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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 120, de 12/01/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1995 Núm. 120 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión de la Diputación Permanente núm. 2
celebrada el jueves, 12 de enero de 1995
Página
ORDEN DEL DIA:
--Solicitud de comparecencia urgente del Presidente del
Gobierno, don Felipe González Márquez, ante el Pleno del
Congreso de los Diputados en sesión extraordinaria o, en su
defecto, ante la Comisión de Justicia e Interior, para dar a
conocer los datos que maneja el Gobierno respecto de los
conocidos como Grupos Armados de Liberación (GAL), de la
presunta implicación de funcionarios y altos cargos en dicha
banda armada, así como para garantizar el correcto
funcionamiento del Estado de Derecho y evitar daños a las que
deben ser respetuosas relaciones entre los distintos poderes
del Estado democrático. A solicitud de los Grupos
Parlamentarios Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya y Mixto (número de expediente 62/000010) (Página 6415)
SUMARIO
Se abre la sesión a las doce del mediodía.
El señor Presidente informa que el punto único del orden del
día es la solicitud, formulada por los Grupos de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y Mixto, de una comparecencia
urgente del Presidente del Gobierno, don Felipe González
Márquez, en la Cámara, para dar a conocer los datos que maneja
el Gobierno respecto de los conocidos como Grupos Armados de
Liberación (GAL), de la presunta implicación de funcionarios y
altos cargos en dicha banda armada, así como para garantizar
el correcto funcionamiento del Estado de Derecho y evitar
daños a las que deben ser respetuosas relaciones entre los
distintos poderes del Estado democrático. Señala que los
grupos que han presentado la iniciativa consumirán turno a
favor de la misma, abriéndose a continuación un turno en
contray, finalmente, la fijación de posición por los demás
grupos.
En defensa de dicha iniciativa intervienen, en nombre del
Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor
Romero Ruiz, y en representación del Grupo Mixto, el señor
Albistur Marín.
En turno de fijación de posiciones hacen uso de la palabra los
señores Mardones Sevilla, en nombre de Coalición Canaria;
González de Txabarri Miranda, en nombre del Grupo Vasco, PNV;
Molins i Amat, en nombre del Grupo Catalán (Convergència i
Unió); Alvarez-Cascos Fernández, en nombre del Grupo Popular y
Almunia Amann, en representación del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se rechaza la solicitud de comparecencia
urgente del Presidente del Gobierno, don Felipe González
Márquez, por 20 votos a favor y 23 en contra.
Se levanta la sesión a la una y treinta minutos de la tarde.
Se abre la sesión a las doce del mediodía.
El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión.
Antes de abordar el desarrollo del único punto del orden del
día, ruego a los grupos que hagan llegar a la Mesa las
sustituciones que se hayan producido de entre los miembros de
cada grupo designados para integrar la Diputación Permanente;
sustituciones que, como saben, tienen que efectuarse por los
diputados designados como suplentes para integrar la
Diputación Permanente. No se pasa lista como trámite previo al
desarrollo del orden del día, pero sí rogamos que hagan llegar
a la Mesa estas sustituciones. (El señor López Garrido pide la
palabra.)
Señor López Garrido.
El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, por el Grupo
Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Rafael
Ribó es sustituido por Francisco Frutos y Rosa Aguilar por
Antonio Romero.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Garrido.
No me he explicado bien, tal vez. No es necesario que lo hagan
de viva voz, sino que lo hagan llegar a la Mesa para tenerlo
en cuenta a la hora de la votación o de las intervenciones. En
cualquier caso, tomamos nota de las observaciones del señor
López Garrido.
El punto único del orden del día es la solicitud, formulada
por los Grupos de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y
Mixto, de una comparecencia urgente del Presidente del
Gobierno, don Felipe González Márquez, ante el Pleno del
Congreso de los Diputados en sesión extraordinaria o, en su
defecto, ante la Comisión de Justicia e Interior para dar a
conocer los datos que maneja el Gobierno respecto de los
conocidos como Grupos Armados de Liberación (GAL), de la
presunta implicación de funcionarios y altos cargos en dicha
banda armada, así como para garantizar el correcto
funcionamiento del Estado de Derecho y evitar daños a las que
deben ser respetuosas relaciones entre los distintos poderes
del Estado democrático.
Los grupos que han presentado la iniciativa, consumirán turno
a favor de la misma; luego se abrirá un turno en contra y
seguidamente la fijación de posición por los demás grupos.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Romero.
El señor ROMERO RUIZ: Señor Presidente, señorías, en la
reunión que hoy vamos a debatir y votar la comparecencia del
Presidente del Gobierno para explicar la crisis abierta en
España en relación con el GAL.
Voy a iniciar mi intervención, en nombre de mi grupo
parlamentario como firmante de la propuesta, formulando
algunos interrogantes.
¿Quién o quiénes organizaron los GAL? ¿Por qué no hubo una
investigación desde el Ministerio del Interior sobre el
origen, la composición y la infraestructura de los GAL? Si el
Ministerio del Interior no investigó ¿por qué el Presidente
del Gobierno no tomó la iniciativa de investigarlo? ¿Qué
hicieron los servicios secretos, y en concreto el Cesid:
abrieron un informe o miraron hacia otro lado porque tenían
órdenes en este sentido? ¿Podemos dar credibilidad a la
afirmación del Presidente del Gobierno sobre una banda que
tiene a sus espaldas
26 muertos, cuando las cárceles se están llenando de ex altos
cargos de dos etapas en el Ministerio del Interior, las dos
presididas por Felipe González; cuando la opinión pública
demanda información y exige que se adopten iniciativas que
despejen los graves interrogantes planteados por la actual
crisis política que atraviesa España; cuando la peseta pierde
valor en relación con las demás monedas y la inversión
extranjera cae en picado?
Solo anteayer los analistas estimaron que el Banco de España,
con la colaboración del Bundesbank, vendió entre 2.500 y 3.000
millones de marcos para evitar el hundimiento definitivo de la
peseta. Durante el primer trimestre de este año vencen 4,5
billones de títulos de la Deuda Pública a corto plazo, y
refinanciarla va a costar casi 2 puntos más de lo que costaba
hasta ahora. Para el conjunto del año el Tesoro debe financiar
16 billones de pesetas. Una estimación razonable del coste
financiero de dicha Deuda Pública llevaría a unos 320.000
millones de pesetas; es decir, el Gobierno se comería aquí el
precio de las anunciadas privatizaciones de las empresas
públicas. Toda esta situación nos distancia de Europa en
indicadores de paro, de desempleo, de bienestar, de servicios,
etcétera.
El Gobierno y su Presidente se han convertido en un obstáculo
para la recuperación económica y para el normal funcionamiento
de las instituciones democráticas.
Se están produciendo contradicciones en el seno del Gobierno.
Las declaraciones de José Barrionuevo han recibido la
solidaridad de ministros, de presidentes de comunidades
autónomas y de altos cargos del Partido Socialista Obrero
Español en lo que constituye el ataque frontal más grave a la
independencia de un magistrado y del Poder Judicial en su
conjunto. Ya se han pronunciado los órganos del Poder
Judicial; hasta la propia Fiscalía General del Estado ha
abierto diligencias, situándonos en un conflicto institucional
que entorpece el desarrollo normal de los poderes del Estado.
Cuando hay un ex-Secretario de Estado y otros responsables
políticos que van de emisora en emisora, llamando a la
ciudadanía a la comprensión y a que legitimen los GAL,
argumentando que una sociedad acosada, asesinada, secuestrada
recurre a todos los métodos a su alcance para defenderse, sin
aclarar, a continuación, que una cosa es el surgimiento en el
seno de la sociedad de grupos y actividades criminales, y otra
muy distinta que surjan en el seno del Estado de derecho, que
debe respetar y defender en todo momento y circunstancia, con
una sola vara de medir, la Constitución y los valores
democráticos. Ante esta campaña de apología del terrorismo de
Estado no se ha reaccionado con la fuerza y la voluntad
política que exige la ética, la moral y el respeto a los
derechos humanos; sólo se han producido tímidos y personales
desmarques de algún alto cargo. Cuando todo esto sucede, el
Ministro de Interior y Justicia comparece a la fuerza en la
comisión para hablarnos de su biografía personal, y dice que
no hay rastros en sus Ministerios, ni en Justicia ni en
Interior, de los GAL; se niega a hablar de los fondos
reservados ilegalmente utilizados; y se escapa diciendo que no
era ministro en esa etapa.
A raíz de los nuevos datos que hemos venido conociendo,
nuestro grupo parlamentario propone en este acto la
comparecencia de Felipe González en un Pleno extraordinario o,
en su defecto, en la Comisión de Justicia e Interior.
Señorías, es necesario recordar que pedimos la comparecencia
del Presidente de un Gobierno, nacido del Parlamento, no de un
Jefe de Estado bis.
La naturaleza de la democracia parlamentaria y el modelo de
Estado que consagra la Constitución exige que comparezca el
Presidente del Gobierno para dar explicaciones políticas a la
Cámara. ¿Cómo es posible que elija sólo la televisión y
desprecie la soberanía popular que encarna el Parlamento?
De este hecho, y de acuerdo con la correlación de fuerzas que
hay en la Cámara, no se puede derivar una responsabilidad
exclusiva del Partido Socialista, del Grupo Parlamentario
Socialista. Por manifestaciones públicas hemos sabido la
intención del voto de algunos grupos en esta Cámara. En
anteriores legislaturas se contraía por el Grupo Parlamentario
Socialista toda la responsabilidad al contar con la mayoría
absoluta; en esta V Legislatura y en el acto de hoy en la
Diputación Permanente hay otros grupos que comparten la
responsabilidad al ayudar con sus votos a Felipe González a
huir del Parlamento; son cómplices políticos necesarios para
la huida del Presidente.
Convergència i Unió y el PNV con su voto en esta Diputación
Permanente, tal y como han anunciado, hacen un daño tremendo a
la institución parlamentaria. En momentos en los que asistimos
a una fractura y a un divorcio entre los representantes
políticos y la ciudadanía representada, al desprestigio de la
actividad pública, lejos de fortalecer las instituciones
haciendo que el Parlamento sea el epicentro de la vida
política nacional, se tolera y se contribuye a desplazar el
centro de la vida pública española a un plató de televisión.
Se critica a los grupos parlamentarios de ir detrás de los
medios de comunicación, y cuando se adopta una iniciativa
estrictamente política se aborta con el auxilio de dos
matronas de ocasión.
No se puede autocastrar el Parlamento como poder del Estado,
de donde emanan el resto de los poderes que conforman el
Estado democrático de derecho.
¿Cómo se puede privar a la Cámara de un debate político en el
que se contemple el uso de los fondos reservados,
presupuestados aquí, en esta Cámara, destinados para luchar
contra el delito, y que se han utilizado para la corrupción,
el crimen, el pago de cantidades a Amedo y Domínguez por el
Poder Ejecutivo, etcétera? Los fondos reservados no son
licencia para matar. Es
impresentable que el Presidente del Gobierno diga que de los
fondos reservados no se puede hablar porque son reservados,
aunque se hayan utilizado esas cantidades para la corrupción y
para la criminalidad.
¿Cómo se puede privar al Parlamento del debate sobre el
alcance del Gobierno y el papel de los Secretarios de Estado
en el organigrama de responsabilidades?
Don Felipe González dijo en televisión que había que situar
próximo al Gobierno al Director General de la Seguridad del
Estado y a los Secretarios de Estado, pero que no se deberían
considerar Gobierno. En el desarrollo de nuestros trabajos
vemos desfilar diariamente en las comisiones a directores
generales y a secretarios y secretarias de Estado
representando al Gobierno.
La táctica de Felipe González es poner las manos en el fuego
cuando las llamas están bajitas y rodear de cortafuegos La
Moncloa para que, cuando el fuego avive y el viento corra en
la dirección a su sillón, no se le quemen las alfombras ni los
tillos de su asiento. Lo hizo con Mariano Rubio, lo hizo con
Roldán, lo hizo con Filesa, y ahora quiere hacerlo con los
equipos de Interior en el asunto GAL. Esta actitud, además de
poco solidaria con los altos cargos de su Administración,
esconde y define un comportamiento que caracteriza a don
Felipe González Márquez: el de no asumir ninguna
responsabilidad propia. Desde el reconocimiento a la labor de
los encausados, pasa sin parpadear a decir que han abusado de
su confianza. Señorías, no podemos aceptar que del Presidente
de un Gobierno se abuse tanto, por tanta gente y tan seguido.
El problema de credibilidad, la credibilidad de sus
afirmaciones es un hecho para la Cámara y, de acuerdo con las
encuestas, para la sociedad española, que no cree en la
declaración de Felipe González de desvincularse del GAL él y
su Gobierno.
Las hipótesis. Veamos, señorías. Con los datos y las
evidencias abrumadoras, los pisos francos, la casa del
secuestro de Marey, los fondos reservados en Suiza, el que las
familias de Amedo y Domínguez no hayan vivido del aire en
estos últimos años y desde el Ministerio del Interior se les
hayan estado pasando cantidades; la letra de los comunicados,
certificada por los peritajes al cien por cien, de acuerdo con
la procedencia solicitada para tal peritaje, no podemos decir
que es una hipótesis absurda y que no se probará nada de una
banda, repito, con extorsiones y más de 26 muertos a sus
espaldas. ¿Y de eso sabe lo mismo Felipe González que Iñaki
Gabilondo? Señorías, seamos serios. Las responsabilidades
políticas por los actos de las personas nombradas desde la
confianza, deben afectar a las autoridades que las designan.
La voluntad popular respalda un programa y encarga a las
candidaturas de una fuerza política formar Gobierno para
aplicar dicho programa, de acuerdo con la Constitución y con
el Estado de Derecho.
Los votos no legitiman el delito, la guerra sucia, la
corrupción o el crimen. Cuando estos hechos se producen, se
quiebra la confianza, e independientemente de la sanción
penal, está el reconocimiento político de dicha quiebra a
través de la dimisión del cargo. Si el Presidente del Gobierno
fue informado de la puesta en marcha de los GAL con
financiación, infraestructura, coordinación de los jefes
policiales y concreción de objetivos políticos en el
Ministerio del Interior, tiene una responsabilidad directa. Si
todo esto sucedía y no estaba al corriente, por omisión
consciente tiene una responsabilidad directa. Si la omisión
fue pasar de largo de una banda con las extorsiones y los
asesinatos cometidos, se estaba renunciando a su
responsabilidad como Jefe del Consejo de Ministros, como
Presidente del Gobierno. Por todo ello, hay que exigir
responsabilidades políticas al máximo nivel, al señor
González. Cuando despachaba con el señor Barrionuevo, ¿de qué
hablaban, señorías? Cuando se producían atentados, cuando hay
un acto terrorista el Presidente es informado de inmediato,
tanto de la víctima asesinada en ese atentado, como de las
características del mismo, de las hipótesis que barajan los
aparatos de seguridad del Estado en torno al asesinato que se
produce. Por eso, hablar de hipótesis absurdas es a lo que hoy
se va a contribuir con el voto de dos grupos parlamentarios
que se niegan a que el Presidente comparezca. Dejemos trabajar
a los jueces, nos dicen, y les llueven las querellas a dichos
jueces desde el Gobierno y desde sus ex altos cargos. La
autoridad moral, señorías, se pierde cuando la fuerza se va
por la boca y, a la hora de la verdad, la sociedad ve que no
se vota con coherencia en el Parlamento ejerciendo el mandato
popular y asumiendo la responsabilidad política de dicha
coherencia. Cada fuerza política es libre, como es natural, de
darle sentido a su intervención pública y al voto de sus
diputados, pero no se pueden dar gritos de Euskadi y a la hora
de exigir que el Presidente del Gobierno rinda cuentas de una
responsabilidad política, impedir que esto suceda. Una fuerza
puede apoyar al Gobierno, pero no impedir que éste comparezca
ante esta casa, e incluso puede apoyarlo planteando su líder
una labor casi de tramoyista con otro Ministro detrás de la
cámaras de televisión cuando éste se dirige al país, pero no
se puede evitar que venga al Parlamento. Aquí pasa como cuando
el torero le dijo a su cuadrilla: Dejadme solo; vio que estos
abandonaban el ruedo y se dirigió de nuevo a ellos y les dijo:
Llevarse el toro también. (Risas.)
¿Puede el Congreso de los Diputados seguir de vacaciones como
si no pasara nada en España? Repito ¿Puede el Congreso de los
Diputados seguir de vacaciones como si no pasara nada en
España? Esa es la gran pregunta que nos salpica y nos salta a
la cara de todos los que estamos aquí representando a la
soberanía popular. Es aquí donde se viene a dimitir o a no
dimitir, a anunciar la dimisión o a asumir responsabilidades;
es aquí donde se explica la responsabilidad política,
independientemente
del curso penal de los acontecimientos en el marco de un
Estado de derecho reservado a jueces y tribunales. Es aquí y
no en otro sitio; así funcionan las democracias
parlamentarias.
Por eso, señoras y señores diputados, espero se considere, por
el fortalecimiento de la institución parlamentaria, por la
credibilidad democrática y porque es aquí donde se apoya a los
gobiernos o caen los gobiernos y donde deben asumir sus
responsabilidades políticas, donde se debe comparecer. No vale
ya el argumento en España de que hay que esperar que escampe,
porque ni siquiera la climatología acompaña a dicha estrategia
política. Hay que comparecer y dar la cara y por eso nuestro
grupo parlamentario solicita el voto favorable de todos los
diputados y diputadas de esta Diputación Permanente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
Por el Grupo Mixto, el señor Albistur tiene la palabra.
El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.
Señorías, es bien conocida también la posición del Grupo Mixto
de solicitar la reunión de la Diputación Permanente para
solicitar --reitero-- la comparecencia del Presidente del
Gobierno.
La posición, en síntesis, es que el Presidente del Gobierno
debe comparecer ante esta Cámara y someterse a las cuestiones
planteadas por los representantes de la soberanía popular.
Nadie debe olvidar a estas alturas, aunque parezcan obvias,
cosas como que el Presidente del Gobierno ha sido elegido por
el Congreso de los Diputados y que entre las funciones
constitucionales de esta Cámara está el control del Gobierno.
El lugar natural de explicación del Presidente del Gobiernoes,
pues, antes que ningún otro esta Cámara y el señorGonzález
debería haber comparecido ante los diputados «motu proprio»,
hecho que denuncio, como lo denuncié en su momento tanto en la
Comisión de Justicia, donde se planteaba la comparecencia del
Ministro de Interior, como en la misma comparecencia del señor
Belloch y vuelvo a denunciar los modos y artimañas del
Presidente que en su comparecencia en medios distintos a la
Cámara contribuyen a minusvalorar y desprestigiar a esta
Cámara, sede del auténtico debate político que afecta a los
intereses del Estado y yo diría también que a los del
Gobierno.
Insisto en que el Presidente debe comparecer, informar,
comunicar y confrontar con esta Cámara sus opiniones, sus
datos y su proyecto. Es obvio que esto es una democracia, que
estamos en una democracia y que las mayorías absolutas
--desgraciadas mayorías absolutas, de alguna forma-- han
maleducado el régimen parlamentario y han hecho perder
sensibilidad democrática y parlamentaria a algunos partidos.
Reitero que el lugar natural de explicación del Presidente,
antes que ningún otro, es esta Cámara de representantes
elegida por el pueblo español. También lo solicitamos porque
no estamos satisfechos con la comparecencia del señor Ministro
del Interior en representación del Gobierno. Se lo dije
personalmente en el turno de réplica en su comparecencia en la
Comisión de Justicia y vuelvo a reiterarlo: no respondió a las
preguntas que se le plantearon y no lo hizo en particular
cuando se le preguntó sobre las posibles iniciativas que su
departamento, su Ministerio estaba tomando --iniciativas
concretas que debía estar tomando-- para borrar todo tipo de
actuación irregular que quedara todavía en su departamento,
que se hubiera producido en el mismo o en el futuro se pudiera
producir.
En segundo lugar, tampoco respondió a la posición política de
este Gobierno ante la decisión en su día de crear por alguien,
quien fuera, el GAL y sus actuaciones posteriores; sobre el
juicio político que le merecía y le merece a este Gobierno la
existencia del GAL y sus consecuencias.
Vuelvo a reiterar también, como lo hice en aquella comisión,
porque creo que los temas no han sido resueltos y son
trascendentes, la exigencia de comparecenciaante la Comisión
de Justicia de los señores Barrionuevo y Vera. Las
explicaciones también se deben dar en el Congreso y si cree
que tiene datos y que tiene razón, ante sus propios compañeros
de Parlamento es el mejor foro para poder explicarse,
explayarse, justificarse y quedar también justificado.
Las valoraciones políticas también deben hacerse en este
Congreso, sobre todo, cuando afectan a instituciones del
Estado y reclamar los derechos como parlamentario, como
persona, que existen precisamente cauces en este Congreso para
que sean respetadas todas las opiniones y derechos personales.
Durante demasiado tiempo el caso GAL ha sido mantenido en
silencio y son, en mayor o menor medida, responsables de todo
ello todos los que, bien queriendo conseguir el silencio de
los que hasta ahora eran o son únicos judicialmente
implicados, Amedo y Domínguez, o bien mirando convenientemente
para otro lado, en un interés de Estado mal interpretado, han
contribuido a ello. Yo me atrevo a decir que con excepción del
País Vasco ha existido, existía y existe todavía, me parece,
un clima de complicidad social muy favorable a este tipo de
pistoleros. Cuando el juicio a Amedo y Domínguez, ¿dónde
estuvo este Parlamento? ¿Dónde estuvo la oposición? ¿Qué
escribían entonces algunos actuales flageladores del Gobierno?
Mucho más cerca todavía, sin remitirnos a diez años atrás,
hace muy pocos meses, con motivo del posible indulto a Amedo y
Domínguez, ¿cuánto silencio y duda cómplice ha existido?
¿Cuánta comparación con casos de otros arrepentidos y
beneficiados del tercer grado? Cuánto aspaviento y cuánto
debate político inútil,
diría yo, sobre la reinserción de terroristas y qué poco
debate sobre la inoportunidad y la no justificación política
de liberar a dos pistoleros. Con todo ello, además, hemos ido
dando alas a los que aprecian la violencia.
Precisamente en las conclusiones de la Comisión de
investigación del caso Roldán, planteadas por el propio Grupo
Vasco --yo contribuí también a ello--, se introdujo un párrafo
sobre las relaciones que podían existir entre los fondos
reservados y la actuación del señor Roldán y compañía con el
GAL y con el plan ZEN, exigiendo que se continuaran las
investigaciones correspondientes. El GAL y el plan ZEN han
sido la demostración de la incapacidad política. Se ha dicho
que estábamos debilitados, que eran tiempos históricos de
inseguridad, que había circunstancias especiales; se ha dicho,
incluso, por algunos Ministros, que parecían situar a un
Estado democrático en inferioridad de condiciones ante el
terrorismo. Era y sigue siendo un mensaje de indefensión que
pedía el aplauso del pueblo español; petición absolutamente
errónea y equivocada.
Si el GAL no hubiese existido yo puedo asegurar que hoy
estaríamos más avanzados en la paz y normalización de la vida
social, en particular en nuestra tierra, en el País Vasco,
hecho que a veces dudo interese a algunos políticos.
En estos momentos insistimos en que lo más importante es
esclarecer los hechos a través de la investigación judicial.
La independencia de los jueces es la única garantía de que se
establezcan las responsabilidades en una actividad delictiva
de signo terrorista como la del GAL. Asistimos,
lamentablemente, a una campaña organizada de desprestigio del
poder judicial y de algún juez en particular, con claros
intentos, incluso, de sacarlos del asunto que llevan entre
manos. Esta campaña tiene apoyos en políticos que se
identifican con el Gobierno. Hay que dejar actuar al juez y
facilitar la investigación; esperar, además, atentos a sus
resultados. Hay que permitir y garantizar su imparcialidad
--digo la del juez-- para cubrir el verdadero objetivo de la
investigación: terminar con el hecho del GAL, desenmascarar
los fantasmas que lo rodearon y dirigieron y evitar que se
reproduzca. Nunca más.
No son, por tanto, de recibo, en absoluto, actitudes como la
del señor Barrionuevo pretendiendo poner en cuestión la
imparcialidad del juez Garzón. Lo que es inexcusable es que el
Gobierno se comprometa no sólo a respetar las decisiones
judiciales, sino a poner en manos del juez encargado de esta
investigación todas las informaciones y todos los medios de
que disponga. No está de más recordar que antes no fue así,
que antes, bajo anteriores gobiernos presididos por el señor
González, se negaron estos medios al juez.
Hay dos modos de afrontar una crisis de Gobierno desde este
Parlamento, y ello tiene que ver también con nuestra
solicitud: o se aborda una moción de censura o se aborda una
cuestión de confianza. La moción de censura depende de
terceros, y ellos sabrán por qué no la presentan. No me voy a
meter en ella, porque tampoco hemos apoyado la que desde
nuestro Grupo se ha presentado. La cuestión de confianza
depende del Presidente del Gobierno, no depende de terceros, y
significa una actitud de iniciativa, una actitud creativa y
una actitud positiva.
Los ciudadanos no podemos estar esperando la llamada del señor
Pujol todos los días para decir que este Gobierno continúa y
se permite la estabilidad. Si los apoyos existen, deben ser
garantizados después de un debate clarificador en este
Parlamento. La intención nuestra al apoyar el documento que
solicita la comparecencia del Presidente del Gobierno es
acabar con la crispación social, que paradógicamente no existe
tan fuerte dentro de este Parlamento como en la calle; que
exista un debate político en la institución por antonomasia
como es el Parlamento para normalizar la situación, para
recuperar el protagonismo perdido por el propio Parlamento,
porque hoy, lamentablemente, el Parlamento está en las
tertulias de radio y en las páginas de la prensa. En un
sistema parlamentario como el nuestro no se puede dar esta
situación, sino que hay que volver a esta Cámara y recuperar
el debate en ella. En este sentido, hemos presentado nuestra
propuesta.
No ponemos en duda los plazos para la legislatura.
Consideramos --y no me voy a extender mucho en ello-- que no
se pueden acortar a conveniencia de cada uno, porque también
se podría dar la paradoja de que una vez en el poder, por
propias conveniencias, se puedan prolongar estos plazos.
Existen unos plazos marcados por la Constitución que en
principio hay que respetar. Y los plazos para la legislatura
son los que son, y cuando existan motivos mayoritarios para
cambiarlos habrá entonces que realizarlo.
No compartimos tampoco la utilización del caso GAL como
instrumento para desestabilizar un Gobierno y un Estado. No
compartimos la utilización de este tema como si se estuviera
escandalizado ahora y no antes, o se actuara como auténticos
demócratas ahora y no antes, cuando surgía y cuando estaba
matando y actuando, ni tampoco se contará con nuestra
colaboración para derribar un Gobierno y alcanzar el poder a
cualquier precio. Desde ese punto de vista, entendemos la
postura difícil pero crítica del Grupo Vasco y del Catalán
(Convergència i Unió), porque también consideramos que eso es
sentido de Estado. Por eso vuelvo a proponer al Presidente del
Gobierno que plantee la cuestión de confianza y que el debate
en este Parlamento cumpla estos dos objetivos: devolver
prestigio a esta Cámara y dar serenidad a la vida política y
social.
Lo que se va conociendo sobre el GAL es de tal gravedad, las
medidas provisionales adoptadas por el juez tienen ya tal
alcance que ni siquiera una comparecencia del Presidente del
Gobierno sería hoy suficiente. El
señor Presidente del Gobierno debería someterse a la cuestión
de confianza y en ella comprometerse inequívocamente en esa
tarea de limpieza y regeneración política que es la lucha
contra la corrupción. Y el GAL, no debe olvidarse, no es otra
cosa que corrupción pura y dura, corrupción que nace de la
impunidad en el ejercicio del poder, corrupción también --lo
vamos sabiendo-- con más que generosos beneficios económicos.
Hay que recordar que ya hemos pedido en anteriores
comparecencias al señor González que se someta a la cuestión
de confianza, pero cada día que pasa esa necesidad se hace
urgente y mayor. Por eso, tiene sentido nuestra solicitud de
comparecencia del Presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que
desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Coalición Canaria quiere hacer una
intervención corta pero contundente sobre esta propuesta de
comparecencia urgente del señor Presidente del Gobierno ante
la Cámara.
Valoramos con mucha preocupación la sensación de inquietud y
de crispación con que en este momento la sociedad española
contempla todas sus facetas --públicas y privadas, civiles o
estatales y gubernamentales--, y mantener el desarrollo de la
vida política, económica o social de España en ese medio
ambiente no es bueno y, por tanto, hay que cambiarlo. Y hay
que cambiarlo desde un principio democrático.
Coalición Canaria entiende que esta repercusión que se está
viviendo actualmente ha desbordado y trasciende la
responsabilidad de cualquier ministro y de cualquier comisión
y, por tanto, queda centrada su responsabilidad de respuesta
en el propio Presidente del Gobierno, en este caso, don Felipe
González Márquez. Por esta razón, nuestro Grupo va a apoyar
con su voto favorable esta propuesta de comparecencia que aquí
ha venido.
El primer antecedente al que recurro son las propias palabras
que nosotros hemos valorado positivamente, dichas solamente
desde el campo de la retórica, del señor González en su
entrevista en Televisión Española, a través de las que él
reiteradamente apela a su condición de demócrata de toda la
vida. Un demócrata puededar testimonios de democracia en
escritos, con palabras, en periódicos y en emisoras, pero
tiene un lugar señero y central para hacer evidencia
democrática: se llama el Parlamento democrático, se llama en
este caso el Congreso de los Diputados. Y, por tanto, yo apelo
a ese principio de demócrata de toda la vida del señor
Presidente del Gobierno, que venga aquí a demostrarlo en el
ejercicio sano y natural del debate democrático.
La situación de España no es una situación para resolverla en
declaraciones periodísticas. Es una situación de debate
político democrático, no de declaraciones, de monólogos o de
diálogos, sino del pluralismo del debate democrático de todas
las fuerzas de la Cámara. Y si a eso se añaden en la
intervención referencias a no convocatorias o sí convocatorias
de elecciones, dimisiones o no dimisiones, es en el ámbito
constitucional del Congreso de los Diputados donde estas
explicaciones y razones deben de darse, porque el otorgamiento
de la confianza para ocupar el cargo de Presidente del
Gobierno no se da en ningún medio informativo, se da en el
Congreso de los Diputados, según señala la Constitución
española. Fue este Congreso de los Diputados el que con un
voto mayoritario otorgó la presidencia del Gobierno al
candidato que, de acuerdo con la Constitución, había propuesto
el Jefe del Estado, Su Majestad el Rey. Pues es aquí
precisamente, en este mismo marco y foro, donde toda
explicación, relacionada o con el fondo de la cuestión o con
las accesorias de elecciones o dimisiones, tiene que darse,
porque es el órgano soberano que tiene que recibir esa
información, y esa información la recibe dentro de un campo de
reglas de juego democrático, que son sencillamente el debate
entre el compareciente y los grupos parlamentarios que
constituimos esta Cámara.
Y tiene que darse aquí por otra razón además, porque el
Presidente del Gobierno debe dejar constancia fehaciente de
sus razones, que nosotros estaríamos dispuestos a entender y
comprender, ante un documento que da fe de las palabras
democráticas y que no es ningún medio informativo en una
hemeroteca, es el «Diariode Sesiones» de esta Cámara, y el
«Diario de Sesiones» de esta Cámara, hasta el momento
presente, viene estando huérfano de cualquier palabra o
declaración del máximo responsable del Gobierno, que es el
Presidente.
Las páginas de nuestros medios informativos privados y
públicos, de las radios y las televisiones, están llenas de
galeradas sobre este desdichado asunto de los GAL y, sin
embargo, no hay una sóla línea, dicha por el máximo
responsable del Gobierno, en un debate abierto y compartido
por todos los grupos parlamentarios, sobre la situación de lo
que nunca debió hacerse. Y si encima resulta que estamos
sometidos, por esta pasividad y falta de comparecencia, al
juego verdaderamente encanallecido de unos ex funcionarios
públicos que sin ni siquiera haber podido recurrir al viejo y
derogado afortunadamente principio de obediencia debida,
incumplieron leyes democráticas, y cuando estos señores son
hoy deshonra del propio Cuerpo General de Policía y de
cualquier otro funcionario público que hubiera intervenido en
una situación marcadamente ilícita y señalada desde nuestra
Constitución hasta las leyes penales españolas, es razón para
que nosotros no nos dejemos arrastrar por una dinámica abierta
por estos señores de una catadura moral impresentable.
Sin embargo, tampoco es el caso de venir aquí a la Cámara a
justificar esas conductas de funcionarios ni a enjuiciar
comportamientos o razones que tengan jueces o medios
informativos para hacerlo. Se trata sencillamente de la razón
de Estado, fundamental en una democracia, que es explicarse
ante la Cámara, que es quien da las plenas garantías. La razón
de Estado también está en esta Cámara, en un debate y con una
razón. La razón de Estado no está solamente metida en las
cavernas y cloacas de una nación para garantizar su seguridad.
Por tanto, nosotros entendemos que esta comparecencia, que
apoyamos para este asunto que trae cuestión de la misma, en
cualquiera de las discrepancias que tenga no es una
discrepancia parcial, técnica o sectorial que corresponda a un
departamento ministerial o al señor Ministro de Justicia e
Interior; corresponde al Presidente del Gobierno, y ante la
Cámara, que le pide cuentas constitucionales, de acuerdo con
nuestro ordenamiento jurídico, y que por tanto las
discrepancias se ventilen así. Sólo añadiría una matización a
la propuesta que se ha presentado, que, en razón de estos
argumentos, la comparecencia tiene y debe ser ante el Pleno,
no ante una comisión. Ninguna comisión tiene facultades para
elegir al Presidente del Gobierno. Es el Pleno de la Cámara el
que tiene que recibir esa comparecencia.
Hecha esta observación, Coalición Canaria votará, como he
dicho al principio de mi intervención, señor Presidente,
afirmativamente para solicitar la comparecencia urgente del
Presidente del Gobierno ante el Pleno del Congreso y lo
haremos buscando la naturalidad de su propia comparecencia,
con sencillo comportamiento y naturalidad democrática, para
trasladar sosiego y seguridad a la opinión pública española y
a todos los factores que contribuyen a la vida de la nación,
como es la economía, la información pública, la opinión
pública y por supuesto la clase política, que se merece
constitucionalmente este derecho.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor González
de Txábarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor
Presidente.
Señor Presidente, señorías, como bien saben, el Grupo Vasco ha
mantenido permanentemente encendida la denuncia y la solicitud
de esclarecimiento de la trama terrorista de los GAL, con
constancia y con rotundidad además; a veces solos, en
ocasiones escasamente acompañados y casi siempre
incomprendidos por las izquierdas y las derechas españolas,
siempre dispuestas a anteponer supuestas razones de Estado
para mirar a renglón seguido hacia otro lado.
Los Diputados nacionalistas vascos hemos sido durante toda la
década pasada la tortuga de la fábula que, lenta pero segura,
ha caminado con tesón, clamando justicia y reclamando el
esclarecimiento de las tramas negras del GAL. Ahora observamos
con estupefacción, señor Presidente, la de liebres que saltan
a este campo trillado por terceros, con la alegría y la
frescura del recién «incorporado», solicitando casualmente que
los demás asuman sus responsabilidades. ¿Qué ha pasado aquí
para que lo que era negro sea ahora tan blanco? Hemos pasado
de las negaciones más rotundas a las evidencias preclaras.
Señor Romero, en la Comisión Roldán tuvo usted la oportunidad
de conceder la importancia que le merece hoy este tema de los
GAL. Anduvo perdido por las ramas; ni supo ni le interesó.
Otras batallas le ocuparoncon mayor ahínco, y hoy para los
Diputados nacionalistas vascos su discurso suena hueco. Sólo
los Diputados vascos poníamos el dedo en la llaga. Relea usted
las fijaciones de posición en torno al dictamen de la Comisión
Roldán. Sólo el Grupo Vasco, como acaba de indicar el señor
Albístur, marca las pautas de investigación que conducen al
GAL --al «Diario de Sesiones» me remito--, y hoy el dedo en la
llaga, señor Romero, lo pone el juez Garzón. Deje de hacer
ruido. Los votos del PNV, cuya posición fija este Diputado,
son para que reluzca la verdad; son votos para que desde esa
verdad se exijan responsabilidades, nunca para que la fuerza y
el rigor de la justicia puedan ser mediatizados por discursos
huecos y vanos. Por ello, señorías, en el Grupo Vasco
entendemos que a la hora de establecer responsabilidades
políticas debiéramos hablar de sujetos en plural.
Evidentemente existen responsabilidades en el Gobierno
socialista y en sus entornos, tan patentes como el clamoroso
silencio que el Grupo mayoritario de la oposición ha mantenido
durante toda esta década en relación a este tema guareciéndose
bajo el paraguas de los temas de Estado, y existen, señor
Presidente, silencios cómplices.
En una coyuntura política tan compleja y convulsa como la que
estamos viviendo asuma cada grupo su propia responsabilidad en
primer término, y ahora que la justicia está procediendo a la
investigación rigurosa y metódica de la utilización de los
fondos reservados, de la trama del GAL, del propio caso
Roldán, ciertos grupos políticos muestran mucho interés en
meter ruido, y, en nuestra opinión, ahora es precisamente el
momento de la justicia, el tiempo propicio para que los
políticos --algunos sobre todo-- hagan mutis por el foro con
el fin de que los jueces tengan el suficiente sosiego para
establecer las responsabilidades penales conforme a derecho.
Sin género de dudas que procede también establecer las
consiguientes responsabilidades políticas, pero ¿por qué les
ha entrado ahora tanta prisa cuando llevamos más de una década
reclamándolo como quien clama en
el desierto? ¿No se puede esperar ahora a que los jueces hagan
públicas sus investigaciones y con pruebas fehacientes en la
mano proceder a delimitar en esta Cámara las oportunas
responsabilidades políticas?
Por eso, señor Presidente, desde el Grupo Vasco reclamamos
paciencia y prudencia, para los demás y para nosotros mismos,
e incluso para los miembros de esta Cámara, porque también,
señor Presidente, constatamos que en la Cámara se están dando
excesivas dinámicas generadoras de cortinas de humo que
impiden centrar la cuestión en sus términos fundamentales, y
nos llama particularmente la atención la actuación al respecto
del señor Barrionuevo, erigido en máximo defensor de los
encausados precisamente por su honor. Señor Presidente, ante
actuaciones judiciales ajustadas a derecho, nada más y nada
menos que el Presidente de la Comisión Constitucional de esta
Cámara se permite la licencia de agredir a instituciones
judiciales del Estado, fundamentar las actuaciones de las
mismas en juicios de intenciones perversos y, para más inri,
en su calidad de abogado, visitar a los encausados en
situación de prisión condicional, y, por lo que nos consta, ni
siquiera sea Presidencia ha llamado al orden al señor
Barrionuevo, en aplicación del artículo 103 del Reglamento de
la Cámara que reza así: Los Diputados serán llamados al orden:
1.º «Cuando profirieren palabras o vertieren conceptos
ofensivos al decoro de la Cámara o de sus miembros, de las
instituciones del Estado o de cualquiera otra persona o
entidad». Es sorprendente. Un Estado democrático se fundamenta
en el exquisito respeto a la legalidad vigente, en el fondo y
en las formas, y no parece, señor Presidente, que ni siquiera
en esta Cámara se haya estado a la altura de las
circunstancias. Hasta el propio Consejo General del Poder
Judicial ha tenido que intervenir ayer para centrar las
actuaciones conforme a derecho.
En conjunto, señorías, en opinión del Grupo Vasco, asistimos a
la puesta en escena de la moviola de los doce años de Gobierno
socialista, y la moviola, como se sabe, destaca las jugadas
más conflictivas (las agresiones al sistema, las faltas o
infracciones al reglamento y, en definitiva, el juego sucio).
La moviola supone una evaluación externa por parte de terceros
(de jueces, de periodistas o de los propios ciudadanos), una
evaluación externa que hay que asumir y que, consecuentemente,
hay que saber digerir. Sabemos suficientemente que es muy
difícil ser demócrata y actuar conforme a derecho frente a los
que ni son demócratas ni tienen reparo alguno en recurrir a
métodos antidemocráticos para la consecución de sus fines,
pero ahí radica la grandeza del sistema democrático.
Por parte del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y del Grupo Mixto se solicita
la comparecencia del Gobierno para informar a la Cámara sobre
el asunto del GAL. En nombre del Gobierno acudió recientemente
el Ministro de Justicia e Interior. A estas alturas, nos
consta suficientemente o bien que el Gobierno no sabe más que
lo que el Ministerio de Justicia e Interior expuso ante la
Comisión de Justicia de esta Cámara sobre la organización de
la trama terrorista de los GAL, o bien que no quiere saber
más, y a los efectos prácticos lo mismo da que da lo mismo. El
libreto exige decisiones judiciales rigurosas, fundadas,
basadas en pruebas y testimonios palmarios que superen,
cualitativa y cuantitativamente, las autoexculpaciones de un
Gobierno instalado estáticamente en la burbuja del Ministerio
del Interior, en la que se respira el aire viciado de una
gestión cerrada y opaca, autocomplaciente incluso y
retroalimentada por sus propios análisis.
Los Diputados nacionalistas vascos pensamos que el Gobierno
socialista baila con el pie cambiado este tema lúgubre de los
GAL; no necesitamos constatarlo más, nos consta
suficientemente. Reconocemos el legítimo derecho que asiste a
los grupos parlamentarios que formulan hoy esta petición para
llevar a cabo incluso su política de erosión inmisericorde
para con el Gobierno socialista, pero ésa es, señor
Presidente, una política que no compartimos, por entenderla
ajena a nuestro estilo propio de hacer política y, sobre todo,
porque induce a efectos secundarios graves en relación con los
intereses electorales que representamos en el Partido
Nacionalista Vasco.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González de Txabarri.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Molins.
El señor MOLINS I AMAT: Muchas gracias, señor Presidente.
A petición de dos grupos parlamentarios ha sido convocada esta
Diputación Permanente para debatir y aprobar en la misma la
comparecencia urgente del Presidente del Gobierno ante el
Pleno del Congreso, en sesión extraordinaria, o, en su
defecto, ante la Comisión de Justicia e Interior, para dar a
conocer --y leo textualmente-- los datos que maneja el
Gobierno respecto de los conocidos como GAL, de la presunta
implicación de funcionarios y altos cargos en dicha banda
armada, así como para garantizar el correcto funcionamiento
del
Estado de Derecho y evitar daños a las que deben ser
respetuosas relaciones entre los distintos poderes del Estado
democrático.
Los grupos solicitantes justifican, pues, su pretensión de
comparecencia del Presidente del Gobierno en dos tipos
distintos de razones. Por un lado, para dar a conocer los
datos que maneja el Gobierno respecto de los conocidos como
GAL y de la presunta implicación de funcionarios y altos
cargos en dicha banda armada, y por otro, para garantizar el
correcto funcionamiento del Estado de Derecho y evitar daños a
las que deben ser respetuosas relaciones entre los distintos
poderes del Estado democrático.
Hace exactamente quince días (el jueves 29 de diciembre), en
la Comisión de Justicia e Interior, señor Presidente,
señorías, los distintos grupos parlamentarios opinamos ya
sobre esta cuestión. En esa oportunidad, nuestro Grupo
Parlamentario juzgó necesaria la comparecencia del Gobierno y
dijimos en ese momento que dicha necesidad venía no tanto de
nuestro deseo de conocer unos hechos o recibir información
sobre unos sucesos sujetos a diligencias judiciales abiertas y
con sumario secreto, como para oír del Gobierno que en la
lucha contra el terrorismo no se ha vulnerado desde ese
Gobierno el Estado de Derecho.
Desde ese día, señor Presidente, el Gobierno ha expresado en
dos ocasiones aquello que nuestro Grupo creía necesario debía
ser expresado por el Gobierno ante esta Cámara y ante la
ciudadanía. De sus afirmaciones, deseo mencionar algunas,
básicas para nosotros: Nunca organicé, toleré ni encubrí a los
GAL --afirmación personal del señor Presidente del Gobierno--.
Tampoco el Gobierno lo ha hecho, como se desprende tanto de
las afirmaciones del Presidente del Gobierno como de las del
Ministro de Justicia e Interior, y, como prueba de esa
afirmación, el anuncio de la decisión desde el Gobierno de
proceder judicialmente --como debe hacerse por cierto de un
Estado de Derecho--, proceder judicialmente --digo-- contra a
todo aquel que acuse el Gobierno o le impute hechos en ese
sentido. Respecto a hechos imputados a altos mandos de la
lucha antiterrorista, el Gobierno recuerda la negativa de los
mismos en la participación de los hechos que se les imputan,
la exigencia democrática de la presunción de inocencia y la
necesidad de dar libertad a la justicia para su actuación.
Oídas, pues, las afirmaciones que por lo menos desde nuestro
Grupo se deseaban escuchar, ¿qué más podría esperarse de una
comparecencia del Presidente del Gobierno? En cualquier caso,
no nueva o mayor información, que el Gobierno ha reiterado
desconocer. Así pues, señor Presidente, nuestro Grupo entiende
que la primera de las razones aducidas por los grupos
solicitantes, recibir información de un caso en el que, por
otra parte, la información llega a raudales, no justifica su
pretensión.
Quiero detenerme también, señor Presidente, aunque sea
sucintamente, en el segundo de los argumentos aducidos por los
grupos convocantes: garantizar el funcionamiento del Estado de
Derecho y las respetuosas relaciones entre los distintos
poderes del Estado democrático, puestas en peligro, según se
afirma en el escrito, por los ataques que los jueces y
tribunales están sufriendo en su independencia por parte de ex
ministros del Gobierno presidido por don Felipe González y de
miembros del Partido mayoritario que le da soporte.
Al respecto quisiera, señor Presidente, afirmar lo siguiente.
En primer lugar, a juicio de nuestro Grupo Parlamentario, ni
el Presidente del Gobierno ni el Ministro de Justicia e
Interior han puesto en ningún momento en peligro el
funcionamiento ni han alterado en nada esas respetuosas
relaciones, sino que en todas sus actuaciones y comparecencias
han reiterado su absoluto respeto a la acción de la justicia.
En segundo lugar, ¿se pretende que el Presidente en su
comparecencia, en la comparecencia, que se solicita, llame el
orden, coarte la libertad de actuación, condicione siquiera la
actitud de unas personas por el hecho de que son ex ministros
o Diputados de su Grupo Parlamentario? ¿Es eso lo que se
pretende, aduciendo, para mayor abundamiento, el respeto al
funcionamiento del Estado de Derecho?
El Estado de Derecho, por lo menos el que yo conozco, tiene
sus propias normas y reglas del juego que, además, están
funcionando, y en los aspectos que estamos comentando, ayer,
sin ir más lejos, tuvimos la prueba: lo que pretenden los
proponentes, forzar la voluntad de personas que en nada se
deben hoy a la decisión del Gobierno o de su Presidente, a
través de una intervención de éste, no casa bien, a nuestro
entender, dentro de esos mecanismos del Estado de Derecho.
Nuestro Grupo, pues, señor Presidente, va a votar en contra de
la comparecencia solicitada por los grupos proponentes, y, al
tiempo de notificar esa decisión, deseamos reiterar nuestra
posición ya conocida: exigencia al Gobierno de respeto a los
límites del Estado de Derecho en todas sus actuaciones y, en
particular, en las referidas a la lucha antiterrorista; a
través de las reiteradas manifestaciones del Gobierno en ese
sentido, voluntad de creer que así ha sido en todo momento, y
respeto a las decisiones de los procedimientos judiciales en
curso.
Respetamos, señor Presidente, señorías, aunque no la
compartimos, la opinión de aquéllos que pretenden que un
adelanto electoral podría dar una estabilidad buscada; la
respetamos, sobre todo, cuando viene de aquéllos de quienes
pude presumirse deseos sinceros de estabilidad y no búsqueda
de intereses partidistas. Pero convendrán conmigo en que en
nada contribuye a esa estabilidad la reiteración, venga o no a
cuento, desde el día siguiente de celebradas las elecciones
legislativas, de la necesidad de una nueva convocatoria
electoral o la calificación de asesino asignada al Presidente
del Gobierno, con nulo respeto o las normas mínimas de
convivencia democrática de un Estado de Derecho, realizadas
desde otros puntos del abanico político.
En este sentido, deseamos reiterar nuestra voluntad de
continuar haciendo posible la gobernabilidad para encontrar la
estabilidad, serenidad y tranquilidad tan necesaria para el
desarrollo de cualquier política que
pretenda el progreso del país, progreso que hasta hoy ha sido
posible y que deseamos continúe.
Muchas gracias, señor Presidente, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Molins.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Alvarez-Cascos.
El señor ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ: Muchas gracias, señor
Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a votar a favor de
la solicitud de comparecencia del Presidente del Gobierno,
presentada ante esta Diputación Permanente por dos grupos
parlamentarios, y lo va a hacer con un apoyo decidido, con un
apoyo parlamentario que es más que un gesto de cortesía
parlamentaria para facilitar la iniciativa. Lo vamos a hacer
porque hay no una, sino muchas razones para que comparezca el
Presidente del Gobierno lo antes posible ante esta Cámara. Lo
es por la naturaleza del asunto en cuestión. El asunto de los
GAL ha generado ya la máxima alarma social. Basta comprobar
las páginas y los titulares que en todos los medios de
comunicación social ocupa cada día este asunto para darse
cuenta de que responde al interés de la inmensa mayoría de los
ciudadanos españoles. Además, éste es uno de los asuntos clave
que genera y que justifica la inestabilidad política que vive
españa y, a su vez, esa inestabilidad política es el elemento
básico en el que se sustentan todos y cada una de las
incertidumbres económicas que están poniendo en entredicho la
posibilidad de una recuperación económica de nuestro país.
Todos los días, en la prensa nacional e internacional, podemos
recoger los ecos de unos mercados que se tambalean, de una
divisa que cae a mínimos históricos, de unos tipos de interés
al alza que inciden en el conjunto de las variables económicas
y fundamentalmente en el déficit que de nuevo vuelve a
dispararse, convirtiéndoseen el cáncer de nuestra economía y
lastrando toda posibilidad de recuperación. No bastan las
declaraciones, ni en el ámbito nacional ni en el ámbito
internacional. Quien lea el suplemento económico de «Le
Figaro» de ayer se encontrará con un comentario a los
desmentidos del señor Solbes, que dice literalmente así: El
desmentido es una cosa, el espíritu de los mercados es otra.
(Rumores.)
Señorías, la prueba de que el asunto GAL genera la máxima
alarma social y que despierta, como consecuencia, el máximo
interés del Presidente del Gobierno para atajar esa alarma
social es que el Presidente del Gobierno se ha apresurado a
acudir a su foro favorito, a su televisión, lo cual no sería
malo si al mismo tiempo el Presidente del Gobierno hubiera
tomado la iniciativa de acudir al Parlamento. Y es que se
puede venir al Parlamento y a los medios de comunicación; lo
que no se puede es ir a los medios de comunicación y huir del
Parlamento. Este es un mal hábito de cualquier demócrata, por
muy alto que proclame este título y por muy alta que sea la
campaña de publicidad en torno al mismo.
Tampoco es suficiente acogerse a que el Gobierno ya compareció
ante esta Cámara, a través del Ministro de Justicia e
Interior, señor Belloch, el pasado día 30 de diciembre, porque
aquella comparecencia, señorías, por lo menos desde quienes la
solicitamos, fue insuficiente y el mensaje que transmitió el
señor Belloch a los Diputados, tratando de eludir las
responsabilidades, fue extraordinariamente torpe, porque
cuando hizo referencia al pasado, lo único que hizo fue
recordar su propia biografía; cuando quiso ceñirse al
presente, afirmó que no sabía nada porque los hechos
sucedieron una década antes de su llegada al Gobierno; cuando
buscó la confianza, lo que hizo fueron apelaciones genéricas y
huecas y, sobre todo, cuando estuvo más claro es cuando se
negó a contestar, porque hizo bueno el aforismo y, desde
luego, en sede parlamentaria lo ha acuñado, de que, en casos
como éste del señor Belloch, el que calla, otorga.
Con este precedente, la comparecencia misma del Presidente del
Gobierno en Televisión, en lugar de alejar la necesidad de
comparecencia en el Parlamento, a nuestro juicio, la ha
justificado todavía más. Porque, si había razones para que
viniera al Parlamento antes de su comparecencia, la cantidad
de contradiciones y confusiones que introdujo en sus
respuestas justifican plenamente su presencia aquí, para
aclarar aún más todas estas cuestiones.
Por ejemplo, el Presidente del Gobierno resultó increíble
cuando ante una cadena de implicaciones procesales y de
detenciones de altos cargos y ante la evidencia de que algún
tipo de responsabilidad política se genera como consecuencia
de la trama que ello supone, resultó increíble, repito, que el
Presidente del Gobierno diga que no tiene nada que decir y que
decline toda responsabilidad política. Pero lo es no en
términos de responsabilidad política, es increíble en términos
de convicciones democráticas.
En segundo lugar, el Presidente intentó desfigurar el concepto
de Gobierno que el mismo Gobierno y esta Cámara habían ido
configurando a lo largo de estas legislaturas. El Presidente
del Gobierno, de un plumazo, se ha desembarazado gratuitamente
y con absoluta desconsideración de altos cargos, por ejemplo,
de los secretarios de Estado, sin más razón que, como pueden
estar implicados, al Presidente del Gobierno le conviene dejar
claro que, a partir de ahora, ya no se les considera Gobierno.
Después de que, a lo largo de estos años, en nombre del
Gobierno, se pidió insistentemente la comparecencia de los
secretarios de Estado; a lo largo de estos años, en nombre del
Gobierno, los secretarios de Estado acudieron a los Consejos
de Ministros europeos y, por si fuera poco, a lo largo de
estos años los
autos del Tribunal Supremo otorgaron a los secretarios de
Estado esta condición.
En tercer lugar, el Presidente, y, a mi juicio, desde el punto
de vista ético, es lo más grave, utilizó de nuevo el secreto
de los fondos reservados como trinchera de impunidad. Es un
argumento insostenible, señorías, porque ni la Constitución
española, ni los principios del Estado de Derecho consienten
parcelas de impunidad. No es posible al mismo tiempo, y vuelvo
a la frase del señor González, proclamarse demócrata y
ampararse torticeramente en la legalidad para evitar la
investigación de un delito. Oponerse a la investigación del
uso irregular de los fondos reservados es incompatible con la
confesión con la convicción de la condición de demócrata. El
uso ilícito o delictivo de los fondos reservados cada día está
más probado, cada día es menos secreto. Ya conocemos usos
ilícitos en la figura de apropiaciones en interés particular,
para pago de sobresueldos, para financiación de comisiones de
Policía Judicial, para conceder subvenciones sindicales, para
financiar informes que investigan la vida y las actividades
privadas de ciudadanos que no tienen nada que ver con el
narcotráfico y el terrorismo. Y ahora, señorías, estos días,
tenemos que añadir una nueva figura de uso irregular de los
fondos reservados: se están ofreciendo pruebas sobre el uso de
los fondos reservados para indemnizar a las familias de dos
procesados y luego condenados. Es necesario contestar en este
Parlamento a unas preguntas clave: ¿Desde cuándo y hasta
cuándo estuvieron cobrando de los fondos reservados las
familias de Amedo y Domínguez? ¿Durante la etapa del señor
Corcuera se pagó con fondos reservados a las familias de los
señores Amedo y Domínguez? ¿Durante la etapa del señor
Asunción se pagó con fondos reservados a las familias de los
señores Amedo y Domínguez? y, señor Belloch, Ministro de
Justicia e Interior, ¿durante su mandato se siguió pagando con
fondos reservados a las familias de Amedo y Domínguez?
Estas preguntas tienen que ser contestadas aquí, en el
Parlamento, y como el actual Ministro invoca que de cuestiones
pasadas no tiene nada que decir, resulta que, como le hemos
advertido en la Comisión, deja como único hilo conductor de la
responsabilidad política la única hebra que permanece en el
tiempo, que es el Presidente del Gobierno, el Presidente del
Gobierno responsable de los sucesivos gabinetes cuyos altos
cargos están hoy implicados.
De la misma manera que el señor Pérez Mariño, portavoz del
Grupo Socialista, tuvo el día 30 de diciembre la generosidad
de hacer una cita textual de mi intervención, yo hoy quiero
corresponder en los mismos términos. La afirmación del señor
Mariño aquel día la reitero ante la Diputación Permanente: El
Gobierno debe responder por qué ha surgido, quiénes son sus
iniciadores, quiénes sus inductores, quiénes sus autores y
cuáles son las consecuencias del asunto GAL. ¿Por qué no se
hizo antes y sigue sin hacerse ahora, señorías?
Son ustedes, los que representan al Gobierno, ya que el
Gobierno está ausente de esta Diputación Permanente, los que
pueden contestar a esta pregunta. Pero quiero decirles que si
algún silencio hace evidencias, este silencio es clamoroso,
señorías. No contestar a esta pregunta significa rotundamente
que el Presidente del Gobierno y el Gobierno no quieren que se
conozca la identidad de los responsables. Y si esto no fuera
cierto, aquí, en el Parlamento, el Presidente del Gobierno
tiene la oportunidad de demostrar al Grupo Popular lo
contrario. Su ausencia, en un régimen de confianza
parlamentaria, sólo se explica en un político que desconfíadel
Parlamento y lo que es peor, el temor a que comparezca el
Presidente del Gobierno aquí, expresado por el Grupo
Socialista, confirma que desde el Grupo Socialista se pretende
amparar la pérdida de credibilidad del Presidente del Gobierno
y, a pesar de la voluntad exculpadora de la negativa a su
comparecencia, ante la opinión pública, señores del Grupo
Socialista, van a transmitir ustedes una imagen de
autoinculpación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alvarez-Cascos.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Almunia.
El señor ALMUNIA AMANN: Gracias, señor Presidente.
Hace menos de quince días el Gobierno comparecía en la
Comisión de Justicia e Interior de esta Cámara para informar y
fijar su posición sobre los mismos hechos por los que ahora se
solicita su presencia de nuevo.
Se pretendía, como ahora, constatar el grado de conocimiento
que el Gobierno pudiese tener sobre las actuaciones del GAL y
saber sus criterios sobre el alcance de las diligencias
judiciales y de las declaraciones a un periódico de dos
personas condenadas por su participación en esos hechos
delictivos.
Durante más de tres horas el Ministro de Justicia e Interior
respondió ampliamente a esa solicitud. También el Presidente
del Gobierno se ha referido públicamente a la cuestión, antes
y después de aquella comparecencia. Esta misma semana el
Presidente ha vuelto a afirmar categóricamente que no toleró,
ni consintió, ni mucho menos organizó actuación alguna
relacionada, directa o indirectamente, con el GAL.
Mi Grupo Parlamentario, el Grupo Parlamentario Socialista, y
con él otros grupos y muchos millones de ciudadanos le
creemos. Además, el Presidente del Gobierno ha reiterado su
condena de cualquier actuación al margen de la ley en la lucha
contra el terrorismo, por más que ésta se desarrolle en
condiciones de desigualdad frente a los terroristas que no
conciben límite alguno en su acción.
El criterio que ha guiado la acción del Gobierno en materia
antiterrorista ha sido siempre, durante la presidencia de don
Felipe González, el que las infracciones a la legalidad sólo
se pueden perseguir desde la legalidad y el que la ley vincula
en primer lugar al propio Estado.
La actuación del Gobierno en estos años ha sido consecuente
con este criterio, incluso cuando, por respeto a la ley y por
no incumplirla, no puede desvelar los secretos, por mucho que
se lo pidan algunas señorías. No deben confundirse ni SS.SS.
ni los ciudadanos sobre lo que un juez puede investigar, que
puede investigar sobre fondos reservados, y lo que el Gobierno
puede desvelar sobre los mismos, que no puede desvelar nada
sobre los mismos.
El Presidente y el Ministro de Justicia e Interior han
comprometido la plena colaboración del Ejecutivo con la
investigación judicial en marcha y también han recordado que
la presunción de inocencia es un principioinexcusable del
Estado de Derecho, que no debe negarse a ningún ciudadano esa
presunción de inocencia, ni, por supuesto, a quienes en el
pasado han asumido riesgos y responsabilidades en la lucha
antiterrorista.
En su comparecencia ante la Comisión de Justicia e Interior,
el Ministro dejó, a su vez, absolutamente clara la manera en
la que el Gobierno quiere y debe actuar en relación con unos
hechos sujetos e investigación judicial. Lo debe hacer el
Gobierno, decía el Ministro --y lo comparte este Grupo
Socialista--, con respeto a la independencia de los jueces,
colaborando activa e intensamente con la justicia y con
sometimiento escrupuloso al principio de legalidad. Por eso,
el Ministro afirmó que el Gobierno no debe ni puede interferir
en una investigación judicial ni opinar sobre hechos que
forman parte de un sumario, con independencia de que éste sea
o no secreto para los personados en el proceso, y anunció el
ejercicio por el Gobierno de las acciones procesales que
estimase convenientes, habiendo ya ejercitado algunas de ellas
a día de hoy.
¿Qué otras manifestaciones puede hacer un Gobierno democrático
ante el Parlamento en relación a este asunto y en estos
momentos? ¿Qué otra información podría aportar hoy el Gobierno
para justificar que mi Grupo apoyase la petición que hoy
formulan el Grupo de Izquierda Unida o el Grupo Mixto? Desde
la comparecencia del Ministro, hace menos de quince días,
hasta el día 5 de enero en que se formula la petición, o hasta
hoy mismo, no hubo ni ha habido ninguna nueva información
relevante ni ningún hecho comprobable o declaración solvente
que contradijese lo afirmado aquí, en nombre del conjunto del
Gobierno, hace dos semanas; y hace tres días ha tenido lugar
una intervención del Presidente del Gobierno ante millones de
ciudadanos, reafirmando y confirmando todo lo dicho hasta
entonces, todo lo dicho por el señor Ministro en esta Cámara.
A juicio del Grupo Socialista, lo que hoy se solicita del
Gobierno y éste puede aportar a la Cámara ya lo ha aportado en
la comparecencia del Ministro de Justicia e Interior. Lo que
la opinión pública y puede conocer del Gobierno, ya lo conoce.
¿O es que volviendo a debatir lo ya debatido hace quince días
alguien puede pretender otorgar credibilidad a quienes ya
fueron condenados y ahora hacen declaraciones contradictorias,
mientras se niega el pan y la sal a quienes actúan bajo el
imperio de la Ley y siempre han mantenido una posición
coherente al respecto? La cuestión no es que falte
información, que la hay, ni que el Gobierno no haya comunicado
su posición aquí en el Parlamento, que lo ha hecho hace pocos
días de forma clara y satisfactoria para el Grupo Socialista.
Escuchando estos días pasados a algún Diputado de uno de los
grupos que hoy solicitan de nuevo la presencia del Gobierno
--y sé distinguir los argumentos entreuno y otro grupo a la
hora de valorar las intervencionesrespectivas al solicitar esa
comparecencia--, la conclusión a la que se llega es que aquí
hay quienes ya han dictado sentencia sin ser jueces. Hay quien
está dispuesto a olvidar o a marginar por un momento las
condenas que sí han dictado los tribunales, con tal de
condenar sin juicio a sus adversarios políticos. Hay quien
acusa y trata de condenar, sin pruebas y sin garantías
democráticas, al Presidente del Gobierno, o pretende impedir
el legítimo derecho a la defensa de antiguos ministros del
Interior o de antiguos altos mandos de la lucha
antiterrorista, sea esta defensa en el plano jurídico, ante
los tribunales, sea esta defensa en el plano político, ante la
opinión pública. No se espera ni se respeta, operando así, la
actuación de la justicia por más que se viertan halagos
interesados hacia algunos magistrados. Se ha tomado a dos
condenados por testigos de cargo y se han escogido culpables.
Se ha decretado la culpabilidad sin posibilidad de apelación,
invirtiendo la carga de la prueba desde el acusador hacia el
acusado, como en los peores tiempos del fascismo y del
estalinismo.
Pues bien, quien así actúa lo hace, a mi juicio, en contra de
los principios más elementales de la democracia y del Estado
de Derecho. En democracia, el fin nunca puede justificar los
medios, ni en el plano jurídico ni tampoco en el debate
político. Quien persigue a su adversario mediante la
imputación infundada, indiscriminada y generalizada de
responsabilidades jurídicas y políticas, está confundiendo la
confrontación democrática con la acusación inquisitorial.
También se pide al Gobierno, por los que solicitan de nuevo su
presencia aquí, que garantice el correcto funcionamiento del
Estado de Derecho y que vale por la relación respetuosa entre
los distintos poderes del Estado. Pero para ello no necesita
esta Cámara el auxilio del Gobierno, más bien sería el
Gobierno y su Presidente en particular, quien en estos
momentos estaría necesitado
de un trato más respetuoso por otros poderes del Estado. Para
cumplir con las reglas del Estado de Derecho lo que sí
conviene, y más en estos días, es que ninguno de los poderes
del Estado trate de inmiscuirse en el terreno del otro, ni
pretenda coaccionarlo en el ejercicio de sus funciones
constitucionales. Si el Legislativo dispone de una mayoría que
respalda al Gobierno éste puede y debe gobernar. Tratar de
suplantar al Presidente del Gobierno en la función que la
Constitución le atribuye en exclusiva como es la de decidir un
posible acortamiento de la legislatura no es práctica habitual
en las democracias. Quien crea que tiene una fórmula mejor
para gobernar o para resolver los problemas del país tiene dos
opciones: o la moción de censura, decisión que sí está en
manos de la oposición, o la explicación ante la opinión
pública de sus alternativas, en espera de que la próxima vez
quien hoy es oposición pueda ganar las elecciones en vez de
perderlas.
También, el líder de la oposición, el señor Aznar, hoy opta
por la televisión y no por el Parlamento, opta por explicarse
ante la opinión pública hoy mismo y no por traer hoy la moción
de censura. (El señor Ramallo García: ¡Pero si está
aquí!--Varios señores Diputados: Muy bien.) Si se respeta el
correcto funcionamiento de los poderes del Estado, que, al
parecer, provoca hilaridad en algunas de SS.SS., tampoco debe
consentirse que desde fuera del Poder Judicial se intente
instruir sumarios, valorar pruebas, tomar declaración a los
testigos o dictar sentencias.
La serenidad de la vida política y del clima social debe venir
precisamente de ese respeto escrupuloso al Estado de Derecho
en todos sus aspectos y no de la utilización interesada de
algunas de las posibilidades que éste ofrece, en perjuicio de
otras, conculcando así derechos a los ciudadanos en una
democracia.
Señor Presidente, señorías, en la ocasión anterior, hace
quince días, cuando se debatía en la Comisión de Justicia e
Interior la comparecencia del Ministro de Justicia, o la
oportunidad de esa comparecencia, mi Grupo votó finalmente a
favor de la misma aun expresando un cierto grado de
escepticismo sobre la satisfacción que manifestarían al final
de la misma quienes solicitaban esa presencia con urgencia. Ya
entonces advertimos que, en la medida en que el Gobierno, como
no puede ser de otro modo, se mantuviese en esa comparecencia
en los límites que debe respetar el Poder Ejecutivo en un
Estado de Derecho, podría haber entre los solicitantes una
cierta sensación de frustración, pues ni el Gobierno ni el
Parlamento son los poderes adecuados para dictar sentencias.
Como tampoco cabe, en buena lógica democrática,
responsabilizar políticamente a quienes han actuado con la ley
en la mano, aunque se trate de adversarios políticos, ni puede
exigírseles a esos adversarios, por muy adversarios que sean
en el terreno político, que prueben su inocencia como han
tratado de hacer los intolerantes de toda condición a lo largo
de la historia.
Por estas razones, señor Presidente, mi Grupo va a votar en
contra de la iniciativa que hoy se somete a la consideración
de esta Diputación Permanente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Almunia.
Señor Romero.
El señor ROMERO RUIZ: Señor Presidente, he sido contradicho en
algunas manifestaciones de otros portavoces sobre extremos de
coherencia o de participación política en este tema en los
últimos años. He pedido los datos a los servicios de la Cámara
y pido la palabra para que quede constancia en el «Diario de
Sesiones» de nuestra continuidad, si usted me da dos minutos,
que se los pido en nombre de mi Grupo Parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Sí, muy brevemente.
El señor ROMERO RUIZ: Gracias, señor Presidente.
Está claro que los servicios de la Cámara y los ordenadores
del Congreso reflejan la II, la III, la IV y la V legistura
con todas estas iniciativas relativas a Amedo, a Domínguez, a
Francisco Paesa, al GAL, a todas las relaciones por las que se
han pedido cuentas en la Cámara de los Diputados, antes en el
Grupo Mixto como Diputados comunistas, hoy integrados en
Izquierda Unida, y en la revista, por ejemplo, Euskadi, el
Gobierno anda por medio, de Xavier Arzalluz, junto con una
declaración de todos los partidos, donde ya figuraba el PCE en
1984, y Mario Onaindia diciendo: Connivencia con la guerra
sucia del Estado; todo ello demuestra y avala que no nos
apuntamos a última hora, que hay una coherencia durante todo
este período.
A partir de ahí, he de decirle que nosotros fuimos respetuosos
y aceptamos que se investigara el plan ZEN, que compareciera
el señor Galindo, que compareciera el señor Serra en la
Comisión Roldán y que nunca se vetó ninguna iniciativa de otro
grupo, y todo el mundo lo sabe, y luego se cerró como usted
sabe que se cerró.
Finalmente, estamos ante un tema de credibilidad, el mismo que
la señora que en un olivar de El Escorial ve aparecer una
imagen, los demás que hay allí, que creen mucho en ella,
pueden creer que también la ven, pero la opinión pública
española no la ha visto. Y un Gobierno no se deteriora porque
venga al Parlamento. ¿Cómo se puede deteriorar la figura de un
Gobierno ni erosionar porque venga al Parlamento? Tiene que
venir al Parlamento para explicar a la opinión pública todos
estos temas y evitar que las cosas circulen como han circulado
fuera de la Cámara.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
Vamos a proceder a la votación.
Ruego a los señores Diputados, si es que se da el caso, que no
forman parte de la Diputación Permanente o que no ha sido
notificada su formación en la Diputación Permanente para la
sesión de hoy que se retiren de las filas en las que están
situados las señoras y señores Diputados que van a participar
en la votación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: El resultado de la votación es el
siguiente: votos emitidos, 43; votos a favor de la iniciativa,
20; votos en contra, 23.
Queda, por tanto, rechazada la solicitud objeto de esta sesión
de la Diputación Permanente.
Se levanta la sesión.
Era la una y treinta minutos de la tarde.