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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 640, de 13/12/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 640
EDUCACION Y CULTURA
PRESIDENTE: DON JOSE LUIS MARTINEZ BLASCO
Sesión núm. 52
celebrada el miércoles, 13 de diciembre de 1995
ORDEN DEL DIA:
Proposiciones no de ley:
--Por la que se insta al Gobierno a que el Consejo Superior de Deportes
medie entre las televisiones públicas, la Liga Profesional de Fútbol y
los sectores afectados por los horarios de las retransmisiones
televisivas de fútbol. Presentada por el Grupo Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya. (BOCG serie D, número 275. Número de expediente
161/000585) (Página 19374)
--Sobre solución de los problemas derivados de las retransmisiones de los
partidos de fútbol. Presentada por el Grupo Popular. (BOCG serie D,
número 282. Número de expediente 161/000606) (Página 19374)
--Para generar los problemas que se generan con los actuales horarios de
retransmisión de partidos de fútbol. Presentada por el Grupo Catalán
(Convergència i Unió). (BOCG serie D, número 290. Número de expediente
161/000629) (Página 19374)
--Relativa al reconocimiento de la lengua asturiana como asignatura
troncal en los planes de estudio de la Universidad de Oviedo. Presentada
por el Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de
expediente 161/000657) (Página 19378)
--Sobre el plan de apoyo para el acceso a las Universidades de personas
con discapacidades. Presentada por el Grupo Socialista. (BOCG serie D,
número 275. Número de expediente 161/000588) (Página 19382)
--Sobre la ampliación del calendario de los alumnos del Plan 66 dentro
del marco de la Ley Orgánica de Ordenación del Sistema Educativo (LOGSE).
Presentada por el Grupo Popular. (BOCG serie D, número 282. Número de
expediente 161/000621) (Página 19384)
--Sobre reconocimiento del título de profesor de conservatorios y artes
escénicas del año 1966 y equivalencias con los titulados del plan de
1942. Presentada por el Grupo Popular. (BOCG serie D, número 282. Número
de expediente 161/000622) (Página 19387)
--Sobre la transformación de la Escuela Superior de Canto en un centro
superior de música. Presentada por el Grupo Popular. (BOCG serie D,
número 282. Número de expediente 161/000623) (Página 19390)
--Sobre acceso a cátedras de los profesores de música y artes escénicas.
Presentada por el Grupo Popular. (BOCG serie D, número 282. Número de
expediente 161/000624) (Página 19392)
--Relativa a la impartición de los conocimientos sobre bioética en la
enseñanza. Presentada por el Grupo Socialista. (BOCG serie D, número 290.
Número de expediente 161/000631) (Página 19395)
--Sobre participación de las Comunidades Autónomas de Aragón, Cataluña,
Valenciana e Islas Baleares en la gestión del Archivo de la Corona de
Aragón. Presentada por el Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
(BOCG serie D, número 286. Número de expediente 161/000626) (Página 19398)
--Sobre la enseñanza musical a distancia. Presentada por el Grupo
Popular. (BOCG serie D, número 275. Número de expediente 161/000620)
(Página 19401)
Se abre la sesión a las nueve y diez minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días. Vamos a comenzar la sesión de
hoy, cuyo orden del día está compuesto por las proposiciones no de ley
que restaban.
Antes de comenzar la sesión, quiero hacer dos o tres consideraciones. En
primer lugar, que, de acuerdo con lo que es costumbre y ha sido
solicitado también por diferentes grupos, las votaciones se producirán al
final del debate de todas las proposiciones no de ley. Por tanto, no
antes de las doce o doce y media. En segundo lugar, ha habido algún grupo
que ha pedido un pequeño cambio en el orden de debate de las
proposiciones no de ley. En ese sentido, después del debate de las tres
primeras proposiciones no de ley que figuran en el orden del día, que se
refieren al mismo tema, la retransmisión de los partidos de fútbol, que
se debatirán conjuntamente, se vería la que figura en el orden del día en
último lugar, que se refiere a la lengua asturiana en los planes de
estudio de la Universidad de Oviedo. Si quieren otra modificación a lo
largo de la sesión, como siempre, para comodidad de SS. SS., se intentará
atender.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE EL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
MEDIE ENTRE LAS TELEVISIONES PUBLICAS, LA LIGA PROFESIONAL DE FUTBOL Y
LOS SECTORES AFECTADOS POR LOS HORARIOS DE LAS RETRANSMISIONES
TELEVISIVAS DE FUTBOL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000585.)
--SOBRE SOLUCION DE LOS PROBLEMAS DERIVADOS DE LAS RETRANSMISIONES DE LOS
PARTIDOS DE FUTBOL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR.
(Número de expediente 161/000606.)
--PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS QUE SE GENERAN CON LOS ACTUALES HORARIOS
DE RETRANSMISION DE PARTIDOS DE FUTBOL. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO CATALAN CONVERGENCIA I UNIO. (Número de expediente
161/000629.)
El señor PRESIDENTE: Comenzamos, por tanto, el debate de las tres
primeras, que se refieren al mismo tema. A las tres han sido presentadas
enmiendas. Vamos a defender las tres proposiciones, después las
enmiendas, y por último intervendrán los grupos que deseen fijar su
posición.
La primera de las proposiciones ha sido presentada por el Grupo Federal
de Izquierda Unida. Para su defensa tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASANT: Señor Presidente, nos queremos enfrentar con
esta proposición no de ley a un problema que indudablemente no es fácil,
ni siquiera desde el punto de vista de los intereses partidarios,
teniendo en cuenta, cuando se hace este tipo de proposiciones no de ley,
a los sectores afectados o a la masa de público afectada. Pero desde el
punto de vista de la economía productiva y teniendo en cuenta la
estructura productiva del país, nosotros pensamos que lo que se plantea
en esta proposición no de ley habría que solucionarlo de una vez,
considerando que la retransmisión de las televisiones autonómicas, y en
algunos territorios también de Televisión Española, dé competiciones
futbolísticas a partir de las nueve de la noche, de las 21 horas, ha
representado un clarísimo perjuicio para sectores productivos
específicos, como los de hostelería, cines y teatros, especialmente los
fines de semana.
Pensamos que en esta temporada es absolutamente necesario abrir una
negociación --creo que ya se ha hecho en algún sentido, o por lo menos se
han iniciado algunos contactos que hasta ahora no han dado resultados
efectivos-- de cara a satisfacer tanto los intereses de la Liga
Profesional de Fútbol y de las distintas cadenas de televisión como los
de la estructura productiva por lo que afecta a hostelería, cine y
teatro. De otro lado, pensamos que el tema de publicidad no va a afectar;
me refiero a que no va a haber disminución de publicidad si se cambia la
hora de retransmisión de las competiciones futbolísticas. La tarta
publicitaria tiene un límite que prácticamente no se mueve, en torno a
doscientos o doscientos y pico mil millones de pesetas. En todo caso, se
viene produciendo una especie de redistribución entre aquellos que
contratan publicidad, pero sí se ven afectadas muy de lleno las cadenas
de hostelería, de cine y de teatro. (La señora Vicepresidenta Rodríguez
Ortega ocupa la presidencia.) Por tanto, si la retransmisión en horas de
máxima audiencia para captar la publicidad afecta en igual grado a todas
las cadenas de televisión no se vería afectado este mercado publicitario
que, repito, tiene unos límites bastante ajustados en los últimos años.
Por todo ello, teniendo en cuenta que ya ha habido un contacto del
Ministerio con el Presidente de la Federación Española de Restauradores,
que hasta ahora no ha dado resultado, planteamos la necesidad de que el
Congreso de los Diputados inste al Gobierno para que el Consejo Superior
de Deportes medie entre las televisiones públicas, tanto autonómicas como
la del Estado, la Liga Profesional de Fútbol y los sectores afectados por
los horarios de las retransmisiones televisivas de fútbol en orden a
solventar este problema, cambiando la hora de retransmisión
fundamentalmente en los fines de semana.
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Para defender la siguiente
proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular sobre
este mismo tema, tiene la palabra el señor Gómez Darmendrail.
El señor GOMEZ DARMENDRAIL: Como saben SS. SS., el fútbol es uno de los
principales atractivos de las programaciones de los distintos canales de
televisión. Para que se hagan una idea, en la temporada de 1994, es
decir, la que va desde el 1 de agosto de 1993 hasta el 31 de julio de
1994, se retransmitieron 784 partidos de fútbol, de los cuales 512 se
ofrecieron en directo y 272 en diferido. Esto supone 2,15 partidos
diarios o, lo que es lo mismo, 1.182 horas de fútbol por televisión, que
representan 49,5 días. Quiere esto decir que los telespectadores pudieron
disfrutar de sus equipos preferidos, los canales de televisión aumentaron
sus audiencias y, beneficios, por lo que todos podían darse por
contentos, incluidos los clubes. Sin embargo, en esas fechas ya se empezó
a detectar un cierto grado de conflictividad en algunos sectores en lo
que se refiere a la retransmisión de los partidos los sábados por la
tarde, exclusivamente los sábados por la tarde. Al parecer, estas
retransmisiones tenían una incidencia negativa en la economía de los
sectores de hostelería, cultura y espectáculos que podía tener una
repercusión importante en la caída del empleo.
Pues bien, fruto de esta inquietud, el Grupo Popular hizo una pregunta
oral al Ministro de Trabajo el 4 de octubre de 1994 sobre qué medidas
tenía previsto adoptar para hacer compatible la retransmisión televisada
de partidos de fútbol con el mantenimiento del empleo en los sectores de
hostelería y espectáculos. No contestó el señor Ministro de Trabajo, sino
el Ministro de Comercio, que en síntesis vino a decir que las ocho y
media no resolvía el problema, que se trasladaba el problema al comercio
y que, en definitiva, se originaba un conflicto de intereses. Fruto de
esta iniciativa se creó una comisión que está integrada por la Federación
Española de Restaurantes, Cafeterías y Bares, la Asociación de
Empresarios y Locales de Teatro, la Asociación de Productores de
Espectáculos Teatrales, la Asociación Nacional de Empresarios de Cine y
la Confederación Española de Comercio. El objetivo de esta comisión era
presionar, entre comillas, a la FORTA para arreglar el problema.
¿Cuáles eran las tesis de los sectores implicados? ¿Qué es lo que
exponían? ¿Cuál era su problemática? Pues bien, para ellos la decisión de
la FORTA de retransmitir los partidos los sábados a las nueve hacía que
la hostelería, cultura y espectáculos estén sufriendo graves perjuicios
debido a la coincidencia de la programación deportiva con las horas y
días de mayor actividad de estos sectores. Por cierto, debo decir que la
decisión de la FORTA de adelantar los partidos a las ocho y media se
produjo horas después de que el Grupo Parlamentario Popular anunciara que
había presentado una proposición no de ley en la que pide al Gobierno que
promueva las conversaciones necesarias para llegar a un acuerdo en lo
referente a las retransmisiones de fútbol.
Pero volviendo a lo anterior, ¿cuáles eran los perjuicios a los que estos
sectores se referían? Según su opinión, sus actividades en estos días,
concretamente el sábado, caen en picado y cifran entre un 40 y un 80 por
ciento la pérdida de clientes. Y lo que es peor y es la gran
preocupación, por lo menos, del Grupo Popular es que estos perjuicios
económicos pueden provocar una caída del empleo traducido en muchos miles
de puestos de trabajo. La explicación que se
da, fundamentalmente desde la hostelería, es que utilizan la plantilla
completa los fines de semana y aprovechan el resto de la semana para dar
la jornada de descanso a sus empleados, y su argumento es que si no se
necesita la plantilla completa los fines de semana podría darse la
circunstancia de que muchas empresas tuvieran que prescindir de algunos
empleados.
Pues bien, señorías, el objetivo principal de cualquier gobierno debe
ser, sin duda, la creación de empleo nuevo y, como es natural, evitar la
destrucción del ya existente. En un momento como el actual, en el que la
lucha contra el desempleo debe ser sin cuartel, parece evidente que hay
que tomar medidas urgentes cuando se intuye la posibilidad de la pérdida
de miles de puestos de trabajo. Entendemos desde el Grupo Popular que hay
que compaginar el derecho de los aficionados --y quiero subrayar esto--,
a quienes obviamente no se les debe suprimir ni una sola de las
retransmisiones, y los intereses del conjunto de la nación en lo
referente a la conservación de empleo. Desde el Grupo Popular tratamos de
conseguir el equilibrio necesario para que el espectador pueda seguir
disfrutando de sus emisiones preferidas y para que, respetando la
iniciativa de las diversas cadenas de televisión, esta iniciativa no se
transforme en competencia negativa para unos sectores tan importantes
para la economía del país y que son fuente de generación de empleo.
Por consiguiente, pedimos flexibilidad, solidaridad y diálogo.
Flexibilidad en el horario de retransmisión sólo los sábados por la
tarde, solidaridad para que los trabajadores de estos sectores puedan
mantener sus puestos de trabajo y diálogo para que la FORTA no tome
decisiones de forma unilateral y consulte a las partes implicadas, es
decir, a los aficionados y a los sectores antes mencionados para que
entre todos se pueda llegar a una solución que no dañe al empleo ni
perjudique al espectador. Por ello hemos hecho una enmienda a la
proposición no de ley en la que instamos al Gobierno, desde el Congreso
de los Diputados, para que promueva las conversaciones necesarias entre
las partes implicadas que faciliten un acuerdo que evite los efectos
negativos para la economía y el empleo que se están registrando por las
retransmisiones deportivas.
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Señor Gómez Darmendrail, ¿da
por defendida la enmienda de su grupo a la que ha hecho referencia en
último lugar?
El señor GOMEZ DARMENDRAIL: Efectivamente, por eso he hecho la referencia
final.
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Para defender la siguiente
proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Baltá.
El señor BALTA I LLOPART: No voy a insistir en mi intervención en datos y
cifras, incluso en conceptos que los grupos que hemos presentado casi
idénticas proposiciones no de ley conocemos perfectamente porque sería
reiterativo. Los datos son los datos, están ahí, y han sido expuestos
magníficamente por los dos portavoces de los grupos proponentes. En mi
caso creo que es necesario insistir en el impacto que se provoca.
Mi grupo tiene muy claro que no se trata de perjudicar a la audiencia,
que es la preocupación de la proposición no de ley, sino de no perjudicar
a los distintos sectores implicados. Mi grupo también considera que es
una cuestión altamente complicada porque los sectores implicados son
diversos y tienen una incidencia importante en la sociedad. La
preocupación por el empleo es el primer dato que aparece en nuestras
intervenciones --está ahí, el peligro existe--, pero también existe la
preocupación por el impacto que esto pueda tener en un sector importante
de nuestra economía --estamos hablando de la hostelería-- en un país
donde el turismo tiene una incidencia extraordinaria en los presupuestos
públicos y privados. Por ello nuestra preocupación va en este sentido.
Pensamos que lo que está sucediendo últimamente en muchos restaurantes
cuando hay partidos de fútbol --consideran que es hora de cerrar-- tiene
que acabarse. Hay que buscar una solución.
Pero además de que afecta al empleo y a una de nuestras industrias
básicas, el turismo, nuestro grupo tiene otra profunda inquietud por
cultura, por el impacto que puede tener sobre el teatro. Las pocas
ciudades del Estado que tienen teatro estable se ven extraordinariamente
perjudicadas. En cuanto hay un partido de fútbol en televisión que
coincide con la representación de una obra teatral, ya se puede
considerar que la taquilla va a ser poco rentable para la empresa. No
vamos a hablar tampoco del mundo del cine. No hace mucho que el Congreso
aprobó una ley de protección a la cinematografía del Estado por el
peligro que corría.
Es necesario que los sectores implicados dialoguen, incluso que las
administraciones los reúnan y busquen una solución concreta que sea la
menos perjudicial para todos los sectores. Es muy complicado, es difícil
encontrar una solución, es imposible imponer una solución. Es necesario
que el diálogo lleve al consenso y no hay más que añadir. Creo que es un
buen planteamiento que se produzca el consenso en la defensa de las
proposiciones no de ley en el ámbito de la Comisión. Sugerimos a la
Administración pública implicada que se ponga en marcha para que se
encuentre un camino cuanto antes y se dé una solución lo más
satisfactoria posible a los sectores implicados.
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): El Grupo Parlamentario
Socialista ha presentado enmiendas de sustitución a las tres
proposiciones no de ley que acaban de defenderse. Para su defensa tiene
la palabra el señor Martín del Burgo.
El señor MARTIN DEL BURGO SIMARRO: Señorías, quiero hacer tres
consideraciones previas. La primera, que problemas complejos no
encuentran su mejor solución en medidas elementales simples o de mero
trámite. La segunda consideración es que mostramos nuestra coincidencia
con los grupos proponentes en la línea de buscar una necesaria solución.
Y la tercera consideración preliminar es que es necesario deslindar
quiénes son competentes en
la situación, quiénes son afectados o interesados o quiénes pueden
resultar por concomitancia perjudicados.
Señorías, el problema suscitado por la hora de retransmisión por
televisión de los partidos de fútbol los sábados de cada semana es
complejo y contrapuesto por los intereses privados que entran en
conflicto, según la opinión formada y expresada por los sectores
afectados e implicados. ¿Cómo cuestionar la libre fijación de horarios de
espectáculos y servicios para los ciudadanos? Los socialistas, a través
del grupo parlamentario y de la Administración, hemos venido siguiendo la
historia de los hechos. Así, el Grupo Parlamentario Socialista se ha
venido interesando por la cuestión objeto de la iniciativa a través de
varias preguntas formuladas por este Diputado al señor García Candau, en
el seno de la Comisión de Control de Radiotelevisión Española. La
Administración, a través del Ministerio de Comercio y del Consejo
Superior de Deportes, ha venido manteniendo conversaciones con la FORTA y
con la Liga de Fútbol Profesional al inicio de la temporada futbolística
para evitar los conflictos de temporadas anteriores. Señorías, fruto de
esas conversaciones, el partido del 4 de noviembre en concreto comenzó a
las ocho y media de la tarde, que por cierto ha sido la hora de
retransmisión de temporadas precedentes a excepción de la de 1994-1995.
El adelanto, no obstante, parece que no ha satisfecho a alguna de las
partes. En este sentido se manifiestan, por ejemplo, los hosteleros que
hablan de una reducción del 25 por ciento de sus ingresos y en términos
muy similares también lo hacen los representantes de cines y teatros.
Todos ellos a su vez se manifiestan contra la FORTA.
Compartimos la preocupación, pero pocos parecen tener la solución
consensuada que es la que intentamos conseguir con estas enmiendas que
formulamos. Desde el Grupo Parlamentario Socialista somos partidarios de
promover el conveniente diálogo ya iniciado hace unos meses. Es evidente,
a nuestro juicio, que han de ser los sectores implicados los que han de
ponerse de acuerdo en una primera instancia y a continuación serán los
ciudadanos los que elijan libremente entre las diferentes opciones. Es
decir, si son partidarios del fútbol, del bar, de las compras o del cine.
No advertimos una solución impuesta, a modo de laudo, de dudosa legalidad
en su formalidad y criticable desde la óptica de la libertad de las
opciones de las partes implicadas y de los derechos ciudadanos en su
elección por deporte, ocio, restauración, teatro, cine, servicios,
cafetería o comercio. Si repasamos las hemerotecas, señorías, el señor
García Candau se manifestaba en una contestación a este Diputado en los
siguientes términos: que no tiene competencias porque Televisión Española
es subsidiaria colaboradora con la FORTA, que es la que ostenta los
derechos de retransmisión. El Ministro de Comercio, en la línea de lo que
han expresado algunos de los Diputados proponentes, hablaba de la
complejidad del problema y del conflicto de intereses. Por tanto,
señorías, ¿cómo llegar al deseable acuerdo? Recordemos la situación de
los acuerdos entre la FORTA y la Liga de Fútbol Profesional. De ellos
depende la fecha y hora de la retransmisión.
Somos partidarios --y voy concluyendo--, en sintonía con el resto de los
grupos parlamentarios proponentes, de abrir cauces de diálogo y de
aproximación en el horario y día de mayor aceptación para atender los
intereses en juego y para conciliar los contrapuestos; es decir, los
intereses de las grandes superficies y del pequeño comercio, que se
quejan del adelanto del horario, con los del sector de la hostelería, de
los bares y de otros servicios, que se quejan precisamente del retraso en
los horarios. Señorías, el fútbol retransmitido antes de las ocho, según
solicitan los restaurantes, parece ser que perjudica a las tiendas y al
comercio. Este sector dice que precisamente los sábados por la tarde
tienen unas horas de mayor actividad. No lo dice este Diputado, lo dicen
ellos. Por tanto, en unos y en otros existe una actividad económica y de
empleo, y para avanzar en la mejor solución de este conflicto de
intereses proponemos una enmienda que, en caso de ser aceptada, tendría
dos virtualidades, señora Presidenta. Primero, dar satisfacción a lo
solicitado por los grupos parlamentarios y segundo, y más importante,
fijar y determinar los componentes de la comisión mediadora, promovida
por el Gobierno, en aras a la eficacia y el deseable acuerdo. Les
recordaré que nuestra enmienda, aunque los portavoces conocen su
contenido, dice lo siguiente: El Congreso de los Diputados solicita del
Gobierno la promoción y constitución de una comisión que reanude las
conversaciones en orden a la solución de los problemas suscitados por la
retransmisión televisada de los partidos de fútbol, integrada por
representantes de la Administración central, Ministerio de Comercio,
Consejo Superior de Deportes, representantes de las comunidades autónomas
donde existe televisión autonómica y por un representante de cada uno de
los sectores implicados: FORTA, Liga de Fútbol Profesional, Federación
Española de Restaurantes, Cafeterías y Bares, Asociación de Empresarios
de Locales de Teatro, Asociación Nacional de Empresarios de Cine y de la
Confederación Española de Comercio. Espero que sea aceptada por los
grupos proponentes.
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Al objeto de manifestar la
posición y el criterio de su grupo respecto de las enmiendas que acaban
de defenderse podrán utilizar un turno, que ruego sea lo más breve
posible, los portavoces de los grupos de Izquierda Unida, Popular y
Convergència i Unió.
Tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Consideramos que es adecuada esta enmienda
--teniendo en cuenta que yo ha habido un contacto, aunque no parecía
suficiente y, en todo caso, bilateral-- porque se amplía la posibilidad
de que todos los sectores afectados participen en esta especie de
comisión. Quizá el único problema sería la urgencia de la decisión a
adoptar, que no se contiene en la enmienda, aunque es cierto que tampoco
se contenía en las propuestas que hacíamos desde los distintos grupos. En
definitiva, teniendo en cuenta que amplía la posibilidad de contactos, de
cara a la solución que todos buscamos, admitimos esta enmienda.
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Por el Grupo Parlamentario
Popular tiene la palabra el señor Gómez Darmendrail.
El señor GOMEZ DARMENDRAIL: Debo decir que la enmienda socialista está en
línea con lo que nosotros habíamos solicitado y, en muestra de buena
voluntad y con la exclusiva intención de arreglar el problema,
aceptaremos la propuesta que nos ofrece el Grupo Socialista, aunque se ha
mantenido prácticamente ajeno, hasta ahora, a esta situación planteada y
creo que no hubiera reaccionado si otros grupos no hubiéramos intervenido
en esta materia, pero repito que aceptamos esta enmienda que nos presenta
el Grupo Socialista porque no queremos, en modo alguno, obstruir con
nuestros votos la posibilidad de un consenso y lo que deseamos es un
acuerdo que al final respete a todas las partes implicadas.
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Baltá.
El señor BALTA I LLOPART: Simplemente quiero decir que la enmienda
presentada por el Grupo Socialista nos satisface, ya que nuestra
proposición de ley va en el mismo sentido. Por tanto, la aceptamos
íntegramente.
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Tiene la palabra el señor
Martín del Burgo.
El señor MARTIN DEL BURGO SIMARRO: Señora Presidenta, medio minuto para
agradecer la aceptación y hacer una matización, si me lo permite, a una
alusión que ha hecho el portavoz del Grupo Popular. El Grupo Socialista
no ha estado ajeno a esta preocupación. Le recomiendo que repase las
hemerotecas donde figuran varias preguntas al Director General del Ente
RTVE, en concreto dos de este Diputado, interesándonos por la situación
del conflicto, solicitando mediación y presentando escritos --le puedo
proporcionar la documentación pertinente al señor portavoz del Grupo
Popular--, dirigidos al Ministerio de Comercio, en ese sentido, con
contestación muy clara y contundente.
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): A los efectos de clarificar
la votación, que tendrá lugar al finalizar el debate de todas las
proposiciones no de ley, solicito al señor Gómez Darmendrail que
manifieste la postura del Grupo, a los efectos de retirar una enmienda
que el Grupo Popular ha presentado al propio texto de su proposición no
de ley.
El señor GOMEZ DARMENDRAIL: Señora Presidenta, retiramos la enmienda y
aceptamos la propuesta del Grupo Socialista.
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Muchas gracias.
Al final del debate de las proposiciones no de ley, se producirá una
única votación en base al texto de la enmienda de sustitución que ha
presentado el Grupo Parlamentario Socialista a las tres proposiciones no
de ley.
Señorías, hay un pequeño problema por parte del Grupo Popular en relación
con la proposición no de ley que se había anunciado al inicio de la
sesión que debatiríamos en este momento, la de reconocimiento de la
lengua asturiana como asignatura troncal en los planes de estudio de la
Universidad de Oviedo. El Grupo Parlamentario Popular manifiesta que no
han podido localizar al Diputado que tendría que exponer la posición de
su grupo, por lo que solicita que se retrase en un cuarto de hora o 20
minutos el debate de esta proposición no de ley. Por tanto, si les parece
bien, pasaríamos a debatir en este momento la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Socialista sobre el plan de apoyo para el acceso a
las universidades de personas con discapacidades. ¿Están en disposición
de debatirla los diferentes grupos parlamentarios? (Pausa.)
Señorías, como hay algún problema para seguir el orden de debate de las
proposiciones no de ley que en principio habíamos establecido, vamos a
interrumpir la sesión durante cinco minutos. Se va a reunir la Mesa con
los portavoces de cada grupo parlamentario para establecer
definitivamente un orden de debate de las proposiciones no de ley, que no
será alterado una vez que lleguemos a un acuerdo. (Pausa.)
Señorías, continuamos la sesión de la Comisión con el debate de la
proposición no de ley relativa al reconocimiento de la lengua asturiana
como asignatura troncal en los planes de estudio de la Universidad de
Oviedo. A los efectos de que SS. SS. estén totalmente informados,
continuaremos con el orden del día tal y como estaba previsto en un
principio, es decir, la proposición no de ley del Grupo Socialista sobre
plan de apoyo para el acceso a las universidades de personas con
discapacidades. La única modificación será que la proposición no de ley
sobre la enseñanza musical a distancia se debatirá al final, la última de
todas las previstas para la sesión de esta mañana. ¿De acuerdo?
(Asentimiento.)
--RELATIVA AL RECONOCIMIENTO DE LA LENGUA ASTURIANA COMO ASIGNATURA
TRONCAL EN LOS PLANES DE ESTUDIO DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO. PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.
(Número de expediente 161/000657.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Para la defensa de la
proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: El objeto de esta proposición no de ley es el
siguiente. El día 18 de octubre de 1995, la Comisión Académica del
Consejo de Universidades decidió rechazar la homologación del plan de
estudios de filología, aprobado por la Universidad de Oviedo, por el que
la lengua asturiana es considerada por esta Universidad como segunda
lengua troncal. Izquierda Unida
entiende que esta decisión de la Comisión Académica del Consejo de
Universidades ha sido una agresión a la autonomía de la Universidad de
Oviedo y también al propio Estatuto de Autonomía de Asturias que, en su
artículo 4, reconoce la necesidad de defender y proteger la lengua
asturiana, el bable. Creemos que ha sido una decisión desacertada, fruto
quizá de una visión academicista y desconocedora de la propia realidad de
nuestra cultura asturiana. Creemos que ha sido una decisión tomada desde
la ignorancia de la valoración que tiene nuestra lengua en la cultura del
pueblo asturiano. Una lengua que ha sido objeto, de alguna manera, de
minusvaloración constante durante muchos años, lo que precisamente ha
impedido su propio desarrollo y también el que sea considerada como algo
más que una lengua de los paisanos o una lengua que despectivamente se
intentaba atribuir a aquellos con bajo nivel cultural.
Entendemos que en un futuro --y no es el momento de tratarlo en esta
Comisión-- nuestra lengua tiene que ser considerada como cooficial y para
ello hemos exigido y estamos exigiendo la reforma de ese artículo del
Estatuto de Autonomía de nuestra comunidad autónoma. Asimismo, el pueblo
asturiano hace unos días ha expresado también su voluntad con una
manifestación multitudinaria convocada por todo tipo de colectivos, desde
la Academia de la Lengua Asturiana hsta los sindicatos y diversas
asociaciones, apoyada por más de 15.000 ciudadanos que pacíficamente en
la ciudad de Oviedo reivindicaron su cultura y la necesidad de que su
lengua sea respetada y valorada como cualquier otra del Estado español.
Hoy ya existen en la Universidad de Oviedo los títulos de especialista y
experto en filología asturiana y como asignaturas optativas en el curso
pasado hubo una importante demanda. También en este curso hay 130
matriculados para 60 plazas y 41 matriculados para especialistas. Nadie
está pidiendo que le obliguen mañana a hablar la lengua asturiana y
aprenderse su vocabulario y su gramática, sino que se está pidiendo el
respeto, la defensa y la posibilidad precisamente de desarrollar nuestra
lengua y nuestra cultura. Se pide algo tan elemental como que además se
respeten las decisiones que toma nuestra universidad, lo mismo que se
respetan las de otras universidades como, por ejemplo, la Universidad de
Santiago, que tiene consideradas como lenguas troncales --que en
definitiva es lo que se pide en este caso-- lenguas que no están
reconocidas, por decirlo así.
Para calificar una lengua o un habla de lengua, todos los expertos
entienden que tiene que haber tres características. Una estructura
propia, por tanto una gramática y un léxico que en el caso asturiano es
indudable y no rebatible por parte de nadie. Que exista también una
tradición cultural. Es conocido que existe esta tradición cultural y en
los textos medievales se pueden encontrar ya rastros de nuestra propia
lengua. Asimismo, hoy hay una enorme producción de literatura en
asturiano, en bable. Por último, que exista un respaldo, una conciencia
coleciva de pertenecer a una comunidad que se expresa en esa lengua, bien
como una forma de adhesión o una voluntad de usarla. Nuestra lengua es
rica en imágenes y expresiones, una lengua que es reconocida como una
parte de los rasgos de identidad de nuestro pueblo. Para reforzar esta
idea, uno de los muchos estudios sociológicos que se han hecho sobre la
lengua asturiana, en concreto el realizado por Llera el año 1991,
concluye, entre otras cosas, reconociendo que nueve de cada diez
asturianos quieren ver su lengua en las escuelas y que se ha incrementado
en veinte puntos desde el año 1977 esta voluntad de los asturianos, este
reconocimiento de la lengua asturiana y de la necesidad de que sea
tratada mejor y apoyada por las propias instituciones asturianas y del
ámbito estatal. Siete de cada diez asturianos están por medidas
claramente recuperacionistas y seis de cada diez ven viable al menos el
proceso de conservación de la lengua, ya que no creen que corra serio
peligro de desaparición, a pesar de que sean conscientes de las
dificultades. Los asturianos están masivamente y cada día más
disconformes con el lugar que ocupa su lengua autóctona en la oferta
bibliográfica y en los medios de comunicación masivos, tanto impresos
como audiovisuales, conscientes de que la reproducción y la recuperación
lingüísticas dependen en gran medida del sistema educativo. Por tanto,
nueve de cada diez asturianos quieren ver su lengua en las escuelas.
Todo lo dicho ratifica nuestra proposición no de ley pidiendo que el
Congreso de los Diputados inste al Gobierno para que, respetando el
ámbito de autonomía universitaria, se realicen las gestiones oportunas,
sea reconsiderada esta decisión inicial del Consejo de Universidades y se
respete el plan de estudios propuesto por nuestra propia universidad.
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): A esta proposición no de ley
se ha presentado una enmienda de sustitución por parte del Grupo
Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra el señor
Martínez Noval.
El señor MARTINEZ NOVAL: Señora Presidenta, como hace un momento se
recordaba, efectivamente el artículo 4 del Estatuto de Autonomía para
Asturias mandata a los poderes públicos regionales a la defensa, a la
promoción y a la mejor consideración del bable. El Gobierno de mi
partido, que desde 1983 a 1995 tuvo responsabilidades institucionales a
nivel autonómico, llevó a la práctica y respetó ese mandato, cumpliéndolo
en los términos exactos en los que está redactado ese artículo del
estatuto que todos apoyamos en su día. La consecuencia de ello es que en
un marco de plena y absoluta libertad --libertad no sólo de los alumnos
en los centros escolares para decidir si aprenden o si mejoran su
conocimiento del bable-- los propios centros, los consejos escolares y
los padres de los alumnos decidan si hay en los mismos demanda suficiente
para que recaben de los poderes públicos autonómicos la financiación, la
utilización de recursos públicos para el cumplimiento y para el mejor
desarrollo de ese mandato del artículo 4 del Estatuto de Autonomía.
La consecuencia del desarrollo de esta política que mandata el artículo 4
--lo digo para que SS. SS. tengan un cabal conocimiento de cuál es la
situación en estos momentos--
ha conducido a que 18.000 niños asturianos, en torno al 10 por ciento de
la población escolarizada en enseñanza general básica, en estos momentos
haya decidido formar parte del colectivo del Principado de Asturias
beneficiado por dicho artículo. En esas circunstancias, señorías, la
Universidad de Oviedo, por los cauces y por el camino correspondiente,
aunque el término exacto sería por el camino de los estatutos de la
Universidad, tomó a todos los niveles por mayoría --me refiero en el
departamento de filología, en segunda instancia en la junta de facultad
y, en tercer lugar, en la junta de gobierno de la universidad--la
decisión de incluir el bable como asignatura troncal en la licenciatura
de filología. Para nosotros ésa es una decisión que toma la Universidad
de Oviedo en el correspondiente ámbito de su autonomía, y una vez más
constatamos que con ella no se estaba en modo alguno forzando la voluntad
de nadie respecto de la posibilidad o no decidir libremente ser o no
alumno de una asignatura de bable. Quiero también poner de relieve que
para nosotros una asignatura troncal --y creo que ése es el significado
en la normativa universitaria-- no tiene por qué ser necesariamente
obligatoria, puede ser perfectamente optativa. Luego estábamos una vez
más en el marco de la voluntariedad, en el marco sin duda del artículo 4
del Estatuto de Autonomía, cuyo contenido no voy a reiterar, y además
estábamos ante una decisión soberana de las tres instancias que en este
caso tienen competencia para ello de la Universidad de Oviedo.
Ha relatado el señor Santiso que el Consejo de Universidades tomó una
decisión, también en el ámbito de sus competencias, contraria a la que
adoptaron todas esas instancias de la Universidad de Oviedo.
En esas condiciones, una vez conocido el rechazo del Consejo de
Universidades, se debatió en el Parlamento asturiano, en la Junta General
del Principado de Asturias, una iniciativa de Izquierda Unida que trataba
de que el Consejo de Universidades tomara una decisión que se
correspondiera con la que habían tomado todas esas instancias de la
Universidad de Oviedo.
El Grupo Socialista de la Cámara regional asturiana votó a favor de esa
iniciativa, y una iniciativa de parecido tenor y naturaleza llega hoy al
Congreso de los Diputados. Señorías, mi grupo parlamentario ha presentado
una enmienda a esa iniciativa de Izquierda Unida que trata, en primer
lugar, de respetar el núcleo del acuerdo que puede tomar esta Comisión y,
sobre todo, que en su día tomó el Parlamento asturiano en relación con
esta materia.
Entendemos que el párrafo primero es un poco redundante del segundo, a
pesar de que va en orden inverso, y creemos que es, desde nuestro punto
de vista al menos, mucho mejor que el Congreso se dirija al Ministerio de
Educación y Ciencia para que éste haga la gestión oportuna ante el
Consejo de Universidades, que haya una manifestación expresa de esta
Comisión y de esta Cámara en relación con una decisión del Consejo de
Universidades. Precisamente yo, que hoy he sido amablemente invitado a
esta Comisión, no puedo desconocer que estamos hablando de una
institución del Estado, de la administración educativa, que tiene
reconocida la autonomía.
La enmienda que nosotros proponemos trata de respetar, en primer lugar,
la autonomía del Consejo de Universidades; en segundo lugar, trata
también de dirigirse al Ministerio de Educación y Ciencia, en lugar de
hacer una referencia directa al Consejo de Universidades; y, en último
término, señorías, trata también de respetar los términos literales del
artículo 4 del Estatuto de Autonomía para Asturias. Estas son las razones
que nos han llevado a presentar esta enmienda, que entendemos mejora el
texto de la proposición no de ley de Izquierda Unida.
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): ¿Grupos que desean fijar su
posición en esta proposición no de ley? (Pausa.)
Ruego a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios que fijen
su posición respecto al texto de la proposición no de ley y, si fuera
posible, también respecto de la enmienda de sustitución que se ha
presentado.
Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la
palabra el señor Baltá.
El señor BALTA I LLOPART: La fijación de posición de este portavoz en un
caso como éste es absolutamente obligado. No voy a relatar historias que
pueden tener una relación concreta respecto al acuerdo tomado por el
Consejo de Universidades y que a la Comunidad que yo represento le han
afectado históricamente hasta el punto de convertir a los catalanes en
analfabetos de nuestra propia lengua, siendo una de las reivindicaciones
más compartidas por las fuerzas políticas de Cataluña. Y, además de este
planteamiento, desde el respeto que en Cataluña se ha producido por otra
lengua minoritaria, que es el aranés, hasta el extremo de que en el lugar
donde se habla, el Valle de Arán, es lengua oficial y la Generalitat está
actuando intensamente para que no sólo no se pierda sino que sea una
realidad entre el pueblo de la comarca implicada.
Desde nuestro punto de vista, las decisiones como la que acabamos de ver
no forman parte de la ignorancia, que no puede existir en el mundo
universitario, ni siquiera de la ignorancia de la realidad que debe
existir en Asturias respecto al bable, sino de planteamientos que están
superados afortunadamente por nuestra Constitución y por la mayor parte
de las fuerzas políticas que integran el Congreso.
Sin embargo, es importante que este tema se trate aquí, es impotante que
la Universidad de Oviedo haya tomado una posición favorable a que el
bable sea una lengua troncal en el seno de la Universidad, es importante
que algún grupo parlamentario nos lo plantee como lo ha hecho o que otro
grupo parlamentario, que tiene la mayoría en el Congreso, nos plantee una
salida --y en este momento estoy fijando mi posición-- para que el
Congreso, que es quien debe interpretar la Constitución en este sentido,
llame la atención a los organismos correspondientes para que sea
respetada la Constitución cuando dice que estamos en un Estado plural,
culturalmente hablando, y que existe un estatuto que establece el máximo
respeto para esta lengua que, aunque pueda ser minoritaria, está
seguramente más implantada entre el pueblo que lo que desde la distancia
que nos separa de Asturias podemos llegar a pensar.
Nuestro planteamiento se ciñe a este hecho, pensamos que afortunadamente
estos criterios que provocaron barbaridades culturales en el pasado hoy
están superados, que el concepto de que cultura era aquella que se
expresaba en la lengua oficial del Estado hoy está superado, entre otras
cosas porque, afortunadamente, la lengua castellana tiene una fortaleza
que no necesita de ayudas institucionales porque su proyección es
extraordinaria, incluso puede ser un instrumento para explicar, y de
hecho muchas veces sucede, la pluralidad cultural que integra nuestro
Estado.
Por lo tanto, mi grupo parlamentario se suma con el entusiasmo propio de
la lucha que del catalán y del aranés hemos realizado en Cataluña y
felicita al grupo proponente porque esta batalla la van a ganar ya que
aquellas cosas que tienen raíces en el pueblo acaban imponiéndose, y la
van a ganar no para la lengua y la cultura asturiana, sino para el
respeto que merece todo aquello que está en el alma de un pueblo.
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor De la Vallina.
El señor DE LA VALLINA VELARDE: Intervengo para fijar la posición del
Grupo Parlamentario Popular en relación a la proposición no de ley de
Izquierda Unida acerca de que la lengua asturiana tenga la consideración
de lengua troncal dentro de la licenciatura de Filología Románica de la
Universidad de Oviedo.
Como no podía ser de otra forma, la proposición de mi grupo en relación a
esta proposición no de ley va a ser consecuente con la que en su día el
Grupo Popular adoptó en el Parlamento asturiano. En primer lugar quiero
decir --conviene que tengan pleno conocimiento de ello los señores
comisionados-- que este debate, la consideración de una proposición no de
ley del mismo tenor que la que hoy estamos debatiendo, tuvo lugar en la
Junta General del Principado de Asturias en la sesión del día 20 de
octubre último. Por ello, la verdad es que no veo los motivos, las
razones por las cuales en el Parlamento nacional debatimos hoy esta misma
proposición de ley.
La posición del Grupo Parlamentario Popular en relación al tema que
consideramos encuentra su justificación, encuentra su motivación en dos
ideas básicas que deben ser debidamente armonizadas. Por un lado, el
estricto respeto a las previsiones que, en relación a la lengua
asturiana, al bable, a las distintas modalidades del bable, se recogen en
el Estatuto de Autonomía de Asturias; y, por otro lado, el debido respeto
a la autonomía universitaria y a la aprobación de los planes de estudios,
según el ordenamiento jurídico vigente.
En nuestro Estatuto de Autonomía, como también ha sido recordado esta
mañana, el bable no tiene el carácter de lengua oficial, sin perjuicio de
que el Estatuto establezca el compromiso de que las distintas modalidades
del bable deban ser objeto de protección y fomento, del debido estímulo y
ayuda a la investigación y al fomento de estas modalidades de la lengua
asturiana. Y esto es lo que ciertamente viene haciendo el Gobierno del
Principado en estos momentos al apoyar y hacer suyas todas las peticiones
que, por parte de los centros educativos, se efectúan en relación con la
enseñanza de la lengua asturiana.
Ahora bien, en el ámbito de la Universidad, partiendo de la autonomía que
la Constitución atribuye a la Universidad, debe ser ésta, a través del
procedimiento legalmente establecido, la que determine el carácter y
rango que deben tener la investigación y la enseñanza de la lengua
asturiana. Y ello, como digo, a través del procedimiento que el
ordenamiento jurídico establece para fijar los contenidos de los planes
de estudio de las distintas licenciaturas, con la competencia que
corresponde al Consejo de Universidades y a las distintas comisiones de
ese Consejo.
He de decir, porque también se ha recordado esta mañana aquí, que la
Universidad de Oviedo viene preocupándose de la enseñanza del bable, como
lo prueba que en el nuevo plan de estudios de Filología Hispánica lo
incluye como una tercera lengua, y existe, también ha sido recordado esta
mañana, un título de especialista en Filología asturiana de la Facultad
de Filología y otro título de experto en Filología asturiana, que se
imparte en la Escuela Universitaria de Profesorado, con los
correspondientes créditos. Yo creo que no debemos pronunciarnos sobre una
cuestión tan puntual como la que se recoge en esta proposición no de ley
ni sobre el carácter que deba de tener o no como asignatura troncal
dentro de un plan de estudios; me parece que ésta no es una cuestión que
podamos considerar o en la que debamos adoptar una posición. Es una
cuestión, entiendo, de carácter estrictamente académico, que entra dentro
de la autonomía universitaria y de la competencia que corresponde a la
Comisión Académica del Consejo de Universidades que, en su momento, ya se
pronunció sobre esta cuestión. A él, al Consejo de Universidades, le
corresponde la aprobación de los planes de estudio según los informes de
las correspondientes comisiones y, como digo, ese Consejo de
Universidades, en su sesión del 14 de julio último, ya tuvo ocasión de
pronunciarse sobre esta cuestión.
Insisto, y con ello termino, que entendemos que el estricto cumplimiento
de las previsiones que se contienen en el Estatuto de Autonomía de
Asturias y el respeto a la autonomía universitaria conducen a la postura
que mi Grupo adopta en este debate, que va a ser la de la abstención.
Respecto a la enmienda defendida por el señor Martínez Noval, entiendo
que ciertamente precisa algunos aspectos concretos de la proposición pero
no altera la posición que mi Grupo adopta en relación a esta proposición
no de ley.
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Para fijar la posición del
Grupo de Izquierda Unida respecto de la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Yo he hecho una propuesta al Partido
Socialista que pasaré a la Mesa. E suna transacción ante la proposición
no de ley inicial y la propuesta del Partido Socialista. Proponemos
retirar el
punto 1 y el siguiente texto: El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno para que, respetando el ámbito de autonomía universitaria,
realice las gestiones oportunas ante el Consejo de Universidades, de
manera que reconsidere o estudie de nuevo la petición de la Universidad
de Oviedo sobre la incorporación del bable como asignatura troncal en los
planes de estudio de esta Universidad correspondientes a la asignaturas
de Filología. Yo creo que recoge o intenta sintetizar tanto nuestra
propuesta como los matices que hacía el señor Martínez Noval.
Agradezco a Convergència i Unió su apoyo, y quiero recordar que en la
Universidad de Santiago, contra lo que dice el señor De la Vallina, se
acepta el occitano y el romañés como lenguas troncales, cuando no son ni
oficiales ni hispánicas. Qué menos que solicitar para el idioma asturiano
el reconocimiento que su propia Universidad pide y, por lo tanto,
entendemos que es de razón nuestra petición de que se respete la
autonomía universitaria, entendiendo que en este caso es bueno el que la
Universidad se preocupe, precisamente en sus planes de estudio, de darle
una mayor relevancia a su propio idioma.
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Señor Martínez Noval,
¿acepta usted la propuesta?
El señor MARTINEZ NOVAL: Sí, señoría. Mi Grupo acepta la propuesta de
transacción que hace el señor Santiso en nombre del Grupo de Izquierda
Unida.
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Señor Santiso, le
agradecería que hiciera llegar a la Mesa el texto concreto para tenerlo
en cuenta en la votación que se producirá al final. Votaremos, por tanto,
en relación a esta proposición no de ley, el texto que responde a la
transacción a la que se ha llegado entre el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida y el Grupo Parlamentario Socialista.
--SOBRE EL PLAN DE APOYO PARA EL ACCESO A LAS UNIVERSIDADES DE PERSONAS
CON DISCAPACIDADES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
(Número de expediente 161/000588.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Pasamos a debatir la
proposición no de ley sobre el plan de apoyo para el acceso a las
universidades de personas con discapacidades. Para la defensa de esta
proposición no de ley, que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra la señora Rodríguez.
La señora RODRIGUEZ CALVO: Hoy me encuentro en esta Comisión de Educación
y Cultura del Congreso de los Diputados para presentar, en el nombre del
Grupo Socialista, la proposición no de ley por la cual se insta al
Gobierno a elaborar un plan de apoyo para el acceso en igualdad de
condiciones a la enseñanza universitaria de personas con algún tipo de
dificultad física o sensorial.
Quiero subrayar que esta iniciativa se plantea bajo dos principios:
primero, el de la normalización y el derecho de todo ciudadano a acceder
al sistema educativo, y en este caso al universario; y un segundo
principio, el de profundizar en la igualdad de oportunidades. Al mismo
tiempo cabe resaltar que los principios constitucionales en materia
educativa y en lo referente a personas discapacitadas se han plasmado en
normas de distinto rango, entre las que la Lismi, como ustedes conocen,
constituye una pieza de primer orden al igual que la Lode o la Logse que,
junto con los reales decretos que se han ido desarrollando en este campo,
han provocado un cambio muy importante, bien reconocido por todos, en el
grupo de personas con discapacidad y un gran avance cualitativo y
cuantitativo en lo que respecta a su integración, lo que le está
permitiendo ir progresando en el camino de la igualdad de oportunidades.
En lo referente a la educación, este cambio es mucho más evidente en los
niveles educativos de enseñanza infantil, primaria, secundaria o en la
formación profesional. Sin embargo, en la universidad, aunque se está
avanzando en el cumplimiento de lo legislado para el desarrollo de lo
preceptuado en la LISMI, lo cierto es que muchos alumnos que vienen
cursando Bachillerato o COU con éxito, a pesar de sus especiales
dificultades, a menudo se encuentran con barreras insalvables al
pretender acceder a la universidad debidas más a cuestiones de acceso y
comunicación que a sus propios conocimientos. Estas personas, a las que
se ha ayudado en los demás niveles educativos a conseguir este nivel de
estudios, no pueden ver truncada su esperanza de lograr niveles
superiores de formación por un problema de infraestructura, por un
sistema de transmisión de conocimientos o por métodos de enseñanza que no
son adecuados a sus características.
Desde esta preocupación, y por los múltiples contactos que he mantenido
con asociaciones de minusválidos que me presentaban esta demanda, y
también porque, desde la experiencia que lleva a cabo la Universidad de
Granada, se están dando pasos importantes en el logro del desarrollo,
promoción e incorporación a la formación universitaria de estos jóvenes,
es por lo que planteamos esta iniciativa con la que se pretende seguir
avanzando en la eliminación de cualquier tipo de obstáculos para el
acceso en igualdad de condiciones de personas con cualquier minusvalía. Y
lo hacemos no sólo pensando en los jóvenes, sino también viendo que cada
día es mayor el número de personas mayores que están accediendo a la
universidad y estas personas mayores siempre suelen estar afectadas de
una movilidad más reducida.
En este sentido, y en lo referente a infraestructuras, quiero destacar, y
hay que decirlo, que a partir de mayo de 1989 todos los edificios
universitarios que se están construyendo cumplen las normas establecidas
en el Real Decreto 556/1989, sobre accesibilidad. Asimismo, el Inserso ha
formalizado convenios de cooperación con varias universidades en los
últimos años a fin de llevar a cabo los trabajos necesarios para la
eliminación de barreras en aquellos campus universitarios que lo
requieran.
En cuanto a la eliminación de las barreras de comunicación, se está
promoviendo la incorporación a las aulas universitarias
de profesionales intérpretes de la lengua de signos, concretamente en dos
universidades como son Málaga y Granada en los dos últimos años.
Vemos que se están adoptando medidas para la eliminación de estos tipos
de obstáculos. Pero es la lentitud en la extensión de todos estos
programas la que nos hace pensar que existe cierta voluntad discrecional
por parte de la Universidad a la hora de implementar cualquier acción que
elimine este tipo de barreras. Y es cierto que las universidades se rigen
por su propia autonomía, constitucionalmente reconocida, y nosotros
también la respetamos. Pero no es menos cierto y fundamental que la
educación es el medio a través del cual se puede lograr la realización de
la persona, al tiempo que permite una mejor capacitación a estos chicos y
chicas para su posterior incorporación al mercado laboral. Y los
socialistas, que defendemos, hemos defendido y seguiremos defendiendo una
sociedad de bienestar que integre a todas las personas, consideramos que
la educación es, además, el instrumento fundamental para la eliminación
de las desigualdades y para la plena integración en esta sociedad, por lo
que es esencial para una mejor calidad de vida. De ahí la necesidad de
que las universidades prioricen todo tipo de medidas y adaptaciones
técnicas y pedagógicas que permitan el libre acceso, la movilidad y la
plena formación de los demandantes de enseñanzas universitarias con
minusvalía.
Parece, por tanto, oportuna esta proposición no de ley que de algún modo
viene a hacer operativo lo ya establecido en el artículo 27.1 de la LRU,
así como a reforzar lo preceptuado en el Real Decreto 696/1995, tanto al
promover que los tribunales de los exámenes de selectividad adopten
aquellas medidas adecuadas a los distintos tipos de discapacidad que
presenten los aspirantes a ingresar en la universidad como al apoyo a la
existencia de intérpretes del lenguaje por signos en estos centros
educativos.
Estas medidas se completan con otras que consideramos también muy
necesarias, como son el posible convenio con otros organismos para los
programas de integración de discapacitados o el fomento de la
participación en actividades culturales y deportivas, así como el fomento
de la acción voluntaria de los universitarios para con sus compañeros
discapacitados, contribuyendo de esta forma a que estos chicos y chicas
se integren realmente en el mundo universitario. Pero lo fundamental será
la creación de áreas específicas que realicen el seguimiento del
cumplimiento por parte de las universidades de lo establecido en el plan
de acción que en breve va a aprobar el Ministerio de Asuntos Sociales
para personas con discapacidad. Esto evitará la discrecionalidad a la
hora de implementar estas medidas por parte de los centros
universitarios.
Por todo ello, el Grupo Socialista insta al Gobierno a elaborar este plan
de apoyo que cumpla los objetivos que se señalan en el texto de la
proposición no de ley y que, como SS. SS. conocen, no voy a repetir aquí.
Este plan de apoyo se deberá elaborar a partir de los estudios que
realicen las universidades en colaboración con las organizaciones de
afectados y dentro del plan de acción del Ministerio de Asuntos Sociales.
Estamos seguros de que desde esta coordinación con el Ministerio de
Asuntos Sociales y en colaboración con asociaciones y la sociedad en
general podrán alcanzarse los objetivos marcados en la proposición no de
ley que presentamos en esta Cámara y para la que solicitamos el voto
favorable de sus señorías.
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): A esta proposición no de ley
no se han presentado enmiendas por parte de los grupos parlamentarios.
¿Grupos que desean fijar su posición?
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Cruz.
El señor CRUZ ORIVE: Nuestro Grupo Parlamentario ha defendido siempre una
política de integración de los alumnos con discapacidades, también
llamados con necesidades educativas especiales, si bien hemos criticado
las condiciones en las que se ha llevado a cabo: no se han suprimido en
todos los casos las barreras arquitectónicas, como ya se ha recordado, de
los edificios escolares en los que se integran estos alumnos; la falta de
recursos humanos, que podría suponer un problema serio, falta de
profesores de apoyo de los departamentos de orientación, especialistas en
educación y lenguaje y en pedagogía terapéutica, dado que no siempre se
ha contado con personal especializado y, de contar con él, no han hecho
suyo el problema que suponía el trabajo escolar con este tipo de alumnos.
No se ha producido una asunción por todos los profesores y por todos los
alumnos de su responsabilidad en atención a este tipo de alumnos con
estas discapacidades.
También criticamos la falta de un debate social propiciado por el
Ministerio de Educación y Ciencia sobre las condiciones y consecuencias
de esta escolarización. Este debate pondría de manifiesto que en la
mayoría de los casos se ha conseguido una simple integración social del
alumno, lo que no es poco, pero no así una integración educativa, que es
un reto más importante, manteniéndose un alto porcentaje de fracaso
escolar.
Anticipo que vamos a pronunciarnos a favor de esta iniciativa, pero
querríamos hacer las siguientes matizaciones para que el propio
Ministerio las vaya teniendo en cuenta y también el Grupo Socialista.
En primer lugar, dado que ya han empezado a llegar al COU y a la
selectividad alumnos de estas características, el Gobierno no debe
retrasar más esta regulación. Es más, en algunas universidades, en
especial, por ejemplo, la de Bellaterra, de Barcelona, se han producido
experiencias de incorporación de estos alumnos apoyados por objetores y
voluntarios. Se trata de una experiencia que podríamos analizar y que se
podría extender.
Como vemos, la norma irá detrás de algunas realidades. La ausencia de una
política de integración en la universidad es vivida por estos alumnos
como una vuelta atrás respecto a las condiciones en las que han podido
cursar las anteriores etapas educativas, en las que sí reconocemos que ha
habido progresos.
Un segundo aspecto sería preguntar a qué número de alumnos con
discapacidades beneficiaría esta normativa. En el curso 1993-1994 sólo
había 273 centros de secundaria, es decir, institutos, con 1.184 alumnos
con necesidades
educativas especiales matriculados. La cifra es sumamente baja, pero
suficiente como para exigir una regulación específica.
En la actualidad, según creo, sólo se contempla una reserva del 3 por
ciento de las plazas universitarias para este tipo de alumnos, pero no
así modificaciones en las pruebas en función de sus discapacidades.
En tercer lugar, de los 2.206 centros de primaria que acogían a este tipo
de alumnos en el curso 1993-1994, sólo 123 eran privados concertados,
escolarizando al 10 por ciento de los alumnos. El Ministerio de Educación
y Ciencia debe corresponsabilizar de la aplicación de estos programas a
todos los centros que reciben fondos públicos.
En cuarto lugar, la actual norma sobre consejos sociales, al limitar
prácticamente su actuación a los aspectos económicos y financieros, ha
alejado de su interés lo referido al acceso a la universidad, y, por
tanto, a los problemas que apareja la incorporación de este tipo de
alumnos.
El Gobierno debe tener en cuenta esta reflexión al preguntarse por el
desinterés de los órganos más representativos de la comunidad
universitaria por este problema.
Por último, en la organización de la selectividad existen órganos --la
junta de supervisión de COU y sus equivalentes del segundo de
bachillerato de la Logse-- que cuentan con representantes del Ministerio
de Educación y Ciencia y que pueden llevar adelante iniciativas recogidas
en la propia proposición en los números 2 y 3.
También es responsabilidad del Ministerio de Educación y Ciencia arbitrar
las medidas oportunas.
Estas son las consideraciones que queríamos hacer a esta proposición,
destacando que la vamos a votar favorablemente.
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra la señor Cremades.
La señora CREMADES GRIÑAN: Nuestro Grupo considera que esta iniciativa
planteada por el Grupo Socialista es tardía. Se ha esperado a que se
concediesen las transferencias universitarias, evitando así la propia
responsabilidad del Ministerio de Educación.
No hay que monopolizar la defensa de la educación, como ha manifestado la
portavoz socialista. Ya la Constitución española, en sus artículos 9, 2 y
49, contiene un mandato incuestionable dirigido a los poderes públicos
para que hagan posible la integración de los minusválidos físicos,
sensoriales y psíquicos, creando las condiciones necesarias en cada caso
para que estas personas puedan disfrutar sus derechos y libertades en
condiciones de igualdad real con el resto de los ciudadanos.
La Ley de 7 de abril de 1982, sobre la integración social del
minusválido, establece una serie de medidas encaminadas a estos fines.
Sin embargo, el informe del Defensor del Pueblo correspondiente a 1991,
relativo al grado de cumplimiento en las universidades públicas españolas
de la citada Ley, destacaba la escasa atención prestada por las 33
universidades consultadas, salvo la de Carlos III y la pública de
Navarra. De ellas, 17 no contestaron a lo solicitado, entre ellas la de
Granada y la de Málaga, por el Defensor del Pueblo.
Esta postura refleja que las autoridades responsables de estas
universidades o bien no consideran el problema descrito de dificultad y,
en ocasiones, imposibilidad de acceso de los disminuidos físicos como
digno de atención o, por el contrario, conociéndolo, tampoco consideran
de interés articular ningún plan a corto o medio plazo para resolverlo,
como han hecho otras universidades.
Nuestro Grupo se manifiesta a favor de esta proposición, por supuesto,
solicitando también la colaboración del Ministerio de Asuntos Sociales
con las universidades, puesto que podría establecer un presupuesto
plurianual para que se distribuyan a cada universidad las cantidades
correspondientes para que éstas adopten las medidas oportunas para que,
de acuerdo con las reglas y las condiciones previstas legalmente, todos
sus edificios sean accesibles y utilizables por los minusválidos.
De todas formas, estamos pendientes de un nuevo informe del Defensor del
Pueblo a ver si en este plazo de cuatro años transcurridos hubiesen
reaccionado ya las universidades. En cualquier caso, insisto, nuestro
Grupo considera muy positivamente esta proposición no de ley.
--SOBRE LA AMPLIACION DEL CALENDARIO DE LOS ALUMNOS DEL PLAN 66 DENTRO
DEL MARCO DE LA LEY ORGANICA DE ORDENACION DEL SISTEMA EDUCATIVO (LOGSE).
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente
161/000621.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Pasamos a la siguiente
proposición no de ley, sobre la ampliación del calendario de los alumnos
del Plan 66 dentro del marco de la Ley Orgánica de Ordenación del Sistema
Educativo, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Para la defensa de esta proposición no de ley, tiene la palabra la señora
Barrios.
La señora BARRIOS CURBELO: El objeto de esta proposición no de ley de
ampliación del calendario de los alumnos del plan de 1966 nace en base a
lo siguiente.
Cuando se aprueba la Ley Orgánica que regula la enseñanza en España --la
Logse-- se recoge dentro del mismo sistema normativo la educación
musical, de tal manera que podemos decir que en España se ha estudiado
música conforme a tres planes: el plan de 1942, el denominado plan de
1966 y el plan actual, denominado de la Logse, que convive con el plan de
1966.
En este momento los alumnos que están estudiando en los conservatorios
educación musical lo hacen de acuerdo con el plan de 1966, que estará en
vigor hasta el año 2001/2003, y con el plan de la Logse. Será a partir de
esa fecha 2001/2003 cuando surgirán los primeros titulados de la Logse.
Por lo que actualmente en los conservatorios hay alumnos que cursan sus
estudios en base a dos sistemas diferentes:
los del plan de 1966 y los del plan de la Logse, simultáneamente.
Hemos escuchado reiteradamente algaradas en la calle de los alumnos de
Medicina y de los alumnos de Derecho que en este momento no están de
acuerdo con los planes nuevos que se les aplican porque los consideran
negativo por ampliar sus años de estudios. Igualmente les ha sucedido a
los alumnos de música con el plan de la Logse que, al incorporarse, ha
recogido tres etapas, la etapa del estudio elemental, que dura cuatro
años; la media, que dura seis años, y la superior, que dura cinco años.
Ello significa que el plan de la Logse les exige mucho más años de
estudios que el plan de 1966. Sin embargo, en estos momentos el Real
Decreto 986/1991, por el que se aprueba el calendario de aplicación de la
Logse; el Real Decreto 535/1993, por el que se modifica y completa el
anterior Real Decreto, y un Real Decreto del año 1994, el 1487, por el
que se modifica y completa, a su vez, el Real Decreto 986/1991, por el
que se aprueba el calendario de aplicación de la nueva ordenación del
sistema educativo, amplían el plazo para la terminación de los estudios
conducentes a los títulos desarrollados en la reglamentación general de
conservatorios del año 1966.
El objeto de nuestra iniciativa es ampliar y modificar estos decretos a
la vista de los problemas que se están planteando en los conservatorios
con la aplicación de los dos planes. Al convivir estos planes con los
reales decretos se está complicando la gestión administrativa de los
conservatorios, ya que las secretarías de los centros, al matricularse
los alumnos, solicitar cambio de centro, certificados de estudios o
titulaciones, tienen que comprobar tal cantidad de datos que
constantemente se están produciendo errores en las gestiones
administrativas. Los alumnos que pertenecen --como he dicho
anteriormente-- al plan de estudios de 1966 no comprenden esta
legislación y mayoritariamente están expresando su disconformidad. Parte
de los alumnos que cursan los estudios según el plan de 1966 se ven
obligados --y hay un gran fracaso escolar en la educación musical-- a
tener que pasar al plan de la Logse y a abandonar el plan de 1966, lo
cual les va a exigir unos estudios más amplios, teniendo en cuenta,
además, que el título otorgado según el plan de 1966 sirve para ejercer
la docencia en centros públicos y privados y el título profesional de la
Logse no sirve para ello, con la consiguiente desvalorización de los
estudios realizados con anterioridad.
Por todas estas razones, solicitamos, por medio de esta proposición no de
ley, que se modifique estos reales decretos, que se amplíe el plazo
--puesto que hay un gran fracaso escolar-- y que los alumnos del plan de
1966 puedan acabar sus estudios con la titulación, con los criterios y el
sistema que se les aplicó y por el que se incorporaron a los
conservatorios y no con el plan de la Logse, porque, como ya he dicho
anteriormente, estos titulados concluirían sus estudios en el año 2003
con los perjuicios que he mencionado.
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): No se han presentado
enmiendas a esta proposición no de ley. ¿Grupos que desean fijar su
posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la
palabra el señor Cruz.
El señor CRUZ ORIVE: Quiero poner de manifiesto que nosotros no queremos
hacer una interpretación más o menos sesgada de esta proposición no de
ley o una interpretación política de la Logse en lo que afecta a las
enseñanzas musicales, como podríamos hacer en otros debates y
posiblemente hagamos en el transcurso de la mañana. Nuestra intervención
será principalmente técnica. Yo creo que los calendarios, en la mayoría
de los casos, no han sido bien definidos, incluso en algunos momentos se
ha podido llegar a infringir un principio legal de retroactividad al
aplicar un plan con otro, causando un gran perjuicio a los alumnos y
padres de alumnos jóvenes que después de muchos años de estudios se han
visto frustrados en sus expectativas al prolongar los cursos de sus
estudios musicales, etcétera. En estos momentos hay una gran confusión.
Nuestro Grupo constata que la aplicación del calendario en los
conservatorios ha creado --y crea-- grandes disfunciones que perjudican
enormemente a alumnos y profesores, provocando un alto índice de
abandonos y fracaso escolar. Sería, por tanto, interesante que se hiciera
una cuantificación de estas cifras. Además, en algunas comunidades
autónomas, como Andalucía o Cataluña, no se aplica todavía la reforma en
los conservatorios. Ya sé que aquí estamos hablando de territorio MEC,
pero no viene mal recordar a la Comisión que esto ocurre y que es
necesario contar con la realidad de las enseñanzas musicales en el
conjunto del Estado.
Se ha complicado aún más la situación y la movilidad de los estudiantes.
La aplicación de la reforma tiene dificultades por la falta de recursos
económicos, por el retraso en el desarrollo legislativo, por ejemplo, en
la adscripción a las nuevas especialidades, en el ingreso en los cuerpos
docentes, en el reglamento orgánico de centros, en las orientaciones
didácticas, en el desarrollo curricular, etcétera. Hay un vacío absoluto
en la mayoría de los casos, lo cual hace prácticamente imposible la
implantación de las reformas musicales. En muchos conservatorios donde,
aparentemente, se aplica la reforma, no es más que una vana ficción que
oculta la permanencia de un sistema viejo y obsoleto, pero, eso sí,
perpetuado bajo una nueva nomenclatura.
El Ministerio no ha previsto ninguna medida de adaptación. El calendario
se aplica en los conservatorios traumáticamente para, conforme a la
Logse, aplicar unos drásticos criterios de ingreso y reducir
drásticamente el número de alumnos y la plantilla docente. Se está
reduciendo el número de alumnos cuando, curiosamente, todos sabemos que
en esta civilización del ocio cada vez la demanda de conocimientos
musicales es mayor y la música debe jugar un papel formativo más
importante.
En el debate de los reales decretos Izquierda Unida hizo constar, a
través de enmiendas, las dificultades que se derivaban para los
conservatorios y que con el tiempo estamos comprobando.
Por todo lo expuesto anteriormente, quiero manifestar que votaremos
favorablemente a esta proposición no de ley presentada por el Grupo
Popular.
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el señor Martínez Laseca.
El señor MARTINEZ LASECA: Intervengo, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista, para fijar nuestra posición respecto a la proposición no de
ley que presenta el Grupo Popular.
Esta proposición no de ley solicita al Gobierno la reforma del Real
Decreto 986/1991, de 14 de junio, por el que se aprueba el calendario de
aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo previsto en la
Logse y modificado sucesivamente por los Reales Decretos 535/1993, de 12
de abril, y 1487/1994, de 1 de julio, ampliando de este modo el plazo
para la terminación de los estudios conducentes a la obtención de los
títulos contemplados en el Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre, por el
que se aprobó la reglamentación general de los conservatorios de música.
Según la exposición de motivos, los alumnos correspondientes al plan de
estudios de 1966 se encuentran sometidos a una normativa transitoria en
extremo compleja, que es causa de numerosos errores en la gestión
administrativa de su expediente académico (matrículas, traslados,
certificados, etcétera), tal como se nos ha manifestado por la ponente
del Grupo Popular. Cierto número de ellos, por otro lado, se verán
obligados a terminar sus estudios conforme al plan establecido en la
Logse, pero no explican los autores de la iniciativa, pese a que se ha
aludido al fracaso escolar, esas razones pesimistas de la valoración del
hecho de que algunos alumnos del plan de 1966 puedan terminar sus
estudios con arreglo al plan Logse de 1990. Si se derivara de ello alguna
clase de molestia o de perjuicio, sería ésta una consecuencia aplicable
no en exclusiva tan sólo a los estudiantes de música, sino a la totalidad
de los alumnos de la enseñanza oficial que iniciaron sus estudios con
anterioridad a la Logse, pues a todos ellos se aplica un calendario de
implantación progresiva del nuevo plan, análogo al previsto
específicamente para las enseñanzas musicales.
Por lo demás, se trata de una consecuencia ineludible si se quiere
mantener el período transitorio dentro de un esquema temporal limitado.
Es posible que la determinación de las equivalencias entre los cursos de
los planes antiguos y de los nuevos, para el caso de que el alumno deba
cambiar de plan de estudios, resulte más compleja en las enseñanzas
musicales que en las de régimen general en razón de la mayor
diversificación de los estudios prevista en el Real Decreto 2618/1966,
que podemos decir que contrasta de una forma muy aguda con la simplicidad
del plan diseñado en la Logse. O sea, que muchos de los problemas se
derivan precisamente de esa complejidad del Decreto de 1966.
Una mera dificultad de orden burocrático, por lo demás atendible por
otros medios, como es la formación del personal encargado de aplicar
estas normas a la elaboración de materiales que hagan más asequible su
comprensión, no puede, sin embargo, erigirse como obstáculo insalvable
para la implantación de las nuevas enseñanzas al ritmo que desde las
perspectivas organizativa y pedagógica se ha considerado como el más
adecuado.
En apariencia el cambio del plan de estudios no afectará a un número
excesivo de alumnos. Los artículos 30 y 31 del Real Decreto de aplicación
del sistema Logse, según la redacción producto de su última reforma en
1994, prevén diversas posibilidades para que bajo ciertas condiciones
algunos de los alumnos que hubieran iniciado sus estudios bajo el plan de
1966 opten por continuarlos del mismo modo o se incorporen al nuevo
sistema. Tal posibilidad de opción, acorde con el artículo 32, tiene un
límite temporal absoluto, el curso académico 2000-2001, en que el plan de
1966 quedará extinguido a todos los efectos. A medida que se vayan
extinguiendo los distintos grados del anterior plan de estudios, tal como
dispone el artículo 33 del Real Decreto 1487/1994, se irán convocando en
el plazo de dos años pruebas extraordinarias para la obtención de los
antiguos títulos: diploma elemental, profesor y profesor superior de las
diferentes especialidades a las que podrán presentarse los alumnos
afectados por la extinción.
En definitiva, nuestro Grupo se muestra contrario a la aprobación de esta
iniciativa por dos tipos de razones. En primer lugar, por las que
podríamos considerar de carácter administrativo, porque en la exposición
de motivos no se acreditan esos perjuicios o molestias que pueden
ocasionar al alumno el cambio de plan de estudios; se trata, por lo
demás, como antes hemos señalado, de una consecuencia inevitable que se
deriva de la aplicación progresiva de la Logse y que afecta igualmente a
las demás modalidades de enseñanza, porque la decisión adoptada en este
sentido no debería verse afectada por dificultades de orden burocrático
para las que se sugieren remedios alternativos, como son la formación del
personal y la elaboración de materiales apropiados. Aparentemente, el
número de alumnos obligados a cambiar de plan no resultará excesivamente
elevado. Se prevé además para los afectados la celebración de pruebas
extraordinarias que les permita acceder directamente a los antiguos
títulos. Y, en segundo lugar, razones que podríamos considerar de tipo
jurídico, ya que cabe señalar, en un primer lugar, que no procede la
modificación del Real Decreto 535/1993, de 12 de abril, solicitado en la
proposición no de ley, ya que el mismo fue derogado por el Real Decreto
1487/1994, en su disposición derogatoria única. Asimismo, el tener en
consideración la proposición no de ley del Grupo Popular supondría
vulnerar el precepto legal relativo al plazo de diez años establecido en
la disposición adicional primera de la Logse para el proceso de
implantación de las nuevas enseñanzas y extinción de las anteriores.
Por último, la propuesta supondría dilatar aún más en el tiempo la
simultaneidad de ambos planes de estudios en lugar de atenuar en lo
posible, como pretende el Real Decreto 986/1991, los efectos negativos
que comporta esta situación y la complejidad derivada de la misma, a la
que se alude en la exposición de motivos.
Por todo ello, nuestro Grupo votará en contra.
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Gracias, señor Martínez
Laseca.
--SOBRE RECONOCIMIENTO DEL TITULO DE PROFESOR DE CONSERVATORIOS Y ARTES
ESCENICAS DEL AÑO 1966 Y EQUIVALENCIAS CON LOS TITULADOS DEL PLAN DE
1942. PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR. (Número de expediente 161/000622.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Pasamos a la siguiente
proposición no de ley, presentada también por el Grupo Parlamentario
Popular, sobre reconocimiento del título de profesor de conservatorios y
artes escénicas del año 1966 y equivalencias con los titulados del plan
de 1942.
Para la defensa de esta proposición no de ley, tiene la palabra la señora
Barrios.
La señora BARRIOS CURBELO: Esta iniciativa tiene como objeto intentar
solventar un problema que desde hace años, desde la aplicación de la
Logse musical, está surgiendo con los titulados del plan de 1966.
El Real Decreto 1542/1994, cuyo artículo 2 pretende modificar esta
proposición no de ley por ser un desarrollo necesario de la Logse, se
llevaba esperando desde 1991, sin embargo, surgió y se aprobó en 1994. Su
importancia es vital para todos los titulados de música del país y para
los actuales estudiantes de música. Téngase en cuenta que la mayoría de
los estudiantes de música, como también he dicho al defender mi
iniciativa anterior, todavía cursan sus estudios por el plan de 1966, ya
que la Logse sólo se ha implantado en el grado elemental y medio del que
todavía faltan un par de años por aplicar, por lo que hasta más allá del
2000 los únicos títulos de música que se expedirán serán los del plan de
1966.
Este Real Decreto no contempla la totalidad de las titulaciones
existentes en el Plan del 66 y no tiene en cuenta la legislación referida
a la validez de los títulos de música anteriores a 1982 y que no ha sido
derogada, así que los únicos títulos de música existentes en España en
este momento se obtienen mediante los estudios realizados en los
conservatorios de música. El plan de 1966 es el que está en vigor y
establece las titulaciones que se pueden obtener y las salidas
profesionales del mismo, que muy someramente voy a exponer.
En primer lugar, este plan de 1966 recoge el título de profesor superior
y figura como obligatorio para la enseñanza oficial como profesor
catedrático en conservatorio. Para su obtención se abonan las tasas
correspondientes al título de doctor universitario y, si bien hay
catedráticos de universidad en áreas de música con esta titulación, lo
han sido tras haber ganado recursos judiciales, ya que la Administración
no los reconoce como válidos. En el año 1982 se les dio validez, pero
para presentarse a las plazas de profesor de música de enseñanza
secundaria al mismo nivel que cualquier licenciado universitario de
cualquier especialidad. Sin embargo, este Real Decreto lo equipara al
nuevo título superior de la Logse, que es sólo licenciado universitario.
En segundo lugar, el plan de 1966 también recoge el denominado título de
profesor, que se considera obligatorio para ejercer enseñanza musical en
centros públicos y privados y profesor en conservatorio. Las tasas que se
abonan para obtener este título es el de licenciado universitario y el
Real Decreto al que hacemos mención en nuestra proposición no de ley lo
habilita sólo para impartir clases en conservatorios.
También recoge el plan de 1966 el diploma de instrumentista, que se
equipara a maestro de primera enseñanza y que era obligatorio para
ingresar en entidades de tipo profesional y musical. En el Real Decreto
no figura en absoluto. También se regula en el plan de 1966 el denominado
diploma elemental, necesario para desempeñar funciones relacionadas con
la música en bibliotecas, discotecas, etcétera. No figura tampoco en este
Real Decreto. Es decir, que se equiparan las titulaciones de planes
anteriores al de 1966 al nuevo título superior de la Logse, licenciados a
todos los efectos, cuando hasta ahora sólo eran válidas para la enseñanza
en conservatorios, secundaria y magisterio, pero no a nivel
administrativo en general.
Durante muchos años los objetivos profesionales de los titulados en
música se orientaban casi exclusivamente al mundo artístico y a la
docencia en los conservatorios. En el momento en el que los titulados en
música se plantean otras salidas como las administrativas o las docencias
en otros ámbitos educativos fuera de los conservatorios --me quiero
referir a la educación musical en el bachiller-- la propia Administración
ha ignorado la validez de los títulos. Por ello ningún titulado de música
ha podido concurrir a plazas de la Administración, e incluso para ejercer
la docencia de música está minusvalorado respecto a maestros o
licenciados en general.
La Logse establece que para ser profesor de música en conservatorios hay
que estar en posesión --un gran disparate, a nuestro modo de ver-- del
título de ingeniero, arquitecto, doctor, licenciado o equivalente. Desde
1991 cualquier titulado puede acceder a plazas de profesor de música,
tanto en conservatorios como en otros ámbitos educativos, mientras que
los titulados en música han tenido que esperar tres años para que se
reconozca la equivalencia, y aun así sólo para plazas en el
conservatorio.
A la vista de que el Ministerio de Educación y Ciencia no tenía en cuenta
las peticiones de los titulados en música, apoyados en un dictamen de un
catedrático de Salamanca se acercaron al Defensor del Pueblo --el
sindicato de Comisiones Obreras los ha apoyado-- y se han presentado más
de diez recursos contencioso-administrativos desde 1989 contra
convocatorias de oposiciones en las que se rechazaban sus titulaciones.
Al final se publicó este Real Decreto que contraría toda lógica.
Solicitamos se modifique, ya que, si bien los titulados anteriores al
plan de 1966 ven reconocida su categoría, los titulados actuales y
futuros al Plan del 66 tendrán que esperar a que los jueces les
reconozcan lo que la Administración les niega, dándose el contrasentido
de que es más práctico cursar cualquier tipo de estudios universitarios
que los específicos de música para obtener puestos de docencia musical.
Esto nos parece un auténtico disparate, es una situación que viene siendo
denunciada por los profesores de música, por los licenciados, por los
alumnos, por los padres de
alumnos desde hace años, y sin embargo este Real Decreto cuya
modificación solicitamos y que tiene muy poco tiempo de vigencia no lo ha
tenido en cuenta. Por eso pedimos que se modifique el mismo para que
puedan tener una auténtica equivalencia y un auténtico reconocimiento
todos estos títulos que recoge el plan de 1966.
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): A esta proposición no de ley
se ha presentado una enmienda de sustitución por parte del Grupo
Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el señor
Martínez.
El señor MARTINEZ MARTINEZ (don Enrique): Señorías, el Grupo
Parlamentario Socialista ha estudiado con verdadero detenimiento la
iniciativa que acaba de someter a nuestra consideración la representante
del Grupo Popular, y puedo decirles que, condicionados de una parte por
las ineludibles prescripciones legales que a todos nos obligan y movidos
también de otra por un esfuerzo evidente hacia los intereses más o menos
legítimos de un determinado colectivo profesional, hemos presentado una
enmienda transaccional que suponemos ya en poder de todas SS. SS.
Quiero como preámbulo recordar a la señora Barrios que el Decreto de 1966
que regula las enseñanzas musicales preveía cuatro situaciones: diploma
elemental, diploma de instrumentista, profesor y profesor superior.
Quisiera, no obstante, hacer alguna manifestación respecto a parte al
menos del contenido de esta proposición no de ley que somete a nuestra
consideración el Grupo Popular diciéndoles, en primer lugar, que no es
cierto que ningún titulado de música haya podido concurrir a plazas de la
Administración. Los homologados por el artículo 43.3 de la Logse al
título superior de música lo han sido a todos los efectos al título de
licenciado universitario, incluidos, por supuesto, los temas de tipo
administrativo.
En relación con el tema de las equivalencias, me parece necesario
recordar que el Real Decreto 1542/1994 declara equivalente al título
superior de música, reconocido en el artículo 42 de la Logse, y a todos
los efectos el de profesor superior del Decreto de 1966, así como otros
de niveles análogos previstos en planes de estudios anteriores, y que el
título de profesor --no el de profesor superior-- que regula el Decreto
de 1966 se declara equivalente al de licenciado únicamente a los efectos
de docencia en los grados elemental y medio, por supuesto no en el
superior, de las enseñanzas musicales, para el que ya les habilitaba,
como saben SS. SS., el artículo 14 del Decreto de 1966, en tanto que el
artículo 39.3 de la Logse exige para impartir cualquier clase de
enseñanza musical de carácter oficial título de licenciado, ingeniero,
arquitecto o titulación equivalente.
Permítanme insistir en el alcance de la equivalencia del Real Decreto de
1994, puesto que la entrada en vigor del artículo 39.3 de la Logse habría
excluido a los profesores de 1966 en el ejercicio de unas funciones que
ya venían desempeñando. La equivalencia decretada por el Gobierno les
equiparó a los títulos superiores de música sólo a estos efectos de
enseñanza en los centros docentes musicales.
En cuanto a la pretensión de la equivalencia del título de profesor de
1966 para ejercer la enseñanza de la música en los centros docentes
ordinarios y la de acceder a los puestos administrativos correspondientes
a su nivel, convendría precisar que para la obtención del título de
profesor de 1966, que fue modificado por Real Decreto 1104/1990, se
exigía tan sólo encontrarse en posesión del título de bachiller elemental
o graduado escolar, y esta formación básica, a la que hay que sumar por
supuesto la propiamente musical, no parece apropiada para fundamentar un
acceso indiscriminado a las plazas docentes, para las que con carácter
general se exige una titulación de nivel universitario.
Respecto a la equiparación del actual título profesional de música y el
antiguo de profesor con titulaciones del régimen general, existen
dificultades para su equiparación al título de bachiller. Efectivamente,
el artículo 41.2 de la Logse dispone que los alumnos que hayan terminado
el tercer ciclo del grado medio obtendrán el título de bachiller si
superan las materias comunes del bachillerato. Equiparar, por tanto, el
título profesional al de bachillerato sin haber superado dichas materias
comunes resultaría contrario al tenor literal de este precepto al que me
acabo de referir.
Por último, señorías, y en lo que se refiere al ingreso directo en la
universidad, hay que decir que el título superior de música, equivalente
a todos los efectos al de licenciado, ya de derecho a ello.En segundo
lugar, admitir el mismo efecto para el título profesional no parece
adecuado, cuando ni siquiera --y según acabamos de demostrar, o eso nos
parece-- parece procedente su equiparación al título de bachiller. Si se
estableciera el acceso directo para estos titulados, no sólo se estaría
convalidando su falta de formación en materias comunes del bachillerato,
sino que también se verían dispensados de la selectividad que deben
superar todos los bachilleres para acceder a la Universidad.
Por último y en tercer lugar, en cuanto al acceso de los titulados
superiores a los estudios de tercer ciclo universitario mi Grupo entiende
que ya se encuentra previsto a nivel legal en el artículo 42.4 de la
Logse, donde se dice que las administraciones educativas fomentarán
convenios con las universidades a fin de facilitar la organización de
estudios de tercer ciclo destinados a los titulados superiores.
En todo caso, señorías, y atendiendo buena parte de las razones que ha
expuesto la representante del Grupo Popular, la redacción de la enmienda
presentada por el Grupo Socialista entendemos que abre algo más el campo
competencial docente del colectivo al que nos venimos refiriendo y
sintoniza, como digo, en buena parte con esa radiación de fondo que
subyace en la iniciativa del Grupo Popular.
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): ¿Grupos que desean fijar su
posición respecto al texto de la proposición no de ley y también respecto
a la enmienda de sustitución del Grupo Socialista?
Por parte del Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el
señor Baltá.
El señor BALTA I LLOPART: Brevemente, señora Presidenta.
Se ha dicho aquí, por parte de la portavoz del PP, que el tema que se
plantea afecta por igual a todos los estudiantes de música. Esto, con
todo el respeto que merece la afirmación, puesto que se plantea desde el
conocimiento de otra realidad, no es cierto en Cataluña, donde la
solución al problema de la enseñanza de las artes escénicas, de la
música, del canto, etcétera, se produce desde instituciones que han sido
creadas por la sociedad civil.
Quiero recordar que existe una discrepancia entre el Ministerio de
Educación y Ciencia y la Generalitat de Cataluña precisamente sobre la
financiación de las instituciones que han impartido estas enseñanzas en
Cataluña. Estoy generalizando porque, en el fondo, mi intervención se
refiere a esta proposición no de ley y a las dos que vienen a
continuación.
La posición de mi Grupo podría ser perfectamente la de abstenerse en este
tema, que nos afecta en cuanto consideramos que es una forma de
regularizar el mundo de las profesiones artísticas y musicales. Sin
embargo, existe una situación dispar en este sentido. No obstante, mi
Grupo, por el respeto que merecen los sectores afectados, por el respeto
que merecen los que imparten cátedras en el mundo de la escena, de la
música y del canto y por la transformación que se está produciendo en
este sector, considera que sería mejor discutir este tema en otro ámbito.
En un momento en el que estamos asistiendo al final de una legislatura
anunciada, que nosotros creemos que así se producirá, nos parece poco
adecuado que se plantee esta cuestión cuando sabemos perfectamente que va
a ser un tema que va a decaer. Mi Grupo, que podría abstenerse
tranquilamente en este tema, no va a votar a favor de esta proposición no
de ley porque considera que si bien es perfectamente legítimo que se
planteen estos temas a debate, cree que el momento es muy poco adecuado
para hacerlo, precisamente por respeto a los profesionales implicados.
Con ello quiero decir que mi intervención en las dos siguientes
proposiciones de ley no será necesaria porque también será en este
sentido.
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Se lo agradezco, señor
Baltá.
Por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Cruz.
El señor CRUZ ORIVE: Quiero recordar al señor representante del Grupo
Catalán que si bien el Grupo Popular ha concretado este tipo de
proposiciones al final de esta legislatura, ésta no es una iniciativa
que, digamos, caiga un poco del cielo. El Grupo de Izquierda Unida,
análogamente, si bien de manera un poco más amplia, también la ha
presentado, habiendo sido rechazada sistemáticamente por la mayoría de
los señores Diputados en los años 1990, 1992, y precisamente voy a
recordar a los señores Diputados la última proposición no de ley
presentada el año pasado y que tampoco fue asumida por esta Comisión.
Decía explícitamente: Desarrollar una convalidación inequívoca y a todos
los efectos de todos los títulos de música de la Logse y anteriores en
relación a los títulos correspondientes a las enseñanzas universitarias y
de régimen general. Es decir, este tema se ha tratado en esta Comisión,
sin que haya obtenido el refrendo mayoritario, ha habido un debate en
este sentido, sin que haya sido asumido por la mayoría de los grupos
políticos de la Cámara.
El título de profesor de 1966 sigue estando suspenso en un vacío legal
que el Ministerio parece negarse a resolver, a pesar de los problemas que
ello crea. La petición de que se equipare este título al de licenciado
universitario, que es uno de los temas más importantes, ha sido traída al
Congreso por parte de nuestro Grupo en diversas ocasiones; también en el
debate de la Logse fue uno de los puntos sustanciales. Izquierda Unida se
ha hecho eco de la inquietud manifestada por la comisión permanente de
profesores de música existente que, con sede en Salamanca, reúne a cerca
de 3.000 titulados que reivindican, entre otros, este derecho. El Real
Decreto 1542/1994 ha sido recurrido colectivamente ante los tribunales
tras su publicación. Esta es la realidad que tenemos y yo no sé por qué
no lo resolvemos políticamente sin que tengamos que estar pendientes de
sentencias, cuando yo creo que sería fácil tener sensibilidad y
acercarnos un poco a la motivación de miles de titulados que están
pendientes de que se preste cierta atención a sus reivindicaciones.
El Real Decreto 1542/1994 omite muchos de los títulos anteriores. El plan
del 66 contenía cuatro títulos, como aquí se ha dicho, pero yo quiero
recordar los años de enseñanza, porque creo que es importante. El diploma
elemental lleva aparejado de tres a cuatro años de estudios, el de
instrumentista entre siete y nueve años (ése al que no se le reconoce
prácticamente nada), el de profesor, que no se equipara al de profesor
universitario, de siete a nueve años, y el de profesor superior, que es
el que está equiparado al de licenciado, conlleva de nueve a diecisiete
años de estudios reglados; es decir, un director de orquesta ha realizado
diecisiete cursos, lo que significa que no es precisamente ningún niño
cuando acaba, si es que aprueba todo a la primera, lo que, como he dicho
anteriormente, generalmente es dificilísimo. Esta es un poco la realidad
que tenemos en estos momentos. Sin embargo, ese Real Decreto sólo
menciona dos de los cuatro títulos que se podían obtener según el plan
del 66 aún en vigor.
Por otro lado, se trata de una equiparación interna entre títulos de
música. De forma indirecta se deduce que los superiores equivalen a una
licenciatura, pero todos los demás siguen sin definirse respecto a los
títulos de régimen general, perpetuándose así un gravísimo vacío legal
que perjudica a quienes, con grandes esfuerzos y muchos años de
dedicación, han conseguido algunos de los otros títulos, certificados o
diplomas. Así resulta que, en muchos casos, obtener una cualificación
musical no tiene ningún valor de cara a ocupar determinados puestos
laborales o simplemente para el baremo de méritos por parte de la
Administración o para el acceso a la universidad u a otros estudios.
Creemos que existe un gran vacío legal, esto es algo indiscutible.
Nosotros teníamos unas previsiones más ambiciosas que, en algunos puntos,
podían coincidir, aunque no fuera completamente, con la propuesta inicial
del Grupo Popular.
Yo no sé cuál será la posición del Grupo Popular con respecto a la
enmienda presentada. En cualquier caso, votaremos favorablemente si esa
enmienda es asumida, en la medida en que supone un paso adelante el que
los profesores puedan dedicarse a actividades pedagógicas musicales fuera
del ámbito de los conservatorios. Es evidente que ello aumenta las
atribuciones de este colectivo. He querido hacer el relato anterior para
que se vea que tanto nuestro Grupo como el colectivo de músicos no nos
sentimos satisfechos, aunque es evidente que el paso que se da denota una
cierta sensibilidad, y, por tanto, lo vamos a apoyar.
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Tiene la palabra la señora
Barrios para manifestar el posicionamiento de su Grupo respecto de la
enmienda de sustitución presentada por el Grupo Socialista.
La señora BARRIOS CURBELO: A nuestro Grupo tampoco le satisface
totalmente la enmienda. Consideramos que la incorporación a otros puestos
de la Administración es esencial también para los titulados del plan del
66. Sin embargo, vamos a votar afirmativamente la misma, congratulándonos
de que por lo menos podamos solventar parte del problema a este
colectivo, pero desde luego reservándonos acciones para seguir luchando
por el mismo más adelante.
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): A efectos de la votación,
que se producirá al final de la sesión, evidentemente se votará el texto
de la enmienda de sustitución presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista a esta iniciativa del Grupo Popular.
--SOBRE LA TRANSFORMACION DE LA ESCUELA SUPERIOR DE CANTO EN UN CENTRO
SUPERIOR DE MUSICA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR.
(Número de expediente 161/000623.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): La siguiente proposición no
de ley sobre la transformación de la Escuela Superior de Canto en un
centro superior de música ha sido presentada también por el Grupo
Parlamentario Popular.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Barrios.
La señora BARRIOS CURBELO: El objetivo de esta proposición no de ley es
convertir, como muy bien ha dicho la Presidenta, la Escuela Superior de
Canto en un centro superior de música y, por tanto, reformar los planes
de estudio de la misma para que concuerden con los que se imparten en los
conservatorios superiores de música y así poder acceder a las
titulaciones oficiales.
Mi intervención se inicia haciendo una pequeña historia de la Escuela
Superior de Canto, porque creo que es importante que los Diputados
conozcan la problemática planteada en este centro.
El edificio, situado en la calle San Bernardo número 44 de Madrid, es la
sede actual de la Escuela Superior de Canto y fue, desde el año 1940 a
1968, un Real Conservatorio Superior de Música y de Declamación,
denominado «Antiguo Palacio de Bauer», y en el año 1943, siendo director
del Real Conservatorio el Padre Nemesio Otaño, fue adquirido por el
Ministerio de Educación debido a su buena ubicación, al estar situado
enfrente de la Universidad central, lo que daba prestigio al Real
Conservatorio. Durante unos años también se impartiría allí la enseñanza
de danza.
Durante los casi treinta años de existencia del Real Conservatorio en el
mencionado edificio formaron parte del claustro eminentes profesores,
entre los que figuran compositores como Guridi, Del Campo, Turina;
pianistas como Cubiles, Parody, Aroca, y violinistas como Iniesta y
Antón. En este Real Conservatorio se formaron, como alumnos, directores
actuales que conocemos, como García Asensio, Odón Alonso, Gómez Martínez,
Max Bragado; pianistas como Achúcarro, Esteban Sánchez, Baciero,
Guillermo González, que es canario, Pedro Espinosa; cantantes como Isabel
Penagos, Teresa Berganza, María de los Angeles Morales; violinistas como
García Asensio, Pedro León, Víctor Martín; compositores como Halffter,
García Abril y Bernaola, y arpistas como Rosa Calvo Manzano y Marisa
Robles.
Tanto el funcionamiento pedagógico como el planteamiento en las
enseñanzas de canto de la Escuela Superior de Canto son un tanto
personales. Con una matrícula aproximada de 200 alumnos para el curso
1994/1995, tiene 64 profesores que completan el claustro, más servicios
auxiliares del centro, conserjería, secretaría, mantenimiento, y se llega
a la conclusión de que la Escuela Superior de Canto es un centro privado
a pesar de mantenerse con dinero público. No podemos olvidar que su
titulación no es oficial y que, sin embargo, se paga con el presupuesto
de todos los españoles, sin el beneficio que para sus alumnos conllevaría
obtener un título oficial, incluso sin que se considere a los profesores
como profesores de conservatorio. Repito que nos parece un gasto excesivo
que los alumnos tengan que asistir a dos centros oficiales, la Escuela
Superior de Canto y el Conservatorio de Música, puesto que ambos están
mantenidos por los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, el
título de la Escuela Superior de Canto no es oficial y todo alumno de la
misma tiene, para poder obtener un título oficial, que ir no sólo a la
Escuela Superior de Canto sino también al Conservatorio. Nos parece una
situación intolerable. El Estado tiene que costear las enseñanzas en dos
centros, para un solo alumno, con el consiguiente gasto público. Por
tanto, no entendemos que siga la Escuela Superior de Canto teniendo un
régimen distinto en sus enseñanzas al de los conservatorios de música,
habida cuenta de que el canto es otro instrumento, un instrumento vocal.
El problema que se plantea es que, al no tener validez las enseñanzas de
la Escuela, ¿qué motivo es el que impulsa al Ministerio a mantener un
centro con estas características tan singulares? Y a pesar de los años
transcurridos, este Gobierno no ha modificado las leyes para que
permitieran
--una vez cumplidos los requisitos necesarios de enseñanzas musicales de
dicha Escuela, con relación a los conservatorios de música-- a los
alumnos matriculados en dicho centro alcanzar la validez y titulación
oficial de sus enseñanzas. Por todo ello, consideramos que se debe
transformar la Escuela Superior de Música en un centro superior de
música, donde se impartieran clases de canto, porque un edificio que ha
sido restaurado con obras muy importantes se dedica sólo a un grupo
minoritario de enseñanza musical, cuando, en su día, este edificio fue
sede del Real Conservatorio Superior de Música y Declamación, con un
número de alumnos muy elevado. Esta es la finalidad que perseguimos.
Creemos que se está desperdiciando un centro, que se están desperdiciando
alumnos, que es importante que algo que se está manteniendo con el dinero
de todos tenga, al final, un título oficial y que los cursos que en la
misma se imparten sirvan no sólo como preparación y cultura de quienes
los reciben sino también para obtener el título oficial.
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): A esta proposición no de ley
no se ha presentado enmienda alguna, por parte de los grupos.
El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida manifestaba que tenía intención
de presentar una enmienda in voce y, si no le importa, puede hacerlo en
el turno de fijación de posición que le corresponde.
¿Grupos que desean fijar posición respecto a esta iniciativa? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Cruz.
El señor CRUZ ORIVE: Además de coincidir con el fondo de lo expuesto por
la señora Barrios, me gustaría aportar datos de cara al conocimiento
colectivo --aunque seguro que todas las señoras y señores Diputados
tenemos información--, que vienen bien al hilo del debate, por lo menos
para que figure en el «Diario de Sesiones» el aporte de documentación,
haciendo consideraciones sobre la situación en que se encuentra la
Escuela Superior de Canto. Además, al final de mi intervención,
solicitaría la atención de la señora Barrios, porque querría presentar
una enmienda que pienso que resolvería mejor esa problemática que ha
enunciado, porque puede ocurrir que, a lo mejor con buena voluntad, damos
salidas que luego son imposibles de cara a conseguir un acercamiento.
La Escuela Superior de Canto es un centro singular --como se ha visto--,
creado por el Decreto 313, de 1970; es decir cumple 25 años el Decreto
que prefigura la Escuela Superior de Canto. Es evidente que los estudio
conducen a la obtención de distintos diplomas: de conjunto coral, de
cantante de ópera y concierto y de solista especializado. Sin embargo,
estos diplomas son un poco como de amateur, no están equiparados a título
alguno del sistema educativo, están fuera del mismo y carecen de valor
académico. Fueron olvidados en el Real Decreto 1542, de 1994, de 8 de
julio, por el que se establecen equivalencias entre los títulos de música
anteriores a la Logse. La reforma educativa tampoco ha contemplado la
integración de la Escuela Superior de Canto dentro del sistema educativo,
en ninguno de los regímenes, ni especial ni general. El profesorado de la
Escuela Superior de Canto, sin embargo --y es algo que hay que
destacar--, pertenece al Cuerpo de profesores de música y artes
escénicas.
Por otra parte, no hay que olvidar que el Teatro de la Opera ya está
terminado y que la Escuela Superior de Canto debería ocupar un papel
sustancial en llenar la vida y de creatividad a nuestro Teatro de la
Opera. No se trata simplemente de cantar las excelencias de la piedra,
sino que, además, hay que darle un alma y un espíritu artístico, y en
ello nuestro jóvenes deberían desarrollar un papel fundamental.
La proposición no de ley que nos presenta el Grupo Popular propone
reformar los planes de estudio de la Escuela Superior de Canto para que
concuerden con los que se imparten en los conservatorios superiores de
música, pero tendríamos que decir, en primer lugar, que los planes
actuales de conservatorio, el plan 66, son muy deficientes respecto de
los de la Escuela. Son mejores los planes de la Escuela, curiosamente. El
nuevo currículo de conservatorio --Logse--, que todavía no se imparte, ha
copiado los planes de la Escuela Superior de Canto, pero mejor. Y
nosotros, en base a algunos de los problemas que intentaré explicar,
hacemos la siguiente propuesta: reformar la planes de estudio de la
Escuela Superior de Canto para que concuerden con el nuevo currículo de
canto de grado superior que se implantará próximamente en los
conservatorios de música. No proponemos equipararlos, como se plantea, a
los del Conservatorio Nacional de Música, sino que sus planes de estudio
concuerden con el currículo que se va a implantar en los conservatorios
de música. Este es un matiz de importancia, porque para convertir la
Escuela Superior de Canto en un centro superior de música, que es el
problema, habría que desarrollar una nueva disposición o excepción sobre
los requisitos mínimos, dado que un centro superior de música, un
conservatorio, tiene la obligación de ofertar todos los instrumentos
sinfónicos, tal como viene recogido en los decretos de requisitos
mínimos. Sería prácticamente imposibilitar que la Escuela Superior de
Canto actual pudiera impartir estos estudios si se le obligara a tener
todos los instrumentos sinfónicos. Creo que supondría invalidar la propia
propuesta, que tiene buena voluntad, pero que creemos que no se podría
llevar a cabo. Además, eso significaría la desaparición de la Escuela
Superior de Canto, como tal, cuando tiene su tradición y su prestigio, y
lo que hace falta es convalidar sus estudios y ayudarla. Esta es la
enmienda in voce que planteo --y, si quiere la señora Barrios, se la
puedo dar por escrito--, que creo que no va en contra de la voluntad que
ha manifestado en la exposición de motivos, sino que mejora la realidad,
porque parte de una visión más realista de la problemática actual de la
Escuela Superior de Canto.
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el señor Flores.
El señor FLORES FLORES: Intervengo en nombre del Grupo Socialista, para
fijar nuestra posición.
Tanto en la exposición de motivos del Real Decreto 313/1970, de 29 de
enero, por el que se creó la Escuela Superior de Canto, como en su
artículo 1, se deja bien claro que la finalidad del centro es la de
proporcionar la formación musical interpretativa y cultural adecuada a
los cantantes de ópera, con independencia de la enseñanza del canto que
se imparte en los conservatorios de música. Con tal objetivo, el
mencionado decreto dispone que la enseñanza de la Escuela de habilitará
para obtener diplomas de cantante de conjunto coral, de cantante de ópera
y el superior de especialización para los solistas. Se establece como
único requisito académico para ingreso en el centro el estar en posesión
del certificado de estudios primarios o equivalente y no se fijan otros
requisitos para la obtención de dichos diplomas que el haber cursado la
enseñanza correspondiente, que se regula en el reglamento provisional,
aprobado por Orden de 23 de octubre de 1970, en el que se determina que
el alumno de canto de los conservatorios oficiales podrá solicitar el
ingreso en la Escuela Superior de Canto, pudiendo ser dispensados de
aquella enseñanza que se imparte en este último centro en la que se
acredite que su preparación es igual o superior a la requerida para su
superación.
A la vista de la normativa dictada, resulta evidente que la Escuela
Superior de Canto nació con la exclusiva finalidad de proporcionar la
mencionada formación de los cantantes de ópera, para lo que los diplomas
establecidos habilitan con plena validez frente al abanico formativo más
amplio de la enseñanza de canto en los conservatorios de música, de
acuerdo con el Decreto 2618, de 10 de septiembre de 1966, sobre
reglamentación general de dicho centro, en el que se establece como
objeto de las diferentes enseñanzas no sólo la competencia del ejercicio
profesional, sino la habilitación de la titulación para el ejercicio de
la docencia; habilitación de la que, como se ha visto, carecen los
diplomas pedidos en la Escuela, requiriéndose para su obtención estar en
posesión del título de bachiller superior.
Ahora bien, el paso del tiempo ha hecho evolucionar el sentido del objeto
inicial desde la enseñanza de la escuela, basándose exclusivamente en el
ejercicio profesioal hacia una similitud con los de las demás enseñanzas
de canto impartidas en los conservatorios, que ya desde la propia
denominación de sus títulos de profesor, de profesor superior, definen la
docencia como uno de sus objetivos. Si bien estimamos necesaria una
actualización de la norma originaria de acuerdo con los nuevos objetivos,
no consideramos que ello deba hacerse por medio de una modificación de la
misma, sino que lo adecuado es acometer una nueva y única normativa para
las enseñanzas del canto en la que se trate tanto la vía profesional como
la docente, dentro del marco de reforma establecido en la Ley Orgánica de
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo para
la enseñanza musical. A partir de esta ley el canto queda definido como
especialidad propia de las enseñanzas musicales de grado medio y
superior, ampliándose estos estudios en su último grado con la nueva
especialización de pedagogía del canto, a través de los Reales Decretos
756/1992, de 26 de junio, y 617/1995, de 21 de abril, por los que se
establecen los aspectos básicos del currículo de los grados elemental,
medio y superior respectivamente de las enseñanzas musicales, pudiendo
obtenerse los correspondientes títulos profesional y superior
respectivamente, equivalente este último a todos los efectos al título de
licenciado universitario. Con ello se unifican además los criterios de
admisión y requisitos de titulación de todos los aspirantes a cursar
estas enseñanzas.
Como resultado de la nueva normativa, los actuales estudios de canto,
tanto los impartidos en la Escuela Superior de Canto como en los
conservatorios de música, habrán de desaparecer para dar paso a las
referidas especialidades de la nueva ordenación. Con esta nueva
configuración, que recoge los aspectos más positivos del plan de estudios
originarios de la Escuela Superior de Canto, se enriquece
considerablemente el planteamiento de esta especialidad respecto del
pasado y se pone fin a los problemas derivados de la actual dualidad
formativa.
Por lo que se refiere a la transformación de la Escuela Superior de Canto
en un centro superior de música, una vez definida la nueva especialidad
de canto en el grado superior a través del mencionado Real Decreto 617 de
1995, se ha iniciado el estudio para otorgar a dicho centro el
tratamiento jurídico más adecuado que permita establecer, dentro del
nuevo marco legal, su vinculación con el Real Conservatorio Superior de
Música de Madrid, con el fin de unificar en un solo centro las enseñanzas
superiores correspondientes a las nuevas especialidades de canto y
pedagogía del canto.
Por todo lo expuesto, nuestro Grupo va a votar en contra de la
proposición no de ley presentada por el Grupo Popular.
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): La señora Barrios tiene la
palabra para manifestar su opinión respecto de la enmienda in voce que ha
formulado el señor Cruz en su intervención anterior.
La señora BARRIOS CURBELO: Vamos a aceptar dicha enmienda. En el segundo
apartado recogemos: Reformar los planes de estudio de la Escuela Superior
de Canto para que concuerden con los que se imparten en los
conservatorios superiores de música y así poder acceder a las
titulaciones oficiales. O sea que tiene la misma finalidad. Si considera
el portavoz del Grupo de Izquierda Unida que se especifica mejor en su
enmienda, nosotros no tenemos ningún inconveniente en admitir que sea
respecto al plan de la Logse --nos referíamos en el segundo apartado al
mismo-- y, por tanto, al final, votaremos la enmienda de Izquierda Unida
en nuestra iniciativa.
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Le pediría al señor Cruz que
hiciera llegar a la Mesa el texto de su enmienda in voce, que, según se
ha desprendido del debate, se incorporará al texto de la proposición no
de ley del Grupo Popular.
--SOBRE ACCESO A CATEDRAS DE LOS PROFESORES DE MUSICA Y ARTES ESCENICAS.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente
161/000624.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): La siguiente proposición no
de ley, sobre acceso a cátedras de los profesores de música y artes
escénicas, la presenta el Grupo Popular, y para su defensa tiene la
palabra la señora Barrios.
La señora BARRIOS CURBELO: La finalidad de esta proposición no de ley es
instar al Gobierno para que dicte urgentemente las disposiciones
necesarias para modificar el Real Decreto 850/1993, por el que se regula
el ingreso y la adquisición de especialidades en los cuerpos de
funcionarios docentes a que se refiere la Logse, regulando así los
distintos acceso al Cuerpo de catedráticos de música y artes escénicas.
Parece inconcebible que desde el año 1990 --y creo que posiblemente sea
la única enseñanza de este tipo-- sea la enseñanza de la música la que no
tenga regulado el acceso a cátedras, lo que está conllevando a un impasse
y a una desmoralización terrible dentro de los profesionales de la misma.
El Real Decreto 850/1993 regula el ingreso y adquisición de
especialidades en los cuerpos a que se refiere la Logse y, sin embargo,
después de recoger este procedimiento general, para ello en su artículo 2
dice: Quedan exceptuados de lo previsto en el artículo anterior los
procedimientos de ingresos en el Cuerpo de catedráticos de música y artes
escénicas a que se refieren los apartados 4 y 5 de la disposición
adicional decimosexta de la Ley Orgánica de Ordenación General del
Sistema Educativo, para lo que se dictarán normas específicas. Pues bien,
esas normas específicas todavía no han llegado, de tal manera que vemos
cómo la Logse en la disposición adicional decimoquinta, apartado 5,
recoge: Para el acceso al Cuerpo de catedráticos de música y artes
escénicas se estará a lo señalado en el apartado 4 de la disposición
adicional decimosexta sobre movilidad del profesorado. Y la decimosexta
en el apartado 4 recoge una serie de requisitos para el acceso al Cuerpo
de catedráticos de música y artes escénicas, diciendo al final que con
este fin podrá reservarse un porcentaje de plazas en la convocatoria de
acceso. Y el apartado 5 recoge que el Gobierno, de acuerdo con las
comunidades autónomas competentes, establecerá las condiciones para
permitir el ingreso en el Cuerpo de catedráticos de música y artes
escénicas mediante concurso de méritos a personalidades de reconocido
prestigio en sus respectivos campos profesionales. Sin embargo, todo lo
que aquí se establece, tanto en el artículo 2 como en la disposición
adicional decimosexta, no se ha cumplido en absoluto. Se sigue esperando
por los profesores de música que se regulen esas convocatorias especiales
y esa posibilidad de acceso al mismo. Así vemos que los titulados de
conservatorios del plan del 42, que tienen reconocida su titulación como
licenciados según Real Decreto 1542/1994, al que me he referido
anteriormente en otra iniciativa, al quedar exceptuados están siendo
prejudicados comparativamente con el resto del colectivo de funcionarios
docentes. Los funcionarios profesores de conservatorio no tienen opción
para promocionarse dentro de la Administración, a pesar de estar
reconocido en la Logse y en las leyes de función pública. La demora en la
modificación, regulación y desarrollo del Real Decreto 850/1993 perjudica
a los profesores de conservatorio del plan del 42 ante la pasividad del
Ministerio en regular y conceder las mencionadas cátedras. Consideramos
que es esencial que se regule el acceso a cátedras en educación musical,
ya que en la mejora de la calidad de la educación el profesorado
desempeña un papel fundamental. Esta es la razón por la que debe ponerse
especial cuidado en los procesos de selecciones de quienes acceden a la
función pública docente, de modo que dicha selección asegure al máximo la
incorporación de los mejores candidatos, fijándose en criterios de
capacidad y de preparación. Sé que puede resultar contraproducente
decirlo, pero es sorprendente que ya de por sí el desastre que ha sido la
aplicación de la Logse, sin embargo en algunos apartados en donde podría
darse salida, que es el acceso a cátedras sobre todo en educación
musical, esto no se haya llevado a término. Por eso presentamos esta
proposición no de ley y esperamos el voto favorable de todos los
Diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): A esta proposición no de ley
se ha presentado una enmienda de sustitución por parte del Grupo
Parlamentario Socialista. Para la defensa de esta enmienda, tiene la
palabra la señora Gorostiaga.
La señora GOROSTIAGA SAIZ: Efectivamente, el Grupo Socialista, a la vista
de la proposición no de ley que presenta el Grupo Popular, ha creído
conveniente presentar una enmienda de sustitución, pero antes de
presentarla querría hacer alguna precisión a la exposición de motivos de
la proposición que presenta el PP, porque habría que matizar que, al
contrario de como se afirma en la propia exposición de motivos, como
decía, los poseedores de los títulos profesional y de profesor del plan
del 42 no han resultado discriminados en cuanto a la equivalencia de
estos títulos con los resultantes de la nueva ordenación respecto a los
titulados superiores del plan del 66, ya que dichos títulos de uno y otro
plan han sido declarados equivalentes al nuevo título superior de música,
establecido en la Logse a través del Real Decreto 1542/1994, del 8 de
julio. Pero sí es cierto que faltan por promulgar las disposiciones
necesarias para que se pueda llegar a adquirir las especialidades y se
regule el procedimiento de ingreso en el Cuerpo de catedráticos de música
y artes escénicas.
La enmienda del Grupo Socialista se justificaría en el sentido de que
consideramos que la solución al problema no consiste, como solicita el
Grupo Popular, en la modificación del Real Decreto regulador del acceso a
los cuerpos docentes sino en la aprobación de las normas específicas que
ese mismo Real Decreto preveía. Ello es debido a que nosotros, el Grupo
Socialista, considera que las cátedras de estas enseñanzas requieren un
tratamiento particular por la propia singularidad de la enseñanza de que
se trata, por la necesidad de que primen aspectos prácticos sobre
teóricos en los diferentes ejercicios, así como los
criterios adecuados para la valoración del propio currículum profesional
de los candidatos. Consideramos asimismo que se requiere este tratamiento
singular por la propia especialidad y por la propia materia de que se
trata y, por otra parte, porque debe tenerse en cuenta que dicho acceso a
cátedras se refiere a unas enseñanzas superiores, por lo que el
procedimiento de ingreso en dicho Cuerpo requiere una norma que se adapte
mejor que el citado Real Decreto 850/1993 a su naturaleza y sea más afín
a las restantes enseñanzas superiores del sistema. Por eso presentamos
esta enmienda de sustitución que diría: El Congreso de los Diputados
insta al Gobierno de la nación a promulgar las disposiciones necesarias
en las que se establezca la adquisición de especialidades y el
procedimiento de ingreso en el Cuerpo de catedráticos de música y artes
escénicas.
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): ¿Grupos que desean fijar su
posición? (Pausa.) Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Cruz.
El señor CRUZ ORIVE: Señora Presidenta, quería recordar a esta Comisión
también que el año pasado nuestro Grupo presentó una proposición no de
ley sobre este mismo asunto, referido quizás en términos más amplios a la
situación conjunta de todo el profesorado de conservatorios. Decía así:
Regular a la mayor brevedad el procedimiento para el ingreso y acceso al
Cuerpo de catedráticos de música y artes escénicas conforme a lo señalado
en las disposiciones adicionales 15.7 y 16.4 de la Logse. Esa era la
propuesta que traíamos el año pasado. Se nos dio alguna salida diciendo
que se estaba estudiando en el Ministerio. Incluso hoy veníamos aquí con
la intención, de no haberse producido esta enmienda, de plantear que se
nos presentara el borrador, porque después de un año de estudios tiene
que estar muy maduro ese nuevo real decreto. Me satisface que ya exista
el compromiso del Partido Socialista de decir que, efectivamente, no hace
falta una regulación sino un real decreto específico con el mismo
contenido.
Es muy urgente, puesto que hay conservatorios superiores con casi todas
sus cátedras cubiertas desde hace años por interinos, sin que se hayan
convocado las oposiciones pertinentes. Eso crea una enorme inestabilidad
institucional y dificulta mucho el buen funcionamiento de esos centros.
No se explica este retraso, con la zozobra que crea, causado por cierta
imprevisión, creemos, o falta de diligencia, como he dicho.
Hay otros aspectos de la Logse aún pendientes de desarrollar también en
relación a los conservatorios. En otra proposición no de ley he aludido a
que es urgente la adscripción a las nuevas especialidades y que, además,
esta adscripción está teniendo lugar en medio de un gran caos provocado
por el vacío legal. Es decir, lo que ponemos sobre la mesa es, sobre
todo, este vacío legal, la falta de orientaciones didácticas, que no haya
reglamento orgánico de centros, etcétera. Yo creo que tendríamos que
hacer un especial hincapié por evitar ese vacío legal, por ir llenándolo
de propuestas que se pudieran ir concretando y que pudieran ir
resolviendo los graves problemas que tienen las enseñanzas musicales.
Y también coincidimos en que no ha lugar a esa referencia al título del
plan 42 en la exposición de motivos. El vacío legal afecta por igual a
todos los posibles candidatos con alguna titulación superior, y es
particularmente grave el daño que se produce entre el profesorado, que ha
visto bloqueadas desde hace años sus posibilidades de promoción. Las
cátedras se podrán cubrir por procedimientos de ingreso y también de
acceso por movilidad entre cuerpos docentes, etcétera.
Yo creo que de mi intervención ha quedado reflejado nítidamente que vamos
a apoyar la propuesta, si la señora Barrios, que es quien tiene la
prerrogativa, acepta esta enmienda, que nos parece más aceptable incluso
que, como he dicho, la propia regulación que se solicitaba en la
proposición no de ley. Es decir, haría falta un real decreto específico
con el mismo contenido.
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): La señora Barrios tiene la
palabra para manifestar la postura de su Grupo Parlamentario respecto de
la enmienda de sustitución.
La señora BARRIOS CURBELO: Vamos a aceptar la enmienda y nos
congratulamos de que todos los grupos estemos de acuerdo en la necesidad
de solventar esta grave problemática de los profesores de música.
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): El texto que resulta de la
enmienda de sustitución aceptada por el Grupo Popular será el que se
someta a votación.
Proposición no de ley sobre participación de las comunidades autónomas de
Aragón, Cataluña, Valencia e Islas Baleares en la gestión del Archivo de
la Corona de Aragón. Esta proposición no de ley ha sido presentada por el
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Para su
defensa, tiene la palabra el señor Cruz.
El señor CRUZ ORIVE: La defiendo en los propios términos en que está
explicitada. Siento tener que ser así de escueto en este sentido porque
el Diputado José Luis Martínez tenía un interés especial en defenderla.
Ignoro qué ha podido ocurrir para que nuestro Presidente, tan eficaz en
casi todas las circunstancias, no esté presente en la sala. No sé si el
resto de los miembros de la Mesa conocía esta coyuntura. A lo mejor los
cambios de calendario son los que han provocado esta situación.
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Señor Cruz, el señor
Martínez se ha ausentado a lo largo de la mañana porque tenía que
intervenir en una ponencia que se está realizando en estos momentos.
El señor CRUZ ORIVE: Propongo la espera y que pasemos, por ejemplo, a la
proposición no de ley sobre la enseñanza de la bioética. Esa es una
solicitud que hago a la Mesa para poder resolver este debate con cierta
dignidad. (Pausa.)
--RELATIVA A LA IMPARTICION DE LOS CONOCIMIENTOS SOBRE BIOETICA EN LA
ENSEÑANZA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de
expediente 161/000631.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Señorías, pasamos a debatir,
si les parece bien, la proposición no de ley presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista relativa a la impartición de los conocimientos
sobre bioética en la enseñanza.
Para la defensa de esta proposición no de ley tiene la palabra el señor
Palacios.
El señor PALACIOS ALONSO: Yo creo que hay motivos justificados de
satisfacción en el momento de presentar esta proposición no de ley y ello
por varias razones. En primer lugar, porque cubre una parte importante de
un ciclo de trabajo en este Parlamento, iniciado hace casi tres lustros,
por otra parte reconocido como positivo fuera de España y, por qué no
decirlo, en muchos casos como trabajo de referencia en otros parlamentos.
La Comisión creada en su día en el Congreso de los Diputados para el
estudio de la reproducción humana allá por el año 1984-85, la aprobación
de las bioleyes 35/1988 y 42/1988 y la creación, muy reciente todavía, de
un comité parlamentario de bioética han sido, señorías, pasos
fundamentales, que creo que hallan ahora en esta proposición no de ley un
refuerzo sustancial, cuya utilidad y cuya actualidad en el terreno de la
educación creo que debe quedar fuera de toda duda. En segundo lugar, las
propuestas contenidas en nuestra proposición no de ley serán un modo de
utillaje básico en la formación de la ciudadanía en materias y sobre
actuaciones --con su lado, sin duda, positivo y también con su lado
insatisfactorio--, que forman parte de nuestra vida diaria y del mundo
científico-técnico que nos toca vivir.
Con tal bagaje y a través de la iniciativa de mi Grupo Parlamentario, y
espero que con la anuencia de todas SS. SS., el Parlamento se señala como
objetivo la adecuada información de la ciudadanía en cuestiones de
crucial importancia a los efectos de lograr una mayor objetividad en la
comprensión y discusión de aquellos asuntos relacionados con la bioética
y, si se produjeran, de tomar posicionamientos sobre sus diversas
implicaciones.
No voy a insistir con detalle sobre el vasto campo que abarca la bioética
--en realidad, por su propia definición, es la aplicación de principios
éticos a las actuaciones sobre la vida, la vida de cualquier índole, por
supuesto la humana en primer lugar-- ni tampoco incidiré mucho sobre sus
problemáticas. Hemos tratado estas cuestiones con rigor y profusión
durante estos años y hemos trasladado nuestro quehacer a documentos de
instituciones internacionales, sea en la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa, donde me cupo el honor de que la propuesta de 1986,
consistente en la realización de una convención de bioética, fuera
aceptada y esté a punto de traducirse en un valiosísimo documento
internacional, sea en la Unión Interparlamentaria, que en su reciente
reunión en Madrid tuvo muy en cuenta las sugerencias del ponente que les
habla, por otra parte producto, siempre lo he entendido así, de todo
nuestro trabajo parlamentario a lo largo de todos estos años.
Señorías, los seres humanos somos parte integral del planeta y esto exige
una convivencia en armonía con la bioesfera, el entorno en que se
desarrolla la vida animal, la vida humana por supuesto incluida, la vida
vegetal y la de los microorganismos. Por tanto, la información bioética
habría de conducir a la instalación gradual en la sociedad de un talante
social, individual y colectivo de respeto a la naturaleza y con miras a
su protección, talante que habría de convertirse en hábito y
corresponsabilidad. Se trata, por lo tanto, de proteger al hombre en su
vertiente corporal y espiritual, la pureza del aire y de las aguas dulces
y saladas, de los espacios verdes y de las forestas de los suelos y de
las áreas de cultivo.
El oxígeno que todos respiramos, señoría, se produce en los trópicos --el
llamado pulmón de la Tierra--, pero lo respiramos todos, y, sin embargo,
en los últimos años estamos destruyendo las selvas y los bosques
tropicales --es decir, ubicados en otras naciones que no son
concretamente las nuestras-- de forma inmisericorde, en especial en lo
que va de siglo, en cuyos últimos 40 años se ha destruido más en bosque
tropical que desde la época del Mesolítico, unos 12.000 años antes de
Cristo.
La destrucción se hace tanto en los países ricos como en los países
pobres, pero las causas son bien distintas. En los primeros es para
mantener el bienestar alcanzado, en los segundos es en muchos casos como
elemento de subsistencia imperiosa.
La contaminación de la atmósfera por gases de efecto invernadero --el CO2
o dióxido de carbono, fundamentalmente-- y de la superficie telúrica por
lluvia ácida, basura, residuos domésticos e industriales agobia a la
Tierra de una manera progresiva y reduce la biodiversidad, poniendo en
riesgo a muchas especies animales y vegetales, desertizando la cubierta
terrestre y pudiendo incidir muy negativamente tanto de manera inmediata
como en nuestra evolución futura.
Los aspectos sociales y económicos de tales problemas, directa o
indirectamente relacionados con la bioética, tienen en el desempleo y en
la emigración, especialmente en los países subdesarrollados, dos de sus
exponentes más dramáticos y más visibles.
Por otra parte, siendo la ciencia y la tecnología patrimonio de la
humanidad, debe conciliarse obligadamente con los valores que dimanan de
la dignidad del hombre. El hombre debe servirse y beneficiarse de la
ciencia, y no al contrario, y es preciso saber cuándo el progreso
científico puede dañar a la intimidad, la libertad, la seguridad,
etcétera, del hombre.
Señorías, sólo he citado algunas cuestiones relativas al asunto que hoy
nos convoca aquí, y a mí muy especialmente que no soy miembro de esta
Comisión. Una sonda suicida ha recibido información de la atmósfera de
Júpiter; ya hemos pisado la Luna; se han clonado preembriones, por
supuesto con fines que no tenemos muy claros; la informática
y la ofimática ofrecen todos los servicios y maravillas que imaginar
podamos, pero también se adentran en nuestra intimidad. Podemos pesar una
picra o millonésima de un gramo, y utilizamos la tecnología genética para
modificar y mejorar en calidad y cantidad las especies animales y
vegetales, al menos algunas. Pero aquí, señorías, precisamente por
decirlo a pie de obra, en la Tierra, es preciso acabar con la
contaminación y la desertización. Hay que devolver la salud a los mares,
a los ríos y a los océanos; hay que proteger la biosfera, sus especies y
sus recursos naturales, porque además nos va mucho en ello. Debemos
evaluar las energías existentes y la posibilidad de utilizar energías
limpias. Es preciso conocer cuál es el perímetro de la ciencia y cuál su
actividad aceptable en un momento histórico dado.
Voy a terminar. Nada más, por tanto, ni nada menos, aunque se haya
quedado en el tintero mucho por decir. Este es un campo del que podríamos
estar hablando indefinidamente, que ya está, por lo demás, ubicado en
buena medida en la información cotidiana de los medios de comunicación.
Cuando el espíritu de esta proposición no de ley forme parte del enseñar
y del aprender cotidiano, la sociedad, señorías, estará más segura de sí
misma y de algo que, de otro modo, correríamos el peligro de olvidar, a
saber, que formamos parte, como decía al principio, de la biosfera y que
el beneficio que le hagamos a ella es un beneficio que fundamentalmente
nos hacemos a nosotros y a las generaciones futuras.
Muchas gracias, señora Presidenta. Confío en contar, señorías, con el
apoyo de todos ustedes.
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): A esta proposición no de ley
se han presentado dos enmiendas de modificación por parte del Grupo
Parlamentario Popular.
Para la defensa de las mismas, tiene la palabra el señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: En primer lugar, con esta intervención, estoy
encantado de poder colaborar a mejorar un poco el desorden del día de la
sesión de hoy.
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Señor Ollero, siempre hemos
sabido que contábamos con su colaboración y con su apoyo para el buen
desarrollo de los trabajos de esta Comisión. (Risas.)
El señor OLLERO TASSARA: Le agradezco que así lo reconozca, señora
Presidenta.
Quiero también, en nombre de mi Grupo, comenzar por dejar sentado lo muy
positiva y oportuna que nos parece esta iniciativa del Grupo Socialista,
dada la actualidad de todos los problemas relacionados con la bioética.
Soy consciente de que estamos ante una iniciativa de un Grupo
Parlamentario, pero, a la vez, tengo el suficiente conocimiento del
funcionamiento de esta Cámara en los últimos años como para no ignorar
que detrás de esta iniciativa está sobre todo la personalidad del doctor
Palacios, que lleva años trabajando en esta Cámara, en el Pleno, con
proposiciones de ley que el Grupo Parlamentario, no el Gobierno, presentó
en su día, a través de la Comisión Mixta de Investigación Científica y
Técnica, luchando por conseguir un adecuado eco parlamentario a estos
problemas, por lo cual le felicito sinceramente, sin perjuicio de que,
como él bien sabe, haya discrepado, y notoriamente, de alguna de esas
iniciativas, quizá porque han contribuido también a todo eso de la
clonación de embriones y demás, a lo que se han referido.
Respecto a lo que hoy nos ocupa, las dos enmiendas que presenta nuestro
Grupo las formulamos precisamente con afán de colaboración, porque nos
parece que el texto en concreto de la proposición no de ley propiamente
dicha --porque la exposición de motivos nos parece perfectamente
construida y muy interesante-- adolece de cierto desaliño.
En concreto, el epígrafe primero proponíamos modificarlo en dos aspectos.
En primer lugar, porque en las dos primeras líneas se dice que el
Gobierno ponga en marcha las medidas adicionales precisas para que
supongan un reforzamiento. Nos parece una redacción un tanto barroca,
compleja y no muy correcta. Por eso, nos parece más simple decir: Ponga
en marcha medidas que supongan un reforzamiento... Como ven el calado de
la enmienda no es que sea exactamente... (El señor Naranjo Gonzalo:
Reforzamiento no es correcto.)
Por lo visto se hacen enmiendas adicionales in voce, pero que quede claro
que son al texto, porque reforzamiento lo pone en el texto. Yo lo que he
procurado es, en lo posible, respetar al máximo el texto, para que
tampoco la enmienda pudiera considerarse como agresiva. Se podía cambiar
también lo del «reforzamiento». Estoy de acuerdo, pero no he querido
llegar a tanto.
En segundo lugar, proponemos que se evite la expresión «enseñanza no
universitaria». El doctor Palacios, como él mismo ha dejado sentado, no
es de esta Comisión y quizás ignora que, entre los docentes de
determinados niveles educativos, que se les identifique negativamente
como enseñanza no universitaria no produce especial entusiasmo. Como da
la casualidad de que en este caso parece darse la circunstancia que
facilita buscar otra fórmula, porque yo no creo que el doctor Palacios
pretenda que se enseñe bioética en educación infantil ni tampoco en la
educación primaria, sino que ya estaríamos en la secundaria, yo creo que
hablar de educación secundaria evitaría lo de la no universitaria que, ya
digo, molesta notablemente a esos docentes que piensan que se les define
por lo que no son y no por lo que son, lo cual no siempre es bueno. Hasta
ahí esta primera cuestión.
En cuanto al segundo punto, compartiendo igualmente la intención de la
mens legislatoris, en este caso de la mens pero no legislatoris, porque
es proposición no de ley, que encierra esta iniciativa, nos parece que
también es mejorable la redacción. Se dice aquí que el Gobierno se dirija
al Consejo de Universidades --lo cual lo tiene fácil porque está dentro,
el Presidente es un Ministro y tiene seis miembros de su Ministerio allí
dentro, pero, en fin, se puede dirigir al Consejo de Universidades-- para
que en el ámbito de autonomía de éstas --se supone que de las
universidades--
consideren --lo del «consideren» parece que son las universidades-- la
posibilidad de incorporar las materias relativas a la bioética a alguna
de sus disciplinas troncales.
Yo creo que aquí se ha buscado una redacción demasiado escueta y que nos
parece un tanto desaliñado por lo siguiente. En principio, las
universidades no tienen disciplinas, las universidades tienen centros,
facultades, escuelas. Las facultades y escuelas tienen, a su vez, unos
planes de estudio, y dentro de los mismos hay disciplinas. Nunca se dice:
ésta es una disciplina de la Universidad de Jaén. Se dice: ésta es una
facultad de la Universidad de Jaén que tiene un plan de estudios dentro
del cual hay disciplinas, unas troncales y otras no.
Por eso nosotros sugeríamos, respetando al máximo el texto, con todo lo
que de negativo pueda tener esa actitud, que dijera: «Se dirija al
Consejo de Universidades para que, con el obligado respeto a su
autonomía, considere la posibilidad de incorporar a las directrices
generales de los planes de estudio...», que es lo que hace el Consejo de
Universidades, que fija unas directrices generales de los planes de
estudio, y en las directrices generales de los planes de estudio
correspondiente --porque habrá planes de estudio que no tienen nada que
ver con la bioética-- «materias relativas a la bioética».
Quitamos también lo de «troncales» por una razón muy simple, y es que
según el plan de estudios de que se trate, tendrá sentido que sea troncal
la disciplina o no. Por ejemplo, sería muy lógico que fuera troncal la
bioética en una titulación de medicina. Ahora, en ciencias de la
información, podría ser perfectamente optativa y sería bueno que así lo
fuera. Entonces, el que el Congreso demuestre un particular interés en
que sean troncales necesariamente las enseñanzas de bioética parece
desconocer a lo mejor cuál es el auténtico juego de las disciplinas
troncales, y en el ambiente universitario puede sorprender un poco. Nos
parece que, respetando absolutamente el contenido de lo que se propone,
quedaría mejor si dejáramos claro que sabemos que las disciplinas no son
de las universidades sino de los planes de estudio, porque insisto en que
buena parte de los planes de estudio son directrices generales que se
imponen a las universidades, por hablar así; las universidades no pueden
salirse de ellas y, por tanto, no son suyas, son del Consejo. Así yo creo
que quedaría mejor la expresión, nada más que con afán de colaboración.
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): ¿Grupos que desean fijar su
posición respecto a esta iniciativa? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el
señor Baltá.
El señor BALTA Y LLOPART: Señora Presidenta, yo pienso que a la
intervención del doctor Palacios cabe añadir muy pocas cosas. Además, la
exposición de motivos desarrolla con precisión el trabajo riguroso,
constante, dirigido hacia una toma de conciencia en este tema producida a
lo largo de los últimos diez años, en que el propio Marcelo Palacios ha
intervenido de forma decisiva, ya sea desde la Comisión de Sanidad, ya
sea desde el ejercicio de la Presidencia de la Comisión de Ciencia y
Tecnología, donde nos ha dado la posibilidad de traer al Congreso a
eminentes científicos que nos han ilustrado a los Diputados en la materia
que ahora es motivo de debate en una proposición no de ley, que intenta
introducir la bioética en el mundo de la enseñanza.
Es difícil, decía, añadir algo a su intervención, pero me hubiera gustado
no hablar después del doctor Palacios, porque la intervención, que ha
sido larga, mesurada e intensa, era casi un poema de quien desde la
política intenta establecer mecanismos que hagan que la sociedad tome
conciencia adecuada de aquello que se avecina y que afecta de forma tan
decisiva a la vida. Por tanto, yo no quisiera añadir demasiadas cosas.
Digo que el texto de la exposición de motivos recoge el camino y que su
intervención ha sido tan precisa que uno casi hubiera preferido el
silencio, como cuando se acaba de leer un buen poema y es mejor callarse
y pensar en él. Este es el final que yo hubiera puesto a la intervención,
aparte de felicitarle por el trabajo de diez años y por su intervención
hoy en esta Comisión, en la que pienso que todos le aceptamos
complacidos.
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Por el Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor
Cruz.
El señor CRUZ ORIVE: Señora Presidenta, muy brevemente, para manifestar
nuestro acuerdo no solamente con la exposición de motivos y sobre cómo se
ha explicitado luego en el texto de la proposición no de ley, sino
también para mostrar nuestra identificación con la exposición verbal que
ha manifestado el doctor Palacios en esta Comisión.
Nosotros creemos que es muy importante que en la enseñanza --quizás en la
enseñanza secundaria estaría mejor, y en esto manifiesto mi acuerdo con
la enmienda del señor Ollero-- se viera la necesidad de los
planteamientos éticos y no sólo ante los adelantos científicos en el
campo biológico, sino en todo el campo del conocimiento, en todos los
adelantos técnico-científicos.
Nos parece, por tanto, procedente y muy importante esta proposición no de
ley y esta iniciativa, por lo que la vamos a votar favorablemente.
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el señor Palacios para manifestarse acerca
de las enmiendas.
El señor PALACIOS ALONSO: Señora Presidenta, sin duda alguna se han hecho
aquí algunas sugerencias. Quiero agradecer que vayamos a tener la mejor
disposición para ver si llegamos a un consenso sobre las enmiendas
presentadas y sobre algunas otras cuestiones.
Señoría, nosotros vamos a proponer in voce que se retire la palabra
«para», que es un duende de imprenta que se coló en el texto del punto 1,
y diga: «ponga en marcha las medidas adicionales precisas que supongan»,
es decir, quitar el «para», si SS. SS. lo aceptan, para darle sentido.
Ha habido una sugerencia al volapié de alguno de los compañeros, y creo
que lo ético es aceptar todo lo que consideremos bueno: sustituir la
palabra «reforzamiento» por «un refuerzo», en una enmienda in voce; es
decir, «que suponga un refuerzo de los contenidos de la bioética en la
enseñanza universitaria».
Nosotros interpretamos, y se lo explico también al señor Ollero, que,
puesto que la proposición no de ley pretende universalizar la información
de la bioética en todo el ámbito de la población, no querríamos dejar
aquellos niveles, por ejemplo la educación primaria tardía, donde ya la
enseñanza de la bioética se puede dar. En este sentido, respecto de su
enmienda número 1, incorporaríamos nada más que una modificación, es
decir, mantener el texto como está; retirar el «para» al que hacía
referencia; cambiar «un reforzamiento» por «un refuerzo» y, a
continuación, decir: «... de los contenidos de la bioética en la
enseñanza previa a la universitaria» en vez de decir «en la enseñanza no
universitaria», con lo cual, de alguna manera podría entender que ya no
estamos lesionando aquellas preocupaciones que podían tener otros. El
texto quedaría así: «ponga en marcha las medidas adicionales precisas que
supongan un refuerzo de los contenidos de la bioética en la enseñanza
previa a la universitaria», y todo lo demás continuaría como está. Esta
es la sugerencia que haría, en primer lugar, al señor Ollero, para que
deponga su enmienda y, en segundo lugar, al resto de los componentes de
la Comisión.
La segunda enmienda que presenta el señor Ollero no vamos a aceptarla,
pero sí nos sugiere su intervención que podría modificarse el texto. En
la segunda línea, después de la coma, en vez de decir «consideren»,
sustituirlo por «se considere», de manera que el texto quedaría así: «2.
Se dirija al Consejo de Universidades para que, en el ámbito de autonomía
de éstas, se considere la posibilidad...», etcétera, hasta el final. Con
ello quedarían en el ámbito del Consejo y de las propias universidades, o
en el ámbito que se estime que corresponda, las directrices generales de
los planes de estudios, y podríamos satisfacer, en definitiva, el
espíritu que a todos nos anima. Esta es la propuesta que haría y, sin
más, con las correcciones citadas, pediría que se ponga a votación en su
momento.
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Se someterá, por tanto, a
votación. (El señor Ollero Tassara pide la palabra.)
Señor Ollero, ¿qué desea?
El señor OLLERO TASSARA: Señora Presidenta, me parece que es costumbre
que las transaccionales sean aceptadas por el Grupo ofertado.
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Señor Ollero, no se ha
entendido por parte de la Presidencia tanto una transaccional a las
enmiendas que ha presentado el Grupo Popular, cuanto una modificación
gramatical, en algunos casos, sintáctica o, si queremos, alguna enmienda
«in voce» presentada por el propio Grupo Parlamentario Socialista. En ese
sentido no le daría un turno de intervención.
El señor OLLERO TASSARA: Como en su intervención, el señor Palacios se ha
dirigido continuamente no ya sólo al Grupo Popular, sino al señor Ollero
en concreto, no sé por qué me he dado por aludido. Debe ser por afán de
protagonismo. (Risas.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Someteremos a votación, en
consecuencia, el texto de la proposición no de ley, con las
incorporaciones y correcciones puestas de manifiesto por el señor
Palacios.
--SOBRE PARTICIPACION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS DE ARAGON, CATALUÑA,
VALENCIANA E ISLAS BALEARES EN LA GESTION DEL ARCHIVO DE LA CORONA DE
ARAGON. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA
PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000626.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): A continuación, debatiremos
la proposición no de ley sobre participación de las Comunidades Autónomas
de Aragón, Cataluña, Valenciana e Islas Baleares en la gestión del
Archivo de la Corona de Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Martínez Blasco.
El señor MARTINEZ BLASCO: Señora Presidenta, el Archivo Histórico de la
Corona de Aragón, como saben SS. SS., es uno de los archivos más
importantes de Europa. Fue creado nada menos que en el año 1180, según
consta en el propio Archivo, e interesa no sólo a diversas comunidades
que forman parte del Estado español hoy, sino a buena parte de la
política que estos reinos llevaron a cabo durante varios siglos en todo
el Mediterráneo.
Los estatutos de autonomía de las cuatro Comunidades actuales que
formaron parte de la Corona de Aragón, prevén que la gestión del Archivo
Histórico de la Corona de Aragón sea una gestión compartida. Es un
Archivo que, como he dicho, interesa a todo el Estado, incluso a nivel
internacional, pero, especialmente, no cabe duda alguna, a las cuatro
comunidades que formaron parte de la Corona de Aragón. Dicen los cuatro
estatutos de autonomía que participarán estas comunidades autónomas en su
gestión y, además, dos de esos Estatutos, en concreto los de Aragón y de
la Comunidad Valenciana, dicen que estas comunidades informarán los
anteproyectos de regulación de esta gestión compartida. En algún caso,
incluso, se habla en concreto sobre un patronato.
El Ministerio de Cultura, que es el que en estos momentos este Archivo
gestiona, por ser de carácter nacional o estatal, en los últimos años ha
venido intentando que se cree este patronato o el organismo
correspondiente para la gestión compartida.
La realidad es que en estos momentos, señorías, después de más de diez
años de estar aprobados los diferentes
estatutos de autonomía, el patronato no se ha puesto en marcha. Cada vez
que este diputado ha instado al Ministerio de Cultura a conocer las
razones por las que no se pone en marcha, el Ministerio de Cultura
siempre ha dicho lo mismo, que las diferentes comunidades autónomas no se
ponen de acuerdo. Creo recordar que la última vez, cuando se inauguró el
nuevo edificio de este Archivo en la Plaza de las Glorias, el Ministerio
de Cultura dijo que, con ocasión de que se iban a encontrar los
diferentes responsables de las comunidades autónomas en la inauguración,
intentaría de nuevo ponerles de acuerdo. La realidad, repito, es ésa, que
no ha habido acuerdo todavía, y la pretensión de esta proposición no de
ley es que se intensifiquen las gestiones para que en un plazo razonable
se ponga en marcha la norma que regule esta gestión compartida entre el
Estado y las cuatro comunidades autónomas afectadas por el Archivo.
Ya he visto que el Grupo Socialista propone una enmienda en la que
pretende que el plazo de seis meses no figure en la resolución del
Congreso. Señorías, ésta es una cuestión totalmente accidental. Si
estamos hablando de que durante diez o doce años no ha sido posible el
establecer la norma para la gestión compartida, seis meses más o menos no
resuelve el problema.
La voluntad política del Congreso de los Diputados, en cuanto que es
expresión de la voluntad de todo el Estado y también de las comunidades
autónomas, es que se acelere la gestión compartida. Ese debe ser el
objetivo prioritario. Si eso se hace en seis, en ocho, en dos o en tres
meses creo que es accidental y, en ese sentido, propongo que en la
redacción que figura en la proposición no de ley de nuestro grupo se
quite la expresión «de seis meses y se diga en el plazo más breve
posible». Con eso se daría satisfacción a que fuese en un plazo
perentorio.
En todo caso, las partes deben ponerse de acuerdo, ya que no hay
justificación a que después de tantos años no lo hayan hecho. Si hay
algún problema por parte de alguna comunidad autónoma o por parte del
Ministerio de Cultura en la redacción del texto de la norma, que se
explicite cuál es esa dificultad para poder llegar a un acuerdo que,
insisto, lo mandan nada menos que cuatro leyes orgánicas, las de los
cuatro Estatutos de Autonomía y, además, nadie ha cuestionado
públicamente la gestión compartida.
Por tanto, señora Presidenta, propongo al Grupo Socialista, puesto que
después no habrá otro turno, que de la redacción que establece nuestro
Grupo se quite «de seis meses» y figure «en el plazo más breve posible».
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Muchas gracias, señor
Martínez Blasco, por defender con tanto empeño el texto de su proposición
no de ley y por hacer referencia a la enmienda que pasará a defender en
estos momentos el Grupo Parlamentario Socialista.
A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda de
sustitución. Para la defensa de la misma, tiene la palabra el señor
Clotas.
El señor CLOTAS CIERCO: El Grupo Parlamentario Socialista, coincidiendo
en gran manera con la propuesta de Izquierda Unida, sobre todo en lo que
entendemos que es el sentido profundo de esa propuesta, que no es la
literalidad --por lo que explicaré enseguida--, ha presentado una
enmienda.
Está claro que el Archivo de la Corona de Aragón es muy importnte, no
sólo para las comunidades autónomas afectadas sino para el conjunto de
los españoles; es uno de los grandes archivos históricos que tiene una
característica que hace especialmente complejo el decidir sobre la forma
de gestionarlo. ¿Por qué? Porque es un Archivo que, como he dicho, afecta
a documentos relativos a la historia de España, de todos los españoles, a
la vez que afecta de una manera muy clara a cuatro comunidades autónomas
que en sus respectivos estatutos han previsto su participación en dicho
Archivo, no de una manera idéntica --hay que decirlo--, lo cual es una
complicación. No los cuatro estatutos de autonomía dicen en los mismos
términos cómo se debe producir esa participación. De hecho, todos hablan
de una norma de carácter estatal y de una tutela del Ministerio de
Cultura, pero luego divergen en algunos aspectos. Por tanto, estamos ante
un tema delicado.
En la transformación que ha sufrido el Estado español desde que se
promulgó la Constitución hay cosas que se han podido hacer con una cierta
celeridad y algunas han quedado retrasadas de una manera lamentable, pero
no incomprensible, ¿por qué? Porque es complejo. Creo que hay cosas que
quedan claras para todos; por ejemplo, que el Museo del Prado debe
permanecer con titularidad y gestión estatal. Pero hay cosas como el
Archivo de la Corona de Aragón que son bastante más difíciles. Esta
dificultad es todavía mayor porque no debería llegarse a ninguna norma
que no tuviera el acuerdo y el consenso de las partes afectadas, que como
hemos dicho son el Gobierno del Estado y las cuatro comunidades
autónomas.
¿Se han hecho esfuerzos hasta ahora para llegar a ese acuerdo? Pues se
han hecho esfuerzos. Tengo aquí incluso un borrador de norma que lleva la
fecha de 1982, de modo que ya llevamos más de diez años intentándolo.
Incluso antes de que se promulgaran algunos de los estatutos de autonomía
ya había voluntad por parte del Gobierno de llegar a ese acuerdo. Y ha
habido --creo que lo saben todos los portavoces-- numerosos encuentros,
ha habido diálogo y ha habido principios de acuerdo y muchos desacuerdos
desde 1982. Luego hubo un tiempo en el que quizá hubo menos actividad
para resolver el problema, pero a partir del año 1990 el Ministerio
volvió a insistir en este diálogo para tratar de resolverlo.
Nosotros creemos que es de la máxima importancia que se resuelva bien. Y
hemos presentado una enmienda, señora Presidenta, porque entendemos que
la propuesta de Izquierda Unida --que como decía al principio compartimos
en su espíritu-- formalmente nos llena de preocupación.
¿Qué pretende en realidad la propuesta de Izquierda Unida? ¿Pretende que
si al cabo de seis meses no se ha producido ese acuerdo, el Ministerio de
Cultura, el Gobierno produzca la norma al margen del acuerdo y del
consenso con las comunidades autónomas? Si aceptamos la literalidad de la
propuesta de Izquierda Unida es así. Porque
algo que depende no de la voluntad del destinatario de esta proposición
no de ley, sino de otros que son las comunidades autónomas, no se puede
fijar en un plazo, porque el Ministerio de Cultura ni con la mejor buena
voluntad del mundo puede resolver las diferencias de criterio que son
sustanciosas --creo que no es necesario entrar en este momento en ello--
entre las pretensiones de algunas de las comunidades autónomas. Por
tanto, estamos de acuerdo en el espíritu. Es conveniente resolverlo. Hay
que pedirle al Ministerio de Cultura que sea más activo, que intensifique
esas conversaciones, que la posibilidad de acuerdo existe, pero no se le
puede poner un límite en el tiempo porque eso sería tanto como obligarle
a legislar, a decretar al margen del acuerdo.
Lo que proponemos al Grupo de Izquierda Unida es que acepte nuestra
enmienda añadiendo al final algo así como «en el menor tiempo posible»,
porque creemos que nuestra enmienda recoge bien el espíritu de lo que
pretendía Izquierda Unida y, una vez llegado al acuerdo, el Ministerio de
Cultura elaborará la norma que regule dicho órgano en el menor tiempo
posible.
Creemos que nuestra fórmula condiciona menos la voluntad de las partes y,
sin embargo, deja clarísima la voluntad del Congreso de los Diputados de
instar a todos los actores, es decir, Ministerio de Cultura y las cuatro
comunidades autónomas, a llegar a ese acuerdo en el tiempo más breve
posible.
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): ¿Grupos que desean fijar su
posición en este debate? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Baltá.
El señor BALTA I LLOPART: Este portavoz tiene que manifestar el acuerdo
que se ha producido entre el Grupo proponente del texto que debatimos y
la enmienda presentada por el Grupo Socialista. Pensamos, además, que es
un momento oportuno, puesto que ya está listo el edificio que ubica el
archivo de la Corona de Aragón, al que se ha dado una magnífica dignidad.
Para la ciudad de Barcelona y, por tanto, para la Comunidad catalana, es
un orgullo acoger este Archivo, que incluye buena parte de la historia,
no ya de las cuatro comunidades de nuestro país afectadas directamente,
sino también de aquello que ha sucedido en el Mediterráneo y en gran
parte de Europa a lo largo de casi diez siglos.
Mi Grupo considera que el texto llega con oportunidad, así como el
espacio de tiempo que damos al Ministerio de Cultura para instar a las
partes implicadas en la creación del patronato, que es del todo
necesario. La competencia de la gestión corresponde al Ministerio, pero
es perfectamente lícito y lógico que cada una de las comunidades, según
sus respectivos estatutos, también participen en ella. Por tanto, es
oportuno --decía-- que desde el Congreso se inste para que en el plazo
más breve posible se constituya este patronato y se inicie una gestión
que sin duda tiene que realzar la estructura de una institución
importante en el ámbito de la cultura y de la historia.
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor Aragonés.
El señor ARAGONES MENDIGUCHIA: Nosotros estamos de acuerdo con la
proposición presentada por el Grupo de Izquierda Unida y con los términos
del debate que se ha seguido en la Comisión.
Quisiéramos resaltar algunos aspectos que suscita la presentación de esta
proposición. Realmente, se ha efectuado por el Presidente de la Comisión,
hoy no ejerciente, por un aragonés, pero entendemos que el recordatorio
al Ministerio bien podría hacerlo un valenciano, un mallorquín o
cualquier otro habitante de los antiguos territorios de la Corona de
Aragón.
El mismo nombre de Archivo de la Corona indica el carácter que éste
posee. Por eso importa significativamente que en las actividades y en la
gestión del Archivo tengan representación, en el Patronato o en el
Consejo --esto depende de posteriores acuerdos--, las comunidades
autónomas. Comprendemos la proposición de Izquierda Unida y su
impaciencia, ya que los borradores de anteproyectos presentados datan de
1984-1985, y el portavoz del Grupo Socialista acaba de recordarnos que
incluso llegó a conocerse uno del año 1982. La preocupación existe, la
demanda también y no se acaba de solucionar.
Por nuestra parte, además de sumarnos a esta reclamación, queríamos
recordar que el Archivo es importante para toda España. Forma parte de
aquellos pocos archivos que tienen el carácter de generales, en los que
la titularidad y la gestión corresponden al Estado, y esto no es
gratuito. Creemos que tiene una simbolización especial. Los archivos de
Simancas, el mismo Archivo de Indias... (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Perdón, señor Aragonés.
Rogaría a SS. SS. que, por favor, no hicieran comentarios o los hicieran
en el tono más bajo posible, porque los servicios de la Cámara tienen
dificultades para escuchar al Diputado que está interviniendo.
El señor ARAGONES MENDIGUCHIA: Quería decir --y concluyo rápidamente--
que el Archivo de la Corona de Aragón, al igual que el Archivo de Indias
en Sevilla y el de Simancas, representa bien a las claras algo que en
nuestro Grupo es particularmente apreciado, y queríamos dejar constancia
de ello a propósito de esta discusión, ya que refleja que lo que en
algunas ocasiones se ha señalado como la historia de las Españas está
localizada en diferentes puntos del territorio español, por tanto, afecta
a distintos territorios del mismo. A propósito de este Archivo, esencial
no sólo para España sino --como también se ha subrayado-- para otros
puntos europeos, hay que decir que refleja que hay un lógico interés y
una exigible participación y corresponsabilidad de los antiguos
territorios españoles que hoy se organizan como comunidades autónomas.
Respecto a la futura participación, creemos que se puede recomendar un
comité paritario, pero esto no es objeto
hoy de discusión, y sólo cabe reiterar la postura favorable a la
proposición presentada y subrayar el carácter de archivo general y
nacional que éste posee.
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Señor Martínez Blasco,
aunque en su intervención anterior se ha referido a la enmienda del Grupo
Socialista, desearíamos que hiciera constar si acepta dicha enmienda con
el añadido que ha indicado el señor Clotas en su intervención.
El señor MARTINEZ BLASCO: En aras a no prejuzgar el resultado --tiempo
habrá para saber si la norma da o no da satisfacción a las diferentes
comunidades autónomas--, no tengo inconveniente en que el texto sea el
propuesto por el Grupo Socialista, con dos añadidos y no uno. El primero
es que en lugar de decir «reanude» se diga «intensifique». Además, el
señor Clotas, en su intervención, ha aceptado que el término correcto es
«intensifique».
El segundo, que in fine aparezca «en el plazo más breve posible».
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Se someterá, por tanto, a
votación la enmienda de sustitución del Grupo Socialista con las dos
modificaciones a las que S. S. ha hecho referencia.
--SOBRE LA ENSEÑANZA MUSICAL A DISTANCIA. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 161/000620.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Debatimos, finalmente, la
proposición no de ley sobre la enseñanza musical a distancia, presentada
por el Grupo Parlamentario Popular.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Barrios.
La señora BARRIOS CURBELO: Esta proposición no de ley tiene como objeto
que se cree o se regule la enseñanza musical a distancia y extender de
esta manera el modelo de... (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Señorías, por favor, les
rogaría atención. Queda ya muy poquito para que finalicemos la sesión.
También les rogaría que, a efectos de votación, no se ausentaran más de
lo necesario y que dejen intervenir a la señora Barrios.
La señora BARRIOS CURBELO: Agradezco su amparo, señora Vicepresidenta.
Esperemos que mis compañeros guarden un poco de silencio.
Como le decía, el objeto de esta proposición no de ley es extender el
modelo de funcionamiento y experiencia que actualmente imparte la
Universidad de Educación a Distancia (UNED) y el Centro para la
Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia (CIDED) a las
enseñanzas musicales.
El porqué de esta proposición no de ley es que uno de los tantos efectos
nefastos que ha tenido la Logse musical ha sido la eliminación de la
enseñanza libre en materia musical. Un número muy elevado de alumnos, por
tanto, se ha visto privado de recibir esta enseñanza musical, al no poder
conseguir plaza en los conservatorios oficiales que tienen un número de
alumnos muy limitado. Esta medida ha producido la frustración y el
desencanto de un alumnado que se ha visto, en unos casos, privado de
poder seguir sus estudios musicales y de poder iniciarlos, en otros.
En la actualidad, ha habido una demanda masiva de plazas en los
conservatorios, se ha desbordado la oferta pública y se ha creado un
desequilibrio tan grande entre la oferta y la demanda que ha afectado
considerablemente a todas aquellas personas que deseaban recibir una
enseñanza musical. Las consecuencias de estas medidas también han recaído
en un elevado número de profesionales de la música, que se han visto
privados de su puesto de trabajo, puesto que muchísimos de ellos
impartían clases a los alumnos que posteriormente se presentaban en los
conservatorios por el método del examen libre.
Por tanto, el impacto económico que ha creado, la desaparición de la
enseñanza libre sin haber sido evaluado previamente está siendo muy
acentuado para la iniciativa privada. Creemos que, con la puesta en
funcionamiento de la enseñanza musical a distancia, se solucionaría en
parte la demanda de plazas en los conservatorios y, de esta manera, se
ampliarían las posibilidades de poder estudiar música, ya que la actual
red de centros es insuficiente. No se conoce esa red de centros, no se
está aplicando el bachiller musical, no se conoce qué sucede con los
centros integrados y, por tanto, los ciudadanos de muchas ciudades y
pueblos españoles no tienen posibilidad real de cursar estudios
reconocidos, además de que ya conocemos actualmente la experiencia
positiva de la UNED.
También hay que tener en cuenta la dispersión de la población española en
las comunidades autónomas con poco desarrollo y falta de infraestructuras
en transportes y comunicaciones, que se ven grandemente perjudicadas. Hay
que decir que los niños de más de once o doce años y los adultos no
tienen posibilidad de acceder a los estudios de música. Por tanto,
consideramos que los objetivos podrían ser los siguientes.
Ofrecer la posibilidad de obtener títulos oficiales de música a los
ciudadanos que no tienen acceso a los conservatorios y a las escuelas de
música reconocidas para los estudios Logse; la enseñanza a los adultos;
dar salida a diferentes profesionales que trabajan en la música sin
formación académica y desean ampliar conocimientos y formarse de manera
más sólida, pero que no tienen un adecuado o convencional horario para
ello; ampliación de estudios a los maestros especialistas en música, al
profesorado de secundaria y a los distintos profesionales no docentes que
se relacionan con la música; hacer posible los estudios de música a
personas que, por su trabajo y horario laboral, no pueden cursar los
estudios convencionales u oficiales.
Consideramos que la organización de esta enseñanza musical a distancia
podría hacerse de la siguiente manera.
Las asignaturas de los planes de estudios las podríamos dividir en
prácticas, en teórico-prácticas y en teóricas. Las prácticas, que son las
individuales: instrumento o conjuntos como orquesta, cámara, etcétera;
las teórico-prácticas, como se denomina a la asignatura de repentización,
y las teóricas como análisis o historia de la música.
Las asignaturas teóricas no plantean problemas diferentes de las
reguladas o estudiadas en la UNED. Se preparan con un programa de
estudios y material didáctico, unidades didácticas, pruebas de
evaluación, guías de estudio, programas, material audiovisual,
profesor-tutor con entrevistas presenciales y telefónicas, etcétera.
Estas materias se preparan individualmente en el domicilio particular de
cada alumno y se evalúan con las entrevistas del profesor-tutor de los
diferentes centros y con las pruebas presenciales.
Las asignaturas teórico-prácticas, la repentización y algunas más, y las
prácticas de conjunto se pueden preparar en períodos de tiempo
condensados en clases presenciales en el centro asociado correspondiente.
Esta experiencia existe en la UNED en las clases prácticas de las
titulaciones experimentales de física, química y de ingeniería. Esto se
puede realizar tranquilamente con las enseñanzas de música. Así se hace,
por ejemplo, en organizaciones como la JONDE, Joven Orquesta Nacional de
España, o la Orquesta Barroca de la Universidad de Salamanca, concursos y
reuniones de música de cámara de La Caixa, etcétera. Podríamos decir que
se preparan los conciertos en encuentros «full time».
Las asignaturas prácticas individuales se prepararían con las
indicaciones del profesor-tutor en entrevistas individuales, espaciadas
en períodos de quince días o más y con materiales audiovisuales, a modo
de las clases de inglés a distancia organizadas por el Ministerio de
Educación y Ciencia en las escuelas de idiomas.
Hay una realidad social evidente. Los alumnos preparan en muchos casos
los contenidos de las clases de instrumento con profesores particulares.
En algunas localidades hay sólo profesores de instrumento y no del resto
de las asignaturas, sobre todo en grado medio. Los alumnos, en algunos
casos, se pueden desplazar solamente a una clase y no pueden asistir al
horario completo del conservatorio. Esta situación se agrava por la falta
de residencias para estudiantes de música, centros integrados, como he
dicho anteriormente, y una política de becas adecuada a lo específico de
las enseñanzas de régimen especial.
Habría que poner límite de plazas a los centros de enseñanza musical a
distancia, haciendo estudios previos para adecuar la oferta y demanda de
la música en la sociedad, de manera análoga a como se hace en la
Universidad, especialmente en la UNED. Consideramos que es imprescindible
realizar una red de centros de música a distancia y oficiales en el
Estado español, atendiendo a la demanda social y características
socioeconómicas y geográficas de las distintas comunidades autónomas.
La organización de los centros, órganos de gobierno, representación de
padres y alumnos sería de manera similar a la de los centros
normalizados, con las correspondientes correcciones debido a la enseñanza
a distancia.
La Logse contempla la posibilidad de acceder a los distintos cursos de
grado medio de música, con un examen y sin requisitos previos de
asignaturas y títulos. Esto podría ser motivo de intentar no tener en
cuenta esta educación musical a distancia, pero en la práctica es muy
costoso en la mayoría de las familias, sobre todo en cursos altos, y poco
justo para los ciudadanos que, por diferentes circunstancias, no tienen
acceso a la enseñanza musical. No podemos olvidar que en los municipios
pequeños se pierden talentos musicales por no tener posibilidad de acceso
a la música y a la información necesaria para estudiar en algún tipo de
centro musical. Para solucionar esto, sería muy interesante hacer
publicidad, en tal caso, de esta enseñanza musical a distancia y de los
conservatorios, a través de Radio-1 y de Televisión Española.
Se puede decir que en otros países esto no existe, pero la realidad
social musical española es muy diferente, está mucho más atrasada que en
los países de nuestro entorno. No podemos olvidar que lo que ha hecho la
Logse musical es querer impartir el modelo austriaco, cuya realidad
social y cultural no tenía nada que ver con la española, y que ha dado
lugar a una serie de disfunciones que se están sufriendo en este momento.
También se puede decir que, en la enseñanza de la música, es
importantísimo el contacto con el profesor maestro. Esto se puede
contestar con que hay muchos estudios musicales no instrumentales donde
esto no ocurre y que los instrumentistas necesitan el grado superior, al
que se accede mediante una prueba que se puede preparar de diferentes
formas. En esta prueba lo importante es las condiciones y la posibilidad
que tienen los alumnos para cursar con un maestro de estudios de música
de instrumento.
Por ello, hemos presentado con mucha ilusión esta iniciativa.
Consideramos que era necesario continuar con la enseñanza libre, pero, a
la vista de que la Logse musical la ha eliminado, pensamos que quizá la
única fórmula de compensar, de que pueda acceeder a los estudios de
música un mayor número de los alumnos actuales, que no reúnen quizá las
condiciones convencionales de estudiante para ello; la única posibilidad,
como decimos, es estudiar la música por medio de la educación a
distancia, como se está haciendo con otras materias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): A esta proposición no de ley
no se han presentado enmiendas por ningún Grupo Parlamentario.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Baltá.
El señor BALTA I LLOPART: En primer lugar, para felicitar a la portavoz
del Partido Popular por el análisis exhaustivo que nos ha hecho de una
posibilidad de enseñanza a distancia de la música que se nos plantea de
una forma muy interesante.
No obstante esta felicitación, que se refiere al trabajo que ha
desarrollado, desde la perspectiva de mi Grupo no queda más remedio que
plantear objeciones, objeciones que no son técnicas, y alguna en sentido
positivo. Para el
estudio de esta proposición no de ley sería muy interesante el trabajo
que está desarrollando en Cataluña la Universidad Overta, que ha
establecido mecanismos de enseñanza a través de los sistemas informáticos
y que, en este caso, tendrían una gran utilidad. Sin embargo, venimos a
poner sobre la mesa un hecho distinto. Nos tememos que el planteamiento
en la enseñanza a distancia tendría un impacto positivo en algunos
sentidos y negativo en otros. Positivo en el sentido de que daría
satisfacción a muchas personas que actualmente aprenden música como una
realización personal, por el simple hecho del amor a la música, muchas
veces sin ningún deseo de dedicarse profesionalmente a la misma, que
encontrarían en la universidad a distancia de la música un mecanismo para
satisfacerlo y, desde los mecanismos que se están planteando en la
Univesidad Overta, todavía más.
Por otro lado, he hablado en una intervención anterior de una forma
distinta de enseñanzas artísticas o musicales que se está produciendo en
Cataluña a través de instituciones creadas por la sociedad civil. Igual
que no tenemos conservatorios unidos en el sentido en que los tiene el
resto del país, hemos de decir que en Cataluña existe una densa red de
escuelas musicales que se hallan ubicadas en las asociaciones culturales,
en los ateneos, en las propias casas de cultura de los ayuntamientos, y
que dan empleo a numerosos músicos profesionales que tienen allí su medio
de vida. Este mecanismo podría ejercer un efecto incontrolado en toda
esta red de escuelas musicales, que han producido importantes resultados
en el ámbito de la música.
Pienso que la iniciativa, que parece importante y animo a la portavoz
popular a seguir profundizando en este particular, puede tener unas
consecuencias en esta red --palabra estrictamente catalana-- de escuelas
de música que tenemos en Cataluña y que seguramente en la Comunidad
Valenciana quizá tenga más importancia todavía. Hay que recordar que en
Valencia hay medio millar de bandas de música y detrás de ellas siempre
hay una escuela musical que no está conectada a los mecanismos de
enseñanza oficial.
Por tanto, aunque le animo a seguir en la iniciativa que me parece muy
válida, nuestro Grupo no puede votar favorablemente porque las
consecuencias de la misma todavía no tienen una previsión adecuada, y
podrían ser muy lamentables si no se desarrolla adecuadamente.
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Por el Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Cruz. (El señor Presidente
ocupa la presidencia.)
El señor CRUZ ORIVE: A nosotros también nos parece muy importante la
reflexión que nos ha traído esta proposición no de ley presentada por el
Grupo Popular, en cuanto a lo que supone la desaparición de la enseñanza
libre, que es el problema de más enjundia. Porque luego le podríamos dar
distintos tratamientos, y a lo mejor es acertada esta proposición, pero
nosotros técnicamente no lo tenemos claro. El que se debata esta
reflexión sobre lo que ha supuesto la desaparición de la enseñanza libre
nos parece fundamental, porque ha modificado completamente el paisaje de
los estudiantes de música y ha creado grandes bolsas no atendidas de una
demanda potencial de enseñanza musical que en estos momentos está
completamente desorientada y desaprovechada.
La desaparición de la enseñanza libre está reduciendo una oferta
fundamental para los ciudadanos, que no pueden o no se les deja estudiar
en los centros oficiales por falta de plazas. Este es otro de los temas.
Las zonas desatendidas ya no son lugares pequeños donde no hay
conservatorios, sino que en las grandes capitales, en las grandes zonas
industriales y urbanas en donde hay conservatorios, la oferta es
reducidísima. Hay listas de espera y un auténtico problema para poder
entrar en un conservatorio en estos momentos. Me estoy refiriendo a mi
experiencia más concreta en la Comunidad de Madrid, donde existen ocho
conservatorios de grado medio y no atienden la demanda potencial que
tiene en estos momentos la sociedad madrileña.
La supresión de la enseñanza libre no va acompañada de medidas paliativas
ni de ningún plan de adaptación adecuadamente planificado. El impacto es
grande por las iniciativas ciudadanas y sociales, particularmente en el
ámbito de las sociedades filarmónicas de la Comunidad Valenciana. No es
un problema el que en la enseñanza a distancia hubiera falta de práctica.
Pero, ¿cómo establecemos una vinculación, qué cordón umbilical
establecemos entre sociedades filarmónicas o bandas municipales, donde se
llega a un gran adiestramiento profesional y donde se consiguen grandes
logros de preciosismo instrumental? Sin embargo, no tienen acceso al
examen de final de curso para poder competir con la enseñanza reglada.
Eso antes estaba resuelto con la enseñanza libre, pudiéndose examinar.
Tendríamos que hacer una gran apuesta de imaginación y de creatividad
para intentar resolver todo esto.
A veces se nos contesta desde el Ministerio que las escuelas de música
pueden resolver esta demanda. Nosotros decimos que no, que pueden
entretener, pero que no resuelven la necesidad de los estudios de música,
de ese vacío que se ha creado, y que no tienen que ver con la demanda de
enseñanza musical oficial ni la satisfacen; dan respuesta a otro tipo de
necesidades lúdicoculturales. Las experiencias que conocemos no reúnen
los requisitos mínimos para merecer el calificativo de centros de
enseñanzas. Son lugares donde se imparten conocimientos musicales, pero
no son centros de enseñanza y no son sustitivos.
Nosotros saludamos también esta iniciativa porque nos ha llevado a esta
reflexión. Dar una alternativa a la falta de enseñanza libre en estos
momentos tendría todavía muchos más condicionantes.
La preocupación del Grupo Catalán en el sentido de que podría afectar a
profesionales de la música que están desempeñando su trabajo en muchas
escuelas se resolvería ubicándoles en el sistema de enseñanza reglada de
una universidad, y crearía gran cantidad de puestos de trabajo; pasarían
de amateur a estabilizarse en esos puestos de trabajo. Porque no
olvidemos que hoy los músicos subsisten, unos pidiendo en la calle, y
otros por un pluriempleo exagerado, estando dos horas a la semana en una
escuela de
música en una localidad y cuatro horas en otra; es decir, hay un gran
deterioro del mercado de trabajo de los músicos. Al haber unos contratos
de trabajo rigurosos hay una subvaloración de la profesión del músico. A
través de la enseñanza a distancia sé que no se resuelve, pero podría
paliar esta situación.
Por todos estos condicionantes querría decir a la señora Barrios que
nuestro Grupo se va a abstener, que considera muy positiva esta reflexión
y que tendremos tiempo de seguir profundizando. Y le diría también al
grupo mayoritario y al resto de grupos de la Cámara que resolvamos lo que
ha supuesto la eliminación de la enseñanza libre a raíz de la Logse en la
sociedad española, porque ha creado una gran bolsa no atendida de demanda
de estudios musicales.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora
Romero.
La señora ROMERO LOPEZ: Con esta proposición del Grupo Popular se
solicita que se regule la enseñanza oficial musical a distancia,
extendiendo a este ámbito educativo el modelo de funcionamiento de la
UNED y del centro para la innovación y desarrollo de la educación a
distancia.
En la exposición de motivos se considera que la desaparición de la
matrícula libre de la educación musical de carácter oficial ha generado
un amplio sentimiento de frustración teniendo en cuenta el fuerte
desequilibrio que existe entre oferta y demanda de plazas docentes. El
Grupo Popular piensa también que han sido negativas las consecuencias de
esta supresión para el sector privado de la enseñanza musical, que en
gran medida se nutría de alumnos libres. La enseñanza musical a distancia
podría, según el Grupo Popular, representar una solución para estos
problemas. Sin embargo, nuestro grupo piensa que es necesario hacer un
análisis previo de esta situación.
La Logse, en su Capítulo I, Título II, establece dos niveles de enseñanza
musical perfectamente establecidos. El primer nivel sería la enseñanza
musical oficial, que es la que conduce a obtener unos títulos de validez
académica y profesional, y, en segundo lugar, la Logse establece también
estudios musicales impartidos en escuelas específicas, reguladas
reglamentariamente por las administraciones educativas, pero que en
ningún caso conducen a obtener un título oficial.
Teniendo en cuenta esta distinción, cabe considerar que la supresión de
la matrícula libre obedece a un propósito deliberado de descargar a los
centros docentes musicales de carácter oficial de la tarea de evaluar la
formación impartida en academias y escuelas no oficiales, dedicándose en
exclusiva a valorar el rendimiento de sus propios alumnos.
Esta reforma reduce de manera importante el número de estudiantes de
música que accederán a los títulos oficiales. Sin embargo, no implica el
hecho de una restricción de las posibilidades de aprender música en
centros privados o públicos, pero que no tengan carácter oficial. Es de
suponer, por tanto, que sin el aliciente de ver culminada la formación,
el número de sus alumnos haya descendido considerablemente en estos
centros. El legislador y el Gobierno han querido compensar este efecto
mediante el reconocimiento de un «status» semioficial a centros docentes
que reúnen determinados requisitos.
Para el territorio de gestión directa del Ministerio de Educación, estos
centros, que se llaman escuelas de música, se encuentran regulados en la
Orden de 30 de julio de 1992. El artículo 5 determina la formación mínima
que deben ofertar estas escuelas de música, y los artículos 8 y 9
determinan las condiciones que deben reunir en cuanto a profesorado, a
edificios, a instalaciones y a fondo instrumental.
El cumplimiento de estos requisitos hace posible la inscripción de las
escuelas de música en un registro específico, que a su vez abre acceso a
determinados beneficios, por ejemplo, subvenciones y ayudas que se
determinen; publicidad por parte del Ministerio de Educación a través de
sus publicaciones y de la información que facilite a los administrados;
derecho a usar la denominación específica «escuela de música», y la
tutela del Ministerio para evitar su utilización por parte de otros
centros o de otras escuelas no registradas.
La puesta en marcha de la enseñanza musical a distancia, a través de la
UNED para los estudios de grado superior y a través del Centro de
Innovación y Desarrollo para los grados elemental y medio, no tendría
otra significación práctica que reintroducir un sistema análogo a la
extinta matrícula libre.
Dejando aparte las limitadas prestaciones de tutoría y de orientación que
ofrece la educación a distancia, parece obvio, por tanto, que la
enseñanza musical precisa del factor presencial, es decir, de un contacto
directo entre profesor y alumno, mucho más estrecho que el de las
restantes disciplinas académicas, que sería necesariamente demandado de
los centros docentes no oficiales.
Algo semejante ocurre, por ejemplo, con la Facultad de Medicina, de
Química y otras disciplinas, en las que el factor presencial es tan
evidente que hace difícil su atención mediante este tipo de educación a
distancia.
Desde nuestro punto de vista, se volvería a la antigua confusión dentro
de un mismo título oficial de profesionales y aficionados, y perdería su
sentido la referencia a estas escuelas de música que contiene la Logse.
Por eso nuestro Grupo piensa que la medida propuesta, de trascendencia
aparentemente limitada, implicaría, en realidad, una profunda
transformación de los fundamentos mismos en los que se asienta
actualmente la enseñanza musical.
Resulta, desde nuestro punto de vista también, incompatible con los
principios básicos de la reforma que se ha operado en los últimos años en
la enseñanza musical, y por esta razón mi Grupo opina que la proposición
no de ley sobre esta problemática no debe ser admitida.
La señora BARRIOS CURBELO: Señor Presidente, solicito una pequeña
intervención para cerrar estas iniciativas del Grupo Popular en materia
de educación musical.
El señor PRESIDENTE: En todo caso, que no reabra ningún debate. Si es
para hacer algún canto musical, sí (Risas.), pero no, repito, para
reabrir debate. Tiene S. S. la palabra.
La señora BARRIOS CURBELO: Solamente quería exponer a todos los
compañeros de esta Comisión que me enorgullece que el Grupo Popular haya
presentado estas iniciativas en materia musical y que todos los grupos y
todos sus portavoces hayan estado tan sensibilizados con la misma, en el
sentido de que veo que por primera vez la locura que ha sido la
implantación de la Logse musical puede reorganizarse.
En segundo lugar, decir a mis compañeros que muchísimas gracias por las
felicitaciones respecto a las iniciativas. Pero, por favor, felicítenme
menos y vótenme más. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Ruego a los diferentes grupos que hagan saber a la
Mesa las sustituciones. Constan aquí las relativas al Grupo Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y al Catalán (Convergència i
Unió). (Pausa.)
Vamos a comenzar las votaciones por el orden en que figuran en el orden
del día.
En primer lugar, proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a
que el Consejo Superior de Deportes medie entre las televisiones
públicas, la liga profesional y los sectores afectados por los horarios
de las retransmisiones, del Grupo Federal de Izquierda Unida. Se somete a
votación en los términos resultantes de la aceptación de la enmienda de
sustitución del Grupo Socialista.
El señor BALTA I LLOPART: Creo que la enmienda es a las tres
proposiciones.
El señor PRESIDENTE: Sí, a las tres proposiciones se presenta esta
enmienda, pero hay que votar las tres, porque a esta Presidencia no le
consta que se haya retirado ninguna de las tres. Se votarán las tres en
los términos del texto...
El señor OLLERO TASSARA: Señor Presidente, ¿hay que entender que el
contenido de las tres será el mismo?
El señor PRESIDENTE: Esto es como lo de la Santísima Trinidad: son tres,
pero será un solo texto. (Risas.)
El señor OLLERO TASSARA: Al margen de elucubraciones teológicas, no sé
qué ocurrirá si el mismo texto es objeto de tres votaciones distintas. No
sé si está previsto en esta casa.
El señor PRESIDENTE: Señor Ollero, el asunto es que, habiendo sido
presentadas tres proposiciones no de ley y no habiéndose retirado ninguna
de ellas, las tres deben someterse a votación.
El señor OLLERO TASSARA: El Grupo Popular retira la suya.
El señor BALTA I LLOPART: El Grupo Catalán (Convergència i Unió) retira
la suya también.
El señor PRESIDENTE: Entonces solamente una votación.
Se somete a votación, por tanto, la proposición no de ley del Grupo
Federal de Izquierda Unida en los términos de la aceptación de la
enmienda de sustitución del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley sobre el plan de apoyo para el acceso a las
universidades de personas con discapacidades, del Grupo Socialista. Se
somete a votación en sus propios términos, puesto que no ha tenido
enmiendas ni ha sido objeto de modificaciones.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Ha sido aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley sobre la enseñanza musical a distancia. Se somete a
votación en sus propios términos, porque tampoco ha tenido enmiendas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en
contra, 20; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley sobre ampliación del calendario de los alumnos del
Plan 66 dentro del marco de la Ley Orgánica de Ordenación del Sistema
Educativo. Se somete a votación en sus propios términos.
Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley sobre reconocimiento del
título de profesor de conservatorios y artes escénicas del año 1966 y las
equivalencias con los titulados del plan de 1942. Se somete a votación en
los términos de la enmienda de sustitución que ha presentado el Grupo
Socialista.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley sobre la transformación de la Escuela Superior de
Canto en un centro superior de música. Ha sido presentada por el Grupo
Popular y se vota en los términos de la enmienda de sustitución
presentada por Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley sobre acceso a cátedras de los profesores de música
y artes escénicas. Esta proposición ha sido presentada por el Grupo
Popular y se vota en los términos de la enmienda de sustitución del Grupo
Socialista.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley sobre participación de las Comunidades Autónomas de
Aragón, Cataluña, Valenciana e Islas Baleares en la gestión del Archivo
de la Corona de Aragón. Se vota en los términos resultantes de la
enmienda de sustitución del Grupo Socialista con las dos adiciones.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley relativa a la impartición de los conocimientos
sobre bioética en la enseñanza. Ha sido presentada por el Grupo
Socialista y se vota con las modificaciones de redacción propuestas en el
debate.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23;
abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Proposición no de ley relativa al reconocimiento de la lengua asturiana
como asignatura troncal en los planes de estudio de la Universidad de
Oviedo. Se vota en los términos de la enmienda de sustitución del Grupo
Socialista, con la transacción ofrecida por el Grupo de Izquierda Unida,
que era el proponente de la proposición no de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23;
abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Concluido el debate y votación de todas las proposiciones del orden del
día, les tengo que decir que la próxima sesión será el martes que viene,
y será la última del año y de la legislatura.
Se levanta la sesión.
Era la una y cinco minutos de la tarde.