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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 629, de 28/11/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 629
POLITICA SOCIAL Y EMPLEO
PRESIDENTE: DON LUIS MARTINEZ NOVAL
Sesión núm. 33
celebrada el martes, 28 de noviembre de 1995
ORDEN DEL DIA:
Contestación a las siguientes preguntas:
--Sobre relación de los niveles, funciones y cometido atribuidos a los
puestos de trabajo de la Tesorería General de la Seguridad Social,
formulada por la señora Montseny Masip (Grupo Popular). (BOCG serie D,
número 282. Número de expediente 181/001704) (Página 19052)
--Sobre estructura y puestos de trabajo adscritos a la Secretaría General
de Asuntos Técnicos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de la
misma señora Diputada. (BOCG serie D, número 282. Número de expediente
181/001705) (Página 19054)
--Sobre empresas de formación que realizan los cursos de
perfeccionamiento a los funcionarios de las entidades gestoras de la
Seguridad Social, formulada por la misma señora Diputada. (BOCG serie D,
número 282. Número de expediente 181/001706) (Página 19055)
--Sobre deuda de la Tesorería General de la Seguridad Social con el Fondo
de Garantía Salarial, formulada por el señor Peralta Ortega (Grupo
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya). (BOCG serie D, número 272.
Número de expediente 181/001638) (Página 19056)
--Sobre causa de la creciente demora en el abono de las prestaciones por
parte del Fondo de Garantía Salarial, del mismo señor Diputado. (BOCG
serie D, número 272. Número de expediente 181/001639) (Página 19056)
--Sobre cantidad total que, por indemnizaciones y salarios, tiene
pendientes de pago el Fondo de Garantía Salarial, del mismo señor
Diputado. (BOCG serie D, número 272. Número de expediente 181/001640)
(Página 19056)
--Sobre acción social con los españoles de la tercera edad residentes en
América Latina, formulada por la señora Fernández Sanz (Grupo
Socialista). (BOCG serie D, número 292. Número de expediente 181/001808)
(Página 19060)
--Sobre asistencia sanitaria de los españoles residentes en los países de
América Latina, de la misma señora Diputada. (BOCG serie D, número 292.
Número de expediente 181/001809) (Página 19060)
--Sobre tasación del edificio de la calle Eduardo Dato, perteneciente a
la Cruz Roja Española, de la misma señora Diputada. (BOCG serie D, número
292. Número de expediente 181/001810) (Página 19064)
Comparecencia de la Directora General del Instituto de la Juventud
(señora Escapa Garrachón), para informar sobre las medidas adoptadas para
el fomento del empleo de las mujeres jóvenes. A solicitud del Grupo
Popular. (Número de expediente 212/000757) (Página 19066)
Se abre la sesión a las once de la mañana.
CONTESTACION A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
--SOBRE RELACION DE LOS NIVELES, FUNCIONES Y COMETIDO ATRIBUIDOS A LOS
PUESTOS DE TRABAJO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL,
FORMULADA POR LA SEÑORA MONTSENY MASIP (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR).
(Número de expediente 181/001704.)
El señor PRESIDENTE: Muy buenos días, señoras Diputadas, señores
Diputados. Se abre la sesión para dar trámite al orden del día, cuyo
primer punto consiste en la contestación a diversas preguntas, cuyo orden
vamos a alterar en razón de la ausencia momentánea --ha disculpado su
tardanza-- del señor Peralta. Por lo tanto, comenzaremos con las
preguntas que al señor Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social le ha
formulado la señora Montseny Masip, en nombre del Grupo Parlamentario
Popular, de acuerdo con los términos del orden del día.
La primera pregunta consiste en la relación de los niveles, funciones y
cometido atribuidos a los puestos de trabajo de la Tesorería General de
la Seguridad Social, formulada por la señora Montseny Masip.
Tiene la palabra la señora Montseny.
La señora MONTSENY MASIP: Quiero agradecer la comparecencia del
Subsecretario de Trabajo, señor Navarro, para contestar a estas preguntas
y pedirle que nos aclare la política administrativa, dentro de lo que son
las entidades gestoras de la Seguridad Social, respecto a la relación de
niveles, funciones y cometido atribuidos a los puestos de trabajo de la
Tesorería General de la Seguridad Social.
El señor PRESIDENTE: El señor Subsecretario tiene la palabra.
El señor SUBSECRETARIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Navarro López):
Señorías, dada la complejidad de la relación de puestos de trabajo de la
Tesorería General, creo que resultaría extremadamente prolijo referirme
tanto a la diversidad de denominaciones de los puestos de trabajo --que
la tienen-- como a los puestos que integran cada centro de destino, razón
por la cual voy a hacer entrega, si el señor Presidente me lo permite, de
la citada relación de puestos, en la que figura la información
pormenorizada. La misma fue aprobada por resoluciones de la Comisión
Interministerial de Retribuciones, Comisión ejecutiva, de 11 de noviembre
de 1987, publicada en los Boletines Oficiales del Estado de 22, 23 y 24
de febrero de 1988, y posteriormente, con fecha 30 de abril de 1993, tuvo
lugar una modificación de cierta entidad. Además, desde esa fecha hasta
ahora se han producido modificaciones parciales, por lo que creo que lo
más operativo es hacer entrega del documento actualizado, sin perjuicio
de hacer una breve síntesis y comentarios sobre el particular.
Como síntesis, en consecuencia, yo destacaría lo siguiente en cuanto al
contenido de esa relación de puestos de trabajo. En primer lugar, que, de
acuerdo con la normativa de Función pública, los puestos y cuerpos, como
sabe S. S., no tienen asignadas funciones, ya que éstas son propias de
los órganos administrativos. En segundo lugar,
desde el punto de vista estructural, cabe destacar que la Tesorería se
organiza en ocho Subdirecciones Generales, en los Servicios Centrales y
en Direcciones Provinciales en el ámbito periférico. En tercer lugar, por
lo que se refiere a la relación de puestos de trabajo, en general, los
comprendidos entre el nivel de complemento de destino 8 y 24 son
innominados y desempeñados por funcionarios de los cuerpos subalternos,
auxiliar y administrativo de la Administración de la Seguridad Social en
cada caso, ejerciendo normalmente funciones de apoyo. En cuarto lugar,
los puestos de estructura, es decir, los que responden a un contenido
concreto, por estar adscritos a una Subdirección General o Dirección
Provincial, se encuentran comprendidos, por lo general, entre los niveles
de complemento de destino 24 y 29 y suelen tener denominación. Por
último, el personal laboral desempeña las funciones que establece el
propio convenio colectivo, actualmente el cuarto, referido al personal
laboral de la Administración de la Seguridad Social.
Yo diría, señorías, para finalizar, que puede afirmarse que cualquier
variación en la relación de puestos requiere su trámite ante la Comisión
ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones, órgano competente para
su aprobación, y que modificaciones concretas, tales como cambio de
denominación, de puestos, adscripción a grupo, desconcentración,
etcétera, se producen con frecuencia como consecuencia de las nuevas
necesidades de la gestión y al amparo de las facultades organizativas que
son propias de la Administración. Por ello, las relaciones de puestos de
trabajo son documentos sujetos a revisión y actualización continua, en
paralelo con las exigencias derivadas de la propia gestión
administrativa.
Si el Presidente me lo permite, yo haría entrega de la relación
actualizada, exactamente a 16 de noviembre, de puestos de trabajo de la
Tesorería, para que, con mayor detalle, SS. SS. puedan analizarla.
El señor PRESIDENTE: El Reglamento no prevé ese trámite de entrega de
documentación escrita, pero tampoco lo prohíbe. Por lo tanto, bienvenida
sea esa información. Supongo que es lo que dirá la Diputada que recibe la
información.
Tiene la palabra la señora Montseny.
La señora MONTSENY MASIP: Quiero agradecer que se nos facilite la
posibilidad de observar con mayor detalle y detenimiento, por las
distintas modificaciones que se han producido a lo largo de los últimos
años, la relación de puestos de trabajo porque, por otra parte, como es
sabido, normalmente no se publican en el «Boletín Oficial del Estado»
esas modificaciones, que a veces incurren en una política abstracta en
cuanto a nombramientos de consejeros, técnicos, asesores técnicos,
asesores técnicos nivel 1, directores generales adjuntos, en fin, unos
puestos de trabajo dentro de la Administración en los que se plantea
encomendar funciones duplicadas de competencias que tienen que ser
atribuidas concretamente a otros órganos. Dadas esas modificaciones
constantes y los rumores existentes en la actualidad sobre una nueva
modificación de las RPT, a mí me gustaría que el señor Subsecretario nos
aclarara si de aquí al final de la legislatura se prevé revisar a fondo o
no la estructura de la Tesorería General de la Seguridad Social, puesto
que no existe un conocimiento claro de esa estructura administrativa, por
cuanto, como he dicho, no se publica en el «Boletín Oficial del Estado»,
a veces son confusas las distribuciones de competencia, no hay una
política clara administrativa seguida en las entidades gestoras y, en
este caso, en la Tesorería General de la Seguridad Social, tal y como
establece el artículo 2 de la Ley de Procedimiento Administrativo
vigente, que obliga al cumplimiento de una serie de preceptos.
En cuanto a las modificaciones de la Tesorería General, sólo se ha
dictado el Real Decreto 1314 de 1984 sobre la estructura y competencias
de la Tesorería, modificada en parte por el Real Decreto 1619, de 1990,
de 30 de noviembre. En este momento conocemos, incluso, la existencia de
alguna subdirección general que no está recogida en el ámbito de estos
reales decretos. Eso nos parece un tanto grave, por cuanto, repito,
muchas veces lo que se hace es duplicar competencias de órganos que
tenían encomendadas dichas funciones.
Por lo tanto, me gustaría que el señor Subsecretario me aclarara, en la
política global de la Tesorería General de la Seguridad Social, cuántos
directores generales adjuntos se crean y por qué razón, vocales asesores,
consejeros técnicos, asesores técnicos, asesores técnicos nivel 1,
directores de programas especiales, por ejemplo, de las recientemente
creadas unidades de procedimientos especiales en el ámbito periférico,
servicios, secciones, negociados, porque como constantemente ha
denunciado al Grupo Parlamentario al que represento existe una constante
expansión de cargos, que muchas veces se dan a dedo y que no se nutren
potenciando la verdadera carrera administrativa que perseguiría de poder
aplicar su programa el Partido Popular.
El señor PRESIDENTE: El señor Subsecretario tiene la palabra.
El señor SUBSECRETARIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Navarro López):
Señora Montseny, en relación con la primera cuestión que plantea, me
parece que excede de la pregunta concreta, pero voy a ser generoso y voy
a avanzar algo.
En lo que se refiere no concretamente a la modificación de complementos
específicos sino al nivel de complemento de destino, estos días pasados
enviamos una revisión de niveles de complemento de destino que afecta a
la Tesorería, afecta también a otras entidades y a algunos ámbito del
Ministerio de Trabajo, en concreto a la Inspección de Trabajo, pero
referido a modificaciones relativas al nivel de complemento de destino.
En materia de específicos no se propone ninguna revisión. Eso tiene que
ver, naturalmente, con lo que ya anunció el Ministro de Trabajo en su
comparecencia sobre este particular el pasado mes de junio.
Me sorprende una afirmación de S. S., que también he visto recogida en el
acta de la sesión de la Comisión del
Régimen de las Administraciones Públicas, con motivo de la comparecencia
del Ministro de Trabajo, en la que usted hablaba de la existencia de
alguna subdirección algo así como clandestina en la Tesorería. Eso sería,
además de una barbaridad, una manifiesta ilegalidad y muchas cosas más.
Eso parte de un error, si me permite su señoría. El Decreto 1314 de 1984,
de 20 de junio, que establece inicialmente la estructura orgánica de la
Tesorería, luego se modifica por el Decreto --al que ya me he referido y
S. S. también-- 1619 de 1990, de 30 de noviembre. Concretamente, el
artículo 3 de ese Decreto incluye dos nuevos apartados en el artículo 5
del Decreto de 1984 precisamente para crear la subdirección General de
Recaudación Ejecutiva y la Subdirección General de Planificación y
Coordinación de la Gestión Recaudatoria. Esas subdirecciones están en el
Decreto de 1990 y se incorporan, por consiguiente, a la estructura de la
Tesorería.
Creo que sería muy prolijo entrar en el detalle, como he dicho, del
contenido de la relación de puestos de trabajo. En todo caso, tenga la
seguridad S. S. de que no se actúa con arbitrariedad, sino --como también
dijo el Ministro de Trabajo en su comparecencia de junio-- con criterios
de adaptación a las necesidades de la gestión de la Seguridad Social,
que, como sabe S. S., son muy importantes.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Subsecretario.
La señora MONTSENY MASIP: Señor Presidente, ¿me daría un segundo la
palabra?
El señor PRESIDENTE: No, señora Montseny, el trámite...
La señora MONTSENY MASIP: Señor Presidente, se ha negado un hecho que yo
he señalado, por lo que solicito la palabra para matizar un punto.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra durante 15 segundos, señora
Montseny.
La señora MONTSENY MASIP: Gracias, señor Presidente.
En su comparecencia, el señor Ministro de Trabajo dijo que aportaría la
documentación y el soporte jurídico de esa Subdirección de Planificación
y Ordenación Recaudatoria, que me consta que no está prevista, y la
documentación no ha llegado a esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Navarro López):
¿Que le consta que no está prevista? Pero si estoy diciendo que hay un
Decreto de 30 de noviembre de 1990 --que pongo a su disposición--, que es
el que modifica la estructura de la Tesorería, la estructura que trae su
origen en el Decreto 1314 de 1984, por el que se crean esas dos
subdirecciones generales, que se incorporan a dicha estructura. Ese
Decreto está publicado en el «Boletín Oficial del Estado», y lo tengo
aquí, aunque no sea el caso repartirlo.
El señor PRESIDENTE: No es el caso, señor Subsecretario.
--SOBRE ESTRUCTURA Y PUESTOS DE TRABAJO ADSCRITOS A LA SECRETARIA GENERAL
DE ASUNTOS TECNICOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.
FORMULADA POR LA SEÑORA MONTSENY MASIP (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR).
(Número de expediente 181/001705.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta sobre estructura y puestos de trabajo
adscritos a la Secretaría General de Asuntos Técnicos del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, formulada por la señora Montseny, en nombre
del Grupo Popular.
La señora MONTSENY MASIP: Respecto a esta pregunta, que me ha sido
contestada por escrito, sólo me gustaría que el señor Subsecretario me
aclarara las verdaderas competencias de la Asesoría jurídica central en
el ámbito de esta Subdirección General de Asuntos Técnicos del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, porque a las asesorías jurídicas cada vez
más les van detrayendo competencias, que son atribuidas a otros órganos.
Por tanto, consideramos que hay órganos concurrentes y duplicados para
solucionar la defensa de las entidades gestoras de la Seguridad Social.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Navarro López): Me
voy a remitir nuevamente a la entrega que hago --contando con la
amabilidad y comprensión del Presidente-- a S. S. de la relación de
puestos de trabajo de la Tesorería y, en concreto, de la Subdirección de
Servicios Técnicos, Subdirección de Servicios Técnicos que venía ya
creada por el Decreto de 1984 y cuyas funciones, perfectamente definidas
--si me lo permiten--, voy a enumerar.
A la Subdirección General de Asuntos Técnicos se atribuye la competencia
y funciones en materia de reclamaciones previas, tercerías, consultas,
emisión de informes y dictámenes, colaboración en la elaboración de
proyectos normativos, ordenación administrativa, asesoramiento de las
tesorerías territoriales respecto a la aplicación de normas, elaboración,
tramitación y formalización de convenios y conciertos recaudatorios, así
como la realización de informes económico-financieros y la elaboración de
estadísticas que se le encomiendan. Yo sólo sé que éste es el
funcionamiento previsto en la organización de la Tesorería y en la
distribución de competencias entre los distintos órganos de la Tesorería.
Si en la práctica se actúa de otra manera,
que no lo creo, la verdad es que este Subsecretario no tiene esa
información. Creo que hay una perfecta distribución de competencias
establecida en la normativa que regula la estructura orgánica de la
Tesorería y se actúa con arreglo a esa distribución de competencias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Montseny.
La señora MONTSENY MASIP: Entre las competencias de la Asesoría jurídica
que usted ha citado, las reclamaciones previas no son competencias
propias, puesto que son los órganos de gestión los que deben resolverlas,
pero sí es cierto que, a pesar de que el Reglamento general de
recaudación de los recursos del sistema de la Seguridad Social establece,
en muchos casos, que los informes de los letrados son preceptivos, aunque
no vinculantes, la pura verdad es que muchos de los asesores técnicos, de
nivel 1 o asesores técnicos a secas, elaboran informes.
En cuanto a la materia de procedimientos concursales --que a nuestro
juicio debería ser competencia de defensa por parte de los letrados de
las entidades gestoras de la Seguridad Social, puesto que así está
atribuida la representación y defensa en la Ley Orgánica del Poder
Judicial-- viene atribuida a la Subdirección de Planificación y
Ordenación Recaudatoria.
Entendemos que las asesorías están insuficientemente dotadas de personal.
Le puedo decir que en Madrid y Barcelona, donde la Tesorería recauda más
de un billón de pesetas, hay cinco o seis letrados en cada una de ellas,
lo que, a todas luces, es insuficiente para llevar los numerosos
contenciosos que se sustancian ante los tribunales de lo contencioso, de
lo civil, de lo penal, de lo social, por lo que habría que profundizar un
poco en las estadísticas de lo que mueven esas asesorías para dotarlas de
forma suficiente. Lo que no hay que hacer, a nuestro modo de ver, es
desplazar las competencias a otros órganos que no están tan
especializados en cuanto a la forma de acceso a la propia administración
de la Seguridad Social.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Navarro López):
Creo que esto último que dice aclara un poco el sentido de su pregunta.
Eso tiene que ver --y a ello se refirió también extensamente el Ministro
de Trabajo en su comparecencia de junio-- con el famoso plan de empleo.
El plan de empleo de las entidades gestoras, como dijo el señor Ministro,
está en una fase preliminar, pues trata de dar respuesta a todas esas
necesidades. De la intervención del Ministro, recuerdo cómo se refirió
extensamente a esa necesaria redistribución de efectivos no sólo para
compensar o equilibrar la propia estructura --y es nuestra máxima
preocupación-- en relación con las entidades gestoras de la Seguridad
Social, el propio Inem, los servicios centrales del Ministerio, etcétera,
sino para lograr que la estructura periférica tenga la capacidad
necesaria para dar respuesta a esas necesidades.
Por tanto, tomo nota, soy consciente de lo que usted dice y creo que eso,
en el contexto de ese plan de empleo, podrá tener respuesta.
--SOBRE EMPRESAS DE FORMACION QUE REALIZAN LOS CURSOS DE
PERFECCIONAMIENTO A LOS FUNCIONARIOS DE LAS ENTIDADES GESTORAS DE LA
SEGURIDAD SOCIAL. FORMULADA POR LA SEÑORA MONTSENY MASIP (GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR). (Número de expediente 181/001706.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta sobre empresas de formación que realizan
los cursos de perfeccionamiento a los funcionarios de las entidades
gestoras de la Seguridad Social, formulada por la señora Montseny, del
Grupo Popular, que tiene la palabra.
La señora MONTSENY MASIP: En una de las últimas comparecencias efectuadas
por el señor Secretario General para la Seguridad Social, ponía en
conocimiento de esta Comisión que se habían realizado aproximadamente
3.000 cursos de formación en el ámbito de las entidades gestoras de la
Seguridad Social. A nuestro parecer, 3.000 cursos son excesivos, sobre
todo si no se planifican de una forma muy consciente, para llevar a cabo
la formación de los funcionarios. Por ejemplo, en el ámbito de la
Gerencia de informática, haber destinado a efectos presupuestarios
--según me ha respondido la propia Gerencia-- 750 millones para formación
de funcionarios quizá suponga un planteamiento muy amplio y que no
conlleva una austeridad --como hemos venido denunciando muchas veces--
por parte del Gobierno socialista, al que usted representa en este
momento. Creemos que la formación de los funcionarios habría que
planificarla de otra forma. Quizá dar un curso de formación a los
responsables sería suficiente muchas veces, sin necesidad de gastar
tantísimo dinero en momentos en que hay un déficit importante, en que se
habla tanto de la crisis de la Seguridad Social, en que se ha elaborado
una ponencia para estudiar los problemas estructurales del sistema de la
Seguridad Social. Entendemos que la austeridad debería ser formulada de
otra forma.
Respecto del INSS y del Instituto Social de la Marina, la verdad es que
han sido mucho más austeros en impartir esos cursos , pero la Tesorería
General de la Seguridad social sólo facilita las cuentas y los gastos por
estos cursos de formación de los últimos tres años, aduciendo que de los
años 1990 a 1992 no había una planificación presupuestaria concreta para
llevar a cabo la organización de esos cursos que, sin embargo, sí se
realizaron. En los últimos tres años tenemos 250 millones, lo que supone
1.000 millones sólo en cursos de formación.
Además, señor Subsecretario, tengo noticia de algunos cursos que se hacen
un poco a lo grande, en un momento de déficit presupuestario como el
actual; cursos de formación de una semana a funcionarios del Cuerpo A, en
régimen de alojamiento completo, en las Navas del Marqués,
en un castillo, para hablar de los objetivos de la Seguridad Social y de
cosas que preocupan al Grupo Parlamentario que yo represento, porque se
ha llegado a poner de manifiesto en esos cursos que lo que debe perseguir
la Administración son unos objetivos claros de negociación y que, a veces
la praxis debe imperar sobre la normativa legal, con preguntas sobre la
posible depresión de un funcionario o los posibles planteamientos
abiertos de la persona que negocia. Creemos que estos cursos, tan
masivamente impartidos porque llevan por lo menos año y medio
realizándose, quizá debieran ser un poco más restringidos, sólo para
directores provinciales de las entidades gestoras, y no planificar esos
cursos y gastar ese dinero, que muchas veces no tiene los resultados
adecuados. Es mucho más rentable planificar cursos puntuales de formación
en las propias direcciones provinciales, como se hizo por los propios
funcionarios competentes, que estaban preparados para realizarlos, cuando
se promulgó la Ley del régimen de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común. Sin embargo, echamos de menos que las
modificaciones sustanciales incorporadas a la Ley General de la Seguridad
Social, que se ha tenido que actualizar elaborando un nuevo texto
refundido, no hayan sido debidamente explicadas a los funcionarios, y ésa
sí que es la normativa básica general de la Seguridad Social. La verdad
es que, al ver tantísimos cursos, tan dispares, nos cuesta entender que
no exista una mayor austeridad, planificación y rigor en esos cursos de
formación a los funcionarios.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Navarro López):
Señoría, tengo que empezar por hacer dos afirmaciones rotundas. En primer
lugar, creo que la formación es un factor clave en relación con la
preparación y en términos globales con el empleo; es un factor decisivo
en cuanto que dar formación supone ciertamente preparar a los demandantes
de empleo para ocupar los puestos de trabajo, superar esos desajustes que
hay entre oferta y demanda de trabajo. Esto, en términos globales.
Ya en términos más concretos, referido al ámbito de la Seguridad Social,
observo en usted un tema recurrente. Tanto en comparecencias mías como
del Secretario de la Seguridad Social y del propio Ministro, tiene usted
--permítame decírselo-- una cierta obsesión por lo que considera que es
un despilfarro en la gestión de recursos por parte de las entidades
gestoras de la Seguridad Social. Tanto en la comparecencia del Ministro
en junio, según consta en el acta de la sesión de la Comisión del Régimen
de las Administraciones Públicas, como en alguna comparecencia mía, hemos
venido insistiendo en que las políticas se miden siempre por sus
resultados; en materia de la gestión de la Seguridad Social y en el caso
concreto de la formación de los funcionarios, la mejora de la gestión por
parte de las entidades gestoras, el acercamiento al administrado, el
acortamiento de plazos en reconocimiento de prestaciones y demás están
ahí y éstos son los frutos de estas políticas.
Por lo demás, usted entra en una serie de detalles muy precisos. La
verdad es que yo tampoco venía preparado para entrar en un debate sobre
si la política formativa de los funcionarios de entidades gestoras es o
no la acertada. Naturalmente, bienvenidas sean las sugerencias que pueda
hacer y tomaremos nota de ellas. En todo caso, yo venía preparado para
dar respuesta a algo tan concreto como referirme a cuáles son las
empresas de formación que vienen realizando cursos de perfeccionamiento
de los funcionarios de las entidades gestoras de la Seguridad Social este
año. Me parece que el interés era conocer cuáles eran las empresas. Con
permiso del Presidente, me voy a limitar a una rapidísima enumeración de
esas empresas. En la Tesorería General de la Seguridad Social son las
siguientes. TEA-Cegos; Develco; SHL, Psicólogos Empresariales; Técnicas
de Formación, Diagnóstico y Desarrollo; Consultores Españoles; Personas y
Sistemas; Támesis; y la Cámara de la Propiedad Urbana de Madrid. En el
Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Academia Cardenal; Academia
Centro; Academia Len; Cefiasa, Desarrollo organizacional;
E-7-Consultores; Escuela Superior de Administración y Dirección de
Empresas, ESADE, Fundación Bosch y Gimpera; IBM, Sociedad Anónima
Española; Inticalsa; Software AG España; Soporte y Desarrollo; y Támesis.
En el Instituto Social de la Marina, en cursos de informática: Cas
Informática; Netopen Informaciones; Lehren Sociedad Limitada; en cursos
sanitarios: la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción.
Entendemos que estas empresas, debidamente seleccionadas, están dando
respuesta adecuada y suficiente a la demanda y al cometido que se les
encarga.
--SOBRE DEUDA DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CON EL FONDO
DE GARANTIA SALARIAL. FORMULADA POR EL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GRUPO
PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA). (Número de
expediente 181/001638.)
--SOBRE CAUSA DE LA CRECIENTE DEMORA EN EL ABONO DE LAS PRESTACIONES POR
PARTE DEL FONDO DE GARANTIA SALARIAL. FORMULADA POR EL MISMO SEÑOR
DIPUTADO. (Número de expediente 181/001639.)
--SOBRE CANTIDAD TOTAL QUE, POR INDEMNIZACIONES Y SALARIOS, TIENE
PENDIENTES DE PAGO EL FONDO DE GARANTIA SALARIAL. FORMULADA POR EL MISMO
SEÑOR DIPUTADO. (Número de expediente 181/001640.)
El señor PRESIDENTE: Preguntas relativas a la deuda de la Tesorería
General de la Seguridad Social con el Fogasa, Fondo de Garantía Salarial,
a la creciente demora en el abono de las prestaciones por parte de este
organismo y a la cantidad total que, por indemnizaciones y salarios,
tiene pendiente de pago el citado Fogasa. El señor
Peralta ha manifestado su preferencia de que sean acumuladas. Para
formularlas de modo conjunto, tiene la palabra.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Subsecretario, por su
comparecencia.
Sabe perfectamente que en reiteradas ocasiones hemos tratado el tema del
Fondo de Garantía Salarial en esta Comisión. Coincidiendo
fundamentalmente con comparecencias presupuestarias, nos hemos interesado
por las previsiones, en orden a dotaciones, de este organismo que cumple
una función importante por su propia naturaleza, como es la de atender
las deudas a los trabajadores en aquellos supuestos en que la insolvencia
empresarial o la situación de suspensión de pagos concursar en
definitiva, de la empresa no le permite afrontar el pago de las deudas a
los trabajadores, sea por salarios, sea por indemnizaciones.
Esa importancia que tiene por su propia naturaleza el Fondo de Garantía
Salarial se ve acrecentada en momentos de crisis, cuando le toca hacerse
cargo de un volumen importante de deudas. En concreto, en el año 1994,
según los datos de que disponemos, el Fondo de Garantía Salarial
alcanzaba un récord en el pago de prestaciones, más de 81.000 millones de
pesetas, y cerca de 160.000 trabajadores percibieron prestaciones del
Fondo de Garantía Salarial; en definitiva, cifras importantes que ponen
de manifiesto que este organismo está cumpliendo una labor muy
importante.
Tenemos conocimiento de que los últimos meses se ha agudizado de manera
notable alguna de las dificultades que encontraban los trabajadores en el
funcionamiento de este organismo, especialmente las demoras en la
resolución de los expedientes y en el pago de las prestaciones. Sobre
este tema ya tuvimos ocasión de hablar con detalle en las comparecencias
presupuestarias del presente año 1995. Hicimos llegar entonces a quien
comparecía nuestra preocupación por que durante este año no fueran a más
las dificultades que ya se habían observado a lo largo del año 1994, que
entonces se imputaban, aparte de a la incidencia de la crisis, a las
dificultades de las transferencias por parte de la Tesorería General de
Seguridad Social. Se comprometieron a adoptar medidas que evitarían que
esas demoras sufrieran un incremento, y a que, por el contrario, se
avanzaría en la corrección de las mismas. Sin embargo, desgraciadamente,
los datos que tenemos a fecha de agosto de 1995 vienen a ratificar que se
han incrementado esas dificultades en el funcionamiento del Fondo de
Garantía Salarial. Es verdad que se ha producido un incremento en el
volumen de expedientes que se han tramitado por el Fondo de Garantía
Salarial en este año 1995, pero creemos que ésta no puede ser
justificación de los incrementos en las demoras; al menos ponen de
manifiesto una mala previsión. Nosotros, en concreto, en las
comparecencias presupuestarias del año 1995 ya dijimos que era previsible
que, de cara al Fondo de Garantía Salarial, la crisis que nuestro país
atravesó en el año 1993 y en parte del 94 se notara en 1995, precisamente
porque han de tramitarse unas reclamaciones judiciales de salarios, de
despidos, ha de tramitarse una declaración de insolvencia o una
declaración concursal, que son los requisitos previos para poder acceder
al Fondo de Garantía Salarial; en el Fondo de Garantía Salarial se nota
la crisis con demora en relación con la crisis real en el mercado de
trabajo.
Según nuestros datos, este año la demora es importante. En concreto, en
la provincia de Valencia está en torno a nueve meses desde que se
presenta una solicitud de pago ante el Fondo de Garantía Salarial por
parte de un trabajador hasta que efectivamente se resuelve el expediente
y es abonada la prestación. Estos datos coinciden con que, según las
cifras de que disponemos, a fecha 31 de agosto de 1995, los expedientes
pendientes en la Secretaría General eran cerca de 20.000, con un volumen
de prestaciones en torno a los 31.000 y pico millones de pesetas.
Entendemos que en esta demora, entre otras circunstancias, influye el
nivel de transferencias por parte de la Tesorería General de la Seguridad
Social. Según nuestros datos, ese nivel de transferencias, que a primeros
de año estaba en torno a 8.000 millones de pesetas mensuales, en el mes
de agosto se había reducido a 4.500 millones de pesetas, de tal modo que
las transferencias realizadas por la tesorería de enero a agosto sumaban
un total de 52.500 millones de pesetas, cuando el nivel de pago de
prestaciones acumulado era de 55.256 millones de pesetas. Estas cifras
ponen de manifiesto que ese saldo que la Tesorería tenía a favor del
Fogosa a 31 de diciembre de 1994, cifrado en torno a 48.000 millones de
pesetas, va a tardar mucho tiempo en poder actualizarse, lo que va a
implicar un funcionamiento deficiente del Fondo de Garantía Salarial
durante mucho tiempo y, en definitiva, que un volumen importante de
trabajadores que ya tienen que sufrir, por un lado, que no se les paguen
sus derechos por parte de las empresas, por otro, van a tener que sufrir
largas tramitaciones judiciales y, posteriormente, un retraso por parte
del organismo, sostenido por los empresarios, que tiene que abonar
--funciona como seguro del abono-- esas prestaciones.
Hemos formulado estas preguntas porque nos gustaría conocer cuáles son
las causas de esa creciente demora en el pago de sus prestaciones por
parte del Fondo de Garantía Salarial, cuáles son en concreto las
cantidades que adeuda, tanto por indemnizaciones como por salario, a la
fecha más reciente que nos pueda proporcionar el señor Subsecretario, en
qué medida la deuda por parte de la Tesorería General de la Seguridad
Social con el Fondo de Garantía Salarial inciden en esas demoras de
funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial y, en definitiva, qué
medidas tiene previstas el Ministerio de Trabajo para conseguir un
funcionamiento más adecuado del Fondo de Garantía Salarial. Con estas
preguntas abordaríamos cuestiones relacionadas con el Fondo de Garantía
Salarial que nos preocupan, partiendo del actual cuadro normativo,
simplemente cuestionándonos la gestión del Fondo de Garantía Salarial.
Hay también algunas otras cuestiones que van más allá de la gestión que
plantea el actual cuadro normativo de la Seguridad Social. Yo estoy
convencido de que el señor Subsecretario conoce, y quizá nos pueda
informar aunque sea de forma incidental o al margen de los temas
concretos aquí planteados, la problemática existente en relación con el
abono, por parte del Fondo de Garantía Salarial, de las
indemnizaciones del artículo 52 c) del Estatuto de los Trabajadores, es
decir, los despidos individuales por causas de carácter económico,
etcétera. Nos consta que se estaba trabajando en buscar una solución
provisional a ese problema, que es un problema importante en la medida en
que la reforma laboral contemplaba esa novedad y cabría la posibilidad de
que se careciera de un cuadro normativo ajustado. También habría que
solucionar el tema de las indemnizaciones en los contratos temporales,
que no se consideran indemnizaciones por despido y tampoco son salarios.
Si el señor Subsecretario se encuentra en condiciones de abordar esos
temas incidentales, nos gustaría que también se refiriera a ellos en el
marco global de esa intervención acerca del Fondo de Garantía Salarial.
El señor PRESIDENTE: Señor Subsecretario, tiene la palabra.
El señor SUBSECRETARIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Navarro López):
Señor Peralta, efectivamente, en sucesivas comparecencias mías ante esta
Comisión hemos tenido la oportunidad de comentar la gestión del Fondo de
Garantía Salarial. Una vez más, gustoso, me presto a ello. Siguiendo el
orden por el que usted ha planteado las preguntas --alterando un poco el
establecido en el orden del día--, amablemente, voy a referirme a estas
cuestiones.
Respecto a la creciente demora en el abono, yo diría que hay una causa
fundamental. Usted conoce perfectamente --y se ha referido a ello-- el
lento proceso de tramitación de los expedientes de pago del Fondo de
Garantía Salarial, no solamente porque el Fondo de Garantía Salarial
pueda tener una gestión más o menos ágil, sino porque hay un
procedimiento judicial previo que exige que se haya reconocido las causa
que da origen a la propia obligación de pagar, insolvencia, suspensión,
quiebra, cuestiones que usted conoce perfectamente y sobre las que no me
voy a extender en exceso. Ultimado ese procedimiento judicial, como S. S.
sabe, habrá que reconocer la deuda laboral o dictar la resolución o
sentencia que así lo establezca. Todos estos trámites son de por sí
largos y complicados jurídicamente. Hay que comprobar requisitos, a veces
falta documentación que hay que completar, etcétera, y eso nos lleva a
una tramitación que, por mucho que estamos intentando simplificarla, sin
desearlo los gestores del Fondo de Garantía Salarial, se alarga más de lo
preciso. Además de las razones expuestas en cuanto al procedimiento, yo
he dicho reiteradamente en esta Comisión que, en época de crisis --y
hablo de crisis económica pasada--, el Fondo de Garantía Salarial está en
el vagón de cola, por decirlo de alguna manera. Las secuelas de esa
crisis económica le llegan al Fondo de Garantía Salarial, en lo que a
pagos se refiere, cuando la crisis económica, afortunadamente, ya se ha
superado.
Como consecuencia de esa pasada crisis económica, el número de peticiones
ha aumentado considerablemente
--S. S. se ha referido a ello--, y esta circunstancia ha venido
sucediendo durante los últimos años. Frente a esa situación de mayor
demanda al Fogasa, debo resaltar que los ingresos por cuotas al Fogasa
--estoy hablando exclusivamente del Fogasa--, por el contrario, y a
consecuencia de la propia crisis económica, no aumenta en la medida en
que debieran hacerlo. Así, por ejemplo, en 1994 las cuotas recaudadas
ascendieron a 60.026 millones de pesetas, mientras que las prestaciones
pagadas en todo el ejercicio fueron de 81.415 millones de pesetas --a
ello se ha referido S. S.--, y esta tendencia se observa también durante
1995, donde estimamos, para final de ejercicio, una recaudación por
cuotas en torno a los 62.600 millones de pesetas, mientras que las
prestaciones se situarán en 77.287 millones, máxima dotación
presupuestaria que se puede atender, según se desprende del detalle que
paso a exponerle. El presupuesto inicial de prestaciones del capítulo 4
del presupuesto de gastos del Fondo de Garantía Salarial era de 71.854
millones de pesetas. Posteriormente hubo que realizar una transferencia
de crédito de 1.534 millones y, finalmente, un suplemento de crédito de
3.899 millones, para hacer posible que el crédito total por prestaciones
--hablo de crédito-- llegara a los 77.287 millones de pesetas. El mayor
pago de prestaciones se va a financiar con las cuotas a recaudar, que
hemos dicho que se quedan bastante por debajo --en 62.600 millones de
pesetas--, con parte de la deuda que la Tesorería General de la Seguridad
Social --me interesa destacarlo-- viene manteniendo con el Fogasa
--12.797 millones de pesetas-- y, también, con las cantidades
recuperadas, en torno a 2.000 millones de pesetas. Es decir, ya en un
primer avance anuncio que los ingresos por cuotas se quedan bastante por
debajo de las prestaciones que el Fogasa va a pagar durante el presente
año, haciendo un esfuerzo que pasa por dos líneas de actuación: por una
parte, dos importantes modificaciones presupuestarias para adaptar, en la
medida de lo posible, el crédito a las necesidades; por otra, desde el
punto de vista de la financiación, naturalmente, dado que, como le digo,
esa deuda, digamos, histórica --no me gusta demasiado hablar de deuda
histórica, porque no es tan antigua-- que la Tesorería mantiene, que no
es más que un flujo financiero entre la Tesorería y el Fogasa --tampoco
dramaticemos el asunto--, se va a reducir en 12.797 millones de pesetas
para permitir hacer frente a ese pago hasta el total del crédito
autorizado de los 77.287 millones de pesetas. Con ello avanzo ya la
respuesta a otras preguntas. Me preguntaba usted cuál era la cantidad
total que por indemnizaciones y salarios tiene pendiente de pago en la
actualidad el Fondo de Garantía Salarial. A 31 de octubre, últimos datos,
el Fogasa tiene pendientes de pago 32.994 millones de pesetas, que se
desglosan en 13.004 millones por salarios y 19.990 millones de pesetas
por indemnizaciones, pero hay que matizar esta afirmación inicial. De
este total, de los 32.994 millones de pesetas, 5.921 millones de pesetas
se encontraban contabilizados a esa fecha y en condiciones de pago. Por
el contrario, los restantes 27.073 millones corresponden a expedientes
que se encuentran, unos, en revisión jurídica, pendientes de algún
documento o requisito, y otros pendientes de contabilización y
fiscalización.
Añado algo más, como es precisar que de ese total de 32.994 millones,
7.600 millones de pesetas correspondían a expedientes que habían entrado
durante el mes de octubre
y 6.187 millones al mes de septiembre. Si digo esto es porque quiero
llegar a la conclusión de que, si tenemos en cuenta que desde que entran
los expedientes en el Fondo de Garantía Salarial, en la Secretaría
General, hay un proceso, en torno a dos meses, para cumplir las fases de
informatización y demás, restando, a los 32.994 los 13.814 millones de
entradas en octubre y noviembre, nos quedarían 19.180 millones de pesetas
como pagos efectivamente pendientes a la fecha del 31 de octubre, con lo
cual yo creo que hay que deflactar esa cifra de los 32.994 millones con
estas matizaciones.
Por último, la deuda de la Tesorería --hablando de deuda vemos que se
corresponde con esos flujos financieros, esas entregas mensuales que hace
la Tesorería en cuanto entidad recaudatoria de la cuota del Fondo de
Garantía Salarial-- partía el 1 de enero de 1995 de 48.945 millones de
pesetas y a 31 de octubre de 1995 esos 48.945 millones de pesetas se han
quedado en 36.561 millones de pesetas, lo cual quiere decir que el saldo
con la Tesorería, tal y como he dicho al principio, se ha reducido en
12.384 millones de pesetas con respecto al mes de enero. A 31 de octubre,
por consiguiente, hemos reducido ya de modo sensible ese saldo del Fogasa
con la Tesorería.
¿Cuáles son nuestras previsiones? Ya he dicho que en 1995, al igual que
en 1994, se ha venido reduciendo progresivamente la deuda de la
Tesorería, y para 1996 queremos seguir reduciendo la citada deuda y, si
fuera posible por las propias disponibilidades financieras del sistema en
su conjunto, llegar, si no a liquidarla, a dejarla en cuantías
razonablemente aceptables.
El señor PRESIDENTE: Señor Peralta, tiene la palabra.
El señor PERALTA ORTEGA: Señor Subsecretario, le agradezco los datos que
ha proporcionado, y me parece también muy correcta la estructuración que
ha hecho de su respuesta. Yo voy a acogerme también a ella para
manifestar la discrepancia que tengo con algunos de los puntos a los que
usted hacía referencia.
Ha comenzado usted diciendo que una de las causas de la creciente demora
es la lenta tramitación judicial previa. Es verdad que desgraciadamente
es lenta la tramitación judicial previa, pero sinceramente eso no influye
en que la tramitación por parte del Fondo de Garantía Salarial sea más o
menos lenta, al contrario, si ya es lenta la tramitación judicial previa
--en lo que desgraciadamente tenemos que coincidir--, la situación se
agrava si además el Fondo de Garantía Salarial impone una tramitación más
lenta. Esto es lo importante, señor Subsecretario. Ahora el Fondo de
Garantía Salarial tarda más que en los años 1994, 1993 y 1992, cuando la
tramitación judicial previa era exactamente igual: había que hacer una
reclamación por despido, una reclamación por salarios, tramitar una
insolvencia, una suspensión de pagos..., eso no ha cambiado. Lo que ha
cambiado es que ahora el Fondo de Garantía Salarial tarda más, y yo estoy
convencido de que en esto influye la situación económica del Fondo de
Garantía Salarial, situación económica que viene determinada, tal como
usted ha puesto de manifiesto, por una parte por un determinado nivel de
ingresos que resulta insuficiente para cubrir el nivel de prestaciones y,
por otra, por una determinada crisis económica que incide con retraso en
el Fondo de Garantía Salarial pero que, en definitiva, ha provocado un
incremento importante en el nivel de expedientes. Esto son causas
objetivas, que están ahí.
Lo que ya no es tan objetivo, o al menos puede ser corregido
subjetivamente si se actúa acertadamente, es que estas causas no pudieran
preverse y adoptarse medidas adecuadas, porque usted ha recordado que de
este tema hemos hablado en ocasiones. Yo recuerdo que en la última se me
decía que en el año 1995 ya se habrá superado por el Fondo de Garantía
Salarial la crisis y, por tanto, esas deficiencias que se han constatado
en 1994 como consecuencia de la crisis que empezó en 1992 y que se notó
especialmente en 1993 ya las estará superando el Fondo de Garantía
Salarial en 1995. No es así, en 1995 se incrementa el número de
expedientes por parte del Fondo de Garantía Salarial, se incrementa el
número de prestaciones a abonar y, en consecuencia, los expedientes se
demoran. Yo estoy convencido de que ésta es la causa principal, no tanto
las dificultades, que evidentemente se le plantea al Fondo de Garantía
Salarial por más trabajo, con una plantilla posiblemente insuficiente
para este mayor trabajo, sino que hay este tipo de razones de fondo, y es
necesario intentar encontrar solución a todo ello.
Yo creo que es positivo que al día de hoy, según se nos dice por parte
del señor Navarro, la deuda de la Seguridad Social con el Fondo de
Garantía Salarial, a 31 de octubre de 1995, se haya reducido en 12.000
millones. Lo que me preocupa es que ésta es la cifra de reducción
prevista para todo el año 1995, según nos ha dicho anteriormente, cuando
ha hablado de que el crédito total autorizado es de 77.000 millones, que
se cubrirían con las cuotas, con 12.000 millones de deuda saldada de la
Seguridad Social y con las recuperaciones. Por tanto, da la impresión de
que a 31 de octubre de 1995 ya la Seguridad Social no va a seguir
reduciendo esa deuda en lo que toca a este año. Por consiguiente, es
previsible que en lo que falta de año, se incrementen esas dificultades
de funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial.
Nos ha dicho usted que para el año 1996 se prevé una reducción, yo no sé
si ha dicho de la mitad o de lo que buenamente se pueda, por parte de la
Tesorería General de la Seguridad Social, y así hasta no sabemos cuándo,
pero estamos hablando de una deuda que, según dice usted, sería del orden
de 36.000 millones de pesetas, que es casi la mitad del presupuesto del
Fondo de Garantía Salarial en un año. Por tanto, es una cifra muy
importante desde el punto de vista del Fondo de Garantía Salarial. Yo
creo, señor Subsecretario, que, reconociendo el esfuerzo que se hace por
parte de todos los funcionarios que trabajan en el Fondo de Garantía
Salarial y por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social para
saldar esa deuda, lo cierto es que al día de hoy esos esfuerzos no se
pueden considerar satisfactorios, porque desgraciadamente el Fondo de
Garantía Salarial es una institución muy importante para los
trabajadores, y digo desgraciadamente porque
viene motivado por un impago de sus derechos por parte de los
empresarios, por razones de insolvencia o de suspensión de pagos, pero en
definitiva un incumplimiento de los derechos de los trabajadores. En esa
situación se ha acordado establecer este mecanismo que financian los
empresarios y que cumple un papel importante.
Nosotros creemos que es necesario --y así se lo planteamos, señor
Subsecretario-- adoptar medidas concretas que nos posibiliten, en lo que
falta de año 1995 y desde luego en los años 1996 y 1997, abordar un
programa ambicioso, pero realista, para que el Fondo de Garantía Salarial
pueda cumplir sus funciones con normalidad, y hoy día esa situación,
desde luego, señor Subsecretario, no es la de normalidad.
Finalmente, terminaría recordándole que, con independencia de estos
puntos relativos a la gestión, le había planteado otros, que reconozco
que son al margen de lo que le trae aquí en concreto, pero que sí que me
agradaría, si puede y está en condiciones de hacerlo, que nos diera algún
tipo de información, con la brevedad propia de esta comparecencia.
El señor PRESIDENTE: El señor Subsecretario tiene la palabra.
El señor SUBSECRETARIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Navarro López):
Agradezco al señor Peralta que reconozca el esfuerzo que estamos
haciendo.
Insisto en que a mí no me gusta hablar de deuda de la Tesorería. Hemos
hablado alguna vez, y eso es mucho más solidario y más importante, de la
caja única. Todo esto es un sistema. Entonces, el sistema en su conjunto
debe poder afrontar todos los meses a todos los pagos que tiene.
Desde esa visión más solidaria de la defensa del principio de caja única,
que yo creo que todos defendemos, los aquí presentes y los no presentes
en gran parte, debemos reconocer los esfuerzos que supone para la propia
Tesorería de la Seguridad Social recaudar todos los meses y hacer frente
a los pagos del Fogasa, a los pagos de prestaciones por desempleo, a los
pagos de pensiones, etcétera. Como yo sé que eso se valora también pido
un poco de comprensión al señor Peralta, al que seguro que no le falta
comprensión, y sensibilidad a estos efectos, en la idea de que estamos,
como le he dicho, avanzando en la buena dirección de ir reduciendo
progresivamente ese saldo del Fogasa con la Tesorería.
Por otro lado, también le diría que estaríamos ante la imposibilidad,
desde el punto de vista presupuestario, dentro de este año de pagar más
allá de los 77.287 millones, que es el crédito autorizado y aprobado, con
las dos modificaciones, en la propia Ley de Presupuestos. Ese es el
margen que tenemos y de haber ido a la aprobación de crédito
extraordinario, en el caso del suplemento de crédito no podríamos haber
alterado el límite de los 3.899 millones que ahí se recogen, ya que eso
es lo que se puede pagar. Por consiguiente, aunque tuviéramos medio de
financiarlo, el crédito es el que es.
Efectivamente me he olvidado contestar a las dos cuestiones que ha
planteado, que son bastante colaterales.
Con respecto a la primera de ellas, es decir, qué vamos a hacer con esas
indemnizaciones del artículo 52 del Estatuto, entiendo que se refiere S.
S. al exceso sobre las cantidades en empresas de hasta 25 trabajadores,
el famoso 60 por ciento. En el Consejo Rector del Fondo de Garantía
Salarial acordamos someternos al dictamen del Servicio Jurídico del
Estado, que entendió procedente esos pagos, y estamos preparando una
instrucción en la Secretaría General de Fogasa, entre otras cosas porque
nos exige la propia Intervención Delegada en Fogasa el que así se haga,
para poder hacer frente a ese compromiso, a la vista del dictamen del
Servicio Jurídico del Ministerio.
En cuanto a los contratos temporales, yo no vengo preparado para
responder a eso. Me parece que ésta es una nueva demanda que me llega por
conducto del señor Peralta, pero seguro que me la plantearán en breve los
propios sindicatos en el Consejo Rector de Fogasa. No tengo respuestas en
estos momentos para eso.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Subsecretario de Trabajo y
Seguridad Social.
Con estas preguntas concluye la parte del orden del día a él dirigida.
Muchas gracias por su comparecencia en la Comisión.
--SOBRE ACCION SOCIAL DE LOS ESPAÑOLES DE LA TERCERA EDAD RESIDENTES EN
AMERICA LATINA. FORMULADA POR LA SEÑORA FERNANDEZ SANZ (GS). (Número de
expediente 181/001808.)
--SOBRE ASISTENCIA SANITARIA DE LOS ESPAÑOLES RESIDENTES EN LOS PAISES DE
AMERICA LATINA. FORMULADA POR LA SEÑORA FERNANDEZ SANZ (GS). (Número de
expediente 181/001809.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, contamos con la presencia del señor
Subsecretario del Ministerio de Asuntos Sociales, para dar respuesta a
las restantes preguntas que figuran en el orden del día.
La Diputada preguntante no tiene inconveniente en acumular las dos
primeras en la medida en que se refieren a la misma materia, una en
términos generales y otra en términos particulares.
Por tanto, preguntas sobre acción social con los españoles de la tercera
edad residentes en América Latina y, más en particular, sobre la
asistencia sanitaria de los españoles residentes en esos mismos países,
formuladas por la señora Fernández Sanz.
Tiene la palabra la señora Fernández Sanz.
La señora FERNANDEZ SANZ: Gracias, señor Subsecretario, por su presencia
aquí. A veces tengo la sensación, cuando no se acumulan muchas preguntas
y de muchos grupos, de que hacer venir hasta aquí a un subsecretario
es gastarle un poquito desordenadamente su tiempo. Por eso, sinceramente
gracias.
Me pide el Presidente sumar estas dos preguntas. Es fácil y bueno para mí
porque la argumentación es la misma.
Yo quería preguntarle al Subsecretario de Asuntos Sociales sobre lo
realizado hasta ahora directa o indirectamente (cuando digo directamente
me refiero a inversión directa, que es complicada fuera de España o vía
subvenciones, con movimiento social, con Organizaciones españolas en el
exterior, en el campo de los Servicios Sociales, en el campo de la ayuda
sanitaria), lo hecho hasta ahora y las previsiones, los proyectos, las
ideas que el Ministerio tiene hacia el futuro.
¿Por qué esta pregunta? El Consejo General de la Emigración, órgano del
que forma parte el Subsecretario, en su tercer Pleno, que celebró en el
mes de abril, en Madrid, entre sus reivindicaciones y sus propuestas al
Gobierno, y también a esta Cámara, pedía que se cuidara de forma especial
el desarrollo de las pensiones no contributivas para los españoles que
fuera de España necesitan de esa protección. Ellos suelen hablar de
exportar el Estado del bienestar español, que les llegue a ellos aunque
estén fuera de España.
Fueron incluso a ver al Presidente del Gobierno, obtuvieron su apoyo y en
ese Pleno concretaron y valoraron que la proyección de los recursos que
se necesitarían hasta finales de año en pensiones no contributivas
alcanzaría una cifra cercana a 8.000 millones de pesetas. Lo que el
Consejo le pedía a la Administración era que se mejorara la gestión, que
no se tardara tantos meses, que fuera de forma periódica.
A la vez, su planteamiento en política social era que el programa de
vacaciones de la tercera edad llegara en mayor cantidad a América,
Australia, Europa e incluso reivindicaron que llegara a Portugal y a
Marruecos.
Hace aproximadamente quince días, del 6 al 8 de noviembre, el Pleno del
Consejo de la Emigración se ha vuelto a reunir. Ha hecho una valoración
importante y significativa. Hemos sido invitados todos los Grupos
Parlamentarios, todos los responsables de política migratoria de los
partidos que formamos parte del arco parlamentario, y se ha hecho una
valoración de lo conseguido ya en la aplicación de las pensiones no
contributivas (eso ha dejado de ser una reivindicación para ser una
constatación positiva hacia la Administración por parte de los
emigrantes), y también del crecimiento de las plazas en el programa de
vacaciones para que incluso dicho programa llegase a Portugal y a
Marruecos este año.
Sin embargo, han aparecido ya de forma concreta estas dos
reivindicaciones que yo le traigo aquí a modo de pregunta, relativas a la
necesidad, ante el fenómeno del envejecimiento de los emigrantes que
quedan fuera de España, y de forma especial en América Latina, y también
ante la realidad de un no desarrollo de políticas de bienestar en esa
zona del mundo, de que el Gobierno de España se preocupe más, priorice,
si es posible, el desarrollo de servicios sociales, desde la ayuda a
domicilio, los hogares, las residencias de la tercera edad, con los
españoles que están fuera, y también programas de atención sanitaria a
aquellos españoles que tienen menos recursos, que viven en umbrales de
pobreza sobre todo en América Latina.
Esa es mi pregunta: qué ha hecho hasta ahora el Gobierno, directa o
indirectamente, en servicios sociales y en política sanitaria y qué
esquema, diseño y propuestas tienen para el futuro en estas dos políticas
de bienestar.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE ASUNTOS SOCIALES (Valero Iglesias): Agradezco a
la señora Diputada su petición de comparecencia para contestar a sus
preguntas. Ella sabe que no solamente es una obligación del Gobierno y de
los que ocupamos puestos de responsabilidad en la Administración
responder a las preguntas de control, sino que en este caso es un placer,
porque, además, tengo la oportunidad de hablar con una experta en materia
de asuntos sociales por sus responsabilidades anteriores. Agradecemos
muchísimo las sugerencias y el interés que muestra por lo que venimos
haciendo, en línea de continuidad con la actuación que el Gobierno
desarrolla, en términos generales, desde 1982 y, en concreto en nuestro
Departamento, desde 1988.
Para nuestro Ministerio, la labor que desarrolla el Consejo General de la
Emigración es muy importante: nos controla, nos proporciona ideas, nos
hace sugerencias y en ocasiones yo diría que hasta nos empuja. En este
sentido, las dos materias a las que hacía referencia la señora Diputada
haciéndose eco de lo que planteaba el Consejo General de la Emigración
vienen siendo preocupaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
desde hace ya años y desde 1993 del Ministerio de Asuntos Sociales, pero
no está de más que el Consejo General de la Emigración nos insista y nos
llame la atención sobre la importancia de profundizar en ellas y, desde
luego, no está de más que S. S. se haga eco de la petición del Consejo y
nos pregunte al Gobierno qué estamos haciendo en esa materia.
Como S. S. sabe, el colectivo de españoles que residen en el exterior por
causa de la emigración es todavía numéricamente significativo. Su
situación bajo ese denominador común reviste características diversas y
cambiantes según el tipo de emigración, el tipo de país al que se
dirigieron, el grado de desarrollo económico de ese país, el momento en
que se produjo la emigración. Estamos descubriendo que ahora se está
produciendo, entre comillas, una nueva oleada de emigrantes a
Iberoamérica, pero que ya no son como los de principio de siglo, sino
españoles profesionales muy cualificados que van con las empresas y que
están contribuyendo a la recuperación económica de esos países.
También tiene relación esa diversidad con la edad, el momento en que
emigraron, la lejanía geográfica y otros factores que S. S. conoce
perfectamente.
Sin duda ninguna, es lugar común el decir que la mayor parte de nuestros
emigrantes está en Iberoamérica y que por eso constituye una región de
destino y de permanencia clave en las preocupaciones del Gobierno y del
Ministerio de Asuntos Sociales.
Característica común también de ese conjunto de emigrantes españoles en
los últimos años es el notable incremento del porcentaje de personas
mayores, de personas inactivas. Por ello, el Gobierno, a través de
nuestro Ministerio, en cumplimiento de lo que establece el artículo 42 de
la Constitución, viene diseñando y luego ejecutando programas de
asistencia y promoción para los emigrantes mayores que residen
fundamentalmente en Iberoamérica y algunos en Europa.
La asistencia y la promoción que se intenta dar se articulan
fundamentalmente a través de los programas de actuación en favor de
emigrantes que se llevan a cabo en la Dirección General de Migraciones,
dependiente de nuestro Ministerio. Hay tres programas básicamente también
con la colaboración del Inserso. En concreto, para 1995 se concedieron
ayudas para la realización de 20 programas de asistencia y promoción del
colectivo de emigrantes, regulados en la Orden de 27 de diciembre de
1994, que S. S. conocerá y que, si no, yo con mucho gusto le enviaré en
cuanto vuelva al Ministerio.
De estos programas, dos se refieren a la primera parte de su pregunta, la
de los centros, residencias, etcétera. El primero de ellos trata de las
ayudas a instituciones para actividades asistenciales y culturales que
tienen por objetivo aumentar el bienestar de la tercera edad. El segundo
se refiere a las ayudas para obras y equipamientos que contribuyen a la
mejora de las instalaciones de instituciones cuya finalidad sea la
asistencia social, sanitaria y cultural de los emigrantes españoles.
Con menor incidencia que estos dos programas, que constituyen el grueso
de esta labor, se han realizado algunas acciones mediante otro de los
programas, el tercero de ellos: ayudas para el desarrollo de proyectos
concretos en el ámbito migratorio. Para facilidad de SS. SS. si manejan
los documentos presupuestarios, son los programas 15, 18 y 14 de nuestro
Departamento.
El total de las ayudas concedidas para estos tres programas ha sido de
93,5 millones en 1994, que han afectado a 86 centros en Iberoamérica, y
de 119 millones de pesetas en el año 1995, incluyendo un total de 114
centros. Esto ha supuesto que en 1994 y 1995 el 21,3 y el 48,1 por
ciento, respectivamente, de las ayudas concedidas se hayan destinado a
hogares y residencias de Iberoamérica en países que van desde Brasil
hasta Méjico, pasando por Venezuela, Chile, Perú, Costa Rica, Argentina.
Yo destacaría, si S. S. me lo permite, por su importancia cuantitativa y
por su simbolismo en aquellas localidades, el Hospital de Ancianos de
Temperley, que me consta que S. S. ha visitado; la residencia Club
Tinetense y el Hogar Español de Ancianos de Montevideo. Son tres
instituciones emblemáticas en la emigración española en Iberoamérica.
También he mencionado que el Inserso colabora con la Dirección General de
Migraciones para el reforzamiento de los programas de actuación en favor
de emigrantes españoles de tercera edad. En este sentido, el Inserso
aportó en 1994 50 millones de pesetas de su presupuesto, de los que 45
correspondieron a Iberomérica, y otros 35 durante 1995.
En la colaboración interdepartamental que se produce en el Gobierno,
también el Ministerio de Asuntos Exteriores, con cargo al crédito
presupuestario de protección de españoles en el extranjero, viene
concediendo desde 1988 ayudas a instituciones que prestan asistencia
social, preferentemente en régimen de residencia permanente, a españoles
mayores necesitados. En 1995 estas ayudas han ascendido a 110 millones de
pesetas.
Este conjunto de ayudas, señoría, posibilita que aquellos mayores que
llevan muchos años fuera de España continúen, cuando ése es su deseo, en
su lugar de residencia, ya que en muchas ocasiones el retorno a España,
donde carecen de familiares y de un entorno conocido, no les facilitaría
una mejora de su calidad de vida. De ahí que me parezca extremadamente
acertada su expresión de que el objetivo del Gobierno ha sido exportar el
Estado del bienestar que tenemos dentro de nuestras fronteras para que
los españoles que residen fuera no tengan que retornar si no quieren y
puedan beneficiarse de las ventajas de dicho Estado del bienestar.
Adelantando un poquito la conclusión general, antes de referirme a los
aspectos sanitarios, ¿cuáles serían las líneas de futuro que el Gobierno,
a través de nuestro Ministerio, tiene planteadas? En primer lugar,
extender la asistencia sanitaria básica mediante el concierto --ahora
hablaré de ello-- con entidades benéficas de origen español y, en segundo
lugar, facilitar la acogida de ancianos en instituciones tuteladas por el
Estado español y apoyar la apertura de centros de día y de reunión para
emigrantes jubilados y prejubilados.
En relación a estos objetivos estratégicos, quisiera hacer referencia a
una experiencia de la que estamos bastante satisfechos y que podríamos
intentar extender a otros países. Se trata de la creación --probablemente
S. S. ya lo conoce-- de la Fundación España en Argentina. Es una
fundación creada a iniciativa de la embajada española donde están
representados los tres pilares de las emigración española en Argentina.
En primer lugar, la Administración, a través de la embajada, del
consulado y de nuestra Consejería de Trabajo y de Asuntos Sociales. El
segundo pilar estaría formado por la colectividad, por los propios
emigrantes, a través de los consejos de residentes y de las federaciones
de centros de emigrantes. Y el tercer pilar --y ésta sería la novedad en
la que tenemos que profundizar-- sería la incorporación de las empresas
españolas que actúan en el extranjero. No voy a citar ninguna empresa
concreta poque como no las recuerdo todas, no quiero que se pueda
malinterpretar, pero las empresas más importantes que están trabajando en
este momento en Iberoamérica, en Argentina, para contribuir al
relanzamiento económico de esos países, han asumido como una tarea
propia, en su condición de nueva emigración cualificada, lograr la mejora
de las condiciones de vida de aquellos españoles que emigraron a
Argentina no en el momento en que había que relanzar a Argentina, sino en
el momento en el que ellos estaban necesitados porque en España no se
podía vivir como ellos consideraban que debían.
¿Cuáles son los objetivos fundamentales de esa Fundación? En primer
lugar, atender las necesidades básicas de
los españoles que se encuentran en Argentina, principalmente las de los
mayores que por no poder trabajar tienen carencias importantes. En
segundo lugar, evitar el deterioro o la desaparición del patrimonio
histórico inmobiliario de las asociaciones de españoles en Argentina.
Sabe S. S. que en su momento la emigración española fue un potencial
económico en Argentina, hubo gente que hizo fortuna, los clubes y los
centros españoles eran punto de referencia inexcusable en la vida social,
económica e incluso política de Argentina y en este momento, como
consecuencia de la evolución de la pirámide de edades y de la propia
actividad económica, se ha detectado que se estaban produciendo
problemas, que estaban desapareciendo asociaciones por consunción natural
y que el patrimonio se perdía o iba a parar a entidades que no tenían
nada que ver con los españoles y con el origen fundacional. Por ello, uno
de los fines de la Fundación consiste en articular un sistema de
encauzamiento, de reversión de ese patrimonio inmobiliario e histórico
hacia lo que denominaríamos la colectividad española y su vinculación con
el Estado español. El tercer objetivo de esta Fundación sería aportar
recursos económicos privados con el fin de satisfacer necesidades de los
españoles mayores o en estado de necesidad.
En este marco general que acabo de señalar al final de la primera parte,
¿qué estamos haciendo en materia sanitaria? Hemos constatado desde hace
algún tiempo --de ahí que esta petición del Consejo General de la
Emigración no nos obligue a actuar «ex novo», sino a reforzar la línea en
la que ya viene trabajando el Gobierno y este Ministerio en concreto--
que el deterioro de la situación económica de muchos países de
Iberoamérica, como consecuencia de la crisis de la década anterior, y
también por la evolución de la pirámide de edad de nuestros emigrantes,
ha podido tener consecuencias serias para las posibilidades de asistencia
sanitaria de nuestros emigrantes y especialmente de los más
desfavorecidos, es decir, de los emigrantes carentes de recursos. Para
paliar estas necesidades --solucionarlas totalmente es muy difícil,
porque es muy difícil llegar a todo, el mero conocimiento de la situación
de los emigrantes ya es un trabajo importante debido a su dispersión--
hemos estudiado la posibilidad de concertar seguros de carácter privado
mutualista y de carácter general con los países afectados. Sin embargo,
esta línea de trabajo debió abandonarse porque suponía un coste económico
excesivo y en algunos países no resultaba posible el aseguramiento para
personas mayores de una determinada edad, que era el principal colectivo
contemplado en el objetivo del departamento. Por ello, hemos promovido
una alternativa que consiste en la puesta en marcha de proyectos que se
adapten a la característica de la situación de cada país, en el marco de
los programas de actuación que el Gobierno tiene diseñados en favor de
los emigrantes y que ya se lo he comentado a S. S. haciendo referencia a
la Orden Ministerial de la que ahora le hago gracia.
Los criterios básicos para el apoyo a estos programas son los siguientes.
En primer lugar, los programas que implantemos deben implicar un valor
añadido en relación con la protección existente actualmente. No se trata
de sustituir los mecanismos de solidaridad existentes en estos momentos
en estos países, sino de reforzarlos y complementarlos para que la
situación de los emigrantes españoles mejore. En segundo lugar,
consideramos que debemos acudir a la fórmula de aseguramiento colectivo,
de forma que tenga presentes las especiales dificultades del grupo
protegido. Por último, consideramos que debemos poner en marcha proyectos
que intenten, preferentemente, implicar a instituciones o entidades del
país en el que vamos a actuar.
En este momento y con esos objetivos, estamos desarrollando, con el apoyo
del Gobierno, programas de asistencia sanitaria en Colombia, Perú, Brasil
y Méjico. Siempre de acuerdo con esos principios que he mencionado a S.
S., se encuentran en preparación estudios para Ecuador y para Marruecos.
En breve vamos a iniciar el estudio concreto de proyectos para otros
países.
En el caso de Colombia el programa se apoya, básicamente en dos ejes. En
primer lugar, un contrato general de asistencia médica con una compañía
privada para españoles residentes en Colombia y sus familias, con una
cuota menor a la del mercado y que, sin embargo, comprende un 8 por
ciento que revierte a un fondo especial de solidaridad. El segundo eje
consistiría en un contrato particular con una fundación que actúa como
patronato con la misma compañía para amparar en la misma póliza la
cobertura de españoles sin recursos. Esta fundación recibe, a su vez, una
subvención del Ministerio de Asuntos Sociales para completar el coste de
la póliza. La misma técnica la estamos utilizando en el programa que se
están gestando en el Ecuador y donde se ha firmado un contrato general de
asistencia sanitaria.
En Méjico, por el contario, el sistema utilizado ha sido el de convenio
con entidades de beneficencia, lo que permite cubrir la atención de
personas sin recursos, en tanto que en Perú se ha concertado un seguro
colectivo con un centro de tercera edad especializado en este colectivo
de ciudadanos.
Por último, en Brasil, una parte importante de la población sin recursos
estaría ya cubierta por la actuación de hospitales españoles. El problema
se plantea, específicamente, en el área de Sao Paulo en relación con la
asistencia hospitalaria, por lo que se ha llegado a un acuerdo con un
hospital brasileño para atender los casos que se producen en ese área. El
mismo esquema que hemos aplicado en Brasil y Sao Paulo pretenderíamos
aplicar a Marruecos en un programa que ya estamos preparando.
Con la vocación globalizadora a que hacía referencia antes, el Gobierno,
a través del Ministerio de Asuntos Sociales, atiende, desde 1988,
peticiones de ayuda económica tramitadas a través de representaciones
diplomáticas y consulares de aquellos residentes españoles carentes de
recursos en países que no cuentan con un sistema público de asistencia
sanitaria. Concretamente el Ministerio de Asuntos Exteriores atendió 816
solicitudes en el año 1994 para gastos de enfermedad que le supusieron 80
millones de pesetas.
En este contexto y centrándome en las dos preguntas unificadas, resumiría
mi intervención diciendo que el Gobierno es consciente de la necesidad de
ayudar a los emigrantes españoles para que tengan cubierto un nivel
básico
de asistencia sanitaria y desde hace algunos años viene aplicando
soluciones concretas y específicas de acuerdo con las circunstancias de
cada país. En la medida en que podamos ir incrementando los recursos
económicos disponibles, el nivel y la extensión de la protección irán en
aumento en consonancia con el objetivo irrenunciable del Gobierno y del
Ministerio al que represento, en el sentido de mejorar las condiciones de
vida de los emigrantes españoles.
Hasta aquí he centrado mi intervención en dos aspectos clave --los
centros y la asistencia sanitaria--, en respuesta a las dos preguntas
unificadas que me ha formulado S. S. Sin embargo, no quisiera dejar de
mencionar dos o tres programas más que tiene el Ministerio dirigidos a
nuestros emigrantes. En primer lugar --y S. S. lo ha mencionado--citaría
brevemente las pensiones no contributivas. Como sabe S. S., el Gobierno
dictó un real decreto, en mayo de 1993, que extendía esa parte del Estado
del bienestar a nuestros emigrantes en el exterior. Desde aquel momento,
como S. S. conoce, ha sido costosa la tramitación de estas pensiones no
contributivas. Sin embargo, se han concedido ya 23.518 pensiones no
contributivas, que en el año 1995 van a suponer un coste de unos 4.000
millones de pesetas que irán destinadas a nuestros emigrantes.
En segundo lugar, me referiré a la cobertura sanitaria para emigrantes y
sus familias en España. Señoría, el Gobierno y el Ministerio no se
preocupan solamente de la atención a los emigrantes cuando están en el
exterior sino que también nos preocupan determinados supuestos de
emigrantes que van a trabajar a un país donde no hay convenio de
reciprocidad con España en materia de asistencia sanitaria. Para ello,
desde hace años ya, el Gobierno ha instrumentado un régimen voluntario
que permite que el emigrante asuma una pequeña cuota de los gastos de la
Seguridad Social y el Gobierno, a través del Ministerio de Asuntos
Sociales, se hace cargo de lo que llamaríamos cuota patronal, de tal
manera que la familia del emigrante, si se queda en España, tiene
cubierta su asistencia sanitaria de incapacidad o de maternidad, y el
emigrante, cuando viene a España de vacaciones, tiene también garantizada
la asistencia sanitaria o por cualquier accidente que tenga. Eso supone
que es el Ministerio de Asuntos Sociales el que ingresa en la Tesorería
de la Seguridad Social o en el Instituto Social de la Marina la cuota
patronal que correspondería a este emigrante.
También tenemos otros dos tipos de ayuda, señoría: las ayudas
asistenciales para emigrantes incapacitados para el trabajo y sin medios
económicos suficientes, que son ayudas de carácter asistencial y que en
1994 supusieron 200 millones de pesetas para los emigrantes,
prácticamente en su totalidad en Iberoamérica; y finalmente lo que
llamamos las ayudas extraordinarias, que en 1994 supusieron 100 millones
de pesetas.
Un último proyecto, del que no tenía nota pero que se me acaba de venir a
la memoria, son las ayudas que el Ministerio de Asuntos Sociales, a
través de la Dirección General de Emigración, concede a los emigrantes
retornados. Digamos que son ayudas discrecionales, que lógicamente se
juzgan con la generosidad y el espíritu social que la materia exige, que
permiten dotar una pequeña contribución que en ocasiones resulta
cualitativa para aquellos emigrantes que tienen necesidad de reinstalarse
en España y que no se encuentran en lo que podríamos denominar una
situación económica boyante.
Este el el conjunto de ayudas, de forma un poco rápida, que el Gobierno,
a través de nuestro ministerio, ha diseñado y puesto en práctica para
contribuir a la mejora de las condiciones de nuestros emigrantes, de
exportar el Estado de bienestar, como S. S. decía.
El señor PRESIDENTE: Señora Fernández Sanz.
La señora FERNANDEZ SANZ: No necesito hacer uso de la dúplica, señor
Presidente; he recibido una información muy completa y por encima de lo
que había solicitado.
--SOBRE TASACION DEL EDIFICIO DE LA CALLE EDUARDO DATO, PERTENECIENTE A
LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA. FORMULADA POR LA SEÑORA FERNANDEZ SANZ (GS).
(Número de expediente 181/001810.)
El señor PRESIDENTE: Siguiente pregunta sobre tasación del edificio de la
calle Eduardo Dato perteneciente a la Cruz Roja Española, formulada por
la señora Fernández Sanz.
Tiene la palabra.
La señora FERNANDEZ SANZ: Quiero preguntar al señor subsecretario si es
cierto lo que de forma muy resumida y en muy pocos medios de comunicación
ha leído esta Diputada. La pregunta consiste en si es cierto que después
de tres subastas, que han quedado desiertas, el edificio de Eduardo Dato,
de Cruz Roja, que produjo tanta polémica y tantos comentarios y juicios
de valor acerca de irregularidades en la dirección de Cruz Roja, al final
ha quedado tasado en 600 ó 612 millones de pesetas.
El señor PRESIDENTE: El señor subsecretario tiene la palabra.
El señor SUBSECRETARIO DE ASUNTOS SOCIALES (Valero Iglesias): En otras
circunstancias, señoría, yo le hubiera contestado simplemente sí; sin
embargo, no creo que sea el caso sino que el asunto merece alguna
explicación.
Lo primero que desearía decirle es que la función que el Ministerio de
Asuntos Sociales tiene respecto a Cruz Roja se circunscribe a velar por
la observancia de la legalidad de sus actos, a asegurar la correcta
aplicación de los recursos, a promover la cooperación para el desarrollo
de la solidaridad social y ejercer la alta inspección de la institución.
En definitiva, se trata de la función de protectorado que corresponde al
Gobierno y que legitima el desarrollo de determinadas acciones para
asegurar el cumplimiento del fin de la institución.
Desde esta perspectiva, señoría, la Ministra de Asuntos Sociales
compareció ante esta misma Comisión, el 21 de diciembre de 1994, para
informar, entre otros temas, sobre la permuta del edificio de la sede
central de Cruz Roja, exponiendo las razones que motivaron la decisión de
la institución para proceder a la permuta. Posteriormente me referiré a
algunos aspectos de esa comparecencia de mi ministra.
En este momento puedo decir a S. S., aunque sin duda ello ya le resultará
conocido que, de acuerdo con la información que nos ha proporcionado Cruz
Roja, cada uno de los bienes permutados se valoró en la cantidad de 1.594
millones de pesetas, decisión basada en tres tasaciones del citado
edificio realizadas por las siguientes empresas: Axis Asociados, que con
fecha 5 de abril de 1988 estimó el valor del inmueble de la antigua sede
central de Cruz Roja, en Eduardo Dato, en 1.337 millones de pesetas; una
segunda tasación de la empresa Enrique de Salamanca, que en el mismo mes
de abril de 1988 valoró el inmueble en 1.765 millones de pesetas; y una
tercera tasación de la empresa Trasvalor, que en junio de 1989 --un año y
dos meses después-- reflejó como precio de mercado del inmueble la
cantidad de 1.687 millones de pesetas.
Como sabe S. S., el Ministerio de Asuntos Sociales, en el ejercicio de
esa alta inspección que tiene atribuida, y como consecuencia de un estado
de preocupación surgido con ocasión de la dimisión de la anterior
Presidenta de Cruz Roja, que llegó a ser público y que arrastró una
polémica anterior sobre este asunto, encargó la realización de una
auditoría exterior a la empresa Peat Marwick especializada en estas
materias. Según la auditoría de Peat Marwick que se entregó al
ministerio, las valoraciones y las tasaciones utilizadas, que ya he
reseñado a S. S., fueron homogéneas en términos económicos ya que se
utilizaron valores de mercado como criterio de valoración de los
edificios, siendo equivalentes en términos monetarios. El informe de esa
empresa auditora llevó a mi ministra a afirmar en esta Comisión que los
valores son equivalentes en términos de mercado. Abro comillas, «el valor
asignado al edificio de Eduardo Dato y a la parcela de la carretera de La
Coruña son homogéneos en términos económicos ya que tanto en uno como en
otro se utilizaron los valores de mercado como criterio de valoración»
--cierro comillas--. Abro comillas de nuevo. «Si hay una variación del 10
por ciento en el valor del inmueble se entiende, según los expertos, que
la valoración es equivalente» --cierro comillas de nuevo y las vuelvo a
abrir--, «los bienes permutados han sido valorados de acuerdo con el
criterio de precios de mercado, al máximo digo yo» --dijo la ministra en
aquel momento-- (cierro comillas); y por último --abro comillas de
nuevo--, «Cruz Roja, y esto es lo importante, no ha sufrido un quebranto
económico por esta operación» --cierro comillas--. Esto es lo que la
ministra manifestó en aquel momento y a lo que yo tendría poco que
añadir, como S. S. entenderá perfectamente, por compartirlo en sus
propios términos.
A partir de la fecha de la permuta, que se formalizó mediante escritura
pública de 11 de marzo de 1991, Cruz Roja Española ya no es titular del
inmueble, por lo que desconoce la situación del edificio y no ha podido
proporcionarnos la información que en el ejercicio de la función de
protectorado le hemos solicitado con ocasión de la pregunta que S. S. ha
tenido la amabilidad de formularnos. No obstante, oficiosamente, el
subsecretario que comparece sí ha tenido conocimiento de que el pasado
1.º de agosto se celebró en Valencia la tercera convocatoria de subasta
pública --la primera tuvo lugar, creo recordar, el 20 de junio anterior--
puesto que las dos primeras se declararon desiertas al no haber quien
pujara, y que en la tercera se produjo la adjudicación, creo que a la
mínima, por un valor de seiscientos y pico millones de pesetas, por
debajo de lo que en su momento se valoró el edificio.
Eso es todo, señoría. (La señora Fernández Sanz pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Fernández, creí --ya veo que erróneamente--
que iba a repetir su estrategia parlamentaria de preguntas anteriores.
Tiene la palabra.
La señora FERNANDEZ SANZ: La verdad que estoy muy satisfecha con la
respuesta, pero me gustaría en esta ocasión hacre uso de la dúplica para
insistir en que al final la permuta se ha hecho por un valor de mil
millones menos de la que había realizado Cruz Roja. Se vuelve a confirmar
y a ratificar que la entidad crediticia lo valoró por una cantidad mucho
más elevada. Un estudiante de bachiller --ahora se diría de EGB o de
ESO--, con sus conocimientos básicos, se hubiera dado perfectamente
cuenta de que la tasación de la entidad crediticia se había efectuado muy
por encima, por las estrategias de esa entidad; pero por lo que fuese,
por algunas personas y, desde luego, por un parlamentario de esta Cámara
se prefirió fijar la atención en un error en esa permuta. El
subsecretario nos ha recordado perfectamente una excelente intervención
de la Ministra de Asuntos Sociales trayendo aquí la auditoría extra que
había encargado. En la Cámara ya conocíamos las auditorías, porque
anualmente, desde el año 1985, se hacían auditorías y en 1992 y 1993
también con referencia a esa estrategia nueva de Cruz Roja que, para
hacer frente a deuda, intenta desprenderse de edificios que no eran
significativos para su trabajo humanitario. El tiempo nos ha demostrado
que el mercado ha fijado su precio, que la permuta fue hecha
escrupulosamente y con todo tipo de controles y requisitos. A esta
Diputada, en tal caso, le gustaría pedir al subsecretario, que forma
parte del órgano de tutela de Cruz Roja, que intentara que la actual
dirección no cayera en la fácil trampa de decir: alguna cosa la puedo
echar en ese ruido conseguido por algunos; a lo mejor se cometió algún
error en el pasado. Que no intenten caer en esa trampa fácil, porque el
tiempo ha demostrado que fue correcta cada una de las cosas, desde la
ropa de los kurdos, a las auditorías, a las permutas de los edificios o
al intento de juicio. Una sentencia clarísima del juez casi le tuvo que
recordar al Diputado que recurrió que no sólo no había ninguna
irregularidad, sino que, además, las actuaciones humanas de normalización
humanitaria tienen que ser vistas desde prismas y significados sociales
que huían
totalmente de ello cuando recurrían a ese planteamiento. El tiempo ha
dado la razón, aunque en medio del camino se han quedado personas y se ha
quedado el intento de deterioro de una imagen, que por suerte no ha
conseguido deteriorarse mucho, de la primera gran organización
humanitaria de nuestro país. Todo el esfuerzo que se pueda hacer por
intentar subsanar una torpeza de un parlamentario de esta Cámara sería
importante, porque los tribunales, las auditorías y el mercado han dejado
claro, desde la primera a la última, la crítica que se ha hecho a esa
organización.
El señor PRESIDENTE: ¿El señor subsecretario quiere hacer uso de la
palabra? (Denegaciones.)
Con esto damos por concluida la presencia del señor Subsecretario de
Asuntos Sociales en la Comisión para dar contestación a diversas
preguntas.
--COMPARECENCIA DE LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD
(ESCAPA GARRACHON), PARA INFORMAR SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL
FOMENTO DEL EMPLEO DE LAS MUJERES JOVENES. A SOLICITUD DEL G. P. POPULAR.
(Número de expediente 212/000757.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, el segundo punto del orden del día es la
comparecencia de la Directora General del Instituto de la Juventud, para
informar sobre las medidas adoptadas para el fomento del empleo de las
mujeres jóvenes, solicitada por el Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra la señora directora general.
La señora DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD (Escapa
Garrachón): Señoras y señores Diputados, comparezco ante esta Comisión
para exponer, desde la perspectiva del Instituto de la Juventud, las
medidas y actuaciones que se han venido desarrollando en favor del empleo
de las mujeres jóvenes.
Desde de la consideración de las políticas sectoriales, cuando nos
referimos a las mujeres jóvenes, estamos aludiendo a dos colectivos que
tienen sus características específicas, sus singularidades y sus
necesidades: la juventud y la mujer. Si además nos referimos a un aspecto
concreto, que es el empleo, nos encontramos con que inciden tres ámbitos
de actuación política, que tienen objetivos y funciones distintas, aunque
en este caso convergentes.
Por mi parte, voy a informarles del fomento del empleo entre las mujeres
jóvenes, en la vertiente que tiene que ver con la política de juventud,
que, como saben, es la función que se atribuye al organismo que dirijo.
No obstante, la existencia de un Plan de Juventud del Gobierno, al que me
referiré posteriormente, permite un alto nivel de coincidencia de los
objetivos, medidas y actuaciones entre las distintas instancias de la
Administración, que inciden en las tres facetas del tema objeto de la
comparecencia: juventud, mujer y empleo.
Hay que empezar por decir que, como saben, si el conjunto de los y las
jóvenes tiene una tasa de paro que casi dobla la tasa media de la
problación total, en el caso de las mujeres jóvenes aún tiene varios
puntos más de diferencia respecto a los hombres jóvenes; por tanto, puede
decirse que el paro azota sobre todo a los y las jóvenes y especialmente
a estas últimas. Por ello, es preciso insistir en medidas que posibiliten
una formación adecuada para el empleo, así como que los y las jóvenes
dispongan de su primera experiencia laboral como pórtico de inserción
estable en el mercado de trabajo, prestando especial atención a las
mujeres jóvenes. Precisamente las medidas que se han venido tomando en
este sentido, junto con la mejora de nuestra economía, hace que la
situación de los y las jóvenes ante el mercado de trabajo evolucione en
sentido positivo, a pesar de los datos en contrario de la última EPA.
Los rasgos principales de esta situación del empleo juvenil son que la
población activa sigue una tendencia decreciente, debido a factores
estructurales, tales como el incremento de la escolaridad y la
prolongación del período de estudio, situándose por debajo del 45 por
ciento, que ha habido una mejora de la ocupación en el último año y el
para juvenil ha descendido en unos 125.000 parados, situándose la tasa de
paro por debajo del 42 por ciento. Además, se observa que se van
atenuando algunos rasgos del paro juvenil que incidían con más gravedad
en las mujeres y en los más jóvenes. A pesar de estos datos de evolución
positiva, es preciso tener en cuenta el alto grado de precariedad que
soportan los jóvenes, y más todavía las jóvenes.
En nuestro Plan de Juventud, al hacer el diagnóstico de la juventud
española actual, decimos que la normalidad en el empleo de hoy para la
juventud supone temporalidad, discontinuidad, estacionalidad,
inestabilidad y rotación y, como consecuencia, la necesidad de buscar
estrategias de adaptación que les permitan estar disponibles para una
demanda escasa y cambiante.
La mujer y el joven necesitan de grandes dosis de realismo y eficacia a
nivel individual, para adaptarse a las difíciles condiciones impuestas
por un mercado de trabajo de estas características.
Por otra parte, en un encuentro que hemos realizado la pasada semana de
investigadores en materia de juventud de Europa y América Latina, en el
marco de la presidencia española de la Unión Europea, se ha puesto de
manifiesto que, sobre todo en los países occidentales, comienza a tomar
cuerpo un nuevo conflicto generacional basado en la competencia por el
reparto de los puestos de trabajo. De ahí el interés creciente de la
opinión pública en general, y de los medios de comunicación en
particular, por los informes, ensayos y estudios que se realizan teniendo
a la juventud por objeto. Se detecta una inquietud creciente de la
sociedad ante estos jóvenes, chicos y chicas, cada vez más activos, con
un nivel reivindicativo más alto en cuanto a sus derechos, una
preparación mayor que generaciones precedentes, una mayor adaptabilidad a
la implantación de métodos de trabajo basados en nuevas tecnologías y una
mayor disposición al trabajo intermitente y a la percepción de salarios
más bajos.
Ante esta situación sólo cabe apelar al compromiso de la sociedad entera,
poderes públicos, organizaciones políticas, sociales y patronales, para
que faciliten una mejor inserción laboral de los y las jóvenes, sin que
esto suponga el desplazamiento de otros sectores de población.
Si nos remitimos a la situación de la mujer joven, en la Declaración de
Beijing, de la reciente IV Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre
las mujeres, se incide en que persisten las desigualdades entre mujeres y
hombres en el mundo, a pesar de que en el último decenio la situación de
las mujeres ha experimentado avances importante; se reafirma el
compromiso con los instrumentos internacionales de derechos humanos, como
la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación
contra las mujeres; se muestra el convencimiento de que el crecimiento
económico sostenido en el desarrollo social requiere la implicación de
las mujeres en dicho desarrollo, la igualdad de oportunidades y la
participación plena, en pie de igualdad, de mujeres y hombres; se alienta
a los hombres para que participen plenamente en todas las acciones
encaminadas hacia la igualdad y, finalmente, se manifiesta la decisión de
promover la independencia económica de las mujeres, incluyendo el empleo.
En el ámbito europeo, el Libro Blanco para la política social, además de
declarar los puestos de trabajo como la prioridad absoluta, dedica, como
saben, un capítulo a la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres, en el que se dice que la dificultad de encontrar trabajo no ha
desalentado a las mujeres a emprender más actividad económica, incluida
la creación de empresas. Según el libro, las mujeres han originado una
proporción significativa de las nuevas PYME creadas en la Unión Europea
en los años ochenta.
Se habla de la fuerza que representa la adaptabilidad y creatividad de
las mujeres y la contribución que pueden hacer a la revitalización de la
economía. Para ello, se propone acabar con la segregación en el mercado
de trabajo y promover el valor del trabajo de las mujeres, apelando a la
igualdad de remuneración, en igual trabajo, y a la capacitación y el
desarrollo de la cualificación profesional de las mujeres. Se propone
también reconciliar la vida laboral y familiar, así como acelerar la
participación de mujeres en la toma de decisiones.
Estas dos referencias al marco internacional --Declaración de Bijing y
Libro Blanco de la Unión Europea-- ponen de relieve, por una parte, el
diagnóstico común en cuanto que, a pesar de que la situación de la mujer
ha avanzado, todavía queda mucho por lograr, incluso en los países de
mayor desarrollo; y, por otra parte, que es imprescindible una mayor
participación de la mujer en el desarrollo económico de la sociedad. En
este contexto general y europeo se enmarca el Plan de juventud 1994/97,
en lo que se refiere al empleo de mujeres jóvenes.
Como les decía inicialmente, en tanto que responsable del Instituto de la
Juventud, puedo presentarles las medidas de fomento del empleo juvenil
entre las mujeres, desde la vertiente de la política de juventud. En este
sentido, en el Plan se establecen, entre otras, dos prioridades que se
formulan como los dos primeros objetivos del mismo.
El problema más acuciante que tiene la juventud española en estos
momentos, consecuencia de las dificultades de inserción laboral estable,
es el retraso en la emancipación del hogar de origen; de ahí que el
primer objetivo sea favorecer la autonomía personal de los y las jóvenes,
mediante su integración social y laboral y su acceso a la vivienda.
Por otra parte, aunque la igualdad de oportunidades entre los y las
jóvenes se integra de manera transversal en todas la áreas del plan, hay
una específica que apela a la necesidad de fomentar, entre los y las
jóvenes, la solidaridad y la tolerancia y propiciar la igualdad de
oportunidades y de trato.
Como ven, en el Plan de juventud, el empleo juvenil y la mujer tienen una
consideración prioritaria. Este plan, que fue aprobado hace ahora un año
por el Consejo de Ministros, se elaboró a partir de aportaciones de más
de 40 centros directivos de la Administración general del Estado, de la
colaboración de representantes de organismos de juventud de comunidades
autónomas y de la Federación Española de Municipios y Provincias, con la
participación, además, del Consejo de la Juventud de España. Como novedad
respecto de otros planes de comunidades autónomas o de otros países, se
trata de un plan abierto, que configura un ámbito de diálogo permanente
entre ministerios y de éstos con los y las representantes del movimiento
asociativo juvenil.
El plan se elaboró a partir de los trabajos de análisis de las políticas
sectoriales y de las necesidades de la juventud, que se llevaron a cabo
por cinco grupos de trabajo compuestos por los representantes que acabo
de indicarles. Estos grupos de trabajo, desde la aprobación del plan, se
han constituido en seis grupos de seguimiento que se vienen reuniendo
periódicamente y que permiten seguir el cumplimiento de lo comprometido y
plantear nuevas iniciativas.
Baste indicar que, desde la aprobación del Plan en diciembre del año
pasado, se han incorporado 21 nuevas actuaciones, de las cuales ocho son
de empleo. Insisto en que a todas estas reuniones se convoca a los
representantes del Consejo de la Juventud de España, que tienen ocasión
de exponer su valoración y de proponer nuevas actuaciones. Estos seis
grupos analizan y evalúan la formación y el empleo, la vivienda, la
solidaridad e igualdad de oportunidades, la salud y la prevención, la
calidad de vida y la participación juvenil.
El Plan de Juventud, que está a disposición de SS. SS. se compone de 35
medidas que contienen, a su vez, casi 300 actuaciones. De ellas, más de
60 se refieren a la formación para el empleo, la orientación profesional,
fomento del empleo juvenil y apoyo a jóvenes emprendedores. Algunas de
ellas se refieren de manera específica a las mujeres jóvenes.
A continuación, paso a enumerar y describir, de manera esquemática, las
medidas y actuaciones más importantes que se han recogido en el plan, en
relación con estos dos ámbitos; es decir, las referidas a las políticas
generales de empleo dirigidas a la juventud, sin distinción de sexo, y
aquellas otras que se dirigen específicamente a mujeres jóvenes,
como medio para favorecer la discriminación positiva.
En lo que se refiere a las medidas de formación y empleo hay que empezar
por decir que la reforma de la formación profesional está entrando en una
etapa de desarrollo acelerado. Si durante 1994 se aprobaron las nuevas
titulaciones de las diferentes familias profesionales, en abril de este
año se presentó el mapa de la formación profesional, donde se catalogan
todos los títulos de FP y sus posibilidades laborales, progresando en la
vinculación entre las necesidades de formación del mundo productivo y las
enseñanzas que impartirán los centros educativos. En este sentido, se han
ampliado los programas de garantía social dirigidos a jóvenes con
dificultades de escolarización y se ha reforzado la colaboración estable
entre las administraciones educativa y laboral. Además, en aplicación de
las previsiones de la LOGSE, el Ministerio de educación ha hecho público
un programa de actuación en materia de calidad de la enseñanza para los
próximos años. Las becas y ayudas para alumnos de FP pasaron de 800.000
en el curso 1993/94, creciendo por encima del 10 por ciento respecto del
curso anterior.
En el ámbito educativo conviene decir, aunque sea de manera
complementaria al tema que nos ocupa, que se vienen realizando jornadas y
cursos de formación en educación no sexista, por parte del Instituto de
la Mujer.
La medida 1.2 del Plan de Juventud trata de la mejora de la formación
profesional ocupacional y recoge actuaciones tales como la formación de
jóvenes perceptores de prestaciones por desempleo, que pasaron de 20.000,
en 1994, y de jóvenes menores de 30 años, parado de larga duración, que
superan los 50.000. También se ha impartido formación de base para
aprovechamiento de la FP reglada u ocupacional, que ha afectado a unos
25.000 jóvenes menores de 30 años. Finalmente, en cuanto a la
preformación técnica en áreas productivas, no tradicionalmente femenina,
el número de mujeres beneficiarias ha sido de aproximadamente 2.500, en
1994, de las que casi el 60 por ciento son menores de 30 años.
Las escuelas-taller y casas de oficio están incluidas en otra medida del
plan, destinada a favorecer la formación en alternancia en programas de
empleo-formación. El número de alumnos afectados por este programa, en
1994, fue de más de 40.000, de los cuales el 40 por ciento,
aproximadamente, eran mujeres jóvenes. En esta medida cabe destacar
también la formación en prácticas en empresas para mujeres jóvenes. Se
trata de la convocatoria de 50 becas de prácticas para mujeres en
empresas del Grupo INI/Teneo, dirigidas a profesionales con titulaciones
de FP, Ciencias Económicas y Empresariales, Derecho, Sociología,
etcétera. También merece destacarse la formación innovadora que se dirige
a colectivos de mujeres que, bien por constituir bolsas localizadas de
desempleo femenino, bien por encontrarse en dificultades particulares
para acceder a la oferta formativa general, requieren de respuestas
diferenciadas. Más de 800 mujeres menores de 30 años, fueron
beneficiarias del programa, en 1994.
En el ámbito de la orientación profesional, además de los servicios
propios del sistema educativo, en el plan se recogen, como actuaciones
específicas dirigidas a las mujeres jóvenes, un programa de
acompañamiento a la búsqueda de empleo, que se configura a partir de la
creación de unidades estables de asesoramiento para el desarrollo de un
plan personalizado dirigido a la mujer. Para este programa, el Instituto
de la Mujer editó la Guía Mabem y la Agenda para las búsquedas de empleo.
En 1994, el número de mujeres menores de 30 años beneficiarias del
programa, ha sido de unas 4.000.
Otro programa del Instituto de la Mujer en esta línea, es la orientación
e información profesional a mujeres desempleadas, en el que las
participantes formulan un plan personal de empleo o formación. Se ha
editado material técnico denominado guía de agente y manual de la
participante. El número de beneficiarias jóvenes fue de unas 2.500.
Además de estas iniciativas concretas, hay que destacar especialmente el
programa comunicativo NOW, de igualdad de oportunidades para el empleo de
las mujeres, que abarca sistemas de formación y servicios de empleo, así
como información y comunicación. El Instituto de la Mujer es coordinador
nacional de este programa, financiado fundamentalmente por el Fondo
Social Europeo y una pequeña parte por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional.
En cuanto a las medidas de fomento del empleo juvenil, las modalidades de
contratación específicas o que afectan básicamente a jóvenes son el
contrato de aprendizaje, el contrato en prácticas y el contrato a tiempo
parcial.
El contrato de aprendizaje fue diseñado como una vía alternativa para
adquirir la cualificación necesaria para el desempeño de una profesión u
oficio de jóvenes menores de 25 años que no han finalizado la escolaridad
obligatoria o carecen de formación profesional para desempeñarla. Esta
modalidad de contrato está contribuyendo de manera fundamental a la
inserción laboral de muchos y muchas jóvenes; en un año y ocho meses de
funcionamiento, ha permitido la inserción laboral de más de 340.000
jóvenes, que afecta sobre todo a hombres jóvenes, en torno al 64 por
ciento, y al 36 por ciento de mujeres.
En cuanto al contrato en prácticas, se reparte de manera similar entre
mujeres y hombres. En 1994, se realizaron 51.000 contratos y, hasta
agosto de este año, se llevan más de 44.000.
En los contratos a tiempo parcial, prácticamente la mitad se han
realizado con menores de 30 años, destacando la contratación de mujeres
con casi el 60 por ciento, de modo que de los casi 1.700.000 contratos a
tiempo parcial suscritos entre enero de 1994 y agosto de 1995, más de
medio millón corresponden a mujeres jóvenes.
En lo que se refiere al fomento de la contratación estable, en 1994 se
celebraron unos 35.000 contratos indefinidos, correspondiendo el mayor
número a la transformación de contratos de aprendizaje y en prácticas en
indefinidos.
Para acabar este rápido y sucinto repaso por las medidas y actuaciones
recogidas en el Plan de Juventud, referidas a la formación y el empleo de
los y las jóvenes, voy a hacer alusión a algunas actividades del propio
Instituto de la Juventud en este campo.
Como saben, nuestra capacidad de incidir directamente sobre la
disminución del desempleo juvenil es muy pequeña, obviamente. Sin
embargo, en esa función de apoyar experiencias que puedan señalar vías
innovadoras, hemos emprendido algunos proyectos e iniciativas. Por
ejemplo, mediante la firma, el 21 de septiembre de 1994, de un convenio
de colaboración entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la entidad
Seniors Españoles para la Cooperación Técnica, normalmente conocida como
Secot, se puso en marcha un proyecto de colaboración entre ambas
instituciones en materia de asesoramiento para jóvenes emprendedores y
emprendedoras, menores de 30 años, que deseen crear una empresa,
cooperativa o entidad no lucrativa o que estén necesitados de
asesoramiento técnico para el mejor desarrollo de sus empresas. Con este
acuerdo, al tiempo que se ayuda a jóvenes emprendedores, se fomenta la
solidaridad intergeneracional. Este asesoramiento es prestado por los
socios de Secot, personas jubiladas o prejubiladas, en calidad de
profesionales o expertos que actúan gratuitamente.
Por otra parte, hemos establecido un convenio con el Ministerio de
Industria y Energía para la promoción de jóvenes emprendedores y
emprendedoras que pretende facilitar la incorporación de empresarios y
empresarias jóvenes a la vida socioeconómica del país. El acuerdo
comporta dos fases: una de concurso que se fallará en el mes de
diciembre, y otra de acción formativa y de seguimiento de proyectos.
Otro proyecto piloto de fomento de la ocupación en el que estamos
participando, es la bolsa de empleo juvenil, en colaboración con las
comunidades autónomas a través de los organismos de juventud. La
experiencia desarrolla con la Comunidad de Madrid, en convenio con la
Asociación para el empleo juvenil Araña, está apenas iniciándose y ya ha
permitido atender casi 15.000 peticiones de asesoramiento. Se hacen
cursos de técnicas de búsqueda de empleo, de preparación de oposiciones y
de formación de técnicos.
Además, en el marco del programa comunitario Youthstart, vamos a iniciar
un proyecto, cogestionado con la organización no gubernamental Acfor, de
«Itinerarios profesionales para la orientación y la inserción», que
afectará a un millar de jóvenes con baja cualificación entre 1995 y 1997,
con una financiación en torno a 100 millones de pesetas.
Finalmente, en el ámbito de la formación, hemos organizado cursos de 100
horas para pesonas que trabajan en los centros de información juvenil de
comunidades autónomas y de ayuntamientos sobre técnicas de orientación
sociolaboral, que ha dado como resultado la puesta en marcha este año de
diez proyectos que tutelamos con el apoyo de un equipo técnico.
Otra línea importante del Instituto de la Juventud y del Ministerio de
Asuntos Sociales tiene por objeto fomentar la participación de los y las
jóvenes en los diferentes ámbitos de la sociedad, promoviendo el
asociacionismo juvenil y apoyando las actividades de las asociaciones
juveniles de ámbito estatal y de las entidades que prestan servicios a la
juventud.
En este sentido, hay que señalar que, con cargo al 0,5 del IRPF, este año
se han concedido subvenciones a programas de formación ocupacional y
apoyo al empleo por una cuantía de casi 250 millones de pesetas, que ha
afectado a 16 proyectos de otras tantas entidades juveniles o prestadoras
de servicios a la juventud. También en el ámbito del 0,5, en subvenciones
a asociaciones de mujeres, la convocatoria preveía ayudas a programas que
facilitan la inserción laboral de la mujer por un total de 338 millones,
que han sido concedidos a 27 proyectos de 21 entidades.
En cuanto a las subvenciones ordinarias del Instituto de la Juventud, se
han concedido 33 millones de pesetas a 20 proyectos de 17 asociaciones y
entidades de juventud para actividades de información y orientación sobre
oportunidades de empleo, autoempleo e iniciativas empresariales, derechos
laborales y formación en técnicas de búsqueda de empleo.
Muchas de estas medidas y actuaciones, que de manera directa o indirecta
redundan en el fomento del empleo de las mujeres jóvenes, derivan de la
existencia del Ministerio de Asuntos Sociales como expresión política y
administrativa de la sensibilidad que los gobiernos socialistas han
tenido y tienen respecto a la promoción de colectivos con dificultades.
Como ven, todas ellas se encuentran formando parte del Plan de Juventud
en la persecución de la necesaria integralidad de la política de
juventud. Nuestra experiencia en este campo interesa de manera creciente
a los responsables de la política de juventud de los países miembros de
la Unión Europea, como hemos podido apreciar recientemente en la reunión
de directores de juventud, que celebramos a principios de este mes, tras
la presentación del programa «Juventud con Europa III», actividad de la
presidencia española a la que asistieron los ministros de juventud, los
directores de juventud, junto con la comisaria Cresson, en el ámbito de
la Unión Europea.
También interesa la experiencia española de política integral en los
organismos correspondientes de casi todos los países latinoamericanos,
con los que mantenemos una relación permanente a través de la
Organización Iberoamericana de Juventud. Esta experiencia española, que
tiene todas las condiciones para dar frutos en el presente y en el
futuro, es posible porque desde hace algo más de una década se han venido
poniendo los cimientos para esta construcción. En 1983, se crea por ley
el Consejo de la Juventud de España como plataforma de representación de
la juventud asociada; en 1985, se crea el Instituto de la Juventud con su
actual estructura; en 1986, se constituye la Comisión Interministerial
para la Juventud y la Infancia, que ha elaborado desde entonces dos
planes integrales de juventud.
Además de lo que se ha hecho en el progreso de la política de juventud,
reconocido al menos en estos dos ámbitos internacionales como son Europa
y América Latina, se han dado pasos importantes en lo que se refiere a
quienes además de jóvenes son mujeres, como les he expuesto de manera
esquemática.
Quiero destacar que, en el plano de los valores sociales, la equiparación
de sexos es ya un valor compartido
por casi toda la sociedad, aunque no siempre se ponga en práctica. Esto
no ha sucedido por el azar sino por la necesidad impuesta por una
orientación progresista en favor de los derechos de la mujer. A este
logro hemos contribuido decididamente todas las instancias progresistas
de los poderes públicos, siguiendo la pauta clara marcada por movimientos
sociales e instituciones como el Instituto de la Mujer. Pero además de
este cambio de mentalidad y cultura de nuestra sociedad, que aún no ha
finalizado, se han puesto en práctica medidas de fomento del empleo
dirigidas a jóvenes y específicamente a mujeres; medidas que pueden ser
más o menos discutibles, pero que tienen la voluntad explícita de mejorar
el acceso al mercado del trabajo y, con ello, las condiciones de vida de
las jóvenes españolas.
Es evidente que, a pesar de lo que se ha progresado, queda mucho por
hacer y seguramente no van a ser las empresas, abandonadas a la libre
competencia y a la tendencia lógica a mejorar las cuentas de resultados,
las que de «motu proprio» promuevan la discriminación positiva de la
mujer joven, sino que seguirá siendo precisa la intervención y la ayuda
de los poderes públicos, impulsando ese cambio de cultura en nuestra
sociedad, que se ha venido produciendo en los últimos años, para
conseguir el reconocimiento igualitario de la mujer ante el empleo y para
fomentar esa discriminación positiva en favor de la mujer.
Si echamos la vista atrás, observamos en nuestro país un pasado, no muy
lejano, en el que la mujer, y peor si era joven, estaba condenada al
analfabetismo, a la dependencia, a la anulación social, a practicar
empleos subalternos, a la pobreza y a la degradación personal en muchos
casos. Todavía persisten culturas en el mundo, de las que no hemos estado
muy alejados en España hace apenas unas décadas, de las que puede decirse
aquello de que hay alguien más pobre y que está peor que quien peor está:
su mujer y, aún peor, su hija.
La España de estos momentos, en que recordamos el 20 aniversario del
inicio de una nueva etapa política y social, ha cambiado mucho. Una
España integrada en Europa y abierta al mundo, que al retraso secular en
el desarrollo industrial y económico, añade las crisis de adaptación a
las nuevas condiciones que impone una economía globalizada, que están
padeciendo también los países de nuestro entorno y que repercuten sobre
todo en los jóvenes, y aún más en las jóvenes. Una España en la que la
mujer ha empezado a incorporarse a la vida activa e independiente hace
unos pocos años, a reclamar su derecho a participar en un plano de
igualdad con el hombre en el desarrollo económico, social, político y
cultural de nuestra sociedad.
Es evidente que la incorporación de la mujer a la actividad laboral
ejerce una fuerte presión sobre el empleo, pero éste es no sólo un
derecho incuestionable, sino que su ejercicio debe ser un compromiso de
toda la sociedad, que debe seguir allanando el camino de las generaciones
sucesivas de chicos y chicas para quienes la degradante desigualdad de
sexos ante la educación, el empleo y la sociedad ya sólo formará parte
del recuerdo de sus mayores.
Nada más. Gracias por su atención.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, demandante de la
comparecencia, tiene la palabra la señora Pardo Raga.
La señora PARDO RAGA: Gracias, señora Directora del Instituto de la
Juventud, por venir hoy al seno de esta Comisión para atender la petición
de mi Grupo, el Grupo Popular, de que nos explique las medidas que han
adoptado en su Instituto sobre el fomento del empleo de mujeres jóvenes.
A nuestro Grupo nos preocupa sobre todo el paro juvenil y, cómo no, el
gran paro que están sufriendo las mujeres jóvenes en este momento. He
escuchado con la máxima atención su intervención y he de decirle que me
parece una mera declaración de intenciones, pero que va ahondando un poco
en el sentido de lo que deberían ser unas medidas de actuación muchísimo
más concretas, a nuestro juicio. Es verdad --y lo citaba a última hora--
la gran desigualdad que están sufriendo las mujeres, pero también
quisiera recordarle a la Directora, y que constara en el «Diario de
Sesiones», que ha sido precisamente mi Grupo Parlamentario el que ha
presentado las últimas proposiciones no de ley relativas a igualdad de
trabajo, igualdad de salario y a medidas de calidad de vida que acompañen
a la inserción de la mujer en el mundo laboral.
En muchas ocasiones, parece que el Grupo Socialista, que está sustentando
al Gobierno en este momento, esté de acuerdo con estas medidas que usted
está preconizando hoy aquí, pero convendrá conmigo que quizá no han sido
lo suficientemente acertadas, porque han desembocado en la situación que
padecen las mujeres, y más concretamente las mujeres jóvenes, en estos
momentos. Al Grupo Popular no le cabe ninguna duda de que estas
iniciativas que usted propone suponen una contribución al mejor
conocimiento de los problemas existentes --eso es verdad--, pero quizás,
a veces, tienen poco valor si no van acompañadas de medidas muchísimo más
concretas y apropiadas.
Es verdad que cada vez existe un mayor fracaso escolar y que no se ha
acometido como se debería haber hecho una formación profesional reglada,
en el momento oportuno, para que las mujeres jóvenes tuvieran la
preparación y formación profesional que en estos momentos requiere y
demanda el mercado laboral español, y también el resto de los países
europeos. España cuenta con diez millones de jóvenes con edades
comprendidas entre 16 y 28 años, y esta cifra, que en términos
proporcionales representa casi la cuarta parte de la población, coloca a
nuestro país a la cabeza de la Unión Europea. Es verdad que la tasa de
paro juvenil es la más elevada de Europa, y esto a usted le preocupa,
pero a nuestro Grupo muchísimo más porque se está manteniendo en el 42,3
por ciento. Entre los jóvenes varones, está en un 36,4, pero nos llama
muchísimo la atención la cifra tan elevada de las mujeres jóvenes, que
llega al 49,2 por ciento. Cifra elevadísima que yo creo que un Gobierno
socialista, que usted proclamaba como progresista, debería tolerar en
estos momentos. Por otra parte, si analizamos el entorno que nos rodea,
ninguno de nuestros socios comunitarios mantiene contratos de aprendizaje
para jóvenes con más de 21 años, cosa que no está
ocurriendo en estos momentos en nuestro país. Por tanto, quisiéramos que
se pudiera regular la formación profesional de acuerdo con la normativa
europea, situándola en la categoría que esta opción merece y con
programas que proporcionen al mercado laboral técnicas capacitadas.
Toda la política integral de juventud exige una constante adaptación a
los cambios y a las nuevas necesidades que la propia juventud plantea. El
análisis sobre esta situación y los problemas de la juventud en España
fueron muy estudiados, sobre todo en una Comisión especial de juventud
que se creó en el Senado y que acabó sus trabajos en noviembre de 1994,
cuyo resultado fueron 26 recomendaciones a los poderes públicos --usted
también las citaba--, que hace un año fueron presentadas. Con arreglo a
estas resoluciones se realizó el II Plan integral de la juventud, cuyos
fondos no aparecen reflejados, en opinión de mi Grupo, en los
Presupuestos Generales del Estado para 1995 y me gustaría que usted
hiciera referencia a ellos.
El Grupo Parlamentario Popular cree que ha llegado el momento de tomar
medidas concretas en algunas de las materias que se están convirtiendo en
un problema extraordinariamente grave para todas las mujeres jóvenes
españolas. Es necesario seguir profundizando en el estudio --en eso
estamos de acuerdo-- y en la posible solución de los problemas; sin
embargo, no pueden demorarse actuaciones inmediatas en los siguientes
ámbitos: formación profesional, contratación laboral y vivienda, aunque
esto último no corresponde al seno de esta Comisión. Todos conocemos las
resoluciones de la Comisión del Senado a que me refería, algunas muy
concretas sobre la creación de empleo, pero sobre todo merece especial
atención el punto 6.º, que --cito textualmente-- decía: La creación de
empleo debe ser el eje prioritario de la política de juventud y se insta
al Gobierno a continuar en la flexibilización del mercado de trabajo, sin
perder de vista el principal objetivo de conseguir empleos estables
razonablemente remunerados.
El ritmo que ha sufrido la creación de empleo en los anteriores momentos
de bonanza económica --tan cacareados aquí-- no pudo nunca superar la
masiva afluencia de nuevos demandantes de trabajo de generaciones
jóvenes, y mucho menos con la incorporación de la mujer al trabajo. Todo
ello porque las estructuras del Gobierno socialista necesitan mayor
competitividad y productividad para afrontar los nuevos retos europeos y
mundiales. Las mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes, encuentran una
gran dificultad para acceder a un trabajo remunerado fuera de su hogar.
Esto aporta, según mi criterio, la primera nota característica del
desempleo juvenil en España, y es que el desempleo es fundamentalmente
femenino. En segundo lugar, la alta proporción que hay de mujeres paradas
en larga duración. Como tercera nota quisiera añadir el concepto de
precariedad. La inserción laboral completa antes de los 20 años es muy
poco frecuente en nuestro país. Aunque sumemos los que comparten estudios
y trabajo, sólo estamos en un 14,4 por ciento de varones y un 9,1 por
ciento de mujeres jóvenes. Las diferencias de género se van ampliando con
la edad, y vemos que entre 25 y 29 años los varones están en un 58 por
ciento, mientras que las mujeres sólo alcanzan el 36 por ciento.
Si hablamos de salarios, vemos que la mitad de los varones empleados
entre 25 y 29 años tienen salarios superiores a 100.000 pesetas en un 70
por ciento de los casos y más del 20 por ciento tienen un salario
superior a 150.000 pesetas, mientras que sólo un 33 por ciento de mujeres
rebasa las 100.000 pesetas, sin que lleguen al 10 por ciento,
concretamente el 9,3, las que sobrepasan las 150.000 pesetas. Esto es
debido, señorías, a que hay un gran número de mujeres que profundizan en
estudios técnicos, pero pocas de ellas llegan a puestos de
responsabilidad, con lo cual solamente el 9,3, como decía anteriormente,
pueden alcanzar salarios superiores a las 150.000 pesetas. Sabemos, como
he citado al principio, que en esta Comisión se ha defendido por parte de
nuestro Grupo una proposición no de ley de a igual trabajo-igual salario,
pero las estadísticas, señorías, siguen siendo las que son. No podemos
sentirnos contentos por estas iniciativas que estamos llevando, porque en
la práctica sucede lo que sucede y las mujeres y los jóvenes están en
esta situación.
Un tema curioso de la juventud desempleada no consiste solamente en
aquellos que hablan de la búsqueda de empleo, sino en aquellos que, al no
encontrar trabajo, han optado por no buscarlo o prefieren el desempleo
antes que buscar un trabajo mal pagado o sin muchas posibilidades de que
sea indefinido. En este caso, las mujeres se presentan como el sector de
población con una menor participación en el mundo productivo y con un
índice de desempleo, a la vez, más elevado. Así vemos, pues, que el
número de jóvenes con deseo de trabajar o población activa disminuye.
Según las últimas encuestas ha disminuido en 329.600 personas, reflejando
así el desánimo de nuestros jóvenes, que, ante las dificultades que
encuentran para incorporarse al mercado laboral, renuncian incluso al
deseo de independizarse económicamente.
En consecuencia, la tasa de actividad juvenil disminuye en más de siete
puntos porcentuales, siendo este proceso más acusado en las mujeres que
en los hombres. Según una encuesta de EPA del tercer trimestre de 1995,
los hombres ocupados son 948,7 y las mujeres 645,2, entre 16 y 24 años; y
si analizamos la tasa de paro juvenil, según esta misma encuesta, el paro
juvenil está en el 42,3 por ciento para los hombres y en el 49,2 para las
mujeres. Por tanto, creemos que es necesario exigir a los poderes
públicos que sean ellos los que promuevan las condiciones precisas para
la participación de los jóvenes, y las mujeres jóvenes en concreto, en el
desarrollo político, social, económico y cultural, tal como establece el
artículo 48 de nuestra Constitución. Ya hemos citado los trabajos de la
Comisión especial creada a tal efecto en el Senado y también la otra
Comisión creada recientemente en esta Cámara.
También quisiera hacer referencia a que el 30 de marzo, aproximadamente,
el Ministerio de Asuntos Sociales ha dicho, como usted exponía antes, que
dedicará al segundo plan de juventud 22.000 millones de pesetas, para
poner solución a los principales problemas de la juventud española, el
trabajo y la vivienda, según anunció a los medios de comunicación la
señora Alberdi. Sin embargo, en el presupuesto del Ministerio de Asuntos
Sociales no se refleja
esta partida presupuestaria que se va a dedicar a los dos objetivos
expuestos.
Si, como usted decía antes, el objetivo del segundo plan es fomentar el
empleo de los jóvenes, no se puede decir que se haya avanzado un ápice
después de las encuestas de la EPA del tercer trimestre que les he
reflejado. Quisiera saber, pues, qué medidas concretas, que no sean las
buenas intenciones de siempre, ha previsto el plan para crear puestos de
trabajo para las mujeres jóvenes. ¿Cuántos puestos de trabajo tienen
previsto que se creen?
Usted misma, señora Directora, manifestaba el 28 de febrero de 1995 en el
seno de esta Comisión que el Instituto es el organismo encargado de
coordinar el cumplimiento del plan, pero su capacidad de incidir
directamente sobre la disminución de empleo juvenil parece que ha sido
muy pequeña, por no decir prácticamente nula después del reflejo de las
encuestas. ¿Nos quiere, pues, decir qué medidas concretas se van a
aplicar para cumplir el primero de los objetivos de este segundo plan del
Instituto de la Juventud, esto es, lo que usted apuntaba anteriormente,
la autonomía personal de los jóvenes mediante la integración laboral?
Hemos constatado que España es el país que menos gasta en relación con el
producto interior bruto en políticas activas del mercado de trabajo. Hay,
sin embargo, gastos destinados a políticas de desempleo, un tercio de la
media comunitaria, y gastos destinados a prestaciones por desempleo, tres
veces la media comunitaria. Podemos afirmar, por tanto, sin demagogias,
que nuestra juventud y su futuro presentan un panorama tan lamentable
gracias al Gobierno socialista, a sus políticas de educación y formación
profesional y a su incapacidad para fomentar la creación de empleos.
Quisiera, si es posible, que usted me dijera a cuántas mujeres jóvenes
españolas llega el convenio de colaboración firmado el 21 de septiembre
de 1994 con Secot. Usted ha explicado muy bien en qué consiste ese plan,
pero no nos dice a cuántas mujeres jóvenes llega. ¿Cuántas cooperativas o
empresas se han creado con este segundo plan, o incluso con el primero?
¿Cuántas mujeres jóvenes han accedido al autoempleo como consecuencia de
este convenio? ¿Cuántas mujeres jóvenes se han convertido en empleadoras
y de cuántos puestos de trabajo estamos hablando? ¿Puede desglosarnos un
poco más esos diez proyectos de formación establecidos en cooperación con
la Federación Española de Municipios?
Antes hacía usted mención a que, en torno a marzo, la Ministra de Asuntos
Sociales se reunía precisamente con usted, como Directora del Instituto
de la Juventud, con una Diputada que está aquí presente, que es Carmen
Romero, con Joaquín Almunia y con Enrique Curiel para hablar del plan, y
la señora Alberdi dijo que estaba teniendo un grado alto de cumplimiento.
Quisiéramos comprobar si esto es cierto y, si me permiten, señorías,
hacer referencia a una frase del señor Almunia, portavoz del Grupo
Socialista, al que para valorar ese plan lo único que se le ocurrió decir
fue que el señor Aznar en el programa del PP publicado en el periódico
«El Mundo» no dice ni una sola línea sobre política de juventud. Parece
grave que un portavoz de un grupo mayoritario en esta Cámara, como el
señor Almunia, se atreva a hacer referencia a un periódico, cuando
presumen de que no los leen, y haga alusión al señor Aznar cuando todavía
no está gobernando y son ustedes los que tienen que aplicar las políticas
activas, porque para eso, en este momento, están elegidos por todos los
españoles y están en el Gobierno de la nación.
¿No le parece, según su intervención --que, como les decía anteriormente,
he seguido con bastante atención--, que son demasiados estudios y, al
final, las mujeres jóvenes le van a tener que pasar cuenta al Gobierno
socialista, a ustedes, por una incapacidad concreta de llevar adelante
medidas de actuación? Justifican, parece, su incapacidad y su falta de
previsión siempre con la misma propuesta: profundizar en estudios,
reuniones con grandes sectores, que ya he dicho al principio de mi
intervención que me parecen necesarios, pero también cree nuestro Grupo
que hay que pasar del estudio a la acción. Usted ha hecho referencia a
estos veinte años de democracia. Efectivamente llevamos ya veinte años,
creemos que es suficiente para haber profundizado en los temas que
afectan a las mujeres, concretamente a las mujeres jóvenes, y que, de
alguna manera, tenemos que pasar ya a crear nuevas expectativas para
ellas.
También hay que decir que ustedes hacen siempre demagogia diciendo que es
el Partido Socialista el que ha procurado que la mujer salga de su
entorno y trabaje. Permítame decirle, señora Directora General, que es la
propia mujer la que ha tenido necesidad de salir y que ha sido ella la
gran protagonista de su incorporación, tristemente en una proporción
pequeña, al mundo laboral, pero no hagamos demagogia porque esto no
depende de ningún grupo, es simplemente una característica especial que
la sociedad está demandando, que la mujer la hace suya y lo que quiere es
trabajar.
Como usted ha citado, y lo sabe bien, hay unos programas establecidos por
la Comunidamd Económica Europea a los que pueden acceder los jóvenes. Sin
embargo, los jóvenes españoles, y las mujeres en concreto, muchas veces
no tienen acceso a estos programas europeos por falta de información, a
pesar de tantos panfletos como ustedes están editando, porque tienen
dificultades de gestión y ausencia de las aportaciones económicas que las
administraciones de cada Estado miembro deben facilitar.
El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea lamenta que España, siendo el
país con mayor tasa de paro, encabece la lista de países con fondos
bloqueados (53.000 millones de pesetas destinados a combatir el
desempleo) por falta de transparencia en el Inem. El Tribunal destaca que
ha quedado sin utilizar el 27 por ciento de los fondos comunitarios por
falta de proyectos presentados. Esto quizá lo deberían saber muchísimo
más las mujeres que, en estos 20 años que llevamos de democracia, no han
recibido estos millones que podían haberse utilizado para la creación de
empleo). Así, pues, señorías, el problema del paro en las mujeres jóvenes
es para el Grupo Popular el principal problema, junto con el de los
jóvenes varones, qué duda cabe, pero que están en mejor situación que las
mujeres. Este problema, como decía, es el prioritario para nuestro Grupo,
además del terrorismo y de la inestabilidad política que desgraciadamente
nos abate el ánimo desde hace unos cuantos meses.
También nos preocupa que sean tantas las mujeres jóvenes sin empleo. Esto
significa que el futuro del país es incierto, porque falta savia nueva,
porque faltan mujeres jóvenes con ilusión, con ideas acordes con estos
tiempos, por no hablar de una juventud sin ingresos, a expensas muchas
veces de lo que buenamente le puedan dar sus padres. Esa es una juventud
que poco a poco cae en la desidia, en la falta de iniciativa y a veces en
la delincuencia y, sobre todo, como se está viendo en la Ponencia que
está en la sede de esta Comisión, en la feminización de la pobreza,
desgraciadamente.
Por tanto, señora Directora General, tenga usted en cuenta que todas
aquellas medidas positivas que tengan un resultado aceptable contarán con
nuestro apoyo, pero en estos momentos su Gobierno es el culpable de que
haya gran número de jóvenes que luchan contra la depresión por no poder
conseguir un primer empleo, muchas veces, independizarse y tener su
propia casa, formar su familia y, sobre todo, vivir su vida propia, de lo
que ustedes, en este momento que están en el Gobierno, son los culpables.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la señora Romero.
La señora ROMERO LOPEZ: La verdad es que esta Diputada no sale de su
asombro al ver cómo, a medida que avanza la legislatura, se eleva el tono
de las intervenciones del Partido Popular y alcanzan los niveles que
estamos contemplando.
En primer lugar, quiero agradecer a la Directora General de Juventud la
exposición tan rigurosa que ha hecho y la gran amplitud de datos que nos
ha aportado acerca de una problemática tan compleja como es la de
desempleo y la repercusión en la juventud en España. Quisiera
agradecérselo sinceramente, porque hemos tenido ocasión de ver
pormenorizadamente todos los programas, el inmenso esfuerzo del Plan de
juventud y, al mismo tiempo, todas las iniciativas que se han planteado,
no solamente desde España, sino desde la Comunidad Europea, para abordar
este tema.
Tengo la impresión, después de haber escuchado a la Diputada del Partido
Popular, de que esta intervención de hoy ha sido preparada en respuesta a
la propuesta de mi Grupo en el Congreso para la creación de una ponencia
sobre juventud que tratara de los temas específicos de empleo y vivienda,
haciéndonos eco del informe sobre la juventud que había redactado el
Senado y al que ha hecho referencia la señora Diputada.
Francamente, después de escuchar su intervención, no creo que este debate
haya servido en nada para reflexionar sobre el problema que tienen los
jóvenes y las jóvenes ni para aportar ningún tipo de iniciativa ni de
medida constructiva. Más bien parecería que la intervención ha ido a
descalificar, con una curiosa frase que ahora suele utilizar mucho el
Partido Popular y es aquella de «no hagamos demagogia». Digamos que esa
frase es el encubrimiento de toda una política de demagogia que tiende,
sobre todo, a utilizar a aquellos colectivos que tienen dificultades; hoy
le ha tocado a las jóvenes. Digo esto, porque no es solamente una
descalificación que no aporta ningún dato que nosotros no conozcamos,
sino que incluso pone sobre la mesa actuaciones sin ningún tipo de
prueba, cuestiones que no se fundamentan en hechos. Desde nuestro punto
de vista, su utilización ligera es grave y demuestra ese tono, al que
antes me refería, que utiliza el Partido Popular en este final de
legislatura.
No se ha aportado ningún dato nuevo que no conociéramos ya. Más bien ha
sido un magma en el que aparecían muchas cuestiones mezcladas, con
algunas apreciaciones que nos llevan a reflexionar si en realidad de lo
que se está hablando no es de iniciar un cambio de tendencia económica
que afecte sobre el empleo. Cuando se habla de que las estructuras del
Gobierno Socialista necesitan mayor competitividad, francamente nos lleva
a preguntarnos a qué pueden hacer referencia esas estructuras del
Gobierno Socialista, si es a nuestra economía. Cuando se habla, por
ejemplo, de que los poderes públicos son quienes tienen que promover el
empleo, uno se pregunta a qué tipo de sistema económico se están
refiriendo, qué perspectivas subyacen tras estos planteamientos. Es
verdad que después se habla de algún tipo de medidas, porque hay una
apelación muy curiosa --que nos hace pensar en épocas pasadas-- a medidas
concretas, como si la problemática en la que nos estamos moviendo, además
de esas medidas concretas, no nos forzara a hacer reflexiones mucho más
profundas, como de hecho están produciéndose y no solamente en España
sino en la Comunidad Europea. Por eso, cuando se habla de esas medidas
concretas apenas si vislumbramos que, al final, el caballo de batalla es
el contrato de aprendizaje, como ocurrió en el debate sobre la reforma
del mercado de trabajo, sin que haya ningún tipo de alternativa a este
contrato de aprendizaje, cuyo parámetro es el europeo, y que mi Grupo,
por la alta tasa de paro joven, amplió a la edad de 25 años.
Toda la discusión, por tanto, se centra en este tipo de contratos, pero
ni siquiera se ha avanzado en el sentido que se avanzó en la Ley de
medidas para la ocupación, ni siquiera se ha avanzado en el sentido de
que se podría ir a una contratación temporal que cubriera el margen de 21
a 25 años; contratación temporal que, por cierto, no rebajaba la
fiscalidad. No se piensa cómo se puede incentivar el empleo para esa
franja de edad si esa medida que proponía entonces el Partido Popular no
rebajaba la fiscalidad, sabiendo, como sabemos, que el actual contrato de
aprendizaje tiene una cuota mínima para favorecer el empleo. Discutir
sobre esos temas de fondo tal vez sea hoy banal, porque las perniciosas
vaguedades que aquí se han oído no nos permiten entrar en una reflexión
más profunda. Podríamos hablar de las altas tasas de actividad provocadas
también por el crecimiento demográfico, sobre todo en el sur de España;
podríamos hablar de la revolución de las tecnologías; podríamos hablar de
las infinitas variables que están por debajo de la encuesta de población
activa y que nos demuestran la disponibilidad y otros factores muy
importantes para el empleo; podríamos hablar de los cinco puntos de la
cumbre de Essen. Pero eso sería hacer una reflexión en serio y hoy la
Diputada del Partido Popular no ha venido a reflexionar en serio, no ha
venido a tratar del empleo
de las mujeres jóvenes: ha venido simplemente a hacer puro electoralismo.
El señor PRESIDENTE: Para responder a las intervenciones de los grupos,
tiene la palabra la señora Directora General.
La señora DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD (Escapa
Garrachón): Por lo que se refiere a la Diputada del Grupo Popular, voy a
tener mucho gusto --si es que no lo tiene, porque ya lleva mucho tiempo
publicado-- en enviarle el Plan de Juventud 1994-1997, donde a partir de
un diagnóstico de la situación actual de nuestros jóvenes --en lo que yo
creo que no se ha hecho ningún tipo de demagogia, sino que se refleja la
preocupación, lógicamente, del Gobierno por el importante porcentaje de
desempleo juvenil-- se proponen 300 actuaciones concretas de todos los
ministerios implicados con responsabilidades sectoriales en las políticas
del Gobierno. Si hablamos de empleo, hablamos del Ministerio de Trabajo;
si hablamos de vivienda, hablamos del de Obras Públicas; y podemos seguir
con el Ministerio de Educación.
¿Qué hace el Ministerio de Asuntos Sociales desde el Instituto de la
Juventud cuando se habla de un plan de juventud? Lo que hace al final es
impulsar y coordinar las políticas sectoriales dirigidas a toda la
población en general y hablar en específico y en monográfico de nuestros
jóvenes. Y digo jóvenes chicos y chicas, porque recuerdo otra vez que soy
la Directora del Instituto de la Juventud y que puedo dar datos sobre la
situación de las mujeres jóvenes, lógicamente, pero no sobre el tema de
la mujer en general, que yo creo que no sería el objeto de mi
comparecencia en este caso. Como digo, desde el Instituto se impulsan
esas políticas sectoriales dirigidas al sector específico de jóvenes.
Lógicamente, se detecta que en el caso de mujeres jóvenes tienen
problemas añadidos al hecho de ser jóvenes y por eso también se recogen
medidas específicas. Lo cuento porque al final, lógicamente, el Plan de
Juventud como tal no tiene presupuesto. Lo que consigue es que en esas
políticas sectoriales cada uno de los ministerios que participan --que
están todos y de todos hay 40 centros directivos colaborando en el plan
de forma permanente--, además de las actuaciones que se tenían previstas,
lógicamente desde la responsabilidad sectorial, se pueda ahondar en los
problemas de la población juvenil y diseñar medidas específicas para la
población juvenil en general y, a lo mejor, como es el objeto de la
comparecencia, de la mujer en particular.
Por tanto, digo que tendré el gusto de enviárselo porque ahí no aparece
simplemente una declaración de intenciones: ahí aparecen actuaciones
concretas, aunque posiblemente no sean suficientes y haya que seguir
avanzando en la solución de los problemas. Yo estoy de acuerdo con usted
en que hay que estar muy al día de lo que está pasando a la gente joven.
Para eso precisamente son los estudios, no simplemente para tener más
literatura. Los estudios sociológicos del Instituto de la Juventud, que
yo creo que tienen prestigio a nivel no sólo nacional, sino
internacional, permiten, además de nuestra relación con el Consejo de la
Juventud de España y con el movimiento asociativo juvenil, que
permanentemente nos reciclemos.
Tiene esto que ver también con que el Plan de Juventud no sea cerrado.
Aunque se aprobó en 1994, estamos hablando de un plan abierto.
Periódicamente se reúnen mesas de trabajo por áreas donde se revisa no
solamente el seguimiento de las actuaciones que desde un principio se
diseñaron por los distintos ministerios con responsabilidades
sectoriales, sino que, además, se van incorporando actuaciones nuevas en
ese convencimiento de la necesidad de estar al día y dar permanentemente
respuestas a los problemas de nuestros jóvenes.
Me habría gustado que en lugar de que usted me dijera que este plan es
solamente una declaración de intenciones --cuando tenga tiempo para
leerlo despacito, verá que hay muchas medidas concretas, y estoy con
usted en que posiblemente se necesiten más, pero ahí hay 300 actuaciones
concretas que asume el Gobierno, que asumen todos y cada uno de los
ministerios que tienen competencia sectorial en todas esas áreas que
integralmente afectan a nuestros jóvenes-- me hubiera lanzado propuestas
concretas también, porque el Instituto está absolutamente abierto a
recoger permanentemente propuestas concretas, vengan de ustedes, vengan
de la Federación de Municipios y Provincias, vengan del Consejo de la
Juventud de España, vengan de donde vengan: todas aquellas que veamos que
tienen por finalidad seguir avanzando en la elaboración de las
soluciones. He visto más declaración de intenciones que propuestas
concretas, de las que, como digo, en el plan hay muchas.
Los grandes problemas no se resuelven con proyectos piloto desde el
Instituto de la Juventud. Lógicamente, se hace desde las políticas de
empleo, educación, vivienda. Usted ha tratado un poco todas y me remito a
todo lo que aparece en el plan de cada uno de estos ministerios
responsables sectoriales. Lo que pretende el Instituto, además de
impulsar y coordinar la política de juventud en esas mesas
interministeriales, donde se va viendo permanentemente la situación de
nuestros jóvenes y la evolución de los diferentes problemas que puedan
tener, es ir avanzando en el diseño de proyectos o programas piloto que
sirvan para complementar las grandes políticas sectoriales que finalmente
son las que tienden a la resolución de los grandes problemas.
Usted me ha preguntado por el convenio con Secot. Le remitiré información
de ese convenio, pero he de recordarle que es un proyecto piloto, que,
desde luego, beneficia a muchos jóvenes, pero la gran solución de los
problemas seguramente no está ahí. Le remitiremos información de ese
convenio, como podemos remitirle información del convenio que tenemos con
la Federación Española de Municipios y Provincias, que al igual que el
año pasado, se ha vuelto a firmar este año con el claro convencimiento
por nuestra parte de impulsar las políticas de juventud en el ámbito
local como el espacio más próximo a los jóvenes y más eficaz para el
ciudadano.
Me sorprende felizmente su preocupación por los problemas de la gente
joven en general y de nuestras jóvenes en particular y que nos anime a
seguir trabajando y avanzando
en la resolución de los problemas. Me sorprende también que eso no vaya
acompañado de una política claramente decidida por parte del Partido
Popular en aquellas comunidades autónomas y ayuntamientos donde sí
gobiernan. Hasta las últimas elecciones municipales y autonómicas, ni una
sola de las ocho comunidades autónomas, de las 17 que tenían Plan de
Juventud era del Partido Popular; todas eran de gobiernos socialistas y
una de ellas de gobierno de Convergència i Unió. Posiblemente es que
ustedes consideran que la política de juventud y de la mujer hay que
hacerla de otra forma, pero de cara a la población o de cara a una
discusión política es muy difícil entender esa gran preocupación que
ustedes tienen. En declaraciones de política general previas a esas
elecciones decían: el día que gobernemos, vamos a incentivar el empleo y
la vivienda de nuestros jóvenes, etcétera. Pero para nada se ha
visualizado en territorios donde ustedes sí que han tenido o donde ahora
tienen responsabilidad de gobierno. Estoy hablando de comunidades
autónomas y ayuntamientos donde no hay ni un solo plan de juventud y
donde las políticas que se diseñan para la juventud tienen mucho que ver
con el ocio y el tiempo libre; para nada se está impulsando desde los
organismos específicos de juventud allá donde los hay --por lo menos con
el nombre de direcciones de deportes, juventud, educación y juventud--,
políticas de empleo, de vivienda y todo aquello que a usted le preocupa
tanto. Yo, desde luego, comparto esa preocupación. No sé si podemos
discutir si a usted le preocupa más que a mí, pero, desde luego, me
preocupa mucho y también al Gobierno.
Podríamos seguir, pero casi es mejor que le remita ese Plan de Juventud,
en el que, desde luego, se ha hecho un esfuerzo importante por ir
avanzando en la solución de los problemas.
Yo no estoy de acuerdo con usted en que las mujeres jóvenes participen
menos porque tienen menos iniciativas, que los jóvenes busquen menos el
empleo porque están muy desesperados de la vida y casi desisten. Yo no
estoy de acuerdo en que nuestros jóvenes son generalmente violentos. (La
señora Pardo Raga: No he dicho eso.) No, lo digo por la imagen negativa
que permanentemente sale en los medios de comunicación de nuestra
población juvenil, que para nada se corresponde con la mayoría de
nuestros jóvenes, esos casi diez millones de jóvenes. Tenemos una gran
suerte, porque cuando hablamos de determinados problemas de la población
juvenil --que los hay--, en algunos casos se refieren a grupos pequeños
de gente joven, pero mayoritariamente nuestros jóvenes forman una
población juvenil cualificada, con ganas de participar y de dejar de ser
problema, que quieren formar parte de esa solución. Para todo ello hay
que apoyar el movimiento asociativo juvenil y hay que crear unos cauces
específicos en políticas de juventud que desde los gobiernos socialistas
se han dibujado claramente mediante un Instituto de la Juventud, con el
apoyo decidido al movimiento asociativo juvenil, así como la creación de
los planes de juventud, donde se anima a las políticas sectoriales para
que tengan presente a la población juvenil en aquellos problemas
específicos del momento. Todos estos años se han tenido en cuenta estas
políticas y aunque yo me creo su gran preocupación, después es muy
difícil visualizar esa preocupación en políticas de juventud y en
animación de políticas sectoriales desde una óptica de juventud en esos
gobiernos autonómicos y municipales en los que está el Partido Popular.
Respecto a cuántos puestos de trabajo se van a crear desde el plan, yo
siempre doy por hecho que se conoce la cifra. Sin embargo, he de decir
que los puestos de trabajo no los crea el Gobierno, el Gobierno puede
poner las medidas específicas o buscar los incentivos a colectivos
determinados en situación de desempleo, pero la creación de empleo
depende del sector empresarial. Si no existieran --y ya lo he comentado
anteriormente en mi intervención-- esas políticas específicas para el
incentivo del empleo de jóvenes o esas políticas específicas de empleo
para las mujeres jóvenes en este caso, y se dejaran simplemente a la
libre concurrencia de las empresas, al convencimiento y al cambio de
cultura de la sociedad por inercia, creo que estaríamos hablando de otras
tasas de desempleo de mujeres jóvenes, no serían las mujeres a las que
hoy hacemos referencia.
Me alegra que esta comparecencia haya tardado año y medio en producirse;
se me comunicó en mayo de 1994, pero el transcurso del tiempo ha
permitido que el contrato de aprendizaje haya rodado, de otro modo
habríamos empezado hablando de la filosofía del contrato de aprendizaje.
Ahora, después de año y medio ya se sabe cómo funciona el contrato de
aprendizaje y estamos hablando de 340.000 contratos de aprendizaje para
nuestros jóvenes como forma de romper el círculo vicioso de esa primera
experiencia en el mundo del trabajo y ese aprender a trabajar con la
incorporación, por primera vez, al mercado laboral.
Termino mi intervención, señor Presidente, pero si desean hacer algún
matiz especial, puedo contestar. (La señora Pardo Raga pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Pardo.
La señora PARDO RAGA: Gracias, señor Presidente, por su benevolencia.
Sólo intervendré durante un segundo.
Simplemente quiero decir que la intervención de la señora Directora
General está fundamentada y que me alegro de sus buenas intenciones. Sin
embargo, en la última EPA se constata que el 49,2 por ciento del paro
juvenil en mujeres jóvenes en España es muy elevado. Esto no es algo que
yo me acabo de inventar, figura en este documento que he recibido. Lo
digo para que conste en el «Diario de Sesiones».
Quiero contestar a dos cuestiones que ha mencionado en su intervención.
Primero, ustedes se quejan de que nosotros no hacemos propuestas
concretas. Creo que nuestra misión, como Grupo mayoritario de la
oposición, no es la de lanzar las propuestas, sino la del seguimiento al
Gobierno. Segundo, en trece años de Gobierno el resultado es el que
tenemos y, sin embargo, critican nuestras propuestas en comunidades
autónomas. Llevamos gobernando cinco meses y no creo que la equiparación
sea igualitaria.
El señor PRESIDENTE: ¿Desea intervenir la Directora General? (Pausa.)
La señora DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD (Escapa
Garrachón). Ustedes llevan gobernando cinco meses en determinadas
comunidades autónomas, pero hay otras comunidades autónomas en las que
llevan bastantes años gobernando. También quiero decirle que el Gobierno
de España también es su Gobierno, no hay que decir «su Gobierno», sino el
de todos.
Queda mucho por hacer y se seguirá trabajando. Estoy segura que ustedes
harán muchas propuestas concretas, pero creo que no habría que esperar a
que ustedes gobiernen algún día; si tienen propuestas concretas para ir
resolviendo los problemas de hoy de la población juvenil y de las mujeres
jóvenes, sería muy importante, por responsabilidad política con la
población y con los jóvenes, que ustedes adelantaran esas propuestas.
Seguiremos trabajando en el desempleo juvenil. Me quiero referir,
lógicamente, a la intervención de...
El señor PRESIDENTE: Señora Directora General, esta última intervención
no es para recoger todos los olvidos, sino para responder a la última
intervención de la señora Pardo.
La señora DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD (Escapa
Garrachón): No he discutido para nada con S. S. los datos de la EPA. No
dispongo del último informe, posiblemente usted lo haya recogido de los
medios de comunicación, yo hasta que no tengo la encuesta en la mano no
suelo verlo. También hay que decir que conviene avanzar en la
contratación del empleo de mujeres jóvenes. (La señora Pardo Raga: Sí, yo
lo tengo en la mano.) No, si yo no digo nada. (La señora Pardo Raga: Sí,
dice que he recogido la información de los medios de comunicación.) Le
decía que a lo mejor era una información que S. S. había recogido de los
medios de comunicación...
El señor PRESIDENTE: Por favor, están excluidos los debates por propia
iniciativa, sin el control de la Mesa.
La señora DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD (Escapa
Garrachón): Siento que se organice el diálogo, señor Presidente.
Sí quiero decirle, señoría, que agradecería que todas las propuestas
concretas que tengan nos las hagan llegar y que estaría bien que ahora
que ustedes gobiernan en mayor número de comunidades autónomas, todas
estas propuestas, además de las políticas generales, las pongan en marcha
en sus comunidades, porque se lo agradecerán las mujeres en general y las
jóvenes en particular.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Directora General. Con sus
palabras, damos por concluida su comparecencia.
Señorías, se levanta la sesión.
Era la una y cincuenta minutos de la tarde.