CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 622
INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO
PRESIDENTE: DON JOAQUIM MOLINS I AMAT
Sesión núm. 47
celebrada el miércoles, 22 de noviembre de 1995



ORDEN DEL DIA:
Proposiciones no de ley:
--De creación de una ponencia de estudio sobre el accidente ocurrido en
el Pozo San Nicolás, perteneciente a la Empresa Nacional Hulleras del
Norte, S. A. (HUNOSA). Presentada por el Grupo Socialista. (BOCG, Serie
D, número 282, de 20-10-1995. Número de expediente 161/000617) (Página 18876)
Aprobación, con competencia legislativa plena, a la vista del informe
elaborado por la Ponencia, del proyecto de Ley de creación de
determinadas entidades de derecho público (procedente del Real
Decreto-ley 5/1995, de 16 de junio). (BOCG, Serie A, número 123-4, de
21-9-1995. Número de expediente 121/000107) (Página 18878)

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Se abre la sesión a las diez y quince minutos de la mañana.




PROPOSICIONES NO DE LEY:



--DE CREACION DE UNA PONENCIA DE ESTUDIO SOBRE EL ACCIDENTE OCURRIDO EN
EL POZO SAN NICOLAS, PERTENECIENTE A LA EMPRESA NACIONAL HULLERAS DEL
NORTE, S. A. (HUNOSA). PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA. (Expediente
número 161/000617.)



El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, iniciamos esta sesión
número 47 de la Comisión de Industria, Energía y Turismo.

Existen dos puntos en el orden del día. El primero de ellos, debate y
votación de la proposición no de ley de creación de una ponencia de
estudios sobre el accidente ocurrido en el pozo San Nicolás,
perteneciente a la empresa Nacional Hulleras del Norte. Si les parece,
vamos a debatir ahora esta proposición no de ley, y en segundo lugar,
pasaríamos a la discusión del proyecto de ley, fijando una hora de
votación para el segundo debate.

Para defender la proposición no de ley de creación de una ponencia de
estudio, en nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
González.




El señor GONZALEZ GARCIA: Señoras y señores Diputados, como ya saben, el
pasado día 2 de octubre, en una sesión de esta misma Comisión en la que
comparecieron diversas personalidades para informar sobre el grave
accidente del pozo San Nicolás, en el que fallecieron 14 trabajadores,
el Grupo Parlamentario Socialista propuso, y tengo que reconocer desde
el principio que su propuesta fue inmediatamente aceptada por el resto
de grupos, la creación de una Ponencia de estudio sobre las
circunstancias en que había ocurrido el ya mencionado accidente.

Cumpliendo este compromiso, el día 11 de octubre pasado nuestro Grupo
presentó la proposición no de ley que ahora nos ocupa. Dicha propuesta
fue aceptada a trámite por la Mesa de la Cámara en su reunión del día 17
de octubre, y publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales
número 282, el día 20 del mismo mes de octubre. Cumplido, pues, el
compromiso, hoy nos corresponde debatir el contenido de la misma y, si
cabe, aprobar, espero que por unanimidad, esta proposición no de ley.

El texto es bien conocido por todos ustedes, y no creo necesario
repetirlo, pero los nuevos y desgraciados sucesos acaecidos en el pozo
Candín de Hunosa, sólo unos días después de que tuviéramos el debate
anterior, nos obliga a modificar lo que habíamos propuesto. Este nuevo
accidente, que se produjo sobre un taller que está sobre la capa
«Señorita», en el que fallecieron cuatro trabajadores, a cuyos familiares
queremos hacerles llegar en este momento nuestro más sentido pésame, le
hace al Grupo plantear que sería conveniente reorientar y ampliar el
objeto de esta Ponencia que nos proponemos crear, en el sentido de
incluir este nuevo y desgraciado accidente.

Es seguro que las circunstancias que puedan haber dado lugar a este
luctuoso hecho no coinciden con las de Nicolasa, puesto que las
características de la explotación, en este caso vertical --es un taller
mecanizado con rozadora, que lleva el frente invertido y el relleno
colgado--, la hacen manifiestamente distinta de las circunstancias de la
capa octava de San Nicolás. Pero la gravedad de los hechos acaecidos, al
romperse la tela metálica con que se sujetaba el relleno y coincidir esta
rutpura con el momento en que se producía el relevo entre los
trabajadores, afectó al doble de personal y produjo, como ya he dicho,
ese accidente de los cuatro trabajadores.

Esta razón es más que suficiente para que, una vez que esta Comisión se
decide a investigar el accidente de San Nicolás, incluya también entre
sus objetivos el análisis de los informes que la autoridad minera
competente emita sobre lo ocurrido asimismo en el pozo Candín. Espero y
deseo que esta ampliación del trabajo de la Ponencia sea aceptada por
todos los grupos.

Finalizo, señor Presidente, señorías, solicitando el voto favorable para
esta proposición no de ley del texto presentado y la ampliación que acabo
de hacer in voce, y expreso mi deseo y el de mi Grupo en el sentido de
que nuestro posterior trabajo en la Ponencia pueda aportar algo positivo
en la búsqueda de soluciones que ayuden a evitar los accidentes en la
mina.




El señor PRESIDENTE: Grupos que deseen intervenir. (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra la señora Urán.




La señora URAN GONZALEZ: Es siempre una mala noticia cuando los
trabajadores sufren accidentes en cualquier lugar de nuestro país, pero
siempre es mucho más doloroso cuando suceden en una mina, sencillamente
porque, en principio, se supone que durante muchos años han estado
tomando las medidas oportunas de seguridad, para evitar precisamente este
tipo de accidentes que suelen ser mortales y acarrean grandes problemas
en la comunidad autónoma.

Nosotros somos partidarios, y por tanto vamos a apoyar esta iniciativa,
de que se estudie cuáles son las causas que llevan a que las medidas de
seguridad sean inoperantes o insuficientes en este caso, desde nuestro
punto de vista. Por tanto, creemos que es necesario el trabajo de la
Ponencia y estamos de acuerdo con que se extienda también al Candín.

Deseamos que, tras un trabajo rápido, aunque sabemos que será arduo, la
Ponencia pueda ser capaz de llegar a unas conclusiones, y si es necesario
modificar medidas legislativas para mejorar las condiciones de seguridad
en la mina, que estas medidas sean extensibles, no solamente a la empresa
Hunosa, sino a todo el sector.

Por nuestra parte, nada más que reiterar el apoyo a esta iniciativa.




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El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
don Antonio Landeta.




El señor LANDETA ALVAREZ-VALDES: Con la venia, señor Presidente.

Intervengo en nombre del Partido Popular para fijar nuestra posición en
la proposición no de ley de creación de una ponencia de estudio sobre el
accidente ocurrido en el pozo San Nicolás, de Hunosa.

En primer lugar, tengo que manifestar que estamos plenamente conformes
con dicha constitución y, asimismo, con la ampliación al accidente
ocurrido con posterioridad en el pozo Candín.

También tengo que manifestar que ha sido de tal gravedad el accidente que
ha ocurrido, el mayor y más importante en la historia de la minería
asturiana en los cincuenta últimos años, que por la Junta General del
Principado de Asturias se ha creado también una comisión de
investigación, la cual está integrada por todos los grupos políticos; han
visitado también los pozos de San Nicolás y Candín y tienen prevista en
el momento actual la comparecencia de cuarenta técnicos, consejeros,
directores regionales, ingenieros, todo el «staff» de Hunosa, delegados
de minería de la seguridad, jefe de brigada de salvamento, secretario de
la sección de la minería, los sindicatos, el Instituto Madariaga,
colegios profesionales y empresarios del sector.

Que, paralelamente a esta Comisión, tenemos que tener presente que
también existe un informe que van a emitir la Dirección General de Minas,
los sindicatos, la Comisión Nacional de Seguridad Minera, etcétera. Están
todos ellos investigando también este accidente.

Consideramos que la Comisión no sólo debe examinar, indiscutiblemente,
el grave accidente ocurrido en el pozo de San Nicolás, que ha costado
nada más y nada menos que 14 muertos, sino también el del pozo Candín,
ocurrido en días posteriores y que costó la vida a cuatro mineros, y yo
creo que debía extenderse asimismo a toda la siniestralidad minera, que
es muy grave, que está afectando a la minería asturiana y que nos da un
balance en los momentos actuales de 29 muertos.

Pienso que es de lamentar, indiscutiblemente, que, después de dos meses
del grave accidente hasta el día de hoy, no hayamos conocido sus causas.

Sin embargo --y esto hay que tenerlo muy en cuenta--, parece que se
manejan cuatro hipótesis: la turbina, el minador, el cordón detonante o
la lámpara, pero todo esto llevará una serie de meses de investigación
en profundidad para saber cuáles fueron las causas del siniestro y las
causas, asimismo, que están afectando en general a la minería asturiana.

Creo que, aparte del estudio total por la Ponencia de los dos siniestros
concretos, debía extenderse la investigación también a la siniestralidad
que está ocurriendo en las zonas mineras asturianas, así como en la
leonesa y otras zonas mineras de España.

Considero que en los momentos actuales es muy importante que el Congreso
de los Diputados se obligue a investigar las causas de los accidentes...

(Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Señor Landeta, un momento, por favor.

Señoras y señores Diputados, les ruego que disminuyan el número y el
volumen de sus conversaciones, porque si no es imposible seguir el
debate. (Pausa.)
Adelante, señor Landeta.




El señor LANDETA ALVAREZ-VALDES: Por todo ello, nos vemos obligados a
apoyar íntegramente esta proposición no de ley y llegar a la idea clara
de que actualmente la minería está pasando momentos muy difíciles, no
sólo por la siniestralidad, sino también por la serie de pérdidas que
está acumulando, los ajustes en la minería privada y otra serie de
factores que, indiscutiblemente, están desmoralizando a esta clase
trabajadora.

Por todo ello, pedimos el apoyo unánime a esta proposición no de ley, a
la cual nosotros nos adherimos.




El señor PRESIDENTE: Señor González, ¿podría usted leer la enmienda que
propone y que ha sido aceptada por el resto de los grupos? Si no he
entendido mal, sería añadir al punto 1 de la proposición no de ley un
plural. ¿Quiere usted leerla, por favor?



El señor GONZALEZ GARCIA: Con mucho gusto, señor Presidente.

Sencillamente, en el texto que se propone para la proposición no de ley
habría que cambiar el punto número 1, incluyendo el pozo Candín. Es
decir, el contenido sería el siguiente. Tendrá por objeto el estudio de
los resultados de los trabajos que en este momento elabora la autoridad
minera competente, encaminados a esclarecer las causas de los accidentes
del pozo San Nicolás (o Nicolasa, como quieran) y Candín. Esta sería la
única reforma, porque el resto quedaría igual.

En cuanto al análisis del accidente, señor Presidente, quisiera aclarar
también que ya habíamos dicho el día 2 de octubre que iba a ser
exhaustivo y largo, porque era muy dificultoso el del pozo Nicolasa.

Tenemos conocimiento de que laboratorios oficiales están realizando
ensayos al respecto, como el Laboratorio Madariaga, incluso laboratorios
especializados en tratamiento de gases explosivos en París, y esto nos
llevará a un plazo largo de tiempo a la espera de este estudio. Pero
seguramente esta Ponencia podría empezar su trabajo antes, porque el
accidente de Candín, más fácil de analizar, tendrá ya informes de la
autoridad minera competente o estará a punto de producirse ese informe;
por tanto, creo que es apropiado que la Ponencia se constituyese lo antes
posible.




El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de esta proposición
no de ley, con la adición de ese plural en el que se hace referencia
además de al pozo San Nicolás al pozo Candín.




Efectuada la votación, dijo:



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El señor PRESIDENTE: Por unanimidad, queda aprobada la constitución de
esta Ponencia.

Como comentaba el señor González, creo que todos los grupos --y así se
ha puesto de manifiesto con la unanimidad del voto-- estarán también de
acuerdo en la urgencia de la creación de esta Ponencia, y aunque deba
estar después a la espera de la recogida de determinada información,
rogaría a todos los grupos parlamentarios que de inmediato envíen a la
Comisión los nombres de los ponentes que designen en representación de
cada uno de los grupos, para poder constituir cuanto antes esta Ponencia.




--APROBACION, CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME
ELABORADO POR LA PONENCIA, DEL PROYECTO DE LEY DE CREACION DE
DETERMINADAS ENTIDADES DE DERECHO PUBLICO (PROCEDENTE DEL REAL
DECRETO-LEY 5/1995, DE 16 DE JUNIO). (Número de expediente 121/000107.)



El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al segundo punto del orden del día:
aprobación, con competencia legislativa plena, a la vista del informe
elaborado por la Ponencia, del proyecto de ley de creación de
determinadas entidades de derecho público, procedente del Real
Decreto-ley 5/1995, de 16 de junio.

Si les parece, vamos a dividir el debate de este proyecto de ley en dos
grandes apartados: el primero haría referencia a los Títulos I y II y el
segundo al Título III y disposiciones adicionales, transitorias,
derogatorias y finales, más la exposición de motivos. Las votaciones se
agruparían al final de las discusiones de los dos bloques de enmiendas
y en ningún caso se producirán antes de las once y media.

Vamos a proceder al debate de las enmiendas a los Títulos I y II del
proyecto de ley.

El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene
la palabra para defender sus enmiendas a los artículos 4.2, 5.2, 5.3; la
número 5, también al artículo 5.3; la número 6, al artículo 6.3; la
número 7, al artículo 7.3; la número 8, al artículo 8.3, y la número 9,
al artículo 8.4. Hasta ahí serían, si no está equivocada la Presidencia,
las enmiendas que a los Títulos I y II tiene presentadas el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida.

¿Está de acuerdo, señor Frutos?



El señor FRUTOS GRAS: Hasta la 9 de su numeración.




El señor PRESIDENTE: Efectivamente, es hasta el artículo 8 del proyecto,
que son los Títulos I y II, y, por tanto, hasta su enmienda 9, al
artículo 8.4.

¿Está en disposición de proceder a la defensa de sus enmiendas?



El señor FRUTOS GRAS: Seré muy breve, porque entiendo que en el debate
de la exposición de motivos habrá ocasión de reiterar, no iniciar, toda
una serie de críticas. Yo veo el orden del debate al revés, pero es
igual.




El señor PRESIDENTE: Es tradición discutir la exposición de motivos al
final del debate de la ley por cuanto que, en base a lo que se incluya
y las enmiendas que puedan ser admitidas, puede cambiar el contenido. De
todas maneras, si ustedes creen que ya está previsto que no vaya a
cambiar, sería innecesario. Comprendo que la exposición de motivos es la
que da la visión global de todo el proyecto de ley y quizá sería mejor
empezar por ella. Pero, si les parece, seguimos la costumbre de debatir
la exposición de motivos al final.




El señor FRUTOS GRAS: No hay ningún problema. Además, me temo que no va
a cambiar nada tras el debate de las enmiendas.

Nosotros presentamos una serie de enmiendas que van en varios sentidos.

En primer lugar, en el sentido de la transparencia, de que haya en todo
caso intervención del Parlamento, en vez de la decisión del Gobierno,
porque nos parece de lógica democrática. En una decisión de estas
características que afecte al tejido industrial y a los instrumentos para
su desarrollo es importante que haya siempre una decisión del Parlamento.

En segundo lugar, en concreto la enmienda 3, según mi numeración, que
seguramente no coincidirá con la de la Presidencia, va en el sentido de
potenciar la participación de los trabajadores del Consejo Económico y
Social para que pueda haber en todo momento una corresponsabilidad, una
información y una capacidad de decisión con la participación de todos los
que tienen un protagonismo más importante. Cumplir, por otro lado,
acuerdos adoptados en su momento, hace tiempo, con gran solemnidad, entre
el Instituto Nacional de Industria y Teneo con los sindicatos, que saben
ustedes que se han pronunciado en contra de este proceso de liquidación
de los instrumentos para la política industrial pública. Es necesario que
haya una participación de los sindicatos, que se pueda recuperar y, sobre
todo, que se respeten los acuerdos que previamente, desde hace años, se
han firmado. Y, al mismo tiempo, cumplir los mandatos constitucionales
que van en esta misma línea.

Pretendemos evitar que grupos privados se beneficien de los esfuerzos de
todos, sin riesgo ni esfuerzo. Ya conocemos demasiado en este país
empresas públicas que después de haberse saneado a costa de un gasto
importante para las arcas del Estado --en definitiva, para todos los
ciudadanos-- se privatizan, y hay empresas privadas, señores que, a
título personal, tienen el capital suficiente para aprovecharse de una
situación que ha sido saneada con el esfuerzo público, es decir, de todos
los ciudadanos. Por ello, planteamos algunas enmiendas que van en la
línea de evitar que grupos privados se beneficien de los esfuerzos de
todos sin riesgo.

Creemos necesario suprimir cortapisas a la Agencia Industrial del Estado
--luego me referiré más extensamente a ello en el debate de la exposición
de motivos--. Se trata



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de que la Agencia Industrial del Estado tenga capacidad para hacer
bastantes más cosas de las que podrá si se aprueba esta ley, como va a
suceder porque, en definitiva, ya se está aplicando el Decreto-ley.

Supondrá muchas cortapisas para desarrollar determinadas políticas: no
podrá desarrollar ninguna política de diseño, de impulso industrial,
etcétera.

Finalmente, hacemos una propuesta en contra de los contratos blindados,
entendiendo que es necesaria una política, en primer lugar, de austeridad
desde el sector público --austeridad que no quiere decir todo el dinero
necesario desde el Estado para la potenciación de este sector público:
para hacerlo eficaz, para que sea elemento motor del conjunto de la
industria, etcétera--, pero que, al mismo tiempo, tenga gastos
consuntivos mínimos, en la medida en que haya una política de austeridad
que, hasta este momento, mi Grupo no ha visto en toda una serie de
empresas del sector público y que ha producido una serie de escándalos,
que están en la mente de todos ustedes, en los últimos años. Una política
de austeridad que, junto al control democrático por parte del Parlamento
--por tanto, que las decisiones se tomen en este Parlamento--, produzca
lo que para nosotros sería fundamental --y con ello termino--: una
política de solidaridad. Es decir, que no haya contratos que blinden a
unas personas, que garanticen a unas personas ya no una renta, sino unos
beneficios y unos privilegios que están muy por encima de lo lógico.




El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Popular tiene presentada, en
el bloque de los Títulos I y II, una enmienda, la número 16, al artículo
6.3. Para su defensa, tiene la palabra don Luis Gámir.




El señor GAMIR CASARES: Aunque quizás haya que trasladar al preámbulo la
discusión global, parece que no tiene mucha lógica no colocar esta
enmienda dentro de su contexto: el contexto de un decreto-ley que ya se
dijo en el Pleno que no nos atraía. En el Pleno dijimos que, en caso de
que se tramitara como ley, nos abstendríamos, pero que, si no, votaríamos
en contra del decreto-ley como tal, que es la base de esta ley, como es
lógico.

Nuestra postura abstencionista, en caso de que se tramitara como ley, y
negativa, en caso de que fuera como decreto-ley, se basa en que nos
parece que se empieza a construir la casa por el tejado, que primero
habría que plantearse una ley de privatizaciones, una ley de la empresa
pública y luego ya este tipo de decreto-ley.

Por tanto, hemos presentado enmiendas muy importantes, pero no muchas,
porque nos parece que no se gana mucho con esta norma. Por ejemplo, si
con Banesto Corporación se hubiera seguido la política de mantener esas
empresas, habría quedado un «holding» de una determinada manera. Si se
hubiera decidido una política de vender las empresas o de vender una
parte, habría un «holding» de otra manera. Como aquí no está clara la
filosofía que hay detrás --me refiero, sobre todo, a la parte relacionada
con SEPI-Teneo--, nos parece difícil hacer un decreto-ley y luego una ley
sobre «holdings» --eso es esta norma-- sin que esté clara la sustancia,
la esencia, poniendo la forma antes del fondo, que es lo que estamos
haciendo. Por eso, nosotros hemos presentado una proposición de ley sobre
privatizaciones, próximamente presentaremos una proposición de ley de
bases de la empresa pública y, después, sería el momento no sólo
procesal, sino, en lógica política, el momento adecuado para presentar
este tipo de norma, ante la cual reconocemos nuestra cierta perplejidad.

Compartimos la perplejidad, aunque no por los mismos motivos, que ha
mostrado algún conocido ex-ministro de los gobiernos de Felipe González
que ocupó la cartera de Industria, que ocupó la cartera de Economía, el
señor Solchaga --no es ningún secreto--, que ha escrito un curioso
artículo crítico sobre esta norma; por distintas motivaciones,
manifestamos nuestra perplejidad al respecto.

Quisiéramos que constara en acta un punto que no es de polémica, pero sí
que nos ha producido un punto más, no voy a decir de extrañeza, pero sí
de no del todo «encanto» --entre comillas-- con la tramitación de esta
norma, y es que la Ponencia, en la penúltima reunión, se planteó el
aplazamiento. Nosotros dijimos que estábamos de acuerdo siempre y cuando
el aplazamiento fuera un paquete, con la idea de que esta ley volviera
a pasar por Pleno. Ayer se nos comunicó que prácticamente no había tiempo
para aprobarla en este período legislativo, en el caso de que
--suponiendo que ocurra-- las Cortes se disuelvan en enero, de acuerdo
con la promesa del Presidente del Gobierno de convocar elecciones en
marzo. La verdad es que entre el decreto-ley y esta ley hay pocas
diferencias, pero como puede haber alguna ligera ventaja, no hicimos la
gestión que se nos dijo había que hacer sino a última hora de la mañana
de ayer de intentar «in extremis» que se tratara en el Pleno la
aprobación de la ley.

Insisto en nuestra preferencia, primero, porque en el fondo ésta es una
ley importante, aunque, repito, no es el momento de tratarla; en sí es
importante y no ha pasado como tal ley por el Pleno --solamente pasó como
decreto-ley-- y no va a pasar ya en ningún momento. Por ello, nos parecía
que, sin duda, era mejor ese procedimiento, que, además, proporcionaba
algunos momentos extra antes de ese debate en Pleno para, a lo mejor,
llegar a un mayor grado de acuerdo sobre la misma. Sabemos que queda el
trámite del Senado, pero hubiéramos preferido que fuera en el propio
trámite del Congreso donde se llegara a esos acuerdos.

En este contexto, nosotros, desde una cierta postura de abstención ante
una ley que encontramos que no llega en el momento político oportuno, nos
hemos decidido por decir: en general, no nos gusta, pero, dentro de esta
filosofía, vamos a ir a algunos puntos básicos, en vez de ir artículo por
artículo o punto a apunto, precisamente por lo que digo de que no es el
momento más adecuado para tratar esto.

Hemos planteado tres grandes temas. Uno de ellos es el que se contiene
en la enmienda que hemos presentado relacionada con esta primera
intervención. Se trata de una enmienda que solicita que las empresas
dependientes de la Agencia no puedan ser avaladas por el Estado. Como se
sabe, en la actual redacción del decreto-ley, y del proyecto de ley, en
resumen, la Agencia no puede tener dicho aval, pero las empresas sí;
incluso, teóricamente, no hay nada



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que les impida a grupos de empresas tener el aval simultáneo y unirse de
alguna forma transitoria para, simultáneamente, conseguir créditos con
el aval del Estado.

A nosotros nos parece que esto abre la puerta a un sistema que no es
adecuado y que a veces se ha utilizado. Los presupuestos del Estado
financian insuficientemente el déficit de una empresa pública, en este
caso de la Agencia y, «a posteriori», la empresa --puede empezar a ser
la empresa; en algunos casos han sido empresas directamente, ya que, con
el aval del Estado, lo pueden hacer perfectamente-- pasa a financiarse,
pero no por razones de tesorería, no por razones de líquidez, sino por
razones estructurales, porque las pérdidas son claramente mayores que la
dotación que proviene de los presupuestos y, en vez de recurrir al
crédito extraordinario u otra fórmula parecida con control parlamentario,
se recurre a esta fórmula, que sí tiene algún control, puesto que los
avales figuran en los presupuestos, pero de una forma bastante más
indirecta, mediante la cual la empresa se carga financieramente. ¿Qué
suele ocurrir? Que al cabo de equis tiempo aparece el triángulo que
muchas veces hemos comentado: las dotaciones son insuficientes, con lo
que el gasto normal se financia a través de créditos que, repito, no son
de tesorería, no se trata de créditos puente ni mucho menos, y, al final,
esa deuda de la empresa se remansa ahí --en este momento hay tres
billones de pesetas remansados en el complejo de entes de empresas
públicas, y meto aquí desde Renfe hasta Televisión, así como las empresas
relacionadas con el INI, que es una cantidad importante, o la absorbe el
Estado por una operación de ingeniería financiera, de manera que
contablemente no aparece en el déficit público, aunque, cuando la absorbe
y deja de estar remansada, aparece en la deuda pública. A nosotros nos
parece que es mejor la claridad que estas operaciones de ingeniería
financiera y, como ya hay una amplia experiencia de cómo ha funcionado
este triángulo, prefiriríamos que en esta ley no se abrieran tanto las
puertas, las ventanas y todo porque así nos seguiremos encontrando con
este tipo de operaciones triangulares que tanto se han desarrollado en
la última época. A nosotros nos gustaría que se tendiera a algo que
comprendo que es molesto para quien gobierne: decir en los presupuestos
la verdad sobre cuánto va a ser relamente el déficit de Hunosa o de la
empresa respectiva y, si luego necesita más fondos, recurrir al crédito
extraordinario o a alguna fórmula parecida. Comprendemos que puede haber
razones de tesorería por las cuales algunas veces estos fondos no se
libren en la fecha adecuada y que podría haber razones para que, con el
aval del Estado --porque comprendemos la situación de esas empresas--,
se les adelantase ese dinero con una operación financiera. Parece ser que
no ha habido tiempo para poder llegar a un acuerdo sobre este tema y, en
este momento, nos vemos en la obligación --tampoco se ha presentado
ninguna enmienda intermedia, de aproximación, que hubiera podido acercar
ambas posturas; se ha dicho de palabra que hay una cierta predisposición,
pero en este momento procesal no tenemos ningún texto al respecto-- de
mantener esta enmienda. Es obvio que tenemos que hacerlo así porque,
además, nos parece un asunto transcendental en cuanto a la filosofía de
la Agencia; nos parece muy importante el hecho de que las empresas puedan
o no recurrir con aval a esta forma de financiarse «estructuralmente»
--entre comillas-- y de financiarse de una forma que no es acorde con la
financiación que deberían tener si utilizaran los mecanismos financieros
normales y que, al final, lleva a este triángulo que hemos comentado. De
ahí, pues, una de nuestras enmiendas en profundidad, la enmienda a la
forma en que se prevé en este decreto-ley que pudieran funcionar la
empresas públicas, en este caso las relacionadas con la Agencia.




El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
tiene presentadas a estos Títulos I y II las enmiendas números 22, 23,
24 y 25. ¿Es así, señor Sánchez i Llibre?



El señor SANCHEZ I LLIBRE: La enmienda 22 es a la exposición de motivos.




El señor PRESIDENTE: Tiene usted razón. Por tanto, se trataría de la
enmienda 23, al artículo 6.2.b); la enmienda 24, al artículo 7.3, y la
enmienda 25, al artículo 8.

Para la defensa de estas enmiendas, tiene la palabra el señor Sánchez i
Llibre.




El señor SANCHEZ I LLIBRE: Nuestro Grupo Parlamentario va a retirar las
enmiendas números 23 y 24 y va a defender la enmienda número 25, que es
la relativa al artículo 8, dedicado a la organización y personal de la
Agencia Industrial del Estado.

Nuestra enmienda va en el sentido de que en el consejo de administración
de la Agencia haya, como mínimo, un representante de las comunidades
autónomas, en vez de lo que propone el proyecto de ley, que va orientado
básicamente a la representación por parte del Ministro y ocho consejeros
nombrados por dicho Ministerio y en ningún caso se especifica la
posibilidad de representación de las comunidades autónomas.




El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Socialista no tiene
presentadas enmiendas a este párrafo, pero me imagino que deseará tomar
la palabra.




El señor SAENZ LORENZO: Señor Presidente, quiero señalar que nosotros
presentamos una enmienda transaccional.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Sáenz Lorenzo para turno
en contra o para comentarios, pero no para defender enmiendas propias,
porque no las tiene presentadas, a menos que lo haga ahora «in voce».




El señor SAENZ LORENZO: Señor Presidente, quería señalarle que tenemos
presentada una enmienda transaccional a la número 27, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), que se sitúa en este Título, porque aunque la
número 27 es al artículo 9, del Título III, la transacción que le
ofrecemos es la de incluir en la Agencia una parte de lo



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que ellos plantean en la Sociedad, por lo que iría al artículo 2 la
transacción; es decir, aunque esa enmienda número 27 es al artículo 9,
la transacción se le ofrece en el artículo 2. Por tanto, se discutiría
en este momento esa transacción.

La señora Pellicer es la persona que va a intervenir, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muy bien. En nombre y representación del Grupo
Parlamentario Socialista, para fijar sus posiciones respecto a las
enmiendas del resto de los Grupos, tiene la palabra la señora Pellicer.




La señora PELLICER RASO: Señor Presidente, voy a iniciar mi intervención
con la enmienda transaccional que ha anunciado el coordinador del Grupo
en relación con la enmienda número 27, del Grupo Catalán (Convergència
i Unió), y que también puede afectar a la enmienda número 15, del Grupo
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

Nuestro Grupo entiende que no sería razonable transferir todas las
participaciones, como propone el Grupo Catalán en su enmienda número 27,
sino que lo lógico podría ser la transferencia de las referentes a
activos industriales que, en ese caso, deberían ir, no a la Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales, sino a la Agencia Industrial del
Estado. Por ello, proponemos la enmienda transaccional a los Grupos
Catalán (Convergència i Unió) e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
que quedaría redactada como sigue: al final del artículo 2, punto 3, se
añadiría la siguiente frase: «...así como las participaciones en la
Corporación de la Siderurgia Integral, de la que es titular la Dirección
General del Patrimonio del Estado.»



El señor PRESIDENTE: Señora Pellicer, ¿ha dicho que era transaccional con
la enmienda número 27, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y con...?



La señora PELLICER RASO: Y con la número 15, del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.




La señora PELLICER RASO: En el artículo 3, Funciones de la Agencia, no
ha habido enmiendas y, por tanto, pasamos al artículo 4, Régimen
Patrimonial, donde existen dos enmiendas, del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, al punto 2, que pretende la sustitución
de la expresión «previa autorización del Gobierno», por la expresión
«mediante ley se autorizarán dichas operaciones». Consideramos que
establecer la reserva de ley no contribuiría a ampliar la transparencia
de la gestión de la Agencia, sino que, en todo caso, dificultaría la
normal gestión de los grupos industriales, por lo que no podemos aceptar
las dos enmiendas de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

Al artículo 5 existen varias enmiendas del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. La enmienda número 3, de adición, en el
artículo 5, al final del punto 2, que trata de que el comité de empresa
tenga representación en el Consejo de Administración, no vamos a
aceptarla por entender que, precisamente, la disposición adicional única
de este proyecto de ley ya supone la protección y el mantenimiento de las
situaciones jurídicas anteriores y, por tanto, de los acuerdos que
previamente hayan sido suscritos por los sindicatos.

La enmienda número 5, al artículo 5.3, del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, plantea la sustitución de la expresión
«...podrán ser transferidas...», por «...deberán ser transferidas...».

No podemos aceptar esta enmienda por entender que no puede regularse con
un carácter taxativo la transferencia de las participaciones públicas de
las empresas de la Agencia a la Sociedad Estatal, en el convencimiento
de que la propia Agencia, como interlocutora del Gobierno, será exigente
con las empresas, puesto que el Gobierno es el primer interesado en
rentabilizar los beneficios que se obtengan con cargo a aportaciones con
fondos públicos.

La enmienda número 4, al artículo 5, del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, plantea la modificación de la redacción
del segundo párrafo del punto 3, por el texto que dice: «Para que dicha
transferencia pueda tener lugar, su patrimonio neto será igual o superior
a la cifra de su capital social.» Lamentamos no poder aceptarla, por no
considerar que dicha redacción dé más garantías, como se pretende en la
justificación de la enmienda, sino que, precisamente, la transferencia
de una empresa de la Agencia a la Sociedad Estatal exige que aquélla esté
en condiciones de desarrollar con garantía razonable sus actividades sin
recurrir a los Presupuestos Generales del Estado, actuando con criterios
de libre competencia. Por tanto, la empresa debe ser viable y estimamos
que la mejor manera de que la empresa dé garantías razonables de su
viabilidad es la acreditación, de forma continuada y rigurosa, en un
determinado espacio de tiempo.

En cuanto al artículo 6, se mantiene la enmienda número 6, del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que propone la supresión del
texto que decía: «La Agencia no podrá endeudarse mediante operaciones
financieras ni avalar o conceder préstamos a sus empresas». Consideramos
que las empresas adscritas a la Agencia están sujetas a unas condiciones
especiales, permitidas por la normativa comunitaria, con una serie de
excepciones a las normas generales sobre competencia y ayudas públicas
establecidas en el Tratado constitutivo de la Unión Europea. Por tanto,
la contrapartida a esas condiciones es el rigor a que dichas empresas
deben sujetar su actuación, por lo que entendemos que debemos mantener
dicha limitación.

Al mismo artículo 6, punto 3, aparece la enmienda número 16, del Grupo
Popular, que pretende sustituir el párrafo: «La Ley de Presupuestos de
cada ejercicio establecerá, dentro del límite máximo de avales del
Estado, el importe que podrá destinarse por este concepto a las
sociedades participadas por la Agencia» por la frase «Las empresas
dependientes de la Agencia no podrán ser avaladas por el Estado». En este
momento, no podemos aceptarlas, pero entendemos las razones que el
portavoz del Grupo Popular ha esgrimido; no podemos aceptarlas porque no
ha sido tratado un texto alternativo y pensamos que aceptar, tal



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como viene, su propuesta, supondría dificultar un proyecto de
saneamiento. No obstante, en el sentido del texto propuesto no se trata
de un aval completo, sino de un aval que supusiera tesorería para el
propio saneamiento de las empresas, no préstamos a largo plazo y, por
tanto, lo que proponemos al Grupo Popular es la redacción de una
enmienda, que podrá presentarse en el Senado, para modificar y aclarar
esta situación.

En cuanto al artículo 8, Organización y personal, mi Grupo Parlamentario
va a presentar una enmienda transaccional a la enmienda número 25, del
Grupo Catalán (Convergència i Unió), que se refiere a la representación
de las comunidades autónomas; dicha enmienda transaccional supondría las
siguientes adiciones. En el artículo 8.1, donde dice «Los órganos
rectores de la Agencia serán el Presidente y el Consejo de
Administración», se propone una adición que diría: «Asimismo, como órgano
de participación de las comunidades autónomas en las áreas que afectan
a las funciones de la Agencia, existirá en el seno de ésta un Consejo
Territorial con funciones de asesoramiento». Además, en el punto 3,
también proponemos añadir al texto del proyecto, que dice:
«Reglamentariamente o, en su caso, por acuerdo del Consejo de
Administración, se determinarán la estructura y el régimen de
funcionamiento de la Agencia», al final, «... y del Consejo Territorial
de la Agencia Industrial del Estado».

Por último, se propone la adición de un punto nuevo, que se numeraría
como 4 y, por tanto, el punto 4 del proyecto pasaría a ser punto 5, con
la siguiente redacción: «El Consejo Territorial de la Agencia estará
integrado por el Presidente de la misma, que lo presidirá, y por tantos
vocales como comunidades autónomas, siempre que en su territorio se
localicen establecimientos de transformación o producción industrial de
las empresas dependientes de la Agencia. Estos vocales serán nombrados
por el Ministro de Industria y Energía a propuesta de las comunidades
autónomas».

La enmienda número 8, del Grupo de Izquierda Unida, al apartado 3,
pretende añadir, al final del primer párrafo, la siguiente frase: «Dos
de ellos serán nombrados a propuesta del Consejo Económico y Social y
tres por las organizaciones sindicales más representativas en los
términos de los artículos 6.2 y 7.1 de la Ley Orgánica 11/1985.» Esto se
refiere al Consejo de Administración y a su representación y no podemos
aceptarla por considerar que el Consejo se convierte en última instancia
para la resolución de posibles conflictos a solventar en el ámbito
empresarial. La pertenencia al mismo de representantes sindicales podría
desvirtuar la naturaleza del Consejo como órgano rector de la Agencia,
así como de los propios órganos de representación de los trabajadores.

Por último, la enmienda número 9, del Grupo de Izquierda Unida, pretende
añadir en el artículo 8.4 (que en este caso sería 8.5 por la modificación
de los artículos que hemos hecho al final) una frase que diría: «En
cualquier caso, no existirán contratos con cláusulas de blindaje.»
Debemos manifestar que no tenemos ningún inconveniente en aceptar esta
enmienda, aunque sí tengo que decir que ya hay un acuerdo del Consejo de
Ministros, del 17 de diciembre de 1993, publicado mediante una resolución
de la Subsecretaría de Administraciones Públicas, de 27 de diciembre, por
el que se fijan las instrucciones para uniformar y limitar
indemnizaciones por extinción de contratos de trabajo a altos cargos y
personal directivo del sector público. En dicho acuerdo se prevén no sólo
las rescisiones para quienes tengan condición de presidentes,
vicepresidentes o directores generales, sino para el resto del personal
directivo.

Con esto finalizo nuestra fijación de posición.




El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea utilizar un turno de réplica, por
lo menos los dos grupos que han sido objeto propuestas enmiendas
transaccionales, desean intervenir respecto a si aceptan esa transacción
y, en consecuencia, retiran las enmiendas presentadas? (Pausa.)
Cabe decir que algunas de las propuestas de transacción corresponden a
enmiendas no defendidas por los grupos en este turno, porque no están
situadas en los Títulos I y II, aunque la transacción sí. Este es el
caso, por ejemplo, de la transacción presentada a las enmiendas número
27, de CiU; y 15, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Estos
grupos pueden responder a esta transacción cuando llegue el momento de
defender sus enmiendas, o si lo prefieren, pueden hacerlo ahora.

En cualquier caso, y por el mismo orden en el que han intervenido, don
Francisco Frutos tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.




El señor FRUTOS GRAS: La transaccional que propone el Grupo Socialista
va en una línea parecida, pero después de haber rehusado prácticamente
cualquier otra enmienda que tiene un cuerpo teórico, porque hay detrás
unas propuestas que tienen cierta coherencia, no coherencia con el
discurso global que hace el Grupo Socialista, sino con el discurso global
que nosotros hacemos, nosotros mantenemos nuestra propuesta, y la
continuamos defendiendo, porque cuando luego se vea la intervención que
haré sobre el conjunto de la ley (que tampoco es nueva, porque es una
reiteración de una posición, aunque espero que más abreviada) ya se verá
en función de qué actuamos nosotros en relación a esta ley.

En cuanto a las enmiendas que quedan al artículo 11.5, párrafo primero...




El señor PRESIDENTE: Señor Frutos, perdón. No estamos todavía en el turno
de defender nuevas enmiendas, sino en el turno de réplica de esta primera
intervención. Estamos todavía en los Títulos I y II.

¿Desea el señor Gámir hacer alguna intervención?



El señor GAMIR CASARES: Como el Presidente considere oportuno, ahora o
después. Desde el momento que en las transaccionales entre los dos grupos
no hemos intervenido y tenemos que votar, en algún momento tendremos que
explicar, aunque sea con toda brevedad, la razón de nuestro voto, pero
es indiferente que sea en la siguiente intervención.




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El señor PRESIDENTE: Si le parece lo hacemos al final de la ley, porque
ya podremos hacerlo respecto a todas las transaccionales presentadas.

Don Josep Sánchez i Llibre, en nombre de Convergència i Unió, tiene la
palabra.




El señor SANCHEZ I LLIBRE: Solamente para manifestar que nuestro grupo
acepta la transaccional presentada por el Grupo Socialista a nuestra
enmienda número 25.

La número 27 voy a defenderla y después me manifestaré en función de si
aceptamos o no la enmienda presentada.




El señor PRESIDENTE: Pasamos, entonces, al segundo bloque, que compone
el Título III, las disposiciones adicionales y finales, y la exposición
de motivos; es decir, el resto de las enmiendas presentadas.

Para defender las enmiendas números 10, 11, 12, 13, 14 y 15, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el
señor Frutos tiene la palabra.




El señor FRUTOS GRAS: Al artículo 11.5, párrafo primero, planteamos la
sustitución de la expresión «Requerirá la autorización previa del
Gobierno», por «Mediante ley se autorizará».

Considero que queda explicada y no necesita más profundización, porque
pensamos que la exigencia de que se debata y se apruebe mediante ley
exige la exposición de los motivos más profundos que tiene cada fuerza
política, naturalmente, a nuestro entender, ampliaría la transparencia
de la gestión de la Agencia Industrial del Estado.

La enmienda número 11 es de adición al artículo 11.5.b, y propone añadir
«in fine» el siguiente texto: «... o cuando la operación exceda de 1.000
millones de pesetas». Consideramos que actualmente y para determinadas
operaciones el 10 por ciento del capital de una compañía es una cantidad
elevada, y queremos añadir una segunda posibilidad, en valor absoluto de
negocio, como medio de fortalecer el control.

La enmienda 12, de modificación, al artículo 11.6, propone añadir un
nuevo párrafo con el siguiente texto: «Los recursos que se destinen para
el cometido enunciado en el párrafo anterior no podrán superar en ningún
caso el doble de la cantidad equivalente a los intereses correspondientes
a las operaciones financieras antedichas.» Los motivos son porque
pensamos que es necesario no constreñir el posible desarrollo y
potenciación de las empresas que componen la SEPI, evitando una posible
descapitalización, peligro que nosotros vemos, como explicaré
posteriormente de forma más abundante, en el conjunto de la ley.

La enmienda 13, de adición al artículo 14.3, primer párrafo, propone
añadir «in fine» el siguiente texto: «... Dos de ellos serán nombrados
a propuesta del Consejo Económico y Social y otros dos por las
organizaciones sindicales más representativas en los términos de los
artículos 6.2 y 7.1 de la Ley Orgánica 11/1985.» Es por coherencia con
el acuerdo que en su día se hizo entre INI-Teneo-sindicatos, y porque nos
parece mejor la participación de los sindicatos --y recurro un poco al
dicho de que nunca por mucha mies es mal año--, cuanto mayor sea. Estoy
pensando no en la visión corporativa de defensa de los intereses de los
trabajadores, sino en la visión más amplia de corresponsabilidad de los
trabajadores, con todo lo que es el negocio de una empresa, desde que se
inicia hasta que termina su gestión, y nos parece congruente que los
sindicatos participen de forma significativa.

La enmienda número 14, de adición al artículo 14.4, propone añadir «in
fine» del subapartado 4 el siguiente texto: «En cualquier caso, no habrá
cláusulas de blindaje.» Coincide con otra enmienda anterior y su
motivación es la coherencia con criterios de solidaridad y austeridad,
como ya he explicado anteriormente.

Finalmente, la enmienda número 15, de adición, añade una nueva
disposición adicional del siguiente tenor. «Las empresas públicas que
actualmente están adscritas a la Dirección General del Patrimonio del
Estado pasarán a integrarse en la Agencia Industrial del Estado.» En esto
podría haber la coincidencia en el camino, pero no la coincidencia
absoluta, con lo que proponía, el Grupo Socialista. A nosotros nos parece
importante integrar en un solo sistema de gestión todas las empresas con
participación o titularidad pública, pero nos ha parecido entender en
otras ocasiones que el Grupo Socialista dice que no se pueden meter en
un único sitio empresas tan dispares y con características tan diferentes
en cuanto a capitalización, a gestión, a producto, a servicio, etcétera;
por tanto, como yo he conocido ya estas explicaciones en otros debates
no me ha parecido oportuno aceptar porque era una visión muy parcial de
la que tenemos nosotros sobre el ente público.




El señor PRESIDENTE: Por tanto, no aceptaría la enmienda transaccional
a la número 15, propuesta por el Grupo Socialista, y mantiene para
votación su enmienda número 15 ¿es así?



El señor FRUTOS GRAS: Efectivamente.




El señor PRESIDENTE: El Grupo Popular ha presentado al bloque actualmente
en debate las enmiendas números 17 y 18. Para su defensa, tiene la
palabra don Luis Gámir.




El señor GAMIR CASARES: Señor Presidente, ¿en este mismo turno se
hablaría también del preámbulo y de la revisión general de la ley, para
no hacer un turno más? (Asentimiento.)
La primera enmienda es un antiguo deseo. El Partido Popular ha presentado
en diferentes ocasiones iniciativas sobre la necesidad de transparencia
de las empresas públicas. En ese sentido, nos parecía que una forma de
transparencia era que estas empresas, y empecemos en este caso por las
que estamos tratando, las que van a ir a la Agencia Industrial o las
relacionadas de momento con Teneo o SEPI, deban remitir al Parlamento la
misma información y en los mismos plazos que las empresas que cotizan en



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bolsa están obligadas a presentar ante la Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

Aunque en otros momentos el Grupo Parlamentario Socialista no se mostró
de acuerdo con este planteamiento, en este caso ha anunciado una enmienda
transaccional que recoge básicamente esta idea y como tal puedo anuncia
ya que podríamos aceptarla, felicitando al Grupo Socialista por el cambio
de postura respecto a votaciones anteriores y lamentando que no se haya
tomado antes esta decisión.

Con la misma finalidad de la transparencia se plantea el tema de que los
Diputados y Senadores pertenecientes a las Comisiones de Industria y
Energía de ambas Cámaras pudieran solicitar el mismo tipo de información
que puede solicitar un accionista conforme a la Ley de Sociedades
Anónimas. Este es un tema complejo, pero nos parece que las empresas
públicas por su misma definición --el propietario delegado es el que
tiene el capital y el accionista el que tiene las acciones-- en cierto
sentido son empresas que pertenecen a toda la sociedad y ésta debe poder
actuar como accionista de las mismas, aparte del accionista. Pongamos un
caso: el Director General de Patrimonio es el accionista único; la
petición y la solicitud de información las pueden hacer los que detentan
también la titularidad de representación de la sociedad, pues al fin y
al cabo son empresas de toda la sociedad y nos parece lógico.

Por otra parte, también creemos que se está produciendo una práctica que
es mejor ayudar a paliar, por lo menos, porque se puede decir que
actualmente un Diputado o un Senador puede realizar preguntas para
conseguir esta información. De hecho, por desgracia, nos hemos encontrado
con una práctica en que las respuestas son muy escasas y a menudo
requieren preguntas, preguntas y en algunos casos el amparo de la
presidencia para conseguir los datos solicitados. No sólo debo hacer una
crítica al Grupo Socialista en este caso, sino probablemente a las
personas que en los ministerios contestan a estas preguntas que tienden,
por si acaso --y les comprendo humanamente--, a cubrirse contestando lo
menos posible. Hay otros casos en los que, sin duda, la información que
se da es muy amplia. Si existe una norma de este tipo, creemos que la
tendencia será a mayor transparencia por parte de la Administración,
porque la Administración ante una norma así, cuando cualquier Diputado
o Senador, máxime si son especialistas en el tema, más relacionados con
la empresa, sea industria o no industria, solicita esta información,
probablemente creará una praxis distinta en la forma de las respuestas
y habrá más fuerza moral para que la respuesta sea mucho más amplia
porque tendrá el soporte de este artículo.

Nosotros incluso aceptaríamos alguna transaccional en caso de que el
Grupo Parlamentario Socialista dijera que en determinados temas de
especial delicadeza --la palabra estratégica no nos gusta mucho en el
campo de la empresa pública-- por las razones que sea, podría exceptuarse
la información. Aceptaríamos siempre y cuando ese caso fuera de tipo muy
excepcional, porque realmente es excepcional cuando no se puede dar esta
información, si es que se plantea alguna situación semejante.

En principio, planteamos el principio general y aceptaríamos una
transaccional si por parte de los organismos adecuados se establece algún
tipo de excepción muy puntual. No es ningún sentido corporativo de
Diputados y Senadores, hay que darle un cauce y no va a ser un ciudadano
que pase por la calle y presente en ventanilla la solicitud de
información; ha de ser a través del cauce de las personas representantes
de la sociedad y quizá de los más especializados en las comisiones
respectivas. Nos parece que esta práctica incrementaría la transparencia
de las empresas públicas.

En sentido distinto, la otra enmienda se refiere a la supresión de Teneo,
Sociedad Anónima. La verdad es que nos es indiferente que fuera la
supresión del Teneo o la de SEPI. Hemos puesto la supresión de Teneo,
Sociedad Anónima, y entonces todo colgaría de SEPI, pero podría ser SEPI
la que se suprimiera.

También aceptaríamos una enmienda de transacción --no nos preocuparía--,
porque la razón es obvia. Aquí estamos creando --no sabemos con qué
objetivos de fondo y relaciono esto con lo dicho al principio--, una
superestructura de «holdings» sin conocer con qué filosofía, si es con
una filosofía privatizadora o una filosofía de control, como el ejemplo
que antes ponía de Banesto Corporación. Si Banesto Corporación hubiera
decidido mantener todas las empresas, habría creado una estructura de
controladores de esas empresas en las cuales tenía base el Estado bajo
su --entre comillas-- «dominio económico», al menos. Si la idea es
mantener las empresas, la estructura de los «holdings» será más pesada,
con más controladores. Si la idea es deshacerse de la parte de SEPI y
Teneo, o privatizar parcialmente una parte importante, quizá es una
estructura más de vendedores eficaces, no en cualquier momento y a
cualquier precio, como ha podido ocurrir con alguna privatización --quizá
ahora no es el momento de discutir--, pero personas que tengan si se
quiere una mezcla de algún tipo de controladores para las empresas que
sigan; ha de ser de una estructura más ligera.

La tendencia que defiende el Partido Popular y la que se desprende del
lenguaje de las actuaciones del Gobierno en los últimos meses, no sabemos
si por lo que ha dicho Angel Rojo, el Gobernador del Banco de España, de
querer salvar el déficit «in extremis» con privatizaciones y la crítica
que ha hecho al respecto, pero también en esa tendencia debiera ser una
superestructura más ligera.

Pensemos aquí que Teneo en gran parte ya tiene un gran «holding» anterior
que es Endesa. Endesa es un tremendo «holding» y si ahora se resuelve el
tema de Iberia, es Endesa el que lo está soportando. Sabemos que el
«holding» Teneo ha vendido a veces participaciones del «holding» de
Endesa, por lo que vulgarmente se llaman agujeros de otras empresas, como
hace algún tiempo en el caso de Iberia. Ya tenemos ahí un primer
«holding», porque Endesa es un gran «holding» y sobre ese «holding»
creamos otro «holding» que es Teneo. A su vez dejamos aparte el tema de
Repsol --tampoco sabemos muy bien por qué Repsol queda aparte de este
juego-- y luego creamos a su vez otro «holding» --creamos casi tres
«holdings», uno sobre otro-- que es el SEPI.

Dentro de esta argumentación de que el «holding» Teneo a su vez tiene
otro que es Endesa y que es la gran base



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del «holding» Teneo, nos parece una superposición de «holdings», cuando
lo lógico es una estructura liviana. No hay nada en la ley que diga que
se va a disminuir la estructura interna de estos «holdings», sino que
serguirá pesando esa estructura de «holdings» sobre las empresas que en
parte se tiene intención de que puedan ser privatizadas total o
parcialmente --repito--, dada la praxis del actual Gobierno y dados
algunos enfoques del principal partido en la oposición y otros partidos
aquí presentes que también se han manifestado en dicha dirección; y para
hacer la estructura más ligera nos parece que debería haber un único
«holding».

Se ha argumentado que hay problemas de tipo legal que obligan a esta
creación de «holdings», en el sentido de quién tiene las acciones.

Nosotros creemos que podría hacerse una ley y dar las acciones a quien
fuera, por ejemplo a un departamento de Teneo. No creemos que la tenencia
de estas acciones por un departamento de Teneo afectara a su solvencia,
porque en último caso, todo el mundo sabe que Teneo es el que soporta la
deuda del SEPI, o sea que le va a afectar igual. También podría depender
incluso de la subsecretaría o de otro organismo del ministerio. El
problema es que pasa a ser deuda pública más auténticamente, mientras que
ahora queda aparcada en el SEPI. Comprendemos esa razón de tipo
pragmático en presentación de cuentas. Es una razón pragmática de
presentación de cuentas, que ahora queda fuera de la deuda del Estado y
aparcada en el SEPI, pero podría buscarse una solución. Estoy seguro de
que, igual que la ingeniería financiera, la ingeniería jurídica es
extremadamente rica y habría fórmulas de ingeniería jurídica para que,
en último caso, no se cree un organismo por esa razón o por otra.

Además, no ocultamos que la tendencia del órgano es crear sus funciones.

Teóricamente, toda la función del SEPI es tener las acciones, pero ya
tiene otra, la de financiación de todo ello. Se nos ha dicho que tendría
treinta y tantas personas para esta financiación, pero depende de la
persona que tiene que ocuparse de la financiación. Si teóricamente está
por encima, tendrá la tendencia a preguntarse por qué tiene que financiar
y esa tendencia le llevará a que algunos de los financiadores se
conviertan, de hecho, en controladores de la empresa que es Teneo y
financiadores de los controladores que, por la tendencia natural de que
el órgano crea su función, tenderán a hacerse la pregunta de por qué no
se hacen mejor las cosas en esa empresa para tener que financiar menos.

Tenemos ejemplos de órganos recién creados que han buscado precisamente
ampliar sus funciones; y no es una crítica, es un comentario sociológico.

Un órgano dirigido por el señor Fernández Ordóñez ha tenido, sin duda,
una interpretación amplia y no restrictiva del órgano que preside en este
momento. Si el órgano SEPI tiene esta interpretación amplia y no
restrictiva, a lo Miguel Angel Fernández Ordóñez en este caso del órgano
que preside, nos encontraríamos que con esa interpretación es fácil que
vuelva a ocurrir; estoy poniendo un caso muy cercano que acaba de
ocurrir, con el mismo ministro, con el mismo equipo, con el mismo
Parlamento, etcétera. ¿Por qué no va a volver a ocurrir que, por la razón
de que son distintas las características de la persona, si alguna vez
pasa Miguel Angel Fernández Ordóñez o una persona de esa tipología a este
organismo, nos encontremos con ese tipo de problemática de «holdings»
sobre «holdings»? Creemos que lo mejor para solucionar esta curiosa
escalada y superposición de «holdings» es hacer algo de ingeniería
jurídica, en este caso no financiera, y hacer más liviana la estructura,
en la forma que se pudiera pactar. Una de las razones por las que
queríamos que este tema llegara a Pleno es para encontrar una solución
satisfactoria. Repito, si se tiene la voluntad política de disminuir la
actual estructura, se debe encontrar la fórmula jurídica y no al revés,
al no encontrar la fórmula jurídica, obligarse a una estructura política
que no consideramos adecuada.

Para no necesitar un tercer turno, me referiré de pasada al resto de los
temas, y así agoto mis intervenciones en esta reunión de la Comisión.

El preámbulo, tal como está, no nos gusta, es obvio, porque habla de
SEPI, habla de una forma de financiación de las empresas, no habla de
transparencia. Como es lógico, tenemos que votar en contra de este
preámbulo tal como está y no se han presentado enmiendas a este preámbulo
en las transaccionales ni en los temas de fondo. No quiero ser
reiterativo, pero confirmo lo dicho al principio sobre nuestra postura
de que no nos atrae excesivamente que esta ley sea anterior a una
filosofía sobre la empresa pública y una serie de asociaciones, que sin
duda también afecta al preámbulo, sino que incluso no quedan resueltos
los temas de que hemos hablado. Se podrá ajustar a las transaccionales
que se hayan hecho entre otros dos partidos, pero sin duda este preámbulo
no se podrá ajustar a aquello por lo que a lo mejor se vota en contra,
como es la superposición sucesiva de «holdings» que aparece en el
preámbulo. Es difícil que se ajuste a lo que no quedaría recogido y que
a nosotros nos parece trascendental. Hemos presentado pocas enmiendas,
pero de gran trascendencia y de fondo en este campo.

Una última referencia al carácter transaccional de unas enmiendas
pactadas entre Convergència i Unió y el Grupo Socialista. Nos parece bien
el fondo de algunas de ellas. Una vez más, encontramos una ley pactada
entre Convergència i Unió y el Grupo Parlamentario Socialista, sin duda
aún quedan unas cuantas, y hemos tenido votaciones recientes en la misma
dirección. Quiero decir que no hay bilateralidad, aunque no sé si ha
habido consultas al respecto con Izquierda Unida. En cuanto a estas
enmiendas transaccionales, es un pacto cerrado, con lo cual Convergència
i Unió tiene que votar estas enmiendas con relación a este pacto y no
puede votar otras por la característica de pacto cerrado en sí. No quiero
decir que no haya habido alguna conversación bilateral con el Grupo
Socialista, lo que quiero decir es que estas enmiendas han sido pactadas
entre estos dos grupos.

Nosotros distinguimos el problema de forma y el de fondo. Sobre el
problema de fondo, vamos a votar a favor, con una reserva que sí
quisiéramos que constara. Comprendemos difícil de resolver el problema
quizá porque no ha habido conversaciones triangulares, cuadrangulares o
más amplias porque la Ponencia ha funcionado de tal manera



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que ha sido delegar en conversaciones entre los grupos más que como tal
Ponencia. Vamos a votar a favor del Consejo Territorial, pero en nuestra
filosofía llevamos algo más lejos la separación entre reguladores y
regulados y nos parece que podría ser útil introducir que las personas
que figuran en el Consejo no fueran altos cargos de las administraciones
autonómicas que pudieran tener efectos desreguladores al respecto para
algunas materias relacionadas con la empresa en esa área. Tal como está
redactado, el representante en este Consejo Territorial puede ser
perfectamente el director general o el consejero relacionado con esta
área. En nuestra filosofía, que la presentaremos próximamente en la ley
de bases de la empresa pública, ese tema lo llevamos bastante a fondo.

Aquí, se ha argumentado que quien sea puede nombrar a alguien de fuera,
estamos de acuerdo, pero con esta ley puede nombrar a alguien que sea
regulador en el grado en que, como comunidad autónoma, tenga funciones
reguladoras o, si no reguladoras normativamente, sí de toma de decisiones
sobre una industria pública que, a lo mejor, compite con una privada en
el campo de esa autonomía, no teniendo esa misma representación los otros
como empresas, por lo que se crea una desigualdad entre lo público y lo
privado. Nos hubiera gustado introducir en algún grado esa matización,
de forma que estas personas nombradas no pudieran ser reguladoras en el
amplio sentido de la palabra. Preferiríamos que este texto hubiera sido
más trabajado y por eso, una vez más, hemos querido que fuera al Pleno.

No vamos a votar en contra, pero aún esperamos que, de aquí al Senado,
con un esfuerzo de imaginación, se pueda ofrecer un texto alternativo que
vaya en esta línea, pero con ese paso más.




El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
tiene presentadas a estos títulos ahora en discusión las enmiendas
números 22, a la exposición de motivos, y 26 a 33. Para su defensa, tiene
la palabra el señor Sánchez i Llibre.




El señor SANCHEZ I LLIBRE: Respecto a la enmienda número 22 que ha
presentado nuestro grupo a la exposición de motivos, es de carácter
técnico y proponemos suprimir una frase en el sentido de que no hace
falta en estos momentos que esta operación de reestructuración del
anterior INI en la Agencia Industrial del Estado y la Sociedad Estatal
de Participaciones Industriales deba ser aprobada antes de aprobarse los
Presupuestos Generales del Estado, habida cuenta que, como SS. SS. saben,
esto no ha sido posible, por lo que entendemos sería necesario que
desapareciera esta frase de la exposición de motivos y se aclarara que
no es necesario que se hayan aprobado los Presupuestos Generales del
Estado para que esta reordenación del sector público empresarial español
pueda ser «de iure» y «de facto», una realidad.

Respecto a la enmienda número 26, al artículo 9.º, que ha presentado
nuestro grupo parlamentario, va orientada básicamente a cambiar los
objetivos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Nuestro
grupo entiende que el principal objetivo de dicha sociedad ha de ser la
obtención de la mayor rentabilidad de las acciones y participaciones que
se le adjudiquen de acuerdo con las estrategias industriales de las
sociedades participadas de la sociedad estatal, en el sentido de que
nosotros entendemos que hay que proclamar como primer criterio la
rentabilidad y exigir el pago de los dividendos por la sociedad estatal
de participaciones públicas del Estado, siempre que el beneficio
consolidado del grupo sea positivo, y de esta manera dejar que sea el
primer objetivo de SEPI la fijación de criterios para la gestión de las
acciones y participaciones del Estado.

Respecto a la enmienda número 27, de nuestro grupo parlamentario, se
refiere a que si se ha reestructurado el anterior INI y se ha subdividido
en empresas no rentables y rentables, se aproveche esta oportunidad, que
a nosotros nos parecía excelente, para incorporar también dentro de las
empresas rentables que engloba la Sociedad Estatal de Participación
Industrial todas aquellas empresas industriales y no industriales que
están en otros organismos del Estado como el Ministerio de Economía y el
Patrimonio del Estado.

Es verdad que hay algún aspecto técnico importante que parece ser puede
hacer inviable nuestra enmienda, ya que como uno de los objetivos
principales de esta nueva reordenación de las empresas industriales del
Estado es que el SEPI asuma toda la deuda histórica contraída por el
anterior Instituto Nacional de Industria, si incorporamos estas empresas
rentables del Patrimonio del Estado en el SEPI se producirían unas
disminuciones de los ingresos del Estado y haría inviable esta enmienda
que proponemos.

De todas maneras, la enmienda transaccional que nos ha ofrecido el Grupo
Socialista, en el sentido de que todas las participaciones industriales
del Estado que estaban ahora incorporadas en el Patrimonio pasen a la
Agencia Industrial del Estado nos parece una transaccional correcta y que
va, al menos en una parte, dirigida y orientada en el sentido que
proponíamos en nuestra enmienda, por lo cual vamos a aceptar la
transaccional que nos ha presentado el Grupo Socialista en el sentido de
que las participaciones industriales de la Confederación de la Siderurgia
Integral pasen ahora a depender de la Agencia Industrial del Estado y
dejen de pertenecer al Patrimonio del Estado.

Por lo que se refiere a la enmienda número 28, de nuestro grupo
parlamentario, que está dentro del régimen jurídico y patrimonial del
SEPI, proponemos en esta enmienda restringir al máximo las posibilidades
de financiación de dicho organismo público que incorpora a las empresas
industriales rentables del Estado y aquí añadimos que, aparte de no poder
recibir subvenciones por parte del Estado, tampoco podrán recibir avales,
subrogaciones de deuda y ampliaciones de capital y cualquier otro tipo
de aportaciones y equivalentes. Por tanto, es una enmienda restrictiva
en el sentido de que quede bien claro que no habrá posibilidad alguna de
recibir financiación por parte del Estado en todas las empresas que están
incorporadas en la parte más rentable del SEPI.

Respecto a la enmienda número 29, que también se dirige al artículo 11,
en cuanto al régimen jurídico y patrimonial del SEPI, entendemos que ha
de haber un cambio



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de actitud respecto al artículo 6.º en el sentido de que ha de haber una
orden imperativa para que todos los recursos que se obtengan de la
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales del Estado vayan
dirigidos, única y exclusivamente, a amortizar una parte importante de
la deuda histórica del INI. En el proyecto de ley que envía el Gobierno
no existe esta orden imperativa, sino que es condicional y proponemos
sustituir la palabra «podrán» por «deberán», para que quede bien claro
que todos los beneficios y los recursos que se obtengan vayan destinados,
única, exclusiva y preferentemente a asumir la deuda histórica del INI.

La enmienda número 30 se refiere al artículo 11 y propone que todas
aquellas participaciones que pueda incorporar el SEPI dentro de las
diferentes participaciones industriales que en estos momentos ya están
en su poder, implique que sean aprobadas por la Comisión de Industria y
Energía del Congreso de los Diputados, para que exista también un control
más exhaustivo por parte de esta Comisión y para que también se tenga
conocimiento de todos aquellos incrementos patrimoniales en otras
participaciones que puedan en un momento oportuno adjudicarse la Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales.

La enmienda número 31 se dirige al artículo 15 y pide un incremento del
control de la gestión de todos los presidentes de las empresas que
configuran la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, en el
sentido de que en cualquier momento puedan comparecer dichos presidentes
ante esta Comisión y nos den cuenta de los desvíos producidos respecto
de sus objetivos iniciales planteados, así como también que exista la
posibilidad de poderles exigir, en su caso, responsabilidades políticas
y económicas, especialmente en los casos que se oculten pérdidas por
traslado contable de las mismas a sociedades filiales más o menos
visibles, o cuando se compute como ingreso algún tipo de subvención. Es
una enmienda de control, de transparencia.

En este mismo sentido hemos presentado la enmienda número 33 que va
dirigida a la disposición adicional segunda del referido texto, en el
sentido de que para que exista mayor transparencia en la gestión y en la
planificación de dichas sociedades exista la posibilidad de que se puedan
remitir al Congreso de los Diputados y a esta Comisión detalles de sus
cuentas proyectadas, balances y cuentas de resultados, sociedad por
sociedad, incluyendo los datos de endeudamiento entre los años 1995 y
1998.

Respecto a la enmienda número 32, es una enmienda técnica que va en la
misma dirección de la que nuestro grupo ha planteado a la exposición de
motivos.




El señor PRESIDENTE: Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista, presentadas al bloque ahora en discusión, números 19, 20 y
21, y para utilizar, en su caso, el turno en contra de las enmiendas
presentadas por el resto de grupos, en nombre del Grupo Socialista tiene
la palabra el señor Sáenz Lorenzo.




El señor SAENZ LORENZO: Señor Presidente, las enmiendas números 19 y 20
son enmiendas de corrección gramatical, que se podían haber incluido en
Ponencia, porque no tienen ningún contenido político.

La número 21 es una enmienda que pretende dar sustento legal a los
aplazamientos de las deudas que la Corporación de la Siderurgia Integral
ha tenido que pactar con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social,
porque parece ser que es conveniente. No obedece a otro objetivo.

Respecto a los temas que se han planteado por los distintos grupos,
quisiera decir, en primer lugar, que en este texto legal que estamos
discutiendo no se crean muchos holdings. Se suprimen dos, el INI y el INH
y se crean una agencia y una sociedad estatal. Por tanto, no se aumenta
el número de holdings en este instrumento legal que estamos discutiendo;
otra cosa es si se superponen o no. (El señor Vicepresidente, Dávila
Sánchez, ocupa la Presidencia.)
Desde nuestro punto de vista tiene sentido una corporación industrial
como Teneo, ¿por qué? Porque es muy importante que un país tenga
corporaciones industriales, holdings en los cuales haya empresas de
distintos sectores que funcionen en cierta sincronía. Eso existe en todos
los países. La potencia industrial de un país está también en relación
con la existencia de estos «holdings» y en nuestro país no existen este
tipo de holdings privados en el sector industrial. Entonces, parece bueno
que sigan existiendo los dos holdings que hay en este momento, que son,
por una parte, Teneo y, por otra, Repsol, que son dos holdings de
contenido público. ¿En un futuro podrían ser privados? Podrían ser, pero
desde nuestro punto de vista son dos activos industriales importantísimos
en nuestro país que debemos potenciar desde el punto de vista de los
intereses industriales.

Por tanto, estamos en desacuerdo con la enmienda que dice supresión de
Teneo. Ya sé que el señor Gámir da vueltas y parece que defiende una
enmienda distinta de la que propone. En la enmienda que propone
desaparece Teneo y yo creo que no está de acuerdo ni el Grupo Popular,
según lo ha puesto de manifiesto el señor Gámir en su breve intervención.

Quiere que yo le ofrezca una transacción que haga la enmienda más
presentable. No estoy por esa labor, lógicamente, porque el señor Gámir
con su intervención pretende dar la sensación de que su grupo presenta
más enmiendas de las que tiene. Presenta tres enmiendas, señor Gámir, y
da la sensación de que está bastante de acuerdo con el texto legal,
porque, además, las enmiendas son a los flecos de la ley. Aceptarlas no
modificaría sustancialmente el contenido.

Comprendo que en su intervención adorne un poco estos contenidos y
estamos de acuerdo en buena parte de las enmiendas que propone, aunque
tenemos concepciones bastantes diferentes del papel del sector público
a este respecto.

Por tanto, esta ley potencia, por una parte, Teneo y, por otra, Repsol,
con lo cual yo creo que Izquierda Unida no debía estar en desacuerdo.

Tanto Repsol como Teneo son holdings rentables por sí mismos.

Independientemente de que en un momento determinado sean privados o no
o puedan tener más participación privada, hoy son públicos y esta ley les
sitúa de forma un poco más autónoma en su funcionamiento respecto a la
Administración. Se crea una



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tenedora de acciones porque si estos holdings se dejaran simplemente ahí
fuera, sin ningún tipo de obligación, los activos que tienen, que son muy
importantes, sería un regalo a la futura posible privatización de estos
holdings. Si dejamos Teneo, le damos cierta autonomía respecto a la
Administración y suprimimos el INI, entonces, las acciones de Teneo
saldrían al mercado a un precio muy elevado. Ya que se hacen cargo de los
activos, que también lo hagan de una parte de los pasivos, de esos
700.000 millones de pesetas. Por eso se crea la sociedad SEPI, tenedora
de acciones, que por una parte tiene las acciones y, por otra, asume una
deuda que se corresponde un poco con unos activos que se pretende se
desarrollen autónomamente, tanto en el holding Teneo como en el holding
Repsol, que tienen un futuro económicamente prometedor, lo cual es
positivo para nuestro país y también para nuestra industria. Por eso
nosotros estamos en esa operación de fortalecer los grupos industriales,
públicos en este caso, que pueden llegar a ser privados en un momento
determinado pero asumiendo también una parte del pasivo que ellos mismos
han creado a lo largo del tiempo. Por eso se crea SEPI, pues no creemos
que sea el Gobierno, porque si no, efectivamente sí existiría alguna
tentación.

Con esta reordenación, señor Gámir, pretendemos que no exista ese
trasvase permanente entre los presupuestos y el sector público, de forma
que no se sabe bien lo que es rentable y lo que no. Tal como queda
después de esta ley, cuando se apruebe y como quede después del decreto,
SEPI se ha independizado totalmente. No hay ningún trasvase de fondos ni
de avales; de avales puede haber con autorización expresa directamente
de endeudamiento de la propia sociedad, pero no hay trasvase de fondos
entre los presupuestos y la sociedad estatal. Los hay con la agencia
porque ésta evidentemente agrupa a las empresas que pierden dinero.

No estamos de acuerdo, como ya ha dicho mi compañera en la intervención
anterior, con las enmiendas de Izquierda Unida que dicen se haga mediante
ley, no por decisión del Gobierno. No. Nosotros pensamos que no es bueno
que se legalicen determinadas decisiones de gestión en las empresas. Es
bueno que, sea quien sea en cada caso, el Gobierno tome las decisiones
que corresponden a un ejecutivo y no es bueno que esas decisiones se
trasladen a las Cortes Generales, a pesar de que los Diputados tengamos
cierta tendencia, lógicamente, a que esto sea así. Nosotros pensamos que
las decisiones ejecutivas deben estar en el Gobierno; por eso, nos
oponemos a alguna de las enmiendas que Izquierda Unida plantea en esta
dirección.

Pensamos, efectivamente, que los sindicatos deben seguir estando en los
consejos de administración de las empresas públicas. Ya están. Sigue
estando en vigor el acuerdo o convenio entre el INI y los sindicatos a
este respecto porque la ley hace asumir a las nuevas sociedades creadas
las mismas obligaciones que tenían los holdings anteriores. Nosotros
pensamos que deben seguir estando pero también por convenio, como
estaban; es decir, que el convenio sigue en vigor. Pensamos que es un
objeto que se debe dejar a la negociación entre las partes, que es bueno
que estén, pero también pensamos que es bueno que sea elemento de
negociación entre las partes y no que esté legalizado en el texto de la
ley que aprobamos.

¿Qué pasa con que sean 1.000 millones de pesetas o un 10 por ciento?
Estas empresas públicas, estas empresas del SEPI han de tener cada vez
un funcionamiento más autónomo. Entonces, ¿qué tiene que comunicar al
Gobierno o a las Cortes Generales? Cuando compran el 2 por ciento de
acciones de una empresa, no parece que sea necesario. Se ha puesto en la
ley que cuando compran más del 10 por ciento de una empresa, porque,
efectivamente, entrar con más del 10 por ciento es tener una
participación significativa. No es bueno que tengan que informar, aunque
el volumen de dinero sea elevado, cuando tienen una participación
simbólica del uno, 2, 3, 4 ó 5 por ciento, porque, evidentemente, ese
tipo de participaciones en una empresa son de apoyo, de ayuda pero no son
entradas significativas. Hemos puesto el 10 por ciento. Evidentemente no
hay una cifra mágica, pero parece que el 10 por ciento puede ser un
porcentaje suficientemente bajo del capital como para decir que
comuniquen y pidan autorización solamente cuando supere el 10 por ciento
la entrada en una nueva sociedad. Por tanto, tampoco vamos a aceptar esa
enmienda de Izquierda Unida.

Respecto a las enmiendas que presenta el PP, estamos en desacuerdo con
la relativa a la desaparición de Teneo, como he señalado; me parece que,
al revés, tenemos que fortalecer tanto Repsol como Teneo. Dice el señor
Gámir que se superponen los holdings. Yo creo que es malo ignorar la
realidad económica de un país en este momento. En este momento hay un
holding funcionando que es Repsol y hay otro holding funcionando que es
Teneo, que está menos integrado porque, efectivamente, hay una empresa
mucho más potente dentro de Teneo que es Endesa; pero es bueno que haya
un holding Teneo diversificado. Entonces nos parece que esos dos
holdings, que tienen ya una dinámica económica, una potencia y unas
posibilidades de futuro económico e industrial, se deben mantener y que
las acciones de estas empresas van a dar beneficios. Estos holdings
tienen unos activos muy importantes, que son mayoritariamente del Estado
en estos momentos, y es bueno, por tanto, que haya una sociedad tenedora
de acciones que sustente estas acciones y, al mismo tiempo, una buena
parte de la deuda que estas empresas han generado en los últimos años,
los 700.000 millones de pesetas. Por tanto, es necesario y bueno que se
cree SEPI, que se separa radicalmente de los presupuestos y creo que las
garantías a ese respecto se aplican en las enmiendas que estamos
tratando.

Efectivamente, hay una enmienda transaccional. Vamos a presentar una
enmienda transaccional a la número 31, de CiU; y a la número 17, del PP
e incluso creo que engloba también a la número 37, de CiU. Las enmiendas
números 31 y 33 de Convergència i Unió están tratando del control
parlamentario del sector público y, en particular, de estas empresas del
SEPI. La enmienda número 17, del PP, también está tratando del control
parlamentario. Entonces ofrecemos una transaccional, en la cual incluimos
totalmente lo que dice la enmienda número 31, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), porque todos los presidentes, tanto de las
empresas de la agencia como de las empresas



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del SEPI tienen que comparecer en las comisiones parlamentarias.

Incluimos también parte de lo que dice la enmienda número 33, en el
sentido de que tienen que dar cuenta de los planes de actuación,
distribución de los fondos de origen presupuestario, contratos-programa,
utilización de fondos públicos; es decir, estas empresas tienen que dar
información al Congreso; y también aceptamos una parte de la enmienda del
PP en el sentido de que la Agencia Industrial del Estado y la sociedad
estatal, así como sus empresas, remitan al Parlamento la misma
información y en los mismos plazos en que las empresas que cotizan en
bolsa están obligadas a presentar ante la Comisión Nacional del Mercado
de Valores. No somos partidarios, sin embargo, de incluir que los
Diputados pueden recibir la misma información que los accionistas porque
no estamos de acuerdo con la filosofía de fondo que late ahí de que el
Diputado es accionista. No, no nos gusta esa filosofía de fondo. Por lo
mismo hemos presentado una enmienda transaccional a la enmienda del Grupo
Catalán (Convergència i Unió), a la que me referiré luego, respecto a que
no sea el Parlamento y a que se puedan confundir las labores ejecutivas
con las labores parlamentarias. Yo creo que las labores ejecutivas son
del Gobierno, las labores parlamentarias son del Parlamento y hay que
diferenciarlas claramente. Esa idea de equiparar la figura del Diputado
a la figura del accionista de empresas públicas nos repugna de alguna
manera, no gusta a nuestro grupo y, por tanto, vamos a votar en contra.

No estamos, fíjense ustedes, en contra de que reciba esa información --me
parece que un Diputado tiene derecho a recibirla--, pero si se piensa en
otra fórmula. No nos gusta y como no estamos de acuerdo con ese
paralelismo entre Diputado y accionista, no vamos a aceptar esa parte de
la propuesta que hace el Grupo Popular.

En cuanto a que las ampliaciones de capital, las participaciones en
empresas sean aprobadas por la Comisión, tal y como propone el Grupo
Catalán (Convergència i Unió) en la enmienda 30, nosotros pensamos que
las debe aprobar el Gobierno y efectivamente así está en la ley. Por
tanto, ofrecemos una transacción diciendo que se comunica a la Comisión
que cuando se entre en una empresa con más del 10 por ciento de capital,
la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados tenga la
información, pero que la labor ejecutiva, la toma de decisiones, la tenga
siempre el Ejecutivo. Esa es nuestra filosofía que pretendemos defender
a lo largo de esta tramitación. Hemos tenido contactos bilaterales. En
esto de las relaciones amistosas nosotros todavía estamos en relaciones
bilaterales; lo de los triángulos nos parece una cosa muy avanzada.

Cuando el Partido Popular esté en posiciones más aventajadas a lo mejor
pone en práctica lo de los triángulos, pero nosotros no nos atrevemos a
tanto. Cuando un acuerdo es serio supone que hay acuerdo en todo un texto
legal; yo no califico los acuerdos de cerrados o abiertos, los pactos
abiertos no me parecen acuerdos. A mí me parecen pactos serios y pactos
que no son serios, como esto de las comunidades autónomas que discutíamos
ayer en el proyecto de reforma del Estatuto de Aragón, que es otra cosa.

Cuando un pacto no se cumple no es serio; si el pacto es serio, se cumple
por todas partes, una parte retira las enmiendas que corresponden, se
ofrecen transacciones en los puntos y se llega a un acuerdo global que
se respeta por ambas partes. Nosotros somos partidarios de ese tipo de
acuerdos, pero yo no los denominaría pactos cerrados sino serios.

Con esto creo que he contestado a los planteamientos y voy a decir cuáles
son las posiciones de mi grupo respecto a las enmiendas.

Voy a ofrecer una transacción in voce a la enmienda número 26, del Grupo
Catalán (Convergència i Unió), al artículo 9.º Dice el Grupo Catalán
(Convergència i Unió) en la justificación de esa enmienda que le parece
mucho más importante, mucho más esencial como objetivo de la sociedad que
figura en el apartado 2.b). La transacción que nosotros ofrecemos es que
el apartado b) pase a ser apartado a) y que el apartado a) pase a ser
apartado b); o sea, la transacción que ofrecemos es que figure en primer
lugar aquello que el Grupo Catalán (Convergència i Unió) piensa que es
prioritario como objetivo de la sociedad, pero pensamos que también la
administración de las acciones es uno de los objetivos de la SEPI. Por
tanto, mantenemos los dos apartados pero cambiamos el orden y situamos
el apartado b) como apartado a) y el apartado a) pasaría a ser apartado
b).

Ofrecemos una transacción a la enmienda número 27, que ya ha dicho el
señor Sánchez i Llibre, en el artículo 2.º, que acepta.

Vamos a votar a favor de la enmienda número 28, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), al artículo 11.4.

Vamos a votar afirmativamente la enmienda número 29, también del Grupo
Catalán (Convergència i Unió), al artículo 11.6.

Presentamos una transacción, como he dicho, a la enmienda número 30.

Vamos a votar a favor de la enmienda número 14, de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. Es la enmienda que dice que no haya
contratos blindados. Efectivamente, como ha dicho mi compañera, ya hay
una resolución de Presidencia de Gobierno en esta misma dirección; por
tanto, no nos importa incorporar a la ley ese texto de la no existencia
de contratos blindados y, por tanto, vamos a aceptar la enmienda número
14, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya al artículo 14.

Presentamos una transacción a la enmienda número 31. Pensamos que aunque
no lo pone en el papel también es una transacción a la enmienda número
33, ambas del Grupo Catalán (Convergència i Unió) y que lo es también a
la enmienda número 17, en el sentido del control parlamentario. Es un
control de la Comisión en la que comparecen todos los presidentes de las
empresas, a donde se mandan los planes de inversión y de actuaciones, a
donde se mandan también los contratos-programa, etcétera. Naturalmente
este control es mucho mayor para la agencia y las empresas de la agencia
que para la sociedad estatal, que es una sociedad independiente de los
Presupuestos Generales del Estado y que, por tanto, su control
parlamentario tiene menos sentido, aunque también debe existir, como
planteamos en el texto.




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En la enmienda número 32, del Grupo Catalán (Convergència i Unió) tenemos
un problema de redacción. ¿Qué se pretende solucionar con esa enmienda?
Hay aquí un decreto-ley que prevé entre otras cosas que se suprima el INI
y el INH; pero el INI y el INH ya se han suprimido. Como ya se han
producido los efectos del decreto-ley, tenemos un problema de redacción
que solucionamos con una enmienda transaccional, un poco larga, que
afecta a todas las disposiciones: a la disposición final, a las
disposiciones transitorias primera y segunda y también a la disposición
adicional única, en la cual venimos a decir que ya se han producido
determinadas cosas y se consolidan por esta ley. O sea, no son actos que
se tengan que producir, como lo eran en el decreto, sino que ya se han
producido y la ley los consolida. Eso nos lleva a una modificación
estrictamente de redacción, que es la enmienda transaccional que
presentamos, una enmienda transaccional larga, pero que sólo tiene el
objeto que señalamos.

También vamos a votar a favor de la enmienda número 22, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), al preámbulo.

Nada más.




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Procede ahora que los grupos
a los que se ha hecho oferta transaccional se posicionen sobre su
aceptación o no y, en consecuencia, la posible retirada de las enmiendas
respecto de las cuales han recibido oferta de transacción.

Tenemos la enmienda transaccional del Grupo Socialista a la número 30,
del Grupo Catalán (Convergència i Unió); la transaccional a las 31 y 33,
del Grupo Catalán (Convergència i Unió); y una última más amplia a las
32 y 22, también del Grupo Catalán (Convergència i Unió). Pregunto al
señor Sánchez i Llibre la posición de su grupo respecto de estas ofertas
transaccionales.




El señor SANCHEZ I LLIBRE: Manifiesto que estamos de acuerdo con las
transaccionales que nos ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista.

Si la Presidencia me lo permite, también querría expresar mi opinión
respecto a las manifestaciones que se han hecho desde el Grupo Popular
y Grupo Socialista en cuanto a la posición de nuestro grupo parlamentario
en relación a esta ley. No sé si es el momento procesal oportuno o hay
que dejarlo para después.




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Si le parece, veamos primero
la posición respecto de las transaccionales y luego abriremos un turno
para que SS. SS. expresen ese planteamiento más general.

Entiendo que acepta todas las transaccionales que le han sido ofertadas
y, en consecuencia, retira las enmiendas objeto de transacción, que
serían, si entiendo bien, las números 30, 31, 32 y 33. Las enmiendas 25
y 27 ya estaban aceptadas en el trámite anterior y respecto a la 26, se
acepta la enmienda «in voce» que se ha planteado.




El señor SANZ LORENZO: Señor Presidente, quiero señalar que en el papel
que hemos mandado se hace referencia a la 32 y a la 22. No hay enmienda
transaccional a la 22, puesto que la vamos a votar favorablemente; por
tanto, la 22 no solicitamos que se retire. En el papel pone a la 32 y a
la 22, pero es sólo a la 32.




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Se mantiene la 22 porque la
transacción es sólo a la 32, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).

Ahora, señor Gámir, le ruego que manifieste su posición respecto a la
oferta de transacción que ha hecho el Grupo Socialista a la número 17,
del Grupo Popular. Tiene la palabra.




El señor GAMIR CASARES: Estamos de acuerdo con el criterio de la
Presidencia de dejar para un segundo turno la aclaración de
interpretaciones respecto a la enmienda 17, pero tiene dos partes: una
se refiere al artículo 15 y otra al artículo 16. Nosotros retiramos la
parte relacionada con el artículo 15, pero mantenemos la relativa al
artículo 16, de la forma que procedimentalmente la Presidencia estime
adecuada.




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): ¿Qué turnos se solicitan para
ese planteamiento general? (Pausa.)
El señor Sánchez i Llibre tiene la palabra.




El señor SANCHEZ I LLIBRE: Respecto a las alusiones que nos han hecho los
diferentes grupos parlamentarios en cuanto a la posición del Grupo
Catalán en las negociaciones que ha mantenido con el Grupo Socialista
para la redacción de este proyecto de ley, manifestaré en primer lugar
lo que ya todas SS. SS. saben, que todos los compromisos que habíamos
contraído con el Gobierno socialista antes del 15 de septiembre respecto
a leyes que habían sido tramitadas previamente en el Congreso de los
Diputados y en las que había unos acuerdos y unos objetivos básicos los
hemos ido manteniendo a lo largo de esta legislatura hasta que finalice
la misma, que, como todas SS. SS. saben, será a finales de diciembre, tal
como lo ha reiterado en diferentes ocasiones el Presidente del Gobierno.

También todas SS. SS. saben cuál es nuestra posición si esto no se
materializa a finales de diciembre, y no me voy a manifestar en estos
momentos.

Por lo que se refiere a la ley en cuestión, el señor Gámir tiene la
obligación de manifestar que esta ley no ha sido negociada
triangularmente con el Partido Popular y el Partido Socialista, extremo
en el que no voy a entrar. Lo que sí le he de decir al señor Gámir es que
a través del trámite parlamentario --cuestión esta en la que el Grupo
Popular estaba interesado cuando el Gobierno lo presentó como real
decreto-ley--, nosotros incidimos en que era muchísimo mejor, dada la
importancia del mismo, que se tramitara como proyecto de ley. Hemos
incorporado una serie de enmiendas que mejoran sensiblemente el real
decreto-ley inicial en cuanto al control, a la transparencia de la
gestión, a las posibilidades de que quede delimitado cuáles van a ser los
endeudamientos y las transferencias que el Estado va a remitir a las
empresas de la Agencia Estatal Industrial. En definitiva, creemos que la
aportación de nuestro



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Grupo Parlamentario mejora sensiblemente, tal como les he dicho antes,
el objetivo fundamental de la ley.

Respecto a la posición que nuestro Grupo Parlamentario mantiene en cuanto
a la reestructuración del sector público empresarial español, el Grupo
Popular y el resto de los grupos de la Cámara saben cuál es. Nosotros
hemos reiterado en muchas ocasiones cuál era la posición de nuestro
Grupo. Todavía esperamos a saber cuáles son los criterios fundamentales
que va a mantener el Gobierno en base al debate que se produjo en el
Congreso de los Diputados respecto a las privatizaciones, en qué sectores
ha de participar necesariamente el Estado. Vamos a mantener nuestros
criterios en esta legislatura y en la próxima y esperamos que, sean
cuales sean los resultados, sean cuales sean los partidos que salgan
vencedores, sean sensibles a las manifestaciones y a las consideraciones
sobre las privatizaciones que nuestro Grupo ha mantenido hasta al fecha.




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor Gámir.




El señor GAMIR CASARES: Con toda brevedad, dada la hora, señor
Presidente. La interpretación auténtica de lo que uno diga preferiría que
la hiciera el propio grupo a que fuera hecha desde fuera, a pesar de la
indudable inteligencia y agudeza de la persona que en este caso ha
actuado como intérprete de las palabras ajenas. Quiero dejar claro que
nuestra enmienda no proponía la supresión del grupo industrial. Es obvio,
está en el texto. Decíamos que todo lo que estuviera en Teneo pasara a
SEPI, y sería SEPI el que tendría el grupo industrial, como es lógico.

¿Que hemos dicho que como alternativa podía ser más sencillo que fuera
SEPI la que se suprimiera y resolver el problema jurídico de las
acciones? Lo aceptamos como alternativa si se nos propone, pero quede
claro que no proponemos la eliminación del grupo industrial, sino que
incluso textualmente se dice que pase todo ello a SEPI en ese caso.

Nosotros no entramos en los problemas, que estamos seguros de que no han
existido, de si al antiguo presidente del INH y al antiguo presidente del
INI les plantea problemas personales quién ha estado por encima de quién
en esta reestructuración. No entramos en ese tema, como es lógico.

Estamos seguros de que nunca habrá habido razones personales, pero sin
duda queda una configuración de holdings muy extraña en esta ley, en la
cual por una parte, insisto, queda fuera Repsol, formando un holding por
su cuenta; Endesa es un holding por su cuenta; luego Endesa tiene a
Teneo; Repsol, sin embargo, no tiene a Teneo y por encima se coloca al
SEPI. Habría que simplificar todo eso. Es la postura del Partido Popular
de disminuir la burocracia administrativa en aquello que es disminuible,
y en este caso es claramente disminuible esa superposición de holdings.

Segundo punto en que ha sido interpretado el Partido Popular, y prefiero
nuestra propia interpretación: que no hay diferencias de fondo porque hay
tres enmiendas. Pero esas tres enmiendas son de fortísimo calado. Yo le
digo al representante del Partido Socialista que, si las considera tan
poco importantes, las acepte, y entonces habría un cierto acercamiento.

Quede claro que además de estas tres enmiendas, yo he insistido en que
nosotros nos hemos abstenido en el resto. No nos parece adecuada esta
ley. Creemos que primero debería haber habido una ley de fondo, que el
Grupo Socialista y el Gobierno no han planteado, sobre privatización y
empresa pública, y luego esta ley. Por eso nuestro desapego a esta
normativa es evidente.

Dentro de este desapego a esta normativa marcamos tres puntos básicos en
los cuales sería muy útil, indudablemente, que, si son tan pequeños, se
aceptaran los tres. Nos parece que sobre todo los del SEPI y de los
holdings son realmente importantes, aunque, por desgracia, parece que no
van a ser aceptados.

No nos siga interpretando, por favor. Nosotros no hemos dicho en ningún
caso que queremos que el Diputado sea igual al accionista, como no hemos
dicho en ningún caso que la Comisión Nacional del Mercado de Valores sea
igual al Parlamento. Lo que hemos hecho ha sido coger un ejemplo
jurídico. Es curioso, porque ustedes han aceptado una enmienda que,
utilizando la misma lógica, querría decir que ustedes aceptan que el
Parlamento es como la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Hemos
dicho que se le dé la misma información, hemos puesto el ejemplo de la
misma información, y aquí hemos dicho el mismo ejemplo, que se le dé la
misma información que a un accionista. Precisamente lo hemos delimitado
a ese campo, es la única comparación que hemos hecho entre la Comisión
Nacional del Mercado de Valores y el Parlamento. Con la misma simetría
con que el Grupo Parlamentario Socialista ha aceptado el tema de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, estoy seguro de que sin
confundirla con el Parlamento, se puede aceptar que la información que
se dé al Diputado sea la misma que la del accionista, sin que en el resto
de los derechos que tiene el accionista se le iguale en absoluto al
Diputado, sino como medio de referencia la información a la que tiene
acceso, salvo aquellos elementos excepcionales que el Gobierno o el Grupo
Parlamentario Socialista considere estratégicos o algo parecido.

Aquí no estamos hablando de matrimonios ni de parejas estables de otro
tipo. No tengamos obsesión sexual. Diferenciemos lo que es un tema
parlamentario de lo que es una pareja de otro tipo. Aquí nadie ha hablado
de ménage à trois como es lógico. Nos ha extrañado mucho la declaración,
más abierta y liberal por parte de otro partido, en cuanto a que no sea
por parejas, sino por tríos. Estamos hablando de un tema parlamentario
puro, en el cual indudablemente no estamos solicitando un grupo a tres
que apoye al Gobierno, como es lógico. Simplemente hemos recogido la
realidad de que fueran otras comparaciones con parejas de otro orden, que
en este caso produciría una pareja parlamentaria --si quieren,
utilizaríamos la palabra matrimonio en estricto sentido parlamentario,
pero no en el otro sentido de la expresión-- entre el Grupo Parlamentario
Socialista y Convergència i Unió. Hemos manifestado esto, y el Presidente
de la Comisión en este momento lo ha dicho con razón en este y en muchos
otros casos. Que comente Convergència i Unió que pertenecía a antes del
15 de septiembre, yo no sé si los acuerdos se alcanzaron antes. No me
encaja la fecha del 15 de septiembre que se ha mencionado



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porque una ponencia de fecha bastante posterior tuvo que retrasarse
porque no había acuerdo. En el sentido que ha explicado el portavoz
socialista, parece que el desarrollo de este matrimonio sería posterior
al 15 de septiembre.

Una última precisión: yo quisiera saber si en este acuerdo que ha habido,
puramente parlamentario (sería interesante, si no ahora, que lo pensara
para el futuro), Convergència i Unió estima adecuada la diferenciación
entre regulados y reguladores de la Comisión territorial.

También me ha parecido escuchar, pero no sé si es cierto --es una última
precisión final--, que el representante de Convergència i Unió no estaba
muy convencido de la respuesta que se ha dado a su pregunta de que dieran
la lista de empresas que no se podían privatizar. No he entendido bien
lo que usted quiere decir, porque a nosotros nos ha extrañado de manera
importante la respuesta que ha dado el Gobierno a la propuesta con la que
estábamos de acuerdo con Convergència i Unió sobre la lista de empresas
que no se podían privatizar. El texto nos ha parecido sorprendente, por
lo menos. El protagonismo debe pertenecer a Convergència i Unió, que fue
quien planteó ese tema y a nosotros nos interesaría conocer cuál es su
postura sobre ese punto, si su portavoz la quiere manifestar ahora.




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Tiene la palabra el señor
Frutos, por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.




El señor FRUTOS GRAS: La verdad, señor Gámir, es que no hay ni
concubinato, ni matrimonio; lo que hay es cama redonda, esto es lo que
hay. Pero no cama redonda entre dos, no, más, todos los grupos. Ustedes
aquí no han discutido ni discrepado sobre la cantidad de sal o de
pimienta que va al guiso. Ustedes han discutido sobre esto, si más o
menos sal, pero están de acuerdo en el guiso porque comparten la misma
filosofía integrista, privatizadora, liquidacionista, del sector público
que recorre España, Europa y el mundo, parafraseando a mi amigo Carlos
Marx.

Desaparece el INI y el INH, y no es la primera vez que en España se
reestructuran las participaciones del Estado en sus empresas
industriales. Aquí hubo la escisión del INH en 1981, o la constitución
del subgrupo Teneo, en 1992; es decir, ya ha habido reestructuraciones.

Pero esta vez es diferente, esta vez se orienta sólo por objetivos
financieros, trata de traspasar deuda, para reducir gastos financieros
de los presupuestos generales, eliminar a la corporación pública como
instrumento de política industrial, en el momento de menor nivel de
ocupación en la historia industrial, como después hablaré; déficit
comercial de productos industriales; y un 21 por ciento de participación
de la producción industrial en el producto interior bruto. Esto es lo que
hay: una reducción de siete puntos y pico en el escaso tiempo de nueve
a diez años. Esta es la realidad, y que venga Dios y empuje al sector
industrial privado y público para remontar esta situación.

Tenemos instrumentos del sector público que han sido eficaces en los casi
cincuenta años de historia del tinglado (más de cincuenta años en este
caso concreto del INI, desde el año 1942), con todas sus insuficiencias,
errores, lo que explica el preámbulo del proyecto de ley en este momento.

Este sector público muchas veces se ha estirado en un país donde,
desgraciadamente, han existido sectores capitalistas muy parasitarios,
muy especulativos. Como estamos en una situación parecida, a nuestro
Grupo le parece que este sector público industrial se debería estirar al
conjunto de la producción, debería servir de motor.

En definitiva, son varias las consecuencias de los problemas
estructurales que hay en este país: el pequeño tamaño de las empresas;
poca investigación y desarrollo; poca formación y, además, mal articulada
normalmente; falta de autofinanciación; los intereses se comen gran parte
de la posibilidad de autofinanciación de las empresas; poco grado de
internacionalización de las empresas y mucho más de las empresas
privadas, etcétera.

Asimismo, en la proposición que se va a convertir en ley, porque no creo
que lo salve nadie, desaparecen los objetivos del Instituto Nacional de
Industria de impulsar, coordinar y controlar las actividades del sector
público, para lo cual el INI fijaba la estrategia y supervisaba la
planificación y ejecución; definía y desarrollaba políticas integradas
para el conjunto; establecía sistemas para coordinar las áreas de
gestión, y evaluaba objetivos alcanzados, ejerciendo el control de
eficacia de todo esto.

Ya hice una intervención en el debate en el Plano, por lo que no quiero
repetir los argumentos. Sí quiero reiterar las propuestas que defendemos
porque me parece que eso de trasladar la deuda a los nuevos organismos
es hacerlos nacer lastrados, pero no quiero referirme a eso. Las
propuestas que defendemos son las siguientes: primera, que cualquier
reestructuración que se haga debe tener un doble objetivo, como
instrumentar políticas industriales, cosa que no se hace con esta ley,
y, segundo, desarrollo del tejido industrial empresarial. Rechazamos el
proyecto porque va en un sentido diferente a todo esto. No existe un
aprovechamiento de las complementariedades y esfuerzos, lo que ha
significado que exista este grupo y podría significar este grupo
potenciado, mejor financiado, mejor gestionado y reformado en el futuro.

Esto impedirá que la empresa pública juegue un papel inducidor hacia el
resto del sector industrial y de servicios, en relaciones laborales, como
había hecho hasta ahora, en investigación y desarrollo, en formación, en
dimensión internacional, etcétera.

Por todo ello y por bastantes más cosas que quiero ahorrarles, porque
seguramente ya las conocen, les han aburrido y por tanto no las van a
votar, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya se opone y votará en
contra, independientemente de que podemos apoyar alguna enmienda concreta
porque más vale mejorar el desastre un poco que aceptarlo totalmente.




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el señor Sáenz.




El señor SAENZ LORENZO: Estoy en total desacuerdo con lo que acaba de
decir el señor Frutos.

En primer lugar, a mí me parece que no se está produciendo en España un
proceso de desindustrialización. Además, ése es un tema que tiene cierta
incidencia en la opinión



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pública, un sustrato de opinión estima que hay una desindustrialización
que no se está produciendo. En todos los países industriales, avanzados,
el porcentaje de la producción industrial respecto al producto interior
bruto está disminuyendo. ¿Por qué?, porque una parte de lo que antes se
imputaba dentro de la industria se imputa ahora en los servicios. ¿Por
qué?, porque las empresas están segregando los departamentos de
formación, los departamentos de información, los departamentos de
gestión. Todos esos departamentos que antes estaban dentro de la empresa
industrial y computaban en su producción como producción industrial,
ahora son contratados con empresas externas, esta tendencia todavía está
creciendo y, por tanto, se está traspasando esa parte al sector
servicios. Pero eso no quiere decir que la empresa produzca menos, sino
que es un proceso actual.

En España, nuestro porcentaje de PIB de producción industrial es superior
al de los países de nuestro entorno, al de los países desarrollados,
porque en España aún no se ha producido ese proceso globalmente. Es más,
en el último año la producción industrial ha crecido --en este momento,
no me atrevo a dar una cifra-- en torno al siete por ciento. Un
crecimiento de la producción industrial en torno al siete por ciento del
último año significa que este país es uno de los sectores que está
tirando de la economía de este país. Eso no se puede ignorar en una
intervención parlamentaria como la que ha hecho el señor Fruto. No es
cierto que España no esté desindustrializando. Los datos económicos están
diciendo lo contrario de lo que ha manifestado el señor Frutos. No es
cierto tampoco que se debilite a los grupos industriales. Después de este
decreto, desde mi punto de vista los grupos industriales Repsol y Teneo
salen fortalecidos.

El señor Gámir quiere dar a esto un tinte anecdótico, diciendo que son
las mismas personas. Son las personas y son los grupos industriales que
llevan mucho tiempo funcionando, por lo que están consolidados. Y lo que
no pretende hacer el decreto es cambiar todos los grupos y que los que
iban juntos ahora vayan separados. ¡Menudo lío! Si hay dinámicas de grupo
empresarial que están funcionando con eficacia no tenemos por qué
modificarlas.

Sin embargo, los grupos Teneo y Repsol, que son los grandes grupos
públicos, los grandes grupos industriales que existen en nuestro país,
son potenciados por este real decreto-ley. Por tanto, no estoy de acuerdo
con ese planteamiento que hace el señor Frutos. Sí es verdad que nuestra
posición es diferente, porque nosotros decimos que no necesariamente
estos grupos en el futuro tienen que ser públicos. No necesariamente,
pero son públicos y la reestructuración que se hace no pone en cuestión
su carácter público; no se da un paso en la dirección de privatizarlos.

Nos importa mucho que estos grupos industriales sigan existiendo con
fuerza industrial y nos importa menos que sean públicos o que tengan una
mayor participación privada. Por eso se están sacando al mercado de
acciones una parte de estas empresas, pero nos parece muy importante que
se mantengan con potencia, como grupos públicos.

Señor Gámir, siempre nos están hablando de alternativas y nos gustaría
saber cuál es la alternativa a este proyecto, porque, desde luego, sus
enmiendas no la plantean. Hay una enmienda sobre avales que incluso
podríamos aceptar. No lo hacemos en este momento, aunque cabe un
acercamiento. Hay una enmienda sobre la participación y la información
al Congreso que no introduce modificaciones sustanciales, y la enmienda
más importante es la de la supresión de Teneo, lo que, desde mi punto de
vista, es un disparate. Si suprimimos Teneo y damos al SEPI sus acciones
le convertimos en una cosa totalmente distinta de lo que quiere ser. En
ese caso, tendría que gestionar el holding y tener una serie de
actividades, cuando el SEPI es simplemente un tenedor de acciones que no
lleva a cabo estrategias. Las estrategias empresariales son de Teneo y
de Repsol. Sería un disparate suprimir Teneo.

He visto que S. S. no acaba de defender el texto literal de su enmienda
--reconózcalo o no lo reconozca-- pero, en cualquier caso, estas
enmiendas no plantean una alternativa. Nunca sabemos cuál es el modelo
del Partido Popular. Yo creo que no existe. Es muy difícil que se
presenten enmiendas a aquello que no existe.

Nada más por mi parte.




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Señorías, hemos terminado el
debate y debemos pasar a la votación, en la que les ruego ayuden a la
Mesa para que sea lo más sencilla posible.

Si les parece y por el orden correlativo en que están numeradas, vamos
a hacer la votación, por grupos parlamentarios, de las enmiendas que se
mantienen vivas que, si en la Mesa hemos sabido seguir con precisión los
debates, son las siguientes. En el Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya siguen vivas todas las enmiendas, desde
la número 1 a la 15, ambas inclusive. Del Grupo Parlamentario Popular
están vivas y se mantienen para la votación las enmiendas números 16, 17,
puesto que hay una parte que no se ve afectada por la transaccional
ofrecida por el Grupo Socialista, y 18; es decir, las tres enmiendas
permanecen vivas. Del Grupo Socialista están las enmiendas 19, 20 y 21,
más las transaccionales que veremos después. Por último, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) permanecen vivas las números
22, 28 y 29, porque las restantes han sido retiradas con motivo de
transaccionales. ¿Es así, señor Sánchez i Llibre? (Asentimiento.)
Siendo así, señorías, procedamos a la votación de las enmiendas por
grupos parlamentarios, bien en bloque o con las separaciones que SS. SS.

soliciten.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, números 1 a 15 ambas inclusive.




El señor GAMIR CASARES: Solicito votación separada de las enmiendas
números 4, 9, 11 y 14, que pueden votarse en bloque.




El señor SAENZ LORENZO: Señor Presidente, solicito votación separada de
las enmiendas 9 y 14.




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): En ese caso, señorías, votamos
las enmiendas 9 y 14 del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.




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Efectuada la votación, dijo:



El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Quedan aprobadas por
unanimidad.

Votamos las enmiendas números 4 y 11.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 15; en
contra, 18.




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Quedan rechazadas.

Votamos, a continuación, las enmiendas números 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10,
12, 13 y 15, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, dos;
en contra, 31.




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Quedan rechazadas.

Pasamos a las enmiendas del Grupo Popular, números 16, 17 y 18.




El señor FRUTOS GRAS: Señor Presidente, solicito votación separada de la
número 17.




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): En ese caso, señorías, votamos,
en primer lugar, la enmienda número 17.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 15; en
contra, 18.




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Queda rechazada.

Votamos seguidamente las enmiendas del Grupo Popular números 16 y 18.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 13; en
contra, 20.




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Socialista números 19, 20 y 21.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 31;
abstenciones, dos.




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Quedan aprobadas.

Finalmente, votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), números 22, 28 y 29.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 31;
abstenciones, dos.




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Quedan aprobadas.

Pasamos a votar las enmiendas transaccionales presentadas por el Grupo
Socialista. Enmiendas transaccionales a las ya retiradas enmiendas
números 25, 27, 30, 31 y 32, de Convergència i Unió, junto con la
enmienda in voce que proponía la inversión del orden de prelación de los
apartados a) y b), que se referían a la enmienda retirada número 26,
también de Convergència i Unió.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 31;
abstenciones, dos.




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Quedan aprobadas.

Terminada la votación de las enmiendas, procede la correspondiente a los
artículos del proyecto de ley, tal como resultan de las enmiendas que han
sido aprobadas. Si no hay petición de separación de votación, lo hacemos
desde el número 1 al 14.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 18; en
contra, dos; abstenciones, 13.




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Quedan aprobados.

Votamos ahora las disposiciones adicional, transitorias, derogatorias y
finales.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 18; en
contra, dos; abstenciones, 13.




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Quedan aprobadas.

Por último, votamos la exposición de motivos de este proyecto de ley.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 18; en
contra, 15.




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Queda aprobada.

Señorías, pregunto a la Comisión si concede autorización al letrado para
que haga las adaptaciones de léxico necesarias puesto que acabamos de
aprobar un proyecto de ley con una redacción que procede de un real
decreto-ley. Si no hay rechazo por parte de la Comisión, se autoriza al
letrado a que efectúe dichas correcciones lexicográficas. (Pausa.)
Por último, queda recordar que habrá reunión de Mesa y portavoces a las
cuatro en punto de esta tarde, en la sala del reloj, en el Pleno, para
precisar el orden del día de la próxima reunión de la Comisión.

Se levanta la sesión.




Eran las doce y cuarenta minutos del mediodía.