CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1993 Núm. 2 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 2
celebrada el jueves, 8 de julio de 1993
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ORDEN DEL DIA:



-- Debate sobre la investidura del candidato a la Presidencia
del Gobierno (número de expediente 080/000001) (Página 21)



SUMARIO



Se abre la sesión a las once de la mañana.




Debate sobre la investidura del candidato a la Presidencia del
Gobierno (Página 21)



La señora Secretaria (Frías Navarrete) procede a dar lectura a
la propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno.

El señor González Márquez, candidato a la Presidencia del
Gobierno, manifiesta que comparece ante la Cámara en
cumplimiento del mandato constitucional para solicitar de
SS.SS. el voto favorable a la investidura. Afirma que las
elecciones del pasado 6 de junio permitieron a los españoles
manifestar sus preferencias políticas y, al mismo tiempo, su
voluntad de otorgar una confianza mayoritaria

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a su proyecto de progreso, aunque sin alcanzar la mayoría
absoluta de los escaños de la Cámara. A ese mandato, pues,
debe atenerse. Agrega que los ciudadanos han renovado su
confianza en la fuerza política que representa, a la vez que
les han pedido que vayan más lejos, que hagan las cosas de
otra manera y que marquen una orientación que les permita
afrontar el futuro con éxito. Los españoles les están pidiendo
más diálogo con la sociedad y con las otras fuerzas políticas
y, en definitiva, un cambio sobre el cambio. La propia
ausencia de una mayoría absoluta es la más clara constatación
de una nueva realidad política que exige a todos, y en
particular a quien obtenga el mandato de la Cámara para
gobernar, un nuevo enfoque político. Expone a continuación la
necesidad de formar un gobierno con respaldo mayoritario en el
Parlamento, mostrándose convencido de que los acuerdos
estables con otras fuerzas políticas son un requisito
necesario para esta nueva etapa política con objeto de superar
los retos que la misma plantea.

Consiguientemente, solicita el apoyo de la Cámara para la
formación de un gobierno con una clara vocación de diállgo y
compromiso abierto a la colaboración de las fuerzas políticas
que puedan encontrar en el programa del nuevo gobierno
suficientes coincidencias con las suyas propias para votar
favorablemente en esta sesión. Sobre este particular
manifiesta que en el curso de las conversaciones habidas han
encontrado base suficiente para un posible compromiso de
gobierno con el PNV y para compromisos programáticos concretos
con Convergència y Unió, que irán desarrollándose en el
inmediato futuro, sin cerrar la posibilidad de una
colaboración gubernamental cuando se juzgue oportuno.

Seguidamente expone algunas consideraciones sobre la situación
por la que atraviesa el país, señalando que, pese a las
dificultades presentes, quiere trasladar su esperanza sobre
las posibilidades del futuro, fruto del esfuerzo de
modernización emprendido por nuestra sociedad desde 1977. En
primer lugar, considera necesario activar la nueva etapa con
un compromiso sólido de renovación política y con una
reafirmación de los valores de progreso que orienten su
acción. Son valores de tolerancia, de solidaridad, de
austeridad, de esfuerzo personal, de respeto a la legalidad y
a la paz, que, a su juicio, son ampliamente compartidos por la
mayoría de los ciudadanos. Hablando de estos valores, desea
expresamente testimoniar su solidaridad con las víctimas que
hace unos días se produjeron en Madrid y con la que hoy en San
Sebastián está sufriendo el embate de la violencia.

En relación con los obstáculos con los que nos enfrentamos,
recuerda que en los años ochenta hicimos frente a una aguda
crisis económica y supimos superarla. Hoy también hay que
hablar de las dificultades que caracterizan este momento,
dificultades para competir y que sienten directamente aquellos
que están perdiendo su puesto de trabajo; dificultades para
contener los precios, que sienten directamente los
pensionistas o los empresarios, abiertos a la competencia, que
ven peligrar sus empresas en mercados cada vez más agresivos.

Hablando de dificultades, tiene que referirse también a la
incertitumbre de los jóvenes frente al futuro o a los
problemas que se relacionan con la inseguridad ciudadana, con
la droga o con la marginación. Son problemas a cuya solución
se dirigirá la acción del Gobieno, cuyos objetivos básicos son
crear empleo y fortalecer nuestra democracia. Precisamente los
problemas de nuestra democracia se resuelven profundizando en
ella, pues su solución depende exclusivamente de nosotros.

Sobre este particular señala que se abordarán reformas
institucionales concretas, con mejoras en nuestros mecanismos
de participación y control. En cambio, los problemas de
nuestra economía no pueden separarse del contexto europeo e
internacional desfavorable que vivimos, aunque presente
características particulares que podemos y debemos corregir.

Así, el crecimiento del paro en los últimos doce meses ha
encendido la luz de alerta y hay que actuar con la mayor
celeridad y profundidad.

Expone a continuación la oferta programática que presenta a la
Cámara y que se vertebra en torno a cuatro ejes fundamentales,
como son: en primer lugar, la superación de la crisis
económica y el impulso económico; segundo, el impulso
democrático; tercero, desarrollo autonómico, y, cuarto, la
política exterior y el impulso hacia la Unión Europea.

Respecto a la política económica de futuro afirma que ha de
basarse en dos premisas, la primera de las cuales es que la
situación económica es difícil para todos, por lo que se
impone la corresponsabilidad y el esfuerzo solidario de todos
porque a todos afecta aquélla. Sólo con el empeño y la
responsabilidad comunes, con el apoyo de los ciudadanos, de
las fuerzas políticas y de los agentes sociales y económicos
podremos encarar con acierto la salida de la profunda crisis
actual. Nuestros objetivos en el momento presente deben
centrarse en la corrección de los desequilibrios y en la
aprobación de las reformas estructurales que nuestra economía
precisa, de manera que nos situemos en las mejores condiciones
posibles para beneficiarnos de la futura fase cíclica de
crecimiento europeo mundial. El objetivo básico que debe
presidir la política económica española en los próximos años
puede sintetizarse en la falta de empleo y la mejora de la
competitividad de nuestro sistema productivo, que a su vez son
las dos caras de una misma moneda. Todas nuestras actuaciones
en esta legislatura deben estar dirigidas a la mejora de la
calidad de nuestro sistema económica, al incremento de nuestra
competitividad frente a los países



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con los que se ve obligado a disputar el mercado, porque es un
requisito imprescindible para la creación duradera de empleo.

A la consecución de estos fines estarán orientadas todas las
políticas gubernamentales, tanto la propia política
macroeconómica como las diferentes políticas sectoriales.

Consiguientemente, las medidas que se adoptarán se pueden
agrupar en tres grandes bloques, como son: por un lado, las
destinadas a mejorar la competitividad, a favorecer la
recuperación económica y corregir los desequilibrios básicos
de nuestra economía; en segundo lugar, las encaminadas a
conseguir reformas estructurales que la economía española
precisa desde la perspectiva de la homologación de modelos y
sistemas económicos de los países comunitarios, y, por último,
los grandes planes de actuación, algunos ya diseñados en la
legislatura anterior y que consiguieron una clara decisión de
mejorar nuestras infraestructuras y nuestro entorno.

Enumera algunas de las medidas que han de configurar
preferentemente dicho bloque, los planes de actuación,
añadiendo que el conjunto de las políticas desarrolladas en
tales áreas de actuación serán congruentes con un proyecto que
tiene como una de sus señas fundamentales de identidad el
mantenimiento de la cohesión social y territorial, buscando
siempre la protección de los sectores que tienen una menor
capacidad de defensa frente a los desajustes cíclicos de la
economía o, simplemente, frente a la libre actuación de las
fuerzas del mercado. Se trata de un esfuerzo de solidaridad
que explica la voluntad de llegar a un acuerdo con los
interlocutores sociales para definir la estrategia a
desarrollar en los próximos años con el objetivo de crear
empleo. Expresa su firme convicción de que un acuerdo con los
interlocutores sociales aumentaría nuestras posibilidades de
desarrollo económico y social y aprovecharía al máximo las
potencialidades que ofrece la estrategia que se propone. El
pacto social que ofrece a los interlocutores sociales consiste
en un pacto global cuyo objetivo fundamental es la creación de
empleo. Paralelamente, se propone la reforma del mercado de
trabajo, en estudio actualmente en el Consejo Económico y
Social, y que se pretende que sea global y equilibrada,
sustentada en un acuerdo con los interlocutores sociales sobre
cuestiones básicas, como la reforma del Inem, modificación de
las actuales modalidades de contratación laboral, políticas
activas orientadas a favorecer la creación de puestos de
trabajo para los colectivos con mayores dificultades de
inserción en el mercado laboral, políticas de formación
profesional y el avance hacía un modelo de relaciones
laborales más participativas y cooperativas. En este esquema
se inserta una regulación del ejercicio del derecho de huelga
que corresponsabilice a los sindicatos, sobre todo cuando
afecte a los servicios esenciales para la comunidad. Por su
parte, cumplirá el compromiso electoral presentando el texto
de la ley que decayó en la anterior legislatura.

Respecto al impulso democrático que anteriormente mencionaba,
señala que las pasadas elecciones han venido a desmontar en
parte el supuesto alejamiento entre los ciudadanos y la
política. La elevada participación en las urnas es una buena
prueba de este interés ciudadano. Sin embargo, hay que ser
conscientes de la necesidad de revitalizar la vida de los
partidos y de las instituciones, convirtiendo al Parlamento en
el centro real del debate democrático, dotando de mayores
poderes al Consejo General del Poder Judicial y aumentando la
eficacia, agilidad y transparencia de la Administración para
hacerla más próxima a los ciudadanos. Analiza cada uno de
estos objetivos, mencionando en primer lugar la necesidad de
una ley de partidos políticos que ayude a superar la
desconfianza sobre la actuación y financiación de los
partidos, manteniendo en este momento respecto de los grupos
políticos de la Cámara la oferta que hizo en campaña electoral
de creación de una Comisión que conociera, a nivel
parlamentario sobre la financiación de los partidos.

Asimismo menciona, respecto al parlamento, la necesidad de
culminar la reforma de los reglamentos del Congreso y del
Senado con el objetivo de recuperar las funciones más genuinas
de la Cámara. También parece necesario revisar el sistema de
provisión de los miembros de los órganos constitucionales,
arbitrando mecanismos de funcionamiento que eviten el reparto
de cuotas entre los partidos y los bloqueos que se vienen
produciendo como consecuencia de la falta de acuerdo. Completa
este análisis con una referencia al Estado autonómico,
mostrando la necesidad de articular una política autonómica
que sea capaz de responder a la homogeneidad y a las
diferencias, a los problemas que son comunes y compartidos por
todas las comunidades autónomas y a los que tienen su origen
en los indiscutibles hechos diferenciales que se derivan de
peculiaridades geográficas, culturales, estratégicas o del
propio contenido estatutario de cada comunidad.

Se refiere a continuación el señor González Márquez a la
política exterior y el necesario impulso europeo, citando los
radicales cambios habidos en los últimos cuatro años, entre
los que destaca la unificación alemana, la superación de la
guerra fría o la desaparición de la Unión Soviética, todo ello
en un cambio de gran magnitud en el que España ha salido
bastante airosa de tan grandes turbulencias. Considera que la
pieza clave del nuevo orden internacional debe ser el sistema
de Naciones Unidas, y en particular la actividad del Consejo
de Seguridad. En la redefinición del nuevo orden mundial
España debe impulsar una renovada relación con Estados Unidos,
que se debe completar



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con un nuevo modelo de relaciones entre la Unión Europea y
aquel gran país. Asimismo necesitamos, hoy más que ayer, menos
separación y más integración, más Europa. El camino para ello
es el que se diseña en el Tratado de la Unión Europea, que
espera entre en vigor en otoño, una vez superadas las
reticencias para su ratificación en algunos países. En este
camino la tarea más urgente será la de asegurar que avanzamos
por la senda que conduce a la unión económica y monetaria, a
cuya primera cita España no debe faltar. Pero los avances en
la política europea incluyen una política exterior y de
seguridad común, para lo que España se propone seguir
participando activamente en la adaptación y transformación de
la Alianza Atlántica y en las operaciones de paz bajo mandato
de Naciones Unidas.

Concluye el señor candidato a la Presidencia del Gobierno
pidiendo el apoyo mayoritario de la Cámara para este proyecto
de progreso, basándose en que las elecciones del pasado 6 de
junio la sociedad española ha expresado de manera clara su
voluntad y su deseo de que se abra esta nueva etapa, a la vez
que ha manifestado mayoritariamente su deseo de que las
acciones y decisiones políticas giren en torno a la oferta
socialista y se perfilen con las fuerzas sociales que
contribuyan a la estabilidad gubernamental y se articulen
tratando de encontrar el mayor apoyo y participación política
y social. Este mismo deseo de iniciar una nueva etapa ha
podido constatarlo en las conversaciones políticas que ha
mantenido con los representantes de los grupos con presencia
en esta Cámara, así como en las llevadas a cabo con los
interlocutores sociales, sindicatos y empresarios. Para este
tipo de acciones en esta nueva etapa compromete la plena
disponibilidad del Gobierno y del Grupo que representa, a la
vez que recaba la participación activa de todos y cada uno de
nuestros ciudadanos y solicita el voto favorable de la Cámara.




Se suspende la sesión a las doce y cinco minutos del mediodía.




Se reanuda la sesión a las cuatro y media de la tarde.




En nombre del Grupo Popular interviene el señor Aznar López,
que comienza sumándose a la declaración institucional que el
día anterior realizó la Junta de Portavoces del Congreso en
relación con el secuestro del señor Iglesias, así como con
todas las víctimas del terrorismo y sus familiares, a la vez
que vuelve a alentar y respaldar a las Fuerzas de Seguridad
del Estado, al Gobierno y a todos los demócratas para
conseguir la victoria final frente al terrorismo y la
erradicación definitiva del mismo y de la violencia en España.

A continuación, explica las razones del voto negativo del
Grupo Popular a la investidura del señor González a la
Presidencia del Gobierno. El Partido Popular afrontó las
pasadas elecciones con un proyecto político propio destinado a
ofrecer una clara alternativa al Gobierno del señor González y
ocho millones doscientos mil españoles aprobaron ese proyecto,
pretendiendo no sólo un cambio de gobierno, sino un profundo
cambio de política, de estilos y de formas de gobernar. Es
lógico, por tanto, que no puedan votar una candidatura que
para el Grupo Popular representa el continuismo, especialmente
en la persona que más emblemáticamente lo encarna y también en
los estilos y en las formas de gobernar. Ocurre, sin embargo,
que en esta ocasión, por primera vez desde hace más de una
década, se produce una importante novedad, que consiste
fundamentalmente en que el candidato que se presenta hoy para
solicitar de esta Cámara la confianza para ser investido
Presidente de Gobierno no cuenta con el apoyo suficiente de
escaños, lo que le obliga a solicitar asistencia de otros
grupos políticos y de otros diputados y obliga a todos ante
los españoles a definir sus respectivas posiciones desde un
mayor grado de responsabilidad.

En una situación de crisis como la presente, para afrontar la
nueva etapa en la vida española, que demanda nuevos proyectos,
nuevas actitudes y nuevos equipos, no confían en quien ha
tenido el mayor nivel de responsabilidad en situar a España en
un grado de crisis como el que vivimos, y la intervención de
esta mañana no ha servido en gran medida para vencer esa
desconfianza. Oyendo al señor González esta mañana, les ha
recordado muchos de los párrafos de su discurso de investidura
del año 1989. Sus ofertas de diálogo, de búsqueda de acuerdo,
de participación responsable para encontrar una salida a la
crisis se identifican con las que hizo en 1989 para afrontar
los llamados retos de 1993. También sus promesas de hoy de
impulso democrático, de regeneración de la vida democrática,
fueron lanzadas entonces. En consecuencia, creen que su
afirmación de que va a realizar el cambio sobre el cambio no
es más que una frase, un simple juego de palabras que les
recuerda lo de que es preciso que todo cambie para que todo
siga igual.

Añade el señor Aznar que los resultados electorales del pasado
6 de junio han transformado radicalmente el panorama político
español y el Grupo Popular, que ha visto acrecentado su apoyo
de forma notable por los españoles, asume su responsabilidad
desde una actitud constructiva, y cada vez que tengan que
decir no, estarán al mismo tiempo diciendo que sí a un cambio
y sí a una propuesta que creen mejor para los intereses de
España y de los españoles. Su actitud queda clara, y de igual
forma que en el pasado llegaron a acuerdos con el Gobierno
cuando estaban en juego asuntos relacionados con política
exterior, con política de defensa, con el desarrollo
autonómico o con la lucha



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antiterrorista, están dispuestos a colaborar, sin cheques de
contrapartida, cuando los intereses generales lo demanden.

Creen que en la situación actual de España es la hora de
aportar y no la hora de buscar componendas para repartirse los
presupuestos generales del Estado.

Alude seguidamente a la justificación dada por el señor
González Márquez para la disolución de las Cámaras y convocar
elecciones generales, a fin de afrontar la crisis que golpea
España, y la desconfianza del Grupo Popular en este momento
radica en que ven difícil que pueda hacerlo una persona que,
habiendo tenido en los últimos años ocasiones y mejores
circunstancias, no lo ha hecho. En todo caso, los problemas
que tenemos que afrontar hoy son los mismos, aunque agudizados
en su mayoría, que existían el pasado 12 de abril. Hay que
afrontar la crisis económica, recuperar los equilibrios
institucionales y dar una respuesta ejemplar a los casos
concretos de corrupción. Lo esencial ahora es saber si su
política sirve o no sirve para resolver los problemas de la
España de hoy y, a su juicio, la intervención del señor
González de esta mañana ha sido, al menos, preocupante, porque
no se cambia ni en las políticas ni en los comportamientos.

Reconoce en todo caso que el señor candidato ha presentado
esta mañana la situación de España con tonos un poco más
realistas de los que empleaba hace escasamente un mes. Lo que
entonces era un bache coyuntural, del que se estaba a punto de
salir, hoy es ya una situación que se reconoce con
dificultades en un diagnóstico que refleja en todas sus
dimensiones la verdadera gravedad de nuestra situación
económica.

Para la superación de la crisis económica, el señor González
ha reiterado como objetivos el empleo y la competitividad,
generando buena parte de sus esperanzas en el resultado que
pueda derivarse de un pacto entre el Gobierno, los sindicatos
y las organizaciones empresariales más representativas. Sobre
este particular es bien conocida la posición del Grupo Popular
acerca del diálogo social en el sentido de que siempre es
mejor buscar medidas acordadas con aquellos que tienen una
fuerte responsabilidad en su desarrollo posterior, confiando
en que todas las partes llamadas a la negociación sepan
valorar el momento, en su opinión crítico, en que nos
encontramos.

Seguirán, por tanto, con atención el desarrollo de estas
negociaciones y valorarán, cuando concluyan, sus resultados.

En cualquier caso, esa negociación no puede servir como
coartada para la inacción ni como excusa para no adoptar las
medidas que necesita y que reclama con urgencia nuestro país.

Pero a esta situación no se ha llegado por casualidad, sino
que es el resultado de un conjunto de políticas equivocadas y
de errores no corregidos en su momento por gobiernos
presididos por el hoy candidato señor González. Las
contradicciones anteriores del Gobierno les impiden que hoy
puedan mostrar su confianza en el señor González. No obstante,
en el caso de que se proponga seriamente rectificar, le
ofrecen su leal colaboración, como se la ofrecieron al inicio
de la legislatura anterior cuando plantearon al Gobierno un
pacto de competitividad para la economía española, oferta que,
sin embargo, fue rechazada y en su lugar se fraguó el mal
llamado pacto constitucional.

Alude a la actual destrucción de empleo y de sectores
productivos, como nuestro tejido industrial y el sector
agrario, unido a la difícilsituación de nuestras pequeñas y
medianas empresas, materias en las que las iniciativas para
corregir la situación a la que se ha llegado corresponde, sin
duda, al Gobierno, iniciativas que, por lo demás, habrían de
ser globales y coherentes y respecto de las cuales solicita
que no se siga esperando que escampe o que mejore la situación
internacional. En relación con la revitalización de las
instituciones democráticas expone que en el debate político
español ha habido últimamente una coincidencia bastante
generalizada en el sentido de introducir en el funcionamiento
de nuestro sistema político un mayor equilibrio institucional,
seriamente dañado en la década anterior por una singular
concepción de la democracia que ha tratado de legitimar el
dominio de las instituciones por el partido del Gobierno. Nada
hay más antimoderno que la ocupación paternalista de las
instituciones públicas para ponerlas al servicio de un líder,
de un clan o de un partido. Anuncia, con consiguiente, el
decidido propósito del Partido Popular de postener el impulso
iniciado en el año 1989 para revitalizar nuestras institucions
democráticas y a tal efecto formula una propuesta de acuerdo
institucional con el objetivo de mejorar las instituciones,
revitalizarlas, acercarlas a los ciudadanos y conseguir un
equilibrio más armónico entre los principales poderes y
órganos del Estado que les confiera un perfil propio y evite
su patrimonialización por los partidos. Las bases de tal
propuesta de acuerdo, que formula de manera abierta, podrían
ser la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a fin de
conferir al Consejo General la autonomía propia de los poderes
del Estado; reformar el Estatuto orgánico del Ministerio
Fiscal para garantizar su autonomía funcional y su
profesionalidad; la reforma del Reglamento de la Cámara, para
mejorar y facilitar su función de control del Estado y
agilizar el procedimiento legislativo; la puesta en marcha de
un proceso que conduzca a la reforma del Senado; la reforma de
los instrumentos de control del gasto público, evitando su
despilfarro, luchando contra la corrupción y reforzando la
Intervención General del Estado y la despolitización del
Tribunal de Cuentas; la reforma del Estatuto de RTVE, para
dotar al ente público de una organización con autonomía real,
y la renuncia por



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el Gobierno a su control político; la reforma de la
legislación reguladora de los partidos políticos, asegurando
la transparencia, el control y la publicidad de su
contabilidad, con todo lo cual podrá fortalecerse el Estado de
Derecho y el régimen de libertades de nuestra Constitución.

Desea, sin embargo, hacer referencia a algo que el señor
González ha dicho esta mañana aludiendo al bloqueo que puede
producirse en la provisión de algunos órganos
constitucionales. Esperan a ver la propuesta concreta del
señor González, pero ya anticipa que, en su opinión, es
contraria a un correcto espíritu democrático la modificación
de las reglas del juego a conveniencia de la mayoría
gubernamental y quiere decirle que, si ha tenido esa
tentación, evite cometer un error que le parecería gravísimo
que pudiese ser cometido. En cuanto al desarrollo del Estado
de las autonomías, el Grupo Popular seguirá contribuyendo a
una política autonómica coherente, al considerar preciso
completar el proceso de descentralización política y
desarrollar las comunidades autónomas surgidas en virtud de lo
dispuesto en el artículo 143 de la Constitución. En relación
con las autonomías del artículo 151 y a la vista de lo
escuchado esta mañana, solicita que el Gobierno informe sobre
las transferencias pendientes a estas comunidades y que
manifieste claramente sus propósitos en relación a todas y
cada una de las transferencias que haya pendientes a las
mismas. En todo caso, el Partido Popular defenderá con
prioridad absoluta el principio constitucional de solidaridad
y, en consecuencia, se opondrá a cualquier fórmula que ponga
en riesgo o debilite el principio de solidaridad o cohesión
territorial de España. En segundo lugar, vigilará
especialmente todo lo que afecte a la correcta definición y al
ejercicio de competencias que constitucionalmente corresponda
tanto a la Administración central del Estado como a las
administraciones autonómicas. Finalmente, y respecto al
sistema de financiación autonómica, está dispuesto a estudiar
fórmulas que impliquen una auténtica corresponsabilidad
fiscal, es decir, que determine claramente cuál es la
responsabilidad de los gobiernos autonómicas en los ingresos
fiscales que financian el ejercicio de sus competencias. A
este respecto, si la fórmula que se propone fuese la cesión, o
similar, del 15 por ciento del IRPF, cree que esa fórmula es
más un mecanismo de gasto que de corresponsabilidad fiscal y,
en su opinión, esa fórmula sólo puede ser aceptable si al
mismo tiempo se ponen en marcha los mecanismos de solidaridad
constitucionalmente previstos.

Respecto a la política exterior y a la defensa, señala la
existencia, en líneas generales, de una coincidencia grande de
objetivos. Siempre que entiendan que existe una apreciación
correcta de los intereses generales de España continuarán
prestando su colaboración. Sin embargo, cree que en este
momento hay que replantear la presencia de las fuerzas de paz
en la antigua Yugoslavia porque la evolución de los
acontecimientos hace imposible el cumplimiento de esa misión
de paz.

Formula, por último, algunas reflexiones en torno a la
política comunitaria, donde se percibe últimamente un ambiente
de incertidumbre que nos debe llevar a un proceso claro de
reflexión, considerando que existe un déficit de información
que debe corregirse con una participación más activa de estas
Cortes Generales, y concluye reiterando el voto negativo del
Grupo Popular a la investidura del señor González como
Presidente del Gobierno.

En turnos de réplica y dúplica intervienen sucesivamente los
señores González Márquez y Aznar López.

En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa por
Cataluña, el señor Ribó Massó inicia su intervención
expresando su solidaridad con el señor Iglesias, secuestrado
en Euskadi, en el contexto de su firme rechazo del fenómeno
terrorista.

A continuación señala que nos encontramos en una grave
situación socioeconómica, ante la que se les presenta una
opción muy predeterminada, aunque existan otras salidas, y van
a dialogar sobre ella. Como novedades decisivas en el inicio
de esta V Legislatura destaca el cambio en el mapa político
resultante de las elecciones generales y el agravamiento de la
crisis económica y de la sensación de corrupción. Precisamente
estas dos últimas cuestiones, crisis y corrupción, son las que
motivaron el anticipo en la convocatoria electoral, porque
estaban poniendo en peligro la estabilidad del PSOE y del
Gobierno, que en aquel momento, con su mayoría absoluta en
esta Cámara, aparecía como incapaz de asegurar la estabilidad
del Gobierno. Esas dos cuestiones, crisis y corrupción, están
hoy aquí presentes y pendientes de resolver, y en lo que
afecta a la crisis con características aún más dramáticas que
a principios de abril. Agrega que la gran novedad
parlamentaria que afecta a la gobernabilidad y al futuro del
país es que los socialistas no disponen de mayoría absoluta y
que potencialmente este Parlamento es más plural. En esta
situación se podría especular con una convocatoria anticipada
de elecciones y un posible triunfo de la derecha, que abriga
la esperanza de que el próximo gobierno se queme pronto. De
ahí la importancia de acertar en la opción, porque nos jugamos
el futuro de la sociedad y especialmente el futuro de la
izquierda.

Consiguientemente, cree que debe tenerse cuidado con ese
empecinamiento en arrinconar lo valores de izquierda sin
analizar con atención la voluntad electoral. Por tanto,
Izquierda Unida manifiesta su disposición total, coherente y
responsable a participar en todos los esfuerzos necesarios
para abordar los retos presentes, estando dispuestos a
corresponsabilizarse



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sin reservas sobre acuerdos programáticos de forma pública y
transparente, con una política de izquierda progresiva, como,
por otra parte, se postulaba por el Partido Socialista y por
Izquierda Unida en la campaña electoral.

Sin embargo, el señor candidato ha escogido otra opción, el
pacto con Convergència i Unió y el PNV, en un acuerdo que sólo
él debe asumir con todas sus consecuencias. En clara
contradicción con esta opción, el señor González ha
pronunciando esta mañana un discurso con propuestas
progresivas, algunas de las cuales ya propuso en anteriores
debates y nunca se cumplieron y que, por otra parte, chocan
frontalmente con el programa de Convergència i Unió.

Consiguientemente, cree que debe explicar hoy aquí, ante la
opinión pública, qué significa ese posible pacto y su
contenido, así como el coste de medidas como las que propone
el señor Arzallus para las privatizaciones en el Ministerio de
Industria o las exenciones fiscales que propone Convergència i
Unió.

El señor González confunde estabilidad con asegurar un mínimo
de 176 escaños, pareciendo olvidar que la lógica parlamentaria
no siempre se corresponde exactamente con la voluntad real del
pueblo. La estabilidad se garantiza sobre acuerdos de
políticas, no sobre ofrecimiento de ministerios en gobiernos
de coalición, y debe basarse en la voluntad electoral y en su
base social. Se insiste en pactos con nacionalidades de
centro-derecha, vasco y catalán, en una prolongación de la
legislatura anterior, en la que CiU fue ya un socio estable,
coincidiendo en asuntos relativos a las libertades, como la
Ley Corcuera, y especialmente en política económica, que
fracasó estrepitosamente y que volverá a fracasar si se
pretende repetir. Están, en consecuencia, ante una propuesta
estéril para abordar la nueva situación presente y que,
además, es incoherente con todo lo que se dijo en la campaña
electoral, lo cual sirve para poner en duda seriamente la
credibilidad del señor González. Se ocultó entonces el
verdadero alcance de la crisis y se apeló al voto de
izquierdas y, sin embargo, ahora se dispone a gobernar con el
apoyo que propugna una mayor precariedad laboral, cuando no el
despido libre encubierto. Propone privatizar el sector público
e insinúa la necesidad de una amnistía fiscal, pide borrón y
cuenta nueva sobre la corrupción y se opone a la ley de
huelga. Pregunta si este es el cambio sobre el cambio y si
puede hablarse de un gobierno progresista cuando los primeros
pasos indican que se continúa con la misma prepotencia, se
nombra a Solchaga portavoz del Partido Socialista y en la
elección de la Mesa de la Cámara se excluye al Grupo de
Izquierda Unida, faltando a compromisos firmados, en un
talante que va contra la expresión del
pluralismo.

Alude a continuación al verdadero alcance de la crisis
económica, afirmando que es necesario hablar con claridad
sobre su auténtica gravedad, ya que otra cosa no supondrá más
que obstáculos importantes a la hora de solicitar esfuerzos y
acuerdos corresponsables, pues no es posible acordar con quien
miente o va errado. Acordar significa, por el contrario,
credibilidad mutua. Sobre este particular, menciona algunas
cifras relativas a nuestra actual tasa de desempleo, debilidad
de nuestro sistema productivo, etcétera, que demuestran una
situación mucho más grave que la de otros países comunitarios.

Esto debería llevar al señor González, en un ejercicio de
sinceridad, a reconocer el fracaso de la política económica
llevada a cabo hasta ahora y cuyos efectos han ido en
dirección contraria a las necesidades del país. En la
superación de esta situación su Grupo Parlamentario manifiesta
su voluntad de contribuir, pero en una dirección de
solidaridad y de mayor justicia social. Sin embargo, el señor
González no ha aclarado en su discurso qué pone sobre la mesa
para hacer posible el llamado pacto de progreso. Expone
también algunas consideraciones en torno al mercado laboral,
donde tiene lugar un porcentaje muy elevado de precarización
en el empleo que dificulta que nuestra economía pueda ser
competitiva, ya que un trabajador que sabe que a los pocos
meses va a ser despedido difícilmente puede trabajar a pleno
rendimiento.

En cuanto al impulso a la regeneración democrática, afirma que
hace tiempo que se está produciendo un desprestigio creciente
de la actividad política en las personas que la realizan,
creyéndose que en política todos son iguales o todos están en
ella para aprovecharse, siendo lo más grave que desde altas
instancias políticas se pretende silenciar cualquier actividad
parlamentaria esclarecedora.

En el apartado de las libertades son muchas las medidas
pendientes, enumerando algunas de ellas, y en cuanto al Estado
de las autonomías, ni el señor Pujol ni el señor Arzallus son
los aliados más eficaces para su adecuado desarrollo,
olvidándose, por otra parte, del poder local, cuando son los
ayuntamientos el escalón más próximo a la ciudadanía, que vive
una crisis financiera profunda debido a una absurda Ley de
Haciendas Locales. Alude asimismo a la reforma pendiente de la
Administración y la promulgación del Estatuto de la Función
Pública, para concluir expresando la postura de su Grupo
Parlamentario en materia de política exterior y nuestra
contribución a la paz y la solidaridad, anunciando el voto
negativo de su Grupo, para lo que cree que le sobran
argumentos, ya que el discurso del señor González tiene partes
que no son creíbles por las contradicciones antes apuntadas.

Para réplica y dúplica intervienen los señores González
Márquez y Ribó Massó.




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En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), el señor
Roca i Junyent manifiesta que el pasado 7 de junio se inició
una nueva etapa en la vida política, social y económica de
toda España, una etapa compleja y difícil en la que nada será
igual que antes ni va a ser fácil superar los retos de
gobierno. A pesar de ello, su Grupo está convencido de que
esta nueva etapa puede ser positiva. Estamos inmersos en una
profunda crisis de naturaleza económica, pero que extiende sus
consecuencias a todo un modelo global de sociedad que afecta a
toda Europa, aunque en España esta crisis tiene
características propias e incluso más graves, porque a pesar
de los grandes avances de los últimos 15 años todavía estamos
lejos de los niveles medios de renta y de calidad de vida de
los demás países comunitarios. En segundo lugar, nuestra
crisis es más grave porque nos hemos distanciado de los demás
países comunitarios al no compartir con ellos durante los
últimos años determinadas políticas económicas. En todo caso,
es lo cierto que iniciamos una nueva etapa en un momento de
crisis y precisamente por ello su Grupo quiere hacer una
apuesta decidida en favor de la estabilidad política, pues
saben que sin estabilidad será todavía más difícil superar
dicha crisis y aun con estabilidad no será suficiente, ya que
se deberá acertar en la acción política concreta. En todo
caso, la estabilidad política es una condición necesaria para
afrontar con garantías de éxito los retos de la crisis y esta
introducción debe servir para anunciar que su Grupo
Parlamentario va a votar afirmativamente la investidura del
candidato propuesto por Su Majestad el Rey. Es un voto de
corresponsabilidad en la lucha contra la crisis, un voto a
favor de la estabilidad y al servicio de hacer posible la
estabilidad. No es un voto que se apoye en la coincidencia
programática, ni siquiera en el programa presentado hoy por el
candidato a Presidente, cuyos compromisos, no obstante, han
influido en esta decisión.

Añade que legítimamente tendrían motivos para anteponer otros
criterios y no apoyar la investidura, pues resulta indudable
que a la actual situación de crisis no es ajena la precedente
acción de gobierno, pero aun así han dominado en su decisión
otros factores, como los de que no existe otra posibilidad de
acción de gobierno viable que no descanse en esta candidatura
y, en segundo lugar, que la situación global del país, en una
coyuntura especialmente crítica, les aconseja no demorar la
formación del nuevo Gobierno o contribuir en su inicio a una
imagen de debilidad que perjudique su crédito interior y
exterior.

Agrega que asumen con plenitud la responsabilidad de su
posición decisiva, si bien la confianza deberá ganarse a
partir de ahora en función de las propuestas hechas para
superar la crisis y de los acuerdos que se alcancen para
avanzar más decididamente en la construcción eficaz y
respetuosa del Estado de las autonomías. En todo caso, ese
apoyo sólo se dará si lo que deben compartir es coherente con
el programa que ofrecieron a sus electores. Como primera gran
prueba de las medidas urgentes que deberán adoptarse menciona
los próximos Presupuestos Generales, donde deberá reflejarse
la orientación de la política del Gobierno en base a lo que
reclama la nueva composición de la Cámara. Será ahí donde
deberán consolidarse y definirse las bases en las que
descansará la futura estabilidad de la acción de gobierno.

Expone a continuación las líneas fundamentales de lo que, a su
entender, debería guiar la futura acción de gobierno,
señalando que hay vías que están ya agotadas y que la nueva
etapa que se inicia comporta necesariamente y en muchos
aspectos la definición de nuevas políticas económicas. Si la
situación es nueva, la política también lo debería ser. Como
gran capítulo de esta nueva orientación menciona la política
económica, que ha de proponerse la reactivación de nuestra
economía estimulando el ahorro y la inversión para crear
puestos de trabajo y ser competitivos. Serán necesarias
importantes reformas estructurales, no exclusivamente en el
campo de las relaciones laborales, sino también y
principalmente en esto. La rigidez del mercado de trabajo está
creando a veces tanto desempleo como la propia crisis. Por
otra parte, comparte el deseo del señor candidato sobre un
gran acuerdo social, pero éste constituirá simplemente un
elemento más de una política que retorne la confianza a la
sociedad y especialmente a los agentes económicos y sociales.

En todo caso, la perspectiva del acuerdo social es positiva y
van a compartirla, pero si éste no se alcanzase, las medidas y
las reformas deberían realizarse igualmente.

En la nueva acción económica también la pequeña y mediana
empresa deberán ser objeto de especial consideración, pues es
en este sector donde pueden crearse nuevos puestos de trabajo
y también donde deben introducirse más modificaciones en su
régimen general y, sobre todo, en el laboral.

Menciona asimismo la necesidad de disciplinar en los próximos
años nuestro déficit presupuestario, tarea que reconoce
difícil y que requerirá el establecimiento de un orden de
prioridades que ha de exigirse a la sociedad. Otro gran
capítulo en el que su Grupo desea observar una nueva
orientación es en el campo de la política autonómica, asunto
que para ellos adquiere una importancia relevante a la hora de
formular una valoración global de la acción del nuevo
Gobierno. De manera singular tiene que aludir a la necesidad
de revisar el sistema de financiación de las comunidades
autónomas en el marco del principio de la corresponsabilidad
fiscal, cuestión polémica que, a su juicio, debería haberse
resuelto



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hace ya tiempo y que viene perjudicando gravemente el
funcionamiento regular de las comunidades autónomas. Se trata
de una cuestión que debería resolverse de manera satisfactoria
en los próximos Presupuestos Generales.

Menciona otros apartados en que asimismo considera necesarias
reformas profundas, como la gestión del Inem, el reglamento
del Senado y funcionamiento de las instituciones democráticas,
para concluir mostrando su confianza en que la futura acción
de gobierno sea eficaz y de calidad, de manera que permita la
recuperación económica tan necesaria. Con esta ilusión, su
Grupo Parlamentario votará afirmativamente en esta sesión de
investidura en aras a salir de la situación compleja y difícil
a que anteriormente se refería.

Replica el candidato a la investidura como Presidente del
Gobierno, señor González Márquez, duplicando el señor Roca i
Junyent.




Se suspende la sesión.




Se reanuda la sesión.




En representación del Grupo Vasco (PNV), el señor Anasagasti
Olabeaga manifiesta que se encuentran hoy en la apertura de
esta V Legislatura con algo que es habitual en el contexto
europeo, como son gobiernos que han de pactar e incorporar a
su acción otras formas de abordar los mismos problemas sin que
pase absolutamente nada. En estas circunstancias es importante
el discurso del candidato a la Presidencia del Gobierno
explicando un programa que puede recoger distintos apoyos,
sobre todo cuando nos encontramos en una situación que, sin
caer en alarmismos, podemos considerar de crisis aguda. De ahí
también la importancia de conseguir que el próximo Gobierno se
encuentre no sólo con un apoyo suficiente sino con apoyos
claros para lograr una acción de gobierno sólida y eficaz,
capaz de encarar los rudos retos a los que nos hemos de
enfrentar.

Añade que en el discurso del candidato a la Presidencia del
Gobierno han encontrado un análisis ajustado a la realidad que
se vive y un llamamiento a la colaboración y al apoyo. Ha sido
un discurso con unas prioridades que hacen suyas, aunque no
tengan coincidencias programáticas. A su juicio, se ha tratado
de un buen análisis y sobre todo con visión de futuro.

En relación con la situación económica, cuyo análisis, «grosso
modo», comparte, afirma que, lejos de intereses partidistas,
hoy más que nunca son conscientes de que vivimos un momento
histórico crítico, tan sólo superable desde el compromiso de
todas las fuerzas políticas, económicas y sociales. Piensa que
entre todos tienen que encontrar un mínimo común denominador
para superar los problemas actuales y los retos de futuro que
tenemos planteados. Se trata de cuestiones clave ante las que
también desde la oposición es preciso responder sin demora,
desde la conciencia de la situación presente y desde la
solidaridad que se precisa. Después de la intervención del
señor candidato constatan, una vez más, la gravedad de los
problemas y coinciden con muchas de las medidas que podrían
cambiar la situación. Es precisamente esta situación la que
justifica, a su juicio, un pacto político, y sobre todo un
pacto social, para aportar soluciones solidarias desde un
compromiso firme con las instituciones y a través del cual se
consiga incrementar la productividad y la competitividad del
sistema económico.

Alude seguidamente a la necesaria reforma del mercado de
trabajo, al control selectivo del gasto público, la moderación
del déficit público, la lucha decidida contra el fraude fiscal
y otros fraudes que permitan no incrementar la presión fiscal,
así como a la reforma y modernización de la Administración
Pública y del mercado de trabajo, con una atención especial a
la pequeña y mediana empresa como elemento indispensable para
superar la situación de la crisis presente.

Menciona también el pleno apoyo de su Partido a la integración
europea y a la propia persona en cuanto tal, mostrándose, por
tanto, contrarios a cualquier tipo de discriminación, para
concluir recordando que su Partido nunca en la historia ha
apoyado ninguna investidura. Por no hacerlo tampoco votó
favorablemente tras la intervención golpista del 23 de febrero
de 1981, por considerar que el Gobierno y la democracia no
estaban en peligro. Hoy, sin embargo, desde partidas
diferentes y con entidad propia, no quieren que el nuevo
Gobierno fracase, porque no están los tiempos para tensiones
políticas innecesarias y porque, en definitiva, sería el
fracaso en una coyuntura enormemente importante en materia
económica, industrial y de ajuste europeo. Si estalla la
economía, la explosión coge absolutamente a todos, aunque el
señor candidato debe saber que si abandona las prioridades
establecidas se encontrará con la denuncia de dicho abandono
desde lo que son, es decir, un partido de oposición.

Consiguientemente, sin pactos ni componendas previas de
ninguna clase, hace público que votarán favorablemente la
candidatura del señor González a la Presidencia del Gobierno.




Contesta el señor González Márquez.




Se suspende la sesión a la nueve y veinte minutos de la noche.




Se abre la sesión a las once de la mañana.




--DEBATE SOBRE LA INVESTIDURA DEL CANDIDATO A LA PRESIDENCIA
DEL GOBIERNO(Número de expediente 080/000001)



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El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión.

Punto único del orden del día: Debate sobre la investidura
del candidato a la Presidencia del Gobierno.

Por parte de la señora Secretaria Primera de la Cámara se
procederá a leer la propuesta de candidato a la Presidencia
del Gobierno.




La señora SECRETARIA (Frías Navarrete): «De acuerdo con lo
establecido en el artículo 99 de la Constitución, y celebradas
las consultas con los representantes designados por los grupos
políticos con representación parlamentaria, vengo a proponer
al excelentísimo señor don Felipe González Márquez como
candidato a la Presidencia del Gobierno, lo que comunico para
que, a través de vuestra excelencia, se formule al Congreso de
los Diputados la oportuna propuesta. Madrid 3 de julio de
1993. Juan Carlos, Rey. El Presidente del Congreso de los
Diputados, Félix Pons.»



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Secretaria.

El señor González Márquez tiene la palabra para exponer el
programa político del Gobierno que pretende formar y solicitar
la confianza de la Cámara.




El señor GONZALEZ MARQUEZ (Candidato a la Presidencia del
Gobierno): Señor Presidente, señoras y señores Diputados,
comparezco hoy ante la Cámara, en cumplimiento del mandato
constitucional, para solicitar de SS.SS. el voto favorable a
la investidura.

Las elecciones del pasado 6 de junio permitieron a los
españoles manifestar sus preferencias políticas y, al mismo
tiempo, su voluntad de otorgar una confianza mayoritaria a
nuestro proyecto de progreso, aunque sin alcanzar la mayoría
absoluta de los escaños de la Cámara. A este mandato debemos
atenernos.

Los ciudadanos han renovado su confianza en la fuerza
política que represento, al tiempo que nos han pedido que
vayamos más lejos, que hagamos las cosas de otra manera y que,
sabiendo recoger el fruto de los esfuerzos anteriores,
marquemos una orientación que nos permita afrontar el futuro
con éxito.

Los españoles nos están pidiendo más diálogo con la sociedad
y con las otras fuerzas políticas; nos demandan, en
definitiva, un cambio sobre el cambio. La propia ausencia de
una mayoría absoluta es la más clara constatación de una nueva
realidad política que exige a todos, y en particular a quien
obtenga el mandato de la Cámara para gobernar, un nuevo
enfoque político.

Pasado el proceso electoral, he expresado la necesidad de
formar un gobierno con respaldo mayoritario en el Parlamento.

Estoy convencido de que los acuerdos estables con otras
fuerzas políticas son un requisito necesario para esta nueva
etapa política con objeto de superar los retos que la misma
plantea. Vengo, pues a solicitar su apoyo para la formación de
un gobierno que tiene una clara vocación de diálogo y
compromiso, abierto a la colaboración de las fuerzas políticas
que puedan encontrar en el programa suficientes coincidencias
con los suyos propios como para votar favorablemente en esta
sesión.

En el curso de las conversaciones mantenidas hemos encontrado
bases suficientes para un posible compromiso de gobierno con
el Partido Nacionalista Vasco y para compromisos programáticos
concretos con Convergència y Unió, que irán desarrollándose en
el inmediato futuro, sin cerrar la posibilidad por nuestra
parte de una colaboración gubernamental cuando se juzgue
oportuno. El gobierno que se forme tras estas conversaciones,
señorías, se compromete, desde el comienzo, a mantener abierto
el diálogo con las otras fuerzas políticas que lo deseen, e
intentará asumir las propuestas que sean coherentes con la
orientación progresista que inspirará su acción.

Antes de entrar a definir los ejes de la acción gubernamental
quisiera trasladar a SS.SS. algunas consideraciones sobre la
situación por la que atraviesa nuestro país y sobre los retos
a los que nos enfrentamos. Pese a las dificultades presentes,
deseo trasladar también nuestra esperanza sobre las
posibilidades del futuro, un futuro fruto del esfuerzo de
modernización emprendido por nuestra sociedad desde 1977. A
partir de ese análisis señalaré las prioridades de la
legislatura y les trasmitiré el talante con el que pretendo
dirigir la acción de gobierno en los próximos cuatro años, si
obtengo el respaldo de la Cámara.

Considero, señorías, que es necesario abrir esta nueva etapa
con un compromiso sólido de renovación política y con una
reafirmación de los valores de progreso que orientan nuestra
acción. Estos valores de tolerancia, de solidaridad, de
austeridad, de esfuerzo personal, de respeto a la legalidad y
a la paz son, a mi juicio, ampliamente compartidos por la
mayoría de los ciudadanos. Tolerancia entendida como expresión
del talante democrático, del respeto a las posiciones de los
demás, sin tentaciones excluyentes; solidaridad asumida como
el impulso que hace que ciudadanos e instituciones no se
desentiendan de la suerte de los menos favorecidos; austeridad
como principio de conducta personal y como instrumento para
luchar contra la crisis, ahorrando recursos para destinarlos a
la inversión productiva generadora de empleo; esfuerzo
personal para enfrentar los retos que se nos presentan como
ciudadanos y que exigen una justa compensación a aquellos que
los realizan; respeto a la legalidad y compromiso por la paz
que excluya las actitudes que vulneran o que sortean los
cauces establecidos para todos por igual y que rechazan con
firmeza las actitudes de los violentos.

En este punto quiero testimoniar mi solidaridad con las
víctimas que hace días se produjeron en Madrid y con las que
hoy en San Sebastián están sufriendo el embate de esa
violencia.

Insisto en estos valores porque toda política debe asentarse
en convicciones. No puede convertirse en mera administración
de los asuntos públicos, sino que debe marcar las pautas de la
acción colectiva y reflejar las aspiraciones de la sociedad,
su empeño en vencer los obstáculos, en superar los desafíos y
en aprovechar las oportunidades que se le ofrecen.




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Durante los años ochenta hicimos frente a una aguda crisis
económica y supimos superarla. Hemos conocido así períodos de
estancamiento económico y de expansión acelerada. Hemos pasado
del prolongado aislamiento internacional a la incorporación
plena en la construcción europea, con un protagonismo
destacado. Hemos afianzado el edificio constitucional y
desarrollado su ordenamiento democrático. Hemos puesto en pie
las bases de un sistema de protección social que otras
naciones han logrado en ciclos históricos más prolongados.

Hoy, sin embargo, hemos de hablar, sobre todo, de las
dificultades que caracterizan el momento presente,
dificultades concretas que venimos padeciendo en los últimos
tiempos, dificultades para competir que sienten directamente
aquellos que están perdiendo su puesto de trabajo,
dificultades para contener los precios que sienten también
directamente los pensionistas o los empresarios abiertos a la
competencia que ven peligrar sus empresas en mercados cada vez
más agresivos.

Cuando hablo de dificultades, señorías, me refiero también a
la incertidumbre frente al futuro de los jóvenes o a los
problemas que se relacionan con la inseguridad ciudadana, con
la droga o con la marginación. Estos son los problemas a cuya
solución se dirigirá la acción del Gobierno que hoy les
presento y cuyos objetivos básicos son crear empleo y
fortalecer nuestra democracia.

Los problemas de nuestra democracia deben resolverse
profundizando en la democracia. Su solución depende
exclusivamente de nosotros. Abordaremos reformas
institucionales concretas con mejoras en nuestros mecanismos
de participación y control. Los problemas de nuestra economía
no pueden separarse, en cambio, del contexto europeo e
internacional desfavorable que vivimos, aunque presenten
características particulares que podemos y debemos corregir.

El crecimiento del paro en los últimos doce meses ha encendido
la luz de alerta y hay que actuar con la mayor celeridad y
profundidad.

Y a partir de estas consideraciones, señorías, la oferta
programática que presento se vertebra en torno a cuatro ejes
fundamentales: el primero, la superación de la crisis
económica y el impulso económico; el segundo, el impulso
democrático; el tercero, el desarrollo autonómico; el cuarto,
la política exterior y el impulso hacia la unión europea.

Cualquier reflexión sobre las líneas de futuro de la política
económica del Gobierno debe partir, a mi juicio, de dos
premisas. Una, que la situación económica es difícil, y
difícil para todos, para la pequeña y para la gran empresa,
para la agricultura y para el comercio, para los trabajadores
y empleados industriales y también para los de servicios; los
unos ven caer fuertemente sus beneficios o plantearse el
cierre de su actividad y los otros ven comprometido, cuando no
extinguido, su puesto de trabajo.

Otra, que en período de grandes dificultades se impone la
corresponsabilidad y el esfuerzo solidario de todos, porque a
todos afecta la situación. Sólo el empeño y la responsabilidad
comunes, con el apoyo de los ciudadanos, de las fuerzas
políticas y de los agentes sociales y económicos, sólo con ese
empeño podremos encarar con acierto la salida de la profunda
crisis actual.

La situación económica en el momento presente, a nivel
nacional e internacional, se caracteriza, en primer lugar, por
una importante contracción de la actividad económica, más
acusada y localizada, como es habitual, en la inversión que en
el consumo privado y público. En segundo lugar, esta caída de
la actividad se ha traducido en un proceso de rápida
destrucción de puestos de trabajo y en la agudización de
determinados desequilibrios macroeconómicos, especialmente el
déficit del sector público, agravado por la menor recaudación
inducida por la crisis y el mayor gasto, producto de los
compromisos y coberturas sociales. En tercer lugar, la caída
en la actividad económica y la consiguiente disminución de la
rentabilidad empresarial se han visto agravadas por las
incertidumbres políticas y económicas en el plano
internacional, que incluyen desde las dificultades que están
encontrando Estados Unidos o Japón para afianzar sus procesos
de recuperación hasta las incógnitas derivadas de los procesos
de cambio en los países de la Europa del Este, o las presiones
proteccionistas concretadas en los constantes ataques y
dificultades en la Ronda Uruguay, o las propias dificultades
para reencontrar la senda del dinamismo que presidía el
proceso de construcción europea. Finalmente, nos encontramos
frente a una serie de problemas, de insuficiencias de carácter
estructural, que están dificultando el relanzamiento de la
actividad económica, como pueden ser el bajo nivel de ahorro,
la diferencia entre la inflación del sector industrial y el de
servicios, la rigidez del mercado de trabajo o la falta de
competitividad de nuestro aparato productivo.

Este diagnóstico no es exclusivamente español, es válido para
la práctica totalidad de los países europeos. Es más, la
interrelación alcanzada por las economías europeas es de tal
magnitud que resulta impensable una salida duradera autónoma,
máxime en el estadio actual de globalización de la economía
mundial. En consecuencia, nuestro objetivo en el momento
presente debe centrarse en la corrección de los desequilibrios
y en la aprobación de las reformas estructurales que nuestra
economía precisa, de tal forma que nos situemos en las mejores
condiciones posibles para beneficiarnos de la futura fase
cíclica de crecimiento europeo y mundial.

Por todo ello, los objetivos básicos que deben presidir la
política económica española en los próximos años quedarían
resumidos y sintetizados en dos, que a su vez son las dos
caras de una misma moneda: la creación de empleo y la mejora
de la competitividad de nuestro sistema productivo.

Así como en la primera legislatura nos tuvimos que enfrentar
a la salida de una crisis que duraba casi un decenio y en la
segunda y en la tercera sentamos las bases y consolidamos el
período de crecimiento económico



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más largo e intenso de la democracia, en el momento presente,
al inicio de esta V legislatura, pensamos que el objetivo
básico que debe presidir todas nuestras actuaciones es la
mejora de la calidad de nuestro sistema económico, el
incremento de su competitividad frente a los países con los
que se ve obligado a disputar los mercados. Sin lugar a dudas,
este es un requisito imprescindible para la creación duradera
de empleo.

A la consecución de estos objetivos estarán orientadas todas
las políticas gubernamentales, tanto la propia política
macroeconómica como las diferentes políticas sectoriales: la
política industrial, la educativa y de formación y, por
supuesto, la política laboral y de empleo. Las medidas que,
consecuentemente, se adoptarán pueden agruparse en tres
grandes bloques. Por un lado, aquellas destinadas a mejorar la
competividad, a favorecer la recuperación económica y a
corregir los desequilibrios básicos de nuestra economía. Por
otro, las encaminadas a conseguir las reformas estructurales
que la economía española precisa, siempre desde la perspectiva
de homologación a los modelos y sistemas económicos de los
países comunitarios. Finalmente, un tercer bloque recogerá los
grandes planes de actuación, algunos de ellos ya diseñados en
la legislatura anterior, que configuran una clara decisión de
mejorar nuestras infraestructuras y nuestro entorno.

Centrándonos en el primer bloque de medidas, las destinadas a
mejorar la competitividad y a promover la recuperación
económica, cabría establecer tres áreas en las que el Gobierno
actuará de una manera preferente: la consolidación fiscal, las
medidas de recuperación y el pacto social.

La primera de ellas, como he indicado, consistirá en un
programa de consolidación fiscal. El aumento del desempleo y
la reducción de los ingresos públicos, provocados ambos por la
fuerte recesión económica, configuran un panorama de déficit
muy superior al previsto para 1993 y 1994, donde estaremos
cerca de alcanzar el cinco por ciento del producto bruto en el
déficit de la
Administración del Estado. Consideramos necesario no
incrementar el nivel de presión fiscal actualmente vigente.

Por ello, la contención del déficit tendrá que articularse a
través del control del gasto, buscando un paulatino
reequilibrio presupuestario que reduzca la presión sobre los
mercados de capitales a la hora de captar ahorro interno y
facilite la bajada de los tipos. Con el presupuesto para 1994
el Gobierno dará a conocer a la Cámara el conjunto de medidas
normativas que garanticen la consolidación fiscal en la línea
que he expuesto.

En segundo lugar, el Gobierno adoptará un amplio paquete de
medidas que persiguen la recuperación económica y, de manera
especial, la incentivación de la inversión y el ahorro. Entre
otras, cabría señalar aquí la reducción prudente y concertada
de los tipos de interés, en la medida en que el mercado y los
ajustes internos lo vayan posibilitando; el apoyo financiero y
fiscal específico para la pequeña y la mediana empresa, la
reforma del Impuesto de Actividades Económicas, la continuidad
en el apoyo a la exportación e internacionalización de las
empresas españolas y el mantenimiento del esfuerzo fiscal en
la inversión, tanto en capital físico como humano. El Gobierno
impulsará el diálogo social sobre la competitividad industrial
con el fin de alcanzar el mayor consenso en torno al Libro
Blanco de la industria y a acentuar el carácter activo de la
política industrial, cuyo objetivo es ayudar a las empresas en
sus esfuerzos para mejorar su propio potencial, fortaleciendo
los principales factores de los que depende su competitividad,
como la innovación tecnológica, la calidad y la seguridad
industrial, la adaptación medioambiental de la industria, los
servicios de apoyo a las pequeñas y medianas empresas y la
cooperación empresarial.

En tercer lugar, impulsaremos la creación de empleo a través
del pacto social al que me voy a referir posteriormente con
detenimiento.

La segunda área de iniciativas integraría todas aquellas,
muchas de carácter estructural, que quieren conseguir una
sociedad más competitiva a la vez que más flexible y
transparente, reformas cuyo desarrollo y efectos
previsiblemente se harán sentir a medio y a largo plazo. En
este campo se deben incluir la mejora de la eficacia de la
Agencia Tributaria y el diseño de un plan de lucha contra el
fraude fiscal, o la Ley de Arrendamientos Urbanos, la
liberalización del sector de servicios en áreas como el
transporte y las telecomunicaciones, buscando reducir su
actual tendencia inflacionista; o la reforma del Impuesto de
Sociedades, que actualice y adecue a las necesidades
empresariales presentes la legislación fiscal en este campo en
materias como la doble imposición, los ajustes contables o las
amortizaciones.

Por último, una tercera área constituida por las iniciativas
en materia de infraestructuras y de medio ambiente, que España
precisa para completar su desarrollo y conseguir la
articulación espacial necesaria en la que fundamentar su
crecimiento e incorporación a Europa en condiciones de
igualdad competitiva.

En este apartado se incluyen, señorías, entre otros, la
aprobación y puesta en marcha del plan director de
infraestructuras, en el que se diseña un conjunto integral de
actuaciones básicas en el área de las infraestructuras para un
horizonte de quince años, y el plan de reforestación, que
asume como objetivo la actuación en los próximos cuatro años
sobre un millón de hectáreas, o el plan hidrológico nacional,
que dibuja un esquema de intervención a largo plazo,
asegurando el mejor aprovechamiento de los recursos hídricos
disponibles.

El conjunto de las políticas desarrolladas en estas tres
áreas de actuación será congruente con un proyecto que tiene
como una de sus señas fundamentales de identidad el
mantenimiento de la cohesión social y territorial, buscando
siempre la protección de los sectores que tienen una menor
capacidad de defensa frente



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a los desajustes cíclicos de la economía o simplemente frente
a la libre actuación de las fuerzas del mercado.

Esta dimensión solidaria de nuestra política debe ponerse
especialmente de manifiesto en los momentos actuales de
dificultad económica y exige como contrapunto inexcusable una
tarea eficaz para eliminar el fraude en las prestaciones. Pero
los contenidos sociales de nuestras políticas no sólo
responden a las señas de identidad de un proyecto de progreso.

Estamos convencidos de que la mejora de la educación, de la
sanidad y, en general, las políticas que persiguen la igualdad
de oportunidades son requisitos no sólo convenientes sino
necesarios para el desarrollo de nuestra economía y de nuestra
sociedad. Por ello avanzaremos en estas políticas en la medida
de nuestras posibilidades y, en el necesario clima de
austeridad en que debemos actuar, dirigiremos los recursos
disponibles hacia aquellos que más los necesiten, garantizando
que sirvan efectivamente a los objetivos a los que están
destinados, y pediremos así los esfuerzos de solidaridad en
relación a las capacidades y a las posibilidades de todos.

Este mismo esfuerzo de solidaridad es el que explica nuestra
voluntad de llegar a un acuerdo con los interlocutores
sociales para definir la estrategia que pensamos desarrollar
en los próximos años con el objetivo de crear empleo. Es lo
que hemos llamado durante la campaña el pacto por el empleo.

En lo fundamental, nuestra crisis no es diferente a la que
padecen otros países de nuestro entorno. En algunos de ellos,
la responsabilidad de los agentes sociales está posibilitando
la adopción de estrategias económicas que facilitan la
redistribución de los costes de la salida de la crisis.

Si queremos mantener los logros sociales alcanzados en
nuestro país en el pasado decenio, resulta obligado un nuevo
esfuerzo colectivo que acepte la adopción de medidas
imprescindibles para afrontar y superar el actual período de
recesión y de destrucción de empleo.

Estamos firmemente convencidos de que un acuerdo con los
interlocutores sociales aumentaría nuestras posibilidades de
desarrollo económico y social y aprovecharía al máximo las
potencialidades que ofrece la estrategia que proponemos. El
pacto social que estamos ofreciendo a los interlocutores
sociales no es sólo un pacto de rentas, es un pacto global que
se plantea como objetivo fundamental la creación de empleo.

Este pacto social deberá contemplar la distribución de los
esfuerzos y de los sacrificios, así como de los compromisos
que se asuman dentro de una estrategia de recuperación
económica, de forma equitativa entre todos los sectores
económicos y sociales de la sociedad, tanto en su vertiente de
política de rentas como de definición global de la estrategia
económica y de compromiso en las reformas estructurales que de
ellas se derive, y específicamente la del mercado laboral. Una
política de rentas eficaz y solidaria tiene que tener en
cuenta los objetivos de competitividad de nuestra economía. En
este sentido promoveremos, en el marco del diálogo social, la
adopción de medidas que, siendo compatibles con el principio
de autonomía en la determinación de los salarios y de los
beneficios, garanticen la coordinación de las distintas rentas
con el esfuerzo de recuperación económica, de corrección de
nuestros desequilibrios básicos y, en definitiva, con la
creación de empleo.

Paralelamente, nos proponemos realizar la reforma del mercado
de trabajo que, promovida ya en la anterior legislatura, está
siendo debatida en este momento en el Consejo Económico y
Social. Esta reforma pretende ser global y equilibrada,
sustentada en un acuerdo con los interlocutores sociales sobre
cuestiones que nos parecen básicas. La primera de ellas es la
adaptación de los servicios públicos de empleo, ya iniciada,
con la transferencia de la gestión de las prestaciones por
desempleo del Inem al Instituto Nacional de la Seguridad
Social para conseguir que el Instituto Nacional de Empleo se
centre en la función de intermediación que desarrolla en el
mercado de trabajo.

La segunda pretende la modificación de las actuales
modalidades de contratación laboral, con el fin de lograr un
equilibrio en el sistema de relaciones laborales que se base,
sobre todo, en el restablecimiento progresivo del principio de
causalidad en relación con la contratación laboral, en el
fomento de la estabilidad en el empleo y en la introducción de
mayores facilidades a la movilidad interna de las empresas,
tanto de carácter funcional como geográfico. Consciente de las
dificultades que ello plantea, el Gobierno estará dispuesto a
concertar con los agentes sociales una política de vivienda
que otorgue prioridad de acceso a ella a los trabajadores que
se desplacen de residencia por motivos laborales.

La tercera está vinculada a la políticas activas de empleo,
políticas orientadas, sobre todo, a favorecer la creación de
puestos de trabajo para aquellos colectivos con mayores
dificultades de inserción en el mercado laboral,
particularmente los jóvenes, las mujeres y los parados de
larga duración. También se orientarán a la ordenación, al uso
más flexible y al reparto del tiempo de trabajo para crear más
oportunidades de empleo y, a este efecto, se fomentará la
utilización de los contratos a tiempo parcial y de relevo y se
recuperará el contrato de aprendizaje.

La cuarta cuestión básica se refiere a la política de
formación profesional. Como recordarán SS.SS., durante la
anterior legislatura se ha aprobado el Programa Nacional de
Formación Profesional para el período 1993-1996, dotado con
500.000 millones de pesetas, y se ha llegado a un acuerdo con
los interlocutores sociales sobre formación continua para los
trabajadores ocupados, que también tendrá un importe de
200.000 millones de pesetas. En los próximos años pretendemos
dar un fuerte impulso a la política de formación profesional
dentro de una estrategia general de competitividad, de lucha
contra el desempleo y de promoción social y profesional de los
trabajadores. Este impulso tendrá como soporte un importante
esfuerzo financiero, como he dicho.




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Finalmente, creemos que es necesario avanzar hacia un modelo
de relaciones laborales más participativas y cooperativas. El
pacto social para el empleo es un buen instrumento para ello
al permitir profundizar en el desarrollo de la democracia
industrial, extendiendo derechos de información y consulta de
los trabajadores e introduciendo nuevas formas de
participación y de colaboración en la empresa, contemplando al
mismo tiempo la consiguiente corresponsabilización.

Se trata, en definitiva, señorías, de intentar sustituir un
modelo de relaciones laborales de conflicto por un modelo de
corresponsabilidad adecuado a las circunstancias del presente.

En este esquema se inserta una regulación del ejercicio del
derecho de huelga que corresponsabilice a los sindicatos,
sobre todo cuando afecte a los servicios esenciales para la
comunidad. Por nuestra parte cumpliremos el compromiso
electoral presentando el texto de la ley que decayó en la
anterior legislatura.

En esta misma dirección cabe contemplar el propósito de
regular la participación institucional de los interlocutores
sociales y apoyar los órganos paritarios de conciliación,
mediación y arbitraje que ellos mismos establezcan de común
acuerdo.

Estas son en síntesis, señoras y señores Diputados, las
líneas de actuación en materia económico-social que me
propongo aplicar para facilitar la recuperación económica,
mejorando nuestra competitividad, realizando las reformas
estructurales necesarias, priorizando la educación y la
formación profesional y dotándonos de mejores
infraestructuras. Si consiguiéramos alcanzar un acuerdo
razonale con los agentes sociales en las materias que les
afectan, tengo plena confianza en el potencial de nuestra
economía y en la energía de nuestras empresas para dar un
nuevo salto hacia adelante en el camino de la prosperidad
económica y social.

En segundo lugar, me gustaría hablarles del impulso
democrático.

Las pasadas elecciones, señorías, han venido a desmentir en
parte el supuesto alejamiento entre los ciudadanos y la
política. La elevada participación en las urnas y el alto
grado de interés que despertó la campaña electoral, inmersa en
una grave crisis económica y en un clima de imputaciones
generalizadas de corrupción, son una buena prueba de este
interés ciudadano. Sin embargo, la necesidad de dar un nuevo
impulso a la democracia nace de una reflexión sobre el momento
histórico que nos tocar vivir. Se trata de una reflexión no
específicamente española puesto que constituye una
preocupación difundida ampliamente en la mayor parte de las
democracias europeas. Estamos presenciando en Europa un cierto
proceso de desafección de los ciudadanos respecto de las
políticas tradicionales, los partidos políticos y sus
representantes. Incluso me atrevería a decir que asistimos a
una cierta pérdida de aprecio hacia elementos esenciales del
funcionamiento de la democracia. Todo ello se traduce en una
crítica general y sin matices de los partidos, de las
instituciones y de todos los ámbitos de la vida pública.

Sin dramatizar este distanciamiento, hemos de ser conscientes
de la necesidad de revalorizar la vida de los partidos y de
las instituciones. Se trata de convertir al Parlamento en el
centro real del debate democrático, de dotar de mayores
poderes al Consejo General del Poder Judicial, para hacer que
la justicia sea más eficaz, de aumentar la eficacia, la
agilidad, la transparencia de la Administración y hacerla más
próxima al ciudadano. Analizaré, señor Presidente, cada uno de
estos objetivos con algún detalle.

He insistido durante la campaña electoral en la necesidad de
una ley de partidos políticos, una legislación que nos ayude a
superar la desconfianza sobre la actuación y la financiación
de los partidos. Los aspectos que debería regular esta ley
son, por una parte, los derechos y deberes básicos de los
afiliados a los partidos, en cumplimiento del mandato
constitucional de funcionamiento democrático, y, por otra, las
fuentes de financiación de los partidos, políticos que deben
limitarse, a nuestro juicio, a la financiación pública y a la
privada que provenga exclusivamente de personas físicas,
aunque esta última pueda llevar aparejada la posibilidad de
desgravación fiscal. Es preciso también regular en esta ley la
contabilidad de los partidos para hacerla más transparente,
con el inexcusable corolario de reformar la Ley del Tribunal
de Cuentas, en orden a reforzar sus posibilidades de control.

Durante el período de campaña he ofrecido la creación de una
comisión de encuesta a nivel parlamentario, sobre la
financiación de los partidos. Mantengo ante esta tribuna esa
oferta a los grupos políticos de la Cámara.

En cuanto al Parlamento, debemos culminar la reforma de los
reglamentos del Congreso y del Senado, muy avanzadas ya en la
anterior legislatura, con el objetivo de recuperar las
funciones más genuinas de las Cámaras, es decir, la de
legislar y, sobre todo, la de conocer y aproximarse a los
problemas concretos a través del debate parlamentario.

La presencia permanente del Ejecutivo y de su propio
Presidente ha de facilitar una mejor labor de control sobre
sus actuaciones, todo ello orientado a fomentar el interés de
los ciudadanos por las cuestiones políticas que se debaten
aquí. Pretendemos que la reforma del Reglamento del Senado
abra el camino hacia su definitiva configuración como Cámara
territorial más allá de su papel actual como Cámara de segunda
lectura. En ese camino no descartamos promover una reforma de
aquellos aspectos de la Constitución que pudieran dificultar
ese objetivo, siempre que fuera preciso y existiera el
consenso parlamentario suficiente.

Parece necesario revisar también el sistema de provisión de
los miembros de los órganos constitucionales, tales como el
Tribunal Constitucional, el Consejo del Poder Judicial o el
Defensor del Pueblo. A mi juicio, la elección de esos
componentes debe seguir siendo competencia del Parlamento,
pero debemos arbitrar mecanismos de funcionamiento que eviten
el reparto de cuotas entre partidos y los bloqueos que se
vienen



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produciendo como consecuencia de la falta de acuerdo.

(Rumores.)
En relación con la justicia creo que es legítimo señalar la
enorme transformación realizada en estos años. Se han
multiplicado los medios personales y materiales, lo que ha
requerido doblar la participación del gasto en justicia en
relación con nuestro producto interior bruto.

A partir de lo ya realizado hay que dar un impulso definitivo
que permita a la justicia lograr el aprecio de la ciudadanía
que merece y necesita esa función del Estado. Para ello hay
que dirigir el esfuerzo prioritariamente hacia la calidad, lo
que exige una mejora constante de la formación de jueces y
magistrados. Una mayor especialización debe tener también
incidencia sobre la mejora de la calidad en la actividad
jurisdiccional. Hay que preservar y profundizar en la
independencia del poder judicial y, en paralelo, perfeccionar
también los mecanismos por los que se pueden exigir
responsabilidades, para lo cual es preciso una reforma que
permita ejercer sus poderes al Consejo del Poder Judicial,
todo ello de acuerdo con lo que el propio Consejo viene
demandando en sus informes. Por hacer referencia a aspectos
más concretos señalaré que la reforma procesal ha de ser
aprobada con prontitud, prestando especial atención al orden
civil y contencioso-administrativo que sufren las
consecuencias del aumento de la litigiosidad.

Señor Presidente, señorías, la competitividad depende no sólo
de la productividad del sector privado de la economía sino
también de la calidad y buen funcionamiento de sus
administraciones públicas. Ello remite a la exigencia de
modernización de la Administración en una triple faceta:
logrando una eficiencia elevada que mejore la relación entre
los costes y los beneficios de su funcionamiento, mejorando la
calidad y la eficacia de los servicios que se prestan a los
ciudadanos y flexibilizando las rigideces de su
funcionamiento, aumentando la transparencia, haciéndose más
accesible e incorporando tanto en las normas jurídicas que la
regulan como en la práctica diaria una cultura de servicio a
los usuarios. Se trata, señorías, de conseguir estructuras
administrativas reducidas y eficaces volcadas sobre las
demandas de la sociedad.

Por eso, es propósito del Gobierno continuar en términos
generales con la política de congelación del empleo público.

El complemento de esta política será un aumento de la
movilidad y versatilidad del personal al servicio de las
administraciones. Pero una reflexión sobre el impulso
democrático en un país tan descentralizado como el nuestro
quedaría incompleta si no contemplase las necesarias
adecuaciones a esta nueva etapa política del propio Estado de
las autonomías. Nuestro país, señorías, ha recorrido en pocos
años un largo camino, el que media entre un Estado autoritario
y centralista y un Estado democrático y fuertemente
descentralizado. Este recorrido ha sido posible gracias al
alto nivel de acuerdo político que presidió tanto la
Constitución como la aprobación de los diversos estatutos de
autonomía y, a partir de una y otros, presidió también las
diversas etapas de la construcción del Estado autonómico.

En otros momentos he expresado ante esta Cámara la necesidad
de articular una política autonómica que sea capaz de
responder a la homogeneidad y a la diferencia, a los problemas
que son comunes y compartidos por todas las comunidades
autónomas y a los que tienen su origen en los indiscutibles
hechos diferenciales que se derivan de peculiaridades
geográficas, culturales, lingüísticas o del propio contenido
estatutario de cada comunidad.

La Constitución garantiza la igualdad básica de todos los
ciudadanos españoles en la totalidad del territorio, previene
contra toda discriminación injusta y, a la vez, ampara
diferencias organizativas y competenciales entre comunidades
autónomas, dentro del marco que es común a todas ellas. Pues
bien, en esta España plural y diversa, o, si lo prefieren, en
la organización política que es el Estado que nos hemos dado
los españoles, resulta tan indispensable como posible asegurar
la cohesión territorial, la igualdad de oportunidades de los
habitantes de todos ellos y la integración en un proyecto
compartido de responsabilidad de aquellas visiones legítimas y
diferenciadas sobre el Estado de las autonomías, que nuestra
Constitución ampara y los ciudadanos han venido avalando con
sus votos.

Por todo ello, quiero expresar a SS.SS. la necesidad de
seguir manteniendo el espíritu de acuerdo que ha hecho posible
la construcción del Estado autonómico, espíritu que me
propongo solicitar para todas aquellas cuestiones que, por
afectar a la estructura territorial del Estado y a la
distribución del poder político, hacen conveniente una
especial aproximación de posiciones.

Igualmente deseo pedir a los grupos de la Cámara su
contribución al avance decidido de la cooperación en el Estado
de las autonomías, objetivo para cuya consecución el Gobierno
impulsará los acuerdos ya alcanzados y desarrollará las
fórmulas previstas en la reciente legislación administrativa
para la cooperación entre las instituciones.

En los últimos diez años la participación de la
Administración general del Estado en el gasto de las
administraciones públicas ha caído en más de 20 puntos
porcentuales en beneficio de las comunidades autónomas,
preferentemente, y en una proporción menor de las
corporaciones locales. Este proceso de descentralización
política, administrativa y económica no ha concluido. A lo
largo de los próximos años ha de completarse lo dispuesto en
la Ley Orgánica de Transferencias a las comunidades que
accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la
Constitución, mediante el traspaso de los medios personales y
materiales necesarios. Esto significará, señorías, el traspaso
de unas 200.000 personas de la Administración central del
Estado a estas comunidades y alrededor de un billón de pesetas
de 1992, que incrementarán sus presupuestos y reducirán el del
Estado. Asimismo, la ampliación de



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competencias se plasmar en la reforma de los estatutos de
estas diez comunidades.

Para las comunidades autónomas del artículo 151 de la
Constitución se trata de culminar en esta legislatura los
traspasos que están todavía pendientes y que esas comunidades
solicitan. En este sentido, señoras y señores Diputados, el
Gobierno, con los gobiernos de esas comunidades, llevará a
cabo una lectura conjunta de sus estatutos que permita, a la
luz de la Constitución y de la doctrina del Tribunal
Constitucional, establecer el calendario de los traspasos. De
este modo, la superación del bloqueo de los años pasados se
convertirá en una de las prioridades del Gobierno.

La financiación de las comunidades autónomas recibió un nuevo
impulso, en el año 1992, con la suscripción unánime del
acuerdo quinquenal de financiación, en el que se avanza en
materia de suficiencia económica, se reducen las diferencias
entre comunidades en la financiación general y se mejora la
disciplina financiera del sistema. Sin embargo, no ha sido
posible hasta ahora dar pasos significativos en materia de
corresponsabilidad fiscal, una cuestión que resulta
indispensable en la actual configuración del Estado de las
autonomías si no queremos que las insuficiencias en los
recursos públicos de las comunidades autónomas se traduzcan en
demandas de nueva financiación con cargo a los Presupuestos
del Estado.

Como he dicho en varias ocasiones, la introducción práctica
del principio de corresponsabilidad fiscal ha de hacerse
compatible con el principio de solidaridad que exige nuestra
Constitución e inspira la Ley Orgánica de Financiación de las
Comunidades Autónomas, y debe también legitimarse mediante el
más amplio acuerdo posible en el seno del Consejo de Política
Fiscal y Financiera en el que participan todas las comunidades
autónomas. Antes del mes de octubre, el Consejo de Política
Fiscal y Financiera será convocado para cerrar un acuerdo en
esta materia que, una vez conseguido, será trasladado a la ley
de Presupuestos para 1994.

Las peculiaridades económicas de Canarias, señorías, han
quedado salvaguardadas en su específico proceso de integración
en la Comunidad Europea. En esta legislatura el Gobierno
completará el régimen económico-fiscal de las islas. Este
proceso habrá de incluir el establecimiento de instrumentos
específicos de desarrollo y también la creación de una zona
económica especial competitiva. Para ello, quiero contar,
naturalmente, con el diálogo y el entendimiento del Gobierno
autónomo de Canarias.

Además, señorías, esta legislatura debe ser la que haga
posible, tras años de discusiones y desacuerdos, la aprobación
de los estatutos de autonomía para las ciudades de Ceuta y
Melilla (Rumores.--Un señor Diputado: !Oh!), conforme a lo
aprobado en el último debate sobre el Estado de las
autonomías, celebrado recientemente en el Senado.

Pero la descentralización del Estado no puede olvidar el
papel que juegan las corporaciones locales y el que les ha de
corresponder en esta nueva articulación del país, que se basa
esencialmente en el acercamiento de los poderes públicos a los
ciudadanos. Por ello, señorías, me propongo impulsar un debate
político y los necesarios acuerdos institucionales que
permitan definir en esta legislatura nuevas funciones para las
entidades locales. Para ello, el Gobierno preparará un Libro
Blanco y hará uso de su iniciativa legislativa para la
modificación del régimen local básico de las grandes ciudades.

Todas estas transformaciones, señoras y señores Diputados,
tienen que venir acompañadas de las oportunas modificaciones
administrativas. La eliminación de las duplicidades, cuando
las hubiera, y la simplificación de las administraciones
públicas son exigencias del perfeccionamiento del Estado que
el Gobierno habrá de impulsar mediante fórmulas de cooperación
entre administraciones y mediante una nueva ley de
organización de la Administración general del Estado, que
afectará también a su organización territorial en lo que se
refiere a su propia administración. Un esfuerzo de
racionalización y de simplificación que espero sea acompañado
por uno equivalente en las comunidades autónomas y en las
corporaciones locales.

Permítanme adentrarme ahora en la política exterior y en el
necesario impulso europeo.

La anterior legislatura se inició en un marco ilusionante por
lo que se refiere a la configuración de un nuevo orden
mundial. El año 1989 fue, entre otros muchos acontecimientos
de gran relevancia, el de la caída del muro de Berlín. Sin
embargo, la caída del muro ha sido el mejor símbolo de los
cambios que, aun siendo portadores de grandes esperanzas,
plantean retos e incertidumbres que debemos despejar para
construir un nuevo orden mundial más democrático y más justo.

Los vientos de libertad que han modificado profundamente los
sistemas de relación y de cooperación entre las naciones han
traído también inestabilidad e incertidumbre. Desde aquel 1989
el mundo ha cambiado radicalmente: en menos de cuatro años
Alemania se ha unificado, la guerra fría se ha quedado en el
pasado, la Unión Soviética ha desaparecido y el comunismo ha
dejado de ser una ideología con fuerza en la esfera
internacional. En Europa hay hoy una veintena de Estados más
que entonces y, coincidiendo con estos fenómenos, que han
traído nuevas oportunidades, se ha producido también una
globalizacióon de la economía en numerosos ámbitos cuyos
efectos todavía no se logra calibrar ni controlar en su
totalidad.

No quiero detenerme hoy en el pasado, sólo esbozar la
magnitud del cambio que se ha producido y señalar que creo que
España ha salido bastante airosa de esta gran turbulencia. La
pieza clave del orden internacional debe ser el sistema de
Naciones Unidas y, en particular, la actividad del Consejo de
Seguridad. Por eso, en su día, nos esforzamos por estar
presentes en el Consejo de Seguridad durante este período de
grandes decisiones y hoy defendemos un Consejo de Seguridad
eficiente pero también más representativo de la realidad
internacional. El sistema internacional reclama hoy



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no sólo legitimidad sino también operatividad, lo que implica
reforzar la capacidad para llevar a cabo una diplomacia
preventiva y misiones de paz y humanitarias. España no
escatima sus esfuerzos en este sentido, como lo demuestra la
presencia militar en misiones de paz y humanitarias en la
antigua Yugoslavia, o en Angola, en Nicaragua o en El
Salvador.

Deseo expresar en este punto mi profundo reconomiento, que
estoy seguro comparten SS.SS. y todo el pueblo español, hacia
nuestras Fuerzas Armadas por la labor que realizan en la
antigua Yugoslavia. Quiero que estos españoles, que en algunos
casos ya han ofrecido sus vidas protegiendo otras vidas y los
derechos humanos en Bosnia, sepan que merecen nuestro mayor
respeto y nuestro mayor apoyo, igual que sus familias merecen
toda nuestra solidaridad.

En la redefinición de un nuevo orden mundial España debe
impulsar también una renovada relación con los Estados Unidos,
que se debe completar con un nuevo modelo de relaciones entre
la Unión Europea y ese gran país. Debemos esforzarnos en dotar
de mayor contenido esta relación y darle nuevo vigor desde el
punto de vista económico, político, social y cultural. Ninguno
de estos avances se puede hacer a costa de la dimensión
iberoamericana de España. La progresiva construcción de la
comunidad iberoamericana, a través de las conferencias de
Jefes de Estado y de Gobierno, cuya tercera edición --espero
que fructífera--celebraremos dentro de unos días en Brasil,
está contribuyendo ya al asentamiento de la libertad, la
democracia, el desarrollo y la paz en las naciones del
continente, y ello justificaría, por sí solo, la presencia
activa de España en este foro y su empeño en fortalecerlo.

Tampoco se puede olvidar la relación prioritaria de España con
los países del Magreb y, en general, con los países del sur
del Mediterráneo, cuya estabilidad y prosperidad económica
también necesitamos. En relación con ellos, España tiene que
realizar un esfuerzo de política de cooperación al desarrollo,
como aportación a un nuevo orden mundial que debe basarse en
la justicia y en la solidaridad. Pero en el marco inestable
del panorama internacional pocos proyectos han sido capaces de
resistir o de adaptarse a las nuevas circunstancias como el de
la Unión Europea, e incluso éste ha padecido convulsiones como
las que han significado las dificultades de ratificación del
Tratado de la Unión o las tormentas monetarias que han
amenazado gravemente la continuidad del Sistema Monetario
Europeo y han presionado también, de forma muy importante,
sobre nuestra moneda.

Pese a esas dificultades, el proyecto de Unión Europea sigue
siendo factor de estabilidad, pacificación y progreso para
todo el continente, constituyendo, además, una aportación
inestimable a la estabilidad mundial y a la constitución de un
nuevo orden multipolar de fuerte componente regional. Sin
embargo, hemos asistido en los últimos años a un intenso
debate, dentro y fuera de nuestro país, sobre las ventajas e
inconvenientes de la Unidad Europea para el continente en su
conjunto y para cada una de las naciones que lo integran. Este
debate ha evidenciado la tentación que sienten algunos
sectores europeos de ensimismarse, de que cada país se
repliegue sobre sí mismo, de ceder a la tentación
hipernacionalista. Hoy, más que ayer, necesitamos, a mi
juicio, menos separación y más integración; más Europa. Para
lograrlo, la construcción europea debe ser capaz de ganar
legitimidad y respaldo, de generar crecimiento y empleo y de
lograr una capacidad de iniciativa internacional. El camino
para ello es el que se diseñó en el Tratado de la Unión
Europea, que espero entrará en vigor en el otoño, una vez
superadas las reticencias para su ratificación en algunos
países.

La tarea más urgente será la de asegurar que avanzamos por la
senda que conduce a la Unión Económica y Monetaria, a cuya
primera cita España no debe faltar. Además, estoy firmemente
convencido. como saben SS.SS., de que las políticas de
convergencia necesarias para asegurar ese encuentro con la
Unión Económica y Monetaria son las mismas políticas que
España necesita para salir de su actual crisis económica. No
se trata de sacrificar nada a un afán europeísta abstracto
sino de fortalecer económica y socialmente a nuestro país
practicando un europeísmo concreto, en el que por lo demás, y
en buena parte gracias a nuestro esfuerzo, se han incorporado
mecanismos de cohesión económica y social.

La Unión Europea no es un proyecto concluido; deberemos
aprovechar estos años para el desarrollo político interno de
la unión que le permita situarse como núcleo estabilizador y
unificador de la nueva Europa, con la perspectiva de la
ampliación a países como Suecia, Austria, Noruega o Finlandia
y de las políticas de apoyo a los países de la Europa central
y oriental. De todos estos desarrollos, señorías, internos y
externos, el Gobierno mantendrá puntualmente informada a esta
Cámara. En esta legislatura no sólo deberemos poner en
práctica el Tratado de la Unión Europea sino que también tal y
como está previsto para 1996, deberemos trabajar en su
reforma. Asimismo hemos de ratificar el acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo y su protocolo de adaptación. Creo
que nuestro Parlamento debe implicarse activamente en esas
tareas y espero por ello la colaboración de SS.SS. reforzando
la defensa de los intereses de España.

Los avances en el proyecto europeo incluyen una política
exterior y de seguridad común. España se propone seguir
participando activamente en la adaptación y transformación de
la Alianza Atlántica, apoyar el desarrollo paulatino de la
Unión Europea Occidental y seguir participando, como ya he
señalado, en operaciones de paz bajo mandato de Naciones
Unidas. Si este proyecto no contara con el apoyo de los
ciudadanos, actores y destinatarios del mismo, resultaría
vano.

Por ello me propongo fomentar el debate y reforzar la
información sobre este proyecto histórico de manera constante
y en especial con ocasión de las elecciones al Parlamento
Europeo de junio de 1994. Entonces



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tendremos ocasión de contrastar la identificación de las
fuerzas políticas y del electorado con este proyecto de
futuro.

En los últimos años España, señorías, ha recuperado el lugar
que le correspondía en Europa y en el mundo. Mantenernos en
él, en un mundo en cambio, no será automático; requiere
voluntad, esfuerzo y perseverancia. Por mi parte no los
escatimaré, en el buen entendimiento de que ése es el interés
de todos los españoles.

Y concluyo. Tras haberles señalado los grandes ejes y
prioridades que configurarán la acción del Gobierno,
permítanme, señor Presidente, señorías, que retome el sentido
global de mis consideraciones iniciales.

Comparezco por cuarta vez a una sesión de esta naturaleza. En
1982 tratamos de interpretar el deseo de cambio de una
sociedad que apostaba con confianza por la normalización y la
estabilidad democrática, por la superación de una crisis
económica profunda y por el desarrollo de nuestro Estado
autonómico, además de por la inserción en el proyecto europeo.

En 1986, al inicio de un período de crecimiento que ya se
manifestaba con claridad, nos propusimos profundizar en la
modernización económica y social, sentar las bases de una
sociedad más cohesionada y más solidaria, asegurando para
todos unas prestaciones de bienestar, de las que muchos
españoles habían carecido, y adaptar todas nuestras
estructuras al marco comunitario al que acabamos de
incorporarnos.

En 1989 afrontábamos un período de preparación para responder
a las exigencias del Acta Unica y del mercado interior, así
como de los retos específicos de 1992, en un debate que
conicidió cronológicamente con la caída de las dictaduras del
centro y del este de Europa, origen de una euforia para la que
había muchas razones legítimas, pero que minusvaloraba las
grandes dificultades y los muchos problemas que el nuevo
escenario conllevaría.

En todas esas ocasiones obtuve el apoyo mayoritario de la
Cámara para un proyecto de progreso. Pido hoy ese apoyo para
cubrir un nuevo tramo del período entonces iniciado, pero, y
sobre todo, para abrir con decisión una nueva etapa. Así lo
exige el entorno, cada vez más abierto, en el que nos movemos,
los grandes cambios que se están produciendo, la novedad de
las respuestas que hemos de encontrar en un contexto de
dificultad y de incertidumbre. Así lo reclama la propia
transformación de nuestra sociedad, bien distinta hoy a la de
hace apenas una década que ha dejado atrás muchos de esos
problemas, largo tiempo enquistados, pero que muestra una
lógica inquietud ante otras nuevas preocupaciones.

En las elecciones del pasado 6 de junio la sociedad española
ha expresado de una manera clara su voluntad y su deseo de que
se abra esta nueva etapa. Ha manifestado, además,
mayoritariamente, que la acción y la decisiones políticas
giren en torno a la oferta socialista y se perfilen con las
fuerzas políticas que contribuyan a la estabilidad
gubernamental y se articulentratando de encontrar el mayor
apoyo y participación política y social.

He podido constatar ese mismo deseo de iniciar una nueva
etapa en las conversaciones políticas que he mantenido con
representantes de Grupos con presencia en esta Cámara, así
como en las llevadas a cabo con los interlocutores sociales:
sindicatos y empresarios.

La línea de acción que les he presentado y el Gobierno que me
propongo formar han de responder a ese reto fundamental y
descansan en una confianza profunda en la capacidad de nuestra
sociedad para afrontarlo.

La sociedad española es hoy más libre, más plural, más
heterogénea, más abierta y más cohesionada, social y
territorialmente, que antes. Sus generaciones más jóvenes son
las más formadas y hemos de ser capaces, por el bien de todos,
de abrirles un espacio de oportunidad para que pongan en
práctica sus muchas posibilidades. En este sentido no querría
acabar mi intervención sin mencionar la necesidad de abordar
una acción decidida y preferente para favorecer la
incorporación activa de sectores sociales tradicionalmente
relegados al quehacer de la sociedad española. Se trata,
señorías, de los jóvenes y de las mujeres. Se trata no sólo de
fomentar su incorporación al mercado de trabajo: se trata de
su incorporación en plenitud a la vida social y política, se
trata de incorporar sus sensibilidades y sus preocupaciones.

Todo ello forma parte de las mías personales y tendrá,
obviamente, un reflejo en la acción del Gobierno que aspiro a
presidir.

Toda nuestra sociedad, como conjunto, es cada vez más
consciente de que tenemos que afrontar con valentía estos
cambios que tenemos ante nosotros. La acción política de
progreso consiste en la capacidad para articular respuestas
eficaces, conjuntas y solidarias a través del diálogo, del
acuerdo y de la
participación.

Para este tipo de acción en esta nueva etapa comprometo la
plena disponibilidad de mi Gobierno y del Grupo que
represento. Para este tipo de acción que nos permitirá ganar
el futuro recabo la participación activa de todos y cada uno
de nuestros ciudadanos y ciudadanas y solicito también el voto
favorable de la Cámara.

Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos en los bancos
del Grupo Socialista.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González.

El Pleno se reanudará a las cuatro y media de la tarde.

Se suspende la sesión.




Eran las doce y cinco minutos del mediodía.




Se reanuda la sesión a las cuatro y treinta minutos de la
tarde.




El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Aznar.




El señor AZNAR LOPEZ: Señorías, antes de comenzar quiero
sumarme, en nombre del Grupo Parlamentario



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Popular, a la declaración institucional que ayer realizó la
Junta de Portavoces del Congreso en relación con el secuestro
del señor Iglesias, así como con todas las víctimas del
terrorismo y sus familiares. Quiero desde aquí volver a
alentar y respaldar a las fuerzas de Seguridad del Estado, al
Gobierno y a todos los demócratas para que, entre todos,
sigamos en la tarea hasta conseguir la victoria final frente
al terrorismo y la erradicación definitiva del terrorismo y la
violencia en España.

Señor Presidente, señorías, en nombre del Grupo Parlamentario
Popular me dispongo a explicar las razones de nuestro voto
negativo a la investidura del señor González a la Presidencia
del Gobierno. A algunos quizás les parezca la explicación de
lo que es obvio. El Partido Popular afrontó las pasadas
elecciones con un proyecto político propio, destinado a buscar
la confianza de los españoles y a ofrecer una clara
alternativa al Gobierno del señor González. Ocho millones
dosciento mil españoles han apoyado el proyecto del Partido
Popular pretendiendo no sólo un cambio de gobierno sino un
profundo cambio de políticas, de estilos y de formas de
gobernar. Es lógico, por lo tanto, que no podamos votar una
candidatura que para nosotros, y a pesar de las palabras de
esta mañana, representa el continuismo, especialmente en la
persona que más emblemáticamente lo encarna y también en los
estilos y en las formas de gobernar.

Tal vez esto sería lo obvio, que no precisaría de mayor tipo
de explicaciones, pero en esta ocasión, y por primera vez
desde hace más de una década, esta sesión de investidura no es
una mera sesión ritual. Y podemos preguntarnos, ¿en qué
consiste la novedad? La novedad consiste fundamentalmente en
que el candidato que se presenta hoy para solicitar de esta
Cámara su confianza con el fin de ser investido Presidente del
Gobierno no cuenta, como él mismo ha subrayado esta mañana,
con el apoyo suficiente de escaños, y esto le obliga a
solicitar asistencia de otros grupos políticos y de otros
Diputados, y nos obliga, sin duda, a todos, delante de los
españoles, ya sean electores propios o no, a definir nuestras
respectivas posiciones desde un mayor grado de
responsabilidad. Mediante nuestro sí o nuestro no a la
candidatura del señor González estamos diciendo a la sociedad
española si nos hacemos o no corresponsables con la
designación del señor González como Presidente del Gobierno
para que dirija la política de España, y, repito, de España,
durante los próximos años.

Pero tal vez haya otra cuestión aún más importante que el que
ningún grupo tenga mayoría absoluta en esta Cámara. Me refiero
a la situación de crisis, y no solamente económica, en la que
se encuentra España, crisis a la que de forma urgente tenemos
la obligación de buscar soluciones; y ése es el verdadero
mensaje, yo diría que el único mensaje que, de forma clara y
rotunda, nos han transmitido los españoles en el reciente
proceso electoral. Y de encontrar o no salidas a esa crisis
tendrá una responsabilidad esencial el Presidente del Gobierno
que salga investido de esta sesión.

Yo creo, señorías, que estamos en un momento crucial en la
historia de nuestro país y espero que convengan conmigo en que
esta afirmación no es una mera expresión retórica y, por lo
tanto, espero que convengan también en que nuestra
responsabilidad es aún mayor a la hora de depositar o no
nuestra confianza en una persona para que presida el Gobierno
de España; confianza o no en el candidato a ocupar la
Presidencia del Gobierno en esta etapa tan importante para
España y para los españoles. Esa y no otra es, en mi opinión,
la cuestión que tenemos que juzgar esta tarde.

Y es un hecho que un sector numeroso, aunque no suficiente,
de españoles han confiado en el señor González y en su partido
en las pasadas elecciones, a pesar del balance, a nuestro
juicio negativo, de la última legislatura. Y es un hecho
también que a nuestro Grupo Parlamentario y a los españoles
que nos han dado confianza no les inspira a su vez ninguna
confianza el señor González. Para afrontar esta nueva etapa en
la vida española, que demanda nuevos proyectos, nuevas
ilusiones, nuevas actitudes, nuevos equipos, no confiamos en
quien ha tenido el mayor nivel de responsabilidad en situar a
España en un grado de crisis como el que vivimos.

Su intervención de esta mañana no ha servido en gran medida
para vencer nuestra desconfianza. Oyéndole esta mañana he
recordado, señor González, muchos de los párrafos de su
discurso de investidura del año 1989. Sus ofertas de diálogo,
de búsqueda de acuerdos, de participación responsable para
encontrar una salida de la crisis son idénticas a las que hizo
entonces --diciembre de 1989-- para afrontar los llamados
retos del 93. Sus promesas de hoy de impulso democrático, de
regeneración de la vida democrática ya fueron también lanzadas
entonces. En definitiva, nosotros creemos que su afirmación de
que va a realizar el cambio sobre el cambio no es más que una
frase, no es más que un simple juego de palabras. Nos
recuerda, al final, aquel personaje de Lampedusa que afirmaba
que es preciso que todo cambie para que todo siga igual.

Señorías, los resultados electorales del pasado 6 de junio
han transformado radicalmente el panorama político español.

Cuando no se tiene el apoyo de los ciudadanos para gobernar
con mayoría propia, el diálogo, el pacto, el acuerdo, no son
sólo una enunciación de deseos para quedar bien en un
discurso, es y son una necesidad real ante el país y ante esta
Cámara. Y, desde todos los puntos de vista, hay que reconocer
y hay que decir que el escenario inmediato no va a ser cómodo
para el Gobierno, para el que usted pueda formar, señor
González, o para cualquier otro.

Y dado que usted ha hecho afirmaciones tan aventuradas como
«la crisis ha tocado fondo», «la recuperación está a la vuelta
de la esquina», «esta crisis no es tan grave como la que nos
encontramos en 1982», sería muy fácil para nuestro Grupo
limitarse a situarle a usted frente a sus contradicciones y
enfrentarle con los crudos datos de la realidad. Pero cuando
se representa, como nosotros representamos, un proyecto
político



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con vocación de mayoría, y por tanto de Gobierno, que ha visto
acrecentando su apoyo de forma notable por los españoles,
nosotros entendemos que la labor de oposición debe ir más
allá. Asumimos la responsabilidad que nos han atribuido
millones de españoles, desde una actitud constructiva, y cada
vez que tengamos que decir que no, estaremos al mismo tiempo
diciendo que sí a un cambio y sí a una propuesta que creemos
mejor para los intereses de España y de los españoles. (Varios
señores Diputados: ¡Muy bien!).

Nuestra actitud, señorías, queda por tanto clara. De igual
forma que en el pasado llegamos a acuerdos con el Gobierno
cuando estaban en juego asuntos relacionados con la política
exterior, con la política de defensa, con el desarrollo
autonómico o con la lucha antiterrorista, estamos dispuestos a
colaborar, sin cheques de contrapartida, cuando los intereses
generales lo demanden. Nosotros creemos que en la situación
actual de España es la hora de aportar y no es la hora de
buscar componendas para repartirse los Presupuestos Generales
del Estado. (Aplausos en los escaños del Grupo Popular.--
Varios señores Diputados: ¡Muy bien!)
Convenía decir esto pronto, señorías, porque cuando el pasado
12 de abril el señor González disolvió las Cámaras y convocó
elecciones anticipadas afirmó que se veía obligado a hacerlo
porque la crispación del clima político le impedía afrontar la
crisis. Un Gobierno con mayoría absoluta en las Cámaras no
podía afrontar la crisis dado el clima enrarecido e irracional
en el ámbito político que, según el señor González, lo hacía
imposible. El señor González afirmaba, además, que no había
forma de llegar a ningún tipo de acuerdos institucionales con
el principal partido de la oposición, al que responsabilizaba
de la crispación o el desasosiego que estábamos viviendo,
siempre según el señor González, en el debate político.

Algunos dijeron entonces que la disolución anticipada se
debía realmente a la división creada en el seno del partido
del Gobierno por su negativa a asumir responsabilidades en el
asunto Filesa. Pero el señor González dijo que convocaba
elecciones para dar sosiego al país, y el candidato señor
González es hombre veraz y hemos de aceptar su palabra.

(Rumores.)
Algunos dijeron que convocaba anticipadamente elecciones --a
pesar de sus promesas en contrario-- porque era impensable
que, ante el anuncio de la celebración del debate sobre el
estado de la nación, pudiese acudir al mismo con el informe de
los peritos judiciales sobre ese mismo caso Filesa encima de
la mesa. Pero el candidato señor González es hombre de palabra
y hemos de creer que convocó elecciones para sosegar el país.

(Un señor Diputado: ¡Qué va!)
Otros dijeron que la disolución anticipada se debía a que el
ritmo de la crisis económica y el crecimiento del paro haría
llegar al Gobierno exhausto ante las elecciones del otoño.

Pero el candidato señor González es gobernante cumplidor de lo
que dice y hemos de seguir creyendo que convocó elecciones
para sosegar al país.

Pues bien, señorías, ya han pasado las elecciones, ya el
partido del Gobierno, como aquí se ha dicho, ha reconocido que
ha perdido, como todos sabemos, la mayoría absoluta, ya se ha
modificado sustancialmente la correlación de fuerzas en las
Cámaras, ya hemos asistido a una campaña electoral en la que
el partido del Gobierno, sin la menor duda, ha hecho un gran
esfuerzo por evitar que resucitaran espantajos del pasado,
divisiones de dos Españas, miedos irracionales,
descalificaciones globales o manipulaciones de los medios de
comunicación de titularidad pública. (Aplausos en los escaños
del Grupo Popular.) Y, gracias, señorías, a ese inmenso
esfuerzo, hemos recuperado ya el necesario sosiego.

Pues bien, ya se dan en este momento las condiciones
objetivas necesarias, y supongo que también suficientes, que
se precisaban, según el señor González, para afrontar la
crisis. Al respecto, quiero decir que, a nuestro juicio,
ninguna razón puede hoy justificar que no se afronte de una
vez, globalmente, con seriedad y rigor, la crisis que golpea a
España.

Ahora bien, nuestra desconfianza radica en que vemos difícil
que eso pueda hacerlo la persona que, habiendo tenido en los
últimos años ocasión y mejores circunstancias, no lo ha hecho.

En todo caso, a los miembros de esta Cámara, representantes de
la soberanía nacional, y a nadie más, corresponde decidir en
estos momentos.

Y si bien es cierto que la ausencia de claras mayorías
sociales de apoyo y la desaparición de una hegemonía política,
que tendrá al final su reflejo en todo, definen la novedad a
la que antes nos referíamos, no es menos cierto, señorías, que
los problemas que tenemos que afrontar son los mismos, aunque
agudizados en su mayoría, que teníamos y que existían el
pasado 12 de abril. En este terreno de los problemas sí que no
se han producido novedades. Tenemos que afrontar la crisis
económica, tenemos que recuperar los equilibrios
institucionales y tenemos que dar una respuesta ejemplar a los
casos concretos de corrupción.

Pues bien, para enfrentarnos con posibilidades de triunfo
ante estos problemas, es condición necesaria e imprescindible,
aunque tal vez no suficiente, que se perciba un auténtico
cambio político, es decir, un cambio de políticas y de formas
de desarrollar esas políticas, y ésa es, en nuestra opinión,
la gran cuestión pendiente. Las auténticas incertidumbres de
futuro no se plantean sobre quiénes van a formar el Gobierno o
qué grupos lo van a apoyar o no, o qué estabilidad, interna y
externa, va a tener esa base política de apoyo; lo esencial es
saber si su política sirve o no sirve para resolver los
problemas de la España de hoy.

A nuestro juicio, su exposición de esta mañana, señor
candidato, señor González, ha sido al menos preocupante,
porque para hacer otras políticas, para rectificar el rumbo,
es preciso, al menos, tener un mímino convencimiento de
haberse equivocado. Creo que no se cambia desde la posesión de
la verdad; se podrá hacer amagos, guiños, recortes tácticos,
adaptaciones



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coyunturales, pero no se cambia ni en las políticas ni en los
comportamientos.

Esta mañana hemos podido escuchar al señor candidato
presentar la situación de España con tonos un poco más
realistas de los que usaba hace escasamente un mes. Lo que
entonces era un bache coyuntural, corto en el tiempo, del cual
se estaba a punto de salir, hoy es ya una situación que se
reconoce con dificultades, bien que motivadas especialmente,
según el señor candidato, por las circunstancias
internacionales. No obstante, no hemos deducido de sus
palabras, señor González, un diagnóstico que refleje en todas
sus dimensiones la verdadera gravedad de nuestra situación
económica.

En el capítulo que usted ha dedicado esta mañana a la
superación de la crisis económica ha reiterado como objetivos
el empleo y la competitividad --crecimiento de empleo y mejora
de competitividad-- y ha colocado buena parte de sus
esperanzas en los resultados que puedan derivarse de un pacto
entre el Gobierno, los sindicatos y las organizaciones
empresariales más representativas. Bien conocida es nuestra
posición sobre el diálogo social. Siempre es mejor buscar
medidas acordadas con aquellos que tienen una fuerte
responsabilidad en su desarrollo posterior y confíamos en que
todas las partes llamadas a la negociación sepan valorar el
momento, en nuestra opinión crítico, en el que nos
encontramos. Seguiremos, por tanto, con atención --con la
atención que se merece-- el desarrollo de esas negociaciones y
valoraremos, cuando concluyan, sus resultados. Es evidente, al
menos para nosotros, que alguna duración limitada tendrán que
tener en el tiempo por la urgencia en despejar determinadas
incógnitas, así como también algún límite en los contenidos
para no mezclar innecesariamente las cosas que deben ser
objeto de tratamiento diferente en lugares distintos. Pero en
cualquier caso, sea cual sea el resultado de la negociación --
si es que hay resultado-- y el contenido de la misma, las
responsabilidades del Gobierno quedan intactas. Esta
negociación no puede servir, en ningún caso, como coartada
para la inacción ni como excusa para no adoptar las medidas
que necesita y que reclama con urgencia nuestro país.

Si, como es probable, el candidato, señor González, obtiene
la confianza de una mayoría de esta Cámara, se encontrará, sin
duda, con una pésima herencia económica, una herencia que él
mismo se ha dejado. Más de 3.300.000 parados, el desplome de
las inversiones productivas, la destrucción del tejido
industrial, el desmantelamiento del sector agrario, el mayor
endeudamiento público de toda nuestra historia, la pérdida de
competitividad de nuestra economía definen una situación de la
que desde luego es necesario salir con mucha urgencia.

Y no es una situación a la que hayamos llegado por
casualidad, precisamente, sino que, para nosotros, es el
resultado de un conjunto de políticas equivocadas y de errores
no corregidos en su momento. Políticas y errores cometidos por
gobiernos presididos por el hoy candidato, señor González.

Estrategias equivocadas, deficiencias e incapacidades de
gestión. Y piensen, señorías, por citar un solo ejemplo, lo
que significa que el déficit del sector público estatal se
haya situado en el pasado mes de mayo en los niveles que
prácticamente teníamos previstos para todo el año. Con un
descontrol del gasto público --el cual, esta mañana, se ha
punteado simplemente, sin entrar en el fondo de la cuestión--
como el que ese dato del déficit representa, con acuerdos
sociales o sin ellos, la economía española seguirá yendo a un
descalabro aún mayor.

Y ahora ya no se trata sólo de realizar diagnósticos más o
menos acertados y de hacer propuestas más o menos adecuadas;
se trata de demostrar la capacidad de gobernar con coherencia
y de llevar adelante las medidas que nuestro país reclama y
necesita. Recuerden, señorías, cuando hace aproximadamente un
año debatíamos aquí el Plan de Convergencia del Gobierno.

Entonces dijimos que no creíamos que el Gobierno del señor
González fuera capaz de desarrollar y cumplir coherentemente
ésas u otras medidas. Entre otras cosas porque la discordancia
entre el diagnóstico que allí se emitía y las políticas que se
estaban desarrollando, la presupuestaria por ejemplo, lo
hacían imposible.

No voy a citar aquí, señorías, las previsiones y los
escenarios en que se basaba el citado Plan de Convergencia
para no enrojecer y tal vez molestar a alguno de sus autores.

Y tampoco voy a recordar los capítulos que se consideraban
como de extremada urgencia y respecto de los cuales no se ha
hecho absolutamente nada.

Estas experiencias, señor González, impiden que podamos
mostrar nuestra confianza en usted. Y podemos decir que
confianza no tenemos, pero que la esperanza, tal vez, es lo
último --como se dice-- que tengamos que perder. Y en el caso
de que usted se proponga seriamente rectificar, le ofrecemos
nuestra leal colaboración. Como la ofrecimos al inicio de la
anterior legislatura cuando, con motivo del debate de los
Presupuestos Generales del Estado para 1990, planteamos al
Gobierno un pacto de competitividad para la economía española.

Oferta que fue bien recogida en ese mismo acto por el Ministro
de Economía y Hacienda --hoy flamante portavoz de su Grupo
Parlamentario-- pero que más tarde fue rechazada por una
mayoría de su Gobierno --y es de suponer que usted estaba
entre ellos-- que entendió que aceptar esa oferta significaría
poco más o menos que darle alas a la oposición. En lugar de
admitir esa oferta, se fraguó el mal llamado pacto
constitucional, que tan buen resultado, por cierto, ha dado a
quienes lo formaron, algunos ya ni siquiera están hoy en esta
Cámara para poderlo contar.

Señor González, nosotros le queremos preguntar si va usted,
de una vez, a iniciar en serio el profundo proceso de reformas
estructurales que necesita la economía española o, como ha
venido haciendo hasta ahora, va a limitarse a esperar una
mejora en las circunstancias internacionales con la esperanza
de que éstas arreglen la situación interna. ¿Va usted a
iniciar ese proceso



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ya o va a seguir hablando a los españoles de que estén
tranquilos, que en el segundo semestre se arreglan las cosas?
Si, como la experiencia nos hace temer --la experiencia
fundada en datos contrastados--, opta por la segunda, la
consecuencia sería que la economía española no estaría
preparada para la recuperación en el momento precisamente en
que se produzca esa mejoría de circunstancias internacionales.

España, señorías, necesita, para nosotros, una economía
basada en la inversión --única fuente real de creación de
empleo-- y en el dinamismo del sector exportador. La
inversión, a su vez, precisa de una recuperación del ahorro,
tanto de familias como de las empresas, y de una generación
nueva y renovada de confianza en los inversores extranjeros, y
la mejora del sector exterior demanda un grado de
competitividad de nuestra economía mucho mayor, que desde
luego no se soluciona con devaluaciones sucesivas. Y todo esto
exige una decidida y convincente política económica que tendrá
su piedra de toque en la política presupuestaria.

Si en los próximos presupuestos, señor candidato, no se
percibenclaramente las señales del cambio, supondrá que el
Gobierno ha preferido esperar e ir tirando, y el inicio de las
necesarias reformas que permitan la recuperación de la
inversión y de la competitividad de nuestros sectores
económicos quedará una vez más aplazado a su conveniencia. Y
es precisamente en esa destrucción actual de estos sectores
productivos donde radica la verdadera dimensión de la crisis
social y económica de España. La masiva destrucción de empleo
se debe fundamentalmente a la falta de competitividad de
nuestro tejido industrial que no ha podido soportar la
combinación que representa la apertura de nuestros mercados
junto con la imprevisión y la incapacidad del Gobierno para
adecuar su política económica a esa nueva realidad.

La ausencia de una política industrial --de la que esta
mañana se hablaba, después de haber escuchado durante tantos
años que no hay mejor política industrial que la que no
existe--, una disparatada política tributaria y de cuotas que
gravan el empleo, los más altos tipos de interés de Europa y
las rigideces estructurales han marcado la
desindustrialización de España. Y es verdad, a su vez, que
nuestro sector agrario y ganadero sufre un proceso similar,
agravado, si cabe, por la que nosotros creemos equivocada y
pésima estrategia desarrollada desde nuestra integración
comunitaria en ese sector.

El resultado es que no podemos esperar ni un día más.

Cualquier duda, cualquier vacilación, cualquier dilación se
pagará con mayor destrucción de tejido productivo, mayor
destrucción de empleo y más paro. Señor candidato, el éxito o
el fracaso de la política económica --en gran medida, una
buena parte de su éxito y de su fracaso-- se va a medir por su
capacidad para ayudar a la creación de empleo. Con tasas de
actividad y de ocupación tan bajas y con índices de paro tan
altos no es que España no pueda aspirar a estar entre los
países más desarrollados de Europa, es que no puede aspirar a
permanecer, a ser un país moderno y desarrollado. Y para crear
empleo será necesario, además de las reformas estructurales,
además de la reforma del mercado de trabajo y de la formación
profesional --que, según hemos oído esta mañana, será objeto
de negociación con sindicatos y empresarios--, una política
presupuestaria nueva, basada en la eficiencia y en la
disciplina del gasto público, y una reducción del déficit
público como camino más seguro para permitir la bajada estable
de los tipos de interés; un nuevo modelo fiscal que incentive
el ahorro, la inversión y el empleo y que garantice los
derechos de los contribuyentes españoles; un marco nuevo para
las pequeñas y medianas empresas; una reforma que garantice
eficiencia, ahorro, productividad y competitividad en el
sector público; una reducción del intervencionismo
burocrático; un decidido estímulo a las actividades de
investigación y desarrollo; el fomento de la presencia en el
exterior de las empresas españolas y una defensa más eficaz de
nuestros sectores productivos.

Las iniciativas en este terreno corresponden, sin duda, al
Gobierno. Habrán de ser --y nosotros deseamos que fueran--
globales y coherentes. Y solicitamos que no se siga esperando
a que escampe. Si está usted dispuesto a iniciar con decisión,
con rapidez y con energía esas reformas, nos encontrará
dispuestos a la colaboración. Quedamos, por lo tanto, no a la
espera de sus noticias, señor González, sino de sus hechos y
de sus pruebas, que serán los que finalmente hablarán por
usted.

Creo que en el debate político español ha habido
últimamente --y digo últimamente por lo que luego explicaré--
una coincidencia bastante generalizada en revitalizar las
instituciones democráticas o, lo que es lo mismo, en
reintroducir en el funcionamiento de nuesetro sistema político
un mayor equilibrio institucional, seriamente dañado en la
década anterior por una singular concepción de la democracia,
que ha tratado de legitimar el dominio de las instituciones
por el partido del Gobierno.

La revitalización de las instituciones democráticas no es
sólo un problema al que hemos de dar respuesta. Es, además y
sobre todo, algo que forma parte del proceso de modernización
de España que inició en nuestro país el centrismo político.

Nada hay más antimoderno o premoderno, como se quiera decir,
que la ocupación patrimonialista de las instituciones públicas
para ponerlas al servicio de un líder, de un clan o de un
partido. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.) Querría
por ello, señorías, anunciar el decidido propósito del Partido
Popular de sostener el impulso, que venimos manteniendo desde
1989, para revitalizar nuestras instituciones democráticas,
que ya hacíamos entonces y que reiteraré ahora; y lo hacíamos
entonces cuando cualquier propuesta nuestra era
automáticamente tildada por la entonces mayoría como
irresponsable o desestabilizadora. Me congratulo y nos
congratulamos de



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que ahora, al menos en las intenciones, se encuentren voces
que se sumen a algunas de esas propuestas.

A tales efectos, formulamos una propuesta de acuerdo
institucional con el objetivo de mejorar las instituciones,
revitalizarlas, acercarlas al cuidadano y conseguir un
equilibrio más armónico entre los principales poderes y
órganos del Estado que les confiera un perfil propio y evite
su patrimonialización por los partidos. Las bases de tal
propuesta de acuerdo que formulo, sin ánimo exhaustivo pero de
una manera abierta, en todo caso, podrían ser las siguientes:
En primer lugar, la reforma de la Ley Orgánica del Poder
Judicial para transferir al Consejo General del Poder Judicial
las atribuciones que completen su perfil de órgano
constitucional, con la autonomía propia de los poderes del
Estado. Es, a nuestro juicio, necesario revisar el modo de
selección de los candidatos al Consejo del Poder Judicial así
como la forma de elección y de intervención en ella de las
Cortes Generales.

En segundo lugar, la reforma del Estatuto Orgánico del
Ministerio Fiscal, con la finalidad de garantizar su autonomía
funcional y su profesionalidad.

Tercero. La reforma del Reglamento de la Cámara, con el
propósito de mejorar y facilitar la función de control del
Gobierno y simplificar y agilizar el procedimiento
legislativo.

Cuarto. La puesta en marcha de un proceso que conduzca a la
reforma del Senado, sin excluir la reforma constitucional
consensuada para su conversión en Cámara de representación
territorial.

Quinto. La reforma de los instrumentos de control del gasto
público, que deberá tener tres objetivos: evitar el
despilfarro del dinero público, luchar contra la corrupción y
el conocimiento por el contribuyente tanto del coste real de
las prestaciones que recibe como de la forma en que se emplea
el dinero de sus impuestos.

A tal fin y para garantizar esos objetivos, a nuestro juicio,
es preciso: arbitrar un modelo reforzado de Intervención
General del Estado; despolitizar el Tribunal de Cuentas y
posibilitar su actividad fiscalizadora como órgano dependiente
y al servicio de las Cortes Generales e introducir, como
medidas de lucha contra la corrupción, un conjunto de
modificaciones legislativas tendentes a asegurar, entre otras
cosas, la mayor transparencia en la contratación pública como
por ejemplo, la creación en esta Cámara de una comisión de
control de contratación presidida por un miembro de la
oposición y definir con más precisión la responsabilidad
específica de los gestores públicos.

Sexto. La reforma del Estatuto de la Radiotelevisión
Española, curiosamente omitida esta mañana, reforma del
Estatuto para dotar al ente público Radiotelevisión de una
organización con autonomía real con dos fines principales: que
el Gobierno renuncie a su control político y que instituciones
sociales y culturalmente representativas puedan participar, y
participen efectivamente, en la dirección de la radio y la
televisión estatales; que se garantice la autonomía de los
profe-sionales y, en la programación, el pluralismo realmente
existente en la sociedad española.

No creemos que sea pedir mucho, sino más bien creemos que son
unas mínimas normas de decencia democrática las que afectan al
Estatuto de Radiotelevisión Española. (Aplausos en los bancos
del Grupo Popular.)
Séptimo. La reforma de la legislación reguladora de los
partidos para mejorar su sistema de financiación, tanto
pública como privada, y asegurar la transparencia, el control
y la publicidad de su contabilidad.

Como ven ustedes, es un catálogo indicativo en el que hay
coincidencias, hay discrepancias y hay cosas completamente
nuevas de las expuestas por el señor candidato esta mañana.

Creo que, de este modo, podremos fortalecer el Estado de
Derecho y el régimen de libertades de nuestra Constitución.

Pero antes de cerrar este capítulo, no quiero dejar de hacer
referencia a algo que el señor González, a su vez, ha
contenido en su intervención. El candidato ha hecho referencia
al bloqueo que puede producirse en la provisión de algunos
órganos constitucionales. Veremos, señor González, cuál es su
propuesta concreta, pero le anticipo que es contrario, en
nuestra opinión, a un correcto espíritu democrático la
modificación de las reglas del juego a conveniencia de la
mayoría gubernamental (La señora García-Alcañiz Calvo: ¡Muy
bien!--Aplausos en los bancos del Grupo Popular.) y le digo
que, si tiene esa tentación, evite cometer ese error que, sin
duda, me parecería gravísimo que pudiese ser cometido.

Por lo que se refiere al desarrollo del Estado de las
Autonomías, el Partido Popular seguirá contribuyendo a una
política autonómica coherente, como quedó bien comprendido en
el pacto autonómico que se firmó en la legislatura anterior.

Es preciso completar, por lo tanto, el proceso de
descentralización política y desarrollar las comunidades
autónomas surgidas en virtud de lo dispuesto en el artículo
143 de la Constitución.

Queremos decir que, según lo escuchado esta mañana en
relación con las comunidades nacidas al amparo del artículo
151 de la Constitución, según sus propias palabras, nosotros
solicitamos que el Gobierno informe sobre las transferencias
pendientes a las comunidades autónomas del artículo 151 de la
Constitución y, en segundo lugar, que manifieste claramente
sus propósitos en relación a todas y cada una de las
transferencias que haya pendientes a estas comunidades
autónomas.

En este contenido y en el contenido del desarrollo global
autonómico, tres criterios esenciales inspirarán la actitud
del Partido Popular.

En primer lugar, defenderemos con prioridad absoluta el
principio constitucional de solidaridad y, en consecuencia,
nos opondremos a cualquier fórmula que ponga en riesgo o
debilite el principio de solidaridad o la cohesión territorial
de España.

Segundo, vigilaremos especialmente todo lo que afecta a la
correcta definición y al ejercicio de las competencias que
constitucionalmente corresponden tanto a



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la Administración central del Estado como a las
administraciones autonómicas.

Y, en tercer lugar, en relación con el sistema de
financiación autonómica, estamos dispuestos a estudiar
fórmulas que impliquen una auténtica corresponsabilidad
fiscal, es decir, que determinen claramente cuál es la
responsabilidad de los gobiernos autonómicos en los ingresos
fiscales que financian el ejercicio de su competencia. A este
respecto y según lo escuchado esta mañana, si la fórmula que
se propone fuese la cesión, o similar, del 15 por ciento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, me parece que
esa fórmula es más un mecanismo de gasto que de
corresponsabilidad fiscal. En cualquier caso, en nuestra
opinión, esa fórmula sólo puede ser aceptable si al mismo
tiempo se ponen en marcha --y corresponde al Gobierno decir
cómo, en su caso-- los mecanismos de solidaridad
constitucionalmente previstos. Dicho de otra manera, o hay
garantía de puesta en marcha del mecanismo de solidaridad o no
es aceptable que se ponga en marcha el traspaso de la
recaudación del 15 por ciento del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas. (Aplausos en los bancos del Grupo
Popular.)
Sus palabras sobre la Administración, señor González, tengo
que decir que las hemos escuchado ya en otras ocasiones, pero
nosotros estaríamos dispuestos a apoyar una reforma de la
Administración periférica del Estado y apoyaremos un proceso
de reducción de alcance funcional para realizar la definitiva
adaptación de la Administración periférica del Estado a la
distribución de competencias en el Estado de las Autonomías.

Sería, en todo caso, también necesario que el Gobierno, en
breve plazo, enviase a esta Cámara un informe en el que se
describa la estructura administrativa, las funciones y el
número de funcionarios, así como el diseño final que quiere,
que prevé y que desea para la Administración periférica del
Estado.

Dos últimas cuestiones en este apartado. Espero,
efectivamente, señor González, que sea esta legislatura la que
apruebe los estatutos de Ceuta y Melilla, que hasta ahora su
Gobierno ha negado, en cumplimiento de las previsiones
constitucionales. De otra parte, nosotros no solamente
consideramos que la ley que regula los aspectos económicos del
régimen económico y fiscal de Canarias que tenga que ponerse
en marcha en esta legislatura, sino que le damos el carácter
de prioritario y urgente nada más comenzar esta Legislatura,
si queremos realmente favorecer el desarrollo económico del
archipiélago canario.




El señor PRESIDENTE: Señor Aznar, le ruego concluya.




El señor AZNAR LOPEZ: Voy concluyendo, con su benevolencia,
si es posible, señor Presidente, pero voy concluyendo.

Con relación a la política exterior y de defensa, existe, en
líneas generales, una coincidencia grande de objetivos. Con su
consecución, y siempre que entendamos que existe una
apreciación correcta de los intereses generales de España,
prestaremos y continuaremos prestando nuestra colaboración.

Por tanto, en razón también de sus palabras de esta mañana,
creemos que España debe participar en las Fuerzas de Paz de
Naciones Unidas, pero creemos que en este momento hay que
replantear su presencia en la ex Yugoslavia, porque la
evolución de los acontecimientos hace imposible el
cumplimiento de su misión de paz. Vaya aquí también, en nombre
de mi Grupo parlamentario, la plena solidaridad con nuestros
soldados, con sus familias, y el elogio por la espléndida
tarea humanitaria que realizan y han realizado.

En este ámbito quisiera hacer algunas reflexiones sobre la
política comunitaria, porque realmente en la Comunidad Europea
se percibe cada vez más, como no sucedía desde hace muchos
años, un ambiente de incertidumbre que nos debe llevar a un
proceso claro de reflexión. A nuestro juicio, se está
produciendo, efectivamente, un cambio de circunstancias que
todavía es difícil calibrar. Hasta ahora, señorías, creo que
podemos todos convenir que en la política comunitaria de
España ha prevalecido, además con un amplio consenso, el
objetivo político de apoyar la construcción comunitaria,
relegando a un segundo plano la reflexión sobre si estábamos o
no en condiciones de seguir el ritmo o de digerir, a medio
plazo, el coste económico correspondiente.

El cambio de rumbo en la historia política española es
absolutamente cierto, cambio de rumbo que imprimió la
transición democrática, que exigía salir del aislamiento y
exigía también impulsar la proyección internacional de España
y abrir su economía. Esta política, que ha sido positiva y que
ha sido necesaria, ha producido en España beneficios tangibles
e inmediatos, pero, en nuestra opinión, ha cumplido ya su
función. Alcanzado el objetivo político, lo que debe ocupar
ahora el primer plano de la evaluación son las circunstancias
y condiciones económicas por ser precisamente en esta
dimensión, la económica, donde se encuentran hoy los
principales intereses españoles y la mayor preocupación de los
ciudadanos. Y dos cosas quiero dejar a este respecto claras:
la primera, que la defensa y desarrollo de la Unión Europea y
la apuesta por su consecución es objetivo prioritario para el
Partido Popular, pero que deberá de ahora en adelante ir
acompañada de un profundo debate sobre caminos, métodos,
procedimientos y costes de la construcción europea para
calibrar en cada momento y en razón de los intereses que estén
encima de la mesa lo que más conviene a los intereses
españoles. La segunda, que el Partido Popular prestará su más
amplia colaboración en la definición de una posición nacional
de cara a la revisión del Tratado de Maastricht, huyendo de
cualquier planteamiento de gran ambición retórica que impida
evaluar el coste para nuestro país de cada paso en ese proceso
de construcción europea.

Y queda un último punto al que el señor González no ha hecho



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referencia --creo que no ha hecho referencia--, pero que
tiene, en mi opinión, mucha importancia. Se trata de articular
la participación previa de las Cortes Generales en el proceso
de formación de la decisión de los órganos de la Comunidad
Europea. En relación con la Comunidad Europea hay siempre un
déficit de información y un superávit de opacidad, que debe
corregirse y, desde luego, debe corregirse con la
participación activa de estas Cortes Generales.

Y termino, señor Presidente. Creemos, señor González, que
usted elude afrontar, según lo escuchado esta mañana, con el
necesario rigor los problemas que en este momento tiene
planteados España y, en consecuencia, no podemos darle nuestra
confianza. Nos parece que lo expuerto esta mañana es, además
de insuficiente, impreciso. Contiene, es verdad, un catálogo
de cuestiones y de propósitos que son obviamente necesarios,
pero no creemos que constituya un proyecto nuevo, ni siquiera
que constituya un cambio; ni un cambio en sí mismo, ni un
cambio del cambio, ni un cambio sobre el cambio. Y, por otra
parte, está su capacidad para llevarlo a cabo, y la
experiencia certifica que no siempre hace lo que dice. ¿Qué
garantías tenemos de que en esta ocasión no va a ocurrir lo
mismo? Porque la experiencia que en este terreno tenemos de
S.S. es ya bastante dilatada.

Y, a pesar de todo ello, expresamos en esta sesión de
investidura nuestra oferta de colaboración, colaboración para
ayudar a resolver los problemas de España, a la vez que en
esta situación difícil para nuestro país, instamos desde aquí
al conjunto de la sociedad española a arrimar el hombro, a
redoblar esfuerzos, iniciativas e ilusiones para sacar España
adelante. A título de ejemplo, quiero decir, señor Presidente,
señorías, que apoyaremos las medidas serias que tengan como
objetivo afrontar con rigor la crisis económica y la creación
de empleo y no apoyaremos aquéllas que, como el aumento de la
presión fiscal o el gasto improductivo, contribuyan a destruir
puestos de trabajo. Apoyaremos medidas efectivas de lucha
contra la droga y no apoyaremos ningún criterio de
permisividad o que no favorezca la cultura del rechazo.

Apoyaremos cuantas leyes favorezcan el desarrollo de los
derechos y libertades y no apoyaremos aquellos intentos que,
como la regulación del derecho de difamación, lo restrinjan.

Apoyaremos medidas concretas de lucha contra la corrupción y
no apoyaremos las que conduzcan a la impunidad de sus
responsables. Apoyaremos una política activa y flexible de
lucha contra el terrorismo que incluya el cumplimiento
efectivo de condenas por los terroristas y no apoyaremos la
reinserción indiscriminada de los terroristas cuando haya
delitos de sangre. (Aplausos en los ancos del Grupo Popular.)
Apoyaremos el desarrollo del Estado de las Autonomías y no
apoyaremos una política que margine o subordine la solidaridad
interterritorial en España.

Señor Presidente, el compromiso de los 141 Diputados del
Partido Popular, que nos sentimos profundamente españoles, es
contribuir a perfeccionar nuestra democracia y a defender el
interés general de España. A ello dedicaremos nuestra ilusión
y nuestro trabajo.

Muchas gracias, señor Presidente. (Prolongados aplausos en
los bancos del Grupo Popular.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aznar.

Tiene la palabra el señor González.




El señor GONZALEZ MARQUEZ (Candidato a la Presidencia del
Gobierno): Señor Presidente, señorías, siguiendo el hilo de la
intervención del señor Aznar, le voy a decir, en primer lugar,
que le agradezco la puesta a disposición para llegar a
acuerdos, que ha hecho en varios puntos de su intervención. No
querría hacer una intervención polémica. Comprendo
perfectamente que desde el principio haya dicho que su voto
será un voto negativo por falta de confianza, confianza en el
proyecto político que encarnamos. No podría ser,
probablemente, de otra manera. Y, en base a esa reflexión, ha
ido desgranando algunas de las consideraciones que le merecían
los aspectos de impulso económico, democrático, de autonomías
o de política exterior.

En cuanto a la política económica no he creído entender que
haya dicho nada nuevo respecto de lo que en el análisis ya se
había dicho esta mañana. Y, naturalmente, en el diagnóstico,
se puede considerar más o menos insuficiente, hay una
coincidencia general. Sí ha añadido algo que yo desde esta
tribuna he aceptado. Hay una parte de la responsabilidad en la
situación económica que es del Gobierno. De nuevo ha olvidado
decir --yo creo que es lógico, está pasando en todos los
parlamentos nacionales-- ha olvidado decir, como si no
existiera, que tenemos una situación económica, con un
diagnóstico, tanto en materia de déficit, como en materia de
inflación, como en otros desequilibrios, que se parece mucho a
la de otros países de nuestro entorno (Rumores.), sea cual sea
el color de los gobiernos. Porque se trata, efectivamente, de
una crisis internacional y de una crisis nacional. A mí me
gusta hablar de España. No querría suscitar la irritación de
SS.SS; lo digo en tono absolutamente sosegado. Pero, en alguna
de las insinuaciones que ha hecho, seguramente tendré que
salir al paso por lo que se refiere a nosotros.

Después de decir que está dispuesto a llegar a acuerdos, como
ha demostrado en política exterior, en defensa, etcétera, ha
dicho literalmente que no estarán dispuestos a aceptar o a que
se busquen componendas para repartise el presupuesto. La
verdad es que en todas las conversaciones que he tenido hasta
el día de la fecha nadie ha propuesto ningún tipo de
componenda presupuestaria. (Rumores.) Por consiguiente, si
fuera alguna insinuación, por lo que respecta al Gobierno,
salgo al paso y me imagino que otras fuerzas políticas también
saldrán.

Es cierto que no hay una mayoría parlamentaria para gobernar.

Lo he dicho esta mañana. Y eso configura una situación
distinta.

Probablemente la configure ahora y es posible que la
configure en el futuro. Por consiguiente, esto llevará a
acuerdos o a pactos.




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Probablemente en la descripción que ha hecho, un poco
shakespeariana, de lo que ha sido la disolución y la campaña
electoral, ha dado marcha atrás en algo que dijo y que me
parece que era bastante importante. Me preocupó la exposición
porque no parecía que se asumieran como tales los resultados
electorales. De su descripción se desprendía algo parecido a
que no habíamos ganado las elecciones. Yo creo que hemos
ganado las elecciones; incluso hemos aumentado el número de
votos. Yo no he querido esta mañana destacar el hecho. Me
parecía mucho más relevante describir la situación como una
situación en la que no existe una mayoría absoluta y, por
consiguiente, existe la obligación de encontrar pactos; a ello
he orientado toda mi intervención y, desde luego, orientaré
todo mi esfuerzo.

También hace una valoración, sobre el diálogo social,
positiva pero con interrogantes; el interrogante de que, si no
se llega a acuerdos, de todas maneras hay que tomar decisiones
de política económica, sobre todo, en reformas estructurales y
otras que afectan a lo que pudiera ser el contenido del pacto
social. Lo he dicho siempre. Siempre he dicho que, si no hay
una posibilidad de entendimiento o de acuerdo, las decisiones
que haya que tomar habrán de ser tomadas y habrán de ser
tomadas por una mayoría que se componga en esta Cámara.

Acepto, además de buen grado, la oferta que hace S.S. de estar
dispuestos a apoyar acuerdos que comporten reformas
estructurales; me imagino que serán en el sector de
servicios --no sólo en el mercado de trabajo--, en algunos
sectores profesionales y en otros, porque, sin duda, hacen
falta algunas reformas estructurales y nos iremos viendo en el
camino en la medida en que se vayan proponiendo y tratemos de
resolver esas reformas, para ver si no hay reacciones que sean
reacciones puramente corporativas y no de defensa de intereses
de una sociedad más abierta, más flexible y más plural.

Es verdad que la nota definitoria sobre cómo va a evolucionar
la política económica la dará la creación de empleo. Y en esto
ha reiterado, de nuevo, que las políticas que signifiquen
reducción de déficit o que signifiquen austeridad en el gasto
público serán apoyadas por su Grupo. No ha habido ninguna
mayor novedad en su intervención sobre política económica.

Habrá ese esfuerzo de austeridad. Hemos dicho que creemos
necesario que no haya un aumento de la presión fiscal.

Nosotros no decimos que va a disminuir la presión fiscal.

Habrá incluso una armonización, en algunos especiales, con la
Comunidad Europea, pero creemos que es necesario que no haya
un aumento de la presión fiscal en esta etapa y, por
consiguiente, habrá que reducir el gasto público. Nosotros
tendremos buen cuidado en intentar no desmantelar el estado de
bienestar y, por consiguiente, en proteger o defender algunas
de las políticas de gastos que tienen una dimensión social
estricta, al mismo tiempo que intentaremos luchar contra los
abusos o contra los fraudes que se produzcan en ese segmento
de actividad o en esa proyección protectora de la política
económica y social.

Usted ha hecho una reflexión sobre la revitalización de las
instituciones y siempre con una primera apreciación, que
lamento de nuevo tener que rechazar, como es la de la
ocupación de las instituciones. En lo que depende del Gobierno
de la nación --lamento recordarlo una vez más--, estrictamente
del Gobierno, órganos como el Consejo de Estado o propuestas
como aquélla para conformar la Comisión Europea han sido
siempre tratados por el Gobierno con un exquisito cuidado; con
un cuidado, además, y con un celo de que no haya ninguna
interpretación que pudiera hacerse en el sentido en que usted
ha puesto de manifiesto. Y no hay más que ver la composición -
-para no tener que llamar la atención sobre personas--, no hay
más que ver la composición del Consejo de Estado para
comprender que ésa ha sido la actitud. Y, desde luego, también
se podría apreciar cuál es la composición, por la parte
española, de la Comisión Europea para de nuevo encontrarse con
esa actitud.

Ahora bien, usted ha hecho una enumeración de reformas que
son necesarias. Yo las he citado esta mañana --Ley Orgánica
del Poder Judicial, para aumentar las atribuciones del Consejo
General del Poder Judicial-- y las he hecho en unos campos que
usted ha mencionado. Yo querría, de todas maneras, decir que,
en la selección de miembros del Poder Judicial, nosotros no
hemos compartido nunca la idea de que no emanen del
Parlamento. Tampoco lo ha citado usted esta tarde desde la
tribuna. No hemos compartido nunca esa idea. Nos parece que el
procedimiento es rigurosamente democrático y más democrático
que emanen de asociaciones perfectamente respetables, pero que
no pueden evitar tener una composición corporativa y, por
consiguiente, que no garantizan más que lo que puede ser una
decisión parlamentaria lo que puede ser la independencia y,
desde luego, la representatividad, desde el punto de vista de
la definición de la Justicia, como un poder que emana, como
todos los demás, del pueblo.

No ha enumerado o no ha descrito en qué consistiría la
reforma del Ministerio Fiscal; por tanto, no me puedo
pronunciar sobre ello. Yo creo que el Ministerio Fiscal, en su
nombramiento, debe depender del Ejecutivo y debe tener,
además, un funcionamiento jerárquico. Creo que está previsto,
y bien previsto, en la Constitución. No creo que haya que
cambiar esas líneas de actuación.

En cuanto a los reglamentos de la Cámara y del Senado nos
hemos repetido, por lo que no insistiré. Sobre la reforma del
control del gasto público esperaré a las propuestas concretas
que, con mucho gusto, estudiaremos para ver si son operativas
desde el punto de vista de ese control.

En relación a lo que ha manifestado usted sobre la
modificación del Estatuto de Radiotelevisión, debo decir que
llegamos a un punto en el que dicha modificación estaba
prácticamente consensuada y su grupo no la aceptó hace ya
algún tiempo; pero eso no impide que volvamos a intentar una
modificación del Estatuto de Radiotelevisión Española. Si la
iniciativa no se plantea



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por ningún grupo, le diré que nosotros sí tenemos avanzada una
modificación del Estatuto de Radiotelevisión y veremos si es
posible un acuerdo. Un acuerdo, además, que sea aplicable como
regla general a los poderes que tengan televisiones públicas,
para que no haya ningún tipo de discriminación entre una
televisión pública y otra. (Aplausos en los bancos del Grupo
Socialista.)
Le ha llamado la atención algo que esta mañana he advertido,
y también lo he advertido durante la campaña electoral, y es
que me preocupa que las mayorías cualificadas en la
designación de órganos, de instituciones, sea una mayoría que,
por una parte, permita --y creo que hay que superar-- una
cierta política de cuotas en la selección de esos cargos y,
por otra, nos lleve a situaciones de bloqueo que no tienen
ninguna justificación. Es verdad que yo estaba apuntando, y
estoy apuntando, la posibilidad de que pasado un período de
tiempo determinado con esa mayoría cualificada, y existiendo
una manifiesta situación de bloqueo, pueda haber una decisión
de mayoría absoluta, por ejemplo, en la designación de esos
órganos. Y hay que optar entre mantener esos órganos
bloqueados y, por consiguiente, en algunos casos, con
problemas de operatividad, o desbloquearlos. Sin duda, el
hecho de que el transcurso del tiempo pudiera permitir un
procedimiento distinto de votación haría que todos nos
esforzáramos para que se produjera ese acuerdo o ese consenso.

Explicarlo ahora en esos términos tiene una importancia
relativamente menor, porque se hace desde una posición que no
es de mayoría absoluta y, por consiguiente, no llamará la
atención el que se hable de una mayoría que no tenga esa
cualificación para la provisión de órganos, porque no
significará que se pretenda hacer desde un solo partido, sino
desde fuerzas políticas que estén de acuerdo en que tiene
importancia el desbloqueo de las instituciones.

En el Estado de las Autonomías, lo mismo que decía antes
respecto del presupuesto, yo creo que sus opiniones son,
cuando las expresa, bastante coincidentes con lo que decimos
respecto de la solidaridad o respecto de lo que puede ser el
juego entre la corresponsabilidad fiscal y la solidaridad.

Pero me parece que ha habido una especie de desconfianza en
lo que pueda ser una dinámica de acuerdos con partidos como el
PNV o como Convergència i Unió. Si ese es el sentido de la
vigilancia estricta de lo que pudieran ser esas políticas de
solidaridad, podría, en buena medida, ahorrarse el esfuerzo,
porque nosotros lo hemos hecho siempre por mantener la
cohesión interterritorial, por mantener la solidaridad y,
desde luego, no vamos a renunciar, en modo alguno, a ese
esfuerzo de cohesión territorial y de solidaridad. Además,
debo decir de nuevo, en honor a la verdad, que nadie lo ha
pedido en conversaciones que son iniciales entre fuerzas
políticas diferentes. Es más, no ha habido ofertas
desmesuradas, como las que hemos oído hace algunos meses, por
nuestra parte respecto de alguna fuerza política. Las
situaciones parece que cambian de manera excesivamente rápida
en función de los resultados electorales.

Por consiguiente, hemos sido nosotros los que hemos dicho que
la corresponsabilidad fiscal con el 15 por ciento o con
cualquier otra fórmula, con ésa y con otras, debe tener como
resultado una cierta neutralidad que garantice la solidaridad,
que no perjudique la cohesión interterritorial. Mantendremos,
naturalmente, nuestra propuesta y creo que podremos llegar a
fórmulas de corresponsabilidad fiscal. Nosotros hemos
mantenido esa tesis e, incluso, hemos pagado un coste político
por mantenerla cuando, desde su propio Grupo, se decía que no
había ningún inconveniente en la cesión del 15 por ciento del
IRPF. Nosotros hemos dicho que tiene que darse en unas
determinadas condiciones y no simplemente para ganar simpatías
en un momento determinado de lucha política.

Usted se ha mostrado dispuesto a apoyar alguna reforma de la
Administración, cosa que le agradezco y que iremos viendo a lo
largo de esta legislatura. Permítame que sobre la reforma de
la Administración, para evitar duplicidades, le diga desde la
tribuna que no es una orientación hacia una administración
única, como a veces se reclama desde sus propios congresos,
sino que es algo bastante diferente de lo que pudiera
significar una administración única.

Respecto a la política exterior, donde hay un grado de
acuerdo, como no podía ser menos, también me llama la atención
el hecho de que se diga que, una vez pasada la necesidad de
garantizar la presencia de España en la política exterior en
esta situación, haya que atender mucho más a la defensa de los
intereses concretos. Quiero decirle que esa es la tarea que el
Gobierno ha venido haciendo desde el comienzo. En ningún caso
se nos ha ocurrido, cosa que se podía percibir en otras
políticas, cambiar reconocimiento por defensa de intereses. Al
contrario, hemos dado batalla en la defensa de los intereses
españoles hasta el fondo, a veces incluso hasta llamar la
atención del conjunto de los socios comunitarios.

Usted ha dicho que hay que replantearse la presencia en
Yugoslavia, y yo creo que esa es una posición que puede ser
correcta, porque, efectivamente, hay cambios de misiones que
pueden obligar a un replanteamiento global. Nosotros hemos
insinuado esto ya en el Consejo de Seguridad. El propio
Ministro de Defensa en funciones lo ha expresado públicamente
y, efectivamente, está cambiando la situación, haciendo
imposible alguna de las misiones diseñadas por las Naciones
Unidas. Pero yo creo que hay que hacerlo de acuerdo con el
resto de los países de las naciones que están comprometidas en
ello.

Por consiguiente, en cuanto a la política exterior hay una
plataforma común, pero le rogaría que entendiera que nuestra
posición en política exterior, tanto en el desarrollo de la
construcción comunitaria, como en lo que pueda ser la reforma
del Tratado de la Unión, en 1996, siempre será de defensa de
los intereses españoles, garantizada por este Gobierno, como
lo ha sido en el pasado



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en los fondos de cohesión o en los fondos estructurales, en
definitiva, en todo lo que es política de cohesión
interterritorial de la Comunidad Europea.

De nuevo se plantea un tema, del que no querría dejar de
decir aunque sólo fuera una palabra: la conformación de la
voluntad española ante las decisiones comunitarias. Creo que
es bueno que haya una intensa colaboración o relación entre
Parlamento y Ejecutivo en todo el desarrollo de las políticas
comunitarias, en cuanto sea posible que la conformación de la
voluntad negociadora de España o las posiciones de España
tengan un respaldo lo más amplio posible, desde el punto de
vista parlamentario.

Pero vuelvo a llamar la atención sobre algo que de nuevo será
mal interpretado. En algunos casos, en los procesos de
negociación la previa conformación de la voluntad hecha en el
Parlamento hace imposible el proceso mismo de negociación.

Esto siempre que lo he dicho se ha interpretado como una
negativa a hacer del debate parlamentario un debate que
permitiera aunar el máximo de esfuerzos para esa conformación
de voluntad. De nuevo repito un matiz que me parece
importante: Es imposible cuando se va a discutir, por ejemplo,
el volumen del fondo de cohesión o de los fondos estructurales
que haya una posición parlamentaria previa. Eso significaría
que se ha acabado la negociación en esa posición parlamentaria
previa. En el momento en que trasciende la posición
negociadora no hay, por definición, posición negociadora. Esto
lo he advertido en muchas ocasiones y repito que se ha
interpretado mal. Espero que en el día de hoy se interprete
razonablemente.

En fin, comprendo su voto negativo, señor Aznar; sería
imposible que fuera de otra manera. Incluso si hubiera habido
una gran aproximación programática también sería imposible.

Está en su papel. Le agradezco la oferta de cooperación en los
aspectos en que la ha defendido o definido; espero que sea así
a lo largo de esta legislatura y espero también que sea una
oposición, como decía S.S., constructiva y, por tanto,
cooperadora en un momento de crisis de la economía española,
que seguramente necesita del esfuerzo de todos. (Aplausos en
los escaños del Grupo Socialista.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.

Tiene la palabra el señor Aznar.




El señor AZNAR LOPEZ: Señor Presidente, señorías, yo también
comprendo que, efectivamente, el señor González entienda que
no vamos a votar su investidura, pero también él convendrá
conmigo en que es cierto que desde que se celebraron las
elecciones nuestro partido, nuestro grupo, ha mantenido una
actitud enormemente respetuosa, tendente a no condicionar en
ningún caso las acciones dirigidas a la formación de Gobierno
e incluso, por qué no decirlo, a la búsqueda de apoyos para
poner en marcha esta nueva legislatura. Lo hemos hecho por
sentido de responsabilidad y también por la valoración y
evaluación que hemos realizado de la grave situación del país.

Le quiero decir, señor González, que si, como es probable,
usted es investido Presidente deseo que forme un gobierno y
que rápidamente tome las decisiones, de algunas de las cuales
ha podido hablarse aquí esta tarde. Ha quedado claro que usted
ha elegido su estrategia y sus socios y, de esa manera, sus
compañeros de viaje en esa tarea, lo creo; lo que reiteramos
es que más allá del entretenimiento (que, por otra parte, es
un entretenimiento lógico habida cuenta de la novedad de la
situación, de quién entra, quién sale, quién está, quién no
está, quién apoya, quién no apoya), está la realidad del país,
y la realidad del país es en sus problemas la misma que era el
día 12 de abril, como hemos dicho, agravada. Creemos que la
situación económica de España se puede calificar de muy
difícil, de muy grave, y es ahí donde le digo que ni en su
intervención de esta mañana ni ahora por la tarde hemos visto
la disposición que nos gustaría haber visto para afrontar lo
que en nuestra opinión es esa circunstancia realmente grave,
con todas sus consecuencias.

Usted no tiene por qué darse por aludido en relación con las
componendas presupuestarias. He dicho y reitero que es hora de
aportar, no de hacer componendas. Lo que se está haciendo o no
yo no lo sé, lo ignoro, usted sabrá, pero ya digo que no tiene
por qué darse por aludido en ese terreno, ni usted ni nadie.

Lo que usted tiene pendiente, y en lo que yo creo que sí debe
darse por aludido, es, en nuestra opinión, la explicación de
la situación real del país y la explicación de las primeras
medidas urgentes con las que usted va a afrontar la situación
de nuestro país, porque tenemos que manifestar nuestra
preocupación --y lo digo en un tono absolutamente relajado--
por el hecho de que sigamos un poco en las andadas, es decir,
que se diga a cada uno con quien se habla lo que quiere
escuchar, que se lancen cortinas de humo y que se vuelva a
esperar a ver si escampa. Nosotros creemos que en este momento
sería mejor decirle al país la verdadera realidad de su
situación y llamarle claramente para afrontarla en un esfuerzo
común. Como no hemos encontrado esa actitud suya justificable
y somos coherentes, es en gran medida por lo que no votamos su
investidura y usted me reconocerá, señor González, que razones
para la desconfianza... ¡Hombre!, algunas no faltan. Si
mencionamos, por ejemplo, la investidura de 1989, le tengo que
recordar que ya en aquel discurso usted, como objetivos para
el país, proponía el mantenimiento de una tasa de crecimiento
con equilibrio por encima de la media europea, el incremento
de la tasa de empleo, la realización de un acuerdo social, que
el gasto público no sobrepasase el crecimiento real de la
economía, medidas de fomento del empleo prioritarias al
subsidio, que en este momento quiero recordar que están en una
relación de 85 a 15, y el cumplimiento efectivo de condenas
para los terroristas. Por lo tanto, hablando de economía no es
un diagnóstico lo que necesita la situación de nuestro país.

Le puedo poner algunos ejemplos de la gravedad de la situación
que justifican algunas



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alarmas que nosotros tenemos en este momento. Por ejemplo, el
paro. Esta Cámara aprobó en marzo un conjunto de medidas de
choque contra el paro o la reactivación económica. Nos
gustaría haber escuchado, después del mes de marzo o en este
debate, alguna evaluación del resultado de esas medidas,
porque nosotros sabemos que tenemos más de tres millones de
parados, sabemos también que los expertos del Banco de España
anuncian que tal vez a fin de año, por desgracia, se puede
llegar a un nivel de paro del 25 por ciento de la población
activa y no hemos escuchado, la verdad, sino algún conjunto de
medidas parecidas a las que escuchamos en marzo; pero lo único
que sabemos en este momento es que el paro aumenta y el
trabajo disminuye, y usted dirá señor González, que es el que
tiene que afrontar la situación.

Déficit. Del déficit no ha hablado mucho usted esta mañana,
salvo para decir que se nos había ido. Por cierto, convendría
aclarar este punto. Usted ha hablado del déficit del Estado, y
convendría aclarar exactamente a qué se refiere, si lo está
haciendo en sentido estricto, o de todo el conjunto de las
Administraciones públicas, cuando habla del cinco por ciento.

Ahora bien, hablando de déficit, y teniendo en cuenta que su
primer compromiso fue de déficit cero para 1993, teniendo en
cuenta que su segundo compromiso en el plan de convergencia
fue de un déficit del 3,5 por ciento, y teniendo en cuenta que
en el mes de mayo hemos cubierto casi el cien por ciento del
déficit previsto para todo el año (es decir, sobre un billón y
medio de pesetas estamos en un billón 360.000 millones de
pesetas, esto reconocido) nos gustaría saber, por encima de
decirnos si iremos al cinco, cuál es la situación real del
déficit en este momento, cuál es la previsión real del déficit
del Gobierno, que no coincide con la de los expertos en este
momento, qué medidas tiene usted previstas para afrontarlo y,
como no hemos escuchado ninguna, si es que ha decidido
sencillamente no afrontar una política de lucha contra el
déficit, que sería bastante
contradictoria, por cierto, con el programa de convergencia
aprobado hace un año.

Tercer punto que le quiero poner como ejemplo, señor
González: el gasto público.

Usted ha hecho una apelación a hacer un esfuerzo de
austeridad.

Pues bien, le voy a dar un dato de austeridad y de control
del gasto público en términos de esfuerzo. Desde el 12 de
abril al 6 de junio, es decir desde la fecha en que usted
convocó elecciones hasta que éstas se celebraron, en 55 días,
han comprometido gasto por un billón 523.594 millones de
pesetas; es decir, 27.700 millones diarios en el proceso de la
campaña electoral. La anterior legislatura la ha despedido
usted con un crédito extraordinario de 222.000 millones para
el INEM, y la primera medida de la nueva legislatura que ya ha
anunciado, la primera medida que usted va a traer para que le
vote su nueva mayoría, no va a ser para crear empleo, no va a
ser para reindustrializar la cornisa cantábrica, no va a ser
para mejorar la competitividad, es sencillamente para mejorar
su aparato electoral; es un crédito extraordinario de 31.800
millones de pesetas para Radiotelevisión Española. (Aplausos
en los escaños del Grupo Popular.) No sé si eso hay que
interpretarlo en término de acción de gracias, pero desde
luego, sí hay que interpretarlo por el trabajo realizado y por
lo que falta; hay que decir que es bastante caro.

En cuanto a la inflación, quiero decir simplemente, señor
González, que, por desgracia, del año 1992 al actual de 1993,
no hemos conseguido, a pesar de nuestra situación, reducir
nuestro diferencial, respecto de la media de los tres países
con inflación más baja; era del 3,5 en 1992 y sigue siendo del
3,5 en 1993. No le he escuchado esta mañana si reitera su
compromiso de mantener el cinco por ciento del conjunto de
inversión pública en los Presupuestos Generales del Estado, y
desde luego lo que nosotros creemos es que un pacto social --y
ya con eso cierro este capítulo-- debe ser limitado en el
tiempo y concreto en sus contenidos. Eso que usted ha dicho
esta mañana de que una de las obligaciones del pacto social es
definir las estrategias globales de política económica en el
país..., pues mire usted, las estrategias globales de política
económica del país las define el Gobierno y las debate este
Parlamento, esta Cámara. Y, además, hay cosas, como puede ser
la formación profesional, como puede ser la reforma del
mercado de trabajo, o como pueden ser propuestas de moderación
salarial, que sí pueden ser objeto, naturalmente, de un pacto
social limitado en el tiempo.

Quiero decirle --y voy terminando, señor Presidente--, en
relación con las cuestiones institucionales, que yo creo que
nosotros hemos mantenido una posición, al menos desde el año
1989, claramente en favor de la revitalización institucional
cuando sentimos que había llegado esa necesidad a nuestro
país, incluso antes. Pero yo creo que confunde usted, señor
González, las cosas. El buen funcionamiento institucional
radica, entre otras cosas y entre otras cuestiones, en el
respeto a las reglas del juego, y la estabilidad institucional
no es, a mi juicio, compatible con la posible alteración, a
conveniencia, de las reglas de funcionamiento de las
instituciones, porque pensar que, cuando tengo 159, digo que
cambio, y cuando tengo 165, digo que no cambio, ésa no es una
posición que a mí me parezca razonable dentro de la
estabilidad y el buen funcionamiento institucional.

¿Qué es lo que se pretende cuando se establece en una norma
una mayoría cualificada? Lo que se está pretendiendo
exactamente es que haya acuerdos --eso es exactamente lo que
se pretende--y se establecen como mecanismos de garantía para
forzar a los grupos políticos, en un concepto de estabilidad
institucional, a que haya acuerdos. Por eso, cuando nuestra
Constitución establece el criterio de mayoría cualificada,
está diciendo: pónganse ustedes de acuerdo con un sano
criterio de estabilidad institucional. Me podrá usted decir:
yo no me he referido antes a lo que está en el contenido
estricto constitucional, incluso regulado, sino en lo que no
está, por ejemplo, Consejo de Radiotelevisión Española; pero
no ha establecido usted limitaciones, y por



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lo tanto tendría que decir también: estoy dispuesto a iniciar
el proceso de reformas constitucionales para también rebajar
la minoría cualificada en aquellos aspectos, como en el
Consejo General del Poder Judicial o en el Tribunal
Constitucional, que la Constitución determina.

Si eso es así, señor González, hagamos una lectura unilateral
de las cosas. Lo que no puede ser es que, cuando usted no está
de acuerdo, no haya bloqueo, y, cuando yo no estoy de acuerdo,
haya bloqueo; hagamos el esfuerzo de ponernos deacuerdo. Eso
es lo razonable. (Aplausos en los escaños del Grupo Popular.)
Ese



criterio de estabilidad institucional y de buen
funcionamiento es el que nosotros mantenemos.

Naturalmente, sobre su posición o no en el Consejo de Estado,
en la Comunidad Europea o en otras instituciones, como el
Consejo del Poder Judicial, nosotros creemos, ¡qué le vamos a
hacer!, que quienes enterraron a Montesquieu, en una
interpretación curiosa de lo que es la teoría clásica de
separación de poderes, no somos nosotros, y eso supongo que
tiene alguna referencia (Rumores.) al intento de aplicar la
mayoría parlamentaria en un sistema de división de poderes a
todas las instituciones del Estado.

Voy a decirle, señor González, que no me parece correcto
decir en un Estado de Derecho con separación de poderes, y en
la teoría clásica de separación de poderes, que es más
democrático, por ejemplo, en términos de elección de vocal del
Consejo General del Poder Judicial, lo que hace el Parlamento
que lo que pueda hacerse por otras normas aprobadas por este
Parlamento. No me parece correcto ni creo que les parezca
correcto, en líneas generales, a los tratadistas, al menos a
los conocidos, clásicos del Derecho constitucional. Otra cosa
distinta es que ustedes lo hayan hecho porque les convenga,
pero desde el punto de vista del equilibrio institucional no
me parece correcto decir que es más o menos democrático,
porque, en relación con uno de los poderes del Estado, puede
llegar usted a la conclusión de que ninguna de sus acciones a
lo mejor son democráticas.

En relación con lo que usted demandaba del Fiscal General del
Estado, nosotros pedimos una cosa bastante sencilla, como que
tenga autonomía, y, cómo lo diría yo, que sepa, que sepa
(Aplausos en los escaños del Grupo Popular.), que sea su
posición suficientemente respetada y respetable para el
conjunto de la sociedad española.

Por lo tanto, en donde podamos estar de acuerdo, de acuerdo
estamos. Nosotros creemos que es bastante curioso que quienes
han impulsado el proceso, a nuestro juicio, de
patrimonialización y han establecido el sistema de cuotas,
ahora propongan su cambio, pero, como digo, nosotros estamos
de acuerdo. Ahora póngase usted de acuedo con su Grupo, con
parte de su Grupo o con quien se tenga que poner de acuerdo,
porque nosotros en eso ya hemos demostrado que estamos
absolutamente dispuestos a suprimir el sistema de cuotas. Lo
que pedimos es que si se llega a un acuerdo lo cumplan, porque
ya conoce bien recientemente algún grupo de esta Cámara lo que
es llegar a algunos acuerdos en el seno de la misma, y, desde
luego, ver burlado el acuerdo y su voluntad. (Varios señores
Diputados: ¡Muy bien! ¡Muy bien!)
Por lo que se refiere a las autonomías, señor González --y
resumo--, no me malinterprete usted. Yo no es que no tenga
desconfianza ni en Convergència i Unió ni en el Partido
Nacionalista Vasco (no he citado a Convergència i Unió ni al
Partido Nacionalista Vasco, aunque podré tener más o menos
simpatías o lo que fuera), de quien tenemos desconfianza, se
lo digo por si no ha quedado claro, es de usted. Es en usted
en quien no tenemos confianza, en quien desconfiamos. Pero en
todo caso --le vuelvo a repetir-- no tiene usted por qué darse
por aludido en nada que yo no haya dicho. Digo y reitero que
vamos a hacer esa política autonómica, de desarrollo del pacto
autonómico, de vigilancia --y queremos la información-- de ese
proceso de transferencias y de salvaguarda y garantía de un
desarrollo autonómico armónico que garantice la solidaridad
entre todos los territorios españoles. Y las demás
explicaciones, si hay que darlas, le corresponde darlas a
usted.

Yo le adelanto que nuestra posición aquí, si se trae en los
presupuestos el debate sobre el 15 por ciento o el acuerdo al
que usted se ha referido sobre el 15 por ciento, va a ser ésa.

¿Por qué? Sinceramente, porque me parece mucho más razonable
para las necesidades e intereses de nuestro país.




El señor PRESIDENTE: Señor Aznar, le ruego concluya.




El señor AZNAR LOPEZ: Termino ya, señor Presidente.

Naturalmente que todos defendemos los intereses españoles,
pero usted podrá convenir conmigo, en relación con el proceso
comunitario, que a veces se pueden interpretar de manera
distinta los intereses de los agricultores, de los
comerciantes o de las empresas españolas, y ahí está el debate
y la diferencia política y es bueno que se pueda dirimir ello.

Y en cuanto a la información en esta Cámara, no he pedido
otra cosa que la que está contenida, como participación de los
parlamentos nacionales, en el Tratado de la Unión Europea y
que recoge, en gran medida, las conclusiones de la Cumbre de
Edimburgo.

En definitiva, señor González, a mí me hubiese gustado
escuchar, a quien va a dirigir el Gobierno, un proyecto más
completo, una garantía sólida de apoyos, internos y externos,
y una explicación de la situación real del país. Créame, señor
González, que lo hubiese apreciado, y créame también cuando le
deseo suerte en esta etapa.

Nosotros, por nuestra parte, alternativa de gobierno,
representamos y representaremos un proyecto diferente, y 141
diputados trabajarán por él y por el interés general de
España.




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Gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aznar.

El señor González tiene la palabra.




El señor GONZALEZ MARQUEZ (candidato a la Presidencia del
Gobierno): Con toda brevedad, para responder telegráficamente
a algunas de las afirmaciones que se han hecho.

Creo, señor Aznar, que usted no puede mantener seriamente que
si hubiera sido distinta la intervención de esta mañana
hubiera cambiado el voto, como ha dicho desde la tribuna
(Rumores.), a no ser que no fuera cierto lo que decían estos
días. Yo creo que no; creo que tenían decidido el voto
negativo, lo cual, repito, me parece lógico, más allá de la
intervención; igual que me parece lógica la intervención que
ha hecho.

Usted me ha hecho algunas preguntas o ha hecho algunas
observaciones que no quiero dejar sin respuesta. Por ejemplo,
creo que cualquiera con una cierta experiencia sabe que
respecto a las medidas adoptadas en marzo todavía no hay
tiempo suficiente --cualquier experto lo conoce-- como para
evaluarlas. Por consiguiente, es un poco capcioso que se diga
qué efectos han producido.

En segundo lugar, cuando esta mañana le he hablado del
déficit he sido preciso, y hablo de una estimación,
naturalmente. No es posible hacer desde el Gobierno central
una estimación sobre la evolución del déficit en las
administraciones locales o en las comunidades autónomas. Por
consiguiente, estoy hablando de Administración central, de
organismos autónomos y de Seguridad Social. Estoy hablando de
eso. Por tanto, le confirmo esta cifra porque parece que la
tendencia del déficit es ésa.

En cuanto al gasto público --también para aclarar la
situación--, usted ha hecho una exhibición de cifras desde el
12 de abril hasta la fecha presente o hasta el 6 de junio. Yo
le quiero decir que el presupuesto del Estado es de unos 14
billones de pesetas, y de esos 14 billones de pesetas --los
del Estado--lo lógico es que la evolución del gasto, mes a
mes, se aproxime a lo que usted ha dicho. Por consiguiente no
resulta, ni siquiera de lejos, ser --como ha insinuado desde
esta tribuna-- intencionado respecto de procesos electorales o
no. De nuevo eso me remite a una cierta dificultad para
aceptar las cosas como son.

En cuanto a la inversión pública, la voluntad es mantenerla
en torno al 5 por ciento del producto bruto, y aclaro, para
que no haya confusión, que estamos hablando de inversión
pública y no estamos hablando de inversión en infraestructura,
porque eso, que ha sido objeto de un largo debate durante la
campaña electoral, parece que debería haber quedado claro ya
para todo el mundo.

He definido los contenidos del pacto social. Probablemente no
ha tomado nota esta mañana cuando yo lo he dicho. Por
consiguiente, cuando usted ha dado la respuesta sobre el pacto
social del que yo he hablado esta mañana, no estábamos
hablando de la misma cosa. He definido los contenidos y los he
definido con precisión en cuatro puntos --les ahorraré la
molestia de volver a insistir en ello--, empezando por el Inem
y hablando de la contratación temporal, de la formación
profesional, etcétera; pero, además, le digo que es verdad que
estoy abierto a las sugerencias que pueden hacer tanto la
patronal como los sindicatos para incluir o no nuevas materias
dentro de ese pacto social. En fin, no se puede decir que no
ha habido una definición de contenidos. En cuanto a oferta,
por nuestra parte, están perfectamente definidos, y una parte
de esos contenidos, además, se está discutiendo en el Consejo
Económico y Social.

De nuevo, con las situaciones de bloqueo, me gustaría que se
aclarara eso, porque las citas de Montesquieu están mal
traídas. Era Montesquieu el que estaba en contra de cualquier
tipo de corporativismo en relación con la división de poderes.

(Rumores, risas y aplausos.) Sí, voy a hacer la cita literal.

Yo no digo que ustedes hagan una propuesta corporativa, no;
digo que estaba en contra de cualquier tipo de corporativismo.

Sólo hay una fuente, sólo hay un origen del poder en
democracia, y el Parlamento representa la soberanía popular.

Es verdad que el Parlamento podría decidir que fuera otro
quien tomara la decisión que le corresponde o que puede
corresponder al Parlamento; pero, en fin, yo creo que es poco
discutible el hecho de que si emana del Parlamento, con los
sistemas que están previstos, con la designación de los
miembros del Consejo del Poder Judicial se está respetando
«stricto sensu» la división de poderes y se está respetando en
el mejor espíritu de Montesquieu, ya que se ha citado, y no en
un espíritu incorrectamente interpretado de Montesquieu.

Era lógico, además, que usted dijera que la desconfianza
respecto del planteamiento autonómico era en relación con
nosotros, no en relación con los grupos con los que
dialogamos. ¡Qué iba a decir usted desde la tribuna después de
lo que le he dicho! No podía decir otra cosa, porque, en
definitiva, es verdad que cuando hay una conformación de
mayorías en una situación como la del Parlamento, si esa le
hubiera tocado hacerla a usted, naturalmente hubiera tenido
que hacerla en una dirección semejante. Por consiguiente, lo
lógico es que diga usted que la desconfianza es una
desconfianza hacia nosotros. Pero verá usted, ha hecho una
insinuación de inclumplimiento de compromisos dentro del
Parlamento y la verdad es que sé que se refiere a un hecho que
ha ocurrido en la propia elección de la Mesa.

Nosotros somos tres en la Mesa, tenemos 159 Diputados;
ustedes son cuatro, tienen 141. (Rumores y protestas.--
Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)
Quiere decir que ustedes, aunque se irriten sus compañeros de
banca, han hecho un menor esfuerzo porque haya una
representación plural en la Mesa del que hemos hecho nosotros.

Dicho de otra manera: ustedes no han hecho esfuerzo y nosotros
hemos hecho el que existe, el que se ha producido. (Rumores,
protestas y pateos en los bancos del Grupo Popular.--Aplausos
en



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los bancos del Grupo Socialista.--El señor Aznar López pide la
palabra.)



El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!
Gracias, señor González.

Señor Aznar, dos minutos.




El señor AZNAR LOPEZ: Con toda brevedad, señor Presidente.

Créame, y lo vuelvo a repetir, que me hubiese gustado
apreciar naturalmente el esfuerzo que usted hubiese hecho para
plantear y explicar una situación distinta; pero, en fin, esa
es una cuestión pasada en el debate.

Quiero decirle que he creído entender, en relación con el
déficit con lo que usted ha explicado, que al déficit que
usted presume del 5 por ciento hay que añadirle el déficit
correspondiente a las comunidades autónomas y a las
corporaciones locales. Conviene que esto quede claro; conviene
que quede muy claro para que nadie se extrañe que la cifra del
déficit público en nuestro país de todo el conjunto de
administraciones públicas pueda situarse en el 7 por ciento al
final de este año. Conviene que quede claro porque las
previsiones, tanto las de paro como las de déficit, realmente
son muy importantes, sobre todo teniendo en cuenta las
previsiones que tenían ustedes. Repito, es muy importante lo
que usted ha dicho.

Señor González, naturalmente no es una cuestión de que los
gobiernos gastan y gastan en el tiempo. Aquí hay una relación
(Mostrando un documento a la Cámara.) de créditos
extraordinarios aprobados durante el tiempo electoral. Yo le
he dicho el gasto que usted ha comprometido durante el tiempo
electoral y se lo vuelvo a repetir: 27.700 millones de pesetas
todos los días. Pero aquí tiene usted, por si le interesa, la
relación de créditos extraordinarios no presupuestados --
además, en la política de austeridad y de control del gasto
público-- que ustedes han aprobado en tan sólo 55 días.

En relación con el Consejo General del Poder Judicial --
termino, señor Presidente-- probablemente Montesquieu no tenía
ningún interés corporativista. Lo que yo no sé es el interés
que tienen ustedes en enterrar a Montesquieu si no tenía
ningún interés corporativista. (Risas.) Le podían haber dejado
tranquilo y seguir en un esquema clásico de no
patrimonialización de instituciones al respecto.

Por último, señor González, solamente introduzco (porque
tampoco es cuestión de hacer polémica a estas alturas sobre
eso) una matización en relación con las palabras que usted ha
pronunciado. Efectivamente, con 159 Diputados ustedes tienen
tres miembros en la Mesa del Congreso, y con 141 nosotros
tenemos cuatro. Hay una pequeña diferencia o una gran
diferencia en relación con lo que yo he dicho, y es que
nosotros, ni los cuatro ni los 141, hemos firmado un documento
que luego no hemos cumplido. (Un señor Diputado: ¡Muy bien!--
Prolongados aplausos en los bancos del Grupo Popular.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aznar.

Señor González. (Rumores y protestas en los bancos del Grupo
Popular.)
¡Silencio! señorías.




El señor GONZALEZ MARQUEZ (Candidato a la Presidencia del
Gobierno): Parece que es el Reglamento el que dice que puedo
cerrar, señor Presidente. No lo digo yo; lo dice el Reglamento
y parece que también molesta el Reglamento.

Señor Aznar, sólo una respuesta muy breve. Le he hablado
antes de 14 billones de pesetas de presupuesto, 365 días y
38.000 millones de pesetas diarias. Corrija usted sus cifras
o, por lo menos, acepte que se equivoca.

Segundo. Mire usted, en cuanto a Montesquieu, yo lo único que
haría sería no enterrarlo o desenterrarlo --enterrado está--;
lo único que haría sería recomendar su lectura, y en su
lectura dice lo que yo digo, no lo que a veces ustedes
manifiestan que dice Montesquieu.

Finalmente, se ha puesto de manifiesto claramente que ustedes
no han tenido ninguna voluntad de que haya más pluralidad en
la composición de la Mesa. Eso les define a ustedes, no a
nosotros.

(Rumores y protestas en los bancos del Grupo Popular.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González. (Continúan los
rumores y protestas.)
¡Silencio, señorías!
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Ribó. (Numerosos señores
Diputados abandonan el salón de sesiones.)
Señorías, ruego guarden silencio y ocupen sus escaños.

(Rumores.) Señorías, guarden silencio. (Pausa.) Cuando quiera,
señor Ribó.




El señor RIBO MASSO: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, en primer lugar, nuestra solidaridad con el señor
Iglesias secuestrado en Euskadi, solidaridad expresada en el
contexto de nuestro firme rechazo del fenómeno terrorista.

Estamos en una grave situación socio-económica, se nos
presenta una opción muy predeterminada, existen otras salidas
y vamos a dialogar sobre ello.

Las novedades que marcan de forma decisiva el inicio de la V
Legislatura y, por supuesto, este debate de investidura, son
los cambios en el mapa político resultantes tras las
elecciones y el agravamiento de la crisis económica y de la
sensación de corrupción.

Recuerden ustedes que estos dos temas --crisis y corrupción--
son los que precisamente motivaron la anticipación de la
convocatoria electoral. El hoy candidato, entonces Presidente
del Gobierno, señor González, el Sábado Santo no tuvo otro
remedio que decidirse por la anticipación electoral porque
aquellas cuestiones --crisis y corrupción--, estaban poniendo
en peligro la estabilidad de un Partido, el PSOE, y de su
Gobierno. No se olvide el dato. En aquella situación, un
partido



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con mayoría absoluta en esta Cámara aparecía como incapaz de
asegurar la estabilidad del Gobierno.

No es momento de analizar lo que sucedió después, una larga y
costosa campaña electoral en la que se intentó bipolarizar
artificialmente a la sociedad, restringiendo las posibilidades
del pluralismo, utilizando medios presuntamente
antidemocráticos, como fueron los debates cara a cara en las
televisiones privadas, excluyendo otras opciones, con lo que
a, nuestro entender, se lesionaba el principio de igualdad.

Quede aquí tan solo la constancia de que nuestro grupo ha
recurrido ante el Tribunal Supremo para tratar de evitar que
se vuelva a intentar condicionar la voluntad electoral.

De todas formas, lo más importante es constatar que aquellas
dos cuestiones, crisis y corrupción, están hoy aquí presentes
para resolver y, como mínimo por lo que afecta a la crisis,
con características aún más dramáticas que a principios del
mes de abril. La sociedad española conoce hoy una crisis
económica de alcance inusitado.

Por otro lado, la gran novedad parlamentaria, que obviamente
afecta a la gobernabilidad y al futuro del país, es que
ustedes no disponen de mayoría absoluta. Usted mismo se ha
referido esta mañana a este fenómeno. Este Parlamento
potencialmente es más plural. Debería, por mandato electoral,
desplazarse el centro del sistema democrático del Gobierno al
Parlamento. Aquí es donde se deben fraguar los consensos.

Señor candidato, ante la gravedad del momento y dado el
frágil equilibrio, aquí se podría especular con una nueva
convocatoria anticipada de elecciones y un posible triunfo de
la derecha tras un eventual fracaso del Gobierno que usted
pretende impulsar. Más de uno, desde la facción más
reaccionaria de la patronal hasta algún dirigente de los
posibles socios preferentes del candidato, puede abrigar la
esperanza de que se quemen pronto; de ahí también la
importancia de acertar en la opción. Nos jugamos el futuro de
la sociedad y, permítanme, señores del PSOE, que se lo diga
especialmente a esta parte del hemiciclo, nos jugamos el
futuro de la izquierda. ¡Cuidado con este empecinamiento,
ahora que ha pasado la campaña electoral, en arrinconar los
valores de izquierdas! Analícense con atención las voluntades
electorales y sáquense lecciones de experiencias en otras
latitudes, donde se están produciendo auténticos terremotos
políticos parlamentarios, como en Italia, donde desaparecen
opciones de larga tradición democrática.

En resumen, por todo lo anterior, quisiera concluir esta
primera parte de mi intervención con un pronunciamiento
categórico.

Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya manifiesta su
disposición total, coherente y responsable, a participar en
todos los esfuerzos necesarios para abordar aquellos retos.

Estamos dispuestos a corresponsabilizarnos sin reservas sobre
acuerdos programáticos de forma pública y transparente, con
una política de izquierdas progresista, como se apelaba, por
su parte y por la nuestra, en campaña electoral.

El candidato ha escogido otra opción; el pacto con
Convergència y PNV. Se trata de un acuerdo que han defendido
denodadamente diversos poderes fácticos del mundo financiero y
algunas empresas de los medios de comunicación, pero este
acuerdo es el resultado de la decisión del candidato, sólo él
debe asumir todas sus consecuencias.

Señor González, usted, sin mayoría absoluta, habiendo
cambiado el mapa político, habiéndose agravado las condiciones
de la crisis, pretende la continuidad de formas y contenidos
de su política anterior y de alianzas ya experimentadas con
CiU y con PNV. En clara contradicción con aquella opción, esta
mañana nos ha leído un discurso con algunas propuestas
progresistas; algunas de ellas ya las propuso en anteriores
debates y nunca se cumplieron, por eso las ha repetido esta
mañana. Entre las que ha presentado hoy las hay que chocan
frontalmente con el programa de Convergència i Unió. Tiene
usted el deber de discutir y explicar hoy, aquí, ante la
opinión pública, qué significa aquel posible pacto, qué
contenido ha acordado para este pacto. Debe explicar cuál es
el coste público de medidas como las que propone el señor
Arzallus para las privatizaciones en el Ministerio de
Industria, o las exenciones fiscales que propone Convergència
i Unió. Lo deberíamos conocer para contrastarlo con lo que
necesita la sociedad y con otras posibles opciones, como ésta
de la que vamos a hablar.

Usted ha rechazado la opción del acuerdo de izquierdas sin
dar ninguna explicación convincente porque, señor González,
¿de verdad mantiene que es creíble su forma de defender su
opción por motivos de estabilidad? ¿La estabilidad se la da
CiU y PNV? En una situación tan grave como la descrita, usted,
producto de su obsesión por la continuidad de formas y
contenidos de políticas, confunde estabilidad con asegurar un
mínimo de 176 escaños en el Congreso y sus homólogos en el
Senado. Sería irrisorio basar la mayoría en el Senado, Senado
que si propone algún veto, se puede superar en esta Cámara.

Pero sobre todo recuerde, señor González, que la lógica
parlamentaria no siempre se corresponde exactamente con la
voluntad real del pueblo. La estabilidad se garantiza sobre
acuerdos de políticas, no sobre ofrecimientos de ministerios
en gobiernos de coalición; la estabilidad debe basarse en la
voluntad electoral y en su base social. Sobre esto último se
ha llegado a afirmar que el acuerdo PSOE-CiU-PNV era un
acuerdo de Estado que implicaba la inserción de Cataluña y
Euskadi en la gobernabilidad; que por tanto se alcanzaba un
resultado histórico. Se lo dice un ciudadano de Cataluña,
señor González: ¡basta ya! basta ya de manipular a la opinión
pública con conceptos como los intereses de España o los de
sus nacionalidades. Ni usted en exclusiva representa los
intereses de España ni Pujol o Arzallus los de Cataluña y
Euskadi, respectivamente. Aquella es la típica pretensión del
nacionalismo, sea en este caso el español, catalán o vasco,
que supone confundir el interés de un partido o una clase con
el de toda la colectividad. En España, en Cataluña



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y en Euskadi existen intereses contradictorios representados
por una pluralidad de opciones políticas. Ustedes pretenden
pactar con unas de ellas, las mal llamadas nacionalistas.

Ustedes buscan reforzar un pacto por intereses políticos y
socio-económicos coincidentes. Usted pacta con el nacionalismo
de centro derecha, con los democristianos vascos y catalanes.

CiU fue ya su socio estable, corresponsable en toda la
legislatura anterior, coincidiendo con ustedes en temas
internacionales, en temas como las libertades (la Ley
Corcuera, tan bien defendida por el señor Roca desde esta
tribuna), y especialmente en política económica. No olvide que
fue una política ideada y aplicada por su Gobierno y por CiU
la que ha fracasado estrepitosamente, y que volverá a fracasar
si se pretende repetir. Estamos ante una propuesta estéril
para abordar aquella grave situación, y además es incoherente
con todo lo que se explicó en campaña electoral. ¡Qué gran
paradoja política y electoral! Usted apela al voto progresista
y de izquierdas, se recrea en el miedo a la derecha, y
pretende pactar con CiU y PNV. Son diversas las paradojas
electorales que ponen en duda hoy seriamente su credibilidad,
señor González. En campaña ocultó el alcance de la crisis; en
campaña pretendió --y consiguió-- que la gente olvidase
responsabilidades de su Gobierno en la anterior legislatura,
en temas como la crisis o la corrupción. ¡Qué lástima que la
realidad las haga reaparecer! Apeló al voto progresista, el de
izquierdas, para hacer el cambio sobre el cambio y ahora se
dispone a gobernar con el apoyo de los que como Convergència i
Unió propugnan mayor precariedad laboral, cuando no el despido
libre encubierto, critican la excesiva protección judicial a
los trabajadores en resoluciones sobre expedientes de
regulación, proponen privatizar el sector público e insinúan
la necesidad de una amnistía fiscal, piden borrón y cuenta
nueva sobre la corrupción, se oponen a la ley de huelga, y
podríamos continuar. ¿Es éste el cambio sobre el cambio? ¿Es
éste el Gobierno progresista? Por si alguien abriga alguna
duda, repasemos las primeras andaduras de esta legislatura que
demuestran inequívocamente aquella opción: la de continuar a
pesar de la crisis y sin mayoría absoluta con la misma
prepotencia. Primero, el nombramiento de Carlos Solchaga,
artífice y defensor a ultranza del monetarismo, como portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista (Rumores.) Es su opción
personal, señor González, la del felipismo, la de reforzar el
papel del Ministro que como dijo el Director del Financial
Times podría haber funcionado muy bien a las órdenes de
Margaret Thatcher. (Rumores.)
Segundo, la maniobra de negociación para la elección de la
Mesa del Congreso excluyendo a nuestro grupo de la misma. Aquí
ustedes, una vez más, han faltado a compromisos firmados, esto
es así sin paliativos; no valen excusas de vetos personales,
por otra parte inaceptables. El señor Solchaga, que es muy
coherente y transparente, nos dijo de forma clara que nos
excluían entre otros motivos para ahorrarse problemas en el
trámite ante la Mesa de un paquete social independientemente
de la ley de huelga. Lo más grave no es la agresión al grupo
que represento, lo peor es mostrar un talante contra la
expresión del pluralismo. Excluir a este grupo, excluirnos, es
dejar fuera de la Mesa al tercer grupo parlamentario de esta
Cámara, al que cuenta con el doble de votos que Convergència i
Unió y diez veces más que PNV. ¿Es ésta una forma de relucir
el pluralismo? Pero mucho peor que esto. Es verdad que el
Partido Popular se enrocó en su representación, y no olviden
ustedes, los del Partido Popular y los de Convergència i Unió,
que ni unos ni otros tienen mucha autoridad para hablar de
este tema cuando nos hicieron ofertas para pinzar al PSOE en
la Mesa de esta Cámara, ofertas que en nuestro grupo
parlamentario, respetando el pluralismo, nos negamos aceptar.

(Rumores.)
Pero creo que es mucho peor, señor González, que aquella
exclusión se pueda leer como un afán de constituir una Mesa
dócil para domesticar este Parlamento. Todas sus
manifestaciones de cambio, de renovación democrática, quedan
mermadas por aquel hecho. Usted muestra el mismo talante de
soberbia como si no hubiera habido elecciones. Continúa usted
con la obsesión de mayoría absoluta. En un Parlamento plural
ya ha conseguido una Mesa de mayoría de coalición. Usted sabrá
para qué, yo le puedo decir que no parece que ayude a
potenciar el Parlamento como Cámara representativa de aquella
pluralidad, la que debe ejercer la tarea de impulso y control
del Gobierno.

Pero era y es posible otra opción, una opción de carácter
progresista de izquierdas, consecuente con las propuestas
electorales, una opción que reúne aún el apoyo de una mayoría
de la opinión pública, si nos atenemos a las encuestas que se
van publicando. Que quede claro: no vamos a caer en debates
nominalistas. Es sencillo, como hizo el propio candidato,
quizás muy a su pesar, en campaña electoral, calificar una
propuesta de Gobierno de izquierdas, pero a partir de esta
afirmación se debe entrar en la explicación precisa de sus
contenidos. Nos vamos pues a centrar en los mismos siguiendo
los apartados de su discurso para intentar la confirmación de
aquella definición, la de un programa de izquierdas frente a
la crisis, la regeneración democrática, el Estado de las
autonomías y la situación internacional.

Afrontar y superar la crisis económica en España requiere, en
primer lugar, hacer un correcto diagnóstico. Decir que nuestra
crisis es equiparable, homologable a la crisis europea, como
usted ha dicho y hoy ha insistido en ello, no sólo no es
verdad sino que es confundir sobre la magnitud de nuestro
propio problema. Con dicha confusión se puede intentar
esconder responsabilidades o ganar votos, pero seguro que se
crean obstáculos importantes a la hora de solicitar esfuerzos
y acuerdos corresponsables. No es posible acordar con quien
miente o va errado. Acordar significa credibilidad mutua. Una
premisa categórica que no quiso abordarse en campaña electoral
por razones partidistas es que la economía española padece una
de las



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crisis económicas más graves de su historia y que los factores
que determinan que sea diferente y más grave que la que
padecen el resto de los países de nuestro entorno son factores
endógenos, internos. El Gobierno del PSOE, ustedes, son en
buena parte responsables de no haber iniciado el proceso de
superación de las grandes diferenciales negativas de la
economía española en relación a Europa. El propio Instituto de
Estudios Económicos nos advierte que una recuperación de la
economía mundial no sería suficiente para resolver la
depresión española. Más allá de las palabras, más cerca de la
realidad, las cifras son contundentes; no las grandes cifras
macroeconómicas que podría citar, cifras que aceptan, soportan
millones de españoles y españolas que demuestran que la crisis
económica española no es la europea. Tasa de paro: doble de la
de la Comunidad Europea. Tasa de paro femenino: primer país de
la Comunidad. Tasa de paro juvenil: primer país de la
Comunidad. Precarización laboral: primer país de la Comunidad.

Resulta muy significativo comparar la evolución del empleo
asalariado de las mujeres desde 1987, desde donde resulta que
todo el empleo creado ha sido temporal, casi todo. En seis
años sólo se han creado 1.800 puestos de trabajo fijo para las
mujeres.

Nos ha dicho el Premio Nobel de Economía, profesor del MIT,
Franco Modigliani: no entiendo cómo se puede convivir con una
tasa tan alta de desempleo. Actuar contra el paro debe ser la
prioridad número uno del Gobierno y de los ciudadanos porque
España está cerca del colapso.

Ojalá, ojalá, señor González, nuestra crisis fuera la de
Europa.

Nuestra crisis no es la europea, es mucho peor, y su salida
requiere gran dosis de sinceridad; de sinceridad, en primer
lugar, y de valentía, y de voluntad política de rectificar y
definir las políticas adecuadas. Debemos añadir que tampoco
podemos aceptar recetas simplistas, como aquellas que
consideran el nivel de los salarios y la rigidez del mercado
laboral como factores fundamentales de nuestra crisis.

¿Cuál es el problema central de nuestra economía? La
respuesta es muy clara para nosotros: la debilidad de nuestro
sistema productivo, demasiado acostumbrado a los aires de
autarquía sin necesidad de competir; baja productividad,
dimensión reducida de nuestra industria, peso desmesurado de
los sectores tradicionales, grandes déficit tecnológicos,
dependencia exterior, carácter estructural antiexportador de
nuestro tejido industrial, falta de formación, rémoras que
alcanzan todo su valor ahora con la competitividad, en la
perspectiva, además, de ampliar la Comunidad Europea.

Frente a aquel diagnóstico debemos realizar y analizar
recetas como las que ustedes, que no han compartido aquel
diagnóstico, han intentado aplicar. Su política no ha
fortalecido la debilidad de nuestro tejido productivo; su
política lo ha debilitado más.

Sobre equilibrios y déficit históricos se han proyectado
negativamente los efectos de una política monetaria y
cambiaria.

Debería hacer otro ejercicio de sinceridad, señor González:
reconocer el fracaso de una política económica llevada a cabo
hasta ahora. Los efectos de esta política han ido en dirección
contraria a las necesidades del país. Se ha penalizado la
inversión productiva. Ha crecido espectacularmente la
especulación, la cultura del pelotazo, la venta y
desmantelamiento de sectores enteros del tejido productivo.

Hemos conseguido índices elevadísimos de precarización
laboral, únicos en Europa. Tan sólo dos cifras ilustrativas:
durante toda esta etapa una Letra del Tesoro daba una
rentabilidad del 11 o 12 por ciento; la inversión industrial
apenas el 5 por ciento.

Por otro lado, recordemos como paradigmática la historia de
KIO. ¿Campeones empresariales o especuladores? Centenares de
miles de millones en suspensión de pagos; miles de puestos de
trabajo en el aire; casi 100.000 millones de dinero público
volatilizados y aún es hora de que su Gobierno exija
responsabilidades.

Han desperdiciado la oportunidad de iniciar la superación de
nuestros problemas endémicos acometiendo reformas
estructurales en el período 1985-89, cuando la etapa de
crecimiento económico lo hacía mucho más fácil, cuando se
decía que éramos la admiración de Europa con un crecimiento
financiero artificial. Señor González, se trata de volver a
empezar desde cero; o, mejor dicho, de volver a empezar con
saldo negativo, con todos los indicadores en señal de alarma.

Nosotros manifestamos nuestra voluntad de contribuir a la
superación de la actual situación, pero, quede claro, en una
dirección de solidaridad y de mayor justicia social. No se nos
pida colaboración para que en este país una persona pueda
rápidamente hacerse rico, como dijo un ministro suyo, a cambio
--decimos nosotros--, de que muchos ciudadanos y ciudadanas,
más rápidamente todavía, se vean lanzados al paro.

¿Qué pone usted, señor González, sobre la mesa para hacer
posible un pacto de progreso? Su discurso no lo ha aclarado.

Su política económica, en los años que usted ha presidido el
Gobierno, sus apoyos parlamentarios y su silencio nos
preocupan. No le estamos pidiendo el programa detallado; le
pedimos que nos diga en qué dirección vamos y cómo se piensan
orientar sus políticas. Tomemos un ejemplo, sobre el cual ha
pasado usted muy rápidamente esta mañana: la reforma del
mercado de trabajo. En el documento que enviaron ustedes al
CES, y que esta mañana ha citado, se hacen planteamientos para
nosotros inaceptables. Ustedes parten de la consideración --en
aquel documento-- de que los salarios y el ordenamiento
laboral son los grandes responsables del paro. Llegan a decir
que es necesaria la reforma, dado el fuerte peso de contratos
a tiempo completo de duración determinada o a la débil
presencia de contratos a tiempo parcial, analizando
superficialmente el mercado laboral, ignorando la política
económica y la desindustrialización.

Si el objetivo es crear ocupación y cohesión social, no se
puede abordar la reforma del mercado laboral al margen de
fortalecer el tejido productivo, al margen de



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prever los efectos de la innovación tecnológica y, por tanto,
al margen de plantearse conceptos y políticas de reducción de
jornada, de reparto de trabajo, de utilidad del trabajo
productivo y del trabajo social, con toda la prudencia que
unas medidas de estas características comportan. Como dice
alguien que usted conoce, Peter Glotz: «La izquierda europea
dispone de una utopía concreta que podría mover a millones de
personas. La reducción de la jornada laboral entendida no
solamente como un instrumento tecnocrático para la
distribución más equitativa del trabajo, sino como el objetivo
transformador de proporcionar más tiempo disponible a las
personas, sería el mayor punto programático innovador de un
movimiento político que, eso sí, no se arredre ante el término
emancipación», y acaba la cita.

Es un debate internacional, claro que sí, estructural. Pero
hoy en España estamos convencidos de que se debe mejorar el
mercado laboral y de que se debe hacer con objetivos muy
claros: generar empleo, acabar con la precariedad, reducir la
temporalidad, aumentar la tasa de actividad, disminuir los
niveles de accidentes laborales, objetivos todos ellos de
nuestra
propuesta de mejora del mercado laboral.

En el documento que ustedes remiten al CES, por ejemplo,
proponen --cito textualmente-- la posibilidad de cambiar las
condiciones de trabajo unilateralmente por los empresarios;
proponen la eliminación de controles externos de las
administraciones en general. ¿Mantiene estos criterios, señor
González? ¿Los piensa modificar? ¿Cuál es la situación de la
contratación temporal? ¿Por qué no ha hablado esta mañana de
contratos temporales? ¿Colisiona con las propuestas de
Convergència i Unió y su voluntad de no oponerse a la selva de
la precariedad?
Desde el año 1987 a 1992, todo el aumento de empleo
asalariado, cifrado en 1.257.000 personas, ha revertido
exclusivamente en empleo temporal, destruyéndose, al mismo
tiempo, 608.000 puestos fijos de trabajo. El conjunto de
trabajadores con contrato temporal es del 34 por ciento de los
asalariados; si nos referimos solamente al sector privado, el
39 por ciento de todas las plantillas.

Por tanto, y a la vista de los datos del paro y de la
contratación, se demuestra que, frente a un paro de marcado
carácter estructural, las políticas flexibilizadoras son
estériles como receta para generación de empleo, además de
generar procesos de marginación de amplios colectivos de
trabajadores. Estos datos desmienten afirmaciones que ha hecho
su Gobierno y usted mismo sobre que la temporalidad era la
etapa necesaria, que un altísimo porcentaje de contratos
temporales iban a pasar a fijos después. Vamos a ver cuándo se
va a producir.

Son básicamente los jóvenes y las mujeres quienes están
aguantando la precarización laboral. ¡Que vacía suena su cita
de mujeres y jóvenes esta mañana cuando usted, su Gobierno, es
quien más ha contribuido a impedirles la actividad laboral!
Una economía con un porcentaje tan alto de precarización no
puede ser competitiva. Un trabajador o una trabajadora que
sabe que dentro de dos o tres meses quizá no continúe
trabajando, no puede trabajar a pleno rendimiento. Se añade,
además, un factor de riesgo (que, por cierto, está pendiente
hablar de riesgo y de salud laboral), tema que no ha tocado
usted esta mañana y que es un grave incumplimiento de la
directiva comunitaria que obliga a aquella ley de salud
laboral.

¿Sabe usted, señor González, por ejemplo, que en la provincia
de Barcelona, en el año 1991, se perdieron siete millones de
jornadas por incapacidad laboral transitoria, frente a 370.000
jornadas por conflictos laborales? Tanta demagogia sobre
interpretaciones falsas del texto de ley de huelga y sobre las
pérdidas de la economía por conflictos laborales, ¿por qué no
cuantificamos las enormes pérdidas, dobles, humanas y
económicas, por falta de legislación e inversión en salud
laboral?
El objetivo prioritario reconocido aquí por todos es crear
empleo. Nosotros partimos (lo conoce usted porque le
explicamos y entregamos muchos apartados de nuestro programa
de gobierno) de un desarrollo económico social y
ambientalmente sostenible; de una serie de medidas urgentes
que afectan desde una política industrial, que ustedes no han
hecho, a un I+D, que ustedes han situado a España en el vagón
de cola de la Comunidad Europea, a un sector público
dinamizador; de un plan de infraestructuras que no se base en
el transporte por carretera y privado, sino en el transporte
público; de una gestión hidrológica que priorice el ahorro; de
construir viviendas (usted esta mañana sólo ha citado las
viviendas a efectos de movilidad funcional de los
trabajadores), especialmente en régimen de alquiler; de un
plan energético nacional, como ya presentamos en todo su
desarrollo; de restablecer el principio de causalidad laboral
que ustedes modificaron en 1984, a pesar de las propuestas de
sus socios que querían ir aún más lejos en la modificación; de
una ley de huelga, de salud y de medio ambiente laboral, de
fondos de inversión, de cooperativas y explotaciones
familiares agrarias; de una democratización de las estructuras
del campo, de priorizar la disminución de nuestro déficit
social respecto a Europa; de temas que usted sí ha citado esta
mañana, como los tipos de interés, Consejo Económico y Social,
la salud pública, la educación y la formación, en que
continuamos estando a la mitad del gasto europeo en ambos
frentes; de mejorar, por supuesto, con promesas aún por
cumplir, toda la temática de las pensiones.

Insisto en que todo ello son muestras de líneas prioritarias
y no pretenden configurar un programa de Gobierno; ya que esta
tarea le corresponde a usted.

Usted nos tiene acostumbrados a una necesaria advertencia y
nos dice: Tengan ustedes en cuenta lo que son los gastos, los
ingresos, lo que usted llama las cuentas del reino. Seamos
realistas. Ustedes desconocen el alcancen del déficit público
y cuando en esta sociedad



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y en este Estado nos enteremos va a haber más de un susto
público.

Ustedes, en este último tramo de la legislatura, han
presentado cuatro cuadros macroeconómicos y han tenido que
irlos archivando desbordados por la realidad. Han hecho gala
de ligereza y falta de disciplina y previsión presupuestaria.

Hoy usted ha presentado tímidamente un quinto cuadro
macroeconómico.

Vayamos al segundo apartado: un impulso de regeneración
democrática. Hace tiempo que se está produciendo un
desprestigio creciente de la actividad política en las
personas que la realizan. Se cree que en política todos son
iguales o todos están en ella para aprovecharse. No resisto la
tentación de recordarles: construcción de Burgos (Partido
Popular), Calpe (PSOE), máquinas tragaperras (PNV), casinos de
Cataluña (Convergència i Unió), Naseiro (Partido Popular),
Filesa (PSOE), Renfe (PSOE), Hormaehea (Partido Popular),
Ollero (PSOE), Calviá (Partido Popular), etcétera.

Existe una concepción social de vivales que tiene
correspondencia en la política. En ese sentido se debe
denunciar a las empresas que fomentan la corrupción. No se
puede aceptar el doble rasero de criticar a aquellos políticos
presumiblemente corruptos y no criticar a los particulares, a
veces empresas poderosas que se benefician de la irregularidad
de la corrupción. Por ejemplo, señor González, le voy a hacer
una pregunta que usted mejor que nadie puede responder, dadas
sus acciones y responsabilidades y sin necesidad de esperar a
la finalización de las investigaciones judiciales; ¿qué
contrapartida otorgó el Gobierno al Banco Bilbao-Vizcaya, al
Central, a Gas Natural a cambio de generosas aportaciones a
Filesa? La tremenda anotación de pagaremos cuando se publique
en el «Boletín Oficial del Estado» ¿a qué se referiría? ¿De
quién dependen las discusiones que después se publican en el
«Boletín Oficial del Estado»? Los casos que han explotado son
la punta del iceberg de una realidad que sólo aparece por
casualidad, porque alguien se va de la lengua (Filesa,
casinos, Naseiro). Lo más grave en toda esta materia es que
desde altas instancias políticas se pretenda encubrir lo
anterior, se consiga silenciar cualquier actividad
parlamentaria esclarecedora.

La política es la tarea más noble que puede realizar una
persona: interesarse por los negocios públicos, por lo
colectivo.

Deberíamos desde este Parlamento, no con encargos
individuales in péctore, sino desde este Parlamento, potenciar
los derechos de participación, de asociacionismo, reformar la
ley electoral, potenciar el propio Parlamento como Cámara de
impulso, control e investigación, mayor publicidad en la
contratación y en su reformado, suprimir la propia inmunidad
parlamentaria a lo que fuese un obstáculo para la clara
investigación como un privilegio, financiación pública y
transparente de los partidos políticos, pluralismo social en
los medios de comunicación, avanzar en la profundización de
las libertades, continuar la lucha por la convivencia real,
política, social y económica en una sociedad plural, la Ley
Corcuera, por ejemplo, que es el camino opuesto. Se optó por
la primacía de lo criminal escudándose en la hipocresía
social, como apelaban albunos de sus ilustres Diputados. Sin
esperar al Tribunal Constitucional, esperemos que ustedes
mismos la deroguen.

Son muchas las medidas pendientes en el apartado de las
libertades. La primacía de los ciudadanos ante la Ley de datos
informáticos, la cláusula de conciencia o el secreto
profesional, el estatuto de los trabajadores de comunicación,
la amenaza de regular un delito de difamación, medidas para la
convivencia contra la xenofobia o el racismo, la modificación
de la Ley de Extranjería, la persecución de todos los casos de
tortura que se puediesen dar en los aparatos del Estado,
esclareciendo a fondo las responsabilidades en el «affaire»
GAL. Una ley necesaria que permita la interrupción voluntaria
del embarazo mediante la ley de plazos, el derecho a hacerlo
en la red sanitaria pública fuera de todo contexto penal para
impedir situaciones como la que se da escandalosamente ante
los fundadores del Centro de Planificación Familiar de «Los
Naranjos», de Sevilla. Proponemos --usted lo sabe-- la
eliminación del servicio militar obligatorio, un amplio
reconocimiento de la objeción de conciencia y acabar con algo
que no es aceptable: que hoy cumplan penas de prisión los que
declaran su insumisión.

Reclamamos algo por lo cual hemos estado batallando: el
derecho a la sindicación de la Guardia Civil.

Tercer apartado: estado de las autonomías. Una de las pruebas
más contundentes de la esterilidad posible entre Convergència
i Unió, PNV y usted es el estancamiento del Estado autonómico.

Muchas leyes que lo han estancado las elaboraron conjuntamente
(Ley de Bases del Régimen Local, Función Pública). Usted sabe,
señor González, que Pujol no dispone ni le interesa un
proyecto de Estado. Prefiere refugiarse en la indefinición
combinada de ser español del año con un radicalismo verbal
nacionalista. Usted sabe que el PNV se ubica en la más
brillante especulación. Usted sabe que, tras once años de
gobierno, el desarrollo autonómico está paralizado. Hoy
insinúa compromisos sobre el 15 por ciento del IRPF; parece
que buscan que Convergència les dé su apoyo, llevan muchos
años hablando de ello. De verdad, señor González, de verdad,
señor Roca, ¿creen que ése es el tema sobre el cual cabe
distraer la atención de la opinión pública sobre la crisis,
sobre la estabilidad e incluso sobre el desarrollo
constitucional de las autonomías? ¿Saben que la Constitución
de 1978 es un hito histórico en el constitucionalismo español
con el reconocimiento de las nacionalidades y regiones, el
derecho al autogobierno, para avanzar hacia el cual se debe
desmantelar un aparato centralista? Se empezó con autonomías
para las nacionalidades y para Andalucía y se acabó con café
para todos. Se ha estancado, persisten viejas estructuras y,
en un proceso como el actual de construcción de Europa, ¿no
les suena anacrónico resistirse a transferir poderes sobre el
territorio? ¿No le suena anacrónico decir, como dijo usted: No
renuncio a intervenir en cualquier punto de la



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geografía española? Nosotros proponemos hace mucho tiempo,
como usted ha citado esta mañana, un Senado que sea auténtica
cámara territorial, con reforma de la Constitución, reforma de
los estatutos del 143 y no el pacto al que llegaron con el
Partido Popular, traspaso de competencias a los del 151,
modificación de las leyes de bases, presencia en la Unión
Europea a partir de las competencias por parte de las
comunidades autónomas, política de afirmación de la cultura de
las diversas nacionalidades y transferencia de los servicios
en esta materia a las comunidades autónomas.

Pero no se olviden ustedes del poder local. Una de las
grandes sorpresas de su discurso, o quizá no ha sido sorpresa,
puesto que es coherente con su política, es que, siendo el
PSOE un partido gobernante en tantos ayuntamientos, nos hable
de poder político --que hace falta y mucho-- para los
ayuntamientos, que son el escalón más próximo a la ciudadanía,
y no nos hable de cómo ustedes los han llevado a la crisis
financiera mediante una absurda Ley de Haciendas Locales,
convirtiéndolos en auténticos mascarones de proa, de desgaste
recaudatorio, con medidas tan erróneamente enfocadas como el
IAE o la revisión catastral.

¿Por qué no hablamos de haciendas locales en los términos en
que están hablando alcaldes muy ilustres de su propio Grupo o
Partido y de qué reformas vamos a abordar de aquella ya
absoleta y, repito, agresiva Ley de Haciendas Locales?



El señor PRESIDENTE: Señor Ribó, le ruego concluya.




El señor RIBO MASSO: Toda esta temática --voy concluyendo,
señor Presidente--, tiene, además, una componente
reequilibradora, de solidaridad y una componente de reforma
moderna y eficaz: la Administración. Cuando ustedes llegaron
al Gobierno proclamaron su voluntad de avanzar en aquella
dirección. La reforma de la Administración del PSOE quedó
básicamente en instalar relojes en los ministerios y,
últimamente, en congelar los salarios de la Función Pública.

¿Cuándo cumplirán los acuerdos del año 1991 de cara a la
modernización y mejora de las condiciones de trabajo y la
racionalización de las Administraciones, acuerdos firmados
solemnemente y no aplicados aún en el mínimo grado? ¿Cuándo
extenderán el derecho de negociación colectiva a todas las
Administraciones, como se preveía el año 1990? ¿Cuándo
desarrollarán un mandato constitucional como es el Estatuto de
la Función Pública?
Y, por último, contribución a la paz y a la solidaridad. Me
gustaría extenderme mucho en este apartado de internacional.

Podríamos coincidir en objetivos como reformar las Naciones
Unidas para ir hacia un auténtico gobierno mundial o en una
apuesta irreversible por una Europa unida política, federal,
sin déficit democrático y cohesión social o en el papel que
nos toca jugar, con una singular atención hacia la paz y la
cooperación. Nos parece inaceptable que, ocupando en estos
momentos la Presidencia del Consejo de Seguridad, se asista de
forma pasiva, salvaje y vergonzante a la destrucción física de
Bosnia, que se pretenda asistir igualmente de forma
injustificable al bombardeo de Bagdad por parte de Estados
Unidos, una medida que evidencia dobles pesos y medidas en
acciones internacionales. Ruego que retenga, señor candidato,
una cuestión internacional que nos afecta de cerca y que,
tiempo ha, también era de su preocupación: el retraso y
posible tergiversación en el ejercicio del pueblo saharaui de
su derecho a la autodeterminación.

Concluyo, señor Presidente, manifestando al señor candidato
que supongo que ha comprendido que desde nuestra posición nos
sobran argumentos para justificar un voto negativo a su
investidura tal como la ha planteado. Su discurso tiene partes
que no son creíbles por las contradicciones señaladas. No se
solucionan los problemas del país intentando contentar a
todos, incluso dentro de su Partido. Le recuerdo los
argumentos. Una opción de continuar con políticas desmentidas
por la realidad, un acuerdo preferente con el centro derecha y
con sus consiguientes políticas conservadoras --una paradoja
de incoherencia ante las apelaciones electorales para parar a
la derecha--, una falta de la constatación de nuevo hoy, no
haber realizado un gesto de voluntad de acuerdo con Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y, por encima de todo, su
negativa radical a abordar la tarea de elaborar un programa de
gobierno de izquierdas ante aquella grave situación.

Quisiera que le quedase meridianamente clara nuestra
disponibilidad al diálogo. (Rumores.) Como le planteaba al
principio, se trata de una disponibilidad que emana del
convencimiento que hemos intentado desarrollar en esta
intervención: hacen falta otras políticas para salir de la
crisis.

Estamos convencidos, y así se expresa la mayoría de la
opinión pública, que aquellas políticas las debería impulsar
el PSOE y nuestro Grupo Parlamentario. Constatamos que hay
muchas más coincidencias entre el programa del PSOE y el
nuestro que entre el programa del PSOE y el de Convergència o
el del PNV, en todos los terrenos, especialmente enel
socioeconómico. Estamos dispuestos a arrimar como el que más
el hombro para contribuir a resolver la crisis, sobre la base
de un programa progesista y de izquierdas. No estamos
dispuestos a participar en la confusión de ayudar a enganchar
parches sociales ante los desaguisados de una determinada
política económica; queremos un diálogo serio, inmediato y
responsable para debatir en mesas de negociación nuestros
respectivos programas. De todas formas, creemos que ya es hora
de ubicar toda esta actividad en este Parlamento, de forma
pública y transparente, a partir de nuestras
representatividades. Trabajaremos para sincronizar y conjugar
acuerdos políticos con necesarios acuerdos sociales, pero
sería un engaño y una irresponsabilidad pretender construir
consensos de contenido contradictorio entre partidos políticos
y agentes sociales.

Señor candidato, me sería muy fácil concluir afirmando que la
pelota está en su tejado, pues es usted



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el que debe proponer un programa y el que decide con qué
apoyos desea contar. Pero, por responsabilidad, permítame que
le recuerde que en nuestros escaños, en los del Grupo
Socialista y en los del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, en nuestros escaños, están los representantes
de todas y todos aquellos que esperaban y esperan la valentía
de abordar sin tapujos, con rigor y austeridad, desde
posiciones progresistas, los grandes retos de la economía y la
democracia.

Estamos entrando en una nueva y dificilísima etapa de
desarrollo político de nuestra sociedad. No se equivoque, ni
nos equivoque con experiencias de corto alcance por objetivos
inexplicados y continuistas, no abunde ni profundice su mimada
indefinición social e ideológica; la izquierda y la derecha
existen, señor González, y en política, en democracia, las
diversas opciones representan unos intereses contradictorios
que se deben medir y consensuar de cara al interés general,
pero no pueden sacrificarse para la perpetuación personal en
el poder. Ni usted, ni lo que representa, puede pretender ser
induscutible, pero de usted, más que de nadie de usted,
depende ahora que toda aquella expectativa de progreso tenga
una expresión creíble y útil.

Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos del
Grupo de Izquieda Unida-Iniciativa per Catalunya.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ribó.

Tiene la palabra el señor González.




El señor GONZALEZ MARQUEZ (candidato a la Presidencia del
Gobierno): Señor Presidente, señorías, con toda brevedad, para
decirle al señor Ribó, para comenzar, que ni por el tono ni
por el contenido podía creer nadie que estuviera haciendo una
oferta de diálogo. Daba la impresión de lo contrario, daba la
impresión de que estaba riñendo a todo el mundo diciéndonos lo
que habíamos debido decir y no lo que hemos dicho en la
campaña electoral, a todos, en todas las direcciones y en
todas las materias, y además nos estaba cargando con la
responsabilidad, señor Ribó, de ser nosotros los arrogantes o
los prepotentes. Yo le aseguro que no he oído ningún tono más
prepotente en esta tribuna que el que acabo de oír en este
momento, y lo lamento. Lo lamento porque yo sí le digo que voy
a mantener abierto el espíritu de diálogo, pero no voy a
tolerar que me diga nadie quién es progresista y quién no, ni
siquiera me voy a meter con su Grupo. Usted lo ha hecho con el
Partido Socialista constantemente, pero yo no voy a salir en
defensa del Partido Socialista, porque no lo necesita, ya que
durante diez años han apoyado al Gobierno completamente,
totalmente, y no ha habido un solo fallo, ni un solo fallo en
el Grupo parlamentario Socialista, y es un Grupo muy numeroso.

¿Quiere que le diga a S.S. cada vez que se mete con el Grupo
Socialista o con el Partido Socialista que no podemos decir lo
mismo de todos los grupos políticos? Usted se ha levantado y
ha hecho una intervención en la tribuna en la que desde luego
la oferta de diálogo parece una oferta de guerra, pero no sólo
a nosotros, sino que descalifica a Convergència, al PNV, por
supuesto al PP --no se ofenderán porque los descalifiquen las
antípodas--, los descalifica a todos, y queda usted como un
gran predicador diciendo cuál es la verdad y cuál es la
mentira de la política, del progreso y de las actitudes que el
pueblo espera de todos. Incluso ha tenido el desliz de decir
que no es lo mismo la lógica parlamentaria que la voluntad
popular. Esto es posible que sea así, pero, atención, porque
no sé cuál es el siguiente paso en el razonamiento, ya que
hablamos de lógica. El siguiente, ¿cuál es? Ha hecho una
crítica de los compromisos que se pueden adoptar o aceptar con
otros, incluso ha puesto en contradicción lo que pudiera ser
una oferta de pacto social o compromisos políticos en esta
Cámara con fuerzas políticas como Convergència i Unió o como
el PNV. ¿De dónde la contradicción? Hay pactos sociales en
países como Italia, hay pactos sociales en países como
Alemania. Yo no me quiero atribuir de ninguna manera la
representatividad de la izquierda, ni ahora ni en campaña
electoral; la representatividad de un proyecto de progreso
sólo tiene derecho a reconocerla, identificarla y apoyarla la
ciudadanía, y eso es lo que ha hecho el 6 de junio, y lo ha
hecho como lo ha hecho, no como a usted le gustaría que lo
hubiera hecho. (Aplausos.) Eso está clarísimo y, por
consiguiente, ahí es donde se puede hablar de
representatividad y de oferta de progreso.

Usted ha dicho que nada se ha hecho en España --incluso le
destacaré algunas cosas-- que no se ha hecho nada y está
abandonada la I+D, que no se ha hecho nada prácticamente en
ningún terreno, incluso cuando hablaba de reducción de
jornada. ¿Usted sabe que la reducción de jornada legal se
produjo en 1931 y, después, en 1983 --1931 a 1983--, con dos
leyes que fueron dos leyes de gobiernos con participación o de
gobiernos socialistas?
Usted ha dicho que en la economía española todo ha sido malo,
que estamos peor que hace diez años, que se ha destruido el
tejido industrial, que todo ha sido especulación. Claro, no
puede ni quiere reconocer que el producto bruto de nuestro
país ha crecido y ha crecido de manera importante, que hay
desajustes económicos y que hay un fuerte crecimiento del
paro. Usted ha tenido una visión absolutamente negativa de las
posibilidades del país y de la evolución de la economía
española; incluso no ha reconocido el esfuerzo que se ha hecho
desde este Gobierno en materia de política social porque
siempre han considerado (yo creía que usted iba a mantener un
estilo diferente) la política de este Gobierno, desde una
descalificación permanente y global, como una política
neoliberal o de derechas; nunca le hemos oído decir que se
había hecho un esfuerzo social en nuestro país en sanidad, en
educación, en pensiones, nunca, y vuelve a subir a esta
tribuna para descalificar de nuevo las decisiones del Partido
Socialista para incidir en la vida interna del Partido
Socialista, mientras que nosotros mantenemos la prudencia



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respecto de la vida interna de su coalición, incluso dando
nombres. ¿Por qué dar nombres por nuestra parte?
Voy a decirle algunas cosas en las que no estoy de acuerdo,
reiterándole --y se lo digo, yo sí se lo digo en serio-- que
sí estamos dispuestos a hacer un esfuerzo de aproximación
programática. Usted dice que para usted es incompatible
hacerlo con el PNV y con Convergència. De acuerdo; si para
usted es incompatible, no lo haga, es muy fácil. Pero si es
compatible, si incluso puede haber un pacto social que
suscriban fuerzas políticas como el PNV y como Convergència y
a usted le parece conveniente, hágalo, pero es su opción más
que la nuestra. Nosotros estaremos abiertos.

Ahora bien, cuando usted habla de reducción de jornada, le
diré que me gustaría, pero nuestra tarea es gobernar, no
predicar, y nadie se plantea en serio en Europa, desde la
responsabilidad de gobierno, la reducción de jornada en este
momento, nadie. Y no se la plantean porque Europa tiene un
problema en su conjunto --y nosotros específicamente en
España-- de competitividad, con dos áreas: un área de alto
nivel de desarrollo y de alto nivel tecnológico, como Estados
Unidos y Japón, y otra área que son los países emergentes. Y
nadie se plantea en serio --con la intención de gobernar,
repito-- la reducción de la jornada. Cuando se habla de
reparto del tiempo de trabajo se está hablando de trabajos o
de contratos a tiempo parcial, se está hablando de otras
cosas.

He hecho hoy una descripción de lo que creía que deberían ser
los contenidos del pacto social, del pacto por el empleo. Y he
hablado esta mañana --no ayer, no el mes pasado--de la
necesidad de restaurar el principio de causalidad en la
relación laboral. Y resulta que viene usted esta tarde aquí a
decirme que tiene que haber una relación de causalidad en la
contratación. No hace ni cuatro horas que lo he dicho yo y me
atribuye haberlo ocultado debido a un supuesto maligno pacto
con Convergència i Unió. ¿No estará viendo usted fantasmas en
exceso? Porque yo lo he descrito exactamente con las palabras
con que usted lo ha descrito.

La relación de causalidad es la que debe definir el contrato
de trabajo, pero me parece que no llegaría usted hasta las
últimas consecuencias de qué significa esa relación de
causalidad en el contrato de
trabajo.

Pero también confunde lo que es la ILT con los accidentes
laborales. En la ILT hay muchos problemas. Entre otros, hay
alguna desviación hacia la ILT, con un volumen de defraudación
importante que hay que corregir.

En fin, desde el punto de vista de política económica usted
no ha hecho más que apreciaciones en el sentido positivo de
cómo salir de la crisis y ha citado incluso a Modigliani. Lo
que no ha dicho de este hombre, que sin duda tiene una gran
cabeza y que ofrece una alternativa de política económica, es
cuál es la esencia de la continuación de su valoración sobre
el problema del desempleo. Dice que en una situación de
desempleo de la magnitud del que tenemos nosotros el
crecimiento de los salarios debería ser cero. Eso ha dicho.

Pero usted cita Modigliani sólo en una parte, no dice la
continuación. Y yo no estoy proponiendo eso, simplemente estoy
haciendo una cita correcta y no incorrecta, como suele hacerse
desde la tribuna cuando se piensa que no va a haber la
posibilidad de replicar.

Respecto a la primera parte de su intervención en cuanto al
impulso democrático, voy a ser, también en eso, extremadamente
prudente. Usted ha hecho una descripción de que todos somos
impuros menos ustedes, y yo no voy a decir si ustedes pueden
tener determinado grado de impureza, no lo voy a decir. Me
parece un planteamiento demasiado torcido. Pero usted incluso
ha hecho afirmaciones con preguntas como que qué hemos dado a
cambio, y ha citado usted hasta a algunas instituciones
financieras. Nunca di desde el Gobierno nada a cambio de nada.

Siempre he defendido con autonomía los intereses. Pero yo les
podría hacer la misma pregunta a ustedes y no la voy a hacer.

Por respeto, por respeto entre nosotros. Para hacer posible
que sigamos hablando; sólo para hacerlo posible me aguantaré y
no le diré a usted si en alguna ocasión han recibido dinero a
cambio de qué. (Rumores.)
Usted ha hecho algunas apreciaciones desde el punto de vista
del impulso democrático y yo sólo retengo algunas de ellas
(Rumores.) Sí, hay publicaciones en la prensa de todo.

Por ejemplo, no estoy de acuerdo con su valoración --y se lo
he dicho, además, personalmente-- sobre los insumisos. No
estoy de acuerdo con apoyar la insumisión ni con su visión de
la objeción de conciencia. Nosotros hemos hecho una ley muy
moderna, una ley que probablemente es de las más avanzadas de
Europa. Usted quiere ir más lejos y yo no participo de esa
concepción. Yo no participo de su concepción de un ejército
profesional, y eso, desde luego, no cualifica para estar a la
izquierda o a la derecha. Hay muchas fuerzas políticas de
centro-derecha o de derecha que están por los ejércitos
profesionales y, sin embargo, yo creo que es más progresista,
que es más serio y más igualitario el que haya una parte de
ejército que no sea profesional, que sea de conscripción
obligatoria.

De las autonomías también ha hecho usted una intervención en
un tono de elecciones, para todo el mundo, y lo lamento
muchísimo porque esperaba de usted un verdadero espíritu
dialogante no sólo en esta intervención, sino en su
comportamiento normal.

Dice que se ha paralizado el Estado autonómico. ¿Respecto de
cuándo y de qué? ¿Paralizado respecto de 1982? ¿De 1985? ¿De
1989? Yo he dicho que hay algunos bloqueos en traspasos, pero
¿respecto de qué se ha paralizado? Gran parálisis del Estado
de las autonomías. Ha habido acuerdos que a usted le gustarán
o no le gustarán, pero que suponen una evolución que no tiene
precedentes, ni siquiera comparaciones internacionales, de la
evolución en el proceso de descentralización del Estado. Por
tanto, siendo más cuidadoso en la crítica, probablemente se
podría haber incidido en tal o en



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cual aspecto, pero no, es brocha gorda: paralización total del
Estado de las autonomías. No vale.

Yo no me considero representativo de la totalidad de España,
en absoluto. Yo soy presidente del Gobierno desde el año 1982
y hablo de los intereses generales de mi país. Me considero
representativo de los ciudadanos que nos apoyan y que nos
votan, y siendo estos ciudadanos algo más de nueve millones,
no me atrevería a hacer una intervención en el tono en que
usted la ha hecho aquí, dando lecciones a todo el mundo; no me
atrevería. Por consiguiente, no lo haré, me contendré las
ganas de replicar a algunas de las cosas que usted ha dicho.

Cuando usted ha hablado de la política exterior, señor Ribó,
y ha hablado de la vergüenza que supone para todos la
situación en Bosnia, quiero recordarle que su Grupo pidió la
retirada de nuestros soldados. (El señor Romero Ruiz hace
signos negativos.) Lo que se dice, se dice y queda dicho;
después se puede corregir.

Por consiguiente, nosotros hemos asumido responsabilidades en
Bosnia, como en otros puntos, desde el punto de vista de la
política de ayuda humanitaria, desde el punto de vista de la
política de interposición. No nos hemos planteado la cuestión
de revisarlo nada más que en los momentos en que no se pueden
cumplir la misiones y de acuerdo con Naciones Unidas.

Nosotros, por consiguiente, tratamos de ser coherentes en
nuestra política exterior.

Finalmente, le quiero hacer una consideración de carácter
general que ruego no tome como una calificación y aún menos
como una descalificación. Yo creo que la alternativa que usted
representa (y es simplemente la devolución de la apreciación
que usted hace sobre la que yo represento) no es una
alternativa de progreso, sino de regreso --lamento decírselo--
, y cuando la expresa en esta tribuna, me parece aún más
regresiva esa alternativa. Y no digo que haya varias
alternativas dentro de la coalición que usted representa, que
también, pero la que usted ha representado en esta tribuna no
es precisamente la alternativa de progreso que esperábamos oír
esta tarde aquí, en un tono dialogante y no agresivo y
descalificador.

Muchas gracias. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.

El señor Ribó tiene la palabra.




El señor RIBO MASSO: Señor Presidente, señoras Diputadas y
señores Diputados.

Señor candidato, el camino de la descalificación es fácil,
más aún si usted lo quiere llevar a la división. No creo que
sea el dirigente político del Estado español más calificado
hoy para hablar de divisiones en formaciones políticas. Pero
no confunda citar hechos planteados ante parlamentos o
tribunales de investigación de presuntos casos de corrupción
con la descalificación.

Yo le he hecho una pregunta muy concreta. Usted ha dado una
respuesta muy concreta, creíble o no creíble, dependerá de
cada uno. Usted conoce mejor que yo toda la documentación que
afecta el caso Filesa y sabe que en ella hay una transacción,
con unos estudios que no han aparecido nunca y unas generosas
aportaciones, y que hay anotaciones, como las que yo le he
leído, que se refieren el «BOE» y, hasta hoy, el máximo
responsable del «Boletín Oficial del Estado» creo que es el
Presidente del Gobierno.

Yo le pido por favor que, sin tapujos, vaya más allá de la
insinuación. Yo no he insinuado; me podrá decir muchas cosas
de mi intervención, pero en ella no hay insinuaciones. He
hablado claro y sin tapujos. Lance usted la pregunta, láncela
usted a nuestro Grupo. Y si no puede, retire la insinuanción.

Señor candidato, no sé quién es prepotente y quién
descalifica. Usted se ha referido a la cita de que la lógica
parlamentaria no siempre se corresponde exactamente con la
voluntad real del pueblo. Quizá por aquel entonces usted era
un prepotente. «Diario de Sesiones» del 30 de marzo de 1979.

Debate de investidura. En el debate entre usted y el señor
Suárez, le hace un razonamiento prácticamente idéntico al que
hacemos nosotros sobre la mesa y apelando a la razón que
compartimos. ¿Era usted entonces prepotente? ¿Lo ha dejado de
ser? Es posible. Yo no creo que sea prepotencia. Es una
argumentación muy diáfana. No se pone en cuestión el
Parlamento. Se pone en cuestión la domesticación, la
instrumentalización, el intentar en el Parlamento dar
comisiones a los que sean dóciles al Gobierno. Esta no es
forma de propagar la credibilidad de que se va a ir a la
renovación democrática en este país cuando ya no se tiene la
mayoría absoluta y se buscan desesperadamente apoyos para
intentar gobernar como si se tuviese la mayoría absoluta. Esta
Cámara debe volver a ser el centro de la vida democrática de
este país. No secuestrada en ningún tema, ni de investigación
ni de debate ni de impulso, por obligación constitucional del
Ejecutivo.

No sé qué es progreso o qué es regreso. No voy a entrar en
esta discusión. Voy a darle unas cuantas citas --he sacado
cantidades-- de su campaña electoral; citas constantes,
especialmente en el último tramo, apelando a la izquierda, al
progreso: «Lo importante en nuestro país es hablar de derecha
e izquierda.» «Claro que tiene sentido hablar de derecha e
izquierda.» «Hace falta reagrupar el progreso». (Rumores.)
Usted se pasó toda la campaña electoral, especialmente al
final de la misma, apelando al progreso. ¿Lo puede usted
definir?
En ese sentido, no creo que la gente que le votó (y es la
crítica que le hemos hecho desde nuestro Grupo), la gente que
votó PSOE piense que una salida de progreso, que una salida de
agrupación del voto de izquierdas sea pactar con PNV y con
Convergència i Unió. Pacto absolutamente legítimo, pero que no
es, señor candidato, coherente con aquella apelación.

¿Conoce usted un texto, por ejemplo, que dice --y se
compromete ante el electorado-- que el proyecto de ley de
huelga ha dado la sensación que más que regular



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la huelga y la garantía de los ciudadanos se trata de una ley
que fomenta la huelga? ¿Conoce ese texto? ¿Conoce usted un
texto de programa electoral --compromiso ante los ciudadanos--
que dice que se debe modificar el artículo 51 del Estatuto de
los Trabajadores para permitir acordar medidas de regulación
de la ocupación en casos de inicio o previsión de inmediata
crisis económica? ¿Conoce usted un texto que propugna derogar
el artículo 30 del Estatuto de los Trabajadores, que es
prácticamente el despido libre? ¿Conoce usted declaraciones de
aquellos que se quejan de la excesiva protección de la
justicia laboral hacia los trabajadores? ¿Podemos entrar a
conciliar estas afirmaciones y compromisos electorales en un
pacto de Gobierno, que usted quiere, con las intenciones que
usted ha insinuado esta mañana --y se lo he dicho, señor
González--, con una serie de propuestas progresistas que
difícilmente va a poder conciliar con los que usted ha optado
como socios preferentes? Nadie más le ha obligado a ello. No
los electores, que aun en encuestas populares dicen que
esperan que la opción más de izquierdas sea otra, la que
prefieren. Es usted el que ha optado. Usted ha vuelto a dar la
impresión, señor candidato, de que todo lo ha hecho bien. La
típica impresión del gobernante que, a pesar de no disponer ya
de la mayoría absoluta, continúa instalado en la misma
hipótesis.

Señor González, ustedes llevan ya cinco cuadros
macroeconómicos en menos de un año y medio. Es mucha previsión
económica y financiera. Una autoridad en economía que ustedes
consideran ha dicho esta mañana: Hace falta un diagnóstico
oficial. Sin diagnóstico oficial es imposible un pacto social
y, hoy por hoy, el Gobierno no tiene un diagnóstico que nos
diga dónde estamos y adónde vamos.

Señor González, otra técnica muy brillante de debate
parlamentario es descalificar al adversario no por lo que ha
dicho sino por lo que se puede aparentar que ha dicho. Yo no
le he dicho que no hayan hecho nada en I+D, le he dicho que
España está en los vagones de cola de la Comunidad Europea es
inversiones en I+D. Esto si que se lo he dicho, que es muy
diferente. No vaya a descalificar el argumento
tergirversándolo.

Le podría decir que la reducción de jornada laboral, por
ejemplo, está en informes de la OCDE, está en informes de la
OIT, está en un libro que le he leído de alguien a quien usted
aprecia o que a usted le aprecia, como Peter Glotz, está en el
último acuerdo del Parlamento Europeo ante el informe
económico anual de la Comisión --que lo deben conocer ustedes-
- que habla de una serie de medidas sobre el mercado laboral.

No parece algo tan lejano a todos nosotros, está en
instituciones internacionales de las cuales formamos parte y
en las cuales estamos trabajando. Era fácil en campaña
electoral intentar descalificar a Izquierda Unida o a
Iniciativa per Catalunya por utopías sobre la reducción de
jornada o repartir trabajo o considerar trabajo productivo
útil.

Señoras Diputadas y señores Diputados, ustedes conocen igual
o mejor que yo que en todas las fábricas de España se está
destruyendo trabajo industrial; además de los efectos de
desmantelar sectores productivos --después me referiré a ello-
-, se están destruyendo puestos de trabajo industrial por un
fenómeno tecnológico elemental. Hace falta empezar a pensar
que no hay trabajo industrial para todo el mundo, que no hay
trabajo en los servicios clásicos para todo el mundo, aparte
de su enorme carácter inflacionario. Se tienen que empezar a
considerar trabajos socialmente útiles que puedan servir en
esta concepción de reparto de trabajo. Ya sé que suena a
innovador o a contraste con acomodarse en economías y en
políticas determinadas.

Voy concluyendo, señor Presidente, citando unas cifras de
política industrial. Usted ha hablado de un Libro Blanco de
política industrial. Tiene diversos volúmenes, lo debe
conocer. Es un libro que, obviamente, cualquier Diputado o
Diputada que se precie debe entrar en él.

¿Sabe usted que seguramente hemos gastado en industria un
porcentaje de dinero público mayor que la Comunidad? ¿Pero
dónde lo hemos gastado? Un 85 por ciento en reconversión
industrial; en Europa, 27 por ciento. Un 12 por ciento en
políticas horizontales; en Europa, un 40 por ciento. En
tecnología, 5 y 10 por ciento. En fomento de la exportación, 1
y 10 por ciento; en objetivos regionales, 2 y 36 por ciento.

Esas son cifras reales de su labor de Gobierno. ¿Se les
descalifica porque se les cita y se les demuestra que no han
realizado la política industrial que hacía falta para hacer
frente a un progresivo desmantelamiento de sectores
productivos que hoy ya no existen o están en peligro de
desaparecer y que nos dejan mucho más mermados ante Europa,
cuando sólo nos podíamos refugiar en el impulso de un sector,
que usted ni ha citado, que es el turismo?



El señor PRESIDENTE: Señor Ribó, vaya acabando, por favor.




El señor RIBO MASSO: Señor candidato, acabo diciéndole que
nosotros le hemos explícitamente manifestado --y aquí su
rapidez en la respuesta para quizás descalificar, no para
discutir-- que coincidimos con el regreso al principio de
causalidad. Señor candidato, se lo he dicho explícitamente, me
remito al «Diario de Sesiones». Pero ustedes, en el año 1984
rompieron este principio tan importante de la relación
laboral, lo rompieron con el argumento de que aquello iba a
crear más puestos de trabajo. Le he citado qué tipo de puestos
de trabajo ha creado, no hace falta que se lo repita, lo
conocen esta Cámara y la sociedad española porque lo sufre.

Ahora, dicen que van a dar marcha atrás. Lo celebramos y le
vuelvo a hacer una pregunta: ¿Por qué no entramos a discutir
contratos temporales, también en previsión de pactos estables
y sólidos, con socios parlamentarios que opinan, dicen y se
comprometen de forma radicalmente diferente? ¿Por qué no
entramos a discutir de estas cuestiones?
Muchas gracias, señor Presidente.




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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ribó.

Tiene la palabra el señor González.




El señor GONZALEZ MARQUEZ (Candidato a la Presidencia del
Gobierno): Señor Presidente, he tenido la impresión, por
empezar por la última de las manifestaciones, de que seguimos
estando en la más absoluta confusión, porque el principio de
causalidad se refiere, entre otros, a los contratos temporales
y da la impresión de que se refiere a algo distinto de la
contratación temporal. El restablecimiento del principio de
causalidad no significa que desaparezca la temporalidad.

Lamento decirlo en ese tono porque es más próximo a mi
profesión, ya no podría decir habitual, que a la que ahora
mismo ejerzo. El principio de causalidad, desde el punto de
vista de la temporalidad, está clarísimamente explicado:
simplemente, los contratos son temporales cuando, desde el
punto de vista de su finalidad, se justifica que sean
temporales; no desaparecen. Por tanto, eso que he explicado a
todo el mundo, también a los interlocutores de Convergència i
Unió, lo mantengo. Pero el principio de causalidad, que parece
que usted defiende al mismo nivel que yo, nos llevaría aún un
poco más lejos, y yo creo que usted no querría ir tan lejos,
se lo he dicho desde la tribuna. Por eso me parece que ha
habido una confusión, señor Ribó, porque usted ha hablado de
principio de causalidad separándolo de la temporalidad, cuando
no es posible separarlo. Curiosamente, lo que ha ocurrido a
partir de 1974, si no recuerdo mal, es que se rompió el
principio de causalidad en la definición misma del contrato de
trabajo, y se rompió a través de una presunción, que era
presumir que todos los contratos se celebraban por tiempo
indefinido, salvo demostración en contrario, y no había que
entenderlos, por consiguiente, en sus propios términos, es
decir, de acuerdo con la causalidad. Pero en fin, eso sí que
es meterse en un terreno puramente de expertos. Por eso he
dicho esta mañana, y lo vuelo a repetir ahora, que el
restablecimiento del principio de causalidad es algo positivo
para la contratación, y es algo positivo para la contratación
si se entiende en todo su sentido. Sólo haré esta cita
histórica: la definición de contrato de trabajo de Largo
Caballero cuando fue Ministro de Trabajo era mejor que la que
se produjo en 1974, era más seria, y era, sin embargo, más
flexible, porque atendía más al principio de causalidad.

Usted me ha hecho un reproche, y me lo ha hecho con razón.

Por consiguiente, me veo en un serio apuro. No se puede
insinuar nada; cuando uno insinúa algo tiene que decirlo, y
como tiene que decirlo y usted me lo ha pedido, me obliga a
ello. Yo le pregunto, ¿han recibido ustedes de la antigua
Unión Soviética dinero? (Risas.) Si lo han recibido, ¿a cambio
de qué? Lo pregunto porque usted me pide que lo pregunte.

(Rumores.) Y no hablo de una información... Tiene usted razón,
una vez que he hecho una insinuación, usted ya me obliga a
hacer una pregunta. La hago con dolor, pero no la hago ni con
desconocimiento ni con ligereza.

Le quiero hacer sólo dos o tres comentarios más a su
intervención. Usted entiende que cualquier grupo que forme
parte de la Mesa del Congreso será dócil y sometido si no
tiene la garantía de ser de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. Lo ha repetido otra vez desde la tribuna. Me parece
que esa es una actitud arrogante, me parece que es una actitud
prepotente que menosprecia a los demás.

La reducción de la jornada laboral no es una barbaridad o un
disparate. Si todo el mundo se pusiera de acuerdo, al mismo
nivel de competitividad, en una reducción coordinada de la
jornada laboral, probablemente esa reducción de jornada, si
fuera coordinada, llevaría aparejada una disminución de los
salarios, de los salarios realmente percibidos, y
probablemente eso no causaría ningún perjuicio desde el punto
de vista del mantenimiento de la competitividad. Por tanto se
puede y se debe hacer el ejercicio teórico. Se debe hacer
también el ejercicio --que en ése sí estoy de acuerdo-- de ver
si hay nuevas áreas de actividad que pueden absorber nuevas
ocupaciones hasta ahora no imaginables, pero no se puede
trasladar lo que es la pura teoría a la realidad cuando se
tiene la responsabilidad de gobernar.

Usted me ha dicho algo que me parece interesante. Se ha hecho
un enorme esfuerzo de gasto industrial en España, y es verdad
que bastante desequilibrado, mucho más en gastos de
reconversión que en políticas horizontales. Pero yo le aseguro
que ningún ministro lo ha hecho con gusto; lo han hecho porque
creían que era una necesidad, un imperativo de carácter
social. Todo el mundo querría multiplicar el gasto en
políticas horizontales --políticas que en definitiva
desarrollan industrias de futuro--y disminuir el gasto en las
políticas de reconversión, naturalmente con una limitación
presupuestaria; sino hubiera limitación se podría hacer todo y
todo a la vez. Y si he entendido bien lo que usted ha dicho,
me parece que han dado un paso extraordinariamente importante
en una dirección desconocida hasta ahora, y me gustaría que
ese paso lo sostuvieran con coherencia, que no se quedara
simplemente en un mero enunciado habiendo leído una parte del
Libro Blanco sobre la industria en España. Por consiguiente,
le ruego que entienda lo que digo en los términos en que lo
digo, y creo que, por lo menos, he resuelto la confusión que
existía en torno a la temporalidad: temporalidad y principio
de causalidad están estrechamente unidos.

Se me olvidó antes decir, se lo recuerdo ahora, que cuando
produjimos la modificación en 1984 del Estatuto de los
Trabajadores la hicimos con acuerdo sindical, en primer lugar;
y, en segundo lugar, que es verdad que todo el mundo ha
reconocido que eso produjo un salto extraordinariamente
importante en la generación de empleo. Y después, estudiados
los efectos de la temporalidad, también se ha reconocido que
había que reconsiderar la contratación tal como se había
definido en 1984 para flexibilizarla y reducirla en su figura.

Eso es lo que estamos dispuestos a hacer. En todo caso,



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siempre, naturalmente, un empleo temporal es mucho mejor que
un no empleo. Entre un empleo temporal y uno fijo, es mejor el
fijo; entre un empleo temporal y un no empleo, es mucho mejor
un empleo temporal. Me parece poco discutible. (El señor Ribó
Massó pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.

Señor Ribó, dos minutos.




El señor RIBO MASSO: Gracias, señor Presidente.

Me he olvidado, señor González, de dos cuestiones que usted
ha planteado en el anterior turno: el tema de Bosnia y el tema
de las autonomías.




El señor PRESIDENTE: Señor Ribó, yo le agradecería que
utilizase estos minutos para replicar a la intervención del
señor González.




El señor RIBO MASSO: Telegráficamente, señor Presidente,
porque es una contradicción el tema de Bosnia, una manifiesta
contradicción amparada por el Reglamento de la Cámara. En el
tema de Bosnia, señor candidato, en la Moncloa, el señor Julio
Anguita, Presidente de este Grupo Parlamentario, le manifestó
nuestra oposición a intervenciones militares y, por el
contrario, nuestra posición favorable a intervenciones
humanitarias.

Sobre el tema de las autonomías, valdría la pena --usted la
recuerda-- que se releyese la sentencia del Tribunal
Constitucional sobre una Ley que impulsaron con la UCD que se
llamaba LOAPA, en donde les advertían que no confundieran
unidad con uniformidad. Pero le cito un informe que han
elaborado catedráticos prestigiosos de toda España, con la
participación de algún miembro de su Gobierno, en el que, en
los últimos cinco años en que lo están publicando, reiteran
constantemente que se ha paralizado el desarrollo del Estado
autonómico. Es la opinión de aquellos catedráticos.

Entrando en las materias que ha planteado usted en este
turno, el principio de causalidad --es a lo que yo me he
referido y no distraiga ahora a la Cámara con el año 1974--
ustedes lo reformaron aquí el año 1984 con su mayoría
absoluta, rompiéndolo tal como estaba en el Estatuto de los
Trabajadores y entrando en lo que se podría denominar la
precariedad laboral. Hay un equívoco sobre el concepto de
temporalidad. ¿Vamos a incluir el contrato de fomento de la
ocupación, los de tiempo parcial, los de relevo? ¿Qué
contratos vamos a incluir en este concepto? ¿A cuáles se
refirió usted en campaña electoral? ¿Cuáles está usted
dispuesto a comprometerse a suprimir o a impulsar? Esta es
nuestra pregunta exacta, ningún tipo de juego de manos sobre
el contrato temporal, sobre el cual gira, en esta jungla de 17
modalidades de contratación que hay hoy en España, una buena
parte de la explicación de la precariedad.

Usted me ha hecho una pregunta, se la voy a responder
categóricamente. El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya no ha recibido en absoluto los fondos
a que usted se refiere (Risas y rumores.) Como hay
manifestaciones de desacuerdo por parte de algunas Diputadas y
Diputados, voy a añadir, si me dejan continuar, que en la
Comisión de Investigación, que esperamos que pronto se forme
en este Parlamento sobre todos aquellos casos, vamos a
disponer de todos los materiales que puedan ser investigados
para que, en vez de risas, en esta Cámara se den muestras de
asentimiento.

Por último, quiero decirle que nosotros no nos hemos
inventado su política en esta Cámara; ayer mismo declaraba uno
de los cargos que han nombrado ustedes para su Grupo
Parlamentario que están dispuestos a dar juego en las
comisiones a los grupos que den estabilidad al Gobierno.

Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ribó.

Tiene la palabra el señor González.




El señor GONZALEZ MARQUEZ (Candidato a la Presidencia del
Gobierno): No sé si merece la pena ya, señor Presidente. Sólo
voy a intervenir para reiterar que lo de la temporalidad
siguen sin entenderlo. Los contratos pueden ser a tiempo
parcial, los contratos pueden ser a tiempo completo y eso no
obsta para que puedan ser contratos temporales o no; depende
de la naturaleza, en definitiva, de la finalidad de la
contratación, y esto parece que no se quiere entender. Yo no
creo que debe insistir más en ello.

En cuanto a Bosnia, la declaración precisa que hicieron fue
que en cuanto que hubiera algo que no fuera ayuda humanitaria
o hubiera una situación de otra naturaleza, eran partidarios
de la retirada. Y no me estoy refiriendo a una actitud, que
fue a mi juicio muy positiva, en una reunión, a la que usted
se refiere, con el señor Anguita; muy positiva, a mi juicio,
esa actitud. Pero no se puede afirmar al mismo tiempo que
cuando hay una dificultad que va más allá de lo que puede ser
la posibilidad de la ayuda humanitaria hay que retirarse --no
replantearse y ver cuál es la situación-- y decir que es una
vergüenza lo que está pasando en Bosnia. Al mismo tiempo las
dos cosas no caben porque lo que está ocurriendo es que, más
allá de cualquier ayuda humanitaria, no se está respetando ni
la tarea de ayuda ni la tarea de interposición. Por
consiguiente, si sentimos vergüenza, será vergüenza por no
hacer lo suficiente; si no, será una vergüenza ajena porque se
estén matando en una guerra cruenta, pero que nosotros no
podemos evitar si no es que hay disposición para hacer lo que
sea necesario.

Sobre el último tema, no tengo nada más que decir.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.

Por el Grupo Catalán, Convergència i Unió, tiene la palabra
el señor Roca.




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El señor ROCA I JUNYENT: Señor Presidente... (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Roca. Ruego silencio a
SS.SS.




El señor ROCA I JUNYENT: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, en el proceso de renovación de esta Cámara son
muchos los Diputados que se incorporan por primera vez a la
misma y a los que quiero saludar diciéndoles que aquí llega
finalmente Convergència i Unió, porque podían tener la
sospecha de si existíamos o no, de tanto como hablaban de
nosotros.

El pasado día 7 de junio se inició una nueva etapa en la vida
política, social y económica de toda España; una etapa
compleja y difícil. Nada será igual que antes ni va a ser
fácil superar los retos del momento. ¿Será positiva esta nueva
etapa? Nosotros estamos convencidos de que puede serlo.

Pero, como he dicho, no va a ser fácil.

Estamos inmersos en una profunda crisis, crisis de naturaleza
económica pero que extiende también sus consecuencias a todo
un modelo global de sociedad. Es toda la sociedad europea la
que está en crisis. Los valores que han conformado la gran
realidad de la sociedad europea actual siguen siendo vigentes
y válidos, al menos para nosotros, pero los mecanismos, las
políticas puestas al servicio de aquellos objetivos de
bienestar y de progreso se están demostrando insuficientes
para seguir garantizándolos. Y España vive también esta
crisis, pero con características propias e incluso más graves.

En primer lugar, porque a pesar de los grandes avances de los
últimos 15 años, estamos todavía lejos de los niveles medios
de renta y de calidad de vida de los demás países
comunitarios. Nos alcanza la crisis cuando todavía nos
correspondería crecer. Y, en segundo término, nuestra crisis
es más grave porque nos hemos distanciado de los demás países
comunitarios al no compartir con ellos durante los últimos
años determinadas políticas económicas.

Ya sabe usted, señor González, que, a nuestro entender, la
legislatura anterior ha sido una legislatura perdida desde el
punto de vista de la adaptación de nuestra economía al
objetivo de la competitividad europea. En este momento, ésta
es una discusión más teórica que eficaz y, por ello, no voy a
insistir en esta cuestión.

Lo cierto es que iniciamos esta nueva etapa en un momento de
fuerte crisis. Precisamente por ello, nuestro Grupo quiere
hacer una apuesta decidida a favor de la estabilidad política.

Sabemos que sin estabilidad será todavía más difícil superar
la crisis y ciertamente sólo con estabilidad no será
suficiente; deberá también acertarse en la acción política
concreta. Pero, aun no siendo suficiente, la estabilidad
política se constituye en una condición necesaria para
afrontar con garantías de éxito los retos de la crisis. Sirva,
pues, esta introducción para anunciar, como ya conocen y han
visto SS.SS., que nuestro Grupo Parlamentario va a votar
afirmativamente la investidura del candidato propuesto por Su
Majestad el Rey.

Nuestro voto, como he dicho, es un acto de corresponsabilidad
en la lucha contra la crisis. Es un voto a favor de la
estabilidad y al servicio de hacer posible la gobernabilidad.

No es un voto que se apoye en la coincidencia programática ni
incluso, principalmente, en el programa presentado hoy por el
candidato, cuyos compromisos, no obstante, han influido
también en nuestra decisión.

Es un voto que descansa en la larga tradición parlamentaria
de Convergència i Unió. Desde 1977 hemos sido un gran factor
de estabilidad en la vida política española. Para nuestro
Grupo, la defensa de la estabilidad y de la gobernabilidad son
parte de nuestra forma de hacer y de entender la política. Por
ello dijimos en la reciente campaña electoral --y lo cumplimos
hoy--que pondríamos nuestra posición decisiva al servicio de
la estabilidad, que siempre lo habíamos hecho así y que así lo
haríamos también en esta ocasión.

Conste que, legítimamente, tendríamos motivos para anteponer
otros criterios a esta forma de hacer y, consiguientemente, no
apoyar su investidura, señor candidato. Por ejemplo, es
indudable que de la actual situación de crisis no es ajena su
precedente acción de gobierno. Pero, en todo caso, han
dominado en nuestra decisión otros factores. En primer lugar,
que no existe otra posibilidad de acción de gobierno viable
que no descanse en su candidatura, y, si alguna duda había en
ello, alguna última intervención la ha despejado. Y, en
segundo término, que la situación global del país, en una
coyuntura especialmente crítica y apremiante, no nos aconseja
demorar la formación del nuevo Gobierno ni acompañarlo en su
inicio de una imagen de debilidad que dificulte o perjudique
su crédito interior y exterior.

Asumimos, pues, con plenitud la responsabilidad de nuestra
posición decisiva. Lógicamente, no cabe pensar que el
ejercicio de esta responsabilidad tenga que descansar siempre
exclusiva o principalmente en nosotros. La confianza deberá
ganarse, a partir de ahora, en función de la traducción,
operativa y concreta, de las propuestas de esta mañana para
superar la crisis, de los acuerdos que se alcancen para
avanzar más decididamente en la construcción eficaz y
respetuosa del Estado de las Autonomías en la definición de un
nuevo estilo más dialogante, más integrador y más plural.

No estoy rehuyendo nuestra propia responsabilidad; al
contrario, lo digo desde la voluntad de no rehuir la
coincidencia, si es posible. Pero ello sólo se dará si lo que
debamos compartir es coherente con el programa que ofrecemos a
nuestros electores. Por ello, valoramos positivamente la
Comisión que hemos constituido entre nuestros grupos
parlamentarios respectivos --el Socialista y Convergència i
Unió--, para contrastar nuestros programas, de lo que una
primera manifestación --entendemos-- pueden ser algunos
aspectos de su discurso de esta mañana.




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Sin perjuicio de las medidas que con toda urgencia deben
adoptarse para hacer frente a la crisis, la primera gran
prueba, un escenario muy significativo de todo este esfuerzo
de posible coincidencia, será --como antes se hacía mención--
la presentación de los próximos presupuestos generales del
Estado. En ellos deberán reflejarse las inflexiones y
reorientaciones de su política en base a lo que reclama la
nueva composición de esta Cámara. Será en este debate donde
deberán consolidarse y definirse las bases en las que
descansará la futura estabilidad de su acción de Gobierno.

Porque, en todo caso, hay algo a lo que nuestro Grupo no
quiere renunciar: a pesar de la gravedad y de la profundidad
de la crisis, a pesar del desánimo que parece haberse
instalado en amplios sectores de nuestra sociedad, es desde la
ilusión como nuestro Grupo quiere afrontar esta nueva etapa en
la vida política española. Quizás algunos nos tacharán de
ingenuos por proponernos generar ilusión. Puede ser. Pero si
nos dejamos abatir por el desánimo no salderemos del bache y,
si nos sentimos ya derrotados, no ganaremos el reto ni
superaremos la crisis.

¿Puede usted, señor candidato, y su nuevo gobierno generar
esta confianza y esta ilusión? Esto depende fundamentalmente
de usted. Con más de lo mismo no iríamos a ninguna parte. Para
que las cosas funcionen mejor, tendrán que hacerse diferente,
como reconocía usted esta mañana. El mensaje de los electores
ha sido bien explícito y la composición de esta Cámara lo
refleja muy claramente. Una nueva etapa no quiere decir hacer
lo mismo con apoyos distintos y más plurales. Esta nueva etapa
quiere decir hacerlo distinto para conseguir, y tenía razón el
señor Ribó, sin consensos contradictorios, los nuevos apoyos
que son necesarios.

Por ello interesa a nuestro Grupo poner de manifiesto las
líneas fundamentales de lo que, a nuestro entender, debería
guiar la futura acción de gobierno, poniéndolo en relación con
el sentido de su exposición de esta mañana al señalar que esta
acción debería representar una profunda reorientación, un
cambio en profundidad.

Hay vías que ya están agotadas y la nueva etapa que se inicia
comporta obligatoriamente y en muchos aspectos la definición
de nuevas políticas. La situación es nueva, la política
también deberá serlo.

Un gran capítulo de esta nueva orientación lo constituye la
política económica. Hemos de definir una política que, sin
abandonar la necesidad del rigor, se proponga la reactivación
económica. Si no nos decidimos a estimular el ahorro y la
inversión, no vamos a crear puestos de trabajo ni vamos a ser
competitivos. Con prudencia --lo subrayo-- deberemos
introducirnos en el campo de la política fiscal para
incentivar por esta vía la inversión y hacer desaparecer algún
tipo de disposiciones absurdas que desincentivan el dinamismo
económico y penalizan la creación de puestos de trabajo.

Este equilibrio entre rigor y reactivación será difícil, pero
no podemos renunciar al crecimiento económico ni a incrementar
la base productiva del país. Lo contrario sólo nos conduce a
incrementar el paro, cuya cobertura dispara, a su vez, el
déficit presupuestario.

Ciertamente es imprescindible seguir avanzando en la
reducción de los tipos de interés en línea coincidente con los
restantes países europeos, juntamente con el mantenimiento de
un razonable tipo de cambio de la peseta, para mejorar de esta
manera nuestras expectativas exportadoras y de competitividad,
pero no podemos descansar exclusivamente en estos factores la
mejora de nuestra economía. El instrumento de la política
fiscal deberá jugar también incentivando ahorro e inversión.

Todo ello deberá acompañarse de una política sectorial eficaz
y beligerante que contemple las necesidades reales de la
agricultura y comprenda la sensibilidad especial de un sector
especialmente castigado por la crisis para el que también es
preciso una amplia concertación. Una política que se
comprometa con el comercio protegiéndolo --y he dicho
protegiéndolo-- de competencias súbitas y aceleradas, que
tienen mucho de desleal en la forma en que se producen.

Por ello, la revisión del Impuesto sobre Actividades
Económicas, que afortunadamente hemos visto recogida en su
discurso, y una ley general del comercio se constituyen como
objetivos urgentes de la nueva acción económica del Gobierno.

También con la adopción de una activa y comprometida política
industrial. La reconversión no es para nosotros un fenómeno
puntual que se agota en su aplicación. La industria está en
reconversión permanente y si no se orienta se produce crisis
más profundas y perjudiciales. Si la industria sigue perdiendo
peso en el producto interior bruto, no es que se desplace el
crecimiento a otros sectores, simplemente es que crecemos
menos y la experiencia avala esta afirmación.

Todo ello, señor candidato, comportará importantes reformas
estructurales, no exclusivamente en el campo de las relaciones
laborales, pero también y principalmente en éste. La rigidez
del mercado de trabajo está creando a veces tanto desempleo
como la propia crisis. Y lo que es peor, estábamos perdiendo
potencialidades en el campo de la creación de puestos de
trabajo por no tener las figuras contractuales que permitan
aprovecharlas. Saludamos, en este sentido, con satisfacción la
recuperación de nuestra vieja reivindicación alrededor de la
figura del aprendiz.

De hecho, señor candidato, compartimos su deseo sobre un gran
acuerdo social, pero éste debe verse también como un elemento
más de una política que retorne la confianza a la sociedad y
especialmente en los agentes económicos y sociales. Por ello,
el objetivo del acuerdo social es positivo y vamos a
compartirlo. Pero si no se alcanzase, como usted ha dicho, las
medidas y las reformas deberían tomarse y realizarse
igualmente. Con o sin acuerdo el Gobierno deberá gobernar.

En esta línea, señor candidato, quisiera exponerle dos
reflexiones. En primer término, en toda esta nueva acción
económica, la pequeña y mediana empresa, a la



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que usted ha hecho una referencia esta mañana, debe ser objeto
de una especialísima consideración. Es en este sector donde
pueden crearse nuevos puestos de trabajo y es en este sector
donde deben introducirse más modificaciones, en su régimen
general y especialmente en el laboral.

En segundo lugar, un tema mucho más complejo. Europa sigue
siendo un objetivo prioritario para nuestro Grupo y
compartimos con ustedes la voluntad de no separarnos de los
compromisos que con los demás países comunitarios hemos
contraído para seguir avanzando en la construcción de la
unidad europea. Pero precisamente por ello, y porque nadie nos
podrá discutir nuestra voluntad y trayectoria europeístas, ha
llegado la hora de poner mucho pragmatismo en este proceso de
la unidad europea, mucho realismo. Los compromisos siguen
siendo válidos y vigentes, pero los ritmos ya son más
opinables.

Valoramos positivamente el acuerdo alcanzado ayer por el
Grupo de los Siete, pero, a su vez y con mucha firmeza,
deberemos llamar la atención sobre las incongruencias de una
excesiva apertura de las fronteras comerciales de la Comunidad
en relación a países terceros que, carentes de los costes
sociales y fiscales de Europa, ejercen una competencia que, si
no es desleal, es como mínimo difícilmente sostenible. Y lo
que es peor: perjudica la aceptación social del propio
proyecto europeo.

He dicho que reactivar no quería decir olvidar las exigencias
del rigor y especialmente la necesidad de disciplinar en los
próximos años nuestro déficit presupuestario. Será una tarea
difícil si queremos, además, que este objetivo no perjudique
los compromisos de inversión ni afecte a gastos sociales
incuestionables, como las pensiones o la cobertura del paro.

Todo ello será muy difícil y requerirá del establecimiento de
un orden de prioridades. Hemos de explicar a la sociedad de
una manera que lo pueda entender que el sacrificio de hoy
asegura un futuro de progreso. El discurso del realismo es hoy
un discurso de progreso, es hoy el discurso que una política
de progreso puede defender en España.

No le extrañará, señor candidato, que otro gran capítulo en
el que nuestro Grupo desea observar una profunda reorientación
sea el campo de la política autonómica. Por la naturaleza
política de nuestro Grupo, este es un tema especialmente
relevante a la hora de formular una voloración global de la
acción del nuevo Gobierno. Este no es para nosotros un debate
teórico ni pretendemos extendernos en nuestra visión de España
como una realidad plurinacional; esta visión, en el marco de
la Constitución y del Estatuto, ha permitido un desarrollo
generalizado del proceso autonómico que debería compatibilizar
generalización con hechos diferenciales, como usted recordaba
esta mañana, y distinguir entre homogeneización y uniformismo.

¿Hemos avanzado en esta línea o nos hemos separado de la
voluntad de los constituyentes? Seguramente usted y yo
podríamos dar a esta pregunta respuestas distintas, pero no
deberíamos discrepar de la afirmación de que hay cuestiones
que no avanzan y que dificultan el proceso. De manera singular
me estoy refiriendo a la necesidad de revisar el sistema de
financiación de las comunidades autónomas en el marco del
principio de la corresponsabilidad fiscal. Esta ha sido una
cuestión polémica que debería haberse resuelto hace tiempo y
que perjudica gravemente el funcionamiento regular de las
comunidades autónomas. Por ello, tomamos buena nota de su
compromiso, que debería permitir resolver de manera
satisfactoria esta cuestión en los próximos presupuestos
generales.

Pero no es sólo eso lo que nos preocupa. También contemplamos
cómo, a pesar del tiempo transcurrido de ciertas iniciativas
producidas que parecían apuntar a una más rápida solución, no
se avanza suficientemente en el proceso de modernización de la
Administración pública para adaptar la Administración
periférica del Estado a su nueva estructuración autonómica.

Todo sigue igual que antes sería una exageración, pero lo que
sí es cierto es que urge reconocer a las comunidades autónomas
su condición de representación ordinaria del Estado en su
ámbito territorial, complementando así su anunciada voluntad
de racionalizar y simplificar la Administración periférica.

Deberían completarse los traspasos pendientes, superando el
bloqueo al que usted mismo hacía referencia esta mañana,
especialmente en aquellos campos como el de la gestión del
INEM, donde, para nosotros, la descentralización podría
mejorar la eficacia de los mecanismos en la lucha contra el
paro. Por el contrario, hemos constatado con preocupación el
contenido del traspaso de la formación profesional ocupacional
o hemos tenido que defendernos de la ambición de recuperar,
por la vía de leyes de bases, competencias ya asumidas por las
comunidades autónomas.

Esperamos que, de forma inmediata, pueda reemprenderse la
reforma del Reglamento del Senado como este primer paso para
convertirlo en una auténtica cámara de las nacionalidades y
regiones, convocando un nuevo consenso constitucional si fuere
alcanzable para avanzar en esta cuestión. Confiamos en que el
desarrollo interno de la normativa comunitaria respete la
distribución competencial entre la Administración central y
las comunidades autónomas.

No se diga --porque alguien lo dirá-- que estos son temas que
afectan sólo a Cataluña; no es verdad. Y lo peor sería que así
fuera, porque cuando reclamamos, por ejemplo, una financiación
adecuada de la sanidad transferida, ¿no interesa esto a
Andalucía? No estamos planteando temas singulares, estamos
planteando temas de Estado, porque la construcción autonómica
de España es un tema de Estado y el respeto a la Constitución
también lo es, como es también un tema de Estado el que los
estatutos sean instrumentos paccionados, válidos y vigentes.

La nueva etapa comporta también resolver con urgencia estas
cuestiones.

Otras cuestiones también contempladas en la presentación de
su programa deberían ser objeto de consideración.




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No obstante, quiero centrarme en una última que, de hecho,
enmarca y condiciona el conjunto de la acción política. Es
urgente reforzar el funcionamiento de las instituciones
democráticas, aproximar más la política a los ciudadanos, en
un ejercicio de transparencia que alcance a una nueva
regulación del sistema de partidos en España. En este campo
parece que deberíamos ser capaces todos en esta Cámara de
generar una amplia coincidencia. Apoyados en la legitimidad
democrática hemos de ser nosotros mismos los protagonistas y
los valedores de un esfuerzo regeneracionista de renovación de
los valores de la política como servicio a la sociedad.

Seguramente ello requerirá la adopción de medidas severas,
pero la sociedad reclama descansar su confianza en la acción
política sobre bases más transparentes, menos opacas, más
próximas y más comprensibles. Lo podemos y lo debemos hacer.

Una buena ayuda para ello será fomentar y hacer posible una
mayor participación de la sociedad, apoyar las iniciativas de
la gente, introducir a los ciudadanos, a las asociaciones, a
las entidades y fundaciones en las áreas de prestación de
servicios culturales, sociales, deportivos y cívicos. Este es
un cambio fundamental. Tenemos que potenciar el papel de la
sociedad civil, del asociacionismo y de todas las entidades
sin ánimo de lucro.

Aprovechemos esta coyuntura, necesariamente más plural, para
ser más dialogantes, más respetuosos, para defender el papel
de las instituciones y del Estado de Derecho; acotemos el
campo de la crítica, definamos sus reglas, porque en política
no todo es posible ni todo vale.

He dicho en más de una ocasión, en nombre de nuestro Grupo
Parlamentario y desde esta misma tribuna, que los valores de
la democracia son muy frágiles, son valores que requieren
asentarse en la conciencia de los ciudadanos, echar raíces en
las
costumbres sociales, incorporarse al patrimonio colectivo de
la tradición del país. Ahora hemos de avanzar en este campo
con decisión, con coraje; no hay riesgo mayor que el de
distanciar el sistema político de la confianza de los
ciudadanos.

La alta participación en las últimas elecciones nos pone de
manifiesto que existe más confianza en la política y en los
políticos de la que algunos desearían. No defraudemos esta
confianza, aprovechémosla para rectificar lo que deba
rectificarse y sentar las bases de un renovado espíritu
democrático.

Voy concluyendo, señor Presidente.

Nos haría ilusión que nuestra confianza no se viera
defraudada, que la futura acción de Gobierno fuera eficaz y de
calidad, que nos permitiera administrar la recuperación
económica. Es con esta ilusión con la que, por primera vez,
nuestro Grupo Parlamentario votará afirmativamente en primera
sesión la investidura de un candidato a la Presidencia del
Gobierno. Lo hacemos porque la situación lo reclama, pero
también porque nos haría ilusión que con esta decisión se
definiera una acción de Gobierno más próxima a lo que nosotros
representamos. Es a usted al que corresponde, señor candidato,
a partir de ahora, dar continuidad al apoyo de hoy.

El catalanismo político, señor candidato, el que representa
Convergència i Unió, que no representa más que esto, lo que
representa como expresión mayoritaria del nacionalismo
catalán, afronta una vez más, con visión de Estado, la
administración de una situación compleja y difícil. En ningún
caso hemos regateado afrontar las responsabilidades
pertinentes, incluso más allá de la fuerza de nuestra estricta
representación parlamentaria.

En esta ocasión, en la que, además, la composición de la
Cámara nos otorga un papel decisivo y relevante, lo hacemos
apostando a favor de la estabilidad y como una acción de
responsabilidad contra la crisis. Espero que se nos haga
justicia. Durante la campaña éramos presentados como un
peligro para la unidad del Estado; después de la campaña se
habló de nosotros como imprescindibles por la calidad de
nuestro programa y por la seriedad de nuestras actuación, pero
si se nos ocurría plantear condiciones éramos tachados de
viles mercaderes, y si no las ponemos, como ahora, hay quien
pregunta qué es lo que se esconde detrás de nuestra decisión.

Pues bien, mañana votaremos su investidura como un acto de
responsabilidad y de confianza, sin más contraprestación que
el compromiso que se deriva de sus propias palabras.

He explicado qué es lo que pretendemos para el futuro del
Estado y cuál es el propósito de nuestra confianza de hoy;
mayor transparencia no se nos puede pedir, pero menor
exigencia tampoco, porque, por encima de las críticas y de los
halagos de unos y de otros, está nuestro compromiso con
nuestros electores, y éste lo vamos a respetar y lo vamos a
cumplir.

Nosotros creemos que este país tiene futuro y nos sentimos
comprometidos en hacerlo posible. Entre todos podemos ganar
este reto.

Este mensaje de confianza debería ser la conclusión del
debate de hoy. Por encima de las lógicas discrepancias y de
las opciones programáticas diferentes, o por encima de las
dificultades y de los problemas, sepan los ciudadanos que
vamos a cooperar para abrir la puerta a la esperanza, y no
seremos nosotros quienes frustremos esta esperanza.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Roca.

Tiene la palabra el señor González.




El señor GONZALEZ MARQUEZ (candidato a la Presidencia del
Gobierno): Señor Presidente, señorías, subo a la tribuna,
aunque sea brevemente, para agradecer la decisión adoptada por
Convergència i Unió de apoyar la investidura, y para hacer
algunas reflexiones complementarias al hilo de las palabras
que el señor Roca ha pronunciado desde ella.




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Ha empezado su reflexión hablando de la crisis económica y de
una crisis que acompaña a la económica, pero que se plantea --
quiero recordarle-- cada vez que hay un período recesivo
intenso: la crisis de lo que llamamos modelo de sociedad o
sociedad de bienestar. No es la primera vez que ocurre en
Europa. Por eso, tengo la convicción profunda de que, cuando
se cuestiona la sociedad o el estado de bienestar, al hilo de
un proceso de recesión, se está haciendo un análisis más bien
de la coyuntura por la que atraviesa una sociedad que un
análisis de fondo.

Hay muchas contradicciones que tiene un extraordinario
interés verlas con una óptica un poco más próxima, como, por
ejemplo, el hecho de que la sociedad americana haya optado por
una candidatura como la del señor Clinton, cuando se plantea
como políticas alternativas aquéllas que produjeron el proceso
de recesión en Estados Unidos, las políticas que llevan a un
planteamiento o una sanidad pública, o que llevan a una
modificación del sistema educativo, que significa más
inversión en educación, y por consiguiente a una política más
próxima a lo que desde el punto de vista europeo se llama una
sociedad de bienestar, ¿o tiene esto sentido, desde luego,
además de tenerlo desde el punto de vista social? Desde el
punto de vista social, es poco discutible que tiene sentido;
tiene el sentido de la protección, tiene el sentido de no
dejar a los ciudadanos al albur de lo que pueden ser algunas
de las contradicciones de una dinámica pura de mercado, pero
tiene sentido también desde el punto de vista económico,
porque una sociedad como la americana, tan fuertemente
competitiva, tan acostumbrada a la respuesta individual y poco
a la respuesta de protección, podría haber reaccionado, como
ha reaccionado durante doce años, muy negativamente ante esas
propuestas de política social. Pero el problema es que yo creo
que ha calado la idea de que no es contradictorio tampoco
desde el punto de vista económico.

Quizá una cifra sea ilustrativa de lo que quiero decir para
no extenderme mucho. Estados Unidos se gasta en salud,
aproximadamente, el 12 por ciento de su producto bruto, y
tiene un catastrófico sistema asistencial en materia
sanitaria, o un no sistema, porque hay fuera del sistema
decenas de millones de ciudadanos americanos. Es el doble del
esfuerzo en términos de producto bruto que puede hacer un país
como España, o, por no citar España, un país anglosajón, un
país como Gran Bretaña. Más del doble que Gran Bretaña en
términos de producto bruto. Por consiguiente, desde el punto
de vista económico también tiene sentido. Entonces, cuando
reflexionemos (tendremos un trabajo que hacer no fácil, se lo
aseguro, y creo que con la misma óptica lo ve usted, en el
futuro si queremos defender una cierta estabilidad de gobierno
a través de los compromisos), cuando discutamos de esto me
gustaría que siempre se discutiera también con esa visión, que
es una visión complementaria de lo que puede ser la coyuntura
por la que está atravesando la sociedad europea.

Cuando he hablado con los interlocutores sociales he puesto
de manifiesto que la defensa de una política social puede ser
uno de los elementos que figuren claramente como contrapartida
de un esfuerzo en la modificación de las rigideces del mercado
de trabajo o en la modificación de la evolución de las rentas,
salariales y no salariales. Esta mañana he tratado de decir
sin grandes alharacas que queremos mantener lo que hemos
conseguido, que no es mucho pero que está en la dirección de
lo que otros han conseguido con más tiempo y en mayor cantidad
y calidad.

Mantener eso exige que haya un esfuerzo colectivo.

Eso es lo que nosotros proponemos y creo que estaremos de
acuerdo en ello.

Señor Roca, yo comparto con usted algo que se me ha criticado
desde esta tribuna esta tarde. Comparto con usted que la
estabilidad política es una condición necesaria para salir de
la crisis. Por supuesto no es una condición suficiente, es una
condición necesaria. Y, naturalmente, al compartirlo podría
argumentar --usted lo ha hecho-- nada más y nada menos que
desde la responsabilidad de tener que asumir el gobierno. Pero
me parece tan importante que hoy quiero reiterar ante la
Cámara lo que he dicho con cierta frecuencia a partir del día
6 de junio: que queda abierta la posibilidad de dar a esa
estabilidad una dimensión de corresponsabilidad gubernamental.

No quiero que en eso haya ningún tipo de duda. Probablemente
la evolución de los acontecimientos lleve a una maduración de
ese tipo o plantee nuevas dificultades, pero, al menos, yo
quiero dejarlo completamente claro desde el principio, tal
como le dije al Presidente Pujol en las primeras
conversaciones que hemos mantenido.

Y es verdad que tenemos que pasar por una prueba de fuego.

Cuando usted habla de rigor y de defensa de una política de
reactivación al mismo tiempo, vamos a tener la prueba de fuego
en los presupuestos. Vamos a tener que hacer las políticas
fiscales que creamos necesarias para estimular esa
reactivación, teniendo en cuenta cuáles son las limitaciones
que podemos tener, desde el punto de vista del gasto fiscal,
si queremos mantener un objetivo de déficit prudente.

Es verdad que tenemos una cita --y una cita importante-- en
la discusión de la política presupuestaria. Pero creo que en
el diagnóstico de la situación económica y en algunas de las
propuestas de salida la proximidad, como usted ha dicho, es
bastante consistente.

Usted habla de tipos de interés y de la concertación, y me
parece absolutamente correcta la aproximación, y también habla
de la defensa de un cambio realista de la peseta. Ya sabe
usted que eso --incluso día a día-- estamos tratando de
hacerlo, para que algunos de los efectos positivos que se han
producido con el nuevo cambio de la peseta no se deterioren. Y
desde luego no hemos entrado hoy, pero tendremos que entrar en
el futuro, en lo que usted ha calificado como políticas
sectoriales beligerantes.




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Las reformas estructurales no se refieren sólo --y usted lo
ha dicho también-- al mercado de trabajo, se refieren a otras
reformas que afectan a otras muchas actividades. Es cierto que
a veces hemos encontrado, y vamos a encontrar, resistencias --
esta tarde también lo decía a lo largo del debate-- en algunos
sectores que producen siempre reacciones corporativas;
resistencias a esas políticas que nos permitan que no existan
esos precios tasados que pueblan toda la economía española, y
realmente están esos mínimos que son imprescindibles en tanto
tipo de actividad y que producen rigideces que no existen en
otros países europeos mucho más flexibles que nosotros.

Por tanto, cuando hablamos de reformas estructurales estamos
viendo que hay distintos aspectos, distintos campos, además
del campo del mercado de trabajo. Y del pacto social tenemos
una visión que puede ser perfectamente compatible. El pacto
social no es un fin en sí mismo, es un instrumento para
desarrollar una estrategia económica y social que sirva al
país. Si es el pacto por el pacto --lo he dicho muchas veces--
tiene un cierto interés --mejor es estar de acuerdo que en
desacuerdo--, pero si el contenido del pacto no facilitara la
salida de la crisis sería realmente una contradicción en sus
términos.

No quiero insistir en algunos de los datos que ha dado usted
de políticas concretas porque no sólo los expusimos esta
mañana, sino que coinciden también en programas electorales
como los que hemos presentado.

Ha hecho una reflexión sobre Europa que, debo decirle, me
preocupa porque, quizá, podamos utilizar una terminología
diferente para conseguir los mismos objetivos. Usted ha dicho:
Hablo de proteger, y cuando digo proteger, digo proteger.

Yo no sé si sería bueno una apelación al proteccionismo en
una fase como ésta. Lo que sí es bueno es que la Comunidad
Europea --y en eso coincidimos plenamente, me parece-- tenga
una política comercial, que tenga, al menos, la suficiente
capacidad de respuesta o la misma que pueda tener Estados
Unidos o que pueda tener cualquier otra zona industrializada.

Esto me parece imprescindible. Lo que no puede ser es que la
Comunidad Europea sea la zona más abierta del mundo desde el
punto de vista comercial --en eso podemos coincidir-- y, al
mismo tiempo, esté pagando el precio ante países terceros de
ser la responsable de que no vayan adelante las negociaciones
del GATT. Esa es una contradicción absolutamente insuperable.

¿Dónde está el meollo de la cuestión?
¿Es que hay en Europa países más librecambistas y otros
menos? En parte sí; en parte es verdad eso; los hay. Pero cada
uno, cuando le aprieta el zapato, sabe que le aprieta y
reacciona. Porque se podría considerar que Alemania, frente a
Francia, es de los países más librecambistas que quiere y
tiene más empeño en ir avanzando en la Ronda GATT, pero cuando
se toca el acero y se tiene el problema que se tiene en la
parte oriental de Alemania, si «ma non troppo», hay límites
para todos, lo cual a mí me hace ver sobre todo algo que, como
se decía, como hay que seguir en el proceso de construcción
europea, el problema es que faltan instrumentos comunes, no
que falte voluntad para hacerlo. La gran contradicción es que
faltan instrumentos comunes y entonces aparecemos en las
negociaciones internacionales fracturados, divididos entre
nosotros, porque a algunos les afecta más un acuerdo sobre el
sector textil y a otros más sobre el acero, y a otros más
sobre la agricultura de exportación o continental. No hay una
negociación que sea capaz, que esté en condiciones de
globalizar los intereses para defenderlos, yo diría, más que
para protegerlos, porque estamos en un momento... Yo creo que
lo que ha ocurrido en Tokio es positivo. Tardará cinco años en
aplicarse, pero si uno lo ve con detenimiento se da cuenta de
que cada uno ha medido la responsabilidad de lo que ha hecho,
probablemente porque se ha hecho en un foro como el Grupo de
los Siete, donde hay menos empacho en defender unos intereses
muy concretos que cuando se trata de las delegaciones
comerciales de la propia Comunidad.

Usted ha hecho una pequeña definición del progreso que,
vuelvo a decirle, comparto plenamente. No hay ninguna política
de progreso, no se va a hacer un análisis real de las
posibilidades, de las potencialidades de un país o de una
determinada zona geográfica.

Sobre sus manifestaciones en política autonómica, creo que
siempre vamos a tener discrepancias en la concepción
autonómica, y no me llama la atención ni me extraña. Por
ejemplo, puedo aceptar, cuando habla usted de ello, que la
representación ordinaria del Estado puede ser una comunidad
autónoma en su territorio, pero siempre defenderé el hecho --
incluso ha salido en el debate anterior durante esta tarde--de
que el Gobierno de la nación, en el ámbito de sus
competencias, tiene que estar presente en todo el territorio.

Eso es perfectamente compatible si no se tiene una visión
completamente distinta. Yo creo que hay que simplificar las
administraciones y la política de traspasos hay que
completarla, se puede completar. Dicho sea de paso, en la
primera conversación con los interlocutores sociales hablamos
de la formación profesional ocupacional, y hay una parte de la
formación profesional que está transferida. Sin embargo, lo
que defienden los interlocutores --y habrá que verlo con un
cierto detenimiento-- es lo que se refiere a aquella formación
que se hace en el seno de la empresa. Por consiguiente, no es
ni de la competencia del Estado --me refiero a la
Administración Central--ni de la competencia de las
comunidades, sino un pacto entre las partes para desarrollar
en su ámbito de autonomía la formación profesional. No puedo
asegurarlo porque, ya digo, es de una reciente conversación.

Por consiguiente, lo veré con detenimiento, porque no cabe
duda que el pacto en sí mismo, el compromiso es positivo. Otra
cosa es si se desarrolla en el nivel competencial adecuado o
no. Si no se desarrolla en el nivel competencial adecuado y
hay algunas competencias de comunidades autónomas, no tengo
inconveniente en que de la formación profesional ocupacional,
si es la que está transferida, si es esa



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de la empresa, se haga cargo la comunidad autónoma y no el
Gobierno Central. En todo caso, le quería decir que el pacto
en sí mismo nos parecía positivo.

Creo que se pueden contemplar los traspasos pendientes.

Además creo, como ha dicho usted desde la tribuna, que, por
ejemplo, cuando se habla de la financiación y de la
corresponsabilidad fiscal, este no es un tema de Cataluña ni,
desde luego, de una fuerza política. Tiene usted razón. Este
es un tema que divide a las comunidades autónomas, algunas de
nuestra propia organización, y las divide por razones muy
diversas. Hay comunidades autónomas gobernadas por los
socialistas que están en favor del traspaso del 15 por ciento
del IRPF y otras que no. Por consiguiente, es verdad que aquí
hay una cuestión que sobrepasa con mucho lo que puede ser el
límite de una reivindicación concreta de una comunidad y,
desde luego, se plantea como un problema global, como un
problema de estructura financiera, aunque creo que habría que
reconocer que el último acuerdo de financiación ha sido --no
sólo porque haya sido por unanimidad, es decir, aceptado por
todos-- un avance desde el punto de vista de la financiación
de las comunidades.

Hay un tema que ha planteado usted que siempre me preocupa,
porque no es la primera vez que lo hablamos: la trasposición
de la normativa comunitaria y el nivel competencial interno.

Lo único que le puedo decir es que el Gobierno quiere que
cualquier normativa comunitaria que se aplique en España
respete el cuadro competencial constitucional y estatutario de
nuestro país. Por lo tanto, cuando se produce un error de
traslación, se trata de un error, no de la intención de mermar
una competencia. Y es verdad que es una tarea ordinaria de
gobierno. La trasposición de normas, afortunadamente, ha
frenado el ritmo, porque la inmensa mayoría se refería a
mercado interior. Por consiguiente, la inmensa mayoría ha
quedado atrás. Pero no tengo inconveniente en revisar esas
normas a ver si algunas están afectando al ámbito competencial
de las comunidades autónomas en relación con el Estado. Hemos
hecho un enorme esfuerzo de trasposición. Y es posible que se
cometan errores. Pero, desde luego, no hay ninguna
intencionalidad en cambiar ese ámbito competencial. De eso
puede estar seguro. Es un caso típico de lo que a veces he
dicho en algunas conversaciones, es decir, de una tarea
ordinaria de gobierno que, probablemente, la mejor manera de
resolverla es estar en la tarea ordinaria de gobierno para que
alguien pueda llamar la atención y encienda la luz de alerta,
porque muchas veces no se da uno cuenta, ni en este Gobierno
ni en el Gobierno de una comunidad ni en cualquier otro
Gobierno. Muchas veces se presenta un proyecto y se tiene en
cuenta el detalle A, B o C, siendo la competencia de otro. Me
imagino que pasa también al revés en algunos casos.

Finalmente, una reflexión sobre el impulso democrático, que
creo que es plenamente coincidente. Usted ha introducido una
reflexión sobre el asociacionismo, el papel de la sociedad
civil. Ha dicho algo que comparto plenamente: creo que en
política no vale todo. Por consiguiente, es verdad que hay que
respetar unas ciertas reglas de juego. Hay que rectificar, y
rectificar a tiempo. Nosotros creemos que estamos a tiempo.

Por eso hemos hecho propuestas concretas para rectificar y
para mostrar a los ciudadanos una clara voluntad de
transparencia y de limpieza en el juego político.

Acepto el voto del Grupo que representa S.S. tal como lo ha
descrito, como un voto que en el día de hoy no tiene
absolutamente exigencia o contrapartida alguna. Es un voto de
responsabilidad. Y acepto lo que me dice. Acepto el desafío de
que es un voto con ilusión. Voy a tratar de desarrollar las
políticas para que no se produzca desilusión, no digo ya de su
Grupo, sino de la Cámara y de los ciudadanos. La tarea no es
fácil porque la situación es bastante complicada. Pero
trataremos de poner todo el empeño en ella. Esperamos seguir
contando con su comprensión y con su apoyo y con la del Grupo
Parlamentario que representa.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.

Tiene la palabra el señor Roca.




El señor ROCA I JUNYENT: Señor Presidente, de su
intervención, señor candidato, quisiera destacar algunas
cuestiones, una primera que en este caso a mí me preocupa más.

No sé si se me habrá entendido bien, nosotros somos defensores
del estado de bienestar.

Como decía antes, hay un momento en el que la política más
progresista puede hacer un alto en el camino para reponer
fuerzas y seguir avanzando porque quizá, según como se dieran
los pasos a partir de ahora, podríamos estar avanzando en una
dirección equivocada y generando medidas contraindicadas para
hacer frente a los problemas más importantes del país.

Creo que al país hay que explicarle que la creación de
puestos de trabajo es un objetivo que va a requerir
importantes movilizaciones de recursos de todo tipo.

Por lo tanto, en la medida en que esto fuera así --y ojalá el
resultado fuera positivo--, lógicamente estamos comprometiendo
políticas y recursos que, si no tuviéramos el problema que
hemos de afrontar de crear más puestos de trabajo, podríamos
dedicar a otro tipo de atenciones sociales. Hoy, la creación
de puestos de trabajo debe concebirse como algo que no está
situado en el campo de la política económica, que es una
obligación que compromete todos los instrumentos de la
política del Estado y, por lo tanto, también cubre una
finalidad fundamentalmente social. Tenemos que reclamar la
atención de la sociedad sobre la contradicción que representa
movilizar enormes recursos para cubrir el paro y tener
dificultades para movilizar algún recurso para crear puestos
de trabajo. No tiene sentido y carece de toda lógica en el
sistema actual. Esto es también política de bienestar y lo
tenemos que poder explicar y defender.

Hay unas atenciones sociales de las que no podemos retroceder
porque son conquistas de muchos años y



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que, además, tienen en su funcionalidad la capacidad de dotar
de cohesión a una sociedad y hacerla más moderna y capaz de
asumir los retos del futuro, pero a la vez se debe
compatibilizar esta cohesión con un esfuerzo de solidaridad
con los que hoy no tienen trabajo, con los que lo pueden
perder y con aquellos que, si no hacemos un gran esfuerzo en
otros campos de políticas de formación --y luego hablaré de
ello-- también lo pudieran perder de manera irreversible desde
el punto de vista de su integración futura en la sociedad.

Segunda cuestión. Decía usted, señor González, que le
preocupa alguna cosa de las que he dicho en relación a la
Comunidad Económica Europea. Quisiera que despejáramos esa
preocupación.

Usted daba un ejemplo muy afortunado y hablaba de cuando el
zapato nos aprieta. Es que nosotros tenemos diversos zapatos
que nos aprietan, incluso los zapatos, que es un buen sector;
por tanto, hay muchos zapatos que nos aprietan y hemos de
poder dar una respuesta a todo ello.

Estoy absolutamente de acuerdo con la formulación que usted
ha hecho --nuestro Grupo la comparte-- de que la solución a
este problema no puede darse país por país. La tenemos que dar
desde un punto de vista de instrumentos comunitarios, pero
España puede adoptar una política de impulso de la decisión
comunitaria sobre esta cuestión. Deberíamos decir, con cierta
prudencia en la terminología, que a veces, detrás de esto que
se llama países terceros, hay un cierto eufemismo, son los
europeos que van a los países terceros para evitarse los
costes sociales de Europa. Aquí hay una gran contradicción.

Hemos definido una política de progreso que, sólo en la medida
en que algunos no la respetan, nos obligan, diríamos, a
practicar una política de universalización, pero que va en
contra de conquistas sociales. Por tanto, pienso que aquí
tenemos argumentos para defendernos en términos de
colectividad europea respecto de lo que representaría el mal
uso de una competencia que puede perjudicar muy gravemente, y
de hecho está perjudicando, a nuestro país. No lo está
perjudicando en términos meramente numéricos o estadísticos.

Europa tiene más paro en una relación casi directamente
proporcional a ciertas medidas que se han adoptado en la
apertura de fronteras comerciales. Es una relación que está
ahí. Por tanto, desde una perspectiva europea, tendríamos que
hacer una reflexión en común sobre esta cuestión. Comparto,
por tanto, que esto debe hacerse desde Europa, colectivamente
desde Europa, para no tener planteamientos sesgados de país en
función de intereses muy concretos, pero es una línea que no
deberíamos abandonar porque de lo contrario ponemos en
cuestión el futuro de sectores industriales y agrarios muy
importantes de este país.

En una referencia última, el tema de la formación
profesional. Quizá sea desviar lo que estábamos contemplando,
porque lo contemplábamos estrictamente desde el punto de vista
de la distribución competencial, pero creo que ha llegado el
momento de empezar a plantearnos una pregunta más. ¿Tiene
sentido la división entre formación profesional ocupacional,
formación profesional reglada e incluso, dentro de la
ocupacional, la continua o permanente, no se cómo la han
llamado, para hacer un acuerdo social? ¿Tiene sentido, cuando
hoy estamos tan comprometidos en poner el acento en una
formación profesional que de una manera u otra empieza a ser
muy difícil distinguir? ¿Dónde está la frontera de la
formación profesional ocupacional y la formación profesional
reglada, por ejemplo, en todo un colectivo de jóvenes que ya
entran en la formación profesional ocupacional procedentes de
una situación de paro en la que muy jóvenes han podido entrar?
¿Dónde está, por tanto, la frontera exacta? Creo que aquí
también deberíamos hacer un esfuerzo de integración
interdisciplinario para integrar las formaciones profesionales
en un gran paquete, en una gran ordenación educativa y
profesional que pudiera resolver, entre otras cosas, problemas
competenciales de esta naturaleza.

Por último, señor González, tomo nota de lo que usted
mencionaba: Si hay error, se corregirá; de acuerdo. Pues vamos
a ver si realmente somos capaces de señalar en algún caso, en
algún supuesto de normativa comunitaria, alguno de estos
errores. Lo que sí es cierto es que en muchas ocasiones --y la
experiencia en este tipo de acuerdos o negociaciones lo
demuestra-- pequeños problemas se convierten, a veces, en los
símbolos de las dificultades. Deberíamos ser capaces de
resolver los pequeños problemas, como mínimo, para que cuando
discrepáramos tuviera profundidad, porque lo que no tiene
sentido es que a veces se esté discutiendo en temas muy
pequeños, en los que la discusión, cuando se plantea realmente
en términos objetivos, no debería producirse. Me dirá usted:
no debería producirse por un lado o por otro. Usted me puede
discutir que tan pequeño debe ser para una comunidad autónoma
como puede ser para la Administración central del Estado. En
principio no le extrañe que mi presunción se centre siempre en
que la comunidad autónoma tiene razón. Y estoy convencido de
que debería aceptarse que en muchos casos es así. Creo que si
toma nota de ello podremos avanzar ya más definitivamente en
la solución de algún tipo de problemas. Pero en fin, el camino
es largo.

Muchas gracias.




El señor GONZALEZ MARQUEZ (candidato a la presidencia del
Gobierno): Sólo espero que el señor Roca considere la
presunción «iuris tantum», que no la considere sin
demostración en contrario.

La verdad es que habría que intentar hacer --y ha sido una de
las partes más interesantes del debate de Copenhague hace unos
días-- de las políticas de empleo políticas activas de
búsqueda de empleo. Es verdad que en España, con un problema
de paro tan grave como el que tenemos, el esfuerzo financiero,
el esfuerzo de gasto que se hace en cobertura de desempleo es
desproporcionadamente mayor, pero de una manera enorme, al de
todas las políticas activas de empleo que se pudieran hacer.

Le digo más --y esto cuesta siempre



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un cierto trabajo y produce algunas críticas decirlo--, probablemente
sólo con reducir el nivel de fraude en las prestaciones por el
desempleo se podrían hacer políticas activas de empleo de
mucha mayor entidad, con el dinero que se podría reducir en
eso. Cuesta trabajo decirlo; se ha hablado muchas veces de
fraude fiscal, pero no del fraude en las prestaciones. Estoy
completamente convencido de que hay que ir transformando las
políticas de protección del desempleo en políticas activas de
empleo, dirigidas justamente a los desempleados.

Creo que ha quedado claro lo de la Comunidad Europea. En
realidad tratamos de que haya una defensa equitativa del
espacio europeo o de la economía europea frente a lo que
pueden ser algunos incumplimientos. Es verdad que hay países,
incluso no pertenecientes al GATT, que no aceptan ninguna de
las reglas del GATT y que están siendo de los que presionan
para que haya un acuerdo GATT de liberalización de fronteras,
cuando no aceptan ninguna de las reglas, las vulneran todas.

Es verdad que tiene que haber un instrumento comunitario en
ese sentido, aunque debo decirle que no está próximo. Es muy
peculiar la situación europea y se resisten mucho a que haya
ese instrumento; es una de las contradicciones que estamos
viviendo permanentemente en Europa: cuando un país se siente
afectado, reclama a Bruselas porque no lo ha hecho bien --para
entendernos--, a los encargados de la Comisión; sin embargo,
cuando la Comisión reclama un margen mayor de poder para
negociar y, por consiguiente, de representatividad para
negociar, le dicen que eso es una intromisión, que es
intolerable y se reclama el principio de subsidiariedad.

Sobre la formación profesional ha hecho usted una reflexión
que puede tener interés. Yo creo que es difícil no mantener la
diferencia entre la formación profesional ocupacional y la
reglada. Lo inexcusable es que la formación reglada tenga una
conexión directa con la empresa; eso me parece absolutamente
inexcusable. Es por eso y por esa vía por la que nosotros
hemos vuelto a hablar de la necesidad de conectar todo el
proceso formativo con la relación de aprendizaje o con el
contrato de aprendizaje. Esa es la pieza del conjunto que está
faltando. Entonces a veces la formación reglada está muy lejos
de lo que puede ser una conexión con el sistema productivo y,
por consiguiente, no da posibilidades de enganchar
posteriormente en el mercado de trabajo.

Lo de la normativa comunitaria traspuesta lo veremos. No haga
más que la presunción, como le he dicho al principio de mi
intervención, iuris tantum de que casi siempre lleva razón la
Comunidad. Le digo que algunas veces puede que no, y a lo
mejor está mitad y mitad ¡qué le vamos a hacer!



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.

Vamos a suspender la sesión durante cinco minutos y, a
continuación, al reanudarla, tendrá la palabra elrepresentante
del Grupo Vasco (PNV), que será el último en intervenir esta
tarde.

Se suspende la sesión por cinco minutos.




Se reanuda la sesión.




El señor PRESIDENTE: Señores Diputados, se reanuda la sesión
y por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el
señor Anasagasti.




El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señor Presidente, señorías, en
primer lugar, hemos de decir que nos satisface que el
Parlamento vuelva a tomar el pulso de la vida política, tras
once años de mayorías absolutas y tres investiduras sin
problemas de esas mayorías para el Partido del Gobierno.

Nos encontramos hoy, en la apertura de estas V Legislatura,
con algo que es habitual en el contexto europeo: Gobiernos que
han de pactar e incorporar a su acción otras formas de abordar
los mismos problemas, y no pasa absolutamente nada. De manera
que nada de lo que hoy parece tan novedoso, es algo tan
inusual en otros países de larga tradición democrática, donde
es difícil encontrar mayorías absolutas en un sistema
proporcional. De ahí la importancia del discurso del candidato
a la Presidencia del Gobierno, porque es en estas
circunstancias en las que un programa puede recoger distintos
apoyos, sobre todo cuando nos encontramos en una situación
que, sin caer en alarmismos, podemos considerar de crisis
aguda; de ahí la importancia también en lograr que el próximo
Gobierno cuente no sólo con un apoyo suficiente en una segunda
vuelta, sino con apoyos claros para lograr una acción de
gobierno sólida y eficaz, capaz de encarar los rudos retos que
tenemos entre nosotros. El país necesita encontrar un camino
para salir de la crisis donde el desarrollo económico armonice
con el desarrollo social.

En el discurso del candidato hemos encontrado un análisis
ajustado a la realidad que se vive y un llamamiento a la
colaboración y al apoyo. Ha sido un discurso con unas
prioridades que hacemos nuestras, aunque no tengamos
coincidencias programáticas. Ha sido, a nuestro juicio, un
buen análisis, sereno, sin descalificaciones y, sobre todo,
con visión de futuro. Creemos que se ha hecho un ejercicio
notable a la hora de tomarle el pulso a la sociedad al inicio
de una acción parlamentaria que debe estar presidida por el
diálogo permanente. Lo decimos desde el Partido Nacionalista
Vasco en momentos en los que pensamos que todavía no hemos
captado en su verdadera dimensión la profundidad de la crisis
que estamos viviendo y cuyos momentos más tensos y de mayor
sacrificio todavía no se han producido.

Por otra parte, estamos asistiendo a un cúmulo de
acontecimientos que no solamente arrastran consigo procesos de
cambio de gran envergadura, sino que han escapado a las
previsiones de todos los analistas y de los centros de
información más avisados. El descalabro de los países del
Este, entre otros factores, no ha



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hecho sino agravar la crisis económica que afecta a todos los
países desarrollados, incluida la Europa comunitaria. El paro
alcanza niveles no conocidos en la crisis de los setenta. La
pérdida del empleo o el temor a perderlo constituye un factor
de inseguridad social que incide gravemente en la convivencia
y en el equilibrio político.

A una sociedad atemorizada es casi imposible inducirla a
preocupaciones elevadas o proyectos de futuro, hasta tanto no
se restaure un clima de confianza; de ahí que se extienda un
aire de pesimismo sobre el presente y despreocupación sobre el
futuro con atisbos de añoranzas de tiempos pasados. Por eso en
cuanto a la situación económica, cuyo análisis grosso modo
compartimos, conviene destacar lo siguiente: lejos de
intereses partidistas hoy, más que nunca, somos conscientes de
que vivimos en un momento histórico crítico, tan sólo
superable desde el compromiso de todas las fuerzas políticas
económicas y sociales. Tenemos que encontrar entre todos ese
mínimo común denominador, que se nos antoja amplio, para
superar los problemas actuales y los retos de futuro que
tenemos planteados. Establecer cuáles van a ser los mecanismos
de integración plena en Europa y adoptar las medidas oportunas
en materia económica que, por otra parte, son dos caras de la
misma moneda, serán las cuestiones clave a las que, desde el
Gobierno, y también desde la oposición, es preciso responder
sin demora alguna desde la conciencia de la situación y desde
la solidaridad que se precisa.

Queremos, en primer lugar, que la estrategia de integración
europea nos conduzca a una convergencia real en términos de
bienestar con los pueblos más adelantados y desarrollados de
Europa. Esta estrategia tan sólo puede estar basada en la
competitividad de nuestra estructura productiva y en un
aumento de la integración y cohesión social. Para que ello sea
posible hemos de afrontar, de verdad, y con la valentía
necesaria, la situación de crisis económica en que nos
encontramos. El descenso de la actividad económica que se está
produciendo en la economía española, junto con la destrucción
de puestos de trabajo que lleva aparejado y el aumento
continuado del paro, refleja con profundidad la crisis en que
estamos inmersos.

Tras su intervención, señor candidato, constatamos, una vez
más, la gravedad del problema y coincidimos con muchas de las
medidas que podrían cambiar la situación. Sabemos, además, que
la reactivación económica que se produzca a medio plazo no va
a permitir generar el empleo suficiente como para ocupar a
toda la población que desee trabajar. Ante la evidencia no
podemos llevarnos a engaño y pensar que esta situación la
tienen que resolver otros porque todos los esfuerzos son pocos
en estos momentos. A nuestro juicio es el momento de un pacto
político y, sobre todo, de un pacto social que, reconociendo
el problema, aporte soluciones solidarias desde un compromiso
firme con las instituciones, un pacto social a través del cual
se consiga incrementar la productividad y competitividad del
sistema económico, un pacto social que incorpore acuerdos en
cuanto a la evolución de los salarios y la productividad.

La reforma del mercado de trabajo. Reformas estructurales
profundas que garanticen un mejor funcionamiento de los
mercados de bienes y servicios de trabajo y de capitales.

Compromisos en materia de formación de la mano de obra y de
los gastos en I+D de las empresas. Control de parte de los
dividendos e incentivación fiscal en la medida en que se
destinen a la formación de la mano de obra a ampliar el
capital productivo o a generar puestos de trabajo.

Que haya también acuerdo básico en un conjunto de medidas
económicas que se han de adoptar de manera urgente. Entre
ellas caben resaltar, a nuestro juicio, aquéllas sobre las que
el consenso, a nuestro juicio también, creemos que es más
amplio. Adecuación del programa de convergencia a la nueva
situación económica. Flexibilizar el programa sin caer en
absoluto en la relajación. Reducción coordinada con el resto
de los países europeos de los tipos de interés con el objeto
de reactivar el deteriorado nivel de inversión, motor, por
otra parte, de la reactivación económica y de la
competitividad.

Control selectivo del gasto público. La moderación del
déficit público es un objetivo que se ha de conseguir
conjugando simultáneamente una política fiscal que fomente el
ahorro y que permita, a su vez, mantener el nivel alcanzado
por la inversión pública. Controlar el gasto corriente
mediante un aumento moderado de los salarios en el sector
público. Una congelación de los gastos de funcionamiento y una
eliminación de aquellos gastos de transferencia que sean
ineficaces es un buen camino para ello.

En el conjunto de las inversiones públicas se habrán de
realizar aquellas que además de impulsar el desarrollo
económico tengan un mayor impacto en la creación directa de
empleo, dado que no olvidemos el desempleo es, hoy y aquí, el
primer problema, sobre todo el terrible paro juvenil. Una
lucha decidida contra el fraude fiscal y otros fraudes que
permitirá mantener sin aumento la presión fiscal. Los
objetivos presupuestarios señalados así como consolidar el
nivel alcanzado de prestaciones sociales. Abordar en
profundidad la reforma y modernización de la Administración
Pública. Los parámetros de eficiencia, eficacia y calidad en
la prestación de los servicios públicos han de servir de guía
permanente a la actuación administrativa. No es posible una
economía moderna y competitiva con un sector público obsoleto.

Racionalizar estructuras administrativas; aumentar la
productividad mediante la incorporación planificada de medios
informáticos y una adecuada política de recursos humanos son
algunas de las claves que permitirán racionalizar el aparato
administrativo.

Reformar el mercado de trabajo creando nuevas formas de
acceso y mejorando su funcionamiento a través de la movilidad
geográfica y funcional.




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Es preciso replantearse igualmente la formación profesional en
profundidad.

Reformas estructurales del sector servicios que permitan
ganar la lucha contra la inflación. Desregular ciertos
servicios protegidos y someterlos a las condiciones de la
libre concurrencia les obligará a seguir criterios
competitivos de calidad y precio, lo que redundará en mejores
prestaciones a menores precios, manteniendo lo medular de lo
público.

Una política microeconómica sectorial y selectiva que
discrimine en favor de sectores estratégicos que actúen de
motor de la reactivación económica. Una política industrial
que impulse la reindustrialización a través de políticas
horizontales (I+D, diseño, etcétera) y sectoriales que generen
un contexto competitivo en el que se desarrollen empresas
modernas, dinámicas y con futuro. Una atención especial a la
pequeña y mediana empresa.

Estas y otras medidas de carácter económico, señor candidato,
han de estas apoyadas a nuestro juicio, por todos. En ello
está, no sólo nuestro futuro económico inmediato, sino nuestro
futuro mediato en esa Europa sin fronteras en la que ya nos
encontramos. Tenemos que dar marcha adelante a las medidas
económicas y sociales urgentes, si no queremos dar marcha
atrás en la construcción europea.

El segundo aspecto que usted ha señalado en su intervención
de hoy por la mañana se refería al proceso autonómico y con
relación a lo que ha dicho sobre el desarrollo autonómico
anotamos con interés lo que usted ha formulado sobre el hecho
diferencial, culminación de traspasos, calendario y superación
del bloqueo de los años anteriores, aunque usted sabe que no
estamos de acuerdo con la actual doctrina del Tribunal
Constitucional, sino con el concepto de singularidad y pacto
político. Por eso, nos gustaría también hacer hincapié en los
traspasos pendientes en algunas comunidades y no solamente del
151; lograr que se desarrollen en plenitud las autonomías del
artículo 143, que se aborde la reforma de la Administración
del Estado y hacer efectiva la propuesta que usted realizó en
su día de abordar en serio, con valentía, el reconocimiento
del hecho diferencial que usted también ha enunciado esta
mañana.

Aquel enunciado, por razones que no viene al caso denunciar,
no se siguió con hechos. Creemos que ahora se está en mejor
condición de hacerlo, sin olvidarse de la necesaria
solidaridad, que no está reñida con algo que incluso la propia
Constitución reconoce y consagra en aspectos sustanciales,
como es el reconocimiento y amparo de los derechos históricos,
porque no son palabras al viento, sino texto constitucional
que ha de ser cumplido como lo es cualquier ley.

Nosotros, en esta legislatura, deseamos un desarrollo
material pleno del estatuto, cerrando los procesos de la
configuración del Estado autonómico, transfiriendo lo que está
en la ley, delegando todo lo que sea delegable y evitando
duplicidades anómalas y caras. Hoy se habla mucho de
solidaridad y de revisión global de las cosas; nosotros
creemos tenerla. El pueblo vasco no ha estado encerrado en sí
mismo nunca. El mar, la emigración y el ser tierra de paso le
ha proporcionado siempre un nivel de comunicación importante y
por eso seguimos apostando por la apertura, por la integración
europea; también por ese eje atlático compuesto por Castilla y
León, Cantabria, Asturias, Galicia, Rioja, que corre el riesgo
de quedarse esquinado de los ejes de desarrollo. Hemos
apostado por estructuras modernas de intercomunicación.

Sabemos que una personalidad basada en el aislamiento y en la
endogamia resulta ser siempre una personalidad tarada, de ahí
que sepamos la importancia de otear a tiempo a dónde va
nuestro entorno más avanzado para tomar nota y preparar o
corregir lo que sin duda va a producirse entre nosotros. A
pesar de lo que en estos días se está diciendo de nosotros en
ese intento de anularnos políticamente, como si fuéramos
ciudadanos de segunda a los que unas veces se les dice que
tienen que tener visión de Estado y otras, cuando pueden tener
alguna influencia política, se dice que hay que tener mucho
cuidado con ellos y se habla de componendas, somos conscientes
de que todo lo que la vida moderna nos ha deparado en lo
ideológico, en lo industrial y aun en consumos culturales
masivos es interrelación.

Somos conscientes, asimismo, del juego que hay detrás de todo
esto y le agradecemos, señor candidato, que usted, superando
las matemáticas, haya obviado estos prejuicios y nos haya
llamado a sus consultas a la hora de la formación de su
Gobierno. En política hay muchas maneras de apoyar los
procesos y, sea cual sea el acuerdo final en esta complicada y
laboriosa legislatura, nosotros nunca hemos ocultado lo que
somos: somos un partido nacionalista en este Estado
plurinacional en cuyo Congreso de los Diputados participamos
desde 1913, de ahí nuestro interés en que también se cierre en
estos años el proceso estatutario, que lleva trece años
abierto y muchas veces se encasquilla por falsos recelos. Buen
ejemplo de esto lo fue en su día la difícil relación en
materia policial, que hoy se coordina con extraordinaria
normalidad y eficacia. Por esta razón tomamos nota de sus
palabras y, habida cuenta que en el parlamento vasco existe ya
un acuerdo suscrito por el Partido Popular, el Partido
Socialista, Unidad Alavesa y el PNV sobre las transferencias
pendientes, le indicamos que ése puede ser un primer paso de
una concreción ya establecida que usted ha enunciado para
empezar a concretar con calendario este proceso que, a nuestro
juicio, se tiene que cerrar en esta legislatura.

Con relación a la construcción europea seguimos apostando por
la gran aventura de esta generación, aunque la queremos más
federal, más ambiciosa, más social, más política y más a ras
de suelo de sus realidades naturales. Queremos, señor
candidato, que se diseñen nuevos instrumentos para la
configuración de la voluntad política, incorporando también la
voz y la opinión de las comunidades autónomas. Creemos que
Europa debe considerarse como ámbito doméstico y no propio



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de asuntos exteriores. Asimismo, creemos que es preciso
rediseñar el acceso a los fondos regionales y a los programas
operativos, sin olvidarse de abordar la modificación de la ley
en lo que se refiere a la circunscripción electoral europea.

Deseamos, señor candidato, que en esta legislatura apostemos,
como se ha apostado en anteriores legislaturas, de lleno por
Europa, porque no podemos tolerar que esta Europa comunitaria,
en las horas de su mayor triunfo, cuando no menos de 15
estados tocan a su puerta solicitando su ingreso, se halle a
la vez en su mayor zozobra, sin poder consolidar el tímido
paso hacia la unidad política que supone Maastricht, cada vez
más atada entre el egoísmo y el desacuerdo interno y el temor
ante el socio americano y el Japón. Porque todo este cambio ha
traído consigo unos serios desajustes económicos y una
creciente zozobra en nuestro ámbito europeo.

Los antiguos demonios del racismo o de la xenofobia se van
convirtiendo en referentes políticos. La prevención ante el
extranjero se está convirtiendo en un temor social inquietante
y tan extendido que ha dado pábulo a partidos de corte
neofascista que inquietan cada vez más seriamente el panorama
político europeo, exacerbando el particularismo y levantando
obstáculos añadidos al difícil proceso de unificación europea.

De ahí que sigamos apostando por la construcción de una Europa
política que contrarreste todos estos egoísmos estériles que
la hacen perder pie en el contexto internacional.

En cuanto al impulso democrático que usted ha enunciado como
tercer apartado en su intervención de esta mañana, nosotros
creemos que es preciso dar al funcionamiento institucional un
empujón muy valiente y estamos básicamente de acuerdo en su
planteamiento, que habrá que concretar a lo largo de toda la
legislatura.

El llamado Estado social de Derecho surgió precisamente como
correctivo del primer Estado liberal, en cuanto buscaba
equilibrar la garantía de los derechos individuales con la
dimensión colectiva y una mínima justicia distributiva. Pero
en los países occidentales, tras años de seguridad política y
de prosperidad económica, nos encontramos con que el
individualismo y el egoísmo desarrollados en la situación de
comodidad y de consumismo ha erosionado la cohesión social y,
como consecuencia, el sentido al servicio común de quienes
rigen las instituciones, bien sean partidos, judicatura o alto
funcionariado.

Existe, pues, el peligro de que los partidos que constituyen
el lazo entre el poder y la sociedad que proyecta lo
conveniente al bien común y que presentan al voto cuidadano a
los titulares del poder se conviertan en meros equipos de
conquista y usufructo del mismo, con lo que el pluralismo y la
alternancia se reducirían a la circulación y sustitución de
diferentes elites que se disputan la ocupación de dicho poder.

Los partidos políticos no van a desaparecer dentro de este
nuevo orden, pues son el elemento insustituible para que la
democracia marque el rumbo político, pero solamente tienen que
reducir las exageradas dimensiones de su influencia
tradicional; tienen que ceder espacio. Al igual que las
grandes organizaciones que representan la totalidad del
universo económico, tienen que reconocer la existencia y la
opinión de aquellos nuevos factores que representan los
diversos intereses de una sociedad que se diversifica y deja
la rutina verbal.

He de concluir sin dejar de mencionar un hecho grave, así
como nuestra enérgica condena ante el secuestro del industrial
Julio Iglesias Zamora, y enviar a su familia un mensaje de
solidaridad y de apoyo.

Asimismo, cuando se constituyó la Mesa del Congreso de los
Diputados la semana pasada, un dirigente político, como
también se ha dicho en reiteradas oportunidades durante esta
tarde, dijo que era una mesa formada por la derecha, y esa
etiqueta con intención descalificadora también se trata de
atribuir a nuestro Partido, del que surgió un sindicato --
hemos de recordarlo-- que está próximo a cumplir 100 años, y
con la que no nos identificamos. Con todo el respeto hacia lo
que significa la derecha, hemos de aclarar nuestra centralidad
política, que nos permite estar abiertos a coincidencias, como
un centro progresista, porque la defensa de las libertades en
sensibilidad social, en esfuerzos solidarios, en ayuda al más
débil, al enfermo, al desposeído, al minusválido, al mutilado
de guerra, al soldado republicano, el gudari, a la vida que
está por nacer y al indigente está en el corazón de nuestro
programa porque, para nosotros, cada persona cuenta. Esto
significa un compromiso de cada persona con una parte del
bienestar, una mínima participación del bienestar, una
economía social de mercado, no un supermercado donde la
persona es un mero número. Cada persona cuenta es la
constatación de que cada persona nos lleva al mandato de la no
discriminación y ningún resquicio al racismo en ninguna de sus
formas. Cada persona cuenta debe aplicarse a nuestra
democracia, porque el compromiso de cada ciudadano y de cada
ciudadana no tiene únicamente una significación formal a
través del derecho al sufragio, sino que tiene también un
significado sustancial en forma de implicación respecto a la
democracia, allá donde sea posible, de vigilancia de la
política, allá donde haya un dinero público. Cada persona
cuenta significa en nuestra sociedad, fuertemente
deshumanizada y frecuentemente desarraigada, que se
debeprestar atención a quienes están solos, buscar vías a
través de las cuales hacerles saber, incluso con ternura,
también a los más débiles, a los de más edad, a los ancianos,
a los muy mayores, que ellos o ellas también forman parte de
la sociedad.

A nosotros no nos asusta el proyecto de ley de huelga; todo
lo contrario. A nosotros --también hemos de decirlo-- no nos
gustan ciertas posibilidades de abuso que se podrían producir
y que los sindicatos, a nuestro juicio, deberían ser los
primeros en tratar de corregir en beneficio propio, pero
estamos de acuerdo en su regulación y de cómo se hace en gran
parte del citado proyecto.




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Finalmente, señor candidato, el Partido Nacionalista Vasco
nunca ha apoyado ninguna investidura, nunca en su historia;
por no hacerlo, no lo hizo ni tan siquiera tras la
intervención golpista de 23 de febrero de 1981; mantuvo su
voto negativo. En aquella oportunidad consideramos que, pese
al intento desestabilizador, el Gobierno y la democracia no
estaban en peligro. Hoy, sin embargo, desde partidos
diferentes y con entidad propia, no queremos que su Gobierno
fracase, no están los tiempos para tensiones políticas
innecesarias, porque, en definitiva, sería el fracaso de una
generación en una coyuntura enormemente importante en materia
económica, industrial y de ajuste europeo. Podemos estar
exagerando, pero nos asusta que no haya una percepción mayor
acerca del momento y de la trascendencia de lo que estamos
viviendo, y si estalla la economía, la explosión nos coge
absolutamente a todos. Pero en el caso de que se abandonen
estas prioridades, debe saber también, señor candidato, que
nos tendrá denunciando este abandono desde lo que somos: un
partido de oposición.

A nuestra juicio, se hace indispensable el retorno a una
economía productiva, a una vida institucional, normalizada y
respetuosa. No podemos seguir viviendo de sobresalto en
sobresalto; los ciudadanos no pueden estar sometidos a la
extenuación interminable de una crisis recurrente que no se
aborda con criterios de gran austeridad y solidaridad. Por
esta razón deseamos se tome conciencia del momento
extremadamente difícil que vivimos y se haga un esfuerzo para
deponer odios acumulados e intereses parciales para lograr una
sociedad estable, llena de confianza y capaz de retomar el
rumbo de su más intensa modernización en el progreso europeo.

Estamos convencidos que no se quieren promesas, sino
soluciones, a nuestras dolencias.

Por esta razón, sin pactos ni componendasprevias de ninguna
clase, en función de lo dicho y deseándole éxito en su
gestión, hago público que el Grupo Vasco va a votar
afirmativamente su candidatura a la Presidencia del Gobierno.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anasagasti.

Tiene la palabra el señor González.




El señor GONZALEZ MARQUEZ (candidato a la Presidencia del
Gobierno): Señor Presidente, señorías, subo a la tribuna con
brevedad para dar las gracias al señor Anasagasti y al Grupo
que representa por su voto positivo en la investidura. Subo
también para hacer algunos comentarios complementarios al hilo
de su intervención.

Para empezar, me gustaría decirle que él ha hecho una
valoración de un parlamento más vivo cuando no hay mayorías
absolutas. Creo que esto es una valoración que seguramente se
corresponde con la realidad, igual que se corresponde con la
realidad que difícilmente se producen las mayorías absolutas
cuando el sistema de representación es un sistema
proporcional.

No obstante, creo que todos estamos de acuerdo en que cada
uno de nosotros, representando a fuerzas políticas diferentes,
tenemos nuestra propia vocación mayoritaria y, por
consiguiente, siempre luchamos por conseguir una mayoría para
desarrollar nuestro proyecto. Muy difícilmente se encuentra
una fuerza política sin esa vocación mayoritaria y casi
siempre va acompañada de una falta de creencias o de
autocredibilidad o de autoestima. Porconsiguiente, creo que es
mucho más viva y mucho más delicada la relación parlamentaria
con un gobierno minoritario que con un gobierno de mayoría.

La segunda afirmación que ha hecho la comparto plenamente. Un
gobierno con suficiente apoyo en una época de crisis me parece
un elemento fundamental para enfrentar la crisis. Por eso es
por lo que nosotros no sólo hemos hecho una invitación a
discutir acuerdos programáticos, sino que hemos hecho una
invitación a participar en la responsabilidad de gobierno,
como usted sabe muy bien; invitación que reiteramos. Más allá,
como usted ha dicho, de cualquier tipo de aritmética
parlamentaria hay elementos cualitativos que refuerzan lo que
puede ser una decisión gubernamental. Por consiguiente,
nosotros estamos convencidos de que ésa es la dirección
adecuada y estamos convencidos, además, de que es lo que los
ciudadanos españoles pueden entender, y pueden entender
adecuadamente. Porque es verdad que no sólo vivimos un momento
de crisis --de crisis económica seria, grave--, sino que
vivimos un momento de cambios que son difíciles de
interpretar, es decir que están produciendo grados de
incertidumbre considerables.

Hoy se afirma, aunque nadie puede estar seguro de ello, que
una etapa de crecimiento económico, que siempre es una
condición necesaria para la generación de empleo, no será, sin
embargo, suficiente para conseguir que se absorba la cantidad
de desempleo que existe. Por tanto, existe una especie de
contradicción y, por consiguiente, una grave preocupación
respecto a si no será suficiente el desarrollo o el
crecimiento de la economía con las nuevas tecnologías para
producir el empleo que las sociedades europeas necesitan.

Probablemente la pregunta está bien planteada por todos los
que mantienen esa preocupación, aunque me parece que es
imposible anticipar una respuesta. Esto significa que tiene
que haber gobiernos con capacidad de decisión, gobiernos que
enfrenten la situación y que la enfrenten, sin duda, con
coraje político. Yo coincido en que la situación es crítica y,
al mismo tiempo, creo que tenemos muchas oportunidades de
superarla. Creo que hay un grado suficiente de comprensión, de
energía y de flexibilidad en esta sociedad para superarla.

Ha introducido usted una reflexión sobre la convergencia real
con Europa que no quiero dejar de mencionar. Creo que no hay
incompatibilidad --como hemos dicho muchas veces-- entre el
esfuerzo de convergencia nominal y de convergencia real. ¿Qué
es lo que está pasando? Que en el problema de la convergencia
nominal están todos los países europeos. Y yo le agradezco



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que haya hecho una reflexión de un ámbito un poco más que
casero, seguramente tiene la preocupación de lo que nos pasa a
nosotros, pero la puede ver en el marco de la situación
internacional. Le agradezco esto, digo, pero el problema de la
convergencia nominal no es un problema que se nos va a
plantear sólo a nosotros. Yo he hablado antes de cómo se está
disparando el déficit en 1993 y de cómo será más alto de lo
previsto en 1994. Y acepto, además, que nos hemos equivocado
mucho y muchas veces en las previsiones que hemos hecho.

Comparto ese nivel de equivocación y de error --como usted ha
dicho bien desde esta tribuna-- con una cantidad enorme de
responsables y de observadores internacionales, y se han
modificado las previsiones en muchas ocasiones a lo largo de
los últimos 18 o 20 meses. Sin embargo, esta desviación que se
está produciendo del déficit es una desviación que tiene una
fácil explicación. Como hay una caída de actividad
extraordinariamente más importante de lo previsto y como los
gastos sociales que conlleva la caída de la actividad aumentan
--no sólo los permanentes, sino los inducidos por la caída de
la actividad, fundamentalmente los gastos de desempleo-- se
abre una brecha en el déficit, obviamente, frente a la que hay
que reaccionar y hay que reaccionar con medidas --usted ha
sugerido algunas--de control de gastos y hay que hacerlo con
el máximo rigor. Sabiendo cuales son los límites de ese
control de gastos, nosotros, este año 1993, hicimos en muchos
aspectos del gasto corriente un presupuesto austero, y no
digamos nada en el capítulo I, que ha crecido un 1,8. Habría
que seguir haciendo ese esfuerzo y habría que seguir
haciéndolo para procurar que la convergencia real vaya
acompañada e una convergencia nominal. Sigo estando convencido
de que si no hay una senda de convergencia nominal, es decir,
si no mantenemos una atención de lucha contra el déficit, de
control de la inflación, de no diferencia en el tipo de
interés o de no diferencia por encima de los límites del tipo
de interés --deuda acumulada--, tampoco vamos a estar en
condiciones de hacer una convergencia real.

Yo comparto con S.S. su, diría, algo más que europeísmo;
diría su pasión por la construcción europea, que le lleva a
veces a ir, y me parece razonable, más allá de lo que la
propia evolución de la Comunidad está dando de sí. Se está
remarcando permanentemente el hecho federal en la construcción
europea, el hecho de una mayor dosis, de una mayor cantidad de
contenido político y una mayor dimensión social de la
Comunidad Europea, de lo que ahora podría llamarse la Unión
Europea en cuanto se ratifique el Tratado de la Unión. Es
verdad que los pasos son tímidos. Yo en eso, además, quiero
hacer siempre un esfuerzo de realismo. Yo creo, por ejemplo,
que la defensa de una estructura federal europea conlleva casi
siempre una reacción negativa por aquellos que tienen, no sé
por qué, una enorme resistencia a la propia expresión de
estructura federal, y no me refiero sólo a las actitudes
británicas; me refiero a otras actitudes, dentro de la
Comunidad, en las que produce un cierto rechazo la idea de la
federación, de tal manera que a veces he expresado con
claridad que a mí me gusta tanto ese hilo conductor en la
construcción europea, en la federalización que prefiero que no
se hable de él, porque cada vez que se habla produce
reacciones negativas.

Coincidimos en algunas de las propuestas que hace de reformas
estructurales. Ha hecho hincapié no sólo en la reforma del
mercado de trabajo, sino en la reforma del sector servicios, y
esta mañana apunté alguna de las líneas de esa reforma. Y yo
sé que produciéndose como se van a producir resistencias en el
diálogo social y en el pacto social --es lógico, porque hay
intereses contrapuestos--, también se van a producir
resistencias en la liberalización de otros sectores, en la
flexibilización o en las reformas estructurales que afecten a
otros sectores. A veces son, además, resistencias menos
aparentes, más soterradas, pero muy consistentes, que son
capaces de oponerse a cualquier esfuerzo de flexibilidad, como
viene ocurriendo en algunas de las reformas que queremos hacer
en relación con algunos colegios profesionales.

Respecto de la autonomía, lo mismo que le decía antes --
salvando, además, el hecho diferencial-- al señor Roca, le
quiero recordar a usted esta tarde que es verdad que podemos
tener visiones distintas --por ejemplo, se ha dicho que
prefiere que haya acuerdos políticos--, y tienen algo que a mí
me duele y que siempre reclamo para intentar recuperarlo, que
es una cierta desconfianza en los pronunciamientos del
Tribunal Constitucional. Yo no digo que haya que acudir para
resolver el problema al Tribunal Constitucional. Lo que digo
es que hay que tener en cuenta, entre otros factores, la
interpretación del Tribunal Constitucional, pero creo que hay
que hacerlo sobre la base de un pacto político, de un
compromiso político, y es un compromiso político --para
entendernos-- de aproximación recíproca. Siempre me preocupa
que cuando uno expresa esto se entienda que es un compromiso
político unidireccional. Tiene que ser de aproximación
recíproca.

Hay determinados temas en los que yo encuentro que va a haber
una gran dificultad. Para llegar a un acuerdo sé que eso va a
ser así --voy a hacer un esfuerzo para llegar al acuerdo--,
pero también --y creo que en eso también podemos convenir--
puede haber algunos temas que haya que aparcar porque sea
absolutamente imposible llegar a un acuerdo en esta materia o
en otra. Yo creo que es más fácil que nosotros avancemos en
materia socioeconómica y que es fácil que avancemos en una
buena parte del paquete de transferencias que existe.

Tendríamos que hacer algún esfuerzo para aproximar posiciones
en algunas cuestiones relativas a la Seguridad Social, como
saben muy bien, porque es un tema serio, donde nosotros
estamos defendiendo posiciones desde un punto de vista más que
competencial en el sentido estricto, que también, desde el
punto de vista de una necesaria e inexcusable solidaridad.

Yo creo que hay que aligerar el peso de las administraciones
públicas, pero permítame que le diga también, aunque sea una
reiteración, que la presencia del



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Gobierno central en el ámbito de sus competencias tiene que
ser una presencia en todo el territorio. Usted ha puesto
algunos ejemplos de temas que han sido polémicos, incluso que
han nacido --¿por qué no decirlo?-- con una cierta
desconfianza --añado--recíproca, como el tema de la polícia
autónoma, y que, sin embargo, está funcionando, y está
funcionando con eficacia, está funcionando yo creo que con una
gran satisfacción o de manera muy satisfactoria para todos y,
por consiguiente, con un grado extraordinario de coordinación.

Seguramente esa misma evolución tendremos en otras materias de
otros traspasos pendientes.

Ha hecho una referencia a la reforma de las comunidades del
143 y a algo que no es la primera vez que me oye. Lo he dicho
en muchas ocasiones. Es la diferencia, mejor dicho, la
distinción --para no ser reiterativo-- que hago entre el
respeto al hecho diferencial, que me parece fundamental, y el
principio de igualdad de los ciudadanos en cualquier punto del
territorio. En eso he insistido en muchas ocasiones. La
igualdad de trato no significa igualitarismo. Son
perfectamente compatibles una y otra cosa.

Creo que en la comunidad vasca no cabe la menor duda de que
hay hechos diferenciales; hechos diferenciales que hoy --y
remarco bien hoy-- se respetan como nunca históricamente han
sido respetados. Creo que eso no es hoy día discutible por
parte de nadie.

Finalmente ha hecho usted una reflexión sobre el impulso
democrático, mostrando su acuerdo con algunas de las líneas de
la intervención que he hecho esta mañana. Después ha hecho una
defensa de la posición desu Partido, de las señas de identidad
de su Partido, probablemente provocada por algunas de las
cosas que se oyen. Yo he sentido en muchas ocasiones --por eso
creo que es relativamente fácil, aunque tienen sin duda alguna
sus obstáculos de entendimiento--, en la comunicación con el
Partido que usted representa, que hay un espacio muy próximo
en el que uno se puede perfectamente entender, desde el punto
de vista de la dimensión social de la política y desde el
punto de vista de las políticas económicas, que tienen ese
contenido de padecer con el conjunto de la sociedad y, por
consiguiente, que tienen esa sensibilidad social.

Le agradezco que sea la primera vez que apoya una
investidura.

Se lo agradezco, no tanto porque estemos en una situación
excepcional cuanto porque creo que estamos abriendo una nueva
etapa política que seguramente tendrá un gran interés para
todos. Una nueva experiencia en una situación de crisis grave
y en una situación de incertidumbre nacional e internacional,
más bien provocada por aspectos internacionales que
nacionales, pero también de incertidumbre respecto del futuro.

Esa es una garantía de aproximación que nosotros queremos
llevar más lejos, y le invito a que ese camino lo recorramos
juntos.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.

El Pleno se reanudará mañana, a las diez de la mañana.

Se suspende la sesión.




Eran las nueve y veinte minutos de la noche.