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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 643, de 14/12/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 643
DE INVESTIGACION DEL PROCESO
DE PRIVATIZACION DE LA EMPRESA PUBLICA
INTELHORCE
PRESIDENTE: DON LUIS YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA
Sesión núm. 10
celebrada el jueves, 14 de diciembre de 1995
ORDEN DEL DIA:
Comparecencias sobre el proceso de privatización de la empresa pública
Intelhorce.
--Del apoderado del Banco Exterior de España (BEX) (señor Rubio Serrano)
(Página 19412)
--Del apoderado del Banco Exterior de España (BEX) (señor Sánchez Lledó)
(Página 19416)
--Del Secretario provincial de la UGT de Málaga (señor Valenzuela Pasada)
(Página 19419)
--Del adjunto a la dirección de Intelhorce (señor Arribas Fernández)
(Página 19427)
--De don Antonio Gutiérrez Castaño (de Interdoxa, S. A.) (Página 19441)
Se abre la sesión a las cuatro y quince minutos de la tarde.
COMPARECENCIAS SOBRE EL PROCESO DE PRIVATIZACION DE LA EMPRESA PUBLICA
INTELHORCE.
--DEL APODERADO DEL BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA (BEX) (Sr. Rubio Serrano).
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a comenzar esta nueva sesión.
Ustedes tienen el orden del día que consta de varias comparecencias. La
primera es la de don Antonio Rubio Serrano, en su condición de apoderado
del Banco Exterior de España, a quien damos nuestra bienvenida y al que
agradecemos de antemano su predisposición a colaborar con los trabajos de
investigación de esta Comisión sobre el proceso de privatización de la
empresa pública Intelhorce. Es habitual en nuestros trabajos que el señor
compareciente disponga de un tiempo prudencial, si así lo estima oportuno
y pertinente, para exponer lo que crea también oportuno y pertinente de
acuerdo con el objeto de la convocatoria. Si no hiciera uso de este
tiempo, pasaríamos directamente a las preguntas de los señores Diputados.
El señor APODERADO DEL BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA (Rubio Serrano): Por mi
parte estoy encantado, estoy a su entera disposición para informarles
sobre lo que pueda. Quiero manifestar de antemano que por el objeto de la
convocatoria quizá yo no sea la persona más adecuada para responder a las
preguntas, porque por mi categoría dentro de la empresa tampoco estoy muy
enterado de determinadas cosas, pero estoy encantado de poder contestar a
todo lo que sea necesario.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Izquierdo
Juárez.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Muchas gracias, don Antonio Rubio por haber
acudido a la comparecencia que había solicitado la Comisión. Usted
comparece a petición del Grupo Popular y por unanimidad de todos los
miembros de la Comisión --es bueno que lo sepa, probablemente ya esté
informado--, porque su firma figura en dos pólizas. Primero figura el 27
de diciembre de 1989 en un contrato de préstamo con las sociedades
Benorbe y Benservice, contrato de préstamo de 500 millones de pesetas,
repartido entre Benorbe y Benservice, que sirve para que los dueños de
estas sociedades realicen la ampliación de capital del 25 por ciento a la
que se habían comprometido por escritura en el contrato de compraventa de
4 de agosto de 1989. En esa misma escritura pública, en la firma de los
diferentes contratos estaban presentes dos personas del Banco Exterior,
el señor Puebla y otra persona cuyo nombre no recuerdo ahora y que luego
aportaré. El 27 de diciembre estas personas debían haber solicitado un
préstamo al Banco Exterior de España, éste se lo concede, y con este
préstamo realizan la ampliación del 25 por ciento del capital.
Nos llama la atención, señor Rubio Serrano, en este primer tema --por
tanto, considérelo usted como la primera pregunta--, que ese préstamo
estaba afianzado con 500 millones de pesetas de Letras del Tesoro.
Nosotros sabemos, por lo que hemos podido leer en informes de los
servicios jurídicos del Estado y otros informes, que esos 500 millones de
pesetas invertidos por Intelhorce en Letras del Tesoro proceden de la
ampliación de capital que el 4 de agosto de 1989 el Estado había
realizado. Lógicamente nos llama mucho la atención que una entidad
pública, como el Banco Exterior de España, permita conceder un préstamo a
dos sociedades privadas para hacer una ampliación de capital, puesto que
una de las condiciones necesarias para solicitar un préstamo --aunque
fuera personal-- es que existan unas garantías personales o de algún
tipo, y las garantías que aportan Benorbe y Benservice no son personales
sino Letras del Tesoro que son propiedad de Intelhorce, no de Benorbe y
Benservice, y además sabemos que proceden de la ampliación de capital.
Después hablaremos usted y yo de las inversiones en Letras del Tesoro. El
tema es realmente curioso porque es dinero público, es dinero cuyo uso
estaba determinado por un contrato en escritura pública y había que hacer
una serie de autorizaciones, etcétera. Todo esto con independencia de que
la ampliación de capital se realiza meses después de la fecha en la que
se dice que se hace.
Posteriormente, el 20 de diciembre de 1991 vuelve a aparecer su firma en
un contrato de aval con las mismas sociedades, Benorbe y Benservice, de
2.000 millones de pesetas. Esta era una de las condiciones establecidas
en el contrato de compraventa para efectuarse la misma: que el precio que
figuraba, 2.000 millones de pesetas, estuviera avalado. El aval en un
principio --usted debe saberlo-- lo presta Fianzas y Créditos, S. A. En
un momento determinado, este aval lo presta el Banco Exterior de España a
Patrimonio, éste acepta esa póliza, y para contragarantizar ese aval se
pignoran 1.921 millones de pesetas en Letras del Tesoro. Por lo que hemos
sabido después, ese dinero procede de un cheque de 1.721 millones, que
estaba depositado en el Banco Pastor y pignorado por Fianzas y Créditos
como contragarantía de su aval, que pasa al Banco Exterior y que vuelve a
pignorarse para realizar el aval. Sabemos también, por documentos
oficiales, que hemos leído, que esta operación se hace a instancias de
Patrimonio del Estado, puesto que así lo han declarado por escrito los
servicios jurídicos e incluso algunos comparecientes en esta Comisión,
porque parecía que no era suficiente garantía la de una compañía
aseguradora en ese momento, sí lo fue en el año 1989 y no lo fue en el
año 1991.
Pero lo que nos vuelve a llamar la atención --y ésta es la segunda
pregunta que le formulamos-- es que sea una entidad de crédito pública.
No se nos oculta a los miembros de la Comisión que la Dirección General
de Patrimonio del Estado forma parte del consejo de administración del
Banco Exterior y quizás yo haya entendido que usted no pueda contestar a
algunas preguntas, dado el nivel de responsabilidad que tiene en su
empresa.
La tercera pregunta es quién toma estas decisiones, quién autorizó que el
aval se prestara de la manera que se prestó, quién autorizó que se
contragarantizara con los fondos procedentes de la ampliación de capital.
Esta cuestión ya era muy clara para Patrimonio del Estado y para el Banco
Exterior puesto que se coge un cheque de 1.721 millones del Banco Pastor
y se lleva al Banco Exterior. Nadie puede decir que el cheque fuera solo
de un banco a otro, aunque no exista autorización por escrito. Si no
tiene usted ninguna responsabilidad en esta cuestión es justo que lo
diga, porque algún ente de su propia empresa la ha de tener, por ejemplo,
la comisión de riesgos, el consejo de administración, su inmediato
superior, etcétera. Nos gustaría saberlo para pedir su comparecencia.
La petición de esta comparecencia se basa en estas dos cuestiones. La
explicación por su parte de estos dos contratos con las sociedades
Benorbe y Benservice, la de 27 de diciembre de 1989 y la de 20 de
diciembre del año 1991. Llamo su atención sobre una circunstancia que me
parece realmente importante, porque aunque se pueda discutir quién dio o
no la autorización o quién permitió o no que dicha operación fuera
contragarantizada con fondos procedentes de la ampliación de capital --y
esta pregunta se la formulamos a la interventora General del Estado
cuando estuvo aquí-- y es que en el mismo contrato de póliza, aunque
nunca hubiéramos tenido acceso a las contragarantías de la póliza,
aparece Intelhorce como fiador de Benorbe y Benservice, cuando es
evidente que se hace esa operación para comprar una compañía. La pregunta
que nosotros formulamos a la Interventora General del Estado fue la
siguiente. ¿Le parece a usted normal que alguien avale el precio de lo
que tiene que pagar con lo que compra? En el tráfico mercantil eso puede
hacerse en operaciones hipotecarias, pero fuera de ellas yo creo que es
difícil encontrarlo. En cualquier caso, esa circunstancia al vendedor le
tiene que producir una cierta reserva respecto de la operación. Estas
serían las primeras cuestiones que queremos que usted explique a la
Comisión.
Hay otro tema que voy a introducir, pero que no voy a desmenuzar, y pido
permiso al señor Presidente para hacerlo en mi segunda intervención. Se
trata de lo siguiente. Los servicios jurídicos del Estado, en informe de
12 de mayo de 1994, que está a su disposición, indican que hay una
posible responsabilidad del Banco Exterior de España en este tema. En
concreto hablan de las disposiciones de fondos de una cuenta determinada,
la 30/40401/I, que es la cuenta en la que se deposita la ampliación de
capital, 5.869 millones de pesetas, que está bloqueada y afectada por una
serie de condiciones elevadas a escritura pública, como son una serie de
plazos para entrega de fondos a las compañías que comprobaban a la
sociedad Intelhorce y una serie de requisitos como comunicación previa de
30 días al Banco Exterior, comunicación de la Dirección General de
Patrimonio, etcétera; es decir, una serie de garantías de utilización de
dicha cuenta.
Nosotros hemos tenido acceso a otra cuenta, que no sé por qué se ha
llamado cuenta de enlace, que es la 30/40402/J o I, en la que, a los
pocos días --20 ó 25 días-- de hacerse la ampliación de capital de
Intelhorce, se dispone de todos los fondos. Hay movimientos de fondos
ordinarios de la compañía GTE procedentes de esa ampliación de capital
muchos en inversiones, en Letras del Tesoro --de eso hablaremos
después--, etcétera; es decir, en inversiones de todo tipo. Sin embargo,
posteriormente, Patrimonio del Estado, según los compradores le piden
disponer de fondos, va dando órdenes al Banco Exterior --consta también
por la documentación que nos ha enviado el Gobierno-- diciendo:
autorizamos la disposición de 1.500 millones o autorizamos la disposición
de 750 millones. Al ver la contabilidad del Banco Exterior vemos que esas
órdenes debían de ser banales, puesto que ya había dispuesto de esos
fondos. Nuestra sorpresa es que aparecen una serie de cuentas de crédito:
el Banco Exterior había dado una serie de cuentas de crédito y préstamos
a los compradores, que se van nutriendo de esa cuenta de enlace, y los
fondos de la cuenta inicial, que debería estar bloqueada, no es que hayan
desaparecido --no es ésa la palabra--, sino que han sido utilizados. Esto
y otras cosas llevan a los servicios jurídicos del Estado a plantear
responsabilidades, incluso penales --a mí me llama mucho la atención la
palabra penales porque no se refieren a una entidad, a una empresa--, de
empleados del Banco Exterior.
Posteriormente, los servicios jurídicos del Estado del Ministerio de
Justicia, que intentan hacer una evaluación de las responsabilidades del
caso Intelhorce para argumentar la denuncia que Patrimonio del Estado iba
a presentar ante el fiscal, incluso concretan en un apartado --lo hemos
visto en la Comisión Intelhorce-- la tipificación de los posibles delitos
de empleados del Banco Exterior; y no se tome esto como que yo le achaque
a usted de nada, ya que aquí no estamos para dilucidar ese tipo de
responsabilidades, por eso su inicial aclaración relativa al organigrama
de su empresa es enormemente válida. Pero realmente, como digo, existen
estos precedentes de que unos servicios jurídicos del Estado, con toda
seguridad imparciales e independientes, hacen un informe a la vista de
una serie de pruebas documentales; luego, la Dirección General de
Servicios Jurídicos del Ministerio de Justicia califica esas cuestiones
y, más tarde, se presenta la querella ante el fiscal. La cuestión es ésa
básicamente y lo enuncio porque en lo que inciden los servicios jurídicos
del Estado y --entiendo-- Patrimonio del Estado es en que no se han
cumplido las condiciones del contrato de compraventa, por una parte, por
los compradores, por una serie de cuestiones que no vienen al caso en
este momento y, por otra parte, por esa entidad de crédito que estaba en
la operación, que era el Banco Exterior de España, que era depositario de
esos fondos iniciales.
Este es, señor Presidente, el tema que yo quería introducir. Ruego al
compareciente que, si puede ser, conteste a las preguntas y,
posteriormente, para desmenuzar esta segunda parte intervendré en la
réplica.
El señor PRESIDENTE: Cuando quiera, tiene la palabra, señor Rubio
Serrano.
El señor APODERADO DEL BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA (Rubio Serrano):
Siguiendo el orden le comento, en primer lugar, que es lógico que yo
firmase, tanto
los primeros contratos del préstamo a Benorbe y a Benservice como los
avales, por mi categoría dentro de la empresa, ya que soy el responsable
del área de inversión de la oficina donde se firmó que lleva tanto la
formalización de préstamos y créditos como, en su caso, de los avales.
Dentro de nuestra empresa, las operaciones que se formalizan, cuando
llegan a mi nivel, vienen autorizadas por un departamento central de
inversiones y riesgos y por un departamento de precios, que fija los
tipos que se van a percibir por las operaciones de activo y autoriza las
operaciones de riesgo. En los préstamos de Benorbe y Benservice me limito
a formalizar las operaciones, que efectivamente son dos préstamos a favor
de esas dos empresas, con una cobertura que consiste en una pignoración
de Letras del Tesoro que hace General Textil España. Lo que no sé es el
destino de los préstamos ni de dónde vienen los fondos; es decir, que me
limito a formalizar las operaciones.
En cuanto a la póliza de aval, la operación es prácticamente idéntica. Se
formaliza una operación de aval a favor de Patrimonio del Estado por
cuenta de Benorbe y Benservice, con una cobertura de General Textil
España, mediante unas Letras del Tesoro que se pignoran en garantía de
ese aval que se está prestando. Sé que, efectivamente, los fondos para la
compra de esas letras los aportó General Textil mediante un cheque del
Banco de España --me parece que ha comentado que era del Banco Pastor--
que se comprobó que estaba ingresado para poder hacer la compra y la
pignoración en el momento que se presta la garantía. Por esa parte, nada
más.
En cuanto a la compraventa de General Textil España por Benorbe y
Benservice, sé que existe contrato de compraventa, como se ha comentado,
porque nos han pedido información de un juzgado de Málaga que está
estudiando el caso y he visto algunas partes del expediente, pero en la
época en que se formaliza el aval --porque los préstamos creo que son
anteriores a la fecha del contrato de compraventa; bueno, la verdad es
que no lo sé-- yo no tenía conocimiento de esa operación concreta de
compraventa de Benorbe y Benservice por General Textil España.
En cualquier caso, lo que quiero manifestar es que, por mi categoría
dentro de la empresa, las operaciones me llegan autorizadas de una forma
determinada y yo me limito a formalizarlas tal y como se ha autorizado.
El señor PRESIDENTE: ¿Alguna cuestión más, señor Izquierdo?
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Señor Serrano, yo tengo aquí un certificado,
que firma usted en su calidad de apoderado del Banco Exterior. El Banco
Exterior de España, con domicilio social en Madrid, Carrera de San
Jerónimo, 36, NIF A2800776, y en su nombre y representación don Vicente
María Cavanillas Subero y don Antonio Rubio Serrano, en su calidad de
apoderados del mismo, certifican que durante el período comprendido entre
los años 1989 y 1993 han figurado abiertas en nuestra oficina a nombre de
Intelhorce, S. A., General Textil España, S. A., las cuentas relacionadas
a continuación. Esto me hace pensar que su sitio en la empresa es
importante. En cualquier caso, usted ha indicado cuál es su
responsabilidad en el proceso y yo, lógicamente, he de respetarlo. Usted
ha dicho que los préstamos son anteriores a la operación. No son
anteriores; son del mismo mes de diciembre, como ha comunicado el Banco
Exterior a las partes en el proceso judicial y así consta también en la
documentación que nos ha remitido el Gobierno. Eso forma parte de la
denuncia que Patrimonio del Estado presenta contra los gestores privados
de Intelhorce: esa operación de ampliación del capital social meses
después de cuando se dice que se ha hecho y con dinero procedente de los
fondos públicos. Dice usted que no tiene más responsabilidad que la de
hacer firmar los escritos y, probablemente, estar ante los corredores de
comercio, etcétera. Explicará usted a la Comisión de Intelhorce, si tiene
la amabilidad, quién tiene esa responsabilidad en su empresa.
El señor APODERADO DEL BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA (Rubio Serrano):
¿Autorizar las operaciones?
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Los diferentes niveles de responsabilidad en
el Banco Exterior de España, oficina principal de Madrid, de donde usted
es apoderado.
Y una segunda cuestión. Si por el volumen de estas operaciones el
director de la sucursal tiene la autoridad para hacerlo --en este caso
creo que lo hizo--, o es un volumen de operación lo suficientemente
importante para que sea vista por el Consejo de administración. La
pregunta se la hago en las dos operaciones, la primera de 500 millones de
pesetas, en su totalidad a dos sociedades, y la segunda de 2.000 millones
de pesetas. Usted sabrá si por el volumen de la operación corresponde a
la comisión de inversiones y riesgos o al consejo de administración o al
director de la oficina. Y si puede ser y usted lo recordará --porque una
operación se produce en 1989 y otra en 1991-- indíquenos las personas.
El señor APODERADO DEL BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA (Rubio Serrano): En los
dos casos, por el volumen de la operación, tiene que estar autorizada por
el departamento central de Inversiones y Riesgos. En el primer caso por
el Director de Inversiones y Riesgos, don Pedro Luis Sáinz --creo-- y, en
el segundo caso, concretamente la operación del aval estuvo autorizada
por don José González, del mismo departamento. Efectivamente, por el
volumen de estas operaciones, ninguna de ellas está dentro de las
facultades del director de la oficina.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: El departamento central de Inversiones y
Riesgos, ¿de qué órgano de dirección del Banco Exterior depende?
El señor APODERADO DEL BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA (Rubio Serrano): Es una
dirección general. No sé si depende directamente de presidencia o del
consejo de administración. Pero es la dirección general que autoriza las
operaciones de riesgo.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: ¿En ningún caso, señor Rubio, el Consejo de
Administración interviene en este tipo de operaciones por su volumen?
El señor APODERADO DEL BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA (Rubio Serrano): La
verdad es que no sé exactamente qué volumen de operaciones tienen que ir
al consejo de administración. Eso lo sabrá probablemente mejor el
director de la oficina. Es que no sé exactamente en qué escala tienen que
pasar a una comisión o a otra. Las dos están fuera de las facultades de
la dirección de la oficina. Eso seguro. Las dos tienen que pasar por
Inversiones y Riesgos, pero no sé si la de 2.000 millones tiene que pasar
al consejo de administración.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Cuando el Banco Exterior, por cuenta de su
cliente, realiza operaciones en Letras del Tesoro, esas operaciones
¿quién las autoriza? Lo digo por si en este caso se produjo de esta
manera. ¿Usted ha tenido en algún momento acceso a las cuentas de
Intelhorce? ¿Conoce, aunque fuera de modo superficial, los movimientos de
las cuentas de Intelhorce?
El señor APODERADO DEL BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA (Rubio Serrano): Sí, por
lo que le he comentado de la información que nos han pedido del juzgado
de Málaga he visto en alguna ocasión alguna de las cuentas.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: ¿Usted conoce, aunque sea de modo superficial,
los movimientos de la cuenta que le he citado, que es la cuenta inicial
que se abre en el Banco Exterior de España y en la que se depositan los
5.869 millones de pesetas?
El señor APODERADO DEL BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA (Rubio Serrano): He visto
lo que comentaba usted. Es decir, hay un ingreso hecho y, posteriormente,
de esa cuenta sale el importe que se invierte en Letras del Tesoro por un
lado y, por otro lado, los 1.800 millones que eran de libre disposición y
que se entregaron mediante dos cheques del Banco de España.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: ¿Constan, señor Rubio, las autorizaciones por
escrito de esas inversiones en Letras del Tesoro? ¿Por qué se invierte en
Letras del Tesoro? ¿Porque así lo manda --y consta por escrito-- General
Textil España o Patrimonio del Estado, que era quien gerenciaba la
cuenta?
El señor APODERADO DEL BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA (Rubio Serrano): Eso no
lo sé. No lo sé porque no era de mi departamento ni de mi responsabilidad
en ese momento.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: ¿Podría decir a la Comisión que,
efectivamente, pocos días después la cuenta inicial, donde se deposita la
ampliación de capital, se mueve? Es decir, el dinero no queda depositado
en esa cuenta hasta cumplidos los plazos que en escritura pública se
habían determinado para la disposición de fondos, o bien las
disposiciones efectivamente ordenadas por Patrimonio del Estado mediante
cartas de la Dirección General de Patrimonio del Estado al Banco
Exterior.
El señor APODERADO DEL BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA (Rubio Serrano): Los
fondos sí están a nombre de General Textil España, lo que pasa es que
invertidos en Letras del Tesoro. Es decir, no están concretamente en una
cuenta corriente, que es la que usted ha citado, sino invertidos en
letras.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Lo que yo quiero saber es quién ordena que eso
se invierta en Letras del Tesoro.
El señor APODERADO DEL BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA (Rubio Serrano): Supongo
que General Textil, pero no tengo la certeza.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Resulta, señor Rubio, que General Textil no
podía ordenar al Banco Exterior de España que eso se invirtiera en Letras
del Tesoro porque esa cuenta solamente podía ser movida, incluso para ser
invertida en Letras del Tesoro, con la autorización de Patrimonio del
Estado. Y le recuerdo la escritura de 4 de agosto de 1989.
El señor APODERADO DEL BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA (Rubio Serrano): Pues
sería Patrimonio del Estado. El inicio de la operación no lo conozco, no
tengo acceso directo a él.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: En cualquier caso, ¿usted cree que el
departamento central de Inversiones y Riesgos es, en el Banco Exterior,
aparte del director de la oficina donde se mueven estas cuentas --que
alguna responsabilidad tendría en este tema de las inversiones en Letras
del Tesoro, puesto que supongo que no será una cuestión de altas
instancias de la propia empresa-- quien autoriza estas operaciones?
El señor APODERADO DEL BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA (Rubio Serrano): En
cuanto a los préstamos y el aval sí.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Señor Presidente, creo que esto es cuanto don
Antonio Rubio Serrano puede manifestar a la Comisión. No hemos oído la
opinión personal --es probable que no la quiera dar-- que le merecen las
imputaciones que sobre empleados del Banco Exterior de España realizan
los servicios jurídicos del Estado, tanto del Ministerio de Economía como
del Ministerio de Justicia.
El señor PRESIDENTE: Creo, señor Izquierdo, que esta pregunta, con todo
respeto, está fuera de lugar. No ha comparecido el señor Rubio Serrano
para hacer juicio de valor sobre algo de lo que posiblemente ahora mismo
se acaba de
enterar. Además, por el contenido de su pregunta, hay bastantes puntos
suspensivos detrás de esta genérica expresión.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Efectivamente, lo que quería decir es que el
señor Rubio ha señalado que su responsabilidad se circunscribe únicamente
a la firma, como apoderado del BEX, de estos documentos, que la
responsabilidad de las decisiones está por encima de él.
El señor PRESIDENTE: Exacto, es lo que reiteradamente ha dicho el señor
Rubio a lo largo de su intervención.
Nada más, señor Rubio. Muchas gracias.
--DEL APODERADO DEL BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA (BEX) (SANCHEZ LLEDO).
El señor PRESIDENTE: Comparece ante nosotros don Luis Sánchez Lledó, en
su condición de apoderado del Banco Exterior de España.
Le informo, señor Sánchez Lledó, de lo siguiente. Nuestro modus operandi
consiste en que el compareciente tiene a su disposición el tiempo que
crea prudente para informar a la Comisión sobre aquello que le parezca
oportuno, y siempre de acuerdo con el objeto de la convocatoria.
Lógicamente, puede no hacer uso de ese tiempo y podemos empezar con las
preguntas de los señores Diputados. Como usted prefiera.
El señor APODERADO DEL BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA (Sánchez Lledó): En
primer lugar, quiero decir que esta operación la conocí en el año 1991
porque a la oficina de grandes empresas de Carrera de San Jerónimo fui
destinado a partir de mayo o junio de 1991 y la operación en el Banco
creo que venía de uno o dos años atrás.
En segundo lugar, lo que hacíamos en esta oficina era materializar
operaciones. El cliente era de Málaga y por proximidad a Madrid se
materializaban operaciones de las que nos instruía el departamento de
riesgos. Por tanto, no teníamos ninguna negociación con los responsables
de la empresa.
El señor PRESIDENTE: ¿Alguna pregunta?
Tiene la palabra el señor Izquierdo, en nombre del Grupo Popular.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Señor Sánchez Lledó, esta operación se refiere
al 20 de diciembre de 1991 y entonces figuraba usted como apoderado del
BEX.
El señor APODERADO DEL BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA (Sánchez Lledó): En esa
operación estoy yo y se refiere a un aval. Firmo yo.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: La primera pregunta que le voy a hacer es para
conocer su opinión profesional, sobre la que la Comisión le estará
eternamente agradecido, ¿Qué opinión le merece a usted que un aval de
compra esté garantizado con lo que se compra? Me gustaría que nos dijera
su opinión profesional sobre la cuestión, en concreto sobre la póliza que
usted firma con su compañero señor Serrano, que ha comparecido
anteriormente y que firma la sociedad Benorbe y Benservice, creo que el
señor Muñiz por poder. En la misma póliza aparece General Textil España
como fiador de la operación, con independencia de que la contragarantía
de ese aval sean los fondos procedentes de la ampliación de capital. Si
usted no lo sabe, yo se lo digo.
El señor APODERADO DEL BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA (Sánchez Lledó): No lo
sé. Los fondos no sé de dónde provienen porque lo que nos traen es un
ingreso de un cheque del Banco de España que se deposita en el Banco y
luego se compran unas Letras de Tesoro. Todo esto he tenido que revisarlo
un poco porque hace ya cuatro años de la operación. Como se hacían muchas
operaciones en la oficina se olvida, no sólo en lo que se refiere a
General Textil sino a otras muchas empresas.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: ¿Quién trae, señor Sánchez Lledó, el cheque
del Banco de España a su oficina?
El señor APODERADO DEL BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA (Sánchez Lledó): No lo
recuerdo, pero creo que debieron ser los firmantes por la empresa o el
único firmante por las dos empresas, que me parece que era el señor
Muñiz. He leído que el firmante era el señor Muñiz, pero ya no lo
recuerdo. Me parece que al señor Muñiz le conocí en esa ocasión o quizá
antes.
La operación es un aval con una garantía de un depósito. Son operaciones
bancarias que se hacen. Las garantías pueden ser faciales o reales, como
en este caso, que se trata de una garantía de un depósito pignorando un
efectivo. Es una operación bancaria. No sé de dónde provienen los fondos.
Sé que son de General Textil porque se constituye el depósito a nombre de
esta sociedad y garantiza la operación del aval. Pero el origen y cómo se
ha comprado General Textil lo desconozco porque antes de esta operación
no estoy en la oficina. Por lo que voy siguiendo por la prensa, ustedes y
los periodistas nos ponen un poco al día, pero en aquel momento no lo sé.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Admito con toda normalidad que usted en ese
momento no supiera el origen de los fondos, pero me cuesta trabajo creer
que el Banco Exterior --no digo usted-- no recuerde en aquella operación
un contrato de compraventa de una sociedad pública a unas sociedades
privadas en las que está el Banco Exterior de España, en concreto
representado por dos personas que son don Javier Puebla Fernández Alfaro
y don Manuel Martínez Moreno. Figuran en todas las operaciones como
representantes del Banco Exterior de España que se hacen ante notario el
4 de agosto de 1989.
El señor PRESIDENTE: El problema, señor Izquierdo, es que el Banco
Exterior de España no comparece en este momento como entidad o como
institución, por lo
que difícilmente puede recordarlo. Comparece el señor Sánchez Lledó, en
su condición de apoderado, y con objeto de explicitar el porqué está su
firma en ese documento que usted tantas veces cita. Por tanto, le ruego
que se ciña a esto porque lógicamente el señor Sánchez Lledó podrá
explicarle por qué está su firma allí, pero difícilmente le podrá decir
el pensamiento o el parecer del Banco Exterior de España, tal y como
usted lo plantea.
El señor APODERADO DEL BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA (Sánchez Lledó): Yo no
autorizo las operaciones. Soy un comercial responsable en aquel momento
de la oficina corporativa. Lo que hacemos es materializar operaciones que
nos instruyen del departamento de riesgos de un cliente que está en
Málaga. Riesgos está en el mismo edificio y por proximidad nos utilizan a
nosotros. El análisis que haga el departamento de riesgos o el mismo
banco yo lo desconozco.
El señor PRESIDENTE: Vamos a ver, señor Sánchez Lledó. Yo normalmente no
hago preguntas, pero tal como usted responde, casi automáticamente en las
mismas palabras, al señor Izquierdo, lo que entiendo es que esa operación
les viene a ustedes hecha, para entendernos, y resuelta. No nace en la
oficina, y ustedes lo que hacen es, como apoderados, acudir a firmar.
El señor APODERADO DEL BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA (Sánchez Lledó): El aval
lo firman otros apoderados de la oficina y yo, como director, firmo la
póliza ante el corredor de comercio y la pignoración del efectivo.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Eso es básicamente lo que nos ha dicho el
anterior compareciente. Se limitan a manifestar a la Comisión las
circunstancias por las que aparecen en dichas operaciones.
El señor APODERADO DEL BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA (Sánchez Lledó): Además
hay otras operaciones de préstamo a la empresa --no recuerdo cuándo-- y
hacemos lo mismo, esto es: firmar instrucciones del departamento de
riesgos, que son los que sancionan las operaciones. Nosotros somos
comerciales y las captamos, pero no analizamos el riesgo. No tenemos
capacidad ni atribuciones para analizar el riesgo.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Usted, por su responsabilidad dentro de la
oficina, ¿tuvo alguna vez conocimiento de una carta del Secretario
General de la Dirección General de Patrimonio del Estado al departamento
de riesgos del Banco Exterior? Supongo que en el expediente que a ustedes
les llega figurará. Si no es así, dígamelo, porque vamos siempre al
departamento de riesgos del Banco Exterior de España.
El señor APODERADO DEL BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA (Sánchez Lledó): Es el
que tiene atribuciones para autorizar todas las operaciones.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: En ella se indica estar estudiándose el
aplazamiento del importe; es decir, ¿nunca llegaron a saber por qué se
hacía esa operación?
El señor APODERADO DEL BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA (Sánchez Lledó): El
porqué se hacía, no; supongo que respondiendo de un pago de la compra,
porque el texto del aval más o menos lo dice. Respondía de las
obligaciones de Benorbe y Benservice en la compra de General Textil, pero
no sé a qué carta se refiere.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Lo que a mí me llama la atención, señor
Sánchez Lledó, es que no me parece muy normal que en esa misma póliza,
con independencia del aval, de que se hubiera garantizado o no con fondos
públicos, de quién diera la autorización para hacerlo, de si el Banco
Exterior lo sabía o no --por eso intentaba preguntar su opinión
personal--, es que en la firma de la póliza, no de la contragarantía,
aparezcan Benorbe y Benservice, así como el Banco Exterior de España e
Intelhorce. Me llama mucho la atención porque es una operación para
avalar la compra de esa sociedad. No sé si me explico bien.
El señor APODERADO DEL BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA (Sánchez Lledó):
Comprendo su extrañeza, pero como yo no conozco las cláusulas del
contrato de compraventa de General Textil, no puedo pensar en ese momento
si hay algún motivo o no por el que tenga que garantizar General Textil.
Comprendo lo que usted está diciendo, pero en ese momento yo no puedo
hacer una análisis porque no conozco la anterior historia de esta
operación.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: En cualquier caso, señor Presidente, yo quería
manifestar en este preciso instante que las comparecencias solicitadas,
en mi opinión, han cumplido su objetivo, porque se trataba de confirmar
este documento que tengo aquí, que es un informe de los Servicios
Jurídicos del Estado, de 12 de mayo de 1994, que textualmente dice lo
siguiente: «En la documentación facilitada por Improasa figura una carta
dirigida por el Secretario General de la Dirección General del Patrimonio
del Estado al departamento de riesgos del Banco Exterior de España en la
que se indica estar estudiándose el aplazamiento del importe en concepto
del precio de venta que deberán abonar la sociedades en su día
compradoras de Intelhorce, S. A., barajándose la hipótesis de un
aplazamiento de tres años indicándose que en el contexto de viabilidad de
la empresa se ha formulado a la Dirección General del Patrimonio del
Estado reclamación de determinadas cantidades que a su juicio se le
adeudaban como consecuencia del contrato de venta, concluyéndose con la
indicación de que sobre ello se estaba procediendo a los estudios previos
al inicio del expediente administrativo correspondiente para el abono, en
su caso, de la cuantía que resulte procedente.»
Este informe lo emiten los Servicios Jurídicos del Estado cuando los
compradores incumplen --lo digo públicamente,
señorías-- el primer plazo y cuando Patrimonio del Estado decide liberar
el aval de fianzas y créditos y que el aval pase de fianzas y créditos al
Banco Exterior, que no es una decisión unilateral del Banco Exterior...
(El señor Sáenz Lorenzo: ¿Y eso qué tiene que ver?) Yo estoy diciendo mi
opinión. Decía que no es una decisión unilateral del Banco Exterior para
cubrirse de un riesgo...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Izquierdo.
Señor Sáenz Lorenzo, ya desde el comienzo de esta última intervención el
señor Izquierdo ha dicho que era su valoración y que las dos
comparecencias le llevaban a confirmar su tesis, que era la que estaba
exponiendo. Tiene el valor de algo subjetivo, pero en todo caso
respetable.
Puede continuar, señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Evidentemente, tiene el valor de algo
subjetivo, señor Presidente, porque puede ser compartido o no, pero si
leemos y hablamos castellano --yo leo y hablo castellano, aunque me
gustaría conocer algún otro idioma--, y esto está escrito en castellano,
podremos ver que éste es un informe del 12 de mayo de 1994 de los
Servicios Jurídicos del Estado, en el que se hace mención a una carta...
El señor SAENZ LORENZO: ¿Y eso qué tiene que ver con el compareciente,
señor Presidente?
El señor PRESIDENTE: Señor Sáenz Lorenzo, cuando desee hablar pida la
palabra.
Continúe, señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Esto tiene mucho que ver con los
comparecientes. En cualquier caso, es la conclusión a la que llego yo,
con el permiso del señor compareciente, después de esta comparecencia y
de la anterior por no hacerlo en la siguiente comparecencia; me parece
plenamente obvio.
Usted, señor Sánchez Lledó, ha señalado como responsable --lo ha dicho
también el señor Rubio Serrano-- de esas operaciones al departamento de
riesgos del Banco Exterior de España, y yo no puedo más que estar de
acuerdo con lo que ustedes han dicho y mostrarme conforme, puesto que esa
circunstancia es incluso señalada por los Servicios Jurídicos del Estado
en un informe oficial que indica que el Secretario General de Patrimonio
del Estado escribió al departamento de riesgos del Banco Exterior de
España para que se hiciera la operación que usted nos ha dicho que firmó.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Sáenz Lorenzo.
El señor SAENZ LORENZO: Señor Presidente, si tenemos un turno de fijación
de posiciones, por supuesto que yo lo voy a utilizar.
Al señor Sánchez Lledó simplemente quiero agradecerle su comparecencia en
esta Comisión y no voy a hacerle ninguna pregunta, lo que sucede es que
si en un turno de preguntas a los comparecientes se hace fijación de
posiciones, yo quiero decir que todo lo que ha expuesto el señor
Izquierdo está en los informes.
Claro que es el departamento de riesgos el que toma las decisiones en el
caso del Banco Exterior, y claro que lo hace en 1991 con carta del
Patrimonio, pero ¿qué novedad es ésa respecto a la situación planteada?
Yo creo que eso se dice en la denuncia y está en todos los escritos que
manda el Gobierno. Por tanto, pretender decir que aquí se ha descubierto
algo me parece que no es sino constatar lo que ya sabemos desde el
principio. Simplemente quería señalar esto por parte de mi Grupo,
agradeciendo la comparecencia del señor Sánchez Lledó. (El señor
Izquierdo Juárez pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: ¿Sí, señor Izquierdo?
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Señor Presidente, no deseo entrar en un debate
estéril pero, a mi juicio, la novedad es importantísima. La novedad es
que los Servicios Jurídicos del Estado, así como en la propia denuncia de
Patrimonio del Estado, aunque de modo velado, indican por dos veces que
existen responsabilidades incluso penales en el Banco Exterior por haber
autorizado estas operaciones, y sin embargo hoy sabemos por este informe
de los Servicios Jurídicos del Estado que es la Dirección General de
Patrimonio quien, por carta, pide al Banco Exterior que se haga esta
operación, operación que está contragarantizada con fondos públicos de
todos los españoles y por la cual se está instruyendo un proceso
judicial, operación que está llevando a directivos del Banco Exterior de
España a ser encausados en este proceso. Esta es una cuestión muy
importante porque hay que recordar una vez más que el Banco Exterior de
España es un banco público y que en ese preciso instante el Director
General de Patrimonio del Estado, don Luis Alcaide de la Rosa, cuando se
hace esta operación, en la que estuvo y firmó el señor Sánchez Lledó, es
miembro del Consejo de Administración del Banco Exterior de España. Por
tanto, hay una incógnita que ha quedado completamente desvelada, y es
quién pide al Banco Exterior que avale a unos señores que no tienen
dinero para comprar una empresa pública que tenía un patrimonio neto de
18.000 millones de pesetas, y quién permite que con fondos públicos se
contragarantice ese aval. Pues por este documento, y por lo que ha
manifestado el señor Sánchez Lledó, que dice que la responsabilidad es
del departamento de riesgos, por lo que dicen los Servicios Jurídicos del
Estado, que llegan a inducir responsabilidades personales en determinados
empleados del Banco Exterior, en las cuales yo no creo porque cumplen
meramente órdenes, es la propia Dirección General de Patrimonio del
Estado la que hace esta operación. A mi juicio esto está muy claro y la
novedad es evidente. Por tanto, para eso han servido las comparecencias
de los señores Sánchez Lledó y Rubio Serrano, para determinar que quien
tomaba estas decisiones era el departamento de riesgos del Banco Exterior
de España, pero yo sé hoy, por este documento, que el departamento de
riesgos del Banco Exterior de España
toma esa decisión por carta del Secretario General de la Dirección
General de Patrimonio del Estado.
El señor PRESIDENTE: Muy bien, señor Izquierdo, creo que ha quedado muy
clara su posición.
Tiene la palabra el señor Sáenz Lorenzo.
El señor SAENZ LORENZO: No sé si por la vehemencia se logra convencer de
la falta de novedad en todos los hechos que se señalan.
Efectivamente, los Servicios Jurídicos del Estado dicen que el Banco
Exterior podría --sólo es una posibilidad-- haber incurrido en una
responsabilidad al desbloquear la cuenta. Usted está hablando de una
carta de Patrimonio del Estado de 1991 y el desbloqueo de la cuenta es de
1989, por tanto no tiene nada que ver una cosa con otra. Los Servicios
Jurídicos del Estado se preguntan cómo es posible que se desbloquee esa
cuenta, y lo que se nos ha dicho es que no se utilizan esos fondos sino
que se convierten en Letras del Tesoro, que no es lo mismo que utilizar
los fondos, con lo cual parece que el desbloqueo es más justificable.
Es cierto que estas comparecencias son útiles porque a través de ellas
hemos podido comprobar que no es que se disponga de los fondos y que unos
señores se los lleven a su casa, sino que los convierten en Letras del
Tesoro, lo cual es un desbloqueo discutible. Los Servicios Jurídicos del
Estado lo único que ponen en cuestión es la actuación del Banco Exterior
de España en ese desbloqueo, no en la operación de 1991, que es una
operación perfectamente normal porque se hacen cargo de un aval que está
perfectamente contraavalado. ¿Cómo no va a hacerse cargo comercial de un
aval que está perfectamente contraavalado? Y además con el conocimiento
de la Dirección General del Patrimonio, como dijo aquí en su día el
Subsecretario. Por tanto, no quiera usted apuntarse triunfos que son
evidencias que teníamos desde el principio. Yo comprendo que quiera decir
que ha obtenido algún rendimiento de estas comparecencias, me parece
lógico, y que trate de sustituir el rigor de los nuevos datos con la
vehemencia, pero creo que eso no sirve para nada en una comisión de
investigación.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez Lledó, por su
comparecencia y por la información que ha facilitado a esta comisión.
--DEL SECRETARIO PROVINCIAL DE LA UGT DE MALAGA (SEÑOR VALENZUELA
PASADA).
El señor PRESIDENTE: Señorías, comparece ante esta Comisión don Francisco
Valenzuela Pasada, Secretario Provincial de la UGT de Málaga, a quien
damos la bienvenida a esta Comisión y agradecemos su comparecencia,
informándole, a continuación, del modo de trabajar de la Comisión, que
consiste en que durante el tiempo que usted crea oportuno puede dirigirse
a los miembros de la Comisión, informando de aquello que le parezca
pertinente, siempre de acuerdo con el objeto de la comparecencia, y, acto
seguido, los distintos miembros de la Comisión harían uso de su
prerrogativa de preguntarle en relación a cuestiones concretas.
Normalmente, hay un segundo turno, a veces tres turnos, de preguntas al
hilo de su información. Lógicamente, este primer tiempo que yo pongo a su
disposición no es de consumo obligado. Si le parece, podemos ir
directamente a las preguntas o, si usted lo cree pertinente, hacer una
breve explicación. Como usted desee.
El señor SECRETARIO PROVINCIAL DE LA UGT DE MALAGA (Valenzuela Pasada):
Yo prefiero que me formulen las preguntas, ya que venía preparado para
que me preguntaran.
El señor PRESIDENTE: Muy bien. En ese caso, por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor Izquierdo Juárez.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Gracias, querido amigo Paco, porque además
somos amigos, no correligionarios políticos, pero sí amigos, puesto que
hemos estado en muchas batallas juntos en el tema del Intelhorce, al
menos en algunas. Es de agradecer tu presencia en la Comisión, además,
porque yo sé que tus circunstancias personales son difíciles y
complicadas, también lo ha sido tu viaje a Madrid. Por tanto, que conste
nuestro agradecimiento, el mío personal y el de mi grupo.
Me consta que cuando estabas al frente de la Unión General de
Trabajadores, me consta y consta a todos los malagueños, la UGT ha
seguido el tema de Intelhorce con celo y con prontitud en la denuncia de
las irregularidades que allí estaban sucediendo.
En concreto, el 10 de noviembre del año 1994 presentasteis una denuncia
ante el Fiscal en la que poníais de manifiesto una serie de
irregularidades que habían sucedido en General Textil durante la época de
la gestión privada, y poníais de manifiesto también las irregularidades
que se están estudiando en esta Comisión de Investigación y en el propio
juzgado de Málaga en el proceso de privatización.
Señalabais en vuestra denuncia, lógicamente todo ad cautelam, a tenor de
lo que el proceso judicial pueda determinar, de las imputaciones que se
hagan, etcétera, como es lógico, a Patrimonio del Estado.
Habéis sido personas importantes en el proceso de Intelhorce y habéis
tenido muchas reuniones con Patrimonio del Estado y muchas negociaciones
y habéis sufrido en vuestras propias carnes los problemas de Intelhorce.
Además, don Francisco Valenzuela, hay que decirlo aquí, es una de las
personas que ha sido trabajador de la textil de Intelhorce, y,
lógicamente, has de tener un cariño especial por esa empresa. A mí Paco,
lo que me gustaría es que nos explicaras el motivo que dio origen a esta
denuncia, que nos explicaras cuál ha sido a tu juicio la actuación de
Patrimonio del Estado en el proceso de privatización de Intelhorce, en el
proceso de renacionalización cuando Improasa se hace cargo, e incluso
cuál es tu opinión en función de tu representación, como es lógico, de la
Unión General de Trabajadores, de las circunstancias que han originado
la situación actual de Intelhorce. Esperamos todos que sea positiva de
una vez por todas y que en el futuro Málaga tenga una empresa que no será
Intelhorce, será otra sociedad, que tenga una empresa que al menos pueda
dar acogida a quinientos trabajadores de la antigua textil en el nuevo
proyecto industrial.
Por lo tanto, mi pregunta es quizá un poco general, se circunscribe
sencillamente a que cuentes a la Comisión el origen de la denuncia y nos
expliques tu opinión sobre la actuación en todo momento de Patrimonio del
Estado y del Gobierno, del propio Ministro de Economía, de sociedades
públicas como Improasa, en las decisiones que han tomado y que han dado
origen a la suspensión de pagos y a la actual liquidación que se está
realizando de la textil malagueña.
El señor PRESIDENTE: Sólo quisiera recordar al señor Izquierdo que la
tradición en los hábitos parlamentarios es el tratamiento de usted, no
porque se quiera imponer una cierta lejanía entre personajes, sino
simplemente como norma de respeto a la propia institución y a nosotros
mismos. Lógicamente, como Secretario Provincial de la UGT, en ningún caso
como conocido, como amigo de don Pablo Izquierdo.
Para responder a estas preguntas, tiene la palabra el señor Valenzuela.
El señor SECRETARIO PROVINCIAL DE UGT DE MALAGA (Valenzuela Pasada):
Quizá hubiera sido mejor, señor Presidente, que hubiera hecho una
introducción, porque al final la intervención de Pablo, de alguna manera,
me obligará a una intervención cronológica, a mi juicio, de los hechos o
de las vivencias que yo haya podido tener relacionados con mi cargo como
Secretario Provincial de la Unión General de Trabajadores de Málaga hasta
el pasado 21 de octubre.
El señor PRESIDENTE: Puede hacerla tranquilamente si lo cree oportuno y
puede ser suficientemente explícito, aunque después puede responder.
El señor SECRETARIO PROVINCIAL DE UGT DE MALAGA (Valenzuela Pasada): En
principio he de decir que es un placer para mí estar aquí esta tarde,
pues no es ningún esfuerzo ni sacrificio, aunque obviamente me molesta
tener que comparecer fuera de mi responsabilidad sindical, pues no me
encuentro en mi lugar. Ya no soy Secretario Provincial de UGT y la verdad
que eso me mediatiza ante esta circunstancia. Obviamente, eso no va a
impedir que exponga los conocimientos, las intervenciones y los sitios
donde haya estado y las aportaciones o exigencias que en cada momento
haya hecho en mi condición de responsable sindical en defensa de la
industria textil malagueña de Intelhorce, de GTE y en defensa de los
intereses del conjunto de los trabajadores de esa industria. Lo que tenga
que manifestar, obviamente me van a permitir que lo haga en este momento
porque me imagino que para eso me habéis hecho comparecer.
Ruego disculpas si me distraigo de las fechas en concreto, pues no puedo
ser rigurosamente exacto de hechos que han sucedido seis años atrás.
Cuando se produce la venta del Intelhorce a Benorbe y Benservice, el 3 ó
4 de agosto de 1989, yo la califiqué en los medios de comunicación, y
salió en primera página en titulares: La venta de Intelhorce a Benorbe y
Benservice es un timo a la italiana. Ya lo dije en aquel entonces y
estaba convencido de que era así, pero no porque los timadores hubieran
sido los que la vendían, sino los que compraban. Me explico.
Estoy completamente convencido, y lo he manifestado en reiteradas
ocasiones, de que Patrimonio del Estado estaba loco por dejar de ser el
titular del patrimonio de la textil malagueña; es decir, de Intelhorce y
posteriormente, como todos sabéis GTE, General Textil Española. Estaba
loco por razones obvias: incorporación al Mercado Común, las ayudas
públicas ya se estaban cuestionando, había graves dificultades, los
trabajadores desde el punto de vista del comportamiento del Estado, del
Gobierno, del Patrimonio hasta esa fecha en cuanto al mantenimiento del
empleo, a poner dinero... La verdad es que no podían quejarse porque
siempre el Gobierno de la nación ha respondido a un problema social
localizado en el kilómetro 5 de la carretera de Alora, que es donde está
ubicada esta empresa. En aquel entonces recibía pensiones del capital
textil español, fundamentalmente del catalán, del levantino y también de
la parte norte, aunque menos, porque la tradición histórica, del textil y
de la piel, sectorialmente hablando como conocéis perfectamente, está en
Cataluña y en la región levantina, aunque en los últimos 20 años también
está despegando de manera muy fuerte en la cornisa cantábrica, incluyendo
también algo de la comunidad gallega.
Repito, el Gobierno ya recibía fuertes presiones, aunque las había
recibido siempre del capital catalán. Obviamente, remontándonos a la
historia de esta empresa, hay que decir con claridad que la gestión,
después del 28 de diciembre de 1972, creo recordar, que por primera vez
en la historia --entonces Industrias Textiles de Guadalhorce, que es como
se llamaba-- deja 204 millones de beneficios en la empresa. Se vende al
grupo Castell, Banco de Madrid y Banco Catalán de Desarrollo, accionistas
que estaban en torno y alrededor del grupo Castell. Aunque en los dos
primeros años realizan una magnífica gestión social, porque incorporan
más de mil trabajadores a la actividad industrial y se pone en una
plantilla de cerca de 3.300 trabajadores, exactamente 3.296, que ha sido
el límite en toda su historia, luego hacen una gestión horrenda. Me voy a
permitir hacer uso y abuso de mi condición de trabajador y dirigente
sindical en la empresa, para aportar los datos que he podido conocer o he
manejado.
Efectivamente, por aquel entonces y durante siete años, la gestión del
grupo Castell conduce a que el 9 de junio de 1980 el grupo Castell
desaparezca, teniendo el Estado que meter obligatoriamente en la UVI el
Banco de Madrid y al Banco Catalán de Desarrollo, no a la Banca, que
tiene mucho mayor poder financiero; pero a veces me confundo; lo tiene
que meter en la UVI porque el boquete que se deja por aquel entonces
supone la friolera de 12.500 millones. Estamos hablando a finales de 1979
(cuando se suscribe de nuevo el acuerdo, y no con el INI, que era el
propietario anterior al 28 de diciembre de 1972, sino cuando se vende
al grupo Castell), pasando directamente a depender de Patrimonio del
Estado, es decir, Economía y Hacienda.
A partir de entonces, el Estado acomete una reconversión, a mi juicio
absolutamente imprescindible, con un montante total de 20.000 millones de
pesetas de inversión, y transforma radicalmente el proceso productivo de
por aquel entonces Intelhorce. Se registra un período enormemente
importante y trascendental, después del proceso de reconversión, en los
que pierden 2.000, 3.000 y 3.500 millones de pesetas durante los años
1981, 1982 y 1983. En 1984 la empresa empieza a dar resultados y, sobre
todo en 1985, cuando se sitúan a unos niveles que hace que pueda ser una
empresa finalmente deseable, competitiva, cuando no lo había sido durante
los últimos veinte años. La empresa empieza a funcionar prácticamente a
principios de 1965, aunque hubiera trabajadores que habían entrado con
anterioridad, pero realmente su actividad empieza a funcionar en 1965. A
partir de entonces el sector empieza a flaquear. En 1986 se mantiene,
aunque con pérdidas razonables, y en 1987 y 1988 la empresa comienza de
nuevo a caer en picado, de manera dramática, permitidme la expresión.
Esto, junto con las presiones que está recibiendo permanentemente del
capital textil que antes he señalado, sobre todo de las comunidades
catalana y valenciana, hace que el Gobierno no tenga más remedio que
volver a privatizar Intelhorce. Los trabajadores, lógicamente, nos
oponemos, sabemos que a los empresarios privados les duele rascarse el
bolsillo y no van a soportar pérdidas de 2.000 ó 3.000 millones anuales,
que el Estado, con ampliaciones de capital, suscribía y permitía el
funcionamiento de la fábrica. También eran decisiones políticas que se
toman con Renfe, con Hunosa, con otras muchas empresas públicas, ya que
son situaciones sociales en zonas muy determinadas y con un alto nivel de
desempleo o zonas cuya población vive en torno a ellas. Es un drama no
mantener viva esa actividad. Por eso el Gobierno toma estas decisiones
desde el punto de vista social, me imagino. Estoy prejuzgando actuaciones
que no he tomado, pero me imagino que ésas son las razones que podrían
justificar esas decisiones y arriesga políticamente lo que tenga que
arriesgar.
El Gobierno se ve contra la espada y la pared y no tiene más remedio que
poner a la empresa a la venta a toda costa, lo que lleva a cabo durante
todo 1988, en que hay bastantes ofertas, aunque parece que las mismas no
responden a las expectativas que tenía Dirección General de Patrimonio e
incluso el Ministerio de Economía y Hacienda. Esto conlleva finalmente a
que empiecen a ponerse nerviosos desde el propio Ministerio de Economía y
a que se empiece a funcionar --estoy prejuzgando y dando opiniones--
llevando a cabo cuanto antes algún tipo de decisión que le alivie de las
presiones que tiene de los empresarios del textil del resto de España y
que empiece ya a descansar en cuanto a decisiones de ampliaciones de
capital, de ayudas públicas, que no pueden tolerarse desde las
Comunidades Europeas, entre otras cosas porque el textil no está
reconocido en nuestro país como un sector estratégico y, por
consiguiente, no entra dentro de lo que puede autorizar la Comunidad
Económica Europea.
Esto hace que haya ofertas, yo diría que bastantes, según se nos dice a
nosotros, pero que finalmente ninguna encaja, y hay una, que es ésta, de
Benorbe y Benservice, sociedades --permitidme la expresión, lo dije y por
eso lo mantengo-- medianamente fantasmas, sin plantilla, sin trabajadores
asegurados, con un capital social ridículo, además ficticio, como se ha
podido comprobar posteriormente.
Había un elemento fundamental de confianza, me imagino yo, para el
Ministerio de Economía, en este caso, para la Dirección General del
Patrimonio, incluso para Improasa, que son los que mantienen todo este
tipo de relaciones y no el ministerio. Obviamente estaba detrás la
conocida y famosa Benetton, que era lo que despertó incluso en los
propios sindicatos cierta confianza.
En Benetton --permitidme que las cosas que no sé no las diga-- tengo la
impresión de que algo tuvo que ocurrir, y no sé si eso viene de denuncias
que se estaban haciendo y que desde Patrimonio y desde el Ministerio de
Economía se estaban ocultando de cara a la propia Comunidad Económica
Europea, como posteriormente se pone de manifiesto con la sentencia
provisional de 1992 y la confirmación reciente de la reclamación que con
intereses asciende a casi 5.000 millones de pesetas. (Si no digo con
rigor las cantidades es porque resulta difícil en un problema de esta
envergadura ser absolutamente riguroso en todas las manifestaciones.)
Digo yo que ahí falló algo, ya que la operación estaba bastante avanzada
y no sé yo si el Gobierno llega a conocer con exactitud que finalmente
Intelhorce pasa directamente a manos de Benorche y Benservice y no va a
tener detrás el padrino que es Benetton; tampoco sé si toma la decisión
conociendo o no que el padrino estaba detrás. Tengo la impresión de que
llega a tomar la decisión sabiendo que el padrino no protegía a Benorbe y
Benservice, pero en vista de cómo estaba el patio no podía ya hacer otra
cosa y tampoco podía dar marcha atrás.
Eso es lo que yo puedo aportar desde todas las posibilidades que he
tenido, y han sido muchas, de mantener conversaciones con Improasa, con
la Dirección General del Patrimonio y con el Director General del propio
Patrimonio del Estado.
Los trabajadores no queríamos que se privatizara. Cuando conocemos la
posibilidad de Benetton nos consolamos algo; pero sufrimos una fuerte
decepción cuando nos enteramos que definitivamente la Benetton
definitivamente no anda detrás de este tema.
Los esquemas a abordar, desde el punto de vista de la gestión
empresarial, la nueva actividad era algo novedoso, interesante,
importante, si se hubiera llevado a cabo. Se abordaba con la instalación
en España de una red comercial de más de 200 tiendas, cosa que no había
tenido nunca nuestra empresa. Esa era una forma de tener garantizada una
parte importante de la venta diaria, con la consiguiente liquidez de caja
de la propia actividad empresarial, al poderse producir ventas. Eso era
lo que estaba proyectado, y lo que contemplaba el plan, además de unas
inversiones importantes para reforzar estratégicamente los puntos más
débiles de la propia actividad industrial. Eso no se acomete.
Se monta una tienda en la calle Larios, en Málaga, otra me parece que en
Palma de Mallorca, o en Valencia, y ahí queda todo el atrevimiento
empresarial, todo el riesgo empresarial, todo el proyecto de ampliación
de esa red comercial, etcétera.
En septiembre de 1989 y fundamentalmente a partir de 1990 se empiezan a
observar movimientos extraños dentro de fábrica. Hay que decir también
que cuando se vende la factoría y en las condiciones en que se hace --yo
lo he dicho y no tengo por qué ocultarlo aquí-- es un regalo; una fábrica
con 21.500 millones de capital social, de recursos propios, valorada en
esa cuantía, la verdad que es una cantidad realmente pequeña para pagar
con facilidades, en cuatro años, a períodos no sé si eran de 500 ó 600
millones de pesetas, y durante cuatro años se tenía que efectuar el
propio pago.
Además, había garantía absoluta de una ampliación de capital por valor de
5.869 millones de pesetas. En el propio contrato de venta se establecían
cuáles serían las condiciones del pago, respondiendo a los pagos por la
venta que se tenían que incorporar a las arcas del Estado, salvo --y ahí
es donde está la cuestión-- autorización expresa por parte de la
Dirección General del Patrimonio para poder romper las condiciones del
contrato. Creo recordar que en septiembre de 1991 no quedaba ya ni un
duro de los 5.869 millones de pesetas, y sólo se había efectuado un pago
de 500 millones de pesetas con dinero, no de Benorbe y Benservice, sino
de los propios recursos que se estaban generando por el dinero que
estaban ingresando y que se había aportado.
No sé qué explicación tiene este tipo de cosas, pero veo que por parte
del Patrimonio del Estado y de Improasa cuando menos hay negligencia en
la gestión, y precipitación en cuanto a no exigir unas condiciones para
que ingrese el dinero en las arcas del Estado, a no exigir el
cumplimiento del aval establecido y comprobar si efectivamente se tenían
recursos propios, cosa que se ha comprobado no era un aval con suficiente
garantía (El señor
Sáenz Lorenzo: Sí, sí.) como para... Yo estoy dando mi opinión. Parece
que se ha comprobado que no era un aval con suficiente garantía; y, por
consiguiente, se tenía que haber sido más exigente.
A partir de enero de 1990 los trabajadores, a través del Comité y de los
sindicatos, denunciaron comportamientos un poco extraños, y aunque lo
hicieron ante la propia dirección de la empresa y ante el propio
Patrimonio del Estado, nunca hemos podido aportar pruebas de los camiones
que salían de hilo crudo, de prendas de confección, con facturaciones que
no se correspondían al precio del mercado, ni de cerca ni de lejos; de
prendas que si hubieran estado taradas se podría justificar su menor
precio en relación con el precio del mercado.
Después de haber denunciado todo este tipo de cosas y de seguir
demostrando permanentemente operaciones extrañas y, a nuestro juicio, sin
poder demostrar nada, sin haber concretado las denuncias específicas del
porqué, sino todo a través de generalidades, de impresiones que nos
causaban la propia gestión de los Orefici, de los contratos millonarios
que se estaban produciendo en la propia empresa, obviamente se nos decía
--lo que se nos dice casi siempre-- que éramos unos desconfiados, que
tranquilos, que ya veríamos cómo se llevaba todo a cabo, que debíamos
tener confianza, que no sé cuántas cosas --las contestaciones habituales
y normales de estas cosas--, cuando tampoco se podía comprobar si
nuestras manifestaciones se ajustaban o no a la realidad de los hechos.
Cuando menos --y eso sí lo manifiesto con firmeza--, se podía haber sido
mucho más cautos, mucho más prudentes y haber estado --permítanme la
expresión-- más al loro de lo que son efectivamente estas sociedades,
que, sin la Benetton detrás, a mi juicio, no ofrecían solvencia, garantía
ni eficacia de gestión como ya pudimos demostrar a partir de enero,
quejándonos de todo este tipo de cosas.
Señor Presidente, si ve que me alargo mucho, abrevio.
El señor PRESIDENTE: Se lo iba a recordar. Iba a sugerirle que, en la
medida que pueda, vaya abreviando porque el tiempo se nos echa encima, y
como va a haber preguntas...
El señor SECRETARIO PROVINCIAL DE LA UGT DE MALAGA (Valenzuela Pasada):
Voy a abreviar todo lo que pueda.
A partir de ahí entra una figura extraña --en principio como asesor de la
empresa--, José Miguel Muñiz, abogado, con bufete en Marbella y en
Málaga, con un equipo de abogados; y luego, creo recordar, en septiembre,
octubre o noviembre de 1991 --no me hagan mucho caso pero por ahí
seguro-- entra a formar parte del Consejo de Administración ya con el
mutuo acuerdo de Patrimonio del Estado y de Benorbe y Benservice, es
decir de los Orefici, Giovanni y Paolo. Este hombre durante ese tiempo
trata de reconducir la situación; se mantienen reuniones del comité con
él, con el gobierno civil; se trata de corregir, de poner en marcha todo
el plan que no se había puesto en marcha, de ordenar la situación.
Durante un tiempo hay bastantes contactos para tratar de reconducir esta
situación y ver si entre todos éramos capaces de tirar del carro para
adelante.
Llega 1992 --creo recordar el 10 ó 12 de abril de 1992-- y ante la
realidad de los hechos, hay un informe de José Miguel Muñiz, el cual es
felicitado por su gestión y se le agradece los servicios prestados por
parte del propio Patrimonio del Estado. (Yo estoy diciendo lo que está
escrito y lo que conozco.)
Ante la situación de pérdidas tan salvajes --ésa es la expresión--
durante los años 1989, 1990, 1991 y 1992, Patrimonio del Estado a través
de Improasa accede al accionariado de la propia empresa, aparece con una
aportación del 48 por ciento de las acciones y con los derechos políticos
--no he encontrado a ningún abogado que me explique muy bien en qué
consisten los derechos políticos-- del 59 por ciento de las acciones.
Se hace un acuerdo con Patrimonio del Estado, acuerdo que reduce la
plantilla de 1.535 trabajadores creo que a 752, prácticamente la mitad de
la plantilla, en unas condiciones laborales de baja incentivada, y unas
jubilaciones con aportación de la Junta de Andalucía de 1.200 millones de
pesetas desde la Consejería de Trabajo, que los trabajadores saludamos
porque es la primera vez que la Junta de Andalucía ha accedido a poner
dinero público para jubilaciones y sentó un precedente. Obviamente en
esta situación con tal de reconducir la situación, con tal de acometer un
plan de reducciones drásticas, porque Patrimonio del Estado nos decía que
de no reducir al menos la plantilla en 600 trabajadores el plan no era
aplicable; el famoso plan de 1992 que tanto hemos pedido que se aplique,
que se lleve a efecto. A partir de esa fecha, a mi juicio, empieza de
nuevo la gestión propia del Estado como empresa pública a través de
Improasa.
Efectivamente, hay aproximadamente 600 bajas incentivadas e indemnizadas
en buenas condiciones para los trabajadores y 140 ó 150 jubilaciones
anticipadas, cuya aportación mayor la hacen las arcas públicas de la
propia Junta de Andalucía. A partir de esa fecha, obviamente es cuando
pensamos nosotros que hemos conseguido revertir a la empresa al propio
Estado y es cuando empieza a conocerse ya la sentencia famosa --la que
antes hemos anunciado--, que el Gobierno, el Estado español o el Reino de
España, como dice la sentencia, recurre y en la que definitivamente se
hace ya con carácter definitivo, incluso reclamando y condenando al Reino
de España en septiembre, octubre o noviembre de 1994. Durante este tiempo
hemos reclamado por activa y por pasiva. Se consigue el objetivo de
Patrimonio del Estado de reducir la plantilla no en 600 trabajadores sino
en 750 trabajadores; pero no se ejecuta el nuevo plan de actuaciones, el
compromiso de inversiones por parte de Patrimonio no se lleva a cabo. La
empresa sigue yendo en picado.
Hay que añadir que durante los años 1990, 1991, 1992 y 1993, menos en
1994, el sector textil entra en una dramática y caótica situación
económica, los mercados disminuyen de manera violenta, eso es cierto, y
obviamente, juega en contra de la propia reactivación de la empresa.
Patrimonio del Estado no afronta sus compromisos y sí en lo que respecta
a los trabajadores al reducir las bajas muy por encima de lo que se nos
pedía para reactivar y poner en rentabilidad la propia empresa.
En vista de estas circunstancias, en vista de que en septiembre se nos
adelanta que va a haber una presentación de suspensión de pagos --estoy
ya en septiembre de 1994--, en vista de todo ello nos quejamos de esta
situación pero parece que la reconducción económica, financiera de
Intelhorce, tal y como estaba, no tiene salida y esto hace que Patrimonio
del Estado a través de Improasa acometa esta suspensión de pagos.
Efectivamente, a partir de esa situación --no sé si a primeros de
noviembre o a mitad de octubre, no lo recuerdo bien-- UGT interpone una
querella contra los Orefici, contra José Miguel Muñiz y lógicamente
contra Improasa y Patrimonio del Estado, imputándoles delito social y
laboral, que es lo que nosotros hemos considerado, es decir, negligencia
en la gestión, dejadez de sus responsabilidades, no estar más al loro del
cumplimiento del contrato de compraventa, no haber cumplido su plan,
etcétera.
En cuanto a la tan traída y llevada responsabilidad política, del
Gobierno de la nación --y con esto acabo--, quiero dejar clara mi opinión
y una manifestación que he venido repitiendo permanentemente. Estoy
convencido de que no hay ninguna responsabilidad económica, ninguna
estafa por parte del Gobierno español en relación con la venta, pero
también estoy completamente convencido --y lo digo con la misma firmeza--
de que hay responsabilidad política y negligencia en sus actuaciones en
relación con este tema. Esto lo digo basándome en algo que me parece
fundamental: se pudo evitar la venta y no se hizo porque, obviamente,
estaba llena de dificultades, había muchas presiones, era difícil en ese
momento buscar una decisión de equilibrio, y se optó a mi juicio por una
decisión entonces errónea que se podía haber evitado.
Con esto, señor Presidente, termino.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, en primer lugar
tiene la palabra el señor Izquierdo para que formule las preguntas que
considere oportunas.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Voy a formular al señor Valenzuela tres
preguntas muy concretas.
Como introducción le diré que no se trata aquí de establecer ningún tipo
de trampa dialéctica, porque no es el caso. Hemos recibido a otros
comparecientes que nos han informado en el sentido de que el comité de
empresa, como tal, nunca tuvo acceso nunca a las cláusulas y condiciones
del contrato de compraventa.
Formularé las tres preguntas seguidas. La primera pregunta es la
siguiente. ¿Tuvo acceso el comité de empresa, como tal, a las condiciones
concretas del contrato de compraventa? Cuando hago referencia al comité
de empresa me refiero a que todos los sindicatos estuvieran
representados, así como los trabajadores. (El señor Valenzuela Pasada:
Son dos preguntas distintas, primero el comité y después los sindicatos.
No tienen nada que ver.) Segunda pregunta dentro de la primera. El señor
García Morales, Presidente de Intelhorce, nos contó que el comité de
empresa, sí tuvo acceso, antes de la venta, en reunión celebrada en el
Hotel Cervantes. ¿Unión General de Trabajadores tuvo acceso a esa
reunión? Posteriormente hemos sabido que Unión General de Trabajadores
participó en esa reunión en el Hotel Cervantes y no el comité de empresa
como tal. Para orientar su respuesta le diré que mi pregunta no pretende
saber quién estuvo o no, para mí es insustancial. ¿Tuvo el comité de
empresa acceso, como tal, a las cláusulas que se establecían, se negoció
con los trabajadores las condiciones de la venta?
Usted ha hecho referencia a unas bajas que se producen en el año 1992 con
motivo de un informe de viabilidad que realiza una compañía, llamada
Interdoxa, firmado por un abogado, llamado Antonio Gutiérrez, que
comparecerá después en esta Comisión, incluso Fernando Yélamos, socio y
compañero suyo. El consultor de esta compañía es don Rafael Alcaide
Guindo, familiar de don Luis Alcaide de la Rosa, Director General de
Patrimonio del Estado, que firma los informes de Interdoxa, circunstancia
que si usted no conoce yo se la cuento.
Hemos tenido conocimiento de que parte de los trabajadores van a plantear
una demanda por delito social, porque los trabajadores --doscientos y
pico-- alegan que entonces se les dijo que la empresa se cerraba y que
había que acogerse a esas bajas voluntarias. ¿Tiene usted conocimiento de
que se va a plantear esa demanda y qué opinión le merece?
Tercera pregunta. En su denuncia, la Unión General de Trabajadores pide
que se clarifiquen por el Banco Exterior de España los intereses de la
cuenta en la que se depositan los fondos públicos procedentes de la
ampliación de capital. Usted ha dicho que entiende que toda la
responsabilidad política está en el Gobierno, porque actuó con
negligencia, con ligereza, porque pudo haber comprobado responsabilidades
económicas.
El señor SECRETARIO PROVINCIAL DE LA UGT DE MALAGA (Valenzuela Pasada):
No he matizado bien; el Ministerio de Economía y Hacienda. Un ministerio
prepara y el Consejo de Ministros es difícil que detecte la preparación;
por tanto, se entiende que, aunque tiene responsabilidad compartida,
porque lo aprueba el Consejo de Ministros, obviamente el responsable
directo es el ministro que lo presenta. Esto es lo que he querido decir.
Si no me he explicado bien, lo digo ahora para ser riguroso.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Había entendido que...
El señor PRESIDENTE: Señor Izquierdo, vayamos a las preguntas.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué pensaría
usted ahora mismo si supiera --como consta en la documentación que este
grupo parlamentario tiene-- que los intereses que generaron las
inversiones que a través de esa cuenta se hicieron, sirvieron para ir a
otras cuentas de Intelhorce y que el dinero hoy está prácticamente no
tocado? Es decir, que después de 1989 no es propiedad de Intelhorce,
tampoco es propiedad de Patrimonio del Estado y no se ha tocado. Esos
6.000 millones han generado 9.000 millones, de esos 9.000 millones, 4.000
han ido a Intelhorce, a diferentes cuentas de crédito. En el año 1993
Patrimonio del Estado recupera 2.000 millones y, al final, de esos 6.000
millones de pesetas, cinco mil y pico están en alguna parte y no consta
tampoco que estén en las cuentas de Intelhorce, ni sus aplicaciones
legales o presuntamente ilegales que están investigando en el juzgado. Lo
digo para aclarar la referencia que ha hecho a responsabilidades
económicas, como justificando que aquí nadie había metido la mano y que
ha existido la responsabilidad de vender. No lo sabemos. De momento, debo
tener la prudencia de advertir a usted que estos datos ya constan, que
hoy no se sabe muy bien el destino de los intereses que han rentado en un
banco público un depósito inicial de casi 6.000 millones de pesetas,
pregunta que ha formulado la Unión General de Trabajadores al fiscal.
Digo esto aunque no es misión concreta de esta Comisión de investigación;
estoy convencido de que los tribunales de justicia, en su momento,
determinarán dónde están esas responsabilidades que usted ha llamado
económicas.
El señor PRESIDENTE: Señor Guerra Zunzunegui.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: El señor Valenzuela ha hecho unas
manifestaciones muy claras de cuanto él conocía que ya ha reiterado
nuestro grupo a través del señor Izquierdo, agradeciéndole su
comparecencia.
Ha dicho usted que la venta realizada había sido el timo a la italiana.
Más bien creo que ha sido el timo de la estampita, donde a la cárcel --me
estoy refiriendo al timo de la estampita, no en este caso concreto--
deberían ir tanto el timador como el timado. Se vende una empresa a unos
señores que no tienen nada que ver con el textil, que no tienen ningún
trabajador, como ha indicado usted, que es una sociedad de cartera
propiedad de una sociedad en Gibraltar y que en el consejo de
administración están el marido, la mujer y la hija. Unicamente se aportan
unas cartas del banco en las que dice que no tiene nada en contra.
Siempre pongo el ejemplo que usted oyó: es muy seguro que el Banco dirá
que no tenemos nada en contra, y, sin embargo, a ninguno de los dos nos
sería posible comprar una empresa de ese volumen. Además en ese momento
había una carta de Benetton, escrita un año antes, en la que decía que no
tenía nada que ver con el asunto.
Mi pregunta es la siguiente. Si posteriormente usted o el comité de
empresa o la Unión General de Trabajadores han tenido conocimiento de un
informe de Improasa que era falso, hay que decirlo claramente. Era falso
porque aseguraba que estaba Benetton detrás, falso porque se decía que no
había más condiciones y que era la mejor opción que se podía tomar.
¿Llegaron ustedes a conocerlo? Ya nos ha dicho usted que el comité de
empresa no conocía las condiciones de la venta o el contrato, pero ese
informe de Improasa al parecer sirvió a la Dirección General de
Patrimonio y, posteriormente, al ministro, para tomar la decisión
política.
La ampliación de 5.800 millones de pesetas estaba condicionaba a una
serie de inversiones para sacar la empresa adelante. Mi pregunta es: ¿qué
inversiones conocen ustedes que se realizaron de renovación de
maquinaria, de nuevos sistemas de cadenas de producción incluso algunas
actuaciones de tipo comercial? En el contrato se hacía referencia también
a la publicidad, podía haberse introducido en el capítulo de inversiones,
pero quien garantizaba que esos 5.800 millones se tenían que destinar a
inversiones era el propio Patrimonio, porque era una cuenta que estaba
controlada por Patrimonio.
La segunda pregunta es si conocen ustedes si se hicieron inversiones por
unos montantes tan importantes como 5.800 millones de pesetas.
Otra pregunta es la siguiente. Por comparecencias que ha habido en esta
Comisión, sabemos que en el año 1992 hay conversaciones entre Patrimonio
del Estado --cuando se vuelve a hacer cargo-- y la persona que ha
comparecido aquí, don Antonio Alvarez, que tenía ilusión de sacar esa
empresa adelante, si no con 700 millones, con 600, con
500 o con 400, que anima, que tiene conversaciones con el comité de
empresa y que, antes de hacerse cargo otra vez de su dirección, pregunta
a la Dirección General de Patrimonio si la voluntad es sacar adelante la
empresa, conforme al acuerdo que había tomado esta Cámara por unanimidad,
o, por el contrario, si Patrimonio iba a cerrar la empresa; y le
contestan que sí, cuando, curiosamente, había un acta del consejo de
Administración de Improasa en la que se dice que realmente General Textil
no tiene solución. Esta es la última pregunta, ¿conocía esta disfunción o
disparidad entre lo que se dice a Antonio Alvarez de que hay que sacar la
empresa adelante, y se le habla del acuerdo de esta Cámara, y lo que se
afirma en Improasa de que eso no tiene solución y que se va a una
suspensión para cerrar?
El señor PRESIDENTE: Señor Valenzuela, se le han hecho seis preguntas muy
concretas; le ruego que también sea concreto en las respuestas.
El señor SECRETARIO PROVINCIAL DE LA UGT DE MALAGA (Valenzuela Pasada):
Ya verá, señor Presidente, lo concreto que soy cuando se me pregunta.
El comité no tuvo acceso a las condiciones del contrato de compraventa,
se conocieron después, y la UGT de Málaga tampoco. La UGT de Málaga
tampoco. Ya no puedo decir más. Yo no estuve en el hotel Cervantes. Más
concreción imposible.
Es verdad que la semana pasada he oído que ha habido una asamblea
--permitidme la expresión-- en el poblado de Intelhorce, que es un núcleo
de viviendas para trabajadores de Intelhorce a unos cien metros de la
factoría, de los que causaron baja en 1992, que iban a interponer una
demanda, porque se sentían estafados en relación a las condiciones
económicas pactadas ahora, que son superiores a aquellas con las que
ellos salieron, cuando les habían anunciado que la fábrica ya no tenía
solución. Yo no comparto ese criterio, porque allí se dijo claramente
--yo lo dije en asamblea-- que la actividad continuaba para ochocientos y
pico trabajadores, que, finalmente, se quedaron en muchos menos, porque
se incorporaron los 1.200 millones de la Junta de Andalucía y eso metió
en el carro a 140 trabajadores en jubilaciones anticipadas, pero se sabía
que continuaba la actividad y que Patrimonio asumía la responsabilidad.
Obviamente, habrá ejecutivos, habrá directores, habrá habido gente que
haya dicho lo que los trabajadores dicen; no me extrañaría, porque en una
situación de este tipo opina todo el mundo; pero lo que es el comité, la
UGT y Comisiones Obreras no han dicho en ningún momento que a
continuación se cerraba la fábrica. Eso que quede suficientemente claro.
Me pregunta qué pienso del tema del Banco Exterior. Esa era una de
nuestras preocupaciones. Ahora, de oídas --esto está en investigación; no
lo puedo afirmar--, que yo conozca, ya hay detectados 3.500 millones de
los que se han lucrado, es decir, que han robado, para ser absolutamente
claro. Yo digo con tranquilidad, que presumo --digo esto porque no estoy
ante un juez, sino ante una comisión-- que ha habido una desviación
clara, un lucro, en torno a 3.000 ó 3.500 millones de pesetas, ya
comprobado. No sé si alcanza los 5.000 millones que se han dicho, sino lo
que yo conozco, que está en torno a los 3.000 ó 3.500 millones de
pesetas. Lo otro no lo sé y, por tanto, no lo digo. Yo conozco el estado
en que está el proceso judicial y de la lectura de los 25.000 folios se
desprende que la gente ha trincado 3.500 millones, y está claro quien los
ha trincado, que, para tranquilidad del Diputado, no ha sido el Gobierno,
sino los que compraron la fábrica y los intermediarios que ha habido por
enmedio, que no han sido ni uno ni dos, sino que por ahí hubo muchísima
gente que, como decimos en nuestra tierra, está pringada hasta los ojos.
Me preguntan si UGT conoció el informe falso de Improasa y su
presentación ante el Consejo de Ministros en relación con este asunto. No
lo hemos conocido, si no lo hubiéramos incorporado a la querella, donde
aportamos muchísima documentación, pero no lo conocíamos. Ahora parece
que se ha podido comprobar que no era riguroso y que, efectivamente, no
se ajustaba con claridad a la realidad, por ejemplo, en el tema de la
Benetton, que era clave, era lo que daba confianza al Gobierno. Hay que
decir con claridad que en el informe no se decía que la Benetton había
renunciado hacía un año, como luego se ha podido comprobar por una carta
que existe.
¿Conoce inversiones que se hayan producido a partir del 10 de abril de
1992, que es cuando Improasa accede al accionariado en ese 48 por ciento?
Lo que yo puedo conocer en Intelhorce como inversiones desde esa fecha no
son los millones que estaban comprometidos de inversión, en torno a 2.500
ó 3.000 millones, sino que en esos tres años ha habido una inversión de
unos 300 millones de pesetas. Eso es lo que conozco; lo que sé; lo que se
ha hecho; lo que se ha visto allí. Allí no ha habido más que esa
inversión.
Otra pregunta es si UGT conocía el acta del Consejo de Administración de
GTE de 1992, donde, después de la resolución política del Congreso de los
Diputados del Estado español de impulsar, dinamizar la actividad
industrial, se decía que no había viabilidad. No la conocía; la he
conocido después de todo este tinglado, como se han conocido muchísimas
cosas, pero antes no y en su momento tampoco. Como digo, lo he conocido
después.
Con esto, señor Presidente, creo que he respondido a todo con mucha
concreción.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Sáenz Lorenzo.
El señor SAENZ LORENZO: Quiero dar la bienvenida al señor Valenzuela, a
quien agradecemos su presencia y su colaboración con esta Comisión de
investigación y vamos a preguntarle sobre algunas cuestiones.
Aquí se ha hablado de la reunión del hotel Cervantes, y yo no sé quién
asistió a la reunión del hotel Cervantes, pero alguien tuvo que asistir y
me gustaría saber quién, porque, según la información que nos han dado,
en el hotel Cervantes hay una reunión con los trabajadores, o con
representantes de los trabajadores (se supone que serían de algún
sindicato, porque Comisiones Obreras tampoco estaba en esa reunión) en la
cual hay un cierto acuerdo respecto a
la venta; es decir, se les informa de la venta y hay un cierto acuerdo.
Según nuestras noticias, una de las condiciones que ponían los
compradores para hacerse cargo de la empresa era la conformidad de los
trabajadores, y esa conformidad se llevó a cabo en una reunión que se
celebró en el hotel Cervantes, no sé con qué trabajadores, pero con
alguien se tuvo que realizar. Me gustaría que, si puede, nos concretara
un poco quiénes son los asistentes, porque la noticia que nos dio aquí el
representante de Comisiones Obreras es que el día que se produjo la venta
en la factoría se brindó con champán. Por tanto, parece que, al menos en
aquel momento, la generalidad de la gente pensó que la solución que se
adoptó era una solución, aunque luego, efectivamente, resultó fallida.
Hoy es mucho más fácil decir que ya se podía prever que era fallida, pero
en ese momento no daba la impresión. Por la reunión del hotel Cervantes
--me gustaría saber quiénes asistieron-- y por el brindis con champán de
los trabajadores el mismo día de la venta, parece que las expectativas
eran algo mejores de las que se plantean.
Efectivamente, sí da la impresión de que por parte de Improasa hay alguna
actuación incorrecta, puesto que en su informe habla de que estas
empresas pertenecen al grupo Benetton y oculta una carta de Benetton, y
eso es lo que posiblemente da pie a actuaciones del juez en las que no
voy a entrar. Esa carta la ha ocultado Improasa al Gobierno...
El señor IZQUIERDO JUAREZ: No es una carta a Improasa, es una carta...
El señor PRESIDENTE: Por favor, señor Izquierdo, está en el uso de la
palabra el señor Sáenz Lorenzo.
El señor SAENZ LORENZO: Es una carta que Improasa oculta al Gobierno, y
justamente eso origina algunas de las actuaciones del juez.
Yo no sé si todos podemos tener un informe bancario que diga algo como lo
que dice el Banco Bilbao Vizcaya, que es lo siguiente: El grupo de
empresas Benorbe, así como sus participadas, mantienen desde antiguo
importantes y sólidas relaciones con nuestra institución --Banco Bilbao
Vizcaya--, así como los principales socios y consejeros delegados de
estas sociedades don Giovanni Orefici y don Alvaro García Laviñe. Desde
esta experiencia profesional y conocimiento personal, informamos de la
solvencia, capacidad técnica, financiera y seriedad comercial del grupo
de empresas Benorbe, así como las de sus socios y gestores, en nuestra
opinión de toda garantía, lo cual ha sido demostrado y así nos consta en
todos los campos de gestión empresarial, tanto en el ámbito nacional como
en el internacional. Este es el informe del Banco Bilbao Vizcaya. Lo digo
porque se ha dicho que este informe se lo dan a cualquiera. No, opino que
no se lo dan a cualquiera. Por lo menos yo no firmaría esto sin tener
conocimiento. El informe del Banco Urquijo dice tres cuartos de lo mismo.
Creo que no merece la pena leerlo, puesto que lo tenemos en la
documentación. Decir que esto se afirma de cualquier persona que no se
conoce...
Creo que entonces había una impresión distinta de la que hoy se quiere
dar en esta Comisión. Creo que había la impresión de que podía ser viable
el proyecto, que incluso los trabajadores en buena medida opinaban así.
Todo el mundo tenía ganas de que fuera viable y se apostó en ese momento
porque eso saliera. Por tanto, le preguntaría por quiénes asistieron a la
reunión del hotel Cervantes, con quién hubo un cierto compromiso, que
parecía que era una de las condiciones para que la compraventa se llevara
a cabo.
Luego hay una información que aquí nos dio el señor de Comisiones
Obreras, al que dijimos que la documentara. Según mis noticias, esa
documentación no ha llegado. Queríamos saber qué es lo que usted opina.
Nos dijo que don Juan Guerra compró una serie de material de la empresa y
que no lo pagó. Me gustaría saber si usted opina que eso es un rumor o es
algo comprobado y que existe documentación, porque nosotros pedimos a
quien lo afirmó que mandara la documentación pero, como digo, no ha
llegado. ¿Usted opina que eso es un rumor con poco fundamento? ¿Es algo
comprobado en la empresa y que los trabajadores de la empresa piensan que
es algo fehaciente? ¿Hay documentación que lo prueba?
Nada más por mi parte.
El señor PRESIDENTE: Señor Valenzuela, cuando guste.
El señor SECRETARIO PROVINCIAL DE LA UGT DE MALAGA (Valenzuela Pasada):
Unicamente puedo decirle que yo no estuve en el hotel Cervantes y que no
sé quién del sindicato estuvo. Sé que estuvo gente. No puedo responderte
de otra manera. ¿Quiénes? No lo sé.
No conozco que se haya brindado con champán. Es posible que algunos hayan
brindado, pero yo lo desconozco. Lo digo sinceramente. Tan es así que
anuncio, como responsable del sindicato en Málaga, que la venta me parece
un timo a la italiana. Por tanto, parece claro que yo no era la persona
--digo yo-- de suficiente confianza para esa reunión y por eso no me
llamaron. Eso se pone de manifiesto, pero no puedo inventarme aquí una
respuesta que te satisfaga, sino decir con rigor la verdad.
En cuanto a lo de Juan Guerra, no sólo no lo he escuchado como rumor
nunca sino que, incluso, me parece que si fuera verdad, con todo lo que
se ha liado con el Guerra, se hubiera podido demostrar y hubieran sacado
ese tema. Esto ya es una opinión mía. Por tanto, me parece una cosa de
poca consistencia y de poca seriedad. Esta es mi opinión. No he escuchado
nunca, ni siquiera como rumor, este anuncio, que para salir en titulares
en Málaga mi homólogo dijo. No se había escuchado nunca, Pablo créetelo,
ningún rumor en relación con este tema, y ya sabemos la habilidad que
tiene nuestro querido amigo, ¿no?
El señor PRESIDENTE: ¿Alguna cosa más, señor Izquierdo?
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Debo intervenir en este momento porque yo fui
quien hizo esa pregunta, de la que tengo la respuesta. Lo que sucede es
que hay una persona
que está en una situación delicada, porque es un administrativo de
Intelhorce, al que no voy a citar aquí. A mí me costaría bien poco, señor
Valenzuela, decir que este señor asegura que él recibió la visita del
señor Guerra y posteriormente una llamada telefónica de una institución
política de Málaga recomendando --porque él había denegado por escrito el
servicio, puesto que este señor no era cliente de Intelhorce-- que se le
sirviera. También asegura que este servicio, que ascendía a la suma
aproximada de 30 millones de pesetas en sábanas, toallas y albornoces, no
se pagó.
Estoy completamente convencido de que si esta Comisión de investigación
tiene tiempo y paciencia, la documentación que se ha prometido,
testifical o escrita o de algún otro tipo, se aportará. Pero no es ningún
problema, porque si al final resulta que don Juan Guerra tiene una deuda
con Intelhorce de 30 millones de pesetas, lo que tendrá que hacer será
pagarla, nada más.
El señor PRESIDENTE: Señora Sánchez.
La señora SANCHEZ LOPEZ: Hay un tema que desde el principio no me cuadra.
Había una condición, según se nos ha explicado por parte de los
comparecientes responsables de la Administración, que ponían las empresas
Benorbe y Benservice para comprar la empresa, que era la de que estuviese
de acuerdo con esa compraventa la parte social, es decir, que hubiese un
acuerdo de los trabajadores.
Hay informaciones que se contradicen en este tema. Parece que ninguno de
los sindicatos estaba de acuerdo con esa venta, pero, según yo conozco
también, porque he vivido en Málaga siempre, y este tema ha sido fuente
de noticias en la prensa malagueña, no hubo en todo caso, que yo recuerde
--si no es así que el señor Valenzuela me contradiga--, oposición en el
comité de empresa por parte de los representantes de los trabajadores ni
por parte de los trabajadores constituidos en asamblea o sin constituir,
digamos uno a uno. Por tanto, había una unanimidad en la empresa, no digo
ya en los sindicatos, o en la estructura provincial o más burocrática de
los sindicatos, sino en los trabajadores y sus representantes en el
comité de empresa. No hubo oposición. Si no recuerdo mal, hubo acuerdo
por parte de los trabajadores y de sus representantes en que esta venta
se produjera en las condiciones en que se produjo. Y también, si no
recuerdo mal, este asentimiento de los trabajadores se debía al
convencimiento que tenían de que el grupo Benetton estaba detrás de los
compradores, no tanto por la confianza que tenían en estas dos empresas
que iban a figurar como dueñas de Intelhorce, como porque todo el mundo
estaba convencido de que Benetton estaba detrás de esta operación de una
o de otra manera. Me gustaría que me aclarase un poco esto, porque si los
trabajadores estaban de acuerdo pero los sindicatos no, y sin embargo los
trabajadores en Intelhorce se organizan en sindicatos, votan y tienen
representación sindical en los comités de empresas, que se explique un
poco esto.
El señor PRESIDENTE: Señor Valenzuela.
El señor SECRETARIO PROVINCIAL DE LA UGT DE MALAGA (Valenzuela Pasada):
Señor Presidente, ésta no es una pregunta concreta, por tanto ahora no
puedo tener concreción.
Efectivamente, es un poco contradictorio todo lo que ha ocurrido y no se
puede responder ni sí ni no, merece un explicación. Y la explicación que
merece es que el posicionamiento de los trabajadores está a favor de que
la empresa continuara en el sector público. Esa era la posición de los
trabajadores y de los sindicatos.
Los sindicatos empezamos a transmitir a los trabajadores que no era
posible el mantenimiento en el sector público, a pesar de que era lo
deseable, porque era la garantía para seguir cubriendo pérdidas, para
garantizar el empleo, para lo que habían sido los últimos 26 años.
Estábamos en esa situación complicada y ciertamente difícil. Los
sindicatos actuábamos diciendo a la gente en asamblea que la
privatización no era mala del todo, que era difícil seguir manteniendo
esta situación de cara al futuro, que no era lo mismo que antes, que
estamos incorporados a Europa desde 1986. Todo esto se ha dicho a los
trabajadores, se ha debatido, se ha discutido. Todo eso es cierto y no se
puede ocultar. Pero ¿qué ocurre? Que los trabajadores, finalmente, porque
no tienen más remedio, aceptan la realidad de que tiene que privatizarse,
pero no porque esté firmada en ningún sitio, ni esté acordada en ninguna
asamblea, ni en acta de comité. Nada de eso. Aceptan una realidad con la
que no pueden seguir luchando y pegándose cabezazos contra el cemento,
como yo digo. No pueden, porque al final es una realidad contra la que no
se puede luchar. Les tranquiliza que la Benetton ande detrás. Esto es lo
que relaja un poco el ambiente y la tensión. Por consiguiente, puedo
decir a Lola que no hay ningún acuerdo de los trabajadores en asamblea
aceptando la compra, ni del comité aceptando la compra, puesto que ni
siquiera es partícipe, ni se le llama, ni se le da ningún tipo de
explicación. Lo que hacen al final los trabajadores es no combatirlo.
Vamos a ver qué ocurre. Vamos a darle un margen de confianza. Lo he
explicado antes. En enero o en febrero de 1990 empezamos ya a echarle en
cara los compromisos que no se cumplían, las cosas raras que se estaban
observando en fábrica. Hay denuncias de la UGT a la empresa y a
Patrimonio del Estado acompañando hasta tres folios, comentando a nuestro
juicio las irregularidades sin aportar ningún tipo de pruebas. Eso es
cierto.
Estas son las circunstancias, no son otras. Por consiguiente, ni es A ni
es B. Es una cosa como yo la he explicado. No hay nada determinante.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Valenzuela, por su
información.
--DEL ADJUNTO A LA DIRECCION DE INTELHORCE (ARRIBAS FERNANDEZ).
El señor PRESIDENTE: Proseguimos con el orden del día previsto.
Comparece en este momento don Abel Arribas Fernández, en su condición de
adjunto a la entonces dirección de Intelhorce, que viene asistido por
doña Rocío Belda. A
ambos le damos nuestra bienvenida a esta Comisión. Les agradecemos de
antemano la información que van a facilitarnos y le informo, señor
Arribas, de lo siguiente, que se refiere al proceder de nuestra Comisión.
Usted dispone en estos momentos de un tiempo que crea pertinente para
exponer ante los comisionados aquello que estime oportuno, siempre de
acuerdo con el objeto de la comparecencia. Lógicamente, no es de obligado
cumplimiento. Si le parece bien, ofrece esa información y, si no lo cree
pertinente, no la hace. A continuación pasaríamos a las preguntas que le
van a formular los señores comisionados. Luego siempre hay un segundo
turno al hilo de las respuestas que se van dando, siempre de acuerdo con
lo que los propios comisionados crean oportuno. También usted puede hacer
uso de la palabra si lo cree pertinente, al final.
Le reitero la bienvenida y puede ahora disponer de este turno, si así lo
desea.
El señor ADJUNTO DE LA DIRECCION DE INTELHORCE (Arribas Fernández):
Gracias, señor Presidente.
En la citación de comparecencia aparecen reflejados tres puntos. El
primero es cómo se produjo la privatización, el segundo cuáles han sido
las circunstancias que llevaron a que el Estado volviera a tomar el
control de la sociedad, y, por último, la actual situación económica de
la sociedad.
Me gustaría decir que una parte de los antecedentes de la privatización
solamente la he conocido «a posteriori», pero sí tengo referencia de
ello; hay un momento de la compra en el que estuve presente y quizá pueda
aportar alguna aclaración en ese punto.
Cuando se produce la privatización, yo creo que hay un período que, como
decía, he conocido después, en el que la sociedad Improasa, que era la
encargada de ofrecer esa compra a posibles interesados, hizo una relación
de 106 posibles interesados, entre los cuales apareció este grupo
perteneciente a un señor italiano que era el licenciatario en España de
una franquicia conocida, que mediante una carta de confidencialidad pide
el cuaderno de ventas: Improasa le entrega ese cuaderno de ventas
aproximadamente en marzo de 1988 y un año más tarde presenta la primera
oferta. Esa oferta se produce en marzo de 1989, garantizando su solvencia
con un aval de 100 millones de pesetas, que era lo que pedía en aquellos
momentos la sociedad Improasa, que era la que tenía que garantizar la
solvencia de la oferta. Digo esto porque ha habido algunas declaraciones
aquí en las que parecía que la solvencia se veía desde otro ángulo. Como
consecuencia de esa oferta que se presenta en marzo, el 5 de mayo de 1989
se vuelve a reiterar la oferta, quizá con algunas modificaciones,
produciéndose un acuerdo del Consejo de Ministros el 14 de julio de 1989
por el que se autoriza la operación, operación que se convierte en un
conjunto de documentos y de minutas --yo entiendo que elaboradas por los
Servicios Jurídicos de la Abogacía del Estado--, fijándose la fecha del 2
de agosto de 1989 para materializar la operación. En aquel momento
aparece en la documentación algo que parece que sorprende a los que iban
a ser compradores, y es una referencia que aparece en la autorización que
da el Consejo de Ministros sobre algún tema de información que había
pedido la Comisión Europea en relación con la situación en que se
encontraba la sociedad. Esto deja un poco intranquilos a los compradores.
Sin embargo, una vez efectuada una aclaración en la que se dice que lo
que la Comisión ha pedido es una información de la situación, los
compradores se tranquilizan y el día 4 se realiza la operación de
compraventa, en la que yo estuve presente, compraventa que, a mi modo de
ver, se produce tras una serie de pasos.
A pesar de que en ese acto estaban presentes todas las partes (los
abogados del Estado, la Dirección General del Patrimonio, que vendía, el
banco y los que presentaban la garantía, que era el abogado de la
sociedad Fianzas y Créditos), yo entiendo que hubo una especie de tracto
sucesivo, una especie de pasos, que yo creo que son los que dan sentido
al acto jurídico. Hay un primer paso en el que los señores del Banco
Exterior de España presentan un cheque de 1.800 millones de pesetas, ese
cheque se endosa, puesto que era nominativo a nombre de Intelhorce, a
favor de Fianzas y Créditos, y Fianzas y Créditos entrega un aval, que
antes de ese momento estaba previsto que tuviera otras contragarantías
pero que quizá se sustituyen en ese mismo momento. Hay un documento, que
es un anexo al contrato inicial, que en algún otro lugar me han
preguntado si se redactó en el mismo sitio --yo entiendo que sí-- y, como
consecuencia de la entrega de ese aval, se efectúa la operación de
compraventa, en la que se produce una ampliación de capital que había
sido anterior por parte del Patrimonio del Estado pero que se desembolsa
en ese mismo acto. Se entrega un cheque de 5.869 millones de pesetas y
con ello se perfecciona la compraventa. Pero había una cláusula más
impuesta en el acuerdo del Consejo de Ministros, y era que se tomase
razón, por parte del banco, de que 4.000 millones de pesetas quedaban,
podíamos decir, trabados con un procedimiento o con un mecanismo de
disposición que los hacía indisponibles; sin embargo, quedaban 1.869
millones que quedaban en ese momento de libre disposición. Este es el
momento en el que se produce la privatización.
Hay un segundo punto en la citación, que es la entrada de nuevo del
sector público.
Para poder ver esta situación, creo que hay que hacer referencia al
período que se abre desde el momento de la compra y las cosas que van
sucediendo después. Hay que decir que había habido algo más importante o
más serio que una petición de información por parte de la Comunidad;
había existido la apertura de un procedimiento, creo que con arreglo a
los artículos 92 y 93, que obligaba a que previamente no sólo se
comunicase que se iba a dar una ayuda, sino que además había que
justificar las ayudas que se habían recibido hasta ese momento.
Yo recuerdo que a principios de septiembre llamaron de la Subdirección
General del Patrimonio, y el economista que estaba al servicio de la
subdirección, que era José María Castro, nos pidió unos datos, y cuando
yo fui a llevárselos la verdad es que me sorprendió la trascendencia que
podía tener ese hecho de petición de información y de autorización
previa, porque lo que previsiblemente se estaba reclamando era el poder
considerar ilegales las ayudas que se habían dado desde la entrada de
España en la Comunidad Económica Europea el 1 de enero de 1986: estamos
hablando de 7.000 millones de pesetas. Si a eso le sumamos la ayuda que
se producía en ese momento como consecuencia de la ampliación de capital,
se podría estar hablando de 12.000 millones de pesetas, aproximadamente,
aparte de que podría haber una diferencia que se podría estimar también
por la diferencia en el precio en que se vendía.
El tema era importante. Yo, que en aquellos momentos era el asesor
financiero, doy un toque de atención, una llamada de alarma, o como
queramos decirlo, diciendo que me parece muy serio el tema y se trata de
ver si hay algo más detrás. Yo creo que en una serie de comunicaciones
que hubo entre los compradores y la Dirección General del Patrimonio se
trató de tranquilizar a los compradores diciéndoles que era un
procedimiento, pero era un procedimiento que al estar todavía en secreto
entre el Reino de España y la Comunidad no se debería hacer ningún tipo
de acción ni personarse en ese procedimiento que pudiera perjudicar la
reclamación o la situación jurídica en la que se iba a desarrollar este
procedimiento.
En esa situación no se produce hasta un poco más adelante, hasta los
primeros meses de 1990, algo que alarma mucho más a los compradores que
es la aparición en el diario oficial de las comunidades la apertura del
procedimiento sobre el tema Intelhorce.
Eso yo creo que no sólo en alguna medida afecta a los compradores y les
intranquiliza sino, lo que es más importante, empezó a intranquilizar,
porque hubo una trascendencia en la prensa, en los medios de
comunicación, a los proveedores, a los bancos con los que se trabajaba.
A partir de ahí, se empieza a producir un cierto deterioro en la
posibilidad de obtener por sí mismos una financiación que ayudara al
desarrollo de la sociedad y que era necesaria, puesto que los 5.800
millones de pesetas, por un medio o por otro, estaban trabados, y había
que conseguir una nueva financiación. Eso lleva a un deterioro de la
situación, a la necesidad de ir disponiendo de los fondos que estaban
trabados en el Banco Exterior de España --por así decirlo--, y hubo que
ir haciendo peticiones de disposición, todas ellas, tal como establecía
el procedimiento, con una auditoría, una auditoría naturalmente parcial,
que explicase en qué se habían aplicado los fondos anteriores. Es decir,
cada vez que se hacía una nueva petición de disposición había que
justificarla previamente con el refrendo de una auditoría explicando en
qué se habían utilizado los anteriores.
Llega un momento en que aparece la primera notificación importante por
parte de la Comisión a principios de 1991, no sólo la de anuncio que
había producido en 1990, sino una siguiente en la que aparece la
reclamación formal sobre las ayudas, y, en ese momento, yo creo que la
Dirección General del Patrimonio, ante el planteamiento que hacen los
compradores de que es un contrato que tenía, digámoslo así, un vicio
oculto, que tenía una contingencia importante, conocida anteriormente al
momento de la venta y no comunicada a los compradores, pide una novación
de contrato. En ese momento se intenta encontrar otro posible comprador,
una sustitución del comprador. Aparecieron varias alternativas, una de
ellas parece que era la de Hytasa, y el resultado de todo eso es que, con
una oposición que parece que hubo por parte de los trabajadores ante la
Dirección General del Patrimonio, se decide una fórmula un poco distinta,
que es la de tratar de hacer algo que diera satisfacción a la comunidad
y, por otra parte, iniciara el camino para tratar de arreglar o de
mejorar la cuenta de resultados de la sociedad.
Se nombra a don José Muñiz como administrador único con la misión de
hacer un expediente de regulación de empleo, un expediente de
reestructuración de la mitad de la plantilla, que permitiera decir ante
la Comunidad Económica Europea: estas ayudas no son posibles con la
legislación en la mano, estamos iniciando un proceso por el cual va a
tenerse una menor capacidad de producción y, por tanto, se va a dar
satisfacción a la Comunidad, y, además, se pretende que la cuenta de
resultados quede equilibrada y a partir de ese momento ver si es posible
hacer una operación por la cual puedan aparecer posibles compradores a
los que les resulte atractiva la operación.
Eso se hace y, cuando termina el proceso en abril de 1992, al señor Muñiz
se le pide que se retire, que ceda las acciones por un procedimiento un
poco complicado a Improasa, y se produce la toma de gestión por parte del
Patrimonio. Esa sería la segunda parte que estaba en la citación.
La última parte se refiere a los resultados económicos de la sociedad. Yo
he recogido algunos datos para ilustrar esa situación que me parece que
pueden ser representativos. Si tomamos el período de gestión del señor
Orefici y el señor Muñiz, nos encontramos con que las pérdidas de esos
tres años son, aproximadamente, 12.000 millones de pesetas. En el acuerdo
del Consejo de Ministros, en el que se buscan las razones de esa venta,
se dice que en el período anterior, aproximadamente de siete u ocho años,
se habían perdido 25.000 millones de pesetas, es decir, que la medida de
lo que se había perdido era alrededor de 3.000 millones de pesetas por
año. Cuando se analiza la gestión de ese período, aparece una cantidad
mayor en esos tres años de gestión del señor Orefici y del señor Muñiz,
aunque parecida. Hay algunas diferencias, pero donde se produce el salto
importante es a partir del momento en que estos señores dejan la gestión,
cuando entra de nuevo la gestión pública en la que hay alrededor del
triple de pérdidas que durante el período del señor Muñiz y del señor
Orefici. Porque, a pesar de que las cifras que aparecen en balance son de
27.000 millones de pesetas de pérdidas, que comparadas con los 12.000
millones sería el doble, a esa cantidad habría que añadirle la mejora que
supuso en la cuenta de resultados la reestructuración de plantilla, que
afectó a 700 personas con un costo medio de alrededor de tres y medio a
cuatro millones de pesetas entre la retribución y los costos, ya que se
fueron por la vía de bajas voluntarias y se fueron los de más antigüedad.
Esos 9.000 millones de pesetas en este período de tres años habría que
sumárselos a los 27.000 millones, Es decir, estamos hablando de un total
de 36.000 millones de pesetas.
Tenemos 12.000 millones en el período de la gestión del señor Orefici y
del señor Muñiz, y 36.000 millones después. Yo creo que además hay un
dato bastante significativo, que es la opinión de los peritos que han
analizado la suspensión de pagos. A la jueza que examina la suspensión de
pagos le dicen en su informe que la causa de la suspensión de pagos está
en la última gestión, que de ninguna manera se puede remontar a tres o
cuatro años más tarde.
Así que no me atrevo a valorar cuál es la consecuencia, pero si se
produce una situación de tal deterioro que lleva a la desaparición de los
700 puestos de trabajo que quedan, en ninguna medida parece que haya
indicios de que esa alarma social, o como queramos llamarla, pueda
atribuirse a las personas que realizan la gestión en el período que se
está analizando.
Con eso creo que he tratado de exponer, aunque sea brevemente, los tres
aspectos que figuraban en la citación.
El señor PRESIDENTE: Pasamos al turno de preguntas por parte de los
grupos parlamentarios y de sus representantes. En primer lugar, por el
Grupo Popular, tiene la palabra el señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Muchas gracias, señor Arribas, por comparecer
ante la Comisión de Investigación de Intelhorce y por su colaboración.
Le voy a hacer una serie de preguntas concretas, al hilo de su
intervención y de los tres aspectos que son objeto de su comparecencia y
que usted ha señalado.
Dice que el 4 de agosto de 1989 estuvo en el acto de la firma de las
diferentes escrituras, por tanto, en el acto de perfeccionamiento del
contrato de compraventa, y que en ese mismo acto el Banco Exterior aporta
un talón de 1.869 millones de pesetas, que en ese mismo acto Fianzas y
Créditos entrega el aval al vendedor, que era una de las condiciones del
contrato de compraventa.
Este tema, señor Arribas, está siendo muy controvertido en los medios de
comunicación y en esta Comisión de Investigación, no se lo oculto. ¿Por
qué? Porque no alcanzamos todavía a comprender cómo es posible que algo
se puede comprar y se garantice con los fondos de lo que se compra y que
alguien lo pueda permitir, máxime cuando como usted ha dicho el contrato
de compraventa, y en concreto ese apartado específico, que era el control
de la disposición de fondos, está sujeto a una serie de condiciones que
entiendo legales y además elevadas en escritura pública ante notario.
La pregunta es muy concreta. ¿Quién la autorizó realmente? Después de
años, la operación es ciertamente sorprendente. Posteriormente se ha
sabido que ese cheque que sirvió para contragarantizar el aval que
Fianzas y Créditos prestó a la operación provenía de la ampliación de
capital. Usted nos ha dicho hoy aquí que en el momento de la compraventa
ya se sabía. Es novedoso que diga que ya se sabía. Alguien tuvo que
autorizar esta circunstancia.
El señor García Morales, que era Presidente de Intelhorce en aquel
momento y dice haber estado también en el acto de la firma de la
escritura de compraventa, afirma que eso se hizo después de la
compraventa, nunca antes, y que los compradores se lo solicitaron --no
llegó a precisar exactamente las razones--, puesto que su firma aparece
por detrás. Yo entiendo que esta circunstancia es importante, porque es
el primer episodio en el que aparece la contragarantía de esos fondos que
todos hemos dado en llamar fondos públicos. Evidentemente, son fondos
provenientes del Estado y por eso les denominamos fondos públicos, pero
van a una sociedad que en ese momento se está vendiendo y son fondos
privados, pero fondos privados que están sujetos a una serie de
estipulaciones.
Pocos meses después, en diciembre, los compradores hacen la ampliación de
capital de ese 25 por ciento a que se habían comprometido en el contrato
de compraventa de los 2.000 millones de pesetas.
Lo cierto y verdad es que en esos documentos que todos hemos leído se
determina que eso se hace en ese momento. Lo que sucede es que en ese
momento no se hace, sino meses después. Y para hacerlo el Banco Exterior
de España da un préstamo personal a las sociedades Benorbe y Benservice
que está garantizado, como el anterior, con fondos procedentes de la
ampliación de capital. En estos dos extremos hay dos circunstancias desde
mi punto de vista significativas y luego entraremos en ellas, con su
permiso. Ambos fondos, el primero de 1.800 millones de pesetas --puesto
que se libra otro cheque por 69 millones de pesetas, tengo entendido-- y
los 500 millones de pesetas que sirven para contragarantizar la operación
del 27 de diciembre están invertidos en Letras del Tesoro. Son fondos
públicos que entiendo que están depositados en esa cuenta cuya numeración
es la 30/40401/I. Están intervenidos en Letras del Tesoro y luego le haré
otra pregunta a este respecto.
Vuelve a darse esa circunstancia. Esa circunstancia es conocida por
Patrimonio del Estado. ¿Quién la autoriza? El Banco Exterior sí sabe que
esos fondos están trabados con una serie de condiciones y no debe
permitir que los compradores de Intelhorce utilicen esos fondos, ni
siquiera invertidos en Letras del Tesoro, para contragarantizar un
préstamo personal. ¿Por qué se hace esto exactamente?
Tercera cuestión sobre los fondos públicos. Fecha 20 de diciembre de
1991. Desde agosto de 1989 usted ya está en Intelhorce y en esas fechas
creo que también. El aval pasa de Fianzas y Créditos al Banco Exterior.
¿Por indicación de quién? ¿Por voluntad de los compradores? ¿Por voluntad
de Patrimonio del Estado? Según nuestras noticias, un cheque de 721
millones de pesetas, al parecer del Banco de España, que estaba en
depósito en el Banco Pastor, se lleva al Banco Exterior, el mismo 20 de
diciembre se invierte en Letras del Tesoro, produce un nominal de 1.921
millones de pesetas y sirve para contragarantizar el aval que en este
caso acepta Patrimonio del Estado del Banco Exterior, banco público. ¿Lo
determinan así los compradores? ¿Se determina así desde instancias de
Intelhorce o es algo que exige Patrimonio del Estado? Sobre esto quiero
decirle que entre la documentación a la que hemos tenido acceso figura
una carta del Secretario General de la Dirección General de Patrimonio
del Estado al Banco Exterior en la que se dice que, por las
circunstancias del aval del que le estoy hablando, se estaba negociando
el aplazamiento del precio
de los 2.000 millones de pesetas, puesto que ya se había cumplido en
junio de 1991 el primer pago del precio. Es otra pregunta que quizás
pueda contestar. ¿Por qué se incumple el primer pago? ¿Qué es lo que dice
la compañía a los compradores, a Patrimonio del Estado para incumplir?
¿Exige Patrimonio del Estado inmediatamente después el cumplimiento del
pago? En su opinión, ¿por qué no se ejecuta el aval de Fianzas y
Créditos, entonces en vigor?
Al hilo de estas fechas concretas, de la compra el 27 de diciembre de
1989 y el 20 de diciembre de 1991, hay otra pregunta que es la siguiente:
¿En algún momento le comunica por escrito usted o los dueños de
Intelhorce, es decir, GTE, a Patrimonio del Estado que el primer aval
estaba garantizado con fondos públicos y el segundo era de Fianzas y
Créditos? Entre la documentación a la que hemos tenido acceso existe una
carta --deseo que me diga si realmente existe o no y si se envió a la
Dirección General de Patrimonio del Estado-- en la que usted le envía el
estado de los balances de las sociedades Benorbe y Benservice. En esos
balances veo varios asientos en los que figura Patrimonio del Estado. No
lo tengo aquí y me perdonará que no sepa la cantidad concreta, pero se ve
claramente que viene de Patrimonio del Estado, 1400 millones en Benorbe o
en Benservice, y 600 millones en la otra sociedad.
Lo que realmente me llama la atención es que esto es comunicado por los
compradores de Intelhorce o por GTE en algún momento, no sé en qué fecha,
a la Dirección General de Patrimonio del Estado, o se les pide algún tipo
de información sobre las sociedades compradoras de Intelhorce. La
pregunta es: ¿es cierto esto? ¿Por qué se pide?
La pregunta general sobre esta cuestión concreta es: ¿ocultaron los
compradores en algún momento a la Dirección General de Patrimonio del
Estado estas circunstancias, que la contragarantía de los avales se había
hecho con fondos públicos en la primera operación, en la segunda, en la
tercera, en los avales del Banco Exterior?
¿Qué opinión le merecen las consideraciones de los Servicios Jurídicos
del Estado, que en diferentes informes señalan la responsabilidad del
Banco Exterior en todo este proceso, responsabilidad derivada de que se
incumplieron las condiciones establecidas de control de esa cuenta a la
que usted ha hecho referencia, de esos fondos que de alguna manera no
estaban disponibles? En cierta medida se señala la responsabilidad de
personas en el Banco Exterior de España que permitieron a los compradores
de Intelhorce hacer uso de los depósitos efectuados en esa cuenta. La
pregunta es doble: ¿le consta a usted que esa cuenta se moviera por
indicación de los compradores de Intelhorce? Porque luego hemos sabido
que esa cuenta a la que siempre hago referencia fue invertida en Letras
del Tesoro, y ha habido movimientos muy importantes. Yo tengo aquí el
resumen que al efecto facilita la Agencia Tributaria, y ya desde el 4 de
agosto de 1989 empieza a haber compraventa de Letras del Tesoro por
importes pequeños y por importes más grandes. Al final creo que algún
directivo del Banco Exterior de España ha llegado a declarar en algún
medio de comunicación que esa cuenta rindió cerca de 9.000 millones de
pesetas en total. No sé si la cantidad será exacta o no.
Se formaliza una cuenta nueva, que es la que se ha llamado cuenta enlace.
Me gustaría que usted nos explicara qué es esta cuenta de enlace, que
tiene una numeración correlativa a la anterior, 402. Al mismo tiempo, el
Banco Exterior abre una serie de cuentas de crédito con GTE en su oficina
principal de Madrid y otras en Málaga, etcétera. Lo que realmente me
llama la atención es que, aunque los movimientos en Letras del Tesoro de
la primera cuenta se supone que únicamente pueden ser autorizados por
Patrimonio del Estado, empiezan a aparecer asientos contables en la
cuenta de enlace y en las otras cuentas de crédito de GTE. Esta es una
circunstancia que yo le enuncio por si acaso usted quiere aportar algún
dato.
¿Qué persona concreta, si usted la conoce y puede aportar el dato a la
Comisión, gerenciaba la cuenta del Banco Exterior de España? Puesto que
esa autorización para disponer de fondos se supone que la tenía que dar
Patrimonio del Estado al Banco Exterior, ante la petición de los
compradores; alguna persona física tendría que tener los poderes,
lógicamente del Exterior y de Patrimonio del Estado, para gerenciar esa
cuenta.
Ha dicho usted que todo el proceso de Intelhorce después de la compra
gira en torno al tema comunitario. A su juicio ésta es la circunstancia
por la que se producen una serie de desavenencias y unas negociaciones
para la novación del contrato con Patrimonio del Estado. Esto determina
que se encargue un plan de viabilidad para reducir --según ha explicado
usted-- la plantilla y para que la Comunidad Económica Europea pudiera
entender que no se estaban aumentando las capacidades de producción,
etcétera, y que, por tanto, no había habido en su momento ayudas ilegales
que interfirieran en el mercado. ¿Esto se hace solamente a instancias de
GTE o también a instancias de Patrimonio del Estado? Me explico.
Creo que se contrata a una empresa o a una persona para hacer este plan
de viabilidad. En algunas de las actas del Consejo de Administración de
GTE figura la comunicación de que se va a contratar al señor Gutiérrez
Castaño para hacer esto, y supongo que esta empresa contrataría a una
serie de consultores externos. Me llama mucho la atención una carta del
Banco de Crédito Industrial dirigida a su sede en Madrid en la que se
deniega la operación financiera que se proponía a resultas de ese plan de
viabilidad, que era una financiación externa aproximada de 10.000
millones de pesetas, porque se indica que estas sociedades no tienen
ningún tipo de garantías. En esos momentos aparece don Luis Alcaide de la
Rosa como Director General del Patrimonio del Estado y don Rafael Alcaide
como consultor externo. Además sé que hubo reuniones. Usted lo podrá
confirmar, puesto que he visto ciertas minutas y documentación que hacen
referencia a las mismas en Patrimonio del Estado sobre todo este proceso
de negociación, con una intermediación por parte de este profesional, el
señor Gutiérrez Castaño, este consultor externo, Rafael Alcaide, y la
Dirección General del Patrimonio del Estado, con don Luis Alcaide de la
Rosa, etcétera. Repito la pregunta: ¿esto es algo que se hace a
instancias de GTE o se hace a instancias de Patrimonio del Estado?
Aquí también late la negociación con Hytasa, que había sido recientemente
privatizada y tenía los mismos problemas que Intelhorce, puesto que
también estaba sometida a un expediente comunitario, para que Hytasa
compre Intelhorce. ¿Esto es algo que la Dirección de Intelhorce
aconsejara, o es algo que Patrimonio del Estado determinó hacer en un
momento dado?
¿Por qué pregunto esto? Porque me gustaría conocer exactamente la razón
por la cual la Dirección de Patrimonio del Estado no ejecutó en su
momento el aval en el incumplimiento del precio del pago, puesto que era
un precio que estaba avalado y, por tanto, podía cobrarlo. Pero no
solamente no se ejecuta en ese momento, sino que cuando se da la solución
que se da a la situación de Intelhorce, que es volver al sector público a
través de Improasa, tampoco. Se ejecuta después, en el año 1993.
Yo creo, señor Presidente, que, aunque de una manera un poco deslavazada,
usted me perdonará, señor Arribas, he intentado plantear una serie de
cuestiones a las que quiero que dé usted respuesta para luego, en la
réplica y a la luz de sus informaciones, poder entrar en el tema concreto
de las inversiones en Letras del Tesoro, porque acabo de decir que se
ejecuta el aval un tiempo después, luego Patrimonio del Estado recupera
2.000 millones de pesetas; esa cuenta inicial hecha en el Banco Exterior
de España tiene unos réditos, puesto que ha habido unas inversiones; del
estudio de las cuentas que manejaba Intelhorce en el Banco Exterior de
España, con independencia de la aplicación de esos fondos, se sabe el
dinero que ha ido a Intelhorce y también se sabe --creo que usted es
economista y ha sido director adjunto de esta empresa-- que el dinero de
las comisiones bancarias, gastos financieros, etcétera, queda en el otro
lado. Evidentemente, cuando Patrimonio del Estado ejecuta el aval la
contragarantía también se ejecuta. Por tanto, el Banco Exterior se queda
en poder de parte de los fondos públicos inicialmente previstos para la
ampliación de capital.
El señor PRESIDENTE: El señor Guerra Zunzunegui tiene la palabra.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Voy a hacer dos preguntas al señor Arribas.
Una de ellas es la siguiente: cuando asiste al otorgamiento de la
escritura pública ante notario, el señor Escartín, en sustitución de un
compañero suyo, del que no recuerdo el nombre, simultáneamente hay
también una escritura de ampliación de capital, conforme a lo previsto,
de 2.000 millones, y de acuerdo con la Ley de Sociedades Anónimas se
tenía que desembolsar el 25 por ciento. Se cita un cheque pero no se dice
de qué banco ni su número. Posteriormente se comprueba que esos 500
millones de pesetas no se desembolsan en ese momento sino en diciembre de
ese año. Por lo tanto, entendemos que existe una falsedad en documento
público. ¿Nos lo podría explicar? Porque realmente no lo entendemos.
Primera pregunta.
La segunda pregunta es sobre los poderes. El anterior consejo --el
presidente, el consejero delegado, etcétera-- había cesado. Se tarda ocho
o diez días en la inscripción de los poderes en el Registro Mercantil.
Sin embargo, a petición de los compradores se utilizan los poderes que
tenía el anterior consejero delegado para disponer de unos fondos. Se
dice que es agosto, que aunque se había celebrado la junta general
universal todavía no estaban los poderes de los apoderados inscritos,
etcétera. ¿No entiende usted que es algo extraño en el tráfico mercantil
que cuando cesa un presidente, un consejero delegado y un consejo se
utilicen posteriormente los poderes que tenían hasta ese momento?
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Señor Arribas Fernández, puede contestar. Yo
comprendo que son muchísimas las preguntas que le han formulado. Usted
trate de contestarlas y, si necesita tiempo o alguna aclaración, con
mucho gusto los señores Diputados lo harán.
El señor ADJUNTO A LA DIRECCION DE INTELHORCE (Arribas Fernández): El
señor Izquierdo, en su primera afirmación, dice que el Banco Exterior de
España llevó a la reunión de la compraventa un cheque de 1.869 millones
de pesetas. Eso no es correcto. El Banco Exterior de España llevó un
cheque de 1.800 millones de pesetas. Yo tengo aquí la fotocopia. Es un
cheque de 1.800 millones de pesetas, de 4 de agosto de 1989, extendido
por el Banco Exterior de España contra su cuenta en el Banco de España.
También se puede ver el dorso. Con la explicación que he tratado de hacer
de lo que era el tracto sucesivo, don Diego García Morales, como en ese
momento todavía era presidente de Intelhorce, lo endosa a favor de
Fianzas y Créditos. El abogado de Fianzas y Créditos dice en el documento
aquí adjunto, con fecha 4 de agosto, que habiendo recibido el cheque
reflejado en la fecha de hoy lo toma. No cabe duda de que es este mismo
cheque el que utiliza Fianzas y Créditos, porque el día 4 de agosto era
viernes, la firma de estos documentos se termina aproximadamente a las
dos de la tarde y la compensación de ese cheque está hecha --está en la
misma cara del cheque-- el lunes 7 de agosto por el Banco Pastor, que era
el banco en el que Fianzas y Créditos depositó los fondos. Así que
ninguna duda yo tengo, con los datos documentales de que dispongo, de que
fue lo que contragarantizó el aval el cheque extendido por el Banco
Exterior de España contra su cuenta en el Banco de España, no contra una
cuenta de Intelhorce. Esa contragarantía permitió la entrega del aval y
en el siguiente tracto jurídico el comprador compra. ¿Cómo paga? Con el
aval. En ese momento es cuando se produce el cese o la renuncia de los
antiguos consejeros. Así que el endoso se produce en ese acto y se
produce jurídicamente en un momento anterior; diez o cinco minutos, un
segundo. El tiempo no es importante. Yo creo que es importante el
concepto jurídico. Porque si no ¿cómo el avalista entrega el aval? ¿Sin
haber recibido nada a cambio? Lo que recibe a cambio, como
contragarantía, es el cheque de los 1.800 millones de pesetas.
Usted me pregunta, dentro de ese contexto, quién creo yo que pudo ser la
persona que dio autorización para extender ese cheque. Yo no puede decir
quién fue la persona. En todo caso habría que preguntárselo al Banco
Exterior
de España. Pero sí digo que es un cheque que tiene unas características
muy especiales, porque para 1.800 millones de pesetas no tiene
autorización el director de una oficina y yo dudo que ni siquiera una
comisión de trabajo. Entiendo que tuvo que ser alguien que tuviera las
siguientes características. En aquellos momentos el Banco Exterior de
España era cien por cien patrimonio del Estado, Intelhorce era cien por
cien patrimonio del Estado, Improasa era cien por cien patrimonio del
Estado. Luego entiendo que alguien dentro de ese contexto --yo no conozco
lo que es la estructura orgánica del patrimonio del Estado-- con
atribuciones suficientes pudo decirle a una oficina, aunque fuera la
oficina principal del Banco Exterior de España que hiciera el cheque y lo
llevase. Porque de lo que no cabe duda es que dos personas del Banco
Exterior de España que estaban en ese acto llevaron ese cheque, que
además esas dos personas tenían un cometido más, que era tomar razón de
que de los otros 4.000 millones de pesetas sólo se podría disponer con un
calendario determinado y con algo muy importante, una autorización de la
Dirección General de Patrimonio para disponer de cada tramo; si no, no se
podría disponer. A su vez, la Subdirección General de Patrimonio
necesitaba que la aplicación del dinero por la que se pedía nuevos fondos
tendría que estar auditada. Salvo en un momento en que hay una
intervención, me parece que con una cantidad pequeña, de un auditor
también internacional, que es Price Waterhouse, tradicionalmente ha sido
Deloitte and Touche o Spacontrol, que se llamaba antes, el que había
auditado esta sociedad --por tanto, la conocía desde hacía seis o siete
años--, que siempre ha estado unido a las empresas del Estado --auditaba
Imepiel e Hitasa-- y, por tanto, es un auditor absolutamente conocido por
Patrimonio. No es un auditor nuevo que han nombrado los compradores y que
no conoce la sociedad y teóricamente se le puede pasar algún aspecto
determinado de la contabilidad. Conocía perfectamente la sociedad y, por
tanto, cada vez que daba una auditoría parcial decía: He comprado que se
ha gastado tanto en esto y tanto en esto. Lo llevaba a la Dirección
General de Patrimonio y decía: Mire usted, como hemos gastado esto,
autorícenos un siguiente tramo. Y la Dirección General de Patrimonio,
normalmente don Miguel Angel Herrera, daba una autorización firmada al
Banco Exterior de España para la disposición de un nuevo tramo.
Usted me decía que se invierte el Letras del Tesoro. Como de ese fondo se
va sacando algunas cantidades, lo que se llama cuenta de enlace, es por
lo que se depositan 4.000 millones de pesetas. Al invertirlos en Letras
del Tesoro, los intereses son lo que financieramente se llama al tirón.
Es decir, que cuando yo compro una letra de un millón de pesetas pago por
ella 950.000 pesetas. Así que cuando se compraron las letras, no me
acuerdo cuánto, pero se pagarían tres mil no sé cuántos millones de
pesetas. Quiere decirse que había una diferencia de intereses de la que
se podía disponer. Y esa cantidad a disponer es lo que se llamó --yo no
sé si es un eufemismo o cómo lo podemos denominar-- cuenta de enlace de
Madrid. ¿Por qué se separa de la contabilidad del resto de la empresa?
Porque había que dejarla de tal forma que el auditor no tuviera ninguna
duda, pues iba a tener que hacer informes parciales de auditoría
diciendo: He comprobado que de la cuenta tal se han gastado tantas
pesetas y como consecuencia de ello pide que se autorice un nuevo tramo.
Se ha dicho algunas veces que esta cuenta era opaca. Yo creo que era la
más clara de todas, porque era la que especialmente tenían que controlar
la Dirección General del Patrimonio y los auditores. Si se hubiera
mezclado con el resto de la contabilidad, en una empresa como ésta, con
un volumen tan grande de compras, de ventas y de todo tipo de
movimientos, el auditor, cuando se le pedía un nuevo tramo de 500 ó 300
millones para determinar en qué se había gastado, tendría que haber
realizado una auditoría completa. Pero para hacer una auditoría completa
un auditor necesita dos, tres o cuatro meses. Podría ocurrir que ya
entonces el dinero no tuviera el mismo sentido que en el momento en que
se pedía. Por tanto, se separó y se la llamó cuenta de enlace,
absolutamente controlada por el Banco Exterior de España, y cuando digo
Banco Exterior de España sigo diciendo que era Patrimonio, porque el
Banco Exterior de España hoy se llamará Argentaria y tendrán el 50 por
ciento los particulares, pero en aquel momento era cien por cien
Patrimonio del Estado. Yo creo que esa cuenta de enlace era absolutamente
transparente.
Se invertía en Letras del Tesoro con la transparencia que permite la
inversión en un documento de Deuda Pública, que está absolutamente
controlado, que además permite al auditor --como él dice en sus
auditorías-- constatar que las Letras del Tesoro o el documento de que se
trate se ha contabilizado por el valor de compra. Ese control ni siquiera
lo toma de la sociedad, porque una de las cosas que especialmente tiene
que controlar el auditor son los ingresos extraordinarios de la cuenta de
cualquier empresa. Porque ¿cuál era la actividad de esta sociedad? Vender
tela, tejidos, etcétera. Lo extraordinario, como ingreso extraordinario,
eran los intereses financieros. Y eso es en lo que tiene que poner
especial énfasis en controlar el auditor. Por consiguiente, no hay
ninguna duda de que esa cuenta no ha tenido en ningún momento nada de
opacidad. La cuenta estaba controlada por el auditor, estaba controlada
por el Banco Exterior de España, que era del auditor y, además, tenía una
obligación puntual de la que el notario dio cuenta a las partes diciendo:
He tomado razón de que el Banco Exterior de España --don fulano y don
fulano-- van a controlar que estos fondos quedan trabados con las
condiciones que se especifican, teniendo que justificarlo, etcétera.
En un segundo punto usted hace referencia a los 500 millones de pesetas
relativos a la ampliación de capital. En la escritura de compraventa se
dice que en el acto de la compraventa, dentro del compromiso que suponía
esta operación, los compradores entregan en la caja social dos cheques,
uno de 350 millones de pesetas de Benorbe o Benservice --no lo recuerdo
bien-- y otro de 150 millones de pesetas. Por tanto, los dos cheques
existieron. En aquella mesa, en aquel momento el notario los tuvo que
tener en su mano, si no ¿cómo se puede decir que se ingresan en ese
momento en la caja social? ¿Qué es lo que sucede después? No podemos
olvidar que durante el mes de agosto la
fábrica está cerrada, la empresa no funciona, sólo tiene abiertos algunos
servicios. En ese pequeño intervalo de tiempo entre la firma y el mes de
septiembre se produce un acontecimiento que yo considero importante: una
noticia, hasta cierto punto alarmante, sobre la Comisión. Yo diría que
hay algún documento que al menos sorprendente, y es que la Subdirección
General de empresas participadas del Estado, el mismo día que se firma,
comunica a la Comisión que se ha vendido. La carta está escrita a máquina
y la fecha está puesta a mano. Yo no me atrevo a juzgar esto, pero parece
como si se hubiera estado esperando a dar la información a la Comisión
--que la estaba pidiendo desde hacía mucho tiempo-- después de producirse
la venta. ¿Por qué? Porque si la da antes es posible que los compradores
se echen atrás. Yo creo que tenía una cierta prisa. Los compradores no
tenían ninguna prisa en que se hiciera la operación en el mes de agosto.
¿Por qué? Porque el mes de agosto tenía un costo de paro de la fábrica
muy importante: 60 millones de pesetas por lo menos. Por tanto, si
hubieran esperado a hacer la operación en septiembre habrían ganado 60
millones de pesetas. Nadie está dispuesto a tirar el dinero. ¿Quién
presiona para que la venta se haga lo antes posible? Patrimonio del
Estado. Probablemente ahí está la razón del cheque de los 1.800 millones
de pesetas. Entiendo que esto era --y voy a emplear un lenguaje
coloquial-- una patata caliente que tenía en la mano y quería soltarla lo
antes posible, porque sabía que la Comisión, en cualquier momento, podía
realizar alguna acción que permitiera a los compradores conocer esas
circunstancias.
Hay algo que es importante y que yo no me atrevo a valorar desde el punto
de vista jurídico, pero cuando se hace la escritura de compraventa el
presidente y el secretario del consejo firman un balance en el que
entregan la sociedad con su balance, añadiendo una cláusula en la que se
dice que cubrirían las posibles contingencias, lo que podríamos
considerar saneamiento y evicción. Pero eso lo dice la ley. No hacía
falta que figurara en el contrato. ¿Por qué lo dicen? Yo creo que porque
estaban curándose en salud. Si ese balance hubiera estado auditado, si
los administradores, el presidente y el consejero delegado no hubieran
advertido al auditor la contingencia posible de reclamación de 7.000
millones de pesetas de la comisión, yo creo que hubieran incurrido en una
grave responsabilidad. Pero yo pienso que, como el balance no está
auditado, la responsabilidad no se pierde y tendrían que haberlo
comunicado a los compradores. Yo no sé ponerle nombre a esto con el
Código Penal en la mano, pero sí existe una grave irregularidad del
vendedor que firma un balance sabiendo que tiene un vicio oculto muy
importante. Eso no puede decir que no lo conocía don Diego García
Morales, porque la comunicación que hace la Comisión --de 4 de abril de
1989--, en la que abre el expediente, le dice que informe sobre las
ayudas anteriores, no sobre la nueva que va a realizar, de los 5.800
millones de pesetas. El 24 de abril se convoca un consejo de urgencia y
el presidente informa de la gravedad de ese hecho y de la posible
reclamación, por parte de la Comisión, de los 7.000 millones de ayudas
que había habido desde el 1 de enero de 1986, que se entra en la
Comunidad, y el momento en que se produce la comunicación. Así que ya lo
conocía. Hay un segundo consejo, en mayo del mismo año, en el que vuelve
a reiterar todos los problemas que conlleva. ¿Cómo es posible que
conociendo eso, que está en el acta, que él la firma y que da el visto
bueno como presidente, cómo es posible que no se lo comunique a los
compradores, a los que les está firmando un balance? Una contingencia tan
importante tendría que haberla puesto de manifiesto. ¿Qué es lo que pasa?
Que cuando se incorporan los trabajadores, los posibles directivos y
asesores es cuando se hace entrega de los libros de actas. Cuando se ve
eso, ¿qué hacen los compradores? Dicen: Esto es algo nuevo, esto no nos
lo habían contado, esto no es lo que creíamos. Y no se llega a producir
el ingreso de los dos cheques en las cuentas de la sociedad.
¿Qué es lo que pasa? Llega el mes de diciembre y había que cumplir con el
acuerdo de la ampliación de capital, y entonces se piden al Banco
Exterior de España dos créditos: uno de 350 millones de pesetas a nombre
de Benorbe y otro de 150 millones a nombre de Benservice. Esos créditos
son los que producen la ampliación de capital, se invierten en Letras del
Tesoro y se dan como garantía las acciones y el propio crédito; es decir,
que se garantiza dentro de la propia operación. Pero no son los fondos de
los 5.800 millones, es un crédito nuevo que da el Banco Exterior de
España. ¿Con qué autorización lo da? ¿Con qué conocimiento? Pues está muy
claro para lo que son: para la ampliación de capital. ¿Quién autoriza esa
operación? Yo no lo puedo decir, no lo sé, pero habrá que preguntárselo
al Banco Exterior de España, pero eso no es sacarlo. Me ha parecido
entenderle que la ampliación de capital se cumple a finales de diciembre,
y que se cumple a finales de diciembre con los fondos entregados por la
Dirección General de Patrimonio, los 5.869 millones. No, con dos créditos
nuevos.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Eso no es que yo lo sepa, sino que se deduce
de un informe de los servicios jurídicos. En ese informe se manifiesta
que los compradores piden esos créditos y los contragarantizan nuevamente
con fondos públicos.
El señor ADJUNTO A LA DIRECCION DE INTELHORCE (Arribas Fernández): Con
fondos públicos no, con Letras del Tesoro compradas, que son fondos
públicos, pero compradas con el propio crédito. Es decir, se entrega un
crédito y ¿cuál es la garantía de los fondos públicos? Las Letras del
Tesoro, que se quedan trabadas, que se quedan metidas allí, igual que los
otros 4.000 millones o los que quedaran en ese momento. Creo que entonces
ya se había hecho alguna disposición de los 4.000 millones de pesetas.
Esa es, digamos, la situación.
La tercera pregunta es qué pasa el 20 de diciembre de 1991, cuando
Fianzas y Créditos se sustituye por el BEX. He creído entenderle que
había 721 millones de pesetas. No; era 1.721 millones de pesetas, que se
entregan por parte del Banco Pastor y, como consecuencia de eso, el aval
de la operación lo da el Banco Exterior de España. Preguntaba usted por
qué no se había ejecutado en ese momento el aval anterior del primer
pago. Yo entiendo que
Patrimonio asumía que el contrato estaba novado, que el contrato había
cambiado y, por consiguiente, no ejecuta, ni siquiera comunica que va a
ejecutar y que, por tanto, se efectúe el pago. ¿Por qué? La operación era
una operación nueva; estábamos ante unas circunstancias nuevas. Oiga,
usted no me ha dicho que había una contingencia tan importante dentro del
balance y, por tanto, lo que hago es decirle que éste no es el contrato
que yo pacté. Mientras tanto, los argumentos de la Dirección General de
Patrimonio eran siempre los mismos: Como estamos en un proceso con la
Comunidad, no podemos hacer ninguna acción que le dé la razón a la
Comunidad, porque entonces perdemos el proceso, perdemos la posición que
podemos tener de negociación, así que tranquilidad, aquí no pasa nada, yo
estoy detrás. Esa era la situación. Yo creo que en el momento en que se
produce el cambio del aval, la Dirección General de Patrimonio dice que
fue entonces cuando conoció la contragarantía. A mí me parece
sorprendente. ¿Cómo va a conocerla en ese momento si cada año, aparte de
esas auditorías intermedias a las que yo hacía referencia, que eran para
las disposiciones de fondos, recibía el balance de la sociedad auditado y
en ese balance aparecían los fondos? Uno de los problemas que teníamos
desde el punto de vista financiero era que cuando íbamos a un banco --y
eso lo recuerdo muy bien-- a pedir un crédito para algodón, el banco
cogía el balance y decía: Y estos 1.800 millones de pesetas que tenéis
aquí, ¿por qué no los gastáis o nos pasáis una parte? Y a todo el mundo
se le daba la explicación de que estaban trabados para la garantía del
aval, y resulta que, aparentemente, el único que dice que no lo sabe es
la Dirección General de Patrimonio, al que se da puntualmente cuenta de
los balances, como es preceptivo, auditados por el mismo auditor que él
ha tenido toda la vida. ¿Cómo no se va a dar cuenta si están allí?
Además, están los rendimientos financieros del depósito. Si hubieran sido
de libre disposición y se hubieran gastado alegremente, que es lo que a
veces parece que se dice, ¿cómo hubieran rendido? Estaban allí, según se
recoge en el balance. Decir que no se conocía hasta ese momento, se puede
decir, pero no sé cómo se puede mantener, porque la demostración de que
tuvo que tener conocimiento de ellos me parece palpable. ¿O es que dice:
Yo miré todas las cuentas del balance, las pérdidas, etcétera, pero no
miré lo que había en inversiones financieras? Por otra parte el auditor
no señala ninguna irregularidad, si no tendría que haber dicho: Oiga, que
aquí hay una irregularidad del tipo que sea, que los 1.800 millones de
pesetas no se sabe en qué se han gastado. Pero ¿cómo va a decir eso si
estaban en el depósito? ¿Qué es lo que dice? Que estaban en el depósito,
si no habría que haber justificado en qué se habían gastado. Estaban
puestos allí. Como he dicho antes, los intereses financieros es de las
cosas que tiene que controlar especialmente el auditor. Así que
controlaba los fondos que estaban en el Banco Exterior de España y el
depósito que estaba como contragarantía en el Banco Pastor. Si no lo
hubiera hecho, el auditor habría incumplido gravemente sus
responsabilidades, pero además supondría que la dirección General del
Patrimonio no se había enterado de lo que figuraba en el balance, ya que
allí estaba claro.
Me han hecho una cuarta pegunta que no he entendido demasiado bien.
Parece ser que en el balance de Benorbe y Benservice aparecían unas
cantidades, 1.400 y 600 millones de pesetas. Eso eran las acciones que
había comprado la Dirección General de Patrimonio, que era el capital que
tenía pendiente de desembolsar de los 2.000 millones de pesetas de la
ampliación. No he entendido demasiado bien la pregunta, así que, si
quiere, trato de aclarar esto si me la hace más concretamente.
En cuanto a las consideraciones jurídicas de que me habla, creo que está
más o menos contestado en la pregunta.
Respecto a la referencia a la cuenta de enlace, creo que he dicho lo que
era. Usted me ha vuelto a preguntar qué persona y yo le digo que no lo
sé, pero tuvo que ser alguien que tuviera la suficiente importancia para
dar una orden de 1.800 millones de pesetas sin una contrapartida detrás.
¿Cuál era la contrapartida? Que después se iban a entregar 5.869 millones
de pesetas --pero eso, después-- y se produciría la compensación de los
1.800 con una parte de los 5.800, pero ya estamos hablando de otro
momento. Los 5.800 los entrega la sociedad, abre las cuentas y se produce
el reparto: 4.000 van a esto, 1.800 van a compensar el cheque que
adelantó el Estado y de los 69 restantes, 59 van a transmisiones
patrimoniales y 10 para pagar el notario. Así que cuando se hablaba de
libre disposición, era una libre disposición relativa; 1.800 estaban
contragarantizando el aval, 69 tenían una aplicación determinada y los
4.000 millones restantes había que justificar cómo se iban a utilizar.
Otra de las preguntas que tengo está relacionada con la intervención de
una sociedad consultora de esta sociedad, que iba a hacer el expediente
de regulación. Creo que hay dos parte. Hay una parte jurídica, la que
desarrolla el despacho del señor Gutiérrez, y hay otra parte, digamos
económica, en la que se trata de dar cierta objetividad al nuevo plan de
viabilidad que es la que hace esta compañía que se llama Interdoxa. Esta
compañía tiene esta persona, que es Rafael Alcaide, que creo es sobrino
de don Luis Alcaide, pero no tiene nada que ver porque Rafael Alcaide es
hijo del catedrático, que a su vez es hermano de don Luis Alcaide. Esa es
la relación familiar; pero creo que no tiene nada que ver. Esta empresa
estaba especializada en hacer planes de viabilidad.
¿Por qué se seleccionan estas dos empresas? Realmente no lo sé. Entiendo
que tenían cierta tradición, tanto el servicio jurídico como el servicio
económico, de operaciones importantes que habían realizado, de
operaciones con negociaciones difíciles y creo que se les elige por eso.
Pienso que la elección la hace el señor Muñiz, que era el administrador
único, y entre una baraja de posibilidades selecciona estas dos empresas.
Una, repito, especializada en servicios jurídicos de reestructuraciones
de plantilla, con mucha tradición, como era la del señor Gutiérrez, que
había hecho muchas cosas en relación con temas laborales y, por tanto
--no soy capaz de cualificarlo--, entiendo era de absoluta solvencia
porque había hecho muchísimas operaciones. Por otra parte, ellos tenían
un servicio que establecía los planes de viabilidad, que era Interdoxa.
No sé si con esto he contestado a sus preguntas.
Voy a tratar de contestar ahora al señor Guerra Zunzunegui. La primera
pregunta era por qué no se ejecutó el aval.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: No, la primera trataba de lo siguiente. Se
manifiesta que se entregan dos talones para los 500 millones de pesetas
de la amplicación de capital. Usted, posteriormente, contestando al señor
Izquierdo, habla de donde se dice que entran en caja. No entra en caja y,
además, no se fija de qué banco son, qué número ni nada. Hay falsedad en
documento público, usted lo ha ratificado al final cuando ha dicho que
como se hicieron a final de mes esos talones y luego en diciembre... Esa
era la pregunta. Ese dinero debió entrar en la caja de Intelhorce,
General Textil Española, e ingresarse en las cuentas de Intelhorce. No se
ingresó en esa fecha en las cuentas de Intelhorce. Por tanto, entiendo,
con la debida cautela, que hay falsedad en documento público, porque el
notario lo único que hace es dar fe de que los compradores dicen que hay
dos talones, y usted estaba en el acto.
Segundo tema: los poderes. Usted ha dicho también que el acta del Consejo
es previa al 4 de agosto --que es cuando se realiza la venta--, es decir,
es previa la dimisión de todo el consejo anterior. Por tanto, al
presentar la dimisión, los poderes, a mi juicio, han quedado cancelados y
no se podría haber adoptado con esos poderes ninguna medida posterior a
la misma.
Nada más.
El señor ADJUNTO A LA DIRECCION DE INTELHORCE (Arribas Fernández): Voy a
contestarle.
En cuanto a la falsedad en documento público, estamos hablando de un
documento público que es la escritura de compraventa, y el que da fe es
el señor notario. Decir que ese documento es falso a mí me parece fuerte.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: No he dicho que el documento sea falso.
El señor ADJUNTO A LA DIRECCION DE INTELHORCE (Arribas Fernández): Dice:
falsedad en documento público. El documento público señala que hay dos
cheques. Si el señor notario hubiera pedido los números, figurarían en el
documento porque los dos cheques estaban encima de la mesa, uno de 350
millones y otro de 150 millones. Como he explicado, dice: en ese momento
quedan en la caja social. ¿La caja social qué es? Se queda con ellos el
presidente pero ¿qué pasa después? Que en el libro de actas que entregan
los antiguos administradores resulta que no llegan a entrar en la caja
social. Es decir, por la razón que sea, se entiende que el contrato está
en tela de juicio. Si no se produce la novación del contrato, el contrato
está en tela de juicio, por tanto, ¿qué dice? ¿Que no se ha perfeccionado
el contrato? Pues a lo mejor no se ha perfeccionado.
Hay un informe importante, del señor Oliart, y dice que el contrato ni
siquiera llegó a celebrarse en la medida que en él había un vicio oculto
importante, un vicio oculto que hacía que la cosa vendida podía tener un
valor totalmente distinto del que se estaba poniendo sobre la mesa.
Entiendo que si hubo una falsedad, fue en el balance, o por lo menos
había algo que no se estaba contando, que era una contingencia de
trascendencia fundamental, porque ponía a la sociedad en quiebra técnica.
Eso, entiendo, tendrían que haberlo comunicado los vendedores. Cuando se
descubre eso, entiendo que se paraliza el negocio jurídico, aunque de
alguna forma estuviera perfeccionado.
El otro tema es el de los poderes. La renuncia a los poderes es el mismo
día, el 2 de agosto. Si el 2 de agosto se lleva a cabo la renuncia al
puesto, ¿cómo se produce si todavía no se había perfeccionado la
compraventa, si la sociedad sigue existiendo? ¿Se queda sin consejo
durante dos días? ¿Quién firma entonces el balance en la compraventa?
¿Cómo endosa el cheque don Diego García Morales si no tiene poderes? Del
endoso del cheque por don Diego García Morales no cabe duda; lo aceptaron
los servicios jurídicos de Fianzas y Créditos y, por supuesto, lo aceptó
el Banco Exterior de España y el Banco de España en la compensación. Si
la firma no valía porque ya no tenía poderes, ¿cómo acepta el cheque y
hace la compensación el Banco de España? Para mí está claro que no se
había producido la revocación de esos poderes. Si hubieran estado
revocados el día 2, ¿cómo pudo firmar el cheque el día 4? ¿Cómo ese
cheque, con su firma, es aceptado por el Banco Exterior de España y por
el Banco de España? No lo entiendo. No sé si jurídicamente eso es
posible. A mí no me lo parece.
El señor PRESIDENTE: Señor Izquierdo, ¿alguna cosa más?
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Quizá porque se han preguntado muchas cosas y
quizá también porque no se han preguntado con claridad, han quedado
algunas en el aire.
He preguntado en concreto quién gerencia la cuenta del Banco Exterior de
España, esa cuenta donde está depositada la ampliación de capital. Qué
persona gerencia esa cuenta, si lo recuerda, porque como ha sido adjunto
a la dirección de Intelhorce ha tenido tratos, puesto que de alguna
manera la cuenta de enlace sí es manejada por usted.
Quería introducir su nueva reflexión sobre el tema que le he preguntado.
Me ha contestado usted que es el señor Muñiz el que encarga a esta firma
el informe jurídico. Bien. Pero no era ésa exactamente mi pregunta.
Dentro de un contexto en el que desaparece como presidente del Consejo de
Administración el señor Orefici, aparece como administrador único, con
poderes, el señor Muñiz. ¿Esto es por acuerdo de ese Consejo de
Administración? ¿Porque toman esa decisión en un momento determinado?
¿Porque lo impone Patrimonio del Estado?
Hay negociaciones que se siguen a raíz de que el señor Muñiz es
administrador único de la sociedad sobre el plan de viabilidad, reducción
de plantilla, negociaciones con la banca pública para intentar recursos
externos, incluso los informes que se encargan sobre el tema de la
Comisión Europea, al señor Oliart, como usted ha recordado; hay cosas de
toda esta nueva etapa que determinará seguramente el señor Muñiz.
He querido entender en su primera intervención que esta nueva etapa viene
seguida por una marcha atrás de los compradores, por las circunstancias
que usted ha dicho. Se busca una situación de transición, según he
entendido de sus palabras, que es la administración única de la sociedad
por parte del señor Muñiz, que termina siendo felicitado por los que
compran. En esa operación que se hace con Improasa, pasa a formar parte
de la presidencia del Consejo de Administración y después se marcha,
entiendo que con unos documentos de por medio, reservándose las acciones
legales de sus defendidos Benorbe y Benservice por otra serie de
circunstancias.
Aquí estamos hablando, señor Arribas, y parece existir un señor equis.
Aquí hay alguien que ha ideado todo esto, ha determinado que se hiciera
el contrato de compra-venta en las condiciones que se realizó y la
responsabilidad parece que no es de nadie. Cuando se apuntan
responsabilidades hacia alguien no se sabe quién es. Parece claro, según
Patrimonio del Estado, que los gestores privados han cometido un montón
de irregularidades y por eso están imputados de gravísimos delitos:
desviación, cooperación al fraude, estafa, etc.
Hay un inicial contrato de compraventa y los compradores dicen que no es
válido. El contrato de compraventa, si es verdad lo que usted ha
manifestado aquí, está viciado porque hay una ocultación, pero también
está viciado, en mi opinión, porque buena parte de la ampliación de
capital, previamente y por acuerdo de quien vende y de quien compra, se
ha destinado a perfeccionar el mismo cuando una de las cláusulas está
bien claro dónde tiene que ir esa ampliación de capital. Lo dice con toda
claridad: el Estado amplía 5.879 millones de pesetas para el saneamiento
financiero, para las inversiones productivas, para el inmovilizado
material, etcétera. Todo parece muy bonito porque se ponen una serie de
condiciones; parece en principio una prudencia, una cautela de quien
vende --que es el Estado en este caso, no es un particular a otro
particular--, a unas personas, para que eso se vaya cumpliendo. Usted nos
dice que esto sí, pero 1.800 millones iban a quedar retenidos y eso
estaba claro que lo determinó Patrimonio del Estado también con acuerdo
de los compradores, digo yo. Si así lo determina Patrimonio del Estado y
los compradores lo saben es que están de acuerdo ambas partes.
Estamos hablando tal vez de cosas muy gordas, como puede ser la
malversación de fondos públicos, porque hay un acuerdo del Consejo de
Ministros en el que se determina la ampliación de capital de una empresa
pública y se dice para qué. Hay un acuerdo del Consejo de Ministros que
determina que se vende Intelhorce, en qué condiciones y a quién se vende.
Esto es el 4 de agosto. En el año 1991 la situación cambia, se incumple
el plazo, no se ejecuta, y no consta ninguna prueba documental, como
usted ha dicho, de la intención de Patrimonio del Estado sobre la
ejecución de dicho aval. La pregunta a la Administración --y aquí han
comparecido-- es bien clara: los compradores nos engañaron. Nos hemos
enterado «a posteriori» de todo lo que ha pasado. Usted nos dice que no
sabe quién y en este asunto hay minutas, hay documentos, hay reuniones,
hay negociaciones.
Durante todo un año, señor Arribas, cuando el señor Muñiz es
administrador único de la sociedad se intenta dar una salida al tema. Mi
pregunta concreta es. Que Hytasa, empresa recientemente privatizada,
compra la sociedad ¿es algo que ideó el señor Muñiz o es algo que
Patrimonio del Estado sugirió, impuso? (El señor Sáenz Lorenzo: No se
hizo.) La circunstancia no es que no se hiciera; hubo un proceso de
negociaciones en el que participó, según nuestros datos, el señor
Gutiérrez Castaño porque había que negociar las bajas de una parte
importante de la plantilla.
Me llama mucho la atención, señor Arribas, que no sepamos quién
determinaba todas estas cuestiones en Patrimonio del Estado o en el Banco
Exterior. Usted ha dicho, y es verdad, que el Banco Exterior, en esas
fechas, era cien por cien público. Además, es verdad que don Luis Alcaide
de la Rosa, director general de Patrimonio del Estado, era miembro del
Consejo de Administración del Banco Exterior de España. Me llama
profundamente la atención, señor Arribas, que haya un señor equis,
alguien, que tomó estas decisiones, que parecen sorprendentes después de
los años, y que hoy no se sepa quién es. Me llama la atención, además,
que empiecen a darse circunstancias de personas conocidas que intervienen
en este tipo de operaciones.
El señor Gutiérrez Castaño es conocido porque no en balde era socio de
don Felipe González Márquez, Presiente del Gobierno en su despacho de
abogados laboralistas. Es un señor profesionalmente muy cualificado en
temas laborales. Don Luis Alcaide es un señor muy conocido, señor Arribas
--si estoy confundido acláremelo--, porque antes de pasar a ser Director
General de Patrimonio del Estado fue Director General de Transacciones
Exteriores, que permite y autoriza la entrada de capital y el cambio de
accionariado en las sociedades Benorbe y Benservice.
Todavía me llama mucho más la atención cuando en el año 1991 --el tema se
ha roto-- quien interviene en el tema económico, como consultor externo
de esta firma, es el sobrino de don Luis Alcaide de la Rosa. Todavía hoy
no sabemos quién es la persona o las personas que tejieron todo esto.
Estamos aquí, señor Arribas, y se lo recuerdo, para determinar
responsabilidades políticas; más allá, no. Lo que aquí se diga no tiene
ningún otro tipo de efecto.
Resumo mi intervención. Estoy muy intrigado --y creo que también esta
Comisión-- en saber por qué razón se dispuso de los fondos de esa cuenta
en el Banco Exterior de España sin autorización, al parecer, de
Patrimonio del Estado. Cotejadas las fechas en que Patrimonio del Estado
dio las órdenes al Banco Exterior para la disposición de fondos --no lo
repetiré aquí por no extenderme demasiado, pero si es necesario lo
hago--, en esos momentos ya se había dispuesto de ellos. Los Servicios
Jurídicos del Estado desde su imparcialidad establecen responsabilidades
en el Banco Exterior de España porque se han incumplido las condiciones
fijadas en la escritura pública. ¿Quién gerenció esa cuenta? Es necesario
que lo sepamos. Si usted lo sabe, le ruego lo manifieste a la Comisión.
Qué persona del Banco Exterior de España gerenciaba esa cuenta. Qué
persona responsable de la Comisión Central de Inversiones y Riegos, según
han declarado los anteriores comparecientes
apoderados del Banco Exterior, determinaba la aprobación de esas
operaciones: la de 27 de diciembre de 1989, la de 20 de diciembre de 1991
y otras de importante riesgo. Debía haber alguna persona física que
gerenciara esa cuenta, y también alguna persona física de esa Comisión
Central de Inversiones y Riesgos a la que tanto Patrimonio del Estado o
GTE se dirigiera para este tipo de operaciones; no digo el trabajador,
sino quién autorizaba estas cuestiones.
Sobre el tema del año 1991, la pregunta es muy concreta. ¿Fue GTE la que
hizo todas estas operaciones de intento de venta de la compañía a Hytasa,
de reducción de la plantilla o fue Patrimonio del Estado quien sugirió
esta circunstancia y tuteló todo esto; en realidad quién tuteló el
período de administración única del señor Muñiz en la empresa Intelhorce?
Rogaría al señor Arribas que, en la medida de sus posibilidades,
intentara ayudar a esta Comisión de investigación, ya que estamos
hablando de responsabilidades políticas, diciendo las personas que a su
juicio desde la Administración tomaron las decisiones sobre Intelhorce, y
no quede en el aire una responsabilidad etérea de un señor equis, porque
aquí tenemos muchísimo interés en saber quién tomó estas decisiones. (El
señor Sáenz Lorenzo pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Sáenz Lorenzo.
El señor SAENZ LORENZO: Señor Presidente, este Diputado tiene algunas
obligaciones que cumplir mañana por la mañana, que se están poniendo en
riesgo con la tardanza de esta sesión. Creo que la obligación de los
comparecientes es proporcionar información, y me parece absurdo que las
preguntas sean de tal longitud que produzcan largas intervenciones. Yo
rogaría que la Presidencia tase las intervenciones porque si no me voy a
tener que ausentar de la Comisión; no es mi forma de proceder, pero no me
quedaría otro remedio.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Arribas.
El señor ADJUNTO A LA DIRECCION DE INTELHORCE (Arribas Fernández): El
señor Izquierdo me pregunta por la gerencia de la cuenta. Yo sólo conozco
al empleado con el que, dentro de la estructura de la empresa, tenía
relación, y entiendo que no tiene ninguna responsabilidad. Se llama Pilar
Vera, y a través de ella recibía la documentación sobre lo que se había
invertido o no para facilitársela al auditor. No sé la categoría que
tendría en el banco, sólo sé que es una empleada. ¿Quién podía dar
órdenes más arriba? Lo desconozco, no lo sé. No sé siquiera si existe ese
señor equis al que usted alude. no sé si es un grupo, si es un organismo
como la Dirección General del Patrimonio... No puedo determinarlo.
Me pregunta también quién nombró al señor Muñiz. La Dirección General de
Patrimonio. La Dirección General del Patrimonio pide al señor Muñiz que
tome este período transitorio como administrador único para hacer algo
muy concreto, que es continuar la marcha de la sociedad, pero tratando de
conseguir un objetivo final que era la reestructuración de plantilla que
en un primer momento no estaba cuantificada y que luego se llegó a
cuantificar en el 50 por ciento. Eso era más o menos lo que hacía falta a
la sociedad para equilibrar la cuenta de resultados.
¿Quién hizo las gestiones de Hytasa? La Dirección General del Patrimonio
negoció con Hytasa y después puso a esta última en contacto con los
dueños para pedir datos y analizarlos. Parece ser que fueron los
trabajadores los que dijeron a la Dirección General del Patrimonio que no
querían ese posible comprador. Hasta donde yo sé, ésa fue la situación.
¿Quién hizo las disposiciones de los 1.800 millones? No puedo decírselo.
Usted me ha pedido varias veces que diga quién era el señor equis. Yo no
puedo decirle quién era, lo que sí digo es que esas decisiones le
llegaban desde algún nivel al Banco Exterior de España. ¿Por qué se
hicieron disposiciones? Yo creo que lo he tratado de explicar
anteriormente. Las disposiciones de los 4.000 millones de pesetas estaban
absolutamente controladas y había que utilizar los avales como forma de
garantizar en qué se había empleado, pero ya he dicho que estaba
invertido en Letras del Tesoro, en las que los intereses se producen
anticipadamente, por tanto la cuenta de enlace se inicia con los
intereses. Cuando se van gastando los intereses se pide una cantidad
adicional y se justifica en qué se han gastado los intereses que han
producido los primeros 4.000 millones de pesetas. Es una cuenta que va
rotando porque en esa cuenta se va disponiendo con autorizaciones, y en
la medida en que se van produciendo rotaciones tendrá más o menos saldo,
pero siempre tiene que contar con los 4.000 millones de pesetas. Por
tanto, se puede disponer de los intereses o, en todo caso, de un tramo de
los 4.000 millones. Si por ejemplo la Dirección General del Patrimonio
autoriza a disponer de 500 millones, a partir de entonces lo que tiene
que haber como saldo son 3.500 millones, más los intereses que esté
produciendo, que también hay que justificarlos. Esa era la cuenta de
enlace, por eso se llamaba así.
No sé si con esto he contestado a todas las preguntas que me ha hecho.
Creo que sí, pero si no es así, dígamelo, señoría.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Sáenz Lorenzo.
El señor SAENZ LORENZO: Supongo que ya no habrá un nuevo turno por parte
de los dos grupos, porque de ser así nos vamos a eternizar.
Señor Presidente, creo que la información que nos está dando el señor
Arribas está en contradicción con algunas cosas que nos han contado aquí
otros comparecientes, incluso con algunos documentos que obran en nuestro
poder. Lo comprendo porque el señor Arribas, según parece, está imputado
por delitos de participación en estafa, falsedad de documento mercantil y
contable y participación en cohecho, con una responsabilidad civil de 800
millones de pesetas. ¿Es esto cierto?
El señor ADJUNTO A LA DIRECCION DE INTELHORCE (Arribas Fernández): Es
cierto, pero no creo
que aquí podamos utilizar la información del sumario porque entonces yo
diría que acuso de estafa a los que dieron un balance con una
contingencia tan importante sin haberla puesto de manifiesto al
comprador. Si es un problema de establecer responsabilidades penales yo
creo que las hay, pero es mi opinión.
El señor SAENZ LORENZO: Yo le he preguntado, señor Arribas...
El señor PRESIDENTE: Señor Sáenz Lorenzo, la situación personal del señor
compareciente ante la justicia puede ser un dato público... (El señor
Sáenz Lorenzo: Relevante, desde mi punto de vista), puede ser un dato
relevante, pero en todo caso, señor Sáenz Lorenzo, no tiene nada que ver
con el objeto de la comparecencia. Por tanto, sugiero a S. S. que
concrete sus preguntas al objeto de la comparecencia, que no es para
expresar su situación personal ante ningún juzgado sino para informar a
esta Comisión sobre lo que es el objeto propio de la misma.
La señora asesora acompañante del compareciente señor Aguirre Fernández:
Perdón. ¿Podría decir una cosa? El principio de presunción de inocencia
preside nuestro orden constitucional; por tanto ruego a S. S. que lo
respete en todos sus términos.
El señor SAENZ LORENZO: Lo he respetado.
Señor Presidente, desde luego no estoy dispuesto a que sean los señores
comparecientes los que digan lo que puede decir este Diputado o lo que no
puede decir este Diputado.
El señor PRESIDENTE: Señor Sáenz Lorenzo...
El señor SAENZ LORENZO: No es su papel ni su función.
El señor PRESIDENTE: Señor Sáenz Lorenzo...
El señor SAENZ LORENZO: Este Diputado en ningún momento ha imputado nada
al señor Arribas. He preguntado si es verdad que está imputado por un
juzgado. Yo no he dicho que haya cometido delito, le he preguntado si
está imputado por un juzgado, señora letrada. Escuche con atención las
intervenciones porque se interviene con rigor.
El señor PRESIDENTE: Señora letrada, usted no tiene por qué intervenir.
Está aquí para asesorar, si ése es su deseo y la necesidad del señor
Arribas Fernández. Por tanto, le ruego que se abstenga de hacer
comentarios o de intervenir. El señor Diputado en ningún momento ha
prejuzgado la situación del compareciente, lo único que ha hecho es
solicitar información que yo encuentro no tiene nada que ver con el
objeto de la comparecencia. En todo caso, recuerdo al señor Arribas
Fernández que le asiste el derecho constitucional de guardar silencio.
(El señor Izquierdo Juárez pide la palabra.)
Señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Señor Presidente, para una cuestión de orden
en este caso muy seria.
El señor Sáenz Lorenzo se ha opuesto repetidas veces en esta Comisión a
la comparecencia de imputados, como SS. SS. saben, con el único criterio,
al parecer, de no interferir en el proceso judicial abierto, mandato que
tiene la Comisión por parte del Pleno. Yo entiendo que los comentarios en
este preciso instante del señor Sáenz Lorenzo son una interferencia clara
en el proceso judicial, puesto que son públicos, y esta Comisión no es
secreta. El señor Sáenz Lorenzo lo que debería hacer es saber a qué
persona se le apoya y ha prestado su consentimiento para comparecer en
esta Comisión.
Señor Presidente, repito, una vez más, que la posición del Grupo Popular,
lo digo con toda energía, que fue quien propuso la creación de esta
Comisión de Investigación, que ni el señor Sáenz Lorenzo ni su Grupo
parlamentario apoyaron ni apoyan, siempre ha mantenido que no tienen nada
que ver las responsabilidades políticas con las responsabilidades
penales. Por tanto, no viene a cuento, señor Presidente --de aquí la
cuestión de orden y mi protesta--, el comentario del señor Sáenz Lorenzo.
El señor Sáenz Lorenzo lo que debería hacer es informarse previamente de
las decisiones que se toman en el seno de la Comisión; que sepa el
compareciente que el señor Sáenz Lorenzo aprobó su comparecencia.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Constarán sus palabras en el «Diario de
Sesiones».
Señor Sáenz Lorenzo, ¿podemos ir a la cuestión?
El señor SAENZ LORENZO: Sí, señor Presidente, con una ligera
introducción, porque nuestro Grupo, efectivamente, se ha opuesto a que
comparezcan en esta Comisión personas que están imputadas, justamente
porque pensamos que su testimonio está muy mediatizado por su propia
defensa, cosa que no, parece lógico, y así lo respetan las leyes. Es
bueno que todo el mundo tenga derecho a defenderse, por lo que nosotros
hemos considerado que no era bueno que a esta Comisión vinieran personas
imputadas. Desde luego nosotros no propusimos la presencia del señor
Arribas aquí, aunque sí la aceptamos.
Simplemente, quiero decir que ha dicho algunas cosas que están en
contradicción con otras que han dicho otros comparecientes aquí; yo puedo
interpretar que algunas de ellas están en relación con su defensa, cosa
que me parece muy legítima, pero pienso que esta Comisión las debe tener
en consideración, porque una de las argumentaciones básicas que el señor
Arribas está manejando es el desconocimiento por los compradores del tema
del informe solicitado por la Comisión Europea, que, documentalmente,
consta que no es cierto, puesto que en el acta notarial de venta de la
compañía aparece el informe del Consejo de Ministros, en el cual está
claramente señalado que, puesto que hay una solicitud de información por
parte de la Comunidad Económica Europea, automáticamente se le tiene que
comunicar a la Comunidad Económica Europea, con fecha posterior
lógicamente a la realización de la venta, la nueva ampliación de capital
que se acaba de hacer.
Por tanto, yo creo que el argumento de que no hay conocimiento de esa
solicitud de información cae documentalmente por su base. El acuerdo del
Consejo de Ministros se adjunta en el acta de compra-venta ante notario,
en ese documento está explícitamente señalada la solicitud de información
por parte de la Comunidad Económica Europea y, además, está señalado que
de las referidas actuaciones y del contenido del presente acuerdo se
informará a la Comisión Europea, puesto que ha solicitado informe; por
tanto, se va a informar de la venta y, difícilmente, se puede sorprender
o decir que los compradores tienen conocimiento más tarde. Como mínimo,
lo tienen en el momento de la compra, antes de que se produzca la compra
ante notario.
También hay una diferencia importante en la que yo no quiero entrar
demasiado, porque yo mantengo el criterio de que no es bueno que vengan a
la Comisión de Investigación personas imputadas, porque en seguida
rozamos con las cuestiones que están siendo juzgadas, y desde luego no me
gustaría rozar para nada con las cuestiones que están siendo sometidas a
juicio. Pero en el relato de si los 1.800 millones se pagan antes o
después, hay una contradicción entre lo que ha dicho el que era entonces
presidente de Intelhorce y lo que usted ha manifestado. Sí cabe
interpretar que esos 1.800 millones son los que corresponden a los 1.800
millones de libre disposición. Hay 1.800 millones que en la venta están
pactados como de libre disposición por parte de los compradores, y parece
lógico que ese cheque de 1.800 millones corresponda a esa parte de libre
disposición de los compradores, y que se efectúe en el mismo momento ante
notario o en un momento posterior, o inmediatamente anterior, pero no en
un momento económicamente diferenciado del anterior.
Aparte de esto, hay un par de cuestiones que me gustaría que aclarara,
porque interpreto de su exposición que en la cuenta de enlace lo que van
son exclusivamente los intereses, que en todo momento los 4.000 millones
se mantienen siempre intocados en la cuenta principal.
El señor ADJUNTO A LA DIRECCION DE INTELHORCE (Arribas Fernández): No. La
cuenta de enlace es todo; por eso se separa del resto de la contabilidad.
Cuenta de enlace es todo, los 4.000, los intereses, todo; es una cuenta
para que controle el auditor especialmente.
El señor SAENZ LORENZO: Vamos a ver. Hay unos préstamos del Banco
Exterior de 350 millones, por un lado, y de 150 millones por otro. ¿Cómo
están avalados? Yo he creído interpretar que se dedican también a comprar
letras y se avalan con esas mismas letras con las que se compran. ¿No se
avalan con el préstamo anterior? (Denegaciones.)
Nada más por mi parte.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Arribas Fernández.
El señor ADJUNTO A LA DIRECCION DE INTELHORCE (Arribas Fernández): La
referencia del Consejo de Ministros dice exactamente: Ante la solicitud
de información formulada por la Comisión sobre la posible existencia de
supuestas ayudas del Estado, de las referidas actuaciones y del contenido
del presente acuerdo se informará a la Comisión. Eso dice exactamente;
pero se informará a la Comisión, ¿de qué? ¿De que se ha hecho la
ampliación de capital? Eso es lo que sugiere.
Pero si esos 5.800 millones no están aprobados previamente, son ilegales.
Sólo con que diga el Consejo de Ministros que se informará no los
legaliza, porque tiene que pedir autorización previa a la Comisión para
poderlo hacer. Eso es clarísimo. El Consejo de Ministros dice,
efectivamente, que se informará. ¿Qué va a informar? ¿Que ha dado una
ayuda nueva de 5.869 millones de pesetas? Eso no legaliza los 5.869,
porque el artículo 93 lo que dice es que, previamente, tiene que pedirle
autorización, y, si no pide previamente la autorización, está cometiendo
una ilegalidad. Así que a lo que yo he hecho referencia es a que la
ilegalidad existe.
Después, dice que algunas personas han hablado de los fondos de libre
disposición. Los fondos de libre disposición eran 1.869 millones de
pesetas. ¿Por qué el cheque es de 1.800 y no de 1.869? Porque los 1.800
son los que hacía falta para la contragarantía del aval, los 69 se
quedarán como compensación al hacer la compensación de los 5.869. Pero es
que yo no estoy haciendo ningún juicio de valor, es que el cheque es un
hecho jurídico y económico, es un cheque que extiende el Banco Exterior
de España contra su propia cuenta en el Banco de España y a favor de
Intelhorce, en aquellos momentos. Es decir, no es que los nuevos
compradores de los 5.869 millones de los que les han dado saquen 1.800 y
contraavalen la operación, sino que el dinero está antes. Si no, ¿cómo va
a decir el abogado que recibe este cheque, cómo va a ser este cheque el
que compensan en el Banco? Finanzas y Créditos compensa este cheque, no
1.869 millones de pesetas de libre disposición.
No cabe duda, yo estoy hablando de un hecho, no estoy haciendo ningún
juicio de valor: este cheque es el que contraavaló la operación, y este
cheque estaba encima de la mesa antes de que recibieran los compradores
los 5.869 millones. Así es como lo veo y así es como me parece
absolutamente claro y diáfano. ¿Que otras personas hayan dicho cosas en
contrario? Naturalmente, pueden decir lo que quieran, para esto está la
Comisión, para decir qué es verdad, qué es lo que les parece bien o qué
les parece mal; pero yo estoy poniendo encima de la mesa un hecho, un
documento que dice lo que dice, que tendrá las garantías que tenga, y,
naturalmente, alguien ha tenido que dar la orden, alguien, un organismo,
no estoy hablando de una persona física, no estoy hablando de un señor
equis, estoy diciendo que alguien ha tenido que decir al Banco Exterior
de España: extiende un cheque de 1.800 millones de pesetas. Eso es lo que
digo.
Respecto a la cuenta de enlace, según usted me preguntaba, creo que lo he
ido aclarando; es decir, la cuenta de enlace era un todo; todo el
conjunto de cuentas que se abren en ese momento y que tienen intereses y
principal. La ampliación de capital, que se produce el 27 de diciembre y
que citaba el señor Izquierdo, es un crédito de 350 millones de pesetas a
Benorbe o Benservice, pues no recuerdo
cuál era uno y otro, y 150 a Benservice. Con el dinero de ese crédito se
compran las Letras del Tesoro que entran dentro del paquete, pero que son
otro conjunto.
El señor PRESIDENTE: ¿Alguna aclaración más, señorías? (Pausa.)
Pues muchas gracias, señor Arribas, por su comparecencia y por la
información que nos ha facilitado.
--DE DON ANTONIO GUTIERREZ CASTAÑO (DE INTERDOXA, S. A.).
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proseguir con el orden del día
establecido.
Finalmente, tenemos la comparecencia de don Antonio Gutiérrez Castaño, de
INTERDOXA, S. A., a quien damos nuestra bienvenida a esta Comisión, y la
de don Javier Medina, letrado que le asiste en esta su comparecencia.
Señor Gutiérrez Castaño, nuestra manera de proceder es la siguiente:
durante el tiempo que usted crea oportuno puede dirigirse a la Comisión
para exponer cuanto crea pertinente, siempre de acuerdo con el objeto de
su comparecencia, y a partir de esa intervención, que no es de obligado
cumplimiento, ya que puede renunciar a la misma, los Diputados le
formularán distintas preguntas, a las que obviamente puede responder o
no. Después habría un segundo turno, al hilo de esta intervención suya.
Le reitero nuestra bienvenida y puede disponer de ese turno, si así lo
cree pertinente.
El señor GUTIERREZ CASTAÑO (de INTERDOXA, S. A.): En realidad, poco puedo
informar a esta Comisión sobre el asunto que es objeto de mi
comparecencia en esta Comisión, que es la privatización y
desprivatización de Intelhorce.
De manera directa y personal, ni he intervenido en la desprivatización ni
en la privatización, y la sociedad por la que se me cita, INTERDOXA,
tampoco. INTERDOXA intervino tres años aproximadamente después de la
privatización, a instancias de General Textil, en unos trabajos muy
concretos, cuales fueron efectuar los estudios económicos previos a un
expediente de regulación de empleo y llevar a cabo dicho expediente, que
creo que dio como resultado la baja voluntaria de unos setecientos y pico
de trabajadores, mediante prejubilaciones y extinciones de contrato de
trabajo. Estuvo actuando en un tiempo en el que ya estaba privatizada y
terminó su actuación antes de que se volviera a encargar del tema
Patrimonio del Estado o una empresa intermedia.
En cuanto al aspecto societario, durante todo el tiempo en que INTERDOXA
llevó a efectos sus trabajos, yo era simplemente socio, a través de una
sociedad en la que yo era mayoritario, con el 25 por ciento, y el único
cargo que tenía era el de secretario del consejo. INTERDOXA tenía un
presidente, un director general y unos trabajadores y yo era un simple
accionista y secretario, con lo cual poco podía saber del tema como
persona de la rama ejecutiva de la sociedad.
Por otra parte, en cuanto a General Textil, sus trabajos económicos,
informáticos, etcétera, por supuesto estoy dispuesto a colaborar y a
decir lo que sé, pero lo conozco por referencias. Yo personalmente ni lo
dirigí, ni participé en ello, ni hice nada.
En cuanto al aspecto jurídico de la regulación de empleo, tampoco
participé ni lo dirigí. Lo dirigió mi compañero Fernando Yélamos.
Intelhorce-General Textil estaba en Málaga, Fernando Yélamos era el
responsable de Sevilla y de Andalucía y yo de Madrid, con lo cual los
trabajos de Andalucía los llevaba Fernando Yélamos. Solamente participé
en trabajos anecdóticos y de muy poca relevancia, cuales eran, por
ejemplo, sustituir a Fernando Yélamos en algunas reuniones que se
celebraron siempre en Madrid. Asistí a varias reuniones, al principio del
caso, para negociar cuáles iban a ser los servicios de INTERDOXA y el
precio de los mismos. Asistí de oyente a una o dos reuniones con muchas
más personas del despacho y de General Textil y posteriormente a
poquísimas reuniones con trabajadores de la empresa y personas incluso
del Patrimonio. También asistí a alguna reunión en el despacho de Alberto
Oliart --que creo que era una especie de coordinador general de los
aspectos jurídicos--, para ver cómo coordinábamos el tema.
Eso, en principio, es todo lo que puedo decir. Por supuesto, al haber
sido testigo en el Juzgado número 11 de Málaga y por lo que me han dicho,
sé muchas cosas, pero tengo que repetir que de referencias, no
personalmente.
El señor PRESIDENTE: El señor Izquierdo tiene la palabra.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Señor Gutiérrez, en primer lugar, muchas
gracias por comparecer en la Comisión Intelhorce y, en segundo lugar...
Bueno; no tengo que hacer juicios de valor previos. Expondré lo que he
venido aquí a exponerle a usted para que aclare, en definitiva, su
participación o, si no su participación, lo que pueda usted aclarar de
las situaciones en las que a lo mejor tangencialmente usted ha tenido que
ver.
Por supuesto no hemos venido a preguntarle por la composición del consejo
de administración de Interdosa, sino porque usted aparece en diferentes
minutas, en los documentos que obran en Intelhorce, junto con su
compañero Fernando Yélamos, porque usted aparece en reuniones en la
Dirección General de Patrimonio del Estado, con Patrimonio del Estado y
con los compradores de Intelhorce o los dueños de Intelhorce; porque
paralelamente el señor Yélamos aparece en otras reuniones en Andalucía;
porque su nombre aparece relacionado con el intento de compra de
Intelhorce por parte de Hytasa, usted o Fernando Yélamos; porque
evidentemente usted aparece relacionado con ese informe de viabilidad,
que luego se desecha, en su parte jurídica porque los trabajadores no
quieren, y en su parte económica porque la banca pública, a la que se le
había solicitado el crédito (que el informe económico decía que hacía
falta para el saneamiento de Intelhorce), no era posible darlo a unas
sociedades como Benorbe y Benservice por su falta de garantía, por su
falta de tamaño, por su falta de volumen, etcétera.
Estas son más o menos las circunstancias que sobrevuelan en su
participación en el tema Intelhorce. Hay más circunstancias, y yo se las
expondré a usted.
Usted es abogado laboralista, entiendo, un profesional del Derecho, y en
una determinada época de su vida es abogado laboralista con el señor
González Márquez...
El señor PRESIDENTE: Señor Izquierdo, no tiene nada que ver...
El señor SAENZ LORENZO: No es el objeto de la comparecencia.
El señor PRESIDENTE: Por favor, señor Sáenz Lorenzo, pida usted la
palabra y se la daré.
No tienen nada que ver, señor Izquierdo, los precedentes profesionales
del señor compareciente. Su comparecencia tiene que ver con todo lo que
usted ha expuesto, que viene a decir el porqué su Grupo, si no recuerdo
mal, ha solicitado la comparecencia, en respuesta a los interrogantes que
el propio compareciente ha expuesto respecto del porqué de su
comparecencia si, a su juicio, la única relación que ha tenido con el
tema objeto de investigación es la que el señor compareciente ha
expuesto.
Por tanto, por favor, no hagamos valoración política de algo que no tiene
nada que ver con el objeto de esta Comisión. Le reitero la necesidad de
que vayamos al grano, es decir, que vayamos a la cuestión.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Entiendo, señor Presidente, que usted mismo se
dará cuenta de que sí tiene que ver pero, en cualquier caso, acepto su
recomendación de muy buen grado.
¿Por qué digo yo esto? Porque justo aparece usted, junto con otras
personas, cuando en la empresa GTE, empresa privada en ese momento, se
está haciendo un expediente de regulación de empleo. Anteriormente, usted
tiene experiencia en la defensa de trabajadores ante sus patronos por sus
problemas laborales, como es lógico, y ahora experiencia contrastada en
regulaciones de empleo, o sea, en poner a trabajadores en situación de
desempleo.
Me gustaría que nos dijera usted qué sociedad es esa en la que, a través
de ella, participa en Interdoxa. Si es tan amable, le agradecería nos
dijera cómo se llama dicha sociedad, por tener más información del caso.
Verá usted cómo va a entenderse muy bien nuestro planteamiento. Cuando el
tema de Intelhorce no sale bien, al parecer, según han manifestado otros
comparecientes, es porque hay un problema importante entre los
compradores y Patrimonio del Estado, fundamentalmente porque sobrevuela
sobre la compañía un expediente comunitario que viene a decir que es
posible que haya una condena al Gobierno de España por haber dado ayudas
ilegales a una empresa pública y que eso podría ser objeto de que en el
futuro, cuando se tomara la decisión y luego se dictara sentencia firme,
pudiera originar un perjuicio a la situación financiera de GTE. Hay un
problema evidente, según han manifestado algunos de los comparecientes.
Hay también otro problema que manifiesta la otra parte de las personas
que comparecen, y es que los compradores en el año 1991 habían incumplido
su compromiso de abonar el primer plazo del pago. En ese momento, y
previo, durante y después de ese momento, en esa especie de conflicto que
hay entre Patrimonio del Estado y los compradores de GTE, se encarga un
informe de viabilidad que algunos comparecientes han señalado que se hace
para intentar demostrarle a la Comisión Europea que el plan industrial de
Intelhorce y las ayudas que se habían dado en el momento de la
privatización, casi 6.000 millones de pesetas, podían ser compatibles, si
no legales, con el Tratado de Roma, y no tener el problema que pendía
sobre los compradores de Intelhorce.
Claro que la Comisión Europea lo que dice es que cómo es posible hacer
nada compatible cuando lo que se está dando es una ayuda ilegal para
aumentar la producción, para el mantenimiento de la plantilla, etcétera.
Usted interviene en la parte jurídica y en las negociaciones, imagino,
para acomodar esa reducción de plantilla. Sin embargo, el contrato de
compraventa establecía que no se podían hacer regulaciones de empleo en
tres años. Esa es una primera cuestión.
Además, el sobrino del director general de Patrimonio del Estado, don
Rafael Alcaide Guindo, es un consultor externo de Interdoxa y, según nos
han manifestado en una comparecencia anterior, realiza la parte económica
del informe que al final Interdoxa presenta, y por el cual presenta una
factura importante, que curiosamente después, cuando Improasa, o sea, el
Estado, se hace cargo de Intelhorce, a partir del primer trimestre de
1992, se rebaja.
Esta es otra pregunta, por qué en su momento ustedes le giran cerca de
30, 32, 34 millones --usted me corregirá si me equivoco, porque no tengo
las cifras exactas en la cabeza--, una factura de ese volumen de dinero
por esos trabajos a GTE, y después esto se rebaja. Esta es una pregunta
que probablemente haya razones objetivas para hacerla.
El plan suyo de la reducción de los trabajadores es el que se se lleva a
cabo después, en 1992 no el plan económico que se soportaba sobre el plan
de reducción de la plantilla. El plan económico no se lleva a cabo al
parecer porque la banca pública, el Banco de Crédito Industrial, dice que
no se hace, y a la banca privada no sé si se recurrió o no.
Sin embargo, la regulación de plantillas sí se lleva a efecto después, y
se hace con la participación importantísima de la Junta de Andalucía,
curiosamente, que aporta fondos públicos, 1.200 millones de pesetas, para
las bajas incentivadas.
Usted podrá decir que su participación en este tema es irrelevante. En mi
opinión, señor Gutiérrez Castaños, es una participación, en ese aspecto
en el que yo intento centrarme, muy importante, importantísima. Primero,
porque yo tengo todo el derecho del mundo a preguntarme en voz alta que
cómo es posible que una persona importante como usted, aunque
desconocida, por supuesto, pero desde mi punto de vista importante y con
relaciones evidentes, de acuerdo que desde su ámbito profesional, por
supuesto, no faltaría más, pero usted comparte un trabajo profesional y
con toda seguridad también político con el despacho laboralista del señor
González... porque yo conozco un poco de historia de España, y es
evidente que eso fue así. Había profesionales que con toda dignidad
defendían las libertades y los derechos de los trabajadores.
El señor PRESIDENTE: Vamos a ver. Seguro que será así en la historia
reciente de España. También habrá casos al contrario, pero no es objeto
de la comparecencia del señor Antonio Gutiérrez hacer un canto de
alabanzas a los derechos y a las libertades conquistadas entre todos, por
todos y para todos. Por tanto, vayamos a la cuestión.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Resulta, señor Presidente, que con motivo de
las intervenciones o trabajos que el señor Gutiérrez Castaño hace a GTE y
por cuenta de GTE, pagados por GTE y por lo tanto con dinero de todos los
españoles, se consigue un acuerdo importante que es la reducción de la
plantilla de Intelhorce en casi 700 personas, acuerdo soportado con
dineros públicos, como ya he dicho, con dinero procedente de los
Presupuestos Generales del Estado. Y resulta también, señorías, que,
después de los años, una parte importante de los trabajadores que se
acogieron a esas bajas incentivadas y voluntarias por mediación del señor
Gutiérrez Castaño, con sus oficios y de su compañero Fernando Yélamos,
como él muy bien ha señalado, hoy van a plantear una demanda por delito
social porque dicen que se les engañó. Yo estoy hablando de una cuestión
evidentemente política. Yo no entiendo que la participación del señor
Gutiérrez Castaño en este proceso de Intelhorce no tenga nada que ver.
Podrá discrepar, como es lógico, aclararnos su participación. Yo, con
todo mi sentimiento --porque el país no está para bromas y estamos
escaldados de demasiadas justificaciones y estamos una vez más
sorprendidos de tantas coincidencias--, digo que es la Dirección General
de Patrimonio del Estado lo que pone al señor Múñiz al frente de GTE
cuando ha fracasado prácticamente la compraventa del señor Orefici, y lo
pone al frente como administrador único. Y entonces aparece el señor
Gutiérrez Castaño --aparece antes, porque ya había problemas con la
Dirección General de Patrimonio del Estado--. Hay un acta del Consejo de
Administración según la cual el señor Múñiz, secretario del Consejo,
comunica que se han entablado conversaciones con usted y con el despacho
del señor Oliart porque hay un problema muy importante en GTE, que es el
expediente comunitario. Eso ocurre unos meses antes, a mediados del año
1991. (El señor Sáenz Lorenzo pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Perdón. El señor Sáenz Lorenzo desea intervenir.
El señor SAENZ LORENZO: Señor Presidente, estamos acostumbrados a las
disertaciones largas y premiosas del señor Izquierdo en las que se hacen
afirmaciones sin ningún rigor, sin ninguna documentación que las
sustenten, y yo le rogaría que, dada la hora que es y las obligaciones
que ya he dicho antes que tenemos los diputados mañana por la mañana y
que no vamos a poder cumplimentar si salimos muy tarde de aquí, se dé un
tiempo y se formulen las preguntas que se tengan que formular, pero que
no se hagan disertaciones que yo creo que no conducen a ningún sitio.
Estamos en una comisión de investigación. Están compareciendo unos
señores a quienes hemos llamado y a los que queremos preguntarles cosas y
que nos den información. Las disertaciones del señor Izquierdo no nos
interesan nada, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor Izquierdo, esta Presidencia ha sido muy
tolerante con las intervenciones y no ha puesto cupos, pero en lo que
pueda, concrete la cuestión.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Es muy posible, señor Presidente, que lo que
yo plantee en este caso pueda molestar. Para mí son circunstancias
evidentes. Hace poco un compareciente ha manifestado que aquí se habían
trincado 3.500 millones de pesetas. Hoy no sabemos quién los ha trincado.
Perdónenme la expresión SS. SS., pero fue mía.
El señor PRESIDENTE: Vayamos a la cuestión.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Quiero aclarar, en cualquier caso, señor
Presidente, que esta comparecencia no la ha pedido mi grupo, sino el
señor Zabalía, que hoy no está presente en la Comisión, y que ha sido
aprobada por unanimidad. Yo le indico a usted que su participación en
Intelhorce ha sido mencionada en repetidas ocasiones por mí mismo y por
otros comparecientes.
Por lo tanto, señor Presidente, termino con mi exposición. Yo no creo,
señor Gutiérrez Castaño, que usted tenga una participación tangencial en
esta cuestión, pero sus servicios profesionales han sido utilizados --en
el buen sentido de la palabra-- para servir de intermediación entre
GTE-Patrimonio del Estado, entre GTE-Junta de Andalucía por el tema
Hytasa, entre GTE y compradores, entre Patrimonio del Estado y
compradores. Además, señor Gutiérrez Castaño, con la coincidencia de que
compañero de viaje en esta cuestión profesional suya o participación, si
usted quiere, tangencial --yo creo que importante-- en el tema de
Intelhorce es el sobrino de don Luis Alcaide de la Rosa, don Rafael
Alcaide Guindo, tal como se desprende de un escrito que el Banco de
Crédito Industrial de Málaga eleva a su dirección en Madrid. Entonces, a
mí me parece una cosa realmente sorprendente el que usted con sus
características y su pasado, muy encomiable y fuera de toda duda, y el
sobrino carnal del Director General de Patrimonio del Estado participen
en este proceso que se alarga un número importante de meses y que además
ha costado una suma de dinero importante en el tema de Intelhorce.
El señor PRESIDENTE: Señor Gutiérrez, quizá a usted no se le escapa que
en la intervención del señor Izquierdo ha habido valoraciones políticas
--valoraciones subjetivas, lógicamente-- y algunas cuestiones que han
quedado encima de la mesa. Para responder a esas cuestiones
--yo creo que no es necesario que entre en ninguna valoración política--,
tiene la palabra.
El señor GUTIERREZ CASTAÑO (de Interdoxa): La verdad es que probablemente
me voy a olvidar de muchas preguntas. Las que me olvide me las vuelve a
recordar. No tengo inconveniente tampoco en contestar sobre mi pasado,
sobre mi presente y sobre mi futuro, aunque, efectivamente, pienso que no
es el caso.
Yo creo que quizás sea conveniente, aparte de contestar a las preguntas
concretas que me ha formulado, volver a decir de una manera general
--repito-- que mi intervención ha sido ésa y es ésa. Nunca he hablado con
la Junta de Andalucía, nunca he hablado en este sentido con Patrimonio
del Estado, aunque he asistido a reuniones de una manera anecdótica.
Personalmente, Antonio Gutiérrez no ha tenido que ver en el tema de
General Textil, pero porque no me correspondió. Si así hubiera sido, yo
sí hubiera llevado a efecto el expediente de regulación de empleo, que
además consideramos necesario. Porque le voy a decir una cosa: el que yo
no haya participado personalmente no quiere decir que yo esté diciendo
que Interdoxa actuó de una manera torticera o que Fernando Yélamos actuó
de una manera ilegal o que hubo influencias políticas. No, en absoluto.
Interdoxa y Fernando Yélamos actuaron dentro de la más absoluta legalidad
y de la más absoluta profesionalidad. Además, yo no sé cómo pero tuvieron
éxito. Y si lo que se pretendía --que era lo que vinieron a encargarnos--
era una fuerte reducción de plantilla, creo que al final se consiguió, no
sé si bajo la primera administración, bajo la segunda o bajo la tercera.
Porque, repito, no era mi problema personal, era el problema de Fernando
Yélamos, pero se consiguió. Y eso es lo que vinieron a encargarnos, una
regulación de empleo. Lo que ocurre, como no sé si usted sabe --yo creo
que sí soy un poco experto en temas laborales--, es que para llevar a
efecto una regulación de empleo tiene que haber antes una serie de
documentación económica, entre otras cosas lo que se denomina normalmente
plan de viabilidad o plan de inviabilidad. Efectivamente, nosotros le
ofrecimos a General Textil una sociedad que nosotros teníamos que le
podía dar una especie de llave en mano --es decir, plan de viabilidad,
estudios económicos-- y, a través de Fernando Yélamos, hacerle el
expediente de regulación de empleo.
Usted me habla de Rafael Alcaide. Me acabo de enterar, y no sé si es
cierto, de que es sobrino de Luis Alcaide. Rafael Alcaide, que es un
economista de prestigio, era el jefe externo --no es que fuera externo,
es que no estaba dado de alta en la Seguridad Social; es decir, era un
profesional que contratábamos--, y era el jefe de los servicios
económicos de Intelhorce desde que nació hasta que murió --más que morir
está inactivo desde 1993--. Y más que hacer ha dirigido éste y todos los
estudios de viabilidad de Intelhorce, porque luego colaboraban con ellos
Beatriz Fernández y Miguel Angel Arroyo. Que yo sepa, no ha tenido nada
que ver y nunca me ha dicho a mí --yo no sabía ni el segundo apellido--
que fuera sobrino de Luis Alcaide o que dejara de ser sobrino de Luis
Alcaide.
De todas forma, repito, General Textil no vino a nosotros a pedirnos un
plan de viabilidad. El plan de viabilidad --y así está en nuestra
propuesta-- está en función del expediente de regulación de empleo,
porque era necesario y no para otra cosa sino para el expediente de
regulación de empleo.
En cuanto al tema Hytasa, en cuanto al tema de la subvención, en cuanto
al tema de la Junta de Andalucía repito, no nos encargaron nada de eso. Y
nosotros, por lo menos yo, no he participado en absoluto en ninguna
reunión de Hytasa ni de la Comunidad Económica Europea. Creo que eso lo
llevaba el señor Alberto Oliart.
Claro que sé cosas de referencia. Si usted quiere que yo le hable de
referencias, puedo hacerlo. Por ejemplo, lo que me decía Alberto Oliart
en una reunión, que no solamente me lo decía a mí, lo decía en Patrimonio
del Estado, donde estaban reunidos Patrimonio, Alberto Oliart, nosotros,
los señores de Intelhorce y General Textil, el comité de empresas y las
centrales sindicales. ¿Qué se decía?: que si la Comunidad Económica
Europea nos iba a multar, que si no nos iba a multar, que si patatín, que
si patatán. Pero estábamos allí a nivel de oyentes, porque ése no era
nuestro cometido. Y digo nuestro en el sentido de modestia, porque
--repito-- yo no he participado personalmente en nada.
Si usted quiere, puedo hablarle un poco de política. Yo creo que estoy
aquí porque usted dice que he sido amigo de Felipe. Por eso es por lo que
yo estoy aquí. Si no, cite usted al representante legal de Interdoxa, o
cite usted a los que han hecho los trabajos. Cite usted a Rafael Alcaide
y a Fernando Yélamos, pero no me cite a mí. Yo soy un socio que tiene el
25 por ciento, que no he tenido funciones ejecutivas, cuando, además, en
la empresa ha habido un presidente y un director general.
Le voy a decir que yo soy compañero y socio de Felipe González, y lo
tengo a gala y a orgullo, hasta el año 1975. El se fue para la política y
yo me fui al sector privado. Después estuve en el bufete de J. & A.
Garrigues. Le di a mi vida un sesgo totalmente diferente. Después he
montado mi propio despacho. Desde entonces para acá, a Felipe González,
al que sigo teniendo un enorme cariño, una enorme admiración y respeto,
le he visto en contadísimas ocasiones. Y le digo más: nunca, ni en
Intelhorce ni en ningún otro tema de mi vida profesional como abogado o
como socio de Interdoxa, nunca he recibido el menor encargo, la menor
insinuación ni la menor ayuda de Felipe González, de las personas de su
entorno o de partido político alguno. Y hoy demuéstreme lo contrario. Si
no, por favor, a ver si ya los periódicos dejan de decir que soy amigo,
porque me citan en los juzgados y en las comisiones porque soy amigo, y
vuelven a insistir los periódicos. Yo ya estoy, de verdad, bastante
desesperado con este tema. Yo soy una persona privada, soy un profesional
y punto.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Sáenz Lorenzo.
El señor SAENZ LORENZO: Supongo que habrá un solo turno, porque conceder
muchos turnos no sé de qué reglamento depende.
El señor PRESIDENTE: Señor Sáenz Lorenzo, tiene S. S. la palabra.
El señor SAENZ LORENZO: Yo no tengo nada que preguntar al señor
Gutiérrez. La opinión de nuestro Grupo al respecto es que hay una
actuación profesional. Permanentemente, a lo largo de todos estos días,
habremos oído unas veinte veces que el señor Gutiérrez fue compañero
profesional de don Felipe González en sus inicios, y da la impresión de
que el único objeto político de que el señor Gutiérrez venga aquí es
señalar su amistad inicial con don Felipe González. Yo creo que poco
tiene que ver con la actuación profesional que haya tenido el señor
Gutiérrez, que parece que ha sido tangencial. Su presencia aquí sólo se
debe a eso.
Nosotros estamos en desacuerdo con que ése sea el criterio de actuación
y, por tanto, no tenemos ninguna pregunta que hacer al señor Gutiérrez.
Muchas gracias por su presencia entre nosotros.
El señor PRESIDENTE: Señor Izquierdo, supongo que solicita la palabra
para formular algún tipo de pregunta, no para hacer nuevas valoraciones.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: El señor Gutiérrez Castaño no ha contestado a
alguna de las pregunta que le he formulado. (El señor Sáenz Lorenzo:
Obviamente.) Efectivamente.
Quiero decirle al señor Sáenz Lorenzo, si me lo permite la Presidencia,
que yo no he solicitado la comparecencia del señor Gutiérrez Castaño y
que esas circunstancias de sus amistades pasadas son conocidas después de
que esta Comisión de investigación aprobara su comparecencia. Digo esto
para que se quede muy tranquilo. Usted no ha sido citado aquí por su
relación de amistad con el señor González Márquez. En cualquier caso, ahí
están las actas de la Comisión de investigación de Intelhorce y sabrá
usted que no es el Grupo Popular quien propone su comparecencia, sino el
señor Zabalía, en nombre del Grupo Vasco. Posteriormente, se aprueban
todas las comparecencias, lo que pasa es que hay que estudiar qué es lo
que se aprueba y lo que no. Por lo tanto, si usted está hoy aquí, señor
Gutiérrez Castaño, no es por voluntad del Grupo Popular. Lo que sucede es
que después, leyendo documentación, encontramos su nombre en muchas
ocasiones, y de ahí las preguntas que le estamos formulando.
Paso a formular las preguntas, señor Presidente. (Rumores.)
Señor Presidente, no es muy agradable que el señor Sáenz Lorenzo (que no
creo que pueda decir que ni una sola vez hayamos hecho comentarios al
margen, fuera del turno de palabra, sobre sus intervenciones) haga
permanentemente comentarios. Lo que he dicho es absolutamente cierto. Es
categóricamente verdad --y usted lo confirmará-- que la comparecencia del
señor Gutiérrez Castaño fue solicitada por el señor Zabalía.
El señor PRESIDENTE: Señor Izquierdo, tiene usted toda la razón en esta
argumentación.
Señor Sáenz Lorenzo, ¿qué desea?
El señor SAENZ LORENZO: Contradecir al señor Izquierdo en su afirmación
sobre quién propone aquí la presencia del señor Gutiérrez. Porque el
Grupo Vasco propone que comparezca algún responsable de Interdoxa y es el
señor Izquiedo quien nos propone que sea don Antonio Gutiérrez. Nuestro
Grupo no se opone a esta comparecencia, porque sistemáticamente no se
opone a ninguna comparecencia, porque no hay nada que ocultar. Y como no
hay que ocultar por parte del Gobierno ni por parte de este grupo, no nos
hemos querido oponer a ninguna comparecencia que salvara los criterios
políticos que hemos manejado respecto a los imputados o no, que es un
criterio que sí que hemos manejado. Lo que quiero asegurar es que el
Grupo Vasco no propuso la presencia de don Antonio Gutiérrez. Propuso la
comparecencia de una persona de Interdoxa, y fue el señor Izquierdo el
que dijo que fuera don Antonio Gutiérrez.
El señor PRESIDENTE: Señor Izquierdo, formule las preguntas que crea
pertinentes.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Si me permite, señor Presidente...
El señor PRESIDENTE: Así no terminaremos nunca, al final daremos lugar a
que se diga que ha sido una comparecencia politizada de origen, cosa que
disgustaría profundamente a la Presidencia.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Es verdad, señor Presidente.
Voy a formular las preguntas y usted me contesta después, si es tan
amable.
¿Por qué se rebaja la factura a 24 millones de pesetas? Hay un contrato
--corríjame si me equivoco--, es una iguala, que hace Intelhorce a su
firma, contrato de asesoramiento económico, jurídico, laboral y
financiero. Un contrato de 30, 40 ó 50 millones de pesetas al año, no lo
sé. Supongo que no se pagaría ese contrato. No lo sé. Hay varias facturas
y en un determinado momento Improasa dice que se hace cargo de las deudas
con el señor Yélamos, los compromisos con el señor Gutiérrez. Así consta
en una junta general, cuando se vende la sociedad a Improasa y el señor
Muñiz hace referencia a estas cuestiones y al compromiso de los nuevos
compradores de hacerse cargo de estas cuestiones. La realidad es que el
precio se rebaja. La pregunta es muy concreta: ¿por qué se rebajan esas
facturas?
Dice usted que tuvo éxito la regulación de empleo. Yo le pregunto:
¿intervino en esta regulación de empleo don Celestino González Guerra,
secretario general de la textil de UGT? Como usted bien sabe, ha tenido
también sus problemas con el Juzgado de Instrucción número 11 de Málaga
y, al parecer, uno de los compradores de Intelhorce le vendió un ático de
lujo en Marbella, apareció después con un BMW y después pasó a formar
parte, con un contrato importante, de la sociedad Hytasa, etcétera. Mi
pregunta es si en el tema de la regulación de empleo tuvo que ver el
señor González Guerra o no.
La pregunta que le formulaba antes, que ha quedado en el aire, era la
siguiente: ¿tiene usted conocimiento de que trabajadores que se acogieron
a las bajas que se realizaron en ese momento hoy han anunciado plantear
una demanda por delito social porque se les dijo --por quienes negociaron
esas bajas-- que la empresa pública Intelhorce se iba a cerrar?
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gutiérrez Castaño.
El señor GUTIERREZ CASTAÑO (de Interdoxa): Efectivamente se rebajó la
factura. Vuelvo a repetir que lo que le voy a contar lo sé por
referencias, puesto que yo no intervine personalmente en el tema,
intervino don José Sánchez Bernal, presidente de Interdoxa. Hay
documentación --no sé cómo no las tiene usted--, cartas que se cruzaron
entre Miguel del Val y José Sánchez Bernal y se rebajó la factura porque
no tuvimos otro remedio. Se rebajó porque no nos pagaban, no nos pagaban
y no nos pagaban. Habían quedado en pagar, pero no era una facturación al
año, era un contrato en el que había tres tipos de servicios, económicos,
informáticos y jurídicos respecto al expediente de regulación de empleo,
y se acordó y se firmó que fueran 30 millones de pesetas. Si mira usted
las normas de honorarios mínimos, verá que es bastante inferior incluso a
lo que dicen esas normas para un expediente de regulación de empleo de
esta categoría. De todos modos, aunque fuera más que lo mínimo, estamos
en las leyes del mercado y nosotros pactamos una cosa y así se firmó.
Empezaron cumpliendo bien y pagaron los primeros 15 millones de pesetas
dentro de lo acordado, pero los otros 15 no lo pagaron ni dentro de lo
acordado ni después. Entonces empezó la negociación, ya no con el
cliente, puesto que nuestro cliente era General Textil cuando estaba allí
el señor Orefici y de secretario, de abogado o no sé de qué, el señor
Muñiz. Después pasamos a tener al señor Muñiz de apoderado, que ya no era
exactamente nuestro cliente, aunque, efectivamente, nos confirmó y estaba
contento con nosotros y, por tanto, seguíamos adelante. Después, por las
circunstancias que sean, que, repito, yo ignoro puesto que ahí Interdoxa
ni siquiera participó, vuelve, por lo que usted ha dicho, a Improasa. Yo
sabía que había vuelto a alguna empresa de Patrimonio. Entonces, este
señor dice que si queremos cobrar, que rebajemos a la mitad, y empezó la
negociación y, al final, dijimos: más vale pájaro en mano que ciento
volando. Y cobramos la mitad en diciembre de 1992, cuando teníamos que
haberla cobrado en enero de 1992 más o menos. Eso es lo que yo le puedo
decir sobre esto.
¿Celestino González Guerra? Efectivamente, creo que en aquel entonces
este señor era el secretario general de la UGT del sector textil y que
intervino en el expediente de regulación de empleo y en las negociaciones
con los sindicatos. Yo recuerdo haber estado con él y con otros
representantes sindicales en estas reuniones que le estoy diciendo que
hubo en Patrimonio, y me imagino que en Málaga estaría él asistiendo a
los trabajasdores, como estaría también la gente de Comisiones Obreras,
pero eso es todo lo que sé; no sé lo que usted me dice del ático, ni del
trabajo en Hytasa, ni sé nada más. Efectivamente, sé que intervino, pero
nada más.
En cuanto a los trabajadores que ahora han dicho que van a demandar por
delito social, porque se les engañó o lo que sea, vuelvo al principio: yo
no he estado en Málaga, no sé ni dónde está Intelhorce físicamente, no me
he reunido nunca con los trabajadores de Intelhorce ni con los
representantes de los trabajadores de Intelhorce en esas reuniones que
hubo relativas al expediente de regulación de empleo, ni los conozco o,
si conozco, es el nombre de algunos, pero a ellos no los conozco, y ni sé
si hay delito social, ni sé si hay demanda ni sé nada de esto. Lo
desconozco.
El señor PRESIDENTE: ¿Alguna cuestión más?
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Como conoce S. S., suelo ser muy rápido; sólo
quiero hacer tres preguntas.
Aquí estamos diciendo: mi socio Fernando Yélamos, etcétera, pero usted ha
estado en el despacho de Garrigues y sabe que, normalmente, cuando
interviene alguien del despacho de Garrigues, decimos «el despacho de
Garrigues»; por eso, yo pregunto: ¿el despacho de ustedes conocía los
términos del contrato de venta, una de cuyas cláusulas era el compromiso
de los compradores --compromiso que, por tanto, se debería haber exigido
por parte de Patrimonio del Estado-- de que durante tres años no habría
expediente de regulación de empleo? Esa es la primera pregunta.
Segunda pregunta. ¿Conoce su firma o Interdoxa, a través del presidente,
a través de don Fernando Yélamos o quien sea, que el informe de
viabilidad que hicieron no sirvió absolutamente para nada? Aquí se nos ha
dicho que, cuando Patrimonio del Estado se hizo cargo, tuvo que pedir un
informe a Werner Internacional sobre el tema textil y sobre la posible
viabilidad porque, repito, según se nos ha dicho, el de Interdoxa
prácticamente no servía para nada.
Para terminar, quiero indicarle que en las conversaciones que se
mantuvieron aquí usted estaba y que, aunque no estuviera allí, supongo
que estaría en total contacto en relación con este tema, porque asistir a
las reuniones con letrados en Patrimonio del Estado y decir que no
conoce, cuando el anterior compareciente nos ha dicho que usted asesoraba
laboralmente y jurídicamente a la empresa General Textil, me supone
quedarme con unas dudas que me gustaría que usted despejara.
El señor PRESIDENTE: Cuando quiera, señor Gutiérrez.
El señor GUTIERREZ CASTAÑO (de Interdoxa): En principio, nosotros no
conocíamos --y cuando digo nosotros me refiero, como usted dice, a
Interdoxa y a mi firma-- esa cláusula ni conocíamos la escritura de
compraventa. Sí es cierto que en alguna ocasión se decía que había que
esperar tres años para hacer una regulación de empleo, pero precisamente
por eso quizá yo me he expresado
mal al hablar de expediente de regulación de empleo. Si lee la propuesta,
verá que lo que se dice es que se va a intentar reducir la plantilla,
pero por medios que no lleguen a un expediente de regulación de empleo;
es decir, en ese sentido, se trataba de ver cómo era posible llegar a una
solución cumpliendo el contrato. Al final, parece ser --digo parece ser
porque no lo sé-- que se hizo mediante bajas voluntarias y
prejubilaciones. Realmente, no hubo ninguna baja forzosa, sino bajas
voluntarias y prejubilaciones, que es una cosa distinta al expediente de
regulación de empleo; ahora, repito, le estoy hablando de lo poquísimo
que sé sobre el tema y, desde luego, nunca vimos el contrato de
compraventa, en absoluto, porque, como le he dicho, no era nuestro tema.
En cuanto al informe de viabilidad, vuelvo a repetir que no se hizo para
eso que usted dice. Nuestro informe de viabilidad era para tratar de
demostrar a los trabajadores la situación y para el caso de que, si no
había acuerdos voluntarios, etcétera, tener que ir, en su momento, al
expediente de regulación de empleo. No era para otra cosa, y así consta
en la propuesta, y así fue.
En cuanto a la tercera pregunta, relativa al total contacto, tengo que
decirle que cada uno de nosotros está lo suficientemente ocupado con sus
temas para ocuparse de los de los demás. Una cosa distinta es que, en un
momento determinado, en reuniones en las que se sabe que no va a ocurrir
nada, en reuniones que se sabe que son meramente informativas, en
reuniones donde lo único que hay es muchísima gente y a las que vas de
oyente haya asistido. A esas reuniones es a las que yo asistía; además,
muchas veces lo hacía en unión de Fernando Yélamos. Yo pienso que,
efectivamente, la gente, quizá porque yo tenga más prestigio que Fernando
o por lo que sea, hablaba de mi despacho, pero, sinceramente, yo no he
asistido ni he intervenido directamente en nada importante. (El señor
Izquierdo Juárez pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Una sola pregunta, señor Izquierdo, porque ya es muy
tarde y hemos dado varios turnos.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: El señor Gutiérrez Castaño ha olvidado
decirnos, si lo recuerda, qué sociedad es esa que participa en Interdoxa,
cómo se llama.
El señor GUTIERREZ CASTAÑO (de Interdoxa): Se la voy a deletrear porque
son las siglas de como nos llamábamos nosotros entonces, que éramos tres:
Gutiérrez, por lo que tiene una «g»; Yélamos, por lo que tiene una «y», y
Muñoz, por lo que tiene una «m», y después la palabra inglesa law, ley.
Nosotros nos llamábamos «Gutiérrez, Yélamos, Muñoz, Abogados» y al ir al
Registro Mercantil, como es difícil encontrar un nombre como éste, al
final pusimos «Gymlaw, S. A.».
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Hay otra cuestión.
Dice usted que se rebajó. Quiero saber el precio, porque por mi
documentación no he conseguido saberlo. El señor Abel Arribas ha
manifestado que había una parte económica en el plan de viabilidad y que
a usted se le encargó la negociación de la reducción de empleo, es decir
la parte laboral. Se hace el plan de viabilidad y el plan de viabilidad
económico determina cuántos puestos de trabajo, desgraciadamente, sobran
en la empresa y luego hay una negociación laboral con los trabajadores
para conseguir eso. Ahí es donde el señor Arribas, director adjunto de
Intelhorce y, por tanto, quien encargó eso --si no fue él, sería un
empleado de Intelhorce por cuenta de sus dueños--, dice que intervino
usted. Me gustaría, por favor, saber el precio; habida cuenta de que el
informe de viabilidad económica lo tengo aquí, me gustaría saber qué
costó esto y las negociaciones para la reducción de empleo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señor Gutiérrez Castaño.
El señor GUTIERREZ CASTAÑO (de Interdoxa): Ya le he dicho que no
participé directamente en la rebaja, pero creo fue alrededor de la mitad;
o sea, que de 15 millones se quedó en siete y medio, más o menos. Estoy
hablando de netos. Después póngale el IVA, pero ya le digo que no lo sé.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: ¿Se refiere usted al tema laboral cuando habla
de siete millones y medio?
El señor GUTIERREZ CASTAÑO (de Interdoxa): No al tema laboral; el
contrato, en total, eran 30 millones de pesetas.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Lo que gira su despacho, señor Gutiérrez
Castaño, son 9 millones de pesetas, que se quedan en siete y medio. Lo
que gira Interdoxa, que es otra cosa, que es el informe económico, son
treinta y tantos millones de pesetas, que se quedan en 24 millones. Usted
gira una cosa e Interdoxa gira otra. No mezclemos aquí churras con
merinas. Por lo tanto, usted gira 9.000.000 de pesetas por una
negociación para la regulación de empleo. Usted y el señor Yélamos.
Interdoxa es otra cosa. Por eso no ha entendido por qué viene usted aquí
relacionado con Interdoxa. Yo sí lo sé. Porque constaban esas facturas.
Pero una cosa es Interdoxa, que es el plan de viabilidad económico, y
otra cosa es su participación en los hechos. Su participación en los
hechos al final es una factura de usted y del señor Yélamos, de su
despacho y de esa sociedad que usted ha dicho que participaba en
Interdoxa y que no tiene nada que ver con usted. Sí, porque usted
trabajaba para Interdoxa y con Interdoxa. Pero usted gira 9.000.000 de
pesetas que se quedan en 7.500.000.
Señor Gutiérrez Castaño, no es anecdótica su participación en esta
cuestión, y encima la participación del señor González Guerra. Perdóneme
--y termino con esto, señor Presidente--, pero a mí me parece muy poco
anecdótico que una regulación de empleo, una intermediación de un
despacho con unos trabajadores cueste la friolera de 7.500.000 pesetas.
Me parece mucho dinero para lo que se hubiera hecho simplemente con sus
enlaces sindicales. Mucho dinero, señor Gutiérrez Castaño.
El señor PRESIDENTE: Señor Gutiérrez, ¿tiene algo que decir?
El señor GUTIERREZ CASTAÑO (de Interdoxa): Creo que sí. Efectivamente,
creía que me estaba hablando sobre la minuta de Interdoxa y me habla
ahora de una minuta complementaria que pasó Gutiérrez-Yélamos. Primero,
no la pasé yo, la pasó Fernando Yélamos, pero eso no quiere decir que no
esté de acuerdo con ella. Precisamente, los trabajos de Interdoxa
terminaron cuando terminó la administración --vamos a llamarla así-- del
señor Orefici. Entonces, para seguir en el tema, sé que el señor Yélamos
llegó a un acuerdo con el administrador único porque, por la complejidad
del problema, en cuanto a las jubilaciones y a otros temas conexos
--pregúnteselo al señor Yélamos, porque yo no lo sé-- llegaron al pacto
de incrementar la facturación con esta minuta. Efectivamente, se pasó
esta minuta y creo que se cobró en su totalidad, abonada por los
siguientes administradores, con lo cual supongo que sería porque los
siguientes administradores creerían que el trabajo había sido realizado y
estaba bien hecho.
Me parece muy respetable que a usted le pueda parecer esto caro o barato
o lo que sea. Lo que le digo es que en el mercado hay gente que lleva más
caro y gente que lleva más barato. Se trata de llegar a un acuerdo con el
cliente. Los abogados laboralistas también cobran muchísimo por los
trabajadores. Piense que era una regulación de empleo de 732 personas
aproximadamente, cuyas indemnizaciones creo que costaron alrededor de
4.000 millones de pesetas, que parece una burrada pero que se divide
entre esas personas y sale a menos de 6.000.000 la persona. Son cifras
que, comparados con otras, no son nada escandalosas. Pregunte usted a
otros bufetes de abogados, a otras consultoras y verá que no son nada
escandalosas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gutiérrez Castaño, por su
comparecencia y por la información que nos ha facilitado.
Señorías, se levanta la sesión.
Eran las nueve y quince minutos de la noche.