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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 625, de 23/11/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 625
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
PRESIDENTE: DON JOSEP PAU I PERNAU
Sesión núm. 40
celebrada el jueves, 23 de noviembre de 1995
ORDEN DEL DIA:
Aprobación, con competencia legislativa plena, a la vista del informe
elaborado por la Ponencia, del proyecto de Ley por la que se adoptan
medidas extraordinarias, excepcionales y urgentes en materia de
abastecimientos hidráulicos como consecuencia de la persistencia de la
sequía. (Procedente del Real Decreto-ley 6/1995, de 14 de julio) (BOCG,
serie A, número 126-1, de 31-7-1995. Número de expediente 121/000110)
(Página 18936)
Comparecencia del Secretario General de Desarrollo Rural y Conservación
de la Naturaleza (señor Tió Saralegui), para informar del avance del Plan
nacional de regadíos. A solicitud del Gobierno. (Número de expediente
112/001767) (Página 18945)
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
--APROBACION CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME
ELABORADO POR LA PONENCIA, DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ADOPTAN
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS, EXCEPCIONALES Y URGENTES EN MATERIA DE
ABASTECIMIENTOS HIDRAULICOS COMO CONSECUENCIA DE LA PERSISTENCIA DE LA
SEQUIA (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 6/1995, DE 14 DE JULIO). (Número
de expediente 121/000110.)
El señor PRESIDENTE: Antes de entrar en la tramitación del orden del día
que, como conocen SS. SS. tiene dos puntos, el primero es la aprobación
con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por
la Ponencia, del proyecto de ley por la que se adoptan medidas
extraordinarias, excepcionales y urgentes en materia de abastecimientos
hidráulicos como consecuencia de la persistente sequía y, el segundo, la
comparecencia del Secretario General de Desarrollo Rural, para informar
del avance del Plan de regadíos, quiero comunicar a la Comisión que, dado
que en la anterior reunión de la misma se suscitó una ligera discusión
sobre el procedimiento a seguir respecto a la tramitación de este
proyecto de ley, se consultó a la Mesa del Congreso, y la mencionada Mesa
del Congreso ha acordado lo siguiente: Trasladar a la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca que la Mesa de la Cámara, en su reunión
del 17 de octubre, estableció que, en aquellos casos en los que al
tramitarse una iniciativa por el procedimiento de competencia legislativa
plena en una comisión, se introduzcan modificaciones en la fase de
Ponencia, es admisible mantener como votos particulares los textos
originarios de dicha iniciativa que resulten modificados.
En segundo lugar, comunicar a la Comisión, en cuanto a la segunda
cuestión planteada y atendiendo al informe elaborado por el letrado de
la misma, que tras la votación de los votos particulares y de las
enmiendas vivas, procede que se someta a votación el texto de la
iniciativa tal y como figura en el anexo del informe de la Ponencia.
En ese sentido, ya que por parte del Grupo Socialista se mantuvo como
voto particular el texto final del proyecto de ley, le daré la palabra
para defender el voto particular.
El señor Roncero tiene la palabra.
El señor SEDO I MARSAL: Una cuestión de orden, señor Presidente. ¿Nos
podría dar escrito de la resolución de la Mesa del Congreso y de la
solicitud de la Comisión?
Señor Presidente, el mismo día que nosotros hacíamos una especie de acto
comediante reuniéndose la Ponencia de nuevo para hacer esta consulta, ya
había entrado en la Mesa de la Comisión y llegado a la Mesa del Congreso
otro escrito firmado por la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista,
señora Mendizábal, haciendo una serie de observaciones, y aquel mismo día
que nosotros estábamos reunidos discutiendo si tenían que avanzar los
votos, si serían válidos o si volveríamos atrás, ya estaba en la Mesa un
documento que iba dirigido a la Mesa de la Comisión y que desconocía. Por
eso quisiera tener todos los escritos para completar el expediente.
Gracias por disponer ahora de los documentos que me entregan, pero quería
hacer constar que en este debate ha habido una serie, no diré de
irregularidades, pero sí al menos de anomalías en cuanto a los
procedimientos que se han seguido.
El señor PRESIDENTE: Señor Sedó, ninguna anomalía, sino todo lo
contrario. Hubo una pequeña discrepancia sobre el procedimiento a seguir,
se ha consultado a la Mesa del Congreso, que ha dictado una resolución
en la cual apoya íntegramente la posición que mantenía el Presidente de
la Comisión en aquella sesión. La comunicación es del 27 de octubre y la
Comisión fue mucho antes.
El señor SEDO I MARSAL: Sí, pero a través de una consulta anterior, no
de la que hizo la Mesa.
El señor PRESIDENTE: No ha lugar.
El señor Roncero tiene la palabra.
El señor RONCERO RODRIGUEZ: En aquel debate que S. S. ha descrito y que
el señor Sedó también ha mencionado, nosotros advertíamos que nuestro
grupo, independientemente de lo que estaba sucediendo, haría esa
consulta, porque teníamos conocimiento de que la consulta se iba a hacer
aquel día, decidiéramos lo que decidiéramos, dio la casualidad de que
parece ser que se había hecho en aquellos momentos y fue resuelta, no sé
si el mismo día o al día siguiente, en el sentido expuesto por la
Presidencia.
El motivo del voto particular es lógico. Estamos tratando de la
tramitación de un proyecto de ley proveniente de la convalidación de un
Real Decreto-ley, que fue informado en Ponencia, con la ausencia de los
ponentes de Izquierda Unida, produciéndose en aquellos momentos una
votación en la Ponencia que eliminaba parte del articulado del decreto
proveniente del Gobierno, dos artículos de los tres con que constaba.
Nuestro grupo en aquella Ponencia advirtió que presentaría voto
particular, con un error, tengo que confesar, pero que no vamos a
reivindicar aquí ahora, de que nos referimos solamente a los artículos
2.º y 3.º que se suprimían y no a las enmiendas que también suprimían
parte del texto de la exposición de motivos. No vamos a hacer ahora
«casus belli» ni cuestión de batalla, porque efectivamente en aquel
momento, con la urgencia de presentar el voto particular por analogía con
lo que sucede en los dictámenes de Comisión a Pleno, reivindicábamos el
mantenimiento del texto del proyecto del Gobierno en los artículos que
modifican en concreto algunos aspectos de la Ley de Aguas. Creemos que
son importantes dentro del espíritu de lo que es el proyecto de ley
proveniente de ese decreto que vamos a debatir, sobre medidas
extraordinarias, excepcionales y urgentes en materia de abastecimientos
hidráulicos, como consecuencia de la persistencia de la sequía. Esas
modificaciones de la Ley de Aguas vienen a poner de manifiesto
que en esas causas excepcionales --una de ellas transitoria, la otra
definitiva-- haya un mayor rigor en la penalización de las conductas
anticívicas en cuanto al respeto de las medidas extraordinarias que se
puedan promover para el uso racional y para el ahorro del agua. Creo que
en eso estamos todos de acuerdo; podrá criticarse o no --como pueden
hacer algunos grupos-- si se ha actuado en todos los campos con las
posibilidades o si había más margen de maniobra, pero desde luego
modificar estos dos aspectos de la Ley de Aguas que contempla el artículo
2.º y el artículo 3.º del Real Decreto y que queremos recuperar en el
proyecto de ley, sí puede contribuir a esa mayor percepción por los
ciudadanos y por los usuarios de que ese rigor puede ser inexorable y
llevar a meditar que no deben cometerse tropelías en el uso del agua y,
por tanto, llevar al uso --como todos deseamos-- más racional de un
recurso escaso, como conocemos, y en el que todos debemos poner el mayor
interés para su mejor utilización. Por eso hemos presentado este voto
particular, para recuperar esos textos del articulado y debatir con los
textos del articulado las enmiendas que quedan vivas, que pueden mejorar
el texto que proviene del propio decreto y que en el debate posterior,
si ese voto particular es aceptado, podemos enriquecer con aportaciones
de distintos grupos.
El señor PRESIDENTE: Para turno en contra, tiene la palabra la señora De
Palacio.
La señora DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI: Efectivamente, es para un turno
en contra. El turno en contra es fundamentalmente a las modificaciones
del régimen sancionador, artículo 109, y del régimen concesional,
artículo 63, que contempla y configura en la actualidad la Ley de Aguas.
En primer lugar, me voy a referir al aumento de las sanciones, es decir,
a la modificación del régimen sancionador, artículo 109 de la Ley de
Aguas. Dice el Señor Roncero --y en eso sólo puedo estar de acuerdo con
él-- que es absolutamente necesario en nuestro país mejorar y optimizar
la gestión del agua. Creo que ahí todos los aquí presentes coincidimos
plenamente. Lo que pasa es que no por amenazar de mayores males a la
gente, ésta actúa de una manera, cuando resulta que las sanciones que ya
existen en este momento no se aplican. Me explico. La actual Ley de Aguas
tiene ya un régimen sancionador que funciona cuando se produce una
situación como la contemplada en el artículo 56, es decir, una situación
de escasez o de sequía reiterada y extrema, que lamentablemente no se ha
aplicado a lo largo de estos años y la realidad es que sanciones, multas
de las consideradas muy graves en los últimos cuatro años de sequía
extrema no se han puesto. Si resulta que estamos hablando de que la
reiteración de una conducta es la que va a dar lugar a esta sanción
extraordinaria y absoluta, como es la supresión, la pérdida, la caducidad
de la concesión, entendemos que llegar a esos extremos tendría sentido
si el actual régimen sancionador no fuera suficiente; pero el problema
es que el actual régimen sancionador está prácticamente inédito, salvo
en multas menores, en sanciones menos graves, en alguna rara ocasión
graves; pero desde luego, en el caso de muy graves no se han llegado a
utilizar ese recurso que ya dispone la Ley. En ese sentido, entendemos
que si no se aplican las sanciones que ya hay, no tiene sentido aumentar
el grado de dichas sanciones. En caso de aceptarse que hubiera que
aumentar ese nivel de sanciones, desde luego nosotros entendemos que el
texto que proponía el Gobierno y que, lamentablemente, está vigente, por
cuanto fue aprobado por Decreto-ley y convalidado por esta Cámara, es
contradictorio, porque las sanciones habituales que contemplaba como muy
graves la Ley de Aguas, resulta que tenían que ser adoptadas por acuerdo
de Consejo de Ministros, y la sanción extrema, que es la caducidad de la
concesión, es sencillamente responsabilidad del Ministro de Obras
Públicas, con el correspondiente expediente, por supuesto. Por tanto, en
cuanto a este punto quiero reiterar que la Ley de Aguas tiene ya un
régimen sancionador para evitar los abusos en general y, en particular,
en épocas de sequía; que lamentablemente el problema es que no se aplica
ese régimen sancionador; que lamentablemente no funciona adecuadamente
la policía de aguas en las confederaciones, entre otras cosas porque,
como muy bien sabe el señor Roncero, los guardias fluviales que hay en
toda España no llegan a los 500 y muy posiblemente sean insuficientes;
pero es que además de que son insuficientes, no llevan a cabo este tipo
de denuncias y no se ha producido a lo largo de este tiempo el uso que
permite y que faculta la actual Ley de Aguas en orden a castigar con
sanciones muy graves actuaciones totalmente insolidarias, desde luego,
porque eso es de lo que se trata, de actuaciones insolidarias cuando
alguien abusa del agua escasa en un momento de sequía.
Paso a ocuparme de la modificación del régimen concesional, de la
modificación del artículo 63 de la Ley de Aguas. En este caso estamos en
lo mismo, recurrir a medidas extraordinarias cuando las medidas y
modificaciones que ya contempla la Ley de Aguas no se utilizan. La Ley
de Aguas tiene una disposición adicional séptima donde contempla
precisamente que desde las confederaciones hidrográficas se haga una
reconsideración y un estudio de la adecuación de las concesiones
existentes en la propia confederación a los usos a que están destinados.
Resulta que esa disposición transitoria séptima de la Ley de Aguas está
todavía inédita, no ha sido desarrollada reglamentariamente y, por
supuesto, ni mucho menos aplicada. Entonces, si esa disposición
transitoria séptima de la Ley de Aguas habilita a las confederaciones
para llevar una revisión de las características de los aprovechamientos
actualmente inscritos en el registro, no tiene sentido, en nuestra
opinión, que establezcamos mayores incertidumbres en el régimen
concesional introduciendo el apartado segundo que, mediante unos
indeterminados jurídicos, plantea que las concesiones para el
abastecimiento de poblaciones y regadíos podrán revisarse --es decir, una
revisión de las concesiones-- en aquellos supuestos que se acredite que
el objeto de la concesión pueda cumplirse con una menor dotación o una
mejora técnica de la utilización de los recursos que contribuya a un
ahorro de los mismos. Recuerdo a ustedes que el concepto de dotación es
absolutamente ajeno a la Ley de Aguas; en ningún sitio está definido qué
se entiende por dotación y tampoco se define con motivo de este
Decreto-ley. Por tanto, entendemos que ya la Ley de Aguas, con su
disposición transitoria séptima contempla, la posibilidad de una revisión
de las características de los aprovechamientos actualmente inscritos.
Pero es que además, si no fuera suficiente la existencia de esta
disposición transitoria séptima, la misma Ley de Aguas, cuyo mayor
problema es que lamentablemente no ha sido aplicada a lo largo de estos
años por el Gobierno, tiene un artículo 75.3 que faculta a la
Administración para que obligue --repito, para que obligue-- a las
comunidades de usuarios, ya sean éstas de abastecimientos, regadíos o
cualquier otro tipo de comunidades de usuarios, a realizar obras e
instalaciones que la Administración les ordene, a fin de evitar el mal
uso del agua o el deterioro del dominio público hidráulico; además
incluso, autoriza a suspender la utilización del agua hasta tanto se
lleven a cabo esos trabajos. Por tanto, nosotros entendemos que la
Administración dispone de recursos y de habilitaciones sobradas para
conseguir por parte de los usuarios la eficiencia en la utilización del
recurso agua. Ha sucedido que a lo largo de estos años no se ha aplicado
lo que dice la propia ley y es realmente grave que la pieza clave de todo
el asunto del agua, que es la figura jurídica de la concesión, se vea
afectada de alguna manera por una situación de precariedad, por cuanto
queda el albur de que se aprecie por parte de no sé sabe muy bien quién,
las confederaciones, mediante auditorías que no se sabe muy bien en qué
van a consistir, que se pueda cumplir con una menor dotación o una mejora
técnica la utilización del recurso.
Además, hay otra cuestión, y es que las mejoras técnicas al día de hoy
pueden permitir ahorros tremendos en el gasto del agua. Lo que pasa es
que hay que saber si esas mejoras técnicas se compadecen con la
explotación económica del recurso agua. Me explico en dos palabras; es
muy sencillo. Regadíos. Teóricamente se podría poner un sistema de
regadío por medio de goteo o difusión que ahorraría muchísima agua hasta
en el cereal, pero, repito, teóricamente, porque económicamente no
tendría ningún sentido. Estamos en una situación que, de alguna manera,
deja a la propia discreción de la Administración, en la mayor parte de
los casos, la modificación, la revisión de la concesión.
Nosotros entendemos que con la Ley de Aguas hay instrumentos suficientes
para velar por el buen uso del agua. Pensamos que el artículo 63.2, como
pretende la nueva versión, no hace más que crear incertidumbres y dejar
al albur de las confederaciones, en muchos casos, la imposición de unas
técnicas de riego --sobre todo-- o de otro tipo de uso del agua, que
pueden ser en un momento dado enormemente gravosas, que, además, en tanto
en cuanto se complementa con el artículo 4.º, donde se dice que esas
modificaciones concesionales no darán lugar a ningún tipo de compensación
económica, supone de hecho una posible expropiación de derechos a los
titulares de la concesión; expropiación de derechos que se llevaría a
cabo por parte de la Administración.
Por tanto, señorías, creo que en este caso no se trata de modificar la
Ley de Aguas, que, como he dicho, con la disposición transitoria séptima
y con el artículo 75.3 faculta para de una manera racional, conseguir que
por parte de los usuarios se lleven a cabo las mejoras técnicas que
permitan un mejor uso del agua, sino que se trata sencillamente de
aplicar la Ley de Aguas y no de volverla a modificar antes de haberla
aplicado en su versión actual.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Roncero, brevemente, por
favor, para réplica.
El señor RONCERO RODRIGUEZ: Muy brevemente.
Sólo para constatar y alegrarnos de que el Grupo Popular, a través de la
señora De Palacio, haga esas alabanzas a la Ley de Aguas vigente, después
de los palos que pusieran en la rueda en el camino de la misma a lo largo
de su tramitación y posteriormente. En efecto, ha tenido un desarrollo
difícil y lento, pero desde luego no es un problema sólo del Gobierno,
sino de esos palos en la rueda que se le han puesto con relativa
frecuencia, no sólo en su tramitación, sino también posteriormente.
Indiscutiblemente, hay una transitoria séptima que prevé esa revisión de
concesiones para su actualización en el registro, pero es conocido por
el Grupo Popular, lo saben de sobra, que también se han puesto palos en
la rueda en la nueva revisión de ese registro, en la adecuación de
antiguas aguas privadas; es decir, un problema complejo y que S. S.
conoce perfectamente.
Aquí no se trata de pensar si se ha podido hacer más o menos rápidamente,
si ha habido o no obstáculos en el camino, sino de si las circunstancias
que estamos sufriendo, que son periódicas, de ciertos ciclos, pueden ser
mejor tratadas con esas ligeras modificaciones de una legislación que,
según ustedes ahora parece buenísima, pero que con estos retoques incluso
podía ser más operativa, aceptando que se han producido retrasos en su
desarrollo reglamentario o en su aplicación.
El artículo 2.º se refiere a un régimen sancionador y lo que hace es
elevar ese régimen sancionador de modo transitorio para situaciones
también transitorias y extraordinarias. Es decir, no se trata del régimen
sancionador en general sino del régimen sancionador aplicable a
situaciones de emergencia que hayan sido declaradas por el artículo 56;
y en esas situaciones de emergencia conviene aplicar un especial rigor
para su actuación. Efectivamente, como S. S. ha apuntado, después de ver
las posibles enmiendas --como yo decía a principio--, creo que podemos
enriquecer esas situaciones transitorias con mayores garantías, incluso
para los administrados y para los posibles sancionados, con la actuación
del Consejo de Ministros, como
SS. SS. proponen en una enmienda, que puede quedar viva, y a la que
ofreceremos posteriormente una transacción. Insisto, creo que es
importante dejar constancia de que es un régimen sancionador especial y
transitorio durante el período que dure esa declaración de emergencia que
el propio artículo 56 de la Ley de Aguas vigente contempla.
Respecto a la modificación del artículo 63, el nuevo apartado 2, hay que
ver también qué se dice así como las situaciones reales que se
contemplan. Esta sí que no es una
modificación transitoria sino que es, digamos, permanente. Es verdad que
no se trataría, en ningún caso, de expropiar nada, como S. S. intenta
trasladar. Supongo que no lo entiende así, porque creo que de su seriedad
y su rigor no se puede desprender eso. Aquí se habla, efectivamente, de
determinados aspectos, algunos que pueden ser de técnicas y otros de
elementos materiales. Simplemente, por ejemplo, le pongo el caso de
dotaciones de agua. La palabra dotación, dicho entre paréntesis y
aprovechando su intervención, creo que no necesita ninguna interpretación
ni definición jurídica. En términos de explotación de aguas y de
aprovechamientos hidráulicos la palabra dotación es un término
absolutamente reconocido, y hablando de regadíos se refiere a dotaciones
por hectárea, hablando de poblaciones, a dotaciones por habitante y día,
etcétera; es un término acuñado perfectamente y no hay lugar a muchas
interpretaciones. Una dotación por hectárea multiplicada por el número
de hectáreas significa un caudal a derivar y un caudal a emplear. Ese
caudal, si por ejemplo han disminuido el número de hectáreas de la toma
en que se está regando, ese azud, esa derivación o ese embalse de
regulación debido a, por ejemplo --hay datos en España--, la presión
urbanística, el abandono de determinados cultivos o la reducción de
superficie, es lógico que la dotación en ese caso concreto pueda y deba
ser revisada en esa concesión concreta, que puede ser una comunidad o de
particulares, disminuyendo esa dotación o ese caudal total a derivar por
esas circunstancias diferentes sobrevenidas a lo largo del tiempo y de
los períodos de explotación que, desde luego, deberán revisarse.
También podrán revisarse, en función de lo que la propia ley prevé (no
sólo esta Ley sino otras leyes sectoriales), en cuanto al sistema de
posibles ayudas a los usuarios o del posible reforzamiento a las
comunidades; a las comunidades, no a los usuarios individuales. Las
comunidades son las obligadas; no se puede obligar a los usuarios
individuales y por eso no es generalizable el artículo 75, como ha
intentado hacer ver S. S., sino, si es posible, revisar en cuanto a
técnicas de riego, en cuanto a la combinación de ese tipo de ayudas que
se pueden establecer y que están establecidas en otras legislaciones
sectoriales e incluso la legislación que en el propio Ministerio de Obras
Públicas o las confederaciones hidrográficas pueda hacer en ese sentido,
parece razonable fomentar la utilización de nuevas técnicas, cuando sea
posible, evidentemente. Hay determinados cultivos en los que no es
posible económica ni socialmente esa intervención, pero en otros sí y
donde sea posible, lo lógico será que si hay una concesión de 10.000
metros cúbicos por hectárea para un determinado cultivo, para regar a
manta, por hacer una caricatura exagerada, si es posible con una
inversión razonable socialmente y con subvenciones que ayuden a esa
inversión que hay que hacer para la disminución de la dotación, y se
puede regar obteniendo el mismo rendimiento con 5.000 metros cúbicos por
hectárea, comprenderá S. S. que es bueno que esas concesiones se revisen
--no se expropien--, y si eso es posible, se establezca con las ayudas
correspondientes una revisión de la concesión y el conjunto del volumen
a aplicar en esa explotación sea, en el ejemplo que le he puesto, la
mitad. Creo que es razonable que esto pueda ser así. Desde luego con
todas garantías que el procedimiento de revisión de algo como una
concesión administrativa debe llevar en cuanto a la auditoría que se
dice, a la audiencia de los interesados, etcétera, con la protección de
los derechos de todos los ciudadanos que tiene nuestra legislación de
procedimiento administrativo. Por tanto, creemos que es una regulación
de situaciones extraordinarias, que necesitan textos extraordinarios,
pero que en ninguna medida vienen a suponer un expolio o una situación
de expropiación. Esa es nuestra opinión.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Señora De Palacio. También brevemente, por favor.
La señora DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI: Brevísimamente.
Señor Roncero, no es que sea magnífica o que no sea magnífica; es una Ley
que, a pesar de todo, es lo mejor que han hecho los socialistas en el
tema de las aguas y lo dicho en alguna ocasión. Desde luego es mejorable
y, como todo, tiene aspectos que yo creo han mostrado graves
deficiencias, por ejemplo la organización de las confederaciones y
muchísimos puntos más; pero concretamente, cuando hablamos de sanciones,
el problema es que no se han aplicado aquellas que faculta la ley
actualmente. El problema no es que haya abusos --hay brutales abusos, y
nosotros los hemos denunciado reiteradamente--; el problema es que las
sanciones no se han aplicado y no se han aplicado por colocar palos en
algunas ruedas, sino sencillamente porque la Administración no ha tenido
voluntad política de aplicar esas sanciones, y usted lo sabe muy bien.
Quede entonces muy claro que el problema es que no se han aplicado y,
desde luego, espero que si al final hay que aumentar las sanciones, por
lo menos se introduzca una coherencia racional que implique la
declaración de las sanciones ya supergravísimas, porque son nada más y
nada menos que la supresión de la concesión y que se residencie esa
decisión última en el Consejo de Ministros. Parece que hay por ahí una
enmienda transaccional nuestra para una mayor precisión. Vale, de
acuerdo; por lo menos, eso.
Entiendo que lo grave no es que aumentemos tanto las sanciones sino que
no se aplican las que ya hay en ese aspecto concreto.
En cuanto a la modificación del artículo 63, ahí estamos tocando
cuestiones esenciales porque es el derecho de concesión que es sobre el
que está montado el sistema de nuestro derecho de aguas, y lo dejamos en
una situación de precariedad y de indefensión. ¿Por qué digo esto? Señor
Roncero, la disposición transitoria séptima se refiere a todos,
comunidades de regantes y usuarios individuales, y no se ha aplicado por
ineficiencia de las confederaciones hidrográficas, nada más por eso, no
por otra razón. La ley está ahí, se aprobó en 1985 y no se ha aplicado;
tiempo ha habido para ponerla en marcha. No se ha hecho, como no se ha
hecho tampoco algo que también es importantísimo, que es sencillamente
el registro de las aguas subterráneas, y lo sabe usted. Tengo información
de la Administración
de hace un mes, en la que me dice que no tienen registrados ni el 50 por
ciento de los pozos que hay en España.
Desde el año 1985 que está la Ley de Aguas, desde el año 1988 en que el
Tribunal Constitucional de una vez por todas definió el asunto --estamos
terminando el año 1995-- me parece que ha habido tiempo más que sobrado,
con las inversiones y el dinero que se ha destinado en el Ministerio de
Obras Públicas a la Dirección General de Obras Hidráulicas para poder
llevar a cabo al día de hoy un inventario de las aguas subterráneas, cosa
que todavía no se ha hecho y no se ha cumplido diez años después de la
Ley de Aguas. Como no se ha cumplido eso, tampoco se ha hecho lo que dice
la transitoria séptima, es decir, no se han revisado las características
de los aprovechamientos que existen en la actualidad.
Por último, quiero entrar ya en el contenido que ahora proponen. Cuando
han hecho eso llevando en marcha la Ley de Aguas diez años, nos vienen
hablando de dotación. Señor Roncero, usted sabe muy bien que dotación no
tiene una definición concreta, la dotación es un término que se suele
utilizar fundamentalmente entre regadíos a efectos del Ministerio de
Agricultura, no a efectos hidráulicos y menos en el ámbito de la
concesión. No se conoce esa palabra, se habla de volúmenes y se habla de
caudales, no de otra cuestión. La dotación varía según los cultivos,
según las zonas, dentro de las regiones de España en función de los
climas; o sea que la dotación es una cosa variable, opinable, que además
se establece en función de unos criterios totalmente opinables para cada
situación concreta, o sea que no es algo estable. La dotación no es un
término preciso. Aquí podríamos hablar de otras cuestiones, pero desde
luego ya le digo que dotación no es término jurídico acotado que tenga
un valor inequívoco.
Pero es que además usted cuando habla de dotación, la razón que da es que
hay una menor superficie de regadío. Sabe usted tan bien como yo, señor
Roncero, que las concesiones están vinculadas a un uso muy concreto. Si
hay una menor superficie, en ese caso, la revisión es automática, y no
hace falta modificar el artículo 63. La concesión está destinada a un uso
concreto, si se modifica automáticamente el uso en su sentido profundo,
la concesión caduca, y si se modifica parcialmente, se puede revisar la
concesión y adecuarla a la nueva situación; o sea que para ese caso no
me vale.
¿De qué estamos hablando tal y como está planteado? Estamos hablando de
regadíos, por ejemplo, a manta o estamos hablando de regadíos que tienen
una situación de conducciones de tierra, con una eficiencia bajísima.
Tiene usted toda la razón; ahí hay que entrar a fondo y en la
modernización, pero usted sabe tan bien como yo que en la mayor parte de
las ocasiones esos regadíos no tienen rentabilidad económica que permita
a los agricultores absorber el costo de transformación que usted está
planteando. Por supuesto muy posiblemente se puedan llevar a cabo esos
cultivos con menor cantidad de agua, pero no hay capacidad económica para
absorber eso y ustedes plantean en el artículo 4.º que se hará sin ningún
derecho económico por parte de los usuarios. Señor mío, si usted entiende
eso así, plantee entonces en el artículo 4.º que cuando se aprecie por
parte de la Administración, ésta llevará a cabo las obras para reducir
las necesidades y reclamaciones de agua; que la Administración pagará;
que con cargo a la Administración se llevarán a cabo esas obras, y,
entonces, correlativamente se reducirá la concesión. No puede ser que
usted obligue a unos agricultores en unas situaciones económicas como las
que todos conocemos a hacer inversiones que sabe están por encima de las
500.000 pesetas/hectárea y en algunas ocasiones por encima del millón de
pesetas/hectárea. Yo le hablo, por ejemplo, de Castilla y León o de
Aragón, de la España interior, que no tienen capacidad para asumirlo;
incluso en algunos regadíos de Levante, mucho más punteros y mucho más
rentables, también plantearía problemas.
No me hable usted de que, entonces, se arbitrarán subvenciones. No señor.
Si usted quiere planear ese tipo de solución, entonces hágalo
directamente, diciendo que la Administración podrá mejorar las técnicas
de regadío y que eso automáticamente dará lugar a una modificación de la
concesión conforme a los ahorros que se puedan deducir de esas nuevas
técnicas aplicadas. Es la Administración la que lleva a cabo esa
modificación de las técnicas de regadío y, por tanto, ahí sí puede
obligar a la reducción de la concesión. No se puede obligar a los
agricultores a llevar a cabo cierto tipo de reestructuraciones o
modificaciones del sector cuando no tienen capacidad económica y decir
que ya se arbitrarán subvenciones. No se puede, porque les deja usted en
una situación absolutamente precaria, de indeterminación, de indefensión.
Yo creo --y lo vamos a hablar ahora con motivo del plan de regadíos
dentro de un momento-- que hay que hacer una reestructuración y una
modernización de nuestros regadíos, pero no podemos hacerlo como ustedes
lo están planteando.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señora De Palacio.
La señora DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI: No se puede hacer --y termino--
imputando a nuestros regantes unas obras que difícilmente van a ser
capaces de llevar a cabo. Esto no tiene nada que ver con lo que usted
planteaba de que sólo se puede imponer una sanción a las comunidades de
regantes porque, como le he explicado, con la disposición transitoria
séptima a todos los usuarios se puede ir por ese camino.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieren intervenir?
El señor RONCERO RODRIGUEZ: Muy brevemente, señor Presidente. Quiero
hacer una mínima puntualización. Deseo hacer una aclaración sobre la
dotación y algunas afirmaciones.
El señor PRESIDENTE: Solamente en estos términos.
El señor RONCERO RODRIGUEZ: En el tema de la dotación, señora De Palacio,
efectivamente, son volúmenes
y caudales que se calculan a partir de lo que es la dotación; es decir,
cuando se define lo que se da como concesión en volumen o en caudal se
parte como dato de la dotación para el cultivo-tipo y para el riego. Es
así y está perfectamente establecido.
Respecto a lo que dice el artículo 63, ayudas o no ayudas, éste dice lo
que dice y desde luego no dice lo que S. S. ha explicado en su
exposición. Simplemente hay que leerlo y a eso me remito.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieran intervenir para fijar su
posición? (Pausa.)
El señor Sedó, en nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene
la palabra.
El señor SEDO I MARSAL: intervengo ahora porque parece ser que la
votación será favorable al voto particular quedando muertas, por decirlo
de alguna manera --a unas se les llama vivas, las otras serán muertas--
las cuatro enmiendas que tiene presentadas el Grupo Catalán (Convergència
i Unió) y que en Ponencia fueron aceptadas. Por tanto, intervengo en este
momento para justificar toda nuestra actuación.
En primer lugar, señor Presidente, quisiera felicitarle calurosamente.
El otro día discutimos en Comisión, se quedó en que consultaríamos a la
Mesa del Congreso, y así se hizo, qué debíamos hacer con la forma en que
se había desarrollado la reunión de los ponentes. Se quedó en que se
consultaría a la Mesa.
Usted, en un escrito con fecha 18 de octubre, pide a la Mesa
instrucciones, y yo le felicito porque en la reunión del día anterior,
del día 17 --el mismo día que se reunía la Ponencia-- la Mesa dice:
Acuerdo: Trasladar a la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca que
la Mesa de la Cámara en su reunión del día 17 --y usted pide la
información el 18-- estableció que en aquellos casos, etcétera, etcétera.
Pide información el día 17 y las soluciones ya se las dan el día 17. Le
felicito cordialmente. Yo, verdaderamente, no soy titular en esta
Comisión; si lo fuese, y después de cómo ha ido esto, en vez de
felicitarle, quizá le pediría la dimisión.
Por otra parte, nuestro Grupo presentó las cuatro enmiendas porque
creemos que si en el primer artículo de un decreto --que después es ley--
se pide la modificación excepcional y transitoria del caudal del río
Tajo, según establece la ley, lo que nos parece bien, no tenemos nada que
decir y por eso lo apoyamos, no nos parece lógico que dentro de esta
misma ley se pida la modificación de los artículos 109 y 63 de la Ley de
Aguas.
No voy a extenderme más en detalles sobre los artículos porque es mucho
lo que ya hemos oído aquí, pero fíjese que antes de la primera reunión
de la Ponencia, la nota del letrado para información, de fecha 29 de
septiembre, en su segundo párrafo, decía: En primer término, se somete
a la consideración de la Ponencia la posibilidad de desglosar el proyecto
de ley en dos textos: el primero de ellos, referido a las medidas
extraordinarias y excepcionales en materia de abastecimientos
hidráulicos, artículo 1 y disposición transitoria única, y el segundo,
referido a las modificaciones de la Ley de Aguas de 2 de agosto de 1985.
Es decir, que incluso en el informe del letrado se veía clara la
posibilidad de desglosar, por un lado, el artículo 1, y, por otro lado,
los artículos 2 y 3. Nuestra enmienda era de supresión.
La mejor técnica legislativa --sigue diciendo el informe-- aconseja el
desglose en orden a separar netamente dos iniciativas evidentemente
conectadas entre sí, lo que justifica la regulación conjunta en el real
decreto, pero que tienen objeto y alcance bien diferenciado. O sea, que
son dos cosas bien diferenciadas.
Nosotros no tenemos más remedio que aceptar las disposiciones de la Mesa
y, por tanto, va a cursarse el voto particular, va a votarse y va a
prosperar, y nuestras enmiendas no van a quedar vivas, pero, en este
momento, yo dejo constancia de que las vamos a presentar en el Senado
exactamente igual. Además, aquí quiero hacer una reflexión en relación
con esta segunda parte del informe del letrado de que, aunque se refieren
al mismo tema, tienen objetos diferenciados, y es que a mí me parece muy
bien que vayan juntas, porque, no sé si lo saben SS. SS., esta ley, por
un gran consenso de todos los partidos mayoritarios, va a ser una ley que
en el Senado va a tener muchas más enmiendas y enmiendas de otras cosas,
va a arreglar muchas cosas, ya que va a ser una ley escoba de otros temas
que, verdaderamente, no son de la Ley de Aguas ni de la sequía; ahí se
va a tratar la Ley de Contratos del Estado arreglando las deficiencias
que haya habido en ese aspecto.
Por tanto, como digo, nosotros volveremos a presentar en el Senado las
mismas enmiendas, a la vez que lamentamos que hoy, con el apoyo de otro
grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, prospere este voto particular con modificación de dos
artículos de la Ley de Aguas. Precisamente hace dos años que Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya había hecho unas proposiciones de ley de
reforma de la Ley de Aguas, una, para efectos autonómicos, y otra, para
la gestión, y en estas proposiciones de ley nadie hablaba de modificar
estos artículos y ahora sí.
El señor PRESIDENTE: Señor Sedó, aunque sea brevemente, y por alusiones,
quiero agradecerle la felicitación e indicarle que estoy seguro de que
S. S. no ha leído el escrito de la Mesa. Si lo hubiese leído, sin duda
no habría dicho lo que ha dicho.
El Presidente de la Comisión, el día 18, al día siguiente de la Comisión,
manda un escrito a la Mesa del Congreso comunicando lo que allí se acordó
y, por parte del Presidente del Congreso, a partir del escrito del día
18, se contesta comentando que, efectivamente, la Mesa había adoptado
esta decisión el día 17, para éste y para otros casos, porque, como se
comentó aquel día, el problema se le había planteado ya a la Mesa, al
Presidente y al Secretario General; se había planteado por este
Presidente personalmente, por el letrado y por otros grupos
parlamentarios y, efectivamente, lo que con fecha 24 de octubre contesta
el Presidente del Congreso al escrito del día 18 del Presidente
de la Comisión es el acuerdo que había tomado el día 17. Por tanto, le
agradezco su felicitación porque creo que, en este caso, el Presidente
de la Comisión ha actuado con toda normalidad.
El señor Andreu tiene la palabra.
El señor ANDREU ANDREU: Creo que en este trámite, en que se está
discutiendo el voto particular por el cual decae lo que se propuso en la
Ponencia, de alguna forma también se está sustanciando el trámite del
debate del conjunto de las enmiendas y el artículo 3, dejándose
únicamente fuera, según el criterio de este portavoz parlamentario, el
debate sobre el artículo 1 y sus enmiendas.
Tal como se plantea el debate, se demuestra lo que nosotros creemos que
ha sido un error importante por parte del Gobierno y por parte del Grupo
Parlamentario Socialista: el tramitar una serie de modificaciones de la
Ley de Aguas vía decreto-ley con su posterior desarrollo en un proyecto
de ley. Los anuncios de incrementar el conjunto de modificaciones a la
Ley de Aguas e incluso a otras leyes conexas con la misma indican que
este proyecto puede transcurrir de forma bastante compleja y llena de
vericuetos y que no sabemos cómo puede venir una vez que se produzcan las
enmiendas del Senado. Esto nos hace insistir en que, como hemos dicho
desde el primer momento, es un importante error político el que estas
modificaciones de la Ley de Aguas se hayan propuesto por la vía de este
Real Decreto-ley.
Ahora bien, dejando la forma y entrando en los problemas de fondo, diré
que a nadie se le puede ocultar que la situación de sequía y las
situaciones en las que se haya podido comprobar en los últimos tiempos
que ha habido un uso incorrecto del agua significan que, de alguna
manera, el régimen sancionador y el régimen de otorgamiento de
concesiones deben ser revisados en su momento y acondicionados a nuevos
usos del agua. En este sentido, nosotros no vamos a sustraernos a este
debate de fondo, sin perjuicio de que pueda terminar teniendo unos
contenidos bastante diferentes a los que se plantean en el actual
proyecto de ley que deviene del Real Decreto-ley. Lo que sí creemos
oportuno es que tanto el régimen sancionador como el régimen de revisión
de las concesiones se hagan de la forma más reglada posible, sin que haya
ningún tipo de arbitrariedad en la imposición de sanciones graves o muy
graves y sin que las concesiones que se planteen puedan ser retiradas de
forma arbitraria y dándole esta capacidad total a la Administración para
poder hacer de su capa un sayo. Este es el sentido de las enmiendas que
nosotros planteamos al texto, enmiendas que podrán ser ampliadas en el
Senado para enriquecer el debate y para conseguir que el texto definitivo
no sea un texto con el que la Administración pueda actuar con
arbitrariedad.
Por tanto, independientemente de que estemos en desacuerdo sobre cómo se
ha producido todo este debate y de que pensemos que la lectura que se
haga en el Senado de este proyecto de ley va a ser una lectura
importante, nosotros no evitamos entrar en el problema de fondo y vamos
a asumir el voto particular que presenta el Grupo Socialista, evitando
las propuestas que se hacían desde la Ponencia, que, en realidad, lo
único que planteaban era evitar ese debate de fondo que tenemos sobre
estos problemas.
El señor PRESIDENTE: Pasamos, en primer lugar, a la votación del voto
particular del Grupo Socialista, que pretende la incorporación otra vez
en el proyecto de ley de los artículos 2 y 3.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en
contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado este voto particular.
Pasamos a debatir las enmiendas presentadas al proyecto de ley que quedan
vivas, que son las del Grupo de Izquierda Unida y las del Grupo
Parlamentario Popular.
El Grupo Parlamentario Popular mantiene vivas la enmienda número 6, que
se formula a la exposición de motivos, y la número 10, al artículo 2.
Yo les rogaría, dado que la parte más sustantiva del debate se ha
efectuado ya, que sean breves en la defensa de estas enmiendas.
Señora De Palacio tiene la palabra.
La señora DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI: La enmienda presentada a la
exposición de motivos es sencillamente par reflejar más adecuadamente la
realidad, porque decir que «el Gobierno ha venido adoptando todas las
medidas a su alcance...», es tan difícil, que nosotros proponemos que se
diga: «El Gobierno ha venido adoptando una serie de medidas a su
alcance...», lo cual es cierto.
En cuanto a la otra enmienda, referida a una versión alternativa del
agravamiento de las sanciones, nosotros decimos que si decidimos agravar
las sanciones (Rumores.)...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora De Palacio.
Por favor, señorías, ruego silencio.
La señora DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI: Partiendo de la base de que
nosotros entendíamos que no era necesario agravar las sanciones, porque,
como decía antes, el problema es que no se aplican las que ya existen,
decimos que si ya sobre el papel queremos agravar las sanciones, por lo
menos hay que guardar una coherencia en el régimen sancionador, y que en
ningún caso cuando una sanción sea más dura que otra, resulte que la más
dura se ha aprobado por un órgano inferior frente a aquella que tiene una
menor gravedad y una menor pena, aprobada por un órgano superior. Me
refiero a que las sanciones muy graves en la ley actual son competencia
o reclaman un acuerdo del Consejo de Ministros, y aquí, sin embargo, se
plantea que el propio Ministro de Obras Públicas, sin más, pueda
sancionar con la caducidad de la concesión.
Sencillamente, si acordamos que exista la posible caducidad de la
concesión como sanción, de acuerdo, ya que parece ser que ésa es la
voluntad, pero por lo menos que sea competencia del Consejo de Ministros
el acordar esta
sanción, además, con motivo de unos expedientes que hayan resultado con
declaración de sanciones muy graves, reiteradamente; es decir, que el
sancionado sea un reincidente, para entendernos de alguna manera, y eso
es lo que nosotros planteamos, que la comisión reiterada de infracciones
pueda dar lugar a que el Consejo de Ministros acuerde la caducidad de la
concesión.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Andreu para defender las
enmiendas de su grupo que quedan vivas.
El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, mi grupo parlamentario tiene
también enmiendas al artículo 1, que es el que se refiere a la
modificación del caudal del río Tajo establecido en la ley.
Si tuviéramos algún asesor científico en esta Comisión, sería interesante
que nos explicara si los caudales ecológicos pueden ser flexibles; es
decir, si el caudal ecológico es el mínimo caudal que debe tener el río
para que la vida que ese río debe tener permanezca en ella, difícilmente
ese caudal ecológico puede ser variado, y nos parece una broma
científica, salvo que algún asesor científico nos dijera lo contrario,
que un caudal ecológico pueda ser cambiado así, arbitrariamente, porque
a nosotros nos dé la gana cambiarlo. Desde luego esto nos parece una
broma que puede tener consecuencias muy graves para la pervivencia del
río Tajo.
Nosotros no comprendemos cómo de un plumazo la vida en el río Tajo puede
subsistir con la mitad del agua que hasta hace apenas unos días se
suponía que era necesario que subsistiera. Por tanto, no podemos
compartir de ninguna manera que el caudal ecológico del río Tajo se baje
de seis a tres metros cúbicos, como plantea este decreto-ley; incluso
puede parecer un exceso que nosotros hayamos rebajado un metro cúbico y
lo pongamos en cinco metros cúbicos, pero, poniéndonos en el ámbito del
realismo parlamentario, no de la vida real, no creemos que se puede bajar
hasta la mitad el caudal ecológico del río Tajo. Por eso, la enmienda que
presenta mi Grupo parlamentario propone que el caudal sea de cinco metros
cúbicos el caudal ecológico del río Tajo.
La siguiente enmienda, que se refiere al artículo 1.3, la presentamos
porque no nos parece que sea seria la forma en que se ha utilizado el
Real Decreto. No se puede decir, como se dijo en su momento, que el
trasvase se utilizaría prioritaria y fundamentalmente para el uso humano,
cuando eso lo que significaba era dejar una puerta abierta para que se
utilizara para otro uso que no fuera el humano, y que, curiosamente, no
se menciona en el decreto ley, resulta que el uso real para el que estaba
destinado el trasvase es el que se oculta en el decreto-ley; nosotros lo
que deseamos es un mínimo de honestidad para el legislador, que el
legislador no engañe al legislado, y que diga para qué se va a utilizar
ese trasvase realmente, que no ponga adverbios y adjetivos que lo que
pretenden ocultar es que no se va a utilizar para el uso humano porque
el recurso humano es absolutamente secundario en ese trasvase, cuando ya
en la voluntad inicial del Gobierno al plantear este decreto-ley se
encontraba con ánimo torticero, plantear un trasvase para otro uso que
no era precisamente el humano. Por tanto, en esta enmienda solicitamos
que se eliminen las palabras «prioritaria y fundamentalmente».
Con relación al artículo 2, de conformidad con la posición de mi Grupo
parlamentario cara al voto particular, creemos que el concepto de
comisión reiterada de infracciones muy graves es un concepto bastante
aleatorio que no indica a dónde llega la reiteración, porque a lo mejor
la reiteración de las infracciones muy graves puede ser a la primera, a
la tercera o a la quinta, y, para que no se produzcan arbitrariedades,
no vaya a ser que un infractor caiga más simpático que otro infractor,
lo que nos parece lógico es que se determine numéricamente cuál es el
número de infracciones muy graves a partir del cual se deben aplicar los
contenidos sancionadores de este artículo. Por eso, la propuesta de mi
Grupo parlamentario es que sea a la segunda infracción muy grave.
Por último, la enmienda al artículo 3 es también para que no se produzcan
arbitrariedades en las revisiones de los regímenes de concesiones y,
teniendo en cuenta que este artículo queda aún abierto a debate en el
Senado, queremos evitar estas arbitrariedades en la determinación de los
supuestos del otorgamiento de una concesión administrativa.
Por ello, queremos que se incluya la expresión «de forma comprobada»,
para poner una cautela más, adicional a la que ya se expresa en el tenor
literal del párrafo segundo, que habla de las auditorías y controles de
las concesiones. Nosotros creemos que también en el artículo 63.1.a) debe
incluirse esta expresión, para que se compruebe cualquier revisión de una
concesión administrativa para asegurar que esa revisión se hace conforme
a causas justas y no de forma arbitraria ni con deseos que no estén
contenidos en el espíritu de esta ley.
Esas son las enmiendas que plantea mi Grupo Parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Andreu.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda
transaccional a las números 4, de Izquierda Unida, y 10, del Grupo
Popular. Para defenderla y expresar su opinión sobre las restantes
enmiendas, tiene la palabra el señor Roncero.
El señor RONCERO RODRIGUEZ: Me voy a referir a todas las enmiendas en su
conjunto, incluida, lógicamente, esta transaccional, que creemos que
puede mejorar el texto y dar satisfacción a los grupos proponentes.
En primer lugar, respecto a las enmiendas de Izquierda Unida al artículo
1.º, entendiendo sus razonamientos, no compartimos el final al que se
llega, porque no se trata de que el caudal ecológico sea flexible y
variable. Lo que se decidió en su día con la Ley del Trasvase Tajo-Segura
no es un caudal ecológico científicamente definido --S.S. es consciente
de ello-- y, además, la vida real y la situación del Tajo en Aranjuez y
aguas abajo de la derivación del trasvase Tajo-Segura, que es el lugar
donde se mide dicho
caudal, demuestran que no se producen afecciones importantes, en ninguna
época ni en tramo alguno del río, en ese cauce. No hay problemas en
invierno y en el período biológico más álgido, como puede ser la primera;
el único tramo afectado es uno pequeño, en Aranjuez. Tampoco va a haber
efectos estéticos en esa situación, porque se han tomado medidas
complementarias, como las obras de emergencia en la toma del Canal de las
Aves y los abastecimientos a Toledo, etcétera, que no van a crear
problema alguno --algún problema diferente habrá al disminuir el caudal--
insoluble ni de peligro para la biología del tramo del río que nos
afecta.
Además, partiendo de la base de que el caudal determinado en su día en
la ley no lo fue científicamente, parece que, a la vista del estudio y
de las obras de emergencia realizadas en el abastecimiento del Canal de
las Aves, de Toledo, etcétera, no parece que se vayan a producir
afecciones importantes, repito, que vayan a causar efectos negativos.
En cuanto a la enmienda que quiere suprimir la expresión «prioritaria y
fundamentalmente», el texto dice lo que quiere decir. Se trata de
abastecimientos hidráulicos, y lo dice el propio título del decreto. Y
los abastecimientos hidráulicos no son sólo humanos, pero lo que el texto
viene a decir es que los mismos se atenderán prioritaria y
fundamentalmente, al igual que lo dice la Ley de Aguas. Las prioridades
las establece la Ley de Aguas y esto no es sino una reiteración y el
mantenimiento de esas prioridades. Pero si, constatada y atendida esa
prioridad del abastecimiento humano, existe una posibilidad
extraordinaria del mantenimiento de un activo, de un capital fijo, como
pueden ser determinadas plantaciones que no son anuales, sino que son un
capital plurianual, también sería necesario atenderlas si ese uso humano,
prioritario, está atendido. Eso es lo que se ha hecho con los decretos
que han estado funcionando y lo que debería hacerse ahora, en nuestra
opinión. Por eso creemos que debe mantenerse en el texto la expresión
«prioritaria y fundamentalmente».
Respecto a las otras enmiendas, la del Grupo de Izquierda Unida, que
pretende añadir «de forma comprobada», la vamos a admitir en sus
términos, para que el artículo 3 diga: «Cuando de forma comprobada se
hayan modificado los supuestos determinantes de su otorgamiento.»
En cuanto a las enmiendas números 4, de Izquierda Unida, y 10, del Grupo
Popular, creemos que con la transacción que ofrecemos pueden quedar
satisfechas las aspiraciones de los dos grupos, al decir que la
reiteración, la gravedad de la reincidencia empieza con la segunda
infracción, como propone el Grupo de Izquierda Unida, así como que la
sanción de la caducidad sea del Consejo de Ministros, a propuesta del
Ministro de Obras Públicas, como dice el Grupo Popular. Repito, creo que
esto puede ser satisfactorio para los dos grupos proponentes y con esto
pensamos que el proyecto queda enriquecido.
El señor PRESIDENTE: ¿Los grupos proponentes de estas enmiendas las
retirarán para tramitar la enmienda transaccional? (Asentimiento.)
Las tres restantes enmiendas del Grupo Popular, ¿se pueden votar
conjuntamente o hay que votarlas por separado?
El señor RONCERO RODRIGUEZ: Perdón, señor Presidente, tampoco tenemos
inconveniente alguno en aceptar la enmienda a la exposición de motivos,
que es la número 6, aunque no me haya referido a ella.
El señor PRESIDENTE: En todo caso, la votaremos al final.
¿Las tres enmiendas que quedan vivas del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida se pueden votar conjuntamente? Son las números 2, 3 y 5. La número
1 es al artículo 1, la número 3 es la que pretende suprimir «prioritaria
fundamentalmente», y la número 5 es al artículo 3.
El señor RONCERO RODRIGUEZ: Señor Presidente, solicito votación separada
de la número 5, porque ha sido aceptada.
El señor PRESIDENTE: Votamos las enmiendas números 2 y 3, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos;
en contra, 27.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos, a continuación, la enmienda número 5, del Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida, que en el caso de ser aprobada se incluiría en sus
mismos términos. Se trata de incluir la expresión «de forma comprobada»
entre «Cuando...» y «... se hayan modificado...». Esta enmienda es al
artículo 3, cuando modifica el artículo 63.1.a).
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada, por unanimidad, la enmienda número
5.
Votamos la enmienda transaccional del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
¿Podemos votar conjuntamente los artículos y las disposiciones
transitorias o hay que votarlas por separado?
La señora DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI: Señor Presidente, el Grupo
Popular solicitaría votación separada de los artículos 2 y 3.
El señor PRESIDENTE: Por consiguiente, votamos el artículo 1, la
disposición transitoria única y disposiciones finales primera y segunda.
El señor ANDREU ANDREU: Perdón, señor Presidente, solicito votación
separada del artículo 1.
El señor PRESIDENTE: Votamos el artículo 1, exclusivamente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; en
contra, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos los artículos 2 y 3, conjuntamente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en
contra, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los artículos 2 y 3.
Sometemos a votación las disposiciones transitoria única y finales
primera y segunda.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32;
abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
A continuación, se somete a votación la enmienda número 6, del Grupo
Parlamentario Popular, a la exposición de motivos.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Finalmente, votamos la exposición de motivos con la incorporación de la
enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32;
abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la exposición de motivos.
Aprobado este proyecto de ley con competencia legislativa plena, se dará
cuenta al Presidente del Congreso por su posterior tramitación en el
Senado.
Suspendemos la sesión por espacio de un minuto para dar paso a la
comparecencia del Secretario General de Desarrollo Rural. (Pausa.)
--COMPARECENCIA DEL SECRETARIO GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CONSERVACION
DE LA NATURALEZA (SEÑOR TIO SARALEGUI), PARA INFORMAR DEL AVANCE DEL PLAN
NACIONAL DE REGADIOS. A SOLICITUD DEL GOBIERNO. (Número de expediente
12/001767.)
El señor PRESIDENTE: El siguiente punto del orden del día es la
comparecencia del Secretario General de Desarrollo Rural y Conservación
de la Naturaleza, ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca,
para informar, a petición propia, del avance del Plan nacional de
regadíos. Acompaña a don Carlos Tió, Secretario General, don José Ramón
López Pardo, Director General de Planificación de esta misma Secretaría
General.
Señor Tió, agradecemos su presencia. Cuando quiera, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CONSERVACION DE LA
NATURALEZA (Tió Saralegui): Señor Presidente, señorías, sin duda es para
mí un placer estar aquí esta tarde y poder ofrecerles esta información
sobre una petición, que proviene precisamente del Congreso de los
Diputados, que, en moción del mes de marzo del año 1994, solicitó al
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación un Plan agrario de
regadíos, en la denominación que utiliza la moción, para enmarcar los
debates en torno al Plan Hidrológico Nacional.
Creo que fue un acierto esta demanda del Congreso de los Diputados,
puesto que la agricultura, según los parámetros convencionales que
utilizamos, consume el 80 por ciento del agua en nuestro país. Por tanto,
siendo un utilizador en esta magnitud de un recurso escaso y vital como
es el agua, la planificación de regadíos pasa a ser un instrumento básico
dentro de la planificación hidrológica nacional en el país.
Lo que presentamos hoy ante la Comisión de Agricultura es un avance del
Plan nacional de regadíos.
Este avance ha sido presentado por el Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación ante la Conferencia Sectorial de Consejeros de las
Comunidades Autónomas, ha sido presentado ante las organizaciones
agrarias, ante la Federación de Comunidades de Regantes, va a ser
presentado en el Consejo Asesor de Medio Ambiente, tuvimos una sesión
informativa también en el Senado; es decir, se ha abierto un proceso de
consulta, de debate, sobre la planificación de los regadíos en nuestro
país.
Voy a intentar explicar brevemente la terminología que utilizamos cuando
hablamos de «avance», y con esto empezamos a tratar una de las cuestiones
yo creo claves que debemos tener en cuenta, puesto que la competencia en
materia de regadíos hoy día está compartida en nuestro país entre las
comunidades autónomas y el Ministerio de Agricultura. A partir del año
1985, en los sucesivos decretos de transferencias a las comunidades
autónomas, se cedieron las competencias directas de ejecución de los
regadíos en los distintos territorios de las comunidades autónomas,
reservándose la Administración General del Estado la planificación
general, dentro de la ordenación general de la economía, como es
competencia constitucional, y en materia de nuevos regadíos aquellas
zonas que se declaran de interés general de la nación, o zonas de interés
nacional que han sido asimiladas como de interés general de la nación y
que anualmente son sometidas a los convenios que la Secretaría General
de Desarrollo Rural y Conservación de la Naturaleza firma para
desarrollar el conjunto de programas de nuestra competencia con cada una
de las comunidades autónomas. Es un avance, por tanto, puesto que nuestra
intención es llegar a consensuar con las comunidades autónomas la
política que inevitablemente tenemos
que ejecutar en colaboración en los próximos años; pero esto no quiere
decir que las comunidades autónomas no sean competentes en el ámbito de
sus territorios para desarrollar otros programas distintos de acuerdo con
sus estrategias de desarrollo agrario o rural.
El avance del Plan Nacional de Regadíos no pretende ser un programa de
punto final, es una propuesta, no tan a largo plazo como se podía haber
pensado, pues contemplamos un horizonte de diez años, por muchas razones,
y una fundamental es porque en la propuesta que se contiene en el avance
del Plan Nacional de Regadíos estamos planteando una nueva estrategia en
la política de regadíos que obligue a reconsiderar ciertos lugares
comunes de la política que se ha venido desarrollando. Es decir, pretende
hacer unas nuevas propuestas que requieren una aprobación del Gobierno,
del Parlamento, y --yo iría mucho más allá-- un consenso con los
utilizadores del agua para la agricultura, para los agricultores, un
consenso con las organizaciones agrarias en general.
Digo que es una nueva estrategia y tendría que, sin extenderme mucho,
porque no quiero hacer un gran discurso, señor Presidente, explicar por
qué.
La reivindicación social y regional sobre el agua y sobre el regadío
hunde sus raíces, como SS. SS. saben, en lo más profundo de la
personalidad de nuestros pueblos, de las reivindicaciones en el campo
español en la mayoría de las regiones. Debemos tener en cuenta por tanto,
que estamos refiriéndonos a una problemática de una enorme sensibilidad
social, regional; una problemática que, por otro lado, también está
provocada por la dinámica histórica y territorial de nuestro país. Por
un lado, nuestro país es un país desequilibrado entre un centro en torno
al interior peninsular, que tiende a despoblarse, que tiende a perder
población y actividad económica, y una periferia y los valles de los
principales ríos, que van acumulando actividad económica, población, y
donde se concentran los grandes ejes de desarrollo.
Esta dinámica, que no es de hoy ni de antes de ayer, sino que es una
dinámica secular en nuestro país, ha provocado unos desequilibrios que
se intentan compensar históricamente en buena medida a través de la
política de regadíos, porque ella ha sido la palanca básica de desarrollo
rural en nuestro país; de ahí la enorme reivindicación --y luego
entraremos en las cifras concretas-- y las enormes expectativas que
siempre ha levantado el regadío, hasta tal punto que se ha identificado
política de regadíos con política de nuevos regadíos. Se han ido haciendo
declaraciones de interés general de la nación, se han ido acumulando
proyectos; no es de hoy. En 1967, en plena elaboración del II Plan de
Desarrollo económico y social de la época, la FAO y el Banco Mundial
hicieron un informe sobre el desarrollo de la agricultura en España, en
el cual se advertía al Gobierno español de la época que la política de
regadíos se debería someter a dos criterios básicos, a dos filtros que
fueran fundamentalmente, por un lado, la evaluación económica de la
rentabilidad de los proyectos y, por otro, una concentración temporal de
las obras, sobre todo obras con un período de maduración muy largo, que
permitiera que los efectos beneficiosos de las inversiones se pudieran
plasmar en la realidad en espacios de tiempo útiles política y
socialmente, porque, después de 20 ó 30 años de grandes declaraciones y
de grandes zonas, el país entero estaba con proyectos inacabados, donde
el despilfarro de las inversiones implica que no se pueden obtener los
beneficios sociales o económicos nada más que en un período de otra
generación posterior. Por tanto, éste no es un problema de hoy, es un
problema que ya señalaba la FAO y el Banco Mundial en el año 1967, como
digo.
De todas formas, para bien o para mal, la política de regadíos ha logrado
apuntalar el complejo agroalimentario español. Yo quiero subrayar que en
el 15 por ciento de la superficie agraria útil que tiene nuestro país en
regadío se obtiene el 60 por ciento de la producción final agrícola
española y es el sustento del complejo agroganadero, que no forma parte
de la producción agrícola, pero sí de la producción final agraria. Es
decir, el regadío español es absolutamente imprescindible para un sector,
a pesar de las dificultades de medio físico y climatológicas que tiene
nuestro país. Aquí vuelvo a recordar algo a lo que me refiero con cierta
frecuencia, nuestro país no es un país fácil para la agricultura. Tenemos
un medio físico, el más montañoso de la Unión Europea de doce; tenemos
una climatología que lleva a una aridez extrema o bastante acusada en
buena parte de ese interior peninsular; incluso en las zonas más
competitivas, por ser meridionales o mediterráneas, la aridez derivada
de la climatología, de la escasa pluviometría de nuestro país, hace que
la agricultura española no lo tenga fácil.
Sin embargo, somos el único país mediterráneo de la Unión Europea que
tiene una tasa de cobertura agroalimentaria superior al 100 por cien, en
materia de regadíos, suprimiendo los productos de la pesca y conservas
de pescado, que tienen un fuerte déficit y, por tanto, no figuran en la
balanza agroalimentaria; y, por no ser alimentaria, tampoco meto en este
indicador de tasa de cobertura la madera. Lo que es complejo
agroalimentario, que es lo que cultivamos en los regadíos, por eso
utilizo este indicador, política de regadíos, la tasa de cobertura de la
balanza agroalimentaria, ha sido positiva, de los últimos once años, en
10. Estamos en un 106 por ciento, en el año 1994.
Lo que nos dice esto es que el regadío, como pieza fundamental del
complejo agroalimentario español, es un elemento clave de la economía de
nuestro país. Y ello se ha logrado a base, fundamentalmente, entre otros
elementos, de una política de regadíos a lo largo del siglo XX, en el
cual España ha desarrollado, por un lado, cultivos de exportación (la
gran producción hortofrutícola de exportación en España, en buena medida,
se asienta en el regadío) y, por otro, un nivel de autoabastecimiento,
sorprendente para un país de nuestras características, en cultivos como
la remolacha, que nos ha permitido autoabastecernos de azúcar, o en
forrajes, que es la base, con los cereales de regadío, para el desarrollo
del complejo agroganadero, que nos ha permitido casi autoabastecernos.
En el año 1986 prácticamente España se autoabastecía de leche, con un
déficit de un 7 por ciento, y prácticamente también de todas las carnes.
Como digo, países de nuestro entorno, como pueda ser Italia, tienen
déficit agroalimentarios espectaculares, de un billón de pesetas, o
superiores, y no digamos Portugal o Grecia. El único país mediterráneo
que ha desarrollado este complejo agroalimentario de este nivel con esta
potencia, es España. Eso, en buena medida, se debe a la histórica
política de regadíos que ha llevado nuestro país.
A partir de 1985 se producen unos cuantos cambios, que son los puntos de
referencia que hemos tomado para elaborar el avance del Plan de regadíos
que hoy presentamos a SS. SS.
Me voy a referir a cuatro puntos clave que se desarrollan a partir de
esta fecha de 1985. Por un lado, el nuevo marco competencial, que lleva
a una ralentización espectacular de la política de regadíos. Yo puedo
decir que el ritmo de realización de nuevos regadíos en los primeros años
ochenta era en torno a unas 40.000 hectáreas/año, de promedio, y hemos
pasado, en los últimos años, a unas 5 ó 6.000 hectáreas; ha caído la de
40.000 a 5 ó 6.000 hectáreas/año.
No sólo en este proceso ha influido el nuevo marco competencial,
obviamente, sino que ha influido también la integración de España en la
Unión Europea, la apertura de mercados, la nueva filosofía de contención
del gasto presupuestario, utilización de unos nuevos criterios en la
evaluación del gasto público, que se ha utilizado no sólo en la
Administración General del Estado, sino también en las comunidades
autónomas, mayor disciplina, mayor rigurosidad en la evaluación de este
gasto público.
En este sentido de la política europea, como ya se ha creado bastante
confusión en anteriores ocasiones, querría subrayar que el acuerdo GATT
y la nueva política agrícola europea no suponen una limitación absoluta
al desarrollo de nuevos regadíos. La Unión Europea no nos prohíbe, ni
mucho menos, que elaboremos una política de nuevos regadíos. Lo que sí
implica la nueva política agrícola común es una política de disciplina
productiva. La mayoría de los sectores productivos o están sometidos a
cuotas, o a superficies de referencia, a cabañas de referencia para las
ayudas al ovino, a los terneros, a las vacas nodriza, o a cantidades
máximas garantizadas.
Existe una política de disciplinas productivas que no implica que una
comunidad autónoma o un país no elabore políticas de reestructuración
para relocalizar producciones. Nuestro país está sometido inevitablemente
en el futuro a una política de abandono, de secanos marginales, a una
política de reforestación de tierras poco productivas, que, por supuesto,
liberarán cuotas de producción o superficies de referencia que podrán ser
utilizadas en los nuevos regadíos.
Ahora bien, se nos dice que esto no hay que valorarlo excesivamente,
porque la política agrícola es coyuntural y puede modificarse en dos o
tres años. Esto es totalmente cierto, es la política agrícola que
tenemos, pero sobre todo es la política agrícola que utiliza la Unión
Europea y la que sirve de filtro para la concesión de los fondos
estructurales.
Nosotros, para elaborar la política de regadíos, necesitamos los
reembolsos de los programas operativos de la Unión Europea, objetivo I
y 5 B, porque, si no, no se podría financiar la política de regadíos y
la Comisión Europea para la autorización de esos gastos si utiliza el
filtro de la PAC.
Este sería el segundo elemento que caracteriza el nuevo marco
competencial, en primer lugar, entre comunidades autónomas y
Administración General del Estado y, en segundo lugar, la nueva situación
de España en la Unión Europea.
El tercer punto de referencia clave es la nueva sensibilidad
medioambiental. Dentro de la Unión Europea, la sociedad española no
solamente ha desarrollado una nueva sensibilidad medioambiental, sino que
ha tenido que asumir directivas europeas y convenios internacionales, que
obligan al Gobierno español a ser un poco más cuidadoso que en el pasado
en la evaluación del impacto medioambiental de nuestras políticas.
También ha tenido que atender a las quejas que a veces se presentan, de
ciudadanos, de organizaciones no gubernamentales, ante los tribunales o
ante las instancias europeas, que, a veces, hacen referencia a programas
de regadío en marcha o potenciales. Esta nueva sensibilidad ambiental es
otro punto de referencia que no debemos obviar a la hora de elaborar este
avance del plan nacional de regadíos y por eso lo hemos tenido en cuenta.
El cuarto elemento que nos define el marco de referencia es, sin duda,
el ciclo alarmante de sequía que estamos viviendo en nuestro país en los
últimos años, sequía que ha traído al primer plano de la actualidad los
problemas ligados al agua y que nos obligan a hacer un planteamiento de
uso eficiente del agua, particularmente en un sector como el de la
agricultura, que, como decía, consume en torno al 80 por ciento del agua.
A partir de este marco de referencia, la filosofía que se ha desarrollado
en el Plan nacional de regadíos parte de considerar el agua como un
elemento básico en el desarrollo rural, pero no el único. Este Plan, en
su avance, considera que hay dos objetivos claves de la política agraria
en esta materia. El primero de ellos, la agricultura como productor de
alimentos. Tenemos que utilizar el agua y la política de regadíos para
consolidar el complejo agroalimentario español, que, como hemos visto,
se ha comportado de una forma muy satisfactoria, en cuanto a que alcanza
unos niveles de abastecimiento del país y tiene un papel en el comercio
exterior muy relevante. Por tanto, la política de regadíos debe servir,
en primer lugar, para consolidar el complejo agroalimentario español.
Pero, también, sin duda alguna, hay una segunda función, que es la
consolidación territorial. La política de regadíos históricamente y en
el futuro seguirá siendo una palanca de consolidación de poblaciones y
de territorios, pero debemos contemplar que, según la política agrícola
común ya lo hace hoy día, la agricultura no puede ser el único sector
sobre el que se apoye la vida rural; es preciso diversificar rentas y
actividades, porque la agricultura como sector productivo tiene un límite
y posiblemente, tanto en Europa como en España, a niveles globales,
estamos muy cerca de haber alcanzado el límite en términos absolutos. Eso
no quiere decir que no haya nichos de mercado, que no haya situaciones
comarcales o regionales en las que la expansión del potencial
de producción puede ser todavía realizado, en términos de mercados
competitivos, en términos razonables, pero, en general, el primer
objetivo de la agricultura y del complejo agroalimentario español sería,
sin duda alguna, consolidar sus actuales cuotas de mercado. No cabe
imaginar una estrategia expansionista del potencial de producción que nos
llevara a niveles de autoabastecimiento del cien por cien en sectores en
los que España nunca ha alcanzado esos niveles y no sería razonable, por
los costes que eso implicaría, alcanzarlos en algunos sectores
productivos. Luego, posiblemente, tendremos ocasión de analizar, sector
a sector, la problemática ligada al autoabastecimiento de los regadíos
y el desarrollo de la potencialidad en nuestro país.
Esta segunda función de la agricultura como elemento de consolidación
territorial no debe ser concebida hoy día en base a los programas
tradicionales de regadíos que planteaban una colonización del territorio,
incluso trasladando población de unas zonas a otras, instalándoles en
nuevos pueblos, áreas de 50, de 60.000 hectáreas de nuevos regadíos, en
unas superficies que indudablemente tenían una componente básica de
cereales y de forrajes, porque, en un modelo de esas dimensiones, el 60
o el 70 por ciento de las nuevas producciones iban a cereales y a
forrajes, que son producciones que, como les decía, están hoy día
sometidas o a superficies de referencia con derecho a ayuda, a cuotas o
a cantidades máximas garantizadas.
Sin duda alguna, tenemos un compromiso histórico --al que voy a hacer
referencia a continuación-- respecto a las zonas declaradas en su día de
interés general de la nación, que no han sido completadas, y que forman
parte importante de las propuestas del avance del plan nacional de
regadíos. Pero, evidentemente, esa componente territorial que hoy
contempla la política de nuevos regadíos se refiere mucho más a una
consolidación de los núcleos de territorios que todavía pueden ser
rescatables en el futuro. Y quiero llamar la atención de SS. SS. respecto
al hecho de que nuestro país, a pesar del esfuerzo colonizador hecho
durante bastantes décadas, es un territorio que, llevado por su dinámica
histórica, ha terminado por tener un 60 por ciento del territorio con
densidades de población inferiores a 20 habitantes por kilómetro cuadrado
y, al mismo tiempo, con unas pirámides de población que indican una
regresividad posiblemente irreversible en el futuro.
Ese es el territorio que tenemos y la nueva política de regadíos, desde
el punto de vista del Ministerio de Agricultura, debería atender, en
lugar de esos grandes macroproyectos, a consolidar regadíos y actividades
productivas en los núcleos de población estratégicos, donde todavía cabe
la posibilidad de conservar un tejido socioeconómico en el mundo rural.
No tiene por qué reducirse a las veintidós zonas declaradas hoy de
interés general de la nación, sobre las que tiene aún alguna competencia
el Ministerio de Agricultura; se podrían traducir, en el futuro, en
nuevos regadíos potenciales, dispersos, salpicados por el territorio, que
requieren una evaluación detallada y, sobre todo, un nuevo consenso con
las comunidades autónomas para redefinir una nueva estrategia para los
regadíos potenciales.
Después de este planteamiento general, aunque SS. SS. habrán tenido
tiempo, supongo yo, de haber estudiado las propuestas que contiene el
avance del plan nacional de regadíos, ¿qué es lo que propone el avance
del plan, que estamos discutiendo en estos momentos con las comunidades
autónomas, con todas juntas y con una a una en negociaciones bilaterales?
Propone, fundamentalmente, tres tipos de medidas.
En primer lugar, prioriza la modernización, mejora y consolidación del
regadío hoy día existente en España. En España tenemos ese 15 por ciento
de superficie agrícola útil, que son 3.400.000 hectáreas de regadíos, un
regadío muy heterogéneo, un regadío que se divide en tres segmentos
principales: uno, de regadíos históricos --cada uno de estos segmentos
es aproximadamente de un millón, un millón cien mil hectáreas-- donde no
hay, en muchos casos, ni garantía de dotación de aguas, no existe
garantía suficiente o tienen unos problemas tecnológicos que impiden la
aplicación de las tecnologías de riego más modernas. Dos, hay un consumo
excesivo de agua en muchos de estos regadíos, un despilfarro. Tres, hay
un deterioro medioambiental derivado de los retornos, en muchos casos por
inadecuadas infraestructuras. Este regadío implica cien mil kilómetros
de conducciones, de caminos para el agua agrícola.
Tenemos ese millón, millón cien mil de hectáreas históricas; tenemos otro
millón, millón doscientas mil hectáreas de los regadíos hechos por el
Estado a lo largo del siglo XX; tenemos otro millón de hectáreas de
regadíos hechos por la iniciativa privada, en buena medida provenientes
de aguas subterráneas, con problemas que SS. SS. conocen bien, en muchos
casos de sobreexplotación de acuíferos. Nosotros, a veces, decimos que
el regadío español, lo mismo que el casco antiguo de las grandes ciudades
en nuestro país, ha necesitado de unos programas de ayudas públicas
especiales para la restauración del casco histórico de las ciudades.
Pensamos que el regadío español, siendo la base fundamental del complejo
agroalimentario español, pieza clave de nuestra economía, también
requiere de un programa de modernización con ayudas públicas, el cual,
sin duda alguna, tendrían que cofinanciar el sector privado, las
comunidades de regantes y las administraciones agrarias, y, sin duda
alguna, también el MOPTMA, en la parte de infraestructuras que
corresponde en cabecera a este Ministerio.
Este programa de modernización, mejora y consolidación de los regadíos
actuales --la política que ofrece hoy día el Ministerio de agricultura
no es sólo de nuevos regadíos, sino que es una política de regadíos para
el regadío actual y para las aspiraciones de futuro de algunas regiones--
para el Ministerio de Agricultura es prioritaria, porque debe garantizar
la viabilidad de la agricultura española actual. Antes de ver lo que
podemos hacer en el futuro para expansionar producciones o para
consolidar nuevos territorios, lo que tenemos que tener, en el marco de
liberalización comercial que hoy día vive la agricultura española, es un
elemento para consolidar y modernizar la agricultura actual. Se propone
que se destinen a ese fin, en el programa indicativo que ha hecho el
Ministerio de Agricultura
en 10 años, cerca de 400.000 millones de pesetas, de los 554.000 millones
que representa, como coste global, esta propuesta de plan a 10 años.
El segundo paquete al que se refiere el avance de plan nacional de
regadíos es el análisis de los nuevos regadíos. El avance hace una
descripción clara de cuál es en estos momentos en España la situación de
esos nuevos regadíos y la competencia respectiva, resultando que existen
hoy día 22 zonas declaradas de interés general de la nación, en las
cuales tiene competencia el Ministerio de Agricultura, junto con las
comunidades autónomas, 22 zonas en las cuales venimos actuando al ritmo
que nos permiten las partidas presupuestarias de que dispone el
Ministerio de Agricultura y de que disponía el Iryda hasta el momento de
su desaparición, que hoy día ha heredado la actual secretaría general.
Estas 22 zonas son sobre las que tiene algún tipo de competencia el
Ministerio de Agricultura, porque existen otras cuatro zonas en las
cuales también está interviniendo la Administración General del Estado,
pero a través del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente.
Indudablemente, por razones obvias, en la propuesta que hace el
Ministerio de Agricultura nos centramos en aquello que es de nuestra
competencia, y, mientras que no se declaren nuevas zonas de interés
general de la nación, nosotros no podremos actuar en nuevos territorios
o, mientras que no se solicite nuestra participación en otros programas,
no podremos entrar porque no tenemos competencias. Sin embargo, repito,
sí tenemos competencias, concertadas con las comunidades autónomas, en
estas 22 zonas, para las cuales, y partiendo del hecho de que existen
pendientes de finalización o de realización 304.000 hectáreas, el
Ministerio de Agricultura, haciendo un chequeo a estas zonas, y teniendo
en cuenta también lo que podrían ser unos presupuestos asumibles en los
próximos 10 años, propone abordar la finalización y realización de los
nuevos regadíos en 157.000 hectáreas repartidas, según el detalle que
tienen SS. SS. en la síntesis, entre esas 22 zonas.
Desde las 157.000 hectáreas hasta las 304.000 quedan en esas zonas
147.000 hectáreas declaradas de interés general de la nación o
asimiladas, y así figuran en el «Boletín Oficial del Estado». Esas
147.000 hectáreas el Ministerio de Agricultura las considera pendientes
de realizar o de revisión, en colaboración con las comunidades autónomas.
La selección que ha hecho el Ministerio de Agricultura entre las 157.000
hectáreas a realizar en el próximo decenio y las 147.000 pendientes no
se ha hecho alegremente o gratuitamente. Existen razones, bien de
carácter hidráulico, bien de carácter medioambiental o bien de carácter
socioeconómico, alguna razón de fondo para ese segundo paquete, dada la
necesidad de priorizar el gasto público.
La propuesta del Ministerio de Agricultura implica, como veremos
posteriormente, triplicar los presupuestos de este Ministerio, en materia
de regadíos, para los próximos diez años. Es una propuesta arriesgada,
no de mínimos. Implica triplicar los presupuestos no solamente para
nuevos regadíos, con lo cual, efectivamente, con colaboración de las
comunidades autónomas, triplicaríamos el ritmo de realización de los
nuevos regadíos, sino que implica también la realización de un programa
de modernización de los regadíos actuales, que parece tener un consenso
social muy amplio.
Eso en cuanto a la propuesta de nuevos regadíos, dentro de las 22 zonas
sobre las cuales hoy día tiene algún tipo de competencia el Ministerio
de Agricultura. Pero las nuevas transformaciones de regadíos no se van
a quedar en esa propuesta de 15.700 hectáreas/año, durante los próximos
diez años, sobre lo que el Ministerio de Agricultura está trabajando.
Existen otras 31 zonas, con una superficie pendiente de más de 209.000
hectáreas, que han sido transferidas y están en ejecución por las
comunidades autónomas, o han sido declaradas de interés por ellas, o bien
las cuatro zonas que han sido asumidas por la Intervención General del
Estado --Ministerio de Obras Públicas-- con las comunidades autónomas.
En estas cuatro zonas se han previsto 107.000 hectáreas de nuevos
regadíos también en el futuro.
Estas 31 zonas, 209.000 hectáreas pendientes, es lo que podríamos
denominar regadíos con normativa legal. Presuponemos que van a realizarse
en los próximos años, pero sobre las cuales el Ministerio de Agricultura
no tiene competencia.
En cuanto a otros regadíos potenciales que hoy día no tienen ningún tipo
de normativa, pero han sido contemplados en los planes hidrológicos de
cuenca, en las directrices de éstos o aparecen en las estrategias de
política agraria y rural de las comunidades autónomas, puedo decirles que
existen 123 zonas de este tipo previstas, con un total de nuevos regadíos
en torno a las 943.000 hectáreas.
Sumando todo, los nuevos regadíos declarados o no, de una competencia o
de otra, nos enfrentamos en este país a una aspiración social y regional
próxima al millón y medio de nuevas hectáreas de regadío, que, sin duda
alguna, exigen no sólo una evaluación, desde nuestro punto de vista,
simplemente social y económica, sino un estudio muy detenido en cuanto
a su viabilidad medioambiental, su viabilidad para el complejo
agroalimentario, su utilidad para fijar población en el territorio y su
viabilidad técnica, lo cual implica analizar en profundidad suelos,
altitudes, recursos hídricos disponibles, porque muchas de estas zonas
están aspirando al mismo recurso hídrico; dos o tres zonas próximas están
aspirando a la concesión del mismo recurso hídrico y, por tanto, se haría
inviable alguna de ellas si ese recurso se le terminara asignando a una
de esas zonas.
El tercer programa que aparece en el avance del plan nacional de regadíos
es el denominado programa de mejora de gestión del agua de riego, una
propuesta de una red de evaluación de las necesidades de agua para el
regadío, cuyos objetivos serían intentar introducir en la gestión del
agua el análisis coyuntural y anual de las campañas, incluyendo la
situación real de humedad en el territorio, los requerimientos en función
de las siembras que se realicen, incluso los reajustes que implica la
política agrícola común, intentando introducir en la gestión del agua un
punto de referencia para que puedan fijar las administraciones agrarias
sus prioridades, particularmente en años de escasez similares a los que
hemos vivido el año pasado.
No quiero extenderme mucho más, porque he hecho ya referencia a los
puntos fundamentales y supongo que de la
intervención de SS. SS. saldrán preguntas concretas, que yo, con mucho
gusto, contestaré a continuación aumentando la información que les he
dado en esta explicación previa.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieren intervenir? En nombre del Grupo
Parlamentario Popular, la señora De Palacio tiene la palabra.
La señora DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI: En primer lugar, quiero
agradecer a don Carlos Tió y al señor López Pardo su presencia en esta
Comisión para informarnos del avance del plan nacional de regadíos,
siendo esto la muestra de que, definitivamente, se ha puesto en marcha
dicho plan conforme al mandato unánime del Congreso de los Diputados,
acordado en la primavera del año 1994, y que, por la información de que
disponemos, lamentablemente no arrancó el Gobierno su puesta en ejecución
hasta principios de este año. Nos congratulamos de que, por fin, se haya
puesto en marcha el cumplimiento del acuerdo del Congreso y lamentamos
que no se haya hecho antes. Intentemos plantearnos este debate con un
espíritu positivo y no insistir más en que lo asombroso es que haya sido
necesario un acuerdo del Congreso de los Diputados para que desde la
Administración se acometiera una tarea de estas características, cuando
en el texto que nos ha sido remitido reiteradamente se habla de la
absoluta necesidad de contar con un instrumento de estas características.
Nos congratulamos de que el Congreso sirviera en su momento para que, por
fin, se acometa este trabajo y que se haga algo que, como bien dice el
Ministerio en este documento, es absolutamente imprescindible para poder
llevar a cabo una buena política agraria en España.
Y entramos en el contenido. El mandato del Congreso hablaba de la
necesidad de determinar la superficie de los regadíos actuales, la
superficie de los regadíos a mejorar, el consumo y el ahorro posible de
agua en esos regadíos, la superficie de nuevos regadíos, los cultivos a
establecer en concordancia con la reforma de la PAC y el acuerdo del
GATT, los estudios de rentabilidad, posibles alternativas de los mismos,
las zonas a transformar en regadío, por razones sociales, etcétera. En
este avance se nos plantean fundamentalmente hipótesis. Esa es la parte
que nos parece más razonable y queremos señalar que nos produce una
cierta perplejidad, por decirlo suavemente, algunas de las afirmaciones
y de los datos que se ofrecen en el avance como datos ciertos, que
lamentablemente nos tememos que no son tan ciertos.
De la lectura del avance se deduce también que la eliminación o la
postergación de algunos organismos, como el Iryda o el SEA, no ha sido
adecuadamente sustituida, por parte de la Administración central o por
parte de las comunidades autónomas, en unas actuaciones coordinadas, y
es absolutamente necesario.
Quiero señalar que es claro que no podemos considerar que estamos en un
país que acaba de nacer. Llevamos 13 años de un gobierno concreto y ahora
es cuando empezamos a hablar de esto.
En cuanto al plan, quiero decir que hay muchos puntos en las hipótesis
en los que está de acuerdo el Grupo Parlamentario Popular. Nosotros
coincidimos en lo que son objetivos del plan nacional de regadíos,
objetivos en el sentido de que es necesario consolidar nuestro sistema
agroalimentario y que es necesario también no perder de vista el regadío,
no sólo como elemento a la hora de consolidar ese sistema,
agroalimentario, sino también como elemento a la hora de una adecuada
política de ordenación del territorio y, concretamente, a la hora de
poder fijar, asentar población en ciertas zonas. Como ha sido señalado,
grandes zonas de nuestro territorio sufren en este momento problemas de
desertización cierta, con los problemas medioambientales asociados y los
problemas de agolpamiento o de urbanización, que tienen pérdidas de tipo
social, cultural, económico, medioambiental, etcétera.
Efectivamente, como dicen el Secretario General y el Director General en
algún artículo, nuestro sistema agroalimentario, en sentido lato
--estamos hablando en torno al 20 por ciento del PIB, no es una cifra
baladí y debiera preocuparnos a todos el futuro del mismo--, carece de
proyectos, compromisos y orientaciones de cara al futuro de ese sector.
Bien es verdad que para cierto tipo de definiciones es absolutamente
necesario esperar a la conclusión del plan, y concretamente de algunos
aspectos esenciales, como, por ejemplo, el estudio y el análisis de la
incidencia de la PAC y del GATT.
Quiero señalar que en la memoria se entiende que la PAC va a tener un
marco estable. ¡Ojalá lo pudiéramos considerar así! Yo no estoy nada
segura de que eso sea así. Sabemos lo que es hasta el año 1999. Nadie nos
garantiza cuál va a ser el futuro. Es cierto que uno de los motores
esenciales de la construcción de Europa ha sido precisamente la política
agrícola comunitaria. Pero también es cierto que la Europa a la que nos
vamos a enfrentar en el futuro va a sufrir enormes transformaciones. La
ampliación, por un lado, va a arrastrar una serie de consecuencias
respecto de lo que ha sido la capacidad de soportar una política como la
que se ha mantenido en el terreno agrario. Además, los horizontes que se
avecinan sobre una integración en la zona mediterránea y la posible
existencia de una zona de libre cambio en el Mediterráneo le plantea a
España enormes incertidumbres --por decirlo suavemente y no alarmar más--
para el futuro.
El Tratado de Asociación con Marruecos puede crearnos problemas a largo
plazo. El Tratado de Asociación con Marruecos de cara al futuro no afecta
sólo a aquellos países que tienen la cláusula de país más favorecido,
sino a los tratados posteriores con Turquía y otras zonas mediterráneas
--lo veremos en la próxima Conferencia Euromediterránea-- y, sobre todo,
la tendencia al establecimiento de una zona de libre cambio o a una
integración económica en la zona del Mediterráneo donde el sector agrario
español tiene enormes incertidumbres. Yo espero que todo esto se tenga
en cuenta en las negociaciones en Bruselas, porque la información de la
que dispongo me hace pensar que muchas veces nuestros negociadores
--estoy hablando de funcionarios intermedios-- van con una única
instrucción: Tú no te señales y haz lo que haga la mayoría.
Lamentablemente
nuestros intereses no se pueden negociar así, porque nuestros intereses
hoy día no son los intereses de la mayoría en Bruselas. En la Bruselas
actual el sector mediterráneo ha perdido gran parte de su fuerza. Se ha
desequilibrado hacia otras zonas y son otros los problemas que allí se
plantean. Por tanto, cada vez es más necesario tener una idea clara de
qué es lo que pretendemos para nuestro sector agrario, en su sentido
amplio, y cuál va a ser el futuro de nuestro sector agrario, y
concretamente el sector agroalimentario al que me refería hace un momento
y cuáles son las perspectivas de futuro que nos planteamos en ese
terreno. Coincidimos en los objetivos y soluciones que se proponen para
el regadío en España, que no para el plan de regadíos que no es sino un
instrumento al servicio de esa política agraria.
Me voy a referir a la memoria. Cuando decía que lo que menos nos gustaban
eran las concreciones me refería, señor Tió, a la lectura de un borrador
elaborado quince días antes del ejemplar que nos han remitido. Entre un
documento y otro sólo transcurren quince días y, sin embargo, las
afirmaciones que aparecen plasmadas en el documento definitivo con
respecto al documento inicial, son tremendas. Son tremendas en cuanto a
aquello que eran incertidumbres o indefiniciones, que se posponían
precisamente a la resolución, a la elaboración definitiva de todos esos
trabajos por valor de 1.800 millones de pesetas que ha licitado su
Ministerio, cuyo resultado se esperaba. Ahora resulta que gran parte de
esas preguntas que se dejaban en el aire, que no se terminaban de cerrar,
en el avance de memoria están cerradas, y algunas de esas preguntas eran
absolutamente cruciales. Por eso le digo que me parece que el ejercicio
intelectual no ha sido el más riguroso que se podía haber hecho, sino
todo lo contrario.
Por ejemplo, en la introducción del borrador que se manejaba se hacía
referencia a las carencias de datos e informaciones. Lamentablemente, es
un hecho que nuestra Administración carece de datos fiables y se tiene
que basar en datos que se deducen de otro tipo de estadísticas. Pues es
confesión que se hacía al principio de la memoria que yo había leído
ahora se sustituye por una versión edulcorada en la que eso se suprime
y, sencillamente, se hace referencia a la necesidad de realizar mayores
estudios para incorporar en las diferentes fases estudios técnicos más
detallados. El problema no es que haya que incorporar, sino que han
cometido fallos enormes.
Como digo, en esos 15 días no es que hayan terminado otros estudios, sino
que lo que han hecho ha sido echarle un poco más de cara --y pido perdón;
con eso no quiero decir nada más allá de lo que digo-- al papel y afirmar
cosas sobre las que no se tienen datos suficientes. En esta memoria
desaparece la justificación de que el avance no puede cuantificar las
respuestas requeridas por el Congreso de los Diputados, precisamente por
no disponer de información y de datos suficientes. Como digo, en el
avance de la memoria que nos envían eso ya no se dice. De alguna manera,
cambia el carácter y el alcance del avance y lo cambia tanto como que el
borrador de avance al documento que nos envían, de repente cuantifican
las posibilidades de ahorro, o afirman en las conclusiones --cosa que
tampoco hacían en el primer documento-- la ineludible necesidad de poner
en marcha los trasvases que se requieran para cada una de la cuencas
estructurales deficitarias.
Con esto quiero decir que, en 15 días, y sin que se aporte ningún dato
suplementario, las modificaciones son de enjundia. Lamento que hayan ido
más allá de lo que yo creo se podía haber ido en lo que es un avance de
un plan de regadío. Supongo cuáles son las razones por las cuales han ido
más allá, muy posiblemente las razones sean que desde otro ministerio les
han dicho que había que decir más, que había que mojarse más --perdón por
la expresión, pero es que estamos hablando de regadíos-- y les han
exigido una mayor concreción, pero si se hace un ejercicio con auténtica
honradez intelectual, tengo que decir que hay cierto tipo de concreciones
que no se pueden establecer como se ha hecho.
A partir de ahí, voy a señalar algunas cuestiones suplementarias y con
esto termino, por no alargarme demasiado. En primer lugar, sé que es
cierto que ahora se ha puesto en marcha un plan de discusión y
coordinación con las comunidades autónomas. En el avance no se contó con
ellas; quizá se podría haber contado desde el principio, lo que habría
sido bueno.
En las cuantificaciones hay cuestiones que realmente sorprenden. Por
ejemplo, al hablar de las inversiones también hay una diferencia entre
lo que era el avance y lo que al final nos envían. En el avance, en
inversiones, para la financiación de obras de modernización hablaban de
519.000 millones de pesetas y en la memoria nos lo rebajan a 397.000. De
todas formas, con lo que aparecía este año en el MAPA, de cara a los
Presupuestos para 1996, que eran 2.700 millones de pesetas --fíjese, eche
la cuenta--, creo que en el año 2050 podemos estar todavía con las mismas
modernizaciones. Lo digo para que vea que hay modificaciones
sustanciales.
En cuanto a las comunidades autónomas, sorprende que en el apartado
«Varios» metan 31.000 millones de pesetas, y entre esas comunidades
autónomas, indudablemente, están Asturias, Cantabria y Madrid, que es la
única que tiene una cierta entidad, pero es prácticamente la misma
cantidad que asignan a Comunidades Autónomas como Aragón, el orden de
magnitud es semejante --me parece recordar que Aragón eran 41.000
millones--, cosa que sorprende por su importancia. Como supongo que esta
cuestión está sometida a este proceso de revisión, de cara a la
definición última del Plan Nacional de Regadíos, se podrá ir arreglando.
Siguiente cuestión. Nuevos regadíos y modernización. Nosotros entendemos
que la consolidación y modernización de nuestros regadíos es
absolutamente prioritaria, pero hay regadíos donde no hay problemas de
agua, en cuencas donde existen excedentes de agua evidentes, donde no se
puede posponer la puesta en marcha de nuevos regadíos que estén
justificados, como hemos dicho, en función de esas premisas que hemos
establecido, bien de una rentabilidad económica clara y de su integración
y consolidación dentro del sistema agroalimentario o, bien, que estén
perfectamente justificados en función de ese otro aspecto
de fijación de núcleos de población en el ámbito nacional.
A lo largo de todo el plan nacional de regadíos no hay una sola palabra
sobre los regadíos de hecho, los regadíos ilegales. Como sabe muy bien,
señor Tió, estamos hablando de cientos de miles de hectáreas, entre las
300.000 y las 500.000, lo cual no es una broma, y ahí no se dice una
palabra; al revés, sólo se hace referencia a los que tienen concesión,
a los que son del Estado, etcétera. Quiero decir que hay algunos olvidos
importantísimos. Nos parece muy acertado que se hagan apuntes
interesantísimos, que además coinciden plenamente con nuestros criterios,
como la cesión temporal de derechos en épocas de sequía, que puede ser
una solución inmediata para paliar cierto tipo de problemas de máxima
urgencia en estos momentos.
A la hora de hablar de inversiones --con esto termino, aunque tendría que
plantear muchísimas más cosas, aunque no voy a entrar en ellas--, habría
que hacer un esfuerzo más claro de concreción. Si hablamos de 400.000 ó
500.000 millones, hay que decir por lo menos en qué proporciones se
reparte. ¿Todo eso es Administración central? ¿Qué parte entienden que
va a ser financiada por comunidades autónomas, qué parte por particulares
y, además, qué parte de fondos comunitarios vamos a disponer? ¿Qué
disponibilidades hay en ese terreno?
Hay cuestiones que producen sorpresa absoluta. Como decía antes, el
establecer los ahorros posibles sin que haya ningún estudio que
justifique esas cuantificaciones y el estudio de la elasticidad. Tal y
como lo plantean ustedes, las curvas de elasticidad en la demanda son
algo bastante esotérico. Yo les aseguro que me han sorprendido muchísimo
sus tesis.
En síntesis y para concluir, aunque quizás al final haré alguna
precisión, diré que encuentro que hay aspectos positivos en este sentido,
que lamento que se hayan hecho cierto tipo de concreciones que no aportan
nada al rigor del documento sino que, por el contrario, se lo restan,
como el tomar partido por los trasvases, etcétera. Hay cuestiones que se
tenían que haber planteado, como la negociación con las comunidades
autónomas, pero que, en fin, se plantean ahora. Además, un deseo pero a
la vez una exigencia: que los 1.800 millones de pesetas de los fondos de
los impuestos de todos los ciudadanos, que se han licitado y adjudicado
para una serie de estudios, se utilicen de verdad para que esos estudios
obedezcan a aportación de datos ciertos, no refritos de datos y
estadísticas que ya están en manos de las administraciones (tengo
información al respecto, lo digo para que vaya tomando las medidas), que
sean de verdad unos estudios serios que sirvan para que el plan
definitivo (no esta memoria que, como digo, sobre todo en las
concreciones, la considero francamente floja, por no decir en algunos
casos casi tramposa), para que el documento final, sea un instrumento
útil al servicio de una futura política agraria y de una futura política
hidráulica, que es la que al final ha dado origen a este documento.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señor Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: En primer lugar deseo agradecer al Secretario
General, señor Tió, y al señor López Pardo su asistencia a esta Comisión.
Pensamos que es importante tener un avance del plan de regadío. Sobre
todo, creemos que es muy importante porque de los datos que hemos podido
manejar en el estudio de todos estos documentos, durante mucho tiempo ha
habido una gran improvisación, yo diría más, una gran dejación de
responsabilidades por varias administraciones. Cuando cada año en los
Presupuestos Generales del Estado hemos dicho que las partidas de mejora
de infraestructuras de regadío eran absolutamente testimoniales, ahora,
cuando vemos que 1.500.000 hectáreas, lo que representa el 45 por ciento
del total, necesitan de mejoras serias, nos damos cuenta realmente de lo
que ha significado durante todo este tiempo la desidia o dejación de
responsabilidades en un tema tan serio para nuestro país.
En primer lugar, quisiera señalar que el período con el que se trabaja,
diez años, nos parece reducir por cuanto este estudio se iba a enmarcar
dentro del Plan Hidrológico, que tiene un horizonte de veinte años. Por
tanto, nos hubiese parecido más riguroso, aunque después hubiese habido
estudios por fases, el hecho de que se hubiese planteado ya en el
contexto que marca el propio Plan Hidrológico.
En segundo lugar, quiero señalar que, en relación con el boletín del
viernes 5 de mayo de 1995, en el que salen adjudicados algunos estudios
por adjudicación directa y otros por concurso público, por un importe
aproximado de 1.700 millones (a lo mejor sumé mal, igual son 1.800
millones), teniendo en cuenta que muchas de las competencias han sido
hace tiempo transferidas a las comunidades autónomas, es casi seguro que
éstas tenían hechos ya estudios serios y rigurosos (yo sé de algunas que
ya los tenían hechos), no vaya a ser que los vayamos a repetir. Hay que
tener en cuenta que para todo el Plan Hidrológico los estudios que se han
realizado son de 2.600 millones de pesetas, a menos que mis datos estén
equivocados. En cualquier caso, se debe tener en cuenta la coordinación
con las comunidades autónomas para que todos aquellos datos que se tengan
no se vuelvan a repetir porque acostumbramos a hacer eso, repetir los
estudios. Por otra parte, quisiera saber a qué empresas se han adjudicado
al final esos estudios y si se han mantenido unos criterios de
homogeneización para su realización. También quería preguntar si se creía
que en el Ministerio y las distintas consejerías de las comunidades
autónomas no hay personal suficiente como para completar estos estudios.
Nos dice el señor Tió que se ha presentado a las comunidades autónomas,
a las asociaciones agrarias y a otras entidades. Yo quisiera preguntar
en qué grado están estas conversaciones, a qué nivel están y, después,
qué tiempo se ha marcado para este período de consultas.
En relación con el fondo, pensamos que durante mucho tiempo ha estado en
el ambiente, en los medios de comunicación y en los debates el que la
agricultura absorbe el 80 por ciento de los recursos hidráulicos y que
muchas veces éstos son despilfarrados. Con datos comparativos de
porcentaje de regadío frente a la superficie agrícola de otros países de
nuestro entorno de la Europa seca, vemos que
Grecia tiene el 13 por ciento de regadío respecto a la superficie agraria
total; Portugal el 15,7; Italia el 18,5 y España, si no me fallan los
datos, aunque son del Ministerio, el 11,2 por ciento. Este porcentaje del
80 por ciento es la demanda media de esa Europa seca, es decir, Portugal,
Grecia e Italia, tomando como base esos baremos. Si tenemos en cuenta los
efectos socioeconómicos del regadío, que los marca el avance del plan,
que indica cómo repercute en cuanto a los jornales, a empleos, a cómo
multiplica la productividad en relación con el secano, pensamos que tiene
un efecto importantísimo sobre la estabilización de las rentas agrarias
en relación con todas las variaciones climatológicas. Donde hay regadío
se produce una mayor estabilidad de la renta agraria, sobre todo, en
algunas comunidades autónomas donde estos cultivos tienen gran tradición.
Si lo tenemos en cuenta en relación con la incidencia que puedan tener
los acuerdos del GATT y la política agraria comunitaria, razón de más
para nuestro Grupo el pensar que la consolidación de los regadíos, su
mejora y la puesta en funcionamiento de nuevos regadíos va a permitir a
los agricultores que afronten estos retos en mejores condiciones, sobre
todo si tenemos en cuenta que los vecinos, si es el norte, Francia están
incrementando sus regadíos con abundante financiación pública. Por otra
parte, si miramos al sur, Marruecos tiene vigente un plan de
transformación con financiación comunitaria. Por tanto, no compartimos
la idea de que nuestra superficie de regadíos ya es suficiente.
En cuanto al debate de si lo que hay que hacer es consolidar y mejorar
los antiguos regadíos o realizar los nuevos, aunque nosotros estamos de
acuerdo en que tiene que producirse un gran esfuerzo en la modernización,
que producirá una mayor eficacia y un ahorro considerable, la relación
es muy considerable. En la modernización y mejora se van a invertir
prácticamente, en el curso de estos años, 400.000 millones de pesetas,
cuando en planes de regadíos están programados 152.000 millones, si no
estoy equivocada, hasta el año 2005. Por tanto, hay una opción muy
decidida por la modernización, en detrimento de los nuevos regadíos. En
ese sentido, se ha decantado demasiado la balanza.
Respecto a los planes de regadío en ejecución, se señala que hay 146.931
que quedarán pendientes; es decir, que no se realizarán en el horizonte
del 2005. A mí me gustaría conocer qué criterios se han adoptado para
que, por ejemplo, en las Bárdenas, se dejen 11.937 hectáreas sin poner
en regadío. En Monegros podría entender que hubiera algunas otras
razones, pero en los demás me gustaría saber qué criterios se han
seguido, si son técnicos, económicos, agroambientales o sociales.
Por mucho que el Secretario General haya explicado que uno de los
objetivos básicos del nuevo Plan de regadíos es consolidar núcleos
poblaciones, examinando toda esta documentación me ha dado la impresión
de que se estaba fijando más en criterios de tipo productivista.
En una de las primeras páginas del avance del plan se dice: Factores que
inspiran el plan. Cuando en el punto 3.º se refiere a los nuevos
regadíos, dice: Los nuevos regadíos como instrumento de diversificación
de las producciones agrarias y de consolidación de los mercados. Nosotros
pensamos que esas dos finalidades son importantes, pero también lo es el
hecho de que en muchas comarcas de nuestro territorio se produce un
proceso de despoblación que va «in crescendo». Estimamos que una política
de regadíos puede incidir en detener esta tendencia y, por el contrario,
consolidar una población. Esa población no va a vivir solamente de la
agricultura, tendrá que diversificar sus actividades, pero las otras
actividades en las que diversifique su actividad necesitarán también el
recurso agua, sea el agroturismo, sean los productos artesanales o sean
otro tipo de medidas agroambientales como la reforestación.
Hay un punto en el que quisiera expresamente incidir, porque, aunque
estoy aquí como representante de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, por lo que mi actuación es para el conjunto del Estado, lo
mismo que solicito que me indiquen cuáles son estas 146.000 hectáreas,
también quiero preguntar por qué no se hace una gran obra de
infraestructura de regadío, el canal Segarra-Garrigues, que fue declarada
obra de interés general con motivo de los Presupuestos Generales del
Estado del año 1995. Me parece que hay un error de bulto porque, cuando
señalan cuáles son las obras declaradas de interés general, hablan de
Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón y, sin embargo,
ésta no la incluyen, cuando se trata de una obra declarada de interés
general.
Quisiera decirles más. Si ustedes dicen que una de las finalidades es
rentabilizar las obras hechas en infraestructuras, no se puede abandonar
una obra de esas características, que tiene como objetivo regar 50.000
hectáreas, que va íntimamente ligada a una gran obra de infraestructura,
el pantano de Riallo. Esta obra fue absolutamente criticada por amplios
sectores de la población, pero el Ministerio se impuso y la quiso hacer,
con el objetivo de regar esas 50.000 hectáreas que afectan a cuatro
comarcas de la provincia de Lleida, y ahora ustedes no pueden decir que
está previsto a partir del año 2005. Quiero decirles que si su objetivo
es consolidar núcleos de población, es un contrasentido que hagan ese
planteamiento, porque, probablemente, a partir del año 2005 ya no habrá
agricultores para poblar esas tierras y ponerlas en regadío, cuando sus
cultivos se ajustan a los que señala el avance del plan, que son los que
multiplicarían por diez sus rendimientos, como el almendro, la viña y,
en este caso, el olivo.
En este momento todavía hay condiciones sociales y económicas que
aconsejan la realización de esta gran obra de infraestructura de regadío,
pero si ustedes la proponen a partir del año 2005 pienso que se convierte
prácticamente en una burla. No creo que se pueda hacer este
planteamiento. Tampoco me vale que se diga que esto es una obra del
Ministerio de Obras Públicas. Aquí se está hablando de regadíos para todo
el territorio español, independientemente de la administración que lo
vaya a llevar a cabo. Esto tendría que haber estado secuenciado y se
tendría que haber dicho por qué no se hace, cuando la presa se va a
acabar este año. ¿Qué vamos a hacer con ese agua? Se ha dicho muchas
veces que ese agua quiere llevarse a Barcelona.
Son cuestiones que nuestro Grupo quiere hacer públicas con todo rigor.
En cuanto a la financiación, para modernización y mejora tenemos una
previsión de 400.000 millones, en un período de 10 años, pero, repito,
para los nuevos planes de regadíos es absolutamente insuficiente. En el
avance del plan señalan que se necesita capacidad financiera, en un
compromiso --dicen-- beligerante a favor del desarrollo rural, agrícola
y de protección del medio ambiente. Prácticamente estamos hablando de una
reconversión. Estamos planteando de aquí al año 2005, porque han querido
que sea solamente un período de 10 años, cómo se van a modernizar
nuestras estructuras de regadío y cuáles se van a ampliar. Pensamos que
553.000 millones no son excesivos, por mucho que nos parezcan, porque
estamos acostumbrados a tan poco que éstas nos parecen cifras
astronómicas. Quiero repetir, y lo he dicho en otras ocasiones, que sólo
el saneamiento de la empresa Seat para venderla a Volkswagen costó
400.000 millones de pesetas. ¿De qué estamos hablando? Quisiéramos saber
si estamos hablando de unas actuaciones que van a ser para el conjunto
del territorio y que van a garantizar una rentabilidad de nuestras
producciones agrarias, pero que también van a garantizar, si lo hacemos
bien, un reequilibrio territorial que permita que la gente viva
dignamente sobre sus territorios y que no siga el proceso de
desertización y de despoblación. Por tanto, el plan de financiación
parecerá astronómico, pero, teniendo en cuenta todo lo que se prevé
hacer, no me parece excesivo.
En cuanto a la red anual de evaluación, también vamos a tener que
dedicarle recursos. Eso no se hace porque se diga en un papel, sino que
se van a tener que dedicar recursos en coordinación con las comunidades
autónomas, lo que me parece una iniciativa muy interesante, pero también
quisiera que me explicaran cómo piensan llevarla a término.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Tubert.
El señor TUBERT I ALSINA: Agradezco a los señores Tió y López Pardo su
exposición, la presentación de este plan de regadíos. Cuando el Pleno de
la Cámara se orientó hacia la necesidad de desarrollar este plan, mi
Grupo manifestó su coincidencia en este objetivo por el interés general
del Estado, y en todo caso agradecemos que se empiece a perfilar lo que
puede ser el plan de regadíos para los próximos diez años de la
agricultura en el Estado español.
Coincidimos en este contexto y compartimos el objetivo más por la propia
orientación en la que está enmarcado de consolidar todo el sistema
agroalimentario, de reforzar la competitividad de la agricultura española
en un marco de estrategia especialmente de equilibrio territorial, como
han venido manifestando ustedes, que, sin duda, contempla el
mantenimiento de la población rural, la mejora del nivel de vida de los
agricultores y que no olvida la conservación medioambiental. Estando
claros estos factores de necesidad del propio plan, también compartimos
la orientación tomada en el sentido de impulsar el desarrollo agrario con
todo lo que ello conlleva y la necesidad de modernizar nuestros regadíos.
Estamos de acuerdo con la idea de racionalizar el uso eficiente del agua.
Un plan de regadíos permite la diversificación de nuevas producciones.
Hoy por hoy existe un desequilibrio en lo que es la demanda para riego
y lo que son los recursos hídricos disponibles y no hay duda de que hay
que ajustar este desequilibrio, ya que en muchas zonas el plan de
regadíos puede influir sobre los movimientos demográficos que se están
dando y sobre los movimientos sociales. (El señor Vicepresidente
Hernández-Sito García-Blanco ocupa la Presidencia.) Asimismo, estamos de
acuerdo con la integración de la política de nuevos regadíos en una
estrategia global de desarrollo rural sostenible, del ahorro y el uso
racional del agua, de diversificar sus usos y garantizar la calidad de
los retornos del agua a un ciclo natural.
Coincidimos con el esquema que usted ha planteado ya que genera un
programa de modernización y mejora de los regadíos existentes, lo que
significa un plan para los regadíos en ejecución, un plan para los nuevos
regadíos y la necesidad de avanzar en los programas de investigación,
desarrollo y formación y elaborar un programa financiero.
Entrando más en el detalle, nos empiezan a surgir dudas, porque si
globalmente es ajustable, cuando llegue el momento de concretarlo puede
producirse un desfase, que se ha venido denunciando, entre el resultado
de unos estudios elaborados por ustedes y los estudios que hoy por hoy
hemos realizado en otras zonas. En este punto yo juego con ventaja con
la compañera Mercé Rivadulla porque mi Grupo Parlamentario ha podido
contrastar los datos con mucha concreción. En consecuencia, le puedo
decir que en lo que es el desarrollo, la aplicación o el orden de
actuaciones, a nuestro entender ustedes hacen un análisis bastante
desfasado de las propias necesidades.
Respecto a la modernización y ejecución, cabe entrar en los riegos del
canal del río Francolí, en los riegos de La Cerdanya; la zona de La Muga
está contemplada en parte, pero falta por terminar la misma zona del Ter;
la zona de Agüerri y Balaguer y, cómo no, también coincidimos en la
necesidad de contemplar la oportunidad de La Segarra y La Garriga. ¿Por
qué? Porque está claro que en La Segarra y La Garriga ha sido evaluado
por todos como un plan de interés nacional. Para nosotros queda clara la
prioridad desde el momento en que, desde el propio Gobierno autonómico,
se están haciendo previsiones presupuestarias para estos ejercicios
inmediatos; en cambio, ustedes lo sitúan en el año 2005. Evidentemente
reconocemos la oportunidad de todos y cada uno de los planes, los que
ustedes exponen y los que he añadido yo, especialmente si es uno de esta
dimensión y, además, si está orientado hacia esas zonas. La producción
catalana agraria está especialmente en estas zonas y su nivel de
competitividad pasa por la disponibilidad del agua.
Con referencia al plan de nuevos regadíos, también encontramos un desfase
presupuestario en su previsión porque la mayor parte del presupuesto está
orientada a la mejora
de las instalaciones existentes y, si estamos hablando de ampliar en casi
un 30 por ciento las zonas regables de todo el Estado español, las
partidas presupuestarias no se ajustan a eso. En todo caso, cabría
contemplar riegos nuevos en la zona de la Aldea de Camarras y, luego,
partidas complementarias orientadas a riegos diversos para aguas
residuales depuradas o a riegos diversos para aguas subterráneas. Se
podría hacer el análisis de que no cabía entrar en una postura de
detalle, pero es oportuno que nadie se engañe, pues nosotros vamos a
defender hasta qué punto es conveniente llegar al detalle en nuestras
zonas de producción y el soporte del plan nacional a la política de
regadíos en nuestra zona.
Pensamos que es bueno hacer la propuesta de que, teniendo presente el
contexto autonómico del Estado español, hay que consensuar el plan con
las comunidades autónomas. Esto se ha venido repitiendo reiteradamente.
El plan de regadíos hay que hacerlo de abajo arriba y no de arriba abajo,
es decir, a la inversa de como se ha desarrollado hasta este momento.
A la cuestión presupuestaria se han referido antes, pero hay que
mencionarlo. La dotación económica a estudios solamente es considerable,
pero son muy aprovechables los trabajos realizados en cada una de las
comunidades implicadas financiados por los propios gobiernos autonómicos.
En todo caso, estamos hablando de una inversión considerable de la que
se puede sacar la máxima eficacia. Queremos entender que este plan es
considerado simplemente como un avance y que los trabajos en profundidad
que se realicen con el resto de comunidades pueden transformar el propio
proyecto.
Estimamos la necesidad de buscar líneas de financiación de la Unión
Europea. Este es un momento oportuno para entablar esta negociación y que
la Comunidad sea sensible a esta necesidad porque, además de los propios
desequilibrios norte-sur y de la diferencia de productividad y
competitividad de otras zonas en relación con la nuestra, es cierto que
acabamos de pasar por una sequía, argumento que indiscutiblemente juega
a nuestro favor y que no puede dejar al margen el principio de
solidaridad comunitario y las previsiones de futuro tampoco varían
analizadas desde esta óptica.
En todo caso, sin dar al trabajo más dimensión que la de filosofía y
dejando claro que compartimos su orientación, esperamos que en trabajos
posteriores ustedes puedan concretar más y que la propuesta final sea
totalmente consensuada y compartida con las propias comunidades
autónomas, según las necesidades del propio sector. Es cierto que,
presupuestariamente, la dotación es importante, alrededor de 500.000
millones, con respecto a lo que se venía previendo hasta ahora, pero es
bien cierto que la Administración tiene que generar recursos para el
aprovechamiento del agua y esto tiene un efecto multiplicador
determinante para el sector agrario español, con lo que conlleva de
implantación en las zonas rurales y de producción.
En todo caso, si el propio plan, una vez rediseñado, con las aportaciones
del propio sector productor que puedan tener influencia en las zonas de
producción de las comunidades autónomas, compromete a más disponibilidad
económica, ya sea vía comunitaria ya sea vía presupuestaria, quien tenga
la responsabilidad de administrar tendrá la obligación de contemplarlo
en toda su dimensión.
El señor VICEPRESIDENTE (Hernández Sito): Tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Sean mis primeras y cordiales palabras para
agradecer su presencia en la Comisión, y las explicaciones que han dado,
al señor López Pardo, en representación del Ministerio de Agricultura,
y al señor Tió, en su calidad de Secretario General de Desarrollo Rural
y Conservación de la Naturaleza.
Dicho esto, manifestaré un entrañable recuerdo a aquella vieja casa, el
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario, donde ha estado
siempre uno de los planteles de funcionarios, de todos los órdenes, de
mayor calidad profesional del Ministerio de Agricultura, desde lo que fue
la refundación del viejo Instituto de la República, el Instituto de
Reforma Agraria y, después, el Instituto Nacional de Reforma Agraria y
el Instituto Nacional de Colonización. He refrescado la memoria leyendo
la magnífica información que nos ha sido traída a través del
departamento.
Comienzo por hacer el siguiente análisis de la documentación. En primer
lugar, en el anexo número 4, en la propuesta para la elaboración y
ejecución del plan, me fui a ver cuál era la metodología. Todo plan tiene
que tener unos avales y unas calidades. Quiero decir que el contenido del
plan que está en este documento, y que se refleja después en la
metodología de elaboración del plan nacional de regadíos, me parece
perfectamente aceptable y de una gran garantía técnica y sociológica en
todos los órdenes, sobre todo, si somos capaces, entre la Administración
central del Estado y las comunidades autónomas, con la utilización de los
modelos econométricos y la elección de los parámetros, hacer al final un
informe y unas estrategias que sean compartidas. De esta forma, creo que
estaremos en un buen camino. Por supuesto que siempre, en la adscripción
de los los escasos recursos económico-presupuestarios, en la doble opción
de consolidación y mejora de los regadíos existentes actuales o ir a
nuevos regadíos, nos hemos inclinado por consolidar y mejorar lo que hay,
con los aspectos que ahora detallaré, sin perjuicio de que, en la
limitación de recursos económicos, se pueda seguir avanzando en la
penetración de nuevos regadíos, aunque con fuertes condicionamientos, no
solamente en el tipo de producción que la política agraria comunitaria
nos puede indicar en relación a qué es lo que tenemos que producir y para
qué mercados, sino, fundamentalmente, por la tremenda servidumbre a ese
recurso llamado agua. Podemos ir a las tecnologías de alta aplicación de
riegos por goteo o riegos por aspersión, en su caso, desde luego, seguir
presentando, como nos ocurre en la realidad nacional desde hace tantos
años, este derroche por los riegos a manta o por gravedad, no se puede
mantener; ahí es donde tenemos que hacer ese constante esfuerzo, y en ese
sentido felicito a los redactores del informe que trae el departamento
en la tarde de hoy.
Quiero hablarles también de la agricultura, desde el punto de vista de
mi cargo parlamentario, como representante de la circunscripción
electoral del Archipiélago canario. Efectivamente, señor Tió, usted sabe
que en el Archipiélago canario agricultura productiva es sinónimo de
regadío, salvando producciones de consumo interno de zonas de medianía,
que dependen de la climatología y no tienen mayor trascendencia en la
política agrícola comunitaria ni en la exportación --me estoy refiriendo
al área del plátano--, donde la servidumbre del agua y del sistema de
riego ha sido fundamental en Canarias, y el plátano es productivo y
rentable en la medida en que se implante el riego por goteo y sea
obligatorio. Hoy día, afortunadamente, por la pedagogía que han venido
realizando las instituciones del Ministerio de Agricultura, el antiguo
Iryda y hoy Secretaría General, así como la Comunidad Autónoma de
Canarias a través de su consejería, no hay agricultor canario al que se
le ocurra producir plátanos con el riego a manta o por gravedad; los
números le saltarían por los aires.
Viendo en el mapa del sistema preferencial de riego en España --les
quiero felicitar desde el principio por la magnífica documentación
aportada, y lo reiteraré al final-- esas tremendas superficies de riego
por gravedad, más de un 70 por ciento, se da uno cuenta de que esto es
de muy difícil viabilidad. Por consiguiente, todos cuantos esfuerzos
hagamos por aumentar los riegos por aspersión y, sobre todo, los riegos
por goteo, serán pocos para contribuir a administrar el recurso.
Mi segundo criterio de reflexión va a estar dirigido fundamentalmente a
lo que tienen que ser decisiones y talantes políticos, porque no dudo de
la tremenda calidad técnica del soporte funcionarial que tienen ustedes,
lo he experimentado, y valgan aquí otra vez mis palabras de
reconocimiento. En lo que ustedes traen en su documento de síntesis, el
régimen de gestión del agua como derivado de la actividad agraria, ahí
tendrán todo nuestro apoyo; sigamos por esa línea. Sin que haya una
mentalización de todos los usuarios del agua para que se impliquen en el
régimen de gestión de la misma no habremos avanzado gran cosa, y les
quiero hacer una pregunta, porque me parece muy bien la sistemática que
ustedes traen en el cuadro entre problemática y propuestas. Hacen ustedes
las propuestas vista la sistemática que tienen las comunidades regantes,
y aquí hay un talón de Aquiles, por lo que querría saber si tienen
ustedes algunas ideas legislativas en combinación con las comunidades
autónomas para potenciar las comunidades de regantes y, sobre todo, una
idea muy interesante que se aporta aquí, que es la introducción de
sociedades públicas y privadas de gestión del agua de riego. Creo que
cuanto trabajemos en ese sentido no será en balde, y a ello animamos.
Me gustaría que me pudieran dar una opinión de cómo se están comportando
esas reuniones bilaterales o multilaterales, comisiones mixtas, entre la
Administración central --Ministerio de Agricultura en este caso-- y las
comunidades autónomas, y si se puede referir a la canaria me encantaría,
dada la presencia de un Gobierno de mi agrupación política en este
momento en Canarias, para, entre todos, contribuir a esta línea de
trabajo.
Quiero resaltar lo siguiente y pedir todos los apoyos posibles y que los
distintos grupos de la Cámara lo vean. Cuando ustedes traen el cuadro del
programa de modernización y mejora de regadíos no se les ha ocultado lo
que sale cuando dan las cifras de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Resulta que en el resumen de actuaciones en modernización y mejora se
prevé para la Comunidad de Canarias una superficie de 31.000 hectáreas,
con una inversión de 33.000 millones de pesetas, según las cifras que dan
ustedes aquí, para las inversiones del Ministerio de Agricultura y
comunidades autónomas, más 14.000 millones del sector privado, lo que da
un total de 47.000 millones. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Les quiero reconocer que se haya ido a cifras reales, porque si nos
comparamos en parámetros con Andalucía, por ejemplo, por hablar de
agriculturas meridionales, vemos que, en Andalucía, para 178.000
hectáreas la inversión es de 86.000 millones. Esto quiere decir que la
hectárea de regadío en Canarias prácticamente nos puede costar el triple
o cuádruple. Esto es muy importante y destaco la cifra. Fíjense ustedes
que para hacer 31.000 hectáreas hay que invertir en Canarias 47.000
millones, y en Andalucía, para hacer 178.000, 86.000 millones. Canarias
va a tener prácticamente la sexta parte de hectáreas en comparación con
Andalucía, por utilizar estos dos parámetros más significativos, y sin
embargo ¿a cómo nos sale la hectárea de puesta en riego? Esto es una
realidad que yo he expuesto también muchas veces ante la Consejería de
Agricultura de mi propio Gobierno que está condicionado no solamente por
la orografía, sino por el recurso agua y por las circunstancias en que
tienen que hacerse los regadíos en Canarias. Este diagnóstico ya da una
realidad de la cifra.
Me parece tremendamente correcto el planteamiento que se ha hecho en
cuanto a la metodología del proyecto Renar, porque los programas de
mejora de gestión del agua de riego de pasar por establecer los objetivos
que señala el proyecto Renar para conseguir la aplicación de la política
agrícola común y, sobre todo, establecer las estrategias que se tienen
que seguir aquí. Si me pueden hacer algún comentario, alguna valoración,
desde el punto de vista eminentemente técnico, sobre cómo se van
comportando los otros agentes que no son Ministerio de Agricultura ni
comunidad autónoma, sino iniciativas de regantes, iniciativa privada,
etcétera, se lo agradecería.
En Canarias, como ustedes bien saben, el plátano exige un agua de riego
(de tecnología por goteo, por supuesto) de altísima calidad, y en este
tema entramos en el problema de competir con el turismo. A Canarias hay
que llevar la idea de que para el regadío hemos de aprovechar aguas
residuales. Tendríamos que potenciar, por ejemplo, el plan que existe en
el sur de Tenerife con aguas residuales de la depuración de las aguas
municipales de Santa Cruz de Tenerife y sumar las de La Laguna, un gran
proyecto conjunto que motivó en su día la declaración por decreto de zona
de actuación especial, y el Iryda, el Estado, fue el tutor de todo este
planteamiento. Esas aguas residuales que no valen para el plátano las
puede emplear el tomate, el otro sector fuerte de exportación, que
requiere una calidad mucho menor y, por tanto, podemos utilizar agua algo
salobre
que nos permite la producción del tomate. Veo que afortunadamente se
recoge en este informe de ustedes los regadíos tanto en la zona sur de
la isla de Tenerife como en la isla de Gran Canaria, donde está esta
mayor demanda del tomate y menor del plátano, que se inclina
favorablemente a Tenerife. Así pues, le quiero decir que juzgo de alto
valor el proyecto Renar en su esquema de funcionamiento y si me puede
hacer una valoración del mismo será bienvenida.
Con respecto a la financiación plurianual de programas, señor Tió, quiero
hacerle una pregunta. En el cuadro que dan para el decenio aparece un
total de acerca de 553.000 millones (modernización y mejora de regadíos,
397.000; planes de regadío en ejecución, 152.000, y después los 3.000 de
la gestión del agua de riego) y le quiero hacer una pregunta: ¿Son
pesetas reales o constantes? ¿Cómo están expresadas? Porque se habla de
diez años y no explica en el cuadro --es la única duda que me cabe-- en
qué tipo de pesetas están expresadas estas inversiones para los diez
años, y querría saberlo dada la cuantía que traen las mismas.
Quiero resaltar, y me congratulo y felicito por ello, que dentro de las
diez conclusiones que ustedes plantean en el documento resumen hayan
dedicado la séptima, la octava y la novena a este problema en el que yo
quiero centrarme hoy. Porque el problema no está en una tecnología de
regadíos, que la dominan perfectamente los técnicos magníficos que tiene
en su departamento y que tienen las comunidades autónomas, patrimonio
incluso de aquel bloque de magníficos ingenieros técnicos, funcionarios
expertos del desaparecido Yrida, sino en llevar esto al tema del agua y
su administración como factor condicionante.
Es necesario, como dicen ustedes en el punto séptimo, definir un régimen
económico-financiero estable del agua para los regadíos que garantice
simultáneamente la viabilidad y el uso eficaz. Eso es fundamental.
Paralelamente, dicen ustedes, el Ministerio considera necesario modificar
sustancialmente los sistemas de gestión integral de agua para riego.
Estoy de acuerdo totalmente. Si pueden, me gustaría que me detallaran
algunas de las líneas operativas en solitario de la Administración
central, más en las comunidades autónomas, en esas 22 zonas en todo el
territorio nacional que hoy día siguen bajo la tutela del departamento.
Creo que es una cosa tan importante que todos tendríamos que
comprometernos a ser predicadores de la gestión integral del agua para
riego.
Y, en tercer lugar, la conclusión número nueve dice que la futura
política de regadíos requiere una concertación más estrecha entre las
administraciones responsables (el Ministerio de Obras Públicas, el
Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas) y los sectores
implicados (comunidades de regantes y organizaciones agrarias). Querría
saber cómo está funcionando esta concertación a nivel general, porque el
Ministerio de Obras Públicas como competente en las cuestiones de las
confederaciones hidrográficas no llega a Canarias porque no hay
confederaciones hidrográficas, y si consideran ustedes que sea necesario
algún nuevo instrumento legislativo o de organización.
Para finalizar, les quiero mostrar mi reconocimiento y felicitación por
este trabajo sistemático en el que podemos ir aportando ideas y mejoras,
sobre todo, si la mentalidad de recepción por parte de los agricultores
sigue avanzando en un sistema integrado progresista.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor Roncero.
El señor RONCERO RODRIGUEZ: En primer lugar, en nombre del Grupo
Socialista, dar la bienvenida y agradecer la presencia y la información
que nos ha facilitado el señor Tió así como la compañía del señor López
Pardo.
Voy a intentar muy brevemente fijar la posición de nuestro Grupo en
relación al documento que se nos ha remitido y a la información que hoy
se nos ha dado en esta comparecencia, y remarcar algunos de los aspectos
que creemos más importantes de esa información, que creemos que es el
inicio de un elemento fundamental, no ya de la planificación agraria,
sino de una política del agua en nuestro país.
Debemos ser lo suficientemente sensatos todos, los ciudadanos, los
usuarios y los grupos políticos, para ser capaces de definir, por encima
de las rivalidades y las adversidades, en el sentido de adversarios
políticos, una estrategia del agua para el país, porque es un problema
de todos. Debemos superar ese concepto tradicional y ancestral que por
algunos se ha tenido de que el agua es un recurso natural y ese cierto
sentido de la propiedad allí donde cae. Estamos incluso viendo problemas
a niveles muy locales, no ya entre cuencas, sino entre las mismas cuencas
y municipios colindantes, problemas terribles de rivalidades. Yo creo que
entre todos debemos colaborar --y ésa es una responsabilidad muy
importante de las fuerzas políticas y de las administraciones públicas--
a superar conceptualmente esta situación y a ser capaces de difundir el
principio de que el agua es un bien escaso. Este ciclo de sequía que
estamos padeciendo yo creo que es una buena oportunidad de recordar y de
potenciar esa definición del agua como un bien escaso y la necesidad de
establecer un cierto clima de serenidad, de sensatez, de consenso, para
intentar solucionar los problemas que la escasez cíclica de agua plantea
en nuestro país, o la división de una España seca y una España húmeda;
incluso en los años normales de pluviometría sigue planteándose esa
división de excedentes y de escaseces en determinadas zonas del país.
Yo creo que este plan es uno de los elementos de partida que debe
integrar esa estrategia del agua. En la metodología del propio plan se
habla de la suma de planes y el plan general. Efectivamente, se refiere
a diferentes planes sectoriales, locales o de determinadas zonas o
cultivos que se pueden establecer y que sumarán globalmente la estrategia
del plan. Este plan como tal es una parte de la suma de otros planes que
conformarán lo que será el gran plan hidrológico nacional. Lógicamente
esto debe ser una parte de eso.
En ese sentido creemos que es un avance importante el tener este
documento que hoy se nos presenta aquí que, valga la redundancia, es un
avance de lo que será el futuro
documento y, por consiguiente, sometido a consulta pública, debate,
puntualizaciones.
Yo creo que lo importante en este momento es el acuerdo o desacuerdo
global con la nueva estrategia que aquí se define, con la que, desde
luego, nuestro Grupo está totalmente de acuerdo, porque, a pesar de que
las concreciones puedan ser más o menos compartidas, como se ha puesto
de manifiesto por algún Grupo, algunas de las cosas que luego se puedan
concretar son evidencias. Cuando se dice que no se puede contestar
concretamente a lo que pedía el punto 1 de la moción aprobada por el
Congreso, la evidencia del documento es que así lo dice: Aunque se haya
dicho previamente y no lo diga ahora en el documento final, si se lee el
documento anterior se ve que todo lo que allí se pedía tan
detalladamente, en éste, que es un avance y unas líneas estratégicas, no
está definido. Pero, independientemente de esas concreciones, creemos que
lo importante a evaluar hoy es la línea general de definición de una
nueva política de regadíos, dentro de lo que debe ser una nueva
estrategia del agua en el país. La estrategia está bien encauzada en el
documento y, además, en el documento de síntesis, cuando se define esa
nueva política y se ve el análisis comparado de la política histórica de
regadíos productivista, colonizadora, de asentamiento de la población,
de explotación máxima de recursos de agua y de suelo, etcétera, se ve un
cambio de estrategia bastante radical e importante, y tanto en los
objetivos como en los aspectos hidráulicos o en las líneas básicas,
creemos que es un avance muy importante.
El decálogo que se plantea como conclusión de todo el documento --y no
voy a entrar en detalles concretos porque lo importante es valorar esa
globalidad-- está bastante conseguido. De todas formas, quiero hacer
énfasis en algunos puntos del mismo, porque creo que son importantes,
para llamar la atención de la Administración --aunque al plantearlos es
lógico que ésta los asuma-- y de todos en general, para que los asumamos,
de verdad, más allá de la retórica.
El punto 3 del decálogo dice que la política de nuevos regadíos queda
condicionada por la existencia de un conjunto de compromisos históricos
adquiridos en zonas declaradas, en su día, de interés general de la
nación. Estas zonas, que implican a más de 400.000 hectáreas, hay que
tenerlas en cuenta porque, como dice el documento, si no se procede a la
revisión de las mismas, en un horizonte de 30 ó 40 años, estaremos
hipotecados en la política de regadíos. Creemos que es importante asumir
esto, no como retórica, como un dato que está ahí escrito, sino porque
es una situación que debemos asumir entre todos.
Los dos puntos siguientes son consecuencia del anterior, es decir de una
profunda revisión de esa situación teniendo en cuenta criterios técnicos,
sociales y medioambientales. Eso es lo que puede dar una definición de
un medio o corto plazo de 10 años, el 2005. que no significa el conjunto
de la estrategia de un plan hidrológico nacional de 20 años, pero sí de
lo que pueden ser los primeros años de esas prioridades. El resto de las
zonas deben someterse en este marco, junto con cualquier otro regadío
potencial o propuesto por comunidades autónomas, a una minuciosa
evaluación, como dice el punto 5. Creemos que los puntos 3, 4 y 5 son muy
importantes y hay que tratarlos alejados de cualquier tentación retórica,
dialéctica o demagógica, que no creo que sea intención de nadie.
El punto 6 cuando habla de los trasvases, lo hace como consecuencia de
la documentación del plan. Cuando se habla de las características
hídricas de los regadíos españoles, de las áreas de regadío deficitarias,
en los datos que se aportan en ese cuadro hay más de uno con tres
millones de hectáreas que son consideradas deficitarias en el plan
hidrológico nacional. Las áreas de regadío deficitarias con garantía de
suministro insuficiente, cuya consolidación en función de su
disponibilidad económica y ambiental es necesario analizar; áreas con
déficit estructural, regadíos en cuencas globalmente deficitarias, el
ahorro bruto que se puede dar en estas áreas, etcétera, y las
irregularidades de puesta en riego nos hacen llegar a la conclusión de
que las mejoras de las dotaciones y garantías de suministro a regadíos
viables, mediante aportación de recursos externos a sistemas de riego,
incluidos los trasvases que requieren las cuencas o subcuencas
estructuralmente deficitarias.
La consecuencia de esto es que hay que tener en cuenta los trasvases. A
veces hemos oído en algún debate que por las imprevisiones de las
administraciones públicas estamos sufriendo los efectos de esta sequía.
Yo pienso que por muchas previsiones que se hagan en cuanto a
infraestructuras hidráulicas, si no llueve tampoco se podría haber hecho
nada. Pero es verdad que unas infraestructuras de transferencias de
recursos bien estudiadas, con sus cautelas y regímenes de intervención
y de utilización pueden ser una previsión, cara al futuro y a los ciclos
secos, para cualquier utilización del recurso, humano o agrario. Es una
necesidad ineludible en nuestro país a la vista de la situación,
plantearse seriamente, como se hace aquí, un régimen de transferencias
y una definición. Esto hay que estudiarlo. Hay que afrontar ese toro y
torearlo sin demagogia y como un problema estructural que hay que
resolver en nuestro país.
Estas previsiones e infraestructuras, para las que hace falta consenso,
podrían permitir, con un buen control y con una buena participación en
el órgano de gestión de esas transferencias, que se paliasen efectos tan
indeseables como los que hemos tenido que sufrir, pero que los hemos
sufrido no como consecuencia de infraestructuras concretas de regulación,
sino por una falta de infraestructuras de transferencias.
Creo que eso es lo que hay que tener en cuenta. Y en este momento
procesal en lo que debíamos centrar los debates es en si estamos de
acuerdo con esa línea global, con esa definición de una nueva estrategia
de regadíos en nuestro país, que necesita si no de un consenso inicial,
sí de un clima de debate sereno, sensato, que pueda conducir a
conclusiones que de verdad vayan en el camino de resolver problemas y no
en el de utilizarlos --y aquí no hago exclusiones de ninguna fuerza
política-- en beneficio, partidista o coyuntural. Hace falta un debate
serio, riguroso, de una apuesta en común de todas las fuerzas políticas
y de todas las administraciones públicas y territoriales. Creo que este
documento es un buen principio para hablar de
este problema con sensatez y, en esa suma de planes de los que habla la
propia metodología del plan, debe ser un elemento que nos ayude a
definir, entre todos, lo que debe ser el plan hidrológico nacional, que
ayude, con esas previsiones, a tener garantías de que los ciclos secos
no tengan las consecuencias indeseadas que han tenido en épocas
históricas y están teniendo en este momento en nuestro país.
El señor PRESIDENTE: Antes de dar la palabra al señor Tió para contestar
las preguntas que se le han formulado, quiero poner en consideración de
los señores miembros de la Comisión el olvido de la Presidencia de
mencionar expresamente en la aprobación del Real Decreto-Ley la
disposición derogatoria, que fue una disposición que introdujimos en
Ponencia, en el sentido, lógicamente, de derogar el Real Decreto que
aprobamos como proyecto de ley. En este sentido, si hay asentimiento por
parte de todos los portavoces, como corrección técnica figurará así en
el «Diario de Sesiones». (Asentimiento.) Muchas gracias.
Para contestar a las preguntas formuladas, el señor Tió tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CONSERVACION DE LA
NATURALEZA (Tió Saralegui): Voy a intentar hacer algunas consideraciones
sobre las interesantes aportaciones de los portavoces de los grupos
parlamentarios. Empezaría con la sugerencia final del portavoz socialista
respecto a que, evidentemente, estamos tratando de unos problemas que no
tienen ideología, y el ejemplo más notable es que todo el arco
parlamentario en determinadas comunidades autónomas --que no hace falta
que mencione-- suelen estar de acuerdo; en Aragón en una vía, en Murcia
en otra, en Valencia... Además, normalmente, los problemas del agua
requieren una planificación muy a largo plazo en su ejecución y en su
programación. Es decir, yo concibo la planificación como algo deslizante
que será preciso adaptar en el futuro y que se va a ir adaptando y, por
tanto, seguramente, muchos gobiernos pasarán por este plan de regadíos
o por el que definitivamente apruebe este país en el futuro. Por tanto,
es posible hacer planteamientos en común y buscar acuerdos políticos
amplios. En ese sentido, nos congratulamos de que los primeros contactos
que hemos tenido con las comunidades autónomas apuntan en esta dirección,
a la posibilidad de llegar a acuerdos amplios con las modificaciones que
sean precisas de las propuestas que hemos hecho.
Voy a hacer algunas puntualizaciones a la Diputada, señora De Palacio,
ya que ha sido la primera que intervino. Yo creo que la planificación de
los regadíos en España ha existido siempre. Hoy contamos, y gracias a la
petición del Congreso de los Diputados, con un plan a discutir encima de
la mesa, que es un plan a diez años. ¿Eso quiere decir que no ha habido
planificación de los regadíos anteriormente? No. Yo creo que desde la
época de López Rodó hay planificación de regadíos en España. Lo que pasa
es que los presupuestos de la planificación han sido distintos en cada
época. En la década de los ochenta, tras las transferencias a las
comunidades autónomas --y quiero subrayar este hecho porque al Ministerio
de Agricultura le ha condicionado mucho en su política de regadíos, pero
es que realmente ha sido un cambio trascendental que nos ha llevado a
suprimir el Instituto histórico que había tenido una vida de cuarenta o
cincuenta años--, el Ministerio de Agricultura se queda sin servicios
periféricos en materia de regadíos de desarrollo rural y, entonces,
evidentemente, no puede elaborar una planificación exclusiva, porque esa
planificación tiene que tener en cuenta forzosamente las estrategias
singulares de cada comunidad autónoma.
Ese es un cambio singular; ha sido un cambio singular la reforma de la
PAC y el acuerdo del GATT porque --y no he hecho referencia antes por no
extenderme en estas materias-- el acuerdo del GATT viene a subrayar un
hecho muy importante y es que autoriza a los países desarrollados de la
OCDE a subvencionar sus agriculturas, con ayudas desconectadas del nivel
de producción. Es decir, en el acuerdo GATT se viene a decir a los países
desarrollados, a la Unión Europea, a los Estados Unidos, a los países
nórdicos, a Australia, a Nueva Zelanda, que tienen problemas de medio
rural y de fijación en sus poblaciones: Mire usted, si vamos a una
política de liberalización de los intercambios internacionales, entiendo
que usted subvencione a su agricultura, pero hágalo a través de
mecanismos no de protección en frontera, no de ayudas que estimulen la
producción, sino a través de mecanismos en base a superficies históricas,
rendimientos históricos, que no estimulen incrementos de producción, y
esto se produce en el año 1994, y no antes, y la reforma de la PAC es del
año 1992, previendo el necesario acuerdo con Estados Unidos en el marco
del GATT.
Es decir, que el contexto internacional de las políticas de ayuda a la
agricultura, aunque se modifiquen efectivamente en el futuro, que se van
a modificar, van en una dirección muy clara, que es: usted ayude a sus
agricultores, pero establezca sistemas que no distorsionen el comercio.
Esto es muy importante para la planificación que hoy planteamos, lo mismo
que es importante la filosofía de la Unión Europea. La semana pasada he
recibido la respuesta que da la Comisión Europea a una pregunta de un
parlamentario europeo sobre las políticas de regadíos en el sur de Europa
y viene a decir la Comisión Europea --leo solamente el último párrafo--:
«la Comisión utiliza criterios muy restrictivos a la hora de la
aprobación de programas que comporten nuevos proyectos de riego
cofinanciados con los fondos estructurales» --porque aquí está el meollo
de la autoridad que tiene la Comisión Europea sobre el Gobierno español:
que nos cofinancia estos programas-- «en cuanto a los cultivos admisibles
sobre los perímetros de riego. Salvo en casos excepcionales que
conciernen a superficies muy limitadas, la Comisión no ha autorizado la
cofinanciación de la extensión de perímetros de riego. Las intervenciones
en la materia se limitan a la renovación de instalaciones existentes, a
fin de economizar el agua y de contribuir así a proteger el medio
ambiente y a enderezar el proceso de desertificación». He traducido
literalmente del francés y por eso ha habido alguna palabra no muy
correctamente utilizada.
¿A qué voy? Evidentemente, la Comisión no está autorizando planes de
riego no tan restrictivos como los que dice en la respuesta a este
parlamentario, pero sobre esto deberíamos reflexionar mucho en este país,
porque muchas veces nos dejamos arrastrar, a nivel de comunidades
autónomas, por legítimos deseos electoralistas de que nos oigan que vamos
a hacer 300.000 ó 400.000 hectáreas de nuevos regadíos, no se sabe en qué
horizonte temporal. Eso es alarmar hoy día a la Comisión Europea. Creo
que ésa es una de las razones por las cuales el plan que se ha propuesto
es a diez años, es un plan equilibrado en cuanto a que propone nuevos
regadíos, y estamos legitimados a ello porque existen planes históricos
y existen, en cierto modo, derechos adquiridos, pero digamos que hemos
mantenido un equilibrio con lo que es también una revisión de cuál es la
viabilidad desde distintos puntos de vista de algunas zonas declaradas
de interés general de la nación. Seamos sinceros, hay algunas zonas --y
no voy a entrar en calificarlas-- en las que los sistemas hidráulicos
previstos en su momento, hoy día, a nivel técnico, se nos revelan como
inviables económicamente porque exigen unas elevaciones muy importantes,
porque llevan implícitos unos costes energéticos que aconsejan revisar
esos planes de riegos.
Hay otras zonas que están sometidas a la lupa medioambiental, y estamos
comprometidos, con alguna comunidad autónoma, a hacer algún plan de
ordenación de recursos precisamente para delimitar finalmente los nuevos
regadíos. Algunos de los fondos europeos que se van a destinar a algunos
de estos proyectos están condicionados a que cumplamos la normativa
europea en materia medioambiental. Por tanto, sería realmente suicida
desconocer estos hechos a la hora de hacer una programación más a largo
plazo. Yo diría más, algunas zonas requieren de obras hidráulicas previas
que no están construidas. Por tanto, planificarlo en el corto o medio
plazo por parte del Ministerio de Agricultura sería totalmente gratuito.
Con esto, lo que yo quiero decir es una cosa obvia. Esto es un avance,
pero no un avance que no aporte nada o que esté inmaduro, es una
propuesta estratégica. ¿Eso qué quiere decir? Pues si en el Ministerio
de Agricultura se nos dice por parte de todos nuestros interlocutores,
comunidades autónomas, organizaciones agrarias, regantes, Parlamento y
nuestro Gobierno, que hay que llevar adelante la estrategia ya aprobada
en el «Boletín Oficial del Estado», que se declaró en su día de interés
general de la nación, el plan a 20 años está hecho ya, como decía su
señoría. Es decir, eso nos llevará más de 20 años hacerlo. ¿Mientras
tanto no pueden las comunidades autónomas seguir haciendo regadíos en el
ejercicio de sus competencias? No, pueden seguir. Nosotros no tendríamos
capacidad presupuestaria ni financiera para abordar un plan que acabara
con las 304.000 hectáreas en un horizonte previsible de 20 años. Si se
nos dota de los presupuestos que hemos propuesto nos llevaría los 20
años. Precisamente lo hacemos a 10 años para que nos conteste el país
cómo entiende esta política de regadíos.
Efectivamente, estamos limitando la política de desarrollo rural a 22
zonas --de competencia del Ministerio de Agricultura-- que se decretaron
en su día, en base a criterios que hoy son muy discutibles, y estamos
abandonando multitud de pequeños regadíos, que sin duda alguna tienen
mucho más interés a la hora de fijar población, a la hora de abastecer
una industria agroalimentaria, a la hora de aprovechar ciertos
ecosistemas realmente interesantes para producciones competitivas, que
en su día --también seamos claros y sensatos-- no tuvieron el valedor
entre los gobiernos o en los parlamentos como para que se sacara adelante
una declaración de interés general de la nación, y esos pequeños regadíos
de 1.000, de 2.000, de 3.000 hectáreas en este momento no pueden
concentrar recursos presupuestarios del Ministerio de Agricultura porque
no han sido declarados de interés general de la nación, pero además,
porque encima no tenemos capacidad. Y no tenemos capacidad porque,
efectivamente, la transferencia de competencias a las comunidades
autónomas ha tenido muchos efectos reales.
¿Por qué el Ministerio de Agricultura sale al mercado y contrata unas
asistencias técnicas para llevar adelante el plan nacional de regadíos?
Los miles de millones no los tengo sumados, pero serán los que SS. SS.
han dicho. Voy a dar una respuesta que creo es muy clara. Se dice, ¿por
qué no han contado ustedes con las comunidades autónomas? Yo he visto los
estudios de regadío y los cálculos de las tasas internas de rendimiento
que se tienen hechas en muchos regadíos. Es decir, si contáramos nosotros
con los estudios y los criterios en materia de regadíos que tienen las
comunidades autónomas habríamos hecho los planes hidrológicos de cuenca,
que suman 1.500.000 hectáreas de regadíos. Puede haber un aspecto en la
política agraria que requiera un análisis independiente de las
comunidades autónomas, pero ello no quiere decir que no se cuente con su
información y se contrate. Las asistencias técnicas se van a hacer en
colaboración con las comunidades autónomas, por lo que van a ser
codirectoras de cada una de las asistencias técnicas.
Al Ministerio de Agricultura lo que se le va a pedir antes o después, no
en este momento porque no tenemos competencia (en esto se distingue muy
bien el avance de lo que será en su día el plan; yo no digo que el final,
porque vuelvo a insistir que el plan nacional de regadíos debe ser
deslizante, porque deslizante es la realidad económica de la
agricultura), es que demos nuestra opinión y establezcamos nuestra
prioridad sobre los regadíos no declarados. Eso nos obliga a analizar ese
más de un millón de hectáreas de este país desde el punto de vista
medioambiental, de suelos, de clima, condiciones agrológicas,
tipificación de regadíos, su evaluación económica, las pirámides de
población existente, es decir, cuál es la evolución previsible de la
población sobre el territorio. No tiene capacidad en este momento la
Secretaría General de Desarrollo Rural y de Conservación de la Naturaleza
para elaborar ese trabajo sobre el territorio. No existe tecnología en
este momento en manos de la teledetección y otras muchas que hay que
aplicar si queremos tener un plan de regadíos en el cual la
administración agraria tenga voz, porque la administración agraria ha
sido transformada totalmente con la política de transferencias.
Solamente subrayo que esos 1.800 millones representan el 0,3 por ciento
del paquete de inversiones públicas que se propone, que asciende a
550.000 millones. Son 100 millones por comunidad autónoma. Vuelvo a
insistir en que la Comisión Europea, por ejemplo cuando ha aprobado la
iniciativa Leader, destina a estudios externos de control y evaluación
entre el 2 y el 5 por ciento del coste del programa. La OCDE y todos los
ministerios españoles están saliendo continuamente al mercado. El
Ministerio de Agricultura creo que es la primera vez que ha salido con
un paquete para un programa a diez años. Importante, ¿para qué? Para dar
una respuesta sólida y poder evaluar las zonas de regadío que están
propuestas en los planes hidrológicos, en las políticas de las
comunidades autónomas, para poder priorizar esas políticas. Debe existir
una evaluación, porque si no el Ministerio de Agricultura no tendrá
opinión, y habremos de plegarnos al criterio de las comunidades autónomas
o al de la administración hidráulica. Yo personalmente, como responsable
de este área en el Ministerio de Agricultura, no lo he dudado. Se ha
hecho un proceso de concurso en el «Boletín Oficial del Estado» y hay
transparencia. Sus señorías tienen a su disposición información sobre las
empresas a las que se les han adjudicado estos estudios. En cualquier
momento podemos facilitar a SS. SS. el nombre de las empresas que nos han
solicitado. Estamos a su disposición para cualquier otra información
sobre esta materia de las asistencias técnicas. En la Secretaría que yo
dirijo hay transparencia. Es una casa de cristal porque soy una persona
que cree que debe haber esa transparencia y ningún tipo de control sobre
borradores. Me decía S. S. que tiene dos borradores que se diferencian
en quince días. Yo tengo seis o siete y se los doy todos, porque no hay
ningún problema de cuál es la evolución que se sigue en un trabajo que
se está realizando a muy distintos niveles.
Ha hecho usted referencia a las curvas de elasticidad, en lo relativo al
régimen económico financiero del agua, y a los cálculos sobre ahorro que
incorpora el plan. Esos estudios existen. Diría más, no existe ningún
secreto para que SS. SS., si lo desean, puedan disponer de esos estudios
completos que hemos hecho y que posiblemente sean posteriores al primer
borrador al que tuvo acceso su señoría. Le puedo facilitar esos estudios,
con resúmenes de ellos hechos por consultores externos. En algún caso son
avances también de esos estudios. Concretamente, el del régimen económico
financiero del agua es un estudio que prevé efectuar trabajos de campo,
que en algunas comarcas ya se han hecho o sobre los que se tenían
resultados provisionales, pero en otros no han avanzado lo suficiente.
Más o menos la finalización del estudio que acompañará en anejos en su
día al siguiente avance o plan, como lo queramos denominar, será un
estudio más completo, pero en cuanto a esos primeros avances van firmados
por sus responsables y, por tanto, están a disposición de sus señorías.
Se los hemos entregado a las comunidades de regantes que nos lo
solicitaron, porque, al hacer la presentación, mostraron interés por ver
los parámetros que hemos utilizado. No nos hemos inventado esos datos ni
mucho menos hemos seguido presión de ningún otro ministerio y mucho menos
en el tema de los trasvases, señoría. Yo le voy a llamar la atención
sobre algo que ustedes no me han señalado pero que el avance del plan
nacional de regadíos lo dice claramente.
El Ministerio de Agricultura no es competente en la gestión global del
agua, como SS. SS. saben, pero no puede estar callado ante los grandes
debates que en la sociedad se están produciendo estos últimos meses en
materia de régimen económico-financiero, y se han adelantado --no es
nuestra competencia, sin duda alguna--, nosotros hemos avanzado algunos
criterios desde los cuales el Ministerio de Agricultura cree que se debe
de abordar la solución, si es que se modifica el actual sistema. El
Ministerio de Agricultura no va a propugnar nunca elevar el precio del
agua a los agricultores, porque, obviamente, no sería, digamos, muy
presentable que ésa fuera nuestra posición, pero cuando se está
debatiendo socialmente ese tema, lo que nosotros no podemos hacer es
ignorarlo, agachar las orejas y decir que no tenemos criterio. No. Sí,
tenemos un criterio que conlleva una posición que llevaríamos adelante
frente a otros ministerios con mayor competencia en este tema cuando se
nos pregunte sobre esa materia.
En materia de trasvases al Ministerio de Agricultura le ocurre lo mismo.
Tenemos que pronunciarnos sobre algo que está produciendo un gran debate
nacional. ¿Y qué decimos? El Ministerio de Agricultura dice: desde el
punto de vista agroalimentario es importante consolidar una de las partes
más competitivas de la agricultura española que hoy día está sometida a
modelos insostenibles de producción --Canarias, en Murcia, en la
Comunidad Valenciana, en Andalucía--; es una parte importante del sector
agroalimentario español. Ahí es donde se han producido históricamente los
déficit de agua. Pero nosotros decimos algo que no ha dicho nadie en este
país en el avance del plan nacional de regadíos y es que advertimos que
ese déficit se puede producir, si realmente vamos hacia un cambio
climático, en el viñedo y en el olivar español, que son de las
producciones más competitivas internacionalmente de este país, es decir,
España es la primera potencia mundial en aceite de oliva. No hay oferta
internacional muchas veces para abastecer el mercado español, porque si
no hay buena cosecha en Túnez, en Italia y en Grecia, que son los países
que podrían abastecernos en casos de vecería, como la que se ha producido
este año. Afortunadamente parece que hay cosecha internacional, que hay,
digamos, suficiente abastecimiento para este año, pero ¿qué puede ocurrir
cuando el olivar y el viñedo se han situado históricamente en las peores
zonas del secano español? ¿Que España se convierte en un país importador
de vino y que no pueda abastecer de aceite de oliva y la demanda se nos
vaya a otros aceites sustitutivos? El Ministerio de Agricultura advierte
en el avance del plan nacional de regadíos que no solamente queremos
consolidar la agricultura hortofrutícola meridional y de la zona
mediterránea española, que es el primer sector exportador de la
agricultura española, sino que pensamos que hay que diseñar un modelo de
reequilibrio territorial que no afecte a intereses legítimos de las zonas
--y subrayo, entre comillas-- aparentemente excedentarias, una política
que permita que el agua de España
no se vaya al mar y que en años de crecidas de ciertos ríos se puedan
rellenar acuíferos y se puedan hacer aportaciones a pantanos o a embalses
que están claramente a unos niveles muy bajos. El Ministerio de
Agricultura no es competente en esta materia, pero tenemos ese criterio
porque creemos que es razonable para el futuro y para la consolidación
del complejo agroalimentario español, que ésa sí que es nuestra
competencia. Si eso es viable técnicamente, ¿cuáles son los precios del
agua que resultarán de tal estrategia? Hay que hacer los estudios y hay
que saber si eso es viable técnicamente. No podemos obviar que en nuestro
país hay unos desequilibrios hídricos muy importantes y que una de sus
soluciones pasa por el plan de modernización, y ésa sí que es nuestra
competencia junto con las comunidades autónomas. Hemos evaluado el ahorro
derivado del plan de modernización en una primera aproximación en 4.300
hectómetros cúbicos; puede ser un poco más o un poco menos. Desde el
punto de vista político no podemos agarrarnos a las cifras, y no estamos
dispuestos a ello. Hemos hecho un plan de modernización de regadíos que
presentó a principios de año el Ministro Atienza y teníamos unas cifras.
La aproximación de ese plan de modernización ha esperado al avance del
plan nacional de regadíos y hemos cambiado las cifras, y mañana también
se pueden cambiar las cifras; si hay ciertas comunidades autónomas --como
está habiendo-- que nos dicen que para ellas es menos interesante la
modernización y que quieren desviar parte de esos recursos
presupuestarios a incrementar los nuevos regadíos, si eso se hace en el
marco de una concepción que sea viable de cara a la estrategia frente a
la Unión Europea y por razones técnicas, hidráulicas y medioambientales,
nosotros no tendremos inconveniente en cambiar los números, porque desde
el Ministerio de Agricultura no vamos a hacer una cuestión de principio
de los números ni de los modelos econométricos que resulten, porque son
instrumentos de trabajo, pero ante todo están las decisiones políticas.
Quiero señalar que en esos quince días es cuando se toman las decisiones
políticas. Yo estoy muy acostumbrado a ver en Bruselas las filtraciones
de los borradores que ponen «confidencial» y que llegan a todas las
cancillerías varios días antes, y luego los espacios en blanco o los
números, es decir, las decisiones políticas, se toman en un acuerdo a
Quince y muchas veces desvirtúan el borrador. Yo que soy, junto con el
Ministro, el responsable máximo de este avance del plan y uno de sus
autores no creo que algunos de los calificativos que ha utilizado S. S.
sean ciertos, pero la discrepancia es básica en estas cuestiones.
Me preguntaba S. S. sobre los cientos de miles de hectáreas de regadíos
ilegales. Efectivamente, el Ministerio de Agricultura no es competente
a la hora de autorizar o no regadíos ilegales; es más, tenemos la
información que nos pueda facilitar el MOPTMA, como sabe su señoría, pero
la visión del Ministerio de Agricultura --y acabo de mencionar el
olivar-- es que si hay determinado tipo de riegos que no se han
legalizado en los últimos años, a lo mejor sería estratégico legalizarlo
desde el punto de vista agroalimentario. Hay una inflexibilidad en los
sistemas de gestión del agua en España que no puede ofrecer una respuesta
a cosas tan obvias como que el olivar hoy día es uno de los cultivos --no
sé cómo anda la platanera-- más productivos del campo español. Antes
estaba en secano y hace veinte años estábamos subvencionando el arranque
de olivar y hoy se están plantando olivos y poniendo riegos por goteo en
olivar, porque se están dando unas ayudas y se sostienen unos precios que
hace que esta producción sea de las más rentables en España. A lo mejor
son ilegales esos regadíos --nosotros no somos responsables de legalizar
esos pozos, esas elevaciones--, pero es obvio que no es de nuestra
competencia, aunque indirectamente estamos haciendo referencia a ellos.
Cuando nos pronunciamos por levantar la prohibición del riego del viñedo
y situamos a nuestros productos de vino en igualdad de condiciones con
otros países europeos, especialmente en unas condiciones de rigurosidad
climatológica como las que se producen en nuestro país, creo que tomamos
una decisión importante.
En cuanto en qué proporciones van a financiar los distintos
cofinanciadores estas propuestas del plan de regadíos, yo creo que se
deduce claramente de los cuadros. En las comunidades de regantes se ha
previsto que cofinancien la modernización de regadíos en un 30 por
ciento, y la parte de las administraciones públicas habrá que discutirla
con las comunidades autónomas, pero, en principio, es una competencia
básica de estas comunidades autónomas. Lo que hace la Administración
general del Estado en la modernización de regadíos es advertir a las
comunidades autónomas de que ésa es la prioridad de la agricultura
española, modernizar los regadíos. y, como prueba, cofinanciamos un
programa que, en el fondo, es de su competencia. La mayoría de las zonas
a modernizar nos las han sugerido las propias comunidades autónomas y no
es verdad que no hayamos colaborado con ellas. En el caso de Canarias,
ya que me lo preguntaba S. S., es obvio; al avance del plan de regadíos
de Canarias ha sido incluido íntegramente porque estaba hecho por la
Comunidad Autónoma de Canarias, y así lo ha señalado el representante del
Gobierno de Canarias en la reunión que hemos tenido con las comunidades
autónomas. Ha habido otros desfases que en algunas comunidades autónomas
se han debido precisamente a que ha habido cambios gubernamentales, y,
al parecer, los actuales gobiernos no comparten las prioridades en
modernización que nos habían mandado los anteriores. Tengo que decir que,
por nuestra parte, no habrá el menor inconveniente en ajustar
técnicamente las zonas prioritarias de las comunidades autónomas en
materia de modernización de regadíos. Por eso pensamos que el porcentaje
debería ser al 50 por ciento entre comunidad autónoma y Ministerio de
Agricultura en cuanto a la aportación pública, como ocurre en otros
programas, como el de la Ley de modernización agraria. En cuanto a los
reembolsos que se espera recibir de la Unión Europea --sin contar con
estos reembolsos pienso que ni las comunidades autónomas ni la
administración del Ministerio de Agricultura podrían abordar
presupuestariamente este plan-- diré que es un promedio entre zonas
Objetivo 1 y 5-B, es decir, en torno al 65 por ciento de cofinanciación
y de reembolsos a posteriori.
Para terminar --espero haber contestado a todas las preguntas que me ha
hecho S. S.--, quiero decir que no
pienso que esta memoria se pueda calificar de tramposa; es una memoria
que ha obtenido un consenso bastante amplio de las organizaciones
agrarias y de la Federación de Comunidades de Regantes y, si tuviéramos
más tiempo para debatir, se vería que existen --no se oculta en
absoluto-- un conjunto de trabajos en marcha que posiblemente tardarán
en finalizar todo el año próximo, y así lo he expresado en más de un
artículo escrito por mí sobre estos temas en los últimos meses, y cuando
se finalicen esos trabajos estaremos en condiciones de priorizar las
zonas que estamos evaluando, que no eran competencia del Ministerio de
Agricultura y, por tanto, no teníamos evaluadas. ¿Qué iba a hacer el
Ministerio de Agricultura evaluando zonas que habían sido declaradas de
interés general de la nación? Perder el tiempo; si lo hubiéramos hecho
sí que habríamos estado gastando mal el dinero. Cuando se ha considerado
que era necesario que el Ministerio de Agricultura realizara en España
una planificación global de todos los regadíos es cuando, primero, se ha
dado una respuesta en el avance de lo que sí teníamos evaluado, y ahí
está el anejo gráfico donde tenemos evaluada la situación de todos los
regadíos que hoy día son de nuestra competencia, y se está evaluando el
resto de regadíos a través de un gran número de estudios, pero, en
principio, no retrasan nada, sencillamente porque tenemos tarea
suficiente. No son de nuestra competencia; son, básicamente, competencia
de las comunidades autónomas y mientras que no demos una salida a las
zonas históricas sería una frivolidad por parte del Ministerio de
Agricultura que nos pusiéramos a hacer otros regadíos que no están
evaluados. Es decir, tenemos pendientes 304.000 hectáreas, ofrecemos al
país una alternativa a 10 años que está siendo contestada en varias
comunidades autónomas y queremos llegar a un acuerdo caso a caso, y eso
pasa por realizar urgentemente 157.000 hectáreas, con lo cual
triplicaríamos el ritmo de realizaciones que estamos llevando en los
últimos años y los recursos presupuestarios. A veces, unos nos dicen que
somos poco ambiciosos, porque deberíamos de hacer más, y otros nos dicen:
pero ¿dónde vais? (Risas.) Con la escasez de agua y de presupuestos,
¿estáis dispuestos a hacer 157.000 hectáreas más? Que no es un 30 por
ciento, como se ha dicho, de regadío español, sino bastante menos del 5
por ciento. Son 3.400.000 hectáreas, por lo que 157.000 hectáreas --así,
de memoria--, si el 10 por ciento serían 340.000, suponen en torno al 5
por ciento del regadío español, en diez años. Es decir, es un ritmo que
consideramos razonable desde el punto de vista de aportación del recurso
agua y de los recursos presupuestarios.
Ha habido una pregunta muy concreta, sobre los planes de regadíos en
Cataluña, tanto de la portavoz de Izquierda Unida como del portavoz de
Convergència i Unió, respecto a los regadíos del canal Segarra-Garrigues.
En este sentido yo creo que hay que ser muy claros. Es decir, a mí, en
ningún momento --y tengo pruebas escritas de ello--, ni la Generalitat
ni el Consejero Marimón me han comunicado ni me han pedido nada en
relación con estos regadíos, hasta el punto de que tengo una carta del
Secretario de Estado del MOPTMA, José Alberto Zaragoza, en la que me
comunica que se va a poner en contacto conmigo el Consejero de
Agricultura de la Generalitat para hablar de este tema. Yo le contesto
al Secretario de Estado el 31 de mayo, al día siguiente de recibir su
carta, diciendo lo siguiente --leo porque es breve, Presidente, con su
permiso--: En contestación a tu carta del pasado día 23, referente a las
obras del canal Segarra-Garrigues y a la transformación en regadío
recientemente declarada de interés general de la nación, te comunico mi
disposición a tener con vosotros las reuniones que consideréis oportunas
para analizar la metodología de trabajo conjunto más conveniente al caso.
Por otra parte, aún no he recibido ninguna llamada del Consejero de
Agricultura de la Generalitat ni el Gobierno de la Generalitat se ha
puesto en contacto conmigo. Ello sería interesante para coordinar los
trabajos, como tú bien me señalas, y por solicitarles los estudios
técnicos de que ellos puedan disponer sobre el proyecto, para analizarlos
y coordinarlos con los que esta Secretaría General lleva a cabo en el
contexto del plan nacional de regadíos.
Yo, desde entonces, he visto al Consejero Marimón en todas las
conferencias sectoriales, y a mí me da la impresión --es una impresión
personal-- que el Gobierno de la Generalitat no tiene interés en que el
Ministerio de Agricultura intervenga en los regadíos de
Segarra-Garrigues. Digo que me da la impresión porque no se han dirigido
a nosotros para nada y, sin embargo, al MOPTMA sí se han dirigido; pero
yo estoy absolutamente dispuesto. Supongo que no se habrán dirigido a
nosotros por considerar que no somos competentes en materia de regadíos
en Cataluña. Seamos lógicos. Hay otro caso, que es el regadío del canal
de Navarra, en Navarra, y el Gobierno navarro tampoco se ha dirigido a
nosotros, porque no tenemos convenio con el Gobierno de Navarra. Es
decir, no podemos financiar regadíos en Navarra por la política
tributaria y de cupo, foral, del Gobierno de Navarra. Ellos son
plenamente competentes en materia de regadíos y están ejerciendo su
competencia y llegando a acuerdos con el Ministerio de Obras Públicas,
que es el competente a la hora de hacer las infraestructuras de cabecera.
Cuando se pregunta por qué no lo incluimos entre los regadíos que
nosotros proponemos hacer, ya hemos dicho que hay cuatro zonas en marcha,
que están acordadas entre las comunidades autónomas y la Administración
del Estado distinta del MAPA, MOPTMA, y que es previsible que se realicen
en estos próximos años, pero yo no conozco el timing de inversión del
Gobierno navarro o del Gobierno catalán. Nadie ha dicho que los regadíos
Segarra-Garrigues no se vayan a hacer de aquí al año 2005. Lo que está
por ver es si se hacen con dinero del Ministerio de Agricultura o no,
porque a mí no me han dado vela en ese entierro, por decirlo de una forma
que todos entendemos. Yo tengo una carta por la que estoy dispuesto a
sentarme con el Gobierno de la Generalitat, si quiere que yo opine sobre
los regadíos en Cataluña. Me da la impresión de que no quiere que yo
opine, y están ejerciendo sus competencias transferidas en su momento.
También se ha hablado sobre dejación de funciones. (La señora Rivadulla
Gracia: De responsabilidades.) Yo creo que si SS. SS. reflexionan bien
sobre cuál es el contexto de la problemática del agua en España, no se
le puede decir al Ministerio de Agricultura que esté haciendo
dejación de funciones. Sencillamente, se le han quitado competencias y
se han transferido. Entonces, efectivamente, los presupuestos --aquí
tengo una nota que puedo facilitar a sus señorías-- en términos reales,
eso sí, del Iryda --vamos a seguir utilizando la terminología
histórica--, si se hubieran conservado constantes en materia de regadíos
los que se tenían en el año 1986, hoy deberíamos de tener 31.000 millones
de pesetas y tenemos 8.500. Sus señorías, como tienen los presupuestos
de 1995, saben que tenemos 2.500 millones para modernización de regadíos
y 6.000 para nuevas transformaciones. Es el ritmo que se ha llevado, pero
eso no impide que las comunidades autónomas, en el ejercicio de las
competencias que fueron transferidas, hayan seguido adelante con sus
competencias en materia de regadíos y hayan hecho transformaciones que
efectivamente no han hecho. Esa es una realidad sobre la que, en el marco
del debate del avance del plan nacional de regadíos, este país debe
pronunciarse. Si quiere nuevos regadíos, tendrá que hacer nuevas
inversiones en regadíos, y nosotros hemos ofrecido un marco de referencia
presupuestario que puede ampliarse o reducirse y se puede trasvasar
parte, de modernización a nuevos regadíos, a gusto de los usuarios
finales, que son los regantes, los agricultores y de las comunidades
autónomas que son competentes en esta materia.
Yo quería dar pie al señor López Pardo para hablar sobre el RENAR. Pero,
si me permiten, porque el señor Presidente nos está advirtiendo que no
nos pasemos de las ocho, quiero hacer un repaso por si acaso hay algún
tema importante. (Pausa.)
En esta lectura transversal de las notas que había tomado, no observo que
me deje en el tintero ningún tema de trascendencia, aunque puede ser que
así sea. De todas formas, antes de que el señor López Pardo pueda
complementar algo sobre el proyecto RENAR y algunas otras cuestiones que
quiera añadir, estoy dispuesto a seguir debatiendo este tema con SS. SS.
cuando la Comisión lo requiera. Es un tema que no se puede agotar en una
tarde, y yo quedo a disposición de esta Comisión y de SS. SS. en privado
o en pleno o como ustedes deseen, para complementar lo que hoy no hayamos
podido debatir.
El señor PRESIDENTE: Señor López Pardo, yo le rogaría una cierta
brevedad. No es que la Comisión tenga fijada una hora, pero algunos
portavoces me habían indicado más o menos la posibilidad de terminar
sobre las ocho, ya que tenían sus medios de transporte a partir de esa
hora. De todos modos, algunos de los que me lo han indicado ya no están
en estos modos.
Tiene la palabra el señor López Pardo.
El señor DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACION RURAL Y DEL MEDIO NATURAL
(López Pardo): Señor Presidente, señorías, voy a ser breve porque me voy
a referir en exclusiva a la importancia que el documento asigna a la
gestión del agua y al proyecto RENAR y que, posiblemente porque su
traslación al presupuesto final no tiene la importancia en inversiones
que tienen ni la modernización ni la ejecución, como digo, por la escasa
importancia cuantitativa que en principio, comparado con otras
inversiones, puede apreciarse, puede llevar a pensar que tiene un menor
interés desde el punto de vista de este esquema de avance del plan de
regadíos. Y no es así por lo siguiente: porque, de una parte, entendemos
que todos aquellos instrumentos de medición, de control del agua de riego
que se corresponden con una eficaz gestión deben incluirse en la partida
de inversiones, eso de una parte; de otra porque con el proyecto RENAR
nos referimos a la creación de una red nacional que nos permita la toma
de decisiones en tiempo real sobre la demanda de agua en España. En la
actualidad, corresponde al MOTMA con su sistema SAIH de vigilancia y de
control administrar la explotación y los desembalses de los distintos
embalses, pero, por contra, no hay una contrapartida que suponga un
conocimiento global en una cuenca, en una subcuenca y mucho menos dentro
de un perímetro de riego, sobre la oportunidad de proceder, con
suficiente antelación, a ciertas restricciones o disciplinas que permitan
optimizar los recursos disponibles.
En definitiva, lo que planteamos para optimizar el mejor uso de los
recursos es, de una parte, en tiempo real, a medio y largo plazo, evaluar
en todo momento el estado de la reserva del suelo, la humedad del suelo,
la distribución de los cultivos, que es cambiante en función de la
demanda del mercado, de las políticas de la PAC y de otras expectativas
económicas. Justamente por eso, porque el dinamismo de la economía nos
lleva a una modificación sustancial de la curva de demanda de agua para
los cultivos, es por lo que necesitamos tener un mecanismo que permita
a las comunidades autónomas, en el marco de su estrategia de decisiones
de mayor apoyo o de restricción a determinados cultivos, conocer en todo
momento el estado hídrico de las plantas, para que las comunidades de
regantes --que en España son 6.000-- puedan tener un instrumento de apoyo
para su toma de decisiones.
El esquema es muy claro. Se trata de implantar unos mecanismos de control
de la humedad, de la distribución de los cultivos. Sin duda, buena parte
de los estudios que están en curso van dirigidos a tener informatizados,
digitalizados todos los regadíos existentes en España sobre los que no
se dispone de información, de modo y manera que sobre ellos, y conociendo
la distribución de los cultivos, en todo momento sepamos qué va a ocurrir
si a una comunidad de regantes, en un año dado, se le restringe el
recurso agua.
Desde un punto de vista múltiple, analizando esta toma de decisiones,
¿qué va a ocurrir con determinadas producciones estratégicas? ¿Qué va a
ocurrir con la agroindustria que está ubicada en esos regadíos, que abre
unas cuotas de mercado, que en un momento determinado tiene unas
restricciones, unas limitaciones en los cultivos, carencias de suministro
y finalmente plantea unos problemas para el mantenimiento del sistema
agroalimentario español? En muchas ocasiones hay que establecer
estrategias de mantenimiento de las rentas. No todos los regadíos
españoles tienen el mismo tamaño de explotación, generan las mismas
rentas a los agricultores y lógicamente tampoco tienen el mismo empleo.
En definitiva, maximizar todos estos objetivos nos parece que sería
interesante y por el lado de la demanda agraria
sería una gran contribución, que facilitaría también la toma de
decisiones a los organismos de cuenca, a las confederaciones, que en la
actualidad están desconectados de la realidad económica de todo el ámbito
que administran.
Este proyecto ha sido muy bien acogido por la Comisión Europea y es de
los proyectos en los que tiene intención de contribuir a implantar en
España. Entendemos que el salto tecnológico que se ha dado en el
conocimiento de lo que ocurre en todos los regadíos españoles puede
permitir dotar a las administraciones agrarias, también al Estado, de un
conjunto de mecanismos que facilite esa estrategia de toma de decisiones
en situaciones de emergencia, que suele causar tensión en las
poblaciones, como son los riegos de socorro, los denominados en ocasiones
riegos sociales, que no se sabe muy bien a quién dirigidos ni por qué,
o en otros casos otro tipo de medidas restrictivas en cultivos de mucha
demanda de agua por hectárea, que se pueden restringir en un año dado
mediante compensaciones --esto se vincula también con la cesión
concesional--. Podemos restringir 3.000 hectáreas de riego intensivo en
una determinada cuenta para con ese riego de 3.000 hectáreas dotar 25.000
hectáreas en un riego de apoyo a frutales o a cultivos de alto interés
social, económico, estratégico o agroalimentario.
Este es el modelo, lleva cinco años de implantación. Sin duda se asocia
también con programas de I+D, a los que tampoco hemos hecho referencia,
pero que tienen importancia, y pretendemos que la implantación de toda
esta red de vigilancia y de asistencia en riego sea --y ha sido-- bien
recogida por las comunidades de regantes, por las comunidades autónomas,
y pensamos que es un gran instrumento tecnológico al servicio de una
mejor decisión en materia de agua de riego.
No me alargo más y sólo me resta darles las gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Tió.
El señor SECRETARIO GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CONSERVACION DE LA
NATURALEZA (Tió Saralegui): Unicamente quiero añadir un matiz final a lo
que ha dicho José Ramón López Pardo en este tema, y es que SS. SS. deben
ser conscientes de que las administraciones agrarias --y estoy hablando
de las comunidades autónomas y del Ministerio de Agricultura-- hoy día
no tenemos competencia alguna en la gestión y el uso del agua en España,
desde el punto de vista de la Administración, porque los regantes sí
tienen intervención en la gestión del agua, pero estamos en una política
agrícola cada día más intervencionista, y algo tendrán que decir las
administraciones agrarias respecto al abandono de cultivos que se
requiere, si es el 10 o el 15 por ciento, porque se varía todos los años
el set aside en cultivos herbáceos, y ahí tenemos una liberación de una
dotación donde, en principio, la administración hidráulica y las
comunidades de regantes no tienen previsto que intervenga la
administración agraria con sus planes estratégicos. Si en años de sequía
hay cambios de maíz a girasol, la liberación de agua que se puede
producir en una comarca es enorme. Son cambios estratégicos al fin y al
cabo que afectan a una estrategia agroalimentaria. El señor López Pardo
se refería al caso de la industria agroalimentaria y tiene mucha razón.
Hay decisiones que, en años de sequía excepcional, como aquella de la que
hemos hablado últimamente, podrían determinar que existan, dentro de la
estrategia agroalimentaria de las comunidades autónomas y de la
Administración general del Estado, prioridades. Hoy día, el sistema de
gestión del agua en España no permite esa intervención de las
administraciones agrarias, pero consideramos que en el futuro va a ser
imprescindible esa intervención y lo que prevemos con el proyecto RENAR
es dotarnos tecnológicamente para que la intervención sobre el regadío
español sea cada día más potente y se pueda optimizar el uso de un
recurso tan escaso en nuestro país como es el agua. (La señora De Palacio
del Valle-Lersundi pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora De Palacio, dispone de un minuto.
La señora DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI: Brevísimamente.
No digo que la memoria sea tramposa, he dicho que hay alguna trampa. Si
quiere usted, retiro lo de trampa y lo dejaremos en saltos en el vacío.
Esto último que acaba de decir es vital. El sistema actual sí permite,
a veces, a la administración agraria intervenir en la planificación
hidrológica. Lo que pasa es que la administración agraria ha hecho
dejación absoluta, y lo siento pero es así...
El señor SECRETARIO GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CONSERVACION DE LA
NATURALEZA (Tió Saralegui): No en la planificación, en la gestión del
agua.
La señora DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI: Pero hoy estamos hablando de
planificaciones.
La administración agraria, repito, hizo dejación absoluta en la
planificación. No hubo una sola alegación del Ministerio de Agricultura
al Plan Hidrológico Nacional cuando se presentó el anteproyecto al
Consejo Nacional del Agua. Para ser exacta, hubo una, del Director
General del Icona a la sazón, sobre unos riegos en su pueblo, en Aragón,
lo cual es todavía peor.
Sin embargo, no quiero entrar en ese tipo de cuestiones. Creo que es
absolutamente necesario incorporar en la gestión del agua --no sólo en
la planificación sino en la gestión del agua-- a aquellos que, de alguna
manera, disponen del 80 por ciento de ese agua, que es el Ministerio de
Agricultura. Sería buenísimo que se rompieran viejos enfrentamientos que
existen entre ministerios, cuerpos administrativos e, incluso, distintos
cuerpos ingenieriles. Es algo que he detectado y que me encantaría que
se terminara, pero no estoy nada segura de que la solución sea: yo me
monto otro tinglado.
En cuanto al sistema RENAR, la experiencia que existe del SAICA --que es
una especie de tinglado parecido, sobre calidad del agua, en el
Ministerio de Obras Públicas-- es un
desastre. Ya tenemos por encima del 50 por ciento de las estaciones que
no funcionan, a los dos meses de su puesta en marcha. Además, la utilidad
de las que funcionan es prácticamente cero. Se lo digo, porque es así.
Por eso me temo que en este sistema Renar vamos a pasar de que
prácticamente a los agricultores no se les den orientaciones sobre cómo
están los mercados y cuáles son los productos que tienen mayores
posibilidades --a veces se echa en falta ese tipo de orientaciones;
pensemos en la transferencia de competencias y en la falta de
coordinación, y no digo que todo sea culpa de la Administración central,
sino que estoy convencida de que muchas veces es falta de voluntad por
parte de las administraciones periféricas o de las administraciones
autonómicas--, vamos a pasar de ahí, decía, a controlar temperaturas,
lluvias, vientos, humedales, insolación, distribución y estado vegetativo
de los cultivos, etcétera. Me parece que entre el todo y la nada no vamos
a encontrar un punto de equilibrio. Este es el motivo de que tenga muy
serias dudas sobre la operatividad real final del Renar en función de los
costos y de las respuestas reales que podrá aportar. No he querido entrar
en este tipo de detalles entre otras cosas porque está poco definido y
poco explicado dentro de la Memoria.
Sí quiero, señor Presidente --y permítame, porque creo que es
importante--, dejar muy claras algunas posturas que se han planteado por
parte del portavoz del Grupo Socialista y que creo que interesa.
Solamente voy a hacer referencia a unas cuestiones de compromiso respecto
a la Memoria. Es muy concreto.
El señor PRESIDENTE: Señora De Palacio, creo que el debate en todo caso
debería tener lugar en otro momento.
La señora DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI: Señor Presidente, voy a consumir
un minuto más. Unicamente quiero que queden muy claras algunas cosas. He
dicho que prácticamente coincidimos en su totalidad con lo que son
principios básicos y estratégicos que plantea el plan, excepción hecha
de que entendemos que la consolidación de los ahorros se pueden
compaginar con aumentos en aquellas zonas donde existe agua en
abundancia. Aquí se ha citado un caso, el de Segarra-Garriga, y estoy
convencida de que no es sólo responsabilidad del Ministerio de
Agricultura, estoy convencida.
Siguiente cuestión: puntos tercero, cuarto y quinto, sobre los que se me
ha preguntado. Mire, coincido plenamente salvo en el quinto en el último
inciso, es decir, que se puede compaginar la consolidación y el análisis
de otros regadíos potenciales. Pero cuando hay agua y cuando hay
rentabilidad, que se siga hacia adelante. Es absolutamente necesaria --y
la respaldo-- la revisión de los regadíos declarados de interés general.
Es cierto. No obstante, sólo ha señalado parte de los problemas; hay
algunos que por no tener ni tienen ni agua; hay algunos que tienen unas
condiciones edafológicas criminales, problemas de salinización a medio
plazo brutales, con dificultades de yesos, etcétera. No vamos a entrar
en estas cuestiones. Pero quiero decir que sí coincido.
Séptimo: régimen económico y financiero. Me parece esencial que esto se
haya dicho, se debía haber dicho antes. Aquí lo que hay que ver son,
efectivamente, tarifas y sistemas. Yo creo que el sistema actual no es
malo porque a la vez permite optimizar las inversiones.
Termino: Contar con las comunidades autónomas de cara al futuro me parece
absolutamente básico, y, desde luego, hay que hacer frente a la cuestión
de los regadíos ilegales. En este punto el problema es que no se
contemplan. Nosotros somos partidarios y hemos pedido que se pueda regar
el viñedo, y hay que intentar consolidar cierto tipo de regadíos de
olivar. Además, cuando hablaba de nichos y de mercados todavía con
posibilidades de expansión, ahí es donde los tenemos, no tenemos muchas
más posibilidades. Todavía hay algunas otras, pero son clarísimas el
olivar y el viñedo. No se puede seguir en la situación actual de
anarquía, ni se puede, en una Memoria de estas características, ignorar
unas hectáreas que no están contempladas aquí porque no se hace mención
a ellas, y son tres millones y pico mil. Y a la vez hay otras que están
abandonadas y que quizá no se han tenido suficientemente en cuenta por
aquello de los datos que decía al principio. (La señora Rivadulla Gracia
pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Rivadulla, tiene la palabra. Le ruego que sea
breve.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, seré breve.
En primer lugar he de decir que todo esto va a requerir un amplio
consenso; eso en principio. Ahora bien, yo no estoy de acuerdo con que
este tema no sea ideológico. No será partidista y no deberemos utilizarlo
de forma electoralista, pero sí tiene un gran contenido ideológico, es
un recurso escaso y habrá que marcar unas prioridades, y entre una
productividad al máximo, ligada a las grandes industrias
agroalimentarias, o favorecer allí donde las explotaciones son más de
tipo familiar y que consolidan población en el territorio, eso es una
opción ideológica; eso lo es.
Para conjugar todos esos factores agroambientales, económicos y sociales
de manera que resulte equilibrado tendremos que hacer un esfuerzo, y
también habrá aportaciones ideológicas. Por tanto, no serán partidistas,
pero sí ideológicas.
En cuanto a la política de trasvases, a mí me asusta un poco eso de que
el agua aboque al mar. En muchas ocasiones es necesario que el agua
aboque al mar, porque, si no, nos encontramos con cantidad de problemas
de salinización en los deltas, por ejemplo. Eso también habrá que tenerlo
muy en cuenta.
En relación con el tema del Segarra-Garrigues, quiero decir lo siguiente.
Al Gobierno no le gustó nada que en 1995 esta obra pasase a ser de
interés general. Yo lo entiendo y no quiero eximir de responsabilidad al
Gobierno de la Generalidad de Cataluña, que la tiene toda, porque era una
obra de su competencia desde el año 1985. Lo cierto es que, le guste o
no al Gobierno, fue aprobado por ley y, por tanto, se impone al MAPA, al
MOPTMA y a toda la Administración; es así. No entiendo cómo se habla de
cuatro zonas que tiene el MOPTMA y, sin embargo, aparecen en una
relación. Si no tuvieran nada que ver con esto, ni siquiera aparecerían,
nos habrían dicho que es una cuestión
del MOPTMA, pero está aquí, y tan Administración central es el MOPTMA
como el MAPA, por lo que se tendrá que dar una solución a esto y
clarificarlo de una vez. Me parecen muy clarificadoras las explicaciones
que ha dado en cuanto a los intentos del Ministerio de Agricultura para
entrar en contacto con la Comunidad Autónoma, pero eso no excusa el hecho
de que esté aquí.
Otros errores de bulto con la Comunidad catalana. El Algerri-Balaguer,
que lo tienen aquí para estudiar como áreas de regadío potencial, es un
canal que ya se está construyendo; es de interés nacional y está aquí.
También me ha extrañado mucho que, cuando le he dicho que había estudios
de comunidades autónomas --y me consta que la Comunidad catalana ya tenía
hechos estudios sobre sus planes de regadío--, me ha contestado que sería
el conjunto de planes de cuenca. Sin embargo, en relación con el avance
de plan de regadíos de Canarias, usted lo asume enteramente y dice que
le ha venido muy bien porque ya lo tenían hecho. Tendrán que coordinar
los estudios, ver lo que no está hecho y confrontarlo con la realidad,
pero me parece que no se debe empezar de nuevo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Carlos Tió para responder a
estas últimas preguntas.
El señor SECRETARIO GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CONSERVACION DE LA
NATURALEZA (Tió Saralegui): Creo que básicamente hemos centrado el
debate, y el que haya matices y discrepancias es lo lógico. Hemos tenido
un debate muy condensado sobre una problemática muy compleja , técnica,
política y socialmente, y nadie duda de que el aspecto fundamental es
resaltar que allí donde hay agua y posibilidades de hacer nuevos regadíos
se harán. Considero que la política de regadíos en España siempre va a
ser un objetivo social, no se acaba en estos diez años. Es importante
que, entre todos, fuéramos capaces de introducir racionalidad en la
política de regadíos, y esa racionalidad pasa en este momento por hacer
una revisión y llegar a un consenso sobre qué recursos sociales se
quieren dedicar, también de las comunidades autónomas. Es cierto que,
aunque hubiéramos hecho un gran inventario de obras en diez o veinte
años, si luego no viene acompañado de unos presupuestos de las
comunidades autónomas, de la Administración general del Estado y de los
propios regantes, sería papel mojado.
Ha habido algún periodista que me ha dicho, en relación con este tema,
que no proponemos ningún regadío nuevo. En este país se confunde declarar
regadíos con hacerlos. Nosotros no queremos nuevos regadíos de interés
general de la nación mientras no demos una solución a los existentes. En
esto seguimos el criterio del Banco Mundial y de la FAO del año 1967, del
que hablaba a SS. SS. No podemos dispersar por el territorio miles de
millones de pesetas en obras que no se terminan de hacer nunca, pues
existen planes que llevan muchos años en ejecución.
Por tanto, creo que no es que no se puedan hacer nuevos regadíos en
España en el futuro, se harán muchos más, pero primero tenemos que fijar
prioridades. El hecho de que sobre agua no quiere decir que la
modernización no sea importante. Como se ha señalado aquí esta tarde, hay
riegos por gravedad que están salinizando tierras de huertas espléndidas
y que no tienen ninguna viabilidad futura si no se lleva la tecnología
más moderna al regadío español. En ese sentido, creo que nos hemos
quedado cortos con el proyecto Renar y, a corto plazo, vamos a intentar
avanzar mucho más y a introducir las predicciones meteorológicas en lo
que debe ser una gestión lo más rigurosa y lo más avanzada
tecnológicamente que se pueda hacer en este país. Esto es parte de uno
de los sectores más competitivos de la economía española. Estamos
utilizando un recurso escaso, y en aquellas regiones donde realmente es
escaso, por ejemplo, el programa de modernización y el Renar se han
recibido sin la menor objeción, porque saben lo que es; ahí sí que están
aplicando la tecnología más moderna y avanzada.
Creo que no hay más observaciones que hacer a su señoría.
En cuanto a lo que se me comenta de Cataluña, diré que nos reunimos la
semana pasada con las 17 comunidades autónomas, y el acuerdo en esta
materia lo llevamos con nuestros homólogos, la administración agraria,
que en este caso es de Cataluña. Estas observaciones que me ha hecho S.
S. no se me han hecho por parte del Gobierno catalán. Se nos dijo que el
plan les parecía muy bien y vamos a tener una reunión bilateral en la que
analizaremos la actuación del Ministerio de Agricultura en Cataluña.
Estaremos, sin duda alguna, a lo que el Gobierno competente de la
Comunidad Autónoma nos diga.
Lo que quiero que quede claro es que es legítima, creo, la actitud que
ha adoptado el Gobierno de Cataluña de dirigirse a la Administración
general del Estado, responsable de los embalses y de los canales,
responsable de esa competencia, para acordar con ella su intervención en
el proyecto conjunto Rialp-canal Segarra-Garriga. Y no se ha dirigido a
la Administración agraria del Estado para ver cómo colaboramos nosotros
en ese proyecto de regadíos. Esto no lo sé directamente, pero lo he leído
en los periódicos. ¿Por qué? Porque creo que la visión que tienen en esta
materia --a lo mejor me equivoco y hago un juicio de valor, pero pido
disculpas a quien se vea afectado por él-- es que este Gobierno catalán
considera que es competente en materia de regadíos y que no quiere llegar
a acuerdos con el Ministerio de Agricultura del Estado sobre la política
de realización de los regadíos y sí con el MOPTMA en las obras de
infraestructura. Mientras no se me demuestre lo contrario y se me llame
a una reunión o se me pida poner los papeles de Segarra-Garriga encima
de la mesa de negociación agraria, me parece que yo no podría entrar en
algo que no me corresponde, es decir, no puedo entrar en una casa a la
que no se me llama.
Señor Presidente, creo que no debo añadir nada más.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tió.
Agradezco a todas sus señorías su presencia hasta el final de la reunión.
Sin más, se levanta la sesión.
Eran las ocho y quince minutos de la tarde.