CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1993 Núm. 6 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 5 (extraordinaria)
celebrada el jueves, 5 de agosto de 1993



ORDEN DEL DIA:



--Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 203 del Reglamento, para informar
sobre la evolución de la economía española y la negociación del
pacto social (número de expediente 210/000002).

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SUMARIO



Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.




Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 203 del Reglamento, para informar sobre
la evolución de la economía española y la negociación del pacto
social (Página 133)



En nombre del Gobierno interviene el señor Ministro de Economía y
Hacienda (Solbes Mira), que informa del análisis que el Gobierno
hace de la actual situación económica de España con los datos de
que hoy dispone.

Afirma que sólo partiendo de la situación de crisis que venimos
padeciendo desde hace meses se entenderá el llamamiento que el
Gobierno hace a todos los ciudadanos, fuerzas sociales y políticas,
para aunar esfuerzos, no sólo en el reparto equitativo y solidario
de los sacrificios que se piden sino para sentar las bases de otra
época de crecimiento y creación de empleo como la conseguida en
años recientes; esfuerzos y sacrificios, que, por otra parte, es el
Gobierno el primero en hacer, como tendrá ocasión de explicar al
hablar de las medidas adoptadas el día anterior.

Refiriéndose al análisis de la situación de crisis presente, señala
que dicha situación de la economía española al finalizar la primera
mitad del año 1993 podría sintetizarse en tres rasgos
fundamentales, el primero de los cuales es que desde el tercer
trimestre de 1992 se registran tasas de variación negativa del PIB
en una situación recesiva más profunda de lo previsto. Un segundo
rasgo es que los diversos agentes económicos parecen haberse
adaptado tarde a la crisis y algunos han actuado incluso con
expectativas de tasas de crecimiento del pasado. El tercer rasgo de
la actual coyuntura es que empiezan a vislumbrarse signos de que la
fase recesiva puede haber tocado fondo, aunque sería aventurado
afirmarlo con seguridad.

Añade que la situación de crisis y el deterioro del clima de
confianza se vio poderosamente reforzado por la crisis del Sistema
Monetario Europeo iniciada tras el resultado negativo del
referéndum danés sobre la Unión Europea, que afectó de lleno a
nuestra moneda. Este conjunto de incertidumbres, que también se
produce en el resto de países de la Comunidad, es un factor
fundamental para explicar la rapidez con la que se deterioró la
coyuntura económica a partir del segundo trimestre de 1992. Las
empresas, enfrentadas a un brusco cambio de escenario, optaron por
reducir plantillas de forma más que proporcional a la
desaceleración de la producción. Otra variable especialmente
afectada por este proceso fue la inversión, que ha proseguido su
tendencia descendente hasta finales del año 1992. El retroceso del
empleo y un cambio de actitud de los consumidores hacia
comportamientos más prudentes afectó igualmente al consumo privado.

Señala el señor Ministro que de la información disponible en estos
momentos puede deducirse que la actual fase recesiva puede haber
tocado fondo en el segundo semestre del año.

En todo caso habrá que esperar hasta el cuarto trimestre de 1993 o
el primero de 1994 para empezar a registrar tasas de crecimiento
interanuales positivas. Las señales de que se dispone permiten
esperar que lo peor de la recesión haya pasado ya, aunque es
necesario insistir en la persistencia de desequilibrios profundos
de nuestra economía que condicionan de manera especial nuestras
opciones de política económica, como son el paro, la inflación y el
déficit público. Reitera que nos hallamos en una grave recesión,
aunque es posible que lo peor haya pasado, y ello en un contexto de
recesión generalizada y con unos desequilibrios que condicionan
nuestras posibilidades de actuación. El contexto internacional y la
necesidad de corregir estos desequilibrios definen nuestras
posibilidades de actuación.

El reflejo de esta crisis en las cuentas del Estado se concreta en
que, frente al objetivo de déficit presupuestario inicial para 1993
que se estableció en el 2,4 por ciento del PIB, en el momento
actual se prevé que se cerrará con un déficit, para el conjunto de
las Administraciones públicas centrales, superior al 5 por ciento
y que se refleja especialmente en el menor ritmo de crecimiento de
los ingresos públicos junto con la presión al alza de un conjunto
de gastos fundamentalmente de carácter social y en especial ligados
a la evolución del desempleo. Estas circunstancias condicionan
severamente el déficit fiscal previsto, sin que se pueda decir
seriamente que ello constituya despilfarro por parte del Gobierno.

Ante esta situación no puede plantearse seriamente una política
expansionista del gasto público como instrumento reactivador sin
poner en peligro los esfuerzos realizados tanto en la lucha contra
la inflación como en el descenso paulatino de los tipos de interés
y sin comprometer seriamente las bases de la recuperación a medio
plazo. El gasto público debe continuar su crecimiento, si bien de
forma selectiva, dando prioridad a los gastos sociales y a la
inversión, pero evitando que se agraven más los problemas del
déficit público y su financiación.

El nivel de paro existente parece exigir del Gobierno una acción
encaminada a recuperar empleo, reactivando la economía mediante
políticas fiscales



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expansivas. Sin embargo, en líneas generales, esta acción no
producirá efectos positivos sobre el empleo a corto plazo y sí
tendrá consecuencias negativas inmediatas. El motor de una
reactivación estable y duradera debe ser la inversión privada y
ésta requiere confianza. De lo anterior se deduce que, de entre las
diversas variables, sólo una es susceptible de generar confianza
dentro y fuera de nuestra economía y ésta es un proyecto creíble de
contención del déficit público y, más concretamente, una senda
creíble de reducción del peso de ese déficit en el PIB, acompañada
por medidas selectivas de apoyo a la actividad. Sólo una política
de este tipo permitirá pensar razonablemente en un descenso
significativo de los tipos de interés, que se deben convertir en el
motor de la inversión, la creación de empleo y la recuperación.

Alude seguidamente a los acontecimientos recientes en el Sistema
Monetario Internacional y especialmente a la decisión adoptada el
pasado domingo con la ampliación del 15 por ciento de las bandas de
fluctuación, decisión que es de naturaleza temporal y no
permanente, pero que evitará en adelante que se sigan produciendo
los efectos perversos que se estaban ocasionando en el sistema
debido a las tensiones inflacionarias surgidas en Alemania a raíz
de su reunificación.

Continúa el señor Ministro manifestando que la reducción drástica
y selectiva del déficit se configura como la variable instrumental
básica para iniciar una recuperación económica sólida, recuperación
que ha de basarse igualmente en una mejora sustancial de la
competitividad de la economía que permita aprovechar los efectos
positivos de la devaluación de la peseta.

El pacto por el empleo, en su vertiente de política de rentas, es
un complemento necesario en esa orientación. Alcanzar un acuerdo de
rentas, racionalizar y mejorar el sistema de protección por
desempleo y reformar el mercado de trabajo con el objetivo esencial
de crear empleo constituyen tres de las áreas temáticas de la mesa
negociadora del pacto social o pacto por el empleo. Están
convencidos de que su logro ha de suponer obtener mayor progreso y
solidaridad. En tal sentido el Gobierno pretende que el acuerdo
tenga una vigencia trienal y que aborde los salarios, los
beneficios empresariales y las restantes rentas. Se extiende
especialmente el señor Ministro en la exposición de medidas
encaminadas a la protección del desempleo, afirmando que la tarea
a alcanzar tiene que ser compatible con un conjunto de medidas que
aseguren la viabilidad financiera de estas prestaciones durante los
próximos e inmediatos ejercicios presupuestarios. Analiza
igualmente las medidas a abordar en la mesa negociadora en torno al
mercado de trabajo, con el objetivo de conseguir que el marco
institucional sea más eficaz de lo que es ahora y con ello
favorecer la creación de empleo, para concluir dando cuenta del
conjunto de medidas y decisiones adoptadas por el Gobierno en su
reunión de ayer, medidas que, aunque difíciles, como exige la
situación, son coherentes con la orientación que pretenden dar a la
política económica que ha expuesto con anterioridad. Tales medidas
las divide en cuatro bloques, que afectan a la política
presupuestaria, a las reformas estructurales, a la política de
rentas y al impulso en la lucha contra el fraude. Termina el señor
Ministro afirmando que superar la actual situación de crisis, crear
empleo y mejorar el bienestar social de los españoles son la razón
del esfuerzo que hoy piden a todos, y al Gobierno el primero. el
fraude. Termina el señor Ministro afirmando que superar la actual
situación de crisis, crear empleo y mejorar el bienestar social de
los españoles son la razón del esfuerzo que hoy piden a todos, y al
Gobierno el primero. En representación del Grupo Popular interviene
el señor De Rato Figaredo, manifestando que se encuentran ante la
historia de un engaño, ya que cuando todavía no han transcurrido
dos meses desde las elecciones generales y en la campaña electoral
el señor González aseguraba de manera rotunda que la crisis
económica había tocado fondo y que la recuperación estaba a la
vuelta de la esquina, en este momento el señor Ministro de Economía
parece que ha venido a la Cámara a transmitir tranquilidad y la
sensación de que el Gobierno tiene un programa. Sin embargo, ha
hablado de que están ante la mayor crisis presupuestaria de la
última década y la solución que ofrece es subir la gasolina cinco
pesetas, con lo que no ataja siquiera la desviación mínima de la
ejecución presupuestaria.

Afirma que nos encontramos ante una gravísima crisis
presupuestaria, frente a la que el Presidente del Gobierno,
siguiendo su costumbre, nos dice, como todas las primaveras, que va
a haber una recuperación económica a la vuelta de la esquina y
después, como todos los veranos, nos dice que el Presupuesto en
vigor no se puede cumplir, que el déficit público está fuera de
control y que por tanto hay que tomar medidas. Pero sucede que la
explicación de ese desajuste es siempre ajena a las
responsabilidades del Gobierno, repitiendo la cantinela de siempre
y achacando la responsabilidad a los parados, activos
contribuyentes, empresarios y asalariados, que perturban la
correcta marcha de las previsiones oficiales.

Sucede, además, que, una vez atribuida la responsabilidad a
terceros, se pasa a afirmar con rotundidad que el presupuesto del
año próximo será muy riguroso, a lo que ya están también
acostumbrados. Sin embargo, de nada han servido las advertencias
del Partido Popular sobre la falta de credibilidad, de coherencia
y de eficacia de los sucesivos presupuestos. Ocurre que en 1993 se
encuentran no sólo ante una situación difícil de asumir sino ante
una situación que tardaremos años en superar. En suma, la caótica
situación actual de las finanzas públicas



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es la lógica evolución, a lo largo de los años, de la política
presupuestaria de los gobiernos del señor González, política
presupuestaria caracterizada por la falsedad de todas las
previsiones, la falta de todo tipo de controles internos, la
discrecionalidad absoluta en la ejecución y el desprecio a las
preocupantes consecuencias en términos de déficit y deuda pública
que año tras año se han ido acumulando.

Agrega el señor De Rato que la realidad económica española no puede
ser hoy más preocupante, mencionando que nuestro déficit público es
el más alto de nuestra historia reciente, nuestra tasa de paro es
también la peor de toda nuestra historia y la peor de los países
industriales, la caída de la inversión y de la actividad económica
es mayor que en la crisis de los años 70 y, pese a ello, nuestro
déficit comercial es el segundo del mundo occidental y nuestra
moneda se ha devaluado en torno a un 24 por ciento en diez meses.

En estas circunstancias considera sorprendente y escandaloso que el
Gobierno tenga que ser arrastrado a la Cámara para explicar a los
españoles lo que sucede y lo que piensa hacer. Desde su
nombramiento, el Gobierno transmite la sensación de que no sabe qué
hacer, incluso que desconoce para lo que le han elegido. No hay
proyecto político para resolver la crisis económica y ni siquiera
su profundidad y sus causas son explicadas a la sociedad española.

Todos los esfuerzos oficiales se han centrado en la búsqueda de
apoyos, pero no para gobernar sino para mantenerse en el poder. La
búsqueda desesperada de corresponsabilidades es el modelo que
inspiró también las primeras reuniones del llamado pacto social,
siendo deseo del Gobierno que los interlocutores sociales se
comprometan en la política presupuestaria, en la reforma del
mercado laboral y en la política social.

En definitiva, tenemos realmente un Gobierno interino, sin proyecto
preciso, que no explica la situación, y todo ello en medio de una
crisis económica de proporciones históricas, cuyos efectos pueden
ser dramáticos. Piensa que si no se altera de inmediato esta
actitud, la credibilidad que siempre se consigue después de unas
elecciones puede evaporarse y sin crediblidad será imposible
diseñar, y mucho menos aplicar, una política que sea capaz de
reorientar la economía española.

Recuerda que en la reciente campaña electoral el señor González
prometió cuando menos mantener el nivel de vida de los españoles y
resulta que ahora se habla de sobreprotección de la sociedad
española cuando, a su juicio, más que sobreprotegida lo que está es
sobrecogida.

Continúa el señor De Rato manifestando que en este Pleno ha quedado
patente que el Gobierno no sabe lo que tiene que hacer, lo cual es
grave, pero cuanto antes se sepa, mejor, ya que cuanto antes se
abandone el intento de suplantar una alternativa de Gobierno por
unos pactos vacíos, mejor para los españoles. Al Gobierno se le
está cayendo literalmente la economía de las manos, siendo
necesario remontarse décadas antes para encontrar una situación tan
preocupante. Y, frente a tal situación, el Gobierno se limita a
refugiarse en una difícil realidad internacional, pretendiendo
equivocarnos al no reconocer que nuestros problemas son mucho más
graves, profundos y numerosos que los de nuestros vecinos. Alude
seguidamente a las necesarias medidas de política presupuestaria,
fomento del ahorro privado y su reinversión, política industrial y
comercial, apoyo a las pequeñas y medianas empresas, reforma de los
mercados energéticos y telecomunicaciones, reforma de las
condiciones de creación de empleo, de las relaciones con los
interlocutores sociales y de la política comunitaria del Gobierno,
y concluye afirmando que este Gobierno debería haber transmitido
tranquilidad y confianza en esta sesión, pero tiene la convicción
de que después de la intervención del señor Ministro se ha
conseguido todo lo contrario, puesto que los españoles conocen hoy
con certeza que el Gobierno no sabe qué hacer cuando España no
puede esperar mucho más.

En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya interviene el señor Frutos Gras, manifestando que ahora
empieza a comprender en qué consistía el cambio sobre el cambio.

En primer lugar, se trataba de eliminar de la Mesa del Congreso a
su Grupo Parlamentario, seguramente por incómodo. En segundo lugar,
de pactar con el centro derecha nacionalista un programa vendible
para los poderes fácticos económicos de aquí y foráneos, y,
finalmente, por ahora, de adoptar una serie de medidas, la primera
vuelta de tuerca, consistentes en el intento de imponer a todos los
trabajadores las medidas más duras en política económica que se
están aplicando en la Comunidad europea.

Lástima que en la campaña electoral se confundiera a una parte de
la ciudadanía con mensajes optimistas sobre el fin del túnel de la
crisis y otras historias que, por lo que se ve, tienen todavía
credibilidad después de la aplicación de determinadas políticas
durante casi once años en los Presupuestos Generales del Estado.

Recuerda los diversos análisis realizados por su Grupo en esta
Cámara, denunciando la situación en la vida económica y social del
país, análisis acompañados de propuestas apoyadas por distintos y
diversos grupos sociales, propuestas que nunca tuvieron mucha
fortuna en la Cámara, lamentando que el Gobierno, a los pocos días
de formular sus promesas en la campaña electoral, continúe
dilapidando el capital humano, social y económico del país.




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Dos meses después del 6 de junio se está ante la verdadera
realidad, ante lo que camuflaron durante la campaña electoral y
presentando propuestas drásticas de reducción de salarios, gastos
sociales, desregulación del mercado de trabajo y lo que vendrá
posteriormente, pero no se explica qué ha ocurrido con las medidas
tomadas en la lucha contra el paro, limitándose a hacer caer la
crisis y todo el peso del ajuste sobre los trabajadores y los
parados, además de sobre los funcionarios, a los que se congela el
salario por segundo año consecutivo. Compara los salarios españoles
con los existentes en los demás países comunitarios, afirmando que
los nuestros son más competitivos y rechazando, por tanto, la
propuesta de limitar su cuantía en cuanto que equivale a reducir
cualquier posibilidad de relanzamiento económico. Sobre la
flexibilidad del mercado de trabajo considera que detrás de este
eufemismo se esconde la realidad de que la mitad de los
trabajadores en España están ya fuera del mercado de trabajo,
entendido éste como una institución social con normas, leyes y
controles democráticos, y aun así se continúa hablando de
flexibilización de dicho mercado, sin mencionar para nada la
ineludible necesidad de creación de empleo, a todo lo cual se une
un reparto de las cargas completamente desigual.

Alude brevemente a algunas de las restantes medidas propuestas por
el Gobierno y que recogen el cambio sobre el cambio, afirmando que
o los señores del Gobierno sabían lo que sucedía y mintieron, con
lo que se desautorizan políticamente, o no lo sabían, lo que es
peor todavía.

Añade que venían a este debate con buena voluntad, a conocer las
decisiones sobre política económica global y a encontrar una salida
sensata, viable y constitucional a la situación de crisis, pero a
la vista del desarrollo del debate van a continuar defendiendo su
política y a intentar clarificar las partes oscuras de lo que ha
ocurrido y ocurre y de las cuales existen unas importantes
responsabilidades. El principal deber ante la sociedad española
será haber amortizado gran parte de las energías morales y sociales
de la sociedad civil, además de haber situado gran número de
indicadores en alerta roja, como, por ejemplo, el del paro, el del
comercio exterior, el de la formación profesional, el déficit,
etcétera.

El año 1992 fue un espejismo y hoy viene el Gobierno con la
solución que se le ocurre desde sus alforjas vacías de ideas e
ilusiones y con un pacto social que más que tal pacto parece un
ajuste de cuentas a través de un modelo que no es sostenible. En
representación del Grupo Catalán (Convergència i Unió) interviene
el señor Roca i Junyent, señalando que la sociedad española quiere
ver reflejada en esta sesión una respuesta a sus problemas, sus
angustias e inquietudes de futuro y es por esta vía por la que su
Grupo entiende que han de conducir su intervención. se pregunta si
las medidas adoptadas por el Gobierno responden a esta inquietud,
a lo que los ciudadanos están demandando, medidas que, en todo
caso, a su juicio, deben tener un objetivo claro y prioritario,
como es la creación de empleo, ya que en otro caso no van a poder
mantenerse las características de bienestar y se va a alterar
nuestra cohesión y nuestra estabilidad social. Partiendo de esta
premisa, cree que deben ser capaces de explicar a la sociedad que
dicho objetivo exigirá sacrificar otros objetivos, también de gran
importancia social, pero que vienen condicionados por la resolución
del primero de ellos. Han de ser igualmente capaces de explicar al
conjunto de la ciudadanía que no es posible una política de
creación de empleo estable y sostenida en el tiempo si no consigue
forjar una economía competitiva en calidad y en precio, de manera
que se produzca en este país más y mejor.

En la línea expuesta, cree que las medidas explicadas por el señor
Ministro de Economía y Hacienda ganarían en credibilidad y en
confianza en tanto en cuanto que se reconozca que se inspiran en un
cambio en profundidad de su política económica, dado que medidas de
ajuste anteriormente tomadas no han resultado eficaces o no han
dado los resultados que se esperaba de ellas.

Alude a continuación a la urgencia de las medidas a adoptar para
que las mismas produzcan efectos positivos a corto plazo y, en este
sentido, pide al Gobierno que más que anunciar medidas se decida a
tomarlas ya para que puedan debatirse sin esperar a los próximos
presupuestos.

En nombre del Grupo Vasco (PNV) interviene el señor Zabalía
Lezámiz, manifestando que en la reciente campaña electoral el
partido del Gobierno dulcificó la situación económica que se vivía,
habiendo seguido un lento período, posterior a las elecciones, que
ha dificultado la adopción de medidas necesarias y enfrentándose
hoy a un debate al que acuden presionados por una opinión pública
que quiere saber dónde vamos realmente.

Agrega que la economía requiere confianza y, sobre todo,
participación, y si el Gobierno desea que el Grupo Vasco esté en
sintonía con parte de sus propuestas, debe tener claro que han de
aumentar la participación, la agilidad en la información, la
búsqueda exhaustiva del consenso social y explicar la gravedad de
la crisis, aunque ello sea impopular.

Desde principios de año se han intensificado los problemas y
dificultades de nuestra economía, que han repercutido negativamente
sobre empresas, como lo demuestra el número creciente de
suspensiones de pagos y quiebras, pero es el empleo el que se ha
convertido en el mejor termómetro de la crisis económica española,
y sobre este particular en



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lo que llevamos de año se ha agudizado la situación crítica que ya
teníamos, situándonos en una cifra récord del paro del 22,25 por
ciento. Alude también a las altas tasas de inflación y déficit
público y a nuestra debilidad competitiva, todo lo cual hace
imprescindible que el Gobierno presente un plan económico a corto
y medio plazo que complete todo el conjunto de medidas financieras,
fiscales, laborales, administrativas y presupuestarias, que su
grupo considera totalmente necesarias. Respecto al pacto social o
para el empleo, considera muy importante que sindicatos y
empresarios acuerden moderar el crecimiento de sus rentas, salarios
y márgenes de beneficios, evolucionando de acuerdo con la
productividad como condición necesaria para crear empleo, pero cree
que es el Gobierno quien debe dirigir y responsabilizarse de la
política económica sin mayor dilación. Menciona también, entre las
medidas urgentes a tomar, la racionalización de la estructura del
sistema público de la Seguridad Social, la reforma profunda de la
Administración, así como la del mercado de trabajo y la reducción
del déficit público, y todo ello desde la base de escuchar,
dialogar, negociar e informar, cambiando de talante respecto de
etapas anteriores. Si el Gobierno va por este camino, encontrará el
apoyo del Grupo Vasco, como ya lo tuvo en la sesión de investidura,
porque desean hacer posible la gobernabilidad en un momento grave
como el actual, mostrándose dispuesto a realizar todos los
esfuerzos necesarios para cooperar en esta labor. on de
investidura, porque desean hacer posible la gobernabilidad en un
momento grave como el actual, mostrándose dispuesto a realizar
todos los esfuerzos necesarios para cooperar en esta labor. En
nombre del Grupo de Coalición Canaria interviene el señor Olarte
Cullen, afirmando que lo que hoy ha ocurrido aquí, lo que se ha
dicho, igual que lo que se ha venido poniendo de manifiesto en
todos los medios de comunicación social en las jornadas
precedentes, acredita que una cosa fue lo que se dijo en la campaña
electoral y otra es la España real, que atraviesa por una situación
que no se puso de relieve en dicha campaña.

Después de escuchar al señor Ministro piensa que no existe el menor
programa que inspire un mínimo de tranquilidad para la consecución
de los objetivos que se enuncian. Respecto al pacto social y sus
protagonistas destaca el contenido insoslayable e insuprimible de
esta Cámara, que tiene que participar de manera activa en la
articulación de ese programa que, por lo demás, no ha visto
diseñado en ninguna parte.

En cuanto a la intervención del señor Ministro, observa que ha
cambiado la constante versión optimista que se daba anteriormente
sobre la situación del país, pero su discurso no hace atisbar un
mínimo de esperanza para salir de esta situación.

Repetidamente ha hablado de que puede haber tocado fondo la crisis,
lo que evidencia una falta de convicción de que efectivamente se
haya tocado fondo. Por otra parte, se ha venido hablando de un
conjunto de medidas propuestas y recomendaciones para afrontar la
crisis, pero ha faltado siempre una decisión para articular un
auténtico programa, que siguen echando en falta. Destaca también el
fracaso de la política económica, cuyo responsable único no es otro
que el Partido Socialista, que ha gobernado durante el último
decenio. Respecto de las reformas estructurales que demanda el
mercado laboral considera que han de ser objeto de un consenso
riguroso, y sobre la reforma del Inem, que no puede seguir
esperando, ha echado en falta la concreción de las medidas que se
van a adoptar. Termina haciendo alusión a la situación de la
Comunidad Autónoma Canaria, recordando una vez más la necesidad de
prestar atención sin demora a los problemas de la misma, que,
aunque similares a los del resto del Estado, en muchas ocasiones se
ven agravados por la insularidad, y reiterando la falta de
concreción del señor Ministro respecto de algunas de las medidas
anunciadas.

En representación del Grupo Mixto interviene el señor González
Lizondo, que alude en primer lugar al llamado «medicamentazo»,
afirmando que el pasado mes de julio han salido ya 50
especialidades idénticas a las prohibidas en ese Decreto a un
precio muy superior a las anteriores y que ya están siendo
recetadas por los médicos de la Seguridad Social, con lo que la
solución puede ser mucho más costosa que la que había. Espera que
no suceda algo similar con alguna de las medidas que se propone
implantar ahora el Gobierno.

Por lo demás, Unión Valenciana está de acuerdo con que la situación
actual de la economía española, y especialmente de la valenciana,
es la más preocupante de los últimos años, lo que atribuye
directamente a la gestión del Gobierno socialista y a los continuos
e improvisados planes económicos del señor Solchaga. Cree que las
medidas del Gobierno no van a servir para solucionar la situación
presente y sí, por el contrario, para empeorar la situación de los
sectores más débiles de nuestra economía y de nuestra sociedad y
quizás, en el mejor de los casos, para pagar algunas facturas
pendientes de la Expo y de las Olimpiadas.

En todo caso, Unión Valenciana considera necesaria la realización
de un pacto social en el que el Gobierno y la Administración deben
ser los que más arrimen el hombro y demostrar una firme voluntad de
reducir sus gastos de funcionamiento, especialmente los relativos
al personal contratado. Enumera algunas de las medidas que, a su
juicio, debería tener el citado pacto social y, a modo de ejemplo,
pide que sea el Presidente del Gobierno, los miembros de éste y los
propios Diputados los que comiencen con el ajuste reduciendo sus
sueldos.




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En nombre del Grupo Socialista, el señor Solchaga Catalán realiza
una evaluación de la actual situación económica y del conjunto de
medidas diseñadas por el Gobierno, sin entrar en la consideración
de medidas alternativas o complementarias propuestas por otros
Grupos, ya que en todo caso es al Gobierno al que corresponde
estudiar y ver en qué medida las hace suyas.

Respecto a determinadas manifestaciones de los portavoces de otros
Grupos, tiene que decir que, a su juicio, el Gobierno realiza una
descripción realista y correcta de la situación económica actual y,
al hacerlo, simplemente ha cumplido con su deber. No tiene sentido,
en su opinión, la sorpresa expresada por algunos sobre si esta
situación es distinta de aquella sobre la que se ha venido
discutiendo en los últimos meses o fue citada en la campaña
electoral, llegando a hablar incluso de la existencia de engaño. El
hecho de que algunos utilizaran en dicha campaña argumentos
simplemente descalificadores, de un enorme pesimismo, obligó a
quienes creen que este país tiene futuro a decir que la situación
tenía solución si se hacía un esfuerzo, aunque fuera ciertamente
una situación difícil. No hubo, pues, engaño, porque siempre se
habló de la necesidad de un pacto social, que pasaba por la reforma
del mercado de trabajo y por la moderación de las rentas
salariales, así como por el esfuerzo y corresponsabilidad de las
partes. También se habló de la necesidad de reforzar el rigor
presupuestario, todo lo cual dio lugar a que la población conociese
que nos hallábamos en una grave crisis económica. Se ha hablado
también de que no hay programa del Partido Socialista o del
Gobierno y de un intento de diluir responsabilidades, buscando
extender las mismas a otros grupos o agentes sociales, algo que es
totalmente inexacto. Cuestión distinta es que en una sociedad
compleja como la nuestra la responsabilidad del Gobierno tenga un
límite, igual que existen y no son declinables las
responsabilidades de la oposición y de los interlocutores
económicos y sociales y de la propia sociedad civil.

En definitiva, existe un programa del Gobierno con una mezcla de
políticas económicas adecuada, una política basada en un pacto
social o para el empleo, que no se reduce a un pacto de rentas y
que contempla la reforma del mercado de trabajo y, por último, una
serie de reformas estructurales que afectan a los sectores de los
servicios, al sector de monopolios, etcétera.

Es, además, un programa equilibrado. Se trata de hacer un reparto
justo de los costes de la crisis que estamos padeciendo. En
resumen, es un programa económico relevante, en unas condiciones
muy difíciles, que exige un enorme rigor a la hora de administrar
los recursos públicos y es, por tanto, políticamente más valioso.

Para réplica interviene, el señor De Rato Figaredo, duplicando el
señor Solchaga Catalán.

Para contestar a las intervenciones de los portavoces de los Grupos
parlamentarios interviene de nuevo, en nombre del Gobierno el señor
Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira).

Replican los señores De Rato Figaredo y Frutos Gras y duplica el
señor Ministro de Economía y Hacienda.




Se levanta la sesión a las dos y treinta minutos de la tarde. Se
abre la sesión a la diez y cinco minutos de la mañana.




--COMPARECENCIA DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO DE LA CAMARA, AL AMPARO
DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 203 DEL REGLAMENTO, PARA INFORMAR
SOBRE LA EVOLUCION DE LA ECONOMIA ESPAÑOLA Y LA NEGOCIACION DEL
PACTO SOCIAL (Número de expediente 210/000002)



El señor PRESIDENTE: Señorías, comienza la sesión.

Punto único del orden del día: comparecencia del Gobierno ante el
Pleno de la Cámara, al amparo de lo dispuesto en el artículo 203
del Reglamento, para informar sobre la evolución de la economía
española y la negociación del pacto social.

En nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de
Economía y Hacienda.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Señor
Presidente, señorías, comparezco hoy ante ustedes, en esta sesión
extraordinaria, para informar del análisis que el Gobierno hace de
la actual situación económica de España con los datos de que hoy
disponemos. Sólo partiendo de la situación de crisis que venimos
padeciendo desde hace meses, se entenderá el llamamiento que el
Gobierno hace a todos los ciudadanos, fuerzas sociales y políticas
para aunar esfuerzos no sólo en el reparto equitativo y solidario
de los sacrificios que se pidan, sino para sentar las bases de otra
época de crecimiento y creación de empleo como la conseguida en
años recientes; esfuerzos y sacrificios que el Gobierno pide a la
sociedad y que es el primero en hacer, como tendré ocasión de
explicar cuando detalle las medidas adoptadas ayer. Esta crisis nos
afecta a todos y nadie puede pedir sacrificios a los demás sin
estar dispuesto a hacerlos él mismo.

Comenzaré, pues, por el análisis de la situación y su impacto sobre
las cuentas públicas, para explicar a continuación



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cuál es la política económica que el Gobierno considera adecuada
para hacer frente a la misma y sentar las bases de una recuperación
sólida que parece ahora más posible, tras las decisiones monetarias
aprobadas por los ministros y gobernadores de los países de la
Comunidad el pasado fin de semana para finalmente concluir con la
explicación de las medidas adoptadas ayer por el Gobierno, más una
reflexión sobre el pacto por el empleo.

La situación de la economía española al finalizar la primera mitad
de 1993 podría sintetizarse en tres rasgos fundamentales.

El primero es que desde el tercer trimestre de 1992 se registran
tasas de variación negativas del PIB, lo que viene a definir una
situación recesiva que, por otra parte, está siendo más profunda de
lo previsto. El segundo rasgo es que los diversos agentes
económicos parecen haberse adaptado tarde a la crisis y algunos han
actuado con expectativas de tasas de crecimiento del pasado.

El tercer rasgo de esta coyuntura actual es que empiezan a
vislumbrarse signos de que la fase recesiva puede haber tocado
fondo, aunque sería aventurado afirmarlo con rotundidad, ya que las
incertidumbres que pesan sobre la economía internacional, y más
concretamente la europea, hacen prever que la fase de recuperación
pueda tardar en iniciarse y que la misma sea moderada en sus
inicios.

A partir de estos rasgos generales, quiero detallar un poco más el
análisis de la situación para que SS.SS., y con ellas todos los
españoles, tengan cabal conocimiento de cómo el Gobierno ve la
evolución de la economía española. Como he señalado, la misma se
encuentra probablemente al final de la fase descendente del último
ciclo, que se inició a partir de 1987 cuando se alcanzó la tasa de
crecimiento máxima de un 5,6 por ciento. La desaceleración fue muy
suave y prácticamente imperceptible durante los dos años
siguientes, con tasas de crecimientos del PIB en torno al 5 por
cien, y llegó hasta el 2,3 por cien en 1991. A la altura de la
primavera de este año, la fase de desaceleración de la producción
y de la demanda parecía haber tocado fondo y, de hecho, la mayoría
de indicadores señalaba una reactivación que se prolongó hasta los
primeros meses de 1992. Esta evolución se produjo de forma casi
generalizada a nivel internacional y fue provocada por el inicio de
la recuperación en Estados Unidos y por los estímulos expansivos
que produjo inicialmente la unificación alemana. Todo ello llevó a
pronosticar a la mayoría de las instituciones dedicadas a la
previsión económica que la fase descendente del ciclo habría tocado
fondo y que a partir del segundo semestre del año 1991 se iba a
iniciar una nueva fase expansiva, pronóstico que, como es sabido,
se pospuso al segundo semestre de 1992 y posteriormente al segundo
de 1993. Este atisbo de recuperación tuvo su punto de inflexión a
mediados de 1992, cuando la preocupante evolución de algunos
indicadores, como el nivel de endeudamiento de las familias y de
las empresas o la persistencia de desequilibrios macroeconómicos,
llevaron al Gobierno a advertir, en medio del escepticismo general,
que íbamos a entrar en una difícil fase de recesión. Poco a poco se
fue tomando conciencia de la situación y el paulatino deterioro del
clima de confianza y de las expectativas se vio reforzado
poderosamente por la crisis del Sistema Monetario Europeo, iniciada
tras el resultado negativo del referéndum danés sobre el Tratado de
la Unión Europea y que afectó de lleno a nuestra moneda.

Este conjunto de incertidumbres, que, por otra parte, también se
produjo en el resto de los países de la Comunidad, es un factor
fundamental para explicar la rapidez con la que se deterioró la
coyuntura económica a partir del segundo trimestre de 1992. Las
empresas, enfrentadas a un brusco cambio de escenario y sin muchas
posibilidades de maniobrar para reducir sus costes, dado que los
aumentos salariales estaban ya negociados, optaron por reducir
plantillas de forma más que proporcional a la desaceleración de la
producción. Otra variable especialmente afectada por este proceso
fue la inversión, especialmente su componente de bienes de equipo,
cuya tasa de crecimiento interanual pasó del 3,4 por cien en el
primer trimestre de 1992 al menos 13,3 por cien un año más tarde.

Por su parte, la inversión en construcción, que fue el único
componente de la demanda interna ajeno a la breve recuperación de
la segunda mitad del año 1991, ha proseguido su tendencia
descendente hasta finales de 1992, iniciando posteriormente una
relativa reactivación de la mano de la inversión pública y de las
viviendas de protección oficial. En todo caso, esta reactivación
sólo se traduce, de momento, en una desaceleración del fuerte ritmo
de caída anterior.

El retroceso del empleo y un cambio de actitud de los consumidores
hacia comportamientos más prudentes afectó igualmente al consumo
privado, que registró en el primer trimestre del año un práctico
estancamiento frente a un crecimiento del 3 por cien un año antes.

Esta desaceleración probablemente sea superior a la registrada por
la renta real disponible de las familias, dado que la caída de
empleo ha sido en buena parte compensada por el aumento de las
prestaciones sociales. Ello supondría que el proceso de deterioro
de la tasa de ahorro ha podido detenerse o invertirse ligeramente
en los primeros meses de 1993, tendencia que debía prolongarse y
reforzarse a lo largo de este año y que cabe calificar de
necesaria, pues si bien en el corto plazo puede ser un factor de
debilitamiento del consumo, constituye un paso obligado para la
consolidación financiera de las familias, sin el cual no podrá
plantearse la reactivación con vocación duradera.

El consumo público plantea una marcada desaceleración a lo largo
del último período de este último año que proviene fundamentalmente
de la política de contención de plantillas llevada a cabo por la
Administración. En definitiva, la debilidad de la demanda interna,
que se plasmaba en un retroceso interanual del 2,1 por ciento en el
primer trimestre del año, está siendo parcialmente compensada por
una aportación del saldo exterior neto. Ello supone un cambio
importante y positivo



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de la reciente evolución de la economía española, que viene a
corregir el patrón de crecimiento de años anteriores en los que el
aumento del gasto era superior a la renta real generada por la
economía, fenómeno que podía considerarse sostenible cuando la
apelación al ahorro externo que el mismo implica servía para
financiar una tasa de inversión fuertemente creciente, pero que es
insostenible cuando esta última ha empezado a declinar. Los dos
factores que explican este comportamiento del sector externo han
sido la debilidad de la demanda interna y el logro de una mayor
competitividad tras las devaluaciones. Ambos factores inciden en un
menor nivel de importación y estimulan, lógicamente, el crecimiento
de la exportación.

La evolución anteriormente comentada de los diversos componentes
agregados del PIB se ha traducido en una constante desaceleración
de su ritmo de avance, hasta alcanzar una tasa interanual negativa
del menos 1,1 por cien en el primer trimestre del año en curso. En
este proceso, las aportaciones de la demanda interna y externa han
evolucionado de forma inversa, previéndose que el patrón continúe
en los próximos trimestres. De la información disponible en estos
momentos puede deducirse que la actual fase recesiva puede haber
tocado fondo en el segundo trimestre del año. En todo caso, los
próximos datos de la contabilidad trimestral no serán
sustancialmente distintos de los del primer trimestre y habrá que
esperar hasta el cuarto trimestre de 1993 o al primero de 1994 para
empezar a registrar tasas de crecimiento interanuales positivas.

Estas señales favorables permiten esperar que lo peor de la
recesión haya pasado ya, pero antes de hablar de una posible
recuperación es necesario insistir en la persistencia de tres
desequilibrios fundamentales en nuestra economía que condicionan de
forma especial nuestras opciones de política económica: el paro, la
inflación y el déficit público. cia de tres desequilibrios
fundamentales en nuestra economía que condicionan de forma especial
nuestras opciones de política económica: el paro, la inflación y el
déficit público.

El desequilibrio que existe entre oferta y demanda en nuestros
mercados de trabajo no ha hecho sino agravarse en los últimos años.

De tal forma que los últimos datos nos obligan a hablar de una tasa
de paro del 22,25 por ciento, la más alta de los países de la
Comunidad y sin precedente en nuestra historia inmediata.

No cabe duda de que un alto nivel de paro no es peculiar de nuestra
economía y que todas las economías industriales parecen sufrir una
incapacidad creciente para generar empleo al mismo tiempo que
crecen. Sin embargo, nuestra economía exhibe esa incapacidad en un
grado mayor que otras, ya que incluso en los mejores momentos de la
última expansión nuestra tasa de paro no bajó del 16 por ciento.

Nos encontramos, por tanto, ante un problema que sólo en parte es
coyuntural y que exigirá, para su solución, medidas que van más
allá de la política económica convencional.

El segundo desequilibrio fundamental se manifiesta en nuestra tasa
de inflación, que en una economía abierta como la nuestra mantiene
una persistencia en cuanto a su diferencial de inflación positivo
con respecto a nuestros socios comerciales relativamente alta. Esta
diferencia tiene un efecto directo sobre nuestra competitividad y,
por consiguiente, sobre nuestras posibilidades de crecimiento. La
disminución de la tasa de inflación en los últimos años es
apreciable; sin embargo, desgraciadamente es insuficiente, sobre
todo si tenemos en cuenta que esa reducción se lleva a cabo en un
contexto de grave recesión. Es verdad que nuestro diferencial se ha
reducido muy ligeramente, de 1,7 a 1,3, en los doce últimos meses,
respecto a la Comunidad, pero si nos fijamos en los tres países más
estables de la misma ese diferencial ha aumentado,
desgraciadamente, del 3,5 al 3,8 por ciento.

Tanto en el primer desequilibrio, el del paro, como en el segundo,
la persistencia de la inflación, desempeña un importante papel la
evolución de los salarios. Sería excesivamente simplista atribuir
en exclusiva el crecimiento del paro al crecimiento salarial.

También lo sería decir que los salarios son el único componente de
los costes. Sin embargo, no cabe duda de que el salario influye en
la decisión de crear o mantener empleo y que los salarios son una
parte importante de los costes que determinan los precios. La
evolución salarial de los años 1992 y 1993 no parece compatible ni
con una mayor creación de empleo ni con una contención de la
inflación.

El tercer desequilibrio fundamental lo constituye el peso y
crecimiento de nuestro déficit público, que ha crecido en el último
año, en parte, por motivos cíclicos. Es cierto que el crecimiento
del déficit público es un fenómeno común a casi todas las economías
occidentales en años recientes, pero no por ello deja de tener
efectos negativos sobre nuestra economía. El primero es la presión
que ejerce sobre los tipos de interés, impidiendo su descenso; el
segundo y más grave es la desconfianza que genera el propio
crecimiento del déficit público.

Para resumir, he de decir que nos hallamos en una grave recesión,
aunque es posible que lo peor haya pasado, y ello en un contexto de
recesión generalizada y con unos desequilibrios que condicionan
nuestras posibilidades de actuación. El contexto internacional y la
necesidad de corregir esos desequilibrios definen nuestras
posibilidades de actuación.

¿Qué reflejo está teniendo esta crisis en las cuentas del Estado?
El objetivo de déficit presupuestario inicial para 1993 se
estableció en el 2,4 por ciento del PIB. En el momento actual se
prevé que este ejercicio se cerrará con una necesidad de
financiación para el conjunto de las administraciones públicas
centrales superior al cinco por ciento. Esta desviación entre el
objetivo inicial contenido en los presupuestos del Estado para 1993
y la previsión actual del déficit es en buena parte debida a la
incidencia de la crisis en las cuentas públicas, a través de la
acción de los estabilizadores automáticos, que se refleja
especialmente en el menor ritmo del crecimiento de los ingresos
públicos, junto con la presión al alza de un conjunto de gastos
fundamentalmente de carácter social y en especial ligados a la
evolución del desempleo. Estas circunstancias



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condicionan severamente el déficit fiscal previsto, sin que se
pueda decir seriamente que ello constituye despilfarro por parte
del Gobierno, como he tenido ocasión de leer estos días.

La estimación actual de ingresos no financieros del Estado para
1993, en términos de recaudación, se sitúa en 498.000 millones de
pesetas por debajo de la previsión establecida en el presupuesto
para 1993. La cifra de déficit de la Administración del Estado del
ejercicio de 1993 se encuentra sensiblemente afectada por la
cobertura, a través de la oportuna tramitación de créditos
extraordinarios, de los déficit acumulados por el Inem desde 1991
--déficit en los que incurre dicho organismo para atender al gasto
de prestaciones por desempleo--, cuya cuantía, desde dicho
ejercicio, ha experimentado una tendencia claramente creciente como
consecuencia de la desaceleración del ritmo de actividad económica
que se viene registrando. El importe de dichos déficit acumulados,
cuya situación se regulariza en 1993, asciende a 871.000 millones
de pesetas. Es preciso afirmar que los mencionados déficit de los
ejercicios pasados, 1991 y 1992, fueron íntegra y fielmente
registrados por la Contabilidad nacional en cada uno de esos
ejercicios, en la contabilidad del Instituto Nacional de Empleo.

Sin embargo, al regularizar las cuentas en 1993, la repercusión que
esta operación de saneamiento del Inem tiene en el déficit no
financiero del Estado se eleva al 0,76 por ciento del PIB. Durante
1993 se han tramitado o están pendiente de tramitación créditos
extraordinarios y ampliaciones de crédito para atender a gastos
realizados en 1993 pero que tienen sus antecedentes en situaciones
anteriores o en dicho ejercicio. Por citar los más destacados
quiero hacer referencia a los problemas planteados por la Presa de
Tous, la financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos, los
afectados por el VIH y algunos otros gastos. (Rumores.) La
repercusión de estos gastos en la necesidad de financiación del
Estado para 1993 asciende a 283.000 millones de pesetas.

Finalmente, la previsión de la necesidad de financiación del Estado
para 1993 incluye determinadas partidas de gastos que no fueron
contempladas inicialmente en el presupuesto de 1993, en algunos
casos como consecuencia de los efectos de la actual crisis
económica, y que han dado lugar a la tramitación de créditos
extraordinarios a lo largo del ejercicio. Entre ellos hay algunos
créditos como los vinculados al Fondo de Cohesión para la
reactivación de la economía, a la situación de la sequía o incluso
a otro tipo de decisiones un poco distintas, como fue la compra de
la colección Thyssen Bornemisza.

Es evidente que España no es el único país que ha visto reflejada
en un mayor déficit público el impacto de la crisis. La caída de
las tasas de crecimiento y el saldo presupuestario estructural han
hecho que el préstamo neto al Gobierno para la Comunidad Europea en
su conjunto haya aumentado desde el 2,7 por ciento del PIB en 1989
hasta el 6,3 por ciento previsto para este año, con un
empeoramiento prácticamente generalizado de las finanzas públicas
en Alemania, Francia, Reino Unido y Dinamarca. Pero aunque haya
razones cíclicas que expliquen este hecho, no deja de ser
preocupante por estar alcanzando cifras absolutas y relativas tales
que hacen difícil su financiación en términos adecuados. Ante esta
situación, no puede plantearse seriamente una política
expansionista del gasto público como instrumento reactivador sin
poner en peligro los esfuerzos realizados tanto en la lucha contra
la inflación como en el descenso paulatino de los tipos de interés,
sin comprometer seriamente las bases de la recuperación económica
a medio plazo. El gasto público debe contener su crecimiento, si
bien de forma selectiva, dando prioridad a los gastos sociales y a
la inversión, pero evitando que se agraven más todavía los
problemas del déficit público y su financiación. Adoptar medidas
drásticas sobre el gasto público en un momento de crisis económica
puede parecer heterodoxo a algunos por la actitud procíclica del
Estado que ello significa.

Por eso es importante seleccionar bien no sólo el tipo de
contención de gasto que se elige, sino las partidas sobre las que
se aplica. El nivel de paro existente parece exigir del Gobierno
una acción encaminada a recuperar empleo reactivando la economía
mediante políticas fiscales expansivas. Sin embargo, en líneas
generales, esta opción no producirá efectos positivos sobre el
empleo a corto plazo y sí tendrá consecuencias negativas
inmediatas. Descartar la posibilidad de una política expansiva
equivale a admitir algo que confirma la experiencia de los países
industrializados durante las últimas décadas. El motor de su
reactivación estable y duradera debe ser la inversión privada, y
ésta requiere confianza.

De lo anterior se deduce que, entre las variables sobre las que el
Gobierno tiene control, sólo una es susceptible de generar esa
confianza dentro y fuera de nuestra economía: un proyecto creíble
de contención del déficit público y, más concretamente, una senda
creíble de reducción del peso de ese déficit en el PIB acompañada
por medidas selectivas de apoyo a la actividad. Sólo una política
de este tipo permitirá pensar razonablemente en descensos
significativos y graduales de los tipos de interés que se deben
convertir en el motor de la inversión, la creación del empleo y la
recuperación. Descenso que se puede ver favorecido por los cambios
experimentados en el contexto comunitario y especialmente en el
Sistema Monetario Europeo, al que pertenecemos.

Permítanme que me refiera con algo de detalle a los acontecimientos
recientes en el Sistema Monetario Europeo y, en especial, al
significado de la ampliación al 15 por ciento de las bandas de
fluctuación decididas el pasado domingo. Para entender lo ocurrido
debe partirse de una constatación básica. Desde hace ya meses el
Sistema Monetario ha venido atravesando una crisis distinta a las
tradicionales; crisis que ligeramente cabría calificar de
sistémica. La inestabilidad afectaba a la gran mayoría de las
monedas integrantes en el sistema, con la excepción del marco
alemán y del florín



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holandés. Esa inestabilidad en los mercados de divisas producía un
artificial sesgo alcista en los tipos de interés de muchos países,
generando un clima de incertidumbre que agravaba el período
recesivo por el que todavía atraviesa el Continente. El sistema,
diseñado en 1978 como instrumento para promover la estabilidad
monetaria y despejar incertidumbres estimulando el crecimiento
económico, estaba en los últimos meses logrando justamente lo
contrario; vivíamos en un clima de incertidumbre monetaria
permanente, en el que los tipos de cambio experimentaban bruscas
oscilaciones al calor de sucesivas oleadas especulativas. La
explicación de esa paradoja ha sido objeto de mucho debate. A mi
entender, la reciente crisis del Sistema no ha sido culpa de nadie
y se explica por la perturbadora interacción de dos elementos: el
signo restrictivo de la política monetaria alemana desde el inicio
de la reunificación, por una parte, y el papel central o ancla que
los mercados financieros, por razones históricas bien fundadas, han
seguido atribuyendo al marco alemán dentro del Sistema. Esta
implícita garantía de no devaluación del marco ha tenido dos
consecuencias. En primer término, los especuladores siempre han
actuado a favor del marco y en contra de otras monedas, ya que,
frente a la potencial ganancia de una sustancial devaluación de la
moneda atacada, sólo existía el limitado riesgo de que dicha moneda
no se devaluara sino que rebotara y pasara a su límite máximo de
apreciación, frente al marco alemán, pero sin riesgo alguno; y, en
segundo término, el tipo de interés nominal del marco ha sido,
salvo excepciones poco significativas, el suelo del tipo de interés
de las restantes monedas del Sistema.

Alemania, como consecuencia de la garantía de no devaluación del
marco dentro del Sistema, ha trasladado, involuntariamente, a
Francia y a otros países unos tipos de interés nominal que,
apropiados para Alemania, resultan excesivos para los restantes
países. El Sistema había caído en un círculo vicioso y la defensa
del franco frente a los ataques especulativos, lejos de calmar la
causa de la inestabilidad, la acrecentaba dando nuevos bríos a la
especulación.

Como he dicho, se trataba, por tanto, de un problema del propio
Sistema que requería una solución distinta a las de anteriores
crisis. La solución debía permitir que Francia y los restantes
países comunitarios con precios estables pudieran reducir sus
actuales tipos de interés nominales sin necesidad de que el Banco
central alemán hiciera lo mismo. Para lograr este resultado había
diferentes alternativas técnicas, en cuya exposición no entraré
ahora, pero sí quiero destacar que la solución finalmente adoptada:
la ampliación del 15 por cien de las bandas de fluctuación,
consigue, sin duda alguna, este resultado. Esta decisión tiene
naturaleza temporal y no permanente, y ello como consecuencia de
que no queremos que cubra una desnaturalización definitiva del
Sistema Monetario Europeo.

En efecto, las bandas del 15 por ciento se podrán reconducir
nuevamente a su amplitud original tan pronto como Alemania recobre
definitivamente la estabilidad de precios, transitoriamente
perdida, y, por consiguiente, los tipos de interés nominales que
marque el Banco central alemán para su economía vuelvan a ser
inferiores o iguales a los aconsejables para los restantes países
integrados en el Sistema.

Quiero poner particular énfasis en que, a juicio del Gobierno, la
ampliación temporal de las bandas es una medida excepcional que
evitará, de ahora en adelante, los efectos perversos que estaban
produciendo en el Sistema las tensiones inflacionarias surgidas en
Alemania a raíz de su reunificación.

La decisión del pasado domingo en modo alguno supone poner en tela
de juicio el futuro de la Unión Monetaria; por paradójico que
resulte, la flexibilización temporal de las reglas del Sistema era
imprescindible para conseguir una mayor estabilidad de los tipos de
cambio a medio plazo.

Es cierto, no obstante, que la medida adoptada puede
malinterpretarse por la opinión pública de muchos países como
abandono de la política de rigor que, en materia de política
económica monetaria y de tipo de cambio inspiró siempre el Sistema
Monetario Europeo.

¿Qué trascendencia está teniendo para nuestro país este tipo de
medidas? La peseta, aunque afectada por la crisis de la semana
pasada, la sobrellevó sin excesivos agobios, sin alcanzar su límite
máximo de depreciación, por más que algunos se apresuraran a
vaticinar una inminente cuarta devaluación de nuestra moneda.

Las razones de esta relativa estabilidad han sido varias. En primer
lugar, los mercados saben que, tras las tres devaluaciones del
último año, el tipo de cambio central de la peseta está más bien
ligeramente infravalorado y que el verdadero tipo de cambio de
equilibrio se encuentra en algún punto de la parte alta de nuestra
banda de fluctuación. En segundo lugar, la peseta ha venido
disfrutando de una banda de fluctuación del 6 por ciento, lo que
acrecentaba para los especuladores el riesgo de una posible
recuperación de nuestra moneda. Y, finalmente, el Banco de España
ha evitado defender la peseta mediante alzas desmedidas de los
tipos de interés, lo que hubiera agudizado el efecto nocivo sobre
nuestra economía de la defensa de la moneda y con ello dado alas a
quienes especulaban contra ella. Por tanto, para la peseta la
decisión del domingo tendrá efectos claramente beneficiosos. En
primer lugar, al desaparecer la fuente de las tensiones del
sistema, el tipo de cambio del mercado de la peseta volverá a
acercarse al nivel de equilibrio y, muy probablemente, a situarse
por encima de su tipo de cambio central.

Como SS.SS. saben, este proceso de fortalecimiento de la peseta ha
sido perceptible en los días transcurridos de esta semana, de forma
que hoy la peseta cotiza aproximadamente a 81 pesetas por marco. En
segundo lugar, el Banco de España podrá sumarse al proceso
coordinado de reducción de tipos de interés, que presumiblemente
llevarán a cabo las autoridades de otros países comunitarios. Como
ilustración, les recuerdo a



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SS.SS. que anteayer el Banco de España redujo ya su tipo de interés
decenal en medio punto, situándolo en el 10,5 por ciento.

Ahora bien, ese margen de reducción será mayor si acometemos una
política firme y genuina de contención del gasto público y de
reducción del déficit presupuestario, y si asentamos
definitivamente en España unas pautas sociales de genuina
moderación de salarios y precios, así como de buen funcionamiento
de los mercados, que anclen permanentemente nuestra tasa de
inflación en niveles no superiores al 2 ó 3 por ciento, que son los
necesarios para acometer con éxito la integración de España en la
futura Unión Monetaria.

La reducción drástica y selectiva del déficit se configura así en
la variable instrumental básica para animar una recuperación
económica sólida. Esa recuperación debe basarse, igualmene, en una
mejora sustancial de la competitividad de la economía que permita
aprovechar los efectos positivos de la devaluación de la peseta. El
pacto por el empleo, en su vertiente de política de rentas, es un
complemento necesario en esa orientación, y refuerza las
condiciones exigibles para conseguir el mencionado descenso de los
tipos de interés.

Alcanzar un acuerdo de rentas, racionalizar y mejorar el sistema de
protección por desempleo y reformar el mercado de trabajo, con el
objetivo esencial de crear empleo, constituyen tres de las áreas
temáticas de la mesa negociadora del pacto social o pacto por el
empleo; se corresponden, asimismo, con las propuestas contenidas en
el programa electoral del Partido Socialista, como elementos
integrantes de las políticas que persiguen la igualdad de
oportunidades necesarias para el desarrollo económico y social que
nuestras posibilidades, en un clima de austeridad, pueden permitir.

Una de las facetas fundamentales del pacto por el empleo, que ya el
Presidente del Gobierno anunció en la sesión de investidura, es
alcanzar un acuerdo sobre política de rentas por el que se consiga
una orientación en la evolución de los salarios, de los beneficios
empresariales y de las demás rentas, contribuyendo a la mejora del
empleo y de la competitividad. El planteamiento de un pacto de
estas características no sólo se explica en términos de lógica
económica, sino también de lógica política, en cuanto que
constituye una faceta más de la cultura que tratamos de poner en
práctica en todos los terrenos, basada en el diálogo y la apertura
a la sociedad. Estamos convencidos de que su logro supone obtener
mayor progreso y solidaridad. Quiero por ello destacar que el
Gobierno pretende concertar con los interlocutores sociales una
política que contemple todas las rentas. Nos alejaremos así de
fórmulas desreguladoras que tratan de desvirtuar la capacidad de
negociación colectiva en el mundo laboral y nos acercaremos a
ejemplos más positivos, como el reciente acuerdo alcanzado por los
interlocutores sociales y el Gobierno italiano.

En este sentido, pretendemos que el acuerdo tenga una vigencia
trienal y que aborde los salarios, los beneficios empresariales y
las restantes rentas. Es deseo del Gobierno que la fijación de
salarios se realice principalmente de acuerdo con la inflación
prevista, de modo tal que su incremento sea por debajo de la misma,
con un mayor esfuerzo durante los dos primeros años de su período
de vigencia. Pero esto, con ser término esencial, entendemos que es
insuficiente. Queremos, además, que la estructura del salario se
modifique y flexibilice en lo que se refiere al apartado variable,
pues ello ha de permitir que en su fijación pueda valorarse la
situación económica de los sectores, su posición competitiva o las
variaciones de productividad en las empresas.

El acuerdo debe combinar, por consiguiente, el tratamiento
centralizado de ciertos aspectos del salario, con la negociación en
el nivel sectorial, de manera que, a partir de una referencia o
garantía salarial aplicable a todos los sectores, el crecimiento se
concretaría en el nivel sectorial y en el de empresa. Este mayor
margen exige un mayor grado de transparencia en la gestión
empresarial ante los representantes de los trabajadores, quienes
deberán disponer de unos niveles de derecho de información y
negociación superiores a los que han venido disponiendo hasta ahora
en los sistemas de negociación totalmente centralizados.

Si importantes para el acuerdo de rentas resultan los criterios
para la fijación de los salarios, no lo es menos el tratamiento y
orientación que ha de darse a los beneficios empresariales. Su
regulación debe responder a un concepto de reparto solidario de las
rentas, de forma que los sacrificios puedan repartirse o
participarse entre todos los responsables de las mismas. Estamos
convencidos del carácter dinámico que tienen los beneficios en la
generación de empleo si se orientan a favorecer la introducción de
prácticas empresariales innovadoras y el afianzamiento de las
empresas que sean económicamente sólidas. En esta orientación de
los beneficios empresariales pensamos que pueden utilizarse
diversas fórmulas, desde el establecimiento de sistemas que
fomenten la participación de los trabajadores en los mismos hasta
la creación de fondos en las empresas que permitan la
competitividad de éstas en el plano laboral, en la formación
profesional, los nuevos sistemas de organización del trabajo o en
la inserción laboral de jóvenes.

Ahora bien, al igual que el acuerdo de rentas con los
interlocutores sociales, se ha abordado también la racionalización
y mejora del sistema de protección del desempleo partiendo de una
reflexión válida para el conjunto del gasto social. La intención
del Gobierno es --por utilizar una frase ya hecha-- proteger la
protección; esto es, garantizar que tanto este año como el
siguiente, como los venideros, como en el año 2000, los gastos
sociales cumplan los objetivos para los que fueron previstos.

Entendemos que no hay nada más regresivo que gastar mal. (Rumores
en los bancos del Grupo Popular.) Es preciso realizar un ejercicio
de coherencia que permita el equilibrio entre esfuerzo y gasto y no
depende sólo de la situación económica o del mayor



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o menor déficit. (Continúan los rumores en los bancos del Grupo
Popular.) En el terreno del desempleo, el esfuerzo de coherencia
comentado obliga a decidir, en primer lugar, qué queremos proteger,
para después articular un conjunto de medidas que den cuerpo y
aseguren el cómo se protege. Las tensiones financieras que ha
acusado el Sistema en los últimos años nos obliga a reaccionar,
primero, salvaguardándolo y dispensar la protección debida a los
desempleados y, en segundo lugar, para hacerlo eficaz, conceder la
protección social para la finalidad y a los sujetos objeto de
protección.

Las medidas adoptadas para racionalizar la protección por desempleo
deben girar, en consecuencia, en torno a los siguientes ejes:
fortalecer el principio de involuntariedad de la pérdida de empleo
como causa de acceso a la protección de desempleo; evitar que
ningún desempleado pueda cobrar más en el desempleo que trabajando
ni percibir la prestación durante períodos habituales de
inactividad; relacionar la percepción de la prestación o subsidio
con las indemnizaciones por escisión del contrato, cualquiera que
sea su causa o modalidad de pago; revisar el concepto de
responsabilidades familiares para acceder al subsidio, limitándolo
al cónyuge e hijos; controlar el requisito de carencia de rentas en
el momento de la solicitud y durante el cobro del subsidio, y
establecer mecanismos en el servicio público de empleo que permitan
comprobar la disponibilidad permanente y activa para el trabajo.

Desde el Gobierno entendemos que el aseguramiento de los principios
que acabo de enumerar exigen una profunda modificación legislativa
que simplifique el sistema de protección, sometido hasta ahora a
excesivas reformas coyunturales. Ello ha de hacerse de forma
negociada con los interlocutores sociales, contemplando, junto a la
racionalización y mejora del sistema de protección, las políticas
activas que debe aplicar el servicio público de empleo a favor de
los perceptores, tales como clasificación profesional, conocimiento
de la disponibilidad para el trabajo, información y orientación
profesional, formación, gestión activa de las ofertas de empleo,
incluso programas de empleo público o trabajos de colaboración
social.

Esta tarea tiene que ser compatible con un conjunto de medidas que
aseguren la viabilidad financiera de la prestación durante próximos
e inmediatos ejercicios presupuestarios. Tales medidas son las
siguientes: en primer lugar, reconsiderar la cuantía mínima de las
prestaciones de nivel contributivo modulándolas en función de la
existencia de hijos a cargo, de manera que la prestación tenga
coherencia con el salario dejado de percibir e incentive la
búsqueda activa de empleo. En segundo lugar, hemos de evitar que la
cuantía del subsidio pueda ser superior al salario dejado de
percibir, fijando la misma en proporción a la jornada de trabajo.

En tercer lugar, se reordenarán los requisitos de acceso a nivel
asistencial situando los límites de renta de forma más acorde con
la cuantía del subsidio y considerando como responsabilidades
familiares al cónyuge e hijos a cargo. En cuarto lugar,
relacionaremos la percepción de la protección con la indemnización
que corresponda por la extinción del contrato de trabajo,
corrigiendo la sobreprotección derivada de la existencia de dos
fuentes de renta que tienen ambas por finalidad sustituir la
pérdida por la extinción laboral incentivando la búsqueda de empleo
en los períodos en los que el trabajador tiene más posibilidad para
competir en el mercado de trabajo. Por último, pretendemos que la
cuantía que perciban los desempleados en situación de baja por
enfermedad o asimilada no supere la correspondiente a la de los
trabajadores con plena disponibilidad para su reinserción laboral.

La tercera área temática básica que se abordará en la mesa
negociadora será la del mercado de trabajo. Es intención del
Gobierno tratar este aspecto en reuniones específicas, sin que sea
imprescindible para ello esperar el dictamen del Consejo Económico
y Social, aunque sin duda dicho dictamen contribuirá a mejorar la
capacidad real de análisis de la situación.

Un objetivo de esta reforma es conseguir que el marco institucional
del mercado de trabajo sea más eficaz de lo que es ahora y, con
ello, favorecer la creación de empleo, dando, entre otras,
respuestas a cuestiones como la exigencia de convergencia derivadas
del establecimiento de la Unión Económica y Monetaria o a la
creciente internacionalización de nuestra economía, que, unida a la
desaparición de los mecanismos proteccionistas, fuerce la exigencia
de competitividad de las empresas y la aceleración del cambio
tecnológico. Pensamos que la orientación de la reforma del mercado
de trabajo debe ser proporcionar a las empresas una capacidad de
adaptación o flexibilidad en la gestión de sus recursos humanos que
sea compatible con la garantía de los derechos de los trabajadores
y que permita un desarrollo de la actividad a la empresa que haga
a ésta competitiva y, por tanto, capaz de generar empleo.

Frente a la idea de desregulación propugnamos una respuesta de
adaptación e innovación capaz de superar las posiciones defensivas
a ultranza de la regulación actual, que serían puramente
testimoniales, y con ello ineficaces, y no dan respuesta
satisfactoria a la capacidad de creación de empleo. Esta capacidad,
por su parte, ha de reforzar la situación real del país donde
resulta preponderante el papel jugado por la pequeña y mediana
empresa. Por ello el Gobierno será especialmente sensible con todas
aquellas medidas que favorezcan la capacidad de las pymes para
crear empleo. En este contexto está previsto discutir medidas de
orden legislativo, fiscal y de apoyo al comercio exterior que
permitan no sólo mejorar la situación de esas pequeñas y medianas
empresas, sino también, de forma selectiva, llevar a cabo un apoyo
a la expansión de la actividad exportadora, que sin duda alguna
tendrá efectos positivos desde el punto de vista de la mejora de la
situación económica en nuestro país.

Esta, señorías, es la situación tal como el Gobierno la ve, y nos
lleva a adoptar un conjunto de medidas y



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decisiones que fueron decididas en la reunión del Gabinete de ayer,
medidas que, aunque difíciles, como exige la situación, son
coherentes con la orientación que pretendemos dar a la política
económica y que he expuesto con anterioridad; reflejan también,
como no podía ser menos, la aportación del propio Gobierno en el
ámbito de su responsabilidad directa al esfuerzo de austeridad y
ajuste que requiere nuestro país para equiparar deseos con
posibilidades y prepararnos activamente para aprovechar mejor las
posibilidades de crecimiento y creación de empleo cuando remonte el
ciclo económico.

Para facilitar la exposición y el comentario más detallado de las
mismas, dividiré las medidas adoptadas en cuatro bloques: las que
afectan a la política presupuestaria, las que afectan a las
reformas estructurales, las que afectan a la política de rentas y
el impulso en la lucha contra el fraude.

Las medidas presupuestarias afectan tanto al ejercicio actual de
1993 como adelantan las líneas maestras del Presupuesto de 1994,
que se presentará en esta Cámara a finales del mes de septiembre y
que estará presidido por el objetivo de reducir el déficit y
contención selectiva en el ritmo de crecimiento de algunos gastos.

Respecto al actual ejercicio de 1993, el Gobierno ha aprobado un
acuerdo declarando la no disponibilidad de créditos en el
presupuesto de gastos del Estado por un importe de 100.000 millones
de pesetas. Esta medida es un equilibrio adecuado entre la tensión
del gasto público en el año más duro de la crisis y la necesidad de
enviar una señal clara respecto a nuestra voluntad de control del
déficit dentro de unos márgenes limitados. Igualmente se ha
aprobado un decreto-ley revisando la tarifa del Impuesto sobre
Hidrocarburos, que sufrirá un incremento del 9 por ciento en el
caso de la gasolina con plomo, del 9,9 por cien en la gasolina sin
plomo, del 8 por cien del gasóleo de uso general y del 7 por cien
del gasóleo modificado.

Esto equivale a subidas de cinco pesetas por litro en el caso de la
gasolina, tres en el gasóleo y 0,8 en el gasóleo modificado.

Estas medidas son compatibles con nuestros compromisos de
armonización fiscal de la imposición especial de la Comunidad y nos
aproximan a la media comunitaria de presión fiscal por estos
conceptos, aunque aún estamos por debajo de la misma.

Respecto al avance del anteproyecto de ley para 1994, cuyo detalle
conocerán SS.SS. cuando el Gobierno presente a esta Cámara el mismo
en septiembre, quiero resaltar ahora tres aspectos fundamentales:
primero, el Gobierno fija como hipótesis de trabajo un objetivo de
déficit público para 1994 del 4,5 por ciento del PIB. Creemos que
esta cifra es realista y adecuada a la situación de crisis
económica, pero, a la vez, claramente inferior al resultado
previsible para este año y, coherente con los sendos esfuerzos de
reducción del déficit, necesaria para alcanzar el tres por ciento
del PIB como objetivo en el año 1996.

De acuerdo con este objetivo, el Gobierno propondrá, en primer
lugar, una congelación en los gastos corrientes; en segundo lugar,
unos techos financieros máximos para el crecimiento de determinados
gastos cuya naturaleza los haga imprevisibles o la experiencia haya
demostrado que se producen sistemáticamente desviaciones al alza
respecto a lo presupuestado. En esta línea, el conjunto de gasto
social crecerá respecto al presupuesto del año anterior en un seis
por ciento, manteniendo así su peso relativo en el PIB.

Finalmente, el conjunto de las inversiones reales del Estado
crecerán en un 2,5 por ciento, pero, dentro de ellas,
concentraremos el esfuerzo de infraestructuras, que crecerán al
11,4 por ciento, tanto por considerarlo necesario para alcanzar el
proceso de modernización de nuestra sociedad como por el papel
anticíclico y reactivador atribuido a dicha inversión.

Junto a estos importantes objetivos, adelanto ya que el Gobierno
está trabajando para modificar la normativa vigente presupuestaria
con objeto de hacerla más estricta a la hora de limitar las
posibilidades legales mediante las que se produzcan desviaciones en
el gasto respecto a lo presupuestado inicialmente. Dichas
modificaciones se incluirán en el proyecto de ley del próximo
presupuesto.

Creo, señorías, que todos estamos de acuerdo en que existan en
nuestra economía, incluso en nuestra sociedad, demasiadas rigideces
estructurales que dificultan su adaptación rápida a un mundo en
cambio permanente. Remover esas rigideces no sólo ayudará a
completar nuestro proceso de modernización social, sino que
facilitará la competitividad de nuestra economía, favoreciendo la
mayor creación de empleo.

El proceso de reforma estructural de nuestra economía no se inicia
ahora. Es mucho el camino que se ha recorrido en los últimos años
en esa dirección con el impulso fundamental que representó nuestro
ingreso en la Comunidad. Pero todavía quedan muchas cosas por
hacer, y en este campo, siendo conscientes de las dificultades que
entraña, pero también de una absoluta necesidad para garantizar una
permanente adaptación a unas circunstancias distintas, el Gobierno
ha adoptado los siguientes acuerdos y compromisos.

En primer lugar, remitir a las Cámaras en las próximas semanas un
conjunto de anteproyectos de ley, entre los que destaco el de
autonomía del Banco de España, el de colegios profesionales, el de
contratos de las Administraciones públicas y seguros privados.

Algunos de ellos ya fueron presentados en la pasada legislatura,
aunque la disolución de las Cámaras impidió su aprobación, otros
son nuevos, pero, incluso los primeros, introducen en su texto
novedades respecto al enviado con anterioridad, en parte derivadas
del proceso de discusión parlamentaria, cuando lo hubo.

En segundo lugar, se presentará antes de fin de año un conjunto de
normativas para propiciar el descenso de precios en el sector
servicios e impulsar, en su caso, su liberalización. Este punto es
especialmente importante, por cuanto en dicho sector radica buena
parte de la explicación de que mantengamos una inflación subyacente
estructural demasiado elevada que pesa excesivamente



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sobre los costes operativos de las empresas.

El comportamiento de los precios en el sector servicios ha estado
condicionado en buena medida por su propia naturaleza menor,
sometida a competencia externa. De ahí que sea imprescindible
además, en los casos en que así está definido, acelerar los
procesos de liberalización de acuerdo con lo establecido en la
normativa comunitaria y permitir una mayor concurrencia que nos
lleve a alcanzar precios más competitivos.

En el terreno de la Seguridad Social y ante situaciones de crisis
como las que actualmente vivimos, es preciso realizar aquellos
esquemas tanto de protección como de financiación que puedan verse
afectados por la misma, para introducir, de forma integrada y
coordinada con el resto del sistema económico, las adaptaciones que
resulten imprescindibles. En este sentido se ha estudiado la
adopción de un conjunto de actuaciones que en el contexto descrito
pretenden abordar los problemas planteados desde las siguientes
premisas. En primer lugar, el reforzamiento de la solidaridad como
elemento básico sobre el que se asienta la Seguridad Social, lo que
conlleva la evitación de situaciones de sobreprotección
injustificadas, no compatibles con la realidad económica y del
mercado laboral, que en último extremo redundan en perjuicio de
cobertura de otras necesidades. En segundo lugar, el mantenimiento
en la modalidad contributiva de la prestación, de la relación entre
el nivel de la misma, hasta el límite máximo establecido, y el
esfuerzo de aportación realizado por el sujeto beneficiario en
concordancia con el carácter proporcional, contributivo y
profesional de esta modalidad protectora. En tercer lugar, la
búsqueda de mayor coherencia entre las diferentes prestaciones que
conviven en el sistema protector y que cuando dan cobertura a
situaciones similares deben tender a la homogeneidad para evitar
diferencias que produzcan ventajas comparativas entre ellas, tal
como ocurre en el tratamiento de las prestaciones por incapacidad,
en su forma transitoria y permanente, a las que se superpone hoy la
figura de la invalidez provisional, lo que hace precisa una reforma
que le dé un tratamiento más coherente y racional a estas
prestaciones, diferenciando claramente ambos aspectos: la
incapacidad transitoria y la incapacidad de carácter permanente.

Tras un largo período de desarrollo de las prestaciones, de la
función que éstas cumplen en el momento actual para la cobertura de
las contingencias sociales para las que fueron diseñadas es
imprescindible el análisis, planteándose, desajustes que requieran
la introducción de medidas correctoras que reconduzcan su
configuración a los términos que la realidad social, las doctrinas
y el Derecho comparado aconsejan.

En lo que se refiere a la racionalización del gasto sanitario y
además de los avances que ya se han elaborado, por parte del
Ministerio de Sanidad se formulará un plan de medidas que
consultado con los agentes que intervienen en el gasto permita
reducir el crecimiento del mismo. En ese sentido es imprescindible
también dotar de mayor autonomía a los gestores pero coherente con
una racionalización de los recursos, y finalmente parece
imprescindible también en este sector --como en otros-- luchar
contra el fraude, tanto en el abuso como en la mala utilización de
las prestaciones sanitarias.

En cuanto a política de rentas el Gobierno ha pedido un importante
esfuerzo a los interlocutores sociales. Por lo tanto, parece
coherente que sea también el Gobierno quien decida cuáles son sus
posiciones para definir su postura como empleador. En este sentido
el Gobierno propondrá que los incrementos salariales en el período
1994/1996 para funcionarios públicos y para trabajadores integrados
en el sector público estatal alcancen como máximo la magnitud
resultante de restar 6 puntos al total del incremento del índice
general de precios al consumo previstos para el citado período. En
contrapartida, se definirá una política de dividendos y de
mantenimiento de plantillas coherente con el anterior esfuerzo. Las
sociedades estatales incluidas en el artículo 6 de la Ley General
Presupuestaria, a partir del momento actual, no podrán pactar con
su personal de alta dirección ninguna cláusula que implique
indemnización de cualquier tipo por extinción de su relación
orgánica o laboral especial, cualquiera que sea la causa que la
motive.

Sin embargo, todos estos esfuerzos de una y otra parte no tendrían
un adecuado traslado a la realidad si no impulsásemos aún más los
esfuerzos que se están realizando en la lucha contra el fraude en
sus diversas manifestaciones. Por ello, con la finalidad de adaptar
el vigente derecho sancionador tributario a la evolución social, el
Gobierno pretende remitir antes del 31 de diciembre a este Congreso
los siguientes proyectos de ley: un proyecto de ley reguladora del
delito fiscal, que no planifique esta situación, en el momento
actual sometida a múltiple discusión; en segundo lugar, un proyecto
de ley de modificación del régimen sancionador de la Ley General
Tributaria y un proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica
7/1982, reguladora de los delitos e infracciones administrativas de
contrabando.

Además de ello, a partir del próximo primero de septiembre, la
Agencia Estatal de Administración Tributaria pondrá en marcha un
plan especial de lucha contra el fraude fiscal en el Impuesto sobre
el Valor Añadido en el sector inmobiliario y en el contrabando de
tabaco. Precisamente en este lucha contra el fraude fiscal el
Gobierno demanda la cooperación de los agentes sociales, ya que
estaríamos dispuestos a aceptar que las mejoras de recaudación del
IVA sobre la base de los tipos actualmente en vigor pudieran
utilizarse en parte para sustituir prestaciones sociales de la
Seguridad Social y, en consecuencia, iniciar un camino, que
consideramos deseable a largo plazo pero hoy de difícil aplicación,
de sustituir prestaciones por financiación a través del incremento
de la recaudación en el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Finalmente, se acuerda la constitución de una unidad especial de
estudio y propuesta de medidas para



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la prevención y corrección del fraude con el objetivo de optimizar
e interrelacionar los instrumentos de que dispone la Administración
en el momento actual para la lucha contra el fraude en sus
distintas facetas de ingreso y gasto. La propia Administración
tiene que realizar un esfuerzo y, en ese sentido, el Consejo de
Ministros tendrá de inmediato conocimiento de un plan de adaptación
y modernización de la Administración que coadyuve también por parte
de la misma a los esfuerzos que aquí planteamos.

Señorías, con esta comparecencia el Gobierno pretende explicar las
actuaciones que considera necesarias y las que ya ha aprobado e
informar de cuáles son los problemas por los que atraviesa la
economía española, problemas que no son de ahora, que se anunciaron
ya desde mediados del pasado año y fueron objeto de amplia
discusión en las recientes elecciones generales. Todos hemos
reconocido que había una crisis. Algunos hemos dicho que hacían
falta sacrificios para salir de ella y nosotros pensamos que esos
sacrificios deben ser asumidos por toda la sociedad, sin que valga
el recurso de exigírselos sólo a una parte o que cada uno en su
particularidad vea necesarios los sacrificios, pero pida que sólo
los hagan los otros. La crisis golpea a todos y también al Estado
como agente corrector de las desigualdades, que se ven agudizadas
por la propia situación de crisis con el consiguiente impacto en el
gasto y el déficit público. Por ello el Gobierno, como responsable
de la Administración pública central, debe ser el primero en hacer
los sacrificios tomando en cuenta la repercusión que su decisión
tiene sobre los ciudadanos, sin demagogias, sin posturas
arbitrarias sin catastrofismos, pero con la firmeza que exige la
situación, empeñados, como estamos, en ayudar dentro de nuestras
posibilidades a paliar los efectos de la crisis y a sentar las
bases para una recuperación que sólo en parte depende de nosotros
mismos. De esa información surgen la explicación de lo que el
Gobierno está haciendo y las líneas directrices de lo que va a
hacer respetando el compromiso electoral con que nos presentamos
ante los españoles hace hoy dos meses, que es un proyecto para una
legislatura que debe tomar en cuenta la evolución imprevisible de
los acontecimientos. Superar la situación de crisis, crear empleo
y mejorar el bienestar social de los españoles son la razón del
esfuerzo que hoy pedimos a todos y al Gobierno el primero. Muchas
gracias. (Rumores en los bancos del Grupo Popular.--Aplausos en los
bancos del Grupo Socialista.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. (Continúan los
rumores.) Silencio, señorías.

¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Popular,
tiene la palabra el señor De Rato. El señor DE RATO FIGAREDO:
Señor Presidente, señorías, hoy es 5 de agosto. (Rumores.) El 4 de
junio de este mismo año uno de los candidatos a la Presidencia del
Gobierno por uno de los grupos parlamentarios que está en esta
Cámara hacía públicamente la siguiente afirmación: «¿Se necesita
más ajuste?», preguntaba, y contestaba él mismo: «Yo creo que no.

Desde el punto de vista macroeconómico, no. Nuestro principal
desajuste, que es el desequilibrio de la balanza comercial, se está
corrigiendo.» Esta es, pues, entre otras cosas, señor Presidente,
la historia de un engaño. Cuando todavía no han transcurrido dos
meses desde las elecciones generales, en una campaña electoral en
la que hasta el final y de manera rotunda el señor González
aseguraba ante todos los españoles que la crisis económica había
tocado fondo y que la recuperación económica estaba a la vuelta de
la esquina, éste es el momento en que el nuevo Ministro de
Economía, cubriendo al Presidente del Gobierno, que no ha venido
hoy a esta tribuna a explicar la situación económica y a corregir
sus propias afirmaciones en las que basó sus peticiones de voto, y
cubriendo a su Vicepresidente del Gobierno... (Aplausos en los
bancos del Grupo Popular.--Rumores.), coordinador teórico de la
política económica de este país, y que tampoco ha sido capaz, hoy,
de explicar la situación económica española, ha venido a esta
Cámara, al parecer, a transmitir tranquilidad y la sensación de que
el Gobierno tiene un programa. Nos ha dicho --lo sabíamos ya- - que
estamos ante la mayor crisis presupuestaria de la última década, y
la solución que nos ofrece es subir la gasolina cinco pesetas.

Señor Ministro, o no hay crisis presupuestaria o lo que no hay es
Gobierno, porque, como usted comprenderá, con una subida de cinco
pesetas de la gasolina usted sabe que no está atajando ni siquiera
la desviación mínima de la ejecución presupuestaria. No hay que
detenerse mucho, aunque es sorprendente que todavía ahora algún
miembro del Gobierno diga que la crisis económica en España no pudo
ser detectada hasta finales de 1992. Señor Ministro, ¿ustedes no se
dieron cuenta de que la inversión y el empleo empezaron a caer
desde el año 1991, desde finales de 1990? ¿A qué estaban ustedes
mirando? ¿Nadie se dio cuenta de ese dato? ¿No les pareció
importante la inversión, no les pareció importante la tasa de
empleo? Esperemos que en el futuro tengan ustedes una mayor
atención. En cualquier caso, estamos ante una gravísima crisis
presupuestaria.

El actual Presidente del Gobierno es un hombre de costumbres
establecidas. Todas las primaveras nos dice que va a haber una
recuperación económica a la vuelta de la esquina, y todos los
veranos --porque la costumbre tiene dos partes-- nos dice que el
Presupuesto en vigor no se puede cumplir, que el déficit público
está fuera de control y que, por lo tanto, hay que tomar medidas.

La explicación de este desajuste que se presenta todos los años es
siempre ajena a las responsabilidades del Gobierno. ¿Quién tiene
menos responsabilidad que el Gobierno en la ejecución de los gastos
e ingresos públicos? Nadie, dice el señor González. Ustedes habrán
oído que el Gobierno no tiene ninguna responsabilidad



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de las desviaciones de este año, como no las tuvo de las del año
pasado, ni de las del año anterior, ni de las del otro año, y todos
los veranos escuchamos la misma cantinela. Son parados, activos,
contribuyentes, empresarios, asalariados los que alternativamente
son los responsables de perturbar la correcta marcha de las
previsiones oficiales. Así, todos los veranos, el señor González
descubre que las cifras no le cuadran y propone un recorte de
gastos, y ya desde hace dos años un aumento de impuestos. Nada
altera esta reiterada práctica, tanto que la economía crezca o no,
tanto que la inversión sea positiva o negativa, tanto que el empleo
aumente o disminuya. Para gastar, el señor González no se deja
desde luego influir. Ni siquiera parece preocuparle que las cosas
se hayan degradado año tras año.

En el año 1991, seguramente algunos de ustedes recordarán que el
Gobierno ya tuvo que plantear un recorte de 300.000 millones, que
después nunca vimos reflejados en la reducción del déficit; en el
año 1992, además del recorte, el Gobierno tuvo que plantear un
aumento de impuestos directos, indirectos y de cotizaciones
sociales, y en el año 1993 todo rastro de las cuentas públicas
aprobadas aquí no hace diez meses ha desaparecido bajo un déficit
público del conjunto de las administraciones públicas de
aproximadamente el 7 por ciento del producto interior bruto, es
decir, de unos 4,2 billones de pesetas, el mayor de la reciente
historia española y al que no sabemos si hay que añadir cuentas que
no estén contabilizadas, porque en la intervención del señor
Ministro de Economía hemos podido entender que se han incorporado
una serie de créditos no aflorados en ejercicios anteriores, pero
no sabemos si son todos, porque se nos negaba hasta ahora que esos
créditos existieran. Pues bien, una vez decretado oficialmente que
parados, enfermos o especuladores internacionales son este año los
responsables de que al señor González no le cuadren las cifras, se
pasa a afirmar con toda rotundidad que el presupuesto del año que
viene será muy riguroso, el más riguroso de todos los posibles.

Igual que el año pasado, igual que el año anterior, cada año se
repite la misma cantinela, pero cada año vamos a peor. De nada han
servido las advertencias del Partido Popular de falta de
credibilidad, de coherencia y de eficacia de los sucesivos
presupuestos. Hasta ahora las mayorías parlamentarias socialistas
servían para darle al señor González cheques en blanco, cheques
que, año tras año, son más difíciles de asumir por la sociedad
española. Pero en 1993 ya no estamos hablando de una situación
difícil de asumir; estamos hablando de una situación que tardaremos
años en superar. Pero, señorías, ¿qué ha pasado en 1993? Que el
señor González tenía unas elecciones. El señor Ministro de Economía
nos ha dicho que la culpa del déficit público en cuanto a los
créditos extraordinarios aprobados en los Consejos de Ministros
durante la campaña electoral --a propósito, no hay un solo Consejo
de Ministros en que no se aprobara un crédito o un gasto
extraordinario-- la tienen la presa de Tous y las deudas que tenían
con los enfermos de hemofilia y de hepatitis. Pues bien, eso suma
26.000 millones. De ahí hasta más del billón y medio de pesetas de
créditos extraordinarios o de compromisos adquiridos para
ejercicios siguientes y para este mismo ejercicio en los Consejos
de Ministros entre abril y junio de 1993 hay una cantidad de dinero
monumental, porque todos esos gastos han sido sobre cuestiones
electorales, emitidos y aceptados durante la campaña electoral.

Cuando José María Aznar, en el debate de investidura, le recordó
estos extremos al señor González, al señor González nos quiso
confundir diciendo que no hay ninguna diferencia entre los créditos
que responden al ejercicio vigente y los créditos extraordinarios.

Desde luego, con semejantes estratagemas no es de extrañar, señor
González, que usted no les dé demasiada importancia a las leyes de
presupuestos que se aprueban aquí. Eso explica también que usted,
en ese debate de investidura, así como quien no quiere la cosa y
sin dedicarle más de un minuto, nos dijera que el déficit de las
administraciones centrales sería en 1993 del 5 por ciento del
producto interior bruto. Es necesario, señorías, decir la verdad,
y sería bueno empezar este legislatura por ahí.

La caótica situación actual de las finanzas públicas es la lógica
evolución, a lo largo de los años, de la política presupuestaria de
los gobiernos del señor González. Política presupuestaria
caracterizada por la falsedad de todas las previsiones, la falta de
todo tipo de controles internos, la discrecionalidad absoluta en la
ejecución y el desprecio a las preocupantes consecuencias en
términos de déficit y deuda pública que año tras año se han ido
acumulando. Esto ha sido cierto y lo sigue siendo, con crisis
económica internacional o sin ella. Ha dicho el señor Solbes que
no hay nada más regresivo que gastar mal. Pues supongo que el Grupo
Socialista pedirá cuentas a este Gobierno y a los anteriores de
haber tenido la política más regresiva de la historia económica
española. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.) El señor
González ha mantenido sistemáticamente una política presupuestaria
expansiva, y el resultado es el presente: unas necesidades de
financiación pública superiores al siete por ciento del producto
interior bruto; una deuda pública superior, a finales de este año,
al 50 por ciento del producto interior bruto, es decir, más de 30
billones de pesetas, pese a un aumento de la presión fiscal media
en los últimos diez años de un punto por año.

Esta política presupuestaria no ha sido gratis para la sociedad
española, no sólo en términos de impuestos y de deuda pública, sino
que también ha tenido muy serias consecuencias en el fracaso de la
lucha contra la inflación y en la necesidad de mantener altísimos
tipos de interés que han arruinado nuestra inversión y han
contribuido a mantener una peseta sobrevalorada que ha perjudicado
seriamente nuestra competitividad. Ahora bien, si el Gobierno
durante los años 1990, 1991 y 1992 no se fijó en las tasas de
inversión y de empleo,



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es lógico que no se diera cuenta de las consecuencias de su
política presupuestaria.

La realidad económica española no puede ser hoy más preocupante.

Nuestro déficit público es el más alto de nuestra historia
reciente. Nuestra tasa de paro es también la peor de toda nuestra
historia y la peor de los países industriales. La caída de la
inversión y de la actividad económica es mayor que la crisis de los
años setenta, y pese a ello nuestro déficit comercial es el segundo
del mundo occidental y nuestra moneda se ha devaluado en torno a un
24 por ciento en diez meses. En estas circunstancias resulta
sorprendente y escandaloso que el Gobierno tenga que ser arrastrado
a la Cámara para explicar a los españoles lo que sucede y lo que
piensa hacer. Probablemente el haber conseguido que este Gobierno
tenga que dar explicaciones hoy aquí es la mejor manera de hacer
una oposición constructiva, constructiva para los intereses de los
españoles. Hasta los socios políticos del señor González lo han
entendido así y el Gobierno ha tenido que venir «in extremis» para
no perder su primera votación en la Diputación Permanente. Esa es
la verdad de la historia.

(Varios señores Diputados del Grupo Popular: ¡Muy bien!--Aplausos
en los bancos del Grupo Popular.) Desde su nombramiento, este
Gobierno transmite la sensación de que no sabe qué hacer e incluso
que desconoce para lo que le han elegido. Su Grupo parlamentario
mantiene reuniones que son conocidas ofreciendo carteras para ver
si consigue mantener el apoyo al señor González. La interinidad del
Gobierno hasta que los deseados socios sean seducidos o incluso
hasta que el Partido Socialista resuelva su sempiterna guerra de
clanes marca esta primera etapa.

No hay proyecto político para responder a la crisis económica, pero
ni siquiera su profundidad ni sus causas son explicadas a la
sociedad española. No hay diagnóstico creíble de la situación
nacional. Todos los esfuerzos oficiales se han centrado en la
búsqueda de apoyos, pero no para gobernar, sino para mantenerse en
el poder. Desde las negociaciones para conseguir apoyos a su
investidura el señor González ha sorprendido a sus interlocutores
al no proponerles nada sino el reparto del poder. Son ilustrativas
las declaraciones que han hecho los señores Pujol y Arzallus al
reconocer que se les invitaba a formar parte de un gobierno y que
después ya se vería lo que había que hacer.

Decía un comunicado oficial del Partido Nacionalista Vasco,
literalmente, para justificar su no entrada en el Gobierno: Es
indudable la inconcreción en cuanto a la tarea a realizar y las
medidas para su buen fin. En palabras del propio señor Arzallus:
Nos decían que no nos preocupáramos, que una vez dentro las cosas
se arreglarían. En Martín Fierro se lee, señor González, aquello
de: Algún día hemos de llegar, luego ya veremos adónde. Y ése
parece ser el lema de este Gobierno. (Aplausos en los bancos del
Grupo Popular.) Este modelo de búsqueda desesperada de
corresponsabilidades es el que inspiró también las primeras
reuniones del llamado «pacto social». El Gobierno quiere que sean
los interlocutores sociales los que se comprometan en la política
presupuestaria, en la reforma del mercado laboral y en la política
social. Nada más y nada menos que nuestro actual y flamante
Ministro de Trabajo, en sus primeras declaraciones públicas, ha
dicho: No soy yo quien debe decidir el nivel de protección social,
sino la sociedad. Cabe preguntarse si el señor Griñán cree que ha
sido nombrado Ministro de Trabajo en el país con mayor tasa de paro
y con uno de los peores déficit presupuestarios exclusivamente para
regocijo y orgullo de sus familiares y si no piensa tomar ninguna
decisión. (Risas y aplausos en los bancos del Grupo Popular.) Es
sorprendente, señorías. Un Gobierno interino --eso es lo que
tenemos-- que no explica la situación, sin proyecto preciso, es lo
que ha producido el célebre cambio del cambio. Sus efectos, en
medio de una crisis económica --nacional e internacional, sin
duda-- de proporciones históricas, pueden ser dramáticos. Si no se
altera de inmediato esta actitud, en poco tiempo, la credibilidad
que siempre se consigue después de unas elecciones se puede
evaporar; y sin credibilidad será imposible diseñar, y mucho menos
aplicar, una política que sea capaz de reorientar la economía
española. Porque un Gobierno sin mayoría absoluta, todos lo
sabemos, tiene, de salida, menos apoyos que los necesarios; es
decir, hay más votos populares que no le apoyan que los que lo
hacen, pero, además, si los que han votado al Gobierno lo han hecho
a raíz de una campaña electoral donde se les ha ocultado
sistemáticamente la verdad, la credibilidad gubernamental, desde
luego, es un factor muy sensible.

Durante la campaña electoral garantizó el señor González al pueblo
español que la crisis se acabaría en el transcurso del segundo
semestre de 1993, y para impedir ser contradicho incluso el Banco
de España retrasó sus periódicos diagnósticos durante la campaña
electoral. Ahora resulta que dicen ustedes que la crisis económica
es extremadamente grave y que el final está lejano. ¿Recuerdan
ustedes las rotundas afirmaciones del señor González de que en sólo
un año veremos dónde están los pronósticos catastrofistas? Pues ya
lo hemos visto, en sólo un mes, señor González: aquí están los
pronósticos catastrofistas.

(Risas y aplausos en los bancos del Grupo Popular.) El señor
González prometió, cuando menos, el mantenimiento del nivel de vida
de los españoles y, es más, acusó al Partido Popular de hacer sus
propuestas fiscales a costa de los sectores más débiles de la
sociedad. Y ahora, ¿qué le dicen ustedes al conjunto de los
españoles? ¿Saben ustedes la nueva palabra, no?: sobreprotección.

Esa es la nueva palabra de la política social; hay sobreprotección:
a los que todavía tienen un puesto de trabajo, a los que se les
amenaza con reducirles su poder adquisitivo; a los usuarios del
sistema público sanitario, a los que se les recortan prestaciones;
a los pensionistas, que pueden ver modificado su sistema de
revalorización de pensiones; o a los funcionarios, a los que se les
congela, por segundo año consecutivo, sus ingresos.

Sobreprotección, eso es lo que



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le pasa a la sociedad española, que está sobreprotegida; yo diría
que está sobrecogida, señor Presidente. (Risas.) Este Gobierno
corre el riesgo de perder en pocos meses la escasa credibilidad que
tiene, y eso, en un contexto como el actual, sería lo peor que le
podría suceder a los intereses nacionales.

Frente a ello hay grupos parlamentarios que han elegido respaldar
lo que reconocen desconocer, otorgando una investidura sin conocer
el proyecto político que debería inspirarla. No es de extrañar que,
en pocas semanas, esos apoyos se evaporen.

El Grupo Popular prefiere obligar al Gobierno a hacer lo que tiene
que hacer, aunque no le guste, aunque al señor González no le
convenga. Y somos conscientes de que este Pleno al señor González
no le convenía; no le conviene porque el Gobierno corría el riesgo
de demostrar que no sabía lo que había que hacer, cosa que ha
quedado patente. Pero, en nuestra opinión, cuanto antes mejor;
cuanto antes se abandone el intento de suplantar una alternativa de
Gobierno por unos pactos vacíos, mejor para los españoles. El
Gobierno tiene graves problemas que no son sólo los que a él
parecen preocuparle. Al Gobierno se le está cayendo literalmente la
economía de las manos. Los datos son tan graves que hay que
remontarse décadas para encontrar una situación tan preocupante. El
Gobierno se refugia en una difícil realidad internacional y
pretende equivocarnos al no reconocer que nuestros problemas son
mucho más graves, más profundos y más numerosos que los de nuestros
vecinos. La crisis del Sistema Monetario Europeo no explica nuestro
desorden presupuestario, y mucho menos el desplome de nuestra
economía productiva y la falta de competitividad de nuestro tejido
comercial e industrial. Es decir, la Unión Europea podrá variar o
retrasarse, pero la economía española va peligrosamente hacia una
situación inflacionista, con un lastre creciente de déficit
público, sin capacidad de crear ni ahorro ni inversión ni empleo.

El Gobierno cometería un gravísimo error al pretender olvidar que
su política económica no puede hacerse de espaldas a las tres
devaluaciones de los pasados 10 meses, y sobre todo de espaldas a
la última. Todavía falta que el señor González reconozca que
devaluar ha de venir acompañado de un profundo cambio de política
económica - - poco importa que se devalúe voluntariamente o a
capones--, y las recientes decisiones sobre el Sistema Monetario
Europeo le han evitado a la economía española una cuarta
devaluación, pero no será así si desperdiciamos otra vez el tiempo.

Los mercados se preguntan si todo lo que va a hacer el Gobierno es
devaluar y disfrutar de la temporal ganancia de competitividad,
como ha hecho desde septiembre de 1992.

Señor González, no basta con sustituir la creencia ciega en las
ventajas de la peseta sobrevalorada por otra creencia, igual de
ciega, en las ventajas de la peseta barata. Es necesario,
imprescindible, demostrar que las múltiples causas internas de tan
reiteradas e insólitas --somos el único país que ha devaluado tres
veces-- devaluaciones son reconocidas por el Gobierno; y de esto ni
siquiera se habla. Es que es de esto de lo que hay que hablar y,
sobre todo, actuar, es decir, gobernar, y generar así una nueva
política económica que afecte --y voy a dar un orden que no tiene
por qué ser el de ninguna prelación--, primero, a la política
presupuestaria; segundo, a la política de fomento del ahorro
privado y de sus reinversiones; tercero, a la política industrial
y comercial y al apoyo a las pequeñas y medianas empresas; cuarto,
a la reforma de los mercados energéticos, financieros y de
telecomunicaciones; quinto, a la reforma de las condiciones de
creación de empleo; sexto, a las relaciones con los interlocutores
sociales y, séptimo, a la política comunitaria del Gobierno. Como
es natural, en este trámite no va a ser fácil tocar todos estos
puntos. Me limitaré a los más importantes, que también han sido
mencionados en parte en la intervención del Gobierno.




El señor PRESIDENTE: Señor Rato, le ruego concluya.




El señor DE RATO FIGAREDO: Sí, señor Presidente.

Empecemos por la política presupuestaria. (Rumores.) Desde hace
años, el Partido Popular ha insistido en que en la política
presupuestaria, en el descontrol de los gastos públicos está la
raíz de los problemas económicos de la sociedad española. Y no se
trata de recortar prestaciones a ciudadanos concretos. En el año
1992 ustedes recortaron las prestaciones por desempleo; en el año
1993, congelaron el sueldo de los funcionarios, congelaron la
oferta de empleo público y, ahora, las prestaciones farmacéuticas.

En el año 1994, ya nos han anunciado que amplían el número de
damnificados. ¿Alguien ha visto que se reduzca el déficit público?
Crece; no se reduce; algo sucederá. Pues lo que sucede es que tanto
el coste real, tanto coste de personas concretas, se despilfarra en
Radiotelevisión Española --donde usted se ha inaugurado como
Ministro de Economía y Hacienda--, en los créditos extraordinarios
de la campaña electoral y en el conjunto del funcionamiento de un
Estado que confunde política social con intervencionismo.

Son necesarias nuevas normas presupuestarias, nuevas normas de
contabilización y de control de los gastos, la desaparición de la
discrecionalidad política y diferenciar entre provisión y
producción de servicios públicos.

Resulta sorprendente que el Gobierno nos quiera convencer a los
españoles de que todo el problema del déficit sanitario está en el
gasto farmacéutico, cuando se sabe que el problema está en el
modelo y en la gestión. He aquí un ejemplo de un recorte de
prestaciones sociales que tiene damnificados concretos, con nombres
y dos apellidos, que se despilfarra en el sistema de gastos. Y,
además, hace falta una política presupuestaria basada en la
financiación del déficit público, sin apelación



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al Banco de España, y en un control rígido y serio de la expansión
de los gastos por encima de las previsiones oficiales.

y serio de la expansión de los gastos por encima de las previsiones
oficiales. La rigidez de las normas presupuestarias no es, señor
Serra, volver al manguito; es evitar el mangoneo (Risas.--Aplausos
en los bancos del Grupo Parlamentario Popular.), que es distinto,
para garantizar que los recortes de las prestaciones de ciudadanos
concretos no se despilfarran. Nos ha dicho de pasada el señor
Ministro de Economía y Hacienda que a partir de ahora no habrá
contratos blindados en las administraciones públicas y en las
empresas públicas. ¿Y hasta ahora? ¿O sea que ustedes han estado
contratando, a lo mejor, a miembros de su Partido, les han dado
contrato blindados? ¿Así nos lo ha dicho usted como para que no nos
diéramos cuenta? ¿A cuántos? ¿Por cuánto dinero? ¿Qué relación
tienen con ustedes? Dicen ustedes que en el INI hay contratos
blindados. Bien. Señor Ministro de Justicia, actúe usted, ¿eh?,
porque eso no se puede hacer (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.) No sé si en las condiciones de su
incorporación al Gobierno estaba obviar este asunto.

Pero, además de la política de gasto --y eso el señor Ministro ni
lo ha mencionado--, es necesario reformar completamente nuestro
sistema de ingresos, nuestro sistema tributario, porque el sistema
tributario español actual es un impedimento del ahorro y, por
tanto, del crecimiento económico y del empleo.

Señor González, usted, en esta campaña electoral, es responsable de
haber dicho a los españoles, a los que le hayan creído, que para
fomentar el ahorro y la creación de empleo, vía la política
tributaria, sólo se puede hacer recortando pensiones. Allá usted y
su conciencia. Pero, sin el aumento del ahorro de las familias y de
las empresas, no habrá reducción de tipos de interés, no habrá
inversión y sólo saldremos de la crisis económica cuando se haya
recuperado la inversión.

Aumentar los impuestos en mitad de una crisis económica no supone
recaudar más, sino acelerar la caída de la actividad y, por tanto,
de la recaudación. Incrementar la presión fiscal hoy en España
supone más paro, y es ahí, señor González, donde se ponen en riesgo
las pensiones y la política social. Se lo advertimos hace doce
meses en esta Cámara, aproximadamente creo que era el 24 ó 25 de
julio, cuando aumentaron los impuestos directos e indirectos y las
cotizaciones, para recaudar más. Han visto ustedes el resultado:
aumentaron todos los impuestos y ha caído la recaudación. Los
ciudadanos y las empresas deben tener claros incentivos a la
reinversión con una nueva política de plusvalías, de amortizaciones
y de regularización de balances. Los tipos marginales del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas deben reducirse para
incentivar el ahorro y nuestra fiscalidad empresarial debe
fomentar, y no penalizar, la acumulación y afloración de capital
productivo.

Hay que volver a hacer en esta Cámara, una vez más, especial
mención a los impuestos que afectan a los sectores que crean empleo
y que están diseñados en nuestro país justo para perjudicar el
empleo, como son el Impuesto de Actividades Económicas, los módulos
de estimación objetiva y las cotizaciones sociales, que deben ser
modificados de inmediato. También hay que modificar el Impuesto del
Patrimonio de las pequeñas y medianas empresas, como el de
Sucesiones y crear incentivos para el funcionamiento de las Pymes,
fiscales, financieros, mercantiles y administrativos, y aplicar una
moratoria fiscal a la creación de nuevas empresas.

Pero, además de la política presupuestaria y de la política de
ahorro, es necesario hacer competitiva nuestra economía.

Nuestro tejido productivo en España no es competitivo, como lo
demuestra que seguimos teniendo una situación inflacionista con un
crecimiento negativo del producto interior bruto y que seguimos
mantenimiendo en esta situación el segundo déficit comercial del
mundo industrial.

No es bueno que el Gobierno escuche a los que, dentro del Gobierno,
sostienen todavía públicamente que los monopolios públicos no
afectan a la inflación. Porque no sólo los salarios afectan a
nuestra competitividad; los costes laborales, los monopolios
públicos, los cárteles privados, las rigideces administrativas
están en la base de una inflación que sigue al alza, pese a un
crecimiento negativo y a un contexto internacional deflacionista.




El señor PRESIDENTE: Señor Rato, le ruego concluya.




El señor DE RATO FIGAREDO: Sí, señor Presidente.

Deje el Gobierno de encargar estudios y ponga a trabajar al
Tribunal de la competencia, principalmente respecto al sector
público, pero, desde luego, no sólo respecto al sector público.

Durante la pasada legislatura, en la campaña electoral y ahora
reiteramos nuestra convicción de la conveniencia de establecer un
clima de colaboración y entendimiento con los agentes sociales.

Mucho mejor con acuerdos que sin ellos se pueden aplicar las
necesarias reformas estructurales que necesita la economía
española, como, por ejemplo, la reforma del mercado laboral, la
formación profesional, la modificación de las ordenanzas laborales
y el sistema de fijación de salarios, por poner unos ejemplos.

Ahora bien, no se puede rehuir de las responsabilidades del
Gobierno, en ningún caso, amparándose en que exista o no exista
acuerdo. Además, hay cuestiones de exclusiva responsabilidad del
Gobierno y de esta Cámara como, por ejemplo, la política de gastos
e ingresos públicos.

Lo más sorprendente de todo lo que le hemos oído al Gobierno con
respecto al pacto social es su propuesta de práctica congelación
salarial durante tres años, a cambio del mantenimiento del empleo
neto y la reinversión



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de los beneficios empresariales. En una situación de grave crisis,
económica y social, hacer propuestas imposibles y, por tanto,
falsas, es la mejor demostración de que no se sabe qué hacer. Los
interlocutores sociales no pueden firmar ese tipo de acuerdos ni
tienen capacidad, ni legal, ni fáctica, para hacerlos cumplir. Y
usted ha mencionado el Acuerdo italiano. El Acuerdo italiano habla
de flexibilidad, moderación salarial, retribuciones ligadas a los
beneficios reales, congelación de la fiscalidad y contribuciones
sociales. De esto habla el Acuerdo italiano. De lo que ustedes
plantean aquí no habla ni el Acuerdo italiano, ni ningún otro
acuerdo, porque es imposible hacerlo cumplir,ni legal, ni
fácticamente.

Nosotros creemos que los salarios deben aumentar en función de los
incrementos de productividad. Esto quiere decir que no se puede
hacer a todo el mundo igual. Que habrá empresas más competitivas
que otras; que habrá, por tanto, trabajadores que puedan conseguir
mejores aumentos salariales que otros.

Pasemos, por último, y rápidamente, a valorar las explicaciones que
el Ministro ha dado sobre el Sistema Monetario Europeo. Señor
Ministro, todos sabemos que el Sistema Monetario Europeo ha quedado
suspenso. Treinta puntos de variación... Bien, es usted el único
que no lo cree. Por tanto, siga usted pensándolo así. También nos
ha dicho usted una cosa sorprendente y es que volveremos todos a
las bandas estrechas cuando se arregle la situación alemana. ¿Y
nuestras tres devaluaciones? ¿Qué pasa? ¿Se produjeron por mala
suerte, o qué? O sea, ¿usted cree que no hay nada que tenga que
hacer la economía española para poder llegar a la banda estrecha?
Señor Ministro, es mejor que se lo piense otra vez.

Pero, aparte de estas consideraciones, me parece importante hacer
algunas sobre nuestra política comunitaria. (Rumores.) El señor
González ha definido a lo largo de los años su posición respecto a
la Comunidad en base a su firme creencia --y se le tiene por un
gran experto-- en la seguridad y velocidad del proceso de Unión
Política y Monetaria.




El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.




El señor DE RATO FIGAREDO: El Partido Popular, que es partidario de
la Unión Europea y ha votado aquí la Unión Europea, ha insistido en
todas las ocasiones al Gobierno en que nuestra propuesta de
integración europea tendría que centrar sus esfuerzos en nuestra
propia realidad económica. El señor González ha planteado grandes
sacrificios a la sociedad española en términos de su tejido
productivo, bajo el argumento de que era segura y veloz una Unidad
Monetaria que nos compensaría de todos esos sacrificios. La verdad
es que hoy no es muy fácil comprender en qué basaba el señor
González su seguridad en ese proceso, en un proceso que ignoraba
las realidades económicas nacionales. En cualquier caso, ya
sabemos, sin duda, que, tanto en términos políticos como en
términos monetarios, las realidades nacionales serán el componente
esencial en los años venideros de las relaciones europeas.

Parecería muy importante que el señor González o su Gobierno
definan si los recientes acontecimientos aconsejan un nuevo
planteamiento de estrategia comunitaria, en la que la realidad de
nuestra balanza comercial prime sobre otras consideraciones de
prestigio político o incluso personal. En resumen, el Gobierno
debería haber transmitido confianza y tranquilidad en esta sesión,
pero tenemos la clara convicción de que, después de la intervención
del señor Ministro, se ha conseguido todo lo contrario: los
españoles hoy saben con certeza que el Gobierno no sabe qué hacer.

La situación económica española exige no unos parches
presupuestarios, sino que es necesario una nueva global y coherente
política económica. Señor Presidente --y con esto termino--, el
señor González puede seguir intentando, a través de sucesivas mesas
negociadoras, encontrar escudos frente a los riesgos de gobernar,
o puede buscar el respaldo de la sociedad española a través de una
nueva política económica. No le va a hacer falta buscarnos, señor
González, porque nos va a encontrar en ambos casos. No seremos ni
su escudo ni sus socios, pero sí trabajaremos con quien busque una
nueva realidad para nuestra economía. De nosotros sólo puede
esperar la coincidencia para resolver problemas, no para ocultar
responsabilidades, para eso puede usted buscar a otros, pero
aprenda la lección de estas primeras semanas, porque esos apoyos
serán de corta vida, y luche por mantener su menguada credibilidad,
porque puede que al calendario y a los intereses políticos del
señor González no les convenga, pero España no puede esperar mucho
más.

Muchas gracias, señor Presidente. (Fuertes y prolongados aplausos
en los bancos del Grupo Parlamentario Popular.) El señor
PRESIDENTE: Gracias, señor Rato.

Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la
palabra el señor Frutos.




El señor FRUTOS GRAS: Señor Presidente, señoras Diputadas, señores
Diputados, miembros del Gobierno y señor Ministro de Economía y
Hacienda, finalmente en Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
empezamos a entender el mensaje. Con las propuestas hechas a los
sindicatos y a la CEOE, a Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
se nos ha hecho la luz. Esperamos que así sea para muchos millones
de personas que no sabían, que no entendían qué era el cambio del
cambio y que ahora ya pueden tener suficientes indicios para
saberlo.

Primero, eliminar de la Mesa del Congreso al Grupo Federal de
IU-IC, seguramente por incómodo, hasta pactar con el centro-
derecha nacionalista un programa vendible para los poderes fácticos
económicos de aquí y foráneos, al cual difícilmente podrá objetar
algo el Partido Popular, ya que habrá coincidencias entre programas
económicos, que, además, no están escritos. Y



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finalmente, por ahora, una serie de primeras medidas, la primera
vuelta de tuerca, que, para ser calificadas con una expresión
suave, diremos que son el intento de imponer a todos los
trabajadores, y en especial a la mayoría con salarios medios bajos,
las medidas más duras en política económica que se están aplicando
en la Comunidad Europea.

¡Dios mío, qué cambio tan vertiginoso en pocos meses! Desde el Plan
de Convergencia en abril del año pasado al mensaje de Felipe
González en la campaña electoral, al salto mortal sin red del
pasado lunes, hay toda una historia que ni el más audaz cuentista
se hubiese atrevido a fabular. Son cosas de este país maravilloso;
se valoran los diez años de triunfo del Partido Socialista con un
tebeo y se criminaliza a todo el país cuando la situación económica
y social va mal. Lástima que en la campaña electoral se confundiera
a una parte de la ciudadanía con mensajes optimistas sobre el fin
del túnel de la crisis y otras historias, que, por lo que se ve,
tienen todavía credibilidad después de casi once años de
presupuestos generales del Estado, de aplicación de determinadas
políticas. Da la impresión de que lo que está sucediendo estas
semanas es lo pensado y organizado desde hace años, por lo perfecto
que le está saliendo al Gobierno.

Hablo, en nombre de IU-IC, para las personas de la calle
fundamentalmente, para los trabajadores y trabajadoras en activo y
parados (con una salvedad, no para los parados que ganan más que
trabajando, como ha dicho el señor Ministro, para esos no, mala
gente), para los jóvenes, veteranos y jubilados, para los votantes
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y para los que no lo
son, pero que pueden estar de acuerdo con parte de nuestras
propuestas, y entre los cuales hay, sin duda, muchos que desearían
un giro a la izquierda en la política del país.

Hablo con la voluntad de que de nuevo se conozcan las propuestas
que hacemos para superar la actual crisis económica desde la
izquierda. El Grupo Federal de IU-IC ha hecho análisis en esta
Cámara que denunciaban desde hace ya mucho la situación que había
y la que podía generarse en el futuro en la vida económica y social
del país. Esos análisis siempre iban acompañados de propuestas, no
solamente nuestras, sino también de los sindicatos, de los
movimientos sociales y ecologistas, de sectores de la pequeña y
mediana empresa, de los campesinos y ganaderos de condición social,
familiar y cooperativista, de colectivos diversos de profesionales
de la enseñanza, de la información y de la salud, propuestas que
han sido defendidas con sonadas movilizaciones sociales.

Ciertamente, nuestras propuestas no han tenido mucha fortuna en
esta Cámara, calificándose a veces de económicamente impresentables
o deficitarias, de irreales, de atentar contra las sagradas leyes
del mercado. Luego, en campaña electoral, o en programas cara a
cara con el público, los que apoyan al banco azul y los que están
a mi derecha matizan el disco para que no quede tan patente la
verdadera política que hacen. Tengo una gran satisfacción, casi me
enternece, al oír al señor Rato apropiándose prácticamente de
teorías, propuestas y programas de la izquierda; lo que pasa es que
no creo que las llevase a cabo el Partido Popular.

A los pocos días de todas estas promesas, de todo este debate en la
campaña electoral, el que asume el Gobierno continúa dilapidando el
capital humano, social y económico del país. Dos meses después del
6 de junio están ustedes en lo real, en lo que camuflaron durante
la campaña electoral: propuestas de reducción drástica de los
salarios y de los gastos sociales, continuación de la
desregularización del mercado de trabajo y lo que vendrá
posteriormente. No hablan, por ejemplo, de los resultados de las
medidas contra el paro. Hemos pedido desde Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya una comparecencia del señor Ministro
en la Comisión para que explique qué ha ocurrido con las medidas
tomadas en los meses de febrero y marzo en relación con la lucha
contra el paro.

Como se desprende de las propuestas del denominado pacto social, el
paquete de medidas sigue escorado hacia donde siempre, haciendo
recaer la crisis y todo el peso del ajuste sobre los trabajadores
y los parados, además de sobre los funcionarios, a los que se
congela el salario sobre la congelación que ya se ha producido, en
torno al 1,8 por ciento, este año.

Se culpa a los salarios y a las conquistas laborales de la crisis
y se profundiza en la filosofía de que la única solución posible
pasa por una mayor flexibilización del mercado de trabajo y por la
reducción salarial. Ambos mecanismos se toman de forma obsesiva
como los únicos factores determinantes en la reducción de costes
empresariales y, por ende, en el aumento de la competitividad vía
precios, es decir, mediante una taiwanización de las condiciones
del mercado de trabajo.

Muy brevemente voy a hablar de los salarios en este país en
relación a Europa y de la flexibilización del mercado de trabajo.

Se considera a los salarios culpables cuando, en comparación con la
Comunidad Europea, los salarios españoles son lo más competitivo.

El coste del dinero, el tipo de cambio, los precios de determinados
servicios, empezando por los servicios bancarios, el derroche en
energía y el coste de los transportes sí son realmente gravosos
para el precio final del producto. Las rentas salariales, señoras
y señores, en este país han perdido cuatro puntos en los últimos
años en relación a su participación en el producto interior bruto,
a pesar de haber, en el momento del análisis, un millón de
trabajadores más. El aumento real por asalariado entre 1982 y 1992
ha sido en España del 7,6 por ciento y en la Comunidad Económica
Europea del 6,7 por ciento. Los costes laborales reales se han
reducido en España un 17,3 por ciento y en la Comunidad un 7,9. La
moderación salarial no ha servido para contener la inflación ni
para bajar el desempleo por debajo del 15 por ciento (que se
recordará que era un porcentaje de paro necesario, según dijo, sin
ser desmentido, don Mariano Rubio, exgobernador del Banco de España
y socio de Ibercorp), sino sólo para mayores beneficios
empresariales,



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aunque no de todos los empresarios.

Señoras Diputadas, señores Diputados, bajar los salarios de esta
forma, tal como se ha planteado, en esta situación de crisis
española, es bajar, reducir o liquidar la posibilidad de
relanzamiento económico; en un momento de crisis como el actual
debe haber un relanzamiento articulado, flexible, coordinado de la
economía, que vea lo que es posible hacer en este momento y no lo
que es imposible hacer, pero que, al mismo tiempo, tenga la audacia
política para lanzar adelante todo un plan de desarrollo económico.

Sobre la flexibilización del mercado de trabajo, detrás de este
eufemismo se esconde la siguiente realidad: la mitad de
trabajadores en España están ya fuera del mercado de trabajo,
entendiendo este mercado de trabajo como una institución social con
normas, leyes y controles democráticos; 3.400.000 trabajadores
están en el paro y otros tres millones conforman el 35 por ciento
de parados precarizados. Es decir que las propias leyes sociales
que ustedes dicen defender quiebran por esta situación concreta del
mercado de trabajo, que multiplica por tres la realidad existente
en la Comunidad Europea. Se defendió en su tiempo la temporalidad
en el empleo porque ello generaría puestos de trabajo. En
definitiva, aquí tienen ustedes los resultados, de continuar la
flexibilizacion, como se está planteando de nuevo en las reuniones
con los sindicatos, la continuación de la flexibilización del
mercado de trabajo. No dicen ni una línea sobre eficiencia, redes
de distribución, investigación más desarrollo, estándares de
calidad, duración y reciclaje de los productos, ahorro energético,
etcétera.

Tampoco hablan de la capacidad de traslación de costes entre las
empresas de distribución, financieras o productivas.

En cuanto al chantaje histórico, que de forma recurrente aparece en
tiempos de crisis como la única solución posible, como la panacea
que todo lo arregla, hemos aprendido de la experiencia que el
famoso encadenamiento beneficios-inversión-creación de empleo no es
tan automático como nos quieren hacer creer. Muy lejos está de
ello. La contraprestación a la moderación salarial y a la
flexibilidad laboral, se dice y se propone que es el mantenimiento
de las plantillas netas. No se habla de creación de empleo; el
reparto de las cartas es completamente desigual. En cuanto al
mantenimiento de plantillas netas, se abre la puerta aún más a la
sustitución de trabajadores fijos por temporales, profundizándose
la precarización del mercado de trabajo.

Desregulación y segmentación pueden ser las notas definitorias de
este supuesto compromiso que puede conllevar, además, un
desmembramiento de la organización sindical y de su capacidad de
intervención. Ni una palabra de otros temas. Por ejemplo, de uno
muy importante, del que se habla en las tertulias o en los
cenáculos, del reparto del trabajo, la anulación de horas
extraordinarias, las jubilaciones anticipadas hechas de forma
selectiva y efectiva, la anulación de jornadas partidas de trabajo,
una política industrial activa, alquileres de viviendas como
elemento complementario para toda esta política, la Junta Superior
de Precios con un control de los precios básicos, la reforma del
sector servicios, que es de donde salen los elementos principales
para la inflación en este país. ¿Qué pasa con la tarifa del IRPF?
¿Va a aumentar la presión fiscal de los trabajadores como en 1992?
Para los trabajadores asalariados y para los pequeños empresarios.

¿Va a continuar aumentando? ¿O la disminución real de los salarios
traerá consigo también la pérdida del poder adquisitivo del salario
mínimo? ¿Qué pasará con las pensiones que tengan como referencia
este salario mínimo? En relación con los gastos e ingresos
públicos hay un «mantenella y no enmendalla». Se persiste en el
mantenimiento religioso de las condiciones de convergencia de
Maastricht, estableciendo el objetivo del tres por ciento del
déficit público para 1996, saltándose el ejercicio purificador del
porqué, en qué y por quiénes se ha llegado hasta los actuales
niveles de endeudamiento, sin contemplar, como ha hecho IU-IC,
otros elementos alternativos como la mejora de la recaudación y la
dosificación anticíclica de la reducción del déficit público. En
cuanto a los ingresos, la mejora por medio de la lucha contra el
fraude y la progresividad de los impuestos, el de la renta y el del
patrimonio, o la lucha contra la opacidad, gravando consumos
suntuarios y despilfarradores.

Podemos encontrar, en definitiva, más margen de maniobra escapando
de los corsés nominalistas. Confiamos, continuamos confiando en
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en el papel dinamizador de
la empresa pública bien gestionada, democratizada y en su capacidad
de generar expectativas económicas.

De nuevo, amigos y amigas, de fuera, de la sociedad, de los
activos, de los parados, a los que he citado antes, aquí tienen
ustedes el cambio del cambio. O sabía el Gobierno, los señores del
Gobierno, que venía eso y mintieron, con lo cual se desautorizan
políticamente, o no lo sabían, lo que es peor todavía. (Se ausenta
momentáneamente de la Sala el Señor Presidente del Gobierno.) Por
cierto, señor Presidente del Gobierno, señor Vicepresidente del
Gobierno, en sustitución del Presidente del Gobierno: ¿cuál es la
política económica que usted defiende en estos momentos? ¿La de las
privatizaciones de empresas públicas navegando todavía
intrépidamente por las aguas del Quinto Centenario? ¿La de la
campaña electoral que algunos interpretaron como un giro a la
izquierda? ¿O la de los contenidos todavía «top secret» para esta
Cámara que afloran en la Mesa entre el Partido Socialista y
Convergència i Unió? Sería interesante conocer algo de todo ello,
aunque, la verdad, después de las propuestas que conocimos el lunes
pasado, creo que las dudas ya se han disipado.

Nosotros veníamos a este debate con buena voluntad, a conocer
cuáles eran sus decisiones sobre política económica global y en
perspectiva, ya que estamos empeñados



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en encontrar una salida sensata, fiable y constitucional a la
situación de crisis. Queríamos conocer exactamente los datos de la
situación y de la opinión que ustedes tenían de ella, sin análisis
macroeconómicos falsos, maquillados, que deben ser corregidos o
cambiados a los dos meses. Queríamos reiterar el diálogo sobre
contenidos, debatir e intentar tomar medidas sobre el paro, el
déficit, el Sistema Monetario Europeo, la construcción europea.

Queríamos hacer esto con criterios más rigurosos, sin caer tampoco
en la versión trágica que quieren trasladar ahora a toda la
sociedad, para que ésta y las organizaciones sociales que
representan a sectores de la misma se acobarden y les dejen las
1manos libres para que ustedes continúen haciendo la misma
política. No les vamos a facilitar la tarea. Vamos a continuar
defendiendo una política y a clarificar las partes ocultas de lo
que ha ocurrido y ocurre y de las cuales ustedes tienen una
importante responsabilidad. Empezamos por reiterar que la crisis y
el paro actuales en España y la situación caótica en la Comunidad
Europea tienen responsables; políticas y personas responsables. Las
situaciones no nacen de la nada ni de los humores o caprichos de un
mercado, que, según han afirmado ustedes en diversas ocasiones,
regula perfectamente los distintos intereses. La situación actual
en España y en la Comunidad Europea es fruto de decisiones
políticas concretas que se han ido desarrollando a lo largo del
tiempo bajo la presión de los grupos económicos y financieros del
capitalismo europeo.

Las políticas realizadas en España, que tenían como faro una Europa
mitificada e irreal, son las culpables de la crisis económica,
industrial, agrícola, tecnológica y hasta moral que sufre la
sociedad española, que la crisis internacional ha agravado y
remachado. Pero esta crisis, la española, tiene connotaciones
propias que sólo se pueden solucionar con políticas propias,
utilizando bien los recursos económicos, sean los propios o vengan
de los fondos de la Comunidad.

La desindustrialización de comarcas, el no fomento de la economía
productiva, el desprecio por la filosofía del trabajo y del
producto bien hecho han fomentado el enriquecimiento parasitario y
la especulación en este país. Para colmo, en 1989 empiezan a
considerar ustedes que la economía, con un 16 por ciento de paro,
está recalentada y consecuentemente se debería enfriar. Magnífica
tesis que acompaña a una política de cambios y monetaria que en
conjunto produce una devastación de resultados evidentes. Ni se han
superado gran parte de las estructuras caducas heredadas, ni se han
conseguido resultados económicos y sociales sólidos, ni se ha
generado una cultura ética y participativa, ni se ha liderado,
desde las instituciones, una regeneración social plena.

El principal deber de ustedes ante la sociedad española será haber
amortizado gran parte de las energías morales y sociales de la
sociedad civil, además de haber situado gran número de indicadores
en alerta roja: el del paro, el del comercio exterior, el de la
formación general y profesional, el del déficit, etcétera. El año
1992 fue el espejismo en el que durante varios años se sublimaron
los demonios históricos y se derrocharon energías materiales e
intelectuales. No sé si será casual en estos momentos que casi
nadie hable ya del magnífico o del glorioso año 1992. Hoy vienen
ustedes aquí con la solución que se les ocurre desde sus alforjas
vacías de ideas e ilusiones.

Después de dos meses acorralados y de unas semanas agazapados para
ver qué hacía y decía el vecino, nos vienen con un pacto social que
más que un pacto social parece un ajuste de cuentas, reconociendo
que hace dos meses no tenían ustedes perspectivas de relanzamiento
en plena campaña electoral, que no había señales de recuperación
económica y que no exagerábamos los que anunciábamos largamente que
la situación española exigía otras políticas que significaran un
giro valiente hacia la izquierda, lo cual habría sido, en
definitiva, un giro hacia la realidad social.




El señor PRESIDENTE: Le ruego concluya.




El señor FRUTOS GRAS: Si la situación económica es grave es
responsabilidad de los que antes daban palmaditas en las espaldas
del Gobierno y de los que las recibían. Pero no se ilusionen, hay
mucha alma de charol en el mundo de las finanzas y luego les van a
abandonar de nuevo a su suerte cuando comprendan que su política ya
es suficientemente neoliberal. Entonces, los señores de los bancos
de la derecha les dirán que ha llegado su turno y su momento para
gobernar.

El ajuste duro que quieren ustedes desarrollar ahora ya empieza a
ser aplaudido, además, por alguno de sus voceros permanentes que
califican las propuestas hechas de plan valiente, al mismo tiempo
que expresión del exceso de optimismo que ustedes prodigaron
durante la campaña. Ahora resulta que los voceros del Gobierno nos
dicen que tenemos que aplaudir un plan de ajuste duro de la misma
forma que teníamos que aplaudir los excesos de la Expo, del AVE, de
los Juegos Olímpicos, etcétera --y entonces no se conocían algunas
comisiones--, y rendirnos, naturalmente, ante las genialidades del
señor Solchaga, que parecía el gran triunfador aunque cambiase de
planes cada tres meses. Ahora tenemos que aplaudir la congelación
de salarios. Pero, señores, ahora sí que podemos decir
definitivamente que se acabó la fiesta.

Señores del Gobierno, superar el fatalismo y la desmoralización de
gran parte de la sociedad y la aceptación subalterna de lo
existente como algo imposible de cambiar por parte de la sociedad
exige voluntad política y algunas convicciones que ustedes no
tienen. Porque ustedes ya creen en pocas cosas, y a estas alturas
algunas adquisiciones personales en los últimos años poco aliento
moral pueden darles.

La izquierda social y política se juega su razón de ser en su
capacidad para situar correctamente en un trabajo de pedagogía y
lucha social, la reducción del tiempo de trabajo y su reparto, la
participación y la



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integración social. El salto productivo que ha promovido la
tecnología está rompiendo la relación crecimiento-empleo. El modelo
de desarrollo actual no es ni generalizable ni sostenible.

La reducción del tiempo de trabajo y el reparto del mismo es la vía
más sensata y coherente para reducir explosiones sociales, para
amortiguar la alienación del trabajo y las consecuencias del
mercado de trabajo cada vez más fragmentado en situaciones
diferentes.

Ustedes están apostando por las desregulaciones sociales
competitivas, subiéndose al carro de menos salarios, peores
condiciones de trabajo y reducción de derechos colectivos y gastos
sociales. Hoy más que nunca reiteramos las propuestas que hicimos
directamente al entonces candidato a Presidente del Gobierno y que
expusimos ampliamente en el debate de investidura.

Es necesario un giro a la izquierda de la política española, de
forma que el objetivo prioritario sea la creación de empleo en un
modelo de tránsito hacia un desarrollo económico, social y
ambientalmente sostenible. Por tanto, es preciso abandonar el plan
de convergencia, así como flexibilizar los plazos y condiciones de
la Unión Económica y Monetaria. Esta nueva orientación debería
plasmarse en los Presupuestos Generales del Estado.

En cuanto a las restantes medidas, consideramos no necesario
enumerarlas de nuevo por ser suficientemente conocidas.

Señores Ministros, señoras Ministras, ustedes parecen confiar en
que con sus políticas y medidas van a hacer algo con futuro, pero,
señor Presidente, si los debates con sus colegas europeos le llevan
a estas conclusiones dan ganas de llorar por una Comunidad Europea
excesivamente pobre en capacidad política y en sensibilidad social
a causa de las políticas conservadoras que se practican. La
Comunidad Europea debe procurar que sus tratados no tengan
contenidos irreales o asociales o ademocráticos; debe intentar que
no fracase por haberse aprobado sin explicación política y
pedagógica a los pueblos para convencer, y no imponer, sobre la
necesidad de una unidad política y económica capaz de servir a un
mundo demasiado atribulado, con alternativas democráticas que
contribuyan a dar sosiego vital y confianza social a nuestros
conciudadanos de la Comunidad Europea y de toda Europa, y
contribuyan también a dar pan, trabajo, educación, salud y libertad
a los millones de desheredados que esperan a las puertas de esta
Europa pidiendo un lugar al sol y un lugar en la mesa.




El señor PRESIDENTE: Señor Frutos, le ruego concluya.




El señor FRUTOS GRAS: O hay un cambio radical en el conjunto de
políticas practicadas en Europa, o el futuro, señoras Diputadas,
señores Diputados, puede ser más agrio todavía que el presente
actual.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Frutos.

Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el
señor Roca.




El señor ROCA I JUNYENT: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, es evidente que este Pleno viene precedido (no
únicamente por su naturaleza extraordinaria, sino por las causas
que lo motivan) de una gran expectación y de un gran interés en la
opinión pública. La opinión pública quiere ver reflejada en esta
Cámara, en las intervenciones del día de hoy, una respuesta a sus
problemas, a sus angustias, a sus inquietudes de futuro, y en todo
caso entiende nuestro Grupo que es por esta vía por la que tiene
que conducir su intervención.

¿Las medidas anunciadas por el Gobierno y anunciadas por su
Ministro de Economía y Hacienda responden a esta inquietud,
responden a lo que los ciudadanos están esperando como respuesta
operativa y concreta para intentar abrir un camino de esperanza a
su situación? Yo creo que esto requeriría aterrizar un poco, de
entrada, en la realidad.

Las medidas que deben adoptarse, en todo caso, deben tener para la
sociedad un objetivo muy claro. Hay un objetivo social --no
económico exclusivamente-- prioritario en este momento y en este
país, que es la creación de empleo. La creación de empleo se
constituye hoy en una tarea absolutamente prioritaria de cualquier
acción de Gobierno y se constituye hoy en un objetivo prioritario
de cualquier formulación política en esta Cámara. Porque si no hay
creación de empleo no vamos a poder mantener las características
del Estado de bienestar; si no hay creación de empleo vamos a
alterar nuestra cohesión social, nuestra estabilidad social; si no
hay creación de empleo difícilmente podemos proyectar una propuesta
de futuro que valga la pena. Todo hoy radica en la capacidad que
tengamos, desde la acción de Gobierno y desde esta Cámara, de
definir una política económica capaz de dar respuesta al principal
problema que la sociedad tiene planteado, que es el de los que no
tienen trabajo, el de los que tienen miedo de perderlo y el de
aquellos que tienen dificultades para acceder a un nuevo puesto
desde su juventud. Debemos explicar a la sociedad que este objetivo
prioritario, lógicamente, exigirá sacrificar al mismo otros
objetivos de igual importancia social, pero en este momento,
repito, el objetivo principal requerirá sacrificar, en algunos
aspectos, en algunos matices, en algunas vertientes o
manifestaciones, otros objetivos igualmente importantes pero que
vienen condicionados por la eficaz resolución del primero de ellos.

También hoy hemos de explicar a la sociedad, al conjunto de la
ciudadanía, que no es posible una política de creación de empleo
estable y sostenido en el tiempo si no conseguimos forjar una
economía competitiva en calidad, en precio, que se produzca en este
país más y mejor. Este es el mensaje fundamental de respuesta



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frente a la situación de crisis que España está viviendo. Las
medidas anunciadas, señor Ministro, yo creo que ganarían en
credibilidad --que es el grave problema del momento-- y ganarían en
confianza en la medida en que se reconozca que se inspiran en un
cambio en profundidad de su política económica. Si no hay cambio de
política económica estaremos administrando lo de siempre. Han
existido y se han producido en el ejercicio anterior otras medidas
de ajustes presupuestarios y no han sido eficaces, no han dado los
resultados que se esperaban. Ya se han intentado en otras ocasiones
respuestas incluso de incremento de la presión tributaria o incluso
en el campo simple de la reducción de prestaciones sociales, se han
intentado, pero no han servido porque, evidentemente, si no
atacamos las causas y nos limitamos a paliar o compensar las
consecuencias de la política no resolveremos el problema. El
principal problema que hoy tenemos es atacar las causas, no
simplemente las consecuencias, porque si nos limitamos a atender
las consecuencias que se van generando de una política que a su vez
no responde a la dificultad intrínseca de la situación, lo único
que vamos a conseguir es que dentro de unos meses tengamos que
adoptar nuevas y nuevas medidas de la misma naturaleza. Aquí el
problema fundamental está, por tanto, en atacar las causas, y
atacar las causas quiere decir cambiar la orientación de nuestra
política económica.

¿En dónde estriba la diferencia que hemos de incorporar en este
momento? ¿En dónde estriba la aportación novedosa capaz de generar
un nuevo clima de confianza y un relanzamiento de la actividad
económica? En lo que tantas y tantas veces hemos estado insistiendo
a lo largo de los últimos años: en la necesidad de poner el acento
en las exigencias de la economía productiva del país; en la
necesidad de relanzar el crecimiento económico; en la necesidad de
encontrar el punto de equilibrio entre una política de austeridad
y rigor, pero que se pone al servicio de la reactivación económica
del país. Si no hay incremento de la actividad económica, si no
somos capaces de crecer, no generaremos más puestos de trabajo, no
nos engañemos. No sólo no engañemos a los demás, sino no nos
engañemos nosotros mismos. ¿Puede existir una recuperación
económica que viniera por la simple vía del saneamiento de nuestras
partidas presupuestarias y que se tradujese en más creación de
puestos de trabajo? La única manera de generar estos puestos, que
luego, en definitiva, tienen como consecuencia unos déficit que no
podemos financiar, la única manera --digo-- es apostar
decididamente por la economía productiva, por la reactivación, por
el relanzamiento de la actividad económica, y esto tiene unos
instrumentos que no son novedosos, otros países lo han hecho y aquí
hemos de hacerlo igual. tivación, por el relanzamiento de la
actividad económica, y esto tiene unos instrumentos que no son
novedosos, otros países lo han hecho y aquí hemos de hacerlo igual.

Un matiz, señor Ministro. Quiero destacar la urgencia de estas
medidas, y para ello le ruego que considere lo siguiente: si
algunas de las medidas que ustedes anuncian hoy para debatir en
Presupuestos entran en vigor el primero de enero de 1994, pero no
las hemos concretado hasta aquella fecha, difícilmente empezarán a
producir efectos positivos antes del segundo semestre de dicho año
1994, y lo que quieren los agentes económicos de este país es
conocerlas cuanto antes mejor. Por tanto, necesitaríamos, desde ya,
un conjunto de medidas que pudiesen hoy señalar unos parámetros,
unas guías, unas orientaciones a los agentes económicos, incluso
para el supuesto de que algunas no entren en vigor hasta primero de
enero, para que estos agentes estén preparados, sabiendo que desde
hoy pueden empezar a formar proyectos, a preparar determinadas
iniciativas, a trazar la base que luego se traducirá en el primero
de enero en un relanzamiento, en una reactivación. Nuestro Grupo
estima que esperar al debate presupuestario para la adopción,
insisto, de determinadas medidas que puedan tener una capacidad de
generación de nuevas iniciativas es perder un tiempo precioso.

Deberíamos hacerlo desde ya. No es necesario esperar al debate
presupuestario.

Fíjense --y, señor Ministro, perdone que diga fíjense porque usted
lo sabe mejor que los demás, incluso con más previsión en el
tiempo-- en que la originalidad de nuestra crisis en cierta manera
no es que se disparen los gastos sociales; la originalidad está en
que disminuyen los ingresos, y disminuyen los ingresos porque
disminuye la actividad, y cuando disminuye la actividad económica,
lógicamente, se genera más paro, y cuando se genera más paro hay
necesidad, en un Estado moderno, de atender la prestación social
que ello comporta, y por esta vía de la disminución de los ingresos
estamos ante una situación en la que no podemos atender a las
obligaciones que un Estado del bienestar debería poder garantizar.

Por esta razón debemos operar desde ya, señor Ministro. No nos
anuncie medidas, tómenlas, debatámoslas ya, pero no esperemos a los
Presupuestos, porque en definitiva, podría ser y sería muy
beneficioso que antes de que llegara el primero de enero los
agentes económicos tuvieran conocimiento suficiente para haber
hecho sus previsiones. En su información, señor Ministro, nos ha
planteado unas medidas de reducción. Lógicamente, estas medidas de
reducción siempre tienen sus contrapuntos. Usted dice: vamos a ver
qué ocurre con el fraude, y la respuesta de que hasta ahora no lo
han descubierto es lógica.

Pero hay otras ausencias que me interesan más. Señor Ministro, ¿por
qué no se hace ninguna referencia en su exposición al capítulo de
privatizaciones? No se puede decir que este país no puede
privatizar más su sector público empresarial; no hay ninguna razón
estratégica. A veces se dice que hay sectores que son estratégicos
y que no se pueden tocar. Pues los sectores del petróleo serán
estratégicos, pero las grandes potencias petrolíferas están todas
en manos privadas en el mundo. Por tanto, ¿por qué no podemos
privatizar unos porcentajes más? ¿Qué podríamos obtener por esta
vía?



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¿Qué porcentaje de reducción del déficit presupuestario podría
producirse con un plan como el que han hecho otros países europeos
que se encuentran en una situación de naturaleza, aunque no de
cuantía, similar a la nuestra? ¿Por qué no podemos avanzar en la
formación de un plan de privatizaciones? Me dirá que no conviene,
pero mire usted, los pobres no venden cuando quieren, venden cuando
deben, y aquí hemos hecho una cosa: compramos cuando no teníamos
más necesidades. Hemos comprado la colección Thyssen --no la
discuto--, pero la hemos comprado porque era muy buena y porque
valía la pena, siendo un momento de recesión y de crisis
importante. Y ahora no nos sirve decir que no podemos privatizar.

¿No podemos privatizar? ¿No podemos reducir el déficit
presupuestario mediante una política de privatizaciones? Se me dirá
que tendrá que hacerse con prudencia, de acuerdo; no puede hacerse
de golpe, de acuerdo; no puede hacerse de esta manera precipitada,
de acuerdo. Pero un plan de privatizaciones que pueda incorporar a
nuestro presupuesto una importante cantidad de reducción del
déficit presupuestario no tiene ningún tipo de justificación que no
se haga.

Quisiera recordarle que algunas de las medidas que ha anunciado
tendrán que venir acompañadas de una vigilancia muy extrema en la
gestión. En el ejercicio de 1993 se han incrementado las
retribuciones del sector público, de los funcionarios, en un 1,8
por ciento, pero la masa salarial de la función pública se ha
incrementado en un 4,3 por ciento. Por tanto, ustedes deben
plantearse también qué debe hacerse en el campo de las plantillas
del sector público, porque lógicamente me dirán, y con razón, que
en la oferta de empleo público puede existir que no jugar a
contratar desde este sector pueda incrementar el paro. Pero lo que
es evidente es que no se puede pedir al sector privado como en
frase literal anuncian en sus medidas, determinadas medidas de
congelación de plantillas «a cambio de», y que el sector público no
ofrezca una actitud similar. Si aquí se congelan plantillas, las
tendrán que congelar todos, y el sector público también.

No obstante, lo más importante, y no quiero desviarme de ello, es
saber cuáles son las medidas de reactivación que se proponen.

Señor Ministro, quiero volverle a insistir en la necesidad de
aterrizar ya en las cosas concretas. Usted dice que para el sector
de las pequeñas y medianas empresas vamos a tomar determinadas
decisiones, y ha llegado el momento de concretarlas y tomarlas
desde ya, incluso asumiendo por nuestra parte que algunas de estas
medidas que se adopten ahora puedan tener sus efectos, en parte, a
partir de primero de enero de 1994. Pero si usted coincide con
nosotros en que quien puede generar empleo en este país es
fundamentalmente la pequeña empresa, hemos de tratar, por la vía de
la exoneración fiscal, de introducir en el campo de la creación de
estas empresas un tratamiento tan discriminatorio como se quiera,
pero que podemos explicar perfectamente ante la sociedad.

Y ya no tiene ningún sentido, cuando ustedes están hablando de la
necesidad de incentivar la inversión, que sigamos teniendo ni un
solo día más el mismo tipo para los beneficios repartidos que para
los beneficios reinvertidos. No tiene ningún sentido. Esto tiene
que hacerse desde ya. Y no tiene ningún sentido, en absoluto, que
sigamos manteniendo determinados módulos en la estimación objetiva
singular, los que penalizan la creación de empleo. Y no tiene
ningún sentido que esperemos a no sé qué para revisar el Impuesto
sobre Actividades Económicas; seamos sinceros. Algunos, desde
nuestra perspectiva electoral, hemos tenido que traducir lo que
hubiéramos deseado, que es la desaparición de este impuesto para
subsumirlo en una nueva política de ingresos de las corporaciones
locales, a una simple revisión y modificación. Pero hemos de
avanzar en el campo de la revisión del Impuesto sobre Actividades
Económicas. No nos queda ya más tiempo; lo hemos de hacer. Y así
podríamos ir señalando otras medidas.

El señor Presidente del Gobierno, en su discurso de investidura,
hizo referencia, entre otras cosas, a la necesidad de ajustes
contables. Ajustes contables debe querer decir regularización de
balances. Si no, no sé qué es exactamente. ¿Para cuándo esta
propuesta de regularización de balances? Hay unas medidas que
deben adoptarse desde ya, y nuestro Grupo acepta que puedan
adoptarse incluso sabiendo que puedan entrar en vigor, al menos en
parte, a partir de primero de enero de 1994.




El señor PRESIDENTE: Señor Roca, le ruego concluya.




El señor ROCA I JUNYENT: Voy terminando.

Señor Ministro, el país necesita respuesta concreta de ustedes en
algunos puntos; una respuesta de coraje y de sinceridad. ¿Qué
pasará con la morosidad del sector público en el pago de sus
obligaciones económicas? Puede que ustedes tengan algo que decir,
pero si contesta alguien de las administraciones públicas lo
suscribo, siempre que quede claro; que no estén diciendo unos sí y
otros no. ¿Qué pasa con la morosidad? No podemos decir al país que
estamos financiando el sector público a base de pagar al sector
privado que nos suministra con toda lentitud; no lo podemos decir.

En todo caso, si se dice, tendrá que corregirse de alguna manera o,
como mínimo, pedir explicaciones o decir: con el tiempo
cambiaremos. Pero la morosidad tiene que acabar.

Hay miles de pequeños ejemplos que ustedes deben poder corregir.

Señor Ministro, le diré algo a título de ejemplo muy casuístico,
muy pequeño, pero esto es lo que la gente entiende: para los que
pagan el Impuesto sobre el Valor Añadido por facturas que no
cobrarán porque la empresa destinataria ha presentado suspensión de
pagos o quiebra, ustedes tienen que habilitar un mecanismo urgente
en esta situación de crisis para que de una manera u otra puedan
compensar este gasto en las próximas declaraciones; ustedes lo
tienen que hacer. Esto lo ha hecho Balladur en Francia. Y no me



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digan que Balladur es el centro-derecha en Francia, que al final
todos se parecen. (Risas.) Se tiene que hacer lo que se tiene que
hacer y basta. Tendrá el color que tenga, pero al final, repito, se
tiene que hacer.

Y no nos digan, porque es una música que ya conocemos: es que esto
que ustedes dicen no está experimentado. Es verdad. Está
experimentando fuera; aquí sólo lo han experimentado ustedes desde
otra perspectiva, y como los resultados no son halagüeños,
¡hombre!, cambiemos la experiencia. O no se nos diga que esto se
traduce a veces en menos ingresos. Para menos ingresos los que han
tenido ahora. Por tanto, no tiene ningún sentido. Abramos la
política a respuestas concretas en este campo.

Señor Presidente, yo quisiera decir dos palabras, si usted me
permite con su amabilidad y condescendencia, sobre dos cuestiones
muy telegráficas. El pacto social o el pacto por el empleo -- cada
día cambia el nombre; por tanto, el que prefiera-- nos parece bien,
lo hemos apoyado, lo hemos defendido. Pero el acuerdo social no
sustituye a esta Cámara ni la puede condicionar. El papel de esta
Cámara no es adherirse a lo que los demás hacen; es respetar lo que
los demás en su campo pueden hacer. Las reformas estructurales
corresponden a esta Cámara. Los representantes de los intereses
generales están en esta Cámara.

Se ha dicho a veces que la participación de los agentes sociales y
económicos obedecen a que son los cotizantes. Sepa la ciudadanía
que en el campo de la sanidad no más allá del 25 por ciento es lo
que se cubre con la cotización social. El 75 por ciento se cubre
con impuestos, y la redistribución de los impuestos es competencia
de esta Cámara. Por tanto, sí al acuerdo social en el campo de lo
que puede acordarse allí, pero, evidentemente, sí a la competencia
soberana de esta Cámara. Y termino. Aquí se ha hablado de si
durante la reciente campaña electoral hubo engaños o hubo mentiras.

Nosotros no engañamos y seguimos diciendo lo mismo en la campaña y
fuera de ella. Nosotros creemos que este país tiene futuro. En esto
se tiene que insistir, porque la gente que nos atiende lo que
quiere saber es que creemos en el futuro de este país, no que les
invitamos, digamos, a contemplar pasivamente una situación que nos
puede hundir poco a poco. Nosotros creemos que este país tiene
futuro.

Pero, lógicamente, tiene que construirse una política que vaya, al
menos a nuestro entender, en la línea de lo que hemos explicado.

Insistir en lo mismo nos conduce a lo mismo. La esperanza está
precisamente en reorientar de manera distinta, y otra esperanza es
algo que se merece la ciudadanía, que quiere que con estos mimbres
construyamos el cesto, porque no hay más. Con esto que esta Cámara
representa hemos de construir la respuesta que el país necesita, y
la respuesta pasa, al menos a nuestro entender, por lo que hemos
dejado explicado. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Roca. Por el Grupo Vasco
(PNV), tiene la palabra el señor Zabalía.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Señor Presidente, señorías, hace dos
meses se produjeron las elecciones generales, en las que el Partido
del Gobierno dulcificó la situación económica que se vivía y, por
tanto, no se entró a debatir en serio en qué punto nos
encontrábamos y qué perspectivas reales teníamos,
independientemente del contexto internacional que se vivía. Todo
esto incide, lógicamente, en el día a día de una economía que está
enferma porque en su día el Gobierno no tomó las iniciativas para
aquellas reformas estructurales que requería la economía de un país
pobre. Y hoy recordamos la expresión del soufflé dicha por el
Presidente de nuestro Partido que, en su día, fue criticada por
quienes creían que las cosas no estaban tan mal. El tiempo le ha
dado la razón. Asimismo somos conscientes de que el hecho de la
lentitud de la composición de las Cámaras, la elección de las
mesas, la votación de investidura, el nombramiento del Gobierno y
la pérdida de la mayoría absoluta por parte del Partido Socialista,
en un momento en que las Cámaras estaban en período inhábil, ha
condicionado la agilidad a la hora de la toma de decisiones.

(Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Zabalía.

Señorías, ruego guarden silencio.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.

En economía en crisis, la imagen no puede ser la de la tortuga,
sino la de la liebre, y se ha actuado a paso de tortuga. Bien es
verdad que ustedes nos han explicado las líneas de los Presupuestos
Generales del Estado y que el portavoz socialista nos ha apuntado
alguna serie de medidas más, pero venimos a este debate presionados
por una opinión pública que quiere saber dónde vamos, y
aprisionados en la lentitud de un período legislativo inhábil; de
aquí que este Pleno debiera haberse realizado ya.

La economía, como usted bien sabe, señor Ministro, requiere
confianza y sobre todo participación. Y si ustedes desean que
nosotros, como grupo parlamentario, estemos en sintonía con parte
de sus propuestas deben tener claro que han de aumentar la
participación, la agilidad en la información, la búsqueda
exhaustiva del consenso social, el explicar la gravedad de la
crisis, aunque esto sea impopular, y un proceso de comunicación
mucho más a tono con el ciudadano.

Desde principios de año hasta hoy se han intensificado los
problemas y las dificultades manifestadas por la economía española
en el pasado ejercicio, reforzando las previsiones de crecimiento
negativo para 1993, estimadas, tras numerosos cambios, en el 0,7
por ciento del producto interior bruto, cifra que incluso podría
resultar optimista. Los datos correspondientes al primer trimestre,
cifrados en un descenso del producto interior



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bruto del 1,1 por ciento, muestran que nos encontramos inmersos en
una fase de clara recesión económica, caracterizada por la
debilidad del consumo privado y el hundimiento de la inversión, con
una disminución del 8,9 por ciento. Esta caída de la inversión es
el resultado del descenso de los beneficios y de la difícil
situación financiera por la que atraviesan las empresas españolas,
que se pone de manifiesto en el creciente número de empresas en
suspensión de pagos y en situación de quiebra. El proceso de
deterioro se manifiesta con especial intensidad en la actividad
industrial, con descensos alarmantes en su índice de producción,
mientras que la contribución del sector servicios al crecimiento
económico es prácticamente nula. El empleo se ha convertido en el
mejor termómetro de la crisis económica española. En lo que
llevamos de año se ha agudizado ya la crítica situación del mercado
laboral, caracterizada por la destrucción de puestos de trabajo
existentes y por una incapacidad de generar otras alternativas para
paliar el alto nivel de desempleo actual que afecta, como de todos
es sabido, a casi tres millones y medio de trabajadores. Así, la
tasa de paro ha alcanzado la cifra récord apuntada también por el
señor Ministro del 22,25 por ciento, superando todas las
registradas en la década de los ochenta. A estos datos, de por sí
suficientemente elocuentes y muy por encima de la media
comunitaria, hay que añadir la grave situación de determinados
colectivos, principalmente de los jóvenes y de las mujeres. Por
otro lado, y en consonancia con la actividad productiva, destaca la
pérdida de empleo en el sector industrial, mientra que por el tipo
de contratación se están viendo más afectados los trabajadores con
contratos indefinidos y a tiempo completo frente a los empleados
temporales y a tiempo parcial. Para nosotros el mercado de trabajo
en el Estado español es altamente ineficiente, debido
fundamentalmente a la rigidez de sus reglas de funcionamiento. La
movilidad laboral encuentra grandes dificultades y, en muchos
casos, la reglamentación existente supone un freno a la
modernización del sistema productivo. Unos mercados laborales
rígidos son, sin duda, en parte, los responsables del elevado
desempleo estructural existente en la actualidad y de la baja
productividad que nos coloca en una posición competitiva
desfavorable respecto a los países europeos. s laborales rígidos
son, sin duda, en parte, los responsables del elevado desempleo
estructural existente en la actualidad y de la baja productividad
que nos coloca en una posición competitiva desfavorable respecto a
los países europeos.

En estos primeros meses del año, la inflación ha proseguido la
línea de moderación, situándose en el 4,6 por ciento. Sin embargo,
esta mejora del IPC hay que atribuirla a la paralización de la
actividad económica provocada por la crisis más que a la política
seguida por el Gobierno, que debería centrarse en combatir el
comportamiento dual de la inflación, elevada en el sector
servicios, no sujeto a la competencia, y reducida en el sector
industrial, abierto a la competencia exterior.

La necesidad de llevar a cabo una política monetaria relativamente
contractiva para paliar las presiones inflacionistas, alimentadas
por una política fiscal expansiva, ha hecho que los tipos de
interés se hayan situado en niveles suficientemente altos como para
provocar fuertes entradas de capitales que han tendido a
incrementar la oferta monetaria, a la vez que han estrangulado las
posibilidades de recuperación de la inversión, del crecimiento y
del empleo.

Otro de los desequilibrios estructurales de la economía española es
el déficit exterior, que en términos de cuenta corriente alcanzó,
en 1992, una cifra récord de 2,51 billones de pesetas, lo que
equivalía a un 4,1 por ciento del producto interior bruto.

Si bien a lo largo de este ejercicio se está produciendo una
recuperación en este indicador, ello se debe a la debilidad de la
demanda interna, que ha obligado a buscar mercados exteriores para
colocar los stocks a bajo precio, a la mejora de la competitividad
tras las devaluaciones de la peseta y al dinamismo que registran
ciertos países en desarrollo. La causa de la débil posición
competitiva se fundamenta en una inadecuada evolución del binomio
productividad/costos. Mientras que en los últimos años se ha
producido una aproximación de los costes laborales a la media
comunitaria, en los niveles de productividad, a pesar de los
avances logrados, la aproximación ha sido inferior. También en
materia de déficit público los resultados obtenidos se alejan de
las previsiones del Programa de Convergencia, 3,5 por ciento en
1993, y mucho más después de haber escuchado al señor Ministro las
desviaciones que en este momento están previstas para el déficit
público. De hecho, las perspectivas no son nada halagüeñas, dado
que para finales de este año se estima que el déficit global de las
administraciones públicas alcanzará el 6,6 por ciento del producto
interior bruto. La razón fundamental de esta desviación es el
fuerte descenso de los ingresos como consecuencia de la recesión
económica que estamos padeciendo y, desde luego, tras conocer los
últimos datos, del desvío del gasto público. En estos momentos es
cuando hace falta y es más evidente la necesidad de reducir el
fraude fiscal y acometer la consolidación del gasto público, basada
en una reforma profunda y programada del sector público, que
elimine de forma estable los problemas estructurales presentes de
la economía española.

A esta situación hay que sumar los acontecimientos ocurridos en
estas pasadas semanas, con continuas alarmas de devaluación de la
peseta un día sí y otro también, y que han desembocado en la
ampliación de la banda de fluctuación del Sistema Monetario Europeo
hasta el 15 por ciento, que pone de manifiesto no sólo la
fragilidad de la moneda española sino de todo el Sistema Monetario
Europeo y la imposibilidad de llegar a acuerdos estables y creíbles
en el seno de la Comunidad. La inestabilidad de los mercados
cambiarios con sucesivos ataques a las monedas con expectativas
devaluatorias y los negativos datos económicos que se suceden y se
ven confirmados con caídas del empleo y de la tasa de paro
históricas, que no hacen sino justificar económicamente dicha
actitud de los mercados, hace imprescindible un liderazgo para
adoptar las medidas concretas y eficaces necesarias.




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En junio de 1989 España ingresó en el Sistema Monetario Europeo
con una paridad excesivamente alta. La justificación de aquella
decisión era que el Sistema Monetario Europeo podría ayudar en el
control de la inflación, objetivo primero de la política económica
del Gobierno, disciplinando a las autoridades económicas en sus
actuaciones y confiriendo credibilidad a las mismas. Sin embargo,
ni el sector público se ha disciplinado ni la política económica ha
conseguido credibilidad. Más bien al contrario, el déficit público
adquiere unos volúmenes insospechados, impidiendo el descenso de
los tipos de interés y reduciendo con ello la base real de la
economía y el crecimiento futuro. Desde septiembre del pasado año
--y perdonen SS.SS. que esté repitiendo datos en algunos casos
totalmente conocidos por ustedes, pero creo que es importante--, el
mercado ha forzado a realizar tres devaluaciones --en noviembre la
segunda y en mayo la última-- que han situado su valor un 20 por
ciento por debajo del inicial. Pero el coste económico de haber
mantenido una moneda sobrevaluada ha sido cuantioso e irreparable.

Se ha erosionado la competitividad exterior de nuestros productos,
lo que se ha traducido en cierre de empresas, pérdida de empleo y
abultado déficit exterior.

Tras lo ocurrido este fin de semana sólo podemos decir que el
Sistema Monetario Europeo, en su concepción actual, está
agonizante. Las medidas adoptadas en Bruselas no son sino un parche
que lo colocan en una situación de debilidad mayor, si cabe. Ante
esta situación no se pueden demorar las medidas. Es necesario
adoptar una actitud valiente y mostrar la realidad de los datos al
ciudadano. Hay que ofrecer toda la información sobre la situación
económica. Sólo así podremos hacer un diagnóstico claro, revisar
las políticas de convergencia y despertar del sueño de vernos en la
primera velocidad de la Unión Monetaria. Debemos incluso sopesar
los beneficios de mantenernos sujetos a la disciplina del Sistema
Monetario Europeo, si ello implica mayores reducciones del empleo
y el alejamiento en términos reales de los principales países
europeos. Pero sobre todo es necesario presentar un plan económico
coherente y que sea, a poder ser, asumido por todos los agentes
sociales. Sólo así podremos reducir los tipos de interés para no
hipotecar nuestro crecimiento a largo plazo y reducir los
diferenciales de renta y bienestar que nos alejan de los países
europeos. Y esta es la forma de restaurar la crebidilidad de la
política económica. La peseta se ha depreciado en un año frente a
todas las monedas europeas, además de frente a las más importantes
internacionales.

Luego no es sólo una cuestión general, sino que España tiene una
situación negativa adicional y diferenciada. Ante esta situación y
las perspectivas de la evolución económica, el Gobierno nos ha
presentado un paquete de medidas hoy que pueden ser insuficientes
si se aplican aisladamente y que incluso pueden producir efectos
contradictorios o contrarios a los deseados: incremento del IPC y
una disminución de la actividad económica. Por cierto, señor
Presidente, señor Ministro, nos hubiera gustado conocerlas con
anticipación suficiente para evaluarlas en su justa medida. Es
necesario, por tanto, que el Gobierno presente un plan económico a
corto y medio plazo que contemple todo el conjunto de medidas
financieras, fiscales, laborales, administrativas y presupuestarias
que para nosotros son necesarias y que más adelante comentaré con
un calendario de actuación. Por cierto, el desdoblamiento de alguna
cartera ministerial y el mantenimiento e incluso incremento de la
estructura de alto personal de los departamentos no están
evidenciando una actitud decidida de recorte del gasto público,
precisamente en aquellos capítulos más significativos, ni tampoco
demuestran una voluntad de reforma de la Administración pública,
tan necesaria.

Mientras tanto es necesario un diagnóstico certero de cuál es la
situación en la que estamos y cuáles son las prioridades de este
Gobierno y el compromiso para actuar sobre ellas. Queremos conocer
cómo se va a fomentar la competitividad de nuestras empresas, cómo
o qué industrias o sectores se van a liberalizar, qué medidas se
van a adoptar para flexibilizar el mercado de trabajo, cómo se va
a reformar el gasto público, o cómo se va a desarrollar la reforma
de la Administración pública. Por lo que respecta al pacto social
o pacto para el empleo, nos parece muy importante que sindicatos y
empresarios acuerden moderar el crecimiento de sus rentas-salarios
y márgenes de beneficio. Pensamos que éstas deben evolucionar de
acuerdo con la productividad en cada mercado y en cada empresa pues
ésta es una condición necesaria para crear empleo para todos. Pero
es el Gobierno el que debe dirigir y responsabilizarse de la
política económica sin mayor dilación. No se puede cargar sobre la
espalda de otros la responsabilidad de la dirección económica de
este país. El conjunto de medidas de política monetaria fiscal y
presupuestaria, así como las reformas estructurales a desarrollar,
deben permitir recuperar para el Estado español la senda del
crecimiento que permita la imprescindible creación de empleo,
particularmente a través de la recuperación del ahorro y el
incremento de la inversión productiva. Ello exige la implantación
de un conjunto de medidas específicas que conforman los elementos
mínimos de actuación a incorporar a toda la política económica y
que deben girar en torno a una serie de elementos básicos. Es
necesario cambiar la estructura del presupuesto. Hay que proceder
a revisar la política presupuestaria en su faceta del gasto, sin
olvidar la del ingreso, poniendo el énfasis en aquellas dotaciones
presupuestarias que mejor contribuyan a la reactivación económica
y al empleo. Revisar el gasto social no es disminuir los recursos
públicos que van a los más necesitados, sino replantearse los
esquemas de universalización y gratuidad total de algunos servicios
públicos como sanidad y educación, por ejemplo.

Entre las medidas importantes a adoptar destacamos la
racionalización de la estructura del sistema público de la
Seguridad Social en su conjunto, en los órdenes de



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la gestión, la represión del fraude en incapacidades laborales,
etcétera, la descentralización y la transferencia a las comunidades
autónomas, así como la simplificación de su estructura
administrativa, y nuevas previsiones actuariales para la parte
contributiva del sistema.

Es necesario acometer una reforma profunda de la Administración.

La actuación administrativa ha de estar guiada cada vez más por
principios de eficiencia, eficacia y calidad de los servicios
públicos, que se erigen en objetivos básicos y directos de la
modernización administrativa. Junto a estos objetivos básicos
pueden considerarse otros como el cambio cultural y la introducción
de una mayor flexibilidad de gestión y responsabilidad de la
Administración. Los recursos humanos constituyen un elemento
sustancial a tener en cuenta en la estrategia de la gestión del
cambio, y esto necesariamente viene por el cambio de las bases de
la Ley de la Función Pública, flexibilizando el sistema de
contratación en la Administración y posibilitando la implantación
de un sistema de incentivos para el personal.

Es necesario posibilitar la consecución de un pacto para el empleo.

En el ámbito del empleo es fundamental --como decíamos-- propiciar
un gran pacto social que vincule la actitud ante el empleo, no sólo
de la Administración u otros poderes públicos sino también de los
diversos interlocutores sociales y agentes económicos. El desempleo
es un problema colectivo de la sociedad y es una responsabilidad
igualmente colectiva su remoción. Tres millones cuatrocientos mil
parados o desempleados no acredita sólo un error en el diseño de la
política económica, denota también un genuino fracaso social, en
donde predominan actitudes de defensa corporativa de intereses
propios, contrarios a los valores de la solidaridad y de la
justicia.

Es necesaria, asimismo, la reforma del mercado de trabajo. Unos
mercados laborales rígidos son, sin duda, responsables en parte del
elevado desempleo estructural existente en la actualidad y de la
baja productividad.

El señor PRESIDENTE: Señor Zabalía, le ruego concluya.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Termino, señor Presidente.

La reforma del mercado tantas veces anunciada se posterga sin
sentido una y otra vez, fundamentalmente por razones de oportunidad
partidista, causando un grave perjuicio a la competitividad de
nuestras empresas, que puede ser irreparable si no se aborda con
urgencia; una reforma que corrija o modifique, en su caso, las
rigidedes del despido colectivo, la movilidad tanto funcional como
geográfica, la clasificación y calificación de los puestos de
trabajo, las ordenanzas laborales y las condiciones de trabajo. Por
ello es necesario trabajar de inmediato con un calendario completo
y definido que desde la posición del Gobierno permita abordar y
culminar el oportuno proceso de diálogo y de consenso.

Es necesario asumir cambios de política y conceptos. Todo el mundo
coincide en los indeseables defectos del déficit y en la necesidad
de su erradicación, pero pocas veces se pone de manifiesto que los
problemas que condicionan la existencia de un déficit público no
son derivados de ocasionales ajustes cuantitativos, sino que ponen
de manifiesto un problema de fondo.

Por tanto, resulta fundamental una política presupuestaria más
restrictiva que la existente en los últimos años, que esté
orientada al control y reducción del gasto público, que debería ser
administrado con serios planteamientos de austeridad y eficacia,
evitando, a toda costa, la aparición de despilfarros
presupuestarios y partidas injustificadas económica y socialmente.

En el campo de las políticas concretas, señor Ministro quiero
recordarle algunos de los planteamientos que están ya recogidos en
nuestro programa electoral y sobre los que quiero pasar por encima,
si me permite el señor Presidente.

Por lo que respecta a la política monetaria, que ponga énfasis en
conseguir una reducción de inmediato de los tipos de interés.

No sacralicemos la política de pertenencia a un Sistema Monetario
Europeo en abierta crisis. Nuestros problemas necesitan de
soluciones reales, que participen del criterio de coordinación de
políticas monetarias, pero no que lo sacrifiquen todo al mismo. En
cuanto a la política presupuestaria, reducir el déficit público a
través del control de gasto público, congelar o reducir plantillas
de funcionarios, negociar convenios ajustados, controlar el gasto
de funcionamiento, privatizar empresas públicas --con las debidas
cautelas--, impulsar la actuación en política industrial, dotando
a la misma de los recursos necesarios, y modernizar a la
Administración pública. Una política tributaria que participe del
mantenimiento de la presión fiscal global, una presión fiscal
efectiva en los impuestos directos que debe ir disminuyendo, el
traslado del peso relativo de la recaudación tributaria hacia la
imposición indirecta, la potenciación, a través de medidas
fiscales, de la competitividad de las empresas --a este respecto
tienen como referencia obligada las medidas adoptadas por las
instituciones en Euskadi--, la disminución del fraude fiscal, el
fomento de la inversión y el empleo e incentivación del ahorro.

Una política financiera que ha de contribuir a la financiación de
la economía y, en especial, a las pequeñas y medianas empresas. He
tomado nota, señor Ministro, de las medidas que se van a tomar
especialmente para las pequeñas y medianas empresas, de las que
participo y me alegro de que se hayan tomado, y a las que puedo
añadir, en el aspecto financiero, la potenciación del segundo
mercado de valores, la potenciación de las sociedades de garantía
recíproca y la potenciación de las sociedades de crédito
participativo.

Una política de empleo que lleve a la concertación



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social para la reforma del mercado de trabajo y la moderación de
los crecimientos salariales de todas las rentas hasta recuperar la
competitividad perdida, la reforma del Inem en la línea de crear un
verdadero ente público de gestión de empleo, y unos programas
específicos de formación profesional que se vinculen estrechamente
a las necesidades y a la vida de la empresa, así como la
potenciación del autoempleo, el fomento del empleo juvenil y la
reducción del fraude en las prestaciones por desempleo.

Una política de financiación pública que recoja los traspasos de
las competencias a las comunidades autónomas, la reforma del
sistema de la Seguridad Social, la actuación inversora del Estado
y la adecuada articulación de los fondos europeos, reconociendo la
presencia y la participación de las comunidades autónomas con
competencias en los fondos de cohesión.

Señor Vicepresidente, en ausencia del señor Presidente, señores del
Gobierno, he intentado explicar, quizás de una forma demasiado
resumida, nuestra visión de la actual situación económica y las
acciones que consideramos necesario emprender de inmediato para
hacer frente a esta situación, y sólo me resta que trasladen al
señor Presidente del Gobierno que lidere el proceso de salida de la
crisis con decisión y con energía, siendo consciente de la
responsabilidad que tiene, pero sin caer en la tentación de
actuaciones de épocas pasadas. Hoy más que nunca las discusiones
políticas deben de ser consensuadas. Hay que escuchar, dialogar,
negociar; hay que informar en su momento, hay que cambiar, en
definitiva, de talante. Es necesario también que trasladen al señor
Presidente que lidere el proceso de construcción europea. El Estado
español se está jugando su futuro en este proceso, el desarrollo
económico y el bienestar de nuestros ciudadanos, y el futuro de las
próximas generaciones depende de nuestra capacidad de conseguir un
nivel de riqueza y prosperidad dentro de una Europa fuerte y unida.

En este contexto de crisis, no sólo económica sino de valores y de
proyecto, es fundamental movilizar al conjunto de la sociedad por
el camino del esfuerzo y del trabajo, olvidados los tiempos de la
especulación y los nuevos y rápidos ricos.

Si ustedes, señores del Gobierno, van por este camino encontrarán
nuestro apoyo. Ya les dimos un voto de confianza en la sesión de
investidura, pero no queremos que lo malinterpreten considerándolo
de prórroga automática o como un cheque en blanco.

Queremos hacer posible la gobernabilidad en un momento como el
actual y hacemos todos los esfuerzos necesarios para cooperar en
esta labor, pero del mismo modo puedo asegurarles que seremos
beligerantes ante actitudes que consideremos que se desvían de
estos planteamientos expuestos. Para salir adelante deben asumirse
realmente dos compromisos: el compromiso del cambio y el compromiso
de la participación y colaboración en la búsqueda de soluciones.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía.

Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Olarte.




El señor OLARTE CULLEN: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, es indiscutible que la solicitud de comparecencia del
Gobierno ante este Pleno de hoy y la comparecencia del mismo no
deben merecer, como en términos generales suele ocurrir,
reconocimiento alguno por parte de esta Cámara, habida cuenta de
las circunstancias en que se ha producido y de cómo el Gobierno ha
sido compelido indiscutiblemente desde la oposición a cumplir lo
que para nosotros, para la Coalición Canaria, era una obligación
insoslayable; cómo incluso fue desconvocada la Diputación
Permanente como consecuencia de esa solicitud del Gobierno que puso
de manifiesto, por su precipitación, que no era precisamente la
voluntad gubernamental la de encontrarse hoy en el trance en que se
ha encontrado en este Pleno.

En un momento en que la opinión pública sigue con verdadera
preocupación y expectación lo que aquí ocurre, lo que ocurre en
todo el Estado Español, la situación económica por la que
atravesamos, y cuando acaso, como en pocas ocasiones a lo largo de
los últimos años, se ha puesto de manifiesto la necesidad de que al
igual que ocurre en todos los países del orbe democrático, en
momentos como los presentes, ya que no ha querido venir aquí el
Presidente del Gobierno español a expresar el parecer del Ejecutivo
al respecto, que lo haga ante otra Cámara, ante unas cámaras en
plural, las de televisión, que transmitan al pueblo español cuál es
un programa que nosotros no vemos por ninguna parte, cuál es su
voluntad y por qué se piden esos sacrificios que,
indiscutiblemente, tendrá que soportar el pueblo español en su
conjunto.

Lo que hoy ha ocurrido aquí, lo que se ha dicho, lo que hemos oído,
lo que se ha venido poniendo de manifiesto en todos los medios de
comunicación social a lo largo de jornadas precedentes acredita
cumplidamente que una cosa fue lo que se dijo, el tono en que se
dijo, la euforia y el compromiso que se mantenía en la campaña
electoral, y otra cosa es la España real que está atravesando una
situación que, por supuesto, se daba prácticamente por cancelada en
dicha campaña. Después de escuchar la intervención del Ministro,
señor Solbes, es evidente que no existe el menor programa que, de
cara a la consecución de unos objetivos que tan sólo de manera
dispersa se enuncian, pueda darnos un mínimo de tranquilidad. Es
evidente también que esa tranquilidad no nos la puede dar a nadie,
ni al pueblo español en su conjunto, el hecho de que se vaya
avanzando, que se vayan articulando etapas y avancen las mismas en
el seno del pacto social, porque, como el representante de otrk
grupo parlamentario decía aquí, una cosa es el cometido de los
protagonistas del pacto social y otra cosa es el cometido
insoslayable e insuprimible de esta Cámara, la cual tiene que
participar de una manera activa, y ofertas ha habido más que
suficientes de los distintos grupos políticos en la articulación



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de ese programa que por ninguna parte se ha visto diseñado.

Ciertamente que el contenido y la forma de la intervención del
señor Ministro de Economía contrastan patentemente con el forzado
y permanente optimismo de su antecesor en el cargo, optimismo que
tanto le caracterizó, a pesar de que el paro si bien no se
encontraba en las cifras actuales seguía subiendo de manera
incontenible y también que se venía produciendo ese tremendo
desequilibrio en el déficit público que hoy constituye una
preocupación generalizada. El señor Ministro de Economía,
evidentemente, ha cambiado la constante versión optimista de los
síntomas catastrofistas reales que se producían anteriormente; lo
ha cambiado en el tono, lo ha cambiado en el contenido, pero su
discurso actual es un discuros que no hace atisbar un mínimo de
esperanza, acaso por una inseguridad en la producción de los
resultados. Puede haber tocado fondo la situación actual, nos decía
en varios ocasiones, lo cual evidencia una falta de convicción
respecto a que haya tocado fondo o no lo haya tocado.

Puede haber tocado fondo. Y en muchas ocasiones se hacían
comparaciones con factores o con economías exógenas, como si el mal
de muchos debiera ser el consuelo de algunos.

En los últimos tiempos poco se ha avanzado. Ha habido un conjunto
de iniciativas, de medidas, de propuestas, de recomendaciones que
han sido recogidas por oroganismos internacionales con referencia
al Estado español, expresiones y consideraciones de insignes
economistas premios Nobel, de la OCDE, del Fondo Monetario y, en
definitiva, se ha dicho mucho y, además, siempre lo hemos asumido,
pero ha faltado una decisión para articular lo que debía haber sido
ese programa que seguimos echando en falta.

Ha faltado una estrategia económica, y es preciso destacar respecto
al fracaso de la política económica, del cual no es responsable ni
la actual oposición ni la oposición que entonces ocupaba estos
escaños, no cabe duda de que el Partido Socialista ha estado
gobernando durante un decenio, a pesar de las discrepancias de los
últimos tiempos; como decía, es preciso destacar que, aunque el
paro sea la mayor de nuestras preocupaciones, no es la causa de
nuestros males, sino su efecto.

Podrá ser un deseo, incluso una meta, pero no es un plan
estratégico, un plan de convergencia que ha dedicado una notable
parte de su contenido a alabar sin pudor, podríamos decir
prácticamente, lo hecho hasta entonces.

A la hora de valorar la difícil situación económica que atraviesa
el país ya no podemos por más tiempo escudarnos en la existencia de
esa crisis económica generalizada. Hasta la fecha, las prioridades
nacionales en clave económica consistían en dirigir todos los
esfuerzos para lograr la convergencia nominal con las economías más
estables y prósperas a fin de no quedar descolgados en el proceso
de construcción de la Unión Monetaria y Económica. Se aprobó el
plan de convergencia, un plan ambicioso, y creo que es momento para
considerar si no lo será demasiado para los sacrificios que exige
y los objetivos que persigue, hoy totalmente desfasados, respecto
a la estabilidad de los tipos de cambio, y esos sobresaltos a que
nos han tenido sometidos las recientes turbulencias del Sistema
Monetario Europeo. A partir de entonces, la máxima prioridad,
obviamente - -y en esto no puede haber el menor parecer
discrepante--, lo constituye la necesidad de conseguir el pleno
empleo. Y yo creo que es preciso destacar, al aire de unas
manifestaciones que me parece hacía el señor Vicepresidente del
Gobierno ayer en Barcelona, que la reducción del incremento del
déficit público o no incremento del mismo, obviamente es una
responsabilidad exclusiva del Gobierno, pero no cabe duda, también
de que hay otra serie de medidas, de actuaciones, de la puesta en
marcha de una filosofía que no constituye responsabilidad de los
demás, porque no se puede confundir solidaridad con
responsabilidad, cuestiones, en definitiva, que siguen siendo
responsabilidad del Ejecutivo español.

Hoy el Ministro, señor Solbes, dispondrá de algo que ya ha dejado
de ser un posible triunfo, como era la reducción de las tasas de
interés, como una baza entre mil en las negociaciones del pacto
social. Es algo que se ha producido ya, que hay que valorar de
manera extraordinariamente positiva, pero ya no constituye una baza
a la hora de una negociación tan importante.

La contención de los sueldos, sin traumas, evitando que soporten
las medidas restrictivas y las limitaciones quienes ni han sido los
responsables ni deben soportarlo en exclusiva, ni muchísimo menos,
nos hace ver también que esa referencia a la supresión de los
acuerdos blindados es, obviamente, el chocolate del loro, es algo
testimonial, es algo importante, pero que no puede tener ninguna
repercusión. Las reformas estructurales que demanda el mercado
laboral tienen que ser objeto de un consenso riguroso y hay que
tratar por todos los medios de ampliar el consenso en el seno del
pacto social a otras instancias, y me refiero a ésta concretamente.

La reforma del Inem es algo que no debe hacerse esperar como otros
temas. Hoy hemos echado de menos --ni tan siquiera mínimamente se
ha indicado-- la concreción de las medidas que se van a adoptar, ya
que tan sólo se perfilaron los enunciados.

En este momento también es preciso recordar, una vez más, que hay
una serie de comunidades autónomas, y concretamente la Canaria,
donde la tasa de paro, --tres días después de la investidura del
señor Presidente del Gobierno y de habérmelo desmentido, y los
organismos oficiales así lo acreditaban concretamente-- mayor de
España es la del archipiélago. De ahí que hoy, haciendo una breve
referencia obligada y lógica a la Comunidad autónoma canaria, ponga
de manifiesto una vez más la necesidad de que el Inem no sólo sea
reformado, sino que sus competencias sean transferidas a dicha
Comunidad.

¿Cómo va a haber una sola voz discrepante de la lucha contra el
fraude en todas sus manifestaciones (contra el fraude fiscal,
contra el fraude social) y, de una



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manera importante, poniendo de manifiesto la necesidad de actuar
con decisión para luchar contra las consecuencias de esa economía
sumergida, contra la cual no ha habido la menor voluntad ni
decisión de luchar, al igual que ha ocurrido con tanto y tanto
fraude en el desempleo? Cuando se habla de fomento a la creación
de empleo, estableciendo la necesidad de que el objetivo a cubrir
vaya absolutamente de la mano con la protección fundamentalmente a
las pequeñas y medianas empresas, es preciso establecer fórmulas
originales de apoyo a las mismas a través de incentivos, de un
tratamiento especial de la fiscalidad, de las bonificaciones, de
las cuotas de la Seguridad Social, teniendo en cuenta lo que puede
ser la subvención en razón del desempleado contratado en un
porcentaje con los subsidios que vienen percibiendo aquellos que
vayan a ocupar su empleo, y de una manera especial una atención a
los sectores generadores de la creación de empleo, como es el de la
vivienda, en el cual nos encontramos en unos momentos bastante
oportunos (entre otras razones, para compatibilizar la amortización
a largo plazo con bajo interés) para hacer un esfuerzo adicional
importante en uno de los sectores que acaso --por lo menos por lo
que respecta sí que podemos ponerlo de manifiesto--, ha sido objeto
de entendimiento, de una eficacia muy notable por parte de la
Dirección General de la Vivienda, y no nos duelen prendas
reconocerlo, evidentemente; atención que hay que hacer gravitar en
el sector exportador, pero preciso hace que de una manera muy
especial se considere como tal a la industria turística, cuya
promoción a través de las medidas y de las atenciones internas
correspondientes es fundamental para que, calificándosele como tal
sector exportador, pueda mover adecuadamente nuestra economía.

El señor Ministro ha hablado hoy de la remisión de proyectos que
decayeron. Obviamente. Era una obviedad, era necesario, y son
proyectos que lógicamente tienen que volver a plantearse y a
tramitarse en esta Cámara.

Nos ha alegrado ese propósito de liberalización de los precios en
el sector servicios.

En cuanto a las referencias que ha hecho tanto sobre la Seguridad
Social como sobre la racionalización del gasto sanitario, su
intervención no se ha caracterizado precisamente por concreciones;
ha sido una intervención falta de concreciones no sólo en el
tiempo, sino en el contenido y, evidentemente, se tiene que poner
de manifiesto, una vez más y en este caso concreto, que se debía
haber concretado --que el Gobierno no lo ha hecho-- y que debía
haberlo hecho de una manera más casuista en los tres frentes
esenciales de su actuación en política presupuestaria, tratando de
definir sus líneas con esas posibilidades que la dimensión
plurianual otorga, con las reformas estructurales fechadas,
evidentemente, y con la disposición a retomar de una manera urgente
las conversaciones o el pacto por el empleo, pero estableciendo
unos contenidos claros, aparte de los buenos propósitos --los
cuales no nos merecen duda--, y no manteniendo esa táctica que en
ocasiones parece que ha sido el uso de una moneda corriente, como
el que no propone nada, sino que va a brochazos en los murales,
tratando de pintar murales con la brocha gorda y no se equivoca, lo
cual es algo absolutamente impresentable.




El señor PRESIDENTE: Señor Olarte, le ruego concluya.




El señor OLARTE CULLEN: Termino, señor Presidente, diciendo que aun
cuando se aprecian en el futuro --y creo que debemos ser
optimistas, además, si desde luego ese diálogo se amplía y no se
reduce estrictamente a un sector-- ciertos signos de recuperación,
es evidente que estamos inmersos en una situación que requiere algo
más que políticas expansivas convencionales para reclamar ese
acuerdo sobre las rentas que permita --pese al ineludible
sacrificio del poder adquisitivo de quienes se van a
sacrificar--propiciar la absorción de ese amplio número de parados
con el que actualmente estamos tan obsesionados. Es obvio que las
perspectivas de recuperación no son ni las transmitidas hace menos
de dos meses por el Presidente del Gobierno en plena campaña
electoral, pero creemos que es más grave la desviación en la
magnitud de diversos desequilibrios, como es el déficit público,
que, por lo que respecta al presente ejercicio, va a duplicar las
previsiones anteriormente existentes.

Creo que no se puede transmitir al país, como en este momento se
está transmitiendo, esa especie de baile de la «yenka» que proyecta
una sensación de falta de liderazgo, de pasividad y, en definitiva,
que genera un cúmulo de inquietudes que es preciso restaurar, y una
de las maneras de restaurarlo es compareciendo decididamente ante
las cámaras de Televisión Española para explicar al pueblo español
--como antes decía, igual que ocurre en otros países, que no son
otras galaxias, sino países del entorno democrático de nuestro
país--, el pueblo inquieto por algo, y con toda razón, en este
momento, sobre todo por un número importante de ciudadanos que son
los que van a soportar sobre sus espaldas los rigores de las
medidas pertinentes, que tiene perfecto derecho a conocer. Muchas
gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olarte.

Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor González Lizondo.




El señor GONZALEZ LIZONDO: Señor Presidente, señorías, señor
Ministro, cuando le estaba escuchando desde allá arriba estaba un
poquito maravillado porque me parecía escuchar, a un nuevo Ministro
--que lo es--, en un nuevo Gobierno --que lo es-- y de un nuevo
partido político que gobierna --que no lo es--.

Entonces entendía que sus palabras tenían una parte cierta, en
cuanto quería mejorar, pero que olvidaba que,



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naturalmente, todo lo que ha venido sucediendo es causa de un
Gobierno en un Partido al que usted pertenece.

Hay una cosa, señor Ministro, que no quiero pasar por alto, en
principio. Es el tema del «medicamentazo». Imagino que ya estarán
ustedes empezando a tener noticias de lo que está sucediendo con el
«medicamentazo». El «medicamentazo» no es ninguna solución. Tengo
entendido que solamente en el mes de julio han salido 50
especialidades idénticas a las anteriores que están prohibidas por
el «medicamentazo», a un precio muy superior y que ya están siendo
recetadas por los médicos de la Seguridad Social. Lleve usted
cuidado, a ver si resulta que ese «medicamentazo» se nos indigesta
y nos cuesta mucho más dinero, en vez del ahorro que se estaba
previendo.

Señor Ministro, desde Unión Valenciana estamos de acuerdo en que la
situación actual de la economía española, y especialmente la
valenciana, es la más preocupante de los últimos años. Este sombrío
panorama es consecuencia directa de la gestión del Gobierno
socialista de estos últimos años y de los continuos e improvisados
planes económicos del desorientado señor Solchaga, cuya gestión
esperamos no tome como punto de referencia el actual Ministro de
Economía.

Es momento de recordar el plan de competitividad, el de
convergencia, el de ajuste; de no olvidar el «decretazo», el
«medicamentazo», al que ya me he referido, y tampoco sus
resultados.

Nuestro país cuenta, en estos momentos, con más de 400.000
desempleados que en 1992 y actualmente, en concreto en Alicante,
Castellón y Valencia, son 371.000 los desempleados, superando en
dos puntos a la media nacional.

Las medidas que usteds proponen no vendrán a solucionar la
situación actual, no mejorarán la competitividad de las empresas y,
lamentablemente, tampoco van a crear empleo; sólo servirán, según
mi opinión, señor Ministro, para empeorar la situación de los
sectores más débiles de nuestra economía, de nuestra sociedad
(parados y pensionistas), para aumentar la inflación y, quizá, en
el mejor de los casos, para pagar algunas facturas pendientes de la
Expo y de las Olimpiadas.

Unión Valenciana considera necesario la realización de un pacto
social --tanto a nivel estatal como autonómico, estamos de
acuerdo--, donde todos los interlocutores sociales deben considerar
que viajamos juntos en el mismo barco, que son el Gobierno y la
Administración los que más deben arrimar el hombro y los que deben
demostrar una firme voluntad de reducir sus gastos de
funcionamiento y especialmente los relativos al personal
contratado, que se han convertido en un verdadero lastre para la
Administración.

La salida a la preocupante situación actual depende de la actitud
de los trabajadores, de los empresarios y de los partidos
políticos, pero, sobre todo, de la Administración y del Gobierno.

En cuanto a la elaboración del pacto social, Unión Valenciana insta
el Gobierno a adoptar al menos las siguientes medidas: incremento
de la corresponsabilidad fiscal, mediante la generalización de los
conciertos económicos, a todas las autonomías que así lo soliciten;
reforma fiscal que incluya incentivos a la creación de empleo
estable y duradero; desgravaciones para el ahorro y beneficios
reinvertidos y reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas y
de la Estimación Objetiva; justo reparto de los fondos
estructurales europeos. En este sentido hemos de recordar, señor
Ministro, señores del Gobierno, que la Comunidad Valenciana deberá
percibir un mínimo del 10 por ciento del importe de estas ayudas
comunitarias; traspaso de las competencias del INEM y del ICEX a
las comunidades autónomas; y, por último, defensa de nuestras
exportaciones agrícolas, pues nuestros productos hortofrutícolas
siguen siendo volcados en Francia por los agricultores franceses.

Respecto al también necesario compromiso de los trabajadores, desde
Unión Valenciana proponemos la realización de convenios colectivos
empresa por empresa, pues hay empresas que podrán mejorar,
naturalmente siempre con la competitividad, los salarios y otras
tendrán que permanecer más restrictivas; mayor relación entre los
salarios exigidos y la tasa de empleo existente, y aplicación de
medidas tendentes a evitar el absentimos laboral, que, como se ha
dicho varias veces, duplica la media europea. En cuanto a los
empresarios, desde Unión Valenciana proponemos un fomento de
programas de formación contínua en las empresas, una potenciación
del I+D, una aplicación de medidas tendentes a reinvertir
beneficios. Finalmente, Unión Valenciana le manifiesta, señor
Ministro, que apoyará de una manera constructiva todas las acciones
encaminadas a mejorar la competitividad de nuestro país y a llevar
a cabo el tan deseado pacto social, que esperemos que no se quede
en una simple operación de imagen por parte del nuevo Gobierno.

Con respecto al Sistema Monetario Europeo, Unión Valenciana ha
repetido varias veces y vuelve a manifestar la necesidad de que
nuestra moneda abandone transitoriamente el Sistema Monetario
Europeo. La reciente aplicación de las bandas de fluctuación ha
supuesto una operación de maquillaje del Sistema Monetario Europeo
y quizás se debería ir pensando en un aproximación de la economía
real de los países miembros y quizás también en introducir
restricciones a los movimientos de capital especulativo. Al mismo
tiempo, señor Ministro, resulta necesaria la renegociación de
condiciones y plazos fijados en el Tratado de Maastricht, ya que de
lo contrario más valdrá que nos vayamos olvidando de la Unión
Monetaria Europea.

Por último, señor Ministro, y atendiendo a sus palabras de que hay
que hacer grandes sacrificios no sólo de una parte, yo diría que
quizás las medidas que usted ha dado son sólo para los otros, y
como precisamente contamos con la presencia del señor Presidente
del Gobierno a él me voy a dirigir, diciéndole: señor González,
esto es una empresa y usted es el presidente del



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consejo de administración, tiene una serie de consejeros delegados
y luego hay un resto que formamos ese consejo de administración
general. Las empresas, cuando van mal, comienzan por apretarse a sí
mismas, comienzan porque los propios empresarios son incluso los
que reducen sus emolumentos. Yo le digo: señor González, comience
reduciendo su salario, el de todos los ministros, el de todos los
secretarios y subsecretarios, en definitiva, inclusive el salario
de todos los diputados que estamos en esta Cámara y en la otra.

Nosotros debemos demostrarle al ciudadano que somos los primeros
que nos ajustamos; un ajuste que podría basarse en un 10 por
ciento, que no redundaría en ninguna economía de las personas que
están en estos momentos con obligaciones tanto en el Gobierno como
en el parlamentarismo español, pero que significaría de una vez por
todas que sí hay una conciencia, que sí hay una sensibilidad y que
cuando les pedimos al resto de los españoles que se aprieten el
cinturón, nosotros somos los primeros.

Para terminar, señor Presidente --y me gustaría de verdad que
tomara algunas de estas medidas, y esta última la considero
fundamental--, quiero recordarle, aprovechando su visita, que estoy
pendiente de que me mande la documentació respecto a las famosas
inversiones.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González Lizondo.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Solchaga. El
señor SOLCHAGA CATALAN: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, subo a esta tribuna, como los demás Grupos, para tratar
de hacer una evaluación de la situación económica actual y del
conjunto de medidas que el Gobierno ha diseñado en estos momentos
o pretende diseñar de cara al Presupuesto de 1994 para hacer frente
a los principales problemas que la misma plantea. Al hacerlo, señor
Presidente, me limitaré exactamente a lo que he dicho, aunque
ciertamente no podré evitar hacer alguna referencia a
consideraciones políticas que otros Grupos han hecho. No entraré,
como es natural, en propuestas alternativas, cuando se han hecho,
complementarias, cuando de otros Grupos han venido, porque al
Gobierno es a quien corresponde tomarlas en consideración y ver en
qué medida las hace suyas. Pero, inevitablemente, señor Presidente,
sí que tendré que considerar algunos de los aspectos que en forma
a veces de análisis político u otras veces simplemente de
descalificación de las actitudes del Gobierno o de los socialistas,
algunos de los intervinientes han introducido en sus parcas, por lo
demás, en materia de ideas, innovativas consideraciones sobre la
situación de política económica actual.

a situación de política económica actual.




El señor PRESIDENTE: Señor Solchaga, en la medida en que esas
consideraciones sean absolutamente imprescindibles para hacer
inteligibles las razones del Grupo Socialista, la Presidencia se
las consentirá, pero el turno es de fijación de posición en
relación con la exposición que ha hecho el Gobierno. Para defender
al Gobierno, se defenderá él sólo. (Rumores.)



El señor SOLCHAGA CATALAN: Gracias, señor Presidente, y tenga la
seguridad de que solamente son para apoyar las explicaciones a la
defensa que del programa económica del Gobierno tiene que hacer, le
corresponde hacer a mi grupo, el Grupo Socialista. Yo creo que el
Gobierno ha hecho una descripción realista y correcta de la
situación económica actual. Y creo que al hacerlo simplemente ha
cumplido, una vez más, con su deber. No tiene sentido, en mi
opinión, señor Presidente, la sorpresa que algunos han manifestado
como si la situación económica actual fuera distinta de aquella que
se ha venido discutiendo en los últimos meses o ha sido objeto de
referencia por parte de los candidatos durante la campaña, llegando
incluso a decir que aquí ha habido un engaño. Difícilmente se habrá
visto una campaña electoral en la historia moderna de España en la
que la crisis económica, que vino a recordarnos su existencia con
la aparición de la contabilidad nacional del primer trimestre, que
registraba tasas de crecimiento negativas; con una tercera
devaluación en medio de la campaña electoral; en la que, digo, esta
crisis haya sido un importante factor para explicar los votos de
los ciudadanos.

El hecho, sin embargo, de que algunos hubieran utilizado durante la
campaña electoral argumentos simplemente descalificatorios y
argumentos de un enorme pesimismo, obligó también a quienes, como
el señor Roca o como nosotros, creemos que este país tiene futuro,
a decir que, al mismo tiempo que la situación era
extraordinariamente difícil, la situación tenía solución si se
hacía un esfuerzo. No hubo engaño porque se dijo desde el primer
momento, en el programa del Partido Socialista, en nuestros
mítines, en nuestras manifestaciones, que era necesario un pacto
social, que ese pacto social pasaba por la reforma del mercado de
trabajo, cosa que otros grupos no dijeron; que ese pacto social
pasaba por la moderación de las rentas salariales y no salariales,
cosa que otros grupos evitaron en su discurso político; que ese
pacto social pasaba por esfuerzos y corresponsabilidad de todas las
partes. No hubo disimulos cuando hubo que decir que se necesitaba
reforzar el rigor presupuestario y, por consiguiente, no tiene
ningún sentido decir que cuando el Gobierno ahora vuelve a contar
la situación económica con los últimos datos actualizados, ha
habido por parte de nadie el intento de engañar a la población. La
población supo perfectamente que estábamos en una grave crisis
económica. Y es sorprendente --y dejo a los analistas políticos más
finos que yo mismo el que saquen las conclusiones-- (Rumores.), que
a pesar de eso no hubiera conseguido la oposición, como en
cualquier otro país, mayores ventajas electorales.

Se ha dicho también, señor Presidente, que no hay



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programa del Partido Socialista o que no hay programa del Gobierno.

Se dice: Precisamente la ausencia de programa les lleva a ustedes
a la búsqueda de corresponsabilidades, de compartir
corresponsabilidad, ya sea con algunas fuerzas políticas muy
legítimas que hay en este hemiciclo, ya sea con los interlocutores
económicos y sociales. Sin embargo, al mismo tiempo, a quien dice
esto no le parece contradictorio decir que el Partido Socialista,
cuando ha estado en contacto con otras fuerzas políticas, si
hubiera querido de verdad buscar una dilución de responsabilidades,
buscar un respaldo político parlamentario, a cualquier coste, no
hubiera hecho esas ofertas de carácter todavía general y sin
compromisos que ha hecho. Y nos han citado al señor Arzallus para
recordarnos que precisamente no las hemos hecho. Y lo mismo pasa
con los interlocutores económicos y sociales. Si quisiéramos una
corresponsabilidad de ellos les plantearíamos un pacto de rentas
que no podría ser juzgado por nadie imposible, como ha dicho el
señor Rato. Por consiguiente, no tiene sentido decir que, co mo no
tenemos programas, estamos tratando de diluir nuestras
responsabilidades, buscando extenderlas o contaminar a los demás
con las mismas. Tenemos un programa --y de él voy a hablar en este
mismo momento--, pero no solamente tenemos un programa, sino que
tenemos buen sentido de la responsabilidad, conocedores, eso sí, de
que en una sociedad compleja como la nuestra las responsabilidades
del Gobierno tienen un límite en lo que es su asunción, pero
también en lo que es su efectividad. Y las responsabilidades de la
oposición, de los interlocutores económicos y sociales y de la
sociedad civil en su conjunto tampoco son declinables, a menos que,
ciertmente, no se quiera buscar una solución que tenga el
suficiente respaldo social y la suficiente apertura democrática.

Hay un programa que, como el Gobierno ha expresado, se mantiene
sobre tres puntos fundamentales. Desde un punto de vista
macroeconómico, una mezcla de políticas tradicionales, que es muy
razonable en la situación actual. No se puede utilizar la política
fiscal como sistema de recuperación. Pero precisamente, como
existe, a partir sobre todo de la evolución reciente del Sistema
Monetario Europeo, una mayor libertad de maniobra para ir
reduciendo los tipos de interés si se dan las condiciones
suficientes desde el punto de vista de la inflación, se evitan las
dificultades de la política fiscal extendiendo un programa de
ajuste riguroso en esta materia, al que se ha referido el señor
Ministro de Economía y Hacienda, en nombre del Gobierno. Por tanto,
la mezcla de políticas económicas es la adecuada, no se basa en la
política fiscal sino en la política monetaria, y la política fiscal
lo que hace, en todo caso, es no poner obstáculos a la deseable
reducción de los tipos de interés. En segundo lugar, se basa esta
política en un pacto social o en un pacto para el empleo, pero que
no está reducido a un pacto de rentas, aunque es exigente en esta
materia, sino que también toma en consideración la protección
social, estudiando en estos momentos la aplicación de la misma,
estudiando si los principios que la informan son aquellos que en el
medio plazo se pueden sostener, dada la situación financiera de
nuestro país y las dificultades que como en otros de su entorno
está atravesando toda la financiación de los programas sociales, y,
en última instancia, tratando de asegurar, sin embargo, que los
gastos sociales en próximos años no disminuirán su participación en
el producto interior bruto, lo cual en los momentos que corren es
un compromiso extraordinariamente importante, aunque no por ello
signifique que dé ninguna facilidad o alivie al Gobierno en la
aplicación del rigor en la gestión de dichos programas sociales.

Finalmente, este pacto también contempla la reforma del mercado de
trabajo que --el Ministro nos lo ha explicado muy claramente-- está
basado en el documento que el anterior Gobierno ya había enviado al
Consejo Económico y Social, pero no precisa para ponerse en marcha
el acuerdo total y definitivo del Consejo Económico y Social. Se
busca, se desea y se desea ciertamente que los interlocutores lo
respalden dentro del pacto para el empleo, pero eso no quiere decir
en modo alguno que algunas de las medidas que son más necesarias
mientras se siguen discutiendo no pudieran ser adelantadas por el
Gobierno si esto fuera lo que parecía más conveniente.

Hay, pues, dos patas: la macroeconomía y el pacto social.

Finalmente, el programa se completa con una serie de reformas
estructurales que afectan a los sectores de servicios, a sectores
monopolizados, etcétera.

Programa hay, señoras y señores de la oposición, señoras y señores
Diputados. Es un programa equilibrado. Lo es en un doble sentido,
porque, aun cuando quizás el Gobierno tenga que explicarlo con
mayor detalle en alguno de sus puntos, trata de conciliar
razonablemente una política de rigor absolutamente inevitable, dada
la situación de las finanzas públicas, con una política de
recuperación económica, una política que tenga en cuenta cómo se
puede apoyar a las pequeñas y medianas empresas en la creación de
empleo. Y es equilibrado también porque trata, a través de un
respaldo social suficiente, de hacer un reparto justo de los costes
de la crisis que estamos viviendo. No carga los costes de la crisis
sobre un grupo social en favor de otro, sobre una clase social en
favor de otra, sino que trata de equilibrarlos.

Señor Presidente, sobre este programa se ha manifestado la mayor
parte de los grupos, algunos pidiendo aclaraciones ulteriores,
otros diciendo cuáles eran las carencias que, en su consideración,
había en el mismo. Pero me ha llamado la atención que ha habido un
Grupo en esta Cámara que ha creído que sobre este programa bastaba
con manifestarse haciendo chascarrillos sobre manguitos y
mangoneos, despreciando el tema de sobreprotección, cuando es un
problema que está planteado en la definición y aplicación de los
Estados de bienestar en toda Europa, considerando que todo el
esfuerzo que hace el Gobierno para hacer frente a la grave crisis
presupuestarias es subir cinco pesetas las



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gasolinas (sic) --estoy hablando de frases que he oído esta misma
tarde-- o hablando de que hay que acabar con la apelación al Banco
de España, cuando todo el mundo sabe que el 1.º de enero de 1994
habrá terminado. Porque, señor Presidente, cuando haya acabado este
debate ¿qué saben los españoles sobre las alternativas del programa
de política económica que pueda tener el Partido Popular?
(Protestas en los bancos del Grupo Popular.-- Aplausos en los
bancos del Grupo Socialista.) Ya yo sé, señor Presidente, que
siempre existirá la tentación política de no establecer una
alternativa, pero por lo menos, a lo que ha dicho el Gobierno, se
habrá dado cuenta la Cámara de que el Partido Popular no ha sido
capaz de pronunciarse en cosas que parecen vitales.

(Rumores.--Varios señores Diputados: ¡Uh! ¡Uh!) Por ejemplo
--déjenme que por lo menos lo diga yo, ya que ustedes no lo
dicen--, al Partido Popular, el déficit del 4,5 por ciento del año
que viene ¿le parece correcto o incorrecto? (El señor De Rato
Figaredo pide la palabra.) ¿Es poco o es mucho? Si es poco ¿en qué
otras cosas habría que reducir, o qué ingresos habría que aumentar?
Nada sabemos sobre esto. El 6 por ciento del crecimiento de los
gastos sociales...




El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Solchaga.

Al inicio de su intervención he intentado marcar lo que creía que
era el contenido de la misma, pero me temo que se está aproximando
S.S. a los límites. Le agrecederé que haga un esfuerzo por no abrir
debate con los restantes grupos de la Cámara, sino para fijar la
posición central del debate.

(Aplausos en los bancos del Grupo Popular.) Silencio, señorías. La
Presidencia no necesita que la jaleen, porque toma sus decisiones
con independencia del criterio de SS.SS. (Aplausos.) Tiene la
palabra el señor Solchaga.




El señor SOLCHAGA CATALAN: Gracias, señor Presidente.

¿Podrá decir, sin incurrir en falta alguna, que me llama la
atención el entusiasmo y los aplausos que suscita la imposibilidad
de abrir un debate en el Grupo Parlamentario Popular? Risas.

(Aplausos en los escaños del Grupo Socialista.) Trataba de decir,
señor Presidente, y con esto concluyo, que en el programa del
Gobierno hay muchas medidas importantes. Hay una previsión de
déficit público o un compromiso de mantener el gasto social con el
crecimiento del producto interior bruto, hay una decisión de
congelación de salarios y hay una decisión de congelación de gastos
corrientes de funcionamiento, hay una serie de propuestas
normativas y organizativas sobre la lucha contra el fraude fiscal,
hay una reforma del mercado de trabajo que es conocida por esta
Cámara y hay una política de rentas propuesta, y sobre todo esto el
principal Partido de la oposición no se ha pronunciado.

No diré nada más y, desde luego, me abstendré de juzgar esa actitud
del Partido de la oposición, pero estoy seguro de que no dejará de
juzgarla la Cámara o los medios de comunicación. Señor Presidente,
las conclusiones que se pueden sacar de este debate son que, si
bien la situación por la que atraviesa España, que comparte,
desgraciadamente --porque a nadie debería servirnos de consuelo el
mal de muchos--, con otros países de su entorno, es una situación
económica delicada, extremadamente difícil, el Gobierno ha cogido
al toro por los cuernos (Rumores.), está tratando de llevar al
frente una política económica adecuada y, al mismo tiempo, ha
abierto un gran debate social en nuestro país; un debate que afecta
a los interlocutores económicos y sociales, un debate que afecta a
este fin de ciclo. A todas las fuerzas políticas, no solamente a
Convergència i Unió, quien, a través de su portavoz, nos ha llamado
la atención sobre el hecho de que los acuerdos que se tomen en el
ámbito de lo social no deben posponer el papel de estas Cámaras, a
todas ellas quiero asegurarles que es el propósito del Grupo
Parlamentario Socialista que todas las prerrogativas y competencias
de estas Cámaras (la Cámara del Congreso de los Diputados y la
Cámara del Senado) se mantengan y prevelezcan en todo caso, pero
comprendan SS.SS. que es lógico que el Gobierno, en una situación
como la actual, presente la realidad a los ojos de los españoles y
solicite de la sociedad, a través de sus diversas y distintas
representaciones, los pactos, los apoyos, la búsqueda de
responsabilidades necesarias para llevarlo adelante. Por ello,
nuestro Grupo considera que éste es un programa económico
relevante, que está hecho en unas condiciones muy difíciles, que
exige un enorme rigor a la hora de administrar los recursos
públicos y que, por tanto, es políticamente tanto más valioso.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Solchaga.

Para contestar a las intervenciones de los grupos... (El señor De
Rato Figaredo pide la palabra.) ¿Señor Rato?



El señor DE RATO FIGAREDO: Señor Presidente, el artículo 71, puntos
1 y 2, del vigente Reglamento concede a los Diputados o a los
grupos parlamentarios derecho a intervenir cuando han sido aludidos
personalmente. Por tanto, en ambos casos he sido aludido, tanto
como representante de mi Grupo en este debate como también
personalmente, por lo que solicitaría un turno.




El señor PRESIDENTE: Señor De Rato, en cualquier caso, si hubiese
que aplicar algún artículo del Reglamento por lo que ha ocurrido
durante la anterior intervención, no sería el de alusiones sino el
de réplica al portavoz del Grupo Socialista, por entenderse
contradicho en su intervención anterior.




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El señor DE RATO FIGAREDO: Eso lo reservo para el señor Ministro.

Es por no confundir entre Grupo Parlamentario y el Gobierno, aunque
parece que hay una cierta tendencia en el interviniente.




El señor PRESIDENTE: Perdón, señor De Rato. Digo que, en todo caso,
lo que habría que aplicar es el turno de réplica, por haber sido
contradicho o replicado en su intervención por la intervención del
portavoz del Grupo Socialista, no por alusiones.

Le doy la palabra durante dos minutos, para que conteste
sucintamente a las brevísimas alusiones que han sido hechas por el
señor Solchaga. u intervención por la intervención del portavoz del
Grupo Socialista, no por alusiones.

Le doy la palabra durante dos minutos, para que conteste
sucintamente a las brevísimas alusiones que han sido hechas por el
señor Solchaga.




El señor RATO FIGAREDO: Sí. Muchas gracias, señor Presidente. El
portavoz del Grupo Socialista, no sé si en un turno de réplica a
cuenta del Gobierno o a cuenta de su Grupo, ha dicho que el Partido
Popular no ha planteado una alternativa. Yo lamento que no me haya
escuchado durante lo mayor parte de mi intervención He insistido en
la necesidad de cambiar de política económica. Yo creo que esta
Cámara hoy probablemente tiene la impresión de que la herencia en
la política económica que recibe este Gobierno es seguramente la
peor de las posibles. Y en aspectos como la credibilidad de las
cifras públicas, durante toda la pasada legislatura... (Un señor
Diputado pronuncia palabras que no se perciben.)



El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señoría!



El señor DE RATO FIGAREDO: ... pusimos de relieve al entonces
Ministro de Economía y Hacienda que las cifras que presentaba a la
Cámara eran falsas y no creíbles. Parece que el reconocimiento del
Gobierno de que existen agujeros negros que hay que incorporar al
déficit del año 1993 demuestra hasta qué punto teníamos razón.

Insistimos también en la pasada legislatura en que la política
diseñada por los entonces responsables de Economía llevaría a la
sociedad española a una situación de no competitividad; que fue un
error la decisión de entrar con una determinada paridad en el
sistema de cambios del Sistema Monetario Europeo y que, además, el
intento de manipulación de los diversos sectores sociales,
interlocutores sociales, hacía muy difícil el diálogo social. Y
hemos dicho hoy que respaldamos el diálogo social, pero que no se
pueden hacer planteamientos imposibles y, por tanto, falsos. Nos
hemos pronunciado sobre las medidas del Gobierno; nos hemos
pronunciado sobre su credibilidad; le hemos instado a que cambie de
política económica; le hemos expuesto siete puntos de una nueva
política económica. Sin duda, en esta Cámara --como en el resto de
la vida--, no hay peor sordo que el que no quiere oír.

Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.--Protestas en los bancos del Grupo Socialista.) El señor
PRESIDENTE: Gracias, señor De Rato.

El señor Solchaga tiene la palabra. Un señor Diputado del Grupo
Popular pronuncia palabras que no se perciben.)



El señor SOLCHAGA CATALAN: Muchas gracias, señor Presidente. Es
cierto que han hablado de siete puntos al final; en una
intervención más o menos larga, ha hablado el señor De Rato de
siete puntos. De ellos, el único que, de alguna manera, se puede
decir que ha venido a concretar, y no mucho, es el referente a la
política presupuestaria y su relación con el estímulo al ahorro y
a la inversión. En todos los demás, la verdad es que no ha
concretado nada, y las pocas cosas que ha dicho o estaban ya en lo
del Gobierno --mejor dichas, ciertamente-- o, si no, la verdad es
que carecían de interés. (Rumores.) Esta es la razón por la cual he
insistido en que, sobre lo que aquí se ha presentado por parte del
Gobierno, no se han expuesto alternativas; simplemente se han dicho
generalidades y, ciertamente, el Diario de Sesiones y la propia
opinión pública juzgará quien tiene razón.

Nada más y muchas gracias. (Varios señores Diputados: ¡Muy
bien!--Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Solchaga.

Para contestar a las intervenciones en nombre del Gobierno, tiene
la palabra el señor Ministro de Economía y Hacienda. El señor
MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias,
Presidente.

A lo largo del debate de esta mañana yo creo que se puede
distinguir claramente entre dos tipos de intervenciones: aquellas
que se han referido a lo que el Gobierno ha propuesto y aquellas
otras que han sido planteadas de forma absolutamente distinta,
posiblemente leyendo cuartillas ya preparadas y con independencia
de lo que en esta tribuja se ha planteado. (Fuertes protestas en
los bancos del Grupo Popular.)



El señor PRESIDENTE: ¡Silencio! (Continúan las protestas.) Un
momento, señor Ministro. (Pausa.)



El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): La política
del Gobierno tiene un objetivo fundamental que ha sido destacado y
reconocido por alguno de los intervinientes. La lucha contra el
desempleo es, sin duda alguna, nuestro objetivo básico.

¿Y cómo pretendemos mejorar la situación de desempleo en este país?
Yo creo que la lógica de nuestro planteamiento es absolutamente
clara. Pretendemos, con independencia de lo que haya sucedido con
el Sistema Monetario, reducir los tipos de interés, y para reducir
los tipos de interés es absolutamente imprescindible hacer frente
al incremento del déficit público. Pero también hay que luchar
contra la inflación, y hay que luchar contra la inflación porque,
si no lo hacemos, no podemos



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tener la competitividad suficiente para que la inversión, que se
debe producir por esa reducción de tipos de interés, acabe
generando empleo. Es verdad que la competitividad implica no sólo
actuación en los costes laborales sino también de otros costes, y
por eso pensamos que la actuación en una serie de medidas
estructurales es realmente fundamental en el planteamiento que hay
que realizar. (Fuertes rumores.) A partir de ese momento...




El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Ministro.

¡Silencio, señorías! (Pausa.) Cuando quiera.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): A partir de
ese momento, y en ese camino de la evolución. (Un señor Diputado
del Grupo Popular: ¡Lee! ¡Lee!--Rumores.)



El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!



El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): En ese
camino de la evolución... (Continúan los rumores.)



El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Ministro.

Les llamo a la cortesía parlamentaria. (Continúan los
rumores.--Pausa.) Cuando quiera, señor Ministro.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Coincidido
totalmente con que la política por la que debemos avanzar es la que
se ha denominado de rigor con reactivación. Es verdad que se han
planteado una serie de actuaciones para restringir el gasto público
donde creemos que es absolutamente imprescindible. Es verdad que
hay una serie de gastos que han crecido de forma anómala en los
últimos meses, en los últimos años, y es imprescindible que ese
gasto, por lo tanto, se corrija de cara al futuro.

Hay que actuar con la Administración, es cierto también. Por parte
del Portavoz de Convergència i Unió se ha dicho que han subido los
gastos en la Administración en gastos corrientes: en vez del 1,4,
el 4,3, es cierto. Eso ha sido como consecuencia de las derivas
normales que todo sistema tiene; pero no cabe duda que el esfuerzo
realizado en la Administración en cuanto a la contención del gasto
en el último año ha sido muy importante. Esa contención del gasto
se va a continuar en el futuro y se va a continuar con las premisas
o sobre la base de los supuestos a los que he hecho referencia
anteriormente en mi intervención. Es verdad que nuestra política,
cuando decíamos rigor con reactivación, implica elementos
importantes de reactivación. ¿Cuál es el primer y fundamental
punto? Sin duda alguna el intentar mantener al máximo la inversión
pública. Posiblemente la solución fácil para resolver parte de los
problemas de los que tenemos que hacer frente podría haber sido
tomar alguna decisión de restricción de esa inversión pública, y
por supuesto, el Gobierno pretende mantenerla al máximo. Sin
embargo, habrá que hacer también algunas actuaciones de tipo
positivo. En ese sentido me parece que tiene mucha razón el
representante de Convergència i Unió, como lo tiene también el del
PNV, cuando plantea una serie de puntos concretos a los que
tendríamos que hacer algún comentario.

En cuanto a las pequeñas y medianas empresas, por supuesto. Ya he
hecho referencia en mi anterior intervención a tres puntos
concretos: en primer lugar, a temas de tipo jurídico-formal; en
segundo lugar, de tipo fiscal, y en tercer lugar, de incentivación
de alguna naturaleza. En cuanto a los elementos de tipo
jurídico-formal, por parte del Ministerio de Industria se está
elaborando en este momento un documento que permita resolver parte
de los problemas que se plantean a las pequeñas y medianas empresas
y que nos permitan avanzar por ese camino. Desde el punto de vista
fiscal, es verdad que las últimas medidas que se adoptaron hace
unos meses han permitido un sistema de amortización muy favorable
para las pequeñas y medianas empresas.

Sin embargo, todavía hay algunos elementos sobre los que,
indudablemente, tendremos que incidir. Por supuesto, estamos
reflexionando sobre la modificación del IAE, estamos reflexionando
sobre la estimación objetiva singular, y es evidente también que al
sistema de cálculo en base a módulos en una situación difícil, como
a la que actualmente tenemos que hacer frente, puede plantear
dificultades en la lucha contra el desempleo. En cuanto al tercer
elemento importante, pensamos que es imprescindible poner en marcha
y ya de inmediato, y sobre eso se está trabajando, algunas medidas
de fomento de comercio exterior, y fundamentalmente a través de la
modificación de los techos y de las posibilidades de cobertura del
seguro de crédito a la exportación, que permitiría un incremento de
la actividad inmediata en cierto tipo de temas.

Me ha planteado también S.S. otros temas, junto con el
representante del PNV, a los que indudablemente se podría dar
respuesta en este momento en algunos casos, pero que es mucho más
difícil en otros. Es evidente que aspectos como, por ejemplo, todo
lo vinculado a devolución del IVA debe ser resuelto, pero no hay
que olvidar las dificultades que se dan en este momento desde el
punto de vista de ajuste de una aplicación de un sistema, que es el
de la supresión del IVA en frontera y que se aplica por primera vez
en el presente año.

Han hablado también SS.SS. del problema de las privatizaciones.

Las privatizaciones es un tema sobre el que ya he manifestado mi
posición públicamente. Creo que no hay que adoptar en este caso
concreto ninguna posición dogmática. No hay que estar ni a favor ni
en contra; depende de los casos y depende de cada supuesto
concreto. Y es verdad que se ha llevado una política de una
privatización pragmática, criterio que, evidentemente, se va a
seguir manteniendo de cara al futuro.




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¿De qué otros temas podríamos hablar también? Yo creo que hay
algunos elementos en sus intervenciones que me parecen
especialmente dignos de ser destacados. En primer lugar --y me
refiero al señor Zabalía--, hay una reflexión sobre si es posible
mantener la generalidad de las prestaciones y una garantía de
gratuidad total. Yo creo que ésa es una reflexión importante,
porque si queremos mantener el Estado de bienestar, indudablemente
tendremos que adaptarlo a una realidad que lo haga posible. También
hay elementos muy importantes en sus planteamientos referidos al
pacto social. El pacto social, tal y como lo concibe el Gobierno,
desde luego no supone en ningún caso condicionar al Parlamento. El
pacto social sirve para definir las posiciones que el Gobierno
adoptará cuando son temas de su competencia o sirve para ayudar a
definir las posiciones que el Gobierno traerá a esta Cámara en el
caso de que estemos hablando de normas con rango de ley. Y no cabe
duda que será finalmente esta Cámara quien tome las últimas
decisiones, pero no sobre la base de la propuesta del Gobierno
únicamente, sino que cualquier otro tipo de intercambio de
opiniones que se considere conveniente mantener en un momento
anterior por supuesto se podrá mantener.

También en ese sentido me referiría al representante de Coalición
Canaria, que lo que plantea es que muchos de estos temas --lo han
suscitado algunos de los anteriores intervinientes-- deberían ser
definidos cuanto antes, porque hay temas que son urgentes, y es
verdad. En mi intervención anterior, para no hacerla aún más larga,
no me he referido a que temas como el mercado de trabajo o como las
medidas que afectan al desempleo deberían, desde el punto de vista
del Gobierno, estar en vigor el 31 de diciembre del año 1993, en el
caso de que sean normas que son competencia del Gobierno, o que los
correspondientes proyectos de ley entren en esta Cámara antes de
dicha fecha. mbre del año 1993, en el caso de que sean normas que
son competencia del Gobierno, o que los correspondientes proyectos
de ley entren en esta Cámara antes de dicha fecha.

Además de estos temas, diría que ha habido otro tipo de
intervenciones que, en mi opinión, se han separado bastante de lo
que el Gobierno, como posición, ha intentado exponer en esta
tribuna. Es verdad que hemos oído hacer referencias de todo tipo.

Por ejemplo, se ha hablado de la situación gravísima del déficit de
las administraciones públicas en España, que ya alcanza, después de
los crecimientos de los últimos años, el 50 por ciento. No, alcanza
algo más, en 1993 alcanza el 53,4 por ciento.

Este déficit acumulado a la deuda del 53,4 por ciento, la deuda
bruta, es el más bajo de toda la Comunidad después de Luxemburgo,
que se encuentra en el 8,8 por ciento. Hay países como Bélgica con
una deuda bruta del 140 por ciento; en Grecia es del 110 por
ciento; en Italia del 115 por ciento, y en países como Dinamarca es
del 80 por ciento. Por tanto, una situación de deuda acumulada de
estas características no es nada anormal. Nuestro problema no es
ése, señorías; nuestro problema es en qué medida el crecimiento de
esa deuda, como consecuencia de déficit altos, no va a incidir de
forma negativa en la financiación del déficit y, consecuentemente,
en los tipos de interés y hacer más difícil nuestra reactivación.

Su señoría, oyendo sólo parte de lo que he comentado anteriormente,
hace referencia a que la desviación presupuestaria de este año se
refiere a la presa de Tous. No se refiere a la presa de Tous. He
hablado de los desvíos del Inem por un total de 870.000 millones de
pesetas. Me he referido a las comunidades autónomas: doscientos y
pico mil millones de pesetas; por supuesto al Fondo de Cohesión.

Podría haberme referido a la Seguridad Social, que no la he citado,
y desde luego la presa de Tous es un pequeño tema dentro de los
muchos que hay ahí y que desde luego supone un porcentaje muy
pequeño del total de lo que se habla.

Que estamos mal en paro es cierto. En paro hemos aumentado y
estamos en una situación de un 22,5 por ciento, pero no es menos
cierto que ese incremento total en paro al final, cuando lo
comparamos con lo que ha sucedido en otros países, no es tan
distinto. Incluso la dificultad fundamental a la que nuestro país
tiene que hacer frente es su punto de partida, y lo he dicho
anteriormente: partimos; incluso en la época de mejor situación
económica de nuestro país, de un paro del 16 por ciento,
excesivamente alto, y por eso es absolutamente imprescindible hacer
frente a reformas estructurales de otra naturaleza que resuelvan el
problema. ¿Es nuestra situación difícil? Sí, sin duda alguna. La
caída de actividad no cabe más remedio que destacarla como
importante, pero es mucho menor que la que se ha producido en el
Reino Unido, aproximadamente entre la tercera y la cuarta parte; es
equivalente a la que se ha producido en otros países europeos. Por
tanto, tampoco exageremos esa situación que no corresponde a la
realidad.

Es verdad que se han propuesto por S.S. una serie de medidas
presupuestarias y, por ejemplo, en sanidad se dice que hay que
cambiar el modelo. Esa teoría también se mantuvo para Galicia y
allí se sigue manteniendo el mismo modelo que tiene el Gobierno
central y posiblemente haya algunas dificultades para que eso no se
pueda realizar. Se dice que hay que modificar algunos impuestos.

Puede ser, es cierto. Respecto a que hay que ir más lejos en las
amortizaciones, creo que cualquiera que haya estudiado con cierto
detalle la modificación de tablas de amortizaciones que se aprobó
hace unos meses llegará a la conclusión de que mejorar las
amortizaciones en este momento es realmente difícil.

Sobre la colaboración con los agentes sociales, ahí S.S. hace una
afirmación absolutamente taxativa y dice: es imposible hacerla
cumplir. Por supuesto, lo que pide el Gobierno es ambicioso. La
reducción de seis puntos de IPC en tres años es, sin duda alguna,
una propuesta de gran envergadura. ¿Sabe S.S. que el Gobierno
holandés ha pedido a sus agentes sociales la congelación total
durante tres años? Por tanto, es cierto que nuestra petición es
ambiciosa, pero, siéndolo, como punto de partida, no deja de
mantener unas



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posibilidades importantes, para que, como decía antes, entre todos
hagamos frente a la crisis.

Podríamos hacer algunos otros comentarios sobre los aspectos
referidos a la política comunitaria o al Sistema Monetario Europeo.

La diferencia entre su análisis y el nuestro es que su señoría ve
el Sistema Monetario hundiéndose, mientras que para nosotros lo que
hay es un compás de espera hasta que los tipos de interés en
Alemania puedan adaptarse a su situación de inflación y, en
consecuencia, exista mayor margen para volver a una situación de
normalidad. Sobre esa filosofía se han diseñado las decisiones que
se adoptaron el fin de semana pasado. En cuanto a Izquierda Unida,
le diría que no veo realistas sus planteamientos; no es que el
Gobierno tenga una fijación con el tema salarial por obsesionarnos
con un tema específico. Yo no sé de dónde ha sacado sus cifras. Es
verdad que los salarios en nuestro país son más bajos que los
existentes en otros países de la Comunidad, pero eso corresponde a
la situación normal de nuestro propio nivel de renta. Sin embargo,
si su señoría analiza el comportamiento, tanto del incremento del
coste laboral unitario como del salario hora en los últimos tres
años, la media comunitaria y la media en España, verá que en todos
los casos España ha subido de forma muy sustancial respecto a la
media comunitaria. Por ejemplo, en coste laboral unitario, de 4,6,
en el año 1990, nosotros subimos a 10,7; 4,9, en 1991, a 5,5; y
2,8, en 1992, a 5,2. Por tanto, por esa vía hemos tenido una
pérdida importante de competitividad.

Es cierto que podemos decir que la devaluación de la peseta nos va
a permitir un cierto margen de maniobra, pero no nos equivoquemos,
ese margen de maniobra lo perderemos inmediatamente si seguimos con
políticas de este tipo.

A su señoría le preocupa la reforma del mercado de trabajo: dice
que hay un 40 por ciento de eventuales, plantea otra serie de
temas; es correcto ese tipo de afirmación, ¿pero no reflexionaría
su señoría sobre si el 16 por ciento en el momento mejor de nuestra
actividad económica no es una tasa de paro realmente anormal? ¿No
cree su señoría que tener una tasa de actividad muy inferior a la
media de los restantes países comunitarios obedece a algunas
razones de tipo estructural que convendría corregir? ¿No creen sus
señorías que si fuésemos capaces de reducir esa tasa de desempleo
y de conseguir que la tasa de actividad fuese mayor, tendríamos más
margen para actuar en otros aspectos, como son los vinculados al
gasto social? A mí el giro hacia la izquierda que ustedes plantean
me preocupa, porque yo creo que es un giro hacia la nada en un
período de tiempo relativamente corto. Y honestamente creo que no
defenderíamos los intereses de los trabajadores. Creo que
llegaríamos a resultados posiblemente con gran aceptación popular
a corto plazo, pero que en un cortísimo período de tiempo
estaríamos abocados al fracaso total. De ahí que su opción, tal
como se plantea en el momento actual, de una reactivación para
mejorar la situación económica sin hacer nada, no me parezca
realista. No es un problema de dogmatismos; si estuviésemos en una
situación de déficit del 1,5 o del 2 por ciento, con una inflación
relativamente estabilizada, a lo mejor nos podríamos plantear
opciones de ese tipo, pero cualquier situación de expansión de la
economía, en una economía abierta, sin contener los costes, al
final creo que nos llevará a unos resultados imposibles de asumir
por nuestro país.

Finalmente, quiero comentar al señor Olarte que estoy de acuerdo en
el tema de las reformas estructurales; creo que cuando se refiere
a la situación difícil de paro en Canarias es cierta, pero no es
menos cierta que en otras partes del país que no son Canarias.

En cuanto al señor González Lizondo, le diría que es verdad que el
Gobierno ha planteado muchas propuestas a lo largo de los últimos
años y tal vez si se hubiese adoptado alguna de ellas en el momento
actual no estaríamos en las circunstancias en que estamos. En
definitiva, yo diría que la posición del Gobierno está muy clara.

Lo que el Gobierno quiere y es su obsesión por encima de todo es
crear empleo. Sin embargo, no creemos que esa creación de empleo se
pueda realizar en base a una política expansiva. Eso sería pan para
hoy y hambre para mañana. Es absolutamente imprescindible que esa
creación de empleo se base sobre una política sana y esa política
sana sólo se puede basar en el crecimiento de la inversión privada;
para ello tenemos que conseguir dos cosas: tipos de interés más
reducidos y confianza.

Pero incluso con esos tipos de interés más reducidos, y para ello
es imprescindible luchar contra el déficit, y esa confianza, y para
ello también es imprescindible luchar contra el déficit, no
conseguiremos sacar nuestro país adelante si no tenemos una
política de contención de costes. En un sistema abierto, como el
nuestro, unas mejores posibilidades económicas, si no somos
competitivos, nos llevarán a crear nuevos problemas en la balanza
comercial, como los hemos tenido en el pasado.

Estoy de acuerdo con dos frases que se han citado también en el
debate del día de hoy: si no hay creación de empleo, si no hay
crecimiento económico, no habrá Estado de Bienestar. Y precisamente
este tipo de medidas son las fundamentales para poder mantener el
Estado de bienestar; y es verdad que estas medidas nos fuerzan a
una opción, que es reducir ciertos gastos para mantener otros. Y
todos sabemos que esas políticas de reducción de gastos son
enormemente difíciles de aceptar; a todos nos afectan, todos
estamos de acuerdo en que se reduzca el gasto cuando afecta a los
demás. Nadie está de acuerdo en que se reduzca el gasto cuando le
afecta a sí mismo.

Por eso, vuelvo a insistir más en un mensaje que he dado ya más de
una vez: la crisis es de todos y el esfuerzo para su solución tiene
que ser de todos. Sin embargo, estoy convencido de que este país
tiene futuro y yo creo que tenemos unas grandes posibilidades de
salvar este bache y volver a una senda de crecimiento en un plazo
relativamente corto si somos capaces entre todos de llegar a un
conjunto de medidas que nos



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permita resolver los problemas y generar ese empleo al que he hecho
referencia.

Muchas gracias. (El señor De Rato Figaredo pide la palabra.) El
señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Señor Rato, ¿solicita la palabra para replicar al Ministro? El
señor DE RATO FIGAREDO: Sí, señor Presidente. He sido contradicho.

(Rumores en los bancos del Grupo Parlamentario Socialista.)



El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías! ¡Silencio, señorías! Creo
que la intervención del señor Ministro, dentro de lo que es la
tónica de este tipo de comparecencias del Gobierno, ha sido la que
ha intentado abrir menos contraste o conflicto con las
intervenciones de los grupos. Sabe su señoría que es un debate en
el que sólo muy excepcionalmente se concede el turno de réplica a
los grupos. Entiendo que sólo por la importancia de la materia, que
no por la intervención del señor Ministro, se podría abrir un turno
muy breve de réplica, que no es necesario generalizar a todos los
grupos.

Tiene la palabra por tres minutos.




El señor DE RATO FIGAREDO: Gracias, señor Presidente.

Efectivamente, al principio de la intervención del señor Ministro,
cuando nos ha afirmado rotundamente que el Gobierno va a
reflexionar y que él no estaba ni a favor ni en contra de las
cosas, parecía que indudablemente no íbamos a tener que tener
ningún tipo de diferencia con el Ministro, puesto que, si iba a
reflexionar y en temas muy importantes ni está a favor ni en
contra, la discusión iba a ser difícil. Sin embargo, después ha
introducido una serie de cuestiones que me parecen serias y graves.

Señor Ministro, hay cosas que son obvias. Decir que en España el
crecimiento de la deuda no es preocupante y que llegar en este
momento a una deuda en el año 1993 --usted ha dado la cifra
final--del 53 por ciento del PIB no es una situación grave,
teniendo en cuenta que en el último debate de Presupuestos el
entonces Ministro de Economía hablaba de una deuda cercana al 45,
46, ó 47 --y cito textualmente porque el señor Ministro de Economía
de entonces los 600.000 millones se los saltaba de tres en tres--,
me parece grave. Piense usted que estábamos hablando del 45 por
ciento y usted ya nos reconoce el 53. Por tanto, es una cifra de
crecimiento muy considerable. Teniendo en cuenta que una de las
herencias reconocidas por el anterior Gobierno es que el peso de la
deuda y el peso de los intereses en la política presupuestaria no
daría margen a esta política presupuestaria en diez años, y vuelvo
a citar textualmente, me parece que usted no puede despachar el
tema de la deuda comparándonos con países que seguramente hoy no
están satisfechos del tipo de deuda que tiene, seguramente se la
gastaron en otras cosas y seguramente la fueron acrecentando a
otros ritmos. Con respecto a los créditos extraordinarios, señor
Ministro, no quiera usted confundirnos o no quiera usted
confundirse. Nosotros hemos mencionado que los créditos
extraordinarios aprobados durante el período electoral sumaban más
de un billón de pesetas, billón y medio, afectando a este ejercicio
y a otros. Y cuando usted ha mencionado que esos créditos sólo se
referían a esos dos temas, yo he querido aclarar eso.

Tercera cuestión. El señor Ministro ha dicho que nuestra situación
de paro no es peor, comparativamente, que la de otros países. Pues
ya me explicará usted. Tenemos la peor tasa de actividad de la
media comunitaria, peor tasa de ocupación. Y es bueno recordar en
esta Cámara que la tasa de ocupación en España es peor hoy que hace
diez años. Cuando don Felipe González fue por primera vez investido
presidente del Gobierno, cuarenta, de cada 100 españoles en edad de
trabajar, trabajaban; hoy, 37. Y, además, tenemos el doble de la
tasa de paro de la Comunidad Económica Europea.

Señor Ministro, yo no sé si este Gobierno se siente satisfecho en
esa situación; desde luego, mi Grupo no se siente satisfecho y
queremos decirlo con toda rotundidad.

El señor Ministro --yo aquí lo lamento-- ha querido continuar la
tradición de la pasada legislatura y es que debatamos aquí sobre
las políticas de las comunidades autónomas. Parece que usted quiere
que debatamos ahora sobre la sanidad en Galicia. Debatamos sobre la
sanidad en Andalucía, y no es que yo le tenga especial manía al
actual Ministro de Trabajo, pero me parece que va a ser muy
ilustrativo. A mí me parece que deberíamos dejar a sus
representantes, en Galicia, en Andalucía, en Ciudad Real, en
Extremadura, donde usted quiera, que debatan en sus parlamentos y
debatamos nosotros de la nuestra. Debatamos de las listas de
espera; debatamos del modelo sanitario; debatamos de las deudas
sanitarias; debatamos si usted ha reconocido ya oficialmente en
este 7 por ciento de déficit público del conjunto de las
administraciones públicas las deudas que tiene la Administración
con los proveedores sanitarios.




El señor PRESIDENTE: Señor Rato, le ruego que concluya.




El señor DE RATO FIGAREDO: Me queda medio segundo, señor
Presidente.

De las tablas de amortización, sólo le diré que es importante que
se las vuelva usted a estudiar. Fueron impuestas por el Gobierno a
los interlocutores sociales, no fueron pactadas, y hay algunas
cuestiones sobre los ejercicios en pérdida que merecería la pena
que usted se las volviera a pensar.

Sobre el contrato social sí quiero decirle algo, señor Ministro.

Lo que usted está proponiendo en el pacto social es algo imposible.

Usted está diciendo a los ciudadanos españoles: Si se acepta una
reducción de salarios,



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se puede garantizar el mantenimiento neto de las plantillas a nivel
nacional y la congelación de dividendos. Usted sabe que eso es,
legal y fácticamente, imposible. Y cuando uno plantea cosas que son
imposibles, plantea cosas que son falsas.

Nosotros nos hemos referido --y somos partidarios de la moderación
salarial-- en esta misma intervención esta mañana a la necesidad de
que los salarios no crezcan por encima de la productividad y a la
necesidad de que en el pacto social se incluya un nuevo sistema de
fijación de salarios, pero lo que usted no puede pretender es que
la opinión pública pueda tener la menor esperanza en un pacto
social que se plantea sobre variables que son imposibles de
determinar. ¿Puede usted garantizar a alguien es España que las
empresas que suspendan pagos en los próximos doce meses no van a
despedir a su plantilla, aunque todos los trabajadores españoles no
aumenten sus salarios? ¿Pero cómo puede usted proponer eso y encima
venir ahora a decirme que no le he entendido? Usted no sabe lo que
dice. (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio. Le ruego concluya. El
señor DE RATO FIGAREDO: Con respecto al Sistema Monetario Europeo,
si usted sigue insistiendo en que el Sistema Monetario Europeo, con
una banda de fluctuación de 30 puntos, está sólo en un receso y que
ese receso depende exclusivamente de los tipos de interés en
Alemania, para ser el representante de un Gobierno que ha devaluado
tres veces, no por los tipos de interés en Alemania, sino por la
pérdida de competitividad en la economía española y por la falta de
credibilidad de la política española en los mercados
internacionales, señor Ministro, está usted equivocándose solo.

Desde luego, a nosotros no nos va a equivocar.

Muchas gracias. (Aplausos.--Rumores.--El señor Ministro de Economía
y Hacienda pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Silencio. Un momento, señor Ministro. El
señor Frutos tiene la palabra.




El señor FRUTOS GRAS: Señor Presidente, aunque sea para no
contribuir desde nuestro Grupo al bipartidismo en esta Cámara,
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya toma la palabra. Me
preocupa francamente, de verdad, el lenguaje del señor Ministro;
dice que está preocupado por nuestro giro a la izquierda porque es
un giro a la nada e inmediatamente añade que en poco tiempo, con
nuestra política --con la de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya--, estaríamos abocados al fracaso. ¿Qué entiende el señor
Ministro por fracaso? La situación concreta, ¿es fracaso o no es
fracaso? ¿Es fracaso relativo? ¿Es fracaso absoluto? Porque si
fuera un fracaso relativo no se entenderían mucho estos
llamamientos trágicos a la ciudadanía española para que entienda
las cifras de la economía española después de dos meses de haberse
celebrado las elecciones y haberles dicho que tranquilos, que todo
iba bien. Ustedes continúan, por tanto, apostando por una política
neoliberal a lo Reagan-Bush. (Rumores y protestas.) Es la política
por la que continúan apostando ustedes.

(Protestas.) Esperamos que algún día, en su comparecencia ante la
Comisión de Economía y Hacienda, nos explique cuál es esa tasa de
actividad --menor en España, ya la conocemos todos--; nos gustaría
saber por qué obedece a unas razones estructurales, cuáles son
estas razones estructurales y qué han hecho ustedes para reducir
estas razones estructurales en los últimos diez años y medio.

Finalmente --y para no alargar mi intervención--, señor Ministro,
usted dice que la crisis es de todos y, además, es de fondo.

(Rumores.) Le auguro que con su política, con la que ha anunciado
hoy en esta Cámara, no hay soluciones, hay parcheos. Y eso lo vamos
a ver y a discutir dentro de muy poco tiempo. El señor
PRESIDENTE: Gracias, señor Frutos.

Tiene la palabra el señor Ministro de Economía y Hacienda. El
señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.

En tono no crispado voy a intentar responder a algunas
intervenciones. En primer lugar, señor Rato, usted interpreta las
cosas que yo digo como a usted le conviene para hacer su argumento.

Dice que es grave que tengamos una deuda del 53 por ciento. A mí me
gustaría tenerla del 10 o del 8 por ciento, como Luxemburgo. ¿Por
qué pasamos del 48 al 53? Evidentemente porque nos ha aumentado el
déficit este año. (Risas y protestas.) Pero nos ha aumentado a
nosotros (Rumores.), al Reino Unido, a la República Federal, a
Francia, ha aumentado a todo el mundo como consecuencia de la
situación de crisis económica. El Reino Unido tiene un déficit del
7,7 este año; Francia lo tiene del 5,9; Alemania, que partía de una
situación positiva, lo tiene del 0,1.

Lo que yo le he dicho es que nuestro nivel de deuda es bajo
comparado con la media comunitaria. Sí es evidente, sin embargo,
que lo que nos preocupa es su financiación porque es cara y sí es
cierto que la reducción del coste de la financiación es un elemento
importante para darnos el margen para hacer otras cosas.

En cuanto a los créditos extraordinarios, evidentemente me he
referido a todos ellos y no a los del período electoral; son SS.SS.

las que han hecho referencia al período electoral para intentar
extraer dos temas más bien anecdóticos.

Sobre el problema del paro y el de la tasa de actividad, podríamos
entrar en su discusión. Es verdad que la tasa de activiad en el
momento actual no es comparable con la de hace diez años si tenemos
en cuenta la modificación de la edad de escolarización y la
modificación



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de la edad de jubilación, elementos que también hay que tener en
cuenta.

Por supuesto, no traigo aquí a discusión el problema de Galicia; lo
que sí quiero decir es que el Partido Popular donde tiene la
posibilidad de aplicar un modelo alternativo no lo aplica.

Finalmente, en cuanto al pacto social, tampoco lo ha entendido S.S.

¿Qué es lo que ha dicho el Gobierno? El Gobierno ha dicho dos
cosas. Primero, en lo que corresponde al Gobierno, va a adoptar una
cierta posición de negociación; segundo, en lo que corresponde a
los agentes sociales, en nuestra opinión, deberían ir a un pacto
que introdujese los siguientes elementos: reducción del poder de
compra, de acuerdo con ciertas condiciones y contrapartidas por los
empresarios que, lógicamente darán voluntariamente, si las quieren
dar --y si no no las darán, por supuesto-- para no beneficiarse de
forma anómala de la reducción de esos gastos vinculados al salario,
manteniendo, en primer lugar, la misma política de dividendos
distribuidos --tema importante-- y, en segundo lugar, no realizando
una reducción neta de plantillas.

Todo esto con una cláusula adicional de descuelgue, que está muy
claramente expresada a los sindicatos, de que esto se aplica a
empresas en beneficios. Es evidente que las empresas en pérdidas no
podrán aplicar este sistema. Y, en todo caso, no corresponderá al
Gobierno definir este pacto. Este es un pacto que tendrán que hacer
los agentes sociales. Lo que sí ha dicho el Gobierno es que, en lo
que le corresponde al Gobierno como empleador, aplicará estos
criterios como posición en la mesa de negociación.

Por lo tanto, también ahí yo creo que el tema queda más claro. En
cuanto al Sistema Monetario, no vamos a entrar en la discusión de
si sí o si no. Yo creo en el Sistema Monetario. Yo creo que
volveremos a él en un plazo de tiempo relativamente razonable.

Pienso que los problemas que se han planteado después de los
ajustes de paridades que se produjeron en su momento han sido unos
problemas de diferente valoración de los tipos de interés por parte
de Francia y Alemania. La crisis que ha venido a afectarnos a los
demás ha sido una crisis franco-alemana y, por lo tanto, yo creo
que se volverá a su situación, aunque sé que hay mucha gente a la
que lo del Sistema Monetario Europeo, en la medida que puede
significar ciertas ortodoxias y ciertas rigideces, puede no gustar.

Al señor Frutos le comentaría cuál es el problema que yo veo en su
propuesta. Ese 53 por ciento de deuda bruta al final del año 1993,
con una política expansiva nos llevaría al 60, al 65 ó 70 y a
partir de cierto momento sería absolutamente imposible financiar la
deuda. Sería imposible porque no nos dan dinero y el que nos dan
nos lo dan a un tipo de interés muy alto. La experiencia, la
historia, nos ha demostrado que los países con tipos de interés muy
altos cuando superan el 60 por ciento de endeudamiento total en lo
que entran es en una espiral de deuda absolutamente imposible de
dominar. Tenemos el caso de Italia y tenemos el caso de Bélgica. A
partir de ese momento, la única fórmula para echar marcha atrás es
que el presupuesto, no en el aspecto financiero sino en el aspecto
no financiero, mejor dicho, el presupuesto total, dé un saldo
positivo que permita eliminar parte de la deuda que existe y que,
en consecuencia, en vez de incrementar el endeudamiento cada año se
vaya reduciendo cada año más. Por eso digo que su fórmula puede ser
pan para hoy y hambre para mañana.

A partir de ahí usted me plantea que qué reformas estructurales
hemos hecho. Yo creo que desde que en el año 1982 entró el Gobierno
socialista en el poder se han hecho muchas reformas estructurales.

Podríamos hacer una larguísima lista, unas vinculadas a la
Comunidad, otras independientes de lo que ha sucedido con la
Comunidad. Y quedan muchísimas por hacer todavía.

Esas son precisamente las que planteamos ahora en esta Cámara para
que se empiecen a poner en marcha.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Se levanta la sesión.




Eran las dos y treinta minutos de la tarde.




SUBSANACION DE OMISION: En el «Diario de Sesiones» número 5, del
pasado 22 de julio, inmediatamente después de la indicación «Sesión
Plenaria número 4», dado el carácter extraordinario de ésta, debe
entederse añadida la mención: «(extraordinaria)».