniones políticas diversas en otras áreas
del sistema autonómico. Desde nuestra perspectiva estrictamente
riojana, es indudable que la reforma de nuestro Estatuto, con la
asunción de nuevas competencias, significa dar cumplida respuesta
y satisfacción a las aspiraciones mayoritarias de los riojanos.
Significa incrementar las cotas de autogobierno de nuestra región,
aproximando los niveles competenciales al resto de las comunidades
autónomas. Significa también aproximar a los ciudadanos los medios,
los servicios e instrumentos políticos y de gestión, para dar
satisfacción a sus problemas cotidianos y a los problemas
estructurales que de desarrollo tiene nuestra región. Significa
finalmente, cómo no decirlo, asumir las instituciones riojanas una
mayor responsabilidad política para ejercitar las nuevas
competencias con la máxima eficacia, eficiencia y solidaridad en
beneficio de los administrados, a los que nos debemos. Permítanme
decirles, señorías, que al presentar ante el Congreso esta
Proposición de Ley no lo hacemos desde una perspectiva localista;
lo hacemos desde una visión de Estado y desde la reflexión positiva
de lo que históricamente significa la evolución de una España
centralista a una España autonómica, a una España descentralizada
política, económica y administrativamente, en un espacio de tiempo
muy corto. Una España que, sin duda alguna, debe ser vertebrada y
solidaria entre sus regiones y nacionalidades. Una España que
necesita, desde la estabilidad de sus instituciones, perfeccionar
y culminar prontamente, a través del diálogo y el acuerdo, su
modelo autonómico: modelo abierto, modelo perfectible, modelo que,
salvando las peculiaridades históricas de cada región, no admite ni
tolera la discriminación entre las mismas. Desde esta perspectiva,
señoras y señores Diputados, pido a la Cámara el apoyo a esta
Proposición de Ley que, recuerdo a sus señorías, fue aprobada por
unanimidad en el Parlamento de La Rioja. La misma unanimidad, por
tanto, esperamos en este Congreso de los Diputados hoy. Muchas
gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fraile.
Tiene la palabra don Joaquín Espert.
El señor ESPERT PEREZ-CABALLERO (Diputado de la Asamblea de La
Rioja): Señoras y señores Diputados, es un gran honor para mí, en
nombre del Grupo Popular de la Diputación General de La Rioja,
dirigirme hoy a SS.SS. para pedir su apoyo a esta proposición de
ley, que supone un desbloqueo en las transferencias de nuevas
competencias a una Comunidad Autónoma como es La Rioja. También
quiero pedir disculpas a mis compañeros de la Diputación General de
La Rioja y a los diputados riojanos, porque para ellos muchas de
mis palabras serán repetición de lo que he defendido en muchas
ocasiones. Permítanme SS.SS. que, dentro de la brevedad que me
impone el que muchos de los argumentos que aquí escuchen se
repetirán a lo largo de esta tarde, para defender esta proposición
de ley haga un breve repaso histórico, que todos ustedes conocen,
de lo que significa o ha significado el Estado de las autonomías.
El proceso constituyente de 1978 presentó dos novedades
rigurosamente inéditas en la historia política de España. Una de
ellas fue la tentativa de una nueva organización territorial del
Estado, que significaba una auténtica redistribución espacial del
poder político al abrirse la posibilidad de crear unos poderes
regionales autónomos y vigorosos. Se llevó a cabo desde una
perspectiva innovadora y radical al posibilitar, aunque sin
imponerlo, el que todos los pueblos, todas las regiones de España
pudieran ejercer el derecho a la autonomía. Pero, eso sí, sin
desconocer la muy distinta conciencia autonómica de las diferentes
nacionalidades y regiones españolas. La Constitución estableció
esa doble vía de los artículos 151 y 153 para el acceso a la
autonomía. Pero ello no suponía --se dijo hasta la saciedad--
privilegios ni diferencias, sino que era simplemente cuestión de
ritmo o de tiempo. Por ello, el artículo 148.3 de la Constitución
permitía a que, transcurridos cinco años desde la aprobación de los
respectivos estatutos, esas comunidades que habían accedido a
través del artículo 143
pudieran, por la vía de reforma estatutaria, acceder a nuevas
competencias. La segunda novedad del proceso constituyente es que
se optara por la vía de la reforma, frente a la vía de la ruptura
que algunos preconizaron. El proceso constituyente estuvo dominado
por el consenso, por un amplio consenso, y precisamente aquí
venimos a apoyar una proposición de ley que responde a la
profundización de ese proceso autonómico y que se hace también
desde el consenso que supone el pacto autonómico. Significa para
nosotros, para el Grupo Parlamentario Popular de laDiputación
General de La Rioja, un paso muy importante pero un primer paso
para lograr la igualdad sustancial de derechos y poderes de los
ciudadanos y de las regiones de España. Desde el consenso que debe
presidir toda reforma del bloque constitucional, les estamos
pidiendo a ustedes el apoyo a esta proposición de ley. He dicho
que es un primer paso --trascendental sí, pero sólo un primer
paso--para la consolidación del proceso de organización territorial
del Estado, que sólo culminará, en nuestra opinión, cuando todas
las comunidades autónomas tengan potencialmente -- insisto y
subrayo el término potencialmente-- el mismo techo competencial.
Desde el respeto a la indisoluble unidad de España, proclamado por
el artículo 2.º de la Constitución, les pido a SS.SS. el apoyo a
esta proposición de ley que tanto significa para los riojanos. Y
pido a todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara que
continúe y se amplíe el consenso y la generosidad que presidieron
el proceso constituyente, para seguir avanzando y culminar la
redistribución del poder político que entraña el Estado de las
autonomías. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Espert.
Tiene la palabra don Leopoldo Virosta.
El señor VIROSTA GAROZ (Diputado de la Asamblea de La Rioja):
Señorías, me dirijo a ustedes en nombre de la Diputación General de
La Rioja y, más concretamente, en nombre de uno de los tres grupos
políticos que la componen: el Partido Riojano. Cuando esta
proposición de ley, que hoy se debate en esta Cámara, se discutió
en nuestra Comunidad Autónoma, nuestro Partido presento 51
enmiendas, casi todas ellas encaminadas o tendentes a conceder
mayor capacidad de autogobierno a nuestras región. Solamente ocho
de aquellas 51 enmiendas, que se referían única y exclusivamente a
mejoras técnicas de la proposición, fueron aprobadas; las demás
enmiendas, que intentaban variar el contenido sustancial de la
proposición, fueron rechazadas. La responsabilidad de los Grupos
mayoritarios, PP y PSOE, con el pacto autonómico que sus partidos
habían firmado, hizo que esas enmiendas decayesen. A pesar de todo
ello, nosotros, que entendemos que esta proposición de ley es buena
aunque no óptima, creímos que el hecho de que con esta reforma
estatutaria no se dé total cumplimiento a nuestras aspiraciones no
era suficiente argumento para tacharla de negativa o votarla en
contra; por tanto, nos sumamos al voto a favor, y la proposición se
aprobó por unanimidad. Volvía a evidenciarse ese fenómeno que en
política tantas veces sucede, y que viene a resumirse con la frase
ya famosa de que . Yo, señorías, no quiero repetir aquí el debate
que se produjo en La Rioja y que se ha producido en otras muchas
comunidades autónomas. No quiero volver a esgrimir los mismos
argumentos sobre la inconveniencia del sistema aplicado; sobre el
análisis de las competencias que debían haber sido transferidas y
no lo han sido; o también, incluso, sobre la conveniencia de haber
revisado los estatutos con mayor profundidad. Algunos no hemos
podido siquiera corregir errores mecanográficos que seguirán
figurando en la LeyOrgánica de nuestro Estatuto de Autonomía. Como
decía anteriormente, no quiero repetir esos argumentos por dos
motivos. En primer lugar, porque estoy convencido de que iba a
resultar un esfuerzo totalmente inútil. Estamos debatiendo algo que
esta Cámara ya discutió recientemente. Hace menos de un año que
esta Cámara aprobó, la Ley Orgánica 9/1992. Parece imposible que,
en tan corto espacio de tiempo, los grupos mayoritarios hayan
podido cambiar de planteamientos. Las cosas son como son, están
como están y nosotros las entendemos así. En segundo lugar, no
quiero repetir los mismos argumentos porque yo no he venido aquí a
manifestar una postura meramente testimonial y, luego, volver a mi
tierra orgulloso de haber dicho lo mismo que he repetido muchas
veces, pero esta vez ante el Congreso de los Diputados. Lo que yo
pretendo transmitir a SS.SS. es que en este tema, en el supuesto de
que la ley quede aprobada tal cual está, quedan muchas cosas
pendientes o problemas sin resolver, y que esta legislatura
recientemente iniciada puede ser la mejor ocasión que tengamos para
resolver estas cuestiones. Estoy seguro de que durante los
próximos días en esta Cámara se van a oír posturas o planteamientos
coincidentes entre sí y que pueden ser fácilmente ordenados en dos
grandes bloques: uno lo formarán quienes quieren ver que todo está
bien y quienes dan o pueden dar tranquilamente por cerrado el
proceso autonómico, y otro lo formarán quienes creen que a ese
proceso le falta todavía un amplio camino por recorrer y que sería
bueno recorrerlo o, al menos, posibilitar que se hiciese cuanto
antes. Es fundamental que SS.SS. observen cuántos y quiénes se
ubican en cada uno de esos dos
grandes posicionamientos, porque a veces son más importantes muchos
pocos que pocos muchos. Señoras y señores Diputados, no puede
cerrarse el proceso autonómico mientras existan las grandes
diferencias que hoy existen entre las diversas comunidades
autónomas. Yo creo en el hecho diferencial. Yo sé que pertenezco a
un pueblo que es social y culturalmente diferente a otros pueblos
de España, pero pongamos en práctica la igualdad de oportunidades
para todas las comunidades autónomas. Demos a esas comunidades
autónomas las mismas posibilidades y luego, en el desarrollo de
esas posibilidades, se enmarcarán las diferencias entre los
distintos pueblos. Nosotros no queremos que un pueblo sea diferente
de otro porque desde arriba se le imponga esa diferencia, no
queremos que un pueblo se diferencie de otro porque a uno se le
permitan hacer unas cosas que al otro se le prohíben. Deseamos que
esos pueblos puedan hacer las mismas cosas pero de diferentes
maneras, y esa diferente forma de actuar, que a buen seguro les
llevará a distintas soluciones y distintos resultados, será la que
enmarque el hecho diferencial de que tanto se habla. Si no es así,
las diferencias que se producirán serán totalmente injustas.
Señores del Grupo Catalán y del Grupo Vasco, me dirijo a ustedes
porque creo que su criterio en este tema ha de ser distinto al
deotros grupos y, por ende, más próximo y compartido por nosotros.
Durante esta legislatura, y posiblemente durante muchas más, sus
opiniones, por razones obvias, van a tener mayor trascendencia de
la que hasta ahora han tenido, tanto en esta Cámara como en el
Gobierno. Yo sé de la solidaridad de ambos pueblos. Por ello,
solicito y espero que sus reivindicaciones en el tema que nos ocupa
no sean exclusivamente para Cataluña y País Vasco, sino que, por el
contrario, los avances que en el proceso autonómico puedan proponer
beneficien de igual manera al resto de las comunidades. Termino,
señorías, haciendo dos solicitudes a toda la Cámara. En primer
lugar, solicito que no se dé por finalizado con la aprobación de
esta ley el proceso de reforma de los estatutos y, en segundo
lugar, que en esa reforma próxima de estatutos que yo solicito se
dé plena participación a los parlamentos autonómicos. No se debe
aprobar una ley aquí y luego ordenar a los parlamentos que
simplemente la ratifiquen. Esa forma de actuar, que es la que hasta
ahora se ha puesto en práctica, dice muy poco en favor de quienes
la han practicado y evidencia una gran falta de confianza en las
asambleas autonómicas. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Virosta.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo
Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Camp.
El señor CAMP I BATALLA: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, intervengo para fijar la posición del
Grupo Parlamentario Catalán que, como es lógico, no va a
diferenciarse de la que hace unos momentos el señor Recoder ha
fijado en los dos puntos anteriores. No será nuestro Grupo el que
cuestione lo que las asambleas de cada Comunidad hayan acordado,
mediante acuerdos unánimes o mayoritarios. En estos supuestos
nuestra posición siempre será de una actitud de respeto y de
aprobación. En todo este proceso de ampliación competencial
nuestro Grupo ha mantenido siempre una constante que pasaba por la
prioridad de la ampliación competencial, vía reforma estatutaria.
No fue este el camino que se escogió en la anterior legislatura y
creemos que con ello se produjo una limitación de las asambleas
parlamentarias. También la falta de consenso que presidió en
aquellos momentos los debates fue uno de los elementos que llevaron
a nuestro Grupo a cuestionar nuestra posición final. Pero queda
lejos ya aquel debate y en este momento en el que la Diputación
General de La Rioja nos plantea esta propuesta de reforma del
Estatuto de Autonomía, vía artículo 148.2, sólo puede encontrar
nuestra coincidencia y nuestro voto favorable. Mediante la vía de
la reforma estatutaria se va a consolidar un nivel competencial que
no quedaba asegurado anteriormente por la vía de la delegación. Por
tanto, este momento representa un salto cualitativo y una
profundización del proceso autonómico, proceso que para nuestro
Grupo es continuado y abierto en el marco constitucional. Opina
nuestro Grupo que estos procesos de reformas estatutariasque ahora
iniciamos vendrán a reforzar, debido a la transferencia de
servicios y de personal que ellos conllevan, la necesidad de
abordar una reforma global de la Administración central. Concluyo
esta breve intervención, señor Presidente, felicitando, en nombre
del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, a los
representantes de la Diputación General de La Rioja por lo que
representará este proceso de dotar su autonomía de mayor contenido
político y de mayores posibilidades de trabajar para bienestar de
La Rioja.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Camp.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la
palabra el señor Martínez Blasco.
El señor MARTINEZ BLASCO: Gracias, señor Presidente.
Me van a permitir SS.SS. que comience esta fijación de posición del
Grupo Federal de Izquierda Unida haciendo alusión precisamente a
las palabras de los dignos representantes de la Diputación General.
Han dicho que no se trata de un planteamiento localista, sino desde
una reflexión del Estado. Otro representante ha hablado de que las
cosas son como son, a mi modo de ver para intentar justificar esta
parca reforma, diciendo: No se puede hacer más. ¡Qué le vamos a
hacer! No necesitan SS.SS. que recordemos aquí la posición de
nuestro Grupo Federal en materia tanto de un pacto autonómico como
en la Ley Orgánica 9/1992. Tampoco queremos en estos momentos que
aparezca que discutimos la legitimidad de la Diputación General de
La Rioja. Pero precisamente porque estamos hablando del modelo de
Estado, porque estamos hablando del contenido y también de las
formas, de cómo se ha producido la reforma, en este caso del
Estatuto de La Rioja y del resto de estatutos que, a partir de
éste, van a verse en esta Cámara, nosotros vamos a votar en contra
de esta proposición para reformar el Estatuto de La Rioja.
Discutimos el procedimiento porque, como ya hemos señalado -- algún
digno representante de la Diputación General lo ha recordado--, se
hace primero una ley aquí y se fuerza a los parlamentos a
ratificarla tal cual, porque no se ha permitido en ninguno de ellos
introducir ninguna reforma, por mínima que fuese, tan sospechosa
como la sincronización de que todas las voluntades de todas las
comunidades autónomas, en un período muy corto de días, hayan
tomado la iniciativa constitucional de reformar sus estatutos. No
es éste el modelo, ya lo dijimos en los debates anteriores, de la
Constitución. Los Parlamentos, las diferentes comunidades autónomas
tienen la iniciativa, que incluso la propia Constitución reconoce,
una vez transcurridos los primeros cinco años para las del 143,
para hacer las modificaciones de los estatutos. Es cierto. De
hecho se había presentado a esta Cámara varias proposiciones para
reformar los estatutos, pero haciendo caso omiso a las voluntades
asíncronas --porque habían sido en diferentes tiempos--de las
diferentes comunidades autónomas, una Ley Orgánica de
transferencias ha homogeneizado, ha sincronizado y ha armonizado y,
como siempre ocurre, a la baja. Porque el contenido no es sólo las
competencias que faltan, que evidentemente todas SS.SS. conocen
(competencias en materia de sanidad, competencias en materia de
régimen local, competencias en materia de régimen penitenciario,
etcétera), no es sólo eso, sino que incluso las competencias que se
transfieren, que ahora se incluyen en los estatutos, a nuestro modo
de ver se incluyen de una forma vejatoria. ¿Sus Señorías han visto
algún estatuto que recoja el Inserso? En ningún estatuto se recoge
el Inserso. Se recoge la Seguridad Social, pero no hay ningún
estatuto de autonomía de las comunidades del 151 que ponga con
nombres y apellidos el Inserso, ni el Insalud, ni el INEM; ninguna
entidad de la que en estos momentos pueda dotarse la
Administración. Habla de competencias, habla de títulos
competenciales, no de servicios, no de edificios, no de ninguna
cosa concreta. En estos momentos se han incluido determinadas
competencias en los estatutos de autonomía con sus nombres y
apellidos, por ejemplo, el Inserso, amén de que se ha incluido éste
no para dedicir sobre a quién se debe dar prestaciones, sino única
y exclusivamente como oficinas pagadoras. Las competencias, además
de las que faltan, las que se han incluido han sido diluidas por
una serie de técnicas que nosotros creemos que en ningún caso
igualan aquellas comunidades que ya las tuvieran. ¿Qué ocurrirá si
algún día se transfiere el INEM? ¿Habrá que reformar también los
estatutos de autonomía para que figure el INEM? Señorías, no es,
incluso desde el punto de vista de técnica legislativa, correcto
que figure este tipo de denominación en las competencias. Además
--también se ha recogido en la intervención de alguno de los
representantes--, no se ha aprovechado esta reforma de los
estatutos de autonomía para introducir elementos institucionales
que las comunidades autónomas estaban recabando y necesitando,
tanto para el período de sesiones como para la calidad de los
Diputados, una serie de medidas. Incluso en algunas comunidades
autónomas se está viendo en estos momentos la necesidad de que
hubiese sido conveniente incluir la posibilidad de disolución de la
Diputación General. Pero es que asimismo, señorías, se ha vuelto
a incluir en esta reforma del Estatuto de La Rioja, en el artículo
11, otra vez lo de AEtranscurridos cinco añosAF. Si los cinco años
de penitencia en comunidades del 143 ya lo hemos pasado. ¿Qué
sentido tiene volver a repetir ahora en esta reforma del Estatuto
que AEtranscurrridos cinco añosAF? ¿No es suficiente con haber
diluido las competencias? No es suficiente con haber excluido
competencias tan importantes como las de materia sanitaria? ¿No es
suficiente para que ahora se vuleva a decir que AEtrancurridos
cinco añosAF? ¿Hasta cuándo esta doble velocidad para las
diferentes comunidades autónomas? Por tanto, señorías, no
discutimos la legitimidad de la Diputación General de La Rioja para
hacer esta proposición de ley, pero, con el pie de las propias
palabras de alguno de los representantes, desde un modelo de
Estado, que nosotros consideramos que debería tender al
federalismo, no podemos suscribir que se castigue de esta forma a
las diferentes comunidades autónomas del 143, impidiendo elacceso,
constitucionalmente reconocido, a la plena autonomía transcurridos
cinco años, que para la mayor parte de ellas transcurrieron entre
1986 y 1987. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Blasco.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Alegre.
El señor ALEGRE GALILEA: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, lógicamente y como consecuencia del pacto autonómico
suscrito en su día por los grupos mayoritarios de esta Cámara, mi
Grupo va a ratificar la reforma del Estatuto de Autonomía de La
Rioja realizada en su día en aquella Cámara autonómica, de la misma
manera que, en su momento, también aprobó el proyecto de ley
orgánica de transferencias de competencias a las comunidades
autónomas que accedieron a su autonomía por la vía del artículo 143
de la Constitución. Y lo hacemos así en base a unas consideraciones
que, aunque de forma breve y sucinta, quisiera exponer aquí. Como
SS.SS. recuerdan, con la firma de los acuerdos autonómicos entre el
Gobierno de la nación y las fuerzas mayoritarias de esta Cámara
--me refiero al Partido Socialista Obrero Español y al Partido
Popular-- se hizo posible, en su día, el consenso político que nos
permitió salir del impasse o del atasco en que, en materia
autonómica, nos hallábamos inmersos. Pacto autonómico del que
consecuencia inmediata fue la aprobación del proyecto de ley al que
antes he hecho referencia y que permitió restablecer, o por lo
menos se intentó, el clima de consenso que desde 1978 había sido
seguido por las principales fuerzas políticas a la hora de dar
soluciones a los problemas territoriales del Estado. El pacto es,
sin duda alguna, lo más importante que, desde el punto de vista
normativo, se ha hecho en materia regional desde 1981,
constituyendo en sí mismo un paso decisivo en la consolidación del
proceso de organización del Estado. Es posible que en el texto del
proyecto pudieran existir aspectos discutibles y que, de alguna
forma, en la Diputación General de La Rioja se han puesto de
manifiesto a la hora de debatir la reforma de dicho Estatuto. Es
cierto que el proceso de ampliación debió iniciarse antes, es
decir, una vez transcurridos los cinco años que la Constitución
prevé para el aumento de competencias en las comunidades autónomas
de la vía del artículo 143.
Cierto es también, como se señaló en el debate mantenido en la
Cámara riojana, que las mayores objeciones se basaron, no en el
contenido y espíritu que movió el acuerdo, sino en carencias o en
la no inclusión de aspectos competenciales concretos, variados y
que, sin duda alguna, pueden quedar integrados en un momento
posterior, porque el modelo de Estado que contempla nuestra
Constitución es lo suficientemente flexible para poder adaptarlo a
las necesidades del momento. Qué duda cabe que el proceso
autonómico sólo culminará, como biense ha dicho aquí, cuando todas
las comunidades autónomas tengan potencialmente el mismo techo
competencial. Para ello, habrá que seguir profundizando en ese
marco de encuentro y de consenso para homologar, en un futuro,
nuestros estatutos con aquéllos que más competencia tienen o al
nivel de las comunidades que accedieron a esas competencias por la
vía del artículo 151. En suma, esta reforma del Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Autónoma de La Rioja merece nuestro apoyo
incondicional en este debate de totalidad, no sólo por el contenido
de lo reformado, sino por haber mantenido, además, la línea de
consenso y de apoyo unánime de las distintas fuerzas políticas
existentes en el Parlamento riojano. Por eso, con estos acuerdos
alcanzados sólo queda ahora ponerlos en práctica, ampliarlos y
profundizar en ellos, porque cuanto mayor sea el acuerdo y cuanto
más se profundice en él mejor podremos articular un Estado fuerte,
descentralizado y mucho más racional. El consenso y el acuerdo nos
obligan a todos, a las comunidades autónomas, al Gobierno y a las
fuerzas políticas; nos obliga a respetar las reglas del juego y a
hacerlo sin ambigüedades, con claridad y limpieza. Por cierto,
claridad y limpieza que en estos momentos alguien está intentando
empañar. Mejorar los comportamientos en materia de financiación
autonómica, revisar los conceptos de lo que entendemos por
principios de solidaridad o de subsidiariedad o de
corresponsabilidad, cómo ampliar nuestros techos competenciales, de
qué manera conseguir una administración más eficaz, son, en
definitiva, algunos de los aspectos en los que se impone un diálogo
abierto que espante el fantasma de los agravios comparativos entre
unas comunidades y otras. Nuestro Grupo cree que el debate y la
reflexión de estos y de otros conceptos servirán para que las
comunidades autónomas se sientan más partícipes de su presente y
más protagonistas de su futuro. Todo ello, qué duda cabe, ha de
redundar en beneficio de una mejora sustancial de nuestro Estado
autonómico. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alegre.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Sáenz
Cosculluela.
El señor SAENZ COSCULLUELA: Señor Presidente, señorías, con todo
placer, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, intervengo en
este trámite de fijación de posiciones con respecto de la toma en
consideración de la proposición de modificación y ampliación de
competencias de la Comunidad Autónoma de La Rioja, relacionada,
como ya se ha puesto de manifiesto, con la Ley recientemente
aprobada por esta Cámara, de fecha 23 de diciembre del año pasado,
sobre transferencia a las comunidades autónomas que habían optado
por la vía del 143 de la Constitución. El Grupo Parlamentario
Socialista apoyará la toma en consideración de esta proposición de
ley. Pero, además, la va a apoyar, como expresaba antes, con
satisfacción. En primer lugar, porque la iniciativa legislativa
que hoy votará esta Cámara viene respaldada por el unánime apoyo
parlamentario de la Asamblea legislativa de la Comunidad Autónoma,
la Diputación General de La Rioja. Absolutamente todos los grupos
parlamentarios, pese a las discrepancias de tipo técnico que
pudieran haber existido a lo largo del debate parlamentario,
apoyaron la iniciativa legislativa.
Satisfacción del Grupo Socialista porque este máximo apoyo
parlamentario deriva, además, de un acuerdo de Estado, deriva de un
acuerdo de las fuerzas parlamentarias que en esta Cámara suman una
importante representación; acuerdo, por otra parte, que yo quiero
calificar de magnífico. En efecto, este acuerdo, denominado pacto
autonómico, recoge la experiencia que se ha producido en el ámbito
de las comunidades autónomas. Una experiencia acumulada
progresivamente. Es un pacto que tiene en cuenta la cobertura de
los plazos constitucionales y que combina con esa visión
experimentada de la acción económica. Tiene en cuenta la demanda
ciudadana que, como luego tendré ocasión de manifestar, matizando
al portavoz de Izquierda Unida, vive este proceso con bastante
menos crispación que la que algunas intervenciones dan a entender,
y culmina el proceso autonómico. Hoy es posible esa modificación
para ultimar el desarrollo del Título VIII de la Constitución, para
satisfacer unas aspiraciones en forma racional, en forma respetuosa
con la voluntad de cada región, que no necesariamente mira con el
criterio del agravio comparativo estos debates de tipo jurídico
constitucional y de adquisición de competencias. Decía el portavoz
de Izquierda Unida: Parca reforma. Y decía que se refuerza a las
asambleas legislativas. Yo no tengo constancia alguna, señorías,
salvo el reconocimiento de que es un recurso parlamentario de tipo
dialéctico, de que se haya alterado en lo más mínimo la capacidad
de estas asambleas legislativas. ¿Su señoría tiene algún fundamento
para decir que la Asamblea legislativa de La Rioja se ha visto
forzada, ha perdido libertad, ha estado coartada, de alguna forma,
para adoptar esta iniciativa de modificación del Estatuto? Señoría,
usted no tiene fundamento alguno para hacer esa afirmación.
Absolutamente ningún fundamentos. Tampoco apreciarán ese
fundamento, al menos en mi Comunidad Autónoma, en La Rioja, los
ciudadanos que cuando vean y estudien este Estatuto de Autonomía
comprueben que el potencial de competencias que adquiere nuestra
región es significativamente importante y que hay muchos campos de
la Administración que pasan a ser gestionados, en distinto grado
competencial, por los órganos ejecutivos o legislativos de la
Asamblea Autonómica Riojana. Cinco años de penitencia --y voy a
terminar ya mis reflexiones, señorías-- y castigo a las comunidades
autónomas. Esa era la alusión que hacía, en tono ciertamente
despectivo, de estas iniciativas que hoy estamos viendo y veremos
el próximo jueves en esta Cámara. Señorías, para terminar, sólo
les pido que miren un poquito hacia atrás, y reflexionen. Tendrán
que convenir conmigo que desde el año1978 al año 1993, en un corto
espacio de tiempo para lo que es la historia de un país y el
proceso democrático de un país, en quince años tan sólo, se ha
producido una transformación tan soberbia, tan profunda, tan
impresionante de la estructura de poderes del Estado, que no es
válido decir que hay algunas comunidades que, por haber optado por
la vía del 143, han tenido cinco años de penitencia o un castigo.
Señorías, a mí me desagrada profundamente entrar en estos debates
con la mentalidad del agravio comparativo. Como Diputado riojano
quiero expresarles, sencillamente, que me agrada saber que ha
llegado el momento, que ha llegado la oportunidad para que nuestra
comunidad alcance un mayor grado de desarrollo autonómico. No
tenemos por qué mirar a nuestro alrededor. Y, si lo hiciéramos,
tampoco vemos ningún contrasentido a lo que ha ocurrido. Todo lo
contrario. Y, si miran ustedes hacia atrás, tendrán que reconocer
que ningún país, en tan corto período de tiempo, ha logrado una
transformación tan formidable de unas instituciones, basadas
fundamentalmente en el centralismo, hacia una estructura de
carácter autonómico, con gobierno con competencias importantes y
con parlamentos en el ámbito de cada comunidad autónoma. Creo que
se ha funcionado con racionalidad en este proceso, que se ha
buscado, además, el compromiso cooperativo. Por esa razón, buscando
la eficiencia, deberíamos felicitarnos todos de que este proceso de
revisión de los estatutos culmine. En todo caso, en lo que se
refiere a la opinión de los Diputados socialistas y a mi propia
opinión personal, les aseguro que votaremos a favor de esta
proposición con sumo agrado y conscientes de que ésta es una
decisión oportuna, racional y conveniente. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sáenz Cosculluela.
Vamos a proceder a la votación de totalidad correspondiente a la
propuesta de la Diputación General de La Rioja, sobre ampliación de
competencias del Estatuto de Autonomía de La Rioja. Comienza la
votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 297; a favor, 280; en contra, 14; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la propuesta de reforma.
--DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE CANTABRIA, DE REFORMA DEL ESTATUTO
PARA CANTABRIA (ORGANICA.) (Número de expediente 127/000006)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de totalidad relativo a la
propuesta de la Asamblea Regional de Cantabria, de Reforma del
Estatuto para Cantabria. Para la defensa de la propuesta de la
Asamblea Regional deCantabria tiene la palabra, en primer lugar,
don Adolfo Pajares, Presidente de la Asamblea Regional de
Cantabria.
El señor PAJARES COMPOSTIZO (Presidente de la Asamblea Regional de
Cantabria): Señor Presidente, señoras y señores Diputados, la
aprobación por esta Cámara de la proposición de Ley Orgánica de la
Asamblea Regional de Cantabria sobre reforma del Estatuto de
Autonomía, que fue aprobada el 22 de marzo del año en curso por
nuestro Parlamento, va a representar, indudablemente, un paso
importante en la potenciación del Estado descentralizado que define
nuestra Constitución y que en los últimos años hemos venido
defendiendo con más ahínco aquellos territorios que accedieron a
las autonomías por lo que el procedimiento y parlamentarismo actual
contemporáneo denominan . (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Pajares.
Señorías, ruego guarden silencio.
El señor PAJARES COMPOSTIZO (Presidente de la Asamblea Regional de
Cantabria): Gracias, señor Presidente. Este es, sin duda, el foro
adecuado para reconocer y subsanar en lo posible esa lentitud que,
por añadidura, ha propiciado en los últimos tiempos la
reivindicación constante de regiones como Cantabria de alcanzar
mayores niveles competenciales, lo que en ocasiones ha llevado a la
confrontación dialéctica entre las respectivas administraciones.
Sin embargo, la tónica general ha sido reclamar esas ampliaciones
sosegadamente a través de nuestros órganos de autogobierno,
pidiendo la equiparación en cuestiones muy concretas que nos son
necesarias para abrir la posibilidad de adoptar decisiones en
materias que, preocupándonos especialmente por la sensibilidad que
encuentran en nuestro pueblo, no estaban a nuestro alcance. La vía
que hoy podemos abrir en el Congreso de los Diputados va a venir a
subsanar en parte estos años en que debemos reconocer que ha
costado comprender la postura --creo yo que justa-- de las
autonomías enmarcadas en un orden político, económico y social un
tanto más debilitado que el existente en otras autonomías que se
han visto por ello más beneficiadas. También es de justicia
recordar en esta defensa de la proposición de ley que muchos de los
problemas graves que se plantean ahora en Cantabria vienen
derivados de esa larva, de una situación que en ocasiones ha sido
claramente discriminatoria, lo que en muchos aspectos nos está
colocando en un declive industrial y económico muy preocupante y
que el Congreso de los Diputados ya ha tenido ocasión de conocer a
través de los Diputados cántabros que pertenecen a esta Cámara.
Por ello, éste es un momento no sólo histórico en razón de lo que
se va a votar, sino para apelar una vez más y cuantas veces sea
necesario al sentido de solidaridad que debe existir entre la
organización central y las autonómicas y especialmente entre todas
las autonomías. Ahora que tanto se habla y se escribe de
corresponsabilidad, de una mayor participación de las autonomías en
la recaudación del Estado, hay que abrir otras vías de diálogo que
a nosotros nospreocupan mucho más si cabe, porque en un futuro
puede colocar a los cántabros entre la espada y la pared. Y quiero
hablarles de un caso muy concreto. Cantabria se está viendo
sometida en estos momentos a un proceso de desmantelamiento
industrial. La empresa Sniace es un tema emblemático en nuestra
región y está provocado por muchas causas coyunturales y
estructurales, pero que en cierta medida puede deberse a la huida
de empresas y a la implantación de otras en los mal llamados
paraísos fiscales de algunas zonas de España que, a mi juicio,
pueden representar una falta clara y rotunda de esa necesaria
solidaridad a la que antes hacía mención. Por eso, en este breve
espacio de tiempo con que cuento para hacer esta exposición, quiero
centrarme en unas valoraciones generales sobre la auténtica
situación autonómica de Cantabria más que en desmenuzar los
contenidos de esta proposición de ley, que, por otra parte, es ya
suficientemente conocida por todos ustedes, dada su similitud con
la reforma que acometen también otras comunidades. Efectivamente,
durante los últimos diez años Cantabria se ha ido sensibilizando,
día a día, con un hecho autonómico que nos ha venido a demostrar
las desigualdades que se dan, todas ellas con el mismo denominador:
la deficiente financiación, algo que el Partido Popular, al que
pertenezco, ha sabido ver y ha sido por ello el primer impulsor del
Pacto Autonómico, junto con el Partido Socialista y con la
aceptación del Gobierno de España, y que va a facilitar a Cantabria
una treintena de nuevas competencias, algunas de ellas
extremadamente importantes para nosotros, como tendré ocasión de
comentar. Todas estas competencias vienen a profundizar en el
Estatuto de Autonomía del 30 de diciembre de 1981, porque crean un
marco nuevo de actuación de su Título II que habla precisamente de
las competencias de Cantabria. Este Título enumeraba hasta ahora
unas pocas materias a las que vamos a sumar otras que no deben
quedarse en meros conceptos, sino contribuir al mayor
desarrollo e impulso de la Comunidad Autónoma cántabra.
Reconocida de antemano su importancia global, no es necesario
enumerar cada una de las nuevas competencias que vamos a asumir,
pero hay que destacar por su trascendencia algunas como las
referidas a industria, los servicios sociales y, por supuesto, la
enseñanza. Se trata de tres aspectos que, con el resto de materias
previstas, han de contribuir al avance del proceso autonómico de
Cantabria y a su acercamiento a otras regiones que han venido
gozando de mayores cotas de autogobierno y que ahora más que nunca
está saliendo a la luz un largo período en que España ha
consolidado una estructura autonómica que debe ir a más, como esta
tarde tenemos ocasión de poner de manifiesto y que tan claramente
refleja el artículo 2.º de la Constitución. Desde esta óptica,
tengo la seguridad de que el Partido Popular de Cantabria se siente
muy orgulloso del significado de este importante paso, que no es
otro que el de afianzar aún más su autogobierno, el auténtico
sentido de sus instituciones y el mayory mejor encuentro de éstas
con los ciudadanos a los que representan, pudiendo abordar de otra
forma sus problemas y sus necesidades. Cantabria recupera así un
poco de su propia historia y de su forma peculiar de pensar y
sentir, que entronca con una rica cultura popular que nos retrotrae
a esa avanzada sociedad que fue en la antigüedad, con una entidad
histórica que siempre la distinguió, como recogen manuales de
diferentes épocas, desde el griego Estrabón, el poeta latino
Horacio y el más cercano Caro Baroja. Al mismo tiempo que seguimos
reafirmando nuestra autonomía y nuestras peculiaridades,
reivindicamos, ahora más que nunca, la colaboración y el respeto
mutuo entre todas las partes implicadas en este gran proyecto, que
es sacar España hacia adelante por encima de visiones particulares
y egoístas que no favorecen el desarrollo equilibrado del sistema
autonómico. Esto no debe estar reñido, ni mucho menos, con una
política de redistribución del poder más generosa que propicie que
regiones como la cántabra alcancen nuevas facultades de gestión que
nos lleven a atender mejor los problemas propios que ahora tenemos
en sectores tan vitales para nuestra economía regional como la
industria, la ganadería y el turismo. En el futuro, creo yo, se
debe seguir planteando los pormenores de la Administración única o
común postulada por el Partido Popular y dar al Senado ese sentido
de auténtica Cámara de representación territorial que venimos
solicitando reiteradamente desde los legislativos autonómicos.
Para ir concluyendo ya, diré que las nuevas competencias que recibe
ahora la Comunidad Autónoma de Cantabria llegan en un momento
difícil, pero no por ello falto de esperanza; serán obligaciones
que impliquen más al Gobierno que a la Asamblea Regional, pero
deseo, ante todo, que sirvan de impulso para que los diferentes
sectores cántabros se impliquen aún más en este desarrollo
autonómico con su participación activa y llena de dinamismo. En
definitiva, los cántabros nos sentimos hoy congratulados de
incorporar nuevas nociones a la norma básica de la Comunidad
Autónoma, como es el Estatuto. Y lo es, por hacer gala en su
preámbulo del deseo colectivo de convertirse en la expresión
jurídica de la entidad regional, defendiendo sus instituciones, sus
competencias y sus recursos, como todos nosotros tenemos ahora la
ocasión de hacer posible, siempre con lealtad a España, lealtad a
la Corona, como ha sido conducta de este noble pueblo que se llama
Cantabria.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pajares.
Tiene la palabra don Miguel Angel Palacio.
El señor PALACIO GARCIA (Diputado de la Asamblea Regional de
Cantabria): Gracias, señor Presidente. Señoras y señores
Diputados, como portavoz de la Asamblea Regional de Cantabria, a
propuesta del Grupo parlamentario Socialista, que representa a la
mayoría de la Cámara regional, me honro en presentar ante SS.SS. la
Proposición de Ley que tiene por objeto la reforma, por ampliación
de competencias, de nuestro Estatuto deAutonomía y que se somete a
la consideración de las Cortes Generales de acuerdo con el
procedimiento establecido en el artículo 57 del mismo Estatuto de
Autonomía. Es preciso señalar, en primer lugar, que esta
iniciativa no surge de una forma aislada o como consecuencia de la
decisión política de un grupo parlamentario; esta proposición de
ley es la expresión, en lo referente a Cantabria, de los acuerdos
autonómicos suscritos por el Gobierno de la nación, el Partido
Popular y el Partido Socialista, que configuran de una forma
estable y para las próximas décadas las previsiones
constitucionales y estatutarias en materia autonómica. Conviene
añadir a continuación que este nuevo proceso autonómico que se abre
para Cantabria es la expresión no sólo de un consenso político,
sino de un estudio y de un debate sereno, riguroso y racional que
desde la lealtad al proyecto nacional español pretende dar
satisfacción, y satisface las aspiraciones de autogobierno de
nuestra Comunidad. Valoramos positivamente en Cantabria la
coherencia y la homogeneidad de este proceso, que nos conduce a una
equiparación sustancial en los niveles competenciales de todas las
comunidades autónomas y facilitará en el futuro las relaciones del
Estado con Cantabria y con el conjunto de las comunidades
autónomas. En definitiva, la reforma del Estatuto de Autonomía para
Cantabria pone fin a la desigualdad inicial en cuanto
a los niveles competenciales, elimina desajustes territoriales y su
significado político es de gran trascendencia para la articulación
del conjunto del Estado. Cabe reseñar que con esta reforma
estatutaria desaparecen las cautelas de control del Estado
previstas en el artículo 150.2 de la Constitución y determinadas en
la Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, de transferencia de
competencias a las comunidades autónomas que accedieron a la
autonomía a través de la vía del artículo 143 de la Constitución.
Por último, señoras y señores Diputados, y para que esta Cámara
tenga conocimiento del estado de opinión pública que se vive en
Cantabria, debo informar a SS.SS. que esta reforma de nuestro
Estatuto de Autonomía, que supone la ampliación de nuestras
competencias en treinta materias, algunas tan importantes como el
Inserso o la educación, lejos de producir un estado de satisfacción
autonómica está generando un alto grado de preocupación política,
porque no está claro que los ciudadanos de Cantabria, con el
traspaso de competencias del Estado a la Comunidad Autónoma,
vayamos a recibir más y mejores servicios de la Administración. El
deterioro institucional que vive nuestra Comunidad Autónoma como
consecuencia de las crisis permanentes que generan los partidos de
la derecha está poniendo en peligro el grado de eficiencia de la
Administración autonómica. Si la reforma de nuestro Estatuto de
Autonomía ha sido posible gracias a los acuerdos autonómicos,
Cantabria y sus instituciones de autogobierno precisan también deun
pacto autonómico; un pacto autonómico para poner fin al aislamiento
político de la Comunidad, un pacto autonómico para normalizar las
relaciones institucionales y un pacto autonómico para, al menos,
garantizar la prestación de los servicios que dependen de la
Comunidad. Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacio.
¿Grupos que desean fijar su posición? Por el Grupo de Coalición
Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, la Coalición Canaria va a votar favorablemente esta
petición que trae aquí solemnemente, a través de sus
representantes, la Asamblea Regional de Cantabria de modificar y
hacer la reforma de su Estatuto de Autonomía. Quiero comenzar
diciendo, para explicar este voto, que no es por una mera cortesía
parlamentaria. Yo diría que no es siquiera por un invocado y manido
concepto de solidaridad, sino por estar y querer estar en apoyo de
toda comunidad autónoma que traiga aquí una iniciativa que tenga su
fundamento en el Título VIII de la Constitución Española.
Nosotros, Coalición Canaria, queremos llamar la atención de esta
Cámara acerca de que a lo largo de este Pleno y los próximos van a
pasar por aquí todos los estatutos de las comunidades autónomas que
han ido por la vía lenta o del 143, excepto el de la Comunidad
Autónoma Canaria, y está aquí, escuchando, el señor Ministro para
las Administraciones Públicas, el señor Saavedra, que conoce las
razones. Porque en la Comunidad Autónoma Canaria, participando
posiblemente de muchas de las ideas de fondo en cuanto a lo que ha
dicho anteriormente el señor portavoz de Izquierda Unida,
entendíamos que no se podían poner, para ese viaje, las mismas
alforjas que para Comunidades Autónomas, como en su día fueron --en
el año 1982-- la Valenciana y la Canaria, que obtuvieron unas leyes
orgánicas de transferencia --la LOTRAVA y la LOTRACA, en el argot
de los acrósticos--, precisamente porque entendíamos que había que
replantearse el aumento del techo competencial. En la Comunidad
Autónoma Canaria, ya en la anterior presidencia del hoy actual
Ministro para las Administraciones Públicas, al que pongo como
testigo de excepción, honrándonos, se planteó este problema de
fondo para aumentar el techo competencial, y ésta es la
explicación. No es casualidad, por tanto, que esto no esté aquí,
y éstos eran los principios fundamentales en que nosotros hoy en
día, respetando la decisión democrática y soberana de las
comunidades autónomas, en este caso de la Asamblea Regional de
Cantabria, nos apoyamos, entendiendo que en este caso, en este
procedimiento formal, no podemos realizar un voto contrario ni de
abstención para no regatearles a ellos lo que el artículo 143, tal
vez de aplicación añeja, porque esos cinco años se transforman en
casi diez, les permite, los techos competenciales que la
Constitución les reconoce. Otro tema es que aquellas fuerzas
políticas que en el año pasado no firmamos el pacto autonómico por
entender que contemplaba estasrestricciones no estemos también en
la senda del entendimiento, tanto con el Gobierno central por parte
del Gobierno autónomo canario, como de parte de ambos Parlamentos
--el nacional y el autonómico--, para poder caminar en el recto
sendero que ya el principio del Título VIII de la Constitución a
todos debe inspirarnos y, sobre todo, animarnos para llevar esto a
buen término. Por esta razón, como digo, y en el caso puntual de
este orden del día para el Estatuto de Autonomía que nos trae la
Asamblea Regional de Cantabria, nuestro voto será favorable. Nada
más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Camp.
El señor CAMP I BATALLA: Gracias, señor Presidente.
Simplemente para saludar a los representantes de
la Asamblea Regional de Cantabria y anunciar el voto favorable del
Grupo Parlamentario Catalán, por todos aquellos argumentos que en
el día de hoy se han repetido en los puntos anteriores que se han
sustanciado en el orden del día. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Camp.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la
palabra el señor González.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, la reforma del Estatuto de Cantabria es un producto del
acuerdo entre el PSOE y el Partido Popular. Hereda, por tanto y en
consecuencia, sus vicios políticos y formales y sus insuficiencias.
No se cumple la condición derivada del espíritu constitucional que
requiere para la aprobación de este tipo de leyes un consenso
fundamental entre las diversas fuerzas políticas que expresan el
pluralismo político en las instituciones. Se trata, básicamente, de
una reforma otorgada, de una idea del desarrollo del Estado que se
sostiene en la voluntad de algunos partidos políticos antes que en
comportamientos institucionales compartidos. No es una cuestión
menor; o nuestro Estado autonómico se sujeta a reglas compartidas,
a una concertación multilateral, o estaremos abocados a situaciones
de inestabilidad que nos coloquen a todos en la disyuntiva de
recomenzar permanentemente la ordenación autonómica del Estado. El
mandato constitucional de equiparación de las comunidades autónomas
era y es una de las reglas básicas del autogobierno compartido o
cooperativo. La interpretación de legítimo hecho diferencial, como
relación bilateral, es el pecado de este acuerdo que alcanza ahora
el máximo rango jurídico y alienta serios problemas políticos.
Ciertamente, el primero de ellos es el renacimiento de
discursospopulistas, afirmados en la cultura del agravio, que desde
Cantabria a la estepa extremeña alientan actitudes
preconstitucionales sobre la diferencia cultural de nuestros
pueblos. No cabe duda de la irresponsabilidad de quienes esconden
su incapacidad de gestionar o la ausencia de una mínima ética en
reproches a la Administración central; tampoco de quienes confunden
interesadamente a este o a aquel partido nacionalista con sus
pueblos. Pero no son menos responsables quienes, como el Partido
Popular, han sostenido y sostienen, de hecho, la anomalía cántabra
o definen, como el PSOE, un modelo de Estado con riesgos
clientelares que confunden la relación bilateral con la aritmética
parlamentaria. Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya no estuvo
en la firma del acuerdo, a pesar de que sus propuestas eran
perfectamente asumibles y de que expresó su voluntad de participar
en un proceso de discusión con el Gobierno y las demás fuerzas
políticas para configurar el mapa autonómico. En el caso de
Cantabria, como en el de otras comunidades, pusimos de manifiesto
públicamente que el acuerdo competencial y la reforma del Estatuto
se estaba realizando por el apremio del Ministerio para las
Administraciones Públicas. El de Madrid puso en marcha la
discusión en plena armonía de dos partidos políticos que
ratificaron, sin mayores matices, sin prácticamente
puntualizaciones y sin la mínima visión crítica, un acuerdo estatal
de las direcciones de sus partidos en el que se opinaba, a nuestro
juicio, a espaldas de la Asamblea Regional, del resto de las
fuerzas políticas y de las organizaciones económicas y sociales de
la región. Aceptaron, en suma, el estatal de sus partidos, un que
permitía mayores competencias para Cantabria, pero que no impulsaba
el avance por el camino del autogobierno regional y que frenaba la
participación directa de los ciudadanos en la resolución de los
conflictos de poder. Los ciudadanos cántabros, tras la reforma del
estatuto, no tienen la posibilidad de regenerar las instituciones
de Cantabria ni de cambiar a un gobierno incapaz de gestionar las
nuevas competencias e incluso contrario a algunas de ellas. Esta
ausencia de reglas para la evolución del modelo de Estado tenía y
tiene en la equiparación de los núcleos competenciales
institucionales un primer paso para su superación. La reforma que
hoy discutimos revela que este déficit de equiparación es más agudo
allí donde menos debería serlo: en el terreno institucional. En
una lógica de control democrático carece de sentido que a un
relevante aumento de competencias no le siga un aumento similar de
control parlamentario. Mantener una regulación estatutaria de los
períodos de sesiones en los términos actuales frente a un aumento
de la capacidad de gestión significa devaluar, en una medida
proporcional, la capacidad de control del Parlamento y, en
definitiva, de la soberanía popular. Esta devaluación es más grave
si se hurta al pueblo cántabro la posibilidad de resolver su crisis
institucional. El ordenamiento institucional debe estar pensado
para ser eficaz, para la superación de los problemas políticos y no
para bloquearlos. Si los partidos con responsabilidad no pueden o
no saben resolver las crisis políticas, las instituciones y el
estatuto de autonomía deben afrontar este problema. La obsesión
por los procesos electorales tiene en Cantabria el mejor ejemplo de
sus costes políticos. Sin capacidad de disolución de la Cámara
autonómica, sin posibilidad de convocar elecciones, se ha condenado
a Cantabria a una crisis permanente. Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, ante eventualidades como ésta, se opuso en su momento a
fijar legalmente la imposibilidad de disolución de las cámaras de
las comunidades autónomas que accedieran a la autonomía por la vía
del artículo 143.
La opción adoptada por el PSOE y el Partido Popular les
corresponsabiliza no sólo de una crisis institucional, sino también
de una crisis política. Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya se
dirigió por escrito a ambos partidos el 3 de enero de 1992
proponiendo la reforma del Estatuto de Cantabria en este punto.
Recibimos la callada por respuesta, al igual que hoy recibimos una
propuesta de reforma del estatuto que evade un problema político y
limita la capacidad institucional del Parlamento de Cantabria.
Siempre hemos reconocido que el aumento de competencias que se
incluyen en esta reforma es muy relevante; podría incluso afirmarse
que la Comunidad de Cantabria inicia un nuevo período
constituyente. Por ello es tan importante valorar no sólo los
déficit políticos, sino también la disposición de instrumentos que
hagan eficaz este nuevo proceso. Aspectos tan importantes del nuevo
ejercicio competencial vendrán limitados por dos cuestiones: el
proceso de construcción europea y el marco administrativo del
Estado. No se establecen en esta reforma estatutaria mecanismos
efectivos para la participación de Cantabria no sólo en la voluntad
del Estado ante la Comunidad Europea, sino en el diseño de
políticas vinculadas o con origen en la Comunidad Europea que
tienen importancia para esta comunidad. Los mecanismos de
cooperación previstos son insuficientes para cubrir estos aspectos.
La crisis de Cantabria, una de las más agudas del Estado, requiere
de una atención e influencia vital en las políticas comunitarias.
El marco administrativo del Estado puede suponer otro límite no
menos importante para el citado proceso constituyente, ya que la
duplicidad administrativa y la múltiple sede de decisiones
constituyen un problema que esta reforma del Estatuto debiera haber
abordado. Junto a estas limitaciones, la reforma que se nos propone
tiene también dos déficit en materia de equiparación competencial:
una serie de competencias que debieran ser exclusivas y no lo son
y un alargamiento procesal peligroso de la transferencia de
enseñanza. Ciertamente, esta reforma estatutaria no incluye
--probablemente no debería hacerlo-- aspectos financieros que deben
regularse en otras instancias; no obstante, debemos ser conscientes
de que esta reforma estatutaria carece de virtualidad si en el
marco más general de la financiación autonómica no se dan pasos que
superen la gravísima situación financiera de la comunidad autónoma.
En este punto se trata de una grave responsabilidad del Gobierno
regional. Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya se limita a
apuntar que será preciso que los Presupuestos Generales del
Estadosean muy sensibles a la situación económica e industrial de
esta Comunidad. Señor Presidente, señorías, finalizo ya expresando
la posición del voto del Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. Nosotros creemos que su modelo de
Estado no ha conseguido los objetivos y está agotado; no se ha
realizado con la participación de las comunidades autónomas, al
menos en la expresión plural de los intereses de los ciudadanos
cántabros en el caso que nos ocupa; no han participado las fuerzas
sociales; frena al autogobierno de Cantabria; el pacto de dos
fuerzas políticas no es el mejor sustituto de la voluntad popular
de los ciudadanos y ciudadanas de Cantabria; se dan competencias,
pero no se garantiza su ejecución. En su día, presentaremos las
enmiendas que garanticen, o pretendan garantizar, dicha ejecución
e impulsen el autogobierno. Por el momento, tenemos que decir no a
una reforma que no va a permitir un impulso hacia dicho
autogobierno, que hipoteca a la Comunidad de Cantabria la
posibilidad de mayor capacidad de decisión durante cinco años.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Martínez Sieso.
El señor MARTINEZ SIESO: Muchas gracias, señor Presidente. Señoras
y señores Diputados, muy brevemento voy a fijar la posición del
Grupo parlamentario Popular en relación con esta propuesta de
reforma del Estatuto de Autonomía de Cantabria, aprobada por la
Asamblea Regional de esta Comunidad Autónoma por abrumadora mayoría
el pasado 22 de marzo, en la que, por cierto, no hay ni un solo
representante de Izquierda Unida al no contar esta formación
política con los suficientes apoyos en las últimas elecciones
regionales celebradas en Cantabria. Nuestra posición no puede ser
otra que la de estar a favor de la aprobación de la reforma del
Estatuto de Autonomía de Cantabria. En primer lugar, por coherencia
con los antecedentes que están en el origen de dicha reforma. Me
estoy refiriendo, naturalmente, al pacto autonómico de 1992, a la
posición de nuestro grupo parlamentario de la tramitación en su día
de la Ley Orgánica de Transferencia de competencias a las
Comunidades Autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del
artículo 143 de nuestra Constitución, como es el caso de Cantabria.
También por coherencia con los Diputados del Grupo parlamentario
Popular en la Cámara autonómica, y, en consecuencia, con el propio
texto aprobado por la Asamblea Regional de Cantabria, que con tanto
entusiasmo y brillantez ha sido defendido desde esta tribuna por su
Presidente, el señor Pajares Compostizo, y por el señor Palacio
García, que me han precedido en el uso de la palabra. En segundo
lugar, también estamos a favor de la aprobación ya no sólo por
coherencia, sino también por convicción, porque seguimos
convencidos de la idoneidad
del pacto autonómico suscrito en 1992 para abordar la reforma de
algunos estatutos de autonomía, en este caso el de Cantabria;
idoneidad como instrumento de consenso esencial en un asunto como
éste que, sin duda, va a contribuir a un más eficaz funcionamiento
del Estado. El Grupo Parlamentario Popular es consciente de que en
este proceso han existido algunos aspectos opinables, discutibles
y controvertidos. Pero en lo fundamental debemos manifestar que la
presente reforma del Estatuto de Autonomía de Cantabria aúna las
posiciones de la gran mayoría de los Diputados de esta Cámara y de
la gran mayoría de los Diputados de la Asamblea Regional de
Cantabria. Este, desde la perspectiva de nuestro Grupo, no es un
proceso cerrado, sino, por el contrario, estamos ante un proceso
abierto a ulteriores transferencias y, consecuentemente, abierto a
ulteriores modificaciones del Estatuto de Autonomía cántabro.
Quizá la cuestión clave para disipar cualquier duda sobre este
asunto sea preguntarse cuáles son las competencias que hoy tiene
Cantabria y cuál va a ser una vez que las Cortes Generales
aprueben, como estoy seguro de que van a aprobar, esta modificación
de su Estatuto. Yo creo que la sola enumeración de las competencias
que están incluidas en esta modificación por sí misma nos hace
asumir nítidamente que cualquier otro aspecto o crítica que se haga
o que se haya hecho carece de la suficiente relevancia o
importancia. Cantabria va a tener competencias exclusivas que hoy
no tiene en materias tales como cooperativas y mutuas, fundaciones;
en un apartado tan importante como el de industria, en
instalaciones de producción, distribución y transporte de energía;
en publicidad y, cómo no, en enseñanza. Va a tener competencias de
desarrollo legislativo y de función ejecutiva en otras muchas
materias. Esto, a nuestro entender, conlleva un notabilísimo
avance en el proceso autonómico y, en concreto, en el proceso
autonómico de Cantabria, por el que todos debemos felicitarnos.
Por tanto, y para concluir, nuestro Grupo va a votar favorablemente
esta propuesta. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Sieso.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNANDEZ SANZ: Señor Presidente, señoras Diputadas,
señores Diputados, estamos en la tarde de hoy haciendo realidad de
forma muy concreta el acuerdo o pacto político entre el Gobierno,
el Partido Popular y el Partido Socialista que se firmó en el
Palacio de La Moncloa el 28 de febrero de 1992 y la aplicación o
desarrollo de la Ley Orgánica 9/1992, de finales de diciembre de
ese año, sobre transferencia de las competencias a las comunidades
autónomas del artículo 143 de nuestra Constitución. Tengo la
sensación de que es un día en que se plasma la eficacia del trabajo
legislativo y el trabajo político de los que formamos esta Cámara.
Destacaría dos objetivos que se cumplen tras esta propuesta que
estamos hoy debatiendo. Por un lado, configurar de modo estable
laarquitectura autonómica de España para las próximas décadas, y
esto en las comunidades autónomas que accedieron a la autonomía por
la vía de artículo 143. En segundo lugar, desarrollar la nueva
fase en la construcción del Estado de las autonomías basada en la
descentralización del poder político y en la afirmación del
principio de cooperación entre los poderes públicos central y
territoriales. Hago énfasis en el plural de la palabra territorial,
porque creo rotundamente, señorías, en la necesidad de llevar en el
futuro estos acuerdos desde las comunidades autónomas al ámbito de
los municipios para poder así dibujar definitivamente la
descentralización y acercar a los ciudadanos las decisiones y la
gestión de buena parte de las políticas a transferir en nuestras
comunidades autónomas. Este es el sentir también de la filosofía y
el espíritu del acuerdo, la actitud política de los dos grupos
políticos que lo firmamos. Asimismo, es un reto de todos los
grupos políticos en esta Cámara, y de forma especial de los
partidos políticos que firmamos el acuerdo, institucionalizar la
cooperación, perfeccionar los mecanismos existentes para llevarla
a cabo y avanzar en la configuración de la España de las
autonomías. El significado político y la trascendencia de este
trabajo para la articulación del conjunto del Estado requiere,
señorías, del mayor grado de acuerdo y del máximo rigor en la
instrumentalización. Este es nuestro deber, esta es nuestra
responsabilidad: la cooperación asentada sobre la actitud de
recíproca lealtad constitucional y estatutaria. Nos felicitamos
por las nuevas competencias que llegan a Cantabria: unas, de
carácter exclusivo. Acaba de citar como ejemplo el portavoz del
Grupo Popular las fundaciones. Es un asunto importante desde el
momento en el que hablamos de la necesidad del apoyo de la sociedad
civil organizada en el desarrollo de determinadas políticas y, en
líneas generales, de las políticas sociales. Otras, son
competencias de desarrollo y ejecución legislativa. Destacaría las
normas adicionales de protección del medio ambiente, que es una
nueva actitud política del conjunto del país y, de forma clara, de
nuestra región. Y otras, son de gestión, de ejecución de la
legislación del Estado. Destacaría como más importante la
transferencia del Inserso como una de las
competencias de este capítulo de ejecución de la legislación del
Estado. El siguiente paso será la constitución de la Comisión
Mixta de Transferencias, que deberá ser presidida por el mismo
criterio racionalizador que hasta ahora nos ha hecho trabajar en
este desarrollo normativo; tratamiento de homogeneidad y respeto de
las peculiaridades y diferencias en el caso de nuestro Estatuto de
Cantabria; temas industriales en el de Castilla y León; en el de
Baleares veremos asuntos como denominación de origen o protección
de menores. De igual modo, será necesario trabajar de forma
cooperativa en lasconferencias sectoriales, creándose en aquellos
ámbitos que sean necesarias, porque hasta ahora no existen, o
incorporando nuevas funciones y mejores mecanismos de toma de
decisiones. Terminaré, señorías, haciendo mías las palabras
finales del parlamentario socialista de la Asamblea Regional de
Cantabria: En Cantabria, para asumir estas nuevas e importantes
competencias con confianza y con tranquilidad, sería conveniente un
acuerdo autonómico que ponga fin a la inestabilidad política que
desde hace años allí vivimos. Y terminaré también anunciando ¡cómo
no!, nuestro voto favorable a esta propuesta. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
Vamos a proceder a la votación. Votación de totalidad
correspondiente a la propuesta de la Asamblea Regional de
Cantabria, de reforma del Estatuto para Cantabria. Comienza la
votación. (Pausa.)
Efecutada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 297; a favor, 283; en contra, 11; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aceptada la propuesta de reforma.
PROPOSICIONES NO DE LEY: --DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA MODIFICACION DE LA
DISPOSICION DECIMOQUINTA DE LA LEY 30/1984, DE 2 DE AGOSTO, DE
MEDIDAS PARA LA REFORMA DE LA FUNCION PUBLICA, MODIFICADA A SU VEZ
POR LA LEY 23/1988, DE 28 DE JULIO, MEDIANTE REAL DECRETO-LEY
(Número de expediente 162/000005)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), POR LA QUE
SE SOLICITA LA URGENTE MODIFICACION DE LA EDAD DE JUBILACION DE LOS
FUNCIONARIOS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS, AMPLIANDOLA
HASTA LOS 70 AÑOS (Número de expediente 162/000001)
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: Proposiciones
no de ley. Vamos a proceder al debate acumulado de las dos
proposiciones no de ley que figuran en el orden del día.
Intervendrán, en primer lugar, los portavoces de los Grupos
proponentes y, a continuación, fijarán posición sobre las dos
propuestas los Grupos que deseen hacerlo. Proposición del Grupo
Popular, por la que se insta al Gobierno a la modificación de la
disposición decimoquinta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificada a su vez
por la Ley 23/1988, de 28 de julio, mediante Real Decreto-Ley. En
nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Ollero. (El
señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor OLLERO TASSARA: Señor Presidente, señorías, cuando
seadoptó la medida de establecer la jubilación anticipada para
todos los funcionarios y, como consecuencia, se vieron afectados
también los docentes universitarios, la reacción no se hizo
esperar. Sociólogos como Amando de Miguel o Jiménez Blanco
recordaron que los 65 años es un momento de madurez en la vida
universitaria; personas bien conocedoras de la universidad, por
ejemplo el Premio Príncipe de Asturias, Sánchez Agesta, recordó que
la enseñanza quedaría en manos de los aprendices, que estaban
intentando precisamente nutrirse de las enseñanzas de los
jubilados, y no era una exageración. A los pocos días los alumnos
de la Universidad española, que no tenían profesor de estructura
económica, solicitaron que el profesor José Luis Sampedro, jubilado
prematuramente, les fuera a dar clase --un hecho publicado en su
día--. El también Premio Príncipe de Asturias Díez del Corral
recordó que los jubilados así quedaban desamparados económicamente.
Este Diputado preguntó al Gobierno qué cobraba un docente
universitario así jubilado. La respuesta, que hoy día sigue siendo
prácticamente la misma, fue entre 120.000 y 130.000 pesetas. Eso
supone condenar al hambre a alguien que estaba dedicado a la
ciencia. De hecho se leyó en el periódico cómo un catedrático de la
Universidad Complutense jubilado así se ofrecía como criado de una
familia pudiente y se comprometía a hacer lo que hiciera falta
menos cocinar, a condición de poder disponer de un sitio donde
continuar con su investigación. Esto fue publicado también en la
prensa y dio lugar a un guión cinematográfico muy celebrado en su
momento.
Se repitieron las sentencias en Valencia, en Sevilla, en Madrid, en
relación a las indemnizaciones a las que esta situación daba lugar,
y se publicaron bastantes luego en el , porque Universidades como
la Politécnica de Madrid, que no se pronunciaron sobre peticiones
de indemnización, estaban obligadas --se les recordaba desde el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid-- por lo menos a dejar
clara su incompetencia y dirigir al Consejo de Ministros esa
petición. El Defensor del Pueblo, en su informe del año 1988, se
hace eco de esa situación. Recoge la existencia de esas sentencias
y sugiere que se replanteen las retribuciones de los jubilados.
Por resumir, alguien tan significado como Gustavo Bueno en la
filosofía española, incluso como teórico del marxismo, dijo algo
que ahí queda: Un historiador futuro habrá de observar dos
hemorragias en la Universidad que nos ha tocado vivir: una,
provocada por la Guerra Civil; y otra, por esta ley. Julio Caro
Baroja, siempre incisivo, intentando explicar por qué dentro de
esta tribu se hacen esta cosas, decía que la experiencia demuestra
que la gente está en lo mejor de su labor, no solamente docente
sino de cabeza a esa edad. Esos cinco años son una ocurrencia de
empleadillo cagatintas; pero es que el en España domina mucho. No
sé por quién lo diría. Esta era la situación. Ante esta situación,
ha habido toda una colección de intervenciones en esta Cámara. No
les voy a cansar relatándolastodas porque no tendríamos tiempo;
pero, por ejemplo, puedo recordar cómo en el año 1988 este mismo
Diputado dirigió una pregunta escrita sobre los efectos de esta
medida, y le dijeron que eran inocuos prácticamente. Para entonces
se había jubilado el 6,7 por ciento del cuerpo de catedráticos de
Universidad y el 23 por ciento del cuerpo de catedráticos de
Escuela universitaria, pero se nos decía que, como podían ser
eméritos, no había problema. En febrero de 1988, en esta misma
Cámara, entre las propuestas de resolución del debate del estado de
la nación, se incluye una sobre este particular. Fue rechazada por
el Grupo Socialista. A finales de 1988 surgen esperanzas de que
puede haber un cambio, hay rumores de que puede haber un cambio y
las reacciones no se hacen esperar. El Director General Asís de
Blas dice que eso supone cambiar una ley y que no se concibe que se
vaya a cambiar tal ley. Alicia de Vicente, de UGT, opina que esa
postura le parece bastante obtusa. Cinco años de postura obtusa ha
habido desde entonces todavía. Se dice que Solana se ha puesto a
pensar, lo cual generó una verdadera expectación, porque realmente
no era usual. Angel Benito llegó a decir que estábamos ante la
posible rectificación de un Ministro con gran sentido común. Cinco
años tuvo Solana para demostrar su sentido común ylo desaprovechó,
quizá por exceso de modestia. Esta era la situación. En octubre de
1988 este Diputado plantea una pregunta oral a Solana aquí en el
Pleno. Solana dice que no hay que precipitarse, como hace el señor
Ollero, y que, además, ya está ahí la figura de los eméritos que
soluciona el problema. Los datos que da el mismo Gobierno son que
de los 2.181 jubilados sólo 344 tenían la condición de eméritos.
Hablan por si solos. El 30 de noviembre de 1988 hay una
interpelación en este Pleno al Ministro Solana. Se le vuelve a
plantear la cuestión y no responde. Pero sí responde por él en la
moción consiguiente, dos semanas después, el hoy ausente,
desgraciadamente, aunque espero que vuelva por algún avatar del
destino pronto, señor Paniagua, que tanto ha luchado aquí por la
Universidad, para, en nombre del Ministro, se entiende, decir que
no parece adecuado modificar la jubilación. Y así siguen pasando.
Llegamos a noviembre de 1991 y, en vista de que se emperra el
Ministerio en defender la fórmula de los eméritos, el Grupo Popular
plantea que los eméritos resulten equiparados al servicio activo.
Lo cual era un modo, como otro cualquiera, de volver a lo mismo.
Así lo detectó agudamente el señor Paniagua que lo rechazó y dijo:
lo que hay que plantear es la jubilación. En diciembre de 1991
planteamos una reforma de LRU y dijimos al señor Paniagua, que era
también el portavoz: ahora es el momento de que diga usted que sí
a la jubilación. Dijo que no. Esta es la situación. Por otra parte
el Grupo Popular durante todo este tiempo ha estado pidiendo esta
misma medida para toda la Función Pública: jubilación voluntaria a
los 65 años y forzosa a los 70, y lo seguiremos haciendo. El señor
Núñez lo ha hecho en más de una ocasión y seguro que volverá a
hacerlo pronto, porque no pretendemos defender a ningún gremio en
particular. Esta es la situación y por eso el 9 de julio, cuatro
días antes de que se nombrara al nuevo Ministro, hoy aquí presente
--y aprovecho la ocasión para saludarle en este primer encuentro
parlamentario--,el Grupo Popular hizo público que pediría un
Decreto-ley. Por aquellos días se había firmado el Decreto-ley
sobre la colección Thyssen, y el Grupo Popular estimaba que tampoco
era mala colección los 212 profesores universitarios que se iban a
ver obligados a jubilarse el 30 de septiembre. Como digo, pedimos
ya entonces un Decreto-ley y por lo visto usted ha estado luego
haciendo grandes razonamientos sobre qué es lo que había que hacer.
Parecía bastante claro que era eso precisamente, entre otras cosas
porque un Decreto-ley permite respetar las competencias de esta
Cámara. Es simplemente una prórroga de un año para los afectados en
este curso y luego esta Cámara, que es soberana, decidirá cómo se
organiza esto. Nos parecía lógico, sobre todo, porque el Presidente
del Gobierno es el que ha disuelto estas Cortes, impidiendo por
cinco días que se aprobara una Ley en la que Congreso y Senado
habían estado de acuerdo en solucionar este grave problema. Este
es el sentido de nuestra proposición no de ley, en la que
resaltamos cómo esa medida se tomó en un momento de gran
masificación de la Universidad, que hoy subsiste, y en un momento
de conocida escasez del profesorado, donde incluso hay plazas que
quedan desiertas al intentar cubrirlas, lo cual ha sido un
verdadero atentado para la vida universitaria: 2.181 profesores
jubilados, de ellos 912 menores de 70 años que, por tanto, podrían
estar todavía en activo. Nos encontramos hoy también con otra
proposición no de ley del Grupo Catalán. Nos congratula este
refuerzo, lo cual ha sido una dura lucha durante años por conseguir
evitar este problema, que ha encontrado un eco final también en el
Grupo Catalán, a nuestro modo de ver no muy afortunado.
Técnicamente la propuesta no es muy feliz, porque, entre otras
cosas, intenta atribuir al Gobierno, que es el que dicta los
Decretos, competencias de esta Cámara al decir que los profesores
afectados podrán optar entre jubilarse en cualquiera de los años
hasta los 70 años ¿Y qué pasa si luego esta Cámara decide que sea
a los 68? Nos parece que no es una fórmula muy acertada. Eso le ha
parecido también al Grupo socialista, que ha hecho circular ya y
registrar adecuadamente una enmienda que es todo un poema, porque
al cabo de estos años de dura lucha contra esta barbaridad que ha
sufrido la Universidad el Grupo Socialista se descuelga con una
enmienda en la que incluye un número 1, que es prácticamente
nuestra proposición de ley (una enmienda a la del Grupo Catalán;
por favor, no vayamos a equivocarnos), y un número 2 que no añade
nada. Por lo visto, la idea del Grupo Socialista es que el Grupo
Catalán está aquí para servir de soporte a iniciativas ajenas,
porque de la del Grupo Catalán no queda ni los rabos; simplemente
es puro soporte, que suele decirse en la industria discográfica. No
sé si es gratis la operación o no, ya veremos en qué termina, pero
esto es lo que hay. Por último, ya que no está aquí el señor
Ministro, han surgido algunos comentarios que no me resisto a
aludir, y es que, según ha dicho él mismo en unas declaraciones,
pensaba en la posibilidad dedesgajar este problema del contexto de
la LRU y dejarlo al margen de lo que sería una reforma de dicha
Ley. Afortunadamente, en la enmienda que propone el Grupo
Socialista eso parece quedar descartado, porque se habla de hacerlo
en el marco de algo que no existe, que es un proyecto de ley que no
tiene ya existencia real; pero en fin, aquí se permiten licencias
poéticas, por tanto, se evoca a un difundo jurídico. Señor Suárez
Pertierra, me parece que usted nunca ha sido Diputado, si no
recuerdo mal. Las proposiciones no de ley las hacemos los Grupos de
la oposición para que el Gobierno haga algo que no tiene rango de
ley como un Decreto. Lo que no existe es la figura del propósito de
no ley, que es lo que supondría tomarse en serio sus declaraciones;
o sea, avisarnos que va a arreglar la jubilación, pero que no
cambiará la LRU ni a la de tres, no sé si porque es el cambio del
soporte éste al que me refería antes, pero esa desde luego me
parece una figura que debe desaparecer, la del propósito de no ley.
Traiga usted aquí la LRU cuanto antes que ya le ayudaremos a
mejorarla entre todos en la medida de lo posible. Por último, nos
preocupa otro aspecto de la enmienda presentada, y es que en ella
se hace alusión a que sólo se prorragará en el servicio activo a
aquellos profesores que, habiéndose jubilado durante este curso,
hayan solicitado hacerlo el 30 de septiembre. No sé si hay alguno
siquiera que no lo haya solicitado, pero es significativo y
sintomático de que se piensa volver a rechazar en el futuro nuestra
enmienda para que se puedan reincorporar los ya jubilados. Se
entiende que si lo prorrogamos, a algún jubilado en marzo que no
haya querido hacerlo en septiembre lo estaríamos reincorporando.
Nos parece que es reincidir en una actitud cicatera, que está
impidiendo que la Universidad se nutra de unos docentes que
necesitan. Esperamos, en todo caso, del buen sentido del señor
Ministro que en su día, cuando nos mande el Proyecto de Ley, que no
se llamará como dice la enmienda, sino que tendrá una cifra y una
fecha distintas, nos ayude a mejorar un poco más este entuerto. Esa
es nuestra esperanza. Hoy celebramos el resultado de solamente
nueve años de esfuerzo para que un pequeño aspecto de un gran
disparate se pueda resolver.
Seguiremos insistiendo y creo que hasta con el Grupo Socialista
llegaremos a conseguir algo, aunque, eso sí, a condición de que el
Grupo Catalán nos dé un soporte que nos permita aprobarlo. Muchas
gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.) El señor
VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y para la defensa de su iniciativa por la
que se solicita la urgente modificación de la edad de jubilación de
los funcionarios de los Cuerpos docentes universitarios,
ampliándola hasta los 70 años, tiene la palabra el señor López de
Lerma.
El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Señor Presidente, señoras, señores
Diputados, con fecha 19 de julio este Grupo Parlamentario presentó
una iniciativa, en forma de proposición no de ley, por la que
solicitábamos y solicitamos esta tarde la urgente modificación de
la edad de jubilación de los funcionarios de los Cuerpos docentes
universitarios, ampliándola hasta los 70 años. Estainiciativa del
Grupo Parlamentario Catalán la urgente modificación de la edad de
jubilación de los funcionarios de los Cuerpos docentes
universitarios, ampliándola hasta los 70 años. Esta iniciativa del
Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió)tiene por objeto la modificación de la edad de
jubilación de los funcionarios de los Cuerpos docentes
universitarios. Ya en la misma exposición de motivos que acompaña
nuestra propuesta se dice. De hecho, en la pasada legislatura se
tramitó ante esta Cámara, y también ante el Senado, un Proyecto de
Ley de actualización de la Ley Orgánica 11/1983, de reforma
universitaria, que trataba este asunto en dos de sus artículos.
Creo recordar que en el artículo 2.º se posibilitaba la jubilación
de profesores titulares y catedráticos en la fecha de finalización
del curso académico en el que hubieran cumplido los 70 años. Y más
adelante, en el mismo proyecto, en una disposición transitoria se
posibilitaba la aplicación de este nuevo régimen de jubilación para
aquellos profesores que debían jubilarse precisamente en el curso
1992-93, al haber cumplido los 65 años. La disolución anticipada
de las Cortes, como se ha dicho desde esta misma tribuna, impidió
la aprobación definitiva de este Proyecto de Ley que sólo faltaba
verse, en última instancia, ante este Congreso de los Diputados.
Como consecuencia de la disolución anticipada y, por tanto, de la
no aprobación de aquel Proyecto de Ley, el efecto inmediato es
doble. Por un lado, los profesores que hayan cumplido o vayan a
cumplir antes del 1.º de octubre los 65 años se verán obligados a
jubilarse forzosamente, de acuerdo con la vigente norma
legislativa, causando la segunda consecuencia: frustraciones en las
perspectivas profesionales y personales de estos docentes, y
causando también problemas de resolución en la planificación de
nuestros centros universitarios. Todas estas consecuencias, sobre
todo que la disolución anticipada de las Cortes impidiera la
aprobación definitiva del proyecto que enmendaba en ese aspecto la
Ley Orgánica de reforma universitaria, motivaron nuestra
iniciativa, esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), mediante la cual instamos al
Gobierno a adoptar con urgencia una medida legislativa que
entendemos que a estas alturas debería ser un decreto-ley para
solventar la inmediatez de este problema, en espera de una norma
legislativa que establezca, como hacía el proyecto de ley de
actualización de la Ley Orgánica 11/1983, un marco ya definitivo
para estos casos. El Grupo Parlamentario Socialista es verdad que
ha presentado una enmienda a nuestro proyecto, enmienda que
nosotros vamos a aceptar y no por razones de siameses, señor
Ollero, sino por razones prácticas. Posiblemente a usted le
interese más el aplauso que la solución del problema. A nosotros
nos interesa mucho más la solución del problema que está
provocando, como he dicho, frustraciones en las perspectivas
profesionales de nuestros docentes y, además, puede provocar
problemas de planificación encentros universitarios. Por tanto,
quédese usted con el aplauso que nosotros nos vamos a quedar con la
aprobación de esta iniciativa. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor López de
Lerma. A la proposición no de Ley del Grupo Catalán (Convergència
i Unió) se ha presentado una enmienda por parte del Grupo
Socialista. Para su defensa tiene la palabra el señor Lazo.
El señor LAZO DIAZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados,
estamos en un debate en el que prácticamente todos los grupos
parlamentarios nos encontramos de acuerdo en lo fundamental; puede
haber algunas diferencias de matices y hay, sin duda, en las
proposiciones no de ley presentadas algunas - -vamos a llamarlo
así-- dificultades técnicas que podrían solventarse con la enmienda
que el Grupo Socialista presenta a la propuesta del Grupo Catalán,
caso de que esta enmienda que yo defiendo ahora aquí fuese
aceptada. Sus señorías saben --se nos acaba de recordar-- que en
la legislatura anterior estaba prácticamente terminado (habían
concluido casi todos sus trámites; había pasado por la Comisión del
Congreso, por el Pleno del Congreso, por el Senado, y sólo quedaba
volver otra vez al Pleno del Congreso) en todos sus trámites un
Proyecto de Ley que modificaba parcialmente la LRU. En ese Proyecto
de Ley presentado por el Gobierno (y debo recordar al señor Ollero,
igual que él ha recordado quién hace las proposiciones no de ley,
quién hace los proyectos de ley) se retrasaba la edad de jubilación
de los 65 a los 70 años. Esa era la propuesta del Proyecto de Ley
socialista. Lo que ocurrió, en efecto, es que cuando eso iba a
aprobarse las Cortes se disolvieron y unos centenares de profesores
que tenían 65 años, que habían puesto sus esperanzas en la
aprobación de la ley para continuar su vida académica, vieron
frustradas esas esperanzas, de tal forma que si no se pone remedio
este 1.º de octubre esos centenares de profesores tendrán que
jubilarse. Hay algunas profesiones, desgraciadamente, en las que
la jubilación se ve como una liberación. Los que trabajan en
determinadas tareas o en determinadas materias están deseando que
lleguen los 65 años. En esas profesiones, sin duda, adelantar la
edad de jubilación hay que considerarlo como algo benéfico, incluso
como algo humanitario. Lo que ocurre es que la mayor parte de los
profesores de la universidad no piensan así, no lo ven de la misma
manera. Al profesor de universidad tipo, cuando le llega la edad de
su jubilación, lo que querría es seguir todavía más su vida
académica, seguir todavía trabajando unos cuantos años más. La
verdad es que la mayor parte de los profesores de universidad a los
65 años se encuentran en plenas facultades intelectuales para
continuar su carrera docente y
para continuar su carrera investigadora. De ahí la
propuestasocialista, señor Ollero, en el Proyecto de Ley que no se
llegó a aprobar, de que la edad de jubilación pasase de los 65 a
los 70 años y de ahí que el Grupo Socialista en estos momentos esté
de acuerdo en el fondo con las dos proposiciones no de ley
presentadas. Ocurre, sin embargo, que esas proposiciones no de ley
sólo resuelven de una manera parcial el problema que se plantea; no
lo resuelven de una manera definitiva. Tal como está la propuesta
que hace el Grupo Catalán resolvería el problema durante cinco años
y es posible que crease un problema añadido. Casi con toda
seguridad en muy poco espacio de tiempo entrará en la Cámara un
Proyecto de Ley por el cual la jubilación se lleva hasta los 70
años. Pero sobre el papel, en teoría cabe que eso no sea así por
cualquier circunstancia. Si eso no ocurriese, si no llegase aquí el
Proyecto de Ley que lleva la jubilación a los 70 años, y
aprobásemos tal cual está la propuesta del Grupo Catalán, nos
encontraríamos con que los profesores que hoy tienen 65 años se
jubilarían a los 70, tendrían todavía cinco años de vida académica
por delante, mientras que los profesores que tienen hoy 64 años se
jubilarían a los 65, quedándoles, por tanto, sólo un año de vida
académica. Eso, sin duda, crearía una situación de confusión y
sería en cierto modo injusto. En cuanto a la propuesta del Grupo
Popular debo decir dos cosas. Como es su costumbre, una costumbre
antigua ya del señor Ollero en anteriores legislaturas, sube a esta
tribuna, saca el hacha de guerra y se pone a dar porrazos a diestro
y siniestro. Comprendo, aunque no lo comparta, que cada uno tiene
su estilo (sobre estilos como sobre gustos no hay nada escrito);
comprendo que cuando el Grupo Popular está en desacuerdo con una
posición socialista saque el hacha de guerra, empiece a contar
chistes, en fin, el estilo que lo caracteriza; pero que cuando,
como ocurre en este caso, el Grupo Popular está de acuerdo con la
posición socialista de que los profesores se jubilen a los 70 años,
el señor Ollero use el estilo que le caracteriza, cuando mínimo
resulta extravagante. Además, nos lleva a la cuestión de fondo.
Decía un sociólogo importante, que sin duda el señor Ollero conoce
perfectamente bien, Raymond Aron, que lo que de verdad caracteriza
a los partidos políticos y a los movimientos políticos, más que su
ideología, incluso más que su programa, es su estilo. En gran
parte, eso es verdad, porque en política la forma condiciona mucho
el fondo. Señor Ollero, el texto de introducción que acompaña a su
propuesta es de tal estilo, es tan descalificador, es tan
innecesariamente hiriente que pervierte, en cierto modo, el fondo
de su proposición no de ley, con la que, en principio, estaríamos
de acuerdo. Nuestra enmienda, que es --por lo que acabo de decir--
al Grupo Catalán y no al Grupo Popular, intenta resolver
definitivamente la cuestión de la jubilación. ¿Cómo lo hacemos?
Aceptamos toda la filosofía del Grupo Catalán.
Aceptamos parte, incluso, de su texto de manera literal. Pero
añadimos un segundo punto que no es que no resuelva nada, señor
Ollero, sino que resuelve justamente todo, porque lo resuelve, si
se aprueba, obligando al Gobierno a que en el plazo más breve
posible traiga a esta Cámara el Proyecto de Ley enmarcado en el
proyecto de reforma parcial de la LRU, a lo que no se renuncia, de
tal manera que los profesores universitarios se jubilen en lo
sucesivo a los 70 años. El problema queda asídefinitivamente
resuelto y no parcialmente resuelto. Creemos que es una enmienda
razonable, creemos que es una enmienda esperada con interés en las
universidades y que, en consecuencia, merece ser votada de manera
afirmativa. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Grupos que deseen fijar
posición respecto a una y otra proposición no de ley? (Pausa.) Por
el Grupo Mixto tiene la palabra el señor González Lizondo.
El señor GONZALEZ LIZONDO: Señor Presidente, intervengo únicamente
para fijar desde Unión Valenciana nuestra postura favorable, aunque
no nos resistimos a indicar que nos hubiera gustado más la ley tal
cual la había presentado el Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Pero, en fin, con la del Partido Socialista también la vamos a
aceptar y votaremos a favor. Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
González Lizondo. Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria
tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, con respecto a estas dos proposiciones no de ley y
valorando la presentación de la enmienda que acaba de defender el
portavoz del Grupo Socialista, nosotros hacemos la siguiente
fijación de posiciones. Dado que las dos proposiciones no de ley
contienen en su fondo el mismo deseo, el mismo proyecto que creo es
ampliamente compartido en esta Cámara, dado que el Grupo de
Coalición Canaria también comparte el principio de llevar la edad
de jubilación a los 70 años y visto que las diferencias que hay,
por tanto, entre ambas proposiciones no de ley no son en el fondo,
en el que coinciden, sino en la forma y en la instrumentalización
de un real decreto para cubrir en verdad una diferencia de plazos
(una, para que puedan solicitar antes del 30 de septiembre la
prórroga para el curso 1993-94, en este caso, y otra, la del Grupo
Catalán, Convergència i Unió, que lleva automáticamente a un
período de
los 70 años en el momento procesal en que se encuentren a lo largo
de estos años), nosotros deberíamos ver aceptada por el Grupo
Catalán (Convergència i Unió), a quien va dirigida, la enmienda que
ha presentado el Grupo Socialista, porque es la que tiene los
elementos de rigor jurídico-administrativo para prosperar. Nosotros
apoyaríamos, en el caso de que fuera aceptada por el Grupo Catalán
(Convergència i Unió), la enmienda presentada por el Grupo
Socialista. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, distingue
fundamentalmente algo que trata también de aunar y que está
contemplado separadamente en las dos proposiciones no de ley
que,por el fondo, apoyaríamos. Pero no se trata de eso en este
momento, estando todos conformes en el fondo, por lo que se ha oído
aquí, sino de instrumentalizar en ley de procedimiento
administrativo -- vamos a llamarlo así-- lo que salga de este
debate para que el Gobierno pueda entonces tener todo un respaldo
parlamentario para emitir un real decreto-ley que, a la hora de
tenerlo que convalidar por imperativo constitucional, nos
encontraríamos en la comodidad de decir que es nuestro real
decreto-ley que el Gobierno, en razón del acuerdo de hoy, ha sacado
adelante por razones verdaderamente de urgencia, al terminarse la
posibilidad de pedir la prórroga el 30 de septiembre ¿Por qué
decimos esto también? Señorías, porque es importante que esta
Cámara tome conciencia de que el problema del profesorado
universitario hay que englobarlo donde lo englobó la Ley de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, la número 30 de 1984. Sería
muy peligroso que lo que entonces aprobamos con el apoyo
prácticamente de todos los grupos de esta Cámara -- algunos a
regañadientes--, el principio de unificación de la edad de
jubilación de los funcionarios públicos, lo rompamos ahora, porque
vendrá a funcionar la ley del agravio comparativo. Porque, ¿cómo se
le explica esto, por ejemplo, a un investigador del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas a otro funcionario público?
Porque estamos modificando la edad de jubilación de los profesores
universitarios, como acertadamente dice la exposición de motivos
del Grupo Popular, en que no es la ley que aquí se invoca al
principio, sino la de 1984 la que introdujo ese principio de
perturbación que ahora se trata de corregir. Y como hay que
corregir la Ley 30/1984, vamos a corregirla en el marco de todos
los funcionarios públicos. Porque si rompemos lo que aquella Ley
unió, romperemos lo de los 65 años. A muchos no nos gustó, pero era
una especie --en lenguaje de la calle-- de café con leche para
todos los funcionarios públicos: 65 años. Después se empiezan a
hacer excepciones con magistrados y jueces en la altura del Poder
Judicial y ahora se llega a los profesores universitarios. ¿Y el
resto de los funcionarios del Estado, qué? Vamos a ser solidarios
con aquello que unificó la Ley de 1984. Pues si se unificó en 1984
en los 65 años, traígase aquí una ley que unifique en los 70 con
las distintas fórmulas que ya se discutieron en esta Cámara, creo
recordar que con alguna iniciativa de algún Grupo en la legislatura
pasada, para que pudiéramos tener distintas opciones o
escalonamientos hasta llegar a los 70 años para la edad de
jubilación. Quiero advertir a la Cámara una cosa con lo que
vayamos a aprobar hoy aquí. Hemos de ser solidarios con este
principio de unificación de la edad de jubilación de los
funcionarios, sean catedráticos o docentes universitarios, sean de
institutos, sean de cualquier grado de la enseñanza y sean de
cualquier escalafón o cuerpo de la administración civil del Estado,
porque el principio constitucional obliga a la unificación de los
derechos; porque estamos hablando de un derecho, no estamos
hablando aquí de una prebenda ni de un privilegio corporativista.
Quiero señalar otras cosas, sobre todo al partido que sustenta al
Gobierno, y lamento que no esté en este momento su portavoz, el
señor Solchaga, que algo tendría que decirnos por su experiencia en
datos del Ministerio de Hacienda por su responsabilidad
anterior.¿Qué va a pasar con las cotizaciones a los derechos
pasivos? Resulta que aquí vamos a empezar a distinguir, a
discriminar a unos funcionarios que van a estar cotizando derechos
pasivos hasta los 70 años, y mejorarán sus pensiones de jubilación,
de otros a los que se lo vamos a interrumpir a los 65. Y yo me
pregunto: ¿Ese daño que se va a efectuar ahora a un funcionarios
público no repercute también en la caja que sustenta los derechos
pasivos en Hacienda? Porque hasta qué punto la caja que sustenta
los derechos pasivos de los funcionarios públicos en este país
puede soportar esto en estos momentos de crisis, en que se está
hablando de la posibilidad de financiación dificultosa en todos los
instrumentos de seguridad social y pensiones. Es que la caja de
pensiones de los funcionarios públicos está precisamente en los
derechos pasivos. Y el Ministerio de Hacienda podría traer aquí una
proposición de ley que dijera: Mire usted, yo no puedo soportarlo
ya, salvo hacer o quiebra económica en la caja de derechos pasivos,
si se mantiene la edad de jubilación a los 65 años. Porque
cualquier estudio actuarial nos demostrará que yo estoy cubriendo
ahora en derechos pasivos a un señor desde los 65 años hasta la
edad estimada de fallecimiento --se lo da cualquier compañía de
seguros de vida con estudios actuariales--, que según las
expectativas de vida de los ciudadanos españoles en estos momentos
se sitúa alrededor de los 75 o 76 años. No es lo mismo que salga de
esa caja de derechos pasivos un seguro estimado en cinco o seis
años a que esté saliendo, como generó la Ley de 1984, en once o
doce años. Eso no hay caja que lo soporte. Por tanto, vamos a
apoyar lo que he dicho.
El segundo punto de la enmienda del Grupo Socialista trae el
compromiso de una ley. El primero habla de un decreto-ley, pero hay
que traer a los funcionarios
una ley, en este caso a los docentes. En el fondo estamos de
acuerdo, pero tráigase la ley de todos los funcionarios, de toda la
función pública, porque si no me imagino que los funcionarios que
siguen con la jubilación a los 65 años de edad van a ganar algún
recurso ante el Tribunal Constitucional, porque tan servidores del
Estado son en un departamento, en una competencia o en otra. Por
tanto, el principio de unicidad, de unificación de derechos de las
leyes tiene que estar perfectamente presente, como está consagrado
en nuestra Constitución. De ahí que nosotros, caso de ser aceptada,
votemos a favor de la enmienda que ha ofertado el Grupo Socialista.
Nada más. Muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para fijar su posición por
parte del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida- Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Martínez. El señor MARTINEZ
BLASCO: Señorías, la opinión de nuestro Grupo es que ni las dos
proposiciones no de ley ni la enmienda del Grupo Socialista van a
resolver el problema. En todo caso, como se acaba de señalar desde
esta misma tribuna, van a crear mayores conflictos.
En primer lugar, tengo que decir que la propuesta que hace el Grupo
Socialista de que en el plazo más breve posible se presentará un
proyecto de ley en esta Cámara viene a oscilar entre dos y siete
años. Si atendemos a algunas mociones aprobadas por esta Cámara
reclamando del Gobierno presentación de proyectos de ley hay una
media extraordinariamente amplia en cuanto a plazos. Por tanto,
podría producirse la situación de que la quinta del 93-94 fuera una
quinta privilegiada y aparezca en los anales que se les ha
permitido prolongar un año más la edad de jubilación y después, al
no volver a modificarse la ley 30, porque no venga ese proyecto de
ley, volveríamos, se supone, a la situación actual de jubilación
forzosa a los 65 años. Por tanto, habría una quinta especial que
aparecerá después en los anales de la historia. Lo digo para que se
incorpore a los chascarrillos que puede producir este debate en el
futuro.
Señorías, no estamos de acuerdo con el fondo. Creemos que la
prórroga de la edad de jubilación forzosa o, dicho de otra forma,
el permitir que los funcionarios docentes se jubilen a los 65 años
y no más tarde no quita nada a la producción intelectual; quita
evidentemente a la docencia, pero no a la producción Intelectual.
Lo digo por algunos argumentos que se esgrimen intentando decir que
a alguien que tenía expectativas de vida se le limitan. Más bien yo
creo que hay que hacer una interpretación diferente. La Ley de 1984
supuso para los funcionarios públicos, en la práctica, el
incorporarse a las conquistas sociales de otros sectores de la
clase trabajadora. En nuestros países la edad de jubilación había
conseguido anticiparse como un derecho. En los funcionarios se
había producido un desfase, y la Ley de 1984 garatizó para todos
los funcionarios públicos que la jubilación sería a los 65 años. Es
cierto que había y hay colectivos que no están de acuerdo
esgrimiendo razones diferentes: la que he hecho mención antes de la
producción intelectual; en otras ocasiones --también se ha hecho
referencia a ello-- la escasez de las pensiones, etcétera. Pero
entendemos que las razones no pueden ir contra el principio
fundamental de que ha sido una conquista el equiparar a los
funcionarios públicos y que los intentos de romper el principio
--como también se ha señalado desde esta tribuna-- van a traer
malas consecuencias, porque es difícilmente justificable la
excepcionalidad para este tipo de funcionarios y no para otro.
Constantemente van a venir aquí peticiones de colectivos de
funcionarios. Ya se ha dicho por el Grupo Popular que lo que se
pretende es que sea para todos los funcionarios. Y en la
intervención del portavoz socialista --no sé si habrá sido un
lapsus-- nos ha parecido entender otra cosa todavía peor: que iba
a venir aquí un proyecto de ley para que la jubilación fuera a los
70 años, pero ha dicho para todos. No sé si para todos los
funcionarios o para todos los ciudadanos. El lapsus podría obedecer
a que hay políticas en Europa y Centroeuropa, dentro de este
liberalismo en el que estamos todos inmersos, que dicen que la
solución al problema de la competitividad es alargar la edad de
jubilación hasta los 70 años. Si esto es así, evidentemente nuestra
posición va a ser todavía más frontal porque va en contra de las
conquistas sociales.
Por tanto todo esto que se pretende con la edad de jubilación no
limita la producción intelectual y va en contra de los derechos
conseguidos de equiparación de los sectores funcionariales al resto
de trabajadores. Desde luego la forma que se pretende del
decreto-ley entendemos que va a ser injusta. Aquí mismo han salido
ya razones. Va a ser injusta para los que se jubilaron en abril; va
a ser injusta para los que se han jubilado en los últimos años; va
a ser injusta, desde luego, si no existe ese otro nuevo proyecto de
ley. ¿Qué razón hay para que se haga ahora un decreto-ley para los
215 o 212 afectados antes del día 30 de septiembre? Creemos que eso
no es bueno tampoco para el cuerpo legislativo. Hay un problema
suscitado, legítimamente, por un colectivo de 200 personas, pero
que se haga un decreto-ley específico, que además les afecta sólo
a ellos, rompe con lo realizado desde 1984, y aunque se nos prometa
lo contrario puede romper con el futuro.
Insisto en que creemos que no resuelve los problemas de los
funcionarios ni los problemas de la universidad, que va en contra
de la equiparación en los derechos de los trabajadores en este país
y que, desde luego, supone un privilegio para determinado sector de
funcionarios en el sentido de las prestaciones económicas. Termino
diciendo que nosotros también compartimos la objeción que ha hecho
el portavoz del Grupo Popular referente a que con esas pensiones
entendemos la razón para que haya ciudadanos que quieran huir de
ese colectivo como de la lepra o del fuego, evidentemente. Pero el
problema está ahí y no lo resuelve este decreto-ley que se nos
ofrece como solución. Nosotros vamos a votar en contra.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Finalizado el debate de las
dos proposiciones no de ley, vamos a pasar a la votación. ( El
señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación correspondiente a la proposición no
de ley del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos,
297; a favor, 128; en contra, 151; abstenciones, 18. El señor
PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.
Proposición no de ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió) que
se somete a votación en los términos resultantes de la enmienda del
Grupo Socialista que ha sido aceptada por el Grupo proponente en el
curso de su intervención.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos,
299; a favor, 288; en contra, 10; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley. El
Pleno se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las siete y treinta y cinco minutos de la tarde.