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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 644, de 19/12/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 644
EDUCACION Y CULTURA
PRESIDENTE: DON JOSE LUIS MARTINEZ BLASCO
Sesión núm. 53
celebrada el martes, 19 de diciembre de 1995
ORDEN DEL DIA:
Contestación a las siguientes preguntas:
--Sobre medidas para difundir y aplicar el contenido de la Ley orgánica
por la que se prorroga la duración del mandato de los órganos
unipersonales de gobierno de los centros docentes sostenidos con fondos
públicos, formulada por el señor Cruz Orive (Grupo Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya). (BOCG, Serie D, número 279. Número de
expediente 181/001678) (Página 19476)
--Sobre criterios aplicados en los centros en que se convocaron
elecciones a director antes de la entrada en vigor de la Ley orgánica por
la que se prorroga la duración del mandato de los órganos unipersonales
de gobierno de los centros docentes sostenidos con fondos públicos,
formulada por el mismo señor Diputado. (BOCG, Serie D, número 279. Número
de expediente 181/001682) (Página 19476)
--Sobre actuaciones en relación con la solicitud formulada por la
Consejería de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalidad Valenciana
acerca del establecimiento oficial de los estudios superiores de
cerámica, formulada por el señor Peralta Ortega (Grupo Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya). (BOCG, Serie D, número 297. Número de
expediente 181/001822) (Página 19479)
--Sobre garantías de que no se produzcan discriminaciones en el actual
sistema de designación del profesorado encargado de la asignatura de
religión en los centros públicos de enseñanza, formulada por el mismo
señor Diputado. (BOCG, Serie D, número 292. Número de expediente
181/001816) (Página 19481)
--Sobre actuaciones previstas para celebrar en el año 1997 el 600
aniversario del poeta valenciano Ausias March, formulada por el mismo
señor Diputado. (BOCG, Serie D, número 297. Número de expediente
181/001826) (Página 19483)
Celebración de las siguientes comparecencias:
--Del Secretario General del Consejo de Universidades (Michavila
Pitarch), para informar sobre nuevos planes de estudio y vicisitudes de
su reconocimiento a efectos profesionales en España y en la Unión Europea
(UNE), financiación de las universidades, reforma de los órganos de
gobierno de las universidades, fijación de los módulos objetivos de
capacidad de los centros universitarios, acceso a la Universidad y
permanencia en ella, así como funcionamiento del llamado «Distrito
compartido», análisis de la endogamia en la selección del profesorado y
de la repercusión en ella de las «Comisiones de reclamaciones», así como
de otros problemas que la citada institución tenga actualmente en
estudio. A solicitud del Grupo Popular. (Número de expediente 212/001776)
(Página 19485)
--Del señor Ministro de Educación y Ciencia (Saavedra Acevedo) para
explicar las líneas generales de la política de educación especial
durante el curso 1995/1996. A solicitud del Grupo Popular. (Número de
expediente 213/000728) (Página 19497)
--De la señora Ministra de Cultura (Alborch Bataller) para informar sobre
las relaciones entre la Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas y la Fundación para el desarrollo de las Bibliotecas
(FUNDEBI) desde el año 1989, así como sobre las medidas que ha adoptado o
piensa adoptar en relación con dicho tema. A solicitud del Grupo Popular.
(Número de expediente 213/000733) (Página 19508)
Se abre la sesión a las nueve y cuarenta minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Buenos días.
Vamos a comenzar la sesión correspondiente a hoy, día 19, que parece va a
ser la última sesión de la Comisión.
El orden del día está compuesto de dos partes: en primer lugar, la
contestación a cinco preguntas y, a partir de las diez y treinta minutos,
se sucederán tres comparecencias de diferentes autoridades del Ministerio
de Educación y Ciencia y del Ministerio de Cultura.
CONTESTACION A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
--SOBRE MEDIDAS PARA DIFUNDIR Y APLICAR EL CONTENIDO DE LA LEY ORGANICA
POR LA QUE SE PRORROGA LA DURACION DEL MANDATO DE LOS ORGANOS
UNIPERSONALES DE GOBIERNO DE LOS CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS
PUBLICOS, FORMULADA POR EL SR. CRUZ ORIVE (GRUPO DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA). (Número de expediente 181/001678.)
--SOBRE CRITERIOS APLICADOS EN LOS CENTROS EN QUE SE CONVOCARON
ELECCIONES A DIRECTOR ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY ORGANICA POR
LA QUE SE PRORROGA LA DURACION DEL MANDATO DE LOS ORGANOS UNIPERSONALES
DE GOBIERNO DE LOS CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PUBLICOS,
FORMULADA POR EL SR. CRUZ ORIVE (GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA). (Número de expediente 181/001682.)
El señor PRESIDENTE: Comenzamos con las preguntas. Para contestar a las
primeras preguntas está presente el Secretario de Estado, señor Marchesi,
a quien saludamos. Las dos primeras preguntas han sido formuladas por el
señor Cruz Orive del Grupo Federal de Izquierda Unida.
Tiene la palabra el señor Cruz Orive.
El señor CRUZ ORIVE: Buenos días a toda la Comisión. Buenos días, señor
Marchesi, le agradezco su presencia y le saludo en mi nombre y en el del
Grupo que represento. La cuestión que planteo en mis preguntas no merece
mucha explicación porque es lo suficientemente explícita, quizá en un
segundo turno le expondré algún tema concreto, alguna preocupación
específica que tengo respecto a la cuestión. Pienso que puedo hacer las
dos preguntas conjuntamente porque se refieren al mismo tema.
La primera pregunta se refiere a las medidas para difundir y aplicar el
contenido de la Ley Orgánica por la que se prorroga la duración del
mandato de los órganos unipersonales de gobierno de los centros docentes
sostenidos con fondos públicos. Usted sabe que en un principio estaba el
proyecto de ley con una serie de determinaciones y que posteriormente en
el trámite parlamentario hubo alguna modificación. Me gustaría saber qué
medidas han adoptado ustedes para aplicar su amplio contenido.
La segunda pregunta se refiere al mismo tema. Es evidente que la
motivación del Ministro, en aquellos momentos el señor Suárez Pertierra,
era haber sacado adelante aquel proyecto de ley antes del 1 de junio para
que la prórroga del mandato de los directores no tuviera ninguna
complicación, pero se retrasó el trámite y la ley salió publicada en el
Boletín Oficial del 30 de junio. Según la LODE correspondía celebrar
elecciones. Debido a estas circunstancias la pregunta que yo le hacía era
si había surgido alguna situación --yo conozco un caso concreto-- en
colegios que hubieran convocado elecciones antes del 30 de junio, antes
de salir la ley, porque se había creado una cierta intersección de
tiempos que no sabíamos cómo estaba resuelto, si aquellas convocatorias
se habían celebrado o no, qué complicaciones habían tenido. En fin, ésta
era un poco la temática.
Señor Presidente, estoy formulando las dos preguntas conjuntamente porque
atienden al mismo tema, porque creo que es la mejor manera de contestar y
de poder clarificar el tema objeto de mi preocupación.
El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado, como ha indicado el
señor Diputado, parece ser que ha acumulado las dos preguntas; en la
respuesta puede hacer lo que considere oportuno.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACION (Marchesi Ullastres): Como
sabe el señor Diputado, el Gobierno presentó a la Cámara para su
aprobación un proyecto de ley de evaluación, participación y gobierno de
los centros, que empezó su tramitación parlamentaria, si mal no recuerdo,
en abril o mayo de este año y que ha sido aprobado definitivamente en
noviembre. En este proyecto de ley, que se convirtió en Ley al publicarse
en el «Boletín Oficial», se modificaban algunos de los aspectos
contenidos en la legislación anterior en relación con la elección del
director. Por esta razón el Ministerio y el Gobierno presentaron a la
Cámara este proyecto de ley al que usted hace referencia, convertido en
ley el último día de junio, por el cual se prorrogaba durante un año el
mandato de los directores.
La razón fundamental de esta ley es fácilmente comprensible desde mi
punto de vista. Se estaba tramitando en esta Cámara un proyecto de ley
que modificaba la elección de los directores y que previsiblemente iba a
ser aprobada, como así ha sido, en noviembre, y no pareció razonable al
Gobierno que en un momento en que se iba a cambiar el sistema de elección
de directores se eligiera de nuevo a los equipos directivos por el
procedimiento anterior. Esta fue la razón fundamental para que se
presentara este proyecto de ley, muy breve, muy escueto, compuesto por
uno o dos artículos, por el que se prorrogaba el mandato de los
directores elegidos durante un año. También se establecía a propuesta,
creo recordar, de su Grupo Parlamentario, alguna modificación en este
proyecto de ley en relación con aquellos directores que no desearan
continuar su mandato durante un año, por lo cual podían manifestar su no
disponibilidad para seguir siendo directores y automáticamente dejaban de
tener esa obligación, frente a lo que planteaba el primer proyecto de
ley.
El Ministerio, consciente de que se estaba tramitando este proyecto de
ley de prórroga durante un año del mandato de los directores --nosotros
esperábamos que fuera aprobado, como así fue, antes del 30 de junio,
momento en el que terminaba el mandato de estos directores--, no convocó
elecciones de directores y, por tanto, informó a los centros en el mes de
mayo que no iba a haber elecciones a director porque pensábamos, como así
sucedió, que la prórroga de la ley iba a aprobarse antes del 1 de julio
de 1995, como así fue. Es posible que algunos directores de algunos
centros no tuvieran la información suficiente en el momento adecuado para
conocer que iban a prorrogar su mandato, pero, en todo caso, el hecho de
no convocar elecciones era un claro mensaje de que había una disposición
que previsiblemente iba a conducir a la prórroga del mandato durante un
año.
Una vez aprobada la ley de prórroga del mandato de los directores el
Ministerio informó de nuevo a los centros de cuál era la legalidad
vigente en relación con la elección de los directores, y la legalidad
vigente a partir del 1 de junio era, en primer lugar, que existía una
prórroga del mandato de los directores y de los equipos directivos; en
segundo lugar, que aquellos directores que no desearan la prórroga podían
hacerlo y manifestarlo directamente a las autoridades provinciales y, en
tercer lugar, en el supuesto de que esto fuera así, el Ministerio de
Educación debía proceder a la elección de un nuevo director de acuerdo
con la legalidad vigente --y ya estoy hablando del mes de septiembre u
octubre de 1995-- y la legalidad vigente era la establecida en la LODE
dado que todavía no se había aprobado la Ley de participación y gobierno
de los centros y que, en consecuencia, no podía aplicarse en ese momento
aunque estuviera tramitándose.
Estos fueron los criterios que mantuvimos, y lo que nosotros conocemos
--ya estamos a mitad de curso y, por tanto, tenemos una cierta
comprobación de que ha sido así-- es que el número de problemas que se
han planteado en los centros ha sido mínimo; me atrevo a decir que lo que
hemos comprobado desde el Ministerio es que solamente se han dado dos o
tres situaciones algo más complejas, y también sé que todas ellas se han
producido por la duda de la posible renuncia o no del director elegido en
los años anteriores y, por tanto, en relación con las posibles
expectativas de aquellos colectivos que forman parte del Consejo escolar
en relación con la elección de un nuevo director.
Por lo demás, lo que nosotros conocemos es que la legalidad se ha ido
aplicando; en este momento prácticamente en todos los centros existe un
director elegido de acuerdo con los distintos procedimientos establecidos
en
la LODE, bien por elección del Consejo escolar, bien por nombramiento de
la autoridad correspondiente al no haber candidato, o bien por cualquiera
otro de los supuestos que al renunciar el director y haber empezado el
curso debe sustituirlo, tal como hacemos habitualmente, bien el jefe de
estudios, bien el director o el profesor con mayor antigüedad en el
centro. Me gustaría tranquilizarle en relación con este tema dado que
creo que en este momento hay una situación de normalidad general en los
centros docentes y que no nos consta que actualmente existan problemas
con la figura, la representatividad y la legitimidad de los directores
elegidos.
He de reconocer, finalmente, que en alguna comunidad autónoma que no
depende directamente de la gestión del Ministerio de Educación y Ciencia
la situación ha sido algo distinta. No sé si ha sido en relación con
alguna comunidad autónoma, donde los procedimientos han sido diferentes,
en donde usted ha podido comprobar algunas disfunciones, pero en el
ámbito de gestión del Ministerio la situación es la que le he transmitido
a través de esta información.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Cruz.
El señor CRUZ ORIVE: Señor Marchesi, en primer lugar, me alegro de que
haya habido pocos problemas con la aplicación de esa prórroga de los
directores. El problema está en que en lo que yo conozco, desde mi punto
de vista, no se ha resuelto correctamente y por eso traía a esta Comisión
la preocupación de que hubieran podido multiplicarse una serie de
circunstancias desgraciadas que no hubieran resuelto convenientemente
este problema.
Yo, de todas formas, no querría pasar por alto algún dato concreto que
usted también conoce, aunque no tenga mucha gravedad, pero creo que al
hacerlo cumplimos con nuestra labor parlamentaria de control y crítica a
ciertas actuaciones. Usted sabe que en el Colegio Jaime Vera, de Torrejón
de Ardoz, y, por tanto, territorio MEC, que está directamente bajo su
competencia, la directora presentó la dimisión en junio. En ese momento
no había salido la Ley orgánica de prórroga del mandato de los
directores, pero sí existían unas recomendaciones del Ministerio, sí
existía una información que ustedes habían trasladado a los inspectores y
a los diferentes colegios, sobre el proyecto de ley orgánica de prórroga
de los directores, proyecto de ley que, como usted bien ha dicho, luego
se modificó en el trámite incorporando un punto cuarto al artículo único
que tenía, en el que se decía: En aquellos casos en que, siempre a
solicitud fundada de quien desempeñe uno de los cargos a que se refiere
esta ley y previo conocimiento de la misma por parte de la administración
educativa competente, no sea posible hacer efectiva la prórroga, se
procederá a la elección de los nuevos órganos unipersonales, etcétera.
La directora de este centro estaba provisionalmente. Había habido
problemas de elección de un nuevo director en aquel centro y la señora
directora planteó su dimisión en junio de una forma normal. Con las
directrices previas que había a esto que le acabo de leer, se le aconsejó
desde la inspección que no podía plantear la dimisión, pero no obstante
ella volvió a reincidir y volvió a plantear el 3 de julio la dimisión con
carácter irrevocable, porque consideraba que tenía problemas, que no
podía seguir, pero además --que es lo que yo quería traer a colación
aquí-- porque existía una alternativa coherente. Había una propuesta del
director con la que se podía resolver perfectamente el asunto. No iba a
crearse ningún vacío de dirección. Se presentaba don Juan Palomino, que
había sido director tres años antes, que además es licenciado en
Pedagogía y en Filosofía y que gozaba de la confianza de la comunidad
educativa en este centro, puesto que era un director que había gozado de
la mayoría del Consejo Escolar. Este señor se quiere presentar pero se
empieza a encontrar con dificultades. Desde la inspección no se le da un
carácter de normalidad a este asunto, sino que se hacen opacas las nuevas
normas, no se explica bien la modificación de esta Ley orgánica que se
había introducido en el trámite de Comisión y en el de Pleno. En
definitiva, en septiembre esta directora reconsidera el tema y retira la
renuncia, por supuesto de forma voluntaria, pero un tanto condicionada
por el contexto, un tanto presionada --la palabra quizá sea fuerte y no
querría usarla--. Ante las dificultades burocráticas --voy a emplear ese
término-- la directora plantea otra vez seguir el mandato durante el
tiempo que sea necesario.
Este es un caso concreto que intentamos resolver de manera civilizada
poniéndonos en contacto con usted para que se resuelva políticamente. Yo
creo que hay que resolver los problemas y para eso estamos los políticos,
para resolverlos, no para crear más problemas. Además creo que era un
problema baladí, que se podría haber resuelto correctamente. Este hecho
concreto a mí me preocupó. Si civilizadamente se pueden resolver las
cosas y no se hace, ¡qué pasará en otros sitios que no conocemos o donde
no llegamos a resolver! Esa era la preocupación. En este problema
concreto yo pretendía tener una visión general y usted me ha
tranquilizado, pero quiero dejar claro que no hemos resuelto
adecuadamente esa situación, sobre todo cuando estaban puestas las piezas
para haberlas encajado debidamente. Era un colegio que, como digo, no
hubiera tenido un problema de vacío de dirección. Era un colegio que
contaba con un candidato idóneo, puesto que tiene conocimientos,
pertenece a la comunidad educativa y goza de su confianza y, en ese
sentido, creo que el problema se podría haber resuelto mejor de lo que al
final se hizo.
Este era el tema que le quería traer a colación, señor Marchesi, en esta
comparecencia.
El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado, ¿quiere añadir algo?
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACION (Marchesi Ullastres): En
relación con este tema, yo le decía anteriormente que posiblemente había
habido tres o cuatro casos complicados. Reconozco que dije tres o cuatro
por no decir uno y por temor a que usted, además de éste, me sacara algún
otro que yo conociera, pero en este momento puedo decirle que yo sólo
conozco uno. Retiro lo de tres o cuatro y me quedo con éste.
Este asunto se ha resuelto con criterios distintos posiblemente por los
problemas existentes en los centros. Yo no puedo dar una mayor
información. Yo recuerdo que cuando usted me lo planteó y además a través
de otros miembros de la Cámara me llegó este problema, sugerí a los
responsables de Torrejón que dieran una solución sencilla y ágil a la
situación, si era todo tan claro como se planteaba. Si había una persona
que renunciaba y otra que quería ser director, ¿qué más fácil que hacer
el cambio sin mayores problemas? Reconozco que desde ese momento no tuve
más información y di por supuesto que el caso se había resuelto
satisfactoriamente.
Por lo que usted me dice el caso se ha resuelto legalmente, aunque no
responde a las expectativas o a los intereses que pudiera haber habido,
dado que parece que, por lo que usted me dice --yo no tenía esa
información-- la persona que era directora finalmente no ha renunciado,
por razones que yo ahora mismo no conozco.
La verdad es que no sé qué pudo suceder en esos meses, pero si finalmente
la directora no formalizó su renuncia es evidente que ella mantuvo su
interés. En el caso de que hubiera formalizado su dimisión, tenga usted
la seguridad de que el procedimiento hubiera sido el legalmente
establecido y, sin duda, la persona que hubiera tenido interés en ser
director, si no hubiera habido alguna otra persona que también se hubiera
presentado, habría sido elegido normalmente por el Consejo Escolar.
En todo caso, dado que la prórroga es de un año y, en consecuencia, en
los meses de abril o mayo va a haber de nuevo elecciones a director en
todos los centros y en ése también, y dado que por lo que usted me dice
el profesor al que usted hace referencia ha sido director durante varios
años y, por tanto, tendrá posibilidad de poderse presentar de nuevo sin
ningún tipo de cortapisas al cargo de director, de acuerdo con la nueva
ley, yo estoy seguro de que, aunque no se resolvió bien hace unos meses,
en mayo o junio de 1996, por la vía democrática, esta situación estará
perfectamente resuelta.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Marchesi.
--SOBRE ACTUACIONES EN RELACION CON LA SOLICITUD FORMULADA POR LA
CONSEJERIA DE CULTURA, EDUCACION Y CIENCIA DE LA GENERALIDAD VALENCIANA
ACERCA DEL ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE LOS ESTUDIOS SUPERIORES DE
CERAMICA, FORMULADA POR EL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GRUPO IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.) (Número de expediente 181/001822.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las preguntas del señor Peralta. Esta
Presidencia le propone que en lugar de hacer ahora la pregunta tercera
formule la cuarta, que va a ser contestada por el señor Marchesi. La
tercera va a ser contestada por el señor Subsecretario, que ya está
presente, pero así el señor Marchesi podría retirarse. ¿Le parece bien a
su señoría?
Tiene la palabra el señor Peralta para formular la pregunta que aparece
en el orden del día en cuarto lugar.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Marchesi, por su presencia.
Conoce usted perfectamente que en la ciudad de Manises funciona, desde
hace décadas, una Escuela de Cerámica, prácticamente la única existente
en nuestro país y que, sin lugar a dudas, debe su raigambre en esta
ciudad a la existencia desde hace siglos de una cultura de la cerámica
particularmente asentada en esa ciudad de Manises. Sobre la base de esa
cultura, la Escuela de Cerámica ha contribuido de una manera importante a
la modernización y al desarrollo del propio sector. La regulación de esa
Escuela de Cerámica es muy antigua y su permanencia, al día de hoy
intacta desde sus inicios, plantea problemas en relación con todo el
cambio normativo que se ha producido en materia educativa.
Nos consta que, por esta razón y a instancias de la propia Escuela, desde
la Generalidad Valenciana se ha planteado la necesaria actualización y
modernización de la regulación jurídica de esta Escuela de Cerámica para
ponerla al día y potenciarla en el contexto del nuevo sistema educativo
que estamos implantando en nuestro país. De hecho, nos consta que en
abril de este año 1995, tanto el Director General de Ordenación e
Innovación Educativa como la Directora General de Centros Docentes, en
ambos casos de la Consejería de Educación y Ciencia de la Generalidad
Valenciana, dirigieron a la correspondiente dirección general del
Ministerio de Educación y Ciencia una propuesta curricular en la que,
después de reconocer que desde los años ochenta está planteada la
transformación de las enseñanzas propias de la Escuela de Cerámica de
Manises, solicitaban que se efectuara la tramitación conducente al
establecimiento oficial de los estudios superiores de cerámica.
Nos gustaría saber cuál es la situación de ese proyecto remitido desde la
Generalidad Valenciana y cuál es la posición del Ministerio de Educación
y Ciencia en relación con esta necesaria actualización de los estudios de
la Escuela de Cerámica de Manises.
El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACION (Marchesi Ullastres): Señor
Peralta, nosotros compartimos el interés que usted ha manifestado sobre
los estudios de cerámica de Manises y la importancia que han tenido, y
tienen, estos estudios para el desarrollo de estas enseñanzas, sobre todo
por su implantación en el entorno de Manises y su incidencia en el
desarrollo de esta ciudad.
Nosotros hemos estudiado la propuesta que nos ha llegado. Lo que sucede
es que estamos esperando a terminar la aprobación de todos los títulos de
formación profesional --lo que se hará previsiblemente la próxima
semana-- antes de abordar de forma definitiva unas decisiones que hemos
de tomar con cuidado, por una parte, y con equilibrio,
por otra, porque suponen transformar determinadas enseñanzas en estudios
superiores. Ciertamente, la Logse habilita para que determinadas
enseñanzas del ámbito artístico puedan ser transformadas en estudios
superiores. Sin embargo, pensamos que esas decisiones hemos de
adoptarlas, no de forma aislada a partir de cada una de las propuestas
que nos puedan llegar, porque eso podría suponer agravios o tensiones
entre unos y otros a la hora de conseguir dichos cambios, sino teniendo
claro cuál es el modelo final que queremos plantear y cuál es el nivel de
estudios de todas las titulaciones, tanto las de carácter más profesional
como aquellas que, estando vinculadas a enseñanzas artísticas, pueden
tener un grado superior.
La transformación en estudios superiores es algo que queremos hacer y que
vamos a abordar, pero teniendo en cuenta este equilibrio y estas
decisiones conjuntas. Esta decisión sobre la titulación superior no
impide que se puedan ya poner en marcha las propuestas sobre los
estudios, tendentes a actualizar sus propios contenidos en relación con
la actual normativa, pero pensamos que es más prudente adoptar la
decisión final una vez que tengamos el mapa de titulaciones y el análisis
de todos los estudios del ámbito artístico en nuestras enseñanzas para
que, a partir de ahí, podamos proceder a los cambios necesarios para
reforzar aquellas enseñanzas que veamos que es conveniente que tengan un
status diferente al actual. En ese sentido hemos recogido la solicitud
que nos ha llegado, pero ya le digo que vamos a esperar a tener todo el
mapa de titulaciones prácticamente terminado --calculamos que la próxima
semana el Gobierno aprobará estos títulos--, para proceder después a los
cambios necesarios de esta manera más completa y más equilibrada.
El señor PRESIDENTE: Señor Peralta, tiene la palabra.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Marchesi, por su contestación. Yo
celebro que estemos de acuerdo en la importancia que tiene la escuela de
cerámica, tanto por su propia trayectoria como por su incidencia en el
sector y en el ambiente en el que está radicada, que ha sido realmente
importante.
Quiero ser optimista en relación con lo que usted me ha dicho, señor
Marchesi, y quiero confiar en que efectivamente, pasada la semana que
viene, se apruebe un proyecto que en la Generalidad Valenciana se lleva
estudiando desde hace mucho tiempo, porque en definitiva afecta a la
Escuela de Cerámica de Manises, no más. Cuando me habla usted de
problemas de unos con otros, debo señalar que, en este caso concreto,
relativamente pocos problemas hay de unos con otros. Señor Marchesi,
estamos hablando de la Escuela de Cerámica de Manises y le quiero dar un
dato que posiblemente usted conoce, pero que quisiera que sirviera para
reforzar esta petición. Malo sería que aquí se repitiera la historia de
triunfar fuera de España por parte de los españoles. Muy recientemente,
un profesor de la Escuela de Cerámica de Manises ganaba un concurso
internacional de Japón, conocido como Inax, para ceramistas europeos.
Esto pone de manifiesto la calidad, a nivel internacional, del cuadro
docente de la Escuela de Cerámica de Manises. Como consecuencia de haber
obtenido este premio, este profesor tiene que trabajar en Japón y enseñar
a profesionales japoneses sus conocimientos en el arte de la cerámica. En
buena lógica, nosotros deseamos que, puesto que tenemos implantada una
industria cerámica importante, quienes se mueven en el ámbito de esta
industria, quienes contribuyen a su renovación, a la actualización de
unos diseños más competitivos, tengan el reconocimiento adecuado.
En nuestra opinión, conseguir el reconocimiento de los estudios
superiores de cerámica es un proyecto coherente, muy estudiado en el caso
de la Generalidad Valenciana, concretado en ese proyecto que le ha sido
remitido al Ministerio y que nosotros desearíamos --y así se lo planteo,
señor Marchesi-- que lo estudiasen --ya no le digo con celeridad porque
me habla usted de la semana que viene-- a partir de la semana que viene
con el mismo interés con el que se ha trabajado en la Generalidad
Valenciana. Esperamos que la decisión que adopten conduzca efectivamente
a una solución que, en nuestra opinión, es acorde con los intereses no
sólo de nuestra Comunidad, sino de los intereses superiores del país.
El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado, ¿desea añadir algo?
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACION (Marchesi Ullastres): Sí,
señor Presidente, muy brevemente.
Señor Peralta, quiero decirle de nuevo que estudiaremos con cuidado y con
cariño la propuesta que se nos ha hecho. Cuando yo me refería a que las
decisiones hay que adoptarlas de forma conjunta y equilibrada, no me
refería a que hubiera otras enseñanzas de cerámica en otros lugares que
pudieran competir con la de Manises, sino a que las enseñanzas artísticas
y de diseño son muchas, variadas y con demandas a veces coincidentes con
las que se realizan desde la Generalidad en relación con la Escuela de
Cerámica de Manises, desde la perspectiva de otro tipo de estudios
similares en cuanto a su rigor o a su vinculación a las enseñanzas
artísticas a las que me refería cuando decía que había que plantear una
posición equilibrada en relación con todas las demandas. En todo caso,
una vez terminadas las titulaciones, estudiaremos lo que usted me ha
planteado y sin duda podremos resolverlo con cierta celeridad.
Si me permite, señor Presidente, dado que es la última pregunta, quiero
aprovechar para despedirme del señor Presidente y de los miembros de la
Comisión, con los que durante estos años he compartido una serie de
preguntas, agradeciéndoles a todos su enorme amabilidad y deseándoles
felices navidades y un año 1996 lleno de elecciones. (Risas.) Muchas
gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor Marchesi, aprovecho que está presente el señor
Subsecretario, Hernández Spínola, para agradecer en esta sesión de
despedidas la colaboración que ha encontrado en las diferentes
autoridades
del Ministerio --así lo haremos saber también después al Ministro, que
comparece al final de la mañana-- y para desear que el próximo año sea
bueno para todos y cada uno y que vuelva a comparecer en la próxima
Comisión de Educación y Cultura.
Muchas gracias, por tanto, por su colaboración y por su presencia hoy y
por las de las diferentes autoridades del Ministerio.
--SOBRE GARANTIAS DE QUE NO SE PRODUZCAN DISCRIMINACIONES EN EL ACTUAL
SISTEMA DE DESIGNACION DEL PROFESORADO ENCARGADO DE LA ASIGNATURA DE
RELIGION EN LOS CENTROS PUBLICOS DE ENSEÑANZA, FORMULADA POR EL SEÑOR
PERALTA ORTEGA (GRUPO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA). (Número
de expediente 181/001816.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente pregunta.
Señor Peralta, tiene S. S. la palabra para formular la pregunta que
figura en tercer lugar en el orden del día y que va a ser contestada por
el señor Subsecretario.
El señor PERALTA ORTEGA: Permítame, señor Presidente, que me una a los
deseos expresados por el anterior compareciente, señor Marchesi, y que
aproveche en nombre propio, en el de mis compañeros de Grupo, por
supuesto, y estoy convencido que en el de todos, para desear felices
fiestas a todos, para agradecer a la Presidencia su benevolencia en esta
Comisión, en esta sesión de hoy y a lo largo de toda la legislatura, y
para desearle también al señor Presidente que repita en la próxima no
sólo el señor Marchesi, así como a todos los que están aquí y que
voluntariamente quieran.
Dicho lo anterior, desearía, en primer lugar, agradecer la presencia del
Subsecretario y, en segundo lugar, plantearle un tema concreto
--posiblemente lo conoce usted-- suscitado recientemente en el caso de mi
Comunidad Autónoma, el País Valenciano, pero que yo creo que trasciende
de ese ámbito y que nos puede permitir reflexionar sobre una situación
normativa que se hereda de finales de los años setenta y primeros de los
años ochenta y que, en opinión de este parlamentario --y yo estoy
convencido de que en opinión de más Diputados--, podría ser objeto de
reconsideración.
El caso concreto se plantea en relación con una profesora de religión en
dos centros públicos de Cuart de Poblet, localidad cercana a Valencia. Se
trata de una profesora que venía impartiendo clases de religión, según
los datos que figuran en la sentencia, desde el año 1991. Esta profesora
se separa de su marido, inicia una nueva relación de convivencia con otra
persona y, en la medida en que esta situación es conocida, el Arzobispado
plantea el cese de su prestación de servicios, decisión que es llevada a
la práctica por parte de la autoridad académica correspondiente, en este
caso la Consejería de Educación de la Generalidad Valenciana, aplicando
normativa de carácter estatal, no normativa de carácter autonómico.
Se hizo público que la razón por la que se había procedido a este cese
era precisamente por las circunstancias personales de esta profesora. De
hecho, en la sentencia que se ha dictado en relación con la reclamación
presentada por la misma se dice que el 26 de junio de 1995 el delegado de
enseñanza del Arzobispado comunicó a la profesora que, dadas sus
circunstancias personales y las quejas de los padres de alumnos, no la
propondrían el curso escolar siguiente, como efectivamente se llevó a la
práctica.
Esta decisión se basa en una normativa ya antigua, si no cronológicamente
yo creo que desde luego en principios. Es la orden de 16 de julio de
1980, según los datos de que disponemos, orden que pretende desarrollar
los acuerdos suscritos por el Estado español y la Santa Sede el 4 de
diciembre de 1979 en materia de enseñanza y asuntos culturales. En
nuestra opinión esta orden tiene un preámbulo que podríamos decir que es
aceptable, porque se plantea que la Iglesia Católica reconoce que la
actividad que desarrolle en materia de educación religiosa tiene que
hacerse --dice literalmente-- coordinando su misión educativa con los
principios de libertad civil en materia religiosa, con los derechos de
las familias, de todos los alumnos, de los educadores y maestros,
evitando cualquier discriminación o situación privilegiada. Difícilmente
entendemos que un mecanismo que posibilita --como lo hace la orden de 16
de julio de 1980-- que la autoridad eclesiástica, valorando
circunstancias personales de profesores, proponga con carácter vinculante
a la autoridad académica el cese en la prestación de servicios en
cualquier momento, sea una normativa que evite discriminaciones, sea una
normativa mínimamente respetuosa con los derechos de los profesores de
centros públicos para una asignatura reconocida como tal por el Estado
español. Sinceramente entendemos que aquí algo falla, y nos gustaría que
en este sentido lleváramos a cabo una reconsideración de este tema.
En otra sentencia --porque sobre este tema se han planteado muchas
reclamaciones, desgraciadamente este tipo de asuntos en ocasiones no
salen al conocimiento público como debieran-- un tribunal superior, en
este caso concreto de Galicia, dice literalmente: La designación y cese
que corresponde a la autoridad académica, lejos de ser discrecional
--dice-- está totalmente reglada a la luz de las amplísimas facultades
atribuidas al Ordinario Diocesano. Es auténticamente la sinrazón de la
cuadratura del círculo. Se afirma que la designación y cese está
totalmente reglada a la luz de las amplísimas facultades atribuidas al
Ordinario Diocesano, es decir, que la máxima regla es la más absoluta
arbitrariedad, porque eso es lo que se dice, pero eso es lo que hoy es
normativa vigente en relación con estos profesores.
A nosotros nos gustaría saber, a la vista de estos hechos --y hemos
hablado de un caso concreto, pero, a diferencia de la anterior pregunta
que planteaba un compañero, estoy convencido de que le consta al
Ministerio que no es un caso aislado, son más casos--, qué medidas se van
a poner en práctica por parte del Ministerio de Educación y Ciencia para
garantizar efectivamente que no se produzcan discriminaciones
en relación con el profesorado que presta servicios en centros públicos y
en asignaturas que están reconocidas como tales por parte del Estado
español.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra para contestar el señor
Subsecretario, señor Hernández Spínola.
El señor SUBSECRETARIO DE EDUCACION Y CIENCIA (Hernández Spínola): Yo
también me sumo a las felicitaciones que se han expresado con
anterioridad.
En relación con esta pregunta, como ha planteado el señor Peralta, se
trata de un supuesto muy concreto, muy particular, que ha ocurrido en la
Comunidad Valenciana que, como bien sabe el señor Peralta, tiene una
responsabilidad propia en la acción educativa, toda vez que se ha
producido la asunción de la transferencia educativa por esta Comunidad
Autónoma y que, por tanto, en ese problema concreto que hoy se ha
expuesto no ha tenido una participación de ningún tipo el Ministerio de
Educación y Ciencia, que obviamente tiene sus responsabilidades
concentradas en lo que podríamos llamar el territorio MEC. No obstante,
sí podría decirle que el Ministerio y también las distintas
Administraciones públicas territoriales se encuentran limitadas con la
normativa que está en vigor, aparte de esa Orden que usted ha citado;
fundamentalmente la norma básica es el Acuerdo de 3 de enero de 1979, que
se suscribe entre el Estado español y la Santa Sede para regular las
relaciones del profesorado de religión y moral católica.
Este Acuerdo en su artículo 3 limita de una forma muy importante, casi
vincula, a las propias Administraciones en la medida en que los
nombramientos y ceses que efectúa la Administración educativa lo son
siempre a propuesta de la jerarquía eclesiástica. No es habitual que los
responsables de las administraciones educativas entren a valorar las
circunstancias que motivan las propuestas que efectúa la Iglesia Católica
en este caso. Eso es así, y lo ha venido siendo a lo largo de muchos
años. Esta es la práctica habitual. Se produce la propuesta de la
jerarquía y el Ministerio, en el ámbito de su responsabilidad, efectúa el
nombramiento o, en su caso, el cese, pero no se producen unas
indagaciones que vayan más allá, que determinen las motivaciones que la
jerarquía eclesiástica en cada momento haya adoptado. Esta es la realidad
de los hechos.
También es cierto que el Ministerio no ha constatado un problema real en
este asunto. Es decir, no nos hemos encontrado en el ámbito del
territorio MEC con problemas concretos y específicos que hayan llegado a
mis oídos. Precisamente a raíz de la pregunta que se ha formulado he
inquirido en el seno del Ministerio si éste era un problema real, si en
el Ministerio teníamos otras reclamaciones, y francamente no se me han
hecho llegar. Cuando he preguntado en concreto, me han planteado el
asunto de Valencia, que es el que hoy ha expuesto el Diputado señor
Peralta.
Con esto quiero decir que este tipo de profesorado no tiene ningún tipo
de relación con el Ministerio, toda vez que hay sentencias que indican
que no existe ningún tipo de relación laboral entre el Ministerio y estos
profesores, y el Ministerio únicamente lo que hace, en el caso de los
profesores de primaria, es hacerle a la Iglesia Católica una
transferencia de los créditos para que paguen a estos profesores de
Religión.
En el caso de la enseñanza media y secundaria, lo que hace el Ministerio
es abonarles directamente la nómina a estos profesores, de acuerdo con
una normativa que creo recordar es del 26 de septiembre del año 1979.
Yendo al fondo del asunto, es probable --y coincido en ese aspecto con el
señor Peralta-- que las circunstancias que se dan no sean las más
idóneas, toda vez que no podemos ayudar ni fomentar desde ninguna de las
Administraciones públicas situaciones de discriminación que se puedan
producir.
Por tanto, vamos a analizar esa orden del año 1980. Vamos a ver los pros
y los contras. Ya le anticipo, y se lo acabo de decir, que ahora mismo no
es un problema real en el seno del ámbito del Ministerio, toda vez que no
tenemos planteado ningún conflicto. Ahora bien, con carácter general y
como criterio básico se trataría, ni más ni menos, que de respetar un
principio constitucional, la no discriminación de las personas. Vamos a
reexaminar esa orden a ver si se pueden introducir elementos de
objetividad en la selección del personal. (El señor Peralta Ortega pide
la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Peralta, muy brevemente, porque entre la
pregunta de S. S. y la contestación del Subsecretario han consumido en
exceso el tiempo previsto para la pregunta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Estoy convencido de que el Presidente con su habitual sabiduría...
El señor PRESIDENTE: Señor Peralta, la flexibilidad del Presidente tiene
un límite y es que a las 10,30 está prevista la primera comparecencia y
todavía nos resta una pregunta de su señoría.
El señor PERALTA ORTEGA: Voy a ser breve.
Prefiero quedarme con lo último que ha dicho usted. Ha dicho usted que
yendo al fondo coinciden en que la situación y las circunstancias no son
las más idóneas. Desde luego, hasta ese momento lo que había dicho usted
me ha producido una cierta decepción.
Decía usted: es competencia autonómica. En el caso que yo le planteaba es
verdad, pero no es menos cierto que esa competencia autonómica es en base
a una norma estatal. Hubiera sido una salida por su parte decir: en el
territorio MEC no ocurren esas cosas, en el territorio MEC no se permite
eso, y hay un compromiso de que eso no se produce, no aceptaremos ese
tipo de actuaciones. Incluso más, como Ministerio de Educación y Ciencia
vamos a revisar esa normativa.
Ninguna de esas dos cosas nos las ha planteado usted. Decir que es
competencia autonómica el caso concreto es desconocer el fondo del asunto
y la toma de posición política por parte del Ministerio en el ámbito
donde sí la tiene, en el territorio MEC.
Dice usted que la autoridad académica no indaga las razones del Ordinario
Eclesiástico. Eso es lo grave. Yo le quiero poner otro caso concreto. El
Estado español no reconoce efectos civiles a matrimonios eclesiásticos,
tienen que pasar, porque ésos son actos internos que se organizan. Es
decir, nosotros no indagamos éste, pero no reconocemos. Eso es algo que
exige la independencia.
Me dice usted: no es un problema real. Yo no sé si cuando dice eso quiere
decir que no es un problema cuantitativamente importante;
cualitativamente lo es, sin duda. Cualquier situación, como usted ha
dicho, que no es la más idónea, en la que se producen situaciones de
personas que pierden su puesto de trabajo por circunstancias personales,
es claramente una infracción de la Constitución. Si además se añade, como
usted ha reconocido, que cuando recurren a los Tribunales laborales se
encuentran con sentencias que todas ellas declaran incompetencia de
jurisdicción, no hay contrato laboral, no hay posibilidad real por parte
de los afectados de reclamar, la situación, desde el punto de vista
constitucional, nos parece que es grave.
Yo le insisto en que quisiera que estas razones que le he expuesto
sirvieran para consolidar esa afirmación de usted de que en el fondo del
asunto la situación no es la idónea, y que apurando los márgenes que
concede el Acuerdo de 3 de enero de 1979, donde no se reconoce ese
carácter vinculante que la Orden de enero de 1980 consagra, hay margen de
maniobra para que por parte de las Administraciones públicas, que tienen
un compromiso y una obligación constitucional de defender los derechos de
los ciudadanos, terminen con una situación que desde luego lo cuestiona
gravemente.
El señor PRESIDENTE: El señor Subsecretario tiene la palabra.
El señor SUBSECRETARIO DE EDUCACION Y CIENCIA (Hernández Spínola): Nada
más una pequeña precisión.
En el ámbito del territorio MEC yo he dicho que no indagamos porque no
tenemos denuncias. Si las hubiésemos tenido, claro que lo habríamos
hecho, porque nosotros como Ministerio tenemos la responsabilidad de
indagar cualquier denuncia que nos presente cualquier ciudadano.
Cuando me refería al territorio MEC es que no tenemos ninguna denuncia,
por eso el problema que usted ha planteado es muy localizado, en una
Comunidad Autónoma, y yo he tratado de desvincular el Ministerio de la
Comunidad Autónoma, porque en este caso concreto, en esta denuncia, no
podemos intervenir. Quien lo tiene que hacer en esta denuncia es la
Administración de la Generalidad Valenciana.
Si en el ámbito del territorio MEC se hubiesen producido, tenga usted la
seguridad de que nosotros hubiésemos reclamado de la Iglesia que nos
diera las explicaciones pertinentes y, obviamente, hubiéramos actuado.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Aunque el señor Subsecretario ha estado menos tiempo con nosotros en esta
legislatura y en el día de hoy, vuelvo a insistir en lo que he dicho
antes. Quiero agradecer en su persona a los diferentes servicios del
Ministerio que nos han ayudado a lo largo de esta legislatura en el
trabajo, y también desearle a él lo mejor, como al resto de los miembros
de la Comisión, para el próximo año.
--SOBRE ACTUACIONES PREVISTAS PARA CELEBRAR EL AÑO 1997 EL 600
ANIVERSARIO DEL POETA VALENCIANO AUSIAS MARCH, FORMULADA POR EL SEÑOR
PERALTA ORTEGA (GRUPO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA). (Número
de expediente 181/001826.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la última pregunta, formulada también por
el señor Peralta, que va a ser contestada por la señora Ministra.
Tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Señora Ministra, su presencia, sin lugar a
dudas, guarda relación con el contenido de la pregunta que le formulo y
con la voluntad, por parte del Ministerio, de destacar la importancia del
poeta Ausias March, sobre quien versa mi pregunta. Desde ese punto de
vista, gracias, señora Ministra, por su presencia aquí. Aprovecho la
ocasión para agradecerle, aunque no guarde relación directa con la
pregunta, su interés también por otro tema que ha preocupado y sigue
preocupando a la sociedad valenciana, que es el que se contenía en una
pregunta que no fue admitida en su momento por la Mesa del Congreso y
que, por tanto, no voy a formular, pero que se refería a la carta que
había remitido la señora Ministra a la Alcaldesa de Valencia
preocupándose por el proyecto de construcción de unas torres en el
antiguo solar del colegio de Jesuitas en Valencia y que afectarían al
Jardín Botánico de Valencia, que es un patrimonio importante a preservar.
Le agradezco su actuación y quiero decirle que deseamos que ese proyecto
pueda ser revisado, y en la consecución de ese objetivo, sin lugar a
dudas, la voluntad de la Ministra y los esfuerzos de la gran mayoría de
los ciudadanos...
El señor PRESIDENTE: Señor Peralta, como S. S. ha reconocido al comienzo,
esta pregunta no ha sido admitida a trámite; no pretenda S. S. colarla en
el preámbulo de la pregunta que va a formular. Es decir, todo lo que S.
S. está diciendo no es objeto de la pregunta admitida en el orden del
día. Por tanto, ruego a S. S. que se ciña a la pregunta admitida porque
si no le va intentar S. S. dar la vuelta a una decisión de la Mesa sobre
la admisión de preguntas.
El señor PERALTA ORTEGA: Señor Presidente, habrá podido comprobar por el
tono de mi intervención que no hacía ninguna pregunta, simplemente
formulaba un deseo personal que yo estoy convencido de que la Ministra
comparte conmigo. Pero atendiendo también a su sugerencia, dejo
explicitado ese deseo de que se revise dicho proyecto en beneficio de la
ciudadanía y paso a formular la pregunta concreta que nos ocupa.
Formulo la pregunta para saber qué actuaciones plantea promover el
Ministerio de Cultura, por sí o en colaboración con otras
administraciones, para celebrar en 1997 el 600 aniversario del gran poeta
valenciano Ausias March. Señora Ministra, coincidiendo cronológicamente
con el planteamiento y la tramitación de esta pregunta, sabe que se ha
tramitado en las Cortes valencianas una proposición no de ley planteada
por el Grupo Socialista y que ha terminado con un acuerdo unánime de la
Cámara valenciana el pasado jueves, 14 de diciembre, acordando reclamar a
la Generalitat Valenciana la promoción, coordinación e impulso de
actividades sobre la figura de Ausias March e invitando a todas las
instituciones, asociaciones y entidades que puedan sentirse interesadas a
colaborar en una manifestación cultural tan trascendente como ésta. Ese
acuerdo unánime, importante, se basa, sin lugar a dudas, en el papel que
desempeñó Ausias March --nacido en 1397 en Beniarjó-- en la configuración
de la lengua valenciana. En ese debate que se celebró en las Cortes
valencianas se decía --y tengo el placer de repetirlo literalmente-- que
nuestra lengua --la lengua valenciana-- se conforma en buena parte por su
obra. El valenciano adquiere, con las palabras y las formas de Ausias
March, la condición de lengua estructurada.
Yo creo que sería bueno, sería necesario que el Ministerio de Educación y
Ciencia y el de Cultura se comprometieran en la conmemoración del 600
aniversario del poeta Ausias March. Esto sería bueno para que no suceda
que una figura tan importante de la literatura española sea conocida por
ésta y las futuras generaciones de nuestros ciudadanos, como nos ocurrió
en buena parte a nosotros, a través de la traducción en música que hizo
Raimond de buena parte de las poesías de Ausias March. Sería bueno que
fueran corregidos la ignorancia, el olvido y el silencio desde las
instituciones oficiales de una figura tan importante de la cultura
española, específicamente de la cultura valenciana, y estamos convencidos
de que va a ser así a través de pronunciamientos como el de las Cortes
valencianas y la voluntad en concreto de la Ministra que, vuelvo a
insistir, celebro que haya comparecido hoy aquí como buena prueba de su
voluntad política para conseguir que efectivamente se termine con ese
tipo de actuaciones.
El señor PRESIDENTE: La señora Ministra tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE CULTURA Alborch Bataller): Efectivamente, he
querido intervenir personalmente en la línea en la que lo ha hecho el
señor Peralta porque me parece que la conmemoración del 600 aniversario
de Ausias March merece un compromiso al más alto nivel del Ministerio de
Cultura. Los responsables del departamento de Cultura somos plenamente
conscientes de la importancia del poeta valenciano Ausias March, nacido
en Beniarjó, en 1397, como ha recalcado el propio señor Peralta, y
fallecido en Valencia, en 1459. El mismo, como SS. SS. saben, era hijo de
otro importante poeta, Pere March, y como él continuó la tradición
trovadoresca que fortalece con aportaciones nuevas muy propias de una
época tan inquietante como es el siglo XV, en el que no sólo fue un
escritor sino también un hombre de acción, de milicia y de pensamiento.
Dada la trascendencia de la figura de Ausias March, que va más allá de
los límites de la lengua y la cultura valencianas, para convertirse en
uno de los protagonistas de las letras españolas de la España de su
tiempo, por su influencia y su manera de incidir en otras artes, como la
música, y teniendo en cuenta su gran aportación, por una parte moderna y,
al mismo tiempo, tan apegada al pasado, consideramos que el sexto
centenario del nacimiento del poeta de Gandía constituirá una oportunidad
para recordar su figura, su obra y su tiempo.
El Ministerio de Cultura proyecta promover desde la Biblioteca Nacional,
iniciativas que permitan una aproximación a la figura y el legado de
Ausias March, que efectivamente estructuró una de nuestras lenguas, la
lengua valenciana, y su época. Sería, probablemente a falta de
concretarlo en los próximos meses y durante el año 1996, en forma de una
exposición sobre el poeta, su tiempo y sus relaciones con otras artes; y
esta exposición enmarcaría unas jornadas en las que una serie de
ponencias y encuentros debatirían la aportación de Ausias March con la
perspectiva de estos seis siglos. Este departamento ministerial tiene
conocimiento también del acuerdo unánime de las Cortes valencianas, de
que hay otras instituciones que están diseñando un programa para la
celebración del mismo centenario y, al efecto, se han producido ya
algunos contactos. Podemos mencionar en esta línea la Universidad de
Valencia, la Fundación Ausias March y el propio Instituto Luis Vives,
aunque nos consta que también otras instituciones públicas y privadas
tienen interés en poner en marcha iniciativas para que en 1997 se celebre
la efemérides como merece la figura de Ausias March. A medida que estos
proyectos se vayan concretando en actuaciones precisas, el Ministerio de
Cultura brindaría los apoyos necesarios de acuerdo con las
disponibilidades presupuestarias del departamento y con el objetivo de
que las celebraciones se hagan de manera coordinada, con lo que se podría
potenciar la celebración, al existir una cooperación entre instituciones
de distintos ámbitos de la Administración y también de las iniciativas
privadas que, a su vez, podría evitar duplicidades y atomización de los
actos.
Si me lo permite, quisiera decir al señor Peralta que también esta
Ministra se ha sentido preocupada por la construcción de las torres del
llamado «solar de los jesuitas» y, desde luego, comparto el deseo del
señor Peralta de que este proyecto pueda revisarse.
También he tenido la iniciativa de escribir a la propia Alcaldesa de
Valencia porque, por una parte, afectaría al Botánico y, por otra, al
perfil histórico patrimonial de la ciudad.
El señor PRESIDENTE: El señor Peralta tiene la palabra, muy brevemente.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señora Ministra, por su respuesta a los
dos temas que había planteado. Estoy convencido de que se van a hacer
esfuerzos por parte del Ministerio de Cultura y, en general, de la
Administración
central del Estado en la medida en que una figura tan importante como la
de Ausias March puede afectar al Ministerio de Cultura, por supuesto,
pero también a otro tipo de actividades. La señora Ministra ha hecho
referencia, por ejemplo, a la incidencia en el ámbito de la música,
etcétera.
Sólo me queda pedir que el esfuerzo que se haga por parte del Ministerio
de Cultura se lleve a cabo en coordinación con las demás instituciones
públicas y privadas que quieren colaborar también y que, sin perjuicio de
la ubicación física de esas actividades en la capital de la Comunidad
Autónoma del País Valenciano, se tengan también en consideración la
ciudad de Gandía y la ciudad de Beniarjó, donde nació el poeta.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra. Queda emplazada
para dentro de unas horas, cuando se celebre la última comparecencia del
día de hoy.
CELEBRACION DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS:
--DEL SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES (MICHAVILA
PITARCH), PARA INFORMAR SOBRE NUEVOS PLANES DE ESTUDIO Y VICISITUDES DE
SU RECONOCIMIENTO A EFECTOS PROFESIONALES EN ESPAÑA Y EN LA UNION EUROPEA
(UE), FINANCIACION DE LAS UNIVERSIDADES, REFORMA DE LOS ORGANOS DE
GOBIERNO DE LAS UNIVERSIDADES, FIJACION DE LOS MODULOS OBJETIVOS DE
CAPACIDAD DE LOS CENTROS UNIVERSITARIOS, ACCESO A LA UNIVERSIDAD Y
PERMANENCIA EN ELLA, ASI COMO FUNCIONAMIENTO DEL LLAMADO «DISTRITO
COMPARTIDO», ANALISIS DE LA ENDOGAMIA EN LA SELECCION DEL PROFESORADO Y
DE LA REPERCUSION EN ELLA DE LAS «COMISIONES DE RECLAMACIONES», ASI COMO
DE OTROS PROBLEMAS QUE LA CITADA INSTITUCION TENGA ACTUALMENTE EN
ESTUDIO. A SOLICITUD DEL GRUPO POPULAR. (Número de expediente
212/001776.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la primera de las comparecencias, que es
la del señor Secretario General del Consejo de Universidades, a quien
damos la bienvenida a esta Comisión. El señor Michavila comparece para
dar cuenta de una serie de temas a solicitud del Grupo Popular. El señor
Ollero ha pedido hacer una primera, breve, intervención para enmarcar el
tema con el fin de facilitar la propia fijación de posición del señor
Secretario General y las intervenciones de los diferentes Grupos.
Tiene la palabra el señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Ante todo, quiero dar la bienvenida, en nombre
de mi Grupo, al Secretario General del Consejo de Universidades.
Nuestro Grupo en los últimos años ha venido solicitando la comparecencia
del Secretario General. Recuerdo, por ejemplo, que con frecuencia lo
hicimos cuando ocupaba ese cargo la profesora Elisa Pérez Vera, que
cumplía, por cierto, esa función con un gran sentido institucional,
aportando información, que es lo que pretendemos, porque no se trata de
establecer un debate de alcance político, sino, sobre todo, de recabar
información.
La verdad es que su antecesor en el cargo, por razones que no son del
caso, quizás no siguió tanto esa línea y de ahí que no lo llamáramos con
igual frecuencia.
Hemos procurado pormenorizar en lo posible en la solicitud de
comparecencia los aspectos que nos interesan y quisiera, brevemente,
referirme a algunos de ellos, puesto que tenemos muy poco tiempo y habría
que evitar cualquier tipo de exposición, sin duda interesante, pero que
por su carácter excesivamente vago o menos concreto hiciera perder
sentido al motivo de la comparecencia.
En relación, por ejemplo, al primero de los aspectos que hemos señalado
en nuestra solicitud, planes de estudio y visitudes de su reconocimiento,
a efectos tanto en España como en Europa, tengo noticia de que hay un
documento del Consejo de Universidades de este mismo mes sobre la
situación actual de los planes de estudio. En él me llama la atención el
desfase existente entre los títulos homologados y los publicados en el
«Boletín Oficial del Estado», desfase que en el total de las titulaciones
llega a ser del 14 por ciento y en el caso de Ciencias de la Salud llega
a ser del 21 por ciento. Quisiera que nos explicara ese desfase.
En ese informe no hemos visto ningún dato sobre los planes efectivamente
en marcha. Indudablemente, es de interés si están homologados o no, si se
han publicado en el BOE o no, pero, sobre todo, si se han puesto en
marcha o no, asunto sobre el cual el informe no aporta luz alguna.
Asimismo, sí hace la distinción entre planes de ciclo largo y de ciclo
corto, pero no hace referencia a los planes de cuatro años, que no sé si
son de ciclo corto largos o planes de ciclo largo cortos. No lo sé. En
todo caso, con la polémica reciente de las pasantías, etcétera, no
vendría mal explicar cuántas titulaciones de cuatro años hay.
En lo relativo a la financiación, le pido sobre todo que nos explique si
cabe mantener la situación actual de financiación de hacer planes e
innovaciones a coste cero y cuál es la filosofía del Consejo de
Universidades en esa situación. Entre otras cosas, se está llegando a una
perversión de la figura de la LRU. Pienso, por ejemplo, en la
contratación del profesorado: como no hay dinero, hay que hacer
maravillas, lógicamente, y se acaba contratando no en las condiciones
previstas por la ley, sino como se puede, y eso repercute en la calidad
de enseñanza.
Hemos apuntado también el aspecto de la reforma de los órganos de
gobierno universitario. Se ha llegado a decir aquí por dos ministros que
era de gran interés, pero ninguno de ellos ha hecho nada sobre el
particular. A ver si en el Consejo se ha abordado esa cuestión.
Hemos aludido a la fijación de los módulos objetivos de capacidad.
Quisiera llamar la atención sobre algo que ya hemos señalado en otras
ocasiones: las geniales actas del Consejo de Universidades. El día 14 de
junio de 1995 se
reúne el Consejo de Universidades y en el acta se da cuenta al final de
que don José Antonio Martín Pereda ha hecho una pregunta, el Rector de la
Universidad de Sevilla ha formulado otra y don José Ignacio Rubio
pregunta sobre los módulos objetivos que deben ser establecidos por el
Consejo de Universidades. A continuación, el acta dice, con una
transparencia meridiana: El Secretario de Universidades contesta a las
distintas cuestiones. Punto. No sé si la finalidad de las actas es que no
nos enteremos de qué pasa allí. Si lo es, desde luego se está
consiguiendo con gran eficacia.
Acceso a la Universidad, permanencia en ella y funcionamiento del llamado
«Distrito compartido». En concreto, el informe que elabora el Consejo de
Universidades habla de plazas ofertadas por cada universidad y plazas
adjudicadas por cada una de ellas al final del proceso, lo cual da lugar
a unos desfases muy curiosos; pero falta un elemento que hemos pedido y
que no llega a incorporarse: es el de solicitantes. Se trata de saber si
una universidad no acaba adjudicando todas las plazas por falta de
solicitantes o si es por otras razones. Sobre el particular vuelven las
geniales actas del Consejo de Universidades. El 18 de octubre de 1995
dicen: Punto 4 del orden del día, informe sobre modificación de las
normas de permanencia de alumnos en la Universidad de las Islas Baleares.
El acta, con gran claridad expositiva, en media línea, dice: La Comisión
acuerda informar favorablemente la modificación solicitada. Nadie se
entera de en qué consiste. Creo que hay que dejar de considerar el acta
como un documento clasificado, convendría que dijera algo.
Problema de la endogamia: Se ha intentado modificar la LRU, pero, que yo
sepa, no hay datos recientes. No sé si los tiene el Secretario de
Universidades, en cuyo caso yo le agradecería que los enviara a esta
Comisión. En los últimos que hubo, hace años, se hablaba de cuántos
firmantes había en cada uno de los concursos y si pertenecían o no a la
universidad que convocaba la plaza, pero no se decía cuántos se
presentaban, que es lo auténticamente relevante a efectos de endogamia.
Podían haber firmado catorce, pero si luego se presenta uno ahí es donde
se da precisamente la endogamia.
En relación con la endogamia, quisiera saber cuál ha sido el resultado de
esa comisión de reclamaciones, en cuántos casos se han atendido y si se
atiende la reclamación del de casa que no ha conseguido la plaza o del de
fuera.
Por último, respecto a los famosos sexenios, se nos ha afirmado por
activa y por pasiva por el señor don Alonso Rodríguez dos cosas: primero,
que se iban a publicar en el BOE los miembros de los comités. Se llegó a
afirmar, si no recuerdo mal, que se habían publicado ya. Yo no los he
visto por ningún sitio. Sigue siendo otro hecho misterioso por qué no se
publican los comités asesores. También se han solicitado los resultados
sobre el complemento de productividad, que debe ser público. No sé si por
desviar responsabilidades me aseguró que lo pediría al Consejo de
Universidades. Quisiera saber si lo ha pedido y qué ha dicho el Consejo
de Universidades.
Nada más, aunque le agradeceré que nos facilite cualquier otra
información que considere relevante.
El señor PRESIDENTE: Para responder a las cuestiones planteadas, tiene la
palabra el señor Secretario General.
El señor SECRETARIO GENERAL DE UNIVERSIDADES (Michavila Pitarch): Quiero
decir, en primer lugar, que es un honor para mí comparecer hoy ante la
Comisión de Educación del Congreso. Desearía agradecer la oportunidad que
se me brinda con esta intervención para dar a conocer los principales
avances en el cumplimiento de nuestros objetivos en el Consejo de
Universidades, así como algunas de las prioridades que tiene el Consejo
para el curso actual y que coinciden con algunos de los planteamientos
que acaba de formular el señor Ollero que, con mucho gusto, intentaré
atender respondiéndole.
Señor Presidente, señorías, antes de acudir he leído la intervención del
Secretario General en la última ocasión, con el fin de evitar algunos de
los planteamientos generales que pudiesen dilatar esta exposición inicial
y no ir al cuestionario que se me planteaba, como la intervención que
realizó el año pasado el anterior Secretario General en la que establecía
el marco general del Consejo, su estructura organizativa, composición,
etcétera. Estos temas fueron ya abordados y me voy a ceñir al
planteamiento que se me hace, aunque atendiendo a la última parte de la
petición de comparecencia a la que el señor Ollero ha aludido al final de
su intervención, si me permiten, señorías, voy a hacer algunos otros
añadidos.
En esta intervención voy a hablar, en primer lugar, de la puesta en
funcionamiento de los planes de estudio, del análisis sobre el proceso de
homologación, el estado de la evaluación de la puesta en marcha de los
mismos y del aspecto del reconocimiento académico y profesional de las
titulaciones universitarias como consecuencia de esto, tanto en la Unión
Europea como en España. A continuación quisiera hacer un comentario sobre
el análisis de oferta y demanda de estudios universitarios, porque creo
que enlaza con otras cuestiones que suscitan varias de las preguntas
formuladas, como el acceso a la universidad. Pretendo dar algún tipo de
respuesta al trabajo que se está realizando en módulos y objetivos de
capacidad, distrito compartido, selectividad, etcétera.
A continuación, si ustedes me lo permiten, pensaba hacer una reflexión
sobre los principales temas que en el Consejo se han abordado, pues me
consta la sensibilidad que había al respecto. Dichos temas figuran
incluidos en el plan de la Secretaría General presentado en el Consejo,
son asuntos que en otras intervenciones anteriores se han suscitado aquí
y creo que ya están cumplidos. También me referiré a temas de interés
actual y, finalmente, a la evaluación.
Entrando ya en materia, señor Presidente, en lo que hace referencia a la
puesta en funcionamiento de los planes de estudio, permítanme, en primer
lugar, dar unos datos sobre la marcha del proceso de reforma en cuanto a
número de titulaciones, planes homologados, planes publicados, etcétera.
En este momento, el catálogo de titulaciones oficiales del Estado
establece 131 titulaciones, de las cuales 54 corresponden a ciclo largo,
58 a ciclo corto y 19 a segundo ciclo. Es de esperar que en breve se
añada una más porque el Consejo de Universidades, en su último pleno,
aprobó las directrices generales propias de la titulación de primer ciclo
de diplomado en Turismo.
Estas titulaciones se agrupan por áreas: 26 en Humanidades, 12 en
Ciencias Experimentales, 28 en Ciencias Sociales y Jurídicas, 57 en
enseñanzas técnicas y ocho en Ciencias de la Salud.
En ocho de estas 131 titulaciones aún no se ha publicado ningún plan de
estudio homologado; es decir, en 123 sí las ha habido pero en ocho no ha
habido ninguna iniciativa de las universidades. De las ocho que faltan,
siete corresponden a ciclo corto y una a titulación de segundo ciclo.
Esta de segundo ciclo corresponde a Historia y Ciencia de la Música y las
titulaciones de ciclo corto que faltan son ingenierías técnicas.
En cuanto al número de planes homologados, hasta el momento son 1.845, de
los cuales 752 corresponden a ciclo largo, 937 a ciclo corto y 127 a
segundo ciclo. De éstos, se han publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» 1.587. Según los datos de que dispongo, esta cifra representa el
86,02 por ciento de los planes homologados. La iniciativa de publicar los
planes, como SS. SS. conocen, corresponde a las universidades y esto está
recogido en la ordenación académica que las universidades hagan al
respecto.
Les puedo dar los datos, aunque sé que podría hacer mi intervención muy
larga y no debo entrar en tal tipo de detalle, pero con mucho gusto, si
ustedes quieren, a continuación hago la distribución por universidades.
Sólo por avanzar un dato, he hecho la recopilación antes de acudir a esta
comparecencia y en 13 universidades españolas hay más de 50 planes de
estudio homologados.
En una valoración aproximada, diría que la reforma, en cuanto a la
homologación de planes de estudio, se encuentra al 95 por ciento; es
decir, la consideración a efectos de homologación por el Consejo de
Universidades de planes, de acuerdo con el Decreto de 1987 y su reforma
de 1994.
Si SS. SS. me lo permiten, quisiera aportar en este punto, una vez dados
estos datos iniciales, un aspecto que considero importante en este
momento y que quizás con él pueda empezar a responder algunas de las
cuestiones que me ha planteado el señor Ollero. Me refiero a un plan de
actuación para la evaluación de la puesta en marcha de los planes de
estudio propuesto por la Secretaría General en el último pleno del
Consejo de Universidades. Previa consideración por las subcomisiones de
este plan, el mismo fue llevado al pleno último y se informó
favorablemente, por asentimiento de los miembros del Consejo de
Universidades, realizar el siguiente proceso de análisis de la puesta en
marcha de los planes de estudio.
Pasado mañana va a comenzar su actividad el primer grupo de trabajo, a
las diez de la mañana, en tres fases. En una primera se pretende recoger
datos sobre la implantación de los planes de estudio y los resultados de
los mismos. En otra línea, se piensa efectuar una valoración de algunos
aspectos y características de los planes de estudio. En la primera de las
líneas, relativa a la recogida de los datos, hay que decir que son datos
que corresponde a las universidades respecto al rendimiento,
estructuración de los planes de estudio y análisis del éxito o fracaso
escolar que se deriva como consecuencia de la reforma y, por otra parte,
a la Secretaría General del Consejo el realizar una recopilación de las
titulaciones universitarias y el análisis de la estructura de los planes.
Asimismo, en esta primera fase, como digo, se desea realizar una
valoración de algunos aspectos de los planes de estudios sobre los cuales
convendría incidir en un futuro inmediato, tales como la optatividad de
los planes de estudio, la libre configuración, la vinculación entre
contenidos obligatorios y troncales, el contenido práctico de los planes
de estudio, las componentes de reforma pedagógica que puedan existir en
los mismos, etcétera. Se ha decidido en esta primera fase hacer todo esto
de un modo experimental escogiendo 16 titulaciones: cuatro a propuesta de
cada una de las cuatro subcomisiones en que, como SS. SS. conocen, está
organizada la Comisión Académica: Humanidades, Enseñanzas Técnicas,
Ciencias Sociales y Jurídicas y Ciencias Experimentales y de la Salud.
Las 16 titulaciones sobre las cuales se va a realizar este trabajo son:
en el ámbito de Humanidades, diplomatura de Biblioteconomía y
Documentación, licenciatura en Filología Inglesa, licenciatura en
Historia y licenciatura en Humanidades; en el ámbito de las Ciencias
Sociales y Jurídicas, licenciado en Derecho, maestro especializado en
Enseñanza Primaria, licenciado en Administración y Dirección de Empresas
y licenciado en Psicopedagogía; en el ámbito de las Ciencias
Experimentales y de la Salud, diplomatura en Enfermería y licenciaturas
en Biología, Química y Ciencia y Tecnología de los alimentos, y,
finalmente, en el ámbito de las enseñanzas técnicas, Ingeniería Técnica
Agrícola con especialidad en industrias agrarias y agroalimentarias,
Ingeniería Técnica Industrial con especialidad en mecánica, Ingeniería
Técnica en Informática de Gestión e Ingeniero de Telecomunicación.
Con toda esta recopilación de datos, que se pretende tener culminada a
finales del mes de enero o primera mitad de febrero, se pasaría a una
segunda fase, que se pretende iniciar mediante un seminario con los
responsables de la ordenación académica de las universidades, a efectos
de valorar las competencias técnicas del proceso de reforma, ya que no
sólo se puede actuar en el campo de las ideas, sino que hay que valorar
la metodología de actuación.
La parte final de esta segunda fase sería la constitución de una ponencia
en el seno del Consejo de Universidades, formada por los presidentes de
las subcomisiones y uno o dos miembros más de cada una de estas
subcomisiones, a efectos de que elaboren un documento de base para un
debate en un pleno del Consejo de Universidades, donde se analice la
puesta en marcha de los planes de estudio de la reforma, así como
propuestas de mejora y procedimientos de actuación.
Finalmente, la tercera fase de esta reflexión sobre los planes de estudio
contemplaría el debate en el Consejo y las acciones que se derivasen.
El tercero de los aspectos que hace referencia a los planes de estudio es
el reconocimiento académico y profesional. Como SS. SS. conocerán, la
Comisión de Bruselas hizo llegar a la Administración española una
comunicación sobre el reconocimiento de diplomas con fines académicos y
profesionales. A raíz de recibir esta comunicación, el Consejo de
Universidades se dirigió a todos sus miembros mediante un cuestionario
solicitándoles su opinión, sus aportaciones para una eventual respuesta a
este documento. No voy a entrar en el detalle del número de reuniones que
se han celebrado al respecto en diversas universidades, en diversos
foros, en Valencia, en Málaga, en Santiago, en la misma agencia nacional
Erasmus, etcétera; fundamentalmente, se ha celebrado un seminario en la
Universitat Jaume I de Castellón, en el que participaron 40 personas del
ámbito académico y profesional: un número muy importante de rectores,
aproximadamente la mitad de los asistentes, miembros de los consejos
sociales, representantes de colegios profesionales y miembros de
diferentes organismos involucrados en el tema.
Quisiera, si ustedes me lo permiten, comentar algunas de las conclusiones
que fueron sometidas a la consideración del pleno celebrado la semana
pasada en Zaragoza. Se consideraba que el sistema de educación superior
español está integrado casi en su totalidad en el ámbito universitario,
como SS. SS. conocen. En este sentido, la coexistencia de títulos
universitarios oficiales y títulos propios de la universidad, así como la
atribución a los primeros de una habilitación inmediata y no
condicionada, como sucede con otros títulos europeos, para el ejercicio
profesional, determina las relaciones entre el reconocimiento académico y
profesional. Asimismo, se puede afirmar con carácter general que la
superación de estudios conducentes a títulos universitarios oficiales
confiere la habilitación para el ejercicio profesional.
Por otra parte, hay algunas conclusiones que quisiera comentar, como son
las propuestas formuladas en la contestación al documento de Bruselas,
entre las que cabe mencionarse la relativa a la conveniencia de adoptar
medidas de coordinación y convergencia entre los procedimientos de
homologación académica y reconocimiento profesional, porque se dan hechos
paradójicos como que, en determinados casos, se produzca un
reconocimiento profesional y, en cambio, esa persona no tenga capacidad
en el ámbito académico, donde esa persona tiene reconocido su título a
efectos profesionales, para cursar estudios de doctorado. Asimismo, se
considera oportuno que exista una mayor flexibilidad en el reconocimiento
profesional de los títulos no homologados académicamente. Por otro lado,
en el Consejo de Universidades se consideraba que no deberían homologarse
títulos extranjeros, sean o no comunitarios, cuando la formación no haya
sido cursada en su totalidad en establecimientos oficiales debidamente
autorizados. También se valoraba la mayor dificultad que existe en la
homologación de títulos en determinados ámbitos, en concreto, en
ingeniería y en ciencias jurídicas, y se sugería a la Comisión de
Bruselas la posible creación de comités consultivos europeos para
resolver esas diferencias de formación y problemas en el ámbito de la
convergencia.
Asimismo, los cuatro ejes de actuación que propone la Comisión en su
documento, consistentes en información, creación de redes académicas y
profesionales, adaptación de formaciones por consenso y evaluación de
calidad, se valoraban muy positivamente.
Por otra parte, se sugería el establecimiento de un catálogo de
titulaciones para identificar las profesiones a que dan acceso cada uno
de estos bloques de titulaciones.
Finalmente, en el ámbito de las prácticas, se sugería que la realización
de éstas, que facilita la integración en el mercado de trabajo, debe
realizarse en el seno de las universidades y como parte integrante de los
currículos, es decir, integradas en el plan de estudio y tuteladas y
organizadas por la universidad. Esto en cuanto al reconocimiento
académico y profesional. Luego, si SS. SS. están interesados, haré
algunos comentarios concretos que hacen referencia a un tema que estuvo
muy de actualidad: el de los estudios de Derecho.
Respecto al comentario hecho por el señor Ollero de la falta de datos
sobre los planes de cuatro años, tengo que decirle que en este momento no
se los puedo dar de forma cuantificada, pero, si a S. S. le parece bien,
se los haré llegar con mucho gusto. Me preguntaba sobre si eran de ciclo
largo o corto. Como usted conoce mejor que yo, son de ciclo largo,
estructura 2+2, pero, como digo, los datos sobre cuáles de estos planes
corresponden a cinco años y cuáles corresponden a seis años no puedo
suministrarlos en este momento.
Quisiera hacer un breve comentario sobre el análisis de la situación y
las perspectivas de la oferta universitaria en el marco de la asunción de
competencias por parte de las comunidades autónomas. Este debate, que
inicialmente se tuvo en junio en un pleno del Consejo de Universidades,
condujo a que, posteriormente, en julio, se organizase un grupo de
trabajo formado por los representantes de todas las comunidades autónomas
con competencia en materia universitaria, los portavoces de las
subcomisiones del Consejo en las cuatro áreas que he mencionado, un
representante del Consejo de Universidades elegido por el Parlamento y
con la asistencia, como invitados, de los representantes de comunidades
autónomas que en aquel momento no tenían competencia --alguna de ellas en
este momento ya la tiene--, que nos permitió iniciar una tarea que
esperamos que esté terminada en marzo o abril y que, mediante una
estructura en tres ponencias, pretende abordar fundamentalmente lo
siguiente: en primer lugar, el mapa actual de la oferta universitaria
como punto de partida de la reflexión que se quiere llevar a cabo; en
segundo lugar, un diagnóstico de la demanda a la entrada y a la salida de
la universidad, con un horizonte a diez años, y, en tercer lugar, el
diseño de criterios a efectos de toma de decisiones por parte del mismo
Consejo de Universidades o las distintas comunidades autónomas a la hora
de la autorización o impartición de enseñanzas, creación de centros,
etcétera. Los asuntos fundamentales y los criterios sobre los que se está
trabajando en las tres ponencias son: adecuación de la oferta a la
demanda, equilibrio territorial, diversificación y especialización de las
universidades y adecuación de la oferta a las necesidades del desarrollo
económico, social y cultural.
A continuación, si ustedes me lo permiten, abordaría el acceso a la
universidad como un bloque en el cual se incluye una parte importante de
las cuestiones formuladas por el señor Ollero. Quiero decir que he hecho
el comentario sobre la oferta y la demanda de estudios universitarios
porque, ciertamente, condiciona y es el marco en el que hay que plantear
las cuestiones de acceso; no obstante, quisiera dar unas contestaciones
precisas y concretas a una serie de asuntos que consideramos de la máxima
importancia en el ámbito del Consejo de Universidades en lo que hace
referencia al acceso a la universidad de los jóvenes.
En primer lugar, quiero destacar la oportunidad y la necesidad de abordar
estos temas, cosa de la que es consciente el Consejo de Universidades, y
por eso voy a exponer la propuesta, la metodología con la que se ha
decidido ya abordar esto y, además, también es consciente del fuerte eco
social que esos temas tienen. En particular, ¿qué temas? Temas como la
formulación de los módulos objetivos de los centros, como muy bien
apuntaba el señor Ollero, el distrito compartido, la selectividad y
posibles mejoras y otros temas que en un sentido, permítame utilizar la
palabra, coloquial llamaría de orden menor. Ciertamente no son menores
porque para los afectados son importantes, así por ejemplo la cuestión de
los cupos de acceso, mayores de 25 años, etcétera.
En cuanto a la formulación de los módulos objetivos de capacidad, como
ustedes saben esto viene marcado por el artículo 26.2 de la Ley de
Reforma Universitaria, en el que se habla del establecimiento de módulos
objetivos determinantes de la capacidad de acceso a los centros. Este
mandato establecido en la Ley de Reforma Universitaria hasta el momento
actual no se ha cumplido. En consecuencia, para obviar esto y en su
defecto, por la complejidad que tenía el proceso, se desarrolló el
Decreto 1005 de 1985 para establecer el procedimiento de autorización de
límites de acceso a los centros. Pero hay más: en los últimos tres años
en la Secretaría General del Consejo se ha venido trabajando en fórmulas
que se han ido validando poco a poco con los datos de que disponíamos.
Estas fórmulas pretendían introducir un carácter objetivo a las
limitaciones y, en definitiva, adaptarse al concepto de los módulos,
entendiendo que el concepto de módulos ha ido evolucionando y ya no cabe
tanto hablar del concepto de módulo de acceso a los centros porque, al
aparecer la libre configuración de los estudios de este tipo, en las
titulaciones aparecen asignaturas, disciplinas que son cursadas en la
misma aula por estudiantes correspondientes a titulaciones diferentes,
incluso a centros con una estructura universitaria diferente. En
cualquier caso, como digo, se está trabajando en unas fórmulas desde hace
un tiempo, y este año se ha avanzado bastante, en las que se tiene en
cuenta la capacidad definida por la universidad, la superficie en metros
cuadrados ocupada por la enseñanza correspondiente al primer curso o, en
su caso, al primer año del segundo ciclo si son estudios del segundo
ciclo, la matrícula actual del primer curso o lo mismo respecto al
segundo ciclo, la matrícula anterior por la tasa media acumulada en los
años de vigencia de la enseñanza en la universidad correspondiente y dos
factores de ajuste de estas fórmulas que vienen determinados por acuerdos
de la Comisión académica.
Mi opinión personal es que estas fórmulas se pueden completar, se pueden
introducir otros factores que las enriquezcan. Esta consideración también
la tienen los servicios técnicos de la Secretaría General del Consejo y
nuestra idea --después les voy a explicar cuál va a ser el procedimiento
de trabajo-- es que sea el punto de partida para dar cumplimiento al
establecimiento de los módulos de acceso a los centros universitarios, a
los estudios universitarios.
En cuanto al distrito compartido, quiero manifestar la importancia que
tiene el tema. Además, se da una oportunidad en el momento porque nos
encontramos en una fase de transferencia ya absolutamente mayoritaria a
las comunidades autónomas y que en breve plazo se culminará. Por tanto,
este concepto de distrito compartido adquiere una importancia mayor. La
idea al respecto es continuar con la línea de colaboración y
flexibilización entre las administraciones competentes iniciada en el
curso 1994-1995. Una de las primeras intervenciones de este Secretario
General en el Consejo de Universidades tuvo como consecuencia pasar del 5
al 10 por ciento en la cifra, con una serie de tecnicismos respecto a los
números máximos por titulaciones que en este momento no entro a detallar,
pero si SS. SS. quieren, luego lo puedo hacer con mucho gusto. No
obstante --creo que con esto atiendo algunos de los requerimientos del
señor Ollero--, quiero dar algunos datos referentes a la oferta de
plazas, la adjudicación de plazas y las solicitudes. Estos datos son del
curso 1995-1996. Como esto se hace al inicio del curso, se refieren al
curso en cuyo primer trimestre estamos. Le puedo decir que la oferta de
plazas por las universidades asciende a 18.950 en este año, lo cual
representa un 79,45 por ciento más que el año anterior, de las cuales
16.370 son para alumnos que han realizado las pruebas de acceso a la
universidad y 2.580 para los que acceden por otras vías.
Segundo punto. Respecto a la adjudicación de plazas, he de decir que en
esta convocatoria se han adjudicado 6.507 plazas, lo que representa un
34,34 por ciento de la oferta. De éstas, 5.859 corresponden a pruebas de
acceso y 648 a otras vías de acceso. En la convocatoria del año anterior
fueron 4.449.
Respecto a las solicitudes --era una de las cuestiones que en concreto me
formulaba el señor Ollero--, le debo decir que en este curso ha habido un
incremento moderado en cuanto al número de solicitudes respecto al año
anterior. En concreto, ha supuesto un incremento del 4,91 por ciento
respecto al curso anterior. En total, lo han solicitado 15.439 alumnos.
¿Cuál es la situación frente a estos alumnos que lo solicitan, que es
otra de las cuestiones que se planteaban? Tenemos los alumnos admitidos,
los alumnos sin plaza, es decir, alumnos que cumplen los requisitos de la
nota de corte pero no tienen plaza, y los alumnos no admitidos porque no
cumplen los requisitos para poder entrar en la universidad. Los alumnos
admitidos han sido 6.507, como he dicho anteriormente, de los cuales el
87,95 por ciento corresponde a primera opción de solicitud y, en segunda
opción,
el 10,97 por ciento. Los alumnos sin plaza han sido 2.404, que son los
que cumplen el requisito de acceso de superar las notas para entrar en
las titulaciones requeridas, y el número de alumnos no admitidos asciende
a 6.388, que son los que no cumplen con la nota de acceso.
En resumen, se puede deducir un fuerte incremento de la oferta que no se
ha traducido en un incremento paralelo de las adjudicaciones debido
principalmente a: uno, la limitación que supone la nota de corte en el
régimen ordinario, y, dos, la tendencia de la demanda a concentrarse en
determinadas titulaciones.
Quisiera hacer dos comentarios más para terminar con este punto. Los
estudios más solicitados en este curso en el cual nos encontramos han
sido Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Derecho, Ingeniería Técnica
Industrial, Arquitectura, Arquitectura Técnica, etcétera.
Aparecen como nuevas enseñanzas en el presente curso Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte y Bellas Artes, y disminuyen Trabajo
Social y Periodismo.
Ultimo comentario. ¿Cuáles son las universidades con mayor número de
plazas adjudicadas a los alumnos admitidos? Han sido la Complutense de
Madrid, Salamanca, Zaragoza, Politécnica de Madrid, Murcia y Castilla-La
Mancha.
La movilidad entre comunidades indica que los alumnos prefieren las
universidades más próximas a su lugar de origen, y, además, buscan las
enseñanzas que por límite en el acceso no pueden estudiar en la comunidad
en la que se encuentran y que por menor presión demográfica pueden
acceder fuera de ella. Esto en cuanto al distrito compartido. Este tema
fue motivo de debate en la Comisión de coordinación del Consejo de
Universidades la pasada semana y se tomaron dos decisiones al respecto:
una, solicitar datos a las comunidades autónomas sobre la movilidad,
porque la movilidad no sólo viene dada por el distrito compartido sino
que hay otros factores que sumados dan cifras de movilidad superiores al
distrito compartido. La otra decisión que se adoptó fue analizar las
experiencias que al respecto han tenido en otros países.
En este ámbito del acceso a la universidad se pretende analizar el tema
de la selectividad y posibles mejoras a introducir en la misma. A este
respecto y recogiendo alguna proposición, en particular del Senado, y
ciertos trabajos realizados en algunas comunidades autónomas, se piensa
que se puede reflexionar sobre una mejor valoración del currículum en
función de los estudios que se deseen cursar y conceder un mayor grado de
autonomía a los centros universitarios en esta valoración.
Pues bien, para estos temas y para los que he mencionado de orden menor,
se ha constituido un grupo de trabajo formado por autoridades académicas,
por responsables de comunidades autónomas como Galicia, Madrid,
Andalucía, Cataluña, por el Consejo de Universidades, CIDE, etcétera, y
el día 11 de enero se empieza a trabajar sobre estos temas y se espera
que en un plazo de unos tres meses se tengan los primeros resultados al
respecto.
Voy a informar a continuación de algunas acciones previstas en el Plan de
Actividades de la Secretaría General del Consejo y que ya han sido
realizadas; en particular, de la modificación del sistema de sorteos para
la constitución de las comisiones para las plazas de profesorado
universitario. Eso se acordó en junio; el tema está cumplido y ya se ha
celebrado el primer sorteo con el nuevo procedimiento el pasado día 30 de
noviembre. Fundamentalmente, los objetivos que se pretendían eran
trasladarlo todo a un solo ordenador, el del Consejo de Universidades;
iniciar el proceso mediante la extracción de bolas para la generación del
número aleatorio para que no se produjese ninguna dificultad de tipo
informático que se había alegado en el pasado; verificar el programa --ha
sido verificado en tres universidades-- y, en definitiva, el que en ese
momento --ya el 30 de junio se produjo así--, automáticamente, en el
mismo sorteo, al procederse a la elección de los miembros para una
comisión salían copias por impresora para todos los asistentes
interesados, una hoja con la composición de la comisión correspondiente.
Asimismo, estos días estamos ultimando un folleto explicativo con el
nuevo procedimiento que se difundirá en toda la comunidad universitaria
española.
Otro aspecto en el que me consta la sensibilidad que hay y que también se
ha cumplido, a través de un acuerdo de julio, es la modificación del
proceso para la homologación de títulos extranjeros. A ese respecto se ha
procedido a la designación de los expertos que realizan la propuesta de
informe de los expedientes. Quiero informar que en el último año los
informes realizados por el Consejo fueron 4.000 en cifra global. A la
designación de los expertos por las subcomisiones se ha procedido ya, de
acuerdo con las condiciones que se habían ultimado y aprobado en comisión
académica. Se ha incrementado el número de expertos con el fin de
introducir la mayor homogeneidad en la agrupación de las titulaciones. Se
ha establecido un plan de trabajo para los expertos con un programa para
el año 1996 y, asimismo, una elaboración en dos fases de tablas de
países, titulaciones y universidades a efectos de las posibles
homologaciones.
Por otra parte, acerca de la posible divergencia entre la mayor o menor
exigencia de unos expertos a otros, se intenta obviar mediante reuniones
de expertos, también contempladas en el programa. Asimismo, se va a dar
una mayor información a las subcomisiones, que son las que tienen la
competencia en este momento, haciéndoles llegar por cada uno de los
informes analizados una hoja por cada uno de los expedientes, mientras
que ahora era un único listado con todos ellos.
Otro tema, y voy a intentar terminar porque si no estoy seguro que excedo
la generosidad de SS. SS., es el de las iniciativas. Considero que es
importante decir aquí las que ha iniciado el Consejo de Universidades y
que, en el ámbito de mejora del sistema universitario, en cierta manera,
tratan de recoger el espíritu de los artículos 1.í y 2.í del Reglamento
del Consejo de Universidades. Voy a destacar dos en particular.
Se ha iniciado un debate y el análisis de propuestas de actuación para la
mejora del tercer ciclo. Esto fue presentado en el último pleno. Se
estableció un análisis en el contexto del doctorado europeo y de la
situación del doctorado en los demás países de la Unión y, asimismo, un
análisis de los puntos fuertes y de los puntos débiles del tercer ciclo y
del doctorado en España. Esto suscitó un gran interés y se ha establecido
una metodología de trabajo --que, si a SS. SS. les interesa, les puedo
detallar a continuación-- y un grupo para que analice esto. En el próximo
pleno o en el siguiente va a ser un tema fundamental de debate, incluso
cabe la posibilidad de celebrar un pleno extraordinario, como al que
antes hacía mención en el caso del análisis de los planes de estudio.
Otro tema que el señor Ollero mencionaba y con cuya importancia estoy de
acuerdo es la influencia de los órganos de gobierno en la eficiencia de
la gestión universitaria. Estamos trabajando en este momento, le puedo
decir que lo cerraremos mañana, en el primer documento para diseño de un
seminario sobre este tema con la participación de los rectores y los
responsables de la gestión universitaria en España y de cuantos puedan
estar interesados. Este seminario se piensa realizar en el ámbito de la
Universidad de Castilla-La Mancha. No sabemos si será en Toledo o en
Almagro y pensamos, en principio, que sea el próximo mes de febrero.
Hay un grupo de trabajo formado por los profesores Ortega, Director
General de Universidades de la Comunidad de Madrid; el rector Argullol y
el profesor Francisco Pérez, que están diseñando y ultimando los detalles
de este seminario. Hay otros temas que también estamos abarcando y en
ellos no entro ahora, como son: nuevas titulaciones, información europea,
«Hortélius», etcétera.
Quisiera consumir, si el señor Presidente me lo permite, un último minuto
sobre el tema de evaluación de las universidades.
Como estoy seguro que SS. SS. conocen, se ha aprobado un primer plan
nacional de evaluación de la calidad de las universidades. Esto tiene una
trascendencia, a mi juicio, fundamental. Recoge el acuerdo del pleno del
Consejo de Universidades de septiembre pasado, pleno sin ningún voto en
contra, en el cual se pretende que a lo largo de cinco años, mediante
convocatorias anuales, se proceda a la evaluación de la docencia, de la
investigación y de los servicios, de acuerdo con una serie de objetivos
que establece el plan al respecto y que son, por una parte, promover la
evaluación institucional de la calidad; por otra, facilitar a las
universidades metodología homogénea y unos criterios básicos comunes; por
otra --creo que es muy importante--, proporcionar a la sociedad
información relevante y objetiva sobre la calidad de las universidades
españolas y, por otra --creo que también es muy importante--,
proporcionar a las administraciones educativas y al Consejo de
Universidades una información objetiva que pueda servir de base para la
adopción de decisiones en el ámbito de las respectivas competencias.
Utilizando la metodología, en cierta manera coincidente en la mayoría de
los países la Unión, de autoevaluación más evaluación externa, sí quiero
manifestar dos aspectos importantes que contempla el plan nacional. Por
una parte está el de no sólo evaluar la docencia y la investigación sino
también la gestión universitaria y, por otra, el que, tal como se acordó
en Almería, además del informe que se realice al final sobre cada uno de
los proyectos presentados en esta convocatoria, el Consejo de
Universidades hará público anualmente un informe --permítanme la
repetición-- anual de calidad en las universidades españolas con todos
los datos al respecto.
Hay unas consecuencias importantes: la participación en el proyecto por
parte de las universidades. Por un lado, están las inmediatas para la
universidad en cuanto le permiten desarrollar mejoras dentro de ella; por
otro, el mejor conocimiento por parte del entorno social de cada
universidad; y, asimismo, el que se puedan generar mecanismos en las
administraciones con competencias al respecto mediante contratos
programa, mediante iniciativas de financiación específicas, mediante la
incorporación en aquellas que ya tienen sistemas de financiación en las
fórmulas correspondientes de los datos de evaluación para estimular la
mejora y, en definitiva, la calidad de nuestras universidades.
También debo decir que ya ha sido aprobada la convocatoria anual para el
año 1996 y contempla modalidades de proyectos temáticos, globales y
acciones especiales para aquellas universidades que se considere en este
momento que aún no tienen suficiente madurez como para, desde el
principio, incorporarse a la evaluación, para que puedan tener un período
de un año con el fin de que, mediante una acción especial, se preparen
para el año siguiente a través de la presentación de un proyecto.
Asimismo, también se ha iniciado el diseño de las convocatorias
específicas, entendiendo como tales aquellas en las cuales, mediante un
sistema de cofinanciación, la Administración central, las comunidades
autónomas puedan realizar convocatorias al respecto.
Este plan nacional, y con esto termino, señor Presidente, es consecuencia
de la fase experimental que se realizó en los años 1992-1994, en la cual
participaban 17 universidades españolas y también de la participación en
el programa piloto de la Unión Europea, en el cual han participado 46
universidades de la Unión, cuya conferencia final se está celebrando en
estos momentos en Las Palmas. Su celebración estaba prevista ayer y hoy.
Hoy estaba prevista mi participación en la conclusión de la misma pero al
atender, con mucho gusto, a este requerimiento de comparecencia, no he
podido participar en la conclusión de la Conferencia.
Es un último acto de gran relevancia en el territorio español de la
Presidencia española en el ámbito de la educación. Creo que es importante
que se haya podido realizar esto, y sobre todo lo es, pensando en los
intereses nacionales también, el que haya sido un impulso más para la
evaluación de la calidad de las universidades.
El señor PRESIDENTE: Tiene ahora la palabra el señor Ollero, pero antes
voy a hacer una consideración que SS. SS. ya imaginan en qué sentido, y
es que estamos en el tiempo en el que estaba prevista la conclusión de la
comparecencia. Por consiguiente, ruego tanto al señor Ollero como después
a los diferentes Grupos que vayan a intervenir que las intervenciones
sean lo más concisas posible para permitir un hipotético segundo turno.
Si no, esta Presidencia se verá obligada a dar por concluida la
participación de los Grupos con este turno.
Señor Ollero, tiene la palabra.
El señor OLLERO TASSARA: Ante todo, mi agradecimiento en nombre del Grupo
Popular al señor Michavila, que ha hecho un alarde de precisión, de
rigor, como era de esperar por otra parte, en su comparecencia, y
quisiera pasar a comentar alguna de las cuestiones a las que se ha
referido.
En primer lugar, lo relativo a los planes de estudio suscita una cierta
perplejidad, porque da la sensación de que los universitarios españoles
están siendo sometidos a un «cobayismo» generalizado. Yo recuerdo, sin
salir de mi propia materia como catedrático de universidad, que es la
facultad de Derecho, que, por una parte, ha habido dos planes
experimentales, en Valencia y en Sevilla --no sé si sirvieron para algo,
pero los hubo--, y por otra la LOGSE ha estado precedida en el ámbito
educativo anterior a la universidad de toda una experimentación. Aquí,
sin embargo, se han cambiado todos los planes de estudio sin
experimentación alguna, y ahora parece que se aborda una evaluación de
qué está pasando. Esto es una política de disparar primero y apuntar
después, lo cual es realmente llamativo.
Junto a eso hay otro aspecto que nos preocupa, y es que yo me imagino que
el Consejo de Universidades tendrá también alguna función, si no
reivindicativa, sí por lo menos de llamar la atención del Gobierno sobre
aspectos que entiendan sus integrantes que afectan a la calidad de la
enseñanza. No se puede hacer una reforma de planes de estudio sin dinero.
El mismo Gobierno que no ha dado dinero para que se pueda hacer con rigor
la reforma de los planes de estudio, ahora da dinero para que se evalúe
qué está pasando. Se pone en marcha un sistema que destroza la situación
y luego se analiza, como si fuera algo ajeno, con una curiosidad
científica, qué es lo que ha pasado, cuando lo que hay bajo el
microscopio es el fruto de unas innovaciones caprichosas, poco pensadas y
llevadas a la práctica a coste cero. Digo que son caprichosas y poco
pensadas porque lo dice el Ministro. El señor Ministro actual dice que
los planes de estudio de cuatro años de Derecho son un disparate, pero se
acaban de hacer, como muy bien sabe el señor Secretario General, en el
seno del Consejo hace un año. Es una situación realmente llamativa.
Hay una experimentación inconfesada que se comienza ahora en vivo. Por
ejemplo, la financiación repercute claramente sobre lo que el señor
Secretario General ha aludido de la libre configuración de los planes de
estudio, que tiene que ver también, como muy bien ha señalado, con los
módulos de capacidad. El señor Michavila, que ha sido rector de una
universidad, me admitirá que esa libre configuración es imposible, porque
libre configuración significa que el alumno, según lo que está previsto,
tiene un 10 por ciento --si no recuerdo mal-- del currículum para
organizarlo a su gusto, pero eso es una falacia, ¿cómo lo va a organizar
a su gusto? La universidad en la que está le dirá: «Los sitios en donde
usted se puede sentar están en estas y en estas materias, las otras están
saturadas.» Por tanto, su libre configuración va a consistir en poder
elegir alguna de las materias que no están saturadas, y lógicamente las
saturadas son las más demandadas.
Al final, si me permite la expresión poco académica, eso ya no es la
libre configuración, es una croqueta académica, donde el alumno se va a
llevar los restos que han dejado los comensales anteriores. Esa es la
situación a coste cero. Asunto distinto es si se quita el coste cero,
entonces lógicamente en la demanda habrá que incluir, como muy bien dijo
el señor Michavila, no sólo el que ha solicitado una titulación, sino
también el que, por vía de libre configuración, la solicita además, pero
como eso no está contemplado, porque no se puede gastar ni un duro más,
creo que por pudor no debemos hablar de la libre configuración, porque es
absolutamente falsa. Yo quisiera llamar la atención sobre esa situación.
Respecto a los módulos objetivos de capacidad dice el señor Michavila que
hay un problema de complejidad. Yo me permitiría decirle que no, por lo
menos inicialmente. No me diga que es complejo saber cuántos alumnos
caben en un aula. Yo estoy de acuerdo en que el módulo debe ser algo más
que lo meramente físico, pero en trece años no se ha llegado a lo
meramente físico. ¿Por qué? Porque no se ha querido, porque no ha habido
voluntad política, y de ello ha sido cómplice el Consejo de
Universidades, ya que, si se cuentan las plazas, algo tan elemental como
eso, sale a la luz cuántos alumnos hay sin plaza, y no se quiere. Ese es
el problema, y eso hace que trece años después haya un documento del
Consejo donde se crea un grupo de trabajo para que suministre ideas. No,
eso está en la ley, y permítame que le diga una cosa, señor Michavila. El
decreto de desarrollo que se ha hecho por falta de módulos --aprovecho
una vez más la ocasión de decirlo públicamente-- es inconstitucional,
porque la única que puede desarrollar la autonomía de la universidad es
una ley, es esta Casa. Ustedes no tienen ningún tipo de habilitación para
regular ese asunto y lo que han hecho es inconstitucional, y los rectores
son responsables de no haber denunciado el carácter inconstitucional de
ese decreto, que lo sigue siendo, que quede claro. No me ha dicho nada de
las actas del Consejo sobre ese punto o sobre otros.
En cuanto al distrito compartido, mi pregunta se refería al documento que
usted mismo ha manejado. En su página 11, por ejemplo, se dice: Almería,
plazas ofertadas en distrito compartido, un total de 338, se han
adjudicado 99 y han quedado libres 239; Barcelona, plazas ofertadas en
distrito compartido 435, se han adjudicado 121 y han quedado sin
adjudicar 314. En ambos casos falta un dato decisivo: ¿cuántos
solicitantes ha habido? Porque yo me imagino que Almería, si no llega a
adjudicar 338, es porque no lo pide nadie, porque es una universidad que
tiene un año de existencia y a nadie se le ocurre irse a Almería en esas
circunstancias, pero me temo que en Barcelona no sea ése el problema. Sin
ese dato esta relación pierde mucho valor.
No olvidamos un dato que ha dado usted, señor Michavila: 2.404 alumnos, o
sea, el 37 por ciento adicional a los que han conseguido plaza por
distrito compartido no lo ha conseguido teniendo nota de corte, lo cual
quiere decir que el sistema no funciona. Eso se debe, entre otras cosas,
a algo a lo que usted no ha aludido, como es al tope de 20 por
titulación, que no se tiene en pie. Si ustedes dicen que van a ofertar un
10 por ciento de las plazas, no pueden ponerle
un tope de 20. ¿Por qué ponen un tope de 20? No se acaba de entender, a
no ser que lo que no se quiera es que haya distrito compartido o lo que
ocurra, como ya he denunciado más de una vez, es que se están ofertando
plazas teóricas que no existen y se están adjudicando íntegramente las
que existen sin distrito compartido.
En cuanto a esta situación yo le recuerdo que ustedes hablan en un
documento de constituir un espacio europeo de la educación superior.
Ultimamente el Gobierno se hace fotos europeas, pero se puede hacer el
cateto si uno se hace fotos europeas y luego no soluciona los problemas
españoles. Ustedes hablan de crear un espacio europeo de la educación
superior en un momento en que impiden que un alumno de Castilla-La Mancha
estudie en Madrid. Vamos a empezar por el espacio europeo de Castilla-La
Mancha y Madrid, y luego ya veremos si llegamos al espacio europeo,
porque, si no, nos tiramos unos faroles muy decorativos, de artesanía,
pero a la hora de la verdad no solucionamos los problemas reales.
Ha hecho usted alusión a ese documento del Consejo y ha dicho que le
parece muy interesante que diga que se trata con esa evaluación de
proporcionar a la sociedad, especialmente a los estudiantes
universitarios actuales o potenciales, información relevante y objetiva
sobre la calidad de las universidades. A usted eso le parece muy
importante, es el punto c) de los objetivos. Si le parece tan importante,
¿por qué en el BOE, cuando sale días después el Real Decreto 1947/1995,
que reproduce los otros objetivos que hay ahí incluidos, se quita ése? Le
llamo la atención sobre el artículo 1 del citado Decreto, donde se
recogen el objetivo de promover la evaluación institucional, el objetivo
de elaborar metodologías homogéneas y el objetivo de proporcionar
información objetiva que sirva de base a decisiones de las
administraciones públicas, y desaparece el punto c), que para usted era
muy importante. Pues para el Gobierno no, el Gobierno no lo ha metido en
el BOE, al Gobierno le preocupa que se proporcione a la sociedad, y
especialmente a los estudiantes universitarios actuales o potenciales,
información relevante sobre la calidad de las universidades. Claro,
porque como se les proporcione la van a utilizar, y como no estamos
dispuestos a que los de Castilla-La Mancha vayan a Madrid, si la
utilizan, es un lío.
Termino. Respecto a la endogamia, señor Michavila, no ha dicho ni una
sola palabra, y tampoco me ha dicho si los comités de la evaluación
científica del profesor se van a publicar en el BOE, como se me aseguró
que ya se habían publicado. No es verdad, aunque no se me aseguró desde
el Consejo ciertamente, y sí es verdad que se ha pedido al Consejo de
Universidades la posibilidad de publicar los resultados y qué ha dicho al
respecto el Consejo de Universidades. Yo creo que son cuestiones que
convendría precisar.
El señor PRESIDENTE: ¿Además del Grupo Popular, alguno de los restantes
Grupos de la Cámara desea intervenir? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Cruz.
El señor CRUZ ORIVE: A pesar de lo mal que vamos de tiempo, no quería
dejar pasar esta oportunidad sin transmitir un saludo al señor Michavila
en mi nombre y en el del Grupo que represento. No quiero introducir
nuevos temas, aunque colateralmente podrían colarse porque podrían ser
motivo de esta comparecencia, pero sí voy a hacer referencia a dos temas
que son motivo sustancial de la misma.
En primer lugar, y creo que es una preocupación compartida en esta
Comisión, hace tiempo que se aprobó una proposición no de ley sobre la
revisión del tema de las pruebas de la selectividad, respecto al que
recientemente también se presentó en el Senado una moción, votada con
gran consenso, sobre la necesidad de revisar drásticamente o, cuando
menos, sustancialmente las pruebas de acceso a la Universidad. No me voy
a extender en la posición de mi grupo, ya que hemos sido muy reticentes a
estas pruebas y que tenemos unas posiciones muy determinadas. Ya he visto
que se va resolviendo, y que hay un Real Decreto sobre la composición de
los tribunales, pero me hubiera gustado tener más tiempo para debatir la
concepción de la prueba.
La otra consideración que quería traer es el plan de evaluación que ha
comentado, en el sentido de que, desde nuestro punto de vista, para que
la evaluación tenga un objetivo claramente formativo, debería cumplir dos
requisitos que, cuando menos, alguno de ellos no está recogido. Nos
gustaría saber si está resuelta la participación en esa evaluación de los
Consejos Sociales de las Universidades y qué papel juegan, ya que es a
quienes corresponde por ley la supervisión de los servicios prestados por
la Universidad.
El otro tema sería la aplicación por el Ministerio y las Universidades de
un plan de corrección de las deficiencias detectadas. Es decir, que no se
quedara en una exposición anual diciendo que éstos son los problemas,
sino qué plan de corrección hay. De lo contrario, el plan generará
desconfianza sobre los resultados del mismo y sobre su propio valor. Este
sería uno de los temas fundamentales para la implantación de este plan de
evaluación sobre lo que me gustaría que me contestara.
Me hubiera gustado hablar del tema de las transferencias y de la
financiación, hubiera sido muy provechoso, pero andamos muy mal de
tiempo. Le agradezco su comparecencia y espero que nos resuelva las dudas
que tenemos planteadas en estos momentos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario General, para
contestar a las cuestiones formuladas por los grupos que han intervenido.
El señor SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES (Michavila
Pitarch): Muchas gracias por sus cuestiones que completan el
planteamiento inicial y añaden algunos aspectos nuevos al mismo, que
considero del máximo interés. Yendo por el orden de las cuestiones
formuladas, voy a intentar contestar al señor Ollero algunas de las cosas
que me plantea.
Planes de estudio. No ha sido un proceso en el que se hayan ido aprobando
planes de estudio constantemente en nuestro país. Lo digo como
universitario y profesor desde
hace más de 20 años. Es más, aún existía la costumbre de hablar del plan
del año 64 o del plan del año cincuenta y tantos, es decir, existían
veintitantos años de parálisis de planes de estudio. Por lo tanto, no es
que haya un constante proceso de aprobación de planes de estudio. Dicho
esto, voy a entrar en lo concreto de lo que usted me formula, que es el
que ahora se pueda plantear a raíz de este procedimiento de análisis, que
sugerí que era a iniciativa de la Secretaría General, porque yo creo que
si hay algún defecto, la posición más honrada, si uno está capacitado, es
la de analizarlo e intentar corregirlo.
Lo que se planteaba era un cambio fundamental de espíritu a la hora de la
elaboración de los planes de estudio. Yo, en un momento determinado de mi
vida, fui redactor de un plan de estudios en un centro universitario y
conocía las rigideces y cómo luego la posibilidad de elaborar el plan de
estudios estaba más allá del propio centro. Esto es muy bueno porque
ayuda a la responsabilidad de los universitarios y a la autonomía de las
instituciones universitarias. Pero a lo mejor la falta de experiencia, la
falta de práctica de algunas instituciones en el ejercicio de esta
autonomía --siempre hay unas tendencias a máximos que luego se corrigen,
es una ley que considero que se da bastante en todas las sociedades-- ha
hecho que en algunas instituciones la elaboración de los planes de
estudio, la cuantificación en créditos, etcétera, haya tendido a unos
planteamientos poco realistas o se haya pensado poco en el conjunto y más
en las partes y en el propio departamento. Por eso me parece importante
que el Consejo de Universidades vele por la calidad de los planes de
estudio. Hay unas directrices generales propias de cada una de las
titulaciones, las cuales aún no tienen diez años de existencia desde que
se diseñó el mínimo común para todos los planes de estudio. Luego las
universidades han ido desarrollando los planes de estudio en base a ese
marco general para todos ellos.
Pero ahora que hablamos ya de 1.845 planes de estudios homologados, que
la reforma en esta primera fase está casi acabada --el 95 por ciento
valorado respecto a los planes presentados del total de los que había que
presentar--, pocas instituciones como la universitaria deben ser tan
vivas. Hacer una reflexión sobre el ámbito en el que podemos incidir como
consejo de universidades, viendo las recomendaciones, las sugerencias y
determinados puntos fuertes y puntos débiles, es un compromiso de cara a
la sociedad que el Consejo de Universidades debe adquirir.
Señor Ollero, me parece muy interesante lo que ha dicho y tomo nota de
ello. Permítame un dato. Ha mencionado el hecho de dar dinero para que
evalúe. En el análisis de la implantación de planes de estudio no hay
dinero. Es un trabajo interno del Consejo dentro de sus actividades.
Donde sí hay es en el plan nacional de evaluación de la calidad de las
instituciones universitarias, que no tiene nada que ver con los planes de
estudios. Lo contiene como una parte, incluso pequeña, pero es de la
institución. Es un servicio público a la sociedad. El plan de estudio es
un mecanismo gracias al cual durante un tiempo de estancia en las aulas
universitarias se forma a unos jóvenes en la parte fundamental. Pero una
cosa es que el plan nacional se inicie con unas cantidades como las que
se establecían en la convocatoria de la semana pasada, que tampoco me
parecen excesivas --yo como Consejo de Universidades desearía lógicamente
cantidades mayores para poder desarrollar con más profundidad estos
temas--, pero para el análisis de la puesta en marcha del estudio no hay
asignada ninguna cantidad.
Plantea una cuestión muy interesante, que es el tema de la financiación,
del que voy a hablar desde el ámbito que me corresponde, no debo caer en
la petulancia de exceder los límites del Consejo en este tema. Como
universitario tengo mi opinión y mi posición, pero desde el punto de
vista del Consejo plantea un tema muy interesante que es lo de la libre
configuración. Es posible la libre configuración. Usted lo decía citando
mi experiencia como rector de universidad y por eso se lo digo. Nosotros
en aquel momento pusimos en marcha 19 planes de estudio. No son los 50
que he mencionado de universidades. Por eso precisamente, señor Ollero y
señorías, es lógico que alguien que ha tenido responsabilidades en el
mundo universitario, de gestión de una universidad, aporte su humilde
grano de arena, como es el mío en este caso. Yo sé, y muchos otros que
también conocen las universidades, que hay componentes técnicas del
proceso de la implantación de planes de estudios que inciden claramente
en el éxito escolar. Por ejemplo, en la libre configuración aparece un
factor tan sencillo en la ordenación académica como lo que se llaman,
permítame el tecnicismo, las bandas horarias. Sin eso no es posible la
libre configuración. Es una parte de carácter técnico que se debe abordar
en los planes de estudio. Cuantos más medios existan mejor, porque se
traduce en unos grupos más reducidos y, por lo tanto, en una asistencia
más personal. Igual que también se traduce en una componente mayor de
innovación educativa en cuanto a aulas informáticas, en cuanto a
tecnologías multimedia y cosas de éstas. Pero en cuanto a que la libre
configuración esté directamente vinculada con la financiación, le digo
que viene igual de vinculada que el resto de plan de estudios. La libre
configuración no viene condicionada sólo por eso.
Respecto a lo de los módulos objetivos de capacidad, seguramente me debo
haber expresado mal cuando he dicho que a partir de ahora un grupo va a
empezar a pensar ideas, a ver si se le ocurren cosas nuevas. No, lo que
yo decía es que hay una fórmula y que la idea es ver si esta fórmula
puede ser válida. Me alegro mucho, señor Ollero, de que usted haya
mencionado ahí el tema de datos físicos, incluso ha citado alguna de las
cosas que yo le he comentado en mi intervención, que están contempladas
en esta fórmula. Creo que tenemos que adoptar una posición de humildad y
nombrar un grupo de trabajo con técnicos del Consejo --que le digo que
están convocados el 11 de enero para empezar a trabajar, no para dentro
de mucho tiempo-- y ver si esta fórmula hay que mejorarla o añadirle más
cosas. Esta fórmula tendría en cuenta los datos que antes le he
mencionado (y que ahora con el desorden lógico de traer aquí muchos
papeles a lo mejor tengo dificultades para encontrar), que se refieren a
capacidad física, número de estudiantes, etcétera.
La fórmula existe, lo único es que en lugar de tomar la decisión
precipitada, y ahí lo pongo en mi debe, de decir:
«ya está la fórmula», yo digo: «sometámosla durante un mes o dos meses,
porque esta fórmula nos interesará de cara al curso próximo, a ver si hay
que añadirle algún factor». Personalmente le añadiría algún factor, por
mi propia formación matemática, con una fórmula bien sencilla. La fórmula
está y contemplando este tipo de datos que usted ha dicho y de lo que me
alegro.
Respecto a los de las actas, tiene usted razón; hay dos o tres cosas a
las que no le he contestado y voy a intentar hacerlo ahora. Le pido
disculpas por no haberlo hecho anteriormente. Las actas, como instrumento
de trabajo dentro del Consejo, van acompañadas de una información muy
voluminosa. Estoy pensando ahora en el Consejo y luego le hablaré de
fuera del Consejo. Usted citaba el tema, quiero recordar, de las normas
de permanencia de las Islas Baleares. Se decía eso, pero a continuación
venía el informe de la Secretaría General, pasado por la Subcomisión de
Centros, que es la que informa esto y de la documentación de ese tema por
parte de la Universidad solicitante.
Sí le quiero decir que soy sensible a eso y que una de las primeras cosas
que pensaba que había que hacer era unas actas con mayor detalle, en
particular en la contestación a las preguntas formuladas, como usted
decía. Si se fija en las últimas actas, verá que sí hay mucha más
información. Yo he hecho una cuantificación, una comparación, porque
notaba ese formular preguntas, y en el ámbito de ruegos y preguntas, a
veces no hay más que eso, recoger el ruego. Ha habido veces, como alguno
de ustedes ha citado, que por parte de la Presidencia se toma nota de
esta pregunta y en su momento se contestará. Ha habido cosas de éstas. En
general, sí le tengo que decir que las actas creo que son más completas;
en cualquier caso, tienen una documentación anexa muy exhaustiva.
En cuanto al distrito compartido, lo de las plazas libres que usted ha
mencionado, quiero decirle que de la oferta de este año se ha ocupado el
34,34 por ciento, lo he dicho antes. Una parte importante es porque lo
solicitan alumnos que no alcanzan la nota, y una parte menor no alcanza
la nota. Si quiere le vuelvo a buscar el informe del distrito compartido.
Lo solicitaron 15.439 estudiantes, de los cuales no fueron admitidos en
este curso 6.388. (El señor Ollero Tassara: Por universidad.) Cierto es
que esto se puede completar por universidad. Creo que es un detalle para
completar el informe. Hay informes más completos, y si usted lo desea los
tendrá, es una cuestión técnica, señor Ollero, y con mucho gusto se lo
haré llegar. Comprenda usted que de esos planes de estudio distribuimos
un documento resumido, que me parece que usted conoce, porque ha
mencionado el documento de diciembre, pero el documento auténtico, el que
va a ser la base del trabajo que iniciamos ahora, consta de varios
cientos de páginas. Piense usted que el pleno del Consejo de
Universidades está formado aproximadamente por cien personas. Hay veces
que hay que saber sintetizar.
Otra cosa que usted ha planteado es el plan de calidad, el Decreto que no
hace referencia al punto tercero, proporcionar a la sociedad información
relevante, y que yo he dicho que era un punto importante, igual que el
siguiente. Ciertamente existe un preámbulo en el Decreto y lo que es más
importante, entiendo --y discúlpeme, además, hablando en este foro
seguramente cometeré alguna imprudencia, pero pido disculpas por
anticipado-- que como Consejo de Universidades nuestra resolución fue el
documento de acuerdo del Consejo, que todos los miembros del mismo, estas
cien personas, tenían editado y encima de la mesa en el último pleno.
El Decreto tenía recortes en toda su extensión, porque éste es un
documento de 40 páginas. Yo no sé si el Decreto tendría que haber sido
más o menos amplio. De todas formas, en el preámbulo se recogen todas las
ideas, tales como la difusión de los datos y la publicidad que en el
Decreto se pretende dar y, por tanto, estos datos son públicos y se hacen
llegar a la sociedad. Por ejemplo, señor Ollero, se habla de la
estructura organizativa y en el Decreto se despacha esto simplemente en
dos líneas y media, mientras que en el documento son varias páginas.
Piense que si no una estructura organizativa muy técnica nos obligaría a
estar constantemente modificando el Decreto.
No vea en esto ningún intento de eliminar justamente ese punto de
información a la sociedad en este aspecto, que en cierta manera se podría
considerar en el tercero. Le digo que la idea es de difundirlo al máximo
porque, insisto, un aspecto que es muy importante, y que ayer era
valorado en Las Palmas, en la presentación del proyecto europeo, es que
en nuestro caso anualmente se hará un informe público de la calidad de
las universidades, aparte del informe propio de cada universidad.
Respecto a lo que usted plantea de la endogamia, poco le puedo decir,
salvo tener una opinión como universitario. Como Consejo de Universidades
usted sabe bien que no es competencia del mismo y que incluso en el
artículo --perdone que lo cite de memoria-- 43.3 de la Ley de Reforma
Universitaria esa parte se suprimió del articulado porque el Tribunal
Constitucional consideró inconstitucional que figurase ahí, en lo que
hacía referencia a las comisiones de reclamación --transmitir información
de las comisiones de reclamación al Consejo de Universidades--. En la
edición que yo tengo de la Ley de Reforma Universitaria se dice que el
Tribunal Constitucional suprimió lo relativo a la comisión de
reclamaciones. Incluso ese vínculo. En cualquier caso, lo que usted
planteaba era otro tema, que era el de la endogamia. No es tema del
Consejo. Si usted quiere, tenemos estudios en la Vicesecretaría de
Estudios y podemos dar datos al respecto.
Pregunta, y con esto termino la contestación a SS. SS., por la evaluación
de la investigación. Bien sabe usted que no es tema del Consejo. Lo único
era que el Consejo informa las propuestas que de la Secretaría de Estado
llegan al Consejo para el nombramiento anual --creo recordar-- de ternas
--en mi época de Secretario General del Consejo no se ha producido este
tema-- para nombramiento de las comisiones de evaluación.
En cualquier caso, recogiendo la petición de uno de los vocales del
Consejo, he transmitido al Director General de Investigación Científica y
Enseñanza Superior que haga llegar a los miembros del Consejo la
composición de las comisiones. Lo que puedo hacer, señor Ollero, ante una
petición que me ha formulado un miembro del Consejo de
que se lo haga llegar, es mandárselo a todos los miembros del Consejo. La
designaación de los comités y la evaluación de la actividad
investigadora, insisto en que, como usted sabe muy bien, no son temas del
Consejo, no es, en absoluto, competencia del Consejo, que sólo debe
informar entre las ternas.
Señor Cruz, quisiera, en primer lugar, agradecerle su amable acogida. Me
ha planteado dos cuestiones; una de las cuales hace referencia a la
revisión de la selectividad. Creo que es momento de hacer (en el ámbito
que SS. SS. han planteado aquí y en el Senado, y puesto que ya hay
algunas comunidades que tienen documentos, afortunadamente en la misma
línea, que yo he conocido, aunque quizá no lo conozca todo, en cuanto a
la concepción de la prueba) la valoración de distintos aspectos,
etcétera. Es importante analizar el tema. Se pueden realizar algunas
modificaciones sencillas, aunque otras llevarían más tiempo. En mi época
de Rector, hace unos tres años, viví un análisis, al que S. S. ha hecho
mención, respecto a modificaciones en la concepción de la prueba y el
proceso es realmente complejo, pero sí que hay algunas modificaciones en
la valoración y en el tipo de estudios que quiera realizar ese joven
cuando acceda a la universidad, considerando una u otra parte del
currículum.
Respecto al plan de valoración, plantea S. S. dos requisitos que
considero muy importantes y me alegra oírlo en este foro. En cuanto a la
participación en los consejos sociales, ya estaba previsto en el plan
experimental --y ahora también lo está-- cómo se puede realizar ésta a
través de los comités de las universidades. En el plan de evaluación se
establece --se va a seguir el mismo procedimiento del plan experimental,
porque funcionó muy bien y así se ha acordado en el pleno del Consejo de
Universidades--, presididos por el Rector de la universidad, para
garantizar que los datos estuviesen a disposición de este comité de
evaluación, con el fin de que las estructuras funcionasen adecuadamente y
para que las responsabilidades estuviesen claramente en el responsable de
la universidad, que en los comités de evaluación de las universidades
haya responsables de la gestión universitaria dentro del equipo rectoral,
de los gabinetes técnicos de evaluación, representantes de los consejos
sociales y también representantes de la sociedad, de los estudiantes y
del personal de la administración y servicios, pero en particular de los
consejos sociales. Creo que es importante --y en una reunión de
presidentes de Consejos Sociales tuve ocasión de manifestarlo-- señalar
que uno de los retos que tiene el sistema universitario es dar contenido
al ámbito de los Consejos Sociales.
Dice S. S. que se realiza la evaluación, se determinan puntos débiles, se
corrigen algunas cuestiones, se determinan los defectos y se realizan las
correcciones correspondientes. Eso precisamente es lo que en nuestro
acuerdo --y si S. S. quiere al finalizar la sesión le puedo entregar un
documento sobre el pleno del Consejo-- figura entre los diversos puntos
tratados en este documento: consecuencia de participación en los
proyectos de evaluación. En este documento se habla de las consecuencias
y de los mecanismos de corrección y de cómo la Administración central y
las comunidades autónomas deben actuar mediante contratos-programas,
mediante financiación orientada a poner en marcha las medidas de mejora
de las calidades que se sugieran de los informes finales, es decir, de la
corrección de defectos, etcétera, como usted mencionaba anteriormente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ollero por un tiempo de
medio minuto.
El señor OLLERO TASSARA: De acuerdo, señor Presidente.
No voy a entrar en debate. Quiero agradecer cuanto ha dicho el Secretario
General y recordarle lo siguiente respecto al envío de datos. Los datos
que usted ha prometido explícitamente podrá encontrar cuáles son en el
«Diario de Sesiones» en su momento, y respecto a datos que hemos
solicitado son, en primer lugar, los últimos datos que haya sobre
endogamia, que no es un tema que depende del Consejo, pero los estudios
los hubo y, por tanto, o los hay o se deben hacer. Es bueno que los
legisladores podamos tener datos en los que apoyar nuestras propuestas de
reforma. En ese sentido hay unanimidad de todos los grupos para realizar
una reforma. Respecto al distrito compartido, solicitamos los datos
relativos a los solicitantes por universidad, con el fin de saber a qué
se debe que en cada universidad al final haya plazas libres. Nos gustaría
conocer los estudios que se van a realizar como, por ejemplo, los
relativos a las comisiones de reclamación. El Tribunal Constitucional
dijo que no cabía un recurso final en las comisiones de reclamación al
Consejo de Universidades, porque ello afectaba a la autonomía
univesitaria, como afecta a la autonomía universitaria el desarrollo que
ustedes han hecho de los módulos objetivos de capacidad, por tanto, es
inconstitucional, vuelvo a insistir. Pero nada impide que el Consejo de
Universidades --y quién si no-- realice un estudio sobre cómo están
funcionando las comisiones de reclamación y si tienen o no efectos
endogámicos, es decir, queremos saber a quién acaban aceptando el recurso
si al de dentro o al de fuera. Se trata de eso.
Por último, queremos que quede claro, señor Michavila, que desde los
responsables de la evaluación científica del profesorado se utiliza como
coartada al Consejo de Universidades para mantener un secretismo
inaceptable. Desde allí se me ha dicho que los comités se iban a publicar
en el BOE y no se publican y desde allí se me ha dicho que si no se me
dan los resultados es porque tienen que pedir permiso a ustedes, al
Consejo de Universidades, que es el que decide. Quiero que sepan que se
utiliza el Consejo de Universidades indebidamente como coartada por parte
de un departamento de la administración que practica el secretismo a
ultranza por razones que ellos saben.
El señor PRESIDENTE: Quiero decir al señor Secretario General que si
desea hacer llegar los datos a los miembros de la Comisión puede hacerlo
a través de la Secretaría de la comisión, que repartirá las copias para
que las tengan los diferentes grupos. Entiendo que no tiene interés
solamente para el Grupo Parlamentario Popular, sino
que como es complementario del debate, puede hacerse llegar a todos los
grupos.
Para contestar a las últimas cuestiones planteadas --si así lo considera,
no es obligatoria esta última intervención-- tiene la palabra el señor
Secretario General.
El señor SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES (Michavila
Pitarch): Señoría, he tomado nota de sus peticiones. Algunos datos se los
puedo suministrar en breve plazo a través de la Secretaría de la
Comisión, pero comprenderá S. S. que otros habrá que elaborarlos. Tomo
nota de la sensibilidad de SS. SS., que me manifiesta que es
generalizada, y la suya en particular, sobre el tema endogamia.
Nosotros hemos aprobado --como mencioné anteriormente-- un plan de
actividades para el curso 1995-1996 que, si la Presidencia lo considera
oportuno, puedo hacerlo llegar a SS. SS. para que conozcan en detalle el
plan de trabajo e incluso el cumplimiento del mismo. Pretendemos hacer
llegar trimestralmente a todos los miembros del Consejo el seguimiento de
nuestro plan, plan que fue aprobado por unanimidad del mismo. Podemos
incorporar este plan en la última fase como un añadido --se comprenderá
que hace falta recopilar bastantes datos respecto del tema de la
endogamia-- y como un estudio para realizar en el futuro.
Respecto al tema del distrito compartido, por el contrario, facilitaremos
los datos en breve plazo y se lo haré llegar.
Respecto a los comités de evaluación, permítame insistir. No tengo nada
que ver. Es más, siendo sensible, no ante la petición de S. S., que no la
conocía, sino ante la petición de vocales y miembros del Consejo, bastó
con que uno de los miembros del Consejo de Universidades me solicitase
esta información para hacerla mía, requerirla y a continuación poderla
distribuir en el pleno del Consejo.
El señor PRESIDENTE: Concluida esta comparecencias, agradecemos, de
nuevo, la presencia del Secretario General, que será la última de esta
legislatura. Deseamos --puesto que no tiene el problema que tenemos los
demás, en el sentido de convalidar nuestro cargo en los próximos meses--
volvemos a encontrar el próximo año.
--DEL MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (SAAVEDRA ACEVEDO), PARA EXPLICAR
LAS LINEAS GENERALES DE LA POLITICA DE EDUCACION ESPECIAL DURANTE EL
CURSO 1995/1996. A SOLICITUD DEL GRUPO POPULAR. (Número de expediente
213/000728.)
El señor PRESIDENTE: La siguiente comparecencia es la del señor Ministro
de Educación y Ciencia, solicitada por el Grupo Popular, para explicar
las líneas generales de la política de educación especial durante el
curso 1995/1996.
En primer lugar, quiero saludar, de nuevo, al señor Ministro, y, como
algunos no volveremos seguro y algunos otros señores Diputados ya nos han
dicho que tampoco volverán, por lo menos que sea una sesión de despedida
al señor Ministro con esta composición de la Comisión, y, en todo caso,
como antes hemos dicho, desear a todos los mejor, que aprueben los
exámenes del próximo mes de marzo para que puedan estar el próximo curso.
Pero, como algunos ya me han dicho que no van a estar, que ésta sea una
sesión de despedida por lo menos para ellos.
Ha habido una labor de colaboración por parte del Ministerio, así lo
hemos dicho a las anteriores autoridades del Ministerio de Educación que
han comparecido para contestar a preguntas, que, en nombre de la
Comisión, quiero agradecer en la persona del señor Ministro, una labor
que ha sido eficaz, aunque sólo sea en términos cuantitativos, que es uno
de los parámetros de evaluación que se están utilizando en esta sesión,
puesto que ha habido 53 en poco más de dos años, dos años y un trimestre,
lo que creo que es una buen «ratio» de la eficacia de la Comisión y de
colaboración con las autoridades, tanto del Ministerio de Educación como
por supuesto del Ministerio de Cultura.
Sin más, tiene la palabra el señor Ministro, para explicar las líneas
generales de la política de educación especial durante el curso
1995/1996.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Saavedra Acevedo): Gracias,
señor Presidente.
Lamento no verle en el futuro en esta sede o en otras de esta Casa, pero
supongo que es una decisión personal, y, como tal, la respeto.
Señor Presidente, señorías: comparezco ante esta Comisión para hablar
sobre uno de los aspectos básicos de la política de nuestro Departamento:
la respuesta educativa que el sistema escolar aporta a aquellos que
tienen necesidades educativas especiales derivadas de condiciones
personales asociadas a discapacidad o sobre dotación intelectual, así
como a los que están en situaciones sociales o culturales desfavorables.
Me es grata esta comparecencia por un doble motivo, el primero, porque
podré exponer el desarrollo de las actuaciones previstas en el marco de
la Logse, que anunció el anterior titular del Departamento en su
comparecencia del pasado mes de abril, y el segundo porque podré informar
de las actuaciones en curso en el marco de la nueva perspectiva que se
abre en la atención educativa de los alumnos con necesidades educativas
especiales, a partir de la promulgación de la Ley orgánica 9/95, de la
Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes.
Antes de entrar en los detalles de las líneas generales de la política de
educación especial durante el actual curso académico, parece que tiene
interés hacer una breve exposición sobre cómo se entiende la atención
educativa a la diversidad, en el marco de una educación para todos y de
un sistema educativo que haga realidad el principio de igualdad de
oportunidades.
1.El tratamiento educativo de las necesidades educativas especiales.
Con la promulgación de la Logse, el Ministerio de Educación puso en
marcha una reforma educativa, entre cuyos principios fundamentales se
encuentra el respeto y la atención a la diversidad de capacidades,
motivaciones e intereses del alumnado.
El concepto de atención a la diversidad supone que todos los alumnos y
alumnas tienen necesidades educativas propias y específicas, a las que se
deben adaptar las experiencias de aprendizaje. En consecuencia, desde el
principio de atención a la diversidad, el énfasis no debe ponerse tanto
en las características de los alumnos cuanto en la oferta educativa en
términos de adaptación del currículum y de apoyo al proceso de
aprendizaje. Para un número amplio de alumnos, esa oferta puede ser
proporcionada mediante las actuaciones docentes habituales. En algunos
casos, sin embargo, las necesidades educativas de determinados alumnos
requieren actuaciones pedagógicas extraordinarias, y es de estos alumnos
y de esas actuaciones de lo que les hablo en esta comparecencia.
Las razones de las diferencias que exigen medidas extraordinarias pueden
ser, obviamente, muy diversas, aunque se pueden agrupar en tres tipos
fundamentales: minusvalías de origen psíquico, físico o sensorial;
capacidades o talentos superiores a los de la mayoría y situaciones
sociales o culturales desfavorecidas. Por ello, aunque en sentido amplio
se hable en todos los casos de alumnos con necesidades educativas
especiales, las actuaciones que es necesario poner en marcha para
satisfacer las necesidades educativas de cada grupo serán muy diferentes.
Las actuaciones a que me refiero pueden ser bien de carácter pedagógico y
organizativo (reducción de la proporción profesorado/alumnado, creación
de los departamentos de orientación, puesta en práctica de programas de
garantía social y de diversificación curricular, etcétera); o bien
consistir en la dotación de medios extraordinarios (profesorado de apoyo,
profesorado especialista en pedagogía terapéutica y en audición y
lenguaje, otros profesionales de apoyo como los auxiliares técnicos
educativos, fisioterapeutas, etcétera); es decir, ayudas técnicas para el
acceso al currículum.
La multiplicidad de actuaciones tendentes a dar respuesta a la diversidad
del alumnado, unida a las grandes diferencias en función de la etapa
educativa que se considere, más la necesidad de regular la dotación de
apoyos y recursos a los centros, reclamaban una norma ordenadora del
conjunto de las actuaciones. A esta necesidad responde el Real Decreto
696/1995, de Ordenación de la Educación de los Alumnos con Necesidades
Educativas Especiales, publicado en el «Boletín Oficial del Estado», de 2
de junio pasado, como desarrollo del capítulo quinto de título I de la
Logse. Este Real Decreto marca y define claramente las líneas de la
política educativa en materia de educación especial que está siguiendo
nuestro Departamento en el curso 1995-96. Una política educativa sobre
educación especial que --permítanme SS. SS. señalarlo-- ha merecido muy
elogiosas valoraciones por parte de organismos internacionales como la
Unesco y la Ocde.
Sin ánimo de ser exhaustivo, quisiera señalarles algunas de las grandes
líneas contenidas en el citado Real Decreto, líneas que, como acabo de
señalar a Sus Señorías, son las que guían nuestra política de educación
especial: a)Escolarización del alumnado. Siguiendo las líneas
introducidas por el Ministerio hace una década, el Real Decreto hace una
apuesta decidida por la generalización de la escolarización de estos
alumnos en centros ordinarios en régimen de integración.
Para la escolarización de alumnos con discapacidad auditiva o motora, por
su propia especificidad, se da la posibilidad de centros de
escolarización preferente.
La escolarización de los alumnos con graves discapacidades, que necesitan
adaptaciones curriculares muy significativas en todas las áreas del
currículum, se orienta a los centros de educación especial, ampliándose
para tales alumnos hasta los veinte años la edad de escolarización.
La formación profesional se ordena de cara a garantizar una triple oferta
formativa para los alumnos con necesidades educativas especiales: la
formación profesional reglada con adaptaciones, los programas formativos
de garantía social y los programas de formación para la transición a la
vida adulta.
En relación con los estudios universitarios, se establecen medidas de
atención al alumnado que consisten en la adaptación de las pruebas de
acceso, la accesibilidad a las instalaciones y enseñanzas y la reserva
del tres por ciento de las plazas.
b)La participación de los padres o de los tutores legales. El Real
Decreto garantiza la información continuada a los padres sobre el proceso
de escolarización sobre las adaptaciones curriculares, les permite la
elección de centro escolar de entre aquellos que reúnen los requisitos
para ofrecer la respuesta educativa más adecuada y requiere la
colaboración de la familia en la detección-prevención y el apoyo en el
proceso educativo.
c)Medidas de carácter pedagógico y organizativo de los centos. El Real
Decreto de Ordenación de la Educación Especial establece los criterios
generales para la educación de la respuesta educativa diferenciada a los
alumnos y, a tal efecto, prevé la adaptación de los proyectos
curriculares de los centros, así como las adaptaciones curriculares
individualizadas en todos o algunos de los elementos prescriptivos del
currículum ordinario. Se garantizan además tanto la evolución
psicopedagógica previa, como el asesoramiento de los equipos
psicopedagógicos para la elaboración de las adaptaciones.
d)Dotación de recursos y apoyos de personal complementarios. Para
garantizar la atención educativa del alumnado con necesidades educativas
especiales asociadas a discapacidad, las plantillas de los centros se
dotan complementariamente con profesores y con otros profesionales no
docentes para la atención y los tratamientos específicos: maestros
especialistas de educación especial, maestros especialistas en audición y
lenguaje, fisioterapeutas, auxiliares técnicos educativos.
Asimismo, se garantiza la atención y asesoramiento psicopedagógico a los
centros de educación primaria a través de los equipos de orientación
educativa y psicopedagógica,
que pueden ser generales, de atención temprana y específicos.
En la educación secundaria, los departamentos de orientación cuentan,
además del profesor de la especialidad de psicología o pedagogía, con
maestros de apoyo de educación especial o audición y lenguaje, y con
profesores de los ámbitos científico-técnico y sociolingüístico, así como
con el profesor responsable del área práctica.
e)Medidas de garantía para la calidad de la educación. Además de las
referidas a la adaptación del proyecto curricular de los centros y de las
adaptaciones individualizadas del currículum, y de la dotación de los
medios materiales y de apoyo a los centros que escolarizan a estos
alumnos, el Real Decreto fija entre otros factores de mejora de la
calidad la formación permanente de los profesores y el personal de apoyo,
así como de los equipos de orientación; estimula la elaboración de
materiales de apoyo y favorece la innovación e investigación educativa en
el ámbito de la atención educativa a la diversidad.
f)Atención educativa del alumnado con necesidades educativas asociadas a
sobredotación intelectual. La política educativa para la atención de
alumnos y alumnas con altas capacidades o con sobredotación intelectual
se enmarca en los principios de desarrollo equilibrado de las capacidades
de los alumnos, escolarización en centros ordinarios y flexibilización de
la duración del período de escolarización obligatoria. El Real Decreto
696/1995 determina que esta flexibilización debe hacerla el Ministerio de
Educación y Ciencia de acuerdo con las comunidades autónomas con
competencias en educación y en esa línea estamos ahora trabajando con
dichas comunidades autónomas.
2.Desarrollos normativos posteriores al Real Decreto 696/1995. El
Ministerio de Educación y Ciencia está a punto de publicar todo un
paquete normativo que completa la regulación de la ordenación de la
educación especial. Muy brevemente, las normas a que me refiero son:
Orden por la que se regula el procedimiento para la realización de la
evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización. En esta orden
se establecen los criterios para la realización de la evaluación
psicopedagógica y para la toma de decisión sobre si la escolarización de
los alumnos con necesidades educativas especiales debe hacerse en centros
específicos o en centros ordinarios. Esta orden está siendo informada, a
esta misma hora, por el Consejo Escolar del Estado y espero que su
publicación sea inmediata.
Orden sobre evaluación de los alumnos con necesidades educativas
especiales que cursan las enseñanzas de régimen general establecidas en
la Logse. En ella se establecen, para los alumnos con necesidades
educativas especiales, los criterios para la promoción de un curso a
otro, la flexibilización de los períodos de escolarización, etcétera.
Esta Orden cuenta con el dictamen favorable del Consejo Escolar del
Estado y se publicará de inmediato junto con la anterior.
Orden que regula la modificación del currículum y la flexibilización del
período de escolarización para la atención educativa de los alumnos con
necesidades educativas especiales asociadas a sobredotación intelectual.
Como se ha indicado, está en fase de elaboración, de acuerdo con las
comunidades autónomas con competencias educativas transferidas.
Currículum adaptado a las características de los alumnos con necesidades
educativas especiales asociadas a deficiencia mental profunda y retraso
mental severo, plurideficiencias y trastornos graves de la personalidad y
autismo. La publicación de esta norma está prevista para el mes de enero
de 1996.
Determinación de los centros de enseñanza secundaria que escolarizarán
alumnos con necesidades educativas especiales. Esta determinación forma
parte de la planificación de la red de centros para el próximo curso
escolar, que se lleva a cabo en estos momentos y que se publicará también
a lo largo del mes de enero de 1996.
Si hasta aquí me he referido fundamentalmente a aquellos alumnos y
alumnas que presentan necesidades educativas especiales asociadas a
condiciones de discapacidad o de sobredotación, quisiera referirme,
brevemente, a los alumnos y alumnas en situación de desventaja por
factores sociales, económicos, geográficos, étnicos o de cualquier otra
índole personal o social. Dicho alumnado es definido también por la Ley
de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes como
alumnos con necesidades educativas especiales. El Ministerio de Educación
y Ciencia ha preparado un Real Decreto que ordena las actuaciones en
materia de educación compensatoria de las desigualdades y regula las
actuaciones de compensación educativa dirigidas a prevenir y compensar
las desigualdades de acceso, permanencia y promoción en el sistema
educativo de las personas, grupos o territorios que están en situación de
desventaja. Dicha norma ha sido dictaminada favorablemente por el Consejo
Escolar del Estado y será ahora informada por el Consejo de Estado,
estando su publicación prevista para finales de enero de 1996.
3.Actuaciones tendentes a mejorar la calidad de la educación en educación
especial. Todo lo que hasta aquí he expuesto a Sus Señorías responde al
objeto de esta comparecencia al definir con claridad las líneas generales
de la política educativa en educación especial durante el presente curso
académico. No obstante, desearía ahora mostrar cómo estas líneas
generales se concretan en un cierto número de actuaciones sobre el
sistema educativo, con la intención de mostrar que el Ministerio de
Educación y Ciencia tiene un compromiso no sólo con la filosofía de la
integración y con el desarrollo normativo, sino también con las
actuaciones e intervenciones concretas que traducen esa filosofía.
Empezaré refiriéndome a las actuaciones tendentes a mejorar la calidad de
la educación que reciben los niños y niñas con necesidades educativas
especiales, para ilustrar posteriormente con algunas cifras el alcance de
nuestros esfuerzos en este campo.
a)Formación del profesorado y de los servicios de apoyo. Para el presente
curso 1995-96 y por lo que a la educación especial se refiere, los planes
de formación del profesorado incluyen actividades específicas relativas a
formación del profesorado de alumnos sordos; formación de los equipos de
atención temprana, de orientación educativa y psicopedagógica y de los
departamentos de orientación; formación de los equipos sobre intervención
educativa con alumnos sobredotados; formación y asesoramiento para los
equipos de centros de educación especial de cara a la elaboración de los
proyectos curriculares; formación de profesorado que trabaja con alumnos
en desventaja sociocultural y formación para el desarrollo de la
educación intercultural.
b)Elaboración de materiales curriculares y de apoyo. La elaboración y
difusión de materiales curriculares tanto en soporte escrito como
audiovisual constituye otro de los elementos básicos de la política en
materia de educación de los alumnos con necesidades educativas especiales
para apoyo de los profesionales.
Para el curso 1995-96 hay que destacar la elaboración y difusión de los
siguientes materiales: orientaciones para la adaptación del «curriculum»
en los centros de educación especial; adaptaciones curriculares para
alumnos con necesidades educativas especiales: ejemplos de buenas
prácticas; la lectoescritura para alumnos con parálisis cerebral sin
habla: programas informáticos y documentos de apoyo; los alumnos con
altas capacidades: orientaciones para las familias; la enseñanza de la
lengua de signos española a padres: vídeos y documentos de apoyo;
integración de alumnos con necesidades educativas especiales en la
Educación Secundaria Obligatoria; evaluación psicopedagógica: modelo,
orientaciones e instrumentos.
c)Innovación e investigación educativa. Para la promoción de la
innovación e investigación educativa se convocan ayudas económicas y
premios para la realización de proyectos de innovación educativa
relativos a la atención a la diversidad del alumnado, y se da prioridad a
aquellos que tienen en consideración y se dirigen a mejorar la educación
de alumnos con necesidades educativas especiales.
Asimismo, el Ministerio participa en proyectos internacionales dirigidos
a la mejora de la atención educativa de alumnos con necesidades
educativas especiales. En concreto, tenemos tres importantes proyectos en
el seno de la Unión Europea, más otros en la OCDE y en la Unesco.
En la Unión Europea existen: proyecto «Human Capital and Mobility»,
relativo a la educación y desarrollo social de las personas sordas;
proyecto «Helios II», relativo al intercambio de experiencias en la
integración escolar; programa «Comenius Acción 2» relativo a la educación
de los alumnos hijos de población migrante, itinerante y de gitanos, y a
la educación intercultural.
En la OCDE está el proyecto dedicado a la revisión de prácticas y
políticas educativas en el ámbito de la integración escolar en las etapas
postobligatorias.
Para la Unesco hay el proyecto «Necesidades especiales en el aula»
dedicado a la mejora de la formación del profesorado implicado en la
educación de este alumnado.
d)Dotación de material, ayudas técnicas y mejora de las instalaciones. La
adecuación progresiva de las instalaciones con acciones dirigidas a la
eliminación de barreras de acceso, y la adquisición y dotación de equipos
y ayudas técnicas individuales, constituye otra de las líneas de acción
para favorecer la calidad de la enseñanza.
Para este curso escolar, tenemos previstas las siguientes inversiones:
eliminación de barreras, 557 millones de pesetas; ayudas técnicas y
equipamiento, 106 millones de pesetas; obras en general, 223 millones de
pesetas. El total de estas inversiones es de 918 millones de pesetas.
Para finalizar, me limitaré a exponer brevemente a SS. SS. algunos datos
que les permitan hacerse una idea de la realidad de la educación
especial, tanto por lo que se refiere al alumnado, cuanto en lo relativo
a los apoyos y recursos que el sistema educativo pone a su disposición.
Las cifras que les voy a proporcionar se refieren todas al ámbito de
gestión del Ministerio y tienen un carácter aproximativo, pues estamos
ahora configurando las estadísticas del presente curso en base a la
información aportada por las direcciones provinciales; no obstante, se
trata de una aproximación bastante precisa que tendrá pocas variaciones
una vez que se consoliden todos los datos.
En cuanto al alumnado, empezaré señalando que durante este curso hay
aproximadamente 31.000 alumnos escolarizados en programas de integración
en 2.350 centros de Educación Infantil y Primaria. La gran mayoría de
estos alumnos, algo más del 90 por ciento, están escolarizados en centros
públicos, frente a un porcentaje algo menor al diez por ciento,
escolarizado en centros concertados. La media de alumnos de integración
por Centro se sitúa en torno a once.
Los maestros especialistas en pedagogía terapéutica y/o audición y
lenguaje, ascienden, en el presente curso, a un total de 4.240, a los que
hay que añadir 66 fisioterapeutas, 352 auxiliares técnicos educativos,
216 orientadores de centros y 295 equipos de orientación educativa y
psicopedagógica, el 90 por ciento de los cuales trabajan en centros
públicos. El total de profesionales que integran estos equipos es de
1.447 personas.
Por lo que se refiere a la Educación Secundaria Obligatoria, los números
van adquiriendo ya un cierto volumen e irán creciendo rápidamente a
partir de ahora, pues son más los centros que se incorporan al nuevo
sistema educativo. En concreto, en el curso 1995/1996, hay en torno a 120
centros que atienden a unos 1.200 alumnos en Educación Secundaria
Obligatoria.
En las diferentes modalidades de programas de garantía social, destinadas
a alumnos que no obtienen la graduación en Educación Secundaria, un
número importante de los cuales son alumnos con discapacidades,
participan unos 9.000 alumnos. Para que SS. SS. puedan hacerse una idea
del esfuerzo económico que estos programas requieren, baste con indicar
que su coste asciende a 2.594 millones de pesetas. En las etapas
post-obligatorias, 200 centros atienden a unos 550 alumnos en
bachillerato y formación profesional. En lo que respecta a centros
específicos de Educación Especial, durante este curso existen en
funcionamiento 170 en nuestro ámbito de gestión; estos centros atienden a
9.864 niños y niñas, repartidos, a partes aproximadamente iguales, entre
centros públicos y privados. Un total aproximado de 18.000 alumnos de
Educación Especial han recibido distintos tipos de ayudas económicas para
enseñanza, transporte, comedor, residencia escolar, reeducación
pedagógica o de lenguaje, etcétera. El total de ayudas concedidas está
próximo a los 1.800 millones de pesetas.
He tratado de demostrar a SS. SS. el trabajo que en el Ministerio se hace
en relación con la Educación Especial. Como he indicado, el esfuerzo en
este terreno ha sido objeto de reconocimiento en diversos foros
internacionales, el último de los cuales tuvo lugar en la ciudad de
Atenas hace apenas 10 días.
Quisiera, para concluir, resaltar la coherencia que en materia de
política de Educación Especial el Ministerio ha venido siguiendo durante
muchos años. Empezó con una política, firme en su convicción, aunque
prudente en su implantación, en relación con la integración de los niños
y niñas con necesidades educativas especiales en la escuela ordinaria.
Continuó luego con la extensión de esa experiencia y la dotación de
cantidades crecientes de recursos materiales humanos a su servicio. La
Logse vino luego a consagrar un sistema educativo en el que esas
concepciones adquirían todo su sentido y encontraban el marco de
ordenación adecuado. Posteriormente, el Real Decreto de ordenación de la
Educación Especial y la Ley de participación, evaluación y gobierno de
los centros escolares han venido a completar estos esfuerzos, abriendo, a
su vez, nuevas posibilidades de realización.
Por otro lado, los niños y niñas que hace 10 años empezaron el proceso de
integración, están ahora incorporándose a la Educación Secundaria
Obligatoria y van planteando al sistema educativo demandas a las que hay
que atender, algunas de las cuales tienen ya que ver con su preparación
para incorporarse a la vida activa. Así, cuanto más avanzamos, más retos
se nos van planteando. Pero se trata de retos a los que hay que dar la
bienvenida, porque contribuyen a hacer de nuestro sistema educativo una
realidad más rica, plural y flexible.
Si hemos trabajado y trabajamos con ahínco e ilusión en este campo, es
porque estamos convencidos de que los niños y niñas ganan al estar en un
sistema educativo que responde de forma lo más normalizada posible a sus
necesidades, pero también porque creemos que el sistema, en su conjunto,
se enriquece al acoger en su interior a gran cantidad de niños y niñas
que anteriormente estaban concentrados en centros específicos. De paso,
las condiciones de los centros específicos han mejorado, al prestar ahora
una atención más cualificada, especializada y menos masificada.
Con todas estas medias y actuaciones la sociedad española, en su
conjunto, se ha hecho también más sensible a toda esta problemática,
creándose así un contexto mucho más propicio para el desarrollo, la
educación y la integración social de los niños y niñas con necesidades
educativas especiales. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Quisiera añadir que el Consejo de Ministros, en la reunión de este
próximo viernes, aprobará un real decreto por el que se establece el
título de técnico superior en interpretación de la lengua de signos. Esta
titulación de grado superior de formación profesional, supone el
reconocimiento de la importancia de la lengua de signos para la comunidad
de personas sordas y la necesidad de que haya el suficiente número de
intérpretes que faciliten la integración en la sociedad de las personas
con grandes dificultades de comunicación oral, motivadas por sus
deficiencias auditivas. Al mismo tiempo, los intérpretes pueden facilitar
el proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños sordos profundos en
centros de integración. El Ministerio se comprometió con la Federación
Nacional de Sordos para aprobar esta titulación durante el año 1995 e
hizo público su compromiso durante la Conferencia Mundial sobre
Necesidades Educativas Especiales, que se celebró en Salamanca en junio
de 1994.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo solicitante de la comparecencia, tiene
la palabra la señora Fernández de Capel.
La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: Bienvenido, señor Ministro, y gracias
por su informción.
Menos mal que la política de su Departamento supone un compromiso con la
filosofía de la integración, porque a mí, como le decía a su antecesor,
me suena magníficamente la partitura, pero luego la orquesta, al
interpretarla, desafinaba mucho y más cuando la partitura es tan conocida
como la de Soutullo y Vert del coro de «La del soto del Parral», y es más
grave desafinar porque cualquier persona la tararea, y si no «non é vero
e ben trovato».
Porque, señor Ministro, hemos empezado el curso 1995-1996 con muchos
desafinos en esta orquesta. Todo el mundo está desafinando la
interpretación de esa magnífica partitura que usted hoy nos ha
presentado, con algunas deficiencias en los términos que utiliza la
Organización Mundial de la Salud para distinguir minusvalía de
deficiencia, de discapacidad, cosa que les recomiendo que repasen un poco
en el Ministerio, porque el conocimiento de la terminología supone el
conocimiento de la materia. Y no quiero entrar en estas disquisiciones;
el curso ha empezado desafinando totalmente.
Hemos tenido, señor Ministro, unos tristes hechos que ha puesto en
evidencia la prensa nacional. El problema de la integración en la mayoría
de los centros en España ha sido un auténtico fracaso, tras trece años de
Gobierno Socialista y tras una proliferación normativa y legislativa que
no tiene precedentes. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los problemas
que han surgido tras el rechazo de la APA a niños de integración, en
alumnos, por ejemplo, en el Colegio Madres de la Luz de Almería, o a los
problemas que han surgido también con motivo del rechazo a la atención y
enseñanza de niños con el síndrome Down, por parte de algunos profesores,
o al rechazo de niños en Málaga o en Madrid.
Pero no podemos hablar sólo de la educación especial de los niños que
manifiestan una minusvalía, según esa terminología de la OMS, sino
también, como usted ha dicho muy bien, de los niños superdotados.
Yo me alegro de que hoy haya hablado usted aquí de los niños superdotados
porque en todos estos cientos de preguntas, que tengo a su disposición,
que esta Diputada ha dirigido a su Ministerio, ni una sola vez se ha
hablado de
niñós superdotados. Estos niños que son susceptibles, según los
especialistas, de una enseñanza individualizada, se excluyen
sistemáticamente del ámbito de la educación especial, que en España
tiende, hasta ahora, a incluir solamente a los que están por debajo de la
media, con criterios que ahora no entraré a valorar, en una enseñanza
colectivista, que no prevé acciones concretas para ellos y condena --como
estos días ponía en evidencia Televisión Española, la televisión pública,
en la mayoría de los casos-- al fracaso escolar a muchos niños. Y en
estos cientos de preguntas planteadas al Gobierno, relativas a la
educación especial, ni una sola vez se habla de los niños superdotados.
El pasado 20 de abril le preguntaba a su antecesor sobre algo que él
señalaba y que está en el texto, en el contexto y en el pretexto del
Ministerio: la evaluación de estos alumnos. Le recordaba que el principal
problema que tenemos es la incorrecta evaluación de estos niños, sin
pretender un etiquetado, pero reconociendo que sin un diagnóstico no es
posible abordar una terapia adecuada, sea educativa, médica o desde
cualquier otro punto de vista. Sin un diagnóstico, sin una evaluación
concreta no se puede tener una terapia adecuada. Cuando se hace esta
evaluación, señor Ministro, es con uso y abuso de psicometría y de unos
conceptos manidos de edad mental y de cociente intelectual, que están tan
empleados como cuestionados. Quiero recordarle la crítica que se hacía ya
antiguamente en 1974, por ejemplo, Tort y Kamin y algunos especialistas
del tema, donde no podemos dejar de ver que en casi todas las
delegaciones del Ministerio se somete al niño a un test, se le etiqueta y
se coloca. Señor Ministro, hay que renovarse o morir.
En la mayor parte de los casos esto lo hace una delegación burocratizada,
en virtud de las plazas de las que dispone, y no se atiende al criterio
del niño. No suele haber una información de los logopedas. Tengo aquí los
informes de algunas provincias en las que no existe logopeda para
informar en los centros de evaluación. Si se le evita al niño el medio de
expresión y relación con los demás, ¿quién le evalúa?
La educación especial ha quedado en unas medidas en los centros que
quedan de educación especial que vienen a ser casi asistenciales, y
subsisten agónicamente con un profesorado que está convertido en
cuidadores asistenciales en la mayoría de los casos, lo que da lugar a
una progresiva desmotivación. Así me lo expresan ustedes en algunas de
las respuestas. La estimulación precoz no existe casi. La supervivencia
de los talleres preexistentes está en deterioro progresivo, y es lo único
que excluiría en este momento de ese abandono que se está sufriendo en
algunos de los centros. Los centros ordinarios públicos, con o sin aula
de educación especial, han recibido casi el 90 por ciento de los alumnos
que eran susceptibles de educación especial, sin que se hayan eliminado
las barreras arquitectónicas. Se les integra por zonas y no en función de
sus necesidades.
Me alegro que haya hablado del interés en quitar barreras
arquitectónicas. Le sugiero que comunique también a la señora Ministra de
Asuntos Sociales que en algunas delegaciones de Asuntos Sociales ni
siquiera las rampas cumplen las normas de inclinación para estas
necesidades, con lo cual uno piensa que si no lo cumplen las delegaciones
de Asuntos Sociales, difícilmente lo va a hacer el Ministerio de
Educación. Se les integra por zonas y no en función de sus necesidades, y
es muy grave. Esto está pasando en Madrid, y usted lo sabe, señor
Ministro, y si no lo sabe lo debería saber. Los motóricos, los
sensoriales y los psíquicos en la mayoría de los casos se encuentran
perdidos en unos centros ordinarios, donde no tienen el apoyo y la
atención suficiente. Lo que no se puede hacer es una integración por
imperativo legal, que da lugar a una inviabilidad y al fracaso. Que
conste, como le dije a su antecesor, que soy una ardiente defensora de la
integración. La Logse establecía que los centros contarían con recursos
adecuados, pero ¿dónde están? ¿Dónde están los currícula individuales? Ha
hablado usted aquí de la necesidad de que estos currícula sean
individuales para cada alumno. Eso es obvio. No se puede hacer los
currícula a todos los alumnos del centro. Hay que hacerlos
individualizados. Pero, señor Ministro, en los centros de esta misma
comunidad autónoma no he encontrado ni un solo alumno que tenga un
«curriculum» individualizado, lo que tienen es un profesor de apoyo
determinadas horas en relación proporcional número de alumnos número de
profesores número de logopedas, donde existe un número de horas que se le
dedican al alumno, pero nunca con un criterio escrito ni formulado, ni
siquiera desde la Delegación, a la que le estoy haciendo esa crítica al
hacer la indicación, ni siquiera desde allí se les dice: este alumno
necesita esta actuación de esta manera. ¿Dónde están?
Esto no es nuevo, es la premisa mayor que recogía la Organización Mundial
de la Salud en el informe Copex por ejemplo, de 1976, en Quebec, y que
proponía un sistema en cascada y unas medidas graduales de funcionamiento
de las necesidades del niño, hasta llegar a unos ocho niveles,
ascendentes o descendentes, pero eso no se utiliza en este país. No he
visto ni siquiera esa pirámide en ningún momento, ni siquiera el modelo
Deno, de 1970, que propone medidas graduales. En España esto no se ha
planteado siquiera.
Hoy podemos hablar sobre el papel. No nos faltan decretos, hay muchos
decretos, decretillos y decretazos, pero luego las medidas no se ajustan.
Además son ustedes los que lo hacen y se acaban creyendo que porque han
hecho la norma ya tienen cumplida la función. En España esto no se ha
planteado, ya le digo y no se han adaptado esos currícula que se dedican
a estos niños y el tiempo en función de la proporción
alumno-profesor-logopeda, en el mejor de los casos, está siendo en
algunos centros una hora o media hora a la semana de logopeda o de
fisioterapeuta o de profesor de apoyo y esto me suena a burla grotesca.
¿Y la revisión periódica de los informes psicopedagógicos? ¿Cuántas se
hacen? He pedido información sobre revisiones periódicas y hasta este
momento estoy esperando la respuesta del Ministerio, cumplido ampliamente
el plazo y solicitado amparo. Se ve que no se hacen o que no se cumplen
las normas de informar al Parlamento debidamente, pero en el peor de los
casos, ¿se ve al niño cuando
se hace esta revisión? Porque tenemos casos que están en manos de la
fiscalía donde sin informe previo, sin decisión médica, sin conocimiento
de los padres, sin consentimiento de los padres y sin ver al niño, desde
las delegaciones se les lleva a un aula especial, cuando el informe del
profesorado un mes antes exponía que los logros del niño que en su
primera infancia sufrió crisis comiciales y que en este momento están
controlados le hacían merecedor de seguir en el programa de integración y
se le lleva a educación especial.
Le pregunto, señor Ministro, qué hubiera pasado con Julio César y
Napoleón, entre otros, que también tuvieron estas crisis comiciales;
tampoco se hubieran podido integrar en nuestro país, porque también
sufrían ellos el mal divino.
Los proyectos de formación e innovación del profesorado a los que usted
hace alusión, naturalmente que son importantes y deben incluir como
mérito la presencia de alumnos con necesidades educativas especiales en
el centro, pero, señor Ministro, no están en relación con el número de
alumnos.
Me he quedado sorprendida en estas preguntas que le he hecho al
Ministerio durante el último año al ver que en Huesca, por ejemplo, el
más bajo proyecto al que se prestaba una aportación especial era aquel
que tenía cincuenta alumnos y que suponía casi la cuarta parte de la
financiación del proyecto más alto en el que no existía ningún alumno con
necesidades educativas especiales. Dígame usted cómo se digiere esto.
Esto está pasando en todas las comunidades: está pasando en Cantabria, en
Castilla-La Mancha; en Albacete y Ciudad Real clarísimo. O se hace en ese
sistema igualitario en el que se está haciendo, por ejemplo, en
Extremadura, donde «tabula rasa», igual para todos, tengan o no tengan
estos alumnos el proyecto que se financia es el del centro. Pues muy
buenas tardes. Me parece una enorme desfachatez a estas alturas, una
burla a la normativa y el Ministerio debería tener cuidado en esas cosas.
El proyecto educativo de la ESO en casi todos los centros a estas alturas
de la Logse es camuflar que no se cumple lo que dice el decreto y que no
se hace el proyecto.
Tampoco está relacionado con el número de profesores. Si no se relaciona
con el número de profesores, si no se relaciona, como decía la normativa,
con el número de alumnos con necesidades especiales, habrá que aclarar
con qué se relaciona, porque esto vulnera la normativa que ustedes mismos
hacen y ustedes mismos incumplen.
Si hablamos de las previsiones presupuestarias de 1995-1996, sobre, por
ejemplo, ATS o logopedas, la verdad, cualquier espectador, el más
estólido que encontremos, se queda impertérrito ante la respuesta
ministerial. Dice que las previsiones sobre plantillas de ATS y
fisioterapeutas, de acuerdo con las normas del Ministerio, en cada curso
escolar se adecuarán a las plantillas, a la demanda escolar y puede
suponer aumentar, mantener o reducir las mismas.
¿Cómo puede decirse esto cuando en esta misma sala quedó expuesto por su
antecesor el 20 de abril que había 68 fisioterapeutas para todo el
territorio del Ministerio de Educación y Ciencia, lo que suponía un 0,03
de fisioterapeutas por centro y 0,004 de ATS por centro en España? ¿Cómo
se puede disminuir o mantener este porcentaje? Yo podría entender que se
aumentara. Pero las respuestas, ya sabemos, son esas burlas que se hacen
al Parlamento y a quien lo representa en esta Cámara por parte del
Gobierno.
El profesorado se desmotiva. No es para menos. La oferta de ayudas
económicas individuales por profesores que tienen alumnos con necesidades
educativas especiales también son toda una respuesta, porque no es
posible informar sobre el tercer trimestre de 1995. Lo entiendo, señor
Ministro, hasta ahí puedo entenderlo. Ni la desarrollada en el curso
1994-1995. Tampoco puede informar el Ministerio sobre esa oferta. Dice
que en el curso 1993-1994 fueron 280. No se especifica ni dónde ni cuándo
ni a quién ni por qué. Según la convocatoria y según las normas. Así dice
la respuesta que tengo a su disposición por si quiere verla, señor
Ministro. Tendrían que tener un poco más de cuidado en las respuestas
parlamentarias. Y que en el año 1996, que está a la vuelta, con tanta
Europa, tanto siglo XXI, en la época de la informática, un ministerio no
pueda informar todavía de lo que pasó en el año 1994, señor Ministro, no
es para rasgarse las vestiduras, es para algo más grave. Es el colmo de
la ineptitud.
Lamento decírselo, pero tenga cuidado en su Ministerio, porque le están
haciendo una mala faena con todas estas cuestiones. Ya se lo advertí a su
antecesor. Me decían una vez que las preguntas las responden
funcionarios. ¡Pues ojo con el funcionario! Los funcionarios son una
clase muy digna. ¡A ver si es que tiene la orden de no contestar para así
no pillarse los dedos! Cuidado con esto.
Cuando esto sucede con lo más débil de la sociedad es muy grave. Cuando
no se sabe todavía en el Ministerio --porque yo tengo seguridad de que en
el Ministerio no se sabe, porque si lo supiera habría contestado por
respeto a la Cámara-- qué ha pasado en el curso 1994, dígame usted por
dónde andamos.
No se actúa con especialistas, por mucho que sobre la norma lo diga toda
esa maraña que usted nos ha traído --ya le digo que no faltan decretos y
podemos hablar de todos ellos--, no se actúa con especialistas, se están
incluyendo profesores no especialistas. Y no lo denuncio yo, lo denuncian
el Defensor del Pueblo y el Consejo Escolar del Estado. Se emplean en
Educación Especial profesores no especialistas y esto, ya le digo, lo
señalan el Defensor del Pueblo y el Consejo Escolar del Estado.
Señor Ministro, están ustedes a punto de publicar el orden de evaluación
para la decisión de la escolarización. Pues están empezando a hacer la
casa por el tejado. Desde el año 1983 que llevamos en este proceso, ya
era hora de que se hiciera la evaluación. Me alegro de que para 1996
salga, pero es empezar la casa por el tejado.
¿Y la evaluación que señaló la Logse que estaría hecha para 1994? Ustedes
se dieron los plazos. Ahora se va a elaborar. ¿Y los «curricula»
individualizados para enero de 1996? Me alegro muchísimo por los
deficientes severos. ¿Y la planificación de la distribución en la red de
centros para 1996-1997? Siempre lo vamos alargando, porque en el
documento anterior se señalaba que estaría acabada para el curso
1994-1995. ¿La razón de esas situaciones socioculturales?
Desgraciadamente vivo en una provincia donde éste es uno de los
incumplimientos más graves de la Logse y la Educación Especial en este
momento, con una delegación que supone un muro para cualquier tipo de
educación compensatoria y se abandona totalmente a estos niños. No hacen
falta tantas normas: hace falta cumplir las que tenemos. ¡Si tenemos de
sobra!
Me alegro muchísimo de que haya dicho que hay 9.000 alumnos en la ESO sin
obtener titulación y que entran en programas de garantía social, porque
no me han contestado eso ustedes en estos últimos días. Algo tendrá que
saber el Ministerio de lo que están contestando.
Me alegra muchísimo que el Ministerio --y le felicito-- vaya a tomar en
serio este asunto después de tantas promesas, porque en octubre o
noviembre todavía no tenían esa planificación y decían que no había
ningún alumno en esta situación; por ello, no nos podemos fiar de este
asunto.
Respecto a los presupuestos, yo comprendo, señor Ministro, que para esto
es necesario un presupuesto importante, eso lo comprendemos todos.
Presupuestariamente, el programa de educación especial ha venido
reduciendo su incremento en los últimos años, excepto en el último, como
consecuencia de traspasar funcionarios de educación compensatoria a
educación especial --como reconoció el señor Marchesi en esta Cámara--,
por lo que se produjo un crecimiento espectacular del capítulo de
personal, mientras que no se incrementa el número de profesores ni el
número de unidades concertadas y se mantiene la disfunción en lo que
respecta a los gastos de funcionamiento en estos centros, que los
distribuye la Dirección de Renovación Pedagógica y no la Dirección
General de Centros Escolares.
Respecto a la enseñanza concertada de educación especial, se produce una
reducción de 329 alumnos en centros concertados, mientras que se
incrementaba el número de profesores. Todo esto, señor Ministro, hay que
corregirlo. Yo me alegro de que usted venga aquí tan ufano con ese manojo
de ofertas y proyectos para enero, febrero, para 1996, para 1997,
etcétera. Magnífico, señor Ministro. A su lado estaremos en todo lo que
sea para arreglar esta situación. Pero, por favor, si estamos dejando
detrás una serie de normas incumplidas que hubieran solucionado esta
situación... Vamos a tomarnos en serio el asunto. Claro que, como el
señor Presidente estaba disolviendo la Comisión, no sé si le dará tiempo
a su sucesor, o a quien sea, a tomarse en serio este asunto, porque,
desde luego, una vez disuelta la Comisión por el señor Presidente, no
creo que tengamos muchas oportunidades de volver sobre este tema.
Perdonen esta distensión, porque no quiero hacer una intervención dura
puesto que el tema ya lo es de por sí.
Agradezco tener conocimiento de que estén proyectando tantas cosas y en
algún momento espero verlas reflejadas en la realidad.
El señor PRESIDENTE: Esta Presidencia no tiene intención de disolver la
Comisión. Levantará la sesión cuando agotemos el orden del día. Sí puedo
decir a S. S. que estamos intentando cumplir la previsión de horario y,
en ese sentido, ruego a SS. SS. la mayor concisión posible.
Además del Grupo Parlamentario Popular, solicitante de la comparecencia,
¿desea intervenir algún otro grupo? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Romero.
La señora ROMERO LOPEZ: En primer lugar, quiero agradecer la
comparecencia del Ministro para tratar de un tema muy querido del Grupo
Socialista: la educación especial. Esta comparecencia, además, sirve para
poner de manifiesto la política que se ha estado desarrollando en estos
años anteriores y que se desarrollará en el futuro por medio de las
regulaciones que están pendientes y que se pondrán en marcha
próximamente, a las que ha hecho referencia el Ministro. También
agradezco al señor Ministro los datos que nos ha facilitado sobre
financiación, sobre los que me gustaría hacer algunos comentarios.
En segundo lugar, quiero resaltar que la política sobre integración de la
educación especial en centros normalizados ha sido un giro histórico en
el tratamiento de aquellas personas que, por sus discapacidades, sean
físicas, psíquicas, sensoriales o de integración social, se han visto
siempre marginadas en cuanto a las necesarias atenciones que una sociedad
debe prestar a sus ciudadanos. Ha sido, como digo, un giro histórico del
que solamente llevamos recorrido un período muy pequeño, tan sólo trece
años, en una experiencia que, sin duda, marcará una época y que, por
tanto, es lógico que tenga todavía muchas carencias.
En ese sentido, tengo que decir que es lógico que desafine una orquesta
en la que todavía todos sus miembros no son conscientes del reto que
supone integrar a estos alumnos en una educación de este tipo, así como
del reto que supone dar una llamada de atención a la sociedad para que,
aquellos alumnos a los que no se les pueda integrar, tengan el
presupuesto necesario para que sean tratados con la atención que merecen.
Por tanto, estamos de acuerdo con todas aquellas críticas que van en el
sentido de perfeccionar todo este modelo de integración que ardientemente
hemos defendido, y nos satisface escuchar a la representante del Grupo
Popular diciendo que es una ardiente defensora de la integración.
Queremos decirle que nos encontrará siempre en el camino de aumentar los
presupuestos destinados a este capítulo; que nos encontrará siempre en el
camino de conseguir que se cumplan los reales-decretos, las órdenes
ministeriales, y que lleguen a las terminales de los centros educativos
todas aquellas propuestas que desde el Ministerio se están adoptando y se
están poniendo en marcha; que, en definitiva, nos encontrará siempre a
favor de que todo este reto que hemos iniciado pueda verse concluido con
todos los mecanismos necesarios para que podamos llevarlo a cabo.
Lo que sí quisiera destacar son algunos datos que me parecen importantes
en el sentido de incrementar el tratamiento que se ha dado a estos
alumnos en los años anteriores, porque me parece que son bastante
ilustrativos.
Hablando del sector público, en el curso 85/86 teníamos 138 centros con
integración, con 1.992 alumnos y 332 profesores; en el curso 95/96
tenemos 2.563 centros con integración, 28.905 alumnos y 4.237 profesores;
es decir,
la evolución ha sido muy grande a favor de la integración. Al mismo
tiempo, el incremento de estos centros, así como del alumnado y, sobre
todo, del profesorado en centros específicos ha sido también cuantioso.
En el curso 90/91, solamente teníamos 65 centros específicos del sector
público, con 6.300 alumnos y 1.063 profesores. En el curso 95/96 tenemos
76 centros, con 5.357 alumnos, lo que demuestra que hay un mayor
porcentaje de alumnos que se van integrando en los centros públicos
normales, y 1.349 profesores; es decir, disminuye el número de alumnos y
aumenta el número de profesores, lo cual evidencia toda esta política de
apoyo a los centros específicos, así como de apoyo a los centros de
integración.
Quisiera avanzar también algún dato que puede ser ilustrativo. En el
sector concertado, los centros específicos admiten hoy a 4.497 alumnos,
con un coste de 5.125 millones de pesetas, lo cual supone un coste por
alumno de aproximadamente tres veces más de lo que cuesta un alumno
normal, en el sentido de alumno con necesidades no especiales. Los datos
que he dado resultan ilustrativos del esfuerzo presupuestario que se está
haciendo en este campo, pero siempre tendremos necesidades que habrá que
satisfacer, para lo cual tendremos que incrementar los capítulos
presupuestarios referentes a este tipo de integración, y no solamente las
relativas a las discapacidades a que me he referido, sino también a la
educación compensatoria y a los alumnos procedentes de minorías étnicas,
marginación, etcétera.
A nuestro Grupo le sorprende que, al mismo tiempo que se pide esta
comparecencia, se haya presentado una proposición no de ley por parte del
Grupo Popular en la que se solicita que se modifiquen determinados
artículos de la LOGSE referentes a la educación especial. Si uno estudia
bien esta proposición no de ley, el fundamento de la misma, desde nuestro
punto de vista, estriba en subordinar prácticamente esta integración a
determinados requisitos que creemos suponen más una coartada que un
auténtico enfoque del problema.
Pensamos que esta proposición no de ley conlleva un retroceso para acabar
con la integración de los alumnos con necesidades especiales, con la
coartada de los diagnósticos médicos y psicopedagógicos. También creemos
que puede haber un giro hacia situaciones anteriores que no queremos
recordar.
Desde nuestro punto de vista, existe una preocupación por incrementar la
coordinación que debe existir entre los equipos médicos y pedagógicos de
los centros, así como por mantener un contacto más estrecho, pero nos
reafirmamos en que no es el rendimiento intelectual el primer y el único
objetivo de la integración. Si así fuera, la integración no existiría. El
objetivo es adaptar el rendimiento intelectual a las características de
los alumnos y conseguir el desarrollo de su personalidad integral y una
mejor socialización.
Que es evidente avanzar en la financiación, lo acabamos de decir. Nos
gustaría que se avanzara también en la admisión de alumnos con
necesidades especiales en los centros concertados, donde todavía la
diferencia es bastante grande. El 90 por ciento está integrado en los
centros públicos y sólo el 10 por ciento lo está en los centros
concertados. Lo permite así la «ley Pertierra», en la que un artículo
hace posible un apoyo a esos centros concertados que acogen a esos
alumnos con necesidades especiales.
Desde nuestro punto de vista, se debe avanzar en el apoyo del profesorado
y en una mayor colaboración social, ya que a veces no sólo el profesorado
es el que se ve desbordado. Por esa razón, se están poniendo en marcha
las pertinentes normas reguladoras. Lo que urge en este momento es la
participación de todos los sectores sociales: padres de alumnos que no
tienen esas necesidades especiales, población en general, etcétera. Este
tipo de enseñanzas es un termómetro de la solidaridad de una sociedad que
considera a sus ciudadanos iguales ante su desarrollo y desiguales en
cuanto al tratamiento presupuestario.
Colaboraremos, por tanto, en mejorar las condiciones de integración, en
los apoyos al profesorado, en una mayor y mejor oferta de los centros
específicos, en un apoyo a los padres, pero no volveremos a usar las
huchas, ni las coartadas médicas, para impedir que alumnos con
dificultades se vean privados de la inmensa satisfacción de tener el
apoyo de quienes no son sus semejantes en rendimiento intelectual, pero
pueden ayudar a compensar sus carencias.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro para contestar a
las cuestiones planteadas por los intervinientes.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Saavedra Acevedo): Quiero
agradecer a la señora Diputada del Grupo Popular la sensibilidad que ha
puesto de manifiesto respecto a la educación especial y, al mismo tiempo,
decirle que las orquestas pueden sonar desafinadas a principio de
temporada, pero que a mitad de temporada suenan habitualmente mejor. Sin
embargo, en otros países donde están acostumbrados a ensayar muchas horas
antes de iniciar la temporada, las orquestas empiezan a sonar muy bien
desde el principio.
Estamos en una temporada que se inicia con el decreto publicado el día 2
de junio del presente año, y hay una serie de normas que lo desarrollan,
que ya han visto en qué fase se encuentran, pero parece que no ha
prestado mucha atención a esa materia, porque, de hacerlo, se hubiera
evitado algunas valoraciones inadecuadas que ha hecho en su intervención.
No se puede reducir el tema de la educación especial a los rechazos
específicos concretos, aislados, que se puedan producir en una u otra
determinada ciudad. Yo tengo una sensibilidad especial por la
problemática de la educación especial, porque puedo recordar que el
primer congreso al que asistí, siendo Presidente de una comunidad
autónoma, en 1983, fue precisamente uno relacionado con la problemática
de los discapacitados profundos mentales, con parálisis cerebral, con
intervenciones de representantes de instituciones italianas que llevaban
a cabo tareas con talleres muy concretos de ocupación, y algunas otras
experiencias, también existentes en nuestro país.
Cuando se publica el Decreto de 1985, que es el revulsivo que pone en
marcha toda esta problemática, recuerdo que, al poner en práctica la
integración en los centros ordinarios educativos en Canarias, recibí
algunas quejas o protestas de APAs. Pero de ahí no se puede deducir
rechazo ni fracaso sino, simplemente, que hay sectores que piensan que la
integración no es la forma más adecuada y que optan por el centro
específico, por encima de todo. Repito que basarse en ese tipo de casos
aislados desfigura totalmente la imagen real del tratamiento de la
educación especial que se está realizando por el Ministerio desde hace
tiempo.
En cuanto al tema de los superdotados, nunca se había planteado en tantas
preguntas como han formulado a lo largo de estos años de legislatura,
pues es hoy la primera vez que parece centrarse en expresar su
satisfacción por el tratamiento que el Decreto de junio ha dado a la
problemática de estos alumnos y su integración en el sistema educativo.
Por lo que se refiere a la evaluación para el diagnóstico, a la que acusa
de muy burocratizada y carente de logopedas, etcétera, y que se utiliza
una evaluación psicométrica en el caso de los superdotados, es
precisamente todo lo contrario lo que se está haciendo. Me da la
sensación de que desconoce las prácticas de la evaluación que hacen los
equipos psicopedagógicos.
Se ha hablado ya de temas como el esfuerzo económico, del incremento del
número de profesores y del número de alumnos e, incluso, de cómo en los
centros específicos disminuyen los alumnos y, sin embargo, se incrementa
el número de profesores, lo que pone de relieve cuál es la política del
Ministerio en favor de la educación especial.
En su intervención también ha hecho alusiones a mi compañera de Gobierno,
la Ministra de Asuntos Sociales, acerca de las rampas que no están
adaptadas en las delegaciones de Asuntos Sociales. Yo tengo cierto pudor
en recordarle que las delegaciones del Ministerio de Asuntos Sociales
desaparecieron en el año 1993, porque se integraron en las delegaciones
provinciales de Trabajo, conjuntamente, en un ahorro de la reforma
administrativa que inició el Gobierno al comienzo de esta legislatura.
Por otra parte, las tareas de Asuntos Sociales están transferidas desde
hace tiempo a las comunidades autónomas, en algunas, más recientemente,
completándose el traspaso del Inserso. Por tanto, el Ministerio de
Asuntos Sociales no es el responsable de si hay algún centro nuevo en
esas condiciones, porque en los centros antiguos, por lo menos en los
centros educativos dependientes de este Ministerio, todos tienen las
rampas adaptadas para facilitar el acceso a los alumnos con
discapacidades físicas.
En cuanto a la ampliación del derecho de opción al centro, también hay
que reconocer el gran avance que se ha producido porque, de la anterior
situación de contar con un centro ordinario de integración, se ha pasado
al centro específico, al centro de integración preferente y al centro
ordinario de integración. Así que el alumno, o la familia del alumno,
tienen abiertas ahora las posibilidades de elegir el lugar donde va a
educarse su hijo.
Sobre las modificaciones curriculares de los superdotados, dije que la
competencia está compartida con las comunidades autónomas y estamos
negociando el desarrollo normativo referente a eso. En cuanto a la
elaboración del currículo, he dicho que precisamente hoy el Consejo
Escolar del Estado está emitiendo el informe para, a partir de ese
informe que suponemos favorable, dar la vigencia normativa
correspondiente.
En definitiva, observo que parece que esta comparecencia la formuló en un
tiempo ya pasado y que los hechos, la publicación del Decreto de junio y
la información que le he facilitado, le han dejado sin argumentos. No lo
digo para criticarla, sino para compartir la satisfacción, porque supongo
que la tendrá, de ver que sus preocupaciones las tiene también el
Gobierno; no creo que sea un tema para ver quién gana, sino para que
ganen la familia y el joven con discapacidad que necesita un tratamiento
específico del sistema educativo. El esfuerzo se está realizando y vamos
a actuar con un desarrollo normativo, tal como le he dicho, de forma que
a final del mes de enero esté todo desarrollado y que no sean músicas, ni
celestiales ni terrenales, sino los hechos los que se sometan a la
crítica del Parlamento.
En consecuencia, como habrá visto por mi intervención, me lo he tomado
muy en serio; pero no sólo yo, sino que es una tradición que arranca
desde el año 1985, que completa la LOGSE y que, finalmente, se desarrolla
en el Decreto de junio de este año. Si quiere comprobar la seriedad con
que nos lo tomamos, esperemos que las urnas nos ratifiquen la confianza y
que el Presidente del Gobierno me la ratifique a mí porque, si no,
evidentemente, no puedo hacer otra función que seguir colaborando en
sensibilizar a la opinión pública en favor de la integración y del
desarrollo y tratamiento adecuado de la educación especial, que no sea
considerado como algo secundario o menos importante al afectar a un
sector de la población más reducido; muchas veces, el egoísmo social
lleva a actitudes de incomprensión, porque esto requiere un esfuerzo
económico superior al que exige el resto del sistema educativo ordinario.
Las cifras que se han mencionado por la portavoz del Grupo Socialista
sobre el sistema de la integración y el desarrollo de la educación
especial, el esfuerzo económico, la contratación del profesorado, el
incremento del número de alumnos en los distintos sistemas de educación
especial, ponen de relieve que este esfuerzo se está realizando.
Quiero concluir agradeciendo a la portavoz del Grupo Socialista la
explicación y los datos que ha aportado sobre la seriedad con que el
Gobierno y los distintos Ministros de Educación se han tomado el
tratamiento de la educación especial.
El señor PRESIDENTE: ¿Señora Fernández de Capel?
La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: En su intervención, la señora
representante del Grupo Socialista ha hecho un juicio de intenciones
sobre un proyecto parlamentario que hemos presentado y quiero aclarar
alguna cuestión.
El señor PRESIDENTE: Tiene S. S. la palabra. Ya ha observado esta
Residencia que, efectivamente...
La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: La señora de González ha hecho un
juicio de intenciones sobre la proposición de ley...
El señor PRESIDENTE: La señora Romero (Risas.), efectivamente, había
hecho en su intervención...
La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: Perdón, sí. La señora Romero, también
de González, ha hecho un...
El señor PRESIDENTE: No se preocupe S. S., que le voy a conceder la
palabra. Efectivamente, estaba pidiendo disculpas a la Comisión, porque
ha sido culpa de esta Presidencia, ya que ha permitido que no se
estableciera el diálogo entre el Gobierno y los grupos parlamentarios,
sino que la señora Romero ha realizado una primera andanada parlamentaria
en relación a otro Grupo y ése no era el trámite en el que estábamos.
Efectivamente, S. S. tiene la palabra para referirse a ese tema y también
a las palabras del señor Ministro, si así lo considera.
La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: La señora Romero, evidentemente, ha
hecho un juicio de intenciones sobre la proposición de ley que hemos
presentado y no me parece ni el trámite ni el momento oportuno, pero
quiero decirle, señora Romero, que un diagnóstico médico nunca va a
impedir una intervención en integración, y le puedo decir que tuve el
honor, junto con el equipo con que trabajo, de participar en la
integración del primer niño en España en 1978. Se hizo porque había un
diagnóstico médico, cuando en España no se estaba utilizando ni siquiera
el criterio de la integración. Podemos comprobarlo. Tuvimos que
testificar hasta delante de un tribunal.
Desde luego, creer que un diagnóstico médico o que la intervención de los
padres o tutores va a perjudicar en algún momento la disposición que el
Estado tenga que tomar en relación con un niño, me parece que es presumir
una irresponsabilidad por parte de una clase médica muy consciente de sus
funciones y dejar de lado la responsabilidad enorme que tienen los
padres, el grave problema que tienen, y que deben ser oídos en cualquier
momento en relación con estos niños.
Si de los conocimientos que estos niños adquieren en la integración no
hay un trasvase a su familia, y eso sólo pueden decirlo, desde los
ámbitos familiares, quienes perciben la mejora que esos niños han
encontrado en su proceso de integración, todo fallará, porque la
integración se llama así porque no es una educación en compartimentos
estancos, sino que sirve de correa de transmisión para que lo que se
aprende en la escuela pueda integrarse en la sociedad, y si no todo
fallará. Pero presuponer que un diagnóstico médico, o la intervención de
los padres, puede ser una coartada para impedir la integración es, cuando
menos, un juicio de intenciones muy desagradable que no es lícito y
solamente se usa cuando fallan otros argumentos. (La señora Romero López
pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: No, señora Romero. Ahora sí voy a hacer un juicio de
intenciones. Supongo que S. S. se va a referir a la última intervención.
La señora ROMERO LOPEZ: Creo que me ha aludido expresamente. Además, creo
que la Presidencia ha sido extraordinariamente generosa siempre en la
concesión de un turno a los portavoces, y no quisiera verme privada,
justo al final de esta Comisión, de una tradición de la que S. S. siempre
ha hecho uso.
El señor PRESIDENTE: Señora Romero, le voy a hacer una advertencia. Si S.
S. vuelve a referirse otra vez a las palabras de la señora Fernández de
Capel, en determinado tono, que no lo prejuzgo, me veré obligado a
concederla otra vez la palabra, porque este turno lo ha iniciado su
señoría. El derecho es terminarlo el Grupo Popular. Por eso, yo sugería
que diésemos por zanjado el asunto, puesto que S. S. ha hecho una
observación, ha sido contestada y nada más.
Pero, efectivamente, la flexibilidad de esta Presidencia ha sido probada.
Si S. S. quiere intervenir, puede intervenir, pero le hago la
advertencia: si vuelve a incidir en el tema, otra vez me veré obligado a
conceder un turno último al Grupo Popular.
La señora ROMERO LOPEZ: Gracias, señor Presidente.
Hablamos de un tema muy serio y yo creo que merece la réplica para
insistir en que el Grupo Socialista siempre trabajará por mejorar las
condiciones de los alumnos con necesidades especiales en la integración
de los centros públicos o concertados y por mejorar las condiciones de
los centros específicos. Esa ha sido y va a seguir siendo nuestra
trayectoria, y no volveremos nunca a la etapa en la que esas enseñanzas
se financiaban con la tasa del juego. Desde nuestro punto de vista, ha
sido un cambio, un giro histórico y va a seguir siendo nuestra
trayectoria en el futuro.
Coincidimos con la señora Fernández de Capel, afortunadamente, en todo lo
que signifique la mejora de estas enseñanzas, pero hemos visto en el
trasfondo de algunas iniciativas parlamentarias algunas fundamentaciones
que nos parecen peligrosas para el futuro.
Siento haber intervenido en este sentido y siento no conocer el nombre
del cónyuge, para que la señora Fernández de Capel no se pueda sentir
orgullosa.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Fernández de Capel.
La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: Señora Romero, el nombre del cónyuge
es Martínez Tormo, de quien me siento muy orgullosa.
No busque usted fantasmas del pasado porque ya tenemos bastantes en el
presente. No haga usted juicios de intenciones
sobre las iniciativas parlamentarias de otros grupos y analice mejor las
actuaciones. No puede ser, señora Romero, que en la intervención de
médicos o de padres en estas decisiones que afectan a menores casi
siempre se pueda encontrar algún peligro. ¿En qué sociedad estamos
viviendo? Si la intervención legítima de unos profesionales o de unos
padres puede poner en peligro en algún momento a un niño, ¿qué mundo
hemos creado?
El señor PRESIDENTE: Señorías, ha concluido este debate.
El señor Ministro en la última fase ha sido convidado de piedra, y le
pido disculpas, puesto que estamos en un trámite de debate con el
Gobierno y no en un trámite, previsto en el Reglamento de la Cámara, de
debate de propuestas entre los diferentes grupos, que son las
proposiciones no de ley.
En todo caso, terminada esta comparecencia, vuelvo a agradecer al señor
Ministro ese deseo que ha formulado de que en el próximo Gabinete vuelva
a encontrarse. Que reparta suerte la lotería o los exámenes del mes de
marzo, como antes he señalado, que a todos nos aprueben y nos den nota de
honor.
Gracias, pues, señor Ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Saavedra Acevedo): Quiero, por
lo menos, expresarles mi felicitación por las próximas fiestas. Nosotros
decimos felices pascuas y a la manera canaria lo digo de nuevo aquí.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. Es evidente que ello no
debe suscitar debate porque hay unanimidad, sin que sirva de precedente
en la Cámara. (Risas.)
--DE LA MINISTRA DE CULTURA (ALBORCH BATALLER) PARA QUE INFORME SOBRE LAS
RELACIONES ENTRE LA DIRECCION GENERAL DEL LIBRO, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS Y
LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS BIBLIOTECAS (FUNDEBI) DESDE EL AÑO
1989, ASI COMO SOBRE LAS MEDIDAS QUE HA ADOPTADO O PIENSA ADOPTAR EN
RELACION CON DICHO TEMA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR.
(Número de expediente 213/000733.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la última comparecencia prevista en el
orden del día, de la señora Ministra de Cultura, que está de nuevo entre
nosotros, a petición del Grupo Popular, para informar sobre las
relaciones entre la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas y
la Fundación para el desarrollo de las Bibliotecas desde 1989, así como
sobre las medidas que ha adoptado o piensa adoptar en relación con dicho
tema. Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Señor Presidente, con
su permiso, considero conveniente aclarar, en primer lugar, que Fundebi
no es de reciente constitución sino que, como sin duda SS. SS. saben,
tiene su origen en 1942, año en que murió don José María Moreno Jiménez
de Borja, dejando como heredero universal de sus bienes a una fundación,
con el objeto de establecer una biblioteca pública, designando patronos
de la misma a sus albaceas testamentarios, quienes no llegaron a
constituir dicha fundación. La dotación inicial de la misma, que se
constituyó formalmente más tarde, se componía de las tres cuartas partes
proindiviso de un inmueble situado en el número 2 de la plaza de Isabel
II, un fondo documental integrado por 3.000 libros y documentos
depositados en la Biblioteca Nacional y en el Conservatorio de Música de
Madrid, 17.723 pesetas de la época y una serie de acciones. En 1991 se
procedió a la venta del citado inmueble, por lo que el capital
fundacional es, en la actualidad, de 74 millones invertidos íntegramente
en deuda del Estado renovable mensualmente y que se encuentra en una
cuenta del Banco Exterior de España.
Al morir los albaceas testamentarios sin haber formalizado ni dado vida a
la fundación, en 1950, el entonces Ministerio de Educación Nacional
confirió a la Junta Provincial de Beneficencia de Madrid el patronato
interino de la fundación y en 1957 la clasificó provisionalmente como
benéfico-docente. Ese es el origen real de que esta fundación tenga entre
sus patronos miembros de la Administración general. No se ha producido,
como se ha dicho en algún momento, una sustracción de la voluntad del
fundador, sino que se han tenido que sustituir por la Administración los
miembros del patronato para, de esta forma, conseguir los fines que el
difunto benefactor se había planteado. Después, por la reforma de la
Administración periférica del Estado, establecida por Real Decreto
1801/1981, la Dirección Provincial de Trabajo de Madrid asumió las
competencias de la entonces extinguida Junta Provincial de Beneficencia
y, por último, en 1989 pasó al protectorado del Ministerio de Cultura.
Para ello, los entonces Director General del Libro y Bibliotecas y
Director provincial de Trabajo y Seguridad Social firmaron un acuerdo, el
23 de octubre de 1989, a fin de actualizar e impulsar los cometidos
culturales de la hasta entonces Fundación José María Moreno y Jiménez
Borja. Este acuerdo estableció además la necesidad de elaborar unos
estatutos de la fundación que actualizasen los fines originarios del
fomento bibliotecario, adecuando las líneas de actuación a las nuevas
exigencias culturales y sociales, constituir el patronato de la
fundación, bajo la presidencia del Director General del Libro y
Bibliotecas y solicitar al protectorado del Ministerio de Cultura la
inscripción definitiva de la fundación en el Registro de Fundaciones
Culturales. Por tanto, señorías, Fundebi es una fundación de muchos años
de andadura, cuya dirección y gestión tuvo que ser asumida en 1950 por el
Estado, dada la falta de actuación o autoexclusión de los patronos que
había designado el fundador.
Esta entidad sin ánimo de lucro, al igual que otras fundaciones creadas
por el Estado o adscritas al mismo, viene desarrollando sus actividades,
de acuerdo con sus estatutos, en pro del interés general de la sociedad.
No sólo no es excepcional que la Administración participe en fundaciones
de muy diversa índole, con participación de entidades o personas privadas
para fines de interés general, sino que en los modernos Estados
democráticos no se da esa vieja oposición entre el Estado y la sociedad.
El Estado y la sociedad confluyen en actuaciones conjuntas al servicio
del interés general. Por otro lado, tampoco es excepcional que dichas
fundaciones obtengan parcial o totalmente recursos del Estado para el
cumplimiento de los fines de interés general y que para garantizar los
mismos representantes del Estado figuren en sus patronatos.
Fundebi, del mismo modo que otras fundaciones adscritas al Estado, ha
solicitado y obtenido subvenciones de la Administración para proyectos
concretos que forman parte de su objeto fundacional: el desarrollo
bibliotecario. Estas ayudas corresponden a convocatorias anuales abiertas
y públicas del Ministerio de Cultura. En concreto, en 1992 recibió
6.250.000 pesetas para la elaboración del censo de bibliotecas públicas y
privadas; en 1993, 13 millones de pesetas para la elaboración de la
segunda parte del citado censo y la edición de la revista especializada
«Signatura»; en 1994, 18 millones de pesetas para la celebración de un
seminario sobre redes de comunicación interbibliotecaria, la edición del
manual «Absis», la colaboración en la informatización de bibliotecas a
través de la orientación técnica, la edición de un directorio de
bibliotecas públicas, la coedición de una obra de Miguel Delibes y la
realización de una serie de conferencias, cursos y exposiciones. Por
último, en 1995 ha recibido seis millones de pesetas para proyectos
relacionados con el desarrollo bibliotecario, una guía práctica para la
informatización de bibliotecas y actividades de fomento de la
comunicación interbibliotecaria. Todas las subvenciones obtenidas por
Fundebi del Ministerio de Cultura han sido debidamente justificadas e
inspeccionadas por la intervención General del Estado. En el informe de
dicha intervención, de fecha 4 de octubre de 1995, se dice textualmente
que la Fundación para el Desarrollo de las Bibliotecas José Moreno y
Jiménez de Borja cumple la normativa vigente en cuanto a la obtención,
registro y aplicación de la ayuda objeto de control. Por otra parte,
considero oportuno aclarar que el patronato está integrado por
responsables de diversos sectores relacionados con el mundo de las
bibliotecas, representantes de la Administración general y autonómica, de
la Universidad y de empresas especializadas. Ninguno de los patronos
percibe actualmente ni ha percibido anteriormente remuneración alguna de
ningún tipo por su tarea.
Por todo ello, señoría, el hecho de que por una disposición estatutaria
el presidente de Fundebi sea obligatoriamente el Director General del
Libro, Archivos y Bibliotecas no puede interpretarse que se mueva por
intereses particulares o personales de ningún tipo, al ser una fundación,
como he dicho, adscrita al Estado y que promueve el interés general. Lo
que el patronato de Fundebi ha considerado conveniente hacer es adaptar
la voluntad del fundador a la realidad actual. Así, como he expuesto
anteriormente, sus actividades se han dirigido prioritariamente a aplicar
las nuevas tecnologías al sector bibliotecario, consiguiendo de esta
forma el mejor conocimiento de las bibliotecas públicas y privadas y su
deseable coordinación; en suma, la óptima utilización de las mismas y de
los fondos que en las mismas se encuentran.
Finalmente, señorías, y en la misma línea de preservar los objetivos
establecidos en los estatutos de la fundación, desde el pasado mes de
junio hemos eliminado la posibilidad de que cualquier empleado del
Ministerio de Cultura pudiera percibir una compensación económica con
cargo a la fundación por colaborar en actividades de la misma. Quiero
resaltar que hasta ese momento recibieron ese tipo de compensaciones
cinco personas diferentes en total, ocupando tres puestos, y en todos los
casos por trabajos realizados fuera del horario laboral establecido.
Insisto de nuevo en que a partir del mes de febrero se eliminó esta
posibilidad y que en el mes de junio ya no había ninguna persona
dependiente del Ministerio de Cultura que colaborara con esta fundación
de manera remunerada, sino de manera gratuita.
Asimismo, y con el fin de evitar cualquier tergiversación o mala
interpretación al respecto, se ha pedido recientemente al Servicio
Jurídico del Estado que emita un informe en el que proponga las posibles
reformas de los estatutos que considere convenientes a fin de que esta
fundación pueda proseguir, cumpliendo escrupulosamente todos los
requisitos formales y jurídicos, sus actividades, de acuerdo con lo que
consideramos sería la voluntad de su fundador. Además, como ya he
mantenido en varias ocasiones ante esta Comisión, estoy totalmente
abierta a todas las sugerencias que SS. SS. quieran plantearme, no sólo
para mejorar el diseño y gestión de esta fundación sino otros ámbitos del
Ministerio de Cultura. Con ello, señorías, pretendemos seguir con la
línea de actuación que consideramos oportuna y que consiste en impulsar
la colaboración del Estado y de la sociedad civil en el desarrollo de
actividades culturales, participación conjunta y complementaria y que no
excluya a priori la intervención pública en caso de actuación privada,
camino que consideramos conveniente andar en beneficio siempre del
interés general.
En este sentido y a título de ejemplo, como bien saben SS. SS., hace
escasas fechas tuve la satisfacción de participar en la creación de una
nueva fundación, la Fundación del Teatro Lírico, en la que por mi
condición de Ministra de Cultura figuro como presidenta del patronato y
el Presidente de la Comunidad de Madrid como vicepresidente del mismo. En
dicho patronato se integran ya personas e instituciones muy diversas.
Para el desarrollo de sus actividades esta fundación recibirá fondos de
diferentes entidades y empresas, pero la mayor parte de tales
aportaciones provendrán del Ministerio de Cultura y de la Comunidad de
Madrid, además de los ingresos propios. Parece evidente que, en nuestros
días, ni el Estado ni la sociedad pueden darse la espalda a la hora de
atender las necesidades colectivas. Lo público y lo privado encuentran en
instituciones de las características de las fundaciones un cauce común
para aportar sus recursos y potenciar el desarrollo de los servicios
culturales en beneficio de los ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gómez-Alba.
El señor GOMEZ-ALBA RUIZ: Bienvenida, señora Ministra. Hemos escuchado
atentamente sus explicaciones y algunos puntos nos los ha aclarado, nos
ha dado contestación adecuada, pero desde luego no ha sido así en todos
los interrogantes que se han planteado sobre el funcionamiento de la
Fundación para el Desarrollo de las Bibliotecas y sus relaciones con la
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, en cuyo marco se han
encuadrado las subvenciones, las contrataciones y el pago a determinadas
personas y empresas. Para eso y para volver a preguntar sobre las
cuestiones que han quedado sin contestar, me permitiré plantearle una
serie de temas --si quiere tomar nota son cuatro o cinco-- y los
desarrollaremos más o menos en función del tiempo que nos permita nuestro
Presidente.
A pesar de lo que nos ha contado, yo no acabo de entender --luego lo
explicaré un poco más-- la razón de ser de Fundebi. Quisiera hablar
también de las subvenciones otorgadas a Fundebi, de los trabajos
encargados a Fundebi, de los pagos realizados a personas a través de
Fundebi y también de los pagos realizados a empresas a través de Fundebi.
Por lo que se refiere a la razón de ser de Fundebi, nos ha explicado los
orígenes históricos. Está bien. Es así ciertamente. En cualquier caso,
tampoco acabamos de ver cuál era el sentido de desnaturalizar la
fundación y convertirla en un instrumento de la Dirección General del
Libro, Archivos y Bibliotecas. Se podía haber utilizado cualquier otra
fundación. El protectorado de la Administración sobre las fundaciones
privadas es el de proteger a toda costa la voluntad del fundador, de ahí
el término de protectorado. Aquí no se ha protegido nada la voluntad del
fundador. Nos ha explicado dónde están los libros, dónde está la música y
dónde están las partituras. Parece que están instaladas provisionalmente
desde el año 1957 en la Biblioteca del Real Conservatorio. Nos ha
explicado que el inmueble que dejó su fundador, importantísimo, en uno de
los sitios más caros de Madrid en este momento, se vendió en el año 1991.
Yo el dato no lo sabía. Lo iba a preguntar pero ya me lo ha aclarado
usted. Lo que no sabemos es cómo se vendió, por cuánto se vendió y con
qué criterios se vendió. Nos gustaría saberlo. Si la señora Ministra
ahora no tiene el dato, nos lo puede proporcionar en otro momento. Ahora
bien, yo me pregunto: para qué Fundebi, qué sentido tiene. Se crea una
nueva fundación por la Dirección General del Libro para realizar una
serie de actividades relacionadas con el desarrollo de las bibliotecas.
Bien. Fundebi tiene por objeto el desarrollo de actividades que
contribuyan a la implantación de nuevas tecnologías en las bibliotecas, a
la coordinación entre las fundaciones culturales que realicen actividades
en ese sector, a la canalización de iniciativas privadas en las
actuaciones bibliotecarias, etcétera. Nosotros nos preguntamos: ¿Acaso no
son todos estos los fines propios de la Dirección General del Libro y del
Ministerio de Cultura? ¿Acaso no es el desarrollo de las bibliotecas en
general el fin último de la Subdirección General de Coordinación
Bibliotecaria? ¿Por qué hay que crear entonces o utilizar una fundación
ya creada para la consecución de estos fines? ¿Acaso no se pueden
alcanzar desde la propia Dirección General del Libro? Pues quitemos la
fundación o quitemos la Dirección General del Libro. La cuestión se ve
agravada, además, por el hecho de que en Fundebi se reproduce todo el
organigrama de la Dirección General. ¿Es una Dirección General del Libro
bis? Está presidida por el Director General del Libro, vicepresidida por
la Subdirectora de Coordinación Bibliotecaria, son vocales natos las
otras dos subdirectoras generales, la del libro, la de la lectura, la de
las letras españolas. Es una cosa clónica. Y el tema se complica. La
gerente y el asesor literario de la fundación forman parte de la
Dirección General, y muchos colaboradores, muchos, de las actividades de
Fundebi proceden del ámbito ministerial. A todo esto añadimos que Fundebi
carece de sede y medios propios y utiliza las sedes del Ministerio de
Cultura.
Aparte del tema de las incompatibilidades del personal, en el que
entraremos luego si tenemos tiempo, Fundebi realiza sus actividades con
el personal y con los medios de la Dirección General. No se comprende por
qué, como decíamos antes, no las realiza ya directamente la propia
Dirección General por sí misma. Se ha creado una dirección general
paralela u oculta dentro de la propia Dirección General. ¿Para qué?
Evidentemente porque es mucho más cómodo escapar de los controles
administrativos y poder actuar libremente. Es más agradable.
Señora Ministra, cuando se tramitaba la Ley de Fundaciones, se habló
sobre la posibilidad y la tentación de las personas jurídico-públicas de
constituir fundaciones con el fin de huir del Derecho administrativo.
Nosotros nos oponíamos. Al Partido Socialista le pareció bien y lo
consintió. Ahora conocemos por qué lo consideraba tan útil. Esto en
cuanto al sentido de Fundebi.
Segundo, subvenciones otorgadas a Fundebi. La señora Ministra nos ha
hablado de unas cantidades que se han otorgado. No las voy a discutir. En
general las veo bastante correctas. La última dice: seis millones de
pesetas para realizar proyectos relacionados con el desarrollo
bibliotecario. Yo le pregunto: ¿cuáles proyectos? ¿Se le ha concedido
alguna más desde la Dirección General del Libro o desde algún otro
servicio del Ministerio? ¿Se han realizado todos los trabajos
subvencionados? Esto es lo que más me interesa. ¿Por quiénes? ¿Cuánto ha
costado en su totalidad? ¿Dispone de ellos el Ministerio? ¿Están
disponibles para que los veamos y los revisemos? ¿Dispone al menos de la
documentación acreditativa? ¿Con qué criterios se concedieron esas
subvenciones?
No voy a hacer, porque no tengo tiempo, un análisis exhaustivo de todo lo
que se ha subvencionado y con qué criterios. Pero quiero preguntar, por
ejemplo, por la informatización de las bibliotecas estatales o la
colaboración en la expansión «Joyas bibliográficas» de las bibliotecas
públicas del Estado. Pero vamos a ver, ¿estos proyectos no
corresponderían a la Dirección General del Libro? Es la Dirección General
del Libro la que debe hacerlos. ¿Y cómo es que se conceden unas
subvenciones para que hagan el trabajo otros? ¿Por qué no lo hace la
Dirección General directamente? Volvemos a la madre de la cuestión. Esa
es una contratación encubierta, pues no se trata de subvencionar
actividades o proyectos propios de una fundación,
sino de proyectos oficiales. Eso es una contratación encubierta. Si la
Dirección General del Libro y Bibliotecas no hace el censo de bibliotecas
españolas, ¿para qué sirve entonces? El procedimiento de la concesión de
dichas ayudas. ¿Quiénes las concedieron? ¿Una comisión presidida por el
Director General del Libro y de la que formaban parte sus tres
subdirectores generales? Pues qué mundo tan feliz.
La señora Ministra, que es buena jurista, sabe que el artículo 28 del
régimen jurídico de las administraciones públicas obliga a abstenerse en
un procedimiento administrativo a los que tienen interés personal o son
administradores de una sociedad o tienen interés en el mismo. ¿No piensa
la señora Ministra que estas circunstancias se daban en el presente caso?
Pero no vamos a hablar del tema de las incompatibilidades, porque luego
podríamos entrar más despacio.
Tercer punto, trabajos encargados a Fundebi. De ellos sabemos mucho menos
que de las subvenciones. Porque las subvenciones suelen incluirse en los
presupuestos con partidas más o menos identificables. Sin embargo, estos
trabajos van sobre rúbricas tales como «estudios y trabajos técnicos»,
«gastos diversos», cuyo destino real no se puede conocer sino tras una
investigación exhaustiva y a posteriori. Por esto también, señora
Ministra, quisiéramos que nos detallase los trabajos que la Dirección
General del Libro ha encargado a Fundebi desde el año 1988, bien
directamente, bien a través de convenios.
Pagos a personas a través de Fundebi. Creemos que la señora Ministra nos
ha hablado algo, pero yo le digo ahora: ¿Tenía conocimiento la señora
Ministra de que a través de Fundebi se habían venido realizando pagos a
miembros del personal de la propia Dirección General del Libro o de otros
servicios del Ministerio de Cultura o de otras instituciones públicas?
Primera pregunta. Conoce perfectamente la señora Ministra, como decíamos,
la Ley de Incompatibilidades del personal, que impide percibir más de una
remuneración con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Vamos a
pasar a otra cosa. Queremos conocer si miembros del personal de la
Dirección General del Libro y Bibliotecas o del Ministerio de Cultura, o
de alguna otra institución pública, han percibido algún tipo de
compensación económica por servicios prestados a Fundebi, en qué concepto
y por qué importes, y si se ha solicitado la oportuna autorización de
incompatibilidad y ha sido concedida.
Vamos a seguir para ir rápido, porque es lo que nos pide el Presidente.
Pagos a empresas a través de Fundebi. Nos gustaría conocer cuáles eran
las empresas privadas que ejecutaban realmente los proyectos
subvencionados y trabajos encargados a esta fundación por la Dirección
General del Libro, ya que aquélla carecía de sede, como hemos dicho, y de
medios materiales propios. Quisiéramos saber qué proyectos y trabajos
concretos ha realizado cada una de ellas, por qué importe, y si dispone
el Ministerio materialmente de los mismos o, al menos, de la
documentación acreditativa de que se han realizado. Confiamos en que la
señora Ministra remita, a la mayor brevedad posible, esta respuesta a una
pregunta escrita, a una petición de datos que hemos realizado
recientemente. Esta sería una buena explicación. Nos gustaría conocer
también con qué criterios se ha seleccionado a dichas empresas, si éstas
son contratistas habituales de la Dirección General del Libro o del
Ministerio. El interés es establecer si realmente se ha utilizado la
Fundación para el Desarrollo de las Bibliotecas como una longa manus de
la Dirección General del Libro para realizar proyectos y actividades que
realmente competen a ella misma; ver si eso es así o es una adjudicación
a dedo, encubierta a determinadas empresas, simplemente.
Por el momento he terminado, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea preguntar a la señora Ministra?
(Pausa.)
Tiene la palabra el señor Nieto para preguntar a la señora Ministra.
Señor Nieto, ya ha advertido anteriormente la Presidencia que este
procedimiento parlamentario, que es el de la comparecencia del Gobierno,
no es el adecuado para establecer un debate entre los diferentes grupos.
Por eso recalco que tiene su señoría la palabra para referirse a lo que
la señora Ministra ha explicado.
El señor NIETO GONZALEZ: Gracias, señor Presidente. Nunca interviene este
portavoz en otro sentido en este tipo de comparecencias. Lo sabe el
Presidente; a las alturas de legislatura en que nos encontramos debiera
saberlo.
Quisiera hacer un par de preguntas a la señora Ministra en relación con
la intervención que ha tenido, pero si me lo permite el señor Presidente
voy a dar una pequeña entradilla a esas preguntas para que tengan algún
sentido. No voy a hacer una intervención en contra de los planteamientos
del Grupo Popular. Puede estar tranquilo el Presidente. Sin embargo, sí
me ha producido una cierta sorpresa el que alguna información
periodística, o que la actuación de algún funcionario agraviado por una
situación que ha corregido el Ministerio de Cultura, haya podido dar
tanto de sí en la intervención que acabo de oír.
Curiosamente, cuando debatimos el proyecto de ley de fundaciones, actual
Ley de Fundaciones, todos los grupos, unos con más énfasis que otros,
pero todos teníamos muy claro que estábamos haciendo una buena ley, una
ley que iba a favorecer las iniciativas privadas y las sociales; que iba
a posibilitar la existencia de una serie de entidades sin ánimo de lucro,
bien creadas por particular o por particulares y entidades públicas, que
iban a contribuir al bien general, que iban a tener entre sus fines el
desarrollo de intereses de carácter general de la sociedad y, por tanto,
iban a ayudar a las administraciones públicas en ciertas parcelas de su
actuación para mejorarla y para desarrollar ciertas políticas donde se ve
que es necesaria, en la sociedad en que estamos viviendo, no solamente la
actuación del Estado o de las instituciones públicas, sino también la
intervención de los particulares.
Este parece un caso singular dentro de esa filosofía general que debe
tener cualquier fundación. Es verdad que se ha producido alguna
disfunción en el comportamiento de algunos funcionarios del Ministerio de
Cultura, que ha sido corregida por la propia Administración en cuanto ha
sido conocedora de la misma. Pero parece lógico el funcionamiento
de esta fundación, a la que en su día, hace muchos años, su creador dota
de unos medios determinados, sus albaceas testamentarios no la ponen en
marcha y tiene que ser la propia Administración quien lo haga. Una vez en
funcionamiento, empieza a cumplir sus fines, relacionados con el
desarrollo de las bibliotecas.
Por tanto, parece lógico, repito, que con ese fin fundacional las
actividades que lleve a cabo se dirijan en ese sentido, y parece también
lógico que el Ministerio de Cultura ayude con subvenciones a esta
fundación para cumplir dichos fines.
De la intervención que acabo de oír parece desprenderse que la única
fundación que recibe subvenciones de la Dirección General del Libro es
Fundebi. Según los datos que yo tengo --que no sé si son ciertos--, las
subvenciones totales que ha recibido Fundebi procedentes de la Dirección
General del Libro, Archivos y Bibliotecas entre los años 1992 y 1995, han
girado alrededor del uno por ciento del monto de las que ha concedido
dicha Dirección a fundaciones, asociaciones y entidades relacionadas con
el desarrollo de las bibliotecas.
Quisiera preguntar a la Ministra si estas cifras que yo tengo son
ciertas. Si es así, tiene muy poco sentido identificar la política de la
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas con las actividades
que lleva a cabo Fundebi, como parece querer dar a entender el
representante del Grupo Popular en su intervención anterior.
En segundo lugar, quisiera preguntar a la Ministra si en estos momentos
sigue existiendo, sigue participando, sigue colaborando algún funcionario
del Ministerio de Cultura con esta Fundación a través de contrato o a
través de alguna actividad que sea remunerada por la fundación. Según mis
datos --y aquí aplaudo la intervención del Ministerio--, una vez que se
detectó esa situación, el Ministerio de Cultura la cortó radicalmente.
Quisiera que la señora Ministra me aclarara si ésa sigue siendo la
situación.
No me queda más que insistir en que no entiendo que se cuestione la
actividad de una fundación que tiene entre sus fines el desarrollo y
promoción de las bibliotecas y que se critique que colabore con la
Administración pública, en este caso con el Ministerio de Cultura, pero
podría ser también con otra administración pública de otro nivel. No
entiendo que se critique este tipo de actuación, repito, y se critique al
mismo tiempo a la Administración por conceder alguna subvención --que,
según mis datos, es mínima teniendo en cuenta el volumen global de
subvenciones que concede la Dirección General del Libro-- para que una
fundación relacionada con las bibliotecas pueda cumplir mejor sus fines,
relativos a la realización de actividades, cursos, estudios,
investigaciones, etcétera, que siempre han estado dirigidos al desarrollo
de las bibliotecas.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Ministra para responder a
las cuestiones planteadas.
La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): El diputado señor
Gómez-Alba plantea como primera cuestión la razón de ser de Fundebi. Creo
que el propio señor Gómez-Alba debe saber --y, si no, con mucho gusto
informo también al resto de SS. SS.-- que su objetivo desde sus orígenes
ya lo manifestó testamentariamente don José María Moreno en 1932: la
creación de una biblioteca pública con el deseo de que estuviera abierta
unas seis horas a partir de las nueve de la noche. Es decir, era un
apasionado de la lectura y él pensaba que se debía ofrece un servicio
completamente nocturno para que se pudiera dar acceso a la lectura en un
espacio público en unas horas en las que habitualmente no están abiertas
las bibliotecas.
Ya he hecho referencia aquí al itinerario, bastante extraño, de esta
fundación en el sentido de que los albaceas no fueron personas
precisamente muy activas, con lo cual en cierta medida se tuvo que tomar
una decisión por parte de la Administración, decisión que se adoptó el 23
de octubre de 1989, en la que el Director General del Libro y Bibliotecas
y el Director Provincial de Trabajo y Seguridad Social acordaron, como he
dicho, elaborar unos estatutos de dicha Fundación que actualizaran los
fines originarios de fomento bibliotecario. En esa línea se realizaron
estos estatutos, y el objeto fundacional consistía en la realización de
todo tipo de actividades tendentes a la promoción y desarrollo de las
bibliotecas y centros de documentación y, en consecuencia, del libro y de
más materiales y soportes de información.
Es claro que desde el punto de vista económico, ni con la fundación
original ni con la subvención que recibe del Ministerio de Cultura se
podría cumplir el objetivo previsto en su primer momento por don José
María Moreno que era mantener una biblioteca pública abierta seis horas
durante la noche.
En este sentido hubo una actualización que puede resultar más o menos
discutible, pero lo que sí me gustaría es deslindar este tema de una
interpretación de adaptación de lo que fue la voluntad originaria del
fundador a lo que se consideraban que eran necesidades en este momento y
tras el transcurso de tantísimos años. Se pensó que facilitar el fomentar
la lectura y el acceso a los fondos bibliográficos, por ejemplo, a través
de asesoramiento, de orientación técnica en cuanto a informatización y
toda una serie de cuestiones a las que ya me he referido y sobre las que
volveré a insistir, no suponía una desnaturalización de la voluntad
inicial, sino una adaptación a los tiempos que vivimos en la actualidad,
y que, por supuesto, la mejor manera de acceder a los libros y a los
fondos de las bibliotecas en estos momentos, cuando no se puede acudir a
un establecimiento abierto al público por cuestión de horario, era a
través de esa informatización, y que lo ideal sería que pudiéramos tener
ese acceso a las bibliotecas a través de la informática desde nuestros
propios domicilios en horarios, repito, en que las bibliotecas no están
abiertas.
Su señoría planteaba también una superposición --incluso ha ido mucho más
allá, ha hablado de dirección general paralela u oculta--, y aquí yo
tengo que volver a insistir en el tema de la colaboración entre lo
público y lo privado, que pueden coincidir perfectamente --y en muchas
ocasiones así sucede y es deseable-- en la consecución de objetivos de
interés general. No hay una incompatibilidad sino unos deseos de
colaboración. Afortundamente,
la Dirección General del Libro tiene un presupuesto mucho más amplio que
el que recibe esta fundación.
Aprovecho la ocasión para contestar también al señor Nieto en el sentido
de que la media, desde 1992 a 1995, sí que correspondería al porcentaje
que él ha planteado, y que en 1995 la subvención que percibe Fundebi es
del 0,88 por ciento del capítulo de subvenciones que da la Dirección
General del Libro.
Por otra parte, tengo aquí una información que puedo facilitarle en este
momento, pero contestando a esa pregunta que se ha formulado puedo enviar
la respuesta por escrito con todo detalle. Ya digo que tengo aquí los
datos que están perfectamente justificados, así lo he expuesto, puesto
que también la Intervención General dice que se ha cumplido con todos los
trámites, requisitos y formalidades.
Los proyectos y trabajos encargados y subvencionados a Fundebi han sido
los siguientes. En 1992 --como he dicho anteriormente-- la cantidad es de
6.250.000 pesetas, y el concepto era la elaboración del censo de
bibliotecas públicas y privadas con patrimonio bibliográfico. Este censo
constituyó la base de datos Encu, que contiene registros que describen
bibliotecas españolas con fondos pertenecientes al patrimonio
bibliográfico español; dicha base de datos es necesaria para la
elaboración del catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico y está
disponible en el servicio de catálogo colectivo adscrito a la
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria.
En el año 1993, la cantidad es de 13 millones, y ya he dicho
anteriormente que 2.717.940 pesetas se destinan para la elaboración de la
segunda parte del censo de bibliotecas públicas y privadas con patrimonio
bibliográfico. Este trabajo realizado en el año 1993 sirvió para
completar la base de datos Encu, que recoge la información referente a
bibliotecas españolas con fondos bibliográficos pertenecientes al
patrimonio; es decir, sería un trabajo que tendría una continuidad. La
edición de la revista Signatura tuvo una subvención de 10 millones de
pesetas. En 1993 se editaron tres números --el 2, 3 y 4-- de esta revista
de información sobre el mundo bibliotecario y del libro.
En el año 1994, en el que se percibe una cantidad superior, se realiza el
seminario sobre redes de comunicación interbibliotecaria, su subvención
asciende a 1.813.538 pesetas, las reuniones se celebraron en Toledo los
días 7 y 8 de junio de 1994 y asistieron 130 profesionales bibliotecarios
de toda España. Para la realización de un curso sobre documentación y
archivos la subvención era de 1.800.000 pesetas, con una duración de tres
meses, y se realizó en colaboración con la Escuela de Relaciones
Laborales de la Universidad Complutense.
El tercer apartado, que es el más importante desde el punto de vista
económico, es el apoyo al proyecto Proinred, la subvención es de
9.234.235 pesetas y este apoyo se concretó en la contratación de los
servicios de la empresa RM-2.000, Sociedad Limitada, que facilitó apoyo
técnico, un equipo informático y el «software» necesario para establecer
las comunicaciones entre las bibliotecas públicas del Estado y el
Ministerio de Cultura.
Es necesario destacar también la colaboración de la exposición «Creadores
del Libro del Medievo al Renacimiento», que tuvo una subvención de
6.154.000 pesetas, que se celebró del 28 de septiembre al 20 de noviembre
en la sede de la Fundación Central-Hispano en Madrid.
En el año 1995 la subvención por un importe de seis millones de pesetas
se han dedicado al fomento de la comunicación interbibliotecaria. Bajo
este epígrafe se englobarían los proyectos referentes a la edición de la
guía de bibliotecas públicas españolas, que está en prensa, por un
importe económico de tres millones de pesetas, así como el apoyo técnico
al proyecto Proinred, es decir, la continuación del proyecto anterior
cuya subvención es de tres millones de pesetas.
Contestando a su pregunta parlamentaria, si S. S. quiere le facilitaré
más datos por escrito, ampliando éstos en el tiempo, porque creo que en
algún momento ha hecho referencia a épocas anteriores. Lo que sí le puedo
asegurar es que toda la documentación está en el Ministerio de Cultura,
con todos sus justificantes, con todas sus comprobadiones. Yo estoy
segura de que se ha obrado con total transparencia y rigor por parte del
Director General del Libro.
Ha hablado también del mecanismo de concesión de las subvenciones. Tengo
que decirle que hay una comisión, de características asesoras
fundamentalmente, que realiza un informe sobre las subvenciones, que,
como muy bien sabe S. S., las concede el Subsecretario del Ministerio de
Cultura.
Pasando al asunto de las personas, vuelvo a insistir en que había tres
puestos, que han sido ocupados por cinco personas diferentes, y el
importe de estas contrataciones en todos estos años ha sido de cinco
millones de pesetas. Quiero insistir --me parece que es justo hacerlo--
en que el Director General del Libro, en cuanto tuvo conocimiento de esta
situación, puso en marcha los mecanismos correspondientes para que cesara
la retribución a estas personas, que pertenecen a la Dirección General
del Libro, pero estos procesos en ocasiones son más lentos de lo que nos
gustaría, y en el mes de febrero se adoptó ya por parte de dicho Director
General del Libro la decisión de que cesara esta situación. En concreto,
había una persona que había percibido cantidades anticipadas, y por eso
he dicho que la mayoría --menos esta persona que había percibido
anticipos--, a partir del mes de febrero ya no percibieron remuneración.
Creo que el Director General del Libro ha sido diligente en esto y le
puedo decir, con toda seriedad, que, por supuesto, yo no tenía noticias
de esta situación. A mí me parecía que estaba en buenas manos; yo estoy
tranquila con mis directores generales y, desde luego, creo que el
Director General del Libro puso en marcha los mecanismos correspondientes
y, por la razón que fuera, no consideró que éste fuera un asunto del que
tuviera que informar a la Ministra, sino que lo ha hecho para este
trámite parlamentario y, evidentemente, cuando ha habido alguna noticia
en la prensa. De todos modos, puedo asegurarles que él ha trabajado con
diligencia y con transparencia.
También les puedo decir --y con ello terminaría-- que, evidentemente,
podría considerarse que en esta fundación
puede haber alguna singularidad. Por eso, y para mayor tranquilidad de
todos nosotros y de los aquí presentes, hemos encargado al Servicio
Jurídico del Estado un estudio, una interpretación, con el fin de emitir
ese informe al que me he referido con anterioridad. Querría despejar
cualquier tipo de duda sobre ocultación, falta de transparencia o
negligencia por parte de las personas directamente vinculadas a esto y
que forman parte de mi equipo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gómez-Alba.
El señor GOMEZ-ALBA RUIZ: Aquí hay tantos temas que no vamos a tocar más
que unos cuantos, los más llamativos.
Una de las cosas --lo confieso-- que me ha resultado más llamativa es que
la señora Ministra nos acabe de confesar que se ha enterado de todo por
la prensa. (La señora Ministra de Cultura hace signos negativos.) Lo
decía porque como ha aparecido estos días en la prensa y usted acaba de
decir que no sabía nada y que se ha enterado recientemente, pensé que se
había enterado por los medios de comunicación. De todos modos, mejor es
tarde que nunca.
Pero lo que yo no estoy dispuesto a aceptar bajo ningún concepto, dicho
sea con todos los respetos, es la frase de que aquí ha habido
transparencia y rigor. Aquí habrá habido muchas cosas, pero
transparencia, poquita, y rigor, ninguno, según lo que yo entiendo por
rigor. Decir que aquí ha habido rigor es alcanzar niveles de sarcasmo,
porque ha habido de todo menos rigor.
Me ha gustado mucho oírle decir que era una fundación benéfica, es algo
que me ha chocado. También ha dicho que ha recibido alguna subvención.
No, alguna subvención, no; en su gran mayoría ha sido subvención, excepto
el patrimonio fundacional. Y al hilo de algo muy importante como es el
patrimonio fundacional, que no son esos 3.000 libros, estén situados
donde estén, el tema más significativo es el de la venta de la casa,
sobre el que ya le he preguntado antes, señora Ministra, con qué
criterios, cómo y cuándo se hizo. Me ha dicho que se efectuó en el año
1991, pero quisiera saber el importe de esa venta, así como también qué
se ha hecho con esos fondos, dónde se han depositado. Esta es una
pregunta que le he formulado anteriormente y que simplemente le amplío
ahora.
Y para qué vamos a seguir hablando de una cosa tan evidente como es
discutir si la fundación tiene sentido o no. Aquí lo que está claro es
que se trata de una fundación que duplica el trabajo de la Dirección
General del Libro, que lo suple, que no tiene ningún otro cometido y que
está formada por los mismos altos cargos. No voy a repetir todo lo que he
dicho anteriormente, puesto que mi turno es solamente de conclusiones,
que quiero que sean muy breves.
Dice usted que no se ha desnaturalizado la fundación vulnerando la
voluntad del fundador. Pues no se habrá desnaturalizado, pero vamos a
dejarlo en que se ha cambiado, y se ha cambiado para convertirla en un
instrumento de la Dirección General del Libro fuera del control
administrativo.
Para nuestro Grupo está claro que se han producido irregularidades en la
concesión de subvenciones y en la adjudicación de contratos por la
Dirección General a una fundación presidida por la misma para realizar
actividades que responden a la propia Dirección General, luego entonces
para ese viaje no se necesitaban alforjas.
Finalmente, para nosotros está claro que Fundebi se ha utilizado para
favorecer a determinadas personas de la propia Dirección General a las
que se les pagaba sobresueldos, así como a determinadas empresas que
tienen buenas relaciones con la Dirección General y una íntima amistad
con algunos de los altos cargos. Yo creo que en cualquier país ese
director general habría dimitido ya, habría puesto por lo menos su cargo
a disposición del Ministro, y desde luego en cualquier país --me alegro
que en el nuestro también puesto que usted me dice que así se ha hecho--
se ha de iniciar un expediente informativo para determinar las
responsabilidades administrativas y de todo tipo a que hubiera habido
lugar.
Señora Ministra, ésta es seguramente su última comparecencia en el
Parlamento, y me gustaría que en su despedida nos fuésemos todos con un
buen sabor de boca, y que usted se marchase como Santa Teresa, estando ya
la casa sosegada, es decir, dejando al menos un cierto orden en el
Ministerio. Por ello no nos queda otro remedio que solicitar el cese del
actual Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas, al que usted
nombró y del que es la máxima responsable política. Esto por lo que
respecta a responsabilidades políticas.
En segundo lugar, le pedimos que esa investigación no entre en vía muerta
y que nos arroje la luz sobre estos temas que todos, y estoy seguro que
usted la primera, estamos interesados en aclarar.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): No voy a repetir los
argumentos que he proporcionado desde el primer momento. Sí voy a
insistirle en esta segunda parte, porque creo que no le he contestado a
su pregunta, sobre el inmueble. No le puedo proporcionar ahora todos los
datos, pero se los haré llegar, como es mi obligación --en este caso,
además, gustosamente--, de cuál fue el procedimiento para su venta. Sí le
puedo decir que esos 74 millones de pesetas se invirieron íntegramente en
Deuda del Estado, renovable mensualmente, y se encuentran en una cuenta
del Banco Exterior de España. Ese es el dato que le quería proporcionar
en este momento.
No quiero insistir en todos los demás temas. Lo que he dicho es que,
evidentemente, es interpretable la voluntad fundacional. A S. S. le puede
parecer que el objeto fundacional que se estableció en los estatutos no
se ajusta a lo que pretendió el fundador; en todo caso, diríamos que es
una materia que es interpretable. Las personas que intervinieron en su
momento, en 1989, pensaron que con esas actividades y con esa definición
del objeto fundacional se estaba cumpliendo la voluntad del fundador.
Cuando he hecho referencia también a que hemos actuado con transparencia
y rigor, por supuesto estoy haciendo referencia a las investigaciones y a
todos los trámites que hemos hecho desde el Ministerio de Cultura, y el
Director General desde hace mucho más tiempo que yo misma. Por otra
parte, yo creo que en muchas ocasiones, insisto en lo que decía antes,
los procesos son más lentos de lo que nos gustaría.
Quisiera hacer una precisión, dado que hay tantos representantes de los
medios de comunicación y ha aludido usted a si me he enterado o no por la
prensa. A mí me comunicó el Director General el tema que había aparecido
en la prensa. Por eso, literalmente, no es que me haya enterado por la
prensa, sino que él me informó a mí a partir de ese momento, pero eso no
quiere decir que el Director General no estuviera sobre el tema, y prueba
clarísima de ello ha sido que, cuando llegó a su conocimiento la cuestión
de las percepciones de remuneración por parte de personas que estaban en
el Ministerio de Cultura, se ocupó de manera muy directa de que esa
situación cesara; situación que, por otra parte, se podía haber obviado
habiendo solicitado una compatibilidad, y a lo mejor se podía haber
concedido con muchísimas probabilidades. No se hizo así, y seguramente él
pensó que dada la situación que había era mucho más importante cesar en
esa cuestión. Desde luego, lo que les puedo decir, insisto en ello, es
que en este momento, y desde hace meses, no hay ninguna persona del
Ministerio de Cultura que esté cobrando una retribución compensatoria por
trabajar en Fundebi.
Estoy segura, señoría --y así lo pienso--, que, tras analizar toda la
información con toda la documentación, se podrán aclarar temas como al
que S. S. hacía referencia de adjudicación a empresas que tienen amistad
con altos responsables. El propio Director General del Libro insiste en
que ese tipo de relación no existe, y yo estoy segura que lo vamos a
poder demostrar para que no quepa duda alguna sobre ello.
Por otra parte, comprendo que usted pida el cese del Director General,
pero no le puedo complacer porque me parece que no sería una causa para
ello, ya que es una persona que, por otra parte, desarrolla un trabajo
con muchísima eficacia y muchísima dedicación, en el que tengo plena
confianza.
Feliz año a todos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra, por su comparecencia hoy.
Quiero hacer extensivo este agradecimiento, tanto a los dos años y un
trimestre que hemos compartido esta Comisión con la señora Ministra como
al resto de autoridades del Ministerio. Me gustaría que lo trasladase así
a las autoridades que han colaborado en los trabajos de esta Comisión
durante esta legislatura. También deseo a todos los miembros de la
Comisión y a los medios de comunicación felices Pascuas y, como decíamos
a lo largo de esta mañana, que para cada uno sea el próximo año el mejor
de los posibles, que aprueben los exámenes de marzo (Risas.) y que se
revaliden las expectativas.
Como ya he señalado al comienzo de la sesión, a título personal, como
Presidente, quisiera agradecer, tanto a los servicios de la Cámara como a
todos los Diputados y Diputadas, y especialmente a los portavoces, la
facilidad que han dado para el trabajo de esta presidencia.
Concluido el orden del día, se levanta la sesión.
Eran las dos y treinta y cinco minutos de la tarde.