CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1996 V Legislatura Núm. 197



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión de la Diputación Permanente núm. 5
celebrada el lunes, 25 de marzo de 1996



ORDEN DEL DIA:
--Real Decreto-Ley 4/1996, de 1 de marzo, por el que se adoptan medidas
urgentes para reparar los daños causados por las recientes inundaciones y
temporales (número de expediente 130/000040) (Página 10378)
--Aprobación del informe de dación de cuentas de la Diputación Permanente
a la Cámara de la VI Legislatura (Página 10382)
--Delegación en la Presidencia de la Cámara del ejercicio de la
competencia para incluir en el informe de dación de cuentas la referencia
a los asuntos que puedan suscitarse hasta la constitución de la Cámara de
la VI Legislatura (Página 10382)

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SUMARIO



Se abre la sesión a las doce y veinticinco minutos del mediodía.




Real Decreto-Ley 4/1996, de 1 de marzo, por el que se adoptan medidas
urgentes para reparar los daños causados por las recientes inundaciones y
temporales (número de expediente 130/000040) (Página 10378)



El señor Ministro de la Presidencia en funciones (Pérez Rubalcaba)
presenta ante la Diputación Permanente, para su convalidación o
derogación, el Real Decreto-ley 4/1996, de 1 de marzo, por el que se
adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las
recientes inundaciones y temporales.




En turno de fijación de posiciones, intervienen los señores Homs i
Ferret, por el Grupo Catalán (Convergència i Unió); el señor Ríos
Martínez, por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; la
señora De Palacio Valle-Lersundi, por el Grupo Popular, y el señor
Barrero López, por el Grupo Socialista.




Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-ley,
queda aprobada su convalidación por unanimidad.




Aprobación del informe de dación de cuentas de la Diputación Permanente a
la Cámara de la VI Legislatura (Página 10382)



El señor Presidente somete el informe a la aprobación de la Diptuación
Permanente de la Cámara, quedando aprobado por unanimidad.




Delegación en la Presidencia de la Cámara del ejercicio de la competencia
para incluir en el informe de dación de cuentas la referencia a los
asuntos que puedan suscitarse hasta la constitución de la Cámara de la VI
Legislatura (Página 10382)



El señor Presidente solicita de la Diputación Permanente la delegación en
la Presidencia de la Cámara del ejercicio de la competencia para incluir
en el informe de dación de cuentas la referencia a los asuntos que puedan
suscitarse hasta la constitución de la Cámara de la VI Legislatura.




Sometido a votación, se aprueba por unanimidad.




El señor Presidente se dirige a la Diputación Permanente para expresar
sus mejores deseos a la nueva Legislatura y su gratitud a los señores
Diputados de esta Legislatura y de las anteriores, a los funcionarios de
la Casa, a los medios de comunicación y a todos los que han contribuido a
la realización de las tareas encomendadas.




Se levanta la sesión a las doce y cincuenta minutos del mediodía.




Se abre la sesión a las doce y veinticinco minutos del mediodía.




--REAL DECRETO-LEY 4/1996, DE 1 DE MARZO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS
URGENTES PARA REPARAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LAS RECIENTES INUNDACIONES Y
TEMPORALES. (Número de expediente 130/000040.)



El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión.

El primer punto del orden del día de esta sesión de la Diputación
Permanente es la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 4/1996,
de 1 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los
daños causados por las recientes inundaciones y temporales.

Para explicar en nombre del Gobierno las razones que han determinado la
promulgación de este Real Decreto-ley tiene la palabra el señor Ministro
de la Presidencia.




El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA EN FUNCIONES (Pérez Rubalcaba):
Gracias, señor Presidente.

Señoras y señores Diputados, el pasado 16 de marzo se publicó en el
Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 4/1996, de 1 de marzo, que
regula la adopción de medidas urgentes para reparar los daños causados
por las recientes inundaciones y temporales del pasado invierno.

En anteriores ocasiones la técnica del Real Decreto-ley ha sido utilizada
para paliar los efectos de sucesos meteorológicos extraordinarios como
han sido las tormentas y las gotas frías que acontecen a finales del
verano sobre puntos localizados del territorio nacional. En esta ocasión
se trata de una situación totalmente distinta puesto que son
precipitaciones, de moderadas a fuertes, generalizadas sobre todo el
territorio nacional y mantenidas durante los meses de diciembre y enero,
siendo diciembre el mes más lluvioso prácticamente en todas las
comunidades autónomas y, en términos absolutos, el más lluvioso en los
últimos cien años. Si bien estas precipitaciones anómalas han venido a
acabar con la sequía en la mayor parte del país, también han causado



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daños en todo el territorio, tanto personales --treinta muertos en seis
comunidades autónomas-- como materiales, especialmente en las comunidades
autónomas de Andalucía, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha
y Galicia.

Este marco extraordinario justifica sobradamente, a juicio del Gobierno,
la utilización por su parte del Real Decreto-ley, para que la sociedad
pueda responder con prontitud a las necesidades de los ciudadanos
afectados, tanto en lo que se refiere a los daños en personas y
propiedades como a la reparación en el funcionamiento de los distintos
servicios públicos.

En cuanto al detalle de los daños, hay que indicar que a los personales
ya indicados, irreparables de por sí, se puede sumar un conjunto de daños
materiales que afectan a los bienes públicos: carreteras de la red
estatal, provincial y comarcal; así como la destrucción de caminos, que
afectan a infraestructuras municipales, especialmente alcantarillado; a
costas y playas; a redes eléctricas, ferroviarias y telefónicas, y
afectan, también, a bienes privados: daños sobre edificaciones y
viviendas; sobre comercios y existencias depositadas en ellos; sobre
industrias y sobre agricultura y ganadería. Los municipios afectados
ascienden a un mínimo de 854, estimándose que los daños a particulares
pudieran llegar a más de 32.000 millones de pesetas y que los daños sobre
bienes de titularidad pública podrían superar los 40.000 millones de
pesetas.

El pasado 7 de febrero se constituyó una comisión interministerial, según
lo acordado por el Consejo de Ministros de 2 de febrero, para la
evaluación de los daños y para la propuesta al Gobierno de las ayudas
necesarias, con el fin de paliar los mismos y reparar los servicios
afectados. El Real Decreto-ley recoge las conclusiones de la comisión
interministerial, mediante un conjunto de actuaciones que se plasman en
el ámbito municipal, en el ámbito agrario y en el ámbito fiscal. En lo
que se refiere a las relaciones contractuales, al ámbito laboral, a la
contratación administrativa, al ámbito presupuestario y, finalmente, al
terreno de los créditos del Instituto de Crédito Oficial.

Por todo lo que acabo de exponer brevemente, el Ejecutivo entiende que
este Real Decreto-ley se adecua a lo previsto en el artículo 86 de la
Constitución Española y responde a la solidaridad pública que requieren
los daños originados por los fenómenos meteorológicos y, en consecuencia,
en nombre del Gobierno solicito de esta Diputación Permanente que
convalide el Real Decreto-ley 4/1996.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

¿Turno en contra de la convalidación? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Homs.




El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.

Voy a ser muy breve. Quiero comunicar a la Diputación Permanente la
posición de nuestro Grupo en relación con el Real Decreto-ley 4/1996, de
1 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños
causados por las recientes inundaciones y temporales.

Nuestro Grupo es partidario de convalidar dicho Real Decreto-ley, y no
teniendo ningún extremo que comentar ni analizar, simplemente quiere
dejar constancia de esa posición y, por consiguiente, va a votar a favor.

Nada más. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.

Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la
palabra el señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Siempre que hay una actuación relacionada con
fenómenos climatológicos para parte de nuestro país, se viene con una
propuesta de decreto en el que las cuantificaciones son las que el propio
Gobierno ha hecho y que ha ofrecido para su información al Consejo de
Estado. No vamos a entrar en controversia sobre la cuantía --por un lado,
2.000 millones de pesetas y, por otro lado, 10.000 millones de pesetas
ampliables, con cinco medidas o distribuciones distintas--, pero en este
Real Decreto-ley, que es el último, a nosotros nos gustaría mantener la
misma posición que hemos mantenido durante toda la legislatura: sería
bueno que en este país hubiese una ley de riesgos climatológicos para que
todas estas actuaciones se pudieran aplicar por ley, con las condiciones
que esa ley estableciera, ahorrándonos estas medidas que, decreto a
decreto, significan la distribución de recursos, recursos que en algún
caso ya tienen que estar gastados, tiene que haberse hecho frente a
necesidades con ellos, puesto que los ayuntamientos no pueden esperar a
arreglar su local o a poner en condiciones el colegio que se ha visto
afectado, o las comunidades autónomas no pueden esperar a que los
problemas relativos a caminos de índole provincial estén sin resolver, ni
el Estado puede esperar para que sus carreteras estén en buenas
condiciones, como tampoco debería esperar la actuación hidrológica a
nivel del Ministerio de Agricultura. Por tanto, la primera consideración
es que deberíamos evitar que se hiciese por decreto toda esta actuación y
que estuviese más regulado por ley.

El segundo comentario que nos gustaría hacer es en cuanto a la forma de
aplicar este Decreto. La figura que se ha creado oyendo a las propias
comunidades o estableciendo esa participación, se hace a través de una
comisión interministerial que da los poderes de relación con las
comunidades autónomas a los delegados del Gobierno o a las comisiones
provinciales.




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Es verdad que un bloque de este decreto, por la cuantía de 4.000
millones, se destina para subvenciones a las corporaciones locales y es
verdad que el convenio del INEM con las comunidades va a distribuir 1.400
millones de pesetas, pero la decisión o la valoración definitiva la hace
esta comisión y la Delegación del Gobierno. Por tanto, no está basada en
una figura, a pesar de que hace referencia a la coordinación
interadministrativa, y predomina, por así decirlo, el poder de la
administración periférica a lo que es el poder de las administraciones
autonómicas y de las propias comunidades.

Por último, se abusa en este Decretro de figuras que hacen referencia a
exenciones fiscales, a reducciones de capacidad impositiva, tanto a
personas que están dentro de las zonas afectadas como a personas que,
viviendo fuera de esas zonas afectadas, tienen empresas o tienen efectos
dentro de ellas y que por lo tanto se han visto perjudicadas. Lo cierto
es que hay algunas de ellas, como son la reducción del costo de lo que
pueden ser los impuestos para adquirir vehículos u otras figuras como
reducciones de imposiciones a nivel municipal por estos tres meses o las
moratorias que plantea, que no creemos que sean las figuras más
importantes para hacer frente a una situación de desastre, porque una
situación de desastre lo que necesita es liquidez inmediata para poder
actuar. En todo caso, nosotros no vamos a oponernos a este Decreto y a
que estos dineros lleguen, pero lo que esperamos es que sean dineros que
lleguen rápidamente o por lo menos que sirvan para hacer frente a lo que
ya se haya gastado, si es que es verdad que hacen referencia a dinero ya
gastado en el mes de marzo.

Nada más, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora De Palacio.




La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Gracias, señor Presidente.




Anuncio el voto positivo del Grupo Parlamentario Popular a la
convalidación de este Real Decreto-ley en función de la urgencia y de la
necesidad de unas medidas extraordinarias que hagan frente y palien la
situación creada por unos hechos, también extraordinarias, como han sido
la abundancia de lluvias de este invierno, concretamente en los meses de
diciembre y enero.

Quiero señalar, al hilo de este debate, algo que hemos venido expresando
reiteradamente, como es la conveniencia y la necesidad de llevar a cabo
la elaboración de una ley-marco, que contemple las medidas que se deben
tomar cuando se producen en nuestra geografía situaciones de sequía o de
inundación.

La irregularidad en nuestra climatología es un dato de nuestra geografía,
y no sabemos cuándo se va a producir, pero sabemos que se va a volver a
producir dentro de equis años tanto unas sequías extremas como unas
inundaciones y unas lluvias extremas también, por lo cual convendría
tener una ley-marco encuadrando, una vez que se declaran los daños de las
inundaciones, las medidas, los beneficios a los que se puedan acoger los
afectados por las mismas.

Además de esta reflexión de tipo general que hemos hecho en otras
ocasiones, quisiera señalar, al hilo de la convalidación de este texto,
la urgencia, también señalada de manera reiterada por nuestro grupo, de
culminar en España el deslinde, el amojonamiento de los cauces, de llevar
a cabo un control real, evitando precisamente la invasión de esos cauces
con construcciones de todo tipo, que muchas veces incluso son
construcciones públicas, no sólo privadas, que a la hora de la verdad
obstruyen el decurso natural de las aguas y producen y aumentan los daños
que se originan cuando hay una situación de inundación. Lo mismo diría de
la necesidad de establecer las llanuras de inundación, que es algo que
todabía no está puesto en marcha; esperamos que en los próximos años se
pueda llevar a cabo y se culmine de manera urgente.

Según los datos del Gobierno, la media de los daños en inundaciones en
España puede alcanzar cifras muy importantes (incluso en el anteproyecto
del Plan hidrológico Nacional figuraban 40.000 millones de pesetas.) Si
bien es cierto que nosotros entendemos que las cifras no serían tan
elevadas, debido a las inundaciones reiteradamente sufrimos daños por
varios miles de millones de pesetas anuales y eso exige una acción
continuada y, sobre todo, culminar un proceso que lamentablemente está
muy retrasado en todo este terreno.

En cuanto al contenido concreto, se ha señalado aquí que se han adoptado
unas medidas de tipo presupuestario. Nosotros entendemos que hubiera sido
mejor que en vez de dejar totalmente abiertos los créditos ampliables en
cuanto a los 10.000 millones de pesetas, con cargo a la Sección 31, que
hubiera habido por lo menos un cierto acotamiento de esa situación. No
hay que olvidar la necesidad de contención del gasto y de control de
déficit en el que nos encontramos inmersos.

En cuanto a las medidas financieras, ocurre lo mismo. Se trataría de
cubrir el diferencial de intereses, ya que su incidencia en cuanto al
déficit sería menor. Por lo tanto, el que tenga carácter de ampliable es
más razonable.

También hemos de señalar que las medidas fiscales parecen razonables,
aunque quizá se echa en falta en algunos casos que no siempre se hace una
relación exacta entre los beneficios a los que se pueden acoger los
afectados y los daños reales sufridos por culpa de estas lluvias; las
medidas laborales y las comisiones de evaluación y de coordinación.

Aunque se podría haber buscado otra fórmula, el texto del Decreto-ley es
un paso más en la coordinación entre la Administración central y las
autonómicas, al margen de que, como todo, es mejorable



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y se podría haber hecho con algunos matices y haber presentado un texto
más conforme todavía. Hemos de señalar que en las líneas generales
entendemos la necesidad, la oportunidad, de paliar con créditos
extraordinarios una situación excepcional, con la que no se podía contar
«a priori», como la que han sufrido en amplias zonas de nuestra geografía
nuestros agricultores, incluso negocios, viviendas y haciendas, así como
bienes públicos. De todas formas, hemos de señalar los matices que hemos
planteado a lo largo de esta intervención.

Nada más. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De Palacio.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Barrero.




El señor BARRERO LOPEZ: Voy a ser muy breve, señor Presidente.

Debo advertir, en primer lugar, que vamos a sumarnos con nuestros votos a
los de todos los grupos parlamentarios para convalidar este Real
Decreto-Ley. Y voy a hacer dos precisiones.

Nos parece más oportuno que no se haya dejado pasar los dos meses de
trámite que la ley permite para la convalidación de un Real Decreto-ley.

Parece que tiene lógica parlamentaria y cierta sensibilidad democrática
que el Gobierno haya querido convalidar rápidamente este Decreto y que la
Diputación Permanente haya asumido esta función, toda vez que procede del
anterior Gobierno, Gobierno en funciones. En segundo lugar, hemos de
plantear también, frente a una crítica aquí escuchada, la oportunidad del
instrumento jurídico del Decreto-ley para solucionar este tipo de
cuestiones.

Han sido varias las comunidades autónomas, concretamente Galicia,
Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía, las que se
han sentido especialmente dañadas, con graves daños en personas, en
territorio, en costas, en playas, en infraestructuras, en explotaciones
agrícolas y comerciales. Hay algunas provincias especialmente dañadas,
como pueden ser las de Cádiz, Huelva, Zamora, Granada y Málaga. La
decisión de adoptar con rapidez este tipo de soluciones jurídicas, que
van a tener consecuencias importantes para compensar de alguna manera los
daños que se han producido en estas comunidades es y debe ser motivo de
aplauso y aceptación por nuestro grupo, y así lo hacemos y manifestamos.

Son dos tipos de créditos, como bien en SS. SS., y para aquellos que
estén menos avezados o tengan menor conocimiento del Real Decreto-ley,
diré que uno se pone en práctica con carácter inmediato para situaciones
de emergencia, sujeto al programa de Protección Civil, que es el carácter
que tiene este programa dentro de la Sección Tercera del Ministerio de
Justicia, por una cuantía de 2.000 millones de pesetas.

Hay otro crédito extraordinario de 10.000 millones, lógicamente
ampliables, toda vez que la urgencia de la decisión no puede dilatarse.

Por tanto, es difícil si no es mediante la oportuna dilación, y no puede
darse --insisto-- en este caso el conocimiento de todos y cada uno de los
daños. Por ello, es ampliable, en la Sección 31, para atenciones de todo
orden. Este crédito de 10.000 millones se financia con deuda pública y
viene dividido de la siguiente manera.

Para subvencionar proyectos de las corporaciones locales que tengan este
tenor de urgencia y de reparación inmediata de daños, 4.000 millones;
para conciertos entre el INEM y comunidades autónomas --concretamente las
que he dicho--, unos 1.400 millones de pesetas; para reparaciones de
infraestructuras de todo tipo, carreteras, costas, etcétera, 2.500
millones; una aportación final del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación para los daños producidos en explotaciones agrícolas, muy
especialmente en zonas como Huelva y Cádiz, por un monto total de 2.000
millones de pesetas.

Existen, además, como se han puesto aquí de manifiesto, medidas de tipo
fiscal que son algo absolutamente normal en reales decretos de este
tenor. Hace unos años se aprobó uno muy parecido a éste, y aunque los
daños hayan sido mucho menores, es normal que existan exenciones de
cuotas en el IBI o que exista una reducción del Impuesto sobre
Actividades Económicas o que exista exención absoluta de las cuotas del
IBI para los supuestos de inmuebles de naturaleza rústica, toda vez que
uno de los aspectos más deteriorados, como consecuencia de las
inundaciones, los vientos, etcétera, han sido las explotaciones agrarias
en algunas zonas de Andalucía.

Hay algunas medidas que pasan desapercibidas pero que tienen importante
incidencia para los trabajadores y son aquellas destinadas a que, como
consecuencia de los daños, puedan producirse expedientes de regulación de
empleo y, por tanto, la autorización para que se perciban prestaciones de
desempleo, incluso aunque se carezca de las cotizaciones necesarias para
estos eventos.

Por otra parte, se agiliza --y esto es una noticia importante-- la
gestión de las administraciones públicas y más concretamente en los
ayuntamientos, ya que se agiliza la adjudicación de contratos para la
reparación de daños a las empresas. Por tanto, este tipo de contratos
tienen la consideración de emergencia, de acuerdo con la Ley de Contratos
del Estado de 1995. Además, en general, nos parece una norma muy
adecuada, en general.

También nos parece adecuada, a la vista de lo que han dicho dos
portavoces de los grupos, la presentación o trámite de la ley sobre
actuaciones urgentes para supuestos catastróficos. Hasta tal punto nos
parece adecuado que forma parte de una de las medidas que presentó el
programa socialista hace un mes ante la opinión pública. Era una de las
actuaciones que teníamos



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como prioritaria y nos llena de satisfacción que exista ese
convencimiento en otros grupos parlamentarios.

Por último, señor Presidente, quisiera destacar en nombre de mi grupo --
ya que es la última oportunidad en que esta Diputación Permanente y, por
tanto, el Congreso, son presididos por usted antes de que la Cámara
nombre el nuevo Presidente--, nuestro absoluto agradecimiento a la labor
que ha realizado --creo que todos los grupos lo hicieron así con ocasión
de la celebración del último Pleno de la Cámara con un aplauso muy
significativo hacia S. S.--, ya que tanto el talante personal de S. S.

como su reconocida capacidad jurídica han elevado a un importante nivel
la institución que S. S. ha presidido. En la esperanza de que también el
nuevo Presidente de la Cámara tenga la oportunidad de mantener ese nivel,
desde mi propio grupo agradecemos profundamente el esfuerzo que ha hecho
por esta institución.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrero.

Vamos a proceder a la votación para la convalidación o derogación del
Real decreto-ley.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 42; a
favor, 42.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la convalidación del Real
decreto-ley.




--APROBACION DEL INFORME DE DACION DE CUENTAS DE LA DIPUTACION PERMANENTE
A LA CAMARA DE LA VI LEGISLATURA.




El señor PRESIDENTE: El punto segundo es la aprobación del Informe de
dación de cuentas de la Diputación Permanente a la Cámara de la VI
Legislatura.

Consta la documentación distribuida del Informe de dación de cuentas.

¿Desea algún grupo intervenir o hacer alguna observación en relación con
esta información? (Pausa.)
Votos a favor de la aprobación del Informe de dación de cuentas.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 42; a
favor, 42.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por 42 votos a favor, es decir, por
unanimidad, al haberse emitido 42 votos.




--DELEGACION EN LA PRESIDENCIA DE LA CAMARA DEL EJERCICIO DE LA
COMPETENCIA PARA INCLUIR EN EL INFORME DE DACION DE CUENTAS LA REFERENCIA
A LOS ASUNTOS QUE PUEDAN SUSCITARSE HASTA LA CONSTITUCION DE LA CAMARA DE
LA VI LEGISLATURA.




El señor PRESIDENTE: El punto tercero es la delegación en la Presidencia
de la Cámara del ejercicio de la competencia para incluir en el Informe
de dación de cuentas la referencia a los asuntos que puedan suscitarse
hasta la constitución de la Cámara de la VI Legislatura.

El Informe de dación de cuentas que acaba de ser aprobado ha sido cerrado
en un momento anterior a la celebración de esta sesión de la Diputación
Permanente y, naturalmente, la competencia de la Diputación Permanente se
alarga hasta el momento de la constitución de la nueva Cámara, surgida de
las recientes elecciones.

Para el supuesto de que hubiese que incluir en ese informe de dación de
cuentas algún asunto que pudiera suscitarse hasta la constitución de la
Cámara es para lo que se somete a la Diputación Permanente la delegación
en la Presidencia.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad la delegación en la
Presidencia por parte de la Diputación Permanente.

Como acaban de ver SS. SS., a la Diputación Permanente y a la Presidencia
le quedan 24 horas para arruinar el crédito que pudieran haber ganado en
los años precedentes y, por tanto, toda expresión es aventurada, porque
nunca se sabe. Pero, desde luego, creo que sería indecoroso que al final
de estos años no constasen en el «Diario de Sesiones», en mis últimas
palabras, dos cosas: Una, expresar mis mejores deseos a la nueva
legislatura, a todos los Diputados que han sido reelegidos, a los
nuevamente elegidos y a aquellos que no han sido elegidos, en sus
dedicaciones políticas y personales. Otra, expresar, pura y simplemente
mi gratitud. Dar las gracias a los Diputados de esta legislatura y de las
anteriores, en la medida en que pueda llegarles el eco de mis palabras
pronunciadas hoy; a los funcionarios de esta Casa; a los medios de
comunicación y a todos aquellos que han contribuido para que pudiésemos
realizar juntos las importantes tareas que esta Casa tiene encomendadas;
en la medida de nuestras posibilidades, hemos intentado que el trabajo
estuviese a la altura de estas responsabilidades.

Por tanto, que mi última palabra en el «Diario de Sesiones» sea,
simplemente, gracias.

Se levanta la sesión. (Todos los señores Diputados, puestos en pie,
aplauden las palabras del señor Presidente.)



Eran las doce y cincuenta minutos del mediodía.