CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 645
NO PERMANENTE SOBRE COOPERACION Y AYUDA
AL DESARROLLO
PRESIDENTE: DON LUIS YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA
Sesión núm. 9
celebrada el martes, 19 de diciembre de 1995



ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del Ministro de Comercio y Turismo (Gómez-Navarro
Navarrete) para informar en relación a los subcontratistas de la empresa
pública Fomento del Comercio Exterior, S. A. (FOCOEX), en contratos
financiados con Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD). A solicitud del
Grupo Popular. (Número de expediente 213/000387) (Página 19518)
Preguntas:
--De don Rafael Antonio Hernando Fraile (Grupo Popular), sobre medidas
ante las noticias relativas a que la organización gubernamental
Fundescoop habría utilizado presuntamente facturas falsas para justificar
gastos realizados en programas de ayuda al desarrollo financiados por la
Agencia Española de Cooperación Internacional. (Número de expediente
181/001751) (Página 19528)
--Del mismo señor Diputado, sobre medidas ante las noticias aparecidas en
un diario nacional sobre el hecho de que la Fundación Fundescoop habría
utilizado una serie de facturas presuntamente falsas para justificar una
subvención percibida en un proyecto de cooperación en el exterior.

(Número de expediente 181/001760) (Página 19528)

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--Del mismo señor Diputado, sobre reorganización de la Oficina de
Planificación y Evaluación (OPE) a los efectos de posibilitar el control,
evaluación y valoración de impacto de los programas de desarrollo
realizados por organizaciones no gubernamentales en el exterior. (Número
de expediente 181/001758) (Página 19530)
--Del mismo señor Diputado, sobre contenido de los programas de
condonación de deuda realizadas por España a Nicaragua. (Número de
expediente 181/001750) (Página 19533)



Se abre la sesión a las nueve y cincuenta y cinco minutos de la mañana.




--COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (GOMEZ-NAVARRO
NAVARRETE), PARA INFORMAR EN RELACION A LOS SUBCONTRATISTAS DE LA EMPRESA
PUBLICA FOMENTO DEL COMERCIO EXTERIOR, S. A. (FOCOEX), EN CONTRATOS
FINANCIADOS CON FONDOS DE AYUDA AL DESARROLLO (FAD). A SOLICITUD DEL
GRUPO POPULAR. (Número de expediente 213/000387.)



El señor SECRETARIO (Vázquez Romero): Buenos días, señorías.

Vamos a empezar la Comisión no permanente sobre Cooperación y Ayuda al
Desarrollo ateniéndonos al artículo 203 del Reglamento de la Cámara.

Tenemos con nosotros al señor Ministro de Comercio y Turismo, quien va a
comparecer, a solicitud del Grupo Popular, para informarnos en relación
con subcontratistas de la empresa pública Fomento del Comercio Exterior,
S. A. (Focoex), en contratos financiados con Fondos de Ayuda al
Desarrollo.

¿El grupo peticionario de la comparecencia quiere intervenir previamente?
(Asentimiento.) Tiene la palabra el señor Hernando.




El señor HERNANDO FRAILE: Señor Presidente, quiero pedir excusas, en
nombre de mi grupo y, supongo, en nombre de toda la Comisión, al señor
Ministro por no haber iniciado la Comisión a la hora debida, pero hubo un
cambio en el horario y parece ser que algunos miembros de la Mesa no lo
han tenido en cuenta por distintas cuestiones.

Sí quiero decirle que le doy la bienvenida. A la vez que desearle sea
bienvenido he de manifestar que también ha de ser bien hallado --había
que decir, porque desde el 4 de abril de este año nosotros teníamos
pedida esta comparecencia, la teníamos calificada por la Mesa y han sido
ocho meses los que hemos tardado a que usted compareciera. No entendemos
a qué se ha debido este retraso, y lamentamos que se haya producido, pues
a nuestro juicio ha sido muy alargado, muy prolongado en el tiempo.

Su comparecencia tiene origen en una serie de actividades realizadas por
nuestro grupo en el ánimo de controlar las actividades de la empresa
pública Focoex, que es, por supuesto, obligación de control a que nos
somete la Constitución a todos los parlamentarios, pero en especial a los
de la oposición.

Nosotros, en febrero de 1994, realizamos una serie de preguntas en las
que le solicitábamos datos relativos a empresas que habían participado
como subcontratistas en determinadas operaciones de la empresa pública
Focoex financiadas con créditos FAD. En principio, el Ministerio de
Comercio y Turismo nos remitió una serie de contestaciones en las que nos
detallaban determinados aspectos contenidos en las preguntas, pero, a
nuestro juicio, eludían uno fundamental, que era, precisamente, el nombre
de esos subcontratistas, lo cual nos llevó a que solicitáramos amparo al
Presidente del Congreso y que, el 25 de marzo de 1994, el Presidente del
Congreso de los Diputados nos concediera ese amparo, y a que usted mismo,
el día 3 de mayo, se comprometiera a enviarnos la información relativa a
los subcontratistas, lo que iba en contra de algunas manifestaciones que
usted había hecho, en las que decía --y cito textualmente-- que no serían
facilitados los nombres de subcontratistas de Focoex porque los papeles
que se me entregan aparecen en un medio de comunicación.

Señor Ministro, es una forma muy peculiar de excusarse para no darnos
estos papeles y, desde luego, esta peculiar excusa de S. S., por no
llamarla de otra forma, fue afortunadamente desmentida por posteriores
manifestaciones suyas, por posteriores actitudes suyas y, sobre todo, por
el amparo que, a nuestro juicio, de forma coherente, nos concedió la
Presidencia del Congreso.

Ustedes, sin embargo, una vez aceptado este hecho, y una vez que usted
manifestara la voluntad del Ministerio de Comercio y Turismo de enviarnos
la documentación con las empresas subcontratistas, procedió, por los
medios reglamentarios, a enviarnos tres listados de empresas
subcontratistas que habían participado en determinados contratos de la
empresa pública Focoex, y nos mandó una relación de subcontratistas
extensísima. A nuestro juicio, era una relación que no debía responder a
lo que nosotros pensábamos que eran los subcontratistas. Luego explicaré
este detalle.

A la vista de estos listados --eran 272 empresas españolas en temas
relacionados con la sanidad y la educación--,



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procedimos a realizar un chequeo total sobre quiénes eran estas empresas
o qué tipo de actividades tenían, lo cual nos llevó, señor Ministro, a
que hiciéramos unas consultas, a través de los que a nosotros nos
sorprendieron, y es que muchas de ellas, señor Ministro, no aparecían
inscritas en el Registro Mercantil Central; 124 de las 272 empresas no
estaban registradas en el Registro Mercantil Central ni constaban como
tales en el Borme. Tengo aquí las copias de las contestaciones del
Registro Mercantil Central y, desde luego, puede usted entender que a
nosotros nos sorprendió sobremanera. Además, por otra parte, de algunas
de las que aparecían en el Registro Mercantil Central, existían datos que
estimábamos eran chocantes, como que algunas de estas sociedades habían
sido constituidas posteriormente a los contratos o subcontratos teóricos
que habían recibido por parte de la empresa pública Focoex, y así lo
denunciamos en una rueda de prensa.

Nosotros pedimos, fundamentalmente, que usted compareciera ante esta
Comisión para que nos explicara por qué esas empresas no estaban
inscritas en el Registro Mercantil Central, si era porque los nombres de
las empresas no estaban correctamente dados o porque esas empresas eran
empresas fantasmas, que no existían. Además, otra serie de empresas o de
subcontratistas, en este caso relacionados con otro tipo de operaciones
no financiadas con créditos FAD, nos fueron denegados por el Ministro sin
entender en virtud de qué se negaba esta información. Sé que, al parecer,
los criterios eran de tipo comercial, pero nosotros pensamos que no
existían, en este caso, secretos comerciales cuando estamos hablando de
una empresa pública que pagamos todos los ciudadanos y creemos que
debemos conocer cuáles son sus actividades, sobre todo cuando se están
pidiendo datos de actividades con una historia larga en lo que al
comercio se refiere; es decir, estábamos pidiendo datos de operaciones de
hacía dos o tres años en muchos casos.

En resumidas cuentas, y vuelvo al principio de mi exposición, quiero
decirle que, a nuestro juicio, lo que se ha pretendido con estos
listados, señor Ministro, era desconcertar a la oposición. Yo creo que
estos listados no responden a los subcontratistas, señor Ministro; pienso
que estos listados incluyen a los subcontratistas, pero que,
fundamentalmente, registran a todas las personas que han prestado algún
tipo de servicio a la empresa pública Focoex en estos contratos o que han
sido suministradoras de la empresa pública Focoex o de sus
subcontratistas, pero, señor Ministro, no los subcontratistas, que era lo
que a nosotros nos interesaba.

Por otra parte, en su momento denunciamos que algunos datos que nos
habían sido suministrados, no eran correctos y que había algunos
subcontratistas que habían sido obviados en algunas de las contestaciones
que ustedes nos habían dado. (El señor Vicepresidente, Robles Orozco,
ocupa la Presidencia.) Así, uno de los principales subcontratistas, sobre
todo en material educativo, era excluido de las relaciones, relaciones,
en algunos casos, más concretas, que las que su propio Ministerio nos
había remitido, y esto sí que era chocante. No entendíamos por qué se
había excluido el nombre de una determinada empresa, además, ésta sí,
subcontratista de gran envergadura, tal como ha puesto en evidencia el
informe del Tribunal de Cuentas, y que era excluida de algunas
operaciones de las que ustedes nos mandaban en estas relaciones.

Por otra parte, debo decirle, señor ministro, otro aspecto importante que
nos ha preocupado en todos estos hechos, que ha sido conocer, al final,
las listas de los subcontratistas de Focoex. Asimismo, quiero decirle
algo que pienso no puedo dejar de citar en esta comparecencia, señor
ministro. Creo que una empresa pública, cuyo objeto social es
precisamente fomentar el comercio de las empresas españolas, no puede
tener entre sus principales subcontratistas (y en este caso estamos
hablando de subcontratistas no de suministradores) fundamentalmente a
empresas extranjeras, y es algo que hemos podido comprobar. Tengo una
serie de listados en los que aparecen los subcontratistas, también los
suministradores y aquellas empresas que han prestado distintos servicios
entre los años 1986 y 1993, y entre los ocho primeros más importantes
aparecen cuatro empresas extranjeras. Voy a darle las cifras. Una de
ellas es Alsthom, con casi 35.000 millones de pesetas. Otra es una
empresa dedicada al comercio azucarero, que es Edfman. Sobre todo en dos
países, Venezuela y Argelia, empresa que, como usted sabe y nosotros
hemos denunciado en esta Cámara, a nuestro juicio, ha participado con
Venezuela en una operación no clave, en la que todavía existen 1.300
millones de pesetas que no han sido justificados, señor ministro. Hay
otra empresa cubana, Cubazúcar, y la cuarta es la empresa Siemens.

Curiosamente Alsthom y Siemens son dos de las empresas que están
implicadas en el caso de comisiones en el AVE. Pero no voy a mezclar
temas, señor ministro; sería deseable que nos dé usted su opinión, y la
de su ministerio, sobre si le parece razonable que los principales
suministradores de la empresa pública española Focoex, cuyo objeto social
es el fomento del comercio exterior de mercancías españolas, se dedique a
este tipo de actividades entre las que se encuentran fundamentalmente el
suministro de material extranjero a la vista de sus datos y de sus
listados.

Por mi parte, no quiero decir nada más. Desearía que el señor ministro
nos dé explicaciones cumplidas a las dudas que le hemos planteado y que
éstas sean suficientemente aclaratorias.




El señor VICEPRESIDENTE (Robles Orozco): Tiene la palabra el señor
ministro.




El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro Navarrete): En
primer lugar, quiero agradecer el tono de la intervención de S. S.

Seguidamente, voy a contestar y matizar algunas de las cosas que ha
dicho.

He comparecido cuando se me ha pedido; si no se me ha pedido antes no lo
puedo hacer. Evidentemente no hemos entrado en contradicción. Nosotros
dijimos que nos parecía que los papeles que usted nos reclamaba no
deberíamos dárselos, pero una vez que el Presidente del Congreso le dio
amparo, como somos estrictos cumplidores de la ley, procedimos a darle la
información que nos pedía.




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Usted nos pedía la relación de subcontratistas, y se la entregamos sin
ninguna intención de engañarle, entre otras cosas, porque le hemos
ofrecido múltiples veces que vaya a Focoex y verifique usted la
información que desee, ya que la empresa está abierta para lo que usted
quiera. Esto se lo hemos dicho muchas veces.

No comparto con usted, en absoluto, que no hay secretos comerciales en
las empresas públicas. Las empresas públicas compiten en el mercado, son
sociedades anónimas, están reguladas por una ley, que es la Ley de
Sociedades Anónimas y, por tanto, hay que proteger su actividad. La tarea
de cualquier gestor y de cualquier responsable político es que la empresa
pública funcione lo mejor posible. La empresa pública tiene un elemento
de fragilidad en el control que tiene por parte del Parlamento, pero este
control es el que tiene que tener; no más. La empresa pública debe tener
secretos. Todos tenemos que compartir la defensa de la empresa pública en
tanto exista; si existe, debe tener la protección necesaria para poder
competir en el mercado. Por tanto, sí hay secretos comerciales en las
empresas públicas. Otra cosa es que usted nos pida información y se la
demos; pero una cosa es que usted vaya a la empresa y verifique la
información y otra que le demos la información publicada en un boletín
oficial público que hace que sea accesible a cualquier empresa
competidora y que puede generar problemas muy serios.

Usted sabe que Focoex ha tenido muchos problemas en esta época y no voy a
decir que sean por culpa suya, porque no es ésa toda mi idea. Muchas de
las cosas que se han debatido en este Parlamento han tenido repercusión
en los mercados extranjeros y la empresa ha sufrido daños en su acción
comercial, lo que ha hecho, y usted lo sabe, que hayamos considerado que,
quizá, no sea posible que exista una empresa pública en el sector del
comercio exterior. Teniendo en cuenta como funciona el sector, quizá con
esa conciencia u opinión suya de que no haya secretos comerciales en una
empresa comercial, que lo único que tiene es acción comercial, si no
tiene ningún secreto y ningún activo protegido, al final puede que no sea
operativa; por tanto, esto no lo comparto con usted. Creo que todas las
empresas que compiten en el mercado (es muy diferente la Administración
Pública a las empresas) están sometidas a la legislación que les
corresponde, que no es la misma que para los organismos de la
Administración Pública y, por tanto, tienen que actuar de acuerdo con
ella.

Nosotros le entregamos los listados. Usted el 15 de julio de 1994 hizo
una rueda de prensa, en mi opinión, bastante escandalosa. Si usted tenía
dudas sobre alguna de las cosas nos lo podría haber dicho y no empezar
haciendo en una rueda de prensa afirmaciones extraordinariamente
escandalosas que luego no se correspondieron con la realidad.

Usted denunció que el 45 por ciento de las empresas no estaban inscritas
en el registro. Pues bien, yo le puedo decir que todas ellas están
inscritas y tengo los datos de inscripción del registro del conjunto de
las empresas. Por tanto, usted, en ese caso, actuó precipitadamente, más
para montar un escándalo que para averiguar si estaban inscritas en el
registro, porque usted no se dirigió a nosotros para preguntarnos, sino
que montó, repito, una rueda de prensa ante los medios de comunicación
denunciando algo que no es cierto y no he visto luego rectificar diciendo
que lo que había dicho en la rueda de prensa del 15 de julio de 1994,
cuyo recorte tengo aquí, no se ha correspondido con la realidad y que,
efectivamente, las empresas estaban inscritas en el registro, como le
puedo demostrar entregándole la lista con los datos de inscripción
registral en cada una de ellas. Por tanto, no ha habido ninguna
intención. Quizá, lo que S. S. ha tenido ha sido una frustración. Como
decíamos antes, no se pueden buscar cinco pies al gato; el gato puede
tener cuatro, pero no cinco, y como el quinto no se ha encontrado ha
tenido cierta frustración.

Entrando ya en el fondo del tema quiero decir que Focoex es una empresa
que trabaja en un sector, que tiene unas características determinadas;
dentro de ese sector, y con esas características determinadas, ha
trabajado de forma eficiente y ha ganado mucho dinero, no está pagada por
todos los españoles, porque no ha costado dinero al erario público, sino
que ha tenido beneficios. Por tanto, creo que eso no se corresponde, ni
se ha correspondido, con la realidad. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
Usted me pregunta si yo creo lógico que entre sus suministradores haya
empresas extranjeras. En primer lugar, le diré que no entiendo claramente
a qué llama usted empresas extranjeras. De acuerdo con toda la
legislación, una empresa, siempre que esté instalada en España, aunque
tenga capital extranjero, es empresa española. El Grupo Alsthom es
posiblemente el grupo de ferrocarril más importante de España que compró
las empresas del INI, la Maquinista y Ateínsa, por tanto, tiene una
importantísima implantación en España.

De las que tiene usted habría que separar las que, siendo de capital
extranjero, están implantadas en España, y las que no lo están. Las que
no están implantadas en España, si usted mira el conjunto de operaciones
en las que han participado, trabajarán y formarán parte, primero, de una
operación en la cual la mayoría de lo que se vende es material español;
por consiguiente, hay cosas que no se producen en España, no se producen
de forma competitiva, y en una operación comercial hay que vender lo que
el cliente pide.

Segundo, usted debe saber que Focoex actúa de diferente forma según los
contratos; puede actuar como agente o como titular de la operación. En el
caso de que actúe como agente, no decide ni es ella la que compra; la que
compra es la empresa titular de la operación. En el caso de que actúa
como titular, ahí sí es ella la que compra y la compra está condicionada
en muchísimas ocasiones por el cliente, que quiere un material y una
marca determinada. Por ejemplo, el aparato para hacer escáner que se
exporta en una operación de maquinaria, a lo mejor, los médicos de un
hospital quieren que sea de determinadas características; por tanto, las
cosas no son tan sencillas. No se puede simplificar al límite de lo que
usted está haciendo.

Aunque diga que no quiere mezclar cosas, saca usted el tema del azúcar,
tema que, como ya hemos debatido muchas veces, para no mezclarlo no voy a
entrar en ello. España,



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efectivamente, hace dos operaciones de exportación de azúcar, uno a
Argelia y otro a Venezuela, como usted ha dicho, pero éste es un tema de
otro asunto. Ya hemos discutido, incluso en el Pleno del Congreso, por
qué España exporta azúcar. Yo le quiero decir, y como estamos a final de
legislatura creo que descubro nada, que no se preocupen ustedes, no hay
elementos sucios y turbios y nadie se ha pringado, ni forrado en Focoex.

Focoex ha hecho una tarea de promoción del comercio exterior en mercados
difíciles y no OCDE con financiación en muchos casos multilateral y en
otros bilateral.

Ha hecho una tarea que en otras empresas no hacen y, por tanto, sigue
cumpliendo una función positiva en la promoción del comercio exterior.

¿Eso significa que el cien por cien de lo que realiza no es exportación
de productos españoles? Es imposible. El día que ustedes gobiernen se
darán cuenta de que muchas cosas que están diciendo ahora se las tendrán
que tragar, porque la realidad está por encima de las simplificaciones
que ha planteado usted en algunas operaciones o en alguna forma de ver lo
que es la acción de una empresa comercial que actúa en el mercado
internacional, en mercados difíciles, en mercados fundamentalmente de
países en desarrollo, que es para lo que está constituida la empresa,
para trabajar en Africa, Oriente Medio e Iberoamérica. Por tanto, no son
operaciones de exportación a Alemania, Francia o Estados Unidos, mercados
muchos más organizados y que tienen una operativa radicalmente diferente.

Como persona recién llegada al ministerio, en julio de 1993 dadas las
informaciones con que me encontraba en los medios de comunicación, hice
las investigaciones, busqué la información adecuada, y tengo que decirle
que en Focoex, a pesar de las cosas de las que han aparecido, no hay
elementos de irregularidades.

No mencione usted el informe del Tribunal de Cuentas, porque usted sabe,
y lo hemos hablado en privado, que algunas cosas de dicho informe no
tienen ninguna finalidad. Decir que no se ha demostrado el fin último de
las comisiones, es como si yo le digo que no se ha demostrado el fin
último del sueldo que usted ha cobrado. ¿A quién ha ido? Usted habrá
hecho con él lo que considere oportuno. Si usted ha pagado una comisión
¿a dónde ha llegado al final la comisión y quién es el beneficiario
último de un flujo económico? Nadie lo sabe. Eso es inverificable. Uno
tiene que fiarse del gestor y considerar que lo hace honestamente. Las
cosas hay que probarlas; no basta lanzar algo de ese estilo. Decir que no
se ha podido demostrar el fin último, es evidente, no se ha podido
demostrar ni se podrá demostrar nunca, gobiernen ustedes, el Partido
Socialista o cualquier otro. En las cosas en que ustedes han basado
muchas de las afirmaciones, se supone «a priori» que existe la
irregularidad y que no se ha demostrado la honestidad; pero cualquier
principio de justicia democrática plantea lo contrario: las
irregularidades hay que demostrarlas. Basándose en que todo es irregular,
no hay que demostrar que hay irregularidades. El informe del Tribunal de
Cuentas en muchas de sus afirmaciones peca de esas características, y
usted lo sabe igual que yo.

Tiene a su disposición la lista completa de los suministradores de
Focoex; tiene los datos de inscripción en el registro de todos los
suministradores; y si usted quiere una información más parcializada o más
concreta, porque considera que le hemos dado los 272 suministradores y
eso es agobiarle con una información irrelevante, solicítenosla, porque
en la medida que usted en los contratos financiados con FAD tuvo amparo
en el Presidente del Congreso, le daremos la información que nos
solicita. Sabe usted, tanto por mí como por el presidente de la empresa,
que tiene las puertas abiertas de Focoex para mirar lo que considere
oportuno. No queremos privarle de una información que para usted sea
relevante.

Si discrepo, y lo vuelvo a decir para terminar, de su criterio de que las
empresas públicas no tienen secretos. Sí los tienen y, además, deben
tenerlos, en otro caso no podrían funcionar nunca como empresas. Las
empresas tienen una tecnología y un «know how»; y por eso Focoex gana
dinero, por eso las personas que trabajan en Focoex son cotizadas en el
mercado nacional de las empresas «trading», pues conocen un conjunto de
cosas que son secretos comerciales, porque es una empresa de comercio y,
por tanto es un «know how». No es la fabricación de algo que no fabrica,
sino la acción y la actividad comercial.




El señor PRESIDENTE: Antes de dar la palabra al portavoz del Grupo
Popular, quisiera manifestar mi sorpresa por la reunión de esta Comisión
que el Presidente no conocía. El Presidente, que convoca la reunión, lo
había hecho para las once de la mañana. Y hasta esta mañana, cuando entré
en el Congreso hace un cuarto de hora, no sabía que la Comisión se había
adelantado casi un par de horas.

Según el Reglamento, la alteración del horario de una Comisión hay que
hacerlo con 48 horas de antelación. Yo ayer estaba en Moscú como
observador en las elecciones rusas, pero podía haber sido localizado, y
no lo fui; no sé qué dificultades habría. El caso es que llegué anoche
muy tarde. Por cierto con algún otro miembro de la Comisión que también
estaba en la delegación en Rusia, que supongo tampoco se habrá enterado,
porque no lo veo presente. Me informan que ha sido por razones del
calendario del ministro; pero esta reunión de la Comisión estaba prevista
con mucha antelación, intentando ajustarse a la agenda del ministro; por
tanto, me sabe mal. No pido excusas por ello, pero no es mi
responsabilidad que se haya producido esta situación, bastante anómala,
de que se constituya y funcione la Comisión sin conocimiento del
Presidente.

Dicho esto, tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.




El señor HERNANDO FRAILE: Señor ministro, no tengo que rectificar lo que
dije en una rueda de prensa, porque dije lo que dije, y ahí está. Lo que
dije no lo he matizado, lo he vuelto a manifestar hoy mismo, y es que
había 124 empresas, de las que ustedes nos habían dicho que eran
subcontratistas, que en realidad no lo eran, señor ministro, sino
suministradores y prestadores de servicios, que no aparecían en el
Boletín Oficial del Registro Mercantil



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Central. Aquí tengo las anotaciones --le voy a dar una copia porque tengo
otra-- notas simples informativas del Registro Mercantil Central en las
que se dice clarísimamente que los datos relativos a estas empresas no
aparecen en el Borme. Otra cosa es que discutamos si aparecían o no en
registros mercantiles provinciales. ¿Por qué aparecían en esos registros
y no en el Registro Mercantil Central? Ese no es mi problema; por eso le
pedía que me aclarara si algunos de los nombres que nos ha facilitado son
correctos o no. Por eso se hizo la rueda de prensa.

La obligación de los parlamentarios es controlar al Gobierno, y el
control se hace de distintas formas; se hace en el Parlamento y se hace a
través de los medios de comunicación. Las informaciones de ese control
parlamentario que tienen trascendencia se transmiten a los medios de
comunicación, si no fuera así, muchas cosas quedarían ocultas. Además
como ustedes acostumbran a decir que se enteran de todo por los medios de
comunicación, parecer ser que ésa es una de las pocas formas que tienen
para facilitar a la oposición la información correcta.

Dice el señor ministro que tiene un listado en el que vienen esas
empresas en registros mercantiles provinciales. Facilítenoslo
oficialmente, a través de los medios establecidos por el Reglamento de la
Cámara, y no de forma clandestina, que es lo que acostumbran a hacer.

En cuanto a si la empresa pública Focoex ha trabajado de forma eficiente
o no, ahí están los informes del Tribunal de Cuentas, ahí están los
resultados de sus memorias. Una empresa con las condiciones en las que
ésta ha trabajado, no es que haya ganado dinero, es que tenía que haber
ganado mucho más si hubiera sido eficiente. Lo que ocurre es que cuando
se pagan dietas dobles al consejo de administración, cuando se dan
indemnizaciones por encima de lo legalmente establecido a las personas
que salen de esas empresas, cuando se hacen inversiones accionariales,
inversiones en inmuebles que no responden, en el segundo caso, a los
precios de mercado, y en el primero a las razones estratégicas
comerciales de una empresa pública sino a razones personales de los
dirigentes y directivos de esa empresa, nos encontramos con lo que nos
hemos encontrado.

Estamos hablando de un tema muy importante que usted ha planteado: qué
tipo de control parlamentario debe ejercerse sobre la empresa pública.

Ese es el quid de la cuestión, señor Gómez-Navarro. A nuestro juicio ese
control parlamentario es mucho más amplio y no consiste en que un
parlamentario buenamente vaya a la empresa pública Focoex a enterarse de
las cosas que ustedes le quieran contar, porque eso no es control
parlamentario. A mí no me han elegido mis electores para ir a la empresa
pública Focoex. Supongo que la empresa pública Focoex tendrá sus
auditores y para eso existen unos mecanismos de control que ustedes se
han encargado de desmontar, como debía haber sido la Intervención General
del Estado, que debía de haber hecho el control continuo de esa empresa y
de otras empresas públicas, o como el Tribunal de Cuentas. Cuando hace el
control el Tribunal de Cuentas, que creo que es un organismo democrático
y que depende de este Parlamento, no les gusta. No les gusta el control
parlamentario, no les gusta el control del Tribunal de Cuentas, no hacen
control de la Intervención General del Estado y al final nos encontramos
con lo que nos encontramos, gestores de empresas públicas que creen que
son dueños de las mismas y que así actúan y toman decisiones que tienen
trascendencia no en función de los intereses de esas empresas públicas,
sino en función de intereses, señor Gómez-Navarro. Usted es consciente de
ese asunto y sabe que eso ha ocurrido en esa empresa pública, porque sé
que se ha interesado y porque es una persona razonable que entiende de
este asunto y que comparte en este aspecto mi opinión.

¿Cuál es la opinión de mi grupo parlamentario sobre el control de las
empresas públicas? Que hay que establecer algún sistema de control
parlamentario, que no pueden seguir las cosas como están sucediendo en
esta empresa pública ni en otras, porque al final nos encontramos con
hechos como los que he descrito, y no los que describo yo sino los que
describe simplemente el Tribunal de Cuentas.

Usted ha pretendido comparar mi salario de parlamentario con las
comisiones que paga Focoex. Eso es pintoresco y chocante. Mi salario, al
igual que el suyo, está perfectamente controlado, explicitado y tiene un
destinatario final muy concreto. Su salario va al señor Gómez-Navarro. Yo
no le pregunto lo que usted haga con ese dinero. Sin embargo, sí tengo
que preguntarme qué es lo que hace con unos recursos una empresa pública
y a qué última persona van destinadas precisamente esas comisiones. Ese
es el quid de la cuestión: por qué ustedes no nos han querido decir qué
personas físicas se esconden detrás de esas personas jurídicas a las que
han ido destinadas estas comisiones y, en muchas ocasiones, ni tan
siquiera las personas jurídicas a las que iban destinadas esas
informaciones, señor Gómez-Navarro. Porque usted me puede decir que han
prestado esos servicios, pero cuando ni el propio informe del Tribunal de
Cuentas establece la relación entre esos pagos y la prestación de los
servicios estamos hablando, señor Gómez-Navarro, de que podían haber
existido comisiones ilegalmente pagadas por servicios no prestados. No es
una novedad en este país. ¿O es que hay que hablar de casos palmarios en
los que se han elaborado informes que no han existido nunca y se ha
pagado por ellos? Creo que eso está al cabo del día y el señor
Gómez-Navarro, gran lector de periódicos, debería saberlo y conocer esos
aspectos.

Por tanto, los sistemas de control hay que reforzarlos y habrá que buscar
cómo se refuerza el control parlamentario de las empresas públicas. Lo
que no puede ser es el atrincheramiento y el empecinamiento en pensar que
los parlamentarios que ejercen la oposición y la labor de control lo
hacen por el interés de realizar alguna tesis doctoral o con algún ánimo
que no viene a cuento ni al cabo de lo que es, en realidad, nuestra
función en este Parlamento. Y no hemos contado con su colaboración, señor
Gómez-Navarro --quiero decírselo--, para ejercer ese derecho
constitucional. Usted ha hecho una interpretación de lo que debían ser
los intereses de una empresa y ha querido decirnos que esos intereses de
empresa pública chocan directamente con los intereses del control
parlamentario. Y yo eso, perdóneme que se lo diga, no lo puedo encajar ni
lo puedo asumir.




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Como tampoco puedo asumir que una empresa pública española se dedique a
fomentar el comercio exterior de otras empresas, llámelas
multinacionales, extranjeras o como las quiera llamar. Creo que
fundamentalmente lo que tiene que buscar --y para eso es una empresa
pública-- es el interés de su objeto social, que está muy claro, y no
puede ser que entre las principales subcontratistas figuren empresas
multinacionales, porque existen otras empresas españolas que podrían
estar prestando esos servicios y siempre acabamos en lo mismo: que no hay
política industrial, se cierran las empresas españolas, se cierran las
industrias españolas, las que no se cierran se venden y al final esto es
siempre lo mismo. Si ni tan siquiera el Estado está por la labor de
fomentar y apoyar a las empresas de capital español, apaga y vámonos, a
pesar de que ese sea su objeto social.

Me dice usted que nadie se ha forrado en Focoex. Me alegro de que usted
haya podido comprobar ese aspecto. No sé qué investigaciones ha realizado
usted o si es un convencimiento sencillamente unilateral. No lo sé.

Tampoco he afirmado en ningún caso que alguien se haya forrado con
Focoex. Sí he dicho --y lo sigo manteniendo aquí-- que existen ingresos
que debía haber obtenido esa empresa que no han sido ingresados en sus
cuentas. Está clarísimo lo que digo. Le he puesto un ejemplo muy
concreto. Pero como usted dice que eso ya lo hemos debatido voy a poner
otro ejemplo. Le voy a dar, señor Gómez-Navarro, un expediente que hemos
realizado con una información que se ha remitido a nuestro grupo
parlamentario. Se lo voy a hacer llegar.

No sé si usted sabrá, porque no sé si controla todas las preguntas que le
vamos realizando, que hace unos días hicimos una pregunta al Gobierno
sobre unas operaciones de venta de neumáticos a Irak. Preguntábamos cuál
fue el beneficio final de la empresa pública Focoex que se obtuvo en esas
operaciones, el suministrador, el precio cobrado y el precio pagado.

Estábamos hablando de unas operaciones del año 1989. No creo que eso vaya
a romper el «know how» de la empresa pública Focoex. Le voy a aportar una
serie de escritos que han sido enviados a nuestro grupo parlamentario en
los que se ve claramente que han existido facturas dobles remitidas por
una empresa subcontratista a Focoex, que Focoex cobra una cantidad y paga
el 40 por ciento. Se lo voy a remitir. Le pido una explicación, porque yo
no tengo por qué ir a la empresa pública Focoex. Yo he hecho mi trabajo
parlamentario. Han sido ustedes los que se han negado a darme los datos
relativos al beneficio real en estas operaciones de la empresa pública
Focoex. Quiero saber si ese beneficio obtenido ha sido realmente
ingresado en la empresa pública Focoex o en otras cuentas, señor
Ministro. Por eso le voy a facilitar esta documentación y le ruego que
haga las averiguaciones oportunas, que le corresponden a usted como
Ministro, señor Gómez-Navarro, no a mí, porque es usted quien tiene la
capacidad para pedir la documentación que a nosotros se nos niega a
través del Gobierno.

Quiero decirle otra cosa para concluir. Es impresentable que una empresa
pública como Focoex gaste dinero en pagar servicios de radio de las
declaraciones que hace este Diputado a medios de comunicación, de las
intervenciones que hace este Diputado en distintos medios de
comunicación. Es impresentable. Aquí tiene usted las facturas. Parece ser
que responden «al seguimiento y grabación de programas radiofónicos sobre
Gloria Barba, servidos según la petición que nos hicieron». No he
participado nunca en programas sobre la señora Gloria Barba. Todo el
mundo sabe que es una alta directiva de la empresa pública Focoex. Todo
el mundo sabe sus relaciones matrimoniales. Y nada más. En multitud de
programas de radio y televisión y en prensa se ha mencionado a esta
persona. Y es pintoresco, por no decir otra cosa más grave, que una
empresa pública gaste dinero en hacer seguimientos a este Diputado o a
otras personas sobre las opiniones que se vierten sobre unos directivos.

Yo creo que reciben un sueldo lo suficientemente importante de esa
empresa como para que ese seguimiento sea particular, si es que creen
esas personas que se ha atentado contra su honor o que se ha dicho algo
que no responde a la realidad. Y para eso están los tribunales. Una
empresa pública, señor Ministro, no puede hacer esto. Me parece una
irresponsabilidad absoluta, señor Ministro.

No voy a decirle nada más, pero sí quiero pedirle que en este último
tiempo en el que usted esté en el Ministerio, haga algo que le hemos
venido pidiendo. Yo no le voy a insistir sobre la transparencia o no o
sobre lo que usted entiende de los distintos grados de transparencia o la
falta de la misma. Sí ruego al señor Ministro que se participe de verdad
en esas operaciones multilaterales. Usted nos ha hablado de esos planes
de esta empresa pública, algo que hemos venido nosotros pidiendo. Creemos
que es una necesidad ayudar a nuestros empresarios a que participen en
esas operaciones multilaterales para las cuales aportamos importantes
fondos, vía Presupuestos Generales del Estado, y cuyos retornos son
escasísimos. La memoria de 1994 da unos datos muy pobres, y es la primera
vez que hemos visto que se haya ayudado a empresarios españoles a
participar en este tipo de operaciones. Le aliento a que insista algo más
y a que usted despeje su duda. No es una cuestión de persecución la que
se ha planteado con la empresa pública Focoex, ni mucho menos. Ha sido
por una cuestión de control, control que hubiéramos querido desarrollar
no sólo sobre esta empresa pública de comercio de exterior, sino también
sobre Sidecox u otras empresas públicas de comercio exterior u otras.

Porque lo que sí es evidente es que a lo largo de estos años han sido
multitud las empresas públicas de comercio exterior --que no entendemos
que tengan que existir para cada pieza-- las que han ido desapareciendo,
con lo cual, tampoco se entendía su función y confío que en el futuro se
vayan concentrando o agrupándose para prestar un servicio único a los
exportadores españoles.




El señor PRESIDENTE: El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro Navarrete): Vuelvo
a agradecer el tono de la intervención a pesar de las discrepancias que
mantenemos en alguna cuestión.




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Yo creo que S. S. ha planteado un tema que tiene realmente un enorme
interés, y es qué sistema de control parlamentario debe tener la empresa
pública. Es un tema profundo, que no es hoy el momento de debatir, pero
creo que merecería la pena que todos reflexionásemos en serio, si
decidimos que exista empresa pública y que compita en el mercado, qué
sistema de control hay que hacer que al mismo tiempo no inutilice a la
empresa y no mate su activo empresarial. Como digo, sí creo que es un
tema extraordinariamente interesante. Cuando uno está en el Gobierno y
otro en la oposición, nos podemos encontrar con situaciones curiosas en
la visión de los dos elementos contradictorios que existen entre el
control y la empresa, porque efectivamente hay un conflicto entre el
control parlamentario y la eficiencia de la empresa. Por tanto, es un
tema que no está resuelto en la legislación española. Algunos de los
caminos por donde se ha intentado apuntar alguna cosa, como la nueva Ley
de Contratos del Estado, yo creo que no van en la buena dirección ni van
a ayudar a establecer un mejor control ni a ayudar al funcionamiento de
la empresa. Por lo tanto, yo creo que es un tema extraordinariamente
importante.

Quiero matizar alguna de las cosas que ha dicho usted. En primer lugar,
el Gobierno socialista no ha quitado la Intervención General del Estado
en la empresa pública. No la había ni la ha habido nunca. Es decir, los
primeros controles de la Intervención General del Estado en la empresa
pública se hacen precisamente con el Gobierno socialista a partir del año
1984. Previamente, la Intervención General del Estado no intervenía jamás
en la empresa pública; tan sólo en la Administración pública, no en la
empresa. Por tanto, no se han eliminado ni este Gobierno ha quitado
controles existentes previamente. Evidentemente, sobre informes que hacen
otras instituciones nosotros somos muy disciplinados y el Tribunal de
Cuentas tiene el papel que le corresponde y aceptamos sus decisiones, lo
cual no quiere decir que compartamos algunas de las cosas que dice. Y
usted sabe, porque lo hemos hablado en privado que no nos parecen
razonables algunas cosas que dice y que no corresponden al problema real
que hay.

Usted ha hablado sobre la venta de neumáticos a Irak. Desde luego, le
agradezco toda la información que me pueda hacer llegar y le
contestaremos la duda que usted tiene sobre la existencia de facturas
dobles o la posibilidad de que no se haya ingresado dinero. En ese caso
estoy dispuesto a llegar, como en todos, al fondo del asunto si realmente
hay cualquier tipo de irregularidad. Cuente con la colaboración más
absoluta para saber qué es lo que ha pasado.

No comparto algunas de las cosas que ha dicho porque creo que las
malinterpreta. La empresa Focoex, como cualquier institución, no paga
dinero para perseguir sus declaraciones. La empresa Focoex contrata un
servicio y usted sabe que existe. Hay empresas especializadas que hacen
un seguimiento sobre todo lo que se publica sobre la empresa Focoex, lo
diga quien lo diga --usted, un periodista radiofónico o quien sea--, y
sobre sus directivos. Eso lo hace cualquier empresa. Evidentemente, en un
mundo de comunicación como en el que estamos, hay que hacer un
seguimiento de lo que se dice para, primero, verificar si es cierto y,
segundo, si no es cierto, tener capacidad de respuesta en los propios
medios de comunicación. Por tanto, no es una persecución a usted, es un
seguimiento de lo que se publica sobre la empresa Focoex y sus
directivos. Eso lo hace la empresa pública, la empresa privada y todo el
mundo. En algunos sitios se hace directa y personalmente a través de un
gabinete de comunicación y, en otros, a través de la subcontratación de
empresas que se dedican a eso, que en general son más baratas que
personas fijas en plantilla, porque hace el seguimiento al mismo tiempo
de muchas cosas y, por tanto, significa menor coste. Por ello no busque
usted ningún grado de persecución sobre sus intervenciones, sino sobre
cualquier intervención referente a Focoex, que es normal que se haga en
búsqueda de la defensa de su empresa.

Ha mencionado usted Sidecox. Sabe perfectamente como yo que Sidecox nace
para gestionar la cuota del petróleo. Por tanto, tiene un origen muy
determinado. En este momento el objetivo que tenemos es un análisis sobre
si tiene una fusión. Quiero decirle que no vamos por ahí. Creemos que
tiene especializaciones geográficas y en tipos de productos que la pueden
mantener operativa. En general, en España no existen empresas «traiding»
importantes y, probablemente, si existiese una tradición comercial
internacional importante no necesitarían empresas públicas en este
sector. A mí me han creado muchos más problemas las empresas que dependen
del Ministerio que el propio Ministerio, porque evidentemente tienen un
sistema de gestión y de control más complejo, y tienen otra operativa,
por eso son empresas, y lo que he pensado siempre es qué sentido tenía la
existencia de esas empresas porque si te crean problemas y no, ves el
sentido lo mejor es privatizarlas.

Mi experiencia después de dos años en el Ministerio es que el sector
exportador español todavía necesita apoyos, que estas empresas son útiles
y pueden prestarlos. A lo mejor dentro de cuatro, cinco o diez años estas
empresas tienen mucho más sentido como sector privado y no como sector
público. Pero también le digo otra cosa, si estas empresas pueden existir
o no en función de que haya un pacto del Gobierno y de la oposición para
que puedan cumplir su tarea como corresponde. Eso es algo que no hemos
sido capaces de hacer ni usted y yo ni los partidos que representamos,
porque evidentemente tienen fragilidades, y usted las conoce muy bien, y
si no hay un pacto para respetar sus reglas de juego, que son las que son
en el mercado comercial internacional, estas empresas no pueden seguir
siendo públicas porque no cumplen su tarea. Yo siento y lamento que no
hayamos sido capaces de hacer ese pacto. Así ha sido. Quedan veinte días
de funcionamiento del Parlamento y no va a haber tiempo para que lo
intentemos de nuevo. Toda la información que usted me pueda dar sobre
operaciones concretas en las que tenga sospechas de irregularidades estoy
dispuesto a ir al fondo y averiguar todo lo que hay en ellas. Creo que
usted sabe suficientemente que estoy dispuesto a ello y que desde luego
no voy a encubrir a nadie que se haya llevado una peseta que no le
correspondía.




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El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Vázquez, en nombre del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.




El señor VAZQUEZ ROMERO: Quisiera empezar por aclarar el pequeño problema
procedimental que se ha generado. De acuerdo con todos los grupos
presentes en la Cámara y atendiendo al horario del señor Ministro hemos
empezado la Comisión amparados en el artículo 203 si no me equivoco, del
Reglamento de la Cámara. No pretendíamos de ninguna manera suplantar la
autoridad del señor Presidente sino simplemente empezar la Comisión
siendo conscientes de que había existido un cambio de horario y que eso
podía haber generado el retraso en la llegada de algunos de sus miembros.

Dicho esto, señor Ministro, el problema de fondo que quizá no sea el
momento de discutir a estas alturas de la legislatura, pero que sin duda
convendría que para un futuro fuera un tema prioritario, es la necesaria
dualidad entre control y eficacia de las empresas públicas. Mi grupo,
como es público y notorio, es decidido partidario de las empresas
públicas, especialmente en los sectores estratégicos, no sólo de tipo
militar u otros sino en tanto que pueden significar y de hecho significan
un motor para aquello que se denomina la economía real, que no tiene como
único objetivo, aunque no lo desprecia en absoluto, la eficiencia
económica sino también la eficiencia social, que a su vez tiene que ver
con la eficiencia económica. Nosotros contestamos absolutamente ese
binomio, que para algunos es una especie de dogma de fe, que significa
empresa pública mala gestión, empresa privada buena gestión. Nosotros
somos absolutamente conscientes de que la titularidad de la empresa es
independientemente de la calidad de la gestión y que se puede hacer buena
o mala gestión tanto en la empresa pública como en la empresa privada, y
repito que, como es público y notorio, somos partidarios de la existencia
de empresas públicas.

Sin embargo, no es menos cierto que alrededor de la empresa que nos ocupa
hoy, Focoex, ha habido siempre una sombra bastante importante de duda,
probablemente por esos mecanismos de control difíciles de compatibilizar
con la eficiencia de una empresa de estas características, pero la duda
ha existido siempre, no sólo por las informaciones que aparecen en la
prensa sino porque siempre se ha podido deslizar esa posibilidad de
cobros de comisiones indebidas, de operaciones de alguna forma
irregulares, etcétera. Yo recuerdo una de las que nos ocupó, la venta de
azúcar a Venezuela. En aquella ocasión yo recibí del Ministerio toda la
información que solicité y, como dije en su día en el Pleno, no fuimos
capaces de encontrar irregularidades en la misma y por tanto la apoyamos.

Esa información incluía no sólo opiniones de aquí sino también de
Venezuela, informes oficiales de la Procuraduría General de Venezuela y
otras instituciones de aquella república encargadas del control de este
tipo de acciones. No obstante, aunque en esa operación no encontráramos
irregularidades y aunque no dedicáramos una especial atención a encontrar
el tercer pie al gato, sí es cierto que esa sombra de duda ha existido
siempre, y probablemente la única fórmula para poderlo resolver es
encontrar el equilibrio entre lo que es la existencia de la empresa tal
cual, es decir lo que no ponga en riesgo su propia actividad, su «know
how» y su propio activo, con la necesidad para la pública, que debería de
ser también para la privada, de transparencia en aquellos aspectos
esenciales de la gestión como pueden ser esas retribuciones irregulares
que a veces han aparecido u operaciones que, por su propia naturaleza,
difieren bastante de lo que debería ser el campo natural de actividad de
una empresa pública.

Quizá estemos todos instalados en la desconfianza, que no es ni bueno ni
malo, pero es lo que hay. Sin duda a esa instalación en la desconfianza
en el seno de la sociedad española han contribuido no pocas evidencias
que se confirman en el sentido de que ha habido irregularidades notables
y absolutamente delictivas en diferentes actividades de la Administración
pública que han generado esa especie de exceso de celo a la que nos vemos
obligados en el uso y en el desarrollo correcto de nuestro trabajo los
Diputados de la oposición, incluso del partido del Gobierno, porque para
eso somos Diputados, no sólo para legislar sino también para controlar la
acción del Gobierno. En cualquier caso, de cara al futuro inmediato, lo
que necesitamos es encontrar el punto de apoyo suficiente para que la
actividad de las empresas públicas de estas características pueda ser
controlada suficientemente por el Parlamento, que quizá será el problema
más importante, y que al mismo tiempo sea compatible con la actividad de
la empresa pública.

Yo creo que las explicaciones que ha dado el portavoz del Grupo Popular,
señor Hernando, contienen hechos importantes y señalan irregularidades
muy graves del funcionamiento de Focoex --no voy a repetir las que ya ha
citado él--, y las explicaciones del señor Ministro pueden ser las
normales pero no son excesivamente satisfactorias porque no aclaran
algunos de los extremos que han sido planteados. Si del intercambio de
papeles entre el señor Hernando y el señor Ministro se hace la luz en
alguna dirección, sea la que sea, nos gustaría que los demás grupos
parlamentarios pudiéramos participar en la misma por el bien de todos,
porque probablemente si se hace la luz sobre la actividad de esta
empresa, así como de otras, estaremos apartando esas sombras de duda que
generan desconfianza y que genera iregularidades tanto en la marcha del
Parlamento como de las empresas públicas de las que, en general, como
decía al principio, somos partidarios.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Cremades, en nombre del
Grupo Parlamentario Socialista.




El señor CREMADES SENA: En primer lugar, quiero agradecer la presencia
del señor Ministro en esta Comisión. Una vez más, tanto el Ministro
Gómez-Navarro como el resto de autoridades del Ejecutivo comparecen en el
Parlamento cuantas veces los grupos parlamentarios así lo decidimos, por
tanto creo que no es justo imputar la mayor o menor presencia de dichas
autoridades a ellos mismos sino a la propia dinámica de la Comisión y,
evidentemente, a compaginar los horarios y agendas de esas autoridades



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que me imagino que en este último semestre han sido bastante apretadas
por razones obvias.

A veces creo que algunas reuniones de Comisión tienen poca materia,
salvando y respetando profundamente las decisiones de cualquier grupo.

Hoy estamos aquí, en esta comparecencia, para resolver un tema de los
subcontratistas de Focoex en contratos financiados por el FAD y nos
encontramos con algunas cosas que realmente nos parecen algo pintorescas.

En primer lugar, se ha hecho una crítica porque existía una cierta
tacañería por parte del Ministerio a la hora de producir la información
pedida, y por otro lado, he creído notar una especie de queja en el
portavoz del Grupo Popular porque se le envía finalmente una extensísima
información lo cual no se compagina mucho con esa tacañería aludida, que
parece ser que por lo extensa no sirve de nada. Realmente, esto me
produce una cierta perplejidad porque no sé exactamente cuál es el punto
medio para acertar a la hora de dar información precisa; probablemente
sea que a la hora de solicitar una determinada información no se solicita
de la forma estrictamente precisa.

¿Están inscritas o no están inscritas las empresas en el registro
mercantil central? A mí se me plantea una duda después de lo dicho por el
señor Hernando y por el señor Ministro, y es que no sé si lo están en el
registro mercantil central o en los registros provinciales. Parece ser
que las empresas citadas (124) consta que están inscritas en los
respectivos registros, tal y como ha dicho el Ministro, y yo no tengo por
qué dudar de la palabra oficialmente dada hoy aquí por el señor Ministro
de Comercio.

Entramos, rizando el rizo que siempre caracterizan estas comparecencias
del Ministro de Comercio ante la petición del Grupo Popular, en una
cuestión que creo es bastante importante. Permanentemente se plantean las
dudas, se plantea el hecho de que por parte del Ministerio se pretende
desconcertar a la oposición. Creo que --y aquí lo hemos visto a lo largo
de la corta existencia de esta Comisión, por lo menos en las distintas
comparecencias que ha habido-- que el Grupo Popular, como el resto de los
grupos, siempre ha podido contar con toda la información y por los
canales convenientes. A veces ciertas opiniones precipitadas producen
desconcierto a la opinión pública, sobre todo cuando no se tienen los
datos estrictamente constatados y cuando no se hace posteriormente una
rectificación similar a la imagen que se pudo dar en determinadas ruedas
de prensa a la hora de vertir determinadas opiniones públicas. Para mí es
muy grave también ese desconcierto en la opinión pública porque creo que
no va en beneficio de nadie --por lo menos a medio y largo plazo--, sino
que va en perjuicio de todos.

Siempre estamos con la sombra de la duda. Quiero citar un tema que nos
ocupó bastante tiempo en esta Comisión y al que se ha referido el
portavoz del Grupo Popular: la operación del azúcar. El portavoz de
Izquierda Unida, igual que yo, decía que al final toda aquella hojarasca,
todo aquel gran problema quedó absolutamente en nada porque no fuimos
capaces de encontrar ninguna irregularidad. Por tanto, en un sistema
democrático, al no encontrar estas irregularidades legítimamente
pretendidas --si se piensa que han existido-- todos deberíamos intentar,
en aras a la presunción de inocencia, eliminar, disipar cualquier sombra
de duda. Como parlamentario del Grupo Socialista, para mí queda
totalmente clara la correcta operación del azúcar que tanto dio que
hablar, que tanto desconcierto produjo en la opinión pública y que tanto
tiempo nos ocupó aquí, y una vez disipadas estas dudas podríamos haber
dedicado ese tiempo a otras cosas, a juicio del Grupo Socialista, mucho
más importantes.

Se ha planteado un problema de fondo: el control y el papel que debe
tener la empresa pública. Comparto, en términos generales, la filosofía
del portavoz de Izquierda Unida sobre la empresa pública. Creo que la
empresa pública, aparte del papel social que debe cumplir, tiene que ser
rentable. Creo que la empresa pública tiene que ser motor en algunos
sectores económicos y tiene que tener un cierto control. No existe ese
consenso, como ha dicho el Ministro, pero hay una realidad que es
importante. En este país, por la propia estructura territorial de España,
aunque no hay un acuerdo, un consenso sobre los límites del control de la
empresa pública para que éstas puedan ser competitivas --sobre todo
empresas como Focoex, que hemos citado aquí, que tiene que competir en un
mar difícil e internacional-- hay experiencias porque no todos somos
Gobierno y no todos son oposición. Me temo que la filosofía que ha
planteado el señor Hernando sobre la empresa pública y los controles que
tienen que tener, en caso de un hipotético futuro gobierno «popular»
--espero que sea lo más tarde posible-- no va a ser posible practicarla,
con una visión totalmente distinta a la que tengo, pero me temo que no
sólo sea por una cuestión filosófica sino por una cuestión de realidad.

En aquellos lugares donde el Partido Popular está gobernando --son muchas
comunidades autónomas, muchas diputaciones, muchos ayuntamientos--
existen determinadas empresas públicas y, curiosamente, no se practica
esta filosofía a la hora de los controles exigidos por el señor Hernando
a la empresas públicas de ámbito nacional, sino que tienen una dinámica
totalmente diferente y mucho más ajustada a las planteadas por aquellas
empresas públicas de ámbito nacional como las que se han citado aquí,
Focoex, etcétera.

Un tema que también quiero destacar es el de las empresas extranjeras o
empresas con capital extranjero instaladas en España. Estoy pensando en
bastantes empresas importantes, multinacionales, instaladas en nuestro
país, cuyo beneficio social y económico último va a para a este país.

Aquí hay empresas como Ford, Citroën, etcétera --por poner algunos
ejemplos--, que no son españolas pero están instaladas aquí y tienen
capital extranjero y en las que trabajan españoles, que, según los
criterios del señor Hernando, del Grupo Popular, no tendrían que tener
ese tipo de participaciones o de subcontrataciones o suministros,
etcétera, porque si eso fuera así no se trataría de cerrar las empresas
españolas, objetivo que evidentemente no pretendemos, sino que cerrando,
poniendo en crisis o no facilitando el desarrollo de estas empresas con
capital extranjero instaladas en España estaríamos provocando mayor
desempleo, menores beneficios sociales y, por tanto, estaríamos haciendo
un flaco favor a nuestra sociedad.




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Termino diciendo que comparto el hecho --creo que el señor Hernando lo
sabe-- de que cualquier empresa tiene que hacer un seguimiento de todo lo
que se dice sobre ella en los medios de comunicación. Otra cosa es que en
ese seguimiento o en esas informaciones de los medios de comunicación el
señor Hernando sea un protagonista excepcional y, por tanto, cuando se
hace ese seguimiento, al que es protagonista también se le tiene que
seguir porque es una de las personas que más habla en los medios de
comunicación sobre la empresa Focoex. No comparto que ese control que
hacen todas las empresas, también Focoex, ese seguimiento sea una especie
de persecución hacia el señor Hernando, como tampoco entiendo que el
señor Hernando hace una persecución de la empresa Focoex cuando intenta
conocer aquellas posibles irregularidades o mala gestión de los gestores
de dicha empresa. Cuando él dice que eso se debería resolver mejor en los
tribunales, lo pongo en pasiva. Al margen del control parlamentario, está
el juzgado de guardia abierto, si tanta certeza se tiene sobre dichas
irregularidades, para poner una denuncia y resolverlo por la vía
judicial, desgraciadamente en estos últimos tiempos utilizada esa
práctica y, afortunadamente, en un altísimo porcentaje no conseguida por
esa vía la solución del problema.

Creo que el estar rizando el rizo permanentemente, el estar creando
sombras de duda continuamente, no beneficia nada a esta agonizante
legislatura y espero --y así lo manifiesto en esta posiblemente última
comparecencia ante esta Comisión-- que en el próximo período de sesiones,
con el futuro Gobierno, seamos capaces de disipar esta cuestión, de
aclararla, de ir buscando la verdad, sin beneficios particulares, porque
de lo contrario quien está resintiéndose cada vez más es la propia
sociedad española.

Agradezco al Ministro su comparecencia y con esto acabo.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro. (El señor
Hernando Fraile pide la palabra.) Si me permite terminar el señor
Hernando, tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro Navarrete): Al
final, creo que el problema de fondo es el sistema de control de la
empresa pública. Me siento frustrado porque evidentemente no ha sido una
legislatura fácil para encontrar consensos y pactos de Estado, por
decirlo de alguna manera, sobre ningún tema, pero sí creo que en la
legislatura que viene, gobierne quien gobierne, habría que buscar un
acuerdo sobre el sistema de control parlamentario de la empresa pública.

No hemos encontrado un sistema que mantenga el equilibrio entre el
control adecuado y no establecer cortapisas a la empresa que pueden
expulsarla del mercado. Por tanto, creo que es un tema de partida para
buscar soluciones en el futuro.

Sobre la cuestión concreta de los suministradores de Focoex, ofrezco al
señor Hernando la lista completa con sus inscripciones en el registro. Si
me la pide formalmente, se la entrego formalmente; si le vale que se la
entregue ahora en la mano, lo hago así o, al revés, si quiere, se la
entrego en la mano y, si además me la pide, se la vuelvo a entregar
formalmente. Me da lo mismo.

Lo que pasa es que el señor Hernando ha añadido hoy un matiz que no
figuraba en sus declaraciones famosas del 15 de julio. En todas las
declaraciones que tengo aquí, del 15 de julio, habla de no inscripción en
el registro, lo que no dice es la última palabra que hoy ha añadido,
Registro Mercantil central. Hay muchísimas que no están inscritas en el
Registro Mercantil central, están en los provinciales. Tengo aquí todos
los datos registrales, pero el fondo del asunto no es que nos agarremos o
no a una palabra. Es decir, en la rueda de prensa del 15 de julio de 1994
se transmitía el mensaje de que las empresas eran fantasmas y que aquello
era un chanchullo absoluto, lo que no es cierto. Por tanto, no nos
agarremos a la última palabra, a algo que se convierte en lingüística,
sino al mensaje de fondo. El mensaje de fondo es que las empresas están
inscritas en el registro, no son empresas fantasmas sino legales y no hay
irregularidades en ese sentido.

Sobre el tema de fondo también me siento frustrado en dos cosas. Cuando
la opinión pública tiene consolidada una imagen, no hay manera de
cambiarla, se tenga o no razón para ello. Yo me he encontrado con dos
elementos de sombras en el Ministerio, los créditos FAD y Focoex. Da lo
mismo lo que uno haga si está consolidada una imagen; aunque uno haga las
cuestiones transparentes al cien por cien, edite folletos de cómo serán,
se publique trimestralmente a quién se ha dado las ayudas, la leyenda ya
existe, y luchas contra algo que se sigue diciendo y viene publicado en
los periódicos todos los días: que se siguen dando FAD para armas, cuando
desde el año 1989 no se ha dado ninguna. (El señor Hernando Fraile: En
1991.) Da igual el año, imaginemos que es 1991, quiero decir desde hace
bastantes años. Da igual, los periódicos siguen publicando que se siguen
dando créditos. Es decir, que ya hay unas leyendas consolidadas en la
opinión pública, contra las cuales es imposible luchar. Existe la
impresión de que Focoex es una empresa con grandes irregularidades, en la
cual estaba implicada la esposa del Ministro de Economía, y que era un
elemento para hacer favores y conseguir tratamiento preferencial de un
grupo de comunicación. Y da lo mismo lo que se diga frente a eso. Ya está
consolidado, además ha formado parte de una guerra entre los medios de
comunicación y ahí está. Quiero decir que, en la medida en que hemos
profundizado en el asunto, no nos ha aparecido ninguna irregularidad y lo
que hay es una empresa de comercio exterior que trabaja con las reglas
con que se trabaja en el comercio internacional. En mi opinión, para
proteger a esa empresa teníamos que haber sido capaces de llegar a un
acuerdo su grupo parlamentario y S. S., que ha sido su portavoz en estos
temas, y el Gobierno y mi grupo parlamentario, acuerdo al que no hemos
llegado. No voy a decir de quién es la culpa, probablemente todos
tengamos responsabilidades en el asunto, pero sí digo que, si en la
siguiente legislatura no hay un acuerdo básico y un pacto de Estado sobre
este tema, esta empresa no podrá mantenerse en el sector público porque
claramente no podrá realizar la tarea que tiene encargada y por la cual
existe. Le ofrezco



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toda la información ahora mismo y, si me la pide formalmente, se la daré
además formalmente.

Creo que con esto he contestado también a los otros grupos. ¿Por qué
existe la leyenda? Probablemente haya toda clase de motivos. Tampoco voy
a decir que todo es perfecto por un lado y todo suspicacias indebidas por
otro. Es decir, cuando existe una leyenda, hay cosas insidiosas y otras
basadas en hechos reales o hechos que son lo suficientemente confusos o
complejos como para que se pueda montar una leyenda sobre ellos. Por
tanto, la responsabilidad al final podrá ser de todas las partes y de
todo el mundo. Sí quiero decir que la leyenda Focoex ha llegado a un
punto en que, a lo mejor, aun existiendo la empresa, habría que cambiarla
de nombre, porque el nombre se ha sometido en muchos mercados a un
abrasamiento tan brutal que ahora tiene dificultades operativas. Ha
habido un ataque sistemático, en la mayor parte de los casos --me refiero
a mercados exteriores y a países extranjeros-- por sus competidores. Han
tenido un elemento con el que pueden hacer daño a una empresa con la que
compiten y lo utilizan a muerte. Por lo tanto, no ha sido un ataque
basado en el desinterés más absoluto, sino la utilización de unos
elementos, en parte ciertos y en parte no, en una guerra comercial por
conquistar un mercado o una operación, que además se ha acrecentado en
los sectores de sanidad y educación a partir de la reforma del paquete de
Helsinki, a los que Focoex se ha dedicado con mayor atención. Son
sectores sociales a los que la financiación comercial, a partir de
Helsinki, está más estrechamente dedicada y donde las empresas españolas
han copado un porcentaje altísimo de todos los contratos de ese sector en
el mercado iberoamericano. Por lo tanto ha habido utilización de una
leyenda en contra de Focoex, en una parte cierta y en otra parte no
cierta, insisto, que ha sido perjudicial para la propia empresa y para la
exportación española.




El señor HERNANDO FRAILE: Señor Presidente, he sido aludido en distintas
ocasiones por el señor portavoz del Grupo Socialista, que no sólo me ha
hecho objeto de su intervención, sino que parecía que el compareciente
era este portavoz del Grupo Popular. Le rogaría que me diera un minuto
para la réplica, conforme a lo que establece el Reglamento en estas
ocasiones, para realizar una serie de aclaraciones sobre las
manifestaciones del portavoz.




El señor PRESIDENTE: Sabe el señor Hernando que eso se produce muy
habitualmente en casi todas las situaciones semejantes o parecidas de
comparecencia cuando intervienen los portavoces de la oposición,
especialmente el del Grupo Popular, y el portavoz del Grupo Socialista.

No solamente en esta Comisión, sino en otras, los presidentes no suelen
dar la palabra porque no son alusiones propiamente dichas sino réplicas,
argumentaciones, criterios de intervención que no están de acuerdo con
las posiciones que han mantenido otro u otros de los grupos
intervinientes. De lo contrario el debate sería interminable;
inevitablemente, de su intervención se deducirían unas supuestas
alusiones al portavoz del Grupo Socialista, que no serían tales sino
réplica a lo que ha dicho. Recuerdo que, en la última Comisión de Asuntos
Exteriores, se produjo exactamente la misma situación y el Presidente
actuó como lo voy a hacer ahora, no dando la palabra, porque si no jamás
termina el debate. Es lógico que sea así. (El señor Hernando Fraile pide
la palabra.)
No tiene la palabra, señor Hernando. Su protesta puede constar en acta.




El señor HERNANDO FRAILE: Es para una cuestión de orden, no del propio
debate, señor Presidente, ni sobre las manifestaciones del Ministro o del
portavoz. Quiero decirle que ese criterio que usted expone es
interpretado de distinta manera en otras comisiones. Yo pertenezco a la
Mesa de la Comisión de Industria y, normalmente, concedemos la palabra en
casos como éste. Por lo tanto, quiero manifestar mi protesta por la
situación de falta de amparo en que me coloca en estos momentos el señor
Presidente.




El señor PRESIDENTE: Tiene derecho a que así conste en el «Diario de
Sesiones», pero quiero señalar que el señor Hernando ocupa prácticamente
el 80 por ciento de las intervenciones de esta Comisión. Por tanto desde
mi punto de vista, no hay tal desamparo.

Muchas gracias, señor Ministro.




PREGUNTAS:



--DE DON RAFAEL ANTONIO HERNANDO FRAILE (GP), SOBRE MEDIDAS ANTE LAS
NOTICIAS RELATIVAS A QUE LA ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL FUNDESCOOP
HABRIA UTILIZADO PRESUNTAMENTE FACTURAS FALSAS PARA JUSTIFICAR GASTOS
REALIZADOS EN PROGRAMAS DE AYUDA AL DESARROLLO FINANCIADOS POR LA AGENCIA
ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL. (Número de expediente 181/001751.)



--DE DON RAFAEL ANTONIO HERNANDO FRAILE (GP), SOBRE MEDIDAS ANTE LAS
NOTICIAS APARECIDAS EN UN DIARIO NACIONAL SOBRE EL HECHO DE QUE LA
FUNDACION FUNDESCOOP HABRIA UTILIZADO UNA SERIE DE FACTURAS PRESUNTAMENTE
FALSAS PARA JUSTIFICAR UNA SUBVENCION PERCIBIDA EN UN PROYECTO DE
COOPERACION EN EL EXTERIOR. (Número de expediente 181/001760.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día.

Damos la bienvenida al Secretario de Estado para la Cooperación
Internacional y para Iberoamérica, señor Dicenta, por comparecer de nuevo
ante esta Comisión, a la que ha venido siempre que se le ha solicitado,
en este caso para contestar a cuatro preguntas, que en realidad son tres



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puesto que la segunda y la cuarta se van a formular conjuntamente.

En primer lugar, vamos a dar la palabra a don Rafael Antonio Hernando
Fraile para formular sus preguntas segunda y cuarta, sobre medidas ante
las noticias relativas a que la organización gubernamental Fundescoop
habría utilizado presuntamente facturas falsas para justificar gastos
realizados en programas de ayuda al desarrollo financiados por la Agencia
Española de Cooperación Internacional.




El señor HERNANDO FRAILE: Señor Presidente, Fundescoop es una
organización no gubernamental, dependiente de un importante sindicato
español, que se dedica a distintas tareas. Entre algunas de las tareas
que ha venido realizando, contando para ello con importantes recursos del
erario público en distintos ejercicios, se encuentra la realización de
programas de cooperación y ayuda al desarrollo en el exterior, como el
señor Dicenta conoce. Entre las subvenciones que ha venido recibiendo
esta Fundación, en 1995, de esos 8.500 millones de pesetas que fueron
distribuidos hace unos escasos meses, recibió 64 millones. Pero es que en
el año 1993 también había recibido otros 44 millones de pesetas
procedentes de los programas del IRPF, que era una de las dotaciones más
importantes que se hacían en ese año para una ONG en ese tipo de
programas. También durante 1991 y 1990 recibieron otra serie de sumas: 28
millones en 1990; en 1991, 7.700.000 pesetas, y en 1992, casi 14 millones
de pesetas. Estamos hablando, por tanto, de cerca de 150 millones de
pesetas a lo largo del período antes mencionado, lo que, sobre el papel,
hace que sea una de las fundaciones de cooperación y ayuda al desarrollo
que ha recibido importantes cantidades por parte de esa Secretaría de
Estado.

Sin embargo, han aparecido algunas noticias en determinados medios de
comunicación que a nosotros nos han preocupado de forma extraordinaria, y
quiero manifestárselo al señor Secretario de Estado de esta forma y con
esta crudeza, porque hablan de que, entre la documentación justificativa
de estas actividades por parte de la Fundación Fundescoop, se encuentran
algunas facturas que no corresponden a la realidad y que, al parecer,
algunas de estas personas que aparecen como perceptores de esas facturas
en concepto de estadías que aporta Fundescoop no se corresponden con la
realidad.

A nosotros nos gustaría saber qué averiguaciones ha hecho el señor
Secretario de Estado en relación con las noticias que se han publicado
por este motivo, a qué conclusiones han llegado y, en virtud de eso, qué
medidas han adoptado o piensan adoptar en este sentido para evitar, si
así fuera y hubieran entendido que ha sucedido, este tipo de utilización
de facturas falsas que tanto perjudican, no sólo a la ONG que usa este
tipo de artimañas, por decirlo de alguna manera, para justificar sus
ingresos, sino también al resto de las organizaciones no gubernamentales
que participan en este tipo de proyectos y que, a veces, se ven
salpicadas y perjudicadas por las noticias que, a nuestro juicio, son
graves.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COOPERACION TERRITORIAL Y PARA
IBEROAMERICA (Dicenta Ballester): En relación con la pregunta que me
formula S. S., quiero decirle que, en cuanto tuve conocimiento de la
misma, me dirigí a la Oficina de Planificación y Evaluación pidiendo que
se me informara exhaustivamente de cuál era el resultado de las
investigaciones que se llevaron a cabo en torno a esas acusaciones que
han aparecido en un medio de información local. La respuesta que he
recibido del Jefe de la Oficina de Planificación y Evaluación es que en
la Secretaría de Estado, y específicamente en la Oficina de Planificación
y Evaluación --que es una dependencia de la Secretaría de Estado como S.

S. conoce-- no hay constancia de que Fundescoop haya utilizado ni una ni
varias facturas presuntamente falsas para justificar ningún tipo de
subvenciones que haya sido concebida para esa organización no
gubernamental dentro del programa de ayudas públicas a organizaciones no
gubernamentales de desarrollo que gestiona la Oficina de Planificación y
Evaluación. Y añade que si la Secretaría de Estado de Cooperación
Internacional e Iberoamérica hubiera tenido en algún momento conocimiento
oficial de esa o de cualquier otra supuesta irregularidad porque los
servicios de fiscalización correspondientes nos hubieran informado de que
una ONG había incumplido la obligación de justificar adecuada y
suficientemente las subvenciones que había recibido, por supuesto
habríamos iniciado el procedimiento reglamentariamente establecido por el
artículo 82 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, a fin
de obtener no sólo la devolución de los fondos percibidos, sino también
de imponer la sanción que pudiera corresponderle.

Por consiguiente, el informe que se me ha hecho llegar de la Oficina de
Planificación y Evaluación rechaza, repito, que haya algún tipo de
constancia respecto a la acusación formulada a la Fundación Fundescoop, e
insiste que ésa, como cualquier otra fundación que hubiera incurrido en
una anomalía de esas características, hubiera visto cómo se iniciaba
automáticamente el procedimiento establecido en dicho artículo 82 del
texto refundido de la Ley General Presupuestaria.

En alguna ocasión en que hemos detectado que ha habido ONG que han tenido
alguna actuación de tipo irregular o alguna irregularidad en sus
actuaciones, no se les ha aceptado, en su pretensión subsiguiente,
recibir algún tipo de subvención.

Creo que con esto respondo a la inquietud formulada por el Diputado del
Grupo Popular, señor Hernando Fraile.




El señor PRESIDENTE: Para réplica, muy brevemente tiene la palabra el
señor Hernando.




El señor HERNANDO FRAILE: Entiendo la contestación que ha dado el señor
Dicenta, pero tengo que decirle que nos parece insuficiente.

Creo que habría que haber hecho un chequeo de esas facturas, porque lo
que se está diciendo en relación con



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unas facturas de las que yo tengo también fotocopias son cosas
gravísimas. Explica el sistema de falsificación de estas facturas. Se
dice que los documentos se falsificaban fotocopiando facturas originales,
borrando con tipex los números de las facturas y los textos originales,
de manera que sólo quedaba el formato del documento listo para rellenar
de nuevo. Las mismas fuentes han dicho que la fotocopia que se enviaba a
la Administración, aunque iba rellena a máquina, no era perfecta porque
tenía un poco de sombreado.

En la misma documentación se aportan copias de dos facturas en las que se
ven fechadas, en algunos casos, unas facturas con nombre de una empresa,
empresa que, en la fecha en la que aparece esta factura girada a la
misma, ya se había dado de baja en la Seguridad Social.

Por tanto, creo, señor Dicenta, que ustedes deberían haber hecho una
investigación más exhaustiva sobre este tema, e incluso deberían haber
realizado gestiones con los propios interesados y presuntos perceptores
de estas sumas de la Fundación Fundescoop para averiguar la realidad de
los hechos. Hay algunas facturas que parece que se han firmado dos veces
de forma superpuesta.

Le ha informado también de otro dato que sacó el propio periódico, que
dice que estas facturas están giradas contra empresas que ya han
desaparecido, o que, por lo menos, se han dado de baja en la Seguridad
Social.

Todos los esfuerzos que se hagan en aras de intentar aclarar
definitivamente este hecho van en beneficio y en prestigio de todos: de
la Fundación aludida y también de la utilización de los recursos públicos
que sirven para financiar las actividades de determinadas organizaciones
no gubernamentales en proyectos de cooperación y ayuda al desarrollo. Por
tanto, señor Dicenta, yo sé que usted cuenta con unos medios muy
limitados --y luego tendremos oportunidad de hablar de ello en la
siguiente pregunta--, pero le pediría que hiciera una incursión más a
fondo sobre el tema de estas facturas y que averiguara si las
manifestaciones realizadas por los periódicos responden a la realidad. A
nuestro juicio, y según las pruebas que se han aportado, estimamos que su
contestación es de libro, pero no es una contestación que nos deje
suficientemente tranquilos, porque hubiéramos quedado mucho más
satisfechos si nos hubiera dicho que, efectivamente, se ha hecho esta
comprobación sobre esas facturas, se ha consultado con las empresas a las
que se ha pagado y a las personas que han prestado sus servicios, y estas
personas dicen que, efectivamente, han recibido esas cantidades en esas
fechas y por esos servicios. A eso es a lo que le animo en estos
momentos, señor Dicenta, y eso es lo que le pido, como parlamentario, a
usted, como Secretario de Estado y responsable de esos fondos.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COOPERACION TERRITORIAL Y PARA
IBEROAMERICA (Dicenta Ballester): Yo comprendo que no le hayan satisfecho
estas explicaciones, porque supongo que la explicación que le hubiera
dejado satisfecho es la de que, efectivamente, había unas
responsabilidades, unas culpas y que se habían detectado unas
irregularidades delictivas. Pero la realidad es que nosotros sí hemos
hecho --y quiero que S. S. lo sepa-- un chequeo de facturas de sistemas,
según me dice la Oficina de Planificación y Evaluación, una investigación
con los perceptores de las sumas, y de esa investigación realizada se ha
llegado a la conclusión --y así me lo hace constar el jefe de la Oficina
de Planificación y Evalución-- de que no hay claridad ni constancia
alguna en el sentido de que Fundescoop haya podido utilizar una o varias
--porque parece que ahí se habla de varias-- facturas presuntamente
falsas para justificar ningún tipo de subvenciones. Esta es la conclusión
a la que hemos llegado hasta ahora. Evidentemente, si en el curso de los
próximos días o de las próximas semanas la continuación de la
investigación pudiera conducir a que se detectase una irregularidad,
seremos los primeros no solamente en denunciarla, porque en eso creo que
coincidimos plenamente con la preocupación de S. S., en la necesidad de
denunciar hechos fraudulentos, sino en sancionarla, en exigir la
devolución de los fondos percibidos y en aplicar la sanción que pudiera
corresponderle a esta fundación o a cualquier otra que hubiera hecho un
uso indebido de fondos obtenidos por la vía de la subvención.

Quiero dejar aclarado que, por una parte, la investigación se ha hecho;
por otra parte, que si detectamos cualquier irregularidad en el futuro,
tenga S. S. la seguridad de que tanto en éste como en cualquier otro caso
será debidamente exigida la devolución de fondos y la imposición de las
sanciones que correspondan, y que hasta el momento, del chequeo que se ha
hecho de facturas, de la investigación que se ha hecho con los
perceptores de sumas, etcétera, no hay ningún indicio que nos permita
afirmar que han existido irregularidades o falsedades en las facturas que
justifican las subvenciones concedidas a Fundescoop.




--DE DON RAFAEL ANTONIO HERNANDO FRAILE (GP), SOBRE REORGANIZACION DE LA
OFICINA DE PLANIFICACION Y EVALUACION (OPE), A LOS EFECTOS DE POSIBILITAR
EL CONTROL, EVALUACION Y VALORACION DE IMPACTO DE LOS PROGRAMAS DE
DESARROLLO REALIZADOS POR ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN EL
EXTERIOR. (Número de expediente 181/001758.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 4 del orden del día, que es también
una pregunta de don Rafael Hernando Fraile, sobre reorganización de la
Oficina de Planificación y Evaluación (OPE), a los efectos de posibilitar
el control, evaluación y valoración de impacto de los programas de
desarrollo realizados por organizaciones no gubernamentales en el
exterior.

Para explicar o ampliar la propia pregunta, tiene la palabra el señor
Hernando.




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El señor HERNANDO FRAILE: A lo largo de los últimos años, y
fundamentalmente desde que se creó esta Comisión de Cooperación, los
distintos grupos, no sólo el mío, han venido insistiendo en la necesidad
de que los sistemas de control y de valoración y evaluación del impacto
de los programas que se subvencionaban a través de la Secretaría de
Estado de Cooperación Internacional tuvieran una mayor eficiencia y
efectividad. Para eso nosotros hemos venido planteando la necesidad de
que el organismo competente encargado de realizar no sólo la
planificación sino también la evaluación de estos programas, tuviera otro
sistema y otras dotaciones; dotaciones que hablaban de incremento de
personal y de modificar la estructura actualmente existente, vinculando,
de una forma mayor y más eficaz, las actuales oficinas técnicas de
cooperación de que dispone la Secretaría de Estado de Cooperación
Internacional en el exterior, precisamente a esta Oficina de
Planificación, y que esas oficinas técnicas de cooperación realizarán
también una labor de seguimiento y control de los programas.

Indudablemente, éste sería uno de los mecanismos válidos para, junto a
otros, posibilitar el que los ciudadanos, el Congreso y también el
Gobierno tenga conocimiento puntual de los programas que se están
desarrollando, de la continuidad de esos programas y del impacto
beneficioso para los habitantes de las zonas en las que se desarrollan.

Esos son los objetivos fundamentales de la cooperación internacional y de
nuestra ayuda al desarrollo y, por tanto, eso es algo que nos preocupa.

Nosotros hemos venido manifestando que creíamos que los sistemas que se
estaban aplicando no eran suficientes, y yo sé, señor Dicenta, que es
posible que me diga que tampoco otros países han encontrado el sistema
óptimo para tener un mecanismo eficiente de evaluación y control, pero
nosotros tenemos que seguir avanzando, independientemente de lo que hagan
los demás, y ustedes, desde el Gobierno, han venido probando distintos
sistemas: primero, aquel que consistía en que distintas ONG realizaran
esa tarea de evaluación --creo recordar que fueron tres ONG durante un
par de ejercicios--; luego, modificaron el sistema y pasaron a un sistema
en el que unas empresas realizaban auditorías de algunos programas
concretos seleccionados por muestreo. Ese es el sistema actual, pero es
un sistema que se limita, como decía al principio, a unos programas muy
concretos y muy limitados. Y yo creo que ustedes deberían haber pensado
ya en otro sistema, y para ello sería necesario, como le he dicho al
principio, en primer lugar, dotar de contenido a esas oficinas técnicas
de cooperación en el exterior y que una de sus funciones fundamentales
sea ésta, y, en segundo lugar, ampliar la Oficina de Planificación y
Evaluación, dotándola de competencias y de personal para poder realizar
estas tareas.

Hay que recordar que en 1994 estábamos hablando de subvenciones por valor
de 3.500 millones a ONG, pero para este año seguramente se alcancen los
10.000 millones, y muchas de estas ONG ya en su día señalamos que eran
organizaciones no gubernamentales cuyo prestigio, cuya tarea o cuya
experiencia en muchas ocasiones se le suponía, porque para nosotros eran
desconocidas. No quiero decir con ello que el que nosotros no sepamos que
existen sea una razón de su no existencia, pero también para muchas
organizaciones no gubernamentales, que vienen desarrollando
tradicionalmente trabajos en estas tareas, existe un número muy
importante de organizaciones no gubernamentales que han recibido este año
por primera vez subvención y cuyas tareas en este campo no se conocían.

Ese es el quid de la cuestión, ése es el quid de nuestra pregunta, que
usted nos diga qué medidas ha adoptado referentes a la reorganización de
esta Oficina de Planificación y Evaluación, que me parece que debe ser un
instrumento capital en nuestra cooperación y ayuda al desarrollo.




El señor PRESIDENTE: Para contestar, tiene la palabra el señor Secretario
de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Dicenta Ballester): Efectivamente, estamos hablando de un
instrumento capital de la cooperación, sin ninguna clase de dudas.

Yo no voy a hacer ninguna referencia a otros países ni a otros sistemas.

Creo que nosotros tenemos un sistema que, con correcciones, puede ser un
buen instrumento para la planificación y la evaluación de la
coopearación. Sí creo, en cambio, que ese sistema habría que reforzarlo y
dotarlo más.

Como S. S. conoce, la Oficina de Planificación y Evaluación es una unidad
administrativa que depende directamente de la Secipi, la Secretaría de
Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica.

¿Qué hace esta OPE, esta Oficina de Planificación y Evaluación? Es la que
formula las previsiones y gestiona el seguimiento del Plan anual de
cooperación internacional, el PACI; la que lleva a cabo la coordinación
con la cooperación oficial descentralizada, tanto en cuanto a
convocatoria y organización de reuniones con entes públicos distintos del
Estado que ejecutan programas de cooperación, como en cuanto a mantener
un diálogo fluido con estos entes descentralizados. Es la que lleva a
cabo la coordinación y el seguimiento de la participación de España en el
Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, el CAD.

Esta Oficina se creó hace escasamente seis años, en 1989, y desde su
creación es una unidad que, además, ha sido la encargada nada menos que
de gestionar todo el programa de subvenciones de la Secretaría de Estado
de Cooperación Internacional a las ONG españolas para que puedan ejecutar
proyectos de desarrollo en países del Tercer Mundo.

Las tareas que a este respecto lleva a cabo la Oficina de Planificación y
Evaluación van desde la simple evaluación «ex ante» de cada uno de los
proyectos presentados a la Secipi para obtener subvenciones o
cofinanciaciones de la Secretaría de Estado, hasta el control y el
seguimiento de los proyectos ya aprobados y que están en alguna de las
fases de su ejecución.

Con todo este cúmulo de funciones, la plantilla de la Oficina de
Planificación y Evaluación está compuesta por 10 funcionarios --no existe
ningún personal laboral contratado--



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y cuenta, además de con el personal auxiliar que tiene una oficina
normal, con el director de la Oficina, que tiene rango de subdirector
general; dos consejeros técnicos de nivel 28 que se ocupan de la
elaboración y seguimiento del plan anual de cooperación internacional y
de la participación española en el Comité de Ayuda al Desarrollo de la
OCDE, respectivamente; tres jefes de servicio, uno de ellos adscrito a
funciones relacionadas con el PACI y los otros dos a la gestión del
programa de subvenciones a ONG. De estos dos últimos, una funcionaria se
ocupa específicamente de las tareas de seguimiento y control de los más
de 500 proyectos de cooperación al desarrollo que en alguna de sus fases
de ejecución, como decía antes, están en curso de realización en
diferentes países.

Dicho esto, me parece que resulta evidente que esta reducida, escasa
dotación de personal no es capaz por sí sola de garantizar una adecuada
evaluación «ex post» en cuanto a control y seguimiento del gran número de
programas y proyectos en curso de ejecución que, además, se ha visto
fuertemente incrementado este año como consecuencia del notable aumento
de los fondos disponibles, especialmente los destinados a la convocatoria
ordinaria con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, para la que
se ha dispuesto de la cantidad de 8.000 millones de pesetas, 7.208 de
ellos por vía de créditos ampliables.

Además, la Oficina de Planificación y Evaluación tiene que llevar a cabo
periódicamente giras de evaluación para comprobar «in situ», sobre el
terrreno, la marcha de los proyectos cofinanciados con subvenciones de la
Secretaría de Estado. En la Oficina se revisan minuciosamente los
informes semestrales de seguimiento y los informes finales que la ONG
están obligadas a presentar en su momento.

Con todo, resulta evidente que la Oficina no puede por sí sola atender
adecuadamente el seguimiento de este gran número de proyectos, por lo
cual, desde el año 1989, mediante el preceptivo concurso público y
cumpliéndose con las debidas existencias de publicidad, objetividad y
libre concurrencia, viene adjudicándose el control y seguimiento a una
unidad externa que ha sido en el pasado un consorcio formado por el
Centro de Documentación e Investigación sobre Países en Desarrollo; el
Cidob, Centro de Información y Documentación de Barcelona; el Cideal,
Centro de Información y Documentación de América Latina, y el Ipade,
Instituto para el Desarrollo.

Posteriormente, la firma internacional de auditoría Price Waterhouse y,
en el último año, la UTE española Agroconsulting-Contesa son las que
llevaron a cabo estas mismas funciones. Para este año próximo 1996, está
pendiente de trámite la adjudicación a la firma que resulte seleccionada
tras la oportuna tramitación reglamentaria.

Por otra parte, la realización de periódicos controles, ejercidos,
aleatoria pero exhaustivamente, sobre determinados proyectos por la
Intervención General del Estado y por el Tribunal de Cuentas del Reino,
garantiza aún más la correcta ejecución de objetivos y la estricta
fiscalización del gasto.

Esta Secretaría de Estado, consciente de la gran dificultad que ya en el
presente, pero sobre todo de cara al futuro, tendrá para la OPE realizar
con los recursos humanos hoy disponibles una evaluación «ex ante» y un
control y valoración de impacto adecuados de los proyectos en curso de
ejecución con financiación de Secipi, ha solicitado al Ministerio de
Administraciones Públicas que, de acuerdo con la posibilidad ofrecida por
la actual normativa de la Función Pública, se refuerce la plantilla de la
OPE con funcionarios procedentes de otros ministerios que, debido a
transferencia de competencias a gobiernos autonómicos, han quedado
parcialmente privados de funciones en sus actuales destinos
administrativos.

Con esto se pretende dar una solución provisional a la situación
actualmente planteada hasta que se consiga formalizar definitivamente un
aumento de la plantilla de la OPE, contingencia hoy en día totalmente
inviable, como S. S. sabe muy bien, por cuanto determinaría un aumento
del gasto público y sería, por ende, desfavorablemente informada por la
Comisión Interministerial de Retribuciones y vetada por el Ministerio de
Hacienda. En ello creo que la posición del Gobierno coincide plenamente
con las determinaciones, actitudes y programas del Partido al que S. S.

pertenece.

Esta situación en cierto modo ya ha sido ensayada en la OPE. En efecto,
cuando esta Oficina se vio ante la responsabilidad de tener que realizar
la evaluación de 484 proyectos presentados por las 148 ONG españolas por
un valor conjunto de más de 18.000 millones de pesetas en el plazo de
apenas tres meses --484 proyectos, repito--, ante la imposibilidad
material de abordar esa tarea con la escasa dotación de personal de la
plantilla de que disponemos, se arbitró como solución transitoria --no
había otra-- la incorporación provisional de una funcionaria experta en
evaluación de proyectos educativos que nos cedió la Dirección General de
Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Asuntos
Exteriores; de dos funcionarios igualmente cedidos transitoriamente por
el Ministerio de Agricultura; otro funcionario de Sanidad y Consumo y un
quinto funcionario procedente del Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente experto en materia de infraestructura.

Con todo esto conseguimos dotar por primera vez a la OPE de un equipo
interdisciplinar y multisectorial de especialistas en diversas materias
para garantizar una valoración adecuada de los proyectos presentados a
financiación de la Secretaría de Estado.

Fue una solución transitoria. Lo que pretende la Secretaría de Estado, y
lo que hay que pretender cara al futuro, es incorporar, con un carácter
si no permanente por lo menos más estable en tanto las circunstancias
presupuestarias permitan la definitiva ampliación de la plantilla de la
OPE, que es el objetivo al que hay que ir, de un equipo complementario de
funcionarios para adscribirlos a tareas de seguimiento y control sin
perjuicio de las competencias asignadas al efecto a la entidad externa de
seguimiento y a las periódicas revisiones de la Intervención General del
Estado y el Tribunal de Cuentas del Reino, ya que la Secretaría de Estado
considera que la función de evaluación y correlativa selección de
proyectos de ONG propuestos para subvención de Secipi es una
responsabilidad indeclinable de la Administración que, si bien puede
delegar en un órgano



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externo las tareas de seguimiento y control --como de hecho ocurre--, de
ningún modo debe dar entrada a entidad ajena alguna en la fase de
evaluación «ex ante».

Esta es la situación de un instrumento, que, como S. S. ha dicho,
consideramos capital en la cooperación y que, a los niveles en que hoy
nos encontramos de subvenciones y de importancia adquirida en nuestro
país por el movimiento de las ONG, debería pasarse inmediatamente de esta
solución provisional a la transitoria y conseguir que, de una manera
rápida, se halle una solución definitiva a este problema de dotación de
personal, que es el básico que tiene la Oficina de Planificación y
Evaluación, no hay otro problema; con más personal, y personal
capacitado, las evaluaciones, el seguimiento, el control de los
programas, se podrían llevar a cabo perfectamente, y entonces la OPE se
convertiría en el instrumento capital de cooperación con cuya vocación ha
nacido y que ya está cumpliendo, aunque de manera complicada, con
dificultades imprevistas, a veces extremas, como las que se han
presentado en este año al aumentar sensiblemente las subvenciones y el
número de proyectos presentados, y que una mejor y mayor dotación de esa
oficina solucionaría inmediatamente.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Hernando.




El señor HERNANDO FRAILE: Solamente quiero decir que estoy de acuerdo con
lo que ha manifestado el Secretario de Estado. Nos alegramos de que sea
consciente de que, con las actuales dotaciones y con el actual sistema
que se ha puesto en marcha, es muy difícil planificar nuestra cooperación
al desarrollo y, a su vez, controlar y evaluar la multitud de proyectos
no sólo a la hora de la adjudicación, sino también en el desarrollo de
los mismos; coordinar los programas que realizan 14 ministerios, 17
comunidades autónomas y un sinfín de ayuntamientos es una tarea imposible
de conseguir con la actual dotación de la Oficina de Planificación y
Evaluación del Ministerio de Asuntos Exteriores.




El señor PRESIDENTE: Con esto termina la presencia aquí del Secretario de
Estado de Cooperación Internacional, al que agradecemos una vez más la
atención que presta a las peticiones de comparecencia de esta Comisión.




-- DE DON RAFAEL ANTONIO HERNANDO FRAILE (GP), SOBRE EL CONTENIDO DE LOS
PROGRAMAS DE CONDONACION DE DEUDAS REALIZADA POR ESPAÑA A NICARAGUA.

(Número de expediente 181/001750.)



El señor PRESIDENTE: Rogamos al Secretario de Estado de Economía, don
Manuel Conthe Gutiérrez, que tome asiento en la Mesa, para contestar a la
pregunta número 1.

Damos la bienvenida al reciente Secretario de Estado de Economía en esta
situación curiosa, y digo esto porque va a ser la primera y,
probablemente, la última comparecencia suya, ya que ésta es la penúltima
reunión de la Comisión y a la última, conociendo el orden del día, no
tiene ocasión de venir. No obstante, nos es grato felicitarle por su
reciente nombramiento, le damos nuevamente la bienvenida a la Comisión y
le agradecemos su amabilidad al venir a contestar esta pregunta de don
Rafael Hernando sobre el contenido de los programas de condonación de
deuda realizada por España a Nicaragua.

Si el Diputado preguntante quiere hacer una intervención previa, tiene la
palabra.




El señor HERNANDO FRAILE: El objeto de nuestra pregunta es conocer el
contenido definitivo de este acuerdo de condonación de deuda y las
circunstancias del mismo, porque lo cierto es que, por la prensa y por
las propias manifestaciones de distintos responsables de diversos
ministerios, todavía no hemos podido conocer cuál es el importe de la
condonación de la deuda y, sobre todo, en qué condiciones se ha hecho esa
condonación, si la misma se ha vinculado a algún tipo de realizaciones o
de proyectos por parte del Gobierno nicaragüense, como, a nuestro juicio,
debería ser. Es decir, queremos saber si ha sido una condonación pura y
dura o si, como nosotros creemos que se deben realizar las condonaciones,
se ha vinculado a que el Gobierno nicaragüense haya percibido ese
esfuerzo de beneficio social para Nicaragua y haya transmitido ese
beneficio social a los ciudadanos de ese país.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMIA (Conthe Gutiérrez): Los
antecedentes del acuerdo de Consejo de Ministros del 6 de octubre
condonando dos operaciones de deuda del ICO con Nicaragua, en una primera
fase se remontan, como es sabido, al acuerdo alcanzando en el Club de
París los días 21 y 22 de marzo de este año, en virtud del cual todos los
países del Club de París acordaron reescalonar de forma muy significativa
diversas operaciones de deuda de Nicaragua objeto de la negociación en el
seno de dicho Club de París. En concreto, se estableció que los préstamos
contraídos por Nicaragua antes del 1 de noviembre de 1988 y que en esa
fecha --finales de marzo-- estaban impagados, así como los nuevos
vencimientos de esos préstamos que se produjeran desde el mismo 1 de
abril de este año hasta el 30 de junio de 1997, se amortizarían en un
plazo que ahora sería tan grande como 40 años; además, tendrían 10 años
de gracia y disfrutarían de un interés concesional. Al mismo tiempo, se
estableció que aquellas deudas que ya habían sido objeto de un primer
acuerdo de reescalonamiento en 1991 y cuyos vencimientos, en
circunstancias normales, se producirían entre el 1 de agosto de 1995 y el
31 de diciembre del año que viene, se les daba otros cinco años
adicionales, con uno de gracia.

Este fue el acuerdo multilateral adoptado en el ámbito del Club de París
que España suscribió y que afectó a dos operaciones del ICO: una primera,
por un importe nominal



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de 1,9 millones de dólares, y otro de menor importe, por un monto de
741.000 dólares. La primera operación era precisamente de la categoría
que antes mencioné, la anterior al año 1988, y la segunda era la que ya
había sido objeto de un primer acuerdo de reescalonamiento en el año
1991.

Aquí es muy importante distinguir entre los valores nominales y los
valores presentes de esos importes, porque si es verdad que la deuda
objeto de reescalonamiento en el Club de París fue de 1,9 millones de
dólares en lo que atañe al ICO, trayendo a valor presente los flujos
financieros derivados de la enorme concesionalidad otorgada a esa deuda,
podemos llegar a la conclusión de que el valor presente de mercado hoy de
ese 1,9 millones de dólares tan sólo ascendería a 750.000 dólares. Es
decir, que el porcentaje de concesionalidad --por así decirlo-- implícito
en ese acuerdo de reescalonamiento del Club de París era muy alto y
superaba con creces el 50 por ciento. Y otro tanto cabe decir de la
segunda de las operaciones ya reescalonada en 1991, la que importaba
741.000 dólares, valorada financieramente, habida cuenta de su tipo
concesional y su largo plazo, tendría un valor actual neto de tan sólo
250.000 dólares, algo así como la tercera parte de su valor nominal.

Alcanzado este acuerdo sobre reescalonamiento de deuda en el Club de
París, el Gobierno nicaragüense, con el apoyo activo tanto del Banco
Mundial como del Banco Interamericano de Desarrollo, se puso en contacto
con diversos países industrializados tratando de obtener apoyos
adicionales y solicitó, como digo, con el beneplácito y el estímulo
directo de ambas instituciones multilaterales, ayudas adicionales en
efectivo por parte de diversos países industrializados, con vistas a
permitirle llevar a cabo un programa de recompra en el mercado secundario
de deuda contraída por Nicaragua no ya con prestatarios públicos, sino
con prestatarios privados. Es decir, Nicaragua pretendía, y ha llevado a
cabo, un típico programa de «death bay back» en virtud del cual, el
deudor, a los acreedores privados que tiene, les recompra su deuda a un
valor muy inferior al nominal. En el caso nicaragüense, el precio al que
pretendía recomprar esos créditos privados era de tan sólo el 8,5 por
ciento. Por cada dólar de deuda pensaba comprar el préstamo en el mercado
secundario por 8,5 centavos, con lo cual obtenía por esa vía una
condonación muy significativa.

Como digo, el Banco Mundial y el BID no sólo dieron un apoyo retórico a
la propuesta nicaragüense, sino también ayudas financieras concretas para
llevar a cabo ese programa de recompra de deuda privada en el mercado
secundario. El Banco Mundial otorgó 40 millones de dólares y el BID otros
tantos, de forma que las autoridades nicaragüenses necesitaban unos 30
millones de dólares adicionales para, con esos 110 millones de dólares,
hacer una recompra en el mercado de los préstamos bancarios con Nicaragua
que estaría en el entorno de los 1.500 millones de dólares. En este
segundo paquete de ayuda a Nicaragua, este país solicitó del Gobierno
español el apoyo, como había hecho de otros países industrializados.

En el caso de esos otros países industrializados, se avinieron a la
propuesta nicaragüense e hicieron donaciones monetarias con vistas a que
Nicaragua pudiera recomprar esos préstamos.

El caso español, el Gobierno entendió que había dos órdenes de problemas.

Uno en el ámbito financiero, y es que podía entenderse criticable que el
Estado español diera a Nicaragua dinero para recomprar préstamos
otorgados esencialmente por entidades financieras estadounidenses. El
Gobierno español compartía el punto de vista del Banco Mundial y del BID,
en el sentido de que Nicaragua es un país que está cumpliendo con
bastante rigor los programas de ajuste que tiene pactados con las
instituciones multilaterales. Uno de los problemas graves que tiene es
una sobrecarga de deuda pasada, y el Gobierno español entendía la
finalidad última de la propuesta del Banco Mundial, del Banco
Interamericano y Nicaragua de aligerar ese servicio de la deuda, pero no
le parecía demasiado atractivo el concepto de dar a Nicaragua dinero para
que reembolsara, por esta vía de la recompra, préstamos otorgados por
instituciones financieras no españolas.

Por otro lado, tampoco estaba claro hasta qué punto esa fórmula podía
incardinarse en lo que había sido la práctica tradicional del Fondo de
Ayuda al Desarrollo. Por eso, el Gobierno español optó por utilizar una
vía alternativa, que era que esos préstamos que ya habían sido objeto de
reescalonamiento al amparo del acuerdo del Club de París de marzo, y que
ya tenían un valor financiero muy inferior a su nominal, condonarlos
íntegramente. De forma que la condonación afecta, si se quiere utilizar
valores nominales, desde el punto de vista puramente nominal, a 1,9
millones de dólares de uno de los préstamos del ICO, más los 741.000 del
otro. Es decir, que en términos puramente nominales, repito, la
condonación asciende a 2.600.000. Ahora bien, en términos financieros,
puesto que esos préstamos eran ya extremadamente concesionales, lo que se
está perdonando financieramente es mucho menos, es del orden del millón
de dólares. Es decir, los 750.000 dólares del primero de los préstamos en
valor presente, más aproximadamente los 250.000. Es una cifra que, sin
ser despreciable, en realidad es bastante más modesta que la que
originalmente el Gobierno nicaragüense había solicitado de España en
cuanto a colaboración al programa de recompra de deuda, que se cifraba en
unos cinco millones de dólares. Como digo, en valor presente, la
condonación genuina del Gobierno español está en el orden de un millón de
dólares.

Esta ayuda se enmarca en esa segunda ronda de ayudas a Nicaragua, que, a
su vez, obedece a la idea de que Nicaragua tiene una economía que se está
ajustando razonablemente bien y tiene un sobrepeso derivado de la carga
exterior. Por eso, el Gobierno no entendió necesario que esa condonación
de deuda debiera vincularse a actuaciones adicionales o a proyectos de
inversión o a alguna actividad específica distinta al cumplimiento
riguroso del programa de ajuste que tiene pactado con las instituciones
de Breton Woods.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Hernando.




El señor HERNANDO FRAILE: Evidentemente, los datos reales no tienen nada
que ver con lo que se había publicado



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en la prensa, en la que hemos visto cifras de hasta cinco mil millones en
relación con Nicaragua. Nosotros teníamos cantidades sobre la deuda real
que mantenía Nicaragua con España y en ningún caso llegaba a esa
posibilidad de condonar cinco mil millones. La situación de la deuda
actual con Nicaragua no alcanza esas sumas. Por tanto, le agradecemos
extraordinariamente que haya sido capaz de descifrar este misterio, que
había sido, como le decía al principio, desmentido de alguna forma en
otros foros, pero había quedado la sensación de que nadie sabía qué era
lo que había ocurrido con Nicaragua. Es cierto que Nicaragua está
haciendo un esfuerzo extraordinario, nosotros somos conscientes de ello,
con los planes de ajuste.

Sabemos, además, que Nicaragua tiene unas condiciones extraordinarias de
deuda. Es el país con mayor endeudamiento «per cápita» de toda la
comunidad internacional, y parte de esas deudas, de forma extraordinaria,
proviene del anterior sistema político. Nosotros somos partidarios de
realizar este tipo de operaciones de condonación de deuda con los países
que lo necesitan, y en este caso con Nicaragua. No obstante, pensábamos
que eso de los cinco mil millones era real y por eso nos parecía que una
suma de esas magnitudes no podría pasar desapercibida como una
condonación pura y simple, sin estar vinculada al cumplimiento de otros
criterios. Ya nos ha aclarado el señor Secretario de Estado que el
importe se acerca a un millón de dólares, y lo que quiero manifestar en
estos momentos es que debiéramos ir analizando también otras
posibilidades de condonación de deuda con distintos países del Tercer
Mundo. Creemos que la condonación de deuda es una de las formas de
cooperación de ayuda al desarrollo de muchos países que, por distintas
cuestiones, por regímenes anteriores instalados a través de sistemas
dictatoriales, padecieron estos sistemas de endeudamiento, que hoy
estrangulan la democracia y que les hace difícil continuar adelante.

Por tanto, lo que quiero manifestar una vez más es el agradecimiento por
facilitar estos datos y animar al Gobierno, en el poco tiempo que le
queda, a seguir con este tipo de programas. No estaría de más, de todas
formas, aunque no son cifras tan importantes como al principio se había
dicho, reconvenir a los gobiernos perceptores de este tipo de cooperación
y ayuda al desarrollo a fin de que destinen mayores dotaciones económicas
a sus equilibrios presupuestarios, al cumplimiento de condiciones
económicas y también al desarrollo de sus propios ciudadanos y menos a
otro tipo de actividades en las que no han sido reticentes, como eran las
luchas armamentistas, que en muchas ocasiones han tenido una incidencia
directa en el grave endeudamiento de esos países.




El señor PRESIDENTE: ¿Desea el Secretario de Estado hacer alguna
precisión? (Pausa.) Yo creo que está todo claro, por la naturaleza del
debate, con lo cual terminamos la sesión y la levantamos reiterando el
agradecimiento al señor Secretario de Estado de Economía.

Se levanta la sesión.




Eran las doce y veinte minutos del mediodía.